BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 308 Viernes 24 de diciembre de 2021 Sec. III.   Pág. 162316
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO
21343 Orden TED/1446/2021, de 22 de diciembre, por la que se aprueban las bases 
reguladoras  para  la  concesión  de  ayudas  del  programa  de  incentivos  a 
proyectos  piloto  singulares  de  comunidades  energéticas  (Programa  CE 
Implementa),  en  el  marco  del  Plan  de  Recuperación,  Transformación  y 
Resiliencia.
La pandemia provocada por la COVID-19 ha supuesto una crisis económica, social y 
sanitaria. La magnitud del desafío ha exigido una respuesta común a escala europea. Para 
dar respuesta a medio plazo, se ha puesto en marcha por parte de la Comisión Europea un 
ambicioso  Mecanismo  de  Recuperación  y  Resiliencia  para  contribuir  al  proceso  de 
reconstrucción de las economías en el mundo post-COVID-19, a partir de 2021.
El nuevo Fondo de Recuperación Next Generation EU permitirá a España movilizar 
un volumen de inversión sin precedentes y en este contexto el Gobierno ha aprobado 
el 27 de abril de 2021 el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, 
que traza la hoja de ruta para la modernización de la economía española. Este Plan ha 
sido aprobado por la Comisión Europea el pasado 16 de junio de 2021, y por el Consejo 
de la Unión Europea el 13 de julio de 2021.
El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia es un proyecto de país, que 
requiere de la implicación de todos los agentes económicos y sociales, de todos los 
niveles de gobierno y del conjunto de los recursos de la administración pública. Las 
componentes que constituyen el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
permitirán  la  realización  de  reformas  estructurales  en  los  próximos  años,  mediante 
cambios normativos e inversiones, y, por lo tanto, permitirán un cambio del modelo 
productivo  para  la  recuperación  de  la  economía  tras  la  pandemia  causada  por  la 
COVID-19 y además una transformación hacia una estructura más resiliente e inclusiva, 
de especial relevancia, todo ello, para el interés público, social y económico.
Este  Plan  tiene  entre  sus  objetivos  que  nuestro  país  apueste  por  la 
descarbonización,  invirtiendo  en  infraestructuras  verdes,  de  manera  que  se  transite 
desde  las  energías  fósiles  hasta  un  sistema  energético  limpio,  siendo  la  transición 
ecológica uno de sus cuatro ejes transversales, todo ello en consonancia con el Plan 
Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030, remitido a la Comisión 
Europea  en  marzo  de  2020,  que  proporciona  el  marco  director  del  programa  de 
inversiones y reformas para una transición medioambiental justa que desarrolle las 
capacidades estratégicas de la economía verde.
En este contexto, deben llevarse a cabo actuaciones en el marco del Mecanismo 
Europeo de Recuperación y Resiliencia, establecido por el Reglamento (UE) 2021/241 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, que financiará el Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con el objetivo de hacer frente a los 
efectos sin precedentes de la crisis de la COVID-19, así como los impactos económicos 
que conlleva. Estos recursos adicionales deben utilizarse de modo que se garantice el  s
cumplimiento  de  los  hitos  y  objetivos  establecidos,  en  el  Plan  de  Recuperación,  e.
Transformación y Resiliencia (PRTR). w.
La rápida absorción de este volumen de recursos acelerará la recuperación del nivel de  343ww
eemcopnleóom iyc oa cetsivpidaañdo l,e pcaornaó qmuicea e ys at armecbuiépne rarecsióunlt asreáa c vlaevrdee p, adriag itlaal ,t rinacnlsufsoirvma ayc sióonc idael.l modelo
de lLaas  ceonnesregcíausc iórne ndoev alobsle osb jeestitvaobsle dceid omse jeonra  adnet elari oerfeicsi ednicsipao esniceiorgnéetsic an oyr mlaa utitvilaizsa, ciaósní   BOE-A-cable e
como los objetivos incluidos en el PNIEC 2021-2030, requieren abordar un proceso de 
transición energética que permita reducir paulatinamente la demanda energética de los 
edificios e infraestructuras públicas, reducir la dependencia de combustibles fósiles, 
introducir tecnologías de alta eficiencia energética así como fomentar las energías de 
origen renovable y el autoconsumo.
El  PNIEC  prevé  que,  mediante  el  autoconsumo  y  la  generación  distribuida 
(medida 1.4), la gestión de la demanda, el almacenamiento y la flexibilidad (medida 1.2), 
el fomento de las comunidades energéticas locales (medida 1.13) y la incorporación de 
energías renovables en el sector industrial (medida 1.5), así como medidas específicas 
destinadas a promover el papel proactivo de la ciudadanía en la «descarbonización» 
(medida  1.14)  y  a  aumentar  el  conocimiento  y  sensibilización  sobre  el  proceso  de 
descarbonización (medida 1.19), se incremente la diversidad de actores y la existencia 
de proyectos participativos tanto en la generación de energía renovable como en el 
conjunto del sistema energético.
La transición ecológica es uno de los ejes centrales del PRTR, que tiene como objetivo 
acelerar  los  procesos  de  transformación  iniciados  en  los  tres  pasados  años  como 
elemento clave en la fase de reconstrucción. La Ley 7/2021, de 20 de mayo, de Cambio 
Climático y Transición Energética, el PNIEC 2021-2030, la Estrategia de Transición Justa, 
la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2019-2024, el Plan Nacional de 
Adaptación al Cambio Climático (PNACC) 2021-2030 y la Estrategia a largo plazo para 
una  economía  española  moderna,  competitiva  y  climáticamente  neutra  en  2050 
constituyen el Marco de Energía y Clima del Gobierno que guiará las actuaciones en este 
ámbito con el fin de reorientar el modelo productivo, impulsando la descarbonización, la 
eficiencia  energética,  el  despliegue  e  integración  de  las  energías  renovables,  la 
electrificación de la economía, el desarrollo del almacenamiento de energía y la economía 
circular. Este marco estratégico incluye, desde el primer momento, la necesidad de que la 
ciudadanía adopte un rol central y proactivo en la transición energética.
En este sentido ya se han dado pasos importantes durante 2020 mediante la puesta 
en marcha de determinadas reformas en el sector energético que incluyen actuaciones 
que no solo impulsan la producción e integración de renovables, sino el ahorro en costes 
energéticos para los consumidores y, con ello, una mayor protección de las familias y 
competitividad de las empresas. Entre los aspectos que se están implementando se 
incluye el desarrollo de nuevas figuras y actores como las comunidades energéticas. 
Estos  nuevos  actores  impulsarán  la  gestión  de  la  demanda,  el  autoconsumo,  el 
almacenamiento, los agregadores y el desarrollo de proyectos de energías renovables 
en cualquiera de sus aplicaciones.
El  PRTR  contempla  las  comunidades  energéticas  como  un  actor  clave.  Este 
programa de ayudas se basa en la definición de comunidad de energías renovables 
contemplada en la letra j) del apartado 1 del artículo 6 de la Ley 24/2013, de 26 de 
diciembre, del Sector Eléctrico, si bien se le confiere un carácter más amplio. Esto es así 
para dar cabida al concepto de comunidad ciudadana de energía, el cual no está 
recogido  aún  en  el  ordenamiento  jurídico  español  y  que  se  define  en  la  Directiva 
UE 2019/944, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad, con una 
naturaleza más amplia que las comunidades de energía renovables en aspectos tales 
como los requisitos para membresía o la propiedad de los activos.
El PRTR prevé el impulso y desarrollo de las comunidades energéticas mediante una 
reforma específica dentro de la componente 7 «Despliegue e integración de energías 
renovables». En concreto, la reforma C7.R3 «Desarrollo de las comunidades energéticas»  s
de esta componente impulsará un «Ecosistema de apoyo a las comunidades energéticas»  oe.
que tiene como fin último la creación y consolidación de las mismas, a través de un enfoque  w.
de tres fases y mecanismos de apoyo complementarios. Las dos primeras fases, Aprende y  343ww
Pcolannsitfiitcuac,i ópnre tleegnadle nd ea cetivsatars p rfoigcuersaoss.  pLaar titceiprcaetirvao, sI,m inpfolermmeantitvao,s  dye d ilvau lqguaeti vosse,  aoscíu pcoam eos tlea 
dpero dgerammoas tdraec iaóynu cdoans ,d iinvceorsrpidoarad,  gaedoegmrááfisc ad,e t eoctnraosló agcictuaa yc isoonceias,l  plaa rpar oemlimocinióanr  bdaer rperroayse pcatoras   BOE-A-cable e
entrar al mercado y validar modelos de negocio y posibles innovaciones a nivel técnico y/o 
social. Esta promoción incluye la posibilidad de formalizar líneas de ayuda para la inversión 
en los mismos. El desarrollo de estas fases se verá complementado a través de Oficinas de 
Transformación  Comunitaria,  que  apoyarán  la  difusión  de  estas  figuras,  así  como  el 
acompañamiento y asesoramiento de los actores que busquen su creación.
En este contexto, se implementa el programa de incentivos objeto de las ayudas 
reguladas por esta orden, que van dirigidas a aquellas entidades jurídicas, públicas o 
privadas, que fomenten la participación en el sector energético de actores no participantes 
en el mismo tradicionalmente y cuya finalidad sea el desarrollo de energía renovable 
eléctrica  y  térmica,  eficiencia  energética,  infraestructura  para  movilidad  sostenible  y 
gestión  de  la  demanda  mediante  comunidades  energéticas.  Es  por  este  tipo  de 
participación por lo que estos proyectos se consideran pilotos singulares. Por ello, este 
programa de ayudas va específicamente dirigido a este tipo de entidades con la finalidad 
de implementar tales actuaciones, incentivando las inversiones correspondientes para la 
ejecución de proyectos piloto de comunidades energéticas.
Esta  iniciativa  es  sinérgica  con  inversiones  en  esta  misma  reforma,  en  otras 
actuaciones de la componente 7 y en otras líneas desarrolladas por otras componentes 
del PRTR. Por otro lado, en cuanto al campo de intervención de la misma, de acuerdo 
con lo previsto en dicha componente, se asigna el campo número 027 (Apoyo a las 
empresas que prestan servicios que contribuyen a la economía con bajas emisiones de 
carbono  y  a  la  resiliencia  frente  al  cambio  climático,  incluidas  las  medidas  de 
sensibilización), puesto que la reforma C7.R3 busca apoyar la constitución de nuevas 
iniciativas que, manteniendo como base la participación ciudadana, ofrezcan servicios 
que contribuyen a la descarbonización, entre ellos la generación renovable.
Asimismo,  la  participación  de  la  ciudadanía,  pymes  y  entidades  locales  en  los 
proyectos de energías renovables, eficiencia energética y movilidad sostenible, a través 
de comunidades energéticas, puede generar un valor añadido significativo en lo que se 
refiere a la aceptación local de estas iniciativas y al acceso a capital privado adicional. 
Esto  se  traducirá  en  inversiones  locales,  una  mayor  libertad  de  elección  para  los 
consumidores y una participación mayor de los ciudadanos en la transición energética. 
Adicionalmente, la ciudadanía puede, tanto estimular la adopción de políticas y potenciar 
una  mayor  responsabilidad  social  y  ambiental  de  las  empresas,  como  del  empleo 
generado y en la gestión de la demanda energética.
Por otra parte, el trabajo conjunto y complementario entre diferentes administraciones 
en todo el territorio nacional es imprescindible para el desarrollo de planes y programas 
equilibrados, efectivos y vertebradores que garanticen la óptima puesta en marcha y 
aplicación de una adecuada política energética en beneficio de la administración pública, 
de todos los agentes del sector energético implicados y de la población en general. Esto 
resulta especialmente relevante cuando se trata de políticas dirigidas a afrontar el reto 
demográfico para garantizar la necesaria cohesión social y territorial.
Las  ayudas  reguladas  por  esta  orden  atenderán  al  principio  de  «No  perjudicar 
significativamente» (principio DNSH, por sus siglas en inglés) a ninguno de los objetivos 
medioambientales establecidos en el Reglamento (UE) 2020/852 el Parlamento Europeo y del 
Consejo de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las 
inversiones sostenibles, y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088.
En este contexto, el desarrollo de proyectos realizados por comunidades energéticas 
en  las  áreas  de  energía  renovable  eléctrica  y  térmica,  eficiencia  energética, 
infraestructura  para  movilidad  sostenible  y  gestión  de  la  demanda  se  espera  que  s
contribuyan a la reducción del consumo de energía final y/o el aumento del suministro de  oe.
energía renovable así como la mejor integración de la misma en el sistema, conllevando  w.
una disminución de las emisiones de CO , una menor dependencia energética de los  343ww
ccoomncbruestoti,b lsees  fpórseilveés  yq uuen  laausm  aeynutod adse  rbeegnu2elafidciaoss  lpoocra leess taa  noirvdeel ne ctoennógmanic ou nya s oecsiaple. cEianl 
incidencia en la ejecución de proyectos piloto con impacto social y en la cadena de valor
que combinen dos o más de las áreas mencionadas, desarrollados por comunidades
energéticas cuyos socios o miembros sean personas físicas, pymes o entidades locales 
situadas en las proximidades del proyecto.
II
Las ayudas reguladas por esta orden serán financiadas con el Mecanismo Europeo 
de  Recuperación  y  Resiliencia,  establecido  por  el  Reglamento  (UE)  2021/241  del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, en la medida que el 
Programa CE IMPLEMENTA impulsará el desarrollo de una de las líneas de actuación 
de la reforma C7.R3 (Desarrollo de las comunidades energéticas) de la Componente 7, 
Despliegue e integración de energías renovables, concretamente la que se refiere a la 
promoción  de  proyectos  de  demostración  con  diversidad  geográfica,  tecnológica  y 
social para eliminar barreras de entrada al mercado y validación de modelos de negocio 
y posibles innovaciones a nivel técnico y/o social, mediante la implementación de dicho 
programa cuyo objeto es incentivar la inversión en los mismos. A tal efecto, en la 
Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2021 se ha previsto, en la aplicación presupuestaria 23.50.420B.748 «Al IDAE. 
Para la promoción de energías renovables, eficiencia energética y movilidad sostenible. 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia», crédito presupuestario para el libramiento 
de  los  correspondientes  fondos  al  Instituto  para  la  Diversificación  y  Ahorro  de 
Energía (IDAE).
Por  ello,  el  Ministerio  para  la  Transición  Ecológica  y  el  Reto  Demográfico  ha 
procedido  a  su  ejecución  conforme  a  lo  establecido  en  la  Ley  47/2003,  de  26  de 
noviembre,  General  Presupuestaria  y  demás  normativa  reguladora,  habiéndose 
reconocido la obligación e instrumentado la correspondiente propuesta de pago con 
fecha 23 de julio de 2021, integrándose el mismo en el patrimonio neto del IDAE, 
conforme a su normativa contable reguladora.
Con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria  mencionada  anteriormente,  están 
legalmente afectados a financiar proyectos o líneas de actuación integrados en el Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En caso de no realizarse el gasto, el 
IDAE deberá proceder a reintegrar al Tesoro Público los fondos recibidos que no vayan a 
destinarse a la finalidad asignada. Asimismo, con la finalidad de permitir su seguimiento, 
en la formulación de las cuentas anuales, en el remanente de tesorería afectado, IDAE 
distinguirá la parte afectada destinada a cubrir estas actuaciones.
Adicionalmente, el 14 de diciembre de 2021, el Consejo de Ministros aprobó el 
Acuerdo  por  el  que  se  declara  el  Proyecto  Estratégico  para  la  Recuperación  y 
Transformación  Económica  de  Transición  Energética  de  Energías  Renovables, 
Hidrógeno Verde y Almacenamiento, incluyendo un conjunto de actuaciones que tienen 
como objetivo situar a España como un líder en la cadena de valor de la transición 
energética, de manera que se pueda cumplir la hoja de ruta marcada por el Marco 
Estratégico de Energía y Clima, logrando al mismo tiempo un tejido productivo más 
competitivo  y  resiliente.  Con  este  fin,  el  PERTE  permitirá  articular  las  inversiones 
públicas de los diferentes componentes del plan, y coordinar las acciones de los distintos 
eslabones de la cadena de valor, en aras de lograr el impacto deseado en términos de 
transformación eficiente del sector. Para ello, entre otras, en el PERTE se recoge este 
programa de incentivos como una de las medidas facilitadoras para lograr sus tres 
objetivos principales: (i) Consolidar la cadena de valor nacional en transición energética, 
(ii) maximizar las oportunidades de generación de empleo sostenible que este proceso  s
de transición energética brinda y (iii) posicionar al sector empresarial nacional. En este  e.
sentido, esta orden de bases forma parte del «Ecosistema de apoyo a las comunidades  w.
energéticas» al que hace referencia el PERTE de Energías Renovables, Hidrógeno  343ww
RMeinnisotvraobs led ey 1 A4 lmdea cdeicnieammbiernet od e( P20E2R1T, Ee nE lRa HlínAe),a  adper oimbapduols apro lra  Anceuceersdaor iad ein nCoovnasceiójon  ndoe 
osoploor ttuéncindiacdae ssi npoa rtaa mlab ciéiund asdoacniaíla, .que permita que la transición energética maximice las  BOE-A-cable e
El desarrollo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se evalúa 
mediante los hitos y objetivos asignados a cada reforma e inversión, aprobados en el 
marco  del  mismo.  Esta  norma  contribuye  a  los  hitos  y  objetivos  CID  número  110, 
«proyecto  piloto  para  las  comunidades»  y  111,  «finalización  de  proyectos  piloto 
relacionados con la energía en las comunidades locales», que se ubican dentro de la 
reforma 3 de la Componente 7, Despliegue e integración de energías renovables.
La recepción de solicitudes, instrucción, selección, gestión, resolución, verificación y 
control y, en su caso, publicación de las convocatorias de estas ayudas serán realizados 
por E.P.E Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), M.P., de manera 
centralizada.
Estas ayudas se gestionan de forma centralizada para optimizar la gestión de unos 
fondos públicos limitados, asegurando la plena efectividad del presupuesto disponible y 
garantizando en todo el territorio español las mismas posibilidades de obtención y aplicación 
de las ayudas, dado el carácter innovador e incipiente en nuestro país del tipo de actuación 
que se pretende fomentar con este programa. En este sentido, las actuaciones previstas en 
este programa se enmarcan en las políticas de desarrollo y promoción de nuevos actores y el 
impulso de la participación ciudadana dentro del sector energético a las que está obligado el 
Estado español en el marco de la Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 11 de diciembre de 2018, relativa al fomento del uso de energía procedente de 
fuentes renovables, modifica y refunde los cambios realizados en la Directiva 2009/28/CE, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al fomento del uso de la 
energía procedente de fuentes renovables y por la que se modifican y se derogan las 
Directivas 2001/77/CE y 2003/30/CE y de la Directiva 2019/944, del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 5 de junio de 2019, sobre normas comunes para el mercado interior de la 
electricidad y por la que se modifica la Directiva 2012/27/UE, lo que confiere a las actuaciones 
contempladas en esta orden un indudable enfoque supra autonómico que hace necesaria la 
gestión centralizada de las ayudas, evitando el fraccionamiento en su acceso.
Por otra parte, una gestión centralizada de las ayudas permite el desarrollo de 
proyectos  que  afecten  a  varias  comunidades  autónomas,  sin  que  se  establezcan 
limitaciones  respecto  a  la  ubicación  de  las  instalaciones  generadoras  en  distintas 
comunidades autónomas a la de los usuarios de la energía producida, o la existencia de 
comunidades  energéticas  con  partícipes  de  diversas  comunidades  autónomas  y 
complementando otros programas de ayudas territorializados. Por otra parte, la selección 
de los proyectos a subvencionar requerirá de una valoración técnica que garantizará 
mejor la igualdad de acceso si es realizada por una misma entidad.
De  este  modo,  atendiendo  a  los  dispuesto  en  la  Sentencia  del  Tribunal 
Constitucional  13/1992,  la  gestión  centralizada  de  estas  subvenciones  resulta 
imprescindible para asegurar la plena efectividad de las medidas dentro de la ordenación 
básica del sector y para garantizar las mismas posibilidades de obtención y disfrute por 
parte de sus potenciales destinatarios en todo el territorio nacional, evitando al propio 
tiempo que se sobrepase la cuantía global de los fondos estatales destinados al sector y 
optimizando la aplicación del presupuesto disponible.
El  procedimiento  de  concesión  de  las  ayudas  será  mediante  concurrencia 
competitiva, conforme a los artículos 23, 24, 25, 26 y 27 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, y de acuerdo con los criterios de valoración y 
selección establecidos en esta orden.
Estas  ayudas  estarán  sometidas  a  los  requisitos  y  límites  establecidos  en  el 
Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se  s
declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en  oe.
aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado, aplicándose la exención por categoría  w.
de ayudas para la protección del medio ambiente (Sección 7), sin perjuicio del resto de  343ww
ddies paopsliiccaiocnióens,  tpaanrttoic duela drmereenctheo l ansa qciuoen asle c aopmruoe dbee nla e Unn eiól ná mEbuirtoop deea  lqau eej epcuudciieórna ny  rgeessutlitóanr 
tTarnatnos fdoerml Maceiócna nyis Rmeos ildieen cRiae.c Eupne lroa creiólant ivyo  Rae lsaisli eanycuiad acso am loa  idnevle rPsliaónn  pdaer aR leac upproemraoccióiónn,   BOE-A-cable e
de  la  energía  procedente  de  fuentes  renovables,  el  artículo  41.10  del  mencionado 
Reglamento,  establece  que  cuando  la  ayuda  se  conceda  en  un  procedimiento  de 
licitación  sobre  la  base  de  criterios  claros,  transparentes  y  no  discriminatorios,  la 
intensidad de ayuda podrá alcanzar el 100 % de los costes subvencionables. Este 
procedimiento  deberá  ser  no  discriminatorio  y  prever  la  participación  de  todas  las 
empresas interesadas. El presupuesto relativo al procedimiento de licitación deberá 
constituir una limitación estricta, en el sentido de que no todos los participantes podrán 
recibir ayuda y las ayudas se concederán sobre la base de la oferta inicial presentada 
por el licitador, excluyendo así negociaciones posteriores.
Por otro lado, respecto a las ayudas a la inversión que permitan a las empresas ir más 
allá de las normas de la Unión en materia de protección medioambiental o incrementar el 
nivel de protección medioambiental en ausencia de normas de la Unión, el artículo 36.2 de 
este  Reglamento  indica  que  las  inversiones  deberán  cumplir  una  de  las  condiciones 
siguientes:  a)  deberán  permitir  al  beneficiario  incrementar  el  nivel  de  protección 
medioambiental derivado de sus actividades superando las normas de la Unión aplicables, 
independientemente de la existencia de normas nacionales obligatorias más estrictas que 
las  de  la  Unión;  b)  deberán  permitir  al  beneficiario  aumentar  el  nivel  de  protección 
medioambiental derivado de sus actividades en ausencia de normas de la Unión.
Los proyectos singulares objeto de las ayudas que se regulan por esta orden, 
relacionados con el impulso de las comunidades energéticas, incluyen ambos conceptos; 
considerando que estas entidades promoverán proyectos de implantación de fuentes de 
energía renovable, en muchos casos vinculados a actuaciones de movilidad sostenible, 
gestión de la demanda, almacenamiento, agregación y otros sistemas de mejora de la 
gestión de los sistemas energéticos, tanto térmicos como eléctricos.
Se mantiene el carácter incentivador de las ayudas, por lo que solo se admitirán 
solicitudes de proyectos cuya ejecución no se haya iniciado con anterioridad a la fecha 
de registro de la solicitud de ayuda.
Las ayudas que se otorguen a entidades sin actividad económica por la que ofrezcan 
bienes y/o servicios en el mercado, no tendrán la consideración de ayudas de Estado por 
no cumplir los requisitos establecidos en el artículo 107 del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea.
III
El Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas 
urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, establece una serie de medidas que van a 
permitir una gestión más ágil de las subvenciones financiadas con fondos europeos. Entre 
ellas, se suprime la necesidad de exigir la autorización del Consejo de Ministros prevista en 
el artículo 10.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Esta orden se ha elaborado conforme a los principios de buena regulación que 
establece el artículo 129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,  de  necesidad,  eficacia, 
proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.
Cumple con los principios de necesidad y eficacia, en el sentido enunciado en los 
párrafos  anteriores,  donde  se  explican  la  necesidad  y  fines  perseguidos  con  su 
aprobación,  que  son  la  necesidad  de  «descarbonizar»  los  distintos  sectores  de  la 
economía, al incentivar la adopción de políticas de desarrollo y promoción de nuevos  s
actores y el impulso de la participación ciudadana dentro del sector energético así como  e.
reactivar la actividad económica del país, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos  w.
del PRTR y del Marco de Energía y Clima del Gobierno. El dictado de esta norma es, por  343ww
tantoE,s e clo innfsotrrmume etanmtob iméná cso and eel cpuriandcoip ipoa drea  pgraorpaonrctiizoanra lliad acdo ndsaedcou qcuióen n od ec oensttieonse o rbejsettriivccoiso.nes
de derechos ni impone obligaciones a sus destinatarios, conteniendo la regulación imprescindible
para atender la necesidad a cubrir, sin que existan otras medidas menos restrictivas de derechos 
o que impongan menos obligaciones a los destinatarios.
Se adecúa, igualmente, al principio de seguridad jurídica en la medida en que la 
norma contribuye a reforzar dicho principio pues es coherente con los planes y normativa 
vigente  en  materia  de  energías  renovables  y  establece  estímulos  económicos  que 
facilitarán su mejor cumplimiento.
La norma cumple con el principio de transparencia, ya que en su elaboración se han 
seguido todos los procesos de participación y audiencia que establece la normativa, 
habiéndose realizado el trámite de participación pública. Además, define claramente sus 
objetivos, reflejados en su preámbulo y en la memoria que la acompaña.
Finalmente, se encuentra acreditado el principio de eficiencia porque la iniciativa 
normativa no impone cargas administrativas innecesarias o accesorias y racionaliza, en 
su aplicación, la gestión de los recursos públicos.
Asimismo, se ajusta a lo establecido en el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de 
diciembre,  con  la  finalidad  de  acometer  un  proceso  de  modernización  de  la 
Administración Pública que le proporcione las herramientas necesarias para acometer la 
ejecución del Plan y la mejor gestión de fondos, impulsando la colaboración público-
privada entre las Administraciones Públicas y el sector privado.
Por ello, en la tramitación de esta orden ministerial se han aplicado las previsiones 
de  los  artículos  47,  60  y  61  del  Real  Decreto-ley  36/2020  de  30  de  diciembre, 
habiéndose  solicitado  los  informes  de  Abogacía  del  Estado  y  de  la  Intervención 
Delegada a los que hace referencia el artículo 17.1, párrafo segundo, de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Del mismo modo, resulta conforme a los estándares exigidos por la Orden HFP/1030/2021, 
de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del PRTR.
Esta orden se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.13.ª, 23.ª y 25.ª de 
la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre bases y 
coordinación de la planificación general de la actividad económica, así como en materia 
de legislación básica sobre protección del medioambiente, sin perjuicio de las facultades 
de las comunidades autónomas de establecer normas adicionales de protección, y sobre 
las bases del régimen minero y energético, respectivamente. También se dicta al amparo 
de lo establecido en el artículo 149.1.15.ª de la Constitución Española, que atribuye al 
Estado la competencia exclusiva en materia de fomento y coordinación general de la 
investigación científica y técnica.
En  la  competencia  exclusiva  del  Estado  sobre  bases  y  coordinación  de  la 
planificación general de la actividad económica, tienen cobijo normas básicas y asimismo 
previsiones de acciones o medidas singulares que sean necesarias para alcanzar los 
fines propuestos dentro de la ordenación del sector (STC 117/1992, FJ 2). Entre estas 
acciones o medidas singulares se encuentra el programa de incentivos a proyectos piloto 
singulares de comunidades energéticas, que se implementa por esta orden, que tiene el 
objetivo de promover la investigación técnica en el ámbito de la nuevas estructuras 
organizativas,  colaboraciones  entre  entidades  públicas,  privadas  y  ciudadanas, 
incluyendo  su  vinculación  a  proyectos  multi-componente  (energía  eléctrica,  térmica, 
eficiencia energética, movilidad, gestión de la demanda y otros), que permitan obtener 
información cualitativa para entender los beneficios de enfoques integrales de sistemas 
energéticos,  así  como  innovar  en  las  opciones  de  gestión  del  sistema  energético 
nacional. De ahí el título competencial fundamentado en el artículo 149.1.15.ª de la 
Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de  s
fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica, que tiene el  oe.
carácter de prevalente. w.
En su virtud, dispongo:
CAPÍTULO I
Disposiciones Generales
Artículo 1.  Objeto y finalidad.
1.  El objeto de esta orden es aprobar las bases reguladoras para la concesión de 
ayudas  del  Programa  de  Incentivos  a  proyectos  piloto  singulares  de  comunidades 
energéticas (CE IMPLEMENTA), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia (PRTR), dentro de su Componente 7, Reforma 3, desarrollo de las comunidades 
energéticas, que contemplen la realización de, al menos, una de las actuaciones previstas 
en cualesquiera de las cuatro primeras áreas especificadas en el anexo I.
2.  La  finalidad  de  las  ayudas  es  fortalecer  el  sistema  de  apoyo  a  los  actores 
interesados  en  la  creación  y  desarrollo  de  comunidades  energéticas,  principalmente 
ciudadanos, pymes y entidades locales, contribuyendo con ello a una descarbonización 
justa e inclusiva mediante el fomento de las inversiones en infraestructuras verdes y la 
participación  de  actores  no  tradicionalmente  involucrados  en  el  sector  energético, 
habilitando los mecanismos para el cumplimiento de los hitos CID 110, «proyecto piloto 
para las comunidades» y 111, «finalización de proyectos piloto relacionados con la energía 
en las comunidades locales» del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, 
dentro de la Componente 7, Despliegue e integración de energías renovables.
Artículo 2.  Definiciones.
1.  Comunidad energética: persona jurídica basada en la participación abierta y 
voluntaria, efectivamente controlada por socios o miembros que sean personas físicas, 
pymes o entidades locales, que desarrolle proyectos de energías renovables, eficiencia 
energética y/o movilidad sostenible que sean propiedad de dicha persona jurídica y cuya 
finalidad  primordial  sea  proporcionar  beneficios  medioambientales,  económicos  o 
sociales a sus socios o miembros o a las zonas locales donde operan, en lugar de 
ganancias financieras.
2.  Participación abierta: el derecho de que cualquier persona física o jurídica de 
naturaleza  pública,  privada  o  público-privada  que  quiera  utilizar  los  servicios  de  la 
comunidad energética y que desee aceptar las responsabilidades de la afiliación a la 
misma, y pueda ser socia o miembro sin estar sujeta a condiciones injustificadas o 
discriminatorias.
3.  Participación voluntaria: el derecho de que cualquier miembro o socio a abandonar 
la comunidad energética, así como retirar su inversión, dentro de unos límites temporales 
razonables para limitar el potencial impacto en la sostenibilidad financiera de la misma.
4.  Control efectivo: se entiende por control efectivo la capacidad de un miembro de 
la comunidad energética de ejercer una influencia decisiva sobre sus decisiones. Se 
considerará, entre otros casos, que una persona física o jurídica controla la comunidad 
energética cuando:
– Posea la mayoría de los derechos de voto.
– Tenga la facultad de nombrar o destituir a la mayoría del personal de dirección o 
de gestión de la comunidad energética.
– Ejerza  una  influencia  dominante  en  la  toma  de  decisiones  de  la  comunidad 
energética  o  pueda  disponer  de  la  mayoría  de  los  derechos  de  voto,  a  través  de 
cualquier pacto o acuerdo celebrado con terceros. e.
– Haya designado con sus votos a la mayoría del personal de dirección o de gestión  w.b
de la comunidad energética. 343ww
5.  Proyecto  piloto:  conjunto  ordenado  de  actividades  desarrolladas  por  la
ccoumaleusnqiduaiedr ae ndeer glaésti ccau aptarora p rriemaelizraasr,  áarle mase ncoons,t eumnpal addea sla se na cetlu aanceioxnoe Is.  Leassp eincsiftiaclaadcaiosn eens 
resultantes serán explotadas y utilizadas por la comunidad energética.
6.  Área de actuación: cada una de las áreas de actividad especificadas en el 
anexo I, englobando a su vez actuaciones subvencionables.
7.  Proyectos multi-componente: aquellos que presenten actuaciones subvencionables 
de dos o más áreas de actuación entre las cuatro primeras que se detallan en el anexo I de 
estas bases, con la condición de que el coste subvencionable de la actuación con menor 
presupuesto asociado presente un mínimo del 20 % del coste subvencionable total del 
proyecto. Adicionalmente, podrán incluir actuaciones de la quinta área de actuación que no 
se computarán a la hora de valorar si el proyecto es multi-componente.
Artículo 3.  Ámbito de aplicación y vigencia.
1.  El  ámbito  geográfico  de  las  solicitudes  que  opten  a  las  ayudas  que  se 
concederán al amparo de esta orden es la totalidad del territorio nacional.
2.  La vigencia de las bases reguladoras aprobadas por esta orden se extenderá 
desde su entrada en vigor hasta el 31 de diciembre de 2025. No obstante, las ayudas 
concedidas se seguirán rigiendo por ella, y por las convocatorias dictadas al amparo de 
la misma, hasta la finalización y cierre de los correspondientes expedientes, incluyendo 
los eventuales procedimientos de reintegro.
Artículo 4.  Régimen jurídico aplicable.
1.  Las ayudas que se regulan en esta orden se regirán, además de por lo dispuesto en 
la misma y en la respectiva convocatoria y resolución de concesión, por cuantas normas 
vigentes que por su naturaleza jurídica pudieran resultar de aplicación, y, en particular, por 
lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en su 
reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
2.  También serán de aplicación las siguientes disposiciones normativas:
a)  El Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el 
que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior 
en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado. En particular, en lo que respecta a la 
intensidad  de  ayuda  a  percibir  por  los  beneficiarios  que  realicen  alguna  actividad 
económica por la que ofrezcan bienes y/o servicios en el mercado, se atenderá a los 
límites establecidos en los artículos 36, 36 bis, 38 y 41 del citado reglamento, sin 
perjuicio,  del  resto  de  disposiciones  tanto  del  derecho  nacional  como  de  la  Unión 
Europea que pudieran resultar de aplicación.
Cuando las ayudas se otorguen a beneficiarios que no realicen actividad económica, 
no  tendrán  la  consideración  de  ayudas  de  Estado  por  no  cumplir  los  requisitos 
establecidos en el artículo 107 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
b)  Las  normas  que  se  aprueben  en  el  ámbito  de  la  ejecución  y  gestión  del 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y en particular:
i.  Reglamento (UE) 2020/2094 del Consejo de 14 de diciembre de 2020 por el que 
se establece un Instrumento de Recuperación de la Unión Europea para apoyar la 
recuperación tras la crisis de la COVID-19.
ii.  El Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de 
febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
iii.  El Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de abril de 2021, por el que se 
aprueba el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
c)  La normativa medioambiental que regula la aplicación del principio de «no causar  bo
perjuicio significativo» (DNSH): 343ww
sign–if icLaat iv«oG» uíean  tévcirntuicda  dseolb rRe elgal aampelicnatoc iórne ladteivlo  prainl cMipieoc adneis m«noo  dcea uRsaerc uupne rpaecriójunic ioy 
Resiliencia (2021/C 58/01)», («Guía Técnica de la Comisión Europea»).
– El «Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de 
junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones 
sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088», («Reglamento de 
Taxonomía»).
– Los Actos Delegados del Reglamento de Taxonomía, «Supplementing Regulation 
(EU) 2020/852 of the European Parliament and of the Council by establishing the technical 
screening criteria for determining the conditions under which an economic activity qualifies 
as contributing substantially to climate change mitigation or climate change adaptation and 
for determining whether that economic activity causes no significant harm to any of the other 
environmental objectives», («Actos Delegados de Taxonomía»).
En  su  caso,  las  actuaciones  llevarán  a  cabo  los  procedimientos  de  evaluación 
ambiental establecidos en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre de evaluación ambiental, 
que sean de aplicación, así como otras evaluaciones y procedimientos que pudieran 
resultar de aplicación en virtud de la legislación medioambiental.
d)  El Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, la Orden HFP/1030/2021, 
de 29 de septiembre y la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se 
establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las Entidades 
del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de 
hitos  y  objetivos  y  de  ejecución  presupuestaria  y  contable  de  las  medidas  de  los 
componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
e)  En todo lo no previsto en esta orden será de aplicación lo establecido en la 
Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 
Administraciones Públicas, en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, así como en las demás disposiciones que resulten de aplicación.
f)  La normativa aplicable en materia de prevención, detección y corrección del 
fraude, la corrupción y el conflicto de intereses:
i.  En aplicación de la Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 5 de julio de 2017, la Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero por la que se 
modifica la Ley orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal para transponer 
directivas de la Unión Europea en los ámbitos financieros y de terrorismo, y abordar 
cuestiones de índole internacional.
ii.  El Reglamento (CE, Euratom) n.º 2988/1995 del consejo, de 18 de diciembre 
de  1995,  relativo  a  la  protección  de  los  intereses  financieros  de  las  Comunidades 
Europeas;
iii.  El  artículo  61  del  Reglamento  (EU,  Euratom)  2018/1046,  del  Parlamento 
Europeo y del Consejo de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al 
Presupuesto General de la Unión europea (Reglamento financiero).
iv.  El artículo 53 del real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, relativo a 
los principios éticos; el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, relativo a la 
abstención, y el artículo 24 del mismo cuerpo legal, relativo a la recusación.
g)  La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que 
se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y 
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en caso de que en la 
ejecución de las subvenciones se celebren contratos que deban someterse a esta Ley.
3.  Asimismo, será de aplicación la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos  e.
Generales del Estado para el año 2021 y el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre,  w.
en  lo  que  se  refiere  a  la  vinculación  legal  a  finalidad  de  los  fondos  recibidos  por  343ww
etrsatnasbfleerceindcoi ap oar  eIlD RAeEg lapmroecnetdoe n(UteEs)  2d0e2l 1/M24e1c,a ndiseml Po ardlaem  eRnetoc uEpeurraocpieóon  yy  deRl eCsiolinesnecjioa,, 
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Artículo 5.  Características de las ayudas y régimen de compatibilidad.
1.  Las ayudas reguladas en esta orden, para el programa de incentivos a proyectos 
piloto  singulares  de  comunidades  energéticas  (CE  IMPLEMENTA),  se  otorgarán  en 
régimen de concurrencia competitiva, como subvención a fondo perdido, de acuerdo con 
los principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación que 
rigen  en  la  gestión  de  ayudas  y  subvenciones  públicas,  de  conformidad  con  lo 
establecido en el artículo 22 y concordantes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General  de  Subvenciones,  y  en  su  Reglamento  de  desarrollo,  aprobado  por  el 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
2.  De conformidad con lo dispuesto por el artículo 9 del Reglamento (UE) 2021/241, 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, las ayudas reguladas 
en esta orden serán compatibles con otras ayudas concedidas, para la misma actuación, 
por cualesquiera Administraciones públicas u organismos o entes públicos, nacionales, 
de la Unión Europea o internacionales, siempre que no se financie el mismo coste de la 
actuación, no se supere el coste de la actividad subvencionada y se cumpla la condición 
que,  de  forma  acumulada,  las  ayudas  no  superen  los  límites  establecidos  por  el 
Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014para aquellos 
destinatarios finales que sean empresas o realicen alguna actividad económica, por la 
que ofrezcan bienes y/o servicios en el mercado, y en todo caso de conformidad con lo 
dispuesto en el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al Presupuesto 
General de la Unión.
3.  Cuando  se  soliciten  o  se  obtengan  ayudas  de  otras  instituciones  o 
administraciones públicas para el mismo proyecto, deberá comunicarse al IDAE, de 
forma inmediata, para que éste verifique que no se han excedido los límites máximos de 
intensidad vigentes en cada convocatoria, de acuerdo con la actividad económica y la 
naturaleza jurídica, pública o privada, de la entidad beneficiaria.
Artículo 6.  Beneficiarios.
Podrán obtener la condición de beneficiarios en las correspondientes convocatorias 
que  se  celebren  al  amparo  de  esta  orden,  siempre  que  realicen  la  actividad  que 
fundamenta su concesión, en los términos establecidos por las mismas, y cumplan todos 
los requisitos exigidos, cualesquiera personas jurídicas, públicas o privadas, legal y 
válidamente constituidas, que tengan su domicilio fiscal en España, y que conformen una 
comunidad energética según lo establecido en el artículo 2.1 de esta orden.
Artículo 7.  Requisitos y obligaciones esenciales de los beneficiarios.
1.  Los beneficiarios deberán cumplir las obligaciones recogidas en el artículo 14 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y concordantes de su Reglamento de desarrollo, 
aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, así como las contenidas en esta 
orden, las que se determinen en cada convocatoria, las que figuren en la resolución de 
concesión  de  las  ayudas  y  en  las  instrucciones  específicas  que,  en  aplicación  y 
cumplimiento de las presentes bases y las respectivas convocatorias, comunique el 
IDAE  en  materia  de  ejecución,  seguimiento,  pago  de  las  ayudas,  información  y 
publicidad, justificación y control del gasto.
Tanto en la fase de solicitud como en la fase de verificación, deberá presentarse al  s
IDAE toda la información necesaria para verificar el cumplimiento de los hitos y objetivos  oe.
relacionados con la presente iniciativa (objetivos CID 110 y 111) incluidos en el anexo a  w.
laeapv arPulueroabpcaiuó elnas std aed le dcpeils ainDo nedecesis  rioóepnceu rpdaeetri vaEacsjieó cenun yctr ióeren ls aild iCeenlo cmCiaios dnióesne  EjEos uprraeoñlpaaet iav[S ayW  aED s(lpa2a 0ña2ap1 r)[o A1bN4a7Nc iEófiXnna  tldo] e qt uhlaee    2021-21343n https://ww
Commission Decision approving the Operational Arrangements between the Commission
and  Spain  pursuant  to  Regulation  (EU)  2021/241].  Para  el  cumplimiento  de  esta  Bc
obligación,  prestarán  especial  atención  a  la  información  contenida  en  la  columna 
denominada Mecanismo de verificación (Verification mechanism).
2.  Los  beneficiarios  deberán  encontrarse  al  corriente  del  cumplimiento  de  sus 
obligaciones  tributarias  y  con  la  Seguridad  Social,  conforme  a  lo  dispuesto  en  los 
artículos 18 y 19 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. La solicitud correspondiente 
incluirá la autorización expresa por parte del solicitante para que el órgano concedente 
obtenga  de  forma  directa  la  acreditación  correspondiente  a  través  de  certificados 
telemáticos. En caso de no otorgarse dicha autorización, los beneficiarios deberán de 
aportar los certificados correspondientes.
3.  Los  beneficiarios  deberán  aceptar  los  términos  que  se  establezcan  en  la 
resolución de concesión, y realizar el proyecto conforme a los objetivos y al plan de 
trabajo de la solicitud de ayuda, que tiene carácter vinculante, y a lo establecido en la 
resolución de concesión y sus eventuales modificaciones.
4.  Los beneficiarios estarán obligados a comunicar de inmediato al IDAE, incluso 
durante  la  tramitación  de  la  solicitud,  cualquier  modificación  de  las  condiciones 
inicialmente informadas con la documentación que se acompaña a la solicitud. La falta 
de comunicación de estas modificaciones podrá ser causa suficiente para la pérdida del 
derecho al cobro de la ayuda o la exigencia del reintegro de la misma.
5.  En  aplicación  del  artículo  61  del  Reglamento  (EU,  Euratom)  2018/1046  del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de julio de 2018, para poder ser beneficiarios de 
las ayudas, de acuerdo con lo que se establezca en la resolución de concesión, los 
solicitantes deberán adoptar todas aquellas medidas que eviten un conflicto de intereses 
potencial entre sus propios intereses y los de la Unión Europea, estableciendo, asimismo, 
las medidas oportunas para evitar un conflicto de intereses en las funciones que estén bajo 
su  responsabilidad  y  para  hacer  frente  a  situaciones  que  puedan  ser  percibidas 
objetivamente como conflictos de intereses. Resultará de aplicación lo dispuesto en los 
apartados 2 y 3 de dicho precepto al personal del órgano concedente que intervenga en los 
procesos  de  selección  de  los  beneficiarios,  o  en  los  procesos  de  verificación  del 
cumplimiento de las condiciones de las solicitudes de ayuda correspondientes.
6.  Se consideran obligaciones esenciales de los beneficiarios, las siguientes:
a)  Ejecutar el proyecto cumpliendo el programa de actuaciones y de ejecución de 
las mismas establecido en el plan de trabajo correspondiente que deberá acompañar 
junto  con  su  solicitud  de  ayuda,  conforme  al  contenido  que  se  especificará  en  la 
convocatoria correspondiente. Dicho plan de trabajo deberá contener un plan de negocio 
que demuestre la sostenibilidad económica/financiera del proyecto.
b)  Los beneficiarios deberán justificar el cumplimiento de la finalidad para la que se 
concedió  la  subvención  y  la  aplicación  de  los  fondos  percibidos  ante  el  órgano 
concedente o designado para tal fin, así como garantizar el mantenimiento y operación 
de la actuación subvencionada, al menos, durante cinco (5) años.
c)  Tener en cuenta, en los procesos de contratación correspondientes, cuando 
resulten de aplicación de acuerdo con la naturaleza del beneficiario, lo siguiente:
1.º  La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que 
se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y 
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. En el caso de 
beneficiarios que no se encuentren sujetos al cumplimiento de esta ley, deberán cumplir 
con lo dispuesto en el artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y disponer 
como  mínimo  de  tres  ofertas  de  diferentes  proveedores  con  carácter  previo  a  la  e
contratación de la obra, suministro y/o servicio correspondiente. bo
2.º  Los beneficiarios deberán disponer, para su posible verificación, de toda la  343ww
dvaolcouramceiónnta, claió nju sdtiefilc apcroiócne ddiem liae nsteol edcec iócno ndtera ltaa coiófenr,t ae espcoencióamlmiceanmtee, ndtee  mloáss  cvreitnetraiojoss ad ey 
las c3o.ºm uEninc alocsio dnoecsu cmone nlotoss o (fpelriteagnotes,s .anuncios, etc.) que sustenten la contratación de la
obra, suministro y/o servicio correspondiente, deberá hacerse constar expresamente la
financiación  del  Mecanismo  de  Recuperación  y  Resiliencia,  establecido  por  el 
Reglamento (UE) 2021/241, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero 
de 2021, así como referencia al Programa CE IMPLEMENTA Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia.
4.º  No será admisible la inclusión de criterios de valoración discriminatorios o que 
alteren la concurrencia.
5.º  La ejecución de la obra, realización del suministro o prestación del servicio 
contratado debe ser demostrable y tendrá que estar verificada y aceptada de forma 
previa a la certificación del pago, conforme a las condiciones que se establezcan en el 
contrato.
d)  Acreditar ante el IDAE la realización de la actuación subvencionable en los 
términos expuestos en esta orden, facilitando además las comprobaciones encaminadas 
a  garantizar  la  correcta  ejecución  de  la  actuación,  aportando  al  efecto  cuanta 
documentación le fuera requerida. Con estos fines, IDAE podrá realizar un procedimiento 
de control que permita verificar y validar documentalmente el 100 % del gasto declarado 
por  las  entidades  beneficiarias,  así  como  verificar  sobre  el  terreno  un  conjunto 
representativo de las actuaciones realizadas.
e)  Los  beneficiarios  deberán  cumplir,  además,  con  las  siguientes  obligaciones, 
europeas y nacionales, relativas a la financiación del Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia de la Unión Europea. A tal efecto, deberán atenerse a lo siguiente:
i.  Se someterán a las actuaciones de control de las instituciones de la Unión, en 
virtud del artículo 22.2.e) del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 12 de febrero.
ii.  Serán responsables de la fiabilidad y el seguimiento de la ejecución de las 
actuaciones subvencionadas, de manera que pueda conocerse en todo momento el nivel 
de consecución de cada actuación.
iii.  Deberán  establecer  mecanismos  que  aseguren  que  las  actuaciones  a 
desarrollar, por ellas mismas o por terceros, contribuyen al logro de las actuaciones 
previstas y aportar la información que, en su caso, fuera necesaria para determinar el 
valor  de  los  indicadores,  hitos  y  objetivos  pertinentes  del  Plan  de  Recuperación, 
Transformación y Resiliencia.
iv.  Asumen  el  mantenimiento  de  una  adecuada  pista  de  auditoría  de  las 
actuaciones realizadas en el marco de esta subvención y la obligación de mantenimiento 
de la documentación soporte. El suministro de la información se realizará en los términos 
que establezca el Ministerio de Hacienda de conformidad con la normativa nacional y de 
la Unión Europea. En su caso, mantener un sistema de contabilidad diferenciado para 
todas las transacciones relacionadas con las actuaciones objeto de ayuda, contando, al 
menos,  con  una  codificación  contable  adecuada  que  permita  identificar  claramente 
dichas transacciones.
v.  Tienen  la  obligación  de  asegurar  la  regularidad  del  gasto  subyacente  y  la 
adopción de medidas dirigidas a prevenir, detectar, comunicar y corregir el fraude y la 
corrupción, prevenir el conflicto de interés y la doble financiación.
vi.  Custodiarán y conservarán la documentación de la actividad financiada por el 
Mecanismo  de  Recuperación  y  Resiliencia,  de  conformidad  con  el  artículo  132  del 
Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de 
julio  de  2018,  sobre  las  normas  financieras  aplicables  al  presupuesto  general 
de la Unión. e
vii.  En  la  ejecución  de  las  actuaciones  subvencionadas,  no  perjudicarán  bo
significativamente al medio ambiente, de acuerdo con el artículo 17 del Reglamento (UE)  343ww
2e0st2a0b/l8e5c2im dieenl toP adrela mune nmtoa rEcou roppaerao  fya cdileital rC loanss ienjvoe rdseio n1e8s  dseo sjutennioib ldees  2y 0p2o0r  reell aqtuiveo  sael 
modifica el Reglamento (UE) 2019/2088.
f)  Los beneficiarios deberán proporcionar al órgano competente la documentación 
necesaria  ex  post  con  el  contenido  mínimo  que  figure  en  la  correspondiente 
convocatoria, de justificación de la realización del proyecto.
g)  El IDAE transmitirá a los beneficiarios cuantas instrucciones considere necesarias 
para  el  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  la  presente  orden  y  en  las  respectivas 
convocatorias, siendo obligación del beneficiario dar cumplimiento a lo solicitado.
h)  A efectos de auditoría y control, y a tenor de lo establecido en el artículo 22 del 
Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero, los 
datos de los perceptores finales de estas ayudas serán públicos, pudiendo recabarse 
estos datos en una base de datos única, así como accediéndose, en su caso, por parte 
de los órganos competentes a la información contenida en el Registro de Titularidades 
Reales o base de datos similar. Se ha de identificar a los perceptores finales de fondos 
(beneficiarios  últimos  de  las  ayudas,  contratistas  y  subcontratistas  que  resulten 
adjudicatarios),  incluyendo  alta  en  el  Censo  de  Empresarios,  Profesionales  y 
Retenedores  de  la  AEAT  o  equivalente  que  refleje  la  actividad  económica  que 
desarrollan, así como la declaración de los mismos de cesión y tratamiento de los datos 
entre los sistemas de las ayudas y el sistema de Fondos Europeos, en relación con la 
ejecución de actuaciones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. A 
efectos  de  auditoría  y  control,  y  a  tenor  de  lo  establecido  en  el  artículo  22  del 
Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero, los 
datos de los perceptores finales de estas ayudas serán públicos, pudiendo recabarse 
estos datos en una base de datos única, así como accediéndose, en su caso, por parte 
de los órganos competentes a la información contenida en el Registro de Titularidades 
Reales o base de datos similar.
i)  Someterse a cualesquiera otras actuaciones de comprobación y control financiero 
que pueda realizar la Secretaría General de Fondos Europeos, la Intervención General 
de  la  Administración  del  Estado,  el  Tribunal  de  Cuentas,  los  órganos  de  control  y 
fiscalización  de  la  Comisión  Europea  y  a  cualesquiera  otras  actuaciones  de 
comprobación  y/o  control  financiero  que  puedan  realizar  los  órganos  de  control 
competentes, tanto nacionales como de la Unión Europea, de acuerdo a lo establecido 
en la normativa aplicable a la gestión de las ayudas cofinanciadas con fondos de la 
Unión  Europea,  aportando  para  ello  cuanta  información  le  sea  requerida.  En  este 
contexto, con la presentación de la solicitud de ayuda, el beneficiario acepta y consiente 
expresamente la concesión de los derechos y accesos necesarios para garantizar que la 
Comisión Europea, la OLAF, el Tribunal de Cuentas Europeo, la Fiscalía Europea y/o las 
autoridades nacionales competentes ejerzan sus competencias de control y fiscalización, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 22.2.e) del Reglamento (UE) 2021/241 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero.
j)  Asimismo, deben cumplir con las obligaciones de información y publicidad que las 
autoridades  competentes  establezcan  relativas  a  la  financiación  del  Mecanismo  de 
Recuperación y Resiliencia. En particular:
i.  Toda  referencia  en  cualquier  medio  de  difusión  al  proyecto  subvencionado, 
cualquiera que sea el canal elegido, deberá cumplir con los requisitos establecidos a tal 
efecto  en  el  marco  del  Plan  de  Recuperación,  Transformación  y  Resiliencia  y  el 
Mecanismo  de  Recuperación  y  Resiliencia  que  figuran  en  el  Manual  de  Imagen 
disponible en la web del IDAE, www.idae.es.
ii.  Los beneficiarios, como perceptores de fondos de la Unión Europea, deben de 
mencionar el origen de esta financiación y garantizar su visibilidad, en particular cuando  e.
promuevan las actuaciones subvencionables y sus resultados, facilitando información  w.b
coherente,  efectiva  y  proporcionada  dirigida  a  múltiples  destinatarios,  incluidos  los  343ww
Umneidóino sy  duen ac odmeculanricaaccióiónn d ye  feinl apnúcbialiccoió, ni nacdlueyceunaddoa,  qcuuea ninddoiq pureo c«efidnaa,n ceila deom bploerm laa  Udnei ólan 
2E0u2ro1p/2e4a1-N deexl tPGaernlaemraetinotnoE EUu»r,o pdeeo c yo ndfeolr mCiodnasde jcoo dne e 1l 2A rdtíec ufelob r3e4ro.2  ddee 2l 0R2e1g lpaomr eenl tqou (eU sEe) 
establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Los beneficiarios informarán al
público del apoyo obtenido de los fondos europeos, haciendo una breve descripción de 
la operación en su sitio de Internet, en caso de que disponga de uno, de manera 
proporcionada al nivel de apoyo prestado.
iii.  Asimismo, los materiales asociados a la ejecución de sus actuaciones deberán 
estar señalizados de acuerdo con lo que se indique en el manual de imagen de este 
programa que estará disponible en la sede electrónica de IDAE.
7.  No podrán ser beneficiarios de estas ayudas las empresas en crisis, según se 
define esta situación en el artículo 2, apartado 18 del Reglamento (UE) n.º 651/2014, de 
la  Comisión,  de  17  de  junio  de  2014.  Dicho  extremo  se  acreditará  mediante  una 
declaración responsable que se suscribirá junto con la solicitud de subvención.
8.  Los beneficiarios garantizarán el respeto al principio de DNSH y el etiquetado 
climático,  conforme  a  lo  previsto  en  el  Plan  de  Recuperación,  Transformación  y 
Resiliencia, en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia, y su normativa de desarrollo, en particular la Comunicación de la Comisión 
Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» en 
virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, así como 
con lo requerido en la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la 
evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España.
9.  Los beneficiarios deberán declarar su compromiso con la igualdad de género 
mediante la incorporación de los elementos necesarios para lograr una representación 
equilibrada entre mujeres y hombres e impulsar la plena igualdad de oportunidades 
entre ambos.
10.  Las convocatorias podrán establecer otros requisitos y obligaciones esenciales 
adicionales.
Artículo 8.  Proyectos piloto singulares objeto de ayuda.
1.  Los proyectos piloto singulares subvencionables serán los que se lleven a cabo 
por las comunidades energéticas beneficiarias de las ayudas reguladas por esta orden, 
que fomenten la participación en el sector energético de actores no participantes en el 
mismo tradicionalmente, y realicen una o varias de las actuaciones descritas en el 
anexo I, todo ello con la finalidad de facilitar el despliegue de este tipo de iniciativas a 
escala nacional, identificando y eliminando las barreras que impidan su establecimiento.
2.  El programa de realización de las actuaciones objeto del proyecto piloto singular 
a desarrollar por los beneficiarios que opten a las ayudas reguladas por esta orden 
deberá de contemplarse en un plan de trabajo que contenga un plan de negocio que se 
acompañará  junto  con  la  solicitud  correspondiente,  conforme  al  contenido  que  se 
especificará en la convocatoria correspondiente.
3.  La ayuda a conceder en este programa se limita a una única solicitud por 
convocatoria y por comunidad energética.
Artículo 9.  Costes subvencionables.
1.  Con  carácter  general,  tendrán  la  consideración  de  costes  subvencionables 
aquellos gastos que satisfagan lo establecido en el artículo 31 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, y en el artículo 83 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
2.  El total de los costes subvencionables necesarios para llevar a cabo el proyecto  s
piloto singular correspondiente conformará el presupuesto subvencionable del mismo. El  oe.
importe de la ayuda se calculará de acuerdo con lo previsto en esta orden y en la  w.
caoynuvd3oa. c caSotonór liocaa  csrgoeor r ceaos npesosintdede irpearnroátgenr. asmuab vdeen ciniocneanbtilveoss, , yla sp oinr vtearnstioo nseósl oq upeo dpreárnm istaenr  oabujmeteon tdaer   2021-21343n https://ww
el nivel de protección medioambiental derivado del impulso de la energía renovable
eléctrica y térmica, la eficiencia energética, la movilidad eléctrica y la gestión de la  Bc
demanda que sean originados por actividades desarrolladas en territorio nacional y que 
se realicen en la adquisición de bienes o de servicios por parte del beneficiario de la 
ayuda, así como que puedan justificarse mediante el correspondiente pedido y/o contrato 
relativos a las actuaciones realizadas, con sus correspondientes facturas y justificantes 
de pago al proveedor.
4.  También serán subvencionables los costes para facilitar las capacidades técnicas 
y, en su caso, contratar la prestación de servicios correspondientes para la adecuación o 
adaptación de la normativa local relacionada con el desarrollo de los proyectos objeto de 
ayuda, siempre que esta adecuación o adaptación facilite la efectividad de la inversión 
subvencionable, conforme a lo establecido en el siguiente apartado. Estas inversiones 
deberán  poder  acreditarse  y  justificarse  mediante  factura  expedida  a  su  favor  y 
justificante de pago correspondiente.
5.  Se considerarán como costes subvencionables, los siguientes:
a)  Los costes de gestión de la solicitud y de la justificación de la realización de las 
actuaciones de la ayuda, incluida la redacción de informes y demás documentación 
requerida para la solicitud y justificación. A estos efectos, se considerarán como costes 
de gestión de solicitud de la ayuda, aquellos gastos que el solicitante o destinatario 
último de la ayuda pudieran satisfacer a empresas o profesionales por llevar a cabo la 
gestión administrativa y documental de su solicitud y/o su justificación, así como los 
asociados a procesos de toma de decisiones y a la gestión de procesos participativos. 
Para que estos costes se puedan considerar subvencionables deben reflejarse en el 
presupuesto incluido en la solicitud de ayuda y justificarse, junto con el resto de costes 
de ejecución del proyecto, mediante contrato, facturas y justificantes de pago. Los costes 
de  gestión  relacionados  con  la  justificación  podrán  efectuarse  durante  el  periodo 
concedido para presentar la documentación justificativa. Sólo serán subvencionables los 
costes de gestión que no superen el 7 % del importe de los costes subvencionables 
totales sin ser incluidos los costes presentados en este párrafo, con un límite máximo 
de 10.000 € por expediente.
b)  La elaboración de los proyectos técnicos relacionados con la realización de las 
actuaciones.
c)  Los costes de redacción de los pliegos objeto de licitación para la ejecución de 
las actuaciones de los proyectos subvencionables.
d)  Los costes de dirección facultativa de realización de las actuaciones.
e)  Los costes de coordinación de Seguridad y Salud de la obra y montaje, a 
excepción de los indicados en el apartado 7 de este artículo.
f)  Los costes de ejecución de las obras, incluyendo obra civil y/o montaje de las 
instalaciones.
g)  La inversión en equipos y materiales relacionados con las actuaciones objeto de 
ayuda, así como instalaciones auxiliares, incluyendo la instalación o actualización de 
cualquier elemento eléctrico, incluido el transformador, trabajos de conexión a la red de 
distribución, centros de seccionamiento y transformación y acometida de media tensión, 
necesarios para conectar la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos a la red o 
a la unidad de producción o almacenamiento local de electricidad.
h)  Sistemas de gestión, control activo y monitorización tanto de la generación como 
de  la  acumulación  y  la  demanda  de  energía  eléctrica  o  térmica  de  instalaciones 
consumidoras abastecidas por el proyecto objeto de la ayuda, que ayuden a optimizar la 
gestión y producción. Estos equipos deberán ser propiedad del beneficiario de la ayuda y 
estar vinculados a la actuación objeto de la ayuda. e.
i)  Los  costes  de  desarrollo  de  herramientas  de  gestión  de  la  gobernanza  y/o  w.b
administración de la comunidad energética. 343ww
inforj)m aCcioósnt eys p udbeli cicdoamd uenni ceal cmióanr core dlaetli vNoesx tGale nceurmatpiolinm EieUn tyo  eld Pe RlTaRs . obligaciones  de
k)  Costes relativos al cumplimiento de las obligaciones del principio DNSH.
6.  Para que los costes puedan ser considerados subvencionables, deben cumplirse 
los siguientes requisitos:
a)  Ser reales y abonados efectivamente con anterioridad a la conclusión del plazo 
de justificación establecido. Cuando se utilicen medios de pago diferido (entre otros: 
cheque, pagaré, letra de cambio aceptada) sólo se subvencionarán aquellos importes 
efectivamente cargados en cuenta a través de entidad financiera con anterioridad a la 
finalización del plazo citado.
b)  Existir constancia documental de los mismos y ser verificables.
c)  Estar relacionados de manera indubitada con la actividad a desarrollar y ser 
necesarios para la ejecución de las correspondientes actuaciones.
d)  Cumplir  la  normativa  local,  autonómica,  nacional  y  de  la  Unión  Europea 
aplicable.
e)  Para beneficiarios de naturaleza jurídica pública, responder a un contrato o 
contratos formalizados para llevar a cabo la actuación, de acuerdo a alguna de las 
tipologías previstas en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, entre la entidad beneficiaria y la empresa o empresas que participen en la 
ejecución de las actuaciones, o a un encargo a un medio propio de las entidades o 
administraciones que realicen el proyecto.
7.  No se considerarán costes subvencionables los englobados en los siguientes 
conceptos:
a)  Costes relativos a la ejecución de la actuación correspondiente que haya sido 
facturado con anterioridad a la fecha de registro de la solicitud de ayuda, ni tampoco lo 
serán los costes fijos existentes, como el coste asociado a personal existente de la 
entidad beneficiaria.
b)  Autorizaciones administrativas, licencias, permisos, coste de avales y/o fianzas, 
multas, tasas, impuestos o tributos.
c)  Los gastos propios, de personal, funcionamiento o gastos generales.
d)  Cualesquiera gastos asociados a gestiones, contrataciones, consultas o trámites 
administrativos que, aun siendo necesarios para la obtención de permisos o licencias, no 
se contemplen en el apartado 5 de este artículo.
e)  Coste de adquisición o arrendamiento de inmuebles o terrenos.
f)  Seguros suscritos por el solicitante.
g)  La vigilancia y seguridad durante la ejecución de la obra correspondiente a las 
actuaciones objeto del proyecto subvencionable.
h)  Adecuaciones,  remodelaciones  o  ejecuciones  de  otras  líneas  eléctricas 
diferentes de las exclusivas para hacer viable la evacuación de la energía o a las 
mencionadas en el apartado 5.g) de este artículo.
i)  Adecuación de los accesos en las carreteras públicas y caminos existentes hasta 
la instalación correspondiente a la actuación objeto del proyecto subvencionable.
j)  Costes financieros.
8.  Las convocatorias determinarán si los costes asociados a instalaciones que 
estén  constituidas  por  equipos  con  uso  previo  pueden  ser  contempladas  por  las 
actuaciones objeto del proyecto subvencionable.
Asimismo,  las  convocatorias  correspondientes  determinarán,  en  su  caso,  el 
condicionado  específico  aplicable  al  desarrollo  de  las  actuaciones  objeto  de  los 
proyectos subvencionables, de conformidad con lo previsto en la Guía para el diseño y  e.
desarrollo de actuaciones acordes con el principio de no causar un perjuicio significativo  w.
al medio ambiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. 343ww
cum9p.l ir Lcao nr ealali znaocriómna tdivea  lavsig eanctteu aqciuoen esse ao bdjeeto  adpelicl apcrioóyne, ctaos ís ucbovmeon ccioonnatabrle  cdoenb elarás 
parcetucaecpitóivna lso  lriceeqnucieiaras., certificados y autorizaciones administrativas en el caso de que la  BOE-A-cable e
10.  A efectos de dar cumplimiento al artículo 6 del Reglamento (UE) n.º 651/2014, 
de la Comisión, de 17 de junio de 2014, relativo al efecto incentivador de las ayudas, 
solo serán elegibles las actuaciones objeto del correspondiente proyecto subvencionable 
cuya ejecución se inicie en fecha posterior a la fecha de registro de la solicitud de ayuda. 
El hito que marcará el inicio de los trabajos para las personas jurídicas públicas será la 
publicación de los pliegos de licitación y en el caso de personas jurídicas privadas, la 
fecha del primer compromiso en firme para el pedido de equipos u otro compromiso que 
haga irreversible la inversión.
Los trabajos preparatorios para la obtención de permisos y la realización de estudios 
previos de viabilidad no influirán en la determinación de la fecha de inicio de la ejecución 
de las actuaciones objeto del proyecto subvencionable, pudiendo por tanto haberse 
realizado éstos antes de la fecha de registro de la solicitud de ayuda.
11.  En  cada  convocatoria  se  podrán  incluir  las  instrucciones  u  orientaciones 
detalladas sobre los conceptos que podrán ser tenidos en cuenta para la determinación 
de los costes subvencionables.
Artículo 10.  Cuantía e intensidad de la ayuda y criterios para su determinación.
1.  El importe de la ayuda concedida para los proyectos que resulten seleccionados 
se  establecerá  de  acuerdo  con  la  solicitud  y  plan  de  trabajo  presentado  por  el 
beneficiario, en función de los costes subvencionables de las actuaciones objeto de los 
mismos y los límites establecidos en este artículo, así como la disponibilidad financiera.
2.  El importe de las ayudas a conceder se determinará en la convocatoria, de 
acuerdo a las intensidades y límites establecidos, en su caso, por el Reglamento (UE) 
n.º 651/2014 de la Comisión de 17 de junio de 2014.
3.  Las convocatorias podrán fijar un límite mínimo y máximo de ayuda por proyecto 
y beneficiario, así como una inversión mínima y máxima por proyecto, y asignar un 
presupuesto máximo por tipo o área de actuación. Asimismo, las convocatorias podrán 
fijar los tipos o áreas de actuación y/o beneficiarios objeto de las mismas, así como, en 
su  caso,  el  reparto  presupuestario  por  Comunidad  Autónoma,  de  acuerdo  con  lo 
establecido por esta orden.
4.  La intensidad de ayuda  máxima que podrá solicitarse será la siguiente, en 
función del área de actuación (según anexo I) que contemple el proyecto, y siempre que 
las convocatorias no fijen porcentajes inferiores:
Áreas de actuación Intensidad de ayuda máxima, como % costes subvencionables
Energías renovables eléctricas. 60 %
Energías renovables térmicas. 60 %
Eficiencia Energética. 30 %
Movilidad sostenible. 40 %*
Intensidad de ayuda máxima que aplique al área de 
Gestión de la demanda.
actuación al que esté asociada.
*  Hasta 100 % para infraestructuras de recarga o repostaje de acceso público para vehículos de carretera 
de emisión cero o de bajas emisiones, según se determine en la convocatoria y siempre que se cumplan las 
condiciones establecidas en el artículo 36 bis) del Reglamento 651/2014.
5.  Para calcular la ayuda máxima de cada una de las áreas de actuación, se  e.e
multiplicará la intensidad de ayuda máxima por el coste subvencionable. Para calcular la  b
ayuda solicitada de cada una de las áreas de actuación, se multiplicará la intensidad de  343ww
ayud6a.  soLlaic iatayduad ap omr áexl icmoas teq useu bpvoednrcái osnoalbiclieta.rse para un proyecto será la suma de las
ianyteundsaisd amd ádxeim aaysu dpaa rmaá xciamdaa  eásrteaab ledcei daocst ueanc eiósnte  daerlt ícmuilsom ao ,lo sa pcloicsatneds os ulobsv evnaclioorneasb ldees 
del proyecto de cada una de esas áreas.
7.  El criterio «Reducción sobre la ayuda máxima» establecido en el anexo II de 
estas bases permite obtener una mayor puntuación al solicitar una ayuda inferior a la 
ayuda máxima calculada para el proyecto. Por ello, se podrán solicitar intensidades de 
ayuda inferiores para cada área de actuación del proyecto, este concepto se denomina 
intensidad de ayuda solicitada. De esta forma la ayuda solicitada podrá ser inferior a la 
ayuda máxima.
8.  La ayuda solicitada para el proyecto será la suma de las ayudas solicitadas para 
cada área de actuación y deberá ser menor o igual a la ayuda máxima del proyecto.
La ayuda solicitada para cada área de actuación será la establecida por el beneficiario 
en el plan de trabajo según las intensidades de ayuda y costes subvencionables que 
presente en su solicitud.
9.  Adicionalmente, si el proyecto presenta varias actuaciones, ya sea de una misma 
área de actuación o de varias áreas de actuación que se detallan en el anexo I de estas 
bases, tanto los costes subvencionables no directamente relacionados con el desarrollo 
y ejecución de una actuación determinada, sino vinculados al desarrollo general del 
proyecto, como los costes subvencionables del área de actuación de gestión de la 
demanda, se distribuirán de forma proporcional a los costes subvencionables de las 
cuatro primeras áreas de actuación, según anexo I, que contenga el proyecto, a los 
efectos de determinar la intensidad de ayuda máxima que les corresponde.
10.  La convocatoria definirá el método a aplicar para el cálculo de las ayudas.
11.  Se autoriza la convocatoria de ayudas amparadas en las bases reguladoras 
aprobadas por esta orden cuyo gasto sea imputable a ejercicios posteriores a aquél en 
que recaiga la resolución de concesión, de acuerdo con lo establecido en el artículo 57 
del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Artículo 11.  Régimen de financiación.
1.  Los fondos destinados a la financiación de las ayudas reguladas por esta orden 
se realizan con cargo al presupuesto de IDAE previa transferencia desde la aplicación 
presupuestaria 23.50.420B.748 «Al IDAE. Para la promoción de energías renovables, 
eficiencia energética y movilidad sostenible. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia» 
de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2021. Este presupuesto podrá ser ampliado siempre que exista disponibilidad de 
fondos y no hubiera expirado el plazo de vigencia de las bases reguladoras aprobadas 
por  esta  orden.  La  citada  ampliación  de  fondos  podrá  tener  origen  en  partidas 
presupuestarias de presupuestos generales del estado de futuros ejercicios o de otros 
orígenes, siempre que se transfieran al IDAE o se le encomiende su gestión directa.
2.  Las ayudas serán financiadas con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 
dado que las ayudas reguladas por esta orden están incluidas en el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia aprobado por las instituciones europeas competentes.
A estos efectos, se reconoce la plena aplicación de los mecanismos de gestión y 
control aplicables a la ejecución tanto del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 
como del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como las específicas 
relativas a la información y publicidad, criterios de selección de operaciones, etc., cuya 
aplicación sea de obligado cumplimiento.
3.  De acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, en las convocatorias correspondientes se establecerá cuantía total máxima de 
las subvenciones convocadas dentro de los créditos disponibles o, en su defecto, la cuantía  e.
estimada  de  las  subvenciones,  sin  perjuicio,  en  su  caso,  de  lo  establecido  en  los  w.b
apartados 2 y 3 el artículo 57 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se  343ww
aTparnutoe blaa  eclo Rnceegslaiómne cnotom doe l ala c Lueayn t3ía8 /d2e0 0la3s,  daey u1d7a dse e nsotavriáenm bsurep,e Gdietandearasl  ad ela S duibsvpeonncibioilindeasd. 
del crédito correspondiente.
Artículo 12.  Subcontratación.
1.  Podrán subcontratarse las actuaciones objeto de las ayudas respetando los 
requisitos y prohibiciones establecidos en el artículo 29 de la Ley 38/2003, General de 
Subvenciones y en el artículo 68 de su reglamento de desarrollo.
2.  Se podrá subcontratar con terceros hasta el 100 % de la actividad incentivada, 
en conformidad con el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. En caso de 
subcontratar parte o toda la actividad subvencionada, el beneficiario habrá de prever 
mecanismos para asegurar que los subcontratistas cumplan con el principio «no causar 
perjuicio significativo» y con el resto de condiciones establecidas en las bases y en la 
normativa general de subvenciones.»
3.  Los subcontratistas quedarán obligados solo ante la entidad beneficiaria, que 
asumirá la total responsabilidad de la ejecución de la actuación subvencionada frente a 
la Administración.
4.  La entidad beneficiaria deberá, en todo caso, informar sobre los contratistas y 
subcontratistas al órgano concedente de la subvención, cuya información deberá estar 
disponible, conforme al artículo 10 de la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre.
CAPÍTULO II
Procedimiento de gestión y concesión de las subvenciones
Artículo 13.  Formalización y presentación de solicitudes.
1.  Las solicitudes se presentarán en la forma, lugar y en el plazo que establezcan 
las convocatorias.
2.  El plazo de presentación de solicitudes y de la documentación correspondiente 
no podrá ser inferior a veinte días ni superior a tres meses desde la fecha de publicación 
del  extracto  de  la  convocatoria  en  el  «Boletín  Oficial  del  Estado».  Las  fechas  de 
finalización del plazo de presentación de solicitudes se señalarán en la convocatoria.
3.  Las solicitudes presentadas fuera del plazo establecido serán inadmitidas.
4.  Las solicitudes para la obtención de las ayudas se dirigirán al órgano instructor, y 
estarán disponibles para su cumplimentación y presentación en la sede electrónica del 
IDAE (https://sede.idae.gob.es), donde se dispondrán los medios electrónicos de ayuda 
necesarios.
Los beneficiarios que opten a las ayudas reguladas por esta orden deberán adjuntar, 
junto con la solicitud correspondiente, un plan de trabajo, conforme al contenido que se 
especificará en la convocatoria correspondiente.
El formulario de solicitud, y el plan de trabajo y documentación a aportar con el 
mismo, deberán presentarse en castellano, excepto la documentación de carácter oficial 
que pueda ser expedida por una Administración pública en relación con las tramitaciones 
que le competan, que podrá figurar en cualquiera de las lenguas cooficiales del Estado 
en el ámbito territorial de ejercicio de sus competencias.
Para formular la solicitud, además de completar el correspondiente formulario con los 
datos requeridos, se deberá aportar, a través de la sede electrónica, como mínimo, la 
siguiente documentación:
a)  Para  personas  jurídicas  públicas.  Certificado  acreditativo  de  la  resolución  o 
acuerdo del órgano de gobierno o de representación competente de la entidad solicitante  s
en el que, de forma expresa, se aprueben: oe.
1.º  La participación y aceptación expresa del procedimiento regulado por esta orden. 343ww
esta2b.lºe zcEal  plpaonr  dela t racboanjovo dcealt oprrioay eccotorr eosbpjeotnod dieen atey,u dya , ceol nfcoormmep raolm ciosnot enpiadroa  qudeo tsaer 
presupuestariamente el mismo (en las anualidades correspondientes, si fuera el caso).
Dicho compromiso podrá condicionarse a la obtención de la resolución de concesión de 
ayuda, así como del anticipo o pago a cuenta que sobre la misma pueda concederse.
b)  Para personas jurídicas privadas.
1.º  Deberán aportar copia de escrituras de constitución y estatutos actualizados, 
convenientemente registrados en el registro público que corresponda, así como poder de 
representación del firmante de la proposición.
2.º  El plan de trabajo del proyecto objeto de ayuda, conforme al contenido que se 
establezca por la convocatoria correspondiente.
c)  En todo caso deberá aportarse copia del NIF del solicitante y, en su caso, de la 
persona que le represente. No será necesaria la aportación de copia de DNI si el 
interesado presta su consentimiento expreso para que sus datos de identidad personal 
puedan ser consultados por el órgano instructor mediante el Sistema de Verificación de 
Datos de Identidad que cada comunidad autónoma y ciudad de Ceuta y Melilla pudiera 
tener  establecido.  No  obstante,  conforme  a  lo  establecido  por  el  artículo  28  de  la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, se eximirá a los interesados de la presentación de 
documentación que haya sido elaborada por cualquier Administración, o que haya sido 
ya aportada anteriormente por los mismos, siempre que el interesado no se oponga a 
que la administración actuante pueda consultar o recabar dichos documentos.
Por su parte, la disposición adicional octava de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales 
reconoce la potestad de verificación de las administraciones públicas, en relación con los 
datos personales que obren en su poder, para comprobar la exactitud de los mismos.
En el caso de que la solicitud se presente a través de un representante, el firmante 
de  la  solicitud  de  la  ayuda  deberá  estar  debidamente  acreditado  en  los  términos 
legalmente establecidos.
d)  En todo caso, deberá aportarse declaración responsable, según el modelo que 
se establezca en la convocatoria correspondiente, suscrita por el representante de la 
persona jurídica solicitante, que deberá contemplar lo siguiente:
1.º  Se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y 
frente a la Seguridad Social, que se sustituirá por la consulta telemática a los organismos 
competentes por parte del órgano concedente. La presentación de la cuenta justificativa 
suscrita por el beneficiario incluirá autorización expresa para la realización de dichas 
consultas telemáticas. En caso de no otorgarse dicha autorización, los beneficiarios 
deberán de aportar los certificados correspondientes. Cuando no estén habilitados los 
medios  técnicos  necesarios  para  realizar  dichas  consultas,  el  órgano  concedente 
requerirá al beneficiario la presentación de los correspondientes certificados emitidos por 
la Hacienda estatal o autonómica, según proceda, y por la Seguridad Social, justificativos 
del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social conforme a lo 
dispuesto en el artículo 22 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
2.º  No se encuentra en ninguna de las situaciones previstas en el artículo 13 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, haciendo mención expresa 
respecto a la inexistencia o fiel cumplimiento de sus obligaciones de reintegro de otras 
subvenciones o ayudas, conforme a los términos establecidos en el artículo 21 del 
Reglamento  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de  Subvenciones, 
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
3.º  Tiene  suficiente  capacidad  administrativa  y  de  gestión  y  de  comunicación  e.
electrónica  propia  o  a  través  de  la  concertación  con  terceros  de  los  servicios  w.
correspondientes. 343ww
conv4o.ºc atToireian e dcea pqauceid asde  sturaficteie, nteen  praerlaa ccióunm pali r plalasz ocso nldímiciiotense sd ep areaj eeclu caicócne sdoe  al alas 
acoctnusaecrivoanre, sc,o mnournmicaatirv ya  fdaec ilaitpalri ccaucaiónnd,o  insefoar mreaqcuióenri dfain aanl rceiesrpae cyt od.e otro tipo que haya de  BOE-A-cable e
5.º  Se  cumple  con  el  régimen  de  compatibilidad  de  ayudas  establecido  en  el 
artículo 5.
6.º  Si el beneficiario realiza actividad económica, que no se encuentra en situación 
de crisis, según lo establecido por la Comunicación de la Comisión, 2014/C 249/1, 
de 31 de julio de 2014, sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de 
empresas en crisis.
7.º  Declaración de cesión y tratamiento de datos en relación con la ejecución de 
actuaciones  del  plan  de  recuperación,  transformación  y  resiliencia  (PRTR),  según 
modelo incluido en anexo IV de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la 
que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia.
d)  Aquellos solicitantes que, de acuerdo con los requisitos de concesión de la 
ayuda, deban de adoptar medidas para evitar conflictos de interés, según lo indicado en 
el apartado 5 del artículo 7, deberán aportar una declaración de ausencia de conflicto de 
intereses  (DACI),  conforme  al  modelo  que  se  establezca  en  la  correspondiente 
convocatoria.
5.  En  las  convocatorias  correspondientes  se  podrá  requerir  la  aportación  de 
documentación adicional.
6.  Por  tratarse  de  procedimientos  de  concesión  en  régimen  de  concurrencia 
competitiva y, como tales, iniciados de oficio, no se admitirán las mejoras voluntarias de 
la solicitud. No obstante, el órgano instructor podrá requerir aclaraciones sobre aspectos 
de la solicitud que no supongan reformulación ni mejora de ésta.
7.  Si la documentación presentada junto con la solicitud no reúne los requisitos 
exigidos, el órgano instructor requerirá al interesado para que, en el plazo de diez días 
hábiles,  desde  el  siguiente  al  de  recepción  del  requerimiento,  subsane  la  falta  o 
acompañe los documentos preceptivos, con advertencia de que, si no lo hiciese, se le 
tendrá por desistido de su solicitud, mediante resolución, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 23.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Artículo 14.  Convocatoria de las ayudas e inicio del procedimiento.
1.  Las ayudas reguladas en esta orden se articularán a través de las convocatorias 
que se aprueben, mediante resolución del órgano competente conforme establece el 
artículo 10 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2.  Las  convocatorias  detallarán,  como  mínimo,  el  contenido  previsto  en  el 
artículo 23 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
3.  Las convocatorias se aprobarán por el IDAE, mediante resolución de su Consejo 
de  Administración,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  23.2  de  la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en los apartados 6 y 7 del Estatuto del Instituto para 
la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), aprobado por Real Decreto 18/2014, 
de 17 de enero, en relación con lo dispuesto en la disposición adicional vigésima sexta 
de la Ley General de Subvenciones. Dichas convocatorias serán publicadas en la Base 
de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS). Un extracto de las mismas será publicado 
en el «Boletín Oficial del Estado».
Artículo 15.  Tramitación electrónica del procedimiento y representación.
1.  La tramitación electrónica será obligatoria en todas sus fases de acuerdo con lo  e.
dispuesto en los artículos 14.2 y 14.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Las solicitudes,  w.b
comunicaciones y demás documentación exigible relativa a las actuaciones objeto de ayuda  343ww
seráLna psr ensoetniftiacadcaiso nae trsa vaé slo dse  ilnat eseredsea edloesc trsóen icreaa dliezla IrDáAnE m (hetdtpiasn:/t/ese dcoe.midpaaer.egcoebn.ecsia). en la
dseed 1e  deele occtrtóunbircea. del IDAE, en los términos recogidos en el artículo 43 de la Ley 39/2015,
2.  La entidad solicitante y el representante, en su caso, podrán acceder a sus 
expedientes y a las comunicaciones electrónicas asociadas, identificándose mediante 
sus  certificados  electrónicos  correspondientes  en  el  enlace  habilitado  para  este 
programa de ayudas en la sede electrónica de IDAE. En dicho enlace, podrán consultar 
los documentos presentados y el estado de tramitación del expediente.
La presentación de la solicitud con firma electrónica conllevará la conformidad del 
solicitante para recibir todas las comunicaciones y notificaciones de la tramitación del 
expediente electrónico a través de dicho registro electrónico accesible por medio de la sede 
electrónica  de  IDAE.  Adicionalmente  a  la  puesta  a  disposición  del  interesado  de  las 
comunicaciones  y  notificaciones  a  través  del  registro  electrónico,  existe  un  sistema 
complementario  de  alertas  por  medio  de  correo  electrónico,  de  carácter  meramente 
informativo, por lo que carece de efectos jurídicos respecto a su contenido y fecha de 
realización.
En este mismo registro, los interesados, tras identificarse electrónicamente a través 
de  sus  certificados,  podrán  consultar  los  actos  del  procedimiento  que  les  sean 
notificados y efectuar la presentación de la documentación adicional que pudiera ser 
requerida por el órgano actuante.
3.  Sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por 
el que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad de las 
subvenciones y demás ayudas públicas, se publicarán en la sede electrónica del IDAE 
(https://sede.idae.gob.es), las resoluciones de concesión y sus posibles modificaciones y 
demás actos del procedimiento.
4.  En aquellos casos en los que tuviera lugar un procedimiento de reintegro, las 
notificaciones relacionadas con dicho procedimiento se realizarán bajo la modalidad de 
notificación por comparecencia electrónica.
5.  Los  formularios,  las  declaraciones  responsables  y  los  demás  documentos 
electrónicos  a  cumplimentar  en  las  diferentes  fases  del  procedimiento,  estarán 
disponibles en la mencionada sede electrónica y deberán ser obligatoriamente utilizados 
cuando proceda.
6.  En aquellas fases del procedimiento en las que en aras de la simplificación 
administrativa se permita la presentación de declaraciones responsables en lugar de 
determinada  documentación,  dichas  declaraciones  deberán  presentarse  en  formato 
electrónico firmado electrónicamente por el declarante.
Artículo 16.  Valoración y selección de las solicitudes.
1.  La  valoración  y  selección  de  las  solicitudes  se  realizará  en  régimen  de 
concurrencia competitiva a partir de la documentación aportada por la entidad solicitante 
en la fase de presentación de solicitudes.
No  obstante,  como  parte  de  la  instrucción  del  procedimiento,  las  convocatorias 
podrán determinar la existencia de una fase de preevaluación siguiendo lo establecido 
en el segundo párrafo del artículo 24.3.b) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en la 
que el órgano instructor verificará el cumplimiento de las condiciones impuestas para 
adquirir la condición de entidad beneficiaria de la subvención y si el proyecto se adecúa 
a los objetivos de la convocatoria.
En todo caso, tal fase sólo podrá afectar a aquellos requisitos cuya concurrencia no 
requiera de ninguna valoración científica, técnica, o social.
2.  Una vez analizadas todas las solicitudes, así como las posibles subsanaciones 
presentadas en plazo, y, en su caso, finalizada la fase de preevaluación, se procederá a  e.
la evaluación de las solicitudes conforme a los criterios establecidos en el anexo II. w.b
3.  Para la selección de las solicitudes, se establecerá un orden de prelación, de  343ww
mcraiteyorior sa  emxcelnuoyre nptuenst ueasctaióbnle, cdideossc aertna nedlo  aanqeuxeol laIIs,  aesní  lcaosm qou,e  ecno nscuu rcraas oa,l gluanso  qduee  lnoos 
alcaAn ciegnu alald paudn dtuea pciuónnt umaícnióimna,  tqeuned rpáu dpireiorari deasdta lbal escoelircsietu.d con menor importe de ayuda
solicitada. Las convocatorias podrán establecer otros criterios de desempate adicionales.
Posteriormente  se  evaluará  la  lista  en  sentido  descendente  de  puntuación, 
seleccionando aquellas solicitudes para las cuales, de ser aceptadas, no se superen los 
límites  de  presupuesto  establecidos  en  la  convocatoria,  si  bien,  si  el  presupuesto 
disponible no fuera suficiente para cubrir la totalidad de la ayuda de la última solicitud, 
quedará a decisión del solicitante el aceptar o renunciar a esta ayuda parcial. En caso de 
ser aceptada, se considerará que el solicitante renuncia a acceder al resto de la ayuda.
4.  La convocatoria podrá especificar una puntuación mínima en cada uno de los 
criterios de selección.
5.  Una  vez  realizada  la  fase  de  valoración  de  las  solicitudes  se  publicará  la 
resolución provisional según lo dispuesto en el artículo 18, notificando a los solicitantes 
dicha publicación.
Artículo 17.  Órganos competentes para convocar, instruir y resolver el procedimiento de 
concesión y órgano responsable del seguimiento.
1.  El IDAE será el órgano concedente, y por ello será competente para convocar, 
instruir y resolver las ayudas reguladas en esta orden.
Las convocatorias correspondientes se aprobarán mediante resolución del Consejo 
de Administración del IDAE, de conformidad con lo previsto en el artículo 14.3.
La instrucción y ordenación del expediente se realizará por la persona titular de la 
Dirección General del IDAE, actuando como órgano instructor.
2.  La  persona  titular  de  la  presidencia  del  IDAE  resolverá  y  notificará  el 
procedimiento de conformidad con lo previsto en los artículos 10 y 25 de la Ley 38/2003, 
de  17  de  noviembre,  previa  resolución  que  dicte  el  Consejo  de  Administración  de 
conformidad con lo establecido en el artículo 7.6 del Estatuto de IDAE, aprobado por 
Real Decreto 18/2014, de 17 de enero.
3.  El órgano responsable de la instrucción de los procedimientos de concesión, 
podrá asistirse de departamentos o áreas especializados para las labores de gestión y 
notificación a los interesados. Asimismo, se podrán utilizar para la gestión plataformas 
informáticas específicas, que serán accesibles a través de la sede electrónica del órgano 
concedente.
4.  Será  competente  para  valorar  las  ayudas,  en  los  términos  previstos  en  el 
artículo 22.1 de la Ley 38/2003, como órgano colegiado, una Comisión Técnica de 
Valoración integrada por:
a)  La persona titular de la Dirección de Energías Renovables y Mercado Eléctrico 
del IDAE, que actuará como Presidente.
b)  Una persona representante de IDAE perteneciente a la Dirección de Energías 
Renovables y Mercado Eléctrico o a la Dirección de Ahorro y Eficiencia Energética.
c)  Un representante designado por la Secretaría de Estado de Energía.
d)  Una persona representante de la Secretaría General del IDAE.
Un representante del departamento de Gestión de la Demanda e Integración de 
Renovables de IDAE, que actuará como Secretario con voz, pero sin voto.
En casos de ausencia o de enfermedad y, en general, cuando concurra alguna causa 
justificada, cualquiera de los miembros titulares de la Comisión Técnica de Valoración 
podrá ser sustituido por suplentes que designe la persona titular de la Dirección General 
del IDAE, a propuesta de la persona titular del órgano o dirección al que pertenezcan, 
mediante resolución que se publicará en la página web del IDAE. s
Asimismo, podrán asistir a las reuniones de dicha comisión, con voz, pero sin voto,  oe.
edtoned rlaeaLscsa h a moqp auaete reltalerlai napsese pn ricneceicrasplu ociyndió/aaonss    daqeesun ie nse tisnel eognarucdninae a cn oar den etvlraloi b dcuCíaacdo.ióamnsi. spióonr  sTué Pcrneicsaid ednete ,V eanlo craacliidóand  ndoe  ecxopnellretvoas   2021-21343n https://www.
Artículo 18.  Propuesta de resolución provisional y definitiva.
1.  El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe de la Comisión de 
Valoración, formulará la propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, que 
deberá notificarse a los interesados conforme a lo establecido en esta orden.
La propuesta de resolución provisional se notificará a los interesados mediante su 
publicación en la sede electrónica del órgano concedente o el medio alternativo que 
pueda fijarse en la convocatoria.
2.  En el plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente al de publicación, las 
entidades  solicitantes  podrán  formular  las  alegaciones  que  estimen  convenientes  a 
través de la sede electrónica del órgano concedente o el medio alternativo que pueda 
fijarse en la convocatoria
3.  Examinadas las alegaciones y de acuerdo con el apartado 4 del artículo 24 de la 
Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  el  órgano  instructor  formulará  la  propuesta  de 
resolución definitiva que será notificada a los interesados mediante su publicación en la 
sede electrónica del órgano concedente, o el medio alternativo que pueda fijarse en la 
convocatoria, para que en el plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente al 
de su notificación, las entidades beneficiarias propuestas y aquellas que figuren en la lista 
de espera, definida en el siguiente apartado, comuniquen su aceptación, entendiéndose 
que desisten de su solicitud de no producirse contestación en dicho plazo.
4.  La propuesta de resolución definitiva podrá incluir una relación ordenada de 
todas las solicitudes que, cumpliendo con las condiciones administrativas y técnicas 
establecidas en esta orden para adquirir la condición de beneficiario, no hayan sido 
estimadas por rebasarse la cuantía máxima del crédito fijado en la convocatoria, con 
indicación de la puntuación otorgada a cada una de ellas en función de los criterios de 
valoración previstos en la misma.
En este supuesto, si se renunciase a la subvención por alguna de los potenciales 
beneficiarios, el órgano concedente acordará, sin necesidad de una nueva convocatoria, 
la concesión de la subvención a la entidad o entidades solicitantes siguientes a aquél en 
orden de su puntuación, siempre y cuando con la renuncia por parte de alguno de los 
beneficiarios, se haya liberado crédito suficiente para atender, al menos, una de las 
solicitudes denegadas.
A estos efectos aquellas solicitudes que consten en la propuesta de resolución 
definitiva en lista de espera deberán haber comunicado su aceptación en el mismo plazo 
indicado en el apartado 3.
5.  De acuerdo con el artículo 24.6 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, las 
propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor del 
beneficiario propuesto, mientras no se le haya notificado la resolución de concesión.
Artículo 19.  Resolución definitiva.
1.  El órgano concedente resolverá el procedimiento, adoptando la resolución de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 25 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2.  En la resolución de concesión de las ayudas se hará constar, al menos la 
identidad de los beneficiarios de la ayuda concedida, así como cualquier información que 
la correspondiente convocatoria.
3.  La  resolución,  además  de  contener  la  entidad  solicitante  o  relación  de 
entidades solicitantes a las que se concede la subvención, hará constar, en su caso, de 
manera  expresa,  la  desestimación  del  resto  de  las  solicitudes.  Asimismo,  en  la  e
resolución se hará constar lo siguiente, con el nivel de detalle que se señale en la  bo
correspondiente convocatoria: 343ww
ba))   LLaa sc uaactnutaíac idoen elas  sau lblevveanrc aió nca pbroe vyis etal  imsopborret ela d bea lsoes  dcoes ltoess  csousbteves nscuiobvneanbcleiosn.ables
admitidos,  y  las  anualidades,  en  su  caso,  que  la  convocatoria  correspondiente
pudiera prever. Bc
c)  La planificación prevista para la ejecución y realización de las actuaciones, así 
como para la presentación de la justificación de su realización.
d)  Otras condiciones de obligado cumplimiento relacionadas con la ejecución de las 
actuaciones objeto del proyecto subvencionado que pudieran haberse requerido por la 
normativa de aplicación, así como la convocatoria correspondiente.
4.  La resolución se notificará a los interesados mediante su publicación en la sede 
electrónica  del  órgano  concedente  o  el  medio  alternativo  que  pueda  fijarse  en  la 
convocatoria.
5.  El plazo máximo para la resolución del procedimiento y su notificación es de seis 
meses contados desde la publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín 
Oficial»  correspondiente,  salvo  que  la  misma  posponga  sus  efectos  a  una  fecha 
posterior, según establece el artículo 25 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. Si 
transcurrido dicho plazo el órgano competente para resolver no hubiese notificado dicha 
resolución, los interesados estarán legitimados para entender desestimada la solicitud.
6.  Contra la resolución, que pondrá fin a la vía administrativa según lo establecido en 
el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, se podrá interponer recurso potestativo 
de reposición en los términos y plazos previstos en los artículos 123 y 124 de la citada ley, o 
recurso contencioso-administrativo ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
7.  Las  entidades  beneficiarias  de  la  ayuda  serán  incluidas  en  una  lista  de 
beneficiarios,  publicada  de  conformidad  con  el  artículo  115.2  del  Reglamento  (UE) 
2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021, por el que se 
establecen  las  disposiciones  comunes  relativas  al  Fondo  Europeo  de  Desarrollo 
Regional, al Fondo Social Europeo Plus, al Fondo de Cohesión, al Fondo de Transición 
Justa y al Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura, así como las normas 
financieras para dichos Fondos y para el Fondo de Asilo, Migración e Integración, el 
Fondo de Seguridad Interior y el Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestión de 
Fronteras y la Política de Visados.
8.  Las  ayudas  concedidas  se  publicarán  en  la  Base  de  Datos  Nacional  de 
Subvenciones  de  acuerdo  con  lo  estipulado  en  el  artículo  20  de  la  Ley  38/2003, 
de 17 de noviembre.
Artículo 20.  Modificación de la resolución.
1.  Los proyectos con ayuda concedida deberán ejecutarse en el tiempo y forma 
aprobados en la resolución de concesión. No obstante, cuando surjan circunstancias 
concretas que, excepcionalmente, alteren de forma objetiva las condiciones técnicas o 
económicas tenidas en cuenta para la concesión de la ayuda, se podrá solicitar la 
modificación de la citada resolución de concesión, siempre y cuando se cumplan los 
siguientes requisitos:
a)  Que la modificación solicitada no afecte a los objetivos perseguidos con la 
ayuda, a sus aspectos fundamentales, a la determinación del beneficiario, ni perjudique 
derechos de terceros. A tales efectos, no se considerará que la modificación afecta a la 
determinación del beneficiario cuando sea debido a operaciones de fusión, absorción o 
escisión de la entidad jurídica inicialmente beneficiaria, conforme a la normativa vigente.
b)  Que  la  modificación  solicitada  obedezca  a  causa  o  causas  sobrevenidas  y 
excepcionales, que no pudieron preverse en el momento de la solicitud.
c)  Que no suponga un incremento de la subvención concedida. s
d)  Que la solicitud de modificación se realice, al menos, tres meses antes de la  oe.
finalización del plazo de ejecución del proyecto. 343www.
expo2n. drLáan  lsoosl icmitoutdiv odse  dme olad ifmicoadciifóicna, csióen  ayc soem jpuasñtiafircáa rád el au inmap omseibmiliodraiad  deen  clau mqpulier  lsaes 
ceoxnpduiecsiotonse se nim epl uaepsatratasd eon 1 l aa nretesroiolurc.ión de concesión, y el cumplimiento de los requisitos
3.  El  órgano  responsable  para  resolver  las  solicitudes  de  modificación  será  el 
órgano que dictó la resolución de concesión.
4.  El plazo máximo para dictar la resolución será de tres meses.
CAPÍTULO III
Plazo de realización de las actuaciones y justificación de las ayudas
Artículo 21.  Plazo de realización de las actuaciones.
1.  El plazo máximo para la realización de las actuaciones objeto de ayuda será el 
establecido en las convocatorias correspondientes, que se computará siempre a partir de 
la fecha de notificación de la resolución favorable de concesión de ayuda.
2.  Podrá ampliarse el anterior plazo de realización de las actuaciones mediante la 
modificación de la resolución de concesión, que podrá llevarse a cabo de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 20 de esta orden.
3.  Los beneficiarios deberán llevar a cabo las actuaciones previstas en el plan de 
trabajo, hasta, como máximo, el 31 de diciembre de 2025.
Artículo 22.  Justificación de las ayudas.
1.  Las entidades beneficiarias deberán justificar el cumplimiento de la finalidad para 
la que se concedió la subvención y la aplicación de los fondos percibidos ante el órgano 
concedente o designado para tal fin.
2.  La justificación de las ayudas se realizará de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 30 y concordantes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en el título II, 
capítulo II, de su reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y 
conforme a los requisitos específicos que se establezcan por la normativa aplicable y en 
las correspondientes convocatorias.
3.  La justificación por parte de los beneficiarios de la realización de las actuaciones 
que conformen el proyecto subvencionable deberá realizarse ante el órgano instructor en 
el plazo máximo de tres meses, contados a partir de la fecha en que expire el plazo 
máximo otorgado para la ejecución de las actuaciones objeto de ayuda.
4.  La justificación documental por parte de los beneficiarios de la ejecución y pago de 
las actuaciones objeto del proyecto subvencionable se realizará telemáticamente a través 
de la Sede Electrónica del órgano concedente o el medio alternativo que pudiera haberse 
establecido  por  la  correspondiente  convocatoria,  mediante  escrito  dirigido  al  órgano 
instructor, junto al que se aportará, con carácter general, la siguiente documentación:
a)  Cuenta justificativa con aportación de informe de auditor, según lo previsto en el 
artículo 74 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, aprobado por Real 
Decreto  887/2006,  de  21  de  julio,  que  acredite  que  la  subvención  recibida  se  ha 
empleado en las actuaciones para las que le fue otorgada y en el plazo previsto, 
cumpliendo  los  requisitos  establecidos  en  las  bases  y  en  las  correspondientes 
convocatorias,  incluyendo  el  principio  de  «no  causar  un  perjuicio  significativo»,  y 
certificando  que  se  han  cumplido  los  objetivos  de  acuerdo  con  los  valores  de  los 
indicadores  reflejados  en  la  resolución  de  concesión  de  las  ayudas.  Esta  cuenta 
justificativa será conforme al alcance, condiciones y modelos publicados por IDAE en su 
página web, será suscrita por el beneficiario mediante el certificado de firma electrónica y  s
deberá acompañarse de la siguiente información y documentación que formará parte  e.
integrante de la misma: w.
aporat.a1d a,N  ofeticfihcaadciaó ny  dsiruigsicdrait a apl oró rgeal nboe ninesfitcriuacritoo r mceodmiaunntiec anedl oc elrati ficdaodcou mdeen taficrmióan 
electrónica correspondiente, conforme al modelo publicado en la página web de IDAE.
a.2  Declaración responsable del beneficiario (según modelo que estará disponible 
en Web del IDAE) que garantice:
i.  el proceso de contratación de las actuaciones del proyecto objeto de ayuda, la 
existencia de una contabilidad diferenciada que permita la trazabilidad de todas las 
transacciones  relacionadas,  encontrarse  al  corriente  en  el  cumplimiento  de  sus 
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social,
ii.  el cumplimiento de las normas nacionales y comunitarias sobre requisitos de 
igualdad de oportunidades y no discriminación, aplicables a este tipo de actuaciones,
iii.  el cumplimiento de las normas medioambientales nacionales y comunitarias, y 
sobre desarrollo sostenible, concretamente y atendiendo al contenido del PRTR, que se han 
respetado los principios de economía circular y evitado impactos negativos significativos en 
el medio ambiente (DNSH) en la ejecución de las actuaciones llevadas a cabo en el marco 
de dicho Plan, y manifiesta que no ha incurrido en doble financiación y que, en su caso, no 
le consta riesgo de incompatibilidad con el régimen de ayudas de Estado,
iv.  el  compromiso  con  los  estándares  más  exigentes  en  relación  con  el 
cumplimiento de las normas jurídicas, éticas y morales, habiendo adoptado las medidas 
necesarias para prevenir y detectar el fraude, la corrupción y los conflictos de interés, 
comunicando en su caso a las autoridades que proceda los incumplimientos observados.
a.3  Justificación por parte del beneficiario sobre el proceso de contratación de las 
actuaciones que integran el proyecto incentivado. En el caso de personas jurídicas 
públicas sometidas a la legislación de contratos del sector público, dicha justificación 
consistirá en la cumplimentación por parte de éstas de una lista de chequeo relativa al 
cumplimiento  del  procedimiento  de  contratación  que  sea  de  aplicación,  según  lo 
dispuesto  en  la  Ley  9/2017,  de  8  de  noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público, 
conforme al modelo publicado en la página web de IDAE. Dicha lista de chequeo será 
suscrita por el beneficiario y sellada y firmada por la persona auditora.
a.4  Identificación del perceptor final de fondos (beneficiarios últimos de las ayudas, 
contratistas y subcontratistas), mediante: NIF, Nombre, Domicilio, Inscripción en el Censo 
de empresarios de la AEAT o equivalente (si desarrollan actividad económica) y la 
Aceptación de la cesión de estos datos entre las Administraciones Públicas implicadas.
a.5  Informe  de  una  persona  auditora  o  empresa  de  auditoría  inscrita  como 
ejerciente en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC), que deberá ajustarse 
al modelo que se publique en la página web de IDAE, y a través del cual se llevará a 
cabo la revisión de la cuenta justificativa con el alcance y metodología prevista en el 
presente apartado. En aquellos casos en que el beneficiario esté obligado a auditar sus 
cuentas anuales, este mismo auditor será el encargado de revisar la cuenta justificativa. 
En el resto de los casos, el auditor será designado por el beneficiario.
i.  Se ha de formalizar un contrato entre el auditor y el beneficiario en el que 
figurarán como mínimo los siguientes extremos:
1.º  Obligación del beneficiario de confeccionar y facilitar al auditor cuantos libros, 
registros y documentos le sean solicitados para efectuar la revisión.
2.º  Obligación del auditor de realizar la revisión y emitir un informe de acuerdo a las 
normas especiales reguladoras de la subvención y la resolución de concesión.
3.º  Sometimiento a lo dispuesto en la normativa vigente sobre auditoría de cuentas 
en cuanto a independencia e incompatibilidad del auditor.
4.º  Deber de confidencialidad del auditor de cuentas y del personal a su cargo y  e.
compromiso del beneficiario de autorización de comunicación entre auditores. w.
expriie. saE la  inlofosr mseig uaie netmesit ir epxtorre mlao sp edreso nlaa  roe veismiópnr edsea  alau dcituoernat ad ejubset ifhicaacteivra :m  oebnjceióton, 
naturaleza, alcance, resultado, fecha y firma.
iii.  El alcance de la revisión de la cuenta justificativa por parte de la persona o 
empresa  auditora  incluirá,  como  mínimo,  el  análisis,  comprobación  y  copia  de  los 
siguientes documentos e información:
1.º  La  memoria  de  actuación  justificativa  del  cumplimiento  de  las  condiciones 
impuestas  para  la  concesión  del  incentivo,  conforme  a  lo  exigido  por  las  bases 
reguladoras, la normativa de aplicación, convocatoria y la resolución de concesión, con 
indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos. Esta memoria 
será  realizada  y  suscrita  por  un  técnico  titulado  competente  que  será  el  autor  del 
proyecto o el responsable de la dirección de la ejecución de las actuaciones. Además, la 
memoria se realizará siguiendo el formato y modelo que estará disponible en la página 
web del IDAE.
Dicha memoria incluirá como mínimo:
i.  Información suficiente sobre el desarrollo y el grado de cumplimiento del proyecto 
incentivado, de forma concreta y detallada, con un informe sobre la situación final del 
mismo, indicando así mismo, la fecha de comienzo y conclusión de las actuaciones. 
Deberá incluir descripción del sistema de monitorización incorporado de acuerdo con lo 
indicado en la convocatoria. Y en su caso, información sobre la modificación de las 
condiciones técnicas. Y en su caso, información sobre la modificación de las condiciones 
técnicas declaradas en el momento de la solicitud en la memoria descriptiva de las 
actuaciones.
ii.  Información sobre los valores de indicadores energéticos e hitos y objetivos 
conseguidos.
iii.  Relación de las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas con las 
que cuenta y que le sean de aplicación conforme a la normativa vigente.
iv.  Certificado final de obra suscrito por el director de obra y director de ejecución de 
la obra, en caso de que sea preceptivo.
v.  Autorización de explotación o acta de puesta en servicio de la instalación cuando 
esta sea preceptiva y Certificado de Instalación Eléctrica (CIE), de acuerdo con el 
Reglamento  electrotécnico  de  baja  tensión  (en  instalaciones  eléctricas  de  cualquier 
tipología), emitido por la empresa instaladora y diligenciado por el órgano competente de 
la  comunidad  autónoma.  Cuando  no  sea  preceptiva  la  autorización  de  explotación, 
deberá aportarse documentación que acredite que la instalación está construida y se 
encuentra en condiciones de ser puesta en tensión y proceder a su explotación. En su 
caso, deberá aportarse certificado de la instalación térmica, suscrito por el instalador 
habilitado y el director de la instalación, cuando la participación de este último sea 
preceptiva, registrado por el órgano competente de la comunidad autónoma de acuerdo 
con el RITE. Adicionalmente, se adjuntará copia del proyecto o memoria técnica de 
diseño (según proceda para la tipología de actuación) que se haya aportado al órgano 
competente  de  la  comunidad  autónoma  para  la  obtención  de  la  autorización  de 
explotación o acta de puesta en servicio y/o Certificado de Instalación Eléctrica (CIE) y/o 
certificado de la instalación térmica.
vi.  Reportaje  fotográfico  de  las  actuaciones,  infraestructuras,  equipos  e 
instalaciones principales objeto de la ayuda, identificando equipos y/o instalaciones, así 
como de las placas de características de los mismos, y donde se muestre, de ser 
aplicable, el cartel publicitario de la actuación. Información y enlace al sitio de Internet del 
beneficiario, en caso de que disponga de uno, donde éste informará al público del apoyo 
obtenido de los Fondos de la Unión Europea, haciendo una breve descripción de la  e
operación, de manera proporcionada al nivel de apoyo prestado, con sus objetivos y  bo
resultados, y destacando el apoyo financiero de la Unión Europea. 343ww
vviiii..1  InJfuosrtmifiec aqcuióen c doenlt ecnugmap:limiento por el proyecto del principio de no causar perjuicio
significativo  (principio  do  no  significant  harm-DNSH)  a  ninguno  de  los  objetivos
medioambientales establecidos en el Reglamento (UE) 2020/852 el Parlamento Europeo y
del Consejo de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las 
inversiones sostenibles, y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088. En este 
caso, si la actuación no supera los 100 kW de potencia el beneficiario deberá presentar una 
declaración responsable de este cumplimiento. A estos efectos el IDAE podrá publicar guías 
que faciliten la elaboración de esta justificación.
vii.2  Para la correcta acreditación del cumplimiento de la valorización del 70 % de 
los residuos de construcción y demolición generados en las obras civiles realizadas, se 
presentará una memoria resumen donde se recoja la cantidad total de residuo generado, 
clasificados por códigos LER, y los certificados de los gestores de destino, donde se 
indique el porcentaje de valorización alcanzado. Los residuos peligrosos no valorizables 
no se tendrán en cuenta para consecución de este objetivo.
2.º  La memoria económica abreviada. Esta memoria económica incluirá, al menos:
i.  El estado representativo de la totalidad de los gastos e inversiones incurridos en 
la  realización  de  las  actividades  subvencionadas,  debidamente  agrupados,  con 
identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y, en su caso, 
fecha de pago, así como cualquier otro extremo relacionado. Asimismo, incluirá, en su 
caso,  una  justificación  de  las  desviaciones  acaecidas  respecto  al  presupuesto 
considerado en la concesión del incentivo. En su caso, se aportará la acreditación del 
reintegro de remanentes no aplicados y la relación detallada de otros ingresos o ayudas 
percibidas que hayan financiado la actividad, con indicación de su importe y procedencia. 
Los documentos originales acreditativos del gasto y del pago quedarán en poder del 
beneficiario, a disposición de los órganos de comprobación y control.
Asimismo,  los  justificantes  de  pago  deberán  ser  claramente  identificables  y 
relacionables con las facturas aportadas y deberán permitir identificar al beneficiario 
siendo este el único pagador, ya sea mediante un pago directo por el mismo o en su 
nombre (mediante la correspondiente acreditación documental), al tercero que percibe 
las cantidades pagadas y la fecha de pago (fecha valor) o salida efectiva de los fondos 
del beneficiario.
Con carácter general, se considerará realizado el pago o gasto correspondiente 
cuando haya sido satisfecho efectivamente con anterioridad a la conclusión del plazo de 
justificación definido en la presente orden, con su correspondiente justificante, y no 
aceptándose pagos en metálico. La fecha de los justificantes de pago deberá ser, en 
todo caso, posterior a la fecha de registro de la solicitud de ayuda.
ii.  La  relación  de  los  pedidos  y/o  los  contratos  relativos  a  las  actuaciones 
realizadas, así como relación de las facturas, y de sus correspondientes justificantes 
bancarios de pago y copia de los mismos. En el caso de existir contratación pública, 
relación  certificada  y  copia  de  los  contratos  suscritos  por  el  beneficiario  para  la 
realización de las actuaciones objeto de ayuda, así como documentación justificativa del 
procedimiento de contratación: dirección web del perfil del contratante, pliegos, anuncios 
de licitación y formalización de contratos, acuerdos del órgano de contratación. Se exime 
de la obligación de presentar aquellas facturas que tengan un importe inferior a 3.000 
euros, de conformidad con lo establecido por la letra b) del artículo 63 del Real Decreto-
ley 36/2020, de 30 de diciembre.
iii.  Asimismo, debe acreditar:
iii.1  La existencia de una contabilidad diferenciada que permita una adecuada pista 
de  auditoría  de  las  actuaciones  realizadas  en  el  marco  de  esta  subvención  y  el  s
mantenimiento de la documentación soporte, en los términos que establezca el Ministerio  oe.
radenesá uHliiilsait.ei2cs i d eeynL  daacap o lledimcgeapa ccrloiiodóbnanafd.oc ridmóenild  padrdeo  ccloeand  ijmluas ientinfoictroma cdaieótiv nca o rnneatarclaiiztoaancdaiaól  nyp  ddoeer   lleaal s U banecióntunea fEicciuioarnoriepose  asao,  tbcruraeav néddsi ocdh leeol    2021-21343n https://www.
proceso o de la lista de chequeo de contratación, en su caso.
iii.3.  Que  dispone  de,  al  menos,  tres  ofertas  de  diferentes  proveedores  en  los 
supuestos previstos en el artículo 31.3 de la Ley General de Subvenciones, y de una 
memoria que justifique razonablemente la elección del proveedor cuando la misma no 
haya recaído en la oferta económica más ventajosa, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
resuelve decimosegundo.
iii.4  El cumplimiento de las obligaciones de publicidad impuestas al beneficiario, de 
conformidad con lo establecido en la presente orden.
iii.5  Detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado las actuaciones 
incentivadas con indicación del importe y su procedencia. Debe acreditar la existencia o 
no de otras subvenciones o ayudas cobradas para la misma actuación o finalidad que la 
solicitada en el contexto de este Programa de incentivos, de cualquier Administración, 
organismo o entidad pública, nacional o internacional.
iv.  Cuando el beneficiario sea una persona jurídica pública, se podrá sustituir esta 
cuenta justificativa con informe de auditor por la entrega de una cuenta justificativa con 
aportación  de  un  informe  de  la  Intervención  General  de  la  misma,  en  los  mismos 
términos y condiciones que los establecidos anteriormente para la aportación de informe 
de auditor, cuando puedan ser de aplicación. En cualquier caso, si fuera preciso, se 
podrá exigir informe de auditoría externa para completar el informe anterior.
v.  Cuando la ayuda concedida sea inferior a 100.000 euros, y de manera opcional, 
podrá  sustituirse  la  cuenta  justificativa  con  el  informe  de  auditor  previsto  en  este 
apartado por la entrega de una cuenta justificativa simplificada, según lo previsto en el 
artículo 75 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, aprobado por Real 
Decreto  887/2006,  de  21  de  julio,  que  acredite  que  la  subvención  recibida  se  ha 
empleado en las actuaciones para las que le fue otorgada y en el plazo previsto, 
cumpliendo los requisitos establecidos en esta orden, la normativa de aplicación y en las 
correspondientes  convocatorias,  incluyendo  el  principio  de  «no  causar  un  perjuicio 
significativo», y certificando que se han cumplido los objetivos de acuerdo con los 
valores de los indicadores reflejados en la resolución de concesión de las ayudas. Esta 
cuenta justificativa será conforme al alcance, condiciones y modelos publicados por 
IDAE en su página web, y será suscrita por el beneficiario mediante el certificado de 
firma electrónica, debiendo acompañarse de la información y documentación que se 
establezca en la normativa de aplicación y las correspondientes convocatorias, formando 
parte integrante de la misma.
b)  Además de la cuenta justificativa prevista en el apartado anterior, el beneficiario 
deberá presentar los siguientes documentos:
b.1  Documentación  justificativa  de  que  el  beneficiario  es  titular  del  número  o 
números de cuenta indicados en la solicitud y desde las que se hayan realizado pagos 
de facturas y, en su caso, el ingreso de ayudas.
b.2  Factura emitida por la persona auditora y justificante de su pago.
c)  La acreditación por parte del beneficiario de estar al corriente en el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, que se sustituirá por la 
consulta telemática a los organismos competentes por parte del órgano concedente. La 
presentación de la cuenta justificativa suscrita por el beneficiario incluirá autorización 
expresa para la realización de dichas consultas telemáticas. En caso de no otorgarse 
dicha autorización, los beneficiarios deberán de aportar los certificados correspondientes. 
Cuando  no  estén  habilitados  los  medios  técnicos  necesarios  para  realizar  dichas  e.
consultas,  el  órgano  concedente  requerirá  al  beneficiario  la  presentación  de  los  w.
correspondientes  certificados  emitidos  por  la  Hacienda  estatal  o  autonómica,  según  343ww
tprriboucteadraia,s y  yp ocro nla  laS eSgeugriduaridda Sd oScioacl,i ajul sctiofincfaotrivmoes  ad ell oc udmisppluimesieton toe nd ee ls uasr tíocbulliog a2c2io ndeesl 
Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
5.  Toda  la  documentación  justificativa  será  revisada  durante  el  proceso  de 
evaluación final para poder certificar los costes incurridos. En aquellos casos en los que 
sea necesario, se podrá completar la auditoría técnica mediante controles puntuales y 
verificaciones in situ si así lo considera el órgano concedente.
6.  El beneficiario informará proactivamente sobre cualquier evento importante o 
imprevisto que pueda afectar a la consecución de los hitos y objetivos establecidos.
7.  En todo caso, si realizada la actividad y finalizado el plazo para justificar, se 
hubiera pagado sólo una parte de los costes en que se hubiera incurrido, a efectos de 
pérdida del derecho a la percepción de la ayuda o, en su caso, exigencia de reintegro 
correspondiente, se aplicará el principio de proporcionalidad.
8.  La finalización de la verificación de la información justificativa no constituye en 
ningún  caso  la  aceptación  de  cualquier  desviación  existente  con  respecto  a  lo 
establecido en la resolución de concesión de subvención.
9.  La no justificación en plazo por parte de los beneficiarios, de acuerdo con lo 
establecido  en  los  apartados  anteriores,  supondrá  la  pérdida  del  derecho  a  su 
percepción y, en su caso, la exigencia del reintegro de la ayuda que se hubiera percibido 
hasta el momento.
10.  El órgano instructor podrá requerir al beneficiario la aportación de cualquier 
documentación justificativa adicional a la expuesta, para verificar la efectiva adecuación 
de  la  actuación  ejecutada  a  la  que  fue  objeto  de  ayuda,  quedando  el  beneficiario 
obligado a su entrega en un plazo máximo de diez días hábiles desde la recepción de la 
comunicación que se le efectúe por parte de aquél.
11.  El órgano instructor podrá realizar las verificaciones sobre el terreno de las 
operaciones  concretas  que  se  determinen  para  la  correcta  certificación  del  gasto, 
quedando el beneficiario obligado a facilitarlas.
12.  El órgano instructor podrá, por un lado, designar al personal del IDAE que 
estime  oportuno  y/o,  por  otro,  utilizar  los  servicios  de  empresas  independientes 
especializadas o medios propios de la entidad para la que realice sus funciones para 
realizar  la  inspección  y  el  seguimiento,  control  y  verificación  de  las  actuaciones 
aprobadas,  no  sólo  en  la  fase  final  de  comprobación,  sino  también  en  momentos 
intermedios, donde se pueda comprobar el cumplimiento de los fines para los cuales se 
conceden las ayudas así como todo lo relacionado con el procedimiento de control 
establecido.
13.  El IDAE o cualquier organismo fiscalizador, nacional o de la Unión Europea, 
podrán solicitar en cualquier momento, durante el plazo previsto de cinco años en 
general y de tres años en los casos en los que la financiación sea de un importe igual o 
inferior a 60.000 €, a contar desde la fecha de finalización del plazo establecido para la 
ejecución  de  las  actuaciones  objeto  de  ayuda,  la  exhibición  de  cualquiera  de  los 
documentos originales que hayan servido para el otorgamiento de la ayuda, o para 
justificar la realización de las actuaciones y costes subvencionables necesarios para la 
ejecución de las actuaciones correspondiente (incluyendo facturas y justificantes de pago 
de las mismas).
Procederá, en su caso, la exigencia del reintegro de la ayuda o la pérdida del 
derecho a su percepción, de no facilitarse la exhibición de tales originales en un plazo 
máximo  de  treinta  días  hábiles,  a  contar  desde  el  día  siguiente  al  que  el  órgano 
concedente le hubiera requerido en tal sentido, considerándose tal circunstancia como 
un incumplimiento de la obligación de justificación del destino de la ayuda otorgada.
14.  Con  independencia  de  lo  anterior,  el  órgano  Instructor  podrá  elaborar  s
instrucciones de acreditación y justificación complementarias para los casos en los que  oe.
la complejidad de la actuación o el importe elevado de la ayuda así lo requieran. w.
CAPÍTULO IV
Procedimiento de pago de las ayudas
Artículo 23.  Pago de las ayudas concedidas.
1.  El beneficiario recibirá la subvención correspondiente a la ayuda concedida, con 
carácter definitivo, una vez se verifique la ejecución de las actuaciones y se certifiquen 
los costes incurridos.
Si así se dispone en la convocatoria, podrá establecerse el pago anticipado de la 
totalidad  o  parte  de  la  ayuda  concedida,  que  será  atendido  en  función  de  la 
disponibilidad  presupuestaria,  teniendo  en  consideración  las  garantías  asociadas 
exigidas según lo expuesto en el artículo 24 de esta orden y las correspondientes 
convocatorias, en los términos y condiciones regulados en los artículos 42 y siguientes 
del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
En  el  supuesto  de  incumplimientos  imputables  al  beneficiario,  que  reduzcan  la 
cuantía de la ayuda establecida en la certificación final provisional respecto al anticipo 
abonado, procederá el reintegro parcial o total del mismo según lo establecido en esta 
orden.  El  órgano  concedente  notificará  al  beneficiario  las  cantidades  que  deba 
reembolsar del anticipo percibido.
En las convocatorias correspondientes podrá establecerse un periodo específico 
para solicitar el anticipo de la ayuda y la liquidación de las ayudas concedidas.
2.  No procederá pago anticipado o final de la ayuda en tanto la entidad beneficiaria 
no  acredite  que  se  encuentra  al  corriente  en  el  cumplimiento  de  sus  obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social o que no sea deudor por resolución de procedencia 
de reintegro.
Para tramitar el pago final de la ayuda deberán haberse entregado los documentos 
acreditativos  de  que  las  actuaciones  del  proyecto  objeto  de  ayuda  han  sido 
efectivamente realizada en las condiciones impuestas por esta orden, la normativa de 
aplicación, la convocatoria y resolución de concesión correspondiente, o en su caso en la 
resolución modificativa correspondiente, incluyendo los justificantes de gasto, con el fin 
de facilitar la verificación del cumplimiento de las mismas.
El pago final y definitivo de la ayuda no podrá realizarse hasta la plena justificación 
de los costes subvencionables y la ejecución total de las actuaciones correspondientes.
Este pago final tendrá en cuenta, en su caso, el anticipo abonado, de la siguiente 
forma:
Pago final = Importe de ayuda correspondiente al gasto subvencionable justificado – importe los 
pagos anticipados de la ayuda concedida
3.  A la finalización del proyecto, y una vez realizada la correspondiente verificación 
del  cumplimiento  de  los  requisitos  establecidos  por  esta  orden,  así  como  de  las 
obligaciones establecidas en la resolución de concesión correspondiente, se extenderá 
certificación final provisional de verificación por parte del IDAE, cuyo resultado será 
notificado por el órgano instructor a la entidad beneficiaria a través de la sede electrónica 
del IDAE, otorgándose un plazo de diez días hábiles a ésta para formular alegaciones. 
Transcurrido dicho plazo y examinadas, en su caso, las alegaciones presentadas, se 
formulará por el órgano instructor certificación final definitiva de verificación, con la que 
se dará cumplimiento a la obligación de comprobación de la realización de la actividad y  es
del cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión y disfrute de la ayuda, tal y  o
como se recoge en el artículo 85 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones,  343ww
eaassppír oeEbccsoaitfmdaico aoc r pe.orctrui fRaicleaqaculii óeDnr e fcoinrteraatlo   d8ine8ffo7inr/i2mti0va0ac6 iió,n ndd eic q2au1reá d  leala  j uclucioao.nrrteías pdoenfdinieitnivtae  dceo nlav oacyautdoari ao toprugdaiedraa,   OE-A-2021-21able en https://
4.  En el caso de que si así se dispusiera en la convocatoria, si el beneficiario 
hubiera solicitado el pago anticipado de la ayuda, las garantías se liberarán, de oficio, 
tras la verificación final del proyecto, una vez acreditado el cumplimiento total de los 
objetivos y condiciones del proyecto y la inversión válidamente justificada resulte igual a 
la inversión aprobada o, en caso contrario, tras el reintegro total o parcial del importe del 
cobrado en exceso, incrementado en los intereses que correspondan.
En el caso de que el importe de la ayuda que finalmente corresponda fuera inferior al 
anticipo abonado y, previo el oportuno procedimiento de reintegro, si el beneficiario no 
efectuara el reintegro correspondiente, se procederá a solicitar la incautación de la 
garantía asociada por el importe que corresponda al importe cobrado en exceso más los 
intereses que correspondan.
Artículo 24.  Garantías relativas a los pagos anticipados.
1.  Procederá la constitución de garantías en todos los casos en los que se realice 
un pago anticipado para asegurar el cumplimiento de los compromisos asumidos por los 
beneficiarios,  salvo  en  los  supuestos  contemplados  por  el  artículo  42.2  del  Real 
Decreto  887/2006,  de  21  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Previo  al  abono  del  anticipo  por  la  entidad  concedente,  en  los  términos  que  se 
establezcan en la correspondiente convocatoria, se requerirá el resguardo de la Caja 
General de Depósitos, acreditativo de haber depositado dicha garantía, a favor de la misma.
2.  El importe a garantizar será igual a la cuantía del anticipo más los intereses 
calculados al tipo de interés legal, para la vigencia de la garantía.
3.  La garantía deberá ser constituida por el beneficiario.
4.  Las garantías se constituirán ante la Caja General de Depósitos, en la forma y 
procedimiento que establece el Real Decreto 937/2020, de 27 de octubre, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Caja General de Depósitos, y según lo dispuesto en la 
Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades 
aseguradoras y reaseguradoras, y con los requisitos que determina su regulación.
5.  La garantía deberá estar constituida al momento de la solicitud del anticipo.
El período de vigencia de la garantía será como mínimo por el plazo máximo de 
finalización  de  los  proyectos  más  un  periodo  de  dieciocho  meses  que  podrá  ser 
modificado por la propia convocatoria.
6.  La  falta  de  constitución  y  acreditación  ante  el  órgano  competente  de  las 
garantías en la modalidad establecida en esta orden, previo trámite de audiencia al 
beneficiario, supondrá la renuncia presunta al anticipo concedido para la realización del 
proyecto.
7.  Las garantías sobre la subvención se liberarán tras la certificación final definitiva, 
si  en  ella  se  acredita  el  cumplimiento  total  de  la  ejecución  de  las  actuaciones  y 
condiciones del proyecto o, en caso contrario, tras el reintegro total o parcial de la ayuda 
correspondiente.
Una vez acreditado por el beneficiario de la ayuda que el proyecto se encuentra 
totalmente finalizado en plazo y emitida la certificación final definitiva prevista en esta 
orden, el órgano concedente, de oficio, procederá a solicitar la cancelación de la garantía 
que corresponda.
En el caso de que el importe de la ayuda recogida en la certificación provisional fuera 
inferior  al  anticipo  abonado  y,  previo  el  oportuno  procedimiento  de  reintegro,  si  el 
beneficiario  no  efectuara  el  reintegro  correspondiente,  se  procederá  a  solicitar  la  e.
incautación de la garantía asociada. w.b
8.  En  caso  de  otros  incumplimientos  y,  previo  el  oportuno  procedimiento  de  343ww
irnecinatuetgarcoió, ns di ee lla  gbaernaenfitcíaia qriuoe  ncoo rreesfepcotnudaara.  el  reintegro,  se  procederá  a  solicitar  la
CAPÍTULO V
Gestión, seguimiento e incumplimiento de condiciones
Artículo 25.  Gestión y seguimiento.
1.  El  órgano  concedente  en  el  ámbito  de  sus  competencias,  garantizará  la 
adecuada gestión, interpretación y resolución de todos los aspectos relativos a los 
expedientes de concesión de ayudas solicitadas, así como el seguimiento, evaluación y 
comprobación de las mismas.
2.  Asimismo, las convocatorias podrán establecer el procedimiento de seguimiento, 
que  deberá  ser  eficaz,  transparente  y  basado  en  la  calidad  y  el  impacto  social  y 
económico de las actuaciones financiadas, para lo cual podrán prever la creación de 
cuantas comisiones estimen necesario.
3.  El seguimiento de la actuación se realizará en los términos que determinen las 
convocatorias.
4.  Las convocatorias podrán establecer mecanismos que permitan proceder a una 
minoración de la ayuda concedida en los casos en que las actividades de seguimiento 
pongan de manifiesto un grado de cumplimiento de los indicadores inferior al establecido 
en la resolución de concesión.
6.  Las convocatorias podrán especificar el cumplimiento de hitos de control intermedios.
Artículo 26.  Responsabilidad y régimen sancionador.
Las entidades beneficiarias de las ayudas quedarán sometidas a lo establecido en 
materia de reintegros, control financiero e infracciones y sanciones administrativas en 
materia de subvenciones en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y a lo previsto por las 
disposiciones nacionales y de la Unión Europea en relación al Plan de Recuperación, 
Transformación  y  Resiliencia,  el  Mecanismo  de  Recuperación  y  Resiliencia  y  su 
normativa de desarrollo.
Artículo 27.  Criterios de graduación del incumplimiento de condiciones.
1.  En  los  supuestos  de  incumplimiento  parcial  o  total  de  las  condiciones 
establecidas en las resoluciones de concesión, se procederá a iniciar el procedimiento 
para, en su caso, la exigencia del reintegro o la pérdida del derecho a la percepción de la 
ayuda correspondiente.
2.  Se producirá la exigencia de reintegro o la pérdida del derecho a la percepción 
total  de  la  ayuda  otorgada  en  aquellos  casos  en  los  que  se  ejecute  el  proyecto 
subvencionable con manifiesto incumplimiento de los requisitos establecidos o cuando 
no se ejecute, al menos, un 50 % del presupuesto total del proyecto, debiendo tener lo 
ejecutado utilidad propia, así como siendo explotadas y gestionadas las instalaciones 
realizadas por la comunidad energética beneficiaria; procediendo el ajuste proporcional 
correspondiente y la pérdida del derecho al cobro parcial de la ayuda otorgada en caso 
de ejecutarse un porcentaje igual o superior al 50 % del presupuesto total del proyecto.
Podrá dar lugar, así mismo, a la pérdida total o parcial del derecho al cobro o el 
reintegro de la ayuda, el informe desfavorable de fiscalización de cualquiera de las 
administraciones  correspondientes  (Intervención  General  de  la  Administración  del 
Estado, Tribunal de Cuentas, Comisión Europea), que concluya con la necesidad de 
devolución total o parcial de la ayuda concedida, basado en cualquier incumplimiento de  e.
la normativa de aplicación a las mismas, así como, en caso de incumplimiento del  w.b
principio  de  «no  causar  un  perjuicio  significativo  al  medio  ambiente»,  y  de  las  343ww
lcaosn cduicaionntíeass  preecrocigbiiddaass  eqnu ela p mudeideirdaan,  deent ecrumyion acrasseo p eolr  bloesn oerfigcaianriisom fionsa lc odmebpeertáe nreteinst.egrar
una 3r.e duCcucaiónnd od ela l orse dcuocscteiósn d deeri vlaa deaje dceu claiósn l icdietal cpiroenseusp eune setol  ptrootcael ssoe ad ec ocnosnetrcauteancicóian  ddee 
las actuaciones del proyecto, se procederá al ajuste automático correspondiente de la
ayuda a percibir o, en su caso, a exigir el reintegro de las cantidades percibidas en 
exceso. Las correspondientes convocatorias podrán establecer los casos adicionales y la 
forma en que el presupuesto total del proyecto podrá ser ajustado.
4.  El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones señaladas en el artículo 7, así 
como de las obligaciones adicionales que pudieran establecerse en la correspondiente 
convocatoria, podrá ser causa de la pérdida de derecho al cobro o del reintegro de la ayuda 
concedida, según la fase procedimental en que se halle la tramitación del expediente.
5.  El  incumplimiento  de  la  obligación  de  comunicar  la  obtención  de  otras 
subvenciones o ayudas públicas será causa suficiente para la exigencia del reintegro o la 
pérdida del derecho a la percepción de la ayuda otorgada, en función de la cuantía de la 
ayuda obtenida por las actuaciones y no notificada al IDAE.
6.  El incumplimiento de las obligaciones de publicidad establecidas por esta orden, 
la normativa de aplicación y, en su caso, la convocatoria correspondiente dará lugar a la 
exigencia del reintegro o, en su caso, la pérdida del derecho a la percepción total de la 
ayuda correspondiente.
Disposición final primera.  Título competencial.
Esta orden se dicta, como título competencial prevalente, al amparo de lo dispuesto 
en la regla 15.ª del artículo 149.1 de la Constitución Española, que atribuye al Estado la 
competencia  exclusiva  sobre  fomento  y  coordinación  general  de  la  investigación 
científica y técnica. También se dicta conforme a las reglas 13.ª, 23.ª y 25.ª del mismo 
precepto constitucional, que atribuyen, asimismo, al Estado las competencias sobre 
bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, legislación 
básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las 
comunidades autónomas de establecer normas adicionales de protección, y bases del 
régimen minero y energético, respectivamente.
Disposición final segunda.  Instrucciones de cumplimiento.
El  órgano  instructor,  en  el  ámbito  de  sus  competencias,  podrá  emitir  cuantas 
instrucciones sean precisas para el cumplimiento de los requerimientos de esta orden y 
las respectivas convocatorias y para la ejecución de las actuaciones de los proyectos 
objeto de ayuda y certificación de los costes subvencionables correspondientes.
Disposición final tercera.  Entrada en vigor.
Esta orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado».
Madrid, 22 de diciembre de 2021.–La Vicepresidenta Tercera del Gobierno y Ministra 
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera Rodríguez.
ANEXO I
Actuaciones subvencionables englobadas dentro de las cinco áreas de actuación 
establecidas
1. Proyectos piloto singulares
Serán subvencionables las actuaciones objeto de los proyectos piloto singulares 
subvencionables al amparo de las ayudas reguladas en esta orden que se realicen en 
las siguientes áreas de actuación, según lo establecido en el artículo 8 de estas bases:
I.  Energías renovables eléctricas
Asociadas a una o varias de las siguientes fuentes de energía: biomasa, biogás u 
otros gases renovables, eólica, hidráulica y solar fotovoltaica.
II.  Energías renovables térmicas
Asociadas a una o varias de las siguientes fuentes de energía: aerotermia, biomasa, 
biogás, biometano u otros gases renovables, geotermia, hidrotermia y solar térmica, así 
como  los  sistemas  de  aprovechamiento  de  dichas  fuentes  en  las  aplicaciones 
determinadas en la convocatoria.
III.  Eficiencia energética
Asociadas a una o varias de las siguientes aplicaciones: mejora de la eficiencia 
energética de la envolvente térmica.
IV.  Movilidad sostenible
Asociadas  a  una  o  varias  de  las  siguientes  aplicaciones:  implantación  de 
infraestructura de recarga de vehículos eléctricos y adquisición de vehículos eléctricos 
«enchufables» y de pila de combustible para movilidad compartida.
V.  Gestión de la demanda
Asociadas a una o varias de las siguientes aplicaciones: almacenamiento detrás del 
contador y sistemas de regulación mediante almacenamiento hidráulico u otros sistemas de 
almacenamiento innovadores que podrán incluir baterías de próxima generación o nuevos 
aprovechamientos de baterías vehiculares (segunda vida de baterías), agregación de la 
demanda de energía térmica y sistemas para proporcionar flexibilidad de la demanda.
Las convocatorias podrán incluir actuaciones adicionales.
ANEXO II
Criterios excluyentes y criterios de valoración
1. Criterios excluyentes
Son criterios excluyentes los siguientes: s
a)  La no adecuación del proyecto y la entidad beneficiaria a los requisitos de la  b
convocatoria. 343ww
figurba)n  eNno e le annceuxaod rIa.rse el proyecto en ninguna de las tipologías de actuación que
cd))   PNroo yseecrátons  eqleugei bslóelso  ainqculueyllaans  eascttuudaicoiso.nes que directa o indirectamente ocasionen
un perjuicio significativo al medio ambiente «principio DNSH», de acuerdo al artículo 17
del Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio 
de 2020 relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles.
e)  No alcanzar la puntuación mínima que se establezca en cada convocatoria 
respecto a los criterios de valoración que figuran en el siguiente apartado 2.
2. Criterios de valoración
Las  solicitudes  se  valorarán  teniendo  en  cuenta  las  siguientes  circunstancias, 
determinándose en la convocatoria la puntuación a asignar conforme a criterios objetivos 
y, en su caso, ponderación correspondiente:
Criterio de valoración Puntuación
Características del proyecto
1.  Los socios o miembros son exclusivamente personas físicas, pymes o 
0-15
entidades locales.
2.  Socios o miembros situados en las proximidades del proyecto. 0-25
3.  Proyectos multi-componente e innovadores. 0-25
Viabilidad económica
1.  Reducción sobre la ayuda máxima. 0-15
2.  Plan de negocio y cadena de valor. 0-15
Externalidades
1.  Impacto social y de género. 0-25
2.  Dinamización social. 0-15
3.  Adecuación prioridades autonómica y/o locales. 0-15
  Total máximo a conceder. 100
La puntuación mínima para acceder a la valoración, es de 30 puntos, salvo que se 
indique otro valor en la correspondiente convocatoria.
Se valorará sobre un total de 100 puntos.
La evaluación de cada uno de estos criterios se realizará en base al cumplimiento de 
los siguientes requisitos para ser puntuables:
Los socios o miembros son exclusivamente personas físicas, pymes o entidades 
locales. Recibirán el total de la puntuación correspondiente a este criterio aquellas 
solicitudes que certifiquen que sus socios o miembros son exclusivamente personas 
físicas, pymes y/o entidades locales.
Socios o miembros situados en las proximidades del proyecto. Recibirán el total de la 
puntuación correspondiente a este criterio aquellas solicitudes cuyos socios o miembros 
estén situados en las proximidades del proyecto, si desarrollan su actividad o residen 
dentro del radio de actuación del emplazamiento de la actividad considerado como límite 
de proximidad. Este radio de actuación, el límite de proximidad, será establecido en cada 
convocatoria siendo, como máximo, cincuenta kilómetros.
En el caso de proyectos que presenten múltiples actuaciones, se tomará como  s
referencia para el cumplimiento de este criterio aquella actuación con mayor presupuesto  e.
asociado. w.
En el caso de proyectos que presenten múltiples actuaciones, la distancia máxima  343ww
eensttareb laeqzucae lleans  lqau ceo nevsotécna tmoráias. alejadas no deberá superar el límite de proximidad que se
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Adicionalmente,  se  valorará  el  carácter  innovador  que  represente  el  proyecto 
presentado. Se podrá valorar, entre otros, tanto el componente técnico como el de 
organización social y gobernanza.
Reducción sobre la intensidad de ayuda. Se asignarán los puntos de este criterio de 
acuerdo a la siguiente expresión:
Puntuación = puntos máximos asignados a este criterio x [ayuda máxima del 
proyecto (€) – ayuda solicitada del proyecto (€)] / [ayuda máxima del proyecto (€)]
La ayuda máxima del proyecto y la ayuda solicitada del proyecto son las establecidas 
en el punto 3 del artículo 10 de las presentes bases reguladoras.
Plan de negocio y cadena de valor. Se valorará la puntuación en función de la calidad 
de la información en el plan de trabajo que incluirá, entre otros puntos, las oportunidades 
para la cadena de valor industrial local, regional, nacional y comunitaria; así como un 
análisis del impacto sobre la fabricación de equipos, suministros, montajes, transporte y 
resto  de  prestaciones  realizadas  por  empresas  localizadas  en  los  citados  ámbitos 
territoriales, en relación con la inversión total a realizar.
Se podrá valorar la sostenibilidad económica del proyecto, así como el impacto sobre 
el empleo.
Impacto social y de género. Las convocatorias podrán asignar distintas valoraciones, 
hasta la máxima puntuación asignada para el criterio, entre otros, a los siguientes 
conceptos:
– Proyectos que incluyan personas de hogares con ingresos bajos o vulnerables 
como socios o miembros de la comunidad.
– Proyectos desarrollados parcial o totalmente en municipios o provincias en riesgo 
de despoblación.
– Contribución a abordar el reto demográfico y la transición justa. Se valorará no 
sólo la ubicación del proyecto, sino también la forma de abordar de proactivamente la 
lucha contra el reto demográfico y la promoción de una transición justa.
Dinamización social. Se valorará la puntuación en función de la calidad del plan de 
participación  de  agentes  interesados,  incluyendo  entre  ellos  a  personas  físicas  y/o 
pymes y/o entidades locales.
Adecuación prioridades autonómica y/o locales. Recibirán el total de la puntuación 
correspondiente a este criterio aquellas solicitudes que certifiquen el cumplimiento de 
este criterio aportando el correspondiente informe de un organismo competente.
Certificación  del  cumplimiento  de  criterios.  En  relación  a  la  documentación 
necesaria  para  la  certificación  del  cumplimiento  de  cada  uno  de  los  criterios,  las 
convocatorias incluirán la correspondiente relación de documentos válidos y necesarios 
para su valoración.