BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 102  Jueves 29 de abril de 2021  Sec. I.   Pág. 50887
I. DISPOSICIONES GENERALES
JEFATURA DEL ESTADO
6945 Ley 6/2021, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 20/2011, de 21 de 
julio, del Registro Civil.
FELIPE VI
REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren,
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente 
ley:
PREÁMBULO
En este año 2021 se cumplen 150 años de la creación del Registro Civil con 
implantación en toda España, pues el Decreto de 13 de diciembre de 1870 determinó que 
la Ley Provisional del Registro Civil y su reglamento, aprobado por dicho Decreto, serían 
aplicables a partir del 1 de enero de 1871.
La Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, implica la implantación de un nuevo 
modelo  de  Registro  Civil  único  para  toda  España,  informatizado,  accesible 
electrónicamente, cuya llevanza corresponderá a funcionarios públicos distintos de 
aquellos que integran el poder judicial del Estado y con una estructura organizativa 
formada por una Oficina Central, Oficinas Generales y Oficinas Consulares, que conlleva 
la reestructuración de la organización actual del Registro Civil en todo el territorio nacional. 
A ellas cabe añadir las funciones de las Oficinas Colaboradoras que surgirán de la 
modernización tecnológica y procedimental de los actuales Registros Civiles Municipales 
Delegados en Juzgados de Paz; lo que conlleva el despliegue del nuevo modelo del 
Registro Civil en todo el territorio nacional, aprovechando la organización actual como 
punto de partida.
Dada la complejidad de la Ley y el cambio absoluto respecto al modelo anterior del 
Registro Civil, se precisa necesariamente de un periodo de implementación desde el punto 
de vista tecnológico, estructural y organizativo, a los efectos de dotación de medios 
digitales y materiales, provisión de plazas y formación de personal. Fundamentalmente, 
desde el punto de vista tecnológico, ese periodo de vacatio legis amplio ha posibilitado el 
adecuado desarrollo de la plataforma digital adaptada al nuevo modelo, sobre la cual se 
inscribirán todos los hechos relativos al estado civil de las personas que deban acceder al 
Registro, se organizará la publicidad de la información registral en formato digital y se 
posibilitará el acceso telemático al mismo, respecto de los ciudadanos, mediante su 
identificación electrónica. Todo ello se ha estructurado con la simultánea utilización de la 
información procedente del antiguo Registro Civil, que está digitalizada en su mayor parte, 
pero que presenta una estructura de datos diferente, lo que ha exigido un cuidadoso 
análisis para evitar disfunciones en el tratamiento de la información registral y la 
implantación de la nueva estructura organizativa.
Durante el periodo transcurrido desde la publicación de la Ley se han mantenido  e
diferentes enfoques en cuanto al modelo de Registro Civil. A partir de abril de 2015, el  bo
Ministerio de Justicia decidió revisar la reforma del Registro Civil con el objetivo de alcanzar  45ww
utrna bcaojnasdeonresos , qluoes  csuinednitcea tcoosn  ylo lso sa ppoayrotisd onse cpeoslaítriciooss, , tarenatofi rdmeá lnods oasfee catasdí olas  cvoomluon tdaed  ldoes 
my ceejorrcaarn loa  ag elossti ócniu ddeald Raneogsis.tro Civil para conseguir un servicio público de calidad, gratuito
En la actualidad, este cambio se justifica en el sentido de redefinir algunos aspectos 
de la Ley para, en primer lugar, preservar la naturaleza del Registro Civil como un servicio 
público y gratuito. Además, la intención de la reforma es garantizar el acceso a todos los 
ciudadanos, con una red de oficinas dotada de servicios electrónicos y adecuadamente 
capilarizada en todo el territorio nacional, para proporcionar la necesaria cercanía a los 
usuarios del servicio registral; aprovechar la experiencia de los empleados públicos a 
cargo de su llevanza para la implementación del nuevo modelo del Registro Civil y la 
culminación del mismo en la fecha de entrada en vigor y, muy especialmente, respetar de 
forma escrupulosa y completa sus derechos y sus expectativas profesionales durante el 
periodo de implantación del nuevo Registro y una vez concluido el mismo.
Por tanto, este nuevo modelo debe respetar en todo momento los principios de un 
Registro Civil orientado a las personas y de carácter público, gratuito y gestionado por 
empleados públicos. Un Registro Civil desjudicializado, pero incardinado organizativamente 
dentro de la Administración de Justicia. Dotando, a través de sus disposiciones, de la 
flexibilidad necesaria que permita poder acometer su implantación efectiva desde una 
perspectiva posibilista. En cualquier caso, este nuevo modelo garantizará la plena 
accesibilidad territorial al Registro Civil y la continuidad de los puestos de trabajo que 
actualmente prestan el servicio. Además, el nuevo modelo procurará avanzar hacia la 
exclusividad de funciones del personal dedicado al servicio del Registro Civil.
Entre las novedades que cabe destacar, se establece de manera clara una decidida 
apuesta por la figura del letrado de la Administración de Justicia como Encargado, al 
tratarse de un cuerpo superior jurídico de dilatada experiencia en este campo. La reforma 
también perfila de forma más cuidadosa el marco de colaboración entre las diferentes 
administraciones públicas concurrentes en este servicio público, de forma que las 
Comunidades Autónomas participen en el diseño, medios y ejecución de la prestación del 
mismo, en virtud de su atribución de competencias y dentro de la estrategia de 
cogobernanza.
