BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 83 Jueves 26 de marzo de 2020 Sec. TC.   Pág. 27315
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
4119 Sala Segunda. Sentencia 34/2020, de 24 de febrero de 2020. Recurso de 
amparo 529-2019. Promovido por la entidad Lanneman, S.L., respecto de las 
resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia de Madrid en 
proceso de ejecución de títulos judiciales. Vulneración del derecho a la tutela 
judicial sin indefensión: anuncio de subasta que incurrió en error esencial 
manifiesto al calificar al bien inmueble como local comercial, siendo así que 
se trataba de un solar.
ECLI:ES:TC:2020:34
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por la magistrada doña 
Encarnación Roca Trías, presidenta y los magistrados don Fernando Valdés Dal-Ré, don 
Juan  Antonio  Xiol  Ríos,  don  Pedro  José  González-Trevijano  Sánchez,  don  Antonio 
Narváez Rodríguez y don Ricardo Enríquez Sancho, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 529-2019, promovido por la entidad Lanneman, S.L., 
que  actúa  representada  por  la  procuradora  de  los  tribunales  doña  María  Lourdes 
Fernández Luna Tamayo y bajo la dirección del letrado don Eduardo Santiago Martínez, 
contra el auto del Juzgado de Primera Instancia núm. 84 de Madrid, de fecha 29 de 
octubre de 2018, por el que se declara que no ha lugar a la nulidad de actuaciones 
solicitada  en  procedimiento  de  ejecución  de  títulos  judiciales  núm.1134-2011.  Ha 
comparecido Realia Business, S.A., representada por el procurador de los tribunales don 
Manuel Sánchez-Puelles González-Carvajal y asistida del letrado don Nicolás María 
Andrés González-Deleito Domínguez. Ha intervenido el ministerio fiscal. Ha sido ponente 
el magistrado don Fernando Valdés Dal-Ré.
I. Antecedentes
1.  Con fecha 24 de enero de 2019, tuvo entrada en el registro general de este 
Tribunal Constitucional un escrito de la procuradora doña Lourdes Fernández Luna 
Tamayo, en representación de la entidad Lanneman, S.L., por el que interpuso recurso 
de amparo contra el auto de 29 de octubre de 2018 del Juzgado de Primera Instancia 
núm. 84 de Madrid, que declaró no haber lugar a la nulidad de actuaciones instada por la 
ahora recurrente respecto del anuncio de publicación de subasta de una finca de la que 
aquélla era titular en el portal de subastas del «Boletín Oficial del Estado» (BOE).
2.  Los hechos relevantes para la resolución de este recurso son los siguientes: es
a)  En el curso del procedimiento de ejecución de títulos judiciales núm. 1134-2011,  w.
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aclarado por otro posterior del 4 de septiembre siguiente, que subsanó la numeración de 
la finca registral disponiendo que el número correcto era el «36.835».
b)  Firme el anterior decreto, el juzgado, con fecha 6 de abril de 2018, por medio de 
diligencia de ordenación, acordó proceder al anuncio y consiguiente publicidad de la 
subasta, dándola de alta en el portal de subastas del «Boletín Oficial del Estado». Para 
ello remitió edicto que incluía las condiciones generales y particulares de la subasta y de 
los bienes a subastar. El edicto, que llevaba fecha del día 7 de mayo siguiente, fue 
publicado en el portal de subastas electrónicas del BOE con la identificación «subasta-
sub-ja-2018-97427». En el anuncio se hacía mención a que la finca tenía la condición de 
«local comercial» y no de «solar», que, en el criterio de la parte ahora recurrente, era lo 
procedente.
c)  En fecha 30 de mayo de 2018, la parte ahora demandante de amparo presentó 
un escrito en el que solicitaba del juzgado que declarase la nulidad del anuncio de la 
subasta en el mencionado portal de subastas, así como la retroacción de las actuaciones 
y la procedencia de insertar nuevamente el anuncio, de modo correcto, en «la categoría 
de solares», con comienzo de un nuevo plazo para la presentación de posturas.
d)  La anterior solicitud fue resuelta por diligencia de ordenación de la letrada de la 
administración de justicia, de 2 de julio de 2018, por la que declaró no haber lugar a 
acordar la nulidad de la subasta electrónica solicitada por la parte ejecutada, quedando 
pendiente  de  dictar  el  decreto  de  aprobación  del  remate  y/o  adjudicación 
correspondiente.
e)  Contra  la  anterior  diligencia  de  ordenación,  la  representación  de  la  entidad 
Lanneman, S.L., formalizó recurso de reposición. Denunciaba que se había resuelto una 
nulidad de actuaciones a través de una diligencia de ordenación que ni siquiera contenía 
una sucinta motivación, pese a que la resolución debería revestir la forma de auto al ser 
competente el juez y no la letrada de la administración de justicia, y considerando que 
todo ello le causaba indefensión y lesionaba su derecho fundamental a la tutela judicial 
efectiva. Añadía a ello las razones por las que estimaba que el error en la publicidad de 
la subasta le causaba perjuicio y debía provocar la declaración de nulidad de lo actuado.
El recurso de reposición fue estimado por medio de decreto de 18 de octubre 
de 2018, que acordó dejar sin efecto la anterior diligencia de ordenación, y dar cuenta a 
la «señora magistrada de la solicitud de nulidad del anuncio de la subasta en el portal de 
subasta de la Agencia Estatal del “Boletín Oficial del Estado”».
f)  El auto de 29 de octubre de 2018 resuelve el incidente de nulidad de actuaciones 
formulado  respecto  del  anuncio  de  publicación  de  subasta.  En  su  fundamentación 
jurídica, cita el pronunciamiento lo dispuesto en el art. 225 de la Ley de enjuiciamiento 
civil (LEC) y acuerda que no procede declarar la nulidad de actuaciones interesada por 
Lanneman, S.L., tras razonar lo siguiente:
«La parte instante del incidente no especifica en qué circunstancia concreta, de las 
previstas  legalmente,  funda  su  pretensión  de  nulidad,  y  realmente  ninguna  de  las 
previstas concurre en el supuesto examinado, pues el error en la publicación en el Portal 
de subastas en cuanto a la calificación de la finca subastada como local comercial, en 
lugar de como parcela, no puede incardinarse en ninguno de los anteriores supuestos. 
Cabe precisar, además, como indica la contraparte en sus indicaciones, que toda la 
información y documentación relativa a la finca subastada era correcta, al margen de esa 
errónea  mención  en  el  anuncio,  por  lo  que  cualquier  postor  interesado  no  tendría 
ninguna dificultad en comprobar la naturaleza del bien cuya subasta era objeto de 
publicación.» e.
g)  Solicitada la aclaración de dicha resolución, el juzgado dictó un nuevo auto de 14  w
ldae a dcilcaireamcibórne  sdee  p2r0e1te8n, dqíuae l ad emsoedsitfiimcaóc ilóan s doelic liatu rde sfoorlmucuióland rae, craaízdoan eann deol  pqruoec epdoirm laie vnítao ,d leo   2020-4119n https://w
qoupeo rtnuon oesra q udee  qreuceipbaon « epnu edse rseóclhoo p»o.dría obtenerse mediante el ejercicio de los recursos
3.  La demanda de amparo alega que la resolución judicial impugnada, el auto de 29 
de octubre de 2018, ha incurrido en vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva 
(art. 24.1 CE) porque, en primer lugar, el juzgado ha acordado denegar la solicitud de 
declaración de nulidad de la subasta para subsanar el error advertido en el anuncio 
publicado en el portal de subastas del BOE, pese a que la categoría asignada al 
inmueble objeto de licitación, la de «local comercial», era errónea, limitaba la publicidad y 
transparencia  e  incumplía  de  manera  palmaría  las  normas  que  rigen  las  subastas 
electrónicas (cita los arts. 646.2 y 648.5 LEC), por lo que debería haber sido corregida 
por la de «solar», que era la que realmente le correspondía, lo que hubiera evitado el 
estado de indefensión causado a la entidad recurrente al impedirse la participación en la 
subasta de postores que podrían haber estado interesados en la adquisición del bien 
ofreciendo un precio superior, con el consiguiente perjuicio económico.
Añade, en segundo término, con invocación del mismo derecho fundamental, que la 
denegación  de  la  nulidad  en  el  auto  recurrido  resultó  inmotivada.  A  su  juicio,  la 
resolución contiene una parca –por no decir inexistente– argumentación, que tacha de 
«completamente ilógica y arbitraria, cuando, además, parte de premisas absolutamente 
erróneas»  o,  asimismo,  como  «carente  de  toda  motivación,  y  que  incurre  en 
arbitrariedad, error palmario y en un indudable carácter ilógico e irrazonable en sus 
premisas y conclusiones».
En su «otrosí tercero digo», la demanda solicitaba la suspensión del procedimiento 
de ejecución de títulos judiciales núm. 1134-2011 y, en particular, la de la subasta 
electrónica sobre el bien anteriormente referenciado.
4.  La  Sala  Segunda,  Sección  Cuarta,  de  este  Tribunal  Constitucional  dictó 
providencia el 2 de julio de 2019 acordando admitirlo a trámite, apreciando que concurre 
en el mismo una especial trascendencia constitucional (art. 50.1 de la Ley Orgánica del 
Tribunal Constitucional: LOTC) porque el recurso plantea un problema o afecta a una 
faceta  de  un  derecho  fundamental  sobre  el  que  no  hay  doctrina  de  este  Tribunal 
[STC 155/2009, FJ 2 a)]. Por ello, en aplicación de lo dispuesto en el art. 51 LOTC, 
acordó dirigir atenta comunicación al Juzgado de Primera Instancia núm. 84 de Madrid a 
fin de que, en plazo que no excediera de diez días, remitiera certificación o fotocopia 
adverada de las actuaciones correspondientes al procedimiento de ejecución de títulos 
judiciales núm. 1134-2011, debiendo previamente emplazar, para que en el plazo de diez 
días puedan comparecer, si lo desearan, en el recurso de amparo a quienes hubieran 
sido parte en el procedimiento, excepto la parte recurrente. De conformidad con la 
solicitud de la entidad demandante, se acordaba asimismo formar la correspondiente 
pieza separada de suspensión.
Por  ATC  96/2019,  de  23  de  julio,  se  acordó  denegar  la  suspensión  cautelar 
solicitada, ordenándose la anotación preventiva de la demanda de amparo en el registro 
de la propiedad, a cuyo efecto el referido juzgado habría de expedir el mandamiento 
oportuno, para que pudiera practicarse la misma en relación con el inmueble a que se 
refieren las presentes actuaciones.
5.  En fecha 16 de septiembre de 2019 se dicta diligencia de ordenación en la que 
se acuerda tener por personado al procurador de los tribunales don Manuel Sánchez-
Puelles González-Carvajal en nombre y representación de Realia Business, S.A., que lo 
había solicitado mediante escrito presentado el día 25 de julio del 2019, así como dar 
vista de las actuaciones recibidas a las partes personadas y al Ministerio Fiscal, por 
plazo común de veinte días, para que pudieran presentar las alegaciones que estimasen  e
pertinentes, conforme dispone el art. 52.1 LOTC. bo
Rameap6lai.ar  o BPinuotser irneeessscasrdi,to o.S r.eAg.,i stpraredsoe netnó  fseucsh a a1le7g adceio oncetsu borep odneié n2d0o1s9e,  laa l reoptorergsaemntiaecnitóon  ddeel   2020-4119n https://w
Sobre  el  incidente  de  nulidad  de  actuaciones  interpuesto  por  la  recurrente  en
amparo, en el que denunciaba que la finca subastada aparecía como local comercial y
no como solar y que eso afectaba el número potencial de postores, destaca la parte 
compareciente en este proceso constitucional que, como tuviera ocasión de apreciar el 
órgano judicial, no se cumplieron los requisitos procesales exigibles para su estimación, 
puesto que no se identificaba cuál era el concreto precepto legal vulnerado y, menos 
aún,  se  conectaba  la  situación  denunciada  con  alguno  de  los  motivos  de  nulidad 
previstos en el artículo 225 LEC, por lo que no lograba aquel escrito poner debidamente 
en cuestión que el edicto de la subasta fuera jurídicamente incorrecto o que estuviera 
viciado por algún defecto que pudiera dar lugar a un motivo de recurso u oposición 
contra el mismo, particularmente si se tiene en cuenta –afirma el escrito– que a través de 
la página web del BOE se podía acceder tanto al edicto publicado por el juzgado como al 
certificado de dominio y cargas del registro de la propiedad, describiendo ambos el bien 
subastado en los términos dichos (parcela RC 1.9 de Valdemoro). En suma, a su criterio 
una lectura integral del anuncio publicado, así como de los documentos adjuntos, ofrecía 
una clara imagen del bien objeto de subasta.
Por lo demás, argumenta después que el escrito de nulidad de actuaciones no 
alegaba vulneración de derecho fundamental alguno sino, únicamente, meros perjuicios 
económicos, con lo que difícilmente el sentido del auto recurrido podría haber sido 
distinto al que contiene su motivación, resultando además que el escrito sucesivo de 
aclaración frente al auto recurrido en amparo no era tal, ya que reiteraba la solicitud de 
nulidad (que «se declarase la nulidad de la subasta publicada, con la corrección de los 
errores denunciados»), con lo que la parte demandante convirtió ese remedio procesal, 
de manera improcedente, en una especie de reposición, pretendiendo revocar el auto 
de 29 de octubre de 2018. Esa actuación, en su opinión, revela una desviación procesal 
de la aclaración que debe desencadenar la declaración de extemporaneidad del recurso 
de amparo presentado, por su empleo manifiestamente improcedente y la consiguiente 
prolongación artificial de la vía judicial, ya que tal remedio, de conformidad con los 
arts. 214 y ss. LEC, se concibe como un cauce para que el órgano judicial pueda 
«aclarar algún concepto oscuro o rectificar cualquier error material de que adolezcan» 
las resoluciones judiciales por él dictadas, y no para revisarlas, lo que únicamente puede 
intentarse por la vía de recurso que proceda.
Considera asimismo que el recurso carece de especial trascendencia constitucional, 
toda vez que, si bien es cierto que la Ley 13/2009, de 2 de noviembre, de reforma de la 
legislación procesal para la implantación de la nueva oficina judicial, y la Ley 19/2015, 
de 13 de julio, de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la administración de 
justicia y del registro civil, introducen un novedoso régimen jurídico, no lo es menos que 
nada nuevo añaden a la configuración que, del derecho a la tutela judicial efectiva 
consagrado en el art. 24.1 CE, ya tiene sobradamente definida el Tribunal Constitucional.
Entiende el escrito, de otra parte, que el error de «encasillamiento» de la finca como 
local comercial y no como solar no deriva de una resolución judicial, sino de una 
actuación meramente material al rellenarse el formulario en el BOE, lo que no sería 
imputable al órgano judicial ni encuadrable, por consiguiente, en el art. 44.1 b) LOTC, sin 
que pueda atribuirse, en particular, al auto de 29 de octubre de 2018, que hizo una 
valoración razonable de la relevancia del error apreciado y consideró que no existía 
motivo alguno de nulidad de actuaciones.
En cuanto al fondo del asunto, sostiene el escrito que no existió indefensión alguna, 
pues no toda infracción procesal es causante de la vulneración del derecho recogido en 
el artículo 24.1 CE, sino que solo alcanza tal relevancia aquella que, por anular las 
posibilidades de alegación, defensa y prueba, cause una verdadera y real situación de  s
indefensión material, cosa que no concurre en el presente caso porque la entidad  oe.
recurrente siempre pudo alegar lo que a su derecho convenía, como acredita que  w.
pcsauud daaielc ruaann occ oedm.e Ap l oaesrlel oac cedtreo besen p  areoñl capedrsoiracsleeed,s i pmyr,oi eesnnigt ofui ned,,e  qq euujeee  ceeujle carilcócinata,n rqcaue te od deleol  sefu rlreoorsra  mnp reonddoiutoifcsici ddaoed  ondsoe  ftteoundvsooas t  aayl    2020-4119n https://w
deen tildaa dp oqsuibei liimdapdo spibairlaita lroas e pl oetfeencctiivaole cso nlicoictaimdoiernetso  ddee  laac suudbira ast ala y ,m piosrm ean. dLeo,  lad eemviudeesntcraia,   BOE-A-cable e
afirma, que fueran varios los postores que formularon pujas sobre la finca y que, través 
de la página web del BOE, se pudiera acceder tanto al edicto publicado por el juzgado 
como al certificado de dominio y cargas del registro de la propiedad, que describían el 
bien  subastado  como  «parcela  RC  1.9  de  Valdemoro»,  o  que  el  precio  final  de 
adjudicación fuera prácticamente idéntico al precio de mercado que a la misma asignó el 
perito judicial. De cualquier modo, subraya a continuación, el alcance de la irregularidad 
producida fue valorado por el órgano judicial y no lo estimó relevante con base en la libre 
valoración de la prueba que le compete, al no considerar que el simple error en el 
«encasillamiento» de la finca haya impedido identificar la verdadera naturaleza de esta, 
haya restringido la concurrencia de postores o transgredido las normas de transparencia 
o exigencias de publicidad.
Tampoco aprecia la vulneración del art. 24.1 CE desde el prisma de la motivación por 
irrazonabilidad o arbitrariedad de la respuesta judicial, y ello porque esta, tras ponderar 
las circunstancias y alegaciones obrantes en autos, llegó a la conclusión de que el error 
no era de la suficiente entidad como para acordar la retroacción de actuaciones, al obrar 
en el portal la documentación de la finca, lo que viene a confirmarse con datos como los 
antes expuestos (efectiva concurrencia de postores al proceso de subasta en número 
suficiente o precio extraordinariamente próximo al de mercado fijado por el perito judicial, 
sin que concurra entonces perjuicio económico).
Por todo ello, se interesa la desestimación de la demanda de amparo.
7.  El día 21 de octubre de 2019 presentó sus alegaciones el Ministerio Fiscal, 
interesando la inadmisión de la demanda. Después de resumir los antecedentes más 
relevantes de los que trae causa el presente recurso de amparo, aduce la existencia del 
óbice de procedibilidad consistente en no haberse agotado la vía judicial [art. 44.1 a) 
LOTC], que, más allá de hacer referencia previa a otros parámetros, termina situando en 
la necesidad de haber intentado el incidente de nulidad del art. 241 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial (LOPJ) contra el recurrido auto de 29 de octubre de 2018.
Destaca que lo pedido por la demandante de amparo al juzgado en el incidente que 
dio lugar al auto recurrido fue la nulidad de lo actuado y la subsanación del error en la 
publicación de la subasta en el portal del BOE, denunciándose una vulneración de las 
normas reguladoras de las subastas (arts. 667 y 668 LEC, y concordantes); que dicha 
petición fue resuelta por el juzgador en el repetido auto recurrido, ya que, aunque la 
letrada de la administración de justicia se pronunciase negativamente ante esa solicitud 
de nulidad en una primera diligencia de ordenación, rectificaría luego ese criterio en 
decreto de 18 de octubre de 2018, estimando el recurso de reposición y acordando la 
remisión de la nulidad planteada a la magistrada para su correcta resolución. Esto así, y 
visto que la recurrente denuncia la vulneración del art. 24.1 CE por el auto de 29 de 
octubre  de  2018  por  ser  errónea  y  arbitraria  su  motivación,  procedía  interponer  el 
incidente extraordinario de nulidad de actuaciones del art. 241 LOPJ y del art. 228 LEC, 
dándole al órgano judicial la posibilidad de restaurar por sí esa merma del derecho 
fundamental, lo que no se hizo.
Por si no se apreciara esa objeción de procedibilidad por falta de agotamiento de la 
vía judicial, adentrándose en la cuestión de fondo, estima el fiscal que el amparo no 
puede prosperar. A su criterio, la motivación del auto recurrido es escueta pero no 
insuficiente, subrayándose en el mismo particularmente que el escrito del incidente no 
expresaba la causa en que basaba la petición. La decisión, por lo demás, dice su escrito, 
respondió a un argumento racional, pues se basó en que la definición de la finca como 
solar o como local comercial no era necesaria, ya que su naturaleza se desprendía de  e.
toda la información que se contenía en lo publicado y era claramente constatable por  w.b
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fundamentales  de  una  de  las  partes  sería  tanto  como  elevar  a  esa  categoría  un
instrumento meramente facilitador del conocimiento de la existencia de la subasta. Por 
consiguiente, aun siendo cierto, como sostiene la recurrente, que una de las finalidades 
de la reforma legal que creó la obligatoriedad de las subastas por esta vía era facilitar la 
mayor concurrencia de postores a las subastas, entre otras cosas para promover la 
información y trasparencia, ello no puede traducirse en otorgar a ese propósito legal un 
valor de derecho fundamental.
En definitiva, el órgano judicial no negó el error en la calificación de la finca como 
local comercial, pero valoró ese error como no trascendente, habida cuenta que era 
fácilmente salvable con el resto del contenido de la información que se aportó en la 
publicación  de  la  subasta,  lo  que  descartaría  una  motivación  fundada  en  una 
incorrección fáctica y, en consecuencia, siendo suficiente la motivación, también toda 
lesión  del  derecho  fundamental  alegado,  ya  que  no  concurre  un  yerro  en  los 
presupuestos de hecho, sino una determinada valoración jurídica que no puede ser 
sometida, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional, a una test de acierto judicial, 
siendo, como es, posible en Derecho.
8.  Por providencia de fecha de 20 de febrero de 2020, se señaló para votación y 
fallo del presente recurso el día 24 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Objeto del recurso de amparo y posiciones de las partes.
Interpone la recurrente demanda contra el auto dictado con fecha 29 de octubre 
de 2018 por el Juzgado de Primera Instancia núm. 84 de Madrid en el procedimiento de 
ejecución de títulos judiciales núm. 1134-2011, denunciando la vulneración del derecho 
fundamental a la tutela judicial efectiva y a no sufrir indefensión, proclamado en el 
art. 24.1 CE.
La demanda de amparo alega que la resolución judicial impugnada ha incurrido en 
vulneración del art. 24.1 CE, porque, en primer lugar, el juzgado ha acordado denegar la 
solicitud de declaración de nulidad de la subasta para subsanar el error advertido en el 
anuncio publicado en el portal de subastas del BOE, pese a que la categoría asignada al 
inmueble objeto de licitación, la de «local comercial», era errónea, limitaba la publicidad y 
transparencia  e  incumplía  de  manera  palmaría  las  normas  que  rigen  las  subastas 
electrónicas, por lo que debería haber sido corregida por la de «solar», que era la que 
realmente le correspondía, lo que hubiera evitado el estado de indefensión causado. En 
segundo término, con invocación del mismo derecho fundamental, lo estima vulnerado 
porque la denegación de la nulidad en el auto recurrido resultó inmotivada, conteniendo 
una  parca,  si  es  que  no  inexistente  argumentación,  que  puede  tacharse  de 
completamente ilógica y arbitraria y fundada en premisas absolutamente erróneas.
La representación de Realia Business, S.A., que estima que no existe lesión alguna, 
aduce con carácter previo diversos óbices procesales, señaladamente que el recurso 
puede ser extemporáneo, por indebida prolongación del proceso con la interposición de 
un improcedente recurso de aclaración y por carecer el recurso de amparo de especial 
transcendencia  constitucional,  sumándose  a  las  objeciones  de  procedibilidad  el 
Ministerio  Fiscal,  aunque  en  este  caso  porque  la  entidad  recurrente,  como 
describiéramos con detalle en los antecedentes de este pronunciamiento constitucional, 
no agotó la vía judicial previa [art. 44.1 a) en relación con el art. 50.1 a) LOTC], ya que 
imputa al órgano judicial diversas vulneraciones del art. 24.1 CE sin haberle dado  es
oportunidad de repararlas a través de los remedios procesales de nulidad de actuaciones  bo
previstos en el ordenamiento jurídico. w
2.  Requisitos para la admisibilidad. 2020-4119n https://w
ampCaoron  dceabreámcteors , ppreovr itoa natlo ,e pxraomneunn cdiaer nfoosn dsoo bdree  lala sc opnrceuterrnesnicoinae dse d leo sl are dqeumisiatonsd ap adrae 
su admisibilidad establecidos en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC),
puesto que, como hemos declarado en otras ocasiones, los defectos insubsanables de 
que pudiera estar afectado el recurso de amparo no resultan remediados porque haya 
sido inicialmente admitido a trámite (por todas, recientemente, STC 159/2019, de 12 de 
diciembre, FJ 2), de forma que la comprobación de los presupuestos procesales para la 
viabilidad de la acción pueden volverse a abordar o reconsiderar en la sentencia, de 
oficio o a instancia de parte, dando lugar a un pronunciamiento de inadmisión por la falta 
de tales presupuestos, sin que para ello constituya obstáculo el carácter tasado de los 
pronunciamientos previstos en el artículo 53 LOTC (por todas, también entre las más 
recientes, STC 27/2019, de 26 de febrero, FJ 2).
a)  Falta de agotamiento de la vía judicial [art. 44.1 a) LOTC] y extemporaneidad del 
recurso de amparo (art. 44.2 LOTC).
Hemos reiterado en resoluciones anteriores, por ejemplo en la STC 38/2019, de 26 
de marzo, FJ 3, que entre los requisitos de admisibilidad de toda demanda se encuentra, 
como expresión del carácter subsidiario del recurso de amparo, el que, previamente a 
acudir  ante  este  Tribunal  solicitando  la  protección  de  los  derechos  fundamentales 
pretendidamente vulnerados, se hayan agotado las posibilidades que el ordenamiento 
proporciona  para  lograr  tal  protección  ante  los  órganos  de  la  jurisdicción  ordinaria 
[art. 44.1 a) LOTC].
Siendo de ese modo y en lo relativo a la objeción de admisibilidad que opone el 
Ministerio Fiscal, es de recibo recordar lo que señalara por todas nuestra STC 153/2012, 
de 16 de julio, FJ 3, a saber: (i) que con anterioridad a la reforma operada por la Ley 
Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, este Tribunal venía estableciendo que la formulación 
del incidente de nulidad –que para agotar la vía judicial era preciso interponer con 
carácter  preceptivo–  tan  sólo  tenía  el  sentido  de  dar  ocasión  a  los  órganos  de  la 
jurisdicción ordinaria para reparar la vulneración que pretendidamente se causó a los 
demandantes; (ii) que, por ello, los reproches que se dirigían frente a un auto por el que 
se inadmitía el incidente de nulidad, más que integrar lesiones autónomas de derechos 
fundamentales, pondrían en evidencia que tal incidente no surtió el efecto que estaba 
llamado a producir, esto es, reparar la lesión pretendidamente ocasionada en el proceso 
a quo (véase, en ese mismo sentido, STC 204/2014, de 15 de diciembre, FJ 3, o 
ATC 124/2010, de 4 de octubre, FJ 2); (iii) que, sin embargo, continuaba a renglón 
seguido aquella STC 153/2012, el incidente de nulidad de actuaciones asume, tras la 
configuración del nuevo amparo constitucional, una función esencial de tutela y defensa 
de los derechos fundamentales que puede y debe ser controlada por este Tribunal 
cuando las hipotéticas «lesiones autónomas» que en él se produzcan tengan «especial 
trascendencia constitucional»; (iv) si se prefiere afirmarlo en otros términos, que el 
incidente de nulidad de actuaciones ya no puede considerarse como un mero trámite 
formal previo al amparo constitucional, sino, antes bien, como un verdadero instrumento 
procesal que, en la vía de la jurisdicción ordinaria, podrá remediar aquellas lesiones de 
derechos fundamentales que no hayan podido denunciarse antes de recaer resolución 
que ponga fin al proceso y siempre que dicha resolución no sea susceptible de recurso 
ordinario ni extraordinario (art. 241.1 LOPJ); (v) en definitiva, que el incidente de nulidad 
de actuaciones sirve, como así ha querido el legislador orgánico, para reparar aquellas 
lesiones de cualquier derecho fundamental que no puedan serlo a través de los recursos 
ordinarios o extraordinarios previstos por la ley, esto es, que su función en materia de 
tutela de derechos es, por tanto, la misma, en el ámbito de aplicación que le otorga el 
art. 241.1 LOPJ, que la realizada como consecuencia de la interposición de un recurso  e
ordinario o extraordinario y como tal debe ser atendida por los órganos judiciales. bo
Por consiguiente, como dijéramos en la STC 81/2018, de 16 de julio, FJ 6, o antes en  w
mlasu cShSasT,C   c2u2a/n2d0o1 8s, ed ee s5g rdime em aurnzao , vFuJln e2r,a yc ió6n5 /2a0u1tó6n, odme a1 1c odne  oacbarisl,i óFnJ  d3e,  elan trneu olitdraads   2020-4119n https://w
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calificar como «autónoma» la lesión denunciada por falta de motivación o motivación
insuficiente  del  auto  recurrido  en  amparo,  dado  que  en  el  recurso  el  deficitario 
razonamiento queda asociado a dicha resolución, no a ninguna otra previa. De ello se 
deduce, en consecuencia, en relación con el derecho a la motivación que debe concretar 
una resolución fundada en Derecho que se invoca en la demanda, que nos encontramos 
en una expresión de esa hipótesis, lo que conduce, como solicita el Ministerio Fiscal, a 
apreciar el óbice de procedibilidad por falta de agotamiento de la vía judicial, al no 
haberse interpuesto el correspondiente incidente de nulidad de actuaciones del art. 241 
LOPJ [art. 44.1 a) LOTC].
No puede alcanzarse la misma conclusión, en cambio, en lo que atañe a la otra 
queja, que denuncia en el recurso de amparo que el Juzgado, al denegar la solicitud de 
declaración de nulidad de la subasta para subsanar el error advertido en el anuncio 
publicado en el portal del BOE, lesionó el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva 
causando  un  perjuicio  generador  de  indefensión  (art.  24.1  CE),  incumpliendo  las 
exigencias de publicidad, transparencia y libre concurrencia en las subastas.
La recurrente, en efecto, consideró que el error que apreciaba en la publicidad de la 
subasta era lesivo, por lo que en fecha 30 de mayo de 2018 presentó un escrito en el 
que solicitaba que se declarase la nulidad del anuncio de la subasta, así como la 
retroacción  de  las  actuaciones  para  insertar  correctamente  el  anuncio.  La  anterior 
solicitud fue resuelta por diligencia de ordenación de la letrada de la administración de 
justicia, de 2 de julio de 2018, que declaró no haber lugar a acordar la nulidad de la 
subasta electrónica demandada por la parte ejecutada. Frente a dicha diligencia, la 
representación de la entidad Lanneman, S.L., formalizó recurso de reposición, estimado 
por decreto de aquella letrada, de 18 de octubre de 2018, que acordó dejarla sin efecto y 
dar cuenta a la «señora magistrada de la solicitud de nulidad del anuncio de la subasta 
en el portal de subasta de la Agencia Estatal del Boletín Oficial del Estado», todo lo cual 
desembocó finalmente en el dictado del auto ahora recurrido, de 29 de octubre de 2018.
Bajo esas circunstancias, se debe recordar que nuestra jurisprudencia ha subrayado 
que, «a efectos del agotamiento de la vía judicial, solo son exigibles los cauces procesales 
cuya viabilidad no ofrezca dudas interpretativas (STC 106/2005, de 9 de mayo, FJ 2) y que 
el art. 44.1 a) LOTC únicamente impone la utilización de los recursos o instrumentos de 
impugnación cuya procedencia se desprenda de modo claro, terminante e inequívoco del 
tenor  de  las  previsiones  legales,  sin  dudas  que  hayan  de  resolverse  con  criterios 
interpretativos de alguna dificultad (STC 18/2002, de 28 de enero, FJ 5)» (STC 248/2006, 
de 24 de julio, FJ 2), máxime cuando, además, el recurrente obre en la creencia de que 
hace lo correcto (STC 241/2006, de 20 de julio, FJ 3).
Justamente  es  lo  que  ocurre  en  el  presente  caso  dada  la  peculiaridad  de  las 
circunstancias concurrentes, señaladamente por la intervención previa de la letrada de la 
administración de justicia. En efecto, la recurrente en amparo pudo estimar que la 
magistrada competente venía a confirmar en el auto ahora recurrido, de 29 de octubre 
de 2018, lo que de manera coincidente había declarado la diligencia de ordenación de 2 
de julio de 2018, al rechazar ambas resoluciones la petición de nulidad, por más que 
aquella letrada hubiera dado cuenta y traslado de la petición a la juzgadora, por razón de 
competencia, tras estimar el sucesivo recurso de reposición formalizado frente a la 
mencionada diligencia de ordenación.
Bajo esas circunstancias, no procede adoptar en esta ocasión una decisión de 
inadmisión  del  recurso  en  lo  relativo  a  la  queja  que  nos  ocupa,  visto  que, 
razonablemente, la recurrente pudo obrar en la creencia de que hacía lo correcto al no 
interponer el incidente de nulidad de actuaciones (art. 241 LOPJ) contra el auto de 29 de  s
octubre de 2018 que resolvía su petición de nulidad, estimando que la cuestión había  oe.
sido  ya  planteada  y  resuelta  con  carácter  previo  y,  únicamente,  confirmada  por  la  w.
rjuezcguParroderon rltoae   deeennm  daáicmsh,po ac aoroum tfooo  rqqmuuaeel diszóeó   di«messpoculirgcitinotua ed en dn le oe sas tcaelna ptrearoccceióednse/ons utcebossn adsnetiat ueccsióitoenn »pa rdl.oenl uanuctioa mreiceunrtroid, ola,   2020-4119n https://w
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el remedio procesal instado en el cauce del art. 241 LOPJ, lo que ahora nos traslada 
como queja y el Ministerio Fiscal objeta en términos de falta de agotamiento, a pesar de 
que, por aquella vía, como se ha señalado, ya fuera objeto de censura en el proceso.
La propia parte compareciente en este proceso constitucional, Realia Business, S.A., 
así parece reconocerlo, aunque en su caso lo haga para postular la extemporaneidad de 
este recurso (art. 44.2 LOTC). Un óbice este último que debe igualmente decaer, toda 
vez que, sin necesidad de otro tipo de consideraciones adicionales, el art. 448.2 LEC 
dispone  que  los  plazos  para  recurrir  se  contarán  desde  el  día  siguiente  al  de  la 
notificación de la resolución que se recurra o, en su caso, a la notificación de su 
aclaración o de la denegación de ésta, sin que haga distinciones el legislador sobre los 
motivos de la denegación.
En relación con ello, tenemos dicho que constituiría una interpretación arbitraria de la 
normativa reguladora de los plazos procesales una eventual interpretación por parte de 
un  órgano  judicial  de  que  la  tramitación  de  un  recurso  de  aclaración  no  permite 
interrumpir el cómputo del plazo para interponer un recurso, dado que las resoluciones 
aclarada y aclaratoria se integran formando una unidad lógico-jurídica que no puede ser 
impugnada sino en su conjunto a través de los recursos que, en su caso, pudieran 
interponerse contra la resolución aclarada. En consonancia con esta forma de entender 
la técnica de la aclaración de las resoluciones judiciales, nuestro Derecho positivo ha 
entendido tradicionalmente que, en la determinación del dies a quo para el cómputo del 
plazo de un recurso contra una resolución que ha sido objeto de aclaración, se debe 
tomar  necesariamente  en  consideración  la  fecha  de  notificación  de  la  resolución 
aclaratoria (STC 90/2010, de 15 de noviembre, FJ 3). Así lo disponía el art. 407 de la 
vieja Ley de enjuiciamiento civil de 1881 «en los casos en que se pida aclaración de una 
Sentencia conforme a lo prevenido en el artículo 363, el término para interponer el 
recurso que proceda contra la misma sentencia se contará desde la notificación del auto 
en que se haga o deniegue la aclaración», y así lo establecen actualmente tanto el 
apartado segundo del art. 448 LEC, como el apartado noveno del art. 267 LOPJ.
Esta misma tesis ha sido seguida por nuestra jurisprudencia al proceder al cómputo 
del plazo para la interposición del recurso de amparo previsto en el art. 44.2 LOTC, 
habiendo señalado este Tribunal que la aclaración instada contra la resolución judicial 
que agota la vía judicial previa «debe tener el efecto de desplazar el dies a quo» para la 
presentación de este recurso constitucional desde el día siguiente al de la notificación de 
la  resolución  aclarada  hasta  el  día  siguiente  al  de  la  notificación  de  la  resolución 
aclaratoria, cuando la presentación del recurso de aclaración no constituya ni un abuso 
de derecho ni una maniobra dilatoria (por todas, STC 105/2006, de 3 de abril, FJ 5).
Y son excesos estos últimos que en el presente caso, atendidas las circunstancias 
concurrentes anteriormente descritas, señaladamente la intervención previa del letrado 
de la administración de justicia, no podrían ser apreciados sin incurrir en un manifiesto 
rigorismo contrario a la efectividad de la tutela que es propia del proceso de amparo, 
más aún cuando, en la línea que declarara la reciente STC 31/2019, de 28 de febrero, 
FJ 3, no cabe decir en esta ocasión que el remedio procesal intentado no procediera en 
forma manifiesta, ya porque exista un precepto legal que expresamente lo impida ya 
porque ni siquiera esté previsto legalmente. Antes bien, la aclaración y subsanación de 
defectos se encuentran reguladas en los arts. 214 y 215 LEC, como recordó el auto 
aclaratorio de 14 de diciembre de 2018 que cerró el proceso, y de su regulación solo se 
desprende que contra la resolución que lo resuelve no cabe recurso alguno, sin perjuicio 
de los que procedan, en su caso, contra la resolución a aclarar a la que se refiera la  s
solicitud o actuación de oficio del tribunal o secretario judicial. oe.
bR)e alEias pBecuisailn terasss,c eSn.dAe.n, cpiao csotunlast itquuceio neall .recurso  de  amparo  carece  de  especial  2020-4119n https://w
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público procesal (entre otras, STC 113/2012, de 24 de mayo, FJ 2, y las allí citadas).
En la providencia de admisión a trámite de este recurso se apreció que plantea un 
problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina 
de este Tribunal [STC 155/2009, FJ 2 a)], señaladamente porque, en efecto, carecemos 
de ella en cuanto a las posibles vulneraciones del derecho a la tutela judicial efectiva sin 
indefensión  (art.  24.1  CE)  por  incumplimiento  de  las  garantías  de  una  subasta 
electrónica, pese a la centralidad que posee ese cauce de realización forzosa de bienes 
muebles e inmuebles en procedimientos ejecutivos, frente a la modalidad presencial, a 
partir de las previsiones establecidas por la Ley 19/2015, de 13 de julio, de medidas de 
reforma administrativa en el ámbito de la administración de justicia y del registro civil, que 
modificó los artículos 644 y siguientes LEC. En suma, el recurso de amparo permite 
perfilar la doctrina constitucional sobre la cobertura del art. 24.1 CE en razón de las 
peculiaridades y elementos definidores de esa nueva realidad jurídica, por lo que la 
objeción que se formula no puede prosperar.
3.  Análisis de la cuestión de fondo.
Como quedó expuesto en los antecedentes de este pronunciamiento constitucional, 
la demanda de amparo alega que la resolución judicial impugnada, el auto de 29 de 
octubre de 2018, ha incurrido en vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva 
(art. 24.1 CE) porque el juzgado ha causado indefensión al denegar la declaración de 
nulidad de la subasta para subsanar el error advertido en el anuncio publicado en el 
portal del BOE, desatendiendo que la categoría asignada al inmueble objeto de licitación, 
la de «local comercial», era errónea, limitaba la publicidad y transparencia e incumplía de 
manera palmaría las normas que rigen las subastas electrónicas, impidiendo así la 
participación en la subasta de postores que podrían haber estado interesados en la 
adquisición  del  bien  ofreciendo  un  precio  superior,  con  el  consiguiente  perjuicio 
económico para la demandante de amparo.
En la cuestión ahora enjuiciada, entiende la compareciente Realia Business, S.A., 
que el error producido no tuvo una entidad que imposibilitara el efectivo conocimiento de 
la subasta y, por ende, la posibilidad para los potenciales licitadores de acudir a la 
misma. Lo demuestra, afirma, que fueran varios los postores que formularon pujas sobre 
la finca y que, través de la página web del BOE, se pudiera acceder tanto al edicto 
publicado por el juzgado como al certificado de dominio y cargas del registro de la 
propiedad, que describían el bien subastado, o que el precio final de adjudicación fuera 
prácticamente idéntico al precio de mercado que a aquella asignara el perito judicial. De 
cualquier modo, añade, el alcance de la irregularidad producida fue valorado por el 
órgano judicial y no lo estimó relevante con base en la libre valoración de la prueba que 
le compete, al no considerar que el simple error en el «encasillamiento» de la finca 
impidiera identificar la verdadera naturaleza de esta o restringiera la concurrencia de 
postores transgrediendo las normas de transparencia o exigencias de publicidad.
De su lado, el Ministerio Fiscal estima que la decisión recurrida responde a un 
argumento racional, pues se sustenta en que la correcta identificación de la finca como 
solar o como local comercial no era necesaria, ya que su naturaleza se desprendía de 
toda la información que se contenía en lo publicado y era claramente constatable por 
cualquier interesado. Siendo de ese modo, concluye en su escrito de alegaciones, 
entender que una equivocación tal vulnera los derechos fundamentales de una de las 
partes sería tanto como elevar a esa categoría un instrumento meramente facilitador del 
conocimiento de la existencia de la subasta.
En definitiva, sostienen Realia Business, S.A., y el Ministerio Fiscal, frente a lo  e
aducido para la recurrente en amparo, que el error en la calificación de la finca como  bo
local comercial no tendría relevancia material, resultando paliado con la información que  w
fsuen daapmoretón taeln a lleag paudbol.icación de la subasta, lo que descartaría toda lesión del derecho  2020-4119n https://w
comNeotie rpao duenm oesr roarc eepnta re l diacnhuan cteios isd. eE  nla  esfeucbtaos: ta( i) dneol  bsiee np ocnoen treonv ecrutideost,i óqnu eqduaen dsoe 
constreñido el debate, ex art. 24.1 CE, a la relevancia del mismo y al perjuicio que pudo
ocasionar a la parte demandante el incumplimiento de los requisitos de la publicidad de 
procedimiento  de  realización  forzosa  de  aquel,  lo  que  resulta  de  todo  punto 
transcendente ya que es presupuesto de la hipótesis de la lesión la existencia de aquel 
error cometido por el órgano judicial, pues, si no concurriera, la denegación de la nulidad 
solicitada, antes que lesiva, sería acorde a lo dispuesto en la normativa aplicable; (ii) 
dicho error en la identificación del bien objeto de subasta puede verificarse en un simple 
contraste entre el anuncio publicado, donde se constata la existencia de una confusión 
entre las categorías –obviamente dispares– de solar y local comercial, y lo dispuesto en 
los arts. 646 y 668 LEC, de los que se desprende la rigurosa exigencia de una correcta 
identificación  de  la  finca  objeto  de  la  subasta,  así  como  de  cuantos  datos  y 
circunstancias  sean  relevantes  para  esta;  (iii)  no  es  intrascendente  para  valorar  la 
decisión judicial, desde luego, que el régimen legal sea tan estricto e insistente en dicha 
exigencia  de  identificación,  como  se  sigue  de  los  preceptos  de  la  de  la  Ley  de 
enjuiciamiento civil citados, lo que abunda en la idea de que cualquier dato significativo 
que  pueda  inducir  a  confusión  o  error  en  la  identificación  (y  la  categoría  de 
encuadramiento del bien lo es por razones evidentes) podrá afectar objetivamente a la 
transparencia y libre concurrencia en el procedimiento de ejecución, al restringir el 
conocimiento de los posibles postores; (iv) es asimismo destacable la inactividad del 
órgano judicial, que una vez constatado el error de identificación tras la denuncia de la 
parte afectada, se negó a favorecer la corrección de ese defecto que podía ser reparado 
sin dificultad notable, procediendo a su subsanación. La efectividad del derecho a la 
tutela judicial efectiva, que ha de procurarse mediante el cumplimiento por el órgano 
judicial de su deber legal de respetar lo que la ley dispone para la realización de bienes 
en el procedimiento ejecutivo, no puede desconocerse desviando a los recurrentes la 
carga de soportar los eventuales perjuicios que la incorrección de la publicidad pueda 
acarrear para el curso de la subasta, ni pretendiendo que los posibles destinatarios de la 
convocatoria realicen indagaciones adicionales no previstas por la norma ni promovidas 
por esta, sino todo lo contrario.
Podemos ahora reiterar en atención a todos esos parámetros de constitucionalidad, 
como  dijera  la  STC  55/2019,  de  6  de  mayo,  FJ  5,  que  la  modernización  de  la 
administración de justicia mediante la generalización en el uso de las nuevas tecnologías 
no constituye un fin en sí mismo sino un instrumento para facilitar el trabajo tanto del 
órgano judicial, como de los justiciables que actúan en los procesos a través de los 
profesionales designados o directamente por ellos cuando esto último es posible. No 
pueden en ningún caso erigirse tales medios tecnológicos en impedimento o valladar 
para la obtención de la tutela judicial a la que todas las personas (art. 24.1 CE) tienen 
derecho.
La decisión impugnada, por tanto, carece de anclaje normativo y desconoce la 
doctrina de este Tribunal en la materia, pues la indefensión alegada, en efecto, se causa 
aquí por un defectuoso funcionamiento de la oficina judicial que deja desasistida de sus 
derechos en el procedimiento ejecutivo a la parte ejecutada, sin posibilidad adicional 
alguna de canalizar su pretensión y poder obtener, con la publicidad debida, eventuales 
mejores ofertas en la subasta. No concurre aquí, por tanto, una denegación del derecho 
de acceso al proceso de ejecución (por todas, STC 6/2008, de 21 de enero, FJ 2) o un 
supuesto en el que objetivamente se dé una indebida inejecución del título (entre otras, 
SSTC 33/1987, de 12 de marzo, FJ 3, y 39/1994 de 15 de febrero, FJ 3), cuyo control 
constitucional se rige por el canon del principio pro actione, pero tampoco una mera 
cuestión  sobre  la  racionalidad  de  la  decisión  tomada  dentro  de  un  procedimiento  s
ejecutivo, en la que el canon de control se limita a comprobar si las decisiones se  oe.
adoptan de forma razonablemente coherente con el contenido de la resolución que  w.
eeuljn ep cdruaotñcaeond .e iSmn eiee lpn drtooed rdeuecc heso,u  abdnaets edtsae ,fb esineinsn a,q  vudiese t calaos r drlaeessm psaoinnndgdauanl aatre e,e sqs tuceier c Tvuriinobs uatnafeanclc tiianadfseo rdsire  sln ucasad siano tm edráees sa efuuste oersan,    2020-4119n https://w
ddee  eejsetcau ccoiómnp.robación de desamparo en su posición como ejecutada en el procedimiento  BOE-A-cable e
Señalamos en la STC 55/2019 recién citada, o antes en la STC 205/2007, de 24 de 
septiembre, FJ 4, que «la regla o principio de interdicción de indefensión “reclaman un 
cuidadoso esfuerzo del órgano jurisdiccional por garantizar la plena efectividad de los 
derechos de defensa de ambas partes (STC 226/1988, de 28 de noviembre)” y que “para 
que la indefensión alcance relevancia constitucional es necesario que tenga su origen 
inmediato y directo en actos u omisiones de los órganos judiciales”, es decir, “que sea 
causada  por  la  incorrecta  actuación  del  órgano  jurisdiccional,  estando  excluida  del 
ámbito  protector  del  art.  24  CE  la  indefensión  debida  a  la  pasividad,  desinterés, 
negligencia,  error  técnico  o  impericia  de  la  parte  o  de  los  profesionales  que  la 
representan o defiendan”».
Aplicada  esta  doctrina  al  caso  que  nos  ocupa,  comprobamos  que  el  juzgado 
desatendió  manifiestamente  la  relevancia  del  error  del  anuncio  de  la  subasta  y  la 
incidencia  en  el  proceso  de  realización  forzosa  del  bien  que  ese  defecto  en  su 
identificación podía conllevar, aunque se lo pusiera de manifiesto la parte demandante 
de amparo a la vista de la regulación contenida en la de la Ley de enjuiciamiento civil. 
Pese a todo lo dicho, y pese a que era el órgano judicial que acordó la subasta a quien 
correspondía velar por la corrección de los datos de la convocatoria, nada hizo una vez 
informado del error y constatado este, soslayando el perjuicio económico verosímil que 
invocaba la parte ejecutada aquí demandante y no exteriorizando en su respuesta una 
verdadera consideración de los derechos sustantivos concernidos, causando con todo 
ello indefensión.
4.  Procede  en  consecuencia  el  otorgamiento  del  amparo  que  se  nos  solicita, 
declarando que ha sido vulnerado el derecho de la recurrente a no padecer indefensión 
(art. 24.1 CE). Este pronunciamiento determina la nulidad de la resolución recurrida y, 
como medida de reparación adecuada ex art. 55.1 c) LOTC, la retroacción de las 
actuaciones del procedimiento al momento inmediatamente anterior al de la resolución 
de la letrada de la administración de justicia ante la petición de nulidad que efectuó la 
parte demandante de amparo por escrito de 30 de mayo de 2018, a fin de que dicte otra 
en su lugar que resulte respetuosa con el derecho fundamental de la recurrente.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar el recurso de amparo interpuesto por Lanneman, S.L., y, en su virtud:
1.º  Declarar que ha sido vulnerado el derecho fundamental de la recurrente en 
amparo a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE).
2.º   Restablecerla en su derecho y, en consecuencia, declarar la nulidad del auto 
del Juzgado de Primera Instancia núm. 84 de Madrid, de fecha 29 de octubre de 2018, 
por el que se declara que no ha lugar a la nulidad solicitada en el procedimiento de 
ejecución de títulos judiciales núm.1134-2011.
2020-4119n https://w
3.º  Retrotraer  las  actuaciones  del  procedimiento  al  momento  inmediatamente 
anterior al de la resolución de la letrada de la administración de justicia ante la petición 
de nulidad que efectuó la parte demandante de amparo por escrito de 30 de mayo 
de 2018, a fin de que dicte otra en su lugar que resulte respetuosa con el derecho 
fundamental de la recurrente.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a veinticuatro de febrero de dos mil veinte.–Encarnación Roca 
Trías.–Fernando  Valdés  Dal-Ré.–Juan  Antonio  Xiol  Ríos.–Pedro  José  González-
Trevijano Sánchez.–Antonio Narváez Rodríguez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Firmado y 
rubricado.
2020-4119n https://w