BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 293 Viernes 6 de noviembre de 2020 Sec. III.   Pág. 97017
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
13757 Resolución de 23 de octubre de 2020, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la calificación emitida 
por el registrador mercantil de Navarra, por la que se resuelve no practicar la 
inscripción de una escritura de elevación a público de acuerdos sociales.
En el recurso interpuesto por don C.F.D.Q. como administrador único de la sociedad 
Diamante  1995,  S.L.,  contra  la  calificación  emitida  por  el  registrador  mercantil  de 
Navarra, don Fernando José Carabaña Aguado, por la que se resuelve no practicar la 
inscripción de una escritura de elevación a público de acuerdos sociales.
Hechos
I
Mediante escritura autorizada por el Notario de Tudela don Víctor González de 
Echávarri Díaz el día 5 de diciembre de 2019 con el número 1.883 de su protocolo, se 
procedió a elevar a público los acuerdos sociales adoptados por la junta general de 
socios de la compañía mercantil Diamante 1955, S.L. celebrada el día 25 de octubre 
de 2019.
II
Presentada la referida escritura en el Registro Mercantil de Navarra el 15 de enero 
de 2020, fue objeto de calificación negativa mediante nota de 5 de febrero de 2020; 
presentada  nuevamente  el  18  de  junio  de  2020,  sin  haber  practicado  subsanación 
alguna, se volvió a calificar negativamente el 24 de junio de 2020 con apoyo en los 
siguientes fundamentos de derecho:
«1.  Presentado de nuevo el documento sin alteración alguna en el contenido del 
mismo, se reitera la primera nota de calificación del siguiente tenor literal: no es válida la 
convocatoria de la junta celebrada con fecha 25 de octubre de 2019 realizada sólo por 
dos de los tres administradores mancomunados, ya que, en caso de administradores 
mancomunados, la convocatoria de la junta debe realizarse por todos ellos, y ello porque 
la  facultad  de  convocar  junta  no  es  delegable;  por  tanto,  aunque  el  poder  de 
representación esté atribuido según el artículo 13.º de los estatutos a dos cualesquiera 
de los administradores mancomunados, ello no implica que sea válida la convocatoria de 
la junta realizada por sólo dos de ellos. Así también se desprende de la dicción del 
artículo 171 l. s. c., al expresar que: "en caso de muerte o cese..., de alguno de los 
administradores mancomunados,... cualquier socio podrá solicitar del juez de lo mercantil 
la convocatoria de la junta general para el nombramiento de administradores"; y en el 
párrafo  siguiente  establece  que,  "además  cualquiera  de  los  administradores  que 
permanezcan en el ejercicio del cargo podrá convocar junta general con ese único 
objeto". Ello implica que, si falta uno sólo de los administradores mancomunados, los  es
restantes, sólo pueden convocar junta para cubrir esa vacante, y por tanto que la  o
convocatoria  de  la  junta  general  deba  hacerse  por  todos  los  administradores  757ww
dmdSeeoa  cn2oice0cod0tuma9bd,u reeyns  a 9ddd eoed s eC2.  0ad(0apic1riitte;aí cml4;u  bllaodrssee    s1dde6einc6 t2i,ee 0nm11c6b0i9ar, e,s y  1d dl7eae1ls  ,T 2 Rr20ibe10us02on.;1 lau1,l c 4S2i o2udn6pee,r  se2m md2aeo9r  ,zd lao2e  3 Dd23ei4.r1 e d2 cey0c  i0fó2e5n3b;  4rG3e 0dreo en d edlereaa   l1oL 9cdet9eyu5  bl;dor e8es     OE-A-2020-13able en https://
Registros y del Notariado de 15 de febrero; 11 de marzo y 22 de noviembre de 1999; 25
de febrero de 2000; 24 de enero de 2001; 8 de marzo de 2005; 16 de mayo de 2011, 8 
de febrero de 2012, 28 de enero de 2013, 26 de febrero de 2013, 11 de julio de 2013, 18 
de septiembre de 2013, 28 de octubre de 2013, 23 de marzo de 2015, 27 de julio 
de 2015). 2.–Como consecuencia de lo indicado en el punto anterior, la junta celebrada 
con fecha posterior tampoco es válida, al haber sido convocada por el órgano de 
administración resultante de la junta anterior (artículo 11 del Reglamento del Registro 
Mercantil).»
III
Frente a la anterior nota de calificación, el administrador único de DIAMANTE 1995, 
S.L. interpuso recurso el 24 de julio de 2020, invocando los siguientes fundamentos de 
derecho:
«Primero.  Legitimación de interposición del presente recurso.
La  legitimación  activa  corresponde  en  el  presente  recurso  a  la  Sociedad, 
representada por su Administrador Único, D. C. F. D. Q., nombrado en virtud de escritura 
autorizada por el Notario de Tudela, D. Víctor González de Echávarri Díaz, el 5 de 
diciembre de 2019, con número 1883 de su protocolo (adjunta coma Anexo II).
Segundo.  Válida convocatoria y celebración de la junta general de 25 de octubre 
de 2019.
2.1  Facultades de la mancomunidad parcial.
La Sociedad estaba efectivamente administrada a la fecha de la convocatoria de la 
Junta General de 25 de octubre de 2019 por tres administradores mancomunados.
De conformidad con el artículo 13 de los Estatutos Sociales (debidamente inscrito en 
la  inscripción  4.ª  de  la  hoja  registral  de  la  Sociedad),  "La  Sociedad  será  regida  y 
administrada,  a  elección  de  la  Junta  General,  por:  (...)  c) Dos,  tres  o  cuatro 
Administradores  mancomunados,  quienes  deberán  actuar  en  los  términos  que  se 
determina a continuación".
A continuación, cuando se regula la representación de la Sociedad en juicio y fuera 
de él, se establece que "c) A dos cualesquiera de los Administradores mancomunados, 
conjuntamente, en la forma que determine la junta general.". Por tanto, sean dos, tres o 
cuatro  los  administradores  mancomunados  que  integren  el  citado  órgano  de 
administración deberán actuar dos cualesquiera conjuntamente, con los condicionantes 
que, en su caso, determine la junta general.