Además, conviene efectuar una serie de mejoras técnicas en determinados preceptos 
que, con el paso del tiempo o por anteriores reformas, han quedado desajustados a la 
realidad actual o cuya necesidad ha surgido en el proceso de desarrollo de la aplicación 
informática. Así, se ha visto que constituye el sustento de la institución registral que se 
preconiza la asignación del código personal, de forma que sea un número invariable que 
se atribuye a cada persona. La regulación inicial, no demasiado clara en este aspecto, 
parecía asignar directamente el número del Documento Nacional de Identidad (DNI) a los 
nacidos, como número personal que ya permanecería invariable. Sin embargo, se ha 
observado que ese sistema no era el adecuado, debido a que en el frecuente supuesto en 
que personas con nacionalidad extranjera sean objeto de alguna inscripción en el Registro 
Civil (sea en el momento de su nacimiento o sea posteriormente, en el momento de su 
matrimonio, de su defunción, etc.) no disponen de DNI, por lo que la asignación debía 
contar con todos los supuestos existentes en la realidad. Por ello, se prevé la asignación 
de código personal por el sistema informático del Registro Civil con la colaboración del 
Ministerio del Interior en su confección, al cual se asociará de forma inmediata el número 
del DNI cuando la persona tenga nacionalidad española, o cualquier otro documento 
identificativo oficial en otro caso, siendo invariable durante toda la vida del sujeto.
También se ha considerado necesario modificar la regulación de la firma electrónica 
empleada en el funcionamiento del Registro Civil. Por un lado, ha de considerarse que los 
Encargados y el resto de personal funcionario deben contar con certificados de 
autentificación para poder acceder de forma segura al sistema informático. Y por otro, en  es
cuanto a la firma electrónica que se incorpore a dicho certificado, se distingue la que se  o
eybum manloas dp seqilefe iueclalenao p  c lsaaiceó rup naear  dmlelaievf pipilca lsrea áiiasddcrtoeteái ncm dpatiaea fdi  crieansa  ticalsraoistó edienemux ndcpatiioedg.s daiAt, ia cpq li louóadren e l v alsd es eeLzore á,lci yc esl ai3rteta 9ip fn/idr2ctoeea0pb,c1 iyaei5o   ,qdn rdueeeeelsc  E ,o1p qng oducereae r e ro lgselcoeantu  d spbeoeorl  e qddt,uree ádebx e aetfoliu rrPá mtdor veomeec  earelilatf diai zcimsLaaiererie  ynccn toootlonna,      OE-A-2021-6945able en https://www.
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Es necesario también actualizar
algunos términos o cuestiones técnicas, que han quedado desfasadas en el transcurso del 
tiempo.
Otra cuestión importante que se introduce en esta reforma es la agilización de los 
procedimientos de cambios de apellidos e incluso de identidad, en supuestos de violencia 
machista, al incorporarlos en el artículo 54 que regula los procesos que resuelve el propio 
Encargado del Registro Civil.
La entrada en vigor de la Ley fue sufriendo sucesivos aplazamientos, ya que, si 
inicialmente se estableció que la misma se produciría a los tres años de su publicación en 
el «Boletín Oficial del Estado», es decir el 22 de julio de 2014, posteriormente han sido 
necesarios periodos adicionales por las diferentes vicisitudes acaecidas a lo largo de este 
tiempo. Ahora se pretende que la entrada en vigor se produzca en la última fecha prevista 
de 30 de abril de 2021, sin ulteriores aplazamientos, ya que una institución de la 
importancia del Registro Civil para todo el Estado y que con su organización más moderna 
y eficiente va a presentar una enorme utilidad práctica para todos los ciudadanos y para la 
mejor prestación de los servicios públicos, justifica sobradamente el gran esfuerzo 
organizativo, tecnológico y económico que su implantación va a exigir.
No obstante, ello requiere la adecuada racionalización del proceso. La puesta en 
funcionamiento de forma simultánea de todas las nuevas oficinas del Registro Civil 
constituiría una forma de organización enormemente ineficiente que, ante la escasez de 
recursos públicos y a la luz de los principios sobre el funcionamiento de las administraciones 
públicas y los órganos del sector público, se considera inadecuada (en particular, de 
acuerdo con el artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, los principios de racionalización y agilidad de los procedimientos 
administrativos y de las actividades materiales de gestión, responsabilidad por la gestión 
pública, planificación y dirección por objetivos y control de la gestión y evaluación de los 
resultados de las políticas públicas, eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados, 
economía, adecuación estricta de los medios a los fines institucionales y eficiencia en la 
asignación y utilización de los recursos públicos). Es imprescindible el diseño de un 
proceso coherente de implantación de las nuevas oficinas, con el máximo ahorro y 
rentabilización de los medios a emplear.
Para propiciar todo ello, en esta reforma se busca que el juego de las disposiciones 
transitorias cuarta, octava y décima, más la adicional segunda, permita la implantación 
progresiva aludida, con tres escenarios: el previo a la transformación, la implantación del 
sistema informático con la aplicación de la Ley 20/2011 y, finalmente, la aprobación de las 
relaciones de puestos de trabajo en cada oficina o grupo de oficinas completando la 
transformación.
Para hacer realidad lo anterior, es preciso aglutinar el consenso político y social 
necesario alrededor de un proyecto de transformación del Registro Civil con visos de 
permanencia en el futuro, que permitirá hacer realidad el cambio de modelo. La 
modificación parcial de algunos aspectos de la Ley 20/2011 tiene por objeto adaptar la 
norma legal al definitivo modelo de Registro Civil concebido, sin desnaturalizar su espíritu, 
permitiendo con ello su implantación. Ello justifica el cambio propugnado, en el sentido de 
redefinir algunos aspectos de la Ley, pero sin romper los ejes fundamentales de aquélla tal 
como fue promulgada y que han sido anteriormente reseñados.
Artículo único.  Modificación de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil.
Los preceptos de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, que a continuación 
se relacionan quedan modificados en los siguientes términos: e.
Uno.  El artículo 6 queda redactado del siguiente modo: 45ww
«Artículo 6.  Código personal.
asigAn acraád uan  rceógdisigtroo  pinedrsivoindaula cl oanbsiteitrutoid oco pno re lla p sreimcueer nacsiiae natlfoa nquume ésreic ap rgaecntiqeuraed ase p oler   BOE-A-cable e
el Registro Civil, que será única e invariable en el tiempo.»
Dos.  El artículo 7 queda redactado como sigue:
«Artículo 7.  Firma electrónica.
