BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 158 Viernes 5 de junio de 2020 Sec. I.   Pág. 37603
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
5710 Ley 2/2020, de 4 de marzo, de apoyo, asistencia y reconocimiento a las 
víctimas de terrorismo de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA
La Asamblea de Extremadura ha aprobado y yo, en nombre del Rey, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 40.1 del Estatuto de Autonomía, promulgo la siguiente ley.
I
El terrorismo constituye una de las principales amenazas para la seguridad que 
soporta nuestra sociedad, causando destrucción, muerte y un dolor indescriptible en las 
víctimas, sus familias y, en definitiva, en toda la sociedad. Así, persigue crear e instalar 
en la sociedad un estado de terror y alteración de los valores democráticos. El fin del 
terrorismo es imponer por la fuerza un determinado proyecto político, infundiendo miedo 
en la sociedad para la consecución de sus fines políticos.
La historia reciente de España está marcada de manera trágica por el terrorismo 
desde  los  años  sesenta  del  siglo  XX.  En  estos  años  han  sido  diferentes  las 
organizaciones terroristas que han actuado en España.
La Constitución española, en su artículo 10, fundamenta el orden político y la paz 
social en el debido respeto a la dignidad de la persona, en los derechos inviolables que 
le son inherentes, en el libre desarrollo de la personalidad, así como en el respeto a la 
Ley y a los derechos de los demás. Asimismo, en su artículo 15, reconoce el derecho 
fundamental de todos a la vida y a la integridad física y moral. Igualmente, en su 
artículo 17, instituye como derechos fundamentales el derecho a la libertad y a la 
seguridad, encomendando, en su artículo 9, a los poderes públicos la obligación de 
promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos 
en que se integra sean reales y efectivas, removiendo los obstáculos que impidan o 
dificulten su plenitud.
Ese contenido constitucional exige a los poderes públicos una actuación eficaz en 
aras de su garantía y defensa frente a cualquier acto que pretenda un menoscabo de los 
mismos.
El terrorismo constituye un ataque directo a estos pilares del Estado de derecho y a 
los valores democráticos, por lo que resulta imprescindible la implicación de todos los 
poderes del Estado y de la sociedad en su conjunto para lograr su erradicación, así 
como deslegitimar ética, social y políticamente al terrorismo, a su entorno y a quienes lo 
promueven, lo apoyan o le dan cobertura, persiguiéndolo y garantizando la acción de la 
justicia frente a todos ellos.
En el ámbito estatal, la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y 
Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, rinde reconocimiento y homenaje a las 
víctimas del terrorismo y expresa su compromiso permanente con todas las personas 
que lo han sufrido o que puedan lo puedan sufrir en el futuro en cualquiera de sus 
formas. El marco normativo estatal se completa con el Real Decreto 671/2013, de 6 de  e.
septiembre, que aprueba el reglamento que desarrolla lo anterior, y al igual que aquella  w.b
se  asienta  en  una  concepción  integral  de  la  atención  al  colectivo  de  víctimas  del  10ww
terroNriusemsotr.o Estatuto de Autonomía recuerda que los derechos fundamentales de la
cpiruindcaipdiaonsí aq ueex htraenm deeñ ag uisaor nla  laocst uaecsitóanb ldeec idlooss  poedne rleas  pCúobnlisctoitsu ceióxtnr emy ecñoonss, aegnrtare  octormoso, 
que el ejercicio de sus atribuciones tiene por finalidad primordial la promoción de las 
condiciones de orden social, político, cultural o económico, para que la libertad y la 
igualdad de las extremeñas y los extremeños, entre sí y con el resto de las españolas y 
los  españoles,  sean  reales  y  efectivas,  removiendo  los  obstáculos  que  impidan  o 
dificulten su plenitud.
Asimismo, estos poderes públicos han de velar por la especial protección de aquellos 
sectores de población con especiales necesidades de cualquier tipo y han de entender 
como una exigencia ética colectiva la contribución activa de la sociedad regional y de sus 
instituciones a la paz.
Las víctimas del terror en muchas ocasiones han sido las verdaderas olvidadas de 
este drama, soportando un dolor doble: el causado por culpa de sus asesinos y, por otro, 
el del olvido y la falta de reconocimiento y de ayuda a que han sido frecuentemente 
sometidos. Se cierne a menudo sobre ellas, además del sufrimiento por la ausencia de 
las  personas  queridas,  injustamente  asesinadas,  la  sombra  de  la  sospecha,  la 
incomprensión.
Las víctimas del terrorismo constituyen una referencia ética para nuestro sistema 
democrático, al simbolizar la defensa de la libertad y del Estado de derecho frente a 
quienes amenazan con destruirlo. Son el exponente de una sociedad que se ha otorgado 
un régimen de convivencia en paz basado en unos derechos, libertades y obligaciones 
que sirven de base para una sociedad plural, democrática, social y de derecho que no se 
doblega ante nada ni nadie que pretenda contrariar este orden de progreso que nos 
hemos otorgado, construido desde el diálogo, el consenso y el respeto recíproco entre 
todas y todos.
Las instituciones públicas extremeñas tienen un deber moral y jurídico de reconocer 
públicamente a las víctimas de la barbarie terrorista. Por ello han de velar por su 
bienestar, asistiéndolas en las necesidades a que haya lugar y potenciar la memoria 
colectiva sobre lo ocurrido como forma de deslegitimar la acción terrorista.
II
La presente ley es un compromiso público con las víctimas del terrorismo con el 
objeto de que permanezcan visibles en la sociedad y de que se mantenga y potencie el 
relato de lo sucedido como forma eficaz de construir tanto la memoria individual como la 
colectiva.
La sociedad extremeña, desgraciadamente, no ha sido ajena al sufrimiento y a la 
barbarie perpetrados por la acción terrorista, tampoco ha escatimado en muestras de 
solidaridad hacia las víctimas de tan deleznables actos. Ya en 2005 el Parlamento 
regional dotó a la comunidad autónoma de la Ley 6/2005, de 27 de diciembre, de 
medidas para la asistencia y atención a las víctimas del terrorismo y de creación del 
Centro Extremeño de Estudios para la Paz, al objeto de regular y ampliar las medidas de 
asistencia  y  atención  a  las  víctimas  del  terrorismo  en  la  comunidad  autónoma  de 
Extremadura.
No obstante, el paso del tiempo, la experiencia normativa de otras comunidades 
autónomas, la entrada en vigor a nivel estatal de la Ley 29/2011, de 22 septiembre 
de 2011, de Reconocimiento y Atención Integral a las Víctimas de Terrorismo, y su 
posterior  desarrollo  reglamentario  hacen  necesario  ampliar  y  superar  los  aspectos 
puramente programáticos, y a veces faltos de aplicación y desarrollo normativo, material 
e institucional, de la Ley 6/2005, de 27 de diciembre, de medidas para la asistencia y  s
atención a las víctimas del terrorismo y de creación del Centro Extremeño de Estudios  e.
para la Paz, dotando al colectivo de víctimas de un estatuto específico y estableciendo  w.
ayudas para superar las consecuencias de esos actos, de acuerdo con el concepto de  10ww
protLeac cleióyn d pel eanpao yyo g, laosbisatle dnec iala ys  rmecisomnoacsi.miento a las víctimas de terrorismo de Extremadura
nace  con  una  clara  vocación  transversal  y  aglutinadora  de  ámbitos  competenciales
autonómicos en mayor o menor grado: sanidad, políticas sociales, farmacia, empleo, empleo 
público, vivienda, educación formación, juventud, mayores, etcétera.
El objeto de la ley es, en definitiva, el reconocimiento a las víctimas y al resto de las 
personas que se han visto golpeadas por la acción terrorista en Extremadura y su 
atención, mediante el establecimiento de medidas de carácter reparador y asistencial, 
así como del recuerdo y homenaje a todos aquellos que sufrieron la acción terrorista.
III
La  presente  ley  consta  de  49  artículos,  estructurados  en  ocho  títulos,  cuatro 
disposiciones  adicionales,  una  transitoria,  una  disposición  derogatoria  y  dos 
disposiciones finales.
El título primero expresa el objeto y los fines que persigue, los valores en que se 
funda, el ámbito temporal y subjetivo de aplicación, las medidas que prevé, las personas 
beneficiarias  de  las  mismas,  los  requisitos  para  la  concesión  de  las  ayudas  y  la 
naturaleza de estas.
El título segundo recoge las indemnizaciones por fallecimiento, por daños físicos o 
psíquicos y la reparación por daños materiales, así como el procedimiento administrativo 
conducente a la concesión de esas indemnizaciones y ayudas.
El  título  tercero  describe  las  acciones  asistenciales  en  los  ámbitos  sanitarios, 
psicológicos,  de  la  promoción  de  la  autonomía  personal  y  en  situaciones  de 
dependencia, educativos, del empleo y de la vivienda.
El título cuarto recoge otra serie de ayudas, sistematizadas por materias y relativas al 
ingreso en centros residenciales de personas mayores y a la asistencia en el ámbito de 
la formación, de acceso a instalaciones juveniles, del gasto farmacéutico y del acceso a 
la  cultura  y  al  deporte.  Asimismo,  prevé  la  posibilidad  de  conceder  ayudas 
extraordinarias y garantiza la existencia de fondos de solidaridad.
El título quinto contempla el apoyo al movimiento asociativo, donde se contemplan 
tanto el régimen de subvenciones a las entidades e instituciones sin ánimo de lucro cuyo 
objeto sea la representación y defensa de las víctimas como otras medidas de fomento 
del movimiento asociativo.
El  título  sexto  se  reserva  a  la  memoria  y  al  reconocimiento  de  las  víctimas, 
incorporando acciones de memoria y de reconocimiento por parte tanto de la Junta de 
Extremadura  como  de  las  entidades  locales,  así  como  la  concesión  de  honores  y 
distinciones a las víctimas del terrorismo y a otras personas, instituciones o entidades 
que se hayan distinguido por sus actuaciones en la lucha contra el terrorismo y la 
defensa  a  las  víctimas  del  terrorismo;  actos  públicos  de  homenaje;  presencia 
protocolaria, etcétera.
El título séptimo desarrolla algunos aspectos relativos a la información integral a las 
víctimas de terrorismo a través de la página web, la protección de datos y la expedición 
de un certificado acreditativo de la condición de víctima del terrorismo que les permita 
relacionarse con la Administración de forma integral.
Finalmente,  el  título  octavo  regula  el  Centro  Extremeño  de  Estudios  para  la 
Erradicación de la Violencia y Atención a sus Víctimas.
La parte final de la ley está compuesta por cuatro disposiciones adicionales, una 
transitoria,  una  derogatoria  y  dos  disposiciones  finales.  Tratan  desde  aspectos 
presupuestarios,  promoción  de  beneficios  fiscales,  incorporación  de  criterios  de 
baremación  en  la  concesión  de  subvenciones,  aplicación  retroactiva,  previsión  de  s
desarrollo reglamentario, derogación parcial de la Ley 6/2005, de 27 de diciembre, de  e.
medidas para la asistencia y atención a las víctimas de terrorismo y de creación de  w.
Centro extremeño de Estudios para la Paz, hasta la entrada en vigor. 10ww
TÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1.  Objeto.
1.  La presente ley tiene por objeto prestar asistencia integral a las víctimas del 
terrorismo, rendirles homenaje y expresarles su reconocimiento. Para ello, establece un 
conjunto de medidas, en distintos ámbitos de competencia autonómica, destinadas a las 
personas físicas, jurídicas o entidades que representen o defiendan los intereses y 
reivindicaciones de quienes hayan sufrido la acción terrorista, con el fin de reparar y 
aliviar tanto los daños de diversa índole vinculados a dicha acción como el recuerdo y la 
memoria  colectiva,  sin  perjuicio  de  las  competencias  correspondientes  a  otras 
Administraciones públicas.
2.  Para la consecución de los fines de esta ley, la Administración pública de la 
comunidad  autónoma  de  Extremadura  se  regirá  por  los  principios  de  adecuación, 
normalización e integración, de modo que se utilizarán los cauces normales establecidos 
para la satisfacción de las distintas necesidades, priorizando en ellos a las personas 
beneficiarias que son objeto de esta ley.
Artículo 2.  Valores y finalidades.
1.  Esta ley se fundamenta en los valores de memoria, dignidad, justicia y verdad. 
Memoria, que salvaguarde y mantenga vivo su reconocimiento social y político. Dignidad, 
simbolizando en las víctimas la defensa del Estado democrático de derecho frente a la 
amenaza terrorista. Justicia, para resarcir a las víctimas, evitar situaciones de desamparo 
y condenar a los terroristas. Verdad, al poner de manifiesto la violación de los derechos 
humanos que suponen las acciones terroristas.
2.  Para  el  cumplimiento  de  estos  valores  se  articula  un  conjunto  integral  de 
medidas encaminadas a:
a)  Reconocer y promover la dignidad y la memoria de las víctimas del terrorismo, y 
asegurar la reparación efectiva y la justicia con las mismas.
b)  Dotar de una protección integral a las víctimas del terrorismo.
c)  Resarcir a las víctimas, mediante las indemnizaciones y ayudas previstas en la 
ley, de los daños personales y materiales sufridos como consecuencia de la acción 
terrorista.
d)  Fortalecer las medidas de atención a las víctimas del terrorismo.
e)  Reconocer los derechos exigibles ante las Administraciones públicas de las 
víctimas del terrorismo, y, así asegurar un acceso rápido, transparente y eficaz a los 
servicios establecidos al efecto.
f)  Establecer  mecanismos  de  flexibilización  y  coordinación  en  el  conjunto  de 
trámites administrativos que son precisos para obtener las indemnizaciones, ayudas y 
prestaciones previstas en la ley.
Artículo 3.  Ámbito temporal y subjetivo de aplicación.
1.  Las disposiciones de la presente ley serán de aplicación a los hechos que se 
hubieran cometido desde el 27 de junio de 1960.
2.  La ley será de aplicación a aquellas personas mencionadas en el artículo 4 de la  e
ley que resulten perjudicadas por los actos de terrorismo cometidos en el territorio de la  bo
comunidad autónoma de Extremadura. 10ww
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estas personas hubieran estado empadronadas en cualquier municipio de la región
durante, al menos, un tiempo equivalente a las dos terceras partes de su vida hasta el 
momento de perpetrarse el acto terrorista o, en su defecto, un tiempo equivalente a las 
dos terceras partes del periodo transcurrido desde la perpetración del acto terrorista 
hasta la entrada en vigor de esta ley.
Artículo 4.  Personas beneficiarias.
Serán personas beneficiarias de las ayudas y medidas recogidas en esta ley:
a)  Las víctimas de actos terroristas, entendiéndose como tales aquellas personas 
que sufran la acción terrorista, definida como la llevada a cabo por personas, integradas 
o no en organizaciones o grupos criminales, que tengan por finalidad subvertir el orden 
constitucional o alterar gravemente la paz pública.
La  condición  de  víctima  de  terrorismo  se  acreditará  mediante  las  resoluciones 
administrativas  firmes  dictadas  por  los  órganos  competentes  de  la  Administración 
General del Estado.
b)  A efectos de las prestaciones asistenciales y ayudas previstas en los títulos III y 
IV de la presente ley, tendrán igualmente consideración de víctimas los familiares de 
aquellas  personas  a  quienes  se  refiere  la  letra  a,  hasta  el  primer  grado  de 
consanguinidad, y a quienes en el momento de sufrir el acto terrorista fuera el cónyuge o 
personas con relación de afectividad análoga a la conyugal.
c)  A efectos de lo contenido en el título VI, tendrán también consideración de 
víctimas las familias de las personas a las que se refiere la letra a) de este artículo, hasta 
el segundo grado de consanguinidad.
d)  Las  personas  jurídicas  podrán  ser  resarcidas  por  los  daños  materiales  que 
hubieran sufrido como consecuencia de la acción terrorista producida en el territorio de la 
comunidad autónoma de Extremadura.
e)  Las asociaciones, fundaciones, entidades e instituciones sin ánimo de lucro 
inscritas en la comunidad autónoma de la Extremadura y cuyo objeto principal sea la 
representación  y  defensa  de  los  intereses  de  las  víctimas  podrán  percibir  las 
subvenciones previstas en el título V de esta ley.
f)  Las comunidades de propietarias y propietarios ubicadas en el territorio de la 
comunidad autónoma de Extremadura, en el supuesto de indemnización por daños como 
consecuencia de una acción terrorista, en los elementos comunes de inmuebles sujetos 
al régimen de propiedad horizontal.
Artículo 5.  Ayudas y medidas.
Las ayudas y medidas que preste la Junta de Extremadura irán encaminadas a paliar 
y reparar con celeridad, en la medida de lo posible, los efectos de las acciones terroristas 
y consistirán en lo siguiente:
a)  Indemnizaciones por fallecimiento y por daños físicos o psíquicos.
b)  Ayudas y medidas de reparaciones de daños materiales.
c)  Acciones asistenciales, que abarcarán el ámbito sanitario, psicológico, educativo, 
laboral y social.
d)  Consideración de colectivo preferente en materia de vivienda.
e)  Medidas en materia de empleo.
f)  Ayudas extraordinarias.
g)  Subvenciones. e.
h)  La creación del fondo de solidaridad. w.b
i)  Beneficios fiscales. 10ww
j)  Las demás medidas previstas en esta ley.
Artículo 6.  Naturaleza de las medidas y ayudas.
1.  Las ayudas que se concedan con arreglo a la presente ley, sin perjuicio de las 
excepciones que la misma prevea, serán subsidiarias y complementarias en los términos 
señalados en la misma respecto de las establecidas para los mismos supuestos por 
cualesquiera otros organismos. A tales efectos, cuando la persona beneficiaria tenga 
derecho a percibir ayudas de otros organismos, si el importe total de las otorgadas por 
estos es inferior al de las concedidas por la comunidad autónoma de Extremadura, solo 
percibirá de esta la diferencia entre ambas ayudas. Si dicho importe total es coincidente 
o superior al de las ayudas concedidas por la comunidad autónoma de Extremadura, la 
persona beneficiaria no percibirá ninguna cantidad o prestación de esta última.
2.  Las  ayudas  se  financiarán  con  cargo  a  los  presupuestos  generales  de  la 
comunidad autónoma de Extremadura, en los que deberán consignarse los créditos 
ordinarios que sean necesarios para financiar las ayudas establecidas o previstas en 
esta ley y, en su caso, se tramitarán los créditos extraordinarios o modificaciones de 
crédito que sean precisas de conformidad con lo dispuesto en la normativa de aplicación.
Artículo 7.  Medidas urgentes.
Desde el momento en que se cometa un acto terrorista en la Comunidad Autónoma 
de Extremadura o fuera de ella, contra ciudadanas y ciudadanos extremeños, desde la 
consejería que corresponda se activarán todos los medios para facilitar las primeras 
asistencias de cualquier índole que puedan precisar las víctimas.
TÍTULO II
Indemnizaciones por fallecimiento, daños físicos o psíquicos y reparación de daños 
materiales
CAPÍTULO I
Aspectos generales
Artículo 8.  Requisitos para su concesión.
1)  Para  acogerse  a  las  indemnizaciones  previstas  en  el  presente  titulo  serán 
necesarios acreditar los siguientes requisitos:
a)  Que  los  daños  producidos  sean  consecuencia  de  un  acto  terrorista.  Dicha 
condición se determinará bien por sentencias judiciales de carácter firme o bien por 
resolución firme de los órganos competentes de la Administración General del Estado.
b)  Que la víctima ostente la condición política de extremeña o extremeño en los 
términos previstos en el Estatuto de Autonomía de Extremadura.
2)  Asimismo, tendrán la consideración de personas beneficiarias de tales medidas, 
aunque no tengan la condición política de extremeñas o extremeños:
a)  Las  víctimas  de  un  acto  terrorista  que  hubieran  estado  empadronadas  en 
cualquier municipio de la región durante, al menos, un tiempo equivalente a las dos 
terceras partes de su vida hasta el momento de perpetrarse el acto terrorista o, en su  s
defecto, un tiempo equivalente a las dos terceras partes del periodo transcurrido desde  e.
la perpetración del acto terrorista hasta la entrada en vigor de esta ley. w.
b)  Las víctimas de un acto terrorista producido en el territorio de la comunidad  10ww
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c)  La persona interesada que previamente haya obtenido resolución del Ministerio 
del  Interior  acreditativa  del  reconocimiento  del  derecho  de  indemnización 
correspondiente  a  daños  personales  y  materiales  en  los  supuestos  previstos  en  la 
normativa estatal vigente para las víctimas del terrorismo.
d)  La persona interesada que se comprometa a ejercitar las acciones para la 
reparación de los daños que procedan y a comunicar las ayudas que hubiera podido 
recibir por parte de otras Administraciones o instituciones públicas o privadas.
Artículo 9.  Límite de las indemnizaciones.
1.  Para percibir de la Junta de Extremadura las indemnizaciones recogidas en el 
presente título, previamente deberá haberse resuelto por parte de la Administración 
General del Estado el reconocimiento del derecho a la indemnización correspondiente a 
daños personales y materiales sufridos en los supuestos previstos en la normativa 
estatal vigente.
2.  La  Junta  de  Extremadura  incrementará  las  cantidades  concedidas  por  la 
Administración estatal en un 30 %.
3.  En la reparación de los daños materiales en ningún caso podrá sobrepasarse el 
valor de los bienes dañados.
CAPÍTULO II
Indemnizaciones por fallecimiento y por daños personales
Artículo 10.  Indemnizaciones por fallecimiento.
1.  En caso de fallecimiento como consecuencia de un acto terrorista, la cuantía de 
la  indemnización  será  el  equivalente  al  30  %  de  la  cantidad  concedida  por  la 
Administración General del Estado para el mismo supuesto.
2.  El derecho a percibir la indemnización por fallecimiento lo ostentan las personas 
a las que se refiere el artículo 4 de esta ley, con referencia a la fecha en que se haya 
producido el fallecimiento y con el orden de preferencia establecido por la normativa 
estatal que resulte de aplicación.
Artículo 11.  Indemnizaciones por daños físicos o psíquicos.
1.  Las indemnizaciones por daños físicos o psíquicos se otorgarán con ocasión de 
la  gran  invalidez,  incapacidad  permanente  absoluta,  incapacidad  permanente  total, 
incapacidad permanente parcial, incapacidad temporal y lesiones de carácter definitivo 
no invalidantes.
2.  La cuantía de la indemnización será de un 30 % de la cantidad reconocida por la 
Administración General del Estado para el mismo supuesto.
3.  Las cantidades percibidas como indemnización por daños físicos o psíquicos 
serán compatibles con cualesquiera otras a que tuvieran derecho las víctimas en los 
términos  establecidos  en  la  ley,  salvo  que  por  este  mismo  concepto  se  hubiesen 
percibido  ayudas  de  la  comunidad  autónoma  donde  se  hubiera  perpetrado  el  acto 
terrorista.
CAPÍTULO III s
Medidas y ayudas por daños materiales w.b
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elementos  comunes  de  las  comunidades  de  propietarias  y  propietarios;  en  los
establecimientos  mercantiles  o  industriales,  o  en  elementos  productivos  de  las 
empresas; en las sedes de los partidos políticos, sindicatos u organizaciones sociales, y 
los producidos en vehículos, con los requisitos y limitaciones establecidos en esta ley.
Artículo 13.  Límite de las ayudas.
1.  Se establece la cuantía máxima de las ayudas por daños materiales concedidas 
al amparo del presente capítulo en 45 000 euros por siniestro y solicitante.
2.  Las cuantías necesarias para reparar los daños materiales causados por actos 
terroristas  que  proporcione  la  Junta  de  Extremadura  al  amparo  de  esta  ley  serán 
complementarias a las concedidas por la Administración General del Estado por los 
mismos conceptos y, en el caso de que las hubiera, a las indemnizaciones facilitadas por 
compañías aseguradoras o por el Consorcio de Compensación de Seguros.
