BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 319 Lunes 7 de diciembre de 2020 Sec. TC.   Pág. 112063
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
15804 Sala Segunda. Sentencia 157/2020, de 4 de noviembre de 2020. Recurso de 
amparo 1985-2019. Promovido por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, 
S.L.,  respecto  de  las  resoluciones  dictadas  por  un  juzgado  de  primera 
instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria. 
Vulneración  del  derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva:  STC  40/2020 
[inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de 
comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e 
inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber 
de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por 
medio  de  comunicaciones  electrónicas  con  la  regulación  del  primer 
emplazamiento en los procesos civiles].
ECLI:ES:TC:2020:157
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por la magistrada doña 
Encarnación Roca Trías, presidenta, y los magistrados don Juan Antonio Xiol Ríos, don 
Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez y don Ricardo 
Enríquez Sancho, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En  el  recurso  de  amparo  núm.  1985-2019,  promovido  por  Euroinversiones 
Inmobiliarias  Costa  Sur,  S.L.,  contra  el  auto  del  Juzgado  de  Primera  Instancia  e 
Instrucción núm. 6 de Lorca, de 17 de septiembre de 2018, que inadmitió la demanda de 
oposición a la ejecución formulada por dicha mercantil, en el procedimiento de ejecución 
hipotecaria núm. 59-2018 instado por la entidad Banco de Sabadell, S.A.; y contra el 
auto  del  mismo  juzgado  de  11  de  febrero  de  2019,  que  desestimó  el  recurso  de 
reposición interpuesto contra la anterior resolución. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. 
Se ha personado la entidad Pera Assets Designated Activity Company, actuando como 
sucesora procesal del banco ejecutante. Ha sido ponente el magistrado don Ricardo 
Enríquez Sancho.
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito presentado en el registro general de este tribunal el 26 de 
marzo de 2019, la procuradora de los tribunales doña Blanca Berriatua Horta, actuando 
en nombre y representación de Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., bajo la 
defensa del letrado don Marcelino Gilabert García, interpuso demanda de amparo contra 
las resoluciones arriba mencionadas. e
2.  Los hechos con relevancia para la resolución del presente recurso de amparo y a  b
los que se refiere la demanda presentada, son los siguientes: 804ww
bienae)s  hLipao teenctaiddaods  cBoanntcrao  ladse  mSearbcaadnetillle, sS E.Au.r,o iinnvteerrpsiuosnoe sd Ienmmaonbdilaia rdiaes  eCjeocsutac iSónu r,s Sob.Lr.e, 
y Penrei Inversiones, S.L., en relación con la finca registral 43.479 sita en el término
municipal de Lorca, resultando la primera de las demandadas la deudora hipotecaria y, la 
segunda, titular de un derecho de uso y disfrute sobre dicho inmueble.
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 6 de Lorca, al que correspondió 
el conocimiento del proceso, dictó auto el 29 de mayo de 2018 por el que acordó el 
despacho  de  ejecución  (procedimiento  de  ejecución  hipotecaria  núm.  59-2018), 
requiriendo de pago a las ejecutadas y alternativo derecho a oponerse a la ejecución en 
el plazo de diez días.
b)  El 30 de mayo de 2018, el servicio de notificaciones electrónicas de la Fábrica 
Nacional de Moneda y Timbre remitió un correo al buzón de la dirección electrónica 
habilitada de la entidad aquí recurrente en amparo, avisándole de una notificación del 
Juzgado de Primera Instancia núm. 6 de Lorca relativa al proceso «EJH/0000059/2018»; 
notificación a la que podía acceder entre los días 30 de mayo a 15 de julio de 2018.
c)  Sin que conste que se hubiere accedido al enlace habilitado en el anterior 
mensaje, el día 14 de julio de 2018 el servicio de notificaciones electrónicas mencionado 
remitió un nuevo correo al buzón de la dirección electrónica habilitada de la recurrente en 
amparo, recordándole el anterior aviso y la posibilidad de acceder a la notificación en el 
enlace indicado, hasta las 23:59 horas del día siguiente.
d)  El día 15 de julio de 2018, por personal de la recurrente se accedió al enlace 
remitido por la dirección electrónica habilitada y, con ello, a la notificación enviada por el 
juzgado de primera instancia ejecutor en relación con el procedimiento hipotecario núm. 
