BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 126 Miércoles 6 de mayo de 2020 Sec. I.   Pág. 31325
I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
4834 Real Decreto 507/2020, de 5 de mayo, por el que se establecen las bases 
reguladoras de las subvenciones destinadas a la obtención de avales de la 
Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria S.M.E. (SAECA) por titulares 
de  explotaciones  agrarias,  afectadas  por  la  sequía  y  otras  situaciones 
excepcionales, que garanticen préstamos para financiar sus explotaciones, y 
se convocan dichas subvenciones para el ejercicio 2020.
A última hora del pasado día 9 de septiembre una depresión aislada en niveles altos 
(DANA) alcanzó la Península y se fue desplazando hacia el sureste peninsular. Este 
fenómeno meteorológico, caracterizado por desencadenar lluvias muy fuertes a su paso, 
encontró su punto más álgido durante los días 12, 13 y 14, afectando muy gravemente a 
extensas zonas de la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia, Castilla-La Mancha y 
Andalucía, y en los días posteriores a zonas del sureste de la Comunidad de Madrid.
La excepcional virulencia de las lluvias de este episodio, que ha superado las cifras 
de los últimos 140 años, llegando a acumularse en algunas zonas la histórica cifra 
de  486  l/m2,  las  graves  inundaciones  en  zonas  pobladas  derivadas  de  los 
desbordamientos, así como la persistencia del fenómeno, han provocado una situación 
excepcional de daños de todo tipo. La DANA ha producido una grave alteración de la 
vida de la población en las zonas afectadas, y ha dejado a su paso daños materiales de 
gran magnitud. Entre estos últimos destacan los producidos en el sector de la agricultura 
y la ganadería.
Asimismo, durante el año 2019 se han sucedido otros siniestros que han ocasionado 
situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica, produciendo daños materiales 
que han afectado, entre otros ámbitos, al de las explotaciones agrarias.
La Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, prevé que, 
cuando se produzca una emergencia cuya magnitud requiera para su recuperación la 
intervención  de  la  Administración  General  del  Estado,  se  aplicarán  las  medidas 
recogidas  en  su  capítulo  V,  previa  declaración  de  la  misma  de  acuerdo  con  el 
procedimiento previsto en el artículo 23. A su vez, el artículo 24 del citado texto legal 
recoge la relación de medidas que podrán adoptarse cuando se produzca la mencionada 
declaración, en los términos que apruebe el Consejo de Ministros.
Teniendo  en  cuenta  todo  ello,  el  Gobierno  de  la  Nación  ha  decidido  dar  una 
respuesta inmediata a la situación de emergencia creada mediante la publicación del 
Real Decreto-ley 11/2019, de 20 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes 
para paliar los daños causados por temporales y otras situaciones catastróficas. Dicho 
real decreto tiene por objeto declarar zona afectada gravemente por una emergencia de 
protección civil las provincias y comunidades autónomas que se relacionan el artículo 1 
del  mismo,  así  como  la  adopción  de  las  medidas  urgentes  para  paliar  los  daños 
causados por los incendios, temporales y otras catástrofes naturales.
El artículo 15 del citado real decreto-ley establece actuaciones en relación con la 
financiación de avales, por las que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
podrá poner a disposición de los damnificados una línea de financiación en la que se  s
subvencionará  el  coste  de  los  avales  de  la  Sociedad  Anónima  Estatal  Agraria  (en  oe.
adelante, SAECA) que son necesarios para la obtención de préstamos con objeto de  w.
fsoitrutaaElcel icoaenrrte íclsau  elvoxia c1be5ipli.cd2ia oddne ayll  enRsoe.raml aDl efucnrectioon-laemy i1e1n/t2o0 d1e9 ,l adse e 2x0p lodtea csioenpetise mdeblr es,e cetsotra abglercaeri oq eune   2020-4834n https://ww
tales ayudas se atenderán con cargo al crédito que a estos efectos se habilite, con el
carácter  de  incorporable,  en  el  presupuesto  del  Ministerio  de  Agricultura,  Pesca  y 
Alimentación.
Por otra parte, el año 2019 se caracterizó, desde el punto de vista climático, por un 
importante déficit de precipitaciones con incidencia más acusada en el oeste peninsular, 
pero que en mayor o menor medida afecta a toda España.
A la vista de ello se estima necesario poner en marcha una línea de ayudas a la 
financiación para paliar los efectos de la sequía en 2019 y de los daños contemplados en 
el Real Decreto-ley 11/2019, de 20 de septiembre, de forma que puedan atenderse las 
necesidades específicas de crédito a la que se ven sometidas las explotaciones agrarias. 
Por lo tanto, al amparo de lo previsto en el citado artículo 15 y de las competencias que 
le son propias del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, se instituye esta línea 
de  ayudas  para  todas  las  explotaciones  que,  con  carácter  general,  se  han  visto 
afectadas por las condiciones climatológicas e hidrológicas habidas, con una especial 
atención a los supuestos causados por los fenómenos extraordinarios contemplados en 
el citado real decreto-ley, priorizando en estos casos la obtención de la ayuda para las 
que se encuentren en el ámbito de aplicación del artículo 1 del citado real decreto-ley, 
conforme a los criterios de valoración establecidos en artículo 11, y adicionando en tales 
casos la financiación del coste de la comisión de estudio de dicho aval.
Se  trata  de  medidas  permitidas  por  la  normativa  europea  en  situaciones 
excepcionales, ya se trate de condiciones meteorológicas extremas, crisis sanitarias o 
alimentarias  o  distorsiones  graves  en  el  aprovisionamiento  de  materias  primas 
ocasionadas por fluctuaciones en el mercado mundial, atendiendo a la prioridades del 
Plan de Seguros Agrarios Combinados, como referencia obligada en su política de lucha 
contra  las  adversidades  climáticas.  El  objetivo  es  que  no  quede  comprometida  la 
viabilidad del sector agrario, por lo que tales situaciones han de revestir gravedad, ello 
con independencia de si afectan a la totalidad del sector agrario o a determinados 
colectivos, producciones o zonas. La medida tendrá también en cuenta a los jóvenes 
agricultores.
