BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 99 Lunes 26 de abril de 2021 Sec. III.   Pág. 48981
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
6751 Resolución de 15 de abril de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la 
que  se  publica  el  Convenio  con  la  Confederación  Estatal  de  Personas 
Sordas, para la atención al alumnado que presenta necesidades educativas 
especiales derivadas de sordera o discapacidad auditiva.
El Ministerio de Educación y Formación Profesional y la Confederación Estatal de 
Personas Sordas, han suscrito, con fecha 14 de abril de 2021, un Convenio para la 
atención al alumnado que presenta necesidades educativas especiales derivadas de 
sordera o discapacidad auditiva, por lo que conforme a lo previsto en el artículo 48.8 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, una vez 
inscrito en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del 
sector público estatal, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de dicho 
convenio, que figura como anexo a esta resolución.
Madrid, 15 de abril de 2021.–El Secretario General Técnico, Liborio López García.
ANEXO
Convenio entre el Ministerio de Educación y Formación Profesional y la 
Confederación Estatal de Personas Sordas, para la atención al alumnado que 
presenta necesidades educativas especiales derivadas de sordera o discapacidad 
auditiva
REUNIDOS
De una parte, doña María Dolores López Sanz, Directora General de Evaluación y 
Cooperación Territorial del Ministerio de Educación y Formación Profesional, en virtud de 
nombramiento efectuado por Real Decreto 804/2020, de 1 de septiembre (BOE de 2 de 
septiembre), en nombre y representación de dicho Ministerio, conforme a lo previsto en 
el artículo 7.1 de la Orden EFP/43/2021, de 21 de enero (BOE de 26 de enero), de 
delegación de competencias del Ministerio de Educación y Formación Profesional.
Y, de otra, doña Concepción M.ª Díaz Robledo, Presidenta de la Confederación 
Estatal de Personas Sordas (en adelante CNSE), nombrada por la Asamblea General de 
la CNSE celebrada los días 7 y 8 de junio de 2018, en virtud de las facultades que se le 
otorgan en el artículo 28 de sus Estatutos.
Ambas partes, en ejercicio de las funciones que les han sido legalmente atribuidas, 
reconociéndose mutuamente la capacidad legal necesaria,
EXPONEN
1.  Que  el  Ministerio  y  la  CNSE  actúan  en  el  ejercicio  de  sus  respectivas 
competencias.
2.  Que, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de  e.
Educación, modificada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, de Educación  w.b
(LOMLOE), el sistema educativo español, configurado de acuerdo con los valores de la  51ww
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cualquier discriminación y la accesibilidad universal a la educación, y que actúe como
elemento  compensador  de  las  desigualdades  personales,  culturales,  económicas  y 
sociales, con especial atención a las que se deriven de cualquier tipo de discapacidad.
3.  Que la CNSE, tal y como establecen sus Estatutos, asume la representación y 
defensa  de  los  derechos  e  intereses  de  las  Federaciones  Territoriales,  de  las 
Asociaciones de personas Sordas que las integran así como del movimiento asociativo 
de la comunidad lingüística de personas usuarias de las lenguas de signos españolas y 
de  todas  las  personas  sordas  -con  independencia  de  las  diversas  situaciones 
individuales- y sus familias. Así bien, su misión es la de defender los derechos de las 
personas  sordas  y  sus  familias  para  lograr  la  plena  ciudadanía  a  través  del 
empoderamiento, el fortalecimiento de su movimiento asociativo y la salvaguarda de las 
lenguas de signos españolas, desde la diversidad, la identidad lingüística, la incidencia 
política y la participación activa.
4.  Que  la  CNSE  es  una  asociación  especializada  en  la  normalización, 
normativización, investigación, enseñanza, fomento y difusión de la lengua de signos 
española, así como en velar por su buen uso.
5.  Que en los artículos 7, 8 y 10 de la Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se 
reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la 
comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas, se 
establecen medidas relacionadas con el aprendizaje, conocimiento y uso de las lenguas 
de signos españolas.
6.  Que en el artículo 75 de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que 
se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, se recoge que con 
objeto  de  reforzar  la  inclusión  educativa,  las  administraciones  educativas  podrán 
incorporar a su oferta educativa las lenguas de signos españolas.
7.  Que desde el 24 de febrero de 1994 el Ministerio y la CNSE vienen suscribiendo 
convenios de colaboración para la atención al alumnado que presenta necesidades 
educativas especiales derivadas de discapacidad auditiva.
8.  Que en el año 2021 ambas partes consideran necesario continuar impulsando el 
trabajo conjunto y avanzar nuevas líneas de actuación que redunden en el incremento de 
la calidad de la atención educativa dirigida al alumnado sordo o con discapacidad 
auditiva,  incluyendo  las  relacionadas  con  las  consecuencias  de  la  pandemia  de  la 
COVID-19 en el ámbito escolar, y por ello se estima conveniente establecer un nuevo 
convenio marco en el que se introduzcan los avances producidos en los últimos años de 
colaboración entre el Ministerio de Educación y Formación Profesional y la CNSE.
De acuerdo con lo que antecede, ambas partes acuerdan suscribir el presente 
Convenio Marco de conformidad con las siguientes
CLÁUSULAS
Primera.  Objeto del convenio marco.
El desarrollo de actuaciones conjuntas que promuevan la inclusión educativa y el 
éxito escolar del alumnado que presenta necesidades educativas especiales derivadas 
de sordera o discapacidad auditiva, y que se caracteriza por su heterogeneidad.
Segunda.  Actuaciones y compromisos de colaboración.
1.  Favorecer el conocimiento sobre las necesidades educativas del alumnado sordo  es
o con discapacidad auditiva. o
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5.  Impulsar  la  planificación  y  el  desarrollo  de  planes  de  formación  para  los 
profesionales implicados en la atención de este alumnado.