59-2018. También en esa fecha, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre emitió un 
certificado  electrónico  que  obra  en  las  actuaciones  del  proceso  (al  igual  que  los 
anteriores correos), dejando constancia de que la notificación había sido «aceptada».
e)  El 26 de julio de 2018, el representante procesal de la demandante de amparo 
formalizó ante el juzgado a quo el escrito de oposición al despacho de ejecución.
f)  El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 6 de Lorca dictó auto el 17 de 
septiembre de 2018, con esta dispositiva:
«Acuerdo:
1.  Inadmitir a trámite la oposición formulada por la parte ejecutada Euroinversiones 
Inmobiliarias Costa Sur, S.L., y Penrei Inversiones, S.L., representadas por el procurador 
don Antonio Serrano Caro, por presentación fuera de plazo, contra Banco de Sabadell, 
S.A.
2.  Declarar terminada la pieza de oposición con suspensión de la vista señalada.
3.  Mandar seguir con la presente ejecución y en los términos ya acordados.»
En cuanto a la inadmisión del escrito de oposición a la ejecución, el auto razonó en 
su fundamento de Derecho único lo que sigue:
«Único.  Se establece en el artículo 134 de la Ley de enjuiciamiento civil (LEC), la 
improrrogabilidad de los plazos establecidos en la misma, y en el artículo 136 LEC, que 
transcurrido o pasado el término señalado para la realización de un acto procesal de 
parte se producirá la preclusión y se perderá la oportunidad de realizar el acto de que se 
trate, y previniéndose en el artículo 695 LEC, que el escrito de oposición a la ejecución 
deberá ser presentado dentro de los diez días siguientes al de la notificación del auto y 
decreto por el que se despacha ejecución y/o de la medida concreta de ejecución, y 
constando en el presente supuesto que la parte ejecutada se ha opuesto pasado que ha 
sido  el  plazo  que  legalmente  se  le  otorga,  debe  ser  inadmitida  su  oposición  por 
extemporánea, de conformidad con lo establecido en los preceptos citados.» e.
Como pie de recurso, se ofrecía «recurso de reposición en el plazo de cinco días  804ww
anteg e) steP otrri beul nreapl sreins eenfetacntotes  spuroscpeesnasli vdoes »la. demandante de amparo se interpuso recurso
rdeeq ureerpimosieicnióton  dceo ntpraa geol  taunvtoe rilourg aaru tcou. aEnnd o ela crceecduirós o adl ecfeonndteión idqou ed ela  lan ontifoictiaficciaócnió ny 
electrónica remitida y no antes, siendo desde entonces que cabía computar el plazo de
diez días del art. 556 LEC. Con invocación también de los arts. 135, 152.1.2.3, 155.2, 
162 y 273 LEC, y doctrina de este Tribunal Constitucional sobre el derecho a no padecer 
indefensión y la importancia de los actos de comunicación procesal, afirmó que de no 
tener el juzgado por formulada su demanda de oposición al despacho de ejecución, se 
vulneraría su derecho a la tutela judicial efectiva y sin indefensión, quedando denunciado 
a esos efectos.
h)  El juzgado ejecutor dictó auto el 11 de febrero de 2019 en desestimación del 
recurso de reposición, con los argumentos que expuso en su razonamiento jurídico 
segundo:
«El  recurso  debe  ser  desestimado  pues  ninguna  infracción  se  comete  en  la 
resolución recurrida. En el presente caso, siendo indiscutible la condición de personas 
jurídicas de las recurrentes (sic), las mismas desde el 1 de enero de 2017 (Disposición 
Transitoria  Cuarta  de  la  Ley  42/2015,  de  5  de  octubre,  de  reforma  de  la  Ley  de 
enjuiciamiento civil) están obligadas a relacionarse con la Administración de Justicia por 
medios electrónicos [art. 14.2 a) de la Ley 39/2015 LPACAP y art. 273.3 a) de la LEC].
Interpretan  las  recurrentes  de  forma  errónea  la  normativa  aplicable.  Así  el 
artículo 162.2 LEC en cualquiera de los supuestos a los que se refiere este artículo, 
cuando constando la correcta remisión del acto de comunicación por dichos medios 
técnicos, salvo los practicados a través de los servicios de notificaciones organizados por 
los colegios de procuradores, transcurrieran tres días sin que el destinatario acceda a su 
contenido, se entenderá que la comunicación ha sido efectuada legalmente desplegando 
plenamente sus efectos.