3.  En el caso de que la persona beneficiaria de las ayudas previstas en este 
artículo perciba además por el mismo concepto una indemnización de una entidad 
aseguradora o del Consorcio de Compensación de Seguros, la Junta de Extremadura 
deducirá de la ayuda el importe de la indemnización. Si la indemnización es igual o 
superior a la ayuda de la Junta de Extremadura, esta no abonará cantidad alguna.
4.  Serán  beneficiarias  de  las  reparaciones  de  daños  materiales  las  personas 
titulares de los bienes dañados. En el supuesto de inmuebles dañados, podrán ser 
beneficiarias las personas distintas de las que ostenten la titularidad y que ocupen el 
mismo por cualquier título admitido en derecho y que, legítimamente, hubieran efectuado 
o dispuesto la reparación.
Artículo 14.  Peritación de los daños materiales .
1.  La  valoración  económica  de  los  daños  se  realizará  tomando  en  cuenta  la 
tasación que hubiera realizado la Administración General del Estado a través de los 
servicios competentes del Consorcio de Compensación de Seguros y, en su defecto, la 
llevada a cabo por parte de la consejería competente para la aprobación de las ayudas.
2.  En caso de que el solicitante de la ayuda discrepe de la tasación llevada a cabo 
por la Administración, podrá presentar una tasación pericial alternativa a su costa, que le 
será resarcida en caso de estimación integra de la valoración.
Artículo 15.  Daños en viviendas.
1.  Las ayudas por reparación en viviendas vendrán referidas a las que tengan 
carácter de habitual.
2.  A los efectos de esta ley, se entenderá por vivienda habitual:
a)  Aquella donde la persona destinataria de la ayuda esté empadronada en el 
momento del acto terrorista.
b)  La edificación que constituya la residencia de una persona o unidad familiar 
durante un periodo mínimo de seis meses al año.
c)  Se entenderá que la vivienda es habitual en los casos de ocupación de esta por 
tiempo inferior a un año siempre que se haya residido en ella un tiempo equivalente, al 
menos,  a  la  mitad  del  transcurrido  desde  la  fecha  en  que  hubiera  comenzado  la 
ocupación.
3.  Serán objeto de reparación la pérdida total de la vivienda, los daños sufridos en  e
la estructura, instalaciones y mobiliario, pertenencias y enseres que resulte necesario  bo
reponer para que aquellas recuperen sus condiciones de habitabilidad, excluyendo los  10ww
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su reparación podrá satisfacerse a la comunidad de propietarias y propietarios.
Artículo 16.  Alojamiento provisional.
La Administración de la Junta de Extremadura garantizará el alojamiento provisional 
de aquellas personas que, con ocasión de una acción terrorista, deban abandonar su 
vivienda habitual durante el periodo en que se realicen las obras de reparación de la 
misma, y abonará, en su caso, el alquiler de una vivienda similar a la dañada o los 
gastos  de  alojamiento  en  un  establecimiento  hotelero,  con  los  límites  establecidos 
reglamentariamente.
Artículo 17.  Daños en sedes de partidos políticos, sindicatos y organizaciones sociales.
1.  La  reparación  de  daños  en  sedes  de  partidos  políticos,  sindicatos, 
organizaciones sociales debidamente inscritas en los correspondientes registros públicos 
comprenderá  las  actuaciones  necesarias  para  que  estos  recuperen  las  condiciones 
anteriores de funcionamiento, incluyendo en todo caso la reposición del mobiliario y 
elementos siniestrados, excepto los elementos de carácter suntuario.
2.  Serán indemnizables en concepto de organizaciones sociales los daños sufridos 
en las sedes de cualesquiera organizaciones o asociaciones, así como en lugares de 
culto pertenecientes a confesiones religiosas reconocidas.
Artículo 18.  Daños en establecimientos mercantiles o industriales, o en elementos 
productivos de las empresas.
1.  En  el  caso  de  establecimientos  mercantiles  o  industriales,  la  reparación 
comprenderá  el  valor  de  las  cuantías  necesarias  para  poner  nuevamente  en 
funcionamiento dichos establecimientos, dentro del límite de la normativa estatal por este 
concepto.
2.  No  serán  resarcibles  los  daños  causados  a  establecimientos  de  titularidad 
pública.
Artículo 19.  Daños en vehículos.
1.  Serán reparables los daños causados en vehículos particulares, así como los 
sufridos por los destinados al transporte terrestre de personas o mercancías, siendo 
requisito indispensable la existencia de seguro obligatorio del automóvil vigente en el 
momento del siniestro.
2.  El límite de la ayuda será el importe de los gastos necesarios para el normal 
funcionamiento del vehículo teniendo en cuenta, a estos efectos, las ayudas concedidas 
por la Administración del Estado por el mismo daño.
3.  En caso de destrucción del vehículo, o cuando el importe de la reparación resulte 
superior al valor real de este, la indemnización será equivalente al importe de adquisición 
en el mercado de un vehículo de similares características técnicas y condiciones de uso 
al siniestrado. En informe pericial se hará constar el valor de las reparaciones o el de 
reposición, según proceda.
4.  No serán resarcibles los daños causados a vehículos de titularidad pública.
Artículo 20.  Instalación de elementos de seguridad.
1.  Las personas físicas o jurídicas que padezcan acoso, amenaza o coacción 
vinculados  a  actuaciones  terroristas,  cuando  exista  un  previo  reconocimiento  como  es
víctima del terrorismo por parte de los órganos competentes de la Administración del  bo
Estado, podrán recibir una subvención para sufragar el coste que ocasione la instalación  10ww
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competente en materia de interior de la Junta de Extremadura.
Artículo 21.  De la actividad complementaria ante las entidades financieras.
Reglamentariamente se establecerá el órgano de la Junta de Extremadura que 
incluya entre sus funciones la de realizar las gestiones oportunas ante las entidades 
financieras públicas o privadas que operen en la comunidad autónoma de Extremadura 
para la consecución, por las víctimas de la acción terrorista, de los productos financieros 
que coadyuven a reparar y aliviar los daños de diversa índole producidos por tal acción 
en el menor tiempo posible
CAPÍTULO IV
Procedimiento de concesión de ayudas
Artículo 22.  Organización y principios del procedimiento.
1.  La consejería competente en materia de interior prestará a las víctimas de actos 
terroristas la información y asistencia técnica precisa en cada caso para el acceso a 
cuantas  medidas,  prestaciones  y  ayudas  públicas  tengan  derecho  conforme  a  la 
legislación vigente.
A tal fin, la Administración de la comunidad autónoma de Extremadura establecerá el 
procedimiento de ventanilla única.
2.  La tramitación de los procedimientos para la concesión de las medidas previstas 
en esta ley atenderá a los siguientes principios:
a)  El trato a las víctimas tendrá carácter prioritario, considerado y cercano, teniendo 
en  cuenta  la  especial  situación  de  vulnerabilidad  y  desigualdad  en  que  puedan 
encontrarse.
b)  La protección del bienestar físico y psicológico, la intimidad, el honor y la imagen 
de las víctimas y sus familiares.
c)  La instrucción y resolución de los procedimientos estarán presididas por los 
principios de celeridad y trato favorable a la víctima, evitando trámites formales que 
alarguen o dificulten el reconocimiento de las ayudas o prestaciones.
Artículo 23.  Iniciación e instrucción.
1.  El procedimiento administrativo de concesión se iniciará de oficio por la propia 
Administración de la comunidad autónoma de Extremadura o a solicitud de la persona 
interesada.  La  solicitud,  además  del  contenido  exigido  por  el  artículo  66.1  de  la 
Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 
Administraciones Públicas, deberá especificar los siguientes extremos:
a)  Daños sufridos.
b)  Ayuda solicitada.
c)  Nombre y razón social de la compañía aseguradora, en su caso, así como 
número de póliza o pólizas de seguro concertadas.
2.  Junto con la solicitud, las personas interesadas deberán aportar los documentos 
justificativos  del  cumplimiento  de  los  requisitos  necesarios,  de  conformidad  con  lo 
dispuesto en el artículo 8 de esta ley.
3.  La solicitud se presentará mediante ventanilla única en el plazo de un año desde  s
la  fecha  de  la  resolución  del  órgano  competente  de  la  Administración  General  del  oe.
Estado. w.
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resolverá el procedimiento de concesión de las indemnizaciones previstas en este título.
6.  El procedimiento se entenderá iniciado desde la fecha en que la correspondiente 
solicitud haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u organismo 
competente  para  su  tramitación,  contándose  desde  dicha  fecha  el  plazo  máximo 
establecido para resolver y notificar la resolución expresa de la solicitud.
Artículo 24.  Resolución.
1.  Corresponderá a la persona titular de la consejería competente en materia de 
interior la concesión de las indemnizaciones recogidas en ese título.
2.  Cuando la cuantía de las indemnizaciones, reparaciones, prestaciones o ayudas 
extraordinarias sea superior a 30 000 euros se requerirá autorización previa del Consejo 
de Gobierno.
3.  El  plazo  máximo  de  resolución  del  procedimiento  será  de  seis  meses. 
Transcurrido el plazo sin que se haya producido la notificación de la resolución, la 
persona interesada podrá entender estimada su solicitud, sin perjuicio de la obligación 
por parte de la Administración de dictar resolución expresa y de notificarla al amparo de 
lo  establecido  en  los  artículos  21  y  24  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
4.  Contra la resolución de la persona titular de la consejería competente por razón 
de la materia, que agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de 
reposición en los términos de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
TÍTULO III
Acciones asistenciales
Artículo 25.  Ámbito.
Las clases de prestaciones asistenciales que regula esta ley serán las siguientes:
a)  Asistencia sanitaria.
b)  Asistencia psicológica.
c)  Asistencia  en  el  ámbito  de  la  promoción  de  la  autonomía  personal  y  en 
situaciones de dependencia.
d)  Asistencia en materia educativa.
e)  Asistencia en materia de empleo.
f)  Asistencia en materia de vivienda.
Artículo 26.  Asistencia sanitaria.
1.  Aquellas personas que hayan sufrido lesiones físicas como consecuencia de 
actos terroristas y no tuvieran cubiertos los gastos de asistencia sanitaria por cualquier 
sistema de previsión público o privado podrán recabar dicha asistencia de la comunidad 
autónoma de Extremadura en el marco de las técnicas, tecnologías y procedimientos 
que incorpora la cartera de servicios del Servicio Extremeño de Salud.
2.  Siempre que se acredite su necesidad actual y su vinculación con el atentado 
terrorista, la Junta de Extremadura a través del Servicio Extremeño de Salud, atenderá 
de  manera  gratuita  la  cobertura  sanitaria  de  las  víctimas  de  actos  terroristas,  de 
conformidad con la normativa sanitaria aplicable. e.e
3.  La asistencia sanitaria comprenderá el tratamiento médico, la implantación de  b
prótesis, las intervenciones quirúrgicas y las necesidades ortopédicas que se deriven de  10ww
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reglamentariamente.
4.  Cuando esto no sea posible y deba prestarse en otros centros, se abonarán los 
gastos devengados en los términos previstos en la normativa de aplicación para estas 
situaciones.
Artículo 27.  Asistencia psicológica.
La asistencia psicológica a la que tendrá derecho las víctimas de actos terroristas 
comprenderá:
a)  Asistencia psicológica inmediata. Para ello, la Junta de Extremadura empleará 
sus propios recursos o en su caso los de otras instituciones o entidades privadas 
especializadas en esta clase de asistencia.
b)  Asistencia psicosocial de secuelas, que se podrá recibir, previa prescripción 
facultativa, desde la aparición de los trastornos psicológicos causados o evidenciados 
por el atentado.
De  igual  forma,  se  les  facilitará  la  atención  personal  y  social  necesaria,  con 
intervención de las consejerías competentes en materia de sanidad y políticas sociales 
de  la  Administración  autonómica.  También,  si  fuera  preciso,  se  podrán  establecer 
conciertos con entidades o instituciones privadas para asegurar las prestaciones que los 
servicios públicos no puedan prestar, en cuyo caso la financiación de los costes de los 
servicios  y  tratamientos  individuales  requeridos  correrá  a  cargo  de  la  Junta  de 
Extremadura.
Artículo 28.  Asistencia en el ámbito de la promoción de la autonomía personal y en 
situaciones de dependencia.
El Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia 
establecerá un procedimiento de urgencia tanto para la valoración, reconocimiento y 
revisión de las situaciones de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema 
para la Autonomía y Atención a la Dependencia como para la elaboración del Programa 
Individual de Atención para las víctimas de actos terroristas que cumplan los requisitos 
exigidos en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal 
y  atención  a  las  personas  en  situación  de  dependencia,  para  poder  ser  personas 
beneficiarias de los derechos contenidos en la misma.
Artículo 29.  Asistencia en el ámbito educativo.
1.  La Junta de Extremadura establecerá en los centros docentes de la comunidad 
sostenidos con fondos públicos un sistema de atención específica a las víctimas de actos 
terroristas,  a  través  de  los  medios  que  estime  más  convenientes,  que  permita  su 
atención individualizada y que facilite la continuación de los estudios que estuvieran 
realizando en el momento de sufrir las consecuencias de los actos de terrorismo, con el 
fin de solventar los problemas de aprendizaje y de adaptación social que puedan sufrir.
2.  Se  concederán  ayudas  al  estudio  cuando,  como  consecuencia  de  un  acto 
terrorista, se deriven para la propia o el propio estudiante, o para sus madres o padres, 
tutoras o tutores, o guardadoras o guardadores daños personales que sean de especial 
trascendencia o los inhabiliten para el ejercicio de su profesión habitual. La especial 
trascendencia de los daños será valorada atendiendo a la repercusión de las lesiones 
sufridas en la vida y en la economía familiar de la víctima, y se dará en todo caso en los  e
supuestos de muerte o de lesiones invalidantes. bo
3.  Estas ayudas se prestarán al alumnado matriculado en los centros de enseñanza  10ww
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posgrado.
4.  Las ayudas de estudio comprenderán:
a)  La exención de tasas establecidas por la consejería competente en materia de 
educación por la expedición de títulos y diplomas académicos, docentes y profesionales.
b)  Las ayudas destinadas a sufragar los gastos de material escolar, transporte, 
comedor y, en su caso, residencia fuera del domicilio familiar.
5.  Las  ayudas  aludidas  en  este  artículo  podrán  consistir  en  la  dispensa  o 
atenuación de requisitos establecidos en las convocatorias generales de becas o ayudas 
al estudio; en la minoración de la cuantía de la renta de la unidad familiar, mediante la 
aplicación del correspondiente corrector de reducción, a efectos del cómputo del umbral 
de renta para la concesión de las becas o ayudas o en la ampliación de los límites de la 
cuantía de las becas o ayudas concedidas. La consejería competente en materia de 
educación especificará, en cada convocatoria, las ayudas a conceder.
6.  En el cómputo de la renta de la unidad familiar como límite para el acceso a 
becas y ayudas al estudio se excluirá la cuantía de las indemnizaciones recibidas como 
consecuencia del acto terrorista.
7.  La  solicitud  y  concesión  de  becas  o  ayudas  al  estudio  se  someterán  al 
procedimiento y a los plazos establecidos en la correspondiente convocatoria.
8.  Ninguna o ningún estudiante podrá recibir más de una ayuda de estudio por 
curso, aunque realice simultáneamente varios cursos o carreras.
Artículo 30.  Asistencia en materia de empleo.
La  Junta  de  Extremadura  promoverá,  entre  otras,  las  siguientes  actuaciones 
destinadas a favorecer el acceso al empleo de las víctimas de actos terroristas, tanto por 
cuenta ajena como a través del empleo autónomo, atendiendo en cualquier caso a la 
mayor integración laboral de las mismas mediante la adscripción a puestos de trabajo 
cuyo desempeño mejor se adapte a sus peculiaridades físicas y psicológicas:
a)  Tratamiento específico en los planes de reinserción profesional, programas de 
autoempleo o de ayudas para la creación de nuevas empresas que se aprueben.
b)  Asesoramiento activo e individualizado por el Servicio Extremeño Público de 
Empleo, en razón de sus necesidades especiales.
c)  Suscripción de convenios con empresas o sus organizaciones para favorecer la 
incorporación de las personas afectadas por actos terroristas a la actividad laboral, así 
como su acceso a programas de formación y reinserción profesionales.
d)  Tratamiento especial de las víctimas en aquellas acciones dirigidas a la inserción 
laboral de personas en riesgo de exclusión, cuando estas personas puedan estar en este 
tipo de situaciones.
Artículo 31.  Empleo público.
1.  En  el  ámbito  de  sus  competencias,  la  Junta  de  Extremadura  adoptará  las 
medidas conducentes a favorecer el acceso de las víctimas al empleo público en los 
términos que establezca la normativa básica estatal o la legislación de la comunidad 
autónoma de Extremadura.
2.  Se atenderá a la mayor integración laboral de las víctimas de actos terroristas 
mediante la adscripción a un puesto de trabajo cuyo desempeño mejor se adapte a sus 
peculiaridades físicas y psicológicas, valorándose, igualmente, medidas relacionadas  e
con la movilidad y la reducción o flexibilidad horaria de acuerdo con la normativa que  bo
resulte de aplicación. 10ww
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social  integral,  al  reconocimiento  de  los  permisos  y  excedencias  en  los  términos 
previstos en la normativa básica estatal.
4.  Las víctimas de terrorismo están exentas de abonar las tasas por participar en 
cualquier prueba de selección para acceder a la condición de personal al servicio de la 
Administración de la comunidad autónoma de Extremadura.
Artículo 32.  Ayudas en el ámbito de la vivienda.
1.  Las víctimas de actos terroristas tendrán la consideración de colectivo preferente 
en todas las acciones que lleve a cabo la Junta de Extremadura que tengan por finalidad 
impulsar políticas públicas de vivienda y promoción del suelo.
2.  Las víctimas de actos terroristas podrán acceder a una vivienda protegida en los 
términos establecidos en la normativa vigente, con las particularidades siguientes:
a)  Se les podrá otorgar prioridad sobre cualquier otra persona solicitante cuando 
concurra una situación de excepcionalidad que así lo justifique.
b)  Se las podrá eximir del cumplimiento de periodos mínimos de residencia en el 
municipio de construcción de la vivienda objeto de promoción pública.
c)  Se atenderán especialmente los casos de gran invalidez, paraplejia y tetraplejia, 
para los que se promoverá por la Junta de Extremadura el acceso a una vivienda 
adecuada a las condiciones particulares de la persona solicitante.
3.  Serán personas destinatarias preferentes de las ayudas establecidas en los 
distintos programas de rehabilitación reguladas en los planes de vivienda cuando sufran 
gran invalidez, paraplejia y tetraplejia.
4.  Reglamentariamente, se instaurarán subvenciones para afrontar los gastos de 
adaptación de la vivienda habitual a personas que, a consecuencia de una acción 
terrorista,  resulten  con  un  grado  de  discapacidad  tal  que  lo  haga  aconsejable, 
arbitrándose, igualmente, mecanismos que permitan permutar estas viviendas cuando la 
adaptación de estas resulte imposible.
TÍTULO IV
Otras ayudas
Artículo 33.  Centros residenciales de personas mayores.
Las víctimas de actos terroristas gozarán de preferencia para su ingreso en los 
centros  residenciales  de  personas  mayores  dependientes  del  sistema  público  y 
concertado cuando así lo demanden, máxime cuando se les haya reconocido la situación 
de dependencia.
Artículo 34.  Asistencia en el ámbito de la formación.
El  Servicio  Extremeño  Público  de  Empleo  promoverá  la  realización  de  cursos 
específicos dirigidos a todas aquellas personas que realicen funciones en las materias 
que abarca la actuación asistencial prevista en la presente ley.
Artículo 35.  Acceso a instalaciones juveniles.
Las  ayudas  e  indemnizaciones  que  se  les  reconozcan  a  las  víctimas  de  actos  e.
terroristas no se tendrán en cuenta en la determinación de la capacidad económica de su  w.
unidad familiar o de convivencia para el acceso a las instalaciones juveniles y centros  10ww
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Administración.
Artículo 36.  Ayudas para el gasto farmacéutico.
Las víctimas de actos terroristas que sean titulares de tarjeta sanitaria expedida por 
la consejería competente en materia sanitaria y con derecho a la prestación farmacéutica 
estarán incluidas entre las personas beneficiarias de las ayudas económicas que existan 
para facilitar la adherencia a los tratamientos con productos farmacéuticos prescritos por 
profesionales del Sistema Nacional de Salud, sin que a estos efectos sea necesario 
acreditar el cumplimiento de ningún otro requisito o condición.
Artículo 37.  Acceso a la cultura y al deporte.
1.  Las víctimas de actos terroristas estarán exentas de abonar los precios públicos 
de los museos cuya titularidad ostente la Administración regional, de museos que, siendo 
de titularidad estatal, estén gestionados por la Junta de Extremadura, así como de 
aquellos participados por la Junta de Extremadura bajo cualquier fórmula de gestión.
Además, la comunidad de Extremadura establecerá bonificaciones que faciliten el 
acceso  de  las  víctimas  del  terrorismo  a  las  actividades  culturales  organizadas 
directamente por la Administración autonómica o a aquellas organizadas por cualquier 
tipo de entidad, consorcio o fundación de los que la Junta de Extremadura forme parte.
2.  La comunidad autónoma de Extremadura establecerá bonificaciones que faciliten 
el acceso de esas personas a las actividades deportivas que organice directamente la 
Administración autonómica, así como a las instalaciones deportivas dependientes de la 
comunidad.
Además,  promoverá  el  establecimiento  de  bonificaciones  para  el  acceso  a  las 
instalaciones  deportivas  bajo  titularidad  de  otras  Administraciones  que  hayan  sido 
construidas con cargo a los presupuestos generales de Extremadura.
A tales efectos, la Administración autonómica facilitará los medios necesarios para 
que puedan acreditar su condición de víctima.
Artículo 38.  Ayudas extraordinarias.
Con carácter excepcional, la consejería competente en materia de interior podrá 
conceder ayudas para paliar situaciones de necesidad personal de las víctimas de actos 
terroristas, que sean evaluables y verificables, cuando la Administración constate la 
inexistencia o insuficiencia de otras ayudas existentes para cubrir adecuadamente estos 
supuestos.
Artículo 39.  Garantía de fondos de solidaridad.
Con el fin de garantizar fondos suficientes como para atender las necesidades 
prioritarias  y  más  inmediatas  de  las  víctimas  de  actos  terroristas,  la  Junta  de 
Extremadura arbitrará las medidas económicas adecuadas hasta la percepción de las 
correspondientes indemnizaciones.
TÍTULO V
Apoyo al movimiento asociativo
Artículo 40.  Fomento del movimiento asociativo.
1.  La Junta de Extremadura apoyará económica y técnicamente a las asociaciones,  o
fundaciones,  entidades  e  instituciones  sin  ánimo  de  lucro  inscritas  en  los  registros  10www.
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concienciación social contra el terrorismo en cualquiera de sus manifestaciones y que 
defiendan los valores de convivencia pacífica y democrática.
2.  La Junta de Extremadura difundirá su labor y las actuaciones que desarrollen.
3.  La  Junta  de  Extremadura  colaborará  con  estas  entidades  mediante  los 
instrumentos  jurídicos  normativamente  previstos,  apoyando  su  funcionamiento,  el 
mantenimiento de sus actividades y el desarrollo de sus proyectos y divulgando el 
desarrollo y ejecución de los programas que se realicen.
Artículo 41.  Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro.
1.  Conforme  a  la  normativa  vigente  podrán  concederse  subvenciones  a  las 
asociaciones, fundaciones, entidades e instituciones sin ánimo de lucro inscritas en los 
correspondientes registros autonómicos cuyo objeto sea la representación y defensa de 
los intereses de las víctimas de actos terroristas y desarrollen programas asistenciales 
dirigidos a paliar las situaciones personales o colectivas de estas.
En el caso de las asociaciones se tendrá en cuenta para la concesión de las 
subvenciones la representatividad y el desarrollo y la ejecución de actividades dentro de 
la comunidad autónoma de Extremadura.
2.  Las subvenciones habrán de dirigirse al cumplimiento, desarrollo y fomento de 
alguno o algunos de los siguientes programas o actividades:
a)  Programas de apoyo al movimiento asociativo, complementando y coadyuvando 
a la financiación, en parte, de los gastos generales de funcionamiento y gestión de las 
asociaciones contraídos en la ejecución de sus planes asistenciales y en la consecución 
de sus objetivos estatutarios.
b)  Programas asistenciales que complementen las medidas previstas por la Junta 
de Extremadura en el campo de la asistencia jurídico-penal, material y social, psicológica 
y dirigidos a las víctimas de actos terroristas, individual o colectivamente consideradas, 
con especial atención a aquellas situaciones que no pudieran atenderse con los tipos 
ordinarios de ayudas o que pudieran socorrerse de forma más eficaz a través de los 
programas de actuación de las asociaciones.
c)  Programas  de  formación  y  orientación  profesional  en  orden  a  facilitar  la 
integración social y laboral de las víctimas de actos terroristas, promocionando la función 
del voluntariado en las tareas de ayuda de estas.
d)  Actividades  de  información  y  concienciación  social,  a  través  de  congresos, 
seminarios y diferentes actos o manifestaciones públicas, encaminadas a sensibilizar a 
la opinión pública acerca de los efectos de la violencia terrorista en la sociedad y su 
especial incidencia en el colectivo de personas que han sufrido la acción terrorista.
3.  La consejería competente en materia de interior establecerá reglamentariamente 
el procedimiento de solicitud de estas subvenciones y su posible carácter acumulativo 
con otras subvenciones recibidas.
TÍTULO VI
Memoria y reconocimiento
Artículo 42.  Distinciones honoríficas.
1.  La Junta de Extremadura, previa valoración de las circunstancias que concurran  e.e
en cada caso y en los términos que se establezcan reglamentariamente, podrá conceder  w.b
a las víctimas de actos terroristas, así como a las instituciones o entidades que se hayan  10ww
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2.  Igualmente, las entidades locales extremeñas podrán promover, en el ámbito de 
sus competencias, y en los mismos términos expresados en el párrafo anterior, acciones 
de  distinción  y  reconocimiento  a  las  víctimas  de  actos  terroristas,  así  como  a  las 
instituciones o entidades que se hayan distinguido por su lucha y sacrificio contra el 
terrorismo.
3.  En el marco de lo dispuesto en los párrafos anteriores, se crean las siguientes 
condecoraciones:
a)  Medalla  a  las  víctimas  del  terrorismo  de  la  comunidad  autónoma  de 
Extremadura.
La medalla a las víctimas del terrorismo de la comunidad autónoma de Extremadura 
se otorgará a las víctimas de actos terroristas cometidos en el territorio de la comunidad 
autónoma de Extremadura, o en cualquier otro lugar del territorio español o en el 
extranjero  cuando  ostenten  la  condición  política  de  ciudadanos  o  ciudadanas  de 
Extremadura conforme a lo establecido en el estatuto de autonomía.
b)  Medalla a la defensa de las víctimas del terrorismo de la comunidad autónoma 
de Extremadura.
La medalla a la defensa y atención a las víctimas del terrorismo de la comunidad 
autónoma de Extremadura se otorgará a las personas, instituciones o entidades que se 
hayan distinguido por sus actuaciones en la lucha contra el terrorismo y la defensa y 
atención a las víctimas del terrorismo.
4.  Las condecoraciones no tendrán contenido económico y en ningún caso podrán 
ser concedidas a quienes, en su trayectoria personal o profesional, hayan mostrado 
comportamientos  contrarios  a  los  valores  representados  en  la  Constitución  y  en  el 
estatuto  de  autonomía  y  a  los  derechos  humanos  reconocidos  en  los  tratados 
internacionales.
5.  Las condecoraciones se otorgarán por la Junta de Extremadura a propuesta del 
órgano directivo competente en materia de interior.
6.  El  procedimiento  para  otorgar  dichas  condecoraciones  se  establecerá 
reglamentariamente.
Artículo 43.  Reconocimiento institucional y memoria de las víctimas.
1.  Los poderes públicos velarán por la presencia protocolaria de las víctimas de 
terrorismo  y  de  sus  asociaciones  y  fundaciones  en  los  actos  institucionales  de  la 
Comunidad.
2.  La Junta de Extremadura velará por la dignidad de las víctimas, impidiendo, en el 
marco  de  sus  competencias,  cualquier  acto,  manifestación  o  símbolos  vejatorios  o 
humillantes para las mismas o de exaltación u homenaje a terroristas.
3.  La Junta de Extremadura realizará y promoverá actos públicos de homenaje, 
recuerdo y reconocimiento a las víctimas de actos terroristas, en los que se procurará la 
presencia del testimonio directo de estas, impulsando su recuerdo y memoria mediante 
elementos distintivos o acciones específicas.
El 11 de marzo de cada año, Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, y el 27 de 
junio de cada año, Día de Recuerdo y Homenaje a las Víctimas, la comunidad autónoma 
de Extremadura llevará a cabo, en coordinación con el resto de instituciones públicas, 
actos de reconocimiento a las víctimas del terrorismo con el fin de mantener su memoria 
y reivindicar su mensaje ético. s
4.  Asimismo, la Junta de Extremadura impulsará, en el ámbito de sus competencias  oe.
las actuaciones necesarias para favorecer, apoyar y preservar la memoria de las víctimas  w.
de aac)t osP treormroorivsetar sl aa  terxaivsétesn dceia l adse s imguaiteenritaels  baibcclioiognreásfi:co y didáctico sobre terrorismo y  2020-5710n https://ww
dvíec tEimxtarse mdaed tuerraro.rismo en las bibliotecas y centros educativos dependientes de la Junta
Deberá tenerse en cuenta el material elaborado por las entidades que representan y 
defienden los intereses de las víctimas del terrorismo.
b)  Incluir en el currículo educativo de su competencia, en concreto en los ámbitos 
de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, contenidos 
relacionados con el terrorismo y las víctimas del terrorismo y con la formación en la 
defensa de los derechos humanos, así como en las obligaciones contenidas en la 
Constitución y el estatuto de autonomía y los valores democráticos como instrumentos 
para combatir el terrorismo.
c)  Impulsar en los centros educativos dependientes de la Junta de Extremadura la 
realización de charlas, visitas y actividades impartidas por víctimas de terrorismo o por 
asociaciones, fundaciones, entidades e instituciones que tengan como objeto la defensa 
y  protección  de  las  víctimas  de  actos  terroristas,  con  la  finalidad  de  informar  y 
sensibilizar, al alumnado de dichos centros sobre el terrorismo y sus víctimas.
d)  Impulsar,  en  colaboración  con  la  Corporación  Extremeña  de  Medios 
Audiovisuales, la elaboración de documentos de archivo en soporte audiovisual sobre la 
historia del terrorismo en España incorporando el testimonio de las víctimas, incluidas las 
extremeñas, a los que podrá acceder la ciudadanía en los términos y con las condiciones 
establecidos en la legislación sobre transparencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno, así como en la legislación sobre archivos y patrimonio documental y 
demás leyes que resulten aplicables en la comunidad autónoma de Extremadura.
Deberá tenerse en cuenta el material elaborado por las entidades que representan y 
defienden los intereses de las víctimas del terrorismo.
e)  Potenciar la investigación sobre terrorismo en el ámbito universitario a través de 
la convocatoria de becas y la formalización de instrumentos de colaboración con la 
Universidad de Extremadura entre otras medidas.
TÍTULO VII
Información
Artículo 44.  Tarjeta identificativa de víctima de terrorismo.
A fin de agilizar la tramitación de los procedimientos conducentes a la percepción de 
las ayudas, prestaciones e indemnizaciones previstos en esta ley, así como de facilitar la 
aplicación  del  resto  de  los  instrumentos  que  la  misma  contiene,  se  expedirá  un 
certificado acreditativo de la condición de víctima de terrorismo.
Artículo 45.  Protección de datos.
La Administración regional velará por la protección de las víctimas del terrorismo en 
todas las actuaciones y procedimientos relacionados con este.
Artículo 46.  Información en la página web oficial.
En la página web oficial de la Junta de Extremadura existirá un apartado específico 
en el que estará disponible de forma sistemática y actualizada toda la información 
administrativa que afecte expresamente a las víctimas de actos terroristas.
TÍTULO VIII s
Centro Extremeño de Estudios para la Erradicación de la Violencia y Atención  w.b
a sus Víctimas 10ww
Artículo 47.  Creación.
1.  El Centro Extremeño de Estudios para la Paz, creado por Ley 6/2005, de 27 de
diciembre, de medidas para la asistencia y atención a las víctimas del terrorismo y de
creación del Centro Extremeño de Estudios para la Paz, pasa a denominarse Centro 
Extremeño de Estudios para la Erradicación de la Violencia y Atención a sus Víctimas 
como órgano colegiado, el cual asume las funciones que aquel ostentaba.
Este centro tiene la finalidad de conseguir el más óptimo desarrollo de la presente 
ley,  así  como  funciones  de  impulso  y  coordinación,  seguimiento  y  balance  de  las 
actuaciones de la Administración de la comunidad autónoma de Extremadura dirigidas a 
las víctimas del terrorismo, y cualquier otra que se le atribuya, delegue o encomiende.
2.  El Centro Extremeño de Estudios para la Erradicación de la Violencia y Atención 
a sus Víctimas tiene su sede en la ciudad de Cáceres.
3.  Dicho centro está adscrito a la consejería competente en materia de Interior.
Artículo 48.  Objetivos del centro.
1.  Los objetivos generales del Centro Extremeño de Estudios para la Erradicación 
de la Violencia y Atención a sus Víctimas son:
a)  La promoción y defensa de los derechos humanos, de los valores democráticos 
y de los derechos y libertades constitucionales.
b)  La asistencia y atención especializada a las víctimas del terrorismo y demás 
personas beneficiarias de esta ley.
2.  Para la consecución de dichos objetivos, el Centro Extremeño de Estudios para 
la  Erradicación  de  la  Violencia  y  Atención  a  sus  Víctimas  ostenta  las  siguientes 
funciones:
a)  Informar preceptivamente los proyectos de disposiciones de carácter general que 
hayan de dictarse en desarrollo de la presente ley.
b)  Promover y fomentar que las Administraciones públicas y la sociedad civil en su 
conjunto  presten  todo  su  apoyo  y  respaldo  a  las  víctimas  del  terrorismo  y  a  sus 
familiares.
c)  Ser oído de manera previa a la concesión de condecoraciones previstas en el 
artículo 42 de esta ley.
d)  Estudiar y proponer medidas adicionales a las recogidas en la presente ley 
dirigidas al objetivo fundamental de resarcir de la mejor manera posible a las víctimas del 
terrorismo y a sus familiares.
e)  Prestar a las víctimas del terrorismo y a sus familiares, a los que se refiere la 
presente ley, el apoyo y asesoramiento necesarios para facilitarles el acceso a las 
ayudas públicas a que tengan derecho conforme a la legislación vigente.
f)  Desarrollar y elaborar programas de investigación, estudios y proyectos dirigidos 
a promover y difundir los valores señalados.
g)  Realizar actividades socioculturales y educativas que conlleven la implicación de 
las víctimas del terrorismo y la participación ciudadana.
h)  Cooperar con asociaciones, fundaciones, instituciones y otras entidades públicas 
o privadas con la que coincidan en sus fines.
i)  Colaborar  y  participar  activamente  en  las  actividades  desarrolladas  por  las 
Asociaciones  de  víctimas  del  terrorismo  inscritas  en  los  registros  oficiales  de  la 
comunidad autónoma de Extremadura.
j)  Crear, mantener y difundir un fondo bibliográfico y documental especializado en 
los términos recogidos en el artículo 43 de esta ley.
k)  Cooperar  con  otras  Administraciones  públicas,  universidades  y  demás  e.
instituciones competentes, para el desarrollo de proyectos y programas. w.b
l)  Participar  activamente  en  las  actuaciones  llevadas  a  cabo  por  la  Junta  de  10ww
Extrmem) adCuuraan rteacso goitdraass  epnu edli earratínc uelos t4a3b ledcee ersseta  eleny .las disposiciones que se dicten en
desarrollo de la presente ley.
Artículo 49.  Composición, organización y régimen de funcionamiento.
Por decreto del Consejo de Gobierno, se determinará la composición, organización y 
funcionamiento del Centro Extremeño de Estudios para la Erradicación de la Violencia y 
Atención  a  sus  Víctimas,  en  las  que  existirá  representación  de  la  Administración 
autonómica, las víctimas de terrorismo, de las asociaciones y fundaciones, así como de 
los profesionales cuya actividad guarde relación directa con el objeto y cometidos de 
este órgano.
Disposición adicional primera.  Presupuestos.
Ante la imposibilidad de prever las situaciones que den lugar a la aplicación de la ley, 
se producirán las modificaciones de crédito pertinentes para atender aquellas.
Disposición adicional segunda.  Subvenciones y ayudas.
En aquellos casos en que por su contenido se estime procedente, las subvenciones y 
ayudas que convoque la Junta de Extremadura incorporarán entre los criterios para su 
concesión, la apreciación de la circunstancia de ser víctima del terrorismo. En cada caso 
se establecerá su ámbito subjetivo de aplicación.
Disposición adicional tercera.  Promoción de beneficios fiscales.
Dentro  del  marco  de  sus  competencias  normativas,  la  Junta  de  Extremadura 
promoverá el establecimiento de beneficios fiscales en el ámbito de los tributos propios y 
de los tributos cedidos a la comunidad autónoma a favor de quienes tengan la condición 
de víctima de acto terrorista y, en caso de fallecimiento de esta por causa de dicho acto, 
a favor de su cónyuge o persona con relación de afectividad análoga a la conyugal, así 
como de sus hijos e hijas, siempre que en el momento del fallecimiento convivieran de 
forma estable con la víctima y dependieran económicamente de la misma.
Disposición adicional cuarta.  Previsión presupuestaria para necesidades inmediatas.
En  los  términos  previstos  en  la  presente  ley,  los  presupuestos  de  la  Junta  de 
Extremadura contendrán la previsión de las partidas que permitan sufragar los gastos 
derivados de las necesidades inmediatas de los afectados por actos terroristas.
Disposición transitoria única.  Actos acaecidos con anterioridad a su entrada en vigor.
La presente ley será de aplicación a quienes, con anterioridad a su entrada en vigor, 
tengan la condición de víctimas del terrorismo conforme a lo previsto en los artículos 3 
y 4 de la presente ley.
Las víctimas por actos terroristas acaecidos con anterioridad a la entrada en vigor de 
la ley, podrán solicitar las acciones asistenciales y ayudas previstas en el título III y IV de 
la misma, siempre que los actos hayan acaecido desde el 27 de junio de 1960. En este 
caso, el plazo de presentación de la solicitud será de un año, a contar desde la fecha de 
entrada  en  vigor  de  la  presente  ley.  Para  aquellas  personas  que  no  tuvieran  el 
reconocimiento de víctima del terrorismo, el plazo de un año empezará a contar desde el 
momento de dicho reconocimiento.
Disposición derogatoria única. e.
Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en la presente  10ww
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EExxttrreemmeeññoo  ddee  EEsstutuddioioss p apraar ala  lPaa Pz.az, a excepción de su Título III, relativo al Centro
Disposición final primera.  Desarrollo reglamentario.
Se faculta a la Junta de Extremadura para dictar las disposiciones necesarias para el 
desarrollo y ejecución de la presente ley.
Disposición final segunda.  Entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Diario 
Oficial de Extremadura».
Por  tanto,  ordeno  a  quienes  sea  de  aplicación  esta  ley,  que  cooperen  a  su 
cumplimiento y a los tribunales y autoridades que corresponda la hagan cumplir.
Mérida, 4 de marzo de 2020.–El Presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo 
Fernández Vara.
(Publicada en el «Diario Oficial de Extremadura» número 47, de 9 de marzo de 2020)