BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 315 Miércoles 2 de diciembre de 2020 Sec. I.   Pág. 108596
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
15403 Ley 2/2020, de 12 de noviembre, de reforma parcial de la Ley 21/2007, de 18 
de diciembre, de régimen jurídico y económico de los puertos de Andalucía, 
en materia de plazos concesionales.
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
A todos los que la presente vieren, sabed:
Que el Parlamento de Andalucía ha aprobado y yo, en nombre del Rey y por la 
autoridad que me confieren la Constitución y el Estatuto de Autonomía, promulgo y 
ordeno la publicación de la siguiente Ley de reforma parcial de la Ley 21/2007, de 18 de 
diciembre, de régimen jurídico y económico de los puertos de Andalucía, en materia de 
plazos concesionales
La presente modificación de la ley se dicta al amparo del artículo 64.1.5 del Estatuto 
de Autonomía para Andalucía, según el cual corresponde a la comunidad autónoma la 
competencia en puertos de refugio, puertos y aeropuertos deportivos, y, en general, 
puertos, aeropuertos y helipuertos y demás infraestructuras de transporte en el territorio 
de Andalucía que no tengan la calificación legal de interés general del Estado.
Con esta modificación legislativa se pretende regular las concesiones portuarias de 
competencia autonómica.
Con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, 
fueron  otorgadas  por  el  Estado,  en  la  mayoría  de  los  casos,  y  por  la  comunidad 
autónoma, en otros, grandes concesiones, con gran relevancia nacional e internacional, 
que  fueron  construidas  al  amparo  de  concesiones  de  carácter  demanial  para  la 
construcción  y  explotación  de  instalaciones  portuarias,  estableciendo  en  sus  títulos 
plazos que iban de los 50 a los 99 años.
La citada Ley de Costas introdujo cambios muy relevantes en la regulación del 
dominio público marítimo-terrestre, con gran impacto económico y social.
Esta ley surge con la voluntad de dotar de una mayor seguridad jurídica a las 
relaciones jurídicas que se dan en el litoral, la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de 
protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de 
julio, de Costas, y el Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Costas, han introducido cambios relevantes en la 
legislación de Costas, que, entre otras cosas, establece un nuevo régimen para los 
plazos concesionales.
Al  asentarse  las  concesiones  portuarias  de  las  comunidades  autónomas  sobre 
porciones de dominio público marítimo-terrestre, ello crea una situación de inseguridad 
jurídica en cuanto al régimen de plazos que hace necesario clarificar, lo que ha llevado a 
otras  comunidades  autónomas  con  competencia  en  materia  de  puertos  a  regular 
normativamente la materia.
Toda esta situación afecta gravemente a las concesiones portuarias competencia de 
esta comunidad autónoma.
La realidad jurídica, social y económica de los títulos concesionales afectados es de  e.e
una  enorme  complejidad  y  trascendencia,  y  desarrollan  una  importante  actividad  w.b
económica  con  un  gran  número  de  agentes  implicados,  resultando  afectadas  403ww
ceosntrcaetésgioicnoe sp acroan e lu innate rgérsa np úrbelilceov adnec ilaa  Cdoem ourndiedna de Acountóónmoimcoa,  dseo cAianld, atluurcíísati.co e incluso
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además, en su conjunto, gestionan como elementos cedibles a terceros atraques
locales  y,  en  algunas  instalaciones,  apartamentos.  Desde  la  fecha  de  su 
otorgamiento  y  hasta  la  actualidad,  se  han  venido  produciendo  sucesivas 
transmisiones  de  los  referidos  elementos  concesionales  por  todo  el  plazo 
concesional previsto en sus títulos.
A  la  vista  de  los  antecedentes  expuestos,  la  situación  existente  requiere  una 
necesaria modificación de la Ley 21/2007, de 18 de diciembre, de Régimen Jurídico y 
Económico de los Puertos de Andalucía, al objeto de establecer un marco que otorgue 
seguridad  jurídica  a  todas  las  partes  implicadas,  que  incluye  entre  otros  a 
concesionarios,  cesionarios  de  elementos  concesionales,  relaciones  comerciales  y 
laborales.  Asimismo,  debe  insistirse  en  la  trascendencia  social  y  económica  de  la 
regulación normativa, al existir intereses y derechos afectados de gran importancia 
cualitativa y cuantitativa que requieren que se clarifique el régimen de plazos y de 
posibilidades  de  prórrogas  de  los  mismos  de  aplicación  a  dichos  títulos.  Todo  ello 
respetando el vigente marco regulador del dominio público marítimo-terrestre estatal 
sobre el que se asientan nuestros puertos.
Por otra parte, se pretende aprovechar la presente reforma para modificar el 
plazo en las concesiones demaniales, elemento esencial para la gestión del sistema 
portuario  andaluz.  Ello,  dado  que  las  nuevas  necesidades  de  inversión  o  la 
competitividad de las ya otorgadas requieren periodos de amortización más largos, 
que sobrepasan los plazos concesionales de 30 años máximos que la legislación 
vigente autoriza.
Además,  se  ha  producido  una  homogeneización  de  los  máximos  plazos 
concesionales portuarios en las autoridades portuarias estatales de toda España con 
los existentes en los puertos europeos, con el objeto de que el sector portuario 
nacional esté en igualdad de condiciones competitivas en el escenario internacional 
y no sea una debilidad para la captación de inversión privada. Ello lleva, dentro de 
las evidentes diferencias de escala, a estimar oportuno repetir esa homogeneización 
en los puertos autonómicos con respecto a los del Estado y de otras comunidades 
autónomas.
Así, las medidas que, en este sentido, se adoptan en la presente ley van dirigidas, 
básicamente,  al  incremento  del  plazo  de  las  concesiones  demaniales  portuarias, 
elevándolo al límite máximo de 30 o 50 años, y permitir prórrogas extraordinarias a las 
concesiones  de  puertos  deportivos  y  de  instalaciones  en  zonas  portuarias  de  uso 
náutico-deportivo destinadas a la prestación del servicio a las embarcaciones deportivas 
y de ocio, que sean de interés estratégico o relevante para el sistema portuario andaluz o 
para el desarrollo económico del mismo, cuando la concesionaria se comprometa a 
llevar  a  cabo  determinadas  actuaciones  de  inversión  o  aportación  económica  y 
concurran razones de interés público de orden económico, social, turístico o estratégico 
que así lo aconsejen.
Ello lleva aparejada la necesidad de introducir la correspondiente norma de derecho 
transitorio, que posibilite a las concesiones otorgadas con anterioridad a la presente 
modificación acceder a dichas prórrogas, siempre y cuando las mismas cumplan una 
serie de requisitos.
Por dicho motivo, el presente texto normativo tiene un artículo único, en el cual se 
modifica  un  artículo;  se  introducen  tres  nuevas  disposiciones  transitorias  a  la 
Ley 21/2007, de 18 de diciembre, de Régimen Jurídico y Económico de los Puertos de 
Andalucía, y se incorpora una disposición final que establece la inmediata entrada en 
vigor de la presente ley. s
Artículo  único.  Modificación  de  la  Ley  21/2007,  de  18  de  diciembre,  de  Régimen 
Jurídico y Económico de los Puertos de Andalucía.
Primero.
Se modifica el artículo 24, que pasa a tener la siguiente redacción:
«Artículo 24.
1.  La ocupación del dominio público portuario con obras o instalaciones fijas, 
así como cualquier tipo de ocupación por plazo superior a tres años, estará sujeta 
a concesión.
El título de otorgamiento determinará el plazo de la concesión y sus posibles 
prórrogas, sin que el plazo total pueda exceder de 50 años.
Para la fijación del mismo se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
a)  Vinculación del objeto de la concesión a la actividad portuaria.
b)  Disponibilidad de espacio de dominio público portuario.
c)  Volumen de inversión y estudio económico-financiero.
d)  Plazo de ejecución de las obras contenidas en el proyecto.
e)  Adecuación a la planificación y gestión portuarias.
f)  Incremento  de  actividad  que  genere  el  puerto  y  creación  de  empleo 
consecuencia de dicho incremento.
g)  Vida útil de la inversión a realizar por el concesionario.
h)  Compromisos de mejora medioambiental en el puerto y su entorno durante 
la concesión.