6.  Incentivar la información y el intercambio de experiencias, prestando especial 
atención a las medidas adoptadas para paliar los perjuicios ocasionados en el contexto 
educativo por la pandemia de la COVID-19.
7.  Colaborar en la publicación y difusión de trabajos de investigación, estudios, 
experiencias y materiales, realizados principalmente en formato digital, que se elaboren 
como resultado del presente convenio.
8.  Colaborar  en  la  selección  y  formación  de  los  asesores  sordos,  y  en  el 
seguimiento y evaluación del trabajo que desarrollan.
Tercera.  Convenios específicos.
Ambas  partes  podrán  suscribir  convenios  específicos  para  el  desarrollo  de 
actividades relacionadas con el objeto del presente convenio marco. Si en los mismos se 
establecieran compromisos económicos u obligaciones financieras entre las partes, se 
atenderá a la normativa de aplicación en su caso.
Cuarta.  Publicidad de las actuaciones.
Tanto  el  Ministerio  de  Educación  y  Formación  Profesional  como  la  CNSE  se 
comprometen  a  incluir  sus  logos  respectivos  en  informaciones,  convocatorias, 
publicaciones impresas y digitales de las actuaciones recogidas en este convenio, así 
como de difundirlas entre sus asociados.
Siempre que la actividad objeto de difusión haya requerido el aporte de una cantidad 
económica  por  parte  del  Ministerio  de  Educación  y  Formación  Profesional,  deberá 
hacerse constar con la siguiente mención expresa: Financiado por el Ministerio de 
Educación y Formación Profesional.
Quinta.  Efectos económicos.
La suscripción del presente Convenio Marco no conlleva obligaciones financieras 
para ninguna de las partes.
Sexta.  Comisión de seguimiento.
Para facilitar el desarrollo del Convenio, así como su seguimiento y supervisión, se 
constituirá  una  Comisión  de  Seguimiento  formada  por  dos  representantes  de  la 
Subdirección  General  de  Cooperación  Territorial  e  Innovación  Educativa,  y  por  dos 
representantes de la CNSE.
Esta comisión tendrá como funciones determinar las actividades que han de darse a 
conocer y difundir conjuntamente, evaluar y garantizar la ejecución y cumplimiento del 
convenio,  y  resolver  los  problemas  de  interpretación  y  cumplimiento  que  puedan 
plantearse en relación con el mismo.
Séptima.  Protección de datos.
El tratamiento de los datos personales que precisen las Partes que firman el presente 
Convenio se sujetará a la normativa nacional y comunitaria en materia de protección de 
datos, en especial, a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos  es
Personales y garantía de los derechos digitales, y al Reglamento (UE) 2016/679 del  o
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las  51ww
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE.
Octava.  Vigencia.
El presente convenio marco resultará eficaz una vez inscrito, en el plazo de 5 
días hábiles desde su formalización, en el Registro Electrónico estatal de Órganos 
e  Instrumentos  de  Cooperación  del  sector  público  estatal.  Asimismo,  será 
publicado, en el plazo de 10 días hábiles desde su formalización, en el «Boletín 
Oficial del Estado».
El convenio marco tendrá una duración de cuatro años. En cualquier momento antes de 
la finalización de este plazo, los firmantes del convenio marco podrán acordar unánimemente 
su prórroga por un periodo de hasta cuatro años adicionales o su extinción.
Novena.  Régimen de modificación.
La  modificación  del  contenido  del  presente  convenio  marco  requerirá  acuerdo 
unánime de los firmantes y deberá tramitase conforme a lo previsto en la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Décima.  Extinción del convenio marco.
El presente convenio marco se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que 
constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución.
Son causas de resolución:
a)  El  transcurso  del  plazo  de  vigencia  del  Convenio  sin  haberse  acordado  la 
prórroga del mismo.
b)  El acuerdo unánime de todos los firmantes.
c)  El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de 
alguno de los firmantes.
En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un 
requerimiento  para  que  cumpla  en  un  determinado  plazo  con  las  obligaciones  o 
compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado a la 
Comisión de Seguimiento del Convenio Marco y a las demás partes firmantes.
Si  transcurrido  el  plazo  indicado  en  el  requerimiento  persistiera  el 
incumplimiento,  la  parte  que  lo  dirigió  notificará  a  las  partes  firmantes  la 
concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el Convenio. La 
resolución del Convenio por esta causa podrá conllevar la indemnización de los 
perjuicios causados si así se hubiera previsto.
d)  Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del Convenio.
e)  Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el Convenio o en 
otras leyes.
En el caso de extinción del convenio por las causas indicadas anteriormente, se 
deberán garantizar por ambas partes la finalización de las actuaciones en curso, sin 
agravio para los participantes en ellas.
Undécima.  Régimen jurídico.
Este vendrá determinado por las estipulaciones previstas en el propio Convenio y los  oe.
principios generales de la ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen jurídico del sector  w.
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modificación, efectos y resolución del presente Convenio serán resueltas de conformidad
con  lo  dispuesto  en  la  Ley  29/1998,  de  13  de  julio,  reguladora  de  la  Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.
Y para que conste, en prueba de conformidad, las partes firman electrónicamente el 
presente  Convenio  Marco,  tomándose  como  fecha  de  formalización  del  presente 
documento la fecha del último firmante.–Firmado electrónicamente el 13 de abril de 2021 
por la Presidenta de la Confederación Estatal de Personas Sordas, Concepción María 
Díaz Robledo.–Firmado electrónicamente el 14 de abril de 2021 por la Directora General 
de Evaluación y Cooperación Territorial (P.D. Orden EFP/43/2021, de 21 de enero, BOE 
de 26 de enero), María Dolores López Sanz.