BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 189 Viernes 10 de julio de 2020 Sec. III.   Pág. 49707
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA
Y COOPERACIÓN
7650 Resolución de 26 de junio de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica el Convenio con el Consejo General del Notariado, en relación 
a las obligaciones en materia de prevención del blanqueo de capitales de los 
agentes diplomáticos y consulares en su actuación como fedatarios públicos.
Con fecha 24 de junio de 2020 se suscribió un Convenio entre el Ministerio de 
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y el Consejo General del Notariado, 
por lo que procede su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 26 de junio de 2020.–El Secretario General Técnico, José María Muriel 
Palomino
CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA 
Y COOPERACIÓN Y EL CONSEJO GENERAL DEL NOTARIADO RESPECTO DE LAS 
OBLIGACIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES 
DE LOS AGENTES DIPLOMÁTICOS Y CONSULARES EN SU ACTUACIÓN COMO 
FEDATARIOS PÚBLICOS
REUNIDOS
De una parte, don Juan Duarte Cuadrado, Director General de Españoles en el 
Exterior y de Asuntos Consulares, nombrado en virtud de Real Decreto 1352/2018, de 29 
de octubre, y en uso de las competencias que le confiere el artículo 5.1a) de la Orden 
AUC/295/2019, de 11 de marzo, de fijación de límites para administrar ciertos gastos y 
de delegación de competencias.
De otra parte, don José Ángel Martínez Sanchiz, Presidente del Consejo General del 
Notariado, elegido en fecha de 1 de diciembre de 2016, y facultado para este acto en 
virtud del acuerdo adoptado en Sesión Plenaria del Consejo, de 1 de diciembre de 2016.
Ambas partes se reconocen la capacidad jurídica necesaria para suscribir el presente 
Convenio y, en su virtud,
MANIFIESTAN
Que de conformidad con el artículo 5, inciso f, de la Convención de Viena sobre 
Relaciones  Consulares  (CVRC),  de  24  de  abril  de  1963,  las  funciones  consulares 
consistirán en actuar en calidad de notario, en la de funcionario de registro civil, y en 
funciones  similares  y  ejercitar  otras  de  carácter  administrativo,  siempre  que  no  se 
opongan las leyes y reglamentos del Estado receptor.
Que según el artículo 15 del Convenio Europeo sobre Funciones Consulares, hecho 
en París el 11 de diciembre de 1967, los funcionarios consulares tendrán el derecho a 
extender o autorizar notarialmente o de la forma análoga que prevean las leyes y  s
reglamentos del Estado que envía: oe.
a)  cualesquiera actas y contratos que se refieran exclusivamente a los nacionales  50ww
del Eb)s taldaos  qcuaep ietunlvaícai;ones matrimoniales en las cuales al menos una de las partes sea
nacional del Estado que envía;
c)  cualesquiera actas y contratos no obstante el hecho de que ninguna de las 
partes sea nacional del Estado que envía, con la condición de que dichos contratos y 
actas se refieran a bienes situados en dicho Estado o estén destinados a producir 
efectos en el territorio de ese Estado.
Que la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la 
financiación del terrorismo estableció, en su artículo 48, el régimen de colaboración que, en el 
caso de los funcionarios diplomáticos encargados de la fe pública, se basará en informar al 
Servicio Ejecutivo de indicios o sospechas de blanqueo que pudieran encontrar en el ejercicio 
de su función y la de responder a los requerimientos que le haga la Comisión de Prevención 
del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias o sus órganos de apoyo.
Que el esquema normativo de prevención del blanqueo se completa con el Real 
Decreto  304/2014,  de  5  de  mayo,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  la 
Ley 10/2010, y con dos normas de desarrollo cuyo ámbito de aplicación se limita a los 
notarios, como sujetos obligados: Orden EHA/2963/2005 de 20 de septiembre, creadora 
del Órgano Centralizado de Prevención de blanqueo de capitales (OCP), y Orden EHA/
114/2008, de 19 de enero, reguladora del cumplimiento de determinadas obligaciones de 
los  notarios.  Ninguna  de  ellas  resulta  aplicable  a  los  funcionarios  diplomáticos 
encargados de la fe pública.
