BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 66 Jueves 18 de marzo de 2021 Sec. I.   Pág. 31148
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
4246 Decreto-ley  5/2021,  de  2  de  febrero,  por  el  que  se  aprueban  medidas 
urgentes para la implementación y gestión de los fondos procedentes del 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y del fondo REACT-EU para la 
Administración de la Generalidad de Cataluña y su sector público.
El artículo 67.6.a del Estatuto prevé que los Decreto-ley sean promulgados, en 
nombre del Rey, por el Presidente o Presidenta de la Generalidad.
De conformidad con lo que disponen el artículo 6 y concordantes de la Ley 13/2008, 
de 5 de noviembre, de la presidencia de la Generalidad y del Gobierno, y visto el 
Decreto 114/2020, de 30 de septiembre, de sustitución del presidente de la Generalidad 
de Cataluña;
De acuerdo con ello, promulgo este Decreto-ley.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
La rápida propagación de la pandemia de la COVID-19 ha tenido unas devastadoras 
consecuencias en todo el mundo con respecto a la salud de las personas, pero también 
ha tenido una gran repercusión social y económica. Para hacer frente a la crisis sanitaria, 
en Cataluña se adoptaron medidas excepcionales de confinamiento de la población, de 
distancia y de protección, de restricción de la movilidad y de la interacción social, así 
como de paralización de gran parte de la actividad productiva, algunas de las cuales 
todavía  continúan  vigentes,  que  han  tenido  un  impacto  negativo  en  la  economía 
catalana.
Una situación parecida ha afectado a todos los estados miembros de la Unión 
Europea, cosa que ha dado lugar a una crisis sanitaria y económica sin precedentes. 
Con el fin de hacerle frente, el Consejo Europeo, en la cumbre celebrada el 21 de julio 
de 2020, adoptó un amplio conjunto de medidas dirigidas a la recuperación económica, 
que requieren cantidades sustanciales de inversión pública y privada, con el objetivo de 
situar a la Unión Europea firmemente en el camino de la recuperación sostenible y 
resistente, crear puestos de trabajo de alta calidad, promover la inclusión social y reparar 
los daños inmediatos causados por la crisis de la COVID-19, dando apoyo, al mismo 
tiempo, a las prioridades ecológicas y digitales de la UE.
Las  medidas  aprobadas  se  articulan  mediante  un  doble  nivel  de  respuesta:  el 
instrumento  Next  Generation  EU  (en  adelante,  fondo  NGEU),  dotado  con  750.000 
millones de euros, que destinará al presupuesto de la UE financiación adicional obtenida 
en los mercados financieros durante el periodo 2021-2024, y un presupuesto europeo a 
largo plazo reforzado para el periodo 2021-2027. Los pilares del fondo NGEU son tres:
a)  Instrumentos para dar apoyo a los esfuerzos de los estados miembros para 
recuperarse, reparar los daños y salir reforzados de la crisis, como el Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia; e
b)  Medidas para impulsar la inversión privada y dar apoyo a las empresas con  bo
dificultades con el objetivo de relanzar la economía; 46ww
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En este sentido, los reglamentos de la UE subrayan que el instrumento NGEU 
incluye medidas dirigidas al restablecimiento de los mercados laborales y la protección 
social, así como a los sistemas de atención de la salud, para revitalizar el potencial de 
crecimiento sostenible y el trabajo, con la finalidad de reforzar la cohesión entre los 
estados miembros y ayudar en su transición hacia una economía ecológica y digital, para 
prestar ayuda a las empresas afectadas por el impacto de la crisis de la COVID-19, en 
particular a las pequeñas y medianas empresas, así como ayudas a la inversión en 
actividades  que  son  esenciales  para  fortalecer  el  crecimiento  sostenible  de  la  UE, 
incluida la inversión financiera directa en las empresas, las medidas de investigación e 
innovación en respuesta a la crisis de la COVID-19, la creación de capacidad a nivel de 
la UE para mejorar la preparación para futuras crisis, el mantenimiento de los esfuerzos 
por garantizar una economía neutra desde el punto de vista climático y la ayuda a la 
agricultura y el desarrollo de las zonas rurales para hacer frente a los efectos de la crisis 
de la COVID-19.
II
Nos  encontramos,  pues,  ante  una  oportunidad  excepcional  para  impulsar  la 
transformación del modelo económico y social hacia un nuevo modelo productivo más 
sostenible  y  resiliente,  respetuoso  con  el  medio  ambiente,  de  forma  que  tanto  las 
empresas  como  la  ciudadanía  se  puedan  beneficiar  de  una  transición  ecológica 
sostenible y una economía más justa y socialmente equitativa, basada en el fomento de 
la eficiencia energética y el uso de las energías alternativas, la movilidad sostenible, la 
protección de la biodiversidad y la lucha contra el cambio climático, entre otros aspectos. 
Al  mismo  tiempo,  el  instrumento  NGEU  debe  permitir  movilizar  las  inversiones 
necesarias  para  impulsar  estrategias  de  digitalización  que  coadyuven  en  la 
transformación de sectores, de territorios y de estructuras.
Por  este  motivo,  paralelamente  a  la  aprobación  por  el  Consejo  Europeo  del 
instrumento de recuperación, transformación y resiliencia, el Gobierno de la Generalidad 
aprobó en julio de 2020 el Plan de reactivación económica y de recuperación social 
articulado en torno a 5 ejes:
Eje 1: Economía para la vida.
Eje 2: Digitalización.
Eje 3: Transición ecológica.
Eje 4: Sociedad del Conocimiento.
Eje 5: Actuaciones transversales.
Este Plan veinte proyectos transformadores que se han discutido y consensuado en 
diferentes  grupos  de  trabajo  y  con  la  participación  de  expertos  externos  a  la 
Administración  de  la  Generalidad,  con  el  objetivo  de  marcar  las  prioridades  y  los 
objetivos  del  Gobierno  en  esta  fase  preliminar,  a  la  espera  de  disponer  de  las 
herramientas necesarias para la implementación y aplicación de los fondos NGEU.
III
Sin embargo, la clave para poder beneficiarse de estos fondos NGEU radica en la 
capacidad de articular alianzas entre el sector público y el privado y en una ágil, rigurosa 
y transparente tramitación administrativa de los procedimientos. Con esta finalidad, para  es
el conjunto del Estado, se ha establecido, mediante el Real Decreto-ley 36/2020, de 30  o
rfdnaaeeedcs cmiidlleiiiteinsacnaiirse,cr timiraada b,ec prneieoatl r,nrm oaep  asodqr rpecu oúlee  bl cg leaqiecllun eaemens r dásayaxe l pri bmiaoaár posatr ie ucdlmaoee  bp eqapojuenrreoca  umyld ecemeicbódtaenoidr  scpda aeessd rle mouP  riplgtpaiueron enmr dd teoleaasv n r i elUpibzcaEaeur,rnap  e ielnalfraiv ac egcimareisóros inodtdi,nóe etenrr nas lain azy sda ffpmcionriróoaimnnynis aecdtcciraeitaóoc tnisilóva  nayys      OE-A-2021-4246able en https://www.
europea NGEU. En este sentido, el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre,
modifica  varias  leyes  estatales  con  el  objetivo  de  facilitar  la  tramitación  por  la 
Administración  general  del  Estado  de  los  procedimientos  administrativos  de  su 
competencia,  sin  condicionar,  sin  embargo,  la  forma  en  la  que  las  comunidades 
autónomas, de acuerdo con sus competencias de autoorganización y para establecer 
especialidades procedimentales, decidan configurar sus respectivos procedimientos de 
tramitación normativa con la misma finalidad de agilizar la ejecución de los fondos 
europeos,  tal  como  establece  el  citado  Real  Decreto-ley  en  el  apartado  XI  de  la 
exposición de motivos.
La aplicación de estas medidas en Cataluña, pues, requiere de una adaptación 
normativa que facilite una gestión adecuada, en la cual se concilien los principios de 
eficacia, simplificación y celeridad con los de la seguridad jurídica, la transparencia y la 
buena administración. Al mismo tiempo, es necesario también establecer y fomentar 
mecanismos  para  la  colaboración  y  la  cooperación  entre  la  Administración  de  la 
Generalidad y su sector público, incluido el ámbito universitario, y las entidades locales 
de Cataluña y su sector público, de un lado, así como entre el sector público y el privado, 
del otro. Igualmente, hay que crear espacios de diálogo y de participación del sector 
privado y de los agentes sociales con el objetivo de sumar esfuerzos y consensos tanto 
entre los diferentes actores del sector público como también entre el sector público y el 
privado,  a  efectos  de  conseguir  la  transformación  social  y  económica  que  el  país 
necesita, modernizando las estructuras, los servicios y las prestaciones públicas, pero 
también protegiendo y reforzando el tejido productivo del país, creando empleo de 
calidad y fomentando una sociedad más justa y equitativa.
IV
Con estos objetivos, el presente Decreto-ley se estructura en treinta y tres artículos, 
agrupados en siete títulos, algunos de ellos divididos en capítulos, siete disposiciones 
adicionales y una disposición final.
El título 1, integrado por los artículos 1 a 3, recoge las disposiciones generales, es 
decir,  el  objeto  y  ámbito  de  aplicación  del  Decreto-ley,  así  como  los  principios  de 
tramitación que rigen la implementación y gestión de los fondos europeos del Mecanismo 
de  Recuperación  y  Resiliencia  y  del  fondo  REACT-EU  cuando  la  Generalidad  de 
Cataluña  sea  la  responsable  de  su  gestión  y  control,  como  son  la  prioridad,  la 
preferencia y la celeridad en la tramitación de todos los procedimientos derivados de 
estos fondos.
El título 2 está integrado por los artículos 4 a 10 y recoge las especialidades en 
materia  de  gestión  presupuestaria  y  económica.  Este  título  regula  los  créditos 
presupuestarios,  su  afectación  y  nivel  de  vinculación,  así  como  las  competencias 
específicas en materia de modificaciones presupuestarias y el régimen de compromisos 
de  gasto  con  cargo  a  presupuestos  de  ejercicios  futuros.  Regula,  asimismo,  los 
remanentes y el sistema de seguimiento de los fondos consistente en el rendimiento de 
cuentas por parte de la Administración de la Generalidad y las entidades de su sector 
público.
