BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 274  Viernes 16 de octubre de 2020  Sec. I.   Pág. 88569
I. DISPOSICIONES GENERALES
JEFATURA DEL ESTADO
12355 Ley 4/2020, de 15 de octubre, del Impuesto sobre Determinados Servicios 
Digitales.
FELIPE VI
REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente 
ley:
PREÁMBULO
I
La economía mundial está adquiriendo rápidamente carácter digital y, como 
consecuencia de ello, han surgido nuevas maneras de hacer negocios. Los modelos de 
negocio digitales se basan en gran medida en la capacidad para llevar a cabo actividades 
a distancia, incluso transfronterizas, con escasa o nula presencia física, en la importancia 
de los activos intangibles, y en el valor de los datos y las contribuciones de los usuarios 
finales a la creación de valor.
Sin embargo, las actuales normas fiscales internacionales se basan sobre todo en la 
presencia física y no fueron concebidas para hacer frente a modelos de negocio basados 
principalmente en activos intangibles, datos y conocimientos. Así, no tienen en cuenta los 
modelos de negocio en los que las empresas pueden prestar servicios digitales en un país 
sin estar físicamente presentes en él, tienen dificultades para impedir la deslocalización de 
activos intangibles a jurisdicciones de escasa o nula tributación, y tampoco reconocen el 
papel que desempeñan los usuarios en la generación de valor para las empresas más 
digitalizadas mediante el suministro de datos o la generación de contenidos o como 
componentes de las redes en que se basan muchos modelos de negocio digitales. Todo 
ello provoca una desconexión entre el lugar donde se genera el valor y el lugar donde las 
empresas tributan.
Lo anterior pone de manifiesto que las actuales normas relativas al impuesto sobre 
sociedades no resultan ya apropiadas para gravar los beneficios generados por la 
digitalización de la economía, cuando estos están íntimamente ligados a valor creado por 
datos y usuarios, y requieren una revisión.
II
El proceso para la revisión de esas normas viene ya produciéndose desde hace años 
a nivel internacional. Así, en el seno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) y del G20 han sido especialmente relevantes en este sentido en los  s
últimos tiempos el proyecto sobre Erosión de Bases Imponibles y Traslado de Beneficios  oe.
(BEPS, por sus siglas en inglés), y en especial su Informe relativo a la Acción 1 sobre los  w.
retos fiscales de la economía digital de 5 de octubre de 2015, así como el Informe  355ww
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Recomendación para alcanzar una imposición justa y eficaz de la economía digital
presentadas el 21 de marzo de 2018. Todo este esfuerzo constituye además una buena 
muestra de la preocupación que existe a nivel mundial sobre esta cuestión.
Habida cuenta de la dimensión mundial del problema que plantea la imposición 
relacionada con determinados modelos de negocio digitales, existe consenso internacional 
en que la mejor estrategia para abordarlo consistiría en encontrar una solución al respecto 
también a nivel mundial, es decir, en el seno de la OCDE. Dicha solución podría consistir 
en una revisión del concepto de establecimiento permanente (digital) que permitiera 
asignar la parte del beneficio obtenido por la empresa correspondiente al valor derivado de 
los datos y contribuciones de los usuarios al país del que emanan o en el que se 
encuentran esos datos y esos usuarios. Sin embargo, puesto que la adopción e 
implementación de estas medidas consensuadas a nivel internacional y multilateral podría 
demorarse mucho tiempo, diversos países han comenzado a adoptar medidas unilaterales 
para tratar de afrontar este problema. Tanto el acuerdo mundial como la adopción de 
medidas unilaterales son soluciones legítimas previstas en el aludido Informe intermedio 
del G20/OCDE sobre los retos fiscales derivados de la digitalización.
A esta corriente de adopción de medidas unilaterales no han sido ajenos los Estados 
miembros de la Unión Europea, existiendo ya varios que han adoptado o están en vías de 
adoptar alguna medida en tal sentido. Además, la propia Comisión Europea presentó el 21 
de marzo de 2018, a instancia del Consejo, una propuesta de Directiva relativa al sistema 
común del impuesto sobre los servicios digitales que grava los ingresos procedentes de la 
prestación de determinados servicios digitales, uno de cuyos principales objetivos es 
corregir la inadecuada asignación de derechos de gravamen que se produce como 
consecuencia de la falta de reconocimiento por las vigentes normas fiscales internacionales 
de la contribución de los usuarios a la creación de valor para las empresas en los países 
donde estas desarrollan su actividad. La propuesta de la Comisión Europea, consistente 
en un impuesto indirecto sobre las prestaciones de determinados servicios digitales, fue 
finalmente rechazada al no alcanzarse la unanimidad requerida para su aprobación. Se 
acordó, por su parte, puesto que los retos de la digitalización de la economía son globales 
y afectan a todos los países, trasladar el debate al seno de la OCDE y del Marco Inclusivo 
por su mayor representatividad.
El Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales regulado en esta Ley se anticipa 
sin embargo a la conclusión de las discusiones relativas al mismo en los foros 
internacionales. El largo periodo de tiempo transcurrido desde que comenzaron los 
debates a nivel internacional sobre este asunto sin que haya sido posible adoptar 
soluciones prácticas al respecto, unido a razones de presión social, justicia tributaria y 
sostenibilidad del sistema tributario, hacen necesario adoptar, siguiendo el camino iniciado 
por otros países, una solución unilateral que permita a España ejercer de forma inmediata 
en su territorio derechos de imposición que legítimamente le corresponden, por ser de 
donde proceden los datos y las contribuciones de los usuarios que generan valor a la 
empresa.
Recientemente se han reiniciado asimismo los trabajos en el seno de la OCDE para 
adaptar el sistema tributario internacional a la digitalización de la economía mediante la 
reasignación de los derechos de gravamen a los países o territorios de mercado cuando 
se participe en la actividad económica, sin necesidad de presencia física, creando un 
nuevo nexo al efecto. Por tanto, como ya se indicaba en los informes sobre economía 
digital de la OCDE, el establecimiento de medidas unilaterales tiene carácter transitorio. 
Así, esta naturaleza provisional se predica del nuevo tributo hasta que entre en vigor la 
nueva legislación que tenga por objeto incorporar la solución adoptada internacionalmente. es
III 355ww
presCtaocnisotniteusy edne  edle otebrjmetion addeols  Imsepruveicsiotos  sdoigbirtael eDse. tEernm cinoandcroest oS, esrev ictriaotsa  Ddieg istaelrevsic iloass 
digitales en relación con los cuales existe una participación de los usuarios que constituye
una contribución al proceso de creación de valor de la empresa que presta los servicios, y  Bc
a través de los cuales la empresa monetiza esas contribuciones de los usuarios. Es decir,
los servicios contemplados por este impuesto son aquellos que no podrían existir en su 
forma actual sin la implicación de los usuarios. El papel que desempeñan los usuarios de 
estos servicios digitales es único y más complejo que el que adoptaba tradicionalmente un 
cliente de un servicio offline.
Al centrarse en los servicios prestados, sin tener en cuenta las características del 
prestador de los mismos, entre ellas su capacidad económica, el Impuesto sobre 
Determinados Servicios Digitales no es un impuesto sobre la renta o el patrimonio, y por 
tanto no queda comprendido en los convenios de doble imposición, según establece el 
reiterado Informe intermedio del G20/OCDE sobre los retos fiscales derivados de la 
digitalización. Se configura, por tanto, como un tributo de carácter indirecto, que es por lo 
demás compatible con el Impuesto sobre el Valor Añadido.
IV
El impuesto se limita a gravar únicamente las siguientes prestaciones de servicios, que 
a efectos de esta Ley se identifican como «servicios digitales»: la inclusión, en una interfaz 
digital, de publicidad dirigida a los usuarios de dicha interfaz («servicios de publicidad en 
línea»); la puesta a disposición de interfaces digitales multifacéticas que permitan a sus 
usuarios localizar a otros usuarios e interactuar con ellos, o incluso facilitar entregas de 
bienes o prestaciones de servicios subyacentes directamente entre esos usuarios 
(«servicios de intermediación en línea»); y la transmisión, incluidas la venta o cesión, de 
los datos recopilados acerca de los usuarios que hayan sido generados por actividades 
desarrolladas por estos últimos en las interfaces digitales («servicios de transmisión de 
datos»). En ningún caso se entiende incluido el transporte de señales de comunicación a 
que se refiere la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones.
Como consecuencia de la fundamentación del impuesto, dentro de los supuestos de 
no sujeción se aclara que quedan excluidas de su ámbito (entre otros casos): las entregas 
de bienes o prestaciones de servicios subyacentes que tengan lugar entre los usuarios en 
el marco de un servicio de intermediación en línea; y las ventas de bienes o servicios 
contratados en línea a través del sitio web del proveedor de esos bienes o servicios (las 
actividades minoristas de «comercio electrónico») en las que el proveedor no actúa en 
calidad de intermediario, ya que, para el minorista, la creación de valor reside en los bienes 
y servicios suministrados, y la interfaz digital se utiliza únicamente como medio de 
comunicación. A fin de determinar si un proveedor vende bienes o servicios en línea por 
cuenta propia o presta servicios de intermediación, será preciso tener en cuenta la 
sustancia jurídica y económica de la operación.
