BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 239 Miércoles 6 de octubre de 2021 Sec. I.   Pág. 122046
I. DISPOSICIONES GENERALES
JEFATURA DEL ESTADO
16230 Real  Decreto-ley  19/2021,  de  5  de  octubre,  de  medidas  urgentes  para 
impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria en el contexto del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia.
I
España tiene importantes retos en materia de rehabilitación y mejora del parque de 
vivienda para favorecer el ejercicio del derecho constitucional, y un gran potencial de 
crecimiento en términos de empleo y actividad económica. En lo que se refiere a la 
situación del parque de vivienda, en términos generales, se caracteriza por una elevada 
antigüedad.  Según  datos  del  último  Censo  de  Población  y  Viviendas  del  Instituto 
Nacional de Estadística, más de la mitad de los edificios residenciales es anterior a 1980, 
es decir, anterior a la entrada en vigor de la primera normativa reguladora de las 
condiciones térmicas de los edificios. Esta situación afecta a cerca de 5,5 millones de 
edificios residenciales y unos 9,7 millones de viviendas principales.
Asimismo, si se analiza la calidad de los edificios existentes a partir de su calificación 
energética, se observa que más del 81,0 % de los edificios existentes se sitúa en las 
letras E, F o G, en términos de emisiones, aumentando dicho porcentaje hasta el 84,5 % 
de  los  edificios  en  el  caso  del  consumo  energético,  lo  que  pone  de  manifiesto  el 
importante potencial de la rehabilitación energética. Por el contrario, se observa que los 
edificios que alcanzan la mejor calificación, la letra A, apenas representan el 0,3 % del 
total en el caso de las emisiones, y se sitúan en el 0,2 % en el caso de consumo 
energético. A ello se suma que más de un 75 % de los edificios residenciales no son 
accesibles y, del total de edificios residenciales que tienen 4 plantas o más, alrededor de 
un 40 % no dispone de ascensor.
Sin embargo, a pesar de este importante potencial de mejora del parque edificatorio, 
el sector de la actividad de rehabilitación residencial en nuestro país se caracteriza por 
un menor ritmo que en los principales países de nuestro entorno, estando situada la tasa 
media de rehabilitación efectiva del parque de vivienda aproximadamente entre 8 y 10 
veces por debajo de las medias de los principales países de nuestro entorno, un ritmo 
claramente insuficiente para responder a los retos marcados por las estrategias y planes 
nacionales, y las exigencias que establece la Unión Europea.
Entre estos planes y estrategias debe destacarse la Estrategia a largo plazo para la 
Rehabilitación Energética en el Sector de la Edificación en España (ERESEE), cuya 
actualización  2020  presentada  ante  la  Comisión  Europea,  y  evaluada  por  el  BPIE 
Buildings Performance Institute Europe como la mejor de las estrategias nacionales 
presentadas en cumplimiento del mandato de la Directiva 2010/31/UE, de 19 de mayo 
de 2010, relativa a la eficiencia energética de los edificios, marca las vías de apoyo a la 
renovación de los parques de edificios residenciales y no residenciales, tanto públicos 
como privados, transformándolos en parques inmobiliarios con alta eficiencia energética 
y  descarbonizados  antes  de  2050,  facilitando  la  transformación  económicamente 
rentable de los edificios existentes en edificios de consumo de energía casi nulo. s
Por su parte, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030,  e.
establece la meta de alcanzar la rehabilitación energética de 1,2 millones de viviendas a  w.
lo  largo  del  periodo  2021-2030,  incrementando  el  ritmo  de  rehabilitación  hasta  230ww
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Y ello en el marco de una dinámica europea en la que se pone de manifiesto la 
necesidad de afrontar una auténtica oleada de renovación por parte de todos los Estados 
de la Unión Europea, en la que la renovación del parque inmobiliario se considera 
fundamental tanto para alcanzar el objetivo a medio plazo de la neutralidad climática de 
aquí a 2050, como para impulsar a corto plazo el empleo y la actividad en este contexto 
de recuperación y crecimiento post pandemia, a lo que se suma la oportunidad sin 
precedentes  de  concentrar  un  importante  volumen  de  recursos  en  este  sector  de 
actividad estratégico a través de la ejecución del conjunto de reformas e inversiones 
previstas en el Componente 2, «Implementación de la Agenda Urbana española: Plan de 
rehabilitación y regeneración urbana»,  del  Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia.
II
Todo ello se encuadra en el nuevo instrumento de recuperación Next Generation EU, 
que permitirá a España movilizar un volumen de inversión sin precedentes. El 7 de 
octubre de 2020 se aprobó el marco general del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia de España, que traza la hoja de ruta para la modernización de la economía 
española.  El  Plan  de  Recuperación,  Transformación  y  Resiliencia,  regulado 
posteriormente por el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se 
aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la 
ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, es un proyecto de 
país que requiere de la implicación de todos los agentes económicos y sociales, de todos 
los niveles de gobierno y del conjunto de los recursos de la administración pública. Los 
proyectos  que  constituyen  el  Plan  de  Recuperación  Transformación  y  Resiliencia, 
permitirán  la  realización  de  reformas  estructurales  en  los  próximos  años,  mediante 
cambios normativos e inversiones, y, por lo tanto, permitirán un cambio del modelo 
productivo  para  la  recuperación  de  la  economía  tras  la  pandemia  causada  por  la 
COVID-19 y además una transformación hacia una estructura más resiliente e inclusiva, 
de especial relevancia, todo ello, para el interés público, social y económico.
El Plan tiene un primer eje destinado a reforzar la inversión pública y privada para 
reorientar el modelo productivo, impulsando la transición verde, la descarbonización, la 
eficiencia energética, el despliegue de las energías renovables, la electrificación de la 
economía,  el  desarrollo  del  almacenamiento  de  energía,  la  economía  circular,  las 
soluciones basadas en la naturaleza y la mejora de la resiliencia de todos los sectores 
económicos, incluyéndose específicamente el referido Componente 2 centrado en el 
impulso de las actuaciones de rehabilitación y mejora del parque edificatorio, tanto en 
ámbitos urbanos como rurales, con el marco estratégico de la Agenda Urbana Española, 
y asegurando la máxima ambición en el ámbito de la energía y la sostenibilidad, al 
tiempo que se favorecen actuaciones integrales que contribuyan a mejorar la calidad, el 
estado de conservación, la accesibilidad y la digitalización de los edificios, fomentando 
también la construcción de vivienda en alquiler social con estándares de la máxima 
calidad y eficiencia.
III
Las  claves  de  la  situación  en  materia  de  rehabilitación  residencial  expuestas 
anteriormente, sirven de marco para los motivos que justifican la urgencia y necesidad 
de las medidas incluidas en este real decreto-ley, y que se sintetizan a continuación. e.
El grave deterioro del parque edificatorio y de la vivienda en particular, y la necesidad  w.b
de adoptar medidas de aplicación inmediata para revertir esta tendencia constituye el  230ww
pernim eel rr emaol tdiveoc rqeutoe- ljeuys,t iqficuae  lian celxutyreano rmdineadridiaa sy  uerng eenl táem nbeitcoe sdied alad  dfisec laalsid made,d mideajso rinacsl ueind aesl 
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llevar a cabo las inversiones de rehabilitación edificatoria, así como los hitos marcados 
en el del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se precisa de las medidas 
extraordinarias que garanticen la ejecución de las actuaciones en el parque edificatorio. 
Estas  modificaciones  tienen  carácter  urgente,  ya  que  para  poder  iniciarse  las 
actuaciones es precisa la oferta que se genera a través de la puesta en marcha del 
contenido de estas medidas.
En segundo motivo que pone de manifiesto la urgencia y necesidad de las medidas 
deriva de la importancia de que España responda con la máxima agilidad a los retos 
nacionales y europeos en materia de rehabilitación edificatoria para cumplir con nuestros 
compromisos incluidos, entre otros, en el referido Plan Nacional Integrado de Energía y 
Clima (PNIEC) 2021-2030, que marca un crecimiento de la actividad rehabilitadora de 
carácter exponencial y sin precedentes en nuestro país, que requiere la adopción de 
medidas urgentes como las incluidas en el real decreto-ley que favorecen el despegue 
de este sector estratégico.
Y, finalmente, el tercer motivo que justifica la urgencia y la necesidad de las medidas 
adoptadas deriva de manera directa de la oportunidad de destinar a corto plazo un 
importante  volumen  de  recursos  en  el  contexto  del  Plan  de  Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, para lo cual, es preciso adoptar las medidas necesarias 
para acelerar el crecimiento de la actividad y canalizar las inversiones previstas en el 
propio  Plan  específicamente  dirigidas  al  ámbito  de  la  rehabilitación  edificatoria 
residencial.
IV
Este real decreto-ley se estructura en un único Título, y contiene cuatro artículos, una 
disposición adicional y cuatro disposiciones finales.
El  Título  único  recoge  las  diferentes  medidas  para  impulsar  la  actividad  de 
rehabilitación edificatoria residencial.
Con objeto de avanzar en el cumplimiento de los objetivos de rehabilitación de 
edificios, necesarios para alcanzar los retos marcados en materia de energía y clima, y 
como parte del desarrollo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de 
España, el artículo 1 modifica la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos 
sobre  Sociedades,  sobre  la  Renta  de  no  Residentes  y  sobre  el  Patrimonio,  para 
introducir tres nuevas deducciones temporales en la cuota íntegra estatal del Impuesto 
aplicables sobre las cantidades invertidas en obras de rehabilitación que contribuyan a 
alcanzar determinadas mejoras de la eficiencia energética de la vivienda habitual o 
arrendada para su uso como vivienda con arreglo a la legislación sobre arrendamientos 
urbanos, de modo que su destino primordial sea satisfacer la necesidad permanente de 
vivienda  del  arrendatario,  y  en  los  edificios  residenciales,  acreditadas  a  través  de 
certificado de eficiencia energética.
La  primera  deducción,  por  obras  que  contribuyan  a  la  mejora  de  la  eficiencia 
energética de la vivienda habitual o arrendada para su uso como vivienda, permite una 
deducción  de  hasta  un  20  por  ciento  de  las  cantidades  satisfechas  por  las  obras 
realizadas a partir de la entrada en vigor de este real decreto-ley y hasta el 31 de 
diciembre de 2022, con una base máxima de deducción de 5.000 euros anuales, siempre 
que las obras realizadas contribuyan a una reducción de al menos un 7 por ciento en la 
demanda de calefacción y refrigeración, acreditable a través de la reducción de los  s
indicadores  de  demanda  de  calefacción  y  refrigeración  del  certificado  de  eficiencia  e.
energética de la vivienda. w.
La  segunda  deducción,  por  obras  que  contribuyan  a  la  mejora  de  la  eficiencia  230ww
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de al menos un 30 por ciento del consumo de energía primaria no renovable, acreditable 
a través de la reducción del referido indicador de consumo de energía primaria no 
renovable del certificado de eficiencia energética de la vivienda, o mejoren la calificación 
energética de la vivienda para obtener una clase energética «A» o «B», en la misma 
escala de calificación.
Finalmente, se establece una tercera deducción, por obras de rehabilitación que 
mejoren la eficiencia energética en edificios de uso predominante residencial, que será 
aplicable sobre las cantidades satisfechas por el titular de la vivienda por las obras 
realizadas desde la entrada en vigor de este real decreto-ley hasta el 31 de diciembre 
de 2023, en las que se obtenga una mejora de la eficiencia energética del conjunto del 
edificio en el que se ubica, siempre que se acredite a través de certificado de eficiencia 
energética, una reducción del consumo de energía primaria no renovable, referida a la 
certificación energética, de un 30 por ciento como mínimo, o bien, la mejora de la 
calificación energética del edificio para obtener una clase energética «A» o «B», en la 
misma escala de calificación. En esta tercera deducción, el contribuyente titular de la 
vivienda podrá deducirse hasta un 60 por ciento de las cantidades satisfechas, hasta un 
máximo de 15.000 euros.
Con la introducción de estas deducciones, el presente real decreto-ley cumple con el 
hito establecido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, relativo a la 
inversión C02.I01 «Programa de rehabilitación para la recuperación económica y social 
en entornos residenciales» recogido en el número 26 del Anexo a la Propuesta de 
Decisión de Ejecución del Consejo, de 16 de junio de 2021, relativa a la aprobación de la 
evaluación  del  plan  de  recuperación  y  resiliencia  de  España,  en  cuanto  a  la 
promulgación de un real decreto-ley que regule los incentivos en el IRPF para apoyar al 
referido programa de rehabilitación.
Asimismo, en el desarrollo de las actuaciones se respetará el principio de no causar 
un perjuicio significativo al medioambiente (principio DNSH por sus siglas en inglés, Do 
No Significant Harm), así como las condiciones recogidas para la referida inversión 
C02.I01 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y se corresponde con 
el  campo  de  intervención  025bis  «Renovación  de  la  eficiencia  energética  de  los 
inmuebles existentes, proyectos de demostración y medidas de apoyo conformes con los 
criterios de eficiencia energética» del Anexo VI del Reglamento (UE) 2021/241 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021.
En cumplimiento con lo dispuesto en el Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia, y su normativa de desarrollo, en particular la Comunicación de la Comisión 
Guía técnica (2021/C 58/01) sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio 
significativo», así como con lo requerido en la Decisión de Ejecución del Consejo relativa 
a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España (CID), 
las  actuaciones  deberán  respetar  el  llamado  principio  de  no  causar  un  perjuicio 
significativo  al  medioambiente  (principio  DNSH  por  sus  siglas  en  inglés,  «Do  No 
Significant Harm»). Ello incluye el cumplimiento de las condiciones específicas previstas 
en la Componente 2, así como en la inversión C02.I01 en la que se enmarcan dichas 
actuaciones tanto en lo referido al principio DNSH, como al etiquetado climático y digital, 
y especialmente las recogidas en el Anexo a la CID y en los apartados 3, 6 y 8 del 
documento del Componente del Plan.
Por último, el artículo 1 establece que no se integrarán en la base imponible del  s
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas las ayudas concedidas en virtud de los  oe.
distintos programas establecidos en el Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, por el  w.
que  se  regulan  los  programas  de  ayuda  en  materia  de  rehabilitación  residencial  y  230ww
vivieAnsdima issomcoia,l  dsee l iPnlcaluny deen  Reenc uepl emraiscmióno,  TTrítaunlos foI,r maa tcriaóvné ys  Rdeesl ilaiertníccuialo. 2 determinadas
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rehabilitación que contribuyan a la mejora de la eficiencia energética del edificio o la 
implantación de fuentes de energía renovable de uso común, estableciendo un régimen 
de mayoría simple para la realización de tales obras, así como para la solicitud de 
ayudas y financiación para su desarrollo. Asimismo, se establece que el coste de tales 
obras o actuaciones o el pago de las cuantías necesarias para cubrir los préstamos o 
financiación que haya sido concedida para tal fin, tendrá la consideración de gastos 
generales a los efectos de la aplicación de las reglas de preferencia establecidas en la 
letra e) del artículo noveno.1 de la propia Ley 49/1960.
De este modo, con el presente real decreto-ley se cumple con el hito establecido en 
el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, relativo a la reforma C02.R06 
«Mejora  de  la  financiación  de  las  actuaciones  de  rehabilitación»  recogido  en  el 
número 25 del anexo a la Propuesta de Decisión de Ejecución del Consejo, de 16 de 
junio de 2021, relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y 
resiliencia de España, al introducirse las modificaciones previstas de la Ley 49/1960, 
de 21 de julio, sobre propiedad horizontal, con el fin de promover la realización de 
reformas y mejoras en los edificios por parte de las comunidades de propietarios, así 
como el acceso a la financiación, teniendo en cuenta que el objetivo de la modificación 
es facilitar la toma de decisiones por parte de las comunidades de propietarios para 
llevar a cabo obras de renovación de edificios que contribuyan a mejorar la eficiencia 
energética y facilitar el acceso a la financiación bancaria.
El artículo 3 modifica el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, con el fin de reforzar 
las facultades de las comunidades de propietarios con plena capacidad jurídica para las 
operaciones  crediticias,  tanto  las  relacionadas  con  el  cumplimiento  del  deber  de 
conservación, como con la rehabilitación y mejora de los edificios.
Asimismo, con objeto de impulsar las obras de rehabilitación, en el artículo 4 se crea 
una línea de avales para la cobertura parcial por cuenta del estado de la financiación de 
obras de rehabilitación que contribuyan a la mejora de la eficiencia energética de los 
edificios de vivienda. A través de esta nueva línea de avales se ofrecerá cobertura para 
que las entidades de crédito puedan ofrecer financiación, en forma de préstamo con un 
plazo de devolución de hasta quince años, en virtud de convenio entre el Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y el Instituto de Crédito Oficial (ICO).
La creación de esta línea de avales, aunque no se configura propiamente como un 
hito establecido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que se 
encuentre recogido en el anexo a la Propuesta de Decisión de Ejecución del Consejo, 
de  16  de  junio  de  2021,  relativa  a  la  aprobación  de  la  evaluación  del  plan  de 
recuperación  y  resiliencia  de  España,  constituye  un  instrumento  que  se  encuentra 
recogido en el Componente 2, «Implementación de la Agenda Urbana española: Plan de 
rehabilitación y regeneración urbana»,  del  Plan  de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia  en  el  marco  de  la  reforma  C02.R06  «Mejora  de  la  financiación  de  las 
actuaciones de rehabilitación» y de la inversión C02.I01 «Programa de rehabilitación 
para la recuperación económica y social en entornos residenciales», y que contribuye a 
la creación de un entorno favorable para el desarrollo de la actividad de rehabilitación 
residencial.
V
Finalmente, el real decreto-ley incluye una disposición adicional y tres disposiciones  s
finales. La disposición adicional única establece el límite máximo de la línea de avales  e.
para  la  cobertura  parcial  por  cuenta  del  Estado  de  la  financiación  de  obras  de  w.
rehabilitación que contribuyan a la mejora de la eficiencia energética, aprobada en el  230ww
artícPuolor  4s ud ep easrttee,  rleaa ld disepcoresitcoi-óleny .final primera establece los títulos competenciales que
amparan al Estado para dictar normas en las distintas materias, y las disposiciones
finales segunda y tercera habilitan el desarrollo reglamentario y establecen la fecha de 
entrada en vigor de la norma, respectivamente.
VI
El artículo 86 de la Constitución permite al Gobierno dictar decretos-leyes «en caso 
de extraordinaria y urgente necesidad», siempre que no afecten al ordenamiento de las 
instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos 
regulados en el título I de la Constitución, al régimen de las Comunidades Autónomas ni 
al Derecho electoral general.
El real decreto-ley constituye un instrumento constitucionalmente lícito, siempre que, 
tal como reiteradamente ha exigido nuestro Tribunal Constitucional (sentencias 6/1983, 
de 4 de febrero, F. 5; 11/2002, de 17 de enero, F. 4, 137/2003, de 3 de julio, F. 3, 
y 189/2005, de 7 julio, F. 3; 68/2007, F. 10, y 137/2011, F. 7), el fin que justifica la 
legislación de urgencia sea subvenir a una situación concreta, dentro de los objetivos 
gubernamentales, que por razones difíciles de prever requiere una acción normativa 
inmediata  en  un  plazo  más  breve  que  el  requerido  por  la  vía  normal  o  por  el 
procedimiento  de  urgencia  para  la  tramitación  parlamentaria  de  las  leyes,  máxime 
cuando la determinación de dicho procedimiento no depende del Gobierno.
Debe quedar, por tanto, acreditada «la existencia de una necesaria conexión entre la 
situación de urgencia definida y la medida concreta adoptada para subvenir a ella 
(SSTC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3; 182/1997, de 20 de octubre, FJ 3, y 137/2003, 
de 3 de julio, FJ 4).
Este es el caso del conjunto de las medidas incluidas en la presente norma, cuyos 
motivos  que  avalan  la  urgencia  y  necesidad  de  las  mismas  se  ha  desarrollado 
anteriormente, por lo que es necesario actuar mediante un procedimiento legislativo 
urgente y extraordinario como el del real decreto-ley.
Por lo expuesto, debe resaltarse que su contenido no afecta en modo alguno al 
ordenamiento  de  las  instituciones  básicas  del  Estado,  a  los  derechos,  deberes  y 
libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las comunidades 
autónomas ni al Derecho electoral general.
En consecuencia, la extraordinaria y urgente necesidad de aprobar este real decreto-
ley se inscribe en el juicio político o de oportunidad que corresponde al Gobierno en 
cuanto órgano de dirección política del Estado (SSTC 61/2018, de 7 de junio, FFJJ 4 y 7; 
142/2014, de 11 de septiembre, FJ 3) y esta decisión, sin duda, supone una ordenación 
de prioridades políticas de actuación (STC 14/2020, de 28 de enero), centradas en el 
cumplimiento de la seguridad jurídica, la garantía de precios justos y competitivos a los 
ciudadanos y las empresas, y la protección de la seguridad, salud y orden público en 
esta  fase  de  recuperación  económica.  Los  motivos  de  oportunidad  que  acaban  de 
exponerse demuestran que, en ningún caso, el presente real decreto-ley constituye un 
supuesto de uso abusivo o arbitrario de este instrumento constitucional (SSTC 61/2018, 
de 7 de junio, FJ 4; 100/2012, de 8 de mayo, FJ 8; 237/2012, de 13 de diciembre, FJ 4; 
39/2013, de 14 de febrero, FJ 5). Al contrario, todas las razones expuestas justifican 
amplia y razonadamente la adopción de la presente norma (SSTC 29/1982, de 31 de 
mayo, FJ 3; 111/1983, de 2 de diciembre, FJ 5; 182/1997, de 20 de octubre, FJ 3).
Por todo lo expuesto, concurren de esta forma las circunstancias de «extraordinaria y 
urgente necesidad» que constituyen el presupuesto habilitante exigido al Gobierno por el 
artículo 86.1 de la Constitución para dictar reales decretos-leyes. s
Además, como señala la STC 100/2012, de 8 de mayo, en su FJ 9, «del hecho de  e.
que la materia tributaria esté sujeta al principio de reserva de ley (arts. 31.3 y 133.1 y 3  w.
CE)  y  de  que  dicha  reserva  tenga  carácter  relativo  y  no  absoluto  «no  se  deriva  230ww
pnoedcerás apreianmeteranrte e qnu lea  smea etenrciau etrnibtruet aerxiac lsuiiedma pdreel  qáumeb istoe  ddee nr elogsu lraecqióunis idtoesl  Dcoencrsetittou-cleioyn, aqluees 
mdeal teprrieassu epxucelsutiod ahsa»b (ilSitaSnTtCe  y1 8n2o/1 ‘9a9fe7c, ted’e  e2n8  edl es eoncttiudbor ec,o FnJs ti8tu; c1io3n7a/2l 0d0e3l , tédrem 3in doe,  aju llaios,   BOE-A-cable e
FJ 6; y 108/2004, de 30 de junio, FJ 7; 245/2004, de 16 de diciembre, FJ 4; y 189/2005, 
de 7 de julio, FJ 7). (…) Y, sobre este particular, en la sección 2 del capítulo segundo del 
título  I  de  la  Constitución,  bajo  la  rúbrica  «De  los  derechos  y  deberes  de  los 
ciudadanos»,  se  inserta  el  artículo  31.1  CE,  precepto  que  establece  «un  auténtico 
mandato jurídico, fuente de derechos y obligaciones», del que «se deriva un deber 
constitucional  para  los  ciudadanos  de  contribuir,  a  través  de  los  impuestos,  al 
sostenimiento o financiación de los gastos públicos» (SSTC 182/1997, de 28 de octubre, 
FJ 6; 245/2004, de 16 de diciembre, FJ 5; y 189/2005, de 7 de julio, FJ 7), siendo, en 
consecuencia, uno de «los deberes cuya afectación está vedada al Decreto-ley el deber 
de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos que enuncia el artículo 31.1 CE» 
(SSTC 137/2003, de 3 de julio, FJ 6; 245/2004, de 16 de diciembre, FJ 5; y 189/2005, 
de 7 de julio, FJ 7).
Pues bien, el artículo 31.1 CE «conecta el citado deber de contribuir con el criterio de 
la capacidad económica» y lo relaciona, a su vez, «no con cualquier figura tributaria en 
particular, sino con el conjunto del sistema tributario», por lo que queda claro «que el 
Decreto-ley no podrá alterar ni el régimen general ni aquellos elementos esenciales de 
los tributos que inciden en la determinación de la carga tributaria, afectando así al deber 
general de los ciudadanos de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de 
acuerdo con su riqueza mediante un sistema tributario justo» (SSTC 182/1997, de 18 de 
octubre, FJ 7; 137/2003, de 3 de julio, FJ 6; 108/2004, de 30 de junio, FJ 7; y 189/2005, 
de 7 de julio, FJ 7). De manera que vulnerará el artículo 86 CE «cualquier intervención o 
innovación normativa que, por su entidad cualitativa o cuantitativa, altere sensiblemente 
la posición del obligado a contribuir según su capacidad económica en el conjunto del 
sistema tributario» (SSTC 182/1997, de 28 de octubre, FJ 7; 137/2003, de 3 de julio, 
FJ 6; 108/2004, de 30 de junio, FJ 7; y 189/2005, de 7 de julio, FJ 7). Por tanto, será 
preciso tener en cuenta «en cada caso en qué tributo concreto incide el Decreto-ley –
constatando su naturaleza, estructura y la función que cumple dentro del conjunto del 
sistema  tributario,  así  como  el  grado  o  medida  en  que  interviene  el  principio  de 
capacidad económica–, qué elementos del mismo –esenciales o no resultan alterados 
por este excepcional modo de producción normativa– y, en fin, cuál es la naturaleza y 
alcance de la concreta regulación de que se trate» (SSTC 182/1997, de 28 de octubre, 
FJ 7; 137/2003, de 3 de julio, FJ 6; 108/2004, de 30 de junio, FJ 7; y 189/2005, de 7 de 
julio, FJ 7).
A la luz de estas consideraciones, cabe afirmar que con las concretas medidas 
introducidas en el ámbito tributario no se vulnera el citado artículo 31 de la Constitución 
ya que, como se señala en la antes citada STC 100/2012 (FJ 9), «(…) no ha provocado 
un cambio sustancial de la posición de los ciudadanos en el conjunto del sistema 
tributario, de manera que no ha afectado a la esencia del deber constitucional de 
contribuir al sostenimiento de los gastos públicos que enuncia el artículo 31.1 CE» 
(SSTC 137/2003, de 3 de julio, FJ 7; y 108/2004, de 30 de junio, FJ 8).
VII
Este real decreto-ley se adecua a los principios de buena regulación previstos en el 
artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas.
De este modo, se cumple con el principio de necesidad y eficacia que ha quedado 
plenamente  justificado.  Deja  patente  la  necesidad  de  impulsar  la  rehabilitación  de  s
viviendas y entornos residenciales, en cumplimiento de los objetivos perseguidos por el  e.
Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia, por el Plan Nacional  w.
Integrado  de  Energía  y  Clima  2021-2030  y  la  Estrategia  a  largo  plazo  para  la  230ww
reefihcaiebnilcitiaac ieónne regnéetircgaé,t ilcaa  ceanli deald s deeclt oari rdee d lea  leads ifciciuadcaiódne se,n l aE psrpoamñao c2ió0n2 0d,e  mlaesjo erannedrgoí alas 
caultmerpnlaimtivieanst o y a lal osd ivperrisnicfiicpaiocsió nd ed es elgausr idfaude ntjeusrí didcea , epnreorpgoíarc. ioIngaulaidlmade nyte , efsicea cdiaa,   BOE-A-cable e
destacándose que las medidas que incorpora son congruentes con el ordenamiento 
jurídico e incorporan la mejor alternativa posible dada la situación de excepcionalidad al 
contener la regulación necesaria e imprescindible para la consecución de los objetivos 
previamente mencionados.
En cuanto al principio de transparencia, dado que se trata de un real decreto-ley, su 
tramitación se encuentra exenta de consulta pública previa y de los trámites de audiencia 
e  información  públicas,  conforme  al  artículo  26.11  de  la  Ley  50/1997,  de  27  de 
noviembre, del Gobierno, si bien, tal principio se refuerza a través de la exposición clara 
y accesible de los motivos y de los objetivos de la norma, que se recogen en esta parte 
expositiva y en la preceptiva memoria de análisis de impacto normativo.
Finalmente, respecto del principio de eficiencia, debe señalarse que los contenidos 
de la norma no implican cargas administrativas.
Este real decreto-ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.14.ª de la 
Constitución, que atribuye al Estado competencia exclusiva en materia de hacienda 
general, respecto a su artículo 1. Los artículos 2, 3, 4, 5 y disposición adicional primera 
de este real decreto-ley se dictan al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.1.ª, 8.ª, 
13.ª, 18.ª, 23.ª y 25.ª de la Constitución Española, que atribuyen al Estado competencia 
exclusiva  en  materia  de  condiciones  básicas  de  la  igualdad  en  el  ejercicio  de  los 
derechos y el cumplimiento de los correspondientes deberes constitucionales, legislación 
civil, de la planificación general de la actividad económica, de bases del régimen jurídico 
de las Administraciones Públicas y procedimiento administrativo común, de legislación 
básica de protección del medio ambiente y de bases del régimen energético.
En su virtud, haciendo uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la 
Constitución Española, a propuesta de la Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana, la Ministra de Hacienda y Función Pública y la Vicepresidenta Tercera del 
Gobierno  y  Ministra  para  la  Transición  Ecológica  y  el  Reto  Demográfico,  y  previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 5 de octubre de 2021,
DISPONGO:
TÍTULO ÚNICO
Medidas para impulsar la actividad de rehabilitación residencial
Artículo 1.  Deducción en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas por obras 
de mejora de eficiencia energética en viviendas.
Con efectos desde la entrada en vigor de este Real Decreto-ley, se introducen las 
siguientes modificaciones en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos 
sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio:
Uno.  Se añade una nueva letra g) en el apartado 3 de la disposición adicional 
decimotercera, que queda redactada de la siguiente forma:
«g)  A las Comunidades Autónomas respecto de los certificados de eficiencia 
energética registrados y las resoluciones definitivas de ayuda que hayan sido 
concedidas por obras de mejora de la eficiencia energética de viviendas, junto con 
la relación de números de referencia catastrales a los que se refieran.» s
Dos.  Se  añade  una  nueva  disposición  adicional  quincuagésima  que  queda 
redactada de la siguiente forma:
«Disposición adicional quincuagésima.  Deducción por obras de mejora de la 
eficiencia energética de viviendas.
1.  Los contribuyentes podrán deducirse el 20 por ciento de las cantidades 
satisfechas desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 19/2021, de 5 de 
octubre,  de  medidas  urgentes  para  impulsar  la  actividad  de  rehabilitación 
edificatoria en el contexto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, 
hasta el 31 de diciembre de 2022 por las obras realizadas durante dicho período 
para la reducción de la demanda de calefacción y refrigeración de su vivienda 
habitual o de cualquier otra de su titularidad que tuviera arrendada para su uso 
como vivienda en ese momento o en expectativa de alquiler, siempre que en este 
último caso, la vivienda se alquile antes de 31 de diciembre de 2023.
A estos efectos, únicamente se entenderá que se ha reducido la demanda de 
calefacción y refrigeración de la vivienda cuando se reduzca en al menos un 7 por 
ciento la suma de los indicadores de demanda de calefacción y refrigeración del 
certificado  de  eficiencia  energética  de  la  vivienda  expedido  por  el  técnico 
competente después de la realización de las obras, respecto del expedido antes 
del inicio de las mismas.
La deducción se practicará en el período impositivo en el que se expida el 
certificado de eficiencia energética emitido después de la realización de las obras. 
Cuando el certificado se expida en un período impositivo posterior a aquél en el 
que se abonaron cantidades por tales obras, la deducción se practicará en este 
último tomando en consideración las cantidades satisfechas desde la entrada en 
vigor del Real Decreto-ley 19/2021, de 5 de octubre, de medidas urgentes para 
impulsar  la  actividad  de  rehabilitación  edificatoria  en  el  contexto  del  Plan  de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, hasta el 31 de diciembre de dicho 
período impositivo. En todo caso, dicho certificado deberá ser expedido antes de 1 
de enero de 2023.
La base máxima anual de esta deducción será de 5.000 euros anuales.
2.  Los contribuyentes podrán deducirse el 40 por ciento de las cantidades 
satisfechas desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 19/2021, de 5 de 
octubre,  de  medidas  urgentes  para  impulsar  la  actividad  de  rehabilitación 
edificatoria en el contexto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, 
hasta el 31 de diciembre de 2022 por las obras realizadas durante dicho período 
para la mejora en el consumo de energía primaria no renovable de su vivienda 
habitual o de cualquier otra de su titularidad que tuviera arrendada para su uso 
como vivienda en ese momento o en expectativa de alquiler, siempre que en este 
último caso, la vivienda se alquile antes de 31 de diciembre de 2023.
A estos efectos, únicamente se entenderá que se ha mejorado el consumo de 
energía primaria no renovable en la vivienda en la que se hubieran realizado tales 
obras cuando se reduzca en al menos un 30 por ciento el indicador de consumo 
de energía primaria no renovable, o bien, se consiga una mejora de la calificación 
energética de la vivienda para obtener una clase energética «A» o «B», en la 
misma  escala  de  calificación,  acreditado  mediante  certificado  de  eficiencia 
energética  expedido  por  el  técnico  competente  después  de  la  realización  de 
aquéllas, respecto del expedido antes del inicio de las mismas. e.
La deducción se practicará en el período impositivo en el que se expida el  w.b
certificado de eficiencia energética emitido después de la realización de las obras.  230ww
qCuuea nsdeo  aeblo cnearrtoifnic acdaon tsidea deexsp idpao re tna luens  opberraíosd, ola i mdpeodsuicticvioó np osset eprrioarc taic aarqáu éeln  eens teel 
úvilgtimoro d teolm Raenadlo D eenc rceoton-sleidye r1a9c/i2ó0n2 l1a,s  dcea n5t iddaed oecst usbarteis,f edceh amse ddeidsadse  ularg eennttreasd ap aeran 
impulsar  la  actividad  de  rehabilitación  edificatoria  en  el  contexto  del  Plan  de
Recuperación, Transformación y Resiliencia, hasta el 31 de diciembre de dicho 
período impositivo. En todo caso, dicho certificado deberá ser expedido antes de 1 
de enero de 2023.
La base máxima anual de esta deducción será de 7.500 euros anuales.
3.  Los contribuyentes propietarios de viviendas ubicadas en edificios de uso 
predominante residencial en el que se hayan llevado a cabo desde la entrada en 
vigor del Real Decreto-ley 19/2021, de 5 de octubre, de medidas urgentes para 
impulsar  la  actividad  de  rehabilitación  edificatoria  en  el  contexto  del  Plan  de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, hasta el 31 de diciembre de 2023 
obras  de  rehabilitación  energética,  podrán  deducirse  el  60  por  ciento  de  las 
cantidades satisfechas durante dicho período por tales obras. A estos efectos, 
tendrán la consideración de obras de rehabilitación energética del edificio aquéllas 
en las que se obtenga una mejora de la eficiencia energética del edificio en el que 
se  ubica  la  vivienda,  debiendo  acreditarse  con  el  certificado  de  eficiencia 
energética  del  edificio  expedido  por  el  técnico  competente  después  de  la 
realización  de  aquéllas  una  reducción  del  consumo  de  energía  primaria  no 
renovable, referida a la certificación energética, de un 30 por ciento como mínimo, 
o bien, la mejora de la calificación energética del edificio para obtener una clase 
energética «A» o «B», en la misma escala de calificación, respecto del expedido 
antes del inicio de las mismas.
Se asimilarán a viviendas las plazas de garaje y trasteros que se hubieran 
adquirido con estas.
No darán derecho a practicar esta deducción por las obras realizadas en la 
parte de la vivienda que se encuentre afecta a una actividad económica.
La deducción se practicará en los períodos impositivos 2021, 2022 y 2023 en 
relación con las cantidades satisfechas en cada uno de ellos, siempre que se 
hubiera expedido, antes de la finalización del período impositivo en el que se vaya 
a practicar la deducción, el citado certificado de eficiencia energética. Cuando el 
certificado se expida en un período impositivo posterior a aquél en el que se 
abonaron cantidades por tales obras, la deducción se practicará en este último 
tomando en consideración las cantidades satisfechas desde la entrada en vigor 
del Real Decreto-ley 19/2021, de 5 de octubre, de medidas urgentes para impulsar 
la actividad de rehabilitación edificatoria en el contexto del Plan de Recuperación, 
Transformación  y  Resiliencia,  hasta  el  31  de  diciembre  de  dicho  período 
impositivo. En todo caso, dicho certificado deberá ser expedido antes de 1 de 
enero de 2024.
La base máxima anual de esta deducción será de 5.000 euros anuales.
Las cantidades satisfechas no deducidas por exceder de la base máxima 
anual de deducción podrán deducirse, con el mismo límite, en los cuatro ejercicios 
siguientes, sin que en ningún caso la base acumulada de la deducción pueda 
exceder de 15.000 euros.
4.  No darán derecho a practicar las deducciones previstas en los apartados 1 
y 2 anteriores, cuando la obra se realice en las partes de las viviendas afectas a 
una actividad económica, plazas de garaje, trasteros, jardines, parques, piscinas e 
instalaciones deportivas y otros elementos análogos.
En ningún caso, una misma obra realizada en una vivienda dará derecho a las 
deducciones  previstas  en  los  apartados  1  y  2  anteriores.  Tampoco  tales 
deducciones resultarán de aplicación en aquellos casos en los que la mejora  s
acreditada y las cuantías satisfechas correspondan a actuaciones realizadas en el  oe.
conjunto  del  edificio  y  proceda  la  aplicación  de  la  deducción  recogida  en  el  w.
apartado 3 de esta disposición. 230ww
estaLráa  bcoansest itdueid laa sp odre dlausc ccioannetisd apdreesv isstaatsis feenc hloass , ampaerdtaiadnotes  1ta, rj2e tay  3d ea nctreérdioitroe so, 
ednétbiditaod, etsra dnesf ecrreéndcitioa,  baa lnacsa rpiae,r sochneaqs uoe  ennotimdaindaetsiv oq uoe  rinegarliecseon  teanle sc uoebnratass,  aesní   BOE-A-cable e
como a las personas o entidades que expidan los citados certificados, debiendo 
descontar aquellas cuantías que, en su caso, hubieran sido subvencionadas a 
través de un programa de ayudas públicas o fueran a serlo en virtud de resolución 
definitiva de la concesión de tales ayudas. En ningún caso, darán derecho a 
practicar deducción las cantidades satisfechas mediante entregas de dinero de 
curso legal.
A estos efectos, se considerarán como cantidades satisfechas por las obras 
realizadas  aquellas  necesarias  para  su  ejecución,  incluyendo  los  honorarios 
profesionales, costes de redacción de proyectos técnicos, dirección de obras, 
coste de ejecución de obras o instalaciones, inversión en equipos y materiales y 
otros  gastos  necesarios  para  su  desarrollo,  así  como  la  emisión  de  los 
correspondientes  certificados  de  eficiencia  energética.  En  todo  caso,  no  se 
considerarán  en  dichas  cantidades  los  costes  relativos  a  la  instalación  o 
sustitución de equipos que utilicen combustibles de origen fósil.
Tratándose de obras llevadas a cabo por una comunidad de propietarios la 
cuantía susceptible de formar la base de la deducción de cada contribuyente a que 
se refiere el apartado 3 anterior, vendrá determinada por el resultado de aplicar a 
las cantidades satisfechas por la comunidad de propietarios a las que se refiere el 
párrafo anterior, el coeficiente de participación que tuviese en la misma.
5.  Los  certificados  de  eficiencia  energética  previstos  en  los  apartados 
anteriores deberán haber sido expedidos y registrados con arreglo a lo dispuesto 
en  el  Real  Decreto  390/2021,  de  1  de  junio,  por  el  que  se  aprueba  el 
procedimiento  básico  para  la  certificación  de  la  eficiencia  energética  de  los 
edificios.
A los efectos de acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos para la 
práctica de estas deducciones serán válidos los certificados expedidos antes del 
inicio de las obras siempre que no hubiera transcurrido un plazo de dos años entre 
la fecha de su expedición y la del inicio de estas.
6.  El importe de estas deducciones se restará de la cuota íntegra estatal 
después  de  las  deducciones  previstas  en  los  apartados  1,  2,  3,  4,  y  5  del 
artículo 68 de esta ley.»
Tres.  Se  modifica  el  apartado  4  de  la  disposición  adicional  quinta  que  queda 
redactado de la siguiente forma:
«4.  No se integrarán en la base imponible de este Impuesto, las ayudas 
concedidas en virtud de lo dispuesto en el Real Decreto 920/2014, de 31 de 
octubre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones destinadas a 
compensar los costes derivados de la recepción o acceso a los servicios de 
comunicación audiovisual televisiva en las edificaciones afectadas por la liberación 
del dividendo digital. Tampoco se integraran en el ejercicio 2021 y siguientes las 
concedidas  en  virtud  de  los  distintos  programas  establecidos  en  el  Real 
Decreto 691/2021, de 3 de agosto, por el que se regulan las subvenciones a 
otorgar  a  actuaciones  de  rehabilitación  energética  en  edificios  existentes,  en 
ejecución del Programa de rehabilitación energética para edificios existentes en 
municipios de reto demográfico (Programa PREE 5000), incluido en el Programa 
de regeneración y reto demográfico del Plan de rehabilitación y regeneración 
urbana del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como su 
concesión directa a las comunidades autónomas; el Real Decreto 737/2020, de 4  e
de agosto, por el que se regula el programa de ayudas para actuaciones de  bo
rehabilitación energética en edificios existentes y se regula la concesión directa de  230ww
yla sM aeyliullad;a sy  deel  Reesatel  Dpreocgrreatmo a8 5a3 /la2s0 2c1o,m duen i5d addee os catuubtóren,o mpoars  eyl  qciuued asdee rse dgeu laCne ulotas 
pPrloagnr daem Rase cduep earyaucdióan e, nT rmanasteforiram daec iórenh ya bRielitsailcieiónnc irae.s»idencial y vivienda social del
Artículo 2.  Modificación de la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal.
Se modifica el apartado 2 del artículo diecisiete de la Ley 49/1960, de 21 de julio, 
sobre propiedad horizontal, que queda redactado en los siguientes términos:
«2.  Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 10.1 b), la realización de 
obras o el establecimiento de nuevos servicios comunes que tengan por finalidad 
la supresión de barreras arquitectónicas que dificulten el acceso o movilidad de 
personas con discapacidad y, en todo caso, el establecimiento de los servicios de 
ascensor, incluso cuando impliquen la modificación del título constitutivo, o de los 
estatutos, requerirá el voto favorable de la mayoría de los propietarios, que, a su 
vez, representen la mayoría de las cuotas de participación.
Cuando se adopten válidamente acuerdos para la realización de obras de 
accesibilidad, la comunidad quedará obligada al pago de los gastos, aun cuando 
su importe repercutido anualmente exceda de doce mensualidades ordinarias de 
gastos comunes.
La realización de obras o actuaciones que contribuyan a la mejora de la 
eficiencia energética acreditables a través de certificado de eficiencia energética 
del edificio o la implantación de fuentes de energía renovable de uso común, así 
como  la  solicitud  de  ayudas  y  subvenciones,  préstamos  o  cualquier  tipo  de 
financiación por parte de la comunidad de propietarios a entidades públicas o 
privadas  para  la  realización  de  tales  obras  o  actuaciones,  requerirá  el  voto 
favorable de la mayoría de los propietarios, que, a su vez, representen la mayoría 
de las cuotas de participación, siempre que su coste repercutido anualmente, una 
vez descontadas las subvenciones o ayudas públicas y aplicada en su caso la 
financiación, no supere la cuantía de nueve mensualidades ordinarias de gastos 
comunes.  El  propietario  disidente  no  tendrá  el  derecho  reconocido  en  el 
apartado 4 de este artículo y el coste de estas obras, o las cantidades necesarias 
para sufragar los préstamos o financiación concedida para tal fin, tendrán la 
consideración de gastos generales a los efectos de la aplicación de las reglas 
establecidas en la letra e) del artículo noveno.1 de esta ley.»
Artículo 3.  Modificación del texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre.
El texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, queda modificado como sigue:
Uno.  Se modifica la letra a) del artículo 9.5, que queda redactada en los siguientes 
términos:
«a)  Actuar en el mercado inmobiliario con plena capacidad jurídica para 
todas las operaciones, incluidas las crediticias, relacionadas con el cumplimiento 
del deber de conservación, rehabilitación y mejora de los edificios, así como con la 
participación  en  la  ejecución  de  actuaciones  de  rehabilitación  y  en  las  de 
regeneración  y  renovación  urbanas  que  correspondan.  A  tal  efecto  podrán 
elaborar, por propia iniciativa o por encargo del responsable de la gestión de la 
actuación de que se trate, los correspondientes planes o proyectos de gestión 
correspondientes a la actuación.»
Dos.  Se modifica la letra h) del artículo 9.5, que queda redactada en los siguientes  o
términos: 230www.
cons«ehr)v acSióonlic, itraerh acbréilditiatocsió nco yn  mele ojobrjae tdoe d leo so betdeinfieciro fsin ya nlacsia caicótnu apcaioran elass r eogburalasd daes 
por esta ley.»
Artículo 4.  Aprobación de una línea de avales para la cobertura parcial por cuenta del 
Estado de la financiación de obras de rehabilitación que contribuyan a la mejora de la 
eficiencia energética.
1.  Con objeto de proporcionar cobertura financiera parcial para hacer frente a los 
gastos necesarios para llevar a cabo obras de rehabilitación que contribuyan a la 
mejora de la eficiencia energética de los edificios de vivienda, se autoriza al Ministerio 
de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para que, mediante convenio con el 
Instituto de Crédito Oficial, por un plazo de hasta veinte años, se desarrolle una línea 
de avales que ofrezcan cobertura parcial del Estado, para que las entidades de 
crédito puedan ofrecer financiación, en forma de préstamo con un plazo de devolución 
de hasta quince años.
2.  Las cuantías objeto de la cobertura serán finalistas, debiendo dedicarse al pago 
de las obras de rehabilitación siempre que contribuyan a la mejora de la eficiencia 
energética de los edificios de vivienda, de acuerdo con lo establecido en este artículo y 
en su normativa de desarrollo.
3.  A  esta  línea  de  avales  podrán  acceder  todos  aquellos  propietarios  o 
comunidades de propietarios que vayan a acometer obras de rehabilitación, de acuerdo 
con las condiciones aplicables, los criterios y requisitos que se definan a través de un 
Acuerdo del Consejo de Ministros. Dicho Acuerdo no precisará desarrollo normativo 
posterior para su aplicación y cumplirá en todo caso con la normativa de la Unión 
Europea en materia de ayudas de Estado.
4.  El Acuerdo de Consejo de Ministros referido en el apartado anterior implicará la 
autorización del Consejo de Ministros, prevista en el artículo 10.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
5.  La verificación del cumplimiento de los requisitos de los beneficiarios de la línea 
de avales se realizará «ex post» por el Ministerio de Transportes Movilidad y Agenda 
Urbana, conforme a la normativa de aplicación, y los avales que se concedan en virtud 
de la nueva línea deberán ser objeto de publicación en la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones (BDNS), en los términos previstos en Real Decreto 130/2019, de 8 marzo 
que  regula  la  Base  de  Datos  Nacional  de  Subvenciones  y  la  publicidad  de  las 
subvenciones y demás ayudas públicas.
6.  En caso de ejecución de los avales otorgados, se seguirá para el conjunto del 
principal de la operación avalada el mismo régimen jurídico de recuperación y cobranza 
que corresponda a la parte del principal del crédito no avalada por el Estado, de acuerdo 
con la normativa y prácticas de las entidades financieras, y no serán de aplicación los 
procedimientos y las prerrogativas de cobranza previstos en el artículo 116 bis y 10.1 de 
la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. Corresponderá a las 
entidades  financieras  la  formulación  de  reclamaciones  extrajudiciales  o  ejercicio  de 
acciones judiciales por cuenta y en nombre del Estado para la recuperación de los 
importes impagados de créditos de la Hacienda Pública derivados de la ejecución de 
estos avales. No obstante, las entidades de crédito no podrán conceder aplazamientos, 
fraccionamientos y quitas de las cantidades reclamadas por cuenta y en nombre del 
Estado  sin  recabar  previamente  su  aprobación  por  parte  del  Departamento  de 
Recaudación de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Mediante Acuerdo del 
Consejo  de  Ministros  se  podrán  otorgar  autorizaciones  generales  en  determinados 
supuestos  para  conceder  a  dichas  operaciones  aplazamientos  y  fraccionamientos. 
Asimismo, mediante real decreto del Consejo de Ministros, previo dictamen del Consejo 
de Estado, se fijarán las condiciones en que estas entidades podrán proceder a las  e.
operaciones de quita generales. w.b
7.  En caso de declaración de concurso del deudor avalado será de aplicación, las  230ww
rdeeg l2a7s  gdeen enroavleiesm dber er,e pdree sAenstisatceiónnci ay  dJuerfeídnicsaa  eanl  Ejusictaiod oe seta bInlesctiitduacsio enne sla  PLúebyl ic5a2s/1. 9L9o7s, 
acrcéudeitrodso sd eexritvraadjuodsic idaele sla  deej epcaugcoiósn  yd see  ecsotonss idaevraalreásn  ppoadsriávno  fqinuaendcaire raof eac teafdeocsto sp odr el olas 
homologación de los acuerdos de refinanciación. Asimismo, si el deudor reuniera los
requisitos  legales  para  ello,  el  beneficio  de  exoneración  de  pasivo  insatisfecho  se 
extenderá igualmente a los citados créditos.
8.  Los créditos de la Hacienda Pública derivados de la ejecución de los avales 
otorgados al amparo de esta línea de avales ostentarán el rango de crédito ordinario en 
caso de declaración de concurso del deudor avalado.
Disposición adicional única.  Límite máximo de la línea de avales para la cobertura 
parcial por cuenta del Estado de la financiación de obras de rehabilitación que 
contribuyan a la mejora de la eficiencia energética, aprobada en el artículo 4 de este 
real decreto-ley.
En relación con la línea de avales para la cobertura parcial por cuenta del Estado 
de la financiación de obras de rehabilitación que contribuyan a la mejora de la 
eficiencia energética aprobada en el artículo 4 de este real decreto-ley, el Ministerio 
de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana podrá conceder avales por un importe 
máximo de 1.100 millones de euros, pudiendo aplicar por Acuerdo de Consejo de 
Ministros el remanente no aplicado a la línea de avales para la cobertura por cuenta 
del Estado de la financiación a arrendatarios en situación de vulnerabilidad social y 
económica  como  consecuencia  de  la  expansión  del  COVID-19,  aprobada  en  el 
artículo 9 del Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan 
medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer 
frente al COVID-19.
Disposición final primera.  Títulos competenciales.
1.  El artículo 1 de este real decreto-ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 149.1.14.ª de la Constitución, que atribuye al Estado competencia exclusiva en 
materia de hacienda general.
2.  Los artículos 2, 3, 4, disposición adicional primera y disposición final primera 
de este real decreto-ley se dictan al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.1.ª, 
8.ª,  13.ª,  18.ª,  23.ª  y  25.ª  de  la  Constitución  Española,  que  atribuye  al  Estado 
competencia  exclusiva  en  materia  de  condiciones  básicas  de  la  igualdad  en  el 
ejercicio  de  los  derechos  y  el  cumplimiento  de  los  correspondientes  deberes 
constitucionales,  legislación  civil,  de  la  planificación  general  de  la  actividad 
económica,  de  bases  del  régimen  jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y 
procedimiento administrativo común, de legislación básica de protección del medio 
ambiente y de bases del régimen energético.
Disposición final segunda.  Desarrollo reglamentario.
El Gobierno podrá dictar las normas reglamentarias necesarias para el desarrollo de 
lo dispuesto en este real decreto-ley.
Disposición final tercera.  Entrada en vigor.
Este real decreto-ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 5 de octubre de 2021.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN