BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 77 Miércoles 31 de marzo de 2021 Sec. TC.   Pág. 37357
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
5124 Sala Segunda. Sentencia 42/2021, de 3 de marzo de 2021. Recurso de 
amparo 1575-2019. Promovido por la Universidad Católica de Valencia San 
Vicente Mártir respecto de la Resolución de 26 de junio de 2016 de la 
Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, de la Generalitat 
Valenciana, por la que se convocan becas para la realización de estudios 
universitarios durante el curso académico 2015-2016 en las Universidades de 
la Comunitat Valenciana. Vulneración del derecho a la igualdad en relación 
con el derecho a la creación de centros docentes: nulidad de los preceptos 
reglamentarios que limitan el disfrute de becas a los alumnos matriculados en 
universidades públicas integrantes del sistema universitario valenciano (STC 
191/2020) y de las resoluciones judiciales que afirmaron su legalidad. Voto 
particular.
ECLI:ES:TC:2021:42
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por la magistrada doña 
Encarnación Roca Trías, presidenta, y los magistrados don Juan Antonio Xiol Ríos, don 
Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez y don Ricardo 
Enríquez Sancho, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA  
En el recurso de amparo núm. 1575-2019, promovido por la Universidad Católica de 
Valencia San Vicente Mártir, contra los siguientes actos de los poderes públicos: (i)  la 
Resolución de 26 de junio de 2016 de la Consellería de Educación, Investigación, 
Cultura y Deporte, de la Generalitat Valenciana, por la que se convocan becas para la 
realización de estudios universitarios durante el curso académico 2015-2016 en las 
Universidades de la Comunitat Valenciana; (ii)  la sentencia de la Sección Quinta de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
Valenciana,  de  15  de  noviembre  de  2017,  que  desestimó  el  recurso  contencioso-
administrativo interpuesto contra la anterior resolución; (iii)  la providencia de la Sección 
Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, de 19 de julio 
de 2018, que inadmitió a trámite el recurso de casación promovido contra la sentencia 
que acaba de citarse, y (iv)  la providencia de la misma Sección Primera, Sala Tercera 
del Tribunal Supremo, de 7 de febrero de 2019, que inadmitió el incidente de nulidad 
interpuesto contra la anterior providencia. Ha actuado la abogada de la Generalitat 
Valenciana con la representación que legalmente ostenta e intervenido el Ministerio 
Fiscal. Ha sido ponente el magistrado don Ricardo Enríquez Sancho.
I. Antecedentes w.b
mar1zo.  dMe e2d0i1a9n,t ela  epsrcorcituor apdroersae dneta ldoos  terinb uenl arleesg idstorñoa g Aennae rLaál zdaero  eGstoeg otrrizbau,n aacl tueal n1d2o  edne 
lnao mdebfreen ys are pdreels elenttraacdioó n ddoen  laG Uonnizvaelros idFaedrn Cáantdóelizc ad dee  AVraélevnacloia,  Sinatenr pVuicseon tdee Mmáarntidr,a b adjoe 
amparo contra las resoluciones arriba mencionadas.
2.  Los hechos con relevancia para la resolución del presente recurso de amparo y a 
los que se refiere la demanda presentada, son los siguientes:
a)  Con fecha 14 de junio de 2016 se publicó en el «Diario Oficial de la Comunidad 
Valenciana» (DOCV) núm. 7805, la Orden 21/2016, de 10 de junio, de la Consellería de 
Educación, Investigación, Cultura y Deporte, de la Generalitat Valenciana, «por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de las becas para la realización de 
estudios universitarios en las universidades de la Comunitat Valenciana». En lo que 
importa a este proceso, el art. 2, apartado 1 de dicha Orden señalaba:
«1.  Podrá solicitarse la beca para la realización de estudios universitarios por el 
alumnado matriculado, durante el curso académico 2015-2016, en las universidades 
públicas que integran el sistema universitario valenciano, así como sus centros públicos 
adscritos, en cualquiera de las enseñanzas siguientes […]».
Asimismo, el apartado 3 del mismo art. 2 de la orden preceptuaba:
«3.  El alumnado matriculado en universidades privadas y centros privados adscritos 
a  universidades  públicas  podrá  solicitar  beca  únicamente  para  las  siguientes 
enseñanzas:
– Graduado/a en Veterinaria.
– Licenciado/a en Veterinaria».
b)  En aplicación de lo dispuesto en dicha orden, con fecha 26 de junio de 2016 la 
Consellería  de  Educación,  Investigación,  Cultura  y  Deporte  de  la  Generalitat 
Valenciana dictó una resolución «por la que se convocan becas para la realización de 
estudios universitarios durante el año académico 2015-2016 en las universidades de 
la Comunidad Valenciana». Un extracto de dicha resolución se publicó en el DOCV 
núm. 7817 del 29 de junio de 2016, y el texto completo aparece en la base de datos 
nacional  de  subvenciones  del  sistema  nacional  de  publicidad  de  subvenciones  y 
ayudas públicas del Ministerio de Hacienda, con el código 310016. Puede consultarse 
en las páginas web:
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatorias
En lo que importa a este proceso, el apartado segundo, números 1 y 3 de dicha 
resolución, señalan:
«Apartado segundo.  Beneficiarios y estudios comprendidos
1.  Podrá solicitarse la beca para la realización de estudios universitarios por el 
alumnado matriculado, durante el curso académico 2015-2016, en las universidades 
públicas que integran el sistema universitario valenciano, así como sus centros públicos 
adscritos.
[…]
3.  El alumnado matriculado en universidades privadas y centros privados adscritos 
a  universidades  públicas  podrá  solicitar  beca  únicamente  para  las  siguientes 
enseñanzas:
– Graduado/a en Veterinaria. e.
– Licenciado/a en Veterinaria». w.
comEos atep atretxatdoo ss ep rcimorerreos,p 1o ny d2e,  rceosnp eeclt ivqaume eanptaer, edceel  epxutrbalicctaod doe  elan  reels oDluOcCióVn  cniútamd.a .7817
c)  Contra la resolución de 26 de junio de 2016, la representación procesal de la
universidad  recurrente  interpuso  recurso  contencioso-administrativo  por  la  vía  del
procedimiento para la tutela de los derechos fundamentales de los arts. 114 a 122 de la 
Ley  reguladora  de  la  jurisdicción  contencioso-administrativa  (LJCA),  alegando  la 
vulneración de los derechos fundamentales: (i)  a la libertad de creación de centros del 
art. 27.6 CE, en cuanto este se restringe si a los alumnos que quieren estudiar en su 
centro se les niega el derecho a una beca, por el solo hecho de querer hacerlo en una 
universidad privada; (ii)  a la libertad religiosa del art. 16 CE, al afectar a una comunidad 
universitaria  organizada  de  acuerdo  al  ideario  católico,  limitando  la  posibilidad  de 
integrarse en ella a los alumnos que necesitan una beca, y (iii)  a la igualdad ante la ley 
(art. 14 CE), al establecer la resolución citada una diferencia no justificada entre las 
universidades públicas y las privadas en materia de becas para el alumnado.
El  asunto  recayó  en  el  conocimiento  de  la  Sección  Quinta  de  la  Sala  de  lo 
Contencioso-Administrativo  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  la  Comunidad 
Valenciana  (recurso  494-2016),  la  cual,  una  vez  tramitado  el  proceso,  dictó 
sentencia 1.033/2017, de 15 de noviembre de 2017, desestimando el recurso interpuesto 
y  confirmando  el  acto  administrativo  impugnado,  al  apreciar  en  el  fundamento  de 
Derecho segundo la falta de legitimación activa de la entidad recurrente para promover la 
acción ejercitada. A tal efecto, se advierte que el objeto del presente litigio ya ha sido 
resuelto por la misma Sala y Sección al resolver el recurso presentado por la recurrente 
contra la Orden 21/1016 «que sustenta el acuerdo de convocatoria de becas de 26 de 
junio 2016», concretamente en la sentencia núm. 561/2017 de 31 de mayo de 2017, 
procedimiento 455-2016, donde declaró justamente la falta de legitimación activa de la 
universidad recurrente. Luego de reproducir algunos pasajes del fundamento de Derecho 
quinto de esta última, la Sección aplica estos criterios a la pretensión aquí deducida, 
diciendo que:
«La Sala ha establecido ya que esta corporación no dispone del carácter de titular de 
un derecho legítimo afectado por la regulación que introduce la Orden 21/2016, de 10 de 
junio, de la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, que fija las bases 
reguladoras para la concesión de las becas para la realización de estudios universitarios:
«[…] el trato diferenciado –en su caso– viene referido a ‘el alumnado matriculado [...] 
en  las  universidades  públicas  [...]  así  como  sus  centros  públicos  adscritos  [...]’  –
párrafo 1– y ‘los alumnos y alumnas matriculados en universidades privadas y centros 
privados adscritos a universidades públicas [...]’ –párrafo 3– porque no se trata de 
cantidades que la administración facilite a los centros universitarios públicos o privados, 
sino que se trata de cantidades que la administración proporciona a los propios alumnos 
y ya dijimos en el trámite de admisión del presente recurso, auto de 7 de septiembre 
de 2016, que la universidad carece de la facultad de representación de sus alumnos ya 
que  el  objeto  debatido  es  un  derecho  que  se  ostenta  con  carácter  personal  y, 
dependiendo del tipo de beca de que se trate, por una serie de circunstancias que deben 
concurrir en el solicitante también de forma personal, no por el mero hecho de ser 
alumno universitario, siendo este el requisito que constituye –exclusivamente– el punto 
de partida o la determinación subjetiva general del destinatario de aquellas, nunca del 
beneficiario concreto por el mero hecho de serlo».