V
Son contribuyentes de este impuesto las personas jurídicas y entidades a que se 
refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, ya estén establecidas en España, en 
otro Estado miembro de la Unión Europea o en cualquier otro Estado o jurisdicción no 
perteneciente a la Unión Europea que, al inicio del periodo de liquidación, superen los dos 
siguientes umbrales: que el importe neto de su cifra de negocios en el año natural anterior 
supere 750 millones de euros; y que el importe total de sus ingresos derivados de 
prestaciones de servicios digitales sujetas al impuesto, una vez aplicadas las reglas 
previstas para la determinación de la base imponible (para así determinar la parte de 
dichos ingresos que se corresponde con usuarios situados en territorio español),  s
correspondientes al año natural anterior, supere 3 millones de euros. oe.
El primer umbral permite limitar la aplicación del impuesto a las empresas de gran  w.
envergadura, que son aquellas capaces de prestar esos servicios digitales basados en los  355ww
ddea taoms py lilaas c roendterisb udcei óuns udaer ilooss,  uesnu uanri ogsra, ny  tqráufeic soe d aep doaytaons  ye ne ng rlaa ne xmpelodtiadcaió enn d lea  uenxais tseónlicdiaa 
p20o1si6c/i8ó8n1 e dne le Cl omnesrecjaod, ode.  E2s5t ed eu mmabyraol ,d eq u2e0 1e6s,  qeul em misomdoif iqcau ela f Digiurerac tievna  2la0 1D1i/r1e6c/tUivEa  e(Un Elo)   BOE-A-cable e
que respecta al intercambio automático obligatorio de información en el ámbito de la
fiscalidad, que establece la declaración relativa al Informe país por país, en las normas 
internacionales equivalentes adoptadas en aplicación de la Acción 13 del Proyecto de la 
OCDE y del G-20 sobre la Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios 
(BEPS, en sus siglas en inglés), relativa a la documentación sobre precios de transferencia 
e informe país por país, y en otros proyectos normativos europeos, aportará seguridad 
jurídica, dado que permitirá a las empresas y a la Administración tributaria determinar de 
forma más sencilla si una entidad está sujeta al impuesto. Además, permitirá excluir del 
nuevo impuesto a las pequeñas y medianas empresas y a las empresas emergentes, para 
las que los costes de cumplimiento vinculados al mismo podrían tener un efecto 
desproporcionado.
El segundo umbral permite limitar la aplicación del impuesto a los casos en que exista 
una huella digital significativa en el ámbito territorial de aplicación del impuesto en relación 
con los tipos de servicios digitales gravados.
Se establecen, no obstante, normas especiales para las entidades que pertenezcan a 
un grupo. Así, a fin de determinar si una entidad rebasa los umbrales y, por tanto, tiene la 
consideración de contribuyente, los umbrales deben aplicarse en relación con los importes 
aplicables a todo el grupo.
VI
Solo se sujetarán al impuesto aquellas prestaciones de servicios digitales que se 
puedan considerar vinculadas de algún modo con el territorio de aplicación del impuesto, 
lo que se entenderá que sucede cuando haya usuarios de dichos servicios situados en ese 
territorio, que es lo que constituye precisamente el nexo que justifica la existencia del 
gravamen. A efectos de considerar a los usuarios como situados en el territorio de 
aplicación del impuesto se establecen una serie de normas específicas para cada uno de 
los servicios digitales, que están basadas en el lugar en que se han utilizado los dispositivos 
de esos usuarios, localizados a su vez, en general, a partir de las direcciones de protocolo 
de Internet (IP) de los mismos salvo que se utilicen otros medios de prueba, en particular, 
otros instrumentos de geolocalización de los dispositivos.
Cualquier tratamiento de datos personales realizado en el contexto del Impuesto sobre 
Determinados Servicios Digitales debe realizarse de acuerdo con lo establecido en el 
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, 
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos datos y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
VII
La base imponible del impuesto estará constituida por el importe de los ingresos, 
excluidos, en su caso, el Impuesto sobre el Valor Añadido u otros impuestos equivalentes, 
obtenidos por el contribuyente por cada una de las prestaciones de servicios digitales 
sujetas al impuesto, realizadas en el territorio de aplicación del mismo. A efectos de cálculo 
de la base se establecen unas reglas para poder gravar exclusivamente la parte de los 
ingresos que se corresponde con usuarios situados en el territorio aplicación del impuesto 
en relación con el total de usuarios.
El impuesto se exigirá al tipo del 3 por ciento, el devengo se producirá por cada 
prestación de servicios gravada, y el período de liquidación será trimestral. s
VIII 355www.
ELas tad iLspeyo sciocinósnta f idnea ld piercimiseérisa  ainrtcícourploosr ay  esel itsít udlisop coosmicipoenteesn cfiinaal leasl .amparo del cual se
asep rauteribbau ylae  naol rEmsata, dqou ela  ncoo mesp eotteron cqiau ee xecl leusstiavab leecni dmoa etenr ilaa  dCeo Hnsatcitiuecnidóan ,g ceonnefroarlm. e al cual  BOE-A-cable e
IX
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la elaboración de esta Ley se ha 
efectuado de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, 
seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.
Así, se cumplen los principios de necesidad y eficacia. En particular, puesto que lo que 
la nueva norma regula es la adopción de una medida unilateral que consiste en la creación 
ex novo de un tributo, se hace necesaria su adopción mediante una norma con rango de 
ley, sin que se hayan considerado otras alternativas normativas de menor rango. La nueva 
Ley se constituye como el instrumento idóneo desde el punto de vista de la eficacia para 
alcanzar los objetivos de política económica general previstos en la misma: hacer frente a 
los retos que, desde el punto de vista fiscal, plantea la digitalización de la economía, como 
es en particular el de corregir la inadecuada asignación de derechos de gravamen que se 
produce como consecuencia de la falta de reconocimiento por las vigentes normas fiscales 
internacionales de la contribución de los usuarios a la creación de valor para las empresas 
en los países donde estas desarrollan su actividad.
Se cumple también el principio de proporcionalidad, por cuanto se ha procurado 
alcanzar estrictamente los objetivos perseguidos.
Respecto al principio de seguridad jurídica, se ha garantizado la coherencia del 
proyecto normativo con el resto del ordenamiento jurídico nacional. Asimismo se han 
desplegado los mayores esfuerzos en la redacción del proyecto normativo para tratar de 
garantizar esa misma seguridad jurídica en la interpretación y aplicación del impuesto 
regulado en el mismo, a pesar del reto que constituye el carácter novedoso de los 
conceptos que se manejan en el mismo, no solo en el ámbito de nuestro derecho interno, 
sino a nivel mundial.
El principio de transparencia ha quedado garantizado, sin perjuicio de su publicación 
oficial en el «Boletín Oficial del Estado», mediante el trámite de audiencia e información 
pública del proyecto de ley.
En relación con el principio de eficiencia se ha intentado que la norma genere las 
menores cargas administrativas y costes indirectos posibles, fomentando el uso racional 
de los recursos públicos. En este sentido, las exigencias de información y documentación 
que se requieren de los contribuyentes son las estrictamente imprescindibles para 
garantizar un mínimo control de su actividad por parte de la Administración tributaria.
Finalmente, ha sido comunicado a la Comisión Europea a los efectos del artículo 5.1 
en relación con el artículo 7.4 de la Directiva (UE) 2015/1535 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 9 de septiembre de 2015, por la que se establece un procedimiento de 
información en materia de reglamentaciones técnicas y de reglas relativas a los servicios 
de la sociedad de la información.
Artículo 1.  Naturaleza y objeto.
El Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales es un tributo de naturaleza 
indirecta que grava, en la forma y condiciones previstas en esta Ley, las prestaciones de 
determinados servicios digitales en que exista intervención de usuarios situados en el 
territorio de aplicación del impuesto.
Artículo 2.  Territorio de aplicación del impuesto.
1.  El impuesto se aplica en todo el territorio español. o
2.  Lo dispuesto en el apartado anterior se entenderá sin perjuicio de los regímenes  355www.
tTreibrurittoarriiooss  Hfoirsatólersic odse  dCeol nPcaieísr tVoa ys cCoo yn veenn liao  Ceocomnuónmidicaod  eFno rvailg doer,  Nreasvpaerrcati.vamente, en los
Artículo 3.  Tratados y convenios.
Lo establecido en esta Ley se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados y 
convenios internacionales que hayan pasado a formar parte del ordenamiento interno, de 
conformidad con el artículo 96 de la Constitución Española.
Artículo 4.  Conceptos y definiciones.
A efectos de esta Ley, se entenderá por:
1.  Contenidos digitales: los datos suministrados en formato digital, como programas 
de ordenador, aplicaciones, música, vídeos, textos, juegos y cualquier otro programa 
informático, distintos de los datos representativos de la propia interfaz digital.
2.  Dirección de Protocolo de Internet (IP): código que se asigna a los dispositivos 
interconectados para posibilitar su comunicación a través de Internet.
3.  Grupo: conjunto de entidades en el que una entidad ostente o pueda ostentar el 
control de otra u otras según los criterios establecidos en el artículo 42 del Código de 
Comercio, con independencia de su residencia y de la obligación de formular cuentas 
anuales consolidadas.
4.  Interfaz digital: cualquier programa, incluidos los sitios web o partes de los mismos, 
o aplicación, incluidas las aplicaciones móviles, o cualquier otro medio, accesible a los 
usuarios, que posibilite la comunicación digital.
5.  Servicios digitales: se considerarán como tales exclusivamente los de publicidad 
en línea, los de intermediación en línea y los de transmisión de datos.
6.  Servicios de publicidad en línea: los consistentes en la inclusión en una interfaz 
digital, propia o de terceros, de publicidad dirigida a los usuarios de dicha interfaz. Cuando 
la entidad que incluya la publicidad no sea propietaria de la interfaz digital, se considerará 
proveedora del servicio de publicidad a dicha entidad, y no a la entidad propietaria de la 
interfaz.
7.  Servicios de intermediación en línea: los de puesta a disposición de los usuarios 
de una interfaz digital multifacética (que permita interactuar con distintos usuarios de forma 
concurrente) que facilite la realización de entregas de bienes o prestaciones de servicios 
subyacentes directamente entre los usuarios, o que les permita localizar a otros usuarios 
e interactuar con ellos.
8.  Servicios de transmisión de datos: los de transmisión con contraprestación, 
incluidas la venta o cesión, de aquellos recopilados acerca de los usuarios, que hayan sido 
generados por actividades desarrolladas por estos últimos en las interfaces digitales.
9.  Usuario: cualquier persona o entidad que utilice una interfaz digital.
10.  Publicidad dirigida: cualquier forma de comunicación digital comercial con la 
finalidad de promocionar un producto, servicio o marca, dirigida a los usuarios de una 
interfaz digital basada en los datos recopilados de ellos. Se considerará que toda la 
publicidad es «publicidad dirigida», salvo prueba en contrario.
11.  Servicios financieros regulados: servicios financieros para cuya prestación está 
autorizada una entidad financiera regulada.
12.  Entidad financiera regulada: prestador de servicios financieros que está sujeto a 
autorización, o registro, y supervisión en aplicación de cualquier norma nacional o medida 
de armonización para la regulación de los servicios financieros adoptada por la Unión 
Europea, incluidos aquellos prestadores de servicios financieros sujetos a supervisión de 
acuerdo con normativa no dictada por la Unión Europea que, en virtud de un acto jurídico  es
de la Unión Europea se considere equivalente a las medidas de la Unión Europea. o
ArtícEuslota 5rá. n sHuejecthaos  iaml pimonpiubeles.to las prestaciones de los servicios digitales realizadas en el
territorio de aplicación del mismo efectuadas por los contribuyentes de este impuesto.
Artículo 6.  Supuestos de no sujeción.
No estarán sujetas al impuesto:
a)  las ventas de bienes o servicios contratados en línea a través del sitio web del 
proveedor de esos bienes o servicios, en las que el proveedor no actúa en calidad de 
intermediario;
b)  las entregas de bienes o prestaciones de servicios subyacentes que tengan lugar 
entre los usuarios, en el marco de un servicio de intermediación en línea;
c)  las prestaciones de servicios de intermediación en línea, cuando la única o 
principal finalidad de dichos servicios prestados por la entidad que lleve a cabo la puesta 
a disposición de una interfaz digital sea suministrar contenidos digitales a los usuarios o 
prestarles servicios de comunicación o servicios de pago;
d)  las prestaciones de servicios financieros regulados por entidades financieras 
reguladas;
e)  las prestaciones de servicios de transmisión de datos, cuando se realicen por 
entidades financieras reguladas;
f)  las prestaciones de servicios digitales cuando sean realizadas entre entidades que 
formen parte de un grupo con una participación, directa o indirecta, del 100 por cien.
Artículo 7.  Lugar de realización de las prestaciones de servicios digitales.
1.  Las prestaciones de servicios digitales se entenderán realizadas en el territorio de 
aplicación del impuesto cuando algún usuario esté situado en ese ámbito territorial, con 
independencia de que el usuario haya satisfecho alguna contraprestación que contribuya 
a la generación de los ingresos derivados del servicio.
2.  Se entenderá que un usuario está situado en el territorio de aplicación del 
impuesto:
a)  En el caso de los servicios de publicidad en línea, cuando en el momento en que 
la publicidad aparezca en el dispositivo de ese usuario el dispositivo se encuentre en ese 
ámbito territorial.
b)  En el caso de los servicios de intermediación en línea en que exista facilitación de 
entregas de bienes o prestaciones de servicios subyacentes directamente entre los 
usuarios, cuando la conclusión de la operación subyacente por un usuario se lleve a cabo 
a través de la interfaz digital de un dispositivo que en el momento de la conclusión se 
encuentre en ese ámbito territorial.
