BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 166 Martes 13 de julio de 2021 Sec. I.   Pág. 83473
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
11616 Decreto-ley 4/2021, de 3 de mayo, para impulsar y agilizar la tramitación de 
ayudas y otras actuaciones en materia de vivienda.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
La situación causada por la crisis económica y social derivada de la pandemia de la 
COVID-19 ha agravado la problemática del acceso a la vivienda en las Illes Balears que 
motivó el desarrollo y la aprobación de la Ley 5/2018, de 19 de junio, de la vivienda de 
las Illes Balears. Así, destaca la exposición de motivos de la Ley los graves efectos que 
tuvo  el  estallido  de  la  burbuja  inmobiliaria  y  la  necesidad  de  dotar  de  nuevas 
herramientas y mecanismos a las administraciones públicas para avanzar en la garantía 
de este derecho esencial a la vivienda.
Con  la  Ley  5/2018  se  incorporó  la  política  pública  de  vivienda  como  elemento 
esencial de la agenda política y se estableció un marco legal adecuado para dar una 
respuesta integral y coherente sobre las actuaciones que es necesario realizar en las 
Illes Balears para atender la problemática de la vivienda con carácter general, dándose 
también cobertura a otras acciones más coyunturales para dar respuesta a la realidad 
social entonces existente.
El  Decreto  Ley  3/2020,  de  28  de  febrero,  de  medidas  urgentes  en  materia  de 
vivienda, en la exposición de motivos expone el incremento observado en los precios de 
la vivienda y demuestra que las dificultades en el acceso a la vivienda afectan a los 
sectores de población más desfavorecidos, pero también a la clase media, dado que no 
existe un mercado, ni de compra ni de alquiler, asequible. Se concluye que existe una 
escasez generalizada de viviendas a la que no está dando una respuesta adecuada el 
mercado, a la vez que se registra un elevado número de personas inscritas como 
demandantes de vivienda protegida en régimen de alquiler. Se destaca también el 
número de desahucios, de los que algo más de tres cuartas partes correspondían a 
impagos de alquiler, y los restantes a ejecuciones hipotecarias.
Constatada la necesidad de potenciar e incrementar el parque público de vivienda 
protegida,  mediante  el  Decreto  Ley  3/2020  se  adoptan  medidas  extraordinarias 
orientadas a dar una respuesta rápida y efectiva para permitir ampliar la oferta de 
viviendas de protección pública en régimen de alquiler social y fomentar la construcción 
de  alojamientos  dotacionales.  Con  este  objetivo  el  Decreto  Ley  introduce  en  la 
Ley 5/2018, entre otras modificaciones, una serie de medidas legislativas dirigidas a 
incrementar el parque público de viviendas mediante la incorporación de los derechos de 
adquisición  preferente  a  favor  de  la  Administración  autonómica  respecto  de  las 
transmisiones entre grandes tenedores de viviendas y terrenos adquiridos en procesos 
judiciales o extrajudiciales o de viviendas desocupadas.
Semanas después de aprobarse el Decreto Ley mencionado, la irrupción de la 
pandemia alteró significativamente la situación de partida y las previsiones que sirvieron 
de premisas para adoptar las mencionadas medidas legales. Así, los efectos sobre la  e.e
actividad económica y las repercusiones en el paro y la pérdida de capacidad adquisitiva  w.b
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en particular, lo que repercute de forma directa en el conjunto de la economía y el
mercado laboral. En conclusión, nos encontramos ante una economía que se ha visto 
afectada de forma significativa, un consumo interno que se ha reducido y unos mercados 
turísticos emisores con restricciones y poco dinámicos, lo que ha impactado en el 
mercado laboral y, por lo tanto, en la renta de las familias.
Este escenario imprevisible y repentino ha ocasionado que, en materia de vivienda, 
se hayan destinado más recursos y esfuerzos públicos para conceder con mayor agilidad 
las ayudas para el alquiler, y que se hayan llevado a cabo también convocatorias 
específicas para personas afectadas por la COVID-19. Así, en el marco del contexto 
descrito, la Consejería de Movilidad y Vivienda ha recibido 1.992 solicitudes de ayudas al 
alquiler en la convocatoria especial derivada de la COVID-19, ayudas diferentes de las 
ayudas de alquiler ordinarias convocadas cada año y que se han destinado a personas 
afectadas negativamente en el ámbito socioeconómico por la COVID-19.
En el Decreto Ley autonómico 6/2020, de 1 de abril, por el que se establecen 
medidas sociales urgentes para paliar los efectos de la situación creada por la COVID-19 
y de fomento de la investigación sanitaria, ya se introdujeron medidas de simplificación 
administrativa  en  la  tramitación  de  las  ayudas  de  alquiler,  que  finalizaban  con  la 
convocatoria de 2020, a efectos de agilizar al máximo el procedimiento de concesión y 
pago.
Dado el incremento más que considerable de solicitudes en los últimos años y el 
aumento que se prevé de manera inminente, se hace imprescindible dar continuidad a 
este  esfuerzo  de  simplificación  administrativa,  ya  iniciado,  de  cara  a  las  próximas 
convocatorias de ayudas en materia de vivienda.
En cuanto a las ayudas ordinarias de alquiler, el número de solicitudes el año 2020 
es el mayor nunca registrado, con 8.215, y supone un incremento muy significativo, de 
más del 58% respecto de las de 2019, año en que 5.201 personas pidieron la ayuda. El 
año 2018 fueron 4.763 las personas que la solicitaron en la convocatoria ordinaria, 
más 357 en la convocatoria extraordinaria. En este sentido, hay que considerar que el 
número de solicitudes de la ayuda de alquiler de vivienda ha pasado de 2.096 en 2015 
a 10.187 en 2020, lo que supone que prácticamente se han multiplicado por cuatro en 
solo cinco años. La Consejería de Movilidad y Vivienda ha destinado la totalidad de los 
recursos del Plan Estatal de Vivienda correspondientes a 2020 a las ayudas de alquiler, 
hecho que se repetirá en 2021.
Dada la problemática de vulnerabilidad económica y social derivada de la crisis 
ocasionada por la COVID-19, para el año 2021 se prevé que el número de solicitudes 
respecto de 2020 se vea incrementado notablemente, es decir, habrá un aumento de 
solicitudes por parte de personas que, antes de la crisis de la COVID-19, no cumplían los 
requisitos de estas ayudas, pero que sí se encuentran actualmente en las circunstancias 
económicas y sociales que les convierte en potenciales solicitantes.
Por otro lado, el número de viviendas que ha recibido la ayuda en materia de 
conservación y rehabilitación de viviendas para mejorar la seguridad de utilización, la 
accesibilidad, la eficiencia energética y la sostenibilidad ha pasado de 172 en 2015 
a 4.722 el año 2018 (se ha pasado de 51 solicitudes en 2015 a 487 en 2018), y se prevé 
la llegada de fondos destinados a la rehabilitación de viviendas, edificios de viviendas y 
áreas degradadas para su regeneración.
Por este motivo, se requiere un régimen especial de concesión de subvenciones en 
materia  de  vivienda  que  permita  establecer  un  procedimiento  mucho  más  ágil  y 
simplificado posibilitando la reducción de los plazos para que estas ayudas lleguen a los 
beneficiarios cuanto antes mejor. s
Por otro lado, con relación al depósito de las fianzas de alquiler, se ha detectado un  oe.
problema para conceder las ayudas de alquiler, como es la exigencia de acreditar el  w.
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tanto, urgente y necesario eliminar este requisito para poder conceder las ayudas al
máximo número de personas que cumplan los requisitos, como ya se hizo de forma 
extraordinaria en las convocatorias del año 2020.
En cuanto a los programas de ayudas para el alquiler que gestiona la Consejería de 
Movilidad y Vivienda, estos se dirigen a beneficiarios que ya disponen de un contrato 
vigente de alquiler de una vivienda y las ayudas son para facilitar el pago de las rentas.
La  crisis  económica  y  social  por  la  COVID-19  ha  incrementado,  como  se  ha 
expuesto,  el  número  de  desahucios  y  lanzamientos  iniciados  por  impago  de  los 
alquileres o por ocupación de viviendas. Buena parte de estos procedimientos judiciales 
que  afectan  a  personas  en  situación  de  vulnerabilidad  económica  se  encuentra 
suspendida actualmente en virtud del Real Decreto Ley 11/2020, de 31 de marzo, por el 
que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico 
para hacer frente a la COVID-19, medida extraordinaria vinculada al estado de alarma y 
que, por lo tanto, no tiene una vigencia indefinida. El incremento previsible de solicitudes 
de vivienda que se producirá cuando desaparezca esta suspensión hace imprescindible 
una actuación decidida y urgente de las administraciones públicas para darle respuesta.
Para paliar esta situación, la Consejería de Movilidad y Vivienda impulsa la cesión 
temporal de las viviendas desocupadas que pertenecen a grandes tenedores, a efectos 
de destinarlas a alquiler social, promueve la construcción de viviendas protegidas y 
ejerce el derecho de adquisición preferente previsto en la Ley 5/2018 con el fin de 
incrementar el patrimonio público de la vivienda. Por otro lado, se han firmado convenios 
de colaboración con varias administraciones públicas, mediante los que se han puesto a 
disposición 67 viviendas públicas para que las diferentes administraciones, en el marco 
de  sus  competencias,  puedan  ofrecer  una  alternativa  habitacional  a  los  diferentes 
colectivos vulnerables a los que atienden y 13 viviendas más para crear una red de 
alojamiento  de  carácter  transitorio  para  poder  dar  cobertura  a  las  necesidades 
temporales de vivienda derivadas de situaciones de emergencia.
Entre 2020 y 2021 el parque de viviendas de gestión pública se incrementará en 
como mínimo 1.118 viviendas, de las que 902 corresponden a nuevas promociones de 
vivienda de protección oficial por parte del IBAVI. Esto supondrá un incremento muy 
significativo del parque de viviendas públicas destinadas a alquiler social, pero a pesar 
de  las  medidas  adoptadas,  la  demanda  de  viviendas  protegidas  en  la  comunidad 
autónoma de las Illes Balears excede en mucho la oferta de vivienda pública.
Por este motivo, y con el fin de ampliar el parque público de vivienda en propiedad o 
en cesión de uso, durante 2020 se han puesto a disposición del IBAVI 3 millones de 
euros destinados al ejercicio de los derechos de tanteo y retracto de viviendas de 
grandes tenedores y 2 millones de euros para afrontar las indemnizaciones que se tienen 
que pagar a los grandes tenedores como compensación por la cesión temporal de 
viviendas desocupadas. Durante 2021 se han incrementado todavía más las partidas 
destinadas al ejercicio de los derechos de tanteo y retracto de inmuebles de grandes 
tenedores y, así, el primer trimestre del 2021 se ha transferido al IBAVI la cantidad total 
de 5,4 millones de euros para esta finalidad.
Desde la aprobación del Decreto Ley 3/2020 se han recibido notificaciones para 
ejercer el derecho de tanteo o retracto con relación a la transmisión de 853 inmuebles de 
grandes tenedores, 62 durante 2020 y 791 en 2021. La Administración autonómica, a 
través del IBAVI, ha acordado durante este tiempo la adquisición de 38 inmuebles de 
grandes tenedores por un valor cercano a 4,2 millones de euros y hay otros expedientes 
en trámite.
La experiencia adquirida en la tramitación de estos expedientes y el aumento del  s
volumen de notificaciones de transmisiones sujetas pone de manifiesto la necesidad de  oe.
mejorar la eficiencia y eficacia de los derechos de tanteo y retracto sobre viviendas y  w.
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para adaptar los plazos y trámites a la experiencia práctica adquirida. Es necesario 
también aclarar la redacción para resolver las dudas interpretativas planteadas por los 
grandes tenedores durante la aplicación de estos preceptos y facilitar su cumplimiento.
En  cuanto  a  los  expedientes  relativos  a  la  cesión  de  uso  de  las  viviendas 
desocupadas, es también necesaria la mejora de aspectos puntuales de la regulación 
dado que se han presentado problemas prácticos, debido en muchos casos a la falta de 
colaboración de los grandes tenedores propietarios al facilitar la información requerida 
para el Registro de viviendas desocupadas y el acceso a las viviendas por parte del 
personal inspector.
En cuanto a la situación de la vivienda protegida, es necesario dar un impulso 
normativo  que  facilite  su  promoción  pública  y  privada  y,  por  otro  lado,  dotar  a  la 
Administración de nuevas herramientas que permitan dar respuesta a situaciones en que 
no se cumpla su función social.
