BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 40 Miércoles 16 de febrero de 2022 Sec. III.   Pág. 19809
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
2513 Resolución de 19 de enero de 2022, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación 
de la registradora de la propiedad de Cullera, por la que se suspende la 
rectificación del carácter con que consta inscrito un bien.
En el recurso interpuesto don C. M. O., en nombre y representación de doña V. M. L., 
contra la nota de calificación de la registradora de la Propiedad de Cullera, María Elena 
Domínguez Prieto, por la que suspende la rectificación del carácter con que consta 
inscrito un bien.
Hechos
I
Mediante instancia suscrita por doña V. M. L. se solicitaba la rectificación de la 
inscripción dominical de la finca registral número 9.373 del Registro de la Propiedad de 
Cullera,  al  resultar  inscrita  para  su  sociedad  de  conyugal,  si  bien  la  solicitante 
manifestaba  que  el  régimen  económico-matrimonial  vigente  en  el  momento  de  la 
adquisición era el régimen foral de conquistas y, por tanto, debía inscribirse a su nombre 
con carácter privativo.
II
Presentada el día 21 de septiembre de 2021 dicha instancia en el Registro de la 
Propiedad de Cullera, fue objeto de la siguiente nota de calificación:
«Nota de calificación.
Hechos y fundamentos de Derecho:
Vista la precedente instancia, con entrada número 4216/2021, que fue presentada el 
día 21 de septiembre del mismo año, bajo el asiento 914 del Diario 87, suscrita por Doña 
V.  M.,  solicitando  la  rectificación  del  error  cometido  en  la  inscripción  de  la  finca 
registral 9373 de Cultera, y que se inscriba la misma a su nombre, con carácter privativo, 
por entender que su régimen económico matrimonial en el momento de la adquisición de 
la citada finca no era el de gananciales, sino el de conquistas, debiendo haberse inscrito 
por tanto la misma a su nombre con carácter privativo.
1. Vista  la  inscripción  2.ª  de  dicha  finca  obrante  al  folio  241  del  tomo  1076, 
Libro 277 de Cullera de la que resulta que tal asiento se corresponde fielmente con el 
título que lo ocasionó, escritura de compraventa otorgada por Doña V. M. L. en estado de 
casada  con  Don  T.  J.  M.,  sin  declaración  alguna  sobre  la  procedencia  del  precio, 
habiéndose  practicado  la  inscripción  sin  atribución  de  cuotas  y  para  su  sociedad 
conyugal,  de  conformidad  con  el  Art.  95  R.H.,  inscripción  que  se  halla  bajo  la  e.e
salvaguarda de los tribunales, no existiendo por tanto error registral ni material ni de  b
concepto, sino en todo caso inexactitud producida por al parecer la discordancia entre el  13ww
tqítuuelo d edneu cnocmiap lraa ivnetenrtae,s ayd laa. que alegan como realidad, inexactitud que es lo que parece
por Rneos upeolvdoe rn op rporvaocctaicra ro lpae irnascciórinp ciróeng idster arle catligfiucancai,ó ny as oqliucieta dlaa  econn laco rredfaenricdiaa  inesnttaren cieal 
Registro y la realidad extrarregistral precisará o de la rectificación de dicho título de
adquisición,  al  parecer  erróneo,  con  el  consentimiento  del  esposo  o  de  sus 
causahabientes, o de resolución judicial.
La calificación sería distinta si se hubiera acompañado a la instancia documento 
fehaciente y ajeno a la voluntad de los interesados que permita desvirtuar la presunción 
que a favor de la sociedad de gananciales existe en derecho común, concordando así el 
Registro con la realidad jurídica extrarregistral.
La doctrina de la DGRN en Resoluciones de 13 de julio y 13 de octubre de 2009, 
distingue  los  conceptos  de  inexactitud  registral  y  error:  existe  inexactitud  cuando 
concurre cualquier discordancia entre el Registro y la realidad extrarregistral (artículo 39 
de la Ley Hipotecaria), y existe error cuando, al trasladar al Registro cualquier dato que 
se encuentre en el título inscribible o en los documentos complementarios se incurre en 
una discordancia. A su vez, los errores pueden ser materiales y de concepto: son 
materiales cuando se ponen unas palabras por otras, pero no se altera el verdadero 
sentido de una inscripción ni de sus componentes básicos. En caso contrario el error es 
de concepto. Desde la Resolución de 5 de mayo de 1978, y las posteriores de 6 de 
noviembre de 1980, 10 de septiembre de 2004, 19 de junio de 2010, 7 de marzo de 2011 
y 16 de octubre de 2016 se tiene declarado por la DGRN, hoy DGSJFP, que cuando la 
rectificación se refiere a hechos susceptibles de ser probados de un modo absoluto con 
documentos  fehacientes,  independientes  por  su  naturaleza  de  la  voluntad  de  los 
interesados,  no  es  procedente  la  aplicación  del  artículo  40,  letra  d),  de  la  Ley 
Hipotecaria, pues basta para la rectificación la petición de parte interesada acompañada 
de los documentos que aclaren la inexactitud producida. No estamos propiamente ante 
un error de concepto o ante un error material, que se produce cuando al trasladar al 
Registro el contenido del título se padece alguno de los referidos errores, sino que, más 
bien, estaríamos, ante un error en el título, por cuanto, en el mismo no se expresó el 
régimen económico matrimonial de los adquirentes, por lo que su rectificación debe 
verificarse  conforme  al  apartado  d)  del  artículo  40  de  la  Ley  Hipotecaria,  al  decir: 
«Cuando la inexactitud procediere de falsedad, nulidad o defecto del título que hubiere 
motivado el asiento y, en general, de cualquier otra causa de las no especificadas 
anteriormente, la rectificación precisará el consentimiento del titular o, en su defecto, 
resolución judicial». A veces, un error del Registro se puede rectificar mediante una 
solicitud, pero en el presente caso, aunque pueda existir una inexactitud registral no 
existe un error, pues el dato que la solicitante considera incorrecto se tomó, tal y como 
está, de los títulos que causaron la inscripción. Y cuando la inexactitud proviene del 
título,  su  rectificación  es  la  prevista  en  el  apartado  d)  del  artículo  40  de  la  Ley 
Hipotecaria, y la forma de salvarla es la misma que la de los errores de concepto que no 
resultan claramente de los libros, es decir, consentimiento del titular o resolución judicial.
La Resolución de 20 de julio de 2016 recordó que uno de los pilares de nuestro 
sistema hipotecario lo constituye el principio de salvaguardia judicial de los asientos 
registrales (artículo 1 de la Ley Hipotecaria), que supone que, extendido un asiento, la 
situación resultante queda bajo la salvaguardia de los tribunales, produciendo todos sus 
efectos mientras no se declare su inexactitud, precisándose para su rectificación, bien el 
consentimiento de los titulares, bien la oportuna resolución judicial dictada en juicio 
declarativo (Resoluciones de 23 de noviembre de 1998 y 28 de julio de 1999). Junto al 
anterior se sitúa el principio de titulación auténtica que exige para cualquier modificación, 
objetiva o subjetiva, de la titularidad de una finca inscrita, que conste en documento 
público y el principio de tracto sucesivo (artículo 20 de la Ley Hipotecaria), según el cual, 
para que pueda acceder al Registro cualquier modificación objetiva o subjetiva que  es
afecte a un asiento registral es preciso que previamente conste inscrito el derecho de la  o
pqr(aeaeusgriretesiís cnoetutrnolal oa lde  3qerse8ur,e s eepdc xheerieoc glat eailvi, inc Lobsee.ci  eydr nCiitHco oehi pmlae oc oxtmoie sncotcesadoe rirfiynaoic t)liaap mecreiixioreótt,nien etn.no eeFd lcd ienee pa al rla mitnti tocuesdilnupaot iresot i ,r t leuoedglsla ei spre  trfreireanenclc,c t iotplbiafsiiio ec  flnaeod cgrelmiaaó  llnaeeo  gspei odtlsiarmett au pabnrlcolaeeiós scr nuied nasraceso igilóeeuinsnnc tti dróoeaensll      OE-A-2022-2513able en https://www.
judicial recaída en juicio declarativo entablado contra todos aquéllos a quienes el asiento
que se trate de rectificar conceda algún derecho (artículos 40, 82 y 220 de la Ley 
Hipotecaria). En definitiva, la combinación de los mencionados principios registrales 
implica que la rectificación del contenido del Registro exige, bien el consentimiento del 
titular del asiento inexacto en virtud de documento público o bien la oportuna sentencia 
firme dictada en juicio declarativo contra él entablado.
2. Por otra parte, y en el supuesto de que se acompañase documento fehaciente a 
la solicitud, que justificase lo alegado, no resulta oportunamente acreditada la identidad 
del solicitante y firmante de la instancia mediante la legitimación notarial de dicha firma o 
su ratificación ante el Registrador. Así lo estableció la Dirección General de los Registros 
y del Notariado en Resoluciones como la de 20 de julio de 2006 según la cual dicha 
solicitud  es  materia  de  calificación  por  el  Registrador,  por  lo  que  la  identidad  del 
solicitante ha de acreditarse mediante documento público o instancia privada con firma 
notarialmente legitimada o ratificada ante el Registrador. Conforme a lo dispuesto en los 
artículos 103 de la Ley Hipotecaria y 166.11a y 193.4a del Reglamento Hipotecario, en 
los casos en que un documento privado puede tener acceso al Registro es necesario 
que  las  firmas  de  los  que  lo  suscriben  estén  legitimadas  notarialmente  o  por  su 
ratificación ante el registrador. Este criterio ha sido confirmado por las Resoluciones de 
esta Dirección General de 8 de enero de 2002, 8 de marzo de 2005, 27 de julio de 2012, 
4 de julio de 2013 y 10 de mayo de 2018, las cuales señalan que toda instancia privada 
con la que se pretenda la modificación del Registro ha de llevar la firma legitimada 
notarialmente,  o  ser  firmada  en  presencia  del  registrador  y  ello  por  exigencias  del 
principio de seguridad jurídica, que impone la necesidad de identificar con plena certeza 
al firmante de la instancia.
Finalmente, como ha señalado la Dirección General de los Registros y del Notariado 
en Resoluciones de 15 de junio de 2009 y 10 de marzo de 2014, «si bien es cierto que 
en muchos casos no es tarea sencilla el determinar cuál es el régimen legal supletorio, 
es necesario que el notario, a la hora de redactar el instrumento público conforme a la 
voluntad  común  de  los  otorgantes  -que  deberá  indagar,  interpretar  y  adecuar  al 
ordenamiento  jurídico-,  despliegue  la  mayor  diligencia  al  reflejar  en  el  documento 
autorizado cuál es el régimen económico matrimonial que rige entre los esposos. En tal 
sentido, establece el artículo 159 del Reglamento Notarial que si dicho régimen fuere el 
legal bastará la declaración del otorgante, lo cual ha de entenderse en el sentido de que 
el notario, tras haber informado y asesorado en Derecho a los otorgantes, y con base en 
las manifestaciones de éstos (que primordialmente versan sobre datos fácticos entorno a 
su  nacionalidad  o  vecindad  civil  al  tiempo  de  contraer  matrimonio,  su  lugar  de 
celebración o el de la residencia habitual y la ausencia de capítulos -artículos 9.2 y 16.3 
del Código Civil-), concluirá que su régimen económico matrimonial, en defecto de 
capítulos, será el legal supletorio que corresponda, debiendo por tanto hacer referencia 
expresa  a  tal  circunstancia  -el  carácter  legal  de  dicho  régimen-  al  recoger  la 
manifestación de los otorgantes en el instrumento público de que se trate».
3. A fin de enervar la presunción iuris tantum del artículo 38 LH, en virtud de la cual 
se presume que los derechos reales inscritos en el Registro existen y pertenecen a su 
titular en la forma determinada por el asiento respectivo, al estar la finca inscrita «para la 
sociedad de gananciales» de doña V. M. y de su esposo don T. J. M., dicha inscripción 
no podría rectificarse, (suponiendo que las pretensiones de la interesada de modificar la 
inscripción fueran razonables), por la sola petición de la solicitante, pues se exige 
también la de su esposo hoy difunto, y habiendo fallecido éste, los derechos que él tenía 
han pasado a sus herederos, por lo que, aun en el supuesto de que la registradora  es
calificante de la instancia presentada estuviera convencida de que las inscripciones son  o
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demanda contra todos aquellos a quienes el asiento que se trate de rectificar conceda
algún  derecho  (los  herederos  de  su  esposo  fallecido)  por  los  trámites  del  juicio 
declarativo correspondiente.
Contra esta calificación los interesados podrán (…)
Cullera, 27 de septiembre de 2021.–La registradora (firma ilegible). Fdo. María Elena 
Domínguez Prieto.»
III
Contra la anterior nota de calificación, don C. M. O., en nombre y representación de 
doña V. M. L., interpuso recurso el día 15 de noviembre de 2021 mediante escrito en el 
que indicaba lo siguiente:
«I. Que Dña. V. M. L. y D. T. J. M. contrajeron matrimonio el 26/09/1964 en 
Fustiñana (Navarra) bajo el régimen matrimonial de conquistas tal y como dispone la 
Ley 87 de la Ley de Compilación del Derecho Civil Foral de Navarra por no haber 
pactado capitulaciones matrimoniales.
II. Que  Dña.  V.  M.  L.  el  01/09/1979  compró  con  carácter  privativo  la  finca 
registral 9373 de Cullera, tal y como se desprende del propio título de compraventa y en 
dónde consta claramente que Dña. V. era vecina de Fustiñana (Navarra) y que si bien es 
cierto que el título no expresa claramente el régimen matrimonial que tenía con D. T., 
también es cierto que el haber aplicado por parte del Registro la presunción en favor de 
la  sociedad  de  gananciales  que  existe  en  derecho  común  sabiendo  el  dato  de  la 
vecindad  civil  de  la  adquirente  y  su  esposo  parece  algo  bastante  aventurado  y 
susceptible de ser considerado error registral.
III. Que  la  Ley  89  del  Derecho  Civil  Foral  de  Navarra  establece  que  «serán 
considerados  como  bienes  privativos  en  la  sociedad  conyugal  de  conquistas  los 
adquiridos por compra» y que por lo tanto la Sra. M. al acudir sola a la Notaría el día de 
la compra, estaba manifestando claramente su intención de comprar a título privativo 
aplicando el régimen matrimonial que la vinculaba.»
IV
La registradora de la Propiedad emitió informe en defensa de la nota de calificación 
el  día  17  de  noviembre  de  2021,  ratificándola  en  todos  sus  extremos,  y  elevó  el 
expediente a este Centro Directivo.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 1.3.º, 38, 40, 212, 216, 217, 219, 324, 326 y 328 de la Ley 
Hipotecaria; 7.1, 9, 17 y 53 de la Ley del Notariado; 89 y siguientes del Reglamento 
Hipotecario; las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado 
de 5 de mayo de 1978, 6 de noviembre de 1980, 10 de septiembre de 2004, 2 y 21 de 
febrero y 13 de septiembre de 2005, 19 de diciembre de 2006, 10 de junio de 2009, 19 
de junio de 2010, 7 de marzo, 24 de junio, 23 de agosto y 15 de octubre de 2011, 29 de 
febrero y 7 de mayo de 2012, 28 de enero y 14 de mayo de 2013, 5 y 20 de febrero, 27 
de marzo y 7 de julio de 2015 y 13 de febrero y 11 de septiembre de 2017, y las 
Resoluciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 27 de  s
febrero de 2020 y 15 de octubre de 2021. oe.
1. La presente resolución tiene por objeto una instancia suscrita por un cónyuge por  13ww
leac oqnuóem siocloic lietag asle,  preocr teifli qduee c eoln Rqueigsitsatsro y e sne  ehla sgean ctiodnos dtaer  seul sctaitruáirc tlear  epxrpivraetsivióon d dee l ar éfignicmae.n
Son hechos relevantes del presente expediente:
– Resulta del historial registral aportado al presente expediente que el día 3 de 
septiembre de 1980 se practicó la inscripción 20.ª de la finca registral 9.373 de Cullera, 
en base a una escritura de compraventa autorizada el día 1 de septiembre de 1979 por 
la que doña J., doña M. y doña C. B. C. transmitían a doña V. M. L. la referida finca.
– En el título presentado a inscripción constaba que la compradora era mayor de 
edad, casada con don T. J. M. y vecina de Fustiñana (Navarra), recogiéndose en la 
inscripción que se inscribe a favor de «Doña V. M. L., casada con Don T. J. M., vecina de 
Fustiñana-Navarra, y a su favor la inscribo conjuntamente y para la sociedad conyugal 
por título de compra».
– Mediante instancia presentada el día 21 de septiembre de 2021, doña V. M. L. 
solicita la rectificación del régimen económico-matrimonial de gananciales, al entender 
que se trata de un error en el Registro, ya que el régimen económico-matrimonial de la 
compradora era el de conquistas, al haber contraído matrimonio en la Comunidad Foral 
de Navarra, y que se refleje el dominio privativo del inmueble a su favor.
2. Con  posterioridad  a  la  nota  de  calificación  emitida  y  en  el  momento  de  la 
interposición del recurso, junto con la instancia objeto del mismo, y la escritura de 
compraventa autorizada el día 1 de septiembre de 1979 por el notario de Cullera, don 
José María Feliu Bauzá, con el número 865 de protocolo, se aportan al Registro de la 
Propiedad nuevos documentos consistentes en:
a) Fotocopia del documento nacional de identidad de doña V. M. L., caducado.
b) Fotocopia el documento nacional de identidad de doña V. M. L., con validez 
hasta el día 1 de enero de 9999.
c) Fotocopia del libro de familia, en el que consta al matrimonio contraído entre 
doña V. M. L. y don T. J. M., en fecha 26 de septiembre de 1964, así como la relación de 
los tres hijos nacidos del matrimonio, don J. A., doña M. y don T. J. M., y el fallecimiento 
del esposo, don T. J. M.
3. Con  carácter  previo  debe  este  Centro  Directivo  advertir  que,  conforme  al 
artículo  326,  párrafo  primero,  de  la  Ley  Hipotecaria,  el  recurso  debe  recaer 
exclusivamente sobre las cuestiones que se relacionen directa e inmediatamente con la 
calificación del registrador, rechazándose cualquier otra pretensión basada en otros 
motivos o en documentos no presentados en tiempo y forma.
Por ello, no puede ahora decidirse si la aportación, con el escrito de recurso, de los 
documentos anteriormente enumerados, que no se presentaron en el momento de la 
calificación impugnada, es suficiente para la subsanación del defecto referido, pues, con 
base en dicho precepto legal, es continua doctrina de esta Dirección General (vid., por 
todas, Resolución de 13 de octubre de 2014, basada en el contenido del artículo y en la 
doctrina del Tribunal Supremo -Sentencia de 22 de mayo de 2000-), que el objeto del 
expediente  de  recurso  contra  calificaciones  de  registradores  de  la  Propiedad  es 
exclusivamente determinar si la calificación es o no ajustada a Derecho. Y es igualmente 
doctrina  reiterada  (vid.,  por  todas,  Resoluciones  de  19  de  enero  y  13  de  octubre 
de 2015), que el recurso no es la vía adecuada para tratar de subsanar los defectos 
apreciados por el registrador.
Es  decir,  el  recurso  se  resuelve  atendiendo  únicamente  a  la  documentación 
presentada al tiempo en que se produjo la calificación. s
4. Por lo que se refiere a la cuestión de fondo planteada, no cabe sino confirmar la  oe.
calificación. w.
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Ley Hipotecaria.
En consecuencia, la rectificación de los mismos exige el consentimiento del titular 
registral y de todos aquellos a los que el asiento atribuya algún derecho, o en su defecto, 
resolución judicial recaída en juicio declarativo entablado contra todos aquellos a quienes 
el  asiento  que  se  trate  de  rectificar  conceda  algún  derecho  (vid.,  entre  otras,  las 
Resoluciones de 2 de febrero de 2005, 19 de diciembre de 2006, 19 de junio de 2010, 23 
de agosto de 2011 y 5 y 20 de febrero y 27 de marzo de 2015).
Por lo demás, en el presente caso no cabe apreciar que se haya producido un error 
de los comprendidos en el artículo 212 de la Ley Hipotecaria respecto de los errores 
materiales o en el artículo 216 que alude al error de concepto, ya que el registrador no 
cometió error alguno al inscribir el título de compraventa (vid., por todas, Resolución 
de 13 de febrero de 2017).
Tampoco se ha acreditado fehacientemente lo manifestado por la ahora recurrente 
de forma que permita desvirtuar el contenido del título que motivó la inscripción vigente. 
Y es que no ha quedado probado documentalmente, en forma fehaciente, la ley aplicable 
a  los  efectos  patrimoniales  del  matrimonio,  ni  el  régimen  económico  vigente  en  el 
momento de la adquisición del bien, por lo que debe confirmarse la calificación recurrida, 
de  modo  que,  por  ello,  la  mera  solicitud  de  uno  de  los  titulares  registrales  sin  el 
consentimiento expreso de los herederos del otro, no puede ser admitida como título 
apto para la rectificación del asiento. Queda a salvo la posibilidad de que -aun a falta de 
acreditación fehaciente de tales extremos- pueda verificarse la rectificación pretendida, 
sin  consentimiento  de  los  sucesores  del  cónyuge  de  la  recurrente,  si  media  la 
correspondiente resolución judicial en el procedimiento adecuado.
Tampoco es objeto de examen en la presente Resolución si acreditado el régimen 
matrimonial de conquistas navarro, queda determinado el carácter privativo del inmueble 
conforme a las Leyes 88 y 89 de la Ley 1/1973 de 1 de marzo, por la que se aprueba la 
Compilación del Derecho Civil Foral de Navarra.
Esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso y confirmar la calificación 
impugnada.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el 
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las 
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de 
la Ley Hipotecaria.
Madrid, 19 de enero de 2022.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.