BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 145 Sábado 23 de mayo de 2020 Sec. I.   Pág. 34036
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
5249 Decreto-ley 7/2020, de 24 de abril, por el que se aprueban medidas urgentes 
en materia de educación, para paliar los efectos de la emergencia sanitaria 
provocada por el COVID-19.
I
La Organización Mundial de la Salud declaró, el pasado 11 de marzo, pandemia 
internacional la emergencia sanitaria global ocasionada por el COVID-19. La situación de 
emergencia de salud pública provocada por la expansión del virus a Europa y al mundo, 
ha obligado a las diferentes autoridades sanitarias a promover medidas de contención 
extraordinarias, con el fin de evitar la propagación del virus y el colapso de los sistemas 
públicos de salud.
En el ámbito nacional, el Consejo de Ministros, en su sesión celebrada el 14 de 
marzo de 2020, aprobó el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, modificado en 
algunas de sus disposiciones por el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, por el que 
se  declara  el  estado  de  alarma  para  la  gestión  de  la  situación  de  crisis  sanitaria 
ocasionada por el COVID-19, prorrogado por los Reales Decretos 476/2020, de 27 de 
marzo y 487/2020, de 10 de abril.
El  citado  Real  Decreto  463/2020,  establece  en  su  artículo  4  que  la  autoridad 
competente a efectos del estado de alarma será el Gobierno y, en sus respectivas áreas 
de  responsabilidad,  las  personas  titulares  de  los  Ministerios  de  Sanidad,  Defensa, 
Interior y Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. No obstante, de conformidad con el 
artículo 6 de dicha norma, cada Administración conserva las competencias que le otorga 
la legislación vigente en la gestión ordinaria de sus servicios para adoptar las medidas 
que  estime  necesarias,  en  el  marco  de  las  órdenes  directas  de  la  autoridad 
correspondiente. A esta medida, le han seguido una serie de decisiones adoptadas por 
las distintas Administraciones, que intentan actuar en todos los ámbitos en los que se ha 
producido una importante afectación por razón de las circunstancias, tanto sociales como 
económicas que ha generado la situación.
Unas  medidas,  todas  ellas  necesarias  para  proteger  la  salud  de  la  ciudadanía 
frenando la propagación de la dolencia que tienen consecuencias inevitables en el 
funcionamiento de los servicios públicos y en la actividad de los diferentes sectores 
económicos y sociales.
Las  medidas  de  contención  y  las  limitaciones  a  la  movilidad  han  provocado 
alteraciones importantes en la normalidad de la prestación de determinados servicios 
públicos, como por ejemplo los educativos, y han generado disrupciones graves en la 
mayor parte de los sectores económicos, que han sufrido con la caída de la demanda o 
con la limitación de las diferentes actividades productivas, de ocio o de servicios.
El artículo 9.1 y la disposición final primera del Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19, suspenden la actividad educativa presencial en 
todos los centros y etapas, ciclos, grados, cursos y niveles de enseñanza contemplados  s
en el artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, incluida la  e.
enseñanza  universitaria,  así  como  cualesquiera  otras  actividades  educativas  o  de  w.
formación impartidas en otros centros públicos o privados. 49ww
garaEnnti zeasrt el as ednetibdiod,a e lc Cooorndsineajoc idóen  Gyo bcioelranboo rdaec ilóan  Juennttare d eto Edaxstr elmasa dAurdam cinoins treal cfiionn dees 
sPuú brelicuansió yn  ccoenle berl aodbaje etilv poa dsea deov idtaíar  l1a2 p droep magaarzcoió nd ed e2l0 C20O aVdIDop-1tó9  Aencu neurdeos trpau breligcaiódno,  eenn   BOE-A-cable e
DOE extraordinario n.º 1, de 14 de marzo, por el que dispone en su apartado primero 
«Suspender la actividad educativa presencial en todos los centros y etapas, ciclos, 
grados,  cursos  y  niveles  de  enseñanza  incluidos  en  el  artículo  3  de  la  Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. De la misma forma se suspenden las 
actividades extraescolares en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura».
Asimismo, «Se encomienda a las autoridades competentes que, en la medida de lo 
posible, adopten las medidas oportunas para garantizar las actividades educativas y 
formativas suspendidas a través de modalidades a distancia y "on line"».
Ante esta situación excepcional, es una obligación de los poderes públicos garantizar 
el funcionamiento de los servicios públicos esenciales para la ciudadanía, especialmente 
aquellos que se derivan de derechos fundamentales constitucionalmente reconocidos.
En este sentido, en el ámbito educativo, la suspensión de la actividad educativa 
presencial en todos los centros y etapas, ciclos, grados, cursos y niveles de enseñanza 
contemplados en el artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, 
ha supuesto para las administraciones educativas, para los docentes y para el alumnado 
un desafío sin precedentes.
Los esfuerzos iniciales se han centrado en garantizar el derecho fundamental a la 
educación  constitucionalmente  reconocido,  mediante  una  modalidad  educativa  a 
distancia,  que  ha  requerido,  en  un  reducido  espacio  de  tiempo,  el  desarrollo  de 
herramientas de comunicación propias y seguras, la articulación de mecanismos de 
coordinación en los centros educativos y un gran esfuerzo de adaptación de los equipos 
directivos, del personal docente, de las familias y del alumnado.
Por otro lado, se han garantizado las prestaciones esenciales a los miembros de la 
comunidad educativa más vulnerables, con la adopción de medidas de emergencia, 
como por ejemplo las que sustituyen el servicio de comedor escolar para las familias más 
necesitadas.
Atendidas las necesidades inmediatas, y en el marco de las medidas administrativas 
y de contención fijadas por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, que establece el 
estado de alarma, hay que adaptar los mecanismos necesarios para la preparación y 
puesta en marcha del próximo curso. El inicio y funcionamiento del mismo tiene que ser 
garantizado por la administración educativa en condiciones de absoluta normalidad.