Se requiere también una regulación transitoria para incorporar a la Ley 5/2018 el 
plazo  y  la  forma  en  que  se  tiene  que  efectuar  el  depósito  de  las  fianzas  de 
arrendamiento, como también las exigencias establecidas en la disposición adicional 
tercera de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, modificada 
por el artículo 1.15 del Real Decreto Ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en 
materia de vivienda y alquiler, para favorecer la transparencia y facilitar el intercambio de 
información para el ejercicio de las políticas públicas.
En cuanto al régimen sancionador, y para hacer más efectivas las actuaciones 
inspectoras, se hace preciso también actualizar la capacidad de intervención de la 
inspección y dotar al personal inspector de las herramientas adecuadas para comprobar 
el  cumplimiento  de  la  normativa,  como  también  modificar  la  regulación  del 
incumplimiento  del  deber  de  colaboración.  Así  mismo,  ante  nuevas  conductas 
detectadas de incumplimiento de la normativa en materia de vivienda, es necesario 
ampliar los supuestos de determinados tipos infractores previstos y tipificar también 
nuevas infracciones, como son las relativas al ejercicio de la actividad inmobiliaria. La 
experiencia práctica derivada de los procedimientos sancionadores tramitados hasta 
ahora  ha  evidenciado  la  necesidad  de  mejorar  la  regulación  de  las  sanciones 
complementarias  y  de  las  multas  coercitivas  no  sancionadoras  para  mejorar  su 
efectividad.
Los principios y las herramientas contemplados en la Ley 5/2018 son adecuados 
para las finalidades previstas, pero se tienen que complementar con nuevas medidas 
para hacer frente a las necesidades coyunturales descritas.
Finalmente, el artículo 8 de la Ley 2/2020, de 15 de octubre, de medidas urgentes y 
extraordinarias  para  el  impulso  de  la  actividad  económica  y  la  simplificación 
administrativa en el ámbito de las administraciones públicas de las Illes Balears para 
paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19, ha permitido la actividad de la 
construcción durante todo el año 2020, sin las restricciones habituales en verano, debido 
a la pandemia y de los efectos del confinamiento. Dado que su vigencia está a punto de 
acabar  y,  ante  la  incertidumbre  de  cuándo  se  iniciará  de  forma  generalizada  la 
temporada turística, es necesario prorrogar esta medida de forma efectiva durante el 
mes de mayo y la primera quincena de junio de 2021, para mantener la actividad de la 
construcción, como sector generador de trabajo y dinamizador de la economía. Esta 
prórroga, además, permitirá mantener el ritmo de construcción de las promociones de 
viviendas, tanto públicas como privadas.
Dadas  las  consideraciones  anteriores,  la  situación  descrita  demanda  la  urgente  s
adopción de las medidas legislativas necesarias, en forma de decreto ley, para permitir a  oe.
las administraciones públicas garantizar el derecho a una vivienda digna y adecuada  w.
pvualrnae lroasb iclidiuadda.danos de las Illes Balears, en especial para las personas en situación de  2021-1161n https://w
II
Este Decreto Ley tiene por objeto establecer un régimen especial de subvenciones 
en materia de vivienda que se aplica, desde su entrada en vigor, a la concesión de 
ayudas en materia de vivienda que lleve a cabo la Administración de la Comunidad 
Autónoma, en el marco de los planes estatales o autonómicos de vivienda.
Este régimen especial tiene por finalidad agilizar la tramitación de las ayudas en 
materia de vivienda y posibilita una mayor celeridad en el pago con la máxima eficacia y 
eficiencia en la asignación de los recursos públicos, respetando, en todo caso, los 
principios  de  publicidad,  transparencia,  concurrencia,  objetividad,  igualdad  y  no 
discriminación. A tal efecto se regula el procedimiento de aprobación y contenido de las 
bases reguladoras y de las convocatorias de ayudas, y se establecen reglas especiales 
de gestión de estas subvenciones, de forma que se permite reducir considerablemente 
su tramitación.
Con  este  Decreto  Ley  también  se  aprueban  modificaciones  puntuales  de  la 
Ley 5/2018, de 19 de junio, de vivienda de las Illes Balears; del Decreto Ley 3/2020, 28 
de febrero, de medidas urgentes en materia de vivienda; del Decreto 36/2019, de 10 de 
mayo,  por  el  que  se  regulan  las  viviendas  desocupadas,  el  Registro  de  viviendas 
desocupadas de grandes tenedores y el procedimiento de cesión obligatoria por parte de 
los grandes tenedores, y del Decreto 22/1989, de 22 de febrero, regulador de la creación 
de  papel  fianza,  de  la  obligación  de  constituir  fianzas  de  arrendamiento  y  de  la 
inspección de estas fianzas.
La  disposición  final  primera  modifica  la  Ley  5/2018  para  introducir,  entre  otras, 
medidas de impulso y agilización de determinados procedimientos y actuaciones en 
materia de vivienda, y también para dar cumplimiento al Acuerdo de la Comisión Bilateral 
Administración General del Estado - Comunidad Autónoma de las Illes Balears con 
relación a las discrepancias suscitadas con relación al Decreto Ley 3/2020, de 28 de 
febrero, acuerdo publicado el 8 de abril de 2021.
Respecto  de  las  viviendas  protegidas,  se  establece  que  en  el  ámbito  de  la 
Comunidad Autónoma de las Illes Balears no serán de aplicación las antiguas normas 
técnicas  estatales  de  diseño  y  calidad  específicamente  aplicables  a  las  viviendas 
protegidas, que han quedado superadas por otras normativas más recientes; se prohíbe 
la cesión de uso total o parcial de las viviendas protegidas sin autorización; y también se 
prevé que las viviendas de protección oficial acogidas a regímenes anteriores al Real 
Decreto Ley 31/1978, de 31 de octubre, sobre política de viviendas de protección oficial, 
que no están sujetas a ninguna limitación en el precio de venta, tampoco están sujetas a 
los límites máximos de ingresos de la unidad de convivencia que permita el acceso a la 
vivienda  protegida.  Se  incorpora  también  una  nueva  disposición  transitoria  a  la 
Ley 5/2018 para regular los precios máximos de venta y renta y límites máximos de 
ingresos por vivienda protegida. En esta norma se prevé que mientras no se desarrolle 
reglamentariamente la normativa específica autonómica en materia de precios máximos 
de venta y alquiler de las viviendas protegidas, por acuerdo del Consejo de Gobierno se 
podrá aprobar la declaración de nuevos ámbitos territoriales de precio máximo superior, 
o de modificación de los existentes, a propuesta de los ayuntamientos interesados. En 
materia  de  viviendas  protegidas  se  añaden  finalmente  dos  nuevas  infracciones, 
consistentes  en  incumplir  la  obligación  de  inscripción  en  el  Registro  de  viviendas 
protegidas en cualquiera de los supuestos del artículo 71.3 y subarrendar o ceder el uso 
total o parcial de las viviendas protegidas sin autorización.
Por otro lado, se modifican determinados aspectos de la regulación de los derechos  e.
de adquisición preferente establecidos a favor de la Administración así como de la  w.b
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adquiridos  en  procesos  judiciales  o  extrajudiciales,  para  aclarar  cuestiones
interpretativas que se han suscitado durante la aplicación de la Ley. Como novedad por 
destacar se incorpora la posibilitar de ceder este derecho de adquisición preferente a 
otras administraciones y empresas de  capital mayoritariamente público a través de 
convenio.
Por otro lado, aprovechando la experiencia adquirida en la puesta en marcha de 
estas medidas y para resolver los problemas identificados, se han trasladado las normas 
sobre procedimiento a dos nuevos artículos que se incorporan a la Ley para regular el 
ejercicio de los derechos de tanteo y retracto, que son los artículos 26 quinquies y 26 
sexies respectivamente, que regulan más detalladamente los trámites que se tienen que 
seguir para el ejercicio de estos derechos. En este sentido se modifica también el 
apartado 4 del artículo 36 de la Ley 5/2018, para adaptar las concordancias.
Con relación a las transmisiones de viviendas protegidas se modifica el artículo 75 
sexies de la Ley 5/2018, para ampliar el plazo para ejercer el derecho de retracto, que 
pasa  a  ser  de  tres  meses,  como  también  para  regular  más  detalladamente  el 
procedimiento para evitar los problemas observados en la práctica.
Se destaca la modificación del régimen sancionador que incluye la ampliación de 
supuestos de infracción. Concretamente, se modifican la letra n) del artículo 87 y la letra 
s) del artículo 88, y también se añaden cuatro nuevos tipos en las letras w), x), y) y z) del 
artículo 88 de la Ley 5/2018.
En cuanto a las viviendas desocupadas se añade al artículo 39 de la Ley 5/2018 la 
obligación de los grandes tenedores de comunicar a quiénes han vendido las viviendas 
desocupadas inscritas, y se reduce el plazo para comunicar los cambios de situación de 
las viviendas inscritas, que pasa de tres meses a un mes para mantener actualizado el 
Registro de viviendas desocupadas. También, para mejorar la calidad de la información 
recogida en el Registro, se incorpora en el artículo 40 de la Ley 5/2018 una nueva 
obligación a los grandes tenedores para que faciliten la documentación que requiera la 
inspección y también permitir el acceso físico a las viviendas desocupadas para realizar 
todas las comprobaciones necesarias.
Se añade una letra, la f), al apartado 1 del artículo 41 de la Ley 5/2018, para 
incorporar de forma expresa la obligación genérica de colaboración de los grandes 
tenedores con la Administración.
Se reestructura el artículo 42 para mejorar su calidad y se modifica la referencia a 
que  el  máximo  de  viviendas  reclamables  lo  establece  el  número  de  solicitudes  de 
vivienda no atendidas. Además, se incorpora también aquí la obligación de los grandes 
tenedores de aportar la información que requiera la Administración y de facilitar el 
acceso a las viviendas inscritas.
Finalmente,  en  materia  de  régimen  sancionador  con  relación  a  las  viviendas 
desocupadas se modifican las letras ab) y ad) del artículo 87 de la Ley 5/2018, para 
adecuarlas a las nuevas obligaciones de los grandes tenedores.
Otra de las materias reguladas por este Decreto Ley es la relativa al depósito de las 
fianzas de los contratos de alquiler. Así, se añade un nuevo párrafo al artículo 59 de la 
Ley 5/2018, para establecer que no es exigible la acreditación del depósito de la fianza 
para solicitar, tramitar y conceder las ayudas para el alquiler que se otorguen a favor de 
los arrendatarios y que sean convocadas por cualquier Administración pública de las Illes 
Balears.
También se añade una nueva disposición transitoria a la Ley 5/2018 para regular, de 
manera transitoria, el plazo y la forma en que se tiene que efectuar el depósito de las 
fianzas de arrendamiento. A la vez que se aprovecha para incorporar las exigencias  s
establecidas en la disposición adicional tercera de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre,  oe.
de  Arrendamientos  Urbanos,  modificada  por  el  artículo  1.15  del  Real  Decreto  w.
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cfioalnazbaosr.ación con otras entidades públicas o privadas para gestionar y recaudar las  BOE-A-cable e
Se modifica también el apartado 2 del artículo 90 de la Ley 5/2018, para eliminar el 
límite máximo de la sanción prevista para la infracción grave tipificada en la letra ac) del 
artículo 87, consistente en el impago por parte de los grandes tenedores de los gastos 
de la comunidad a las propiedades sometidas a régimen de propiedad horizontal.
Finalmente,  se  incluyen  otras  modificaciones  del  régimen  sancionador. 
Concretamente se modifica el artículo 82 de la Ley 5/2018 para actualizar la capacidad 
de intervención de la inspección y dotar al personal inspector de las herramientas 
adecuadas para poder llevar a cabo todas las actuaciones necesarias para comprobar el 
cumplimiento de la normativa. Así mismo, se modifican las infracciones previstas en las 
letras  x)  y  ai)  del  artículo  87  de  la  Ley  5/2018,  por  incumplimiento  del  deber  de 
colaboración y las relativas al anuncio o comercialización de espacios para destinarlos a 
habitáculo de personas sin que los mismos cumplan las condiciones de habitabilidad. Se 
añaden, también, las letras am), an) y ao) del artículo 87 de la Ley 5/2018 para tipificar 
conductas infractoras en materia de ejercicio de la actividad inmobiliaria, a pesar de que 
su aplicación dependerá de un desarrollo reglamentario posterior, ya iniciado. En último 
lugar, se modifican las sanciones complementarias reguladas en las letras c) y d) del 
artículo 92 de la Ley 5/2018 y las multas coercitivas no sancionadoras del artículo 93 de 
la misma Ley.