Se exceptuarán aquellos supuestos en los que el destinatario justifique la falta de 
acceso al sistema de notificaciones durante ese periodo. Si la falta de acceso se debiera 
a causas técnicas y éstas persistiesen en el momento de ponerlas en conocimiento, el 
acto de comunicación se practicará mediante entrega de copia de la resolución. En 
cualquier caso, la notificación se entenderá válidamente recibida en el momento en que 
conste la posibilidad de acceso al sistema. No obstante, caso de producirse el acceso 
transcurrido dicho plazo pero antes de efectuada la comunicación mediante entrega, se 
entenderá válidamente realizada la comunicación en la fecha que conste en el resguardo 
acreditativo de su recepción.
En este sentido los artículos 33.2 y 34 de la Ley 18/2011 de 5 de julio, reguladora del 
uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de 
Justicia  establecen  que  las  comunicaciones  a  través  de  medios  electrónicos  se 
realizarán, en todo caso, con sujeción a lo dispuesto en la legislación procesal y serán 
válidas siempre que exista constancia de la transmisión y recepción, de sus fechas y del 
contenido íntegro de las comunicaciones, y se identifique con la autenticación que sea 
exigible al remitente y al destinatario de las mismas; El sistema de notificación permitirá 
acreditar la fecha y hora en que se produzca la salida y las de la puesta a disposición del 
interesado del acto objeto de notificación, así como de acceso a su contenido. En caso 
de que el acto de comunicación no pueda llevarse a cabo por medios electrónicos, se 
procederá a imprimir la resolución y la documentación necesaria, procediéndose a la 
práctica del acto de comunicación en la forma establecida en las leyes procesales e 
incorporándose a continuación el documento acreditativo de la práctica del acto de 
comunicación, debidamente digitalizado, al expediente judicial electrónico. En todo caso, 
el  destinatario  del  acto  de  comunicación  tendrá  derecho  a  obtener  copia  de  la 
documentación recibida en formato electrónico.
A su vez el artículo 11.2 del Real Decreto 1065/2015 de 27 de noviembre, sobre  e.
comunicaciones electrónicas en la Administración de Justicia en el ámbito territorial del  w.b
Ministerio de Justicia y por el que se regula el sistema Lexnet determina que será de  804ww
laop dlicisapcuióens tao  elons  ealc atortsíc duelo c 1o6m2u.2n idcea claió Lne rye adleiz eandjousic aia tmraievnétso d ceiv lial. sede judicial electrónica
CuaArt at adleesl  Terfiebcutnoasl  rSeuspurlteam cola driefi c6a ddoer  juelli oa cduee 2rd0o1 6n o[… ju]:r is"Cdiucacniodnoa lh daeyal  Pcloennsot adnec ilaa  dSea llaa 
correcta remisión del acto de comunicación y transcurran tres días hábiles sin que el
destinatario acceda a su contenido, se entenderá que la comunicación ha sido efectuada 
con  plenos  efectos  procesales.  Por  tanto,  constando  correcta  la  remisión  de  la 
comunicación tal y como se constata por el letrado de la Administración de Justicia, el 
hecho de que el destinatario no hubiera accedido al contenido sino hasta el 9 de 
diciembre de 2017 no es determinante de nulidad de actos por cuanto la comunicación 
se entiende efectuada con plenos efectos procesales. Por todo ello se desestima el 
recurso".
En  parecidos  términos  se  han  manifestado  la  Sección  Tercera  de  la  Audiencia 
Provincial de Palma de Mallorca (sentencia 180/2018 […]), o las Secciones Cuarta y 
Quinta de la Audiencia Provincial de Murcia (auto 68/2018 y sentencia 109/2018 […], 
respectivamente),  dando  validez  a  la  notificación  a  personas  jurídicas  por  canales 
electrónicos.
En  el  presente  caso,  consta  que  la  notificación  se  puso  a  disposición  de  las 
recurrentes en fecha 30-5-18 no accediendo al contenido hasta el día 15-7-18 (fuera de 
los tres días que establece la normativa procesal), presentando los escritos de oposición 
a la ejecución en fecha 24-7-18 claramente fuera del plazo legalmente establecido en el 
art.  556.1  LEC  (dentro  de  los  diez  días  siguientes  al  de  la  notificación  del  auto 
despachando ejecución) y siendo que, conforme al art. 136 LEC, transcurrido o pasado 
el término señalado para la realización de un acto procesal de parte se producirá la 
preclusión y se perderá la oportunidad de realizar el acto de que se trate, es claro que 
dichas oposiciones son extemporáneas siendo la consecuencia legal la inadmisión.»
