BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 177 Viernes 26 de junio de 2020 Sec. III.   Pág. 44739
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
6776 Resolución de 3 de febrero de 2020, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica  y  Fe  Pública,  en  el  recurso  interpuesto  contra  la  negativa  del 
registrador mercantil y de bienes muebles accidental II de Málaga a practicar 
el depósito de cuentas anuales de una sociedad.
En el recurso interpuesto por doña F. M. y doña I. D. R., en nombre y representación 
de la sociedad «Corno Doboy, S.L.», contra la negativa del registrador Mercantil y de 
Bienes Muebles accidental II de Málaga, don Gonzalo Diéguez Oliva, a practicar el 
depósito de cuentas anuales de dicha sociedad.
Hechos
I
El día 11 de septiembre de 2019 se presentaron en el Registro Mercantil de Málaga, 
para su depósito, las cuentas anuales de la sociedad «Corno Doboy, S.L.», relativas al 
ejercicio  de  2018.  Según  la  certificación  expedida  por  las  administradoras 
mancomunadas de la sociedad, doña F. M. y doña I. D. R., tales cuentas anuales fueron 
aprobadas en junta general por acuerdo adoptado «por mayoría cualificada».
II
La documentación presentada fue objeto de calificación negativa en el Registro 
Mercantil de Málaga en los siguientes términos:
«Don Gonzalo Diéguez Oliva, Registrador Mercantil Accidental de Málaga, previo el 
consiguiente examen y calificación, de conformidad con los artículos 18 del Código de 
Comercio y 6 del Reglamento del Registro Mercantil, ha resuelto no practicar el depósito 
solicitado conforme a los siguientes hechos y fundamentos de Derecho:
Hechos:
Diario/Asiento: 410/43374 F. presentación: 11/09/2019 Entrada: 2/2019/538.259,0.
Sociedad: Corno Doboy SL.
Ejercicio depósito: 2018.
Fundamentos de Derecho (defectos):
1.  En la certificación de la Junta General, falta expresar la forma de adopción de los 
acuerdos, esto es, las mayorías con que fueron adoptados cada uno de los acuerdos. 
Arts. 97.1.7.ª, 112 y 368 RRM, y Res. DGRN 04-07-2008, 06-06-2013 y 13-10-2015.
2.  Falta aportar Informe de Auditoría de las cuentas anuales que se pretenden 
depositar conforme a lo dispuesto en el artículo 265.2 de la Ley de Sociedades de 
Capital. Arts. 366.1.5.º RRM y 279 y 280 LSC, y Res. DGRN de 25-05-2009, 24-11-2015,  s
18-01-2016 y 28-02-2018, entre otras. oe.
Se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 15.ª del R.R.M. contando la  76ww
presEenn tree lcaacliiófinca ccoiónn l ac opnre lsae cnoten fcoarmlifiicdaacdi ódne:  l(o…s )cotitulares del Registro.
Málaga, a 8 de octubre de dos mil diecinueve.–El registrador.»
III
Contra la anterior nota de calificación, doña F. M. y doña I. D. R., en nombre y 
representación de la sociedad «Corno Doboy, S.L.», interpusieron recurso el día 5 de 
noviembre de 2019 mediante escrito con las alegaciones siguientes:
«Primera.–La denegación a practicar el depósito efectuado está fundamentada, en 
una primera calificación como defectuosa la certificación de la Junta General, porque 
según criterio de ese Registro, falta expresar la forma de adopción de los acuerdos, esto 
es, las mayorías con que fueron adoptados cada uno de los acuerdos.–Arts. 97.1.7.ª, 112 
y 368 RRM, y Res. DGRN 04-07-2008.
Si bien es correcta la transcripción literal de esos artículos, en esta notificación de 
calificación no consideramos que sean de aplicación para la denegación del depósito en 
base  a  esa  argumentación,  ya  que  lo  que  hace  el  Registro  es  obviar  la  correcta 
aplicación de la reglamentación referente al contenido que debe de tener la certificación 
de la Junta General Universal.
El art. 112.3.2.ª, del RRM sobre el contenido de la certificación, que pasamos a 
transcribir literalmente, expone: “si la Junta fuese universal sólo será necesario consignar 
tal carácter y que en el acta figura el nombre y la firma de los asistentes que sean socios 
o representantes de éstos”. Y el mismo artículo en su 3.ª recoge: “no será necesario 
recoger en la certificación el resumen de los asuntos debatidos ni expresar, en su caso, 
si hubo intervenciones u oposiciones”.
Pues en este sentido, la entidad Corno Doboy, S.L. presentó Certificación de la Junta 
de Socios, en donde certifica lo siguientes puntos entre otros, que pasamos a transcribir:
1.  Que en fecha 30 de junio de 2019 y en Benalmádena se reunió su Junta General 
con el carácter de universal.
2.  Que en el acta figura el nombre y la firma de los asistentes, quienes al finalizar la 
reunión aprobaron el acta, la cual fue firmada por el Presidente y Secretario de la Junta.
3.  Que fueron adoptados por mayoría cualificada los siguientes acuerdos:
a.  Aprobar las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2018 (...)
Y en aplicación del citado artículo 112, considera la entidad Corno Doboy, S.L. que 
en la certificación emitida de la junta general y universal, no hay que hacer de manera 
obligatoria  mención  alguna  a  la  forma  de  adopción  de  los  acuerdos,  mediante  la 
transcripción de las mayorías con que fueron adoptados cada uno de los acuerdos.
Por  consiguiente,  no  es  de  aplicación  la  argumentación  que  utiliza  el  Registro 
Mercantil para la calificación de defectuoso el depósito de cuentas anuales en dichos 
términos.
Segunda.–Otro fundamento de derecho que utiliza el Registro Mercantil para emitir 
su calificación como defectuosa el depósito de cuentas, es el que versa sobre la falta de 
aportación del Informe de Auditoría de las cuentas anuales que se pretenden depositar.
Es  en  este  punto  donde  el  Registro  manifiesta  una  clara  intencionalidad  en  la 
calificación como defectuosa el depósito presentado.
Si bien es cierto que toda sociedad en la que haya sido nombrado, de forma 
voluntaria o no, la obligación de auditar sus cuentas anuales, debe de presentar el 
correspondiente  Informe  de  Auditoría  de  dichas  cuentas  anuales,  para  su  correcto 
depósito en el Registro Mercantil, no es menos cierto que la entidad no fue notificada de  es
este nombramiento con carácter previo a la presentación de las mismas. o
La entidad Corno Doboy, S.L., recibe notificación del Registro Mercantil de Málaga en  76ww
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entidad  presenta  en  fecha  11  de  septiembre  cien  201,  con  número  de 
entrada 2019/2/538259.
En la motivación que realiza el Registro Mercantil sobre este punto, ni siquiera hace 
mención expresa de quien es el auditor designado al caso, por lo que da a entender que 
realiza la motivación antes incluso que la designación del mismo.
No se conoce hasta la fecha publicación en el BORME sobre la designación del 
auditor nombrado en la resolución dictada sobre el expediente 59/2019.
Se adjunta (…) Resolución dictada en el expediente de designación de auditor 
número 59/2019.
Se adjunta (…) acuse de recibo de presentación del depósito de cuentas anuales con 
número de entrada 2019/2/538259.
Por consiguiente, debido a la falta de la correcta notificación y en su debido tiempo 
del nombramiento de auditor para las cuentas anuales del ejercicio 2018, consideramos 
la total falta de motivación de la argumentación descrita en el fundamento de derecho 
por  parte  del  Registro  Mercantil  de  Málaga  para  la  calificación  efectuada  en  su 
disposición segunda.
En  cuanto  a  la  disposición  primera,  consideramos  que  ha  sido  una  utilización 
erróneamente motivada y con el solo propósito de no calificar como correcto el depósito 
de las cuentas anuales presentadas, con el único objetivo de proceder al rechazo del 
mismo ante la falta de la correcta comunicación del nombramiento de auditor.»
IV
Mediante  escrito,  de  fecha  11  de  noviembre  de  2019,  el  registrador  elevó  el 
expediente, con su informe, a la Dirección General de los Registros y del Notariado.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 18 y 20 del Código de Comercio; 159, 178, 194, 198, 199, 200, 
201, 253, 263, 265.2, 270, 272 y 279 de la Ley de Sociedades de Capital; 7, 97.1.7.ª, 
102.1.4.ª y.5.ª, 107.2, 112, 354, 358, 359, 366.1.5.º 368 y 378 del Reglamento del 
Registro Mercantil, y las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado de 16 de abril de 1998, 11 de octubre de 2005, 4 de julio de 2008, 25 de mayo 
de 2009, 29 de noviembre de 2012, 6 de junio de 2013, 15 de abril, 13 de octubre y 18 
de noviembre de 2015, 18 de enero de 2016 y 28 de febrero de 2018, entre otras.
1.  El primero de los defectos que el registrador oponer a la práctica del depósito de 
las cuentas anuales en la certificación de acuerdos de la junta general, celebrada el 
día 30 de junio de 2019, que acordó aprobar dichas cuentas falta expresar la forma de 
adopción de los acuerdos, esto es, las mayorías con que fueron adoptados los mismos.
Las recurrentes alegan que la referida junta general tuvo carácter de junta universal 
y, al expresarse en dicha certificación que tales cuentas anuales fueron aprobadas en 
junta general por acuerdo adoptado «por mayoría cualificada», no es necesario hacer de 
manera obligatoria mención alguna a la forma de adopción de los acuerdos, mediante la 
transcripción de las mayorías con que fueron adoptados cada uno de ellos.
2.  La presunción de exactitud y validez de los asientos registrales, en cuanto se 
basa en la previa calificación que de la regularidad y validez que del acto por inscribir ha 
de realizar el registrador, obliga a que un dato esencial para apreciarla, en los acuerdos 
de las juntas, cual es la concreta mayoría por la que se adoptaron, se refleje en la  e.e
certificación del acta, o, en su caso, en el acta notarial, correspondiente. La exigencia de  b
la indicación del resultado de las votaciones con expresión de las mayorías con que se  76ww
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y 5.ª, del mismo Reglamento: el notario dará fe de la declaración del presidente de la
junta sobre los resultados de las votaciones y de las manifestaciones de oposición a los 
acuerdos y otras intervenciones cuando así se solicite. Correlativamente a ello, su 
artículo 112.2 exige que si los acuerdos hubieren de inscribirse en el Registro Mercantil 
la certificación consigne todas las circunstancias del acta que sean necesarias para 
calificar la validez de los acuerdos, reiterando tal exigencia su artículo 107.2 respecto de 
la escritura de elevación a público de acuerdos sociales.
En el presente caso resulta de la documentación presentada la expresión de que los 
acuerdos  fueron  adoptados  por  «mayoría  cualificada»,  aunque  sin  especificar,  en 
concreto, cuál sea ésta.
La regla general en sede de sociedades de capital es que los acuerdos de la junta 
general se adopten por mayoría (artículos 159, 178, 194, 198, 199, 200 y 201 de la Ley 
de Sociedades de Capital); y, prescindiendo de aquellos supuestos en que la adopción 
de los acuerdos está sujeta a determinadas exigencias, sean legales (cfr. artículos 198, 
199, 200 y 201 de la misma Ley de Sociedades de Capital) o estatutarias, el cómputo de 
la mayoría ordinaria no siempre está exento de dificultades. Sirva como muestra la 
diferencia de criterios existentes en torno a la exclusión o cómputo, en uno u otro 
sentido, de las abstenciones o de los votos en blanco, que según cuál sea el que se siga 
puede determinar que se tenga por lograda o no aquella mayoría. Ante ello, la ya citada 
presunción de exactitud y validez del contenido de los asientos registrales justifica 
sobradamente el que un dato tan esencial para apreciarla por el registrador en su 
calificación de los acuerdos de las juntas como es la concreta mayoría por la que se 
adoptaron, se refleje en la certificación del acta correspondiente. Por lo demás, la 
claridad con que se expresa el citado Reglamento (cfr. los citados artículo 97.1.7.ª 
y  112.2),  hace  absolutamente  razonable  la  nota  de  calificación  de  la  certificación 
presentada en este extremo.
3.  La segunda de las objeciones que opone el registrador a la práctica del depósito 
de cuentas anuales es que no se aporta informe de auditoría de las mismas.
Las recurrentes alegan que, antes de la presentación de las cuentas anuales, no se 
notificó a la sociedad el nombramiento de auditor para verificarlas.
Este motivo alegado en el escrito de recurso no puede ser estimado.
Del presente expediente resulta que la sociedad tiene conocimiento de la solicitud del 
socio minoritario de nombramiento del auditor para verificar la cuentas anuales de 2018 
conforme al artículo 265.2 de la Ley de Sociedades de Capital, desde el 15 de abril 
de 2019, y formuló oposición a dicha designación, primero ante el propio registrador 
Mercantil (que fue desestimada mediante Resolución de 2 de mayo, de la que tuvieron 
conocimiento el 6 de mayo de 2019) y posteriormente ante la Dirección General de los 
Registros y del Notariado en vía de recurso, que fue desestimado mediante Resolución 
de 13 de junio de 2019, notificada a la sociedad el 21 de junio de 2019 y, por tanto, antes 
de la celebración -el 30 de junio de 2019- de la junta general en la que se aprobaron las 
cuentas anuales.
Según la doctrina de la Dirección General de los Registros y del Notariado (cfr. la 
Resolución de 28 de febrero de 2018, entre otras), la reforma del artículo 279 de la Ley 
de Sociedades de Capital no ha modificado los derechos reconocidos por la ley a los 
socios minoritarios a obtener un informe de auditoría, ni ha alterado el régimen de 
protección que, para ello, le ofrece el Registro.
Por ello, debe reiterarse una vez más que, cuando en las sociedades no obligadas a 
verificación contable, se hubiese solicitado por los socios minoritarios el nombramiento 
registral de un auditor de cuentas, no puede tenerse por efectuado el depósito de las  s
cuentas  anuales  si  no  se  presenta  el  correspondiente  informe.  De  tal  modo  que  oe.
presentadas las cuentas a depósito cuando ya había sido solicitado respecto a dichas  w.
cuentas  el  nombramiento  de  auditor  por  socio  minoritario  y  teniendo  además  76ww
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Mteenrecrasnet ipl,o rd iecfheacstu caudeon.tas deberán aprobarse nuevamente para que su depósito pueda  BOE-A-cable e
Esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso y confirmar la calificación 
recurrida.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Mercantil de la provincia donde radica el Registro, en el plazo de 
dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal, 
conforme a lo establecido en la disposición adicional vigésima cuarta de la Ley 24/2001, 
de 27 de diciembre, y los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria.
Madrid, 3 de febrero de 2020.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.