BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 95 Miércoles 21 de abril de 2021 Sec. III.   Pág. 45821
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DEL INTERIOR
6356 Resolución de 15 de abril de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica el Convenio con el Consejo General de la Abogacía Española, 
para la implantación del sistema de comunicación por videoconferencia entre 
colegios de abogados y centros penitenciarios.
Habiéndose suscrito el 8 de abril de 2021 el Convenio entre la Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias y el Consejo General de la Abogacía Española para la 
implantación  del  sistema  de  comunicación  por  videoconferencia  entre  colegios  de 
abogados y centros penitenciarios, procede la publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado» de dicho Convenio que figura como anexo a esta resolución.
Madrid, 15 de abril de 2021.–El Secretario General Técnico, Juan Antonio Puigserver 
Martínez.
ANEXO
Convenio entre la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y el Consejo 
General de la Abogacía Española para la implantación del sistema 
de comunicación por videoconferencia entre colegios de abogados y centros 
penitenciarios
En Madrid, a 8 de abril de 2021.
SE REUNEN
De una parte, don Ángel Luis Ortiz González, Secretario General de Instituciones 
Penitenciarias del Ministerio del Interior, nombrado por Real Decreto 504/2018, de 18 de 
junio, actuando por delegación de competencias del Secretario de Estado de Seguridad, 
según lo previsto en el apartado noveno, subapartado 2.3 de la Orden INT/985/2005, 
de 7 de abril, por la que se delegan determinadas atribuciones y se aprueban las 
delegaciones efectuadas por otras autoridades, en relación con el artículo 62.2.g) de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y con domicilio a 
los efectos del presente Convenio en la calle Alcalá, 38-40, 28014 de Madrid.
Y  de  otra,  doña  Victoria  Ortega  Benito,  Presidenta  del  Consejo  General  de  la 
Abogacía  Española,  CIF  número  Q-2863006  I  y  domicilio  social  en  el  paseo  de 
Recoletos, número 13, de Madrid, tras acuerdo de su Pleno de fecha de 28 de enero 
de 2016, cuya representación ostenta al amparo del artículo 75.1 del Estatuto General de 
la Abogacía Española, aprobado por Real Decreto 658/2001, de 22 de junio, y en uso de 
las facultades conferidas en la escritura otorgada ante el Notario de Madrid don Norberto 
González Sobrino, el día 6 de septiembre de 2016, con el número 2.664 de su Protocolo.
Ambas partes, en la representación que ostentan, se reconocen mutua capacidad 
para obligarse y convenir, y a tal efecto s
EXPONEN 56www.
resp1o.n sQabulee   dlae l Seejecrrceitcaiorí,a  reGsepneectroa l ddee  laIsn sUtitnuicdiaodneess   dPeepneitnedniecinatreiass ,d ec oemllao,   ódreg alnaos 
aimtrpibuulscoio, ndeirse cpcreióvnis, tgaes setinó ne ly  asrutípceurlov is6i4ó nd ed el ala Lse Iyn s4t0it/u2c0io1n5e, sd eP e1n diteen occiaturabsre, ,a  refinla tdivea qs uael   BOE-A-cable e
las  penas  y  medidas  penales  alcancen  los  fines  previstos  constitucionalmente  y, 
específicamente, en relación con:
– «La organización y gestión de las Instituciones Penitenciarias en lo relativo a la 
seguridad interior de los establecimientos, traslados de internos y, en general, las que 
afecten al régimen de los centros penitenciarios.»
– «La planificación, coordinación y gestión de la acción social a internos y liberados 
condicionales y la gestión y seguimiento de penas y medidas alternativas que sean 
competencia de la Administración Penitenciaria según la normativa vigente.»
– «La función de seguimiento, análisis e inspección sobre los servicios, organismos 
y centros de la Administración Penitenciaria, especialmente en lo que se refiere al 
personal, procedimientos, instalaciones y dotaciones, así como la tramitación de las 
informaciones reservadas y de los expedientes disciplinarios incoados a los funcionarios 
y personal laboral destinados en todas sus Unidades.»