Como pie de recurso, el auto indicaba que dicha resolución «es firme, y contra la 
misma no cabe recurso alguno». Tanto este auto como el anterior de 17 de septiembre 
de 2018, fueron notificados por el juzgado al procurador de la demandante de amparo a 
través del sistema Lexnet, tal como obra en las actuaciones.
Notificado así el auto de 11 de febrero de 2019, por la indicada mercantil se interpuso 
el presente recurso.
3.  La  demanda  de  amparo  alega  que  las  resoluciones  judiciales  impugnadas 
causaron, en primer lugar, la vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva 
(art. 24.1 CE) y a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE) de la entidad 
recurrente, al haberse efectuado su emplazamiento como ejecutada en el procedimiento 
hipotecario de referencia a través de un correo electrónico remitido por un servicio de 
notificaciones electrónicas, y no mediante entrega de la documentación correspondiente 
en papel en la sede de su domicilio social, tratándose de su primer emplazamiento 
judicial en el proceso, como establece el art. 273 LEC, en relación con los arts. 135, 152, 
162 y en especial el art. 155.1 de esta ley, objetando también que el juzgado haya hecho 
el cómputo del plazo para oponerse, desde la fecha del envío del correo a la dirección 
electrónica habilitada y no del acceso a la notificación, inadmitiendo así su escrito.
Sobre el auto del 11 de febrero de 2019 que desestimó el recurso de reposición 
promovido contra la anterior resolución –y del que se exponen sus argumentos–, se 
rechaza por la recurrente que el juzgado haya fundamentado su segunda decisión en la 
Ley de procedimiento administrativo común, que considera inaplicable al ámbito procesal 
civil. Precisa que, en materia de notificación de actos procesales, existe una normativa 
propia detallada en la Ley de enjuiciamiento civil según ha expuesto, ensamblada en el 
haz de garantías que se derivan del art. 24 CE.
Alega también la vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías 
(art. 24.2 CE), en cuanto a un proceso de defensa contradictoria, y del derecho a la 
asistencia letrada (art. 24.2 CE), aunque sin concreción al caso. Y solicita la estimación  e.
del amparo, con nulidad de los dos autos recurridos y la retroacción de las actuaciones al  w.b
momento previo al dictado de la primera de aquéllas, a fin de que el juzgado a quo  804ww
admPitoar  am treádmioit ed ela  uonp o«ssiecgióunn adlo d oetsrpoasíc hdoig doe» ,e ejel ceuscciórinto f odrem duelamdaa.nda argumentó «que la
ocobnjettinou adcei óinm pdueg lnaa ecijóencu, ccióonn  dlae ricvealdeab rdaeci ólons  dper osnuubnacsiatam iey nltao se jvuednictuiaalel sa dqjuued ichaacni ósnid oa 
terceros, puede hacer perder al recurso de amparo su finalidad, por lo que solicitó la
suspensión  de  la  continuación  del  procedimiento  de  ejecución  hipotecaria  59-2018 
seguido ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 6 de Lorca, hasta tanto 
sea resuelto el presente recurso de amparo, poniéndolo en conocimiento del órgano 
judicial».
4.  Una vez recibidas las actuaciones, previo acuerdo de conexión dispuesto por el 
Excmo.  Sr.  presidente  del  Tribunal,  entre  los  recursos  de  amparo  1985-2019 
y 1984-2019, la Sección Cuarta de este tribunal dictó providencia el 16 de septiembre 
de 2019 por la que acordó: (i) admitir a trámite el recurso, «apreciando que concurre en 
el mismo una especial trascendencia constitucional [art. 50.1 Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional (LOTC)] toda vez que el recurso puede dar ocasión al Tribunal para 
aclarar o cambiar su doctrina como consecuencia de cambios normativos relevantes 
para la configuración del contenido del derecho fundamental [STC 155/2009, FJ 2, b)]; 
(ii) requerir al juzgado a quo para que en plazo no superior a diez días remitiera 
certificación o fotocopia adverada de las actuaciones del procedimiento de ejecución 
hipotecaria núm. 59-2018; (iii) emplazar a quienes hubieran sido parte en éste, excepto a 
la recurrente en amparo, para poder comparecer en el presente proceso constitucional 
en  del  plazo  de  diez  días,  a  efecto  de  formular  alegaciones;  y  (iv)  formar  la 
correspondiente pieza separada de suspensión».
5.  Por escrito presentado en el registro de este tribunal el 13 de febrero de 2020, la 
procuradora de los tribunales doña María Claudia Munteanu, asistida del letrado don 
Alejandro Ingram Solís y actuando en nombre y representación de la entidad Pera 
Assets Designated Activity Company, solicitó se tuviera a esta sociedad como personada 
y parte recurrida en lugar de la ejecutante Banco de Sabadell, S.A., entendiéndose con 
dicha procuradora las actuaciones sucesivas de este proceso. Justificaba su petición en 
la escritura de cesión onerosa de créditos hipotecarios suscrita con Banco de Sabadell, 
S.A., como cedente, el 23 de julio de 2019 y en el emplazamiento realizado a dicha parte 
en el procedimiento de origen.
6.  El  juzgado  ejecutor  remitió  por  fax  el  26  de  junio  de  2020,  actuaciones 
comprensivas  del  trámite  y  resoluciones  adoptadas  sobre  la  sucesión  procesal 
pretendida, en particular, del auto de 11 de marzo de 2020 –corregido y aclarado por 
auto de 27 de mayo de 2020– que desestimaba el recurso de reposición interpuesto por 
la sociedad recurrente en amparo contra el auto de 17 de diciembre de 2019 que 
disponía la sucesión procesal de la cesionaria en el lugar de la ejecutante.
7.  Por diligencia de ordenación de 30 de junio de 2020 de la Secretaría de Justicia, 
se  acordó  (i)  tener  por  personada  y  parte  a  la  procuradora  doña  María  Claudia 
Munteanu, en nombre y representación de Pera Assets Designated Activity Company, y 
(ii) dar vista de las actuaciones a las partes personadas y al Ministerio Fiscal por plazo 
común de veinte días.
8.  El fiscal ante este Tribunal Constitucional presentó escrito de alegaciones el 16 
de julio de 2020, por el que interesó de este tribunal que dictara sentencia otorgando el 
amparo a la recurrente, con reconocimiento de la vulneración de su derecho a la tutela 
judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE), nulidad de «todo lo actuado desde la 
notificación efectuada electrónicamente del auto despachando ejecución acordado por el 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 6 de Lorca, en el juicio de ejecución 
hipotecaria 59-2018», y retroacción de las actuaciones al momento inmediato anterior a 
aquella notificación, «para que se le dé al recurrente posibilidad de formular oposición a 
la ejecución».
Identifica el recurso «como uno de los que componen la serie de los interpuestos por  s
Euroinversiones  Inmobiliarias  Costa  Sur,  S.L.,  y  Penrei  Inversiones,  S.L.,  frente  a  oe.
diversos  autos  dictados  en  procedimientos  hipotecarios  tramitados  por  diferentes  w.
juzgados de primera instancia de Lorca, por idénticas vulneraciones» y recuerda, con  804ww
qciutae  daelg luan SosT Cy a4 0h/a2n0 2s0id, od erle Psuleenltoo,s d peo 2r 7l od eq ufeeb, raelr oc,o yn clau rSrirT Cid e4n3t/i2d0a2d0 f,á dceti c9a  dye  jmuraídrzicoa, 
procedería aplicar la doctrina sentada en dichas resoluciones.
9.  La  representante  procesal  de  la  entidad  recurrente  presentó  su  escrito  de 
alegaciones el 31 de julio de 2020, por el que interesó se dictara resolución estimatoria 
del recurso de amparo, haciendo mención a la STC 40/2020, del Pleno del Tribunal 
Constitucional  que  resuelve  el  recurso  de  amparo  5377-2018  «en  un  asunto 
prácticamente igual al del presente recurso de amparo» que refuerza las exigencias para 
llevar a efecto el primer emplazamiento.
No consta presentado dentro del plazo del art. 52 LOTC, o con posterioridad, ningún 
escrito de alegaciones de la entidad recurrida Pera Assets Designated Activity Company.
