BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 149 Martes 26 de mayo de 2020 Sec. I.   Pág. 34376
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
5286 Corrección de errores del Decreto-ley 9/2020, de 24 de marzo, por el que se 
regula  la  participación  institucional,  el  diálogo  social  permanente  y  la 
concertación social de las organizaciones sindicales y empresariales más 
representativas en Cataluña.
Advertido error en la inserción de la publicación del Decreto-ley 9/2020, de 24 de 
marzo, por el que se regula la participación institucional, el diálogo social permanente y 
la  concertación  social  de  las  organizaciones  sindicales  y  empresariales  más 
representativas en Cataluña, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 148 
de  25  de  mayo  de  2020,  se  efectúa  la  oportuna  rectificación,  procediendo  a  la 
publicación integra del Decreto-ley:
EL PRESIDENTE DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA
El artículo 67.6.a) del Estatuto prevé que los decretos ley son promulgados, en 
nombre del Rey, por el Presidente o Presidenta de la Generalidad.
De acuerdo con el anterior, promulgo lo siguiente, Decreto-ley:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Cataluña tiene una larga tradición de diálogo, participación institucional, y espacios de 
concertación social, con los que ha tejido tanto una riqueza institucional como un importante 
espacio de fertilidad de los movimientos asociativos y de todo tipo de organizaciones. El 
impulso del movimiento sindical y del asociacionismo empresarial catalán es muy primerizo 
en el contexto del sur de Europa. Es relevante y muy característico de la sociedad catalana 
considerar que la sociedad civil organizada debe ser un agente activo en los diferentes 
espacios de participación que le puedan ser propios.
Las  sociedades  democráticas  y  de  más  participación  de  la  Unión  Europea  se 
caracterizan  y  distinguen  por  la  institucionalización  del  diálogo  social  entre  la 
Administración  pública  y  los  agentes  económicos  y  sociales  representados  por  las 
organizaciones empresariales y sindicales más representativas.
La normativa internacional, en concreto el Convenio número 150 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), de 1978, ratificado en 1982, dispone en su artículo 5 que 
todo miembro que haya ratificado el Convenio deberá establecer procedimientos apropiados 
a las condiciones nacionales para garantizar, dentro del sistema de administración del 
trabajo, la consulta, la cooperación y la negociación entre las autoridades públicas y las 
organizaciones más representativas de empresarios y trabajadores.
En el ámbito comunitario, la Comunicación de 12 de agosto de 2004, sobre el diálogo 
social europeo, destaca la importancia adquirida del diálogo social, porque lo considera una 
forma óptima de hacer efectivo el principio de subsidiariedad en la práctica y porque ha 
contribuido a la mejora de la gobernanza a escala económica y social, a causa de que las 
organizaciones empresariales y sindicales, las direcciones empresariales y los representantes 
de los trabajadores y trabajadoras en las empresas son muy próximos y conocen muy  e
directamente la problemática que se vive en los centros de trabajo. De hecho, son los  bo
protagonistas del mercado de trabajo y de las relaciones sociales que se establecen. En el  86ww
cinatesorl ocduet olraess , ocrogna nuinz aecsiopníreitus  msiánsd iacmalepslio, , adle  mlai scmonos ttriuecmcpióon,  dsee  lohsa dne reercighiodso  stoacmioblaiébno racolems.o
de 2E0l 1P7 aprrlaomclaemntaor oEnu reol ppeiloa,r  eelu rCoopnesoe djoe  yd elrae cChooms issoiócnia lEeus,r ocpoena ,o ceal s1ió7n  ddee  lnao vCieummbbrree 
social a favor del trabajo y crecimiento justo celebrada en Göteborg. El pilar social basa
sus veinte principios en dar a la ciudadanía nuevos derechos sociales más efectivos. 
Concretamente, en su vigésimo principio, menciona que el diálogo social tiene un papel 
fundamental  en  el  refuerzo  de  los  derechos  sociales  y  el  crecimiento  sostenible  e 
inclusivo. Los interlocutores sociales, a todos los niveles, desarrollan un papel crucial en 
el desarrollo y aplicación del pilar europeo de derechos sociales, de conformidad con su 
autonomía  para  la  negociación  y  la  celebración  de  acuerdos  y  su  derecho  a  la 
negociación colectiva y la acción colectiva. Así pues, el cumplimiento de los principios y 
el derechos definidos en el pilar europeo es responsabilidad conjunta de las instituciones 
y los interlocutores sociales, lo cual pone de relieve el énfasis en la potenciación del 
diálogo social mediante la participación institucional.
El Estatuto de autonomía de Cataluña prevé, en el artículo 4.2, que los poderes 
públicos de Cataluña han de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad 
de los individuos y de los grupos sean reales y efectivas; han de facilitar la participación 
de  todas  las  personas  en  la  vida  política,  económica,  cultural  y  social,  y  han  de 
reconocer el derecho de los pueblos a conservar y desarrollar su identidad. Así mismo, 
en el artículo 25.5 se menciona que las organizaciones sindicales y empresariales tienen 
derecho a cumplir sus funciones en los ámbitos de la concertación social, la participación 
y la colaboración social.
A su vez, los puntos 3 y 4 del artículo 45 prevén que los poderes públicos han de 
adoptar las medidas necesarias para garantizar los derechos laborales y sindicales de los 
trabajadores, han de impulsar y promover su participación en las empresas y las políticas de 
pleno  empleo,  de  fomento  de  la  estabilidad  laboral,  de  formación  de  las  personas 
trabajadoras, de prevención de riesgos laborales, de seguridad y de higiene en el trabajo, 
de creación de unas condiciones dignas en el puesto de trabajo, de no discriminación en 
razón de género y de garantía del descanso necesario y de las vacaciones retribuidas.
