BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 160 Martes 6 de julio de 2021 Sec. III.   Pág. 80353
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE IGUALDAD
11227 Resolución de 29 de junio de 2021, de la Secretaría de Estado de Igualdad y 
contra  la  Violencia  de  Género,  por  la  que  se  publica  el  Acuerdo  de  la 
Conferencia Sectorial de Igualdad de 23 de junio de 2021, por el que se fijan 
los criterios de distribución y la distribución resultante para el ejercicio 2021 
de los créditos presupuestarios destinados al desarrollo por las Comunidades 
Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla del Pacto de Estado contra la 
Violencia  de  Género,  y  se  formalizan  los  compromisos  financieros 
resultantes.
La Conferencia Sectorial de Igualdad, en su reunión de 23 de junio de 2021, ha 
aprobado el acuerdo por el que se fijan los criterios de distribución y la distribución 
resultante para el ejercicio 2021 de los créditos presupuestarios para el desarrollo del 
Pacto de Estado contra la Violencia de Género, por importe de 100.000.000 de euros.
Para  general  conocimiento,  esta  Secretaría  de  Estado  de  Igualdad  y  contra  la 
Violencia de Género acuerda:
Primero.
La publicación del citado acuerdo como anexo a la presente resolución.
Segundo.
La efectiva distribución de los créditos a las respectivas comunidades autónomas y 
ciudades  de  Ceuta  y  Melilla  conforme  al  apartado  primero  del  citado  acuerdo  de  la 
Conferencia Sectorial y la formalización de los compromisos financieros contenidos en el 
mismo, todo ello, una vez cumplidos los trámites preceptivos y de acuerdo con la regla 
cuarta del artículo 86.2 de la citada Ley 47/2003, General Presupuestaria, los artículos 62 
y 151 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Madrid, 29 de junio de 2021.–La Secretaria de Estado de Igualdad y contra la 
Violencia de Género, Noelia Vera Ruiz-Herrera.
ANEXO
Acuerdo por el que se fijan los criterios de distribución y la distribución resultante 
para el ejercicio 2021 de los créditos presupuestarios destinados al desarrollo por 
las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla del Pacto de Estado 
contra la Violencia de Género, por importe de 100.000.000 de euros
La violencia contra las mujeres constituye una vulneración de sus derechos humanos y 
libertades fundamentales y es la manifestación más extrema del sexismo, de la desigualdad 
causada por las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres, 
que impide la efectiva realización de la igualdad y el pleno avance de las mujeres. Su 
erradicación, junto con la atención, protección y recuperación de sus víctimas, son una  e.
prioridad del Gobierno, un elemento central del Estado Social y Democrático de Derecho,  w.b
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mujeres; insta a que las medidas que se tomen impliquen a todos los actores pertinentes
como las agencias gubernamentales, los parlamentos y las autoridades nacionales, 
regionales y locales; y promueve la dedicación de recursos financieros y humanos 
adecuados para la correcta aplicación de políticas integradas, medidas y programas 
dirigidos a la consecución de los fines del Convenio. Asimismo, el Convenio del Consejo 
de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos (Convenio n.º 197 del 
Consejo de Europa), hecho en Varsovia el 16 de mayo de 2005, ratificado por España 
en 2008, insta a los Estado Parte a la adopción de medidas dirigidas a la prevención de 
la trata y la asistencia a las víctimas.
En septiembre de 2017, los Plenos del Congreso de los Diputados y del Senado 
aprobaron, respectivamente, el Informe de la Subcomisión para un Pacto de Estado en 
materia de violencia de género y el Informe de la Ponencia de Estudio para la elaboración 
de estrategias contra la violencia de género. Ambos integran el Pacto de Estado contra la 
Violencia  de  Género  (en  adelante,  Pacto  de  Estado),  cuya  aprobación  culminó  en 
diciembre  de  2017  con  los  acuerdos  alcanzados  entre  el  Gobierno  y  el  resto  de 
Administraciones  Autonómicas  y  Locales.  El  Pacto  de  Estado,  además  de  medidas 
genéricas  dirigidas  a  todas  las  Administraciones  Públicas,  incluye  en  su  Eje  7 
recomendaciones específicas para las comunidades autónomas, que se acompañan para 
su realización con el compromiso económico previsto en su Eje 9, en la medida 207. Esta 
establece  un  fondo  finalista  para  la  ejecución  de  las  medidas  del  Pacto  de  Estado 
destinado a las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, de 100 millones 
de euros, que se refleja anualmente en los Presupuestos Generales del Estado.
A fin de dar cumplimiento a la medida 207 del Pacto de Estado, la Ley 11/2020, de 30 
de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, contempla dos 
créditos consignados en el presupuesto de gastos de la Secretaría de Estado de Igualdad 
y contra la Violencia de Género para transferencias a las comunidades autónomas y 
ciudades de Ceuta y Melilla, por importe total de 100.000.000 de euros, destinados al 
desarrollo  del  Pacto  de  Estado  contra  la  Violencia  de  Género:  30.02.232C.450 
«Programas para el desarrollo de nuevas o ampliadas competencias reservadas a las 
comunidades autónomas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género», por un 
importe de 90.000.000 euros; 30.02.232C.750 «Programas para el desarrollo de nuevas o 
ampliadas competencias reservadas a las comunidades autónomas en el Pacto de Estado 
contra la Violencia de Género», por un importe de 10.000.000 de euros.
Con la finalidad de flexibilizar las reglas de gasto relativas a los fondos del Pacto de 
Estado contra la Violencia de Género y la financiación de los servicios puestos en 
marcha por las comunidades autónomas, para hacer frente a las necesidades en materia 
de  violencia  de  género  derivadas  de  la  declaración  del  estado  de  alarma  como 
consecuencia de la COVID-19, a fin de dar continuidad a las medidas establecidas en el 
Real  Decreto-ley  12/2020,  de  31  de  marzo,  de  medidas  urgentes  en  materia  de 
protección y asistencia a las víctimas de violencia de género, la Ley 1/2021, de 24 de 
marzo, de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de 
violencia de género, regula en el artículo 7 el régimen aplicable a los remanentes no 
comprometidos afectados al Pacto de Estado en materia de Violencia de Género:
«Con carácter excepcional, limitado exclusivamente a las transferencias contempladas 
en el crédito 25.03.232C.450 para el desarrollo de nuevas o ampliadas competencias 
reservadas a las comunidades autónomas en el Pacto de Estado contra la Violencia de 
Género, o los que resulten equivalentes en las Leyes de Presupuestos Generales del 
Estado, no resultará de aplicación lo dispuesto en la regla Sexta del artículo 86.2 de la 
Ley  47/2003,  de  26  de  noviembre,  General  Presupuestaria,  a  los  remanentes  no  e.
comprometidos resultantes al final del ejercicio. w.b
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sobrante que no estuviese comprometido se reintegrará al Estado».
El artículo 8 de la cita Ley 1/2021, de 24 de marzo, regula los proyectos o programas 
financiados con fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Dicho artículo, 
tras la modificación operada por el Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, dispone:
«Las comunidades autónomas y las entidades locales podrán destinar los fondos que 
les correspondan del Pacto de Estado contra la Violencia de Género a poner en marcha 
todos los proyectos o programas preventivos y asistenciales que se recogen en esta Ley, 
así como cualquier otro que, en el contexto de las medidas de contención de la pandemia 
internacional ocasionada por la COVID-19 tenga como finalidad garantizar la prevención, 
protección y la atención frente a todas las formas de violencia contra las mujeres.»
La ejecución de los créditos consignados en la aplicación 30.02.232C.450 «Programas 
para el desarrollo de nuevas o ampliadas competencias reservadas a las comunidades 
autónomas  en  el  Pacto  de  Estado  contra  la  Violencia  de  Género»,  por  un  importe 
de 90.000.000 euros; y 30.02.232C.750 «Programas para el desarrollo de nuevas o 
ampliadas competencias reservadas a las comunidades autónomas en el Pacto de Estado 
contra la Violencia de Género», por un importe de 10.000.000 de euros, está sujeta a lo 
establecido  en  el  artículo  86  de  la  Ley  47/2003,  de  26  de  noviembre,  General 
Presupuestaria, que regula los créditos gestionados por las comunidades autónomas.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86.2, regla tercera, de la Ley 47/2003, 
de 26 de noviembre, la propuesta de distribución territorial de créditos, cuenta con el 
preceptivo informe favorable del Ministerio de Hacienda, previsto en el artículo 20.3 de la 
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 
financiera, en relación con las comunidades autónomas y ciudades con Estatuto de 
Autonomía incumplidoras del objetivo de estabilidad presupuestaria, de deuda pública o 
de la regla de gasto. Este informe ha sido emitido el 27 de mayo de 2021.
De conformidad con lo previsto en el artículo 86.2, regla segunda, letra a), de la 
Ley 47/2003, de 26 de noviembre, al ser el importe total a distribuir superior a los 12 
millones de euros, se ha recabado la autorización del Consejo de Ministros con carácter 
previo a la convocatoria de la Conferencia Sectorial. Dicha autorización no conlleva la 
aprobación del gasto, que corresponde realizar al órgano competente del Ministerio de 
Igualdad con carácter previo a la celebración de la Conferencia Sectorial. En virtud de lo 
anterior, el Consejo de Ministros, en su reunión celebrada el 8 de junio de 2021, a 
propuesta de la Ministra de Igualdad, ha aprobado el «Acuerdo por el que se autoriza la 
propuesta de distribución territorial entre las comunidades autónomas y las ciudades de 
Ceuta y Melilla, para su sometimiento a la Conferencia Sectorial de Igualdad, para la 
ejecución de créditos presupuestarios destinados al desarrollo del Pacto de Estado 
contra la Violencia de Género, por importe de 100.000.000 de euros.»
En virtud de lo señalado con anterioridad, el Pleno de la Conferencia Sectorial de 
Igualdad acuerda:
Primero.
Aprobar  los  criterios  de  distribución,  así  como  la  distribución  resultante,  de  los 
créditos  de  las  aplicaciones  presupuestarias:  30.02.232C.450  «Programas  para  el 
desarrollo  de  nuevas  o  ampliadas  competencias  reservadas  a  las  comunidades 
autónomas  en  el  Pacto  de  Estado  contra  la  violencia  de  género»,  por  un  importe 
de  90.000.000  euros;  30.02.232C.750  «Programas  para  el  desarrollo  de  nuevas  o 
ampliadas competencias reservadas a las comunidades autónomas en el Pacto de  e.
Estado contra la violencia de género», por un importe de 10.000.000 euros. w.b
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ponderaciones sobre datos de cada una de las comunidades o ciudades autónomas:
– 4 millones de euros (4 %) por insularidad.
– 2 millones de euros (2 %) por ciudad fronteriza.
– 42,5 millones de euros (42,5 %) según distribución de mujeres, a partir de la 
Estadística del Padrón Continuo a 1 de enero de 2020. Instituto Nacional de Estadística.
– 2,5 millones de euros (2,5 %) según distribución de mujeres de 65 años y más, a partir 
de la Estadística del Padrón Continuo a 1 de enero de 2020. Instituto Nacional de Estadística.
– 2,5 millones de euros (2,5 %) según distribución de mujeres extranjeras, a partir de datos 
de la Estadística del Padrón Continuo a 1 de enero de 2020. Instituto Nacional de Estadística.
– 2,5 millones de euros (2,5 %) según distribución de mujeres con discapacidad, a partir 
del Informe sobre la Base Estatal de datos de personas con valoración del grado de 
discapacidad  a  31  de  diciembre  de  2018.  Instituto  de  Mayores  y  Servicios  Sociales 
(IMSERSO).
– 20 millones de euros (20 %) según distribución de mujeres con trabajo temporal o 
paradas, con datos de la Encuesta de Población Activa (EPA). Media de los cuatro 
trimestres del año 2020. Instituto Nacional de Estadística.
– 14 millones de euros (14 %) según dispersión (densidad), a partir de la inversa de la 
densidad de población calculada como cociente entre la población de la Estadística del Padrón 
Continuo a 1 de enero de 2020 y la superficie de cada comunidad autónoma en España en 
Cifras, Edición 2021 (superficies de las provincias). Instituto Nacional de Estadística.
– 10 millones de euros (10 %) según población rural, calculado como porcentaje de 
población en municipios menores de 2.000 habitantes. Para las comunidades autónomas 
Principado de Asturias, Galicia y Región de Murcia se refiere al porcentaje de población en 
entidades singulares de población menores de 2.000 habitantes (Las cifras de la educación 
en España. Estadísticas e indicadores correspondientes al curso 2018-2019. Ministerio de 
Educación y Función Pública).
La distribución resultante es la siguiente:
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La financiación correspondiente a las comunidades autónomas de Navarra y País 
Vasco, se realizará de conformidad con sus regímenes de financiación específicos.
Segundo.
Los compromisos de aportación de fondos por parte de la Administración General del 
Estado a las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, se formalizarán a 
través de resolución de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de 
Género, por la que se harán efectivos los libramientos correspondientes a la distribución 
territorial  de  los  créditos  presupuestarios  para  el  ejercicio  2021,  tramitándose  con 
anterioridad el correspondiente expediente de gasto.
Los créditos que corresponda gestionar a cada comunidad autónoma y ciudades de 
Ceuta y Melilla se librarán, de conformidad con la regla quinta, del apartado dos, del 
artículo 86 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, por cuartas 
partes en la segunda quincena natural de cada trimestre, sin más excepciones, en su 
caso,  que  los  pagos  referidos  al  primer  trimestre,  que  se  acumularán  al  segundo 
trimestre (50 por 100).
Tercero.
Los proyectos o programas que se financiarán tendrán como finalidad el desarrollo 
de las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
Las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y de Melilla informarán al 
Ministerio de Igualdad de la puesta en marcha de los proyectos o programas a los que se 
refiere el presente acuerdo, así como de cualquier otra incidencia o modificación que 
afecte a su desarrollo o ejecución. En su caso, para el seguimiento de los proyectos se 
podrán reunir comisiones de seguimiento sobre la ejecución y evaluación de los mismos.
Cuarto.
Con objeto de identificar las fuentes de financiación, en toda la documentación 
necesaria para la realización de proyectos o programas, en la señalización exterior de 
los lugares donde se ejecuten los proyectos y, en todo caso, en las actividades de 
difusión que la comunidad autónoma pueda desarrollar en relación con los mismos, 
deberá constar expresamente, en lugar visible, que se han financiado con cargo a los 
créditos recibidos del Ministerio de Igualdad, Secretaría de Estado de Igualdad y contra 
la Violencia de Género. Además, en toda la documentación necesaria para la realización 
de proyectos o programas, en la señalización exterior de los lugares donde se ejecuten 
los proyectos y, en todo caso, en las actividades de difusión se utilizará la imagen 
institucional de la Administración General del Estado.
Quinto.
Las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y de Melilla deberán remitir al 
Ministerio de Igualdad, con anterioridad al 31 de marzo del 2022, el estado de ejecución 
del ejercicio, indicando las cuantías totales de compromiso de créditos, obligaciones 
reconocidas y pagos realizados en el año 2021. Además, deberán remitir un informe final 
referido a los proyectos o programas para el desarrollo del Pacto de Estado contra la 
violencia de género, y una declaración responsable sobre la identificación de las fuentes 
de financiación en los proyectos o programas. El informe describirá las actuaciones  e.e
realizadas y contemplará para cada una de ellas, al menos, los siguientes extremos: w.b
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– Medida del Pacto de Estado cumplida con cada proyecto/programa realizado.
– Información económica.
– Grado de ejecución del presupuesto.
– Otras colaboraciones obtenidas.
– Valoración: Dificultades y propuestas.
El estado de ejecución o certificado de remanentes, firmado por la persona titular del 
centro directivo que gestione la transferencia y adverado por el/la interventor/a, se 
ajustará al modelo siguiente:
Importes en euros
Programa (Pacto de  Aplicación  Compromiso  Obligaciones 
Denominación  Asignación  Obligaciones  Pagos  Remanentes 
Estado contra  Presupuestaria de  de crédito  pendientes de 
proyecto (1) reconocidas (3) realizados (4) (1) – (2)
violencia de género) PGE (2) pago (3) – (4)
                 
«Datos económicos referidos a la situación a 31-12-2021».
De acuerdo con el artículo 7 de la Ley 1/2021, de 24 de marzo, de medidas urgentes 
en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género, con carácter 
excepcional, no resultará de aplicación lo dispuesto en la regla sexta del artículo 86.2 de 
la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, a los remanentes no 
comprometidos  resultantes  al  final  del  ejercicio.  Si  el  gasto  o  actuación  a  la  que 
corresponda el remanente resulta suprimida en el presupuesto del ejercicio siguiente, se 
destinará aquel en primer lugar a hacer efectivas las obligaciones pendientes de pago al 
fin del ejercicio inmediatamente anterior y el sobrante que no estuviese comprometido se 
reintegrará al Estado.
Las comunidades autónomas que gestionan las transferencias deberán llevar un 
adecuado control de las mismas que asegure la correcta obtención, disfrute y destino de 
los créditos percibidos.
2021-1122n https://w