Cabe también señalar que la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria presta 
coberturas (avales y fianzas) a personas físicas y jurídicas que favorecen la consecución 
de operaciones de financiación para las explotaciones.
Teniendo  en  cuenta  todo  ello,  con  objeto  de  fortalecer  la  viabilidad  y  normal 
funcionamiento del conjunto de las explotaciones agrarias españolas, afectadas de forma 
directa o indirectamente por las situaciones anteriormente expuestas, por ello, mediante 
este  real  decreto  se  establecen  las  bases  reguladoras  y  se  convocan,  para  el 
ejercicio 2020, las subvenciones públicas destinadas a financiar el coste de los avales de 
SAECA que son necesarios para la obtención de préstamos.
La cuantía de la subvención estará limitada por lo dispuesto en el artículo 3.2 del 
Reglamento (UE) n.º 1408/2013, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de 
los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas 
de minimis en el sector agrícola, publicado en el «Diario Oficial de la Unión Europea» 
el 24 de diciembre de 2013.
El presente real decreto se dicta al amparo del artículo 149.1.13.ª de la Constitución 
Española,  que  atribuye  al  Estado  competencia  exclusiva  en  materia  de  bases  y 
coordinación de la planificación general de la actividad económica.
Con el objeto de asegurar que la medida responde de forma eficaz a las especiales 
circunstancias que pretende paliar, y considerando que dicha eficacia solo es posible si 
la medida se pone en marcha con carácter urgente, se establece la gestión centralizada  s
de las ayudas en forma de bonificación de los avales y se designa a SAECA como  oe.
entidad colaboradora en la gestión de las subvenciones dirigidas a la financiación del  w.
coste de los avales. De esta forma la solicitud podrá realizarse al día siguiente de la  34ww
ppurobpliicaa ceinótnid daed  lqau ceo cnovnocceadtoer ialo, sy  asvea alegsi.li zPao er lo ttrráam pitaer teen,  StaAnEtoC qAu ee sla e gl eúsntiicóon  ilnas rteruamlizean tlao 
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centralizada de las subvenciones permite designar a SAECA como entidad colaboradora, 
condición necesaria para la participación de dicho instrumento público en la línea de 
ayudas que establece el presente real decreto. El Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación trasferirá a SAECA, en su calidad de entidad colaboradora, los importes 
correspondientes al total de la subvención del coste de los avales.
La gestión centralizada se perfila como la única forma de gestión que garantiza 
idénticas posibilidades de obtención y disfrute por parte de sus potenciales destinatarios 
en todo el territorio nacional, mediante el establecimiento de unos criterios uniformes 
para el acceso a las ayudas, fundamentales en este supuesto en el que las ayudas no se 
encuentran compartimentadas, sino que se extienden al conjunto de España. Procede 
destacar  en  este  sentido  que  el  tipo  de  necesidades  crediticias  que  generan  las 
situaciones que se pretenden afrontar con esta medida responden a un patrón común en 
todas las zonas y tipo de explotaciones afectadas, independientemente de la comunidad 
autónoma donde se ubiquen dichas explotaciones. Se trata de préstamos de liquidez 
cuyo plazo de amortización no suele superar los cinco años, y para los cuales el 
problema principal que se afronta es el acceso al crédito, por encima incluso del pago de 
los intereses resultantes. A unas necesidades tan específicas la administración debe 
responder de forma que los plazos y criterios sean idénticos en todo el territorio nacional, 
lo cual únicamente se garantiza con una gestión centralizada. La gestión centralizada 
también contribuye a garantizar que no se sobrepasan los importes máximos de ayudas 
establecidos por la normativa de minimis, a los que están sujetas las subvenciones 
establecidas en el presente real decreto.
Así, con palabras de la sentencia del Tribunal Constitucional 45/2001, de 15 de 
febrero, «el artículo 149.1.13 CE puede amparar tanto normas estatales que fijen las 
líneas  directrices  y  los  criterios  globales  de  ordenación  de  sectores  económicos 
concretos, como previsiones de acciones o medidas singulares indispensables para 
alcanzar los fines propuestos en dicha ordenación (STC 155/1996, de 9 de octubre, F.4, 
y  jurisprudencia  en  ella  citada)».  En  definitiva,  el  Estado  tiene  reservada,  por  el 
mencionado artículo 149.1.13.ª, una competencia de dirección en la que tienen cobijo 
normas básicas y, asimismo, previsiones de acciones o medidas singulares que sean 
necesarias  para  alcanzar  los  fines  propuestos  dentro  de  la  ordenación  del  sector 
(STC 117/1992, de 16 de septiembre). Ello se debe a su carácter transversal ya que aun 
existiendo  una  competencia  sobre  un  subsector  económico  que  una  comunidad 
autónoma ha asumido como «exclusiva» en su Estatuto, esta atribución competencial no 
excluye la competencia estatal para establecer las bases y la coordinación de ese 
subsector, y que el ejercicio autonómico de esta competencia exclusiva puede estar 
condicionado por medidas estatales, que en ejercicio de una competencia propia y 
diferenciada pueden desplegarse autónomamente sobre diversos campos o materias, 
siempre que el fin perseguido responda efectivamente a un objetivo de planificación 
económica» (sentencia del Tribunal Constitucional 74/2014, de 8 de mayo). Igualmente, 
la STC 11/2015, FJ 4, por remisión a la STC 79/1992, de 28 de mayo, FJ 2, ha recordado 
que «el sector de la agricultura y la ganadería es de aquellos que por su importancia 
toleran la fijación de líneas directrices y criterios globales de ordenación así como 
previsiones de acciones o medidas singulares que sean necesarias para alcanzar los 
fines propuestos dentro de la ordenación de cada sector, destacando que “… en materia 
de  agricultura  y  ganadería,  siendo  la  competencia  específica  de  las  comunidades 
autónomas... el Estado puede intervenir en virtud de sus competencias generales sobre 
la ordenación general de la economía”». s
Por otro lado, debido al carácter excepcional de esta línea de ayudas, así como a la  oe.
necesidad de que sus consecuencias tengan efectos inmediatos dada la coyuntura  w.
expuesta, las bases reguladoras incluyen la convocatoria, debido a la especificidad de  34ww
ldaes  nmoivsimemasb,r ed,e G aecnueerradlo d ceo Snu lbov deinscpiuoensetso. por el artículo 23.2.a) de la Ley 38/2003, de 17
que Eéns teas tsee  sreenitteidroe,  ecno nesli dteieramnpdoo,  lean s isnugcuelasrividoasd  adñeo sla,  pcoorn vloo cqautoer iac,a rneoc ee sd ep resveinstibidleo   BOE-A-cable e
establecer una regulación general separada y de vigencia indefinida en sus bases, 
teniendo  en  cuenta  que  estas  ayudas  se  convocarán  por  una  sola  vez,  para  el 
ejercicio 2020. Asimismo, dichas circunstancias de excepcionalidad y singularidad de 
estas subvenciones, así como su carácter marcadamente coyuntural, no han hecho 
factible su inclusión en el Plan Estratégico de Subvenciones, por lo que no se encuentran 
incluidas en éste.
En  relación  al  rango  de  la  norma  y  a  tenor  de  la  reiterada  jurisprudencia 
constitucional (STC 175/2003, de 30 de septiembre, y STC 156/2011, de 18 de octubre) 
resulta adecuado para su regulación establecer mediante real decreto, al tratarse de 
normativa básica de competencia estatal. Asimismo, desde el punto de vista formal, la 
doctrina del Tribunal Constitucional exige el establecimiento de las bases reguladoras de 
subvenciones  mediante  una  norma  con  rango  de  ley  o  real  decreto;  así,  en  su 
Sentencia 156/2011, de 18 de octubre (FJ 7) afirma que «En cuando a la perspectiva 
formal, la regulación subvencional que nos ocupa debe también satisfacer las exigencias 
formales de la normativa básica contenidas en la antes reproducida STC 69/1988, FJ 5. 
Desde dicha perspectiva formal, hay que partir de que en las materias de competencia 
compartida  en  las  que,  como  ocurre  en  este  caso,  corresponde  al  Estado  el 
establecimiento de las normas básicas y a las comunidades autónomas el desarrollo 
normativo  y  la  ejecución  de  dichas  bases,  la  instrumentación  de  los  programas 
subvencionales debe hacerse con el soporte de la ley formal siempre que sea posible, o, 
en todo caso, a través de norma reglamentaria del Gobierno que regule los aspectos 
centrales del régimen jurídico de las subvenciones, que debe comprender, al menos, el 
objeto y finalidad de las ayudas, su modalidad o modalidades técnicas, los sujetos 
beneficiarios y los requisitos esenciales de acceso... Este criterio respecto a la cobertura 
formal  de  la  normativa  básica  ha  de  ser  exigido,  incluso  con  mayor  rigor,  en  los 
supuestos de subvenciones estatales centralizadas en los ámbitos materiales en los que 
la  Constitución  reserva  al  Estado  la  normativa  básica,  toda  vez  que  esa  gestión 
centralizada se erige en excepción que limita el ejercicio ordinario por las comunidades 
autónomas de sus competencias».
En su elaboración se han observado los principios de buena regulación previstos en 
el artículo 129 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. Los principios de necesidad y eficacia puesto 
que la norma resulta el instrumento más indicado para los intereses que se persiguen, en 
concreto, subvenir la situación coyuntural ya descrita a través de una fórmula de facilitar 
el acceso al crédito por medio de SAECA; el principio de proporcionalidad ya que 
contiene la regulación imprescindible para atender a las necesidades que se pretenden 
cubrir conforme a la normativa subvencional de aplicación; y el principio de seguridad 
jurídica ya que es coherente con el resto del ordenamiento jurídico nacional y de la Unión 
Europea y sigue el modelo ya empleado en anteriores ocasiones. Por lo demás, la norma 
es coherente con los principios de eficiencia, en tanto que la norma asegura la máxima 
eficacia de sus postulados con los menores costes posibles inherentes a su aplicación al 
servirse de la infraestructura estatal ya creada para estos fines, y transparencia al 
haberse garantizado una amplia participación pública en su tramitación.
En  la  elaboración  de  esta  disposición  se  ha  consultado  a  las  comunidades 
autónomas y entidades representativas de los sectores afectados y se ha sometido a 
informe de la Intervención Delegada y de la Abogacía del Estado del Departamento, de 
acuerdo  con  el  artículo  17  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de 
Subvenciones. s
En su virtud, a propuesta del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, con la 
aprobación  previa  de  la  Ministra  de  Política  Territorial  y  Función  Pública  y  previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 5 de mayo de 2020,
DISPONGO:
Artículo 1.  Objeto y finalidad.
1.  Mediante este real decreto se establecen las bases reguladoras de subvenciones 
estatales destinadas a sufragar el coste total de la comisión de gestión de los avales 
concedidos por la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA) a titulares de 
explotaciones  agrarias,  necesarios  para  la  obtención  de  préstamos  de  entidades 
financieras en las condiciones y términos regulados en el mismo.
2.  Asimismo, se aprueba la convocatoria para la concesión de dichas subvenciones 
para el ejercicio 2020.
3.  La finalidad de las subvenciones es facilitar el acceso a la financiación de dichos 
titulares de explotaciones agrarias que con carácter general se han visto afectadas por 
las condiciones climatológicas e hidrológicas habidas, con una especial atención a los 
supuestos causados por los fenómenos extraordinarios contemplados en el citado real 
decreto-ley, priorizando en estos casos la obtención de la ayuda para las explotaciones 
que se encuentren en el ámbito de aplicación del artículo 1 del Real Decreto-ley 11/2019, 
de 20 de septiembre, conforme a los criterios de valoración establecidos en artículo 11.
Asimismo se financiará la comisión de estudio del aval en los supuestos establecidos 
en el artículo 6.2.
Artículo 2.  Régimen de concesión.