«[…] No hay en los preceptos que se consideran infractores del principio de igualdad 
contenido alguno de un derecho que reconocido a la universidad pública, como centro, 
no le sea reconocido a la universidad privada con esta misma consideración ya que la 
única  mención  que  los  mismos  hacen  de  una  y  de  otra  es  con  referencia  a  la 
procedencia del alumnado solicitante de las respectivas becas». e
«[…] Es decir, la propia demanda, en cuanto concreta sus motivos de impugnación,  bo
no deja de referirse a derechos que no le corresponden como tal centro universitario,  24ww
irrogLáansd opseers loan raesp raefseecntatadcaiósn,  enno  ysau  dceals aol,u menn asduo ,d seinreoc dheo  cdaed aig uunaold daed  lodse  atrluamton soosn» .los
estudiantes de la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir.
La  Sala  también  detalla,  con  suficiente  precisión,  que  no  puede  analizar  las 
infracciones vinculadas con los derechos de libertad religiosa y educación al existir un 
auto de inadmisión (parcial) de la Sala, dictado en el proceso 455-2016, que impide 
examinar,  en  el  seno  de  la  sentencia  que  pone  punto  final  a  dicho  proceso  de 
declaración, tales cuestiones:
«[…] Por otra parte, como afirma la propia demanda, quedan fuera del presente 
procedimiento  las  cuestiones  de  legalidad  ordinaria,  objeto  de  otro  procedimiento 
seguido ante esta misma Sala y también las denuncias relativas a los derechos a la 
educación y a recibir formación católica en un centro de enseñanza universitario, en 
virtud de lo dispuesto en el auto de 7 de septiembre pasado».
Esa consecuencia de inadmisión declarada por el auto de 9 de septiembre de 2016, 
recurso 455-2016, vincula también al tribunal en el marco de la decisión que adopte en el 
actual proceso 494-2016, seguido también bajo el trámite especial de los de tutela de los 
derechos fundamentales y libertades públicas:
«Así, de los tres derechos constitucionales invocados, igualdad, educación y libertad 
religiosa,  vemos  que  el  último,  ni  siquiera  a  nivel  indiciario  puede  estimarse 
comprometido  puesto  que  siendo  cierto  que  el  carácter  privado  de  la  demandante 
supone  que  sus  estudiantes  no  pueden  acceder  a  las  medidas  de  la  resolución 
impugnada, en ningún momento el carácter de católica guarda relación alguna con dicha 
negativa, por lo que su invocación carece de la forma más absoluta de fundamento 
alguno siquiera debatible.
En cuanto al derecho a la educación, su planteamiento en los términos en que lo ha 
hecho nos lleva a considerar que, efectivamente, carece de legitimación activa ya que 
por  el  hecho  de  la  intervención  activa  del  alumnado  en  el  funcionamiento  de  la 
universidad, ha deducido una representatividad de los derechos de aquel, entendido en 
su sentido amplio y genérico, cuando –por definición– la vulneración de este derecho a 
través del acto impugnado supone siempre la aplicación directa respecto a un individuo 
concreto, representatividad que ni ostenta en la forma que pretende ni tampoco implica 
la  titularidad  de  un  derecho  fundamental  en  cuya  defensa  litigar  en  el  presente 
procedimiento.
Tampoco puede, válidamente, actuar en nombre de la Iglesia católica en defensa de 
sus derechos fundamentales puesto que el carácter católico del centro no le otorga, por 
sí mismo, la representatividad de tal institución.
Por último, el derecho a la igualdad ha sido invocado en un doble sentido, como 
representante  de  los  alumnos  –a  lo  que  sería  de  aplicación  cuanto  acabamos  de 
exponer–  y  también  en  su  condición  de  centro,  en  la  medida  en  que  estima 
comprometido su derecho en los mismos términos que la universidad pública y es en 
este aspecto y solo en este, en el que el presente procedimiento debe continuar habida 
cuenta de que se trata de un derecho fundamental y en este caso sí, es la demandante 
la titular del mismo, porque cualquier otro análisis que vaya más allá de estas dos 
consideraciones supone ya entrar en materia propia del fondo del asunto, vetado en este 
trámite incidental» (auto de 9 septiembre 2016)».
Finalmente,  la  Sección  rechazó  los  óbices  de  inadmisibilidad  del  recurso  por 
inadecuación del procedimiento y por litispendencia, planteados por la administración 
demandada y por otras universidades personadas como codemandadas.
d)  Contra la sentencia de instancia la representación procesal de la recurrente  s
presentó un escrito de preparación de recurso de casación, alegando la vulneración de  oe.
los arts. 14, 27 y 16 CE. La Sección Quinta competente dictó auto el 23 de febrero  w.
pdreeemr si2so0inó1an7c  dióetne l naaisen natedc otlu aa pcSoioar nlape rsde.ep alora dCoo ndteicnhcoio sroe-cAudrsmoi nyis treamtivpola zdaenl dTor ibau nlaals S  upparretems o,a  cosun   2021-5124n https://ww
e)  Con fecha 19 de julio de 2018, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo  del  Tribunal  Supremo  dictó  providencia  (recurso  núm.  1984-2018) 
inadmitiendo a trámite el recurso, razonando esta decisión:
«[E]n aplicación de lo dispuesto en el artículo 90.4 b) de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa (LJCA), por cuanto en el 
escrito  de  preparación  no  se  ha  fundamentado  de  forma  suficiente,  con  singular 
referencia al caso, que concurran alguno o algunos de los supuestos que permiten 
apreciar el interés casacional objetivo y la conveniencia de un pronunciamiento de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, incumpliéndose, de este 
modo, las exigencias que el artículo 89.2 f) de la citada ley impone para dicho escrito».
f)  Contra la providencia recién citada, la representación procesal de la recurrente 
formalizó incidente de nulidad alegando que dicha resolución era errónea, ilógica e 
irrazonable, conculcando su derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) al impedir 
que el Tribunal Supremo entrara a conocer del fondo de su recurso de casación en el 
que  se  alegaban  las  lesiones  «a  los  derechos  fundamentales  reconocidos  en  los 
artículos  14,  27  y  16  de  la  Constitución  española,  alegadas  por  esta  parte  en  el 
correspondiente recurso».
g)  Con  fecha  7  de  febrero  de  2019,  la  Sección  Primera  de  la  Sala  de  lo 
Contencioso-Administrativo  del  Tribunal  Supremo  dictó  providencia  inadmitiendo  a 
trámite el incidente de nulidad promovido contra la anterior resolución de 19 de julio 
de 2018. En tal sentido razonó:
«La providencia mencionada se ajusta íntegramente a las exigencias previstas en el 
artículo 90.4 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-
administrativa  (LJCA),  que  recoge,  como  única  indicación  de  las  providencias  de 
inadmisión, la concurrencia en el caso de alguna de las circunstancias que prevé, si bien 
la propia norma determina que la motivación sea sucinta ‘Las providencias de inadmisión 
únicamente indicarán [...]’.
Así, la providencia inadmite el recurso de casación con fundamento en una causa 
legalmente prevista, aplicada razonadamente, sin que el recurrente acredite que esa 
motivación resulte irrazonable, arbitraria, carente de justificación o sea resultado de un 
error patente y, por ello, vulneradora del artículo 24 de la Constitución. De hecho, el 
escrito en el que se promueve el incidente de nulidad de actuaciones, realmente no 
contiene un razonamiento adecuado en relación a la causa por la que se inadmite tener 
por  preparado  el  recurso  de  casación  planteado,  ya  que  nada  dice  sobre  el 
incumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  89.2  f)  LJCA,  en  aplicación  del 
artículo 90.4 b) LJCA, que es la causa de inadmisión que se le aplica.
La afirmación del recurrente de que ante dos recursos similares se ha resuelto de 
manera dispar, no puede conllevar una estimación de sus pretensiones, en la medida de 
que el escrito de preparación puede adolecer de varios defectos formales sin perjuicio de 
que la resolución de inadmisión solo constate alguno de ellos, causa de inadmisión que 
es la que ha de combatirse a través de los cauces procesales adecuados, como así 
sucedió en el recurso de casación núm. 5930-2017 respecto del que se planteó incidente 
de nulidad de actuaciones, que fue inadmitido a trámite por providencia de esta Sección 
de 20 de julio de 2018.
Por último, se ha recordar que la conclusión alcanzada en la providencia no supone 
merma alguna del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, pues según ha  s
declarado el Tribunal Constitucional, el derecho a la tutela judicial efectiva es ‘un derecho  oe.
prestacional de configuración legal’ cuyo ejercicio y prestación ‘están supeditados a la  w.
lceogniscElual rdrineocnr’ic.diean dtee  dloes  npurleidsaudp udees toasc tuya rceioqnueissit oess  quune ,r eemn ecdaiod ae xccaespoc, iohnaayal  qeuseta bnloe cpiduoe deel   2021-5124n https://ww
fundarse  válidamente  en  la  mera  discrepancia  con  la  resolución  cuya  nulidad  se
pretende como si se tratase de una nueva instancia ni un nuevo recurso ordinario o
extraordinario (por todos, auto de 25 de febrero de 2015, recurso núm. 4461-2012). Y en 
el presente caso las alegaciones formuladas por el recurrente constituyen una mera 
discrepancia con el sustento jurídico de la providencia a que se impugna, sin que 
proceda volver a examinar ahora, por la vía del incidente de nulidad de actuaciones que 
se pretende, las mismas cuestiones que ya fueron examinadas y resueltas en la referida 
providencia.
No se cumplen, por tanto, los requisitos establecidos en el art. 241.1 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial para la admisión del incidente de nulidad de actuaciones. 
Contra la presente providencia no cabe recurso alguno».
h)  Notificada esta última providencia, se interpuso el presente recurso de amparo.
3.  La  demanda  de  amparo  articula  su  pretensión  denunciando  tres  quejas 
esenciales:
a)  La primera de ellas plantea la vulneración conjunta, por la resolución de 26 de 
junio de 2016 de la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y deporte, de la 
Generalitat  Valenciana,  de  los  derechos  fundamentales  del  art.  27  (derecho  a  la 
educación)  en  relación  con  el  art.  14  (derecho  a  la  igualdad  ante  la  ley)  de  la 
Constitución (CE); y la vulneración en segundo lugar del art. 16 CE (derecho a la libertad 
ideológica y religiosa). Se argumenta que dicha resolución excluye al alumnado de las 
universidades privadas del derecho a recibir una beca para la realización de estudios 
(excepto para veterinaria, donde no hay discriminación), a pesar de que tales centros 
están integrados dentro del sistema universitario valenciano. Se establece así, prosigue 
la demanda, una diferencia arbitraria entre las universidades públicas y las privadas, sin 
motivación alguna ni razón objetiva y razonada que lo justifique, ni proporcionalidad entre 
el supuesto de hecho y la finalidad que se persigue. Las razones de esa diferencia son 
«puramente  ideológicas  […],  lesionando  también  con  ello  el  principio  de  confianza 
legítima de esta universidad y de los más de 13 000 alumnos matriculados en ella, a 
mitad de sus estudios». Ese «inmotivado cambio lesiona además los compromisos 
libremente asumidos por el Estado sobre un trato no discriminatorio a las universidades 
de identidad católica», con cita del art. X del Acuerdo entre el Estado español y la Santa 
Sede sobre enseñanza y asuntos culturales, de 3 de enero de 1979.
Añade la demanda que la desigualdad entre universidades públicas y privadas que 
plasma  la  mencionada  resolución  de  26  de  junio  de  2016  de  la  Consellería  de 
Educación, Investigación, Cultura y Deporte, no está contemplada en la Ley Orgánica de 
universidades, al contrario, el art. 45.4 de esta equipara ambos tipos de universidades en 
materia de becas, y tal desigualdad conculca también el derecho de la Unión Europea. 
La obtención de una beca puede hacerse depender de criterios objetivos «como el 
rendimiento académico o la renta personal o familiar, pero no de criterios arbitrarios, 
como  el  tipo  de  centro  en  el  que  se  estudie  y  su  ideario,  frente  a  los  que  la 
administración  debe  mantenerse  neutral  […],  podría  llegar  a  defenderse  que  la 
administración puede decidir establecer o no una determinada beca, pero lo que no 
puede hacer […] es, una vez creada una determinada beca, discriminar con ella a unas 
universidades respecto de otras, máxime sin siquiera motivar dicha discriminación de los 
diferentes centros universitarios y de su alumnado». De este modo, prosigue diciendo, se 
procede: «Discriminando a una universidad, creada y reconocida en pie de igualdad 
respecto a las restantes universidades del sistema universitario valenciano –aunque con 
un origen privado y católico amparado en el artículo 27.6 de la Constitución por tener y 
profesar  un  ideario  propio,  siendo  un  derecho  fundamental  confesar  este  ideario  o  e
cualquier otro sin que ello acarree discriminación o desventaja pública alguna». La  bo
consecuencia es que los alumnos que tenían pensado estudiar en su centro, «si quieren  24ww
ovebnte n«eerc uonnaó mbeiccaam, aeunnteq ufeo rrzeaúdnoasn,  too daa su lnaos  ceosntduidciiaorn, eos  oab jeestitvuadsia pra rean  suu noab teunncivióenrs»id, asde 
pdúeb lbiceac»a.s C  pitaa rlaa  dloesm aensdtuad iraenstoelsu cicoonmeso  dnoúncdleeo,  deicsee, necsiatel  tdrieblu ndaelr erecchoon oac el ala  eodbutecnacciióónn 
(SSTC 214/1994, de 14 de julio, FJ 8; 188/2001, de 20 de septiembre, FFJJ 4, 5 y 6; 
212/2005, de 21 de julio, y 25/2015, de 19 de febrero).
b)  Finalmente, la demanda alega la vulneración del derecho a la tutela judicial 
efectiva (art. 24.1 CE), que atribuye a las resoluciones judiciales también impugnadas en 
este amparo. En primer término la sentencia de instancia dictada por la Sección y Sala 
competente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, al no haber 
entrado  en  el  fondo  de  su  recurso  contra  la  resolución  impugnada,  negando  su 
legitimación  para  interponerlo  (acceso  a  la  jurisdicción).  En  segundo  término  a  las 
providencias dictadas después por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, inadmitiendo el 
recurso de casación promovido por dicha parte actora contra aquella sentencia (derecho 
al recurso), recayendo al respecto una resolución que adolece de «una motivación 
ilógica e irrazonable […], ya que sólo puede deberse a un error el que, ante dos 
cuestiones totalmente equivalentes, se den motivaciones contradictorias, denegándose a 
esta parte su derecho a la doble instancia y al examen de su recurso».
El suplico de la demanda interesa que se dicte sentencia estimatoria del amparo y, 
en  su  consecuencia,  se  declare  la  nulidad  de  las  resoluciones  administrativas 
impugnadas.
4.  Una vez recibidas las actuaciones, la Sección Cuarta, Sala Segunda, de este 
tribunal, dictó providencia el 30 de septiembre de 2019 por la que acordó admitir a 
trámite  el  recurso,  «por  los  siguientes  motivos:  1. El  presente  recurso  plantea  un 
problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina 
de este tribunal [STC 155/2009, FJ 2 a)]. 2.  El asunto suscitado trasciende del caso 
concreto porque plantea una cuestión jurídica de relevante y general repercusión social o 
económica [STC 155/2009, FJ 2 g)]».
En la misma resolución se acordó: «en aplicación de lo dispuesto en el art. 51 LOTC, 
diríjase  atenta  comunicación  a  la  Sección  Primera  de  la  Sala  de  lo  Contencioso-
Administrativo del Tribunal Supremo a fin de que, en plazo que no exceda de diez días, 
remita  certificación  o  fotocopia  adverada  de  las  actuaciones  correspondientes  al 
recurso 1984-2018.
Así  mismo,  diríjase  atenta  comunicación  a  la  Consellería  de  Educación, 
Investigación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana a fin de que, en plazo que 
no  exceda  de  diez  días,  remita  certificación  o  fotocopia  adverada  del  expediente 
administrativo en relación con la resolución de 26 de junio de 2016. (DOGV del día 29).
Diríjase  igualmente  atenta  comunicación  a  la  Sección  Quinta  de  la  Sala  de  lo 
Contencioso-Administrativo  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  la  Comunidad 
Valenciana a fin de que, en plazo que no exceda de diez días, remita certificación o 
fotocopia  adverada  de  las  actuaciones  correspondientes  al  recurso  contencioso-
administrativo núm. 494-2016; debiendo previamente emplazarse, para que en el plazo 
de diez días puedan comparecer, si lo desean, en el recurso de amparo a quienes 
hubieran sido parte en el procedimiento, excepto la parte recurrente en amparo».
5.  Con fecha 4 de noviembre de 2019, la abogada de la Generalitat Valenciana 
presentó un escrito en el registro de este tribunal, con el fin de «comparecer […] en el 
citado  proceso  constitucional,  en  representación  de  la  Generalitat»,  suplicando  se 
sirviera tenerla por comparecida en el presente recurso de amparo 1575-2019.
6.  Con fecha 18 de febrero de 2020, la secretaría de justicia de la Sección Cuarta 
de este tribunal dictó diligencia de ordenación por la que, de un lado, decidió tener por  s
personado  y  parte  a  en  el  procedimiento  «a  la  abogada  de  la  Generalitat  en  la  oe.
representación  que  ostenta,  acordándose  entender  con  la  misma  las  sucesivas  w.
aya lceatgul Maacciniiooisnnteeessr »ioq,  uFye ids ecesa toli,mt rpoao slrae pdnloa p zaeocr tocinrodemónú tdenas dr,  ecv oisvnteafion drtmee  edla ícsao san, c altou f aipncr iedoveni seqtsuo e ae  pnlau esd l pieaarrrat.tn e5 sp2 rp.1ee srdeseno tnlaaar dL laaessy    2021-5124n https://ww
Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC).
7.  La  representación  procesal  de  la  entidad  recurrente  presentó  escrito  de 
alegaciones el 23 de marzo de 2020, por el que se reafirmó en todo lo expuesto en su 
demanda,  y  solicitó  se  tuviera  por  evacuado  el  requerimiento  conferido,  dictando 
sentencia  estimatoria  del  recurso  de  amparo  «y  cuando  más  pudiera  proceder  en 
Derecho».
8.  Asimismo,  la  abogada  de  la  Generalitat  Valenciana  presentó  su  escrito  de 
alegaciones  el  16  de  marzo  de  2020,  interesando  de  este  tribunal  que  se  dictase 
sentencia desestimatoria del recurso:
a)  Así, en primer lugar, se refiere la administración comparecida a la última queja 
de la demanda, la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) por 
haberse inadmitido el recurso de casación intentado contra la sentencia de instancia. 
Sostiene en sentido contrario la Generalitat, que tal inadmisión satisfizo el derecho 
fundamental invocado y no generó indefensión pues se razonó con base en una causa 
legal  sin  resultar  ambas  providencias  impugnadas  arbitrarias,  manifiestamente 
irrazonables, fruto de un error patente, «ni resultado de una interpretación rigorista, 
formalista o desproporcionada, siendo además una decisión que afecta a cuestiones de 
estricta legalidad ordinaria, cuya resolución solo corresponde al órgano judicial, en este 
caso al Tribunal Supremo»; citando la STC 112/2019, de 3 de octubre.
b)  Respecto a la queja de lesión del art. 14 CE, señala al escrito de la abogada de 
la Generalitat que tal y como afirmó la sentencia de instancia, la resolución administrativa 
impugnada no vulnera el derecho a la igualdad de la demandante, la cual «no se ve 
afectada en modo alguno por la misma, reguladora de derechos de los alumnos», es 
decir, «no se ve afectado de manera directa e inmediata un derecho fundamental del que 
sea titular, no es titular del derecho a la igualdad». El recurso debe desestimarse, 
prosigue, porque existen «razones objetivas que justifican el trato diferenciado que se 
dispensa  a  los  alumnos  de  las  universidades  públicas  y  […]  de  las  universidades 
privadas», como son:
(i)  Las becas del Consell no se sustentan en normativa estatal, la cual tiene por 
finalidad  garantizar  las  condiciones  de  igualdad  a  nivel  nacional,  sino  en  el 
Decreto  40/2002  del  Consell,  siendo  que  «la  Comunitat  Valenciana  (como  otras 
comunidades autónomas), con su presupuesto, y conforme a su normativa de ayudas, 
complementa el sistema de becas para los alumnos de la universidad pública».
(ii)  Los «alumnos, y sus familias, en cada caso, son los que optan por acudir a la 
universidad privada y no a la pública (como se puede optar por acudir a la sanidad 
privada, o a servicios sociales privados». Esa opción la ejercitan «bien porque, pudiendo 
acceder a la pública, optan libremente por otro modelo; bien porque no han alcanzado la 
nota de corte necesaria; bien por otros motivos personales; y, en todo caso, porque se 
está en disposición de costear los gastos que ello supone»; por tanto «al alumno que ha 
superado la nota de corte establecida y ha accedido a la universidad pública, se le pueda 
dar un trato diferenciado, respecto a aquel que no ha alcanzado esa nota. Precisamente 
el principio de igualdad, acompañado por los principios de mérito y capacidad, justifica el 
trato diferenciado. Del mismo modo, si se ha optado libremente por la privada, porque 
así se ha preferido, por su ideario o por otro motivo, también existe una clara razón 
objetiva  que  justifica  la  diferencia  de  trato  respecto  a  los  alumnos  de  la  pública». 
Además, «la universidad pública es la única que garantiza el acceso a todo tipo de 
alumnado,  independientemente  de  sus  condiciones  socioeconómicas»,  con  cita  del  s
art. 45.4 de la Ley Orgánica de universidades; situación en la que no se encuentran las  oe.
universidades privadas «en las que el coste de la prestación del servicio lo establece  w.
ldiberle m(miiie)e rnctaPedo ocrqa»ud.ea  «uenla a dluem enllaadso,  adceo rlad eU an isvuesrs nideacde sCidaatódliecsa  fdinea Vncaileernacsia y  tliean oef ear tasu-d aelmcaanncdea,   2021-5124n https://ww
también, becas complementarias, que se suman al sistema básico de becas del Estado», y,
(iv)  «El acceso a la universidad pública supone el abono de unas tasas que fija el 
Gobierno Valenciano, suponiendo el acceso a la privada un coste mucho mayor. Siendo 
muy  abultada  la  diferencia  de  coste,  evidente  es  que  quien  opta  por  acudir  a  la 
universidad  privada,  sea  por  el  motivo  que  sea,  es  porque  dispone  de  recursos 
económicos para ello. También es evidente que la obtención de una beca de 500, 
de 1000, o de 1500 €, no tiene la misma incidencia para el alumno de la pública, que 
para el de la privada. En el primer caso puede ser determinante y decisivo, y puede 
incluso condicionar el acceso o la permanencia en la universidad; por contra, para el 
alumno de la privada, no parece que el importe de la ayuda pueda condicionar la 
decisión del estudiante, o de su familia».
Finaliza  este  punto  la  abogada  de  la  Generalitat  diciendo  que  la  resolución 
administrativa impugnada resulta respetuosa con la doctrina dictada por este tribunal en 
materia de becas, con cita de las SSTC 63/2011, de 16 de mayo; 117/2011, de 4 de julio; 
79/2011, de 6 de junio, y 61/2013, de 14 de marzo; y no cabe apreciar la lesión del 
art. 13 CE que se denuncia.
c)  En lo que atañe a la lesión del derecho a la educación del art. 27 CE, señala el 
escrito de alegaciones que la doctrina de este tribunal determina que en aquel precepto 
constitucional «no se enuncia como tal un derecho fundamental a la prestación pública, 
un derecho a la beca», con cita de las SSTC 188/2001, de 20 de septiembre, y 95/2016, 
de 12 de mayo, por lo que «no nos hallamos ante un debate en el que pueda alegarse 
como  vulnerado  el  derecho  fundamental  a  la  educación».  Es  un  derecho  de 
configuración  legal  que  requiere  de  normas  reglamentarias  y  no  estamos  ante  el 
contenido primario de aquel derecho, solo ante su «dimensión prestacional», con cita de 
las  SSTC  86/1985,  de  10  de  julio;  214/1994,  de  14  de  julio;  188/2001,  de  20  de 
septiembre; 212/2005, de 21 de julio; 25/2015, de 19 de febrero; 25/2016, de 15 de 
febrero, y 95/2016, de 12 de mayo.
d)  Finalmente, respecto de la alegada lesión del derecho a la libertad ideológica y 
religiosa (art. 16 CE), el escrito de la abogada de la Generalitat Valenciana dice que 
también debe ser rechazada porque la Orden 21/2016 se limita a prever becas para el 
alumnado de las universidades públicas valencianas «sin hacer ninguna referencia a la 
Universidad Católica de Valencia, ni a su alumnado, ni a su ideario católico (tampoco a 
ninguna otra universidad, ni a ningún otro ideario)», por lo que, como señaló la sentencia 
de instancia, «ni siquiera a nivel indiciario puede estimarse comprometido» este derecho 
fundamental.
9.  El fiscal ante este Tribunal Constitucional presentó escrito de alegaciones el 11 
de marzo de 2020, por el que interesó de este tribunal que dictara sentencia estimatoria 
del  recurso  de  amparo,  con  reconocimiento  de  haberse  vulnerado  el  derecho 
fundamental de la universidad recurrente a la igualdad ante la ley (art. 14 CE) por la 
resolución administrativa impugnada, declarando su nulidad así como la de la sentencia 
de instancia y la de las providencias dictadas por la Sala Primera del Tribunal Supremo, 
igualmente recurridas:
a)  Luego de hacer un repaso por los antecedentes de hecho del recurso, identificar 
las resoluciones impugnadas y los motivos y el suplico que articulan la demanda de 
amparo, el fiscal efectúa unas consideraciones previas al debate de fondo: (i)  precisa 
que  la  resolución  administrativa  impugnada  tiene  por  fin  la  convocatoria  de  becas 
dispuestas  por  la  Orden  21/2016,  de  10  de  junio,  de  la  Consellería  de  Educación,  s
Investigación, Cultura y Deporte de la Comunitat Valenciana, objeto a su vez del recurso  oe.
de amparo núm. 5099-2018 promovido por la misma universidad. En atención a esa  w.
daersegtnrueumcnhceaina tdavali nsd ceeulnl ap clraieó snde endmteaa dnolod sae ;n a (ceiitilo)  os,t rroee sl rpepecrcuetrosse odn etmel  eoenrscdcieornint oad dedo e; e (xiaia)l emgesanec  iordeneiet eslar assn i qgluuaeesj  allesas  idolíenn eelaas    2021-5124n https://ww
demanda, con base en la doctrina de la STC 56/2019, de 6 de mayo, FJ 2, ha de
empezarse con las lesiones atribuidas a la resolución administrativa impugnada, tanto por
responder a la lógica de la mayor retroacción, como porque la especial trascendencia 
constitucional que ha permitido la admisión a trámite del presente recurso concierne 
justamente a fijar doctrina sobre la posible lesión del derecho sustantivo a la igualdad 
entre alumnos de universidades públicas y privadas en materia de concesión de becas; 
(iv)  ha de afirmarse la legitimación de la universidad demandante para promover el 
presente recurso de amparo, al tener interés legítimo [art. 162.1 b) CE] «habida cuenta de 
que la imposibilidad de los estudiantes de una universidad privada de acceder a las becas 
que  están  reconocidas  a  los  estudiantes  de  las  universidades  públicas,  además  de 
perjudicar a los estudiantes de aquellas, puede constituir un elemento disuasorio para la 
matriculación  de  determinados  estudiantes  (quienes  reunieran  los  requisitos  para  la 
obtención de las becas) en universidades privadas, lo que para estas habría de significar, 
en definitiva, menor número de estudiantes, con el consiguiente perjuicio en el ámbito 
económico y la correlativa incertidumbre sobre su supervivencia futura, a cuya afectación 
habría que sumar, por no ser en absoluto desdeñable, la correlativa limitación de su 
libertad de enseñanza. A lo que habría que añadir, para reforzar tal legitimación, que no es 
descartable que una universidad privada pudiera actuar por sus alumnos, a tenor de que 
estos, más allá de ser meros receptores de la educación que se imparte, se integran en 
los organismos universitarios (ver artículos 15.2, sobre el consejo de gobierno, y 16.3, 
sobre  el  claustro  universitario,  de  la  Ley  Orgánica  6/2001,  de  21  de  diciembre,  de 
universidades)»; y (v)  se defiende que las disposiciones reglamentarias pueden ser 
objeto  de  un  recurso  de  amparo,  si  son  de  aplicación  directa  y  violan  un  derecho 
fundamental de los protegibles en este proceso, con cita de las SSTC 141/1985, de 22 de 
octubre, FJ 2; 189/1987, de 24 de noviembre, FJ 3; 192/1991, de 14 de octubre, FJ 2, 
y 57/2004, de 19 de abril, FJ 2. «En todo caso», añade, la resolución administrativa aquí 
impugnada «sería al menos un ‘acto jurídico’ de los contemplados en el artículo 43.1 
LOTC».
b)  En cuanto al examen de fondo, el escrito de alegaciones del fiscal empieza por 
hacer un resumen de la doctrina constitucional tanto del derecho de igualdad ante la ley 
del art. 14 CE, con cita de las SSTC 91/2019, de 3 de julio, FJ 4, y 200/2001, de 4 de 
octubre,  FJ  4;  como  del  derecho  a  no  padecer  discriminación  por  alguna  de  las 
circunstancias  mencionadas  en  aquel  mismo  precepto  constitucional,  de  nuevo  con 
apoyo en la STC 91/2019, FJ 4 –y otras sentencias anteriores que esta cita–. Sentado 
esto, y tras reiterar una vez más los términos de la queja de lesión del art. 14 CE de la 
demanda de amparo, el fiscal ante este tribunal centra sus consideraciones favorables a 
entender cometida la lesión denunciada, a partir de tres elementos:
(i)  La afirmación de que, a efectos jurídicos, atendida la normativa universitaria 
estatal y de la Comunitat Valenciana, así como la doctrina de la STC 176/2015, de 22 de 
julio, FJ 2, resulta que «las universidades públicas y las universidades privadas pueden 
considerarse iguales en lo sustancial, como puede afirmarse, ya con carácter particular, 
que la universidad privada aquí recurrente es, a esos efectos jurídicos, igual a las 
universidades públicas de la Comunitat Valenciana».
(ii)  Con arreglo a lo dispuesto en el art. 27 CE y la doctrina de la STC 188/2001, 
de 20 de septiembre, FJ 5, entiende el fiscal que «las becas y ayudas en la enseñanza 
postobligatoria son un elemento esencial del derecho a la educación que se sustenta en 
un doble principio: han de compensar las condiciones socioeconómicas desfavorables de 
sus beneficiarios y deben otorgarse en función de la capacidad y rendimiento escolar 
[…], ello ha de ser así porque en un Estado social de Derecho (artículo 1 CE) que debe 
promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo sean reales y  e.
efectivas  (artículo  9.2  CE),  que  proclama  el  libre  desarrollo  de  la  personalidad  w.b
(artículo 10.1 CE) y que reconoce el derecho a la educación (artículo 27.l CE), es  24ww
eqvuied egnatera qnutiec elo sa  ploodse rceius dpaúdbalincooss  dceobne nm eesntoasb lerececur rusno sp reocgoranmóma idcoes a yeul daacsc aels eos tau dliao 
educ(iaii)c iónE»l ,t rya,tamiento que ha de tener el sistema de becas dentro de la distribución
competencial entre el Estado y las comunidades autónomas, a partir de lo dispuesto en
el art. 149.1.30 CE, en relación con el art. 27 de esta, y la doctrina de la STC 188/2001, 
de 20 de septiembre, de lo que resulta en palabras de esta, que «el legislador orgánico, 
al desarrollar el derecho a la educación (art. 27 CE), ha considerado a las becas como 
un elemento central para la efectividad de tal derecho» y que «dicho legislador orgánico 
no ha regulado el entero régimen jurídico de las becas, pues dicha configuración central 
se complementa con la normativa de rango reglamentario». Siendo así, y tras identificar 
los reglamentos que se han dictado en el Estado y en la Comunitat Valenciana con 
incidencia en esta materia, precisa el escrito de alegaciones que «ha de rechazarse 
inmediatamente cualquier intento dirigido a entender que la comunidad autónoma está 
ejerciendo su competencia por razón de la materia (en la actualidad, artículo 53.1 del 
estatuto)  para  promover  la  convocatoria  en  los  términos  previstos  en  la  resolución 
impugnada sobre la base de considerar que la financiación de las ayudas y de las becas 
financiadas con cargo a los presupuestos generales de la comunidad autónoma no 
interfiere en la financiación estatal con cargo a los presupuestos generales del Estado, 
con arreglo a lo cual la legislación básica del Estado en esta materia solo operaría 
respecto  del  sistema  de  ayudas  y  becas  cuando  se  financien  con  cargo  a  los 
presupuestos generales del Estado». Y ello porque, explica, «la referencia contenida en 
estas  normas  [estatales]  a  que  el  sistema  de  ayudas  se  financia  con  cargo  a  los 
presupuestos del Estado ha de ser entendida como la consecuencia lógica que deriva 
del ejercicio de una competencia propia y la necesidad de financiar las ayudas derivadas 
de su ejercicio con fondos propios, pero no implica que la regulación establecida en 
dichas normas deje de ser básica para las comunidades autónomas y no deba ser 
respetada por ellas, por lo que no es posible admitir que la normativa básica dictada solo 
rija para la administración del Estado, como no es posible entender que las comunidades 
autónomas  puedan  apartarse  de  la  misma»;  citando  de  nuevo  en  su  apoyo  la 
STC 188/2001, FJ 10 a).
En aplicación de esta doctrina al caso, alega el fiscal que la resolución administrativa 
aquí impugnada «no hace sino materializar lo establecido en la Orden 21/2016, de 10 de 
junio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de las becas 
para  la  realización  de  estudios  universitarios  en  las  universidades  de  la  Comunitat 
Valenciana (DOCV número 7805, de 14 de junio de 2016), norma que en su artículo 2, 
dedicado a los ‘beneficiarios y estudios comprendidos’, vino a restringir su obtención al 
ámbito  de  los  estudios  cursados  en  universidades  públicas,  pues  en  cuanto  a  los 
estudios cursados en universidades privadas sólo permitía solicitar la beca para los 
estudios que se concretaran en cada convocatoria, lo que se efectuó en esa Resolución 
de 26 de junio de 2016, de la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, 
contemplando el otorgamiento de becas en universidades privadas para cursar el grado 
o licenciatura en veterinaria. Lo que implica necesariamente que, salvo en el caso de 
excepción, para poder disfrutar de esas becas de estudios, la opción prioritaria sería la 
universidad pública frente a la universidad privada. […] Lo que revela a todas luces una 
justificación no razonable del trato desigualitario», conforme a lo que se ha razonado 
antes en este escrito, además de que se «opone frontalmente a la normativa básica del 
Estado,  que  no  distingue  entre  universidades  públicas  y  privadas».  Asimismo,  la 
resolución administrativa recurrida ha desconocido el art. X, apartado 3, del Acuerdo 
entre el Estado español y la Santa Sede sobre enseñanzas y asuntos culturales, de 3 de 
enero de 1979, que garantiza para las universidades, colegios universitarios, escuelas 
universitarias y otros centros universitarios de la Iglesia católica, los mismos beneficios 
en materia de ayudas al estudio y a la investigación, que las establecidas para los  s
alumnos de las universidades del Estado, norma integrada en el ordenamiento jurídico  oe.
nacional (SSTC 66/1982, de 12 de noviembre, FJ 5, y 187/ 1991, de 3 de octubre,  w.
FJ 1)». Teniendo en cuenta lo alegado previamente, y que «no se ha demostrado por la  24ww
vaudlmneinraisctrióanci ópno re pdaurctea tiavqau aeullato ndóismpoicsaic eiól nc aaruátcotneór mjuisctaif idcea dlao  cdleá ulas udlaife greennceiraacl iódne,  igauvaallad alad 
del artículo 14 CE».
Como consecuencia, «el número 3 apartado segundo de la Resolución de 26 de 
junio de 2016 […], que es el número 2 del apartado primero del extracto de dicha 
resolución publicado en el DOGV […] ha lesionado el derecho fundamental a la igualdad 
ante  la  ley  (artículo  14  CE)  de  la  demandante  de  amparo».  Como  medidas  de 
restablecimiento  del  derecho,  el  fiscal  entiende  que  procede  la  nulidad  tanto  «del 
indicado precepto», como de la sentencia de instancia y de las resoluciones dictadas en 
casación por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, siendo «consecuencia necesaria de 
todo  ello  que  carezca  de  interés  el  análisis  de  las  demás  lesiones  de  derechos 
fundamentales que han sido denunciadas en el presente recurso de amparo».
10.  A los efectos que interesan a este proceso, ha de indicarse que el recurso de 
amparo núm. 5099-2018 promovido por la universidad aquí recurrente contra la Orden 
de  la  Consellería  de  Educación,  Investigación,  Cultura  y  Deporte  de  la  Generalitat 
Valenciana 21/2016, de 10 de junio, ha sido estimado por STC 191/2020, de 17 de 
diciembre, del Pleno, en cuyo fallo se estableció lo siguiente:
«1.º  Declarar  que  ha  sido  vulnerado  su  derecho  fundamental  a  la  igualdad 
(artículo 14 CE), en relación con su derecho fundamental a la creación de centros 
docentes (apartado 6 del artículo 27 CE).
2.º  Restablecerla en sus derechos y, en consecuencia, declarar la nulidad del 
término  ‘públicas’  del  apartado  1  del  artículo  2  de  la  Orden  de  la  Consellería  de 
Educación, Investigación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana 21/2016, de 10 
de junio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de las becas 
para  la  realización  de  estudios  universitarios  en  las  universidades  de  la  Comunitat 
Valenciana, así como la nulidad del apartado 3 de dicho artículo 2».
11.  Por providencia de fecha 25 de febrero de 2021, se señaló para deliberación y 
votación de la presente sentencia el día 3 de marzo de 2021.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Objeto del proceso y cuestiones previas al examen de las quejas.
En los términos que se han descrito en los antecedentes, la demanda de amparo 
alega que la resolución administrativa impugnada vulnera el derecho a la igualdad ante 
la ley (art. 14 CE) de la universidad recurrente, con proyección también en su derecho a 
la creación de centros universitarios (art. 27.6 CE) y a la libertad ideológica y religiosa 
(art. 16 CE), porque la convocatoria de becas que aprueba dicha resolución discrimina a 
las universidades privadas de la Comunidad Valenciana, entre ellas y en lo que aquí 
importa  a  la  recurrente,  al  excluir  de  la  relación  de  beneficiarios  a  las  personas 
interesadas en realizar estudios impartidos en universidades privadas, quedando así 
reservadas  tales  becas  a  los  alumnos  de  las  universidades  públicas  del  sistema 
universitario valenciano, con la única excepción del grado o licenciatura en veterinaria, 
donde sí se ofrece a todos. Asimismo, la demanda de amparo denuncia la vulneración 
de su derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) contra la sentencia de la Sección 
Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la 
Comunidad Valenciana, por haber desestimado por falta de legitimación activa el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto contra aquella resolución, dejando así de resolver 
el fondo controvertido (lesión del derecho de acceso a la jurisdicción); y contra las  e
providencias de la Sala Tercera del Tribunal Supremo que inadmitieron el recurso de  bo
casación promovido por dicha parte contra la sentencia citada (lesión del derecho de  24ww
acceLsao p arel rteencusirósno )e.stimatoria de la demanda de amparo ha sido respaldada en su escrito
dsuef rairl edgisaccriiomniensa cpióonr  edle lf isacrta. l 1a4n CteE e, smteie ntrtirbausn qaul, ee lna  cleotnracdreat od er elasp Gecetnoe rdaeli tlaat  Vleaslieónnc iaa nnao, 
en la representación que legalmente ostenta, ha interesado la desestimación del recurso
por considerar conformes a Derecho las resoluciones impugnadas. No se han opuesto 
óbices a la admisibilidad del recurso.
Trabado así el debate constitucional, antes de analizar las quejas de fondo de la 
demanda procede hacer algunas consideraciones previas:
(i)  Aunque el escrito de demanda se refiere en su totalidad a la resolución de 26 de 
junio de 2016 de la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, de la 
Generalitat Valenciana, «por la que se convocan becas para la realización de estudios 
universitarios  durante  el  curso  académico  2015-2016  en  las  universidades  de  la 
Comunitat  Valenciana»,  sin  embargo  del  contenido  de  las  quejas  que  formula  la 
recurrente se deduce que únicamente cuestiona de dicha resolución, las siguientes 
menciones cuyo texto se ha transcrito en el antecedente 2 a) de esta sentencia: a) de un 
lado,  los  términos  «públicas»  y  «centros  públicos  adscritos»  que  trae  el  apartado 
segundo, 1, para definir respectivamente a las universidades y a los centros adscritos a 
estas que imparten los estudios que pueden sufragarse a través de dichas becas, siendo 
su alumnado los únicos beneficiarios; y b) de otro lado, el apartado segundo 3, que limita 
la obtención de becas a los alumnos matriculados de «universidades privadas y centros 
privados», a la realización de estudios de grado o licenciatura en veterinaria. Estas 
reglas se incluyen a su vez y respectivamente, en los apartados primero 1 y 2, del 
extracto de la resolución citada.
En consecuencia, nuestro examen de fondo se contraerá a lo dispuesto en el inciso y 
apartados que se acaban de identificar.
(ii)  Tanto la resolución de la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y 
Deporte de 26 de junio de 2016, que es un acto administrativo general que se limita a 
aplicar  las  previsiones  contenidas  en  una  orden  autonómica  previa;  como  las 
resoluciones judiciales igualmente impugnadas por la demanda, son actos jurídicos de 
los  poderes  públicos  susceptibles  de  control  en  el  presente  proceso  de  amparo, 
conforme  a  lo  dispuesto  en  los  arts.  41.2,  43.1  y  44.1  de  nuestra  Ley  Orgánica 
reguladora.
(iii)  Del  mismo  modo  como  hemos  declarado  en  la  STC  191/2020,  de  17  de 
diciembre, en un asunto que guarda directa conexión con el presente recurso de amparo 
–tal y como se explicará en el siguiente fundamento jurídico–, la entidad aquí recurrente 
ostenta interés legítimo [art. 162.1 b) CE] para su interposición porque «la exclusión de 
los estudiantes de las universidades privadas del régimen de becas […] concierne, tanto 
al derecho del titular de la universidad a crear instituciones educativas (artículo 27.6 CE), 
como  al  de  los  estudiantes  matriculados  en  dicha  universidad  (artículo  27.5  CE)» 
[STC 191/2020, FJ 2 a)].
(iv)  Finalmente, en cuanto al orden de enjuiciamiento de las quejas planteadas, 
siguiendo también a la STC 191/2020, que cita doctrina constitucional previa: «El 
recurso de amparo se interpone de acuerdo con los artículos 43 y 44 LOTC, por lo 
que, tal y como también señala el Ministerio Fiscal, se trata de un recurso de amparo 
‘mixto’, que imputa a la administración vulneraciones de derechos fundamentales de 
carácter sustantivo y atribuye al mismo tiempo lesiones procesales a los tribunales 
que intervinieron después. Por lo tanto, de conformidad con nuestra doctrina y, entre 
otras, con la STC 56/2019, de 6 de mayo, FJ 2, a cuyo razonamiento nos remitimos, 
abordaremos, en primer término, las quejas relativas a los artículos 14, 16 y 27 CE y, 
solo después, si fueran desestimadas, nos ocuparíamos de la denunciada vulneración 
del derecho a la tutela judicial efectiva. A ello ha de añadirse, atendiendo a la doctrina 
de  este  tribunal  construida  en  torno  a  procedimientos  de  tutela  de  derechos  e.
fundamentales como el instado por la parte recurrente en la vía judicial, que ‘cuando  w.b
junto  a  la  pretensión  relativa  al  derecho  fundamental  sustantivo  se  invoca  el  24ww
arerctíucrusloo  i2n4te rCpEu eys tos,e  psieorldiceit as elan tinduol idlaa din vdoec alac iórens doelul caiórntí cjuuldoi c2ia4l. 1d eC Ein ayd smei saióbnr ed eell 
ccuaemnintao  epla rtari bcuonnasli dceoranr  tload porse tleonss idóant odse  nfoencdeos,a mrioáss  psia, rcao mreos oslveerár  eml actaesrioa lemsetan tev elza, 
cuestión sustantiva. En consecuencia, planteada la cuestión principal, puede y debe
resolverse sin más dilación’ (SSTC 143/2003, de 14 de julio, FJ 2, y 118/2012, de 4 de 
junio, FJ 3)» (STC 191/2020, FJ 3).
2.  Examen de fondo. Aplicación de la doctrina sentada por la STC 191/2020, de 17 
de diciembre.
a)  Damos así comienzo al examen de las quejas de fondo de la demanda, con la 
deducida por vulneración de los arts. 14 (igualdad ante la ley) y 27.6 (libertad de 
creación  –y  funcionamiento–  de  centros  docentes)  CE,  al  quedar  excluidos  los 
alumnos de las universidades privadas valencianas de los beneficiarios de becas para 
la  realización  de  estudios  universitarios  excepto  en  veterinaria,  en  los  términos 
contenidos en la convocatoria de 2016 aprobada en la resolución administrativa que 
se  impugna.  Para  dar  respuesta  al  motivo  planteado  hemos  de  atender  a  los 
pronunciamientos efectuados por este tribunal en la ya citada STC 191/2020, de 17 de 
diciembre, en la que se resolvió idéntica cuestión, en concreto a propósito del término 
«públicas» del art. 2, apartado 1, y de todo el enunciado del apartado 3 del mismo 
artículo,  de  la  Orden  21/2016,  de  10  de  junio,  de  la  Consellería  de  Educación, 
Investigación,  Cultura  y  Deporte  de  la  Generalitat  Valenciana,  «por  la  que  se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de las becas para la realización 
de estudios universitarios en las universidades de la Comunitat Valenciana», cuyo 
texto se reprodujo en el antecedente 2 a) de esta sentencia. Ya hemos dicho que la 
resolución impugnada en el presente amparo fue dictada en aplicación precisamente 
de las bases previstas en la Orden 21/2016, y la exclusión de los beneficiarios al goce 
de estas becas se formula en los mismos términos.
Procede por tanto traer a colación los pasajes más destacados del FJ 5 de dicha 
STC 191/2020 –sin perjuicio de remitir a su total lectura–, donde se ofrecen las razones 
por las que cabe entender cometida la vulneración alegada:
«Afirmada la diferencia de trato entre las universidades públicas y privadas, por la 
exclusión de las becas reguladas en la orden de los alumnos y de las enseñanzas de las 
universidades privadas, en este caso concreto, hay un término de comparación válido, tal 
y como aduce el Ministerio Fiscal.
En primer lugar porque el legislador orgánico al establecer el régimen jurídico de las 
universidades no distingue entre universidades públicas y privadas cuando dispone que 
la  universidad  realiza  el  servicio  público  de  la  educación  superior  mediante  la 
investigación, la docencia y el estudio y determina las funciones de la universidad al 
servicio de la sociedad [artículo 1.1 Ley Orgánica de universidades (LOU)]. Por su parte, 
el artículo 2 de la Ley 4/2007, de 9 de febrero, de coordinación del sistema universitario 
valenciano, determina que este está formado por las universidades de titularidad pública 
y las de titularidad privada, entre las que se encuentra la Universidad Católica de 
Valencia San Vicente Mártir (artículo 2.1 b) de la Ley), ahora recurrente en amparo.
Al respecto, este tribunal ha afirmado que “todas las universidades sin distinción, 
también por tanto las de titularidad privada (artículo 3.2 LOU), realizan un ‘servicio 
público de educación superior’ a través de las funciones que les asigna la Ley Orgánica 
de universidades en su artículo 1.2: la ‘creación, desarrollo, transmisión y crítica’ de la 
ciencia, la técnica y la cultura, así como la preparación para el ejercicio de actividades 
profesionales; funciones todas que han de prestar siempre ‘al servicio de la sociedad’. 
Ello explica también que la ley de reconocimiento de las universidades privadas, exigida 
por el artículo 4.1 LOU, venga precedida por la fijación por el Gobierno estatal de ‘los  s
requisitos básicos necesarios para la creación y reconocimiento de las universidades  oe.
públicas y privadas […] siendo, en todo caso, necesaria para universidades públicas y  w.
ncpoorimvrmaudanatiidsva aladm epesrn etceae ueptsótitnvaoabm laeaucstiod roiuzsna (aca irótvníce uqzlu oe c4,o .pm4a prLarOo ebUla )c’d o(ome nieetrlne z coout rdmaesp ,sl imuSsSie aTncCttoi v 1i7dd6ae/d 2e0los1,s 5 o,t rodereqg ua2ins2 i tldoaess    2021-5124n https://ww
julio, FJ 2, y 74/2019, de 22 de mayo, FJ 4)”» [FJ 5 b)].
«Además, la legislación orgánica, a la hora de configurar las becas y ayudas al 
estudio (artículo 45 LOU) no ha establecido distinción entre los alumnos matriculados en 
las universidades públicas y privadas ni en relación con las enseñanzas que imparten las 
mismas» [FJ 5 b)].
«Tampoco en la regulación del sistema de becas en la Comunitat valenciana se 
establece esta distinción entre universidades públicas y privadas, que solo se evidencia 
en el artículo 2 de la orden que ha dado lugar al presente recurso de amparo» [FJ 5 b)].
«En cuanto a la justificación del trato dispar [del tenor de los apartados concernidos no] 
es  posible  encontrar  una  finalidad  que  justifique  el  establecimiento  del  tratamiento 
diferenciado  al  que  se  ha  hecho  referencia  entre  las  universidades  públicas  y  las 
universidades privadas. Tampoco las alegaciones de la comunidad autónoma permiten 
justificar desde la perspectiva del artículo 14 CE, la diferencia de trato denunciada. […] Pues 
bien, aunque se pudiera considerar, tal y como alega el representante de la Generalitat, que 
las comunidades autónomas puedan establecer otras modalidades de ayudas con cargo a 
su  presupuesto,  no  pueden  hacerlo  distinguiendo  sin  justificación  y  al  margen  de  la 
legislación vigente, que no diferencia entre universidades públicas y privadas. El tribunal ha 
entendido que el poder de gastar no es un título atributivo de competencias (STC 13/1992, 
de 6 de febrero, FJ 5) sino que el poder de gastar y subvencionar va unido a la competencia 
de la materia sobre la que se incide, esto es, que la subvención no es concepto que delimite 
competencias, atrayendo toda regulación que, desde uno u otro aspecto, tenga conexión 
con aquella (STC 38/1992, de 30 de junio, FJ 5). De esta manera, y conforme al régimen de 
distribución de competencias en materia de educación (entre otras STC 188/2001, 20 de 
septiembre), el sistema de ayudas que establezca la comunidad autónoma no puede 
desconocer lo dispuesto por el legislador estatal, y en concreto el mandato de igualdad en 
las ayudas. Al respecto, afirmó este tribunal que ‘tanto la legislación orgánica como la 
normativa  reglamentaria  configuran  las  becas  como  un  elemento  nuclear  del  sistema 
educativo dirigido a hacer efectivo el derecho a la educación, permitiendo el acceso de 
todos  los  ciudadanos  a  la  enseñanza  en  condiciones  de  igualdad  a  través  de  la 
compensación de las condiciones socioeconómicas desfavorables que pudieran existir entre 
ellos, lo que determina que los poderes públicos estén obligados a garantizar su existencia 
y real aplicación’ (STC 188/2001, de 20 de septiembre, FJ 4)». [FJ 5 c)]
«El resto de las razones aducidas tampoco pueden sustentar la diferencia de trato. 
Los requisitos económicos así como los requisitos de mérito y capacidad ya están 
previstos en los artículos 5 y siguientes de la orden, así como en las normas que 
desarrollan el artículo 27.5 CE sin que por lo tanto pueda justificar una diferencia de trato 
entre las universidades públicas y privadas. Tampoco el hecho de que el alumno haya 
optado por la universidad privada por razón de su ideario puede justificar la diferencia de 
trato establecida pues no puede aducir desigualdad una causa de discriminación vedada 
por la Constitución». [FJ 5 c)]
b)  La aplicación de la doctrina de referencia conduce a la estimación de esta 
primera queja de la demanda de amparo. En estricta correlación con los preceptos de la 
Orden 21/2016, de 10 de junio, cuestionados por la universidad aquí recurrente en el 
recurso de amparo núm. 5099-2018, el apartado segundo, punto1, de la resolución de 26 
de junio de 2016 de la misma Consellería de la Generalitat Valenciana (apartado primero, 
punto 1, del extracto de la resolución publicado en el DOCV núm. 7817) dispuso que las 
becas convocadas lo eran exclusivamente para la realización de estudios universitarios 
durante el curso académico 2015-2016, «en las universidades públicas» que integran el 
sistema  universitario  valenciano,  «así  como  sus  centros  adscritos»,  de  modo  que  s
solamente su alumnado podían solicitarlas. Como única excepción que confirmaba esa  oe.
exclusión general, el apartado segundo, 3, de la misma resolución impugnada (apartado  w.
primero, 2, del extracto publicado), a su vez, previó que el alumnado matriculado en las  24ww
purnivivaedrosisd aaddessc rpitroivsa ad ausn,i vceormsiod aedse se l pcúabsloic adse,  lúan diceammaenndtea npteo ddreía na msoplaicroita, ro  laesn  bloesc acse nptaroras 
realizar estudios de grado o licenciatura en veterinaria.
En esta perspectiva y en línea con lo dicho en el fundamento jurídico 6 de la 
STC  191/2020,  ha  de  concluirse  así  que  «la  universidad  recurrente  sufre  las 
consecuencias  de  un  trato  desigual  […]  por  estar  sus  alumnos  y  sus  enseñanzas 
excluidos» de la convocatoria de becas para la realización de estudios universitarios en 
el curso 2015-2016, lo que trae consigo la estimación del presente recurso de amparo, 
con la consiguiente declaración de nulidad de los incisos «públicas» y «sus centros 
públicos adscritos» del apartado segundo, 1, de la resolución de 26 de junio de 2016 
(apartado primero, 1, de su extracto), así como de todo el apartado segundo, 3 de la 
misma resolución impugnada (apartado primero, 2, de su extracto). Vulneración por tanto 
«del derecho de la universidad solicitante de amparo recogido en el artículo 14 CE en 
relación  con  el  artículo  27  CE,  al  establecer  una  diferencia  de  trato  entre  las 
universidades públicas y privadas en relación con la posibilidad de solicitar las becas 
reguladas en la misma para cursar estudios universitarios».
c)  Finalmente, y también con aplicación de lo resuelto en la STC 191/2020, FJ 6, 
«al apreciarse la vulneración de derechos fundamentales reconocidos en el artículo 14 
en relación con el artículo 27 CE, no procede examinar la lesión denunciada del derecho 
a la libertad ideológica (artículo 16 CE) ni la referida al derecho a la tutela judicial efectiva 
(artículo 24.1 CE)». Ha de acordarse en todo caso la nulidad también de las resoluciones 
judiciales impugnadas, en cuanto no repararon los derechos sustantivos conculcados y 
confirmaron en su totalidad la validez de la resolución administrativa recurrida.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
1.º  Estimar la demanda presentada por la Universidad Católica de Valencia San 
Vicente Mártir, por vulneración de su derecho fundamental a la igualdad (artículo 14 CE), 
en relación con su derecho fundamental a la creación de centros docentes (apartado 6 
del artículo 27 CE); con reconocimiento de tales derechos.
2.º  Declarar  la  nulidad  de  los  siguientes  actos  de  los  poderes  públicos:  (i)  la 
resolución de 26 de junio de 2016, de la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y 
Deporte de la Generalitat Valenciana, por la que se convocan becas para la realización de 
estudios universitarios durante el recurso académico 2015-2016 en las universidades de la 
Comunitat  Valenciana,  solamente  en  los  incisos  «públicas»  y  «sus  centros  públicos 
adscritos» del apartado segundo, 1 (correspondiente al apartado primero, 1, de su extracto 
publicado), y todo el apartado segundo, 3, de la misma resolución (correspondiente al 
apartado primero, 2, de su extracto); (ii)  la sentencia de la Sección Quinta de la Sala de 
lo  Contencioso-Administrativo  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  la  Comunidad 
Valenciana, recaída el 15 de noviembre de 2017 en el recurso contencioso-administrativo 
núm. 494-2016; (iii)  la providencia dictada por la Sección Primera de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, de 19 de julio de 2018, en el recurso de 
casación núm. 1984-2018; y (iv)  la providencia dictada el 7 de febrero de 2019 por la 
propia Sección Primera de la Sala Tercera del Alto Tribunal, en el mismo rollo de casación.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado». es
Dada en Madrid, a tres de marzo de dos mil veintiuno.–Encarnación Roca Trías.– w.
Juan  Antonio  Xiol  Ríos.–Pedro  José  González-Trevijano  Sánchez.–Antonio  Narváez  24ww
Rodríguez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Firmado y rubricado.
Voto particular que formula el magistrado don Juan Antonio Xiol Ríos a la sentencia 
dictada en el recurso de amparo número 1575-2019
Con el máximo respeto a la opinión mayoritaria de mis compañeros de Sala en la que 
se sustenta la sentencia, manifiesto mi discrepancia con su fundamentación y su fallo, que 
considero que debió de ser desestimatorio por las razones que ya expuse en el voto 
particular conjunto que formulé a la STC 191/2020, de 17 de diciembre, al que me remito.
Madrid, a tres de marzo de dos mil veintiuno.–Juan Antonio Xiol Ríos.–Firmado y 
rubricado.