BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 282 Jueves 25 de noviembre de 2021 Sec. TC.   Pág. 145179
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
19506 Sala Segunda. Sentencia 177/2021, de 25 de octubre de 2021. Recurso de 
amparo 7512-2019. Promovido por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, 
S.L.,  respecto  de  las  resoluciones  dictadas  por  un  juzgado  de  primera 
instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria. 
Vulneración  del  derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva:  STC  40/2020 
[inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de 
comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e 
inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber 
de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por 
medio  de  comunicaciones  electrónicas  con  la  regulación  del  primer 
emplazamiento en los procesos civiles].
ECLI:ES:TC:2021:177
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por la magistrada doña 
Encarnación Roca Trías, presidenta, y los magistrados don Juan Antonio Xiol Ríos, don 
Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez y don Ricardo 
Enríquez Sancho, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En  el  recurso  de  amparo  núm.  7512-2019,  promovido  por  Euroinversiones 
Inmobiliarias  Costa  Sur,  S.L.,  contra  el  auto  del  Juzgado  de  Primera  Instancia  e 
Instrucción núm. 4 de Lorca, de 19 de noviembre de 2018, que inadmitió la demanda de 
oposición a la ejecución formulada por dicha mercantil, en el procedimiento de ejecución 
hipotecaria núm. 363-2018 instado por la entidad Banco de Sabadell; y contra el auto del 
mismo juzgado, de 30 de octubre de 2019, que desestimó el recurso de reposición 
interpuesto  contra  la  anterior  resolución.  Ha  intervenido  el  Ministerio  Fiscal.  Se  ha 
personado  la  entidad  Pera  Assets  Designated  Activity  Company,  actuando  como 
sucesora procesal del banco ejecutante. Ha sido ponente el magistrado don Ricardo 
Enríquez Sancho.
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito presentado en el registro general de este tribunal el 26 de 
diciembre  de  2019,  la  procuradora  de  los  tribunales  doña  Blanca  Berriatua  Horta, 
actuando en nombre y representación de Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., 
bajo la defensa del letrado don Marcelino Gilabert García, interpuso demanda de amparo 
contra las resoluciones arriba mencionadas. e
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municipal de Lorca, resultando la primera de las demandadas la deudora hipotecaria y, la 
segunda, titular de un derecho de uso y disfrute sobre dicho inmueble.
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 4 de Lorca, al que correspondió 
el conocimiento del proceso, dictó auto el 27 de junio de 2018 por el que acordó el 
despacho  de  ejecución  (procedimiento  de  ejecución  hipotecaria  núm.  363-2018), 
requiriendo de pago a las ejecutadas y alternativo derecho a oponerse a la ejecución en 
el plazo de diez días.
b)  El 3 de julio de 2018, el servicio de notificaciones electrónicas de la Fábrica 
Nacional de Moneda y Timbre remitió un correo al buzón de la dirección electrónica 
habilitada de la entidad aquí recurrente en amparo, avisándole de una notificación del 
Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de Lorca relativa al proceso «EJH/0000363/2018», 
notificación a la que podía acceder entre los días 3 de julio y 18 de agosto de 2018.
c)  El 3 de agosto de 2018 por personal de la recurrente se accedió al enlace 
remitido por la dirección electrónica habilitada y, con ello, a la notificación enviada por el 
juzgado de primera instancia ejecutor en relación con el procedimiento hipotecario núm. 
363-2018. También en esa fecha, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre emitió un 
certificado electrónico que obra en las actuaciones del proceso, dejando constancia de 
que la notificación había sido «aceptada».
d)  El 31 de agosto de 2018, el representante procesal de la demandante de amparo 
formalizó ante el juzgado a quo el escrito de oposición al despacho de ejecución.
e)  El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 4 de Lorca proveyó a los dos 
escritos de oposición a la ejecución de las ejecutadas en una misma resolución, dictando 
auto el 19 de noviembre de 2018, con esta dispositiva:
«Acuerdo:
1.  Inadmitir  a  trámite  la  oposición  formulada  por  la  parte  ejecutada 
Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., y Penrei Inversiones, S.L., representada 
por el procurador D. Antonio Serrano Caro por estar presentada fuera de plazo, contra 
Banco Sabadell, S.A.