La concesión de las subvenciones previstas en este real decreto se realizará en 
régimen  de  concurrencia  competitiva  de  acuerdo  con  los  principios  de  publicidad, 
transparencia,  objetividad,  igualdad  y  no  discriminación  y  eficacia  y  eficiencia 
establecidos en el artículo 8.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.
Artículo 3.  Beneficiarios.
1.  Podrán acogerse a estas ayudas los titulares de explotaciones agrarias, que 
podrán ser personas físicas o jurídicas, que suscriban avales con SAECA en el marco de 
préstamos con entidades financieras avalados por dicha entidad.
2.  En  el  caso  de  explotaciones  cuyo  titular  sea  una  entidad  asociativa,  sus 
miembros podrán acogerse a las ayudas cuando suscriban préstamos con entidades 
financieras avalados por SAECA, con el objeto de aportar el capital prestado a su 
entidad asociativa.
Artículo 4.  Requisitos para obtener la subvención y circunstancias que impiden obtener 
la condición de beneficiario.
1.  Con  carácter  general,  los  beneficiarios  deberán  cumplir  los  requisitos 
establecidos en el artículo 13 de Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en consonancia 
dando cumplimiento a lo establecido al efecto por los apartados 1.c) y 4 del artículo 8.
2.  De modo específico deberán dar cumplimiento a las obligaciones previstas en el  e.
presente real decreto y, en particular, a las siguientes: w.
la cuaa) l sAe csroeldicitiatar  laan atey uedl aó regna enlo m coommepnettoe ndtee  plare tsiteunlatarird laad s doelic liatu edx.plotación con base en
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Reglamento (UE) n.º 1408/2013, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de
los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas 
de minimis en el sector agrícola, o a otros reglamentos de minimis, según lo establecido 
en el artículo 6.8.
Artículo 5.  Obligaciones de los beneficiarios.
1.  Con  carácter  general,  los  beneficiarios  deberán  cumplir  las  obligaciones 
establecidas en el artículo 14 de Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2.  De modo específico, deberán dar cumplimiento a las obligaciones previstas en el 
presente real decreto, y en particular:
a)  Someterse a las actuaciones de comprobación y supervisión que efectúe el 
órgano  competente  y  las  de  control  financiero  que  corresponden  a  la  Intervención 
General de la Administración del Estado y a las previstas en la legislación del Tribunal de 
Cuentas al que facilitarán cuanta información les sea requerida.
b)  Comunicar al órgano competente la obtención de otras subvenciones, ayudas, 
ingresos  o  recursos  para  la  misma  finalidad,  procedentes  de  cualquiera  de  las 
Administraciones o entes públicos o privados, así como facilitar toda la información 
requerida por el órgano gestor de la subvención.
3.  La  resolución  de  concesión  concretará  dichas  obligaciones  y  en  particular 
detallará, si procede, el modo en que se les dará cumplimiento.
Artículo 6.  Características.
1.  Las  ayudas  establecidas  en  el  presente  real  decreto  consistirán  en  la 
financiación del importe total de la comisión de gestión del aval de SAECA, a todos los 
titulares  de  explotaciones  agrarias,  señalados  en  el  artículo  3  como  posibles 
beneficiarios, priorizando a los afectados por situaciones de sequía y catastróficas de las 
que deriven daños en sus explotaciones, de acuerdo con los criterios de valoración 
establecidos en el artículo 11.
2.  Se financiará, además, la comisión de estudio del aval de SAECA en cualquiera 
de los siguientes supuestos:
a)  Cuando las explotaciones estén ubicadas en el ámbito de aplicación del Real 
Decreto-ley 11/2019, de 20 de septiembre, que se establece en el artículo 1 del mismo.
b)  Cuando las explotaciones hayan suscrito un seguro en las líneas de seguros 
agrícolas  o  pecuarios  en  el  marco  del  40.º  o  el  41.º  Plan  de  Seguros  Agrarios 
Combinados.
c)  Cuando el titular de la explotación sea un joven agricultor, considerándose como 
tales a efectos del presente real decreto a los solicitantes que no tengan más de 40 años 
de edad en el año de presentación de la solicitud de la ayuda. Tendrán también la 
consideración de joven agricultor las personas jurídicas cuando los socios menores 
de 40 años en el año de presentación de la solicitud ostenten más del 50% del capital, y 
en los casos de titularidad compartida cuando uno de los cónyuges tenga menos de 40 
años en el año de presentación de la solicitud.
3.  El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación subvencionará el coste del 
aval para créditos de hasta 40.000 euros por titular de explotación o por componente de 
entidad asociativa, y cuyo plazo de amortización no supere los cinco años, pudiéndose  s
incluir en éste un año de carencia. o
4.  El coste de los avales objeto de subvención será, para la comisión de estudio,  w.
ceol m0,5i5s.0 ió%nL  addsee l l giimmesipttaoiócrnitoe,n  eaelv s1a ,el1an5d %oc,u  aapnnoturo au lan s aloo sbsor eliam e pvl eoszrat elads ol a yv  filovoorsm  dpaelalli zzpaorcési sómtnaá mdxeoiml  apovrséa sldatead moa.mo,o yrt ipzaarcaió lan   2020-4834n https://ww
establecidos en el apartado 3 no se aplicarán a los créditos concedidos en el marco de
las líneas establecidas entre el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y SAECA, teniéndose en
cuenta en este caso los límites propios de estas líneas en las operaciones avaladas por 
SAECA.
6.  La subvención y pago del aval se concederá en una sola anualidad, y para su 
cálculo se considerarán solo los cinco primeros años comprendidos en el plazo de 
amortización del crédito.
7.  Las condiciones del aval figurarán en el Convenio que se suscriba conforme a la 
disposición adicional única.
8.  La cuantía de la subvención a cada solicitante estará limitada por lo establecido 
en el artículo 14 de este real decreto así como en el artículo 3 del Reglamento (UE) n.º 
1408/2013, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 
y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis en el 
sector agrícola, y en particular en el apartado 2 de este artículo que establece en 20.000 
euros la cuantía total de las ayudas de minimis concedidas a una empresa durante 
cualquier periodo de tres ejercicios fiscales.
Artículo 7.  Solicitud de las subvenciones y plazo de presentación.
1.  La presentación de la solicitud de ayuda se realizará mediante el documento de 
solicitud del aval ante SAECA, a cuyo efecto éste llevará incorporada, mediante una 
casilla, la solicitud de concesión de la ayuda dirigida al Ministro de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, que constituirá el modelo de solicitud de estas subvenciones.
2.  Los sujetos a los que se refiere el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de la Administraciones Públicas, están 
obligados a relacionarse electrónicamente con la Administración para realizar cualquier 
trámite de este procedimiento. Ello comprende tanto la presentación de solicitudes y 
documentos como las notificaciones que se cursarán al interesado necesariamente por 
vía electrónica.
3.  La presentación de las solicitudes se realizará través del registro electrónico del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de su página web (https://
sede.mapa.gob.es/), si bien las personas físicas no comprendidas en el artículo 14.2 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, podrán presentar sus solicitudes por cualquiera de los 
medios previstos en al artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
No  obstante  lo  dispuesto  en  los  apartados  anteriores,  las  personas  físicas  no 
comprendidas en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, podrán presentar, 
ante SAECA, en papel, su solicitud de ayuda, no siendo necesario que realicen ninguna 
otra actuación, dándose por cumplimentada su petición.
4.  Las solicitudes se presentarán en el plazo máximo de tres meses a partir del día 
siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del extracto de la 
convocatoria contemplada en la disposición final segunda de este real decreto, sin 
perjuicio de que dicho plazo pueda ampliarse, en su caso, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, mediante resolución de la Subsecretaría de 
Agricultura, Alimentación y Pesca, que será publicada en el «Boletín Oficial del Estado» 
y comunicada a la Base de Datos Nacional de Subvenciones.
5.  La publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» 
se realizará por conducto de la Base de Datos Nacional de Subvenciones, una vez que 
se haya presentado ante esta el texto de la convocatoria y la información requerida para 
su publicación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 17.3.b) de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre. e.
Artículo 8.  Documentación requerida con la solicitud. 34ww
1.  El solicitante deberá acompañar a la solicitud de la siguiente documentación:
a)  El documento acreditativo de inscripción en el Registro General de Explotaciones
Ganaderas regulado por Real Decreto 479/2004, de 26 de marzo, o en el Registro  Bc
General de la Producción Agrícola regulado por Real Decreto 9/2015, de 16 de enero, 
por el que se regulan las condiciones de aplicación de la normativa comunitaria en 
materia  de  higiene  en  la  producción  primaria  agrícola,  o  mediante  cualquier  otro 
documento que justifique de forma fehaciente que desarrolla la actividad agraria.
b)  Los documentos justificativos, cuando corresponda, de que cumple los criterios 
de valoración establecidos en el artículo 11.
c)  El anexo al presente real decreto debidamente cumplimentado, que contiene un 
modelo de declaración sobre la no concurrencia de las circunstancias del artículo 13.2 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, de acuerdo con lo 
señalado por el artículo 4.
d)  Una declaración referida a las ayudas de minimis obtenidas durante los dos 
ejercicios fiscales anteriores y durante el ejercicio fiscal en curso que estén sujetas al 
Reglamento (UE) n.º 1408/2013, de 18 de diciembre de 2013, o a otros reglamentos de 
minimis.
e)  Una declaración de no ser deudor por procedencia de reintegro de cualquier 
subvención pública.
2.  La presentación de la solicitud implica la autorización a SAECA para:
a)  Recabar de la Tesorería General de la Seguridad Social información relativa al 
cumplimiento de las obligaciones de la Seguridad Social en los términos previstos en el 
artículo 23.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. No obstante, el solicitante podrá 
denegar  expresamente  el  consentimiento,  debiendo  aportar  los  correspondientes 
certificados  junto  con  la  solicitud  en  los  términos  previstos  en  el  artículo  22  del 
Reglamento  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de  Subvenciones, 
aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. A estos efectos, cuando la 
cuantía de la subvención concedida no supere los 3.000 euros, el solicitante podrá 
presentar declaración responsable de encontrarse al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones  con  la  Seguridad  Social,  que  substituirá  a  la  presentación  de  las 
certificaciones.
b)  Comprobar  los  datos  de  identidad  del  representante  de  la  entidad  o  de  la 
persona física, mediante consulta al Sistema de Verificación de Datos de Identidad 
previsto en el artículo único, apartado 3, del Real Decreto 522/2006, de 28 de abril, por el 
que  se  suprime  la  aportación  de  fotocopias  de  documentos  de  identidad  en  los 
procedimientos  administrativos  de  la  Administración  General  del  Estado  y  de  sus 
organismos  públicos  vinculados  o  dependientes.  No  obstante,  el  interesado  podrá 
denegar expresamente el consentimiento debiendo aportar entonces copia del DNI, NIF 
o pasaporte o documento equivalente en caso de extranjeros, de acuerdo con lo previsto 
en el citado artículo.
c)  Recabar de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA) información relativa 
a la contratación del seguro, y de la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y 
Formación Agroalimentaria información relativa a la inscripción de los solicitantes en el 
registro de explotaciones de titularidad compartida, en ambos casos ello siempre que la 
referida documentación no haya sido aportada por el propio solicitante, y siempre que 
éste no manifieste su oposición.
Asimismo, el interesado podrá dar su conformidad expresa para que el órgano 
instructor recabe de la Agencia Estatal de Administración Tributaria información relativa 
al  cumplimiento  de  las  obligaciones  tributarias  en  los  términos  previstos  en  el  s
artículo 23.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. No obstante, el solicitante podrá  oe.
denegar  expresamente  el  consentimiento,  debiendo  aportar  los  correspondientes  w.
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cuantía de la subvención concedida no supere los 3.000 euros, el solicitante podrá
presentar declaración responsable de encontrarse al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias, que substituirá a la presentación de las certificaciones.
3.  Cuando la documentación a la que se refiere el apartado 2 sea aportada por el 
propio solicitante, la Subdirección General de Análisis, Coordinación y Estadística, a 
través  de  SAECA,  podrá  efectuar  las  verificaciones  necesarias  para  comprobar  la 
exactitud de los datos.
4.  En el documento mediante el que se realicen las declaraciones relativas al 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, en su caso, y en el 
de no ser deudor por procedencia de reintegro de cualquier subvención pública, el 
interesado manifestará, bajo su responsabilidad, que no concurre con las circunstancias 
previstas en las letras e) y g), respectivamente, del artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, que dispone de la documentación que así lo acredita, que la pondrá a 
disposición de la Administración cuando le sea requerida, y que se compromete a 
mantener el cumplimiento de las anteriores obligaciones durante el período de tiempo 
inherente  a  dicho  reconocimiento  o  ejercicio,  de  acuerdo  con  lo  señalado  por  el 
artículo 4.
Artículo 9.  Instrucción del procedimiento y notificaciones.
1.  El órgano competente para la ordenación e instrucción del procedimiento es la 
Subdirección General de Análisis, Coordinación y Estadística, que realizará de oficio 
cuantas  actuaciones  estime  necesarias  para  la  determinación,  conocimiento  y 
comprobación de los datos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 24 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2.  La comisión de valoración podrá recabar, en su caso, informes adicionales sobre 
el grado de adecuación de la solicitud a los criterios objetivos a expertos independientes, 
entre los que podrá incluirse SAECA como entidad colaboradora.
3.  SAECA actuará como entidad colaboradora de las subvenciones en el marco del 
Convenio al que se refiere el artículo 6.7, a cuyo efecto participará en la tramitación del 
procedimiento y la colaboración en la gestión de las mismas, incluida la justificación y 
control.
4.  Si  la  solicitud  no  reúne  los  requisitos  establecidos  en  la  convocatoria,  se 
requerirá al interesado para que la subsane en el plazo máximo e improrrogable de diez 
días hábiles, indicándole que si no lo hiciese se le tendrá por desistido de su solicitud, 
previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo el 
artículo 23.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como en el artículo 68 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre.
5.  Una  vez  evaluadas  las  solicitudes  de  acuerdo  con  los  criterios  objetivos 
establecidos en el presente real decreto, el órgano colegiado deberá emitir informe en el 
que se concrete el resultado de la evaluación efectuada conforme el artículo 24.4 de la 
Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  teniendo  en  cuenta  los  criterios  de  valoración 
indicados en el artículo 11.
El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe del órgano colegiado, 
formulará  la  propuesta  de  resolución  provisional,  debidamente  motivada,  que  se 
notificará a los interesados según se señala en el apartado 6.
Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en procedimiento ni 
sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas 
por  los  interesados.  En  este  caso,  la  propuesta  de  resolución  formulada  tendrá  el 
carácter de definitiva. e.
Examinadas las alegaciones aducidas en su caso por los interesados, se formulará la  w.b
propuesta de resolución definitiva, que deberá expresar el solicitante o la relación de  34ww
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procedimiento serán publicadas la página web del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación (https://sede.mapa.gob.es/) durante un plazo no inferior a diez días hábiles, 
de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Artículo 10.  Comisión de valoración.
1.  Este órgano colegiado estará adscrito a la Subdirección General de Análisis, 
Coordinación y Estadística, dependiente de la Subsecretaría y sus componentes, que 
serán nombrados por el Subsecretario del Departamento, serán los siguientes:
a)  Presidente: El titular de la Subdirección General de Análisis, Coordinación y 
Estadística.
b)  Vocales: Dos funcionarios de la Subdirección General de Análisis, Coordinación 
y Estadística y un funcionario del Gabinete técnico del Subsecretario, todos ellos con un 
nivel de Jefe de Servicio o superior.
c)  Secretario: Un funcionario de la Subdirección General de Análisis, Coordinación 
y Estadística designado por su titular, que contará con voz pero no con voto.
2.  El funcionamiento de esta Comisión se ajustará al régimen establecido para los 
órganos  colegiados  en  la  sección  tercera  del  capítulo  II  del  título  preliminar  de  la 
Ley  40/2015,  de  1  de  octubre,  de  Régimen  Jurídico  del  Sector  Público,  y  su 
funcionamiento será atendido con los medios personales, técnicos y presupuestarios del 
órgano al que se adscribe.
3.  El órgano instructor podrá solicitar toda la documentación que estime necesaria, 
con el objeto de facilitar la evaluación de la solicitud presentada.
Artículo 11.  Criterios de valoración de las solicitudes.
1.  De cara a la concesión de las ayudas previstas en este real decreto, en régimen 
de concurrencia competitiva, se ordenarán las solicitudes en función de la puntuación 
que obtengan al aplicar los siguientes criterios:
a)  Se asignarán 2 puntos a las explotaciones que estén ubicadas en el ámbito de 
aplicación del Real Decreto-ley 11/2019, de 20 de septiembre, que se establece en el 
artículo 1 del mismo, en consonancia con la prioridad en la concesión de estas ayudas 
señalada en el artículo 1 respecto de las explotaciones afectadas por las condiciones 
climatológicas e hidrológicas habidas.
b)  Se asignarán 2 puntos a las explotaciones cuyo titular haya suscrito un seguro 
en una línea de seguro agrícola o pecuario en el marco del 40.º o el 41.º Plan de 
Seguros Agrarios Combinados.
c)  Se asignará 1 punto a las explotaciones cuyo titular sea socio de una entidad 
asociativa prioritaria.
d)  Se asignará 1 punto a las explotaciones cuyo titular sea un joven agricultor.
e)  Se asignará 1 punto a las explotaciones en titularidad compartida conforme a la 
Ley 35/2011, de 4 de octubre, sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias.
2.  Cuando el importe total de las subvenciones asignadas a los beneficiarios supere 
la  cuantía  máxima  establecida  en  la  convocatoria,  se  procederá  a  la  reducción 
proporcional de la subvención de aquellos solicitantes del grupo que haya obtenido 
menor puntuación.
3.  Se podrá prescindir del orden de prelación entre los beneficiarios por aplicación  s
de  los  criterios  de  valoración  para  el  caso  de  que  el  crédito  consignado  en  la  o
convocatoria fuera suficiente, atendiendo al número de solicitudes una vez finalizado el  w.
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orden de puntuación a las solicitudes hasta agotamiento del crédito existente.
Artículo 12.  Resolución.
1.  El Subsecretario de Agricultura, Pesca y Alimentación, según lo establecido en la 
Orden APA/21/2019, de 10 de enero, de fijación de límites para administrar ciertos 
gastos  y  de  delegación  de  competencias  en  el  Ministerio  de  Agricultura,  Pesca  y 
Alimentación,  dictará  resolución  motivada  a  la  vista  de  la  propuesta  de  resolución 
definitiva formulada por el órgano instructor.
2.  Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a 
favor del beneficiario propuesto frente a la Administración, mientras no se le haya 
publicado la resolución de concesión.
3.  El plazo máximo para resolver y publicar la resolución, mediante su publicación 
en la página web oficial del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación será de seis 
meses, y se computará a partir de la publicación del extracto de la convocatoria en el 
«Boletín Oficial del Estado» al que se hace referencia en la disposición final segunda. 
Transcurrido dicho plazo sin que se hubiera publicado la resolución se podrá entender 
desestimada  la  solicitud  de  ayuda  por  silencio  administrativo,  sin  perjuicio  de  la 
obligación de dictar resolución expresa.
Asimismo,  la  resolución  se  comunicará  a  la  Base  de  Datos  Nacional  de 
Subvenciones (BDNS), de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 18 y 20 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre. Los beneficiarios deberán comunicar su aceptación en 
un plazo de quince días hábiles. Transcurrido ese plazo sin respuesta por parte del 
interesado, se entenderá aceptada la resolución.
4.  La resolución del procedimiento no pone fin a la vía administrativa, pudiendo 
recurrirse en alzada ante el Ministro, en el plazo de un mes, contado a partir del día 
siguiente  al  de  su  publicación  en  dicha  página  web,  si  hubiese  recaído  resolución 
expresa.
Si  el  acto  no  fuera  expreso  el  solicitante  y  otros  posibles  interesados  podrán 
interponer recurso de alzada en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en 
que, de acuerdo con su normativa específica, se produzcan los efectos del silencio 
administrativo.
Artículo 13.  Justificación y pago.
1.  Antes  del  pago  de  la  subvención,  SAECA  certificará  ante  el  Ministerio  de 
Agricultura, Pesca y Alimentación antes del 1 de octubre de 2020, con objeto de justificar 
el cumplimiento de la finalidad para el que se conceden las subvenciones y de la 
aplicación de los fondos percibidos, el listado de beneficiarios que han suscrito nuevos 
préstamos avalados por cumplir los requisitos previstos en este real decreto y que, 
teniendo en cuenta los criterios de valoración de las solicitudes contemplados en el 
artículo  11,  son  beneficiarios  de  la  subvención  establecida  para  cubrir  los  costes 
derivados de dichos avales, así como la cuantía a subvencionar por el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación.
2.  El pago de la subvención al beneficiario se producirá el día en que el Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación liquide a SAECA los importes certificados por dicha 
entidad según lo dispuesto en el apartado 1.
3.  El Convenio que se suscriba conforme a la disposición adicional única recogerá 
que SAECA no podrá cobrar a los solicitantes la parte del coste del aval por la que se 
solicita la subvención antes de la publicación de la resolución definitiva. También reflejará 
el  Convenio  que,  una  vez  publicada  la  resolución,  SAECA  no  podrá  cobrar  a  los  e
solicitantes que resulten beneficiarios la parte del coste del aval para el que se haya  bo
concedido la subvención, que será abonada a SAECA por el Ministerio de Agricultura,  34ww
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5.  No se prevé efectuar pagos a cuenta o pagos anticipados, ni la constitución de 
garantías por parte de los beneficiarios.
Artículo 14.  Financiación.
La  financiación  se  efectuará  con  cargo  al  crédito  disponible  en  la  aplicación 
presupuestaria 21.01.411M.770, «Apoyo financiero por daño ocasionados por sequía y 
otras  causas  extraordinarias»,  de  los  vigentes  Presupuestos  Generales  del  Estado, 
estando  condicionada  la  concesión  de  las  subvenciones  a  la  existencia  de  crédito 
adecuado y suficiente en el momento de la concesión.
Artículo 15.  Compatibilidad.
1.  Las subvenciones previstas en este real decreto serán compatibles con otras 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de 
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión 
Europea o de organismos internacionales.
2.  No obstante, el importe acumulado de las subvenciones en ningún caso podrá 
ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, 
ingresos  o  recursos,  supere  el  coste  de  la  actividad  subvencionada  ni  los  límites 
establecidos en Reglamento (UE) n.º 1408/2013, de la Comisión, de 18 de diciembre 
de 2013.
3.  Asimismo, en caso de obtención concurrente de ayudas otorgadas para la misma 
finalidad  por  otras  Administraciones  o  entes  públicos  o  privados,  nacionales  o 
internacionales,  cuando  el  importe  total  de  las  subvenciones  percibidas  por  cada 
beneficiario  supere  el  coste  de  toda  la  actividad  subvencionable  que  se  vaya  a 
desarrollar para el período de que se trate, dará lugar a la reducción proporcional que 
corresponda en el importe de las subvenciones reguladas en este real decreto, hasta 
ajustarse a ese límite.
Artículo 16.  Incumplimiento y reintegro.
1.  De acuerdo con lo establecido por el artículo 17.3.l) de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, podrá dar lugar a la modificación de la resolución toda alteración de las 
condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención. Las circunstancias 
que podrán dar lugar la modificación de la resolución son la pérdida por parte del 
beneficiario de la condición de titular de una explotación agraria, la cancelación del 
préstamo  suscrito  por  el  cual  se  solicita  la  ayuda  y,  en  todo  caso,  la  obtención 
concurrente de otras aportaciones fuera de los casos permitidos en este real decreto.
2.  De conformidad con lo establecido en el artículo 17.3.n) de la citada ley, sobre 
los criterios de graduación de los posibles incumplimientos de las condiciones impuestas 
con motivo de la concesión de las subvenciones, en caso de incumplimiento total de una 
obligación se deberá reintegrar el 100%. Si se produce un incumplimiento parcial de una 
obligación, entre las que cabe considerar el acontecimiento de una de las circunstancias 
previstas en el apartado 1 a lo largo de la vida del crédito, se deberá reintegrar el 100% 
del importe de la ayuda que se haya recibido desde el momento en que se produce el 
incumplimiento.
3.  Asimismo, el incumplimiento de los requisitos establecidos en este real decreto y 
demás normas aplicables, dará lugar, previo el oportuno procedimiento, a la obligación  s
de  reintegrar,  total  o  parcialmente,  las  subvenciones  y  los  intereses  de  demora  oe.
correspondientes, conforme a lo dispuesto en el artículo 37.1 de la Ley 38/2003, de 17  w.
de noviembre. 34ww
Artículo 17.  Devolución a iniciativa del perceptor.
1.  El beneficiario podrá efectuar la devolución voluntaria de los importes recibidos
sin previo requerimiento de la Administración, conforme a lo establecido en el artículo 90
del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
2.  La devolución se realizará de acuerdo al procedimiento de recaudación de los 
ingresos no tributarios regulados por la Orden PRE/1064/2016, de 29 de junio, por la que 
se desarrolla parcialmente el Reglamento General de Recaudación, aprobado por el 
Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, en lo relativo al procedimiento de recaudación de 
recursos no tributarios ni aduaneros de titularidad de la Administración General del 
Estado a través de entidades colaboradoras, a través del modelo que establezca la 
Subsecretaría de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Artículo 18.  Publicidad.
1.  Las subvenciones convocadas o concedidas al amparo del presente real decreto, 
les será de aplicación lo previsto en los artículos 18 y 20 de la vigente Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, en materia de publicidad y transparencia.
2.  Asimismo, los beneficiarios deberán dar publicidad de las subvenciones y ayudas 
percibidas en los términos y condiciones establecidos en la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
Artículo 19.  Seguimiento de las ayudas.
El seguimiento de las ayudas se llevará a cabo acuerdo con lo dispuesto el capítulo 
V del título I de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y el artículo 88 de su Reglamento, 
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
Artículo 20.  Régimen sancionador.
El régimen de infracciones y sanciones por los incumplimientos que, en su caso, se 
produzcan se ajustará a lo dispuesto por el título IV de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre,  y  por  el  título  IV  del  Reglamento  de  la  misma,  aprobado  por  Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio.
Disposición adicional única.  Convenio con SAECA.
De conformidad con el artículo 16 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, el 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación suscribirá con SAECA un Convenio para 
regular las condiciones de concesión y tramitación de los avales a que se refiere el 
presente real decreto, que tendrá el contenido mínimo previsto en el artículo 16.3 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Disposición final primera.  Título competencial.
El presente real decreto se dicta al amparo del artículo 149.1.13.ª de la Constitución 
Española  que  atribuye  al  Estado  la  competencia  exclusiva  en  materia  de  bases  y 
coordinación de la planificación general de la actividad económica.
Disposición final segunda.  Convocatoria de las ayudas.
1.  Se  convocan  las  subvenciones  reguladas  por  el  presente  real  decreto  en 
régimen de concurrencia competitiva, para el ejercicio 2020 únicamente, de acuerdo con  s
los principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación y  e.
eficacia  y  eficiencia  establecidos  en  el  artículo  8.3  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  w.
noviembre, General de Subvenciones, así como de acuerdo con lo dispuesto en el  34ww
artíc2u.l o E2 ld eol bpjreetsoe; nteco rnedailc dioencerest o.y  finalidad;  requisitos;  instrucción  y  resolución;
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3.  La cuantía máxima correspondiente a esta línea de ayudas, calculada para un 
capital avalado de 100.000.000 de euros, será de 4.561.000 euros, que se financiarán 
con cargo a la aplicación presupuestaria 21.01.411M.770 de los Presupuestos Generales 
del Estado en la anualidad 2020.
4.  La resolución y pago de las ayudas quedará condicionada a la existencia de 
crédito adecuado y suficiente en los Presupuestos Generales del Estado. El importe de 
la subvención, en ningún caso, podrá ser de tal cuantía que supere el coste de la 
actividad subvencionada.
5.  La  competencia  para  resolver  las  ayudas  corresponde  al  Subsecretario  de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, según lo dispuesto en el artículo 12.7.
6.  La convocatoria que se efectúa mediante esta disposición surtirá efectos el día 
siguiente al de la publicación de su extracto en el «Boletín Oficial del Estado».
Disposición final tercera.  Régimen jurídico aplicable.
1.  Las subvenciones reguladas en este real decreto se regirán, además de por lo 
particularmente dispuesto en el mismo, por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y por su 
Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, y demás normas de derecho interno que resulten de 
aplicación.
2.  Asimismo,  estarán  sujetas  a  lo  establecido  por  el  Reglamento  (UE)  n.º 
1408/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los 
artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de 
minimis en el sector agrícola, y a la normativa concordante que resulte de aplicación.
Disposición final cuarta.  Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 5 de mayo de 2020.
FELIPE R.
El Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación,
LUIS PLANAS PUCHADES
ANEXO
Don/doña ........................................................................................................ con DNI 
(NIF, pasaporte o documento equivalente en caso de extranjeros) …………….……………
DECLARA que no concurre en mi persona ninguna de las causas del artículo 13.2 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Me comprometo a mantener el cumplimiento de este requisito durante el período de 
tiempo inherente al reconocimiento o ejercicio del derecho a percibir la ayuda que 
solicito,  debiendo  informar  de  cualquier  variación  en  las  circunstancias  al  órgano 
instructor.
En ........................... a ....... de........................... de ............
Firma: ..........................................................
Sr. Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.