Como complemento de las medidas legislativas adoptadas en materia de viviendas 
protegidas  y  de  viviendas  desocupadas,  se  acometen  varias  modificaciones  y 
derogaciones de normas reglamentarias que han quedado afectadas por la normativa 
sobrevenida, que podría ser contradictoria. Se modifica también la redacción de la 
composición  del  Jurado  de  Cesión  de  Viviendas  Desocupadas,  para  actualizar  su 
terminología a la normativa vigente. Estas modificaciones y derogaciones de normas 
reglamentarias son necesarias para eliminar las divergencias en la normativa vigente y 
resolver posibles vacíos normativos, para garantizar la máxima eficacia en el ingreso y la 
devolución  de  las  fianzas  ante  una  situación  de  especial  sensibilidad  económica  y 
financiera de los administrados. Los cambios se realizan para mantener únicamente la 
parte que requiere una regulación específica y eliminar todo aquello que ya no es 
necesario sin elevar su rango, dado que si conviene, cualquier modificación posterior de 
estos preceptos se podrá llevar a cabo mediante una modificación reglamentaria.
La disposición final segunda modifica el artículo 13.5 del Decreto Ley 3/2020, 28 de 
febrero, de medidas urgentes en materia de vivienda, en cumplimiento del Acuerdo de la 
Comisión Bilateral Administración General del Estado - Comunidad Autónoma de las Illes 
Balears  antes  mencionado.  También  se  añade  un  nuevo  apartado  a  la  disposición 
adicional  sexta  del  mismo  Decreto  Ley  para  prever  que  la  calificación  de  vivienda 
protegida de las viviendas promovidas por cooperativas de vivienda en ejecución de un 
derecho de superficie u otro derecho de aprovechamiento del suelo de titularidad pública, 
se  tiene  que  otorgar  conforme  al  régimen  concertado  previsto  en  las  bases  del 
correspondiente concurso público, siempre que el procedimiento de licitación se haya 
iniciado antes del 6 de marzo de 2020.
La disposición final tercera modifica el artículo 8 de la Ley 2/2020, de 15 de octubre, 
de medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de la actividad económica y la 
simplificación administrativa en el ámbito de las administraciones públicas de las Illes 
Balears para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19, a efectos de 
prorrogar hasta el 15 de junio de 2021 las exenciones de las limitaciones temporales 
estivales relativas a la temporada turística que estén vigentes en cualquier normativa 
autonómica, insular o municipal para todo tipo de obras de edificación, modificación,  s
reparación y derribos, que podrán prorrogar de forma motivada los ayuntamientos si lo  oe.
consideran oportuno. w.
treengeuLdlaaon rd eilssap syo  vseiivcl iipeórnnod cfaiensda ildm ceuiseaonrcttoau  pdmaeod dacisefi,sc ieaól n eR lo eDbgeliigcsratretooto rd ia3e 6 p/v2oiv0r i1ep9na,dr tdaees   d1de0e  sldooesc  umgpraaayndoda,e sps od tree e ngle rqdauonerd eesses.    2021-1161n https://w
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discrepancia, y el artículo 24.1 para adecuar la terminología que se usa para designar a 
los componentes de este órgano en la normativa aplicable. También se establece que el 
secretario tiene voz pero no voto.
La disposición final quinta modifica los artículos 5, 6, 7 y 8 del Decreto 22/1989, 
de 22 de febrero, regulador de la creación de papel fianza, de la obligación de constituir 
fianzas  de  arrendamiento  y  de  la  inspección  de  estas  fianzas,  para  adaptar  este 
reglamento a la normativa vigente y eliminar las referencias que han quedado obsoletas 
por la normativa sobrevenida, como es el caso del papel fianza.
III
El Decreto Ley tiene habilitación expresa en el artículo 49 del Estatuto de Autonomía 
y se dicta al amparo de las competencias que ejerce la Comunidad Autónoma de las Illes 
Balears en materia de vivienda, según el artículo 30.3, y también en las previstas en los 
apartados 4, 15 y 36 del artículo 30 del Estatuto de Autonomía.
El  artículo  49  del  Estatuto  de  Autonomía  permite  al  Gobierno  dictar  medidas 
legislativas provisionales, en forma de decreto ley, en casos de extraordinaria y urgente 
necesidad, que no podrán afectar a determinadas materias. Se trata de una figura 
inspirada en la prevista en el artículo 86 de la Constitución Española y cuyo uso ha 
producido una extensa jurisprudencia del Tribunal Constitucional. El alto tribunal ha 
insistido en que la definición, por parte de los órganos políticos, de una situación de 
extraordinaria y urgente necesidad tiene que ser explícita y razonada, y que debe existir 
una «conexión de sentido», o relación de adecuación, entre la situación excepcional y las 
medidas que se pretendan adoptar, que tienen que ser idóneas, concretas y de eficacia 
inmediata. Es exponente de esta doctrina constitucional la Sentencia n.º 12/2015, de 5 
de febrero, donde se recogen los reiterados pronunciamientos del alto tribunal sobre la 
utilización de este instrumento normativo.
Desde la Sentencia n.º 137/2011, de 14 de septiembre, el Tribunal Constitucional ha 
reconocido  que  la  valoración  de  la  extraordinaria  y  urgente  necesidad  podrá  ser 
independiente de su imprevisibilidad e, incluso, podrá tener origen en la inactividad 
previa  de  la  Administración  competente,  siempre  que  concurra  efectivamente  la 
excepcionalidad de la situación. Así mismo, el Tribunal Constitucional, en la misma línea 
que la anterior Sentencia n.º 29/1986, de 20 de febrero, en la Sentencia n.º 237/2012, 
de 13 de diciembre, razona que no se tiene que confundir la eficacia inmediata de la 
norma provisional con su ejecución instantánea y, por lo tanto, se tiene que permitir que 
las  medidas  adoptadas  con  carácter  de  urgencia  incluyan  un  posterior  desarrollo 
normativo y de actuaciones administrativas de ejecución de las mismas.
La Sentencia del Tribunal Constitucional (STC) 61/2018, de 7 de junio de 2018, 
considera constitucionales las disposiciones de un decreto ley que tienen por objeto 
adaptar al interés general la regulación existente de una materia determinada, aunque la 
pretensión  fuera  resolver  una  situación  de  carácter  estructural  y  no  coyuntural. 
Igualmente  se  acepta  como  justificación  la  pretensión  de  obtener  un  tratamiento 
coherente y uniforme de las modificaciones normativas que se proponen así como la 
coordinación  de  sus  efectos.  En  este  sentido,  el  Tribunal  Constitucional  razona  la 
constitucionalidad de las disposiciones que tienen carácter instrumental con relación al 
contenido de la norma, en cuanto que se relacionan con las finalidades perseguidas y 
conforman un conjunto sistemático de reformas que adquieren sentido en su visión 
global, y hace referencia a las sentencias del Tribunal Constitucional 23/1993, de 21 de  s
enero de 1993, FFJJ 4 y 5; 93/2015, de 14 de mayo de 2015, FFJJ 7 b) y 10, y 183/2016,  e.
de 3 de noviembre de 2016. w.
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como también ampliar el parque público de vivienda pública con la mayor urgencia 
posible, para afrontar la demanda actual y facilitar soluciones habitacionales a quienes 
sufren una situación de emergencia en el ámbito de la vivienda. Las medidas modifican 
de manera inmediata la situación jurídica existente, ya que desde el mismo momento de 
la entrada en vigor del Decreto Ley serán de aplicación sus disposiciones sin necesidad 
de desarrollo reglamentario.
Las medidas que se adoptan en este Decreto Ley tienen por finalidad coadyuvar a 
conseguir  el  cumplimiento  del  derecho  de  acceso  a  una  vivienda  digna  de  los 
ciudadanos de las Illes Balears, que se reconoce en el artículo 22 del Estatuto de 
Autonomía. Dados los datos que se han expuesto, es necesario y urgente simplificar y 
abreviar tanto como sea posible el proceso para conseguir los objetivos mencionados en 
un plazo mínimo y, así, satisfacer las necesidades básicas e imperiosas del conjunto de 
los  ciudadanos  de  las  Illes  Balears  y  de  las  personas  en  situación  de  especial 
vulnerabilidad y otros colectivos a los que van dirigidas las políticas de vivienda.
La importancia de cubrir esta necesidad básica y esencial de la población, determina 
la urgencia de las medidas que se tienen que adoptar, que exigen un plazo más breve 
que el que requiere la tramitación parlamentaria de las leyes, tanto por el procedimiento 
ordinario  como  por  el  de  urgencia,  y,  en  consecuencia,  justifica  la  utilización  del 
instrumento del decreto ley previsto en el artículo 49 de la Ley Orgánica 1/2007, de 28 de 
febrero, de reforma del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears.
Este Decreto Ley cumple los requisitos exigidos por la jurisprudencia constitucional 
para  ser  utilizado,  puesto  que  las  medidas  que  comprende  pretenden  facilitar  la 
ejecución de las actuaciones públicas para dar una respuesta urgente a la demanda de 
servicios y prestaciones en materia de vivienda.
La regulación de un régimen especial que permite un procedimiento más ágil para 
aprobar y gestionar las ayudas en materia de vivienda es adecuada para atender a las 
necesidades actuales, dado el volumen de peticiones que se presentan y el que se prevé 
de manera inminente, y es adecuado a la pretendida finalidad de hacer llegar las ayudas 
a las personas que lo necesitan con más celeridad.
Por otro lado, la eliminación del requisito de acreditar el depósito de las fianzas de 
alquiler para acceder a las ayudas servirá para poder conceder las ayudas al máximo 
número de personas que cumplan los requisitos. En materia de fianzas de alquileres, la 
regulación transitoria del depósito de las fianzas favorecerá la transparencia y facilitará el 
intercambio de información para ejercer las políticas públicas de vivienda.
Las medidas que se proponen con relación a las viviendas protegidas también son 
adecuadas para coadyuvar a facilitar la promoción pública y privada y a dotar a la 
Administración de nuevas herramientas que permitan dar respuesta a situaciones de 
incumplimiento de su función social. En este sentido, queda superada la normativa 
técnica que dificultaba la construcción, se dota a la Administración autonómica de las 
herramientas para delimitar o modificar las áreas geográficas a los efectos de aplicar los 
precios máximos de venta y renta y límites máximos de ingresos por vivienda protegida, 
y se adapta el régimen único para las viviendas protegidas de nueva construcción, para 
promover la construcción privada. La modificación de la situación de las viviendas con 
calificación  de  cincuenta  años  acogidas  a  regímenes  anteriores  al  Real  Decreto 
Ley 31/1978, de 31 de octubre, es adecuada para garantizar que las mismas cumplan la 
función social que se persigue y que también se logra con las medidas establecidas con 
relación a la cesión de uso y las modificaciones del régimen sancionador.
La regulación que se propone con relación a los derechos de adquisición preferente  s
establecidos a favor de la Administración y el régimen sancionador aplicable permitirá  oe.
mejorar la eficiencia y eficacia de los derechos de tanteo y retracto sobre viviendas y  w.
tsdrueae mvloiitv aidecenió dlnoa s. y gE, rnaa ndedesemtesá  stsee, nneptidodosoir,be ilsloi,ts ay nc  maqmauxbeiim olsiaz san ro vrlamivsiae otnivpdocasiso  npoere st eedln ed saeumne lpohl aiaqcreu ere l  mpnáaosr q cueoefem cpptúirvbeal i cllaao    2021-1161n https://w
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junto con las que se proponen en materia de vivienda desocupada, que afectan a los 
grandes  tenedores  de  vivienda,  ayudarán  a  atender  las  solicitudes  de  vivienda  de 
personas en situación de vulnerabilidad.
Los cambios propuestos con relación al régimen sancionador permitirán hacer más 
efectivas las actuaciones inspectoras, en la medida que se refuerzan la capacidad de 
intervención y las herramientas de la inspección; también se modifica la regulación del 
incumplimiento  del  deber  de  colaboración.  Así  mismo,  ante  nuevas  conductas 
detectadas  de  incumplimiento  de  la  normativa  en  materia  de  vivienda,  se  propone 
ampliar los supuestos de determinados tipos infractores previstos y tipificar también 
nuevas infracciones, como son las relativas al ejercicio de la actividad inmobiliaria, entre 
otras mejoras que ayudarán al servicio de inspecciones y sanciones a ejercer las tareas 
de control exigidas por la Ley 5/2018.
En  cuanto  a  la  prórroga  de  la  vigencia  de  determinadas  medidas  de  carácter 
temporal para hacer frente a los efectos del estado de alarma (medidas temporales 
estivales) esta prórroga permitirá mantener el ritmo de construcción de las promociones 
de viviendas, tanto públicas como privadas, a la vez que mantener la actividad de la 
construcción, como sector generador de trabajo y dinamizador de la economía en un 
contexto  como  el  actual,  en  que  la  incertidumbre  de  cuándo  se  iniciará  de  forma 
generalizada la temporada turística hace que sea adecuado mantener esta medida 
temporal hasta medios de junio, fecha en que se prevé el inicio de las actividades 
turísticas.
Finalmente, las modificaciones propuestas para cumplir los acuerdos adoptados por 
la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado - Comunidad 
Autónoma de las Illes Balears, para resolver las discrepancias suscitadas con relación al 
Decreto Ley 3/2020, de 28 de febrero, de medidas urgentes en materia de vivienda, 
servirán no solo para dar cumplimiento a aquellos acuerdos sino también para garantizar 
la correcta tramitación de los planes especiales de desarrollo de viviendas de titularidad 
pública para promover viviendas y alojamientos públicos, como también facilitar los 
alquileres sociales que se tienen que ofrecer en aplicación del artículo 26 bis de la Ley 
de la vivienda.
En definitiva, las medidas incorporadas a este Decreto Ley se ajustan a los objetivos 
descritos y son coherentes con la situación de necesidad: dotar a la Administración de 
instrumentos más eficaces que los previstos hasta ahora, con objeto de conceder las 
ayudas en materia de vivienda con más agilidad y celeridad, como también ampliar el 
parque público de vivienda pública con la mayor urgencia posible, para atender la 
demanda actual y facilitar soluciones a quienes sufren una situación de emergencia en el 
ámbito de la vivienda.
Las medidas modifican de manera inmediata la situación jurídica existente, en la 
medida en que desde el mismo momento de la entrada en vigor del Decreto Ley son 
aplicables las disposiciones del mismo sin necesidad de desarrollo reglamentario.
Las medidas establecidas mediante este Decreto Ley son concretas y se consideran 
idóneas para la situación excepcional descrita.
Como se ha razonado, son medidas necesarias, proporcionadas y adecuadas para 
conseguir  los  fines  que  la  norma  persigue,  responden  a  los  principios  y  objetivos 
expuestos, se adecúan a los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad y no 
discriminación,  y  su  regulación  está  en  sintonía  con  los  principios  del  derecho 
autonómico y constitucional.
IV o
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materia de vivienda.
La  disposición  derogatoria  única  deroga  el  apartado  5  del  artículo  90  de  la 
Ley 5/2018, de 19 de junio, de la vivienda de las Illes Balears; la disposición transitoria 
tercera del Decreto 36/2019, de 10 de mayo, por el que se regulan las viviendas 
desocupadas,  el  Registro  de  viviendas  desocupadas  de  grandes  tenedores  y  el 
procedimiento  de  cesión  obligatoria  por  parte  de  los  grandes  tenedores;  el 
Decreto 109/1990, de 13 de diciembre, que regula la inspección y recaudación de 
fianzas de alquileres y suministros de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears; así 
como los artículos 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, y las disposiciones transitorias primera, segunda y 
tercera, y la disposición final primera del Decreto 22/1989, de 22 de febrero, regulador de 
la creación de papel fianza, de la obligación de constituir fianzas de arrendamiento y de 
la inspección de estas fianzas.
Las disposiciones finales primera y segunda modifican respectivamente y de forma 
puntual la Ley 5/2018, de 19 de junio, de la vivienda de las Illes Balears, y el Decreto 
Ley  3/2020,  28  de  febrero,  de  medidas  urgentes  en  materia  de  vivienda, 
respectivamente.
La disposición final tercera modifica el artículo 8 de la Ley 2/2020, de 15 de octubre, 
de medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de la actividad económica y la 
simplificación administrativa en el ámbito de las administraciones públicas de las Illes 
Balears.
La disposición final cuarta modifica el Decreto 36/2019, de 10 de mayo, por el que se 
regulan las viviendas desocupadas, el Registro de viviendas desocupadas de grandes 
tenedores y el procedimiento de cesión obligatoria por parte de los grandes tenedores.
La disposición final quinta modifica los artículos 5, 6, 7 y 8 del Decreto 22/1989, 
de 22 de febrero, regulador de la creación de papel fianza, de la obligación de constituir 
fianzas de arrendamiento y de la inspección de estas fianzas.
Y las disposiciones finales sexta y séptima regulan el desarrollo normativo y la 
entrada en vigor de este Decreto Ley.
Por todo ello, a propuesta del consejero de Movilidad y Vivienda, y habiéndolo 
considerado el Consejo de Gobierno en la sesión de 3 de mayo de 2021, se aprueba el 
siguiente Decreto Ley:
Artículo 1.  Régimen especial de concesión de subvenciones en materia de vivienda.
1.  Este  régimen  especial  será  de  aplicación  a  las  líneas  y  procedimientos  de 
subvenciones que, en el territorio de las Illes Balears, tengan por objeto la concesión de 
ayudas en materia de vivienda que lleve a cabo la Administración de la Comunidad 
Autónoma, en el marco de los planes estatales o autonómicos de vivienda.
2.  El consejero de Movilidad y Vivienda adoptará las medidas necesarias para 
agilizar la tramitación y el pago de las ayudas en materia de vivienda que se convoquen 
en los planes estatales o autonómicos de vivienda, con el fin de conseguir la máxima 
eficacia y eficiencia en la asignación de los recursos públicos y respetando, en todo 
caso, los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no 
discriminación.
3.  El procedimiento de concesión de las ayudas se tramitará por el sistema de 
concurrencia  no  competitiva.  Su  concesión  se  resolverá  mediante  sucesivas 
resoluciones de las ayudas a medida que se complete su tramitación. El consejero podrá 
fijar mediante una resolución los criterios adicionales necesarios para determinar los 
importes por conceder y las fórmulas de reparto que permitan la concesión de las ayudas 
al máximo número de solicitantes. e.
4.  En todo caso, las personas que obtengan la ayuda sin cumplir los requisitos para  w.b
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Ley de subvenciones.
Artículo 2.  Aprobación y contenido de las bases reguladoras y de las convocatorias de 
ayudas en materia de vivienda.
1.  Para  la  aprobación  de  las  bases  reguladoras  no  serán  de  aplicación  las 
previsiones del capítulo II del título IV de la Ley 1/2019, de 31 de enero, del Gobierno de 
las  Illes  Balears,  sino  únicamente  los  siguientes  trámites:  resolución  de  inicio, 
información pública por un periodo de siete días, informe de los servicios jurídicos y, en 
su caso, fiscalización previa de la Intervención General.
2.  La elaboración, la aprobación y la publicación oficial de las bases reguladoras 
podrá incluir la de las correspondientes convocatorias.
3.  Las bases reguladoras y las convocatorias podrán:
a)  Exigir que la participación en el procedimiento de concesión de la subvención, 
como  también  las  actuaciones  de  justificación  y  comprobación,  se  realicen 
preferentemente por vía telemática.
b)  Prescribir,  cuando  proceda,  que  sea  un  órgano  de  carácter  unipersonal  el 
encargado de ejercer las funciones legalmente atribuidas en las comisiones evaluadoras.
c)  Prever la concesión de anticipos de hasta el 100% del importe máximo de la 
subvención,  con  la  autorización  previa  de  la  consejera  de  Hacienda  y  Relaciones 
Exteriores.
d)  Dispensar total o parcialmente la constitución de garantías en función de la 
capacidad económica del futuro beneficiario.
e)  Establecer  el  carácter  subvencionable  de  todos  o  de  parte  de  los  gastos 
efectivamente realizados que respondan al objeto de la subvención y sean necesarios 
para la ejecución de la actividad, aunque la misma no se materialice completamente, 
siempre que quede debidamente acreditado que la falta de ejecución o la ejecución fuera 
de plazo sean consecuencia directa de las medidas adoptadas para afrontar la situación 
de crisis económica o sanitaria derivada de la COVID-19.
f)  Permitir  la  justificación  de  gastos  inferiores  a  3.000  euros  mediante  una 
declaración formal de la persona beneficiaria, sin perjuicio de las posteriores actuaciones 
de comprobación y control.
g)  Prever la posibilidad de ampliar motivadamente los plazos de ejecución y de 
justificación  cuando  el  proyecto  o  la  actividad  no  se  hayan  podido  desarrollar  con 
normalidad por alguna de las circunstancias mencionadas en la letra e) anterior.
Artículo 3.  Reglas especiales de gestión.
Las bases reguladoras y las convocatorias podrán establecer que la comprobación 
económica se realice mediante un sistema de muestreo de los documentos acreditativos 
de realización y pago de gastos, siempre que se trate de gastos de carácter sucesivo o 
recurrente vinculados a la actividad subvencionada.
Disposición derogatoria única.  Normas que se derogan.
Se derogan todas las normas de rango igual o inferior a este Decreto Ley que lo 
contradigan o se opongan al mismo y, en particular, las siguientes:
a)  El apartado 5 del artículo 90 de la Ley 5/2018, de 19 de junio, de la vivienda de 
las Illes Balears.
b)  La disposición transitoria tercera del Decreto 36/2019, de 10 de mayo, por el que  e
se regulan las viviendas desocupadas, el Registro de viviendas desocupadas de grandes  bo
yte tneercdc)eo rraeL,so  ysy   laearl  tdpícirsuoplcooessd i1cim,ió 2ine,  n3ftino, a 4dl, e p9 rc, iem1s0ei óryan 1  do1eb; lll iagDsae tdcoirrseipatoo p so2icr2 i/op1na9er8tse9  t,dr adene lso 2ist2o g rdiraaesn  fdpeerbismre tereorna,e ,r desogerugelusan.ddoar   2021-11616n https://ww
ddee  llaa  icnrsepaecciócnió nd ed ep aepsetal sfi afinaznaz,a sd.e la obligación de constituir fianzas de arrendamiento y
d)  El Decreto 109/1990, de 13 de diciembre, que regula la inspección y recaudación 
de fianzas de alquileres y suministros de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
Disposición final primera.  Modificación de la Ley 5/2018, de 19 de junio, de la vivienda 
de las Illes Balears.
1.  Se añade un nuevo apartado, que será el 7, al artículo 13 de la mencionada 
Ley 5/2018, que quedará redactado en los siguientes términos:
«7.  En el ámbito de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears no serán de 
aplicación las normas técnicas de diseño y calidad específicamente aplicables a 
las  viviendas  protegidas  reguladas  por  la  normativa  estatal  en  materia  de 
viviendas de protección oficial y que no tengan carácter de norma básica. En todo 
caso será de aplicación el Código Técnico de la Edificación y el resto de normativa 
básica estatal aplicable a las viviendas.»
2.  Se  modifica  el  artículo  26  bis  de  la  mencionada  Ley  5/2018,  que  quedará 
redactado en los siguientes términos:
«Artículo 26 bis.  Obligación de oferta de alquiler social respecto de viviendas y 
terrenos objeto de procesos judiciales o extrajudiciales, a cargo de grandes 
tenedores.
1.  Antes de adquirir una vivienda resultante de la consecución de acuerdos 
de compensación o dación en pago de préstamos o créditos hipotecarios sobre la 
vivienda habitual, o antes de la firma de la compraventa de una vivienda que tenga 
como causa de la venta la imposibilidad por parte del prestatario de devolver el 
préstamo hipotecario, el adquiriente que tenga la condición de gran tenedor de 
vivienda deberá ofrecer a los afectados una propuesta de alquiler social, si la 
adquisición o la compraventa afecta a personas, unidades familiares o unidades 
de convivencia que no tengan una alternativa propia de vivienda y que estén en 
situación de especial vulnerabilidad. El deber de comprobar estas circunstancias 
recaerá sobre el adquiriente, que deberá requerir previamente la información a los 
afectados.
2.  Antes de interponer cualquier demanda judicial de ejecución hipotecaria o 
de ejecución de títulos no judiciales, el demandante deberá ofrecer a los afectados 
una propuesta de alquiler social, si el procedimiento afecta a personas, unidades 
familiares o unidades de convivencia que no tengan una alternativa propia de 
vivienda  y  que  estén  en  situación  de  especial  vulnerabilidad,  lo  que  deberá 
comprobar el demandante, requiriendo previamente la información a los afectados, 
siempre que el demandante tenga la condición de gran tenedor de vivienda. El 
incumplimiento  de  esta  obligación  comportará  la  imposición  de  la  sanción 
administrativa prevista en esta Ley pero en ningún caso obstaculizará, impedirá o 
diferirá el acceso directo a la jurisdicción en favor del demandante.
3.  Una vez verificada la situación de especial vulnerabilidad y formulada la 
oferta  de  alquiler  social,  en  los  términos  del  apartado  5,  si  los  afectados  la 
rechazan, el demandante no será sancionado por incumplimiento de la obligación 
de ofrecer un alquiler social si inicia el procedimiento judicial.