En los demás servicios de intermediación en línea, cuando la cuenta que permita al 
usuario acceder a la interfaz digital se haya abierto utilizando un dispositivo que en el 
momento de la apertura se encuentre en ese ámbito territorial.
c)  En el caso de los servicios de transmisión de datos, cuando los datos transmitidos 
hayan sido generados por un usuario a través de una interfaz digital a la que se haya 
accedido mediante un dispositivo que en el momento de la generación de los datos se 
encuentre en ese ámbito territorial.
3.  A efectos de determinar el lugar en que se han realizado las prestaciones de 
servicios digitales, no se tendrá en cuenta:
a)  el lugar donde se lleve a cabo la entrega de bienes o prestación de servicios 
subyacente, en los casos de servicios de intermediación en línea en que exista esta; e
b)  el lugar desde el cual se realice cualquier pago relacionado con un servicio digital. bo
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otros medios de prueba admisibles en derecho, en particular, la utilización de otros
instrumentos de geolocalización. Bc
5.  Los datos que pueden recopilarse de los usuarios con el fin de aplicar esta Ley se 
limitan a aquellos que permitan la localización de los dispositivos de los usuarios en el 
territorio de aplicación del impuesto.
Artículo 8.  Contribuyentes.
1.  Son contribuyentes de este impuesto las personas jurídicas y entidades a las que 
se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que el 
primer día del periodo de liquidación superen los dos umbrales siguientes:
a)  que el importe neto de su cifra de negocios en el año natural anterior supere 750 
millones de euros; y
b)  que el importe total de sus ingresos derivados de prestaciones de servicios 
digitales sujetas al impuesto, una vez aplicadas las reglas previstas en el artículo 10, 
correspondientes al año natural anterior, supere 3 millones de euros.
Cuando en el año inmediato anterior se hubiese iniciado la actividad, los importes 
anteriores se elevarán al año.
2.  Cuando los importes a que se refiere el apartado 1 estén disponibles en una 
moneda distinta del euro, se convertirán a euros aplicando el tipo de cambio publicado en 
el último Diario Oficial de la Unión Europea disponible en el año natural de que se trate.
3.  En los casos de entidades que formen parte de un grupo, los importes de los 
umbrales a que se refiere el apartado 1 a tener en cuenta serán los del grupo en su 
conjunto. A estos efectos:
a)  el umbral de la letra a) del apartado 1 será el mismo que figura en la Directiva (UE) 
2016/881 del Consejo, de 25 de mayo de 2016, que modifica la Directiva 2011/16/UE en lo 
que respecta al intercambio automático obligatorio de información en el ámbito de la 
fiscalidad, que establece la declaración relativa al Informe país por país, y en las normas 
internacionales equivalentes adoptadas en aplicación de la Acción 13 del Proyecto de la 
OCDE y del G-20 sobre la Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios 
(BEPS, en sus siglas en inglés), relativa a la documentación sobre precios de transferencia 
e informe país por país;
b)  el umbral de la letra b) del apartado 1 se determinará sin eliminar las prestaciones 
de los servicios digitales sujetas a este impuesto realizadas entre las entidades de un 
grupo.
En caso de que el grupo supere dichos umbrales tendrán la consideración de 
contribuyentes todas y cada una de las entidades que formen parte del mismo, en la 
medida en que realicen el hecho imponible, con independencia del importe de los ingresos 
a que se refiere la letra b) de dicho apartado que les correspondan.
Artículo 9.  Devengo.
El impuesto se devengará cuando se presten, ejecuten o efectúen las operaciones 
gravadas.
No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, en las operaciones sujetas a 
gravamen que originen pagos anticipados anteriores a la realización del hecho imponible 
el impuesto se devengará en el momento del cobro total o parcial del precio por los 
importes efectivamente percibidos. es
Artículo 10.  Base imponible. 355ww
excl1u.i doLsa,  ebna sseu  cimaspoo,n eibl lIem dpeule imstop useosbtroe  eesl tVaarálo cr oAnñsatidtuididoa u p ootrr oesl  iimmppuoertset odse  eloqsu iivnaglerensteoss,, 
osubjteetnaisd oasl  impopru eels tcoo, nrteraibliuzyaednatse  epno er l ctaedrrait ournioa d dee a lpalisc apcrieósnt adceiol mneissm doe. servicios digitales  BOE-A-cable e
En las prestaciones de servicios digitales entre entidades de un mismo grupo, la base 
imponible será su valor normal de mercado.
2.  A efectos de determinar la base imponible del impuesto se tendrán en cuenta las 
siguientes reglas:
a)  En el caso de los servicios de publicidad en línea, se aplicará a los ingresos totales 
obtenidos la proporción que represente el número de veces que aparezca la publicidad en 
dispositivos que se encuentren en el territorio de aplicación del impuesto respecto del 
número total de veces que aparezca dicha publicidad en cualquier dispositivo, cualquiera 
que sea el lugar en que estos se encuentren.
b)  En el caso de los servicios de intermediación en línea en los que exista facilitación 
de entregas de bienes o prestaciones de servicios subyacentes directamente entre los 
usuarios, se aplicará a los ingresos totales obtenidos la proporción que represente el 
número de usuarios situados en el territorio de aplicación del impuesto respecto del 
número total de usuarios que intervengan en ese servicio, cualquiera que sea el lugar en 
que estén situados.
La base imponible de los demás servicios de intermediación se determinará por el 
importe total de los ingresos derivados directamente de los usuarios cuando las cuentas 
que permitan acceder a la interfaz digital utilizada se hubieran abierto utilizando un 
dispositivo que se encontrara en el momento de su apertura en el territorio de aplicación 
del impuesto.
A efectos de lo previsto en el párrafo anterior, resultará indiferente el momento temporal 
en que se hubiera abierto la cuenta utilizada.
c)  En el caso de los servicios de transmisión de datos, se aplicará a los ingresos 
totales obtenidos la proporción que represente el número de usuarios que han generado 
dichos datos que estén situados en el territorio de aplicación del impuesto respecto del 
número total de usuarios que hayan generado dichos datos, cualquiera que sea el lugar en 
que estén situados.
A efectos de lo previsto en el párrafo anterior, resultará indiferente el momento temporal 
en que los datos transmitidos hubieran sido recopilados.
3.  Si el importe de la base imponible no resultara conocido en el periodo de 
liquidación, el contribuyente deberá fijarlo provisionalmente aplicando criterios fundados 
que tengan en cuenta el periodo total en el que van a generarse ingresos derivados de 
esas prestaciones de servicios digitales, sin perjuicio de su regularización cuando dicho 
importe fuera conocido, mediante autoliquidación correspondiente a ese periodo de 
liquidación.
La regularización deberá realizarse como máximo en el plazo de los 4 años siguientes 
a la fecha de devengo del impuesto correspondiente a la operación.
4.  Cuando la base imponible se hubiera determinado incorrectamente el contribuyente 
deberá proceder a su rectificación conforme a lo previsto en la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria, y su normativa de desarrollo.
5.  La base imponible se determinará por el método de estimación directa, sin más 
excepciones que las establecidas en las normas reguladoras del método de estimación 
indirecta de las bases imponibles.
Artículo 11.  Tipo impositivo.
El impuesto se exigirá al tipo del 3 por ciento. es
Artículo 12.  Cuota íntegra. 355www.
impoLsai ticvuoo.ta íntegra será la cantidad resultante de aplicar a la base imponible el tipo
Artículo 13.  Obligaciones formales.
1.  Los contribuyentes del impuesto estarán obligados, con los requisitos, límites y 
condiciones que se determinen reglamentariamente, a:
a)  Presentar declaraciones relativas al comienzo, modificación y cese de las 
actividades que determinen su sujeción al impuesto.
b)  Solicitar de la Administración el número de identificación fiscal, y comunicarlo y 
acreditarlo en los supuestos que se establezcan.
c)  Llevar los registros que se establezcan reglamentariamente.
d)  Presentar periódicamente o a requerimiento de la Administración, información 
relativa a sus servicios digitales.
e)  Nombrar un representante a efectos del cumplimiento de las obligaciones 
impuestas en esta Ley cuando se trate de contribuyentes no establecidos en la Unión 
Europea.
El contribuyente, o su representante, estarán obligados a poner en conocimiento de la 
Administración tributaria el nombramiento, debidamente acreditado, antes de la finalización 
del plazo de declaración de las operaciones sujetas al impuesto.
f)  Conservar, durante el plazo de prescripción previsto en la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria, los justificantes y documentos acreditativos de las 
operaciones objeto del impuesto. En particular, deberán conservar aquellos medios de 
prueba que permitan identificar el lugar de prestación del servicio digital gravado.
g)  Traducir al castellano, o a cualquier otra lengua oficial, cuando así lo requiera la 
Administración tributaria a efectos de control de la situación tributaria del contribuyente, las 
facturas, contratos o documentos acreditativos correspondientes a prestaciones de 
servicios digitales que se entiendan realizadas en el territorio de aplicación del impuesto.
h)  Establecer los sistemas, mecanismos o acuerdos que permitan determinar la 
localización de los dispositivos de los usuarios en el territorio de aplicación del impuesto.
2.  Asimismo, estarán obligados a cumplir cualesquiera otras obligaciones formales 
que se establezcan por la normativa tributaria.
Artículo 14.  Gestión del impuesto.
El período de liquidación coincidirá con el trimestre natural.
Los contribuyentes deberán presentar las autoliquidaciones correspondientes e 
ingresar la deuda tributaria en el lugar, forma y plazos que se establezca por orden de la 
persona titular del Ministerio de Hacienda.
Artículo 15.  Infracciones y sanciones.
1.  Sin perjuicio de las disposiciones especiales previstas en este artículo, las 
infracciones tributarias relativas al presente impuesto serán calificadas y sancionadas de 
conformidad con lo previsto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y 
demás normas de general aplicación.
2.  Constituye infracción tributaria grave, a los efectos de este impuesto, el 
incumplimiento de la obligación a que se refiere el artículo 13.1.h) de esta Ley.
La sanción consistirá en multa pecuniaria del 0,5 por ciento del importe neto de la cifra 
de negocios del año natural anterior, tal y como se establece en el artículo 8 de la presente 
Ley, con un mínimo de 15.000 euros y un máximo de 400.000 euros, por cada año natural  e.e
en el que se haya producido el incumplimiento a que se refiere el párrafo anterior. w.b
3.  El importe de la sanción que deba ingresarse por la comisión de la infracción  355ww
easrttíacbulleoc 1id8a8 .e3n d ees ltae  Laerytí c5u8lo/2 0p0o3d,r ád es e1r7 o dbeje dtoic dieem rberdeu, cGceiónne rcaoln Tforirbmutea raia l.o dispuesto en el
Artículo 16.  Orden jurisdiccional.
La jurisdicción contencioso-administrativa, previo agotamiento de la vía económico-
administrativa, será la única competente para dirimir las controversias de hecho y de 
derecho que se susciten entre la Administración tributaria y los contribuyentes, en relación 
con cualquiera de las cuestiones a que se refiere esta Ley.
Disposición transitoria única.  Determinación de los umbrales.
Durante el período comprendido entre la fecha de entrada en vigor de esta Ley y el 31 
de diciembre siguiente, a efectos de determinar el cumplimiento del umbral al que hace 
referencia el artículo 8.1.b), de esta Ley se tendrá en cuenta el importe total de los ingresos 
derivados de prestaciones de servicios digitales sujetas al impuesto desde la entrada en 
vigor de esta Ley hasta la finalización del plazo de liquidación elevados al año.
Disposición final primera.  Título competencial.
La presente Ley se dicta al amparo de la competencia exclusiva del Estado en materia 
de Hacienda General prevista en el artículo 149.1.14.ª de la Constitución Española.
Disposición final segunda.  Desarrollo normativo y ejecución.
Se habilita al Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el 
desarrollo y ejecución de esta Ley.
Disposición final tercera.  Modificación por la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
La Ley de Presupuestos Generales del Estado podrá:
a)  Modificar los umbrales cuantitativos que determinan la condición de contribuyente 
del impuesto.
b)  Modificar el tipo impositivo.
c)  Introducir y modificar las normas precisas para cumplir las obligaciones derivadas 
del Derecho Comunitario.
d)  Modificar los supuestos de no sujeción.
Disposición final cuarta.  Autoliquidaciones e ingresos correspondientes al segundo y 
tercer trimestres del año 2020.
Durante el año 2020, la presentación de las autoliquidaciones correspondientes a los 
periodos de liquidación del segundo y tercer trimestre, así como el ingreso de la respectiva 
deuda tributaria, no se exigirán, en todo caso, antes del 20 de diciembre.
Disposición final quinta.  Adaptación del Concierto Económico con la Comunidad 
Autónoma del País Vasco y del Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad 
Foral de Navarra.
En el plazo de tres meses desde su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» se 
reunirá la Comisión Mixta del Concierto Económico con el País Vasco y la Comisión del 
Convenio Económico con Navarra para acordar la correspondiente adaptación del 
Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, aprobado por la Ley  e.e
12/2002, de 23 de mayo, conforme a lo establecido en su Disposición adicional segunda,  b
y del Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, aprobado por  355ww
la Ley 28/1990, de 26 de diciembre, conforme a lo establecido en su artículo 6.
Disposición final sexta.  Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».
Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar 
esta ley.
Madrid, 15 de octubre de 2020.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN