BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 271 Viernes 12 de noviembre de 2021 Sec. III.   Pág. 139645
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
18528 Resolución de 13 de octubre de 2021, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación 
del registrador de la propiedad interino de Castropol, por la que se suspende 
la inscripción de una representación gráfica catastral.
En el recurso interpuesto por doña M. O. B. B. contra la nota de calificación del 
registrador de la Propiedad interino de Castropol, don Jaime Luis Sanjuán Jiménez, por 
la que se suspende la inscripción de una representación gráfica catastral.
Hechos
I
Mediante acta, autorizada el día 24 de marzo de 2021 por la notaria de Castropol, 
doña Shadia Nasser García, con el número 229 de protocolo, doña M. O. B. B., como 
titular de la nuda propiedad de la finca registral número 9.954 de El Franco, solicitaba la 
inscripción de  su representación gráfica  catastral y  consecuente rectificación de su 
descripción al amparo del artículo 199 de la Ley Hipotecaria.
II
Presentada  dicha  acta  en  el  Registro  de  la  Propiedad  de  Castropol,  una  vez 
tramitado el procedimiento previsto en el artículo 199 de la Ley Hipotecaria, fue objeto de 
la siguiente nota de calificación:
«Con fecha 7 de abril de 2021, se ha presentado en este Registro de la Propiedad 
Copia del Acta otorgada en Castropol el día veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, 
por la notario de dicha villa Doña Shadia Nasser García, número 229/2021 de protocolo, 
causando el asiento de presentación 1104 del Diario 46, entrada 1265/2021, por la que 
se procede a la rectificación de superficie en la finca registral 9954 del municipio de El 
Franco.
Con fecha 13 de abril de 2021 se inicia el procedimiento regulado en el artículo 199 
de la Ley Hipotecaria, noficándose [sic] a los colindantes catastrales y Registrales, esto 
es: Ayuntamiento de El Franco, Diócesis de Oviedo y J. P. F.
Se recibe en este Registro, con fecha 26 de de [sic] abril de dos mil veintiuno, oficio 
remitido por El Ayuntamiento de El Franco, en el que se hacen constar una serie de 
alegaciones, que literalmente dicen:
“Este Ayuntamiento se opone a la inscripción en el Registro de la Propiedad de la 
representación gráfica georreferenciada y lista de coordenadas de los vértices de la 
nueva  descripción  de  la  finca,  cuyas  referencias  catastrales 
son 33023F004050730000QQ, 33023F004052580000QB y 002406100PJ72E0001KJ.”
“La descripción gráfica de las fincas corresponde con las que figuran en el plano del  s
polígono número 4 de la zona de concentración parcelaria de (…) (se adjunta copia por  oe.
si no dispusiera ese Registro del mismo), prevaleciendo esta sobre la ue [sic] figura en el  w.
Catastro.” 528ww
allá “Edne e l lpolsa nol ímdeit ecso ncdeen tralacsió n epdaifriccealcairoian ems enccoiorrneasdpoo nsdei epnuteesd e ao bselar vaRr eqfueere mncáias 
Catastral  002406100PJ72E0001KJ,  (encontrándose  estas  edificaciones  dentro  del
excluido de concentración y con grafiado en rayado), por sus linderos Sur, Este y Oeste, 
se trata de suelo destinado a viales y espacios públicos.”
“Lo que se traslada a Ud. a los efectos oportunos.”
Expuesto  lo  anterior,  y  ante  los  documentos  presentados,  se  suspende  el 
procedimiento iniciado, quedando sin efecto el mismo.
La presente nota de calificación podrá (…)
El asiento de presentación quedará prorrogado en los términos del artículo 323 de la 
Ley Hipotecaria.
Castropol,  31  de  mayo  de  2.021.  Este  documento  ha  sido  firmado  con  firma 
electrónica  reconocida  por  Jaime  Sanjuan  Jiménez  registrador/a  de  Registro  de  la 
Propiedad de Castropol.»
III
Contra la anterior nota de calificación, doña M. O. B. B., interpuso recurso el día 13 
de julio de 2021 mediante escrito en el que alegaba lo siguiente:
«Con carácter previo.–Aun cuando el registrador acuerda en el acto que ahora se 
impugna suspender el procedimiento, ninguna duda puede caber de que el acto recurrido 
es, en verdad un acto de calificación, susceptible de ser recurrido sobre la base de 
defectos formales y/o sustantivos.
Primero.–Carece el acto objeto de recurso de motivación suficiente, dicho sea con 
los debidos respetos y en términos de estricta defensa. No puede considerarse como 
razón para la suspensión del procedimiento, la mera formulación por el Ayuntamiento de 
El Franco de unas alegaciones, respecto de cuya justificación documental, veracidad o 
relevancia para la resolución del procedimiento, ningún pronunciamiento contiene el 
acuerdo del registrador.
Es bien sabido que la oposición de un colindante catastral no es suficiente, por sí 
sola, para suspender la inscripción. Es preciso justificar la razón por la que esa alegación 
lleva  al  registrador  a  su  decisión  de  suspensión,  en  base  a  qué  documentación 
presentada o contenido de la misma se concede relevancia a las alegaciones formuladas 
y qué razonamientos llevan a que se otorgue a aquella documentación prevalencia sobre 
el contenido de las certificaciones catastrales incorporadas al título objeto de la solicitud 
de inscripción.
A más abundamiento, no puede la compareciente más que poner de manifiesto la 
situación la indefensión en la que la falta de motivación del acuerdo de suspender el 
procedimiento la sitúa; más cuando la falta de motivación tampoco se contrarresta por 
medio de alguna nota del Registrador que indique medios de subsanación, rectificación o 
convalidación de las faltas o defectos que aprecia en la documentación presentada a 
efectos de obtener el asiento solicitado.
Segundo.–De las propias alegaciones formuladas por el Ayuntamiento de El Franco 
se desprende que las fincas con las referencias catastrales 33023F004050730000QQ, 
33023F004052580000QB  y  002406100PJ72EOOOIKJ,  con  respecto  de  las  que  se 
solicitado  la  coordinación  gráfica  del  Registro  de  la  Propiedad  con  el  Catastro 
inmobiliario,  no  fueron  objeto  de  actuación  por  parte  Concentración  Parcelaria. 
Acertadamente afirma el Ayuntamiento que formula las alegaciones que están las fincas 
“dentro del excluido de concentración”. s
De ello que se deriva que, sobre su situación jurídica, su titularidad dominical, no  oe.
haya ninguna incidencia derivada del Acuerdo de Concentración Parcelaria al que alude  w.
etel nAíaDynuic nyht aotim eeniesentnot,o,  a eyl s mq udaeerg  leosni gp dnroeifci cleaad rCe oqnnutece e snteatarna teocsi óteanlr . taít ulalo s idtueal cqióune  judreídriivcaa  qlau ep raoqpuieedllaads  fdinec alas   2021-18528n https://ww
compareciente sobre las fincas que nos ocupan, como el título que sustenta la propiedad
de la Diócesis de Oviedo respecto de las fincas colindantes, ponen de manifiesto la  Bc
inexistencia de cualquier vial o espacio público entre las respectivas propiedades, ni por 
el lindero este de la finca, ni por el sur. Con razón el Sr. Registrador de la Propiedad, 
certifica  que  “tras  consultar  la  aplicación  informática  geográfica  disponible  en  este 
registro, y en particular la ortofotografia oficial disponible, no resultan indicios evidentes 
de posible invasión del dominio público aparente”.
La finca inscrita al Registro de la Propiedad de Castropol, al Tomo 480, Libro 46, 
Folio 88, finca 9.954, se corresponde absolutamente con la conjuntamente forman las 
fincas con referencias catastrales 33023F004050730000QQ, 33023F004052580000QB 
y 002406100PJ72E0001KJ que, por su lado sur y este, linda con la parcela 5001 del 
polígono 4 y con la capilla enclavada en dicha parcela, propiedad del Arzobispado de 
Oviedo, inscritas en el Registro de la Propiedad de Castropol al Tomo 14 Libro 3, Folio 6, 
Finca número 411.
Fundamentos de Derecho [sic]
I.  Procede este recurso ante la Dirección General de Registros y del Notariado, a 
tenor de lo prevenido en los artículos 324 y siguientes de Ley Hipotecaria, en la forma y 
según los trámites allí establecidos.
II.  Concurre la legitimación de la compareciente en su condición de persona física, 
titular de la finca, al amparo de lo dispuesto en el artículo 325 a) de la Ley Hipotecaria.
III.  El presente recurso se ha interpuesto dentro del plazo de un mes, contado 
desde la fecha de la notificación de la calificación, y cumple con los requisitos que a tal 
fin establece el artículo 326 y siguientes de la Ley Hipotecaria, designándose a efectos 
de notificaciones el domicilio de la compareciente que figura en el encabezamiento».
IV
El registrador de la Propiedad interino de Castropol emitió informe ratificando la 
calificación en todos sus extremos y elevó el expediente a esta Dirección General.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 9, 10, 198 y 199 de la Ley Hipotecaria; la Ley 33/2003, de 3 de 
noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas; las Resoluciones de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado de 15 de marzo, 21 y 22 de abril, 8 
y 15 de junio, 22 de julio y 29 de septiembre de 2016, 4 de abril, 10 de octubre y 19 de 
diciembre de 2017, 10 y 13 de abril, 5 de julio y 5 de diciembre de 2018 y 23 de enero, 4 
y 10 de julio y 27 de noviembre de 2019, y las Resoluciones de la Dirección General de 
Seguridad Jurídica y Fe Pública de 1 de junio y 31 de julio de 2020 y 28 de julio de 2021.
1.  Es objeto de este expediente decidir si procede la inscripción una representación 
gráfica catastral solicitada en un acta notarial. Una vez tramitado el expediente previsto 
en el artículo 199 de la Ley Hipotecaria, el registrador suspende la inscripción a la vista 
de la oposición formulada por el Ayuntamiento como titular colindante, manifestando que, 
atendiendo a los planos de concentración parcelaria, se puede invadir suelo que está 
destinado a viales y espacios públicos.
Con carácter previo debe aclararse que lo procedente según prescribe el artículo 199 
de la Ley Hipotecaria, y así lo reconoce el registrador en su informe, es la denegación de 
la inscripción y no la suspensión como consta en la calificación. s
Para la resolución de este recurso procede reiterar, una vez más, la consolidada  e.
doctrina de este Centro Directivo sobre la inscripción de representaciones gráficas, en  w.
particular, en los supuestos de oposición expresa de la Administración Pública en el  528ww
procedimiento (cfr. Resoluciones citadas en los «Vistos»).
de 52 .d e Cdiocmieom bsere  hdae  r2e0it1e8ra) deol  aprotírc uelsot a9  Ddiere lacc Lióeny  GHiepnoeteracla (rciafr,. ,c opnotre tmodpalas ,e nla  sRu easpoalurtcaiódno 
b)  la  posibilidad  de  incorporar  a  la  inscripción,  como  operación  específica,  la
representación gráfica georreferenciada de la finca que complete su descripción literaria, 
expresándose,  si  constaren  debidamente  acreditadas,  las  coordenadas 
georreferenciadas de sus vértices. La incorporación de la representación gráfica a la 
inscripción tiene como consecuencia que «una vez inscrita la representación gráfica 
georreferenciada de la finca, su cabida será la resultante de dicha representación, 
rectificándose, si fuera preciso, la que previamente constare en la descripción literaria» 
(párrafo séptimo del artículo 9.b) de la Ley Hipotecaria).
Según  dicho  artículo  9.b),  para  efectuar  esta  incorporación  potestativa  han  de 
aplicarse con carácter general los requisitos establecidos en el artículo 199 de la Ley 
Hipotecaria. Dicho precepto regula el expediente para la inscripción de la representación 
gráfica georreferenciada de la finca y su coordinación con el Catastro, disponiendo que 
«el titular registral del dominio o de cualquier derecho real sobre finca inscrita podrá 
completar la descripción literaria de la misma acreditando su ubicación y delimitación 
gráfica  y,  a  través  de  ello,  sus  linderos  y  superficie,  mediante  la  aportación  de  la 
correspondiente certificación catastral descriptiva y gráfica».
3.  En todo caso, será objeto de calificación por el registrador la existencia o no de 
dudas  en  la  identidad  de  la  finca,  pues  tal  y  como  dispone  el  artículo  9.b)  «la 
representación gráfica aportada será objeto de incorporación al folio real de la finca, 
siempre que no se alberguen dudas por el Registrador sobre la correspondencia entre 
dicha  representación  y  la  finca  inscrita,  valorando  la  falta  de  coincidencia,  siquiera 
parcial, con otra representación gráfica previamente incorporada, así como la posible 
invasión  del  dominio  público.  Se  entenderá  que  existe  correspondencia  entre  la 
representación gráfica aportada y la descripción literaria de la finca cuando ambos 
recintos se refieran básicamente a la misma porción del territorio y las diferencias de 
cabida, si las hubiera, no excedan del diez por ciento de la cabida inscrita y no impidan la 
perfecta identificación de la finca inscrita ni su correcta diferenciación respecto de los 
colindantes».
Por tanto, las dudas pueden referirse a que la representación gráfica de la finca 
coincida en todo o parte con otra base gráfica inscrita o con el dominio público, a la 
posible  invasión  de  fincas  colindantes  inmatriculadas  o  se  encubriese  un  negocio 
traslativo u operaciones de modificación de entidad hipotecaria (cfr. artículos 199 y 201 
de la Ley Hipotecaria y Resoluciones de 22 de abril, 8 de junio y 10 de octubre de 2016, 
entre otras).
Además, dispone el precepto que, a los efectos de valorar la correspondencia de la 
representación gráfica aportada, el registrador podrá utilizar, con carácter meramente 
auxiliar,  otras  representaciones  gráficas  disponibles,  que  le  permitan  averiguar  las 
características topográficas de la finca y su línea poligonal de delimitación, para lo que 
podrá acudirse a la aplicación informática prevista en dicha norma y homologada en la 
Resolución de esta Dirección General de 2 de agosto de 2016.
4.  Según el artículo 199 de la Ley Hipotecaria, corresponde al registrador, a la vista 
de las alegaciones efectuadas, decidir motivadamente según su prudente criterio.
Como  ha  reiterado  este  Centro  Directivo,  siempre  que  se  formule  un  juicio  de 
identidad de la finca por parte del registrador, no puede ser arbitrario ni discrecional, sino 
que ha de estar motivado y fundado en criterios objetivos y razonados (Resoluciones 
de 8 de octubre de 2005, 2 de febrero de 2010, 13 de julio de 2011, 2 de diciembre 
de 2013, 3 de julio de 2014, 19 de febrero de 2015 y 21 de abril de 2016, entre otras).
En el presente caso, resultan justificadas las dudas del registrador, al ponerse de  e
manifiesto la oposición expresa de la Administración Pública a la inscripción de la  bo
representación gráfica. 528ww
DireEccni ócnu aGneton ear alal ( cpfrro. t«eVccisiótons »re),g éissttraa lp droetl edcocmióinn iqou peú lbal iLceoy,  toatlo yrg cao aml om hisam roe inteor asdeo l imesittaa 
peúxcblluicsoiv naom iennstcer iatol ,q pueer oy ad ec ocnusytaa  einxsisctreitnoc, isai nteon qguae i ntadmiciboisé ns usfeic hieanctee se extl ernesgiivsatr aadl odro ym cinoion 
el que pudiera llegar a colisionar alguna pretensión de inscripción.
Por tal motivo, con carácter previo a la práctica de la inscripción, y conforme a lo 
previsto en distintas leyes especiales, como la de costas o de montes, el registrador ha 
de  recabar  informe  o  certificación  administrativa  que  acrediten  que  la  inscripción 
pretendida no invade el dominio público.
En otros casos, como ocurre con la legislación de suelo, también existen previsiones 
expresas de que el registrador, antes de acceder a la inscripción de edificaciones, habrá 
de comprobar que el suelo no tiene carácter demanial o está afectado por servidumbres 
de uso público general.
Y  avanzando  decididamente  en  la  senda  de  la  protección  registral  del  dominio 
público, incluso del no inscrito debidamente, la Ley 13/2015, de 24 de junio, de Reforma 
de la Ley Hipotecaria, al dar nueva redacción a diversos artículos de la Ley Hipotecaria, 
prevé que, en todo caso, el registrador tratará de evitar la inscripción de nuevas fincas o 
de la representación gráfica georreferenciada de fincas ya inmatriculadas cuando tuviera 
dudas fundadas sobre la posible invasión del dominio público.
Así se expresa de manera terminante y reiterada en varios preceptos de la Ley 
Hipotecaria, y no sólo en el artículo 9 que ya contiene una proclamación general al 
respecto,  sino  también  en  diversos  artículos  del  Título  VI  de  la  ley  que  contienen 
manifestaciones concretas del mismo principio general, como los artículos 199, 203 y 
el 205.
Consecuentemente  con  todo  ello,  la  propia  Ley  13/2015,  además,  trata  de 
proporcionar a los registradores los medios técnicos auxiliares que les permitan conocer 
la ubicación y delimitación del dominio público, incluso no inmatriculado, regulando en el 
artículo 9 de la Ley Hipotecaria y en la disposición adicional primera de la Ley 13/2015 la 
aplicación auxiliar que permita el tratamiento de representaciones gráficas previniendo la 
invasión del dominio público.
Tal profusión normativa, aun cuando pueda incluso llegar a ser reiterativa, no hace 
sino asentar el principio general, ya vigente con anterioridad a la Ley 13/2015, de que los 
registradores deben evitar practicar inscripciones de bienes de propiedad privada que 
invadan en todo o en parte bienes de dominio público, inmatriculado o no, pues el 
dominio público, por la inalienabilidad que le define, supone, precisamente, la exclusión 
de la posibilidad de existencia de derechos privados sobre esa concreta porción del 
territorio catalogada como demanial.
5.  Aunque, como señala el artículo 199, «la mera oposición de quien no haya 
acreditado ser titular registral de la finca o de cualquiera de las registrales colindantes no 
determina necesariamente la denegación de la inscripción», ello no puede entenderse en 
el sentido de que no sean tenidas en cuenta tales alegaciones para formar el juicio del 
registrador,  especialmente  cuando  se  trata  de  la  oposición  terminante  de  la 
Administración Pública poniendo de manifiesto una situación de invasión de «suelo 
destinado a viales y espacios públicos».
Cabe destacar que en el caso de este expediente consta en la descripción registral 
de la finca que linda por el «sur, terreno de la casa y público» y por el «oeste, pista y 
camino público a (…)».
Por tanto, resultando del Registro y del Catastro la colindancia con terrenos públicos, 
resulta  esencial  en  el  procedimiento  de  inscripción  de  representación  gráfica  el 
pronunciamiento de la Administración correspondiente sobre una eventual invasión.
No pueden compartirse las alegaciones del escrito de recurso relativas a que falta 
una motivación de la calificación, ya que en la misma sea transcribe el informe de la 
Administración con la oposición y los motivos de ésta, contando el interesado con la  e.
argumentación necesaria para poder formular los recursos que estime conveniente en  w.b
defensa de sus derechos. 528ww
que Enno  deesf ipnaitcivíafic, ad ela  lodse lidmaittoasc ióyn d gorcáufmicae nqtuoes  sqeu ep roebterannd ee nin secl reibxirp, erdeiseunlttea,n dsoe  peovsidibelnec oia, 
pcuuaenddeo a mlteernaor sla,  nroe ainlicdoandt rfoísviecrat ideox,t eqruioer  cqoune  lase i nasccoritpac icóonn  dlea  lgal orbeaplr edseesnctraipccióiónn g rreágficisatr asel, 
pudiendo afectar a dominio público, atendiendo además a los planos de un previo
procedimiento de concentración parcelaria, según manifiesta la Administración en su 
escrito de oposición.
Por todo lo expuesto, resulta correcta la actuación del registrador a la vista del 
informe de la Administración, pues dados los términos del pronunciamiento no puede 
procederse  a  la  inscripción,  sin  perjuicio  de  que  por  el  interesado  se  ejerciten  los 
recursos o actuaciones correspondientes ante dicha autoridad administrativa o incluso 
judicial para instar la rectificación de la resolución dictada, o bien entablar el juicio 
declarativo que corresponda en defensa de sus derechos.
Y sin que por otra parte el procedimiento para la inscripción de la representación 
gráfica o el recurso contra la calificación sea el adecuado para contender acerca del 
contenido de dicha resolución administrativa, ni debatir sobre si efectivamente existe o 
no afección de la finca al dominio público, contradiciendo un pronunciamiento expreso de 
la Administración (cfr. artículos 199 y 200 de la Ley Hipotecaria).
Esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso y confirmar la calificación 
del registrador.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el 
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las 
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de 
la Ley Hipotecaria.
Madrid, 13 de octubre de 2021.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.