BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 246 Jueves 14 de octubre de 2021 Sec. I.   Pág. 124991
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
16586 Ley Foral 15/2021, de 22 de septiembre, por la que se añade un artículo 29 
bis a la Ley Foral 4/2000, de 3 de julio, del Defensor del Pueblo de la 
Comunidad Foral de Navarra.
LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente Ley Foral por la 
que se añade un artículo 29 bis a la Ley Foral 4/2000, de 3 de julio, del Defensor del 
Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra.
PREÁMBULO
El artículo 26.1 de la Ley Foral 4/2000, de 3 de julio, del Defensor del Pueblo 
de Navarra, dispone que «todos los poderes públicos y organismos de la Comunidad 
Foral están obligados a auxiliar, con carácter preferente y urgente, al Defensor del 
Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra en sus investigaciones e inspecciones».
El artículo 24.2 de la misma ley foral establece que «la actitud negativa o negligente 
del  personal  al  servicio  de  las  Administraciones  Públicas  o  de  sus  superiores  o 
responsables al envío de la información inicial o documentación solicitados o el acceso a 
estos, podrá ser considerada por el Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de 
Navarra como hostil o entorpecedora de sus funciones, haciéndola pública de inmediato 
y destacando tal calificación en su informe anual o especial, en su caso, al Parlamento 
de Navarra».
El artículo 24.3 añade que «de igual modo se procederá con cualquier actitud que 
impida  o  dificulte  la  actividad  del  Defensor  del  Pueblo  de  la  Comunidad  Foral 
de Navarra».
En  similares  términos,  el  artículo  31.1  de  la  Ley  Foral  4/2000,  de  3  de  julio, 
contempla  que  «la  persistencia  de  una  actitud  hostil  o  entorpecedora  de  la  labor 
investigadora del Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra por parte de 
cualquier organismo o persona que ostente la condición de personal al servicio de las 
Administraciones  Públicas  podrá  ser  objeto  de  un  informe  especial,  además  de 
destacarlo en la sección correspondiente de su informe anual».
El artículo 31.2 especifica que «el Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de 
Navarra  podrá  incluso  identificar  a  quienes  persistan  en  la  negativa  a  cumplir  sus 
resoluciones u obstaculicen el ejercicio de sus funciones previa puesta en conocimiento 
de todo ello a la máxima autoridad responsable».
Por otro lado, el artículo 34.2 de la Ley Foral 4/2000, de 3 de julio, dispone que «si 
formuladas las advertencias, recomendaciones, recordatorios o sugerencias a las que se 
refiere el apartado anterior, dentro de un plazo que no excederá los dos meses, no se 
produce una medida adecuada en tal sentido por la autoridad administrativa afectada o 
esta no informa al Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra de las 
razones que estime para no adoptarlas, el Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral 
de Navarra podrá poner en conocimiento de la máxima autoridad de la Administración  e.
afectada los antecedentes del caso y las recomendaciones, advertencias, recordatorios o  w.
sugerencias presentadas. Si tampoco obtuviera una justificación adecuada, incluirá tal  586ww
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La falta de colaboración con el Defensor del Pueblo de Navarra puede determinar la 
remisión  de  las  actuaciones  al  Ministerio  Fiscal,  a  afectos  de  valorar  la  posible 
concurrencia del delito tipificado en el artículo 502.2 del Código Penal.
Este precepto dispone lo siguiente:
«1.  Los que, habiendo sido requeridos en forma legal y bajo apercibimiento, dejaren 
de comparecer ante una Comisión de investigación de las Cortes Generales o de una 
Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma, serán castigados como reos del delito 
de desobediencia. Si el reo fuera autoridad o funcionario público, se le impondrá además 
la pena de suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años.
2.  En las mismas penas incurrirá la autoridad o funcionario que obstaculizare la 
investigación del Defensor del Pueblo, Tribunal de Cuentas u órganos equivalentes de 
las Comunidades Autónomas, negándose o dilatando indebidamente el envío de los 
informes  que  estos  solicitaren  o  dificultando  su  acceso  a  los  expedientes  o 
documentación administrativa necesaria para tal investigación».
Los sucesivos informes anuales de la institución del Defensor del Pueblo de Navarra 
vienen poniendo de manifiesto la existencia de una persistente, incluso en algunos 
ejercicios  creciente,  falta  de  colaboración  por  parte  de  algunas  Administraciones 
Públicas con esta institución garante de los derechos de los ciudadanos frente a los 
abusos  y  negligencias  de  las  Administraciones  Públicas.  En  ocasiones,  ni  las 
autoridades  que  representan  a  estas  Administraciones  son  conocedoras  de  la 
responsabilidad en que están incurriendo, ya que son otras personas a su servicio las 
culpables del incumplimiento del deber legal.
La experiencia adquirida durante los años en que lleva funcionando la institución ha 
revelado que no son suficientes las medidas actualmente vigentes para hacer frente a 
esta falta de colaboración, de declaración de la falta de colaboración y de mención de las 
Administraciones en los informes anuales. También ha revelado que la vía penal no es el 
método adecuado, por su desproporción y por ser la última ratio del derecho, para hacer 
frente a los casos en que órganos o entidades administrativas no cumplen debidamente 
con el deber de colaboración con el Defensor del Pueblo de Navarra.
Por ello, ante la poca eficacia de estas medidas, se considera tan oportuno como 
necesario el establecimiento, en el marco de la Ley Foral 4/2000, de 3 de julio, de una 
medida efectiva y proporcionada, cual es la posibilidad de que el propio Defensor del 
Pueblo de Navarra imponga medidas coercitivas mediante multas periódicas de un 
importe suficiente y adecuado a aquellas Administraciones Públicas que, pese a los 
reiterados requerimientos efectuados, no remiten, como es su deber, la información o 
documentación requerida o no responden a sus resoluciones, con menoscabo de la 
función de supervisión de esta institución nacida para velar por los derechos de los 
ciudadanos.
Artículo único.
Se añade un artículo 29 bis a la Ley Foral 4/2000, de 3 de julio, del Defensor del 
Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra, con el siguiente texto:
«Artículo 29 bis.
En el caso de que una Administración Pública o entidad no remitiera, en todo o 
en  parte,  la  información  o  documentación  requerida  o  no  respondiera  a  las  e.
resoluciones en el plazo establecido, el Defensor del Pueblo de Navarra, previo un  w.b
último apercibimiento para que se remita la misma en el plazo de diez días, podrá  586ww
adoptar cualesquiera de las medidas siguientes:
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cumplimiento íntegro de lo requerido.
b)  Hacer pública la actitud incumplidora de las Administraciones o entidades 
que resulten responsables en su página web, en su informe anual o en un informe 
especial,  en  los  medios  de  comunicación  y  dar  traslado  de  la  conducta  al 
Parlamento de Navarra, para su conocimiento».
Disposición final única.  Entrada en vigor.
Esta ley foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial de Navarra».
Yo,  en  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  22  de  la  Ley  Orgánica  de 
Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, promulgo, en nombre de 
S.M.  el  Rey,  esta  ley  foral,  ordeno  su  inmediata  publicación  en  el  «Boletín  Oficial 
de Navarra» y su remisión al «Boletín Oficial del Estado» y mando a los ciudadanos y a 
las autoridades que la cumplan y la hagan cumplir.
Pamplona, 22 de septiembre de 2021.–La Presidenta de la Comunidad Foral de 
Navarra, María Chivite Navascués.
(Publicada en el «Boletín Oficial de Navarra» número 229, de 30 de septiembre de 2021)