BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 134 Sábado 5 de junio de 2021 Sec. I.   Pág. 68750
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
9353 Decreto-ley 4/2021, de 31 de marzo, de medidas urgentes para la agilización 
administrativa y la planificación, gestión y control de los Fondos procedentes 
del Instrumento Europeo de Recuperación denominado «Next Generation 
EU», en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias y por el que se 
establecen medidas tributarias en el Impuesto General Indirecto Canario para 
la lucha contra la COVID-19.
Sea notorio a todos los ciudadanos y ciudadanas que el Gobierno de Canarias ha 
aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 47.1 del 
Estatuto de Autonomía de Canarias, promulgo y ordeno la publicación del Decreto-
ley 4/2021, de 31 de marzo, de medidas urgentes para la agilización administrativa y la 
planificación, gestión y control de los Fondos procedentes del Instrumento Europeo de 
Recuperación  denominado  «Next  Generation  EU»,  en  el  ámbito  de  la  Comunidad 
Autónoma de Canarias y por el que se establecen medidas tributarias en el Impuesto 
General Indirecto Canario para la lucha contra la COVID-19, ordenando a la ciudadanía y 
a las autoridades que lo cumplan y lo hagan cumplir.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
La  crisis  sanitaria  provocada  por  el  SARS-CoV-2  ha  cambiado  el  escenario 
económico mundial, pues las medidas que han sido necesarias aplicar para evitar la 
propagación de la enfermedad, tanto las de ámbito internacional, como el cierre de 
fronteras,  como  las  de  ámbito  nacional,  entre  las  que  destacan,  las  limitaciones  y 
restricciones a la circulación, el distanciamiento social, cierre de negocios, la limitación 
de aforos, están teniendo un impacto importante en la sociedad y en la economía, 
especialmente en la actividad productiva de determinados sectores, como el turismo y el 
comercio, de gran relevancia para la economía canaria.
En este escenario, que afecta con carácter global al orden mundial y al conjunto de 
los países de la Unión Europea, el Consejo Europeo del 21 de julio de 2020 aprobó un 
paquete  de  medidas  dirigidas  a  la  reconstrucción  de  la  economía  de  sus  países 
miembros.
Estas medidas se concentran en la puesta en marcha de un Instrumento Europeo de 
Recuperación («Next Generation EU») por valor de 750.000 millones de euros en precios 
constantes del año 2018 junto con un refuerzo del marco financiero plurianual (MFP) 
para 2021-2027.
Este Instrumento Europeo de Recuperación en forma de transferencias y préstamos 
para el periodo 2021-26, se basa en tres pilares:
1.  La adopción de instrumentos para apoyar los esfuerzos de los Estados miembros 
por recuperarse, reparar los daños y salir reforzados de la crisis.
2.  La adopción de medidas para impulsar la inversión privada y apoyar a las  e
empresas en dificultades. bo
3.  El  refuerzo  de  los  programas  clave  de  la  Unión  Europea  para  extraer  las  53ww
aecnesleeñraarn zlaa sd odbele  ltara ncsriisciisó,n  heaccoelór gqicuae  y edl igmitaelr.cado único sea más fuerte y resiliente y
Los  dos  instrumentos  de  mayor  volumen  del  «Next  Generation  EU»  son  los 
siguientes:
– El Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia (MRR), que constituye el 
núcleo del Fondo de Recuperación, está dotado con 672.500 millones de euros, de los 
cuales 360.000 millones se destinarán a préstamos y 312.500 millones de euros se 
constituirán  como  transferencias  no  reembolsables.  Este  instrumento  tiene  cuatro 
objetivos principales: promover la cohesión económica, social y territorial de la Unión 
Europea; fortalecer la resiliencia y la capacidad de ajuste de los Estados miembros; 
mitigar las repercusiones sociales y económicas de la crisis de la COVID-19; y apoyar las 
transiciones ecológica y digital. Para recibir apoyo financiero en el marco del MRR, los 
Estados  miembros  de  la  Unión  Europea  deben  preparar  Planes  Nacionales  de 
Recuperación y Resiliencia en los que se establezca el programa de inversiones y 
reformas para los años 2021-23.
– El Fondo de Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa 
(REACT-EU) dotado con 47.500 millones de euros. Los fondos de REACT-EU operan 
como fondos estructurales, pero con mayor flexibilidad y agilidad en su ejecución. Este 
instrumento promoverá la recuperación ecológica, digital y resiliente de la economía.
El criterio de reparto del MRR garantiza un apoyo financiero mayor a aquellos 
Estados miembros cuya situación económica y social se haya deteriorado más, como 
consecuencia de la pandemia y las medidas de restricción de la actividad económica 
necesarias para combatir el COVID-19.
Los  fondos  del  MRR  se  asignan  en  dos  tramos:  un  70%  sobre  indicadores 
económicos anteriores a la emergencia sanitaria y el restante 30% se decidirá en 2022 
con los datos que reflejen la evolución económica entre 2020 y 2022.
Según  los  indicadores  que  se  usarán,  España  recibiría  un  total  de 
aproximadamente 60.000 millones de euros en transferencias no reembolsables y podría 
acceder a un volumen máximo de 80.000 millones de euros en préstamos.
En cuanto al fondo REACT EU, España recibirá algo más de 12.000 millones de 
euros para su ejecución en el periodo 2021-22.
El 70 % de las transferencias no reembolsables concedidas por el MRR deberá ser 
comprometido  por  la  Comisión  Europea  en  2021  y  2022.  El  30  %  restante  se 
comprometerá  enteramente  a  finales  de  2023  y  podrá  ejecutarse  hasta  2026.  Los 
recursos del REACT-EU deberán ejecutarse antes del 31 de diciembre de 2023.
Tal inyección de recursos constituye una oportunidad única para España para llevar a 
cabo un proceso de transformación del modelo económico y social español hacia un 
modelo más sostenible y resiliente, que mejore la competitividad y el empleo y persiga 
una economía más justa y socialmente equitativa.
En respuesta a ello, por el Estado se aprobó el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de 
diciembre,  por  el  que  se  aprueban  medidas  urgentes  para  la  modernización  de  la 
Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia,  con  el  fin  de  articular  un  modelo  de  gobernanza  para  la  selección, 
seguimiento,  evaluación  y  coordinación  de  los  distintos  proyectos  y  programas  de 
inversión, y que contiene reformas normativas de carácter horizontal que permiten una 
mejora de la agilidad en la puesta en marcha de los proyectos, una simplificación de los 
procedimientos manteniendo las garantías y controles que exige el marco normativo 
comunitario, y una mayor eficiencia en el gasto público, ya que la envergadura de los 
retos que se avecinan y el escaso marco temporal en el que nos movemos, exige la  e
adopción de medidas que coadyuven a las Administraciones Públicas para desarrollar  bo
con éxito y en tiempo sus proyectos e inversiones. 53ww
II
Canarias no puede quedar al margen de este proyecto, máxime cuando ha quedado
patente la vulnerabilidad de su modelo económico, siendo necesario llevar a cabo un
proceso de reforma del mismo hacia uno más sostenible y resiliente que permita una 
rápida recuperación de la actividad económica, impulse la inversión pública y privada y el 
apoyo al tejido productivo, mejore los datos del empleo y contribuya a la creación de un 
empleo de calidad, fomente la eficiencia energética y el uso de energías alternativas, la 
movilidad  sostenible,  la  lucha  contra  el  cambio  climático,  favorezca  la  cohesión 
económica, social y territorial de Canarias en el marco del mercado único europeo, 
fomente medidas de apoyo a sectores con dificultad e impulse la modernización y 
transformación digital de la Administración y del sector privado; todo ello con el fin de 
crear una sociedad más competitiva y solidaria.
Se trata pues de fortalecer la economía canaria frente a futuras crisis, creando una 
sociedad moderna adaptable a los cambios, más justa y solidaria.
Asimismo el 29 de mayo de 2020 el Gobierno de Canarias, para afrontar la crisis 
económica y social que se avecina tras una pandemia sanitaria sin precedentes que ha 
venido a paralizar la actividad productiva en diversos sectores, y que se prevé azotará 
con fuerza a Canarias, aprobó la Declaración Institucional del Pacto para la Reactivación 
Social  y  Económica  de  Canarias,  que  constituye  un  compromiso  político  para  la 
recuperación  con  siete  prioridades:  el  mantenimiento  de  los  servicios  públicos 
fundamentales,  el  refuerzo  de  nuestras  capacidades  sanitarias  y  sociosanitarias,  la 
atención  y  apoyo  a  personas  vulnerables,  el  mantenimiento  y  la  recuperación  del 
empleo, el impulso de la actividad económica, la agilización, simplificación, cooperación 
y  coordinación  administrativa  y  el  impulso  de  la  Agenda  Canaria  de  Desarrollo 
Sostenible.
Los compromisos adquiridos en dicho Pacto comparten la misma filosofía por la que 
nace el Instrumento «Next Generation EU», coadyuvar a la recuperación de la economía 
y el bienestar de la sociedad que han quedado devaluados por el impacto provocado por 
la crisis sanitaria ocasionada por el SARS-CoV-2.
Por  tanto,  los  Fondos  procedentes  del  Instrumento  Europeo  de  Recuperación 
constituyen una oportunidad para poner en marcha la estrategia de recuperación a la 
que se comprometió el Gobierno de Canarias en su Pacto para la Reactivación Social y 
Económica, permitiendo el restablecimiento de la normalidad y la generación de riqueza 
y aprovechando para salir más fortalecidos, instaurando un modelo económico más 
sostenible, resiliente y solidario.
No obstante, el escaso marco temporal aprobado por la Unión Europea para la 
ejecución  de  los  fondos  del  «Next  Generation  EU»  constituye  un  reto  de  gran 
envergadura para una Administración aun excesivamente burocrática, que, aunque en 
los últimos años ha realizado un importante proceso de modernización, está lejos de 
poder responder de forma eficaz y con la agilidad necesaria para cumplir con los plazos 
previstos.
Si bien el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban 
medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución 
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, aborda importantes reformas en 
diferentes áreas y materias, como la gestión de los recursos humanos, presupuesto, 
procedimientos  administrativos,  contratación,  actividad  convencional,  subvenciones  y 
otras dirigidas a modernizar y agilizar la Administración Pública, muchas de ellas de 
aplicación  en  exclusiva  al  sector  público  estatal;  se  hace  necesario  que  por  la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias se adopten medidas 
urgentes  que  permitan  gestionar  con  eficacia  y  eficiencia  los  fondos  del  «Next 
Generation EU», que van desde reforzar la obligación de planificar de forma estratégica  s
las inversiones estableciendo un modelo de gobernanza hasta agilizar la gestión de los  oe.
fondos con medidas de simplificación y flexibilización de los procedimientos, así como  w.
procurar  una  adecuada  planificación  y  profesionalización  de  los  recursos  humanos  53ww
encargados de gestionar los mismos.
III
El presente Decreto-ley se estructura en 5 Títulos, comprensivos de un total de 50 
artículos, siete disposiciones adicionales y ocho disposiciones finales.
El Título I, de disposiciones generales, concreta el objeto y finalidad del Decreto-ley 
orientado a la adopción de medidas que permitan a la Administración Pública gestionar 
con  eficacia  y  eficiencia  los  fondos  procedentes  del  Instrumento  Europeo  de 
Recuperación  «Next  Generation  EU»  para  la  consecución  de  los  objetivos  de 
recuperación económica tras la crisis sanitaria provocada por el SARS-CoV-2 y limita su 
ámbito  de  aplicación  exclusivamente  a  aquellas  actuaciones  y  procedimientos  que 
tengan  por  objeto  la  gestión  y  control  de  los  fondos  provenientes  del  Instrumento 
Europeo de Recuperación «Next Generation EU».
El Título II, divido en dos capítulos, establece un modelo para la gobernanza de los 
proyectos. El Capítulo I determina una organización para la coordinación, control y 
seguimiento de los proyectos. En concreto, se crea la Comisión de Planificación y 
Gobernanza,  como  órgano  de  alta  dirección  y  gobernanza,  al  que  corresponde  la 
aprobación y seguimiento de los fondos, y un órgano de coordinación de los proyectos 
que  prestará  asistencia  a  la  Comisión  y  aprobará  orientaciones,  manuales  de 
procedimiento y modelos de pliegos y bases de convocatoria de subvenciones, para 
facilitar  el  trabajo  de  los  gestores,  así  como  establecerá  recomendaciones  e 
instrucciones sobre la adopción de herramientas informáticas o digitales; determina que 
la Autoridad responsable de los fondos procedentes del Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia  ante  la  Administración  General  del  Estado  será  el  centro  directivo  que 
designe el Comité Director de Planes y Proyectos y la Autoridad responsable para el 
REACT-EU será la Dirección General con competencia en materia de fondos europeos; 
atribuye el control de los fondos a la Intervención General de la Comunidad Autónoma de 
Canarias,  que  actuará  bajo  la  coordinación  de  la  Intervención  General  de  la 
Administración del Estado; así como se establecen las obligaciones de rendición de 
cuentas  al  Gobierno  y  de  transparencia.  Por  su  parte,  el  Capítulo  II  regula  los 
instrumentos que servirán a la planificación estratégica y la gestión de los proyectos.
El Título III está dedicado a la organización de los recursos humanos, un ámbito 
esencial en el desafío que para esta Administración supone que sus unidades vean 
multiplicada su carga de trabajo con unos recursos limitados por la falta de relevo de 
plantillas como consecuencia de las medidas de austeridad y contención del gasto 
impuestas desde la Gran Recesión. El Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, ha 
abierto un nuevo marco de reflexión estratégica sobre la organización, los procesos, la 
gestión del personal y la digitalización, proponiendo soluciones flexibles en materia de 
organización de recursos humanos para que la gestión del Plan sea abordada con éxito, 
pero salvaguardando el interés general. En este Título se adaptan dichas soluciones a la 
realidad de la Administración autonómica, regulando el instrumento regulador de los 
recursos humanos adscritos a los planes y proyectos, las unidades administrativas de 
carácter provisional, su provisión de personal, una apuesta por la profesionalización de la 
función directiva pública profesional y las acciones de formación como medida para una 
mayor capacitación de los recursos que van a gestionar los fondos para una ejecución 
más exitosa en la absorción de los fondos.
Asimismo, al objeto de reforzar temporalmente los recursos humanos con que cuenta 
el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias 
y evitar que el mayor volumen de recursos especiales en materia de contratación pueda 
entorpecer la gestión de los fondos, se prevé la creación de una bolsa de empleados  e.
públicos cualificados que puedan asistir al Tribunal fuera de su jornada ordinaria de  w.b
trabajo,  percibiendo  las  retribuciones  que  por  ello  corresponda  en  forma  de  53ww
egqrautiivfiacalecnioten esse gúpno lra  cslaesrev icdieo sv ínceuxltora doerdl einmarpiolesa, doh.oras  extraordinarias  o  concepto
admEinl isTtríatutilvoa ,I Vco netnragclotubaal  yl adse  geespsteiócnia ldidea sduebsv eennc iomnaetse.r Eian  dseu  Cgaepsíttiuólno  Ip sree sruepcuoegsetna rliaas, 
medidas de gestión presupuestaria con la finalidad de coadyuvar a agilizar la dotación de 
los créditos de los proyectos financiados con fondos del «Next Generation EU».
En este sentido y a fin de iniciar con la mayor prontitud posible la ejecución de los 
créditos que se habiliten con cobertura en los recursos que se perciban y lograr el 
impacto perseguido desde la perspectiva económica y social así como para agilizar y 
flexibilizar  su  gestión,  por  una  parte  se  crean  los  servicios  70  «Mecanismo  de 
Recuperación» y 71 «Ayuda a la recuperación (REACT-EU)» y por otra, se establece la 
prioridad en la tramitación de los expedientes de modificación presupuestaria que hayan 
de  implementarse  para  esa  habilitación.  Estos  expedientes  únicamente  incluirán  el 
correspondiente  Anexo  y  la  documentación  contable  que  soporte  a  la  propuesta, 
incorporándose  el  informe  de  la  Dirección  General  de  Planificación  y  Presupuesto 
siempre que por esta se estime procedente.
Igualmente, se flexibiliza el régimen competencial previsto para la autorización de las 
transferencias y las generaciones de crédito que se precisen tramitar para habilitar los 
créditos afectados a los fondos asociados al Instrumento.
Para facilitar la ejecución de tales créditos se crean bolsas para su vinculación y, 
respecto a las transferencias de crédito precisas para realizar actuaciones en el marco 
del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia o en el de la Ayuda a la recuperación para 
la cohesión y los territorios de Europa (REACT-EU) se establece que no se les aplique 
las restricciones recogidas en el artículo 54 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la 
Hacienda Pública Canaria ni las que se prevean en las leyes anuales de presupuestos.
En cuanto a la tramitación de los expedientes de modificaciones de crédito estos se 
simplifican  sustancialmente,  quedando  prácticamente  reducidos  a  la  documentación 
imprescindible. Por su parte, la Dirección General de Planificación y Presupuesto dará 
prioridad a su tramitación, reduciendo a la mitad el plazo de que dispone para su análisis 
y estudio, emitiendo informe únicamente cuando lo estime adecuado y necesario.
Conviene resaltar el régimen previsto para la adquisición de compromisos de gastos 
de carácter plurianual, ya que el crédito a considerar para el cálculo de los porcentajes 
que se apliquen para determinar la cuantía habilitante, toma como base el definitivo en el 
momento de proponer el compromiso, computado a nivel de sección, servicio, programa 
y capítulo, estableciéndose en el 100 por cien de dicha base para el primer y segundo 
ejercicio.
Por último, como medida de flexibilidad, se establece la posibilidad de proceder a la 
tramitación anticipada de expedientes no sólo de gastos de ejercicios posteriores, sino 
también  de  ejercicios  corriente,  ligados  a  modificaciones  presupuestarias,  pudiendo 
llegar a formalizarse el compromiso de gastos, para cualquier expediente que se financie 
con los fondos procedentes del Mecanismo de recuperación y Resiliencia y de los fondos 
REACT-EU.
El Capítulo II recoge dos medidas generales que persiguen la agilización de los 
procedimientos, una de ellas es la tramitación de urgencia y el despacho preferente de 
los asuntos relativos a los fondos procedentes del Instrumento «Next Generation EU» y 
la otra es la exceptuación del trámite preceptivo de autorización previa del Gobierno de 
los  expedientes  de  gastos,  subvenciones  y  convenios  que  las  leyes  anuales  de 
presupuestos sujetan a su autorización, por razón de su cuantía.
El Capítulo III recoge especialidades en materia de contratación pública con el fin de 
implantar  una  cultura  en  la  gobernanza  de  la  contratación  pública  de  los  fondos 
europeos,  que  sea  responsable,  abierta,  innovadora,  cooperativa,  profesionalizada, 
tecnológica y transformadora y de garantizar un régimen de contratación que permita dar  s
respuesta a las apremiantes necesidades públicas, que actúe como dinamizador de un  oe.
modelo económico más sostenible, inteligente y resiliente que nos prepare mejor para  w.
afrontar futuras crisis sanitarias, climáticas, alimentarias, tecnológicas o energéticas, así  53ww
cpoúmbloic am teejnograar u lna  eafgeiclitdoa dde  yp osliímticpali fpicaalra nlocsa  etrná msíi tmesis hmaac,i eyn qduoe  qsuee a ljau sptero ap ilao sc roenqturaistaitcoisó ny 
sae lcat odre fipnúicbilóicno d. eE cnotnretr aetos tpaúsb lmicoe dqiduaes e sstea blceocnet elam npolarm  ealt iviam pbuálssioca  dseo brlae  ccoonntrtraatotasc idóenl   BOE-A-cable e
electrónica y la reducción de plazo para la emisión de informes y la cumplimentación de 
trámites, la admisión de los bastanteos de los poderes realizados por los servicios 
jurídicos  de  cualquier  otra  Administración  Pública,  a  fin  de  evitar  una  duplicidad 
innecesaria en un contexto de intensa contratación; así como, la simplificación en la 
composición  de  las  mesas  de  contratación  en  los  procedimientos  de  adjudicación 
abiertos simplificados, y su supresión en los abiertos simplificados sumarios.
Se  persigue  con  las  medidas  previstas  en  este  capítulo  que  son  diversas  y 
heterogéneas  convertir  la  contratación  pública  como  punto  estratégico  que  permite 
generar inversión pública para el crecimiento sostenible, alcanzar una mayor eficiencia 
en la distribución y gestión de los fondos europeos, así como, dotar de mayor seguridad 
jurídica  y  transparencia  a  la  contratación  pública,  dar  apoyo  a  la  recuperación 
potenciando un modelo de contratación de obras y servicios públicos inteligentes y 
«circulares», que integren lo social, ambiental y la equidad como señas de identidad del 
modelo económico.
El Capítulo IV recoge las especialidades en materia de gestión de subvenciones.
Como una de las medidas más destacadas, se establece la posibilidad de otorgar 
subvenciones de concurrencia no competitiva para aquellas subvenciones cuyo objeto 
sea  financiar  actuaciones  o  situaciones  concretas  que  no  requieran  de  valoración 
comparativa  con  otras  propuestas.  En  estos  casos  se  prevé  que  pueda  dictarse 
sucesivas resoluciones de concesión por orden de presentación de solicitudes, una vez 
realizadas  las  comprobaciones  de  concurrencia  de  la  situación  o  actuación 
subvencionable y el cumplimiento del resto de requisitos exigidos, hasta el agotamiento 
del crédito presupuestario asignado en la convocatoria. Regulando, al mismo tiempo, 
una  medida  ágil  de  publicación  o  notificación  del  agotamiento  del  crédito  y  las 
desestimaciones de las solicitudes por tal motivo, a través de la sede electrónica.
Paralelamente,  se  prevé  la  posibilidad  de  incremento  de  la  cuantía  máxima  o 
estimada de la convocatoria sin sujeción a los criterios más restrictivos regulados en el 
Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de 
subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Se establece la conservación de todos los actos cuando transcurrido el plazo de 
presentación de solicitudes previsto no hubiera finalizado al cierre del ejercicio.
Se contempla una regulación de las convocatorias abiertas, más flexible y amplia, 
que  permite  convocatorias  abiertas  hasta  un  máximo  de  dos  años,  salvo  en  las 
financiadas con el fondo REACT-EU que podrán extenderse como máximo, hasta el 31 
de diciembre de 2022, aunar en un acto de convocatoria varios procedimientos de 
concesión, así como la posibilidad de que en estas se concreten los plazos de ejecución 
y justificación diferentes para los beneficiarios de cada procedimiento o el traslado de 
crédito no aplicado en un procedimiento de concesión al siguiente mediante Resolución 
del centro gestor.
Se simplifica la documentación que tienen que presentar los beneficiarios de las 
subvenciones, regulando medidas como el incremento del umbral económico para la 
presentación de una cuenta justificativa simplificada y para acreditar que se encuentra al 
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social o la 
posibilidad de realizar compensaciones entre los conceptos presupuestarios, siempre 
que se dirijan a alcanzar el fin de la subvención, en las memorias a presentar.
El Título V introduce, en el ámbito autonómico canario, las medidas de simplificación 
de la tramitación de convenios administrativos, incluyendo las previstas en el Real 
Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, a fin de aprovechar las ventajas que puede  s
implicar  la  utilización  de  los  convenios  en  la  gestión  del  Instrumento  Europeo  de  oe.
Recuperación, esto es, permitir, entre otros objetivos, que las actuaciones que requiera  w.
el cumplimiento de los fines de interés general puedan articularse a través de entidades  53ww
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Da elcorse toin-sletryu 3m6e/2n0to2s0 .de colaboración público-privada contemplados en el citado Real  BOE-A-cable e
Con el objeto de ahondar en la simplificación, se establece en la disposición adicional 
primera que el Instrumento de Planificación Estratégica pueda tener la consideración de 
Plan Estratégico de subvenciones, siempre que contemple los requisitos mínimos que el 
mismo define.
La  disposición  adicional  segunda  determina  que  el  régimen  de  control  de  los 
expedientes  de  gastos  de  los  fondos  del  Next  Generation  EU  será  el  actualmente 
previsto para el resto de los expedientes, aclarando que la exceptuación del trámite de 
autorización previa del Gobierno de los expedientes de gastos no determina la no 
sujeción al régimen de fiscalización previa previsto actualmente en Acuerdo de Gobierno.
La  disposición  adicional  tercera  suspende,  para  favorecer  la  movilidad  de  los 
recursos humanos, la regla de cesión del crédito prevista en el apartado 4 del artículo 50 
de la Ley 7/2020, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad 
Autónoma de Canarias para 2021.
La disposición adicional cuarta regula la negociación colectiva de los instrumentos de 
ordenación previstos en el presente Decreto-ley.
La disposición adicional quinta incluye las especificidades aplicables al personal 
estatutario.
La  disposición  adicional  sexta  diseña  las  unidades  administrativas  de  carácter 
provisional  indispensables,  con  carácter  inmediato,  en  la  Dirección  General  de 
Planificación y Presupuesto, la Intervención General y la Dirección General de la Función 
Pública.
La disposición adicional séptima establece una medida de simplificación para gastos 
menores, con alcance general a todas las Administraciones y no vinculado en exclusiva 
a los gastos financiados con fondos europeos.
En cuanto a la disposición final primera, resulta necesario, para garantizar el mejor 
aprovechamiento  de  la  ejecución  de  las  ofertas  de  empleo  público  que  deben 
convocarse,  asegurando  el  puntual  relevo  generacional  de  una  Administración 
envejecida,  en  un  escenario  de  intensa  transformación  digital  y  gran  exigencia  de 
efectivos para la ejecución de estos fondos, que se modifiquen los apartados 2 y 3 del 
artículo 73 de la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria a fin de 
hacer que dicha regulación sea coherente con la redacción del artículo 61 del texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, tal y como ya había puesto de manifiesto, 
en diferentes ocasiones, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en sentencias 
de 17 de octubre de 2018 y de 14 de junio de 2019 y, en la misma línea, se modifica el 
apartado 2 del artículo 78 del mismo texto legal a fin de posibilitar la introducción de un 
elenco más amplio de méritos a valorar, más acordes con las necesidades actuales del 
servicio público que se le requiere a la Administración, avanzando en el objetivo de una 
Administración plenamente electrónica con la introducción de las competencias digitales 
como criterio en las bases de los procesos de provisión.
La disposición final segunda, por coherencia con la medida anterior, modifica el 
precepto concordante en el Decreto 48/1998, de 17 de abril, por el que se regula la 
provisión de puestos de trabajo del personal funcionario de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, con salvaguarda de su rango reglamentario.
Por  otra  parte,  la  disposición  final  tercera  modifica  puntualmente  el  Decreto-
ley 24/2020, de 23 de diciembre, de medidas extraordinarias y urgentes en los ámbitos 
de vivienda, transportes y puertos de titularidad de la Comunidad Autónoma de Canarias, 
con la finalidad de abordar la necesidad de flexibilizar transitoriamente la exigencia de  s
una antigüedad máxima de los vehículos de transporte sanitario debido a que, como  oe.
consecuencia de la ralentización de determinadas actividades económicas, no se puede  w.
asegurar  en  muchos  casos  el  cumplimiento  de  los  plazos  de  entrega  de  dichos  53ww
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económica para hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de transportes y
vivienda. La situación de hecho que se pretende resolver afecta con mayor intensidad a 
Canarias, debido a su condición de ultraperificidad.
Con la disposición final cuarta se corrige la omisión de determinadas mascarillas no 
incluidas en el Decreto-ley 19/2020, de 12 de noviembre, de establecimiento del tipo cero 
en  el  Impuesto  General  Indirecto  Canario  aplicable  a  la  importación  o  entrega  de 
mascarillas y productos sanitarios para diagnóstico in vitro de la COVID-19.
La  disposición  final  quinta  establece  la  aplicación  del  tipo  cero  en  el  Impuesto 
General  Indirecto  Canario  a  determinadas  importaciones  y  entregas  relativas  a  los 
congeladores especiales destinados a la conservación adecuada de las dosis de la 
vacuna. Esta Comunidad Autónoma ha establecido, a través del instrumento jurídico del 
Decreto-ley,  la  aplicación,  condicionada  al  cumplimiento  de  determinados  requisitos 
subjetivos y objetivos, del tipo cero en el Impuesto General Indirecto Canario a la 
importación y entrega de determinados bienes necesarios para combatir los efectos del 
COVID-19. En la actualidad nos encontramos ante un proceso general de vacunación 
cuyo objetivo es ayudar a proteger a las personas. Las vacunas autorizadas requieren 
una conservación a unas temperaturas especiales, lo que hace necesario disponer de 
congeladores específicos capaces de alcanzar las bajas temperaturas requeridas para 
garantizar la correcta conservación de las dosis de las vacunas, de acuerdo con las 
especificaciones que el productor haya establecido, hasta que se proceda a su uso. Por 
ello,  resulta  imprescindible  continuar  facilitando  el  rápido  suministro  de  material 
destinado a combatir los efectos del COVID-19 mediante la liberación de la carga fiscal 
indirecta  en  las  importaciones  y  entregas  relativas  a  los  congeladores  especiales 
destinados a la conservación adecuada de las dosis de la vacuna.
Con  la  disposición  final  sexta  se  corrige  la  referencia  que  se  contiene  en  la 
exposición de motivos del Decreto-ley 2/2021, de 1 de marzo, por el que se regula la 
concesión  directa  de  subvenciones  dirigidas  al  mantenimiento  de  la  actividad  de 
personas trabajadoras autónomas y pequeñas y medianas empresas, de los sectores 
más afectados por la crisis derivada de la COVID-19, a la competencia exclusiva en 
materia de servicios sociales que constituye un error que debe ser enmendado para 
recoger como título competencial principal el de la promoción de la actividad económica, 
conforme ha señalado el Consejo Consultivo de Canarias en su dictamen n.º 125/2021, 
de 17 de marzo, emitido en relación con el referido Decreto-ley 2/2021, de 1 de marzo.
La disposición final séptima dispone la aplicación supletoria respecto a la materia que 
se regula, de las disposiciones contenidas en el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de 
diciembre,  por  el  que  se  aprueban  medidas  urgentes  para  la  modernización  de  la 
Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia.
Por último, la disposición final octava determina la entrada en vigor del presente 
Decreto-ley.
El presente Decreto-ley persigue, por tanto, con las medidas descritas dar respuesta 
a los desafíos que se le plantean a esta Administración para alcanzar con éxito la 
ejecución de todos los proyectos vinculados a los fondos del Instrumento Europeo de 
Recuperación.
Todas las medidas organizativas y procedimentales que se contienen en el presente 
Decreto-ley constituyen un primer avance de otras que se podrán ir adoptando para 
complementarlas, modularlas o suplirlas, en función de las necesidades extraordinarias y 
urgentes que se vayan presentado a lo largo del proceso de planificación, gestión y 
control de los fondos. s
IV 53www.
extraEol radrintíacurilao  y4 6u.r1g ednetel  Ensetcaetustidoa dde,  eAl uGtoonboiemrníao  dpeo dCráa ndaicritaasr  ndoisrpmoanse  cqoune ,r aenng oc adseo  ledye, 
que recibirán el nombre de Decretos leyes.
En virtud de la consolidada jurisprudencia del Tribunal Constitucional (por todas 
Sentencia 14/2020, de 28 de enero de 2020, FJ 2) es exigible «que el Gobierno haga 
una definición «explícita y razonada» de la situación concurrente, y segundo, que exista 
además una «conexión de sentido» entre la situación definida y las medidas que en el 
decreto-ley se adopten».
La  definición  «explícita  y  razonada»  de  la  situación  puede  contenerse  en  la 
exposición de motivos del Decreto-ley, en el debate parlamentario de convalidación y, en 
su caso, en el expediente de elaboración de la norma [STC 61/2018, FJ 4 d), con cita de 
otras]. Pues bien, de la lectura de la presente exposición de motivos se evidencia que el 
Gobierno de Canarias fundamenta la aprobación del Decreto-ley en motivos concretos y 
objetivos, de oportunidad política y extraordinaria urgencia que requieren su aprobación 
inmediata, que no son otros que los de dar respuesta a las exigencias europeas para 
poder acceder a los fondos del Instrumento Europeo de Recuperación, cuya ejecución se 
enmarca en un espacio temporal de muy corta duración, que obliga a adoptar medidas 
urgentes que ofrezcan las condiciones necesarias para gestionar los mismos de una 
manera ágil y eficaz, y con plena sujeción a los criterios de elegibilidad impuestos por la 
Unión Europea, orientado todo ello a la consecución de los fines de interés público que 
se proyectan en el artículo 1 del presente Decreto-ley. En este sentido, existe plena 
homogeneidad entre la situación descrita en la exposición de motivos y la reforma 
contenida  en  la  parte  dispositiva;  por  tanto,  existe  «conexión  de  sentido»  entre  la 
situación definida y las medidas que en el Decreto-ley se adoptan, la mayoría dirigidas a 
facilitar la planificación, gestión y control de los fondos europeos y con una vigencia 
temporal coincidente con el marco temporal de los fondos.
El Decreto-ley también incluye medidas tributarias relativas a la aplicación del tipo 0 
de IGIC para la entrega e importación de determinados productos imprescindibles para 
luchar contra la COVID-19, no existiendo ninguna duda de que la situación sanitaria que 
afronta nuestro país en general, y la Comunidad Autónoma de Canarias en particular, 
genera la concurrencia de motivos que justifican la extraordinaria y urgente necesidad de 
tomar decisiones dirigidas a atajar la epidemia y evitar su propagación para proteger la 
salud pública, a través de medidas como las que se insertan en las Disposiciones finales 
cuarta y quinta del presente Decreto-ley, de tipo fiscal, que persiguen facilitar el rápido 
suministro de determinados productos, mediante la liberación de su carga fiscal.
El Decreto-ley constituye, por tanto, el instrumento constitucional y estatutariamente 
previsto a estos efectos, siempre que el fin que justifica la legislación de urgencia sea, tal 
y como reiteradamente ha exigido nuestro Tribunal Constitucional (sentencias 6/1983, 
de 4 de febrero, F. 5; 11/2002, de 17 de enero, F. 4, 137/2003, de 3 de julio, F. 3 
y 189/2005, de 7 julio, F. 3), subvenir a una situación concreta que por razones difíciles 
de prever requiere una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el 
establecido por la vía normal o por el procedimiento abreviado o de urgencia para la 
tramitación parlamentaria de las leyes.
Asimismo, el presente Decreto-ley no vulnera los límites materiales del mismo, que 
para estos instrumentos legislativos excepcionales se prevén en el artículo 46.2 del 
Estatuto de Autonomía de Canarias y en el artículo 86 de la Constitución Española, en la 
medida que las medidas que contempla no afectan a las instituciones autonómicas o 
materias que requieran de mayoría cualificada ni afecta a los derechos, deberes y 
libertades fundamentales del Título I de la Constitución.
Respecto a las materias que podrían ser objeto de regulación reglamentaria, pero 
que se incluyen en el presente Decreto-ley, cabe recordar la Sentencia del Tribunal  s
Constitucional 14/2020, de 28 de enero, que señala en su FJ 5 que «(…) lo que este  oe.
Tribunal ha declarado inconstitucional, por contrario al art. 86.1, son las remisiones  w.
reglamentarias exclusivamente deslegalizadoras carentes de cualquier tipo de plazo  53ww
h[SaSbTiliCta c2io9n/1e9s8 2re, gdlea m3e1n dtaer iamsa yroe,la FciJo n6a, dya s2 9c/1o9n8 6c,a mdeb i2o8s  doerg faenbizreartoiv,o FsJ  (S2 TcC)] , 2y3 /n1o9 9la3s, 
daep li1ca3c dióen  feibnrmereod,i aFtJa  6d) eo  nloesc esparericaesp, tdoas dad elal  iDmepcorseitboil-ildeayd  (tSécTnCic a1 d2e/2 0p1ro5c, eddeer  a5  udnea   BOE-A-cable e
febrero, FJ 5)». En suma, el Tribunal Constitucional sostiene que si se pretende utilizar 
un Real Decreto-ley para ordenar una materia que antes era regulada por normas 
reglamentarias,  la  justificación  del  empleo  de  ese  producto  normativo  impone  al 
Gobierno la necesidad de razonar por qué esa regulación requería precisamente la 
elevación  de  ese  rango  en  el  momento  en  que  se  aprobó  el  Real  Decreto-ley  en 
cuestión.
En  este  sentido,  debe  señalarse  que  las  reglas  en  materia  de  subvenciones 
introducidas  en  el  Capítulo  IV  del  Título  IV  del  presente  Decreto-ley,  constituyen 
especialidades respecto de las reglas generales establecidas en el Decreto 36/2009, 
de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, pero que deben introducirse de manera inmediata 
en el ordenamiento jurídico a fin de garantizar la máxima coherencia, sistematicidad y 
seguridad jurídica en el régimen especial de tramitación y concesión de las subvenciones 
que sean financiables con fondos «Next Generation EU». Lo mismo cabe decir respecto 
de la admisibilidad en los contratos públicos de los bastanteos de poderes realizados por 
otras Administraciones Públicas, que alteran el régimen previsto en los artículos 26 y 28 
del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Servicio Jurídico del Gobierno de 
Canarias,  aprobado  por  Decreto  19/1992,  de  7  de  febrero,  siendo  una  medida 
igualmente coyuntural, de aplicación exclusiva a unos determinados contratos y de 
carácter  transitorio,  que  no  tiene  la  voluntad  de  modificar  de  forma  permanente  el 
ordenamiento jurídico y que se justifica en la necesidad de aplicar de forma inmediata la 
misma para dar mayor agilidad a los contratos que se financian con fondos del «Next 
Generation EU».
Por lo que se refiere a la modificación del Decreto 48/1998, de 17 de abril, la misma 
se justifica, dada la urgencia en flexibilizar los concursos y en beneficio de la seguridad 
jurídica,  para  garantizar  la  debida  coherencia  de  esta  norma  de  desarrollo  con  la 
modificación  de  la  Ley  2/1987,  de  30  de  marzo,  de  la  Función  Pública  Canaria, 
introducida en la Disposición Final primera.
Así pues, se puede concluir que el presente Decreto-ley, por una parte, no afecta a 
las  materias  vedadas  a  este  instrumento  normativo  y,  por  otra,  han  quedado 
ampliamente justificadas las razones de extraordinaria y urgente necesidad para que por 
parte del Gobierno de Canarias se apruebe, conforme al apartado 1 del artículo 46 de la 
Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de 
Canarias, un Decreto-ley como el que nos ocupa.
Por otra parte, en el presente Decreto-ley se da cumplimiento a los principios de 
buena regulación contemplados en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
De este modo, se cumple con el principio de necesidad que ha quedado plenamente 
justificado.
Igualmente,  se  da  cumplimiento  a  los  principios  de  seguridad  jurídica, 
proporcionalidad  y  eficacia,  destacándose  que  las  medidas  que  incorpora  son 
congruentes con el ordenamiento jurídico e incorporan la mejor alternativa posible dada 
la situación de excepcionalidad al contener la regulación necesaria e imprescindible para 
la consecución de los objetivos previamente mencionados.
En cuanto al principio de transparencia, dado que se trata de un Decreto-ley, su 
tramitación se encuentra exenta de consulta pública previa y de los trámites de audiencia 
e  información  públicas,  conforme  el  artículo  26.11  de  la  Ley  50/1997,  de  27  de 
noviembre,  del  Gobierno,  de  aplicación  supletoria  por  mor  de  lo  dispuesto  en  la  s
Disposición  Final  Primera  de  la  Ley  1/1983,  de  14  de  abril,  del  Gobierno  y  de  la  oe.
Administración  Pública  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias,  que  excluye  la  w.
aplicación  de  las  normas  para  la  tramitación  de  anteproyectos  de  ley  y  normas  53ww
rpergelvaismtae netanr ieals ,a paa rltoasd oD 3e cdreetlo csi taledyoe sa,r taíc uelox,c ecpocni ócna rdáec telar  aeblarebvoiraadcoió. nE nd et oldao  mcaesmoo rsiua 
parte expositiva y su memoria explican suficientemente su contenido y sus fines.
Finalmente, respecto del principio de eficiencia, no se imponen más cargas que las 
estrictamente necesarias.
V
El presente Decreto-ley contiene un amplio y heterogéneo abanico de medidas, cuyo 
nexo común es que se trata de medidas de carácter autoorganizativo, adoptadas con 
vistas  a  facilitar  a  la  Administración  autonómica  a  gestionar  con  éxito  los  fondos 
procedentes del «Next Generation EU». Se trata en general de medidas de organización 
interna y de carácter coyuntural, que pretenden imprimir mayor agilidad y eficiencia en el 
funcionamiento cotidiano de la Administración.
Las  medidas  organizativas  que  se  concretan  en  el  Título  II  del  Decreto-ley  se 
sustentan en la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma de Canarias para 
establecer la organización y el régimen de funcionamiento de su Administración, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 149.1.18.ª de la Constitución y que incluye, en 
todo  caso,  la  facultad  para  crear,  modificar  y  suprimir  los  órganos,  unidades 
administrativas  y  las  entidades  que  la  configuran  o  que  dependen  de  ella  (cfr. 
artículo 104 del Estatuto de Autonomía de Canarias).
El Título III dedicado a la gestión de los recursos humanos recoge medidas que se 
enmarcan en la competencia autonómica en materia de función pública prevista en el 
artículo 107 del Estatuto de Autonomía y que se insertan con pleno respeto de la 
competencia  del  Estado  para  establecer  las  bases  del  régimen  estatutario  de  los 
funcionarios públicos, en virtud del artículo 149.1.18.ª de la Constitución Española.
Otro  bloque  de  materias  contenidas  en  el  Decreto-ley  son  las  de  naturaleza 
presupuestaria, en relación con las medidas recogidas en el Capítulo I del Título IV, 
ostentando la Comunidad Autónoma de Canarias competencias en materia de hacienda 
en  relación  con  la  autonomía  financiera  que  tienen  reconocidas  las  Comunidades 
Autónomas en el artículo 156 de la Constitución Española (arts. 165 y siguientes del 
Estatuto  de  Autonomía).  Al  reconocerse  que  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias 
cuenta con Hacienda propia para el desarrollo y ejecución de sus competencias, se está 
infiriendo a la Comunidad Autónoma capacidad para su regulación en la forma que más 
convenga a sus intereses peculiares. Dentro de las previsiones estatutarias, interesa 
especialmente dejar constancia que se contempla, entre ellas, la competencia para la 
gestión de los fondos europeos (art. 175), en la medida en que el Decreto-ley incluye 
medidas  adoptadas  en  el  ejercicio  de  tales  competencias.  Asimismo,  las  medidas 
recogidas en materia de gestión presupuestaria, dirigidas a la dotación de forma ágil de 
los proyectos financiados con fondos europeos se regulan con pleno respecto al marco 
normativo institucional establecido en la Constitución y en la Ley Orgánica de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Las medidas procedimentales recogidas en el Capítulo II del Título IV se amparan en 
las competencias que tiene conferidas la Comunidad Autónoma en materia de régimen 
jurídico y procedimiento administrativo común por el artículo 106.2.a) del Estatuto de 
Autonomía. Se trata de dos medidas coyunturales para agilizar la tramitación de los 
procedimientos teniendo la Comunidad Autónoma amplia capacidad para su disposición, 
sin que constituya vulneración alguna de las bases recogidas en la legislación estatal en 
materia de procedimiento administrativo común.
El Capítulo III del Título IV y la Disposición adicional séptima recoge especialidades 
en materia de contratación pública que viene a regular la Comunidad Autónoma en  s
ejercicio de las competencias que le reconoce el artículo 106.2 c) del Estatuto de  e.
Autonomía con pleno respeto de la competencia exclusiva del Estado para establecer la  w.
legislación básica de contratos. 53ww
EstaQtuuteod dae  pAour torneofemriíras es itaúla  tíetunl oe l cáommbpiteot ednec ialal  caotimnepnettee naci al asso bsrueb fvoemnecinotnoe. sN, oq euse  uenl 
qtíutuelo  laau tCónoommuon,i dsaindo  Aquuetó ndoembea  sittiueanres er eecno cnoonceidxaió nc ocmonp eutnean cdiae.  laAss mí alote rieasst asbolebcree  laesl   BOE-A-cable e
artículo 102 del Estatuto de Autonomía que dice: «1. En las materias de su competencia, 
corresponde a la Comunidad Autónoma el ejercicio de la actividad de fomento, a cuyos 
efectos podrá otorgar subvenciones con cargo a fondos propios, regulando o, en su 
caso,  desarrollando  los  objetivos  y  requisitos  de  otorgamiento  y  gestionando  su 
tramitación y concesión». Las subvenciones no constituyen un título competencial en sí 
mismo, sino que son un instrumento al servicio de una competencia sustantiva. Y la 
Comunidad Autónoma puede en el desarrollo de sus propias competencias sustantivas 
establecer normas propias de subvenciones de aplicación en las materias sobre las que 
tiene competencia y siempre que no contradigan la legislación básica estatal en la 
materia.
Por lo que se refiere al Título V dedicado a la cooperación interadministrativa y la 
colaboración  y  participación  público-privada,  el  mismo  encuentra  su  amparo  en  los 
artículos 191 y 194 del Estatuto de Autonomía de Canarias.
También se incorporan medidas tributarias en las Disposiciones finales cuarta y 
quinta, relativas a la liberación de la carga fiscal de determinados productos necesarios 
para la lucha contra la COVID-19, ostentando la Comunidad Autónoma de Canarias 
competencia para la regulación de los tipos impositivos del Impuesto General Indirecto 
Canario,  conforme  al  apartado  uno.2.º  de  la  Disposición  adicional  octava  de  la 
Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las 
Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y 
se modifican determinadas normas tributarias.
En definitiva, la Comunidad Autónoma, en líneas generales, ostenta competencia 
sobre  las  materias  que  son  objeto  del  Decreto-ley,  sobre  la  base  de  los  títulos 
competenciales  que  le  reconoce  el  Estatuto  de  Autonomía  y  que  han  quedado 
determinados en los párrafos anteriores.
En su virtud, en uso de la autorización contenida en el artículo 46 del Estatuto de 
Autonomía de Canarias, a propuesta de los Consejeros de Hacienda, Presupuestos y 
Asuntos  Europeos  y  de  Administraciones  Públicas,  Justicia  y  Seguridad,  y  previa 
deliberación  del  Gobierno  en  su  reunión  celebrada  el  día  31  de  marzo  de  2021, 
dispongo:
TÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1.  Objeto y finalidad.
1.  El presente Decreto-ley tiene por objeto establecer las disposiciones generales 
precisas  para  facilitar  la  planificación,  gestión,  ejecución  y  control  de  los  fondos 
procedentes  del  Instrumento  Europeo  de  Recuperación  «Next  Generation  EU»,  en 
especial del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia afecto al Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia y la Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los 
Territorios de Europa (en adelante REACT-EU), con la finalidad de llevar a cabo un 
proceso de reforma del modelo económico que permita una rápida recuperación de la 
actividad  económica,  impulse  la  inversión  pública  y  privada  y  el  apoyo  al  tejido 
productivo, mejore los datos del empleo y contribuya a la creación de un empleo de 
calidad, fomente la eficiencia energética y el uso de energías alternativas, la movilidad 
sostenible, la lucha contra el cambio climático, favorezca la cohesión económica, social y  es
territorial de Canarias en el marco del mercado único europeo, fomente medidas de  o
apoyo a sectores con dificultad e impulse la modernización y transformación digital de la  53ww
Acpordommy2pei.nec ittsiotEtirsval  aceD i yóei nnscc oroeyli rtdopda-oerlerilaa y.s  ueencs ttoacrob nlpejrucivena todu ond; e m tomoddeoed lioed lalops a craaod nml aie nlgi softirbnae tdrivneaa snc,z redaae ry  o ulragn aapn lsiazonacicfiieicódanac didó enm  ldoáess    OE-A-2021-93able en https://
recursos y de gestión presupuestaria y económica que persiguen contribuir a una gestión
más ágil y eficiente para facilitar la adecuada absorción de los mencionados fondos y 
cumplir los objetivos recogidos en el apartado anterior.
Artículo 2.  Ámbito de aplicación.
1.  Este  Decreto-ley  es  aplicable  a  la  Administración  Pública  de  la  Comunidad 
Autónoma de Canarias, sus organismos autónomos y demás entidades de Derecho 
Público vinculadas o dependientes de esta en lo que respecta a las actuaciones y 
procedimientos que tengan por objeto la planificación, puesta a disposición de recursos y 
la gestión y control de los fondos provenientes del Instrumento Europeo de Recuperación 
«Next Generation EU».
2.  Asimismo  el  capítulo  III  del  Título  IV  será  de  aplicación  a  todas  las 
Administraciones Públicas Canarias y a su sector público institucional, cuando gestione, 
mediante la contratación pública, los citados Fondos.
TÍTULO II
Modelo de gobernanza
CAPÍTULO I
Estructura de gobernanza
Artículo 3.  Comisión de Planificación y Gobernanza de los fondos «Next Generation 
EU».
1.  Para la alta dirección y gobernanza de los planes y proyectos financiados con 
fondos «Next Generation EU», se crea la Comisión de Planificación y Gobernanza.
2.  La comisión estará compuesta por:
a)  El Presidente del Gobierno de Canarias, quien ejercerá la presidencia de esta.
b)  El Vicepresidente del Gobierno de Canarias, quien ejercerá la vicepresidencia de 
esta.
c)  Las personas titulares de las Consejerías del Gobierno.
d)  La persona titular de la Viceconsejería de la Presidencia.
e)  La persona titular de la Viceconsejería competente en materia de hacienda, 
planificación y presupuestos.
f)  La persona titular del centro directivo competente en materia de planificación y 
presupuesto, en su condición de autoridad de gestión de los fondos europeos.
3.  Las funciones de la Comisión serán las siguientes:
a)  El establecimiento de las directrices políticas generales para la gobernanza de 
los fondos «Next Generation EU».
b)  La aprobación de los planes estratégicos departamentales para la gestión de los 
fondos.
c)  El seguimiento estratégico de los planes.
d)  Modificar, en su caso, la composición del Comité Director de Planes y Proyectos, 
a que se refiere el artículo siguiente.
e)  La ejecución de aquellas otras actividades o funciones que le encomiende el  es
Gobierno de Canarias. o
Artíc1u. lo P4a. raC lao mcoitéo rDdiinreacctioórn d dee P lolasn pelsa ny ePsr oyy percotyoesc.tos previstos en el presente Decreto- 2021-9353n https://ww
ley, se crea el Comité Director de Planes y Proyectos.
2.  El Comité estará compuesto por:
a)  El Vicepresidente del Gobierno de Canarias, quien ejercerá la presidencia.
b)  La persona titular de la Viceconsejería de la Presidencia, quien ejercerá la 
vicepresidencia primera.
c)  La persona titular de la Viceconsejería competente en materia de hacienda, 
planificación y presupuestos, quien ejercerá la vicepresidencia segunda.
d)  La  persona  titular  de  la  Viceconsejería  competente  en  materia  de 
administraciones públicas, quien ejercerá la vicepresidencia tercera.
e)  La persona titular de la Dirección General de Planificación y Presupuesto, que 
actuará como Secretaría.
f)  La persona titular de la Dirección General de Investigación y Coordinación del 
Desarrollo Sostenible.
g)  La persona titular de la Dirección General de la Función Pública.
h)  La persona titular de la Dirección General de Asuntos Europeos.
i)  La persona titular de la Dirección General de Modernización y Calidad de los 
Servicios.
j)  La persona titular de la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas 
Tecnologías.
k)  La persona titular de la Dirección General de Patrimonio y Contratación.
l)  Aquellas otras personas que, en función de la evolución de los planes y proyectos 
financiados con fondos «Next Generation EU», determine la Comisión de Planificación y 
Gobernanza.
3.  Las funciones del Comité serán las siguientes:
a)  Asistencia y soporte técnico a la Comisión de Planificación y Gobernanza.
b)  Proponer la aprobación de los Instrumentos de planificación estratégica para la 
gestión, así como el seguimiento y verificación de estos, y su modificación.
c)  Proporcionar  apoyo  técnico  a  la  Autoridad  responsable  de  los  proyectos 
financiados con fondos «Next Generation EU».
d)  Informar y asistir a los órganos y unidades de gobernanza, seguimiento y de 
ejecución de los planes y proyectos.
e)  Realización de los estudios, informes y análisis para la ejecución de los planes y 
proyectos incluyendo, en su caso, propuestas de reasignación de su financiación.
f)  La aprobación de las orientaciones, manuales de procedimiento, o modelos tipo 
de pliegos de licitación, bases para convocatorias de subvenciones o ayudas, convenios 
o cualesquiera otros que se considere puedan servir de orientación a los gestores por 
razones de eficacia o eficiencia.
g)  La  aprobación  de  recomendaciones  e  instrucciones  sobre  la  adopción  de 
herramientas informáticas o digitales.
h)  El seguimiento del cumplimiento de las propuestas, criterios o recomendaciones 
dictadas por el mismo.
i)  La ejecución de aquellas otras actividades o funciones que le encomiende la 
Comisión de Planificación y Gobernanza.
4.  El Comité funcionará bajo las siguientes reglas:
– La Presidencia, a propuesta de los miembros del Comité, podrá invitar a las 
sesiones del órgano a representantes de otras Administraciones Públicas, organismos y  e.e
otras entidades públicas o privadas, que considere adecuadas por su participación en la  b
gestión en proyectos con financiación de los mencionados planes. 53ww
mate–r iLao as  trVaotacra.les podrán asistir acompañados de asesores técnicos por razón de la
de e–s toLsa,  Parseusnidtoesn ncioa  ctoemndprráe nlad ipdootse setna de ld oer dinecnl udire, l adtíean ddeie lnadso s ae sliao nuergse.ncia y naturaleza
– En caso de ausencia, vacante, enfermedad u otra causa legal de la persona titular 
de la Presidencia, le sustituirán los titulares de las Vicepresidencias.
5.  El Comité Director podrá crear las estructuras necesarias para el buen desarrollo 
de sus funciones, en los términos regulados en el Título III.
Artículo  5.  Autoridad  responsable  de  los  proyectos  financiados  con  fondos  «Next 
Generation EU».
1.  Actuará como responsable ante la Administración General del Estado para el 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, en los términos que se establezca en la 
normativa estatal y europea, y bajo la supervisión del Comité Director de Planes y 
Proyectos, el centro directivo que a tal fin designe dicho Comité.
2.  Dicho centro directivo ejercerá, a tal efecto, las siguientes funciones:
a)  En relación con la Administración General del Estado, la responsabilidad general 
en la gestión del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, actuando como órgano de 
contacto de la Administración General del Estado.
b)  Asegurar la coordinación con los departamentos, órganos, organismos y, en su 
caso, entidades locales y entidades implicadas en el mencionado Mecanismo.
c)  La  supervisión  de  los  proyectos  financiados  con  fondos  que  proceden  del 
mencionado Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
d)  La presentación de los informes a elevar al Gobierno de Canarias, así como los 
exigidos por la Administración General del Estado y previstos en la normativa reguladora 
del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia en Canarias.
2.  El  centro  directivo  de  la  Consejería  de  Hacienda,  Presupuestos  y  Asuntos 
Europeos con competencia en materia de fondos europeos actuará como autoridad 
responsable  ante  la  Administración  General  del  Estado  para  el  REACT-EU,  en  los 
términos que se establezca en la normativa estatal y europea, desarrollando a tal efecto 
las competencias que legal y reglamentariamente tenga establecidas. A tal fin será 
dotada de los recursos personales y materiales necesarios para el correcto ejercicio de 
sus funciones conforme a la asistencia técnica prevista en este instrumento.
Dicho centro directivo ejercerá, a tal efecto, las siguientes funciones:
a)  En relación con la Administración General del Estado, la responsabilidad general 
en la gestión del REACT-EU, actuando como órgano de contacto de la Administración 
General del Estado.
b)  Asegurar la coordinación con los departamentos, órganos, organismos y, en su 
caso, entidades locales y entidades implicadas en el mencionado Instrumento.
c)  La  supervisión  de  los  proyectos  financiados  con  fondos  que  proceden  del 
mencionado instrumento REACT-EU.
d)  La presentación de los informes a elevar al Gobierno de Canarias, así como los 
exigidos por la Administración General del Estado y previstos en la normativa reguladora 
del REACT-EU en Canarias.
3.  El  impulso  de  los  trabajos  del  Comité  Director  de  Planes  y  Proyectos 
corresponderá al titular en materia de planificación y gestión de fondos europeos.
Artículo 6.  Control de los proyectos financiados con fondos «Next Generation EU». s
1.  La  Intervención  General  de  la  Comunidad  Autónoma  tendrá  a  su  cargo  el  w.
ejercicio de las funciones y competencias que le atribuye la normativa europea o estatal  53ww
resp2e.c toE dne l pInasrttircuumlaer,n toc oErurerosppoenod deer áR eac uplae raInctieórnv.ención  General  de  la  Comunidad
Autónoma las actuaciones derivadas del ejercicio del control de los fondos que se exijan
por la normativa europea y estatal, bajo la coordinación de la Intervención General del 
Estado.
La Intervención General de la Comunidad Autónoma, para el ejercicio de estas 
funciones adicionales a sus funciones, tendrá acceso a los sistemas de información de 
los departamentos, órganos y organismos que participen en la gestión de proyectos 
financiados con cargo a los fondos de los Planes «Next Generation EU», al efecto de 
garantizar  la  evaluación  continuada  de  las  operaciones,  así  como  a  cualquier  otro 
registro en el que se reflejen actuaciones de ejecución de este. Cualquier entidad pública 
o  privada  quedará  obligada  a  facilitar  la  información  que  en  el  ejercicio  de  estas 
funciones le sea solicitada.
3.  La Intervención General de la Comunidad Autónoma será dotada de los recursos 
personales y materiales necesarios para el correcto ejercicio de sus funciones.
Artículo 7.  Rendición de cuentas al Gobierno.
La persona titular de la Consejería competente en materia de hacienda informará 
trimestralmente al Gobierno de Canarias sobre los progresos y avances de los proyectos 
financiados con fondos «Next Generation EU».
Artículo 8.  Obligaciones en materia de transparencia.
El Portal de Transparencia del Gobierno de Canarias publicará, en un apartado 
específico, los instrumentos de planificación estratégica, así como información sobre el 
estado de ejecución de los proyectos financiados con fondos «Next Generation EU». 
Asimismo, publicará los datos relativos a los contratos y los acuerdos marco financiados 
con cargo a los fondos provenientes del Instrumento «Next Generation EU».
CAPÍTULO II
Instrumentos de planificación y gestión
Artículo 9.  Instrumentos de planificación estratégica para la gestión.
1.  Los departamentos y sus organismos dependientes o, en su caso, los centros 
directivos  encargados  de  la  gestión  de  proyectos  financiados  con  fondos  «Next 
Generation EU», elaborarán un instrumento de planificación estratégica para la gestión 
de los mismos en el plazo de dos meses a contar desde la entrada en vigor de este 
Decreto-ley.
En todo caso, el instrumento de planificación y su dimensión estarán vinculados a la 
aprobación de los mencionados fondos conforme a su normativa reguladora europea y 
estatal.
2.  El instrumento de planificación estratégica tendrá, como mínimo, el siguiente 
contenido:
a)  Estimación de las inversiones y gastos vinculados a la absorción de fondos 
europeos que haya de gestionar el departamento u organismo o centro directivo.
b)  Descripción de los objetivos y actuaciones encomendadas al departamento que 
indique las tareas, las cargas de trabajo y el aumento de unas y otras.
c)  Propuesta detallada de organización de los recursos humanos del departamento 
u organismo para hacer frente a la debida racionalización y optimización de los mismos,  e.e
con arreglo a los mecanismos y fórmulas que se contemplan en el título III, y de  b
creación, en su caso, de las unidades administrativas provisionales a que se refiere el  53ww
artícdu)l o 1P3ro.puesta de formación para el personal adscrito a las unidades que asuman la
cgoens tfióonn ddoes  p«rNoeyxetc Gtoesn oe rtaatrioena sU lEig»a.das a la ejecución de planes y proyectos financiados
En lo que se refiere a la organización administrativa y las estructuras de personal, el 
instrumento de planificación estratégica requerirá el informe favorable previo de las 
direcciones generales de Planificación y Presupuesto y de la Función Pública, en el 
plazo de cinco días.
El informe de la Dirección General de Planificación y Presupuesto tendrá por objeto 
analizar la adecuación a la normativa presupuestaria, de costes de personal y de fondos 
europeos; la existencia de financiación adecuada y suficiente; y la incidencia de aquel 
instrumento en la consolidación del gasto de personal. Asimismo, el incumplimiento de 
los  compromisos  adquiridos  en  el  Instrumento  de  planificación  estratégica  podrá 
conllevar a la revisión de las condiciones fijadas en dicho instrumento, inclusive la 
revisión de la asignación de los recursos previstos.
3.  El  Comité  Director  de  Planes  y  Proyectos  facilitará  a  los  departamentos  y 
organismos un modelo para la confección del instrumento de planificación estratégica.
4.  Una vez elaborado, el instrumento de planificación estratégica se presentará 
ante el Comité Director de Planes y Proyectos, a efectos de que aquel se eleve a la 
Comisión de Planificación y Gobernanza para su aprobación.
5.  Una vez aprobado el instrumento de planificación estratégica de gestión, las 
personas  titulares  de  las  Secretarías  Generales  Técnicas  de  los  departamentos 
afectados  impulsarán  las  acciones  necesarias  en  materia  de  estructuras,  recursos, 
medios, personal y gestión presupuestaria para poner en marcha los proyectos en el 
ámbito de sus competencias.
6.  Si por razones de eficacia o eficiencia fuere necesario comunicar externamente 
algún elemento o actividad de la planificación estratégica se adoptarán las medidas en 
materia de publicidad institucional necesarias para ello.
7.  Igualmente,  se  preverá  la  comunicación  pública  de  todos  los  elementos 
requeridos  por  la  normativa  comunitaria  o  estatal  en  cuanto  a  la  publicidad  de  la 
financiación con recursos europeos.
Artículo 10.  Instrucciones de gestión.
1.  El  Comité  Director  de  Planes  y  Proyectos  establecerá  orientaciones  y 
recomendaciones comunes para la implementación de las acciones contenidas en el 
instrumento  de  planificación  estratégica  contemplado  en  el  artículo  anterior,  en  los 
ámbitos siguientes:
a)  Implementación de buenas prácticas, recomendaciones o modelos.
b)  Adopción de medidas para la comunicación de datos e información.
c)  Convocatoria de grupos técnicos de trabajo.
d)  Medidas de formación.
e)  Establecimientos de objetivos o indicadores para la evaluación de los progresos 
y avances de los proyectos financiados con fondos «Next Generation EU».
2.  Las personas titulares de las Secretarías Generales Técnicas y las personas 
titulares de los órganos y organismos responsables de la ejecución de los proyectos 
financiados con fondos «Next Generation EU», en su ámbito de competencias, dictarán 
las instrucciones oportunas para la adopción de las recomendaciones, orientaciones o 
modelos tipo aprobados de acuerdo con lo establecido en el apartado anterior, así como 
cualesquiera otras que estimen oportuno para la mejor gestión, en particular en estos 
ámbitos: s
a)  Prioridades de tareas o acciones. w.b
b)  Designación de unidades responsables de liderar acciones o proyectos. 53ww
cd))   RCereoargcaiónniz daec igórnu pdoes m deed tiroasb ya jroe cou ersqousip.os para la realización de encargos.
TÍTULO III
Gestión de recursos humanos
Artículo 11.  Organización de los recursos.
1.  Los  departamentos  y  organismos  públicos  encargados  de  la  gestión  de 
proyectos  financiados  con  fondos  «Next  Generation  EU»  organizarán  los  medios  y 
recursos de conformidad con el instrumento de planificación estratégica aprobado y de 
acuerdo con los criterios establecidos en el presente Título.
2.  La cobertura de las necesidades de personal relacionadas con el incremento de 
carga de trabajo provocado por la gestión de los proyectos financiados con fondos «Next 
Generation EU» se realizará preferentemente con los efectivos del departamento u 
organismo  encargado  de  su  gestión.  A  tal  efecto,  las  personas  titulares  de  las 
Secretarías  Generales  Técnicas  u  órganos  asimilados  de  los  departamentos  y 
organismos públicos encargados de la gestión de los proyectos indicados en el apartado 
anterior, impulsarán las acciones necesarias para la redistribución de personas y puestos 
de trabajo que permita agilizar la ejecución de los citados proyectos.
3.  De  acuerdo  con  la  normativa  básica  aplicable  en  materia  de  movilidad  del 
personal,  así  como  en  la  normativa  vigente  en  esta  Administración  autonómica  en 
materia de provisión de puestos de trabajo, se emplearán preferentemente estos modos 
de provisión:
a)  Redistribución de efectivos.
b)  Reasignación de efectivos.
c)  Atribución temporal de funciones.
d)  Movilidad funcional.
Artículo 12.  Gestión de personas.
Las personas titulares de las Secretarías Generales Técnicas u órganos asimilados 
con competencia en materia de recursos humanos de los departamentos y organismos 
públicos  responsables  de  la  ejecución  de  proyectos  financiados  con  fondos  «Next 
Generation EU», así como la persona titular de la Dirección General de la Función 
Pública, de acuerdo con los principios de gestión enumerados en el artículo 3 del Real 
Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para 
la  modernización  de  la  Administración  Pública  y  para  la  ejecución  del  Plan  de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, y de conformidad con lo establecido en el 
artículo 81 del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, y el artículo 46 de la Ley 2/1987, 
de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria, adoptarán las acciones pertinentes para 
movilizar  y  redistribuir  los  recursos  necesarios  en  orden  a  optimizar  la  gestión  y 
absorción de los fondos europeos ligados a la ejecución de los proyectos financiados con 
cargo a los mismos, teniendo como prioridades el aprovechamiento del talento y la 
experiencia adquirida de las personas al servicio de la Administración.
Artículo 13.  Unidades administrativas de carácter provisional.
1.  Son unidades administrativas de carácter provisional, aquellas que por razones 
de eficacia y eficiencia, y de acuerdo con el instrumento de planificación aprobado,  e
puedan constituirse para la gestión y ejecución de proyectos financiados con fondos  bo
«Next Generation EU», en las que se centralizará la gestión de los proyectos y acciones  53ww
dáploemeslr  bsriopteonrfo eaycrl ieoddcmoet o ppsleol atsefn innd. taeeAnp scapiirmaatardiasmo msef aonc,ct oiolsisntea,   ro fporloganda drndoáiisnsa m gc«norNoess eaiyxrs  t  euynnG tipidedlanaadenderieafsisct i aodrcneei só pcnEoa Unrdá»sec,a  tbelaalress sí t r nadceneocs mevimseoir pdslapaedalm ereaesn n  tdsaeuerl     OE-A-2021-93able en https://
seguimiento, control y supervisión presupuestarias.
2.  En el plazo máximo de un mes desde la aprobación de los instrumentos de 
planificación estratégica previstos en el artículo 9 del presente Decreto-ley, se aprobará 
mediante Orden conjunta de las Consejerías de Administraciones Públicas, Justicia y 
Seguridad y de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos la constitución de tales 
unidades administrativas de carácter provisional, a propuesta conjunta de la Dirección 
General de Planificación y Presupuesto y de la Dirección General de la Función Pública, 
previa iniciativa de la persona titular de la Secretaría General Técnica correspondiente, 
con un plazo determinado vinculado al desarrollo de los proyectos o a la ejecución del 
plan.
Artículo 14.  Ordenación de los recursos humanos en los departamentos, órganos y 
organismos responsables de la gestión de los proyectos financiados con cargo a los 
fondos de los Planes «Next Generation EU».
1.  La Orden conjunta de la Consejerías de Administraciones Públicas, Justicia y 
Seguridad y de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos prevista en el artículo 
anterior contemplará los puestos de trabajo y perfiles profesionales de las unidades 
administrativas responsables de la gestión de los proyectos financiados con fondos 
«Next Generation EU».
Asimismo,  establecerá  la  creación  o  modificación  de  puestos  de  trabajo  cuyas 
funciones estén directamente relacionadas con la gestión de proyectos financiados con 
fondos «Next Generation EU», de acuerdo con lo establecido en el instrumento de 
planificación estratégica para la gestión aprobado. El nivel de los puestos de trabajo de 
estas unidades será el establecido con carácter general.
2.  Sin perjuicio de la prioridad en la redistribución y el aprovechamiento de los 
recursos existentes, la provisión de los puestos de trabajo también contemplará los 
restantes modos de provisión contemplados en la normativa en materia de función 
pública.
3.  Los puestos de trabajo provenientes de la relación de puestos de trabajo del 
departamento u organismo afectado con los que se dote esta unidad serán reasignados 
a su unidad de origen una vez se cumpla este plazo.
4.  La Dirección General de la Función Pública dictará las instrucciones pertinentes 
con el fin de procurar una tramitación ágil y preferente en la provisión de los puestos de 
trabajo de las unidades administrativas responsables de la gestión de los proyectos 
financiados con cargo a los fondos de «Next Generation EU».
Artículo  15.  Nombramiento  de  personal  estatutario  temporal,  personal  funcionario 
interino o personal laboral con contratos de duración determinada.
1.  Los  departamentos  y  organismos  públicos  encargados  de  la  gestión  de  los 
fondos europeos de los Planes «Next Generation EU», podrán reforzar sus plantillas con 
el  nombramiento  de  personal  estatutario  temporal,  personal  funcionario  interino  o 
personal laboral con contratos de duración determinada, de acuerdo con lo establecido 
en su instrumento de planificación estratégica para la gestión, el texto refundido de la 
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, el Estatuto Marco del personal estatutario 
de los servicios de salud y el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y 
la normativa autonómica de aplicación.
2.  A tal efecto, los órganos competentes en materia de recursos humanos y la 
Dirección General de Planificación y Presupuesto darán prioridad a la tramitación de las  es
autorizaciones  de  contratos  de  duración  determinada  y  nombramiento  de  personal  bo
estatutario temporal y personal funcionario interino en el marco de los planes de gestión  53ww
dmtieeam te3fpor.o nia d iLpmoorspes rs eeunuspocrumoinepbdseritobaaslmrei,a  iep synai etrdoames  p lraery e ce cujedorscenou trscaa ihctóouunsem  drdadeeno  lo oescss.o tpner  oployee rcestsootnsaa bflil nesaceind cofoia rdnmooasrlm izcaaotrniáv nafo  nsvdóigoloes n p«teoN re eexntl    OE-A-2021-93able en https://
Generation EU».
4.  También se dará prioridad a la tramitación de expedientes que tengan como 
objeto el nombramiento de personal estatutario temporal, personal funcionario interino o 
la contratación de personal laboral con contratos de duración determinada en el resto de 
unidades que hayan visto mermado su número de efectivos por haber sido reasignados 
en el ámbito del instrumento de gestión estratégica recogido en este artículo.
5.  A los efectos previstos en este artículo, se dotará a los órganos competentes en 
materia de función pública, de personal estatutario y de planificación y presupuestos de 
los medios personales y materiales necesarios para poder ejercer las funciones de 
gestión, coordinación, emisión de criterios, orientaciones y asesoramiento, así como 
cualesquiera otras, que deban permitir una aplicación homogénea de las medidas de 
gestión de los fondos europeos.
La selección del personal previsto en el presente artículo se articulará a través de 
procedimientos ágiles, que garanticen los principios de igualdad, mérito, capacidad y 
publicidad, atendiendo preferentemente a las habilidades y competencias requeridas.
Artículo 16.  Atribución temporal de funciones.
1.  Dentro del ámbito de los departamentos o entidades a los que se adscriben los 
proyectos  y  programas  para  la  gestión  de  fondos  europeos  se  podrán  atribuir 
temporalmente funciones con carácter total o parcial al personal funcionario de carrera o 
interino, estatutario fijo o temporal y laboral fijo o temporal, sin que en ningún caso dicha 
atribución implique cambio de adscripción de puesto de trabajo, ni del carácter definitivo 
o temporal de adscripción al mismo.
2.  Las atribuciones temporales de carácter parcial no pueden exceder el cincuenta 
por ciento de la jornada del puesto de trabajo principal.
3.  La atribución temporal de funciones tiene carácter voluntario.
4.  La  atribución  temporal  de  funciones  a  tiempo  total  o  parcial  a  personal 
funcionario interino, personal estatutario temporal y personal laboral temporal, nombrado 
o contratado, respectivamente, para el desempeño de puesto vacante, sólo procederá 
cuando, en atención a su formación o experiencia adquirida en el desempeño del puesto 
de  trabajo  al  que  va  referido  su  nombramiento  o  contrato,  quede  acreditada  la 
procedencia de dicha medida. En estos casos, la atribución temporal de funciones a 
tiempo parcial sólo podrá ir referida a los programas adscritos a los departamentos o 
entidades donde prestan servicios.
5.  Cuando la atribución temporal de funciones implique el ejercicio de funciones y 
tareas propias de un puesto de trabajo con mayores retribuciones complementarias que 
las del puesto de adscripción, se deberán percibir estas retribuciones, durante todo el 
periodo en que se ejerzan, y en proporción al porcentaje de dedicación que se haya 
fijado, dentro de los límites establecidos en el apartado 2 de este artículo.
Artículo 17.  Personal directivo vinculado a programas y proyectos para la gestión de 
fondos europeos.
1.  En atención al volumen de fondos comprometidos, la especial complejidad de los 
proyectos,  o  a  la  concurrencia  de  otras  circunstancias  que  lo  justifiquen,  podrá 
designarse  personal  directivo  responsable  de  la  gestión  de  programas  y  proyectos 
financiados con fondos europeos, así como de aquellas unidades de asistencia y soporte 
a los mismos, que deberá estar en posesión de titulación oficial universitaria, al menos 
de Nivel 2, del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES). es
2.  La  resolución  de  nombramiento  o  la  contratación  de  personal  directivo  bo
corresponderá al titular del departamento o, en su caso, del órgano de gobierno de los  53ww
ognreogsmat3ibnó.r insa mmdLeaoie ssfn  otyno dsdeo enssat idiegdmunaradioncepiissoet nroapestús,i vb foiljiáscdn aedse o.n s Eepllo e esrnxs opopmrneraobslgra armammdeieinranetsetc o tsi avuodo  ds ccuorrisantoectrs ióa ntaaf ov criilnmóocnsau  llisazdeade rapáv aainnrl t capumrmloaeyrenáedt coiatason  .tleay    OE-A-2021-93able en https://
organismos públicos y, en su caso, mediante contratos laborales de alta dirección en los 
programas adscritos a las otras entidades del sector público.
4.  La selección del personal para la ocupación de puestos directivos vinculados a la 
gestión de fondos europeos se sujetará a criterios de idoneidad, y se debe llevar a cabo 
mediante procedimientos ágiles que garanticen la publicidad y la concurrencia. Para la 
designación de este personal se podrán tener en cuenta, entre otros, los conocimientos 
especializados en la gestión de fondos europeos, la experiencia profesional en funciones 
directivas y de coordinación de equipos de trabajo, así como la capacitación técnica 
vinculada al ámbito material del proyecto o programa.
5.  El personal directivo vinculado a la gestión de fondos europeos está sujeto a 
evaluación del cumplimiento de los objetivos asignados al proyecto, de acuerdo con 
criterios  de  eficacia,  eficiencia,  responsabilidad  para  la  gestión  y  control  de  los 
resultados. En los términos que se determinen, este personal presentará periódicamente 
una memoria sobre el resultado de la gestión y de los resultados alcanzados en relación 
a los objetivos fijados. La evaluación desfavorable del cumplimiento de los objetivos o 
resultados asignados al programa comporta el cese de este personal, sin derecho a 
percibir indemnizaciones por cese no previstas legalmente.
6.  Las retribuciones de este personal serán las que se determinen en el instrumento 
de planificación estratégica, y se integrarán por una parte fija y una variable en función 
de los objetivos o resultados alcanzados.
7.  El régimen de incompatibilidades del personal directivo vinculado a la gestión de 
fondos europeos es el establecido para los altos cargos de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Canarias.
8.  El personal directivo vinculado a la gestión de fondos europeos que reúna la 
condición de personal funcionario de carrera será declarado en situación de servicios 
especiales  o  en  excedencia  forzosa  de  tratarse  de  personal  laboral  fijo  de  la 
Administración.
Artículo 18.  Formación.
1.  Se potenciará mediante acciones específicas de formación la capacitación de los 
empleados públicos en aquellas materias de especial relevancia para la gestión pública y 
el  desarrollo  de  tareas  vinculadas  a  la  ejecución  de  los  proyectos  y  programas 
financiados con fondos «Next Generation EU».
El Instituto Canario de Administración Pública, en el ámbito de sus competencias, y 
en su caso, de acuerdo con las orientaciones establecidas por el Comité Director de 
Planes y Proyectos, impartirán formación a medida para la gestión de los fondos en 
materias  tales  como  planificación  estratégica,  habilidades  directivas,  contratación 
pública, procedimientos de subvenciones y ayudas, gestión financiera o presupuestaria, 
convenios o colaboración público privada, entre otras.
2.  La formación vinculada a la ejecución de estos fondos tendrá un enfoque de 
formación en competencias y orientada al cumplimiento de objetivos y la resolución de 
problemas, con especial intensidad en la adquisición y mejora de habilidades digitales.
3.  Esta formación contará con la adecuada financiación presupuestaria, adicional a 
la contemplada en el presupuesto de los departamentos, y prioridad en sus planes de 
formación, de acuerdo con lo establecido en el instrumento de planificación estratégica 
para la gestión.
Artículo  19.  Refuerzo  del  Tribunal  Administrativo  de  Contratos  Públicos  de  la  e.e
Comunidad Autónoma de Canarias. b
LAdieuc teós1nnu.c o ivamEítnuancr  aude leol  e sCnfeua nnnDoca ierodiraneesalc  rhTsiaoerli  ,b coulra nebaaeolrq ráAua ilduv mnoaa liene nbisstotetalr,sat uatica vduroieeo  nd eqteemu nCep ,loe cnaaotddrnaeo tmsoc sáop snúP obdúcliebicm loidciseoi,sn spct ooodsnne e  irylna  dd eeCepxlo epmtneítudruineeloinnd ccdaiiaaed     OE-A-2021-93able en https://
probada en materia de contratación pública dentro de los últimos diez años, y presenten 
su solicitud para formar parte de la misma.
2.  Corresponderá al Titular del órgano la asignación de los expedientes al personal 
integrante  de  la  bolsa,  en  función  de  la  capacidad  y  eficiencia  demostrada  en  la 
resolución de los recursos que se vayan asignando a cada uno de los integrantes de la 
misma.
En ningún caso se podrán asignar asuntos propios de un Departamento a personal 
que se encuentre adscrito a dicho Departamento.
3.  La asistencia al Tribunal se deberá prestar fuera de la jornada ordinaria de 
trabajo  y  se  retribuirá  como  gratificaciones  por  servicios  extraordinarios,  horas 
extraordinarias, o concepto equivalente en función de la clase de vínculo del empleado 
público. El gasto se imputará a los créditos consignados para tal finalidad en cada 
sección presupuestaria.
TÍTULO IV
Especialidades de gestión de los proyectos y programas financiados con cargo 
a los Fondos «Next Generation EU»
CAPÍTULO I
Medidas de gestión presupuestaria
Artículo 20.  Habilitación y vinculación de los créditos.
1.  Los créditos vinculados al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia que se 
habiliten en los presupuestos de gastos se dotarán en el Servicio 70 «Mecanismo de 
Recuperación».
2.  Los créditos vinculados al REACT-EU que se habiliten en los presupuestos de 
gastos se dotarán en el Servicio 71 «Ayuda a la recuperación (REACT-EU)».
3.  Los créditos de los servicios señalados en los apartados anteriores se dotarán en 
la sección y programa correspondiente a la actuación a desarrollar según su normativa 
reguladora.  Cuando  su  destino  no  esté  inicialmente  determinado,  los  créditos  se 
habilitarán en el servicio 70 «Mecanismo de Recuperación» o en el servicio 71 «Ayuda a 
la  recuperación  (REACT-EU)»,  según  corresponda,  de  la  sección  19  «Diversas 
consejerías».
4.  Los créditos dotados en los servicios señalados en los apartados anteriores sólo 
podrán financiar actuaciones que resulten elegibles conforme a su marco regulatorio. Los 
entes  del  sector  público  autonómico,  las  corporaciones  locales  y  sus  entidades 
dependientes destinarán los créditos exclusivamente a dichas actuaciones y en caso de 
no realizarse el gasto o de incumplimiento total o parcial de los objetivos previstos, 
reintegrarán los fondos percibidos.
5.  Los créditos dotados en el servicio señalado en el apartado 1 de este artículo 
vinculan a nivel de sección, servicio, programa y fondo.
Los créditos dotados en el servicio señalado en el apartado 2 de este artículo 
vinculan a nivel de sección, servicio, programa, capítulo y fondo.
Artículo 21.  Régimen competencial.
1.  La  persona  titular  de  la  Consejería  competente  en  materia  de  hacienda  oe.
autorizará las transferencias de crédito entre distintas secciones presupuestarias que  w.
(aRfeEcDAteCen Tl aa-Es l Uoasu)» tso.errizvaiccioiosn e7s0  e«fMecetcuaandiasms doa dráe  cRueecnutpae aral Gcióonb»ie ryn 7o1 m «eAnysuudaalm ae lnat ere.cuperación  2021-9353n https://ww
2.  La  persona  titular  de  la  Consejería  competente  en  materia  de  hacienda
autorizará las transferencias de crédito que sean precisas entre los créditos de una  Bc
misma  sección  presupuestaria  que  afecten  simultáneamente  a  los  servicios  70 
«Mecanismo de Recuperación» y 71 «Ayuda a la recuperación (REACT-EU)».
3.  Las personas titulares de los departamentos autorizarán las transferencias de 
crédito  de  su  respectiva  sección  presupuestaria  que  afecten  o  bien  al  servicio  70 
«Mecanismo de Recuperación» o al servicio 71 «Ayuda a la recuperación (REACT-EU)» 
y no se encuentren en los supuestos contemplados en los apartados 1 y 2 de este 
artículo.
4.  La  persona  titular  de  la  Consejería  competente  en  materia  de  hacienda 
autorizará las generaciones de crédito que afecten a los servicios 70 «Mecanismo de 
Recuperación» y 71 «Ayuda a la recuperación (REACT-EU)».
De las autorizaciones efectuadas se dará cuenta al Gobierno mensualmente cuando 
ni la finalidad ni el destinatario vinieran determinados por la Administración o ente de 
procedencia.
5.  Las restantes modificaciones de crédito que pudieran tramitarse se ajustarán al 
régimen competencial previsto en la normativa vigente.
Artículo 22.  Régimen de las transferencias de crédito.
1.  La realización de actuaciones en el marco del Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia  o  en  el  del  REACT-EU  con  créditos  consignados  inicialmente  en  el 
presupuesto para otras actuaciones, comportará la necesidad de tramitar previamente 
una  transferencia  de  crédito  para  posicionarlos  en  el  Servicio  70«Mecanismo  de 
Recuperación» o 71 «Ayuda a la recuperación (REACT-EU).
2.  A las transferencias de crédito previstas en el artículo anterior no le serán de 
aplicación las restricciones recogidas en el artículo 54 de la Ley 11/2006, de 11 de 
diciembre, de la Hacienda Pública Canaria ni las limitaciones que se prevén anualmente 
en las leyes de presupuesto.
Artículo 23.  Tramitación de los expedientes de modificaciones de crédito de los entes 
con presupuesto limitativo.
Los  procedimientos  se  iniciarán  por  el  centro  gestor  responsable  de  los 
correspondientes programas de gastos y se remitirán los expedientes a la Dirección 
General  de  Planificación  y  Presupuesto  incluyendo  el  correspondiente  Anexo  y  la 
documentación  contable  que  dé  soporte  a  la  propuesta.  La  Dirección  General  de 
Planificación  y  Presupuesto  dará  prioridad  a  la  tramitación  de  los  expedientes  que 
afecten a los Servicios 70 y 71 y dispone de un plazo máximo de cinco días para su 
análisis y estudio y, en su caso, para emitir informe.
La  Dirección  General  de  Planificación  y  Presupuesto  una  vez  analizada  la 
documentación remitida podrá solicitar la subsanación o aclaración de cualquier extremo 
concediendo un plazo de cinco días para ello.
Si la Dirección General de Planificación y Presupuesto está plenamente conforme 
con la propuesta podrá someterla a la autorización del órgano competente sin necesidad 
de emitir informe.
Si la Dirección General de Planificación y Presupuesto emite informe este tiene 
carácter vinculante.
Artículo 24.  Tramitación de los expedientes de modificaciones presupuestarias de los 
entes con presupuesto estimativo. es
Cuando la propuesta de variación de los Presupuestos de Explotación y Capital  w.
derive  de  subvenciones,  aportaciones,  o  encargos  a  los  entes  con  presupuesto  53ww
Resetcimupaetivraoc, iócno»n  oc 7o1b e«rAtuyruad ae na  clar érdeictousp edraoctaiódno s( ReEnA CloTs- EsUe)r,v eic iiomsp l7iq0u e« Mune cinacnriesmmoe ntdoe, 
einnd ivsiduusa l por eascuupmueuslatotivso ,d seu pEerxipolro ata c1i5ó0n. 00y0  Ceuarpoitsa,l ,d er ecquuaelqriuráie raa udteo rliazas ccióifnra, s pinrecvluiaid aos   BOE-A-cable e
simultánea a la modificación de crédito de que derive, y su tramitación se ajustará al 
siguiente procedimiento:
– La  información  de  la  propuesta  se  grabará  por  los  entes  con  presupuesto 
estimativo  en  el  módulo  específico  de  SEFLOGIC  y  se  comunicarán  a  la  Oficina 
Presupuestaria de la Consejería a la que estén adscritos, o a la que corresponda por 
razón de la materia si se encontraran adscritos a más de una, para su validación o 
rechazo.
– Una vez validada la información por la Oficina Presupuestaria, esta solicitará 
informe a la Dirección General de Planificación y Presupuesto acompañando el anexo 
resumen de la modificación, que se extrae del referido módulo de SEFLOGIC.
– La Dirección General de Planificación y Presupuesto dará prioridad a la tramitación 
de estos expedientes, y dispondrá de un plazo máximo de cinco días para su análisis y 
estudio y, en su caso, para emitir informe.
– La  Dirección  General  de  Planificación  y  Presupuesto,  una  vez  analizada  la 
propuesta grabada, podrá solicitar la subsanación o aclaración de cualquier extremo 
concediendo un plazo de cinco días para ello.
– Si la Dirección General de Planificación y Presupuesto está plenamente conforme 
con  la  propuesta,  sin  necesidad  de  emitir  informe,  lo  comunicará  a  la  Oficina 
Presupuestaria  correspondiente  que  podrá  someterla  a  la  autorización  del  órgano 
competente.
– Autorizada la modificación, la Oficina Presupuestaria deberá registrar la versión 
definitiva en el módulo específico de SEFLOGIC.
Artículo 25.  Compromisos de gasto de carácter plurianual.
1.  Podrán adquirirse compromisos de gastos con cargo a créditos del servicio 70 
«Mecanismo de Recuperación» que hayan de extenderse a ejercicios posteriores a 
aquel  en  que  se  autoricen,  siempre  que  no  superen  cinco  anualidades  ni  el 
ejercicio 2026 y que el gasto que se impute a cada uno de esos ejercicios, calculado 
sobre el crédito inicial a nivel de sección, servicio, programa y capítulo, no exceda de los 
siguientes porcentajes: el primer y segundo ejercicio el 100 por ciento, el tercero el 70 
por ciento, el 60 por ciento en el cuarto y 50 por ciento en el quinto.
2.  También podrán adquirirse compromisos de gastos con cargo a créditos del 
servicio  71  «Ayuda  a  la  recuperación  (REACT-EU)»  con  las  mismas  condiciones 
señaladas en el apartado anterior, a excepción del número de anualidades, que no 
excederán del ejercicio de 2023.
3.  El Gobierno, en casos especialmente justificados, podrá acordar la modificación 
de los porcentajes anteriores, incrementar el número de anualidades o autorizar la 
adquisición de compromisos de gastos que hayan de atenderse en ejercicios posteriores 
en el caso de que no exista crédito en el ejercicio corriente.
Artículo 26.  Incorporaciones y generaciones de crédito.
El régimen aplicable a las generaciones e incorporaciones de crédito con cobertura 
en el remanente de tesorería afectado para los créditos de los Servicios 70 «Mecanismo 
de  Recuperación»  y  71  «Ayuda  a  la  recuperación  (REACT-EU)»  será  el  previsto 
anualmente  en  la  ley  de  presupuestos  generales  de  la  Comunidad  Autónoma  de 
Canarias para las generaciones e incorporaciones con financiación afectada. s
Artículo 27.  Tramitación anticipada de expedientes de gastos. w.
expe1d. ienStee s edseta gbalesctoe  dlea  ejpeorcsiicbiiolids apdo sdteer ioprerosc, elldeegra nad o laa  latr afamsieta dcieó nfo ramnatilcizipaacidóan  ddeel 
cporomcperdoemnitseos  ddee lg aMsteoc,a pnaisram oc uaplaqruai erla t ipRoe dcuep eexrpaecidóine ntye  Rquees ilsieen fciniaa nyc ied eclo nR lEoAs CfoTn-EdoUs, 
cualquiera que sea el instrumento o negocio jurídico utilizado para tal fin.
2.  Se  permite  la  tramitación  anticipada  de  expedientes  de  gasto  sin  crédito 
disponible en el ejercicio corriente, cualquiera que sea el instrumento o negocio jurídico 
utilizado para tal fin, para cualquier tipo de expediente que se financie con los fondos 
procedentes  del  Mecanismo  para  la  Recuperación  y  Resiliencia  y  del  REACT-EU, 
siempre que se acredite que se ha solicitado la modificación presupuestaria necesaria 
para  la  disposición  del  crédito  aplicable,  quedando  supeditado  el  compromiso  a  la 
aprobación de dicha modificación.
En este caso, la existencia de crédito deberá quedar acreditada en el expediente de 
gastos con anterioridad a la formalización del compromiso correspondiente.
3.  En todo caso, la adquisición de dichos compromisos de gastos, no podrán 
superar los límites de ejercicios posteriores siguientes:
a)  Podrán adquirirse compromisos de gastos anticipados con cargo a créditos del 
servicio  70  «Mecanismo  de  Recuperación»  que  hayan  de  extenderse  a  ejercicios 
posteriores a aquel en que se autoricen, siempre que no superen cinco anualidades ni el 
ejercicio 2026.
b)  También podrán adquirirse compromisos de gastos anticipados con cargo a 
créditos del servicio 71 «Ayuda a la recuperación (REACT-EU)» siempre que el número 
de anualidades no excedan del ejercicio 2023.
CAPÍTULO II
Medidas administrativas generales para la agilización de los procedimientos
Artículo 28.  Tramitación de urgencia y despacho preferente.
Los procedimientos administrativos, de gestión presupuestaria, de subvenciones y 
ayudas, de contratación pública, encargos a medios propios personificados y demás 
expedientes de gastos que se tramiten para la gestión, seguimiento y control de los 
fondos procedentes del Instrumento Europeo de Recuperación «Next Generation EU» se 
tramitarán por urgencia y se despacharán con carácter preferente.
La tramitación por urgencia prevista en este artículo determinará en exclusiva la 
reducción a la mitad de los plazos internos para la emisión de informes y dictámenes que 
sean preceptivos, sin que afecte a los plazos de convocatoria pública, presentación de 
ofertas,  subsanación  de  requerimientos  o  cualesquiera  otros  plazos  que  limiten  los 
derechos de terceros o que no puedan reducirse por aplicación de la normativa básica y 
sin perjuicio de los plazos específicos previstos en esta norma.
Artículo 29.  Exceptuación del trámite preceptivo de autorización previa del Gobierno.
1.  Los expedientes de gastos, las subvenciones directas a que se refiere el artículo 
22.2 c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, los préstamos 
directos  y  los  convenios  que  suscriba  la  Administración  Pública  de  la  Comunidad 
Autónoma de Canarias con los Cabildos Insulares y los Ayuntamientos que se vayan a 
financiar  con  fondos  procedentes  del  Instrumento  Europeo  de  Recuperación  «Next 
Generation EU» quedan exceptuados de la autorización previa del Gobierno que en 
atención a su cuantía se establezca en las leyes anuales de presupuesto.
2.  De los citados expedientes se dará cuenta al Gobierno trimestralmente.
CAPÍTULO III
Especialidades en materia de contratación pública
Artículo 30.  Medidas de eficiencia en la tramitación.
A los efectos de agilizar y simplificar la contratación del sector público canario en el 
ámbito de este Decreto-ley, los procedimientos se sujetarán a las siguientes normas:
1.  Los procedimientos de contratación del sector público canario se tramitarán, 
exclusivamente, de forma electrónica, incluida la tramitación de los contratos menores, 
salvo  que  quede  acreditado  que  por  razones  técnicas  no  sea  posible  aportar 
determinada documentación, en cuyo caso se admitirá el registro ordinario de entrada.
Los  plazos  para  emitir  los  informes  exigibles  y  cumplimentar  los  trámites 
correspondientes, se reducen a cinco días naturales, sin posibilidad de prórroga, sin 
perjuicio de lo previsto en el artículo 119.2.a) de la Ley de Contratos del Sector Público.
2.  Corresponde a las unidades administrativas de los órganos de contratación, en 
cualquier fase del procedimiento, la obligación de consultar y, en su caso, obtener el 
certificado de inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas 
del  Sector  Público  (ROLECE)  de  los  operadores  económicos  que  liciten  a  una 
contratación.
3.  Las mesas de contratación, y en su caso, los órganos de contratación admitirán 
el bastanteo de los poderes para licitar, así como, en su caso, de representación para 
actuar en el ámbito de la contratación del sector público autonómico efectuados por los 
servicios jurídicos de cualquier otra Administración Pública.
Igualmente, respecto a las garantías a constituir por los operadores económicos, 
serán admitidos los bastanteos de los poderes otorgados a los apoderados de la entidad 
avalista  o  aseguradora  realizados  por  los  servicios  jurídicos  de  cualquier  otra 
Administración Pública.
4.  Por debajo de los umbrales comunitarios, la publicación del anuncio de licitación 
se realizará, exclusivamente, en el perfil del contratante alojado en la plataforma de 
contratación pública correspondiente.
5.  Excepcionalmente,  si  en  el  expediente  de  contratación  se  justifica  la 
imposibilidad de cubrir las necesidades perseguidas con los contratos y acuerdos marco 
que se financien con fondos procedentes del Instrumento Europeo de Recuperación 
«Next Generation EU» mediante la tramitación urgente prevista en la normativa básica, 
el  expediente  se  podrá  tramitar  por  el  procedimiento  negociado  sin  publicidad  por 
imperiosa urgencia, previsto en el artículo 168.b) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público. Siempre que sea posible, habrá que solicitar tres 
ofertas, dividir el contrato en lotes, e incorporar criterios de contratación socialmente 
responsable.
6.  En los pliegos de cláusulas administrativas deberá incluirse que las garantías 
podrán constituirse mediante retención en el precio del contrato.
7.  Como documentación administrativa o documentación general a incluir en las 
proposiciones  a  presentar  en  la  licitación,  únicamente  se  requerirá  la  declaración 
responsable prevista en el artículo 140.1.a), e), f) y g) de la citada Ley 9/2017, y en su 
caso la declaración y la garantía a que se refieren las letras d) y e) del mismo precepto. 
El resto de documentación señalada en el citado artículo se requerirá a la persona 
propuesta como adjudicataria, de conformidad con lo establecido en la Ley 9/2017. s
8.  Con el fin de mejorar la especialización y profesionalización de la contratación  oe.
pública, los departamentos, tenderán a conformar mesas de adjudicación de carácter  w.
Apertrímcualon e3n1t.e . Asesoramiento y supervisión. 2021-9353n https://ww
1.  Corresponde al centro directivo con competencias horizontales en materia de
contratación pública el asesoramiento de las licitaciones financiadas con fondos «Next
Generation  EU»,  así  como  el  establecimiento  de  los  criterios  interpretativos  de  la 
normativa aplicable.
Para el ejercicio de las funciones de coordinación y asesoramiento, y sin perjuicio de 
que se puedan crear otros mecanismos organizativos y ámbitos de colaboración, el 
centro  directivo  con  competencias  horizontales  en  materia  de  contratación  pública, 
creará, en el plazo de un mes desde la aprobación de este Decreto-ley, un grupo de 
trabajo  en  el  seno  de  la  Junta  Consultiva  de  Contratación  Administrativa  para  la 
elaboración de modelos de pliegos de cláusulas administrativas particulares y de pliegos 
de prescripciones técnicas, así como para impulsar la aprobación de instrucciones y 
recomendaciones dirigidas a todo el sector público.
Este grupo de trabajo deberá estar formado, como mínimo, por representantes del 
centro directivo con competencias horizontales en materia de contratación pública y de 
los  servicios  jurídicos.  También  podrán  formar  parte  de  él  representantes  de  las 
entidades empresariales y organizaciones y representantes de los departamentos de la 
Administración de la Comunidad Autónoma.
Artículo 32.  División preferente por lotes.
En los contratos que se liciten por lotes, con el fin de facilitar el acceso de las 
pequeñas y medianas empresas, se deberá establecer, salvo justificación motivada en 
contrario, una limitación de licitación o de adjudicación del número de lotes, así como los 
criterios a aplicar en caso de que no se presenten a la licitación tantas proposiciones 
como lotes, en cuyo caso se excepcionará dicha limitación.
Artículo 33.  Exención de la exigencia de retención del uno y medio por ciento cultural.
No será de aplicación la retención del 1,5 % a que se refiere el artículo 131 de la 
Ley 11/2019, de 25 de abril, de Patrimonio Cultural de Canarias, a los contratos de obra 
pública financiados con fondos procedentes del Instrumento Europeo de Recuperación 
«Next Generation EU», cualquiera que sea su valor estimado.
Artículo 34.  Consultas preliminares de mercado.
1.  En aras a facilitar la concurrencia y participación de las pequeñas y medianas 
empresas  y  favorecer  la  presentación  de  soluciones  innovadoras,  los  órganos  de 
contratación podrán realizar consultas de mercado con vistas a preparar la contratación 
e informar a los operadores económicos acerca de sus planes y de los requisitos de la 
contratación, siempre que el órgano de contratación no sea especialista en la materia 
objeto de la licitación.
2.  El periodo de consulta preliminar no tendrá una duración superior a quince días 
naturales desde la publicación del anuncio en el perfil del contratante ubicado en la 
Plataforma de Contratación del Sector Público.
Artículo 35.  Información pública.
1.  Con carácter previo a la publicación del anuncio de licitación y con el fin de que 
cualquier operador económico pueda realizar las alegaciones pertinentes, el órgano de 
contratación  podrá  someter  a  información  pública  la  documentación  contractual  de 
aquellos expedientes que por su singularidad o especificidad considere oportunos, con 
vistas a una eficiente y transparente preparación de la contratación. e.e
2.  El periodo de información pública no tendrá una duración superior a quince días  w.b
naturales desde la publicación del anuncio en el perfil del contratante ubicado en la  53ww
Plataforma de Contratación del Sector Público.
Artículo 36.  Modelos de pliegos de cláusulas administrativas particulares.
Con el fin de agilizar y homogeneizar los procesos de contratación, el centro directivo 
con  competencias  horizontales  en  materia  de  contratación  pública  aprobará,  previo 
informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa y del Servicio Jurídico del 
Gobierno de Canarias, los modelos de pliegos de cláusulas administrativas particulares, 
de utilización común por todos los órganos de contratación del sector público autonómico 
con presupuesto limitativo para los contratos que se encuentren en el marco de este 
Decreto-ley.
Hasta que dichos pliegos no estén aprobados, los departamentos responsables de la 
gestión de los fondos podrán tramitar los expedientes de acuerdo a los propios pliegos 
que se elaboren desde los mismos.
Artículo 37.  Criterios específicos.
Para facilitar el acceso a las pequeñas y medianas empresas, así como a las 
empresas emergentes, en los procedimientos de contratación se velará especialmente 
por incorporar de manera transversal criterios de adjudicación o de solvencia sociales y/o 
medioambientales;  de  digitalización  y  de  innovación;  y  de  responsabilidad  social 
corporativa, siempre que guarden relación con el objeto del contrato.
Artículo 38.  Solvencias de los licitadores.
1.  Las empresas deben acreditar solvencia económica y financiera y técnica o 
profesional  suficiente  que  no  sea  superior  a  la  establecida  como  mínima  por  la 
legislación básica.
En relación con la acreditación de solvencia económica y financiera, en el supuesto 
de optarse por la acreditación de esta solvencia mediante justificación del volumen anual 
de negocios, su exigencia no excederá de una vez el valor anual medio del contrato, 
tanto sea inferior a un año o a la media plurianual.
2.  En relación con la acreditación de la solvencia técnica o profesional, en caso de 
optarse en el pliego por la relación de las principales obras, servicios y suministros 
efectuados en los tres últimos años, de igual o similar naturaleza que los que constituyen 
el objeto del contrato por importe anual acumulado en el año de mayor ejecución, no se 
exigirá dicha acreditación por importe superior al 70 por ciento de la anualidad media del 
contrato.
En los procedimientos no sujetos a regulación armonizada no se exigirán requisitos 
de solvencia que limiten el acceso a las empresas de nueva creación.
Artículo 39.  Cálculo del coste de los contratos.
Para determinar el valor estimado del contrato, se tendrá en cuenta, además de los 
costes derivados de la aplicación de las normativas laborales vigentes, otros que se 
deriven de la ejecución material de los servicios, los gastos generales de estructura y el 
beneficio industrial.
El detalle de los costes constará en el expediente y para el cálculo de los gastos 
generales y el beneficio industrial, se atendrá a lo que establezca el Departamento 
competente  en  materia  de  contratación  pública  de  la  Administración  Pública  de  la 
Comunidad Autónoma.
Artículo  40.  Mesas  de  Contratación  en  los  procedimientos  abiertos  simplificados  y  w.b
simplificados sumarios. 53ww
aSdejcuLrdeaitcsaa rcíaMió yne  suanasab  ivedoretco asl Cíaos qinmutrepa lthiafiacc aidódeno  ess,q tuaeer s atadsrseác nri ctooi nnatsle tógitrrugayadananos   peprnoo pr olonusen natp er Podcreeel sdcioidmneitnercanittaoo,.s  udnea   OE-A-2021-93able en https://
En los procedimientos abiertos simplificados sumarios no se constituirán Mesas de 
Contratación.
Artículo 41.  Criterios de adjudicación.
La selección de los criterios de adjudicación debe alinearse de forma clara con la 
mejor relación calidad-precio, con la idea de valor frente al precio.
Cuando haya una pluralidad de criterios de adjudicación, se priorizarán los criterios 
evaluables directamente mediante fórmulas. En el caso de que uno de ellos fuere el 
precio, este criterio supondrá como máximo el 30 % del total de puntos de la licitación.
La valoración del precio se efectuará mediante fórmulas logarítmicas que minimicen 
su impacto, no siendo válidas aquellas en las se puntúe menos a las ofertas más bajas.
Se minimizarán los criterios sujetos a juicio de valor, que no podrán representar más 
del 40 % del total de puntuación. Dichos criterios se podrán someter a valoración de un 
comité de expertos cuando el importe de la licitación sea superior a dos millones de 
euros.
Los pliegos deberán incorporar alguno de los siguientes criterios de adjudicación y/o 
condiciones especiales de ejecución, siempre que guarden relación con el objeto del 
contrato:  mejoras  salariales  o  de  las  condiciones  laborales;  estabilidad  laboral; 
incorporación de personas en riesgo de exclusión (incluidas las personas en paro de 
larga duración); subcontratación con algún centro especial de trabajo o empresa de 
inserción; cálculo del ciclo de vida; comercio justo; productos de proximidad; criterios 
ambientales; de digitalización y de innovación y conocimiento; de fomento de las pymes 
y las entidades del tercer sector, o igualdad de género.
Artículo 42.  Responsable del contrato y delegado del contratista.
1.  Se reforzará la figura del responsable de contrato del órgano de contratación. 
Para ello, el órgano de contratación designará una persona física o jurídica, vinculada al 
ente contratante o ajena a él, como responsable del contrato, al que corresponderá la 
supervisión e inspección de los trabajos objeto de éste, adoptando decisiones y dictando 
las  instrucciones  con  el  fin  de  que  su  realización  se  efectúe  de  acuerdo  con  lo 
establecido en el contrato. Se determinará en los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares las funciones concretas del responsable del contrato que, en todo caso, 
estarán en el marco de las establecidas anteriormente. Entre sus funciones estará la de 
comprobar el resultado de los trabajos realizados y su adecuación al pliego y prestar 
conformidad a la factura correspondiente.
2.  En el caso de modificación en la designación del responsable del contrato, debe 
comunicarse por escrito y de manera inmediata al contratista.
3.  El adjudicatario asume las responsabilidades inherentes a la dirección inmediata 
de los trabajos que ejecute debiendo designar, en el momento de la perfección del 
contrato, un delegado o interlocutor representante de la dirección de los trabajos, que 
deberá ser un técnico competente en las materias objeto del contrato. Este delegado 
será el encargado de dirigir y coordinar los trabajos y de transmitir las instrucciones 
precisas al personal adscrito a la ejecución del trabajo para garantizar su correcta 
ejecución.
CAPÍTULO IV
Especialidades en materia de subvenciones o
Artíc1u. lo L4a3s.   bBaasseess  rreegguulaladdoorraass  y dceo nvlaosc atsouribav deen claiosn seusb vfiennacniocinaebsle.s  con  fondos  del  2021-9353n https://ww
Icnosntrvuomcaetnotroia  Edeu rloapse mo isdmea sR.ecuperación  «Next  Generation  EU»  podrán  incorporar  la  BOE-A-cable e
2.  Para  la  tramitación  de  la  aprobación  de  las  bases  reguladoras  de  estas 
subvenciones  sólo  serán  exigibles  el  informe  de  los  Servicios  Jurídicos  y  el  de  la 
Intervención General al que hace referencia el artículo 9.1 del Decreto 36/2009, de 31 de 
marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, que, en todo caso será emitido en el plazo improrrogable de 
siete días, sin perjuicio del informe de la Dirección General competente en materia de 
asuntos europeos a que se refiere el apartado 3 del mencionado artículo 9.
Artículo 44.  Subvenciones de concurrencia no competitiva.
1.  En el caso de subvenciones financiables con los fondos del Instrumento Europeo 
de  Recuperación  «Next  Generation  EU»,  reguladas  por  la  Ley  38/2003,  de  17  de 
noviembre, General de Subvenciones y por el Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el 
que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de 
Canarias,  y  cuyo  objeto  sea  financiar  actuaciones  o  situaciones  concretas  que  no 
requieran de valoración comparativa con otras propuestas, se podrán dictar sucesivas 
resoluciones de concesión por orden de presentación de solicitudes una vez realizadas 
las comprobaciones de concurrencia de la situación o actuación subvencionable y el 
cumplimiento  del  resto  de  requisitos  exigidos,  hasta  el  agotamiento  del  crédito 
presupuestario asignado en la convocatoria.
2.  Cuando el agotamiento del crédito no tenga lugar en un sólo acto de concesión, 
sino que su disposición se realice en actos sucesivos, el órgano gestor deberá publicar, 
en  la  sede  electrónica,  el  agotamiento  de  la  partida  presupuestaria  asignada  y  la 
desestimación expresa de las solicitudes posteriores; salvo que proceda el supuesto 
previsto en el artículo 45.7 de este Decreto-ley.
Artículo 45.  Convocatoria abierta de subvenciones.
1.  En las bases reguladoras que se tramiten para la ejecución de medidas con 
cargo a los fondos del Instrumento Europeo de Recuperación «Next Generation EU», se 
deberá prever, como regla general, la realización de convocatorias abiertas.
2.  La vigencia de las convocatorias abiertas podrá extenderse a un máximo de dos 
años, salvo en las financiadas con el fondo REAT-EU que pondrán extenderse como 
máximo, hasta el 31 de diciembre de 2022.
3.  Se deberá concretar en el acto de convocatoria, el número de procedimientos de 
concesión que se sucederán a lo largo de uno o varios ejercicios presupuestarios, los 
plazos de solicitud, el importe estimado a otorgar en cada procedimiento y su plazo 
máximo de resolución. También podrán concretarse plazos de ejecución y justificación 
diferentes para los beneficiarios de cada procedimiento.
4.  Cuando se acuerde la realización de convocatorias abiertas en concurrencia 
competitiva,  sólo  podrá  acordarse  una  concesión  (provisional/definitiva)  por  cada 
procedimiento,  sin  que  procedan  resoluciones  sucesivas,  salvo  el  supuesto  del 
punto 7.a).
5.  Cuando se acuerde la realización de convocatorias abiertas en concurrencia no 
competitiva, dentro de cada procedimiento se podrán dictar sucesivas resoluciones de 
concesión por orden de presentación de solicitudes, en los términos recogidos en el 
apartado 1 del artículo 44.
6.  Cuando a la finalización de un periodo se hayan concedido las subvenciones 
correspondientes y no se haya agotado el importe máximo a otorgar, se podrá trasladar  es
la cantidad no aplicada al procedimiento siguiente, mediante Resolución del centro  bo
gestor. Si el traslado implica un ajuste contable de anualidades de la convocatoria, y en  53ww
Dscureé cdcraietostoo -,r leeasyuu.tlotarirzáa cdióen  adpeli cnauceióvon  gloa sdtois ppluuerisatnou aeln,  ue lo tCroa peíxtupleod iIe ndteel  dTeí tmulood iIfVic adceió ne sdtee   OE-A-2021-93able en https://
7.  Cuando a la finalización de un periodo se hayan concedido las subvenciones 
correspondientes y queden solicitudes pendientes de conceder por agotamiento del 
crédito presupuestario, se podrá constituir una lista de reserva, y alternativamente:
a)  Incrementar el crédito de ese procedimiento para atender las solicitudes en lista.
b)  Otorgar preferencia a la lista para ser resuelta con cargo a los créditos del 
siguiente procedimiento. Esta opción no podrá utilizarse cuando el procedimiento sea de 
concurrencia competitiva y la prelación de solicitudes conlleve la aplicación de criterios 
de  valoración,  en  cuyo  caso  solo  podrán  compararse  las  solicitudes  de  un  mismo 
período.
Artículo 46.  Otras medidas para la mejora de la gestión de ayudas y subvenciones.
1.  En el caso de convocatorias de subvenciones que se tramiten con cargo a los 
fondos  del  Instrumento  Europeo  de  Recuperación  «Next  Generation  EU»  se  podrá 
incrementar, siempre que exista crédito disponible, la cuantía total máxima o estimada de 
las mismas, sin sujeción a las reglas que prevé el artículo 14.4 del Decreto 36/2009, 
de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la 
Comunidad Autónoma de Canarias.
2.  En el caso de que, habiendo transcurrido el plazo de presentación de solicitudes 
previsto en la convocatoria, no se hubiera resuelto al cierre del ejercicio, se conservarán 
todos los actos a efectos de su resolución en el ejercicio presupuestario siguiente, 
siempre que exista disponibilidad presupuestaria.
Artículo 47.  Justificación de la aplicación de las subvenciones.
Para la justificación de la aplicación de las subvenciones relacionadas con el uso de 
fondos europeos de los Planes «Next Generation EU», se establecen las siguientes 
singularidades:
a)  Se eleva el umbral económico previsto en el artículo 28.1 del Decreto 36/2009, 
de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, para la presentación de una cuenta justificativa 
simplificada por parte del beneficiario de la subvención, ampliándose dicho importe hasta 
los 100.000 euros.
En  estos  supuestos  se  deberá  recoger  en  las  bases  reguladoras  o  en  la 
convocatoria, la obligación del centro gestor de someter a comprobación posterior el 
contenido  de  dichas  cuentas  justificativas.  Dicha  comprobación  se  podrá  realizar 
utilizando técnicas de muestreo.
Cuando se utilice la cuenta justificativa como método de justificación, se podrá utilizar 
como mecanismo de selección, el censo de auditores del Servicio Canario de la Salud.
b)  Se  eleva  hasta  10.000  euros  el  límite  de  3.000  euros  contemplado  en  el 
artículo 24.4 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, aprobado por Real 
Decreto  887/2006,  de  21  de  julio,  para  acreditar  el  cumplimiento  de  obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social en la normativa de Subvenciones.
c)  Para  los  supuestos  en  que  las  solicitudes  deban  venir  acompañadas  de 
memorias económicas, se flexibilizarán los compromisos plasmados en las mismas, en el 
sentido  de  que  se  permitan  compensaciones  entre  los  conceptos  presupuestados, 
siempre  que  no  se  traten  de  modificaciones  sustanciales  del  proyecto  objeto  de 
subvención y se dirijan a alcanzar el fin de la subvención. e.
TÍTULO V
Cooperación interadministrativa y colaboración y participación público-privada
Artículo 48.  Convenios para la ejecución de proyectos con cargo a fondos europeos 
«Next Generation EU».
Con el fin de facilitar la cooperación interadministrativa y con el sector privado, las 
administraciones  públicas  de  Canarias  y  sus  organismos  públicos  y  entidades  de 
derecho público, vinculados o dependientes, incluidas las universidades públicas y entes 
dependientes, podrán promover la suscripción de convenios para realizar actividades 
para el cumplimiento de finalidades de interés general vinculadas a los programas y 
proyectos financiados con fondos «Next Generation EU», con el objetivo de facilitar y 
agilizar  los  procedimientos  aplicables,  participar  en  la  ejecución  de  los  proyectos, 
cooperar con recursos humanos y materiales, prestar colaboración en la gestión de 
ayudas  y  subvenciones  y,  en  general,  contribuir  al  cumplimiento  de  sus  objetivos 
previstos en los mismos.
Artículo 49.  Régimen jurídico de los convenios para la ejecución de proyectos con 
cargo a fondos europeos «Next Generation EU».
La tramitación de los convenios previstos en el presente capítulo se regirá por lo 
previsto en el capítulo VI del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, con las siguientes especialidades:
a)  Su  tramitación  y  formalización  tiene  carácter  preferente  y  se  rige  por  los 
principios de simplificación y agilización con el objetivo de garantizar el cumplimiento 
eficaz de las finalidades perseguidas con su formalización. Solo resultarán exigibles el 
informe de la Viceconsejería de los Servicios Jurídicos y el informe de la Dirección 
General de Planificación y Presupuesto, así como aquellos otros que sean preceptivos 
conforme a la normativa de aplicación, sin perjuicio de aquellos informes que se prevean 
en la legislación básica estatal.
b)  Excepcionalmente, el plazo de vigencia de estos convenios podrá tener una 
duración superior a la legalmente establecida, pudiendo llegar como máximo a seis años, 
con posibilidad de una prórroga de hasta seis años de duración. Esta excepción deberá 
justificarse motivadamente por el órgano competente.
c)  En caso de que se inicie en el ejercicio corriente la tramitación del expediente 
pero su ejecución presupuestaria no vaya a tener lugar hasta el ejercicio siguiente u 
otros ejercicios posteriores, será posible su tramitación anticipada, pudiendo llegar hasta 
la fase de formalización del convenio en el ejercicio corriente.
d)  El acreedor de la Administración, en los términos que se determinen en el 
convenio podrá tener derecho a percibir un anticipo por las operaciones preparatorias 
que resulten necesarias para realizar las actuaciones financiadas hasta un límite máximo 
del 50 por ciento de la cantidad total a percibir.
e)  Los convenios previstos en el presente Título quedan excluidos de la aplicación 
del Decreto 11/2019, de 11 febrero, por el que se regula la actividad convencional y se 
crean y regulan el Registro General Electrónico de Convenios del Sector Público de la 
Comunidad  Autónoma  y  el  Registro  Electrónico  de  Órganos  de  Cooperación  de  la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Artículo 50.  Mecanismos de colaboración con el sector privado. w.b
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2.  Cuando sea procedente podrán acudirse a los instrumentos de colaboración 
público-privada  para  la  ejecución  del  Plan  de  Recuperación,  Transformación  y 
Resiliencia de la Economía Española previstos en el Capítulo VII del Título IV del Real 
Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para 
la  modernización  de  la  Administración  Pública  y  para  la  ejecución  del  Plan  de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Disposición adicional primera.  Consideración del Instrumento de Planificación como 
Plan Estratégico de subvenciones.
1.  El Instrumento de Planificación Estratégica a que se refiere el artículo 9 de este 
Decreto-ley, tiene la consideración de Plan Estratégico de Subvenciones, a efectos de lo 
previsto en el artículo 6 del Decreto 36/2009, de 31 de mayo, por el que se establece el 
régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, y en el 
artículo 8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, o normas 
que los sustituyan.
2.  Para la consideración como tal, además del informe de la Dirección General 
competente en materia de presupuestos y del contenido mínimo a que se refiere el 
artículo  9  del  presente  Decreto-ley,  el  mencionado  Instrumento  de  Planificación 
Estratégica deberá contener, de forma expresa, las líneas de subvenciones a conceder, 
especificando para cada una de ellas lo siguiente:
a)  Denominación de la línea de subvención, relacionándola con los objetivos y 
actuaciones encomendadas al Departamento.
b)  Gasto previsiblemente aparejado a cada línea de subvención.
c)  Potenciales beneficiarios o sectores afectados.
d)  Procedimiento de concesión.
e)  Régimen  de  seguimiento  y  evaluación,  estableciendo  para  cada  línea  de 
subvenciones un conjunto de indicadores relacionados con los objetivos a conseguir, que 
permita  conocer  los  progresos  conseguidos  en  el  cumplimiento  de  los  objetivos  y 
actuaciones encomendadas al Departamento.
3.  Dichos planes y su actualización deberán ser publicados en el Sistema Nacional 
de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas, así como en la web departamental.
4.  A los efectos de lo dispuesto en el apartado primero anterior, no se requerirá la 
publicación en el «Boletín Oficial de Canarias» a que se refiere el artículo 31.1.a) de la 
Ley  12/2014,  de  26  de  diciembre,  de  transparencia  y  de  acceso  a  la  información 
públicas.
Disposición  adicional  segunda.  Régimen  de  control  aplicable  a  los  expedientes 
financiados con cargo a los fondos de los Planes «Next Generation EU».
1.  Los expedientes de gasto financiados con cargo a los fondos de los Planes 
«Next Generation EU», se sujetarán al régimen de control actualmente previsto en los 
Acuerdos de Gobierno, sin perjuicio de las modificaciones que sobre dicho régimen 
pueda  acordar  el  Consejo  de  Gobierno  a  propuesta  de  la  persona  titular  del 
departamento  con  competencias  en  materia  de  hacienda  previo  informe  de  la 
Intervención General a la vista del volumen y naturaleza de los expedientes de gastos 
tramitados con cargo a dichos fondos.
La exceptuación del trámite de autorización previa del Gobierno a que se refiere el  e.
artículo 29 de este Decreto-ley no exime de fiscalización previa a los expedientes que  w.b
por razón de su cuantía deben someterse a la función interventora, de conformidad con  53ww
el ré2g.i mEenl  daectsupaalmcheon tdee p reesvtiossto .expedientes gozará de prioridad respecto de cualquier
hoátrboi,l edse.biendo de pronunciarse el órgano de control en el plazo máximo de siete días
Disposición  adicional  tercera.  Cesión  del  crédito  presupuestario  derivado  de  la 
movilidad del personal.
Se suspende la aplicación de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 50 de la 
Ley 7/2020, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma 
de Canarias para 2021.
Disposición adicional cuarta.  Negociación colectiva de los instrumentos de ordenación 
previstos en el presente Decreto-ley.
1.  Los  instrumentos  de  ordenación  de  los  recursos  humanos  previstos  en  el 
presente Decreto-ley serán objeto de negociación en el seno de las Mesas Sectoriales 
de Negociación correspondientes en virtud del vínculo de los puestos afectados y en la 
Comisión Asesora de Plantillas, en el caso de afectar a puestos de personal laboral.
2.  El Instrumento de Planificación Estratégica a que se refiere el artículo 9 de este 
Decreto-ley, así como la Orden prevista en el artículo 14 tienen la consideración de 
instrumentos de planificación y ordenación de recursos humanos a los efectos previstos 
en los artículos 69 y 74 del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real 
Decreto  Legislativo  5/2015,  de  30  de  octubre  y  concordantes  de  la  normativa 
autonómica.
Disposición adicional quinta.  Medidas en materia de personal estatutario.
1.  A los efectos previstos en el presente Decreto-ley, el personal estatutario del 
Servicio  Canario  de  la  Salud  podrá  prestar  servicios  en  sus  órganos  centrales  y 
territoriales, tanto en virtud de adscripción como de nombramiento específico para dicho 
ámbito.  A  dichos  efectos  se  podrán  crear  unidades  administrativas  de  carácter 
provisional en plantillas orgánicas específicas, integradas por los puestos directivos y las 
plazas y puestos de trabajo que deban ser desempeñados por personal estatutario. Al 
personal que ocupe puestos directivos le será de aplicación lo previsto en el artículo 17.8 
del presente Decreto-ley.
2.  La selección del personal estatutario temporal para la finalidad prevista en el 
presente  Decreto-ley  se  sujetará  a  criterios  de  idoneidad,  pudiendo  efectuarse 
convocatorias  específicas  con  independencia  de  las  listas  de  empleo,  mediante 
procedimientos  ágiles  que  garanticen  los  principios  de  igualdad,  mérito,  capacidad, 
publicidad y concurrencia. Se podrá utilizar el sistema de concurso y el sistema previsto 
en el artículo 31.6 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del 
personal estatutario de los servicios de salud.
Disposición  adicional  sexta.  Creación  de  unidades  administrativas  de  carácter 
provisional en la Dirección General de Planificación y Presupuesto, la Intervención 
General y la Dirección General de la Función Pública.
En  atención  a  las  funciones  que  corresponden  a  la  Dirección  General  de 
Planificación y Presupuesto, la Intervención General y la Dirección General de la Función 
Pública en la planificación, gestión, ejecución y control de los fondos procedentes del 
Instrumento  Europeo  de  Recuperación  «Next  Generation  EU»,  se  crean  en  estos 
órganos las siguientes unidades administrativas de carácter temporal:
a)  En  la  Dirección  General  de  Planificación  Presupuesto,  la  Subdirección  de  e
Planificación  sobre  el  Plan  de  Recuperación  y  Resiliencia  y  la  Subdirección  de  bo
Relaciones Presupuestarias con la Unión Europea. 53ww
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c)  En la Dirección General de la Función Pública, la Subdirección de Planificación y 
Racionalización del Empleo Público y la Subdirección de Selección y Provisión del 
Empleo Público.
La organización administrativa y la estructura de personal de estas unidades de 
carácter temporal se deberá establecer en un instrumento de planificación específico que 
será aprobado por la Comisión de Planificación y Gobernanza.
Disposición adicional séptima.  Gastos menores.
1.  Con carácter general, los contratos de obras, servicios y suministros cuyo valor 
estimado no exceda de 5.000 euros, IGIC excluido, se considerarán gastos menores. El 
reconocimiento de la obligación y el pago de los gastos menores solo requiere de la 
aprobación del gasto y que se justifique la prestación correspondiente mediante la 
presentación de la factura o del documento equivalente ante el órgano competente, que 
será debidamente conformado. Estos gastos menores no requieren ninguna tramitación 
sustantiva o procedimental adicional a los actos de gestión presupuestaria señalados, 
que podrán acumularse en un único acto simultáneo de autorización, disposición y 
reconocimiento de la obligación.
En todo caso los gastos menores constituyen pagos menores a los efectos del inciso 
final del artículo 63.4, del tercer párrafo del artículo 335.1 y del tercer párrafo del 
artículo 346.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por 
la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
2.  Con cargo a los anticipos de caja fija, podrán realizarse pagos individualizados 
por  importe  de  hasta  5.000  euros,  quedando  modificado  el  límite  contenido  en  el 
apartado segundo del artículo 9 del Decreto 151/2004, de 2 de noviembre, por el que se 
regula  el  régimen  de  provisiones  de  fondos  a  las  habilitaciones  de  pagos  de  la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y se aprueba el sistema 
informático contable con la denominación de SIHABIL.
La  presente  disposición  adicional  será  de  aplicación  a  todos  los  poderes 
adjudicadores canarios, sin perjuicio de los requisitos y trámites adicionales que puedan 
establecer en el ámbito de sus competencias.
Disposición final primera.  Modificación de la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función 
Pública Canaria.
Se modifica la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria, en los 
siguientes términos:
Uno.  Se modifica el apartado 2 artículo 73, que queda redactado en los siguientes 
términos:
«2.  El personal funcionario de carrera se seleccionará ordinariamente por el 
sistema de oposición y por el sistema de concurso-oposición. Excepcionalmente 
para puestos singularizados, podrá utilizarse el concurso.»
Dos.  Se modifica el apartado 3 artículo 73, que queda redactado en los siguientes 
términos:
«3.  La selección del personal laboral fijo, previa a la contratación, se realizará  e.
por el sistema de oposición o concurso-oposición, salvo cuando por la naturaleza  w.
de las tareas a desarrollar resulte más adecuado el de concurso de valoración de  53ww
méritos.»
Tres.  Se modifica la redacción del apartado 2 del artículo 78, en los siguientes 
términos:
«2.  El concurso es el sistema normal de provisión de puestos de trabajo en el 
que se tendrán en cuenta únicamente los méritos previstos en las bases de la 
correspondiente convocatoria, de acuerdo con la relación de puestos de trabajo y 
la reglamentación que en su día se apruebe.
Las bases podrán considerar como méritos, entre otros, la valoración del 
trabajo desarrollado en los puestos anteriores, la experiencia, la antigüedad, las 
competencias digitales, los cursos de formación y perfeccionamiento superados en 
el  Instituto  Canario  de  Administración  Pública,  en  el  Instituto  Nacional  de 
Administración  Pública  y  demás  centros  oficiales  de  formación  y 
perfeccionamiento  de  funcionarios  y  las  titulaciones  académicas  directamente 
relacionadas con el puesto que se trata de proveer.
También  podrán  considerarse  otros  méritos  tales  como  titulaciones 
profesionales, las acreditaciones oficiales de conocimiento de idiomas extranjeros 
y las que reglamentariamente se determinen.
Los concursos de méritos deberán resolverse en el plazo máximo de quince 
meses contados desde el día siguiente al de la finalización del de presentación de 
solicitudes, salvo que en la respectiva convocatoria se fije un plazo inferior.»
Disposición final segunda.  Modificación del Decreto 48/1998, de 17 de abril, por el que 
se  regula  la  provisión  de  puestos  de  trabajo  del  personal  funcionario  de  la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Se modifica la redacción del párrafo primero del apartado 1, del artículo 10 del 
Decreto 48/1998, de 17 de abril, por el que se regula la provisión de puestos de trabajo 
del personal funcionario de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, 
con salvaguarda de su rango reglamentario, en los términos siguientes:
«En los concursos sólo podrán ser tenidos en cuenta los méritos que se 
determinen en las respectivas convocatorias que, como mínimo, deberán valorar 
la  posesión  de  un  determinado  grado  personal,  el  trabajo  desarrollado  y  la 
antigüedad, así como los méritos específicos adecuados a las características de 
los puestos ofrecidos. Igualmente se podrán valorar los cursos de formación y 
perfeccionamiento  superados,  las  competencias  digitales,  las  titulaciones 
académicas relevantes y el conocimiento y uso de idiomas extranjeros. Todo ello 
de acuerdo con los siguientes criterios:»
Disposición final tercera.  Modificación del Decreto-ley 24/2020, de 23 de diciembre, de 
medidas extraordinarias y urgentes en los ámbitos de vivienda, transportes y puertos 
de titularidad de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Se modifica el artículo 18 del Decreto-ley 24/2020, de 23 de diciembre, de medidas 
extraordinarias y urgentes en los ámbitos de vivienda, transportes y puertos de titularidad 
de la Comunidad Autónoma de Canarias, mediante la adición de un nuevo apartado 4, 
del siguiente tenor:
«4.  Podrán  continuar  adscritos  hasta  el  31  de  diciembre  de  2021  a  las 
autorizaciones de transporte terrestre sanitario vigentes a la entrada en vigor del  e
presente Decreto-ley, aquellos vehículos que superen durante 2020 y 2021 la  bo
antigüedad máxima establecida en el Decreto 154/2002, de 24 de octubre, por el  53ww
que se regula el transporte terrestre sanitario.»
Disposición final cuarta.  Modificación del Decreto-ley 19/2020, de 12 de noviembre, de 
establecimiento del tipo cero en el Impuesto General Indirecto Canario aplicable a la 
importación o entrega de mascarillas y productos sanitarios para diagnóstico in vitro 
de la COVID-19.
Con efectos desde la entrada en vigor del presente Decreto-ley, se introduce el 
apartado Uno.bis del Artículo único del Decreto-ley 19/2020, de 12 de noviembre, de 
establecimiento del tipo cero en el Impuesto General Indirecto Canario aplicable a la 
importación o entrega de mascarillas y productos sanitarios para diagnóstico in vitro de la 
COVID-19, con el siguiente tenor:
«Uno bis.  Resulta aplicable el tipo cero en el Impuesto General Indirecto 
Canario, hasta el 31 de diciembre de 2021, a la entrega o importación de los 
siguientes bienes:
Nombre del bien Descripción del bien/Producto Código NC
Mascarillas de protección facial Mascarillas quirúrgicas de telas 
Mascarillas. ex 6307.90.93
sin tejer.
    ex 6307.90.95
    ex 6307.90.98»
Disposición final quinta.  Tributación en el Impuesto General Indirecto Canario de la 
importación  y  entrega  de  ultracongeladores  destinados  a  la  conservación  de  la 
vacuna para combatir los efectos del COVID-19.
Con efectos desde la entrada en vigor de este Decreto-ley y vigencia hasta el 31 de 
diciembre de 2021, se aplicará el tipo cero del Impuesto General Indirecto Canario a la 
importación o entrega de los siguientes congeladores destinados a su utilización en la 
conservación de la vacuna frente al COVID-19:
– Congeladores horizontales del tipo arcón (cofre), de capacidad inferior o igual 
a 800 l. clasificados en el código NC 8418.30.
– Congeladores verticales del tipo armario, de capacidad inferior o igual a 900 l., 
clasificados en el código NC 8418.40.
La aplicación del tipo cero está condicionada a que el sujeto pasivo a la importación 
o el adquirente sea una entidad de Derecho Público, una clínica o centro hospitalario o 
una entidad o establecimiento privado de carácter social a que se refiere el apartado dos 
del artículo 50 de la Ley 4/2012, de 25 de junio, de medidas administrativas y fiscales.
También será aplicable el tipo cero previsto en esta disposición final, cuando el sujeto 
pasivo a la importación sea una persona o entidad distinta de la citadas en el párrafo 
anterior, cuando los citados congeladores estén destinados a ser objeto de entrega por 
parte del importador, por existir un compromiso de adquisición previa, a una entidad de 
Derecho  Público,  una  clínica  o  centro  hospitalario  o  una  entidad  o  establecimiento 
privado  de  carácter  social  a  que  se  refiere  el  apartado  dos  del  artículo  50  de  la 
Ley 4/2012, de 25 de junio.
Deberá acompañarse a la declaración de importación el documento justificativo del 
compromiso de adquisición previa. e
Disposición final sexta.  Modificación del Decreto-ley 2/2021, de 1 de marzo, por el que 
se regula la concesión directa de subvenciones dirigidas al mantenimiento de la 
actividad de personas trabajadoras autónomas y pequeñas y medianas empresas, de 
los sectores más afectados por la crisis derivada de la COVID-19.
Se modifica la redacción del penúltimo párrafo del apartado II de la Exposición de 
motivos del Decreto-ley 2/2021, de 1 de marzo, por el que se regula la concesión directa 
de subvenciones dirigidas al mantenimiento de la actividad de personas trabajadoras 
autónomas y pequeñas y medianas empresas, de los sectores más afectados por la 
crisis derivada de la COVID-19, en los términos siguientes:
«El  Estatuto  de  Autonomía  de  Canarias  impone  a  los  poderes  públicos 
canarios  garantizar  las  medidas  necesarias  para,  entre  otros  objetivos,  hacer 
efectivo  el  desarrollo  económico  (art.  11.1),  exigiendo  a  las  administraciones 
públicas canarias la promoción de dicho desarrollo (art. 165.2). Igualmente el 
crecimiento estable y la búsqueda del pleno empleo constituyen principios rectores 
de la actuación política contenido en la norma institucional básica de Canarias. Por 
otra parte, la Comunidad Autónoma de Canarias ostenta competencias en materia 
de promoción de la actividad económica. Concretamente, el artículo 114.1 del 
Estatuto de Autonomía de Canarias reconoce que la Comunidad Autónoma de 
Canarias tiene competencia exclusiva en materia de planificación y promoción de 
la actividad económica en Canarias, lo que habilita para establecer y regular líneas 
de ayudas económicas públicas para las personas trabajadoras autónomas como 
para  las  pequeñas  y  medianas  empresas  de  nuestra  comunidad  autónoma, 
ejercitando con ello una competencia normativa dentro de la actividad de fomento 
de la Comunidad Autónoma, a que se refiere el artículo 102.1 del mencionado 
Estatuto de Autonomía.»
Disposición final séptima.  Aplicación supletoria del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de 
diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la 
Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia o norma que le sustituya.
A falta de disposición expresa en el presente Decreto-ley y aun no teniendo carácter 
básico,  será  de  aplicación  supletoria  respecto  a  la  materia  que  se  regula,  las 
disposiciones contenidas en el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que 
se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y 
para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, o norma que 
lo sustituya.
Disposición final octava.  Entrada en vigor.
El presente Decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial de Canarias».
Canarias, 31 de marzo de 2021.–El Presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres 
Pérez.–El Vicepresidente y Consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, 
Román Rodríguez Rodríguez.–El Consejero de Administraciones Públicas, Justicia y 
Seguridad, Julio Manuel Pérez Hernández.
(Publicado en el «Boletín Oficial de Canarias» número 67, de 1 de abril de 2021. Convalidado por Acuerdo del  oe.
Parlamento de Canarias, publicado en el «Boletín Oficial de Canarias» número 97, de 12 de mayo de 2021) w.