BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 37 Viernes 12 de febrero de 2021 Sec. III.   Pág. 16181
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
2094 Resolución de 28 de enero de 2021, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la calificación de la 
registradora de la Propiedad de Valencia n.º 17, por la que se suspende la 
inscripción de una escritura de manifestación y adjudicación de herencia.
En el recurso interpuesto por don Juan Montero-Ríos Gil, notario de Torrent, contra la 
calificación de la registradora de la Propiedad de Valencia número 17, doña Rosa María 
del Pilar Romero Payá, por la que se suspende la inscripción de una escritura de 
manifestación y adjudicación de herencia.
Hechos
I
Mediante escritura autorizada el día 29 de abril de 2020 por el notario de Torrent, don 
Juan Montero-Ríos Gil, con el número 725 de protocolo, se formalizó la manifestación y 
adjudicación de la herencia de doña R. M. N., quien falleció, viuda, el 2 de noviembre 
de 2019. Dicha causante, en el testamento que servía de base a la escritura, otorgado el 
día 20 de febrero de 1998, desheredó a una de sus hijas «por la causa establecida en el 
artículo 853.2.º del Código Civil», y, además de ordenar determinado legado del derecho 
de uso y habitación sobre una vivienda, instituyó herederos a sus restantes ocho hijos 
con  derecho  de  sustitución  en  favor  de  sus  descendientes  para  los  casos  de 
premoriencia o incapacidad.
En la escritura, otorgada por todos los herederos y por la hija desheredada, se 
manifestaba  lo  siguiente:  «3.–Derecho  a  la  legitima  de  doña  M.  I.  G.  M.:  Siendo 
contradicha la causa de desheredación ordenada por la causante en su testamento por 
la desheredada doña M. I. G. M. y no pudiéndose probar por los herederos la causa de 
desheredación, éstos han acordado que la citada desheredada conserve su derecho de 
legítima».
II
Presentada  la  referida  escritura  en  el  Registro  de  la  Propiedad  de  Valencia 
número 17, fue objeto de la siguiente nota de calificación:
«Título: herencia.
Notario: Juan B. Montero-Ríos Gil.
Notaría: Torrent.
Protocolo: 725/2020.
Fecha: 29/04/2020.
Finca: 11.549 de Paiporta.
Calificado el documento al que se hace referencia en el encabezado de la presente,  s
que fue presentado el diez de septiembre de dos mil veinte, motivando el asiento 450,  oe.
del Diario 30, la Registradora que suscribe, de conformidad con lo establecido en el  w.
artículo 18 de la Ley Hipotecaria y concordantes del Reglamento ha resuelto no practicar  94ww
la inscripción solicitada en base a los siguientes:
deshSeer epdreatdean dpeo rl ala i ncsacursipacnitóen.  Sdein  uenma beasrcgroit,u ara p dees ahre dreen lcai ad eesnh lear eqduaec Dióonñ cao Mm.p aI.r Gec. eM e.,n  eesl 
documento que nos ocupa junto con los demás herederos instituidos, doña M., don D.,
doña J. y doña R., don V. M. y doña V. G. M., y don J. J., don D. y don S. G. R., estos 
últimos  como  sustitutos  de  un  hijo  premuerto,  quienes  de  común  acuerdo  y, 
manifestando no poder probar la causa de desheredación impuesta, acuerdan que la 
citada desheredada conserve su derecho de legítima.
De conformidad con lo indicado por la Dirección General de los Registros y del 
Notariado  en  Resolución  de  6  de  marzo  de  2012,  hay  que  entender  eficaz  la 
desheredación ordenada por el testador cuando se funda en justa causa expresada en el 
testamento y la certeza de dicha causa no ha sido contradicha por los desheredados (cfr. 
artículos 850 y 851 del Código Civil): en el presente caso, al no constar que haya sido 
negada  por  las  desheredadas,  en  la  vía  judicial  correspondiente,  la  causa  de 
desheredación expresada por el testador, ha de pasarse por ella. Como ya ha declarado 
reiteradamente  el  DGRN,  la  privación  de  eficacia  del  contenido  patrimonial  de  un 
determinado testamento exige, a falta de conformidad de todos los afectados, una previa 
declaración  judicial  que,  tras  un  procedimiento  contencioso  instado  por  quien  esté 
legitimado para ello, provoque su pérdida de eficacia (total o parcial); y ello porque el 
principio constitucional de salvaguarda judicial de los derechos (cfr. artículo 24 de la 
Constitución Española) en conjunción con el valor de ley de la sucesión que tiene el 
testamento  formalmente  válido  (cfr.  artículo  658  del  Código  Civil),  conduce 
inexorablemente a la necesidad de una declaración judicial para privar de efectos a un 
testamento que no incurra en caducidad ni en vicios sustanciales de forma (Resolución 
de 13 de septiembre de 2001).
En consecuencia, la cualidad de legitimario pasa a los hijos de éste, de conformidad 
con lo que establece el artículo 857 del Código Civil. Corolario de lo anterior es que los 
hijos del descendiente desheredado han de intervenir en la partición, pues como también 
ha indicado la Dirección General (Resolución de 25 de febrero de 2008), la especial 
cualidad del legitimario en nuestro Derecho común, caso de que exista en una sucesión, 
hace imprescindible su concurrencia, para la adjudicación y partición de la herencia, a 
falta de persona designada por el testador para efectuar la liquidación y partición de 
herencia (artículo 1057.1 del Código Civil), de las que resulte que no perjudica la legítima 
de  los  herederos  forzosos.  En  efecto,  la  legítima  en  nuestro  Derecho  común  (y  a 
diferencia de otros ordenamientos jurídicos españoles) se configura generalmente como 
una “pars bonorum” (en todo caso el Código Civil habla de “porción de bienes”, cfr. 
artículo 806), y se entiende como una parte de los bienes relictos que por cualquier título 
debe recibir el legitimario, sin perjuicio de que, en ciertos supuestos, reciba su valor 
económico  (“pars  valoras  bonorum”).  De  ahí,  que  se  imponga  la  intervención  del 
legitimario en la partición, dado que tanto el inventario de bienes, como el avalúo y el 
cálculo de la legítima, son operaciones en las que ha de estar interesado el legitimarlo, 
para preservar la intangibilidad de su legítima.
Como consecuencia de lo anterior:
a)  si el desheredado carece de hitos y descendientes, deberá manifestarse así 
expresamente  por  los  otorgantes  del  precedente  documento  para  proceder  a  la 
inscripción interesada;
b)  en otro caso, esto es, si el desheredado tiene hijos y descendientes, deberá 
acreditarse (mediante acta de notoriedad o cualquier otro medio de prueba admitida en 
Derecho) quiénes son los mismos, manifestando expresamente que son los únicos hijos 
y descendientes del mismo y siendo precisa su intervención en la escritura pública en 
que se realizan las operaciones particionales de la herencia del causante (o, incluso, su 
ratificación de las operaciones ya practicadas en el precedente documento). e.
Son de aplicación los artículos 806, 850, 851, 857, 885, 1.057 y 1.058 del Código  94ww
RCeivsilo; l1u4c,io 1n5e sy  1d6e  dela  laD Lireeyc cHióipno teGceanreiar ayl  8d0e d elo ssu  RReeggilsatmroesn tyo ; daeslí  cNoomtaor,i aednotr ed oet ra1s2,  ldaes 
noviembre de 2001, 31 de marzo de 2005, 1 de marzo de 2006, 25 de febrero de 2008,
22 de mayo de 2009 y 6 de marzo de 2012, por aplicación analógica Resolución de 21 
de noviembre de 2014.
Resolución de la DGRN de 3 de octubre de 2019.
Art. 857 Código Civil.
Los hijos o descendientes del desheredado ocuparán su lugar y conservarán los 
derechos de herederos forzosos respecto a la legítima.
Dichos defectos se consideran subsanables.
No se practica anotación preventiva de suspensión por no haberse solicitado.
Contra la precedente Nota (…)
Este documento ha sido firmado con firma electrónica cualificada por Rosa María del 
Pilar Romero Paya registrador/a de Registro Propiedad de Valencia 17 a día uno de 
Octubre del año dos mil veinte.»
III
Contra la anterior nota de calificación, don Juan Montero-Ríos Gil, notario de Torrent, 
interpuso recurso el día 2 de noviembre de 2020 en el que alegaba lo siguiente:
«1.º  Para fijar el motivo de recurso, el mismo estriba en determinar si en caso de 
que al hijo desheredado se le respete su legítima es necesario el consentimiento de su 
descendencia para practicar la partición de la herencia.
2.º  Al  respecto  el  Centro  Directivo  se  ha  pronunciado  sobre  el  tema  en  dos 
ocasiones  recientes  con  resultados  contradictorios:  Resoluciones  de  5  de  octubre 
de 2018 y 3 de octubre de 2019.
La primera trata un testamento en que se deshereda a los tres hijos y se instituye 
herederos a los seis nietos; los desheredados niegan la causa y se hace constar que por 
acuerdo de los herederos se respetaba su derecho a la legítima. Concluye, por analogía 
con un supuesto de preterición (Rs. 21 de noviembre de 2014) “que la privación de 
eficacia  del  contenido  patrimonial  de  un  determinado  testamento  exige,  a  falta  de 
conformidad de los afectados, una previa declaración judicial (Fundamento 5) y, en 
consecuencia, concurriendo esa conformidad de todos los interesados no es necesaria 
esa declaración judicial”.
Mantiene igualmente (Fundamento 8) la validez de que los herederos, ante la falta de 
prueba de la certeza de la causa de la desheredación, puedan realizar la partición 
respetando la legítima estricta de los desheredados que niegan ser cierta la causa 
invocada para la desheredación. Los desheredados consienten la partición.
La segunda, sin perjuicio de exigir la pertinente declaración judicial indica en su 
Fundamento 4 que habrá que concluirse que «no podrá prescindirse, sin consentimiento 
de los beneficiarios o sin la pertinente declaración judicial de ineficacia del testamento 
cuestionado a la hora de formular la partición»; añade la doctrina que deriva de la Rs. 
De 6 de marzo de 2019 respecto de legitimarios desheredados de que “la privación de 
eficacia  del  contenido  patrimonial  de  un  determinado  testamento  exige,  a  falta  de 
conformidad de los afectados, una previa declaración judicial (al amparo del art. 42 de 
nuestra Constitución)”.
Como vemos las fundamentación de ambas resoluciones es prácticamente la misma: 
exigencia de una declaración judicial a falta de conformidad de todos los interesados.
La Resolución se plantea igualmente, y este es el caso de controversia, si los 
desheredados (además de los herederos) que han contradicho la desheredación en el  es
documento particional y los herederos que aceptan la legítima de los primeros son los  bo
“únicos afectados que tienen que dar su conformidad» concluyendo que son también  94ww
lCilnaótmedraiegdsooa sdC oeisvn i lls ousy  ach oijqonusd eiyc  iód«nee sndc eec nlaedsgioeit inmtdeaesr  iodesefe” .lcotsiv dideasdh edreed alad odse psohre arepdliaccaicóinó,n  déestl oasr t.e 8s5ta7r ídaenl   OE-A-2021-20able en https://
3.º  No  se  comparte  por  el  recurrente  esa  última  doctrina,  contraria  a  las 
conclusiones de la primera de las Resoluciones indicadas por lo siguiente:
a)  Señala la Resolución la condición de legitimarios de los hijos y descendientes 
“en caso de efectividad de la desheredación”.
Totalmente  de  acuerdo.  De  ello  se  deriva  que  el  derecho  a  la  legítima  de  los 
descendientes del desheredado nace cuando es efectiva la desheredación pero no 
antes. En consecuencia si no es efectiva, los descendientes del desheredado carecen de 
derecho a legítima.
b)  Y cuando es efectiva? Cuando se prueba la causa o cuando la misma no ha sido 
contradicha. Solo así cobra sentido el Artículo 857 cuando señala que Los hijos o 
descendientes  del  desheredado  ocuparán  su  lugar  y  conservarán  los  derechos  de 
herederos forzosos respecto a la legítima.
c)  En  sede  judicial  la  contradicción  de  la  causa  debe  ser  alegada  por  el  hijo 
desheredado y frente a ella los herederos demandados pueden hacer varias cosas:
– Probar la causa, en cuyo caso entra en funcionamiento el art. 857.
– No probarla, en cuyo caso el desheredado conserva su derecho a la legítima por 
aplicación del art. 851.
– Allanarse a la pretensión o transaccionar sobre ella, en cuyo caso el desheredado 
tiene derecho a su parte de legítima. En este supuesto no es necesario el refrendo 
judicial de dicho allanamiento por los descendientes del desheredado; y no lo es porque 
la atribución de legítima a los hijos desheredados impide el nacimiento de la legítima de 
sus descendientes.
Una, digamos, transacción extrajudicial (negación de la causa por el desheredado y 
acuerdo con los herederos para abonarle su legítima) nos tiene que llevar a idéntica 
conclusión evitando así como dice la Rs de 2018 (Fundamento 4) al señalar que “se trata 
precisamente de evitar acudir a los Tribunales y que pueda llevarse a efecto la partición”.
Lo contrario equivaldría a mantener que si la transacción o acuerdo es judicial, el 
mismo basta con que se logre entre los herederos y el hijo desheredado a quién le 
respetan o reconoce la legítima, mientras que si lo mismo es extrajudicial sería necesario 
además el consentimiento de los nietos y bisnietos del hijo desheredado.»
IV
Mediante escrito, de fecha 11 de noviembre de 2020, la registradora de la Propiedad 
emitió informe y elevó el expediente a este Centro Directivo.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 658, 806, 814, 850, 851, 857, 885, 1057 y 1058 del Código Civil; 
14, 15 y 18 de la Ley Hipotecaria; 80 del Reglamento Hipotecario; las Resoluciones de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado de 20 de mayo de 1898, 30 de junio 
de 1910, 31 de mayo de 1931, 10 de mayo de 1950, 14 de agosto de 1959, 4 de mayo 
de 1999, 13 de septiembre y 12 de noviembre de 2001, 31 de marzo de 2005, 1 de 
marzo de 2006, 25 de febrero de 2008, 22 de mayo de 2009, 29 de septiembre de 2010, 
6 de marzo y 23 de mayo de 2012, 6 de marzo de 2013, 21 de noviembre de 2014, 6 de 
mayo y 1 de septiembre de 2016, 25 de mayo de 2017, 2 de agosto y 5 de octubre  s
de 2018 y 6 de marzo y 1 y 3 de octubre de 2019, y las Resoluciones de la Dirección  e.
General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 11 de junio y 5 de noviembre de 2020. w.
adju1d.i caDcieóbne d ed ehceirdeirnsceia  eenn  leas qteu ee cxopnecduierrnetne  lassi  ceirsc uon sntaon ciniassc rsibigibuliee ntuensa:  escritura  de
La causante, viuda, había otorgado testamento en el cual desheredó a una de sus
hijas «por la causa establecida en el artículo 853.2.º del Código Civil», y, además de
ordenar  determinado  legado  del  derecho  de  uso  y  habitación  sobre  una  vivienda, 
instituyó herederos a sus restantes ocho hijos con derecho de sustitución en favor de sus 
descendientes para los casos de premoriencia o incapacidad.
En la escritura, otorgada por todos los herederos y por la hija desheredada, se 
manifiesta  lo  siguiente:  «3.  Derecho  a  la  legitima  de  doña  M.  I.  G.  M.:  Siendo 
contradicha la causa de desheredación ordenada por la causante en su testamento por 
la desheredada doña M. I. G. M. y no pudiéndose probar por los herederos la causa de 
desheredación, éstos han acordado que la citada desheredada conserve su derecho de 
legítima».
La registradora de la Propiedad fundamenta su negativa a la inscripción en que, a su 
juicio, la desheredación ordenada por el testador debe entenderse eficaz porque se 
funda en justa causa expresada en el testamento y la certeza de dicha causa no ha sido 
contradicha por la desheredada en la vía judicial correspondiente, por lo que la cualidad 
de legitimario pasa a los hijos de dicha desheredada (artículo 857 del Código Civil) y, por 
ello, si ésta carece de hijos y descendientes, deberá manifestarse así expresamente por 
los otorgantes, y, en otro caso, deberá acreditarse (mediante acta de notoriedad o 
cualquier  otro  medio  de  prueba  admitido  en  Derecho)  quiénes  son  los  mismos, 
manifestando expresamente que son los únicos hijos y descendientes de la desheredada 
y deberán intervenir en la partición.
El  notario  recurrente  alega  que,  al  no  probarse  la  certeza  de  la  causa  de  la 
desheredación, la desheredada conserva su legítima (artículo 851 del Código Civil), por 
lo que, igual que pueden allanarse los herederos a la pretensión de la desheredada 
sobre su legítima o transaccionar sobre ella sin necesidad de consentimiento de los 
descendientes de ésta, debe concluirse que ese consentimiento es innecesario en caso 
de que el acuerdo entre los herederos y la desheredada sea extrajudicial.
2.  El artículo 851 del Código Civil establece lo siguiente: «La desheredación hecha 
sin expresión de causa, o por causa cuya certeza, si fuere contradicha, no se probare, o 
que no sea una de las señaladas en los cuatro siguientes artículos, anulará la institución 
de heredero en cuanto perjudique al desheredado; pero valdrán los legados, mejoras y 
demás disposiciones testamentarias en lo que no perjudiquen a dicha legítima».
Para resolver la concreta cuestión que plantea la registradora en su calificación debe 
recordarse que este Centro Directivo se ha pronunciado recientemente sobre la cuestión 
de la anulación de las disposiciones testamentarias, si bien referida a la existencia de 
preterición, en la Resolución de 2 de agosto de 2018, que ha decidido si en una partición 
es o no necesaria, a efectos registrales, la declaración judicial previa de nulidad del 
testamento, o de la institución de herederos ordenada en el mismo, por causa de 
preterición de alguno de los herederos forzosos y para la determinación del carácter de 
la preterición como errónea o intencional. El criterio mantenido en la citada Resolución 
fue  favorable  a  la  necesidad  de  dicha  declaración  judicial  previa  con  base  en  los 
argumentos ya expresados por la Resolución de 13 de septiembre de 2001 que afirmó 
que: «Por todo lo expuesto habrá de concluirse que en el caso debatido, no podrá 
prescindirse, sin consentimiento de los beneficiarios, o sin la pertinente declaración 
judicial de ineficacia, del testamento cuestionado a la hora de formular la partición, y ello 
sin  necesidad  de  prejuzgar  ahora  si  en  el  pleito  consiguiente  la  carga  probatoria 
corresponde a la que alega la intencionalidad de la preterición, o, dada la significación de 
la no revocación del testamento, al que pretenda su ineficacia».
Estas  Resoluciones  no  contradicen  la  doctrina  de  este  Centro  Directivo 
(Resoluciones de 20 de mayo de 1898, 30 de junio de 1910, 31 de mayo de 1931, 10 de  s
mayo de 1950 y 14 de agosto de 1959) con arreglo a la cual se admite la validez de la  oe.
partición por los herederos sin necesidad de la previa declaración de nulidad de la  w.
institución  en  el  caso  de  preterición  si  concurre  acuerdo  expreso  entre  todos  los  94ww
hjuedriecdiael rdoes  n(iunlsidtiatudi dsoes e yx ipgree dteicrihdoo sc)o, nyvae nqiuoe e pnatrrea  lopsre isncteinrdeisra ddeo sla. correspondiente acción
prevAias íd, elac lRareascoiólunc idóen  dhee r4e ddeer oms aayboi ndtee s1ta9t9o9 ,p caoran sliad evraól idinenze cdees aurniaa  lpaa irmticpiuógnn eafceióctnu ayd laa   BOE-A-cable e
por la viuda y el hijo que había sido omitido en el testamento otorgado antes de que 
naciese.
Esta Resolución afirma que: «2. Ciertamente es doctrina reiterada tanto del Tribunal 
Supremo como de esta Dirección General (vid. sentencias de 27 de mayo de 1909, 7 de 
noviembre de 1935; Resoluciones de 20 de mayo de 1948, 30 de junio de 1910, 31 de 
enero de 1913, 10 de mayo de 1950 y 14 de agosto de 1959), que si bien la preterición 
de alguno de los herederos forzosos en línea recta determina -conforme al artículo 814 
del  Código  Civil,  en  su  redacción  anterior  a  la  reforma  de  1981-  la  nulidad  de  la 
institución de heredero, la cual podría ser acordada por los Tribunales cuando los 
herederos instituidos sostengan su validez, nada se opone a que éstos reconozcan a los 
preteridos la porción que les corresponda y puedan convenir con ellos no impugnar la 
partición  hereditaria,  y  en  distribuir  y  adjudicar  los  bienes  en  la  proporción  que 
legítimamente les hubiera correspondido, si se hubiere abierto la sucesión intestada, por 
lo que no cabe rechazar la inscripción de la partición en esta forma efectuada, bajo el 
supuesto de no poder concederse validez legal al testamento que lo origina, pues «los 
interesados pueden de común acuerdo prescindir de las disposiciones testamentarias y 
crear una situación jurídica de plena y absoluta eficacia», y, por otra parte, con tal 
proceder  se  subsana  el  descuido  o  imprevisión  del  testador,  se  acata  e  interpreta 
racionalmente su institución presunta, se salvaguardan los derechos de los legitimarios y 
se evitan dilaciones y gastos que pueden consumir buena parte de la propia herencia».
A dicha doctrina se ha referido este Centro Directivo también en relación con la 
desheredación (cfr. Resoluciones de 5 de octubre de 2018, 6 de marzo y 3 de octubre 
de 2019 y 5 de noviembre de 2020) para recordar que es también doctrina reiterada del 
mismo,  respecto  de  la  existencia  de  legitimarios  desheredados  como  motivo  de  la 
suspensión de la inscripción, que la privación de eficacia del contenido patrimonial de un 
determinado testamento exige, «a falta de conformidad de todos los afectados», una 
previa declaración judicial que, tras un procedimiento contencioso instado por quien esté 
legitimado para ello, provoque su pérdida de eficacia (total o parcial); y ello porque el 
principio constitucional de salvaguarda judicial de los derechos (cfr. artículo 24 de la 
Constitución Española) en conjunción con el valor de ley de la sucesión que tiene el 
testamento  formalmente  válido  (cfr.  artículo  658  del  Código  Civil),  conduce 
inexorablemente a la necesidad de una declaración judicial para privar de efectos a un 
testamento que no incurra en caducidad ni en vicios sustanciales de forma (Resolución 
de 13 de septiembre de 2001). En consecuencia, concurriendo esa conformidad de todos 
los interesados, no es necesaria la declaración judicial de privación de eficacia de la 
cláusula de desheredación.
En el presente caso comparece y consiente en la escritura la hija legitimaria que ha 
contradicho la causa de desheredación, por lo que los herederos, al no poder probar la 
certeza de dicha causa, han acordado que conserve su derecho legitimario. Y la cuestión 
que se ha de resolver ahora es si puede entenderse que los otorgantes de dicha 
escritura constituyen todo el elenco de «afectados que tienen que dar su conformidad» 
como  consecuencia  de  la  privación  de  la  eficacia  del  contenido  económico  del 
testamento.
El  artículo  857  del  Código  Civil  establece  que  «los  hijos  o  descendientes  del 
desheredado ocuparán su lugar y conservarán los derechos de herederos forzosos 
respecto a la legítima». Por ello, es doctrina de este Centro Directivo que en los casos en 
que la causa de desheredación haya sido contradicha sin utilizar la vía judicial, los hijos o 
descendientes de los desheredados deben ser considerados como «afectados» a los  s
efectos de prestar la conformidad que evite la resolución judicial; y ello porque se  oe.
produce la extinción de su acción para reclamar la legítima, como consecuencia del  w.
acuerdo sobre la falta de certeza de la causa de desheredación (cfr. Resoluciones de 3  94ww
de oPcotur blraes  drea z2o0n1e9s y e 5x pduee nsotavsie, mdebbree  dceo 2n0fir2m0)a.rse la calificación impugnada y, como ya
epxropcreesdóe netes tee xCigeirn tqruoe D, isrei clati vdoe sehne rlae dcaidtaad ac aRreecseo ludcei ódne sdcee n3d ideen teosc,t usber em daen if2ie0s1t9e,  aessí   BOE-A-cable e
expresamente  por  los  otorgantes,  y,  en  otro  caso,  se  acredite  (mediante  acta  de 
notoriedad o cualquier otro medio de prueba admitido en Derecho) quiénes son esos 
hijos o descendientes, manifestando expresamente que son los únicos; siendo necesaria 
su intervención en la operaciones de adjudicación de la herencia.
Esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso y confirmar la calificación 
de la registradora.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el 
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las 
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de 
la Ley Hipotecaria.
Madrid, 28 de enero de 2021.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.