BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 175 Viernes 23 de julio de 2021 Sec. III.   Pág. 88956
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE CONSUMO
12390 Resolución de 15 de julio de 2021, de la Dirección General de Consumo, por 
la que se publica el Convenio con la Agencia Catalana del Consumo y el 
Ayuntamiento  de  Terrassa,  para  la  constitución  de  la  Junta  Arbitral  de 
Consumo del Ayuntamiento de Terrassa.
Suscrito entre el Ministerio de Consumo, la Agencia Catalana del Consumo de la 
Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Terrassa, en fecha 14 de julio de 2021, 
Convenio para la constitución de la Junta Arbitral de Consumo del Ayuntamiento de 
Terrassa, que figura como anexo a esta resolución, procede su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado», de conformidad con lo previsto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Madrid, 15 de julio de 2021.–La Directora General de Consumo, Bibiana Medialdea 
García.
ANEXO
Convenio entre el Ministerio de Consumo, la Agencia Catalana del Consumo de la 
Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Terrassa, para la constitución de la 
Junta Arbitral de Consumo del Ayuntamiento de Terrassa
REUNIDOS
De una parte, doña Bibiana Medialdea García, Directora General de Consumo, de 
acuerdo con el nombramiento efectuado por Real Decreto 224/2020, de 29 de enero, por 
delegación  de  competencias  del  Ministro  de  Consumo,  efectuada  mediante  Orden 
CSM/940/2020, de 6 de octubre, sobre fijación de límites para la administración de 
créditos para gastos y de delegación de competencias.
De otra parte, don Francesc Sutrias i Grau, Director de la Agencia Catalana del 
Consumo de la Generalitat de Cataluña, por el nombramiento efectuado por el Gobierno 
de la Generalitat de Cataluña, mediante Decreto 103/2021, de 1 de junio, y en virtud de 
lo dispuesto en la Ley 9/2004, de 24 de diciembre, de creación de la Agencia Catalana 
del  Consumo.  La  suscripción  de  este  Convenio  se  ha  autorizado  por  acuerdo  del 
Gobierno, de conformidad con el artículo 26.k) de la Ley 13/2008, de 5 de noviembre, de 
la Presidencia de la Generalitat y del Gobierno, en relación con el artículo 175.1 del 
Estatuto de Cataluña.
Y de otra, doña Núria Marín García, Teniente de Alcalde del Área de Promoción 
Económica y Proyección de la Ciudad, facultada para este acto por el Decreto de 
delegaciones de Alcaldía número 2020-11-05 DELE-11407/2020, de 5 de noviembre 
de 2020, y en virtud del acuerdo adoptado en la Junta de Gobierno Local en sesión del 4 
de junio de 2021.
Actuando, respectivamente, en nombre y representación del Ministerio de Consumo, 
de la Comunidad Autónoma de Cataluña y del Ayuntamiento de Terrassa. s
Cada uno de los firmantes, en el ejercicio de sus facultades, comparecen y w.
EXPONEN
de  Elols a rctoícnuslou m5i1d odree sla  yC ounssutaitruiocisó,n  pinrostteag aie nlodso p, omdeerdeias npteú blpicroocse ad igmaieranntotisz are fliac adceefes,n slaa 
seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos.
En cumplimiento del mandato constitucional, el Capítulo II, del Título V, del Libro 
Primero, del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y 
Usuarios, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, 
establece el régimen jurídico del Sistema Arbitral de Consumo, facultando al Gobierno 
para que reglamentariamente establezca su organización, gestión y administración, así 
como el procedimiento de resolución de conflictos.
De conformidad con dicho mandato, el Gobierno aprobó el Real Decreto 231/2008, 
de 15 de febrero, por el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo, estableciendo el 
cauce para que los conflictos de consumo puedan resolverse en esta vía de carácter 
inmediato y ágil, sin merma de las garantías y derechos que deben reconocerse a las 
partes, incorporando, asimismo, las novedades ofrecidas por la Ley 60/2003, de 23 de 
diciembre, de Arbitraje.
Finalmente,  la  Ley  7/2017,  de  2  de  noviembre,  por  la  que  se  incorpora  al 
ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/11/UE, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia 
de consumo, completa el marco legal del Arbitraje de Consumo, correspondiendo la 
ordenación y gestión del Sistema Arbitral de Consumo al Ministerio de Consumo, a 
través de la Dirección General de Consumo, tal como se recoge en la letra b del 
artículo  3  del  Real  Decreto  495/2020,  de  28  de  abril,  por  el  que  se  desarrolla  la 
estructura  orgánica  básica  del  Ministerio  de  Consumo  y  se  modifica  el  Real 
Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica 
de los departamentos ministeriales.
Mediante Convenio de 15 de noviembre de 1994, se constituyó la Junta Arbitral de 
Consumo del Ayuntamiento de Terrassa (en adelante, la Junta Arbitral), realizando desde 
entonces una importante labor para la resolución de conflictos de consumo en su ámbito 
territorial.
Así  pues,  el  Ministerio  de  Consumo,  la  Agencia  Catalana  del  Consumo  de  la 
Comunidad Autónoma de Cataluña y el Ayuntamiento de Terrassa, conscientes de la 
necesidad de facilitar a los consumidores un medio eficaz de resolución de conflictos y 
teniendo en cuenta la experiencia positiva desde su constitución, consideran aconsejable 
dar continuidad a la Junta Arbitral.
Por ello, y en cumplimiento de la nueva regulación de los convenios contenida en el 
Capítulo VI, del Título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, y de su disposición adicional octava,
ACUERDAN
Primero.  Objeto.
El objeto de este Convenio es determinar que la Junta Arbitral de Consumo del 
Ayuntamiento  de  Terrassa,  con  sede  en  Terrassa,  cuyo  ámbito  territorial  viene 
determinado por el propio del municipio de Terrassa, conocerá, con carácter prioritario, 
de  las  reclamaciones  de  los  consumidores  de  dicho  ámbito,  en  relación  con  sus 
derechos legalmente reconocidos, de conformidad con los criterios competenciales y el 
procedimiento establecido en el Real Decreto 231/2008, de 15 de febrero, por el que se 
regula el Sistema Arbitral de Consumo o disposición que lo sustituya.
Segundo.  Compromisos de las partes.
1.  El Ayuntamiento de Terrassa impulsará, en su ámbito territorial, la gestión y  b
administración  del  arbitraje  institucional  de  consumo  por  la  Junta  Arbitral,  390ww
acoñmo pdreosmdeet iléan fdeocshea  ad es oelifcicitaacr iaa ndteel  lpar eDsireenctcei ócno nGveenneiora, ls due a Ccroendsituamcioó,n  ecno melo p leanztoid adde  duen 
rLeesyo 7lu/c2i0ó1n7 ,a dltee r2n adteiv nao vdiee mlibtirgeio.s de consumo, de conformidad con lo previsto en la
2.  El Ministerio de Consumo establecerá en colaboración con el Ayuntamiento de 
Terrassa, un sistema de información recíproco para el buen funcionamiento del Sistema 
Arbitral de Consumo, en cooperación con la Agencia Catalana del Consumo.
3.  El  Ayuntamiento  de  Terrassa  facilitará  información  sobre  la  designación  de 
Presidente y Secretario de la Junta Arbitral, así como cualquier otro dato referente a la 
actividad de la Junta, cumplimentando los modelos e informes que se determinen.
4.  El Ministerio de Consumo y la Agencia Catalana del Consumo facilitarán el 
asesoramiento técnico y jurídico necesario para el desarrollo del Sistema Arbitral de 
Consumo en el ámbito territorial del municipio de Terrassa.
5.  Las Instituciones firmantes se comprometen a difundir el Sistema Arbitral de 
Consumo para su conocimiento por los ciudadanos en general, empresas y agentes 
económicos implicados, así como la promoción de ofertas públicas de adhesión.
Tercero.  Comisión de Seguimiento.
A los efectos de seguimiento y control del presente Convenio, se crea una Comisión 
de Seguimiento, que se reunirá anualmente, pudiendo llevarse a cabo estas reuniones a 
través de medios telemáticos, y estará formada por un representante de cada Institución 
firmante, correspondiendo la Secretaría a un funcionario de la Dirección General de 
Consumo.
El régimen de funcionamiento y organización de la Comisión de Seguimiento, en lo 
no previsto en este Convenio, será el dispuesto para los órganos colegiados en la 
Sección 3.ª del Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público.
Cuarto.  Modificación del Convenio.
La modificación de este Convenio requerirá acuerdo unánime y por escrito de los 
firmantes, que se formalizará en Adenda, suscrita a dichos efectos, conforme a los 
requisitos legalmente establecidos y previa autorización prevista en el artículo 50 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Quinto.  No asunción de compromisos financieros.
El  presente  Convenio  configura  una  actividad  de  colaboración  que  no  genera 
compromisos financieros para ninguna de las partes.
Sexto.  Vigencia del Convenio.
El presente Convenio tendrá una vigencia de cuatro años, prorrogables, por mutuo 
acuerdo de las partes, antes de su finalización por un período de hasta cuatro años 
adicionales, que se formalizará mediante adenda al presente Convenio.
El Convenio resultará eficaz una vez inscrito, en el plazo de 5 días hábiles desde su 
formalización,  en  el  Registro  Electrónico  estatal  de  Órganos  e  Instrumentos  de 
Cooperación del sector público estatal. Asimismo, será publicado en el plazo de 10 días 
hábiles desde su formalización en el «Boletín Oficial del Estado».
Séptimo.  Extinción del Convenio.
El Convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su  es
objeto o por incurrir en causa de resolución. Son causas de resolución del Convenio las  o
recogidas en el artículo 51.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del  390ww
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oA rsbuit rdael nceogmaoc iEónn.tidad de resolución alternativa acreditada sin haber efectuado la solicitud  BOE-A-cable e
b)  La denuncia anticipada y motivada de cualquiera de las partes, que ha de ser 
comunicada a la otra parte, mediante el oportuno preaviso con un plazo mínimo de tres 
meses.
c)  La disolución o supresión de alguna de las partes.
d)  Cuando una de las partes considere que cualquiera de las otras partes está 
incumpliendo los compromisos  adquiridos  en el presente Convenio, se lo notificará 
mediante  comunicación  fehaciente  e  indicará  las  causas  que  originan  dicho 
incumplimiento. Este requerimiento será comunicado igualmente a los representantes de 
la Comisión de Seguimiento. La otra parte podrá subsanar dicha situación en un plazo no 
superior a un mes, a contar desde la fecha de envío de la notificación. En todo caso, la 
Comisión de Seguimiento podrá decidir sobre la adopción inmediata de las medidas 
correctoras oportunas para garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos en 
el presente Convenio.
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento y pese a la actuación de la 
Comisión  de  seguimiento,  persistiera  el  incumplimiento,  se  entenderá  resuelto  el 
Convenio.
El cumplimiento y la resolución del Convenio darán lugar a la liquidación del mismo 
con el objeto de determinar las obligaciones y compromisos de cada una de las partes. 
La Comisión de Seguimiento del Convenio decidirá, en caso de resolución anticipada del 
Convenio, sobre la forma de terminar las actuaciones en curso, conforme a lo previsto en 
el artículo 52.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Octavo.  Régimen Jurídico y cuestiones litigiosas.
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, no contractual, y en lo no 
dispuesto en el mismo se estará a lo previsto en el Capítulo VI del Título Preliminar de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Las partes se 
comprometen a resolver de manera amistosa en el seno de la Comisión de Seguimiento 
las discrepancias que pudieran surgir sobre la interpretación, desarrollo, modificación, 
resolución y efectos que pudieran derivarse de la aplicación del presente Convenio. Las 
cuestiones  litigiosas  que  en  la  ejecución  y  cumplimiento  pudieran  aparecer  y  no 
quedasen resueltas por la Comisión de Seguimiento, se someterán a la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 
de julio, reguladora de la citada jurisdicción.
Noveno.  Protección de datos de carácter personal.
El tratamiento de los datos personales que, como consecuencia de la ejecución del 
Convenio, sea necesario realizar, se efectuará conforme a lo dispuesto en el Reglamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales 
y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE 
(Reglamento general de protección de datos) y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
Y, en prueba de conformidad y aceptación, el presente Convenio es firmado por las 
partes o por sus representantes acreditados.–El Ministro de Consumo, P.D. (Orden 
CSM/940/2020, de 6 de octubre), la Directora General de Consumo, Bibiana Medialdea 
García.–El Director de la Agencia Catalana del Consumo, Francesc Sutrias i Grau.–El  e.
Alcalde de Terrassa, P.D. (Decreto de delegaciones de Alcaldía número 2020-11-05  w.b
DELE-11407/2020, de 5 de noviembre de 2020), la Teniente de Alcalde del Área de  390ww
Promoción Económica y Proyección de la Ciudad, Núria Marín García.