4.  La  oferta  obligatoria  de  alquiler  social  a  que  hacen  referencia  los 
apartados 1 y 2 se comunicará, en un plazo de tres días hábiles desde su  e.
realización, al organismo competente en materia de vivienda. w.b
pued5a.  sAer  ecfoencstoidse draed lao  dees taalbqlueicleidr os oecnia llo dse abpearárt acduomsp 1lir  ylo 2s,  spigauraie nqtuees  lrae qpuroispituoess:ta  2021-1161n https://w
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convivencia.
b)  Ofrecer  preferentemente  la  vivienda  afectada  por  el  procedimiento  o, 
alternativamente, una vivienda ubicada dentro del mismo término municipal, salvo 
que se disponga de un informe de los servicios sociales municipales que acredite 
que el traslado a otro término municipal no afectará negativamente a la situación 
de especial vulnerabilidad de la persona, unidad familiar o de convivencia.»
3.  Se modifica el artículo 26 quater de la mencionada Ley 5/2018, que quedará 
redactado en los siguientes términos:
«Artículo 26 quater.  Derechos de adquisición preferente en las transmisiones 
entre  grandes  tenedores  respecto  de  viviendas  y  terrenos  adquiridos  en 
procesos judiciales o extrajudiciales.
1.  La transmisión entre grandes tenedores de las viviendas, finalizadas o no 
finalizadas, y de los terrenos, situados en suelos clasificados como urbanos o 
urbanizables, que hayan sido adquiridos en un proceso de ejecución hipotecaria, 
en  un  proceso  de  ejecución  basada  en  títulos  no  judiciales  o  mediante 
compensación o pago de deuda con garantía hipotecaria, estará sujeta al derecho 
de  tanteo  y  retracto  de  la  Administración  de  la  Comunidad  Autónoma.  Este 
derecho  de  adquisición  preferente  afectará  a  la  primera  y  posteriores 
transmisiones de los bienes inmuebles mencionados llevadas a cabo a partir del 6 
de  marzo  de  2020,  de  forma  que  estas  transmisiones  estarán  sujetas  a  los 
derechos de tanteo y retracto previstos en este precepto aunque no sea el gran 
tenedor transmitente quien haya adquirido la titularidad del inmueble en el proceso 
judicial o extrajudicial y con independencia de la fecha en que los inmuebles hayan 
sido adquiridos en aquel proceso.
Excepto prueba en contrario, la adquisición mediante compensación o pago de 
deuda con garantía hipotecaria se presumirá también en los supuestos en que la 
vivienda o el terreno sea adquirido por una entidad perteneciente al mismo grupo 
de sociedades del acreedor hipotecario.
A los efectos del derecho de tanteo y retracto previsto en esta Ley, también se 
considerará  transmisión  el  cambio  producido  en  la  sociedad  propietaria  del 
inmueble  como  consecuencia  de  la  fusión,  transformación  o  escisión  de  la 
sociedad,  así  como  la  venta  de  las  acciones  o  participaciones  sociales  que 
representen un porcentaje superior al 50% de su capital social.
2.  En el caso de transmisiones conjuntas que afecten a varias viviendas o 
terrenos, la Administración podrá ejercer estos derechos de adquisición preferente 
sobre determinados bienes inmuebles o sobre la totalidad de los mismos.
3.  La Administración de la Comunidad Autónoma podrá subscribir convenios 
u otros instrumentos jurídicos adecuados con los municipios, consejos insulares o 
sociedades mercantiles de capital mayoritariamente público, a efectos de regular 
el  marco  jurídico  que  permitirá  realizar  cesiones  del  derecho  de  adquisición 
preferente en los supuestos de transmisiones previstas en este precepto durante 
la vigencia de este convenio o instrumento jurídico.
Siempre que se haya subscrito un convenio u otro instrumento jurídico, y 
durante su vigencia, las cesionarias podrán ejercer los derechos de tanteo y 
retracto directamente o, en el caso de administraciones públicas, a través de 
cualquier  ente  del  sector  público  instrumental  en  que  hayan  delegado  las 
competencias en materia de vivienda, de conformidad con las condiciones y el  e
procedimiento establecidos en el convenio o instrumento jurídico formalizado. bo
El convenio o instrumento jurídico adecuado incluirá la vigencia temporal de  6w
chelorassittc eaear riLco euesyef e.rp cdEatoinrvsa a,t  ossl dauloas   sacc dacojesunosddi,ioi cclnaaioec nAsióe,d nsmr  eyirsne pielsaelt ttriaapvncarodisóco ne a ldald isemd  enileason triCtnmooo am qsdu ueyen   illdoosasesd   p btAileaieunzntoeóes ns qo euimsnetma as budeleeegbc ulliaedirsso  ,ps Il alleoeranss     OE-A-2021-1161able en https://w
Balears  se  reservará  la  preferencia  en  el  ejercicio  de  estos  derechos.  Estos 
convenios o instrumentos se publicarán en el Boletín Oficial de las Illes Balears.
La Administración o entidad cesionaria que ejerza los derechos de adquisición 
preferente asumirá íntegramente los gastos que genere la transmisión, así como el 
pago del precio y otros gastos derivados, directamente o indirectamente, de la 
transmisión.
Corresponderá  a  la  cesionaria  el  ejercicio  del  derecho,  como  también  el 
cumplimiento de los trámites establecidos en esta Ley y en los acuerdos vigentes 
subscritos con la Administración cedente.
4.  La Administración o entidad cesionaria destinará el bien adquirido en el 
ejercicio  del  derecho  de  tanteo  o  de  retracto  previsto  en  este  precepto  a 
proporcionar  viviendas,  alojamientos  dotacionales  o  cualquier  otra  solución 
habitacional. Este bien inmueble podrá ser gestionado directamente o mediante 
entidades del tercer sector.
Las posteriores transmisiones de estos inmuebles estarán sujetas al derecho 
de adquisición preferente de la Administración de la Comunidad Autónoma, que se 
ejercerá en la forma y siguiendo el procedimiento previsto en este artículo y en los 
artículos 26 quinquies y 26 sexies.
5.  Cuando se ejerzan los derechos de adquisición preferente mediante tanteo 
o retracto, la adquisición de las viviendas o terrenos será siempre por el mismo 
precio y en las mismas condiciones de adquisición comunicadas para el ejercicio 
del tanteo o en que efectivamente se haya producido la transmisión en caso de 
retracto.»
4.  Se  incorporan  dos  nuevos  artículos,  el  26  quinquies  y  el  26  sexies,  a  la 
mencionada Ley 5/2018, con la siguiente redacción:
«Artículo 26 quinquies.  Procedimiento para el ejercicio del derecho de tanteo en 
las transmisiones entre grandes tenedores respecto de viviendas y terrenos 
adquiridos en procesos judiciales o extrajudiciales.
1.  La decisión de transmitir la vivienda o el terreno sujetos a derecho de 
tanteo y retracto previsto en el artículo 26 quater, de acuerdo con el artículo 
anterior, la notificará el gran tenedor transmisor del bien inmueble al Instituto 
Balear de la Vivienda (IBAVI). La notificación, firmada por el transmitente, incluirá, 
como mínimo, los datos y la documentación acreditativa siguientes:
a)  Los datos del gran tenedor titular del bien inmueble objeto de transmisión 
y del gran tenedor interesado en la adquisición.
b)  Los datos de identificación del inmueble y, en su caso, de sus anexos, 
incluidos los datos catastrales, así como la valoración justificada sobre su estado 
de conservación. Se aportarán fotografías en las que se puedan apreciar las 
características del inmueble y de su estado de conservación.
c)  La declaración expresa del estado de las cargas, gravámenes, limitaciones 
o deudas que afecten  el  inmueble, incluidos  los gastos de la comunidad de 
propietarios.
d)  La  declaración  expresa  del  estado  de  ocupación  del  inmueble,  con 
indicación del título y de las condiciones de la ocupación, en su caso. Se aportarán 
los documentos contractuales o judiciales acreditativos del estado de ocupación, si  s
el inmueble no se encuentra libre de ocupantes. oe.
e)  El precio de la transmisión, con indicación de si están incluidas las cargas,  w.
sini floarfsm)  hauCcbiuóieanrl aq,uy yi e lrda o ofcotruramm ace ondntead cpicióaióngn o  pceorsemevnpisclteiaam.l ednet alraia  traqnusem issieóan , nceocmeos atraiam bpiéanr ao trlaa   2021-1161n https://w
valoración  de  la  situación  física,  jurídica,  urbanística  y  de  ocupación  de  los
inmuebles objeto de transmisión. Bc
2.  El derecho de tanteo podrá ejercerse en el plazo de dos meses a contar a 
partir del día siguiente al de la fecha en que haya tenido entrada en el Registro 
General del Instituto Balear de la Vivienda (IBAVI) la notificación de la voluntad de 
transmitir con el contenido descrito en los anteriores apartados. Este plazo podrá 
ser  suspendido  o  ampliado  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  la  normativa 
reguladora del procedimiento administrativo común.
En  cualquier  caso,  si  la  notificación  del  gran  tenedor  transmisor  está 
incompleta o es defectuosa, se le podrá requerir para que la subsane en un plazo 
que no podrá ser superior a veinte días. El plazo para el ejercicio del derecho de 
tanteo quedará en suspenso por el tiempo que transcurra entre la notificación del 
requerimiento y su cumplimiento efectivo por parte de la persona destinataria, sin 
perjuicio de la aplicación del régimen sancionador que corresponda.
El gran tenedor transmitente estará obligado a comunicar cualquier cambio 
que se produzca en la situación física, jurídica, urbanística o de ocupación del 
inmueble o cualquier otra circunstancia respecto de la notificación referida en el 
apartado 1 que se produzca en el plazo previsto para ejercer el derecho de tanteo. 
En este caso, el plazo de dos meses para ejercer el derecho de tanteo volverá a 
iniciarse a partir de la fecha en que haya tenido entrada en el Registro General del 
IBAVI  la  nueva  comunicación,  sin  perjuicio  de  la  aplicación  del  régimen 
sancionador que corresponda.
3.  Una vez notificada la decisión de transmitir, el gran tenedor titular estará 
obligado  a  mostrar  el  inmueble  a  la  Administración  o  entidad  cesionaria  del 
derecho cuando la misma se lo solicite. El incumplimiento de este deber en la 
fecha señalada suspenderá el plazo de ejercicio del derecho de tanteo hasta la 
fecha  del  cumplimiento  efectivo,  sin  perjuicio  de  la  aplicación  del  régimen 
sancionador que corresponda.
4.  Si se agota el plazo previsto para ejercer el derecho de tanteo y el IBAVI, 
la Administración o la entidad cesionaria no ha notificado su voluntad de ejercerlo, 
se entenderá que se renuncia a ejercer el derecho con relación a esta transmisión 
y el gran tenedor titular podrá transmitir el inmueble en las mismas condiciones 
que se hayan notificado y de acuerdo con el régimen que le resulte de aplicación.
El IBAVI, la Administración o la entidad cesionaria podrá comunicar al gran 
tenedor transmitente su renuncia a ejercer el derecho de tanteo antes de que 
finalice el plazo previsto para su ejercicio.
Los efectos liberadores derivados de la notificación de la voluntad de transmitir 
el bien inmueble y del transcurso del plazo de dos meses para el ejercicio del 
derecho de tanteo caducarán al cabo de seis meses desde que se haya realizado 
la notificación. Cualquier transmisión que se lleve a cabo una vez transcurrido este 
plazo requerirá una nueva notificación y, si no se realiza, el inmueble se entenderá 
transmitido sin notificación a efectos del ejercicio del derecho de retracto.
5.  El derecho de tanteo se ejercerá mediante una notificación al gran tenedor 
transmitente, que recogerá, al menos, el siguiente contenido:
La identificación de la Administración, el ente del sector público o la entidad 
que ejerce el tanteo.
Las razones que justifican el ejercicio del derecho.
El plazo para formalizar la escritura de compraventa.
Una vez ejercido el derecho de tanteo, los grandes tenedores titulares de los  e
bienes inmuebles sobre los que se ejerza deberán comparecer ante el notario  bo
designado por quien ejerce el derecho con objeto de formalizar la escritura de  6w
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contar desde la recepción de la notificación relativa al ejercicio de este derecho.
El gran tenedor transmitente estará obligado a comunicar cualquier cambio 
que se produzca en la situación física, jurídica, urbanística o de ocupación del 
inmueble o cualquier otra circunstancia respecto de la notificación referida en el 
apartado 1 que se produzca dentro del plazo previsto para la formalización de la 
compraventa, una vez ejercido el derecho de tanteo, sin perjuicio de la aplicación 
del régimen sancionador que corresponda y del ejercicio de las correspondientes 
acciones judiciales por parte de la Administración o entidad cesionaria.
Artículo 26 sexies.  Procedimiento para el ejercicio del derecho de retracto en las 
transmisiones  entre  grandes  tenedores  respecto  de  viviendas  y  terrenos 
adquiridos en procesos judiciales o extrajudiciales.
1.  Los grandes tenedores adquirientes de los bienes inmuebles sujetos al 
derecho de tanteo y retracto previsto en el artículo 26 quater deberán notificar a la 
Consejería de Movilidad y Vivienda la adquisición efectuada en el plazo de quince 
días a contar desde el día siguiente de la misma, mediante una comunicación 
realizada en el Registro General de la Consejería de Movilidad y Vivienda que 
indique las condiciones previstas en el apartado 1 del artículo anterior y una copia 
del documento en que se haya formalizado.
2.  Se podrá ejercer el derecho de retracto en los casos de bienes inmuebles 
que se hayan transmitido infringiendo lo previsto en el artículo anterior o cuando 
se produzca cualquiera de las siguientes circunstancias:
a)  Si, habiéndose efectuado las notificaciones de la transmisión legalmente 
exigidas, se ha omitido cualquiera de los requisitos legales.
b)  Si se ha producido la transmisión después de haber caducado los efectos 
liberadores derivados de la notificación de la voluntad de transmitir la vivienda o el 
terreno, o si la transmisión se ha producido antes de que acabe el plazo para 
ejercer el derecho de tanteo.
c)  Si la transmisión se ha realizado en condiciones diferentes de las fijadas 
por la notificación.
3.  Este derecho se ejercerá en el plazo de tres meses a contar a partir del 
día siguiente al de la fecha en que haya tenido entrada en el Registro General de 
la Consejería de Movilidad y Vivienda la notificación de la transmisión realizada 
por el gran tenedor adquirente. Si no se llevara a cabo la notificación, el plazo de 
tres  meses  se  contará  desde  que  la  consejería  tenga  conocimiento  de  la 
transmisión efectuada y de sus condiciones.
4.  El  procedimiento  para  el  ejercicio  del  derecho  de  retracto  se  iniciará 
mediante una resolución del consejero de Movilidad y Vivienda o, en su caso, del 
órgano competente de la cesionaria del derecho, en la que se hará constar la 
existencia de causa bastante para el ejercicio de este derecho.
Se otorgará al gran tenedor interesado un plazo de audiencia de diez días para 
que presente las alegaciones que considere oportunas respecto de las causas que 
motivan el inicio del procedimiento de retracto y para que aporte las facturas y los 
justificantes de pago de los gastos asociados a la transmisión del bien inmueble y 
los relativos a los gastos útiles y necesarios que se hayan realizado sobre el 
inmueble,  así  como  cualquier  otra  documentación  necesaria  para  ejercer 
correctamente el retracto. s
El plazo para ejercer el derecho de retracto se podrá suspender o ampliar de  oe.
acuerdo  con  lo  dispuesto  en  la  normativa  reguladora  del  procedimiento  w.
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la fecha señalada suspenderá el plazo para ejercer el derecho de retracto hasta la
fecha de su cumplimiento efectivo, sin perjuicio de la aplicación del régimen 
sancionador que corresponda.
6.  El  derecho  de  retracto  se  ejercerá  mediante  una  notificación  al  gran 
tenedor adquiriente que recogerá, al menos, el siguiente contenido:
La identificación de la Administración, del ente del sector público o de la 
entidad que ejerza el derecho.
Las razones que justifiquen el ejercicio del derecho.
 El detalle de los gastos que se estimen asociados a la transmisión del bien 
inmueble o que se consideren útiles y necesarios.
El plazo para formalizar la escritura de compraventa.
7.  La formalización de la adquisición corresponderá a la Administración de la 
Comunidad Autónoma, a la Administración o al ente al que se haya cedido el 
derecho de retracto. En caso de ejercicio del derecho de retracto por parte de la 
Administración de la Comunidad Autónoma, el IBAVI formalizará la adquisición del 
bien o bienes inmuebles objeto de retracto, a propuesta del consejero de Movilidad 
y Vivienda.
8.  Una vez ejercido el derecho de retracto, los grandes tenedores titulares de 
los  bienes  inmuebles  sobre  los  que  se  ejerza  comparecerán  ante  el  notario 
designado por el IBAVI, la Administración o la entidad cesionaria del derecho de 
retracto, con objeto de formalizar la escritura de compraventa, en el día y la hora 
en que hayan sido convocados a estos efectos. La formalización del retracto con 
el correspondiente otorgamiento de la escritura pública de compraventa se llevará 
a cabo en el plazo máximo de tres meses a contar desde la recepción de la 
notificación relativa al ejercicio de este derecho.»
5.  Se modifica el apartado 4 del artículo 36 de la mencionada Ley 5/2018, que 
quedará redactado en los siguientes términos:
«4.  La transmisión entre grandes tenedores de las viviendas inscritas en el 
Registro de viviendas desocupadas estará sujeta al derecho de tanteo y retracto a 
favor  de  la  Administración  de  la  Comunidad  Autónoma.  Este  derecho  de 
adquisición  preferente  estará  vigente  mientras  las  viviendas  se  mantengan 
inscritas  en  el  Registro  de  viviendas  desocupadas  y  afectará  a  la  primera  y 
posteriores transmisiones de la vivienda. Para el ejercicio del derecho de tanteo y 
retracto serán de aplicación los artículos 26 quater, 26 quinquies y 26 sexies.»
6.  Se modifica el artículo 39 de la mencionada Ley 5/2018, que quedará redactado 
en los siguientes términos:
«Artículo 39.  Inscripción en el Registro.
1.  Los grandes tenedores de vivienda tendrán la obligación de comunicar a la 
Consejería  de  Movilidad  y  Vivienda  sus  viviendas  desocupadas  para  que  se 
inscriban en el Registro.
2.  En la comunicación de viviendas desocupadas se hará constar, como 
mínimo, su situación; su precio de adquisición o de adjudicación; su superficie útil; 
si es una vivienda libre o con protección pública y, en este caso, si es de régimen 
de venta o de alquiler; el título legal de adquisición y, en su caso, la fecha de la  es
ejecución o dación en pago, y la referencia catastral de la vivienda. o
3.  Las situaciones de desocupación de viviendas que se produzcan con  6ww.
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En  caso  de  cambio  de  la  titularidad  del  inmueble  se  hará  constar  en  la
comunicación, como mínimo, el nombre y el número de identificación fiscal del 
nuevo titular, aportándose la acreditación documental del cambio.
5.  La transmisión de viviendas desocupadas mediante cualquier título entre 
grandes tenedores no interrumpirá ni reiniciará el cómputo del plazo de dos años 
necesario para considerarlas desocupadas a los efectos previstos en esta Ley.»
7.  Se modifica el artículo 40 de la mencionada Ley 5/2018, que quedará redactado 
en los siguientes términos:
«Artículo 40.  Actuaciones de inspección.
1.  Con el fin de poder hacer efectivo el derecho de acceso a la vivienda a la 
ciudadanía de las Illes Balears, especialmente a las personas que se encuentran 
en situaciones de especial vulnerabilidad, la Consejería de Movilidad y Vivienda 
llevará a cabo todas las actuaciones inspectoras y comprobaciones que sean 
necesarias para determinar si las viviendas efectivamente desocupadas constan 
en el Registro.
A tal efecto, los grandes tenedores de vivienda tendrán la obligación de facilitar 
la información o la documentación requerida por la Administración y permitir, en 
todo momento, el acceso a las viviendas mencionadas a los agentes inspectores y 
al personal facultativo adscrito a la Consejería de Movilidad y Vivienda.
2.  Esta inscripción en el Registro la efectuará de oficio la Administración en 
caso  de  que  se  identifiquen  viviendas  desocupadas  no  inscritas,  con 
independencia de la sanción que pueda corresponder.»
8.  Se  añade  una  letra,  la  f),  al  apartado  1  del  artículo  41  de  la  mencionada 
Ley 5/2018, con la siguiente redacción:
«f)  Los grandes tenedores de vivienda.»
9.  Se modifica el artículo 42 de la mencionada Ley 5/2018, que quedará redactado 
en los siguientes términos:
«Artículo 42.  Cesión de viviendas desocupadas de grandes tenedores.
1.  Los  grandes  tenedores  que  dispongan  de  inmuebles  inscritos  en  el 
Registro de viviendas desocupadas cederán su gestión al Instituto Balear de la 
Vivienda (IBAVI), por el plazo mínimo establecido para un alquiler de vivienda 
habitual en la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, 
prorrogable  por  mutuo  acuerdo  de  las  partes,  siempre  que  se  verifiquen  las 
siguientes circunstancias objetivas:
a)  Cuando exista una necesidad objetiva de vivienda o se den dificultades de 
acceso a la misma por parte de la ciudadanía, anteponiendo el interés público 
general al particular del gran tenedor, hecho que se entenderá acreditado siempre 
que  existan  personas  inscritas  en  el  Registro  público  de  demandantes  de 
viviendas protegidas cuyas peticiones no se puedan atender con el parque de 
vivienda pública disponible.
b)  Cuando  las  medidas  adoptadas  por  las  diferentes  administraciones 
públicas para resolver los problemas de acceso a la vivienda no sean suficientes 
para atender la necesidad objetiva de vivienda, se podrá exigir a los grandes  e.
tenedores la cesión de viviendas desocupadas. w.
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expropiación forzosa.
3.  El número de solicitudes inscritas en el Registro público de demandantes 
de viviendas protegidas que no se hayan podido atender durante el último año 
constituirá el límite máximo del número de viviendas desocupadas sobre las que 
se podrá reclamar su cesión al IBAVI.
4.  La  cesión  de  viviendas  desocupadas  quedará  limitada  por  las 
disponibilidades presupuestarias del IBAVI.
5.  Se determinará reglamentariamente el procedimiento para reclamar esta 
cesión de viviendas desocupadas de acuerdo con las mencionadas condiciones, 
que podrá definir el modelo de contrato y el resto de las condiciones aplicables a 
la cesión.
6.  Los grandes tenedores de vivienda tendrán la obligación de facilitar la 
información o documentación requerida por la Administración y permitirán, en todo 
momento,  el  acceso  a  las  viviendas  inscritas  en  el  Registro  de  viviendas 
desocupadas a los agentes inspectores y al personal facultativo adscrito a la 
Consejería de Movilidad y Vivienda.»
10.  Se añade un nuevo párrafo al artículo 59 de la mencionada Ley 5/2018, con la 
siguiente redacción:
«No  será  exigible  la  acreditación  del  depósito  de  la  fianza  para  solicitar, 
tramitar y conceder las ayudas para el alquiler que se otorguen a favor de los 
arrendatarios y que sean convocadas por cualquier Administración pública de las 
Illes Balears. Esto no exime de la obligación de los arrendadores de depositar las 
fianzas de contratos de alquiler de vivienda, cuyo incumplimiento constituye una 
infracción administrativa tipificada en esta Ley.»
11.  Se añade un nuevo artículo 65 bis a la mencionada Ley 5/2018, con la siguiente 
redacción:
«Artículo 65 bis.  Prohibición de subarriendo o cesión de uso.
Las viviendas protegidas no podrán ser objeto de subarrendamiento ni de 
cesión de uso total o parcial sin autorización de la Administración competente.»
12.  Se modifica el artículo 75 sexies de la mencionada Ley 5/2018, que quedará 
redactado en los siguientes términos:
«Artículo 75 sexies.  Ejercicio del derecho de retracto.
1.  La Administración de la Comunidad Autónoma podrá ejercer el derecho de 
retracto  en  los  casos  de  viviendas  protegidas  y  suelos  reservados  para  su 
construcción transmitidos infringiendo los instrumentos de control establecidos en 
el artículo 75 quater o en cualquiera de los siguientes casos:
a)  Si, habiéndose efectuado las notificaciones de la transmisión legalmente 
exigidas, se ha omitido cualquiera de los requisitos legales.
b)  Si la transmisión se ha producido antes de que venza el plazo para ejercer 
el derecho de tanteo.
c)  Si la transmisión se ha realizado en condiciones diferentes de las fijadas 
por la notificación.
2.  El derecho de retracto se ejercerá en el plazo de tres meses a contar  b
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Se  otorgará  al  interesado  un  plazo  de  audiencia  de  diez  días  para  que 
presente las alegaciones que considere oportunas respecto de las causas que 
motivan el inicio del procedimiento de retracto y para que aporte las facturas 
justificativas y los justificantes de pago de los gastos asociados a la transmisión 
del inmueble y las relativas a los gastos útiles y necesarios que se hayan realizado 
sobre la vivienda o terreno, así como cualquier otra documentación necesaria para 
el correcto ejercicio del retracto.
El plazo para ejercer el derecho de retracto se podrá suspender o ampliar de 
acuerdo  con  lo  dispuesto  en  la  normativa  reguladora  del  procedimiento 
administrativo común.
4.  El  titular  estará  obligado  a  mostrar  la  vivienda  o  el  terreno  a  la 
Administración cuando la misma se lo solicite. El incumplimiento de este deber en 
la fecha señalada suspenderá el plazo de ejercicio del derecho de retracto hasta la 
fecha de su cumplimiento efectivo, sin perjuicio de la aplicación del régimen 
sancionador que corresponda.
5.  El derecho de retracto se ejercerá mediante una notificación al adquirente, 
que recogerá, al menos, el siguiente contenido:
La identificación de quien ejerce el derecho.
Las razones que justifican el ejercicio del derecho.
El detalle de los gastos que se estimen asociados a la transmisión del bien 
inmueble o que se consideren útiles y necesarios.
El plazo para formalizar la escritura de compraventa.
6.  La formalización de la adquisición corresponderá al IBAVI, a propuesta del 
consejero de Movilidad y Vivienda.
7.  Una  vez  ejercido  el  derecho  de  retracto,  los  titulares  de  los  bienes 
inmuebles sobre los que se ejerza comparecerán ante el notario designado por el 
IBAVI, con objeto de formalizar la escritura de compraventa, en el día y la hora en 
que hayan sido convocados a estos efectos. La formalización del retracto con el 
otorgamiento de la correspondiente escritura pública de compraventa se llevará a 
cabo  en  el  plazo  máximo  de  tres  meses  a  contar  desde  la  recepción  de  la 
notificación relativa al ejercicio de este derecho.»
13.  Se añaden dos nuevos apartados, que serán el 3 y el 4, al artículo 82 de la 
mencionada Ley 5/2018, que quedarán redactados en los siguientes términos:
«3.  El personal inspector podrá actuar sin comunicar de forma previa que se 
llevan a cabo actuaciones inspectoras ni identificarse previamente como agente 
inspector.
4.  En  el  ámbito  de  sus  funciones,  cuando  sea  necesario  para  aclarar 
conductas  presuntamente  infractoras,  podrá  actuar  bajo  una  identidad 
encubierta.»
14.  Se modifican las letras n), x), ab), ad) y ai) del artículo 87 de la mencionada 
Ley 5/2018, que quedarán redactadas en los siguientes términos:
«n)  Incumplir la obligación de notificación a la Administración de la voluntad 
de transmitir la vivienda, los anexos o los suelos no edificados con calificación 
urbanística para viviendas protegidas o destino asimilable, sujetos a los derechos  es
de tanteo y retracto, incluidos los supuestos de ejecución hipotecaria, dación en  o
pago o procesos de ejecución basados en títulos de ejecución no judiciales; o  6w
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la  misma  ejerza  el  derecho  de  tanteo  o  retracto  sobre  inmuebles  sujetos  a 
protección pública, cuando no constituya una infracción muy grave.»
«x)  Incumplir el deber de colaborar y suministrar datos o de facilitar las 
funciones de información, vigilancia o inspección de la Administración competente, 
siempre que no se califique de infracción muy grave.»
«ab)  Incumplir los grandes tenedores de vivienda la obligación de comunicar 
las viviendas desocupadas de que dispongan en el plazo establecido, así como la 
comunicación  de  información  incorrecta  o  duplicada,  o  no  acompañar  la 
documentación exigida por la normativa para la comunicación de las viviendas 
desocupadas.»
«ad)  Incumplir los grandes tenedores de vivienda la obligación de comunicar 
a la Consejería de Movilidad y Vivienda cualquier cambio en cuanto a la situación 
de las viviendas que constan inscritas en el Registro de viviendas desocupadas, 
así como la comunicación de información incorrecta o duplicada, o no acompañar 
la comunicación con la documentación exigida por la normativa para comunicar los 
cambios de situación de las viviendas inscritas.»
«ai)  Anunciar o comercializar en régimen de alquiler, venta o cualquier otro 
régimen de disposición, espacios para destinarlos a habitáculo de personas sin 
que los mismos cumplan las condiciones de habitabilidad.»
15.  Se añaden las letras aj), ak), al), am), an) y ao) al artículo 87 de la mencionada 
Ley 5/2018, con la siguiente redacción:
«aj)  Incumplir  la  obligación  de  inscripción  en  el  Registro  de  viviendas 
protegidas en cualquiera de los supuestos del artículo 71.3.
ak)  Subarrendar o ceder el uso total o parcial de las viviendas protegidas sin 
autorización.
al)  Incumplir  total  o  parcialmente  las  obligaciones  o  los  requisitos 
establecidos para ejercer la actividad de los agentes inmobiliarios.
am)  Falsear,  omitir  o  alterar  los  aspectos  sustanciales  incluidos  en  la 
declaración responsable de cumplimiento de los requisitos administrativos exigidos 
para el ejercicio de la actividad de los agentes inmobiliarios.
an)  Incumplir  la  obligación  por  parte  de  los  agentes  inmobiliarios  de 
subscribir  la  nota  de  encargo  entre  los  profesionales  y  los  usuarios  de  los 
servicios, de acuerdo con los requisitos establecidos reglamentariamente.
ao)  Realizar  la  actividad  de  agente  inmobiliario  sin  haber  presentado  la 
correspondiente  declaración  responsable  de  cumplimiento  de  los  requisitos 
administrativos  exigidos  para  el  ejercicio  de  la  actividad  de  los  agentes 
inmobiliarios.»
16.  Se modifica la letra s) del artículo 88 de la mencionada Ley 5/2018, que 
quedará redactada en los siguientes términos:
«s)  Incumplir  el  gran  tenedor  de  la  vivienda  o  terreno  la  obligación  de 
notificación a la Administración de su voluntad de transmitir un bien inmueble 
sujeto a los derechos de tanteo y retracto que regula el artículo 26 quinquies de 
esta Ley, o realizar cualquiera de las acciones previstas en el apartado 2 del 
artículo 26 sexies.»
17.  Se añaden las letras w), x), y) y z) del artículo 88 de la mencionada Ley 5/2018,  e.e
con la siguiente redacción: b
isonebmxliigu«eaewscb.)il óen Is nucdjueemt onp aoli rtli oficesa l dcegiórrnea cnh ao tsela nd eedA otdarmn tiaendoisq tyrua irrceieiótnrnat ec tdoed e es latal aba ledvcqiviudieiosnsicd ieaón n  oed l eate rtruírcenun loob  i2el6an    OE-A-2021-1161able en https://w
x)  Incumplir  el  gran  tenedor  la  obligación  de  facilitar  la  información  o 
documentación requerida por la Administración o entidad cesionaria del derecho 
de adquisición preferente, o la obligación de permitir el acceso a las viviendas 
inscritas en el Registro de viviendas desocupadas o susceptibles de estar inscritas 
a los agentes inspectores o al personal facultativo de la Consejería de Movilidad y 
Vivienda, así como toda acción que impida u obstaculice la actividad inspectora.
y)  Incumplir el gran tenedor el deber de colaboración en el ejercicio de los 
derechos de tanteo y retracto a favor de la Administración o entidad cesionaria del 
derecho de adquisición preferente, negando el acceso a la vivienda, no facilitando 
la  información  o  documentación  requerida  por  la  Administración  o  entidad 
cesionaria, o realizando cualquier acción que impida u obstaculice el ejercicio de 
estos derechos. Se considerará también obstaculización la no comparecencia al 
acto de formalización de la transmisión a favor de la Administración o entidad 
cesionaria del derecho de adquisición preferente en el caso de ejercer el derecho 
de tanteo o retracto.
z)  No  comunicar  los  cambios  producidos  en  la  situación  física,  jurídica, 
urbanística y de ocupación de los inmuebles objeto de transmisión que tengan 
lugar con posterioridad a la comunicación de la intención de transmitir, en los 
supuestos del artículo 26 quinquies.»
18.  Se modifica el apartado 2 del artículo 90 de la mencionada Ley 5/2018, que 
quedará redactado en los siguientes términos:
«2.  Las infracciones tipificadas en la letra i) del artículo 86 y en la letra aa) 
del artículo 87, ambos de esta Ley, cuando se refieran a contratos de alquiler de 
vivienda y de suministros y servicios complementarios, serán sancionadas con las 
siguientes multas:
a)  En el caso de la infracción leve prevista en la letra i) del citado artículo 86, 
el importe de la sanción no podrá superar el 35% del importe de la fianza o de sus 
actualizaciones, con el máximo de 3.000 euros.
b)  En cuanto a la infracción grave establecida en la letra aa) del citado 
artículo 87, el importe de la sanción se fijará a partir del 100% hasta el 200% del 
importe de las fianzas o las actualizaciones no depositadas, con un máximo 
de 9.000 euros.
El régimen sancionador aplicable a estas infracciones cuando estén referidas a 
contratos de arrendamiento de fincas urbanas para uso diferente del de vivienda, 
como también a los arrendamientos de industria o negocio, cuando impliquen 
arrendamientos de local o de vivienda, será el que fija el apartado 1 anterior.»
19.  Se modifican las letras c) y d) del artículo 92 de la mencionada Ley 5/2018, que 
quedarán redactadas en los siguientes términos:
«c)  Reponer la situación alterada por la infracción cometida al estado anterior 
en los términos concretos y los plazos que indique la resolución sancionadora.
Esta resolución podrá autorizar el mantenimiento de la vigencia del contrato de 
arrendamiento  para  una  renta  en  ningún  caso  superior  al  precio  máximo 
establecido  para  las  viviendas  protegidas  equivalentes,  cuando  la  persona 
arrendataria o algún miembro de la unidad de convivencia se encuentre en alguna  es
de  las  situaciones  de  especial  vulnerabilidad  en  materia  de  vivienda.  Esta  o
resolución  en  ningún  caso  supondrá  una  autorización  para  posteriores  6w
acinardrneetdnibd)di adadamDemiesee vnhnotatolevys eap rone   rcsceeiidlb soiidos eanonsebt srraee  dpglaerae  dpucaesioosrs  .dooen  ab luaqe unepa rl iomfesa  ah  alayy, a p eeernnst orenggaea nidneofrr,aa slc,i teomlraasp. »rec qaunetid easdteass   OE-A-2021-1161able en https://w
20.  Se modifica el artículo 93 de la mencionada Ley 5/2018, que quedará redactado 
en los siguientes términos:
«Artículo 93.  Multas coercitivas no sancionadoras.
1.  La  Administración  competente  podrá  imponer,  de  forma  reiterada  y 
consecutiva, multas coercitivas no sancionadoras cuando hayan transcurrido los 
plazos establecidos en la resolución del procedimiento sancionador para llevar a 
cabo la acción requerida. En cualquier caso, el plazo será suficiente para cumplir 
la obligación y se podrán imponer hasta un máximo de doce multas coercitivas 
sucesivas.  En  el  caso  de  ejecución  de  obras,  la  periodicidad  mínima  de  las 
sanciones sucesivas será de un mes.
2.  En el caso de ejecución de obras, la cuantía de cada una de estas multas 
coercitivas no podrá superar el 50% del coste de ejecución o contenido económico 
de la acción que se haya dejado de llevar a cabo. En los otros supuestos, el 
importe indicado no podrá superar el 50% de la multa sancionadora establecida 
por el tipo de infracción cometida.»
21.  Se añade una nueva disposición adicional a la mencionada Ley 5/2018, que es 
la decimoctava, con la siguiente redacción:
«Disposición adicional decimoctava.  Viviendas acogidas a regímenes anteriores 
al Real Decreto Ley 31/1978, de 31 de octubre, sobre política de viviendas de 
protección oficial.
Las viviendas de protección oficial acogidas a regímenes anteriores al Real 
Decreto Ley 31/1978, de 31 de octubre, sobre política de viviendas de protección 
oficial, que no estén sujetas a ninguna limitación en el precio de venta, tampoco 
estarán sujetas a los límites máximos de ingresos de la unidad de convivencia que 
permita el acceso a la vivienda protegida.»
22.  Se añaden dos nuevas disposiciones transitorias a la mencionada Ley 5/2018, 
que serán la tercera y la cuarta, con la siguiente redacción:
«Disposición  transitoria  tercera.  Precios  máximos  de  venta  y  renta  y  límites 
máximos de ingresos por vivienda protegida.
1.  Mientras  no  se  desarrolle  reglamentariamente  la  normativa  específica 
autonómica en materia de precios máximos de venta y renta en función de la 
superficie útil total de la vivienda protegida, y en materia de límites máximos de 
ingresos  de  la  unidad  de  convivencia  que  permita  el  acceso  a  la  vivienda 
protegida, serán aplicables los precios máximos de venta y renta y los límites 
máximos de ingresos familiares establecidos en el Real Decreto 2066/2008, de 12 
de  diciembre,  por  el  que  se  regula  el  Plan  Estatal  de  Vivienda  y 
Rehabilitación 2009-2012.
2.  Mientras  no  se  desarrolle  reglamentariamente  la  normativa  específica 
autonómica en materia de precios máximos de venta y alquiler de las viviendas 
protegidas, por acuerdo del Consejo de Gobierno se podrá aprobar la declaración 
de nuevos ámbitos territoriales de precio máximo superior, o de modificación de 
los existentes, a propuesta de los ayuntamientos interesados. e
La propuesta de los ayuntamientos se acompañará de un informe justificativo  bo
no  vinculante,  que  tendrá  en  consideración  la  capacidad  económica  de  los  6w
lldaae  dvmieLvacainel adndradaenacct,ile óacsnroa  dmoce iomó  vntoia vdmdieifebinc idaéloacns i óe lannns  ude ecel ivrml ocáuusm nnábsicmtiitapobni oticte oiyarsr sis t outser oeiracrsiilta.foulreeiasrz leyo s de eoc o mlnaeó rmmcaiocddooi f piqcauareac i ójauncs ctidefiedq eulreo ans    OE-A-2021-1161able en https://w
existentes se publicará en el Boletín Oficial de las Illes Balears.
Disposición transitoria cuarta.  Depósito de fianzas de arrendamiento.
1.  Mientras no se desarrolle reglamentariamente el artículo 56 de esta Ley, 
las fianzas se depositarán, en el plazo de treinta días desde que se firme el 
contrato de alquiler, mediante ingreso directo o mediante concierto, en el IBAVI.
Para formalizar el depósito de las fianzas los arrendadores aportarán los 
siguientes datos:
a)  Los  datos  identificativos  de  las  partes  arrendadora  y  arrendataria, 
incluyendo domicilios a efectos de notificaciones.
b)  Los datos identificativos de la finca, incluyendo la dirección postal, el año 
de construcción y, en su caso, el año y el tipo de reforma, la superficie construida 
de uso privativo por usos, la referencia catastral y la calificación energética.
c)  Las  características  del  contrato  de  arrendamiento,  incluyendo  la  renta 
anual, el plazo temporal establecido, el sistema de actualización, el importe de la 
fianza y, en su caso, las garantías adicionales, el tipo de acuerdo para el pago de 
los suministros básicos y si se alquila amueblada.
2.  Una vez extinguido el contrato, la devolución de la fianza depositada se 
realizará en el plazo de un mes a contar desde la fecha de la solicitud del 
depositante.
3.  El IBAVI podrá subscribir convenios de colaboración con otras entidades 
públicas o privadas para la gestión y recaudación de las fianzas.»
Disposición final segunda.  Modificación del Decreto Ley 3/2020, 28 de febrero, de 
medidas urgentes en materia de vivienda.
1.  Se modifica el apartado 5 del artículo 13 del mencionado Decreto Ley 3/2020, 
que quedará redactado en los siguientes términos:
«5.  Así mismo, los planes dispondrán, como mínimo, del desarrollo de los 
estudios justificativos y complementarios necesarios, de los planos de información 
y de ordenación que correspondan, y de las normas y los catálogos que procedan. 
Se incluirá un estudio de evaluación de la movilidad generada que, en su caso, 
definirá las medidas que se deberán adoptar respecto de los grandes centros 
generadores de movilidad que se prevean, e incorporarán el estudio ambiental 
estratégico  según  lo  establecido  en  la  legislación  ambiental.  En  su  caso,  se 
incluirá también un avance de la equidistribución.»
2.  Se añade un nuevo apartado a la disposición adicional sexta del mencionado 
Decreto Ley 3/2020, con la siguiente redacción:
«La  calificación  de  vivienda  protegida  de  las  viviendas  promovidas  por 
cooperativas de vivienda en ejecución de un derecho de superficie u otro derecho 
de aprovechamiento del suelo de titularidad pública, se otorgará conforme al 
régimen concertado previsto en las bases del correspondiente concurso público, 
siempre que el procedimiento de licitación se haya iniciado antes del 6 de marzo 
de 2020.»
Disposición final tercera.  Modificación de la Ley 2/2020, de 15 de octubre, de medidas 
urgentes  y  extraordinarias  para  el  impulso  de  la  actividad  económica  y  la  e.
simplificación administrativa en el ámbito de las administraciones públicas de las Illes  w.
SBea lemaorsd ipficaara e pl aalritaícr ulolos  8e fdeec tloas m deen laci ocnriasidsa o Lceays i2o/n2a0d2a0 ,p qour ela  qCuOedVaIDrá- 1re9d.actado en los  2021-1161n https://w
siguientes términos:
«Durante  2020  y  hasta  el  15  de  junio  de  2021  todo  tipo  de  obras  de 
edificación, modificación, reparación y derribos estarán exentas de las limitaciones 
temporales estivales relativas a la temporada turística que estén vigentes en 
cualquier normativa autonómica, insular o municipal. Los ayuntamientos podrán 
prorrogar  de forma  motivada esta exención,  en función de las circunstancias 
concurrentes, sin necesidad de modificar la normativa municipal.»
Disposición final cuarta.  Modificación del Decreto 36/2019, de 10 de mayo, por el que 
se regulan las viviendas desocupadas, el Registro de viviendas desocupadas de 
grandes tenedores y el procedimiento de cesión obligatoria por parte de los grandes 
tenedores.
1.  Se modifica el apartado 1 del artículo 17 del mencionado Decreto 36/2019, que 
quedará redactado en los siguientes términos:
«1.  Se garantizará, en todo caso, una compensación justa a los grandes 
tenedores por las viviendas desocupadas que se cedan al IBAVI, que fijará, en 
caso de discrepancias respecto al justiprecio de la cesión, el Jurado de Cesión de 
Viviendas Desocupadas, de acuerdo con la normativa estatal y autonómica que 
sea de aplicación.»
2.  Se modifica el apartado 1 del artículo 24 del mencionado Decreto 36/2019, que 
quedará redactado en los siguientes términos:
«1.  El consejero de Movilidad y Vivienda realizará, con audiencia previa a los 
colegios oficiales de abogados, de arquitectos y de aparejadores, de arquitectos 
técnicos  y  de  ingenieros  de  edificación  de  las  Illes  Balears,  una  propuesta 
motivada al Consejo de Gobierno del nombramiento de los miembros del Jurado 
de  Cesión  de  Viviendas  Desocupadas.  Integrarán  el  Jurado  los  siguientes 
miembros:
a)  Un presidente o presidenta: una persona titulada en derecho, arquitectura, 
arquitectura técnica o aparejador o aparejadora, de reconocido prestigio y con más 
de diez años de experiencia profesional acreditada en el sector público o privado o 
en ejercicio libre de la profesión.
b)  Vocales:
i.  Un abogado o abogada de la Dirección de la Abogacía de la Comunidad 
Autónoma de las Illes Balears.
ii.  Dos técnicos facultativos superiores al servicio de la Administración de la 
Comunidad  Autónoma,  expertos  acreditados  en  materia  de  valoraciones 
inmobiliarias, que serán los ponentes.
iii.  Un  o  una  profesional  libre  colegiado,  con  experiencia  acreditada  en 
materia de valoraciones inmobiliarias, miembro del colegio oficial de arquitectos o 
de  alguno  de  los  colegios  oficiales  de  aparejadores,  arquitectos  técnicos  e 
ingenieros de edificación de Mallorca, Menorca o Ibiza y Formentera.
c)  Un  secretario  o  secretaria:  actuará  como  secretario  o  secretaria  un 
funcionario  o  funcionaria,  titulado  en  derecho,  adscrito  a  la  Consejería  de 
Movilidad y Vivienda, designado por su titular, con voz pero sin voto.» s
3.  Las modificaciones que contienen los apartados anteriores de esta disposición  w.b
final podrán ser alteradas mediante un decreto del Consejo de Gobierno. 2021-11616n https://ww
Disposición final quinta.  Modificación del Decreto 22/1989, de 22 de febrero, regulador 
de  la  creación  de  papel  fianza,  de  la  obligación  de  constituir  fianzas  de 
arrendamiento y de la inspección de estas fianzas.
1.  Se modifica el artículo 5 del Decreto 22/1989 mencionado, que queda redactado 
en los términos siguientes:
«En los casos de empresas suministradoras de fluido eléctrico, agua, gas u 
otros análogos, cualquiera que sea el número de sus abonados e importancia de 
los núcleos de población donde radiquen sus distintos centros, el depósito de la 
fianza se podrá realizar mediante la imposición directa, ante el ente al que la 
Comunidad Autónoma haya atribuido o atribuya la gestión del 90% del volumen 
total de las fianzas que tenga en su poder y las que sucesivamente se constituyan, 
reservándose la empresa el 10% restante para la devolución de las fianzas que 
aisladamente le sean exigidas y para liquidar las responsabilidades a que aquellas 
estén afectas.
Podrán también acogerse a este régimen concertado los propietarios de fincas 
urbanas cuyas fianzas supongan un volumen superior a 3.000,00 euros, que 
impondrán directamente el 90% del valor global de las fianzas de cada finca, 
especificando claramente a cuál corresponde y reservándose el 10% restante para 
atender las posibles devoluciones o liquidaciones.
Las empresas o los propietarios que se hallen concertados por este sistema no 
podrán pedir la devolución parcial del depósito constituido hasta realizarse la 
liquidación anual.»
2.  Se  modifica  el  artículo  6  del  mencionado  Decreto  22/1989,  que  quedará 
redactado en los siguientes términos:
«Para que esta modalidad pueda ser utilizada, será preciso solicitarlo al IBAVI 
o al ente que tenga atribuida su gestión mediante una instancia acompañada de la 
documentación que acredite los requisitos mencionados y de una declaración en 
la que expresamente se autorice para realizar cuantas comprobaciones estime 
convenientes respecto a la cuantía y el número de fianzas constituidas.
El IBAVI o el organismo al que se haya atribuido o se atribuya su gestión podrá 
conceder  o  denegar  libremente  la  petición,  en  atención  a  la  garantía  que  la 
empresa  y  los  particulares  ofrezcan  y  a  las  condiciones  particulares  que 
concurran.
En todo caso, la solicitud será obligatoria para las empresas que tengan un 
volumen de fianzas superior a 60.000,00 euros.»
3.  Se  modifica  el  artículo  7  del  mencionado  Decreto  22/1989,  que  quedará 
redactado en los siguientes términos:
«Durante el mes de enero de cada año natural, las empresas y particulares 
que se encuentren acogidos al régimen de concierto formularán ante el IBAVI o el 
organismo o ente al que se haya atribuido o se atribuya su gestión un estado 
demostrativo de las fianzas constituidas durante el año anterior, de las devueltas y 
del saldo, acompañado de las relaciones nominales de unas y de otras.
Si el saldo resultante representara un exceso de las fianzas constituidas sobre 
las devueltas, se realizará el ingreso del 90% correspondiente. En caso contrario,  es
se hará entrega del importe.» o
reda4c.t adSoe e nm loods ifsicigau ieenl teasr ttíécrumloi no8s :del  mencionado  Decreto  22/1989,  que  quedará  2021-1161n https://w
míni«mEol  seal l2d0o% d ed el alass c cuueenntatass  dqeul ed reepflóesjeitno  ldaes  fliaa nfizaansz ad etpeonsdirtáa dqause. alcanzar como
El importe del saldo no dispuesto será destinado por el ente competente a la 
devolución de las fianzas vencidas y a los saldos negativos de los conciertos.»
5.  Las modificaciones que contienen los apartados anteriores de esta disposición 
final podrán ser alteradas mediante un decreto del Consejo de Gobierno.
Disposición final sexta.  Desarrollo normativo.
Se autoriza al Consejo de Gobierno de las Illes Balears para que dicte todas las 
disposiciones reglamentarias que sean necesarias para desarrollar este Decreto Ley, y 
también al consejero de Movilidad y Vivienda para que dicte las órdenes de desarrollo 
que se prevean.
Disposición final séptima.  Entrada en vigor.
Este Decreto Ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial 
de las Illes Balears.
Palma, 3 de mayo de 2021.–La Presidenta, P. S. (Ley 1/2019, de 31 de enero, del 
Gobierno de las Illes Balears), la Consejera de Presidencia, Función Pública e Igualdad, 
Mercedes Garrido Rodríguez.–El Consejero de Movilidad y Vivienda, Josep Marí i Ribas
(Publicado en el «Boletín Oficial de las Illes Balears» número 58, de 4 de mayo de 2021. Convalidado por 
Resolución del Parlamento de las Illes Balears, publicada en el «Boletín Oficial de las Illes Balears» número 76, 
de 8 de junio de 2021)
2021-1161n https://w