BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 125 Miércoles 26 de mayo de 2021 Sec. I.   Pág. 63836
I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA,
RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
8750 Real Decreto 369/2021, de 25 de mayo, por el que se modifican el Real 
Decreto 358/1991, de 15 de marzo, por el que se reordena la Organización 
Nacional de Ciegos Españoles; el Real Decreto 415/1996, de 1 de marzo, por 
el que se establecen las normas de ordenación de la Cruz Roja Española; el 
Real  Decreto  177/2004,  de  30  de  enero,  por  el  que  se  determina  la 
composición,  funcionamiento  y  funciones  de  la  Comisión  de  protección 
patrimonial de las personas con discapacidad; el Real Decreto 1855/2009, de 
4 de diciembre, por el que se regula el Consejo Nacional de la Discapacidad; 
y el Real Decreto 774/2017, de 28 de julio, por el que se regula la Comisión 
para el Diálogo Civil con la Plataforma del Tercer Sector.
El  Real  Decreto  2/2020,  de  12  de  enero,  por  el  que  se  reestructuran  los 
departamentos ministeriales, atribuye al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 
la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materias, entre otras, de bienestar 
social, de familia, de protección del menor y de atención a las personas en situación de 
dependencia o con discapacidad.
Por su parte, el Real Decreto 452/2020, de 10 de marzo, por el que se desarrolla la 
estructura orgánica básica del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, y se 
modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura 
orgánica básica de los departamentos ministeriales, desarrolla la estructura orgánica 
básica del citado departamento, actualizando y reordenando las funciones atribuidas a 
sus  órganos  superiores  y  directivos,  con  el  fin  de  conseguir  la  máxima  eficacia  y 
racionalización en el cumplimiento de sus objetivos, entre los que se encuentran la 
promoción y desarrollo de las políticas dirigidas a las personas con discapacidad, en el 
ámbito de las competencias constitucionalmente reservadas al Estado, y el ejercicio de 
la tutela del Estado sobre las entidades asistenciales ajenas a la Administración.
Por último, la disposición transitoria segunda de dicho real decreto contempla un 
régimen transitorio de los órganos colegiados dependientes del extinto Ministerio de 
Sanidad, Consumo y Bienestar Social, que ahora se integran dentro del Ministerio de 
Derechos Sociales y Agenda 2030, y que continuarán realizando sus funciones en tanto 
no se aprueben las nuevas normas reguladoras adaptadas a lo dispuesto en el citado 
real decreto.
Dentro de ese conjunto de órganos colegiados deben mencionarse el Consejo de 
Protectorado  de  la  Organización  Nacional  de  Ciegos  Españoles,  el  Consejo  de 
Protección  de  Cruz  Roja  Española,  la  Comisión  de  protección  patrimonial  de  las 
personas con discapacidad, el Consejo Nacional de la Discapacidad y la Comisión para 
el Diálogo Civil con la Plataforma del Tercer Sector. Todos ellos, con una naturaleza 
jurídica  común  por  encuadrarse  dentro  de  los  órganos  colegiados  previstos  por  el 
artículo 15.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 
ya que están constituidos por representantes de diferentes departamentos ministeriales y  s
de  organizaciones  representativas  de  intereses  sociales,  bajo  la  Presidencia  de  la  e.
persona titular del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, excepto la Comisión  w.
de protección patrimonial de las personas con discapacidad que es presidida por la  50ww
pAesrimsoisnma oti,t udleabr ed ed elsat aSceacrrseet aqruíae  dceu eEnstatand coo dne u nD eréregcimhoesn  jSuorícdiiacloe ss idneg uelasre  ddeeripvaardtaom deen ltoos. 
reales decretos que ordenan su creación, composición y funciones.
En este sentido puede señalarse que el Consejo de Protectorado de la Organización 
Nacional de Ciegos Españoles y el Consejo de Protección de Cruz Roja Española, 
regulados, respectivamente, en el Real Decreto 358/1991, de 15 de marzo, por el que se 
reordena la Organización Nacional de Ciegos Españoles, y en el Real Decreto 415/1996, 
de 1 de marzo, por el que se establecen las normas de ordenación de la Cruz Roja 
Española, son los órganos colegiados a través de los que el Ministerio de Derechos 
Sociales y Agenda 2030 ejerce el protectorado del Estado sobre ambas instituciones.
Así, el artículo 8.3 del Real Decreto 358/1991, de 15 de marzo, establece que 
corresponde  al  Consejo  de  Protectorado,  órgano  colegiado  de  composición 
interministerial, velar por la observancia de la legalidad, el cumplimiento de los fines de 
esa organización, el estricto control público sobre sus actividades de juego, así como la 
alta inspección de todos los servicios y actividades de la misma.
Por su parte, el Real Decreto 415/1996, de 1 de marzo, configura el Consejo de 
Protección de Cruz Roja Española, como el órgano colegiado de carácter interministerial, 
que  facilitará  el  desarrollo  de  los  fines  de  la  Cruz  Roja  Española,  velará  por  la 
observancia de la legalidad y la correcta aplicación de sus recursos, ejercerá la alta 
inspección  de  la  Institución  y  promoverá  la  cooperación  para  el  desarrollo  de  la 
solidaridad social en el marco de la Institución.
Por su parte, puede señalarse que la Comisión de protección patrimonial de las 
personas con discapacidad, órgano de apoyo, auxilio y asesoramiento del Ministerio 
Fiscal, se encuentra regulada por el Real Decreto 177/2004, de 30 de enero, por el que 
se determina la composición, funcionamiento y funciones de la Comisión de protección 
patrimonial de las personas con discapacidad.
Asimismo, el Real Decreto 1855/2009, de 4 de diciembre, por el que se regula el 
Consejo Nacional de la Discapacidad, regula dicho órgano de carácter consultivo, con el 
objetivo de institucionalizar la colaboración del movimiento asociativo de las personas 
con discapacidad y sus familias y la Administración General del Estado, para la definición 
y coordinación de una política coherente de atención integral de este colectivo.
Además, el Real Decreto 774/2017, de 28 de julio, por el que se regula la Comisión 
para el Diálogo Civil con la Plataforma del Tercer Sector, regula la colaboración de la 
Administración General del Estado con la Plataforma del Tercer Sector a través de este 
órgano colegiado al objeto de articular la necesaria cooperación y colaboración para dar 
solución  a  los  problemas  a  los  que  se  enfrentan  diariamente  las  personas  más 
desfavorecidas.
Por todo lo anterior, la nueva estructura de la Administración General del Estado 
consecuencia de la entrada en vigor del Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, y del Real 
Decreto 452/2020, de 10 de marzo, exige adecuar los citados órganos colegiados a la 
actual estructura departamental con el fin de permitir un óptimo desempeño de sus 
funciones.
La norma proyectada se adecúa a los principios de buena regulación, principios de 
necesidad,  eficacia,  proporcionalidad,  seguridad  jurídica,  transparencia  y  eficiencia, 
según establece el artículo 129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
De forma que este real decreto se adecúa a los principios de necesidad y eficacia 
puesto que la adopción de la norma es necesaria para adecuar la composición de los 
órganos afectados a la actual estructura ministerial surgida tras la aprobación del Real 
Decreto  139/2020,  de  28  de  enero,  lo  que  resulta  imprescindible  para  asegurar  la 
continuidad y regularidad de su funcionamiento, así como eficaz en el cumplimiento de  s
ese propósito. oe.
Es también adecuada al principio de proporcionalidad, en cuanto se trata de una  w.
norma  puramente  organizativa,  que,  en  consecuencia,  no  restringe  derechos  ni  50ww
liberAtaddeemsá nsi,  imesptoen ree aolb dligeacrceioton efas.vorece la seguridad jurídica, al adecuar la composición
dpeu eldoasn ó crgoanntionsu aarf eccotna dsous  fuan lcai oensatmruicetnutroa  odredpinaartraiom. eAn tsaul  veexzis,t eennt er,e llaoc iqóune  apl eprrminictiirpái oq udee   BOE-A-cable e
transparencia, se ha facilitado la participación de las entidades reguladas por las normas 
que son objeto de modificación en este real decreto.
En último término, la adecuación al principio de eficiencia está justificada puesto que 
la iniciativa normativa no impone cargas administrativas ni afecta a las existentes.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 y del 
Ministro de Justicia, con la aprobación previa del Ministro de Política Territorial y Función 
Pública, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 25 de mayo 
de 2021,
DISPONGO:
Artículo primero.  Modificación del Real Decreto 358/1991, de 15 de marzo, por el que 
se reordena la Organización Nacional de Ciegos Españoles.
El Real Decreto 358/1991, de 15 de marzo, por el que se reordena la Organización 
Nacional de Ciegos Españoles, queda modificado como sigue:
Uno.  Los apartados 2 y 6 del artículo 7 quedan redactados del siguiente modo:
«2.  El Acuerdo del Consejo de Ministros que contenga la autorización se 
adoptará  a  propuesta  del  titular  del  Ministerio  de  Derechos  Sociales  y 
Agenda 2030 o del Ministerio que en cada momento ostente la competencia sobre 
el Consejo de Protectorado de la ONCE, de acuerdo con las personas titulares de 
los  Ministerios  de  Hacienda  y  de  Consumo,  previo  informe  del  Consejo  de 
Protectorado  y  oído  el  Consejo  General  de  la  Organización,  y  definirá  con 
precisión los términos, alcance y duración de la autorización.
A tal fin, serán de aplicación los siguientes criterios:
a)  El  régimen  de  autorizaciones  se  basará  en  la  fijación  de  criterios  e 
indicadores que establezcan límites máximos, dentro de los cuales la ONCE, como 
entidad que garantiza la existencia de un circuito sujeto a un estricto control 
público  para  la  explotación  de  las  modalidades  de  juego  autorizadas,  podrá 
desarrollar la gestión de dichas modalidades de juego. Dichos límites no podrán 
sobrepasarse sin la previa y expresa autorización al respecto, cualquiera que sea 
la modalidad de juego, pasivo, activo o instantáneo, de que se trate.
b)  Respecto del cupón, dichos límites máximos se referirán al menos al 
volumen máximo de emisión y ventas anuales; porcentaje máximo de premios; 
precios  máximos  del  cupón  y  los  criterios  para  su  actualización;  sorteos 
extraordinarios,  y  cuantas  otras  cuestiones  sean  precisas  para  un  correcto 
ejercicio por la ONCE de la concesión estatal del cupón.
c)  Cuando se trate de modalidades y productos de juego de naturaleza 
activa, instantánea o pasiva distinta del cupón, la autorización expresará, de forma 
clara, los términos, condiciones y límites máximos dentro de los cuales la ONCE 
podrá desarrollar la gestión de dichas modalidades y productos de juego.»
«6.  Al  objeto  descrito  en  el  apartado  anterior,  la  ONCE  remitirá  la 
correspondiente propuesta al Consejo de Protectorado, que la someterá a informe 
preceptivo de los departamentos ministeriales de Hacienda y de Consumo.
A la vista de la propuesta y del citado informe, que deberá ser emitido en el 
plazo  de  quince  días,  y  de  conformidad  con  los  representantes  de  la  e.
Administración General del Estado, el Consejo de Protectorado, con observancia  w.b
de los procedimientos y criterios de control y supervisión a los que se refieren el  50ww
pdáercrraeftoo ,c puraorctoe ddeerlá a ap avretaridfioc aarn qteureio lra y p lrao pduisepsotasi cdieó nla f iOnaNl CseEg suen daaju dsteal ,p croense cnatreá rcetearl 
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juego autorizados a la ONCE y cumple los requisitos establecidos en el párrafo 
cuarto del apartado anterior.»
Dos.  El apartado 1, los párrafos b) y c) del apartado 2, así como el párrafo c) del 
apartado 3, del artículo 8 quedan redactados del siguiente modo:
«1.  El Protectorado del Estado sobre la Organización Nacional de Ciegos 
Españoles corresponde al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, o 
aquel otro departamento ministerial que en cada momento tenga atribuida esta 
competencia, conforme a las disposiciones que regulen la estructura orgánica de 
los departamentos ministeriales.»
«b)  Siete  vocalías  en  representación  de  la  Administración  General  del 
Estado:  dos  en  representación  del  Ministerio  de  Derechos  Sociales  y 
Agenda  2030;  una  por  el  Ministerio  de  Consumo;  una  por  el  Ministerio  de 
Hacienda; una por el Ministerio del Interior; una por el Ministerio de Educación y 
Formación Profesional y una por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Cada 
vocalía, tanto titular como suplente, será designada por la persona titular de su 
departamento respectivo y recaerá en la persona titular de un órgano de dicho 
departamento con rango al menos de dirección general.
Cada representante de la Administración se sustituirá por su vocalía suplente 
en los casos de ausencia, enfermedad o cualquier otra causa justificada.
En la designación de vocalías deberá atenderse al principio de presencia 
equilibrada de mujeres y hombres.
c)  Siete vocalías en representación de la ONCE ejercidas por el titular de la 
Presidencia del Consejo General de la ONCE y por seis representantes más de 
dicha organización, nombrados por su órgano de gobierno de entre las personas 
que pertenezcan a la alta dirección de la entidad.»
«c)  Informar,  con  la  conformidad  de  los  Ministerios  de  Consumo  y  de 
Hacienda y con carácter previo al sometimiento al Consejo de Ministros, las 
propuestas que se eleven a este respecto de las autorizaciones que, en materia 
de modalidades y productos de juego autorizados a la ONCE, sean precisas 
conforme a lo previsto en el artículo 7.»
Tres.  El párrafo b) del artículo 9 queda redactado del siguiente modo:
«b)  Cinco vocalías, dos en representación de la Administración General del 
Estado y tres representantes del máximo nivel designados por el Consejo General 
de la ONCE. Los dos representantes de la Administración General del Estado 
tendrán, al menos, rango de director general, uno en representación del Ministerio 
de Derechos Sociales y Agenda 2030, y otro en representación del Ministerio de 
Consumo; ambos designados por el titular del respectivo departamento.
Quienes ejerzan las vocalías en representación de la Administración General 
del Estado serán sustituidos por un vocal suplente, con rango al menos de director 
general, designado por el titular del correspondiente departamento, y quienes 
ejerzan las vocalías en representación de la ONCE serán sustituidos por un vocal 
suplente de alto nivel designado por el Consejo General de la ONCE.»
Cuatro.  En  la  disposición  final  primera,  se  sustituye  la  expresión  «Ministra  de  s
Asuntos  Sociales»  por  «la  persona  titular  del  Ministerio  de  Derechos  Sociales  y  oe.
Agenda 2030». w.
Cinco.  Se suprime la disposición final segunda. 50ww
Artículo segundo.  Modificación del Real Decreto 415/1996, de 1 de marzo, por el que 
establecen las normas de ordenación de la Cruz Roja Española.
El Real Decreto 415/1996, de 1 de marzo, por el que se establecen las normas de 
ordenación de la Cruz Roja Española, queda modificado como sigue:
Uno.  Se modifica el artículo 8, que presentará el siguiente tenor literal:
«Artículo 8.  De la protección del Estado.
La protección del Estado en relación con Cruz Roja Española corresponde al 
Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, o a aquel otro Ministerio que en 
cada momento tenga atribuida esta competencia, y se ejercerá a través de un 
Consejo  de  Protección,  coordinando  al  efecto  la  actuación  de  los  demás 
departamentos ministeriales.»
Dos.  Se modifica el apartado 2 del artículo 9, que presentará el siguiente tenor literal:
«2.  El Consejo de Protección de Cruz Roja Española tendrá la siguiente 
composición:
a)  La  Presidencia  será  ejercida  por  la  persona  titular  del  Ministerio  de 
Derechos Sociales y Agenda 2030. La forma de sustitución de la persona que 
ejerza la presidencia se realizará por acuerdo del Pleno.
b)  Vocalías:
1.º  Dos representantes del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, 
y  uno  de  cada  uno  de  los  siguientes  Ministerios:  Asuntos  Exteriores,  Unión 
Europea  y  Cooperación;  Justicia;  Defensa;  Interior;  Transportes,  Movilidad  y 
Agenda  Urbana;  Educación  y  Formación  Profesional;  Agricultura,  Pesca  y 
Alimentación; Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática; 
Sanidad; Consumo; Igualdad; Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Cada 
vocalía, tanto titular como suplente, será designada por la persona titular de su 
departamento respectivo y recaerá en la persona titular de un órgano de dicho 
departamento con rango al menos de dirección general. En cuanto al Ministerio de 
Defensa,  podrá  designarse,  en  su  caso,  a  una  persona  representante  con 
categoría militar de Oficial General.
2.º  La persona que ostente la Presidencia de Cruz Roja Española.
3.º  Catorce miembros del Comité Nacional de Cruz Roja Española elegidos 
por el mismo de entre los representantes de dicha institución.
c)  Secretaría: la persona titular de la subdirección general o, en su caso, del 
órgano administrativo del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que 
tenga atribuida la asistencia técnica e instrumental al ejercicio de la protección del 
Estado sobre la Cruz Roja Española, que actuará con voz y sin voto.
Cada representante de la Administración se sustituirá por su vocalía suplente 
en los casos de ausencia o de enfermedad o cuando concurra alguna causa 
justificada, y cada uno de los vocales representantes de Cruz Roja Española será 
sustituido  por  un  vocal  suplente,  del  máximo  nivel,  designado  por  la  propia 
Institución. La persona titular de la secretaría del Consejo será sustituida por la  es
titular de otra subdirección general u órgano administrativo de la dirección general  bo
que ejerza las funciones de tutela sobre Cruz Roja Española, designada por la  50ww
pPererssEToiadnnme anlbsac i éqiadnu.e es psigoendaarnác ncióo nna vsdoiesct airvd oaccsoa melíxaops r evdsoeacbmaeleerásn ,t ea ctpeoonnrd  leavr osPzer, e aspli deperorni ncicsaiip.ni ov odteo , praeqsueenllcaias   OE-A-2021-87able en https://
equilibrada de mujeres y hombres.»
Tres.  Se modifica la disposición adicional única, que presentará el siguiente tenor 
literal y pasándose a denominar disposición adicional primera:
«Disposición  adicional  primera.  Ejecución  de  resoluciones  judiciales  y 
administrativas.
Será  aplicable  a  la  ejecución  de  resoluciones  judiciales  y  administrativas 
condenatorias  de  Cruz  Roja  Española  lo  dispuesto  en  la  legislación  vigente 
respecto  a  la  ejecución  de  las  sentencias  condenatorias  a  la  Administración 
General  del  Estado  y,  especialmente,  lo  dispuesto  en  el  artículo  106  de  la 
Ley  29/1998,  de  13  de  julio,  reguladora  de  la  Jurisdicción  Contencioso-
administrativa, correspondiendo al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 
las funciones que dicha legislación atribuye a la autoridad administrativa que debe 
llevar a puro y debido efecto la ejecución de las resoluciones de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 23 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 
Presupuestaria, sin perjuicio de la potestad jurisdiccional en orden a la ejecución 
de las sentencias.»
Cuatro.  Se crea una nueva disposición adicional segunda con el siguiente tenor literal:
«Disposición adicional segunda.  Normativa aplicable.
Sin  perjuicio  de  las  peculiaridades  previstas  en  el  reglamento  de 
funcionamiento interno aprobado por el Pleno, el Consejo de Protección de Cruz 
Roja  Española  se  ajustará  a  las  normas  de  organización  y  funcionamiento 
establecidas en el capítulo II, sección 3.ª, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público.»
Cinco.  Se modifica la disposición final primera, que presentará el siguiente tenor literal:
«Disposición final primera.  Habilitación reglamentaria.
Se  habilita  a  la  persona  titular  del  Ministerio  de  Derechos  Sociales  y 
Agenda 2030 para dictar, en el ámbito de sus competencias, las disposiciones que 
sean necesarias para el cumplimiento de este real decreto.»
Seis.  En  los  artículos  1.1,  5.3  y  9.1,  se  sustituye  la  expresión  «Ministerio  de 
Asuntos Sociales» por «Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030».
Artículo tercero.  Modificación del Real Decreto 177/2004, de 30 de enero, por el que 
se  determina  la  composición,  funcionamiento  y  funciones  de  la  Comisión  de 
protección patrimonial de las personas con discapacidad.
El Real Decreto 177/2004, de 30 de enero, por el que se determina la composición, 
funcionamiento y funciones de la Comisión de protección patrimonial de las personas 
con discapacidad, queda modificado como sigue:
Uno.  El apartado 2 del artículo 1 tendrá la siguiente redacción:
«2.  La  Comisión  quedará  adscrita  al  Ministerio  de  Derechos  Sociales  y 
Agenda 2030 a través de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales.» es
Dos.  Se modifica el artículo 3, que queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 3.  Composición.
1.  Integran la Comisión:
a)  La presidencia.
b)  Las vicepresidencias.
c)  Las vocalías.
d)  La secretaría.
2.  Ostentará la Presidencia de la Comisión la persona titular de la Secretaría 
de Estado de Derechos Sociales.
3.  Las vicepresidencias primera y segunda de la Comisión las ostentarán, 
respectivamente, la persona titular de la Dirección General de Derechos de las 
Personas con Discapacidad y la persona designada por la persona titular del 
Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, a propuesta de la asociación de 
utilidad pública más representativa en el ámbito estatal de los diferentes tipos de 
discapacidad, que sustituirán, por su orden, a quien desempeñe la presidencia en 
los casos de vacancia, ausencia, enfermedad u otra causa legal.
Asimismo,  la  persona  titular  del  Ministerio  de  Derechos  Sociales  y 
Agenda 2030 designará las personas suplentes de ambas vicepresidencias en los 
casos de ausencia o de enfermedad o cuando concurra alguna causa justificada.
4.  Las personas que ostenten en cada momento las vocalías de la Comisión 
serán:
a)  Siete  en  representación  de  la  Administración  General  del  Estado, 
designadas  por  la  persona  titular  del  Ministerio  de  Derechos  Sociales  y 
Agenda  2030,  a  propuesta  de  cada  departamento  ministerial  competente, 
conforme a la siguiente distribución:
1.º  Por  el  Ministerio  de  Derechos  Sociales  y  Agenda  2030,  cuatro 
representantes, uno de la Dirección General de Diversidad Familiar y Servicios 
Sociales,  uno  de  la  Dirección  General  de  Derechos  de  las  Personas  con 
Discapacidad, uno de la Dirección General de Derechos de la Infancia y de la 
Adolescencia y uno del Instituto de Mayores y Servicios Sociales.
2.º  Una persona que ostente la vocalía en representación de cada uno de los 
siguientes Ministerios: de Justicia, de Hacienda y de la Presidencia, Relaciones 
con las Cortes y Memoria Democrática.
b)  Una persona que ostente la vocalía en representación del Ministerio Fiscal 
y otra en representación del Consejo General del Poder Judicial que ejerza la 
Presidencia del órgano Rector del Foro Justicia y Discapacidad.
Las personas suplentes de las vocalías en representación de la Administración 
General del Estado, del Ministerio Fiscal y del Consejo General del Poder Judicial 
serán  propuestas  por  sus  respectivos  departamentos  ministeriales,  por  el 
Ministerio Fiscal, y por el Consejo General del Poder Judicial, respectivamente, 
para que sean designadas simultáneamente con sus titulares y de la misma forma 
para la sustitución de las personas de las vocalías titulares en los casos de 
ausencia, enfermedad o cualquier otra causa justificada. es
c)  Nueve  en  representación  del  sector  asociativo,  representantes  de  la  o
dcaeMoisnfinemofeircsoerimta nectelreaiiódossna    ddtpide,p ee ourD ss u oeotdnritelearidca sah d dociss sauc puapSúspleobaancl iccitlaieeadlsge a asmdl p.,á  yasL sr aAaer srgeá elponpnrs eed drsassee ousn2npit0gaau3nstei0a vs,dqa toau assee    pnpodr ooseeptr le  uvnáleaatmse ctnbaap in etlodcras eisao e ,nl svaatoa a cauttaassitlloeu íacnldasicear,i   caadil óoseonsíl      OE-A-2021-8750able en https://www.
correspondiente.
5.  La  Comisión  contará  asimismo  con  dos  personas  asesoras  expertas, 
designadas  por  la  persona  titular  de  la  Secretaría  de  Estado  de  Derechos 
Sociales, de entre quienes cuenten con un reconocido prestigio y trayectoria en 
materias  relacionadas  con  las  personas  con  discapacidad  y  sus  familias, 
preferentemente  en  cuestiones  de  fiscalidad  y  protección  patrimonial  de  este 
grupo social. Las mismas, participarán, con voz y sin voto, en las sesiones de los 
órganos del Consejo proporcionando un asesoramiento técnico.
6.  Ostentará la secretaría de la Comisión, con voz, pero sin voto, la persona 
titular de la Subdirección General de Coordinación y Ordenación de la Dirección 
General de Derechos de las Personas con Discapacidad. Cuando concurra alguno 
de los supuestos contemplados por el artículo 19 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre,  será  sustituida  por  la  persona  titular  de  la  Subdirección  General  de 
Diálogo Civil, adscrita a la misma Dirección General.
7.  En  la  designación  de  vocalías  correspondientes  a  la  Administración 
General del Estado, y de las personas asesoras externas, deberá atenderse al 
principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres.»
Tres.  Se suprime la disposición adicional segunda.
Cuatro.  Se actualizan las referencias orgánicas en los siguientes términos:
a)  En los artículos 2.h) y j), 4.4.a) y 6, se sustituye la expresión «Ministerio de 
Sanidad y Política Social» por «Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030».
b)  En  el  artículo  4.4.a),  se  sustituye  la  expresión  «Ministerio  de  Economía  y 
Hacienda» por «Ministerio de Hacienda».
c)  En  la  disposición  adicional  primera,  se  sustituye  la  expresión  «Secretaría 
General  de  Política  Social  y  Consumo»  por  «Secretaría  de  Estado  de  Derechos 
Sociales».
d)  En la disposición final primera se sustituye la expresión «Ministerios de Sanidad 
y Política Social y de Justicia» por «Ministerios de Derechos Sociales y Agenda 2030 y 
de Justicia».
Artículo cuarto.  Modificación del Real Decreto 1855/2009, de 4 de diciembre, por el 
que se regula el Consejo Nacional de la Discapacidad.
El Real Decreto 1855/2009, de 4 de diciembre, por el que se regula el Consejo 
Nacional de la Discapacidad, queda modificado como sigue:
Uno.  Se modifica el artículo 3, quedando redactado de la siguiente manera:
«Artículo 3.  Composición.
El Consejo Nacional de la Discapacidad está constituido por la presidencia, 
tres  vicepresidencias,  cuarenta  y  cuatro  vocalías,  cuatro  personas  asesoras 
expertas y la secretaría.»
Dos.  Se modifica el apartado 1 del artículo 4, quedando redactado de la siguiente 
manera:
«1.  Ejercerá la presidencia del Consejo la persona titular del Ministerio de 
Derechos Sociales y Agenda 2030.»
Tres.  Se modifican los apartados 1, 2 y 5 del artículo 5, quedando redactados de la  b
siguiente manera: 50ww
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2.  Ejercerá la vicepresidencia segunda la persona titular de la Dirección 
General de Derechos de las Personas con Discapacidad, quien sustituirá a la 
persona titular de la presidencia en los casos de vacancia, ausencia, enfermedad 
u otra causa legal y en defecto de la persona titular de la vicepresidencia primera.»
«5.  La persona titular de la vicepresidencia segunda será sustituida por una 
persona suplente, nombrada por la persona titular del Ministerio de Derechos 
Sociales y Agenda 2030, con rango de titular de una dirección general de dicho 
Ministerio, en los casos de vacancia, ausencia, enfermedad u otra causa legal.»
Cuatro.  Se  modifica  el  apartado  1  del  artículo  6,  quedando  redactado  de  la 
siguiente manera:
«1.  Serán vocales del Consejo, garantizando la participación equilibrada por 
razón de género:
a)  Veintidós  vocales  en  representación  de  la  Administración  General  del 
Estado,  en  función  de  sus  competencias  en  materias  relacionadas  directa  o 
indirectamente con las personas con discapacidad y sus familias, conforme a la 
siguiente distribución:
1.º  Por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, las personas 
titulares  de  los  siguientes  órganos:  Dirección  General  de  Derechos  de  las 
Personas con Discapacidad, Instituto de Mayores y Servicios Sociales, Dirección 
General  de  Diversidad  Familiar  y  Servicios  Sociales,  Dirección  General  de 
Derechos de la Infancia y de la Adolescencia y Dirección General de Políticas 
Palanca para el cumplimiento de la Agenda 2030.
2.º  Por otros departamentos, una persona representante, con rango de titular 
de una dirección general, de los siguientes Ministerios: Asuntos Exteriores, Unión 
Europea  y  Cooperación;  Justicia;  Defensa;  Hacienda;  Interior;  Transportes, 
Movilidad  y  Agenda  Urbana;  Educación  y  Formación  Profesional;  Trabajo  y 
Economía  Social;  Industria,  Comercio  y  Turismo;  Agricultura,  Pesca  y 
Alimentación; Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática; 
Política Territorial y Función Pública; Cultura y Deporte; Asuntos Económicos y 
Transformación Digital; Sanidad; Igualdad y Consumo.
b)  Veintidós vocales representantes de la asociación de utilidad pública más 
representativa  de  ámbito  estatal  que  agrupe  a  las  organizaciones  más 
representativas de los diferentes tipos de discapacidad.»
Cinco.  Se modifica el apartado 1 del artículo 7, quedando redactado de la siguiente 
manera:
«1.  Ejercerá la secretaría, con voz, pero sin voto, la persona responsable de 
la unidad correspondiente de la Dirección General de Derechos de las Personas 
con Discapacidad que tenga atribuidas las competencias específicas en materia 
de discapacidad. En los casos de vacancia, ausencia o enfermedad, la persona 
titular de la secretaría del Consejo será sustituida por una persona funcionaria, con 
rango de titular de una subdirección general, adscrita a la misma dirección general 
y  designada  por  la  persona  titular  del  Ministerio  de  Derechos  Sociales  y 
Agenda 2030.» s
Seis.  El apartado 3 del artículo 10 queda redactado como sigue:
«3.  Ejercerán las vocalías de la Comisión Permanente:
a)  Seis de las vocalías del Pleno que participan en representación de la 
Administración  General  del  Estado  por  los  ministerios  siguientes:  Justicia; 
Hacienda;  Transportes,  Movilidad  y  Agenda  Urbana;  Educación  y  Formación 
Profesional; Trabajo y Economía Social y Asuntos Económicos y Transformación 
Digital.
b)  Las personas titulares de la Dirección del Instituto de Mayores y Servicios 
Sociales y de la Dirección General de Diversidad Familiar y Servicios Sociales.
c)  Ocho de las vocalías del Pleno que participan en representación de la 
organización más representativa de personas con discapacidad y sus familias, 
nombradas por el procedimiento previsto en el artículo 6.6.b).»
Siete.  Se suprime la disposición adicional tercera.
Ocho.  Se actualizarán las referencias orgánicas en los siguientes términos:
a)  En los artículos 1.1; 6, apartados 4, 5 y 6; 8.1; 18, apartados 2 y 3; en la 
disposición adicional segunda y en la disposición final primera, se sustituye la expresión 
«Ministerio  de  Sanidad  y  Política  Social»  por  «Ministerio  de  Derechos  Sociales  y 
Agenda 2030».
b)  En el artículo 12.2 y en el apartado 2 de la disposición adicional segunda, se 
sustituye la expresión «Dirección General de Coordinación de Políticas Sectoriales sobre 
la  Discapacidad»  por  «Dirección  General  de  Derechos  de  las  Personas  con 
Discapacidad».
Artículo quinto.  Modificación del Real Decreto 774/2017, de 28 de julio, por el que se 
regula la Comisión para el Diálogo Civil con la Plataforma del Tercer Sector.
El Real Decreto 774/2017, de 28 de julio, por el que se regula la Comisión para el 
Diálogo Civil con la Plataforma del Tercer Sector, queda modificado como sigue:
Uno.  Se modifica el artículo 1, que tendrá el siguiente tenor literal:
«Artículo 1.  Objeto y naturaleza.
1.  En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 43/2015, de 9 
de octubre, del Tercer Sector de Acción Social, el presente real decreto tiene por 
objeto regular la Comisión para el Diálogo Civil con la Plataforma del Tercer 
Sector.
2.  La Comisión para el Diálogo Civil con la Plataforma del Tercer Sector se 
constituye  como  un  órgano  colegiado  de  participación  de  la  Administración 
General  del  Estado,  de  carácter  paritario,  para  la  colaboración,  cooperación, 
propuesta y diálogo permanentes, con las funciones que se determinan en el 
artículo 3, adscrito al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 e integrado 
por representantes de dicho Ministerio, del Ministerio de Consumo, del Ministerio 
de Sanidad, del Ministerio de Igualdad y por representantes de la Plataforma del 
Tercer Sector.»
Dos.  Se modifica el artículo 4, que tendrá el siguiente tenor literal: e.e
«Artículo 4.  Composición. 50ww
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2.  La  presidencia  de  la  Comisión  corresponde  a  la  persona  titular  del 
Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.
3.  La vicepresidencia de la Comisión corresponde a la persona titular de la 
Secretaría de Estado de Derechos Sociales, quién, a su vez, podrá sustituir a la 
persona  que  ejerza  la  presidencia  en  los  casos  de  vacancia,  ausencia, 
enfermedad u otra causa legal.
4.  Serán vocales de la Comisión:
a)  Las personas titulares de la Dirección General de Derechos de la Infancia 
y de la Adolescencia, de la Dirección General de Diversidad Familiar y Servicios 
Sociales, de la Dirección General de Derechos de las Personas con Discapacidad, 
del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, de la Dirección General de Políticas 
Palanca para el cumplimiento de la Agenda 2030, del Instituto de las Mujeres, del 
Instituto de la Juventud, de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional 
sobre Drogas, de la Dirección General de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI, 
de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y de la Dirección 
General de Consumo del Ministerio de Consumo.
b)  Un vocal nombrado por la persona titular de la presidencia, a propuesta de 
la persona titular de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, entre el 
personal que ejerza sus funciones en dicha Secretaría de Estado.
c)  Dos vocales nombrados por la persona titular de la presidencia, uno a 
propuesta de la persona que ostente la titularidad de la Secretaría de Estado de 
Migraciones y otro a propuesta de la persona que ostente la titularidad de la 
Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social; ambos 
de entre el personal que ejerza sus funciones en dichos órganos.
d)  Dieciséis  vocales  representantes  de  la  Plataforma  del  Tercer  Sector, 
nombrados por la persona titular de la presidencia, a propuesta de la Plataforma 
del Tercer Sector.
5.  En  los  casos  de  las  vocalías  referidas  en  el  apartado  4.b)  y  c), 
consideradas  en  su  conjunto,  deberá  atenderse  el  principio  de  presencia 
equilibrada de mujeres y hombres.
6.  Desempeñará la secretaría de la Comisión un funcionario del subgrupo 
A1,  que  preste  servicio  en  la  Secretaría  de  Estado  de  Derechos  Sociales, 
designado  por  la  persona  titular  de  la  presidencia.  La  persona  titular  de  la 
secretaría participará en las deliberaciones con voz, pero sin voto.
7.  La persona titular de la presidencia nombrará, conforme al procedimiento 
antes señalado, el mismo número de vocales suplentes, que sustituirán a los 
vocales titulares en los casos de vacancia, ausencia, enfermedad u otra causa 
legal. En el caso de las vocalías correspondientes a representantes del Ministerio 
de Derechos Sociales y Agenda 2030 los suplentes deberán tener al menos rango 
de subdirector general o equivalente.»
Tres.  Se actualizan las referencias orgánicas en los siguientes términos:
a)  En los artículos 3.a) y 7, se sustituye la expresión «Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad» por «Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030».
b)  En el artículo 3.b), se sustituye la expresión «Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad» por «Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y Ministerio 
de Consumo». e.
c)  En la disposición final primera, se sustituye la expresión «al Ministro de Sanidad,  w.
Servicios Sociales e Igualdad» por «a la persona titular del Ministerio de Derechos  50ww
Sociales y Agenda 2030».
Disposición final única.  Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 25 de mayo de 2021.
FELIPE R.
La Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia,
Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática,
CARMEN CALVO POYATO