2.  Mandar seguir con la presente ejecución y en los términos ya acordados.»
En el antecedente de hecho segundo se había hecho constar que:
«En fecha 29-06-18 se notificó y requirió en legal forma a través de la sede judicial 
electrónica  a  ambas  ejecutadas,  y  en  fecha  31-08-18  se  ha  presentado  por 
Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., y Penrei Inversiones, S.L., oposición a la 
ejecución hipotecaria.»
En cuanto a la inadmisión del escrito de oposición a la ejecución presentado por 
ambas entidades, el auto razonó en su fundamento de Derecho único lo que sigue:
«Se establece en el artículo 134 de la LEC, la improrrogabilidad de los plazos 
establecidos en la misma, y en el artículo 136 de la LEC, que transcurrido o pasado el 
término señalado para la realización de un acto procesal de parte se producirá la 
preclusión y se perderá la oportunidad de realizar el acto de que se trate.
Establece el artículo 695 LEC, que la parte ejecutada pueda oponerse al despacho 
de ejecución en los términos previstos en dicho artículo y en el plazo de diez días a 
contar desde el siguiente a la notificación del auto y del decreto. Constando en el 
presente supuesto que la parte ejecutada se ha opuesto una vez transcurrido el plazo  es
que legalmente se le otorga, debe ser inadmitida su oposición por extemporánea, de  o
conformidad con lo establecido en los preceptos citados.» 506ww
tribuCnoaml qou pei eh adyea  rdeiccutarsdoo,  lsae r eosfroelucícaió «nr eqcuuer ssoe  dime paupgenlaec dióenn, trqou ed esl ep lianzteor pdoen dveráin aten tdeí aesl 
contados desde el día siguiente de la notificación de aquella».
f)  Pese a la instrucción del medio impugnatorio indicado, tanto la aquí demandante 
Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., como la entidad Penrei Inversiones, S.L., 
actuando bajo la misma representación procesal, interpusieron por separado recurso de 
reposición contra el anterior auto.
En  lo  que  aquí  importa,  que  es  el  promovido  por  la  primera  de  las  entidades 
mencionadas, el recurso defendió que la notificación y requerimiento de pago habían 
tenido lugar cuando accedió al contenido de la notificación electrónica remitida y no 
antes, siendo desde entonces que cabía computar el plazo de diez días del art. 556 de la 
Ley de enjuiciamiento civil (LEC). Con invocación también de los arts. 135, 152.1.2.3, 
155.2, 162 y 273 LEC, y doctrina de este Tribunal Constitucional sobre el derecho a no 
padecer indefensión y la importancia de los actos de comunicación procesal, afirmó que 
de  no  tener  el  juzgado  por  formulada  su  demanda  de  oposición  al  despacho  de 
ejecución,  se  vulneraría  su  derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva  y  sin  indefensión, 
quedando denunciado a esos efectos.
g)  El  juzgado  ejecutor  dictó  auto  el  30  de  octubre  de  2019,  con  la  siguiente 
dispositiva:
«Se desestima el recurso de reposición interpuesto por el/la procurador/a D./D.ª 
Antonio Serrano Caro, en representación de la mercantil "Euroinversiones Inmobiliarias 
Costa Sur, S.L.", contra el auto de fecha 19 de noviembre de 2018, el cual se confirma 
en sus propios términos.»
En el antecedente de hecho primero, se había hecho constar que: «En el presente 
proceso  se  ha  interpuesto  por  el/la  procurador/a  D./D.ª  Antonio  Serrano  Caro,  en 
representación de la mercantil "Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L.", recurso 
de reposición contra el auto de fecha 19 de noviembre de 2018, en el que se inadmitía la 
oposición a la ejecución formulada por dicha parte por extemporánea.»
Los argumentos que fundaron dicha decisión se expusieron en el razonamiento 
jurídico único:
«Debe ser desestimado el recurso de reposición interpuesto por ser el auto por 
recurrido  conforme  a  la  normativa  procesal  vigente  en  materia  de  oposición  a  la 
ejecución (artículos 556.1 LEC y concordantes) y de actos de comunicación. Así, pese a 
las alegaciones del recurrente que pretende mantener que el escrito de oposición fue 
presentado en plazo para ello por entender que el auto despachando la ejecución y el 
requerimiento efectuado debe entenderse notificado en fecha 3 de agosto de 2018, en la 
que se accedió efectivamente a las citadas resoluciones, lo cierto es que debe tenerse 
en cuenta la fecha en la que efectivamente tuvo la parte posibilidad de acceder a las 
mismas, de lo contrario se estaría dejando al arbitrio de las partes obligadas a utilizar el 
sistema  electrónico  de  comunicaciones  el  cumplimiento  de  los  plazos  procesales 
dispuesto en la normativa.
Los artículos citados como infringidos por la parte recurrente (arts. 135, 152, 162 
y  273  y  siguientes  de  la  LEC)  han  sido  perfectamente  respetados  en  el  presente 
procedimiento. La propia parte recurrente afirma estar obligada a utilizar los medios 
electrónicos en sus comunicaciones con el juzgado y afirma que la notificación se remitió 
a la dirección de correo electrónico "habilitada" del titular a las que se refiere el art. 162 
de la LEC, que tiene carácter de norma especial, destinada a regular los actos de 
comunicación  por  medios  electrónicos  o  similares.  No  existiendo  discusión  ni  duda 
acerca  de  la  aplicabilidad  de  dicho  precepto,  al  reconocer  la  propia  recurrente  la  s
obligatoriedad en el uso de dichos medios en las relaciones con la administración de  oe.
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"puesta a disposición" de la notificación correctamente y del propio documento resulta
que pasaron más de tres días desde la misma sin que se hubiera accedido al contenido
hasta el día 3 de agosto de 2018, por tanto, en aplicación estricta de lo dispuesto en el 
apartado segundo del art. 162 de la LEC, sin que se haya justificado por el recurrente 
una  imposibilidad  de  acceder  al  sistema  en  este  plazo.  Por  todo  ello  debe  ser 
desestimado el recurso interpuesto, al ser el auto recurrido plenamente ajustado a 
Derecho, al inadmitir un escrito que fue presentado fuera de plazo cuando ya había 
precluido la posibilidad de hacerlo.»
Como pie de recurso, el auto indicaba que contra dicha resolución «no cabe recurso 
alguno, sin perjuicio de reproducir la cuestión objeto de la reposición al recurrir, si fuera 
posible, la resolución definitiva (artículo 454 de la LEC)». Tanto este auto como el 
anterior de 19 de noviembre de 2018, fueron notificados por el juzgado al procurador de 
la demandante de amparo a través del sistema Lexnet, tal como obra en las actuaciones.
Notificado así el auto de 30 de octubre de 2019, por la aquí demandante de amparo, 
tras  serle  expedido  certificación  del  mismo,  se  interpuso  el  presente  recurso  núm. 
7512-2019.
3.  La  demanda  de  amparo  alega  que  las  resoluciones  judiciales  impugnadas 
causaron, en primer lugar, la vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva 
(art. 24.1 CE) y a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE) de la entidad 
recurrente, al haberse efectuado su emplazamiento como ejecutada en el procedimiento 
hipotecario de referencia a través de un correo electrónico remitido por un servicio de 
notificaciones electrónicas, y no mediante entrega de la documentación correspondiente 
en papel en la sede de su domicilio social, tratándose de su primer emplazamiento 
judicial en el proceso, como establece el art. 273 LEC, en relación con los arts. 135, 152, 
162 y en especial el art. 155.1 de esta ley, objetando también que el juzgado haya hecho 
el cómputo del plazo para oponerse, desde la fecha del envío del correo a la dirección 
electrónica habilitada y no del acceso a la notificación, inadmitiendo así su escrito.
Sobre el auto del 30 de octubre de 2019 que desestimó el recurso de reposición 
promovido contra la anterior resolución –y del que se han expuesto sus argumentos–, se 
alega por la recurrente que el juzgado ha fundamentado su segunda decisión en una 
interpretación forzada y contradictoria de las normas procesales, al incluir indicaciones 
equívocas en el aviso de puesta a disposición, además de infringir las prescripciones 
sobre el primer emplazamiento en sede judicial.
Alega también la vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías 
(art. 24.2 CE), en cuanto a un proceso de defensa contradictoria, y del derecho a la 
asistencia letrada (art. 24.2 CE), aunque sin concreción al caso. Y solicita la estimación 
del amparo, con nulidad de los dos autos recurridos y la retroacción de las actuaciones al 
momento previo al dictado de la primera de aquellas, a fin de que el juzgado a quo 
admita a trámite la oposición al despacho de ejecución formulada.
Por medio de un segundo otrosí digo, el escrito de demanda argumentó «que la 
continuación de la ejecución derivadas [sic] de los pronunciamientos judiciales que han 
sido objeto de impugnación, con la celebración de subasta y la eventual adjudicación a 
terceros, pueden hacer perder al recurso de amparo su finalidad, por lo que solicito la 
suspensión de la continuación del procedimiento de ejecución hipotecaria 363-2018 
seguido ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 4 de Lorca, hasta tanto 
sea resuelto el presente recurso de amparo, poniéndolo en conocimiento del órgano 
judicial».
4.  Por escrito presentado en el registro de este tribunal el 6 de octubre de 2020 la  s
procuradora de los tribunales doña María Claudia Munteanu con la asistencia letrada de  oe.
ppAdraosornscte euAt rsrlaee Ddcjaouenrrsadriig rdolnaa a sIetn engad rcl autAumgcaa tcirSv iodiotnyelí e sClsa, o  aesmcjuetpcucaeaunsntyaidv,n oast seoe  lnBdic eaitn nóoec mssoet beS r tueapv bryioae cdrreaees lplao,r  e.Se sJ.seAutan.s, t taúiefclintciiótmaenbna ad dc ieéos numlda opo  eespneteitc ricdisóoaonndn   adePdincea hr laaay     2021-19506n https://www.
escritura de cesión onerosa de créditos hipotecarios suscrita con Banco Sabadell, S.A.,
como cedente, otorgada el 23 de julio de 2019, y en su efectiva personación en el 
proceso de ejecución donde fue acordado su emplazamiento ante este tribunal.
Por providencia de 7 de octubre de 2020 se acordó no admitir dicha personación, por 
resultar esta inviable en la fase preliminar de admisión de la demanda de amparo.
5.  Una vez recibidas las actuaciones, la Sección Cuarta de este tribunal dictó 
providencia el 30 de noviembre de 2020 por la que acordó: (i) admitir a trámite el 
recurso,  «apreciando  que  concurre  en  el  mismo  una  especial  trascendencia 
constitucional (art. 50.1 LOTC) porque el recurso plantea un problema o afecta a una 
faceta  de  un  derecho  fundamental  sobre  el  que  no  hay  doctrina  de  este  tribunal 
[STC 155/2009, FJ 2 a)], o bien que el recurso puede dar ocasión al tribunal para aclarar 
o cambiar su doctrina como consecuencia de cambios normativos relevantes para la 
configuración del contenido del derecho fundamental [STC 155/2009, FJ 2 b)]»; (ii) 
constatada la recepción del testimonio de las actuaciones de instancia, emplazar a 
través del juzgado ejecutor a quienes hubieren sido parte en el procedimiento excepto a 
la  parte  recurrente  en  amparo;  y  (iii)  formar  la  correspondiente  pieza  separada  de 
suspensión.
6.  Por escrito de 25 de junio de 2021 la entidad Pera Assets Designated Activity 
Company  comunica  haber  sido  emplazada  por  el  juzgado  ejecutor  y  solicita  su 
personación  en  el  proceso  de  amparo  con  la  misma  representación  y  defensa 
designadas en escrito precedente.
En virtud de diligencia de ordenación de la Secretaría de Justicia de la Sección 
Cuarta, de 6 de julio de 2021, se acordó: (i) tener por personada y parte a la procuradora 
señora Munteanu en nombre y representación de la sociedad indicada y (ii) dar vista de 
las actuaciones recibidas a las partes personadas y al Ministerio Fiscal por plazo común 
de veinte días para presentar alegaciones de conformidad con lo previsto en el art. 52.1 
LOTC.
7.  El fiscal ante este Tribunal Constitucional presentó escrito de alegaciones el 19 
de julio de 2021, por el que interesó de este tribunal que dictara sentencia otorgando el 
amparo a la recurrente, con reconocimiento de la vulneración de su derecho a la tutela 
judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE), declarando la nulidad de «todo lo actuado 
desde  la  notificación  efectuada  electrónicamente  del  auto  despachando  ejecución 
acordado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 4 de Lorca, en el juicio 
de  ejecución  hipotecaria  363-2018»,  y  retroacción  de  las  actuaciones  al  momento 
inmediato anterior a aquella notificación, «para que se le dé al recurrente posibilidad de 
formular oposición a la ejecución».
Integra el fiscal el presente recurso «en la extensa serie de los interpuestos por 
Euroinversiones  Inmobiliarias  Costa  Sur,  S.L.,  y  Penrei  Inversiones,  S.L.,  frente  a 
diversos  autos  recaídos  en  otros  tantos  procedimientos  hipotecarios  tramitados  por 
diferentes  juzgados  de  primera  instancia  de  Lorca  (Murcia),  con  idéntico  objeto  y 
fundamento y la misma pretensión de amparo» y recuerda, con cita de la STC 40/2020, 
del Pleno, de 27 de febrero, y de la STC 43/2020, de 9 de marzo, que algunos ya han 
sido resueltos por lo que, al concurrir identidad fáctica y jurídica, procedería aplicar la 
doctrina sentada en dichas resoluciones.
8.  La  representante  procesal  de  la  entidad  recurrente  presentó  su  escrito  de 
alegaciones el 3 de septiembre de 2021, por el que interesó se dictara resolución 
estimatoria del recurso de amparo, haciendo mención a la STC 40/2020, del Pleno del  e.
Tribunal Constitucional que resuelve el recurso de amparo 5377-2018, promovido por la  w.
misma parte Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., «en asunto prácticamente  506ww
eigfueactl oa el ld perli mperer seemntpela rzeacmuriesnot od eta la ym cpoamroo» ,p rloe vqéu lea  LreEfCue.rza las exigencias para llevar a
9.  No consta presentado dentro del plazo del art. 52 LOTC, o con posterioridad,
ningún escrito de alegaciones de la entidad Pera Assets Designated Activity Company.
10.  Respecto de la solicitud de suspensión formulada por la recurrente en amparo 
mediante otrosí de su escrito de demanda, por auto de la Sala Segunda de este Tribunal 
núm. 2/2021, de 25 de enero, se acordó: «1.º Denegar la suspensión cautelar solicitada 
[…] 2.º Ordenar la anotación preventiva de la demanda de amparo en el registro de la 
propiedad, a cuyo efecto el referido juzgado ha de expedir el mandamiento oportuno, 
para que pueda practicarse la misma en relación con el inmueble a que se refieren las 
presentes actuaciones».
11.  Por la Secretaría de Justicia se ha dictado diligencia el 16 de septiembre 
de 2021, dejando constancia de la presentación de los escritos de alegaciones del 
Ministerio Fiscal, del representante procesal de la recurrente en amparo y de su falta de 
presentación por la entidad personada, quedando el asunto concluso y pendiente para 
deliberación cuando por turno correspondiera.
12.  Mediante  providencia  de  fecha  21  de  octubre  de  2021,  se  señaló  para 
deliberación y votación de la presente sentencia el día 25 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
Único.  Aplicación de la doctrina sentada por las SSTC 6/2019, 47/2019 y 40/2020.
La presente demanda se integra en la serie de recursos de amparo interpuestos por 
dos entidades, una de ellas la aquí recurrente, demandadas en procesos ejecutivos 
hipotecarios seguidos ante diversos juzgados de primera instancia de Lorca, los cuales, 
tras emplazarlas por vía electrónica a través del servicio de notificaciones electrónicas y 
de dirección electrónica habilitada de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, han 
inadmitido a trámite los escritos de oposición a la ejecución presentados por aquellas, al 
considerarlos extemporáneos mediante un cómputo de plazo realizado con arreglo a 
normas del procedimiento administrativo común.
En concreto, en el presente recurso la entidad Euroinversiones Inmobiliarias Costa 
Sur, S.L., impugna los autos del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 4 de 
Lorca, de 19 de noviembre de 2018 y de 30 de octubre de 2019, recaídos en el proceso 
hipotecario núm. 363-2018.
La demanda de amparo alega la vulneración del derecho fundamental a la tutela 
judicial efectiva (art. 24.1 CE), en sus vertientes de derecho a no padecer indefensión y a 
obtener  una  resolución  fundada  en  Derecho,  al  no  haberse  efectuado  aquel 
emplazamiento  de  manera  personal  y  con  entrega  en  papel  de  la  documentación 
correspondiente, tal y como establecen las normas de la LEC. Aduce otras dos quejas 
por lesión del derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE), en su faceta 
de defensa contradictoria, y el derecho a la asistencia letrada (art. 24.2 CE), ambas sin 
embargo carentes de soporte argumental propio. El Ministerio Fiscal, por su parte, 
interesa la estimación del amparo por el primer motivo, mientras que la entidad recurrida 
no ha efectuado alegaciones.
Planteado en estos términos el debate, debe indicarse que el Pleno de este tribunal 
ha dictado, como afirma en trámite de alegaciones la recurrente en amparo y subraya el 
Ministerio Fiscal, la STC 40/2020, de 25 de febrero, en la que ha tenido la oportunidad de 
resolver el recurso de amparo cabecera de esta serie, promovido contra dos autos de 
coincidente contenido con los que ahora se impugnan, y donde dio respuesta a los 
mismos argumentos que defienden aquí las partes, con fallo estimatorio de la demanda.  s
Descartada  aquí  la  concurrencia  de  algún  elemento  distintivo  que  obligue  a  una  oe.
fundamentación o resultado distinto a lo declarado entonces, procede por tanto que  w.
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al no caber recurso contra el auto desestimatorio de la reposición y así indicarlo el pie de
recurso de este, y no ser tampoco el amparo prematuro por interponerse sin esperar a la  Bc
finalización  del  proceso  ejecutivo  hipotecario  a  quo,  se  aborda  en  el  fundamento 
jurídico 3 el examen de la queja de fondo por lesión del art. 24.1 CE derivada de la 
inadmisión  del  escrito  de  oposición  a  la  ejecución,  advirtiéndose  que  resulta  de 
aplicación al caso la doctrina de este tribunal plasmada en sus SSTC 6/2019, de 17 de 
enero, FJ 4 a), (iii), dictada en sede de cuestión de inconstitucionalidad, y 47/2019, de 8 
de abril, FJ 4 a), recaída en proceso de amparo, «en relación con la garantía de 
emplazamiento personal del demandado o ejecutado en los procesos regidos en esta 
materia por la LEC (directa o supletoriamente), como primera comunicación con el 
órgano  judicial  competente,  sin  que  pueda  ser  sustituida  por  una  comunicación 
electrónica», como puede ser el caso de la efectuada a través de la dirección electrónica 
habilitada. Tal emplazamiento personal se exige en el art. 155.1 LEC, y lo complementa 
la regla del art. 273.4 LEC sobre la presentación en papel de las copias de los escritos y 
documentos para ese primer emplazamiento. El incumplimiento de este deber del órgano 
judicial, «acarrea por tanto la conculcación de aquel derecho fundamental», tal y como 
ya  ha  declarado  este  tribunal  en  varios  recursos  de  amparo  referidos  a  procesos 
laborales, civiles y concursales, que se especifican en el mismo fundamento jurídico 3, 
precisamente en aplicación de la doctrina de referencia.
Constata  entonces  la  STC  40/2020,  en  su  fundamento  jurídico  4,  como  ha  de 
hacerse también ahora, que las dos resoluciones judiciales impugnadas vulneraron el 
derecho a la tutela judicial efectiva de la recurrente, al no proceder a su emplazamiento 
personal  en  el  proceso  a  quo  a  efectos  de  requerirla  de  pago  o  alternativamente 
permitirle presentar su oposición a la ejecución, optando en cambio el juzgado por un 
emplazamiento electrónico a través del servicio de notificaciones electrónicas y dirección 
electrónica habilitada de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, no previsto en la 
normativa procesal y que apenas consistía en un aviso remitiendo a un enlace de 
internet para poder conocer el contenido de la notificación. Además, computó el plazo 
para  presentar  el  escrito  de  oposición  invocando  normas  del  procedimiento 
administrativo  común,  que  son  ajenas  al  ámbito  jurisdiccional  en  el  que  nos 
encontramos, en alegal conjunción con el plazo del art. 556 LEC. Todo lo cual determina 
la estimación del amparo por vulneración de su derecho fundamental a la tutela judicial 
efectiva sin padecer indefensión (art. 24.1 CE), con reconocimiento de tal derecho.
Procede por ello acordar la nulidad de los autos impugnados y de todo lo actuado en 
el  procedimiento  hipotecario  a  quo  desde  el  momento  en  que  se  proveyó  a  su 
emplazamiento a través de la dirección electrónica habilitada, con retroacción de las 
actuaciones para que el juzgado practique dicho emplazamiento en los términos exigidos 
por la ley (art. 155.1 y 273.4 LEC), de manera respetuosa con el derecho fundamental de 
la demandante.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
1.º  Estimar la demanda presentada por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, 
S.L., por vulneración de su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva sin padecer 
indefensión (art. 24.1 CE), con reconocimiento de tal derecho.
2.º  Declarar la nulidad de los autos de 19 de noviembre de 2018 y de 30 de octubre  b
de 2019, dictados por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 4 de Lorca en  506ww
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dirección electrónica habilitada.
3.º  Retrotraer  el  procedimiento  al  momento  inmediatamente  anterior  al  de 
efectuarse el emplazamiento de la demandada, debiendo llevarse a cabo de nuevo esta 
última  por  el  juzgado  ejecutor,  de  forma  que  resulte  respetuosa  con  el  derecho 
fundamental reconocido.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a veinticinco de octubre de dos mil veintiuno.–Encarnación Roca 
Trías.–Juan  Antonio  Xiol  Ríos.–Pedro  José  González-Trevijano  Sánchez.–Antonio 
Narváez Rodríguez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Firmado y rubricado.