BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 18 Martes 21 de enero de 2020 Sec. III.   Pág. 5946
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
872 Resolución de 4 de diciembre de 2019, de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del 
registrador de la propiedad de Albacete n.º 4 a inscribir una escritura de 
compraventa.
En el recurso interpuesto por doña María Adoración Fernández Maldonado, notaria 
de Albacete, contra la negativa del registrador de la Propiedad de Albacete número 4, 
don Julián Cuenca Ballesteros, a inscribir una escritura de compraventa.
Hechos
I
Mediante escritura autorizada el día 5 de julio de 2019 por el notario de Albacete don 
Martín Alfonso Palomino Márquez, como sustituto de la notaria de Albacete, doña María 
Adoración  Fernández  Maldonado,  con  el  número  1.378  de  protocolo  de  ésta,  se 
formalizó determinada compraventa de inmueble que quedó pendiente de ratificación por 
uno de los otorgantes representados, lo que se hizo mediante escritura otorgada el 
día 15 de julio de 2019 ante el Notario de Boadilla del Monte, don Gonzalo Sauca 
Polanco,  con  el  número  4.188  de  protocolo,  según  resulta  de  copia  autorizada 
electrónica que fue remitida a dicha notaria autorizante y que ésta trasladó a papel, 
siendo presentada al Registro de la Propiedad.
En esa copia remitida por el notario autorizante de la escritura de ratificación se 
expresaba, en su pie, lo siguiente: «Es copia autorizada electrónica exacta de su matriz, 
donde queda anotada. Y yo el Notario autorizante del documento, la expido conforme al 
artículo 110.1 de la Ley 24/2001, para su remisión al Notario de Albacete, Doña María 
Adoración Fernández Maldonado. Esta copia electrónica solamente tiene validez para la 
finalidad respecto de la cual fue solicitada que es la de acompañar la primera copia 
ratificada».
II
Presentada telemáticamente la referida escritura en el Registro de la Propiedad de 
Albacete número 4, fue objeto de calificación negativa emitida por el registrador de la 
propiedad, don Julián Cuenca Ballesteros, el día 24 de julio de 2019, toda vez que, en el 
documento objeto de la misma, el transmitente, la sociedad «Banco Santander, S.A.», 
compareció representado verbalmente por mandato a don J. R. F. M., sin que constare 
acreditada documentalmente la representación ni el haberse obtenido ratificación de la 
representada verbalmente, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1261 
del Código Civil en cuanto a la necesidad de consentimiento para la existencia de 
contrato, así como el artículos 18 de la Ley Hipotecaria y 1712, 1727 y 1259 del Código 
Civil en cuanto a la necesidad de acreditación de la representación. La calificación 
practicada  fue  notificada  por  vía  electrónica  el  mismo  día  a  la  notaria  autorizante,  e.e
prorrogándose  los  efectos  del  asiento  de  presentación  causado  en  su  momento,  b
número 535 del Diario 154. w
a paEpl edl íap r3a1c tdicea djuoli op odre  e2ll0a1 e9l  sdeí ar e1c6ib idóe p jourli ov íad ee l2e0c1tr9ó ndicea l ad ec olap irae feelreidcatr ónnoitcaar iaq,u tera lsel afudeo 
reesmcriittiudraa  pdoer  erla tnifoictaarcioió nd,e  aBuotoardizilalad ad epl oMr oenlt em, idsomno G eoln dzaíalo  1S5a udcea  juPloiola ndceo ,2 0d1e9 l,a  ccoitna deal 
número 4.188 de protocolo.
Tales documentos fueron objeto de la siguiente nota de calificación:
«Aportada  documentación  a  la  escritura  de  compra-venta  otorgada  por  Banco 
Santander S.A. y Desarrollos Empresariales Fuentes, S.L. ante la Notaria de Albacete 
doña  Maria  Adoración  Fernández  Maldonado,  con  fecha  5  de  Julio  de  2.019, 
número 1.378 de su protocolo, con entrada en este Registro el día 5 de Julio de 2.019, 
bajo el asiento 535 del tomo 154 del Diario y calificada con defectos con fecha 24 de 
Julio de 2.019 y notificada con esa misma fecha, se mantiene le calificación defectuosa 
de dicha escritura por:
Resulta: Hechos.
1.  La  documentación  aportada  no  subsana  el  defecto  calificado,  dado  que  se 
presenta  por  la  citada  Notaria  de  Albacete,  señora  Fernández  Maldonado,  copia 
electrónica  del  traslado  a  papel  de  copia  autorizada  electrónica  de  escritura  de 
ratificación otorgada ante el Notario de Boadilla del Monte don Gonzalo Sauce Polanco 
con fecha 15 de Julio de 2.019, número 4.188 de su protocolo.
Siendo de aplicación, a mi juicio, los siguientes fundamentos jurídicos:
1.  La copia electrónica del traslado a papel de la copia autorizada electrónica de su 
matriz remitida a doña Maria Adoración Fernández Maldonado, no constituye escritura 
pública, conforme el artículo 3 de le Ley Hipotecaría y resolución de la Dirección General 
de los Registros y del Notariado de fecha 17 de julio de 2017, necesaria para su 
calificación y despacho.
El asiento se prorrogó por el plazo de sesenta días, desde el día 24 de Julio de 2019, 
siendo la fecha de caducidad del mismo el día 18 de Octubre de 2019 (…)
Este documento ha sido firmado con firma electrónica cualificada por Julián Cuenca 
Ballesteros Registrador/a de Registro Propiedad de Albacete 4 a día dos de Agosto del 
año dos mil diecinueve.»
III
Contra la anterior nota de calificación, doña María Adoración Fernández Maldonado, 
notaria de Albacete, interpuso recurso el día 6 de septiembre de 2019 mediante escrito 
en el que alegaba los siguientes fundamentos jurídicos:
«1.º  En cuanto al defecto alegado:
La copia remitida por el Notario autorizante de la ratificación determina su finalidad 
conforme a lo dispuesto en los Artículos 17 bis.7 Ley Notariado y 224.2 Reglamento 
Notarial
2.º  Normativa.
El Artículo 17 bis de la Ley del Notariado, norma con rango de Ley, determina con 
claridad el régimen de las copias autorizadas expedidas electrónicamente: “4. Si las 
copias  autorizadas,  expedidas  electrónicamente,  se  trasladan  a  papel,  para  que 
conserven la autenticidad y garantía notarial, dicho traslado deberá hacerlo el notario al 
que se le hubiesen remitido. 5. Las copias electrónicas se entenderán siempre expedidas 
por el notario autorizante del documento matriz y no perderán su carácter, valor y efectos  es
por el hecho de que su traslado a papel lo realice el notario al que se le hubiese enviado,  o
el  cual  signará,  firmará  y  rubricará  el  documento  haciendo  constar  su  carácter  y  w
dpeernolt ecYqenu ddeeee lnr fáocanriram t…síceieunml opp ar2er2t e4e .xl4ap sed dciciodera resq suape ot onldadosie sn ctloeopss i amesfae tcertiloceesc…str óy np inocoar  sep,l e anrduoettoarárriinzo a stdiutau slca aryr á dcsetilem pr,pr olvetasol,co ors leoy    OE-A-2020-87able en https://
efectos por el hecho de que su traslado a papel lo realice el notario al que se le hubieren 
enviado.
El Reglamento Notarial en su art. 221 reiterando como no puede ser menos, lo 
dispuesto en la Ley, dice que se consideran escrituras públicas, además de la matriz, las 
copias de esta misma… Las copias autorizadas pueden ser totales o parciales pudiendo 
constar en soporte papel o electrónico.
El artículo 224.2 el que, en su segundo párrafo, ''En la expedición de las copias 
autorizadas  electrónicas  se  hará  constar  expresamente  la  finalidad  para  la  que  se 
expide, siendo sólo válidas para dicha finalidad, y su destinatario, debiendo dejarse 
constancia de estas circunstancias por nota en la matriz”.