En el sentido apuntado, el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, que modifica el 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para 
la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, cuyo artículo 
único  modifica  el  apartado  4  de  la  disposición  adicional  tercera,  habilita  a  la 
Administración para acordar motivadamente la continuación de aquellos procedimientos 
administrativos que sean indispensables para la protección del interés general.
En este sentido, se establece un procedimiento para que mediante resolución de la 
titular  de  la  Consejería  de  Educación  y  Empleo,  se  determinen  los  procedimientos 
administrativos que se consideren indispensables para el funcionamiento básico del 
servicio público educativo y la protección del interés general, siempre que se trate de 
procedimientos programados, de carácter recurrente, cíclicos e imprescindibles para 
instrumentar  la  programación  del  curso  escolar  2020-2021  con  las  garantías  y 
condiciones necesarias y evitar los perjuicios que pudieran generarse por la suspensión 
que determina el estado de alarma.
II
El artículo 33 de la Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, de modificación del  e.
Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura, faculta a la Junta  w.
de Extremadura en caso de extraordinaria y urgente necesidad, para dictar disposiciones  49ww
dleeg islalast ivcairsc upnrosvtaisniocinaasl ees nb alajo  lqau feo rmnoas d ee ndceocnrtertaom-leoys.,  Antaednidei endduod aa  ldae e slap eecxiatrl agorradviendaarida 
ncoencetesnidear dd idchea r escituurarciri óan ,l ay  eand oepsctiaó ne sdpee cmiael dgirdaavse ddaed t,o addoe mtipáos ,q euse  nveecnegsaanri aa  upnaal iarár pyid aa   BOE-A-cable e
actuación. En el ámbito legislativo, el instrumento constitucionalmente lícito que permite 
una actuación de urgencia es el decreto-ley, figura a la que se recurre, en cuanto las 
circunstancias en las que se adoptan y que han sido enunciadas anteriormente, vienen a 
justificar la extraordinaria y urgente necesidad de que las medidas aquí previstas entren 
en vigor con la mayor celeridad posible, sin que pudieran esperar a una tramitación 
parlamentaria, puesto que los efectos sobre la ciudadanía serían demasiado gravosos y 
perdería su esperada eficacia, en tal caso.
Ciertamente, existen pocos momentos en los que esté tan justificado acudir a esta 
figura constitucional y estatuaria. Ni el constituyente ni el legislador estatuyente hubieran 
imaginado nunca que fuera necesario acudir a este mecanismo de excepción de una 
forma tan habitual. Lamentablemente tanto a nivel estatal como autonómico ello se ha 
evidenciado como imprescindible.
Por lo tanto, la norma cumple los requerimientos fijados tanto por el citado artículo 33 
del Estatuto de Autonomía, la Constitución Española y la numerosa jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional en la materia (por todas, STC 61/2018, de 7 de junio de 2018, 
FJ 4, en lo que se refiere a la extraordinaria y urgente necesidad, y las SSTC 31/2011, 
de 17 de marzo, FJ 4; 137/2011, de 14 de septiembre, FJ 6, y 100/2012, de 8 de mayo, 
en lo relativo a «situaciones concretas de los objetivos gubernamentales que por razones 
difíciles de prever requieran una acción normativa inmediata en un plazo más breve que 
el requerido por la vía normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación 
parlamentaria de las leyes»).
Este decreto-ley es coherente con los principios de buena regulación establecidos en 
el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. De lo expuesto en los párrafos anteriores se 
pone  de  manifiesto  el  cumplimiento  de  los  principios  de  necesidad  y  eficacia,  al 
establecerse  una  identificación  clara  de  los  fines  perseguidos  y,  por  ello,  ser  el 
instrumento  más  adecuado  el  decreto-ley  para  garantizar  la  consecución  de  estos. 
Asimismo, preside la norma el principio de proporcionalidad, al contener la regulación 
imprescindible  para  la  consecución  de  los  objetivos  previamente  mencionados  e 
igualmente se ajusta al principio de seguridad jurídica, al establecer claramente el marco 
normativo de actuación y garantizar su coherencia con el resto del ordenamiento jurídico. 
Por último, con respecto al principio de eficiencia, queda garantizado porque no se 
imponen cargas administrativas.
III
El  Estatuto  de  Autonomía  de  Extremadura,  en  la  redacción  dada  por  la  Ley 
Orgánica  1/2011,  de  28  de  enero,  en  su  artículo  10.1.4  atribuye  a  la  Comunidad 
Autónoma la competencia de desarrollo normativo y ejecución en materia de educación, 
en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades.
Mediante el Real Decreto 1801/1999, de 26 de noviembre, se efectuó el traspaso de 
funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de 
Extremadura en materia de enseñanza no universitaria.
Las competencias en materias de admisión de alumnos y régimen de conciertos 
educativos vienen establecidas por lo previsto en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
de  Educación,  que  en  su  artículo  84  otorga  a  las  Administraciones  educativas  la 
competencia para regular la admisión del alumnado en centros sostenidos con fondos 
públicos que impartan enseñanzas reguladas en la citada ley. El régimen jurídico de los  s
conciertos educativos se encuentra regulado en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio,  e.
reguladora del Derecho a la Educación y en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de  w.
Educación,  ambas  modificadas  parcialmente  por  la  Ley  Orgánica  8/2013,  de  9  de  49ww
dicieLma bnroer,m paatriav ala b máseijcoar ae dstea tlaa l,c adleid caadr áecdtuecr arteivgala.mentario, se encuentra determinada en
Nelo Rrmeaals D Beácsriectaos 2 s3o7b7r/e1 9C8o5n,c dieer t1o8s  dEed udcicaiteivmobsr.e, por el que se aprueba el Reglamento de  BOE-A-cable e
El Decreto 42/2007, de 6 de marzo, por el que se regula la admisión del alumnado en 
centros  docentes  públicos  y  privados  concertados  en  la  Comunidad  Autónoma  de 
Extremadura y mediante el Decreto 67/2017, de 23 de mayo, se establecen normas para 
la  aplicación  del  régimen  de  conciertos  educativos  a  partir  del  curso 
académico 2017/2018.
El decreto-ley consta de seis artículos, una disposición adicional, una derogatoria y 
cinco finales, y aglutina una serie de medidas en el ámbito de ejecución de nuestras 
competencias educativas, imprescindibles de adoptar de cara a que la situación de crisis 
sanitaria mundial que nos afecta, no altere en modo alguno al correcto desarrollo y 
gestión de nuestro sistema educativo, y nace fundamentado en un doble objetivo: por un 
lado, en la tarea de poder abordar la tramitación de los procedimientos administrativos 
que en el ámbito de la educación, permitan la correcta puesta en marcha del próximo 
curso  escolar  2020/2021,  salvando  la  suspensión  acordada  por  el  Real 
decreto 465/2020, de 17 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, por otro lado, 
articulando  mecanismos  de  gestión  administrativa  que  posibiliten  la  tramitación 
electrónica de los procedimientos y simplifiquen y agilicen su tramitación ordinaria, sin 
menoscabo, de ningún tipo, de su rigor técnico y de legalidad, sin perjuicio de ulteriores 
comprobaciones del cumplimiento de las obligaciones legalmente establecidas.
El artículo 1, regula las actuaciones indispensables para el funcionamiento básico de 
los  servicios  en  el  ámbito  educativo  y  la  protección  del  interés  general,  para  ello 
determina la habilitación a la Consejera de Educación y Empleo, para que por resolución 
pueda determinar los procedimientos que necesariamente esta Administración Educativa 
habrá  de  promover  para  que  la  preparación  del  curso  escolar  2020/2021,  pueda 
ejecutarse de forma adecuada, así como aquellos que hayan de realizarse de forma 
electrónica, dada la situación de limitaciones a la movilidad de la ciudadanía como 
consecuencia del estado de alarma derivado del COVID-19. Así también, se le habilita 
para que por orden determine la continuación de aquellos procedimientos administrativos 
que  sean  indispensables  para  la  protección  del  interés  general,  y  que  como 
consecuencia de la situación excepcional de estado de alarma y las limitaciones a la 
movilidad que tiene la ciudadanía, hayan de realizarse de forma electrónica, realizando 
las  modificaciones  y  adaptaciones  en  los  mismos  de  forma  exclusiva  para  las 
actuaciones necesarias de cara al inicio del curso escolar 2020/2021.
Los artículos 2 y 3, incluyen las medidas normativas necesarias para garantizar la 
tramitación  del  proceso  de  admisión  y  la  preparación  del  inicio  del  curso 
escolar 2020/2021, en las circunstancias extraordinarias derivadas de la emergencia 
sanitaria, que dificultan entre otras, la tramitación de procedimientos, la realización de 
trámites  presenciales  y  la  participación  de  la  comunidad  educativa,.  En  el  sentido 
apuntado,  se  incluyen  las  disposiciones  normativas  necesarias  para  simplificar  el 
procedimiento de admisión. Así, se adapta la participación de los órganos colegiados de 
escolarización, garantizando en todo caso el ejercicio de las competencias que les 
reserva  el  artículo  86.2  de  la  Ley  Orgánica  2/2006,  de  Educación  y  se  prevé  la 
tramitación  electrónica  de  la  admisión,  que  permite  simplificar  y  avanzar  el 
procedimiento,  y  evita  trámites  presenciales,  sin  perjuicio  de  las  medidas  que  se 
adoptan, una vez superadas las medidas de confinamiento, para garantizar la asistencia 
y el acceso de todas las familias en condiciones de igualdad, en el marco que disponen 
los  artículos  12.2  y  14.1  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento 
Administrativo Común. s
El  artículo  4,  establece  medidas  específicas  referidas  a  la  tramitación  del  oe.
procedimiento  administrativo  para  la  suscripción  y  modificación  de  los  Conciertos  w.
Educativos  para  el  curso  escolar  2020/2021,  toda  vez  que  la  nueva  convocatoria  49ww
dmisepdoiasnicteio noerds eqnu ed ed ela  epllear ssoen ad etriitvuelanr  ddeeb elará Cn oandseecjeuraíars ed ey  Eredsuoclavecirósne  yn eEcemspalreiaom ye nlates 
tdoednot rcoa dseol,  cmoanr csou fdiceiel nctael eanndtearriioor ifdijaaddo a lp ionric liao  ndoerl mcuartsivoa 2 r0e2la0t/i2va0 2a1 .la escolarización y, en  BOE-A-cable e
El  artículo  5  establece  medidas  excepcionales  en  relación  a  determinadas 
subvenciones  que  han  de  ser  convocadas  de  forma  urgente  por  la  Consejería  de 
Educación  y  Empleo.  Así,  en  primer  lugar,  con  el  objetivo  de  seguir  garantizando, 
conforme a lo establecido la Ley 4/2011, de 7 de mayo, de Educación de Extremadura, el 
derecho a una educación temprana y facilitar la conciliación de la vida personal, familiar 
y  profesional,  es  preciso  convocar  con  inmediatez  las  subvenciones  destinadas  a 
financiar  el  correcto  funcionamiento  a  lo  largo  del  ejercicio  2020  de  las  Escuelas 
Infantiles de las que son titulares los Ayuntamientos. El precepto contempla también la 
convocatoria de las ayudas a centros privados concertados para la adquisición de libros 
de texto y material escolar y la convocatoria para el desarrollo de actividades formativas 
complementarias,  ambas  imprescindibles  para  la  adecuada  puesta  en  marcha  del 
próximo curso 2020/2021.
En todos estos casos, al modo de como se hizo en el artículo 1 del Decreto-
ley 5/2020, de 3 de abril, por el que se aprueban medidas urgentes y extraordinarias en 
materia de política social y sanitaria, se remite a la aplicación a tales convocatorias, aún 
pendientes de efectuar, de lo dispuesto en el artículo 5.1 del Decreto-ley 3/2020, de 25 
de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes y extraordinarias en el ámbito 
administrativo para responder al impacto de la crisis ocasionada por el COVID-19, con el 
objetivo de que mediante una orden, con una tramitación simplificada y aprobada antes 
de efectuar tales convocatorias, se habiliten las concretas adaptaciones que sea preciso 
realizar en las mismas, respecto a lo previsto en las respectivas bases reguladoras 
vigentes, en materia de plazos, requisitos y cumplimiento de obligaciones o condiciones 
que  pudieran  resultar  afectados  o  dificultados  a  consecuencia  de  las  limitaciones 
derivadas de la actual emergencia sanitaria y del estado de alarma declarado.
Por análogas razones de urgencia y de eficacia para la puesta en marcha del 
próximo curso escolar 2020/2021 a las expuestas respecto al artículo 5, en el siguiente 
artículo  6  se  habilita  que  en  la  Orden  que  anualmente  se  dicta  por  la  Consejería 
competente en materia de educación para regular el libramiento de fondos a los centros 
educativos públicos de Segundo Ciclo de Educación Infantil, de Educación Primaria, de 
Educación Secundaria Obligatoria y Educación Especial para la dotación a los mismos 
de  libros  de  texto  y  de  material  escolar  y  didáctico,  puedan  acometerse  las 
modificaciones que resulten precisas, respecto a lo previsto en el Decreto 92/2008, de 9 
de mayo, por el que se establecen medidas de apoyo socioeducativo a las familias 
extremeñas –que regula en el capítulo I de su título II dichos libramientos, que no tienen 
la naturaleza de subvenciones pues sus destinatarios son los propios centros educativos 
públicos  de  titularidad  de  la  Junta  de  Extremadura–,  en  los  plazos  y  la  forma  de 
presentación de las solicitudes, en el régimen de cumplimiento y de acreditación de los 
requisitos por parte de los centros educativos públicos solicitantes y de las familias del 
alumnado usuario, y, en definitiva, en las condiciones de ejecución y justificación de esta 
medida de apoyo socioeducativo durante el próximo curso escolar, por cuanto que todo 
ello va a verse afectado sin duda por la actual emergencia sanitaria causada por la 
COVID-19 y el estado de alarma declarado para luchar frente a la misma.
Finalmente,  en  materia  de  contratación  pública,  la  disposición  adicional  única, 
determina, por razones de seguridad jurídica, los efectos que se derivan para aquellos 
contratos basados en el vigente acuerdo marco de servicio de transporte escolar que 
han  visto  ampliadas  sus  prestaciones  por  la  adopción  medidas  legislativas  en  la 
búsqueda de optimizar los recursos disponibles y de la eficiencia en la gestión de las 
necesidades  a  satisfacer.  De  otra  parte,  en  la  disposición  final  cuarta,  dada  la  s
importancia que tiene para la prestación de algunos servicios públicos, la ejecución de  oe.
contratos administrativos de prestación sucesiva y a fin de garantizar la continuidad de  w.
los mismos, se articula un procedimiento de emergencia para la tramitación de prórrogas  49ww
dcoen tdinicuhidoasd  cdoen tersattooss ,s edrev icmioasn.era que la situación de crisis sanitaria no afecte a la
esteP doer coretrtao -pleayr,t ela,  yL eeyn  1lo/2 q0u0e8 ,s dee r e2f2ie dree  aml acyoon,t ednei dcore daec iólan  ddisep Eonsitcidióand efisn aPl úsbeligcuansd dae d lea   BOE-A-cable e
Junta de Extremadura, acordó la creación, entre otras, del Ente Público de Servicios 
Educativos Complementarios, estableciéndose en su título IV su naturaleza, adscripción 
y sede, así como sus fines, organización y otras normas específicas del régimen jurídico 
y  organizativo  del  mismo,  relativas  a  la  tesorería  y  al  presupuesto,  derivándose  la 
regulación concreta de varios de estos aspectos a su desarrollo en los Estatutos del 
Ente.
Acumulada  una  amplia  experiencia  en  el  funcionamiento  del  Ente  Público  de 
Servicios Educativos Complementarios, se ha constatado la complejidad que supone la 
gestión de áreas tan relevantes para el ejercicio de las competencias en materia de 
educación  como  el  trasporte,  los  comedores,  las  aulas  matinales,  las  actividades 
extraescolares  y  otras  prestaciones  que  se  han  convertido  en  servicios  clave  para 
mantener y mejorar una oferta educativa eficiente y de calidad.
Dicha complejidad se traduce con frecuencia en dificultades y problemas que deben 
afrontarse desde un nivel de gestión lo suficientemente relevante y de responsabilidad 
como para que la toma de decisiones se pueda realizar de forma ágil, fluida, acertada y 
en directa conexión con los centros directivos de la Consejería con competencias en 
materia de educación.
En  estos  momentos,  el  volumen  de  actividad  y  gestión  en  el  Ente  Público  de 
Servicios  Educativos  Complementarios,  donde  la  atención  a  las  situaciones 
extraordinarias generadas por la crisis sanitaria mundial que nos afecta, como son los 
comedores  escolares,  que  en  colaboración  con  los  Ayuntamientos  de  nuestra 
Comunidad  Autónoma,  ha  posibilitado  el  reparto  de  menús  infantiles  para  aquellas 
situaciones  de  necesidad,  o  la  ampliación  del  objeto  contractual  del  servicio  de 
transporte escolar, para posibilitar el traslado de los trabajadores de diferentes colectivos 
laborales hacia sus centros de trabajo, de forma gratuita, se unen todas las actividades 
ordinarias de preparación y puesta en marcha del curso escolar 2020/2021, donde se 
hace necesario, entre otras cosas, establecer los nuevos Acuerdos Marco de transporte 
escolar y de acompañante por la finalización de los vigentes y la tramitación de un nuevo 
contrato de comedores escolares y aulas matinales. Situaciones todas estas que no 
admiten  demora  y  que  hacen  imprescindible,  de  forma  extraordinaria  y  urgente,  la 
posibilidad de disponer de una persona en la dirección del Ente, facultada para liderar la 
ingente toma de decisiones que en la situación actual, están residenciadas en este 
departamento,  para  el  correcto  funcionamiento  del  servicio  público  educativo  y  la 
protección del interés general.
La Ley 1/2014, de 18 de febrero, de regulación del estatuto de los cargos públicos 
del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, partiendo 
del nuevo concepto de «cargo público» como personal de libre elección y designación 
política o profesional que desempeña funciones vinculadas a la toma de decisiones en la 
acción de gobierno, estableció las tipologías o categorías de cargos públicos: presidente, 
miembros del Consejo de Gobierno, altos cargos, personal directivo y personal eventual 
con funciones vinculadas a la acción de gobierno, fijando los principios rectores de su 
actuación, la regulación de cada una de las categorías y estableciendo, entre otros 
aspectos, el régimen de conflicto de intereses y de incompatibilidades.
Con  estos  fundamentos  la  Dirección  del  Ente  Público  de  Servicios  Educativos 
Complementarios ha estado atribuida hasta ahora a un puesto de carácter directivo 
profesional, cuyas funciones se concretan en el artículo 9 de sus Estatutos, aprobados 
por Decreto 65/2009, de 27 de marzo.
Sin embargo, por las razones anteriormente expresadas, especialmente las relativas  s
a la trascendencia de la dirección, el nivel de responsabilidad y el fuerte liderazgo que  oe.
requiere el Ente de Servicios Educativos Complementarios, y también porque ha ido  w.
experimentando un crecimiento sustancial en volumen y dificultad durante los últimos  49ww
adñeo 1s/,2 0u0rg8e,  dmeo cdriefiacaciró enl  daelc Eanntcidea qduees  aPlú pbuliceassto,  ddee  tDali rmecocdióon q usee  pler odcieod ae  ttrraavnéssfo drme alarl oL eeny 
eusnt aptuuetos tod ed elo sa lctoa rcgaorsg op úebnl iccuoasn, tsou sq utietu, lcaoremso s eoxnp lloicsit aq ueel  aarstuícmuleon 3 l.aa )m dáex ilma ac itdaidreac cLieóyn  ddeel   BOE-A-cable e
los organismos y demás entidades del Sector Público Extremeño. Esta necesidad se 
convierte aún en más acuciante y urgente en la situación de excepcionalidad que se ha 
planteado con la emergencia sanitaria por el COVID-19, que precisa de respuestas 
ágiles por parte de un Ente, dependiente de la Consejería de Educación y Empleo, que 
coadyuva de forma trascendente, por las competencias que tiene atribuidas, en las 
respuestas que corresponde dar a la Consejería competente en materia de educación 
tanto en situaciones de normalidad como en situaciones extraordinarias como las que se 
están viviendo.
De ello cabe colegir sin ambages que la estructura de órganos del Ente Público de 
Servicios Educativos Complementarios diseñada en la Ley 1/2008, de 22 de mayo, de 
creación  de  Entidades  Públicas  de  la  Junta  de  Extremadura,  no  se  halla,  y 
especialmente en este momento, en condiciones de ejercer sus funciones conforme a las 
necesidades organizativas que ahora se requieren, lo cual motiva, dado el alto riesgo 
que significa mantener al Ente Público en un estado permanente de acefalia de la 
dirección, la extraordinaria y urgente necesidad de su cobertura.
Por tanto, resulta urgente cubrir la dirección del Ente Público Extremeño de Servicios 
Educativos Complementarios, vacante desde hace meses, en una situación que ya no 
admite demora y a la que pretendía darse respuesta a través de una iniciativa normativa 
que  se  encontraba  en  fase  de  tramitación  y  que,  tras  la  aprobación  del  Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se vería ineludiblemente demorada en su aprobación 
y entrada en vigor por la paralización en la actividad de gran parte de los órganos 
integrantes del sector público y de los plazos administrativos del procedimiento ordinario 
de tramitación parlamentaria al que era voluntad del Gobierno acudir.
Por ello, se entiende que la única opción viable es la conversión del puesto directivo 
en puesto de alto cargo con rango de Director General, sujeto a nombramiento y cese 
directo por el Consejo de Gobierno, a través de este decreto-ley, y por tanto, revestido de 
la inmediatez y urgencia que, en estos momentos de crisis sanitaria, se requiere y 
permitir dotar al Ente del liderazgo jerárquico que se precisa de cara a la gestión, y en su 
caso ampliación o adaptación de las medidas que se han dispuesto para luchar contra la 
pandemia  que  nos  afecta,  anteriormente  reseñadas  Por  este  motivo  el  decreto-ley 
mediante la disposición final segunda modifica el artículo 13 de la Ley 1/2008, de 22 de 
mayo, de creación de Entidades Públicas de la Junta de Extremadura.
De acuerdo con lo expuesto, se evidencia la concurrencia de los presupuestos 
habilitantes de extraordinaria y urgente necesidad que determinan un decreto-ley. La 
ausencia  de  un  alto  cargo  que  ejecute  «in  situ»  la  acción  de  gobierno  ejerciendo 
funciones de liderazgo, en régimen de dedicación plena y exclusiva sometido al régimen 
de  conflictos  de  intereses  y  de  responsabilidades  prevista  en  la  norma  sectorial, 
coadyuvada por la actual crisis sanitaria, dificulta en gran medida la toma de decisiones 
agiles, eficaces y de impacto inmediato que requiere la situación de excepcionalidad que 
vivimos,  con  efectos  negativos  inmediatos  en  servicios  educativos  complementarios 
clave para el funcionamiento y prestación del servicio público esencial de Educación. Es 
por ello, que la existencia de elementos reglados que implementen el acto de gobierno 
no pueden justificar la inmovilidad que conduce a la falta de agilidad, eficacia y eficiencia 
en  la  actuación  de  los  Poderes  Públicos  que  los  ciudadanos  esperan  de 
Administraciones flexibles y con capacidad de adaptación a circunstancias de crisis. La 
reorganización administrativa propuesta, si bien tiene un alcance más allá de la actual 
excepcionalidad,  se  confirma  como  un  elemento  clave  en  la  modulación  de  las 
dificultades generadas por el COVID-19 en el ámbito educativo, con una relación directa  s
y  un  impacto  inmediato  –en  la  terminología  del  Tribunal  Constitucional–  sobre  la  oe.
situación jurídica creada al acercar la toma de decisiones del responsable político a las  w.
dificultades de los ciudadanos. 49ww
dispEonsi ceiostnee ss eenstitdaob,l edcaiddaa sl ae unr geeln tper enseecnetsei dadde cdreet olo-lgerya r relala itnivmaesd iaa tala a pclriecaacciióónn  ddee  lalas 
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Educación y Empleo habrá de realizar en un plazo no superior a seis meses a partir de la 
entrada  en  vigor  de  este  decreto-ley,  las  modificaciones  necesarias  en  el 
Decreto 65/2009, de 27 de marzo, por el que se aprueban los estatutos del Ente Público 
Extremeño de Servicios Educativos Complementarios, para la correcta integración en las 
mismas de la mencionada Dirección General.
Por ello, en el ejercicio de la autorización contenida en el artículo 33 del Estatuto de 
Autonomía  de  la  Comunidad  de  Extremadura  y  de  las  competencias  de  desarrollo 
normativo y ejecución, que en materia de educación y enseñanza en toda su extensión, 
niveles, grados, modalidades y especialidades, atribuye a nuestra Comunidad Autónoma 
el  artículo  10.1.4  del  referido  Estatuto  de  Autonomía,  a  propuesta  conjunta  de  la 
Vicepresidenta  Primera  y  Consejera  de  Hacienda  y  Administración  Pública  y  de  la 
Consejera de Educación y Empleo, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su 
reunión de 24 de abril de 2020, dispongo:
Artículo  1.  Tramitación  de  procedimientos  administrativos  indispensables  para  el 
funcionamiento del servicio público educativo y la protección del interés general.
En aplicación del Real decreto 465/2020, de 17 de marzo, que modifica el Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, que habilita a la 
Administración para acordar motivadamente la continuación de aquellos procedimientos 
administrativos  que  sean  indispensables  para  la  protección  del  interés  general,  se 
habilita a la titular de la Consejería de Educación y Empleo para que por resolución 
determine  razonadamente  los  procedimientos  administrativos  que  se  consideren 
indispensables  para  el  funcionamiento  básico  del  servicio  público  educativo  y  la 
protección del interés general, al tratarse de procedimientos programados, y presentar 
todos  ellos  un  carácter  recurrente,  siendo  en  todos  los  casos,  necesarios  para  la 
planificación y ejecución del próximo curso escolar 2020/2021.
Así también, se habilita a la titular de la Consejería de Educación y Empleo para que 
por orden determine la continuación de aquellos procedimientos administrativos que 
sean indispensables para la protección del interés general, y que como consecuencia de 
la situación excepcional de estado de alarma y las limitaciones a la movilidad que tiene la 
ciudadanía, hayan de realizarse de forma electrónica, realizando las modificaciones y 
adaptaciones en los mismos de forma exclusiva para las actuaciones necesarias de cara 
al inicio del curso escolar 2020/2021. En estos casos, siempre que estos procedimientos 
se dirijan a personas físicas, se habilitará la posibilidad de que éstas puedan optar por 
relacionarse con la administración educativa de forma no electrónica. En la tramitación 
de la citada orden podrá prescindirse de los trámites de presentación de sugerencias, de 
consulta  pública  previa,  de  audiencia  e  información  pública.  Tampoco  será  preciso 
recabar los informes establecidos por la legislación autonómica, salvo el de la Abogacía 
General.
Artículo 2.  Procedimiento de admisión del alumnado a las enseñanzas de Educación 
Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato para el 
curso 2020-2021.
1.  La  Inspección  General  de  Educación  y  Evaluación  en  colaboración  con  los 
servicios competentes de la Secretaría General de Educación y de las Delegaciones 
Provinciales,  coordinará  en  el  procedimiento  de  admisión  del  alumnado  para  el  es
curso 2020/2021 a las comisiones de escolarización. bo
2.  Para el cumplimiento de las funciones que la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de  49ww
pmraoycoe,d ed,e lo sE dmuecdaicoisó nte, cantorilbóugyiceo sa p alarsa  qcuoem pisuioendeasn  hdaec eersloc oellaerciztraócnióicna,m seen thea.bilitarán, si
Artículo 3.  Tramitación electrónica del procedimiento de admisión del alumnado.
1.  El procedimiento de admisión a las enseñanzas de Educación Infantil, Educación 
Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato para el curso 2020-2021 se 
tramitará de forma electrónica, en tanto las medidas adoptadas como consecuencia del 
estado de alarma impidan su tramitación presencial según lo establecido en la normativa 
en vigor que lo regula.
2.  La Secretaría General de Educación establecerá un calendario de actuaciones 
para  el  proceso  de  admisión  que  garantizará  su  finalización  y  permitirá  tanto  la 
tramitación electrónica como el paso a la presencial cuando esta sea posible.
3.  En tanto el procedimiento de admisión a las enseñanzas de Educación Infantil, 
Educación  Primaria,  Educación  Secundaria  Obligatoria  y  Bachillerato  para  el 
curso 2020-2021 se tramite de forma electrónica, se tendrán en cuenta las siguientes 
previsiones:
a)  La  Administración  educativa  habilitará  puntos  de  atención  al  usuario  para 
aquellas personas que no disponen de medios electrónicos.
b)  Cada  persona  solicitante  formulará  una  única  solicitud  de  admisión  que  se 
presentará  de  forma  electrónica  en  la  dirección  https://rayuela.educarex.es/  de  la 
plataforma Educativa Rayuela mediante identificación y firma a través de Certificados 
Digitales reconocidos, por DNI electrónico o a través de las claves de acceso a la citada 
plataforma  y  que  contendrá  una  declaración  responsable  de  cada  una  de  las 
circunstancias requeridas para la admisión.
Se emitirá un recibo justificativo de la presentación de la solicitud que incluirá la 
fecha y hora de presentación, los datos relevantes de la solicitud, y, en su caso, la 
enumeración de los apartados del baremo por los que se solicita puntuación.
c)  En el momento de formular la solicitud no se requerirá la aportación de la 
documentación acreditativa de las circunstancias declaradas. Esta documentación se 
facilitará,  dentro  del  plazo  que  se  establezca,  de  manera  presencial  y  deberá 
corresponderse con los datos declarados. De no ser así, se perderá la puntuación 
asignada por el apartado del baremo de que se trate y, en su caso, la plaza asignada, 
con carácter provisional.
d)  Los resultados en los procesos de admisión en los centros docentes sostenidos 
con fondos públicos se comunicarán a través de la web institucional de cada uno de 
ellos.
e)  La  formulación  de  reclamaciones  al  resultado  provisional  y  definitivo  de 
admisión,  tanto  del  procedimiento  específico  como  del  general,  del  alumnado  se 
realizará por medios electrónicos. La resolución de estas reclamaciones se entenderá 
efectuada con la publicación de los respectivos resultados definitivos de estos procesos.
Artículo  4.  Suscripción  y  modificación  de  los  conciertos  educativos  para  el  curso 
académico  2020/2021  en  la  Comunidad  Autónoma  de  Extremadura  para  las 
enseñanzas del segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación 
Secundaria  Obligatoria  y  Educación  Especial,  Formación  Profesional  Básica, 
Bachillerato y Ciclos Formativos de Formación Profesional.
1.  Se establecerá, al amparo de este decreto-ley, mediante orden de la titular de la 
Consejería de Educación y Empleo, en la convocatoria de suscripción y modificación de 
conciertos educativos, un calendario de actuaciones y procesos administrativos, que  s
garanticen  su  finalización  en  tiempo  y  forma  y  permitan  su  gestión  y  tramitación  oe.
electrónica  con  carácter  excepcional  en  tanto  las  medidas  adoptadas  como  w.
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la resolución de la misma.
2.  En la tramitación de la orden de convocatoria de la suscripción y modificación de 
los  conciertos  educativos  para  el  curso  académico  2020/2021  en  la  Comunidad 
Autónoma  de  Extremadura  podrá  prescindirse  de  los  trámites  de  presentación  de 
sugerencias, de consulta pública previa, de audiencia e información pública y del informe 
de impacto de género.
Artículo  5.  Medidas  excepcionales  para  la  convocatoria  de  subvenciones  a 
Ayuntamientos destinadas a financiar el funcionamiento de Escuelas Infantiles del 
Primer Ciclo de Educación Infantil (0-3 años) durante el ejercicio de 2020, y las 
convocatorias de ayudas a centros privados concertados para libros de texto y 
material escolar y para actividades formativas complementarias correspondientes al 
curso 2020/2021.
1.  Dada  la  imperiosa  y  urgente  necesidad  de  realizar  de  forma  inmediata  las 
convocatorias  de  subvenciones  que  se  relacionan  en  el  apartado  siguiente  por  la 
Consejería de Educación y Empleo, y ante las especiales circunstancias que se derivan 
de la emergencia sanitaria generada por el COVID-19 y del estado de alarma declarado, 
dichas convocatorias se someterán al régimen previsto en el apartado 1 del artículo 5 del 
Decreto-Ley 3/2020, de 25 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes y 
extraordinarias  en  el  ámbito  administrativo  para  responder  al  impacto  de  la  crisis 
ocasionada por el COVID-19, para las convocatorias ya efectuadas y pendientes de 
resolver a la entrada en vigor del estado de alarma.
2.  Las convocatorias a las que se refiere el presente artículo son las siguientes:
a)  La convocatoria correspondiente al ejercicio 2020 de las ayudas previstas en el 
Decreto 6/2017, de 31 de enero, por el que se establecen las bases reguladoras de la 
concesión de ayudas para financiar el funcionamiento de centros que imparten el primer 
ciclo de educación infantil (0-3 años) en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
b)  La  convocatoria  correspondiente  al  curso  escolar  2020/2021  de  las  ayudas 
previstas en el Decreto 177/2018, de 23 de octubre, por el que se aprueban las bases 
reguladoras de concesión de ayudas destinadas a financiar la dotación de libros de texto 
y material escolar a los centros privados concertados de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura  que  impartan  enseñanzas  de  Segundo  Ciclo  de  Educación  Infantil, 
Educación Obligatoria y Educación Especial.
c)  La  convocatoria  correspondiente  al  curso  escolar  2020/2021  de  las  ayudas 
previstas en el Decreto 84/2014, de 20 de mayo, por el que se regulan las actividades 
formativas complementarias en los centros de Educación Infantil y Primaria y específicos 
de Educación Especial, sostenidos con fondos públicos de Extremadura, y establece las 
bases  reguladoras  de  las  subvenciones  destinadas  a  la  financiación  de  dichas 
actividades a los centros privados concertados sostenidos con fondos públicos de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.
Artículo 6.  Libramiento de fondos para la dotación de libros de texto y de material 
escolar y didáctico a los centros públicos que impartan enseñanzas de Segundo 
Ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y 
Educación Especial, para el curso escolar 2020/2021.
En la orden de la Consejera de Educación y Empleo mediante la que se regule el 
libramiento de fondos correspondiente al curso escolar 2020/2021 para la dotación de  s
libros de texto y de material escolar y didáctico a los centros públicos educativos de la  oe.
Comunidad  Autónoma  de  Extremadura  al  amparo  del  capítulo  I  del  título  II  del  w.
srDeoesccuiorleteetdonu  cp9ar2te/iv2coi0s 0aa8s ,, l ardsee sf pa9em citldioae s a m exlaotry eopm,r eepvñioasrts o,  eple onqd urdáeinc  hsaoec  oDmeesectatreebrtlsoee c eyl na sd emmmeoáddsidi faincsao crmdioean teivasap  qoudyoee    2020-5249n https://ww
aplicación, en relación a los plazos y la forma de presentación de las solicitudes de los
centros  y  de  las  familias  del  alumnado  usuario,  al  régimen  de  cumplimiento  y  Bc
acreditación  de  requisitos  y,  en  general,  a  las  condiciones  de  ejecución  de  las 
actuaciones financiadas, que pudieran resultar afectados por la emergencia sanitaria 
causada por el COVID-19 y el estado de alarma declarado. En la tramitación de la citada 
orden podrá prescindirse de los trámites de presentación de sugerencias, de consulta 
pública previa, de audiencia e información pública y del informe de impacto de género.
Disposición adicional única.  Efectos en los contratos basados en el acuerdo marco de 
servicio de transporte escolar.
Las empresas adjudicatarias de contratos basados en el acuerdo marco de servicio 
de transporte escolar, que no hayan manifestado su oposición a la ampliación de las 
prestaciones objeto de dichos contratos en los términos dispuestos por el artículo 8 del 
Decreto-ley  3/2020  de  25  de  marzo,  por  el  que  se  aprueban  medidas  urgentes  y 
extraordinarias  en  el  ámbito  administrativo  para  responder  al  impacto  de  la  crisis 
ocasionada por el COVID-19, durante la declaración del estado de alarma continuarán 
percibiendo hasta la entrada en vigor del presente decreto-ley el importe correspondiente 
a la facturación que se devengue del precio contratado inicialmente.
No obstante lo anterior, las empresas seleccionadas a los efectos de los dispuesto en 
el precitado decreto-ley, tendrán derecho a la indemnización por los costes adicionales 
en que haya incurrido efectivamente que excedan de las prestaciones ordinariamente 
contratadas cuyo abono se realizará a la finalización de los contratos derivados mediante 
su liquidación.
Aquellos contratos, en los que a la fecha de entrada en vigor del presente decreto-ley 
no se haya hecho uso de la puesta a disposición de las Autoridades Sanitarias y de 
Movilidad,  quedarán  suspendidos  a  los  efectos  del  artículo  34  del  Real  Decreto-
ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al 
impacto económico y social del COVID-19. Esta suspensión se podrá revocar para 
atender necesidades adicionales de puesta a disposición de las autoridades sanitarias y 
de movilidad.
Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan o 
contradigan a lo establecido en el presente decreto-ley.
Disposición final primera.  Desarrollo reglamentario y ejecución.
Se habilita al Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura y a la persona titular 
de la Consejería de Educación y Empleo, cada uno en el ámbito de sus competencias, a 
dictar  cuantas  disposiciones  sean  necesarias  para  el  desarrollo  y  ejecución  de  lo 
dispuesto en este decreto-ley.
Disposición final segunda.  Modificación del artículo 13.1 de la Ley 1/2008, de 22 de 
mayo, de creación de Entidades Públicas de la Junta de Extremadura.
El artículo 13.1 de la Ley 1/2008, de 22 de mayo, de creación de Entidades Públicas 
de la Junta de Extremadura, queda redactado como sigue:
«Artículo 13.  Organización.
1.  El  Ente  Público  Extremeño  de  Servicios  Educativos  Complementarios  o
contará con los siguientes órganos: 49ww
Con–s eEjel ríaP reus idóerngtaen/ao,   aclu yqou ec arfgigou res eraád secjreitroc ideol  pmoris mlao  pye rsqounea  otistutelanrt adráe   llaa 
representación legal del ente.
– El Director/a General del Ente Público Extremeño de Servicios Educativos 
Complementarios, será nombrado por el Consejo de Gobierno de la Junta de 
Extremadura, a propuesta del titular de la consejería u órgano al que se encuentre 
adscrito. Le corresponden las competencias de programación, dirección, gestión, 
evaluación interna y control de la organización y actividades del ente público.»
Disposición final tercera.  Desarrollo reglamentario de los estatutos del Ente Público 
Extremeño de Servicios Educativos Complementarios.
Dada la urgente necesidad de establecer la vigencia y su inmediata aplicación de las 
disposiciones  establecidas  en  el  presente  decreto-ley  relativas  a  la  creación  de  la 
Dirección  General  del  Ente  Público  Extremeño  de  Servicios  Educativos 
Complementarios,  se  dispone  que  la  Consejería  de  Educación  y  Empleo  habrá  de 
realizar en un plazo no superior a seis meses a partir de su entrada en vigor de este 
decreto-ley, las modificaciones necesarias en el Decreto 65/2009, de 27 de marzo, por el 
que se aprueban los estatutos del Ente Público Extremeño de Servicios Educativos 
Complementarios,  para  la  correcta  integración  en  los  mismos  de  la  mencionada 
Dirección General.
Disposición final cuarta.  Modificación del Decreto-ley 4/2020, de 1 de abril, por el que 
se adoptan medidas urgentes y extraordinarias en el ámbito de la contratación 
pública para responder al impacto de la crisis ocasionada por el COVID-19.
Se  añade  un  nuevo  párrafo  tercero  al  artículo  1,  con  el  siguiente  tenor  literal, 
quedando el resto de párrafos del precepto inalterados:
«En los supuestos de prórroga de contratos previstos en el párrafo anterior 
como  consecuencia  de  la  paralización  de  los  procedimientos  de  contratación 
derivada de lo dispuesto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que 
se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19, el expediente de prórroga podrá tramitarse como 
procedimiento de emergencia cuando concurran las circunstancias del artículo 120 
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que 
se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.»
Disposición final quinta.  Entrada en vigor.
El presente decreto-ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Diario 
Oficial de Extremadura».
Mérida, 24 de abril de 2020.–El Presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo 
Fernández Vara.–La Vicepresidenta Primera y Consejera de Hacienda y Administración 
Pública, Pilar Blanco-Morales Limones.
(Publicado en el «Diario Oficial de Extremadura» número 80, de 27 de abril de 2020)