A su vez, la Generalidad debe promover la creación de un espacio catalán de 
relaciones  laborales  establecido  en  función  de  la  realidad  productiva  y  empresarial 
específica de Cataluña y de sus agentes sociales, en el que han de estar representadas 
las organizaciones sindicales y empresariales y la Administración de la Generalidad. En 
este marco, los poderes públicos han de fomentar una práctica propia de diálogo social, 
de  concertación,  de  negociación  colectiva,  de  resolución  extrajudicial  de  conflictos 
laborales y de participación en el desarrollo y la mejora del entramado productivo.
Con carácter imperativo, su artículo 45.6 prevé que las organizaciones sindicales y 
empresariales han de participar en la definición de las políticas públicas que les afecten. 
La Generalidad debe promover la mediación y el arbitraje para la resolución de conflictos 
de intereses entre los diversos agentes sociales.
Estos preceptos conectan con los que prevé la normativa estatal, en la que la 
Constitución asigna a los poderes públicos, tal como se dispone en el artículo 9.2, la 
promoción de las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los 
grupos en que se integre sean reales y efectivas, la remoción de los obstáculos que 
impidan  o  dificulten  su  plenitud,  y  la  facilitación  de  la  participación  de  todos  los 
ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. Una manifestación relevante 
de  esta  participación  es  la  que  se  adjudica  a  las  organizaciones  sindicales  y 
empresariales, al amparo del artículo 7, para la defensa y promoción de los intereses 
económicos y sociales que les son propios. Se trata, en definitiva, de posibilitar la 
participación  de  las  organizaciones  sociales  en  asuntos  de  interés  público, 
complementando la vía parlamentaria, que es el vehículo principal, pero no el único, 
mediante el cual los ciudadanos y ciudadanas participan en la vida pública. s
Por  otra  parte,  los  artículos  9.2,  129.1  y  148.1.1  regulan,  respectivamente:  la  oe.
participación organizada de las personas en la vida política, económica, cultural y social;  w.
la participación de las personas que estén interesadas en la actividad de los organismos  86ww
pseú bdlioctoesn  (dpea rinticsitpitaucciióonn eins sdtietu acuiotongaol)b, iye rlnao p eons iebli liádmadb itdoe d qeu seu lsa sc ocmompeutneindcaidaes.s autónomas
legisLlaa tiLvoe y2 /o2r0g1á5n,i cdae  1213/ 1d9e8 5o,c tdueb r2e , dpeo r aeglo qsutoe,  sdee  alpibreuretbaad  esli ntedxictaol ,r eyf uenld iRdeoa dl ed elac rLeetoy   BOE-A-cable e
del  Estatuto  de  los  trabajadores,  han  atribuido  el  ejercicio  de  este  derecho  de 
participación  solo  a  las  organizaciones  sindicales  y  empresariales  que  tengan  la 
condición de más representativas. Esta diferencia de trato entre organizaciones en razón 
del criterio de mayor representatividad ha sido considerada conforme a la Constitución 
por  el  Tribunal  Constitucional,  el  cual  ha  conceptuado  el  derecho  de  participación 
institucional  como  parte  integrante  del  contenido  adicional  del  derecho  de  libertad 
sindical, que puede atribuirse a unas organizaciones y no a otras si el criterio utilizado 
para ello responde a razones objetivas y no arbitrarias.
Los sindicatos más representativos pueden recibir del legislador más facultades y 
derechos que incrementan el núcleo esencial del artículo 28.1 de la Constitución. Se 
trataría, en consecuencia, de derechos adicionales que se concederían a unos sindicatos 
y no a otros, siempre que se respete y garantice el núcleo esencial de la libertad sindical, 
que debe ser garantizado para todo el mundo. Una vez aceptada la diferencia de trato, 
con el límite indicado, el marco legal puede atribuir a las organizaciones sindicales y 
empresariales más representativas una relevante posición jurídica en la participación en 
la gestión de los asuntos públicos de naturaleza socioeconómica.
En Cataluña, la participación de los agentes sociales en la gestión de los asuntos de 
relevancia  pública  se  pone  claramente  de  manifiesto  por  el  reconocimiento  de  su 
presencia  en  numerosas  entidades  o  empresas  públicas,  así  como  en  comisiones, 
consejos u otros órganos colegiados de participación. Así, se hace efectiva en la práctica 
la presencia institucional de los agentes sociales más representativos, ya que numerosas 
normas autonómicas regulan distintas formas de participación de los agentes sociales en 
relación con actividades de naturaleza socioeconómica.
En este sentido, es fundamental seguir reforzando e impulsando un marco propio 
que nos permita seguir mejorando la competitividad, el cambio de modelo productivo y la 
cohesión social. Cataluña siempre ha apostado por disponer de espacios estables en los 
que, mediante la concertación se establezcan acuerdos con los agentes económicos y 
sociales. Un ejemplo nuclear es el Consejo de Relaciones Laborales, creado por la 
Ley 1/2007, de 5 de junio, y su vocación de impulsar y reforzar un marco propio de 
relaciones laborales, que se ha denominado marco catalán de relaciones laborales. Los 
ámbitos territoriales y locales también se han caracterizado, por la proximidad y la 
adaptación  a  realidades  socioeconómicas  diversas,  como  espacios  clave  de 
participación institucional.
Gran parte del desarrollo efectivo del derecho de participación institucional encuentra 
su origen real en los procesos de concertación social, un activo indudable del sistema 
democrático, que se ha formalizado en Cataluña desde los inicios de la transición 
democrática  y  que  llegan  hasta  nuestros  días,  pero  que  también  tienen  referentes 
históricos. Las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, actuando 
de  manera  voluntaria,  defendiendo  intereses  generales  y  asumiendo  la  tarea  de 
relevancia institucional, han llegado a acuerdos con el Gobierno de la Generalidad de 
Cataluña de indudable importancia y relevancia en el ámbito económico y social, por la 
variedad de materias que se tratan en estos acuerdos.
Es por ello que la existencia de un gran número de empresas y organizaciones en 
Cataluña con representación unitaria y/o sindical facilita e impulsa la negociación y el 
acuerdo, tanto en el marco de las mismas empresas como en la negociación sectorial. 
En este sentido, el papel de las organizaciones económicas y sindicales en el impulso de 
este marco propio de relaciones laborales es fundamental, ya que sus acuerdos no solo 
afectan el ámbito de sus respectivos afiliados, sino que son de aplicación general. s
Los agentes sociales han demostrado una larga experiencia de concertación social  oe.
desde el primer Acuerdo Interprofesional de Cataluña (AIC) publicado en el DOGC el 23  w.
de enero de 1991, en ejercicio de su autonomía y representatividad, para orientar la  86ww
enmegporceisaacsió yn  dceol leccotnivjuan tpoa drae  llaa  eccoonnsotrmucíac iódne l dpea ísu, na cmueorddeolos  indtee rpcoromfepseiotitnivaildeasd q udee  hlaans 
sido renovados y actualizados hasta el quinto, con vigencia hasta el año 2020.
Del primer Acuerdo Interprofesional de Cataluña nace el Tribunal Laboral de Cataluña, un 
sistema extrajudicial y de resolución de conflictos configurado como un instrumento de 
resolución de conflictos, y que entró en funcionamiento el 12 de mayo de 1992. Después de 
más de veinticinco años al servicio de la resolución de conflictos en el mercado de trabajo 
catalán, se valora extraordinariamente su tarea por los operadores jurídicos, agentes y 
Administración. Esta institución del marco de relaciones laborales catalán desarrolla funciones 
reconocidas en el ordenamiento jurídico laboral, dado que se configura como el instrumento 
de resolución extrajudicial de conflictos al que se refieren los artículos 86 y 91, o la disposición 
adicional decimotercera del Real decreto legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los trabajadores. A los efectos de los 
objetivos de esta Ley, es también relevante que en este marco normativo dispositivo, de 
orden laboral, se ha desarrollado en sí el marco catalán de relaciones laborales a partir 
también  de  un  mandato  del  mismo  Estatuto  de  autonomía,  en  concreto,  del  reiterado 
artículo 45. En efecto, este precepto en su punto 4 interpela los poderes públicos a fomentar 
prácticas propias del diálogo social y la concertación, y también en la resolución extrajudicial 
de conflictos laborales, y, en su punto 5, a promover la mediación y el arbitraje para la 
resolución de conflictos de intereses entre los diversos agentes sociales. Vista tanto la 
trayectoria como los fundamentos estatutarios que promueven este órgano, como también los 
principios de autonomía de las partes en el tránsito de los conflictos que allí se resuelven, en 
esta Ley se propone un modelo diferente de relación del Tribunal Laboral de Cataluña con la 
Generalidad, proponiendo un modelo más en sintonía con los nuevos tiempos y sin la 
participación pública. En este sentido, sin embargo, y para reforzar al mandato estatutario, se 
propone mediante esta Ley que se garantice su financiación mediante convenios u otros 
instrumentos a fin de que cumpla sus finalidades, con un modelo de autogestión más propio 
de lo que debe ser un órgano de resolución extrajudicial de conflictos.
El Pacto por el Empleo en Cataluña del trienio 1998-2000 destacó por el consenso 
obtenido entre la Generalidad de Cataluña y los agentes sociales, así como por el 
acuerdo de creación del Consejo Catalán de la Formación Profesional y del Observatorio 
del Mercado de Trabajo. Introducía también medidas innovadoras, como los incentivos 
en empresas que potenciasen el empleo sobre la base de la reordenación de la jornada 
laboral, o bien la reducción de horas extraordinarias.
El 16 de febrero de 2005 se firmó el Acuerdo estratégico para la internacionalización, 
la calidad del empleo y la competitividad de la economía catalana, con 86 medidas 
acordadas, que representa el primer documento de este tipo consensuado entre el 
Gobierno  y  las  organizaciones  empresariales  y  sindicales,  fruto  del  citado  proceso 
singular basado en el diálogo, la concertación y el consenso entre todas las partes, y 
donde se articulan una serie de instrumentos que pretenden seguir impulsando el diálogo 
social y la negociación como forma de abordar cuestiones relacionadas con la función de 
representación de los intereses de las organizaciones empresariales y sindicales.
El 16 de febrero de 2007 se inicia, con una declaración conjunta, la revisión del 
Acuerdo  estratégico  para  la  internacionalización  cuando  todavía  faltaba  un  año  de 
ejecución del periodo previsto inicialmente, y el 7 de julio de 2008 se firma el nuevo 
Acuerdo  por  la  calidad  del  empleo  y  la  competitividad  de  la  economía 
catalana  2008-2011.  Las  partes  firmantes,  coincidentes  en  que  hay  que  darle 
continuidad,  valoran  que  el  Acuerdo  debe  ser  un  proceso  de  concertación  social 
permanente y ponen el acento en una serie de ámbitos donde se hace necesario llevar a 
término actuaciones transformadoras para impulsar la productividad y la competitividad 
de la economía catalana y la calidad de su empleo. La cohesión social que vuelve a ser  s
un eje fundamental de la estrategia de futuro. oe.
El 15 de mayo de 2013, el Gobierno de la Generalidad y los agentes económicos y  w.
sociales firmaron el documento de base para el impulso de la competitividad, el empleo y  86ww
leal  2c0o1h6e syi óanc useorcdiaaln  qeuseta btelencíae rq uune  msaurpcoon deer  ldai árleongoov saoccióianl  pdeerl mAacnueenrdteo  ceosnt realt éfigni cdoe  lhleagsatar 
are caucpueerradcoiósn  ye cdoen ómimicpau lys alar  carectaucaiócnio ndees e mqupele op eenrm Citaatna luañlac.anzar  lo  antes  posible  la  BOE-A-cable e
Las  organizaciones  sindicales  y  empresariales  también  han  demostrado  su 
capacidad  para  participar  y  aportar  activamente  a  la  construcción  de  los  grandes 
consensos nacionales a través de la firma de distintos pactos nacionales en varios 
ámbitos. Así, por ejemplo, en el año 2005, suscriben el Pacto Nacional por la Educación, 
en 2007, el Pacto Nacional por la Vivienda; en 2008 el Pacto Nacional por la inmigración; 
en 2013, el Pacto Nacional para la Infancia. El proceso de elaboración de los pactos 
nacionales ha sido basado en la concertación con los agentes económicos y sociales. 
También, más recientemente, en el año 2019, han participado en el Pacto Nacional por el 
Conocimiento. Entre muchos otros ejemplos que se podrían mencionar, estamos ante un 
conjunto de instrumentos de país que permiten una gobernanza más compartida y una 
clara muestra del esfuerzo por participar activamente en ella de estas organizaciones.
Hay que hacer especial mención a que el 27 de julio del 2017 se firma el Pacto 
Nacional para la Industria, que concreta la estrategia y las acciones en: competitividad y 
empleo industrial; la dimensión empresarial y financiación; industria 4.0 y digitalización; 
formación; infraestructuras y energía; y sostenibilidad y economía circular y su contenido 
está alineado con las directrices comunitarias.
Por otra parte, el marco normativo de Cataluña ha desarrollado algunos ámbitos de 
diálogo social y/o participación de los agentes sociales en materias concretas. Así, la 
Ley 3/1997, de 16 de mayo, con el consenso de los agentes sociales integrantes del 
Consejo de Trabajo, crea el Consejo de Trabajo, Económico y Social de Cataluña 
(CTESC, actualmente regulado por la Ley 7/2005, de 8 de junio), como órgano consultivo 
y  de  asesoramiento  al  Gobierno  en  las  materias  socioeconómicas,  laborales  y 
ocupacionales; la Ley 1/2007, de 5 de junio, crea el Consejo de Relaciones Laborales, 
que es un órgano de participación institucional, de diálogo y de concertación social en 
materia de relaciones laborales para hacer efectivo el espacio catalán de relaciones 
laborales, entre las organizaciones sindicales y empresariales más representativas de 
Cataluña y la Administración de la Generalidad; la Ley 13/2015, de 9 de julio, de 
ordenación del sistema de empleo y del Servicio Público de Empleo de Cataluña que 
tiene por objeto ordenar el sistema de empleo de Cataluña, con la creación del Consejo 
de Dirección del Servicio Público de Empleo de Cataluña. Esta Ley tiene la vocación de 
recoger la doctrina y el espíritu de la Unión Europea, en que la participación de los 
agentes económicos y sociales es un principio básico y fundamental para garantizar la 
máxima coordinación y sinergia de todos los recursos, con el protagonismo activo de las 
asociaciones  empresariales  y  sindicales  y  con  el  conjunto  de  las  administraciones 
públicas, y refuerza, al mismo tiempo, el marco catalán de relaciones laborales.
El presente Decreto-ley opta de manera clara y decidida por seguir potenciando los 
mecanismos  de  concertación  social,  reconociendo  los  agentes  sociales  y 
garantizándolos para que puedan realizar eficazmente su tarea en todos los ámbitos e 
instancias de participación institucional que se creen, en desarrollo, si procede, de los 
citados acuerdos de concertación social.
La existencia, por lo tanto, de espacios donde se lleva a cabo el ejercicio del derecho de 
participación institucional, la tradición de diálogo, y al mismo tiempo, la no existencia de una 
norma específica que fije el marco jurídico aconsejan dictar un Decreto-ley que, con carácter 
general, regule y ordene los criterios de acuerdo con los que se podrá determinar qué 
organizaciones sindicales y empresariales más representativas en el territorio autonómico 
catalán  pueden  participar  en  las  diferentes  entidades  y  empresas  públicas  y  de  la 
Administración de la Generalidad de Cataluña. La importante y relevante tarea atribuida a 
estas  organizaciones  hace  necesario,  igualmente,  regular  los  criterios  de  reparación  s
económica de los gastos en que estos incurran a causa de las funciones que se deriven de  oe.
esta participación institucional, funciones que les son atribuidas exclusivamente por haber  w.
llegado a la condición de organización sindical o empresarial más representativa. 86ww
normCaa tdaelul ñma ásxeim uon er,a cnogno  elel gparel slae nptea rDticeicpraectioó-nle yin, sat itoutcroiosn taelr,r ietol rdioiásl oqguoe  yh alan  creognucleardtaoc pióonr 
suoncai aln eonrm sau  ácmonb itora tnegrroit olreiagla rle sppreocptiiov oe, lc ocno lma pvroolmunistaod  ddeel  dGejoabr icelranroa mdeen tere rceocnoogcideor  elan   BOE-A-cable e
implicación y participación de los agentes sociales en la vida económica y social de 
Cataluña. Este ha sido el caso de la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia, 
Aragón, entre otros.
Con este Decreto-ley se desarrolla el Estatuto de autonomía, cuando atribuye a la 
Generalidad la competencia exclusiva sobre sus instituciones de autogobierno, según lo 
que se dispone en el artículo 150; y la competencia para constituir instituciones que 
fomenten el pleno empleo y el desarrollo económico y social en el ámbito de sus 
competencias;  así  como  la  planificación,  ordenación  y  promoción  de  la  actividad 
económica, en el sentido del artículo 152.
En relación con las circunstancias que rodean las diferentes manifestaciones de la 
participación  institucional,  las  personas  que  han  de  ejercer  las  funciones 
correspondientes, en los términos que prevé este Decreto-ley, deben velar por el interés 
general que es subyacente al desarrollo de los objetivos y de las atribuciones que 
corresponden a la entidad, organismo o empresa a considerar en cada caso.
Por último, hay que remarcar que constituye un objetivo de este Decreto-ley regular 
los correspondientes mecanismos de evaluación, seguimiento y control, a fin de que la 
gestión de las compensaciones económicas previstas para fomentar el ejercicio del 
derecho de representación institucional por parte de las organizaciones sindicales y 
empresariales más representativas se realice con transparencia en cumplimiento de la 
Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, de acuerdo con su título II, y 
distinguir organizaciones sindicales y empresariales de los grupos de interés regulados 
en el Decreto-ley 1/2017, de 14 de febrero.
El artículo 64 del Estatuto de autonomía de Cataluña regula la figura del Decreto-ley 
como disposición legislativa provisional que, en caso de una necesidad extraordinaria y 
urgente, puede dictar el Gobierno y que requiere la validación expresa del Parlamento si 
se quiere mantener su vigencia más allá de los 30 días subsiguientes a su promulgación. 
En los mismos términos consta en el artículo 38 de la Ley 13/2008, de 5 de noviembre, 
de la presidencia de la Generalidad.
Este Decreto-ley se fundamenta en la necesidad extraordinaria y urgente de tramitar 
una  norma  con  rango  legal  que  vehicule,  en  el  sí  de  los  diferentes  órganos  e 
instituciones, la participación institucional de los agentes que la tienen reconocida por la 
Ley. La práctica institucional y administrativa de los últimos años ha comportado que se 
esté produciendo la participación institucional de estos agentes en muchos órganos, en 
los  que  se  toman  decisiones  y  se  construyen  consensos  altamente  relevantes  por 
muchas de las instituciones de nuestro país. Pero, a pesar de ello, no hay una norma 
que ordene jurídicamente y con garantías este aspecto.
En unos momentos de tanta intensidad en las relaciones entre administraciones, 
instituciones y agentes, y donde los consensos políticos y socioeconómicos toman tanta 
relevancia, es fundamental dotar de seguridad jurídica estos espacios a los efectos de 
que ninguna de las decisiones y de las políticas que se puedan construir puedan verse 
afectadas por la falta de las garantías jurídicas oportunas.
Tampoco es ajeno a este contexto el acuerdo sobre representatividad alcanzado por 
las organizaciones empresariales más representativas en Cataluña, Fomento del Trabajo 
Nacional y Pimec (Pequeña y Mediana Empresa de Cataluña), con la mediación del 
Departamento  de  Trabajo,  Asuntos  Sociales  y  Familias.  Este  acuerdo,  además  de 
pacificar la representación empresarial, ha conllevado la desjudicialización del largo 
conflicto vivido en los últimos años y, al mismo tiempo, un compromiso ineludible de la 
Generalidad de Cataluña para facilitar la reordenación y refuerzo de la representación  s
empresarial  en  Cataluña.  En  este  sentido,  se  justifica  también  la  necesidad  oe.
extraordinaria y urgente en el hecho de que es preciso reordenar la representación  w.
empresarial allí donde se produce y, con esta norma, se da impulso a este mandato,  86ww
dae lfoinsi eancduoe rlad opsa ratilcciapnazcaiódno sd.e  Plaosr  oortgraa npizaartceio, nsees  ceummppreles acroianl eesl  ym raenodrdaeton ádned orelaa elizna br alases 
modificaciones normativas para adecuar el escenario de la representación al nuevo
escenario, así como a las interpretaciones judiciales que se han producido sobre el 
marco competencial de la Generalidad de Cataluña.
A su vez, el tránsito administrativo ha incorporado cambios de criterio sobre cómo ha 
de  participar  la  Generalidad  de  Cataluña  y  las  administraciones  en  general,  en 
determinadas  instituciones,  fundaciones  y  otros  órganos  con  personalidad  jurídica 
propia. La necesidad de adecuar con carácter urgente la composición de los órganos, 
pero también, la forma en que participan los gobiernos y las administraciones, interpela 
la urgencia para dar respuesta. Este es el caso, por ejemplo, del Tribunal Laboral de 
Cataluña.
Este Decreto-ley se estructura en 11 artículos, que se distribuyen en tres capítulos. El 
primero de ellos relativos a las disposiciones generales, que incorpora aspectos como el 
objeto, las definiciones y el ámbito de aplicación. El segundo capítulo se dedica al 
contenido de la participación institucional, y prevé la creación del Consejo del Diálogo 
Social de Cataluña, y establece los derechos y deberes en el ejercicio de la participación 
institucional, el diálogo social y la concertación social. Finalmente, el tercer capítulo 
prevé aspectos relativos a la financiación, tanto de las organizaciones sindicales y 
empresariales más representativas, como del Tribunal Laboral de Cataluña.
Por  último,  el  Decreto-ley  recoge  una  disposición  adicional,  tres  disposiciones 
transitorias y dos disposiciones finales.
En virtud de lo que prevé el artículo 38 de la Ley 13/2008, de 5 de noviembre, de la 
Presidencia de la Generalidad y del Gobierno;
Por todo ello, en uso de la autorización concedida por el artículo 64 del Estatuto de 
autonomía de Cataluña;
A propuesta del consejero de Trabajo, Asuntos Social y Familias, y de acuerdo con el 
Gobierno, decreto:
CAPÍTULO 1
Disposiciones generales
Artículo 1.  Objeto.
1.1  Es  objeto  de  este  Decreto-ley  la  regulación  del  marco  de  la  participación 
institucional de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas de 
Cataluña en los órganos, entidades o empresas públicas integrados en la Generalidad 
de  Cataluña,  mediante  comisiones,  consejos  u  otros  órganos  colegiados  de 
participación, que tengan atribuidas competencias en materias laborales, sociales y 
socioeconómicas que afecten los intereses económicos y sociales de trabajadores y 
trabajadoras y del empresariado.
1.2  También es objeto de este Decreto-ley el desarrollo de los ámbitos de diálogo 
social  permanente  y  concertación  social  que  permitan  el  desarrollo  efectivo  de  los 
apartados 3, 4 y 6 del artículo 45 del Estatuto de autonomía de Cataluña.
Artículo 2.  Definiciones.
2.1  A  los  efectos  de  lo  que  se  dispone  en  este  Decreto-ley,  se  entiende  por 
participación institucional el ejercicio de tareas y actividades de defensa y promoción de 
los intereses generales comunes e intersectoriales que corresponden a trabajadores y 
empresarios. es
2.2  A los efectos de lo que dispone este Decreto-ley, se entiende por diálogo social  o
macdpodeeanmtrtemveirenramirianssi netardanace ticoe ilon aayne c escpc sióorq eynnus  celease nsorstt caeeoic a rgillón laenyonv  riamszenoaca cco,aii nao ólcnc moealansbi c  ospa eia ndlrd dteeiico c iabfpionljaeertmcestiir vóayéon  s e,e  msdglateepa  nrbienealestrleaac rarlya,i  naceezlcesnaisóp r  netmo,cc dáiolaaosnl  smrsn eeeelponngrssteo eoscá seiema nncetbia ónitátnotivmr seay b s qi tlleuoaanesss      OE-A-2020-5286able en https://www.
como la mejora del empleo y su calidad y dignidad; la dinamización empresarial e
industrial; el crecimiento económico sostenible e inclusivo; y la preservación del estado 
del bienestar.
Artículo 3.  Organizaciones sindicales y empresariales más representativas y criterios de 
representatividad.
3.1  Son  organizaciones  sindicales  y  empresariales  más  representativas  en  el 
ámbito de Cataluña, a los efectos de lo que se dispone en este Decreto-ley, las que 
tengan esta condición de acuerdo con lo que prevén los artículos 6.2 a) y 7.1 de la Ley 
orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de libertad sindical, y la disposición adicional sexta del 
Real decreto legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los trabajadores, así como aquellas normas que, en 
desarrollo de los citados preceptos, se puedan dictar, en el marco de las competencias 
que tenga atribuidas la Generalidad de Cataluña, en cada momento.
3.2  Las  organizaciones  empresariales  que  tengan  la  condición  de  más 
representativas se distribuyen esta representación en función del acuerdo que hayan 
alcanzado entre ellas, y, en su defecto, se establece a partir de la aplicación de las 
normas y procedimientos previstos para su determinación.
3.3  Para  la  determinación  específica  del  número  de  representantes  de  estas 
organizaciones, tanto sindicales como empresariales, a las entidades previstas en el 
artículo  1  se  debe  aplicar  el  criterio  de  proporcionalidad  en  relación  con  su 
representatividad en Cataluña, y de paridad entre las representaciones sindicales y 
empresariales.
3.4  La  designación  de  las  personas  representantes  de  las  organizaciones 
sindicales y empresariales más representativas se hace de acuerdo con las propuestas 
formuladas por estas organizaciones mediante sus órganos de dirección competentes y 
se debe respetar que, como mínimo, haya igual número de mujeres que de hombres. 
Corresponde su nombramiento al Gobierno, al consejo o consejera del Departamento 
donde esté adscrito, o a quien corresponda, en función de la norma reguladora o de 
creación de cada órgano.
Artículo 4.  Ámbito de aplicación.
4.1  La participación institucional, el diálogo social permanente y la concertación 
social  establecidos  en  este  Decreto-ley  se  deben  ejercer  en  los  términos  que  la 
legislación  específica  de  cada  órgano  de  los  departamentos  de  la  Generalidad  de 
Cataluña, entidades o empresas públicas establezca, y en los ámbitos de intervención 
siguientes:
a)  Entidades  públicas  integradas  en  la  Administración  de  la  Generalidad  de 
Cataluña que tengan atribuidas competencias en materias de carácter laboral o social. 
Se incluyen todas aquellas entidades públicas u organismos autónomos que tengan 
competencias en materia de trabajo, empleo, formación profesional, economía social, 
política de inmigración vinculada al mercado de trabajo, y en general cualquier otra 
materia de relevancia laboral, económica o social.
b)  Entidades públicas integradas a la Administración de la Generalidad de Cataluña 
que tengan atribuidas competencias en materias socioeconómicas y de fomento del 
desarrollo  económico  y  social.  Se  incluyen  todas  aquellas  entidades  públicas  u 
organismos autónomos que tengan competencias de desarrollo autonómico, política  s
industrial, seguimiento de la política autonómica en todo lo que haga referencia a la  oe.
aplicación  de  los  fondos  estructurales  comunitarios,  política  sanitaria,  política  de  w.
edy deeusnac arrgcoeilólnone , rteeanrl rsicteouñraiaalqnl uzyiae  rds euo ptrmeare iocdroi,o mv iapvmeietbneidneacni,at ei n,q frusaeeer,s vtpircuoiocr stus rusa osrc eiyal elmevsao,nv cipliioadl aítsdico, acp iordoeetce ocinncmóióming ircsaaoc,ci óisanel,,    2020-5286n https://ww
considere conveniente adecuar a los mecanismos de participación institucional y diálogo
social permanente que regula este Decreto-ley. Bc
4.2  La participación institucional también es aplicable a aquellas otras materias que 
las  administraciones  determinen  en  función  de  sus  intereses  y  de  la  relevancia 
socioeconómica de las mismas.
4.3  El  presente  Decreto-ley  también  es  de  aplicación  a  aquellas  otras 
administraciones públicas de Cataluña, así como sus organismos autónomos integrados 
y su sector público, que así lo determinen por el acuerdo de sus órganos de Gobierno, si 
al mismo tiempo se determinan materias de participación, así como los recursos con el 
fin de hacerlo efectivo. Los nombramientos previstos en el artículo 3.4 se llevan a cabo 
de acuerdo con la normativa específica que les sea de aplicación.
4.4  La regulación de la participación institucional de las organizaciones sindicales y 
empresariales  más  representativas  en  los  órganos  de  administración  de  empresas 
públicas en las que tengan reconocida su presencia se debe adecuar a lo que se 
disponga en su normativa específica.
4.5  El  presente  Decreto-ley  no  es  aplicable  a  los  órganos  de  participación, 
representación y negociación colectiva del personal funcionario y laboral incluido en el 
ámbito de aplicación del Real Decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, del Estatuto 
Básico del Empleado Público, que se rigen por su regulación específica.
4.6  Este Decreto-ley no es aplicable a la regulación del derecho de negociación 
colectiva en el sector privado, que se rige por lo que se dispone en el título III del Real 
decreto legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley del Estatuto de los trabajadores, y en general a todos aquellos otros espacios de 
negociación  que  se  puedan  crear  y  producir  por  las  organizaciones  sindicales  y 
empresariales más representativas y entre sí.
4.7  Las  administraciones  públicas  han  de  velar  por  facilitar  el  diálogo  social 
permanente y la concertación social en las iniciativas que se desarrollen en los ámbitos y 
materias que prevén los apartados a) y b) del punto 1 de este artículo. A tal efecto, se 
han de que constituir órganos de seguimiento con el fin de garantizarlo.
CAPÍTULO 2
Contenido de la participación institucional, del diálogo social permanente 
y de la concertación social
Artículo 5.  Contenido de la participación institucional, del diálogo social permanente y 
de la concertación social.
La participación institucional, el diálogo social permanente y la concertación social se 
lleva a cabo mediante la representación de las organizaciones sindicales y empresariales 
más representativas en consejos, comisiones, u órganos colegiados de dirección o 
similares, de participación, consultivos o de asesoramiento; así como en órganos e 
instituciones  de  participación  o  en  mesas  o  foros  específicos  de  negociación  o 
concertación socioeconómica, de acuerdo con las previsiones que se determinan en la 
normativa reguladora o de creación de cada entidad o empresa pública, así como en los 
órganos que prevé esta Ley.
Artículo 6.  Consejo del Diálogo Social de Cataluña.
6.1  Se  crea  el  Consejo  del  Diálogo  Social  de  Cataluña,  órgano  colegiado  de 
participación institucional y permanente, de carácter tripartito, que vela por el desarrollo  es
del diálogo y la concertación social, adscrito al Departamento competente en materia de  o
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consejera competente en materia de trabajo.
6.3  El Consejo se reúne anualmente, convocado por la Presidencia i mediante 
propuesta del consejero o consejera competente en materia de trabajo, para acordar las 
prioridades del diálogo y la concertación social en Cataluña, y sus acuerdos serán 
elevados al Gobierno, mediante el consejero o consejera competente en materia de 
trabajo. Su funcionamiento se rige por la normativa reguladora de los órganos colegiados 
y sus acuerdos se toman por unanimidad.
Artículo 7.  Comisión de Seguimiento del Consejo del Diálogo Social.
7.1  Se crea una Comisión  de Seguimiento del Consejo  del Diálogo Social de 
Cataluña, que coordina los trabajos para la elaboración de los acuerdos anuales del 
Consejo  y  valora  la  participación  institucional,  la  concertación  y  el  diálogo  social 
permanente en Cataluña. Igualmente elabora anualmente una memoria de su estado, 
que se eleva al Consejo del Diálogo Social de Cataluña.
7.2  La Comisión de Seguimiento está compuesta por un miembro de cada uno de 
las organizaciones empresariales y sindicales más representativas y dos representantes 
del departamento competente en materia de trabajo, y es presidida por la persona que 
ocupe la secretaría general del departamento competente en materia de trabajo.
7.3  El  nombramiento  de  los  miembros  de  esta  Comisión  de  Seguimiento 
corresponde al consejero o consejera competente en materia de trabajo, a propuesta de 
las entidades representadas.
7.4  El funcionamiento de la Comisión de Seguimiento se rige por la normativa 
reguladora de los órganos colegiados, y sus acuerdos se adoptan por unanimidad de sus 
miembros.
Artículo 8.  Derechos y deberes en el ejercicio de la participación institucional y del 
diálogo social permanente y la concertación social.
8.1  Las organizaciones sindicales y empresariales más representativas han de 
llevar a cabo sus tareas de representación que prevé este Decreto-ley de acuerdo con 
los  principios  de  corresponsabilidad  de  las  actuaciones,  buena  fe  negociadora  y 
confianza legítima.
8.2  Las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, en ejercicio 
de sus funciones de participación institucional, diálogo social permanente y concertación 
social, y de acuerdo con la normativa específica de cada entidad, órgano o empresa 
pública, donde participen, tienen atribuidas competencias para:
a)  Conocer,  con  carácter  previo,  los  anteproyectos  de  ley  o  los  proyectos  de 
normas reglamentarias de desarrollo de normas legales, en relación con las materias de 
su competencia.
b)  Recibir información sobre los planes, programas y actuaciones desarrolladas 
sobre materias de su competencia.
c)  Participar  en  la  elaboración  de  criterios,  directrices  y  líneas  generales  de 
actuación, en relación con las materias de su competencia.
8.3  En el ejercicio de su tarea, las personas que ejerzan funciones de participación 
institucional y diálogo social permanente en los órganos correspondientes tienen los 
deberes siguientes:
a)  Asistir a las reuniones de los órganos de participación institucional en los que la  e
organización sindical o empresarial a la que se pertenezca tenga reconocida legalmente  bo
su presencia. 86ww
derebc)h oC dues ptoadrtiaicri ploasc iódno cinusmtietunctioosn aal .los que se tenga acceso en razón del ejercicio del
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mismos órganos y que haya sido declarada reservada para finalidades diferentes de las 
propias del debate, la negociación y la toma de decisión.
d)  Cualquier  otro  deber  que  determinen  las  normas  de  funcionamiento  de  los 
órganos en que participen.
CAPÍTULO 3
Fomento de la participación institucional y del diálogo social permanente
Artículo 9.  Financiación.
9.1  La Ley de presupuestos de la Generalidad de Cataluña ha de consignar una 
partida presupuestaria específica destinada a financiar la participación institucional, la 
concertación y el diálogo social de las organizaciones sindicales y empresariales más 
representativas, con el fin de fomentar y garantizar adecuadamente el ejercicio de sus 
derechos y deberes, así como la tutela de derechos de información, asesoramiento, 
negociación colectiva que su condición de más representativos les otorga.
9.2  Esta partida presupuestaria se consignará como subvención nominativa en la 
sección correspondiente del Departamento competente en materia de trabajo, y tendrá 
carácter plurianual. A estos efectos, se ha de suscribir entre la Administración de la 
Generalidad de Cataluña y cada una de las organizaciones empresariales y sindicales 
más representativas un convenio programa cuatrienal.
9.3  Esta  financiación  responde,  únicamente,  a  las  actividades  que  prevé  este 
Decreto-ley, y, por lo tanto, no limitará la existencia de otras fuentes de financiación para 
realizar otras actividades u otros de distinto tipo, con fondos provenientes de esta o de 
otras administraciones.
9.4  La  distribución  de  los  recursos  asignados  se  realiza  en  función  de  la 
representatividad determinada para cada organización sindical o empresarial el último 
día  del  año  anterior,  y  se  debe  abonar  de  acuerdo  con  la  normativa  general  de 
subvenciones, salvo la justificación de esta, que se acreditará con las certificaciones de 
asistencia de los miembros designados en los órganos de participación o representación 
de los que hayan sido nombrados, y de acuerdo con los criterios fijados en el convenio 
programa cuatrienal.
9.5  Adicionalmente a todo lo citado en materia de financiación, las organizaciones 
participantes en el Consejo de Diálogo Social de Cataluña previsto en este Decreto-ley 
recibirán una financiación adecuada por las tareas de representación y diálogo.
Artículo 10.  Tribunal Laboral de Cataluña.
10.1  La Generalidad de Cataluña debe garantizar la existencia y la financiación del 
Tribunal  Laboral  de  Cataluña,  ente  participado  por  las  organizaciones  sindicales  y 
empresariales más representativas, con el fin de hacer efectiva la solución extrajudicial 
de conflictos.
10.2  A tal efecto, y en atención a lo previsto en el artículo 45, apartados 4 y 6 del 
Estatuto de autonomía, respecto de la obligación de los poderes públicos de fomentar la 
resolución extrajudicial de conflictos laborales, así como de promover la mediación y el 
arbitraje,  el  Departamento  competente  en  materia  de  trabajo  ha  de  formalizar  los 
instrumentos adecuados que garanticen la financiación plurienal, a fin de que estas 
finalidades se puedan desarrollar adecuadamente con una financiación suficiente. es
Artículo 11.  Justificación y control de las subvenciones y obligaciones de colaboración. w.
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11.2  Los beneficiarios de las subvenciones reguladas en este Decreto-ley están 
obligados a prestar colaboración y a aportar toda la información que les sea requerida en 
el ejercicio de las actuaciones reguladas en el apartado anterior por parte de los órganos 
de control competentes, de acuerdo con la normativa de subvenciones vigente.
Disposición adicional primera.  Adaptación del Consejo de Relaciones Laborales.
El Gobierno y los agentes sociales impulsarán un grupo de trabajo específico para 
revisar  el  contenido  de  la  Ley  1/2007,  del  5  de  junio,  del  Consejo  de  Relaciones 
Laborales, a los efectos de adecuarse a las necesidades del modelo de participación 
institucional, la concertación social y el diálogo social permanente que este Decreto Ley 
regula y dotándolo de la personalidad jurídica adecuada.
Disposición  transitoria  primera.  Adaptación  en  los  órganos,  entidades  y  empresas 
públicas.
1.  En un plazo máximo de seis meses se iniciarán los trámites con el fin de adaptar 
la participación institucional y del diálogo social permanente y la concertación social de 
las organizaciones empresariales y sindicales más representativas en las diferentes 
entidades o empresas públicas, órganos, instituciones y otros espacios de participación 
integrados  en  la  Administración  de  la  Generalidad  de  Cataluña,  en  los  casos  que 
proceda.
2.  Las organizaciones sindicales y empresariales más representativas a que se 
refiere este Decreto-ley deben ser oídas en el procedimiento de modificación normativa 
de la regulación de los órganos de participación institucional vigentes en el momento de 
entrada en vigor de la Ley.
Disposición transitoria segunda.  Aplicación de la normativa vigente.
Mientras se produce la adaptación a que hace referencia la disposición transitoria 
primera, continúan en vigor todas las normas que regulan la participación institucional en 
las entidades públicas y organismos autónomos de la Administración de la Generalidad 
de Cataluña.
Disposición final primera.  Desarrollo reglamentario.
Se  autoriza  el  Gobierno  de  la  Generalidad  de  Cataluña  para  aprobar  las 
disposiciones que sean necesarias para su desarrollo.
Disposición final segunda.  Entrada en vigor.
Este Decreto-ley entra en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya».
Por lo tanto, ordeno que todos los ciudadanos y ciudadanas a los que sea aplicable 
este Decreto-ley cooperen en su cumplimiento y que los tribunales y las autoridades a 
los que corresponda lo hagan cumplir.
Barcelona, 24 de marzo de 2020.–El Presidente de la Generalidad de Cataluña, 
Joaquim Torra i Pla.–El Consejero de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Chakir El 
Homrani Lesfar. e.
(PCubolnicvaadliod aedno e pl od«reD l ailaa rR iGoe esOnofeliucraicailóilt adnte  7d l5ae3  GC/XaeIItn adeluerañl lPait»aa trn ldaúemm Ceenarottoa 8 ldu1eñ2 a4C»,a  dntaeúl mu3ñ0ea rdo, e p8 ua0bb9lri6cil, a dddeea  2 2e06n2  d0ee)l  «mDaiarzrioo  dOef i2ci0a2l 0.  2020-5286n https://ww