BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 123 Lunes 24 de mayo de 2021 Sec. III.   Pág. 63093
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
8621 Resolución de 7 de mayo de 2021, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación 
del registrador mercantil y de bienes muebles VI de Barcelona, por la que se 
deniega la inscripción de una escritura de elevación a público de acuerdos 
sociales.
En  el  recurso  interpuesto  por  don  Juan  Antonio  Andújar  Hurtado,  notario  de 
Barcelona, contra la nota de calificación del registrador Mercantil y de Bienes Muebles VI 
de Barcelona, don José Antonio Rodríguez del Valle Iborra, por la que se deniega la 
inscripción de una escritura de elevación a público de acuerdos sociales.
Hechos
I
Mediante escritura de elevación a público de acuerdos sociales autorizada el día 11 
de diciembre de 2020 por el notario de Barcelona, don Juan Antonio Andújar Hurtado, se 
formalizó la reelección de miembros del consejo de administración y la aprobación de 
cuentas anuales correspondiente a la sociedad mercantil «Vitivinícola de Sant Cugat del 
Vallès, S.L.».
II
Presentada dicha escritura en el Registro Mercantil de Barcelona, fue objeto de la 
siguiente nota de calificación:
«El  Registrador  que  suscribe,  previo  el  consiguiente  examen  y  calificación  del 
documento,  de  conformidad  con  los  artículos  18  del  Código  de  Comercio  y  6  del 
Reglamento del Registro Mercantil, he resuelto no practicar la inscripción solicitada 
conforme a los siguientes hechos y fundamentos de Derecho:
Hechos:
Diario/Asiento: 1343/84.
Fecha de la presentación: 23/12/2020.
Entrada: 40135388.
Sociedad: Vitivinícola de Sant Cugat del Vallès SL.
Documento calificado: escritura otorgada el día 11/12/2020, Notario don Juan Antonio 
Andújar Hurtado, número 3479 de protocolo.
Fecha de la calificación: 14/01/2021.
Fundamentos de Derecho (defectos):
Según la hoja registral de la sociedad, el Consejo de administración fue nombrado en  s
fecha 26 de junio de 2014, por el plazo de seis años, por lo que, en aplicación del  oe.
artículo 145.2 del Reglamento del Registro Mercantil, constan caducados desde el día 31  w.
adJuderm íodicnictiusatb ryrae dF odere eP s2ú, 0ba2li c0ea. f e(dRceteo s5so  dldueec  ijóupnno idode erd  elca o 2cn0ov2no0sc)ua. lrLt aal a ass  uljabu snDitsaitrsee ncgcceiiaón ned reaG lleeasns,e  fruaancl aud lteva edSzee sgq duuerei d lahodas    2021-8621n https://ww
concluido el plazo de vigencia de sus cargos, sólo es admisible durante el tiempo que
media entre la fecha en que expira su mandato y hasta la siguiente junta que se celebre  Bc
–o hubiese debido celebrarse– para la aprobación de las cuentas anuales –el ejercicio 
social cierra a 31 de diciembre–.
En consecuencia, no están legitimados para convocar la Junta General celebrada 
(cualquier  socio  podrá  solicitar  del  Juez  de  lo  mercantil  del  domicilio  social  la 
convocatoria de junta general a los solos efectos del nombramiento de cargos).
(Artículos 166, 167, 169, 171, 221.2 y 222 de la Ley de Sociedades de capital, 
artículos 6, 7, 58, 144 y 145 del Reglamento del Registro Mercantil y Resoluciones de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado de 13 de mayo de 1998, 15 de 
febrero de 1999, 25 de febrero de 2000, 24 de enero de 2001, 30 de octubre de 2009, 8 
de febrero de 2012 y 4 de febrero de 2015; Sentencias del Tribunal Supremo de 23 de 
febrero de 2012, 9 de diciembre de 2010 y 5 de julio de 2007).
El defecto consignado tiene carácter insubsanable.
Contra la presente calificación (…)
El registrador, José Antonio Rodríguez del Valle Iborra, Registrador Mercantil n.º 6 de 
Barcelona».
III
Contra la anterior nota de calificación, don Juan Antonio Andújar Hurtado, notario de 
Barcelona, interpuso recurso el día 9 de febrero de 2021 en virtud de escrito y en base a 
los siguientes argumentos:
«Fundamentos de Derecho:
Primero.  El objeto de este recurso consiste en resolver si un retraso de 11 días 
naturales en la realización de la convocatoria de una Junta General de una sociedad, 
realizada el día 11 de noviembre de 2020, por parte de los miembros de un Consejo de 
Administración cuyos cargos habían caducado el 31 de octubre de 2020, representa un 
obstáculo insalvable para la inscripción de los acuerdos adoptados en dicha Junta 
cuando, a la vista de las circunstancias que concurren en el caso concreto de la Junta 
celebrada,  ningún  interés  social  ni  individual  de  socios  ni  de  terceros  se  puede 
considerar lesionado por el retraso en la realización de la convocatoria.
Segundo.  Se  reconoce  como  hecho  indubitado  que  los  miembros  del  Consejo 
convocante, nombrados en fecha 26 de junio de 2014, por plazo de 6 años, tenían su 
cargo vencido a fecha 26 de junio de 2020, si bien su cargo se podía considerar 
prorrogado en base a lo establecido en el artículo 222 de la vigente Ley de Sociedades 
de  Capital  hasta  la  siguiente  junta  que  hubiera  aprobado  las  cuentas  anuales  del 
ejercicio social anterior, o hasta el plazo en que ésta se hubiera debido celebrar (como 
sucede en este caso), que era hasta el 31 de octubre de 2020, por aplicación de los 
artículos 40.3 y 40.5 del Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgente 
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social por el COVID-19.
Tercero.  La Junta cuyos acuerdos son objeto de elevación a público en la escritura 
por mí autorizada, fue convocada por los miembros del Consejo de Administración 
anterior -caducados, como así se reconoce en la propia acta de Junta, a fecha 31 de 
octubre de 2020-, pero sólo 11 días naturales después de esta fecha, por una serie de 
vicisitudes internas de la sociedad que son relevantes en este caso, como eran, en 
esencia, el elevado número de socios de la sociedad (alrededor de 400 socios, debido a 
que muchos de ellos son hoy herederos de segunda generación de socios fallecidos), así  e.
como su avanzada edad media -en torno a los 75 años-, que necesitaba de un lugar  w.b
grande, amplio y adecuado para la celebración de la Junta en cuestión a fin de mantener  21ww
claosn avodceacru aJduansta m headsitdaa sq udee  fduiset aanccoiard daed as esguu rciedlaedb rea chiiógnie neen,  uqnu es arelótrna sdóe  laa cptoossi bdileidl aHdo dteel 
(…),T admonbdiéen f ineas lmreelenvtea nstee  cae leesbtreó .respecto la delicada situación financiera y de solvencia
de la sociedad cuya Junta se celebraba que requería de la preparación de una precisa
documentación contable la cual, debido a la situación de pandemia general, se ralentizó 
más de lo deseable.
Cuarto.  En  cualquier  caso,  una  vez  preparada  la  documentación  contable 
necesaria, así como encontrado un lugar adecuado para la celebración de la Junta, el 
Consejo de Administración, cuyos cargos estaban caducados desde el 31 de octubre 
de  2020,  se  reunió  y  procedió  en  fecha  11  de  noviembre  de  2020  a  realizar  la 
convocatoria de la Junta, en la forma prevista en los Estatutos, y con la máxima garantía 
de publicidad posible, a través de la publicación de anuncios de convocatoria en el 
BORME y en un diario de gran circulación en el domicilio social.
Si bien no se refleja en la escritura -por innecesario-, el Consejo de Administración 
consideró que 11 días naturales desde la caducidad de los cargos se podía considerar 
un tiempo irrelevante y de escasa duración desde la caducidad (31 de octubre 2020) 
como para que una convocatoria extemporánea de la Junta por una caducidad muy 
reciente de los miembros del Consejo de Administración, llevase a una nulidad de los 
acuerdos adoptados, cuando, como resulta de los acuerdos documentados, la Junta se 
celebró  con  asistencia  de  casi  un  60%  del  capital  social,  lo  que  indica  que  la 
convocatoria de la Junta llegó correctamente a conocimiento de todos los socios, la 
mayoría de los cuales decidió acudir a la Junta convocada.
Resulta también relevante señalar que la convocatoria de Junta realizada por el 
Consejo de Administrador caducado pero de hecho, se realizó exclusivamente con los 
únicos puntos del orden del día necesarios para volver a disponer de un órgano de 
administración en la sociedad a través de la reelección de los miembros del Consejo 
vigente (salvo la sustitución de uno de ellos, fallecido), así como la aprobación de 
cuentas anuales del ejercicio anterior para evitar el cierre de la hoja registral por falta de 
depósito de las cuentas. La convocatoria se realizó, por tanto, con la única finalidad de 
mantener operativa la empresa.
Quinto.  El Registrador Mercantil, haciendo aplicación de los plazos estrictos de 
vigencia de los cargos del Consejo considera que la Junta no ha sido convocada 
regularmente y califica que los miembros del Consejo de Administración «no están 
legitimados para convocar la Junta General celebrada», y en una aclaración posterior de 
la calificación inicial, añade que «la falta de competencia de quienes han realizado la 
convocatoria por tener sus cargos caducados determina la nulidad de la Junta y la 
ineficacia de los acuerdos en ella adoptados».
Sexto.  Es comprensible que el Registrador Mercantil, en el estrecho margen de una 
calificación personal e intransferible, quizás no pueda hacer otra interpretación de los 
plazos de vigencia de cargos que los que estrictamente le marca la Ley, pero es por ello 
que  se  solicita  con  este  recurso  que  la  Dirección  General  mitigue  los  efectos 
devastadores que la calificación mencionada impone, evitando así la nulidad de los 
acuerdos adoptados, revocando la calificación registral y admitiendo la inscripción de los 
acuerdos adoptados, en base a las siguientes consideraciones:
Principio de conservación de las Juntas. Este principio está consagrado no sólo por 
la Dirección General destinataria de este recurso, sino por diversas instancias judiciales 
y el propio Tribunal Supremo. En base a este principio, salvo defectos insalvables que 
puedan  determinar  la  nulidad  radical  de  unos  acuerdos  de  Junta,  resulta  prudente 
mantener la validez de los acuerdos adoptados siempre que no se hayan lesionado 
derechos individuales de los socios, el interés social o intereses de terceros perjudicados 
por los acuerdos adoptados.
Baste por todas, la STS 784/2010 de 9 de diciembre, incluso alegada por el propio  e.
Registrador  en  su  calificación,  la  cual,  en  su  primer  motivo  de  casación,  w.b
considerandos 36 y 37, señala textualmente que: 21ww
"No obstante, como excepción, en aras al principio de conservación de la empresa y
óersgtaabniolids asdo cdiael elsa,  ys,o ac ilead paods tyr ed, ela  lionsc umrseiórcna edno sc,a uas afi nd ed ed iseovliutacrió nla,  epna rloasliz saucpióune sdtoes  ldoes 
acefalía funcional del órgano de administración, razones pragmáticas ya tenidas en
cuenta en la sentencia 771/2007, de 5 de julio (RJ 2007, 3875), que se refiere a que ‘la 
nulidad pretendida introduciría una perturbación en la situación jurídica de la sociedad’, 
imponen reconocer a quienes de hecho administran con el cargo caducado facultades 
para convocar junta dirigida a regularizar los órganos de la sociedad, en solución similar 
a la prevista en la fecha de la convocatoria en el artículo 45.4 de la Ley de Sociedades 
de Responsabilidad Limitada (RCL 1995, 953), y hoy, de forma generalizada, en el 
segundo párrafo del artículo 171 de la Ley de Sociedades de Capital: ‘(...) Además, 
cualquiera de los administradores que permanezcan en el ejercicio del cargo podrá 
convocar la junta genera l con ese único objeto’, incluso más allá de la pervivencia del 
asiento registral de nombramiento al amparo primero del 145.1 del Reglamento del 
Registro Mercantil, después del artículo 126 de la Ley de Sociedades Anónimas en la 
redacción dada al mismo por la Ley 19/2005, de 14 de noviembre (RCL 2005, 2199), y 
hoy del artículo 221 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital (‘El 
nombramiento  de  los  administradores  caducará  cuando,  vencido  el  plazo,  se  haya 
celebrado la Junta General siguiente o hubiese transcurrido el término legal para la 
celebración de la Junta que deba resolver sobre la aprobación de cuentas del ejercicio 
anterior), tenida en cuenta como límite, entre otras, en la resolución de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado de 30 octubre 2009.
37.  Partiendo de la anterior premisa, el hecho de que la convocatoria efectuada por 
los  administradores  con  cargo  caducado  comprendiese,  además  del  dirigido  a  la 
regularización del órgano de administración, otros extremos, en modo alguno determina 
la nulidad radical e indiscriminada de toda la convocatoria, ni supone un obstáculo para 
la validez de los actos dirigidos a aquel fin."
