BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 341 Jueves 31 de diciembre de 2020 Sec. III.   Pág. 128246
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
17382 Resolución de 30 de diciembre de 2020, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se publica el Convenio entre el Servicio Público de Empleo Estatal 
y  la  Comunidad  de  Madrid,  para  el  desarrollo  y  actualización  de  las 
especialidades  formativas  no  vinculadas  al  sistema  nacional  de 
cualificaciones profesionales y formación profesional que se incluyen en el 
catálogo  de  especialidades  formativas,  el  desarrollo  y  actualización  del 
registro estatal de entidades de formación, el diseño y desarrollo de acciones 
y medidas de información y orientación profesional, la colaboración en la 
elaboración de un plan de perfeccionamiento del profesorado y el fomento de 
la internacionalización de la formación profesional.
Suscrito el Convenio entre el Servicio Público de Empleo Estatal y la Comunidad de 
Madrid para el desarrollo y actualización de las especialidades formativas no vinculadas 
al sistema nacional de cualificaciones profesionales y formación profesional que se 
incluyen en el catálogo de especialidades formativas, el desarrollo y actualización del 
registro estatal de entidades de formación, el diseño y desarrollo de acciones y medidas 
de información y orientación profesional, la colaboración en la elaboración de un plan de 
perfeccionamiento  del  profesorado  y  el  fomento  de  la  internacionalización  de  la 
formación profesional, se publica como anexo a la presente resolución.
Madrid, 30 de diciembre de 2020.–La Secretaria General Técnica, Blanca Cano 
Sánchez.
ANEXO
Convenio entre el Servicio Público de Empleo Estatal y la Comunidad de Madrid 
para el desarrollo y actualización de las especialidades formativas no vinculadas al 
sistema nacional de cualificaciones profesionales y formación profesional que se 
incluyen en el catálogo de especialidades formativas, el desarrollo y actualización 
del registro estatal de entidades de formación, el diseño y desarrollo de acciones y 
medidas de información y orientación profesional, la colaboración en la 
elaboración de un plan de perfeccionamiento del profesorado y el fomento de la 
internacionalización de la formación profesional
En Madrid, a 30 de diciembre de 2020.
REUNIDOS
De una parte, don Gerardo Gutiérrez Ardoy, Director General del Servicio Público de 
Empleo Estatal, nombrado por Real Decreto 846/2018, de 6 de julio, competente para la 
firma del presente Convenio según lo establecido en el artículo 48.2 de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y de acuerdo, asimismo, con lo 
establecido en el Real Decreto 1383/2008, de 1 de agosto, por el que se aprueba la  es
estructura  orgánica  y  de  participación  institucional  del  Servicio  Público  de  Empleo  o
Estatal. 382ww
Cadteor imblYauu  inddCiaedos amo ddtu redan e,idc  doMaondanf od drrEemidn  iMrdniqaoaudmde rbc idrOoa,n sda solcoo tpr uidooair sn CDpdruoeee csserpetnoot o ,e e C6ln 3oe /enj2els0 reac1jir9ectí,rico odu  elddo ee1   49El  adddseeu   ccalaoagcm oiLóspetneoy t, ye 8d n/Jec1u i9lava9se 9 Pn,qrt ueuddseei   ddt9eiee n ndtlaeea     OE-A-2020-17able en https://
abril, de adecuación de la normativa de la Comunidad de Madrid a la Ley estatal 4/1999,
de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
en el artículo 3 del Decreto 48/2019, de 10 de junio, por el que se regula la actividad 
convencional de la Comunidad de Madrid.
Ambas partes intervienen en virtud de sus respectivos cargos, y en el ejercicio de las 
facultades y atribuciones que por ellos tienen concedidas, reconociéndose mutuamente 
capacidad y legitimación para obligarse y convenir, y a tal efecto
EXPONEN
1.  Que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) es el Organismo Autónomo de 
la Administración General del Estado al que se le encomienda la ordenación, desarrollo y 
seguimiento de los programas y medidas de la política de empleo, todo ello de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 15 del texto refundido de la Ley de Empleo, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre.
2.  Que el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, aprobado por la Ley 
Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, y reformado por las Leyes Orgánicas 10/1994, de 24 
de marzo, y 5/1998, de 7 de julio, dispone en su artículo 29.1 que corresponde a la 
Comunidad  de  Madrid  la  competencia  de  desarrollo  legislativo  y  ejecución  de  la 
enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución y leyes orgánicas que, 
conforme al artículo 81.1 de la misma, lo desarrollen.