– «La  coordinación  en  asuntos  de  su  competencia  con  los  órganos  periféricos 
estatales, con las comunidades autónomas y con organismos e instituciones que puedan 
coadyuvar  al  mejor  cumplimiento  de  los  objetivos  y  fines  de  la  Administración 
Penitenciaria.»
– «La planificación y ordenación normativa de las Instituciones Penitenciarias.»
2.  Que el Consejo General de la Abogacía Española, creado mediante Decreto 
de 19 de junio de 1943, tiene la condición de corporación de Derecho Público, sin ánimo 
de lucro, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus 
fines,  es  el  órgano  coordinador  y  representativo  de  los  Colegios  de  Abogados  de 
España, en cuanto a las funciones que le son propias y se regulan en sus Estatutos.
Que sus estatutos contemplan la colaboración con las Administraciones Públicas o 
con cualquier otra entidad, además de promover, organizar y colaborar, dentro de la 
función social de la Abogacía desarrollando actividades o servicios en interés de la 
sociedad. Asimismo en atención a lo dispuesto por los artículos 22 y siguientes de la 
Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, ostenta la competencia para 
regular y organizar el servicio de justicia gratuita.
3.  Que, siendo la voluntad de las partes favorecer el aprovechamiento de las 
herramientas tecnológicas que pueden favorecer cualquier mejora en la garantía de la 
defensa y protección de los derechos de las personas privadas de libertad en centros 
penitenciarios, y en virtud de las capacidades de ambas partes, acuerdan las siguientes
CLÁUSULAS
Primera.  Objeto del Convenio.
El presente Convenio tiene por objeto articular el marco de colaboración entre la 
Secretaria General de Instituciones Penitenciarias y el Consejo General de la Abogacía 
Española para la implantación del sistema de comunicación por videoconferencia entre 
los Colegios de Abogados y los centros penitenciarios de todo el territorio nacional, que 
habilite la realización de entrevistas por ese medio entre los abogados y sus clientes 
internos en dichos centros, de manera complementaria y compatible con el régimen 
existente de carácter presencial, con la vocación de hacerlo funcional en todos los 
Colegios  de  Abogados  y  en  todos  los  centros  penitenciarios  dependientes  de  la 
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. es
Segunda.  Compromisos de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. 56www.
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comunicación por videoconferencia que se establece mediante este Convenio.
2.  La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias favorecerá la disposición 
de los espacios y los medios necesarios para que los centros penitenciarios puedan 
amparar la realización de las entrevistas en las condiciones que marca la ley y con las 
debidas garantías de confidencialidad.
Tercera.  Compromisos del Consejo General de la Abogacía Española.
1.  El Consejo General de la Abogacía Española se compromete a fomentar la 
implantación  progresiva  de  dispositivos  de  videoconferencia  en  los  Colegios  de 
Abogados de todo el territorio nacional, que sirvan para la finalidad perseguida por este 
Convenio,  que  es  el  establecimiento  de  un  sistema  de  comunicación  por 
videoconferencia que permita la realización de entrevistas «abogado-cliente interno en 
centro penitenciario».
2.  El  Consejo  General  de  la  Abogacía  Española,  junto  con  los  Colegios  de 
Abogados  establecerán,  de  manera  coordinada  con  la  Secretaría  General  de 
Instituciones Penitenciarias, un protocolo de uso del sistema para los abogados usuarios, 
de manera que quede asegurado el carácter complementario y no sustitutivo de las 
entrevistas presenciales, ya que éstas constituyen la base fundamental de la defensa 
letrada de las personas privadas de libertad.
3.  El Consejo General de la Abogacía Española garantizará, bajo los criterios de 
seguridad y confidencialidad, una comunicación unificada a los centros penitenciarios de 
aquellas solicitudes de entrevistas con internos en centros penitenciarios que se realicen 
por los abogados colegiados que forme parte del sistema que se implanta mediante este 
Convenio.
Por comunicación unificada se entiende la comunicación de entrevistas solicitadas 
desde cualquier Colegio de Abogados a cualquier centro penitenciario mediante una 
aplicación tecnológica que unifique esta información para un período y que pueda ser 
consultada únicamente por las personas autorizadas por esas instituciones responsables 
y el Consejo General de la Abogacía Española.
