BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 196 Sábado 18 de julio de 2020 Sec. TC.   Pág. 53623
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
8132 Sala Segunda. Sentencia 48/2020, de 15 de junio de 2020. Recurso de 
amparo 2570-2018. Promovido por don Ramón Constantino Arias García 
respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e 
instrucción de Siero en procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración 
del derecho a la tutela judicial efectiva (motivación): STC 31/2019 (ausencia 
de control judicial de las cláusulas abusivas que desconoce la primacía del 
Derecho de la Unión Europea y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia). 
Voto particular.
ECLI:ES:TC:2020:48
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por la magistrada doña 
Encarnación Roca Trías, presidenta, y los magistrados don Fernando Valdés Dal-Ré, don 
Juan  Antonio  Xiol  Ríos,  don  Pedro  José  González-Trevijano  Sánchez,  don  Antonio 
Narváez Rodríguez y don Ricardo Enríquez Sancho, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 2570-2018, promovido por don Ramón Constantino 
Arias García, contra el auto del Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de Siero de 16 de 
marzo de 2018, que desestimó el incidente de nulidad de actuaciones promovido contra 
el auto de 10 de noviembre de 2015, pronunciado en el procedimiento de ejecución de 
títulos  no  judiciales  núm.  151-2015.  Ha  sido  parte  la  entidad  Unicaja  Banco,  S.A., 
representada  por  el  procurador  de  los  tribunales  don  Javier  Álvarez  Díez,  bajo  la 
dirección de la letrada doña Marta Junquera Sánchez-Molina. Ha intervenido el Ministerio 
Fiscal. Ha sido ponente el magistrado don Juan Antonio Xiol Ríos.
I. Antecedentes
1.  Don Ramón Constantino Arias García, representado por el procurador de los 
tribunales don Benigno González González y bajo la dirección del letrado don Jaime 
Edelmiro  Carvajal  González,  interpuso  recurso  de  amparo  contra  las  resoluciones 
judiciales que se mencionan en el encabezamiento de esta sentencia mediante escrito 
registrado en este Tribunal el 10 de mayo de 2018.
2.  El recurso tiene su origen en los siguientes antecedentes:
a)  El 14 de octubre de 2015, la entidad Banco de Caja de España de Inversiones, 
Salamanca y Soria, S.A.U., presentó demanda de ejecución de título no judicial contra el  s
recurrente y otras dos personas como deudores de un préstamo por el impago de  e.
determinadas cuotas, siendo tramitado con el núm. 151-2015 por el Juzgado de Primera  w.
Instancia núm. 3 de Siero, que dictó auto de 10 de noviembre de 2015 despachando la  32ww
eejjeeccuucciióónn.. El auto no fue recurrido y el demandante de amparo tampoco se opuso a la
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CE) y de la normativa comunitaria, con base en el Directiva 91/13/CEE, por no haberse 
hecho aplicación de la jurisprudencia sobre la revisión de oficio de cláusulas abusivas en 
cualquier fase del procedimiento.
c)  La solicitud fue denegada por auto de 16 de marzo de 2018 argumentando que 
el auto despachando la ejecución se dictó de forma correcta sin que hubiera sido 
recurrido, por lo que ganó firmeza, y tampoco se ejercitó en aquel momento oposición a 
la ejecución ni se alegó la existencia de ninguna cláusula abusiva.
3.  El demandante solicita que se otorgue el amparo por vulneración del derecho a 
la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en relación con los arts. 10.2, 93 y 94 CE, 
declarándose la nulidad de la resolución impugnada con retroacción de actuaciones para 
que se verifique un control judicial de oficio de la eventual abusividad de las cláusulas del 
contrato de préstamo que dio lugar al procedimiento de ejecución, con fundamento en 
que la decisión judicial de negarse a realizar dicho control por preclusión del plazo es 
contraria a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en materia de 
cláusulas abusivas, que obliga a los tribunales a examinar de oficio y en cualquier 
momento del proceso la abusividad de las cláusulas del contrato.
4.  La Sección Tercera de este Tribunal, por sendas providencias de 15 de julio 
de 2019, acordó la admisión a trámite del presente recurso, apreciando que concurre en 
el mismo una especial trascendencia constitucional [art. 50.1 Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional (LOTC)] porque el asunto suscitado transciende el caso concreto porque 
plantea una cuestión jurídica de relevante y general repercusión social o económica 
[STC 155/2009, FJ 2 g)]; dirigir atenta comunicación al órgano judicial para que remita 
certificación o fotocopia adverada de las actuaciones y emplazamiento para que puedan 
comparecen en los recursos de amparo quienes hubieran sido parte en el procedimiento; 
y la formación de pieza separada para la tramitación del incidente sobre la suspensión 
solicitada, que fue denegada por ATC 97/2019, de 16 de septiembre.
5.  La Secretaría de Justicia de la Sala Segunda de este Tribunal, por diligencia de 
ordenación de 26 de septiembre de 2019, acordó tener por personada a la entidad 
Unicaja Banco, S.A., representada por el procurador de los tribunales don Javier Álvarez 
Díez, y dar vista de las actuaciones al Ministerio Fiscal y a las partes personadas por 
plazo común de veinte días para presentar las alegaciones que estimasen pertinentes, 
de conformidad con el art. 52 LOTC.
6.  El Ministerio Fiscal, por escrito registrado en este Tribunal el 23 de octubre 
de 2019, interesa que se estime el recurso por vulneración del derecho a la tutela judicial 
efectiva (art. 24.1 CE) anulándose el auto de 16 de marzo de 2018 con retroacción de 
actuaciones.  Expone  que  la  cuestión  a  dilucidar  no  es  el  carácter  abusivo  o  del 
clausulado del contrato a ejecutar, sino si el órgano judicial ha actuado correctamente al 
denegar  el  examen  de  esa  condición  por  considerar  la  pretensión  extemporánea, 
vulnerando así el artículo 24.1 CE. Tras la transcripción de diferentes fundamentos de la 
STJUE de 26 de enero de 2017, el fiscal concluye que el juzgado ha desoído la doctrina 
allí dictada al apoyar su decisión de desestimar el incidente de nulidad de actuaciones en 
el efecto preclusivo de la posible oposición y en el carácter inatacable que acompaña al 
auto despachando ejecución.
7.  La parte comparecida, por escrito registrado el 21 de octubre de 2019, solicita 
que  se  desestime  el  recurso,  argumentando  que  ha  sido  la  propia  conducta  del  e.e
recurrente no oponiéndose a la ejecución ni alegando en su momento la abusividad de  b
las  cláusulas  la  que  ha  motivado  la  preclusión  de  ese  análisis,  sin  que  pueda  32ww
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8.  El demandante presentó sus alegaciones mediante escrito registrado el 4 de 
noviembre de 2019 ratificándose en las formuladas en su demanda de amparo.
9.  Por providencia de 11 de junio de 2020, se señaló para la deliberación y votación 
de la presente sentencia el día 15 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
Único.  Aplicación de la jurisprudencia establecida en la STC 31/2019, de 28 de febrero.
El objeto de este recurso es determinar si vulnera el derecho a la tutela judicial 
efectiva del recurrente (art. 24.1 CE) la decisión judicial adoptada en el procedimiento de 
ejecución de títulos no judiciales de rechazar la petición, amparada en la aplicación de la 
normativa comunitaria y en la jurisprudencia que la interpreta, de analizar la abusividad 
de determinadas cláusulas del contrato de préstamo cuya ejecución se instaba, con el 
argumento de que el auto despachando la ejecución se dictó de forma correcta sin que 
hubiera sido recurrido, por lo que ganó firmeza, y tampoco se ejercitó en aquel momento 
oposición a la ejecución ni se alegó la existencia de ninguna cláusula abusiva.
Este objeto es, en lo fundamental, el mismo que el resuelto por este Tribunal en la 
STC 31/2019, de 28 de febrero. En aquel caso también se había solicitado el control del 
carácter  abusivo  de  un  préstamo  al  amparo  del  Derecho  de  la  Unión  Europea 
(Directiva  93/13/CEE,  del  Consejo,  de  5  de  abril,  sobre  cláusulas  abusivas  en  los 
contratos celebrados con consumidores y STJUE de 26 de enero de 2017, C-421/14, 
asunto Banco Primus, S. A., v. Jesús Gutiérrez García), que había sido rechazado 
porque el recurrente no se opuso en el plazo establecido a la ejecución alegando la 
abusividad  y  porque  la  ejecución  se  despachó  cumpliendo  todos  los  requisitos 
procesales.  Pues  bien,  la  citada  STC  31/2019,  declaró  que,  de  acuerdo  con  la 
Directiva 93/13/CEE, conforme a la interpretación realizada por parte del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea (sentencia de 26 de enero de 2017), las «cláusulas cuyo 
eventual carácter abusivo no haya sido aún examinado en un anterior control judicial del 
contrato controvertido concluido con la adopción de una resolución con fuerza de cosa 
juzgada, deben ser conocidas por el juez nacional, bien a instancia de parte o de oficio» 
(FJ 6). De ese modo, la STC 31/2019 establece (i) que no cabe considerar que el plazo 
para denunciar la existencia de cláusulas abusivas haya precluido solo porque la parte 
ejecutada no formulase oposición a la ejecución en el plazo de diez días previsto en el 
art. 557, en relación con el art. 556, ambos de la Ley de enjuiciamiento civil (FJ 6); y (ii) 
que «no consta en ningún apartado del auto despachando la ejecución que se haya 
producido un examen del clausulado contractual», sin que pueda entenderse realizado y 
justificado con la simple afirmación de que la demanda ejecutiva «cumple los requisitos 
establecidos en el artículo 685 de la LEC [Ley de enjuiciamiento civil]» (FJ 8). Por ello 
concluye «que el juzgado vulneró el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva 
(art. 24.1 CE) con su inmotivada contestación acerca de la existencia de un control de la 
cláusula previo a la denuncia –única excepción contemplada por el Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea para excluir, de haberse dictado resolución firme, un examen 
posterior–, pues ‘mal se puede realizar un control –ni siquiera externo– de lo que carece 
de un razonamiento expreso’» (FJ 8).
En el presente caso, tomando en consideración que también la respuesta judicial 
para  denegar  hacer  un  control  de  la  abusividad  del  clausulado  del  contrato  cuya 
ejecución había dado lugar al procedimiento de ejecución de títulos judiciales fue el  e.e
carácter preclusivo del plazo legal para realizar la oposición a la ejecución y la firmeza  b
del auto despachando la ejecución, debe concluirse, por las mismas razones expuestas  32ww
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Derecho europeo efectuada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es el 
único órgano competente para hacerlo con carácter vinculante.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar el recurso de amparo interpuesto por don Ramón Constantino Arias García y, 
en su virtud:
1.º  Declarar que ha sido vulnerado el derecho fundamental del demandante de 
amparo a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE).
2.º  Restablecerle en su derecho y, en consecuencia, declarar la nulidad del auto del 
Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de Siero de 16 de marzo de 2018, pronunciado en 
el procedimiento de ejecución de títulos no judiciales núm. 151-2015.
3.º  Retrotraer  las  actuaciones  al  momento  inmediatamente  anterior  al 
pronunciamiento de la citada resolución para que el órgano judicial dicte una nueva 
respetuosa con el derecho fundamental vulnerado.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a quince de junio de dos mil veinte.–Encarnación Roca Trías.–
Fernando  Valdés  Dal-Ré.–Juan  Antonio  Xiol  Ríos.–Pedro  José  González-Trevijano 
Sánchez.–Antonio Narváez Rodríguez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Firmado y rubricado.
Voto particular que formula el magistrado don Ricardo Enríquez Sancho a la sentencia 
dictada en el recurso de amparo núm. 2570-2018.
En el ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 90.2 de la Ley Orgánica del 
Tribunal Constitucional y con el máximo respeto a la opinión de la mayoría, formulo el 
presente voto particular por discrepar de la fundamentación y del fallo de la sentencia 
recaída  en  el  recurso  de  amparo  núm.  2570-2018,  el  cual  a  mi  juicio  debió  ser 
desestimado.
Las razones de mi discrepancia han quedado detalladamente expuestas en el voto 
particular formulado a la sentencia 31/2019, de 28 de febrero, que resolvió una demanda 
de amparo sustancialmente idéntica a la presente, al que por tanto me remito.
Y en tal sentido emito mi voto particular.
Madrid, quince de junio de dos mil veinte.–Ricardo Enríquez Sancho.–Firmado y 
rubricado.