Que el artículo 10 del Anexo Tercero del Reglamento Notarial establece la confección de 
un Índice Especial y distinto del previsto en el artículo 284 por parte de los funcionarios 
diplomáticos encargados de la fe pública, que se enviará anualmente a la DGRN a través del 
MAUC y que se deposita en el Archivo General de Protocolos de Madrid.
Por lo expuesto, las partes acuerdan suscribir el presente Convenio que se regirá por 
las siguientes
CLAÚSULAS
Primera.  Finalidad.
La finalidad de este Convenio entre la Dirección General de Españoles en el Exterior 
y de Asuntos Consulares (DGAC) y el Consejo General del Notariado (CGN) es el diseño 
y desarrollo de procedimientos que sirvan para mejorar el sistema de prevención del 
blanqueo  de  capitales  y  de  la  financiación  del  terrorismo  (en  adelante  PBC/FT) 
establecidos por la Ley 10/2010, de 28 de abril, respecto de los documentos públicos, 
independientemente de que se hayan autorizado por un notario o por un funcionario 
diplomático encargado de la fe pública.
A  todos  los  efectos  de  la  normativa  de  PBC/FT,  los  funcionarios  diplomáticos 
encargados de la fe pública serán considerados funcionarios incorporados al Órgano de 
Prevención de Blanqueo de Capitales creado por Orden Ministerial 2963/2005, de 20 de 
septiembre, reguladora del Órgano Centralizado de Prevención (OCP) en materia de 
blanqueo  de  capitales  en  el  Consejo  General  del  Notariado,  por  lo  que  cualquier 
intercambio de información entre el OCP y los funcionarios diplomáticos encargados de 
la fe pública estará amparada por la normativa de PBC/FT y no supondrá revelación de 
información del artículo 24 de la Ley 10/2010.
Segunda.  Materialización.
Respecto de cada una de las obligaciones establecidas en la normativa de PBC/FT,  es
la colaboración entre el CGN y la DGAC se concretará de la forma siguiente: o
1.  Índices de las operaciones notariales firmadas o autorizadas por los funcionarios  50ww
RdiDpl o3m04á/t2ic0o1s4 e).ncargados de la fe pública (Artículo 27 de la Ley 10/2010 y artículo 44 del
las Loopse rfaucnicoinoensa riqouse d iapulotmoráicteicno so e ninctaerrgvaednogsa nd ee lna  fseu p fúubnlicciaó nd enboetraárnia ll.le vPaarr au nf aíncdiliitcaer  dlea   BOE-A-cable e
agregación de esos índices de manera lógica y en un formato único, la Comisión Mixta 
de Seguimiento establecida en la cláusula Quinta de este Convenio acordará el formato 
de dichos índices, que en todo caso contendrán:
– La identificación completa del funcionario diplomático encargado de la fe pública 
que ha intervenido.
– La localidad donde se haya realizado la operación.
– La fecha de firma de la operación.
– El libro en el que se incluirá la operación (Protocolo general o libro de pólizas)
– El número de operación secuencial asignado, según el tipo de libro y el año de su 
firma.
– La identificación completa de todos los intervinientes, otorgantes y, en su caso, 
representantes, conforme a la normativa de Prevención de Blanqueo de Capitales y 
Financiación del Terrorismo.
– La identificación de los objetos (inmuebles, bienes muebles, buques, acciones, - 
participaciones, otros valores, activos financieros,…) que aparecen en la operación.
– El tipo de operación efectuado conforme a una tabla de operaciones previamente 
cerrada.
– El importe de la operación, si lo hubiera.
Estos  índices  deberán  ser  cumplimentados  por  los  funcionarios  diplomáticos 
encargados  de  la  fe  pública  a  través  de  una  plataforma  específica.  Los  órganos 
centralizados  de  prevención  examinarán,  por  propia  iniciativa  o  a  petición  de  los 
profesionales  incorporados,  las  operaciones  a  que  se  refiere  el  artículo  17, 
comunicándolas  al  Servicio  Ejecutivo  de  la  Comisión  cuando  concurran  las 
circunstancias establecidas en el artículo 18. Los profesionales incorporados deberán 
facilitar al Órgano Centralizado de Prevención toda la información que éste les requiera 
para el ejercicio de sus funciones. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo  21,  los  profesionales  incorporados  facilitarán  toda  la  documentación  e 
información que la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones 
Monetarias o sus órganos de apoyo les requieran, directamente o por intermedio del 
Órgano Centralizado de Prevención, para el ejercicio de sus competencias.
2.  Identificación del titular real (Artículo 4 de la Ley 10/2010 y artículos 8 y 9 del 
RD 304/2014).
Los funcionarios diplomáticos en el ejercicio de sus funciones notariales podrán tener 
acceso a la información contenida en la Base de Datos de Titular Real constituida por el 
Consejo General del Notariado. La forma de acceso a la BDTR se detallará por parte de 
la Comisión Mixta de Seguimiento prevista en este Convenio.
Los funcionarios diplomáticos encargados de la fe pública remitirán, en un plazo no 
superior a 72 horas, una copia electrónica, mediante una red telemática segura a la 
Agencia Notarial de Certificación (ANCERT), de todos los documentos públicos que 
intervengan  o  autoricen  que  afecten  al  tracto  de  acciones  o  participaciones  de 
sociedades mercantiles españolas (entre otros: constitución de sociedades, transmisión 
o  donación  de  acciones  o  participaciones,  ampliaciones  y  disminuciones  de  capital 
social, disoluciones,…). La forma de remisión de estas copias se detallará por parte de la 
Comisión Mixta de Seguimiento prevista en este Convenio.
Los funcionarios diplomáticos encargados de la fe pública remitirán, en un plazo no 
superior a 72 horas, una copia electrónica, mediante una red telemática segura a la 
Agencia Notarial de Certificación (ANCERT), de todos los documentos públicos que  e
intervengan o autoricen que se refieran a las manifestaciones de titularidad real de  bo
entidades jurídicas, españolas o extranjeras. La forma de remisión de estas copias se  50ww
deta3ll.a ráE pxoarm peanr tee sdpee lcai aCl odmei soiópne Mraicxitoan dees  S(aergtuícimuloie n1to7  pLreeyv is1ta0 /e2n0 1e0s tey  Caortnícvuelnoi o2.5 del
RD D30e4s/d2e0 1c4a)d.a oficina consular se remitirá ( Existe la obligatoriedad de llevar en soporte
magnético  los  índices  a  los  que  se  refiere  el  artículo  10  del  Anexo  Tercero  del
Reglamento Notarial. En la actualidad los mismos ya se remiten en formato papel al 
Archivo de Protocolos del Colegio Notarial de Madrid.), con periodicidad mensual un 
índice único en formato electrónico de todas las operaciones que se hayan autorizado o 
en las que se haya intervenido en dicha oficina, a través de una plataforma desarrollada 
por  la  Agencia  Notarial  de  Certificación  (ANCERT),  a  la  que  tendrán  acceso  los 
funcionarios  diplomáticos  encargados  de  la  fe  pública  con  su  firma  electrónica.  El 
formato y el canal de remisión de estos índices se detallará por parte de la Comisión 
Mixta de Seguimiento prevista en este Convenio, pero siempre manteniendo los más 
altos estándares de confidencialidad y seguridad.
Para facilitar la agregación de esos índices de manera lógica y en un formato único, 
la Comisión Mixta acordará el formato de dichos índices, que, en todo caso, contendrán 
las especificaciones mencionadas en el numeral 1 de la cláusula Segunda.
Se establecerá un canal seguro de intercambio de información y documentación 
entre el Órgano Centralizado de Prevención (OCP) de Blanqueo de Capitales y de la 
Financiación del Terrorismo del CGN y las oficinas consulares. Las características de ese 
canal  se  concretarán  por  parte  de  la  Comisión  de  Seguimiento  prevista  en  este 
Convenio.
A través de la explotación de esos índices, se podrá colaborar con las autoridades 
para el cumplimiento de otras obligaciones (p.e. tributarias), siempre que así se acuerde 
por la Comisión Mixta de Seguimiento prevista en este Convenio.
