BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 60 Martes 10 de marzo de 2020 Sec. III.   Pág. 23764
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
3392 Resolución de 10 de diciembre de 2019, de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la 
registradora  de  la  propiedad  de  Ejea  de  los  Caballeros  a  practicar  la 
cancelación  de  una  inscripción  de  hipoteca  de  una  finca,  ordenada  en 
procedimiento concursal.
En el recurso interpuesto por doña A. B. M. contra la negativa de la registradora de la 
Propiedad  de  Ejea  de  los  Caballeros,  doña  Beatriz  Curiel  Salazar,  a  practicar  la 
cancelación de una inscripción de hipoteca de una finca, ordenada en procedimiento 
concursal.
Hechos
I
Por autos firmes de fechas 12 de septiembre de 2018 y 19 de febrero de 2019 del 
Juzgado  de  Primera  Instancia  e  Instrucción  número  2  de  Ejea  de  los  Caballeros, 
procedimiento de concurso abreviado número 324/2016, se autorizó la venta directa de 
una finca sita en término municipal de Ejea de los Caballeros y se ordenó la cancelación 
de las cargas que la gravaban.
Entre las cargas a cancelar se encontraba una hipoteca inscrita a favor de «Caja de 
Ahorros  y  Monte  de  Piedad  de  Navarra»,  que  según  resultaba  de  certificación  de 
fecha 11 de abril de 2019, expedida por la administradora concursal, «fue cancelada con 
fecha 15 de septiembre de 2015, si bien no se procedió a la cancelación registral de la 
misma».  Y  de  certificación  expedida  por  doña  M.  C.  L.  V.,  como  apoderada  de 
«Caixanbank, S.A.», sin aportar título que acredite la representación, resultaba que, 
desde el día 15 de septiembre de 2015, se encontraba cancelado económicamente un 
contrato, en el que figura como titular la concursada y como hipotecada la finca objeto de 
este expediente, cuyo importe era de 75.126,51 euros.
Y por diligencia de ordenación, de fecha 10 de julio de 2019, la letrada de la 
Administración de Justicia del citado Juzgado, expidió testimonio de:
«1.  Escrito  de  demanda  de  concurso  consecutivo  necesario,  de  fecha  12  de 
diciembre de 2016, presentado por D.ª A. B. M., como mediadora concursal, ahora 
Administradora Concursal, y la siguiente documentación que lo acompaña (...) i) Lista de 
acreedores, con inclusión de los créditos contra la masa (entre los que figura el de 
Caixabank,  S.A.,  con  la  calificación  de  “ordinario  subordinado”),  (...)  k)  Plan  de 
liquidación (...).
2.  Escrito de la Procuradora D.ª M. L. H. S., en nombre y representación de la 
acreedora Caixabank, S.A. compareciendo en el procedimiento concursal; poder para 
pleitos acompañado al escrito; y Diligencia de Ordenación de 02-04-2018 dictada por su 
personación,  que  motivó  que  desde  la  fecha  de  esta  Diligencia  de  Ordenación  la 
acreedora Caixabank, S.A. haya tenido pleno acceso a la totalidad del presente concurso  e
abreviado 324/2016 y haya sido notificada de todas las resoluciones dictadas. bo
3.  Auto de 15 de mayo de 2018 por el que se aprueba el plan de liquidación  92ww
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5.  Auto de 19 de febrero de 2019 por el que se acuerda la cancelación de todas las 
cargas anteriores al concurso, respecto de la finca registral 25685 del Registro de la 
Propiedad de Ejea de los Caballeros, entre otros bienes; firme y ejecutivo.»
II
Presentada la referida documentación en el Registro de la Propiedad de Ejea de los 
Caballeros, fue objeto de la siguiente nota de calificación de 2019:
«Se presenta el once de julio de dos mil diecinueve, bajo el asiento 88 del Diario 119, 
mandamiento, por duplicado, dado el siete de marzo de dos mil diecinueve por el 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Ejea de los Caballeros, en 
procedimiento de concurso abreviado número 324/2016 de doña S. A. S., en el que se 
inserta Auto, firme, de doce de septiembre de dos mil dieciocho por el que se autoriza la 
venta directa de una finca sita en término municipal de Ejea de los Caballeros, registral 
número 25.685, con código registral único 50008000721678, y otro Auto, también firme, 
de  fecha  diecinueve  de  febrero  de  dos  mil  diecinueve,  por  el  que  se  ordena  la 
cancelación de las cargas reseñadas en este último auto y las anotaciones practicadas 
con motivo del concurso del que dimana el mandamiento. Junto con dicho mandamiento 
se  presenta  diligencia  de  ordenación  expedida  por  doña  M.  A.  T.,  Letrada  de  la 
Administración de Justicia del citado Juzgado, el diez de julio de dos mil diecinueve, por 
el que se expide testimonio en el que se recogen todos los particulares que aparecen en 
el procedimiento de referencia, así como certificación expedida por doña A. B. M., 
administradora concursal de doña S. A. S., el once de abril de dos mil diecinueve.
Entre las cargas que se reseñan en el auto citado y cuya cancelación se ordena, se 
encuentra una hipoteca constituida a favor de Caixabank, S.A. según consta en la 
inscripción  2.ª,  modificada  por  las  inscripciones  3.ª  y  4.ªde  la  citada  finca  registral 
número 25.685.
Calificados los documentos que preceden de conformidad con los artículos 18 de la 
Ley Hipotecaria y concordantes de su Reglamento, he resuelto denegar la cancelación 
de la hipoteca ordenada sobre la base de los siguientes hechos y fundamentos de 
derecho:
1.  El mandamiento arriba referenciado, el que se inserta los Autos de doce de 
septiembre de dos mil dieciocho y diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, había 
sido inicialmente presentado con fecha ocho de marzo de dos mil diecinueve, bajo el 
asiento 662 del Diario 118. ya caducado, y fue objeto de calificación negativa de fecha 
veintidós de marzo de dos mil diecinueve, del siguiente tenor literal:
“No se acredita el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 155.4 de 
la Ley Concursal a cuyo amparo se ha seguido la tramitación de la venta.
En concreto no resulta del mandamiento:
a)  Si con la venta directa, queda completamente satisfecho el privilegio especial, o 
en su caso, queda el resto del crédito reconocido dentro del concurso con la calificación 
que corresponda.
b)  Si el precio por el que se realiza la venta es superior al mínimo pactado o si el 
acreedor con privilegio especial ha manifestado expresamente su conformidad a un 
precio inferior, siempre y cuando dichas realizaciones se efectúen a valor de mercado 
según  tasación  oficial  actualizada  por  entidad  homologada  para  el  caso  de  bienes  e.
inmuebles. w.b
c)  Que se ha dado a la autorización judicial y sus condiciones la misma publicidad  92ww
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hubiere, a la masa activa del concurso.”
2.  Caducado dicho asiento de presentación sin haber sido objeto de subsanación 
del  defecto  señalado,  dicho  mandamiento  es  objeto  de  nueva  presentación  y  se 
acompañan al mismo además de la certificación de la administradora concursal, la 
diligencia  de  ordenación  expedida  por  la  letrada  de  la  Administración  de  Justicia 
relacionados, en los términos que han quedado expuestos.
3.  De  dicha  certificación  de  la  administradora  concursal  y  de  la  diligencia  de 
ordenación  citadas  resulta  que  Caixabank.  S.A.  ha  tenido  intervención  en  el 
procedimiento concursal de referencia como titular de un préstamo personal concedido a 
una mercantil en el que la concursada figuraba como avalista, es decir, como acreedor 
de un crédito calificado de ordinario subordinado, por razón del cual se le ha dado toda la 
intervención que resulta de los testimonios y diligencias de ordenación expedidos.
4.  Ahora bien, dicha intervención no ha tenido ninguna relación con la hipoteca 
objeto de la inscripción 2.ª y modificada por la 3.ª y la 4.ª, cuya cancelación se ordena, 
porque, tal y como resulta de los documentos presentados, el préstamo garantizado con 
dicha hipoteca se encontraba totalmente satisfecho en fecha 15 de septiembre de 2015, 
mucho antes de producirse la declaración de concurso de doña S. A. S. por ello, dicho 
crédito no fue incluido en la masa del concurso.
5.  Dado que el juez del concurso no ha tenido conocimiento en ningún momento de 
la existencia de dicha hipoteca, la cancelación de la misma no puede ser ordenada por el 
mismo, sino que debe ser objeto de cancelación por la vía ordinaria del artículo 82 de la 
ley  hipotecaria:  escritura  pública  de  cancelación  o,  en  su  caso,  cancelación  por 
caducidad una vez transcurridos los plazos legalmente previstos.
No obstante, puede solicitarse la inscripción parcial del documento y proceder a la 
cancelación de las demás cargas ordenadas en el mandamiento, con excepción de la 
hipoteca citada.
Contra esta calificación (...)
Ejea de los Caballeros, a veinticuatro de julio de dos mil diecinueve. La registradora 
(firma ilegible) Beatriz Curiel Salazar.».
III
Solicitada calificación sustitutoria, ésta fue emitida el día 19 de agosto de 2019 por la 
registradora de la Propiedad de Zaragoza número 14, doña María Ángeles Villán Quílez, 
quien confirmó la calificación efectuada por la registradora sustituida, con base en los 
siguientes fundamentos jurídicos:
«Del historial registral de la finca 25.685, inscrita a nombre de la concursada, consta 
inscrita como inscripción 2.ª Hipoteca a favor de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 
Navarra, novada por la inscripción 3.ª Anotación letra A de fecha 28 de abril de 2014, y 
posteriormente la declaración de concurso consecutivo y voluntario de fecha 25 de abril 
de 2018.
Según el testimonio del auto de 12 de septiembre de 2018 se autorizó la enajenación 
de forma directa de la referida finca lo cual resulta conforme al plan de liquidación. En 
auto de 19 de febrero de 2019 se acuerda “cancelar las cargas anteriores al concurso 
constituidas  a  favor  de  créditos  concúrsales  y  las  practicadas  con  motivo  de  la 
declaración del mismo...”, para seguidamente enumerar las cargas a cancelar entre las 
que se menciona la hipoteca inscripción 2.ª modificada por la 3.ª y la anotación de 
embargo letra A. Sin embargo, del testimonio del auto no se acredita el cumplimiento de 
los requisitos establecidos en el artículo 155.4 de la Ley Concursal, dado que del mismo  e.e
debería resultar entre otros expresamente si con el precio de la venta directa ha sido  b
completamente satisfecho el privilegio especial o queda resto conocido de Caja de  92ww
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de Piedad de Navarra como acreedor contra la masa, y de los testimonios judiciales
solamente  aparece  Caixabank  S.A.  en  la  lista  de  créditos  contra  la  masa  (con  la 
calificación de crédito subordinado), constando que ha comparecido en el procedimiento 
concursal. Sin embargo, no existe ninguna relación entre Caixabank S.A. titular de un 
préstamo personal por lo que resulta de la documentación presentada con la referida 
hipoteca inscrita a nombre de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Navarra, la cual no 
consta que haya sido parte en el procedimiento concursal como acreedor privilegiado y 
por lo tanto su cancelación no puedo ser ordenada dentro del mismo procedimiento.
Según Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de julio de 2013 “el plan de liquidación 
puede prever una forma especial de realización o enajenación de los activos del deudor, 
alternativa o complementaria a las previstas con carácter general y subsidiario en el 
artículo 149 LC, pero no puede obviar los derechos del acreedor hipotecario en el 
concurso  regulados  legalmente,  en  este  caso,  en  el  artículo  155  LC”.  Según 
Resolución 5 de Septiembre de 2014 que “siendo la autorización para proceder a la 
enajenación posterior a la aprobación del plan de liquidación y permitiendo la venta 
directa del bien por precio determinado, incluso indicando el nombre de la persona cuyo 
favor deba autorizarse ésta, estamos fuera del ámbito de aplicación del artículo 149.3 de 
la Ley Concursal, para estarlo en el del artículo 155.4 de dicha Ley, debiendo, en 
consecuencia, cumplirse los requisitos exigidos en el mismo y siendo preciso en todo 
caso la intervención de los acreedores con privilegio especial con las especialidades que 
en cada caso concreto determina dicho artículo. Sólo en este contexto puede procederse 
a  la  cancelación  de  las  hipotecas...”.  El  apartado  cuarto  del  artículo  155  de  la 
Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, según redacción dada por el número séptimo de la 
Ley 9/2015, de 25 de mayo, determina que “La realización en cualquier estado del 
concurso de los bienes y derechos afectos a créditos con privilegio especial se hará en 
subasta,  salvo  que,  a  solicitud  de  la  administración  concursal  o  del  acreedor  con 
privilegio especial dentro del convenio, el juez autorice la venta directa... siempre que 
con ello quede completamente satisfecho el privilegio especial, o, en su caso, quede el 
resto del crédito reconocido dentro del concurso con la calificación que corresponda...”
Por  lo  tanto,  si  el  préstamo  hipotecario  tal  como  se  dice  fue  satisfecho 
económicamente antes de la declaración del concurso es necesario para su cancelación 
se acuda a la vía ordinaria del artículo 82 de la Ley Hipotecaria, y por tanto deberá la 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Navarra ser quien otorgue la correspondiente 
escritura pública de cancelación de hipoteca.
Por los fundamentos de Derecho expresados, el Registrador sustituto que suscribe, 
en ejercicio de las facultades que le concede el artículo 18, artículos 19 bis de la Ley 
Hipotecaria  y  los  artículos  98  y  siguientes  del  Reglamento  Hipotecario,  acuerda 
suspender la inscripción y cancelación de cargas solicitada (...)
Zaragoza, a 19 de agosto de 2019. La registradora (firma ilegible) María Ángeles 
Villán Quílez Registradora de Zaragoza n.º 14.»
IV
Contra la nota de calificación sustituida, doña A. B. M. interpuso recurso el día 20 de 
septiembre de 2019 mediante escrito en el que, resumidamente, alegaba:
Primero.–Que  la  acreedora  titular  de  la  hipoteca  se  ha  personado  en  el 
procedimiento concursal, comunicando exclusivamente un crédito personal distinto del 
garantizado con la hipoteca, porque éste se encontraba ya satisfecho.
Segundo.–Que la acreedora ha tenido conocimiento de los trámites e incidencias del  e.e
procedimiento, entre ellos el plan de liquidación, la venta, importe y destino del precio,  b
sin que haya manifestado oposición alguna, sino que, a contrario, aporta certificado de  92ww
que Tlae rhcieproot.e–cYa  qsuee e necl ujueenztr ad etol tacolmnecunrteso s ahtais fteecnhidao. conocimiento de la existencia de la
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Cita los artículos 148, 149 y 155 de la Ley Concursal, la Sentencia del Tribunal 
Supremo de fecha 23 de julio de 2013 y las Resoluciones de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado de 18 de noviembre de 2013, 5 de septiembre y 14 de octubre 
de 2014, 22 y 29 de septiembre de 2015, 16 de marzo, 28 de junio y 30 de noviembre 
de 2016 y 10 de enero de 2017 entre otras.
Y en su virtud, solicita que, se tenga por interpuesto recurso frente a la calificación 
negativa de la registradora de la Propiedad, y que se dicte Resolución estimando el 
recurso y modificando la calificación registral negativa, llevando a cabo los trámites de 
inscripción de la cancelación de la hipoteca.
