BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 182 Sábado 31 de julio de 2021 Sec. TC.   Pág. 93387
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
13019 Pleno.  Sentencia  135/2021,  de  24  de  junio  de  2021.  Recurso  de 
inconstitucionalidad 4090-2019. Interpuesto por más de cincuenta diputados 
del Grupo Parlamentario Ciudadanos en el Congreso respecto de la Ley Foral 
16/2019, de 26 de marzo, de reconocimiento y reparación de las víctimas por 
actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o 
funcionarios públicos. Principio de reserva de jurisdicción; derecho a la tutela 
judicial  efectiva  e  intangibilidad  de  las  sentencias,  derechos  al  honor, 
intimidad y propia imagen, a la protección de datos y a la presunción de 
inocencia;  garantías  del  proceso  penal:  STC  108/2021  [interpretación 
conforme con la Constitución de los preceptos legales que establecen el 
deber de colaboración de los poderes públicos navarros en la realización del 
«derecho a la verdad» y definen las funciones que puede desempeñar la 
Comisión  de  Reconocimiento  y  Reparación  en  la  averiguación, 
documentación y acreditación de hechos (STC 83/2020)]. Voto particular.
ECLI:ES:TC:2021:135
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por el magistrado don Juan José 
González  Rivas,  presidente,  la  magistrada  doña  Encarnación  Roca  Trías,  los 
magistrados don Andrés Ollero Tassara, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan 
Antonio Xiol Ríos, don Antonio Narváez Rodríguez, don Alfredo Montoya Melgar, don 
Ricardo Enríquez Sancho, don Cándido Conde-Pumpido Tourón y la magistrada doña 
María Luisa Balaguer Callejón, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En  el  recurso  de  inconstitucionalidad  núm.  4090-2019,  promovido  por  más  de 
cincuenta  diputados  del  Grupo  Parlamentario  Ciudadanos  en  el  Congreso  de  los 
Diputados, contra la Ley Foral 16/2019, de 26 de marzo, de reconocimiento y reparación 
de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema 
derecha  o  funcionarios  públicos.  Han  intervenido  el  Gobierno  y  el  Parlamento  de 
Navarra. Ha sido ponente el magistrado don Andrés Ollero Tassara.
I. Antecedentes
1.  Con fecha 1 de julio de 2019 tuvo entrada en el registro de este tribunal el 
recurso de inconstitucionalidad presentado por más de cincuenta diputados del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos en el Congreso de los Diputados contra la Ley Foral 16/2019, 
de 26 de marzo, de reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación  e
política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos. b
2L.o s Eld riepcuutarsdoo ss e rfeucnudrarmenetnetsa  ecno lnassi daeleragna cioqnuees  qlau e sleeyg uifdoaraml enitmep sueg rneasduam erne.itera  2021-13019n https://ww
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extrema  derecha  o  por  funcionarios  públicos  y,  por  tanto,  incurre  en  los  vicios  de 
inconstitucionalidad  de  los  que  adolecían  los  preceptos  de  esta  ley  relativos  a  la 
competencia  y  funciones  de  la  Comisión  de  Reconocimiento  y  Reparación,  según 
declaró la STC 85/2018, de 19 de julio. Hay una evidente continuidad, sostienen, entre la 
Ley Foral 16/2015, declarada inconstitucional en parte por la STC 85/2018, y la Ley 
Foral 16/2019, que la deroga y sustituye. Al propio tiempo, se trata de un intento 
consciente  y  deliberado  de  desconocer  los  pronunciamientos  de  la  STC  85/2018, 
promulgando una nueva ley foral que en lo sustancial mantiene el mismo contenido de la 
anterior ley foral parcialmente anulada por el Tribunal Constitucional. Lejos de corregir 
las  inconstitucionalidades  apreciadas  en  la  STC  85/2018,  el  legislador  foral  intenta 
camuflarlas, aplicando «cambios cosméticos» que no pueden ocultar el empeño en 
salvar el régimen inconstitucional de la Ley Foral 16/2015.
En consecuencia, los diputados recurrentes formulan contra la Ley Foral 16/2019, en 
su integridad, dos motivos de inconstitucionalidad, íntimamente vinculados entre sí y 
coincidentes con los reproches de constitucionalidad que el presidente del Gobierno 
planteó contra la Ley Foral 12/2016 en el recurso resuelto por la citada STC 85/2018:
a)  La  ley  foral  impugnada  vulnera  la  reserva  constitucional  de  la  potestad  de 
investigar y declarar la existencia de hechos constitutivos de delito y de determinar su 
autoría, que corresponde, en exclusiva, a los jueces y tribunales del orden penal, en el 
ejercicio de la función jurisdiccional (art. 117.3 CE).
b)  La ley foral impugnada vulnera las garantías constitucionales de los derechos de 
todas las personas implicadas o afectadas por aquella investigación; en particular, el 
derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), pero también los derechos al honor 
(art. 18.1 CE) y a la protección de datos personales (art. 18.4 CE), así como a la 
presunción de inocencia (art. 24.2 CE) y a la legalidad sancionadora (art. 25.1 CE).
Sostienen así los diputados recurrentes que la legítima finalidad que persigue el 
legislador foral de articular un régimen de solidaridad colectiva con las víctimas de la 
violencia de motivación política no puede llevarse a cabo, como se hacía en la Ley 
Foral 16/2015 y se sigue haciendo en la Ley Foral 16/2019, atropellando las garantías 
constitucionales de reserva de jurisdicción en la función de investigación de los hechos 
delictivos y de sus autores, con la consiguiente afectación negativa a los derechos 
fundamentales de las personas implicadas en los hechos presuntamente constitutivos de 
delito.
El parámetro de constitucionalidad para enjuiciar la Ley Foral 16/2019 viene dado por 
la interpretación de la reserva constitucional de jurisdicción (art. 117 CE) realizada por la 
STC 85/2018 al enjuiciar la Ley Foral 16/2015. Afirmó entonces el Tribunal Constitucional 
que  la  regulación  de  las  competencias  y  del  funcionamiento  de  la  Comisión  de 
Reconocimiento y Reparación creada por dicha ley foral comporta la atribución de una 
función materialmente jurisdiccional a este órgano ad hoc, lo que invade la reserva de 
jurisdicción penal para la investigación de los hechos delictivos.
Siguiendo la doctrina sentada por la STC 85/2018, los diputados recurrentes afirman 
que  la  regulación  de  las  competencias  y  del  funcionamiento  de  la  Comisión  de 
Reconocimiento y Reparación que se contiene ahora en la Ley Foral 16/2019 adolece 
del mismo vicio de inconstitucionalidad que la Ley Foral 16/2015. Es cierto que se han 
introducido algunos cambios, pero son en realidad irrelevantes, pues lo decisivo es que a 
la  Comisión  se  le  sigue  atribuyendo  el  ejercicio  de  funciones  materialmente 
jurisdiccionales, al margen del proceso penal y de sus garantías. La Comisión continúa  e
desplegando  una  función  de  investigación  (ahora  llamada  «estudio»)  dirigida  a  la  bo
comprobación  de  la  veracidad  (prueba)  de  los  hechos  constitutivos  de  la  violencia  019ww
pqouleít ilcaa ,le ay  lfoosr ael fecoctnotse mdepll ar.e cYo neostcaim fuiennctioó nd ee nla ms avíncotism daes  puanraa  aeul tdoirsidfraudte a ddem lionsis tdreartievcah eoss 
incoLnas titCuocmionisaiól,n c ormomo pyear ídae celal rmó olan oSpToCli o8 5d/2e0 1la8 .jurisdicción  penal  en  relación  con  la
investigación  de  los  hechos  ilícitos  tipificados  como  delito,  pues  ejerce  funciones
materialmente jurisdiccionales de investigación y fijación de hechos delictivos al margen 
del proceso judicial y de sus garantías. Investiga conductas delictivas a los efectos no 
solo del reconocimiento de la condición de víctima, sino también para determinar los 
autores.
Además, la Comisión desarrollaría una investigación que violenta los derechos de los 
terceros implicados, al llevarse a cabo al margen del proceso penal. Aunque se ha 
incluido un nuevo «principio de garantía de los derechos de terceras personas» (art. 5.5), 
este  principio  de  actuación  no  se  ha  concretado,  en  relación  con  el  específico 
procedimiento de investigación, en ningún derecho de los presuntos responsables, que 
además quedan obligados a comparecer ante la Comisión y atender el requerimiento de 
información  (art.  10).  En  suma,  las  personas  que  pueden  ser  declaradas  como 
responsables de las actuaciones vulneradoras de los derechos humanos por la Comisión 
no  solo  carecen  de  derechos,  sino  que  se  les  impone  el  deber  de  atender  los 
requerimientos  de  información  que  se  les  pudiera  dirigir.  Este  requerimiento 
incondicionado entra en conflicto con derechos fundamentales como la prohibición de 
autoincriminación o la presunción de inocencia.
La Comisión enjuicia hechos constitutivos de delito y establece su autoría, sin que las 
cautelas introducidas en la Ley Foral 16/2019 (arts. 5.6 y 6, párrafos segundo y tercero) 
sean suficientes para salvar su inconstitucionalidad, porque tienen por finalidad, en 
última instancia, proteger el ejercicio por una autoridad administrativa (la Comisión) de 
una función que es materialmente jurisdiccional. No cabe cautela alguna para evitar 
aquello que la Constitución no permite en ningún caso. Si los hechos son ilícitos penales, 
no cabe actuación ni investigadora ni de resolución de la determinación de hechos ni de 
declaración de autoría por parte de ninguna comisión administrativa, como ya declaró la 
STC 85/2018.
Asimismo razonan los diputados recurrentes que el hecho de que una comisión 
administrativa  determine,  de  manera  directa  o  indirecta,  que  un  funcionario  o  un 
particular es el responsable de vulneraciones de derechos humanos, violentaría sus 
derechos fundamentales desde el momento en que tiene una finalidad aflictiva para el 
funcionario  o  particular  señalado  como  responsable.  En  concreto,  supone  la 
conculcación del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), por cuanto esa 
declaración de responsabilidad se establece al margen del proceso judicial y de sus 
garantías. Asimismo lesiona el derecho al honor (art. 18.1 CE), toda vez que el informe 
de la Comisión y la posterior resolución administrativa que determina la autoría afectan, 
al  margen  del  proceso  judicial,  la  consideración  propia  y  social  de  los  supuestos 
responsables. El derecho a la protección de datos de carácter personal (art. 18.4 CE) 
también  resulta  vulnerado,  porque  los  datos  nominativos  y  los  relativos  a  las 
circunstancias  personales  de  quienes  aparecen  como  supuestos  responsables  son 
objeto  de  tratamiento  sin  mediar  consentimiento  alguno  de  los  afectados.  Vulnera 
asimismo el derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE), pues la autoridad 
administrativa establece, directa o indirectamente, autoría y culpabilidades en relación 
con hechos delictivos, siendo incompetente para ello y al margen del proceso judicial. En 
fin, se infringe el principio de legalidad penal (art. 25.1 CE), porque la actuación de la 
Comisión  y,  posteriormente,  de  la  autoridad  administrativa  que  resuelve,  supone  la 
aplicación material de un castigo a unas personas supuestamente responsables por una 
«infracción» que no está tipificada administrativamente (solo podría serlo penalmente) y 
que, además, se aplica retroactivamente.
3.  Por providencia de 5 de septiembre de 2019 el Pleno del Tribunal acordó admitir  e.
a trámite el recurso de inconstitucionalidad, dar traslado de la demanda y documentos  w.b
presentados, conforme establece el art. 34 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional  019ww
(aLl OGToCb)ie, ranl oC oy naglr ePsaor ldaem leonst oD idpeu taNdaovsa ryr aa,l  aSle onbajdeoto,  adseí  cqoume oe anl  eGl opbliaezrnoo d dee  qlau inNcaec iódnía sy 
cpoundvieernaine ntpeesr. sAosniamrissem oe sne  oerld epnróo cpeusboli cayr  lafo irnmcuolaacri ónla ds el arleecguarcsioo neens e l q«uBeo leetísnt imOaficreianl 
del Estado» (publicación que tuvo lugar en el núm. 215, de 7 de septiembre de 2019), así 
como en el «Boletín Oficial de Navarra».
4.  Por escrito que tuvo entrada en este tribunal el 13 de septiembre de 2019, la 
presidenta del Congreso de los Diputados comunicó el acuerdo de la mesa de la cámara 
de personarse y ofrecer su colaboración a los efectos del art. 88.1 LOTC. Otro tanto hizo 
el  presidente  del  Senado,  mediante  escrito  registrado  en  este  tribunal  el  19  de 
septiembre de 2019.
5.  Mediante escrito registrado en este tribunal el 23 de septiembre de 2019, se 
personó el abogado del Estado en la representación que ostenta, exclusivamente a los 
efectos  de  que  se  le  notifiquen  las  resoluciones  que  se  dicten  en  este  proceso 
constitucional.
6.  El procurador de los tribunales don Noel de Dorremoechea Guiot, actuando en 
nombre y representación del Gobierno de Navarra, asistido por doña Belén Cilveti Gubía, 
asesora jurídica-letrada del servicio de asesoría jurídica de ese Gobierno, se personó en 
el presente recurso mediante escrito registrado en este tribunal el 25 de septiembre 
de  2019.  Solicitó  que  se  le  concediera  prórroga  del  plazo  conferido  para  formular 
alegaciones.
7.  Mediante diligencia de ordenación de 26 de septiembre de 2019 se tuvo por 
personado al procurador de los tribunales don Noel de Dorremoechea Guiot en nombre 
del Gobierno de Navarra y se le prorrogó en ocho días más el plazo conferido por la 
providencia de 5 de septiembre de 2019.
8.  La letrada del Parlamento de Navarra, actuando en representación y defensa de 
esta  institución,  se  personó  en  el  recurso  de  inconstitucionalidad  mediante  escrito 
registrado en este tribunal el 4 de octubre de 2019 y formuló las alegaciones que 
seguidamente se resumen.