4.  Comunicación de operaciones con indicios (artículo 18 Ley 10/2010 y artículo 26 
del RD 304/2014).
Se establecerá un canal seguro para que los funcionarios diplomáticos encargados 
de la fe pública puedan comunicar al OCP, para su análisis, aquellas operaciones que 
reúnan los requisitos del artículo 17 de la Ley 10/2010 (con indicios no verificados de 
blanqueo de capitales o financiación de terrorismo). Las características de ese canal se 
concretarán por parte de la Comisión Mixta de Seguimiento prevista en este Convenio.
5.  Colaboración  con  la  Comisión  de  Prevención  de  Blanqueo  de  Capitales  e 
Infracciones  Monetarias  y  con  sus  órganos  de  apoyo  (artículo  21  Ley  10/2010  y 
artículo 30 del RD 304/2014).
Se  establecerá  un  canal  seguro  para  que  desde  el  OCP  se  pueda  solicitar 
documentación  e  información  solicitada  por  las  autoridades  con  competencias  en 
investigación del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, autoridades 
tributarias, así como
las solicitudes realizadas por la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e 
Infracciones  Monetarias  y  sus  órganos  de  apoyo.  Los  funcionarios  diplomáticos 
encargados de la fe pública deberán atender estas solicitudes a la mayor brevedad 
posible a través de ese mismo canal, cuyas características se concretarán por parte de 
la Comisión Mixta de Seguimiento prevista en este Convenio.
6.  Establecimiento  de  un  procedimiento  interno  (artículo  26  Ley  10/2010  y 
artículos 31, 32, 33, 34 y 35 del RD 304/2014).
A propuesta del OCP, la Comisión Mixta de Seguimiento prevista en este Convenio, 
aprobará un manual interno para su remisión a las oficinas consulares, que permita la 
estandarización de procedimientos a seguir, con independencia de dónde esté ubicada la 
misma, para uniformar la práctica consular en esta materia, como ha sucedido en el 
ámbito notarial.
En dicho procedimiento interno se detallará la forma de cumplir con las obligaciones 
establecidas en este Convenio y, además: s
– La política expresa de admisión de solicitudes. w.b
– La  prohibición  de  realizar  operaciones  con  personas  incluidas  en  listas  50ww
inter–n aLcaiosn caaleuss.as objetivas de abstención de operaciones.
7.  Colaboración  entre  el  Órgano  Centralizado  de  Prevención  de  Blanqueo  de 
Capitales  y  los  funcionarios  diplomáticos  encargados  de  la  fe  pública  (artículo  27 
Ley 10/2010 y artículo 44 del RD 304/2014).
Los funcionarios diplomáticos encargados de la fe pública podrán acceder a través 
de una aplicación específica a distintos modelos de documentos públicos, previamente 
definidos, de forma que serviría de «plantilla», donde se incluyesen los datos de los 
intervinientes y las características de la operación de forma que permitiese (i) imprimir el 
documento  para  la  firma  y  (ii)  la  captación  de  datos  de  la  operación  en  soporte 
magnético,  reduciendo  la  posibilidad  de  un  error  posterior  de  grabación.  Las 
características de esa aplicación se concretarán por parte de la Comisión Mixta de 
Seguimiento prevista en este Convenio.
Los funcionarios diplomáticos encargados de la fe pública dispondrán de un canal 
específico para realizar consultas por escrito, en materia de prevención del blanqueo de 
capitales y de la financiación del terrorismo, al OCP. Además, se habilitará la posibilidad 
de  que  puedan  hacer  consultas  telefónicas  para  los  casos  más  urgentes.  Las 
características de esa aplicación se concretarán por parte de la Comisión Mixta de 
Seguimiento prevista en este Convenio.
Los  funcionarios  diplomáticos  encargados  de  la  fe  pública  dispondrán  de 
documentación adicional relativa a la prevención del blanqueo de capitales y financiación 
del terrorismo (preguntas frecuentes, buenas prácticas,).
8.  Formación (artículo 29 Ley 10/2010 y artículo 39 del RD 304/2014).
A propuesta del OCP, la Comisión Mixta de Seguimiento prevista en este Convenio, 
aprobará un plan de formación en materia de PBC/FT para los funcionarios diplomáticos 
encargados de la fe pública. Ese plan de formación podrá incluir tanto actividades 
presenciales (bien en el curso de acceso a la carrera diplomática o bien en cursos 
específicos en esta materia) como cursos on line a través de la plataforma de formación 
de ANCERT.
Tercera.  Condiciones de utilización.
1.  La  información  y  documentación  en  el  ámbito  de  este  Convenio  será 
exclusivamente destinada para los fines que le son propios y estará (Artículo 24 de 
Ley  10/2010)  expresamente  prohibida  la  revelación  al  solicitante  o  a  terceros  de 
cualquier acción llevada a cabo durante la labor de examen especial.
2.  Identificación de los usuarios. Con el fin de cumplir con lo dispuesto en la 
normativa  específica  de  protección  de  datos  de  carácter  personal,  se  establecerán 
canales de identificación seguros. Para ello, desde la DGAC, se mantendrá actualizada 
una  base  de  datos  de  las  oficinas  consulares,  con  identificación  expresa  de  los 
funcionarios diplomáticos encargados de la fe pública. Las características del modo y 
actualización de esa base de datos se concretarán por parte de la Comisión Mixta de 
Seguimiento prevista en este Convenio.
3.  El responsable de la Unidad de Análisis del OCP será el interlocutor autorizado 
para intercambiar información y documentación con las distintas oficinas consulares y 
diplomáticas. Cualquier modificación en la autorización será comunicada por parte del 
CGN a la DGAC.
Cuarta.  Financiación. inexistencia de obligaciones económicas.
Dada  la  finalidad  pública  de  las  obligaciones  de  este  Convenio,  no  podrá  ser  es
repercutido  ningún  coste  por  la  materialización  de  las  distintas  obligaciones  aquí  bo
recogidas.  Cada  Organismo  firmante  soportará  los  gastos  correspondientes  que  se  50ww
gpeerceonsneLuórapem unaie pcpslaiatcsora a ecd npieótolrn enM d eliaenr s iesl ontpe  admrriiotsae prdscue.he aAs tseoul  enmntoi sesm sEtoex;  tCeesroi ondrveeecsni,r i,oU e nnsiotóe n imC Eopunlircvoaeprneáiao a  ynu omC goeeonnptoee rrdaae coli óbgnlaig.satoc ieonn eesl   OE-A-2020-76able en https://
Quinta.  Medidas de control y seguimiento.
Al objeto de efectuar el seguimiento y evaluación de la aplicación del presente 
Convenio, se constituirá una Comisión Mixta de Seguimiento, órgano colegiado integrado 
por dos representantes de la DGAC y otros dos del CGN.
La Comisión se reunirá a instancia de cualquiera de las partes y, al menos, una vez 
cada  año,  para  examinar  los  resultados  e  incidencias  que  suscite  la  ejecución  del 
presente Convenio.
Esta Comisión se regirá en cuanto a su funcionamiento y régimen jurídico, respecto a 
lo no contemplado en la presente cláusula, por lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
La citada Comisión velará por el cumplimiento del Convenio y en particular tendrá los 
siguientes cometidos:
a)  Efectuar  el  control  y  seguimiento  del  cumplimiento  del  presente  Convenio, 
pudiendo proponer a las partes la adopción de las medidas que considere oportunas 
para incrementar la cooperación o corregir cualquier deficiencia que se apreciare.
b)  Resolver cualquier problema de interpretación y cumplimiento que se suscite a lo 
largo de la ejecución de este Convenio.
c)  Las recogidas expresamente en los apartados anteriores.
Sexta.  Vigencia.
Con carácter previo a su firma, se ha informado del contenido de este Convenio a la 
Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
El presente Convenio entrará en vigor en la fecha de su publicación en el Boletín 
Oficial del Estado.
La duración del presente Convenio será de 4 años a partir de la fecha de su entrada 
en vigor, pudiendo acordarse unánimemente su prórroga antes de la finalización del 
Convenio por un período de hasta 4 años adicionales.
Este Convenio, una vez firmado, será inscrito en el Registro Electrónico estatal de 
Órganos e Instrumentos de Cooperación (REOICO).
La prórroga del Convenio, en caso de que se produzca, se formalizará mediante una 
adenda y se tramitará conforme lo previsto en el artículo 50.2 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, requiriendo la previa autorización del Ministerio de Hacienda, así como su 
inscripción en el Registro Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación 
del sector Público Estatal (REOICO) y publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Séptima.  Modificación del Convenio.
El presente Convenio podrá ser modificado por acuerdo unánime de los firmantes.
La modificación del Convenio, en caso de que se produzca, se formalizará mediante 
una adenda y se tramitará conforme lo previsto en el artículo 50.2 de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, requiriendo la previa autorización del Ministerio de Hacienda, así como 
su  inscripción  en  el  Registro  Electrónico  estatal  de  Órganos  e  Instrumentos  de 
Cooperación del sector Público Estatal (REOICO) y publicación en el Boletín Oficial del 
Estado.
Octava.  Causas de extinción. e.
1.  El presente Convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que  50ww
cons2t.i tuySeonn  scua uosbajest od eo  rpeosro ilnuccuiórrnir: en causa de resolución.
a)  El  transcurso  del  plazo  de  vigencia  del  Convenio  sin  haberse  acordado  la
prórroga del mismo. Bc
b)  El acuerdo unánime de los firmantes.
c)  El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de 
alguno de los firmantes.
En este caso, la otra parte podrá notificar a la parte incumplidora un requerimiento 
para que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones o compromisos que se 
consideran  incumplidos.  Este  requerimiento  será  comunicado  al  responsable  de  la 
Comisión Mixta de Seguimiento del Convenio.
Si transcurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la 
parte que lo dirigió notificará a la otra parte firmante la concurrencia de la causa de 
resolución y se entenderá resuelto el Convenio. Dicha notificación indicará la fecha en la 
que tendrá efecto la resolución del Convenio.
d)  Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del Convenio.
e)  Imposibilidad sobrevenida de cumplir el fin del Convenio.
f)  Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en otras leyes.
Si cuando concurra cualquiera de las causas de resolución existen actuaciones en 
curso de ejecución, las partes, a propuesta de la Comisión Mixta de Seguimiento, podrán 
acordar  la  continuación  y  finalización  de  las  actuaciones  en  curso  que  considere 
oportunas, estableciendo un plazo improrrogable para su finalización.
3.  En  el  supuesto  de  resolución  del  Convenio  por  la  causa  prevista  en  el 
apartado 2.c) de esta Cláusula, se establece lo siguiente:
No  habrá  derecho  a  indemnización  por  ninguna  de  las  partes,  ya  que  no  hay 
compensación económica por la ejecución de las obligaciones de ninguna de las partes.
Si alguna de las partes entendiera que ha habido mala fe en el incumplimiento, podrá 
reclamar judicialmente a la otra parte por los gastos efectivamente soportados con 
arreglo a los principios de buena fe y lealtad institucional.
Novena.  Legislación  aplicable.  naturaleza  jurídica.  interpretación  y  sumisión 
jurisdiccional.
El presente Convenio está regulado por el Capítulo VI del Título Preliminar de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Publico (artículos 47 
a 52).
Su marco normativo es el establecido en el apartado 3 de la Orden Circular n.º 5 
de 17 de abril de 2018, de la Subsecretaría por la que se establece el procedimiento de 
tramitación de los Convenios, en el ámbito del Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación.
Las controversias que pudieran surgir sobre la interpretación y ejecución del mismo 
serán resueltas por la Comisión Mixta de Seguimiento prevista en la cláusula Quinta, y a 
falta de acuerdo de ésta, serán competentes los Tribunales del orden jurisdiccional 
contencioso-administrativo.
Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, ambas partes firman el presente 
Convenio  en  dos  ejemplares  originales,  igualmente  válidos,  en  el  lugar  y  la  fecha 
reseñados  anteriormente.–Por  el  Ministerio  de  Asuntos  Exteriores  Unión  Europea  y 
Cooperación, Juan Duarte Cuadrado.–Por el Consejo General del Notariado, José Ángel 
Martínez Sanchiz.