V
La registradora de la Propiedad emitió informe con fecha 7 de octubre de 2019 y 
remitió el expediente a este Centro Directivo. Dado traslado, con fecha 23 de septiembre 
de 2019, al Juzgado de Primera Instancia número 2 de Ejea de los Caballeros del 
recurso  interpuesto  para  que  realizara  las  alegaciones  que  estimase  oportunas, 
transcurrido el plazo no presentó ninguna.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 1, 18, 19 bis, 20, 38, 82, 132 y 326 de la Ley Hipotecaria; 8, 9, 21, 
24, 33, 43, 49, 50, 55, 56, 57, 76, 84, 85, 86, 89, 90, 94, 97, 148, 149 y 155 de la Ley 
Concursal; 100, 174, 175 y 207 del Reglamento Hipotecario; las Sentencias de la Sala 
Primera del Tribunal Supremo de 23 de julio de 2013, 11 de septiembre de 2015 y 21 de 
noviembre de 2017, y las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado de 11 de julio, 2 de septiembre y 18 de noviembre de 2013, 1 de abril, 23 de 
mayo, 5 de septiembre y 13 de octubre de 2014, 2, 6 y 8 de julio y 22 de septiembre 
de 2015, 9 de febrero y 16 de marzo de 2016, 11 de septiembre de 2017 y 17 de mayo 
y 20 de julio de 2018.
1.  Conforme al artículo 19 bis de la Ley Hipotecaria este expediente se limita a los 
defectos señalados por la registradora sustituida con los que la registradora sustituía ha 
manifestado su conformidad.
Es decir, debe resolverse si en el supuesto de que la obligación garantizada por una 
hipoteca hubiese quedado satisfecha con anterioridad a la declaración de concurso del 
titular de la finca hipotecada, es o no posible cancelar la inscripción de hipoteca, en 
virtud de un mandamiento de cancelación de cargas expedido por el Juzgado encargado 
de resolver el concurso, tras haber autorizado la venta de la finca hipotecada en sede de 
fase de liquidación, sin subsistencia de la garantía hipotecaria.
La registradora considera que no es posible practicar la cancelación por entender 
que:
– El juez del concurso carece de competencia, al estar extinguido el préstamo 
hipotecario al tiempo de la declaración de concurso, y por tanto no haberse incluido 
dentro de la masa pasiva;
– Y,  que  la  intervención  del  acreedor,  en  el  procedimiento  concursal,  ha  sido 
únicamente como acreedor de un crédito ordinario subordinado, no como titular del 
crédito privilegiado, cuya garantía se ordena cancelar.
Son por tanto dos las cuestiones a resolver: la competencia del juez y la intervención  e.
del acreedor en el procedimiento. w.
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personas expresadas en el párrafo 1.º del artículo 82 de la Ley, o, en su defecto, en 
virtud de ejecutoria».
Sin embargo, el artículo 149.5 de la Ley Concursal, establece que «en el auto de 
aprobación del remate o de la transmisión de los bienes o derechos realizados ya sea de 
forma separada, por lotes o formando parte de una empresa o unidad productiva, el juez 
acordará la cancelación de todas las cargas anteriores al concurso constituidas a favor 
de  créditos  concúrsales,  salvo  las  que  gocen  de  privilegio  especial  conforme  al 
artículo 90 y se hayan transmitido al adquirente con subsistencia del gravamen».
Es decir, este precepto da amplias competencias a juez del concurso para poder 
cancelar cargas anteriores, incluso si gozan de privilegio especial, como ocurre con la 
hipoteca inmobiliaria, cuando se hayan de transmitir sin subsistencia del gravamen, pero 
cumpliendo lo dispuesto en el artículo 155 de la Ley Concursal.
Con mayor razón, debe considerarse que la competencia exclusiva del juez del 
concurso  (artículo  8  de  la  Ley  Concursal)  debe  autorizarle  para  dictar  y  expedir 
mandamientos cancelatorios de garantías reales, en fase de liquidación, al objeto de 
facilitar la enajenación del bien hipotecado en beneficio de los créditos concúrsales y 
contra la masa, respecto de aquellos créditos ya extinguidos con anterioridad a la 
declaración del concurso.
3.  Y respecto a la segunda cuestión, siguiendo el criterio marcado, entre otras, por 
las Resoluciones de 5 de septiembre y 13 de octubre de 2014 y 22 de septiembre 
de 2015, cabe recordar que, como se expresa en la Sentencia del Tribunal Supremo 
de 23 de julio de 2013 «el plan de liquidación puede prever una forma especial de 
realización o enajenación de los activos del deudor, alternativa o complementaria a las 
previstas con carácter general y subsidiario en el artículo 149 LC, pero no puede obviar 
los derechos del acreedor hipotecario en el concurso regulados legalmente, en este 
caso, en el artículo 155 LC».
Aprobado el plan de liquidación, el artículo 155.4 de la Ley Concursal exige, entre 
otros requisitos, respecto de bienes hipotecados, que la enajenación se realice por regla 
general mediante subasta; si bien admite que el juez autorice otros procedimientos de 
enajenación, a solicitud de la administración concursal o del acreedor con privilegio 
especial,  como  la  venta  directa  o  la  cesión  en  pago  o  para  el  pago  al  acreedor 
privilegiado, o a la persona que él designe, siempre que con ello quede completamente 
satisfecho el privilegio especial, o, en su caso, quede el resto del crédito reconocido 
dentro del concurso con la calificación que corresponda.
El artículo 149.5 de la Ley Concursal, como antes se ha visto, establece que «en el 
auto de aprobación del remate o de la transmisión de los bienes o derechos realizados 
ya sea de forma separada, por lotes o formando parte de una empresa o unidad 
productiva, el juez acordará la cancelación de todas las cargas anteriores al concurso 
constituidas a favor de créditos concúrsales, salvo las que gocen de privilegio especial 
conforme  al  artículo  90  y  se  hayan  transmitido  al  adquirente  con  subsistencia  del 
gravamen».
Habida cuenta de las especiales consecuencias que tiene la aprobación del plan de 
liquidación en relación con el pago de los créditos que gozan de privilegio especial, 
conforme a los artículos 148 y 155 de la Ley Concursal, y teniendo en cuenta el ámbito 
de calificación del registrador conforme al artículo 132 de la Ley Hipotecaria a la hora de 
cancelar la hipoteca –aplicable también en el ámbito de la liquidación concursal–, esta 
Dirección General ha entendido que debe constar expresamente en el mandamiento que 
se ha dado conocimiento a los acreedores hipotecarios no sólo del plan de liquidación  e.
sino también de las medidas tomadas con relación a la satisfacción del crédito con  w.b
privilegio especial. 92ww
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los actos dispositivos contenidos en las escrituras públicas por lo que resulte de ellas y
de  los  asientos  regístrales.  Y,  en  relación  con  la  inscripción  de  los  mandamientos 
judiciales, el art. 100 RH dispone que la calificación registral se limitará a la competencia 
del juzgado o tribunal, a la congruencia del mandamiento con el procedimiento o juicio en 
que se hubiera dictado, a las formalidades extrínsecas del documento presentado y a los 
obstáculos que surjan del Registro. Está función calificadora no le permite al registrador 
revisar  el  fondo  de  la  resolución  judicial  en  la  que  se  basa  el  mandamiento  de 
cancelación, esto es no puede juzgar sobre su procedencia, pero sí comprobar que el 
mandamiento judicial deje constancia del cumplimiento de los requisitos legales que 
preservan los derechos de los titulares de los derechos inscritos en el registro cuya 
cancelación se ordena por el tribunal».
El Alto Tribunal casa la sentencia de la Audiencia Provincial por entender que la 
registradora actuó correctamente al exigir que en el mandamiento de cancelación se 
hicieran constar el cumplimiento de los requisitos que prevé el artículo 155.4 de la Ley 
Concursal.  Pero  en  ningún  caso  el  Tribunal  Supremo  cuestiona  la  decisión  de  la 
Audiencia cuando esta afirma en su sentencia: «Del relato de hechos, no discutido, se 
desprende que hubo intervención y conocimiento de los acreedores titulares de la carga 
cuya cancelación nos ocupa, de la existencia de un plan de liquidación que contemplaba 
la venta de la empresa con la totalidad de activos. También lo hubo de que se produjo 
una  única  oferta,  no  mejorada,  con  determinados  compromisos  en  relación  con  la 
continuidad de la actividad empresarial, pero con total ausencia en la asunción de otras 
cargas, sin más compromisos que los que figuran en el plan de liquidación aprobado, y 
de que se autorizó la venta y una vez producida se ordenó la oportuna cancelación. En 
todos esos trámites intervinieron los acreedores llegando a discutir alguna decisión 
judicial obteniendo las oportunas resoluciones judiciales que ponderaron los intereses en 
conflicto». Es más. la Sentencia del Tribunal Supremo da a entender que, en efecto, se 
ha acreditado en las actuaciones judiciales previas que se han cumplido los requisitos 
exigidos por el artículo 155.4 de la Ley Concursal cuando afirma: «Con todo lo anterior 
hemos de concluir que la denegación de la inscripción por la falta de constancia en el 
mandamiento judicial del cumplimiento de estos requisitos del art. 155.4 LC fue correcta, 
sin que en el pleito posterior de impugnación de la calificación o de la resolución de la 
DGRN  pueda  censurarse  esta  denegación  porque  se  llegue  a  acreditar  que  en  la 
realidad se cumplieron tales requisitos».
Por tanto, si en el procedimiento judicial se ha considerado que se habían cumplido 
los requisitos que la Ley Concursal prevé para que se pueda llevar a cabo la cancelación 
de las hipotecas existentes sobre la finca, entendiendo que los acreedores con privilegio 
especial afectados han tenido la intervención adecuada en el proceso concursal, excede 
de las facultades de calificación que el artículo 100 del Reglamento Hipotecario otorga a 
los  registradores,  el  discrepar  de  esta  valoración  y  entender  incumplidos  dichos 
requisitos.
De la Diligencia de Ordenación de fecha 10 de julio de 2019 resulta que la acreedora 
«Caixabank. S.A.» ha tenido pleno acceso a la totalidad del presente concurso abreviado 
número 324/2016 y ha sido notificada de todas las resoluciones dictadas, por lo que no 
puede la registradora cuestionar la valoración judicial de los hechos y ha de acceder a 
las cancelaciones ordenadas en el documento calificado.
Si  no  ha  hecho  valer  el  crédito  hipotecario  es  porque  entendió  haber  sido  ya 
satisfecho  con  anterioridad  al  inicio  del  concurso,  si  bien  no  se  había  cancelado 
formalmente la hipoteca en el Registro de la Propiedad. Por ello, «Caixabank, S.A.» no 
constaba en la lista de acreedores con crédito privilegiado, por cuanto dicho crédito  s
estaba ya extinguido. Caso de que no hubiera estado extinguido, resulta evidente que  oe.
debiera  haberlo  comunicado  a  la  administración  concursal  (artículo  85  de  la  Ley  w.
Concursal), crédito que necesariamente tenía que haber sido reconocido (artículo 86 de  92ww
Clao Lnecuy rsCaol)n, csuerrs aplu),b ldiceabdiae nlad oli sctao ndseta arc erene dlao rleisst a(a drteíc ualcor e9e5d doere lsa  L(aeryt ícCuolon c9u4rs adle),  slaie nLdeoy 
susceptible de impugnación esta lista de acreedores (artículo 96 de la Ley Concursal).
Esta Dirección General ha acordado estimar íntegramente el recurso y revocar la 
nota de calificación registral.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el 
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las 
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de 
la Ley Hipotecaria.
Madrid,  10  de  diciembre  de  2019.–El  Director  General  de  los  Registros  y  del 
Notariado, Pedro José Garrido Chamorro.