BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 91  Miércoles 1 de abril de 2020  Sec. I.   Pág. 27973
I. DISPOSICIONES GENERALES
JEFATURA DEL ESTADO
4209 Real Decreto-ley 12/2020, de 31 de marzo, de medidas urgentes en materia 
de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género.
I
El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, declaró el estado de alarma para la gestión 
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. El artículo 18 del citado real 
decreto prevé que las autoridades, empresas y proveedores adopten las medidas 
necesarias para asegurar la prestación de los servicios esenciales que les son propios.
En este sentido, el artículo 2.a) de la Ley 8/2011, de 28 de abril, por la que se 
establecen medidas para la protección de las infraestructuras críticas, define esos servicios 
esenciales como el servicio necesario para el mantenimiento de las funciones sociales 
básicas, la salud, la seguridad, el bienestar social y económico de los ciudadanos, o el 
eficaz funcionamiento de las Instituciones del Estado y las Administraciones Públicas.
Asimismo, han sido aprobados el Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que 
se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19 y el Real 
Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente 
al impacto económico y social del COVID-19, con la finalidad de poder dar respuesta a la 
situación creada como consecuencia de la situación de emergencia y de la declaración del 
estado de alarma, en los diferentes ámbitos, tanto económicos como sociales, afectados.
Las medidas adoptadas a raíz de esta situación están provocando un especial impacto 
en determinados colectivos de personas especialmente vulnerables que deben ser objeto 
de protección por parte del Gobierno.
Las mujeres víctimas de violencia de género son un colectivo especialmente vulnerable 
en situaciones de aislamiento domiciliario, por verse forzadas a convivir con su agresor, lo 
que las sitúa en una situación de mayor riesgo, como se ha venido demostrando con 
motivo de situaciones parcialmente análogas, como los periodos vacacionales sin situación 
de permanencia en domicilios, periodos en los que se disparan los casos de violencia de 
género y de violencia doméstica.
En este contexto, ya antes de la declaración del estado de alarma y de la aprobación 
de las medidas adoptadas a su amparo, desde el Ministerio del Interior se impartieron las 
instrucciones oportunas en relación con los expedientes activos en el Área de Violencia de 
Género de la Secretaría de Estado de Seguridad. Sin embargo, resulta preciso llevar a 
cabo medidas dirigidas en especial a la protección y asistencia de las víctimas de violencia 
de género y, en particular, de aquellas que puedan encontrarse en una situación de 
especial vulnerabilidad, como garantía de sus derechos y en particular del derecho a la 
asistencia social integral contemplado en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de 
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
Efectivamente, el artículo 19 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de 
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, señala que las mujeres 
víctimas de violencia de género tienen derecho a la asistencia social integral, a través de 
servicios sociales de atención, de emergencia, de acogida y de recuperación integral. 
Según la norma, la organización de estos servicios por parte de las comunidades autónomas  e.
y las corporaciones locales, responderá a los principios de atención permanente, actuación  w.
urgente, especialización de prestaciones y multidisciplinariedad profesional. 09ww
humLaan ovsio, leennctriea  edlelo sg,é lnae vroid ac,o nlas tiintuteyger,i dsaind  dfíusdicaa  ayl gpusníqau, icuan,a  laa msaelnuadz, ala a s elogsu rdidearedc yh oesl 
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Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se articulen las medidas necesarias para garantizar el
adecuado funcionamiento de los servicios destinados a su protección y asistencia, 
eliminando los obstáculos que puedan dificultar o imposibilitar el acceso de las víctimas a los 
medios habituales de asistencia integral, comunicación y denuncia de situaciones de 
violencia de género; o que incluso disponiendo de tales medios puedan encontrarse con que 
los servicios de asistencia no estén disponibles o no lo estén al nivel habitual de atención.
Por otro lado, el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la 
violencia contra la mujer y la violencia doméstica, hecho en Estambul el 11 de mayo de 2011, 
obliga a los Estados Parte a adoptar las medidas que sean necesarias para prevenir y dar 
respuesta a la violencia contra las mujeres. En particular, en su artículo 7 insta a que las 
medidas que se tomen impliquen, en su caso, a todos los actores pertinentes como las 
agencias gubernamentales, los parlamentos y las autoridades nacionales, regionales y 
locales; y en su artículo 8 promueve la dedicación de recursos financieros y humanos 
adecuados para la correcta aplicación de políticas integradas, medidas y programas 
dirigidos a prevenir y combatir todas las formas de violencia incluidas en el ámbito de 
aplicación del Convenio.
En septiembre de 2017, los Plenos del Congreso de los Diputados y del Senado 
aprobaron, respectivamente, el Informe de la Subcomisión para un Pacto de Estado en 
materia de violencia de género y el Informe de la Ponencia de Estudio para la elaboración 
de estrategias contra la violencia de género. Ambos integran el Pacto de Estado contra la 
Violencia de Género (en adelante, Pacto de Estado), cuya aprobación culminó en 
diciembre de 2017 con los acuerdos alcanzados entre el Gobierno y el resto de 
administraciones autonómicas y locales. El Pacto de Estado, además de medidas 
genéricas dirigidas a todas las Administraciones Públicas, incluye, en su Eje 7, 
recomendaciones específicas para las comunidades autónomas y las entidades locales, 
que se acompañan para su realización con el compromiso económico previsto en su Eje 9. 
Este establece un fondo finalista para la ejecución de las medidas del Pacto de Estado 
destinado a las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, de cien millones 
de euros, que se refleja anualmente en los Presupuestos Generales del Estado.
La forma y el procedimiento en que ha de realizarse la distribución de estos fondos a 
las comunidades autónomas, a través de la Conferencia Sectorial de Igualdad, y los plazos 
para su transferencia y su correspondiente ejecución en el respectivo ejercicio económico, 
establecidos en el artículo 86 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 
Presupuestaria, impiden aprovechar eficazmente los recursos que aporta el Pacto de 
Estado durante el periodo de cinco años para su ejecución.
De acuerdo con el artículo 86 de la mencionada Ley 47/2003, de 26 de noviembre, la 
Conferencia Sectorial de Igualdad se celebrará al comienzo del ejercicio económico para 
acordar los criterios objetivos para la distribución territorial de los créditos presupuestarios, 
y su distribución entre las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla. Esta 
distribución será aprobada mediante acuerdo del Consejo de Ministros y, a continuación, 
los órganos competentes de la Administración General del Estado, es decir, del Ministerio 
de Igualdad, aprobarán los instrumentos jurídicos oportunos para la formalización de los 
compromisos financieros.
Es en ese momento de la formalización de los compromisos financieros cuando, en el 
supuesto de que las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla tengan 
remanentes de fondos no comprometidos correspondientes a las transferencias del 
ejercicio anterior (determinados en el estado de ejecución que estas deben presentar no 
más tarde del 31 de marzo de cada ejercicio), estos remanentes deberán ser descontados 
de la cantidad que corresponda transferir a cada comunidad autónoma, para que sean  es
utilizados en el ejercicio corriente como situación de tesorería en el origen. o
hleya fa esúrcáenAtn iicvdh eaoeafs meey uaxcánctnsieva , opf lvooscers imópz cn osar reédl ic dezhuialta aopdyrsaotaa g  qasoluo p pecsraoo  ccrrbtoroeaerrsdrsre opees osndpnp eoldoafniinn edsdinateiitvngeea un aamnt eldc epsaanr d itcqmeaou  elmcianro  cpdtmreriismonutmraneib isidnsutaarocedtisuó)  ,ran faqui nltu tedóaerennr si octcoomiaelroidara oap l ss odte rde mim rlleáoe ensldis  bhictarraraenécr dte(áecirnt oos eensyl      OE-A-2020-4209able en https://www.
oportuno instrumento jurídico.
Por lo expuesto, de acuerdo con el estado de ejecución que presente cada comunidad 
autónoma y las ciudades de Ceuta y Melilla no más tarde del 31 de marzo, se conocerán 
los remanentes que no hubieran comprometido a 31 de diciembre de 2019, tanto respecto 
de los créditos del Pacto de Estado que se transfirieron en 2018 (que pudieron ejecutarse 
en 2019 en virtud de la disposición adicional única del Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de 
agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de 
género) como de los transferidos en 2019. Así, los remanentes que no hubieran 
comprometido a 31 de diciembre de 2019 deberán ser descontados de la cantidad que 
corresponda transferir a cada comunidad autónoma y las ciudades de Ceuta y Melilla en 
el presente ejercicio 2020; de tal manera que, de no mediar una urgente modificación 
normativa, una vez que se celebre la Conferencia Sectorial de Igualdad, los fondos del 
Pacto de Estado para las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla 
para 2020 no podrían transferirse de forma efectiva pues se descontarían los remanentes 
de los fondos transferidos en los ejercicios anteriores que no hubieran sido comprometidos.
Además, de acuerdo con el mencionado artículo 86 de la Ley 47/2003, de 26 de 
noviembre, los créditos que corresponda gestionar a cada comunidad autónoma se le librarán 
y harán efectivos por cuartas partes en la segunda quincena natural de cada trimestre, por lo 
que el libramiento de los últimos trimestres limita enormemente la posibilidad de su ejecución 
durante el ejercicio económico corriente al que se refiere el propio artículo 86.
Así, dado que el libramiento de los créditos se extiende hasta el último trimestre del 
año, es muy difícil que en ese breve plazo se puedan realizar alguna de las necesidades 
identificadas por las distintas comunidades autónomas, puesto que tanto la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, como la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español 
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 
febrero de 2014, establecen unos plazos de tramitación administrativa que no permiten su 
adecuada ejecución, en los estrictos plazos ya mencionados.
Con la finalidad de evitar tal descuento, que sería tan perjudicial para la lucha contra 
la violencia de género, facilitar la ejecución de los fondos transferidos en los últimos 
trimestres del año, y la propia necesidad de celebrar cuanto antes la Conferencia Sectorial 
de Igualdad en la que se formalice la distribución de los fondos para 2020, quedan 
suficientemente acreditadas las razones de urgente y extraordinaria necesidad que 
justifican la medida adoptada mediante el presente Real Decreto-ley. La adecuada 
ejecución del Pacto de Estado así lo exige.
Estas circunstancias que impiden ejecutar adecuadamente los créditos del Pacto de 
Estado en cada ejercicio presupuestario, también han sido trasladadas por escrito, y 
expuestas por las propias comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla en la 
Conferencia Sectorial de Igualdad celebrada el 17 de octubre de 2019, en la que 
manifestaron mayoritariamente la necesidad de exceptuar el régimen de los remanentes 
previsto en la regla Sexta del apartado 2 del artículo 86 de la Ley 47/2003, de 26 de 
noviembre, tal y como ya se hizo en 2018 o, en su defecto, establecer un ámbito temporal 
más amplio para la ejecución de los fondos del Pacto de Estado.
Asimismo, y en referencia a las transferencias a las comunidades autónomas para la 
ejecución de los fondos del Pacto de Estado, resulta inminente la culminación del plazo 
para justificar y acordar el reparto de fondos; la necesidad de mantener los servicios 
esenciales de asistencia social integral contra la violencia de género en un contexto de 
excepcionalidad como el que nos encontramos, con las modificaciones necesarias para su 
adaptación a las medidas dispuestas por las autoridades delegadas, constituye una  es
justificación adicional a la necesidad de exceptuar la aplicación de la regla Sexta del  o
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le reconoce el artículo 86.1 de la Constitución (SSTC 142/2014, FJ 3 y 33/2017, FJ 3).
II
En consecuencia, y buscando dar respuesta a las necesidades de protección de las 
víctimas de violencia de género en un contexto como en el que nos encontramos, este 
Real Decreto-ley adopta una serie de medidas destinadas al mantenimiento y adaptación 
de los servicios de asistencia integral y protección, estableciendo medidas organizativas 
para garantizar el adecuado funcionamiento de los servicios destinados a su protección, 
así como la adaptación de las modalidades de prestación de los mismos a las 
circunstancias excepcionales a las que se ve sometida la ciudadanía durante estos días.
De esta manera, el presente Real Decreto-ley se estructura en dos capítulos, el 
primero de ellos contiene seis artículos destinados a asegurar el funcionamiento de los 
servicios de asistencia y protección integral de las víctimas de violencia de género en el 
marco del estado de alarma. El segundo capítulo contiene dos artículos; en el primero se 
prevé la excepción de la aplicación de la regla Sexta del artículo 86.2 de la Ley 47/2003, 
de 26 de noviembre, para los fondos destinados a la financiación del Pacto de Estado 
contra la Violencia de Género, con el objetivo de asegurar la implementación y prestación 
continuada durante los cincos años de vigencia del Pacto de Estado de los servicios de 
asistencia y protección de las víctimas de violencia de género. En el segundo, se habilita 
la financiación de los servicios puestos en marcha por las comunidades autónomas, para 
hacer frente a las necesidades en materia de violencia de género derivadas de la 
declaración del estado de alarma.
Finalmente, el texto se cierra con una disposición transitoria que regula la aplicación 
de la excepción a la regla Sexta del artículo 86.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, 
a los remanentes no comprometidos correspondientes al ejercicio presupuestario del 
año 2019 y dos disposiciones finales que contienen el fundamento constitucional de las 
medidas adoptadas y la entrada en vigor de este Real Decreto-ley.
III
Por otra parte, se respetan los límites constitucionalmente establecidos para el uso de 
este instrumento normativo, pues este Real Decreto-ley no afecta al ordenamiento de las 
instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos 
regulados en el Título I de la Constitución, al régimen de las comunidades autónomas ni al 
derecho electoral general.
Además, el Real Decreto-ley representa un instrumento constitucionalmente lícito, en 
tanto que pertinente y adecuado para la consecución del fin que justifica la legislación de 
urgencia, que no es otro, tal como reiteradamente ha exigido nuestro Tribunal 
Constitucional, que subvenir a una situación concreta, dentro de los objetivos 
gubernamentales, que por razones difíciles de prever requiere una acción normativa 
inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía normal o por el procedimiento 
de urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes.
En las medidas que se adoptan en el presente Real Decreto-ley para garantizar la 
prestación de los servicios de atención y protección integral de las víctimas de violencia de 
género, se aprecian las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad previstas en 
el artículo 86 de la Constitución Española, derivada de la situación de estado de alarma y 
considerando, por otra parte, que los objetivos que se pretenden alcanzar, la protección 
inmediata y efectiva de las víctimas de violencia de género, con el mismo no pueden 
conseguirse a través de la tramitación de una ley por el procedimiento de urgencia.
Asimismo, y en lo que se refiere a la disposición relativa al régimen de los fondos del  e.
Pacto de Estado contra la Violencia de Género transferidos a las comunidades autónomas,  w.
concurre en este caso el presupuesto habilitante de la urgente necesidad, derivado de las  09ww
dificEullt acdoertso  epxeisritoednote dse p taieram epjoe cpuatraar  llao se fjoencudcoisó ntr adnes lfaesri dmoesd aid laass  cidoemnutifnicidaaddaess e anu ctóandoam uanso.
dlae  Lloesy  e3j8e/r2c0ic0io3s,  yd ela 1s 7r edgela nso gveienmerbarlee,s  Gdee ntrearmali tdaec ióSnu bcovenntecnioidnaess ,e nco amlgou neans l an oLremya 9s /(2t0an1t7o,   BOE-A-cable e
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público), y el carácter absolutamente prioritario
de la lucha contra la violencia de género aconsejan que, de forma singular, se excepcione 
el régimen contenido en la regla Sexta del artículo 86.2 de la Ley 47/2003, de 26 de 
noviembre, para el periodo de tiempo en el que mantenga su vigencia el Pacto de Estado 
contra la Violencia de Género.
Por tanto, en este Real Decreto-ley concurren, por su naturaleza y finalidad, las 
circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad que exige el artículo 86 de la 
Constitución Española como presupuestos habilitantes para la aprobación de un Real 
Decreto-ley.
IV
Este Real Decreto-ley cumple con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, 
seguridad jurídica, transparencia y eficiencia, previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
que, en el ejercicio de la iniciativa legislativa, deben cumplir las Administraciones Públicas.
En cuanto a los principios de necesidad y eficacia, se ven plenamente respaldados 
dado el interés general en el que se funda, siendo el Real Decreto-ley el instrumento más 
adecuado para garantizar su consecución.
Por lo que respecta a la proporcionalidad, se ha buscado establecer una medida 
imprescindible para atender la necesidad de protección, asistencia y atención de las 
víctimas de la violencia de género en una situación de excepcionalidad y en la que la 
convivencia con el agresor supone un riesgo cierto a su integridad física y moral.
Dicha proporcionalidad puede, asimismo, apreciarse en la excepción de la regla Sexta 
del artículo 86.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, ya que se ha buscado establecer 
una medida imprescindible para atender la necesidad de protección, asistencia y atención 
de las víctimas de la violencia de género, mediante la flexibilización de la regla de gasto de 
los programas ejecutados por las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y 
Melilla a tal fin, no pudiendo plantearse otras medidas menos restrictivas de derechos o 
que impongan menos obligaciones a los destinatarios.
Asimismo, siendo coherente con el resto del ordenamiento jurídico, supone un marco 
normativo estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre, que facilita su 
conocimiento y comprensión y, en consecuencia, la actuación y toma de decisiones por 
parte de las Administraciones Públicas concernidas, por lo que se entiende que la 
propuesta se adecua al principio de seguridad jurídica.
En cumplimiento del principio de transparencia, la norma identifica claramente su 
propósito y ofrece una explicación completa de su contenido en esta parte expositiva.
Finalmente, dado que la norma no impone cargas administrativas, se entiende 
plenamente cumplida la adecuación al principio de eficiencia.
En su virtud, en uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la Constitución, a 
propuesta de la Ministra de Igualdad y del Ministro del Interior, y previa deliberación del 
Consejo de Ministros en su reunión del día 31 de marzo de 2020,
DISPONGO:
CAPÍTULO I
Medidas para garantizar el funcionamiento de los servicios de asistencia 
y protección integral a las víctimas de violencia de género es
Artículo 1.  Declaración de servicio esencial. w.
refieAre lons lo esf eacrttoícsu dloes  l2o  ap r5e vdieslt om eisnm eol  pterensderánnte l aR ceoanl sDideecrraectoió-lne yd,e l osse rsveicrvioicsi oess ean lcoisa lqeuse c osen 
leols e esfteacdtoo sd ep raelvaisrmtoas  epna real  lRa egael sDtieócnr edteo  l4a6 s3i/t2u0a2c0ió, nd ed e1 4c rdiseis m saarnziota, rpiao ro ecla qsuioen saed ad epcolra real   BOE-A-cable e
COVID-19, sus normas de desarrollo; el Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el
que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta 
ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población 
en el contexto de la lucha contra el COVID-19, y el resto del ordenamiento jurídico.
Artículo 2.  Normal funcionamiento de los servicios de información y asesoramiento 
jurídico 24 horas, telefónica y en línea, así como de los servicios de teleasistencia y 
asistencia social integral a las víctimas de violencia de género.
1.  Las Administraciones Públicas competentes adoptarán las medidas necesarias 
para garantizar la prestación de los servicios de información y asesoramiento jurídico 24 
horas, telefónica y en línea, dirigidos a las víctimas de violencia de género, con las mismas 
características que los que se venían prestando con anterioridad a la declaración del 
estado de alarma y, en su caso, adaptando su prestación a las necesidades excepcionales 
derivadas de este.
2.  Las Administraciones Públicas competentes asegurarán el normal funcionamiento 
del servicio Telefónico de Atención y Protección para víctimas de la violencia de género 
(ATENPRO), adaptando, en su caso, su prestación a las necesidades excepcionales 
derivadas del estado de alarma.
3.  Las Administraciones Públicas competentes garantizarán la prestación de los 
servicios de asistencia social integral, consistentes en orientación jurídica, psicológica y 
social destinadas a las víctimas de violencia género, que viniesen funcionando con 
anterioridad a la declaración del estado de alarma, adaptando, en su caso, su prestación 
a las necesidades excepcionales derivadas del estado de alarma.
La adaptación a la que se refiere el párrafo anterior, deberá tener en cuenta la situación 
de permanencia domiciliaria y prever alternativas a la atención telefónica, a través de 
medios como la mensajería instantánea para la asistencia psicológica o la alerta con 
geolocalización para la comunicación de emergencia a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Artículo 3.  Servicios de acogida a víctimas de violencia de género y otras formas de 
violencia contra las mujeres.
1.  Las Administraciones Públicas competentes garantizarán el normal funcionamiento 
de los centros de emergencia, acogida, pisos tutelados, y alojamientos seguros para 
víctimas de violencia de género, explotación sexual y trata con fines de explotación sexual.
2.  Cuando la respuesta de emergencia conlleve el abandono del domicilio para 
garantizar la protección de la víctima y de sus hijos e hijas, se procederá al ingreso en los 
centros a los que se refiere el apartado anterior, que serán equipados con equipos de 
protección individual.
3.  Cuando sea necesario para garantizar la acogida de víctimas y de sus hijos e hijas 
en riesgo, las Administraciones Públicas competentes podrán disponer el uso de los 
establecimientos de alojamiento turístico, a los que se refiere la Orden TMA/277/2020, 
de 23 de marzo, por la que se declaran servicios esenciales a determinados alojamientos 
turísticos y se adoptan disposiciones complementarias.
4.  A los centros a los que se refiere el presente artículo les será de aplicación, en 
aquello que proceda en atención a su naturaleza, lo dispuesto en los apartados segundo, 
tercero y cuarto, de la Orden SND/275/2020, de 23 de marzo, por la que se establecen 
medidas complementarias de carácter organizativo, así como de suministro de información 
en el ámbito de los centros de servicios sociales de carácter residencial en relación con la 
gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. e.e
Artículo 4.  Sistema de seguimiento por medios telemáticos del cumplimiento de las  09ww
mgéendeidroa.s cautelares y penas de prohibición de aproximación en materia de violencia de
1.  Las Administraciones Públicas competentes adoptarán las medidas necesarias para
garantizar el normal funcionamiento y prestación del servicio integral, incluido el servicio de
puesta a disposición, instalación y mantenimiento de equipos de dispositivos telemáticos, del 
sistema de seguimiento por medios telemáticos del cumplimiento de las medidas cautelares 
y penas de prohibición de aproximación en materia de violencia de género.
2.  Para el cumplimiento de lo dispuesto en el apartado anterior, las Administraciones 
Públicas competentes podrán dictar las instrucciones necesarias a las empresas 
prestadoras de los servicios.
Artículo 5.  Medidas relativas al personal que presta servicios de asistencia social integral 
a víctimas de violencia de género, y otras formas de violencia contra las mujeres que, 
por su naturaleza, se deban prestar de forma presencial.
1.  Las personas trabajadoras que por razón de su actividad profesional tengan 
contacto directo con las víctimas y, en todo caso, quienes prestan sus servicios en centros 
de teleasistencia, emergencia o acogida, deben seguir las medidas de protección 
recomendadas por el Ministerio de Sanidad, según el nivel de riesgo al que están expuestos.
2.  A efectos de lo anterior, y siempre que las disponibilidades así lo permitan, las 
Administraciones Públicas competentes, así como las empresas proveedoras de servicios, 
deberán dotar a las personas trabajadoras de los centros de los equipos de protección 
individual.
Artículo 6.  Campañas institucionales para prevenir la violencia de género durante el 
estado de alarma.
1.  Con la finalidad de prevenir los impactos que el aislamiento domiciliario pueda 
tener en el incremento de casos de violencia de género y facilitar el acceso de las víctimas 
a los servicios de asistencia social integral, así como la sensibilización de su entorno social 
y familiar, las Administraciones Públicas competentes elaborarán las oportunas campañas 
de concienciación.
2.  De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19 del Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo, las autoridades competentes delegadas, así como las administraciones 
autonómicas y locales podrán disponer la inserción de las campañas, o los mensajes, 
anuncios y comunicaciones que formen parte de las mismas, a las que se refiere el 
apartado anterior, en los medios de comunicación social de titularidad pública y privada.
CAPÍTULO II
Medidas urgentes para favorecer la ejecución de los fondos del Pacto de Estado 
contra la Violencia de Género por las comunidades autónomas
Artículo 7.  Régimen aplicable a los remanentes no comprometidos afectados al Pacto de 
Estado en materia de Violencia de Género.
Con carácter excepcional, limitado exclusivamente a las transferencias contempladas 
en el crédito 25.03.232C.450 para el desarrollo de nuevas o ampliadas competencias 
reservadas a las comunidades autónomas en el Pacto de Estado contra la Violencia de 
Género, o los que resulten equivalentes en las Leyes de Presupuestos Generales del 
Estado, no resultará de aplicación lo dispuesto en la regla Sexta del artículo 86.2 de la 
Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, a los remanentes no 
comprometidos resultantes al final del ejercicio. s
Si el gasto o actuación a la que corresponda el remanente resulta suprimida en el  oe.
presupuesto del ejercicio siguiente, se destinará aquel en primer lugar a hacer efectivas  w.
lsaosb roabnltieg aqcuioen neos  epsetunvdieiesnet ecso mdper opmageoti daol  sfien  redienlt eegjerarcráic aiol  Einsmtaeddoi.atamente anterior y el  2020-4209n https://ww
Artículo 8.  Proyectos o programas financiados con fondos del Pacto de Estado contra la 
Violencia de Género.
Las comunidades autónomas y las entidades locales podrán destinar los fondos que 
les correspondan del Pacto de Estado contra la Violencia de Género a poner en marcha 
todos los proyectos o programas preventivos y asistenciales que se recogen en este Real 
Decreto-ley, así como cualquier otro que, en el contexto del estado de alarma, tenga como 
finalidad garantizar la prevención, protección y la atención frente a todas las formas de 
violencias contra las mujeres.
Disposición transitoria única.  Régimen aplicable a los remanentes no comprometidos 
correspondientes al ejercicio presupuestario del año 2019.
Lo dispuesto en el artículo 7 será de aplicación a las transferencias contempladas en 
el crédito 25.03.232C.450 para el desarrollo de nuevas o ampliadas competencias 
reservadas a las comunidades autónomas en el Pacto de Estado contra la Violencia de 
Género correspondiente al ejercicio presupuestario del año 2019.
Disposición final primera.  Título competencial.
Este Real Decreto-ley se dicta al amparo de lo establecido en las reglas 149.1.1.ª, 
149.1.14.ª y 149.1.29.ª de la Constitución Española.
Disposición final segunda.  Entrada en vigor.
El presente Real Decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 
el «Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 31 de marzo de 2020.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN