BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 59 Lunes 9 de marzo de 2020 Sec. TC.   Pág. 23448
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
3343 Sala Primera. Sentencia 18/2020, de 10 de febrero de 2020. Recurso de 
amparo  3185-2018.  Promovido  por  don  Andrés  de  la  Calzada  Carrilero 
respecto de la sanción disciplinaria impuesta por el centro penitenciario de 
Murcia  II  y  parcialmente  confirmada  por  un  juzgado  de  vigilancia 
penitenciaria. Vulneración del derecho a la libertad de expresión: sanción 
disciplinaria impuesta por el contenido de sendos escritos en los que se 
ejercitaba el derecho del interno a formular peticiones y quejas ante las 
autoridades penitenciarias.
ECLI:ES:TC:2020:18
La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por don Juan José González 
Rivas, presidente, los magistrados don Andrés Ollero Tassara, don Santiago Martínez-
Vares García, don Alfredo Montoya Melgar, don Cándido Conde-Pumpido Tourón y la 
magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 3185-2018, promovido por don Andrés de la Calzada 
Carrilero, representado por el procurador de los tribunales don Juan Luís Senso Gómez 
y defendido por el abogado don Javier Reguera Gómez contra el auto del Juzgado de 
Vigilancia  Penitenciaria  núm.  1  de  Murcia,  de  20  de  marzo  de  2018,  que  estimó 
parcialmente  el  recurso  formulado  contra  el  acuerdo  sancionador  de  8  de  febrero 
de 2018 adoptado por la comisión disciplinaria del centro penitenciario de Murcia II –
expediente disciplinario núm. 114-2018– y contra el auto de 7 de mayo de 2018 que 
desestimó el posterior recurso de reforma. Han intervenido el abogado del Estado y el 
Ministerio Fiscal. Ha sido ponente el magistrado don Santiago Martínez-Vares García.
I. Antecedentes
1.  Por medio de instancia de fecha 29 de mayo de 2018 formulada en el centro 
penitenciario de Murcia II y recibida en el registro general de este Tribunal el día 5 de 
junio de 2018, don Andrés de la Calzada Carrilero solicitaba la designación de letrado del 
turno de oficio para la interposición de demanda de amparo contra el auto de 7 de mayo 
de 2018 dictado por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Murcia, en el expediente 
sancionador núm. 114-2018.
2.  Por diligencia de ordenación de 12 de junio de 2018 del secretario de justicia de 
la  Sección  Segunda  de  la  Sala  Primera  se  requirió  testimonio  del  referido  auto  es
recibiéndose el 20 de agosto de 2018. Por diligencia de ordenación 8 de octubre de 2018  o
sepseelr o  2lcle9iub  rdrcaóoed n odocrece tsdyup ibóaar cebeh olso gpi galaaudlzi oeoI nl udtdesee,tl r  pettruo erCrin nooottal er dagde idío ai olsidgf iecpei anoArc aibaa olq  dgureeaec d oufoorrsdrr meednnuetale ac,Mr ióayan , ld acdr oiecdm o 5rpu radnereisca pan odqonauvd ieeile amsn ebtde re edsd eidegsemnig aa2ncn0aiód1rana8     2020-3343n https://www.
de  amparo  que  fue  formalizada  el  5  de  diciembre  de  2018.  Finalmente  mediante
diligencia de ordenación de 25 de febrero de 2019 se requirió al centro penitenciario
Murcia II para que remitiera testimonio del parte del funcionario informado por el jefe de 
servicios  al  que  se  hace  referencia  en  el  acuerdo  de  incoación  del  procedimiento 
sancionador, siendo recibido el 14 de marzo de 2019.
3.  Los antecedentes relevantes para la resolución del recurso de los que trae causa 
la demanda de amparo son los siguientes:
a)  El 21 de diciembre de 2017 don Andrés de la Calzada Carrilero redactó de 
propia  mano  y  en  mayúsculas  un  escrito  expresando  en  el  encabezado  que  el 
destinatario  era  el  Ministerio  de  Interior,  Secretaría  General  de  Instituciones 
Penitenciarias y la Inspección Penitenciaria. En el mismo se solicitaba la apertura de un 
expediente administrativo para depurar responsabilidades porque no se le habían hecho 
llegar requerimientos de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita del Ilustre Colegio 
de  Abogados  de  Madrid.  Tales  requerimientos  le  habían  sido  enviados  por  correo 
certificado y la falta de entrega habría provocado «un conato de archivo de diversos 
procedimientos» ante diversas instancias judiciales y ante el Tribunal Constitucional, lo 
que podría suponer la comisión de «delitos punibles tanto en el ordenamiento penal 
como administrativo». Bajo la rúbrica de hechos indubitados refería que la Sección de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y el Tribunal 
Supremo  «amenazan»  con  archivar  procedimientos  ante  la  denegación  de  justicia 
gratuita y la imposibilidad de designar abogado de su elección. Señalaba que el motivo 
expuesto por la comisión de asistencia jurídica gratuita era no haber cumplimentado el 
requerimiento  efectuado  y  sin  embargo  él  no  había  recibido  ningún  requerimiento. 
Relataba que los requerimientos se realizan por correo certificado, estando seguro de 
que «no consta que yo los haya recibido, y estando seguro también que alguno de los 
secuaces asignados por la secretaría general de instituciones penitenciarias para la 
recepción y reparto de dichos certificados sí que los ha recibido y se ha encargado, 
diligentemente, de no hacérmelos llegar»[sic]. A continuación solicitaba la apertura de un 
expediente administrativo y que se le suministrase toda la documentación obrante en 
poder de la administración penitenciaria acerca de los envíos de correos certificados a él 
remitidos  y  en  concreto  aquellos  que  no  había  recibido,  para  denunciar  a  los 
responsables,  «reclamación  patrimonial  incluida  o  en  su  defecto  emitan  cualquier 
absurda contestación que me abra la vía a recurso contencioso-administrativo en el 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid según la L 29/98 RJC-A. Y teniendo en cuenta 
que es la administración penitenciaria la querellada en la mayoría de los procedimientos 
saboteados, empiecen a buscar la definición jurídica de fumus delicti et animus necandi 
que yo ya me la sé» [sic].
b)  El recurrente redactó otro escrito remitido al mismo destinatario el 18 de enero 
de 2018, en el cual consideraba que se había producido la nulidad en la formación de la 
comisión disciplinaria y en la tramitación de un expediente disciplinario contra él. Alegaba 
que en el seno de un expediente disciplinario compareció el 30 de noviembre ante la 
comisión disciplinaria, que debe estar formada por el director y otros seis miembros, pero 
«en lugar de dicha formación me encuentro con tres individuos», ninguno de los cuales 
llevaba  el  preceptivo  y  obligatorio  número  de  funcionario  en  lugar  visible,  ni  otra 
identificación de rango o cargo, en ningún momento se identificaron pero todos llevan 
chaqueta de funcionario; y que «al no identificarse, no puedo asegurar la presencia o 
ausencia de jurista, pero como aquello más que una comparecencia era una inquisitoria, 
la indefensión está asegurada». En el último apartado de este escrito indica que por todo 
ello  «se  habrá  de  pronunciar  sobre  si  la  Ley  Orgánica  General  Penitenciaria  y  el  e
reglamento  que  la  desarrolla  y  ejecuta  son  de  obligado  cumplimiento  o  simples  bo
directrices que pueden ser reinterpretadas o ignoradas al arbitrio de los responsables de  43ww
mla oatidvme inpiosrt rqauciéó nla p ceonmiteisniócina,r iqau»e y  deenb ílao se sútlatimr foosr mpaádrraa fpoosr  dseie etes tem iaepmabrtraodso,  speid ceo qmupeo nsee 
sdoisloci pdlien atrrieas  yy p poor ru nqaunéi mloisd aadc, uneor dsoosn  snaunlocsio noa adnourelasb lqeuse,  asnounn ctoiamnaddoo lsa  ipnoter rlpao sciocmióins iódne 
recurso contencioso administrativo, solicitando que se corrija la situación y «aténganse a 
las normas igual que nosotros nos tenemos que atender a ellas amén» [sic].
c)  Dichos escritos aparecen sellados en el módulo del centro penitenciario y fueron 
leídos e intervenidos por el subdirector de seguridad del mismo, el cual –el 19 de enero 
de 2018– remitió al director del centro un parte por cada escrito, con el siguiente 
contenido:
«Se informa del contenido del escrito remitido por el interno Calzada Carrilero, 
Andrés a la secretaría general de instituciones penitenciarias de fecha 21 de diciembre 
de 2017 en el que se acusa a “los secuaces de la secretaria de impedir su acceso a su 
derecho a asistencia jurídica gratuita”, a su vez califica de “absurda contestación” la 
emitida por la Subdirección General de Inspección Penitenciaria ante su queja y acusa 
de  “sabotear  procedimientos  administrativos”  a  la  administración  penitenciaria.  Se 
adjunta documento remitido al servicio de inspección por el interno» [sic].
«Se informa del contenido del escrito remitido por el interno Calzada Carrilero, 
Andrés a la secretaría general de instituciones penitenciarias de fecha 21 de enero 
de 2018 [en lugar de 18 de enero de 2018] en el que se define a funcionarios como 
“individuos”, añade que el trámite de alegaciones a la comisión disciplinaria es un trámite 
“inquisitorio” y califica a los directores de centros penitenciarios como “simples” y de 
aplicar la normativa en vigor de forma arbitraria. Se adjunta documento remitido al 
servicio de inspección por el interno» [sic].
d)  El director del establecimiento penitenciario, a la vista de dichos partes, acordó 
por resolución de 19 de enero de 2018 la iniciación de un procedimiento sancionador, 
designando un funcionario instructor.
El  instructor  formuló  un  pliego  de  cargos  el  19  de  enero  de  2018,  en  cuyo 
encabezamiento  constaba  «Ministerio  de  Interior/Secretaría  General  de  Instituciones 
Penitenciarias/ Centro Penitenciario de Murcia II», en el que relata que: «Los días 21 de 
diciembre de 2017 y 18 de enero de 2018 usted dirige unos escritos a la secretaría general 
de instituciones penitenciarias en los que define a los funcionarios como «individuos», el 
trámite de las alegaciones a la comisión disciplinaria como «inquisitorio», a los directores de 
los  centros  penitenciarios  como  «simples»,  a  la  secretaría  general  de  instituciones 
penitenciarias como «los secuaces de la secretaria de impedir su acceso a su derecho a 
asistencia jurídica gratuita» [sic]. Y se califica jurídicamente estos hechos como falta grave 
del art. 109A del Reglamento penitenciario (RP) por «calumniar/ injuriar/ insultar/faltar 
gravemente al respeto y consideración grave» [sic], proponiendo «la sanción de privación 
de paseos y actos recreativos comunes entre tres y treinta días» [sic].
El 21 de enero, el interno presentó un pliego de descargo por escrito, en cuyo 
encabezamiento  nuevamente  constaba  «Ministerio  de  Interior/Secretaría  General  de 
Instituciones Penitenciarias/ Centro Penitenciario de Murcia II», en el que solicitaba ser 
asesorado  por  un  determinado  letrado  y  en  su  defecto  por  un  jurista  del  centro 
penitenciario, y que se le diese copia de los escritos mencionados «para comprobar que 
las expresiones no están sesgadas y sacadas de contexto, como de hecho parece». 
Además, pedía que se «motivase en base a que impunidad entran a leer y censurar 
escritos dirigidos a instancias superiores jerárquicamente, por mucho que se remitan sin 
sobre (se remiten a la inspección penitenciaria)», así como que se motivara la violación 
de  los  principios  constitucionales  de  secreto  de  las  comunicaciones  y  libertad  de 
expresión y por qué se espera a tener el escrito de 18 de enero para sancionar el 
anterior del 21 de diciembre. e
El  25  de  enero  el  instructor  del  expediente  sancionador  eleva  a  la  comisión  bo
disciplinaria una propuesta de resolución, en cuyo encabezamiento constaba «Ministerio  43ww
dMeu rIcnitae rIiIo»r,/ Spoerc rleat aqruíae , Geenn bearasel  dae l oIsn smtitiuscmioonse hse cPheonsit eyn lcai amriaissm/ aC ceanltirfoic aPceiónnit ejunrcídiaicriao  ddeel 
pplaiesgeoo sd ye  accatrogso sre, cprreoaptoivnoes  icmopmounneer sa.l interno una sanción de veinte días de privación de
El 8 de febrero el interno manifiesta verbalmente ante la comisión disciplinaria que 
«son palabras todas sacadas de contexto. Que solicité copia de esos escritos y no me 
los han hecho llegar. Son para utilizarlas yo como defensa. Solicité la impugnación de la 
comisión disciplinaria por considerar que no está legalmente conformada considero que 
se está violando mi derecho a la libertad de expresión y art. 29 de la Constitución 
Española. Secreto comunicaciones».
La comisión disciplinaria del centro penitenciario de Murcia, el mismo día 8 de febrero 
de 2018, adoptó un acuerdo sancionador, en cuyo encabezamiento constaba «Ministerio de 
Interior/Secretaría General de Instituciones Penitenciarias/ Centro Penitenciario de Murcia 
II», por el que, en base a los hechos que describe, que son los mismos que relata en el 
pliego de cargos y la propuesta de resolución del instructor, se impone al interno la sanción 
de privación de paseos y actos recreativos comunes durante treinta días, como autor de una 
falta grave del artículo 109. A) del Reglamento penitenciario.
e)  El interno interpuso recurso de alzada contra el acuerdo sancionador dirigido al 
Juzgado de Vigilancia Penitenciaria núm. 1 de Murcia, en el que consideraba vulnerados 
sus  derechos  constitucionales  al  secreto  de  las  comunicaciones,  a  la  libertad  de 
expresión y al derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, 
añadiendo  que  en  los  procedimientos  de  naturaleza  sancionadora  no  existe 
responsabilidad en tanto no se demuestre lo contrario y asimismo aduce que se estaban 
aplicando las normas contra él con rigor innecesario.
En el recurso de alzada, en lo que interesa a los efectos de resolver el recurso de 
amparo, refiere que el art. 241.2 del Reglamento penitenciario faculta al director a iniciar 
el procedimiento sancionador a consecuencia de la orden emitida por un órgano superior 
jerárquico, como supongo que, por escalafón es la inspección penitenciaria, sin embargo 
es de todo punto imposible que el superior jerárquico ordene el día 19 de enero iniciar un 
procedimiento sobre un escrito que se entregó el día 18 de enero a las 17:30 horas. Así 
que se ha producido una vulneración de la garantía del secreto de las comunicaciones 
postales, telegráficas y telefónicas, pues el hecho de enviar los escritos sin sobres 
postales, era para que en aplicación del art. 53 del Reglamento penitenciario y de la 
Ley  39/2015  se  realizase  una  copia,  «no  para  que  entrasen  a  censurarlos», 
encontrándose amparados tales escritos por la libertad de expresión. Expone los motivos 
que dieron lugar a las quejas plasmadas en los dos escritos. Refiere que no se le han 
facilitado los escritos remitidos, pero que está «bastante seguro» de que no ha calificado 
a los directores de los centros penitenciarios como «simples», sino que el uso de dicho 
término no tiene por qué resultar descalificativo. Y en cuanto al escrito de 18 de enero 
indica que el término «secuaz» es el que sigue el partido, doctrina u opinión de otro. 
Alude a sentencias del Tribunal Constitucional, para afirmar que el Juzgado de Vigilancia 
Penitenciaria  carece  de  jurisdicción  para  amparar  el  honor  de  los  funcionarios  de 
prisiones por términos «tan nimios y espurios como el que nos ocupa».
Finalmente  hace  referencia  a  las  repercusiones  que  para  él  ha  supuesto  el 
expediente disciplinario al indicar en mayúsculas «todo este asunto me tiene 102 días sin 
poder disfrutar de permisos después de haber salido 27 días desde 25 de julio. Se ha 
interrumpido mi evolución penitenciaria, se me ha denegado un grado al que, predicando 
con el ejemplo me había hecho merecedor y ateniéndome a la definición de la RAE esto 
es tortura mental. En los 130 días de condena que restan tenía que estar rehaciendo mi 
vida y no defendiéndome de absurdas acusaciones, por lo que es obligación de su 
juzgado acabar de una vez por todas con esta dinámica en la que ha entrado la comisión 
disciplinaria con el director al frente». s
f)  Por auto de 20 de marzo de 2018 el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de  oe.
Murcia, estimó en parte el recurso del interno al considerar que si bien la expresión  w.
«secuaces» del primer escrito y la expresión «inquisitoria» del segundo, en el contexto  43ww
enno  etli eqnueen  sela  emgrpalveeadna sdo nq uoefe nsseivríaas  yn encoe seasrtáian  apmarpaa reasdtaims apro, r clao mliboe rhtaadc ed ee el xapcreuseiródno, 
«sacanlcuiomnnaiadro, r,i nqjuueri alar,s i nmsiuslmtaar sy c ofanltsatirt ugyreanv eumnae nftaelt aa lg rraevsep edtoe l ya rct.o 1n0s9id eRrPa,c icóonn»s,i syte qnutee  eenl   BOE-A-cable e
resto de expresiones no pueden considerarse ofensivas, por lo que la infracción que 
debe entenderse cometida es la falta leve del art. 110 a) RP, que consiste en «faltar 
levemente a la consideración debida». Y en consecuencia reduce la sanción a tres días 
de privación de paseos y actos recreativos comunes.
g)  El demandante interpuso recurso de reforma contra el auto anterior por estimar 
que las expresiones por las que ha sido sancionado se encuentran amparadas por la 
libertad  de  expresión,  alegando  diversos  autos  del  juzgado  central  de  vigilancia 
penitenciaria los cuales habrían considerado amparadas por la libertad de expresión 
otras  expresiones  más  ofensivas.  Asimismo,  por  estimar  que  se  había  producido 
violación del secreto de las comunicaciones al afirmar que vuelve a ignorar que no tenían 
derecho a leer lo que el recurrente escribía a los superiores jerárquicos y menos a 
censurarlo.
h)  Por el juzgado se dictó el auto de fecha 7 de mayo de 2018, por el que se 
desestimaba el recurso, en base a la misma fundamentación del auto anterior en cuanto 
a  la  libertad  de  expresión  y  por  considerar  que  la  sanción  impuesta  se  considera 
oportuna y proporcionada.
4.  En fecha 5 de diciembre de 2018, se registra en este Tribunal la demanda de 
amparo  interpuesta  por  la  representación  del  demandante  –atendiendo  al  plazo  de 
treinta días concedido para la interposición de la misma por la diligencia de ordenación 
de 5 de noviembre de 2018– contra el auto de 20 de marzo de 2018 del Juzgado de 
Vigilancia Penitenciaria de Murcia que –como se ha indicado– estimó parcialmente el 
recurso formulado contra el acuerdo sancionador de 8 de febrero de 2018 adoptado por 
la comisión disciplinaria del centro penitenciario de Murcia –expediente disciplinario núm. 