3.  Que la finalidad común de ambas partes al firmar este Convenio es la de articular 
su colaboración para desarrollar actuaciones relacionadas con la formación profesional y 
la orientación, dirigidas, tal y como dispone el artículo 54.b) del Real Decreto 1147/2011, 
de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional 
del sistema educativo, a mejorar las posibilidades en el mercado laboral, tendencias 
laborales, oportunidades de autoempleo así como la movilidad laboral y profesional en 
los distintos sectores económicos, estableciendo las bases de un sistema integrado de 
información  y  orientación  laboral  que  permita  la  coordinación  y  busque  la 
complementariedad de los dispositivos dependientes de las administraciones educativas 
y laborales al amparo de lo dispuesto en el artículo 15.bis de la Ley Orgánica 5/2002, 
de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional.
4.  Que, por otro lado, el artículo 91 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación dispone que son funciones del profesorado la programación, la enseñanza y 
la evaluación así como participación en los planes de evaluación que determinen las 
Administraciones educativas y la investigación, la experimentación y la mejora continua 
de  los  procesos  de  enseñanza  y  para  ello  exige,  en  su  artículo  100,  que  todo  el 
profesorado tenga formación pedagógica y didáctica.
5.  Que de acuerdo a la letra h) del artículo 2 del Real Decreto 1383/2008, de 1 de 
agosto, por el que se aprueba la estructura orgánica y de participación institucional del 
Servicio  Público  de  Empleo  Estatal,  en  los  términos  establecidos  por  el  Real 
Decreto 499/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica 
del Ministerio de Trabajo y Economía Social, y se modifica el Real Decreto 1052/2015, 
de 20 de noviembre, por el que se establece la estructura de las Consejerías de Empleo 
y Seguridad Social en el exterior y se regula su organización, funciones y provisión de 
puestos de trabajo, corresponde al Servicio Público de Empleo Estatal gestionar los 
programas de empleo y formación profesional para el empleo, que le correspondan  e.e
normativamente, y estén consignados en su presupuesto de gastos. Respecto a la  b
formación para el empleo, será competencia del Ministerio de Trabajo y Economía Social  382ww
flao rmfoarcmióanc iócno n dciroigmidparo ma isloa  dAed mcoinnitsratrtaacciióónn , Plaú bfolicrma,a claió nf ocromrraecsiópno ndeine natelt earln afonncdiao,  dlae 
reens elarvsa e, mlap lrigeasadsa  apla draiá lloag mo esjoocraia ld ye  lala ns ecgoomcipaectióenn cciaosle, catisvía  cyo mla of olrams accoiónnv opcraotgorraiamsa ddae 
formación de oferta para ocupados cuando estas acciones formativas no estén ligadas a
los certificados de profesionalidad y estén vinculadas al catálogo de acciones formativas 
del Servicio Público de Empleo Estatal.
6.  Que de acuerdo al artículo 5 del texto refundido de la Ley de Empleo, las 
políticas activas de empleo constituyen un instrumento de la política de empleo y se 
conforman por el conjunto de servicios y programas de orientación, empleo y formación 
profesional para el empleo en el ámbito laboral que dan cobertura a los Ejes establecidos 
en su artículo 10.4, en los que se integrarán los objetivos en materia de políticas de 
activación para el empleo. Asimismo, la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las 
Cualificaciones y de la Formación Profesional, ordena un sistema integral de formación 
profesional,  cualificaciones  y  acreditación  que  pueda  responder  con  eficacia  y 
transparencia  a  las  demandas  sociales  y  económicas  a  través  de  las  diversas 
modalidades formativas. Con este fin se crea el Sistema Nacional de Cualificaciones y 
Formación  Profesional,  en  cuyo  marco  deben  orientarse  las  acciones  formativas 
programadas y desarrolladas en coordinación con las políticas activas de empleo y de 
fomento de la libre circulación de los trabajadores.
En este sentido, el artículo 9 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, configura 
una formación profesional comprensiva de un conjunto de acciones formativas que 
capacitan para el desempeño de las distintas profesiones e incluye «las enseñanzas 
propias de la formación profesional inicial, las acciones de inserción y reinserción laboral 
de los trabajadores, así como las orientadas a la formación continua en las empresas», 
que  permitan  la  adquisición  y  actualización  permanente  de  las  competencias 
profesionales. Esta misma definición ha sido reproducida por el artículo 39 de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE).
7.  Que por su parte, la formación profesional para el empleo se articula, según lo 
previsto en el artículo 8 de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el 
Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral, en iniciativas 
dirigidas a la adquisición, mejora y actualización permanente de las competencias y 
cualificaciones profesionales, favoreciendo la formación a lo largo de toda la vida de la 
población activa, y conjugando las necesidades de las personas, de las empresas, de los 
territorios y de los sectores productivos. Estas iniciativas darán cobertura a empresas y 
trabajadores de cualquier parte del territorio del Estado español y responderán a una 
acción  coordinada,  colaborativa  y  cooperativa  entre  la  Administración  General  del 
Estado, las comunidades autónomas, las organizaciones empresariales y sindicales más 
representativas y los demás agentes que intervienen en el mismo para garantizar la 
unidad de mercado y un enfoque estratégico de la formación, respetando el marco 
competencial existente.
8.  Que el artículo 20 de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, establece como 
instrumentos de transparencia y difusión del sistema que contribuyen a la trazabilidad de 
las actividades formativas que se desarrollan en el marco de las iniciativas de formación 
competencia del Servicio Público de Empleo Estatal y a la evaluación de su impacto 
sobre la mejora de la empleabilidad de los trabajadores, el Catálogo de Especialidades 
Formativas y el Registro Estatal de Entidades de Formación.
En este sentido, el apartado 3 del artículo 20 de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, 
establece  que  el  Servicio  Público  de  Empleo  Estatal  desarrollará  y  mantendrá 
permanentemente  actualizado  un  Catálogo  de  Especialidades  Formativas,  que 
contendrá toda la oferta formativa desarrollada en el marco del sistema de formación 
profesional para el empleo en el ámbito laboral, así como los requerimientos mínimos 
tanto  del  personal  docente  y  de  los  participantes  como  de  las  instalaciones  y  s
equipamientos para la impartición de cada especialidad formativa. oe.
Por otro lado, es imprescindible que el profesorado de formación profesional en el  w.
sistema educativo conozca el Catálogo de Especialidades Formativas para poder dar  382ww
cDuemcrpelitmo i1e1n4to7 /2a0 11l,o  ded i2s9p udees tjou lioe, np ore el l qaurteíc usleo  es5t4a bleacpea rltaa doord ean)a ciyó n bg)e ndeeral l dRee alal 
ffoorrmmaacciióónn  dpisropfoensiibolneasl. del sistema educativo, relativo a conocer todas la ofertas de  BOE-A-cable e
La  actualización  permanente  del  Catálogo  preverá  medios  ágiles  para  la 
incorporación  al  mismo  de  nuevas  especialidades  formativas  y  la  respuesta  a  las 
demandas  de  formación  de  sectores  y  ocupaciones  emergentes.  Asimismo,  deberá 
efectuarse una revisión periódica de las mismas en un plazo no superior a cinco años a 
partir de su inclusión en el Catálogo.
Por su parte, el apartado 3 del artículo 20 de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, 
establece que asimismo, el Servicio Público de Empleo Estatal desarrollará y mantendrá 
permanentemente  actualizado  un  Registro  Estatal  de  Entidades  de  Formación,  de 
carácter público, que estará coordinado, con una estructura común de datos, con los 
registros  de  que  dispongan  las  comunidades  autónomas  para  la  inscripción  de  las 
entidades de formación en sus respectivos territorios, e integrará la información de 
dichos registros. Este registro estatal incorporará la información relativa a la calidad y 
resultados de la formación impartida por las entidades de formación inscritas mediante 
indicadores objetivos y transparentes. Por tal motivo y con la finalidad de facilitar el 
carácter integrado y la adecuación entre todos los sistemas de formación profesional 
como propugna la Ley Orgánica de Cualificaciones, es necesario que exista coherencia 
entre el conjunto de descriptores e indicadores de calidad que establece el apartado 3 
del artículo 57 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la 
ordenación general de la formación profesional del sistema educativo, que son conocidos 
por el profesorado que imparte docencia en las enseñanzas de formación profesional de 
la Consejería de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid, y los indicadores de 
calidad de los resultados de la formación impartida por las entidades de formación y que 
constarán en el Registro estatal anteriormente aludido.
9.  Que,  asimismo,  es  objetivo  también  del  presente  Convenio  desarrollar 
actuaciones,  medidas  y  mecanismos  que  impulsen  la  información  y  orientación 
profesional,  como  se  ha  apuntado  con  anterioridad,  como  eje  de  las  políticas  de 
activación para el empleo, vinculadas a los perfiles profesionales y de competencias del 
mundo  productivo,  fundamento  de  la  configuración  de  trayectorias  individuales  de 
aprendizaje y de apoyo a la movilidad geográfica y funcional, tanto en el ámbito nacional, 
europeo e internacional. Siendo la información y orientación profesional uno de los 
pilares del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación 
general de la formación profesional del sistema educativo, la participación de personal 
docente en esta materia es incuestionable.
10.  Que la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de 
Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral, en el artículo 22.3 establece 
que el Servicio Público de Empleo Estatal, teniendo en cuenta las propuestas de las 
Comunidades Autónomas, elaborará un Plan para el perfeccionamiento del profesorado 
que  imparta  acciones  formativas  y  para  el  desarrollo  de  una  metodología  técnico-
didáctica orientada al mismo, siendo el objetivo del Plan programar, impartir y evaluar 
acciones formativas para la actualización y el perfeccionamiento técnico de formadores 
en el ámbito de la Formación Profesional y sus destinatarios docentes, expertos de 
formación profesional para el empleo y profesores de formación profesional.
Bajo  este  marco  normativo,  mediante  la  suscripción  del  presente  Convenio,  el 
profesorado que imparte docencia en las enseñanzas de formación profesional de la 
Consejería de Educación y Juventud podrá incorporarse al Servicio Público de Empleo 
Estatal con la misión de colaborar en la elaboración, ejecución y evaluación del Plan de 
perfeccionamiento  para  el  profesorado  por  tener  elevadas  competencias  en 
programación, enseñanza, evaluación, nuevas tendencias en formación profesional y en  s
material educativo innovador. oe.
11.  El conocimiento de idiomas y las experiencias laborales en el exterior favorece  w.
la empleabilidad, las habilidades personales, potencia la competitividad de la economía  382ww
eeudruocpaecaió, ni,n cproerm loe nqtuae  lae nc otomdpoest elonsc isais ltienmgüaíss tdicea  foy rmgeanceióran  purnoaf edsiimoneanls, itóann teou erol peedau cdaeti vlao 
cdoem mo oevnil ideal dd etla enmtop lpeaor,a s ee sdteubdeia pnrteosm ocvoemr ola  ppraorfeticsiopraacdioó.n  Eeln  pprrooggrraammaa sE irnatesmrnuasc+io ntiaelnees   BOE-A-cable e
entre sus objetivos mejorar la calidad de la Formación Profesional (FP) en Europa 
ofreciendo a los alumnos y a los profesores de esas enseñanzas oportunidades de 
movilidad para el aprendizaje o cooperar entre iguales a nivel europeo. En la actualidad 
la participación en los programas de movilidad internacionales son más numerosos en la 
formación profesional del ámbito educativo que en la formación profesional para el 
empleo. Por tal motivo, siendo el profesorado de la Consejería de Educación y Juventud 
buen conocedor de dicho programas, como consecuencia de su alta participación en los 
mismos y su experiencia en la gestión, se hace necesaria su intervención para transmitir 
su «Know how» con el objetivo de fomentar este tipo de actividad en la formación 
profesional para el empleo.
Asimismo, existen otras iniciativas de carácter internacional muy extendidas en el 
ámbito  educativo  pero  de  escaso  conocimiento  y  repercusión  en  el  ámbito  de  la 
formación profesional para el empleo: ESCO, red EURES, Europass, EASI, Plataforma 
Digital Europea, Programa Pestalozzi del Consejo de Europa, Sello Europeo de las 
Lenguas, Portfolio Europeo de las Lenguas, Proyecto de Lenguas de Centro.
12.  Que el artículo 48 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, establece que las Administraciones Públicas, sus Organismos Públicos y 
Entidades de Derecho Público vinculados o dependientes y las Universidades públicas 
en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán suscribir Convenios con sujetos 
de derecho público y privado, sin que ello pueda suponer cesión de la titularidad de la 
competencia.
13.  Que el artículo 47 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, prevé, entre los tipos de Convenios, los Convenios interadministrativos 
firmados entre dos o más Administraciones Públicas, que podrán incluir la utilización de 
medios, servicios y recursos de otra Administración Pública, organismo público o entidad 
de derecho público vinculado o dependiente, para el ejercicio de competencias propias o 
delegadas.
14.  Que,  teniendo  en  cuenta  lo  anteriormente  expuesto,  las  partes  consideran 
conveniente  suscribir  un  Convenio  para  el  desarrollo  y  actualización  de  las 
especialidades  formativas  no  vinculadas  al  Sistema  Nacional  de  Cualificaciones  y 
Formación Profesional incluidas en el Catálogo de Especialidades Formativas y del 
Registro  Estatal  de  Entidades  de  Formación,  el  diseño  y  desarrollo  de  acciones  y 
medidas de información y orientación profesional, como actuaciones de apoyo a la 
inserción, así como la colaboración en la elaboración del Plan de formación para el 
perfeccionamiento del profesorado y el fomento en la participación de programas e 
iniciativas internacionales.
15.  Que la actividad desarrollada por los expertos docentes en el Servicio Público 
de Empleo Estatal, permitirá aportar mejoras a la Consejería de Educación y Juventud 
en las líneas de acción expuestas, y redundarán en la adaptación de la oferta de 
Formación Profesional a la realidad socioeconómica actual de la región madrileña, lo que 
favorecerá:
– La revisión de los currículos de los distintos ciclos de FP para proceder a la 
adecuación y ajustes necesarios.
– La identificación de posibles nuevos módulos y contenidos para el desarrollo 
curricular de los títulos de formación profesional.
– La correspondencia entre las cualificaciones profesionales y las necesidades del 
mercado de trabajo.
– La identificación de Convenios de colaboración con Empresas para la realización  e.
de prácticas. w.b
– La formación interna del profesorado de la Comunidad de Madrid, en cuanto a la  382ww
evol–u cEiól nc odneol cmimericeandtoo  cdoem trpaabratidjoo y e omcpulpeaoc-eiodnuecsa ccioónn  m(joerjonraedsa ps)e.rspectivas de empleo.
impl–a nLtaac ifóonr mdaec ióEn SdCeO  lo(sC lfaosrimficaadcoiórens , Etuarnotop eate ódriec a Ccoommpoe tpernácciatisc,a mOecnutep,a csioonberes  lay 
cualificaciones).
– La orientación a personas jóvenes: Garantía Juvenil, oportunidades de empleo y 
formación, Europass/CV, pasaporte de competencias, suplementos a los títulos y a los 
certificados de profesionalidad, movilidad europea, red EURES, programa EASI, entre 
otros.
– La promoción de la participación y gestión en programas internacionales.
En  la  tramitación  de  este  Convenio  se  cumplen  los  trámites  preceptivos  que 
establece el artículo 50 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público y demás normativa de aplicación.
Y, en consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 47 y 48 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, ambas partes, en 
el ejercicio de sus respectivas competencias, acuerdan suscribir el presente Convenio 
que se regirá por las siguientes
CLÁUSULAS
Primera.  Objeto.
El objeto del presente Convenio es instrumentar la colaboración entre la Comunidad 
de Madrid, a través de la Consejería de Educación y Juventud, y la Administración 
General del Estado, a través del Servicio Público de Empleo Estatal, para la realización 
de las siguientes actuaciones:
– Desarrollo  y  actualización  de  las  especialidades  formativas  no  vinculadas  al 
Sistema  Nacional  de  Cualificaciones  Profesionales  y  Formación  Profesional  que  se 
incluyen  en  el  Catálogo  de  Especialidades  Formativas  para  dar  respuesta  a  las 
demandas  de  formación  de  sectores  y  ocupaciones  emergentes,  y  desarrollo  y 
actualización del Registro Estatal de Entidades de Formación,
– Diseño  y  desarrollo  de  acciones  y  medidas  de  información  y  orientación 
profesional para el empleo,
– Colaboración en la elaboración de un Plan de Perfeccionamiento del Profesorado.
– La promoción y gestión de programas internacionales.
Segunda.  Ejecución de la actividad objeto del Convenio.
Las tareas a desarrollar por las partes para cada una de las materias objeto del 
presente Convenio serán:
a)  Para la realización de acciones dirigidas al desarrollo y la actualización de las 
especialidades formativas del Catálogo de Especialidades Formativas que no se vinculan 
al Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional.
El artículo 54 apartados a y b del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que 
se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo, 
dispone que la información y orientación profesional en la formación profesional del 
sistema educativo tiene, de forma resumida, como fines facilitar información y orientación 
sobre  las  diversas  ofertas  de  formación  disponibles  y  sobre  el  mercado  laboral, 
tendencias laborales, oportunidades de autoempleo así como la movilidad laboral y 
profesional en los distintos sectores económicos. Por tal motivo, el profesorado que 
imparte docencia en las enseñanzas de formación profesional de la Consejería de 
Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid ha tenido que profundizar en el  e.e
estudio e investigación de tales aspectos. Siendo por lo tanto expertos en ello su  w.b
implicación en este Convenio para realizar dichas funciones resulta imprescindible. Por  382ww
Cotarotá lolagdoo  dseu  Epsapreticciipaalidcaiódne se nF olram aatcivtuaasl izqauceió nn od ese  lavsin ceuslpaenc iaall idSaisdteesm afo rNmaactiiovansa l ddeel 
ECduuaclifaiccaiócnio yn eJsu vye Fntourdm daec iólan C Pormofuensiiodnaadl  dtaem Mbaiédnri dre psourlqtau ed ec oinnt eerlélos  cpoanrsae lgau Ciráonn suenje mríaa ydoer 
conocimiento que posteriormente redundará en beneficio de dicha Administración.
El procedimiento para su elaboración y actualización se realizará de acuerdo a la 
metodología establecida por el Servicio Público de Empleo Estatal.
El personal señalado en la cláusula siguiente, actuará desde su posición de experto 
educativo en materia de formación profesional, lo que implica el conocimiento de las 
competencias requeridas en el ámbito productivo correspondiente y de la normativa de 
las cualificaciones profesionales, las cuáles son la base de los títulos y currículos de 
formación profesional en el ámbito educativo, así como el dominio de metodologías de 
trabajo, materiales de preparación, de recogida y evaluación de información.
Las tareas de los funcionarios docentes comprendidas en esta área se concretan en:
– Colaborar en el desarrollo, actualización y gestión del Catálogo de Especialidades 
Formativas.
– Colaborar  en  el  desarrollo,  actualización  y  gestión  del  Registro  Estatal  de 
Entidades de Formación y desarrollar el sistema de indicadores objetivos y transparentes 
que sinteticen los resultados de las auditorías de calidad efectuadas a los proveedores 
de formación del Sistema Nacional de Empleo en el ámbito laboral.
– Apoyar a la Comisión Técnica del Catálogo, constituida por el Servicio Público de 
Empleo Estatal y los Servicios Públicos de Empleo de las Comunidades Autónomas.
– Participar en el seguimiento, evaluación y mejora de la calidad de la formación 
impartida en el ámbito competencial del Servicio Público de Empleo Estatal, que le 
corresponda normativamente y esté consignada en su presupuesto de gastos, tomando 
como referencia lo establecido en los programas de las especialidades formativas que 
configuran el Catálogo.
– Identificar las metodologías de impartición que mejor se ajusten a los cursos 
existentes y a sus beneficiarios.
– Definir, desarrollar y facilitar herramientas de verificación de cumplimiento. Esto 
permitirá al Servicio Público de Empleo Estatal:
a.  Comprobar que la formación se desarrolla ajustándose a lo establecido en la 
normativa reguladora y en los correspondientes programas formativos, y considerando 
cada modalidad de impartición.
b.  Detectar los casos de incumplimiento o infracción en los requisitos establecidos 
en la normativa de aplicación, así como en el instrumento jurídico que corresponda, en el 
caso de la financiación pública de la formación.
c.  Verificar que las entidades de formación cumplen con las obligaciones, requisitos 
y  formalidades  establecidos  y  elaborar  los  requerimientos  oportunos  para  que  las 
subsanaciones que tengan que realizarse, como consecuencia de dichas verificaciones, 
sean remitidos por los técnicos del Servicio Público de Empleo Estatal.
– Identificar las necesidades concretas de evaluación (qué se quiere o se tiene que 
evaluar: perfil de profesorado, perfil de alumnado, contenidos, metodologías aplicadas, 
materiales de trabajo, resultados de aprendizaje en alumnos,…).
– Desarrollar las herramientas de control y evaluación.
b)  Para la colaboración en el diseño y desarrollo de acciones de información y 
orientación profesional para el empleo:
El artículo 15.bis de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y 
de la Formación Profesional establece que el Gobierno, promoverá el desarrollo de un 
sistema integrado de información y orientación profesional, que permita la coordinación y  e.e
busque la complementariedad de los dispositivos dependientes de las administraciones  b
educativas y laborales, por ello y como proyecto piloto se pretende la creación de un  382ww
pgerursp–oo n Idnaeilc  tirdaaerb l aejSlo e ecrsovtinuc diloaio s, P saúig bultiirceaonv téedss e f dueEn cmuiopnnl eegosr :uEpost adtael , trsaobbarjoe  ienlt eagsraedsoo rapmorie ndtooc ednete sl osy   OE-A-2020-17able en https://
ciudadanos en relación con las posibilidades de formación, empleo y el reconocimiento 
de competencias.
– Analizar las bases de una coordinación efectiva de los servicios de orientación con 
las políticas de educación, empleo y de inclusión social, lo que es fundamental para 
lograr el éxito de las políticas activas de empleo.
– Difusión de convocatorias de apoyo a instituciones relacionadas con el mundo de 
la formación y el empleo.
c)  Para  la  colaboración  en  la  elaboración  del  Plan  de  formación  para  el 
perfeccionamiento del profesorado.
Tal y como se expuso en el apartado 10 del exponendo del presente Convenio, bajo 
el marco normativo del artículo 22.3 de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se 
regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral, el 
Servicio  Público  de  Empleo  Estatal,  teniendo  en  cuenta  las  propuestas  de  las 
Comunidades Autónomas, elaborará un Plan para el perfeccionamiento del profesorado 
que  imparta  acciones  formativas  siendo  sus  destinatarios  docentes,  expertos  de 
formación profesional para el empleo y profesores de formación profesional. Las tareas 
que se establecen para ello serán:
– Actualizar los conocimientos profesionales de los formadores y tutores-formadores 
en  especialidades  o  competencias  que  tienen  incidencia  en  su  función  formativa. 
Establecer la oferta de cursos anuales del Plan de formación para el perfeccionamiento 
del profesorado.
– Elaborar  el  plan  formativo:  objetivos,  contenidos,  metodología,  criterios  de 
evaluación, medios de evaluación y criterios de calificación.
– Formar a los formadores, tanto teórica como prácticamente, en áreas de nuevas 
tecnologías,  nuevas  tendencias  de  formación  o  que  supongan  cierta  innovación 
capacitándoles para un mejor desempeño de su profesión.
– Complementar la formación teórica y práctica necesaria en nuevas ocupaciones o 
especialidades.
– Proveer de los elementos necesarios para la gestión de forma segura de los datos 
de carácter personal en el uso de medios digitales.
d)  Promoción y Gestión de programas e iniciativas internacionales. Se desarrollarán 
las siguientes actividades:
– Desarrollo de actividades, o realización de propuestas relacionadas con iniciativas, 
proyectos, programas y redes europeas que aúnan el campo educativo y formativo con 
el mundo laboral, tales como ESCO, red EURES, Europass, EASI, Plataforma Digital 
Europea, Programa Pestalozzi del Consejo de Europa, Sello Europeo de las Lenguas, 
Portfolio Europeo de las Lenguas, Proyecto de Lenguas de Centro.
– Gestión de programas de movilidad internacional.
Tercera.  Compromisos de la Comunidad de Madrid.
La Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Educación y Juventud, se 
compromete  a  autorizar  la  participación  de  16  docentes,  en  calidad  de  expertos 
educativos en formación profesional, desde la fecha en que sea firmado, una vez inscrito 
en el Registro Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del Sector 
Público Estatal (REEOISPE) y publicado en el «Boletín Oficial del Estado», hasta el 31  e.e
de agosto de 2023. b
El perfil de tales expertos en las actividades objeto del Convenio serán profesorado  382ww
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Cuarta.  Compromisos del Servicio Público de Empleo Estatal.
El  Servicio  Público  de  Empleo  Estatal  se  compromete  al  abono  de  la  cuantía 
económica a que hace referencia la cláusula Quinta, así como a adscribir a los docentes 
expertos aportados por la Comunidad de Madrid al desarrollo de las diversas acciones 
que se relacionan en la cláusula Quinta, poniendo a disposición de los dichos docentes 
los  medios  materiales  y  tecnológicos  necesarios  para  el  desarrollo  de  su  actividad 
durante la vigencia del Convenio.
A tal fin, el Servicio Público de Empleo Estatal aportará datos actualizados del 
Observatorio  de  las  Ocupaciones  sobre  el  mercado  de  trabajo  y  detección  de 
necesidades formativas para el desarrollo de las actuaciones objeto del Convenio.
Quinta.  Financiación por el Servicio Público de Empleo Estatal.
El  Servicio  Público  de  Empleo  Estatal,  con  cargo  a  la  aplicación 
presupuestaria 227.06 de su Presupuesto de Gastos, transferirá a la partida 41409 del 
centro gestor 150160000 de la Consejería de Educación y Juventud, de la Comunidad de 
Madrid hasta un máximo de 2.338.550,36 euros distribuidos de la siguiente manera:
Hasta el 31 de diciembre 2020: 265.098,83.
1 de enero 2021 - 31 de diciembre 2021: 764.545,01.
1 de enero 2022 - 31 de diciembre 2022: 787.481,36.
1 de enero 2023 - 31 de agosto 2023: 521.425,16.
Estas  cantidades  se  transferirán  una  vez  ejecutadas  y  justificadas  las  acciones 
previstas en este Convenio, en el primer trimestre del año siguiente, con la excepción de:
1.  El 10 % de los 265.098,83 euros indicados anteriormente (un total de 26.509,89 
euros) en concepto de actividades preparatorias de la ejecución del Convenio, que se 
abonarán en el año 2020, como máximo en el plazo de un mes desde el inicio de su 
vigencia.
2.  Las cantidades del año 2023 que se transferirán en el último trimestre de ese año.
En este sentido, las transferencias resultarían de la siguiente forma:
Primer trimestre año 2021: Importe justificado nóminas 2020, descontado el anticipo 
abonado en 2020 en concepto de actuaciones preparatorias del Convenio.
Primer trimestre año 2022: Importe justificado nóminas 2021.
Primer trimestre año 2023: Importe justificado nóminas 2022.
Último trimestre año 2023: Importe justificado nóminas 2023.
Dichos importes serán los máximos a pagar una vez justificados los importes de las 
nóminas efectivamente abonadas durante la vigencia del Convenio.
En todo caso, la aportación del Estado de anualidades futuras estará condicionada a 
la existencia de crédito en los correspondientes presupuestos, tal y como establece la 
Ley  40/2015,  de  1  de  octubre,  de  Régimen  Jurídico  del  Sector  Público,  en  su 
artículo 49.d).
Sexta.  Justificación.
La Consejería de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid deberá aportar  es
al  Servicio  Público  de  Empleo  Estatal  certificación  expedida  por  los  servicios  o
competentes de dicha Consejería de haber sido ingresado en su contabilidad el importe  382ww
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realizado  en  los  términos  y  a  satisfacción  de  ambas  partes,  de  acuerdo  con  sus
respectivas  competencias  y  teniendo  en  cuenta  las  reglas  contempladas  en  los 
apartados 2 y 3 del artículo 52 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Séptima.  Comisión mixta de seguimiento.
Se constituirá una Comisión Mixta encargada del seguimiento, vigilancia y control de 
la ejecución del Convenio.
Dicha Comisión Mixta estará compuesta por dos representantes del Servicio Público 
de Empleo Estatal y dos representantes de la Consejería de Educación y Juventud de la 
Comunidad de Madrid.
Por el Servicio Público de Empleo Estatal, los representantes serán:
a)  Un Subdirector/a General del Servicio Público de Empleo Estatal competente en 
la materia.
b)  Un Jefe/a de Área.
Por parte de la Consejería de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid, los 
representantes serán:
a)  El Subdirector/a General de Gestión del Profesorado de Educación Secundaria, 
Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial.
b)  Un  funcionario/a  de  dicha  Consejería,  adscrito  a  la  Dirección  General  con 
competencias en materia de enseñanzas de formación profesional.
La Comisión se reunirá, al menos, una vez al año, o a petición de cualquiera de las 
partes firmantes. Los miembros de la Comisión podrán asistir acompañados por los 
técnicos, que no tendrán voz ni voto en las reuniones.
La presidencia será designada de entre sus representantes en la Comisión por la 
parte firmante a la que le corresponda ejercerla.
La  Comisión  resolverá  las  posibles  dudas  en  las  funciones  de  los  funcionarios 
docentes mencionados este Convenio, así como su posible sustitución en caso de que 
las  necesidades  del  servicio  lo  requiriesen.  Asimismo,  resolverá  los  problemas  de 
interpretación y cumplimiento del Convenio que puedan plantearse.
Durante el desarrollo de los trabajos contemplados en el Convenio, se mantendrán al 
menos, dos reuniones técnicas para el seguimiento y la validación de dichos trabajos, en 
la que participarán los técnicos que designe la Comisión Mixta.
En  su  funcionamiento,  la  Comisión  se  regirá  por  lo  dispuesto  sobre  órganos 
colegiados en la Sección 3.ª del capítulo II, del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Su funcionamiento no implicará en 
ningún caso gasto adicional.
Octava.  Vigencia y régimen de modificación del Convenio.
El  Convenio  se  perfeccionará  con  el  consentimiento  de  las  partes  manifestado 
mediante su firma, y extenderá sus efectos una vez inscrito en el Registro Electrónico 
Estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación y publicado en el «Boletín Oficial del 
Estado», conforme a lo establecido en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector público.
Su  vigencia  continuará  hasta  la  finalización  de  las  actividades  de  colaboración 
descritas en la cláusula segunda y, en cualquier caso deberá concluir necesariamente  s
el 31 de agosto de 2023, y será prorrogable a su término mediante acuerdo expreso por  o
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Régimen Jurídico del Sector Público.
Novena.  Extinción y resolución.
De acuerdo con el artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico  del  Sector  Público,  el  Convenio  se  extinguirá  por  el  cumplimiento  de  las 
actuaciones que constituyen su objeto, o por incurrir en alguna de las siguientes causas 
de resolución:
a)  El  transcurso  del  plazo  de  vigencia  del  Convenio  sin  haberse  acordado  la 
prórroga del mismo.
b)  El acuerdo unánime de todos los firmantes.
c)  El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de 
alguno de los firmantes.
El este caso, cualquiera de las partes podrá notificara a la parte incumplidora un 
requerimiento  para  que  cumpla  en  un  determinado  plazo  con  las  obligaciones  o 
compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado a la 
Comisión  de  Seguimiento  del  Convenio.  Si  transcurrido  el  plazo  indicado  en  el 
requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a la otra parte 
firmante la concurrencia de la causa de resolución, y se entenderá resuelto el Convenio.
d)  Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del Convenio.
e)  Por cualquier otra causa legalmente prevista.
Décima.  Régimen jurídico.
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, quedando excluido del ámbito 
de aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por 
la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, de acuerdo 
con lo establecido en su artículo 6.1.c), sometiéndose a los principios de dicha ley para 
resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse, así como a las normas generales 
del derecho administrativo, a los dispuesto en el Capítulo Sexto del Título Preliminar de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, a los principios 
de buena fe y administración, así como al ordenamiento jurídico en general.
De acuerdo con la disposición adicional 7.ª de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico 
del Sector Público, el presente Convenio se inscribirá en el Registro Electrónico Estatal 
de Órganos e Instrumentos de Cooperación en el plazo de quince días desde que se 
firme.
Undécima.  Controversias.
Dada la naturaleza administrativa del Convenio, las partes acuerdan someter las 
discrepancias que no hayan podido resolver en el seno de la comisión de seguimiento 
del presente Convenio, a los tribunales de la jurisdicción contencioso-administrativa de 
Madrid.
Y en prueba de conformidad, las partes firman el presente Convenio de forma 
electrónica–El  Director  General  del  Servicio  Público  de  Empleo  Estatal,  Gerardo 
Gutiérrez Ardoy.–El Consejero de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid, 
Enrique Ossorio Crespo.