BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 59 Jueves 10 de marzo de 2022 Sec. TC.   Pág. 28621
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
3797 Sala Primera. Sentencia 10/2022, de 7 de febrero de 2022. Recurso de 
amparo 3931-2018. Promovido por don Jordi Velasco Cano respecto de las 
resoluciones dictadas por un juzgado de lo contencioso-administrativo de 
Barcelona  en  tasación  de  las  costas  causadas  en  un  procedimiento 
abreviado. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en relación con 
los derechos de defensa y a la asistencia letrada: resoluciones judiciales que 
consideran gastos indebidos los honorarios del abogado en un supuesto en el 
que no resulta preceptiva la intervención de letrado.
ECLI:ES:TC:2022:10
La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por el magistrado don Pedro 
José González-Trevijano Sánchez, presidente; los magistrados don Santiago Martínez-
Vares García y don Ricardo Enríquez Sancho, y las magistradas doña María Luisa 
Balaguer Callejón y doña Inmaculada Montalbán Huertas, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 3931-2018, promovido por don Jordi Velasco Cano, 
representado por la procuradora de los tribunales doña Ana Julia Vaquero Blanco y con 
la asistencia del letrado don Ramón Figuera Palacios, contra los autos de 1 de marzo 
de 2018 y de 8 de junio de 2018, ambas resoluciones dictadas por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. 7 de Barcelona, en el procedimiento abreviado núm. 
249-2016. Han sido parte la Generalitat de Catalunya, representada por la abogada de la 
Generalitat de Cataluña, y don Jordi Martín i Medina, representado por el procurador de 
los tribunales don José Manuel Gracia Marías y asistido por el letrado don José Antonio 
Bitos Rodríguez. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido ponente la magistrada doña 
María Luisa Balaguer Callejón.
I. Antecedentes
1. Por escrito registrado en este tribunal el día 9 de julio de 2018, don Jordi Velasco 
Cano, representado por la procuradora de los tribunales doña Ana Julia Vaquero Blanco 
y con la asistencia del letrado don Ramón Figuera Palacios, interpuso recurso de amparo 
contra las resoluciones a las que se hace referencia en el encabezamiento, dictadas por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 7 de Barcelona, en el procedimiento 
abreviado núm. 249-2016, alegando la vulneración de su derecho a la tutela judicial 
efectiva (art. 24.1 CE), en su vertiente del derecho a una resolución motivada y fundada 
en Derecho, en relación con el derecho de defensa y a la asistencia letrada (art. 24.2  e.
CE), así como la infracción del principio de igualdad en aplicación de la ley (art. 14 CE). w.b
actu2a.c ioLnoess  hqeuceh loas a creolmevpaanñtaens , qsuoen  sloes  dseigsupireenntedse:n de la demanda de amparo y de las
a) El 7 de julio de 2016, don Jordi Velasco Cano, interpuso recurso contencioso-
administrativo contra la desestimación por silencio administrativo de su alzada formulada  Bc
contra  el  acuerdo  de  23  de  febrero  de  2016,  del  Departamento  de  Interior  de  la 
Generalitat de Cataluña, por el que se aprobaba y hacía pública la lista de personas 
asignadas a un puesto de trabajo. Como parte codemandada figuraba don Jordi Martín i 
Medina.
b) El  Juzgado  de  lo  Contencioso-Administrativo  núm.  7  de  Barcelona  dictó 
sentencia de fecha 6 de abril de 2017 por la que estimaba el recurso interpuesto, y que, 
por lo que ahora nos interesa, en su fundamento jurídico tercero, contenía el siguiente 
pronunciamiento relativo a las costas: «[c]onforme al art. 139 LJCA sí es procedente 
imponer las costas procedimentales tanto a la demandada como a la codemandada, 
ambas por mitad, por el criterio de vencimiento objetivo, y sin limitación alguna al no 
haberse generado en el suscribiente serias dudas de Derecho al respecto ni concurren 
circunstancias  excepcionales  para  su  no  imposición,  ya  que  ambas  (demandada  y 
codemandada) han obrado por lo demás con temeridad procesal, pues sabiendo estas 
dos  partes  litigantes  el  momento  exacto  de  fechas  y  contenidos  obrantes  en  el 
expediente administrativo y que les fue evidenciado por S. S.ª al inicio del plenario, han 
seguido ratificándose en sus posiciones procesales de inadmisibilidad de los recursos de 
alzada litigiosos de autos».
c) Practicada  la  tasación  de  costas  a  instancia  de  la  parte  demandante,  por 
diligencia de ordenación de 20 de junio de 2017, fueron impugnadas por indebidas y 
excesivas por la administración y el codemandado.
d) La impugnación de las costas por indebidas formulada por la Generalitat de 
Cataluña  se  fundamentó  en  que,  no  siendo  preceptiva  la  asistencia  letrada  del 
demandante  ex  art.  23.3  de  la  Ley  reguladora  de  la  jurisdicción  contencioso-
administrativa (LJCA), debía excluirse de la referida tasación, de conformidad con el 
art. 241.1 de la Ley de enjuiciamiento civil (LEC).
Por  decreto  de  la  letrada  de  la  administración  de  justicia  del  Juzgado  de  lo 
Contencioso-Administrativo núm. 7 de Barcelona, de 20 de noviembre de 2017, fue 
desestimada esta impugnación pues, según razona, aunque de acuerdo con el art. 23.3 
LJCA «la presencia de letrado no es obligatoria ante un órgano unipersonal, como lo es 
el presente caso, […] también hay que tener en cuenta la supletoriedad de las normas 
contenidas en la Ley de enjuiciamiento civil». De este modo, si bien el art. 32.5 LEC 
dispone, como regla general, que habrán de excluirse de las costas los derechos y 
honorarios de abogado y procurador cuando su intervención no sea preceptiva, también 
prevé varias salvedades, una de las cuales consiste en que el demandante tenga su 
domicilio «en lugar distinto a aquel en que se ha tramitado el juicio», circunstancia que 
se da en la presente causa, por lo que el demandante sí tiene derecho a resarcirse de 
tales gastos.
e) La  impugnación  formulada  por  el  codemandado  tuvo  como  fundamento  la 
improcedencia de una determinada partida por un motivo diverso, siendo estimada en el 
referido decreto de la letrada de la administración de justicia.
f) La administración y el codemandado formularon sendos recursos de revisión. Por 
la Generalitat se alegó la infracción de lo dispuesto en el art. 32.5 LEC, en relación con el 
art. 14.1 LJCA, además de aducir que la elección del domicilio por el demandante entre 
Barcelona y Girona y la no coincidencia con el lugar de tramitación del juicio tuvo un 
carácter voluntario, con lo que no podía operar la excepción del art. 32.5 LEC. El 
codemandado consideró infringidos los arts. 23.3 y 14.1 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, en relación con los arts. 394 LEC y 139 LJCA, concluyendo que, no siendo 
preceptiva la intervención de letrado, no deberían incluirse sus honorarios en las costas,  es
adhiriéndose al recurso de revisión de la administración. El ahora recurrente se opuso a  o
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competente, a elección del demandante, el juzgado o el tribunal en cuya circunscripción
tenga  aquel  su  domicilio  o  se  halle  la  sede  del  órgano  autor  del  acto  originario 
impugnado», con lo que no puede operar la excepción prevista en el art. 32.5 LEC.
h) El ahora recurrente promovió un incidente excepcional de nulidad de actuaciones 
denunciando que la interpretación de los preceptos aplicables (arts. 23 y 139 LJCA, en 
relación con los arts. 23.2, 241 y 394 LEC) efectuada por el juzgado en la resolución 
precedente vulneraba el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), al limitar 
injustificadamente  su  derecho  de  defensa;  así  como  el  principio  de  igualdad  en  la 
aplicación de la ley (art. 14 CE), al deparar un tratamiento privilegiado a las costas 
procesales de la administración frente a las que tuvieran su origen en la representación y 
defensa del funcionario. Tanto la Generalitat de Cataluña como don Jordi Martín i Medina 
se opusieron a la solicitud de nulidad.
i) Por auto de 8 de junio de 2018, el juzgado desestimó la nulidad interesada por 
cuanto, según razona, «supone un recurso implícito al auto frente al cual no cabe 
recurso  alguno»,  ya  que  «[l]a  parte  viene  a  discutir  la  interpretación  que  hace  la 
resolución de los preceptos 32.5 de la LEC y 14.1 LJCA, es decir no es que se trate de 
que el auto carezca de motivación, sino que la parte está en desacuerdo con la misma, 
lo que no puede fundamentar por sí el incidente de nulidad de actuaciones».
3. Don  Jordi  Velasco  Cano  ha  interpuesto  demanda  de  amparo  contra  las 
resoluciones  indicadas  denunciando  la  vulneración  del  derecho  a  la  tutela  judicial 
efectiva (art. 24.1 CE) y del principio de igualdad en la aplicación de la ley (art. 14 CE), 
con argumentos similares a los expuestos en el planteamiento del incidente excepcional 
de nulidad.
Así, en cuanto al derecho a la tutela judicial efectiva, se aduce que «la interpretación 
de que potestativamente el funcionario puede asumir su representación y defensa y que 
por tanto la actuación del letrado no es preceptiva, comporta una injustificada limitación 
de  su  derecho  de  defensa  y  una  posición  de  clara  inferioridad  técnica  ante  la 
administración que siempre acude representada y asistida por letrado (sea del Estado o 
de la Generalitat) y un auténtico obstáculo, pues en el caso de que la sentencia no le sea 
favorable, a pesar de no haber utilizado la defensa letrada, siempre vendría obligado a 
pagar las costas por imperativo legal. Mientras que la administración podría siempre, e 
incluso  en  el  supuesto  de  haber  dictado  una  resolución  temeraria  y  rayana  en  la 
prevaricación, oponerse a la pretensión del funcionario, pues ninguna consecuencia 
tendría para ella».
Mientras  que  con  respecto  al  principio  de  igualdad,  se  sostiene  que  esa 
interpretación de los preceptos aplicables «no otorga el mismo tratamiento en cuanto a 
las costas procesales a la administración y al funcionario, pues efectivamente, con la 
interpretación  de  este  juzgado,  que  supone  un  patente  error  en  la  aplicación  del 
Derecho, con trascendencia constitucional, la administración siempre será acreedora de 
las costas procesales por vencimiento objetivo (por supuesto si se le imponen y a salvo 
que el juzgador considere que no existen méritos para imponerlas) y en cambio el 
funcionario nunca podrá obtener el resarcimiento de sus gastos si ha optado por la 
defensa técnica».
Termina solicitando que se declare la nulidad de las resoluciones recurridas y que se 
«declaren debidas las costas judiciales a las que fue condenada la administración y el 
codemandado y asimismo se declare no haber lugar a la imposición de costas en el 
incidente de nulidad de actuaciones previo al recurso de amparo».
Con carácter subsidiario, de no aceptarse la interpretación que se propugna de los  s
preceptos aplicables (en concreto, de los arts. 23 y 139 LJCA, en relación con el art. 241  e.
LEC), se interesa que se eleve al Pleno del Tribunal una cuestión de inconstitucionalidad  w.
en relación con los mismos. 97ww
4. Por providencia de 25 de febrero de 2019, la Sección Segunda de este tribunal
aecsopredcóia la dtmraisticr ean dteránmciiate  ceol nrsetcituurcsioo ndael  a[amrtp. ar5o0 .a1p rdeeci alnad oL eqyu e Ocrognácnuicrrae  edne l elT rmibiusmnaol 
Constitucional (LOTC)] porque el recurso plantea un problema o afecta a una faceta de
un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina de este tribunal [STC 155/2009, 
FJ 2 a)], y, asimismo, porque el asunto trasciende el caso concreto pues suscita una 
cuestión jurídica relevante, de general repercusión social o económica [STC 155/2009, 
FJ 2 g)].
En la misma resolución se acordó dirigir atenta comunicación al Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. 7 de Barcelona, a fin de que remitiera certificación o 
fotocopia adverada de las actuaciones correspondiente al procedimiento abreviado núm. 
249-2016,  debiendo  previamente  emplazar  a  quienes  hubieran  sido  parte  en  el 
procedimiento  para  que  comparecieran  en  estas  actuaciones,  si  así  lo  deseaban, 
excepto a la parte recurrente en amparo.
5. Con fecha 18 de marzo de 2019 compareció la Generalitat de Cataluña, bajo la 
representación y defensa de la abogada de dicha administración, y el día 20 de marzo 
de 2019 lo hizo don Jordi Martín i Medina, representado por el procurador de los 
tribunales don José Manuel Gracia Marías y asistido por el letrado don José Antonio 
Bitos Rodríguez.
6. Por diligencia de ordenación de 16 de abril de 2019 se tuvieron por personados 
en el procedimiento a la Generalitat de Cataluña y a don José Manuel Gracia Marías, en 
nombre de don Jordi Martín i Medina, otorgándose un plazo común al Ministerio Fiscal y 
a  las  partes  personadas  para  que  formularan  las  alegaciones  que  consideraran 
oportunas.
7. La Generalitat de Cataluña presentó alegaciones mediante escrito registrado 
el 14 de mayo de 2019.
La abogada de la Generalitat se opone al recurso de amparo por diversos motivos, 
ya fueran determinantes de la inadmisión de la demanda, ya de su desestimación. En 
cuanto a los primeros, se aduce que el recurso carece de fundamento pues, en realidad, 
se suscita una cuestión de legalidad ordinaria relativa a la interpretación de las normas 
procesales en materia de costas. Respecto de la segunda clase de motivos, la abogada 
de la Generalitat considera falta de justificación la denunciada vulneración del derecho a 
la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), pudiendo sintetizarse sus argumentos en que el 
recurrente no ha padecido a lo largo del procedimiento «una lesión real y efectiva» de 
ese  derecho,  «puesto  que  ha  intervenido  en  los  mismos  asistido  de  letrado, 
respetándose por tanto los principios de igualdad de partes y de contradicción y sin sufrir 
menoscabo real y efectivo en su derecho de defensa y en todos ellos ha obtenido una 
resolución motivada y fundada en Derecho […] [siendo que] la carga de asumir los 
gastos de la defensa técnica […] no es el resultado de una interpretación errónea de las 
normas procesales aplicables al caso, sino de la estricta aplicación de los arts. 32.5 
y 241.1.1 de la LEC y del art. 23.3 de la LJCA». Asimismo, rechaza la infracción del 
principio de igualdad (art. 14 CE), pues entiende que «en realidad, bajo el enunciado de 
la infracción del derecho a la igualdad en la aplicación de la ley lo que verdaderamente 
denuncia la demanda es una supuesta interpretación errónea de los preceptos aplicables 
al caso, con resultado discriminatorio», no habiéndose incurrido en dicho defecto en las 
resoluciones impugnadas. Finalmente, se opone a la eventual elevación al Pleno del 
Tribunal Constitucional de la cuestión relativa a la inconstitucionalidad de los arts. 23 
y 139 LJCA, en relación con el 241 LEC, que había solicitado subsidiariamente el 
demandante de amparo.
8. El recurrente formuló alegaciones complementarias por escrito de 20 de mayo  oe.
de 2019, en el que se remite a los argumentos ya expuestos en su recurso, reiterando la  w.
tparrtaretiboceu dpciitsóocnsr  iamapl inlóicaragtobarlnieoos  .djuerl isfudnicccioionnaarli od efr eunnte e arr olar  paadtmeninties teranc ilóan a epnlic laac iinótne rdperel tdaecrieócnh doe y l oesl   2022-3797n https://ww
9. El codemandado en el procedimiento abreviado, don Jordi Martín i Medina,
presentó escrito de alegaciones el día 24 de mayo de 2019, en el que niega que exista
discriminación alguna entre su situación en la causa como funcionario y el recurrente, 
considerando, además, que se trata meramente de una cuestión de legalidad ordinaria.
10. El Ministerio Fiscal registró sus alegaciones por escrito el 23 de septiembre 
de 2020, en sentido favorable a la estimación de la demanda de amparo.
Tras compendiar los acontecimientos procesales que consideró de interés al caso y 
concretar los aspectos más relevantes de la pretensión del demandante de amparo, el 
fiscal señala que el objeto del presente recurso consiste en dilucidar «si resulta conforme 
tanto con el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) como con el derecho a la 
igualdad en la aplicación de la ley (art. 14 CE) la interpretación realizada por el órgano 
judicial, atribuyendo a la regulación derivada del art. 23 LJCA el efecto de que la 
representación y defensa a que se refiere –art. 23.1 y 2–, en cuanto es utilizada por un 
funcionario  público,  haciendo  uso  de  la  opción  que  le  confiere  el  art.  23.3  LJCA, 
determina que aquella no sea preceptiva y, por tanto, su exclusión de la tasación de 
costas  según  los  arts.  32.5  y  241.1  LEC»,  entendiendo  que  la  queja  relativa  a  la 
infracción del principio de igualdad en la aplicación de la ley «se encuadraría más 
certeramente, a nuestro entender, dentro de la vulneración del derecho a la tutela judicial 
efectiva sin indefensión, ya que, en realidad, lo que se denuncia es una aplicación 
irrazonable, en sentido constitucional, que determina un diferente tratamiento carente de 
justificación  para  las  distintas  partes  del  proceso  –demandante  y  administración 
demandada– por lo que la posible vulneración del art. 14 estaría integrada, en este caso, 
dentro de la vulneración del art. 24 CE».
A continuación, recuerda la doctrina constitucional, así como la normativa aplicable al 
caso, concluyendo que la interpretación seguida en el auto de 1 de marzo de 2018, 
confirmada en el auto de 8 de junio de 2018, por la que se excluyen los honorarios del 
letrado  del  recurrente  de  la  tasación  de  costas  al  no  considerar  preceptiva  su 
intervención, comporta una limitación de derecho a la asistencia letrada con incidencia 
en el derecho de acceso a la jurisdicción, por lo que vulnera el derecho a la tutela judicial 
efectiva (art. 24.1 CE).
En síntesis, el fiscal basa esas conclusiones en los siguientes argumentos: en primer 
lugar,  en  que  el  art.  23  LJCA  establece  «el  carácter  preceptivo  general»  de  la 
intervención del letrado en las actuaciones ante órganos jurisdiccionales unipersonales y 
colegiados en sus dos primeros apartados; en segundo lugar, que la excepción prevista 
en el apartado 3 de ese precepto no es equiparable a los supuestos de intervención no 
preceptiva, prevista para la jurisdicción civil, laboral o penal [arts. 31.2 LEC, 21.1 de la 
Ley reguladora de la jurisdicción social (LJS) y 967 de la Ley de enjuiciamiento criminal 
(LECrim), respectivamente], pues la facultad atribuida a los funcionarios públicos por la 
ley debe ser leída como un beneficio para ellos y no cabe que se les prive de su derecho 
a una defensa técnica, ni se les puede obligar a actuar personalmente «como ocurre si 
se anuda a ello una interpretación excluyente de la reclamación de sus costas, pues ello 
significaría que la facultad otorgada por la ley implicaría imponerle una carga adicional 
no prevista por la ley, con lo que se vería comprometido su derecho de defensa»; en 
tercer  lugar,  la  especial  relevancia  constitucional  de  esa  limitación  del  derecho  de 
defensa  y  a  la  asistencia  letrada,  pues  «la  parte  demandada  genuina  es  la 
administración, que, por ministerio de la Ley, siempre interviene en el proceso con 
representación  de  letrado  y,  con  carácter  general,  a  través  de  sus  cuerpos 
especializados», cuyos honorarios sí son incluibles en las costas; y, como corolario de lo 
anterior, en cuarto lugar, esa interpretación «penaliza la elección de defensa técnica  s
opcional y no obligatoria, al imponer un resultado —exclusión de las costas de su  e.
defensa— que puede suponer un gravamen añadido al resultado del proceso», lo que,  w.
además de no ajustarse al deber constitucional de procurar el equilibrio de las partes en  97ww
ecujearncitcoi oa  ldae o plaosr tuancicdiaodn edse  qauleeg alre  y cporrorebsapr,o pnudeedne,  «intecindeier ncdoon saescíu, ecnocmiaso  doiscuuarrseo rciaosn  delal 
impoEsl icMióinni sdtee rcioo sFtiassc,a el nre eclh daezrae clah ov udlen earcacceióson  aa ulató jnuorimsdaic dcieóln p»r.incipio de igualdad en la  BOE-A-cable e
aplicación  de  la  ley  (art.  14  CE)  al  no  darse  los  requisitos  necesarios  para  ello,
confirmado, no obstante, que «la desigualdad denunciada se integraría como uno de los 
elementos de la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en relación con el 
derecho de defensa».
11. Por providencia de 3 de febrero de 2022, se señaló para deliberación y votación 
de la presente sentencia el día 7 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1. Objeto del recurso de amparo y pretensiones de las partes.
La demanda de amparo impugna los autos de 1 de marzo y 8 de junio de 2018 del 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 7 de Barcelona, en virtud de los cuales 
se excluyen de la condena en costas declarada por sentencia los honorarios del letrado 
del demandante, por entender vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 
CE), en la vertiente del derecho a una resolución motivada y fundada en Derecho, así 
como también el principio de igualdad en la aplicación de la ley (art. 14 CE).
Para el recurrente, el órgano jurisdiccional interviniente incurrió en una interpretación 
irracional de las previsiones legales (en particular, de los arts. 23 y 139 LJCA, en relación 
con  el  art.  241  LEC),  limitando  injustificadamente  su  derecho  de  defensa  y 
obstaculizando  su  acceso  a  la  jurisdicción,  al  situarle  en  «una  posición  de  clara 
inferioridad técnica ante la administración que siempre acude representada y asistida por 
letrado», y toda vez que «en el caso de que la sentencia no le sea favorable, a pesar de 
no haber utilizado la defensa letrada, siempre vendría obligado a pagar las costas por 
imperativo legal», propiciando un trato discriminatorio del funcionario respecto de la 
administración en el tratamiento de las costas.
La  abogada  de  la  Generalitat  de  Cataluña  se  opone  al  recurso  solicitando  su 
inadmisión por carencia de fundamento, al tratarse de una cuestión estrictamente legal; 
o, en su caso, su desestimación, al resultar injustificada la denunciada vulneración del 
derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), pues se habrían respetado sus 
derechos procesales, habiendo obtenido una resolución motivada y fundada en Derecho, 
así  como  tampoco  estaría  justificada  la  infracción  del  principio  de  igualdad  en  la 
aplicación de la ley (art. 14 CE) que, en realidad, se encontraría subsumido en el primer 
motivo.
Don  Jordi  Martín  i  Medina,  codemandado  en  el  procedimiento  contencioso-
administrativo, también se opone al recurso, incidiendo en que se está ante una cuestión 
de legalidad ordinaria, ajena a las competencias de este tribunal, y en el rechazo de la 
existencia de discriminación alguna del demandante de amparo.
El Ministerio Fiscal se manifiesta favorable a la estimación del recurso al considerar 
que la interpretación de la normativa aplicable realizada por el juzgado tendría efectos 
disuasorios sobre el ejercicio del derecho de acceso a la jurisdicción y que la facultad 
que se reconoce a los funcionarios públicos de «comparecer por sí mismos», ex art. 23.3 
LJCA, debe leerse como un beneficio que no les priva de su derecho a la representación 
y defensa técnica, que se vería penalizado de excluirse de las costas los derechos y 
honorarios que hubiera generado dicha asistencia profesional, teniendo en cuenta que la 
«parte  demandada  genuina»  en  estos  procedimientos  es  la  administración,  la  cual 
siempre interviene con asistencia letrada.
2. Rechazo  del  óbice  procesal  por  carencia  de  especial  trascendencia  es
constitucional del recurso al tratarse de una cuestión de legalidad ordinaria. o
Como se recoge en los antecedentes de esta resolución, tanto la Generalitat de  97ww
cCoantatelunñcaio soco-amdom indisotnra tiJvoor,d si olMicaitartríonn  il a Mineaddimnais,i ónc oddee mlaa pnrdeasdeon tee dne meal ndparo dceed aimmipeanrtoo 
caol mepsetitmenacr iaqsu dee  sees tee tsrtibaurínaa la.nte  una  cuestión  de  legalidad  ordinaria,  ajena  a  las  BOE-A-cable e
Dicha cuestión ya fue solventada por providencia de 25 de febrero de 2019 de la 
Sección Segunda del Tribunal en la que se concluía que el recurso tiene especial 
trascendencia constitucional por cuanto plantea un problema o afecta a una faceta de un 
derecho fundamental sobre el que no hay doctrina de este tribunal [STC 155/2009, FJ 2 
a)], y porque el asunto trasciende el caso concreto pues suscita una cuestión jurídica 
relevante, de general repercusión social o económica [STC 155/2009, FJ 2 g)].
Sin embargo, no cabe soslayar nuestra doctrina relativa a que «pese a que la 
demanda de amparo haya sido anteriormente admitida a trámite, […] nada obsta para 
que este tribunal pueda abordar de nuevo o reconsiderar, incluso de oficio, el análisis de 
los presupuestos de viabilidad del amparo en fase de sentencia y, en caso de comprobar 
su inobservancia, dictar un pronunciamiento de inadmisión del recurso o, en su caso, del 
motivo del recurso afectado por tal incumplimiento, tal como hemos destacado en la 
doctrina de este tribunal (por todas, SSTC 73/2008, de 23 de junio, FJ 2; 99/2009, de 27 
de abril, FJ 2, y 105/2011, de 20 de junio, FJ 2)» (STC 140/2013, de 8 de julio, FJ 2).
Pues bien, sentado lo anterior, conviene en este punto destacar que este Tribunal 
Constitucional se ha pronunciado en diversas ocasiones sobre la eventual vulneración 
del  derecho  que  consagra  el  art.  24.1  CE  como  consecuencia  de  un  determinado 
pronunciamiento judicial en el que se decida sobre la imposición de las costas causadas 
en un proceso.
En el marco de esa doctrina, como criterio general, hemos sostenido reiteradamente 
que la cuestión relativa a la imposición de las costas procesales es un problema de 
legalidad ordinaria, carente de relevancia constitucional, cuya resolución corresponde en 
exclusiva a los tribunales ordinarios (SSTC 131/1986, de 29 de octubre, FJ 3; 230/1988, 
de 1 de diciembre, FJ 1; 134/1990, de 19 de julio, FJ 5; 190/1993, de 14 de junio, FJ 4; 
41/1994, de 15 de febrero, FJ 2; 46/1995, de 14 de febrero, FJ 3; 8/1999, de 8 de 
febrero, FJ 1; 191/2001, de 1 de octubre, FJ 6, y 170/2002, de 30 de septiembre, FJ 17).
En nuestras propias palabras, hemos declarado que este tribunal «no puede entrar a 
examinar la corrección o incorrección de la decisión adoptada sobre la imposición de 
costas, por pertenecer esta decisión al ámbito de la legalidad ordinaria (por todas, 
SSTC 134/1990, de 19 de julio, FJ 5; 190/1993, de 14 de junio, FJ 4), por lo que su 
imposición no implica lesión alguna del derecho a la tutela judicial efectiva, sino ejercicio 
de la función que el órgano judicial tiene encomendada en el art. 117 CE, siempre que se 
adopten en una resolución motivada y no arbitraria. La simple disconformidad del actor 
con tal razonamiento judicial, con su corrección o acierto, o el hecho de que la decisión a 
que el mismo conduzca sea contraria a las pretensiones del recurrente, no implica lesión 
alguna del derecho fundamental que protege el art. 24.1 CE ni, como tantas veces se ha 
dicho, permite a este tribunal su revisión cual si de una nueva y superior instancia judicial 
se tratase» (STC 170/2002, de 30 de septiembre, FJ 17).
Ahora bien, como también hemos manifestado, esa competencia exclusiva de los 
órganos de la jurisdicción ordinaria para decidir sobre la imposición de las costas del 
proceso «no priva a este Tribunal Constitucional de la competencia para enjuiciar, a 
través del procedimiento de amparo, si la decisión judicial ha podido suponer la lesión 
del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) cuando la resolución judicial incurra 
en  error  patente,  arbitrariedad,  manifiesta  irrazonabilidad  o,  en  su  caso,  si  resulta 
inmotivada (STC 170/2002, de 30 de septiembre, FJ 17, y ATC 416/2003, de 15 de 
diciembre, FJ 2)» [STC 25/2006, de 30 de enero, FJ 2, y en el mismo sentido las 
SSTC 120/2007, de 21 de mayo, FJ 2; 9/2009, de 12 de enero, FJ 2, y 172/2009, de 9 de 
julio, FJ 3). Cuestión esta que adquiere relevancia en el presente caso, como se pondrá  es
de manifiesto más adelante. o
SitdmreaTp sCircPno isre2cetn0eacd6dnise/ec2a ni0aemt0,el  e5 áen,mnl tade b ce,i ott eoon1n te8ad x lreideid óellaaan dc  jul cieólodignonea , c  leiqodlluan aaes dl r  atno.c  orion1d st4nient.oar1apss r r iLaecJp»otCao r(crrAFe ió,sJ innp p5 doad)enr,e abdpl  iedraa,oa rdnt«so.u p,p 3not2cahr .irea5s mr senLurooE  susdC n ee,ca cnoq is cnutiuofóeierrn mnss oitdari óvedain óold    sqeaeuecl nenljaut  irndealoaozr      OE-A-2022-3797able en https://www.
en  que  debe  ser  interpretado  el  mencionado  art.  32.5  LEC.  Precepto  que,  por  el
contrario, sí fue objeto de examen en la STC 180/2006, de 19 de junio, cuando en un 
supuesto similar al de este recurso de amparo —domicilio de la parte diferente de aquel 
en que se ha tramitado el juicio—, concluimos que «[l]as decisiones judiciales objeto de 
recurso incurren en un vicio de irrazonabilidad al desconocer que la propia norma que se 
aplica reconoce una excepción que resultaba aplicable al caso» (FJ 4).
La relevancia constitucional del presente caso deviene de la proyección que la 
inclusión  o  exclusión  de  los  derechos  y  honorarios  del  procurador  y  abogado  del 
funcionario demandante en el pronunciamiento relativo a las costas procesales puede 
tener sobre el derecho de acceso a la jurisdicción, como vertiente del derecho a la tutela 
judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE), así como el derecho a la defensa y a la 
asistencia letrada (art. 24.2 CE).
Esto es, la especial trascendencia constitucional del caso no reside inmediatamente 
en la interpretación que ha de darse al art. 32.5 LEC, ni sobre la realizada por el órgano 
judicial del citado precepto en conexión con los arts. 14.1 y 23.2 LJCA y otros, sino en la 
novedad que supone un eventual pronunciamiento constitucional relativo al derecho de 
los funcionarios públicos a recurrir a una defensa técnica en todas las controversias que 
susciten en sede judicial frente a cualquier administración pública y, por añadidura, con 
respecto a los ciudadanos legitimados para intervenir en esos procesos, proporcionando 
una lectura constitucional de los preceptos legales aplicados desde la perspectiva del 
derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE).
Sentada  la  novedad  del  supuesto  como  motivo  de  especial  trascendencia 
constitucional, también hemos de reconocer que estamos ante una cuestión jurídica de 
relevante repercusión social o económica, toda vez que la decisión que se adopte 
afectará a los derechos a la tutela judicial efectiva y a la defensa (art. 24.1 y 2 CE) del 
conjunto del colectivo del funcionariado público.
3. Doctrina del Tribunal Constitucional sobre el derecho a la tutela judicial efectiva 
(art. 24.1 CE), en su vertiente de derecho de acceso al proceso, así como sobre el 
derecho de defensa y a la asistencia letrada (art. 24.2 CE) y sobre el principio de 
igualdad en la aplicación de la ley (art. 14 CE).
Este tribunal dispone de una doctrina plenamente consolidada acerca del contenido 
del derecho a la tutela judicial efectiva como derecho de acceso a la jurisdicción que, 
según enunciamos en la STC 83/2016, de 28 de abril, «se concreta en el derecho a ser 
parte en el proceso para poder promover la actividad jurisdiccional que desemboque en 
una decisión judicial sobre las pretensiones deducidas. No se trata, sin embargo, de un 
derecho de libertad, ejercitable sin más y directamente a partir de la Constitución, ni 
tampoco de un derecho absoluto e incondicionado a la prestación jurisdiccional, sino de 
un derecho a obtenerla por los cauces procesales existentes y con sujeción a una 
concreta ordenación legal que puede establecer límites al pleno acceso a la jurisdicción, 
siempre que obedezcan a razonables finalidades de protección de bienes e intereses 
constitucionalmente protegidos. Esto es, al ser un derecho prestacional de configuración 
legal,  su  ejercicio  y  dispensación  están  supeditados  a  la  concurrencia  de  los 
presupuestos  y  requisitos  que  haya  establecido  el  legislador  para  cada  sector  del 
ordenamiento  procesal.  De  ahí  que  el  derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva  quede 
satisfecho  cuando  los  órganos  judiciales  pronuncian  una  decisión  de  inadmisión  o 
meramente procesal, apreciando razonadamente la concurrencia en el caso de un óbice 
fundado en un precepto expreso de la ley, si este es, a su vez, respetuoso con el 
contenido  esencial  del  derecho  fundamental.  Por  tanto,  una  decisión  judicial  de  e.e
inadmisión no vulnera este derecho, aunque impida entrar en el fondo de la cuestión  w.b
planteada, si encuentra fundamento en la existencia de una causa legal que resulte  97ww
aplicYa dsaig ruaez oensatbal ermeseonltuec»ió (nF:J  «5N).o obstante, al tratarse en este caso del derecho de
aaccctieosnoe ,a n loa  sjuorlois dciocnccióunlc ya no peesrtaer ,d eenre ccohnos leacsu reenscoilau,c eionn etosd dae s iun aindtmenissiiódna do  edle psreinsctiimpiaoc pióron 
que incurran en arbitrariedad, irrazonabilidad o error patente, sino también aquellas que
se  encuentren  basadas  en  criterios  que  por  su  rigorismo,  formalismo  excesivo  o 
cualquier otra razón revelan una clara desproporción entre los fines que la causa legal 
preserva y los intereses que se sacrifican. En este sentido, y aunque la verificación de la 
concurrencia de los presupuestos y requisitos materiales y procesales a que el acceso a 
la jurisdicción está sujeto constituye en principio una cuestión de mera legalidad ordinaria 
que  corresponde  resolver  a  los  jueces  y  tribunales,  en  el  ejercicio  de  la  potestad 
jurisdiccional que les atribuye el art. 117.3 CE, hemos señalado también que el control 
constitucional de las decisiones de inadmisión ha de verificarse de forma especialmente 
intensa, dada la vigencia en estos casos del principio pro actione, principio de obligada 
observancia por los jueces y tribunales, que impide que interpretaciones y aplicaciones 
de  los  requisitos  establecidos  legalmente  para  acceder  al  proceso  obstaculicen 
injustificadamente el derecho a que un órgano judicial conozca o resuelva en Derecho 
sobre la pretensión a él sometida» (ibidem).
Dichos argumentos, hemos señalado en esa misma resolución, «resultan acordes 
con el mayor alcance que el Tribunal otorga al principio pro actione en los supuestos de 
acceso a la jurisdicción, que obliga a los órganos judiciales a aplicar las normas que 
regulan  los  requisitos  y  presupuestos  procesales  teniendo  siempre  presente  el  fin 
perseguido por el legislador al establecerlos, evitando cualquier exceso formalista que 
los convierta en obstáculos procesales impeditivos del acceso a la jurisdicción que 
garantiza el art. 24 CE, aunque ello no implica necesariamente la selección forzosa de la 
solución más favorable a la admisión de la demanda de entre todas las posibles, ni 
puede conducir a que se prescinda de los requisitos establecidos por las leyes que 
ordenan el proceso en garantía de los derechos de todas las partes» (ibidem).
También, respecto al derecho de defensa y a la asistencia letrada (art. 24.2 CE) 
hemos sostenido, entre muchas otras resoluciones, en la STC 174/2009, de 16 de julio, 
que «se proyecta no solo para el proceso penal sino también para el resto de los 
procesos, con las salvedades oportunas, y que su finalidad es la de asegurar la efectiva 
realización de los principios de igualdad de las partes y de contradicción que impone a 
los  órganos  judiciales  el  deber  positivo  de  evitar  desequilibrios  entre  la  respectiva 
posición procesal de las partes, o limitaciones en la defensa que puedan inferir a alguna 
de ellas un resultado de indefensión, prohibido en todo caso por el art. 24.1 CE. Del 
mismo modo se ha destacado que en los supuestos en que la intervención de letrado 
sea preceptiva, esta garantía constitucional se convierte en una exigencia estructural del 
proceso tendente a asegurar su correcto desenvolvimiento, cuyo sentido es satisfacer el 
fin común a toda asistencia letrada que es el de lograr el adecuado desarrollo del 
proceso como mecanismo instrumental introducido por el legislador con miras a una 
dialéctica procesal efectiva que facilita al órgano judicial la búsqueda de una sentencia 
ajustada a Derecho. La conexión existente entre el derecho a la asistencia letrada y la 
institución misma del proceso determina incluso que la pasividad del titular del derecho 
deba ser suplida por el órgano judicial para cuya propia actuación, y no solo para el 
mejor servicio de los derechos e intereses del defendido, es necesaria la asistencia del 
letrado  (por  todas,  STC  225/2007,  de  22  de  octubre,  FJ  3)»  (FJ  2,  también  la 
STC 31/2017, de 27 de febrero, FJ 2).
Pero es que, incluso no siendo preceptiva la asistencia letrada, venimos declarando, 
como en la STC 7/2011, de 14 de febrero, que «ello no priva al justiciable del derecho a 
la defensa y asistencia letrada del art. 24.2 CE, ya que no se obliga a las partes a actuar 
personalmente, sino que se les faculta para elegir entre la autodefensa o la defensa 
técnica. En consecuencia, el derecho de asistencia letrada permanece incólume en tales  es
casos, quedando su ejercicio a la disponibilidad de las partes, lo cual lleva consigo, en  o
Lcdlpeoaertinrn savicegdeixpnoniiag oiecde, nienóet cnels i  aduda e e ledr aellee ecm tchrqaceouidjó oeodnr  e ,dd le eaell  i ftoeiqigfnniuactseeinoa rte  essdse eeaq   duldseoeeu   rspicv sradoaorev ledirecceeiaetc e q hd duoeefeso   ,ralr ómecbgucaoiuaclgmrnaasdmedoonose t  nseedet cee ao s snnoootólfielicocm ii toaieec, l  ot yrssa ói r vrepagésasasurín a ldto leeos    unljcaufero daceniegcmssiaiaidarsl e riuóirolnana.      OE-A-2022-3797able en https://www.
expresa de su voluntad de ser asistido de letrado podrá el órgano judicial proceder a su
designación. Por otra parte, también se ha puesto de manifiesto que la necesidad 
constitucional de asistencia letrada viene determinada por la finalidad que este derecho 
cumple. De este modo, será constitucionalmente obligada la asistencia letrada allí donde 
la capacidad del interesado, el objeto del proceso o su complejidad técnica hagan estéril 
la autodefensa que el mismo puede ejercer mediante su comparecencia personal, lo que 
se determinará, en cada caso concreto, atendiendo a la mayor o menor complejidad del 
debate procesal y a la cultura y conocimientos jurídicos del comparecido personalmente, 
deducidos de la forma y nivel técnico con que haya realizado su defensa (por todas, 
STC 225/2007, de 22 de octubre, FJ 4)» (FJ 2).
Como hemos puesto de relieve en el apartado precedente, este tribunal ha reiterado 
que  la  imposición  de  costas  es  una  cuestión  de  legalidad  ordinaria,  cuya  decisión 
corresponde en exclusiva a los órganos judiciales ordinarios. Sin embargo, también 
hemos sostenido que «siendo la imposición de costas una de las consecuencias o 
condiciones que pueden incidir en el derecho de acceso a la jurisdicción o que pueden 
actuar en perjuicio de quien actúa jurisdiccionalmente, existen también una serie de 
exigencias que el respeto a dicho acceso —integrante del derecho de tutela judicial 
consagrado  en  el  art.  24.1  CE—  impone  tanto  al  legislador  como  a  los  órganos 
judiciales» (STC 120/2007, de 21 de mayo, FJ 2). Y, en relación con estos últimos, 
hemos afirmado «que  están obligados  a aplicar esas condiciones o consecuencias 
cuando éstas se funden en norma legal, de forma razonada y con la correspondiente 
motivación; de forma que no pueden, en el caso que enjuicien, imponer requisitos o 
consecuencias impeditivos, obstaculizadores, limitativos o disuasorios del ejercicio de las 
acciones si no existe previsión legal de los mismos ni, en el caso de tener fundamento 
legal, olvidando las exigencias de motivación» (ibidem), siendo competencia de este 
tribunal verificar que la resolución judicial no lesione el derecho a la tutela judicial 
efectiva  (art.  24.1  CE)  por  incurrir  en  error  patente,  arbitrariedad,  manifiesta 
irrazonabilidad o, en su caso, por resultar meramente inmotivada (STC 25/2006, de 30 
de enero, FJ 2).
Finalmente, sobre el principio de igualdad en la aplicación de la ley (art. 14 CE) 
hemos de recordar nuestra doctrina, también plenamente consolidada, en virtud de la 
cual,  como  rememoramos  en  la  STC  13/2011,  de  28  de  febrero,  con  cita  de  la 
STC 31/2008, de 25 de febrero, los requisitos concurrentes para apreciar la lesión de 
este derecho son los siguientes:
«a) La acreditación de un tertium comparationis, puesto que el juicio de igualdad 
solo  puede  realizarse  sobre  la  comparación  entre  la  sentencia  impugnada  y  las 
precedentes resoluciones del mismo órgano judicial dictadas en casos sustancialmente 
iguales pero resueltos de forma contradictoria.
b) La identidad de órgano judicial, entendiendo por tal, no solo la identidad de la Sala, 
sino también la de la Sección, al considerarse cada una de estas como órgano jurisdiccional 
con entidad diferenciada suficiente para desvirtuar una supuesta desigualdad en la aplicación 
de la ley. Esta exigencia permite valorar si la divergencia de criterio expresada por el juzgador 
es fruto de la libertad de apreciación del órgano jurisdiccional en el ejercicio de su función 
juzgadora (art. 117.3 CE) y consecuencia de una diferente apreciación jurídica de los 
supuestos sometidos a su decisión, o, por el contrario, un cambio de valoración del caso, 
carente de fundamentación suficiente y razonable.
c) La  existencia  de  alteridad  en  los  supuestos  contrastados,  es  decir,  de  ‘la 
referencia a otro’ exigible en todo alegato de discriminación en aplicación de la ley,  s
excluyente de la comparación consigo mismo. e.
d) Finalmente la ausencia de toda motivación que justifique en términos generalizables  w.
el cambio de criterio, bien lo sea para separarse de una línea doctrinal previa y consolidada,  97ww
lbai epne lors speeac tcivoan  jquuríideibcraa  dcoen u nla a nqtueec esdee neten jiunimcióe.d iCatoom eon  etal mtiebmiépno  eys etáx adcitcahmoe netne  eigsuaa l mdeissmdea 
ldao cletryi,n ae,n l ac oranzeóxnió dne c eosnt ae el xpirginecnicpiiao  edsetr iibnate erdni cqcuióen e ld dee lrae cahrob itara lari eigduaadl d(aadrt .e 9n. 3la  CapEl)ic, aocbióligna d ea   BOE-A-cable e
que un mismo órgano jurisdiccional no pueda cambiar caprichosamente el sentido de sus
decisiones  adoptadas  con  anterioridad  en  casos  sustancialmente  iguales  sin  una 
argumentación razonada de dicha separación que justifique que la solución dada al caso 
responde a una interpretación abstracta y general de la norma aplicable y no a una respuesta 
ad personam, singularizada. Lo que negativamente significa que no podrá apreciarse la lesión 
de este derecho fundamental cuando el cambio de criterio responda a una vocación de 
generalidad, ya sea porque en la resolución se explicitan las razones que lo motivan o porque 
así se deduzca de otros elementos de juicio externos, como pueden ser significativamente 
posteriores pronunciamientos coincidentes con la línea abierta en la sentencia impugnada, 
que permitan apreciar dicho cambio como solución genérica aplicable en casos futuros y no 
como fruto de un mero voluntarismo selectivo frente a casos anteriores resueltos de modo 
diverso» (FJ 3, en el mismo sentido, más recientemente, la STC 120/2019, de 28 de octubre).
4. Aplicación de la doctrina constitucional al caso concreto.
Avanzados los parámetros constitucionales a los que hemos de someternos para 
resolver  la  presente  litis,  procede  analizar  la  respuesta  dada  por  los  órganos 
jurisdiccionales, cuyo razonamiento es cuestionado por el recurrente.
La resolución de 1 de marzo de 2018, en la que el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo  núm.  7  de  Barcelona  hace  suyos  los  argumentos  expuestos  por  la 
Generalitat de Cataluña y el codemandado, don Jordi Martín i Medina, se asienta sobre 
la convicción de que, ex art. 23.3 LJCA, dada la condición funcionarial del demandante, 
ahora  recurrente,  y  la  naturaleza  de  la  pretensión  deducida  no  era  preceptiva  su 
asistencia letrada en el procedimiento contencioso-administrativo incoado y que terminó 
en una sentencia estimatoria. Partiendo de esa premisa y tratándose de una hipótesis no 
regulada  expresamente  en  la  Ley  reguladora  de  la  jurisdicción  contencioso-
administrativa,  entiende  el  órgano  jurisdiccional  que  resultaría  aplicable  la  previsión 
contenida en el art. 32.5 LEC, dado el carácter supletorio de ese texto normativo de 
conformidad con la disposición final primera de la Ley reguladora de la jurisdicción 
contencioso-administrativa. Finalmente, no operando la excepción relativa al domicilio 
del demandante «en lugar distinto a aquel en que se ha tramitado el juicio», contemplada 
en ese precepto y a que se había acogido la letrada de la administración de justicia en su 
decreto,  el  juzgado  concluye  que  deben  excluirse  de  las  costas  procesales  los 
honorarios  devengados  de  dicha  asistencia  letrada.  Este  tribunal  no  comparte  los 
razonamientos del órgano judicial.
En primer lugar, el juzgador ha realizado una interpretación y aplicación del art. 32.5 
LEC totalmente irrazonable, con infracción del derecho a la tutela judicial efectiva del 
demandante de amparo. Así, para excluir los honorarios del abogado que asistió al 
demandante de amparo de la tasación de costas, el auto de 1 de marzo de 2018 invocó 
la regla del art. 32.5 LEC, según el cual, «[c]uando la intervención de abogado y 
procurador no sea preceptiva, de la eventual condena en costas de la parte contraria a la 
que se hubiese servido de dichos profesionales se excluirán los derechos y honorarios 
devengados por los mismos», salvo las excepciones que contempla el propio precepto. 
El  órgano  judicial  razonó  en  aquella  resolución  que  no  resultaba  de  aplicación  la 
excepción referida al supuesto en «que el domicilio de la parte representada y defendida 
esté en lugar distinto a aquel en que se ha tramitado el juicio», porque entendió que el 
recurrente había podido elegir los juzgados de Girona, correspondientes a su domicilio 
en Vilafant. Pero ese razonamiento es inadmisible porque supone, lisa y llanamente, 
privar al actor del derecho al fuero electivo que le otorga el art. 14.1.2 LJCA.
Junto a ello, se aprecia que la aplicación que realizó el órgano judicial del art. 32.5  e.e
LEC  resultó  aún  más  irrazonable  desde  el  momento  en  que  prescindió  de  los  w.b
pronunciamientos de la propia sentencia dictada en su día, en relación con la cual se  97ww
sdues 2ta0n1c8i óe leuld iinóc tioddean teco rneslaidtievroa cai ólan  staosbarcei ólan  odtera c eoxsctaesp.c iEónn  ecofenctteon, ideal  aeunt oe ld aer t1.  3d2e. 5m LaErzCo, 
qpuroec upreardmoirt,e  etna mlobsié nsu ipnucelusitro slo se nd eqrueec hsous  iyn theorvneonraciróions  ndoe vseenag apdreocse ppotivr ae, l caubaongdaod o« eyl 
tribunal aprecie temeridad en la conducta del condenado en costas». Y esta excepción
habría resultado plenamente aplicable en este caso, puesto que, en la sentencia de 6 de 
abril  de  2017  (fundamento  de  Derecho  tercero),  el  juzgador  había  determinado 
expresamente, a efectos de la condena en costas, que tanto la demandada como la 
codemandada  habían  obrado  con  temeridad  procesal,  pronunciamiento  que  fue 
completamente soslayado en los autos aquí impugnados.
Resulta, así, patente la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva del 
demandante de amparo en la que habrían incurrido las resoluciones judiciales que son 
objeto de impugnación en el presente procedimiento porque, entendiendo aplicable a 
este supuesto el art. 32.5 LEC, sin embargo, la concreta aplicación que realizaron del 
mismo resultó absolutamente irrazonable.
Por otra parte, de la fundamentación desarrollada en sus resoluciones se desprende, 
también, que el juzgado no concibe la excepción prevista en el art. 23.3 LJCA, cuando el 
funcionario público actúe «en defensa de sus derechos estatutarios, cuando se refieran a 
cuestiones  de  personal  que  no  impliquen  separación  de  empleados  públicos 
inamovibles», como una facultad concedida por el legislador a ese colectivo de carácter 
potestativo, que podrán activar o no libremente, sino como un supuesto equiparable a las 
hipótesis en que se torna innecesaria la asistencia letrada de los litigantes, previstas 
para otros órdenes jurisdiccionales (arts. 31.2 LEC, 21.1 LJS y 967 LECrim), sin parar 
mientes en que las diferencias con tales regímenes son relevantes.
Ha de tenerse en cuenta que la reglamentación de las costas en el marco de la Ley 
reguladora  de  la  jurisdicción  contencioso-administrativa,  contenida  en  su  art.  139,  no 
contempla regla especial alguna aplicable a la hipótesis prevista en el art. 23.3 LJCA. En este 
punto, hemos de traer a colación el carácter nuclear que el Tribunal ha reconocido al derecho 
a la asistencia letrada, cuya finalidad, puesta de relieve «es la de asegurar la efectiva 
realización de los principios de igualdad de las partes y de contradicción que impone a los 
órganos judiciales el deber positivo de evitar desequilibrios entre la respectiva posición 
procesal de las partes, o limitaciones en la defensa que puedan inferir a alguna de ellas un 
resultado de indefensión, prohibido en todo caso por el art. 24.1 CE» (STC 174/2009, FJ 2); 
de forma que la intervención del letrado, siendo preceptiva, «se convierte en una exigencia 
estructural del proceso» (ibidem); e incluso, no siendo preceptiva, «no priva al justiciable del 
derecho a la defensa y asistencia letrada del art. 24.2 CE, ya que no se obliga a las partes a 
actuar personalmente, sino que se les faculta para elegir entre la autodefensa o la defensa 
técnica» (STC 7/2011, FJ 2).
Por otro lado, hemos convenido en que existe una vinculación entre la imposición de 
costas y el derecho de acceso a la jurisdicción, como vertiente del derecho a la tutela 
judicial efectiva (art. 24.1 CE) y, en consonancia con ello, el que juzgados y tribunales 
tengan que respetar una serie de exigencias derivadas de ese derecho de acceso, de 
forma  que  no  pueden  «imponer  requisitos  o  consecuencias  impeditivos, 
obstaculizadores, limitativos o disuasorios del ejercicio de las acciones» si no existe 
previsión  legal  y,  aun  existiendo,  si  no  se  satisfacen  las  exigencias  de  motivación 
(STC 51/2009, de 23 de febrero, FJ 2).
Pues  bien,  resulta  evidente  que  la  selección  e  interpretación  de  la  normativa 
aplicable llevada a cabo por el juzgado comporta, en la hipótesis excepcional prevista, 
una carga adicional al recurrente funcionario que, en ese caso, deberá asumir los 
derechos y honorarios devengados por su representación y asistencia técnica, a los que, 
cuando proceda y cuando menos, se sumarán los gastos derivados de la intervención 
del letrado de la administración de que se trate. Ante esa perspectiva, el derecho a la 
asistencia letrada perderá atractivo para el servidor público afectado, pues su libre  es
ejercicio se grava económicamente; y, por la misma razón, tal lectura tendrá efectos  o
arPLderaiestgsírucuo aunl asledodogi cora1ihrota3oisv 9  ad,rs eseod s boculraonlet nda jseeude lro isces,e udjec eioccrnccomciincóioaitnoi se  y npcaseooo nrnhb  tereeleomln  sflcoua iscno  prcsidotioeoes-rnsaiicoatdaisrómci onaai  ndpdpiosleriotc,lr  acandebtoeislve raaessl,ce   dha peeolu ln p edcfrsueou n nenacunociont crncaseiae sapr omirco eaio evd nnilesatterot oimjv u eaprenirlsnáa d nc lioe acdscn eLti óa sensluay..      OE-A-2022-3797able en https://www.
aplicación supletoria de reglas ajenas a la reglamentación especial de esta materia.
A  la  vista  de  las  reflexiones  precedentes,  consideramos  necesario  realizar  una 
lectura  más  acorde  con  la  relevancia  constitucional  de  la  asistencia  letrada  y  del 
pronunciamiento en costas a efectos de asegurar la plena salvaguarda de los derechos 
concernidos. Para ello bastará con interpretar la excepción dispuesta en ese apartado 3 
del art. 23 LJCA como una facultad reconocida a los funcionarios públicos que, en la 
situación objetiva descrita, les permite optar entre la defensa técnica o la autodefensa de 
sus intereses. Esa interpretación resulta avalada por la propia literalidad del precepto, 
que utiliza el vocablo «podrán», connotando la posibilidad de que no operen las reglas 
dispuestas en los dos primeros apartados de ese precepto, en virtud de las cuales 
resultaría  preceptiva  la  asistencia  letrada  en  las  actuaciones  ante  órganos 
jurisdiccionales unipersonales (art. 23.1 LJCA), y esa asistencia técnica por abogado y la 
representación por medio de procurador cuando se trate de actuaciones ante órganos 
colegiados (art. 23.2 LJCA). Por lo demás, es la interpretación que se desprende de la 
voluntad expresada por el legislador. En el propio preámbulo de la Ley 42/2015, de 5 de 
octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento civil, que 
introduce la previsión del art. 23.3 LJCA, recuperando una posibilidad que había existido 
antes en dicha Ley, justifica tal introducción señalando que se hace «para permitir que 
los funcionarios públicos, que no tienen reconocido el derecho de justicia gratuita con 
independencia de sus recursos, puedan comparecer por sí mismos en defensa de sus 
derechos estatutarios, cuando se refieran a cuestiones de personal que no impliquen 
separación de empleados públicos inamovibles, con lo que se recupera la regulación ya 
existente  con  anterioridad  a  la  Ley  10/2012».  De  esta  explicación  se  desprende 
claramente el carácter potestativo que se otorga a la previsión del art. 23.3 LJCA.
De acuerdo con esa intelección, las resoluciones impugnadas vulneraron el derecho a la 
tutela judicial efectiva, en relación con el derecho de defensa y a la asistencia letrada 
(art. 24.1 y 2 CE), toda vez que incurrieron en una interpretación irracional de los preceptos 
aplicables, carente de la suficiente cobertura legal, con efectos disuasorios del ejercicio por el 
recurrente de sus derechos de acceso a la jurisdicción y a la asistencia letrada.
Finalmente, este tribunal desestima la queja relativa al principio de igualdad en la 
aplicación de la ley (art. 14 CE), pues el recurrente no acredita los requisitos que 
permitirían apreciar tal vulneración y por cuanto, en realidad, la desigualdad que se 
denuncia, relativa al trato que se depara al funcionario respecto de la administración, 
constituye uno de los factores a considerar en la infracción del derecho a la tutela judicial 
efectiva antes analizada, en la que se vería subsumida.
Por lo expuesto procede estimar el presente recurso de amparo, con la consiguiente 
declaración  de  nulidad  de  las  resoluciones  impugnadas,  los  autos  de  1  de  marzo 
de 2018 y de 8 de junio de 2018, ambas dictadas por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. 7 de Barcelona en el procedimiento abreviado núm. 249-2016, 
retrotrayéndose las actuaciones al momento inmediatamente anterior al auto de 1 de 
marzo, a fin de que el órgano judicial resuelva de manera respetuosa con el derecho 
fundamental vulnerado.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido es
Estimar el recurso de amparo interpuesto por don Jordi Velasco Cano y, en su virtud: w.
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y a la asistencia letrada (art. 24.1 y 2 CE).
2.º Restablecerlo en su derecho y, en consecuencia, declarar la nulidad de los 
autos de 1 de marzo y de 8 de junio de 2018, dictados por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. 7 de Barcelona en el procedimiento abreviado núm. 249-2016.
3.º Retrotraer las actuaciones al momento inmediatamente anterior al dictado de la 
primera de las decisiones impugnadas, para que el órgano judicial dicte una nueva 
resolución que sea respetuosa con el derecho fundamental vulnerado.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a siete de febrero de dos mil veintidós.–Pedro José González-
Trevijano Sánchez.–Santiago Martínez-Vares García.–Ricardo Enríquez Sancho.–María 
Luisa Balaguer Callejón.–Inmaculada Montalbán Huertas.–Firmado y rubricado.