10.  Respecto de la solicitud de suspensión formulada por la recurrente en amparo 
mediante otrosí de su escrito de demanda, por auto de la Sala Segunda de este tribunal 
núm.  128/2019,  de  28  de  octubre  se  acordó:  «1.º  Denegar  la  suspensión  cautelar 
solicitada […]; 2.º Ordenar la anotación preventiva de la demanda de amparo en el 
registro de la propiedad, a cuyo efecto el referido juzgado ha de expedir el mandamiento 
oportuno, para que pueda practicarse la misma en relación con el inmueble a que se 
refieren las presentes actuaciones».
11.  Por la Secretaría de Justicia se ha dictado diligencia el 30 de septiembre 
de 2020, dejando constancia de la presentación de los escritos de alegaciones del 
Ministerio Fiscal, del representante procesal de la recurrente en amparo y de su falta de 
presentación por la entidad recurrida, quedando el asunto concluso y pendiente para 
deliberación cuando por turno correspondiera.
12.  Mediante  providencia  de  fecha  3  de  noviembre  de  2020,  se  señaló  para 
deliberación y votación de la presente sentencia el día 4 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
Único.  Aplicación de la doctrina sentada por las SSTC 6/2019, 47/2019 y 40/2020.
La presente demanda se integra en la serie de recursos de amparo interpuestos por 
dos entidades, una de ellas la aquí recurrente, demandadas en procesos ejecutivos 
hipotecarios seguidos ante diversos juzgados de primera instancia de Lorca, los cuales, 
tras emplazarlas por vía electrónica a través del servicio de notificaciones electrónicas y 
de dirección electrónica habilitada de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, han 
inadmitido a trámite los escritos de oposición a la ejecución presentados por aquéllas, al 
considerarlos extemporáneos mediante un cómputo de plazo realizado con arreglo a 
normas del procedimiento administrativo común.
En concreto, en el presente recurso la entidad Euroinversiones Inmobiliarias Costa 
Sur, S.L., impugna los autos del Juzgado de Primera Instancia núm. 6 de Lorca, de 17 de 
septiembre de 2018 y 11 de febrero de 2019, recaídos en el proceso hipotecario núm. 
59-2018.
La demanda de amparo alega la vulneración del derecho fundamental a la tutela 
judicial efectiva (art. 24.1 CE), en sus vertientes de derecho a no padecer indefensión y a 
obtener  una  resolución  fundada  en  Derecho,  al  no  haberse  efectuado  aquel 
emplazamiento  de  manera  personal  y  con  entrega  en  papel  de  la  documentación 
correspondiente, tal y como establecen las normas de la Ley de enjuiciamiento civil. 
Aduce otras dos quejas por lesión del derecho a un proceso con todas las garantías 
(art. 24.2 CE), en su faceta de defensa contradictoria; y el derecho a la asistencia letrada 
(art. 24.2 CE), ambas sin embargo carentes de soporte argumental propio. El Ministerio 
Fiscal, por su parte, interesa la estimación del amparo por el primer motivo, mientras que 
la entidad comparecida no ha formulado alegaciones al respecto. e.
Planteado en estos términos el debate, debe indicarse que el Pleno de este tribunal  w.
ha dictado recientemente la STC 40/2020, de 25 de febrero, en la que ha tenido la  804ww
doopso rtauuntiodsa dd dee  creosinoclvideern etel  reccounrtseon iddeo  acmonp alroos c aqbueec earhao drae  esset ai msepruieg,n parno, myo vdidoon dceo ndtrioa 
rdees plau esdteam aa nlodsa m. iDsmesocsa ratargduam  aeqnutoí s laq uceo dnecfuierrnednecnia a qdueí  laalsg úpna rteelse,m ceonnt ofa ldlois etinsttiimvoa toqruioe   BOE-A-cable e
obligue a una fundamentación o resultado distinto a lo declarado entonces, procede por 
tanto que hagamos aplicación de la citada sentencia 40/2020.
En tal sentido, luego de despejar en el fundamento jurídico 2 cualquier posible óbice 
procesal por falta de agotamiento de la vía judicial previa al amparo [art. 44.1 a) LOTC], 
al no caber recurso contra el auto desestimatorio de la reposición y así indicarlo el pie de 
recurso de éste, y no ser tampoco el amparo prematuro por interponerse sin esperar a la 
finalización  del  proceso  ejecutivo  hipotecario  a  quo,  se  aborda  en  el  fundamento 
jurídico 3 el examen de la queja de fondo por lesión del art. 24.1 CE derivada de la 
inadmisión  del  escrito  de  oposición  a  la  ejecución,  advirtiéndose  que  resulta  de 
aplicación al caso la doctrina de este tribunal plasmada en sus SSTC 6/2019, de 17 de 
enero, FJ 4 a), (iii), dictada en sede de cuestión de inconstitucionalidad, y 47/2019, de 8 
de abril, FJ 4 a), recaída en proceso de amparo, «en relación con la garantía de 
emplazamiento personal del demandado o ejecutado en los procesos regidos en esta 
materia por la Ley de enjuiciamiento civil (directa o supletoriamente), como primera 
comunicación con el órgano judicial competente, sin que pueda ser sustituida por una 
comunicación electrónica», como puede ser el caso de la efectuada a través de la 
dirección electrónica habilitada. Tal emplazamiento personal se exige en el art. 155.1 
LEC, y lo complementa la regla del art. 273.4 LEC sobre la presentación en papel de las 
copias de los escritos y documentos para ese primer emplazamiento. El incumplimiento 
de este deber del órgano judicial, «acarrea por tanto la conculcación de aquel derecho 
fundamental», tal y como ya ha declarado este Tribunal en varios recursos de amparo 
referidos a procesos laborales, civiles y concursales, que se especifican en el mismo 
fundamento jurídico 3, precisamente en aplicación de la doctrina de referencia.
Constata  entonces  la  STC  40/2020,  en  su  fundamento  jurídico  4,  como  ha  de 
hacerse también ahora, que las dos resoluciones judiciales impugnadas vulneraron el 
derecho a la tutela judicial efectiva de la recurrente, al no proceder a su emplazamiento 
personal  en  el  proceso  a  quo  a  efectos  de  requerirla  de  pago  o  alternativamente 
permitirle presentar su oposición a la ejecución, optando en cambio el juzgado por un 
emplazamiento electrónico a través del servicio de notificaciones electrónicas y dirección 
electrónica habilitada de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, no previsto en la 
normativa procesal y que apenas consistía en un aviso remitiendo a un enlace de 
internet para poder conocer el contenido de la notificación. Además, computó el plazo 
para  presentar  el  escrito  de  oposición  invocando  normas  del  procedimiento 
administrativo  común,  que  son  ajenas  al  ámbito  jurisdiccional  en  el  que  nos 
encontramos, en alegal conjunción con el plazo del art. 556 LEC. Todo lo cual determina 
la estimación del amparo por vulneración de su derecho fundamental a la tutela judicial 
efectiva sin padecer indefensión (art.24.1 CE), con reconocimiento de tal derecho.
Procede por ello acordar la nulidad de los autos impugnados y de todo lo actuado en 
el  procedimiento  hipotecario  a  quo  desde  el  momento  en  que  se  proveyó  a  su 
emplazamiento a través de la dirección electrónica habilitada, con retroacción de las 
actuaciones para que el juzgado practique dicho emplazamiento en los términos exigidos 
por la ley (art. 155.1 y 273.4 LEC), de manera respetuosa con el derecho fundamental de 
la demandante.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA, s
Ha decidido 804www.
S.L.1, .pº or Evsutlinmearar claió nd edme asnud dae prerechseon ftuanddaa mpoern tEaul rao ilnav teurtseiolan ejusd iIcniaml oebfeilicatriviaas  sCino pstaad eScuerr, 
indefensión (art. 24.1 CE), con reconocimiento de tal derecho.
2.º  Declarar la nulidad de los autos de 17 de septiembre de 2018 y 11 de febrero 
de 2019, dictados por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 6 de Lorca en 
el  proceso  de  ejecución  hipotecaria  núm.  59-2018,  así  como  la  nulidad  de  las 
actuaciones realizadas a partir del emplazamiento de la entidad recurrente a través de la 
dirección electrónica habilitada.
3.º  Retrotraer  el  procedimiento  al  momento  inmediatamente  anterior  al  de 
efectuarse el emplazamiento de la demandada, debiendo llevarse a cabo de nuevo esta 
última  por  el  juzgado  ejecutor,  de  forma  que  resulte  respetuosa  con  el  derecho 
fundamental reconocido.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a cuatro de noviembre de dos mil veinte.–Encarnación Roca Trías.–
Juan  Antonio  Xiol  Ríos.–Pedro  José  González-Trevijano  Sánchez.–Antonio  Narváez 
Rodríguez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Firmado y rubricado.