4.  El Consejo General de la Abogacía Española promoverá entre los Colegios de 
Abogados la adhesión al presente Convenio, de acuerdo al procedimiento indicado en la 
cláusula cuarta, y velará por que la actividad correspondiente se lleve a cabo bajo las 
premisas generales contempladas en la cláusula primera del presente Convenio.
Cuarta.  Procedimiento para la adhesión de los Colegios de Abogados.
1.  Los Colegios de Abogados interesados en adherirse a este Convenio deberán 
remitir a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y al Consejo General de la 
Abogacía Española la solicitud de adhesión que figura como anexo acompañada de la 
certificación del acuerdo del órgano correspondiente del Colegio de Abogados por el que 
se adopta la decisión de solicitar la adhesión al presente Convenio y la documentación 
indicada.
2.  La solicitud, firmada electrónicamente, junto con la certificación y el resto de 
documentación  deberá  remitirse  a  sgrelacionesinstitucionales@dgip.mir.es  y  a 
presidencia@abogacia.es.
3.  Las solicitudes de adhesión al presente Convenio serán aceptadas o denegadas 
por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, previo informe del Consejo 
General de la Abogacía Española.
4.  En caso de ser aceptada la adhesión de un Colegio de Abogados al presente  es
Convenio, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias remitirá el documento de  bo
adhesión, aceptándolo, indicando la fecha de inscripción del acto de adhesión en el  56ww
PRúebgliisctoro E sEtlaetcatlr,ó ancicoom pEasñtaatnadl od eel  cÓerrgtifaicnaodso  eq uIen satsruí mloe anctroesd idtee. Cooperación del Sector
Quinta.  Comisión de Seguimiento.
Al objeto de conseguir una mayor eficacia y operatividad en las relaciones entre las 
partes, se constituirá una Comisión de Seguimiento, de carácter paritario, con tres 
personas representantes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y con 
tres personas representantes del Consejo General de la Abogacía Española, que se 
reunirán periódicamente y, facultativamente, cuando se considere necesario a petición de 
alguna de las partes.
Además, a esta Comisión de Seguimiento se irán incorporando, con voz y sin voto, 
las entidades que, con arreglo a lo dispuesto en la cláusula cuarta, se adhieran de 
manera efectiva al Convenio.
La Comisión de Seguimiento tendrá la principal función de velar por el cumplimiento 
del Convenio, principalmente en lo que se refiere a la adhesión progresiva al sistema por 
parte de los Colegios de Abogados y los Centros Penitenciarios dependientes de la 
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, hasta la incorporación de todos ellos.
Además, tendrá las siguientes funciones:
a)  Aprobar, por la regla de la unanimidad de las partes, posibles modificaciones en 
el contenido y la forma de ejecución de las actuaciones que no supongan una alteración 
sustancial de lo pactado en el Convenio.
b)  Realizar el seguimiento y la valoración de las actuaciones.
c)  Resolver  los  problemas  de  interpretación  y  cumplimiento  que  pudieran 
plantearse.
Serán de aplicación a la actuación de esta Comisión las normas de constitución y 
actuación de los órganos colegiados establecidos en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público.
Sexta.  Financiación.
El presente Convenio no comportará ningún tipo de contraprestación económica para 
la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ni para el Consejo General de la 
Abogacía Española. Los gastos que pudieran derivarse de las actuaciones que se lleven 
a cabo en cumplimiento del objeto de este Convenio se financiarán con cargos a los 
presupuestos  ordinarios  de  cada  institución,  en  función  de  sus  disponibilidades 
presupuestarias.
En concreto, por parte de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, estos 
gastos ordinarios para facilitar el sistema de comunicación por videoconferencia con los 
Colegios de Abogados se estima que ascenderían a 503.438,00 euros en los años 2021 
y 2022, de acuerdo con el siguiente desglose:
Aplicación 2021 2022
16.05.133A.227 116.500,00 233.000,00
16.05.133A.630 76.969,00 76.969,00
  Total. 193.469,00 309.969,00
A partir del ejercicio 2023 solo habría que atender los 233.000,00 euros anuales de 
gastos corrientes (Capítulo 2). Se hace constar que existe crédito adecuado y suficiente  e.e
para sufragar los gastos ordinarios. b
Por parte del Consejo General de la Abogacía Española, el presente Convenio  56ww
esustpimonaed op aerna  2u6n.3 g3a4s etou rodse. actualización de su aplicación informática «Pases a prisión»
Séptima.  Relación contractual.
Este  Convenio  no  generará,  en  ningún  caso,  relación  laboral  alguna  entre  las 
entidades firmantes y las personas que llevan a cabo la ejecución de las actividades 
incluidas en el Convenio.
Octava.  Naturaleza jurídica y resolución de controversias.
El presente Convenio, de naturaleza jurídico-administrativa, se celebra al amparo de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Las controversias que puedan surgir sobre la interpretación, modificación, ejecución, 
resolución y efectos que puedan derivar del presente Convenio se resolverán entre las 
partes de manera amistosa en el seno de la comisión prevista en la cláusula quinta. En 
su defecto, serán competentes para conocer las cuestiones litigiosas los órganos del 
Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo.
Novena.  Régimen de modificación del Convenio.
Las partes firmantes colaborarán en todo momento de acuerdo con los principios de 
buena fe y eficacia. En todo caso, la modificación de los términos del Convenio requerirá 
el acuerdo unánime de las partes, así como la aceptación expresa de los Colegios de 
Abogados que se hubieran adherido posteriormente de manera efectiva. Para ello, habrá 
de  suscribirse  la  correspondiente  adenda,  siguiendo  los  trámites  previstos  y  la 
autorización previa establecidos en el artículo 50 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Décima.  Vigencia.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
el presente Convenio se perfecciona por la prestación del consentimiento de las partes y 
resultará  eficaz  una  vez  inscrito,  en  el  plazo  de  cinco  días  hábiles  desde  su 
formalización,  en  el  Registro  Electrónico  estatal  de  Órganos  e  Instrumentos  de 
Cooperación del sector público estatal. Asimismo, será publicado en el plazo de diez 
días hábiles desde su formalización en el «Boletín Oficial del Estado». En concreto, 
tendrá una vigencia temporal de cuatro años, período en el cual debería haberse logrado 
la implantación del sistema de videoconferencia en todos los Colegios de Abogados y en 
todos los Centros Penitenciarios dependientes de la Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias.
Undécima.  Causas de extinción.
El  presente  Convenio  se  extingue  por  el  cumplimiento  de  las  actuaciones  que 
constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. Asimismo, el Convenio podrá ser 
denunciado por cualquiera de la partes, o individualmente por las que se adhieran 
posteriormente, denuncia que deberá expresarse y comunicarse por escrito con una 
antelación de dos meses a la fecha en que se hará efectiva la resolución del Convenio. 
El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos en el presente Convenio 
no generará indemnización entre las partes, al tratarse de un acuerdo que no genera 
obligación económica alguna. En el supuesto de extinción anticipada del Convenio, la 
Comisión de Seguimiento resolverá acerca de la forma de finalización de las actuaciones  es
en curso, en un plazo que no podrá ser superior a los dos meses de duración. bo
Las  partes,  o  aquellas  que  se  adhieran,  garantizarán  la  continuidad,  hasta  su  56ww
licamo pnercoxlurtirsnoicóginaó,bn dl eed d eae q tluaree sllva misg eeasncectsiua.a cdioenl eCs oqnuvee nseio ,e nqcuuee nhtraebnr áenn  edjee cuficniaólniz aerns ee l emno meel nptola dzeo   OE-A-2021-63able en https://
Duodécima.  Protección de datos.
1.  Las partes se obligan al cumplimiento de lo previsto en la normativa vigente en materia 
de protección de datos y, en concreto, a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos; la LO 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos 
personales  y  garantías  de  los  derechos  digitales;  y  la  Directiva  (UE)  2016/680  del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las 
autoridades  competentes  para  fines  de  prevención,  investigación,  detección  o 
enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, y a la libre 
circulación de dichos datos, y en la normativa nacional que la transponga.
A estos efectos, las entidades firmantes del Convenio tendrán la consideración de 
responsables de los tratamientos propios en los que se incorporen datos de carácter 
personal respectivamente recabados en el ámbito de las actividades que se desarrollen. 
El acceso a los datos por parte de una de las entidades al tratamiento de la otra parte, se 
realizará con la condición de encargado de tratamiento, única y exclusivamente con la 
finalidad derivada de la realización de las actividades objeto del Convenio. Los datos de 
carácter personal no serán cedidos ni comunicados a terceros, salvo cuando se cedan a 
encargados de tratamiento legitimados o cuando se cedan a otras Administraciones 
Públicas conforme a lo previsto legalmente.
2.  En relación con los datos personales necesarios para el cumplimiento del objeto 
del  presente  Convenio,  actuarán  como  responsables  del  tratamiento  la  Secretaría 
General de Instituciones Penitenciarias y el Consejo General de Abogacía Española, y 
tendrán por finalidad el cumplimiento y desarrollo de lo previsto en la cláusula primera.
3.  Las  partes  firmantes  están  obligadas  a  implantar  medidas  técnicas  y 
organizativas  necesarias  que  garanticen  la  seguridad  e  integridad  de  los  datos  de 
carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.
4.  Las  partes  firmantes  del  Convenio  quedan  exoneradas  de  cualquier 
responsabilidad  que  se  pudiera  generar  por  incumplimiento  de  las  obligaciones 
anteriores efectuada por cualquiera otra parte. En caso de quebrantamiento de las 
obligaciones  asumidas,  la  entidad  que  los  hubiera  cometido  responderá  de  las 
infracciones en que hubiera incurrido.
Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, firman el presente Convenio en 
dos ejemplares originales, igualmente válidos, en el lugar y la fecha arriba indicados.–El 
Secretario  General  de  Instituciones  Penitenciarias,  Ángel  Luis  Ortiz  González.–La 
Presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega Benito.
ANEXO I
Acto de adhesión
D. / Dña. (nombre y apellidos), (indicar el cargo), en representación del (indicar el 
Colegio de Abogados), en virtud de su nombramiento por (indicar el nombramiento en 
virtud del cual actúa), amparo de lo previsto en el artículo … de la Ley …, con domicilio a 
efectos del presente acto de adhesión en (indicar domicilio del Colegio de Abogados),
DECLARA o
Que el (órgano competente) de (Colegio de Abogados) ha acordado, con fecha  56ww
I(ninsdtiitcuacri olnae sfe cPhean),it esnocliicairtiaars  lay  aedl hCesoinósne jaol  GCoennveeranli od ee nltare  A«bLoag aSceíac reEtsapríaañ oGlae npeararal  dlea 
implantación  del  sistema  de  comunicación  por  videoconferencia  entre  colegios  de
abogados y centros penitenciarios», de (indicar la fecha) y publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» (indicar la fecha de su publicación),
MANIFIESTA
La voluntad del (Colegio de Abogados), cuya representación ostenta, de adherirse 
expresamente a todas y cada una de las cláusulas del convenio citado anteriormente, 
asumiendo las obligaciones derivadas del mismo y con sujeción a todas sus cláusulas. 
Que, a estos efectos, se adjunta certificación del acuerdo del órgano correspondiente de 
esta Colegio de Abogados por el que se adopta la decisión de solicitar la adhesión al 
convenio citado anteriormente.
(Lugar y fecha).
(antefirma, firma y, en su caso sello del Colegio de Abogados).
De conformidad con el procedimiento establecido en la cláusula cuarta del Convenio 
entre «La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y el Consejo General de la 
Abogacía  Española  para  la  implantación  del  sistema  de  comunicación  por 
videoconferencia entre colegios de abogados y centros penitenciarios», de (indicar la 
fecha) y publicado en el «Boletín Oficial del Estado» (indicar la fecha de su publicación), 
la  Secretaría  General  de  Instituciones  Penitenciarias  presta  su  conformidad  a  la 
adhesión del Colegio de Abogados.
De acuerdo con la cláusula décima, produce efectos para el Colegio de Abogados el 
presente acto de adhesión desde su inscripción en el Registro Electrónico Estatal de 
Órganos e Instrumentos de Cooperación del Sector Público Estatal que tuvo lugar el 
(indicar la fecha) y así se prueba mediante el certificado de inscripción que se adjunta.
(Lugar y fecha).
La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
(firma y sello).