BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 305 Miércoles 22 de diciembre de 2021 Sec. I.   Pág. 158676
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
21113 Decreto-ley 24/2021, de 26 de octubre, de aceleración del despliegue de las 
energías renovables distribuidas y participadas.
EL PRESIDENTE DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
El artículo 67.6.a) del Estatuto prevé que los decretos ley son promulgados, en 
nombre del Rey, por el Presidente o la Presidenta de la Generalitat.
De acuerdo con lo anterior, promulgo el siguiente Decreto-ley.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
El artículo 144 del Estatuto atribuye a la Generalitat de Catalunya la competencia 
compartida en materia de protección del medio ambiente. El artículo 133 le otorga la 
competencia compartida en materia de energía, competencia que incluye, en cualquier 
caso, el fomento y la gestión de las energías renovables y de la eficiencia energética. Y 
el artículo 116 le atribuye la competencia exclusiva en materia de agricultura y ganadería, 
que incluye, en cualquier caso, el desarrollo integral y la protección del mundo rural.
La Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de 
diciembre, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables, 
constituye una pieza clave en la transición hacia una energía limpia, así como una parte 
importante del paquete de medidas necesarias para reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero y cumplir el Acuerdo de París de 2015 sobre el Cambio Climático.
Esta Directiva reconoce que la planificación de la infraestructura necesaria para la 
producción de electricidad a partir de fuentes renovables debe tener en cuenta las 
políticas relativas a la participación de quienes se vean afectados por los proyectos, en 
particular la población local. En este sentido, la Directiva introduce la figura de las 
comunidades de energías renovables como forma de participación de la ciudadanía y las 
autoridades locales con el fin de permitir una mejor aceptación local de estas energías y 
una mayor participación de la ciudadanía en la transición energética.
La Ley 16/2017, de 1 de agosto, del cambio climático, se aprobó con los fines de reducir 
las emisiones de gases de efecto invernadero y la vulnerabilidad a los impactos del cambio 
climático y favorecer la transición hacia una economía neutra en emisiones de gases de 
efecto invernadero, competitiva, innovadora y eficiente en el uso de recursos.
En el ámbito sectorial de la energía, el artículo 19 de la Ley 16/2017, de 1 de agosto, 
del cambio climático, establece que las medidas que se adopten en materia de energía 
deben  ir  encaminadas  a  la  transición  energética  hacia  un  modelo  cien  por  cien 
renovable, desnuclearizado y descarbonizado, neutro en emisiones de gases de efecto 
invernadero, que reduzca la vulnerabilidad del sistema energético catalán y garantice el 
derecho  al  acceso  a  la  energía  como  bien  común.  Como  objetivos  concretos,  se 
mencionan, entre otros, promover las energías renovables, que deben desarrollarse, 
siempre que sea posible, aprovechando espacios ya alterados por la actividad humana, y  e.e
minimizar así la ocupación innecesaria del territorio; y adoptar medidas de carácter  b
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a alcanzar los objetivos en generación de energías renovables dado que los proyectos
presentados a su amparo suman un total de capacidad nueva a conectar a las redes 
eléctricas superior a 13 GW, un dato que supera los objetivos que se desprenden de la 
Prospectiva Energética de Cataluña en el Horizonte de 2030. Sin embargo, también se ha 
constatado que su aplicación no se ajusta adecuadamente a los objetivos contemplados en 
la Ley 16/2017, de 1 de agosto, del cambio climático, en especial el de favorecer la 
participación de actores locales en la producción y distribución de energía renovable.
Por otra parte, la Ley 3/2019, de 17 de junio, de los espacios agrarios, tiene como 
una de sus finalidades preservar y proteger los espacios agrarios como un recurso 
natural esencial para la producción de alimentos y otros productos (bienes y servicios) y 
para su viabilidad económica, y como un elemento de conservación de la cultura, la 
biodiversidad y los diferentes ecosistemas naturales que son la base del desarrollo 
sostenible que ayuda a garantizar la salud y el bienestar de los humanos, los animales y 
las plantas.
El Decreto-ley 16/2019, de 26 de noviembre, estableció el criterio de la no afectación 
significativa a suelos de valor agrológico alto o de interés agrario elevado, pero no 
concretó la definición específica de esta clase de suelos, lo que ha puesto de manifiesto 
la necesidad de delimitar con mayor concreción los criterios aplicables a la ocupación del 
suelo, con especial necesidad en lo relativo a la ordenación de los usos del suelo agrario 
que favorezcan la compatibilidad de la soberanía alimentaria con la transición energética.
La problemática generada en relación con la aplicación del Decreto-ley 16/2019, 
de 26 de noviembre, se ha puesto de manifiesto en varias mociones del Parlamento de 
Cataluña, como la Moción 220/XII, de 3 de diciembre de 2020, sobre la transición 
energética y la descarbonización de la economía catalana, la Moción 7/XIV, de junio 
de 2021, sobre la consecución de los objetivos de transición energética que establece la 
Ley 16/2017, de 1 de agosto, del cambio climático, y la Moción 12/XIV, de julio de 2021, 
sobre las políticas energéticas.
Dichos mandatos del Parlamento de Cataluña inciden en la necesidad de afrontar el 
reto del desarrollo de las energías renovables con la necesidad de un diálogo social y de 
priorizar proyectos donde se tenga en cuenta la proximidad de la producción eléctrica de 
origen renovable a los centros de consumo. También se hace patente la necesidad de 
priorizar los proyectos cooperativos, comunitarios, ciudadanos y de autoproducción y uso 
directo de generación de energía a partir de fuentes renovables. Esta priorización se 
establece bajo la necesidad que tengan un tratamiento administrativo diferente que 
facilite su implementación tal y como se desprende de la Directiva (UE) 2018/2001 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de diciembre de 2018, relativa al fomento del uso de 
energía procedente de fuentes renovables, que dispone la reducción de las exigencias 
administrativas para hacer realidad las comunidades de energía renovables, a las cuales 
reconoce plenamente.
Los mandatos del Parlamento también inciden sobre la necesidad que los proyectos 
de generación renovable con fines mercantiles deberán hacer posible la participación 
ciudadana, especialmente de las personas que viven en las cercanías del proyecto (en el 
municipio, la comarca o las comarcas cercanas), tal y como establece la Directiva (UE) 
2018/2001, que lo argumenta con el objetivo de incrementar la participación local de la 
ciudadanía  en  los  proyectos  de  energía  renovable,  y,  por  tanto,  incrementar  su 
aceptación tal y como se demuestra en aquellos países de la Unión Europea donde el 
despliegue de las energías renovables se ha desarrollado bajo criterios democráticos de 
participación en la propiedad.
La  necesidad  de  aprobar  la  planificación  sectorial  para  la  generación  eléctrica  s
renovable solar y eólica que tenga en cuenta el trabajo por un pacto entre las zonas  oe.
rurales  y  las  zonas  metropolitanas  que  facilite  el  desarrollo  y  la  integración  de  la  w.
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aregnoosvtoa,b ldee el nc ealm hboiroiz ocnlitme ádteic o2,0 3d0o.nde el 50 % de la generación eléctrica deberá ser  BOE-A-cable e
Las mociones del Parlamento también instan al Gobierno a priorizar el uso de las 
zonas agrícolas no productivas y de los terrenos industriales de baja posibilidad de 
actividad económica para el desarrollo de la energía solar fotovoltaica.
El pasado mes de julio el Parlamento de Cataluña instó al Gobierno a crear una 
empresa energética pública basada en fuentes de energía renovable que deberá poder 
participar en la propiedad de nuevas plantas de generación renovable, con especial 
atención  en  aquellas  que  se  puedan  construir  en  superficies  de  titularidad  pública, 
ayudar  y  participar  en  el  desarrollo  de  comunidades  energéticas  renovables  y 
ciudadanas  y  gestionar  las  centrales  hidroeléctricas  en  las  que  caduquen  las 
concesiones. También deberá valorar las opciones de constituirse como distribuidora 
atendiendo a las subestaciones de que dispone la Generalitat en propiedad. Los trabajos 
para constituirla se iniciarán una vez modificado el modelo de implantación de energías 
renovables y en todo caso, durante el 2021.
II
Desde la aprobación del Decreto-ley 16/2019, de 26 de noviembre, se han puesto de 
manifiesto varios problemas de aplicación de esta norma que deben enmendarse de 
forma urgente.
La  magnitud  del  impacto  de  los  problemas  generados  por  la  aplicación  de  la 
normativa actual viene marcada por el elevado número de proyectos presentados en tan 
sólo un año y medio de vigencia del Decreto-ley. Se han presentado más de 600 
proyectos que suman una potencia total de 13,7 GW, lo que supera a toda la potencia 
eléctrica que hay instalada en Cataluña a día de hoy, al tiempo que supone una cifra 
superior a toda la potencia que se ha instalado en Cataluña desde el inicio de la 
electrificación hace 120 años. Además, también supera el objetivo a alcanzar en el 
horizonte de 2030.
Esta  alta  demanda  de  potencia  que  requiere  la  implantación  de  las  energías 
renovables se traduce en una alta demanda de suelo. A diferencia del modelo energético 
fósil y radiactivo, donde la totalidad de los recursos energéticos es importada de países 
terceros y que aún hoy constituye el modelo energético mayoritario de Cataluña, en un 
modelo renovable los recursos energéticos utilizados para la generación eléctrica serán 
en  su  mayor  parte  autóctonos,  por  lo  que  deberán  ser  captados  en  Cataluña.  La 
tecnología de captación de los recursos solar y eólico y su transformación en electricidad 
se realizan en el mismo emplazamiento y, por las características de baja densidad 
energética de estos flujos renovables, se requiere de una superficie considerable para su 
captación. Se estima que para alcanzar los objetivos de renovables en el horizonte 
de 2030 se necesitarían cerca de 10.000 ha y de cara a 2050 cerca de 70.000 ha.
En relación con los proyectos presentados durante el tiempo de vigencia del Decreto-
ley 16/2019, de 26 de noviembre, las instalaciones fotovoltaicas, considerando que 
actualmente  se  han  presentado  proyectos  con  una  potencia  total  de  7.489  GW, 
representan una ocupación potencial aproximada de 10.000 ha. Las instalaciones eólicas 
suponen unos 1.770 aerogeneradores.
La planificación territorial actual de Cataluña en materia de energía se fundamenta 
en el modelo fósil y radiactivo, por lo que todavía no se dispone de una planificación 
territorial sectorial que tenga en cuenta la elevada superficie necesaria para la captación 
y generación renovables. Esta falta de planificación, conjuntamente con la apuesta 
decidida  por  la  Unión  Europea  para  avanzar  hacia  las  energías  renovables  y  su  s
coincidencia con la aprobación de los Fondos Next Generation, han llevado a una  e.
avalancha de solicitudes de proyectos que se han concentrado en su mayor parte en  w.
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Los  trabajos  de  seguimiento  del  cumplimiento  del  Plan  de  la  energía  y  clima 
horizonte 2020 identifican cómo cerca de la mitad de las comarcas de Cataluña ya 
cumplen uno de los principios básicos de la eficiencia energética, la necesidad de 
acercar la generación renovable al consumo para reducir las pérdidas del transporte y la 
distribución de electricidad. Así, 16 comarcas de Cataluña a día de hoy ya han alcanzado 
el objetivo de la Ley 16/2017, de 1 de agosto, del cambio climático, donde el 50 % de la 
energía eléctrica que consumen es generada con recursos renovables dentro de la 
propia comarca, un objetivo que, de acuerdo con la ley catalana, debería alcanzarse en 
el conjunto de Cataluña en el horizonte de 2030.
Sin embargo, las comarcas y municipios más densamente poblados y con fuerte 
presencia industrial de Barcelona y Tarragona y buena parte de las comarcas de Girona 
estarían muy lejos de lograr este objetivo, con porcentajes de generación renovable de 
proximidad que no alcanzarían el 1 %.
Del análisis de los anteproyectos entrados en la Ponencia de Renovables para la 
consulta previa, se observa como buena parte de la superficie no urbanizable que 
requerirá la generación renovable, y de forma especial la generación fotovoltaica, se 
encuentra en competencia con terrenos de cultivo y suelo agrícola de alto valor.
Para el logro del Acuerdo de París de 2015 sobre el Cambio Climático es necesario 
incorporar a los terrenos antropizados, que suponen el 6 % de la superficie, un 2 % 
adicional de superficie donde, las políticas a desarrollar serán aquellas que minimicen 
impacto en el suelo agrario.
Cataluña se sitúa en menos de la mitad de hectáreas por habitante (0,10 ha/hab.) 
que la media española (0,27 ha/hab.) y la mitad de la europea (0,21 ha/hab.). Con este 
déficit, y dada la alta demanda de suelo que requieren las energías renovables, resulta 
imprescindible que esta implantación se efectúe de una forma ordenada y planificada.
La implantación de las energías renovables requiere pues una elevada demanda de 
suelo, mayoritariamente agrario, y el gran número de proyectos presentados comporta 
impactos sociales y territoriales.
La  necesidad  de  acelerar  la  acción  climática  debe  ir  acompañada  de  políticas 
dirigidas a no dejar a nadie atrás porque resulta fundamental contar con el consenso del 
territorio a la hora de desplegar el nuevo modelo energético basado en las energías 
renovables.
Especialmente relevante ha sido la repercusión territorial de los proyectos, dado que 
a menudo no se ha realizado una labor informativa del territorio y de los ayuntamientos 
correspondientes en los términos municipales donde se pretenden ubicar los proyectos.
Esta situación hace necesario que, con el fin de buscar el adecuado equilibrio entre 
la  consecución  de  los  objetivos  de  implantación  de  las  energías  renovables  y  el 
adecuado  tratamiento  del  territorio,  sea  necesario  adoptar  un  conjunto  de  medidas 
encaminadas a buscar el consenso del territorio y de las corporaciones locales.
El elevado volumen de proyectos presentados no es un hecho aislado de Cataluña. 
El Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia 
de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica, estableció una moratoria 
para otorgar los permisos para poder evacuar a las redes de transporte y distribución la 
electricidad producida en los nuevos proyectos renovables a desarrollar. Las solicitudes 
demandadas multiplicaban por 10 los objetivos planificados en el Plan nacional integrado 
de energía y clima en el horizonte de 2030. Asimismo, el Real Decreto-ley 23/2020, 
de 23 de junio, fija unas determinadas metas temporales que deberán alcanzarse en la 
tramitación de los expedientes con el fin de no perder los derechos de acceso a las  s
redes  para  aquel  proyecto  y  promotor  que  no  consigan  las  metas  de  tramitación  oe.
administrativa. La primera de las metas vendrá marcada por la admisión a trámite de la  w.
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energética.
Igualmente,  resulta  necesario  adoptar  un  conjunto  de  medidas  encaminadas  a 
fomentar  la  producción  distribuida  o  el  autoconsumo  como  alternativa  prioritaria  y 
complementaria a los grandes proyectos. En un momento donde es muy preocupante el 
elevado coste de la energía eléctrica, resulta especialmente urgente adoptar medidas 
que puedan contribuir a reducir el recibo de la luz. Estas medidas deben ser de carácter 
estructural y por ello deben ser adoptadas con el adecuado rango normativo y con 
carácter de urgencia.
III
La  experiencia  alcanzada  con  la  aplicación  del  Decreto-ley  16/2019,  de  26  de 
noviembre,  y  el  elevado  número  de  proyectos  presentados  han  hecho  patente  la 
necesidad urgente de revisar determinados aspectos con el fin de iniciar la aceleración 
del  despliegue  de  las  energías  renovables,  si  bien  bajo  un  modelo  distribuido  y 
participado por la ciudadanía que se convierta en motor del desarrollo rural y corrija de 
forma inmediata los impactos negativos que se han detectado. Asimismo, hay que 
mejorar la eficacia de su aplicación dado que, dos años después de su entrada en vigor 
la  mayor  parte  de  los  proyectos  presentados  no  han  superado  los  trámites 
administrativos necesarios para dar cumplimiento a las metas previstas en el Real 
Decreto Ley 23 / 2020, de 23 de junio.
En cuanto al contenido de este Decreto-ley, la medida principal consiste en modificar 
el Decreto-ley 16/2009, de 26 de noviembre, de medidas urgentes para la emergencia 
climática y el impulso a las energías renovables, con el fin de introducir medidas que 
mejoren la aceptación social de los proyectos de energías renovables, compatibilizar la 
actividad  agraria  con  la  de  producción  de  energías  renovables  y  velar  por  la 
conservación de la biodiversidad, la ordenación territorial y el desarrollo sostenible del 
medio rural.
Asimismo, se modifica la Ley 16/2017, de 1 de agosto, del cambio climático, para 
prever los objetivos en materia de generación renovable, distribuida y participada en el 
horizonte de 2030, concretar la manera de evitar la ocupación innecesaria del territorio e 
incorporar a la planificación energética la necesidad que se realice conjuntamente con la 
planificación territorial sectorial de las energías renovables.
Por otra parte, se establecen medidas de simplificación administrativa en materia de 
autoconsumo  de  energía  eléctrica,  como  la  exclusión  del  régimen  de  autorización 
administrativa,  de  construcción  y  de  explotación  de  determinadas  instalaciones 
fotovoltaicas  de  generación  eléctrica  de  autoconsumo,  y  la  simplificación  de  la 
documentación enviada a los efectos de la modificación del contrato de acceso para 
determinados consumidores.
Finalmente, y como instrumento para la consecución del consenso social, se crea la 
Mesa de Diálogo Social de las Energías Renovables.
Las disposiciones transitorias prevén la aplicación del Decreto-ley a los proyectos 
cuyo trámite de información pública no se haya iniciado en la fecha de su entrada en 
vigor, si bien el requisito relativo a la oferta de participación local se debe acreditar en 
cualquier  momento  del  procedimiento  administrativo  previo  a  la  obtención  de  la 
autorización administrativa previa.
De  acuerdo  con  el  artículo  38  de  la  Ley  13/2008,  de  5  de  noviembre,  de  la 
Presidencia de la Generalitat y del Gobierno, el Gobierno puede dictar disposiciones 
legislativas  provisionales  bajo  la  forma  de  decreto-ley  en  caso  de  una  necesidad  s
extraordinaria y urgente. e.
El  carácter  de  urgencia  de  la  modificación  del  Decreto-ley  16/2019,  de  26  de  w.
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climático, que abogan por un modelo distribuido, participado y bajo el control de la 
ciudadanía.
En uso de la autorización concedida en el artículo 64 del Estatuto de autonomía de 
Cataluña;
Por todo lo expuesto, a propuesta de la consejera de Acción Climática, Alimentación 
y Agenda Rural y previa deliberación del Gobierno, decreto:
Artículo 1.  Objeto.
Esta norma tiene por objeto:
a)  Modificar el Decreto-ley 16/2009, de 26 de noviembre, de medidas urgentes para 
la emergencia climática y el impulso a las energías renovables, con el fin de introducir 
medidas que mejoren la aceptación social de los proyectos de energías renovables, 
compatibilizar la actividad agraria con la de producción de energías renovables y velar 
por la conservación de la biodiversidad, la ordenación territorial y el desarrollo sostenible 
del medio rural.
b)  Modificar la Ley 16/2017, de 1 de agosto, del cambio climático, para prever los 
objetivos en materia de generación renovable, distribuida y participada en el horizonte 
de 2030, concretar la forma de evitar la ocupación innecesaria del territorio e incorporar a 
la planificación energética la necesidad que se realice conjuntamente con la planificación 
territorial sectorial de las energías renovables.
c)  Adoptar medidas de simplificación administrativa en materia de autoconsumo de 
energía eléctrica.
d)  Crear la Mesa de Diálogo Social de las Energías Renovables.
Artículo 2.  Modificación del Decreto-ley 16/2019, de 26 de noviembre, de medidas 
urgentes para la emergencia climática y el impulso a las energías renovables.
2.1  Se modifica el apartado c) del artículo 1 del Decreto-ley 16/2019, de 26 de 
noviembre, que queda redactado de la forma siguiente:
«c)  Determinar  los  requisitos  para  la  autorización  de  las  instalaciones  de 
producción de energía eólica y de energía solar fotovoltaica; definir los criterios de 
participación  social,  energéticos,  ambientales,  urbanísticos,  paisajísticos  y 
agronómicos  que  deben  regir  su  implantación,  y  simplificar  el  procedimiento 
administrativo aplicable a su autorización.»
2.2  Se añaden dos apartados, el 3 y el 4, al artículo 6 del Decreto-ley 16/2019, 
de 26 de noviembre, con el texto siguiente:
«6.3  Los parques eólicos y las plantas solares fotovoltaicas que reúnen los 
requisitos descritos en el apartado 1 anterior, pero se sitúan sobre el terreno en 
suelo urbano y no requieran declaración de utilidad pública, ni evaluación de 
impacto ambiental, para la obtención de la autorización energética se rigen por la 
legislación energética que les sea aplicable y quedan excluidos del ámbito de 
aplicación de este capítulo.
6.4  Se  entiende  como  instalación  de  producción  de  electricidad  las 
infraestructuras eléctricas existentes aguas abajo del equipo de medición.»
2.3  Se añade una letra, la e), al apartado 1 del artículo 7 del Decreto-ley 16/2019,  e.
de 26 de noviembre, con el texto siguiente: w.
loca«l ee)n  Mloesj oprraory elac toasc.e»ptación social en el territorio, posibilitando la participación  2021-2111n https://w
2.4  Se modifican las letras a) y c) y se añade una nueva letra, la e), al apartado 1 
del artículo 8 del Decreto-ley 16/2019, de 26 de noviembre, que quedan redactadas de la 
forma siguiente:
«a)  Reducir la afectación a los terrenos de valor natural elevado, evitando la 
perdida de la base de su valor. Evitar la afectación a los conectores ecológicos, la 
afectación sobre las especies amenazadas o especialmente vulnerables a los 
parques eólicos y a los puntos estratégicos para el paso migratorio de las aves y 
evitar las áreas críticas de las rapaces amenazadas. Para identificar y valorar la 
afectación a los conectores ecológicos, se debe consultar la documentación sobre 
conectividad ecológica existente en los planes territoriales parciales.»
«c)  Tener en cuenta el impacto acumulativo derivado de la concentración de 
parques eólicos.»
«e)  Respetar una distancia mínima de 1km entre los aerogeneradores y el 
límite de los núcleos de población.»
2.5  Se modifica la letra f) del apartado 1 del artículo 9 del Decreto-ley 16/2019, 
de 26 de noviembre, que queda redactado de la forma siguiente:
«f)  La no afectación a ámbitos incluidos en proyectos de implantación de 
nuevos  riegos  o  de  transformación  de  los  existentes  promovidos  por  la 
Administración, salvo que se trate de plantas destinadas al autoconsumo.»
2.6  Se modifica el apartado 2 del artículo 9 del Decreto-ley 16/2019, de 26 de 
noviembre, que queda redactado de la forma siguiente:
«9.2  Se consideran zonas no compatibles con la implantación de plantas 
solares  fotovoltaicas  los  espacios  naturales  incluidos  en  la  red  Natura  2000, 
excepto si las plantas están destinadas al autoconsumo o a la generación eléctrica 
conectada a la red de distribución de tensión igual o inferior a 25 KV, y ocupan 
como máximo 1 hectárea. Sin embargo, mediante estudios y análisis específicos, 
que deben contener un análisis agrario paisajístico y climático, i que se reflejarán 
en un plan territorial sectorial, se puede modificar y precisar este criterio.»
2.7  Se añade un apartado, el 3, al artículo 9 del Decreto-ley 16/2019, de 26 de 
noviembre, con el texto siguiente:
«9.3  A los efectos de este Decreto-ley, tienen la consideración de suelos de 
valor agrológico alto y de interés agrario elevado los suelos de las clases I, II, III y 
IV establecidas en el sistema de evaluación de suelos de clases de capacidades 
agrológicas que consta en la información cartográfica oficial de Cataluña. En estas 
clases de suelo, la implantación de plantas solares fotovoltaicas debe tener en 
cuenta los criterios siguientes:
a)  En suelos de Clase de Capacidad Agrológica III y IV, se limita la ocupación 
de la totalidad de los proyectos aprobados a un máximo del 10 % de la superficie 
agrícola de secano del término comarcal, y a un máximo del 5 % de la superficie 
agrícola de regadío del término comarcal.
b)  En suelos de Clase de Capacidad Agrológica I y II, no se admite, salvo en 
los supuestos siguientes:
1.º  Cuando se trate de plantas destinadas al autoconsumo que limitan con el  e.
punto de suministro. w.b
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3.º  Cuando se trate de instalaciones solares ubicadas sobre cultivos que 
cumplan los requisitos siguientes:
En el caso de cultivos leñosos, que las plantas fotovoltaicas dispongan de una 
estructura que sitúe las placas por encima de las plantas, de forma que no impidan 
las prácticas normales del cultivo ni su mecanización y siempre que tengan en 
cuenta la influencia de la sombra que proyectan las placas.
En caso de cultivos herbáceos y hortícolas, cuando la distancia entre las placas 
sea la necesaria para la mecanización o gestión del cultivo, y siempre que tengan en 
cuenta la influencia de la sombra que proyectan las placas sobre dicho cultivo.»
2.8  Se añade un artículo, el 9 bis, al Decreto-ley 16/2019, de 26 de noviembre, con 
el texto siguiente:
«Artículo 9 bis.  Medidas de mejora de la aceptación social de los proyectos de 
energías renovables.
9 bis 1.  En los proyectos de parques eólicos y plantas solares fotovoltaicas 
de potencia superior a 5 MW, situados en tierra y en suelo no urbanizable, el 
promotor deberá acreditar, con anterioridad al trámite de información pública, que 
ha presentado una oferta de participación local y la disponibilidad o el compromiso 
de disponibilidad de más del 50 % de los terrenos agrícolas privados sobre los que 
se proyecta la instalación solar o sobre los que se proyecta la cimentación de los 
aerogeneradores, incluidas las subestaciones eléctricas, y excluidos los accesos y 
las líneas de evacuación.
9 bis 2.  La oferta de participación local consiste en ofrecer la posibilidad de 
participar, al menos en un 20 % de la propiedad del proyecto o de su financiación, 
a las personas físicas (directamente o a través de una sociedad vehículo que los 
agrupe) y jurídicas, públicas o privadas, radicadas en el municipio en que se 
pretende ubicar la instalación, o en los municipios limítrofes a este municipio o los 
que pertenezcan a la misma comarca.
9 bis 3.  En el caso de las personas físicas, deben estar empadronadas en 
dichos municipios con una antigüedad mínima de 2 años. En el caso de las 
personas jurídicas, deben cumplir alguno de los requisitos siguientes:
a)  Tener el domicilio social en dichos municipios con una antigüedad mínima 
de 2 años.
b)  Tener la consideración de comunidades ciudadanas de energía según la 
normativa  europea  y  las  disposiciones  que  la  desarrollen,  siempre  que  al 
menos 50 de sus socios cumplan los requisitos previstos en el apartado 3 de este 
artículo. Tienen esta consideración las cooperativas de consumidores y usuarios 
de energías renovables que cumplan los requisitos previstos en dicha normativa.
9 bis 4.  En caso que el proyecto se vehicule a través de una sociedad 
mercantil, el 20 % de la propiedad del proyecto debe entenderse como el 20 % de 
la sociedad vehicular. En el supuesto que un mismo proyecto estuviera vehiculado 
en varias sociedades, la apertura a la participación local no podrá ser inferior 
al 20 % del total del valor nominal del conjunto de las acciones o participaciones 
de las sociedades vehiculares que integran el proyecto.
9 bis 5.  Las personas físicas o jurídicas a las que se les ofrezca participar en  e.e
el 20 % de la propiedad o financiación del proyecto de acuerdo con el presente  b
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autorización administrativa previa o hasta que se alcance el 20 % de la participación.
9 bis 7.  Están exentas de presentar la oferta de participación local:
a)  Las entidades consideradas comunidades de energía renovable según la 
normativa europea y las disposiciones que la desarrollen.
b)  Las entidades consideradas comunidades ciudadanas de energía, según 
la  normativa  europea  y  las  disposiciones  que  la  desarrollen,  siempre  que  al 
menos 50 de sus socios cumplan los requisitos previstos en el apartado 3 de este 
artículo. Tienen esta consideración las cooperativas de consumidores y usuarios 
de energías renovables que cumplan los requisitos previstos en dicha normativa.
c)  Los  proyectos  de  potencia  igual  o  inferior  a  10  MW  promovidos  por 
entidades con domicilio en el municipio donde se desarrolla la instalación con una 
antigüedad mínima de 2 años.
d)  Los proyectos asociados a un contrato de adquisición del 100 % de la 
energía producida a un mínimo de 7 años desde la puesta en servicio entre el 
promotor y un consumidor. No se aplicará esta exención cuando se trate de 
contratos  bilaterales  intragrupo  de  aquellos  grupos  energéticos  integrados 
verticalmente  que  tengan  la  consideración  de  operadores  dominantes  en  los 
sectores energéticos en, como mínimo, una de sus actividades.»
2.9  Se modifica el artículo 10 del Decreto-ley 16/2019, de 26 de noviembre, que 
queda redactado de la forma siguiente:
«Artículo 10.  Ponencia de Energías Renovables.
10.1  La Ponencia de Energías Renovables es un órgano colegiado que tiene 
como función llevar a cabo las actuaciones relativas a la evaluación de impacto 
ambiental de los proyectos de parques eólicos y de plantas solares fotovoltaicas.
10.2  Integran la Ponencia de Energías Renovables cinco representantes del 
órgano competente en materia de medio ambiente y cambio climático, uno de los 
cuales  ejerce  la  Presidencia,  tres  representantes  del  órgano  competente  en 
materia de energía, dos representantes del órgano competente en materia de 
urbanismo y paisaje, dos representantes del órgano competente en ordenación 
territorial y desarrollo sostenible del medio rural, un representante del órgano 
competente  en  materia  de  patrimonio  cultural  y  un  representante  del  órgano 
competente en materia de agricultura.»
2.10  Se modifica el artículo 14 del Decreto-ley 16/2019, de 26 de noviembre, que 
queda redactado de la forma siguiente:
«Artículo 14.  Solicitud de autorización administrativa para la implantación de un 
parque eólico o de una planta solar fotovoltaica.
14.1  La persona promotora del parque eólico o de la planta solar fotovoltaica 
debe presentar la solicitud de autorización administrativa previa y de construcción 
en la Oficina de Gestión Empresarial. Se debe aportar también la documentación 
exigida por las diferentes normativas sectoriales que detallan los anexos de este 
Decreto-ley. El órgano competente en materia de energía debe dar traslado de la 
solicitud al ayuntamiento o ayuntamientos donde se proyecta la actividad.
14.2  Sin  perjuicio  de  la  previsión  contenida  en  el  artículo  18.2,  la 
documentación acreditativa del acceso y la conexión a la red puede ser aportada  e
en cualquier momento del procedimiento administrativo posterior a la presentación  bo
de la solicitud. 3w
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se debe solicitar una vez obtenida la autorización energética.»
2.11  Se modifica el artículo 15 del Decreto-ley 16/2019, de 26 de noviembre, que 
queda redactado de la forma siguiente:
«Artículo 15.  Suficiencia e idoneidad, información pública y consultas.
15.1  El órgano competente en materia de energía y los órganos competentes 
en materia de agricultura, paisaje, medio ambiente, urbanismo y cultura deben 
comprobar,  en  el  plazo  de  un  mes,  la  suficiencia  y  la  idoneidad  de  la 
documentación aportada por la persona promotora. En caso necesario, el órgano 
competente en materia de energía debe recoger las peticiones de enmienda y 
mejora y las trasladará a la persona promotora, de acuerdo con la normativa 
general  de  procedimiento  administrativo.  Al  dar  respuesta  a  la  suficiencia  e 
idoneidad de la documentación aportada, el órgano ambiental deberá comunicar al 
órgano competente en materia de energía la lista de entidades y administraciones 
que deben ser consultadas a los efectos de la evaluación de impacto ambiental.
El órgano competente en materia de energía debe trasladar la respuesta de la 
persona promotora a los órganos competentes descritos en el párrafo anterior 
para que se pronuncien en un plazo de 15 días sobre si la documentación es 
adecuada y suficiente para el inicio de la información pública. En caso que dentro 
de dicho plazo se reciba alguna observación, el órgano competente en materia de 
energía la trasladará al promotor para que dé respuesta. En el supuesto que 
superado el plazo de 15 días no conste respuesta de los órganos competentes, el 
órgano sustantivo puede continuar la tramitación de acuerdo con el apartado 
siguiente.
15.2  Una vez subsanadas todas las deficiencias, el órgano competente en 
materia de energía inicia el trámite de información pública durante un periodo 
mínimo de 30 días. El anuncio de información pública debe detallar que tiene 
efectos sobre los procedimientos administrativos siguientes: el procedimiento para 
la obtención de la autorización administrativa previa y de construcción del parque 
eólico o la planta solar fotovoltaica y, si procede, para su declaración de utilidad 
pública; el procedimiento para la autorización del proyecto de actuación específica 
de interés público en suelo no urbanizable, y el procedimiento de evaluación de 
impacto ambiental del proyecto del parque eólico o de la planta solar fotovoltaica.
15.3  Paralelamente al trámite de información pública, el órgano competente 
en materia de energía efectúa el trámite de audiencia a las administraciones y 
entidades que puedan resultar afectadas y solicita a organismos y empresas de 
servicios públicos o de interés general que emitan un informe sobre la parte que 
les  pueda  afectar.  En  cualquier  caso,  se  deben  consultar  los  departamentos 
competentes en materia de patrimonio cultural y en materia de agricultura. Estos 
informes deberán emitirse en el plazo de un mes. Si no se emiten en el plazo 
señalado,  se  pueden  proseguir  las  actuaciones  correspondientes.  Cuando  la 
persona  promotora  haya  solicitado  la  declaración  de  utilidad  pública,  se 
consideran también personas interesadas las personas titulares de los bienes y 
derechos afectados. En todos los casos, el órgano competente en materia de 
energía debe solicitar informe al ayuntamiento o los ayuntamientos en cuyo ámbito 
se pretenda implantar el parque eólico o la planta solar fotovoltaica.
15.4  El Departamento competente en materia de energía debe dar traslado 
de las alegaciones y los informes recibidos en los trámites de audiencia, consulta 
e información pública a la persona promotora, que debe dar respuesta en el plazo  e.
de 30 días. w.b
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de un mes, puedan formular sus observaciones.»
2.12  Se  añaden  los  puntos  10  y  11  al  apartado  a)  del  anexo  1  del  Decreto-
ley 16/2019, de 26 de noviembre, con el texto siguiente:
«10.  Documentación que acredite el cumplimiento del requisito de la oferta 
de participación local, si procede.
11.  Documentación  que  acredite  la  disponibilidad  o  el  compromiso  de 
disponibilidad de más del 50 % de los terrenos agrícolas privados sobre los que se 
proyecte la cimentación de los aerogeneradores, si procede.»
2.13  Se  añaden  los  puntos  10  y  11  al  apartado  b)  del  anexo  1  del  Decreto-
ley 16/2019, de 26 de noviembre, con el texto siguiente:
«10.  Documentación que acredite el cumplimiento del requisito de la oferta 
de participación local, si procede.
11.  Documentación  que  acredite  la  disponibilidad  o  el  compromiso  de 
disponibilidad de más del 50 % de los terrenos agrícolas privados sobre los que se 
proyecte la instalación fotovoltaica, si procede.»
2.14  Se  añaden  dos  nuevos  apartados  al  punto  3  del  anexo  3  del  Decreto-
ley 16/2019, de 26 de noviembre, con el texto siguiente:
«En el caso de proyectos de plantas solares fotovoltaicas que afecten a suelos 
de valor agrológico alto y de interés agrario elevado, el promotor presentará 
imagen del mapa de suelos 1/25.000 del Instituto Cartográfico y Geológico de 
Cataluña  con  la  delimitación  superpuesta  de  la  instalación  y  de  la  línea  de 
evacuación  por  medio  de  una  capa  en  formato  digital  "shape"  utilizando  la 
herramienta QGIS. En defecto de mapa, el promotor debe presentar un Estudio 
edafológico y el Mapa de clasificación de capacidad agrológica del suelo de la 
superficie afectada por la instalación y por la línea de evacuación, de acuerdo con 
el sistema de evaluación de suelos de clases de capacidades agrológicas. En ese 
caso, la imagen del mapa con la delimitación superpuesta de la instalación y de la 
línea de evacuación también se efectuará por medio de una capa en formato 
digital "shape" utilizando la herramienta QGIS.»
Artículo 3.  Modificación de la Ley 16/2017, de 1 de agosto, del cambio climático.
3.1  Se añade un apartado c) bis al artículo 19 de la Ley 16/2017, de 1 de agosto, 
del cambio climático, con el redactado siguiente:
«c) bis Aprobar el objetivo que al menos el 30 % de la energía eléctrica 
renovable de nuevo desarrollo a implantar en el horizonte de 2030 sea distribuida 
y participada en la propiedad o financiación por la ciudadanía, las pequeñas y 
medianas empresas, las administraciones locales, las operadoras y comunidades 
energéticas ciudadanas y las comunidades de energías renovables.»
3.2  Se modifica el apartado 1 b) del artículo 19, que queda redactado de la forma 
siguiente:
«b)  Promover las energías renovables, que se han de desarrollar, siempre 
que sea posible, aprovechando espacios ya alterados por la actividad humana con 
el fin de minimizar la ocupación innecesaria del territorio y priorizar la ocupación  es
de las cubiertas de las edificaciones y otras construcciones auxiliares, incluidas las  bo
pérgolas de los aparcamientos de vehículos, y la ocupación del suelo diferente del  3w
ndoe suusrboa.»nizable,  y,  dentro  del  suelo  no  urbanizable,  los  espacios  agrarios  en  2021-2111n https://w
3.3  Se modifica el apartado 6 del artículo 19, que queda redactado de la forma 
siguiente:
«6.  La planificación territorial sectorial de las energías renovables para la 
generación solar y eólica debe contemplar medidas que minimicen los impactos 
derivados de la elevada demanda de suelo que requiere la implantación de estas 
energías y sus líneas de evacuación. La planificación energética y la de mitigación 
del  cambio  climático  se  elaborarán  de  forma  integrada.  Hay  que  tener  en 
consideración  especial  el  principio  de  justicia  social  en  relación  con  aquellas 
personas, colectivos, sectores económicos y territorios que puedan resultar más 
afectados por la transición energética.»
Artículo 4.  Medidas en materia de autoconsumo de energía eléctrica.
4.1  Las instalaciones fotovoltaicas de generación eléctrica y conectadas a la red de 
transporte o distribución en la modalidad de autoconsumo sin excedentes que dispongan 
de  un  dispositivo  que  no  permita  el  vertido  y  no  requieran  evaluación  de  impacto 
ambiental no requieren autorización administrativa, de construcción y de explotación, sin 
perjuicio de la declaración responsable exigible conforme a la reglamentación técnica 
que  se  les  aplique,  y  sin  perjuicio  de  la  intervención  administrativa  ambiental  o 
urbanística  que  les  pueda  corresponder.  Estas  instalaciones  deben  situarse  sobre 
cubiertas o pérgolas o en las parcelas en suelo urbano.
4.2  A los efectos del artículo 8 del Real decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que 
se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de 
energía eléctrica en relación con la modificación del contrato de acceso para aquellos 
sujetos consumidores conectados a baja tensión, en que la instalación generadora sea 
de baja tensión y la potencia instalada de generación sea menor de 100 kW, que realicen 
autoconsumo,  la  documentación  acreditativa  de  la  inscripción  en  el  Registro  de 
Autoconsumo de Cataluña tiene la consideración de documentación remitida por la 
Administración de la Generalitat. Las empresas distribuidoras y comercializadoras de 
energía eléctrica no pueden requerir documentación adicional para llevar a cabo la 
modificación del contrato de acceso del autoconsumidor asociado. En el supuesto de 
instalaciones colectivas, la persona titular de la instalación debe aportar el acuerdo de 
reparto y el acuerdo de compensación de excedentes a la empresa distribuidora a la vez 
que se solicita el Código de autoconsumo.
Artículo 5.  Creación de la Mesa de Diálogo Social de las Energías Renovables.
Se crea la Mesa de Diálogo Social de las Energías Renovables que tiene como 
objeto el estudio y la identificación, para la posterior elevación a las administraciones 
competentes,  de  las  propuestas  de  medidas  de  compensación  pública  entre  los 
territorios  rurales  y  las  zonas  urbanas  densamente  pobladas  en  que,  una  vez 
maximizadas las políticas locales de implantación de energías renovables, no se pueda 
garantizar alcanzar el 50 % de su demanda eléctrica con generación eléctrica renovable 
de proximidad en el horizonte de 2030.
Artículo 6.  Composición y funcionamiento de la Mesa de Diálogo Social de las Energías 
Renovables.
El funcionamiento y la composición de la Mesa de Diálogo Social de las Energías  e.
Renovables se aprueba por orden de la persona titular del departamento competente en  w.b
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Disposición adicional primera.  Plan territorial sectorial.
El  Gobierno  debe  acordar  la  formulación  del  Plan  territorial  sectorial  para  la 
generación eléctrica eólica y fotovoltaica sus líneas de evacuación y sus elementos de 
almacenamiento en el plazo de seis meses a contar desde la entrada en vigor de este 
Decreto-ley. Este plan debe determinar la producción de energía de cada comarca en 
función de su demanda y atendiendo criterios de solidaridad intercomarcal para lograr los 
objetivos a nivel global.
Disposición adicional segunda.  Publicación de datos agrícolas.
El departamento competente en materia de agricultura debe publicar en su página web 
los datos relativos a las superficies de secano y regadío de las comarcas de Cataluña y el 
porcentaje de ocupación de la superficie agrícola correspondiente a las plantas autorizadas 
en el plazo de tres meses a contar desde la entrada en vigor de este Decreto-ley.
Disposición adicional tercera.  Supervisión de los gestores de las redes de distribución 
de energía eléctrica.
La Dirección General de Energía, como órgano competente en la supervisión del 
desempeño de las funciones de los gestores de las redes de distribución de energía 
eléctrica  que  ejercen  su  actividad  en  Cataluña,  velará  para  que  dichos  gestores 
justifiquen ante la Administración las denegaciones de conexión a la red de hasta 25 KV 
para los proyectos de potencia igual o inferior a 5 MW, de acuerdo con la normativa 
vigente. Con este fin, se constituirá una Comisión de Seguimiento entre la Administración 
y los gestores de las redes de distribución de energía eléctrica.
Disposición adicional cuarta.
El Gobierno debe crear, en el plazo de 3 meses, un grupo de trabajo para la constitución 
de una empresa energética pública basada en fuentes de energía renovable.
Disposición transitoria primera.  Aplicación de las medidas de mejora de la aceptación 
social a los proyectos en trámite.
1.  Los proyectos de parques eólicos y plantas solares fotovoltaicas cuyo trámite de 
información pública no se haya iniciado en la fecha de entrada en vigor de este Decreto-
ley deben cumplir los requisitos establecidos en el artículo 11 del Decreto-ley 16/2019, 
de 26 de noviembre, en los términos siguientes:
a)  El  requisito  relativo  a  la  oferta  de  participación  local  se  debe  acreditar  en 
cualquier  momento  del  procedimiento  administrativo  previo  a  la  obtención  de  la 
autorización administrativa previa.
b)  El requisito relativo a la disponibilidad o el compromiso de disponibilidad de los 
terrenos se debe acreditar con carácter previo al inicio del trámite de información pública.
2.  Las personas promotoras que no puedan cumplir el apartado anterior podrán 
desistir de su solicitud en el plazo de tres meses a contar desde la entrada en vigor de 
este  Decreto-ley  y  tienen  derecho  a  la  devolución  de  las  garantías  económicas 
presentadas para tramitar la solicitud de acceso y conexión a las redes de transporte y 
distribución. e.
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artículo 14.
2.  Los procedimientos de autorización administrativa para la implantación de un 
parque eólico o de una planta solar fotovoltaica iniciados antes de la entrada en vigor de 
este Decreto-ley cuyo trámite de información pública todavía no se haya iniciado en la 
fecha de entrada en vigor del presente Decreto-ley se rigen por las previsiones de este 
Decreto-ley.
Disposición derogatoria.
Se deroga el artículo 11 del Decreto-ley 16/2019, de 26 de noviembre, de medidas 
urgentes para la emergencia climática y el impulso a las energías renovables.
Se deroga el apartado 2 de la disposición transitoria tercera de la Ley 3/2019, de 17 
de junio, de los espacios agrarios.
Disposición final primera.
El Gobierno debe impulsar, en el plazo de 3 meses, las modificaciones legislativas 
necesarias para facilitar la implantación de fuentes de energía renovable en los edificios.
Disposición final segunda.  Entrada en vigor.
Este Decreto-ley entra en vigor al día siguiente de su publicación en el «Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya».
Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos y las ciudadanas a quienes sea de 
aplicación  este  Decreto-ley  cooperen  en  su  cumplimiento,  y  que  los  tribunales  y 
autoridades a los que corresponda lo hagan cumplir.
Barcelona, 26 de octubre de 2021.–El Presidente de la Generalitat de Catalunya, 
Pere Aragonès i Garcia.–La Consejera de Acción Climática, Alimentación y Agenda 
Rural, Teresa Jordà i Roura.
(Publicado en el «Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña» número 8531, de 27 de octubre de 2021. 
Convalidado por Resolución 180/XIV del Parlamento de Catalunya, publicada en el «Diario Oficial de la 
Generalitat de Cataluña»número 8559, de 9 de diciembre de 2021)
2021-2111n https://w