En este supuesto todos los actos se acomodan a los preceptos expuestos que 
regulan las formas públicas de los documentos notariales: la copia se expide con la 
finalidad de ratificación de una representación alegada, para su entrega a la parte 
interesada, dirigida al notario autorizante de la escritura que se ratifica, que es quien 
expide el traslado a papel de la copia electrónica y la entrega para que surta todos sus 
efectos:  esa  copia  es  una  escritura  pública  que,  conforme  al  artículo  3  de  la  Ley 
Hipotecaria goza de pleno acceso al Registro de la Propiedad, registro público. Cumple 
finalidad y destino exigidos por el art. 224.2
3.º  La copia autorizada electrónica remitida al notario autorizante de la escritura a 
ratificar –con esa finalidad y para su entrega a los interesados como dice el pie de la 
misma–, se hace constar en el protocolo notarial del notario autorizante de la escritura 
ratificada, con constancia en el Libro Indicador (art. 254 RN), se traslada a papel por el 
notario destinatario y se entrega a los interesados que la necesitan tener en su poder, 
pues complementa su primera escritura de manera ineludible –así expresa en este caso 
el pie de la copia remitida, “para acompañar a la primera copia ratificada”– acreditando la 
perfección del negocio jurídico para que despliegue todos sus efectos propios desde esa 
ratificación, incluyendo la imposibilidad de revocación ex art.1259 CCivil etc.
Ante cualquier Administración pública, Tribunales o particulares, existe ya un negocio 
jurídico plenamente eficaz en la vida real extrarregistral cuya acreditación se hace por 
medio de las copias autorizadas de la escritura de compraventa y la de la ratificación, 
esta última expedida también por un Notario.
Ahora  bien,  según  la  calificación,  eso  no  sirve  para  acceder  al  Registro  de  la 
Propiedad, que forma parte de la Administración pública. De la parca calificación carente 
de otra motivación jurídica parece desprenderse que solo se considera válida para 
inscribir un único tipo de copia: la expedida por el notario autorizante de la ratificación 
cuya circulación y aportación al Registro se tendría que hacer exclusivamente en papel y 
mediante un sistema de correos o mensajerías más propio del pasado siglo.
Esa inexplicable petición registral no respeta el contenido del Reglamento Notarial ni 
las normas que regulan las formas documentales ya expuestas.
Asimismo, está al margen del tráfico jurídico en España; Miles de documentos se 
están ratificando cada año en un sistema ejemplar en su funcionamiento y eficacia (baste 
recordar todos los negocios de Sareb o transmisiones de sociedades que han recibido 
inmuebles de entidades financieras en los que el auxilio notarial por medios telemáticos 
funciona sin problemas y los documentos ratificados son inscritos con copias autorizadas 
electrónicas trasladadas a soporte papel.
4.º  La Resolución de 17 de Julio de 2017, alegada por el registrador, trata un 
supuesto diferente: el traslado a papel de una copia autorizada de un poder hecho por un 
Notario es utilizado por otro Notario para acreditar la representación en un acto concreto. e.
Sin embargo, la resolución sí recoge en sus razonamientos los mismos argumentos  w.b
que me permiten defender la validez como escritura pública de la copia autorizada de la  2w
ratificación presentada al Registro y cuya validez ha sido negada por el registrador:
auto…riz a“Ddea sl ae lreecgturólancicióans  lseóglaol  peuxepdueens tlaib rreasrsuelt ap,o er ne ll on oqtuaer ioa haourtao riinztaenretes ap,a qrau es ula rse mcoispiióans 
a otro funcionario (notario, registrador u otro); y que el destinatario sólo puede utilizar la
copia electrónica en el ámbito de su competencia, por razón de su oficio y para la 
concreta finalidad para la que se ha solicitado, circunstancia que debe resultar de la 
misma.
… También resulta que únicamente el traslado a papel de la copia autorizada llevado 
a cabo por el notario de destino tiene el valor previsto para los documentos notariales en 
contraposición a los traslados a papel hechos por otros funcionarios que agotan su valor 
y efectos en el expediente para el que han sido remitidos.''»
IV
Mediante escrito, de fecha 6 de septiembre de 2019, el registrador de la Propiedad 
elevó el expediente a este Centro Directivo, con su preceptivo informe.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 3 y 18 de la Ley Hipotecaria; 33 y 34 del Reglamento Hipotecario; 
1, 17 y 17 bis de la Ley del Notariado; 166, 221, 224, 249, 251 y 264 del Reglamento 
Notarial; 98, 110 y 113 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, 
Administrativas y del Orden Social, según redacción dada por el artículo 34 de la 
Ley 24/2005, de 18 de noviembre, de reformas para el impulso a la productividad; 22 y la 
disposición adicional octava de la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los 
contratos de crédito inmobiliario; y las Resoluciones de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado de 19 de marzo de 2007, 17 de enero y 5 de abril de 2011, 4 
de junio y 24 de octubre de 2012, 29 de octubre de 2013, 24 de febrero y 9 de julio 
de 2014, 14 de mayo, 14 de julio y 26 de noviembre de 2015, 29 de junio, 10 y 25 (1.ª 
y 2.ª) de octubre y 14 de diciembre de 2016, 17 de julio de 2017 y 4 de septiembre 
de 2019.
1.  En  el  otorgamiento  de  la  escritura  de  compraventa  cuya  calificación  se  ha 
impugnado la sociedad vendedora estuvo representada por un mandatario, sin acreditar 
fehacientemente  la  representación,  por  lo  que  fue  ratificada  mediante  escritura 
autorizada por otro notario cuya copia autorizada electrónica fue remitida a la notaria 
autorizante y ésta la trasladó a papel. En esa copia remitida por el notario autorizante de 
la escritura de ratificación se expresa, en su pie, lo siguiente: «Es copia autorizada 
electrónica exacta de su matriz, donde queda anotada. Y yo el Notario autorizante del 
documento, la expido conforme al artículo 110.1 de la Ley 24/2001, para su remisión al 
Notario  de  Albacete,  Doña  María  Adoración  Fernández  Maldonado.  Esta  copia 
electrónica solamente tiene validez para la finalidad respecto de la cual fue solicitada que 
es la de acompañar la primera copia ratificada».
El  registrador  suspende  la  inscripción  solicitada  porque,  a  su  juicio,  «la  copia 
electrónica del traslado a papel de la copia autorizada electrónica de su matriz remitida a 
doña Maria Adoración Fernández Maldonado, no constituye escritura pública, conforme 
el artículo 3 de la Ley Hipotecaría y resolución de la Dirección General de los Registros y 
del Notariado de fecha 17 de julio de 2017, necesaria para su calificación y despacho».
La notaria recurrente alega, en esencia, que se cumplen las normas que regulan las 
formas públicas de los documentos notariales (entre ellos, artículos 17 bis de la Ley del 
Notariado  y  224  del  Reglamento  Notarial):  la  copia  se  expide  con  la  finalidad  de 
ratificación de una representación alegada, para su entrega a la parte interesada, dirigida 
al notario autorizante de la escritura que se ratifica, que es quien expide el traslado a  e.e
papel de la copia electrónica y la entrega para que surta todos sus efectos; esa copia es  b
una escritura pública que, conforme al artículo 3 de la Ley Hipotecaria goza de pleno  w
aacrtcíceusloo  2a2l4 .R2 edgeils Rtroe gldaem elan toP Nrooptaieridaal.d;  cumple  finalidad  y  destino  exigidos  por  el
2.  El artículo el artículo 17 bis de la Ley del Notariado, en su apartado 3, dispone lo
siguiente:  «Las  copias  autorizadas  de  las  matrices  podrán  expedirse  y  remitirse
electrónicamente, con firma electrónica avanzada, por el notario autorizante de la matriz 
o  por  quien  le  sustituya  legalmente.  Dichas  copias  sólo  podrán  expedirse  para  su 
remisión a otro notario o a un registrador o a cualquier órgano de las Administraciones 
públicas o jurisdiccional, siempre en el ámbito de su respectiva competencia y por razón 
de su oficio. Las copias simples electrónicas podrán remitirse a cualquier interesado 
cuando su identidad e interés legítimo le consten fehacientemente al notario»; y en su 
apartado 7 añade: «Las copias electrónicas sólo serán válidas para la concreta finalidad 
para la que fueron solicitadas, lo que deberá hacerse constar expresamente en cada 
copia indicando dicha finalidad».
El artículo 224.4 del Reglamento Notarial, en lo que interesa a este expediente, 
establece lo siguiente:
«Las copias electrónicas, autorizadas y simples, se entenderán siempre expedidas a 
todos los efectos incluso el arancelario por el notario titular del protocolo del que formen 
parte las correspondientes matrices y no perderán su carácter, valor y efectos por el 
hecho de que su traslado a papel lo realice el notario al que se le hubiese enviado. 
Dichas copias sólo podrán expedirse para su remisión a otro notario o a un registrador o 
a cualquier órgano judicial o de las Administraciones Públicas, siempre en el ámbito de 
su respectiva competencia y por razón de su oficio. El notario que expida la copia 
autorizada electrónica será el mismo que la remita.
En  la  expedición  de  las  copias  autorizadas  electrónicas  se  hará  constar 
expresamente la finalidad para la que se expide, siendo sólo válidas para dicha finalidad, 
y su destinatario, debiendo dejarse constancia de estas circunstancias por nota en la 
matriz.
El traslado a papel de las copias autorizadas expedidas electrónicamente, cuando 
así se requiera, sólo podrá hacerlo el notario al que se le hubiesen remitido, para que 
conserven la autenticidad y la garantía notarial (…).
El notario destinatario de una copia autorizada electrónica podrá, según su finalidad:
1.º  Incorporar  a  la  matriz  por  él  autorizada  el  traslado  a  papel  de  aquélla, 
haciéndolo constar en el cuerpo de la escritura o acta o en diligencia correspondiente.
2.º  Trasladarla a soporte papel en los términos indicados, dejando constancia en el 
Libro Indicador, mediante nota expresiva del nombre, apellidos y residencia del notario 
autorizante de la copia electrónica, su fecha y número de protocolo, así como los folios 
en que se extiende el traslado y su fecha.
3.º  Reseñar su contenido en lo legalmente procedente en la escritura o acta matriz 
o póliza intervenida.
Una vez realizado el traslado a papel, el notario remitirá telemáticamente al que 
hubiese expedido la copia electrónica, el traslado a papel, para que aquel lo haga 
constar por nota en la matriz.
La coincidencia de la copia autorizada expedida electrónicamente, con el original 
matriz,  será  responsabilidad  del  notario  que  la  expide  electrónicamente,  titular  del 
protocolo  del  que  forma  parte  la  correspondiente  matriz.  La  responsabilidad  de  la 
coincidencia  de  la  copia  autorizada  electrónica  con  la  trasladada  al  papel  será 
responsabilidad del notario que ha realizado dicho traslado.
De conformidad con el artículo 17 bis de la Ley del Notariado, los registradores, así 
como los funcionarios competentes de los órganos jurisdiccionales y administrativos, 
destinatarios de las copias autorizadas electrónicas notariales podrán trasladarlas a  s
soporte papel a los únicos y exclusivos efectos de incorporarlas a los expedientes o  oe.
archivos  que  correspondan  por  razón  de  su  oficio  en  el  ámbito  de  su  respectiva  w.
comYp edteeln acriatí c(u…lo) .2»21 del Reglamento Notarial resulta lo siguiente: 2020-872n https://w
«Se consideran escrituras públicas, además de la matriz, las copias de esta misma
expedidas con las formalidades de derecho. Igualmente, tendrán el mismo valor las
copias de pólizas incorporadas al protocolo. Las copias deberán reproducir o trasladar 
fielmente el contenido de la matriz o póliza. Los documentos incorporados a la matriz 
podrán hacerse constar en la copia por relación o transcripción.
Las copias autorizadas pueden ser totales o parciales, pudiendo constar en soporte 
papel o electrónico. Las copias autorizadas en soporte papel deberán estar signadas y 
firmadas por el notario que las expide; si estuvieran en soporte electrónico, deberán 
estar autorizadas con la firma electrónica reconocida del notario que la expide.»
Toda esta regulación legal no termina de aclarar una cuestión esencial: si el traslado 
a papel de la copia autorizada llevado a cabo por el notario de destino puede ser 
utilizada exclusivamente por este o, por el contrario, es un documento susceptible de ser 
utilizado en el tráfico jurídico como una copia autorizada. En el Reglamento Notarial que, 
como hemos visto, dedica a las copias autorizadas electrónicas distintos preceptos 
(artículos 221, 224, 249, 264…), en el artículo 224.4, en su segundo párrafo, se recoge 
lo siguiente: «En la expedición de las copias autorizadas electrónicas se hará constar 
expresamente la finalidad para la que se expide, siendo sólo válidas para dicha finalidad, 
y su destinatario, debiendo dejarse constancia de estas circunstancias por nota en la 
matriz».
Aparte de esta regulación, el Reglamento Notarial no contiene ninguna disposición 
expresa en la que no se permita o en la que se prohíba la posibilidad de que el traslado a 
papel de la copia autorizada electrónica se realice para entregarla al interesado y que 
este traslado pueda utilizarse para el tráfico jurídico general. Por lo tanto, se hace 
necesario interpretar la normativa existente, y según sea la interpretación, cabe, por un 
lado, entender que el notario únicamente puede trasladar a papel la copia en relación 
con otra escritura que el mismo notario va a autorizar, de modo que la copia trasladada a 
papel no puede circular en el tráfico, siendo esta opción la basada principalmente en la 
interpretación literal de la norma; o por el contrario, entender que, en el momento en que 
se traslade a papel, esa copia tiene entidad propia y puede ser objeto de circulación en 
el tráfico sin ningún impedimento, interpretación basada en la finalidad actual de la 
norma, o, lo que es lo mismo, en la realidad social del tiempo en que debe ser aplicada.
3.  Respecto de la interpretación de la normativa vigente, el artículo 3 del Código 
Civil dispone que «las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, 
en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social 
del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y 
finalidad de aquéllas».
Debe  recordarse  la  indudable  utilidad  de  disponer  de  un  sistema  de  remisión 
electrónico seguro de los documentos notariales y que, como ocurre en tantos otros 
aspectos, el Reglamento Notarial, atendiendo a la realidad social, necesita una revisión 
en  el  modo  en  que  circulan  y  se  cotejan  las  copias  autorizadas  electrónicas, 
especialmente  cuando  afectan  a  personas  o  funcionarios  no  reconocidos  como 
destinatarios en la normativa.
Conforme a la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas las normas, y, a 
su espíritu y finalidad, conviene poner de relieve que la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, 
de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, en los artículos 110 y 113, 
recoge detalladamente la firma electrónica en el ámbito de los notarios y registradores de 
la Propiedad, dando importancia determinante y buscando el interés de la circulación del 
documento por medios telemáticos. Hay que recordar que estos preceptos tienen rango 
jerárquico normativo de ley y que solo en parte han sido adoptados por el Reglamento  e
Notarial.  Además,  la  literalidad  no  debe  ser  empleada  como  medio  único  para  la  bo
interpretación, salvo que se trate de un caso al que pudiera aplicarse el aforismo romano  w
dreec o«nino ccilóa reiss tneo Cn efnitt rinot eDriprerecttaivtoio »e,n  aRlgeos oqluueci ónno  daec o1n7t edcee  juelnio e dl ep r2e0s1e7n tael  saufiprmueasr toq uceo m«lao 
erexgpueldaiceiónnte  l(e…ga)»l .no termina de aclarar la cuestión esencial que se plantea en este
En  ese  sentido  de  interpretar  las  normas  conforme  a  la  realidad  social,  la 
Administración Pública exige a numerosos sectores de la población tener direcciones de 
correo electrónico para recibir notificaciones en esta forma, de manera que la seguridad 
jurídica en el ámbito privado exige también, en aras de la atención al consumidor y a la 
sociedad, agilidad y ahorro de costes que supone el uso de procedimientos telemáticos. 
Ciertamente, la nueva Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de 
crédito inmobiliario, en esta adaptación a la realidad social, establece en su artículo 22 y 
en la disposición adicional octava, relativos a la forma y contenido de los contratos, que 
los contratos de préstamo regulados en esa ley se formalizarán en papel o en otro 
soporte duradero; y, por su regulación, constituye un claro ejemplo de la intención del 
legislador de incorporar los formatos electrónicos y los medios telemáticos a la vida 
jurídica, reduciendo al mínimo el soporte papel.
En la citada Resolución de 17 de julio de 2017 y respecto de la regulación sobre las 
copias autorizadas electrónicas y su traslado a papel, se planteaba «(…) si el traslado a 
papel de la copia autorizada llevado a cabo por el notario de destino puede ser utilizada 
exclusivamente por este o, por el contrario, es un documento susceptible de ser utilizado 
en el tráfico jurídico a modo de testimonio de copia autorizada». Esta aseveración ha 
sido objeto de aclaración recientemente en la Resolución de este Centro Directivo de 4 
de septiembre de 2019, en los términos que a continuación se reiteran.
4.  En  cuanto  a  los  aspectos  del  remitente  y  destinatario  de  la  copia,  de  la 
regulación legal resulta que las copias autorizadas electrónicas sólo pueden librarse por 
el notario autorizante para su remisión a otro funcionario (notario, registrador u otro); y 
que  el  destinatario  sólo  puede  utilizar  la  copia  electrónica  en  el  ámbito  de  su 
competencia, por razón de su oficio y para la concreta finalidad para la que se ha 
solicitado, circunstancia que debe resultar de la misma.
También resulta que únicamente el traslado a papel de la copia autorizada llevado a 
cabo por el notario de destino tiene el valor previsto para los documentos notariales en 
contraposición a los traslados a papel hechos por otros funcionarios que agotan su valor 
y  efectos  en  el  expediente  para  el  que  han  sido  remitidos.  En  el  primer  caso  el 
documento tendrá el carácter de notarial mientras que, en el segundo, el documento sólo 
tendrá carácter público en el ámbito del procedimiento jurisdiccional o administrativo que 
ampara su envío telemático.
Así pues, el traslado a papel que hace el notario de destino no agota su valor y 
efectos en el expediente para el que han sido remitidos; por lo tanto, el valor del traslado 
a papel no depende del expediente notarial de que se trata, sino que su valor se 
mantiene con independencia y más allá del mismo, y de ahí la diferencia con el traslado 
a papel que hacen otros funcionarios. En consecuencia, ese valor que se mantiene es el 
que resulta del artículo 17 bis, apartado 5, de la Ley del Notariado: el de verdadera copia 
autorizada  [«(…)  se  entenderán  siempre  expedidas  por  el  notario  autorizante  del 
documento matriz y no perderán su carácter, valor y efectos por el hecho de que su 
traslado a papel lo realice el notario al que se le hubiese enviado (…)»], toda vez que si 
el  traslado  a  papel  se  realiza  en  la  forma  legalmente  establecida  se  conserva  la 
autenticidad  y  garantía  notarial  de  la  copia  autorizada  (vid.  apartado  4  del  citado 
artículo 17 bis).
5.  Por otra parte, como resulta del artículo 224.4 del Reglamento Notarial en su 
párrafo  cuarto  –antes  transcrito–  el  notario  destinatario  de  una  copia  autorizada 
electrónica puede utilizar para redactar el propio instrumento público protocolar que  e
autorice, sin necesidad de trasladarla a papel o trasladándola a papel y protocolizándola  bo
a continuación de aquél. Además, y de forma compatible con las anteriores, puede  w
dtreals Rlaedgalra mlae cnotop iNa oat apriaapl–e.l dejando constancia en el libro indicador –vid. artículo 264.a)
Conforme a la realidad social, es contrario al espíritu que informa la normativa sobre 
copia electrónica entender que el traslado a papel, por el hecho de ser tal, no puede 
circular en el tráfico. Ciertamente, una de sus finalidades es la de guardar memoria de la 
existencia de una matriz, como expresa la citada Resolución de 17 de julio de 2017, pero 
no es la más importante, habida cuenta de las garantías que se derivan de la custodia de 
la propia matriz por el notario autorizante o su sucesor en el protocolo y del hecho mismo 
de la comunicación electrónica; además, según la propia normativa, el referido traslado 
no es obligatorio sino opcional para el notario destinatario de la copia electrónica.
6.  Para resolver la cuestión planteada en el presente recurso no puede obviarse lo 
que se ha denominado principio de neutralidad tecnológica, al que hace referencia el 
artículo 17 bis, apartado 1, de la Ley del Notariado: «Los instrumentos públicos a que se 
refiere el artículo 17 de esta Ley, no perderán dicho carácter por el sólo hecho de estar 
redactados  en  soporte  electrónico  (…)»;  y  entre  esos  instrumentos  públicos  se 
encuentran las copias a que se refiere el artículo 17.1 de la misma ley y el artículo 221 
del Reglamento Notarial («se consideran escrituras públicas, además de la matriz, las 
copias de esta misma expedidas con las formalidades de derecho»), añadiéndose en el 
citado  artículo  17  bis,  apartado  5,  de  dicha  Ley  que  «las  copias  electrónicas  se 
entenderán siempre expedidas por el notario autorizante del documento matriz y no 
perderán su carácter, valor y efectos por el hecho de que su traslado a papel lo realice el 
notario al que se le hubiese enviado, el cual signará, firmará y rubricará el documento 
haciendo constar su carácter y procedencia». Por ello, si con el traslado a papel de la 
copia  electrónica  ésta  mantiene  el  valor  y  efectos  que  le  son  propios,  no  puede 
entenderse que se trate de un mero testimonio.
Así,  en  el  traslado  a  papel  de  la  copia  electrónica  a  papel,  no  concurren  los 
presupuestos y características previstas para los testimonios en el artículo 251 del 
Reglamento Notarial; y de los artículos 224.4, 253 y 264 del mismo Reglamento Notarial 
resulta claramente excluidos del concepto de testimonio el traslado a papel de una copia 
electrónica que haya quedado incorporada a una escritura o acta matriz, debiéndose 
reflejar en el libro indicador únicamente la fecha de traslado y la identidad del notario que 
expide la copia autorizada electrónica.
7.  En  cuanto  a  la  finalidad  y  el  destinatario  de  la  copia  expedida  con  firma 
electrónica, dispone el artículo 17 bis, apartado 7, de la Ley del Notariado que «las 
copias electrónicas sólo serán válidas para la concreta finalidad para la que fueron 
solicitadas, lo que deberá hacerse constar expresamente en cada copia indicando dicha 
finalidad»; y el artículo 224.4, párrafo segundo del Reglamento Notarial prescribe que 
«en la expedición de las copias autorizadas electrónicas se hará constar expresamente 
la  finalidad  para  la  que  se  expide,  siendo  sólo  válidas  para  dicha  finalidad,  y  su 
destinatario, debiendo dejarse constancia de estas circunstancias por nota en la matriz». 
Y de estas normas resulta claramente que las limitaciones respecto de la validez de las 
copias electrónicas –y no sólo de su traslado a papel– deriva únicamente de la concreta 
finalidad expresada en su expedición.
En definitiva, lo esencial es que el traslado de la copia electrónica a papel sea 
utilizado de manera congruente con la finalidad para la que se ha expedido aquélla. Y, 
por lo que se refiere al caso del presente recurso, en el documento de traslado a papel 
de la copia resultan claramente el notario remitente y la notaria destinataria, así como la 
finalidad («acompañar la primera copia ratificada»), a los efectos acreditar la ratificación 
también en orden a su presentación en el Registro para la inscripción. e
Esta Dirección General ha acordado estimar el recurso y revocar la calificación  w.
impuCgonnatdraa .esta  resolución  los  legalmente  legitimados  pueden  recurrir  mediante  2020-872n https://w
draedmicaan deal  ainnmteu eebl lJeu zegna deol  pdlea zloo  Cdiev ild does  lma ecsaepsit adl edsed ela  sPur onvointicfiicaa cdieóln ,lu gsiaern ddoo nddee   BOE-A-cable e
aplicación las normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los 
artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria.
Madrid,  4  de  diciembre  de  2019.–El  Director  General  de  los  Registros  y  del 
Notariado, Pedro José Garrido Chamorro.