BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 313 Jueves 30 de diciembre de 2021 Sec. III.   Pág. 167376
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
21844 Resolución de 21 de diciembre de 2021, de la Intervención General de la 
Administración del Estado, sobre delegación de competencias.
En virtud de la sentencia 148/2021, de 14 de julio, del Tribunal Constitucional, por la 
que se estima parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra el Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y de acuerdo con 
lo señalado por la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del 
Estado, en su informe de 5 de agosto de 2021, «las sanciones que se hubiesen impuesto 
por los Delegados y Subdelegados del Gobierno al amparo del artículo 36.6 de la Ley 
Orgánica  4/2015,  de  30  de  marzo,  de  protección  de  la  seguridad  ciudadana,  por 
inobservancia de los apartados 1, 3 y 5 del artículo 7 del Real Decreto 463/2020 son, 
aunque se trate de actos firmes, revisables».
Debe tenerse en cuenta, además, que la revisión de dichos actos administrativos, 
conforme a los procedimientos señalados en el citado informe, «conllevará, en todos los 
casos en que la Administración haya cobrado el importe de las sanciones, (bien porque 
se hayan abonado voluntariamente por los interesados, bien porque se hayan percibido 
a  través  del  correspondiente  procedimiento  de  ejecución  forzosa),  la  obligación  de 
reintegrar a los particulares el importe de las sanciones impuestas».
El  procedimiento  para  reintegrar  a  los  particulares  el  importe  de  las  sanciones 
impuestas, en los casos en que haya sido finalmente percibido por la Administración, 
está  recogido  en  el  artículo  81  de  la  Ley  47/2003,  de  26  de  noviembre,  General 
Presupuestaria y en el Real Decreto 191/2016, de 6 de mayo, por el que se regula la 
devolución de ingresos indebidos no tributarios ni aduaneros de la Hacienda Pública 
estatal, dictado en desarrollo del mencionado precepto.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3.1. del citado Real Decreto 191/2016, 
de 6 de mayo, cuando el derecho a la devolución se declare en un procedimiento 
administrativo o judicial de revisión del acto de liquidación, y siempre que la recaudación 
se hubiera producido en periodo voluntario, la devolución se acordará y ejecutará según 
la siguiente regla de competencia:
«a)  Si se tratase de ingresos en los que la liquidación del derecho y su recaudación 
hubieran correspondido a la misma Administración titular del recurso, la competencia 
para  acordar  la  devolución  del  ingreso  declarado  indebido  y  proponer  el  pago 
corresponderá al órgano que hubiese dictado el acto de liquidación revisado.»
Para determinar, por tanto, la competencia para acordar la devolución del ingreso 
indebido y proponer el pago, es necesario referirse a la normativa que atribuya la 
competencia para dictar el acto de liquidación revisado, es decir, a la normativa que 
atribuya la competencia para imponer las sanciones.
La  competencia  para  la  imposición  de  las  sanciones  afectadas  por  la 
sentencia 148/2021, de 14 de julio, del Tribunal Constitucional, que son las sanciones 
que se funden exclusivamente en que la inobservancia de los apartados 1, 3 y 5 del  e.e
artículo 7 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, constituye desobediencia a los  b
efectos del artículo 36.6 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, tipificada en el  844ww
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Geno bciueyrnoo t eernr iltaosri oC isued apdreosd udjee rCone ultaas  yi nMfrealcillcaio.nes, o en su caso a las Delegaciones del
Corresponde  también,  por  tanto,  a  estos  mismos  órganos  la  competencia  para 
acordar la devolución del ingreso declarado indebido y proponer el pago a la Dirección 
General del Tesoro y Política Financiera, siempre que, de acuerdo con lo establecido en 
el Real Decreto 191/2016, de 6 de mayo, como se ha mencionado anteriormente, se 
trate de ingresos cuya recaudación se haya producido en periodo voluntario.
El Real Decreto 2188/1995, de 28 de diciembre, por el que se desarrolla el régimen 
de control interno ejercido por la Intervención General de la Administración del Estado, al 
regular en su artículo 8 la distribución de competencias entre el Interventor General de la 
Administración del Estado y los Interventores Delegados, atribuye a estos últimos, sin 
otras excepciones que los supuestos tasados atribuidos a la competencia de aquel, la 
fiscalización e intervención de los actos relativos a gastos, derechos, pagos e ingresos 
que dicten las autoridades de los Ministerios, Centros, Dependencias u Organismos 
autónomos,  especificando  que  la  misma  se  ejercerá,  con  carácter  general,  por  el 
Interventor Delegado cuya competencia orgánica o territorial se corresponda con la de la 
autoridad que acuerde el acto de gestión.
De  acuerdo  con  lo  anterior,  la  competencia  para  la  intervención  previa  de  las 
propuestas  de  pago  corresponderá  a  la  Intervención  Regional  cuya  competencia 
territorial se corresponda con la de la Delegación del Gobierno que tenga atribuida la 
competencia para dictar el acto sancionador, que, como se ha señalado anteriormente, 
es la autoridad a la que se atribuye la competencia para aprobar la propuesta de pago de 
la devolución de ingresos indebidos; o a la Intervención Territorial de Ceuta o Melilla, si la 
sanción se acordó por las Delegaciones del Gobierno en dichas Ciudades Autónomas.
No  obstante,  debe  tenerse  en  cuenta  que,  en  el  momento  actual,  en  las 
Comunidades Autónomas de Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, 
Valencia, Extremadura y Galicia, las competencias para la imposición de las sanciones 
afectadas por la sentencia 148/2021, de 14 de julio, del Tribunal Constitucional han sido 
objeto de delegación, entre otras competencias, en las Subdelegaciones del Gobierno.
En cuanto a cómo pueda afectar esta delegación a la competencia para acordar la 
devolución  de  ingresos  indebidos  y  la  correspondiente  propuesta  de  pago,  debe 
atenderse a lo dispuesto por la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio 
Jurídico del Estado en su informe de 14 de diciembre de 2021, cuya conclusión segunda 
afirma que:
«En  los  casos  en  que,  por  haberse  delegado  el  ejercicio  de  la  competencia 
sancionadora, el acto de liquidación (imposición de la sanción) se hubiese dictado por el 
Subdelegado del Gobierno, la competencia para acordar la devolución y proponer el 
pago corresponde, por las consideraciones expuestas en el apartado III del presente 
informe, al Subdelegado del Gobierno.»
Dicho lo anterior, en las Comunidades Autónomas en las que las Delegaciones del 
Gobierno hayan delegado las competencias para la imposición de las sanciones debe 
entenderse,  de  acuerdo  con  las  consideraciones  expuestas  en  el  apartado  III  del 
mencionado  informe,  que  esa  delegación  abarca  también  la  delegación  de  las 
competencias para acordar la devolución de ingresos indebidos y para aprobar las 
correspondientes propuestas de pago.
No  obstante,  la  distribución  de  competencias  para  el  ejercicio  de  la  función 
interventora no se ve alterada por esa delegación de las competencias de gestión. En 
efecto, según el citado artículo 8 del Real Decreto 2188/1995, de 28 de diciembre, «La 
función se ejercerá por el Interventor delegado cuya competencia orgánica o territorial se  e
corresponda con la de la autoridad que acuerde el acto de gestión», acto de gestión (en  bo
este caso la propuesta de pago) que ha de entenderse acordado por quien ostenta la  844ww
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órgano delegante.»
No obstante lo anterior, por razones de economía procesal, se considera conveniente 
que las Intervenciones Regionales afectadas deleguen el ejercicio de la competencia 
para la intervención previa de las propuestas de pago de devoluciones de ingresos 
indebidos,  en  las  Intervenciones  Territoriales  correspondientes  al  ámbito  de  las 
Subdelegaciones del Gobierno competentes para aprobar dichas propuestas de pago 
por delegación, manteniendo de este modo el paralelismo en el ejercicio de ambas 
competencias y con el consiguiente reparto de cargas de trabajo.
Asimismo,  a  fin  de  mantener  un  criterio  homogéneo,  se  considera  conveniente 
extender esta delegación, no solo a la intervención previa de las propuestas de pago 
correspondientes a las devoluciones de ingresos de las sanciones afectadas por la 
sentencia 148/2021, de 14 de julio, del Tribunal Constitucional, sino también de las 
correspondientes a otras sanciones en materia de seguridad ciudadana, siempre que la 
competencia  sancionadora  esté  igualmente  delegada  en  las  Subdelegaciones  del 
Gobierno.
Por todo ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 9 de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, dispongo:
Primero.
1.  Aprobar  la  delegación  por  las  personas  titulares  de  las  Intervenciones 
Regionales de las competencias en materia de función interventora a que se refiere el 
apartado siguiente, en las personas titulares de las Intervenciones Territoriales cuyo 
ámbito  se  corresponda  con  el  órgano  competente  por  delegación  para  acordar  la 
devolución de los ingresos indebidos y proponer el pago, en aquellas Comunidades 
Autónomas en las que la competencia sancionadora a que se refiere el artículo 32.1.c) 
de Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana, 
esté delegada en las Subdelegaciones del Gobierno.
2.  La delegación de competencias alcanza exclusivamente a la intervención previa 
de las propuestas de pago de devoluciones de ingresos indebidos correspondientes a 
sanciones  impuestas  por  la  comisión  de  las  infracciones  tipificadas  en  la  Ley 
Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana, siempre 
que dichos ingresos se hayan producido por los particulares en el período voluntario de 
la gestión recaudatoria y hayan sido declarados indebidos en virtud de un procedimiento 
administrativo o judicial de revisión del acto administrativo sancionador.
3.  La citada delegación no afecta a la competencia de la Intervención Delegada en 
la  Secretaría  General  del  Tesoro  y  Financiación  Internacional  para  la  posterior 
intervención  formal  de  la  ordenación  del  pago  y  la  intervención  material  del  pago 
correspondiente a las devoluciones de ingresos indebidos.
Segundo.
En el acto de intervención previa de las propuestas de pago de devolución de 
ingresos  indebidos,  se  hará  constar  que  la  competencia  se  ejerce  en  base  a  la 
delegación aprobada en esta Resolución.
Tercero.
La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado». s
Madrid, 21 de diciembre de 2021.–El Interventor General de la Administración del  w.b
Estado, Pablo Arellano Pardo. 844ww