BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 179 Miércoles 28 de julio de 2021 Sec. I.   Pág. 90801
I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE UNIVERSIDADES
12614 Real Decreto 641/2021, de 27 de julio, por el que se regula la concesión 
directa  de  subvenciones  a  universidades  públicas  españolas  para  la 
modernización y digitalización del sistema universitario español en el marco 
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Tras  la  declaración  por  la  Organización  Mundial  de  la  Salud  de  la  pandemia 
internacional provocada por la COVID-19 el 11 de marzo de 2020 y la rápida propagación 
de  esta  enfermedad,  tanto  en  el  ámbito  nacional  como  internacional,  los  Estados 
miembros  de  la  Unión  Europea  adoptaron  con  rapidez  medidas  coordinadas  de 
emergencia para proteger la salud de la ciudadanía y evitar el colapso de la economía.
El Consejo Europeo del 21 de julio de 2020, consciente de la necesidad en este 
momento histórico de un esfuerzo sin precedentes y de un planteamiento innovador que 
impulse la convergencia, la resiliencia y la transformación en la Unión Europea, acordó 
un paquete de medidas de gran alcance.
Estas medidas aúnan el futuro marco financiero plurianual (MFP) para 2021-2027 
reforzado con la puesta en marcha de un Instrumento Europeo de Recuperación («Next 
Generation EU») por valor de 750.000 millones de euros en precios constantes del 
año 2018.
Este Instrumento Europeo de Recuperación, que implicará para España unos 140.000 
millones de euros en forma de transferencias y préstamos para el periodo 2021-2026, se 
basa en tres pilares:
1.  La adopción de instrumentos para apoyar los esfuerzos de los Estados miembros 
por recuperarse, reparar los daños y salir reforzados de la crisis.
2.  La adopción de medidas para impulsar la inversión privada y apoyar a las empresas 
en dificultades.
3.  El  refuerzo  de  los  programas  clave  de  la  Unión  Europea  para  extraer  las 
enseñanzas de la crisis, hacer que el mercado único sea más fuerte y resiliente y 
acelerar la doble transición ecológica y digital.
Con fecha de 12 de febrero de 2021 se aprobó el Reglamento (UE) 2021/241 del 
Parlamento Europeo y del Consejo que establece el Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia. Este Reglamento recoge los objetivos de dicho mecanismo, su financiación, 
las modalidades de la financiación de la Unión en el marco del Mecanismo y las normas 
para la concesión de tal financiación.
El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España incorpora diez 
políticas palanca entre las que se encuentra la relativa a la «Educación y conocimiento, 
formación continua y desarrollo de capacidades». Este Plan contempla como uno de sus 
objetivos clave la modernización del sistema educativo en todos sus niveles, incluyendo 
el universitario.
El Ministerio de Universidades, creado a través del Real Decreto 2/2020 de 12 de 
enero, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales, de conformidad con 
lo establecido en el Real Decreto 431/2020, de 3 de marzo, por el que se desarrolla su  e.e
estructura orgánica básica, es el departamento de la Administración General del Estado  b
encargado  de  la  propuesta  y  ejecución  de  la  política  del  Gobierno  en  materia  de  614ww
cuonmiveprestiednacdiaess ,y y a dtreib ulacsio ancetsiv qiduaed eles  cqounefi eare e eslt aosrd leens asmoine nptroo pjuiarísd,i caos.í como del resto de
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Recuperación, plasmadas en el componente 21 del Plan de Recuperación, Transformación
y Resiliencia, titulado «Modernización y digitalización del sistema educativo, incluida la 
educación temprana 0 a 3 años». En concreto, y por lo que a las inversiones se refiere, se 
persigue con ellas, por un lado, la recualificación del sistema universitario español y, por 
otro, su modernización y digitalización.
En relación con este último objetivo, el Ministerio de Universidades participa en la 
inversión  C21.I5  «Mejora  de  infraestructuras,  el  equipamiento,  las  tecnologías,  la 
docencia y la evaluación digitales universitarios». Se trata de una inversión de carácter 
plurianual, dirigida a la modernización del sistema universitario español a través del 
impulso a proyectos e iniciativas en el ámbito de la digitalización.
El presente real decreto instrumenta una parte de las medidas especificadas en la 
citada inversión a través de la concesión directa de subvenciones a las universidades 
públicas españolas por un importe total de 76,85 millones de euros distribuidos en el 
período  2021-2022.  Estas  ayudas  van  dirigidas  a  fomentar  la  inversión  en 
infraestructuras,  desarrollos  tecnológicos  y  proyectos  de  innovación  docente  para 
mejorar los recursos académicos en digitalización; reducir la brecha digital del personal 
académico y del estudiantado; impulsar proyectos de innovación digital interuniversitarios 
de  carácter  estratégico  e  interdisciplinar,  e  impulsar  la  formación  digital,  con  el 
compromiso  de  alcanzar  el  hito  de  aumentar  el  «índice  de  digitalización  de  las 
universidades»  en,  al  menos,  un  diez  por  ciento  de  media  respecto  a  2019.  La 
composición de este índice, que abarca diferentes dimensiones de madurez digital del 
sistema universitario en su conjunto, se detalla en el anexo III y se publicará en el sitio 
web del Ministerio de Universidades, como indicador de su consecución.
