BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 186 Jueves 5 de agosto de 2021 Sec. III.   Pág. 96485
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE CONSUMO
13478 Resolución de 30 de julio de 2021, de la Secretaría General de Consumo y 
Juego, por la que se publica el Convenio con la Junta de Andalucía y la 
Diputación  Provincial  de  Jaén,  para  la  constitución  de  la  Junta  Arbitral 
Provincial de Consumo de Jaén.
Suscrito entre el Ministerio de Consumo, la Consejería de Salud y Familias de 
la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial de Jaén, en fecha 30 de julio de 2021, 
Convenio para la Constitución de la Junta Arbitral Provincial de Consumo de Jaén, que 
figura como anexo a esta resolución, procede su publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado», de conformidad con lo previsto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Madrid, 30 de julio de 2021.–El Secretario General de Consumo y Juego, Rafael 
Escudero Alday.
ANEXO
Convenio entre el Ministerio de Consumo, la Consejería de Salud y Familias 
de la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial de Jaén, para la Constitución 
de la Junta Arbitral Provincial de Consumo de Jaén
REUNIDOS
De  una  parte,  don  Alberto  Carlos  Garzón  Espinosa,  Ministro  de  Consumo,  de 
acuerdo con el nombramiento efectuado por Real Decreto 8/2020, de 12 de enero, por el 
que se nombran Ministros del Gobierno, y en uso de la competencia atribuida por el 
artículo 61 letra k) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público.
De otra parte, don Jesús Ramón Aguirre Muñoz, Consejero de Salud y Familias de 
la Junta de Andalucía, nombrado para este cargo por Decreto del Presidente 4/2019, 
de 21 de enero, por el que se designan los consejeros y las consejeras de la Junta 
de Andalucía (BOJA núm. 14, de 22 de enero de 2019, y corrección de errores en BOJA 
extraordinario núm. 1, de 22 de enero de 2019), actuando en ejercicio de las facultades 
que  le  vienen  conferidas  por  Decreto  del  Presidente  2/2019,  de  22  de  enero,  de 
la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, y el Decreto 105/2019, de 12 
de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Salud 
y Familias y del Servicio Andaluz de Salud.
Y de otra, don Francisco Reyes Martínez, Presidente de la Diputación Provincial 
de Jaén, cargo del que tomó posesión en la Sesión Plenaria de fecha once de julio de 
dos  mil  diecinueve,  y  en  uso  de  la  competencia  atribuida  por  el  artículo  34  de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en virtud del 
acuerdo del Pleno de la Corporación en sesión ordinaria n.º 4, celebrada el día 3 de 
mayo de 2021, que le faculta para la firma del presente convenio. s
Actuando, respectivamente, en nombre y representación del Ministerio de Consumo, 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía y de la Diputación Provincial de Jaén.
Cada uno de los firmantes, en el ejercicio de sus facultades, comparecen y
EXPONEN
El artículo 51 de la Constitución insta a los poderes públicos a garantizar la defensa 
de  los  consumidores  y  usuarios,  protegiendo,  mediante  procedimientos  eficaces,  la 
seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos.
En cumplimiento del mandato constitucional, el capítulo II, del título V, del libro 
primero, del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores 
y Usuarios, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, 
establece el régimen jurídico del Sistema Arbitral de Consumo, facultando al Gobierno 
para que reglamentariamente establezca su organización, gestión y administración, así 
como el procedimiento de resolución de conflictos.
De conformidad con dicho mandato, el Gobierno aprobó el Real Decreto 231/2008, 
de 15 de febrero, por el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo, estableciendo el 
cauce para que los conflictos de consumo puedan resolverse en esta vía de carácter 
inmediato y ágil, sin merma de las garantías y derechos que deben reconocerse a las 
partes, incorporando, asimismo, las novedades ofrecidas por la Ley 60/2003, de 23 de 
diciembre, de Arbitraje.
Finalmente,  la  Ley  7/2017,  de  2  de  noviembre,  por  la  que  se  incorpora  al 
ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/11/UE, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia 
de consumo, completa el marco legal del Arbitraje de Consumo, correspondiendo la 
ordenación y gestión del Sistema Arbitral de Consumo al Ministerio de Consumo, a 
través de la Dirección General de Consumo, tal como se recoge en la letra b del 
artículo  3  del  Real  Decreto  495/2020,  de  28  de  abril,  por  el  que  se  desarrolla  la 
estructura  orgánica  básica  del  Ministerio  de  Consumo  y  se  modifica  el  Real 
Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica 
de los departamentos ministeriales.
Mediante convenio de fecha 7 de abril de 1994, se constituyó la Junta Arbitral 
Provincial  de  Consumo  de  Jaén  (en  adelante,  la  Junta  Arbitral),  realizando  desde 
entonces una importante labor para la resolución de conflictos de consumo en su ámbito 
territorial.
Así  pues,  el  Ministerio  de  Consumo,  la  Consejería  de  Salud  y  Familias  de  la 
Comunidad Autónoma de Andalucía y la Diputación Provincial de Jaén, conscientes de la 
necesidad de facilitar a los consumidores un medio eficaz de resolución de conflictos y 
teniendo en cuenta la experiencia positiva desde su constitución, consideran aconsejable 
dar continuidad a la Junta Arbitral.
Por ello, y en cumplimiento de la nueva regulación de los convenios contenida en el 
capítulo VI, del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público, y de su disposición adicional octava,
ACUERDAN
Primero.  Objeto.
El objeto de este convenio es determinar que la Junta Arbitral Provincial de Consumo  e.
de Jaén, con sede en Jaén, cuyo ámbito territorial viene determinado por el propio de la  w.b
provincia  de  Jaén,  conocerá,  con  carácter  prioritario,  de  las  reclamaciones  de  los  478ww
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Segundo.  Compromisos de las partes.
1.  La Diputación Provincial de Jaén impulsará, en su ámbito territorial, la gestión y 
administración del arbitraje institucional de consumo por la Junta Arbitral, comprometiéndose 
a solicitar ante la Dirección General de Consumo del Ministerio de Consumo, en el plazo de 
un año desde la fecha de eficacia del presente convenio, su acreditación como entidad de 
resolución alternativa de litigios de consumo, de conformidad con lo previsto en la Ley 7/2017, 
de  2  de  noviembre,  por  la  que  se  incorpora  al  ordenamiento  jurídico  español  la 
Directiva 2013/11/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, 
relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo.
2.  El  Ministerio  de  Consumo  establecerá  en  colaboración  con  la  Diputación 
Provincial de Jaén, un sistema de información recíproco para el buen funcionamiento del 
Sistema Arbitral de Consumo, en cooperación con la Consejería de Salud y Familias.
3.  La Diputación Provincial de Jaén facilitará información sobre la designación de 
la Presidencia y la Secretaría de la Junta Arbitral, así como cualquier otro dato referente a la 
actividad de la junta, cumplimentando los modelos e informes que se determinen.
4.  El Ministerio de Consumo y la Consejería de Salud y Familias facilitarán el 
asesoramiento técnico y jurídico necesario para el desarrollo del Sistema Arbitral de 
Consumo en el ámbito territorial de la provincia de Jaén.
5.  Las instituciones firmantes se comprometen a difundir el Sistema Arbitral de 
Consumo para su conocimiento por los ciudadanos en general, empresas y agentes 
económicos implicados, así como la promoción de ofertas públicas de adhesión.
Tercero.  Comisión de seguimiento.
A los efectos de seguimiento y control del presente convenio, se crea una comisión 
de seguimiento, que se reunirá anualmente, pudiendo llevarse a cabo estas reuniones a 
través de medios telemáticos, y estará formada por un representante de cada Institución 
firmante, correspondiendo la Secretaría a un funcionario de la Dirección General de 
Consumo del Ministerio de Consumo.
El régimen de funcionamiento y organización de la comisión de seguimiento, en lo no 
previsto  en  este  convenio,  será  el  dispuesto  para  los  órganos  colegiados  en  la 
sección 3.ª del capítulo II del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público.
Cuarto.  Modificación del convenio.
La modificación de este convenio requerirá acuerdo unánime y por escrito de los 
firmantes, que se formalizará en adenda, suscrita a dichos efectos, conforme a los 
requisitos legalmente establecidos y previa autorización prevista en el artículo 50 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Quinto.  No asunción de compromisos financieros.
El  presente  convenio  configura  una  actividad  de  colaboración  que  no  genera 
compromisos financieros para ninguna de las partes.
Sexto.  Vigencia del convenio.
El presente convenio tendrá una vigencia de cuatro años, prorrogables, por mutuo  es
acuerdo de las partes, antes de su finalización por un período de hasta cuatro años  bo
adicionales, que se formalizará mediante adenda al presente convenio. 478ww
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Séptimo.  Extinción del convenio.
El convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su 
objeto o por incurrir en causa de resolución. Son causas de resolución del convenio las 
recogidas en el artículo 51.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, así como las siguientes:
a)  Por el transcurso del plazo previsto para solicitar la acreditación de la Junta 
Arbitral como entidad de resolución alternativa acreditada sin haber efectuado la solicitud 
o su denegación.
b)  La denuncia anticipada y motivada de cualquiera de las partes, que ha de ser 
comunicada a la otra parte, mediante el oportuno preaviso con un plazo mínimo de tres meses.
c)  La disolución o supresión de alguna de las partes.
d)  Cuando  una  de  las  partes  considere  que  cualquiera  de  las  otras  partes  está 
incumpliendo los compromisos adquiridos en el presente convenio, se lo notificará mediante 
comunicación fehaciente e indicará las causas que originan dicho incumplimiento. Este 
requerimiento  será  comunicado  igualmente  a  los  representantes  de  la  comisión  de 
seguimiento. La otra parte podrá subsanar dicha situación en un plazo no superior a un mes, 
a contar desde la fecha de envío de la notificación. En todo caso, la comisión de seguimiento 
podrá  decidir  sobre  la  adopción  inmediata  de  las  medidas  correctoras  oportunas  para 
garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el presente convenio.
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento y pese a la actuación de la comisión 
de seguimiento, persistiera el incumplimiento, se entenderá resuelto el convenio.
El cumplimiento y la resolución del convenio darán lugar a la liquidación del mismo 
con el objeto de determinar las obligaciones y compromisos de cada una de las partes. 
La comisión de seguimiento del convenio decidirá, en caso de resolución anticipada del 
convenio, sobre la forma de terminar las actuaciones en curso, conforme a lo previsto en 
el artículo 52.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Octavo.  Régimen Jurídico y cuestiones litigiosas.
El presente convenio tiene naturaleza administrativa, no contractual, y en lo no 
dispuesto en el mismo se estará a lo previsto en el capítulo VI del título preliminar de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Las partes se 
comprometen a resolver de manera amistosa en el seno de la comisión de seguimiento 
las discrepancias que pudieran surgir sobre la interpretación, desarrollo, modificación, 
resolución y efectos que pudieran derivarse de la aplicación del presente convenio. Las 
cuestiones  litigiosas  que  en  la  ejecución  y  cumplimiento  pudieran  aparecer  y  no 
quedasen resueltas por la comisión de seguimiento, se someterán a la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 
de julio, reguladora de la citada jurisdicción.
Noveno.  Protección de datos de carácter personal.
El tratamiento de los datos personales que, como consecuencia de la ejecución del 
convenio, sea necesario realizar, se efectuará conforme a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a 
la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento  e
general de protección de datos) y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección  bo
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 478ww
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Garzón Espinosa.–El Consejero de Salud y Familias, Jesús Ramón Aguirre Muñoz.–El
Presidente de la Diputación Provincial de Jaén, Francisco Reyes Martínez.