BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 207 Viernes 31 de julio de 2020 Sec. III.   Pág. 61302
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
8916 Resolución de 12 de junio de 2020, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación 
de la registradora de la propiedad de Alcázar de San Juan n.º 2, por la que se 
deniega la inmatriculación de una finca.
En el recurso interpuesto por doña M.M.M. contra la nota de calificación de la 
registradora de la propiedad de Alcázar de San Juan número 2 doña Eva Leal Colino por 
la que se deniega la inmatriculación de una finca.
Hechos
I
Mediante  escritura  otorgada  ante  la  Notario  de  Socuéllamos  doña  María  Luisa 
Sánchez–Tembleque Zarandona, el 15 de noviembre de 2019, doña M.M.M. aporta a su 
sociedad de gananciales una finca rústica. Se acompaña como título adquisitivo previo 
una escritura de compraventa otorgada el 28 de octubre de 2018 ante la misma notaria, 
por la que la ahora aportante adquirió por compra la citada finca manifestando el carácter 
privativo  de  la  contraprestación,  con  aseveración  por  parte  del  cónyuge  del  citado 
carácter privativo.
II
Presentadas las citadas escrituras en el Registro de la propiedad de Alcázar de San 
Juan  número  2  fue  objeto  de  calificación  y  suspendida  la  inscripción  por  haberse 
observado el siguiente defecto: «1.–Por tratarse de documentación elaborada "ad hoc" 
con la única finalidad de lograr la inmatriculación. Es doctrina de la Dirección General de 
los Registros y del Notariado, incluso tras la nueva redacción de la Ley 13/2015, del 
artículo  205  de  la  Ley  Hipotecaria,  que  resulta  incuestionable  la  competencia  del 
Registrador para rechazar la inmatriculación si de los títulos presentados se desprende 
que estos han sido elaborados "ad hoc" de manera artificiosa con el fin de eludir el 
cumplimiento y razón de ser de tal precepto.
Así pues, el control de la inmatriculación por título público exige a los registradores 
que, al efectuar su calificación, extremen las precauciones para evitar el acceso al 
Registro de títulos elaborados ad hoc con el único fin de obtener la inmatriculación, lo 
que se explica y justifica por las exigencias derivadas del principio de seguridad jurídica, 
pues se trata de eludir el fraude de ley en el sentido de evitar que, mediante la creación 
instrumental de títulos, se burlen todas las prevenciones que para la inmatriculación 
mediante título público ha instituido el legislador. El carácter ad hoc de la documentación 
se puede inferir de las circunstancias que rodean su otorgamiento (la coetaneidad o 
proximidad de ambos negocios, la inexistencia de título original de adquisición, el nulo o 
bajo  coste  fiscal  de  la  operación,  etc.).  Supuestos  que  concurren  en  la  escritura 
calificada, nulo coste fiscal, manifestación en el título público fehaciente de carecer de  e.e
título de adquisición, así como la proximidad temporal de fecha –se ha dejado transcurrir  b
únicamente un año y veintiocho días–, con la única finalidad de completar el lapso  16ww
tempEosrtaalr ídaem uons  aañnote e xeilg midios mpoor  seul paurteícsutolo d 2e0 5h edceh loa  cLoenyt eHmippoltaedcoa rpiao.r la Resolución de la
Ddeir e2c0c0ió7n,  cGone nlae rúanl icdae  dloifes reRnecgiais dtreo sh ayb edre dl eNjaodtaor itaradnos iecnió nR dees oulunc aióñno  dqeu e2 a1h odrea  mexaigyeo 
con carácter imperativo el artículo 205 de la Ley Hipotecaria tras la reforma de la 
Ley 13/2015 (…) Alcázar de San Juan a 3 de enero de 2020. Fdo. Eva Leal Colino.»
III
Contra la anterior nota de calificación, doña M.M.M. interpone recurso en virtud de 
escrito de fecha 14 de febrero de 2020 en base entre otros a los siguientes argumentos: 
1.–Falta  de  identidad  fáctica  entre  la  Resolución  de  la  DGRN  citada  por  la  Sra. 
Registradora  en  su  nota  de  calificación  y  el  asunto  objeto  de  la  citada  nota. 
Efectivamente, en la nota de calificación recurrida, hace mención la Sra. Registradora de 
la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 21 de mayo 
de  2007  como  motivación,  fundamento  y  apoyo  a  la  negativa  de  proceder  a  la 
inmatriculación de la finca rústica más arriba citada. Pues bien, nada tendría que objetar 
esta parte sobre la identidad que se le atribuye por el órgano de– calificación al supuesto 
de hecho, contemplado en la reiterada Resolución y el caso que hoy aquí se discute 
fueran  lo  mismo  (como  así  se  expone  en  la  nota:  «...  Estaríamos.  ante  el  mismo 
supuesto de hecho contemplado por la Resolución de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado en Resolución de 21 de mayo de 2007») pero evidentemente, 
una  mera  lectura  del  supuesto  abordado  en  la  propia  Resolución  nos  muestra  un 
supuesto con distintas matices y circunstancias que lo alejan del calificado mediante la 
nota, prueba más que clara de tal falta de identidad es la mención que la propia 
Registradora realiza para finalizar su motivación: «... con la única diferencia de haber de 
lado la transición de un año que ahora exige con carácter imperativo el artículo 205 de la 
Lay Hipotecaria, tras la reforma de la Ley 12/2015....». Por lo tanto, el supuesto de hecho 
recogido en la Resolución y el que aquí se debate, no guardan una identidad absoluta 
que permita una calificación en idénticos términos a la contenida en la Resolución de la 
DGRN citada. Para una mayor claridad expositiva, sintetizamos en contraste ambos 
supuestos  de  hecho:  Supuesto  de  hecho  Resolución  21–5–2007:  Versa  sobre  la 
inmatriculación de varias fincas mediante escritura de aportación a gananciales, previa 
escritura  de  compraventa  con  confesión  de  privatividad  del  cónyuge,  que:  1.–Se 
otorgaron ante el mismo Notario 2.–Ambos títulos se otorgaron el mismo día, y 3.–Se 
otorgaron con protocolos consecutivos. En nuestro caso el supuesto de hecho calificado 
versa  sobre  la  inmatriculación  de  una  finca  mediante  escritura  de  aportación  a 
gananciales, previa escritura de compraventa con confesión de privatividad del cónyuge, 
que: 1.–Se otorgaron ante el mismo Notario (derecho libre elección de notario). 2.–
Ambos títulos (escritura compraventa 18–10–2018 y escritura aportación sociedad de 
gananciales  15–11–  2019)  la  propia  Sra.  Registradora  reconoce  en  su  Nota  de 
Calificación «se ha dejado transcurrir únicamente un año y veintiocho días». 3.–Se 
otorgaron en protocolos consecutivos (Compraventa 1009/2018 y aportación sociedad de 
gananciales); y 4.–Tienen una valoración distinta (Compraventa 7.822 C y Aportación 
sociedad de gananciales 7.512,65 €). La comparación anterior hace evidente que la 
motivación utilizada por el órgano de calificación debe decaer, ya que la pretendida 
identidad entre ambos supuestos de hecho se ha demostrado que ni se dan ni es 
posible,  por  más  esfuerzo  dialéctico  que  se  realice  en  la  nota  de  calificación  con 
referencias directas al espacio temporal entre tirulos que si bien en aquel supuesto de 
hecho contemplado en la Resolución de 2007 se podría dar, no es menos cierto que no 
guarda relación con el del presente expediente, son distintos, al igual que lo es la 
redacción de la Ley Hipotecaria vigente en 2007 y la redacción actual en cuanto al  s
procedimiento inmatriculador. e.
2.  Falta de motivación de las razones por las que se considera creada de forma  w.
artificiosa la documentación presentada, no pudiendo derivar de simples sospechas. En  16ww
efescteh a p3u0n tdoe  corceteumbroes d ep r2o0ce1d2e (nBtOe Ec ista–r1 2la·2 0R1e2s),o leunc ieólnla  dsee  aebsoar dDa irleac icnimóna tr·iGcuelnaecrióanl  ddee 
eulne vinamciuóenb dlee  mune dcioannttrea tuon par ievsacdroit udrea  cdoem approarvtaecnitóan s au slacr istoo cvieadriaods  daeñ ogsa antaránsc.ia Pleuse, sp rbeievnia,   BOE-A-cable e
el  Sr.  Registrador  denegó  la  inmatriculación  apoyándose  en  argumentos  «quasi» 
idénticos a los aquí utilizados. Sin embargo, la Dirección General estimó que: "... 4. en el 
supuesto de hecho de este expediente, sin embargo, no se justifican suficientemente, en 
la nota de calificación recurrida. las razones por los que el registrador considera creada 
artificialmente la documentación. Es determinante, en efecto, en el presente caso, que 
los dos títulos públicos que exige el artículo 205 de la Ley Hipotecaria (compraventa y 
posterior aportación a la sociedad conyugal), estén separados por un lapso de cuando 
menos doce años, y que se acompañe una certificación expedida por el Catastro en la 
que figura la parcela catastral a favor del cónyuge y no a favor de éste y su cónyuge. No 
se da aquí, por tanto, la concurrencia de factores que, según la doctrina de este Centro, 
puede justificar la denegación de eficacia inmatriculadora a los títulos presentados. No, 
desde luego, la cercanía de fechas de los instrumentos públicos presentados, pues pese 
a la proximidad temporal entre ellos, lo cierto es que entre los títulos materiales que en 
ellos se formalizan (originariamente en documento privado) han transcurrido más de diez 
años ya que, conforme al artículo 1227 del Código Civil, hay que retrotraer la fecha de la 
primera operación al menos a la del fallecimiento del vendedor, ocurrido en el año 1999. 
Tampoco se aprecia propósito de fraude, porque es inverosímil que se preparase con la 
intención de inmatricular. una operación que, para cumplir con sus objetivos, necesitaba 
de otra posterior, y que tardase ésta en llevarse a cabo más de una docena de años. A 
todo ello se añade además que la situación final de titularidad de la finca en el último 
título es diferente de la inicial y que no concurran otros factores que arrojen suficiente 
sombra de duda sobre su eventual instrumentalidad (Resolución 11 de marzo de 2006). 
No lo son el que exista una relación de parentesco, entre los participantes en los 
distintos otorgamientos notariales, o que ambos títulos públicos, cuando sus fechas son 
tan distantes, fueron autorizados por el mismo fedatario, ya que ninguno de ellos es 
determinante ni junta ni separadamente, por sí solos, para concluir lo que se pretende: la 
instrumentalidad de los títulos elaborados «ad hoc».
Las Resoluciones de 29 de mayo de 2014, 18 de abril de 2018, 25 de Julio de 2018 
y 5 de septiembre de 2018, entre otras, establecen que el órgano de calificación si bien 
puede detener la inmatriculación cuando estime la instrumentalidad de los tirulos, dicha 
paralización no puede derivar de simples sospechas, debiendo poseer una motivación 
suficientemente fundada, hecho que en la nota recurrida y dicho en términos de defensa, 
no se da. Así la Resolución 5–9–2018 «3... La inmatriculación de fincas por la vía del 
doble título exige el encadenamiento de dos adquisiciones sucesivas o directamente 
coordinadas con la finalidad de lograr cierta certidumbre de que el inmatriculante es su 
verdadero dueño. Se busca así que sean dos transmisiones efectivas y reales... De este 
modo se ha reiterado por este Centro Directivo que el registrador puede detener la 
inmatriculación cuando estime la instrumentalidad de los títulos, si bien ésta no puede 
derivar de simples sospechas, debiendo estar suficientemente fundadas. Para esto, debe 
estudiarse el caso concreto...».
3.  En cuanto a los distintos valores de los títulos, nos resulta curioso que la nota de 
calificación no repare sobre un hecho que tiene una importancia transcendental, como 
son los distintos valores de cada uno de los negocios jurídicos documentados en las tan 
reiteradas escrituras. Por ello, suponiendo que nos encontráramos en el escenario que 
se expone en la nota de calificación, cuya única y precisa finalidad fuera la instrumental 
mediante la creación de documentos "ad hoc" para lograr la inmatriculación de la finca, 
entendemos que, dado el fin, los valares serían idénticos en ambas escrituras, cosa que 
aquí  no  sucede,  ya  que  tanto  la  escritura  de  compraventa.  como  la  escritura  de  s
aportación a la sociedad de gananciales otorgadas son dos negocios jurídicos totalmente  oe.
independientes y autónomos el uno del otro, presentando cada uno de ellos sus propias  w.
circunstancias y una sustantividad propia que excluyen por los caracteres que presentan  16ww
cual4q.u ieTr itautliasbriod adde  icnasttarusmtraeln tparleidvaiad  paa rlaa  llaepvoarrt aac cióanb.o  Dlae i nimguaatrl icfuolramcaió,n  cdoem lao  fisnec ap.uede
cmoismmparo cbearrt iefinca laci óens ccraitutarsat rdael  eanp olart accuiaóln s ae  lap useodceie adparde cdiea rg qaunea nscoialalemse, nstee  aacpoamrepcaeñ ac oam lao   BOE-A-cable e
titular del 100% de la finca la propietaria aportante, y no ella y su cónyuge, por lo que 
éste hecho se añade a los restantes que detallamos en este escrito y que impiden que 
se pueda justificar la denegación de eficacia inmatriculadora a los títulos presentados. 
Citamos la Resolución de la DGRN de fecha 5 de septiembre de 2018. «4... La nota de 
calificación recurrida se fundamenta en el hecho de no poder acreditar el título de 
adquisición de los causantes, requisito que de ser exigido implicaría la necesidad de 
acreditar tres títulos diferentes en el procedimiento.de inmatriculación, más allá de lo 
previsto en la propia redacción del artículo 20.5 de la Ley Hipotecaria...». Así según el 
artículo  205  de  la  Ley  Hipotecaria,  la  exigencia  documental  para  llevar  a  cabo  la 
inmatriculación de una finca es de dos títulos, cualquier exigencia de acreditar una 
titularidad anterior es contraria a la Ley, pues equivaldría a exigir tres títulos.
5.  En cuanto al bajo coste fiscal de la operación citamos nuevamente la Resolución 
de la DGRN de fecha 5 de septiembre de 2018.: «... 4...Por tanto resulta que, si bien se 
indica la sospecha de la instrumentalidad en la titulación otorgada, no se justifica de 
manera  objetiva  tal  circunstancia.,  limitándose  a  recordar  la  exención  fiscal  de  la 
aportación a la sociedad de gananciales. Tal circunstancia debe ser tenida sin duda en la 
calificación, pero no puede ser motivo determinante por sí solo para apreciar la referida 
instrumentalidad, de tal forma que todo título con nulo coste fiscal conlleve la sanción de 
"elaboración ad hoc". Dicho argumento alegado por la Sra. Registradora en su nota de 
calificación tampoco se puede compartir, porque además de ser irrelevante, es incierto, a 
saber:  sobre  la  primera  escritura  de  compraventa  se  hace  referencia  al  pago  del 
Impuesto de Transmisiones Patrimoniales Onerosas e IRPF y sobre el segundo título, 
inciden diversos impuestos.
6.  Transcurso de un año entre títulos e inexistencia de coetaneidad o proximidad 
entre  ambos  negocios.  El  artículo  205  de  la  Ley  Hipotecaria  establece:  "...  Serán 
inscribibles, sin necesidad de previa inscripción y siempre que no estuvieren inscritos los 
mismos derechos a favor de otra persona, los títulos públicos traslativos otorgados por 
personas que acrediten haber adquirido la propiedad de la finca al menos un año antes 
de dicho otorgamiento también mediante título público, siempre que exista identidad en 
la descripción de la finca contenida en ambos títulos a juicio del Registrador y, en todo 
caso, en la descripción contenida en el título inmatriculador y la certificación catastral 
descriptiva y gráfica que necesariamente debe ser aportada al efecto...". La Resolución 
de la DGRN de 15 de noviembre de 2015 especifica el plazo y su cómputo entre los 
títulos fehaciente e inmatriculador, a saber: "en cuanto al momento temporal en que 
debía haberse producido la previa adquisición por el ahora transmitente, no se exigía 
ninguna antelación mínima con respecto a la fecha del otorgamiento del título público 
traslativo y que opera como inmatriculador.
Ahora, en cambio, con la nueva redacción legal, no se admite más forma documental 
de acreditar la previa adquisición que el titulo público, que es una especie concreta y 
especialmente cualificada dentro del amplio género de los documentos fehacientes, y, 
además, se exige que dicha adquisición previa se haya «producido al menos con un año. 
Nótese  que  dicho  lapso  temporal  mínimo  de  un  año  ha  de  computarse,  no 
necesariamente entre las fechas de los respectivos otorgamientos documentales, esto 
es, el de título público previo y el del título público traslativo posterior, sino entre la fecha 
de la previa adquisición documentada en título público, y la fecha del otorgamiento del 
título traslativo posterior....»
No cabe duda que el período entre ambos títulos referido por la Sta. Registradora en 
la nota de calificación («... únicamente un año y veintiocho días...»), es plazo hábil v  s
superior al establecido por la Ley, por lo que, en este punto, y al resultar un dato objetivo  oe.
sobre el que poco se puede debatir, reiteramos que en nuestro caso se cumple con lo  w.
preceptuado por la Ley Hipotecaria, sin que pueda existir ante tal lapso de tiempo  16ww
portoorxgimamidiaedn t(oc.o Pmoor  stío sduoc leod íaan etenr iloar ,R eenstoelnudceiómn odse  q2u0e0 7la c intaodtaa  deen  lcaa nlifoictaa)c eiónnt req ufeec hhoays  dees 
aosbíj ectoom doe  eimn plausg ndaivceiórsna, sla r ecsuoallu yc iao nlae sv idsitcat addea slo p eosrt alab lDeciriedcoc ieónn  lGa elengeirsalal cdieó nlo hsi pRoetegcisatrroias,   BOE-A-cable e
y del Notariado, no muestra una fundamentación que avale la negativa a llevar a cabo la 
inmatriculación de la tinca rústica solicitada mediante los títulos presentados, por lo que 
se solicita a la Dirección General la revocación de la nota de calificación y se proceda 
conforme al artículo 205. de la Ley Hipotecaria, en cuanto a la inmatriculación de la finca.
IV
La registradora emitió informe el día 25 de febrero de 2020, confirmó la nota de 
calificación y elevó el expediente a este Centro Directivo.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 199, 201 y 205 de la Ley Hipotecaria, y las resoluciones de este 
Centro Directivo de 8 de junio de 2009, 19 octubre de 2010, 30 de octubre de 2012, 29 
de mayo de 2014, 19 de noviembre de 2015, 11 de mayo de 2016, 1 de julio de 2.016, 31 
de enero de 2018, 18 de abril de 2018, 25 de julio de 2018, 27 de julio de 2.018 y 5 de 
septiembre de 2018.
1.  El día 11 de diciembre de 2019, se presentó escritura otorgada en Socuéllamos 
el día 15 de noviembre de 2019 ante la Notario Doña María Luisa Sánchez–Tembleque 
Zarandona, número 1130 de protocolo. En el título calificado doña M.M.M. aporta a su 
sociedad de gananciales con don Ángel Buendía Leo una finca de naturaleza rústica sita 
en el término municipal de Pedro Muñoz que se manifiesta no inscrita. Se acompaña 
como título adquisitivo previo, escritura de compraventa otorgada en Socuéllamos el 
día  18  de  octubre  de  2018  ante  la  Notario  Doña  María–Luisa  SánchezTembleque 
Zarandona, número 1009 de protocolo, por la que la aportante doña M.M.M. compra la 
citada  finca  manifestando  el  carácter  privativo  del  precio  o  contraprestación,  con 
aseveración del cónyuge don Ángel Buendía Leo del citado carácter.
La registradora suspende la inscripción por entender que es una documentación 
creada  ad  hoc,  lo  que  supone  eludir  las  prevenciones  que  para  la  inmatriculación 
mediante título público ha instituido el legislador. La recurrente entiende que no es así, 
que no se dan razones objetivas para considerar que se da instrumentalidad que impida 
la inmatriculación.
2.  Debe recordarse, como ya ha señalado este Centro Directivo (vid resolución 
de 31 de enero de 2018), que en todo caso el registrador debe extremar el celo en las 
inmatriculaciones para evitar que se produzca la indeseable doble inmatriculación.
No supone una extralimitación competencial, sino todo lo contrario, que el registrador 
califique si los títulos presentados para inmatricular una finca cumplen los requisitos 
legales o han sido elaborados ad hoc de manera artificiosa para eludir el cumplimiento 
de la finalidad y razón de ser esencial de tales preceptos.
Así en la Resolución de 29 de mayo de 2014, se señala que «la doctrina de este 
Centro Directivo (…) ha establecido que, no obstante, se viene exigiendo también, a fin 
de garantizar la objetividad y publicidad del procedimiento, (…) que de las circunstancias 
concurrentes no resulte que la documentación se haya creado artificialmente con el 
objetivo de producir la inmatriculación. Un extremo que puede, y debe, apreciar el 
registrador con apoyo en una pluralidad de factores (tales como la simultaneidad de 
fechas  de  los  títulos,  transmisiones  circulares,  ausencia  de  función  económica, 
neutralidad o bajo coste fiscal de los negocios traslativos, etc.) que ofrezcan indicios 
suficientes  de  que  la  documentación  ha  sido  creada  o  concebida  ad  hoc  (…)  La  e.e
inmatriculación de fincas por la vía del doble título exige el encadenamiento de dos  b
adquisiciones sucesivas o directamente coordinadas con la finalidad de lograr cierta  16ww
ctrearntisdmumisibornee dse e qfeucet ieval isn my arteriacluelsa.n Pteo er se sllou,  vye raduand ecruoa dnudeoñ ola.  Sfuen bciuósnc are agsisí tqraule  nsoe apnu eddoas 
ceuqaunipdaor adrese l aa d olac ujmudeicnitaalc, iónno  psree seenxctaludyae r eqsuuelt ee lo brejegtiisvtarmadeonrt ep uuend rae saupltraedcoia ar netilj ufrríaduicdoe, 
cuando el contexto resulta de lo declarado por el presentante y de los libros del Registro
pues la tarea de calificación no se limita a una pura operación mecánica de aplicación 
formal  de  determinados  preceptos,  ni  al  registrador  le  está  vedado  acudir  a  la 
hermenéutica y a la interpretación contextual. De este modo se ha reiterado por este 
Centro Directivo que el registrador puede detener la inmatriculación cuando estime la 
instrumentalidad de los títulos, si bien ésta no puede derivar de simples sospechas, 
debiendo estar suficientemente fundadas. Para esto, debe estudiarse el caso concreto».
En el mismo sentido se ha pronunciado este Centro Directivo en las recientes 
Resoluciones de 18 de abril y 25 de julio de 2018.
En  este  sentido  hay  que  tener  en  cuenta  que  el  procedimiento  previsto  en  el 
artículo  205  de  la  Ley  Hipotecaria  tiene  menores  garantías,  al  no  exigir  la  previa 
intervención de titulares de fincas colindantes que pudieran verse afectados, siendo 
estos los más interesados en velar que el acceso de una nueva finca al Registro no se 
haga a costa, o en perjuicio, de los fundos limítrofes, pudiendo producirse, en caso 
contrario  un  supuesto  de  indefensión.  No  obstante,  sí  que  necesariamente  debe 
incorporarse certificación catastral descriptiva y gráfica en términos que se correspondan 
con la descripción de la finca en el título inmatriculador.
En la nueva redacción del artículo 205 de la Ley Hipotecaria, introducida por la 
Ley  13/2015,  el  legislador  ha  dado  un  paso  más  allá,  pues,  como  señala  en  su 
Exposición de Motivos, procede a regular de manera más minuciosa la inmatriculación 
mediante título público de adquisición del antiguo artículo 205, con nuevos requisitos que 
en ningún caso se cumplirían, si le hubieran resultado exigibles, por la documentación 
presentada en el concreto procedimiento registral objeto de este recurso.
En efecto, frente a la anterior redacción del artículo 205 de la Ley Hipotecaria, 
relativa a la posibilidad de obtener la inmatriculación en virtud de «títulos públicos 
otorgados por personas que acrediten de modo fehaciente haber adquirido el derecho 
con anterioridad a la fecha de dichos títulos», ahora, la nueva redacción legal exige que 
se trate de «títulos públicos traslativos otorgados por personas que acrediten haber 
adquirido la propiedad de la finca al menos un año antes de dicho otorgamiento también 
mediante título público».
La diferencia esencial entre ambas redacciones legales no se encuentra tanto en la 
necesidad de que el título público inmatriculador sea «traslativo», pues tal exigencia, 
aunque no viniera expresamente formulada en la anterior dicción legal sí que resultaba 
implícita en ella, como reiteradamente ha venido considerando la doctrina jurídica, la 
jurisprudencia y la propia doctrina consolidada de este Centro Directivo, sino que tal 
diferencia esencial radica en los dos requisitos, uno relativo a la forma documental y otro 
al momento temporal, exigidos para acreditar que el otorgante de ese título público 
traslativo hubiera adquirido su derecho con anterioridad.
En cuanto a la forma documental para acreditar la previa adquisición, ya no basta 
cualquier  medio  de  acreditación  fehaciente,  categoría  amplia  dentro  de  la  cual  el 
Reglamento  Hipotecario,  en  alguna  de  sus  sucesivas  reformas,  había  considerado 
comprendidos incluso a simples documentos privados que reunieran los requisitos del 
artículo 1227 del Código Civil; frente a ello la nueva redacción del artículo 205 DE LA Ley 
Hipotecaria exige siempre doble título público.
Y  en  cuanto  al  momento  temporal  en  que  debía  haberse  producido  la  previa 
adquisición por el ahora transmitente, no se exigía ninguna antelación mínima con 
respecto a la fecha del otorgamiento del título público traslativo y que opera como 
inmatriculador. Ahora, en cambio, con la nueva redacción legal, no se admite más forma 
documental de acreditar la previa adquisición que el título público, que es una especie  s
concreta  y  especialmente  cualificada  dentro  del  amplio  género  de  los  documentos  oe.
fehacientes, y, además, se exige que dicha adquisición previa se haya producido al  w.
menos un año antes del otorgamiento del título público traslativo que va a operar como  16ww
títuloN óintmesaet ricquulea dodri.cho  lapso  temporal  mínimo  de  un  año  ha  de  computarse,  no
ense,c eesl adreia tmítuelnot ep úebnlitcroe  plares vfieoc yh aesl  ddeel  tlíotusl or epsúpbelicctoiv otrsa solatotirvgoa mpoiesntetoriso r,d soicnuom eenntrtael elas ,f eecshtao   BOE-A-cable e
de la previa adquisición documentada en título público, y la fecha del otorgamiento del 
título traslativo posterior.
3.  Todos estos requisitos los cumplen los dos títulos públicos aportados en este 
expediente. No se pueden poner en duda que la aportación a gananciales es título apto a 
efectos del artículo 205 de la Ley Hipotecaria (cfr. Resolución de 19 octubre de 2010) ya 
que comporta un verdadero desplazamiento patrimonial de un bien privativo de uno de 
los cónyuges a la masa ganancial (constituida por un patrimonio separado colectivo, 
distinto de los patrimonios personales de los cónyuges, afecto a la satisfacción de 
necesidades distintas y con un régimen jurídico diverso). Dicho transvase patrimonial 
tiene  indudables  consecuencias  jurídicas,  tanto  en  su  aspecto  formal  como  en  el 
material, en la medida en que implica una mutación sustancial de la situación jurídica 
preexistente, con modificación de los poderes de gestión y disposición que sobre el bien 
ostentaba previamente el aportante. Se trata de un negocio de tráfico jurídico que tiene 
innegable trascendencia respecto del régimen jurídico aplicable en relación con el bien 
aportado, especialmente en lo atinente a la capacidad para administrarlo y disponer del 
mismo. Según este criterio, debe estimarse que el negocio de aportación cumple el 
requisito de existencia de título público de adquisición a efectos inmatriculadores.
Lo mismo lógicamente –que es título traslativo e inmatriculador– debe predicarse de 
la escritura previa de compraventa otorgada por el ahora aportante, con confesión de 
privatividad a su favor por su cónyuge.
4.  Es cierto que el supuesto de hecho de este expediente es parecido al de la 
resolución de 21 de mayo de 2017, pero ni mucho menos idéntico.
Existen dos diferencias muy importantes: primera, que en aquella resolución el hecho 
determinante de haberse entendido configurado ad hoc el doble título público era no 
haber transcurrido un año entre ambos títulos, cosa que no ocurre en este caso, pues sí 
ha pasado más de un año entre la adquisición anterior y la aportación a la sociedad de 
gananciales; y segunda, que en el supuesto de la aquélla resolución se producía una 
adquisición y de facto –en el siguiente número de protocolo– un pacto de atribución de 
ganancialidad ex artículo 1355 C.C., mientras que aquí existe una verdadera aportación 
a la sociedad conyugal posterior a la adquisición.
5.  La propia resolución de 21 de mayo de 2017 reconocía que:
a)  La regulación que del régimen económico matrimonial contiene el Código Civil se 
caracteriza por un marcado principio de libertad que se manifiesta, entre otros, en los 
artículos 1.315 (libertad en la determinación del régimen económico), 1.325 (libertad en 
cuanto a su estipulación, modificación o sustitución), 1.328 (libertad de pacto en tanto las 
estipulaciones  no  sean  contrarias  a  las  leyes  o  las  costumbres  o  limitativas  de  la 
igualdad  de  derechos  que  corresponda  a  cada  cónyuge)  y  1323  (posibilidad  de 
transmitirse los cónyuges por cualquier título bienes y derechos y celebrar entre sí toda 
clase de contratos), sin más limitaciones que las establecidas en el mismo Código (cfr. 
artículo 1.315).
b)  Que el propio artículo 1.355 –al permitir que los cónyuges atribuyan carácter 
ganancial  a  los  bienes  que  adquieran  a  título  oneroso  durante  el  matrimonio,  con 
independencia de cuál sea la procedencia y la forma y plazos de satisfacción del precio o 
contraprestación–, se encuadra dentro de ese amplio reconocimiento de la autonomía 
privada y constituye una manifestación más del principio de libertad de pactos que se 
hace patente en el mencionado artículo 1.323, posibilitando también la aplicación de este 
principio que, aun cuando no concurran los presupuestos de la norma del artículo 1.355, 
los cónyuges atribuyan la condición de gananciales a bienes que fueran privativos. e.
Ahora bien, es preciso para acudir a la vía del 1355 C.C. que la atribución de  w.b
ganancialidad se haga en el mismo momento de la formalización de la adquisición. 16ww
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alcanzado tal finalidad directamente, y por aplicación del artículo 1.355 del Código Civil,
con la primera escritura otorgada, la cual, complementada con un acta de notoriedad 
acreditativa de que quien interviene en ella como transmitente es tenido por dueño, 
hubiera tenido perfecta virtualidad inmatriculadora.
Todos estos argumentos estaban centrados en la coetaneidad de las dos escrituras, 
y pierden peso cuando ha transcurrido un año entre la compraventa y la aportación a la 
sociedad de gananciales, pues en este caso ya sí es necesario un desplazamiento 
causal expreso en favor de la sociedad de gananciales, sin ser suficiente la vía del 
artículo 1355 C.C.
6.  Como ha recordado este centro directivo (véase resolución de 11 de mayo 
de 2016) no hay que confundir el pacto de atribución de ganancialidad recogido en el 
artículo 1355 del Código Civil y el negocio de aportación de bienes del patrimonio 
privativo de cualquiera de los cónyuges al patrimonio común ganancial. Como ha puesto 
de relieve, tanto el Tribunal Supremo (Sentencia de 3 de diciembre de 2015), como esta 
Dirección General (Resoluciones de 29 y 31 de marzo de 2010), se trata de figuras 
claramente distintas. Así, afirma la Resolución de 29 de marzo de 2010 que «(…) en el 
caso específico del pacto de atribución de ganancialidad previsto en el artículo 1355 del 
Código Civil, en puridad, no se produce un desplazamiento directo de bienes concretos 
entre masas patrimoniales diferentes, dado que aquellos son adquiridos directamente 
como bienes gananciales, por lo que a tal pacto, en rigor, no le son de aplicación las 
reglas  propias  de  la  transmisión  de  derechos,  sin  perjuicio  de  que  el  desequilibrio 
patrimonial  que  se  derive  del  empleo  de  bienes  o  dinero  privativo  para  costear  la 
adquisición genere a favor del patrimonio privativo del que estos procedan un derecho de 
reembolso para el reintegro de su valor actualizado en el momento de su liquidación, 
conforme a lo previsto en el artículo 1358 del Código Civil, salvo que la atribución de 
ganancialidad se efectúe en compensación a otra atribución equivalente procedente del 
patrimonio privativo del otro cónyuge, como fórmula de pago de un crédito ganancial, por 
pura liberalidad o por cualquier otra causa lícita distinta de las anteriores. En este sentido 
se debe afirmar que si bien el pacto del artículo 1355 del Código Civil no constituye, 
como se ha dicho, un negocio traslativo del dominio sometido a las reglas comunes de 
esta categoría negocial, sino un negocio atributivo especial, no por ello cabe afirmar que 
tenga un carácter abstracto, sino que está dotado de una causa propia, legalmente 
contemplada, que va implícita en el propio acuerdo de voluntades y permite diferenciarlo 
de  esos  otros  negocios  jurídicos  propiamente  traslativos  del  dominio,  como  la 
compraventa, la permuta o la donación. Confluyen, por tanto, en el supuesto fáctico 
contemplado  por  el  artículo  1355  del  Código  Civil  dos  negocios:  el  que  vincula  al 
cónyuge o a los cónyuges adquirentes con el tercero, de carácter transmisivo, por una 
parte, y, por otra, el que surge del acuerdo de voluntades de los cónyuges, de carácter 
atributivo,  que  alterando  la  adscripción  patrimonial  que  resulta  de  las  reglas  sobre 
calificación de los bienes como privativos que se contienen en el Código Civil –que, por 
tanto, actúan con carácter dispositivo– sujeta el bien al peculiar régimen de afección 
propio  de  los  bienes  gananciales,  en  cuanto  a  su  administración,  disposición, 
aprovechamiento, cargas, responsabilidades y liquidación. Es precisamente la atención 
del interés lícito en ampliar el ámbito objetivo del patrimonio ganancial, para la mejor 
satisfacción de las necesidades de la familia, lo que justifica la atribución patrimonial 
contemplada  en  dicha  norma  legal,  sin  que  sea  necesario  siquiera  expresar  la 
onerosidad o gratuidad de dicho negocio atributivo, pues éste dará lugar –salvo pacto en 
contrario– al reembolso previsto en del artículo 1358 del Código Civil, exigible al menos 
en el momento de la liquidación, y que no es propiamente precio (cfr. la Sentencia del  e.
Tribunal Supremo –Sala Tercera– de 2 de octubre de 2001)». w.b
Por su parte, con respecto a la aportación a la sociedad de gananciales, se ha  16ww
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los cuales no puede desconocerse el negocio de aportación de derechos concretos a
una comunidad de bienes no personalizada jurídicamente o de comunicación de bienes 
como categoría autónoma y diferenciada con sus propios elementos y características–, y 
cuyo  régimen  jurídico  vendrá  determinado  por  las  previsiones  estipuladas  por  los 
contratantes dentro de los límites legales (artículos 609, 1255 y 1274 del Código Civil) y 
subsidiariamente por la normativa del Código Civil, siendo preciso que los elementos 
constitutivos del negocio de aportación por el que se produce el desplazamiento entre los 
patrimonios  privativos  y  el  consorcial,  y  especialmente  su  causa  que  no  puede 
presumirse a efectos registrales (vid. artículos 1261.3.º y 1274 y siguientes del Código 
Civil), han de quedar debidamente exteriorizados y precisados en el título inscribible. Y 
todo ello sin perjuicio de que dicha exigencia de especificación causal del negocio ha de 
ser interpretada en sus justos términos, siendo suficiente que se mencione la onerosidad 
o gratuidad de la aportación o que la misma resulte o se deduzca de los concretos 
términos empleados en la redacción de la escritura, interpretados en el contexto de la 
finalidad que inspira la regulación de los referidos pactos de atribución de ganancialidad 
tendentes  a  ampliar  el  ámbito  objetivo  del  patrimonio  consorcial,  para  la  mejor 
satisfacción de las necesidades de la familia, en el marco de la relación jurídica básica –
la de la sociedad de gananciales, cuyo sustrato es la propia relación matrimonial–.
En este sentido recuerda la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Primera) de 3 de 
diciembre  de  2015  que:  «No  es  necesario  recordar,  con  la  cita  de  las  sentencias 
referidas, que esta Sala exige la existencia de causa verdadera y licita en los negocios 
jurídicos de derecho de familia, por aplicación artículo 1276 del Código Civil, pero, contra 
lo manifestado por la parte recurrente, la sentencia impugnada no es que aluda a una 
"causa matrimonii" como justificante de la atribución patrimonial de bienes privativos de 
uno de los cónyuges a la sociedad de gananciales como nuevo género distinto de la 
causa  onerosa,  remuneratoria  o  gratuita  (artículo  1274  del  Código  Civil),  sino  que 
integrándola  dentro  de  esta  última  categoría  –causa  de  liberalidad–  le  atribuye 
características distintas derivadas de la especial relación personal que existe entre los 
cónyuges».
7.  En definitiva no concurren los elementos necesarios para poder inferir la creación 
instrumental de documentación ad hoc para procurar la inmatriculación eludiendo los 
requisitos legales (ni la coetaneidad o proximidad de ambos negocios, ni la inexistencia 
de título original de adquisición, ni hay transmisiones circulares, ni el nulo o bajo coste 
fiscal de la operación) pues existe doble título traslativo público, ha pasado más de un 
año entre ambas transmisiones –que es el criterio fijado legalmente al efecto–, no 
termina  siendo  titular  quien  inicialmente  lo  transmitió,  no  se  encubre  un  pacto  de 
atribución de ganancialidad ex artículo 1355 C.C. dado el tiempo transcurrido entre la 
adquisición y la aportación; y se ha tributado lo correspondiente a cada negocio jurídico 
documentado.  A  este  respecto  debe  recordarse  que  la  mera  exención  fiscal  de  la 
aportación a la sociedad de gananciales, no es elemento suficiente para deducir la 
creación instrumental ad hoc (véase la Resolución de 5 de septiembre de 2018). Por 
tanto, el defecto no puede ser confirmado.
Atendiendo  a  las  circunstancias  de  hecho  y  a  los  Fundamentos  de  Derecho 
expuestos, esta Dirección General ha acordado la estimación del recurso y la revocación 
de la nota de calificación.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el 
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las  e
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de  bo
la Ley Hipotecaria. 16ww
PúbMlicaad, rSido, fí1a2 P udeen tjeu nSioa ndtiea g2o0.20.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe