BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 19 Viernes 22 de enero de 2021 Sec. III.   Pág. 6354
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
932 Resolución  de  23  de  diciembre  de  2020,  de  la  Dirección  General  de 
Seguridad  Jurídica  y  Fe  Pública,  en  el  recurso  interpuesto  contra  la 
calificación extendida por el registrador de la propiedad de Valencia n.º 7, por 
la que suspende la inscripción de un testimonio de mandamiento original, por 
el que se ordena tomar anotación preventiva de querella.
En el recurso interpuesto por don J. M.B. contra la nota de calificación extendida por 
el registrador titular del Registro de la Propiedad contra la calificación desfavorable de 
fecha 4 de agosto de 2020, recibido el 3 de septiembre de 2020, del Registro de la 
Propiedad de Valencia n.º 7, don Emilia García Cueco, por la que suspende la inscripción 
de  un  testimonio  del  mandamiento  original,  librado  por  el  Juzgado  de  instrucción 
número 5 de Valencia por el que se ordena tomar anotación preventiva de querella.
Hechos
I
En testimonio expedido por el letrado de la Administración de Justicia del Juzgado 
Penal n.º 4 de Valencia, el 4 de marzo de 2020, este da fe y testimonio de lo siguiente: 
Que en Juicio Oral n.º 484/2018 seguido en dicho Juzgado, dimanante de las Diligencias 
Previas n.º 191/2016, luego Procedimiento Abreviado n.º 191/2016 del Juzgado de 
Instrucción n.º 5 de Valencia, obran, un mandamiento original, por duplicado de 6 de julio 
de 2017 librado por el Juzgado de instrucción número 5 de Valencia en las Diligencias 
Previas núm. 191/2016, dirigido al Sr. Registrador de la Propiedad núm. 7 de Valencia, 
que está unido por duplicado a los folios 721 y 722 del Tomo II, y Auto de 23 de junio 
de 2017 que lo acordaba, unido a los folios 723 a 725. A continuación, se inserta el 
contenido literal del mandamiento por duplicado y el auto citados.
II
Presentada la anterior documentación en el Registro de la Propiedad de Valencia n.º 7, 
el  día  30  de  julio  de  2020  es  objeto  de  la  siguiente  calificación:  …  «Hechos  y 
Fundamentos de Derecho: Se reitera nota de calificación de once de diciembre de dos 
mil diecinueve. En su virtud, se deniega la inscripción del documento de referencia…».
Dicha  nota  de  calificación  es  la  correspondiente  a  la  presentación  efectuada 
inicialmente con fecha 5 de diciembre de 2019, que es del tenor siguiente: «…No se 
practica operación registral alguna dada la naturaleza del documento presentado, a 
saber: Testimonio del mandamiento original, por duplicado de fecha 06 de julio de 
2017 librado por el Juzgado de instrucción número 5 de Valencia en las Diligencias 
Previas núm. 191/2016 dirigido al Sr. Registrador de la Propiedad núm. 7 de Valencia, 
con la pegatina de entrada en dicho Registro con el núm. 2412/2017 presentado el 
día  14  de  julio  de  2017  a  las  12.30  horas,  que  está  unido  por  duplicado  a  los 
folios 721 y 722 del Tomo II, junto con testimonio del auto de fecha 23 de junio de  e.e
2017 que lo acordaba y se acompaña a ambos mandamientos, unidos a los folios 723  b
a 725, que fueron devueltos a la causa junto con el original de la notificación de  w
cVaalliefincacicaió dne  dfeecshfaav o1r7a bdlee  jeumlioi tiddeo  2p0o1r7  duinchidoa  Rale fgoislitor o7 2d0e.  Elan  Pesrotap iecaduasda  nhúam r.e c7a íddoe 
sfiermntee,n acli ae sntúamr eenro f a4s8e2 /d1e9  ndoeti ffiecachciaó n1.8 L does  dnoosv iemmabnrdea mdeie 2n0to1s9 ,o raigbisnoalluetso rdiae,  fqeuceh an o6  dees 
julio de 2017, el testimonio del Auto de fecha 23 de junio de 2017 que lo acordaba y
que acompañaba a ambos mandamientos y el original de la calificación desfavorable 
emitida  por  dicho  Registro  de  la  Propiedad  número  7  de  Valencia  de 
fecha 17/07/2017, fotocopiados, son del tenor literal siguiente: … El artículo 3 de la Ley 
Hipotecaria exige para que puedan ser inscritos los títulos, en este caso judiciales, 
deberán estar consignados por documento auténtico expedido por Autoridad judicial, con 
las circunstancias prevenidas en el artículo 73 de la Ley Hipotecaria y del artículo 165 del 
Reglamento  hipotecario.  Dispone  el  artículo  257  "Para  que  en  virtud  de  resolución 
judicial pueda hacerse cualquier asiento en el Registro, expedirá el Juez, Tribunal o 
Secretario judicial, por duplicado, el mandamiento correspondiente, excepto cuando se 
trate  de  ejecutorias".  En  su  virtud,  se  deniega  la  inscripción  del  documento  de 
referencia…».
III
Contra la anterior nota de calificación, don J. M.B., interpone recurso en base a las 
siguientes  alegaciones:  Que  formulo  recurso,  contra  la  calificación  desfavorable  de 
fecha 4 de agosto de 2020, recibido el 3 de septiembre de 2020, del Registro de la 
Propiedad de Valencia n.º 7, asiento 1145, por no ser documentos originales. Me fundo 
en los siguientes Hechos: Primero.- Se trata de un testimonio manuscrito solicitado al 
Juzgado, el cual es expedido por el Juzgado, dando validez al testimonio, por lo que el 
registrador deberá tener por válido el testimonio a efectos de calificar la inscripción, pues 
en un testimonio Judicial, suscito por el Juez y Secretario Judicial.
IV
El registrador, emite su informe confirmando su calificación y forma expediente que 
eleva a esta Dirección.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos, 120.1 de la Constitución Española, 1216 del Código Civil, 149, 
317.1.º y 674 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, artículo 234, 245 y 281 de la Ley 
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, 3, 18, 73 y 257 de la Ley Hipotecaria, 100 y 165 de su 
Reglamento y Resoluciones de 25 de octubre de 2005 y 16 de junio de 2010, entre otras 
muchas en relación con el principio de legalidad, 16 de enero de 1864, 25 de julio 
de 1880, 14 de junio de 1897, 12 de febrero de 1916, 31 de julio de 1917 y 1 de julio 
de 1943 y las más recientes de 21 de enero y 2 de marzo de 2006, 9 de abril de 2007, 29 
de octubre de 2008, 15 de julio de 2010, 11 de abril y 5 de diciembre de 2012, 11 de 
mayo, 9 de julio, 5 y 28 de agosto y 18 de diciembre de 2013, 25 de febrero de 2014, 3 
de marzo y 2 de octubre de 2015, 4 y 5 de mayo, 19 de julio, 6 de septiembre, 13 de 
octubre y 30 de noviembre de 2016, 11 de enero, 1 de marzo, 17 y 18 de mayo, 26 de 
julio, 27 de septiembre, 11 de octubre y 2 y 8 de noviembre de 2017, 20 de febrero, 7 de 
marzo, 29 y 30 de mayo, 6 de junio y 12 de diciembre de 2018 y 12 de marzo y 1 de 
septiembre de 2020.
1.  Son  hechos  a  tener  en  cuenta  para  la  resolución  de  este  expediente  los 
siguientes:
– En testimonio expedido por el Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado  s
Penal n.º 4 de Valencia, este da fe y testimonio de lo siguiente: Que en Juicio Oral n.º  oe.
484/2018 seguido en dicho Juzgado, dimanante de las Diligencias Previas n.º 191/2016,  w.
Vleulae lgeJoun zcgiPaar, dooocbe rdadinem,  iueinnns ttmoru acAncbdióraenmv iiaendnúotmo  eonrr.oºig  i5n1 a9l1d, /ep2 o0Vr1 a6dl uepndlceicila a Jdeuonz dg eala d6so  d Ded iejluig lieIonn sdctierau s2c 0cP1ió7rne  lvibniar.asº  d5on  úpdmoer.    2021-932n https://w
191/2016, dirigido al Sr. Registrador de la Propiedad núm. 7 de Valencia, que está unido
por duplicado a los folios 721 y 722 del Tomo II, y Auto de 23 de junio de 2017 que lo  Bc
acordaba, unido a los folios 723 a 725. Advirtiéndose de que en esta causa ha recaído 
sentencia número 482/ 19 de fecha 18 de noviembre de 2019, absolutoria, que no es 
firme, al estar en fase de notificación.
– La citada documentación se presentó inicialmente en el Registro de la Propiedad 
de Valencia n.º 7, con fecha 5 de diciembre de 2019 y fue calificada con nota de 
denegación el 11 de diciembre de 2019.
– El día 30 de julio de 2020 se vuelve a presentar el mismo testimonio, sin que se 
acompañe la nota de calificación desfavorable citada ni la alusión a la sentencia n.º 
482/19 de fecha 18 de noviembre de 2019, absolutoria, reiterando la registradora la 
calificación anterior, en la que se deniega la práctica de la anotación que se ordenaba en 
el mandamiento testimoniado en base a lo dispuesto en los artículos 3 y 257 de la Ley 
Hipotecaria.
El recurrente opone que el testimonio del auto y de los mandamientos recaídos en el 
procedimiento es título valido a efectos de inscripción.
2.  El  único  problema  que  plantea  el  presente  recurso  es  el  de  dilucidar  si  el 
testimonio expedido por el Letrado de la Administración de Justicia en el que se recogen 
determinados documentos expedidos en el curso de las actuaciones es título hábil a los 
efectos de provocar un asiento registral conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 
Hipotecaria.
Como ha puesto de relieve este Centro Directivo (cfr. Resoluciones de 25 de octubre 
de 2005 y 16 de junio de 2010, entre otras muchas) uno de los principios básicos de 
nuestro  sistema  registral  es  el  llamado  principio  de  legalidad  que,  por  la  especial 
trascendencia de efectos derivados de los asientos del Registro (que gozan «erga 
omnes»  de  la  presunción  de  exactitud  y  validez  y  se  hallan  bajo  la  salvaguardia 
jurisdiccional –artículos 1 y 38 de la Ley Hipotecaria–), está fundado en una rigurosa 
selección de los títulos inscribibles sometidos a la calificación del registrador, y así el 
artículo  3  de  la  Ley  Hipotecaria  establece,  entre  otros  requisitos,  la  exigencia  de 
documento público o auténtico para que pueda practicarse la inscripción en los libros 
registrales, y esta norma se reitera a través de toda la Ley Hipotecaria, así como de su 
Reglamento, salvo contadas excepciones que son ajenas al caso ahora debatido.
Ciertamente,  según  los  artículos  1216  del  Código  Civil  y  317.1.º  de  la  Ley  de 
Enjuiciamiento Civil, son documentos públicos los testimonios que de las resoluciones y 
diligencias  de  actuaciones  judiciales  de  toda  especie  expidan  los  letrados  de  la 
Administración de Justicia (a quienes corresponde dar fe, con plenitud de efectos, de las 
actuaciones procesales que se realicen en el Tribunal o ante él –artículos 281 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial y 145 de la Ley de Enjuiciamiento Civil–); y conforme al 
artículo 319.1 de dicha ley procesal tales testimonios harán prueba plena del hecho o 
acto que documentan y de la fecha en que se produce esa documentación (cfr., también, 
artículo 1218 del Código Civil).
Pero es también cierto, según la reiterada doctrina de esta Dirección General, que al 
exigir el artículo 3 de la Ley Hipotecaria para inscribir en el Registro los títulos relativos a 
bienes  inmuebles  o  derechos  reales  que  estén  consignados  en  escritura  pública, 
ejecutoria o documento auténtico, no quiere ello decir que puedan constar en cualquiera 
de estas clases de documentos indistintamente, sino en aquellos que legalmente sean 
los propios del acto o contrato que haya de inscribirse; de modo que la doctrina y 
preceptos  hipotecarios  no  reputan  indiferente  la  especie  de  documento  auténtico 
presentado en el Registro, y exigen el congruente con la naturaleza del acto inscribible 
(cfr. Real Orden de 13 de diciembre de 1867 y Resoluciones de 16 de enero de 1864, 25  e.
de julio de 1880, 14 de junio de 1897, 12 de febrero de 1916, 31 de julio de 1917 y 1 de  w.b
julio de 1943, entre otras muchas citadas en Vistos). 2w
judicEial la rptíuceudloa  2h5a7c edres ela  cLueaylq Huiiepro taesciaerniato d eisnp oenle  Rqeugei sptraor,a  eqxupee deinrá  viertl ujdu edze,  rterisboulnuaciló no 
tsreactere dtaer ioe jejucduitcoiarila, sp, odre d luop lqicuaed op,a reelc me adneddaumciiresnet oq uceo rerel saprotíncduileon nteo,  eexxicgeep mtoa cnudaanmdioe nstoe 
cuando se trate de ejecutorias -vid. Resolución de 24 de marzo de 2004-, entendiendo
por ejecutoria el documento público y solemne en que se consigna una sentencia firme -
artículo 245 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
Cuando el asiento que deba practicarse en el Registro de la Propiedad sea una 
anotación preventiva, el titulo formal adecuado es el mandamiento y en este sentido se 
pronuncia el artículo 165 del Reglamento Hipotecario cuando dispone: «Toda anotación 
preventiva  que  haya  de  practicarse  por  mandato  judicial  se  verificará  en  virtud  de 
presentación en el Registro del mandamiento del Juez o Tribunal, en el que se insertará 
literalmente la resolución respectiva con su fecha y se hará constar, en su caso, que es 
firme».
La figura del mandamiento, que se convierte en elemento formal indispensable para 
ciertas actuaciones registrales -vid. artículo 133 de la Ley Hipotecaria y 674 de la Ley de 
Enjuiciamiento  Civil-,  está  prevista  como  acto  procesal  de  comunicación  en  el 
artículo 149 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, para cualquier 
actuación cuya ejecución corresponda a los Registradores de la Propiedad.
El  mandamiento  es  el  acto  de  comunicación  judicial  por  el  que  se  ordena  el 
libramiento  de  certificaciones  o  la  práctica  de  cualquier  actuación  cuya  ejecución 
corresponda, entre otros, a los Registradores de la Propiedad.
Ahora bien, el mandamiento no es título formal en el sentido recogido por el artículo 3 
de la Ley Hipotecaria, y así lo confirma el párrafo 1.º del artículo 257 de la misma Ley, 
pues no contiene por sí mismo el título material del artículo 2 susceptible de modificar el 
contenido del Registro. Y ni siquiera lo es cuando lo que se pretende es que se lleve a 
cabo un asiento provisional en el Registro, pues el mandamiento no es más que un 
vehículo  para  recoger  el  título  material,  tal  y  como  establece  el  artículo  165  del 
Reglamento Hipotecario, al ordenar que se inserte la respectiva resolución (providencia, 
auto o decreto).
3.  Por otro lado, el artículo 120.1 de la Constitución establece el principio de 
publicidad de las actuaciones judiciales, cuyo objetivo es permitir que los ciudadanos 
puedan conocer el contenido de las mismas. Su finalidad es procurar la transparencia de 
la Administración de Justicia.
Pero la publicidad de las actuaciones, al igual que sucede con los pronunciamientos 
registrales,  está  moderada  por  el  interés  legítimo  que  demuestren  quienes  quieran 
conocer el curso de un proceso concreto.
A este respecto, el artículo 234 Ley Orgánica del Poder Judicial, reformado por la Ley 
Orgánica  7/2015,  de  21  de  julio,  señala  que  los  secretarios,  hoy  letrados  de  la 
administración de justicia, y funcionarios competentes de la Oficina judicial facilitarán a 
los  interesados  cuanta  información  soliciten  sobre  el  estado  de  las  actuaciones 
judiciales, que podrán examinar y conocer, salvo que sean o hubieren sido declaradas 
secretas conforme a la ley.
Conforme al apartado segundo del citado artículo, las partes y cualquier persona que 
acredite un interés legítimo y directo tendrán derecho a obtener, en la forma dispuesta en 
las leyes procesales y, en su caso, en la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso 
de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia, 
copias simples de los escritos y documentos que consten en los autos, no declarados 
secretos ni reservados. También tendrán derecho a que se les expidan los testimonios y 
certificados en los casos y a través del cauce establecido en las leyes procesales. 
También tendrán derecho, a que se les expidan los testimonios y certificados en los 
casos y a través del cauce establecido en las leyes procesales.
Mediante el testimonio, el Letrado de la Administración de Justicia, como fedatario  s
público judicial, acredita que ha tenido a la vista el original y que la copia del documento  oe.
corresponde íntegramente con el contenido de aquel, firmando el testimonio en prueba  w.
de su autenticidad. 2w
man4d.a mEienn teol sc aesxop eddeid eosst ee ne xupne dpiernotcee dnimosie enntoc odnetr aDmiloigse nacnitaes  uPn resvuipause snt.oº  d1e9 1a/2u0to1 6y, 
luego Procedimiento Abreviado seguido ante el Juzgado de Instrucción n.º 5 de Valencia,
el citado procedimiento deriva en el Juicio Oral n.º 484/2018 seguido ante el Juzgado 
Penal n.º 4 de Valencia.
Una vez concluidas las Diligencias Previas y el Procedimiento Abreviado, el órgano 
competente para el conocimiento y fallo de la causa será el Juzgado de lo Penal 
correspondiente.
En consecuencia, corresponde al Letrado de la Administración de Justicia de este 
último Juzgado, la expedición del testimonio de los documentos expedidos en el anterior 
procedimiento.  Y,  en  cuanto  este  testimonio  reproduzca  íntegramente  el  auto  y 
mandamientos  expedidos  en  aquel,  será  título  hábil  para  practicar  los  asientos 
registrales que se hubiesen ordenado.
No obstante lo anterior, en este caso, dado el periodo de tiempo transcurrido entre la 
expedición de los mandamientos, 6 de julio de 2017 y el testimonio, 4 de marzo de 2020, 
y que el mismo testimonio fue presentado sucesivamente en el Registro, excluyéndose 
en la segunda ocasión la referencia a la sentencia absolutoria recaída, que si bien 
carecía de firmeza, pudo haberla adquirido posteriormente, es necesaria una aclaración 
en cuanto a la finalidad del testimonio de forma que no quede duda de que su expedición 
se efectúa al objeto de extender los asientos pertinentes en el Registro de la Propiedad y 
no  simplemente  en  cumplimiento  del  principio  de  publicidad  al  que  se  ha  hecho 
referencia en el anterior fundamento.
En consecuencia, esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso en los 
términos que resultan de las anteriores consideraciones.
Contra  esta  Resolución  los  legalmente  legitimados  pueden  recurrir  mediante 
demanda ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica 
el inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las 
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de 
la Ley Hipotecaria.
Madrid, 23 de diciembre de 2020.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.