Se refiere en primer lugar al contenido de la Ley Foral 16/2019, de 26 de marzo, para 
destacar que esta ley tiene como único objeto el que se desprende de su propio título: el 
reconocimiento  y  la  reparación  de  las  víctimas  por  actos  de  motivación  política 
provocados  por  grupos  de  extrema  derecha  o  funcionarios  públicos;  a  tal  efecto 
establece el oportuno procedimiento administrativo. La Ley Foral 16/2019 carece de 
pretensión  sancionadora  alguna.  No  contiene  ningún  precepto  encaminado  a  la 
indagación de ilícitos penales ni a la determinación de la autoría de esos ilícitos; la 
responsabilidad  penal  no  es  objeto  de  examen  en  el  contexto  del  procedimiento 
administrativo de reconocimiento y reparación de las víctimas. La Ley Foral 16/2019 no 
atribuye  funciones  materialmente  jurisdiccionales  a  ningún  órgano  administrativo  y 
respeta absolutamente el contenido de las sentencias y resoluciones firmes de jueces y 
tribunales. En consecuencia, concluye que la Ley Foral 16/2019 respeta el principio de 
reserva que la Constitución atribuye a los órganos judiciales, a la fiscalía y a la policía 
judicial.
Sostiene  a  continuación  que  el  recurso  de  inconstitucionalidad  no  precisa  con 
claridad los preceptos concretos de la Ley Foral 16/2019 que se impugnan, como exige 
el art. 33 LOTC. Esta indeterminación impide articular una defensa con plenas garantías. 
A ello se añade que la argumentación del recurso resulta tan vaga que hace imposible 
un pronunciamiento del Tribunal Constitucional, pues los recurrentes se limitan a afirmar 
que  la  Ley  Foral  16/2019  viene  sustancialmente  a  reiterar  el  contenido  de  la  Ley  e.e
Foral 16/2015, de 10 de abril, parcialmente anulada por la STC 85/2018, de 19 de julio,  b
pero omiten una adecuada argumentación que sustente la pretensión de declaración de  019ww
ilnac ionnasdtmituiscióionn adleidl aredc quurseo d, isrieggeúnn c poonstrtau lala  laL erey pFroersaeln 1ta6c/2ió0n1 9d.e Tl oPdaor laemlloe dnetob edreí aN caovnadrruac.ir a
DereAc hcoo nintitneurnaaccióionn aelx, aemstinaata l lay  ainustoenrcóiómnic od er elgau llaedyo rf odreall  riemcpoungoncaimdaie neton  ae ll ams avríccotim daesl 
del terrorismo y otros delitos violentos bajo idénticos parámetros normativos. Se pone de
relieve, en síntesis, la evolución del Derecho internacional en este ámbito a favor de la 
solidaridad, entendida como el deber público de minimizar la victimización, reparar el 
daño causado y contribuir a la cohesión social, devenir presente también en el Derecho 
estatal y en el autonómico. Navarra ha dictado cuatro leyes al respecto, constituyendo la 
ley foral ahora recurrida (que sustituye a la Ley Foral 16/2015, declarada en parte 
inconstitucional por la STC 85/2018) el cierre del sistema, al incluir en su ámbito de 
aplicación un residual grupo de víctimas de delitos violentos de motivación política no 
contemplados en las leyes forales anteriores, como tampoco en la legislación estatal. El 
sistema estrictamente administrativo instituido por la Ley Foral 16/2019 es del todo 
homologable  con  la  normativa  internacional,  nacional  y  autonómica  y  plenamente 
respetuoso y compatible con la jurisdicción penal.
Sostiene, en recapitulación de lo que antecede, que todo el copioso entramado de la 
normativa reseñada preconiza y admite con generalidad las potestades administrativas 
para adoptar medidas de reconocimiento y reparación de las víctimas, previa la lógica y 
necesaria investigación de la administración competente y de forma compatible con el 
conocimiento penal de los hechos para la determinación de la responsabilidad criminal 
que de ellos deriva. Resulta desproporcionada así la genérica tacha que el recurso dirige 
a la ley foral impugnada por menoscabo del monopolio jurisdiccional (art. 117.3 CE).
Se afirma, en consecuencia, la plena constitucionalidad de la Ley Foral 16/2019. El 
procedimiento administrativo de reconocimiento y reparación de las víctimas establecido 
en  esta  ley  no  invade  funciones  propias  de  la  jurisdicción  penal.  Las  agresiones, 
atentados o violaciones graves de derechos humanos pueden, en efecto, revestir el 
carácter de delitos, pero así ocurre con toda la normativa antes examinada, pues el 
poder público no solo actúa en el plano de la exigencia de responsabilidad penal, sino 
que se proyecta también en la vertiente de la protección integral de las víctimas, como 
actuación complementaria.
El objeto del proceso penal se circunscribe a la declaración de la existencia de un 
hecho típico y punible y a la determinación de su autoría, pudiendo pronunciarse también 
sobre la responsabilidad civil, en tanto que el procedimiento de la Ley Foral 16/2019 
tiene por objeto la acreditación de la condición de víctima y la determinación de los 
derechos de rehabilitación e indemnización que correspondan. Es de destacar que el 
art. 12 de esta ley foral asemeja los efectos de la declaración de víctima a los propios de 
tal declaración en el caso de las víctimas del terrorismo conforme a la Ley Foral 9/2010. 
Siendo clara la independencia y compatibilidad de procesos penales y procedimientos 
administrativos, ambos pueden recaer sobre los mismos hechos y la ley foral impugnada 
dispone que  su realidad habrá  de acreditarse  en el expediente. Las facultades de 
investigación  de  la  Comisión  instituida  por  la  Ley  Foral  16/2019  son  en  todo 
homologables a las atribuidas a otros órganos similares en la normativa de protección de 
víctimas y además esta ley foral no atribuye a la Comisión ninguna potestad de carácter 
investigador sobre los hechos ni tampoco para la determinación de una posible autoría 
desde el punto de vista de la jurisdicción penal.
Advierte  asimismo  que  los  preceptos  de  la  Ley  Foral  16/2015  declarados 
inconstitucionales por la STC 85/2018 no han sido incorporados de ninguna manera a la 
Ley Foral 16/2019, que la deroga. No hay más que leer el contenido de una y otra ley 
para  llegar  a  esta  conclusión  por  más  que  los  recurrentes  afirmen  lo  contrario, 
retorciendo para ello el tenor literal de la norma. Antes bien, lo que se ha hecho es incluir 
otros  preceptos  en  la  Ley  Foral  16/2019  para  reforzar  precisamente  el  carácter 
plenamente constitucional de la norma legal. En particular, se han incorporado varios  s
preceptos que garantizan la no interferencia del procedimiento administrativo que regula  oe.
la Ley Foral en el ámbito que corresponde en exclusiva a la jurisdicción penal (arts. 5.6,  w.
6.2 y 3 y 10.4). 019ww
cumEpnle  lolo qsu ree qseu isreitfoiesr ee xai glaid ocos lapboor ralac iójunr isdper uladse pneciras ocnoanss tpitruivcaiodnaasl,,  lay aL eqyu eF oerla ld 1e6b/e2r0 1se9 
Eesl tpaabpleecl ed ee ne sntoarsm pae crsoonn raasn sgeo  ldime itleay a y p eress ptaror plao rccoiolanbaodroa cai ólons q fuinee lse se ns eeall are eqsutearbidleac ipdaorsa.   BOE-A-cable e
facilitar el estudio de los hechos en el marco de los expedientes que se tramiten Por otra 
parte, el cumplimiento del deber de comparecencia, establecido en la ley, no debe 
confundirse con una obligación de confesar conductas infractoras del ordenamiento 
jurídico. La Ley Foral garantiza que el procedimiento sea escrupuloso con el respeto al 
derecho a la intimidad y a la protección de datos (arts. 6, 7 y 10.2). Los derechos 
constitucionales no se ven afectados de ningún modo por lo dispuesto en la Ley Foral, 
que los garantiza expresamente en su art. 5.5.
El  Tribunal  Constitucional  no  cuestionó  en  su  STC  85/2018  el  reconocimiento 
administrativo de la condición de víctima y los modos de reparación del daño causado. 
Lo que consideró inconstitucional fue que la reparación se realizase a resultas de una 
investigación y fijación extrajudiciales de hechos que pudieran ser delictivos y cuya 
verificación  quedaría  acreditada  por  la  actuación  de  la  Comisión.  En  suma,  la 
STC 85/2018 consideró parcialmente inconstitucional la Ley Foral 16/2015 porque esta 
norma articuló un procedimiento autónomo y acabado en sí mismo para la investigación 
y  esclarecimiento  de  hechos  que  son  ilícitos  penales  (con  potestades  incluso  para 
desconocer lo ya resuelto por la jurisdicción penal), cuestión que corresponde por entero 
a los jueces y tribunales penales, conforme al art. 117 CE. Por el contrario, la Ley 
Foral 16/2019 no regula una investigación en el sentido cuestionado por la STC 85/2018. 
No  establece  esta  ley  un  procedimiento  de  indagación  pública  con  sujeción  de 
cualesquiera  personas  y  menos  aún  con  la  pretensión  de  «fijar  la  verdad  de  lo 
sucedido», como hacía la Ley Foral 16/2015. La Ley Foral 16/2019 no atribuye a la 
Comisión función alguna para la investigación y el esclarecimiento de los hechos y 
reconoce expresamente, en cambio, la sujeción a los pronunciamientos judiciales (arts. 
5.6, 6.2 y 3 y 10.5).
La función que se atribuye a la comisión instituida por la Ley Foral 16/2019 se reduce 
a determinar si se da el presupuesto de hecho necesario para conceder una tutela 
puramente resarcitoria o asistencial a personas que han sufrido daños derivados de la 
comisión  de  infracciones  penales  por  determinados  colectivos,  sin  necesidad  de 
individualizar  a  sus  autores.  La  resolución  resarcitoria  que,  en  su  caso,  se  pueda 
decretar en nada afectará a la resolución firme de carácter penal que se hubiese podido 
adoptar. En suma, el sistema establecido por la Ley Foral 16/2019 es plenamente 
conforme con la Constitución.
Por todo ello, la representación del Parlamento de Navarra interesa que se dicte 
sentencia por la que se inadmita el recurso por falta de concreción de los preceptos cuya 
inconstitucionalidad se postula o, subsidiariamente, que se desestime el recurso.
9.  Mediante  escrito  registrado  en  este  tribunal  el  16  de  octubre  de  2019,  el 
procurador de los tribunales don Noel de Dorremoechea Guiot, en nombre del Gobierno 
de Navarra, formuló alegaciones en el presente recurso de inconstitucionalidad.
Tras referirse con detalle al contenido de la ley foral impugnada, señala que, frente a 
lo que sostienen los recurrentes, esta ley no atribuiría a la Comisión de Reconocimiento 
y Reparación funciones propias de la jurisdicción penal. La Ley Foral 16/2019 no tiene 
finalidad punitiva; su único objeto es abordar la tarea administrativa de reconocimiento y 
reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de 
extrema derecha o funcionarios públicos, como lo corrobora la lectura de su exposición 
de motivos y de su articulado. La Ley Foral 16/2019 corrige además las tachas de 
inconstitucionalidad que la STC 85/2018, de 19 de julio, apreció en la Ley Foral 16/2015.
La Comisión no ejercería funciones propias de la jurisdicción penal. La Comisión no 
puede, en virtud del principio de legalidad (arts. 9.3 y 103.1 CE), ejercer más funciones  e.
que las que le encomienda el ordenamiento, entre las que no se encuentran las de fijar  w.b
hechos delictivos o ejercer función jurisdiccional. No puede determinar si las personas  019ww
pqeunea hl anni,  iennte crvoennsiedcou eennc lioas,  ihmepcohnoesr  hpaenn ainsc. uNrori deox ios ten,o p eonr  ealllgoú, nv utlinpeor adcei órne sdpeo nlas arebsileidravda 
cdoenresctihtuocsi ognaarl adneti zjuardisodsi cpcoiórn  lo(asr ta. r1t1s.7  1C8E.1),,  n2i 4t aym p2o5c.1o  sCeE i.n fLrain gCeonm ciosnió ns ue asc tuuna cóiórgna lnoos 
colegiado adscrito a la administración de la Comunidad Foral que actúa a través de un
procedimiento cuya única finalidad es el reconocimiento y la reparación de las víctimas 
de actos de motivación política, sin inmiscuirse en el ámbito de la jurisdicción penal. Ello 
no merece reproche alguno de constitucionalidad, pues como ya advirtió la STC 85/2018, 
FJ 4, «no hay inconveniente alguno, en términos constitucionales, en la configuración de 
una actividad administrativa tendente a la acreditación de hechos a los que se vincula la 
producción de un resultado dañoso para, a partir de ahí, articular los correspondientes 
mecanismos de reparación o compensación en favor de los perjudicados».
Pone  de  relieve  seguidamente,  en  términos  similares  a  la  representación  del 
Parlamento de Navarra, la inserción de la ley foral impugnada en el marco del Derecho 
internacional,  estatal  y  autonómico  regulador  del  reconocimiento  a  las  víctimas  del 
terrorismo y otros delitos violentos bajo idénticos parámetros normativos. La regulación 
contenida en la Ley Foral 16/2019 sería perfectamente homologable con la normativa 
internacional,  nacional  y  autonómica  y  plenamente  respetuosa  y  compatible  con  la 
jurisdicción penal.
Insiste en que la actividad administrativa que despliega la comisión instituida por la 
Ley  Foral  16/2019  no  conllevaría  ninguna  intromisión  en  el  ejercicio  de  la  función 
jurisdiccional que el art. 117 CE encomienda en exclusiva a los juzgados y tribunales 
determinados por las leyes. Las diversas cautelas establecidas al respecto en esta ley, 
particularmente en sus arts. 1.2, 5.6, 6.3 y 10.5, garantizan plenamente el deber de la 
Comisión de cumplir las resoluciones judiciales, la sujeción a lo establecido en las 
mismas,  y  la  subsidiariedad  del  procedimiento  administrativo  que  regula  la  Ley 
Foral 16/2019 respecto del proceso penal.
Afirma asimismo que la Ley Foral 16/2019 se acomoda a la doctrina sentada por la 
STC 85/2018. No sería cierto, frente a lo que sostienen los recurrentes, que la Ley 
Foral 16/2019 reitere en lo sustancial el contenido de la Ley Foral 16/2015, a la que 
sustituye, y que fue declarada inconstitucional en parte por la citada STC 85/2018. La 
Ley Foral 16/2019 corrige los defectos de inconstitucionalidad advertidos por el Tribunal 
Constitucional en la Ley Foral 16/2015. La Ley Foral 16/2019 difiere sustancialmente de 
la  ley  que  la  precedió:  no  tiene  finalidad  punitiva,  garantiza  la  subsidiariedad  del 
procedimiento administrativo respecto del penal, establece el deber de la Comisión y de 
todos los órganos que actúan en vía administrativa de acatamiento de las resoluciones 
judiciales  y  contiene  mecanismos  (como  el  de  la  suspensión  del  procedimiento 
administrativo cuando se tenga conocimiento de causas judiciales abiertas) para evitar 
que la actividad administrativa interfiera en la labor jurisdiccional de juzgados y tribunales 
del orden penal. La regulación vigente deja claro que la labor de la Comisión se dirige 
únicamente a la fijación del nexo causal entre determinados hechos y la producción del 
resultado dañoso, con la finalidad exclusiva de proteger a las víctimas.
Alega  también  que  la  doctrina  constitucional  contenida  en  los  AATC  30/2017 
a 34/2017, de 27 de septiembre todos ellos, y las decisiones del Tribunal Europeo de 
Derechos  Humanos  de  25  de  junio  2019  que  los  confirman,  respaldan  la 
constitucionalidad  de  la  Ley  Foral  16/2019.  Los  AATC  30/2017,  31/2017,  32/2017, 
33/2017  y  34/2017  inadmiten  recursos  de  amparo  interpuestos  por  familiares  de 
personas fallecidas en atentados perpetrados por grupos terroristas, al ver rechazadas 
las solicitudes de indemnización que formularon al amparo de la Ley 29/2011, de 22 de 
septiembre, de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo. De 
dicha doctrina constitucional se desprendería que en un procedimiento administrativo 
cabe,  sin  lesionar  la  presunción  de  inocencia,  utilizar  cualquier  medio  de  prueba 
admisible en derecho, para fijar hechos incluso si los mismos pudieran ser calificados  s
hipotéticamente  como  constitutivos  de  ilícitos  penales,  aunque  no  haya  existido  un  oe.
proceso penal.  Todo ello, si lo que  se persigue  es analizar si concurren o no los  w.
requisitos para reconocer y reparar a las víctimas y el procedimiento es indemnizatorio.  019ww
Qcounec lueyse l.o que ocurre con el procedimiento establecido por la Ley Foral 16/2019, se
vulnNerieeg lao sa sdiemriescmhoo se ld ere pterrecseernatsa npteer sdoenl aGs.o bEile rrneoc udrseo  Npaavratirrríaa  dqeu ep rLeemy isFaosr ailn e1x6a/2c0ta1s9,   BOE-A-cable e
como son que la Comisión fija hechos delictivos, que la autoridad administrativa fija la 
autoría de esos hechos y que aplica materialmente una sanción con carácter retroactivo. 
El art. 5.5 de la Ley Foral 16/2019 establece expresamente el principio de garantía de los 
derechos de terceras personas, de modo que los expedientes administrativos tramitados 
al amparo de esta ley foral no podrán suponer, en ningún caso, vulneración ni afección 
alguna a las garantías jurídicas y constitucionales de terceros. Se excluye, por tanto, que 
las personas implicadas en los hechos que eventualmente den lugar al reconocimiento y 
reparación de las víctimas puedan sufrir una vulneración de sus derechos al honor 
(art. 18.1 CE), a la protección de los datos personales (art. 18.4 CE), a la tutela judicial 
efectiva (art. 24.1 CE), a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE) y a la legalidad 
sancionadora (art. 25.1 CE), en contra de lo que sostienen los recurrentes.
La  Comisión  carecería  por  completo  de  competencias  para  apreciar  la 
responsabilidad penal o administrativa en que hubieran podido incurrir las personas 
implicadas en los hechos que ocasionaron la vulneración de los derechos humanos de la 
víctima, incluso aunque si aquellas personas estuvieran identificadas; así lo corroboran 
las cautelas contenidas en los arts. 5.6, 6.3 y 10.5 de la ley foral impugnada. Ello excluye 
la eventual vulneración de los derechos a la presunción de inocencia (incluso en su 
dimensión extraprocesal) y a la legalidad sancionadora. Por la misma razón queda 
excluida la lesión del derecho al honor, teniendo además en cuenta que no es preciso 
siquiera que la comisión identifique a personas determinadas y que su actuación, así 
como la de los peritos o expertos que intervengan en el procedimiento, se rige por el 
deber de confidencialidad (arts. 13.2 y 17.2 de la Ley Foral 16/2019). Otro tanto cabe 
decir del derecho a la protección de datos, por cuanto la Ley Foral 16/2019 establece 
expresamente que deberá respetarse la legislación sobre protección de datos (arts. 6.4 
y  10.4).  Tampoco  se  vulnera  el  derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva,  pues  la  Ley 
Foral 16/2019 establece un procedimiento administrativo que se rige por las mismas 
normas  que  cualquier  otro  procedimiento  administrativo,  lo  que  excluye  de  raíz  la 
hipotética indefensión que invocan los recurrentes; además de las garantías inherentes a 
cualquier otro procedimiento administrativo, la Ley Foral contiene otras adicionales como 
son la garantía de los derechos de terceras personas (art. 5.5), el deber de suspender la 
tramitación del procedimiento administrativo hasta que la vía judicial se haya agotado 
(art. 10.5) y la exigencia de que el informe de la Comisión sea motivado, que analice el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley Foral y que incluya una valoración 
sobre la relación de causalidad entre los hechos y los perjuicios acreditados, detallando 
los medios de prueba en los que se fundamenta (art. 11). Por otra parte, es claro que 
quien  considere  que  se  le  ha  ocasionado  indefensión  siempre  podrá  reaccionar 
interponiendo  los  correspondientes  recursos  en  vía  administrativa  y  contencioso-
administrativa, conforme a la legislación vigente.
Señala, en fin, que en el recurso de inconstitucionalidad se insta la nulidad de la Ley 
Foral 16/2019 en su conjunto, pero lo cierto es que nada se objeta respecto de muchos 
de  sus  preceptos,  porque  la  argumentación  de  los  recurrentes  se  dirige 
fundamentalmente a la regulación de la Comisión de Reconocimiento y Reparación. 
Ahora bien, esta comisión no efectuaría ninguna labor jurisdiccional, ni interfiere en la 
misma, por lo que su regulación en la Ley Foral 16/2019 se acomoda a la Constitución y 
a la doctrina fijada en la STC 85/2018. En cuanto al resto de la Ley Foral 16/2019, lo que 
procede es desestimar prima facie y sin mayor análisis la pretensión de nulidad de los 
preceptos respecto de los que ninguna objeción ni tacha de inconstitucionalidad se 
realiza  en  el  recurso,  ya  que  ha  de  prevalecer  el  principio  de  presunción  de  s
constitucionalidad  de  las  leyes,  que  de  forma  reiterada  proclama  la  doctrina  oe.
constitucional (por todas, STC 142/2018, de 20 de diciembre, FJ 2). w.
Por todo lo expuesto, la representación del Gobierno de Navarra interesa que se  019ww
dicte sentencia por la que se desestime el recurso de inconstitucionalidad.
vota1c0ió. n dMee ldai apnretes epnrtoev isdeenntceinac idae e l2 d2í ad 2e4 j udneilo m disem 2o0 m21e,s s ye  asñeoñ.aló para deliberación y
II. Fundamentos jurídicos
1.  El  presente  recurso  de  inconstitucionalidad  ha  sido  promovido  por  más  de 
cincuenta  diputados  del  Grupo  Parlamentario  Ciudadanos  en  el  Congreso  de  los 
Diputados contra la Ley Foral 16/2019, de 26 de marzo, de reconocimiento y reparación 
de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema 
derecha o funcionarios públicos.
Sostienen los recurrentes, como ha quedado indicado con mayor detalle en el relato 
de antecedentes de esta sentencia, que la Ley Foral 16/2019 vulnera, en primer lugar, la 
reserva constitucional de la potestad de investigar y declarar la existencia de hechos 
constitutivos de delito y de determinar su autoría, que corresponde, en exclusiva, a los 
jueces y tribunales del orden penal, en el ejercicio de la función jurisdiccional (art. 117.3 
CE) y, en segundo lugar, las garantías constitucionales de los derechos fundamentales 
de  las  personas  implicadas  o  afectadas  por  aquella  investigación.  Afirman  los 
recurrentes que la Ley Foral 16/2019, que sustituye a la 16/2015, de 10 de abril, 
declarada en parte inconstitucional por la STC 85/2018, de 19 de julio, obedece al 
propósito de eludir los pronunciamientos de esta sentencia, promulgando una nueva ley 
foral que en lo sustancial mantiene el mismo contenido de la anterior, parcialmente 
anulada por el Tribunal Constitucional.
La letrada del Parlamento de Navarra reprocha a los recurrentes que no cumplan 
debidamente la carga argumentativa que les incumbe en virtud del art. 33 LOTC, pues 
no precisan con claridad los concretos preceptos de la Ley Foral 16/2019 a los que 
dirigen su impugnación; lo que debe conducir, según sostiene, a declarar la inadmisión 
del recurso. Subsidiariamente, interesa la desestimación de este, por entender que Ley 
Foral 16/2019 se acomoda perfectamente a la doctrina sentada por la STC 85/2018, 
estableciendo  un  sistema  estrictamente  administrativo  para  el  reconocimiento  y  la 
reparación  de  las  víctimas  por  actos  de  motivación  política  de  grupos  de  extrema 
derecha y funcionarios públicos en Navarra. Esta nueva regulación resultaría plenamente 
respetuosa  y  compatible  con  la  jurisdicción  penal,  así  como  con  los  derechos 
fundamentales de las personas implicadas, por lo que no incurre en tacha alguna de 
inconstitucionalidad.
También  la  representación  procesal  del  Gobierno  de  Navarra  interesa  la 
desestimación del recurso, pues entiende, en parecidos términos que el Parlamento de 
Navarra,  que  Ley  Foral  16/2019  no  atribuye  a  la  Comisión  de  Reconocimiento  y 
Reparación  funciones  propias  de  la  jurisdicción  penal.  Se  trata  de  un  régimen 
administrativo que da cumplimiento a la doctrina sentada por la STC 85/2018, que no 
conlleva intromisión alguna en la reserva exclusiva de jurisdicción que establece el 
art. 117.3 CE y que respeta los derechos fundamentales de los terceros sobre los que 
pueda proyectarse la investigación a los solos efectos de reconocimiento y reparación de 
las víctimas de violencia política.
2.  La Ley Foral 16/2019, de 26 de marzo, de reconocimiento y reparación de las 
víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o 
funcionarios públicos, ha sido ya objeto de la reciente STC 108/2021, de 13 de mayo, 
resolutoria del recurso de inconstitucionalidad núm. 4062-2019, interpuesto por más de 
cincuenta diputados de los Grupos Parlamentarios Popular y Vox en el Congreso de los 
Diputados. La STC 108/2021, que establece varias interpretaciones de conformidad y 
desestima el recurso en lo restante, cobra relevancia para la resolución del presente 
proceso constitucional en los términos que seguidamente se señalan. e
En efecto, aquel recurso de inconstitucionalidad y el presente formulan reproches y  bo
suscitan controversias constitucionales muy similares en términos generales, por lo que  019ww
llaa sd oimctpruingan adcei olan esse ndteeln sceiag ruensdoolu. tAorsiía,  dy edl ep raimcueerord soi rcvoen p aurnaa  repsapuotan dneor  ian fbreuceunean ptea,r tcea dbee 
SdaTrC  1a0q8u/í2 0p2o1r  deredpicroad:ucidos,  en  primer  lugar,  los  fundamentos  jurídicos  que  la
a)  A la delimitación del objeto del recurso, por cuanto los recurrentes impugnan la 
Ley Foral 16/2019 en su integridad, a la que reprochan, genéricamente, que vendría a 
reproducir la Ley Foral 16/2015, declarada en parte inconstitucional por la STC 85/2008; 
las diferencias existentes entre ambas leyes se tienen por meramente «cosméticas» y 
por tanto irrelevantes. El incumplimiento de la carga argumentativa exigida a la parte 
recurrente (art. 33.1 LOTC) exime a este tribunal, en términos similares a los señalados 
respecto del recurso resuelto por la STC 108/2021, de examinar los artículos 1 a 4, 5 
(apartados 2, 3 y 4), 7, 8, 12, 19, 20, 22 y 23, las disposiciones adicionales segunda y 
tercera,  la  disposición  derogatoria  única  y  la  disposición  final  única  de  la  Ley 
Foral 16/2019 (STC 108/2021, FFJJ 2 y 5).
Por otra parte, en el examen del resto del articulado de la Ley Foral 16/2019 puede 
entenderse cumplida por los recurrentes la carga argumentativa que les es exigible. Se 
trata de los preceptos que atañen al procedimiento para el reconocimiento y reparación 
de  las  víctimas  por  actos  de  motivación  política  y  regulan  la  composición  y 
funcionamiento de la Comisión de Reconocimiento y Reparación. En consecuencia, se 
limitará nuestro enjuiciamiento a los motivos de inconstitucionalidad que se aducen en el 
recurso de manera concreta (STC 108/2021, FJ 2).
b)  Deben darse también por reproducidos los fundamentos relativos a la exposición 
de la jurisprudencia constitucional sobre las leyes autonómicas de reconocimiento de 
víctimas y reparación de daños producidos por hechos violentos; en particular, de la 
doctrina  contenida  en  la  STC  85/2018,  de  19  de  julio,  que  resolvió  el  recurso  de 
inconstitucionalidad  interpuesto  por  el  presidente  del  Gobierno  contra  la  Ley 
Foral 16/2015, de reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación 
política  provocados  por  grupos  de  extrema  derecha  o  funcionarios  públicos 
(STC 108/2021, FJ 3).
c)  Igualmente los relativos a la presentación del contenido de la Ley Foral 16/2019, 
que sustituye a la Ley Foral 16/2015 (STC 108/2021, FJ 4).
3.  Procede asimismo señalar que la STC 108/2021, FJ 5, como ya se ha recordado, 
estableció  la  interpretación  conforme  de  algunas  de  las  impugnaciones  formuladas 
entonces por más de cincuenta diputados de los Grupos Parlamentarios Popular y Vox 
en el Congreso de los Diputados que en el presente recurso se plantean en términos 
análogos; se refieren a los mismos preceptos y se basan en los mismos motivos. A la 
vista de esta coincidencia objetiva entre los dos recursos de inconstitucionalidad, deben 
reiterarse aquellas interpretaciones de conformidad.
En efecto, el primer y principal motivo de inconstitucionalidad que se formula en el 
presente  recurso,  invocando  la  doctrina  de  la  STC  85/2018,  es  la  vulneración  del 
principio de reserva jurisdiccional del art. 117.3 CE. Se reprocha a la Ley Foral 16/2019 
el establecimiento de un procedimiento de esclarecimiento, investigación y apreciación 
de hechos en apariencia delictivos, al margen de resoluciones judiciales, vulnerando así 
la reserva constitucional de la potestad de investigar y declarar la existencia de hechos 
constitutivos de delito y de determinar su autoría, que corresponde, en exclusiva, a la 
jurisdicción penal.
El núcleo del reproche que se dirige al conjunto de la Ley Foral 16/2019 estriba en el 
procedimiento que ha de seguir la Comisión para el reconocimiento de las víctimas y la 
reparación de los daños. La STC 108/2021, FJ 5, centró su análisis en los arts. 9.3 
(iniciación y contenido de la solicitud), 10, apartados 2 a 7 (instrucción del procedimiento) 
y  11.1  (propuesta  de  resolución  de  las  solicitudes),  que  regulan  los  aspectos 
específicamente procedimentales. Trasladó así al examen de la Ley Foral 16/2019 los  e.
criterios recogidos en la STC 83/2020, que examina con mayor detalle determinadas  w.b
reglas del procedimiento de reconocimiento de víctimas y reparación de daños de la Ley  019ww
jduelilo P.arlamento Vasco 5/2019, de 4 de abril, de modificación de la Ley 12/2016, de 28 de
no inDceu rarceu eenrd noi ncgoúnn l om roatzivoon addeo i necno enls FtitJu 5ci odnea llaid SaTd Ce l1 i0n8ci/s2o0 2d1e,l  aalr tq. u9e.3 p rqoucee ddeis preomneit irqsuee, 
la solicitud para la declaración de la condición de víctima debe contener una descripción
detallada de los hechos y puede ir acompañada de los documentos o informes que se 
consideren oportunos. En cambio, el segundo inciso del art. 9.3 («sin perjuicio de las 
actuaciones  y  gestiones  que  pueda  realizar  la  Comisión  para  la  documentación  y 
acreditación de los mismos») solo puede considerarse constitucional si se interpreta «en 
los términos expresados en la jurisprudencia establecida en la STC 83/2020, FJ 10, de 
que la referencia a las actuaciones y gestiones no implica una actividad indagatoria 
propia de la Comisión, sino solamente de los datos que, en aplicación del principio de 
colaboración interinstitucional con los poderes públicos de la Comunidad foral, previsto 
en el art. 5.1, le fueran suministrados a la Comisión». Esta interpretación de conformidad 
se llevará al fallo.
Las  actuaciones  que  puede  practicar  la  Comisión  para  el  cumplimiento  de  sus 
funciones se enumeran en el art. 10.2, el cual contiene una cláusula final en el apartado 
e) que permite a aquella «llevar a cabo cuantas actuaciones estime precisas en orden al 
mejor estudio y comprobación de los hechos, circunstancias y consecuencias aducidas y 
a una mejor resolución de la solicitud presentada». Según establece la STC 108/2021, 
FJ 5, este apartado no puede considerarse inconstitucional si como también se señaló 
en la STC 83/2020, FJ 10; se interpreta, en lo relativo a «cuantas actuaciones estime 
precisas en orden al mejor estudio y comprobación de los hechos, circunstancias y 
consecuencias  aducidas»,  como  «circunscrito  a  la  valoración  de  la  documentación 
aportada, bien por el solicitante, bien por aquellos que colaboren con la Comisión». En lo 
relativo «a una mejor resolución de la solicitud presentada», si se interpreta «en el 
sentido de entender que no permiten una actividad indagatoria propia de la comisión de 
valoración, sino solamente que, a partir de la documentación aportada por el solicitante y 
en  defecto  de  resolución  administrativa  o  judicial,  se  determine  la  existencia  de  la 
relación  de  causalidad  necesaria  para  articular  los  mecanismos  compensatorios 
previstos en la norma». Esta interpretación de conformidad será llevada al fallo.
El art. 11.1 establece el contenido del informe-propuesta motivado con el que finaliza 
la actuación de la Comisión en cada procedimiento. Por remisión una vez más a lo 
razonado en la STC 108/2021, FJ 5, el inciso de este precepto que dispone que la 
Comisión «realizará un resumen de los hechos que ocasionaron la vulneración de los 
derechos humanos de la víctima» solo puede reputarse constitucional si se interpreta, 
siguiendo lo señalado igualmente en la STC 83/2020, FJ 10, «en el sentido de entender 
que el resumen de los hechos que debe realizar la comisión debe circunscribirse a la 
apreciación del nexo causal entre tales hechos y el resultado dañoso alegado por el 
solicitante». Esta interpretación de conformidad se llevará al fallo.
En fin, el art. 6, referido al denominado «derecho a la verdad», determina en su 
párrafo primero: «Los poderes públicos navarros, en el ámbito de aplicación de esta ley 
foral, colaborarán con los órganos y organismos del Gobierno de Navarra que ejerzan 
funciones en materia de derechos humanos y de promoción de la memoria para, en el 
marco de las respectivas competencias, contribuir al conocimiento de la verdad sobre las 
vulneraciones de derechos humanos a las que se refiere esta ley foral, a través de 
acciones para facilitar a las personas el acceso a los archivos oficiales y examinar las 
posibles vulneraciones de derechos humanos a las que hace referencia esta ley foral». 
Este precepto no es inconstitucional siempre que se interprete en el sentido señalado en 
la STC 108/2021, FJ 5 –en línea con lo razonado en la STC 83/2020, FJ 9–, cuando 
declara: «De ese modo, las referencias a la colaboración que incluye el precepto no 
pueden interpretarse aisladamente, sino que han de entenderse en el marco del sistema 
de reparación diseñado por la propia ley, en el que ocupa un lugar destacado la comisión  s
que se encarga de valorar las solicitudes presentadas y proponer la inadmisión de  oe.
solicitudes o, cuando proceda, la declaración de la condición de beneficiario. La función  w.
de esta comisión, para la que el precepto requiere la colaboración de los poderes  019ww
dpeú blhiceocsh onsa,v aprrroops,ia n od es e lac orjurerisspdoicncdióen c opne nnainl,g usninao a cqtuiveid, acdo dmiroig idyaa  asle e shcala rseecñimaileandtoo, 
dúincitcaammineanrt es is ee xpisretete rnedlaec qióune  cvoanlo lroes  lodsa ñhoesc hinovso qcuaed oles .a Tleégnugeans elo es ns ocluiceitnatnat,e asd peamraá sp,o qdueer   BOE-A-cable e
según el art. 142 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector 
público, el deber de colaboración puede hacerse efectivo, entre otras, a través de la 
técnica del suministro de información, datos, documentos o medios probatorios que se 
hallen a disposición del organismo público o la entidad al que se dirige la solicitud y que 
la administración solicitante precise disponer para el ejercicio de sus competencias. Esta 
referencia a la colaboración ha de entenderse asimismo en el marco del principio que 
establece el art. 5.1, en el sentido de que las instituciones y entidades públicas navarras 
(como especifica el párrafo primero del art. 6) suministrarán, en tiempo y forma, todos los 
datos que les sean solicitados y facilitarán la colaboración, tanto de las autoridades como 
del  personal  técnico  a  su  servicio,  que  sea  precisa  para  la  resolución  de  los 
expedientes».
Esta interpretación de conformidad del párrafo primero del art. 6 será llevada al fallo.
4.  En lo restante procede desestimar este recurso por remisión asimismo a lo 
razonado en la STC 108/2021, FFJJ 5 a 8, partiendo de la doctrina sentada en la 
STC 85/2018 –reiterada en las SSTC 83/2020, de 15 de julio, y 131/2020, de 22 de 
septiembre– impugnaciones formuladas entonces por más de cincuenta diputados de los 
Grupos Parlamentarios Popular y Vox en el Congreso de los Diputados contra la Ley 
Foral  16/2019  que  en  el  presente  recurso  de  inconstitucionalidad  se  plantean  en 
términos análogos.
Debe por tanto descartarse que los preceptos de la Ley Foral 16/2019 que regulan la 
composición  y  funcionamiento  de  la  Comisión  de  reconocimiento  y  reparación  y  el 
procedimiento  para  el  reconocimiento  y  reparación  de  las  víctimas  por  actos  de 
motivación política vulneren el principio de reserva jurisdiccional (art. 117.3 CE) o los 
derechos fundamentales de los terceros afectados por ese procedimiento.
La tarea reservada a la Comisión consiste en determinar la relación de causalidad 
existente  entre  los  hechos  y  la  producción  del  resultado  dañoso,  lo  que  resulta 
imprescindible para que se produzca la compensación regulada en la Ley Foral. Pero 
«sin que ello implique indagación alguna sobre los concretos responsables de los daños 
compensados»,  más  allá,  y  fuera  de  lo  declarado  en  resoluciones  judiciales  y 
administrativas  que  vinculan  a  la  Comisión,  de  lo  previsto  con  carácter  general  e 
indeterminado en el art. 2.b) de la Ley Foral en relación con la condición de funcionarios 
públicos o de particulares de los participantes en la producción del resultado dañoso. En 
suma, «no hay en la tarea de la Comisión […] posible calificación jurídica de eventuales 
actos o conductas punibles, ni tampoco imputación o atribución individualizada a los 
sujetos a los que pudiera alcanzar la investigación. A la Comisión, en el ejercicio de su 
actividad, ni le corresponde efectuar una calificación jurídica de los hechos ante ella 
presentados,  ni  llevar  a  cabo  imputaciones  o  determinaciones  personales  sobre  la 
autoría de comportamientos ilícitos sino la fijación de los presupuestos fácticos de los 
posteriores reconocimientos como víctimas» [STC 83/2020, FJ 7, y STC 108/2021, FJ 5 
B)].
Por lo que atañe al principio de colaboración interinstitucional regulado en el art. 5.1 
–el que también es manifestación el art. 10.4–, se trata de una previsión que «se refiere 
a asuntos sobre los que no esté conociendo la jurisdicción penal, pues, si del inicio del 
expediente pudiera desprenderse alguna actuación ilegal, la Ley Foral 16/2019 prevé la 
comunicación al tribunal competente (art. 6, párrafo tercero), así como la suspensión del 
procedimiento  administrativo  si  la  Comisión  tiene  conocimiento  de  la  existencia  de 
causas judiciales abiertas, hasta el agotamiento de la vía judicial (art. 10.5). Ambas 
previsiones excluyen cualquier riesgo de la interferencia en la actuación de la jurisdicción  e.
penal que denuncian los recurrentes» [STC 108/2021, FJ 5 C)]. w.b
En cuanto a la garantía de los derechos fundamentales de terceras personas, la  019ww
iemxppuregsnaa cdióenl  adrte.  5lo.5s  nroe cruersreunlttae ss upfiacrieten ted ep alara  perevmitaisr av uslneegrúanc iolan ecsu adle  lae sporso cdlearmeachcioósn. 
Anohromraa ,b miená,s  «qeuseta  caofnir mlaa cnióonr mpala netne as íu»n;  pproorb lleom qau ere l«alcai oenvaednot ucaol nl elas ióanp lidcea cidóenr edceh olas 
fundamentales en que pudiera incurrirse en aplicación de la norma deberá resolverse, en
su caso, en la vía jurisdiccional correspondiente» [STC 108/2021, FJ 5 D)]. Dicho de otro 
modo, en caso de que los derechos fundamentales de los terceros no se respetasen en 
el caso concreto, la vulneración de la propia normativa foral «implicaría que esa […] 
actuación de la Comisión contraria a tales derechos podría ser puesta de manifiesto ante 
los tribunales competentes» (STC 83/2020, FJ 7, y STC 108/2021, FJ 8).
En  fin,  «el  procedimiento  administrativo  de  reconocimiento  de  las  víctimas  y 
reparación de los daños regulado en la Ley Foral 16/2019 no tiene carácter sancionador, 
pues la finalidad punitiva está expresamente excluida en el art. 5.6. Por esta razón, de 
acuerdo con una consolidada doctrina constitucional, no resultarían aplicables a este 
procedimiento los derechos y garantías del art. 24 CE» [STC 108/2021, FJ 6 A)].
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
1.º  Declarar que los siguientes preceptos de la Ley Foral 16/2019, de 26 de marzo, 
de  reconocimiento  y  reparación  de  las  víctimas  por  actos  de  motivación  política 
provocados  por  grupos  de  extrema  derecha  o  funcionarios  públicos  no  son 
inconstitucionales, interpretados en los términos del fundamento jurídico 3: el art. 6, 
párrafo primero; el inciso del art. 9.3 «sin perjuicio de las actuaciones y gestiones que 
pueda realizar la comisión para la documentación y acreditación de los mismos»; el 
art. 10.2 e); y el inciso del art. 11.1, párrafo primero, «realizará un resumen de los hechos 
que ocasionaron la vulneración de los derechos humanos de la víctima».
2.º  Desestimar  el  recurso  de  inconstitucionalidad  núm.  4090-2019  en  todo  lo 
demás.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a veinticuatro de junio de dos mil veintiuno.–Juan José González 
Rivas.–Encarnación  Roca  Trías.–Andrés  Ollero  Tassara.–Santiago  Martínez-Vares 
García.–Juan Antonio Xiol Ríos.–Antonio Narváez Rodríguez.–Alfredo Montoya Melgar.–
Ricardo  Enríquez  Sancho.–Cándido  Conde-Pumpido  Tourón.–María  Luisa  Balaguer 
Callejón.–Firmado y rubricado.
Voto particular que formula el magistrado don Juan Antonio Xiol Ríos a la sentencia 
pronunciada en el recurso de inconstitucionalidad núm. 4090-2019
Con el máximo respeto a la opinión mayoritaria de mis compañeros de Pleno en la 
que  se  sustenta  la  sentencia,  manifiesto  mi  discrepancia  con  la  argumentación 
desarrollada en el fundamento jurídico 3 y el apartado primero del fallo en que se 
sostiene la constitucionalidad de determinados preceptos solo en la medida en que sean 
interpretados en los términos del citado fundamento jurídico 3.
Esta declaración de constitucionalidad limitada a la interpretación aportada en el 
fundamento jurídico 3 tiene como fundamento directo los razonamientos sostenidos en la 
STC 108/2021, de 13 de mayo, e indirecto en las SSTC 85/2018, de 19 de julio, 
y 83/2020, de 15 de julio, respecto de los que ya hice expresa mi discrepancia en sendos  e.
votos particulares formulados a dichas resoluciones. Por tanto, me remito a lo que ya  w.
expuse en dichos votos particulares para justificar ahora las razones por las que disiento  019ww
del fallo interpretativo contenido en el apartado primero.
y rubMraicdardido,. a veinticuatro de junio de dos mil veintiuno.–Juan Antonio Xiol Ríos.–Firmado