BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 265 Viernes 5 de noviembre de 2021 Sec. I.   Pág. 134366
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
18038 Ley  4/2021,  de  25  de  junio,  de  Medidas  Urgentes  de  Agilización  y 
Simplificación de Procedimientos para la Gestión y Ejecución de los Fondos 
Europeos de Recuperación.
Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado y yo, en nombre del Rey, promulgo 
la siguiente Ley.
ÍNDICE
Exposición de motivos.
Título I.  Disposiciones generales.
Artículo 1.  Objeto.
Artículo 2.  Ámbito de aplicación.
Artículo 3.  Principios de actuación.
Artículo 4.  Comisión Delegada para los Fondos Europeos de Recuperación.
Artículo 5.  La Comisión Regional de Coordinación de Fondos de Recuperación, 
Fondos Estructurales y de Inversión e Instrumentos Financieros Europeos.
Título  II.  Medidas  de  agilización  y  simplificación  de  los  procedimientos  y 
actuaciones.
Capítulo I.  Especialidades en la tramitación de procedimientos.
Artículo  6.  Tramitación  de  urgencia  de  los  procedimientos  administrativos  de 
ejecución de gastos.
Capítulo II.  Medidas de agilización de los convenios.
Artículo 7.  Simplificación de la tramitación de los convenios.
Artículo 8.  Tramitación anticipada.
Artículo 9.  Pago anticipado.
Capítulo III.  Medidas de agilización de las subvenciones y ayudas financiables con 
fondos europeos.
Artículo 10.  Requisitos para la tramitación de subvenciones y ayudas.
Artículo 11.  Régimen de autorización de gastos.
Artículo 12.  Bases reguladoras y convocatoria de las subvenciones.
Artículo 13.  Subvenciones de concurrencia no competitiva.
Artículo 14.  Incremento del crédito.
Artículo 15.  Justificación de la aplicación de subvenciones.
Capítulo IV.  Medidas para agilizar los procedimientos de contratación. s
Artículo 16.  Autorización para contratar y autorización del gasto. w.b
Artículo 17.  Preferencia en la tramitación. 038ww
publAicritdícaudl op o1r8 i.m  pTerraiomsiata ucriógne ndceia .urgencia y utilización del procedimiento negociado sin
AArrttííccuulloo  1290..   ACnriutenrcioios  ddee  iandfojurmdicaaccióiónn p.revia.
Artículo 21.  Modelos de pliegos de contratación.
Artículo 22.  División en lotes.
Artículo 23.  Contratación conjunta del proyecto y la obra.
Artículo 24.  Constitución de garantías definitivas.
Artículo 25.  Identificación del contrato.
Artículo 26.  Seguimiento de los procedimientos de adjudicación y de la ejecución de 
los contratos.
Artículo 27.  Modificaciones de contratos.
Artículo 28.  Encargos a medios propios personificados.
Artículo 29.  Recursos para agilizar y digitalizar los procedimientos de contratación 
relacionados con la gestión de los fondos europeos.
Capítulo V.  Medidas para agilizar la gestión y el control presupuestario.
Artículo 30.  Compromisos de gasto plurianual.
Artículo 31.  Régimen de control de los expedientes de gasto.
Artículo 32.  Desconcentración y delegación de facultades.
Artículo 33.  Habilitación del código de referencia único de los proyectos o iniciativas 
vinculadas a fondos europeos.
Título III.  Organización y recursos humanos.
Artículo 34.  Organización.
Artículo 35.  Formación.
Artículo 36.  Gestión de personas.
Artículo 37.  Asignación de funciones a tiempo parcial.
Artículo 38.  Creación y modificación de puestos de trabajo.
Artículo 39.  Refuerzo temporal de plantillas.
Título IV. Proyectos prioritarios.
Artículo 40.  Proyectos prioritarios.
Disposiciones adicionales.
Disposición adicional primera.  Entidad de derecho público Agencia de la Energía y 
del Cambio Climático de Castilla-La Mancha.
Disposición adicional segunda.  Medidas aplicables a las sociedades cooperativas 
para  la  adopción  de  acuerdos  cuando  no  sea  posible,  por  motivos  sanitarios,  de 
movilidad y/o técnicos, la reunión de la Asamblea General durante la vigencia de las 
medidas extraordinarias derivadas de la pandemia originada por la COVID-19.
Disposición adicional tercera.  Bonificación de la tasa fiscal sobre los juegos de 
suerte, envite o azar. Máquinas o aparatos de juego.
Disposición adicional cuarta.  Centro Regional de Innovación Digital de Castilla-La 
Mancha.
Disposición transitoria.
Disposición transitoria única.  Régimen transitorio.
Disposición derogatoria.
Disposición derogatoria única.  Derogación normativa. b
DDiissppoossiicciioónne sfi nfianla lpersim. era.  Modificación  de  la  Ley  4/2001,  de  10  de  mayo,  de
Parques Arqueológicos de Castilla-La Mancha.
Disposición final segunda.  Modificación de la Ley 10/2007, de 29 de marzo, de 
Medios Audiovisuales de Castilla-La Mancha.
Disposición final tercera.  Modificación del Decreto 170/2009, de 3 de noviembre, 
del procedimiento de movilidad voluntaria, por el sistema de concurso de traslados, del 
personal estatutario del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.
Disposición final cuarta.  Modificación de la Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de 
Igualdad entre Mujeres y Hombres de Castilla-La Mancha.
Disposición final quinta.  Modificación de la Ley 14/2010, de 16 de diciembre, de 
Servicios Sociales de Castilla-La Mancha.
Disposición final sexta.  Modificación de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, de Empleo 
Público de Castilla-La Mancha.
Disposición final séptima.  Modificación de la Ley 9/2012, de 29 de noviembre, de 
Tasas y Precios Públicos de Castilla-La Mancha y otras medidas tributarias.
Disposición final octava.  Modificación  de la Ley  5/2013, de 17  de  octubre, de 
ordenación del servicio jurídico de la Administración de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha.
Disposición final novena.  Modificación de la Ley 7/2013, de 21 de noviembre, de 
adecuación de procedimientos administrativos y reguladora del régimen general de la 
declaración responsable y comunicación previa.
Disposición final décima.  Modificación de la Ley 8/2013, de 21 de noviembre, de 
Medidas Tributarias de Castilla-La Mancha.
Disposición final decimoprimera.  Modificación de la Ley 4/2016, de 15 de diciembre, 
de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha.
Disposición final decimosegunda.  Modificación de la Ley 4/2018, de 8 de octubre, 
para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La Mancha.
Disposición  final  decimotercera.  Modificación  de  la  Ley  11/2019,  de  20  de 
diciembre, de Medidas Administrativas y Tributarias de Castilla-La Mancha.
Disposición final decimocuarta.  Modificación de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de 
Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.
Disposición final decimoquinta.  Modificación de la Ley 5/2020, de 24 de julio, de 
Medidas Urgentes para la Declaración de Proyectos Prioritarios en Castilla-La Mancha.
Disposición final decimosexta.  Modificación de la Ley 11/2020, de 28 de diciembre, 
de  Presupuestos  Generales  de  la  Junta  de  Comunidades  de  Castilla-La  Mancha 
para 2021.
Disposición  final  decimoséptima.  Salvaguardia  del  rango  de  disposiciones 
reglamentarias.
Disposición final decimoctava.  Entrada en vigor.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
La pandemia mundial provocada por la COVID-19 en el mes de marzo del pasado 
año ha originado una crisis sanitaria sin precedentes que se ha ido transmitiendo a gran 
velocidad a la economía y a la sociedad, afectando tanto a la actividad productiva como 
a la demanda y al bienestar de los ciudadanos. En este contexto, la Unión Europea ha 
reaccionado de forma rápida, adoptando medidas urgentes y contundentes destinadas a 
contener la pandemia y a amortiguar el impacto económico y social que la rápida 
propagación de la enfermedad todavía sigue provocando. e.e
En este último año, en Castilla-La Mancha, como en el resto de España y de Europa,  b
se han adoptado de forma casi continua, medidas excepcionales de confinamiento de la  038ww
pdoeb llaa caiócntiv, imdaedd ideacos nróemstricicat,iv aalsg udnea lsa  mdeo veillliadsa da dúen  lvoisg ecniutedsa,d acnoons e, ld ceo lnas aigcutiiveidnated  ismopcaiaclt oy 
negaAtli vinoi ceion  ldae e lcao pnaonmdíeam diea ,l ala r eCgoimónis yió enn E lau rsoopceiae,d aedn  csaus Cteollmanuonmicaacnicóhne dgeal. 13 de marzo,
ya dijo que la respuesta a este desafío conjunto debía ser coordinada y que las medidas
que se adoptaran a nivel nacional debían contar con el apoyo de las instituciones y del 
presupuesto comunitario. En esa declaración se decía que el impacto final que la crisis 
sanitaria  tenga  para  la  economía  europea  dependerá  de  la  coordinación  de  las 
autoridades nacionales y comunitarias. A petición de los jefes de Estado o de Gobierno, 
la Comisión presentó a finales de mayo un paquete de medidas de gran alcance que 
aunaba  el  futuro  marco  financiero  plurianual  (MFP)  y  medidas  específicas  de 
recuperación en el marco de «Next Generation EU».
Next Generation EU es un instrumento temporal de recuperación dotado con 750.000 
millones de euros que contribuirá a reparar los daños económicos y sociales inmediatos 
causados por la pandemia y se canalizará por tres vías: la primera, elemento central del 
citado Next Generation EU es el Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia 
(MRR), dotado con 672.500 millones de euros en préstamos y subvenciones disponibles 
para apoyar las reformas e inversiones emprendidas por los países de la unión europea 
con el objetivo de mitigar el impacto económico y social de la pandemia de coronavirus y 
hacer que las economías y sociedades europeas sean más sostenibles y resilientes y 
estén mejor preparadas para los retos y las oportunidades de las transiciones ecológica 
y digital.
El segundo instrumento, dentro del Next Generation EU, comprende una ayuda 
de 47.500 millones de euros a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de 
Europa (REACT-UE). Esta es una nueva iniciativa que contribuirá a una recuperación 
ecológica,  digital  y  resiliente  de  la  economía,  operando  a  través  de  los  fondos 
estructurales:  el  Fondo  Europeo  de  Desarrollo  Regional  (Feder),  el  Fondo  Social 
Europeo (FSE), el Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas 
(FEAD).  En  tercer  y  último  lugar,  el  Next  Generation  EU  también  aportará  fondos 
adicionales a otros programas o fondos europeos, como Horizonte 2020, InvestEU, 
Desarrollo Rural o el Fondo de Transición Justa (FTJ).
II
El pasado 14 de diciembre de 2020, a propuesta de la Comisión, el Consejo de la 
Unión Europea aprobó el Reglamento (UE) 2020/2094, por el que se establece un 
Instrumento de Recuperación de la Unión Europea para apoyar la recuperación tras la 
crisis de la COVID-19. Se trata, como dice el propio Reglamento, de una respuesta 
excepcional a circunstancias temporales pero extremas, que se traduce en una ayuda 
por importe de 750.000 millones de euros, que, según reza el considerando 6, solo debe 
destinarse a hacer frente a las consecuencias económicas adversas de la crisis de la 
COVID-19 o a las necesidades de financiación inmediatas para evitar un rebrote de esta 
crisis.
En concreto, el Instrumento financiará medidas para restablecer el empleo y la 
creación de puestos de trabajo; reformas e inversiones para revitalizar el potencial de 
crecimiento sostenible y de empleo; medidas para revitalizar a las empresas afectadas 
por el impacto económico de la crisis de la COVID-19, en particular, las pequeñas y 
medianas empresas; medidas para la investigación y la innovación en respuesta a la 
crisis de la COVID-19; medidas para aumentar el nivel de preparación de la Unión frente 
a situaciones de crisis; medidas para garantizar que una transición justa hacia una 
economía neutra desde el punto de vista climático no se vea minada por la crisis de la 
COVID-19 y medidas para hacer frente al impacto de la crisis de la COVID-19 en la 
agricultura y el desarrollo rural. s
El citado Reglamento incide en la importancia de utilizar estos fondos en los primeros  e.
años de la aplicación del Instrumento y, en su artículo 3.9, establece normas y plazos  w.
concretos de ejecución presupuestaria para los distintos tipos de ayuda, cuyos pagos,  038ww
asanltveos  edxecl e3p1c idoen edsic, ideembberne  edset a2r0 r2e2a,l ilzaa dCoosm aisnitóens  ddeebl e3r1á  deela dbiocriaerm yb rper edsee n2t0a2r 6a. l ACdoenmseájso, 
duenl  ianpfoorymoe a ssoigbnrea dloos. progresos realizados en la aplicación del Instrumento y la utilización  BOE-A-cable e
Este apoyo extraordinario de la Unión Europea supone una oportunidad excepcional 
para salir de la crisis y avanzar hacia el cambio de modelo económico y social; sin 
embargo, los plazos previstos en el citado reglamento junto con los rigurosos controles 
que establece para la asignación y ejecución presupuestaria de los fondos, va a requerir 
de las Administraciones Públicas una respuesta, igualmente extraordinaria, ágil y eficaz, 
a fin de que el mayor número de proyectos e inversiones puedan beneficiarse de la 
ayuda económica prevista en el Instrumento.
En este contexto, la respuesta normativa del Estado, dirigida a invertir de forma ágil y 
eficaz los fondos europeos y acelerar al máximo la recuperación económica, viene de la 
mano del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, de medidas urgentes para la 
modernización  de  la  Administración  Pública  y  para  la  ejecución  del  Plan  de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Esta norma estatal, tal y como recoge su artículo 1, contiene medidas destinadas a 
facilitar  la  programación,  presupuestación,  gestión  y  ejecución  de  las  actuaciones 
financiables con fondos europeos, en especial los provenientes del Instrumento Europeo 
de Recuperación, con la finalidad de impulsar el crecimiento económico y la creación de 
empleo, recuperar y reparar los daños de la crisis ocasionada por la pandemia del 
SARS-CoV-2, y promover un proceso de transformación estructural mediante el impulso 
de la inversión pública y privada y el apoyo al tejido productivo, la aceleración de la doble 
transición ecológica y digital, y el refuerzo y aumento de la resiliencia y de la cohesión 
económica, social y territorial en el marco del mercado único europeo. Uno de sus 
objetivos fundamentales, según reza la propia exposición de motivos, es revisar los 
obstáculos y cuellos de botella existentes en la normativa y en los procedimientos e 
instrumentos de gestión pública, con el fin de contar con una Administración moderna y 
ágil capaz de responder al desafío que plantea la ejecución de proyectos vinculados a 
los fondos del Instrumento Europeo de Recuperación.
La urgencia que requiere el despliegue de los diferentes mecanismos del Instrumento 
Europeo de Recuperación para impulsar la recuperación económica se refleja, en la 
citada norma estatal, en una serie de medidas para la implementación del Plan de 
Recuperación,  Transformación  y  Resiliencia,  así  como  en  la  incorporación  de 
instrumentos  de  carácter  general  dirigidos  a  reducir  las  barreras  normativas  y 
administrativas y otras medidas de modernización de las administraciones públicas, 
dirigidas a lograr una gestión más ágil y eficiente, para facilitar la absorción de los 
mencionados fondos.
Vigente ya la citada norma nacional, el pasado 18 de febrero de 2021, se publicó en 
el DOUE el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de 
febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. 
Este Reglamento establece, asimismo, sus objetivos, su financiación, las modalidades 
de la financiación de la Unión en el marco del Mecanismo y las normas para la concesión 
de dicha financiación.
El artículo 3 del citado Reglamento recoge los pilares en los que se estructura el 
ámbito  de  actuación  del  Mecanismo:  transición  ecológica;  transformación  digital; 
crecimiento inteligente, sostenible e integrador, que incluya la cohesión económica, el 
empleo, la productividad, la competitividad, la investigación, el desarrollo y la innovación, 
y un mercado interior que funcione correctamente con pymes sólidas; cohesión social y 
territorial; salud y resiliencia económica, social e institucional, con objeto, entre otros, de 
aumentar la preparación y capacidad de reacción ante las crisis; y políticas para la 
próxima generación, la infancia y la juventud, tales como la educación y el desarrollo de  s
capacidades. oe.
Y en consonancia con estos pilares establece como objetivo general del Mecanismo,  w.
fomentar la cohesión económica, social y territorial de la Unión mejorando la resiliencia,  038ww
llao sp rEesptaardaocsió nm fireemnbter oas ,l ams ictirgisains,d ola  ecal pimacpiadcatdo  dseo acijauls tye  ye ceol npóomteicnoc iadl ed ed iccrheac imcrieisnisto,  edne 
spoacrtiiacluelsa,r  aepno lyaasn mdou jelare str,a cnosnictiróibnu yeecnodlóog aic ala,  acopnlictraibcuióyne nddeol  pail alra  eucoronpseeoc udceió nd edreec hlooss   BOE-A-cable e
objetivos climáticos de la Unión para 2030 establecidos en el artículo 2, punto 11, del 
Reglamento (UE) 2018/1999 y cumpliendo el objetivo de neutralidad climática de la UE 
para  2050  y  de  transición  digital,  contribuyendo  así  al  proceso  de  convergencia 
económica y social al alza, a la restauración y a la promoción del crecimiento sostenible 
y la integración de las economías de la Unión, fomentando la creación de empleo de 
calidad, y contribuyendo a la autonomía estratégica de la Unión junto con una economía 
abierta y generando valor añadido europeo.
III
La importancia de los recursos que se prevé llegarán a Castilla-La Mancha en los 
próximos meses y la celeridad requerida en la ejecución de los proyectos financiados 
con los fondos europeos, condicionada, a su vez, por las garantías y sistemas de control 
establecidos para asegurar que dicha gestión se realiza de conformidad con todas las 
normas  aplicables  para  lograr  la  máxima  eficiencia  de  los  fondos,  plantea  a  la 
Administración regional un reto sin precedentes.
Los  objetivos  perseguidos  por  los  mecanismos  de  financiación  europeos  y  el 
reducido marco temporal establecido para lograr su cumplimiento, hacen necesario, de 
forma excepcional y con carácter temporal, disminuir las cargas administrativas y agilizar 
los procedimientos sin merma de las garantías y el rigor que deben regir la actuación 
pública.  Una  gestión  eficiente,  rigurosa  y  transparente,  compatible  con  los  plazos 
previstos en el Reglamento (UE) 2020/2094 del Consejo, de 14 de diciembre de 2020, y 
en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento y del Consejo, de 12 de febrero, exige 
revisar  algunos  procedimientos  administrativos  y  adoptar  medidas  en  materia  de 
contratación, de gestión económica y de control presupuestario, con el fin de eliminar o 
simplificar  trámites,  acortar  plazos  y,  en  definitiva,  agilizar  la  tramitación  de  los 
procedimientos vinculados a la gestión de los fondos.
Por  ello,  el  Gobierno  de  Castilla-La  Mancha,  en  cumplimento  de  los  objetivos 
previstos  en  el  artículo  4  del  Estatuto  de  Autonomía  y  en  el  ejercicio  de  sus 
competencias contenidas en el mismo, asumen el importantísimo reto que se plantea 
para los próximos años de lograr la pronta recuperación de la actividad económica de la 
región y el cambio de modelo productivo, poniendo en marcha proyectos, inversiones y 
reformas dirigidas a lograr una economía y una sociedad más verde, digital, inclusiva y 
social.
IV
La presente ley cumple con los principios de buena regulación que se contienen en el 
artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, justificándose su necesidad en la adopción de una 
serie de medidas extraordinarias dirigidas a proporcionar a la Administración de la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha y las entidades de su sector público regional, los 
medios, recursos y procedimientos necesarios para garantizar una gestión eficiente y 
transparente, de los fondos provenientes del Instrumento Europeo de Recuperación, 
compatible con los breves plazos establecidos en la normativa europea para contraer el 
gasto y ejecutarlo.
La aplicación de estas medidas requiere una adaptación normativa que se enmarca 
en el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, que modifica varias leyes estatales 
con el objetivo de facilitar la tramitación por la Administración general del Estado de  e.
procedimientos administrativos de su competencia sin condicionar la forma en la que las  w.b
comunidades autónomas, de acuerdo con su marco competencial, decidan configurar  038ww
ys uesj erceuscpieócnt idvoes l opsr opcreodyiemciteonst ofisn acnocnia ldao ms icsomna  lofisn afolidnaddo sd ee uargoipliezoasr ,l ata tlr ay mcoitamcoió sne,  greecsotigóen 
en el apartado XI de su exposición de motivos.
Todas estas medidas tienen un carácter excepcional pues solo se aplican a la gestión 
y  ejecución  de  las  actuaciones  vinculadas  a  los  fondos  europeos  del  Instrumento 
Europeo  de  Recuperación;  fundamentalmente  los  procedentes  del  Mecanismo  de 
Recuperación  y  Resiliencia  y  del  REACT-EU;  pero,  además,  tienen  una  vigencia 
temporal limitada al período estrictamente necesario para la implementación de los 
proyectos,  reformas  e  inversiones,  de  conformidad  con  lo  previsto  en  la  normativa 
nacional y comunitaria.
Con el fin de garantizar el principio de seguridad jurídica, la presente ley se dicta en 
coherencia con el ordenamiento jurídico autonómico, y con respeto al ordenamiento 
nacional,  generando  un  marco  normativo  estable,  predecible,  integrado,  claro  y  de 
certidumbre que facilita su aplicación por los operadores afectados por la misma.
V
Con estos objetivos, la presente ley se estructura en cuarenta artículos, agrupados 
en cuatro títulos de los cuales, solo el segundo, se divide, a su vez, en varios capítulos; 
cuatro  disposiciones  adicionales,  una  transitoria,  una  derogatoria  y  dieciocho 
disposiciones finales.
En el título I, integrado por los artículos 1 a 5, se recogen las disposiciones generales 
de la norma; esto es, el objeto de la ley, su ámbito de aplicación y una breve referencia a 
los principios básicos de actuación. En este título se prevé, asimismo, la constitución de 
una Comisión Delegada para los Fondos Europeos de Recuperación con funciones de 
diseño, planificación y seguimiento de las actuaciones de la Administración autonómica y 
sector público regional vinculadas a los fondos europeos y, por último, se atribuyen a la 
Comisión Regional de Coordinación de Fondos de Recuperación, Fondos Estructurales y 
de Inversión e Instrumentos Financieros Europeos, las funciones de coordinación de las 
referidas actuaciones.
El título II, integrado por los artículos 6 a 33, se divide en cinco capítulos y en él se 
recogen las medidas de agilización y simplificación de los procedimientos y actuaciones 
financiables con los fondos procedentes del Instrumento Europeo de Recuperación: 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y REACT-EU y procedentes de los fondos 
europeos  del  periodo  de  programación  2014-2020:  Fondo  Europeo  de  Desarrollo 
Regional, Fondo Social Europeo, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y Fondo 
Europeo Marítimo y de Pesca.
El capítulo I de este título II, contiene un único precepto en el que se prevé la 
tramitación de urgencia de los procedimientos administrativos de ejecución de gastos 
vinculados a los fondos europeos incluidos en el ámbito de aplicación de esta norma.
El capítulo II del citado título II, integrado por los artículos 7 a 9, recoge las medidas 
de  agilización  de  la  tramitación  de  los  convenios  de  colaboración  que  celebre  la 
Administración de Castilla-La Mancha, así como los organismos autónomos, entidades 
de derecho público vinculados o dependientes o las Universidades públicas, entre sí o 
con sujetos de derecho privado, para la realización de actividades de interés general 
vinculadas a la ejecución en común de proyectos y actuaciones financiables con los 
fondos europeos a los que se refiere la presente ley. Con el carácter excepcional que se 
predica de todas las medidas recogidas en la presente ley, para la tramitación de los 
citados convenios solo se exigirá el informe de los servicios jurídicos, el de fiscalización 
y, en su caso, el de la dirección general competente en materia de presupuestos. 
Asimismo, y en línea con lo previsto en el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre,  s
se permite una mayor duración de los convenios, que podrá llegar hasta los seis años,  e.
con posibilidad de una prórroga por idéntico período de seis años como máximo. w.
El capítulo III del título II, integrado por los artículos 10 a 15, recoge las medidas  038ww
dy iraigyuiddaass a f insiamnpcliiafidcaasr  lcao tnra fmonitdaocsió enu droep leoos sp droec elodsi minicelnutiodso sd ee nc oenl cáemsbióitno  ddee  saupblivceanccióionn dees 
jluar ípdriceosse ncteo rrleesy.p oEnnd ieenstteoss,  perlo icnefodrimmiee ndtoes  fissocaloli zsaec ióenx igyi,r áe ne ls uin fcoarmsoe,  edle  inlofosr msee rvdieci olas   BOE-A-cable e
dirección general competente en materia de presupuestos; se atribuye la competencia 
para autorizar el gasto a los titulares de las consejerías y organismos autónomos, 
cualquiera que sea su importe y no se exigirá la autorización de Consejo de Gobierno 
prevista en el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado 
por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre de 2002. Se establece, asimismo, la 
posibilidad de que las bases reguladoras de las subvenciones incorporen la convocatoria 
de  las  mismas.  Se  establece,  también,  la  posibilidad  de  otorgar  subvenciones  de 
concurrencia no competitiva con cargo a los fondos europeos, cuyo objeto sea financiar 
actuaciones o situaciones concretas que no requieran una valoración comparativa con 
otras propuestas, sin que sea de aplicación en estos casos el procedimiento simplificado 
previsto  en  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Hacienda  de  Castilla-La  Mancha.  Se 
flexibilizan los trámites para el incremento del crédito previsto en las convocatorias de 
subvenciones y, por último, se simplifica la documentación que deben presentar los 
beneficiarios de las subvenciones para justificar la aplicación de las mismas.
El  capítulo  IV  del  título  II,  integrado  por  los  artículos  16  a  29,  recoge  las 
especialidades y medidas dirigidas a agilizar la tramitación de los procedimientos de 
adjudicación  de  contratos  financiados  con  fondos  europeos.  Con  esta  finalidad,  y 
respetando en todo caso, tanto las directivas comunitarias y la normativa nacional, se 
eliminan algunos trámites previstos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del  Sector  Público,  por  la  que  se  transponen  al  ordenamiento  jurídico  español  las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 
febrero  de  2014,  como  la  necesidad  de  autorización  para  contratar  prevista  en  el 
artículo 324 de dicha ley y se modifica el alcance de otros preceptos de la misma, como 
los relativos a la tramitación urgente de los expedientes de contratación. Así, resulta que 
los órganos de contratación podrán declarar motivadamente la tramitación urgente del 
procedimiento siempre que los plazos de ejecución de los fondos, previstos por la 
normativa comunitaria y la nacional, hagan imposible o muy difícil la tramitación ordinaria 
del expediente. Excepcionalmente, si la tramitación de urgencia no fuera suficiente para 
dar  cumplimiento  a  los  referidos  plazos,  el  contrato  podrá  adjudicarse  utilizando  el 
procedimiento negociado por imperiosa urgencia previsto en el artículo 168.b) de la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre.
Con el fin de valorar la mejor relación calidad-precio, en los procedimientos de 
adjudicación de acuerdos marco y contratos financiados con fondos europeos, se dará 
preferencia a los criterios cualitativos frente a los de carácter económico y, con carácter 
general, se priorizarán, aquellos que hagan referencia a elementos o características del 
objeto del contrato que puedan valorarse mediante cifras o porcentajes.
Para reducir los tiempos de preparación de los contratos, aportando seguridad y 
transparencia  en  la  adjudicación  de  los  mismos,  la  Junta  Central  de  Contratación 
elaborará  modelos  de  pliegos  de  cláusulas  administrativas  particulares  para 
determinadas categorías de contratos de naturaleza y, preferentemente, funcionalidad 
análoga,  incorporando  a  dichos  modelos,  siempre  que  se  pueda,  los  criterios  de 
adjudicación, su ponderación y la fórmula de valoración del precio, de manera que los 
gestores del expediente solo deberán identificar el contrato e indicar en el cuadro de 
características cifras y alternativas cuyo contenido haya sido acotado en el pliego. En 
estos casos, se podrá prescindir del informe jurídico.
Con  carácter  general  los  acuerdos  marco  y  contratos  financiados  con  fondos 
europeos se dividirán en lotes, a fin de facilitar la participación en los procedimientos a 
las pequeñas y medianas empresas. Con este mismo objetivo, se procurará establecer  s
limitaciones  a  la  licitación  o  a  la  adjudicación  en  los  términos  establecidos  en  el  oe.
artículo 99 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre. w.
En determinados contratos de obra, como los relacionados con el suministro e  038ww
iinnssttaallaacciióónn  ddee  eeqquuiippaoms iednet og een einrvaecriósino ndees  erenlearcgioían apdraosc ecdoenn tlea  dmee jfourean tdees  lare neofivcaiebnlecisa; 
emnéedrigcéotsic ya ; haopsapriatatolasr ioys e, qyu sipisotse mdea sa lyta t rtaetcanmoileongtíoa  dvein clau liandfoorsm aa ctrióanta, meinetnreto ost ryo sp,r orecseuslotas   BOE-A-cable e
conveniente licitar en un mismo procedimiento la redacción del proyecto y la ejecución 
de la obra ya que la selección de los equipos a instalar determina la configuración 
estructural de la obra y condiciona, por tanto, el proyecto de la instalación. El artículo 234 
de  la  Ley  9/2017,  de  8  de  noviembre,  prevé  esta  posibilidad  como  excepcional, 
restringiendo  su  uso  para  aquellos  supuestos  que,  como  ocurre  en  los  supuestos 
anteriormente citados exigen vincular al contratista a los estudios previos a la ejecución 
de la obra; y también para los casos en que la obra tenga una dimensión excepcional o 
concurran  dificultades  técnicas  singulares  que  requieran  soluciones  adoptadas  con 
medios y capacidad técnica de la empresa. No obstante, lo anterior, debe tenerse en 
cuenta, que la disposición final primera de la vigente Ley de Contratos establece el 
carácter no básico de dicho precepto en todos sus apartados, por lo que de forma 
excepcional y con la vigencia limitada que se predica de las medidas recogidas en el 
cuerpo de la presente ley, la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en el ejercicio 
de  la  competencia  de  organización,  régimen  y  funcionamiento  prevista  en  el 
artículo 31.1.1.ª, en relación con el 39.3, ambos del Estatuto de Autonomía de Castilla-La 
Mancha, puede ejercer la potestad legislativa y regular esta materia concreta en términos 
más  amplios  a  los  previstos  en  el  citado  artículo  234  de  la  Ley  9/2017,  de  8  de 
noviembre; sin perjuicio claro está de la necesaria motivación en el expediente sobre la 
concurrencia de los supuestos que habilitan la contratación conjunta.
Se establecen medidas de identificación de los contratos financiados con fondos 
europeos  para  garantizar  su  seguimiento  y,  además,  para  evitar  o  minimizar  las 
irregularidades  por  incumplimiento  de  las  normas  de  contratación,  se  prevé  que  la 
Oficina  Central  de  Contratación  constituya  comités  de  seguimiento  encargados  de 
asesorar y apoyar a las unidades administrativas responsables de la tramitación de los 
procedimientos de adjudicación de estos contratos, de su ejecución y del control de su 
cumplimiento.
Se  flexibiliza,  también,  la  tramitación  de  los  encargos  a  medios  propios 
personificados para la ejecución de manera directa por la Administración de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha y sus organismos autónomos, de prestaciones 
propias de los contratos de obras, servicios y suministros; si bien, en todos los casos y 
con carácter previo a la autorización del gasto por los titulares de las consejerías y por 
quienes ostenten la dirección de los organismos autónomos, se exigirá el informe de la 
dirección general competente en materia de presupuestos.
El capítulo V del título II, integrado por los artículos 30 a 33, recoge una serie de 
medidas  que  afectan  a  la  gestión  presupuestaria  y  al  régimen  de  control  de  los 
expedientes de gasto y cuyo objetivo es lograr el necesario equilibrio entre el nivel de 
seguridad  jurídica  y  económica  que  exige  la  gestión  de  los  fondos  europeos  y  la 
celeridad que demanda la propia normativa europea en su ejecución. Con este objetivo 
se incrementa el número de anualidades y se autoriza la adquisición de compromisos de 
gasto de carácter plurianual, estableciéndose el límite de cinco años y la referencia 
expresa a que dicho compromiso no podrá extenderse, en ningún caso, más allá del 
año 2026.
Esta ley que se presenta, con el objetivo anteriormente citado de mantener un 
elevado nivel de seguridad jurídica y económica en el control de los expedientes de 
gasto, compatible con el limitado ámbito temporal establecido para la ejecución de los 
fondos europeos, mantiene la regla general de la sujeción a fiscalización previa, en su 
modalidad de fiscalización limitada previa, de todos los actos que reconozcan derechos 
de  contenido  económico,  aprueben  gastos  o  adquieran  compromisos  de  gasto  s
vinculados a los fondos europeos. No obstante, la verificación de los denominados  oe.
extremos adicionales se limita a aquellos que, por su transcendencia en el proceso de  w.
gestión de estos fondos y para garantizar el cumplimiento de las directrices europeas, se  038ww
tdaentteor msein aepnr umeebdai adnicteh ao rodredne nd,e e sla l ac opnresseejenrtíea  lceoym lap eqtueen tree ceong em laotse reiax trdeem hoasc eiesnednac.i aElenstr ea 
voebrliigficaacrio neens .los  expedientes  de  gasto  y  en  la  intervención  del  reconocimiento  de  BOE-A-cable e
En este mismo capítulo se hace referencia a la necesaria adaptación del sistema de 
información de gestión económico-financiera, de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha  (Tarea),  de  su  sede  electrónica,  del  gestor  electrónico  de  expedientes  de 
contratación (Picos) y de cualquier otro sistema de gestión de la información vinculado 
con los proyectos e iniciativas del Plan de Recuperación, Resiliencia y Transformación, a 
fin de permitir su identificación a través del código de referencia único asignado por la 
Autoridad de gestión nacional en los términos previstos por el Real Decreto-ley 36/2020, 
de 30 de diciembre.
En el título III, integrado por los artículos 34 a 39, se recogen medidas específicas de 
organización  y  recursos  humanos  orientadas  a  proporcionar  a  la  administración 
soluciones flexibles en materia de gestión de personal que permitan continuar prestando 
servicios a la ciudadanía a la vez que gestionar los nuevos proyectos y actuaciones, 
ligados a los fondos europeos, que incrementarán significativamente la carga de trabajo 
de determinadas unidades administrativas. Entre las medidas previstas en este título se 
encuentra la posibilidad de redistribuir recursos, asignar funciones a tiempo parcial y 
reforzar las plantillas, allí donde sea necesario, mediante programas temporales de 
empleo.  Excepcionalmente  y  solo  cuando  resulte  imprescindible  se  contemplará  la 
creación  o  modificación  de  puestos  de  trabajo  cuyas  funciones  estén  directamente 
relacionadas con la gestión de proyectos vinculados a los fondos europeos.
Por último, en el título IV, con un único artículo, el 40, se hace referencia a los 
proyectos declarados prioritarios de conformidad con la Ley 5/2020, de 24 de julio, de 
Medidas Urgentes para la Declaración de Proyectos Prioritarios en Castilla-La Mancha, 
financiables  con  fondos  europeos  cuya  gestión  y  ejecución  podrá  llevarse  a  cabo 
utilizando los instrumentos de colaboración público-privada previstos en el ya citado Real 
Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre.
VI
En la disposición adicional primera, se crea la Agencia de la Energía y del Cambio 
Climático de Castilla-La Mancha como entidad de derecho público, con personalidad 
jurídica  propia,  patrimonio  propio  y  autonomía  en  su  gestión,  dependiente  de  la 
Administración  de  la  Junta  de  Comunidades  de  Castilla-La  Mancha  a  través  de  la 
consejería competente en materia de energía. El objetivo fundamental de esta entidad 
será  impulsar  políticas  sectoriales  en  materia  de  transición  energética,  propiciar  la 
descarbonización de la economía regional y la diversificación energética basada en el 
desarrollo de las energías renovables; impulsar las nuevas tecnologías e incentivar el 
ahorro  y  la  eficiencia  energética.  Con  una  visión  global  y  coherente  de  un  sector 
absolutamente estratégico como es el energético y con un modo de gestión que se 
ajusta mejor a las necesidades del momento, la entidad de derecho público que se crea 
servirá a la Administración regional como instrumento idóneo para diseñar e implementar 
propuestas novedosas en materia de política energética, y para aplicar y desarrollar las 
directrices emanadas al efecto de los órganos de gobierno.
En la disposición adicional segunda se prevé un régimen transitorio relativo a la 
celebración de las Asambleas Generales de Cooperativas, reguladas en la Ley 11/2010, 
de 4 de noviembre, de Cooperativas de Castilla-La Mancha. Las limitaciones para las 
reuniones sociales impuestas por las autoridades sanitarias suponen una imposibilidad 
práctica para la celebración de Asambleas generales en las cooperativas, especialmente 
en las agroalimentarias, dado el gran número de asociados en la mismas. A ello se une,  s
la falta de medios técnicos y la complejidad de organizar una videoconferencia con miles  e.
de terminales. w.
La  organización  representativa  Cooperativas  Agroalimentarias  ha  expresado  su  038ww
fpurnecoicounpaamciieónnt op oor redsintoasri oh edceh olas sq uceo ospueproantievna,s  deen f osrum ad ecsoanrcrroelltoa , edmosp rpersoabrlieaml, ajusr ípdaicrao  eyl 
contable.
En primer lugar, la imposibilidad de aprobar las cuentas anuales, que corresponde, 
en exclusiva a la Asamblea general. En segundo lugar, durante el espacio de tiempo 
desde la declaración del estado de alarma y la actual limitación del número de asistentes 
a reuniones sociales, han venido venciendo la vigencia de los cargos de miembros del 
órgano de administración de las Cooperativas.
Por todo ello, se hace necesario regular la adopción de acuerdos de la Asamblea 
General, cuando no sea posible, por motivos sanitarios, de movilidad y/o técnicos, 
celebrar la reunión, y que tendría una vigencia temporal vinculada a las limitaciones de 
movilidad y reunión que establezcan las autoridades sanitarias.
La disposición adicional tercera establece una bonificación de la tasa fiscal que grava 
las máquinas o aparatos de juego, con el fin de minorar los daños ocasionados por las 
medidas de contención de la COVID-19, acordadas por las resoluciones dictadas por las 
autoridades sanitarias de la Administración regional.
La disposición adicional cuarta crea el Centro Regional de Innovación Digital de 
Castilla-La Mancha.
Mediante las disposiciones finales se viene a regular diversas medidas de naturaleza 
administrativa y tributaria vinculadas a la consecución de los objetivos de la Ley de 
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha para 2021, 
con el objetivo general de dinamización de la economía, el incremento de la eficiencia y 
la  eficacia  en  la  prestación  de  servicios  de  la  Administración  Pública  Castellano-
Manchega en diversos ámbitos, así como la mejora de la distribución más equitativa de 
las obligaciones tributarias competencia de la Comunidad Autónoma.
La  primera  de  ellas,  modifica  la  Ley  4/2001,  de  10  de  mayo,  de  Parques 
Arqueológicos  de  Castilla-La  Mancha  para  adaptar  el  plazo  de  tramitación  del 
procedimiento para la declaración de parque arqueológico a los trámites exigidos para la 
resolución del mismo. Hasta ahora, en el procedimiento para declaración de un parque 
arqueológico previsto en la mencionada ley, no se establecía un plazo de resolución 
cuando el procedimiento se iniciaba de oficio, a instancias de la propia Administración 
regional, recurriéndose a los plazos supletorios establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, que resultaban de difícil cumplimiento, dada la duración de los trámites que 
exige la ley.
Se  considera  razón  imperiosa  de  interés  general  el  mantenimiento  del  silencio 
administrativo desestimatorio en los supuestos de solicitud de la declaración de Parque 
Arqueológico por un interesado, fundamentado en la protección y conservación del 
patrimonio histórico y artístico, dado que la declaración de un Parque Arqueológico por 
silencio estimatorio sin completar toda la tramitación y documentación necesaria podría 
dar lugar a casos de indefinición del objeto de la declaración, así como de los usos y 
actividades que se pueden ejecutar en él, e implicar la aplicación de una serie de 
gravámenes sobre otros propietarios de parcelas que podrían perjudicar a terceros por 
una falta de resolución expresa de la Administración Pública, y la posible desprotección 
de los valores del patrimonio cultural.
La disposición final segunda modifica la Ley 10/2007, de 29 de marzo, de Medios 
Audiovisuales de Castilla-La Mancha. La misma fue aprobada con anterioridad a la 
aprobación de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, 
que supuso un importante cambio del marco jurídico desarrollado hasta ese momento 
para el sector audiovisual, dando un paso determinante en la conceptuación de los 
servicios de comunicación audiovisual como servicios de interés general, en el marco de 
los cuales se garantiza la prestación del servicio público audiovisual por parte de las  s
entidades públicas a las que se les encomienda dicha prestación por parte de las  oe.
autoridades competentes para ello. Este cambio opera sobre aspectos tan importantes  w.
como el paso del régimen de concesión administrativa al de licencia. 038ww
sóloL ap aLreay e Gl esneectroarl  dperi vlaa dCoo msinuon ictaamcióbnié nA updaiorav iseul apl úsbel icpore fsijeanntdao c, ocmoon  neol rmmáas b áasbiscoal untoo 
irnessppierator  clao mppreesteenncciiaa l eqnu ee ml saerccato nr uaeusdtrioav Cisounasl tidtuec ioórng,a lnoiss mproinsc ippúiobsli cmosín ipmreosst aqduoer edse bdeenl   BOE-A-cable e
servicio público de radio, televisión y servicios interactivos. Principios inspirados en la 
normativa y recomendaciones comunitarias sobre financiación pública compatible con el 
Tratado  Constitutivo  de  la  Comunidad  Europea,  control  independiente  a  través  de 
organismos reguladores y garantía y protección de derechos.
La anterior circunstancia hace oportuno y urgente, a favor de la seguridad jurídica y 
adecuación del proceso de concurso a ser convocado por el Consejo de Gobierno de la 
Junta de Comunidades, modificar aquellos artículos de la Ley 10/2007, que adecuen su 
redacción a la legislación general audiovisual, todo ello sin menoscabo, de una posterior 
tramitación de una nueva Ley de Medios Audiovisuales de Castilla-La Mancha ya acorde 
a las próximas modificaciones a ser incorporadas en la legislación general audiovisual 
española,  a  resultas  del  proceso  de  transposición  al  ordenamiento  jurídico  interno 
español de la Directiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo y del Consejo de 14 de 
noviembre de 2018 por la que se modifica la Directiva 2010/13/UE sobre la coordinación 
de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados 
miembros relativas a la prestación de servicios de comunicación audiovisual (Directiva de 
servicios de comunicación audiovisual), habida cuenta de la evolución de las realidades 
del mercado.
La  disposición  final  tercera  modifica  el  apartado  6  del  artículo  3  del 
Decreto 170/2009, de 3 de noviembre, del procedimiento de movilidad voluntaria, por el 
sistema de concurso de traslados, del personal estatutario del Servicio de Salud de 
Castilla-La Mancha, a fin de que los participantes en el concurso, una vez finalizado el 
plazo  de  presentación  de  solicitudes,  no  puedan  modificar  la  relación  de  plazas 
solicitadas.  Con  ello  se  pretende  igualar  las  condiciones,  en  cuanto  al  posible 
desistimiento en la participación en el concurso general de traslados, con los distintos 
servicios de salud que contemplan esta posibilidad.
Por  otro  lado,  se  establece  una  nueva  regulación  de  los  plazos  posesorios 
correspondientes a la resolución de concursos de traslados para el personal sanitario, 
prevista  en  el  artículo  7  de  dicho  Decreto,  caracterizados  por  ser  llamativamente 
extensos para determinadas situaciones. Esta situación viene generando importantes 
disfunciones, ya que las distintas gerencias sufren un período transitorio que determina 
sus planificaciones asistenciales al no poder contar con los profesionales en muchos 
casos  durante  un  mes,  plazo  que  no  tiene  la  consideración  ni  de  permiso  ni  de 
vacaciones, y que se disfruta de manera adicional y ordenada.
La disposición final cuarta modifica el apartado 2 del artículo 34 de la Ley 12/2010, 
de 18 de noviembre, de Igualdad entre Mujeres y Hombres de Castilla-La Mancha, para 
que el informe del Consejo Escolar sobre las iniciativas adoptadas para el fomento de la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres se emita cada tres años en vez de anualmente; 
y ello, porque los resultados de la implementación de políticas en materia de educación, 
no resulta apreciable de un curso a otro, sino a más largo plazo. Por otra parte, se da 
nueva  redacción  al  artículo  44  de  la  precitada  ley,  para  ampliar  las  entidades 
destinatarias del Distintivo de Excelencia en Igualdad de Género, incluyendo también a 
las empresas y entidades del sector público.
La disposición final quinta modifica la Ley 14/2010, de 16 de diciembre, de Servicios 
Sociales de Castilla-La Mancha. Se amplía el servicio de teleasistencia a las personas 
mayores de 70 años, aunque vivan acompañadas y, también, a cualquier persona en 
situación de dependencia que lo solicite, sin tener que anudar el reconocimiento del 
servicio a que el mismo se contemple en su programa individual de atención.
En esta misma disposición final, se modifican los preceptos relativos a las formas de  s
provisión  de  las  prestaciones  del  Sistema  Público  de  Servicios  Sociales  y  a  la  oe.
concertación social, para dar cabida a las entidades de la administración local en la  w.
provisión o gestión de las prestaciones; especialmente en su modalidad de concierto  038ww
sdoec pialal. zSaes  leimn itrae seidl epnacgioa sd ed el ams apylaozreass  ye fescet irveagmuelan tlea  oacfeucptaadcaiósn a d lea  lcoosn icnegrrteascoiósn  dseo claiasl 
personas usuarias de residencias de mayores al pago de la participación económica en
el  coste  del  servicio,  al  estar  garantizado  por  la  Administración  el  sustento  de  las 
personas beneficiarias de estos centros.
Por último, en relación con las ayudas de emergencia social, cuya finalidad es 
atender de forma inmediata necesidades de carácter básico, como las de alimentación o 
vivienda,  es  necesario,  en  coherencia  con  la  urgencia  que  requiere  su  efectiva 
concesión, agilizar al máximo la tramitación del expediente; razón por la que se suprime 
su fiscalización previa.
La  disposición  final  sexta  modifica  los  apartados  2  y  9  del  artículo  48  de  la 
Ley 4/2011, de 10 de marzo, de Empleo Público de Castilla-La Mancha.
La disposición final séptima modifica la Ley 9/2012, de 29 de noviembre, de Tasas y 
Precios Públicos de Castilla-La Mancha y otras medidas tributarias, para adecuar, la tasa 
por la emisión por los órganos administrativos competentes de certificados de hallarse al 
corriente de las obligaciones tributarias, a lo previsto en el del artículo 28.2 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre. Con esta modificación, no constituirá hecho imponible la 
emisión de certificados a solicitud de cualquier órgano de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha u Administración Pública en cumplimiento de sus fines y para la 
comprobación de la situación de los administrados, bien de oficio o por autorización 
expresa.
La disposición final octava introduce una modificación puntual en la Ley 5/2013, 
de 17 de octubre, de ordenación del servicio jurídico de la Administración de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, con el objeto de elevar a ocho mil euros la cuantía 
mínima  de  los  expedientes  de  responsabilidad  patrimonial  en  los  que  corresponde 
informar con carácter preceptivo al Gabinete Jurídico. Con esta modificación se pretende 
agilizar  la  tramitación  del  procedimiento,  dado  el  incremento  del  número  de  estos 
expedientes y la excesiva carga que tiene el Gabinete Jurídico, sin menoscabar la 
actividad administrativa, pues el órgano competente para resolver ya cuenta con el 
asesoramiento en derecho necesario de las asesorías jurídicas.
La  disposición  final  novena  modifica  la  Ley  7/2013,  de  21  de  noviembre,  de 
adecuación de procedimientos administrativos y reguladora del régimen general de la 
declaración responsable y comunicación previa, para incluir, el procedimiento para el 
acceso  o  continuidad  en  la  prestación  de  servicios  mediante  teletrabajo,  entre  los 
relacionados en el anexo I.A), procedimientos con silencio administrativo desestimatorio 
y plazo de resolución igual o inferior a seis meses. Ello obedece a que la prestación de 
servicios en régimen de teletrabajo por el personal funcionario exige el cumplimiento de 
unos requisitos, los cuales deben verificarse en el correspondiente procedimiento. El 
efecto estimatorio del silencio administrativo en este procedimiento puede provocar que 
accedan a esta modalidad de prestación de servicios funcionarios o funcionarias que 
ocupen puestos que no sean susceptibles de desempeñarse de esta forma, pudiéndose 
ocasionar así graves perjuicios a la prestación de servicios públicos que requieran 
actuaciones presenciales y, con ello, a los ciudadanos y ciudadanas destinatarios de 
esos servicios públicos.
La  disposición  final  décima  modifica  el  apartado  tercero  del  artículo  40  de  la 
Ley 8/2013, de 21 de noviembre, de Medidas Tributarias de Castilla-La Mancha, al objeto 
de recoger de forma expresa, que la obligación que se impone a las notarías de remisión 
vía telemática de las copias simples de escrituras y la declaración informativa notarial 
respecto de aquellos hechos imponibles que determine la consejería competente en 
materia de hacienda, tiene que ser consecuencia de hechos, actos o negocios jurídicos 
que contengan hechos imponibles sujetos al impuesto sobre transmisiones patrimoniales  s
y actos jurídicos documentados y al impuesto sobre sucesiones y donaciones, y que  oe.
deban ser liquidados ante esta Administración tributaria regional. w.
La disposición final decimoprimera modifica la Ley 4/2016, de 15 de diciembre de  038ww
TranLsap adriesnpcoisai cyi óBnu efinn aGl odbeiecrinmoo dseeg Cuansdtail las-uLpar iMmaen cehl aa.partado 2 del artículo 34 de la
CLeays ti4ll/a2-0L1a8 M, adnec h8a ,d ed aodcot uqburee , inpcaurrar eu enna  uSno csiuepduaeds tLoi bdree  idnec oVnisotlietuncciioan adleid aGdé pnoerr o« leenx   BOE-A-cable e
repetita»  en  una  materia  en  que  la  Comunidad  Autónoma  carece  de  competencia 
legislativa, como es la tipificación de las prácticas laborales discriminatorias, ya que 
reproduce lo dispuesto en los apartados 12, 13 y 13 bis del artículo 8 del texto refundido 
de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.
La disposición final decimotercera modifica el apartado 2 de la disposición adicional 
primera de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre, de Medidas Administrativas y Tributarias 
de Castilla-La Mancha, que atribuye a la Consejería de Hacienda y Administraciones 
Públicas la convocatoria, aprobación de las bases y gestión de los procedimientos de 
provisión  de  los  puestos  reservados  a  la  Escala  Superior  de  Sanitarios  Locales, 
especialidades  veterinaria  y  farmacia.  La  especial  responsabilidad  y  confianza  que 
justifica que determinados puestos de trabajo puedan proveerse por el procedimiento de 
libre designación, como la apreciación discrecional de la idoneidad de las personas 
candidatas a desempeñar esos puestos, aconsejan la modificación de dicha disposición 
adicional  para  atribuir  a  la  consejería  a  la  que  están  adscritos  dichos  puestos,  la 
convocatoria,  aprobación  de  las  bases  y  gestión  de  los  procedimientos  de  libre 
designación  para  la  provisión  de  los  puestos  reservados  a  las  especialidades  de 
veterinaria y farmacia de la Escala Superior de Sanitarios Locales que tienen asignada 
esa forma de provisión.
La  disposición  final  decimocuarta  modifica  la  Ley  2/2020,  de  7  de  febrero,  de 
Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, a fin de reflejar el compromiso adquirido 
mediante acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del 
Estado-Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en orden a suprimir o dejen sin 
contenido el apartado 3 del artículo 5 y el apartado 2 del artículo 49 de la Ley 2/2020, 
de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, solucionando así las 
discrepancias competenciales manifestadas en relación con los mismos.
Por otro lado, el Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban 
medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica, 
incluye en su artículo 8 la modificación de ciertos aspectos de carácter básico en la 
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. En consecuencia, con el fin de 
lograr la máxima coherencia entre la legislación básica estatal y el desarrollo legislativo 
autonómico, se modifican los artículos 37 y 54 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, 
relativos a las consultas previas necesarias para elaborar el documento de alcance del 
estudio de impacto ambiental y al informe de impacto ambiental, respectivamente.
La disposición final decimoquinta de la presente ley, modifica la disposición adicional 
octava de la Ley 5/2020, de 24 de julio, de Medidas Urgentes para la Declaración de 
Proyectos Prioritarios en Castilla-La Mancha con el fin de ampliar hasta finales de 2021 
la bonificación de la tasa de espectáculos taurinos, prevista en los artículos 348 a 351 de 
la Ley 9/2012, de 29 de noviembre, de Tasas y Precios Públicos de Castilla-La Mancha y 
otras  medidas  tributarias.  Esta  bonificación  se  justifica  en  la  más  que  previsible 
continuación de los efectos negativos de la pandemia causada por la COVID-19, durante 
todo este año 2021.
La  disposición  final  decimosexta  modifica  el  apartado  e)  del  artículo  21  de  la 
Ley  11/2020,  de  28  de  diciembre,  de  Presupuestos  Generales  de  la  Junta  de 
Comunidades de Castilla-La Mancha para 2021.
La disposición final decimoséptima prevé la salvaguardia del rango reglamentario de 
los artículos 6.3 y 7 del Decreto 170/2009, de 3 de noviembre, del procedimiento de 
movilidad voluntaria, por el sistema de concurso de traslados, del personal estatutario del  s
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, que han sido modificados por la presente ley. oe.
Esta norma se adopta en virtud de las competencias exclusivas atribuidas a la Junta  w.
de Comunidades de Castilla-La Mancha por los artículos 31.1.1.ª y 28.ª y 39.3 de la Ley  038ww
mOragteárniaic ad e9 /r1e9g8u2la, cdieó n1 0d ed ela a ogrogsatnoi,z daecli óEns, tarétugtiom edne  Ay ufutonncoiomníaam diee nCtoa sdteill as-uLsa  inMsatintucchiao,n eens 
ddeic haau otorggoabniiezarncoió ny. del procedimiento administrativo derivado de las especialidades de  BOE-A-cable e
TÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1.  Objeto.
1.  La  presente  ley  tiene  por  objeto  adoptar  medidas  urgentes  y  establecer 
especialidades organizativas y procedimentales, necesarias para agilizar y simplificar la 
gestión económica y presupuestaria, la tramitación de procedimientos de concesión de 
ayudas y subvenciones, de adjudicación de contratos y de celebración de convenios 
vinculados a proyectos y actuaciones financiadas total o parcialmente con los fondos 
europeos determinados en el artículo 2.2, con el objetivo de facilitar la absorción de los 
mismos e impulsar el crecimiento económico de la región, la creación de empleo y la 
reparación de los daños de la crisis ocasionada por la pandemia del SARS-CoV-2.
2.  Es también objeto de la presente ley establecer medidas para flexibilizar la 
gestión de personal de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha y de sus organismos autónomos con la finalidad de gestionar de forma ágil y 
eficiente los fondos europeos.
3.  En el supuesto de que las normas comunitarias de regulación de los fondos del 
Instrumento Europeo de Recuperación resulten incompatibles con alguno o algunos de 
los preceptos de la presente ley, se aplicará lo establecido en dichas normas.
Artículo 2.  Ámbito de aplicación.
1.  La presente ley es de aplicación a la Administración de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha y entidades que integran el sector público regional en los términos 
establecidos en el artículo 4 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La 
Mancha, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre de 2002.
2.  Las disposiciones recogidas en la presente ley se aplicarán a las actuaciones de 
cualesquiera  de  las  entidades  citadas  en  el  apartado  anterior  financiables,  total  o 
parcialmente,  con  los  fondos  europeos  del  Instrumento  Europeo  de  Recuperación, 
regulado por el Reglamento (UE) 2020/2094 del Consejo de 14 de diciembre de 2020 por 
el que se establece un Instrumento de Recuperación de la Unión Europea para apoyar la 
recuperación  tras  la  crisis  de  la  COVID-19,  y  los  fondos  europeos  del  periodo  de 
programación  2014-2020:  Fondo  Europeo  de  Desarrollo  Regional,  Fondo  Social 
Europeo, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y Fondo Europeo Marítimo y de 
Pesca.
Salvo que se especifique otra cosa, las referencias realizadas en la presente ley a los 
fondos europeos se entenderán realizadas a todos los fondos citados en este apartado.
Artículo 3.  Principios de actuación.
Los  procedimientos  administrativos  y  actuaciones  de  gestión,  seguimiento, 
supervisión y control de los fondos europeos a los que se refiere la presente ley, se 
regirán por los principios de racionalización y eficiencia en la utilización de medios y 
recursos, y de agilidad, celeridad y prioridad en la tramitación.
Artículo 4.  Comisión Delegada para los Fondos Europeos de Recuperación.
Para el diseño, planificación y seguimiento de las actuaciones vinculadas a los  es
fondos  europeos  y  a  su  financiación,  el  Consejo  de  Gobierno,  en  aplicación  del  bo
artículo  17  de  la  Ley  11/2003,  de  25  de  septiembre,  del  Gobierno  y  del  Consejo  038ww
fECuuonrncosiopuneltaoivmso i eddneet  oCR saeesc tauiljpluaes-rLtaaacr áiMó ana  lnocc oehnsa t,a lcabo lenccsoidtmitoup ieoráns  ilcuain óLane  Cyq o1u1me/ 2is0sióe0n 3 ,dD deeetel e2rgm5a idndeea . s peEaprl taie rélmogsbi mrFeeo.nn ddoes   OE-A-2021-18able en https://
Artículo 5.  La Comisión Regional de Coordinación de Fondos de Recuperación, Fondos 
Estructurales y de Inversión e Instrumentos Financieros Europeos.
La  Comisión  Regional  de  Coordinación  de  Fondos  de  Recuperación,  Fondos 
Estructurales y de Inversión e Instrumentos Financieros Europeos (Comisión Regional de 
Fondos, en adelante) creada en virtud de Decreto 50/2020, de 28 de agosto, es el 
órgano  colegiado  e  interdepartamental,  encargado  de  la  coordinación  de  todas  las 
actuaciones que deban realizarse en el ámbito territorial de Castilla-La Mancha en orden 
a agilizar la gestión y absorción de los fondos europeos.
TÍTULO II
Medidas de agilización y simplificación de los procedimientos y actuaciones
CAPÍTULO I
Especialidades en la tramitación de procedimientos
Artículo 6.  Tramitación de urgencia de los procedimientos administrativos de ejecución 
de gastos.
1.  Se declara la aplicación de la tramitación de urgencia y el despacho prioritario, 
en los términos previstos en los artículos 33 y 71 respectivamente de la Ley 39/2015, 
de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones 
Públicas, de los procedimientos administrativos que impliquen la ejecución de gastos con 
cargo a los fondos europeos, sin necesidad de que el órgano administrativo motive dicha 
urgencia en el correspondiente acuerdo de inicio.
2.  Lo establecido en el apartado anterior se entenderá sin perjuicio de lo previsto en 
el artículo 18 de la presente ley.
3.  En ningún caso será objeto de reducción la duración de los plazos referidos a la 
presentación de solicitudes y de recursos.
CAPÍTULO II
Medidas de agilización de los convenios
Artículo 7.  Simplificación de la tramitación de los convenios.
1.  La tramitación y formalización de los convenios de colaboración, que celebre la 
Administración de Castilla-La Mancha, así como sus organismos autónomos y entidades 
de derecho público, vinculados o dependientes, para la realización de actividades de 
interés general vinculadas a la ejecución de proyectos y actuaciones financiables con 
fondos europeos, tiene carácter preferente y se rige por los principios de simplificación y 
agilización con el objetivo de atender eficazmente las finalidades que se pretenden con 
su celebración.
2.  La tramitación de dichos convenios se regirá por lo establecido en el capítulo VI 
del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, con las siguientes especialidades:
a)  Solo  será  exigible  el  informe  de  los  servicios  jurídicos  correspondientes,  el  e
informe de fiscalización y, en su caso, el informe de la dirección general competente en  bo
materia de presupuestos. 038ww
daTaertmlí csbpue)ol coct ooN5r o 8sp .eú5rsb áecl irc)eá ox d irgeeeilxbg ilgTieoei bnxlalaeto l  a cluoRatn eo frapuizurneatdosciruidiózponau  cedpiseórte novl  aiead s eLtdilem ey Ca lotdoisven o sg.Heajasoct oiedsne ed naG  qodubeei e Crinnacosu trilprlaaren-Lv ailso tsaM  sauenjnec htoaes.l    OE-A-2021-18able en https://
c)  La autorización de gastos para la celebración de convenios de colaboración y 
encomiendas de gestión corresponde a los titulares de las consejerías y organismos 
autónomos, cualquiera que sea su importe.
3.  Excepcionalmente, los convenios a los que se refiere el presente artículo, podrán 
tener una duración superior a la legalmente establecida, pudiendo llegar como máximo a 
seis  años,  con  posibilidad  de  una  prórroga  de  hasta  seis  años  de  duración.  Esta 
excepción deberá justificarse motivadamente por el órgano competente con especial 
mención a que dicha extensión o prórroga no limitará la competencia efectiva en los 
mercados.
Artículo 8.  Tramitación anticipada.
En el caso de que la tramitación del expediente para la celebración del convenio se 
inicie en el ejercicio corriente, pero se prevea que su ejecución presupuestaria no vaya a 
tener lugar hasta el ejercicio siguiente u otros ejercicios posteriores, será posible su 
tramitación anticipada, pudiendo llegar hasta la fase de formalización en el ejercicio 
corriente.
Artículo 9.  Pago anticipado.
En los convenios previstos en el presente capítulo, el acreedor de la Administración, 
en los términos que se determinen en el convenio, podrá percibir un anticipo por las 
operaciones  preparatorias  que  resulten  necesarias  para  realizar  las  actuaciones 
financiadas hasta un límite máximo del 50 por ciento de la cantidad total a percibir.
CAPÍTULO III
Medidas de agilización de las subvenciones y ayudas financiables con fondos 
europeos
Artículo 10.  Requisitos para la tramitación de subvenciones y ayudas.
1.  Las subvenciones financiables con fondos europeos otorgadas por los sujetos 
comprendidos en el artículo 2 de la presente ley, se regirán por la normativa básica 
estatal, por el Título III del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha 
y por el Reglamento de desarrollo del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-
La Mancha en materia de subvenciones, aprobado por Decreto 21/2008, de 5 de febrero.
2.  Para la tramitación de la aprobación de las bases reguladoras y la convocatoria 
de estas subvenciones no será necesaria la autorización del Consejo de Gobierno 
prevista en el artículo 58.5.a), del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La 
Mancha.
3.  En estos procedimientos solo será exigible el informe de los servicios jurídicos 
correspondientes, el informe de fiscalización y, en su caso, el informe de la dirección 
general competente en materia de presupuestos.
Artículo 11.  Régimen de autorización de gastos.
La autorización de los gastos vinculados a la concesión de subvenciones y ayudas 
públicas financiables con fondos europeos corresponde a los titulares de las consejerías 
y organismos autónomos, cualquiera que sea su importe. e.e
Artículo 12.  Bases reguladoras y convocatoria de las subvenciones. 038ww
podrLáans  inbcaosrepso rarer glau lacodnovraosc adtoer iala dse  slausb vmeniscmioanse. sE nfi neasntcoisa bsluepsu ecsotno s,f oenld ionsfo remuero dpee olas 
intervención sobre las bases reguladoras previsto en el artículo 73.2 del Texto Refundido
de  la  Ley  de  Hacienda  de  Castilla-La  Mancha,  así  como  la  fiscalización  de  la 
convocatoria, se realizará por la Intervención Delegada competente.
Artículo 13.  Subvenciones de concurrencia no competitiva.
1.  En el caso de subvenciones financiables con fondos europeos, cuyo objeto sea 
financiar  actuaciones  o  situaciones  concretas  que  no  requieran  de  valoración 
comparativa con otras propuestas, se podrán dictar las resoluciones de concesión por 
orden  de  presentación  de  solicitudes,  una  vez  realizadas  las  comprobaciones  de 
concurrencia de la situación o actuación subvencionable y el cumplimiento del resto de 
requisitos  exigidos,  hasta  el  agotamiento  del  crédito  presupuestario  asignado  en  la 
convocatoria.
En estos casos, en ausencia de otra regulación de carácter básico, resultará de 
aplicación a dicho procedimiento lo dispuesto en el artículo 33 del Reglamento de 
desarrollo de Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en materia 
de subvenciones.
2.  Las bases reguladoras de estas subvenciones se aprobarán por orden de la 
consejería competente, siendo de aplicación, en todo lo que sea compatible, lo dispuesto 
en el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha y el Reglamento de 
desarrollo del mismo en materia de subvenciones.
Artículo 14.  Incremento del crédito.
1.  La cuantía total máxima o estimada del crédito previsto en las convocatorias de 
subvenciones o publicaciones de crédito, que se financien total o parcialmente con 
fondos europeos y con independencia del procedimiento establecido para su concesión, 
se podrá incrementar sin sujeción a las reglas previstas en el Reglamento de desarrollo 
del  Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Hacienda  de  Castilla-La  Mancha  en  materia  de 
subvenciones.
En todo caso, dicho incremento deberá realizarse:
a)  Antes de la resolución del procedimiento, en los procedimientos de concurrencia 
competitiva.
b)  Antes de la última o de la única resolución de concesión, en los procedimientos 
de concesión directa y en los procedimientos de concurrencia no competitiva.
2.  Los incrementos previstos en el apartado anterior deberán comunicarse a la 
Base de Datos Nacional de Subvenciones y publicarse en el «Diario Oficial de Castilla-La 
Mancha» con anterioridad a la resolución de concesión o al dictado de la última o única 
resolución de concesión, en función del procedimiento de que se trate.
Artículo 15.  Justificación de la aplicación de subvenciones.
1.  De conformidad con lo establecido en el artículo 39 del Reglamento de desarrollo 
del  Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Hacienda  de  Castilla-La  Mancha  en  materia  de 
subvenciones, el régimen jurídico de la justificación será el establecido en el artículo 30 
de la Ley General de Subvenciones.
2.  Para la justificación de la aplicación de las subvenciones relacionados con el uso 
de fondos europeos se establecen las siguientes singularidades:
a)  Cuando así se haya previsto en las bases reguladoras de la subvención, los  oe.
bdjauee s1n t01ief0i7fci. ca0dit0aeiv0r ai on esosu virmdioeepsm ,li bsfpiurcoebad,vd rGeaán nerc neijoeugnrsuaetlialfs idcd aaefi rn  eSalanun  bcseivual ebdanvarcetsíino ccucnioleóonsn  ,7  fm5ao pnedrddoeoibal sanR dteeeou g lralpao omppre reeRonssete,oa n lp tdaoDecre  ilócaimnr e Lptdoeoe yr 8t lea83  78icn//u22fee00rn00iot63ar,,     2021-18038n https://www.
de 21 de julio.
b)  Por  lo  que  se  refiere  al  contenido  de  la  cuenta  justificativa,  previsto  en  el 
artículo  72  del  Reglamento  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  las  bases 
reguladoras podrán eximir de la obligación de presentar aquellas facturas que tengan un 
importe inferior a 3.000 euros.
c)  Con  carácter  general,  la  acreditación  del  cumplimiento  de  las  obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social se realizará mediante la presentación de una 
declaración responsable.
d)  Para  los  supuestos  en  que  las  solicitudes  deban  venir  acompañadas  de 
memorias económicas, se flexibilizarán los compromisos plasmados en las mismas, en el 
sentido  de  que  se  permitan  compensaciones  entre  los  conceptos  presupuestados, 
siempre que se dirijan a alcanzar el fin de la subvención.
CAPÍTULO IV
Medidas para agilizar los procedimientos de contratación
Artículo 16.  Autorización para contratar y autorización del gasto.
1.  En los procedimientos de adjudicación de los contratos y acuerdos marco que 
pretendan celebrar los sujetos comprendidos en el artículo 2 para atender necesidades 
incluidas en su ámbito de funciones, que sean financiables con fondos europeos, se 
aplicarán las especialidades en materia de contratación previstas en el Real Decreto-
ley 36/2020, de 30 de diciembre, y en el presente capítulo.
2.  Los  contratos  y  acuerdos  marcos  citados  en  el  apartado  anterior  quedan 
exceptuados del requisito de la autorización para contratar del Consejo de Gobierno 
prevista en el artículo 58.5.b) del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La 
Mancha.
3.  La autorización de gastos para la celebración de los contratos y acuerdos marco 
a los que se refiere el presente artículo, corresponde a los titulares de las consejerías y a 
quienes  ostenten  la  dirección  de  los  organismos  autónomos  y  entidades  públicas 
cualquiera que sea su importe.
Artículo 17.  Preferencia en la tramitación.
Los contratos y acuerdos marco que se vayan a financiar con fondos europeos 
gozarán de preferencia en su tramitación por los distintos órganos que intervengan en la 
misma. Asimismo, los plazos para emitir los respectivos informes quedarán reducidos a 
cinco días hábiles, sin que quepa prórroga alguna de este plazo.
Artículo  18.  Tramitación  de  urgencia  y  utilización  del  procedimiento  negociado  sin 
publicidad por imperiosa urgencia.
1.  Los  órganos  de  contratación  declararán  motivadamente  la  tramitación  de 
urgencia prevista en el artículo 119 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público de todos los contratos y acuerdos marco que se financien con los 
fondos europeos siempre que los plazos de ejecución de los mismos hagan imposible o 
muy difícil la tramitación ordinaria del expediente. Dicha declaración se incorporará al 
expediente.
2.  Excepcionalmente, se podrá adjudicar el contrato mediante el procedimiento 
negociado  sin  publicidad  previsto  en  el  artículo  168.b)  de  la  Ley  9/2017,  de  8  de  e.
noviembre, cuando una imperiosa urgencia resultante de acontecimientos imprevisibles y  w.
no imputables al órgano de contratación, demande la pronta ejecución de un contrato  038ww
fpinreavnisctiaab elen  ceol na pfoanrtdaodso  eaunrtoeprieoor.s y ello no pueda lograrse mediante la tramitación urgente
Artículo 19.  Anuncio de información previa.
1.  Los órganos de contratación planificarán su actividad contractual vinculada a los 
fondos europeos y publicarán, siempre que sea posible, el anuncio de información previa 
previsto en el artículo 134 de Ley 9/2017, de 8 de noviembre, con el fin dar a conocer los 
contratos de obras, suministros o servicios que, siendo financiables con fondos europeos 
y estando sujetos a regulación armonizada, tengan proyectado adjudicar.
2.  Además,  los  órganos  de  contratación  difundirán  toda  aquella  información 
relacionada con los procesos de licitación vinculados a los mencionados fondos, con el 
fin de aumentar la transparencia y la mayor concurrencia de los operadores económicos 
interesados, con carácter previo al impulso formal de los procedimientos oportunos 
conforme a la legislación aplicable.
Artículo 20.  Criterios de adjudicación.
1.  En los procedimientos de adjudicación de contratos y acuerdos marco que se 
vayan a financiar con fondos europeos, no será de aplicación la Instrucción del Consejo 
de Gobierno de 26 de junio de 2018, sobre la ponderación a atribuir a los criterios 
relacionados con los costes en los procedimientos de adjudicación de los contratos de 
obras,  suministros  y  servicios  en  el  ámbito  de  la  Administración  de  la  Junta  de 
Comunidades de Castilla-La Mancha y sus organismos autónomos.
2.  Con el fin de agilizar la tramitación de los procedimientos de contratación que se 
financien con fondos europeos, a la vez que facilitar el acceso de las pequeñas y 
medianas empresas y obtener obras, suministros y servicios de calidad, se priorizarán, 
con  carácter  general,  los  criterios  de  adjudicación  cualitativos  y  se  utilizarán, 
preferentemente, aquellos que hagan referencia a elementos o características del objeto 
del contrato que puedan valorarse mediante cifras o porcentajes obtenidos a través de la 
mera aplicación de las fórmulas establecidas en los pliegos.
Artículo 21.  Modelos de pliegos de contratación.
1.  En el marco de lo establecido en el artículo 54 del Real Decreto-ley 36/2020, 
de  30  de  diciembre,  y  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  7  del 
Decreto 74/2018, de 23 de octubre, por el que se regula la Oficina de Contratación de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el sistema de contratación centralizada, 
la Junta Central de Contratación propondrá al titular de la consejería competente en 
materia de hacienda, previo informe del Gabinete Jurídico, los modelos tipo de pliegos 
de cláusulas administrativas particulares para determinadas categorías de contratos de 
naturaleza  y,  preferentemente,  funcionalidad  análoga,  que  han  de  regir  en  los 
procedimientos de adjudicación de contratos financiables con los fondos europeos en el 
ámbito  de  la  Administración  de  la  Junta  de  Comunidades  de  Castilla-La  Mancha, 
organismos autónomos y entes del sector público regional que, a efectos de la normativa 
de contratación, tienen la consideración de Administraciones Públicas.
2.  En  los  casos  en  que  estos  modelos  de  pliegos  incorporen  los  criterios  de 
adjudicación del contrato y su ponderación, así como la fórmula de valoración del precio, 
de manera que el órgano de contratación solo deba identificar el contrato e indicar en el 
cuadro  de  características  cifras  y  alternativas  cuyo  contenido  haya  sido  totalmente 
acotado en el pliego, no será necesario emitir el informe jurídico del pliego de cláusulas 
administrativas particulares de los contratos que se ajusten a dicho modelo. s
3.  Asimismo, el Pleno de la Junta Central podrá constituir secciones para el estudio  oe.
y  análisis  de  modelos  de  pliegos  de  prescripciones  técnicas  para  determinadas  w.
cadasetuseniggtnooar ícaaisó  ntrd adete a rc,s ounqstu ramietonies m pbyo rdoprsár e cfieonrrcereonsrtppeoomrnaedrn ete aa,   dlpaioc rph rafesus nidcseieoncnccaiiaolid ndaeedsle  sPté.l ecLnnaoic ,o ceso nm ofp uonascsiiecóisnóo nrd eesyl    2021-18038n https://ww
especializados.
Artículo 22.  División en lotes.
1.  Con la finalidad de favorecer a las pequeñas y medianas empresas, en los 
contratos  cuya  naturaleza  y  objeto  lo  permitan,  deberá  preverse  la  realización 
independiente de cada una de sus partes mediante la división en lotes.
2.  En estos casos, previa justificación en el expediente, se procurará limitar el 
número de lotes a los que un mismo candidato o licitador puede presentar oferta; o bien 
limitar el número de lotes que pueden adjudicarse a cada licitador.
Artículo 23.  Contratación conjunta del proyecto y la obra.
1.  Excepcionalmente, se podrá efectuar la contratación conjunta de la elaboración 
de proyecto y ejecución de obras prevista en el artículo 234 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre,  en  los  siguientes  supuestos  de  contratación  vinculados  a  proyectos  y 
actuaciones financiables con fondos europeos, previa justificación en el expediente de su 
concurrencia:
a)  Contratos de obra en los que la elaboración del proyecto se halle técnicamente 
vinculado al suministro e instalación de equipos de generación de energía procedente de 
fuentes  renovables,  de  equipamiento  e  inversiones  que  reduzcan  las  emisiones  de 
dióxido de carbono y el consumo de energía final mediante la mejora de la eficiencia 
energética; así como aparatos y equipos de alta tecnología vinculados a tratamientos y 
procesos médicos y hospitalarios, y sistemas y tratamiento de la información.
b)  Contratos de obra de ingeniería distintos de los anteriores, en los que el proyecto 
se halle técnicamente vinculado a la instalación de equipamiento y maquinaria; y en los 
que la edificación sea accesoria, complementaria o de escasa relevancia respecto de la 
citada instalación.
c)  Contratos  de  obras  de  ampliación,  mejora,  modernización  o  adecuación  de 
espacios en edificios de uso social, educativo o sanitario, y en viviendas de promoción 
pública que pertenezcan al parque público de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, que no supongan una variación sustancial en la composición y configuración 
arquitectónica del edificio.
2.  En los supuestos anteriormente previstos, no se requerirá la redacción previa por 
la Administración o entidad contratante de un anteproyecto o documento similar y podrá 
limitarse a redactar las bases técnicas a las que deba ajustarse el proyecto.
Artículo 24.  Constitución de garantías definitivas.
1.  Las  garantías  definitivas  en  los  contratos  de  obras,  suministros  y  servicios 
financiados con cargo a los fondos europeos se constituirán preferentemente mediante 
retención en el precio, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 de este artículo.
2.  El  órgano  de  contratación  retendrá  en  el  momento  del  primer  pago  las 
cantidades necesarias para la constitución de la garantía definitiva o, de no ser posible 
por ser su importe insuficiente, de los sucesivos hasta completarla. El importe retenido 
será devuelto al contratista cuando finalice el plazo de garantía del contrato.
3.  Los  pliegos  de  cláusulas  administrativas  particulares  que  rijan  la  licitación 
deberán recoger expresamente la previsión de la constitución de la garantía definitiva 
mediante  retención  en  el  precio,  indicando  la  forma  y  condiciones  de  la  retención 
señalada en este artículo, de conformidad con lo previsto en el artículo 108.2 de la  e
Ley 9/2017, de 8 de noviembre. bo
4.  No  obstante  lo  previsto  en  el  apartado  1,  el  contratista  tras  recibir  el  038ww
lrae qguaerraimntiíean teon  deef edcotcivuom, evnatlaocreiósn,  mpreedviiaan ate l aa vaadlj uod icsaecgiuórno  tedned cráa ulaci ófanc ualstaí dc odme oc oqnuseti tuunir 
preotrecnecniótanje  edne  leal  mpirsemciao , sedae bcieonndsotit uaidpao rmtaersdeia nltae  edsotcousm menetdaicoisó ny  ejul srtiefisctaot,i vma eddiea ntlea 
constitución  en  la  forma  y  plazos  legalmente  previstos  junto  con  el  resto  de 
documentación previa a la adjudicación solicitada.
Artículo 25.  Identificación del contrato.
Con el fin de garantizar el seguimiento y la transparencia de los contratos y acuerdos 
marco a los que se refiere el presente capítulo, en el gestor electrónico de contratos de 
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y en el anuncio de licitación publicado 
en la Plataforma de Contratación del Sector Público se identificará el proyecto o iniciativa 
a la cual corresponde el contrato o acuerdo marco, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 33 de la presente ley.
Artículo 26.  Seguimiento de los procedimientos de adjudicación y de la ejecución de los 
contratos.
Con el objetivo de evitar o minimizar las irregularidades por incumplimiento de las 
normas de contratación pública aplicables a los contratos financiados con los fondos 
europeos de recuperación que puedan ser objeto de correcciones financieras y pérdida 
total o parcial de los citados fondos por gestión irregular de los mismos, la Oficina 
Central de Contratación constituirá uno o más comités de seguimiento por materias o 
tipos  de  contrato,  que  se  encargarán  de  asesorar  y  apoyar  a  las  unidades 
administrativas, responsables de la tramitación de los procedimientos de adjudicación de 
contratos, de su ejecución y del control de su cumplimiento.
Artículo 27.  Modificaciones de contratos.
A los efectos de la modificación de los contratos prevista en el artículo 205.2.b) de la 
Ley  9/2017,  de  8  de  noviembre,  se  considerarán  circunstancias  sobrevenidas 
imprevisibles  las  modificaciones  de  la  programación  europea  vigente  que  tengan 
incidencia sobre el objeto del contrato.
Las  modificaciones  que  se  acuerden  deberán,  en  todo  caso,  asegurar  el 
mantenimiento del equilibrio económico del contrato.
Artículo 28.  Encargos a medios propios personificados.
1.  Para la aplicación de los fondos europeos, la Administración de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha y sus organismos autónomos podrán ejecutar de 
manera directa prestaciones propias de los contratos de obras, suministros, servicios, 
concesión de obra y concesión de servicios, a cambio de una compensación tarifaria, 
valiéndose de un medio propio en aplicación de lo establecido en el artículo 86 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, previo encargo a este, con sujeción a lo dispuesto en los 
artículos 32 y 33 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, no siendo exigible en estos casos 
la autorización del Consejo de Gobierno previa a la suscripción de un encargo prevista 
en el artículo 58.5 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha.
2.  La autorización de gastos para conferir encargos en los términos previstos en el 
presente artículo, corresponde a los titulares de las consejerías y a quienes ostenten la 
dirección de los organismos autónomos y entidades públicas cualquiera que sea su 
importe.
3.  Con carácter previo a la autorización del gasto para conferir encargos a medios 
propios, tanto si estos se hallan integrados en el sector público regional como si lo están  e.e
en el sector de otra Administración pública, se requerirá el informe de la dirección  w.b
general competente en materia de presupuestos, de conformidad con lo dispuesto en el  038ww
adret íPcurelos u2p6u.1e syto esn G lae ndeirsaploessi cdieó nla a Jduicnitoan dael  sCeoxmtau dneid alad eLse yd e1 1C/2a0st2il0la, -dLea  M28a ndceh ad.iciembre,
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previo de la dirección general competente en materia de presupuestos, en los términos 
indicados en el párrafo anterior.
Artículo 29.  Recursos para agilizar y digitalizar los procedimientos de contratación 
relacionados con la gestión de los fondos europeos.
Con el fin de agilizar la preparación y adjudicación de los contratos financiables con 
fondos  europeos,  la  Consejería  de  Hacienda  y  Administraciones  Públicas,  con 
competencias en materia de servicios comunes en materia de contratación electrónica e 
implantación de tecnologías de la información, priorizará la digitalización y agilización de 
los procedimientos de contratación relacionados con la gestión de proyectos financiables 
con fondos europeos.
CAPÍTULO V
Medidas para agilizar la gestión y el control presupuestario
Artículo 30.  Compromisos de gasto plurianual.
1.  En los expedientes de gasto vinculados a la financiación con fondos europeos, 
podrán  adquirirse  compromisos  de  gasto  que  hayan  de  extenderse  a  ejercicios 
posteriores  a  aquel  en  que  se  autoricen  siempre  que  no  se  superen  los  límites  y 
anualidades previstos en el apartado siguiente.
2.  El número de ejercicios a los que pueden aplicarse estos compromisos de gastos 
de carácter plurianual no será superior a cinco y, en ningún caso, podrán extenderse más 
allá del año 2026. Asimismo, el gasto que en tales casos se impute a cada uno de los 
ejercicios posteriores no podrá exceder de la cantidad que resulte de aplicar al crédito 
definitivo a que corresponda la operación, definido a nivel de vinculación los siguientes 
porcentajes: en el ejercicio inmediato siguiente y en el segundo, el 100 por ciento, en el 
tercer ejercicio, el 70 por ciento y en los ejercicios cuarto y quinto, el 60 por ciento y 50 
por ciento, respectivamente.
3.  El titular de la consejería competente en materia de hacienda a propuesta de las 
consejerías interesadas, o de aquellas a las que se adscriban los organismos autónomos 
o las entidades públicas promotoras, y previo informe de la dirección general competente 
en materia de presupuestos, podrá acordar la modificación de los porcentajes anteriores, 
incrementar el número de anualidades o autorizar la adquisición de compromisos de 
gasto que hayan de atenderse en ejercicios posteriores en el caso de que no exista 
crédito.
4.  Los compromisos a que se refiere este artículo deberán ser objeto de adecuada 
contabilización.
Artículo 31.  Régimen de control de los expedientes de gasto.
La función interventora aplicable a los expedientes de gastos vinculados a los fondos 
europeos se ejercerá conforme a lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de 
Hacienda  de  Castilla-La  Mancha  y  su  normativa  de  desarrollo,  con  las  siguientes 
especialidades:
1.  La fiscalización previa de todos los actos incluidos en la letra a) y la intervención 
del reconocimiento de las obligaciones prevista en la letra b) del artículo 95 del Texto  e.e
Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, se ejercerá, siempre que  b
dichos  actos  estén  sujetos  a  función  interventora,  en  la  modalidad  de  fiscalización  038ww
climuaitnatdíaa  dperle mviais,m cou.a Elqnu ideircah oqsu ee xspeead ieeln tteipso n doe s gea esjteor caelr áq ulae  fsisec arelizfiaecraió ne lp elexnpae.diente y la
verif2ic. aráCno,m úon iceaxmtreemntoes,  aaqduiceilolonsa lqeuse a, pploicra sbule tsra an slcoesn rdeefenrcidiao es ne expl perdoiecnetseos  ddee g geasstitóon,  dsee 
estos fondos y para garantizar su adecuación a las directrices establecidas por las
Instituciones de la Unión Europea, se determinen mediante orden de la consejería 
competente en materia de hacienda. En tanto no se dicte la referida orden, los extremos 
esenciales a verificar en los expedientes de gasto que se financien con cargo a los 
fondos europeos serán los siguientes:
a)  En la fiscalización previa de los actos incluidos en la letra a) del artículo 95 del 
Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha:
1.º  Los extremos de general comprobación relacionados en el apartado segundo, 
letras a) a f), del Acuerdo de Consejo de Gobierno de 16 de marzo de 2020, por el que 
se da aplicación a la previsión del artículo 97.1 del Texto Refundido de la Ley de 
Hacienda de Castilla-La Mancha, respecto al ejercicio de la función interventora en su 
modalidad de fiscalización limitada previa, que, en función del expediente, resulten de 
aplicación.
2.º  La existencia de informe del Servicio Jurídico en aquellos expedientes en que, 
de conformidad con la normativa aplicable, resulte preceptivo.
3.º  En su caso, la existencia del dictamen del Consejo Consultivo de Castilla-La 
Mancha en aquellos expedientes en que el mismo resulte preceptivo.
b)  En la intervención del reconocimiento de obligaciones, prevista en la letra b) del 
artículo  95  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Hacienda  de  Castilla-La  Mancha  se 
verificarán exclusivamente los extremos de general comprobación relacionados en el 
apartado segundo, letras a) a f), del Acuerdo de Consejo de Gobierno de 16 de marzo 
de 2020, que resulten de aplicación. Con carácter previo a la contabilización de la 
resolución  o  del  correspondiente  acto  administrativo,  el  órgano  de  control  interno 
actuante verificará, además, la concordancia del acreedor, la coincidencia del importe 
propuesto con los documentos que lo acrediten o justifiquen y que estos cuentan con la 
conformidad de los servicios competentes.
3.  Para  el  ejercicio  de  la  fiscalización  previa  y  de  la  intervención  previa  del 
reconocimiento de las obligaciones derivadas de este tipo de expedientes, solo deberá 
remitirse  a  la  intervención  competente  la  documentación  que  sea  estrictamente 
necesaria para verificar el cumplimiento de los extremos de preceptiva comprobación 
que, en cada caso, resulten de aplicación.
4.  La fiscalización de estos expedientes se llevará a cabo por las Intervenciones 
Delegadas y el despacho de los mismos gozará de prioridad respecto a cualesquiera 
otros.
5.  El órgano de control deberá evacuar el informe de fiscalización en el plazo 
máximo  de  cinco  días  hábiles  a  contar  desde  que  se  complete  la  documentación 
requerida conforme al apartado 3.
6.  La intervención de la comprobación material de la inversión se efectuará de 
conformidad con lo establecido en la normativa específica que resulte de aplicación.
7.  La intervención de la ordenación del pago y del pago material se llevará a cabo 
en los términos establecidos en el apartado vigesimoséptimo del Acuerdo de Consejo de 
Gobierno de 16 de marzo de 2020.
Artículo 32.  Desconcentración y delegación de facultades.
Las competencias atribuidas por la presente ley en materia de gestión de gastos 
podrán  desconcentrarse  o  delegarse  en  los  términos  establecidos  en  la  normativa  e.e
vigente aplicable en cada caso. b
Artícvuinloc u3la3d. asH aa bfoilnitdaocsió enu droepl ecoósd.igo de referencia único de los proyectos o iniciativas
1.  La  consejería  competente  en  materia  de  hacienda  llevará  a  cabo  las
adaptaciones necesarias del sistema de información económico financiero para que el
registro contable de las operaciones de gasto, en cualquiera de sus fases de ejecución 
presupuestaria y capítulos o naturaleza de gasto, susceptibles de imputación a proyectos 
o iniciativas del Plan de Recuperación, Resiliencia y Transformación de la UE, en los que 
se incurra a partir del ejercicio 2021, identifiquen dichos proyectos e iniciativas a través 
del  código  de  referencia  único  asignado  por  la  Autoridad  de  gestión  nacional  del 
correspondiente programa o mecanismo comunitario en los términos previstos en el 
artículo 46 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre.
Asimismo, en dichas operaciones de gasto se identificará el código de convocatoria 
de la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) o el número de identificación de 
contrato  en  la  Plataforma  de  Contratación  del  Sector  Público,  según  corresponda, 
cuando según la fase de gasto dicha información ya estuviera disponible.
2.  La  consejería  competente  en  materia  de  hacienda  promoverá,  también,  las 
adaptaciones precisas en la Sede Electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, el «Diario Oficial de Castilla-La Mancha», el gestor electrónico de expedientes 
de  contratación  y  cualquier  otro  sistema  de  gestión  de  la  información  corporativo 
vinculado  con  los  proyectos  o  iniciativas  del  Plan  de  Recuperación,  Resiliencia  y 
Transformación de la UE, a fin de que todos ellos permitan la identificación del proyecto 
o iniciativa a que corresponden cada convocatoria de subvención o contrato, a través del 
código de referencia único asignado por la Autoridad de gestión nacional.
TÍTULO III
Organización y recursos humanos
Artículo 34.  Organización.
1.  Corresponde a la Comisión Regional de Fondos establecer las directrices sobre 
la organización de los medios y recursos que permitan una gestión más ágil y eficiente 
de los fondos europeos con el fin de facilitar la absorción de los mencionados fondos.
2.  La consejería competente en materia de función pública, bajo las directrices de la 
Comisión Regional de Fondos, priorizará las necesidades de las consejerías encargadas 
de la gestión de los proyectos y actuaciones vinculadas a los fondos europeos.
3.  Por razones de eficacia y eficiencia, podrán constituirse unidades administrativas 
de carácter provisional que centralizarán la gestión y ejecución de proyectos financiables 
con cargo a los fondos europeos. La constitución de las citadas unidades administrativas 
de  carácter  provisional  se  efectuará  por  la  consejería  competente  en  materia  de 
hacienda y administraciones públicas, con un plazo determinado vinculado al desarrollo 
de los proyectos o a la ejecución del plan. Los puestos de trabajo provenientes de la 
relación de puestos de trabajo de la consejería, con los que se dote esta unidad, serán 
reasignados a su unidad de origen una vez se cumpla este plazo.
El nivel de estas unidades será el determinado en la correspondiente relación de 
puestos de trabajo.
4.  La provisión de puestos de trabajo de estas unidades temporales se realizará de 
acuerdo con lo establecido en la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de 
Castilla-La  Mancha.  Como  regla  general,  se  contará  primordialmente  con  aquellos 
empleados públicos que tengan experiencia directa o indirecta en la gestión de proyectos 
relaciones con fondos europeos. La provisión de puestos de estas unidades por personal 
estatutario  temporal,  personal  funcionario  interino  o  personal  laboral  temporal  se 
efectuará con carácter subsidiario. e.e
5.  En  todo  caso,  estarán  reservadas  a  personal  funcionario  las  funciones  que  b
impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o  038ww
deen  llaa  Lseaylv a4g/2u0a1r1d,i ad ed e1 0lo dse i nmtearrezsoe, sd egle Enemrpalleeos,  Peúnb elicl om daerc Co adseti llloa -pLrae vMisatnoc ehna .el artículo 6
Artículo 35.  Formación.
1.  Se adoptarán las medidas necesarias para la formación de empleados públicos 
en aquellas materias de especial relevancia para la gestión pública y el desarrollo de 
tareas vinculadas a la planificación, gestión, ejecución y control de los fondos europeos.
2.  La Escuela de Administración Regional, en el ámbito de sus competencias y de 
acuerdo con las orientaciones de la Comisión Regional de Fondos, impartirá formación 
para la gestión eficiente de los fondos europeos en materias tales como planificación 
estratégica,  licitación  pública,  procedimientos  de  subvenciones  y  ayudas,  gestión 
financiera o presupuestaria, convenios o colaboración público-privada.
Artículo 36.  Gestión de personas.
De acuerdo con los principios de gestión enumerados en el artículo 3 del Real 
Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, y lo establecido en el artículo 81 del texto 
refundido  del  Estatuto  Básico  del  Empleado  Público,  aprobado  por  Real  Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, y en la Ley 4/2011, de 10 de marzo, la persona 
titular del órgano directivo competente en materia de función pública, u órgano con 
competencias en materia de personal en los organismos públicos, adoptará las acciones 
necesarias para movilizar y redistribuir los recursos necesarios en orden a agilizar la 
gestión y absorción de los fondos europeos.
Artículo 37.  Asignación de funciones a tiempo parcial.
Exclusivamente en el ámbito de gestión de proyectos financiables con los fondos 
europeos se podrá acordar la asignación de funciones a tiempo parcial del personal 
funcionario al servicio de la consejería u organismo público, sin cambio de adscripción ni 
del puesto de trabajo ni de la persona.
Artículo 38.  Creación y modificación de puestos de trabajo.
Excepcionalmente, en aquellos casos en los que resulte imprescindible la creación o 
modificación  de  puestos  de  trabajo,  se  contemplará  la  creación  o  modificación  de 
puestos de trabajo cuyas funciones estén directamente relacionadas con la gestión de 
proyectos financiables por fondos europeos.
Artículo 39.  Refuerzo temporal de plantillas.
Dado el incremento de la carga de trabajo derivado de la gestión de los fondos 
europeos, las consejerías podrán reforzar sus plantillas con personal funcionario interino 
mediante programas temporales de empleo dirigidos a su realización. La duración de los 
programas no puede ser superior a cuatro años. En caso de que el programa se hubiera 
aprobado con una duración inferior a la máxima, puede prorrogarse, una o varias veces, 
sin que la duración total pueda exceder de dicha duración máxima.
TÍTULO IV
Proyectos prioritarios
Artículo 40.  Proyectos prioritarios. es
1.  Los  proyectos  declarados  prioritarios  de  conformidad  con  lo  previsto  en  la  w.
Ley 5/2020, de 24 de julio, de Medidas Urgentes para la Declaración de Proyectos  038ww
Prio2ri.t ariPoasr ean la C gaesstitlilóan-L ya  eMjeacnucchióan,  pdoed lroásn  pfirnoayneccitaorss ec itcaodno lso se nfo enld aopsa ertuardoop eaonste.rior podrá
uRteiliazla Drseec rceutoa-lqleuyi e3r6a/ 2d0e2 l0o,s d ien s3t0ru dmee dnitcoies mdber ec.olaboración público-privada previstos en el  BOE-A-cable e
Disposición adicional primera.  Entidad de derecho público Agencia de la Energía y del 
Cambio Climático de Castilla-La Mancha.
1.  Se crea la Agencia de la Energía y del Cambio Climático de Castilla-La Mancha, 
como entidad de derecho público, con personalidad jurídica propia, patrimonio propio y 
autonomía en su gestión, dependiente de la Administración de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha a través de la Consejería competente en materia de energía.
2.  La Agencia de la Energía y del Cambio Climático de Castilla-La Mancha se rige 
por el derecho privado, excepto en la formación de la voluntad de sus órganos, en el 
ejercicio  de  las  potestades  administrativas  que  tenga  atribuidas  y  en  los  aspectos 
regulados en esta ley, en sus estatutos y el resto de normas de derecho administrativo 
general y especial que le sean de aplicación.
3.  El objetivo principal de la Agencia de la Energía y del Cambio Climático de 
Castilla-La Mancha es el fomento de las políticas sectoriales en el ámbito de la transición 
energética, a efectos de propiciar la descarbonización de la economía regional a través 
de la diversificación energética basada en el desarrollo de las energías renovables, el 
impulso de nuevas tecnologías energéticas y la incentivación del ahorro y la eficiencia 
energética, integrando la protección del medio ambiente y la óptima gestión de los 
recursos energéticos en el territorio regional, sirviendo de soporte para el impulso y la 
ejecución de la política energética de la Comunidad Autónoma, a cuyo efecto tendrá los 
siguientes fines:
a)  Fomento del aprovechamiento de las energías renovables e incentivación del 
ahorro  y  la  eficiencia  energética  en  todos  los  sectores  económicos  de  Castilla-La 
Mancha, a efectos de su descarbonización.
b)  Apoyo al desarrollo de nuevas tecnológicas energéticas.
c)  Participación en proyectos de investigación, desarrollo e innovación tecnológica 
aplicada al ámbito energético.
d)  Realización de estudios y análisis especializados para el desarrollo de medidas 
sectoriales en el ámbito energético.
e)  Asesoramiento técnico a efectos de diseño de programas y mecanismos de 
impulso en materia de transición y sostenibilidad energética.
f)  Consultoría energética especializada.
g)  Gestión de programas de incentivación y apoyo público en materia de transición 
energética.
h)  Acciones  de  formación,  promoción,  concienciación  y  difusión  en  el  ámbito 
energético.
i)  A  los  efectos  previstos  en  los  apartados  precedentes,  podrá  desarrollar 
actividades de asistencia técnica, ingeniería de servicios, dirección o ejecución de obra.
j)  Conceder subvenciones con cargo a su presupuesto.
k)  Realizar, en general, cuantas funciones y actividades favorezcan la transición 
energética en el territorio regional.
4.  Los  estatutos  serán  aprobados  por  Decreto  del  Consejo  de  Gobierno  y 
publicados en el «Diario Oficial de Castilla-La Mancha» con carácter previo a la entrada 
en funcionamiento efectivo de la entidad.
Los estatutos regularán, al menos, los siguientes extremos:
a)  Las funciones y competencias de la Agencia, con indicación de las potestades 
administrativas que pueda ostentar. e.
b)  La  determinación  de  su  estructura  organizativa,  con  expresión  de  la  w.
composición,  funciones y  competencias  que  corresponda a cada órgano, así como  038ww
aatqruibeulliodsa só arg laa neonst idaa dlo.s que se reserva el ejercicio de las potestades administrativas
financc) iarElol sp.atrimonio  que  se  les  asigne  y  los  recursos  económicos  que  hayan  de  BOE-A-cable e
d)  El régimen relativo a recursos humanos, patrimonio, presupuesto y contratación.
e)  Su  condición  de  medio  propio  de  la  Junta  de  Comunidades  de  Castilla-La 
Mancha, de conformidad con la legislación de contratos del sector público.
5.  El personal de la Agencia de la Energía y del Cambio Climático de Castilla-La 
Mancha se rige por el derecho laboral, excepto las plazas reservadas para el personal 
funcionario, a quién le será de aplicación la legislación en materia de función pública 
aplicable al personal funcionario de la Administración de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha. Los estatutos determinarán las condiciones conforme a las cuales, 
los funcionarios de la Comunidad Autónoma, podrán cubrir destinos en la Agencia.
6.  La Agencia de la Energía y del Cambio Climático de Castilla-La Mancha aplicará 
el  régimen  presupuestario,  económico-financiero,  de  contabilidad  y  de  control 
establecido en el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha.
7.  La creación efectiva de la Agencia de la Energía y del Cambio Climático de 
Castilla-La  Mancha  conllevará  el  inicio  del  procedimiento  para  la  integración  de  la 
empresa pública Instituto de Sistemas Fotovoltaicos de Concentración, S.A.U.
Disposición adicional segunda.  Medidas aplicables a las sociedades cooperativas para 
la adopción de acuerdos cuando no sea posible, por motivos sanitarios, de movilidad 
y/o técnicos, la reunión de la Asamblea General durante la vigencia de las medidas 
extraordinarias derivadas de la pandemia originada por la COVID-19.
1.  Excepcionalmente,  durante  la  vigencia  de  las  medidas  sanitarias  y/o  de 
movilidad  adoptadas  por  las  autoridades  estatales,  autonómicas  o  municipales  que 
impidan  que  las  asambleas  generales  de  las  cooperativas  se  puedan  reunir  con 
normalidad al no poder constituirse con los quórums exigidos por la Ley 11/2010, de 4 de 
noviembre,  de  Cooperativas  de  Castilla-La  Mancha  o  no  poder  celebrarse  por  las 
limitaciones  de  aforo  que  se  impongan,  y  respecto  de  aquellas  cooperativas  que 
carezcan de los medios adecuados o suficientes para su celebración a través de medios 
virtuales o que por el elevado número de socios resulte inviable su celebración por este 
medio, el órgano de administración podrá asumir las siguientes competencias:
a)  Aprobación provisional de sus cuentas anuales.
b)  Nombramiento provisional de auditores/as.
c)  Aprobación provisional del retorno o excedente cooperativo cuando los estatutos 
sociales no contemplen las normas de reparto del mismo.
d)  Aprobación  provisional  de  acuerdos  relativos  a  asuntos  que  afecten  a  la 
estructura económica, organizativa o funcional y que sean precisos para el normal 
funcionamiento de la cooperativa.
e)  Aprobación provisional de la disolución de la cooperativa, no pudiendo en ningún 
caso nombrar liquidadores/as, iniciar las operaciones de liquidación establecidas en los 
artículos 114 y siguientes de la Ley 11/2010, de 4 de noviembre, ni el reembolso de las 
aportaciones de los/as socios/as.
2.  La inscripción provisional en el Registro de Cooperativas de Castilla-La Mancha 
de estos acuerdos no exime de la aprobación definitiva de los mismos por la asamblea 
general en la primera reunión que sea posible.
3.  Cuando se den las circunstancias previstas en el apartado 1, el órgano de 
administración  de  la  cooperativa  podrá  aprobar  las  inversiones  que  sean  urgentes, 
precisas  o  convenientes  para  el  desarrollo  de  su  actividad  cooperativizada  y  cuyo  e.
importe total no supere el treinta por ciento de sus fondos propios, salvo que tuviera  w.b
previsto en sus estatutos sociales un límite superior, debiendo informar de tales acuerdos  038ww
en la4 .p riAmseimrai samsaom, cbuleaan dgoe nseer adle qnu lea ss eci rcceulenbstraen.cias previstas en el apartado 1, el órgano
tdoeta al dmo inpisatrrcaiaciló nd ed el ala  pcoreosptearcaiótinv a daes utmrairbáa jloa  cdoem pseutse nscoiac ipaasr ay a psroocbioasr  lay  suesmpietinrás iólna 
correspondiente  certificación  para  su  tramitación,  en  los  términos  previstos  en  la 
normativa  que  regule  las  medidas  extraordinarias  para  hacer  frente  al  impacto 
económico y social de la COVID-19.
5.  El Registro de Cooperativas de Castilla-La Mancha podrá apreciar la legitimidad 
y buena fe de aquellos actos susceptibles de inscripción adoptados en aplicación de 
estas medidas excepcionales, pudiendo rechazar la inscripción de aquellos sometidos a 
arbitraje, recursos, procedimientos judiciales o administrativos o en los que concurran 
circunstancias análogas.
6.  Mientras se den las circunstancias previstas en el apartado 1, no se aplicarán los 
cierres de la hoja registral previstos en el artículo 95.3 y en la disposición transitoria 
segunda de la Ley 11/2010, de 4 de noviembre.
7.  Aunque los estatutos no lo hubieran previsto, mientras se den las circunstancias 
previstas en el apartado 1, las sesiones tanto del órgano de administración como de la 
asamblea general de las cooperativas podrán celebrarse por videoconferencia o por 
conferencia telefónica múltiple o similar, siempre que todos los miembros del órgano de 
administración o las personas que tuvieran derecho de asistencia a la asamblea o 
quienes  los  representen,  dispongan  de  los  medios  necesarios,  el  secretario  de  la 
cooperativa o de la asamblea reconozca su identidad, y así lo exprese en el acta, que 
remitirá de inmediato a las direcciones de correo electrónico de cada uno de los/as 
concurrentes.  La  misma  regla  será  de  aplicación  al  resto  de  órganos  colegiados 
facultativos de la cooperativa. La sesión se entenderá celebrada en el domicilio social de 
la cooperativa.
8.  Aunque los estatutos no lo hubieran previsto, los acuerdos del Consejo Rector 
podrán adoptarse mediante votación por escrito y sin sesión siempre que lo decida el/la 
presidente/a y deberán adoptarse así cuando lo soliciten, al menos, dos de los miembros 
del Consejo Rector. La misma regla será de aplicación al resto de órganos colegiados 
facultativos. La sesión se entenderá celebrada en el domicilio social de la cooperativa.
Disposición adicional tercera.  Bonificación de la tasa fiscal sobre los juegos de suerte, 
envite o azar. Máquinas o aparatos de juego.
1.  Se establece una bonificación de la cuota fija de la tasa fiscal que grava las 
máquinas o aparatos de juego, por el importe correspondiente al número de días en los 
que durante el año 2021 no ha sido posible su explotación, por haberse acordado en las 
resoluciones dictadas por las autoridades sanitarias de la Administración regional para la 
contención de la expansión de la COVID-19, la suspensión de la apertura al público de 
los locales y establecimientos en los que conforme a la normativa de juego pueden 
instalarse ese tipo de máquinas.
2.  El importe de la bonificación se calculará dividiendo las cuotas semestrales 
fijadas en la normativa autonómica fiscal del juego, entre el número total de días del 
correspondiente semestre y multiplicando la cifra obtenida por el número de días en los 
que no ha sido posible la explotación de las máquinas conforme a lo establecido en el 
apartado anterior.
Disposición  adicional  cuarta.  Centro  Regional  de  Innovación  Digital  de  Castilla-La 
Mancha.
1.  Se crea el Centro Regional de Innovación Digital de Castilla-La Mancha, como 
centro de investigación y desarrollo de soluciones en el ámbito de la tecnológica y las  es
comunicaciones, y de promoción del emprendimiento empresarial. bo
2.  El Centro Regional de Innovación Digital de Castilla-La Mancha se configura  038ww
gccooammra3pon.e  titzueEannrl t áeo ó bsreujgen ata inmvcootai  vftiuesdnrianidad a  dipmneeve resnssootatcnigli aedaldieddaloa dCrda e d ynej ut drlroaeíd   Rsiinceeafrog vriiomdcniioafae clpr ieódúnnebc  lIiyicna onda.oadv,m aicanidióssntcr aDrictioigó intaa le  elelsac  ctroCónnosinctisatue, ijreq ruuíane    OE-A-2021-18able en https://
espacio de colaboración entre las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha y las empresas, especialmente las pymes, para apoyar y acelerar 
la transformación digital e impulsar las políticas de innovación, investigación y desarrollo 
tecnológico, en beneficio de las empresas y los ciudadanos.
4.  Son funciones del Centro:
a)  Prestar asesoramiento técnico en materia de transformación digital y de fomento 
de la integración de la tecnología en el ámbito público y privado.
b)  Organizar y realizar actividades relacionadas con las pruebas de tecnologías 
disruptivas,  definición,  y  diseño  de  productos  y  plataformas  susceptibles  de  ser 
adquiridos tanto por los organismos públicos como parte del tejido empresarial dentro de 
su proceso de transformación digital.
c)  Organizar y desarrollar actividades de formación: cursos, talleres, o seminarios 
de  capacitación  en  aptitudes  digitales  y  emisión  de  certificaciones  en  tecnologías 
comerciales.
d)  Asesorar y apoyar al sector privado en la búsqueda de fuentes de financiación 
para la implantación de soluciones tecnológicas digitales mediante la participación en 
iniciativas y proyectos tractores a nivel nacional o europeos ya existentes.
e)  Fomentar la capacitación digital de la ciudadanía y apoyar la adquisición y 
mejora del conocimiento tecnológico por parte del tejido empresarial de la región.
f)  Apoyar  la  transformación  digital  de  las  pymes  de  la  región,  aportando 
conocimiento  especializado,  definiendo  soluciones  y  servicios  que  faciliten  la 
incorporación de la tecnología a las pequeñas y medianas empresas de la comunidad 
autónoma; y acompañarlas en todas las fases del proceso de transformación digital del 
tejido empresarial regional.
g)  Realizar estudios y análisis; y fomentar la difusión de los mismos con el fin de 
implicar a todos los agentes sociales de la región en el proceso de transformación digital, 
tanto de la administración pública como del tejido empresarial de Castilla-La Mancha.
5.  Reglamentariamente se regulará el régimen de funcionamiento y organización 
del  Centro  Regional  de  Innovación  Digital,  que  contará  con  órganos  de  gobierno, 
unipersonales y colegiados, y de coordinación con el resto de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha.
Disposición transitoria única.  Régimen transitorio.
1.  Los procedimientos iniciados antes de la entrada en vigor de la presente ley se 
regirán por la normativa anterior.
2.  No obstante, las disposiciones sobre medidas de agilización y simplificación de 
procedimientos para la gestión y ejecución de los fondos europeos se aplicarán a los 
procedimientos vinculados a dichos fondos, aunque estos hayan sido iniciados con 
anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley.
Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
1.  Queda derogado expresamente el Decreto 6/2013, de 7 de febrero, por el que se 
regula  el  procedimiento  de  concesión  del  Distintivo  de  Excelencia  en  igualdad, 
conciliación y responsabilidad social empresarial.
2.  Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango que se opongan a 
lo dispuesto en la presente ley.
Disposición final primera.  Modificación de la Ley 4/2001, de 10 de mayo, de Parques 
Arqueológicos de Castilla-La Mancha.
Uno.  El artículo 5 queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 5.
1.  El  procedimiento  de  declaración  de  Parque  Arqueológico  podrá  ser 
iniciado de oficio o a solicitud de cualquier persona física o jurídica.
2.  Las  solicitudes  de  iniciación  que  se  formulen  deberán  contener  lo 
establecido en el artículo 66.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, e incorporar los 
siguientes documentos:
a)  Proyecto de Plan de Ordenación del Parque Arqueológico, ajustado a las 
determinaciones del título III de esta ley.
b)  Reglamentación  relativa  al  modo  de  gestión  del  Parque,  con  precisa 
descripción de la composición y funcionamiento de los órganos gestores.
c)  Plan de financiación que acredite la viabilidad del proyecto de Parque, así 
como compromiso fehaciente del solicitante de sufragar los gastos de inversión y 
de gestión correspondientes.
En cualquier caso, la consejería competente en materia de patrimonio cultural 
podrá recabar del solicitante los informes y estudios que entienda necesarios.
3.  El procedimiento para la declaración de Parque Arqueológico finalizará 
mediante decreto del Consejo de Gobierno, que habrá de adoptarse y notificarse 
en un plazo máximo de doce meses. En los procedimientos iniciados a solicitud 
del  interesado  el  vencimiento  del  plazo  máximo  sin  que  se  haya  dictado  y 
notificado resolución expresa tendrá efecto desestimatorio.»
Dos.  El artículo 6 queda redactado como sigue:
«Artículo 6.
1.  En el procedimiento de declaración se dará audiencia a los interesados, al 
tiempo  que  se  acordará  un  periodo  de  información  pública.  Además,  se 
establecerá  un  trámite  de  consulta,  por  plazo  de  un  mes,  de  entidades 
representativas de intereses sociales e institucionales afectados y, en particular, de 
las Entidades Locales que pudieran estar afectadas.
2.  Durante la tramitación del procedimiento no podrán realizarse actos que, 
por suponer una transformación de la realidad física del Parque Arqueológico, 
dificulten de forma importante la consecución de los objetivos del mismo.»
Tres.  Se añade una disposición adicional tercera con la siguiente redacción:
«Disposición adicional tercera.
Las  referencias  contenidas  en  esta  ley  a  la  Administración  regional  de 
patrimonio  histórico  y  a  la  consejería  competente  en  materia  de  patrimonio 
histórico deben entenderse referidas a la Administración regional de patrimonio 
cultural  y  a  la  consejería  competente  en  materia  de  patrimonio  cultural, 
respectivamente.» e.e
Disposición final segunda.  Modificación de la Ley 10/2007, de 29 de marzo, de Medios 
Audiovisuales de Castilla-La Mancha.
Uno.  El artículo 1 queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 1.  Objeto y ámbito de aplicación.
1.  La presente ley tiene por objeto establecer el régimen jurídico de los 
servicios de comunicación audiovisual de radio y televisión, prestados al amparo 
de títulos habilitantes  otorgados  por  la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, así como el régimen jurídico del Registro de Radio y Televisión de 
Castilla-La Mancha.
2.  Los servicios de comunicación audiovisual comprendidos en el ámbito de 
la presente ley son aquellos cuyo ámbito territorial de cobertura no es superior al 
de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, sin perjuicio de la superación 
de dicho ámbito territorial derivada de los desbordamientos naturales de la señal, 
cuya responsabilidad editorial corresponda a un prestador del servicio que tengan 
por finalidad proporcionar, a través de redes de comunicaciones electrónicas, 
programas y contenidos, con objeto de informar, entretener o educar al público en 
general, así como emitir comunicaciones comerciales.
3.  Se entiende por prestador de servicios de comunicación audiovisual la 
persona física o jurídica que tiene el control efectivo, esto es, la dirección editorial, 
sobre la selección de programas y contenidos y su organización en un canal o en 
un catálogo de programas, incluyéndose en esta definición a los arrendatarios de 
licencia de comunicación audiovisual.
4.  A los efectos de la presente ley, las definiciones de las modalidades de 
servicios de comunicación audiovisual son las contenidas en el artículo 2 de la 
Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual.»
Dos.  El artículo 2 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 2.  Naturaleza de los servicios de radio y televisión.
1.  Los  servicios  de  comunicación  audiovisual  radiofónicos,  televisivos  y 
conexos e interactivos prestados por ondas hertzianas terrestres son servicios de 
interés general cuya prestación requiere la previa licencia administrativa, otorgada 
de acuerdo con el procedimiento señalado en la presente ley.
2.  Los  servicios  de  comunicación  audiovisual  radiofónicos,  televisivos  y 
conexos e interactivos no prestados mediante ondas hertzianas terrestres son 
servicios de interés general prestados en régimen de libre competencia y sujetos a 
comunicación previa al inicio de la actividad, en la forma prevista en la presente 
ley.»
Tres.  El apartado f) del artículo 4 queda redactado como sigue:
«f)  La protección de la juventud y de la infancia, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 7 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la 
Comunicación Audiovisual, en la Directiva 2010/13/UE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 10 de marzo de 2010, sobre la coordinación de determinadas 
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros  s
relativas a la prestación de servicios de comunicación audiovisual (Directiva de  o
Cosecatrsuvtibiclrliaeo-,sL  add eMe  aPcnroocmtheauc.nc»iicóanc ióSno caiauld iyo vJisuuríadli)c, aa sdíe  cloam  Ion faennc ilaa  yL elya  5A/d2o0l1e4s,c ednec ia9  ddee   2021-18038n https://www.
Cuatro.  El capítulo I del título II queda redactado como sigue:
«CAPÍTULO I
Licencias para la prestación por particulares de los servicios de comunicación 
audiovisual radiofónicos y televisivos por ondas hertzianas terrestres
Artículo  5.  Planificación  y  asignación  de  frecuencias  de  dominio  público 
radioeléctrico.
La convocatoria del procedimiento de adjudicación de las licencias para la 
prestación de los servicios de comunicación audiovisual radiofónicos y televisivos 
por ondas hertzianas terrestres que se regula en este capítulo se ajustará al 
contenido de los respectivos Planes Técnicos Nacionales de Radio y Televisión e 
irá  precedida  de  la  oportuna  reserva  de  frecuencias  acordada  por  el  órgano 
competente de la Administración General del Estado.
Artículo 6.  Título habilitante y forma de otorgamiento.
La prestación de los servicios de radiodifusión sonora y televisión por ondas 
terrestres requerirá la obtención de una licencia administrativa que se adjudicará 
mediante concurso público, con sujeción a lo establecido por la presente ley y su 
normativa de desarrollo, y por la normativa estatal de comunicación audiovisual y 
la legislación de patrimonio de las Administraciones Públicas y de la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha.
Artículo 7.  Convocatoria.
1.  La convocatoria de los concursos públicos para la adjudicación de las 
licencias  para  la  prestación  de  los  servicios  de  comunicación  audiovisual 
radiofónicos  y  televisivos  por  ondas  hertzianas  terrestres  se  llevará  a  cabo 
mediante acuerdo del Consejo de Gobierno, que se publicará en el «Diario Oficial 
de Castilla-La Mancha».
2.  La  aprobación  de  la  convocatoria  incluirá  las  bases  que  regirán  el 
concurso público.
3.  La adjudicación de los concursos de otorgamiento de licencias para la 
prestación de servicios de comunicación audiovisual se efectuarán en régimen de 
libre  concurrencia.  En  todo  caso,  la  tramitación  de  los  procedimientos  de 
otorgamiento  deberá  ajustarse  a  los  principios  de  publicidad,  objetividad, 
transparencia, concurrencia e igualdad de oportunidades de todos los licitadores.
4.  Todas las licencias disponibles de la misma naturaleza e idéntico ámbito 
de cobertura deberán ofrecerse de forma simultánea, y previa confirmación de 
existencia de espacio radioeléctrico suficiente.
Artículo 8.  Bases del concurso público.
1.  Las bases que han de regir los concursos para la adjudicación de las 
licencias para la prestación del servicio de comunicación audiovisual por ondas 
hertzianas terrestres regularán, como mínimo, los siguientes aspectos:
a)  Definición del objeto del concurso, en el que se incluirá a su vez el número  o
de licencias que se licita, su ámbito de cobertura, las frecuencias o bandas de  038www.
flqiinrcueceeclnuu sciedeiano .ctsri aaetsen  r aa edeli foemecltúéolctsitp rdilceea  sso u a brseliogsqenuraveda a, dsa igspiíat acrlao  mplaao r,a pe rnec sustyauac c ióaensx opd,l eoeltl a snceúiórmvnie crihooa  dbpeiúli btcalai cncoaa lddeeas    OE-A-2021-18able en https://
b)  Requisitos para obtener la licencia. Para ser titular de una licencia será 
necesario cumplir los requisitos contenidos en la legislación básica estatal. En 
ningún caso podrán ser titulares de una licencia las personas físicas o jurídicas 
que se encuentren en las circunstancias establecidas en el artículo 26 de la 
Ley 7/2010, de 31 de marzo, referidas a las limitaciones por razones de orden 
público audiovisual.
c)  Composición de la mesa de valoración.
d)  Contenido necesario de las ofertas y plazo de presentación de las mismas.
e)  Garantías que, en su caso, se exijan para responder de las obligaciones 
asumidas en su oferta por quienes liciten.
f)  Plazo de duración de las licencias objeto de concurso.
g)  Derechos y obligaciones de quienes sean titulares de las licencias durante 
su vigencia. Entre estas, se incluirán, como mínimo, las siguientes:
1.º  Número de frecuencias o canales de radiodifusión sonora o de televisión 
que vendrá obligado a difundir y horario mínimo de emisión.
2.º  Obligaciones específicas en relación con las frecuencias o los canales 
ofrecidos en abierto y con sus contenidos.
h)  Facultades de la administración, en especial en materia de inspección y 
régimen sancionador.
i)  Causas de extinción y resolución de las licencias.
2.  En  todo  caso,  en  las  bases  podrán  establecerse  condiciones  y 
obligaciones distintas para cada una de las licencias, siempre que no resulten 
discriminatorias ni vulneren el principio de libre competencia.
Artículo 9.  Criterios de valoración.
1.  Para la adjudicación de las licencias se podrán valorar los siguientes 
criterios, con la ponderación que se les atribuya en las bases del concurso:
a)  La experiencia, solvencia y los medios técnicos para la explotación de la 
licencia.
b)  La ampliación o, en su defecto, el mantenimiento del pluralismo de la 
oferta de comunicación audiovisual y en el conjunto de las fuentes de información, 
en el ámbito de cobertura del servicio.
c)  El tiempo de emisión dedicado a contenidos informativos y de actualidad 
relacionados con el ámbito de cobertura del servicio de interés general objeto de 
licencia y la oferta de programas de interés social, así como el tiempo de emisión 
de programación infantil y de carácter formativo.
d)  Cualesquiera otros que, por considerarse relevantes, se establezcan en 
los pliegos de condiciones del respectivo concurso.
2.  Además de la aplicación de los criterios anteriores, en los concursos para 
la adjudicación del servicio de televisión por ondas hertzianas terrestres de ámbito 
local  se  valorará  positivamente,  la  existencia  de  experiencia  demostrada  en 
televisión local por las entidades solicitantes.
3.  En los concursos que tengan por objeto la adjudicación de las licencias 
para la gestión del servicio público de radiodifusión sonora, además de los criterios  es
descritos en el primer apartado de este artículo, se podrá valorar favorablemente  o
el compromiso del licenciatario de no transmitir la licencia a un tercero. 038www.
Artículo 10.  Adjudicación.
1.  Efectuada la valoración de las ofertas presentadas, la mesa de valoración 
formulará propuesta de adjudicación, que será elevada al Consejo de Gobierno 
por el titular de la consejería.
2.  En el plazo máximo de seis meses a contar desde la fecha de finalización 
del  plazo  de  presentación  de  las  ofertas,  el  Consejo  de  Gobierno  resolverá 
adjudicando  las  licencias  convocadas,  entendiéndose  desestimadas  las 
solicitudes,  cuando  haya  transcurrido  aquel  plazo  sin  que  se  haya  dictado  y 
publicado  resolución  expresa,  pudiendo  declarar  desiertas  licencias  cuando 
ninguna de las solicitudes reúna los requisitos exigidos en la convocatoria.
Artículo 11.  Licencias.
Las  licencias  para  la  prestación  del  servicio  de  comunicación  audiovisual 
concretarán la zona de servicio, así como las características técnicas asignadas. 
Serán otorgadas por un plazo de 15 años, siendo renovables automáticamente por 
el mismo plazo estipulado siempre que se cumplan los requisitos establecidos 
legalmente.
Artículo 12.  Negocios jurídicos sobre licencias de comunicación audiovisual.
1.  La celebración de negocios jurídicos cuyo objeto sea una licencia de 
comunicación audiovisual requerirá autorización previa del titular de la consejería 
en materia de medios audiovisuales y estarán sujetos, en su caso, a la tasa que 
legalmente se establezca.
Esta autorización sólo podrá ser denegada cuando el solicitante no acredite el 
cumplimiento de todas las condiciones legalmente establecidas para su obtención 
o no se subrogue en las obligaciones del titular anterior.
2.  La  transmisión  y  arrendamiento  estarán  sujetos  a  las  condiciones 
legalmente vigentes.
Artículo 13.  Extinción de la licencia.
La licencia para la prestación del servicio de comunicación audiovisual podrá 
extinguirse por las causas establecidas legalmente mediante acuerdo del Consejo 
de Gobierno, previa audiencia del titular, con excepción de los supuestos de 
renuncia del titular, en los que no será preceptiva dicha audiencia.»
Cinco.  Los artículos 14 a 19 quedan sin contenido.
Seis.  Se modifica la denominación del capítulo II, que pasa a tener el siguiente 
texto:
«CAPÍTULO II
Licencias para la prestación por entidades locales inferiores a la Comunidad 
Autónoma del servicio público de comunicación audiovisual por ondas 
hertzianas terrestres»
Siete.  Los artículos 20 al 23, quedan redactados en los siguientes términos: s
«Artículo 20.  Planificación y reserva de frecuencias. w.
hert1zi.a nPasa rtae rlrae sptrreess tdaeci óánm bdietol  sloecravilc, ioe l pteúrbrilticoori od dee  ralad iCo oym utenliedvaisdi óAnu tpóonro monad daes 
mCausntiiclliap-iLoas,  Mcoannscthitau yeesntadroá ́ cdaivdiad iddoe mena rdcaecmióanrc ealc iáomnebsit oin dteeg rpardeassta pcioórn u dneol  os evravricioios 
público.
2.  Una  vez  aprobada  en  los  Planes  Técnicos  Nacionales  de  Radio  y 
Televisión Local la reserva de frecuencias para la difusión de los servicios de radio 
y televisión local en una determinada demarcación, los entes locales incluidos en 
la misma podrán acordar la gestión del servicio público de radio y televisión por 
ondas  hertzianas  terrestres  mediante  acuerdo  del  pleno  de  las  respectivas 
corporaciones. En dicho acuerdo solicitarán, a través del órgano competente de la 
Comunidad  Autónoma,  la  asignación  concreta  de  canales  dentro  del  múltiple 
digital, en el caso de la televisión, o del bloque de frecuencias, en el caso de la 
radiodifusión sonora, correspondientes a dicha demarcación.
El  órgano  competente  de  la  Comunidad  Autónoma  determinará  en  cada 
demarcación el número de canales que se reserva a los entes locales que así lo 
hubieran solicitado, garantizándose, al menos, un canal por demarcación.
3.  En el supuesto de que la misma demarcación tenga planificado más de un 
múltiple digital o bloque de frecuencias, el órgano competente de la Comunidad 
Autónoma podrá́ acordar que los canales reservados a los entes locales para la 
prestación del servicio público de radio y televisión se sitúen todos ellos dentro del 
mismo múltiple.
Artículo 21.  Título habilitante.
La prestación del servicio público de comunicación audiovisual por ondas 
hertzianas  terrestres  por  parte  de  los  entes  locales  queda  sujeta  a  licencia 
administrativa, que será otorgada por el Consejo de Gobierno de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, de conformidad con lo previsto en esta ley y 
con arreglo al procedimiento que se determine reglamentariamente.
Artículo 22.  Modos de gestión del servicio público de radio y televisión local.
1.  Corresponderá a los entes públicos de ámbito inferior al de la Comunidad 
Autónoma acordar la gestión directa del servicio público de radiodifusión sonora y 
televisión, mediante alguna de las formas previstas en el artículo 85.2 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local. Dicha 
gestión, que podrá comprender el servicio de radiodifusión sonora, el servicio de 
televisión  por  ondas  hertzianas  o  ambos  servicios  conjuntamente,  deberán 
realizarse de acuerdo con lo dispuesto en esta ley, en la legislación de régimen 
local y en la Ley 7/2010, de 31 de marzo.
2.  Aquellos entes públicos locales de la Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha que no hubieran acordado inicialmente la gestión directa del servicio 
público de radio y televisión local, podrán, mediante acuerdo adoptado por el pleno 
de  su  corporación,  solicitar  la  reserva  del  correspondiente  canal  en  caso  de 
encontrarse vacante o su incorporación, en su caso, a la gestión directa del 
servicio  público  que  corresponda  a  su  demarcación  que  ya  se  encontrase 
operativo. En este último caso, dicha incorporación, así como las condiciones de la 
misma, deberán ser acordadas por el resto de los municipios ya presentes, y 
autorizada previamente por el órgano competente de la Comunidad Autónoma.
3.  Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, los canales 
incluidos en los múltiples digitales o en los bloques de frecuencias reservados 
para la prestación del servicio público de radio y televisión local que quedaran 
disponibles al no haber sido asignados a los entes locales, podrán ser explotados  es
por particulares, previa obtención de la correspondiente licencia otorgada por el  bo
Consejo de Gobierno, de conformidad con lo previsto en la presente ley. 038ww
Artículo  23.  Prestación  del  servicio  público  de  radio  y  televisión  en 
demarcaciones plurimunicipales.
1.  Cuando la demarcación incluya varios términos municipales, el órgano 
competente de la Comunidad Autónoma podrá acordar la asignación conjunta del 
canal o canales reservados para la gestión directa municipal, a que se refiere el 
artículo 20.2 de la presente ley, a favor de todos los municipios incluidos en dicho 
ámbito de cobertura que así lo hubieran solicitado.
Los municipios a los que se hubiera asignado la explotación conjunta del canal 
deberán atribuir su gestión a una organización dotada de personalidad jurídica, 
constituida con arreglo a lo dispuesto en la legislación básica de régimen local. En 
todo caso, la entidad gestora que se constituya deberá atender, en cuanto a la 
participación de cada municipio, a criterios de población. Asimismo, en dicha 
organización  sería  posible  la  incorporación  de  aquellas  administraciones 
supramunicipales  que  tengan  entre  sus  competencias  la  asistencia  a  los 
municipios.
2.  No  obstante,  el  órgano  competente  de  la  Comunidad  Autónoma, 
atendiendo a la heterogeneidad de las características demográficas, sociales o 
culturales de los municipios incluidos en la misma demarcación, podrá atribuir, a 
instancia  de  los  municipios  interesados,  otros  canales  para  que  puedan  ser 
gestionados por aquellos municipios que, por razón de dichas características, 
tengan intereses sociales o culturales diferentes. En su solicitud, los municipios 
interesados e incluidos en la misma demarcación harán constar las razones de 
interés social y de utilidad pública en que fundamenten su petición. En este caso, 
la gestión de cada uno de los canales reservados para su prestación conjunta por 
las agrupaciones de municipios que se formen en la misma demarcación deberá 
realizarse con arreglo a lo previsto en el apartado anterior.»
Ocho.  Queda suprimida la sección 2.ª del capítulo III del título II y sin contenido los 
artículos 33 al 37.
Nueve.  Los artículos 38 al 41 quedan redactados en los siguientes términos:
«Artículo 38.  Creación y naturaleza.
Se crea el Registro de Radio y Televisión de Castilla-La Mancha, de carácter 
público y bajo la dependencia de la Consejería competente en materia audiovisual.
Artículo 39.  Objeto.
1.  El  Registro  tiene  por  objeto  la  inscripción  obligatoria  de  todos  los 
prestadores del servicio de comunicación audiovisual cuyo ámbito de cobertura no 
exceda del territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Deberán 
inscribirse, asimismo, los titulares de participaciones significativas en las entidades 
prestadoras de dichos servicios, indicando el porcentaje de capital que ostenten.
2.  Los datos del Registro serán públicos.
Artículo 40.  Acceso y régimen jurídico.
1.  La información contenida en el Registro estará disponible por medios 
electrónicos.  Cualquier  persona  física  o  jurídica  podrá  solicitar  certificaciones  e
sobre los actos inscritos. Las certificaciones registrales serán el único medio de  bo
acreditar fehacientemente el contenido de los asientos registrales. 038ww
odbajteo23tso..    ddeRLe ai eni ngsfslacacrlmtirapipe ccdinóietóna n,rc  ipaooummbbleiulginncatiitdceoaa rcdsioie ó y en ran eca gecl ule Rlmsaeoriágs a misls tomuro  ies ondmr egeo al. unpnilza aazccoit óodn e,o   2loh0se  dcpíharoso  cqdeuedesim ddeiee qbnuatoe s ss eeyr    OE-A-2021-18able en https://
produzca  tendrá  la  consideración  de  infracción  leve  de  las  previstas  en  la 
normativa estatal.
Artículo 41.  Coordinación con el Registro estatal.
El Registro de Radio y Televisión de Castilla-La Mancha facilitará al Registro 
Estatal de Prestadores de Servicios de Comunicación Audiovisual la información 
que proceda conforme a lo previsto en la legislación básica.»
Diez.  Los artículos 42 y 43 quedan sin contenido.
Once.  Los artículos 44 al 48 quedan redactados en los siguientes términos:
«Artículo 44.  Competencia.
1.  La Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha ejerce las competencias 
de supervisión, control y protección activa para garantizar el cumplimiento de lo 
previsto en esta ley y, en su caso, la potestad sancionadora en relación con los 
servicios de comunicación audiovisual cuyo ámbito de cobertura, cualquiera que 
sea el medio de transmisión empleado, no sobrepase los límites territoriales de la 
región. También es competente en relación con los servicios audiovisuales cuya 
prestación se realice directamente por la misma o por entidades a las que confiera 
su gestión dentro del ámbito autonómico.
2.  Corresponde  a  la  consejería  competente  en  materia  audiovisual  las 
funciones  de  inspección,  control  y  supervisión  de  los  servicios  de  radio  y 
televisión.
Artículo 45.  Régimen sancionador.
La potestad sancionadora se ejercitará de conformidad con lo dispuesto en el 
Título VI de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, y en las Leyes 39/2015, de 1 de 
octubre, y 40/2015, de 1 de octubre.
Artículo 46.  Responsabilidad.
1.  La responsabilidad administrativa por las infracciones de la presente ley es 
exigible  al  prestador  del  servicio  de  comunicación  audiovisual.  También  será 
aplicable, cuando proceda con arreglo a esta ley, a los prestadores del servicio 
radiofónico y a los prestadores de los servicios de comunicación electrónica y de 
catálogo de programas.
2.  A  los  efectos  de  la  correcta  determinación  de  la  responsabilidad 
administrativa, los prestadores del servicio deberán archivar durante un plazo de 
seis meses a contar desde la fecha de su primera emisión, todos los programas 
emitidos, incluidas las comunicaciones comerciales, y registrar los datos relativos 
a tales programas.
3.  No incurrirá en responsabilidad administrativa el prestador del servicio de 
comunicación audiovisual, ni los prestadores de los servicios de comunicación 
electrónica  y  de  servicio  de  catálogo  de  programas,  cuando  emitan 
comunicaciones comerciales elaboradas por personas ajenas al prestador y que 
supongan una infracción de acuerdo con la normativa vigente sobre publicidad.
No obstante, el prestador del servicio habrá de cesar en la emisión de tal  es
comunicación  comercial  al  primer  requerimiento  de  la  autoridad  audiovisual  bo
autonómica o de cualquier organismo de autorregulación al que pertenezca. El  038ww
rdineecs uain4mrf.cr piarl ciEmlcoli isóein nndf rtgaoarñ cadotvoeser   .eyh saptebe rrrájeu qdicueioe rsrei mpcoaienunestaro d lado ess ,i ctuseiasecemi ódpner e ae lqtmeuriesa idótéanc  atne iscnuad mreáes ltnaat deco os noesraiig dpienoraasriciboiól eny.    OE-A-2021-18able en https://
La autoridad competente para la resolución del expediente sancionador puede
imponer multas coercitivas de hasta 30.000 euros diarios para el cumplimiento de 
estas obligaciones.
5.  En caso de imposibilidad de localizar al prestador de servicio, o si, tras el 
primer requerimiento de cese en la emisión por parte de la autoridad audiovisual 
autonómica,  el  prestador  de  servicio  se  niega  a  dicho  cese,  el  operador  de 
comunicaciones encargado de transmitir la señal de dicho prestador de servicio, a 
requerimiento  de  la  autoridad  audiovisual  autonómica  deberá  cesar 
inmediatamente el transporte y emisión de dicha señal.
6.  Para identificar a la persona física o jurídica que realiza la prestación del 
servicio de comunicación audiovisual, se puede solicitar colaboración a la persona 
física o jurídica que tenga la disponibilidad de los equipos e instalaciones por 
cualquier título jurídico válido en derecho o careciendo de este o a la persona 
física o jurídica titular de la finca o inmueble en donde se ubican los equipos e 
instalaciones. Si no se presta la citada colaboración de manera que dicha persona 
física  o  jurídica  participa  de  manera  esencial  en  la  conducta  infractora,  se 
considerará que la misma es responsable de las infracciones cometidas por quien 
realiza la actividad. Esta responsabilidad es solidaria de la exigible a la persona 
física o jurídica que realiza la actividad.
Artículo 47.  Competencias.
El ejercicio de la potestad sancionadora sobre los servicios de radio y de 
televisión prestados al amparo de títulos habilitantes otorgados por la Comunidad 
Autónoma  de  Castilla-La  Mancha  respecto  de  las  infracciones  tipificadas 
corresponderá:
a)  Al  Consejo  de  Gobierno  de  la  Junta  de  Comunidades  de  Castilla-La 
Mancha, respecto de las infracciones muy graves.
b)  A la persona titular de la consejería competente en materia audiovisual, 
respecto de las infracciones graves.
c)  A  la  persona  titular  de  la  dirección  general  competente  en  materia 
audiovisual, respecto de las infracciones leves.
Artículo 48.  Emisiones sin título habilitante.
1.  Ante emisiones carentes del preceptivo título jurídico habilitante, el órgano 
competente  para  la  incoación  del  procedimiento  sancionador  podrá  ordenar 
motivadamente la adopción de cuantas medidas provisionales resulten necesarias 
a fin de restablecer la legalidad, siendo posible la medida provisional de cierre de 
la actividad.
2.  Con el fin de evitar el uso indebido del espectro radioeléctrico, la persona 
titular de la dirección general que tenga atribuidas las competencias en materia de 
comunicación audiovisual promoverá la adopción de mecanismos de cooperación 
y colaboración con otras Administraciones Públicas.»
Doce.  Los artículos 49 al 52 quedan sin contenido.
Trece.  La disposición transitoria única queda sin contenido.
Disposición final tercera.  Modificación del Decreto 170/2009, de 3 de noviembre, del 
procedimiento de movilidad voluntaria, por el sistema de concurso de traslados, del  e.
personal estatutario del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. w.b
Uno.  «E6l.  apFairntaadlizoa 6d od eel la prtlíaczuolo  d3e q pureedsae nretadcaicótna ddoe e sno lloicsi tsuidgeusie, nlotess  ptéarrmticinipoasn:tes no
podrán modificar la relación de plazas solicitadas.»
Dos.  El artículo 7 queda modificado como sigue:
«Artículo 7.  Cese y toma de posesión.
1.  El personal que haya obtenido plaza en el concurso deberá cesar en la 
que, en su caso, desempeñe en los términos que se establezca en la resolución 
definitiva de adjudicación.
2.  El plazo para tomar posesión en el nuevo destino será de tres días hábiles 
siguientes al del cese si la plaza desempeñada y la adjudicada son de la misma 
provincia; quince días hábiles si pertenecen a distinta provincia, o un mes si la 
plaza desempeñada corresponde a otro servicio de salud.
Cuando del procedimiento de movilidad se derive cambio en el servicio de 
salud de destino, el plazo de toma de posesión será de un mes a contar desde el 
día siguiente al del cese en el destino anterior, que deberá tener lugar en los tres 
días  hábiles  siguientes  a  la  notificación  o  publicación  del  nuevo  destino 
adjudicado.
3.  A estos efectos, se entenderá por plaza desempeñada la efectivamente 
ocupada,  con  independencia  de  que  sea  en  condición  de  destino  definitivo, 
adscripción, destino provisional o comisión de servicios. No dispondrán de ninguno 
de los plazos posesorios señalados los adjudicatarios y adjudicatarias de plaza en 
el concurso que ya viniesen ocupando plaza con carácter definitivo, comisión de 
servicios o reingreso provisional en el mismo centro de destino.
4.  En caso de que la adjudicación de plaza suponga el reingreso al servicio 
activo, el plazo de toma de posesión será de un mes, a contar desde el día 
siguiente al de la publicación de la resolución definitiva del concurso.»
Disposición final cuarta.  Modificación de la Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de 
Igualdad entre Mujeres y Hombres de Castilla-La Mancha.
Uno.  El apartado 2 del artículo 34 queda redactado como sigue:
«2.  Trienalmente  el  Consejo  Escolar  de  Castilla-La  Mancha  realizará  un 
informe de las iniciativas adoptadas para el fomento de la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres.»
Dos.  El artículo 44 queda redactado de la siguiente manera:
«Artículo 44.  Distintivo de Excelencia en Igualdad de Género.
1.  El Distintivo de Excelencia en Igualdad de Género es una marca a través 
de la cual la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha reconoce a aquellas 
empresas y entidades, públicas o privadas, que destaquen por la implantación de 
planes o medidas de igualdad durante al menos dos años, siempre que tengan su 
domicilio  en  Castilla-La  Mancha  o,  si  no  lo  tienen,  que  hubieran  contratado 
personal en esta región y dispongan de sucursal, delegación o cualquier otra 
representación.
2.  La  concesión  del  distintivo  la  realizará  la  Presidencia  de  la  Junta  de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, a propuesta del Instituto de la Mujer de 
Castilla-La  Mancha,  de  acuerdo  con  los  parámetros  de  igualdad,  derechos, 
facultades y obligaciones que se determinen mediante las bases reguladoras del  e
Distintivo. bo
Corresponderá al Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha el control de la  038ww
renovación y revocación del Distintivo de Excelencia en Igualdad de Género.»
Disposición  final  quinta.  Modificación  de  la  Ley  14/2010,  de  16  de  diciembre,  de 
Servicios Sociales de Castilla-La Mancha.
Uno.  El apartado 1 del artículo 20 queda redactado en los siguientes términos:
«1.  Los equipamientos de los Servicios Sociales de Atención Especializada 
se concretarán en centros residenciales, centros de día y de noche, centros 
ocupacionales,  viviendas,  centros  de  acogida  u  otros  que  se  consideren 
necesarios  para  la  atención  de  las  necesidades  de  la  población.  Estos 
equipamientos podrán ser de titularidad pública o privada con los que se haya 
establecido alguna fórmula de colaboración con la administración pública de las 
previstas en la presente ley y en la normativa vigente que sea de aplicación.»
Dos.  La letra e) del artículo 36 queda redactada como sigue:
«e)  Teleasistencia domiciliaria: Tiene por finalidad facilitar la permanencia en 
el domicilio a las personas que se hallen en situación de vulnerabilidad, ya sea por 
su situación de dependencia, discapacidad, edad o aislamiento social.
Para  ello  se  proporcionarán  las  atenciones  personalizadas  que  puedan 
mejorar sus condiciones de seguridad y compañía en la vida cotidiana, potenciar 
su autonomía, así como detectar, prevenir y, en su caso, intervenir ante posibles 
situaciones  de  riesgo,  mediante  la  instalación  en  el  domicilio  de  terminales 
telefónicos conectados a una central receptora de avisos.
Esta prestación está garantizada para todas las personas mayores de 70 años 
o cuando se tenga reconocida la situación de dependencia. La aportación de la 
persona usuaria será determinada, cuando proceda, conforme a los criterios que 
establezca la consejería competente en materia de servicios sociales.»
Tres.  El artículo 40 queda redactado como se indica a continuación:
«Artículo 40.  Formas de provisión de las prestaciones del Sistema Público de 
Servicios Sociales.
Las Administraciones públicas incluidas en el Sistema Público de Servicios 
Sociales efectuarán la provisión de las prestaciones incluidas en el catálogo, 
preferentemente mediante gestión pública propia. No obstante, podrán utilizar 
cualquiera de las fórmulas de gestión indirecta o colaboración previstas en el 
ordenamiento jurídico a través de entidades de la administración local o entidades 
privadas de carácter social o mercantil.»
Cuatro.  El artículo 42 queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 42.  Concertación con entidades de la administración local y entidades 
privadas.
1.  Las  Administraciones  públicas  competentes  en  materia  de  servicios 
sociales podrán encomendar a entidades de la administración local o a entidades 
privadas, prioritariamente las de la iniciativa social, la provisión o gestión de 
prestaciones  previstas  en  el  catálogo  mediante  concierto  social,  convenio  o 
contrato, ajustándose la pertinencia de su aplicación al carácter de la actividad a 
contratar o a la provisión de servicios de que se trate, siempre que, en el caso de  e.e
entidades privadas, cuenten con la oportuna autorización y figuren inscritas en el  b
Registro de Servicios Sociales. 038ww
juríd2ic. o Evilg Cenotnes, eejos tadbel eGcoebráie ernl oré, geinm eeln  mjuarrídcoic od ey  lloa sd icsopnudeisctioon eens  edle o ardcteunaacmióine ndtoe 
dlae tienricmiaintiavnad op rilvoasd are qquuies itpoas rtdiceip aec ceens oe,l  lSai sdteumraac ióPnú bmlicáox imdea , Sloesrv iecsiotásn dSaorceias ledse, 
calidad y las causas de extinción.
3.  A los efectos de la concertación de plazas o la provisión de determinadas 
prestaciones, en el marco de lo establecido en esta ley, el Consejo de Gobierno 
establecerá un régimen jurídico especial, atendiendo a las específicas condiciones 
de la prestación de los servicios sociales y reglamentariamente se determinará el 
procedimiento administrativo, los requisitos para acceder a la misma, así como las 
prescripciones técnicas y los criterios de concesión.
4.  El acceso a las plazas concertadas con entidades de la administración 
local  o  con  entidades  privadas  se  realizará  siempre  a  través  del  órgano 
competente de la Administración pública concertante.
5.  La concertación social de plazas en residencias de personas mayores 
conllevará únicamente el pago de las plazas efectivamente ocupadas.»
Cinco.  El apartado 3 del artículo 67 queda redactado como sigue:
«3.  Reglamentariamente  se  establecerán  los  criterios  para  determinar  la 
cuantía  de  la  participación  económica  de  las  personas  usuarias,  que  deberá 
respetar en todo caso el criterio de capacidad económica y el de universalidad y 
deberá  tener  en  cuenta  la  naturaleza  del  servicio  y  su  coste.  Los  ingresos 
económicos de la persona usuaria de un servicio social de carácter residencial, 
quedarán afectos al pago efectivo de su participación en el coste del mismo.»
Seis.  Se añade una nueva disposición adicional con la siguiente redacción:
«Disposición  adicional  tercera.  Sustitución  de  la  fiscalización  previa  de  las 
prestaciones de emergencia social por el control financiero permanente.
Se sustituye la fiscalización previa de las prestaciones de emergencia social 
por el control financiero permanente a efectuar por la Intervención General de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.»
Disposición final sexta.  Modificación de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo 
Público de Castilla-La Mancha.
La Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La Mancha, queda 
modificada como sigue:
Uno.  El párrafo segundo del apartado 2 del artículo 48 queda redactado de la 
siguiente manera:
«En  los  términos  que  se  establezcan  reglamentariamente  también  podrán 
formar parte de las bolsas de trabajo las personas aspirantes de los procesos 
selectivos convocados por el sistema de promoción interna. Dichas personas 
tendrán  preferencia  para  cubrir  interinamente  las  plazas  respecto  de  los  que 
formen parte de la bolsa y hayan participado por el sistema general de acceso 
libre y por el sistema general de acceso de personas con discapacidad, excepto 
en los casos en que sea necesario para dar cumplimiento a lo previsto en párrafo 
segundo del artículo 41.5 y en el apartado 9 del presente artículo.»
Dos.  Se añade un nuevo apartado 9 al artículo 48 con la siguiente redacción:
«9.  Reglamentariamente podrán establecerse las medidas necesarias para 
garantizar que un cupo no inferior al siete por ciento de las plazas que se oferten a  e.e
las personas que integren la correspondiente bolsa de trabajo se adjudiquen a  b
personas con discapacidad que formen parte de la bolsa de trabajo.» 038ww
Disposición final séptima.  Modificación de la Ley 9/2012, de 29 de noviembre, de Tasas
y Precios Públicos de Castilla-La Mancha y otras medidas tributarias.
Uno.  Se suprime el apartado c) del artículo 386 y la Tarifa 3 del artículo 388.
Dos.  El artículo 399 queda redactado como sigue:
«Constituye  el  hecho  imponible  de  la  tasa  la  emisión  por  los  órganos 
administrativos  competentes,  de  certificados  de  hallarse  al  corriente  de  las 
obligaciones tributarias.
No se comprende en el hecho imponible de la tasa la emisión de certificados a 
solicitud de cualquier órgano de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha u 
Administración pública en cumplimiento de sus fines, para la comprobación de la 
situación de los administrados, bien de oficio o por autorización expresa.»
Tres.  El artículo 400 queda redactado del siguiente modo:
«Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas o jurídicas, así como las 
entidades a las que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que 
soliciten la emisión de los certificados de hallarse al corriente de las obligaciones 
tributarias.»
Cuatro.  El artículo 403 queda sin contenido.
Disposición  final  octava.  Modificación  de  la  Ley  5/2013,  de  17  de  octubre,  de 
ordenación del servicio jurídico de la Administración de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha.
El apartado f) del artículo 10.1 queda redactado en los siguientes términos:
«f)  Los procedimientos sobre responsabilidad patrimonial cuya cuantía sea 
igual o superior a ocho mil euros.»
Disposición  final  novena.  Modificación  de  la  Ley  7/2013,  de  21  de  noviembre,  de 
adecuación de procedimientos administrativos y reguladora del régimen general de la 
declaración responsable y comunicación previa.
Se incluye un nuevo procedimiento en el anexo I.A), «Procedimientos con silencio 
administrativo desestimatorio y plazo de resolución igual o inferior a seis meses», con la 
siguiente redacción:
«Número de  Identificación de 
Nombre procedimiento Plazo Justificación Órgano
procedimiento trámites
Prestación de servicios en régimen de 
Secretaría General de la 
teletrabajo por el personal funcionario  2 meses la 
Servicio  Consejería u órgano 
180117 SK38, SK3I al servicio de la Administración de la  autorización inicial y 1 
público. administrativo 
Junta de Comunidades de Castilla-La  mes la prórroga.
correspondiente.»
Mancha.
Disposición  final  décima.  Modificación  de  la  Ley  8/2013,  de  21  de  noviembre,  de 
Medidas Tributarias de Castilla-La Mancha.
El apartado 3 del artículo 40 queda redactado en los siguientes términos:
«3.  Los  notarios  y  notarias  remitirán  por  vía  telemática  a  la  consejería 
competente en materia de hacienda, una copia electrónica de las escrituras o  e.
documentos  notariales  referentes  a  hechos,  actos  o  negocios  jurídicos  que  w.
contengan  hechos  imponibles  sujetos  a  los  impuestos  sobre  sucesiones  y  038ww
dqounea dceiobnaens s ye rs loiqburied atrdaonss amnisteio lnae Asd pmaitnriimstroanciaiólens t ryib uatcatroias  rjuergíidoincoasl,  addojcuunmtaenndtoa duonsa, 
declaración  informativa  notarial  de  los  elementos  básicos  de  las  escrituras  o
documentos remitidos. Los procedimientos, estructura y plazos de remisión de 
esta información serán determinados por la mencionada consejería.»
Disposición final decimoprimera.  Modificación de la Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de 
Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha.
La Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La 
Mancha queda modificada como sigue:
Uno.  El apartado 1 del artículo 61 queda redactado del siguiente modo:
«1.  Se crea el Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno de 
Castilla-La Mancha como órgano colegiado adscrito a las Cortes de Castilla-La 
Mancha, con plena capacidad, autonomía e independencia, para garantizar los 
derechos de acceso a la información pública, velar por el cumplimiento de las 
obligaciones de publicidad activa y garantizar y promover la observancia de las 
disposiciones de buen gobierno en el ámbito de aplicación de esta ley o de 
aquellas  otras  que  le  puedan  atribuir  competencias.  Asimismo,  al  Consejo 
Regional le corresponde la creación, gestión y control de un registro sobre las 
declaraciones responsables a que se refiere el artículo 36 de la presente ley, así 
como de aquellos otros que se le encomienden y sean necesarios para asegurar 
una correcta aplicación de las disposiciones en materia de transparencia y buen 
gobierno.»
El apartado 2 del artículo 61 queda redactado del siguiente modo:
«2.  El  Consejo  Regional  de  Transparencia  y  Buen  Gobierno  estará 
compuesto por una Presidencia y dos Adjuntías.»
Dos.  El artículo 62 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 62.  Designación, nombramiento y cese de las personas que componen 
el Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno.
1.  Las personas que hayan de ejercer la Presidencia y Adjuntías del Consejo 
Regional  de  Transparencia  y  Buen  Gobierno  serán  propuestas,  elegidas  y 
nombradas por las Cortes de Castilla-La Mancha, por mayoría de tres quintos en 
primera  votación  y  por  mayoría  absoluta  en  segunda,  de  entre  personas  de 
reconocido prestigio y competencia profesional.
Sus mandatos tendrán una duración de seis años, pudiendo ser renovados por 
una sola vez por idéntico periodo.
Ejercerán  sus  funciones  con  plena  independencia  y  objetividad,  sin  estar 
sujetos a instrucción o mandato alguno.
2.  Los miembros del Consejo Regional de la Transparencia y Buen Gobierno 
solo podrán cesar con anterioridad a la expiración de su mandato por alguna de 
las siguientes causas:
a)  Por renuncia.
b)  Por muerte o incapacitación judicial.
c)  Por  separación  acordada  por  el  Pleno  de  las  Cortes  de  Castilla-La 
Mancha, a propuesta de la Mesa, oída la Junta de Portavoces, por incumplimiento 
grave de sus obligaciones, incapacidad sobrevenida para el ejercicio de la función,  e.
incompatibilidad  o  condena  penal  firme  de  inhabilitación  para  el  ejercicio  de  w.
funciones o cargos públicos. 038ww
En  estos  casos,  se  procederá  a  la  elección  de  otro  miembro  por  el
mpraoncdeadtimo iaeln ctoe sapdreov.»isto en el apartado anterior y por el tiempo que restase de
Tres.  El artículo 63 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo  63.  Funciones  del  Consejo  Regional  de  la  Transparencia  y  Buen 
Gobierno y de la Presidencia del mismo.
1.  Son funciones colegiadas del Consejo:
a)  Adoptar criterios de interpretación uniforme de las obligaciones contenidas 
en esta ley y formular recomendaciones para su mejor cumplimiento.
b)  Aprobar y remitir, en el primer trimestre de cada año, a las Cortes de 
Castilla-La Mancha y al Gobierno regional, un plan de trabajo anual y una memoria 
sobre su actividad el año anterior comprensiva del grado de cumplimiento de la 
normativa  de  transparencia  y  buen  gobierno  y  de  las  recomendaciones  y 
requerimientos que haya realizado. El plan de trabajo y la memoria se publicarán 
en el Portal de la Transparencia de las Cortes de Castilla-La Mancha.
c)  Informar preceptivamente los proyectos normativos del Gobierno regional 
en materia de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
d)  Resolver las reclamaciones contra las resoluciones en materia de acceso 
a la información pública, con carácter previo a su impugnación en la jurisdicción 
contencioso-administrativa.
e)  Responder a las consultas que, con carácter facultativo, se le planteen en 
materia de transparencia y buen gobierno.
f)  Promover e impulsar campañas de divulgación en las materias propias de 
su competencia.
g)  Cuantas otras funciones se le asignen normativamente.
2.  Son funciones de la persona titular de la Presidencia, que puede delegar 
en las Adjuntías:
a)  Representar al Consejo.
b)  Asesorar a los sujetos obligados y promover la elaboración de directrices y 
normas de buenas prácticas en materia de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno.
c)  Velar por la observancia de las obligaciones contenidas en esta ley, dando 
conocimiento al órgano competente de sus posibles incumplimientos e instando, 
en su caso, la incoación de expedientes disciplinarios o sancionadores de acuerdo 
con las previsiones del título IV.
d)  Colaborar,  en  estas  materias,  con  órganos  de  naturaleza  análoga 
estatales o autonómicos.
e)  Requerir de oficio, a iniciativa propia o como consecuencia de denuncia, la 
subsanación de incumplimientos de las obligaciones impuestas por esta ley.
f)  Custodiar las declaraciones responsables a las que se refiere el artículo 36 
de esta ley.
3.  Los miembros del Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno 
ejercerán su cargo en régimen de dedicación exclusiva, tendrán el rango que se 
determine  reglamentariamente  y  quedarán  sujetos  al  mismo  régimen  de 
incompatibilidades establecido para los miembros del Consejo de Gobierno.»
Cuatro.  El artículo 65 queda redactado del siguiente modo: es
«ArtGPícaourblaoie  re6nl5 o..e jeFrucinccioio ndaem iseunsto  cdoeml pCetoennsceiajos  Rceogleiogniaadl adse  eTl raCnosnpsaerjeon caiap liyc aBráu elno   2021-18038n https://www.
dispuesto en su norma de organización y funcionamiento y, supletoriamente, la
normativa estatal sobre los órganos colegiados de las distintas administraciones 
públicas.»
Disposición final decimosegunda.  Modificación de la Ley 4/2018, de 8 de octubre, para 
una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La Mancha.
El artículo 34 queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 34.  Prohibición para obtener ayudas públicas por prácticas laborales 
discriminatorias.
La Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha no 
subvencionará,  bonificará  o  prestará  ayudas  públicas  a  aquellas  empresas 
sancionadas  por  resolución  administrativa  firme  o  condenadas  por  sentencia 
judicial firme por llevar a cabo prácticas laborales consideradas discriminatorias 
por la legislación vigente, salvo cuando acrediten haber cumplido con la sanción o 
la pena impuesta y hayan elaborado un plan de igualdad o adoptado medidas 
dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres. 
El órgano competente en materia de igualdad deberá dar su conformidad a dichas 
medidas.
A tal efecto, las empresas y entidades solicitantes deben presentar, junto con 
la solicitud de la ayuda, una declaración responsable del hecho de no haber sido 
nunca  objeto  de  sanciones  administrativas  firmes  ni  de  sentencias  firmes 
condenatorias  o  en  el  caso  de  haber  sido  sancionadas,  haber  cumplido  los 
requisitos exigidos en el párrafo anterior.»
Disposición final decimotercera.  Modificación de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre, de 
Medidas Administrativas y Tributarias de Castilla-La Mancha.
El apartado 2 de la disposición adicional primera queda redactado como sigue:
«2.  La convocatoria, aprobación de las bases y gestión de los procesos 
selectivos para el ingreso en la Escala Superior, especialidades veterinaria y 
farmacia, así como de los concursos generales de méritos para la provisión de los 
puestos reservados a las citadas especialidades de dicha Escala, corresponderá a 
la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas.»
Disposición final decimocuarta.  Modificación de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de 
Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.
Uno.  El apartado 3 del artículo 5 queda sin contenido.
Dos.  Se modifica el artículo 37 que queda redactado como sigue:
«Artículo  37.  Actuaciones  previas:  consultas  a  las  Administraciones  públicas 
afectadas  y  a  las  personas  interesadas  y  elaboración  del  documento  de 
alcance del estudio de impacto ambiental.
1.  Con carácter potestativo, antes del inicio del procedimiento de evaluación 
de impacto ambiental ordinaria, el promotor podrá solicitar al órgano ambiental que 
elabore un documento de alcance del estudio de impacto ambiental, en el plazo  s
máximo de tres meses marcado en el artículo 36.2. oe.
2.  Para ello, el promotor presentará ante el órgano sustantivo los siguientes  w.
documentos: 038ww
a)  Una  solicitud  de  determinación  del  alcance  del  estudio  de  impacto
ambbie) ntaEll. documento inicial del proyecto.
3.  El documento inicial del proyecto contendrá, como mínimo, la siguiente 
información:
a)  La definición y las características específicas del proyecto, incluida su 
ubicación, viabilidad técnica y su probable impacto sobre el medio ambiente, así 
como  un  análisis  preliminar  de  los  efectos  previsibles  sobre  los  factores 
ambientales derivados de la vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes 
graves o de catástrofes.
b)  Las  principales  alternativas  que  se  consideran  y  un  análisis  de  los 
potenciales impactos de cada una de ellas.
c)  Un diagnóstico territorial y del medio ambiente afectado por el proyecto.
4.  Si el órgano sustantivo comprobara que la solicitud de determinación del 
alcance no incluye el documento inicial del proyecto, requerirá al promotor que lo 
aporte en un plazo de diez días hábiles, con los efectos previstos en el artículo 68 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas.
5.  El órgano sustantivo, una vez comprobada formalmente la adecuación de 
la documentación presentada, la remitirá, en el plazo de diez días hábiles, al 
órgano  ambiental  para  que  elabore  el  documento  de  alcance  del  estudio  de 
impacto ambiental.
Si la documentación inicial presentada por el promotor junto con la solicitud 
careciera de la información exigible o fuera insuficiente para poder efectuar las 
consultas a las Administraciones públicas afectadas, se requerirá al promotor para 
que, en el plazo de diez días hábiles, subsane la falta de información o acompañe 
la documentación necesaria, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le 
tendrá por desistido de su solicitud.
6.  Para la elaboración del documento de alcance del estudio de impacto 
ambiental,  el  órgano  ambiental  consultará  a  las  Administraciones  públicas 
afectadas y a las personas interesadas.
7.  Las  Administraciones  públicas  afectadas  y  las  personas  interesadas 
consultadas deberán pronunciarse en el plazo máximo de treinta días hábiles 
desde la recepción de la documentación.
Transcurrido este plazo sin que se hayan recibido estos pronunciamientos, el 
procedimiento continuará si el órgano ambiental cuenta con elementos de juicio 
suficientes  para  elaborar  el  documento  de  alcance  del  estudio  de  impacto 
ambiental.
Si el órgano ambiental no tuviera los elementos de juicio suficientes, bien 
porque no se hubiesen recibido los informes de las Administraciones públicas 
competentes que resulten relevantes, o bien porque habiéndose recibido estos 
resultasen insuficientes para decidir, requerirá personalmente al titular del órgano 
jerárquicamente superior de aquel que tendría que emitir el informe, para que en el 
plazo de diez días hábiles, contados a partir de la recepción del requerimiento, 
ordene al órgano competente la entrega del correspondiente informe en el plazo 
de diez días hábiles, sin perjuicio de las responsabilidades en que pudiera incurrir 
el responsable de la demora. El requerimiento efectuado se comunicará al órgano 
sustantivo y al promotor, y suspende el plazo previsto para la elaboración del 
documento de alcance.
Si transcurrido el plazo de diez días hábiles otorgado al efecto, el órgano  e
ambiental no ha recibido los informes de las Administraciones públicas afectadas  bo
que resulten relevantes para la determinación del alcance del estudio de impacto  038ww
acomnbsiteanrt alal,  aeuls eónrgciaan od e almosb iiennfotarml eesla sboolriacirtáa deols  dpoacrau mceonntooc imdeie natloc adnecl ep rhoamcoietonrd oy 
del órgano sustantivo.
En todo caso, el promotor podrá reclamar a la administración competente la 
emisión del informe, a través del procedimiento previsto en el artículo 29.1 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
8.  Recibidas  las  contestaciones  a  las  consultas,  el  órgano  ambiental 
elaborará y remitirá al promotor y al órgano sustantivo el documento de alcance 
del estudio de impacto ambiental junto con las contestaciones recibidas, dentro del 
plazo establecido en el artículo 36.2. Tanto el documento de alcance como las 
contestaciones  recibidas  serán  puestas  a  disposición  del  público  en  la  sede 
electrónica del órgano ambiental y órgano sustantivo.
9.  Cuando  el  proyecto  deba  someterse  a  una  evaluación  de  impacto 
ambiental ordinaria en virtud de lo dispuesto en el artículo 54.2.a, el órgano 
ambiental tendrá en cuenta el resultado de las consultas realizadas conforme al 
artículo 53 y no será preciso realizar nuevas consultas para la elaboración del 
documento de alcance del estudio de impacto ambiental.
10.  El documento de alcance del estudio de impacto ambiental será válido 
durante el plazo de dos años a partir del día siguiente al de su notificación al 
promotor. Perderá su validez una vez que transcurra dicho plazo sin que se haya 
presentado ante el órgano sustantivo el estudio de impacto ambiental para iniciar 
el procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria.»
Tres.  El apartado 2 del artículo 49 queda sin contenido.
Cuatro.  Se modifica el apartado 2 del artículo 54, que queda redactado como sigue:
«2.  El órgano ambiental, teniendo en cuenta la información facilitada por el 
promotor, el resultado de las consultas realizadas y, en su caso, los resultados de 
verificaciones  preliminares  o  evaluaciones  de  los  efectos  medioambientales 
realizadas de acuerdo con otra legislación, resolverá mediante la emisión del 
informe  de  impacto  ambiental,  que  podrá  determinar  de  forma  motivada  de 
acuerdo con los criterios del anexo III que:
a)  El proyecto debe someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria 
porque podría tener efectos significativos sobre el medio ambiente. En este caso, el 
promotor elaborará el estudio de impacto ambiental conforme al artículo 38.
Para ello, el órgano ambiental notificará al promotor y al órgano sustantivo 
junto con el informe de impacto ambiental, el documento de alcance del estudio de 
impacto ambiental en los términos del artículo 37, así como los informes recibidos 
durante  el  trámite  de  consultas  del  artículo  53,  y  pondrá  esta  información  a 
disposición del público en su sede electrónica. En estos casos, el plazo para la 
emisión del citado documento de alcance será de un mes, y no será preciso 
realizar nuevas consultas, disponiendo para ello del resultado de las consultas de 
la evaluación de impacto ambiental simplificada.
b)  El  proyecto  no  tiene  efectos  adversos  significativos  sobre  el  medio 
ambiente, en los términos establecidos en el informe de impacto ambiental, que 
indicará al menos, las características del proyecto y las medidas previstas para 
prevenir lo que, de otro modo, podrían haber sido efectos adversos significativos 
para el medio ambiente.
c)  No es posible dictar una resolución fundada sobre los posibles efectos 
adversos  del  proyecto  sobre  el  medio  ambiente,  al  no  disponer  el  órgano 
ambiental de elementos de juicio suficientes, procediéndose a la terminación del  s
procedimiento con archivo de actuaciones.» oe.
Disposición  final  decimoquinta.  Modificación  de  la  Ley  5/2020,  de  24  de  julio,  de 
Medidas  Urgentes  para  la  Declaración  de  Proyectos  Prioritarios  en  Castilla-La 
Mancha.
Se modifica la disposición adicional octava, que queda con la siguiente redacción:
«Hasta el 31 de diciembre de 2021 se bonifica con un porcentaje del 100 % el 
importe de la tasa de espectáculos taurinos, prevista en los artículos 348 a 351 de 
la Ley 9/2012, de 29 de noviembre, de Tasas y Precios Públicos de Castilla-La 
Mancha y otras medidas tributarias.»
Disposición final decimosexta.  Modificación de la Ley 11/2020, de 28 de diciembre, de 
Presupuestos  Generales  de  la  Junta  de  Comunidades  de  Castilla-La  Mancha 
para 2021.
Se modifica el apartado e) del artículo 21, que queda con la siguiente redacción:
«e)  A la Dirección Gerencia del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, 
además de las competencias asignadas en la letra d), las siguientes:
1.º  La  autorización  de  gastos  para  el  pago  de  productos  farmacéuticos 
procedentes  de  recetas  médicas,  para  el  pago  de  productos  farmacéuticos 
imputables al capítulo 2, “Gastos en bienes corrientes y servicios”, así como para 
el pago de material sanitario, hasta un importe de 20.000.000,00 de euros.
2.º  La autorización de gastos para operaciones corrientes consignados en el 
citado organismo autónomo, al margen de los indicados en el párrafo 1.º, hasta un 
importe de 5.000.000,00 de euros.»
Disposición  final  decimoséptima.  Salvaguardia  del  rango  de  disposiciones 
reglamentarias.
Se mantiene el rango reglamentario de los artículos 6.3 y 7 del Decreto 170/2009, 
de  3  de  noviembre,  del  procedimiento  de  movilidad  voluntaria,  por  el  sistema  de 
concurso de traslados, del personal estatutario del Servicio de Salud de Castilla-La 
Mancha, que han sido modificados por la presente ley.
Disposición final decimoctava.  Entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Diario 
Oficial de Castilla-La Mancha».
Toledo, 25 de junio de 2021.–El Presidente, Emiliano García-Page Sánchez.
(Publicada en el «Diario Oficial de Castilla La-Mancha» número 123, de 30 de junio de 2021)