BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 62 Lunes 14 de marzo de 2022 Sec. III.   Pág. 30300
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
3976 Resolución de 23 de febrero de 2022, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la calificación del 
registrador de la propiedad de Guadalajara n.º 3, por la que se suspende la 
inscripción de una escritura de compraventa.
En el recurso interpuesto por don J. C. J., abogado, en nombre y representación de 
«CBL Asesores 1999, SL», contra la calificación del registrador de la Propiedad de 
Guadalajara número 3, don José Agustín Peña Romero, por la que se suspende la 
inscripción de una escritura de compraventa.
Hechos
I
Mediante escritura autorizada el día 22 de noviembre de 2016 por el notario de 
Guadalajara, don Jesús José Moya Pérez, se otorgó la compraventa de un inmueble 
seguida de préstamo garantizado con hipoteca sobre el mismo. Interesa a los efectos de 
este expediente que la compradora –doña Y. H. C.– aparecía en la comparecencia como 
«casada en trámite de separación judicial». Y en las estipulaciones se afirmaba que 
compraba «con carácter privativo», manifestando que «dicho carácter de adquisición 
viene atribuido por la renuncia de derecho efectuada por don A. M. S., marido de la 
compradora,  en  documento  público,  copia  del  cual  dejo  incorporado  a  la  presente 
escritura». En la escritura no se realizaba por el notario autorizante de la escritura 
ninguna otra precisión ni juicio sobre tal documento de renuncia.
El  citado  documento,  denominado  «acto  de  renuncia  de  derecho»,  que  se 
incorporaba, era un documento notarial de la República Dominicana, de fecha 4 de 
noviembre de 2016, suscrito por don A. M. S. en el que se recogía lo siguiente: que 
contrajeron matrimonio en la República Dominicana el día 18 de marzo de 2000; que 
se encontraban en situación de separación de hecho desde hacía al menos cinco 
años; que, durante el matrimonio, no adquirieron bienes muebles o inmuebles; que 
don A. M. S. «renuncio (…)» y «me desligo» de cualquier bien que doña Y. C. H. 
pudiera adquirir «en el presente o en el futuro», por lo que no haría reclamación sobre 
bien alguno. El notario dominicano hizo constar que las firmas de los comparecientes 
–otorgante y dos testigos– fueron puestas a su presencia de forma libre y voluntaria 
en «señal de aprobación del contenido del presente documento», sin que hubiera otra 
declaración o juicio en el mismo; el documento contenía apostilla, de fecha 9 de 
noviembre de 2016, conforme a la Convención de La Haya.
El  día  29  de  mayo  de  2017  fue  dictada,  por  el  Juzgado  de  Primera  Instancia 
número 7 de Guadalajara, sentencia de divorcio contencioso entre doña Y. C. H. y don A. 
M. S., este último en rebeldía. En la citada sentencia se expresaba que, no existiendo 
bienes en común, no se realizaba ningún pronunciamiento al respecto.
II
Presentada el día 22 de octubre de 2021 la referida escritura en el registro de la 
propiedad de Guadalajara número 3, fue objeto de la siguiente nota de calificación:
«Conforme al artículo 18 de la Ley Hipotecaria (reformado por Ley 24/2001 de 27 de 
diciembre) y 98 y siguientes del Reglamento Hipotecario:
El  Registrador  de  la  Propiedad  que  suscribe,  previo  examen  y  calificación  del 
documento presentado por CBL Asesores 1999 SL, el día 22/10/2021, bajo el asiento 
número 585, del tomo 185 del Libro Diario y número de entrada 10530, que corresponde 
al documento otorgado ante el Notario de Guadalajara, don Jesús José Moya Pérez con 
el número 2647/2016 de su protocolo, de fecha 22/11/2016, ha resuelto no practicar los 
asientos solicitados en base a los siguientes hechos y fundamentos de Derecho:
Hechos:
CBL Asesores 1999 SL presenta el día veintidós de octubre de dos mil veintiuno 
primera copia de la escritura otorgada en Guadalajara el veintidós de noviembre de dos 
mil  dieciséis  ante  el  Notario  don  Jesús  José  Moyá  Pérez,  número  de 
protocolo 2647/2016, por la que I. A. C. y T. C. C. venden a Y. C. H. tres cuartas partes 
indivisas de la finca número 4008 de Alovera, idufir 19010000009185, sita (…), la cual se 
encontraba casada –aunque en trámite de separación judicial–, que compra con carácter 
privativo. Se acompañan los siguientes documentos:
– Acta de matrimonio de la compradora a los efectos acreditar su matrimnio [sic] con 
don A. M. S.
– Sentencia de divorcio del matrimonio de fecha 29 de mayo de 2.017.
– Acto de renuncia de derecho suscrito por don A. M. S. con fecha 4 de noviembre 
de 2.016 ante un Notario Público de la República Dominicana por el que manifiesta que 
durante el tiempo que convivieron no adquirieron ningún bien renunciando a cualquier 
bien que la señora haya adquirido con dinero propio.
Fundamentos de Derecho:
1.ª En el momento del otorgamiento de la escritura de compra, la compradora, doña 
Y. C. H. estaba casada, (la sentencia de divorcio que se acompaña es de fecha posterior) 
por lo que la adquisisión [sic] ha de ser para la comunidad de bienes. (artículo 1.347.3 
del Código Civil).
2.ª La manifestación de que la adquisición es privativa en base a un “documento 
público” de renuncia no puede tenerse en cuenta por los siguientes motivos:
a) Se  trata  de  un  documento  privado,  no  público,  con  firmas  legitimadas 
notarialemente [sic].
b) Dicho documento de renuncia no es adminisible [sic] en la legislación española, ya 
que para que los cónyuges pacten que a partir de cierto momento las adquisiciones hechas 
por un cónyuge sean privativas lo procedentes serían unas capitulaciones matrimoniales 
pactando otro régimen como único (separación de bienes) o una confesión de privaticidad 
para un caso concreto (artículo 95.4 del Reglamento Hipotecario).
Y por considerarlo un defecto subsanable se procede a la suspensión de los asientos  es
solicitados del documento mencionado. bo
No  se  toma  anotación  preventiva  por  defectos  subsanables  por  no  haberse  76ww
solicCitoandtora. esta calificación (…)
Guadalajara a veintidós de octubre del año dos mil veintiuno El Registrador de la
Propiedad (firma ilegible), Fdo: José A. Peña Romero.»
