BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 253  Miércoles 23 de septiembre de 2020  Sec. I.   Pág. 79929
I. DISPOSICIONES GENERALES
JEFATURA DEL ESTADO
11043 Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
El trabajo a distancia, entendido como trabajo que se realiza fuera de los 
establecimientos y centros habituales de la empresa y del que el teletrabajo es una 
subespecie que implica la prestación de servicios con nuevas tecnologías, ha sido objeto 
de regulación tanto en el ámbito interno como en el ámbito comunitario e internacional.
En el ámbito comunitario, la Confederación Europea de Sindicatos (CES), la Unión de 
Confederaciones de la Industria y de Empresarios de Europa (UNICE), la Unión Europea 
del Artesanado y de la Pequeña y Mediana Empresa (UNICE/UEAPME) y el Centro 
Europeo de la Empresa Pública (CEEP), firmaron, ya en el año 2002, el Acuerdo Marco 
Europeo sobre Teletrabajo, suscrito por los interlocutores sociales europeos en julio 
de 2002 y revisado en 2009, a fin de dar más seguridad a los teletrabajadores y las 
teletrabajadoras por cuenta ajena en la UE. Este Acuerdo entendió esta modalidad del 
trabajo a distancia como un medio para modernizar la organización del trabajo para las 
empresas y organizaciones de servicios públicos, y para dar una mayor autonomía en la 
realización de sus tareas a las personas trabajadoras.
El objeto del Acuerdo era elaborar un marco general a escala europea sobre las 
condiciones laborales de teletrabajadoras y teletrabajadores y compaginar las necesidades 
de flexibilidad y seguridad que son comunes a estos y a las empresas. El Acuerdo otorga 
a las personas trabajadoras a distancia la misma protección global que a las que ejercen 
sus actividades en los locales de la empresa.
En dicho Acuerdo se define el teletrabajo como una forma de organización o de 
realización del trabajo utilizando las tecnologías de la información, en el marco de un 
contrato o de una relación laboral, en la que un trabajo que también habría podido 
realizarse en los locales de la empresa, se ejecuta habitualmente fuera de estos.
En el Acuerdo se resaltan varios ámbitos clave, en los que es preciso tener en cuenta 
las peculiaridades del teletrabajo. En particular, este acuerdo se refiere especialmente el 
carácter voluntario del teletrabajo; la igualdad de derechos de las personas teletrabajadoras 
en relación a las que desarrollan su actividad en el establecimiento de la empresa, con una 
mención expresa a su derecho a la formación y la carrera profesional, o al pleno ejercicio 
de sus derechos colectivos; la dotación de equipos; la seguridad y la salud, especificando 
la aplicación íntegra de la normativa europea sobre la materia y la responsabilidad 
empresarial correspondiente; la gestión de la organización del trabajo por parte de la 
persona teletrabajadora, en el marco de la legislación y convenios colectivos aplicables.
Asimismo, la Organización Internacional del Trabajo reguló, en su Convenio nº 177 y 
en la Recomendación n.º 184, el trabajo a domicilio, entendiendo que esta modalidad se 
produce cuando se realiza la actividad laboral en el domicilio de la persona trabajadora o 
en otro local que esta escoja, distinto de los locales de trabajo de la empresa, a cambio de  s
una remuneración y con el fin de elaborar un producto o prestar un servicio conforme a las  oe.
especificaciones de la misma. w.
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tecnologías. La exposición de motivos de dicha ley reconocía el teletrabajo como una
particular forma de organización del trabajo que encaja perfectamente en el modelo  Bc
productivo y económico, al favorecer la flexibilidad de las empresas en la organización del
trabajo, incrementar las oportunidades de empleo y optimizar la relación entre tiempo de 
trabajo y vida personal y familiar. De acuerdo con esta modificación, el trabajo a distancia 
está definido en el artículo 13 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, como aquel en que «la 
prestación de la actividad laboral se realice de manera preponderante en el domicilio del 
trabajador o en el lugar libremente elegido por este de modo alternativo a su desarrollo 
presencial en el centro de trabajo de la empresa».
Además, el trabajo a distancia es fundamental para favorecer el asentamiento y la 
fijación de población en el medio rural, tal y como se señala en las Directrices Generales 
de la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, aprobadas por Consejo de Ministros 
el 29 de marzo de 2019. Esta norma ha de servir para hacer factible la oportunidad de 
revertir la despoblación, de acuerdo con las características de los territorios que sufren el 
declive demográfico, como zonas rurales y remotas, o pequeños municipios.
El artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores resulta insuficiente para aplicarlo a las 
peculiaridades del teletrabajo, que requiere no solo de una prestación laboral que se 
desarrolle preferentemente fuera de los locales de la empresa, sino también de un uso 
intensivo de las nuevas tecnologías informáticas y de la comunicación.
Por su parte, el Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para 
garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo 
y la ocupación, modificó el artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores, anticipándose al 
contenido de la Directiva 2019/1158 (UE) del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a la 
conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores y 
por la que se deroga la Directiva UE 2010/18 del Consejo, en la cual se establece un 
auténtico derecho a la conciliación de la vida laboral y familiar a través del uso de las 
formas flexibles de trabajo, incluidas la fórmulas de trabajo a distancia.
En la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales, se establecen por primera vez de manera expresa, y 
recogiendo la jurisprudencia nacional, comunitaria e internacional, un conjunto de derechos 
relacionados con el uso de dispositivos en el ámbito laboral como son, entre otros, el 
derecho a la intimidad y uso de dispositivos digitales en el ámbito laboral y el derecho a la 
desconexión digital.
El artículo 5 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes 
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, establece 
el carácter preferente del trabajo a distancia frente a otras medidas en relación con el 
empleo, debiendo la empresa adoptar las medidas oportunas si ello es técnica y 
razonablemente posible y si el esfuerzo de adaptación necesario resulta proporcionado, 
tratándose de una norma excepcional y de vigencia limitada.
II
La expansión de la pandemia y las necesarias medidas de contención han alterado de 
forma abrupta la evolución económica global, con caídas pronunciadas en la actividad y en 
el empleo. Aun cuando la pandemia remita, se prevé una caída acusada del Producto 
Interior Bruto (PIB), dependiendo las tasas de crecimiento y las posibilidades de 
recuperación de la propia evolución de la pandemia y la eventualidad de los rebrotes.
El PIB de la economía española ha sufrido la mayor contracción intertrimestral de su 
historia, siendo el impacto de esta crisis especialmente acusado sobre el empleo, con una 
fuerte reducción de las afiliaciones a la Seguridad Social y una utilización masiva de los  s
expedientes temporales de regulación de empleo. oe.
Pero además de lo anterior, la mayor parte del ajuste está recayendo sobre el colectivo  w.
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negativa en los servicios que en las manufacturas, siendo un dato estable en el tiempo que
en estos sectores o las denominadas «industrias sociales», mujeres y menores de 35 años  Bc
están sobrerrepresentados, alcanzado porcentajes que superan el cuarenta por cierto.
Desde primeros de mayo, en un contexto de mayor control de la pandemia, la 
implementación progresiva del Plan de Desescalada se ha traducido en una reactivación 
gradual de la economía, y todas las proyecciones apuntan a una contracción muy acusada 
en el año 2020, seguida de un repunte sustancial en el año 2021.
En todo caso, se mantiene una elevada incertidumbre que depende de la evolución de 
la pandemia y el ritmo al que la actividad recupere cierta normalidad, el daño que pueda 
haberse producido en el tejido productivo y el potencial de crecimiento.
En suma, a los retos que ya se planteaban en el ámbito laboral español (tasas de 
temporalidad, riesgo de pobreza salarial, precariedad laboral y una fuerte segmentación), 
se suman nuevos desafíos que obligan a afrontar los cambios post-COVID-19 en los 
procesos de globalización y digitalización, y el uso de fórmulas eficaces de incremento de 
productividad que aumenten la calidad en el empleo y reduzcan la existencia de brechas 
salariales y profesionales.
De otro lado, la crisis sanitaria ha hecho que el trabajo a distancia se mostrara como 
el mecanismo más eficaz para asegurar el mantenimiento de la actividad durante la 
pandemia y para garantizar la prevención frente al contagio. Durante la crisis sanitaria no 
solo se ha reforzado la tendencia a la normalización del trabajo a distancia que ya se 
anticipaba con anterioridad a la misma, sino que incluso su utilización se ha llegado a 
configurar como preferente.
En algunos países las cifras reflejan claramente esta preferencia de uso: por ejemplo, 
en Finlandia durante la pandemia el uso del teletrabajo alcanzó el sesenta por ciento. 
Asimismo, en países como Francia, Portugal o Italia, el uso del trabajo a distancia se 
configuró con cierto grado de obligatoriedad o de preferencia frente a otras formas de 
actuación empresarial durante la pandemia. Según la encuesta de Eurofound «Living, 
working and COVID-19», casi cuatro de cada diez personas trabajadoras (un treinta y siete 
por ciento) empezaron a teletrabajar a causa de la pandemia (un treinta por ciento en 
España). Esto ha contribuido a que el número de horas trabajadas haya disminuido menos 
en aquellos países en que el teletrabajo ha aumentado en mayor proporción. De forma 
similar, en una encuesta a PYMES realizada por CEPYME, se asume el teletrabajo como 
la medida estrella para afrontar la crisis del coronavirus, en un cuarenta y seis por ciento 
de los casos.
En suma, las tecnologías de la comunicación han constituido una herramienta clave 
para reducir el impacto de las medidas de contención y restricciones a la actividad 
productiva, lo cual favorece a personas trabajadoras y empresas, hace posibles empresas 
eficientes y con una alta especialización, permite la aceleración económica de las zonas 
rurales e incrementa las posibilidades de empleo.
La situación descrita de contracción del PIB, la tasa de desempleo, la incertidumbre 
acerca de la evolución de la pandemia, la retroalimentación de estos factores de 
incertidumbre sobre los riesgos y debilidades estructurales del mercado de trabajo español, 
la salvaguarda de los derechos y obligaciones referidos en nuestro ordenamiento laboral, 
hacen necesario potenciar de una manera ordenada, urgente y con garantías el uso del 
trabajo a distancia.
III
El trabajo a distancia, en su concepción clásica de trabajo a domicilio, como aquel que 
se realiza fuera del centro de trabajo habitual y sin el control directo por parte de la 
empresa y vinculado a sectores y ámbitos geográficos muy concretos, se ha visto superado  s
por la realidad de un nuevo marco de relaciones y un impacto severo de las nuevas  oe.
tecnologías. w.
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Esta virtualización de las relaciones laborales desvincula o deslocaliza a la persona
trabajadora de un lugar y un tiempo concretos, lo que sin duda trae consigo notables  Bc
ventajas, entre otras, mayor flexibilidad en la gestión de los tiempos de trabajo y los
descansos; mayores posibilidades, en algunos casos, de una autoorganización, con 
consecuencias positivas, en estos supuestos, para la conciliación de la vida personal, 
familiar y laboral; reducción de costes en las oficinas y ahorro de costes en los 
desplazamientos; productividad y racionalización de horarios; fijación de población en el 
territorio, especialmente en las áreas rurales; compromiso y experiencia de la persona 
empleada; atracción y retención de talento o reducción del absentismo.
La figura del teletrabajo como forma de trabajo a distancia está cogiendo auge frente 
a la organización empresarial tradicional, lo que sin duda trae consigo prácticas novedosas 
y más flexibles, lo que estimula cambios organizativos en las empresas y fortalece la 
formación y empleabilidad de las personas trabajadoras. Asimismo, disminuye la 
contaminación en tanto decrece el número de desplazamientos y el uso de los vehículos 
privados y, potencialmente, tendrá efectos positivos en la emisión de gases con efectos 
invernadero al procurar una mayor eficiencia en el consumo de energía de las empresas.
Sin embargo, también presenta posibles inconvenientes: protección de datos, brechas 
de seguridad, tecnoestrés, horario continuo, fatiga informática, conectividad digital 
permanente, mayor aislamiento laboral, pérdida de la identidad corporativa, deficiencias en 
el intercambio de información entre las personas que trabajan presencialmente y aquellas 
que lo hacen de manera exclusiva a distancia, dificultades asociadas a la falta de servicios 
básicos en el territorio, como la conectividad digital o servicios para la conciliación laboral 
y familiar, o traslado a la persona trabajadora de costes de la actividad productiva sin 
compensación alguna, entre otros.
El teletrabajo se ha instalado en nuestro país como respuesta a las restricciones y 
medidas de contención de la pandemia aún vigentes, en un contexto legal caracterizado 
por la casi total ausencia de regulación específica. La generalización del teletrabajo en 
España, que trae su causa en las medidas adoptadas por las autoridades competentes 
para contener y frenar la expansión de la pandemia, se ha traducido en una suerte de 
desequilibrio de derechos y obligaciones entre empresas y personas trabajadoras, cuando 
menos. Se requiere de una norma que ayude a las partes empresarial y trabajadora a 
trasladar el carácter tuitivo del derecho del trabajo a la nueva realidad que se ha visto 
acelerada exponencialmente, como consecuencia de circunstancias exógenas e 
imprevisibles para los sindicatos, las patronales, las empresas, las personas trabajadoras 
y para el propio Gobierno.
En definitiva, la extensión y normalización del trabajo a distancia sin un marco legal 
suficiente que permita establecer las certezas y garantías necesarias puede distorsionar el 
marco de las relaciones laborales, y afecta a condiciones que se incorporan como 
esenciales de acuerdo con nuestro marco constitucional y legislativo (artículo 35 de la 
Constitución Española y el Estatuto de los Trabajadores) y el acervo de normas 
internacionales, comunitarias y nacionales que integran «un suelo social mínimo» (entre 
otras, Recomendación 2017/761, de 26 de abril Pilar Social europeo de derechos sociales, 
capítulo II, Directiva 2003/88/ CE, de 4 de noviembre de 2003, Carta Social Europea, 
hecha en Turín de 18 de octubre de 1961, ratificada por Instrumento de 29 de abril de 1980, 
la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía 
de los derechos digitales, la Directiva Marco 89/391/CEE del Consejo, de 12 de junio 
de 1989, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de 
la salud de los trabajadores en el trabajo y el propio texto refundido de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores).
IV e
El objetivo es proporcionar una regulación suficiente, transversal e integrada en una  w.
nepsoatrramas a en smuuepsvrtaeassn atfiovsra my úa npsie cdraes  qopunreeas sdt aétcr raieóbsnap djuaeed stortaraabssa a,j o dd pievo eru rcsnua elsan ndtaeo c,a ejyes niduaan yd  melasas, r evcqeoun itdlaiebja rasd neqdrueoec  ehsluo upsso oqn udeeen    2020-1104n https://w
satisfagan, entre otros, los principios sobre su carácter voluntario y reversible, el principio
de igualdad de trato en las condiciones profesionales, en especial la retribución incluida la  Bc
compensación de gastos, la promoción y la formación profesional, el ejercicio de derechos
colectivos, los tiempos máximos de trabajo y los tiempos mínimos de descanso, la igualdad 
de oportunidades en el territorio, la distribución flexible del tiempo de trabajo, así como los 
aspectos preventivos relacionados básicamente con la fatiga física y mental, el uso de 
pantallas de visualización de datos y los riesgos de aislamiento.
Es necesario, por tanto, llenar el vacío normativo que existe, igualando el tratamiento 
jurídico en los aspectos más importantes de esta forma de organización del trabajo, 
acudiendo en la medida necesaria a la negociación colectiva, que se considera instrumento 
imprescindible para completar la normativa aplicable en cada uno de los sectores 
específicos, estableciendo criterios propios.
Esta norma es, además, fruto de la concertación social, de un dilatado proceso de 
reflexión y debate compartidos que, tras más tres meses, ha conseguido culminar en el 
Acuerdo de Trabajo a Distancia (ATD), que asegura el justo equilibrio de la regulación del 
trabajo a distancia y, que, sin duda, determinará su perdurabilidad en el tiempo, como sucede 
con todos aquellos cambios que afectan al ámbito laboral y vienen de la mano del consenso.
Esta regulación básica, que se entiende necesaria con un alcance general cualquiera 
que sea el sector profesional, desarrolla, como ejes de la misma, tres aspectos mínimos, 
que ya aparecen recogidos en el citado Acuerdo Marco Europeo sobre Teletrabajo, en el 
acervo comunitario –entre otras, directivas sobre condiciones mínimas de seguridad y 
salud, sobre tiempo de trabajo y previsibilidad y transparencia en las condiciones de 
trabajo– o en el ordenamiento estatutario que es el marco personal y material en el que se 
desarrolla.
En primer lugar, su definición, que supera el concepto del artículo 13 del Estatuto de 
los Trabajadores e introduce los ingredientes necesarios de especificación.
Lo relevante a los efectos de prever una mayor protección es el carácter regular de 
esta forma de prestación, garantizándose la necesaria flexibilidad en su uso, que se 
acomodará a las distintas circunstancias e intereses concurrentes de empresas y personas 
trabajadoras, huyendo de cualquier concepción rígida, pero proporcionando la necesaria 
seguridad jurídica, resultando de aplicación a toda forma de trabajo en la que concurran 
las condiciones previstas en el artículo 1.1 del Estatuto de los Trabajadores.
En segundo lugar, su carácter voluntario para la persona trabajadora y la empresa, 
debiendo adoptarse mediante un acuerdo por escrito que deberá recoger todas las 
informaciones escritas pertinentes, incluidas las especificidades que derivan del trabajo a 
distancia y que permiten garantizar con claridad y transparencia el contenido de sus 
elementos esenciales, más allá de que puedan deducirse de la normativa laboral de 
carácter general.
De esta manera, esta modalidad de organización o prestación de la actividad laboral 
no resulta de los poderes de dirección y organización empresariales, ni de la figura de la 
modificación sustancial de condiciones de trabajo –artículo 41 del Estatuto de los 
Trabajadores– sino que es una opción voluntaria para ambas partes.
La norma establece ciertas limitaciones en relación con supuestos concretos, como los 
menores y los contratos formativos. En el primer caso, la vulnerabilidad, las necesidades 
de formación y descanso y la especial susceptibilidad a los riesgos vinculados con esta 
forma específica de organización (fatiga física y mental, aislamiento, problemas de 
seguridad y de acoso en el trabajo) aconsejan que en dicho colectivo, de acuerdo con las 
exigencias de la normativa existente, artículos 6.2 del Estatuto de los Trabajadores y 27 de 
la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, se establezcan 
limitaciones que garanticen un mínimo de tiempo de presencia en los mencionados 
acuerdos de trabajo a distancia. es
Respecto de los contratos formativos, igual que ocurre en relación con otros aspectos  o
e incidencias de su régimen jurídico, exigen las cautelas y limitaciones necesarias para  3ww.
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desarrollan trabajo a distancia se beneficiarán de los mismos derechos que los
garantizados por la legislación y los convenios colectivos aplicables a las personas 
comparables que trabajen o, de existir, trabajasen, en los locales de la empresa, sin que 
dicha modalidad de organización suponga cambio alguno en el estatus jurídico de la 
persona trabajadora, ni constituya causa justificativa por sí misma para modificar las 
condiciones laborales ni para extinguir la relación de trabajo. No obstante, teniendo en 
cuenta las peculiaridades del trabajo a distancia, el real decreto-ley recoge aspectos 
complementarios, que resultan necesarios precisamente para garantizar que se mantiene 
el mismo nivel de protección.
Así, elementos como la entrega e instalación de equipos y medios necesarios para el 
desarrollo del trabajo a distancia, los costes asociados a su uso y mantenimiento, el 
ejercicio de acciones formativas adecuadas y específicas, la identidad de acceso, de trato 
y conocimiento puntual en las oportunidades de promoción profesional, la instalación de 
medios de control y vigilancia, la correcta aplicación de las medidas de seguridad y salud, 
las limitaciones al acceso del lugar de trabajo cuando coincide con el domicilio de la 
persona trabajadora, la organización del tiempo de trabajo, incluidas la flexibilidad, los 
periodos de disponibilidad y el adecuado registro, la vinculación necesaria a un centro de 
trabajo, etc., son condiciones esenciales que deben figurar de manera expresa sin perjuicio 
de la legislación estatutaria y de los convenios colectivos aplicables.
En este apartado ocupan un lugar destacado los derechos de las personas trabajadoras 
relacionadas con el derecho a la intimidad y el uso de dispositivos digitales en el ámbito 
laboral, protección de datos y derecho a la desconexión digital de acuerdo con lo previsto 
en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales y el. Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo 
que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos.
Asimismo, se entiende necesario establecer en la medida precisa las facultades de 
control y organización que corresponden a la empresa, para garantizar un uso y 
conservación adecuados de los equipamientos entregados, las limitaciones de uso 
personal de los equipos y conexiones, el cumplimiento por la persona trabajadora de sus 
obligaciones y deberes laborales y las instrucciones necesarias para preservar a la 
empresa frente a posibles brechas de seguridad.
Existen, además, entre otros aspectos destacables, una marcada atención al necesario 
papel de la negociación colectiva en el ámbito del trabajo a distancia, con llamadas 
expresas del real decreto-ley a la hora de definir las tareas y actividades susceptibles de 
trabajo a distancia, los criterios de preferencia en el acceso a esta modalidad, el ejercicio 
de la reversibilidad, los distintos derechos de contenido económico asociados a esta forma 
de prestación y organización, el contenido del acuerdo e incluso los porcentajes de trabajo 
a distancia a los efectos de definir en sectores profesionales específicos lo que se 
considera trabajo a distancia regular.
V
Por otra parte, se introduce a través de este real decreto-ley una reforma imprescindible 
y es que la puesta en marcha de los procedimientos de reconocimiento de la prestación no 
contributiva de Ingreso Mínimo Vital, regulada en el Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de 
mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital, ha hecho evidente la necesidad de 
modificar con urgencia algunos de sus preceptos con la finalidad de dar cobertura al mayor 
número de personas en el menor tiempo posible. s
Así, se llevan a cabo mejoras en la redacción del texto que han de repercutir  oe.
positivamente en agilizar el acceso a la misma, aumentando las competencias del Instituto  w.
Npbraaescseito adnceaió l cndo eeo crldoain nSóamecgiiócunar  idptraaaddn rsoSitnooacrilia ad ld epel a IiNrnaEg rl lepesavoraa rm  laaín  cicmaobono fiv rimetal alr cedicóuonran dnoetce i mla2si0e 2ns0oto,l i ocdi tehu adobefiislci tiaconu ddaeon  dlloaa    2020-1104n https://w
coincidan los datos aportados por el solicitante de la prestación. En esta misma línea, el
certificado de empadronamiento no requerirá el consentimiento de las personas  Bc
empadronadas en el mismo domicilio que el solicitante, al tiempo que se contempla una
fase previa de admisión vinculada exclusivamente a la situación de vulnerabilidad 
económica. Y mención especial merece la supresión de ser demandante de empleo, que 
pasa a configurarse como una obligación de los beneficiarios sin perjuicio de la previsión 
de excepciones.
Por otro lado, ante la complejidad en la tramitación de la prestación, y en aras de 
garantizar el acceso a la protección, se modifica la Disposición transitoria segunda para 
ampliar el periodo de efecto retroactivo allí previsto. Así, las solicitudes que se hubieran 
presentado antes del 1 de enero de 2021 verán, en su caso, reconocida la prestación con 
efectos del 1 de junio del presente año.
En el actual escenario de contención y prevención del COVID-19 tan urgente y 
necesario es atajar la epidemia y evitar su propagación para proteger la salud pública, 
como también lo es adoptar medidas de contenido económico y social para afrontar sus 
consecuencias en la ciudadanía, en particular, en los colectivos más vulnerables. En esta 
línea de razonamiento, y dentro del juicio político o de oportunidad que corresponde al 
Gobierno en los términos que establece la doctrina constitucional (STC 61/2018), se 
considera imprescindible introducir el conjunto de modificaciones de la regulación del 
ingreso mínimo vital que esta norma contiene con el fin de reforzar la agilidad del 
procedimiento a través del cual se reconoce esta prestación, reforzar la seguridad jurídica 
y corregir las disfuncionalidades detectadas en los meses de vigencia, logrando así que 
las personas y unidades de convivencia en situación de vulnerabilidad económica puedan 
acceder a la prestación cuanto antes. A la vista de ello, puede considerarse concurrente el 
presupuesto de extraordinaria y urgente necesidad que el artículo 86 de la Constitución 
exige para la aprobación de un decreto-ley.
VI
El presente real decreto-ley se estructura en cuatro capítulos, veintidós artículos, siete 
disposiciones adicionales, cuatro disposiciones transitorias y catorce disposiciones finales, 
acompañándose de un anexo.
La totalidad de los capítulos de la norma, así como las disposiciones adicionales primera 
y segunda, las disposiciones transitorias primera, segunda y tercera, y las disposiciones 
finales primera, segunda y tercera provienen del Acuerdo sobre Trabajo a Distancia.
En el capítulo I, dedicado a las disposiciones generales, se establece el ámbito 
personal de aplicación, incluyendo toda forma de trabajo en la que concurran las 
condiciones previstas en el artículo 1.1 del Estatuto de los Trabajadores, las definiciones 
de trabajo a distancia, teletrabajo y trabajo presencial a los efectos de este real decreto-
ley, limitaciones, así como los principios de igualdad de trato y oportunidades y no 
discriminación, recogiendo aspectos concretos para hacer efectivo estos principios, 
teniendo en cuenta las especificidades que puede conllevar el trabajo a distancia en las 
condiciones de trabajo.
El capítulo II del real decreto-ley se ocupa del acuerdo de trabajo a distancia, de las 
obligaciones formales vinculadas al mismo, subrayando su carácter voluntario para ambas 
partes, la adopción expresa de un acuerdo escrito con un contenido mínimo, ya de manera 
inicial o ya sobrevenida, la no afectación al estatus laboral de la persona trabajadora, el 
ejercicio de la reversibilidad, el carácter acordado de las modificaciones del acuerdo y la 
ordenación de las prioridades de acceso, así como la remisión a la negociación colectiva 
en el procedimiento y criterios que deben de seguirse, debiéndose evitar la perpetuación 
de roles de género y fomentando la corresponsabilidad entre mujeres y hombres. s
En su capítulo III, el real decreto-ley desarrolla la igualdad de derechos proclamada en  oe.
el capítulo I, mediante la mención de las especiales precauciones a tener en cuenta respecto  w.
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medios y al abono y compensación de gastos, derechos con repercusión en el tiempo
de trabajo, derecho a la prevención de riesgos laborales, derechos relacionados con el uso  Bc
de medios digitales y los derechos colectivos de las personas que trabajan a distancia.
En su capítulo IV, el real decreto-ley se refiere de manera específica a las facultades 
de organización, dirección y control empresarial en el trabajo a distancia, incluyendo la 
protección de datos y seguridad de la información, el cumplimiento por la persona 
trabajadora de sus obligaciones y deberes laborales y las instrucciones necesarias para 
preservar a la empresa frente a posibles brechas de seguridad.
Las disposiciones adicionales primera y segunda provienen del Acuerdo sobre Trabajo 
a Distancia, se refieren de manera respectiva al trabajo a distancia en la negociación 
colectiva y la regulación del trabajo a distancia para el personal laboral al servicio de las 
Administraciones Públicas.
La disposición adicional tercera prevé la prórroga del artículo 6 del Real Decreto-
ley 8/2020, de 17 de marzo, en el que se regula el Plan MECUIDA, que permanecerá 
vigente hasta el 31 de enero de 2021, de conformidad con lo dispuesto en la disposición 
final décima del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, y en el artículo 15 del Real 
Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la 
economía y el empleo.
La disposición adicional cuarta confiere la consideración como contingencia profesional 
derivada de accidente de trabajo a las enfermedades padecidas por el personal que presta 
servicio en centros sanitarios o socio-sanitarios como consecuencia del contagio del virus 
SARS-CoV2 durante el estado de alarma.
La disposición adicional quinta se refiere a los convenios de colaboración entre las 
entidades gestoras de la Seguridad Social, las comunidades autónomas y el Instituto 
Nacional de Gestión Sanitaria para el control y seguimiento de la incapacidad temporal.
La disposición adicional sexta regula el régimen fiscal aplicable a la final de la «UEFA 
Women’s Champions League 2020», teniendo en cuenta que el hecho de que fueran 
elegidas por la UEFA las ciudades de Bilbao y San Sebastián para albergar en ellas la final 
de la «UEFA Women’s Champions League 2020» requiere la regulación de un régimen 
fiscal específico.
Por otra parte, a través de la disposición adicional séptima, se mantiene hasta el 31 de 
octubre de 2020 la aplicación de un tipo del cero por ciento del Impuesto sobre el Valor 
Añadido a las entregas interiores, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de 
material sanitario para combatir la COVID-19, cuyos destinatarios sean entidades públicas, 
sin ánimo de lucro y centros hospitalarios, que, hasta el 31 de julio de 2020, estuvo 
regulada en el artículo 8 del Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes 
complementarias para apoyar la economía y el empleo. De esta forma, se extiende su 
plazo de vigencia para garantizar la respuesta del sistema sanitario en la segunda fase de 
control de la pandemia una vez ya iniciado el periodo de nueva normalidad. También se 
actualiza, con efectos desde la entrada en vigor del citado Real Decreto-ley 15/2020, la 
relación de bienes a los que es de aplicación esta medida, que se recoge en el Anexo de 
este real decreto-ley. A estos efectos, los sujetos pasivos efectuarán, en su caso, conforme 
a la normativa del Impuesto, la rectificación del Impuesto sobre el Valor Añadido repercutido 
o satisfecho con anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto-ley.
La disposición transitoria primera que proviene del Acuerdo sobre Trabajo a Distancia, 
de la norma tiene un doble objetivo. Por un lado, garantizar que este real decreto-ley no 
pueda instrumentalizarse para mermar derechos reconocidos a las personas trabajadoras 
que prestasen servicios a distancia con anterioridad a su entrada en vigor. Por otro, cubrir 
los posibles vacíos regulatorios respectos de las relaciones laborales que ya se prestasen 
conforme a dicha modalidad con carácter previo.
Las disposiciones transitorias segunda y tercera, que también provienen del Acuerdo  es
de Trabajo a Distancia, prevén, respectivamente, un régimen transitorio respecto del  o
personal descrito en la adicional segunda y el régimen transitorio del trabajo a distancia  3ww.
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presente real decreto-ley en los que no se haya dictado resolución expresa.
Las disposiciones finales primera a tercera recogen las modificaciones legislativas 
derivadas del Acuerdo Sobre Trabajo a Distancia.
La disposición final primera modifica el apartado 1 del artículo 7 el texto refundido de la 
Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, a efectos de especificar la infracción referida al 
incumplimiento de la obligación de formalizar el acuerdo de trabajo a distancia en los 
términos y con los requisitos previstos en el real decreto-ley o el convenio colectivo aplicable.
La disposición final segunda establece un procedimiento judicial especial, mediante la 
introducción de un nuevo artículo, el 138 bis, a la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora 
de la jurisdicción social, aplicable a las reclamaciones relacionadas con derecho de 
acceso, reversión y modificación del trabajo a distancia.
A través de la disposición final tercera se introducen en el texto del Estatuto de los 
Trabajadores aquellas modificaciones necesarias conforme a lo recogido en el presente 
real decreto-ley, en los artículos 13, 23.1 a) y 37.8 de dicha norma legal.
En la disposición final cuarta, se modifica el artículo 54 de la Ley 47/2003, de 26 de 
noviembre, General Presupuestaria, para incluir entre los créditos considerados 
ampliables, los destinados al sistema de protección por cese de actividad.
La disposición final quinta incorpora una medida sobre la acreditación de la identidad 
para obtener certificados electrónicos, mediante la modificación de la Ley 59/2003, de 19 
de diciembre, de firma electrónica. En el ámbito de la identificación de solicitantes de 
certificados electrónicos cualificados, el Reglamento (UE) 910/2014, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los 
servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior y por el 
que se deroga la Directiva 1999/93/CE, contempla en su artículo 24.1 d) la posibilidad de 
que tal verificación se realice utilizando otros métodos de identificación reconocidos a 
escala nacional que aporten una seguridad equivalente en términos de fiabilidad a la 
presencia física. Como consecuencia, resulta precisa una regulación específica en nuestro 
Derecho nacional de los exigentes requisitos organizativos y de seguridad aplicables a tales 
métodos. A tal fin, procede atribuir al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación 
Digital, departamento competente para la regulación de los servicios electrónicos de 
confianza, la habilitación para la determinación de tales condiciones y requisitos.
Por otra parte, las disposiciones finales sexta y séptima abordan la modificación 
puntual de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego y de la Ley 3/2013, de 4 
de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, 
respectivamente. Las competencias que en materia de juego tenía atribuidas el Ministerio 
de Hacienda, han sido atribuidas al Ministerio de Consumo, en virtud de los artículos 2 y 4 
del Real Decreto 495/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica 
básica del Ministerio de Consumo y se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, 
por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, 
salvo el análisis y definición de la política global en materia tributaria, la propuesta, 
elaboración e interpretación del régimen tributario y la gestión y liquidación de las tasas 
derivadas de la gestión administrativa del juego según dispone el artículo 2.1.f) del Real 
Decreto 689/2020, de 21 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del 
Ministerio de Hacienda y se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que 
se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales. Por ello es 
necesario modificar la disposición transitoria primera de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de 
regulación del juego, y las disposiciones adicionales segunda y décima de la Ley 3/2013, 
de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia  es
para indicar que las competencias relacionadas con la gestión y recaudación de las tasas  o
derivadas de la gestión administrativa del juego serán ejercidas por la Agencia Estatal de  3ww.
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y bajo ciertas condiciones, para conceder, en el ámbito de la seguridad operacional
ferroviaria sujeta a normativa nacional, exenciones específicas cuando se produzcan 
circunstancias urgentes imprevistas o necesidades operacionales urgentes. De este modo 
se permiten medidas excepcionales de las que se derive una recuperación escalonada 
que evite el colapso y permita la recuperación de la normalidad en el sector, de manera 
similar a lo que ha sucedido con las medidas excepcionales adoptadas como consecuencia 
de la situación de emergencia derivada del COVID-19.
En la disposición final novena, se incluye una modificación específica de la 
Ley  39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, a efectos de ampliar el plazo de entrada en vigor de las 
previsiones de la disposición final séptima de la referida norma, en lo relativo al registro 
electrónico de apoderamientos, el registro electrónico, el registro de empleados públicos 
habilitados, el punto de acceso general electrónico de la Administración y el archivo 
electrónico; ante la dificultad de concluir los procesos de adaptación necesarios antes 
del 2 de octubre de 2020, que es el plazo fijado actualmente, se amplía hasta el 2 de abril 
de 2021, fecha a partir de la cual producirán efectos las previsiones sobre tales materias.
La disposición final décima modifica el artículo quinto del Real Decreto-ley 6/2020, 
de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en el ámbito 
económico y para la protección de la salud pública, referido a la consideración excepcional 
como situación asimilada a accidente de trabajo de los periodos de aislamiento, contagio 
o restricción en las salidas del municipio donde tengan el domicilio o su centro de trabajo 
las personas trabajadoras como consecuencia del virus COVID-19.
La disposición final undécima se ocupa de la modificación del Real Decreto-
ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital, antes reseñada.
La disposición final duodécima modifica el Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de 
medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo, en la parte que 
regula el programa de ayudas a la adquisición de vehículos para la renovación del parque 
circulante, con criterios de sostenibilidad y sociales, el Programa RENOVE, con el fin de 
aclarar el procedimiento de pago, realizar determinadas modificaciones en materia 
presupuestaria, y habilitar a la entidad colaboradora que gestione el programa a distribuir 
los fondos a los beneficiarios.
La disposición final decimotercera establece el título competencial, correspondiendo a 
la disposición final decimocuarta señalar la fecha de su entrada en vigor.
VII
Como tiene reiteradamente declarado el Tribunal Constitucional (así, STC 61/2018, 
de 7 de junio, FJ 5), la adecuada fiscalización del recurso al decreto-ley requiere el análisis 
de dos aspectos desde la perspectiva constitucional: por un lado, la presentación explícita 
y razonada de los motivos que han sido tenidos en cuenta por el Gobierno en su aprobación 
(SSTC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3; 111/1983, de 2 de diciembre, FJ 5; 182/1997, de 20 
de octubre, FJ 3, y 137/2003, de 3 de julio, FJ 4) y, por otro lado, la existencia de una 
necesaria conexión entre la situación de urgencia definida y la medida concreta adoptada 
para subvenir a ella (SSTC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3; 182/1997, de 20 de octubre, 
FJ 3, y 137/2003, de 3 de julio, FJ 4).
En cuanto a la definición de la situación de urgencia, se ha precisado que no es 
necesario que tal definición expresa de la extraordinaria y urgente necesidad haya de 
contenerse siempre en el propio real decreto-ley, sino que tal presupuesto cabe deducirlo 
igualmente de una pluralidad de elementos. El examen de la concurrencia del presupuesto  s
habilitante de la «extraordinaria y urgente necesidad» siempre se ha de llevar a cabo  oe.
mediante la valoración conjunta de todos aquellos factores que determinaron al Gobierno  w.
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de 17 de enero, FJ 4, y 137/2003, de 3 de julio, FJ 3).
En cuanto a la segunda dimensión del presupuesto habilitante de la legislación de  Bc
urgencia, concebida como conexión de sentido entre la situación de necesidad definida y
las medidas que en el real decreto-ley se adoptan, generalmente, se ha venido admitiendo 
el uso del decreto-ley en situaciones que se han calificado como «coyunturas económicas 
problemáticas», para cuyo tratamiento representa un instrumento constitucionalmente 
lícito, en tanto que pertinente y adecuado para la consecución del fin que justifica la 
legislación de urgencia, que no es otro que subvenir a «situaciones concretas de los 
objetivos gubernamentales que por razones difíciles de prever requieran una acción 
normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía normal o por el 
procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes» (SSTC 31/2011, 
de 17 de marzo, FJ 4; 137/2011, de 14 de septiembre, FJ 6, y 100/2012, de 8 de mayo, FJ 8).
Finalmente, ha de advertirse que el hecho de que se considere una reforma estructural 
no impide, por sí sola, la utilización de la figura del decreto-ley, pues, y esto es particularmente 
pertinente en el supuesto que se analiza, el posible carácter estructural del problema que se 
pretende atajar no excluye que dicho problema pueda convertirse en un momento dado en 
un supuesto de extraordinaria y urgente necesidad, que justifique la aprobación de un 
decreto-ley, lo que deberá ser determinado atendiendo a las circunstancias concurrentes en 
cada caso (STC 137/2011, FJ 6; reiterado en SSTC 183/2014, FJ 5; 47/2015, FJ 5, 
y 139/2016, FJ 3).
La suma de todos los factores que se explican- la grave incidencia de la pandemia en 
el empleo y en la recuperación económica con altos grados de incertidumbre causados por 
los «rebrotes», la necesidad de procurar una ordenación segura, general y eficaz que evite 
mermas de derechos o situaciones de inseguridad- y que integran el supuesto descrito en 
el artículo 86.1 de la Constitución Española, requieren como se expone en la motivación 
de este real decreto-ley, una regulación completa y suficiente, basada a partes iguales en 
la protección de los derechos de las personas trabajadoras, y en la certeza y seguridad 
para las empresas, con la participación de la negociación colectiva que aporte los 
ingredientes necesarios de flexibilidad.
Además, la protección y la certeza de los trabajadores es especialmente urgente y 
necesaria en el caso de las situaciones de trabajo a distancia implantadas excepcionalmente 
conforme al artículo 5 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, para las cuales, se 
requiere la adopción inmediata de este real decreto-ley, con las salvedades establecidas 
en la disposición transitoria tercera.
VIII
Con esta norma se avanza en el cumplimiento de la meta 8.5 de la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible, es decir, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente 
para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con 
discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor; y de las 
metas 8.4 y 11.6 de la Agenda 2030, relativas a la mejora progresiva de la producción y el 
consumo eficientes, procurando desvincular el crecimiento económico de la degradación 
del medio ambiente; y a la reducción del impacto ambiental negativo per cápita de ciudad.
Este real decreto-ley cumple con los principios de buena regulación exigibles conforme 
al artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas. Tal y como se pone de manifiesto en la motivación y los 
objetivos la norma está llamada a proporcionar una regulación adecuada y suficiente de 
los diferentes aspectos que singularizan la prestación del trabajo a distancia y para lo cual 
no basta con la aplicación de los preceptos vigentes, dejándolo a la autonomía de las 
partes,  lo  que  podría  conllevar  situaciones  de  desprotección,  desigualdad  y  s
desconocimiento de derechos básicos dada la situación de asimetría y el espacio y medios  oe.
particulares en los que se desarrolla el trabajo a distancia. w.
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de transparencia, ya que identifica claramente su propósito y se ofrece una explicación
completa de su contenido en las diferentes fases de su tramitación. Bc
Ha sido sometido a los trámites de audiencia e información públicas, y de manera 
específica, a la previa consulta de las organizaciones sindicales y patronales más 
representativas, habiéndose acordado en Consejo de Ministros su tramitación urgente, 
todo ello sin perjuicio de que tales trámites no resulten preceptivos para la tramitación y 
aprobación de decretos-leyes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26.11 de la 
Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
Este real decreto-ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.7.ª y 13.ª 
de la Constitución Española, que atribuye al Estado las competencias exclusivas en las 
materias de legislación laboral; así como de bases y coordinación de la planificación 
general de la actividad económica.
Durante su tramitación se ha recabado el dictamen del Consejo Económico y Social.
En su virtud, haciendo uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la 
Constitución Española, a propuesta de la Ministra de Trabajo y Economía Social, y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 22 de septiembre de 2020,
DISPONGO:
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1.  Ámbito de aplicación.
Las relaciones de trabajo a las que resultará de aplicación el presente real decreto-ley 
serán aquellas en las que concurran las condiciones descritas en el artículo 1.1 del texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, que se desarrollen a distancia con carácter regular.
Se entenderá que es regular el trabajo a distancia que se preste, en un periodo de 
referencia de tres meses, un mínimo del treinta por ciento de la jornada, o el porcentaje 
proporcional equivalente en función de la duración del contrato de trabajo.
Artículo 2.  Definiciones.
A los efectos de lo establecido en este real decreto-ley, se entenderá por:
a)  «trabajo a distancia»: forma de organización del trabajo o de realización de la 
actividad laboral conforme a la cual esta se presta en el domicilio de la persona trabajadora 
o en el lugar elegido por esta, durante toda su jornada o parte de ella, con carácter regular.
b)  «teletrabajo»: aquel trabajo a distancia que se lleva a cabo mediante el uso 
exclusivo  o  prevalente  de  medios  y  sistemas  informáticos,  telemáticos  y  de 
telecomunicación.
c)  «trabajo presencial»: aquel trabajo que se presta en el centro de trabajo o en el 
lugar determinado por la empresa.
Artículo 3.  Limitaciones en el trabajo a distancia.
En los contratos de trabajo celebrados con menores y en los contratos en prácticas y 
para la formación y el aprendizaje, solo cabrá un acuerdo de trabajo a distancia que 
garantice, como mínimo, un porcentaje del cincuenta por ciento de prestación de servicios  e.e
presencial, sin perjuicio del desarrollo telemático, en su caso, de la formación teórica  w.b
vAirntcícuulalod a4 .a  eIgsutoasld úaldtim does t.rato y de oportunidades y no discriminación. 2020-11043n https://ww
1.  Las personas que desarrollan trabajo a distancia tendrán los mismos derechos que
hubieran ostentado si prestasen servicios en el centro de trabajo de la empresa, salvo
aquellos que sean inherentes a la realización de la prestación laboral en el mismo de manera 
presencial, y no podrán sufrir perjuicio en ninguna de sus condiciones laborales, incluyendo 
retribución, estabilidad en el empleo, tiempo de trabajo, formación y promoción profesional.
Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo anterior, las personas que desarrollan total o 
parcialmente trabajo a distancia tendrán derecho a percibir, como mínimo, la retribución 
total establecida conforme a su grupo profesional, nivel, puesto y funciones, así como los 
complementos establecidos para las personas trabajadoras que solo prestan servicios de 
forma presencial, particularmente aquellos vinculados a las condiciones personales, los 
resultados de la empresa o las características del puesto de trabajo.
2.  Las personas que desarrollan trabajo a distancia no podrán sufrir perjuicio alguno 
ni modificación en las condiciones pactadas, en particular en materia de tiempo de trabajo 
o de retribución, por las dificultades, técnicas u otras no imputables a la persona 
trabajadora, que eventualmente pudieran producirse, sobre todo en caso de teletrabajo.
3.  Las empresas están obligadas a evitar cualquier discriminación, directa o indirecta, 
particularmente por razón de sexo, de las personas trabajadoras que prestan servicios a 
distancia.
Igualmente, las empresas están obligadas a tener en cuenta a las personas 
teletrabajadoras o trabajadoras a distancia y sus características laborales en el diagnóstico, 
implementación, aplicación, seguimiento y evaluación de medidas y planes de igualdad.
4.  De conformidad con lo previsto en la normativa aplicable, las empresas deberán 
tener en cuenta las particularidades del trabajo a distancia, especialmente del teletrabajo, 
en la configuración y aplicación de medidas contra el acoso sexual, acoso por razón de 
sexo, acoso por causa discriminatoria y acoso laboral.
En la elaboración de medidas para la protección de las víctimas de violencia de género, 
deberán tenerse especialmente en cuenta, dentro de la capacidad de actuación 
empresarial en este ámbito, las posibles consecuencias y particularidades de esta forma 
de prestación de servicios en aras a la protección y garantía de derechos sociolaborales 
de estas personas.
5.  Las personas que realizan trabajo a distancia tienen los mismos derechos que las 
personas trabajadoras presenciales en materia de conciliación y corresponsabilidad, 
incluyendo el derecho de adaptación a la jornada establecido en el artículo 34.8 del Estatuto 
de los Trabajadores, a fin de que no interfiera el trabajo con la vida personal y familiar.
CAPÍTULO II
El acuerdo de trabajo a distancia
Sección 1.ª  Voluntariedad del trabajo a distancia
Artículo 5.  Voluntariedad del trabajo a distancia y acuerdo de trabajo a distancia.
1.  El trabajo a distancia será voluntario para la persona trabajadora y para la 
empleadora y requerirá la firma del acuerdo de trabajo a distancia regulado en este real 
decreto-ley, que podrá formar parte del contrato inicial o realizarse en un momento 
posterior, sin que pueda ser impuesto en aplicación del artículo 41 del Estatuto de los 
Trabajadores, todo ello sin perjuicio del derecho al trabajo a distancia que pueda reconocer 
la legislación o la negociación colectiva.
2.  La negativa de la persona trabajadora a trabajar a distancia, el ejercicio de la  s
reversibilidad al trabajo presencial y las dificultades para el desarrollo adecuado de la actividad  e.
laboral a distancia que estén exclusivamente relacionadas con el cambio de una prestación  w.
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en los fijados en el acuerdo de trabajo a distancia al que se refiere el artículo 7.
Sección 2.ª  El acuerdo de trabajo a distancia
Artículo 6.  Obligaciones formales del acuerdo de trabajo a distancia.
1.  El acuerdo de trabajo a distancia deberá realizarse por escrito. Este acuerdo podrá 
estar incorporado al contrato de trabajo inicial o realizarse en un momento posterior, pero 
en todo caso deberá formalizarse antes de que se inicie el trabajo a distancia.
2.  La empresa deberá entregar a la representación legal de las personas trabajadoras 
una copia de todos los acuerdos de trabajo a distancia que se realicen y de sus 
actualizaciones, excluyendo aquellos datos que, de acuerdo con la Ley Orgánica 1/1982, 
de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y 
a la propia imagen, pudieran afectar a la intimidad personal, de conformidad con lo previsto 
en el artículo 8.4 del Estatuto de los Trabajadores. El tratamiento de la información 
facilitada estará sometido a los principios y garantías previstos en la normativa aplicable 
en materia de protección de datos.
Esta copia se entregará por la empresa, en un plazo no superior a diez días desde su 
formalización, a la representación legal de las personas trabajadoras, que la firmarán a 
efectos de acreditar que se ha producido la entrega.
Posteriormente, dicha copia se enviará a la oficina de empleo. Cuando no exista 
representación legal de las personas trabajadoras también deberá formalizarse copia 
básica y remitirse a la oficina de empleo.
Artículo 7.  Contenido del acuerdo de trabajo a distancia.
Será contenido mínimo obligatorio del acuerdo de trabajo a distancia, sin perjuicio de 
la regulación recogida al respecto en los convenios o acuerdos colectivos, el siguiente:
a)  Inventario de los medios, equipos y herramientas que exige el desarrollo del 
trabajo a distancia concertado, incluidos los consumibles y los elementos muebles, así 
como de la vida útil o periodo máximo para la renovación de estos.
b)  Enumeración de los gastos que pudiera tener la persona trabajadora por el hecho 
de prestar servicios a distancia, así como forma de cuantificación de la compensación que 
obligatoriamente debe abonar la empresa y momento y forma para realizar la misma, que 
se corresponderá, de existir, con la previsión recogida en el convenio o acuerdo colectivo 
de aplicación.
c)  Horario de trabajo de la persona trabajadora y dentro de él, en su caso, reglas de 
disponibilidad.
d)  Porcentaje y distribución entre trabajo presencial y trabajo a distancia, en su caso.
e)  Centro de trabajo de la empresa al que queda adscrita la persona trabajadora a 
distancia y donde, en su caso, desarrollará la parte de la jornada de trabajo presencial.
f)  Lugar de trabajo a distancia elegido por la persona trabajadora para el desarrollo 
del trabajo a distancia.
g)  Duración de plazos de preaviso para el ejercicio de las situaciones de 
reversibilidad, en su caso.
h)  Medios de control empresarial de la actividad.
i)  Procedimiento a seguir en el caso de producirse dificultades técnicas que impidan 
el normal desarrollo del trabajo a distancia.
j)  Instrucciones dictadas por la empresa, con la participación de la representación 
legal de las personas trabajadoras, en materia de protección de datos, específicamente  es
aplicables en el trabajo a distancia. o
k)  Instrucciones dictadas por la empresa, previa información a la representación legal  3ww.
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Artículo 8.  Modificación del acuerdo de trabajo a distancia y ordenación de prioridades.
1.  La modificación de las condiciones establecidas en el acuerdo de trabajo a 
distancia, incluido el porcentaje de presencialidad, deberá ser objeto de acuerdo entre la 
empresa y la persona trabajadora, formalizándose por escrito con carácter previo a su 
aplicación. Esta modificación será puesta en conocimiento de la representación legal de 
las personas trabajadoras.
2.  Las personas que realizan trabajo a distancia desde el inicio de la relación laboral 
durante la totalidad de su jornada, tendrán prioridad para ocupar puestos de trabajo que se 
realizan total o parcialmente de manera presencial. A estos efectos, la empresa informará a 
estas personas que trabajan a distancia y a la representación legal de las personas 
trabajadoras de los puestos de trabajo vacantes de carácter presencial que se produzcan.
3.  Los convenios o acuerdos colectivos podrán establecer los mecanismos y criterios 
por los que la persona que desarrolla trabajo presencial puede pasar a trabajo a distancia 
o viceversa, así como preferencias vinculadas a determinadas circunstancias, como las 
relacionadas con la formación, la promoción y estabilidad en el empleo de personas con 
diversidad funcional o con riesgos específicos, la existencia de pluriempleo o pluriactividad 
o la concurrencia de determinadas circunstancias personales o familiares, así como la 
ordenación de las prioridades establecidas en el presente real decreto-ley.
En el diseño de estos mecanismos se deberá evitar la perpetuación de roles y 
estereotipos de género y se deberá tener en cuenta el fomento de la corresponsabilidad 
entre mujeres y hombres, debiendo ser objeto de diagnóstico y tratamiento por parte del 
plan de igualdad que, en su caso, corresponda aplicar en la empresa.
CAPÍTULO III
Derechos de las personas trabajadoras a distancia
Sección 1.ª  Derecho a la carrera profesional
Artículo 9.  Derecho a la formación.
1.  Las empresas deberán adoptar las medidas necesarias para garantizar la 
participación efectiva en las acciones formativas de las personas que trabajan a distancia, 
en términos equivalentes a las de las personas que prestan servicios en el centro de 
trabajo de la empresa, debiendo atender el desarrollo de estas acciones, en lo posible, a 
las características de su prestación de servicios a distancia.
2.  La empresa deberá garantizar a las personas que trabajan a distancia la formación 
necesaria para el adecuado desarrollo de su actividad tanto al momento de formalizar el 
acuerdo de trabajo a distancia como cuando se produzcan cambios en los medios o 
tecnologías utilizadas.
Artículo 10.  Derecho a la promoción profesional.
Las personas que trabajan a distancia tendrán derecho, en los mismos términos que 
las que prestan servicios de forma presencial, a la promoción profesional, debiendo la 
empresa informar a aquellas, de manera expresa y por escrito, de las posibilidades de 
ascenso que se produzcan, ya se trate de puestos de desarrollo presencial o a distancia.
2020-1104n https://w
Sección 2.ª  Derechos relativos a la dotación y mantenimiento de medios y al abono 
y compensación de gastos
Artículo 11.  Derecho a la dotación suficiente y mantenimiento de medios, equipos y 
herramientas.
1.  Las personas que trabajan a distancia tendrán derecho a la dotación y 
mantenimiento adecuado por parte de la empresa de todos los medios, equipos y 
herramientas necesarios para el desarrollo de la actividad, de conformidad con el inventario 
incorporado en el acuerdo referido en el artículo 7 y con los términos establecidos, en su 
caso, en el convenio o acuerdo colectivo de aplicación.
2.  Asimismo, se garantizará la atención precisa en el caso de dificultades técnicas, 
especialmente en el caso de teletrabajo.
Artículo 12.  El derecho al abono y compensación de gastos.
1.  El desarrollo del trabajo a distancia deberá ser sufragado o compensado por la 
empresa, y no podrá suponer la asunción por parte de la persona trabajadora de gastos 
relacionados con los equipos, herramientas y medios vinculados al desarrollo de su 
actividad laboral.
2.  Los convenios o acuerdos colectivos podrán establecer el mecanismo para la 
determinación, y compensación o abono de estos gastos.
Sección 3.ª  Derechos con repercusión en el tiempo de trabajo
Artículo 13.  Derecho al horario flexible en los términos del acuerdo.
De conformidad con los términos establecidos en el acuerdo de trabajo a distancia y la 
negociación colectiva, respetando los tiempos de disponibilidad obligatoria y la normativa 
sobre tiempo de trabajo y descanso, la persona que desarrolla trabajo a distancia podrá 
flexibilizar el horario de prestación de servicios establecido.
Artículo 14.  Derecho al registro horario adecuado.
El sistema de registro horario que se regula en el artículo 34.9 del Estatuto de los 
Trabajadores, de conformidad con lo establecido en la negociación colectiva, deberá 
reflejar fielmente el tiempo que la persona trabajadora que realiza trabajo a distancia 
dedica a la actividad laboral, sin perjuicio de la flexibilidad horaria, y deberá incluir, entre 
otros, el momento de inicio y finalización de la jornada.
Sección 4.ª  Derecho a la prevención de riesgos laborales
Artículo 15.  Aplicación de la normativa preventiva en el trabajo a distancia.
Las personas que trabajan a distancia tienen derecho a una adecuada protección en 
materia de seguridad y salud en el trabajo, de conformidad con lo establecido en la Ley 31/1995, 
de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y su normativa de desarrollo.
Artículo 16.  Evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva.
1.  La evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva del trabajo a  b
dppioasnrttaiiecnnucdilaao r d,e esdbpeeebrcáeianrlá  tae ttneeennrc eeirónsn ec e unee nnlo tasc  ulfoaescn trotiaere slsga op sds iiccsaotrrsiabocuctiecarilóíesnsti ,c deoersg  dolaen  óejmosrtianc aomsdo ayd,  oalrloigdsaa ndtii zedamet ipvtrooassb. a Edjoen,    2020-11043n https://ww
disponibilidad y la garantía de los descansos y desconexiones durante la jornada.
La evaluación de riesgos únicamente debe alcanzar a la zona habilitada para la 
prestación de servicios, no extendiéndose al resto de zonas de la vivienda o del lugar 
elegido para el desarrollo del trabajo a distancia.
2.  La empresa deberá obtener toda la información acerca de los riesgos a los que 
está expuesta la persona que trabaja a distancia mediante una metodología que ofrezca 
confianza respecto de sus resultados, y prever las medidas de protección que resulten 
más adecuadas en cada caso.
Cuando la obtención de dicha información exigiera la visita por parte de quien tuviera 
competencias en materia preventiva al lugar en el que, conforme a lo recogido en el 
acuerdo al que se refiere el artículo 7, se desarrolla el trabajo a distancia, deberá emitirse 
informe escrito que justifique dicho extremo que se entregará a la persona trabajadora y a 
las delegadas y delegados de prevención.
La referida visita requerirá, en cualquier caso, el permiso de la persona trabajadora, de 
tratarse de su domicilio o del de una tercera persona física.
De no concederse dicho permiso, el desarrollo de la actividad preventiva por parte de 
la empresa podrá efectuarse en base a la determinación de los riesgos que se derive de la 
información recabada de la persona trabajadora según las instrucciones del servicio de 
prevención.
Sección 5.ª  Derechos relacionados con el uso de medios digitales.
Artículo 17.  Derecho a la intimidad y a la protección de datos.
1.  La utilización de los medios telemáticos y el control de la prestación laboral mediante 
dispositivos automáticos garantizará adecuadamente el derecho a la intimidad y a la 
protección de datos, en los términos previstos en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, 
de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, de acuerdo con los 
principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad de los medios utilizados.
2.  La empresa no podrá exigir la instalación de programas o aplicaciones en 
dispositivos propiedad de la persona trabajadora, ni la utilización de estos dispositivos en 
el desarrollo del trabajo a distancia.
3.  Las empresas deberán establecer criterios de utilización de los dispositivos 
digitales respetando en todo caso los estándares mínimos de protección de su intimidad 
de acuerdo con los usos sociales y los derechos reconocidos legal y constitucionalmente. 
En su elaboración deberá participar la representación legal de las personas trabajadoras.
Los convenios o acuerdos colectivos podrán especificar los términos dentro de los 
cuales las personas trabajadoras pueden hacer uso por motivos personales de los equipos 
informáticos puestos a su disposición por parte de la empresa para el desarrollo del trabajo 
a distancia, teniendo en cuenta los usos sociales de dichos medios y las particularidades 
del trabajo a distancia.
Artículo 18.  Derecho a la desconexión digital.
1.  Las personas que trabajan a distancia, particularmente en teletrabajo, tienen 
derecho a la desconexión digital fuera de su horario de trabajo en los términos establecidos 
en el artículo 88 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre.
El deber empresarial de garantizar la desconexión conlleva una limitación del uso de 
los medios tecnológicos de comunicación empresarial y de trabajo durante los periodos de 
descanso, así como el respeto a la duración máxima de la jornada y a cualesquiera límites  e.
y precauciones en materia de jornada que dispongan la normativa legal o convencional  w.b
atrpalbic2aaj.a bdleoLsra.a se, melparbeosraa,r áp urenvai ap oalíuticdaie inncteiarn ad ed irliag idreap ar epseersnotancaisó ntr albeagjaald odrea sl,a isn cplueidrsaosn laoss   2020-1104n https://w
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sobre un uso razonable de las herramientas tecnológicas que evite el riesgo de fatiga
informática. En particular, se preservará el derecho a la desconexión digital en los 
supuestos de realización total o parcial del trabajo a distancia, así como en el domicilio de 
la persona empleada vinculado al uso con fines laborales de herramientas tecnológicas.
Los convenios o acuerdos colectivos de trabajo podrán establecer los medios y 
medidas adecuadas para garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la desconexión en 
el trabajo a distancia y la organización adecuada de la jornada de forma que sea compatible 
con la garantía de tiempos de descanso.
Sección 6.ª  Derechos colectivos
Artículo 19.  Derechos colectivos de las personas que trabajan a distancia.
1.  Las personas trabajadoras a distancia tendrán derecho a ejercitar sus derechos de 
naturaleza colectiva con el mismo contenido y alcance que el resto de las personas 
trabajadoras del centro al que están adscritas.
A estos efectos, la negociación colectiva podrá establecer las condiciones para 
garantizar el ejercicio de los derechos colectivos de las personas trabajadoras a distancia, 
en atención a las singularidades de su prestación, con respeto pleno al principio de 
igualdad de trato y de oportunidades entre la persona trabajadora a distancia y la que 
desempeñe tareas en el establecimiento de la empresa.
2.  La empresa deberá suministrar a la representación legal de las personas 
trabajadoras los elementos precisos para el desarrollo de su actividad representativa, 
entre ellos, el acceso a las comunicaciones y direcciones electrónicas de uso en la 
empresa y la implantación del tablón virtual, cuando sea compatible con la forma de 
prestación del trabajo a distancia.
Deberá asegurarse que no existen obstáculos para la comunicación entre las personas 
trabajadoras a distancia y sus representantes legales, así como con el resto de personas 
trabajadoras.
3.  Deberá garantizarse que las personas trabajadoras a distancia pueden participar 
de manera efectiva en las actividades organizadas o convocadas por su representación 
legal o por el resto de las personas trabajadoras en defensa de sus intereses laborales, en 
particular, su participación efectiva presencial para el ejercicio del derecho a voto en las 
elecciones a representantes legales.
CAPÍTULO IV
Facultades de organización, dirección y control empresarial en el trabajo a distancia
Artículo 20.  Protección de datos y seguridad de la información.
1.  Las personas trabajadoras, en el desarrollo del trabajo a distancia, deberán cumplir 
las instrucciones que haya establecido la empresa en el marco de la legislación sobre 
protección de datos, previa participación de la representación legal de las personas 
trabajadoras.
2.  Las personas trabajadoras deberán cumplir las instrucciones sobre seguridad de 
la información específicamente fijadas por la empresa, previa información a su 
representación legal, en el ámbito del trabajo a distancia.
Artículo 21.  Condiciones e instrucciones de uso y conservación de equipos o útiles  e.e
informáticos. b
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Artículo 22.  Facultades de control empresarial.
La empresa podrá adoptar las medidas que estime más oportunas de vigilancia y 
control para verificar el cumplimiento por la persona trabajadora de sus obligaciones y 
deberes laborales, incluida la utilización de medios telemáticos, guardando en su adopción 
y aplicación la consideración debida a su dignidad y teniendo en cuenta, en su caso, la 
capacidad real de los trabajadores con discapacidad.
Disposición adicional primera.  El trabajo a distancia en la negociación colectiva.
1.  Los convenios o acuerdos colectivos podrán establecer, en atención a la 
especificidad de la actividad concreta de su ámbito, la identificación de los puestos de 
trabajo y funciones susceptibles de ser realizados a través del trabajo a distancia, las 
condiciones de acceso y desarrollo de la actividad laboral mediante esta modalidad, la 
duración máxima del trabajo a distancia, así como contenidos adicionales en el acuerdo de 
trabajo a distancia y cuantas otras cuestiones se consideren necesario regular.
2.  Los convenios o acuerdos colectivos podrán regular una jornada mínima presencial 
en el trabajo a distancia, el ejercicio de la reversibilidad al trabajo en los locales de la 
empresa, un porcentaje o periodo de referencia inferiores a los fijados en el presente real 
decreto-ley a los efectos de calificar como «regular» esta modalidad de ejecución de la 
actividad laboral, un porcentaje de trabajo presencial de los contratos formativos diferente 
al previsto en el mismo, siempre que no se celebren con menores de edad, así como las 
posibles circunstancias extraordinarias de modulación del derecho a la desconexión.
Disposición adicional segunda.  Personal laboral al servicio de las Administraciones 
Públicas.
Las previsiones contenidas en el presente real decreto-ley no serán de aplicación al 
personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas, que se regirá en esta materia 
por su normativa específica.
Disposición adicional tercera.  Prórroga de la vigencia del artículo 6 del Real Decreto-
ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al 
impacto económico y social del COVID-19.
El artículo 6 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, en el que se regula el 
Plan MECUIDA, permanecerá vigente hasta el 31 de enero de 2021.
Disposición adicional cuarta.  Consideración como contingencia profesional derivada de 
accidente de trabajo a las enfermedades padecidas por el personal que presta servicio 
en centros sanitarios o socio-sanitarios como consecuencia del contagio del virus 
SARS-CoV2 durante el estado de alarma.
1.  Desde la declaración de la pandemia internacional por la Organización Mundial de 
la Salud y hasta que las autoridades sanitarias levanten todas las medidas de prevención 
adoptadas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, las 
prestaciones de Seguridad Social que cause el personal que presta servicios en centros 
sanitarios o socio-sanitarios, inscritos en los registros correspondientes, y que en el 
ejercicio de su profesión, hayan contraído el virus SARS-CoV2 por haber estado expuesto 
a ese riesgo específico durante la prestación de servicios sanitarios y socio-sanitarios,  e.e
cuando así se acredite por los servicios de Prevención de Riesgos laborales y Salud  b
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mismo periodo de referencia.
3.  En los casos de fallecimiento, se considerará que la causa es accidente de trabajo 
siempre que el fallecimiento se haya producido dentro de los cinco años siguientes al 
contagio de la enfermedad y derivado de la misma, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 217.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
Disposición adicional quinta.  Convenios de colaboración entre las entidades gestoras de 
la Seguridad Social, las comunidades autónomas y el Instituto Nacional de Gestión 
Sanitaria para el control y seguimiento de la incapacidad temporal.
En los convenios de colaboración que formalicen las entidades gestoras de la 
Seguridad Social con las comunidades autónomas y con el Instituto Nacional de Gestión 
Sanitaria para el control y seguimiento de la incapacidad temporal podrá preverse el 
anticipo de hasta la cuantía total del importe previsto en el respectivo convenio para la 
financiación de las actuaciones a desarrollar por las comunidades autónomas y por el 
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.
A estos efectos, con carácter previo a la formalización de los convenios a que se 
refiere el párrafo anterior, se requerirá la autorización del Consejo de Ministros. Con esta 
finalidad, el titular del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, previo 
informe del Ministerio de Hacienda, elevará la oportuna propuesta al Consejo de Ministros.
No será de aplicación, para el caso exclusivo de estos convenios, lo dispuesto en el 
apartado 1 del artículo 47 de la Ley General Presupuestaria, en lo que se refiere a la 
necesidad de iniciar la ejecución del gasto en el propio ejercicio en el que se adquiere el 
compromiso del gasto.
Disposición adicional sexta.  Régimen fiscal aplicable a la final de la «UEFA Women’s 
Champions League 2020».
Uno.  Régimen fiscal de la entidad organizadora de la final de la «UEFA Women’s 
Champions League 2020» y de los equipos participantes:
Las personas jurídicas residentes en territorio español constituidas con motivo de la 
final de la «UEFA Women’s Champions League 2020» por la entidad organizadora o por 
los equipos participantes estarán exentas del Impuesto sobre Sociedades por las rentas 
obtenidas durante la celebración del acontecimiento y en la medida en que estén 
directamente relacionadas con su participación en él.
Lo establecido en el párrafo anterior se aplicará igualmente en el Impuesto sobre la 
Renta de no Residentes a los establecimientos permanentes que la entidad organizadora 
de la final de la «UEFA Women’s Champions League 2020» o los equipos participantes 
constituyan en España con motivo del acontecimiento por las rentas obtenidas durante su 
celebración y en la medida que estén directamente relacionadas con su participación en él.
Estarán exentas las rentas obtenidas sin establecimiento permanente por la entidad 
organizadora de la final de la «UEFA Women’s Champions League 2020» o los equipos 
participantes, generadas con motivo de la celebración de la final de la «UEFA Women’s 
Champions League 2020» y en la medida en que estén directamente relacionadas con su 
participación en aquella.
Dos.  Régimen fiscal de las personas físicas que presten servicios a la entidad 
organizadora o a los equipos participantes:
1.  No se considerarán obtenidas en España las rentas que perciban las personas  e.e
físicas que no sean residentes en España, por los servicios que presten a la entidad  w.b
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territorio español con motivo de la final de la «UEFA Women’s Champions League 2020»
podrán optar por tributar por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, en los términos 
y condiciones previstos en el artículo 93 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de 
los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.
Tres.  Régimen aduanero y tributario aplicable a las mercancías que se importen para 
afectarlas al desarrollo y celebración de la final de la «UEFA Women’s Champions 
League 2020»:
1.  Con carácter general, el régimen aduanero aplicable a las mercancías que se 
importen para su utilización en la celebración y desarrollo de la final de la «UEFA Women’s 
Champions League 2020» será el que resulte de las disposiciones contenidas en el 
Reglamento (UE) n.º 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de octubre 
de 2013, por el que se establece el Código Aduanero de la Unión, y demás legislación 
aduanera de aplicación.
2.  Sin perjuicio de lo anterior y con arreglo al artículo 251 del Código Aduanero de la 
Unión y al artículo 7 del Convenio relativo a la Importación Temporal, hecho en Estambul 
el 26 de junio de 1990, las mercancías a que se refiere el número 1 de este apartado que 
se vinculen al régimen aduanero de importación temporal podrán permanecer al amparo 
de dicho régimen por un plazo máximo de 24 meses desde su vinculación al mismo, que, 
en todo caso, expirará, a más tardar, el 31 de diciembre del año siguiente al de la 
finalización de la final de la «UEFA Women’s Champions League 2020».
3.  Se autoriza al Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria para que adopte las medidas necesarias para la 
ejecución de lo dispuesto en este apartado tres.
Cuatro.  Impuesto sobre el Valor Añadido:
1.  Por excepción a lo dispuesto en el número 2.º del artículo 119 bis de la Ley 37/1992, 
de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, no se exigirá el requisito de 
reciprocidad en la devolución a empresarios o profesionales no establecidos en la 
Comunidad que soporten o satisfagan cuotas del Impuesto como consecuencia de la 
realización de operaciones relacionadas con la celebración de la final de la «UEFA 
Women’s Champions League 2020».
2.  Por excepción de lo establecido en el número 7.º del apartado uno del artículo 164 
de la Ley 37/1992, cuando se trate de empresarios o profesionales no establecidos en la 
Comunidad, Canarias, Ceuta o Melilla, o en un Estado con el que existan instrumentos de 
asistencia mutua análogos a los instituidos en la Comunidad, no será necesario que 
nombren un representante a efectos del cumplimiento de las obligaciones impuestas en 
dicha Ley.
3.  Los empresarios o profesionales no establecidos en el territorio de aplicación del 
Impuesto que tengan la condición de sujetos pasivos y que soporten o satisfagan cuotas 
como consecuencia de la realización de operaciones relacionadas con la final de la «UEFA 
Women’s Champions League 2020» tendrán derecho a la devolución de dichas cuotas al 
término de cada periodo de liquidación.
Para dichos empresarios o profesionales, el período de liquidación coincidirá con el 
mes natural, debiendo presentar sus declaraciones-liquidaciones durante los 20 primeros 
días naturales del mes siguiente al periodo de liquidación. Sin embargo, las declaraciones-
liquidaciones correspondientes al último período del año deberán presentarse durante los  s
treinta primeros días naturales del mes de enero. oe.
Lo establecido en el párrafo anterior no determinará la obligación para dichos  w.
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Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre.
Lo dispuesto en este número será igualmente aplicable a la entidad organizadora del 
acontecimiento, a los equipos participantes y a las personas jurídicas a que se refiere el 
número 1 anterior.
No obstante, cuando se trate de empresarios o profesionales no establecidos en los 
que concurran los requisitos previstos en los artículos 119 o 119 bis de la Ley 37/1992, 
de 28 de diciembre, la devolución de las cuotas soportadas se efectuará conforme al 
procedimiento establecido en dichos artículos y en los artículos 31 y 31 bis del Reglamento 
del Impuesto, aprobado por el Real Decreto 1624/1992.
4.  Respecto a las operaciones relacionadas con los bienes vinculados al régimen de 
importación temporal con exención total de derechos, a que se alude en el apartado tres 
anterior, resultará aplicable lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley del Impuesto.
5.  El plazo a que se refiere el párrafo g) del apartado 3 del artículo 9 de la Ley del 
Impuesto será, en relación con los bienes que se utilicen temporalmente en la celebración 
y desarrollo de la final de la «UEFA Women’s Champions League 2020», el previsto en el 
número 2 del apartado tres anterior.
6.  La regla establecida en el apartado dos del artículo 70 de la Ley del Impuesto no 
resultará aplicable a los servicios del número 1 de este apartado cuando sean prestados 
por las personas jurídicas residentes en España constituidas con motivo del acontecimiento 
por la entidad organizadora de la final de la «UEFA Women’s Champions League 2020» 
por los equipos participantes y estén en relación con la organización, la promoción o el 
apoyo de dicho acontecimiento.
Disposición adicional séptima.  Tipo impositivo aplicable del Impuesto sobre el Valor 
Añadido a las entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de bienes 
necesarios para combatir los efectos del COVID-19.
Con efectos desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de 
medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo, y vigencia hasta 
el 31 de octubre de 2020, se aplicará el tipo del 0 por ciento del Impuesto sobre el Valor 
Añadido a las entregas de bienes, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de 
bienes referidos en el Anexo de este real decreto-ley cuyos destinatarios sean entidades 
de Derecho Público, clínicas o centros hospitalarios, o entidades privadas de carácter 
social a que se refiere el apartado tres del artículo 20 de la Ley 37/1992, de 28 de 
diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. Estas operaciones se documentarán en 
factura como operaciones exentas.
Disposición transitoria primera.  Situaciones de trabajo a distancia existentes a la entrada 
en vigor del real decreto-ley.
1.  Este real decreto-ley será íntegramente aplicable a las relaciones de trabajo 
vigentes y que estuvieran reguladas, con anterioridad a su publicación, por convenios o 
acuerdos colectivos sobre condiciones de prestación de servicios a distancia, desde el 
momento en el que estos pierdan su vigencia.
En caso de que los convenios o acuerdos referidos en el apartado anterior no prevean un 
plazo de duración, esta norma resultará de aplicación íntegramente una vez transcurrido un 
año desde su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», salvo que las partes firmantes de 
estos acuerden expresamente un plazo superior, que como máximo podrá ser de tres años.
2.  En ningún caso la aplicación de este real decreto-ley podrá tener como 
consecuencia la compensación, absorción o desaparición de cualesquiera derechos o  e.e
condiciones más beneficiosas que vinieran disfrutando las personas que prestasen con  b
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deberán efectuarse adaptaciones o modificaciones de los acuerdos de trabajo a distancia 
de carácter individual vigentes a la fecha de publicación de este real decreto-ley, no 
derivados de convenios o acuerdos colectivos.
Disposición transitoria segunda.  Personal laboral al servicio de las Administraciones 
Públicas.
Hasta que se apruebe la normativa prevista en la disposición adicional segunda, se 
mantendrá en vigor para el personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas lo 
previsto por el artículo 13 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores en 
la redacción vigente antes de la entrada en vigor del presente real decreto-ley.
Disposición transitoria tercera.  Trabajo a distancia como medida de contención sanitaria 
derivada de la COVID-19.
Al trabajo a distancia implantado excepcionalmente en aplicación del artículo 5 del 
Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, o como consecuencia de las medidas de 
contención sanitaria derivadas de la COVID-19, y mientras estas se mantengan, le seguirá 
resultando de aplicación la normativa laboral ordinaria.
En todo caso, las empresas estarán obligadas a dotar de los medios, equipos, 
herramientas y consumibles que exige el desarrollo del trabajo a distancia, así como al 
mantenimiento que resulte necesario.
En su caso, la negociación colectiva establecerá la forma de compensación de los 
gastos derivados para la persona trabajadora de esta forma de trabajo a distancia, si 
existieran y no hubieran sido ya compensados.
Disposición transitoria cuarta.  Procedimientos para el reconocimiento del ingreso mínimo 
vital iniciados antes de la entrada en vigor del presente real decreto-ley en los que no 
se haya dictado resolución expresa.
A los procedimientos para el reconocimiento del ingreso mínimo vital en los que no se 
hubiera dictado resolución expresa a la fecha de entrada en vigor del presente real 
decreto-ley, les será de aplicación lo que a continuación se establece.
1.  El plazo para resolver y notificar será el de seis meses previsto en el artículo 25.3 
del Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo 
vital, aun cuando a la fecha de entrada en vigor del presente real decreto-ley hayan 
transcurrido tres meses desde la presentación de la solicitud. A tal efecto, el 
periodo transcurrido sin haberse dictado resolución expresa será tenido en cuenta para el 
cómputo de los seis meses establecidos en el citado artículo 25.3.
2.  Con independencia del estado en que se encuentre el procedimiento para el 
reconocimiento de la prestación económica del ingreso mínimo vital a la entrada en vigor 
de esta disposición transitoria, se comprobará el cumplimiento por los interesados de la 
condición de vulnerabilidad establecida en el artículo 7.1.b) del Real Decreto-ley 20/2020, 
de 29 de mayo, como requisito necesario para poder continuar su tramitación. En el 
supuesto de que no quedara acreditado dicho requisito, se dictará resolución declarando 
la imposibilidad de continuar la tramitación del procedimiento.
Frente a esta resolución, se podrá interponer reclamación administrativa previa en 
materia de prestaciones de Seguridad Social, de acuerdo con lo establecido en el  s
artículo 71 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, y cuyo  e.
objeto se limitará a conocer sobre la posibilidad de seguir el procedimiento, en razón del  w.
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requisito de vulnerabilidad previsto en el indicado artículo 7.1.b).
Disposición final primera.  Modificación del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y 
Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 
de agosto.
Se modifica el apartado 1 del artículo 7 del texto refundido de la Ley sobre Infracciones 
y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de 
agosto, con la siguiente redacción:
«1.  No formalizar por escrito el contrato de trabajo, cuando este requisito sea 
exigible o lo haya solicitado la persona trabajadora, o no formalizar el acuerdo de 
trabajo a distancia en los términos y con los requisitos legal y convencionalmente 
previstos.»
Disposición final segunda.  Modificación de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora 
de la jurisdicción social.
La Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social queda modificada 
del siguiente modo:
Uno.  Se modifica el título de la sección 4.ª del capítulo V del Título II del libro 
segundo, con la siguiente redacción:
«Sección 4.ª  Movilidad geográfica, modificaciones sustanciales de condiciones 
de trabajo, trabajo a distancia, suspensión del contrato y reducción de jornada por 
causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o derivadas de fuerza 
mayor.»
Dos.  Se incorpora un nuevo artículo 138 bis, con la siguiente redacción:
«Artículo 138 bis.  Tramitación en reclamaciones sobre acceso, reversión y 
modificación del trabajo a distancia.
1.  El procedimiento para las reclamaciones sobre acceso, reversión y 
modificación del trabajo a distancia se regirá por las siguientes reglas:
a)  La persona trabajadora dispondrá de un plazo de veinte días hábiles, a 
partir de que la empresa le comunique su negativa o su disconformidad con la 
propuesta realizada por la persona trabajadora, para presentar demanda ante el 
Juzgado de lo Social.
b)  El órgano jurisdiccional podrá recabar informe urgente de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social, remitiéndole copia de la demanda y documentos que la 
acompañen. El informe versará sobre la negativa o la disconformidad comunicada 
por la empresa respecto de la propuesta realizada por la persona trabajadora y 
demás circunstancias concurrentes.
c)  El procedimiento será urgente y se le dará tramitación preferente. El acto de 
la vista habrá de señalarse dentro de los cinco días siguientes al de la admisión de 
la demanda. La sentencia se dictará en el plazo de tres días. Contra la misma no 
procederá recurso, salvo cuando se haya acumulado pretensión de resarcimiento 
de perjuicios que por su cuantía pudiera dar lugar a recurso de suplicación, en cuyo 
caso el pronunciamiento será ejecutivo desde que se dicte la sentencia.
2.  Cuando la causa de la reclamación en materia de trabajo a distancia esté  o
relacionada con el ejercicio de los derechos de conciliación de la vida personal,  3ww.
fparomcielidairm yie nlatob oersatal,b lreeccidoon oecni deol sa rtlíecgualol  1o3 9c.o»nvencionalmente, se regirá por el  2020-1104n https://w
Disposición final tercera.  Modificación del texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.
El texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real 
Decreto 2/2015, de 23 de octubre, queda modificado del siguiente modo:
Uno.  Se modifica el artículo 13 que queda redactado como sigue:
«Artículo 13.  Trabajo a distancia.
Las personas trabajadoras podrán prestar trabajo a distancia en los términos 
previstos en el Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia.»
Dos.  Se modifica la letra a) del apartado 1 del artículo 23 con la siguiente redacción:
«a)  Al disfrute de los permisos necesarios para concurrir a exámenes, así 
como a una preferencia a elegir turno de trabajo y a acceder al trabajo a distancia, 
si tal es el régimen instaurado en la empresa, y el puesto o funciones son 
compatibles con esta forma de realización del trabajo, cuando curse con regularidad 
estudios para la obtención de un título académico o profesional.»
Tres.  Se modifica el apartado 8 del artículo 37 con la siguiente redacción:
«8.  Las personas trabajadoras que tengan la consideración de víctimas de 
violencia de género o de víctimas del terrorismo tendrán derecho, para hacer 
efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, a la reducción de 
la jornada de trabajo con disminución proporcional del salario o a la reordenación 
del tiempo de trabajo, a través de la adaptación del horario, de la aplicación del 
horario flexible o de otras formas de ordenación del tiempo de trabajo que se utilicen 
en la empresa. También tendrán derecho a realizar su trabajo total o parcialmente a 
distancia o a dejar de hacerlo si este fuera el sistema establecido, siempre en ambos 
casos que esta modalidad de prestación de servicios sea compatible con el puesto 
y funciones desarrolladas por la persona.
Estos derechos se podrán ejercitar en los términos que para estos supuestos 
concretos se establezcan en los convenios colectivos o en los acuerdos entre la 
empresa y los representantes legales de las personas trabajadoras, o conforme al 
acuerdo entre la empresa y las personas trabajadoras afectadas. En su defecto, la 
concreción de estos derechos corresponderá a estas, siendo de aplicación las 
reglas establecidas en el apartado anterior, incluidas las relativas a la resolución de 
discrepancias.»
Disposición final cuarta.  Modificación de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 
Presupuestaria.
Con efectos desde la entrada en vigor de este real decreto-ley y vigencia indefinida se 
añade un nuevo párrafo h), al apartado 2 del artículo 54 de la Ley 47/2003, de 26 de 
noviembre, General Presupuestaria, con la siguiente redacción:
«h)  Los destinados al sistema de protección por cese de actividad.»
Disposición final quinta.  Modificación de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma  es
electrónica. o
de fiSrme aa ñealedcetr óunni cnau,e cvoon a epla sritgaudioe n6t ea tl eanrotírc:ulo 13 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre,  2020-1104n https://w
Tran«s6f.o rmPaocr iOónrd Denig ditea l las ep edrestoenram tiintualraárn d elal sM cinoinsdteicriioo ndees A ys urnetqousi sEitcoosn ótémcincoicso sy 
aplicables a la verificación de la identidad y, si procede, otros atributos específicos
de la persona solicitante de un certificado cualificado, mediante otros métodos de 
identificación que aporten una seguridad equivalente en términos de fiabilidad a la 
presencia física.»
Disposición final sexta.  Modificación de la disposición transitoria primera de la 
Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego.
Se modifica el primer párrafo de la disposición transitoria primera de la Ley 13/2011, 
de 27 de mayo, de regulación del juego, que queda redactado del siguiente modo:
«Las competencias previstas para la Comisión Nacional del Juego serán 
ejercidas por la Dirección General de Ordenación del Juego, del Ministerio de 
Consumo, salvo las relacionadas con la gestión y recaudación de las tasas a las que 
se refiere el artículo 49 de esta Ley, que serán ejercidas por la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria.»
Disposición final séptima.  Modificación de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la 
Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia.
La Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y 
de la Competencia, queda modificada como sigue:
Uno.  El apartado 3 de la disposición adicional segunda, queda redactado del 
siguiente modo:
«3.  Las referencias contenidas en cualquier norma del ordenamiento jurídico a 
la Comisión Nacional del Juego se entenderán realizadas a la Dirección General de 
Ordenación del Juego del Ministerio de Consumo que la sustituye y asume sus 
competencias, en los términos previstos en la disposición adicional décima.»
Dos.  La disposición adicional décima queda redactada del siguiente modo:
«Disposición adicional décima.  Funciones que asumen la Dirección General de 
Ordenación del Juego del Ministerio de Consumo y la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria en materia de juego.
La Dirección General de Ordenación del Juego del Ministerio de Consumo asumirá 
el objeto, funciones y competencias que la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación 
del juego, atribuye a la extinta Comisión Nacional del Juego, salvo las relacionadas con 
la gestión y recaudación de las tasas a las que se refiere el artículo 49 de dicha ley, que 
serán ejercidas por la Agencia Estatal de Administración Tributaria.»
Disposición final octava.  Modificación de la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector 
ferroviario.
Se modifica la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector ferroviario, para añadir 
una nueva disposición adicional vigésima primera del siguiente tenor:
«Disposición adicional vigésima primera.  Exenciones en materia operacional 
ferroviaria en situaciones de emergencia.
Se habilita a la persona titular de la Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad 
Ferroviaria, en el marco de sus competencias, para conceder de oficio a los titulares  e
o solicitantes de licencias, certificados, habilitaciones o autorizaciones, exenciones  bo
específicas al cumplimiento de la normativa aplicable en materia operacional  3w
fcueurrgareonanvd)t ioea srsQi,ea us  peieer nomn doplou rszseec  qáaaumn pe cbo isirstecoibu scln euns mthoaa pnrcleaceignar u stfol raueddrnagotsees n l aaptes oe scr s iomalansp d nricceoiirvorcimnsutenaasstsi tv saoaing  ncudeiiaeecs enl astoei d sUna:endcieóesns  oidEpauedrroaetpsiv edaaes,    BOE-A-2020-1104cable en https://w
forma adecuada cumpliendo los requisitos aplicables;
b)  Que se garantice la seguridad en caso necesario mediante la aplicación de 
las correspondientes medidas de mitigación;
c)  Que se mitigue cualquier posible distorsión de las condiciones del mercado 
como consecuencia de la concesión de la exención en la medida de lo posible,
d)  Que el alcance y la duración de la exención estén limitados a lo que resulte 
estrictamente necesario y que esta se aplique sin ocasionar discriminación.
Asimismo, dichas exenciones se podrán emitir, si se cumplen todas las 
condiciones mencionadas en el párrafo anterior, previa solicitud de los interesados 
en la que se motive adecuadamente su cumplimiento, se especifiquen las 
circunstancias urgentes imprevistas o las necesidades operativas urgentes y que 
incluya, por parte del solicitante, las medidas de mitigación que permitan establecer 
un nivel de seguridad operacional equivalente.»
Disposición final novena.  Modificación de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Se modifica la disposición final séptima de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que queda 
redactada como sigue:
«Disposición final séptima.  Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor al año de su publicación en el “Boletín Oficial 
del Estado”.
No obstante, las previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, 
registro electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso 
general electrónico de la Administración y archivo único electrónico producirán 
efectos a partir del día 2 de abril de 2021.»
Disposición final décima.  Modificación del Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por 
el que se adoptan determinadas medidas urgentes en el ámbito económico y para la 
protección de la salud pública.
El artículo quinto del Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan 
determinadas medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud 
pública, queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo quinto.  Consideración excepcional como situación asimilada a accidente 
de trabajo de los periodos de aislamiento, contagio o restricción en las salidas 
del municipio donde tengan el domicilio o su centro de trabajo las personas 
trabajadoras como consecuencia del virus COVID-19.
1.  Al objeto de proteger la salud pública, se considerarán, con carácter 
excepcional, situación asimilada a accidente de trabajo, exclusivamente para la 
prestación económica de incapacidad temporal del sistema de Seguridad Social, 
aquellos periodos de aislamiento o contagio de las personas trabajadoras 
provocados por el virus COVID-19, salvo que se pruebe que el contagio de la 
enfermedad se ha contraído con causa exclusiva en la realización del trabajo en los 
términos que señala el artículo 156 del texto refundido de la Ley General de la  s
Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de  oe.
octubre, en cuyo caso será calificada como accidente de trabajo. w.
dpea rrtCee sodtnrei c ecbli aómjnai s,d mseeo l  aec xastareálnicddtaee rro áe e xencstertaapd cpiaor onata eul,cn cc imoónnu  neaifc eaicpqtioous,e  yldlo emss edtrdeai abenal tjeian diecoli roce osdr erqe ulsaep  sosinteud aivecenióatenn    2020-1104n https://w
obligados a desplazarse de localidad para prestar servicios en las actividades no
afectadas por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el  Bc
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por
el COVID-19, siempre que por la autoridad competente se haya acordado restringir 
la salida, o la entrada, de personas del municipio donde dichos trabajadores tengan 
su domicilio, o donde la empresa tenga su centro de trabajo en el caso de que el 
trabajador tenga su domicilio en otro municipio, y les haya sido denegada de forma 
expresa la posibilidad de desplazarse por la autoridad competente, no puedan 
realizar su trabajo de forma telemática por causas no imputables a la empresa para 
la que prestan sus servicios o al propio trabajador y no tengan derecho a percibir 
ninguna otra prestación pública.
La acreditación del acuerdo de restricción de la población donde el trabajador 
tiene su domicilio o la empresa su centro de trabajo, y la denegación de la posibilidad 
de desplazamiento se realizará mediante certificación expedida por el ayuntamiento 
del domicilio o, en su caso, por el del centro de trabajo afectado por la restricción 
ante el correspondiente órgano del servicio público de salud.
De igual forma, la imposibilidad de realización del trabajo de forma telemática se 
acreditará mediante una certificación de la empresa o una declaración responsable 
en el caso de los trabajadores por cuenta propia ante el mismo órgano del servicio 
público de salud.
En el supuesto de trabajadores por cuenta ajena que tuvieran el domicilio en 
distinto municipio al del centro de trabajo, además de lo previsto en el párrafo 
anterior, se requerirá acreditar:
a)  El domicilio del trabajador mediante el correspondiente certificado de 
empadronamiento.
b)  Que el trabajador desarrolla su trabajo en el centro sito en el municipio 
afectado por la restricción, mediante la correspondiente certificación de la empresa.
c)  Que la empresa no ha procedido al cierre del centro de trabajo, mediante la 
correspondiente certificación de la empresa.
2.  La duración de esta prestación excepcional vendrá determinada por el parte 
de baja y la correspondiente alta.
Siempre que por la autoridad competente se haya acordado, con anterioridad a 
la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, restringir las salidas 
o las entradas del municipio donde tengan el domicilio o en el que tenga el centro de 
trabajo la empresa en que prestan sus servicios, de tratarse de las personas 
trabajadoras por cuenta ajena a las que se refiere el artículo 1 del Real Decreto-ley 
10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable 
para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios 
esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la 
lucha contra el COVID-19, se expedirá un parte de baja con efectos desde la fecha 
de inicio de la restricción y un parte de alta con efectos de 29 de marzo de 2020.
De tratarse de trabajadores por cuenta propia o autónomos, cuando la restricción 
adoptada con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 
de marzo, restringiera su salida del municipio donde tengan su domicilio o, teniendo 
su domicilio en otro, vieran restringida la entrada en el municipio impidiéndoles 
totalmente la realización de su actividad, el derecho a la prestación comenzará con 
el parte de baja desde la fecha de inicio de la restricción y durará hasta la fecha de 
finalización de la misma, no pudiendo, en ningún caso, durar más allá de la fecha de 
finalización del estado de alarma.
Este subsidio por incapacidad temporal es incompatible con los salarios que se  e.e
hubieren percibido así como con el derecho a cualquier otra prestación económica  w.b
dod eisp trliaon ftSease aigolu nsrauidlbeassdi.d  SEioon c peiraseltv,o iissn tcsoluu epidnua ee slla tpo irsne cssaeep npateecri dcaiarbtdíirc átue llmoa. pporeraslt apcoiór nc odnet ilnag Senecgiuarsid caodm suonceiasl   2020-11043n https://ww
anteA  eel fecoctroress dpeo nlod iepnretevi sótrog aenno e dl eplá srrearfvoi caion teprúiobrl,ic eol  dtrea bsaajlauddo, rc deertbifeicráa cpiórens deen talar 
empresa acreditativa de la no percepción de salarios.
3.  Podrá causar derecho a esta prestación la persona trabajadora por cuenta 
propia o ajena que se encuentre en la fecha del hecho causante en situación de alta 
en cualquiera de los regímenes de Seguridad Social.
4.  La fecha hecho causante será la fecha en la que se acuerde el aislamiento, 
restricción o enfermedad del trabajador, sin perjuicio de que el parte de baja se 
expida con posterioridad a esa fecha.»
Disposición final undécima.  Modificación del Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, 
por el que se establece el ingreso mínimo vital.
Uno.  Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 7, que pasan a tener la siguiente 
redacción:
«Artículo 7.  Requisitos de acceso.
1.  Todas las personas beneficiarias, estén o no integradas en una unidad de 
convivencia, deberán cumplir los siguientes requisitos:
a)  Tener residencia legal y efectiva en España y haberla tenido de forma 
continuada e ininterrumpida durante al menos el año inmediatamente anterior a la 
fecha de presentación de la solicitud. No se exigirá este plazo respecto de:
1.º  Los menores incorporados a la unidad de convivencia por nacimiento, 
adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente.
2.º  Las personas víctimas de trata de seres humanos y de explotación sexual
3.º  Las mujeres víctimas de violencia de género.
A efectos del mantenimiento del derecho a esta prestación, se entenderá que 
una persona tiene su residencia habitual en España aun cuando haya tenido 
estancias en el extranjero, siempre que estas no superen los noventa días naturales 
a lo largo de cada año natural o cuando la ausencia del territorio español esté 
motivada por causas de enfermedad debidamente justificadas.
b)  Encontrarse en situación de vulnerabilidad económica por carecer de rentas, 
ingresos o patrimonio suficientes, en los términos establecidos en el artículo 8.
c)  Haber solicitado las pensiones y prestaciones públicas vigentes que se 
determinen reglamentariamente, a las que pudieran tener derecho. En todo caso, 
quedan exceptuados los salarios sociales, rentas mínimas de inserción o ayudas 
análogas de asistencia social concedidas por las comunidades autónomas.
2.  Las personas beneficiarias a las que se refiere el artículo 4.1.b), que sean 
menores de 30 años en la fecha de la solicitud, deberán haber tenido residencia 
legal y efectiva en España, y haber vivido de forma independiente, durante al menos 
los tres años inmediatamente anteriores a la indicada fecha.
Se entenderá que una persona ha vivido de forma independiente siempre que 
acredite que su domicilio ha sido distinto al de sus progenitores, tutores o 
acogedores durante los tres años inmediatamente anteriores a la solicitud, y en 
dicho periodo hubiere permanecido durante al menos doce meses, continuados o 
no, en situación de alta en cualquiera de los regímenes que integran el sistema de 
la Seguridad Social, incluido el de Clases Pasivas del Estado, o en una mutualidad 
de previsión social alternativa al Régimen Especial de la Seguridad Social de los  s
Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos. oe.
Este requisito no se exigirá a las personas que por ser víctimas de violencia de  w.
gtqruéáenm epitreuose  dhdaaeny s adenep taaerbramacniinódanor nsoea d driveoog rslacuimo d eoon mata liraciasilmi oqe uhneat esbe.i»t ueanlc,u ae nltarse nq eune  ohtraaysa cni rcinuincisatadnoc lioass   2020-1104n https://w
Dos.  Se modifican los apartados 4, 5, 6 y 7, y se introduce un nuevo apartado 8 en el 
artículo 19, con la siguiente redacción:
«4.  La existencia de la unidad de convivencia se acreditará con el libro de 
familia, certificado del registro civil, y con los datos obrantes en los Padrones 
municipales relativos a los inscritos en la misma vivienda. A estos efectos el Instituto 
Nacional de la Seguridad Social tendrá acceso a la base de datos de coordinación 
de los Padrones municipales del Instituto Nacional de Estadística para la 
confirmación de los requisitos exigidos.
No obstante, cuando de la misma no pueda deducirse la coincidencia con los 
datos que se hayan hecho constar en la solicitud de la prestación se solicitará la 
aportación del correspondiente certificado de empadronamiento, histórico y colectivo 
del período requerido en cada supuesto, referidos a los domicilios donde residen o 
han residido los miembros de la unidad de convivencia, expedido por el Ayuntamiento 
en virtud de lo establecido en el artículo 83.3 del Reglamento de Población y 
Demarcación Territorial de las Entidades Locales.
Tanto los datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadística como, en su 
caso, el certificado de empadronamiento citado, servirán igualmente para acreditar 
la existencia de la unidad de convivencia a que se refiere el artículo 6.2.c) o de que 
el solicitante a que se refiere el artículo 4.1.b) vive solo o compartiendo domicilio con 
una unidad de convivencia de la que no forma parte.
A los efectos de los datos relativos al Padrón municipal de conformidad con lo 
previsto en los párrafos anteriores, no se requerirá el consentimiento de las personas 
empadronadas en el domicilio del solicitante.
La existencia de pareja de hecho se acreditará mediante certificación de la 
inscripción en alguno de los registros específicos existentes en las comunidades 
autónomas o ayuntamientos del lugar de residencia o documento público en el que 
conste la constitución de dicha pareja. Tanto la mencionada inscripción como la 
formalización del correspondiente documento público deberán haberse producido 
con una antelación mínima de dos años con respecto a la fecha de la solicitud de la 
prestación.
El inicio de los trámites de separación o divorcio, o su existencia, se acreditará 
con la presentación de la demanda o con la correspondiente resolución judicial.
5.  La acreditación de haber vivido de forma independiente respecto a los 
progenitores, tutores o acogedores, durante al menos tres años conforme lo previsto 
en el artículo 7.2, se efectuará mediante los datos facilitados por el Instituto Nacional 
de Estadística o, en su caso, el certificado de empadronamiento histórico y colectivo 
en el que consten todas las personas empadronadas en el domicilio del solicitante 
durante dicho periodo, de conformidad con lo previsto en el apartado 4.
A los efectos de los datos relativos al padrón municipal de conformidad con lo 
previsto en el apartado anterior, no se requerirá el consentimiento de las personas 
empadronadas en el domicilio del solicitante.
6.  La condición de víctima de violencia de género se acreditará por cualquiera 
de los medios establecidos en el artículo 23 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 
diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
La condición de víctima de trata de seres humanos y de explotación sexual se 
acreditará a través de un informe emitido por los servicios públicos encargados de 
la atención integral a estas víctimas o por los servicios sociales, así como por  s
cualquier otro medio de acreditación que se determine reglamentariamente. e.
7.  Los requisitos de ingresos y patrimonio establecidos en el presente real  w.
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ePna ílsa Vs aHsacoci.e An dtaaless T erifbeucttaorsi,a sse F toormaalersá  cdoem Noa rveaferrrae nyc diae l alo isn foterrmriatocriióons  qhuiset ócroicnosste d eenl   BOE-A-cable e
esas Haciendas Públicas respecto del ejercicio anterior a aquel en el que se realiza 
esa actividad de reconocimiento o control, o en su defecto, la información que 
conste más actualizada en dichas administraciones públicas.
En su solicitud, cada interesado autorizará expresamente a la administración 
que tramita su solicitud para que recabe sus datos tributarios de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria, de los órganos competentes de las comunidades 
autónomas, de la Hacienda Foral de Navarra o diputaciones forales del País Vasco 
y de la Dirección General del Catastro Inmobiliario, conforme al artículo 95.1.k) de 
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria o, en su caso, en la normativa 
foral aplicable.
Lo dispuesto en el párrafo anterior se entiende sin perjuicio de la cesión de 
datos tributarios legalmente prevista con ocasión de la colaboración en el 
descubrimiento de fraudes en la obtención y disfrute de prestaciones a la Seguridad 
Social de apartado 1.c) del citado artículo 95 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria o, en su caso, en la normativa foral aplicable.
8.  En ningún caso será exigible al solicitante la acreditación de hechos, datos 
o circunstancias que la Administración de la Seguridad Social deba conocer por sí 
misma, tales como la situación del beneficiario en relación con el sistema de la 
Seguridad Social; o la percepción por los miembros de la unidad de convivencia de 
otra prestación económica que conste en el Registro de Prestaciones Sociales 
Públicas.»
Tres.  Se modifica el artículo 25 que pasa a tener la siguiente redacción:
«Artículo 25.  Tramitación.
1.  Una vez recibida la solicitud de la prestación, el órgano competente, con 
carácter previo a la admisión de la misma, procederá a comprobar si los beneficiarios 
que vivan solos o formando parte de una unidad de convivencia, en función de los 
datos declarados en la solicitud presentada, cumplen el requisito de vulnerabilidad 
previsto en el artículo 7.1.b).
Frente a la resolución de inadmisión, que deberá ser dictada en el plazo de 30 
días, se podrá interponer reclamación administrativa previa en materia de 
prestaciones de Seguridad Social, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71 de 
la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, y cuyo objeto 
se limitará a conocer sobre la causa de inadmisión.
La admisión de la solicitud no obstará a su desestimación si, durante la 
instrucción del procedimiento, la entidad gestora efectuara nuevas comprobaciones 
que determinaran el incumplimiento del requisito de vulnerabilidad previsto en el 
artículo 7.1.b).
2.  Admitida a trámite la solicitud, procederá iniciar la instrucción del 
procedimiento administrativo en orden a comprobar el cumplimiento de los requisitos 
determinantes del reconocimiento de la prestación.
3.  El Instituto Nacional de la Seguridad Social procederá a dictar resolución, y 
a notificar la misma a la persona solicitante, en el plazo máximo de seis meses 
desde la fecha de entrada en su registro de la solicitud.
Transcurrido dicho plazo sin que se hubiera notificado resolución expresa, se 
entenderá desestimada.
4.  En el supuesto de que con posterioridad a la solicitud el interesado no  es
hubiera aportado la documentación a que se hubiera obligado en la declaración  bo
responsable prevista en el artículo 24.2, con carácter previo a dictar resolución la  3w
epnprornoo ticchdeeuaddbdiiimme griieeee nnsptttroooe .r»sdaeu lnreat anrdteeoq  eulale  prdilroaácz uoam  mteaánl xteaimfceioóc tndo e.r e Etqrenus ee rmsidteeas,  ecssae.s  Sopr,i  otqrdauunecsdircaáur rálar i dscoua sddpuicechnidoda ipddlo ad zeeoll    OE-A-2020-1104able en https://w
Cuatro.  Se modifica el artículo 33, que pasa a tener la siguiente redacción:
«Artículo 33.  Obligaciones de las personas beneficiarias.
1.  Las personas titulares del ingreso mínimo vital estarán sujetas durante el 
tiempo de percepción de la prestación a las siguientes obligaciones:
a)  Proporcionar la documentación e información precisa en orden a la 
acreditación de los requisitos y la conservación de la prestación, así como para 
garantizar la recepción de notificaciones y comunicaciones.
b)  Comunicar cualquier cambio o situación que pudiera dar lugar a la 
modificación, suspensión o extinción de la prestación, en el plazo de treinta días 
naturales desde que estos se produzcan.
c)  Comunicar cualquier cambio de domicilio o de situación en el Padrón 
municipal que afecte personalmente a dichos titulares o a cualquier otro miembro 
que forme parte de la unidad de convivencia, en el plazo de treinta días naturales 
desde que se produzcan.
d)  Reintegrar el importe de las prestaciones indebidamente percibidas.
e)  Comunicar a la entidad gestora, con carácter previo, las salidas al 
extranjero, tanto del titular como de los miembros de la unidad de convivencia, por 
un período, continuado o no, superior a noventa días naturales durante cada año 
natural, así como, en su caso, justificar la ausencia del territorio español de 
conformidad con lo previsto en el último párrafo del artículo 7.1.a).
f)  Presentar anualmente declaración correspondiente al Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas.
g)  Si no están trabajando y son personas mayores de edad o menores 
emancipadas, acreditar, dentro de los seis meses siguientes a la notificación de la 
resolución por la que se concede la prestación, que figuran inscritas como 
demandantes de empleo, salvo en los siguientes supuestos:
1.º  Estar cursando estudios reglados y ser menor de 28 años. En su caso, el 
plazo de seis meses para acreditar la inscripción como demandante de empleo se 
iniciará en la fecha en que el beneficiario cumpla 28 años edad.
2.º  Tener suscrito el convenio especial regulado en el Real Decreto 615/2007, 
de 11 de mayo, por el que se regula la Seguridad Social de los cuidadores de las 
personas en situación de dependencia.
3.º  Estar percibiendo una pensión contributiva de incapacidad permanente en 
grado de absoluta o gran invalidez, una pensión de invalidez no contributiva o una 
pensión de jubilación contributiva o haber cumplido los 65 años de edad.
4.º  Estar afectado por una discapacidad en un grado igual o superior al 65 por 
ciento.
5.º  Tener reconocida una situación de dependencia, conforme a lo dispuesto 
en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a las personas en situación de dependencia.
La situación de demandante de empleo quedará acreditada con el documento 
expedido al efecto por la administración competente o mediante el acceso por parte 
de la entidad gestora a través de los medios electrónicos habilitados al efecto.
h)  En caso de compatibilizar la prestación del ingreso mínimo vital con las rentas 
del trabajo o la actividad económica conforme con lo previsto en el artículo 8.4, cumplir  e.
las condiciones establecidas para el acceso y mantenimiento de dicha compatibilidad. w.b
Iténrcmlui)isn ioóPsn a,q ruStiece igspeua rrei dseatnad b lalSesoz cceaisantlr .ay teMgiigarsa cdieo niensc,lu psrióenvi sqtuaes  epnro melu aervtíac uello  M2i8n.i1s,t eerino  ldoes   2020-1104n https://w
j)  Cualquier otra obligación que pueda establecerse reglamentariamente.
2.  Las personas integrantes de la unidad de convivencia estarán obligadas a:
a)  Comunicar el fallecimiento del titular.
b)  Poner en conocimiento de la administración cualquier hecho que distorsione 
el fin de la prestación otorgada.
c)  Presentar anualmente declaración correspondiente al Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas.
d)  Cumplir las obligaciones que el apartado anterior impone al titular y este, 
cualquiera que sea el motivo, no lleva a cabo.
e)  Si no están trabajando y son mayores de edad o menores emancipados, 
acreditar, dentro de los seis meses siguientes a la notificación de la resolución por 
la que se concede la prestación, que figuran inscritas como demandantes de 
empleo, con las mismas salvedades y modo de acreditación que las señaladas en 
el apartado anterior para las personas titulares.
f)  En caso de compatibilizar la prestación del ingreso mínimo vital con las 
rentas del trabajo o la actividad económica conforme con lo previsto en el artículo 
8.4, cumplir las condiciones establecidas para el acceso y mantenimiento de dicha 
compatibilidad.
g)  Participar en las estrategias de inclusión que promueva el Ministerio de 
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, previstas en el artículo 28.1, en los 
términos que se establezcan.
h)  Cumplir cualquier otra obligación que pueda establecerse reglamentariamente.»
Cinco.  Se modifica la disposición transitoria primera, que pasa a tener la siguiente 
redacción:
«Disposición transitoria primera.  Prestaciones económicas transitorias de ingreso 
mínimo vital hasta el 31 de diciembre de 2021.
1.  El Instituto Nacional de la Seguridad Social reconocerá durante 2020 la 
prestación transitoria de ingreso mínimo vital a los actuales beneficiarios de la 
asignación económica por hijo o menor a cargo del sistema de la Seguridad Social 
que, a fecha de entrada en vigor del presente real decreto-ley, reúnan los requisitos 
que se exponen en los apartados siguientes, siempre que el importe de la prestación 
transitoria de ingreso mínimo vital sea igual o superior al importe de la asignación 
económica que viniera percibiendo.
2.  Los requisitos para percibir la prestación transitoria serán los siguientes:
a)  Ser beneficiario de la asignación económica por hijo o menor a cargo sin 
discapacidad o con discapacidad inferior al 33 por ciento.
b)  Formar parte de una unidad de convivencia constituida exclusivamente por 
el beneficiario de una asignación económica por hijo o menor a cargo sin 
discapacidad o con discapacidad inferior al 33 por ciento, el otro progenitor en caso 
de convivencia, y los hijos o menores a cargo causantes de dicha asignación por 
hijo a cargo.
c)  Encontrarse la unidad de convivencia referida en el apartado anterior, en 
situación de vulnerabilidad económica por carecer de patrimonio, rentas o ingresos 
suficientes, en los términos establecidos en el artículo 8 del presente real decreto-ley.
d)  Que la asignación económica que se perciba, o la suma de todas ellas en el 
supuesto que sean varias las asignaciones, sea inferior al importe de la prestación  e.
de ingreso mínimo vital. w.b
trans3i.t orEial  dInes tinitugtroe sNoa mcioínniaml od ev iltaa lS, ecugaunriddaod c Sonoccuiarlr arenc loonso sciegruáie, ansteims irsemqou,is laito psr:estación  2020-1104n https://w
a)  Ser beneficiario de la asignación económica por hijo o menor a cargo sin
discapacidad o con discapacidad inferior al 33 por ciento.
b)  Cuando el número total de convivientes que consta en las bases de datos 
de población disponible que el Instituto Nacional de Estadística cede periódicamente 
a dicha Agencia Estatal de Administración Tributaria para fines de estudio y análisis, 
sea mayor que el número de integrantes de la unidad de convivencia prevista en el 
apartado 2.b), a los exclusivos efectos de lo previsto en el presente apartado 3, la 
unidad de convivencia estará constituida únicamente por el beneficiario de una 
asignación económica por hijo o menor a cargo sin discapacidad o con discapacidad 
inferior al 33 por ciento, el otro progenitor en caso de convivencia, y los hijos o 
menores a cargo causantes de dicha asignación por hijo a cargo.
c)  Encontrarse la unidad de convivencia referida en el apartado anterior, en 
situación de vulnerabilidad económica por carecer de patrimonio, rentas o ingresos 
suficientes, en los términos establecidos en el artículo 8 del presente real decreto-ley.
Siempre que, además, la suma de las rentas e ingresos del total de convivientes 
no supere la cuantía mensual de la renta garantizada que les correspondería en el 
caso de que de constituyeran una unidad de convivencia, en los términos 
establecidos en el presente Real Decreto-ley.
d)  Que la asignación económica por hijo o menor a cargo del sistema de la 
Seguridad Social que se perciba, o la suma de todas ellas en el supuesto que sean 
varias las asignaciones, sea inferior al importe de la prestación transitoria establecida 
en este apartado.
4.  A los exclusivos efectos de la comprobación del cumplimiento de lo previsto 
en la letra b) del apartado 2 y en la letra b) y segundo párrafo de la c) del apartado 3, 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, previa autorización del Instituto 
Nacional de Estadística, cederá, sin consentimiento de los interesados, la 
información relativa a la agrupación de las personas en los hogares que consta en 
las bases de datos de población disponible que el Instituto Nacional de Estadística 
cede periódicamente a dicha Agencia Estatal de Administración Tributaria para fines 
de estudio y análisis. Dicha información solo será utilizada por la Secretaría General 
de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social del Ministerio de Inclusión, 
Seguridad Social y Migraciones, para realizar las actuaciones necesarias que 
permitan determinar los beneficiarios con derecho a prestaciones de ingreso mínimo 
vital en los términos establecidos en esta disposición transitoria.
5.  A los exclusivos efectos de la comprobación del cumplimiento de lo 
establecido en los apartados 2.c) y 3.c) el Instituto Nacional de la Seguridad Social 
solicitará a la Agencia Estatal de Administración Tributaria y esta le remitirá la 
información estrictamente necesaria relativa a ingresos y patrimonio de las unidades 
de convivencia previstas en los apartados 2.b) y 3.b), que permitan determinar los 
beneficiarios con derecho a prestaciones de ingreso mínimo vital en los términos 
establecidos en esta disposición transitoria. Dicha información solo será utilizada 
para la finalidad indicada y el procedimiento de intercambio de información entre la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria y el Instituto Nacional de la Seguridad 
Social sin necesidad de recabar el consentimiento de los interesados.
6.  En los supuestos en que las unidades de convivencia descritas en los 
apartados 2.b) y 3.b) tuvieran su domicilio en la Comunidad Foral de Navarra o la 
del País Vasco, la referencia a la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
realizada en el párrafo anterior se entenderá referida a las Haciendas Tributarias 
Forales de Navarra y de los territorios históricos del País Vasco, respectivamente.  s
En estos supuestos, el reconocimiento de las prestaciones quedará supeditada a la  e.
remisión, por parte de las Haciendas Tributarias forales correspondientes, de la  w.
icnofonr 7ml.a a acLisóaigns n npaerceciseótsnaa ceriiocano penasór matr aipcnoasd ipetoorr rlila ehsvi ajdore loo  i namg ceraenbsooor.  ma ícnaimrgoo v sitianl  dseisrcáanp iancciodmadp aoti bcloens   2020-1104n https://w
ddies caaqpuaeclliadsa.d inferior al 33 por ciento, quedando esta suspendida durante la vigencia  BOE-A-cable e
8.  El Instituto Nacional de la Seguridad Social notificará a los beneficiarios que 
cumplan los requisitos exigidos en los apartados 2 y 3 de esta disposición transitoria 
la resolución en la que se reconozca el derecho a la prestación transitoria 
correspondiente, y el derecho de opción entre el percibo de esta prestación y la 
asignación económica por hijo o menor a cargo que viniera percibiendo.
9.  En el plazo de treinta días naturales a contar desde la notificación de la 
resolución de la prestación transitoria correspondiente, el interesado podrá ejercitar 
su derecho de opción por seguir manteniendo la asignación económica por hijo o 
menor a cargo. Dicha opción surtirá efectos desde la fecha de efectos económicos 
de la prestación transitoria correspondiente, procediéndose, en su caso, a la 
correspondiente regularización económica.
En el supuesto de que no se ejercite el derecho de opción dentro del plazo 
señalado se entenderá que opta por percibir la prestación transitoria que corresponda.
10.  Si, una vez reconocido el derecho a la prestación transitoria, la unidad de 
convivencia se modificara, se aplicará lo previsto en el presente real decreto-ley, en 
cuanto a la obligación de comunicación, cumplimiento de requisitos, y revisión de la 
prestación.
En cualquier caso, la cuantía de la prestación transitoria se actualizará con 
efectos del día 1 de enero de 2021, tomando como referencia los ingresos anuales 
computables del ejercicio anterior. Cuando la variación de los ingresos anuales 
computables del ejercicio anterior motivara la extinción de la prestación, esta surtirá 
igualmente efectos a partir del día 1 de enero del año siguiente a aquel al que 
correspondan dichos ingresos. En otro caso, se reanudará el percibo de la 
asignación económica por hijo o menor a cargo, siempre que se mantengan los 
requisitos para ser beneficiario de esta prestación.
El derecho a la prestación transitoria se extinguirá a partir de la fecha de la 
resolución de la solicitud de la prestación de ingreso mínimo vital o, en su caso, en 
la fecha de sus efectos económicos si esta fuera posterior. En el supuesto de que la 
fecha de efectos económicos fuera anterior y la cuantía de la prestación de ingreso 
mínimo vital fuera superior a la de la prestación transitoria se procederá, en su caso, 
a la correspondiente regularización.
11.  A partir del 1 de enero de 2022 la prestación transitoria devendrá en la 
prestación de ingreso mínimo vital, siempre que se reúnan los requisitos establecidos 
en el presente real decreto-ley y el interesado aporte antes del 31 de diciembre 
de 2021 la documentación que a tal efecto le sea requerida por el Instituto Nacional 
de la Seguridad Social.
Para la determinación de la situación de vulnerabilidad se tendrá en cuenta el 
patrimonio, renta e ingresos de todos los miembros que integran la unidad de 
convivencia configurada en los términos previstos en el artículo 6 de esta norma.
En otro caso, se reanudará el percibo de la asignación económica por hijo o 
menor a cargo, siempre que se mantengan los requisitos para ser beneficiario de 
esta prestación.
12.  Los beneficiarios de la asignación económica por hijo o menor a cargo, del 
sistema de la Seguridad Social, a los que no les hubiera sido notificada la resolución 
de reconocimiento de ninguna de las prestaciones transitorias, y cumplieran los 
requisitos previstos en el apartado 2 o 3 de esta disposición transitoria, podrán 
solicitar su reconocimiento ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social. La 
prestación se reconocerá, en su caso, con efectos desde la fecha de entrada en  es
vigor del presente real decreto-ley, siempre que se presente hasta el 31 de diciembre  o
de 2020. En otro caso, los efectos económicos serán del día primero del mes  3ww.
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establecidas por las comunidades autónomas. Para ello, las comunidades
autónomas, si han obtenido la conformidad para la remisión de los datos de sus 
beneficiarios al Instituto Nacional de la Seguridad Social a efectos del reconocimiento 
de la prestación, comunicaran al referido Instituto, a través de los protocolos 
telemáticos de intercambio de información habilitados al efecto, los datos necesarios 
para la identificación de los potenciales beneficiarios, que deberá incluir un 
certificado emitido por la correspondiente comunidad autónoma acreditativo de la 
constitución de una unidad de convivencia conforme establece el artículo 6 y del 
cumplimiento de los requisitos a que se refieren los artículos 4, 5 y el artículo 7 del 
presente real decreto-ley; así como de que se encuentran en su poder toda la 
documentación que pruebe el cumplimiento de dichos requisitos, a excepción de la 
vulnerabilidad económica a la que se refiere el artículo 8 del presente real decreto-
ley, que será analizada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Este 
certificado será suficiente para que dicha entidad gestora considere cumplidos 
dichos requisitos, sin perjuicio de la obligación de las Comunidades Autónomas de 
remitir al referido Instituto toda la documentación en el plazo máximo de seis meses 
a contar desde el 1 de enero de 2021 o cuando la solicite para la resolución de 
cualquier reclamación.
En el supuesto de que se emitiese un certificado conformando la documentación 
y se reconociese una prestación que, posteriormente, fuera declarada indebida y no 
fuese posible recuperar el importe abonado, los perjuicios ocasionados serán a 
cargo de la comunidad autónoma certificadora.
Los expedientes resueltos por el Instituto Nacional de la Seguridad Social se 
comunicarán a las comunidades autónomas a través de los protocolos informáticos 
establecidos.
14.  Para la aplicación de esta disposición se podrán comenzar a realizar las 
operaciones técnicas necesarias para la puesta en marcha de la prestación desde 
el 29 de mayo de 2020 de conformidad con lo previsto en el artículo 11.1 del 
presente real decreto-ley.»
Seis.  Se modifica la disposición transitoria segunda, que pasa a tener la siguiente 
redacción:
«Disposición transitoria segunda.  Presentación de solicitudes.
Las solicitudes de acceso a la prestación económica podrán presentarse a partir 
del día 15 de junio de 2020. Si la solicitud se presenta antes del 1 de enero de 2021, 
los efectos económicos se retrotraerán al día 1 de junio de 2020 siempre que, en 
esta fecha, se acrediten todos los requisitos para su acceso. En caso de no cumplir 
los requisitos en la referida fecha los efectos económicos se fijarán el día primero 
del mes siguiente a aquel en que se cumplan los requisitos.
Si la solicitud se presenta después del 31 de diciembre de 2020, los efectos 
económicos se fijarán el día primero del mes siguiente a la presentación de la solicitud, 
de conformidad con lo previsto en el artículo 11.1 del presente real decreto-ley.»
Disposición final duodécima.  Modificación del Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de 
medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo.
Se modifica el Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para 
apoyar la reactivación económica y el empleo, en los siguientes términos: s
Uno.  Se modifica el apartado 1 del artículo 44, que queda redactado como sigue: w.b
eddenest i1ed«7ma1 d.pd eeesñ P nacaoror vallaai esblma of urbagnrdeecosi,o rtyniaó essn se q dreuásee t  saldeabelsleeb ccescirudiáoabnnsv  aecednunacm l ioopcsnoli rena s lroot ísbpc usoreledorqrsváu a1nisn3 ici tnoyiat se1  a5ryv   dleloaen s id lraio s ubLpnleuigayea  s3oct8io ov/ 2nea0enr0si a 3esy,l     OE-A-2020-1104able en https://w
artículo 16 de dicha Ley. En caso de seleccionar entidad colaboradora, podrán
actuar como tal únicamente las entidades públicas empresariales y las sociedades 
mercantiles estatales. La entidad colaboradora entregará y distribuirá los fondos 
presupuestarios de los pagos a los beneficiarios.»
Dos.  Se modifica el apartado 4 del artículo 46, que queda redactado como sigue:
«4.  Con posterioridad al dictado de la resolución de concesión, se procederá 
al pago de la ayuda al beneficiario por una cuantía que deberá coincidir con el 
indicado en la solicitud. Los pagos se realizarán mediante transferencia a una 
cuenta bancaria indicada por el beneficiario en el cuestionario de solicitud.»
Tres.  Se modifica la letra d) del artículo 47, que queda redactado como sigue:
«d)  El beneficiario de la ayuda deberá mantener la titularidad del vehículo y su 
matriculación en España al menos durante dos años desde el momento de la 
concesión de la subvención, excepto para operaciones de renting, para las que el 
contrato de arrendamiento deberá establecer una duración mínima de dos años 
desde la fecha de su entrada en vigor y su formalización tendrá fecha igual o 
posterior al 15 de junio de 2020.»
Cuatro.  Se modifica la disposición adicional primera, que queda redactada como sigue:
«Se aprueba la concesión de un crédito extraordinario por importe total de 250 
millones de euros en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, distribuido por 
aplicaciones presupuestarias como se indica:
20.09.422B.772. “A empresas privadas. Plan Renove, dentro del Plan de impulso 
de la cadena de valor de la Industria de la Automoción”. 38 millones de euros.
20.09.422B.782. “A familias e instituciones sin fines de lucro. Plan Renove, 
dentro del Plan de impulso de la cadena de valor de la Industria de la 
Automoción”. 212 millones de euros.
La financiación del crédito extraordinario se realizará de conformidad con el 
artículo 46 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado 
para 2018.
Con la aprobación de este real decreto-ley se otorga la autorización a que se 
refieren el artículo 10.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 58.a) de la Ley 47/2003, de 26 de 
noviembre, General Presupuestaria los remanentes de crédito que, a la finalización 
del presente ejercicio, se registren en las dos aplicaciones presupuestarias 
señaladas podrán ser incorporados a los créditos del ejercicio 2021.»
Disposición final decimotercera.  Título competencial.
Este real decreto-ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1. 7.ª y 13.ª 
de la Constitución Española, que atribuye al Estado las competencias exclusivas en las 
materias de legislación laboral; así como de bases y coordinación de la planificación 
general de la actividad económica.
2020-1104n https://w
Disposición final decimocuarta.  Entrada en vigor.
1.  El presente real decreto-ley entrará en vigor a los 20 días de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado», sin perjuicio de lo establecido en su disposición adicional séptima.
2.  No obstante, las disposiciones adicionales tercera, cuarta, quinta y sexta, la 
disposición transitoria cuarta, así como las disposiciones finales cuarta, quinta, octava, 
novena, décima, undécima y duodécima entrarán en vigor el mismo día de su publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 22 de septiembre de 2020.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN
2020-1104n https://w
ANEXO
Relación de bienes a los que se refiere la disposición adicional séptima
Nombre del producto Descripción del bien/producto Código NC
Respiradores para cuidados intensivos y subintensivos. ex 9019 20 00
Ventiladores (aparatos para la respiración artificial). ex 9019 20 00
Divisores de flujo. ex 9019 20
1 Dispositivos médicos.
Otros aparatos de oxigenoterapia, incluidas las tiendas de 
ex 9019 20 00
oxígeno.
Oxigenación por membrana extracorpórea. ex 9019 20 00
ex 8528 52 91
ex 8528 52 99
2 Monitores. Monitores multiparámetro, incluyendo versiones portátiles.
ex 8528 59 00
ex 8528 52 10
ex 9018 90 50
– Bombas peristálticas para nutrición externa.
– Bombas infusión medicamentos. ex 9018 90 84
3 Bombas. – Bombas de succión.
ex 8413 81 00
Sondas de aspiración. ex 9018 90 50
ex 9018 90 60
Tubos endotraqueales;.
ex 9019 20 00
4 Tubos.
ex 3917 21 10
Tubos estériles.
a ex 3917 39 00
5 Cascos. Cascos ventilación mecánica no invasiva CPAP/NIV;. ex 9019 20 00
Mascarillas para ventilación no  Mascarillas de rostro completo y orononasales para ventilación 
6 ex 9019 20 00
invasiva (NIV). no invasiva.
Sistemas de succión. ex 9019 20 00
7 Sistemas/máquinas de succión.
ex 9019 20 00
Máquinas de succión eléctrica.
ex 8543 70 90
ex 8415
8 Humidificadores. Humidificadores. ex 8509 80 00
ex 8479 89 97
9 Laringoscopios. Laringoscopios. ex 9018 90 20
– Kits de intubación.
ex 9018 90
– Tijeras laparoscópicas.
Jeringas, con o sin aguja. ex 9018 31
10 Suministros médicos fungibles. s
Agujas metálicas tubulares y agujas para suturas. ex 9018 32 e.e
Agujas, catéteres, cánulas. ex 9018 39 w.
Kits de acceso vascular. ex 9018 90 84 2020-1104n https://w
Nombre del producto Descripción del bien/producto Código NC
Estaciones centrales de monitorización para cuidados intensivos. ex 9018 90
Estaciones de monitorización Aparatos  Oxímetros de pulso. ex 9018 19
11 de monitorización de pacientes – 
Aparatos de electrodiagnóstico. – Dispositivos de monitorización de pacientes. ex 9018 19 10
– Aparatos de electrodiagnóstico. ex 9018 19 90
12 Escáner de ultrasonido portátil. Escáner de ultrasonido portátil. ex 9018 12 00
13 Electrocardiógrafos. Electrocardiógrafos. ex 9018 11 00
Sistemas de tomografía  ex 9022 12,
14 Sistemas de tomografía computerizada.
computerizada/escáneres. ex 9022 14 00
– Mascarillas faciales textiles, sin filtro reemplazable ni piezas 
mecánicas, incluidas las mascarillas quirúrgicas y las mascarillas  ex 6307 90 10
faciales desechables fabricadas con material textil no tejido.. ex 6307 90 98
– Mascarillas faciales FFP2 y FFP3.
ex 4818 90 10
15 Mascarillas.
Mascarillas quirúrgicas de papel.
ex 4818 90 90
Máscaras de gas con piezas mecánicas o filtros reemplazables 
para la protección contra agentes biológicos. También incluye  ex 9020 00 00
máscaras que incorporen protección ocular o escudos faciales.
Guantes de plástico. ex 3926 20 00
Guantes de goma quirúrgicos. 4015 11 00
Otros guantes de goma. ex 4015 19 00
16 Guantes.
Guantes de calcetería impregnados o cubiertos de plástico o 
ex 6116 10
goma.
Guantes textiles distintos a los de calcetería. ex 6216 00
– Protectores faciales desechables y reutilizables.
ex 3926 20 00
17 Protecciones faciales. – Protectores faciales de plástico (que cubran una superficie 
ex 3926 90 97
mayor que la ocular).
ex 9004 90 10
18 Gafas. Gagas de protección grandes y pequeñas (googles).
ex 9004 90 90
2020-1104n https://w
Nombre del producto Descripción del bien/producto Código NC
Ropa (incluyendo guantes, mitones y manoplas) multiuso, de 
ex 4015 90 00
goma vulcanizada.
Prendas de vestir. ex 3926 20 00
Ropa y accesorios. ex 4818 50 00
Prendas de vestir confeccionadas con tejido de punto de las  ex 6113 00 10
Monos.
partidas 5903, 5906 o 5907. ex 6113 00 90
Batas impermeables –diversos 
tipos– diferentes tamaños. Otras prendas con tejido de calcetería. 6114
Prendas de protección para uso 
19
quirúrgico/médico de fieltro o tela sin  Prendas de vestir de protección para uso quirúrgico/médico 
tejer, incluso impregnadas, recubiertas,  hechas con fieltro o tela sin tejer, impregnadas o no, recubiertas, 
ex 6210 10
revestidas o laminadas (tejidos de las  revestidas o laminadas (tejidos de las partidas 56.02 o 56.03). 
partidas 56.02 o 56.03). Incluya las prendas de materiales no tejidos («spun-bonded»).
ex 6210 20
Otras prendas de vestir de protección hechas con tejidos  ex 6210 30
cauchutados o impregnados, recubiertos, revestidos o laminados 
(tejidos de las partidas 59.03, 59.06 o 59.07)-. ex 6210 40
ex 6210 50
ex 3926 90 97
20 Cobertores de calzado/calzas. Cobertores de calzado/calzas. ex 4818 90
ex 6307 90 98
Gorras de picos. ex 6505 00 30
Gorros y otras protecciones para la cabeza y redecillas de 
ex 6505 00 90
21 Gorros. cualquier material.
Los restantes gorros y protecciones para la cabeza, forrados/
ex 6506
ajustados o no.
Termómetros de líquido para lectura directa. ex 9025 11 20
Incluye los termómetros clínicos estándar de «mercurio en 
vidrio». ex 9025 11 80
22 Termómetros.
Termómetros digitales, o termómetros infrarrojos para medición 
ex 9025 19 00
sobre la frente.
ex 3401 11 00
Jabón y productos orgánicos tensioactivos y preparados para el 
lavado de manos (jabón de tocador).
ex 3401 19 00
ex 3401 20 10
Jabón y productos orgánicos tensioactivos.
Jabón en otras formas.
ex 3401 20 90
23 Jabón para el lavado de manos.
Agentes orgánicos tensioactivos (distintos del jabón) – 
ex 3402 12
Catiónicos.
Productos y preparaciones orgánicos tensioactivos para el 
lavado de la piel, en forma de líquido o crema y preparados para  ex 3401 30 00 es
la venta al por menor, que contengan jabón o no. oe.
24 Dmiasnpoesn sinasdtoarleasb ldees  edne spinafreecdt.ante para  Dpaisrpeedn.sadores de desinfectante para manos instalables en  ex 8479 89 97 2020-11043n https://ww
Nombre del producto Descripción del bien/producto Código NC
2207 10: sin desnaturalizar, con Vol. alcohol etílico del 80% o 
ex 2207 10 00
más.
2207 20: desnaturalizado, de cualquier concentración. ex 2207 20 00
25 Solución hidroalcohólica en litros.
ex 2208 90 91
2208 90: sin desnaturalizar, con Vol. Inferior al 80% de alcohol 
etílico.
ex 2208 90 99
Peróxido de hidrógeno, solidificado o no con urea.
Peróxido de hidrógeno al 3% en litros.. ex 2847 00 00
Peróxido de hidrógeno a granel.
Peróxido de hidrógeno incorporado a 
26
preparados desinfectantes para la 
Desinfectante para manos.
limpieza de superficies. ex 3808 94
Otros preparados desinfectantes.
Transporte para personas con discapacidad (sillas de ruedas). ex 8713
27 Transportines de emergencia.
Camillas y carritos para el traslado de pacientes dentro de los 
ex 9402 90 00
hospitales o clínicas.
28 Extractores ARN. Extractores ARN. 9027 80
ex 3002 13 00
– Kits de prueba diagnóstica del Coronavirus.
ex 3002 14 00
– Reactivos de diagnóstico basados en reacciones 
ex 3002 15 00
inmunológicas.
ex 3002 90 90
– Equipo de hisopos y medio de transporte viral.
ex 3821 00
Kits de pruebas para el COVID-19 / 
Reactivos de diagnóstico basados en la reacción en cadena de 
29 Instrumental y aparatos utilizados en  ex 3822 00 00
la polimerasa (PCR) prueba del ácido nucleico.
las pruebas diagnósticas.
Instrumental utilizado en los laboratorios clínicos para el 
ex 9027 80 80
diagnóstico in vitro.
ex 9018 90
Kits para muestras.
ex 9027 80
ex 3005 90 10
Guata, gasa, vendas, bastoncillos de algodón y artículos 
30 Hisopos.
similares.
ex 3005 90 99
Camas hospitalarias. ex 9402 90 00
Material para la instalación de  ex 6306 22 00,
31 Carpas/tiendas de campaña.
hospitales de campaña. ex 6306 29 00
Carpas/tiendas de campaña de plástico. ex 3926 90 97
ex 3003 90 00
ex 3004 90 00
ex 2924 29 70
ex 2933 49 90
– Peróxido de hidrógeno con presentación de medicamento.
ex 3003 60 00
Paracetamol.
ex 3004 60 00
– Hidroxicloroquina/cloroquina.
32 Medicinas. ex 2933 59 95
– Lopinavir/Ritonavir – Remdesivir.
ex 2934 10 00 es
– Tocilizumab. e.
ex 2934 99 90 o
– Ruxolitinib. b
ex 3002 13 00 w.
eeexxx   332009003223   115459   009005 2020-1104n https://w
33 Esterilizadores médicos, quirúrgicos o  Esterilizadores médicos, quirúrgicos o de laboratorio. ex 8419 20 00
de laboratorio. ex 8419 90 15
Nombre del producto Descripción del bien/producto Código NC
1- propanol (alcohol propílico) y 2 –  1- propanol (alcohol propílico) y 2 – propanol (alcohol 
34 ex 2905 12 00
propanol (alcohol isopropílico). isopropílico).
Éteres, éteres-alcoholes, éteres 
fenoles, éteres-alcohol-fenoles,  Éteres, éteres-alcoholes, éteres fenoles, éteres-alcohol-fenoles, 
35 ex 2909
peróxidos de alcohol, otros peróxidos,  peróxidos de alcohol, otros peróxidos, peróxidos de cetona.
peróxidos de cetona.
ex 2915 11 00
36 Ácido fórmico. Ácido fórmico (y sales derivadas).
ex 2915 12 00
37 Ácido salicílico. Ácido salicílico y sales derivadas. ex 2918 21 00
Paños de un solo uso hechos de 
tejidos de la partida 5603, del tipo  Paños de un solo uso hechos de tejidos de la partida 5603, del 
38 6307 90 92
utilizado durante los procedimientos  tipo utilizado durante los procedimientos quirúrgicos.
quirúrgicos.
ex 5603 11 10
Telas no tejidas, estén o no 
Telas no tejidas, estén o no impregnadas, recubiertas, revestidas  a
39 impregnadas, recubiertas, revestidas o 
o laminadas.
laminadas.
ex 5603 94 90
Artículos de uso quirúrgico, médico o 
40 higiénico, no destinados a la venta al  Cobertores de cama de papel. ex 4818 90
por menor.
ex 7017 10 00
Cristalería de laboratorio, higiénica o  Cristalería de laboratorio, higiénica o farmacéutica, tanto si están 
41 ex 7017 20 00
farmacéutica. calibrados o graduados o no.
ex 7017 90 00
El flujómetro de tubo Thorpe está compuesto de puertos de 
entrada y salida, un regulador, una válvula y un tubo de medición 
cónico transparente. Sirve para conectarlo con varias fuentes de  ex 9026 80 20
Fluxímetro, flujómetro de tubo Thorpe  gases médicos, como un sistema centralizado, cilindros  ex 9026 80 80
42
para suministrar oxígeno 0-15 L/min. (bombonas), concentradores o compresores. Versiones de  ex 9026 10 21
fluxímetro (flujómetro) ordinario (absoluto, no compensado) y de  ex 9026 10 81
presión compensada, adecuadas para rangos de flujo 
específicos.
Detector de CO2 colorimétrico de  Tamaño compatible con el tubo endotraqueal de niños y adulto. 
43 ex 9027 80
espiración. De un solo uso.
Plana sensibilizada y sin impresionar. ex 3701 10 00
44 Película o placas de rayos X.
En rollos.
ex 3702 10 00
Sensibilizada y sin impresionar.
2020-1104n https://w