En  el  acuerdo  de  nombramiento  de  los  administradores  mancomunados  que 
ostentaban tal cargo en el momento de la convocatoria se establecía claramente la forma 
de  actuación  (ver  inscripción  4.ª  de  la  hoja  registral  de  la  Sociedad):  dos  de  los 
administradores conjuntamente, siempre que uno de los actuantes fuera D. C. F. D. Q.
Es claro que en cuanto al establecimiento de relaciones externas de la Sociedad o al 
establecimiento de vínculos jurídicos con terceros, es necesaria la actuación conjunta de 
dos  de  los  administradores  mancomunados.  Dos  de  los  tres  que  existían  en  ese 
momento, siempre que uno de ellos fuera D. C. F.
Ahora bien, ¿cómo deben actuar en cuanto al ámbito interno?
La respuesta está en el primer párrafo del artículo 13 de los Estatutos Sociales, 
cuando establece cómo será regida y administrada la Sociedad. Lo cual, no se trate  e
únicamente  del  ámbito  de  representación,  sino  la  gestión  y  administración  de  la  bo
Sociedad en todos sus ámbitos. El literal del artículo 13 habla de "regida y administrada",  757ww
yg o"breergnira"r  soe gmúann dlaa rR". eDael bAec aednetemnidae rdsee ,l ap oLre tnagnutoa,,  aedn  insutr ap yri maedr ae xatrcae, pycaió qnu, ee sla  "dciitraigdira, 
d"deifriingiicr,i ógno bneor nsaer  oc irmcuannsdcarri"b eq uae  ldae bmee rreac areepr rseosberneta ecli óenle, msiennot oq iunete renmo,p lpeuae slotos  qvueerb uons 
administrador solo puede dirigir o mandar sobre la esfera de sus competencias, que se 
limitan a la propia sociedad. Nunca podría dirigir o gobernar los asuntos de terceros.
Establece el artículo 13 de los Estatutos Sociales, que los tres administradores 
mancomunados, deben actuar en los "términos indicados a continuación". Por tanto, la 
gestión y administración (o regencia, utilizando el verbo que se emplea en dicho artículo) 
debe ser ejercitada en los mismos términos que la representación (que es lo que se 
regula a continuación en dicho artículo estatutario). Esto es, mediando la actuación 
conjunta de dos administradores mancomunados en la forma que determine la junta 
general (sin que sea necesaria, por tanto, la actuación unánime de los tres).
En  coherencia  con  lo  anterior,  en  el  momento  del  nombramiento  de  los 
administradores mancomunados (ver escritura citada en el punto 1 del relato fáctico que 
causo la inscripción 4.ª de la hoja registral de la Sociedad), se indicó expresamente que 
"la sociedad se rija por tres Administradores mancomunados, cuya forma de actuación 
se expresará más adelante".
Y más adelante en la escritura que protocoliza dichos acuerdos, se establecía que 
"los  Administradores  Mancomunados:  deberán  actuar  conjuntamente  dos  de  los 
Administradores  Mancomunados,  pero  siempre  necesariamente  uno  de  los 
administradores actuantes deberá ser Don C. F. D. Q."
Por tanto, la junta general de socios de 10 de junio de 2019 estableció claramente 
que la actuación de los administradores mancomunados debía de ser de, al menos, dos 
de  ellos,  siempre  que  uno  fuera  D.  C.  F.  Dicha  actuación  circunscribía  a  la 
representación,  ya  que  se  utilizó  el  término  "regir",  que  como  hemos  indicado 
anteriormente, desborda la mera representación y necesariamente se ha de referir a la 
gobernanza interna de la Sociedad.
En este sentido, resulta muy relevante traer a colación la reciente resolución de esta 
Dirección General de 12 de febrero de 2020, que comparte la doctrina que ya se 
establecía en la resolución de fecha 4 de mayo de 2016, que podemos sintetizar en la 
siguiente cita: "... la más reciente Resolución de 4 de mayo de 2016, antes citada, puso 
de relieve que el ámbito interno de gestión, en el que se sitúa la actividad del órgano de 
administración ante la junta, y del que es especialmente relevante la propia convocatoria, 
corresponde a los administradores según la forma de ejercicio en el que han sido 
nombrados. Añadió que, indudablemente, la convocatoria de la Junta es una de las 
actuaciones que corresponden a los administradores en ejercicio de su poder de gestión 
o administración y que tiene una dimensión estrictamente interna, en la medida en que 
afecta al círculo de relaciones entre la sociedad y sus socios (Resolución de 23 de marzo 
de 2015). Y precisamente por tratarse de relaciones internas societarias debe admitirse 
el amplio juego de la autonomía de la voluntad a la hora de aplicar la norma del 
artículo 166 de la Ley de Sociedades de Capital. Por ello entendió que con una previsión 
estatutaria  como  la  entonces  analizada  (por  la  que  se  dispone  que  será  válida  la 
convocatoria de la Junta General par dos de los tres administradores mancomunados) 
no se infringen normas imperativas sobre el capital social, responsabilidad frente a 
terceros, derechos de las minorías ni otros elementos esenciales como al ámbito del 
poder  de  representación  orgánica  o  las  competencias  mínimas  del  órgano  de 
administración. Y concluyó que, por tanto, dicha previsión estatutaria no sólo no es 
contraria  a  la  Ley  ni  a  los  principios  configuradores  del  tipo  social  elegido  (cfr. 
artículos 28 de la Ley de Sociedades de Capital y 1255 y 1258 del Código Civil), 
caracterizado por la flexibilidad de su régimen jurídico (como expresaba el apartado 11.3 
de la Exposición de Motivos de la derogada Ley 2/1995, de 23 de marzo), sino que  s
facilita la convocatoria de la junta general, de suerte que ante la negativa o imposibilidad  oe.
de concurso de uno de los tres administradores conjuntos se evita la convocatoria  w.
realizada por el letrado de la administración de justicia o el registrador, con la mayor  757ww
dilacTieónni eqnudeo p eund iceurae nctoam lop oarntater"ri.or, la previsión estatutaria del artículo 13 de los Estatutos
dSeo cilaal esS oy ceiel daacdu,e rdqou ed ee lsat ajubnletac egne nuenra l rqéugeim ceanu sód ela  iancstcuraipccióiónn  4d.eª  edno lsa  hdoej a lroesg isttrreasl   BOE-A-cable e
administradores mancomunados (siempre que uno de ellos sea D. C. F.) en todos los 
ámbitos de gestión y administración del órgano de administración, tanto en la esfera 
interna, como en la externa, sería conforme con la doctrina de este centro directivo.