2.  El plazo de la concesión será improrrogable, excepto en los siguientes 
supuestos:
A)  Cuando en el título de otorgamiento se haya previsto expresamente o, de 
no haberse previsto, concurra el supuesto establecido en el artículo 27.2 d) de la 
presente ley. En estos casos, a petición de la concesionaria y a juicio de la 
Administración portuaria, podrá ser prorrogada la concesión, sin que la suma de 
los plazos de las prórrogas pueda superar la mitad del plazo inicialmente otorgado, 
y en ningún caso este plazo inicial, unido al de las prórrogas, podrá superar el 
plazo máximo de 50 años.
En los supuestos establecidos en el artículo 27.2 d), tanto la inversión a 
realizar por el solicitante como el procedimiento a seguir se realizarán conforme a 
lo previsto en el apartado siguiente.
B)  Excepcionalmente,  aunque  en  el  título  de  otorgamiento  no  se  haya 
previsto la posibilidad de prórroga, en aquellas concesiones de puertos deportivos 
y de instalaciones en zonas portuarias de uso náutico-deportivo destinadas a la 
prestación del servicio a las embarcaciones deportivas y de ocio, que sean de 
interés  estratégico  o  relevante  para  el  sistema  portuario  andaluz  o  para  el 
desarrollo económico del mismo, cuando la concesionaria se comprometa a llevar 
a  cabo  alguna  de  las  actuaciones  previstas  en  los  apartados  siguientes  y 
concurran  razones  de  interés  público  de  orden  económico,  social,  turístico  o 
estratégico que así lo aconsejen, la Consejería competente en materia de Puertos 
podrá autorizar prórrogas no previstas en los títulos. e
Las referidas actuaciones son: bo
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concesión como, en su caso, en la concesión modificada por ampliación de su
superficie, siempre que formen una unidad de explotación y que, a juicio de la
referida Administración, sea de interés para mejorar la productividad, la eficiencia 
energética o la calidad ambiental de las operaciones portuarias y la prevención de 
daños medioambientales en el entorno portuario, la mejora de la sostenibilidad 
ambiental y la sensibilización para la preservación y mejora del medioambiente o 
suponga  la  introducción  de  nuevas  tecnologías,  como  la  digitalización  de 
infraestructuras o procesos que incrementen su competitividad y que, en todo 
caso, sea superior al 20% del valor actualizado de las instalaciones objeto de 
concesión, se entiende este como el correspondiente al inicialmente previsto en la 
concesión, así como a las inversiones de desarrollo de dicho proyecto inicial 
aprobadas durante la vida de concesión (presupuesto de ejecución material).
B2)  Llevar  a  cabo  una  aportación  económica,  que  no  tendrá  naturaleza 
tributaria, a la financiación de infraestructuras portuarias para la mejora de la 
posición competitiva de los puertos de Andalucía, cuyo importe, en todo caso, sea 
superior al 20% del valor actualizado de las instalaciones objeto de concesión.
B3)  Una combinación de ambos supuestos, siempre que la suma de los 
importes  comprometidos  no  sea  inferior  al  20%  del  valor  actualizado  de  las 
instalaciones objeto de concesión.
Los  compromisos  descritos  en  los  apartados  anteriores  deberán  estar 
íntegramente ejecutados en el plazo de los cuatro primeros años, a contar desde 
la resolución de prórroga.
En el supuesto de que la entidad concesionaria sea un club náutico u otra 
entidad deportiva sin fines lucrativos, dichos compromisos deberán ejecutarse en 
el plazo de los seis primeros años, a contar desde la resolución de prórroga.
La  prórroga  establecida  en  el  apartado  B  se  regulará  conforme  al 
procedimiento previsto en los apartados 5 y 6 del artículo 25 de la presente ley, 
con las especialidades establecidas en los apartados 3, 4 y 5 del presente artículo.
3.  Las concesionarias deberán presentar una solicitud en la que indicarán la 
concesión respecto de la que solicita la prórroga, el plazo por el que la solicita y la 
inversión o aportación económica que se propone. Dicha solicitud será resuelta 
por la Consejería competente en materia de Puertos, previo informe de la Agencia 
Pública de Puertos de Andalucía.
A la referida solicitud habrán de adjuntar la siguiente documentación:
a)  Documento técnico que describa las características de las obras o debida 
referencia al mismo, en caso de que este obrase en la Agencia, así como la 
documentación  o  estudios  necesarios  para  la  obtención  del  instrumento  de 
prevención y control ambiental a que se encuentre sometido.
b)  Estudio económico-financiero de viabilidad de la concesión, que justifique 
la necesidad de la prórroga y los nuevos compromisos que se pretenden cumplir, 
entre los que figurarán la previsión de la creación de empleo y la metodología 
utilizada para dicha estimación.
c)  Documentación acreditativa de las inversiones tanto inicialmente previstas 
en la concesión como de desarrollo del proyecto inicial, ejecutadas y aprobadas 
por la Administración competente.
d)  Cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil o 
registro oficial en que el empresario deba estar inscrito y auditadas por firma 
auditora externa, de los tres últimos ejercicios.
e)  Dictamen emitido por una auditoría técnica externa e independiente, que  e
verifique el cumplimiento de sus obligaciones de mantenimiento de las obras e  bo
instalaciones de la infraestructura necesaria para la prestación de los servicios  403ww
cpoomrtueatirdiooss , qlau Ae geconncisat itdueyseignn aerlá  sao lpao ertnet idmada teenricaal rgdaed ala d ec orenacleizsaiór ne.l  dPicatraam eens tdoes 
epnatrráem elatsro sc ifnijcaod ops rpoopru leas Atagse npcoiar .la  concesionaria,  a  su  costa,  en  base  a  los
f)  Propuesta de Reglamento de Explotación y Tarifas Máximas, actualizado 
de conformidad con las prescripciones establecidas por la Agencia Pública de 
Puertos de Andalucía, vigentes al tiempo de presentarse la solicitud.
g)  Certificados de encontrarse al corriente de las obligaciones tributarias con 
el Estado y la Comunidad Autónoma de Andalucía y de las obligaciones con la 
Seguridad Social.
h)  Declaración responsable de no estar incurso en incapacidad o prohibición 
para contratar.
La solicitud deberá presentarse, en todo caso, con anterioridad al inicio del 
penúltimo año del plazo de concesión, siendo requisito indispensable para su 
tramitación que el interesado se encuentre al corriente del cumplimiento de las 
obligaciones concesionales establecidas en la presente ley y las que resulten del 
título otorgado.
4.  El informe al que se refiere el presente artículo se emitirá teniendo en cuenta:
a)  Si las concesiones son de interés estratégico o relevante para el sistema 
portuario andaluz o para el desarrollo económico del mismo y concurren razones 
de  interés  público  de  orden  económico,  social,  turístico  o  estratégico  que 
aconsejen su prórroga.
b)  Si, durante la vida de la concesión, el titular de la misma ha cumplido las 
prescripciones previstas en el título de otorgamiento, no habiendo sido sancionado 
por infracción grave.
c)  Si la inversión propuesta o aportación económica tiene las características 
detalladas en el apartado B) del presente artículo.
d)  El volumen de inversión y/o aportación económica comprometida y el 
plazo en el que se comprometen a realizarlos.
e)  La vida útil de la inversión.
f)  La memoria económico-financiera de la concesión en el momento de su 
otorgamiento y en el momento de la solicitud de prórroga de plazo.
5.  La  prórroga  de  la  concesión  determinará  la  modificación  de  las 
condiciones de la misma, que deberán ser aceptadas por la concesionaria con 
anterioridad a la resolución de otorgamiento.
En estos supuestos, la prórroga no podrá ser superior al plazo inicialmente 
previsto  en  su  título  de  otorgamiento  y,  en  ningún  caso,  el  plazo  total  del 
otorgamiento unido al de la prórroga podrá superar el plazo máximo de 50 años, y 
excepcionalmente para las estratégicas o relevantes podrá llegar hasta los 75 
años. Asimismo, se requerirá que haya transcurrido al menos una tercera parte del 
plazo de la concesión inicial.
En  las  concesiones  prorrogadas  por  el  plazo  máximo  de  75  años,  el 
correspondiente instrumento de prevención y control ambiental deberá contener 
una  evaluación  bianual  del  cumplimiento  de  las  indicaciones  y  medidas 
protectoras y correctoras en él contenidas. De dicha evaluación deberá trasladarse 
copia a la Agencia Pública de Puertos de Andalucía y al ayuntamiento en cuyo 
término municipal se asiente la instalación portuaria.
La prórroga de la concesión determinará la aprobación del Reglamento de 
Explotación y Tarifas Máximas, actualizado de conformidad con las prescripciones 
establecidas por la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, vigentes al tiempo  s
de presentarse la solicitud. oe.
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La prórroga del plazo de la concesión no será tenida en cuenta a efectos de la 
valoración del rescate, de la revisión de la concesión o de la indemnización por 
cualquier causa a la concesionaria.»
Segundo.
Se introducen las siguientes disposiciones transitorias.
«Disposición transitoria séptima.  Plazo máximo de las concesiones vigentes a la 
entrada en vigor de esta ley que fueron otorgadas con anterioridad a la entrada 
en vigor de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la 
Marina Mercante.
Se considera en todo caso incompatible con los criterios de ocupación del 
dominio  público  portuario  establecidos  en  esta  ley  el  mantenimiento  de 
concesiones  otorgadas  por  plazo  superior  al  máximo  plazo  inicial  de  las 
concesiones portuarias del Estado previsto en el artículo 24.1 de la presente 
norma, a contar desde la entrada en vigor de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, 
de  Puertos  del  Estado  y  de  la  Marina  Mercante.  En  todos  estos  casos,  las 
concesiones  vigentes  a  la  entrada  en  vigor  de  la  presente  disposición  se 
entenderán otorgadas por el plazo previsto en su título, sin que en ningún caso 
pueda exceder del plazo inicial de las concesiones portuarias del Estado previsto 
en el artículo 24.1 de la presente norma, que se contará desde la entrada en vigor 
de la referida Ley 27/1992, sin que quepa ampliación de la concesión, salvo en los 
casos contemplados en la disposición transitoria octava de la presente ley.
Disposición transitoria octava.  Ampliación, hasta su período inicial del plazo de 
las concesiones vigentes que fueron otorgadas con anterioridad a la entrada 
en vigor de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la 
Marina Mercante, y cuyo plazo máximo se ha reducido por aplicación de lo 
previsto en la disposición transitoria séptima.
1.  Excepcionalmente,  y  cuando  concurran  razones  de  interés  público  de 
orden económico, social, turístico o estratégico que así lo aconsejen, el plazo 
inicial de las concesiones vigentes que sean de interés estratégico o relevante 
para el sistema portuario andaluz o para el desarrollo económico del mismo, que 
fueron otorgadas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 27/1992, de 24 
de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, y a las que la 
aplicación  de  lo  previsto  en  la  disposición  transitoria  anterior  suponga  una 
extinción anticipada del título concesional, podrá ser ampliado hasta 50 años más 
como máximo, siempre que la concesionaria se comprometa a la realización de 
inversiones relevantes, para el puerto o sistema portuario andaluz, que supongan 
una mejora de la eficacia global y de la competitividad de la actividad desarrollada, 
tanto  en  la  concesión  como,  en  su  caso,  en  la  concesión  modificada  por 
ampliación de su superficie, siempre que formen una unidad de explotación.
Dicha ampliación se otorgará, a petición del titular y previo informe de la 
Agencia  Pública  de  Puertos  de  Andalucía,  por  la  Consejería  competente  en 
materia de Puertos, de conformidad con lo previsto en la presente disposición.
El otorgamiento de la ampliación tendrá carácter reglado, siempre que la  s
entidad  concesionaria  se  encuentre  al  corriente  del  cumplimiento  de  las  oe.
obligaciones concesionales establecidas en la presente ley y las que resulten del  w.
título otorgado. 403ww
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a)  No estar previstas en el título constitutivo original.
b)  No haber sido computadas a efectos de prórrogas previamente adoptadas.
c)  Mejorar alguno de los siguientes aspectos: la productividad; la eficiencia 
energética; la calidad ambiental, la mejora de la sostenibilidad ambiental y la 
sensibilización para la preservación y mejora del medio ambiente; las operaciones 
portuarias; la introducción de nuevas tecnologías, como la digitalización de las 
infraestructuras;  los  nuevos  procesos  que  incrementen  la  competitividad,  y  la 
responsabilidad social corporativa y mejora social y de la población.
La inversión mínima que la concesionaria deberá efectuar será del 0,50% del 
valor actualizado de las instalaciones objeto de concesión, se entiende éste como 
el  correspondiente  al  inicialmente  previsto  en  la  concesión,  así  como  a  las 
inversiones de desarrollo de dicho proyecto inicial aprobadas durante la vida de la 
concesión (presupuesto de ejecución material) en el momento de efectuar la 
solicitud, por cada año de ampliación solicitado, con una inversión mínima que se 
sitúe en el 20% para las estratégicas y máximo del 5% para el resto del referido 
valor de las instalaciones, según las características de la empresa concesionaria, 
debiendo estar ejecutada como máximo en un plazo equivalente a la mitad de la 
ampliación.
3.  Las titulares de las concesiones deberán presentar una solicitud en la que 
indicarán la concesión respecto de la que solicita la ampliación, el plazo por el que 
la solicita y la inversión que se propone para su calificación como relevante a 
efectos de la ampliación.
A la referida solicitud habrán de adjuntar la siguiente documentación:
a)  Memoria descriptiva de las circunstancias excepcionales que motivan la 
ampliación.
b)  Documento técnico que describa las características de las inversiones o 
debida referencia al mismo, en caso de que éste obrase en la Agencia.
c)  Estudio económico-financiero que justifique la viabilidad de la concesión 
con los nuevos compromisos que se pretenden cumplir y la ampliación solicitada.
d)  Documentación acreditativa de las inversiones, tanto inicialmente previstas 
en la concesión como de desarrollo del proyecto inicial, ejecutadas y aprobadas 
por la Administración competente.
e)  Cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil o 
registro oficial en que el empresario deba estar inscrito y auditadas por firma 
auditora externa, de los tres últimos ejercicios.
f)  Dictamen emitido por una auditoría técnica externa e independiente, que 
verifique el cumplimiento de sus obligaciones de mantenimiento de las obras e 
instalaciones de la infraestructura necesaria para la prestación de los servicios 
portuarios  que  constituyen  el  soporte  material  de  la  concesión.  Para  estos 
cometidos, la Agencia designará a la entidad encargada de realizar el dictamen de 
entre las cinco propuestas presentadas por la concesionaria, a su costa, en base a 
los parámetros fijados por la Agencia.
g)  Propuesta de Reglamento de Explotación y Tarifas Máximas, actualizado 
de conformidad con las prescripciones establecidas por la Agencia Pública de 
Puertos de Andalucía, vigentes al tiempo de presentarse la solicitud.
h)  Certificados de encontrarse al corriente de las obligaciones tributarias con 
el Estado y la Comunidad Autónoma de Andalucía y de las obligaciones con la 
Seguridad Social.
i)  Declaración responsable de no estar incurso en incapacidad o prohibición  e
para contratar. bo
dinedsisdLpeae  snolsalai cbietleun dtpr daaedra aa  smuep ntlir aacmvióigitnao crd ieóbdnee qr áu lepa r eelsp eirnentsetaerrenssteea  deond  iesslep p oelsanizccoiuó ednne, t rdeso iesa nla dcñooo rsr ireaen qctuoein sdtiateorl    2020-15403n https://ww
cumplimiento de las obligaciones concesionales establecidas en la presente ley y
las que resulten del título otorgado.
En  lo  no  previsto  en  la  presente  disposición  transitoria  en  cuanto  al 
procedimiento, resultará de aplicación lo dispuesto en el artículo 24 de la presente 
norma.
4.  Tramitado el procedimiento, la Agencia Pública de Puertos de Andalucía 
emitirá informe, y la Consejería competente en materia de Puertos resolverá, 
teniendo en cuenta:
a)  El tiempo restante de vigencia de la concesión inicial.
b)  El volumen de inversión realizada durante la vigencia de la concesión y 
autorizada por la Administración portuaria, en su caso.
c)  El volumen de inversión nueva comprometida.
d)  La vida útil de la inversión, tanto realizada como nueva.
e)  La memoria económico-financiera de la concesión en el momento de su 
otorgamiento, si obrara, y en el momento de la solicitud de ampliación de plazo.
La ampliación se podrá otorgar por un plazo que no podrá superar las dos 
quintas partes del plazo previsto en el título original.
Asimismo, la ampliación de la concesión determinará la modificación de las 
condiciones de la misma, que deberán ser aceptadas por el concesionario con 
anterioridad a la resolución de otorgamiento de la ampliación y la aprobación del 
Reglamento de Explotación y Tarifas Máximas actualizado de conformidad con las 
prescripciones  establecidas  por  la  Agencia  Pública  de  Puertos  de  Andalucía, 
vigentes al tiempo de presentarse la solicitud.
Si la modificación de las condiciones implicara un aumento elevado de las 
tasas de ocupación privativa y aprovechamiento especial del título, sin que haya 
cambiado la superficie, éste será aplicado de forma escalonada lineal.
La concesionaria deberá comprometerse a respetar los derechos de uso que 
ostenten terceras personas sobre elementos integrantes de la concesión por el 
plazo original por el que fueron constituidos o cedidos.
Disposición transitoria novena.  Régimen de prórrogas de las concesiones que 
fueron  otorgadas  con  anterioridad  a  la  entrada  en  vigor  de  la  presente 
disposición.
1.  A las concesiones vigentes a la entrada en vigor de la presente disposición 
les será de aplicación el régimen de prórrogas previsto en el artículo 24, siempre 
que cumplan los requisitos establecidos en el mismo, a excepción de la limitación 
del plazo objeto de la prórroga, el cual podrá llegar al plazo inicialmente previsto 
en el título de otorgamiento.
La  presente  prórroga  será  compatible  con  la  ampliación  prevista  en  la 
disposición anterior.
2.  Asimismo, el régimen de prórrogas previsto en el artículo 24.2B) de la 
presente ley también resultará de aplicación a aquellas concesiones de puertos 
deportivos  y  de  instalaciones  en  zonas  portuarias  de  uso  náutico-deportivo 
destinadas a la prestación del servicio a las embarcaciones deportivas y de ocio 
que se encuentren en la situación prevista en los artículos 63.6 y 64.6 de la 
presente  ley  con  título  vigente  el  1  de  enero  de  2018,  que  sean  de  interés 
estratégico o relevante para el sistema portuario andaluz o para el desarrollo 
económico  del  mismo,  cuando  las  concesionarias  sean  administraciones  o  s
entidades sin ánimo de lucro y concurran razones de interés público de orden  oe.
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entrada en vigor de la presente disposición, siempre que sean aprobadas por la
Administración portuaria a tales efectos y se ajusten a los parámetros establecidos 
en el referido apartado B1).
Su cómputo se llevará a cabo mediante la actualización de los importes de la 
inversión en el momento de otorgarse la prórroga.»
Disposición final única.  Entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía».
Sevilla, 12 de noviembre de 2020.–El Presidente de la Junta de Andalucía, Juan 
Manuel Moreno Bonilla.
(Publicada en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» Extraordinario número 80, de 19 de noviembre 
de 2020)