BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 40  Martes 16 de febrero de 2021  Sec. III.   Pág. 17996
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
2370 Resolución de 11 de febrero de 2021, de la Secretaría de Estado de Justicia, 
por la que se publica el Convenio con el Consejo General del Poder Judicial, 
la Comunidad Autónoma de Cataluña y la Universidad Abat Oliba CEU, para 
la realización de prácticas externas en juzgados y tribunales.
Con fecha 29 de enero de 2021 se ha suscrito el Convenio entre el Consejo General 
del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia, la Comunidad Autónoma de Cataluña y la 
Universitat Abat Oliba CEU para la realización de prácticas externas en Juzgados y 
Tribunales.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público, procede la publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado» de dicho Convenio, que figura como anexo a esta Resolución.
Madrid, 11 de febrero de 2021.–El Secretario de Estado de Justicia, Pablo Zapatero 
Miguel.
ANEXO
Convenio entre el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia, la 
Comunidad Autónoma de Cataluña y la Universitat Abat Oliba CEU para la 
realización de prácticas externas en juzgados y tribunales
En Madrid, a 29 de enero de 2021.
REUNIDOS
El Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Excmo. 
Sr. don Carlos Lesmes Serrano, nombrado según Acuerdo (n.º 2) del Pleno del Consejo 
General del Poder Judicial de 9 de diciembre de 2013 mediante Real Decreto 979/2013, 
de 10 de diciembre, en ejercicio de las facultades que le atribuye el artículo 585 de la Ley 
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
El Ministro de Justicia, don Juan Carlos Campo Moreno, de acuerdo con el Real 
Decreto 8/2020, de 12 de enero, y en uso de las competencias que le corresponden en 
virtud del artículo 61, apartado k), de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público.
La Consejera de Justicia y presidenta del Centro de Estudios Jurídicos Especializados 
de la Administración de la Generalidad de Cataluña, Honorable Señora Ester Capella i 
Farré, actuando en nombre y representación de la Administración de la Generalidad de 
Cataluña, en virtud de los dispuesto en el Decreto 3/2018, de 29 de mayo, por el que se la 
designa para tal cargo y en el ejercicio de las facultades que le atribuye el artículo 12 de la 
Ley 13/1989, de 14 de diciembre, de organización, procedimiento y régimen jurídico de la 
Administración de la Generalidad de Cataluña, habiendo sido autorizada para la firma del 
presente convenio por Acuerdo del Gobierno de la Generalidad de Cataluña de fecha 1 de  e.
diciembre de 2020. w.
El Rector Magnífico de la Universitat Abat Oliba CEU, don Rafael Rodríguez-Ponga  70ww
Slaa Flaumnadnaccaió,  cPorinv asdead eU snoivceiarls eitant  laA bcaatl leO Blibeall eCsEguUa, rdco, n3 0C, IdFe  GB6a3rc0e9l5o8n4a8, ,d ed olam qicuileia edsa  teitnu lalar 
cGaellnee Braeliltleast gduea Crda,t a3l0u,ñ 0a8 c0o2n2  ndúem Bearorc 1e8lo2n9a,  ea citnúsac reitna  neonm ebl rRe eyg eisntr ore dpere Fseunntdaaccióionn dees  deest ala,   BOE-A-cable e
por las facultades que le otorga su cargo, según nombramiento efectuado por acuerdo de
la Junta del Patronato de la Universidad en su sesión del nueve de febrero de 2019. 
Don Rafael Rodríguez-Ponga Salamanca, se halla facultado para este acto en virtud del 
poder otorgado ante el Notario de Madrid, don Segismundo Álvarez Royo-Villanova el 
día 12 de febrero de 2019 y en uso de las facultades previstas en el artículo 39.1.c de las 
Normas de Organización y Funcionamiento de la UAO CEU (Ley 20/2003, de 4 de julio 
de 2003, del Parlamento de Cataluña).
Las partes se reconocen mutuamente plena capacidad de actuar en la representación 
legal que ostentan para suscribir el presente convenio y, a tal fin,
MANIFIESTAN
Primero.
El Estado tiene competencia exclusiva en materia de Administración de Justicia de 
acuerdo con el artículo 149.1.5.ª de la Constitución española.
Segundo.
El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del mismo, según el 
artículo 122.2 de la Constitución española, cuyas atribuciones vienen reguladas en los 
artículos 558 a 565 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
Tercero.
El artículo 435 y concordantes de la Ley Orgánica del Poder Judicial determina que la 
Oficina Judicial es la organización de carácter instrumental que sirve de soporte y apoyo a 
la actividad jurisdiccional de juzgados y tribunales, correspondiendo la dirección de los 
servicios comunes procesales al Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia, 
funcionarios públicos que constituyen un Cuerpo Superior Jurídico, único, de carácter 
nacional, al servicio de la Administración de Justicia, dependiente del Ministerio de Justicia 
y que ejercen sus funciones con el carácter de autoridad, ostentando la dirección de la 
Oficina Judicial.
Cuarto.
El Real Decreto 966/1990, de 20 de julio, sobre traspaso de funciones de la 
Administración del Estado a la Generalidad de Cataluña, en materia de provisión de 
medios materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de Justicia 
establece, en el apartado B) de su Anexo, que la adquisición y gestión de patrimonio 
mobiliario, inmobiliario y enseres para los órganos judiciales con sede en la Comunidad 
Autónoma de Cataluña, corresponde a la citada Comunidad. Además, el apartado C) del 
mismo Anexo recoge que se traspasan a esta Comunidad los bienes, derechos y 
obligaciones afectos al ejercicio de las funciones que asume la Comunidad Autónoma de 
Cataluña.
Quinto.
A su vez el Reglamento 1/2000, de los Órganos de Gobierno de Tribunales, aprobado 
por Acuerdo de 26 de julio de 2000, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en  es
su artículo 4.ñ) prescribe que las actividades ajenas a la función judicial en edificios  bo
judiciales o en sus dependencias no podrán llevarse a cabo sin el acuerdo de la Sala de  70ww
Glaos bdieermnáos,  eAld dmei nlais tAradcmioinniestsr accoinó nc oam qpueietenn ccoiarsre csopnocnudrare lnat etistu slai rlaidsa hdu dbeiel rien.mueble y el de
Sexto.
El artículo 109 del Estatuto de Autonomía para Cataluña establece que, en relación 
con la Administración de Justicia, corresponde a la comunidad autónoma ejercer las 
facultades que la Ley Orgánica del Poder Judicial le reconoce y cuantas competencias 
ejecutivas le atribuye el Título III del Estatuto de Autonomía para Cataluña y la legislación 
estatal. Asimismo, según el artículo 46.2 del Decreto 278/2016, de 2 de agosto, de 
reestructuración del Departamento de Justicia, entre dichas competencias se encuentran 
las relativas a la dirección, impulso y coordinación de la provisión de los medios necesarios, 
personales y materiales, para el funcionamiento de la Administración de Justicia en 
Cataluña, y la coordinación y planificación general de las competencias atribuidas a la 
comunidad autónoma en relación con tribunales, juzgados y fiscalías.
Séptimo.
Uno de los fines de la Universitat Abat Oliba CEU es el de la preparación académica y 
profesional de los distintos ámbitos y disciplinas de sus estudiantes y para dar cumplimiento 
a este objetivo, resulta de interés la organización de prácticas externas que completen los 
conocimientos adquiridos en las aulas.
Octavo.
Las instituciones firmantes manifiestan su más amplia coincidencia en diversos fines 
de interés común, siendo uno de ellos el de la formación integral de alumnado universitario, 
a través de una formación que combine la teoría y la práctica.
Noveno.
El Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan las prácticas 
académicas externas de los estudiantes universitarios, desarrolla aspectos tales como los 
objetivos de las prácticas, las entidades colaboradoras y los destinatarios, requisitos, 
tutorías y contenidos de los convenios de cooperación educativa. Además, dicha regulación 
ha de promover la incorporación de estudiantes en prácticas en el ámbito de las 
administraciones públicas, impulsando la empleabilidad de los futuros profesionales, 
fomentando su capacidad de emprendimiento, creatividad e innovación y dando respuesta 
al compromiso con la transformación económica basada en la sociedad del conocimiento.
Décimo.
El presente convenio se ajusta al modelo de Convenio Prácticum aprobado por la 
Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial.
Undécimo.
Es deseo de las instituciones firmantes la organización de prácticas externas en 
juzgados y tribunales en la forma que se detalla en la parte dispositiva de este convenio, 
por considerar que esta actividad puede resultar de gran interés para la formación de 
profesionales que en un futuro pudieran colaborar o dar servicio a la Administración de 
Justicia, lo que redundará en una mayor calidad de la misma.
Dicha colaboración se concreta en que el alumnado que cursa estudios en la  e.
Universitat Abat Oliba CEU pueda realizar prácticas externas en juzgados y tribunales de  w.
la Comunidad Autónoma de Cataluña de conformidad con las siguientes 70ww
CLÁUSULAS
Primera.  Objeto y compromisos de las partes.
Constituye el objeto del presente convenio la realización de prácticas externas 
curriculares y extracurriculares (en adelante, prácticas externas) por el alumnado 
matriculado en la asignatura de prácticas académicas, de estudios oficiales de grado o 
máster que imparte la Universitat Abat Oliba CEU y siempre de titulaciones relacionadas 
con profesionales de la Administración de Justicia, en los juzgados y tribunales de la 
Comunidad Autónoma de Cataluña.
Por un lado, la Consejería de Justicia se compromete a permitir la realización de las 
prácticas externas objeto del presente convenio, así como a facilitar el acceso del 
alumnado a las sedes de los juzgados y tribunales.
La organización de las prácticas universitarias se llevará a cabo a través del Centro de 
Estudios Jurídicos y Formación Especializada, adscrito al Departamento de Justicia de la 
Generalidad de Cataluña.
Por otro lado, la Universitat Abat Oliba CEU se compromete a que la persona o 
personas que ejerza/n la tutoría de las prácticas en el órgano judicial pueda disfrutar de los 
siguientes derechos, en el marco de la normativa propia de la Universitat Abat Oliba CEU 
que sea de aplicación:
a)  Reconocimiento de su actividad colaboradora mediante documento acreditativo 
expedido por la Universitat Abat Oliba CEU que certifique su actividad como tutor/a de 
estudiantes en prácticas.
b)  Ser informada acerca de la normativa que regula las prácticas externas, así como 
del proyecto formativo y de las condiciones de su desarrollo.
c)  Tener acceso a la Universidad para obtener la información y el apoyo necesarios 
en el cumplimiento de los fines propios de su función.
d)  Disfrutar del acceso a bibliotecas, instalaciones deportivas o actividades culturales, 
entre otras.
La colaboración que prestan el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de 
Justicia y la Comunidad Autónoma de Cataluña estará siempre supeditada a las 
necesidades y disponibilidad del juzgado o tribunal donde se realicen las prácticas 
externas, por lo que surgida tal necesidad o falta de disponibilidad, en su caso, el convenio 
quedará suspendido, en tanto persistan estas situaciones o, en su caso extinguido sin que 
sea preciso denuncia previa en este sentido y sin derecho a reclamación alguna por parte 
de la Universitat Abat Oliba CEU o concesión de indemnización o compensación a su 
favor.
Asimismo, la Universidad se compromete, en función de su disponibilidad, a prestar su 
colaboración al Ministerio de Justicia y a la Consejería de Justicia de la Generalidad de 
Cataluña mediante la cesión de aulas, con ocasión de la celebración de pruebas 
correspondientes a los procesos selectivos para el ingreso o acceso de personal 
funcionario al servicio de la Administración de Justicia.
Las partes determinarán, de común acuerdo, el número de estudiantes que realizarán 
las prácticas en los juzgados y tribunales.
Segunda.  Condiciones y requisitos generales de las prácticas.
1.  Las prácticas externas se ajustarán en todo caso a la normativa vigente, y en  e.
especial a lo establecido en el Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan  w.
las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios. 70ww
comCoa Adnae axlou mI anlo p/are dseebneter ác osunsvcernibioir al inicio de las prácticas el documento que se adjunta
2.  Se establecen dos modalidades de prácticas externas que pueden ser 
concurrentes:
a)  Prácticas curriculares: son las prácticas que tienen su origen en los diversos 
planes de estudios, que son obligatorias para obtener la titulación requerida.
b)  Prácticas extracurriculares: son aquellas que los estudiantes realizan con carácter 
voluntario, durante su período de formación y que, aun teniendo los mismos fines, no están 
incluidas en los planes de estudios sin perjuicio de su mención posterior en el Suplemento 
Europeo al Título. Esta segunda modalidad sólo será de aplicación en el caso y en la 
medida en que queden plazas disponibles una vez aplicada la primera modalidad.
3.  El alumnado será propuesto por la persona que ejerza la Dirección de las prácticas 
externas de la Universitat Abat Oliba CEU.
4.  Las prácticas externas del alumnado se ajustarán a las necesidades organizativas 
establecidas por la persona o personas que ejerce/n su tutoría donde se realicen las 
mismas, de tal modo que no se entorpezca el desempeño normal de sus funciones.
El acceso del alumnado a las actuaciones judiciales, se producirá en la medida que lo 
permita la situación del procedimiento, su declaración o no de secreto y quedando 
salvaguardado el deber de reserva o sigilo y preservada, en todo caso, la identidad de las 
personas implicadas o partes.
Las prácticas externas tendrán una duración de 50 horas, realizándose en horario de 
mañana en los juzgados o tribunales, en ambos casos a establecer por la persona 
responsable de los mismos en función del mejor funcionamiento del órgano jurisdiccional.
En los supuestos de faltas reiteradas de puntualidad, asistencia, incorrecto 
comportamiento del alumnado o perturbación del normal funcionamiento del juzgado o 
tribunal, donde se realicen las prácticas externas, el Consejo General del Poder Judicial, 
el Ministerio de Justicia, la Comunidad Autónoma de Cataluña o los juzgados y tribunales 
afectados, podrán suspender de forma inmediata y cautelar dichas prácticas, poniéndolo 
en conocimiento de la Universidad, para que adopte las medidas que considere oportunas.
5.  El Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y la Comunidad 
Autónoma de Cataluña quedan exentos de cualquier responsabilidad respecto al alumnado 
del curso, cuyas prácticas externas son de carácter estrictamente académico. En ningún 
caso, se entenderá que entre las partes se establecen relaciones contractuales de clase 
mercantil, civil o laboral, ni su contenido podrá dar lugar a la sustitución de la prestación 
laboral propia de puestos de trabajo cubriendo así necesidades ordinarias de la 
Administración de Justicia en detrimento de personal público al que le correspondería 
ocupar las plazas que tuviesen atribuidas el desempeño de esas funciones, en lugar de 
recibir una adecuada formación práctica, todo ello al no concurrir los requisitos que exigen 
las leyes. Como consecuencia de ello, el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio 
de Justicia y la Comunidad Autónoma de Cataluña no están obligados a realizar 
contraprestación económica alguna.
La realización de las prácticas no se considerará mérito alguno para el acceso a la 
función pública, ni podrá computarse a efectos de antigüedad o de reconocimiento de 
servicios previos en el conjunto de las Administraciones Públicas.
Tercera.  Cobertura de riesgos.
La contingencia de accidentes sufridos o que ocasione el alumnado durante la 
realización de las prácticas externas a que se refiere el presente convenio será asumida,  es
exclusivamente, por la Universitat Abat Oliba CEU, en aquellos casos no cubiertos por el  o
seguro escolar. 70ww
daloessí   cqcLuuoaaem lUq nouno iiaev lqreo urt iasepislodluo aqmsdu  aqee u sepetlau  spdreáuieg doruiaber loroiga cea apsdsacaiodo alena casr,eru  dres ucle rarla ilbmunimrtie sunm tnaooadd  opoe ó npel ailcz rpaaties cdroiipeo da dsenoe t geadu ceecr noidd sulea rpnsaa tcperiar,óá  necc.nuti bcloarissr   lecoaxsts edorasnñ aeosns,    OE-A-2021-23able en https://
Cuarta.  Condiciones específicas de las prácticas externas.
1.  El alumnado estará obligado a:
a)  Cumplir los horarios y seguir las normas fijadas por el juzgado o tribunal donde se 
realicen las prácticas externas.
b)  Adoptar una actitud activa en las tareas que se le encomienden, inherentes a las 
líneas de formación para las que han sido seleccionados/as.
c)  Mantener contacto con la persona o personas que ejercen la tutoría y con la 
persona que ejerce la Dirección de las prácticas externas, si se designan, en la forma en 
que se establezca.
d)  Cumplir las normas de prevención de riesgos laborales.
e)  Mantener el deber de secreto y confidencialidad en materia de medios, procesos 
o de aquellas actuaciones judiciales o administrativas de las que pudieran tener 
conocimiento por razón de las prácticas externas realizadas durante su estancia en el 
juzgado o tribunal donde se realicen, inclusive una vez finalizadas éstas, para lo cual 
deberá suscribir el Anexo del presente convenio.
f)  Entregar la memoria final en el plazo previsto a la persona que desempeñe la 
tutoría académica, a fin de poder superar las prácticas externas curriculares y la 
correspondiente mención favorable en las prácticas externas extracurriculares.
2.  Los/las estudiantes que realicen las prácticas no llevarán a cabo ninguna de las 
funciones atribuidas en los artículos 476, 477 y 478 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
a los Cuerpos Generales al servicio de la Administración de Justicia.
3.  El alumnado tiene derecho a:
a)  Desarrollar la actividad en que consistan las prácticas y en el horario estipulado.
b)  Obtener una certificación final del desarrollo de su actividad y del nivel de 
aprovechamiento alcanzado.
c)  Obtener permiso para acudir a las convocatorias de evaluación que le afecten.
4.  El juzgado o tribunal donde se realicen las prácticas externas, nombrará a la 
persona o personas que ejercerán la tutoría de las mismas, que podrá recaer en 
Magistrado/a, Juez/a y Letrado/a de la Administración de Justicia. La persona designada 
para realizar la tutoría debe obtener la declaración de compatibilidad con carácter previo 
al ejercicio de la actividad. La misión de estas personas será:
a)  Fijar el plan de trabajo del alumnado.
b)  Orientar al mismo en sus dudas y dificultades.
c)  Evaluar la actividad del/la alumna/o mediante un informe.
Se podrá establecer una tutoría mixta desempeñada por Juez/a o Magistrado/a y 
Letrado/a de la Administración de Justicia.
5.  El alumnado que finalice el periodo establecido de prácticas externas, recibirá un 
certificado expedido por el Centro de Estudios Jurídicos Especializados, donde consten las 
horas realizadas, la naturaleza de las actividades llevadas a cabo y el nivel alcanzado 
según la persona o personas que ejerzan la tutoría de las mismas.
La Universitat Abat Oliba CEU emitirá un documento acreditativo a la persona o 
personas que ejerza/n la tutoría que lo soliciten, por la colaboración prestada en el 
programa de prácticas externas. es
Quinta.  Protección de Datos. w.
y exTigoednocsi aloss e asfteacbtlaedciodsa sp opro er le pl rReesegnlatme econntov e(UniEo)  v2e0n1d6r/á6n7 9o bdleigl aPdaorsla pmoer nlatos  Eduisrpoopseioci oyn deesl 
Creosnpseecjtoa,  adle t r2a7ta dmei eanbtori l ddee d 2a0to1s6 ,p reerlsaotinvaol eas l ay  par loat elicbcreió cni rdceu llaacsi ópne rdseo ndaasto fsí syic paosr  eenl  qlou eq usee   BOE-A-cable e
deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales y demás disposiciones vigentes sobre la materia.
Sexta.  Financiación.
El presente convenio no conlleva obligaciones financieras o contraprestación 
económica para ninguna de las partes.
En relación con las obligaciones contempladas en la disposición adicional quinta del 
Real Decreto-Ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones 
públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo, dado que todavía 
no se ha producido el desarrollo reglamentario para su efectiva aplicación, las partes se 
comprometen a firmar una adenda en la que se contemplen las obligaciones que asumirían 
para dar cumplimiento a la normativa de desarrollo del citado real decreto-ley
Séptima.  Difusión.
Sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones de aplicación en materia de 
publicidad y transparencia en relación con la suscripción del presente convenio, la 
Universitat Abat Oliba CEU se compromete a destacar en su Memoria anual y en cuantas 
acciones realice para difusión de las actividades objeto de este convenio, la colaboración 
prestada por el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia, la Comunidad 
Autónoma de Cataluña y los tribunales y juzgados afectados.
Octava.  Comisión de seguimiento y control.
1.  Para el adecuado seguimiento, coordinación, control e interpretación de lo 
establecido en el presente convenio, se crea una comisión de seguimiento paritaria 
integrada por dos miembros designados por cada una de las instituciones firmantes y un/a 
representante de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Cataluña que 
forma parte de la representación del Ministerio de Justicia en la citada comisión. La 
comisión se reunirá al menos una vez al año y cuando lo determinen las partes.
En el seno de la comisión de seguimiento se podrá pactar acuerdos respecto a la 
ejecución y contenido de la formación, en desarrollo Plan Bolonia, siempre que no afecte 
al contenido mínimo y esencial del convenio, sin necesidad de que posteriormente se 
incluyan como anexos del convenio.
2.  La comisión se regirá, en cuanto a su funcionamiento, periodicidad de las 
reuniones y vinculación de sus acuerdos, por lo dispuesto en el Capítulo II del Título 
Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 
que regula el funcionamiento de los órganos colegiados.
Novena.  Efectos y modificación del convenio.
1.  El presente convenio tendrá efectos de dos años naturales a partir del día de su 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado» en los términos del artículo 48.8 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, una vez inscrito en 
el registro Electrónico estatal de órganos e instrumentos de Cooperación del sector público 
estatal, será prorrogable a su término mediante acuerdo expreso por igual periodo, que 
deberá formalizarse con un mes de antelación a la expiración del convenio.
Asimismo, cualquiera de las partes firmantes podrá proceder a su denuncia expresa 
con un plazo mínimo de tres meses a la fecha en que se pretenda su expiración. e.
2.  Las partes firmantes podrán modificar los términos del presente convenio en  w.
cualquier momento, de mutuo acuerdo, mediante la firma de una adenda al mismo. 70ww
Décima.  Causas de extinción.
1.  El presente convenio se extingue por el cumplimiento de las actuaciones que
constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución.
2.  El presente convenio se entenderá resuelto por alguna de las siguientes causas:
a)  El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga 
del mismo.
b)  El acuerdo unánime de todos los firmantes.
c)  El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de 
alguno de los firmantes.
En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un 
requerimiento para que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones o 
compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado a la 
comisión de seguimiento y control de la ejecución del convenio y a las demás partes 
firmantes.
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la 
parte que lo dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa de 
resolución y se entenderá resuelto el convenio. La resolución del convenio por esta causa 
podrá conllevar la indemnización de los perjuicios causados si así se hubiera previsto.
d)  Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
e)  Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en las leyes.
3.  Desde la fecha del acuerdo de resolución del convenio o de la notificación de la 
voluntad de extinción, en los términos de la presente cláusula, la colaboración se 
mantendrá, en todo caso, y continuarán hasta su finalización las actividades de prácticas 
iniciadas con anterioridad a la fecha de referencia, siempre condicionado a lo establecido 
en el cuarto párrafo de la cláusula primera del presente convenio.
Undécima  Naturaleza del convenio y resolución de controversias.
El presente convenio, de naturaleza jurídico-administrativa, se celebra al amparo de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Las controversias que puedan surgir sobre la interpretación, modificación, ejecución, 
resolución y efectos que puedan derivarse del presente convenio se resolverán entre las 
partes de la manera amistosa en el seno de la comisión prevista en la cláusula octava.
Al tener naturaleza administrativa, el orden jurisdiccional contencioso-administrativo 
será el competente para resolver las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse entre las 
partes, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 2 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de dicha jurisdicción.
Y, de conformidad con cuanto antecede, en el ejercicio de las facultades que 
legalmente corresponden a cada uno de los firmantes, obligando con ello a las Instituciones 
que representan, suscriben el presente convenio por cuadruplicado ejemplar en el lugar y 
fecha señalados al principio.–El Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General 
del Poder Judicial, Carlos Lesmes Serrano.–El Ministro de Justicia, Juan Carlos Campo 
Moreno.–La Consejera de Justicia I Presidenta del CEJFE, Ester Capella i Farré.–El 
Rector de la Universitat Abat Oliba Ceu, Rafael Rodríguez-Ponga Salamanca.
ANEXO
En ……………………………, a …… de …………………… de …… 
Datos del estudiante seleccionado 
Nombre y apellidos:  DNI:  
Titulación que cursa:  Centro:  
Domicilio:   Municipio:  Provincia:   Cód. postal:  
Teléfono móvil:  Teléfono fijo:   E-mail:
Datos del juzgado o tribunal donde se realizará la práctica 
Denominación:  
Domicilio del juzgado o tribunal se realizará la práctica:  
Municipio:   Provincia:  
Descripción de la práctica 
Ref. convocatoria:  Modalidad de la práctica:  Centro gestor: 
Fecha inicio:  Fecha final:  Total horas:  Total meses: 
Horario:  
(Los horarios, en todo caso, serán compatibles con la actividad académica, formativa y de representación y 
participación desarrollada por el estudiante en la universidad.) 
Tutor del juzgado o tribunal :  E-mail: Teléfono: 
Tutor de la universidad:  E-mail: Teléfono: 
Proyecto formativo (tareas a desarrollar): 
Declara: 
El/la alumno/a manifiesta conocer y aceptar las condiciones y compromisos establecidos en el convenio y da su 
conformidad para realizar las citadas prácticas externas asumiendo el compromiso del deber de secreto y 
confidencialidad en materia de datos de las personas, procesos y actuaciones judiciales de las que pudiera 
tener conocimiento, manteniendo el secreto durante y una vez finalizado el periodo de prácticas externas; así 
como conocer que en caso de incumplimiento incurriría en las responsabilidades a que hubiere lugar. 
Por parte del juzgado o tribunal donde  Por parte del estudiante,  Por parte de la universidad, 
se realiza la práctica, 
Fdo. Fdo. Fdo. w.