Consecuentemente,  al  ser  la  convocatoria  de  la  junta  general  una  actuación 
correspondiente a la esfera interna de la Sociedad es válida la convocatoria realizada por 
dos de los tres administradores mancomunados (siempre que uno de ellos sea D. C. F.), 
al estar prevista en los Estatutos Sociales de la Sociedad y en el acuerdo de junta 
general que causó la inscripción 4.ª en la hoja registral de la Sociedad. Y ser dicha 
previsión estatutaria conforme a la Ley de Sociedades de Capital, tal y como establecen 
las resoluciones citadas de 12 de febrero de 2020 y 4 de mayo de 2016.
2.2  Consentimiento  de  todos  los  Administradores  Mancomunados  a  la 
convocatoria.
Sin perjuicio de lo indicado en el punto 2.1 anterior, indica el Registrador en la 
calificación recurrida, que la junta General de la Sociedad celebrada el 25 de octubre 
de  2019  no  está  válidamente  convocada,  puesto  que  la  convocatoria  no  ha  sido 
realizada por todos los administradores mancomunados y que, consecuentemente, ello 
acarrea la nulidad de la citada junta general y de sus acuerdos.
En este punto, conviene traer a colación la doctrina del Tribunal Supremo en casos 
como  el  presente,  donde  faltando  la  firma  de  uno  de  los  administradores 
mancomunados, hay un consentimiento a dicha convocatoria.
"Todos los administradores sociales, tanto los convocantes como los no convocantes 
de las juntas generales impugnadas, asistieron a ellas y no hicieron objeción alguna ni a 
su convocatoria ni al contenido de sus respectivos órdenes del día. Lo que constituye un 
inequívoco acto concluyente de conformidad con la convocatoria, con lo que la finalidad 
legal de que la misma se hiciera por la totalidad del órgano de administración queda 
cumplida, en cuanto se hizo con la conformidad de todos ellos". Sentencia del Tribunal 
Supremo 2390/2019 de 16 de julio de 2019.
Sentado lo anterior, resulta también relevante la doctrina del Tribunal Supremo sobre 
los actos propios, consentimientos presuntos o tácitos:
"Esta sala ha declarado que el conocimiento no equivale a consentimiento, así como 
que debe distinguirse el silencio con efectos de consentimiento del consentimiento tácito. 
Consentimiento tácito es el que deriva de actos concluyentes que, sin consistir en una 
expresa  manifestación  de  voluntad,  permiten  reconocerla  indubitadamente.  Así,  la 
sentencia 257/1986, de 28 de abril, indica que: ‘[l]a declaración de voluntad generadora 
del negocio jurídico no es necesario que sea explicita y directa, pero es imprescindible 
que la tácita se derive de actos inequívocos que la revelen sin que quepa atribuirle otro 
significado,  cuya  valoración  corresponde  al  arbitrio  de  los  Tribunales  según  las 
circunstancias que concurran en cada caso’. El silencio no supone genéricamente una 
declaración, pues, aunque no puede ser indiferente para el Derecho, corresponde estar a 
los hechos concretos para decidir si cabe ser apreciado como consentimiento tecito, esto 
es, como manifestación de una determinada voluntad. De manera que el problema no 
está tanto en decidir si el silencio puede ser expresión de consentimiento, como en 
determinar en qué condiciones puede ser interpretado como tácita manifestación de ese 
consentimiento (sentencias 135/2012, de 29 febrero; 171/2013, de 6 marzo; y 540/2016, 
de 14 de septiembre). Para que el silencio tenga relevancia a efectos de consentimiento, 
requiere la concurrencia de dos factores (sentencia 483/2004, de 9 de junio): uno, de  s
carácter subjetivo, implica que el silente tenga conocimiento de los hechos que motivan  oe.
cdloaaibs rlepiágnocatsticemibiró iilengidn eadtnodee,   rcdasoiel ,n  nctcoeuo sanqtnatuedre,so rto íaae,c  nicaó upnear;l  onmobdtaoarro r cm,l ooed snde oe hs ceu,ac nrhfáuaoce strr eeaorl a  ncopaibrótoujnepr tauijvule orsyí,dt  aniecsoxa rid gmpeear  ellq aequ xuoeiset tr eeamnl  ptaseani lreiutfeenn.sta et 3a d.st eeeC n lgosaauns     2020-13757n https://www.
partes lleva a cabo un acto concreto que debería obtener una respuesta de la otra, bien
aceptándolo  bien  rechazándolo,  si  esta  última,  pudiendo  y  debiendo  manifestarse,
guarda  silencio,  debe  considerarse,  en  aras  de  la  buena  fe,  que  ha  consentido 
(sentencias 842/2004, de 15 de julio; 799/2006, de 20 de julio; y 848/2010, de 27 de 
diciembre). En la sentencia 772/2009, de 7 de diciembre, con cita de otras muchas, 
declaramos  que  el  silencio  tiene  la  significación  jurídica  de  consentimiento  o  de 
conformidad cuando se puede y debe hablar (qui siluit quum loqui et debuit et potuit 
consentire videtur) y hay obligación de responder cuando entre las partes existe una 
relación de negocios, así como cuando resulta lo normal y natural conforme a los usos 
generales del tráfico y la buena fe. Y es que, en tales supuestos, con la comunicación de 
la discrepancia, se evita que la otra parte pueda formarse una convicción equivocada, 
derivada del silencio del otro, con daño para su patrimonio.» Sentencia del Tribunal 
Supremo 3011/2019 de 1 de octubre de 2019. También es destacable, la Sentencia de la 
Audiencia Provincial de Madrid 75/2012 de 5 de marzo de 2012. Sobre los actos propios 
y su repercusión a la hora de dilucidar la declaración de nulidad de una junta general que 
adolece de determinados defectos en su convocatoria: "A la luz de la anterior doctrina, 
entendemos que en el caso presente no cabe obviar las circunstancias puestas de 
manifiesto por la apelante atinentes a la conducta del Sr. Eladio previa y coetánea a la 
celebración  de  la  junta  cuyo  resultado  se  impugna.  Aun  cuando  no  todos  los 
comportamientos  señalados  tienen  la  misma  significación  desde  el  planteamiento 
sustentado por Norel (así, el ejercicio, con carácter previo, del derecho de información y 
la asistencia misma a la junta pueden explicarse desde la perspectiva de la adopción de 
las lógicas prevenciones en defensa de los intereses propios), la mayoría de ellos 
implican la aceptación por parte del Sr. Eladio de que se llevase a cabo la junta: solo así 
son entendibles la petición de complemento a la convocatoria, el silencio de aquel, al 
principio del acto, ante la pregunta del Sr. Notarlo sobre si existían manifestaciones a 
reservas sobre la válida constitución de la Junta, y la ulterior intervención en la discusión 
y votación de todos los asuntos que componían el orden del día, sin que el hecho de que 
al proclamarse el resultado de la votación en relación con los diferentes puntos el Sr. 
Eladio manifestase su intención de impugnar el acuerdo deba llevar a distinta conclusión, 
haciéndose ver a este respecto que en ninguna de las ocasiones en que al efectuar 
dicha manifestación el Sr. Eladio explicitó las causas (acuerdos sobre los puntos primero, 
segundo y cuarto del orden del día) estas fuesen referidas a la convocatoria o a la 
celebración de la junta.
Existe una amplia jurisprudencia que, en aplicación particular de la doctrina de los 
actos propios al campo que nos ocupa, sostiene que la falta de denuncia expresa al 
comienzo de la junta de la existencia de vicios en la convocatoria o constitución priva al 
socio asistente conocedor del pretendido vicio de la posibilidad de hacerlo velar luego 
como  motivo  de  impugnación  de  los  acuerdos  adoptados.  Este  Sala  ha  asumido 
expresamente dicha posición. Así lo resaltamos en sentencia de 12 de abril de 2011, 
recordando las anteriores de 9 de marzo de 2006 y 1 de diciembre de 2008, en la que se 
indica  en  apoyo  de  tal  posicionamiento  que  cuando  las  infracciones  legales  que 
fundamentan una acción de impugnación de acuerdos sociales se refieren a las normas 
que regulan la convocatoria, la constitución o la celebración de la junta general, es 
reiterada la jurisprudencia que exige, en aras del respeto al principio de buena fe, que el 
socio lo manifieste en el memento de constitución de la junta o, de referirse la infracción 
a algún extremo acaecido durante su celebración, cuando la infracción se produzca, con 
cita,  no  exhaustiva,  de  las  sentencias  del  Tribunal  Supremo  de  29  de  septiembre 
de 1971,'12 de mayo de 1976, 4 de abril y 12 de mayo de.178, 9 de mayo de 1986, 6 de 
febrero de 1987, 30 de abril de 1988, 29 de octubre de 1990, 17 de febrero de 1992, 17  s
de mayo de 1995 y 18 de junio de 1998. Esta es la situación que se produjo en el  oe.
supuesto enjuiciado, en el que el demandante, habiendo promovido con anterioridad un  w.
proceso encaminado a que se declarasen nulos los acuerdos adoptados en la junta  757ww
gfoernmeurlaalr d oeb 2je dcieó na gaolgsuton ad ea  2la0 0c8o,n ovbosceartvoóri ala slle cvoanddau cat acsa bdoe spcorrit aqsu ieenn elísn ehaasc íaannt edreiorirveasr  ssinu 
legitimidad para ello de uno de los acuerdos incluidos en dicha demanda".
En el presente caso el Socio Minoritario y Administradora Mancomunada estuvo 
debidamente representada en la Junta General (donde por otro lado, estaba presente o 
representado  el  100%  del  capital  social),  no  por  persona  cualquiera,  sino  por  su 
abogado, con lo que contó con asesoramiento jurídico-técnico durante la celebración de 
la Junta General; cabe presumir que con anterioridad a la misma, dado que solicitó 
determinados documentos con anterioridad a la celebración de la Junta General; y 
claramente con posterioridad a la Junta General, puesto que la solicitud de derecho de 
separación está firmada por el propio letrado, todo ello, sin duda, en palabras de nuestro 
Tribunal Supremo "constituye un inequívoco acto concluyente de conformidad con la 
convocatoria".
En la misma, no se puso en dude por el representante del Socio Minoritario la 
convocatoria de la Junta, siendo este una persona versada en Derecho y, por tanto, cabe 
presumir que con conocimientos de la Ley de Sociedades de Capital y la jurisprudencia 
aplicable  al  respecto  en  lo  concerniente  a  la  convocatoria,  constitución  y  válida 
celebración de la Junta General. Sobre la que únicamente se opuso a la asistencia de 
personas ajenas a la Sociedad, que el Presidente de la Junta General, dentro de sus 
competencias, había invitado.
Nada se alegó sobre defectos de la convocatoria, porcentaje de asistentes, o sobre 
las mayorías adoptadas en las votaciones.
Existiendo  aquí  una  relación  de  negocios,  dado  que  nos  encontramos  en  una 
sociedad mercantil, donde el Socio Minoritario ostentaba en ese momento el cargo de 
administradora mancomunada y estaba representada por un abogado, es palmario que 
estamos en un contexto profesional, en el que el momento para denunciar posibles 
irregularidades  sobre  la  Junta  General  es  durante  la  celebración  de  la  misma,  o 
previamente a esta, mediante la oportuna notificación a la Sociedad.
El Socio Minoritario permaneció en la Junta General; intervino en la misma cuando 
estimó oportuno (como queda reflejado en el acta); guardó silencio, cuando lo consideró 
conveniente; y votó a favor del contenido del acta de la citada Junta General, como 
queda  patente  al  haber  estampado  su  firma  al  final  de  la  misma  (en  prueba  de 
conformidad).
Tal y como establece la jurisprudencia en las sentencias citadas, cabe concluir que 
dio  consentimiento  a  la  convocatoria  de  la  Junta  General,  así  como  a  la  valida 
constitución de la misma.
A mayor abundamiento, el ejercicio del derecho de separación del Socio Minoritario 
mediante su burofax de fecha 25 de noviembre de 2019, constituye un acto inequívoco 
sobre su voluntad de que el acuerdo de modificación de estatutos sociales de la Junta 
General de 25 de octubre de 2019 desplegara todos sus efectos.
Consecuentemente, nos encontramos ante un supuesto en que el Socio Minoritario 
estuvo perfectamente asesorado desde la convocatoria de la Junta. General, también 
estuvo  debidamente  representado  y  asesorado  durante  la  celebración  de  la  Junta 
General, y con posterioridad a la misma. Denunciando cualquier irregularidad, callando 
también  cuando  lo  estimó  pertinente,  en  definitiva,  ejercitando  cuantos  derechos 
considero oportuno de conformidad con la legislación societaria, y todo ello, en una Junta 
General que estuvo presente o representado el 100% del capital social de la Compañía.
De los actos del Socio Minoritario, previos, posteriores y coetáneos a la Junta 
General, no cabe sino concluir que ha dado su conformidad a la convocatoria y a la 
valida celebración de dicha Junta General.
En el presente caso, como ya hemos reiterado, el Socio Minoritario no ha denunciado  s
la nulidad de la Junta General, la validez de la Junta General es en este caso un hecho  oe.
incontrovertible y, en todo caso, no se acepta dicha nulidad por la Sociedad, puesto que,  w.
con base en la doctrine del Tribunal Supremo, consideramos que la citada Junta General  757ww
ceosn opceimrfeiecntatom ednet el a vjáulnidtaa,,  naol  mhaabneifre sttaern iddois enetl imteierncteor  aa dsmu inciostnrvaodcoar tomriaa nyc oemjeurncaitdaor, 
posteriormente a la Junta, todos los derecho que creyó oportuno, incluido el derecho de
separación, en bese a la modificación estatutaria aprobada en dicha Junta. Y todo ello, 
repetimos, en una Junta General con el 100% del capital presente o representado.
2.3  Asistencia de la totalidad del capital social.
Destacar también que en el supuesto que trata la sentencia del Tribunal Supremo 
de 16 de Julio de 2019, no estuvo presente o representado la totalidad del capital social, 
ya que uno de los socios no asistió a ninguna de las dos juntas generales convocadas 
por los administradores mancomunados (donde faltaba la firma de alguno de ellos).
Dicho socio (que no era administrador) fue precisamente el que impugnó ambas 
juntas  generales  y  solicitó  la  nulidad  de  las  mismas  precisamente  porque  las 
convocatorias no se habían realizado por la totalidad de los administradores.
En el caso objeto del presente recurso, nos encontramos con un supuesto donde 
está presente o representado la totalidad del capital social, por lo que no cabe alegar que 
se han vulnerado derechos de los socios, como puede ser el de asistencia y voto, que 
fue ejercitado por la totalidad de los socios, incluido el Socio Minoritario. Sin que conste 
denuncia alguna de nulidad por defecto de convocatoria, con anterioridad, durante o 
posterioridad a la junta general, sino todo lo contario, una actuación por parte del Socio 
Minoritario-Administrador  convalidando  y  dando  efectividad  a  la  convocatoria,  a  la 
celebración de la Junta General y a la validación de los acuerdos mediante actos propios 
como lo fue, la comunicación posterior a la Junta de su derecho de separación por la 
modificación estatutaria aprobada en la misma.
2.4  Declaración  de  la  posible  nulidad  de  la  Junta  General  de  25  de  octubre 
de 2019.
Sin perjuicio de lo indicado anteriormente, en el presente caso, como ya hemos 
reiterado, el Socio Minoritario no denunció, ni ha denunciado en ningún momento defecto 
alguno en la convocatoria de la Junta General. Asistió a la misma y participó en la Junta 
General, aprobando el texto del acta de la misma y firmando al final del acta.
El propio Socio Minoritario, por su conducta y su actuación, anterior, coetánea y 
posterior a la Junta General, consintió la convocatoria y la validez de la propia Junta 
General. La plena validez de la Junta General por un defecto de convocatoria no resulta 
un hecho controvertido, ni por los tres administradores mancomunados, ni por ningún 
socio, habiendo actuado todos ellos, con sus propios actos, anteriores, coetáneos y 
posteriores a la Junta General, con conductas que no hacen sino reforzar su validez.
En definitiva, las partes involucradas, el 100% de los accionistas que conforman el 
capital  social,  aceptaron  y  confirmaron  la  validez  de  la  Junta  General,  y  ninguna 
denunció un vicio de nulidad de la Junta General.
En este punto, resulta conveniente sacar a colación determinados precedentes en los 
que se alegaban defectos de convocatoria.
En  especial,  destacar  la  ya  citada  sentencia  de  la  Audiencia  Provincial  de 
Madrid 75/2012 de 5 de marzo de 2012. La cual, indica que no procede la nulidad radical 
de la junta general que fue convocada por un consejo de administración sin facultades 
para ello (se había declarado la nulidad del acuerdo que acordaba su nombramiento).
Dicha nulidad no se reconocía precisamente por la doctrina de los actos propios y 
porque el impugnante de los acuerdos no lo hizo valer al inicio de la junta general. 
Además  de  por  otras  actuaciones  coetáneas  y  posteriores  que  implican  un 
consentimiento a la validez de dicha junta general.
Esa  misma  sentencia  expone  que  determinados  defectos,  por  ejemplo,  en  la  e.
convocatoria,  en  el  ámbito  societario  no  deben  acarrear  necesariamente  la  nulidad  w.
radical de los mismos. Lo hace en los siguientes términos: 757ww
"Sin perjuicio de lo que ya hemos apuntado en el precedente fundamento jurídico
dcueal rCtoó,d eignote Cndiveilm reofsle rjealdeav aennt ela t rsaeenr tae nccoiala cdieóln A lalt od oTcritbriunnaa sl odber e2 5e ld aelc saenpcteie dmebl raer tdíceu 2lo0 066.3, 
que cita a su vez las de 18 de junio de 2002 y 27 de febrero de 2004, en los siguientes
términos: ‘El art. 6.3 CC proclama la nulidad de pleno derecho de los actos contrarios a 
las normas imperativas y prohibitivas, salvo que en ellas se establezca un efecto distinto 
para el caso de contravención. Separando los supuestos de aquellos actos cuya nulidad 
se funda en un precepto específico y terminante de la ley, por una parte, y aquellos otros 
en  los  que,  a  pesar  de  ser  contrarios  a  la  ley,  ésta  ordena  su  validez,  deben 
individualizarse aquellos actos que contrarían o faltan a algún precepto legal (sin hallarse 
incluidos en las anteriores categorías). Respecto de ellos el juzgador debe analizar la 
índole y finalidad de la norma legal contrariada y la naturaleza, móviles, circunstancias y 
efectos previsibles de los actos realizados, para concluir con la declaración de la validez 
del acto contrario a la ley si la levedad del caso lo permite, reservando la sanción de 
nulidad  para  los  supuestos  en  que  concurran  trascendentales  razones  que  hagan 
patente el carácter del acto gravemente contrario a la ley, la moral o el orden público’. En 
la misma línea, la sentencia de 12 de junio de 2008 aclara que ‘debe advertirse que no 
es transportable a las causas de nulidad de la LSA el precepto del art. 6.3 CC, ni las 
contravenciones legales tienen todas la misma entidad y efectos; y, además, incluso en 
el régimen general, aparte de los importantísimos matices que tiene la posibilidad de 
apreciación de oficio de la nulidad plena (SS., entre otras, 17 de enero y 12 de diciembre 
de 2000; 3 de diciembre de 2001; 18 de junio de 2002; 27 de febrero de 2004; 25 de 
septiembre  de  2006),  sobre  lo  que  no  cabe  aquí  entrar,  en  todo  caso  la  doctrina 
jurisprudencial  viene  recomendando  ‘extrema  prudencia  y  criterios  flexibles’  en  la 
aplicación de la nulidad radical (SS. 28 de mayo y 2 de noviembre de 2001, entre otras). 
Entre los parámetros moduladores a los que nos remite la anterior doctrina se encuentra, 
sin duda, la buena fe."
Aplicando lo anterior al caso que nos ocupa, cabe destacar lo siguiente:
a.  Ningún socio o administrador de la Sociedad ha denunciado ningún defecto de 
convocatoria con carácter previo, coetáneo o posterior a la Junta General.
b.  Todos los socios han participado en la Junta General, votando en contra y 
anunciando impugnaciones (coma es natural dado el enfrentamiento social existente), 
pero también dando validez a lo acordado en el acta, votando a favor del texto de la 
misma y firmando al final de esta.
c.  El Socio Minoritario ha otorgado plenos efectos jurídicos a lo acordado en la 
Junta  General,  dado  que  ejercita  su  derecho  de  separación  por  la  modificación  el 
artículo 8 de los Estatutos Sociales.
d.  Ningún socio o administrador ni siquiera ha planteado la existencia de un defecto 
de convocatoria que conlleve la nulidad de la Junta General.
e.  La Ley de Sociedades de Capital no establece expresamente la nulidad radical y 
de pleno derecho de la junta general cuando en la convocatoria falta la firma de uno de 
los administradores mancomunados.
f.  Y nuestro Tribunal Supremo solicita "extrema prudencia" en la aplicación de la 
nulidad radical.
Tercero.  Conclusiones.
A continuación, resumimos brevemente las razones expuestas a lo largo del presente 
recurso, que nos llevan a concluir que las Juntas Generales de fecha 25 de octubre 
de 2019 y de 18 de noviembre de 2019 son válidas y sus acuerdos perfectamente 
ejecutables e inscribibles:
1.  Los Estatutos Sociales en su artículo 13 establecen que basta la actuación de  b
dos cualesquiera de los administradores mancomunados en todos los ámbitos de la  757ww
ignetesrtinóan,  yc oamdmo ineins tlraa crieópnr edsee lnat aScoiócnie dfraedn t(en oa  stoelroc eerno sla.  Yre perlleos eens tacocinófno)r.m Tea nctoon e lna  lad oecstfreinraa 
de este centro directivo.
2.  Que el acuerdo de Junta General que causó la inscripción 4.ª en la hoja registral 
de la Sociedad, establece como forma de actuación del órgano de administración, la de 
dos de los administradores mancomunados, siempre que uno sea D. C. F.
3.  Que  al  haber  contado  la  convocatoria  con  la  actuación  conjunta  de  dos 
administradores  mancomunados,  siendo  uno  de  ellos,  el  que  suscribe  el  presente 
recurso, dicha convocatoria ha dado cumplimiento a lo establecido en los Estatutos 
Sociales, en especial, al artículo 13, que está debidamente inscrito en la hoja registral de 
la Sociedad. 4. Sin perjuicio de lo anterior, tampoco cabe concluir que la Junta General, 
en la que estuvieron presentes o representados el 100% del capital social, esté viciada 
de nulidad por defecto de convocatoria, al no constar la firma del Socio Minoritario en la 
misma (administrador mancomunado de la Sociedad), por las siguientes razones:
a.  El  Socio  Minoritario-administrador  mancomunado  estuvo  debidamente 
representado y, por tanto, dio conformidad a la convocatoria, tal y como establece la 
reciente sentencia del Tribunal Supremo de fecha 16 de julio de 2019.
b.  El Socio Minoritario permaneció en la Junta General; intervino en la misma 
cuando estimó oportuno (como queda reflejado en el acta); guardó silencio, cuando lo 
considero conveniente; y votó a favor del contenido del acta de la citada Junta General.
c.  Ni el Socio Minoritario, ni ningún otro socio ha denunciado ningún defecto de 
convocatoria con carácter previo, coetáneo o posterior a la Junta General.
d.  El Socio Minoritario ejercita su derecho de separación, otorgando, por tanto, 
efectos jurídicos al acuerdo de modificación de estatutos sociales acordado en la Junta 
General.
e.  De los actos del Socio Minoritario, previos, coetáneos y posteriores a la Junta 
General, no cabe sino concluir que el Socio Minoritario y Administrador Mancomunado, 
ha dado su conformidad a la convocatoria y a la válida celebración de dicha Junta 
General. Tal y como establece la jurisprudencia, cabe concluir que dio consentimiento a 
la convocatoria de la Junta General, así como a la válida constitución de la misma.
5.  Sin  perjuicio  de  lo  anterior,  la  Ley  de  Sociedades  de  Capital  no  establece 
expresamente la nulidad radical y de pleno derecho de la junta general, cuando en la 
convocatoria falta la firma de uno de los administradores mancomunados, como sí lo 
hace  en  otros  supuestos.  6.  Existe  jurisprudencia  que  entiende  que  determinados 
defectos en la convocatoria, como el que nos ocupa, no debe acarrear la nulidad radical 
de todos los acuerdos adoptados en la junta general viciada.»
IV
El registrador emitió informe el 30 de julio de 2020, elevando el recurso a este 
Dirección General.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 206 y 3465 de la Ley de Sociedades de Capital; las Sentencias 
del Tribunal Supremo de 16 de marzo de 2010, 19 de abril de 2016, 16 de julio de 2019; 
y las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 13 de 
enero de 2015, 6 de febrero de 2015, 18 de febrero de 2015, 15 de junio de 2015, 27 de 
julio de 2015, 21 de octubre de 2015, 29 de noviembre de 2015, 4 de mayo de 2016 y 31 
de enero de 2018; y la Resolución de esta Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe  es
Pública de 12 de febrero de 2020. o
1.  La cuestión planteada por el recurso está referida a la convocatoria de la junta  757ww
agdemneinraisl trdaed ourneas  smocainecdoamd udnea dreossp. oEnsna bdiliicdhaad  ljiumnittaa dsae,  haeccuhear dsao loc epsoarr  doas  udnea  sudse  trleass 
aaddmmiinniissttrraaddoorraess  (qauseu nctoon nvooc ainnc lupiodsot eirnioicrimalemneten teu nean  neul eovrad ejunn dtae l ddoínad),e  qsuee dcaanmdob iad oesl   BOE-A-cable e
sistema de gobierno para pasar a un administrador único. Los acuerdos de ambas juntas 
se elevan a público por este administrador en la misma escritura pública. La calificación 
negativa del registrador descansa en que la junta fue mal convocada, al no haberse 
hecho por los tres administradores mancomunados conjuntamente. A esto opone la 
sociedad en su recurso, que realmente la convocatoria se hizo bien, pues la previsión 
estatutaria de actuación conjunta por solo dos de los administradores no estaría limitada 
a la representación externa de la sociedad, siendo también aplicable en el ámbito 
interno, y más específicamente a la convocatoria de junta. De todos modos, sostiene en 
su recurso que el eventual defecto habría quedado subsanado, tanto por la asistencia a 
la reunión -por medio de representante- de la socia y administradora que no suscribió la 
convocatoria, como por la actitud que aquel mantuvo a lo largo de la misma, al no 
oponerse a la celebración de la junta por ese motivo, sin perjuicio de anunciar su 
intención de impugnarla, pero por otro defecto, en el que no se funda la calificación. 
Asimismo, el recurso destaca que esta socia ha ejercitado el derecho de separación que 
la sociedad le reconoció por razón de uno de los acuerdos adoptados en la primera 
reunión, lo que supondría, de hecho, no solo admitir implícitamente la validez de la 
reunión donde se tomó ese acuerdo, también querer aprovecharse explícitamente de sus 
efectos.
2.  A la primera cuestión de si la junta fue convocada válidamente la respuesta ha 
de  ser  negativa.  En  los  casos  de  administración  mancomunada  es  doctrina 
suficientemente consolidada que han de convocar todos los administradores de manera 
conjunta, y no solo el número –menor– necesario para representar a la sociedad, pues 
se trata de una competencia interna (Resolución de 27 de julio de 2015), sin perjuicio de 
la  posibilidad  de  incorporar  a  los  estatutos  una  regla  específica  que  permita  la 
convocatoria por ese número menor (Resoluciones de 4 de mayo de 2016 y de 12 de 
febrero de 2020). El recurso sostiene que esta última previsión es deducible de la forma 
en que se ha redactado el artículo de los estatutos referido a la administración, que en su 
primera  parte  especifica  como  una  de  sus  variantes  la  de  «dos,  tres  o  cuatro 
Administradores  mancomunados»,  que  «deberán  actuar  en  los  términos  que  se 
determinan  a  continuación»,  indicando  en  la  segunda  parte  del  artículo  que  la 
representación  de  la  sociedad  corresponderá  «a  dos  cualesquiera  de  los 
Administradores mancomunados conjuntamente, en la forma que determine la junta 
general».  Es  evidente  que  la  reducción  a  dos  del  número  de  administradores 
intervinientes solo se contempla en los estatutos para la representación de la sociedad, y 
de nada sirven los términos literales en los que se hizo en su momento el nombramiento 
de  los  mismos,  donde  se  habló  en  general  de  forma  de  actuación  y  no  de 
representación, pues dicho acuerdo singular es el que se debe adaptar al sentido de la 
regulación estatutaria, no al revés. La previsión habilitante habría de constar en los 
estatutos de forma expresa, y claramente no es el caso, pues estos solo se refieren a la 
representación de la sociedad.
3.  Adicionalmente, el recurso sostiene que un posible defecto por razón de autoría 
de la convocatoria habría quedado subsanado al asistir a la reunión el representante de 
la otra administradora y socia, que no formuló oposición por ese motivo, y trae a colación 
la doctrina de la sentencia del Tribunal Supremo de 16 de julio 2019, donde se consideró 
que la presencia en la junta de todos los administradores, tanto los convocantes como 
los  no  convocantes,  sin  haber  hecho  objeción,  «constituye  un  inequívoco  acto 
concluyente de conformidad con la convocatoria, con lo que la finalidad legal de que la 
misma se hiciera por la totalidad del órgano de administración quedó cumplida, en  s
cuanto se hizo con la conformidad de todos ellos». Tampoco es un argumento atendible,  oe.
pues, como resulta con claridad del acta de la junta, aunque en una misma persona  w.
coincidan ambas condiciones, el representante lo es de la socia, no de la administradora,  757ww
Cpoorm taon troe,c noord saera p ulead es ednetceinr cqiau e dae ll a Treriubnuinóanl  aSsuisptireerma ola  daed m1in9i stdraed oarbar inl od ceo n2v0o1c6a,n tela. 
administración no puede ser ejercida por representante, por eso, el socio administrador
que otorga poder para una junta, lo hace como socio, no como órgano de la sociedad. La 
presencia del representante, por si sola, nada convalida.
4.  La conclusión hasta este momento es que existe un defecto de convocatoria, que 
no ha sido subsanado mediante una actuación posterior de los mismos integrantes del 
órgano de administración. Excluida esta primera opción subsanatoria, la siguiente sería 
determinar si puede resultar entonces de la actitud de los propios socios, o de sus 
apoderados, pues en este ámbito sí que opera plenamente la representación conferida 
por la socia. Aunque la convocatoria regular constituye un presupuesto de la validez de 
la junta general, excepcionalmente es posible celebrarla sin aquella, bien porque los 
mismos  socios  acuerdan  prescindir  de  la  convocatoria  al  constituirse  como  junta 
universal,  bien  porque  el  comportamiento  de  los  socios  durante  la  reunión  permite 
entender subsanada la convocatoria mal hecha. En el primer sentido, no puede decirse 
que los socios decidieran en el presente caso configurarse como junta universal. Citando 
de nuevo la sentencia del Tribunal Supremo de 19 de abril de 2016, «para que una junta 
sea universal no basta con que esté reunida la totalidad del capital social, sino que tiene 
que haber un previo acuerdo de todos los socios de constituirse en junta general y de 
discutir determinados temas». Es necesario que los asistentes acepten por unanimidad 
la celebración de la reunión, con un determinado orden del día, pues la unanimidad no 
solo se requiere para celebrar la reunión, también para decidir qué asuntos se deben 
tratar,  y  esta  exigencia  persiste  durante  toda  la  reunión.  No  cabe  incluir  sin  el 
asentimiento  de  todos  los  presentes  nuevos  asuntos  sobre  la  marcha,  ni  siquiera 
aquellos que pueden serlo con normalidad en una junta convocada, pues todos los 
asuntos tratados en la junta universal se someten a ese requisito, ya lo hagan al 
comienzo de la reunión, o en un momento posterior. Una vez aceptada su inclusión, los 
acuerdos ya se adoptan normalmente por la mayoría que corresponda. En el presente 
caso  no  resulta  del  acta  de  la  junta  la  voluntad  unánime  de  constituirse  en  junta 
universal, ni se incluye por unanimidad el nuevo punto del orden del día referido al cese 
de  la  tercera  administradora  mancomunada,  aunque,  ciertamente,  su  representante 
tampoco se opone de forma expresa y solo se abstiene en la votación. La mesa de la 
junta podía haber evitado cualquier duda al respecto proponiendo claramente que la 
junta se celebrara como universal, en cuyo caso sería relevante que ninguno de los 
presentes se hubiera opuesto, pero no lo hizo. Por tanto, no estamos ante una junta 
universal. Sigue siendo una junta convocada y, además, mal convocada.
5.  Aunque la junta no sea universal, una nutrida línea jurisprudencial, sobre la base 
de los principios de buena fe y de congruencia con los actos propios, había venido 
negando la legitimación para impugnar los acuerdos a los socios que, sin haber hecho la 
oportuna denuncia al abrirse la sesión, consintieran la celebración de la junta. Cuando 
todos los socios se encuentren en idéntica situación, el resultado viene a ser en la 
práctica una especie de convalidación de la junta defectuosamente convocada, aunque 
solo sea porque tiene lugar una pérdida generalizada de aquella legitimación activa, 
hablándose en ocasiones impropiamente de una junta universal (sentencia del Tribunal 
Supremo de 16 de marzo de 2010: «la consideración de la junta como universal se utiliza 
en la sentencia recurrida como argumento para entender subsanados los defectos de 
convocatoria, y sucede que, sea o no universal, dada la presencia de todo el capital 
social, la ausencia de reservas o protestas y la forma de celebración de la misma, los 
defectos de convocatoria denunciados carecen de relevancia para determinar la nulidad 
de la misma»). Con estos antecedentes la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, dispuso la 
pérdida  de  la  legitimación  para  impugnar  de  quien,  habiendo  tenido  la  ocasión  de  s
denunciar en el momento oportuno los defectos de forma en el «proceso de adopción del  oe.
acuerdo», no lo hubiera hecho (art. 206.5 LSC). Aunque habla de defectos de forma, no  w.
hay razón para excluir todo lo relacionado con la convocatoria, así la autoría, la forma, el  757ww
prelauznoió on  eyl  ac orenqteuneidriom. ieEnnt oc ueaxnptroe saol  «dme olam menetsoa o dpeo rlatu njuon»ta h. aCburíaan ddeo  seel rs oacl icoo ymai elon zhou bdiee rlaa 
mmaonmifeensttoa dgou aarndtae ss, ilteanmcpioo,c sou h laeyg intimecaecsióidna dp adrea  riemitpeuragrnloa,r  ppeureod es i vneors leo  choizmop ryo mene teidsae,   BOE-A-cable e
cualquiera que sea su actitud en la junta, es decir, aunque no incurra en la contradicción 
de votar después a favor. En el presente caso la junta se desarrolla sin hacerse cuestión 
de la regularidad de su convocatoria, pues no resulta del acta la oposición del socio a su 
celebración por tal motivo, sobre todo después de que el presidente proclamara su válida 
constitución, pues expresamente se recoge en el acta que ningún asistente «presenta 
protesta o reserva alguna», lo que permite entender que la oportunidad de hacerlo se les 
ofreció (no debemos olvidar que el acta se aprueba y firma por los dos socios y el 
representante de la otra). Tampoco en la posterior junta de 18 de noviembre de 2019 el 
representante de la socia plantea reparo alguno por razón de la convocatoria, aunque la 
validez de la misma dependiera del previo cese de la misma como administradora en la 
junta de octubre.
Con independencia de ello, pero en la misma línea, la socia da muestras de aceptar 
la  validez  de  aquella  junta,  desde  el  momento  en  que  hace  uso  del  derecho  de 
separación, que claramente le correspondía –y la sociedad le reconoce– al haberse 
modificado  el  régimen  de  transmisión  mortis  causa  de  las  participaciones  sociales 
(art. 346.2 LSC).
Atendiendo  a  las  circunstancias  de  hecho  y  a  los  Fundamentos  de  Derecho 
expuestos,  esta  Dirección  General  ha  acordado  estimar  el  recurso  y  revocar  la 
calificación impugnada, en los términos que resultan de los anteriores fundamentos de 
derecho.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Mercantil de la provincia donde radica el Registro, en el plazo de 
dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal, 
conforme a lo establecido en la disposición adicional vigésima cuarta de la Ley 24/2001, 
27 de diciembre, y los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria.
Madrid, 23 de octubre de 2020.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.