El título 3, integrado por el artículo 11, está destinado a las especialidades en materia 
de subvenciones y ayudas públicas de la Administración de la Generalidad de Cataluña, 
las entidades de su sector público administrativo y el Servicio Catalán de la Salud. Se 
regulan las actuaciones de los órganos concedentes de subvenciones y ayudas públicas 
con el fin de agilizar las actuaciones administrativas, estableciendo la posibilidad de que  s
las bases reguladoras y las convocatorias prevean medidas de flexibilización en la  e.
tramitación de las subvenciones y ayudas. En este sentido, por una parte, se prevé la  w.
posibilidad de publicar de forma separada, pero en el mismo momento, la disposición  46ww
cqourer easpprounedbiean tlaes,  dbea mseasn erreag uqluaed osrea os pyti mlaiz are ys oalguicliizóan  eal dtrmáminiitset rdaeti vsau  pdueb llaic idcaodn.v ocatoria
Por  otra  parte,  se  permite  que  de  forma  motivada  se  haga  uso  de  la  cuenta 
justificativa  sin  aportación  de  justificantes  en  determinados  casos,  así  como  la 
justificación mediante módulos.
En último lugar, se prevé la aportación de la declaración responsable para sustituir la 
acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social de 
forma que la tramitación de las subvenciones sea más ágil y óptima para estas cuantías. 
Con respecto a las ayudas por razón de un estado, situación o hecho en que se 
encuentren o soporten los solicitantes se extiende a estos fondos la aplicación del 
régimen jurídico de ayudas extraordinarias reguladas en los artículos 1 y 2 del Decreto-
ley 46/2020, de 24 de noviembre, de medidas urgentes de carácter administrativo, 
tributario y de control financiero.
El título 4 y el título 5 se dirigen a todo el sector público de Cataluña. El título 4 se 
estructura en tres capítulos, y se refiere a las especialidades en materia de contratación 
pública. El capítulo 1 (artículos 12 y 13) establece la definición de contrato y su finalidad, 
a los efectos de este Decreto-ley, así como los objetivos de los procedimientos de 
contratación que se financien con fondos procedentes del Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia y del fondo REACT-EU. El capítulo 2, conformado por los artículos 14 a 17, 
recoge las normas que integran la tramitación de los contratos y acuerdos marco que se 
financien  con  los  fondos  mencionados.  Se  establece,  como  criterio  para  facilitar  la 
concurrencia y la participación de las pequeñas y medianas empresas y la presentación 
de soluciones innovadoras por parte de las empresas emergentes, la utilización de las 
consultas preliminares de mercado. Asimismo, con el objetivo de agilizar y homogeneizar 
procedimientos, se prevé la aprobación de pliegos tipo de cláusulas administrativas y 
modelos  o  formularios  de  prescripciones  técnicas.  Finalmente,  se  recogen  medidas 
específicas de seguimiento del cumplimiento y ejecución de los contratos y acuerdos 
marcos. El capítulo 3 (artículos 18 a 21) regula toda una serie de medidas destinadas al 
seguimiento, al asesoramiento y a la supervisión de los contratos objeto de este Decreto-
ley y prevé la creación, en este sentido, de la comisión mixta de seguimiento encargada 
del seguimiento de los contratos mencionados, regula la figura del responsable del 
contrato en los términos de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector 
público, y las funciones que tendrá en relación con los contratos que se financien con los 
fondos europeos previstos en este Decreto-ley. Finalmente, la tarea de asesoramiento y 
supervisión  de  los  contratos  públicos  objeto  de  este  Decreto-ley  corresponde  a  la 
dirección general competente en materia de contratación pública de la Generalidad de 
Cataluña.
El título 5 recoge las especialidades en materia de cooperación interadministrativa y 
colaboración  público-privada,  y  se  estructura,  nuevamente,  en  tres  capítulos.  El 
capítulo 1 (artículos 22 y 23) recoge las medidas relativas a la gestión de convenios 
administrativos.  Concretamente,  regula  la  colaboración  interadministrativa  de  las 
administraciones públicas de Cataluña y las entidades de su sector público y entre estas 
y el sector privado a través de la suscripción de convenios de colaboración, así como un 
procedimiento simplificado para su tramitación. El capítulo 2 (artículos 24 y 25) recoge 
las medidas relativas a la constitución de consorcios de cooperación como forma de 
colaboración  entre  el  sector  público  y  el  sector  privado  y  de  cooperación  entre  la 
Administración de la Generalidad y las entidades locales de Cataluña para la gestión de 
los fondos provenientes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y del fondo 
REACT-EU, a los efectos de simplificar y agilizar su constitución. El capítulo 3, que 
incluye el artículo 26, prevé la posibilidad de crear espacios de diálogo con el sector  s
privado, a los efectos de garantizar la participación en la implementación del Mecanismo  oe.
de Recuperación y Resiliencia y del fondo REACT-EU. w.
El título 6, sobre control de las actuaciones, contiene un único artículo, el 27, que  46ww
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subvenciones, contratos y convenios incluidas en el ámbito de sus competencias.
Finalmente, en el título 7 se recogen diferentes medidas para flexibilizar la gestión 
del personal con la exclusiva finalidad de atender con agilidad y eficacia la gestión de los 
fondos  europeos.  En  este  sentido,  se  vuelve  imprescindible  adoptar  una  gestión 
estratégica de personal para la correcta distribución, ejecución y control de los recursos 
provenientes  de  los  fondos  europeos,  puesto  que  muchos  órganos  y  unidades 
incrementarán  sustancialmente  su  carga  de  trabajo  y  las  plantillas  actuales  se 
encuentran fuertemente tensionadas y los recursos disponibles son limitados.
A estos efectos, se impulsa la figura de los programas, de duración máxima de 
cuatro años, como elemento de apoyo esencial en la gestión de los fondos cuando los 
objetivos  no  puedan  asumirse  mediante  la  estructura  orgánica  y  funcional  de  los 
departamentos, organismos y entes responsables. Asimismo, se establece, como regla 
general, que la cobertura de las necesidades que se puedan generar se llevará a cabo 
con  los  efectivos  actualmente  disponibles,  mediante  las  medidas  de  movilidad  y 
flexibilidad en la asignación de funciones establecidas en la normativa de función pública 
y, sólo cuando eso no sea posible, se habilita adscribir a los programas a personal 
interino o laboral temporal con nombramientos y contrataciones de duración inferior a los 
cuatro años, seleccionados de conformidad con los principios del acceso a la función 
pública.
Se regula, como principal mecanismo de movilidad del personal y al amparo de las 
previsiones de los artículos 73.2 y 81 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto básico del 
empleado público, la figura de la atribución temporal de funciones vinculadas a la gestión 
de los fondos europeos que debe posibilitar asignar al personal las funciones de los 
puestos de trabajo coyunturales que se creen y se adscriban a los correspondientes 
programas. Como novedad y con la finalidad de no perjudicar la normal prestación de los 
servicios ordinarios, se habilita la atribución temporal de funciones de carácter parcial 
con el límite del 50% de la jornada asignada al puesto de trabajo de carácter principal.
Como importante incentivo destinado a la eficaz y eficiente gestión de los fondos 
europeos se prevé la posibilidad de que el personal adscrito a programas, órganos y 
unidades responsables de la ejecución de los fondos pueda percibir, excepcionalmente, 
retribuciones variables vinculadas al grado de cumplimiento de los objetivos o resultados 
que previamente se establezcan. La asignación de estas retribuciones extraordinarias, 
directamente vinculadas a la consecución de resultados en la distribución, ejecución y 
control de los fondos, debe contribuir a aumentar no sólo el rendimiento o el grado de 
esfuerzo  con  el  que  el  personal  desarrolla  su  trabajo,  sino  también  su  nivel  de 
implicación en la gestión exitosa de este hito.
Como novedad destacada y avanzando en el proceso de profesionalización de la 
gestión pública, se instaura la figura de la dirección de programas para la gestión de 
fondos europeos con la finalidad de poder disponer de personal altamente cualificado en 
el desarrollo del trabajo por proyectos que pueda responsabilizarse directamente del 
grado de cumplimiento de los objetivos y resultados del programa. De conformidad con 
las previsiones establecidas en el artículo 13 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 
de octubre, por que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto básico del 
empleado público, se ha considerado necesario regular esta figura como complemento 
indispensable de un sistema óptimo de gestión de los fondos europeos. El modelo parte 
de la base del reclutamiento o selección del candidato más idóneo por medio de un 
proceso competitivo abierto en que habrá que acreditar no sólo que se dispone de 
determinados  requisitos  o  conocimientos  especializados  en  la  gestión  de  fondos  s
europeos, sino también de las competencias básicas para el desarrollo de las funciones  oe.
directivas asignadas al programa, especialmente sobre la coordinación de equipos de  w.
trabajo.  Una  vez  nombrado  o  contratado,  el  personal  de  dirección  de  programas  46ww
eviln cóurlgaadnoos  aq luae g elsot ióhna dyae  lodse sfoignndaodso e, urdoepbeeo s sdeerb ee vsaulsucardiboir  upne raiócduiecradmo ednet eg essotióbnre c oenl 
creutmribpulicmioiennetso  qduee dlaons  aocbojentdivicoios nya draess ual teasdtoas c iarcsuignnsatadnocsi aa, le sp rdoegcriar,m ean  fquunec iódnir idgeel  my asyuosr   BOE-A-cable e
o menor cumplimiento de los objetivos y resultados establecidos en el programa. El 
nombramiento o contratación tiene carácter temporal, por un máximo de cuatro años, y 
su cese o despido está vinculado exclusivamente al cumplimiento del plazo y a la falta de 
consecución de los objetivos previamente establecidos en el acuerdo de gestión.
Este Decreto-ley contiene, asimismo, siete disposiciones adicionales. La primera es 
una disposición de modificación de la Ley 4/2020, de 29 de abril, de presupuestos de la 
Generalidad para el 2020, prorrogados para el 2021, que incluye un nuevo apartado en 
el punto 7 del artículo 5; modifica el apartado 1 del artículo 9 y añade un nuevo 
apartado 3 al artículo 16 de la Ley. La disposición adicional segunda establece la 
especialidad prevista en la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la ciencia, la tecnología y la 
innovación, en cuanto a su autonomía. La disposición adicional tercera describe las 
obligaciones en relación con las entidades locales, y en relación con los gastos de los 
diferentes proyectos o iniciativas financiados con el Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia y el fondo REACT-EU en los que la gestión y control corresponde a la 
Generalidad de Cataluña. En este sentido, el departamento competente en materia de 
finanzas determinará la forma, periodicidad y cualquier otra información que se requiera 
en  relación  con  estos  fondos.  Esta  disposición,  junto  con  las  obligaciones  que  se 
disponen en el artículo 4, cierra la relación de obligaciones de remisión de información 
en relación con los fondos procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y 
del fondo REACT-EU gestionados por Generalidad de Cataluña. La disposición adicional 
cuarta describe las obligaciones en relación con las entidades privadas que gestionen 
proyectos financiados con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y del fondo 
REACT-EU en los que la gestión y control corresponde a la Generalidad de Cataluña. 
Las disposiciones adicionales quinta y sexta regulan temas de personal y organización. 
Así,  la  quinta,  bajo  la  expresión  «Medios  personales»,  establece  la  previsión  de 
eventuales dotaciones de personal para las unidades directivas que participan en el 
procedimiento regulado en este Decreto-ley y, en especial, en algunas como el Tribunal 
Catalán de Contratos del Sector Público. Por su parte, en la sexta se prevé la posibilidad 
de crear, por acuerdo del Gobierno, órganos que tengan por objeto la gobernanza, el 
control  y  el  seguimiento.  Finalmente,  la  disposición  adicional  séptima  se  dicta  en 
aplicación del artículo 49 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del régimen jurídico del 
sector público, precepto que determina el contenido mínimo o requisitos que deben 
incluir los convenios suscritos por las administraciones públicas con otras personas de 
derecho  público  o  privado,  entre  los  cuales  se  incluye  el  periodo  de  vigencia  con 
duración  determinada,  que  no  podrá  ser  superior  a  cuatro  años,  excepto  que 
normativamente se establezca un plazo superior. En base a esta última posibilidad, se 
amplía el plazo de vigencia de los referidos a la construcción y rehabilitación de centros 
educativos, con el fin de permitir cumplir, con la máxima celeridad y sin necesidad de 
tramitar convenios sucesivos, los planes y disponer de unos espacios adecuados y bien 
dimensionados para dar respuesta a la situación generada por la COVID-19.
En último término, la disposición final establece la entrada en vigor de la norma el día 
siguiente de su publicación.
V
Por otra parte, este Decreto-ley se fundamenta en motivos de oportunidad política y 
extraordinaria  urgencia,  teniendo  en  cuenta  los  breves  plazos  establecidos  por  la 
normativa europea para contraer el gasto y para ejecutarlo, así como la aprobación del  s
Real  Decreto-ley  36/2020,  de  30  de  diciembre,  ya  mencionado,  que  obligan  y  e.
condicionan a la Generalidad a llevar a cabo con la mayor urgencia las adaptaciones  w.
normativas necesarias con el fin de preparar y capacitar a la Administración de la  46ww
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presentar proyectos de ley, la única opción posible es la tramitación de un Decreto-ley 
que, con el mismo rango, pueda realizar esta adaptación dentro de plazo, de acuerdo 
con lo que establece el artículo 27 de la Ley 13/2008, del 5 de noviembre, de la 
presidencia de la Generalidad y del Gobierno. En consecuencia, se considera justificada 
la extraordinaria y urgente necesidad para la utilización de la figura del Decreto-ley de 
acuerdo con lo que establece el artículo 64 del Estatuto de autonomía de Cataluña y el 
artículo 38 de la Ley 13/2008, del 5 de noviembre, de la presidencia de la Generalidad y 
del Gobierno.
VI
Este Decreto-ley se dicta al amparo de la potestad de autoorganización y de las 
competencias que los artículos 159 y 160 del Estatuto de Autonomía de Cataluña 
atribuyen a la Generalidad de Cataluña, en materia de régimen jurídico, procedimiento y 
contratación  de  las  administraciones  públicas  catalanas,  y  de  régimen  local, 
respectivamente.
Por lo tanto, en uso de la autorización que me concede el artículo 64 del Estatuto de 
Autonomía de Cataluña, y de conformidad con el artículo 38 de la Ley 13/2008, del 5 de 
noviembre, de la presidencia de la Generalidad y del Gobierno;
A propuesta del vicepresidente del Gobierno y consejero de Economía y Hacienda y 
del consejero de Políticas Digitales y Administración Pública y con la deliberación previa 
del Gobierno, decreto:
TÍTULO 1
Disposiciones generales
Artículo 1.  Objeto.
1.1  El objeto de este Decreto-ley es el establecimiento de medidas urgentes de 
desarrollo  de  la  legislación  básica  y  el  establecimiento  de  las  especialidades 
organizativas  y  de  procedimiento  necesarias  para  simplificar  y  agilizar  la  gestión 
presupuestaria  y  económica,  los  procedimientos  subvencionales  y  de  ayudas  y  la 
contratación pública que corresponda realizar en las operaciones financiadas con fondos 
procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y del fondo REACT-EU en 
los cuales la Generalidad de Cataluña sea la responsable de su gestión y control.
1.2  Asimismo, el Decreto-ley regula los mecanismos necesarios para facilitar la 
cooperación interadministrativa y la colaboración público-privada de las administraciones 
públicas de Cataluña y las entidades de su sector público, que se debe articular de forma 
preferente mediante convenios, consorcios y concesiones de obras y de servicios sin 
perjuicio de que se puedan utilizar todas las formas previstas legalmente, así como para 
establecer espacios de colaboración y participación entre el sector público y el sector 
privado.
1.3  Igualmente, es objeto de este Decreto-ley la regulación de las medidas para 
flexibilizar la gestión del personal de la Administración de la Generalidad de Cataluña y 
de su sector público con la finalidad exclusiva de atender con agilidad y eficacia la 
gestión de los fondos europeos.
1.4  En el supuesto de que las normas comunitarias de regulación de los fondos 
procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y del fondo REACT-EU  e
establezcan una regulación que resulte incompatible con lo establecido en este Decreto- bo
ley, se aplicará directamente aquella hasta su adaptación. 46ww
Artículo 2.  Ámbito de aplicación.
2.1  Este Decreto-ley es aplicable a todas las actuaciones que lleven a cabo la
Administración de la Generalidad de Cataluña y las entidades de su sector público, para  Bc
la implementación y gestión de los fondos provenientes del Mecanismo de Recuperación 
y Resiliencia y del fondo REACT-EU.
2.2  La  regulación  de  este  Decreto-ley  para  la  gestión  de  los  créditos 
presupuestarios y el control establecido en el título 6 es aplicable únicamente a la 
Administración de la Generalidad y a las entidades del artículo 2.4 de la Ley 4/2020, 
del 29 de abril, de presupuestos de la Generalidad de Cataluña para el 2020.
2.3  Los  títulos  4  y  5  de  este  Decreto-ley  incluyen  medidas  aplicables  en  los 
contratos públicos y en los instrumentos de colaboración y cooperación suscritos o 
promovidos por las administraciones públicas catalanas y por las entidades de su sector 
público,  incluido  el  ámbito  universitario,  financiados  con  fondos  provenientes  del 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y del fondo REACT-UE.
2.4  Los  preceptos  del  título  7  de  este  Decreto-ley  se  entienden  aplicables  al 
personal y a las tareas de control y seguimiento a realizar de los proyectos financiados 
con fondos europeos. 
Artículo 3.  Principios de tramitación.
Los procedimientos administrativos, de gestión presupuestaria, de subvenciones y 
ayudas y de contratación pública para la gestión, seguimiento y control de los fondos 
procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y del fondo REACT-EU se 
rigen por los principios de prioridad, preferencia y celeridad en su tramitación.
TÍTULO 2
Especialidades en materia de gestión presupuestaria y económica para la 
Administración de la Generalidad y su sector público
Artículo 4.  Identificación y seguimiento de los créditos presupuestarios.
4.1  Los  créditos  presupuestarios  financiados  con  fondos  procedentes  del 
Mecanismo  de  Recuperación  y  Resiliencia  y  del  fondo  REACT-EU  deberán  estar 
identificados con un código de fondo de financiación específica respectivamente.
4.2  Los  gastos  imputados  a  los  diferentes  proyectos  o  iniciativas  deben  estar 
identificados mediante el código de referencia único del proyecto o iniciativa que haya 
asignado  la  autoridad  de  gestión  nacional  del  programa  o  mecanismo  comunitario 
correspondiente, así como el de la entidad a la que correspondan.
En estas operaciones de gasto también se identificará el código de convocatoria en 
la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) o el número de identificación del 
contrato en la Plataforma de contratación del sector público, según corresponda.
4.3  Las entidades que no utilizan los sistemas corporativos de información contable 
deben identificar el gasto realizado en los proyectos o iniciativas financiadas con los 
fondos  procedentes  del  Mecanismo  de  Recuperación  y  Resiliencia  y  con  el  fondo 
REACT-EU, de acuerdo con lo establecido en los artículos 4.1 y 4.2 anteriores, según 
corresponda, de forma que se pueda hacer un seguimiento con la periodicidad y los 
formatos que determine el departamento competente en materia de finanzas.
Artículo 5.  Afectación de los créditos y nivel de vinculación.
Los  créditos  presupuestarios  identificados  con  el  código  de  financiación 
correspondiente al Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia y al fondo REACT-EU  e.
sólo pueden ejecutarse con la finalidad de financiar actuaciones que resulten elegibles  w.
conforme  a  su  marco  normativo.  Estos  créditos  vinculan  a  nivel  de  sección  46ww
presupuestaria, de capítulo y de código de financiación.
Artículo 6.  Competencias específicas en materia de modificaciones presupuestarias.
6.1  Corresponde al Gobierno, a propuesta del consejero/a en materia de finanzas, 
la  competencia  específica  para  autorizar  las  transferencias  de  los  créditos 
presupuestarios identificados con el código de financiación a que hace mención el 
artículo 4, entre diferentes secciones presupuestarias.
6.2  Corresponde al departamento competente en materia de finanzas autorizar las 
transferencias de crédito entre varios capítulos presupuestarios dentro de la misma 
sección y código de financiación.
Artículo 7.  Compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios futuros.
7.1  Se pueden adquirir compromisos de gasto de carácter plurianual en el caso de 
expedientes  que  se  financien  con  los  fondos  procedentes  del  Mecanismo  para  la 
Recuperación y Resiliencia y del REACT-EU.
7.2  En  el  caso  de  los  expedientes  financiados  con  fondos  procedentes  del 
Mecanismo  para  la  Recuperación  y  Resiliencia  el  plazo  no  puede  ir  más  allá  del 
año 2026.
7.3  En el caso de los expedientes financiados con fondos REACT-EU, el plazo no 
puede ir más allá del año 2023.
Artículo 8.  Incorporaciones de remanentes de crédito.
Los remanentes de crédito existentes a 31 de diciembre financiados a cargo de los 
fondos del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia y a los del fondo REACT-EU 
se pueden incorporar al ejercicio siguiente, hasta el año 2026 y 2023 respectivamente, y 
no se les aplica ninguna compensación.
Artículo 9.  Remanentes de tesorería de determinadas entidades.
9.1  Las entidades del artículo 1.1 letras b), c), d), e), f) y g) de la Ley 4/2020, del 29 
de abril, de presupuestos de la Generalidad de Cataluña para el 2020 pueden autorizar 
la incorporación del remanente de tesorería procedente de los créditos vinculados a los 
fondos del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia y a los fondos REACT-EU sin 
necesidad de informe previo de la Intervención General.
9.2  Cuando se produzca la autorización de los órganos competentes de la entidad, 
debe comunicarse a la Intervención General, a la Dirección General de Presupuestos y 
al departamento de adscripción.
Artículo 10.  Sistema de seguimiento.
La Administración de la Generalidad y las entidades de su sector público, así como 
las  universidades  públicas  y  entidades  que  dependen  de  ella  que  reciban  fondos 
procedentes del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia y de los fondos REACT-
EU deben enviar periódicamente información sobre el seguimiento de la ejecución de los 
gastos  y  el  grado  de  adelanto  de  los  proyectos  o  iniciativas,  de  acuerdo  con  lo 
establecido en el artículo 4 de este Decreto-ley y los requisitos y formatos que determine 
el departamento competente en materia de finanzas.
TÍTULO 3
Especialidades en materia de subvenciones y ayudas para el sector público de la 
Generalidad de Cataluña
Artículo 11.  Especialidades en la tramitación de subvenciones y ayudas.
11.1  Los órganos concedentes de subvenciones y ayudas pueden adoptar medidas 
de flexibilización, de acuerdo con la normativa de subvenciones y de procedimiento 
administrativo común, con relación a las condiciones que se establezcan en las bases 
reguladoras y convocatorias de su ámbito competencial con la finalidad de agilizar las 
actuaciones administrativas de gestión de la subvención o ayuda.
11.2  Con la finalidad establecida en el artículo 11.1 anterior, se establecen como 
preferentes, cuando corresponda en el procedimiento subvencional y de ayudas, las 
opciones siguientes:
a)  Se  pueden  publicar  de  forma  simultánea,  pero  separadamente,  las  bases 
reguladoras de las subvenciones y la resolución de la convocatoria.
b)  El uso de la cuenta justificativa sin aportación de justificantes de gasto prevista 
en  el  artículo  5  de  la  Orden  ECO/172/2015,  de  3  de  junio,  sobre  las  formas  de 
justificación de las subvenciones, siempre que conste debidamente motivado que esta 
modalidad  es  la  más  adecuada  de  acuerdo  con  la  tipología  y  naturaleza  de  sus 
destinatarios o de la subvención o ayuda, así como de su importe y que resulta lo más 
adecuado con el fin de agilizar el procedimiento.
c)  El régimen de concesión y justificación a través de módulos de acuerdo con lo 
establecido en los artículos 11 y siguientes de la Orden ECO/172/2015, de 3 de junio, 
sobre las formas de justificación de las subvenciones, siempre que se motive que esta 
modalidad de justificación es la más adecuada con el fin de agilizar el procedimiento.
d)  Las  bases  reguladoras  pueden  establecer  que  la  presentación  de  una 
declaración  responsable  de  la  persona  beneficiaria  sustituya  la  acreditación  del 
cumplimiento  de  obligaciones  tributarias  y  con  la  Seguridad  Social  en  aquellas 
subvenciones o ayudas en las cuales la cuantía a otorgar a cada persona beneficiaria no 
supere en la convocatoria el importe de 10.000 euros.
e)  El procedimiento establecido para las ayudas extraordinarias en los artículos 1 
y 2 del Decreto-ley 46/2020, de 24 de noviembre, de medidas urgentes de carácter 
administrativo, tributario y de control financiero para las ayudas en razón de un estado, 
situación o hecho en que se encuentren o soporten los solicitantes.
TÍTULO 4
Especialidades en materia de contratación pública para el sector público 
de Cataluña
CAPÍTULO 1
Principios de contratación pública
Artículo  12.  Contratos  financiados  con  fondos  provenientes  del  Mecanismo  de 
Recuperación y Resiliencia y del fondo REACT-EU.
12.1  Se deben tramitar de acuerdo con lo que establece este título los proyectos  b
financiados con fondos provenientes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y del  46ww
lfao nAddom RinEisAtCraTc-iEónU  dqeu ela  rGesepnoenradlaidna ad  udnea C naetacelusñidaa, dd ein lcalsu iednat iedna deel sá mdeb istou  dsee cftuonr cpioúnbelisc od oe 
dreeq ulaissi tuons ivye ars ildaa ddeefsin picúióbnlic daes  cdoen Ctraattoa lupñúab liyc oe,n itnecsl udideopse nlodsie cnotenstr, aqtouse  ssueb vaejunsctieonn aad oloss, 
que establece la normativa básica sobre contratos del sector público.
12.2  La finalidad de la regulación de las especialidades en materia de contratación 
pública es conseguir la mayor eficiencia en la distribución y gestión de fondos europeos, 
así como dotar de mayor seguridad jurídica y transparencia a los procedimientos de 
contratación  derivados  del  Mecanismo  de  Recuperación  y  Resiliencia  y  del  fondo 
REACT-EU.
12.3  Lo que establece este título podrá ser de aplicación a los contratos públicos 
suscritos  por  cualquier  entidad  del  sector  público  de  Cataluña  no  incluida  en  el 
apartado 1 de este artículo financiados con fondos provenientes del Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia y del fondo REACT-EU.
Artículo 13.  Objetivos de los contratos.
En los procedimientos de contratación que se financien con fondos procedentes del 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y del fondo REACT-EU hay que velar de 
manera especial por incorporar de manera transversal y preceptiva criterios sociales y 
medioambientales,  de  digitalización  y  de  innovación  y  de  responsabilidad  social 
corporativa, siempre que guarden relación con el objeto del contrato, y facilitar el acceso 
a las pequeñas y medianas empresas y a las empresas de economía social, así como a 
las empresas emergentes. También se tendrá en consideración el valor que puedan 
aportar en conocimiento.
CAPÍTULO 2
Tramitación
Artículo 14.  Régimen jurídico de los contratos y acuerdos marco.
En la tramitación de los contratos y acuerdos marco que se financien con fondos del 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y del fondo REACT-UE, hay que aplicar las 
especialidades en materia de contratación previstas en la normativa básica, en aquello 
que resulte aplicable y con las especificidades previstas en este capítulo.
Artículo 15.  Consultas preliminares de mercado.
15.1  Para  facilitar  la  concurrencia  y  la  participación  de  pequeñas  y  medianas 
empresas, y para favorecer la presentación de soluciones innovadoras por parte de las 
empresas emergentes, las contrataciones que se financien con estos fondos pueden ser 
objeto de una consulta preliminar de mercado.
15.2  La tramitación de la consulta preliminar no puede tener una duración superior 
a un mes desde la publicación del anuncio en la Plataforma de servicios de contratación 
pública.
15.3  También  se  pueden  utilizar  los  concursos  de  proyectos  con  las  mismas 
finalidades.
Artículo 16.  Aprobación de modelos de pliegos.
16.1  En  el  ámbito  subjetivo  de  aplicación  de  este  Decreto-ley  definido  al 
artículo 2.1, así como con respecto a las universidades públicas y las entidades que 
dependen de ellas, la dirección general competente en materia de contratación pública 
aprobará modelos de pliegos de cláusulas administrativas y modelos o formularios de  e.e
prescripciones técnicas, de uso preferente, con el fin de agilizar y homogeneizar los  b
procesos de contratación, teniendo en cuenta los requisitos siguientes: 46ww
dlime iftaaav)c oiórEne cnde erc  aeliscl oiata cdcceieó snqo uo de ed l eola sas d cpjouendqtiurcaeatñcoiasós ns  yec  omlniec idrteeiasnnp aepsco treo m loaptle rnseú,s massee. rop rdoec uloraterás  ceosnta lbal efcinearl iduanda   OE-A-2021-42able en https://
b)  Las empresas deben acreditar solvencia económica y financiera y técnica o 
profesional  suficiente  que  no  sea  superior  a  la  establecida  como  mínima  por  la 
legislación  básica.  Hay  que  tener  en  cuenta  para  las  empresas  extranjeras  no 
comunitarias la existencia de reciprocidad. En los procedimientos no sujetos a regulación 
armonizada hay que prever requerimientos que no limiten el acceso a las empresas de 
nueva creación.
c)  Se priorizarán los criterios de valoración evaluables mediante fórmulas, y como 
máximo el 35% corresponderá al precio para los que se tramiten por procedimiento 
abierto simplificado o simplificado abreviado, y el 50% para los que se tramiten por 
procedimiento abierto o restringido.
d)  Los modelos de pliegos deben incorporar alguno de los criterios de adjudicación 
y  condiciones  especiales  de  ejecución  siguientes:  mejoras  salariales  o  de  las 
condiciones  laborales;  estabilidad  laboral;  incorporación  de  personas  en  riesgo  de 
exclusión (incluidas las personas en paro de larga duración); subcontratación con algún 
centro especial de trabajo o empresa de inserción; cálculo del ciclo de vida; comercio 
justo; productos de proximidad; criterios ambientales; de digitalización y de innovación y 
conocimiento; de fomento de las pymes y las entidades del tercer sector, o igualdad de 
género.
e)  Los modelos de pliegos deben incorporar la fórmula de valoración aprobada por 
la dirección general competente en materia de contratación pública.
f)  Los  modelos  de  pliegos  técnicos  deben  determinarse  preferentemente  por 
funcionalidades, y su contenido debe ser el derivado del proyecto aprobado.
g)  En ningún caso se admitirá la subcontratación de la prestación principal, visto el 
carácter finalista y vinculado a la recuperación económica derivada de la pandemia de 
los créditos que financian estos contratos, y en el modelo de pliego se determinarán los 
elementos que se podrán subcontratar, y se exige que el contratista indique con qué 
empresas y en qué condiciones se subcontratarán los elementos accesorios. Asimismo, 
hay que hacer constar la forma en que los subcontratistas pueden exigir el pago directo.
h)  Los  modelos  de  pliegos  de  cláusulas  administrativas  particulares  deben 
incorporar penalidades contractuales vinculadas al cumplimiento de las obligaciones o 
hitos de resultados por un importe que puede llegar al 10% del precio del contrato.
La garantía definitiva será devuelta al contratista cuando el órgano competente de 
fiscalización de la Unión Europea acepte la solicitud de certificación presentada.
16.2  En el caso de utilizar estos modelos de pliego no será necesario emitir el 
informe jurídico preceptivo, excepto que se varíe su contenido de forma sustancial.
16.3  Las entidades locales pueden promover modelos de pliegos con los criterios 
establecidos en este artículo a los efectos de facilitar, agilizar y simplificar la tramitación 
de los expedientes de contratación pública.
Artículo 17.  Especialidades de la tramitación de los contratos y acuerdos marco.
17.1  Con el fin de garantizar el seguimiento y la transparencia de los contratos y 
acuerdos  marco  que  se  financien  con  fondos  provenientes  del  Mecanismo  de 
Recuperación y Resiliencia y del fondo REACT-EU, en el anuncio de licitación publicado 
en la Plataforma de servicios de contratación pública se debe identificar el proyecto o 
iniciativa a la cual corresponde el contrato de acuerdo con lo que establece el artículo 4 
de este Decreto-ley para los contratos que inician su tramitación a partir del 2021.
17.2  Se aplicará la tramitación urgente prevista en el artículo 119 de la Ley 9/2017,  e
de 8 de noviembre, de contratos del sector público en los contratos y acuerdos marco  bo
que se financien con fondos provenientes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia  46ww
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correspondientes  a  la  Intervención,  y  cumplimentar  los  trámites  correspondientes,
quedan reducidos a cinco días naturales, sin posibilidad de prórroga de este plazo, en 
los términos previstos en la normativa básica estatal.
17.4  La tramitación de estos contratos se hará por medios electrónicos.
17.5  Por  debajo  de  los  umbrales  comunitarios,  la  publicación  del  anuncio  de 
licitación únicamente se debe realizar en el perfil del contratante alojado en la Plataforma 
de servicios de contratación pública de Cataluña.
17.6  Los contratos y acuerdos marco que se financien con fondos procedentes del 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y del fondo REACT-EU quedan exceptuados 
del  requisito  de  la  autorización  para  contratar  prevista  en  el  artículo  45.3.a)  de  la 
Ley 16/2008, del 23 de diciembre, de medidas fiscales y financieras.
17.7  En los contratos que deban ser autorizados por el Gobierno, la certificación de 
que el contrato está financiado con los fondos procedentes del Mecanismo para la 
Recuperación y Resiliencia y del fondo REACT-EU exime del correspondiente informe 
económico.  En  estos  supuestos,  la  tramitación  y  la  aprobación  del  Gobierno  tiene 
carácter urgente y preferente.
17.8  Excepcionalmente,  si  en  el  expediente  de  contratación  se  justifica 
adecuadamente la imposibilidad de cubrir las necesidades perseguidas con los contratos 
y  acuerdos  marco  que  se  financien  con  fondos  procedentes  del  Mecanismo  de 
Recuperación y Resiliencia y del fondo REACT-EU, mediante la tramitación urgente 
prevista en la normativa básica, el expediente se podrá tramitar por el procedimiento 
negociado sin publicidad por imperiosa urgencia previsto en el artículo 168.b de la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público. Siempre que sea 
posible, hay que solicitar tres ofertas, dividir el contrato en lotes e incorporar criterios de 
contratación socialmente responsable.
17.9  En los contratos tramitados por el procedimiento restringido hay que incorporar 
criterios de selección que valoren la responsabilidad social de los licitadores.
17.10  La formalización de estos contratos se debe publicar en la Plataforma de 
servicios de contratación pública de Cataluña en el plazo máximo de 15 días desde la 
formalización.
CAPÍTULO 3
Seguimiento, asesoramiento y supervisión
Artículo 18.  Comisión mixta de seguimiento.
18.1  Se  crea  una  comisión  mixta  de  seguimiento,  que  tiene  como  función  el 
seguimiento de la ejecución de los contratos que son objeto de este Decreto-ley, sin 
perjuicio de las funciones de supervisión y control que puedan corresponder a otras 
entidades y organismos.
La Comisión tiene carácter consultivo y hará recomendaciones e informes en relación 
con  el  seguimiento  de  los  contratos.  Las  recomendaciones  de  carácter  general  se 
publicarán en el Portal de contratación pública de la Generalidad.
18.2  La Comisión estará formada por personas representantes de la dirección 
general  competente  en  materia  de  contratación  pública  y  de  las  entidades 
representativas  de  los  entes  locales,  si  procede,  así  como  de  las  entidades 
empresariales y organizaciones sindicales más representativas, que serán nombradas 
por la persona titular de la dirección general de contratación pública y designadas por las 
entidades y organismos representados. Los órganos de contratación podrán participar en  e.e
la Comisión en relación al seguimiento de los contratos en que intervengan. b
18.3  El responsable del contrato, con una periodicidad como mínimo bimensual,  46ww
dmeebdeia inntfeo rmela er nav líao  Cdoem uisniaó nh doejal  fduen csioengaumimieienntoto d qeul eco snetr aatjou syt ea l aólr gmaondoe dloe  qcuoen traaptaruceióbne, 
dmicehdaid aCso mquisei ócno,n ys iddeerbee n percoepsoanriears,  spia praro acseedgeu, ralars l am coodrrifeiccatac ieojneecsu,c liaósn  dpeeln caolindtardaetos. o las
18.4  La Comisión puede realizar las recomendaciones y propuestas que considere 
adecuadas para mejorar la ejecución de los contratos y debe emitir un informe no 
vinculante en relación con las propuestas de modificación, penalidades o resolución del 
contrato, que debe comunicar al responsable del contrato y al órgano de contratación. 
Las recomendaciones y propuestas no tienen carácter vinculante y se harán públicas a 
efectos  de  facilitar  su  conocimiento  por  todas  las  entidades  del  sector  público  de 
Cataluña.
Artículo 19.  Responsable del contrato.
19.1  El responsable del contrato a que se refiere el artículo 62 de la Ley 9/2017, 
de 8 de noviembre, de contratos del sector público, debe ser designado por el órgano de 
contratación  y  puede  ser  auxiliado  por  una  unidad  encargada  del  seguimiento  y 
ejecución o una entidad contratada a este efecto.
19.2  La supervisión e inspección de los trabajos corresponde al responsable del 
contrato, que debe desarrollar las funciones que establezca la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de contratos del sector público, así como las funciones siguientes:
a)  Autorizar la alteración de los medios humanos y materiales que se obligó a 
adscribir a la ejecución del contrato.
b)  Enviar a la Comisión mixta de seguimiento las hojas de seguimiento y las 
propuestas de modificación, penalidades o resolución que correspondan. El responsable 
del contrato puede asistir a las reuniones de la Comisión mixta de seguimiento y control 
con voz y sin voto.
19.3  En el caso de modificación en la designación del responsable del contrato, 
debe comunicarse por escrito y de manera inmediata al contratista.
19.4  El  adjudicatario  asume  las  responsabilidades  inherentes  a  la  dirección 
inmediata de los trabajos que ejecute. El adjudicatario debe designar obligatoriamente, 
en el momento de la perfección del contrato, a un representante responsable de la 
dirección de los trabajos que debe ser un técnico competente en las materias que son 
objeto del mismo. Este responsable será el encargado de dirigir y coordinar los trabajos y 
de transmitir las instrucciones precisas al personal adscrito a la ejecución del servicio 
para garantizar la correcta ejecución.
19.5  Los  responsables  del  contrato  y  los  miembros  de  la  Comisión  mixta  de 
seguimiento deben suscribir el Código de principios y conductas recomendables en la 
contratación  pública  y  las  declaraciones  de  bienes  e  intereses  que  se  establezcan 
mediante el pliego.
19.6  En el marco de las funciones de asistencia y cooperación con los entes 
locales,  y  de  acuerdo  con  lo  que  establezca  la  legislación  vigente,  los  órganos 
supramunicipales y el departamento competente en materia de administración local 
deben asistir a los municipios que lo requieran en las funciones del responsable del 
contrato.
Artículo 20.  Asesoramiento y supervisión.
20.1  Corresponde a la dirección general competente en materia de contratación 
pública de la Generalidad de Cataluña la coordinación, el asesoramiento y la supervisión 
de los contratos públicos financiados con fondos del Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia  y  el  fondo  REACT-EU,  objeto  de  este  Decreto-ley,  así  como  el  e.
establecimiento de criterios interpretativos de la normativa aplicable. w.b
Para el ejercicio de las funciones de coordinación y asesoramiento y sin perjuicio de  46ww
qfourem aslees  pou eidnafonr mcarleeasr,  olat rodsir emcceicóann igsemnoesr alo rcgoamnipzeatteivnotse   ye n ámmabtiteorsia  ddee  ccoolanbtroartaacciióónn 
Cpúobnltircaat acpiuóend eA dcmreinairs truanti vag ruppaora  dlae  etrlaabboarjoa cieónn  deel  smeondoe ldoes  dlae  Jpulinetgao sC doen scullátiuvasu ldaes 
administrativas particulares y de pliegos de prescripciones técnicas, así como impulsar la
aprobación de instrucciones y recomendaciones dirigidas a todo el sector público de 
Cataluña.
Este grupo de trabajo debe estar formado como mínimo por representantes de la 
dirección  general  competente  en  materia  de  contratación  pública,  de  los  servicios 
jurídicos  de  la  Generalidad  y  de  las  asociaciones  representativas  de  las  entidades 
locales  de  Cataluña,  designados  por  la  persona  titular  de  la  dirección  general  de 
contratación pública a propuesta de los respectivos órganos. También podrán formar 
parte de él representantes de las entidades empresariales y organizaciones sindicales 
más representativas y representantes de los departamentos de la Generalidad.
20.2  Mediante el Portal de contratación pública, la dirección general competente en 
materia de contratación pública debe publicar los datos relativos a los contratos y los 
acuerdos  marco  financiados  a  cargo  de  fondos  provenientes  del  Mecanismo  de 
Recuperación y Resiliencia y del fondo REACT-EU. La publicación debe realizarse a 
partir de la formalización del contrato y se actualizará periódicamente
20.3  La dirección general competente en materia de contratación pública de la 
Generalidad de Cataluña debe elaborar un informe de supervisión anual específico sobre 
los contratos objeto de este Decreto-ley y un informe final una vez finalizada la ejecución 
de todos los contratos financiados y adjudicados por la Administración de la Generalidad 
de Cataluña, su sector público, las universidades públicas y los entes que dependen de 
ellas.
20.4  En el supuesto de que algunos importes certificados a la Comisión Europea no 
sean  aceptados  por  causas  imputables  al  contratista  y  haya  que  efectuar  la 
descertificación de una determinada cantidad, se iniciarán las acciones de resarcimiento 
necesarias en compensación de los daños y perjuicios que este haya producido. 
Artículo 21.  Recurso especial en materia de contratación pública.
21.1  Los actos susceptibles de recurso especial adoptados por el sector público de 
Cataluña en aplicación de este Decreto-ley son recurribles ante el Tribunal Catalán de 
Contratos del Sector Público.