Son beneficiarias de las subvenciones de este real decreto todas las universidades 
públicas a excepción de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). 
Dada su relación administrativa particular con el Ministerio de Universidades, atendiendo 
a lo previsto en la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2021, recibirá estas ayudas para el cumplimiento de los fines citados 
por transferencia directa.
La  distribución  y  asignación  del  importe  que  corresponde  a  cada  una  de  las 
universidades  públicas  se  ha  realizado  mediante  criterios  objetivos,  atendiendo  al 
tamaño de cada universidad en el conjunto del sistema universitario, tanto en términos 
de su plantilla docente como del alumnado matriculado, magnitudes que determinan las 
necesidades formativas, docentes y de recursos de estas entidades. En concreto, se han 
tenido en cuenta los datos del curso 2019-2020 y se han ponderado, asignando un peso 
del 70 % al número de estudiantes y un 30 % al criterio del número de profesores 
(equivalentes a tiempo completo).
Los proyectos a los que deberán ir destinadas las ayudas deberán contribuir al 
incremento del «índice de digitalización de las universidades», tal como se indica en el 
anexo III, y podrán ser desarrollados por la propia universidad beneficiaria o mediante 
acuerdos entre varias universidades.
En todo caso y en cumplimiento con lo dispuesto en el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia, y su normativa de desarrollo, en particular la Comunicación 
de la Comisión Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio 
significativo»  en  virtud  del  Reglamento  relativo  al  Mecanismo  de  Recuperación  y 
Resiliencia, así como con lo requerido en la Propuesta de Decisión de Ejecución del 
Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia  s
de  España,  todos  los  proyectos  de  inversión  que  desarrollen  las  universidades  en  oe.
cumplimiento del presente real decreto deberán respetar el principio de no causar un  w.
perjuicio significativo al medioambiente (principio DNSH por sus siglas en inglés, «Do No  614ww
Scuigmnpifliicmainetn tHoa drme »la) sy c olansd iccoionndeicsi oensepse cdífeicl aest iqausiegtnaaddoa sc lipmreávtiicsota sy  ednig eital lC. oEmllop oinnecnlutyee 2 1e,l 
así como en la Inversión 5, tanto en lo referido al principio DNSH, como al etiquetado
climático y digital, y especialmente las recogidas en el apartado 8 del documento del 
Componente del Plan.
Las universidades públicas españolas desempeñan un papel esencial para garantizar 
el derecho a la educación consagrado en el artículo 27 de la Constitución Española. 
Asimismo, desempeñan una labor clave tanto en la producción de conocimiento, a través 
de la investigación científica, técnica, humanística y artística, como en la transferencia de 
conocimiento  y  la  innovación.  Adicionalmente,  contribuyen  de  forma  decisiva  a  la 
formación de ciudadanos y ciudadanas responsables y a la mejora de sus habilidades 
profesionales.
En  este  contexto,  la  inversión  en  infraestructuras,  desarrollos  tecnológicos  y 
proyectos  de  innovación  docente,  el  impulso  a  proyectos  digitales  de  carácter 
interuniversitario, así como la formación digital, conforman elementos esenciales para 
mejorar  la  calidad  de  la  educación  universitaria  en  España,  aumentar  los  recursos 
docentes  y  reducir  la  brecha  digital  en  el  ámbito  universitario.  En  definitiva,  estas 
actuaciones contribuyen de forma decidida a impulsar la modernización del sistema 
universitario en España.
Todo lo anterior justifica que esta inversión, tanto por la naturaleza pública de sus 
beneficiarias, como por su objeto, responde a un interés público, económico y social, 
siendo manifiesto su carácter singular, por lo que el procedimiento de concesión de la 
subvención será el de concesión directa de acuerdo con el artículo 22.2.c) y 28 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en concordancia con el 
artículo 67 de su Reglamento, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
En resumen, las razones que acreditan el interés público, social y económico de la 
concesión  de  estas  subvenciones  se  concretan  en  la  naturaleza  pública  de  sus 
beneficiarias y, por tanto, su servicio a los intereses generales, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público; en el carácter inclusivo de las subvenciones, fundamentado en el hecho 
de que son beneficiarias todas las universidades públicas españolas, de conformidad 
con criterios objetivos y proporcionales de asignación; y en la finalidad última de las 
subvenciones, al contribuir a garantizar el derecho a la educación reconocido en el 
artículo 27 de la Constitución Española.
Además, la norma se adecúa a los principios de buena regulación previstos en el 
artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, particularmente a los de necesidad y eficacia, al estar 
justificada por razones de interés general, basarse en una identificación clara de los fines 
perseguidos y resultar el instrumento más adecuado para garantizar la consecución de 
sus  objetivos;  al  de  proporcionalidad,  al  contener  la  regulación  imprescindible  para 
atender las necesidades que pretende cubrir, una vez constatado que no existen otras 
medidas menos restrictivas de derechos o que impongan menos obligaciones a sus 
destinatarios, y al de eficiencia ya que la iniciativa normativa evita cargas administrativas 
innecesarias o accesorias y racionaliza, en su aplicación, la gestión de los recursos 
públicos.  Por  último,  se  adecua  al  de  transparencia,  dado  que  la  norma  identifica 
claramente su objeto y finalidad, tanto en este preámbulo como en la memoria del 
análisis  de  impacto  normativo,  la  memoria  justificativa  del  carácter  singular  de  las 
subvenciones y la memoria específica acerca de la contribución al cumplimiento de los 
objetivos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Las subvenciones que se regulan en este real decreto no tienen carácter de ayuda 
de Estado a los efectos de la aplicación de los artículos 107 a 109 del Tratado de  s
Funcionamiento de la Unión Europea, teniendo en cuenta el tipo y las características de  oe.
las entidades beneficiarias y el objeto de las subvenciones. w.
De conformidad con lo previsto en el artículo 28.2 de la Ley 38/2003, de 17 de  614ww
naortvícieumlob 2re2,. 2l.acs)  dneo lram caista deas pleeyc iadleebse rráeng usleard aopraros bdaed alsa sp osr urbevael ndceicorneetos,  par epvroisptuaes stean  deell 
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la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia, establecen normas específicas aplicables a este tipo de subvenciones 
cuando se financien con fondos europeos.
En  el  procedimiento  de  elaboración  de  la  presente  disposición  se  han  emitido 
informes favorables de la Abogacía del Estado en el Ministerio de Universidades y de la 
Intervención Delegada de la Intervención General de la Administración del Estado en el 
departamento.
Este real decreto se dicta al amparo de las competencias exclusivas del Estado en 
materia de fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica, y 
normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el 
cumplimiento  de  las  obligaciones  de  los  poderes  públicos  en  esta  materia,  de 
conformidad con lo preceptuado por el artículo 149.1. 15.ª y 30.ª de la Constitución 
Española, respectivamente.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Universidades y previa deliberación del 
Consejo de Ministros en su reunión del día 27 de julio de 2021,
DISPONGO:
Artículo 1.  Objeto y finalidad.
1.  Este real decreto tiene por objeto regular la concesión directa de subvenciones, 
con carácter plurianual, a universidades públicas españolas para la modernización y 
digitalización del sistema universitario español.
Las actuaciones que se lleven a cabo con cargo a las subvenciones otorgadas 
mediante el presente real decreto permitirán a las universidades beneficiarias alcanzar el 
cumplimiento de las siguientes finalidades de interés público, social y económico:
a)  Mejorar la calidad de la educación universitaria en España merced al aumento 
de los recursos docentes.
b)  Reducir la brecha digital en el ámbito universitario.
2.  A tal fin, las universidades beneficiarias destinarán las subvenciones otorgadas 
mediante el presente real decreto a financiar proyectos que se enmarquen en las líneas 
de actuación establecidas en esta norma.
Los proyectos podrán ser desarrollados, bien por la propia universidad beneficiaria 
para dar respuesta a sus propias necesidades, o bien mediante actuaciones entre varias 
universidades susceptibles de generar soluciones que puedan ser de interés general 
para el sistema universitario.
Artículo 2.  Régimen jurídico aplicable.
1.  Estas subvenciones se regirán, además de por lo particularmente dispuesto en el 
presente real decreto y en la orden de concesión, por lo previsto en la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en su Reglamento, aprobado mediante 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, salvo en lo que afecte a los principios de 
publicidad y concurrencia, así como por lo establecido en el Real Decreto-ley 36/2020, 
de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de 
la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia, y en las demás normas que resulten de aplicación. e.e
2.  Asimismo  será  de  aplicación  el  Reglamento  (UE)  2021/241  del  Parlamento  w.b
Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo  614ww
qduee R peucduipeeraranc sióenr  dye R aepsliicliaecnicóina., así como las demás disposiciones de la Unión Europea
Artículo 3.  Procedimiento de concesión.
1.  Se autoriza la concesión directa de estas subvenciones en aplicación de lo 
previsto en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en relación con lo 
establecido en el artículo 28.2 y 3 de dicha ley, en el artículo 67 de su Reglamento, 
aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por concurrir razones de interés 
público, económico y social.
2.  La  concesión  de  las  subvenciones  se  realizará  por  orden  del  Ministro  de 
Universidades  en  la  que  se  recogerán,  en  todo  caso  las  actuaciones  concretas 
subvencionables y su plazo máximo de ejecución en cada una de las anualidades, el 
crédito presupuestario, la cuantía y el pago de las correspondientes subvenciones, así 
como las características concretas del sistema de seguimiento del cumplimiento de las 
obligaciones de las beneficiarias, con base en lo determinado en este real decreto.
Adicionalmente, se recogerá el importe que cada universidad beneficiaria deberá 
destinar a actuaciones colaborativas, dentro de las cuantías concedidas a cada una en el 
anexo I. Para la determinación de este importe, se tendrá en consideración el importe 
total concedido a cada universidad en el anexo I y el tamaño de cada universidad 
beneficiaria  en  función  del  alumnado  matriculado  y  de  su  personal  docente  e 
investigador.
3.  La concesión de las subvenciones será objeto de publicación en la Base de 
Datos Nacional de Subvenciones, en los términos dispuestos por el artículo 20 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el artículo 6 del Real 
Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas.
Artículo 4.  Beneficiarias.
Serán beneficiarias de estas subvenciones las universidades públicas españolas 
relacionadas en el anexo I.
Artículo 5.  Plazo de ejecución.
1.  El  plazo  total  de  ejecución  de  las  actuaciones  subvencionables  objeto  del 
presente real decreto será el comprendido entre el 1 de febrero de 2020 y el 31 de 
diciembre de 2023.
2.  Se establecen los siguientes plazos de ejecución parciales:
a)  El 30 % del importe total de las ayudas concedidas a cada universidad se deberá 
ejecutar antes del 31 de diciembre de 2022.
b)  El 60 % del importe total de las ayudas concedidas a cada universidad se deberá 
ejecutar antes del 31 de julio de 2023.
Artículo 6.  Obligaciones de las beneficiarias.
1.  Las  universidades  públicas  beneficiarias  deberán  destinar  las  subvenciones 
otorgadas mediante el presente real decreto a financiar la ejecución de actuaciones, de 
conformidad con los requisitos recogidos en el anexo II, que contribuyan, a fecha 31 de 
diciembre de 2023, al incremento de al menos un 10 % del índice de digitalización, 
descrito en el anexo III, de cada una de ellas, respecto a 2019.
2.  Las  universidades  públicas  beneficiarias  deberán  comunicar  al  Ministerio  de  e
Universidades los proyectos, propios e interuniversitarios, que ejecutarán con cargo a las  bo
subvenciones concedidas, con el detalle de las universidades participantes en cada uno,  614ww
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3.  Las universidades públicas beneficiarias deberán acreditar, en la forma que sea 
requerida por el Ministerio de Universidades, el cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 5 y en el apartado 1 de este artículo.
4.  Las universidades públicas beneficiarias deberán comunicar y certificar, en la 
forma y con la periodicidad que sea indicada por el Ministerio de Universidades, la 
evolución periódica de los datos que componen su índice de digitalización.
5.  Las universidades públicas beneficiarias deberán aplicar medidas para evitar el 
fraude, la corrupción y los conflictos de intereses a la hora de aplicar las subvenciones 
recibidas a la financiación de proyectos y actuaciones.
6.  Las universidades públicas beneficiarias deberán someterse a los controles de 
los órganos de control y fiscalización de la Comisión Europea.
7.  Las universidades públicas beneficiarias deberán conservar la documentación, 
de acuerdo con lo previsto en el artículo 22.2.f) del Reglamento (UE) 2021/241 y el 
artículo 132 del Reglamento Financiero (Reglamento (UE) n.º 1046/2018).
8.  Las universidades públicas beneficiarias deberán incluir sus datos en una base datos 
única, de acuerdo con lo señalado en el artículo 22.2.d) del Reglamento (UE) 2021/241.
9.  Las universidades públicas beneficiarias garantizarán el respeto al principio de no 
causar un perjuicio significativo al medioambiente y el etiquetado climático, conforme a lo 
previsto en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en el Reglamento (UE) 
2021/241, y su normativa de desarrollo, en particular la Comunicación de la Comisión «guía 
técnica sobre la aplicación del principio de no causar un perjuicio significativo», en virtud del 
Reglamento  relativo  al  Mecanismo  de  Recuperación  y  Resiliencia,  así  como  con  lo 
requerido en la Propuesta de Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de 
la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España.
10.  Adicionalmente, las universidades públicas beneficiarias de las subvenciones 
reguladas en el presente real decreto quedarán sujetas a las obligaciones establecidas 
en  el  artículo  14  y  concordantes  de  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre  y  a  las 
obligaciones establecidas en este real decreto y la orden de concesión.
Artículo 7.  Compatibilidad con otras ayudas.
La subvención concedida a cada una de las universidades públicas beneficiarias será 
compatible con otras ayudas que se puedan percibir con arreglo a otros programas e 
instrumentos de la Unión Europea siempre que dicha ayuda no cubra el mismo coste, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 9 del Reglamento (UE) 2021/241.
Artículo 8.  Cuantía y financiación.
1.  El importe total de las subvenciones reguladas el presente real decreto asciende 
a  76.850.000  euros  distribuidos,  en  el  período  2021-2022,  entre  las  universidades 
beneficiarias del modo que se especifica en el anexo I.
2.  Los  importes  de  las  subvenciones  que  se  concedan  de  acuerdo  con  lo 
establecido  en  el  apartado  anterior  se  financiarán  con  cargo  a  la  aplicación 
presupuestaria  33.50.460A.751  del  Presupuesto  de  Gastos  del  Ministerio  de 
Universidades o su equivalente en ejercicios posteriores.
Artículo 9.  Subcontratación de las actividades subvencionadas.
De  manera  general,  las  universidades  beneficiarias  podrán  subcontratar  las  s
actividades subvencionadas con terceros, dentro de los límites fijados en el artículo 29  oe.
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en su Reglamento de desarrollo. w.
Artículo 10.  Pago.
cará1c.t erL aanst icciupaandtoía dse  caocnuceerddoid caosn  alo  leasst aubnleivceidrsoi deand leas o rbdeenne dfieci acroiansc essieó na.bonarán con
2.  El pago de las subvenciones quedará condicionado a la existencia de crédito 
presupuestario adecuado y suficiente en el correspondiente ejercicio.
3.  De acuerdo con el artículo 42 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, las universidades 
beneficiarias de las subvenciones reguladas en este real decreto quedan exoneradas de 
la constitución de garantías.
4.  Con carácter previo al pago de cada una de las anualidades de la subvención, 
deberá constar acreditado en el expediente que la universidad beneficiaria se encuentra 
al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad 
Social; que no se halla incursa en ninguno de los supuestos de prohibición establecidos 
en el artículo 13.2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre; y que no es deudora por 
procedimiento de reintegro.
A  estos  efectos,  la  presentación  de  la  solicitud  de  pago  anticipado  por  las 
universidades beneficiarias conllevará la autorización de la solicitante para que el órgano 
concedente obtenga de forma directa la acreditación de las circunstancias previstas en 
los artículos 18 y 19 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, a través de 
certificados telemáticos.
No  obstante,  la  beneficiaria  podrá  denegar  expresamente  el  consentimiento, 
debiendo  aportar  entonces  la  certificación  correspondiente  de  conformidad  con  el 
artículo 22 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Artículo 11.  Régimen de justificación.
1.  De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre,  y  con  lo  previsto  en  el  artículo  72  y  siguientes  de  su  Reglamento,  la 
justificación  de  las  ayudas  se  realizará  mediante  la  presentación  de  una  cuenta 
justificativa para cada tipo de proyecto, que contendrá:
a)  Una Memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones 
impuestas  en  la  concesión  de  la  subvención,  con  indicación  de  las  actividades 
realizadas, de los resultados obtenidos, de la contribución al aumento del índice de 
digitalización definido en el anexo III y de, en su caso, las universidades públicas 
participantes en la realización de dichas actividades.
b)  Una Memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas, que 
incluirá:
1.º  Justificantes de los gastos y pagos realizados, en los que al menos figuren 
concepto, importe y fecha de realización.
2.º  En su caso, una relación detallada de otros ingresos que se hayan destinado a 
financiar la actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia.
3.º  En su caso, la carta de pago de reintegro de los remanentes no aplicados, así 
como de los intereses derivados de los mismos.
2.  La cuenta justificativa habrá de presentarse en el plazo de tres meses desde la 
finalización del plazo para la realización de las actuaciones subvencionadas fijado el 31 
de diciembre de 2023, sin perjuicio del sometimiento a la comprobación y el control que 
fueran pertinentes.
3.  Las  beneficiarias  deberán  integrarse,  a  estos  efectos,  en  los  sistemas  de 
información,  comprobación  y  control  de  dichas  subvenciones  establecidos  por  la 
Administración General del Estado. e.
4.  Adicionalmente,  el  Ministerio  de  Universidades  podrá,  mediante  un  w.b
procedimiento de muestreo, solicitar a las universidades beneficiarias cualquier otra  614ww
documentación justificativa relativa a estas ayudas.
Artículo 12.  Publicidad.
1.  En las actuaciones que se lleven a cabo, en todo o en parte, mediante estas 
subvenciones, que impliquen difusión, ya sea impresa o por cualquier otro medio, deberá 
incorporarse de forma visible el logotipo institucional del «Ministerio de Universidades» 
con el fin de identificar el origen de carácter público de las subvenciones, de acuerdo con 
lo establecido en el Real Decreto 1465/1999, de 17 de septiembre, por el que se 
establecen los criterios de imagen institucional y se regula la producción documental y el 
material impreso de la Administración General del Estado, así como lo dispuesto en la 
Resolución de 10 de julio de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la 
que se actualiza el Manual de Imagen Institucional.
2.  Adicionalmente,  en  las  actuaciones  mencionadas  en  el  apartado  anterior, 
deberán cumplirse las obligaciones de publicidad y difusión establecidas por la normativa 
de la Unión Europea y española en relación con la utilización de fondos vinculados al 
Instrumento Europeo de Recuperación.
Artículo 13.  Incumplimientos y reintegros.
1.  En caso de que, a fecha de 31 de diciembre de 2023, las beneficiarias hayan 
incumplido la obligación de realizar el gasto y finalizar la ejecución de los proyectos de 
modernización y digitalización del sistema universitario español, de conformidad con los 
requisitos recogidos en el anexo II, o bien no hayan logrado incrementar su índice de 
digitalización  en  un  10  %  de  media  respecto  del  correspondiente  a  2019,  hayan 
incumplido  el  principio  de  no  causar  un  perjuicio  significativo  a  los  objetivos 
medioambientales previsto en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, o 
hayan incumplido las restantes obligaciones establecidas en esta norma, procederá el 
reintegro de las cantidades percibidas en concordancia con lo previsto en el artículo 7. 
Séptima de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2021 y los artículos 37 y 46 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de 
diciembre. En su caso, procederá también el reintegro de los intereses devengados por 
las cantidades percibidas, así como la exigencia del interés de demora correspondiente, 
desde el momento de pago de las subvenciones hasta la fecha en que se acuerde la 
procedencia del reintegro, en los supuestos recogidos en los artículos 36 y 37 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2.  En  el  supuesto  de  incumplimiento  parcial  de  las  obligaciones  o  plazos  de 
ejecución,  la  fijación  de  la  cantidad  que  deba  ser  reintegrada  se  determinará  en 
aplicación del principio de proporcionalidad, y teniendo en cuenta el hecho de que el 
citado incumplimiento se aproxime significativamente al cumplimiento total y se acredite 
por  las  universidades  beneficiarias  una  actuación  inequívocamente  tendente  a  la 
satisfacción de sus compromisos.
3.  El procedimiento de reintegro se regirá por lo dispuesto en los artículos 41 a 43 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el capítulo II del título III de su Reglamento, 
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7. Séptima de la Ley 11/2020, de 30 de 
diciembre.
4.  La  competencia  para  exigir  el  reintegro  de  las  subvenciones  concedidas 
corresponderá al órgano concedente previsto en el artículo 3.2 de este real decreto, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Artículo 14.  Infracciones y sanciones. es
Las posibles infracciones en materia de subvenciones, que pudiesen ser cometidas  w.
peostra blalesc iudnoi veenr seild taítduelos  IVb,e cnaepfiíctuialorisa sI ,y  sIIe,  dger alad uLaeryá n3 8y/2 0s0a3n,c dioen 1a7rá dne  dneo vaiecmuebrrdeo. con lo  2021-12614n https://ww
Disposición final primera.  Título competencial.
Este real decreto se dicta al amparo de la competencia exclusiva del Estado en 
materia de fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica, de 
conformidad con lo preceptuado por el artículo 149.1.15.ª de la Constitución Española y 
al amparo de la competencia exclusiva del Estado prevista en el artículo 149.1.30.ª, 
relativa a las normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de 
garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia.
Disposición final segunda.  Habilitación para el desarrollo y ejecución.
Se faculta al Ministro de Universidades para adoptar las disposiciones necesarias 
para el desarrollo y ejecución de este real decreto.
Disposición final tercera.  Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».
Dado en la Embajada de España en Lima, el 27 de julio de 2021.
FELIPE R.
El Ministro de Universidades,
MANUEL CASTELLS OLIVÁN
ANEXO I
Universidades beneficiarias, cuantías concedidas y distribución anual
La cuantía a distribuir entre las universidades públicas será de 76,85 millones de 
euros.
Se relacionan las universidades beneficiarias y el importe de la cuantía concedida, 
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 10.2 del presente real decreto.
2021 2022
Entidad beneficiaria – –
Euros Euros
A Coruña. 993.860,50 168.668,90
Alcalá. 1.097.143,60 186.197,10
Alicante. 1.409.492,00 239.206,00
Almería. 752.624,10 127.728,50
Autónoma de Barcelona. 2.146.550,60 364.292,90
Autónoma de Madrid. 1.762.536,00 299.121,40
Barcelona. 3.013.436,70 511.412,80
Burgos. 427.843,60 72.609,60
Cádiz. 1.240.983,50 210.608,30
Cantabria. 629.697,40 106.866,50
Carlos III de Madrid. 1.135.231,90 192.661,10
Castilla-La Mancha. 1.494.150,50 253.573,50
Complutense de Madrid. 4.047.326,20 686.875,00
Córdoba. 1.020.718,10 173.226,90
Extremadura. 1.161.651,10 197.144,70
Girona. 812.794,90 137.940,10
Granada. 2.940.620,40 499.055,10
Huelva. 616.823,80 104.681,60
Illes Balears (Les). 791.468,20 134.320,70
Jaén. 832.661,00 141.311,60
Jaume I de Castellón. 753.879,10 127.941,40
La Laguna. 1.129.074,50 191.616,10
La Rioja. 268.774,00 45.613,90
Las Palmas de Gran Canaria. 1.000.198,10 169.744,40
León. 608.310,70 103.236,90
Lleida. 584.243,90 99.152,50 s
Málaga. 1.978.900,10 335.840,70 bo
Miguel Hernández de Elche. 746.067,90 126.615,80 614ww
Murcia. 1.755.443,60 297.917,80
Oviedo. 1.290.134,80 218.949,90
Pablo de Olavide. 694.309,10 117.831,80 Bc
2021 2022
Entidad beneficiaria – –
Euros Euros
País Vasco. 2.665.475,40 452.360,00
Politécnica de Cartagena. 336.733,00 57.147,20
Politécnica de Catalunya. 1.663.968,60 282.393,50
Politécnica de Madrid. 2.045.114,20 347.078,00
Politècnica de València. 1.672.408,70 283.825,90
Pompeu Fabra. 996.781,00 169.164,50
Pública de Navarra. 510.313,50 86.605,70
Rey Juan Carlos. 2.536.374,20 430.450,10
Rovira i Virgili. 805.517,30 136.705,00
Salamanca. 1.454.673,60 246.873,90
Santiago de Compostela. 1.426.056,80 242.017,30
Sevilla. 3.375.106,90 572.792,10
València (Estudi General). 2.745.117,10 465.876,00
Valladolid. 1.278.823,50 217.030,10
Vigo. 1.115.226,60 189.266,00
Zaragoza. 1.935.359,70 328.451,20
  Total. 65.700.000,00 11.150.000,00
ANEXO II
Tipos de actuaciones a desarrollar
Las actuaciones a desarrollar por las universidades beneficiarias deberán contribuir 
al incremento del 10 % respecto del nivel de 2019 del «índice de digitalización de las 
universidades».  Estas  actuaciones  podrán  ser  desarrolladas  individualmente  por  la 
propia universidad beneficiaria o mediante proyectos entre varias universidades. La 
orden de concesión de las subvenciones recogerá el importe que cada universidad 
beneficiaria  deberá  destinar  a  actuaciones  colaborativas,  dentro  de  las  cuantías 
concedidas a cada una en el anexo I. Para la determinación de este importe, se tendrá 
en consideración el tamaño de cada universidad beneficiaria y el importe total concedido 
a cada universidad.
Las  universidades  beneficiarias  deberán  acometer  inversiones  en  materia  de 
digitalización y transformación digital en el ámbito docente, de gestión o de gobernanza, 
susceptibles de enmarcarse en alguna o en varias de las siguientes cuatro líneas de 
actuación:
Línea  1.  Mejora  de  equipamiento  digital.  Se  efectuarán  intervenciones  que 
supongan la modernización, adecuación y mejora de equipamiento e infraestructura  s
tanto en Aulas Universitarias como en servidores para la docencia, así como acciones  e.
para la reducción de la brecha digital entre el profesorado, personal de administración de  w.
servicios y estudiantado. 614ww
inveLrsínioenae s 2p.a raE dlau cmaecjioórna  dDei gloitsa le. ntSoern ops odder áanp refinndainzacijaer  digpirtoayl,e eclt odsis eqñuoe d e apcroomceestaons 
de soporte en docencia digital, servicios de supervisión y evaluación de procesos de 
enseñanza-aprendizaje, tales como:
– Plataformas  de  analíticas  de  aprendizaje,  que  permitan  gestionar  datos 
relacionados con los procesos de enseñanza para elaborar paneles de seguimiento de 
estudiantes, profesores, detección de estudiantes en riesgo de abandono, etc.
– Enriquecimiento de tecnologías educativas existentes que permitan el despliegue e 
integración en LMS (sistemas de gestión de la formación) universitarios de herramientas de 
soporte  a  la  colaboración  y  participación  en  clase  (ej.  cuestionarios  interactivos), 
herramientas mejoradas de producción y gestión de contenidos docentes, enriquecimiento 
mediante  capas  de  valor  añadido  de  soluciones  básicas  de  videoconferencia  (ej. 
classedu.com), o integración de herramientas de creación y reproducción de contenidos 3D, 
así como de realidad virtual y aumentada.
– Procedimientos digitales de educación personalizada que contribuyan a plantear 
itinerarios formativos alternativos o procesos de refuerzo educativo, en función de los 
conocimientos  y  el  ritmo  de  aprendizaje  de  cada  estudiante,  así  como  desarrollar 
sistemas  de  recomendación  que  sugieren  asignaturas  o  cursos  de  interés 
personalizados.
Línea 3.  Contenidos y programas de formación. Se podrán financiar proyectos de 
desarrollo de materiales, contenidos, recursos y repositorios, dirigidos a diversos fines: a 
mejorar la oferta digital para la comunidad estudiantil, a cubrir dominios estratégicos con 
el fin de organizar programas formativos novedosos, a la formación del profesorado en 
competencias digitales, a atender necesidades de recualificación profesional, tales como:
– Plataformas de formación en línea que permitan ofrecer formación a lo largo de la 
vida, mediante, tanto el desarrollo de cursos en distintos formatos (MOOC, SPOC,...) 
como  la  gestión  de  los  mismos  y  que  podrían  enriquecerse  incluyendo  sistemas 
inteligentes de catalogación, búsqueda y recomendación automatizada en base a los 
perfiles de los usuarios, integrándose con sistemas de reconocimiento de logros, así 
como como con herramientas de analítica de datos sobre el seguimiento de los cursos.
– Repositorios de recursos abiertos de aprendizaje, que permitan a los docentes la 
creación en línea de contenidos de aprendizaje, así como la edición y composición de 
cursos,  incorporando  funcionalidades  de  almacenamiento,  catalogación  y  búsqueda 
inteligente  de  recursos  disponibles,  fomentando  la  reutilización  de  los  mismos,  y 
permitiendo  la  compatibilidad  con  objetos  generados  por  otras  herramientas  de 
contenidos interactivos.
– Programas de certificación y formación en competencias digitales que permitan a 
los distintos colectivos (PDI, PAS, estudiantes, investigadores y ciudadanía en general) 
mejorar su nivel de competencia digital y acreditar las competencias digitales.
– Impulso  al  diseño  de  proyectos  formativos  interdisciplinares,  que  desarrollen 
materiales y recursos digitales en la confluencia entre disciplinas, combinando temáticas 
de ámbito tecnológico y dominios académicos no tecnológicos (humanidades, ciencias 
sociales, del comportamiento, etc.), de manera que sirvan como soporte para la oferta de 
paquetes  formativos  extracurriculares,  programas  de  postgrado,  másteres,  títulos 
propios, etc.
Línea  4.  Plataformas  de  servicios  digitales.  Se  podrán  financiar  proyectos  que 
apuesten por el desarrollo de soluciones digitales orientadas a la mejora y adaptación de 
otros servicios de gestión universitaria, no centrados necesariamente en la docencia: e.
– Procedimientos de certificación digital, alineados con los estándares e iniciativas  614ww
iCnrteerdneanctiioanlsa Ilnefsr aaeusstrpuictuiared a(Es DpCorI ),l aE uCroompeisaiónn B Eloucrkocpheaain  cSoemrvoi cEeu IrnofrPaAeSstSru, cEtuurreo p(EeBanS ID).igitals
integ–r aPr uinnftoorsm daec iócne ndteral liSziascteiómna d Ue nriveecrusristaorsio d Ees pinafoñroml paaciróan s uu naivneárlsisitias ryia  cqounes upltear, mtaitlaens 
como portales sobre la gestión de investigación de las universidades.
– Servicios  de  intermediación  interuniversitarios  que  faciliten  la  interoperabilidad 
entre universidades mediante medios digitales, incluyendo aspectos orientados a mejorar 
la experiencia del estudiantado, tales como, (i) plataformas de gestión de la movilidad de 
estudiantes tanto nacional (SICUE) como internacional (Erasmus Without Papers); (ii) 
herramientas para la gestión del traslado de expedientes EBAU para estudiantes que se 
matriculan en un distrito distinto; (iii) gestión integral del expediente digital del estudiante, 
incluyendo  su  certificación  y  traslado;  (iv)  herramientas  para  la  gestión  de  títulos 
interuniversitarios,  en  donde  un  mismo  título  puede  ser  impartido  entre  varias 
universidades, etc.
ANEXO III
Índice de digitalización
Todas las actuaciones realizadas en ejecución de las cuantías concedidas por el 
presente real decreto, deberán contribuir a un aumento del índice de digitalización de las 
universidades del 10 % respecto a 2019.
Las  universidades  públicas  beneficiarias  deberán  suministrar  trimestralmente  al 
Ministerio de Universidades la información sobre la evolución de los datos de cada una 
de  ellas  que  componen  este  índice,  en  la  forma  que  éste  determine  en  la 
correspondiente orden de concesión, de acuerdo con lo exigido en la normativa relativa 
al seguimiento y control de la utilización de fondos vinculados al Instrumento Europeo de 
Recuperación.
A estos efectos, el «índice digital universitario» estará constituido por los siguientes 
componentes:
1.  Número de aulas con sistemas de videoconferencia y grabación de clases.
2.  Número de profesores que utilizan sistemas de videoconferencia y grabación 
para la docencia.
3.  Número  de  estudiantes  ayudados  con  préstamos  de  equipos  o  acceso  a 
conectividad.
4.  Número de profesores formados en herramientas de tecnologías educativas para 
la formación online.
5.  Número  de  proyectos  para  desarrollos  en  transformación  de  tecnologías 
educativas.
6.  Nivel  medio  de  competencia  digital  del  profesorado  universitario  (European 
Framework for the Digital Competence of Educators).
7.  Número de objetos de aprendizaje o recursos multimedia en repositorios libres 
para Educación Superior.
8.  Número de centros universitarios conectados a 100 GB.
9.  Número de kilómetros de fibra desplegados en redes del sistema académico.
10.  Número de universidades con refuerzo en ciberseguridad mediante servicio de 
navegación segura (DNS firewall).
El  procedimiento  para  calcular  el  porcentaje  de  incremento  del  índice  de 
digitalización (ID) entre dos instantes de tiempo, dado que está formado por varios 
parámetros que se miden en diferentes unidades, se hará en dos fases:
1.  Se medirá el porcentaje de incremento en cada parámetro (identificado por el 
subíndice i) entre las dos fechas de referencia, que denominaremos fecha 1 y fecha 2: e.
  b
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑖𝑖𝑝𝑝𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑖𝑖 (%)= [valor parámetro i (fecha 2)− valor parámetro i (fecha 1)]∙ 100
    valor parámetro i (fecha 1)

  2.  Se calculará el valor promedio de los incrementos de los diez parámetros que 
  definen el índice para tener una medida del porcentaje de incremento del índice de 
  digitalización en términos globales:
 
10
∑𝑖𝑖=1𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑖𝑖𝑝𝑝𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑖𝑖
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝐼𝐼𝐼𝐼 (%)= 
10