III
Contra  la  anterior  nota  de  calificación,  don  J.  C.  J.,  abogado,  en  nombre  y 
representación de «CBL Asesores 1999, SL», interpuso recurso el día 3 de diciembre 
de 2021 mediante escrito en el que alegaba lo siguiente:
«Previo. Que por escritura de compraventa otorgada ante el Notario de Guadalajara 
don Jesús José Moya Pérez en fecha 22 de noviembre de 2016, doña Y. C. venía a 
adquirir un 75 % de la vivienda a que hace referencia la escritura (…)
Que en la propia escritura se hace constar en el “Comparecen” que la Sra. C. está 
casada  en  trámite  de  separación  judicial,  refiriendo  posteriormente  en  las 
“Estipulaciones”, que compra y adquiere la vivienda con carácter privativo, y que dicho 
carácter viene atribuido por la renuncia al derecho efectuado por D. A. M. S., marido de 
la compradora, en documento público, copia de la cual deja el notario, incorporada a la 
escritura.
El precio de la compraventa se cifra en 131.505’91 euros.
En la escritura posterior de protocolo y ante el mismo Notario (…) se viene a 
hipotecar la finca por un importe de 140.000 euros conforme resulta de la cláusula 
financiera segunda, escritura que obviamente tampoco se ha procedido a su inscripción 
por razones obvias.
Presentadas ambas escrituras para su inscripción el Registrador a [sic] denegado la 
misma por las razones que constas en la calificación solicitada (…)
Es por tanto objeto del recurso la inscripción de las fincas.
Primero. Señala  la  calificación  registral  que  se  acompañan  los  siguientes 
documentos: acta matrimonio, sentencia de divorcio de 29 de mayo de 2017 (dictada por 
el Juzgado de Primera Instancia de Guadalajara, España), acto de renuncia de derecho 
suscrito por quien fuera sus esposo de fecha 4 de noviembre de 2016 ante el Notario 
Público de la República Dominicana por el que manifiesta que durante el tiempo en 
convivieron no adquirieron ningún bien renunciando a cualquier bien que la señora haya 
adquirido con dinero propio (…)
Del mismo modo en los Fundamentos de Derecho que la Sra. C. estaba casada en el 
momento  de  la  compraventa  pues  la  sentencia  de  divorcio  es  posterior;  que  la 
manifestación de quien fuera su esposo en documento público no puede tenerse en 
cuenta por que [sic] se trata de un documento privado no público, con firmas legitimadas 
notarialmente;  y  que  el  documento  de  renuncia  no  es  admisible  en  la  legislación 
española, ya que para su validez debe de pactarse en capitulaciones matrimoniales o 
mediante confesión de privacidad.
Dicho lo anterior, la primera cuestión a dilucidar es la validez del documento a todos 
los efetos [sic] público. La legalización de un documento extranjero para que tenga 
validez en España es un procedimiento administrativo que debe realizarse en el país de 
origen del documento y que debe ser cotejado como correcto por el consulado de 
España en el país de destino, siempre y cuando el país de origen no tenga suscrito el 
convenio de la Haya de 5 de octubre de 1961, en cuyo artículo 1 se señala:
Artículo 1.
El  presente  Convenio  se  aplicará  a  los  documentos  públicos  que  hayan  sido 
autorizados en el territorio de un Estado contratante y que deban ser presentados en el 
territorio de otro Estado contratante. s
Se considerarán como documentos públicos en el sentido del presente Convenio: oe.
a) los documentos dimanantes de una autoridad o funcionario vinculado a una  76ww
jsuercisrdeitcacriióon,  ofdiceila lE os taagdeon, tein juclduiyceianl;do  los  provenientes  del  ministerio  público,  o  de  un
bc))  llooss  ddooccuummeennttooss  naodtmariniaisletrsa;tivos;
d) las certificaciones oficiales que hayan sido puestas sobre documentos privados, 
tales como menciones de registro, comprobaciones sobre la certeza de una fecha y 
autenticaciones de firmas.
Artículo 12.
Cualquier Estado al que no se refiera el artículo 10, podrá adherirse al presente 
Convenio, una vez entrado éste en vigor en virtud del artículo 11, párrafo primero. El 
instrumento de adhesión se depositará en el Ministerio de Asuntos Exteriores de los 
Países Bajos.
Por lo tanto habiéndose adherido la República Dominicana 15 octubre de 1961 al 
Convenio de la Haya y España estar también adherido al mismo, el documento que el 
Registrador llama de renuncia está reconocido en España, por lo que solo en su caso 
cabe entender el mismo como documento público o privado y a este respeto en la propia 
calificación existe una contradicción al entender inicialmente en los hechos que se trata 
de un documento público y en los fundamentos de derecho un documento privado 
elevado a público, si bien obvia lo que viene a decir el Notario dominicano al pie del 
documento: “Yo Dr. Reginaldo Gómez Pérez (…) certifico y doy fe que las firmas de los 
señores (…) que constan, fueros puestas en mi presencia de manera libre y voluntaria 
(…), es decir, que se trata de un acta de manifestaciones que el propio Notario recoge y 
por ende en modo alguno se trata de un documento privado sino otorgado con la fe 
pública que por aplicación del Convenio de la Haya tiene plena validez en España.
Por último y en aplicación del Decreto 2 junio 1944, por el que se aprueba con 
carácter definitivo el Reglamento de la organización y régimen del Notariado, en su 
artículo 143 se refiere:
A los efectos del artículo 1217 del Código Civil, los documentos notariales se regirán 
por los preceptos contenidos en el presente Título.
Los testamentos y actos de última voluntad se regirán, en cuanto a su forma y 
requisitos o solemnidades, por los preceptos de la legislación civil, acoplándose a los 
mismos la notarial, teniendo ésta el carácter de norma supletoria de aquélla.
Los documentos públicos autorizados o intervenidos por notario gozan de fe pública, 
presumiéndose su contenido veraz e íntegro de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.
Y el artículo 144:
Conforme  al  artículo  17  de  la  Ley  del  Notariado  son  instrumentos  públicos  las 
escrituras públicas, las pólizas intervenidas, las actas, y, en general, todo documento que 
autorice el notario, bien sea original, en certificado, copia o testimonio.
Las  actas  notariales  tienen  como  contenido  la  constatación  de  hechos  o  la 
percepción que de los mismos tenga el notario, siempre que por su índole no puedan 
calificarse de actos y contratos, así como sus juicios o calificaciones.
Es por lo anterior que el acta ante el Notario dominicano tiene plena validez de los 
hechos que en ellos constan a los efetos [sic] pretendidos.
Segundo. Dicho  lo  anterior,  en  el  citado  documento  se  recogen  otras 
manifestaciones además de la renuncia que el Registrador ha obviado y así señala en el 
Segundo: que durante el tiempo que convivieron no adquirieron ningún bien mueble e 
inmueble y que en consecuencia renuncia desde ahora y apara siempre a cualquier bien 
adquirido por doña Y. (…), que están separados aproximadamente hace cinco años 
(resulta significativo que el declarante señala que vive en el República Dominicana y  e.
doña Y. en Guadalajara España), y en el Tercero: declara que se desliga por completo de  w.b
todo lo relacionado con los bienes de doña Y. que pudiera adquirir en el presente o  76ww
futurAo .mayor  abundamiento  y  conforme  señala  la  sentencia  de  divorcio,  en  los
eann tefecechdae n2te2s  ddee  hmeacrhzoo  edne e l2 p0r1im5,e rsoie sned os elñaa lfae cqhuae  dsee  plare sceonmtóp rlaa  deel m2a2n ddae  dneo vdiievmorbcrioe 
de 2016, cuando ya como se ha señalado el documento de renuncia data de 4 de
noviembre de 2016, el bien adquirido se hacía de manera privativa y ni para sociedad 
conyugal  alguna,  siendo  este  el  nudo  gordiano  del  recurso,  y  así  y  conforme  al 
artículo 95 del Reglamento Hipotecario se permite la inscripción con carácter privativo de 
bienes del cónyuge adquirente casado bajo el régimen de sociedad de gananciales 
siempre que el carácter privativo del precio o de la contraprestación del bien adquirido se 
justifique  mediante  prueba  documental  pública.  En  el  presente  caso  se  justifica  la 
recepción por el comprador de una cantidad privativa –por adquirido el bien mediate [sic] 
el préstamo que graba la propia finca y que en el protocolo siguiente queda justificada la 
cantidad entregada por el banco (140.000 €) que inclusive viene a ser inferior a la de la 
compraventa (131.505’91 €)– que sirvió para adquirir parte de las tres cuartas partes 
adquiridas, por todo ello, al existir prueba suficiente de la procedencia del precio, y 
también la confesión del cónyuge del adquirente, la inscripción se tiene que realizar.
A colación con lo anterior. como expresa la Sentencia TS, Sala Primera, de lo Civil, 
370/2012, de 18 de junio, SP/Sent/679512, Ponente: Encarnación Roca Trías: “(…) 
Según la doctrina más extendida, el artículo 1324 CC recoge la antigua teoría sobre la 
confesión de la dote. En él, frente a la presunción de ganancialidad contenida en el 
artículo  1361  CC,  se  introduce  un  medio  de  destruir  la  presunción,  permitiendo  la 
confesión  por  parte  de  un  cónyuge  de  que  los  bienes  son  propiedad  del  otro, 
facilitándose así una prueba de la autonomía de las titularidades (…)”, prueba acreditada 
con el acta de manifestaciones ante el Notario de la República Dominicana.
Si en aplicación del artículo 1361 CC se presumen gananciales los bienes existentes 
en el matrimonio mientras no se pruebe que pertenecen privativamente a uno de los dos 
cónyuges, el artículo 1.324 CC permite probar que determinados bienes son propios de 
alguno uno de ellos, por medio de la confesión del otro y así a mayor abundamiento la 
DGRN, en Resolución de 8 de junio de 2012, SP/Sent/928850, declara que “se configura 
como  un  negocio  de  fijación  de  la  verdadera  naturaleza  del  bien,  cuando  existe 
incertidumbre sobre su pertenencia a una u otra masa patrimonial”. Se considera un medio 
de prueba especialmente hábil para acreditar que la adquisición del bien se realizó por el 
patrimonio  privativo  de  cónyuge  del  confesante.  Se  destruye  así  el  juego  de  las 
presunciones de los arts. 1.361 y 1.441 CC, creando otra presunción de privatividad (…)
Puede  recaer  sobre  bienes  que  pertenezcan  a  la  comunidad  de  gananciales  o 
incluso al cónyuge que la realiza. Esta doctrina la sienta el TS, entre otras, en su 
Sentencia de fecha 8 de octubre de 2004, SP/Sent/61949, y extiende su aplicación “no 
sólo a los casos de obtención de la privacidad de bienes que en relación con su 
adquisición serían gananciales, sino también a los supuestos contrarios (como regla de 
justa correspondencia), en cuanto un bien privativo pase a ganancial, por la declaración 
del  que  por  ello  resulte  perjudicado:  y  es  asimismo  aplicable,  por  igual  razón,  a 
situaciones similares (…).”, como señala la Sentencia de la Audiencia Provincial de 
Valencia, Sec. 10.ª, 53/2013, de 28 de enero, SP/Sent/720265.
La  jurisprudencia  del  Tribunal  Supremo  ha  admitido  que  cuando  media  una 
separación de hecho seria y prolongada en el tiempo no se integran en la comunidad 
bienes  que,  conforme  a  las  reglas  del  régimen  económico  serían  gananciales,  en 
especial cuando se trata de bienes adquiridos con el propio trabajo e industria de cada 
uno de los cónyuges y sin aportación del otro, y si bien esta doctrina, como puso de 
relieve la sentencia 226/2015, de 6 de mayo, no puede aplicarse de un modo dogmático 
y absoluto, sino que requiere un análisis de las circunstancias del caso, y así las 
circunstancias del presente caso son evidentes para acreditar la privacidad, primero 
porque los cónyuges están separados como dice la declaración del exesposo hace cinco  es
años, porque éste vive en la República Dominicana como consta en su declaración y  o
vdqdueouennñer epia decr oéhsY sto.áp tsea a pnmgsr aoeGonbs udrehaeonid p,tl aaooydltsa ea pjcba oaeirrearl  ine o2cel 2losop m d oasero o   cmdlsouoea yñcñrazaaa ob laaY rdd í.laq ea qu  r2euies0secicc1 hir5nóait,onzu  pa ronaor bo,ru ql pinhugoaaear q   ppcauroa eenrq taletuar niai bessduneiqói ndunftoui er deinrcer cuallai a ac sn vódudinve oyie e dussnigpevdeoo a trs rscsaoii eto er y es s cdoelloelañi c mauhitlaaana      OE-A-2022-3976able en https://www.
ejercicio abusivo del derecho contrario a la buena fe (artículo 7 Código Civil), como
también y en este último aspecto, la separación duradera mutuamente consentida a la 
que se refiere la doctrina del Tribunal Supremo para rechazar pretensiones abusivas de 
un cónyuge, matizando el tenor del artículo 1393.3.º del Código Civil.
Por añadidura a todo lo anterior, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha dictado 
una sentencia de fecha 6 de mayo de 2015 (sentencia número 226/2015, ponente señor 
Orduña Moreno), por la que matiza su anterior jurisprudencia que establece que la 
situación de separación de hecho excluye la pervivencia de la sociedad de gananciales, 
para considerar injustificada su aplicación “en aquellos supuestos en que pese a existir 
una separación de hecho, no obstante, no hay o no se constata, una voluntad efectiva e 
inequívoca de romper la relación conyugal a estos efectos, bien por razones de índole 
económica, o bien por razones afectivas.” (…)
La sentencia del TS:
Los argumentos de la Sala se contienen en su fundamento tercero, que establece (…):
“Derecho de familia. Disolución de la sociedad de gananciales. Interpretación y 
alcance  de  la  separación  de  hecho,  artículo  1393.  3.º  del  Código  Civil.  Doctrina 
jurisprudencial aplicable (…)
En el mismo, con cita del artículo 1393.3 del Código Civil, como precepto infringido, 
se alega la existencia de interés casacional por oposición a la jurisprudencia del Tribunal 
Supremo. Más en concreto se citan como opuestas a la recurrida las Sentencias de esta 
Sala de fechas 24 de abril de 1999, 23 de febrero de 2007 y 21 de febrero de 2008, las 
cuales establecen que la separación de hecho excluye el fundamento de la sociedad de 
gananciales  que  es  la  convivencia  mantenida  entre  cónyuges,  teniendo  desde  ese 
momento  la  condición  de  bienes  privativos  aquellos  adquiridos  a  costa  del  trabajo 
exclusivo de uno de los cónyuges separados. Argumenta la parte recurrente que tal 
doctrina ha sido vulnerada por la resolución recurrida por cuanto pese a considerar 
probada la existencia de una separación de hecho entre los cónyuges no aplica la 
mentada doctrina, sin que el otorgamiento conjunto de testamento por ambos cónyuges 
impida la pérdida de fundamento de la existencia de la sociedad de gananciales, lo que 
expresamente  es  afirmado  por  la  Sentencia  de  esta  Sala  de  fecha  21  de  febrero 
de  2008,  ni  el  hecho  de  que  las  adquisiciones  realizadas  con  posterioridad  a  la 
separación de hecho hagan referencia a su condición de casado, pues realmente lo 
estaba al no mediar separación o divorcio legal. En consecuencia, considera la parte 
recurrente que los bienes adquiridos con posterioridad a la separación de hecho entre 
los cónyuges, ya se considere que es desde 1969, o desde 1981, no tienen la condición 
de gananciales sino de bienes privativos, teniendo plena aplicabilidad al presente caso la 
doctrina de esta Sala en la materia y que constituye fundamento del interés casacional.
En el presente caso, por la fundamentación que a continuación se expone, el motivo 
planteado debe ser desestimado.
2. En el presente caso, contrariamente a lo alegado por la parte recurrente, no 
puede afirmarse que la Audiencia desconozca la doctrina jurisprudencial de esta Sala 
sobre la cuestión debatida, que interpreta correctamente con abundante cita de la misma 
(fundamento de derecho cuarto de la sentencia).
En este sentido, no se desconoce que tras la Ley 14/1975, de 2 de mayo, que 
posibilitó pactar la disolución del régimen de gananciales, y particularmente a partir de la 
Reforma de 1981, que desarrolló el régimen de las causas de disolución en función de 
las diversas vicisitudes que pueden darse en la relación conyugal, esta Sala procedió a  es
una paulatina interpretación flexible del artículo 1393.3 del Código Civil que mitigara el  bo
rigor de su interpretación literal en aquellos supuestos en donde se había producido una  76ww
Dsddeeeepf lil anomristaii svcgmaiaó onny a  mdpneroco idahlooleen cqsghu ayoed   qaseu enre tueq psnutódiuelerobar r  salade  ee lij lbu lafrsue tni cfsidoceanapmv aeivernaen cntfouicó ninacco  idcóneons n oodyrtceuroi gau alm nlq.ao u dDeloóe ,ga  iefncosiardtm oac  aoee,ms n,q u eucnole idn lucatrcodarn ordi  alecamo  vmeliibdnúratnee.     OE-A-2022-39able en https://
al reconocimiento del propio hecho de la separación puede constituir un acto contrario a
la buena fe, con manifiesto abuso de derecho, al ejercitar un aparente derecho más allá 
de sus límites éticos. Por lo que, en suma, acreditada una ruptura seria y prolongada de 
la relación conyugal no se exige, por innecesario, el requisito previo de la declaración 
judicial para declarar extinguida la sociedad de gananciales.
No obstante, y esto es lo relevante en el presente caso, la doctrina jurisprudencial 
expuesta tampoco puede aplicarse, tal y como pretende el recurrente, de un modo 
dogmático o absoluto, desprovista del necesario análisis de las circunstancias del caso y 
del respecto al fundamento último que informa a la norma. Entenderlo de esta forma 
sería, a su vez, incurrir en el defecto que se ha pretendido corregir, por lo que la 
interpretación rigorista o literal seguiría existiendo sólo que cambiando la norma por una 
doctrina  jurisprudencial  rígida  al  respecto.  Cuestión  que  comportaría,  entre  otros 
extremos, una injustificada aplicación de esta doctrina en aquellos supuestos en que 
pese a existir una separación de hecho, no obstante, no hay o no se constata, una 
voluntad efectiva e inequívoca de romper la relación conyugal a estos efectos, bien por 
razones de índole económica, o bien por razones afectivas.
El Tribunal Supremo, ya desde hace mucho tiempo (Sentencias de 13 de junio 
de 1986, 26 de noviembre de 1987 y 17 de junio de 1988) viene entendiendo que “la libre 
separación de hecho excluye el fundamento de la sociedad de gananciales que es la 
convivencia mantenida hasta el momento de la muerte de uno de los cónyuges, pues 
entenderlo de otro modo significaría un acto contrario a la buena fe con manifiesto abuso 
de derecho que no puede ser acogido por los Tribunales en una interpretación acorde 
con la realidad social…”.
A la vez, la Audiencia Provincial de A Coruña, también viene siguiendo esta doctrina, 
con la finalidad de mitigar el rigor de los preceptos legales señalados anteriormente para 
adaptarlos a la realidad social y al principio de buena fe. En la sentencia n.º 359/2008 
señala que “rota la convivencia conyugal, no cabe que se reclamen por un cónyuge, 
derechos sobre unos bienes a cuya adquisición no contribuyó…” si bien matiza que esa 
separación fáctica ha de ser: “seria, prolongada, demostrada o acreditada por los actos 
subsiguientes de formalización judicial de la separación y siempre que los referidos 
bienes se hayan adquirido con caudales propios o generados con su trabajo o industria a 
partir del cese de aquella convivencia…”.
Lo realmente determinante, por tanto, no será tanto lo prolongado de la separación 
de hecho, sino la voluntad de tener vidas separadas. Y, por tanto, economías, vidas y 
domicilios independientes. En algunos casos, incluso se entiende disuelta la sociedad de 
gananciales a pesar de compartir el mismo domicilio los dos cónyuges por razones de 
necesidad  económica,  al  reconocer  que  ya  venían  haciendo  vidas  separadas  con 
anterioridad a la presentación de la demanda. (SAP Pontevedra de 13 de julio de 2017).
Sin embargo, y a pesar de estas sentencias no podemos entender que la separación 
de hecho origina de forma automática la disolución de la sociedad de gananciales. Se 
sigue precisando de una declaración judicial al respecto, porque se requiere un análisis 
de las concretas circunstancias de cada caso para determinar si efectivamente existió y 
desde cuando una voluntad efectiva e inequívoca de romper la relación conyugal. Así lo 
recoge expresamente por ejemplo la sentencia del Tribunal Supremo n º 226/2015 de 6 
de  mayo.  En  este  mismo  sentido,  la  sentencia  n  º  702/2013  de  6  de  noviembre, 
considera disuelta la sociedad con la sentencia de separación y no en el momento de la 
separación de hecho. El Supremo entiende en esta sentencia que la separación fáctica 
no había sido libremente consentida y no había sido prolongada al haberse presentado 
casi inmediatamente la demanda de separación. es
Y además, en palabras del Tribunal Supremo “no debemos olvidar que la doctrina  o
bqaclaoiufe enernces etpleaasencc ritcióimódonnami t ,e deu aenneplten rasetpre  tasenctu dórdjienemeryt oo udosngip iseoaeus  rel agaplrta ae nns roaoolarn lma ncsmaoioat ecilfv nrieaehted nad atseeedta  n da  die ecetlhle   sgarmcea esnnoortamoicdnsieoec,n  idaqdtaolueed e s,dd   jeecpuo joeanlrgra s a ldea dere vis nsaeeo nxeplui las lcoartiiaór rd cgnpieaó anrnlrae a ingnd tateeíeall   r hnfddueoeetc u  dhrllaaeoo      OE-A-2022-3976able en https://www.
sociedad…” (STS de 15 de junio de 2010).
En  conclusión.  La  recomendación  que  se  ofrece,  es  que,  en  situaciones  de 
separación de hecho, debería abstenerse de hacer disposiciones importantes (tanto 
adquisición de bienes como nuevos préstamos o deudas) hasta que exista una sentencia 
judicial.  De  esta  forma  evitaremos  enfrentamientos  judiciales  acerca  del  carácter 
ganancial o no de los bienes así adquiridos. Además, también evitamos reclamaciones 
de terceros que no están vinculados por la jurisprudencia tal y como ya hemos explicado.
Por todo ello ha de considerarse la naturaleza de la adquisición privativa y por ello 
inscribirlos a su nombre.»
IV
Mediante escrito, de fecha 10 de diciembre de 2021, el registrador de la Propiedad 
emitió informe y elevó el expediente a este Centro Directivo. Notificada el día 19 de 
enero de 2022 la interposición del recurso al notario autorizante del título calificado, no 
se ha producido alegación alguna.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 1 y 4 del Reglamento (CE) n.º 593/2008 del Parlamento Europeo 
y  del  Consejo,  de  17  de  junio  de  2008,  sobre  la  ley  aplicable  a  las  obligaciones 
contractuales (Roma I); 10.1, 11.1, 12.1, 1216, 1218, 1227, 1256, 1259 y 1280 del 
Código Civil; 1, 3, 4 y 9 de la Ley Hipotecaria; 17 y 17 bis de la Ley del Notariado; 98 de 
la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden 
Social, modificada por la Ley 24/2005, de 18 de noviembre, de reformas para el impulso 
a la productividad; 58 y 60 de la Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica 
internacional en materia civil; la disposición adicional tercera de la Ley 15/2015, de 2 
julio, de la Jurisdicción Voluntaria; los artículos 156 del Reglamento Notarial; 36 y 37 del 
Reglamento Hipotecario; las Sentencias del Tribunal Supremo, Sala Tercera, de 20 de 
mayo de 2008 y 19 de junio y 23 de septiembre de 2011 y, Sala Primera, de 20 y 22 de 
noviembre de 2018, y las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado de 4 de julio de 2005, 29 de mayo de 2006 (1.ª y 2.ª), 18 de enero de 2010, 31 
de octubre de 2013, 23 de febrero, 5 de marzo, 1 de julio y 19 de octubre de 2015, 11 de 
mayo y 14 de septiembre de 2016, 5 de enero, 17 de abril, 20 de julio y 6 de noviembre 
de 2017, 7 de septiembre y 18 de diciembre de 2018 y 20 de diciembre de 2019.
1. Debe  decidirse  en  este  expediente  si  es  o  no  inscribible  una  escritura  de 
compraventa en la que concurren las circunstancias siguientes:
– La escritura se otorgó el día 22 de noviembre de 2016, y es seguida de préstamo 
garantizado con hipoteca sobre la finca comprada.
– La  compradora  aparece  en  la  comparecencia  como  «casada  en  trámite  de 
separación judicial» y en las estipulaciones afirma que compra y adquiere dicha finca 
«con  carácter  privativo»,  manifestando  que  «dicho  carácter  de  adquisición  viene 
atribuido  por  la  renuncia  de  derecho  efectuada  por  don  A.  M.  S.,  marido  de  la 
compradora,  en  documento  público,  copia  del  cual  dejo  incorporado  a  la  presente 
escritura». En la escritura no se realiza por el notario autorizante ninguna otra precisión 
ni juicio sobre tal documento de renuncia.
– El  citado  documento,  denominado  «acto  de  renuncia  de  derecho»,  que  se  s
incorpora,  es  un  documento  notarial  de  la  República  Dominicana,  de  fecha  4  de  oe.
noviembre de 2016, suscrito por el esposo de la compradora, en el que se recoge lo  w.
dcsiieng cu2oi0e 0na0tñe;o : qsqu; ueqe us ece o denuntrrcaaunjeeterno tnera l nmm aeatntrr iimsmitoounnaiiocoi  óennno  d laaed  sqReuepipraiúerbraolcinció abn i Dednoeem hsi enmcichuaoen badl eeessl d ode í ianh ma1c8ue e dbaelle  msm;e aqnruozeos    2022-3976n https://ww
quien lo suscribe renuncia y se desliga de cualquier bien que su esposa pueda adquirir
«en el presente o en el futuro», por lo que no hará reclamación sobre bien alguno; el  Bc
notario dominicano hace constar que las firmas de los comparecientes –otorgante y dos 
testigos–  fueron  puestas  a  su  presencia  de  forma  libre  y  voluntaria  en  «señal  de 
aprobación del contenido del presente documento», sin que haya otra declaración o 
juicio; el documento tiene la apostilla de La Haya, de fecha 9 de noviembre de 2016.
– El día 29 de mayo de 2017 fue dictada, por el Juzgado de Primera Instancia 
número 7 de Guadalajara, sentencia de divorcio contencioso entre ambos cónyuges, el 
esposo en rebeldía. En la sentencia se expresa que, no existiendo bienes en común, no 
se realiza ningún pronunciamiento al respecto.
El registrador señala dos defectos: a) que, en el momento del otorgamiento de la 
escritura de compraventa, la compradora estaba casada (la sentencia de divorcio que se 
acompaña es de fecha posterior), por lo que la adquisición ha de ser para la comunidad 
de bienes (cita el artículo 1.347.3.º del Código Civil); y b) que la manifestación de que la 
adquisición es privativa con base en el documento de renuncia no puede tenerse en 
cuenta, ya que se trata de un documento privado, no público, con firmas legitimadas 
notarialmente,  y  dicho  documento  de  renuncia  no  es  admisible  en  la  legislación 
española, pues para que los cónyuges pacten que a partir de cierto momento las 
adquisiciones  hechas  por  un  cónyuge  sean  privativas  lo  procedente  serían  unas 
capitulaciones matrimoniales pactando otro régimen como único (separación de bienes) 
o una confesión de privatividad para un caso concreto.
El recurrente alega lo siguiente: que el documento de renuncia, incorporado a la 
escritura, es un documento público, dado que el país de origen está incorporado al 
Convenio de La Haya, al igual que España, por lo que produce todos sus efectos como 
tal; que en el citado documento incorporado se realizan varias manifestaciones, tales 
como la de separación de hecho desde hace más de cinco años, la renuncia a cualquier 
derecho por adquisiciones de la esposa del renunciante, lo que supone una confesión de 
privatividad en documento público que ha de producir efectos para la inscripción en tal 
concepto;  que,  en  el  documento,  con  la  manifestación  de  la  separación  de  hecho 
prolongada, hay una prueba de destrucción de la presunción de ganancialidad; que la 
separación  de  hecho  origina  de  forma  automática  la  disolución  de  la  sociedad  de 
gananciales; que los bienes adquiridos tras la separación de hecho acreditada no tienen 
carácter ganancial sino privativo.
2. Respecto de las alegaciones del recurrente sobre los efectos del documento 
extranjero incorporado a la escritura debe realizarse una valoración formal con arreglo a 
la legislación española, teniendo en cuenta que el derecho español exige, en ciertos 
casos  (como  en  el  supuesto  del  artículo  1280.4  del  Código  Civil),  que  conste  en 
documento público la renuncia de los derechos de la sociedad conyugal.
La circulación en España de documentos formalizados ante una autoridad extranjera 
es indiscutible con sometimiento a los parámetros que establezca la ley en cada caso 
concreto (vid. artículos 11 y 12 y la disposición final segunda de la Ley 15/2015, de 2 de 
julio, en su ámbito de aplicación, y los artículos 56 a 61 de la Ley 29/2015, de 30 de julio, 
4 de la Ley Hipotecaria y 36 del Reglamento Hipotecario).
El punto esencial en la resolución del recurso se refiere a la aceptación en España 
de una determinada forma (documento notarial formalizado en República Dominicana) 
respecto de una renuncia y confesión de privatividad para acreditarlas al notario español 
autorizante del negocio sujeto al Derecho español en cuanto afectan a un bien inmueble 
(artículo 10.1 del Código Civil).
Conforme a la ley que regula la obligación principal (artículos 3 del Reglamento (CE)  e.e
n º 593/2008 y 10.1 y 10.11 del Código Civil), no cabe duda de que los documentos  w.b
públicos extranjeros, si son equivalentes, formal y sustancialmente o susceptibles de ser  76ww
aald Deceureacdhoos  easl poardñeonl ya mpaiernat osu e isnpsacñrioplc, iópnro ednu ceel nR eegni sEtrsop adñea la e Pl reofepcietod arde.querido conforme
que Laco arrpelsicpaocniódne  daell  lDeegriselcahdoo re snpaacñioonl ael n fiejasrt al ams atceorniad ieciso ninedsu ddaebl lep,r oepni ol a smisetedmidaa  deen 
seguridad jurídica preventiva, tal y como ha reconocido el Tribunal de Justicia de la
Unión Europea, en Sentencia de 9 de marzo de 2017 (asunto C-342/15) al afirmar que el 
hecho de reservar las actividades relacionadas con la autenticación de documentos 
relativos a la creación o la transferencia de derechos reales inmobiliarios a una categoría 
específica de profesionales, depositarios de la fe pública y sobre los que el Estado 
miembro de que se trate ejerce un control especial, constituye una medida adecuada 
para alcanzar los objetivos de buen funcionamiento del sistema del Registro de la 
Propiedad y de legalidad y seguridad jurídica de los actos celebrados entre particulares.
Este Centro Directivo ha recordado desde antiguo, y lo reitera en las consideraciones 
ya expuestas, que el título extranjero presentado ante el notario español ha de ser 
equivalente  al  documento  público  español  como  requisito  exigido  por  nuestro 
ordenamiento y que dicha circunstancia debe ser acreditada de conformidad con las 
exigencias de nuestro ordenamiento (vid. Resoluciones de 11 de junio de 1999, 19 de 
febrero de 2004, 23 de mayo de 2006 y 19 de noviembre de 2020, entre otras).
3. Con el alcance expuesto, la regla de la equivalencia de funciones excluye los 
documentos  generados  en  aquellos  sistemas  en  los  cuales  la  intervención  de  los 
mismos, aun cualificada, corre a cargo de quienes no tienen encomendada la función 
fedataria sin que sea posible en tales supuestos su adecuación mediante la actuación 
del notario español (artículo 57 de la Ley 29/2015, de 30 de junio, de cooperación 
jurídica internacional en materia civil).
En cambio, la misma regla conduce a admitir, principalmente, aquellos documentos 
en los que haya intervenido el titular de una función pública, nombrado por el Estado 
para conferir autenticidad a los actos y negocios jurídicos en ellos contenidos, a la que 
esencialmente  responden  aquellos  documentos  formalizados  de  acuerdo  con  los 
principios del notariado de tipo latino-germánico.
Con ello, en modo alguno se cierra el paso a los documentos públicos extranjeros, 
más aún cuando existe una predisposición favorable a la circulación de los mismos. En 
todo caso, para garantizar la seguridad del tráfico (artículos 11.1 del Código Civil y 57 de 
la Ley 29/2015), deben rechazarse los documentos que no tengan el valor de documento 
público equivalente porque –aun estando autorizados por una autoridad del país– no 
incorporen claramente garantías o no produzcan en dicho país efectos equivalentes a los 
que son exigidos por la Ley española, y no puedan por ello adecuarse a los parámetros 
establecidos por la misma Ley española.
4. Esta Dirección General ha puesto de relieve en numerosas ocasiones cómo 
nuestro ordenamiento, en aplicación del principio de legalidad, establece una rigurosa 
selección de los títulos inscribibles que puedan acceder al Registro de la Propiedad, 
exigiendo que se trate de documentos públicos o auténticos (artículos 3 de la Ley 
Hipotecaria y 33 y 34 de su Reglamento). Igualmente tiene establecida una dilatada 
doctrina relativa a la idoneidad de los documentos otorgados en el extranjero para 
producir una modificación del contenido del Registro español.
Dicha doctrina, expresada ya en la Resolución de 11 de junio de 1999 y confirmada 
por  muchas  otras  posteriores  (vid.  «Vistos»),  pone  de  manifiesto  cómo,  con 
independencia de la validez formal del documento de acuerdo a las normas de conflicto 
aplicables (artículo 11 del Código Civil), y de su traducción y legalización (artículos 36 
y 37 del Reglamento Hipotecario), es preciso que el documento supere un análisis de 
idoneidad  o  de  equivalencia  en  relación  con  los  documentos  públicos  españoles, 
requisito sin el cual no puede considerarse apto para modificar el contenido del Registro. 
Esta doctrina se fundamenta en que, como exige el artículo 4 de la Ley Hipotecaria,  e.e
«también se inscribirán los títulos otorgados en país extranjero que tengan fuerza en  w.b
España (…)»; lo que exige determinar cuándo concurre dicha circunstancia. 76ww
feuxncce5iop. nciaóDrnieo s dedexe t aramlan bjeoprseo,r  pscpuoeencdstaitvi tsaue yref orner mcuoannl ,or eclqaidu oils ecigtooam lipozaa arcauió téqnnu, teilc aoe  l eadnpo oecslu táimllmae bneittoon   nasauucto iorcinzaaasldo.o,  oa ntlea   OE-A-2022-39able en https://
Sin embargo, ello no obsta para que la actuación de la autoridad a la que se refiere la 
apostilla deba ser valorada de acuerdo con el principio de equivalencia de funciones que 
informa el ordenamiento español en esta materia. Como ha reiterado esta Dirección 
General, el documento extranjero sólo es equivalente al documento español si concurren 
en su otorgamiento aquellos elementos estructurales que dan fuerza al documento público 
español: que sea autorizado por quien tenga atribuida en su país la competencia de 
otorgar fe pública y que el autorizante de fe, garantice, la identificación del otorgante así 
como su capacidad para el acto o negocio que contenga (vid. los artículos 56 –respecto de 
la «ejecución de documentos públicos extranjeros»– y 60 –«inscripción de documentos 
públicos  extranjeros»–  de  la  Ley  29/2015,  de  30  de  julio,  de  cooperación  jurídica 
internacional en materia civil).
Si tales indicaciones respecto del documento extranjero constan en la escritura 
otorgada,  de  modo  que  contenga  un  juicio  notarial  sobre  dicha  equivalencia,  será 
inscribible en el Registro de la Propiedad el acto dispositivo formalizado en aquella 
escritura. Y, como también ha reiterado este Centro Directivo, en el supuesto de que el 
registrador  disintiera  de  la  equivalencia  declarada  por  el  notario  deberá  motivarlo 
expresa y adecuadamente.
A tales efectos, no será tanto en el contenido del documento, sino en el estatuto y la 
actuación  de  la  autoridad  extranjera  (conforme  a  sus  propias  reglas  generalmente 
basadas en la práctica internacional, como acontece en el presente supuesto) donde se 
ha de centrar la aplicación de llamada regla de equivalencia de funciones, que supera y 
deja atrás la regla de equivalencia de formas, y que significa que un documento otorgado 
en el extranjero será válido «prima facie» para las exigencias del derecho español si la 
autoridad  extranjera  autorizante  cumple  unas  funciones  equivalentes  a  las  de  una 
autoridad española o bien pueden ser adecuadas e integradas por el notario español, en 
el caso concreto.
El artículo 60 de la Ley de cooperación jurídica internacional tiene un ámbito de 
aplicación específico, que es el de la inscripción en los registros públicos españoles 
afirmando que «los documentos públicos extranjeros extrajudiciales podrán ser inscritos 
en  los  registros  públicos  españoles  si  cumplen  los  requisitos  establecidos  en  la 
legislación específica aplicable y siempre que la autoridad extranjera haya intervenido en 
la  confección  del  documento  desarrollando  funciones  equivalentes  a  las  que 
desempeñan las autoridades españolas en la materia de que se trate y surta los mismos 
o más próximos efectos en el país de origen» (vid., también, la disposición adicional 
tercera  de  la  Ley  15/2015,  aplicable  a  la  inscripción  en  los  registros  públicos  de 
documentos públicos extranjeros de jurisdicción voluntaria).
6. En el caso concreto de este expediente no se expresa por el notario ninguna 
precisión ni juicio sobre la valoración formal del documento con el que se pretende 
acreditar el carácter privativo de la adquisición.
Como  ha  reiterado  este  Centro  Directivo,  el  documento  extranjero  sólo  es 
equivalente al documento español si concurren en su otorgamiento aquellos elementos 
estructurales que dan fuerza al documento público español: que sea autorizado por 
quien tenga atribuida en su país la competencia de otorgar fe pública y que el autorizante 
de fe, garantice, la identificación del otorgante así como su capacidad para el acto o 
negocio  que  contenga  (vid.  en  el  mismo  sentido  el  artículo  323  de  la  Ley  de 
Enjuiciamiento Civil o los artículos 2.c) y 58 del Reglamento 1215/2012 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012 –Bruselas I refundido–). s
La declaración de que la autoridad extranjera actúa en términos equivalente al  e.
notario español puede ser llevada a cabo en el mismo instrumento público o mediante la  w.
aportación de documentación complementaria, ya sea expedida por notario español o  76ww
aepxtorartnajceióron,  dyea o tproosr  moetrdoi osfu dnec iopnruaeriboa . cSoen  trcaotam dpee tceonncsiata taalr  qrueesp eel cdtoo cuom  iennctlou seox trpaonrj erlao 
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de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en materia civil en relación a los 
artículos 1280 del Código Civil y 3 de la Ley Hipotecaria).
En  el  supuesto  concreto,  el  notario  autorizante  no  expresa  juicio  alguno  de 
equivalencia, por lo que el registrador en su calificación ha entrado en la valoración del 
documento incorporado y señala dos defectos.
7. El primer defecto consiste en que la compradora comparece en la escritura como 
casada,  aunque  luego  se  matiza  que  está  en  trámite  de  separación  judicial;  y  la 
sentencia de divorcio que se acompaña es de fecha posterior, por lo que –según afirma 
el registrador– «la adquisición ha de ser para la comunidad de bienes (artículo 1.347.3 
del Código Civil)».
Lo cierto es que en la escritura nada se expresa sobre el régimen económico-
matrimonial de la compradora, si bien esta cuestión no se plantea en la calificación 
impugnada, en la que se presupone que están en régimen de «comunidad de bienes», 
quizá por entender –a la vista del contenido de la escritura y del documento incorporado 
en ella– que se trata del régimen legal supletorio en la República Dominicana (de ahí que 
el cónyuge de la compradora haya tratado de desligarse de la comunidad de bienes a 
través del documento cuya copia se incorpora). No obstante, debe advertirse que el 
citado artículo 1.347.3.º del Código Civil español únicamente sería aplicable en caso de 
que  el  régimen  económico-matrimonial  fuera  el  legal  supletorio  en  España,  de 
gananciales.
Alega el recurrente en el escrito de recurso la fecha de la demanda de separación, a 
los efectos de su residencia en España y de unos posibles efectos en aras de la 
privatividad de la adquisición, pero de la sentencia no resulta medida provisional alguna 
de disolución de la sociedad conyugal ni se considera en ella esta adquisición; alega 
también la existencia de la separación de hecho desde hacía tiempo y menciona lo que 
supone para la doctrina y la jurisprudencia la separación de hecho y su influencia en la 
comunidad de gananciales, pero de la misma doctrina resulta la inconveniencia de 
adquisiciones en estado de separación de hecho antes de la sentencia de separación 
legal o de divorcio –o en su caso de medidas provisionales–, además de que se precisa, 
para que resulte un medio de prueba en juicio, de la apreciación judicial.
También alega que el carácter del precio de la adquisición es privativo porque deriva 
de un préstamo hipotecario, tratando con ello de justificar el carácter privativo de la 
adquisición.
Tales alegaciones no pueden ser tenidas en cuenta por este Centro Directivo, porque 
nada de ello se contempla en la escritura. Y lo cierto es que el propio recurrente parte de 
la base de que su régimen económico-matrimonial es de comunidad, si bien pretende 
que el bien adquirido no se integre en la misma como consecuencia del contenido del 
documento  de  renuncia  que,  como  se  ha  afirmado,  no  ha  obtenido  el  juicio  de 
equivalencia que lo considere como documento público (cuestión que se aborda en 
relación con el segundo de los defectos expresados por el registrador).
En consecuencia, debe ser confirmado este primer defecto, con la salvedad antes 
indicada respecto de la falta de expresión del régimen económico-matrimonial y en 
relación con la cita de un precepto legal aplicable a la sociedad de gananciales en el 
Derecho español.
8. El  segundo  de  los  defectos  consiste  en  que  la  manifestación  de  que  la 
adquisición es privativa con base en el documento de renuncia no puede tenerse en 
cuenta  ya  que  trata  de  un  documento  privado,  no  público,  con  firmas  legitimadas  e.e
notarialmente,  y  dicho  documento  de  renuncia  no  es  admisible  en  la  legislación  w.b
española, ya que para que los cónyuges pacten que a partir de cierto momento las  76ww
acadpqiutuislaiccioionneess  mheactrhimaso npiaolre su pna cctóannyduog oet ros eraéng imperinv actoivmaso  úlon icpor o(sceepdaernatcei ónse dríea nb ieunneass) 
o unEal  cdoenffeecstioó nd deeb ep rsivear ticvoidnafdir mpaardao .u nA dcaesmoá cso ndcer elatos. consideraciones antes expuestas
sobre la falta de juicio notarial de equivalencia de dicho documento, debe tenerse en
cuenta que, para que un documento notarial pueda considerarse equivalente ha de 
contener, entre otros, como requisitos fundamentales, que el notario emita juicio de 
capacidad  y  fe  de  conocimiento  de  los  otorgantes.  En  el  documento  de  renuncia 
incorporado  no  aparece  ninguno  de  estos  requisitos.  Se  trata,  por  lo  tanto,  de  un 
documento privado que ha sido presentado a un notario, quien se ha limitado a legitimar 
las firmas de las personas que se indica; algo que no convierte, en modo alguno, un 
documento privado en una escritura púbica.
En cualquier caso, el Tribunal Supremo y este Centro Directivo han puesto de relieve 
en numerosísimas ocasiones que, en cuanto a la fuerza y eficacia de los documentos 
privados, la fehaciencia a la que se refiere el artículo 1227 del Código Civil se extiende 
solo a la fecha de otorgamiento del documento privado pero no a su contenido negocial 
ni a la identidad de los otorgantes, por lo que no se acredita la capacidad natural de 
estos para la celebración del acto o contrato documentado.
Además,  el  documento  privado,  aún  con  fecha  fehaciente,  carece  de  fuerza 
probatoria respecto del hecho que motiva su otorgamiento y esta es una diferencia 
esencial respecto de las escrituras públicas, por cuanto éstas, conforme al artículo 1218 
del Código Civil hacen prueba «(…) del hecho que motiva su otorgamiento y de la fecha 
de éste (…)»; conforme al artículo 319 de la Ley de Enjuiciamiento Civil «(…) los 
documentos públicos comprendidos en los números 1.º a 6.º del artículo 317 harán 
prueba plena del hecho, acto o estado de cosas que documenten, de la fecha en que se 
produce esa documentación y de la identidad de los fedatarios y demás personas que, 
en su caso, intervengan en ella»; y conforme al artículo 17 bis de la Ley del Notariado 
«(…) b) Los documentos públicos autorizados por Notario en soporte electrónico, al igual 
que los autorizados sobre papel, gozan de fe pública y su contenido se presume veraz e 
íntegro de acuerdo con lo dispuesto en esta u otras leyes».
Por último, hace falta recordar que la sentencia de divorcio contencioso entre ambos 
cónyuges, dictada por Juzgado de Primera Instancia el día 29 de mayo de 2017, que se 
acredita en el expediente, no hace referencia alguna a medidas provisionales que se 
hubieran tomado en su momento referidas a la disolución de la sociedad conyugal y, por 
otra  parte,  se  expresa  que,  no  existiendo  bienes  en  común,  no  se  realiza  ningún 
pronunciamiento al respecto. En ese momento procesal debería haberse incluido este 
bien para la resolución de su naturaleza común o privativa.
Esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la 
calificación.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el 
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las 
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de 
la Ley Hipotecaria.
Madrid, 23 de febrero de 2022.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.