En términos semejantes se pronuncia la Resolución de este Centro Directivo de 
fecha 8 de febrero de 2012 (BOE 5 de marzo de 2012), cuando señala que:
"(...) aunque es cierto, como afirma el recurrente, que es doctrina reiterada de este 
Centro  Directivo  que  los  defectos  formales  de  convocatoria  deben  considerarse 
subsanados  siempre  que  sean  de  tal  cariz  que  no  comprometan  los  derechos 
individuales de los socios, especialmente sus derechos de asistencia y voto, no lo es 
menos que esta doctrina se ha dictado sin merma de la premisa esencial de que la 
convocatoria de la junta haya sido realizada por persona legitimada para hacerlo. (...)
Nuestro Tribunal Supremo ha reiterado en múltiples ocasiones (vid. ‘Vistos’) que la 
convocatoria de la Junta es competencia del órgano de administración de conformidad 
con las previsiones legales por lo que cuando existe un Consejo de Administración es su 
competencia  (y  no  de  su  presidente)  llevarla  a  cabo.  Es  cierto  que  razones  de 
conservación  de  la  empresa  han  llevado  a  la  aceptación  de  convocatorias  por 
Administradores que no estaban amparados por el previo acuerdo del Consejo, pero el 
propio Alto Tribunal limita su doctrina a los supuestos de Administradores con cargo 
caducado (vid. Sentencia de 5 de julio de 2007). (...)"
Conforme a las anteriores consideraciones, y a nuestro modo de ver, dictaminar 
que  11  días  naturales  de  retraso  implican  la  nulidad  de  los  acuerdos  adoptados, 
obligando a una nueva convocatoria a través del Registro Mercantil o del Juez Mercantil, 
incurriendo en nuevos costes para una nueva celebración de Junta y a una nueva 
organización  de  agenda  y  lugar  de  celebración  que  aún  será  complicada  dada  la 
persistencia  de  la  pandemia  por  COVID-19  en  nuestro  entorno,  consideramos  que 
penaliza a la empresa (en tiempo y coste) sin que ningún interés social ni individual se  s
vea mejor protegido con una nueva convocatoria salvo el formalismo legal de cumplir  oe.
escrupulosamente un plazo legal. w.
lesióIYnn e spxi aislartae d nionccitaetr ridenesa e casan uitnsedarii ovdired d uimeall pemus gadnneate csnioóimcni iodesen  toloo  sad ceac ciluooensr isdatocasus e anrddi ooppsrt oaspdoiocosisa. ldees  clau asnodcoie dnaod h naoy   2021-8621n https://ww
fuera  suficiente,  podemos  añadir  que,  de  la  lectura  del  artículo  204  de  la  Ley  de
Sociedades de Capital, el hecho de que los miembros «de hecho» del Consejo de
Administración convoquen Junta 11 días naturales después de la caducidad de sus 
cargos, no parece causa o motivo de impugnación de acuerdos sociales adoptados, 
conforme a la lectura del artículo 204.3, pues la falta de vigencia de los cargos de los 
convocantes -que son los miembros anteriores del Consejo de Administración, salvo uno 
de ellos fallecido-, no aparece como excepción a la no impugnabilidad de acuerdos 
sociales que establece dicho artículo de la Ley de Sociedades de Capital.
Señala dicho artículo que:
"3.  Tampoco  procederá  la  impugnación  de  acuerdos  basada  en  los  siguientes 
motivos:
a)  La infracción de requisitos meramente procedimentales establecidos por la Ley, 
los estatutos o los reglamentos de la junta y del consejo, para la convocatoria o la 
constitución del órgano o para la adopción del acuerdo, salvo que se trate de una 
infracción relativa a la forma y plazo previo de la convocatoria, a las reglas esenciales de 
constitución del órgano o a las mayorías necesarias para la adopción de los acuerdos, 
así como cualquier otra que tenga carácter relevante.
b)  La incorrección o insuficiencia de la información facilitada por la sociedad en 
respuesta al ejercicio del derecho de información con anterioridad a la junta, salvo que la 
información incorrecta o no facilitada hubiera sido esencial para el ejercicio razonable por 
parte del accionista o socio medio, del derecho de voto o de cualquiera de los demás 
derechos de participación.
c)  La  participación  en  la  reunión  de  personas  no  legitimadas,  salvo  que  esa 
participación hubiera sido determinante para la constitución del órgano.
d)  La invalidez de uno o varios votos o el cómputo erróneo de los emitidos, salvo 
que  el  voto  inválido  o  el  error  de  cómputo  hubieran  sido  determinantes  para  la 
consecución de la mayoría exigible."
A nuestro modo de ver, el hecho de una convocatoria realizada por los mismos 
miembros del Consejo de Administración caducados 11 días antes, que lo siguen siendo 
«de hecho», habiéndose respetado escrupulosamente el plazo y forma de convocatoria, 
no parece que ni siquiera sea un defecto relevante para la impugnación de los acuerdos 
adoptados conforme a la lectura del artículo antes citado.
Y es que no todos los intereses jurídicos que se protegen en la convocatoria de una 
Junta tienen la misma relevancia. Así, los derechos de información previa a que tienen 
derecho los socios o accionistas en relación a los distintos puntos del orden del día a 
debatir y votar, o el respecto del medio de información y noticia de la convocatoria de 
una Junta, así como el plazo mínimo de antelación para la celebración de la Junta, que 
tiene que ser escrupulosamente respetado a fin de que los socios puedan adquirir 
conocimiento de la Junta convocada y poder formarse una opinión sobre los asuntos a 
debatir, parecen insalvables.
También  sería  insalvable  una  convocatoria  de  Junta  hecha  por  quien  no  tiene 
absolutamente legitimación para convocarla, pasando por encima y solayando [sic] la 
competencia natural orgánica de los miembros vigentes de un órgano de administración.
Sin embargo, en el caso que nos ocupa, ninguno de esos derechos esenciales 
(información, publicidad y forma de convocatoria o absoluta falta de competencia en la 
convocatoria) concurre en el caso. Tan solo sucede que los miembros del Consejo de 
Administración caducado –y que continúan de hecho en el ejercicio de su cargo–, 
convocan  la  Junta  para  la  reelección  de  los  miembros  vigente  del  Consejo  de  s
Administración –salvo el nombramiento de persona que suple al miembro fallecido–, y  oe.
para  la  aprobación  de  las  cuentas  anuales  del  ejercicio  anterior,  es  decir,  para  el  w.
dmeasnpStueeén sihm adiceeen l ato cc odaneds ultaac irdv iatdadam  debeci éosnnu ó cqmauriecga,o   ya(…  jula)r ídpicreas deen tlaac ieómn pdrees ala, sta nc useonlota 1s1  adníausa lneas tudrea lelas   2021-8621n https://ww
empresa, correspondientes al ejercicio 2019, aprobadas en la Junta cuyos acuerdos
fueron documentados en la escritura por mí autorizada y objeto de este recurso, les ha
sido denegado su depósito, por el mismo fundamento de no haberse aprobado dichas 
cuentas en una Junta regularmente convocada, y por los mismos motivos alegados por 
el Registrador frente a la escritura que eleva a público dichos acuerdos.
Dada la identidad de razón entre una calificación registral y otra, y dada la conexión 
lógica  y  jurídica  entre  ambos  documentos  calificados,  solicitamos  del  Registrador 
Mercantil (y en su caso de la Dirección General) que, si los acuerdos documentados en 
la escritura por mí autorizada fuesen inscribibles, se resolviese igualmente admitir el 
depósito de las cuentas anuales cuyo depósito ha sido rechazado en el Registro.»
IV
El registrador Mercantil emitió informe el día 10 de febrero de 2021, mantuvo la nota 
de calificación y elevó el expediente a este Centro Directivo.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 166, 169, 171 y 222 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de 
julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital; 326 de 
la Ley Hipotecaria; 145.1 y 192.2 del Reglamento del Registro Mercantil; las Sentencias 
del Tribunal Supremo de 22 de octubre de 1974, 3 de marzo de 1977, 5 de julio de 2007, 
23  de  octubre  de  2009,  9  de  diciembre  de  2010  y  23  de  febrero  de  2012,  y  las 
Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 24 de junio 
de 1968, 12 de mayo de 1978, 13 de mayo de 1998, 15 de febrero de 1999, 25 de 
febrero de 2000, 21 de enero de 2001, 8 de febrero y 19 de julio de 2012 y 4 de febrero 
de 2015.
1.  El objeto de este recurso consiste en resolver si es válida la junta general 
convocada para proceder al nombramiento de administradores y aprobación de las 
cuentas anuales de una sociedad, realizada el día 11 de noviembre de 2020, por parte 
de  un  consejo  de  administración  cuyos  cargos  habían  caducado  el  31  de  octubre 
de 2020, y si por ende representa un defecto insubsanable para la inscripción en el 
Registro Mercantil de los acuerdos adoptados en dicha junta.
El registrador entiende que el órgano de administración ya no estaba legitimado para 
convocar la junta general celebrada, sin perjuicio de que cualquier socio pueda solicitar 
del juez de lo Mercantil del domicilio social la convocatoria de junta general a los solos 
efectos del nombramiento de cargos.
El notario recurrente invoca que en el caso concreto de la junta celebrada ningún 
interés social ni individual de socios ni de terceros se puede considerar lesionado por el 
retraso en la realización de la convocatoria.
Se reconoce como hecho indubitado que los miembros del consejo convocante, 
nombrados en fecha 26 de junio de 2014, por plazo de 6 años, tenían su cargo vencido a 
fecha 26 de junio de 2020, si bien su cargo se podía considerar prorrogado en base a lo 
establecido en el artículo 222 de la vigente Ley de Sociedades de Capital hasta la 
siguiente junta que hubiera aprobado las cuentas anuales del ejercicio social anterior, o 
hasta el plazo en que ésta se hubiera debido celebrar (como sucede en este caso), que 
era hasta el 31 de octubre de 2020, por aplicación de los artículos 40.3 y.5 del Real 
Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer 
frente al impacto económico y social del COVID-19.
2.  Se trata de una cuestión sobre la que existe doctrina de la Dirección General de  o
nrlaoeúnscmt ueCerrRrioroeoemrn egto7sies  8.tsyr4eoa/ñ2s a s0el1ayñ0d a,a ldasde reeal  n 9l Nal o odsRte a« erVdsiaioicdsliutoeoc,ms ió»bcn)r i etlaad,  defiaa n c4vu opdlctoaeard d f aedl abet r aecnSortoneo vn dotpeeco nar2c to0iear1l i a5r  ded(egeclii  stlaatrTn ajrdudibonou trano  actgrolae msnS eomur appulr oceerhms ateoásl     OE-A-2021-8621able en https://www.
reservada legalmente al órgano de  administración con carácter exclusivo, según el
artículo 166 de la Ley de Sociedades de Capital, al margen de supuestos singulares 
como el relativo a la sociedad en fase de liquidación –como resulta del mismo precepto 
legal–, el de convocatoria judicial (hoy ante el letrado de la Administración de Justicia o 
registrador Mercantil, artículos 169 y 171, párrafo primero, de la Ley de Sociedades de 
Capital) o el de órgano de administración incompleto y con objetivo limitado (como 
dispone el párrafo segundo del artículo 171 de la misma ley).
Si la convocatoria en debida forma es presupuesto de la válida constitución de la 
junta general, la falta de competencia de quien haya realizado aquélla determinará la 
invalidez de la reunión y la ineficacia de sus acuerdos.
Es cierto que este Centro Directivo ha sentado la doctrina (Resolución de 24 de junio 
de 1968), que el mero transcurso del plazo para el que los administradores fueron 
elegidos no implica, por sí solo, el cese del conjunto de obligaciones anejo a su cargo 
cuando no existe otra persona que legítimamente pueda cumplirlas.
El  carácter  permanente  del  órgano  de  administración  de  la  sociedad  justifica 
sobradamente que aun vencido el plazo subsista el deber de diligencia de la persona 
que tiene encomendada la función de gestión de la sociedad, quien debe proveer lo 
necesario para que la vida social no sufra una paralización y el perjuicio inherente a una 
situación semejante.
Fruto de esta doctrina fue la reforma del Reglamento del Registro Mercantil en su 
artículo 145 y posteriormente de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada 
(artículo 60.2), así como de la Ley de Sociedades Anónimas en su artículo 126.3 cuyo 
texto, con mínimas variaciones, constituye en la actualidad el artículo 222 del texto 
refundido de la Ley de Sociedades de Capital: «El nombramiento de los administradores 
caducará cuando, vencido el plazo, se haya celebrado junta general o haya transcurrido 
el plazo para la celebración de la junta que ha de resolver sobre la aprobación de las 
cuentas del ejercicio anterior».
También  es  cierto  que  según  la  jurisprudencia,  en  aras  a  los  principios  de 
conservación de la empresa y de estabilidad de los mercados así como la finalidad de 
evitar la paralización de los órganos sociales, y, a la postre, la incursión en causa de 
disolución, en los supuestos de acefalia funcional del órgano de administración, razones 
pragmáticas  imponen  reconocer,  dentro  de  ciertos  límites,  a  quienes  de  hecho 
administran la sociedad facultades para convocar junta dirigida a regularizar los órganos 
de la sociedad (vid. Sentencias del Tribunal Supremo de 5 de julio de 2007, 23 de 
octubre de 2009, 9 de diciembre de 2010 y 23 de febrero de 2012).
3.  Esta interpretación se adapta plenamente con lo señalado en la citada Sentencia 
del Tribunal Supremo de 9 de diciembre de 2010 que, en relación a la competencia para 
convocar junta general en la sociedad anónima, afirma en su fundamento de Derecho 
quinto, como regla general:
1.º  Que la competencia para convocar la junta general de una sociedad anónima 
está  atribuida  a  salvo  supuestos  especiales  que  la  propia  ley  regula,  a  sus 
administradores, a tenor de lo que dispone hoy el artículo 166 del texto refundido de la 
Ley de Sociedades de Capital aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de 
julio: «La junta general será convocada por los administradores y, en su caso, por los 
liquidadores de la sociedad», y en la fecha en la que se desarrollaron los hechos 
litigiosos en el artículo 94 de la Ley de Sociedades Anónimas: «Las juntas generales 
podrán  ser  ordinarias  o  extraordinarias  y  habrán  de  ser  convocadas  por  los 
administradores de la sociedad». e
2.º  Que el cargo de administrador es temporal de conformidad con lo dispuesto en  bo
el  artículo  221.2  de  la  Ley  de  Sociedades  de  Capital:  «Los  administradores  de  la  21ww
sqoucei endoa dp aondórán imexac eejdeercr edráen  seel icsa ragñoo dsu rya ndteeb eelr áp laszeor  qiugeu asle ñpaalrean  tloodso ess tealtluotso»s,  syo ceianl ees,l 
caortnícvuolcoa 1to2r6ia d ed ela l aL ejuy ndtea  SGoecnieedraald: e«sL Aosn óandimmainsi setrna ldao rreeds aecjceirócne rváigne nsute  ceanr glao  fedcuhraan dtee  leal 
plazo que señalen los estatutos sociales, el cual no podrá exceder de cinco años. Podrán 
ser reelegidos una o más veces por períodos de igual duración máxima».
3.º  Que la convocatoria regular constituía y constituye un presupuesto para la 
válida constitución de la junta de conformidad con lo previsto en el artículo 93.1 de la 
propia Ley de Sociedades Anónimas: «Los accionistas, constituidos en junta general 
debidamente  convocada,  decidirán  por  mayoría  en  los  asuntos  propios  de  la 
competencia de la junta», bien que no estará de más significar que el artículo 164 del 
texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real el Decreto 
Legislativo 1/2010, de 2 de julio, sustituye la referencia «debidamente convocada» por la 
de «previamente convocada»: «La junta general ordinaria, previamente convocada al 
efecto, se reunirá necesariamente dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio, 
para, en su caso, aprobar la gestión social, las cuentas del ejercicio anterior y resolver 
sobre la aplicación del resultado».
Las consecuencias que derivan de tales premisas son –según el Alto Tribunal– las 
siguientes:
1.º  En primer lugar que cuando el órgano de administración está formado por un 
consejo de administración, la junta general debe ser convocada por éste, afirmándose en 
la Sentencia número 713/1999, de 29 de julio: «Se debe advertir el claro formalismo que 
preside el régimen de la sociedad anónima que no permite soslayar el artículo 94 (...) la 
concreta convocatoria (...) la ha de hacer el órgano de administración correspondiente», 
y en la número 688/2009, de 30 de octubre, que «la doctrina jurisprudencial de esta Sala 
dictada en aplicación del art. 100 de la TRLSA (y de la norma correspondiente del 
régimen jurídico anterior) –entre otras, SS 25 de febrero de 1986, 24 de febrero de 1995, 
8 de octubre de 2001, 24 de diciembre de 2002 y 4 de marzo de 2005– entiende que la 
facultad, o deber, de convocar las Juntas Generales de la Sociedad corresponde al 
Consejo de Administración».
2.º  En  segundo  término,  la  irregularidad  de  la  convocatoria  realizada  por 
administradores con cargo caducado; y
3.º  Finalmente, la nulidad de los acuerdos adoptados en la junta irregularmente 
convocada.
Frente a esta regla general el Tribunal Supremo admite excepcionalmente la validez 
de la junta general convocada por órgano de administración con cargo caducado, en los 
siguientes términos:
«No obstante, como excepción, en aras al principio de conservación de la empresa y 
estabilidad de la sociedad y de los mercados, a fin de evitar la paralización de los 
órganos sociales, y, a la postre, la incursión en causa de disolución, en los supuestos de 
acefalía funcional del órgano de administración, razones pragmáticas ya tenidas en 
cuenta  en  la  sentencia  771/2007,  de  5  de  julio,  que  se  refiere  a  que  «la  nulidad 
pretendida introduciría una perturbación en la situación jurídica de la sociedad», imponen 
reconocer  a  quienes  de  hecho  administran  con  el  cargo  caducado  facultades  para 
convocar junta dirigida a regularizar los órganos de la sociedad, en solución similar a la 
prevista en la fecha de la convocatoria en el artículo 45.4 de la Ley de Sociedades de 
Responsabilidad Limitada, y hoy, de forma generalizada, en el segundo párrafo del 
artículo 171 de la Ley de Sociedades de Capital: «(...) Además, cualquiera de los 
administradores que permanezcan en el ejercicio del cargo podrá convocar la junta 
general con ese único objeto», incluso más allá de la pervivencia del asiento registral de  e.
nombramiento al amparo primero  del  145.1  del  Reglamento del Registro Mercantil,  w.
después del artículo 126 de la Ley de Sociedades Anónimas en la redacción dada al  21ww
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sobre la aprobación de cuentas del ejercicio anterior–, tenida en cuenta como límite, 
entre otras, en la resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado 
de 30 octubre 2009.»
4.  En el presente caso, los miembros del consejo convocante fueron nombrados en 
fecha 26 de junio de 2014, por plazo de 6 años, teniendo su cargo vencido a fecha 26 de 
junio de 2020, si bien su cargo se podía considerar prorrogado en base a lo establecido 
en el artículo 222 de la vigente Ley de Sociedades de Capital hasta la siguiente junta que 
hubiera aprobado las cuentas anuales del ejercicio social anterior, o hasta el plazo en 
que ésta se hubiera debido celebrar (como sucede en este caso), que era hasta el 31 de 
octubre de 2020, por aplicación de los artículos 40.3 y.5 del Real Decreto-ley 8/2020, 
de  17  de  marzo,  de  medidas  urgente  extraordinarias  para  hacer  frente  al  impacto 
económico y social por el COVID-19.
La junta fue convocada por los miembros del consejo de administración anterior -
caducados, como así se reconoce en la propia acta de junta, a fecha 31 de octubre 
de 2020-, el día 11 de noviembre de 2020, es decir, 11 días naturales después de esta 
fecha.
Atendiendo a la doctrina jurisprudencial anteriormente expuesta, debe considerarse 
que el órgano de administración vencido y no caducado (cfr. artículo 222 de la Ley de 
Sociedades de Capital) es un órgano de administración de derecho, con pleno ejercicio 
de las funciones que le son inherentes.
Caducado  el  nombramiento  del  órgano  de  administración,  debe  entenderse,  de 
acuerdo con la Sentencia del Tribunal Supremo anteriormente expuesta y con el objetivo 
de evitar la acefalia de la sociedad, que el órgano de administración funciona de hecho, 
con facultades para convocar junta con la exclusiva finalidad de nombrar a los miembros 
del órgano de administración.
5.  En el caso debatido la junta se convoca no solo para el nombramiento de 
administradores, sino también para la aprobación de las cuentas anuales.
Si se tiene en cuenta que la aprobación de las cuentas anuales es una materia sobre 
la que la junta, de conformidad con el artículo 164 de la Ley de Sociedades de Capital, 
debe tratar necesariamente en cada ejercicio, y que por tanto es un punto del orden del 
día de inserción obligatoria en la convocatoria, sin perjuicio de que se pudiera tratar en 
otra junta, llegamos a la conclusión de que la validez de la convocatoria admitida para la 
renovación de los administradores, se puede extender a la aprobación de las cuentas 
anuales, de modo semejante a como hizo la Resolución de este Centro Directivo de 22 
de  octubre  de  2020,  admitiendo  que  en  una  convocatoria  hecha  por  un  único 
administrador mancomunado, conforme al artículo 171 de la de la Ley de Sociedades de 
Capital,  se  admitiera  el  punto  del  orden  del  día  relativo  al  cambio  del  órgano  de 
administración, por constar claramente en el anuncio de convocatoria, circunstancia que 
concurre en el caso examinado.
Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, deben tenerse en cuenta en el presente 
expediente  las  especiales  circunstancias  concurrentes  derivadas  de  la  pandemia 
producida por el COVID-19 y del alto número de socios que dificultaba la posibilidad de 
encontrar un lugar adecuado para la celebración de la junta.
En consecuencia, esta Dirección General ha acordado estimar el recurso y revocar la 
nota de calificación.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda  e.
ante el Juzgado de lo Mercantil de la provincia donde radica el Registro, en el plazo de  w.
dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal,  21ww
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Madrid, 7 de mayo de 2021.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe
Pública, Sofía Puente Santiago.