114-2018– y contra el auto de 7 de mayo de 2018 del mismo juzgado que desestimó el 
recurso de reforma. En la demanda de amparo se considera que las resoluciones 
impugnadas vulneran «el derecho a la libertad de expresión y el derecho al secreto de 
las comunicaciones en relación con el derecho a un proceso con las debidas garantías y 
a  la  presunción  de  inocencia,  previstos  en  los  artículos  20.1,  18.3  y  24.2  de  la 
Constitución Española».
a)  En relación con la lesión del derecho a la libertad de expresión, el demandante 
con cita de las SSTC 6/1981, de 16 de marzo, 12/1982, de 31 de marzo, y 177/2015 
de 22 de julio se refiere a que la libertad de crítica es una manifestación de la libertad de 
expresión, aun cuando la misma sea desabrida y pueda molestar, inquietar o disgustar a 
quien se dirige y que eso es lo sucedido en el presente caso, pues el recurrente formula 
una crítica general, en el uso de su libertad de expresión, a una conducta errónea o 
negligente del centro penitenciario donde se encontraba. Debe tomarse en consideración 
que  el  contenido  de  los  escritos  criticaban  la  labor  del  centro  en  relación  a  unas 
comunicaciones del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Añade finalmente que las 
palabras utilizadas por el recurrente pueden ser de mal gusto, pero que no están 
personalizadas ni dirigidas a cargo alguno, sino que expresan el malestar de un interno 
sobre una anomalía funcional que le afecta y que nunca debieron ser constitutivas de 
una sanción penitenciaria, censurando la libertad de expresión del recurrente.
b)  Por otra parte considera que se ha producido una vulneración del secreto de las 
comunicaciones, por la lectura e intervención por el subdirector de seguridad del centro 
penitenciario de los escritos que dirigía al servicio de inspección de la Secretaría General 
de  Instituciones  Penitenciarias.  Dicha  vulneración  habría  ocasionado  la  lesión  del 
derecho a un proceso con todas las garantías y del derecho a la presunción de inocencia  e
ya que las pruebas que sustentan la infracción fueron obtenidas violando el derecho  bo
fundamental al secreto de las comunicaciones. 43ww
de n5o. vieLma bSree cdceió n2 0S1e9g, udnicdtaó  dper olavi dSeanlac iaP reimn elara  qdueel  Tarciobrudnóa la Cdmonitsirt itau ctiroánmailt,e e enl  freecchuar s1o1, 
estimando  que  concurre  la  especial  trascendencia  constitucional,  porque  el  recurso
plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no
hay  doctrina  de  este  Tribunal  [STC  155/2009,  FJ  2  a)],  y  dar  vista  de  todas  las 
actuaciones del presente recurso de amparo, en la secretaría de esta Sala, por un plazo 
común de veinte días, al Ministerio Fiscal y al procurador del demandante, para que 
dentro de dicho término puedan presentar las alegaciones que a su derecho convenga, y 
al abogado del Estado para que dentro de dicho plazo, si lo estima oportuno, pueda 
personarse y formular las alegaciones del mencionado art. 52, con entrega de copia de 
la demanda y demás documentación presentada en el recurso.
6.  El  5  de  diciembre  de  2019  la  representación  del  demandante  de  amparo 
presentó escrito ratificando íntegramente la demanda.
7.  Mediante escrito registrado en este Tribunal el día 11 de diciembre de 2019, el 
abogado  del  Estado  formuló  alegaciones,  solicitando  la  inadmisión  del  recurso  de 
amparo y subsidiariamente la desestimación de la demanda.
Considera el abogado del Estado que el recurso de amparo se ha interpuesto el 5 de 
diciembre de 2018, por lo que resulta extemporáneo, con independencia de que se trate 
de un recurso de amparo frente a la resolución administrativa (art. 43 de la Ley Orgánica 
del Tribunal Constitucional: LOTC) o contra la resolución judicial (art. 44 LOTC). Indica 
que pese a que no consta la fecha de notificación del auto de 7 de mayo de 2018 que 
agota la vía judicial, cuando se interpuso la demanda habían transcurrido casi siete 
meses.
El abogado del Estado considera en todo caso que no se le habría ocasionado 
vulneración  de  derecho  fundamental  alguno.  Descarta  que  se  le  haya  ocasionado 
indefensión  al  recurrente  pues  ha  podido  formular  alegaciones  tanto  en  la  vía 
administrativa y judicial en defensa de su pretensión, obteniendo resoluciones judiciales 
motivadas.  Descarta  la  vulneración  del  derecho  a  la  presunción  de  inocencia  al 
reconocer  el  recurrente  y  constar  documentalmente  la  realidad  de  las  expresiones 
utilizadas por el mismo. También rechaza que exista vulneración del derecho a la libertad 
de  expresión  al  haber  sido  valorada  la  conducta  como  injurias  por  la  autoridad 
administrativa, efectuando la subsunción en la normativa aplicable. Y finalmente excluye 
que se haya producido una vulneración del derecho al secreto de las comunicaciones 
(art. 18.3 CE), al no tratarse de una interceptación subrepticia de comunicaciones y 
captación de información entre particulares por terceros, obtenida mediante una irrupción 
ilegítima en el medio de comunicación que se tratara, utilizando medios técnicos de 
captación. Sostiene que un funcionario o una autoridad u otra a las que afecta el asunto, 
dentro del ámbito de su competencia, tenga acceso en el ejercicio de sus funciones a la 
documentación  obrante,  no  supone  vulnerar  la  intimidad  ni  el  secreto  de  las 
comunicaciones de quienes puedan ver afectados sus intereses por dicha información. 
No debe olvidarse que la información fue dirigida por el interesado precisamente a la 
administración destinataria, que la utiliza dentro del estricto campo o área funcional de 
sus competencias.
Finalmente considera que las cuestiones planteadas se desenvuelven en el plano de 
la legalidad ordinaria, tratando el recurrente de utilizar el recurso de amparo como un 
recurso ordinario, pretendiendo revisar el fondo del objeto conectando dialécticamente su 
pretensión con los preceptos de la Constitución que reconocen y garantizan derechos 
fundamentales.
8.  El  fiscal  ante  el  Tribunal  Constitucional  presentó  sus  alegaciones  mediante 
escrito registrado el 19 de diciembre de 2019 interesando el otorgamiento del amparo y  s
que se declarara vulnerado el derecho al secreto de las comunicaciones (art. 18.3 CE),  oe.
en relación con el derecho a un proceso con todas las garantías y la presunción de  w.
didneeo mcMeaunnrcdciaaian  t(deae ry t .2 la02  n4du.e2li  dmaCadEr zd),oe   alyos sdí  eac uo7tmo dsoe  d imac taalyado o sldib peeo r2rta 0ed1l  8Jd,u eze gnae edxlpo ra edsseui ónVntiog  i(lSaaAnrtcN. ia 21 P01.4e1-n 2itC0e1En8c), i aadrsieaíl    2020-3343n https://ww
como del acuerdo de la comisión disciplinaria del centro penitenciario de Murcia ll de
fecha 8 de febrero de 2018, del expediente disciplinario núm. 86-2018.
Comienza el ministerio fiscal su alegación exponiendo los antecedentes procesales 
que considera relevantes. Considera el ministerio fiscal que se trata de un amparo mixto, 
al atribuirse la vulneración de los derechos invocados tanto al acuerdo sancionador como 
a los autos del juzgado de vigilancia penitenciaria.
Con cita de las SSTC 170/2013, de 7 de octubre, FJ 4 a); 114/1984, de 29 de 
noviembre, FJ 7; 15/2011, de 28 de febrero, FJ 5; 169/2003 de 29 de septiembre FJ 2; 
127/1996 de 9 de julio, FJ 4, y 230/2012 de 10 diciembre, FJ 3, considera que no es 
relevante para valorar si se ha producido en este caso la vulneración del derecho que la 
correspondencia intervenida no estuviera contenida en un sobre. Añade que el derecho 
al secreto de las comunicaciones es formal, independiente del contenido del mensaje. 
Indica que el derecho comprende la protección de la libertad de correspondencia, y que 
no solo se leyó el escrito, sino que se intervino, procediendo por tanto a impedir que la 
comunicación llegase a su destinatario y dicha intervención no estaba amparada por las 
limitaciones que, respecto del derecho cuestionado, se desprenden del art. 25.2 CE. 
Sostiene que se impidió que el órgano supervisor tuviera noticia de las supuestas 
infracciones denunciadas por el demandante, tratándose de un supuesto próximo al de 
denuncia ante el juez de vigilancia o de comunicaciones a otras autoridades de las 
referidas en el art. 49 RP, cuya posibilidad de intervención es aún más restringida, que la 
de las comunicaciones generales a las que se ha hecho referencia hasta ahora. Añade 
que tampoco resulta del contenido de la comunicación que fuera necesario interceptarla 
para evitar la comisión de algún delito. Por todo lo anterior el fiscal considera que se ha 
producido una vulneración del derecho al secreto de las comunicaciones en la vertiente 
de la libertad de las mismas, y, consiguientemente la violación de los derechos a un 
proceso con todas las garantías y a la presunción de inocencia (SSTC 230/2012, de 10 
diciembre, FJ 3; 107/2012, de 21 de mayo, FJ 5; 169/2003, de 29 de septiembre, FJ 5; 
175/2000, de 26 de junio, FJ 5, y 127/1996, de 9 de julio, FJ 4).
Tras  reproducir  parcialmente  las  SSTC  89/2018,  de  6  de  septiembre,  FJ  3  a), 
y 71/2008, de 23 de junio, FJ 5, sostiene que la libertad de expresión como los demás 
derechos fundamentales de los internos quedan expresamente limitados por la condena, 
el sentido de la pena o la ley penitenciaria, por razones de orden y de seguridad 
constitucionalmente  legítimas.  Entiende  que  las  resoluciones  judiciales  impugnadas 
reducen las expresiones que van a ser objeto de análisis aquí a la de «secuaces» del 
primer escrito y la de «inquisitoria» del segundo. Considera que secuaces, aunque 
utilizándose habitualmente como peyorativa, no resulta necesariamente un insulto y si se 
tiene en cuenta que se emplea para referirse a personas que siguen unas supuestas 
órdenes ilícitas dirigidas a perjudicarle y que la palabra se utiliza en el contexto de una 
denuncia  con  el  fin  de  que  se  inicie  un  expediente  administrativo  para  depurar 
responsabilidades  por  la  conducta  denunciada,  resulta  más  lógico  entender  que  la 
palabra está utilizada con el fin de reforzar la idea contenida en la denuncia, más que 
para ofender a los supuestos «secuaces». Afirma que el escrito no iba dirigido a los 
funcionarios a los que califica de secuaces, ni tampoco para ser conocido por otros 
internos o funcionarios de la prisión y, ha sido precisamente la lectura e intervención de 
los escritos, vulneradora del secreto a las comunicaciones, lo que ha dado una cierta 
publicidad a unas expresiones no destinadas a tenerla fuera del expediente. Por ello 
concluye que las expresiones que han dado lugar a la sanción, pueden estimarse 
amparadas por la libertad de expresión.
9.  Por  providencia  de  6  de  febrero  de  2020  se  señaló  para  la  deliberación  y 
votación de la presente sentencia el día 10 del mismo mes y año. e.
II. Fundamentos jurídicos 43ww
1.  Objeto del recurso de amparo y posición de las partes.
Tal como ha quedado expuesto en los antecedentes el demandante de amparo, que
se encontraba interno en el centro penitenciario de Murcia II, fue sancionado por acuerdo
adoptado por la comisión disciplinaria del indicado centro, como autor de una falta grave 
del art. 109 a) del Reglamento penitenciario aprobado por Real Decreto 1201/1981, de 8 
de mayo, por calumniar, injuriar, insultar o faltar al respeto de forma grave a funcionarios 
del centro con base en las manifestaciones contenidas en sendos escritos de queja 
dirigidos  al  servicio  de  inspección  de  la  Secretaría  General  de  Instituciones 
Penitenciarias de los que se dio cuenta al director del centro penitenciario. Dicha sanción 
fue atemperada por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria núm. 1 de Murcia que calificó 
la falta como leve del art. 110 a) del mismo reglamento, estimando parcialmente el 
recurso interpuesto por el demandante de amparo y concretando como expresiones 
ajenas al respeto y consideración exigidas por el art. 4.1 c) de la Ley Orgánica 1/1979, 
de 26 de septiembre, general penitenciaria, en «secuaces» e «inquisitoria».
La demanda de amparo se dirige, como resulta expresamente del suplico de la 
misma, contra los autos del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria núm. 1 de Murcia –de 20 
de marzo y 7 de mayo de 2018–, que confirman parcialmente la sanción impuesta al 
recurrente en amparo por acuerdo de la comisión disciplinaria del centro penitenciario– 
adoptado el 8 de febrero de 2018– al considerar que dichas resoluciones vulneran el 
derecho a la libertad de expresión [art. 20.1 a) CE] y la garantía del secreto de las 
comunicaciones (art. 18.3 CE). Ahora bien, como hemos apreciado en pronunciamientos 
anteriores, ha de entenderse también recurrida en amparo esa resolución administrativa 
precedente,  que  ha  sido  confirmada  parcialmente  por  los  autos  expresamente 
impugnados, pues dicha resolución está en el origen de las vulneraciones producidas, 
(entre otras muchas, SSTC 97/1999, de 31 de mayo, FJ 2; 14/2000, de 17 de enero, 
FJ 2, y 81/2000, de 4 de mayo, FJ 1).
La  vulneración  del  derecho  al  secreto  de  las  comunicaciones  (art.  18.3  CE) 
denunciada se habría producido por la lectura e intervención –por el subdirector de 
seguridad  del  centro  penitenciario–  de  sendos  escritos  de  queja  dirigidos  por  el 
demandante  al  servicio  de  inspección  de  la  Secretaria  General  de  Instituciones 
Penitenciarias, originando la iniciación de un procedimiento sancionador. Por otra parte, 
la lesión del derecho a la libertad de expresión [art. 20.1 a) CE] se habría ocasionado al 
haber sido sancionado por las expresiones utilizadas en dichos escritos en las que se 
limitaba a cuestionar el proceder del centro penitenciario en relación con la eventual 
retención de unas comunicaciones del Colegio de Abogados de Madrid a él enviadas, sin 
que las expresiones utilizadas fueran dirigidas a cargo alguno, teniendo por finalidad 
exclusiva  denunciar  el  anormal  funcionamiento  del  establecimiento  en  el  que  se 
encontraba cumpliendo condena, y por ello, a juicio del recurrente, estaban amparadas 
por el derecho invocado.
Por las razones expuestas en los antecedentes y que recordaremos al abordar las 
concretas vulneraciones, el Ministerio Fiscal solicita que se otorgue el amparo, mientras 
que el abogado del Estado entiende que el recurso de amparo debe ser inadmitido por 
ser  extemporánea  su  interposición  y  subsidiariamente  por  descartar  que  se  haya 
producido la vulneración de los derechos invocados. En primer lugar examinaremos si 
concurre la causa formal de inadmisión del recurso denunciada, y, para el caso de que 
ésta no se apreciara, se entrará en el examen de la vulneración del derecho al secreto 
de las comunicaciones dada su eventual incidencia en el procedimiento, para finalmente, 
de ser necesario, enjuiciar la eventual vulneración del derecho a la libertad de expresión.
2.  Requisitos para la admisibilidad: extemporaneidad de la demanda.
El abogado del Estado interesa en sus alegaciones la inadmisión del recurso de  e
amparo por incumplimiento del plazo de interposición de la demanda. Como ha reiterado  bo
este Tribunal, la apreciación de una causa de inadmisibilidad «no resulta impedida por el  43ww
Tmroibmuennatl oq upero lcoess adle feenc toesl  qinuseu bnsoasn aebnlecso ndtrea mquoes , ppuudeiesr ae se sdtaorc tarifneac tarediote eral drae cduers oe sdtee 
tarmámpaitero» , nloo  qruees udlteatne rmsainnaa dqouse  «ploar qcuoem plaro bdaecmióann ddae  lohsa ypar essiudpou einsitcoias lmpreonctees aaledsm pitaidraa  laa 
viabilidad de la acción puede volverse a abordar o reconsiderarse en la sentencia, de
oficio  o  a  instancia  de  parte,  dando  lugar,  en  su  caso,  a  un  pronunciamiento  de 
inadmisión por falta de tales presupuestos» (por todas, SSTC 7/2007, de 15 de enero, 
FJ 2; 28/2011, de 14 de marzo, FJ 3; 29/2011, de 14 de marzo, FJ 3, y 101/2018, de 1 de 
octubre, FJ 3).
El abogado del Estado entiende que el recurso de amparo debe ser inadmitido por 
extemporáneo pues entre la fecha de la notificación del auto que agota la vía judicial y la 
fecha de la presentación de la demanda, habría transcurrido el plazo de interposición del 
recurso de amparo (arts. 43.2 y 44.2 LOTC). Dicha objeción la formula pese a que es 
conocedor de que no consta la fecha en la que el auto de 7 de mayo de 2018 fue 
notificado,  instando  en  sus  alegaciones  a  que  se  solicite  del  órgano  judicial  la 
certificación  de  la  misma  si  no  se  considera  suficientemente  indicativo  de  la 
extemporaneidad que el recurso se haya presentado transcurridos casi siete meses 
desde la fecha en que se dictó el referido auto.
La objeción de extemporaneidad formulada no puede ser aceptada, sin que sea 
preciso para verificar si la demanda se ha interpuesto en el plazo legalmente exigido que 
se certifique –como sugiere el abogado del Estado– la fecha de notificación del auto de 7 
de mayo de 2018 dictado por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria núm. 1 de Murcia 
por el que se desestima el recurso de reforma y se agota la vía judicial, y ello por las 
razones siguientes.
Debe recordarse que no solo la presentación de la demanda interrumpe el plazo de 
caducidad legalmente previsto para el ejercicio de la acción de amparo, premisa esta en 
la que parece fundarse la causa de inadmisión invocada. Hemos indicado que en el 
cómputo del plazo legal de interposición del recurso no puede tomarse como dies ad 
quem la fecha en que, dando cumplimiento al emplazamiento concedido para que se 
formulara el correspondiente recurso de amparo, se presentó escrito de demanda con 
las formalidades establecidas en el art. 49 LOTC (STC 270/1993, de 20 de septiembre, 
FJ 3), sino el día en que el recurrente mediante la instancia presentada en el centro 
penitenciario de Murcia II y dirigida a este Tribunal, solicitó la designación de letrado del 
turno de oficio para la interposición de demanda de amparo (STC 29/1981, de 24 de 
julio, FJ 5). Por tanto el dies ad quem al que nos debemos sujetar, no es el de la fecha 
de formalización del recurso de amparo, sino casi siete meses antes, en concreto el 29 
de mayo de 2018, día en que don Andrés de la Calzada Carrilero solicitó la designación 
de letrado del turno de oficio para la interposición de demanda de amparo contra el auto 
de 7 de mayo de 2018 dictado por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria núm. 1 de 
Murcia por medio de instancia formulada en el centro penitenciario de Murcia II y recibida 
en el registro general de este Tribunal el día 5 de junio siguiente.
Al ser ese el momento en que el plazo de caducidad se interrumpe para él, la 
certificación  de  la  fecha  de  notificación  del  auto  de  7  de  mayo  de  2018  se  torna 
irrelevante, pues es obvio que sea cual fuera la fecha de notificación del mismo y la 
naturaleza de la demanda de amparo (art. 43 o 44 LOTC), no habrían transcurrido 
ninguno de los dos posibles plazos de interposición de la misma.
3.  Sobre el derecho al secreto de las comunicaciones (art. 18.3 CE): alegaciones 
de las partes y ámbito de protección del derecho sobre el caso planteado.
A)  Como  se  ha  adelantado  anteriormente,  el  recurrente  alega  la  violación  del 
derecho al secreto de las comunicaciones (art. 18.3 CE). Considera que el expediente 
disciplinario tuvo su origen en el indebido examen e intervención de sendos escritos que 
iban  dirigidos  al  servicio  de  inspección  de  la  Secretaria  General  de  Instituciones  e
Penitenciarias lo que habría ocasionado la vulneración del mencionado derecho. Por otra  bo
parte,  al  haber  sido  utilizados  tales  escritos  como  prueba  de  la  falta  disciplinaria  43ww
cdoeml deetirdeac,h loa  aco unns epcruoecnecsiao  lcóognic oto djuarsíd ilcaas  –gaa rjaunictíioa sd ey l dreecl udrererencteh–o  sae rlíaa  plare vsuulnnceiróanc idóen 
jiunroiscpernucdiae n(cairat . d2e4 .2e sCteE )T. riEbul nparle sreenlatteiv ac aaso  lap lapnotseibai liudnaad  cduee sptiróony encota ra beol rdcaodnate npiodro  lay 
alcance del derecho fundamental al secreto de las comunicaciones (art. 18.3 CE) sobre
las  instancias  dirigidas  a  un  concreto  servicio  de  la  administración  penitenciaria  y 
presentadas por escrito ante un funcionario de esa misma administración, novedad por la 
que hemos considerado, al dictar la providencia de admisión del recurso de amparo, que 
concurre la especial trascendencia constitucional porque el recurso plantea un problema 
o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina de este 
Tribunal [STC 155/2009, FJ 2 a)]
En los antecedentes hemos expuesto que el ministerio fiscal comparte la existencia 
de la afirmada vulneración. Destaca la irrelevancia de que la «correspondencia» no 
estuviera contenida en un sobre, e indica que no solo se leyeron los escritos, sino que se 
intervinieron,  procediendo  por  tanto  a  impedir  que  la  comunicación  llegase  a  su 
destinatario, siendo dicha interceptación especialmente injustificada al ir dirigida a un 
órgano encargado de la supervisión, impidiendo que este tuviera conocimiento de la 
misma y careciendo el director de facultades para ello. Por su parte, el abogado del 
Estado descarta la existencia de la vulneración al no tratarse de una interceptación 
subrepticia  de  comunicaciones  por  terceros,  pues  los  funcionarios  conocerían  su 
contenido cuando la inspección recabara el parecer del centro o de la unidad, siendo una 
información susceptible de ser compartida por el destinatario de la solicitud, dentro de la 
personalidad jurídica única de la administración general del Estado o entidades orgánica 
y funcionalmente dependientes. Por tanto el funcionario en el ejercicio de sus funciones 
tenía acceso a los referidos manuscritos al estar estos dirigidos a la administración 
penitenciaria.
B)  Son  varias  las  circunstancias  que  el  recurrente  y  el  fiscal  señalan  como 
determinantes para encuadrar la queja en el ámbito de protección del derecho al secreto 
de las comunicaciones: la finalidad y el contenido de los escritos de queja, así como su 
examen e intervención por el subdirector de seguridad, considerando irrelevante que 
estuvieran o no introducidos en un sobre.
a)  Dados los términos en los que viene planteada la problemática constitucional es 
obligado  precisar  cuál  es  el  objeto  del  derecho  al  secreto  de  las  comunicaciones 
(art. 18.3 CE), esto es, su extensión o ámbito de protección constitucionalmente definido, 
tarea ésta esencial para determinar si la vulneración ha existido o no. Comenzaremos 
por subrayar que el derecho al secreto de las comunicaciones, aparece configurado 
como  una  garantía  autónoma,  cuyo  objeto  es  la  «comunicación»,  sin  que  pueda 
conceptuarse como manifestación o concreción de otros derechos fundamentales. Debe 
aclararse que es esta configuración la que dota de plena significación al calificativo de 
«concepto rigurosamente formal» que hemos predicado en nuestra doctrina del «secreto 
de las comunicaciones», entre otras en la STC 170/2013, de 7 de octubre, a la que alude 
el fiscal en sus alegaciones.
De este modo hemos referido que el derecho al secreto de las comunicaciones 
(art. 18.3 CE), no es una materialización del derecho a la intimidad (art. 18.1 CE). La 
«intimidad»  es  un  concepto  de  carácter  material,  que  atiende  al  ámbito  que  cada 
persona reserva para sí o su familia, mientras que para la delimitación del ámbito de 
protección del derecho al «secreto de las comunicaciones» es indiferente el contenido de 
la comunicación y su pertenencia al ámbito de lo íntimo. En efecto, el concepto de 
«secreto» en el art. 18.3 CE tiene un carácter «formal», en el sentido de que se predica 
de  la  comunicación  sea  cual  sea  su  contenido  y  pertenezca  o  no  el  objeto  de  la 
comunicación misma al ámbito de lo personal, lo íntimo o lo reservado [STC 114/1984, 
de 29 de noviembre, FJ 7; 34/1996, de 11 de marzo, FJ 4, y 170/2013, FJ 4 a)]. Tal 
apreciación  lleva  a  sostener  la  irrelevancia  tanto  de  la  finalidad  pretendida  por  el  e.
remitente, como del concreto contenido de lo comunicado en sus escritos –aspectos a  w.b
los que parecen referirse el recurrente y el fiscal– para determinar el objeto del derecho  43ww
invobc)a doL.a anterior precisión nos lleva a sostener que el ámbito de protección que el
sveuclnreertoa bildidea dl adse  cloams ucnoicmaucnioicnaecsi ondeissp ernesaaliz ayd asg aerann tcizaan, al recseurlrtaad od ea   «trlaav éesv iddee ntlea 
intermediación técnica de un tercero», de modo que el objeto de protección «no se
extiende  a  todos  los  fenómenos  de  comunicación  entre  personas,  ni  alcanza  a 
cualesquiera  materiales  con  ella  relacionados  presentes,  pasados  o  futuros» 
[STC 170/2013, de 7 de octubre, FJ 4 a)]. Tal consideración lleva a que no pueda 
compartirse, en este caso, al no tratarse de instancias dirigidas a la autoridad judicial 
(STC 107/2012, de 21 de mayo, FJ 5, y 230/2012, de 10 de diciembre, FJ 3) –sino a un 
órgano de la administración penitenciaria–, que sea irrelevante que las dos instancias, 
quejas o peticiones manuscritas no se remitieran –ni se pretendieran enviar– por correo, 
a través de una carta, optando el recurrente por presentarlas y registrarlas en el módulo 
de seguridad.
En efecto, el interno en lugar de optar por entregar las dos quejas en sobre cerrado –
y sobre ello volveremos más adelante– ejercitando de este modo el derecho que le 
reconoce el art. 53.1 RP, formuló las mismas por escrito ante el jefe de servicio que como 
encargado de la coordinación de los servicios era el inicial destinatario de las mismas 
(art. 283 RP), iniciándose con su presentación dos procedimientos administrativos, que 
dieron  lugar  a  que  las  instancias  fueran  remitidas  por  el  subdirector  del  centro 
penitenciario  –como  responsable  del  servicio  (art.  281  RP)–  al  director  del 
establecimiento, como órgano competente para decidir sobre su destino. En efecto, en 
relación con las dos quejas presentadas, era a este último al que le correspondía de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 53.2 RP adoptar las medidas oportunas o recabar 
los  informes  que  estimase  convenientes  y,  en  todo  caso,  hacerlas  llegar  a  las 
autoridades u organismos competentes para resolverlas, en caso de que el mismo, pese 
a las competencias que le atribuye el art. 280 RP –entre las que se encuentra el ejercicio 
de potestades disciplinarias sobre los empleados públicos destinados en el centro–, no 
se considerara competente. La decisión sobre la competencia en todo caso quedaba al 
margen del secreto de las comunicaciones. Es evidente que no forma parte del secreto 
de las comunicaciones la facultad de que una instancia, queja, sugerencia, reclamación 
o  denuncia  sea  resuelta  por  uno  u  otro  órgano  de  la  administración  penitenciaria. 
Tampoco  se  proyecta  la  protección  del  referido  derecho  sobre  el  contenido  de  la 
resolución que se adopte por el órgano administrativo.
Es por ello que no puede oponerse el secreto de las comunicaciones a quienes 
interviniendo en el procedimiento administrativo iniciado tomaron parte sucesivamente en 
la  tramitación,  tal  y  como  indica  en  sus  alegaciones  el  abogado  del  Estado.  La 
Constitución garantiza la impenetrabilidad por terceros de las comunicaciones que se 
realicen a través de medios técnicos y ninguno de los funcionarios que intervinieron en 
dar curso a las dos instancias, ni tampoco el director del establecimiento, que era 
destinatario legal de sendas quejas (STC 114/1984, FJ 7) pueden ser considerados 
terceros, por lo que en modo alguno frente a ellos podía oponerse el secreto de las 
comunicaciones. No debe pasarse por alto la circunstancia innegable de que tanto las 
dos quejas que originaron el inicio del expediente –y cuyo examen e «intervención» por 
funcionarios  del  centro  penitenciario  dio  lugar  a  la  invocación  del  secreto  de  las 
comunicaciones–, como el pliego de descargo que el recurrente formuló frente a la 
propuesta de sanción y que necesariamente debía ser resuelta por el mismo centro, iban 
dirigidas al: «Ministerio de Interior/Secretaría General de Instituciones Penitenciarias/ 
Centro Penitenciario de Murcia II».
c)  A mayor abundamiento para completar el examen de la delimitación del ámbito 
de  protección  del  derecho  invocado  y  su  aplicación  al  caso,  debe  indicarse  que 
únicamente la comunicación que tiene lugar a través de un determinado medio técnico 
pertenece al ámbito de protección del art. 18.3 CE, pues las comunicaciones directas – s
orales o escritas– sin medios técnicos de interposición carecen del carácter secreto que  oe.
garantiza el art. 18.3 CE. Ello no significa que carezcan de protección constitucional  w.
alguna al poder quedar incardinadas en el ámbito de protección de otros derechos  43ww
fundCaimeretanmtaelenst.e de haberse formulado las quejas en sobre cerrado haciéndose constar
icmopmeod iddeos tqinuaet alraio  caa rltaa  Slleecgraertaa ríaa  sGue ndeersatiln daeta Irnios,t itsuec iohnaebsrí aP eancittievnacdioa rilaas ,p yro dteec chiaóbne rdseel   BOE-A-cable e
derecho al secreto de las comunicaciones pues «[u]n obstáculo en la posibilidad misma 
de iniciar correspondencia representa la forma más radical de “interferencia” (párrafo 
segundo del artículo 8 [del Convenio europeo de derechos humanos]) en el ejercicio del 
“derecho al respeto a la correspondencia”» [STC 15/2011, de 28 de febrero, FJ 5 a)].
Por  las  razones  expuestas,  ni  existió  correspondencia,  ni  medio  técnico  de 
interposición, ni injerencia por terceros del contenido de lo comunicado, por lo que debe 
descartarse  que  el  «examen»  e  «intervención»  de  las  dos  quejas  por  los  distintos 
funcionarios que intervinieron en la tramitación de las mismas, haya ocasionado la 
vulneración del derecho al secreto de las comunicaciones (art. 18.3 CE) así como las 
vulneraciones que se invocaban como consecuencia lógico jurídica de esta, esto es, la 
vulneración  del  derecho  a  un  proceso  con  todas  las  garantías  y  del  derecho  a  la 
presunción de inocencia (art. 24.2 CE).
4.  El derecho a la libertad de expresión: alegaciones de las partes y contenido de 
los escritos que dieron lugar a la sanción.
a)  Como  se  ha  expuesto  en  los  antecedentes  el  recurrente  considera  que  la 
sanción disciplinaria de tres días de privación de paseos y actos recreativos comunes 
impuesta por la comisión de una falta leve de respeto y consideración del art. 110 a) del 
Real  Decreto  1201/1981,  de  8  de  mayo,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento 
penitenciario, vulnera el derecho a la libertad de expresión [art. 20.1 a) CE], al considerar 
que las expresiones «secuaces» del primer escrito y la de «inquisitoria» del segundo, 
pueden ser de mal gusto, pero no están personalizadas y se dirigen a expresar el 
malestar por una anomalía en el funcionamiento del centro penitenciario.
Comparte la existencia de la vulneración el Ministerio Fiscal al entender que el uso 
de los términos por los que ha sido sancionado está amparado por el derecho invocado 
atendido su significado, la finalidad de los escritos y el contexto en el que han sido 
vertidos. Por su parte el abogado del Estado rechaza que exista vulneración del derecho 
a la libertad de expresión al haber sido valorada la conducta como injurias por la 
autoridad administrativa, efectuando la subsunción en la normativa aplicable.
b)  Debe destacarse que si bien inicialmente los escritos de queja del recurrente 
determinaron que la comisión disciplinaria le sancionara como autor de una falta grave, 
posteriormente  el  juez  de  vigilancia  penitenciaria  rebajó  la  calificación  a  falta  leve, 
descartando que la utilización de los términos «individuos» y «simples», en el concreto 
contexto utilizado pudieran considerarse peyorativos u ofensivos, afirmando sin embargo 
que la libertad de expresión no amparaba la utilización de las expresiones: «secuaces» 
«e «inquisitoria» por resultar ajenos al respeto y consideración establecido en el art. 4.1 
c)  LOGP.  Dado  el  contenido  de  la  resolución  judicial,  nuestro  enjuiciamiento  se 
concretará a determinar si la sanción por la utilización de tales expresiones ha vulnerado 
el invocado derecho a la libertad de expresión. Por ello conviene recordar el contenido, 
contexto y finalidad de los escritos en que tales expresiones se vertieron:
(i)  El recurrente, se encontraba interno en el centro penitenciario Murcia II, cuando 
redactó de propia mano y en mayúsculas el primero de los escritos expresando en el 
encabezado  que  el  destinatario  era  el  Ministerio  de  Interior,  Secretaría  General  de 
Instituciones Penitenciarias y la Inspección Penitenciaria. El escrito tenía por finalidad la 
apertura de un expediente administrativo, para depurar responsabilidades porque no se 
le habían hecho llegar requerimientos de la comisión de asistencia jurídica gratuita del 
Colegio de Abogados de Madrid, que le habrían sido enviados por correo certificado, lo  s
que habría provocado «un conato de archivo de diversos procedimientos». Relataba que  oe.
los requerimientos se realizan por correo certificado, estando seguro de que «no consta  w.
raqesupiega nrytaood  odlseo  spd oichrha olyasa   screeecrcrtiiefbitciadaroída,o  syg  esení seqtruaaenl  ddlooe s  sihneasgt iurteurocc iibotiandmeos b yipé senen  iqhteuane ce inaacrlgiaaursgn aopd aodra,e  d lailloi gsree ncsteeepcmcuieaóncnte eys,    2020-3343n https://ww
de no hacérmelos llegar» [sic]. Según refería, la finalidad del escrito era denunciar a los
responsables,  «reclamación  patrimonial  incluida  o  en  su  defecto  emitan  cualquier
absurda contestación que me abra la vía a recurso contencioso-administrativo en el 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid según la L 29/98 RJC-A. Y teniendo en cuenta 
que es la administración penitenciaria la querellada en la mayoría de los procedimientos 
saboteados, empiecen a buscar la definición jurídica de fumus delicti et animus necandi 
que yo ya me la sé» [sic].
(ii)  El recurrente redactó un segundo escrito remitido al mismo destinatario, en el 
cual consideraba que se había producido la nulidad en la formación de la comisión 
disciplinaria y en la tramitación de un expediente disciplinario contra él. Alegaba que en 
el seno de un expediente disciplinario compareció el 30 de noviembre ante la comisión 
disciplinaria, que debe estar formada por el director y otros 6 miembros, pero «en lugar 
de dicha formación me encuentro con tres individuos, ninguno de los cuales llevaba el 
preceptivo y obligatorio número de funcionario en lugar visible, ni otra identificación de 
rango o cargo, en ningún momento se identificaron pero todos llevan chaqueta de 
funcionario»; y que «al no identificarse, no puedo asegurar la presencia o ausencia de 
jurista,  pero  como  aquello  más  que  una  comparecencia  era  una  inquisitoria,  la 
indefensión está asegurada». Finalmente solicita una explicación de por qué la comisión, 
que debía estar formada por siete miembros, se compone solo de tres.
5. Doctrina constitucional sobre el contenido del derecho a la libertad de expresión.
En el presente caso se plantea la protección del derecho fundamental a la libertad de 
expresión  de  quien  encontrándose  en  una  relación  especial  de  sujeción  con  la 
administración penitenciaria por su condición de interno en un centro penitenciario, se ve 
sancionado por las expresiones utilizadas en sendos escritos de queja –cuyo contenido 
ha sido anteriormente reseñado– en los que denunciaba anomalías en el funcionamiento 
del centro penitenciario y en la composición de la comisión disciplinaria ante la que 
compareció.
Antes  de  abordar  el  núcleo  de  la  problemática  constitucional  planteada  y  para 
aproximarnos a la misma, es necesario recordar:
a)  En relación con el ámbito penitenciario, este Tribunal ha señalado repetidamente 
que
«[L]as  relaciones  jurídicas  que,  con  ocasión  del  internamiento  en  un  centro 
penitenciario se establecen entre las personas recluidas en el mismo y la Administración 
Penitenciaria, tienen naturaleza de relación especial de sujeción (SSTC 74/1985, 2/1987, 
120/1990, 57/1994 y 129/1995) y así se desprende del art. 25.2 CE. En la STC 2/1987 se 
señalaba que el interno se integra en una institución preexistente que proyecta su 
autoridad sobre quienes, al margen de su condición común de ciudadanos y como 
consecuencia de la modificación de su status libertatis, adquieren el status específico de 
individuos sujetos a un poder público, que no es el que, con carácter general, existe 
sobre los ciudadanos libres (doctrina que se recoge en la STC 57/1994). Esa relación de 
sujeción  especial  que,  en  todo  caso,  debe  ser  entendida  en  un  sentido  reductivo 
compatible con el valor preferente de los derechos fundamentales (SSTC 120/1990 
y  137/1990),  origina  un  entramado  de  derechos  y  deberes  recíprocos  de  la 
Administración Penitenciaria y el recluido. De ese entramado destaca, a los efectos que 
a este amparo interesa, de un lado, la obligación esencial de la institución penitenciaria, 
a la que se encomienda como finalidad primordial, entre otras, la retención y custodia de 
los  internos  (art.  1  de  la  Ley  Orgánica  1/1979,  de  26  de  septiembre,  General 
Penitenciaria [L.O.G.P]), y art. 1 del Real Decreto 1.201/1981, de 8 de mayo (por el que  e.
se  aprueba  el  Reglamento  Penitenciario  [R.P.]),  de  garantizar  y  velar  como  w.
repetidamente se cuida de señalar la legislación penitenciaria (arts. 18, 22.3, 26 d], 29.2,  43ww
3p6o.r3 l,a 4 s1e.1g,u 4ri3d.a4d,  4y5 ,e l5 1b.u1e, nL .oOrd.Gen.P ;r e7g6im, 8e0n,t a8l 9d, e9l 7c, e1n0t4ro, . 1Y1,2 .d4e,  1o8tr2o  cl]a, d1o8, 3e.3l ,c 2o5rr4e lRat.iPv.o) 
dviedbae dr edl eel sitnatbelrencoi mdiee natcoa [taarrt sy.  o4b bs)e Lrv.Oar. Gla.Ps.  nyo 7rm ba) sR d.Pe.] .régimen interior reguladoras de la  BOE-A-cable e
[…]
Los poderes específicos que la Ley atribuye a la Administración penitenciaria para 
prevenir  y  eliminar  alteraciones  del  régimen  disciplinario  y  también  para  sancionar 
administrativamente las infracciones de dicho régimen que puedan cometer los internos 
(SSTC 74/1984, 2/1987, 190/1987, 161/1993, 229/1993, 297/1993 y 129/1995) vienen 
limitados por los derechos fundamentales de los mismos y sus actos no están exentos 
de un control judicial “habida cuenta de las garantías establecidas en el art. 9.3 C.E., y 
las fijadas en el art. 106.1 de la misma C.E.” (SSTC 73/1983 y 129/1995). Control que 
corresponde a los Jueces de Vigilancia Penitenciaria [art. 76.2 e) de la L.O.G.P.], a 
quienes por tanto compete a través del procedimiento correspondiente determinar si 
existió  o  no  vulneración  de  los  derechos  fundamentales  de  dichas  personas» 
(STC 35/1996, de 11 de marzo, FJ 2).»
b)  Entre estos derechos se encuentra el derecho a la libertad de expresión, que 
según jurisprudencia consolidada, tiene por objeto la libre expresión de pensamientos, 
ideas y opiniones, concepto amplio dentro del cual deben incluirse las creencias y juicios 
de valor. Según hemos dicho con reiteración, este derecho comprende la crítica de la 
conducta de otro, aun cuando la misma sea desabrida y pueda molestar, inquietar o 
disgustar a quien se dirige (SSTC 6/2000, de 17 de enero, FJ 5; 49/2001, de 26 de 
febrero, FJ 4, y 204/2001, de 15 de octubre, FJ 4), pues «así lo requieren el pluralismo, 
la tolerancia y el espíritu de apertura, sin los cuales no existe “sociedad democrática” 
(SSTEDH de 23 de abril de 1992, asunto Castells c. España, § 42, y de 29 de febrero 
de 2000, asunto Fuentes Bobo c. España, § 43). Fuera del ámbito de protección de dicho 
derecho se sitúan las frases y expresiones ultrajantes u ofensivas, sin relación con las 
ideas u opiniones que se expongan, y por tanto, innecesarias a este propósito, dado que 
el art. 20.1 a) CE no reconoce un pretendido derecho al insulto, que sería, por lo demás 
incompatible con la norma fundamental [SSTC 204/1997, de 25 de noviembre, 134/1999, 
de 15 de julio, FJ 3; 6/2000, de 17 de enero, FJ 5; 11/2000, de 17 de enero, FJ 7; 
110/2000, de 5 de mayo, FJ 8; 297/2000, de 11 de diciembre, FJ 7; 49/2001, de 26 de 
febrero, FJ 5, y 148/2001, de 15 de octubre, FJ 4 y recientemente 89/2018, de 6 de 
septiembre, FJ 3 a)]».
c)  Ahora bien, en relación con la limitación del ejercicio del derecho a la libertad de 
expresión, hemos afirmado también que los límites a los que está sometida, deben ser 
siempre ponderados con exquisito rigor, habida cuenta de la posición preferente que 
ocupa la libertad de expresión, cuando esta libertad entra en conflicto con otros derechos 
fundamentales o intereses cuyo desconocimiento lleva aparejado una sanción. En tales 
casos, estas limitaciones siempre han de ser interpretadas de tal modo que el derecho 
fundamental  a  la  libertad  de  expresión  no  resulte  desnaturalizado,  debiendo  tener 
siempre presente su contenido constitucional, evitando introducir un factor de disuasión 
del ejercicio de la libertad de expresión, lo que, sin duda, resulta indeseable en el Estado 
democrático. [STC 177/2015, de 22 de julio FJ 2 d)].
d)  Debe añadirse que la condición de interno en un establecimiento penitenciario no 
puede implicar más limitación de sus derechos fundamentales que la expresada en el 
contenido del fallo condenatorio, la derivada del sentido de la pena y la prevista por la ley 
penitenciaria conforme a lo establecido en el art. 25.2 CE (ya en la STC 2/1987, de 21 de 
enero, FJ 6; más recientemente, SSTC 346/2006, de 11 de diciembre, FJ 3; 66/2007, 
de 27 de marzo, FJ 3; 59/2011, de 3 de mayo, FJ 2, y 107/2012, de 21 de mayo, FJ 6). Y 
en este sentido, dada la posición preeminente que en nuestro ordenamiento jurídico 
tienen los derechos fundamentales, en cuanto «proyecciones de los núcleos esenciales  s
de la dignidad de la persona» (art. 10.1 CE) y fundamento del propio Estado democrático  oe.
(art. 1 CE) (entre otras, STC 56/2008, de 14 de abril, FJ 6), estos, en tanto no aparezcan  w.
limitados  por  el  contenido  del  fallo  condenatorio,  el  sentido  de  la  pena  o  la  ley  43ww
ppeenniitteenncciiaarriiaa., operan como límites infranqueables de la actuación de la administración
sancei)ó n Ceno mepl álemtab itloo  daen tlear ipoor te–syt asdo dbirsec ipellilnoa rviao lvseorberme oloss  mintáesr naodse plaenntiete–n cqiaureio sc usaulqpuoineer   BOE-A-cable e
de por sí una grave limitación a la ya restringida libertad inherente al cumplimiento de 
una  pena  (STC  215/2007,  de  8  de  octubre,  FJ  2),  y  no  solo  por  la  naturaleza 
especialmente  aflictiva  de  algunas  de  las  sanciones  previstas  en  la  legislación 
penitenciaria, sino por las muy importantes repercusiones y alcance que para el propio 
interno puede tener la incoación del procedimiento y la imposición de la sanción tanto en 
su régimen de vida como en el tratamiento penitenciario, al condicionar la aplicación de 
instituciones tan sensibles para los derechos del interno como es el normal disfrute de 
los permisos de salida o la posibilidad de progresión en grado –consecuencias de las 
que se lamenta el interno en el recurso de alzada– (STC 59/2011, FJ 2). A la vista de las 
repercusiones  que  para  los  internos  puede  suponer  el  ejercicio  de  la  potestad 
disciplinaria, hemos afirmado en relación con las garantías procesales que sobre la 
administración  penitenciaria  pesa  una  muy  especial  exigencia  de  respetar  y  hacer 
efectivo  el  cumplimiento  de  estas  garantías  en  la  tramitación  que  desarrolle  los 
expedientes disciplinarios» (STC 59/2011, de 3 de mayo, FJ 2).
6. Aplicación de la doctrina expuesta al caso concreto.
Efectuadas las anteriores consideraciones, procede entrar en el fondo del asunto 
analizando la ponderación judicial efectuada del derecho fundamental a la libertad de 
expresión  que  el  recurrente  considera  vulnerado,  atendiendo  a  las  circunstancias 
concurrentes en su ejercicio, al objeto de determinar si las manifestaciones contenidas 
en los escritos por los que ha sido sancionado se desenvuelven dentro de su ámbito 
constitucionalmente  legítimo.  Y,  aunque  los  órganos  judiciales  son  los  que  tienen 
encomendada la función de realizar dicha ponderación, nuestro enjuiciamiento, cuando 
de la infracción de derechos fundamentales sustantivos se trata, no se limita a examinar 
la razonabilidad de la motivación de las resoluciones objeto de impugnación, sino que 
alcanza a comprobar si se ha realizado una ponderación adecuada (STC 89/2018, de 6 
de septiembre, FJ 4).
Llegados a este punto debe indicarse que el acuerdo sancionador se limita a reflejar 
alguna de las expresiones utilizadas en los dos escritos y a indicar que son constitutivas 
de una falta grave del art. 109 a) del Real Decreto 1201/1981, de 8 de mayo, sin atisbo 
alguno de ponderación, pese a que el recurrente manifestó en el pliego de descargo que 
sus expresiones estaban amparadas por el derecho a la libertad de expresión. Y, por su 
parte la resolución judicial que califica los hechos de falta leve del art. 110 a) del mismo 
reglamento y que, en consecuencia, rebaja la sanción, sostiene que: (i) la expresión 
«secuaces» tiene un sentido peyorativo, que se confirma por el contexto global del 
escrito, lo cual resulta ajeno al respeto y consideración legalmente debidos; (ii) en 
relación con la expresión «inquisitoria» se refiere a la ausencia de identificación de los 
miembros  de  la  comisión  disciplinaria,  cuando  «el  proceso  inquisitivo  supondría  la 
ausencia de instructor diferenciado de la comisión que adopta el acuerdo», lo cual no 
consta en modo alguno que se hubiera producido por lo que su atribución «también 
resulta contrario al art. 4.1 c) LOGP» [sic]. Posteriormente, tras exponer el contenido del 
derecho  a  la  libertad  de  expresión,  se  limita  a  aseverar  con  carácter  general  e 
indiferenciado para los dos escritos que: «Por lo tanto se advierte del contenido de los 
escritos que el interno utiliza expresiones formalmente injuriosas e innecesarias para el 
mensaje que desea divulgar, impertinentes en el contexto o finalidad de los escritos, y en 
los  que  en  definitiva  el  emisor  exterioriza  de  forma  no  necesaria  su  personal 
menosprecio o animosidad respecto de las personas a las que falta al respeto».
La argumentación y la conclusión alcanzada por los autos del juzgado de vigilancia  e
penitenciaria  no  pueden  ser  compartidas.  Las  resoluciones  judiciales  y  el  acuerdo  bo
sancionador han desconocido el rigor con el que se deben ponderar los límites a los que  43ww
teustteála sdooms ectiodna  lsaa nlibceiórnta dlo sd ei netxepreresseisó nc,o enn  locas sqouse c oeml oe jeerl cpicreios ednet el,a e rne fleorsi dqau eli baeprataredc hean 
c–onluiseiovanmadeon.t eD idcehsac eoxniogceindcai ap eonr  llaa  paodnmdienrisatcraiócnió vni eyn ee li móprguaensota  jutadmicbiaiél–n,  pdoer  elav intaerc eqsuied aedl 
contenido de la libertad de expresión se desnaturalice y, pueda producirse un efecto
disuasorio en su ejercicio, sobre el sancionado y sobre el conjunto de la población 
reclusa en orden a la formulación de quejas. Tampoco son ajenas a esa especial 
intensidad en el control de la potestad disciplinaria en este caso –como se expondrá más 
adelante–, el fin primordial al que deben sujetarse las instituciones penitenciarias: la 
reeducación y la reinserción social de los sentenciados (art. 1 LOGP) y el que justifica e 
inspira el régimen disciplinario (art. 41 LOGP), ambos preteridos en la ponderación 
realizada por la administración y el órgano judicial.
En efecto procede tomar en consideración ciertos aspectos que son esenciales para 
determinar si el recurrente en amparo hizo un uso legítimo de su derecho fundamental a 
la libertad de expresión y que no han resultado ponderados por la resolución judicial.
a)  En el presente caso debe partirse de que el recurrente en sendos escritos 
ejercitaba el derecho a formular peticiones y quejas ante las autoridades penitenciarias 
que le reconoce el art. 50.1 LOGP. En el primero de los escritos se denunciaban graves 
irregularidades en el funcionamiento del centro penitenciario al no haber recibido los 
requerimientos realizados mediante correo certificado que la comisión de asistencia 
jurídica gratuita le habría remitido para que subsanará ciertos defectos en las solicitudes 
vinculadas a su defensa en otros tantos procedimientos judiciales, y solicitaba la apertura 
de una investigación de lo sucedido al entender que alguno de los secuaces asignados 
por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias sí que los ha recibido y se ha 
encargado diligentemente de no hacérselos llegar. Y el segundo de los escritos se 
materializa en el marco de un procedimiento disciplinario iniciado el 9 de noviembre 
de 2017, y en él se cuestiona que la composición de la comisión disciplinaria ante la que 
comparece no aparece integrada por el número de miembros legalmente exigido y que 
los tres miembros existentes no están identificados, por lo que no puede asegurar si el 
jurista se encuentra o no presente, indicando que la indefensión estaba asegurada 
porque en tales condiciones «aquello más que una comparecencia era una inquisitoria».
b)  Por tanto, la finalidad de los escritos aparece vinculada con el ejercicio de su 
derecho de defensa: (i) bien asociada a los procedimientos judiciales respecto de los que 
había solicitado asistencia jurídica y podrían verse archivadas sus solicitudes por la falta 
de subsanación requerida por la comisión de asistencia jurídica gratuita, sirviendo por 
tanto la queja para justificar la posible falta de atención a los requerimientos que se le 
habían  formulado;  (ii)  bien  en  el  marco  del  procedimiento  disciplinario  en  que 
cuestionaba la infracción del art. 276 del Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el 
que se aprueba el Reglamento penitenciario (RP) por la defectuosa composición de la 
comisión disciplinaria y se dudaba de la presencia del jurista, entre cuyas finalidades se 
encuentra  la  de  informar  a  los  internos  acerca  de  su  situación  penal,  procesal  y 
penitenciaria, pudiendo lograr con ello la nulidad de la sanción que pudiera imponerse. 
En tal contexto, sólo excepcionalmente una restricción -mediante la imposición de una 
sanción-  de  la  libertad  de  expresión  en  el  ejercicio  de  su  defensa  vinculada  a 
procedimientos judiciales o administrativos puede llegar a considerarse necesaria en una 
sociedad democrática, dado el efecto disuasorio que tanto para el recurrente como para 
la población reclusa en general puede suponer, desalentando la formulación de quejas 
por el mal funcionamiento de la administración penitenciaria.
c)  Los  escritos  habían  sido  redactados  por  el  propio  recluso,  sin  que  conste 
asesoramiento alguno por parte del jurista del centro. Iban dirigidos a quien debía velar 
por el correcto funcionamiento del centro penitenciario, de tal modo que su conocimiento 
se circunscribía al jefe de servicio, al subdirector y al director, por lo que con dificultad 
podían ser idóneos para perturbar la finalidad a la que se dirige el régimen disciplinario,  e.
esto es a «garantizar la seguridad y conseguir una convivencia ordenada» (art. 41  w.b
LOGP). Precisamente en tales escritos se ponían de manifiesto graves irregularidades,  43ww
absieisnt epnocri ar egterantcuióitna  dye  qcuoer reasfepcotnadbean cai as quu ed elree chhaob rídae  sdideofe rnesma,it idbaie np opr olra  lcao mdeisfiiócine ndtee 
cporomcpeodsimiciieónnt o des anlac iocnoamdoisr.ió nS ind isecmipblinaargrioa,   qnuoe  coanfesctata, bap esae  laas  lag agraranvtíeadsa dd ed eo trloo 
denunciado y a la facilidad para contrastar su veracidad, que quien tenía competencias
para investigar acordara la práctica de pesquisa alguna. Al contrario, la reacción fue 
instruir un procedimiento disciplinario frente a quien tan graves irregularidades estaba 
denunciando.
d)  No debe pasarse por alto que tanto la administración penitenciaria como el 
órgano judicial desconocieron que la mera decisión de iniciar contra el recurrente un 
procedimiento sancionador como consecuencia de tales escritos, independientemente 
del resultado del procedimiento sancionador y de la sanción que en su caso podía llegar 
a  imponerse,  podía  suponer  un  obstáculo,  dado  el  tiempo  que  le  quedaba  de 
cumplimiento de la pena privativa de libertad para la concesión de permisos de salida 
(art. 47.2 in fine LOGP), para la progresión en grado (art. 65 LOGP), y en consecuencia, 
para el cumplimiento de la pena en régimen abierto (art. 72.2 LOGP), e incluso para la 
obtención de la libertad condicional [art. 90.1 c) del Código penal]. Tan es así que en el 
recurso de alzada firmado el 12 de febrero de 2018, el recurrente se quejaba de las 
consecuencias ocasionadas por la apertura del expediente disciplinario al manifestar que 
le quedaban ciento treinta días de condena y que tenía que estar rehaciendo su vida, 
refiriendo que la apertura del expediente disciplinario le había privado de disfrutar de 
permisos desde hacía ciento dos días, pese a que había disfrutado de veintisiete días de 
permisos hasta ese momento, señalando además que se le había interrumpido su 
evolución  penitenciaria  habiéndosele  denegado  un  grado  que  merecía.  Con  dicha 
alegación, que ningún reflejo tuvo en la ponderación realizada por el juez de vigilancia 
penitenciaria se evidenciaba la afectación que la sanción había supuesto a los fines de la 
reeducación y reinserción social que integran el «fin primordial» de las instituciones 
penitenciarias (art. 1 LOGP), al no haberse valorado tan siquiera –ni por los órganos de 
la administración, ni por el órgano judicial– que el recurrente estaba en la fase final del 
cumplimiento de la condena. Con ello se desconocían las repercusiones que para el 
recurrente podían derivarse del ejercicio de la potestad disciplinaria, y la muy especial 
exigencia de respetar y hacer efectivo el cumplimiento de las garantías del interno en la 
tramitación que desarrolle los expedientes disciplinarios (STC 59/2011, FJ 2).
e)  Si bien lo anteriormente expuesto llevaría a estimar la vulneración del derecho 
invocado, no está de más detenerse en los términos por los que ha sido sancionado, a 
fin de verificar si son ajenos al ámbito protector de la libertad de expresión ejercida por 
un interno en un centro penitenciario mediante una queja escrita en la que se pone de 
manifiesto  la  existencia  de  graves  irregularidades  en  el  funcionamiento  de  la 
administración penitenciaria vinculadas a su derecho de defensa en procedimientos 
judiciales y administrativos sancionadores, y que iba dirigida a quien tenía el deber de 
investigar la realidad de las graves irregularidades denunciadas.
Debemos convenir con el ministerio fiscal que la expresión utilizada por el recurrente 
«secuaces» –en sí misma considerada y en relación con las circunstancias relevantes 
del caso–, no puede ser considerada ultrajante u ofensiva, o carente de relación con la 
queja formulada o con la finalidad pretendida, y por tanto innecesaria, por más que su 
utilización  pudiera  molestar,  inquietar  o  disgustar  a  quien  estuviera  encargado  de 
tramitarla (SSTC 6/2000, de 17 de enero, FJ 5; 49/2001, de 26 de febrero, FJ 4, 
y 204/2001, de 15 de octubre, FJ 4). En tal sentido, el recurrente ponía de manifiesto, sin 
dirigirse contra persona alguna, de modo desabrido, pero sin excederse del ejercicio de 
la  libertad  de  expresión  –dadas  las  circunstancias  expuestas–,  su  malestar  por  no 
haberle sido entregados por quienes aplican los criterios de la Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias los requerimientos realizados por correo certificado pudiendo 
ocasionarle perjuicios en los diversos procedimientos judiciales en curso. A la misma  s
conclusión, debemos llegar en relación con el calificativo «inquisitorial» que el recurrente  oe.
atribuía a la comparecencia ante la comisión disciplinaria integrada tan solo por tres  w.
miembros en lugar de los legalmente previstos y con el que únicamente pretendía  43ww
dcuisecsiptiloinnaarri o laq uein esexi sdteirnigcíiaa  codnet rag aérla. nDtíea st all emgoadlmoe qnutee  neixnigguidnaas  dee nl asu nd osp roecxepdreimsiioennetos 
qeune q huaen s dea udtoil ilzuagraorn ,a  yl ae sl aónrcgiaónno,  daal dqau es us sei gdnirifigicíaacni,ó nq,u eel  ecroan teelx tqou, el at efonríma ae ly d feinbaelird daed   BOE-A-cable e
verificar la realidad de las graves irregularidades denunciadas, merece censura jurídica 
alguna.
Por el contrario lo que merece desaprobación es la reacción de quienes teniendo el 
deber de garantizar los derechos de los internos en el centro penitenciario así como de 
investigar la realidad de los graves excesos denunciados, desconocieron el derecho a la 
libertad de expresión del recurrente, la finalidad primordial de la pena y del régimen 
disciplinario, desalentando al demandante de amparo y por extensión al resto de los 
internos  en  el  ejercicio  de  su  derecho  a  formular  quejas  y  poniendo  en  peligro  el 
imperativo de todo Estado de Derecho por el que la justicia no se debe detener en la 
puerta de las prisiones (STEDH de 28 de junio de 1984, asunto Campbell y Fell).
Por lo expuesto debemos concluir que la conducta del recurrente se desarrolló dentro 
de los márgenes que delimitan el legítimo ejercicio del derecho a la libertad de expresión 
reconocido  en  el  art.  20.1  a)  CE,  por  lo  que  la  sanción  impuesta  resultó 
constitucionalmente ilegítima. Procede estimar la demanda de amparo, anular las citadas 
resoluciones judiciales y el acuerdo administrativo sancionador.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Otorgar  el  amparo  solicitado  por  don  Andrés  de  la  Calzada  Carrilero  y,  en 
consecuencia:
1.º  Declarar que ha sido vulnerado su derecho a la libertad de expresión [art. 20.1 a) CE].
2.º  Restablecerle en la integridad de su derecho y, a tal fin, declarar la nulidad de 
los autos del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Murcia núm. 1, de 20 de marzo y 7 
de mayo de 2018 y, el acuerdo sancionador de 8 de febrero de 2018, del que traen 
causa, adoptado por la comisión disciplinaria del centro penitenciario de Murcia II, en el 
expediente disciplinario núm. 114-2018.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a diez de febrero de dos mil veinte.–Juan José González Rivas.–
Andrés  Ollero  Tassara.–Santiago  Martínez-Vares  García.–Alfredo  Montoya  Melgar.–
Cándido Conde-Pumpido Tourón.–María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y rubricado.