22.2  En su tramitación y resolución es de aplicación lo que establece la normativa 
básica de referencia.
TÍTULO 5
Especialidades en materia de cooperación interadministrativa y colaboración 
y participación público-privada
CAPÍTULO 1
Medidas relativas a la gestión de convenios administrativos
Artículo 22.  Colaboración interadministrativa y con entidades privadas.
Con el fin de facilitar la colaboración interadministrativa y con el sector privado, las 
administraciones públicas de Cataluña y las entidades de su sector público, incluidas las 
universidades  públicas  y  entes  dependientes,  deben  promover  la  suscripción  de 
convenios de colaboración para realizar actividades para el cumplimiento de finalidades 
de  interés  general  vinculadas  a  la  ejecución  e  implementación  del  Mecanismo  de  s
Recuperación y Resiliencia con el objetivo de facilitar y agilizar los procedimientos  oe.
aplicables y contribuir al cumplimiento de sus objetivos. w.
Artículo 23.  Régimen jurídico.
agosLtoos,  cdoen vreéngiiomse pnr ejuvirsídtoicso e ny  edl ea pparrotcaeddoi manietenrtoio rd see  lraigse na dpmorin lias tLraecyi o2n6e/2s0 p1ú0b, ldiceal s3  ddee 
Cataluña, y por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público y
por la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la ciencia, la tecnología y la innovación, en el caso 
de  los  convenios  de  colaboración  científica,  en  aquello  que  sea  aplicable  con  las 
especialidades siguientes:
a)  Su  tramitación  y  formalización  tiene  carácter  preferente  y  se  rige  por  los 
principios de simplificación y agilización con el objetivo de garantizar el cumplimiento 
eficaz de las finalidades perseguidos con su formalización. A estos efectos, el expediente 
debe contener una memoria justificativa de la propuesta y un informe emitido por el 
órgano que tenga atribuida la función de asesoramiento jurídico.
b)  Se puede iniciar la tramitación y formalización de convenios que deban tener 
efectos en el siguiente ejercicio presupuestario de forma anticipada si bien el pago, si 
procede, no se producirá hasta el ejercicio siguiente.
c)  Se pueden efectuar pagos por adelantado del importe total a percibir de hasta 
el 50% a efectos de poder realizar las actuaciones preparatorias de las actuaciones 
financiadas.
d)  Una vez formalizados los convenios en los que sea parte la Administración de la 
Generalidad o las entidades de su sector público, estos se publican en el Registro de 
convenios de colaboración y cooperación de la Generalidad de Cataluña de acuerdo con 
la normativa aplicable.
e)  El órgano competente para suscribir convenios puede aprobar modelos tipo de 
convenios con el fin de facilitar la tramitación y formalización.
CAPÍTULO 2
Medidas relativas a los consorcios de cooperación
Artículo 24.  Constitución y objetivos.
24.1  Para fomentar la cooperación entre las administraciones públicas catalanas, 
incluido su sector público y el ámbito universitario, así como la colaboración con el sector 
privado,  se  pueden  constituir  voluntariamente  consorcios  de  cooperación  para  la 
implementación y gestión de los fondos provenientes del Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia.
24.2  Los consorcios de cooperación constituidos para la gestión de los fondos 
provenientes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia pueden tener las funciones 
siguientes:  ejecución  conjunta  de  proyectos  en  sectores  materiales  o  servicios 
determinados;  otorgamiento  de  líneas  de  ayudas  a  particulares,  empresas  y/o 
municipios; prestación de servicios de asesoramiento jurídico y técnico; prestación de 
servicios  de  asesoramiento  en  materia  de  contratación  pública  y,  si  procede, 
convocatoria de licitaciones públicas; promoción de la I+D+i, y todas aquellas funciones 
que se determinen en sus estatutos.
24.3  La  duración  máxima  de  estos  consorcios  es  de  seis  años  desde  su 
constitución.
Artículo 25.  Régimen jurídico.
Los consorcios previstos en este Decreto-ley se rigen por sus estatutos, por la 
Ley  26/2010,  de  3  de  agosto,  de  régimen  jurídico  y  de  procedimiento  de  las 
administraciones públicas de Cataluña, por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen  s
jurídico del sector público, en aquello que sea aplicable, y por la Ley 14/2011, de 1 de  e.
junio, de la ciencia, la tecnología y la innovación, en el caso de consorcios científicos. En  w.
su constitución se establecen las especialidades siguientes: 46ww
a)  Las administraciones y/o entidades constituyentes deben aprobar el inicio del
aecxopmedpieanñtaed od ed ec olan smtietumcoiórnia  oju satdifhiceastiivóan,  mqueed idaenbtee  iancculueirrd loa  mdee msuo rióar geacnoon ódmei cgao cboienr nlaos, 
aportaciones que correspondan, un informe jurídico y un borrador de estatutos.
b)  El  procedimiento  para  la  aprobación  de  los  estatutos  únicamente  debe  ser 
sometido a trámite de audiencia o información pública, con una duración máxima de diez 
días,  si  su  constitución  puede  afectar  derechos  y  deberes  fundamentales  de  la 
ciudadanía. La duración máxima para la aprobación de los estatutos una vez iniciado el 
expediente de constitución es de un mes.
c)  Una vez aprobados los estatutos por todas las administraciones y/o entidades 
constituyentes, se deben publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
CAPÍTULO 3
Colaboración del sector privado en el despliegue de las actuaciones financiadas 
por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y el fondo REACT-UE
Artículo 26.  Mecanismos de colaboración del sector privado.
26.1  Se podrán crear mecanismos de colaboración con el sector privado en la 
implementación  de  las  actuaciones  derivadas  del  Mecanismo  de  Recuperación  y 
Resiliencia y del fondo REACT-EU con el objetivo de establecer espacios de diálogo y de 
participación en el desarrollo de estas actuaciones.
26.2  Los agentes de financiación y de ejecución de la investigación en los términos 
de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la ciencia, la tecnología y la innovación, podrán 
impulsar y participar en los órganos de debates y foros contemplados en el apartado 
anterior. De la misma manera, podrán impulsar y participar en foros internacionales con 
estos mismos objetivos y con la finalidad de promover el conocimiento y la economía que 
se deriva de ellos.
TÍTULO 6
Control de las actuaciones
Artículo 27.  Control de las actuaciones por parte de la Intervención General de la 
Generalidad de Cataluña en el ámbito de la Administración de la Generalidad de 
Cataluña, de su sector público administrativo y del Servicio Catalán de la Salud.
27.1  Las bases reguladoras que rijan las subvenciones y las ayudas financiadas 
con los fondos procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y del fondo 
REACT-EU, las respectivas convocatorias, así como los instrumentos de concesión de 
las subvenciones y ayudas de concesión directa serán sometidos a fiscalización previa 
en los términos del artículo 68 del texto refundido de la Ley de finanzas públicas de 
Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 3/2002, de 24 de diciembre.
27.2  La concesión y justificación de las subvenciones y ayudas financiadas con los 
fondos procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y del Fondo REACT-
EU, están sometidas a control posterior en los términos establecidos en el artículo 5 del 
Decreto-ley  46/2020,  de  24  de  noviembre,  de  medidas  urgentes  de  carácter 
administrativo, tributario y de control financiero.
27.3  Los  pliegos  de  cláusulas  administrativas  y  el  resto  de  documentos  que 
integran la documentación preparatoria del expediente de contratación y su adjudicación 
financiados con los fondos procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y 
del fondo REACT-EU, están sometidos a fiscalización previa, cuando corresponda, en  s
los términos del artículo 68 del texto refundido de la Ley de finanzas públicas de  oe.
Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 3/2002, de 24 de diciembre. w.
ddee  c22o47n .4tdr oel  Lnpaoo vseitejeemrciuobcrr eióe, nnd  dleoe s m loteésdr mcidoiannsotr sau treogsset anfibntelaesnc ciddiaeod sco aesr nám ceetled rai arantídtcemu leoins it5sot srda eftoilv noDd,e octsrr iebstueotr aá4rni6o /o 2by0 je2dt0eo,    2021-4246n https://ww
control financiero.
27.5  Los convenios de colaboración financiados con los fondos procedentes del 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y del Fondo REACT-EU son sometidos a 
fiscalización previa en los términos del artículo 68 del texto refundido de la Ley de 
finanzas públicas de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 3/2002, de 24 de 
diciembre. Su ejecución será objeto de control posterior en los términos establecidos en 
el artículo 5 del Decreto 46/2020, de 24 de noviembre.
TÍTULO 7
Medidas en materia de gestión del personal
Artículo 28.  Ámbito de aplicación de las medidas en materia de gestión de personal.
Las medidas en materia de personal establecidas en este título son de aplicación al 
personal al servicio de la Generalidad de Cataluña y al personal que presta servicio en 
las entidades de su sector público.
Artículo 29.  Gestión de los fondos europeos mediante programas temporales.
29.1  La gestión y ejecución de las operaciones financiadas con fondos procedentes 
del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y del fondo REACT-EU se podrá llevar a 
cabo mediante la creación de programas de una duración máxima de cuatro años, 
siempre que se acredite la imposibilidad de asumir los objetivos asignados al programa 
mediante la estructura orgánica y funcional de la Administración de la Generalidad de 
Cataluña y su sector público.
29.2  Los programas para la gestión de las operaciones financiadas con fondos 
procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y del fondo REACT-EU serán 
aprobados por los departamentos o entidades públicas dependientes o vinculadas previo 
informe preceptivo y vinculante de los departamentos competentes en materia de función 
pública y de presupuestos.
29.3  En los programas debe quedar consignado su objeto y finalidad; las tareas 
que se derivan; las necesidades de personal vinculadas y sus características, incluidas 
las asimilaciones a efectos de clasificación y retributivas que correspondan; la dirección 
de las actuaciones; la adscripción orgánica; la temporalidad; el coste, y su financiación.
29.4  Los programas para la gestión y ejecución de las operaciones financiadas con 
fondos procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y del fondo REACT-
EU podrán financiarse, parcial o totalmente, con el Fondo de reserva laboral al que hace 
referencia la disposición adicional vigesimonovena del Decreto legislativo 1/1997, de 31 
de octubre, por el que se aprueba la refundición en un texto único de los preceptos de 
determinados textos legales vigentes en Cataluña en materia de función pública. A este 
efecto, se garantizará la dotación de los créditos suficientes de este fondo de reserva en 
coherencia con las necesidades derivadas del total de programas a financiar.
Artículo  30.  Cobertura  de  las  necesidades  de  personal  para  la  gestión  de  fondos 
europeos.
30.1  La cobertura de las necesidades de personal de los programas para la gestión 
y ejecución de las operaciones financiadas con fondos procedentes del Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia y del fondo REACT-EU se llevará a cabo preferentemente 
con los efectivos disponibles en los departamentos o entidades responsables de su  e.
gestión, bajo criterios de mérito, capacidad, publicidad y concurrencia. w.
30.2  En el supuesto de que lo previsto en el punto 1 de este artículo no sea posible,  46ww
lpae rcsoobnearl tufruan cdieo nanreioce sinidtaedrienso  soe  lpao dcráo nltlreavtaacr ióan  cadbeo  pmeresdoinaanlt e laebl onraolm  btermampoiernatlo  pdoer 
pdreo cguraamtroa sa ñcoons  iumnpar odrurroagcaióbnle sq.u Lea n soe elexccceidóan  ad elal  pfeijarsdoan eanl  deel bper osgurjaemtaars ye,  ac olomso p mrinácxiipmioos,   BOE-A-cable e
de mérito, capacidad, publicidad y concurrencia. Los puestos de trabajo adscritos a 
programas para la gestión de fondos europeos pueden ser ocupados por personal 
funcionario interino con independencia de su nivel de destino.
Artículo  31.  Atribución  temporal  de  funciones  vinculadas  a  la  gestión  de  fondos 
europeos.
31.1  Para la provisión de puestos de trabajo coyunturales adscritos a programas 
para la gestión de fondos europeos con los efectivos disponibles a que hace referencia el 
primer apartado del artículo anterior, se utilizará la atribución temporal de funciones al 
personal funcionario de carrera o interino y laboral fijo o temporal.
31.2  Las resoluciones de atribución temporal de funciones serán comunicadas a los 
órganos  de  representación  del  personal  y  serán  publicadas,  junto  con  las 
correspondientes  retribuciones,  en  el  portal  de  transparencia  de  la  Generalidad  de 
Cataluña.
31.3  La atribución temporal de funciones tiene una duración máxima de cuatro años 
y  tiene  por  objeto  el  desarrollo  temporal  de  funciones,  tareas  y  responsabilidades 
vinculadas a los programas para la gestión de fondos europeos. Las funciones que se 
atribuyan temporalmente en el marco de los programas que sean diferentes a las que 
corresponden al puesto de trabajo que se ocupa, deben ser las propias del cuerpo, 
escala  o  categoría  de  pertenencia  y  las  retribuciones  van  a  cargo  de  los  créditos 
consignados en el programa.
31.4  Dentro del ámbito de los departamentos o entidades a los que se adscriben 
los programas para la gestión de fondos europeos se podrán atribuir temporalmente 
funciones  con  carácter  parcial.  Las  atribuciones  temporales  de  carácter  parcial  no 
pueden exceder el cincuenta por ciento de la jornada del puesto de trabajo principal y las 
retribuciones de esta atribución serán las propias de las funciones desarrolladas y se 
percibirán  en  proporción  a  la  jornada  efectivamente  realizada.  Las  atribuciones 
temporales de carácter parcial no requieren de autorización de compatibilidad.
31.5  La  atribución  temporal  de  funciones  tiene  carácter  voluntario  y  sólo 
excepcionalmente puede tener carácter forzoso, siempre que se acredite la inexistencia 
de  personal  voluntario  y  se  justifique  la  imposibilidad  de  garantizar  la  adecuada 
prestación de las funciones vinculadas al programa.
31.6  La atribución temporal de funciones de personal con vinculación preexistente 
en otros departamentos o entidades públicas requiere la autorización de la persona 
titular de la secretaría general del departamento o responsable de personal de la entidad 
de adscripción a los efectos de no afectar a la normal prestación del servicio. 
La atribución temporal de funciones a personal funcionario interino y personal laboral 
temporal sólo puede tener lugar en los programas adscritos a los departamentos o 
entidades donde prestan servicios.
31.7  Cuando la atribución temporal de funciones implique el ejercicio de funciones y 
tareas propias de un puesto de trabajo con mayores retribuciones complementarias, se 
deben percibir estas retribuciones, total o parcialmente, durante todo el periodo en que 
se ejerzan.
31.8  La adscripción de personal con vinculación fija entre la Administración de la 
Generalidad  y  las  entidades  de  su  sector  público  se  llevará  a  cabo  mediante  la 
reasignación funcional de empleados públicos a que hace referencia la disposición 
adicional vigesimosexta del Decreto legislativo 1/1997, de 31 de octubre, por el que se 
aprueba la refundición en un texto único de los preceptos de determinados textos legales  e.
vigentes en Cataluña en materia de función pública. w.b
Artícduel olo 3s2 f.o ndRoest reibuurocipoenoess. variables por objetivos o resultados vinculadas a la gestión
32.1  El  personal  que  gestiona  fondos  europeos  puede  percibir  con  carácter
excepcional retribuciones variables vinculadas al grado de cumplimiento de los objetivos
o  resultados,  los  cuales  serán  previamente  establecidos  por  los  departamentos  y 
entidades públicas.
32.2  Mediante acuerdo del Gobierno y previa negociación colectiva se establecerán 
los criterios generales para la distribución y aplicación de las retribuciones variables por 
objetivos o resultados vinculadas a la gestión de los fondos europeos.
Artículo 33.  Dirección de programas para la gestión de fondos europeos.
33.1  Los programas de gestión de fondos europeos que acrediten su necesidad 
podrán nombrar a un director o directora de programa.
33.2  Los puestos de trabajo de dirección de programas de gestión de fondos 
europeos  pueden  ser  ocupados  por  las  personas  que  designen  al  efecto  los 
departamentos y entidades públicas. Los programas sólo podrán crear un único puesto 
de trabajo coyuntural de estas características.
33.3  La resolución de nombramiento o la contratación de personal de dirección de 
programas será a cargo del titular del departamento o, en su caso, del órgano de 
gobierno  de  los  organismos  y  entidades  públicas.  La  resolución  o  contratación  se 
vinculará a la gestión de fondos europeos donde se fijará expresamente su duración, que 
será de un máximo de cuatro años, y concretará los objetivos temporales vinculados al 
programa que se deben alcanzar, así como el compromiso de gestión que asuma la 
persona designada.
33.4  La  selección  del  personal  para  la  ocupación  de  puestos  de  dirección  de 
programas para la gestión de fondos europeos se sujetará a los principios de mérito y 
capacidad,  así  como  a  criterios  de  idoneidad,  y  se  debe  llevar  a  cabo  mediante 
procedimientos que garanticen la publicidad y la concurrencia. Para la designación de 
este personal se tendrán en cuenta los conocimientos especializados en la gestión de 
fondos  europeos,  la  experiencia  profesional  en  funciones  directivas,  así  como  la 
acreditación de competencias sobre coordinación de equipos de trabajo.
33.5  El personal de dirección de programas vinculados a la gestión de fondos 
europeos  está  sujeto  a  evaluación  del  cumplimiento  de  los  objetivos  asignados  al 
programa,  de  acuerdo  con  criterios  de  eficacia,  eficiencia,  responsabilidad  para  la 
gestión y control de los resultados. En los términos que se determinen en los programas, 
este personal presentará periódicamente una memoria sobre el resultado de la gestión y 
de  los  resultados  alcanzados  en  relación  a  los  objetivos  fijados.  La  evaluación 
desfavorable del cumplimiento de los objetivos o resultados asignados al programa 
comporta  el  cese  del  personal  de  dirección  de  programas,  sin  derecho  a  percibir 
indemnizaciones por cese no previstas legalmente.
33.6  Las  designaciones  de  personal  de  dirección  de  programas  se  formalizan 
mediante  nombramientos  administrativos  en  los  programas  adscritos  a  los 
departamentos, organismos y entidades autónomas y mediante contratos laborales de 
alta dirección en los programas adscritos a las otras entidades del sector público.
33.7  Las retribuciones de este personal serán fijadas en el programa y se integran 
por una parte fija y una variable en función de los objetivos o resultados alcanzados. La 
parte fija de la retribución se asimilará a las retribuciones de los altos cargos, cargos 
ejecutivos o resto de puestos de trabajo de la Administración de la Generalidad o 
entidades del sector público, según corresponda. La retribución variable en función de 
los objetivos o resultados alcanzados en ningún caso puede superar el cuarenta por 
ciento de la retribución fija.
33.8  El régimen de incompatibilidades del personal de dirección de programas  e.
vinculados a la gestión de fondos europeos es el establecido para los altos cargos de la  w.b
Administración de la Generalidad. 46ww
vinc3u3la.9d osE al  plae rsgoensatiló fnu ndceio fnoanrdioo sd ee ucraorpreeroas  dseesriág ndaedcol apraardao  lad ed ioreficccioió ne nd es itpuraocgiróanm daes 
leax cseitdueanccióian  voqluuen tacroiarr epsopro inndcoam  dpea tiabciluidearddeos  cyo enl  peel rEsosntaatlu ltaob odrea l lfoijso  strearbáa djaedcolarerasd oy  eenl 
convenio colectivo de aplicación.
Disposición  adicional  primera.  Modificación  de  la  Ley  4/2020,  de  29  de  abril,  de 
presupuestos de la Generalidad para el 2020.
Con efectos de la entrada en vigor de este Decreto-ley se modifica la Ley 4/2020, 
de 29 de abril, de presupuestos de la Generalidad para el 2020, de la manera siguiente:
1.  Se añade un nuevo punto e) en el apartado 7 del artículo 5:
«e)  De los créditos generados al Servicio Catalán de la Salud procedentes de 
los  fondos  extraordinarios  para  atender  las  necesidades  derivadas  de  la 
pandemia, que vinculan con el crédito inicial, independientemente del origen de 
crédito y del código de financiación, y de acuerdo con los criterios del apartado 1.»
2.  Se modifica el apartado 1 del artículo 9, que queda redactado de la manera 
siguiente:
«1.  Pueden generar crédito, dentro del estado de gastos de los presupuestos 
a los que se refiere el artículo 7, los ingresos no previstos o los superiores a los 
que se tienen en cuenta en el presupuesto inicial que se produzcan en el mismo 
ejercicio presupuestario y que deriven de las operaciones siguientes:
a)  Las operaciones a las que se refiere el artículo 44 del texto refundido de la 
Ley de finanzas públicas de Cataluña.
b)  Los nuevos traspasos o las ampliaciones de traspasos de servicios de 
otras administraciones.
c)  Los  ingresos  legalmente  afectados  a  la  realización  de  determinados 
gastos.
d)  Los ingresos por multas y sanciones que, de acuerdo con la legislación 
aplicable, sean afectadas a determinados gastos, hasta el límite del importe que 
exceda las previsiones contenidas en el estado de ingresos del presupuesto.
e)  Los ingresos por indemnizaciones de seguros por siniestros cubiertos por 
pólizas, hasta el límite máximo de los gastos efectivamente realizados en la 
reparación del siniestro.
f)  Los reintegros de pagos presupuestarios que se realicen en el ejercicio 
corriente  correspondientes  a  obligaciones  reconocidas  en  el  mismo  ejercicio 
presupuestario o, excepcionalmente, en el último trimestre del ejercicio anterior, 
siempre que se apliquen a los mismos créditos presupuestarios.
g)  Los créditos correspondientes a revocaciones de las subvenciones de 
ejercicios  anteriores  que  hayan  sido  gestionadas  con  ingresos  finalistas 
provenientes de la Administración del Estado y a las que sea aplicable la regla 
sexta del artículo 86.2 de la Ley del Estado 47/2003, de 26 de noviembre, general 
presupuestaria.
h)  Los ingresos procedentes de las operaciones de endeudamiento que se 
suscriban  de  acuerdo  con  la  normativa  estatal  que  regule  los  mecanismos 
adicionales de financiación.
i)  Los  ingresos  no  previstos  en  el  crédito  inicial  procedentes  del  fondo 
FEDER, que respondan a reembolsos producidos por la reprogramación de los 
recursos de proyectos hacia la financiación de los costes sanitarios motivados por 
la pandemia de la COVID-19.
j)  En la sección “Gastos de varios departamentos”: es
1.º  Los ingresos derivados de compromisos contractuales formalizados en el  w.
sistema central de adquisiciones de bienes y servicios de la Generalidad que  46ww
agdeqstuioisnicai ólna  dCe oemquisipióanm iCenetnotsra pl adrae  mSeujomrianri slatrso sc,o nsdieicmiopnrees  qduee t rasbea jdoe dsetiln peenr sao nlaal 
asils tseemrvaicsi od ed ien floar mAadcmióinni sdtera aclicóann cdee  ola i nGteerénse rcaolirdpaodr ayti vao .proyectos tecnológicos o  BOE-A-cable e
2.º  Los ingresos derivados de la enajenación y de otras operaciones de 
cesión de derechos sobre inmuebles de titularidad de la Generalidad hasta el 
límite del importe que exceda las previsiones contenidas en el estado de ingresos 
del  presupuesto,  para  destinarlas  a  efectuar  inversiones  en  edificios  y  otras 
construcciones.
3.º  Los ingresos procedentes de indemnizaciones en los procesos judiciales 
que pueda recibir la Generalidad.
k)  En la sección “Deuda”, los ingresos derivados de los acuerdos tomados 
por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, o por el organismo estatal habilitado 
a este efecto, para financiar pagos a proveedores que no hayan podido atenderse, 
de acuerdo con lo establecido por el artículo 37.6.
l)  El importe del endeudamiento asumido por la Generalidad, de acuerdo con 
lo establecido por el artículo 37.1.b, con el fin de contabilizar las aportaciones de 
capital o los préstamos concedidos a las entidades públicas correspondientes para 
afrontar la compensación en formalización de la amortización total o parcial de sus 
pasivos financieros traspasados.
m)  Se pueden generar créditos en la aplicación D/830.0007, «Ejecución de 
avales del fondo de garantía en el Instituto Catalán de Finanzas», con los ingresos 
procedentes de la aplicación I/820.0002, “Devolución o retorno de las aportaciones 
a fondo de garantía por préstamos o avales”.
n)  Se pueden generar créditos en la aplicación D/840.0003, “Aportaciones a 
fondo de garantía por operaciones de préstamos o avales gestionados por el ICF”, 
con los ingresos procedentes de la aplicación I/812.0003, “Reintegro de préstamos 
por ejecución de avales de fondo de garantía el Instituto Catalán de Finanzas.”»
3.  Se añade un apartado 3 en el artículo 16, del Fondo de Contingencia, que queda 
redactado de la manera siguiente:
«3.  Una vez la transferencia de crédito ha sido autorizada por el Gobierno, el 
departamento competente en materia de finanzas públicas puede autorizar nuevas 
distribuciones del crédito, con el objetivo de ajustarlo a nuevas necesidades, 
siempre  manteniendo  la  finalidad  que  motivó  la  transferencia  de  créditos 
autorizada por el Gobierno.»
Los apartados 3 y 4 actuales pasan a ser los apartados 4 y 5, respectivamente.
Disposición adicional segunda.
A  los  agentes  públicos  de  ejecución  de  la  investigación  en  los  términos  de  la 
Ley 14/2011, de 1 de junio, de la ciencia, la tecnología y la innovación, que tengan 
atribuido legalmente un régimen de autonomía, les será de aplicación este Decreto-ley, 
sin perjuicio de su propio régimen de autonomía.
Disposición adicional tercera.  Obligaciones de información de las entidades locales con 
gastos financiados por la Generalidad de Cataluña.
Las entidades integrantes del sector público local que mediante los mecanismos 
previstos en el presente Decreto-ley reciban fondos financiados con el Mecanismo de 
Recuperación  y  Resiliencia  y  del  fondo  REACT-EU  en  que  la  gestión  y  control 
corresponde a la Generalidad de Cataluña, deberán remitir información periódica de los  e
gastos imputados a los diferentes proyectos o iniciativas financiadas con estos fondos,  bo
de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  artículo  4  de  este  Decreto-ley.  La  forma,  la  46ww
dpeeprioadrtiacmideandt oy  ccouna lcqoumiepr eotternac iinaf oernm macaitóenri aq udee  fsinea rnezqausie.ra será establecida por parte del
Disposición adicional cuarta.  Obligaciones de las entidades privadas que gestionen 
proyectos con gastos financiados por la Generalidad de Cataluña.
En el caso de financiación de proyectos gestionados por entidades privadas con 
fondos financiados con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y el fondo REACT-
EU en que la gestión y control corresponde a la Generalidad de Cataluña, esta irá 
vinculada al cumplimiento unos objetivos que se determinen, así como a la estimación de 
los costes estimados para su consecución. Las entidades deberán remitir información 
periódica de los gastos imputados a los diferentes proyectos o iniciativas financiadas con 
estos fondos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 de este Decreto-ley. La 
forma, periodicidad y cualquier otra información que se requiera será establecida por 
parte del departamento con competencia en materia de finanzas.
En  el  caso  de  que  no  se  realizara  el  gasto  comprometido  o  en  el  caso  de 
incumplimiento total o parcial de los objetivos previstos, las entidades deberán reintegrar 
los  fondos  recibidos.  Este  procedimiento  de  reintegro  será  establecido  por  el 
departamento con competencias en materia de finanzas.
Disposición adicional quinta.  Medios personales.
1.  Se debe dotar al órgano competente en materia de función pública de los medios 
personales y materiales necesarios para poder ejercer las funciones de coordinación, 
emisión de criterios, orientaciones y asesoramiento que deben permitir una aplicación 
homogénea de las medidas de gestión de personal dirigidas a agilizar la absorción y 
ejecución de los fondos europeos. Con esta finalidad se podrán crear órganos de gestión 
de carácter transversal en el ámbito competente para facilitar la diagnosis y planificación 
de  las  necesidades  de  personal  de  los  departamentos,  organismos  y  entidades 
responsables de implementar los fondos provenientes del Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia y de los fondos REACT-EU. Asimismo, se habilitarán los medios electrónicos 
necesarios para el cumplimiento de las medidas en materia de gestión de personal.
2.  Se debe dotar a los órganos de gestión, seguimiento, control y supervisión de las 
ayudas  y  subvenciones,  contratos,  convenios  y  otros  mecanismos  financiados  con 
fondos provenientes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y del fondo REACT-
EU de los medios personales y materiales necesarios para poder ejercer sus funciones 
según los mecanismos previstos en este Decreto-ley, especialmente, al Tribunal Catalán 
de Contratos del Sector Público con respecto a las funciones que tiene previstas.
3.  Asimismo, los órganos o unidades que acrediten fehacientemente un incremento 
sustancial de su carga de trabajo como consecuencia de la gestión y ejecución de los 
fondos europeos, tendrán derecho a nuevas dotaciones de personal en los términos que 
se establecen en esta disposición adicional
Disposición adicional sexta.  De los órganos de gobernanza, control y seguimiento.
Mediante acuerdo del Gobierno se crearán los órganos colegiados de gobernanza, 
coordinación y seguimiento para la adecuada implementación y ejecución de los fondos, 
así como los instrumentos de planificación estratégica que sean necesarios.
Disposición adicional séptima.  Excepción al plazo de vigencia general que se establece 
en el artículo 49.h de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector 
público, en relación con determinados convenios de colaboración del Departamento  s
de Educación. oe.
En los convenios de colaboración que suscribe el Departamento de Educación con  46ww
claosn sctrourcpcoióranc, iorenheasb illiotaccailóens ,o  aomtrapsli acaidómn idneis tcreancitoronse sy  speúrvbilcicioass  eod uccaotnivsoosr,c sioes  esptaarbale clea 
un plazo de vigencia de estos convenios superior a los cuatro años como excepción al
plazo de vigencia general que se establece en el artículo 49.h de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de régimen jurídico del sector público, en los términos siguientes:
a)  La  duración  de  los  convenios  relativos  a  la  construcción,  rehabilitación  o 
ampliación de centros y servicios educativos no podrá ser superior a seis años.
b)  Antes de la finalización del plazo previsto en el propio convenio de acuerdo con 
lo que se establece en el apartado anterior, las partes pueden acordar unánimemente la 
prórroga por un periodo de hasta cuatro años adicionales o la extinción.
Disposición final.  Entrada en vigor.
Este Decreto-ley entra en vigor el día siguiente de su publicación en el Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya.
Por lo tanto, ordeno que todos los ciudadanos a los cuales sea de aplicación este 
Decreto-ley cooperen en su cumplimiento y que los tribunales y las autoridades a los 
cuales corresponda lo hagan cumplir.
Barcelona, 2 de febrero de 2021.–El Vicepresidente del Gobierno en sustitución de la 
Presidencia de la Generalidad y Consejero de Economía y Hacienda, Pere Aragonès i 
Garcia.–El Consejero de Políticas Digitales y Administración Pública, Jordi Puigneró i 
Ferrer.
(Publicado en el «Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña» número 8333, de 4 de febrero de 2021. 
Convalidado por Resolución 1144/XII del Parlamento de Cataluña, publicada en el «Diario Oficial de la 
Generalitat de Cataluña» número 8355, de 3 de marzo de 2021)