1.  Los Encargados del Registro Civil dispondrán de certificados electrónicos 
cualificados. Mediante dichos certificados electrónicos se firmarán los asientos del 
Registro Civil con firma electrónica avanzada. Las certificaciones de las inscripciones 
electrónicas, o las que se expidan por medios electrónicos, serán selladas 
directamente por el sistema, con sello electrónico avanzado basado en un certificado 
de sello electrónico cualificado, salvo en los supuestos en que esta opción no sea 
posible, en cuyo caso serán firmadas por el Encargado con firma electrónica 
avanzada mediante su certificado electrónico cualificado.
Así mismo, el personal del Registro Civil que se determine reglamentariamente 
podrá disponer de certificado electrónico cualificado con firma electrónica avanzada.
2.  Se garantizará la verificabilidad de las firmas y sellos electrónicos de dichos 
asientos, incluso una vez haya caducado o se haya revocado el certificado con el 
cual se practicó el asiento, mediante la utilización de formatos o servicios que 
preserven la longevidad de firmas y sellos electrónicos durante el tiempo exigido por 
la legislación vigente.
3.  Las personas podrán identificarse electrónicamente ante el Registro Civil a 
través de cualquiera de los sistemas previstos en el artículo 9 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, así como en la normativa vigente en materia de identificación y firma 
electrónica.»
Tres.  El apartado 2 del artículo 10 queda redactado del siguiente modo:
«2.  Los ciudadanos podrán solicitar en cualquiera de las Oficinas del Registro 
Civil o por medios electrónicos el acceso a la información contenida en el mismo a 
través de los medios de publicidad previstos en esta Ley.»
Cuatro.  El artículo 20 queda redactado como sigue:
«Artículo 20.  Estructura del Registro Civil.
1.  El Registro Civil depende del Ministerio de Justicia y se organiza en:
1.º  Oficina Central.
2.º  Oficinas Generales.
3.º  Oficinas Consulares.
2.  Las inscripciones y demás asientos registrales serán practicados por los 
Encargados de las Oficinas del Registro Civil.
Bajo  su  responsabilidad  y  en  los  términos  y  con  los  límites  que 
reglamentariamente se determinen, el Encargado podrá delegar funciones en el 
personal al servicio de la Oficina del Registro Civil.
3.  Los ciudadanos podrán presentar la solicitud y la documentación requerida 
ante cualquier Oficina del Registro Civil o remitirla electrónicamente. Igualmente, 
podrán presentar en las Oficinas Colaboradoras la solicitud y la documentación 
necesaria para las actuaciones ante el Registro Civil.»
Cinco.  El apartado 2 del artículo 21 queda redactado del siguiente modo: bo
«2.  La Oficina Central del Registro Civil desempeña las siguientes funciones: 45ww
1.ª  Practicar las inscripciones que se deriven de resoluciones dictadas por la
Dsuirseccecpiótibnl eGse dnee rinasl cdreip cloiósn  Reeng eisl tRroesg iys trdoe Cl Nivoil.tariado, referidas a hechos o actos
2.ª  Practicar la inscripción de los documentos auténticos extranjeros judiciales 
y extrajudiciales y certificaciones de asientos extendidos en Registros extranjeros, 
salvo aquellos cuya competencia pueda corresponder a las Oficinas Consulares del 
Registro Civil.
3.ª  Practicar la inscripción de fallecimiento de las personas de nacionalidad 
extranjera al servicio de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad, siempre que dicho fallecimiento hubiera ocurrido durante una misión u 
operación fuera de España y que el sistema registral del Estado donde se produjo 
el hecho no practicare la pertinente inscripción. Lo anterior será sin perjuicio de 
trasladar la inscripción realizada al Registro del Estado del cual fuere nacional la 
persona fallecida.
4.ª  También desempeñará todas aquellas funciones que le sean atribuidas por 
las leyes.»
Seis.  El artículo 22 queda redactado como sigue:
«Artículo 22.  Oficinas Generales del Registro Civil.
1.  Existirá una Oficina General del Registro Civil en todas las poblaciones que 
sean sede de la capital de un partido judicial.
2.  Al frente de cada Oficina General del Registro Civil estará un Encargado del 
Registro Civil, que ejercerá sus cometidos bajo la dependencia funcional de la 
Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública. Por necesidades del servicio 
se podrá designar más de un Encargado en una Oficina, en cuyo caso se incluirá en 
la correspondiente relación de puestos de trabajo la consideración de uno de los 
puestos de encargado como Encargado coordinador sin relevación de funciones, a 
efectos de organización interna y distribución de tareas conforme a las instrucciones 
o protocolos que apruebe la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública.
3.  Son funciones de las Oficinas Generales del Registro Civil:
a)  Recibir y documentar declaraciones de conocimiento y de voluntad en 
materias propias de su competencia, así como expedir certificaciones.
b)  Recibir por vía electrónica o presencial solicitudes o formularios, así como 
otros documentos que sirvan de título para practicar un asiento en el Registro Civil.
c)  Tramitar y resolver los expedientes de Registro Civil que les atribuya el 
ordenamiento jurídico.
d)  Practicar las inscripciones y demás asientos de su competencia.
e)  Expedir certificaciones de los asientos registrales.
f)  Cualesquiera otras funciones que les atribuya la Dirección General de 
Seguridad Jurídica y Fe Pública.»
Siete.  Se modifica el apartado 4 del artículo 27, quedando redactado como sigue:
«4.  Los documentos presentados en las Oficinas del Registro Civil y en las 
Oficinas Colaboradoras se custodiarán y conservarán en los términos establecidos 
por la normativa reguladora de esta materia para las Administraciones Públicas.»
Ocho.  Se modifica el artículo 34, quedando redactado como sigue:
«Artículo 34.  Asientos de resoluciones judiciales. s
El letrado de la Administración de Justicia del órgano judicial que haya dictado  b
una resolución cuyo contenido deba causar asiento en el Registro Civil por afectar  45ww
adle el sRteagdios tcroiv iCl diveil  ltaess tpimerosnoinoa os ,c doepbiae reál ercetmróintiric pao dr em lead rieosso elulecciótrnó njuicdoicsi aal  rlae fOerfiidcain.a»
Nueve.  Se modifica el ordinal 4.º del artículo 53, que queda redactado como sigue:
«4.º  La regularización ortográfica de los apellidos a cualquiera de las lenguas 
oficiales correspondiente al origen o domicilio del interesado y la adecuación gráfica 
a dichas lenguas de la fonética de apellidos también extranjeros.»
Diez.  Se modifica el artículo 54, que queda redactado como sigue:
«Artículo 54.  Cambio de apellidos o de identidad mediante expediente.
1.  El Encargado del Registro puede autorizar el cambio de apellidos, previo 
expediente instruido en forma reglamentaria.
2.  Son requisitos necesarios de la petición de cambio de apellidos:
a)  Que el apellido en la forma propuesta constituya una situación de hecho, 
siendo utilizado habitualmente por el interesado.
b)  Que el apellido o apellidos que se tratan de unir o modificar pertenezcan 
legítimamente al peticionario.
c)  Que los apellidos que resulten del cambio no provengan de la misma línea.
Podrá formularse oposición fundada únicamente en el incumplimiento de los 
requisitos exigidos.
3.  Bastará que concurra el requisito del uso habitual del apellido propuesto, sin 
que se cumplan los requisitos b) y c) del apartado 2, si el apellido o apellidos 
solicitados correspondieran a quien tuviere acogido al interesado, siempre que 
aquél o, por haber fallecido, sus herederos den su consentimiento al cambio. En 
todo caso se requiere que, por sí o sus representantes legales, asientan al cambio 
el cónyuge y descendientes del titular del apellido.
4.  No será necesario que concurra el uso habitual del apellido propuesto, 
bastando que se cumplan los requisitos b) y c) previstos en el apartado 2, para 
cambiar o modificar un apellido contrario a la dignidad o que ocasione graves 
inconvenientes.
5.  Cuando se trate de víctimas de violencia de género o de sus descendientes 
que estén o hayan estado integrados en el núcleo familiar de convivencia, podrá 
autorizarse el cambio de apellidos sin necesidad de cumplir con los requisitos 
previstos en el apartado 2, de acuerdo con el procedimiento que se determine 
reglamentariamente.
En estos casos, podrá autorizarse por razones de urgencia o seguridad el 
cambio total de identidad sin necesidad de cumplir con los requisitos previstos en el 
apartado 2, de acuerdo con el procedimiento que se determine reglamentariamente.»
Once.  Se modifica el artículo 55, que queda redactado como sigue:
«Artículo 55.  Autorización del cambio de apellidos o identidad en circunstancias 
excepcionales.
Cuando razones de urgencia o seguridad no contempladas en el artículo 54.5 u 
otras circunstancias excepcionales lo requieran, podrá autorizarse el cambio de 
apellidos o el cambio total de identidad, por Orden del Ministerio de Justicia, en los 
términos fijados reglamentariamente.»
Doce.  Se modifican la rúbrica y el apartado 3 del artículo 58, que quedan redactados  e.
como sigue: w.
«Art«íc3u. lo E58l .p roPcreodciemdiiemniteon tfoin daeli zaaurtáo rcizoanc iuónna m raetsroimluocnióianl. »en la que se autorice o
dexepnrieesgaure,  elan  scue lceabsrao,c icóonn  dcelal rimdaadtr ilma ofanltiao .d Lea c adpeanceigdaadci óon e ld iembpeerdái mseern tmo oetniv eald qau ey   BOE-A-cable e
se funda la denegación.»
Trece.  Se modifica el artículo 61, quedando redactado como sigue:
«Artículo 61.  Inscripción de la separación, nulidad y divorcio.
El letrado de la Administración de Justicia del juzgado o tribunal que hubiera 
dictado la resolución judicial firme de separación, nulidad o divorcio deberá remitir 
en el mismo día o al siguiente hábil y por medios electrónicos testimonio o copia 
electrónica de la misma a la Oficina General del Registro Civil, la cual practicará de 
forma inmediata la correspondiente inscripción. Las resoluciones judiciales que 
resuelvan sobre la nulidad, separación y divorcio podrán ser objeto de anotación 
hasta que adquieran firmeza.
La misma obligación tendrá el notario que hubiera autorizado la escritura pública 
formalizando un convenio regulador de separación o divorcio.
Las resoluciones judiciales o las escrituras públicas que modifiquen las 
inicialmente adoptadas o convenidas también deberán ser inscritas en el Registro 
Civil.
Las resoluciones sobre disolución de matrimonio canónico, dictadas por 
autoridad eclesiástica reconocida, se inscribirán si cumplen los requisitos que prevé 
el ordenamiento jurídico.»
Catorce.  Se añade un nuevo apartado 3 al artículo 68, con la siguiente redacción:
«3.  Las declaraciones de voluntad relativas a la adquisición de la nacionalidad 
española por residencia, carta de naturaleza y opción, así como su recuperación, 
conservación o pérdida, y las declaraciones de voluntad relativas a la vecindad, 
podrán realizarse ante el Encargado del Registro Civil, notario, o funcionario 
diplomático o consular encargado del Registro Civil.»
Quince.  Se modifica el artículo 86, quedando redactado como sigue:
«Artículo 86.  Presentación del recurso y plazo de resolución.
1.  El recurso se dirigirá a la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública y se formulará en los términos previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
El interesado podrá presentar el recurso en cualquiera de los lugares previstos 
para la presentación de escritos y solicitudes haciendo uso de los medios que prevé 
el ordenamiento jurídico.
2.  La Dirección General resolverá el recurso en el plazo de seis meses 
siguientes a la recepción del escrito de interposición.
Transcurrido este plazo sin que la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública haya dictado y notificado resolución expresa, se entenderá desestimada la 
pretensión, quedando expedita la vía jurisdiccional correspondiente.»
Dieciséis.  Se modifica el apartado 2 del artículo 88, que queda redactado como 
sigue:
«2.  La tramitación del procedimiento se ajustará a las reglas previstas en la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, en los términos que reglamentariamente se dispongan. 
El silencio administrativo en los procedimientos registrales será negativo.» e.e
Diecisiete.  La disposición adicional primera queda redactada del siguiente modo: 45ww
«DisCpiovsil.ición adicional primera.  Ubicación y dotación de las Oficinas del Registro
1.  Las Oficinas Generales del Registro Civil se ubicarán en las mismas
localidades que correspondan a las sedes de los actuales Registros Civiles
Municipales Principales, existentes a la entrada en vigor de esta Ley en las sedes 
de la capital de un partido judicial.
El Ministerio de Justicia, de oficio, previo informe de la Comunidad Autónoma 
afectada, o a iniciativa de la Comunidad Autónoma afectada, podrá modificar el 
número de Oficinas Generales del Registro Civil.
2.  Los puestos de trabajo de las Oficinas del Registro Civil solo podrán ser 
cubiertos por personal de la Administración de Justicia, y se ordenarán de acuerdo 
con lo establecido en las correspondientes relaciones de puestos de trabajo.
3.  Mediante el procedimiento previsto en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, 
del Poder Judicial, para la ordenación e integración de las unidades que conforman 
las oficinas judiciales se determinarán las correspondientes relaciones de puestos 
de trabajo y las dotaciones del personal de la Administración de Justicia necesario 
para las Oficinas del Registro Civil. Las relaciones de puestos de trabajo podrán 
disponer la compatibilidad con funciones en oficina judicial en los casos en que así 
se prevea reglamentariamente.
Dieciocho.  La disposición adicional segunda queda redactada del siguiente modo:
«Disposición adicional segunda.  Régimen jurídico de los Encargados del Registro 
Civil.
1.  En la forma y con los requisitos que reglamentariamente se determinen, las 
plazas de Encargados del Registro Civil se proveerán entre letrados de la 
Administración de Justicia. La convocatoria y resolución de los concursos para 
proveer las plazas corresponderá al Ministerio de Justicia. No obstante, las plazas 
de Encargados de la Oficina Central y de Encargados de aquellas Oficinas 
Generales que se ubiquen en las localidades donde se encontraban Registros 
Civiles Exclusivos se proveerán por el Ministerio de Justicia por el sistema de libre 
designación. El nombramiento y cese de las plazas provistas por el sistema de libre 
designación será a propuesta de las Comunidades Autónomas con competencias 
ejecutivas en Registro Civil o asumidas en materia de Justicia cuando dicha Oficina 
General esté situada en su ámbito territorial. El Encargado del Registro Civil recibirá 
la formación específica que determine el Ministerio de Justicia.
2.  El ejercicio de esta función por los miembros del Cuerpo de letrados de la 
Administración de Justicia se considerará como situación de servicio activo en dicho 
Cuerpo y podrá ser compatible con funciones en oficina judicial en los casos en que 
así se prevea reglamentariamente y en la correspondiente Relación de Puestos de 
Trabajo.
3.  El régimen de sustitución de los Encargados del Registro Civil se regulará 
reglamentariamente.
4.  El incumplimiento o la inobservancia de las instrucciones, resoluciones y 
circulares de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública que derivasen 
de las facultades de supervisión e inspección de los registros civiles que 
corresponden a ese Centro Directivo o se pusieren de manifiesto por otra vía, se 
considerarán falta disciplinaria conforme a lo tipificado reglamentariamente.»
Diecinueve.  Se modifica la disposición adicional quinta, quedando redactada como 
sigue:
«Disposición adicional quinta.  Oficinas colaboradoras del Registro Civil y punto de  e.
acceso en Ayuntamientos. w.b
direcTtood aa sj ulazgs asdeocsr edtaer píaasz ,d oe  bjuiezng aladso so fdicei npaasz  doe  ljauss tuicniiad aedne esl  pmroucneicsipailoe su d oet raaps odyeol 
mdeis lmaso  tmipios mquaes  seen  imvirptluadn tdene  eunlt esruiostrietusc iróenfo drme alass  laengtiesrlaiotriveass o,  ccoomlaob ocroamrápnle cmoenn teol 
Registro Civil desempeñando, en la forma que se desarrolle reglamentariamente, 
las funciones siguientes:
a)  Recibirán por vía presencial y registrarán electrónicamente solicitudes, 
declaraciones o formularios, así como otros documentos necesarios para la 
tramitación de los procedimientos del Registro Civil.
b)  Informarán  a  los  ciudadanos  en  materias  relacionadas  con  los 
procedimientos del Registro Civil.
c)  Expedirán certificaciones de los asientos registrales obrantes en los libros físicos 
de Registro Civil que estén a su cargo y no puedan certificarse por medios electrónicos.
d)  Expedirán certificaciones electrónicas de los asientos registrales, que se 
soliciten presencialmente en ellos.
e)  Expedirán certificados de fe de vida.
f)  Practicarán las actuaciones auxiliares no resolutivas que reglamentariamente 
se determinen.
g)  Cualesquiera otras que determine la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública.
En los municipios donde no se ubique una Oficina General, además de existir 
las Oficinas Colaboradoras con las funciones descritas anteriormente, los 
Ayuntamientos podrán solicitar al Ministerio de Justicia que les habilite las 
conexiones necesarias, conforme se regule reglamentariamente, para que los 
ciudadanos  puedan  presentar  en  dichos Ayuntamientos  solicitudes  y  la 
documentación necesaria para las actuaciones ante el Registro Civil.
Las oficinas colaboradoras del Registro Civil no dispondrán de Encargado propio 
y para el desempeño de sus funciones se relacionarán con la Oficina General y el 
Encargado de su ámbito territorial. El Encargado de la Oficina General del ámbito 
territorial del que dependa una oficina colaboradora puede delegar funciones en el 
funcionario de los Cuerpos Generales de la Administración de Justicia de superior 
categoría que preste servicio en las oficinas colaboradoras o bien en el funcionario 
de la Administración local que sea expresamente designado por cada Ayuntamiento 
para atender dicha oficina de la localidad que no esté servida por funcionarios de la 
Administración de Justicia.»
Veinte.  La disposición adicional sexta queda redactada del siguiente modo:
«Disposición adicional sexta.  Uniformidad y dotación de los sistemas y aplicaciones 
informáticas en las Oficinas del Registro Civil.
Todas las Oficinas del Registro Civil utilizarán los mismos sistemas y 
aplicaciones informáticas. El Ministerio de Justicia proveerá, tanto en su desarrollo 
como en su explotación, el conjunto de aplicaciones que soportan la actividad de los 
procesos operativos que se tramitan en el Registro Civil.
El Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas con competencias 
ejecutivas en la materia o transferidas en medios materiales de Administración de 
Justicia, establecerán los mecanismos de coordinación necesarios para proporcionar 
los servicios de acceso a los sistemas del Registro Civil, soporte microinformático, 
formación y atención a usuarios.»
Veintiuno.  La disposición transitoria segunda queda redactada del siguiente modo: e
«Disposición transitoria segunda.  Registros individuales. 45www.
incoErpl Moriancisiótenr iod ede l oJsu sdtiacitao sa ddoipgtiataráliz laasd odsis pqouseic cioonnesst enne ceens alraia bs apsaera d lae  pdraotgorse sdiveal 
RegAis ttraol  eCfievcilt oa,  rseeg iisntcroosrp inodraivráidnu aal eloss. registros individuales todas las inscripciones  BOE-A-cable e
de nacimiento practicadas en los Registros Civiles municipales, tanto principales
como delegados, Consulares y Central, desde 1920, y todas las inscripciones de 
matrimonio, defunciones y tutelas y demás representaciones legales practicadas en 
los Registros Civiles municipales, tanto principales como delegados, Consulares y 
Central, desde 1950.
El Ministerio de Justicia procederá a la recuperación informática de los asientos 
relativos a inscripciones anteriores a dichos años progresivamente, en función de 
las posibilidades presupuestarias.»
Veintidós.  La disposición transitoria tercera queda redactada del siguiente modo:
«Disposición transitoria tercera.  Libros de familia.
A partir de la fecha de entrada en vigor de la presente Ley no se expedirán 
Libros de Familia.
Los Libros de Familia expedidos con anterioridad a la entrada en vigor de la 
presente Ley seguirán teniendo los efectos previstos en los artículos 8 y 75 de la 
Ley del Registro Civil de 8 de junio de 1957.»
Veintitrés.  La disposición transitoria cuarta queda redactada del siguiente modo:
«Disposición transitoria cuarta.  Extensión y práctica de asientos.
Hasta que el Ministerio de Justicia apruebe, mediante resolución de la Dirección 
General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, la entrada en servicio efectiva de las 
aplicaciones informáticas que permitan el funcionamiento del Registro Civil de forma 
íntegramente electrónica conforme a las previsiones contenidas en esta Ley, los 
Encargados de las Oficinas del Registro Civil practicarán en los libros y secciones 
correspondientes regulados por la Ley de 8 de junio de 1957 los asientos relativos a 
nacimientos, matrimonios, defunciones, tutelas y representaciones legales. No resultará 
de aplicación, en tales casos, lo previsto en esta Ley respecto del código personal.
A dichos fines, mantendrán sus tareas y funciones de registro civil según lo previsto 
en el artículo 2.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en 
relación con los artículos 10 a 22 de la Ley del Registro Civil de 8 de junio de 1957, los 
que hasta el momento de la completa entrada en vigor de esta Ley hubiesen venido 
ejerciendo en los Registros Civiles como encargados, encargados por delegación, 
letrados de la Administración de Justicia y personal funcionario de los Cuerpos 
Generales de la Administración de Justicia y continuará aplicándose el artículo 27 de la 
Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y de Planta Judicial.
Para la tramitación de procedimientos, expedición de publicidad y práctica de 
asientos en los términos del párrafo anterior, en tanto no se produzca la referida 
entrada en servicio de las aplicaciones informáticas, serán competentes las Oficinas 
del Registro Civil que lo vinieran siendo conforme a las reglas previstas en los 
artículos 15, 16, 17, 18 y 19 de la Ley del Registro Civil de 8 de junio de 1957, que 
seguirán aplicándose transitoriamente a estos solos efectos.
A fin de facilitar y agilizar la entrada en servicio efectivo de las aplicaciones 
informáticas, así como para agilizar la incorporación de datos digitalizados a los 
registros individuales, conforme a lo dispuesto en la disposición transitoria segunda de 
esta Ley, el Ministerio de Justicia, en colaboración con las Comunidades Autónomas 
con competencias en materia de Justicia, desarrollarán y presentarán proyectos 
adecuados en el marco del Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia. e
El Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, informará periódicamente a las  bo
Cortes Generales sobre el proceso de implantación del nuevo modelo de Registro Civil.» 45ww
redaVcetaindtoic ucaotmroo.  sigSuee m: odifica el apartado 2 de la disposición transitoria quinta, quedando
«2.  Se adecuarán los formatos y modelos de certificaciones al fin de posibilitar  BOE-A-cable e
el uso de las lenguas oficiales.»
Veinticinco.  La disposición transitoria octava queda redactada del siguiente modo:
«Disposición transitoria octava.  Creación  de Oficinas  del  Registro  Civil. 
Encargados y régimen transitorio de los letrados de la Administración de Justicia. 
Continuidad del personal al servicio de la Administración de Justicia destinado 
en el Registro Civil.
1.  A la entrada en servicio efectiva de las aplicaciones informáticas que 
permitan el funcionamiento del Registro Civil de forma íntegramente electrónica 
cuando así lo establezca la resolución o resoluciones que se dicten al amparo de la 
disposición transitoria cuarta, quedarán suprimidos los juzgados que, de forma 
exclusiva, hayan venido ejerciendo funciones de Registro Civil Exclusivo y de 
Registro Civil Central y, en su lugar, se crearán las Oficinas Generales de Registro 
Civil y la Oficina Central de Registro Civil.
En las demás poblaciones sedes de la capital de un partido judicial, a la entrada 
en servicio efectiva de las aplicaciones informáticas según lo indicado en el párrafo 
anterior, los Juzgados de Primera Instancia o de Primera Instancia e Instrucción que 
han venido realizando las funciones de Registro Civil continuarán realizándolas, 
igualmente en calidad de Oficinas Generales de Registro Civil.
2.  Los letrados de la Administración de Justicia que, en el momento de la 
entrada en servicio efectiva de las aplicaciones informáticas que permitan el 
funcionamiento del Registro Civil de forma íntegramente electrónica conforme a las 
previsiones contenidas en esta Ley, estén prestando servicios con destino definitivo 
en el Registro Civil Central o en los Registros Civiles Exclusivos allá donde los 
hubiere, así como los que tengan asignadas funciones de Registro Civil en los 
Juzgados de Primera Instancia o de Primera Instancia e Instrucción, pasarán a 
desempeñar las funciones de Encargados del Registro Civil, compatibilizándolas 
con las propias del cargo de letrado de la Administración de Justicia de la oficina 
judicial a la que hubiere estado adscrito el Registro Civil a la entrada en vigor de 
esta Ley. Las retribuciones serán las que se determinen en las relaciones de puestos 
de trabajo correspondientes, en atención a las funciones desarrolladas.
3.  El personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia que, en el 
momento de la entrada en servicio efectiva de las aplicaciones informáticas que 
permitan el funcionamiento del Registro Civil de forma íntegramente electrónica 
conforme a las previsiones contenidas en esta Ley, esté prestando servicios con 
destino definitivo en el Registro Civil Central y los Registros Civiles Exclusivos allá 
donde los hubiere o tenga asignadas funciones de registro en las oficinas judiciales 
con adscripción de Registro Civil, continuará desarrollando sus funciones respectivas 
de Registro Civil, compatibilizándolas, en su caso, con las que ejerza dentro de la 
Administración de Justicia en la oficina judicial a la que estuviera adscrito el Registro 
Civil, con abono de la totalidad de las retribuciones que viniese percibiendo.
4.  En tanto no se implanten las estructuras y relaciones de puestos de trabajo 
oportunas en el ámbito del Registro Civil, se mantendrán los actuales centros de 
destino según lo previsto en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. 
Las nuevas Oficinas del Registro Civil que se implanten conforme a esta Ley se 
considerarán centro de destino para los funcionarios de la Administración de 
Justicia.
Las menciones que se realizan en el artículo 521 de la Ley Orgánica 6/1985, 
de 1 de julio, del Poder Judicial, al Registro Civil han de entenderse hechas a las  e.e
Oficinas Generales, Central y colaboradoras del Registro Civil que se establezcan  w.b
en el territorio del Estado en virtud de lo previsto en esta Ley. 45ww
proc5e. soTsa ndteo  alac oeplalabmorieanctióon d deel  plaesr sroenlaacl iofunnecsi odnea rpiou eqsutoes  sdee  atrcaobmaejota, nc opmaora l olas 
cimrepalacniótanc idóen  doefi coinfiacsin ad ejul dRiceiagli sstero c oCnivtiiel,n esne  ereng liará Lne yp oOr rglaásn incao r6m/1a9s8 q5u, ed es o1b dree 
julio, del Poder Judicial, así como en la normativa de desarrollo.»
Veintiséis.  La disposición transitoria décima queda redactada del siguiente modo:
«Disposición transitoria décima.  Destino de los Jueces Encargados de los 
Registros Civiles Exclusivos y de los Encargados del Registro Civil Central.
1.  Los jueces y magistrados que al momento de la entrada en servicio efectiva 
de las aplicaciones informáticas que permitan el funcionamiento del Registro Civil de 
forma íntegramente electrónica conforme a las previsiones de esta Ley, se 
encuentren prestando servicios con destino definitivo como Encargados de los 
Registros Civiles Exclusivos y del Registro Civil Central, podrán optar por 
mantenerse ejerciendo dichas funciones en situación de servicios especiales en la 
Carrera Judicial, siempre que hubieran accedido a dicha plaza antes del 22 de julio 
de 2011, fecha de publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de esta Ley. Estas 
plazas se declararán a extinguir, pero mantendrán transitoriamente las mismas 
retribuciones que se estuvieran percibiendo antes de cambiar a la situación de 
servicios especiales y se amortizarán cuando cesen los titulares que las ocupasen. 
Aquellos jueces que no desearan o no pudieran permanecer en esas funciones, 
quedarán en la situación que se prevé en los apartados finales de esta disposición.
2.  Los asuntos jurisdiccionales pendientes de resolver se repartirán entre los 
juzgados de primera instancia o de primera instancia e instrucción según 
corresponda.
3.  Las competencias jurisdiccionales atribuidas a jueces y magistrados por 
ostentar la condición de Encargados del Registro Civil, pasarán a corresponder a los 
juzgados de primera instancia o de primera instancia e instrucción conforme a las 
normas de competencia establecidas en las leyes procesales.
4.  Los Jueces Encargados de los Registros Civiles exclusivos que con arreglo 
a lo dispuesto en esta Ley dejen de ostentar tal condición, quedarán provisionalmente 
a disposición del Presidente del Tribunal Superior de Justicia correspondiente, sin 
merma de las retribuciones que vinieren percibiendo. Mientras permanezcan en 
esta situación prestarán sus servicios en los puestos que determinen las respectivas 
Salas de Gobierno, devengando las indemnizaciones correspondientes por razón 
del servicio cuando éstos se prestaren en lugar distinto al del Registro Civil en el 
que estaban destinados, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
Orgánica del Poder Judicial. Estos Jueces serán destinados a los juzgados o 
tribunales del lugar y orden jurisdiccional de su elección, en la primera vacante que 
se produzca en el órgano elegido, a no ser que se trate de plazas de Presidente, de 
nombramiento discrecional o legalmente reservadas a magistrados procedentes de 
pruebas selectivas, salvo que éstos tuvieran esa condición, siempre y cuando 
reúnan el resto de condiciones objetivas previstas en la Ley Orgánica del Poder 
Judicial para poder acceder a dichas plazas.
5.  Los Encargados de los Registros Civiles Centrales que por virtud de esta 
Ley dejen de ostentar tal condición quedarán adscritos a disposición del Presidente 
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Mientras permanezcan en esta situación 
prestarán sus servicios en los puestos que determine la Sala de Gobierno y serán 
destinados a la primera vacante que se produzca en cualesquiera secciones civiles 
de la Audiencia Provincial de Madrid, a determinar por el Presidente, a no ser que 
se trate de las plazas de Presidente o legalmente reservadas a magistrados 
procedentes de pruebas selectivas, y para las que no se reconozca especial 
preferencia o reserva a especialista. e.e
6.  No obstante lo anterior, el tiempo durante el cual los jueces y magistrados  w.b
afectados pueden permanecer en situación de adscripción provisional a las  45ww
Pderel spidroepnicoia isn tdeer elossa dTori,b uan daoless  aSñuopse raio rceosn dtaer  Jdueslt icmiao mpoednrtáo e exnte nqdueer spee, rad ipeeroticni ólan 
condición de Encargados del Registro Civil.»
Veintisiete.  Se introduce una nueva disposición transitoria undécima con la siguiente 
redacción:
«Disposición transitoria undécima.  Referencias a resoluciones judiciales en los 
expedientes en tramitación.
Las menciones existentes en otras normas a autos y providencias que pudieran 
dictarse en los expedientes que se hallaren en tramitación en los Registros Civiles 
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 8 de junio de 1957, sobre el Registro Civil, y 
en el Decreto de 14 de noviembre de 1958, por el que se aprueba el Reglamento de 
la Ley del Registro Civil, se entenderán referidas a resoluciones del Encargado del 
Registro Civil.»
Veintiocho.  La disposición derogatoria queda redactada del siguiente modo:
«Disposición derogatoria.  Ley de 8 de junio de 1957 del Registro Civil, Ley 38/1988, 
de 28 de diciembre, de Demarcación y de Planta Judicial, y Código Civil.
Quedan derogadas cuantas normas se opongan a lo previsto en la presente Ley y, en 
particular, las siguientes:
1.ª  Ley de 8 de junio de 1957, del Registro Civil, salvo en lo dispuesto en las 
disposiciones transitorias tercera, cuarta y quinta de esta Ley.
2.ª  Los números 1 y 2 del artículo 27 de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, 
de Demarcación y de Planta Judicial, salvo en lo dispuesto en la disposición 
transitoria cuarta de esta Ley.
3.ª  Los artículos 325 a 332 del Código Civil.»
Veintinueve.  La disposición final primera queda redactada del siguiente modo:
«Disposición final primera.  Derecho supletorio.
En todo lo no previsto en relación con la tramitación administrativa de los 
procedimientos regulados en la presente Ley se aplicará la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.»
Treinta.  Se modifica el apartado 2 de la disposición final segunda, quedando 
redactado como sigue:
«2.  Las referencias que se encuentren en cualquier norma al juez, alcalde o 
funcionario que haga sus veces competentes para autorizar el matrimonio civil, 
deben entenderse referidas al notario, Encargado del Registro Civil o funcionario 
diplomático o consular encargado del Registro Civil, para acreditar el cumplimiento 
de los requisitos de capacidad y la inexistencia de impedimentos o su dispensa; y al 
juez de paz, alcalde o concejal en quien éste delegue, Encargado del Registro Civil, 
notario, o funcionario diplomático o consular encargado del Registro Civil, para la 
celebración ante ellos del matrimonio en forma civil.»
Treinta y uno.  La disposición final séptima queda redactada del siguiente modo:
«Disposición final séptima.  Competencias de las Comunidades Autónomas en 
materia de Registro Civil. e
Las Comunidades Autónomas tendrán participación en este ámbito ejerciendo  w.
lcAaodsmm cpionemitseptrneactceiainóscn i aadsse ue mJjeuicdsutaitcsivi aae;s n d eemn  aamtceuarteiearrd iado e dc eom nRe dseuigosiss t Ermos taCatteiuvritiloa osle  ldsa esy  A qpuueteor snsooenm daíelaer,si v leadn eL  deleay    2021-6945n https://ww
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y esta Ley, así como las demás
disposiciones normativas.»
Treinta y dos.  La disposición final octava queda redactada como sigue:
«Disposición final octava.  Título competencial.
La presente Ley se dicta al amparo del artículo 149.1.5.ª y 8.ª de la Constitución 
Española, con excepción de la disposición final cuarta, que lo hace con base en el 
artículo 149.1.6.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado competencia 
exclusiva para dictar la legislación procesal.»
Disposición adicional única.  Modificación del plazo previsto en la Ley 16/1985, de 25 
de junio, del Patrimonio Histórico Español, en relación con el Inventario de Bienes 
Muebles de la Iglesia.
Se amplía por cinco años el plazo previsto en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del 
Patrimonio Histórico Español, en relación con el Inventario de Bienes Muebles de la 
Iglesia, y en relación a su vez con la disposición adicional segunda de la Ley 4/2004, de 29 
de diciembre, de modificación de tasas y de beneficios fiscales de acontecimientos de 
excepcional interés público, con la disposición transitoria primera de la Ley 42/1994, de 30 
de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, y con la disposición 
transitoria quinta de la propia Ley 16/1985, de 25 de junio.
Disposición final primera.  Título competencial.
La presente Ley se dicta al amparo del artículo 149.1.5.ª y 8.ª de la Constitución, que 
atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de Administración de Justicia y de 
ordenación de los registros e instrumentos públicos.
Disposición final segunda.  Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado.»
Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar 
esta ley.
Madrid, 28 de abril de 2021.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN