BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 231 Lunes 27 de septiembre de 2021 Sec. III.   Pág. 117778
III. OTRAS DISPOSICIONES
CORTES GENERALES
15643 Resolución de 18 de mayo de 2021, aprobada por la Comisión Mixta para las 
Relaciones  con  el  Tribunal  de  Cuentas,  en  relación  con  el  Informe  de 
fiscalización de los expedientes de reconocimientos extrajudiciales de crédito 
aprobados por las entidades locales en el ejercicio 2018.
La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en su sesión del 
día 18 de mayo de 2021, a la vista del Informe remitido por ese Alto Tribunal acerca del 
Informe de fiscalización de los expedientes de reconocimientos extrajudiciales de crédito 
aprobados por las entidades locales en el ejercicio 2018, acuerda:
1.  Asumir  el  contenido  del  citado  Informe,  así  como  sus  conclusiones  y 
recomendaciones.
2.  Instar al Gobierno a:
– Seguir las recomendaciones del Informe emitido por el Tribunal de Cuentas.
– Proceder a la revisión normativa de la figura del reconocimiento extrajudicial de 
crédito concretando de manera taxativa los supuestos excepcionales en los que puede 
ser aplicado, a fin de evitar su utilización irregular; así como de impedir la utilización de 
esta figura como una fórmula alternativa al procedimiento de revisión de los actos nulos, 
lo  cual  no  está  admitido  en  nuestro  ordenamiento.  Y  regular  su  procedimiento, 
garantizando los siguientes extremos:
a)  Que su aprobación corresponde al máximo órgano de la entidad local que tiene 
atribuida la competencia de aprobación del presupuesto y es decisor del destino de los 
fondos de la hacienda local, de acuerdo con la atribución de competencias de los arts. 50 
y 70 del Real Decreto 2568/1986, con las particularidades aplicables en las entidades a 
las que es de aplicación el Título X de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local.
b)  Su utilización como instrumento de imputación presupuestaria exclusivo de las 
obligaciones que no deriven de gastos debidamente adquiridos a los que se refiere el 
artículo 176.2.b) del Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y den lugar a un 
supuesto de nulidad de pleno derecho, con independencia de que se hubiera instado o 
no la revisión de oficio de los actos dictados con infracción del ordenamiento.
c)  Que, durante la tramitación del procedimiento se incorpore la información que 
pueda aportar el órgano gestor, así como el Servicio Jurídico de la entidad, con carácter 
previo a que la Intervención local emita el correspondiente informe en los mismos 
términos establecidos en el artículo 28.2.e) del Real Decreto 424/2017.
d)  Que, en la tramitación del expediente se establezca el procedimiento para instar 
las medidas pertinentes para la exigencia de responsabilidades a las autoridades y 
personal al servicio de la Administración local, previstas en la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y en la 
disposición adicional vigésimo octava de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos  es
del  Sector  Público,  por  la  que  se  transponen  al  ordenamiento  jurídico  español  las  o
fDeibrerecrtiov adse  d2e0l1 4P.arlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de  2021-15643n https://www.
3.  Instar las entidades locales a:
– Seguir las recomendaciones emitidas por el Tribunal de Cuentas.
– Establecer,  en  las  bases  de  ejecución  del  presupuesto,  el  procedimiento  de 
aprobación de los reconocimientos extrajudiciales de crédito, limitando su utilización para 
la imputación al presupuesto de obligaciones que, en origen, fueran indebidamente 
comprometidas y den lugar a un supuesto de nulidad de pleno derecho; y disponiendo, 
con carácter exclusivo, la competencia para su aprobación al Pleno como máximo 
órgano de la entidad para autorizar la imputación a presupuesto de estas obligaciones.
– Las  obligaciones  de  ejercicios  anteriores  que  se  hubieran  comprometido  de 
acuerdo con la normativa de aplicación –o cuyos vicios se hubieran subsanado por 
tratarse de supuestos de anulabilidad-, no deberían tramitarse como reconocimientos 
extrajudiciales y se deberían llevar a presupuesto previa incorporación de los créditos 
correspondientes, según disponen los artículos 176.2.b) del Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales y el 26.2.b) del Real Decreto 500/90, tramitándose, en caso de ser 
necesario, la correspondiente modificación presupuestaria.
– El procedimiento de tramitación de estos expedientes debería incluir al menos:
a)  La designación del Pleno como órgano competente para su aprobación, como 
máximo órgano de la entidad el responsable de autorizar la imputación a presupuesto de 
estas obligaciones.
b)  La necesidad de que, en la tramitación del procedimiento, el órgano gestor deba 
aportar un informe sobre las causas que han generado el Registro Electrónico Común, el 
Servicio Jurídico de la entidad se pronuncie sobre la procedencia de instar la revisión de 
oficio  y  la  Intervención  local  emita  un  informe  de  acuerdo  con  las  previsiones  del 
artículo 28.2.e) del Real Decreto 424/2017.
c)  El informe del interventor, al apreciar la posibilidad y conveniencia de la revisión 
de oficio de los actos dictados con infracción del ordenamiento a que se refiere el 
artículo 28.2.e) del Real Decreto 424/2017, atendiendo al artículo 110 de la Ley 39/2015, 
de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones 
Públicas, deberá valorar la aplicación del principio de enriquecimiento sin causa, además 
de otras circunstancias como pudiera ser su carácter recurrente o el perjuicio del interés 
público derivado de la suspensión inmediata del servicio.
– Hacer un uso excepcional de la figura del reconocimiento extrajudicial de crédito, 
evitando un uso generalizado o descontrolado que conlleve el incumplimiento de la 
normativa  presupuestaria  y  contable  reflejo  de  una  gestión  poco  eficaz  o  poco 
transparente.
– Establecer los procedimientos necesarios para que se haga efectiva la exigencia 
de las posibles responsabilidades derivadas de los incumplimientos de la Ley 19/2013, 
de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, 
del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público o de la normativa presupuestaria de 
aplicación,  que  se  concretan  fundamentalmente  en  el  compromiso  de  obligaciones 
adquiridas sin cobertura contractual o sin consignación presupuestaria.
– Establecer procedimientos de gestión en relación con los gastos de menor cuantía 
que eviten la falta de consignación presupuestaria cuando se genere la obligación, de tal 
forma que las Bases de Ejecución del presupuesto deberán prever la retención de  s
crédito cuando se tramitan contratos menores y cuando se libran los fondos a través del  oe.
dtpreráo mce–eijte edErsicml iacidbeioeon, r taocimro  dnpye  u eaatlap nocrtoiibócbjinepa torivd  udoene  da gce aa insnjastoo trfrsimuj acae.cl iizóinangr  qryeu seeos strae bgalule lcepe rlrea slsau sop pufeeecrshatoac isod nleíeml si eteaje  prrecaiarcaliio zr aerca oalirz racieiren lrtorees,    2021-15643n https://www.
facilitando que los gastos e ingresos ejecutados se apliquen al presupuesto del ejercicio
corriente,  y  se  garantice  la  correcta  aplicación  de  los  principios  de  imputación 
presupuestaria, devengo y anualidad presupuestaria.
– Adoptar instrucciones que regulen las operaciones a realizar a cierre de ejercicio, 
con el objetivo de normalizar y planificar la fecha límite para proponer la iniciación de 
procedimientos de gasto, para aplicar una factura al presupuesto en curso, así como 
para aplicar gastos al ejercicio a cerrar, y el procedimiento a seguir con aquellas facturas 
expedidas en diciembre del ejercicio precedente pero de entrada en los registros en 
enero  del  año  siguiente,  respetando  el  principio  de  devengo  y  la  anualidad 
presupuestaria.
– Implementar mecanismos que garanticen la adecuada conexión entre los registros 
administrativos y los registros contables para reducir el riesgo de errores, retrasos e 
incidencias en su tramitación.
– Establecer procedimientos de gestión que permitan conocer la evolución de las 
prestaciones en curso y el desarrollo de su ejecución, de forma que sea posible hacer un 
seguimiento de las facturas pendientes y evitar la posible demora de su tramitación, que 
puede condicionar la ejecución del presupuesto.
– Identificar las causas estructurales y organizativas y las prácticas de gestión que 
originan  recurrentemente,  mediante  la  aplicación  del  reconocimiento  extrajudicial  de 
créditos, la imputación al presupuesto del ejercicio corriente de gastos de ejercicios 
anteriores derivados de actos administrativos en los que concurren causas de nulidad, al 
objeto de que puedan adoptarse las medidas para remover los obstáculos que las 
ocasionan y, en su caso, exigirse las responsabilidades que pudieran derivarse de dichos 
incumplimientos.
– Acordar y aplicar medidas de gestión del gasto público que fomenten e incentiven 
la imputación a presupuesto y contabilización de todas las obligaciones por parte de las 
entidades locales, para conseguir la máxima transparencia y fiabilidad de la información 
que se proporciona para la elaboración de los datos sobre necesidad y capacidad de 
financiación.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo de 2021.–El Presidente de la 
Comisión, Santos Cerdán León.–El Secretario Primero de la Comisión, Jesús Manuel 
Alonso Jiménez.
TRIBUNAL DE CUENTAS
Nº 1.415 
INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE 
RECONOCIMIENTOS EXTRAJUDICIALES DE CRÉDITO APROBADOS 
POR LAS ENTIDADES LOCALES EN EL EJERCICIO 2018 
 
 
 
 
 
EL PLENO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS, en el ejercicio de su función fiscalizadora establecida 
en los artículos 2.a), 9 y 21.3.a) de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, 
y a tenor de lo previsto en los artículos 12 y 14 de la misma disposición y concordantes de la Ley 
7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, ha aprobado, en su sesión de 22 
de diciembre de 2020 el Informe de fiscalización de los expedientes de reconocimientos 
extrajudiciales de crédito aprobados por las entidades locales en el ejercicio 2018, y ha 
acordado su elevación a las Cortes Generales, así como al Gobierno de la Nación, según lo 
prevenido en el artículo 28.4 de la Ley de Funcionamiento. 
 
 
   
ÍNDICE 
INTRODUCCIÓN .
I.1. INICIATIVA DEL PROCEDIMIENTO .
I.2. ÁMBITO SUBJETIVO, OBJETIVO Y TEMPORAL.
I.2.1.   Ámbito subjetivo.
I.2.2.   Ámbito objetivo.
I.2.3.   Ámbito temporal.
I.3. TIPO DE FISCALIZACIÓN, OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTO.
I.4. MARCO LEGAL Y RÉGIMEN JURÍDICO.
I.5. RENDICIÓN DE CUENTAS.
I.6. TRÁMITE DE ALEGACIONES.
RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN.
II.1.  RECONOCIMIENTOS  EXTRAJUDICIALES  DE  CRÉDITO  APROBADOS  POR  LAS
ENTIDADES LOCALES EN EL ÁMBITO NACIONAL.
II.1.1.  Análisis de expedientes .
II.1.2.  Infracciones normativas y exigencia de responsabilidades.
II.2.   ANALISIS ESPECÍFICO DE LAS ENTIDADES DE LA MUESTRA.
II.2.1.  Alcázar de San Juan.
II.2.2.  Cáceres.
II.2.3.  Jumilla.
II.2.4.  Logroño.
II.2.5.  Mazarrón.
II.2.6.  Santander.
II.2.7.  Toledo .
CONCLUSIONES.
RECOMENDACIONES .
ANEXOS 
SIGLAS Y ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL INFORME 
ICAL  Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción 
del Modelo Normal de Contabilidad Local 
LFTCu  Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas 
LOEPSF  Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera 
LPAC  Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas 
LRBRL  Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local 
LRSAL  Ley  27/2013,  de  27  de  diciembre,  de  Racionalización  y  Sostenibilidad  de  la 
Administración Local 
LTAIPBG  Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Buen Gobierno 
LCSP  Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo 
y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 
LFTCU  Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas 
LOEPSF  Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera 
OCEX  Órgano de Control Externo 
TRLCSP  Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público. 
TRLRHL  Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.  
 
TRLRL  Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto 
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local. 
REC  Reconocimiento extrajudicial de crédito 
RCI  Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del 
control interno en las entidades del Sector Público Local 
ROF  Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.  
RDFHN  Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de  e.
los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional  w.
RELACIÓN DE CUADROS 
Cuadro  1.  REC aprobados en 2018 por Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos 
Insulares y Ayuntamientos de población superior a 5.000 habitantes por tipo 
de entidad y tramos de población. 
Cuadro  2.  REC aprobados en 2018 por Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos 
Insulares y Ayuntamientos de población superior a 100.000 habitantes por 
CCAA. 
Cuadro  3.  Muestra de expedientes por CCAA. 
Cuadro  4.  Clasificación  de  los  REC  en  obligaciones  debida  e  indebidamente 
comprometidas.  
Cuadro  5.  Obligaciones contabilizadas en la cuenta 413. Acreedores pendientes de 
aplicar a presupuesto a 31 de diciembre de 2017 por CCAA.  
Cuadro  6.  Obligaciones contabilizadas en la cuenta 413. Acreedores pendientes de 
aplicar a presupuesto a 31 de diciembre de 2017 por tramos de población.  
Cuadro  7.  Distribución de las obligaciones debidamente reconocidas según la causa.  
Cuadro  8.  Distribución  de  las  obligaciones  indebidamente  reconocidas  según  la 
irregularidad.  
Cuadro  9.  Porcentaje de distribución de las obligaciones indebidamente reconocidas 
según la irregularidad.  
Cuadro  10.  Distribución de las obligaciones indebidamente reconocidas según el tipo 
de gasto.  
Cuadro  11.  Porcentaje de distribución de las obligaciones indebidamente reconocidas 
según el tipo de gasto.  
Cuadro  12.  Obligaciones comprometidas sin cobertura contractual por tipo de gasto y 
pérdida de vigencia del contrato.  
Cuadro  13.  Porcentaje de las ORN tramitadas a través de REC.  
Cuadro  14.  Detalle obligaciones REC. Alcázar de San Juan.  
Cuadro  15.  Prestaciones facturadas sin cobertura contractual incluidas en el REC. 
Alcázar de San Juan.  
Cuadro 16.  Detalle de obligaciones REC. Ayuntamiento de Cáceres.  
Cuadro 17.  Detalle obligaciones REC. Ayuntamiento de Jumilla.  
Cuadro 18.  Prestaciones facturadas sin cobertura contractual incluidas en los REC. 
Ayuntamiento de Jumilla.   e.e
Cuadro 19.   Prestaciones  facturadas  sin  cobertura  contractual  incluidas  en  los  643ww
Cuadro 20.  eLAxiycpuietnadtcaieimónnitee dnset oR la EdsCe p .L rAeoysgutraoncñtiaoom.n  ieesn dtoe  dloes L RoEgCro sñion.  c obertura contractual en 2018.  OE-A-2021-15able en https://
Cuadro 21.  Detalle obligaciones REC. Ayuntamiento de Mazarrón.  
Cuadro 22  Obligaciones indebidamente comprometidas. Ayuntamiento de Mazarrón.  
Cuadro 23.  Licitación de las prestaciones sin cobertura contractual incluidas en el 
expediente analizado. Ayuntamiento de Mazarrón.  
Cuadro 24.  Prestaciones facturadas sin cobertura contractual incluidas en los REC. 
Ayuntamiento de Santander.  
Cuadro 25.  Licitación de las prestaciones del REC sin cobertura contractual en 2018. 
Ayuntamiento de Santander.  
 
 
RELACIÓN DE GRÁFICOS 
Gráfico  1  Distribución  entre  obligaciones  REC  debida  e  indebidamente 
reconocidas.  
Gráfico  2  Causas de irregularidad para cada tipo de gasto imputado a través de 
REC.  
Gráfico  3  Porcentaje de servicios y suministros indebidamente comprometidos 
respecto las ORN del capítulo 2.  
Gráfico  4  Obligaciones incluidas en el REC. Ayuntamiento de Alcázar de San Juan.  
Gráfico  5  Obligaciones incluidas en el REC. Ayuntamiento de Cáceres.  
Gráfico  6.  Obligaciones incluidas en los REC. Ayuntamiento de Jumilla.  
Gráfico  7.  Obligaciones incluidas en los REC. Ayuntamiento de Logroño.  
Gráfico  8.  Obligaciones incluidas en los REC. Ayuntamiento de Santander.  
 
 
 
 
   
  INTRODUCCIÓN 
La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local 
(LRSAL), a través de la modificación introducida por el artículo 218.3 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, estableció la obligación para los órganos de Intervención de las entidades locales 
de remitir al Tribunal de Cuentas los acuerdos contrarios a reparos y las principales anomalías de 
ingresos. La forma de dar cumplimiento a esta obligación se concretó en la Instrucción del Tribunal 
de Cuentas de 30 de junio de 2015, que, además, incluyó la obligatoriedad de remitir los expedientes 
con omisión de fiscalización previa. 
Posteriormente, con la entrada en vigor −el 1 de julio de 2018− del RD 424/2017, de 28 de abril, por 
el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local 
(RCI), se introdujeron importantes novedades en el control interno de las entidades locales al 
armonizar los procedimientos, alcance y técnicas a emplear por el sector público local con las 
empleadas por la Intervención General de la Administración del Estado, además de ocupar el vacío 
existente, en tanto, hasta su aprobación no existía en el ámbito local un desarrollo reglamentario en 
relación con el control interno de la gestión económico-financiera. 
Como consecuencia de este cambio normativo, el Tribunal de Cuentas dictó la Instrucción sobre 
remisión de información relativa al ejercicio del control interno de las entidades locales, que regula 
la información que los órganos de intervención local deben remitir al Tribunal de Cuentas a través 
de la Plataforma de Rendición de Cuentas de las Entidades Locales. 
La información enviada por los interventores locales se ha considerado de relevancia para la 
planificación  de  las  actuaciones  fiscalizadoras  del  Tribunal;  así,  en  el  ejercicio  2016  y  en 
coordinación con los órganos de control externo de las Comunidades Autónomas (OCEX), se llevó 
a cabo una fiscalización sobre los acuerdos contrarios a reparos, expedientes con omisión de 
fiscalización previa y principales anomalías de ingresos relativos a los ejercicios 2014 y 2015. 
Además, se han llevado a cabo otras seis fiscalizaciones sobre este mismo ámbito objetivo en 
relación con los territorios de las Comunidades Autónomas sin OCEX, así como respecto de la 
información remitida por los órganos de intervención de Canarias; el resto de OCEX llevó a cabo 
las fiscalizaciones correspondientes a su ámbito territorial; todas ellas se refirieron al ejercicio 2016. 
En las fiscalizaciones mencionadas se ha puesto de manifiesto una utilización recurrente de la figura 
del reconocimiento extrajudicial de crédito (REC), procedimiento del ámbito local en virtud del cual 
se realiza la imputación al presupuesto en vigor de obligaciones generadas en ejercicios anteriores. 
Se configura como excepción a la disciplina presupuestaria, en tanto la gestión del presupuesto 
está fundamentalmente marcada, además de por la especificidad de los créditos, por el principio de 
temporalidad anual, tal y como se define en los artículos 172, 173 y 176 del TRLRHL. No obstante, 
tal y como se detalla en el apartado destinado al marco jurídico y régimen legal, la actual regulación 
del reconocimiento extrajudicial de crédito presenta importantes carencias. 
Por otra parte, la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Buen Gobierno (LTAIPBG), incluye en su artículo 28, entre las infracciones muy graves en materia 
de  gestión  económico-presupuestaria,  aprobar  compromisos  de  gastos,  reconocimiento  de 
obligaciones y ordenación de pagos sin crédito suficiente para realizarlos o con infracción de lo 
dispuesto en la normativa presupuestaria que sea aplicable, circunstancias que se producen en una 
gran parte de los expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito. 
El uso frecuente de esta figura y la falta de un desarrollo normativo hacen que se haya considerado  e.
conveniente llevar a cabo la presente actuación fiscalizadora, de forma que se verifique la utilización  w.
de los reconocimientos extrajudiciales de crédito y se examinen las obligaciones que los conforman,  643ww
así como la posible exigencia de responsabilidades.
La fiscalización se ha desarrollado de forma coordinada entre el Tribunal de Cuentas y los OCEX 
debido al interés común en la materia. Se ha ejecutado sobre bases compartidas, según las 
especificaciones que se detallan en el apartado relativo a los procedimientos, lo que ha permitido 
extender el ámbito de la fiscalización a un mayor número de entidades, acuerdos y expedientes, 
facilitando un control más amplio y representativo. 
I.1.  INICIATIVA DEL PROCEDIMIENTO 
El Programa de Fiscalizaciones del Tribunal de Cuentas para el año 2019, aprobado por el Pleno 
de la Institución el 20 de diciembre de 2018, incluyó, en el Apartado III.5, entre las llevadas a cabo 
a iniciativa propia de acuerdo con lo previsto en el artículo 45 de Ley Orgánica 2/1982, de 12 de 
mayo,  del  Tribunal  de  Cuentas,  la  “Fiscalización  de  los  expedientes  de  reconocimientos 
extrajudiciales de crédito aprobados por las entidades locales en el ejercicio 2018”. 
La fiscalización quedó enmarcada en el ámbito del Plan Estratégico del Tribunal de Cuentas 2018-
2021, aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas el 25 de abril de 2018 y, en particular, en su 
objetivo estratégico 1. Contribuir al buen gobierno y a la mejora de la actividad económico-
financiera del sector público. Así, la fiscalización se fundamenta en los siguientes objetivos 
específicos 1.2. Fomentar buenas prácticas de organización, gestión y control de las entidades 
públicas,  tanto  en  su  medida  1.  –Desarrollar  fiscalizaciones  en  las  que  se  determinen  las 
irregularidades y deficiencias detectadas en la organización, gestión y control de las entidades 
públicas fiscalizadas, así como los progresos y buenas prácticas de gestión observadas–, como en 
su medida 3. –Fiscalizar actuaciones económico-financieras de relevancia y actualidad– y en el 
objetivo específico 1.3. Identificar y fiscalizar las principales áreas de riesgo, con especial hincapié 
en las prácticas que puedan propiciar el fraude y la corrupción, en especial, en su medida 1. 
−Desarrollar  fiscalizaciones  en  aquellos  ámbitos  en  los  que,  a  la  vista  de  las  actuaciones 
desarrolladas, entre otros, por los órganos de control interno, pudiera apreciarse la existencia de 
irregularidades que pudieran dar lugar a la exigencia de cualquier tipo de responsabilidad−. 
I.2.  ÁMBITO SUBJETIVO, OBJETIVO Y TEMPORAL 
I.2.1.  Ámbito subjetivo 
El ámbito subjetivo de la fiscalización está constituido por las diputaciones provinciales del conjunto 
del territorio nacional, los cabildos insulares de las Islas Canarias, los consejos insulares de las Illes 
Balears y los ayuntamientos. 
Se ha seleccionado una muestra integrada por las 38 diputaciones provinciales del conjunto del 
territorio nacional, los siete cabildos insulares de las Islas Canarias, los cuatro consejos insulares 
de las Illes Balears y 654 ayuntamientos de más de 5.000 habitantes, resultando un total de 703 
entidades. 
Los 654 ayuntamientos han sido seleccionados por el Tribunal de Cuentas y cada uno de los OCEX 
que han participado en la presente fiscalización coordinada, en cada caso en relación con su propio 
territorio. Se han analizado los ayuntamientos de población superior a 5.000 habitantes de las 
Comunidades Autónomas de Aragón (24 ayuntamientos), Galicia (113), Illes Balears (38), Madrid 
(81), Cantabria (21), Murcia (37), Extremadura (35), La Rioja (9) y Castilla-La Mancha (74), los 
ayuntamientos de más de 10.000 habitantes en las Islas Canarias (42), de más de 20.000 en 
Asturias (7), Cataluña (64), Comunidad Valencia (65) y en el País Vasco (19), de más de 25.000 en 
Castilla y León (13) y de más de 100.000 habitantes en Andalucía (12).  s
I.2.2.  Ámbito objetivo  643www.
Eapl ráombabditoo so ebnje t2iv0o1 8e sptoár  folarsm eandtoid paodre lso sq ueex pceodnifeonrmteas nd ee nr eácmonboitcoi msuiebnjetotisv oe xdtera ljau dfiiscciaalelizsa dceió ncr. éHdaitno 
sido también objeto de revisión los procedimientos de gestión y control de gastos, dirigiéndose 
específicamente a los gastos ejecutados sin crédito presupuestario. 
I.2.3.  Ámbito temporal 
El ámbito temporal de la fiscalización se extiende a la información correspondiente a los expedientes 
de reconocimientos extrajudiciales de crédito aprobados en 2018, sin perjuicio de que se efectúen 
los análisis y comprobaciones relativos a ejercicios anteriores o posteriores que se consideren 
relevantes. 
I.3.  TIPO DE FISCALIZACIÓN, OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTO 
Esta fiscalización tiene carácter horizontal. Se trata de una fiscalización de cumplimiento y operativa, 
en  tanto  sus  objetivos  se  dirigen  a  verificar  la  aplicación  de  las  disposiciones  legales  y 
reglamentarias que afectan a la materia analizada y al examen de determinados sistemas y 
procedimientos llevados a cabo por de las entidades. 
Constituyen los objetivos generales de esta fiscalización: 
1.  Determinar el importe y examinar la naturaleza de los gastos imputados a presupuesto a 
través de la aprobación de expedientes de reconocimientos extrajudiciales de crédito.  
2.  Examinar las obligaciones que conforman dichos expedientes, así como las causas que 
motivaron la falta de aplicación presupuestaria ordinaria y, en su caso, los procedimientos 
que hubieran dado lugar a la realización de obligaciones sin consignación presupuestaria. 
Se distinguirán las obligaciones que hubieran sido debidamente adquiridas en el ejercicio de 
procedencia, de aquellas otras que pudieran adolecer de vicios de anulabilidad o nulidad.  
3.  Analizar los procedimientos llevados a cabo para la aprobación de los reconocimientos 
extrajudiciales de crédito en las distintas entidades. 
4.  Respecto de los actos nulos que hubieran dado lugar a obligaciones reconocidas mediante 
reconocimientos extrajudiciales de crédito, verificar si se ha instado una revisión de oficio 
acudiendo a la vía de indemnización de daños y perjuicios derivada de la responsabilidad 
patrimonial de la Administración, o no se ha realizado ninguna actuación al margen del propio 
reconocimiento extrajudicial de crédito, así como, en su caso, la exigencia de algún tipo de 
responsabilidad subjetiva a algún órgano de gobierno o de intervención. 
Asimismo, se previó verificar la observancia de la normativa reguladora de la transparencia en todo 
aquello que, de conformidad con dicha regulación, pudiera tener relación con el objeto de las 
actuaciones fiscalizadoras.  
De acuerdo con los objetivos, la presente fiscalización se ha abordado desde una doble perspectiva. 
Por una parte, se ha realizado un examen global de los expedientes de reconocimiento extrajudicial 
de crédito, determinando los tipos de gasto que conforman estos expedientes y las causas para su 
tramitación a través de esta figura y, por otra, sobre una muestra de ayuntamientos, se ha 
desarrollado un análisis concreto de las circunstancias procedimentales y de control interno que 
culminan en la aprobación de este tipo de expedientes. 
El examen global está referido a todo el territorio español y se ha realizado de forma coordinada 
entre el Tribunal de Cuentas y los órganos de control externo de las diferentes Comunidades  e.e
Autónomas. En la segunda parte de la fiscalización, el Tribunal ha realizado el trabajo sobre siete  b
entidades seleccionadas en Comunidades Autónomas sin órgano de control externo propio.   643ww
Phao almaraso  lgeleenvntiaderai dada edcsa  abs oiltou slaa d trfaiassbc aaejlnoiz sal afcsisió cdnai fleeizrl aeTdnrotiebrseu snC.a oLl mad euo nbCitdueaendnceitóasns A  yeu sattónanábolliemscisaió sd  uesne lao hssa  ld ínlaleetovasas d cbooá rasre iccsaapsbo onp dapiroearn  dtleoassr    OE-A-2021-15able en https://
correspondientes órganos de control externo; estos resultados fueron trasladados al Tribunal de 
Cuentas, que realizó una labor de homogeneización y agregación. Los resultados derivados de este 
trabajo se integran en el presente Informe con el objetivo de lograr una visión de conjunto y permitir 
un análisis comparado, todo ello sin perjuicio de su exposición individualizada en los informes que 
pudiera aprobar cada una de las Instituciones. 
Los órganos de control que han tomado parte en la fiscalización han sido la Sindicatura de Comptes 
de la Comunitat Valenciana, la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias, la Sindicatura de 
Comptes de Catalunya, la Sindicatura de Cuentas de Illes Baleares, el Consejo de Cuentas de 
Castilla y León, la Cámara de Cuentas de Andalucía, el Consello de Contas de Galicia, la Audiencia 
de Cuentas de Canarias, el Tribunal de Cuentas Vasco, la Cámara de Cuentas de la Comunidad de 
Madrid y la Cámara de Cuentas de Aragón. El Tribunal de Cuentas ha efectuado las actuaciones 
fiscalizadoras correspondientes a las entidades locales de Comunidades Autónomas sin OCEX 
propio (Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, Región de Murcia y La Rioja). 
La Cámara de Comptos de Navarra no ha tomado parte en la fiscalización, manifestando que la 
figura de los reconocimientos extrajudiciales de crédito no está contemplada en la correspondiente 
normativa reguladora de la Comunidad Autónoma -Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas 
Locales de Navarra y Decreto Foral 270/1998, de 21 de septiembre, por el que se desarrolla la Ley 
anterior−, e informando de que, en las fiscalizaciones llevadas a cabo por esa institución, se ha 
observado  que  las  entidades  locales  de  la  Comunidad  Foral  de  Navarra  no  utilizan  los 
reconocimientos extrajudiciales de crédito. 
Para facilitar y homogeneizar la realización de los trabajos, se ha puesto a disposición de los 
diferentes órganos de control externo la sede electrónica del Tribunal de Cuentas para la recepción 
de la información estructurada. 
En esta fiscalización, el Tribunal de Cuentas y resto de Instituciones de control han llevado a cabo 
todas las pruebas y actuaciones que han considerado precisas para dar cumplimiento a los objetivos 
señalados anteriormente, utilizando los procedimientos y técnicas habituales de auditoría. En 
particular, se han aplicado las Normas de Fiscalización aprobadas por el Pleno del Tribunal de 
Cuentas el 23 de diciembre de 2013, con las modificaciones aprobadas posteriormente.  
En la fiscalización no se han producido limitaciones al alcance. 
I.4.  MARCO LEGAL Y RÉGIMEN JURÍDICO 
La normativa reguladora del régimen local, aplicable a lo largo del periodo objeto de la fiscalización 
y en relación con la materia fiscalizada, es principalmente la siguiente: 
-  Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local (LRBRL). 
-  Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido 
de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local (TRLRL). 
-  Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL). 
-  Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título 
sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales en 
materia de presupuestos (RD 500/90).  e.
-  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  643ww
-  AFLeidnyma niOncirisegtrráaan c(iciLoaOn eE2sP/ 2PS0úF1b)2.l i,c adse  (L2P7A Cde).  abril,  de  Estabilidad  Presupuestaria  y  Sostenibilidad  OE-A-2021-15able en https://
-  Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración 
Local (LRSAL). 
-  Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen 
Gobierno (LTAIPBG). 
-  Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP). 
-  Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen 
al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP).  
-  Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo 
Normal de Contabilidad Local (ICAL). 
-  Resolución de 15 de enero de 2020, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que 
se publica el Acuerdo del Pleno de 19 de diciembre de 2019, por el que se aprueba la 
Instrucción sobre remisión de información relativa al ejercicio del control interno de las 
entidades locales. 
La figura del reconocimiento extrajudicial de crédito 
El reconocimiento extrajudicial de crédito se utiliza generalmente como instrumento que posibilita la 
aplicación al presupuesto de obligaciones derivadas de compromisos de gastos de ejercicios 
anteriores que no han sido debidamente adquiridos. Sin embargo, pese a la abundancia de normas 
relativas a diferentes aspectos de la actividad económico-financiera de las entidades locales, no 
existe una normativa reguladora de esta figura, cuyo uso se ha constatado frecuente en las 
entidades locales.  
Se refieren a ellos los artículos 26.2 y 60.2 del RD 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla 
el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las 
Haciendas Locales en materia de presupuestos (RD 500/90), de cuya lectura conjunta se deduce 
la configuración de los REC como excepción al principio de temporalidad de los créditos: 
  El art. 26.2 señala que se podrán imputar a los créditos del presupuesto vigente “Las 
obligaciones procedentes de ejercicios anteriores a que se refiere el artículo 60.2 del 
presente Real Decreto” 
 
  Y, a su vez, el art. 60.2 indica que “Corresponderá al Pleno de la Entidad el reconocimiento 
extrajudicial  de  créditos,  siempre  que  no  exista  dotación  presupuestaria,  operaciones 
especiales de crédito, o concesiones de quita y espera”. 
Existen otras dos excepciones al principio de anualidad, que se contemplan en el propio artículo 
26.2 del RD 500/90 y también en el artículo 176 del TRLRHL, sin embargo, éste último no hace 
alusión a los reconocimientos extrajudiciales de crédito, y limita la aplicación a los créditos del 
presupuesto vigente a las siguientes obligaciones: 
a)  Las que resulten de la liquidación de atrasos a favor del personal que perciba sus retribuciones 
con cargo a los presupuestos generales de la entidad local.  e
b)  Las derivadas de compromisos de gastos debidamente adquiridos en ejercicios anteriores,  643ww
Eell  rPelpceronenovo ialca im inccioeomnrtppooe ertaexcntricóainjau  ddpieca irlaoals  de cel r ércedrcéitodonistoo ec tniam meielb sniéutonp  useeexs tmrtoae juendsctiicaoibnalale  dceiend  oce rle éandr itet o2l s3a, r dtsíecielu TmloRp 1Lr8eR2 Lq.3 uq.e u en oa treibxuisytea   OE-A-2021-15able en https://
dotación presupuestaria, así como en el 50.12 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales (ROF), si bien éste último no exige que el Pleno sea el órgano competente 
únicamente cuando se carece de consignación presupuestaria. 
Al margen de lo señalado, no existe ninguna otra normativa que se refiera a este instrumento, no 
estando regulados aspectos como los siguientes: 
  El procedimiento que se debe seguir para aprobar los reconocimientos extrajudiciales de crédito.  
  Los requisitos que han de tener las obligaciones para ser susceptibles de incluirse en un 
procedimiento de reconocimiento extrajudicial de crédito.  
I.5.  RENDICIÓN DE CUENTAS 
La sujeción al régimen de contabilidad pública establecida legalmente para las entidades locales en 
el artículo 114 de la LRBRL, desarrollada en el capítulo III, Título VI del TRLRHL, supone la 
obligación de rendir cuentas de sus operaciones, cualquiera que sea su naturaleza, al Tribunal de 
Cuentas, según establece el artículo 201 de dicho Real Decreto Legislativo. En iguales términos se 
manifiesta la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del 
modelo normal de contabilidad local, vigente en el ejercicio 2018. 
En el Anexo I se presentan los datos sobre el cumplimiento de la obligación de rendición de las 
cuentas generales de las entidades de la muestra en el ejercicio 2018 a 18 de diciembre de 2020, 
un año vencida la fecha límite de rendición de cuentas. 
De las 703 entidades, el Cabildo Insular de Fuerteventura y 24 ayuntamientos no han rendido su 
Cuenta General correspondiente al ejercicio 2018. El detalle de los Ayuntamientos es el siguiente: 
Cádiz, Huelva, Jaén, Marbella, Colindres, Medio Cudeyo, Reocín, Tarancón, Añover de Tajo, 
Casarrubios del Monte, Fuensalida, Quintanar de la Orden, Seseña, Castuera, Olivenza, Durango, 
Galdakao, Alhama de Murcia, Caravaca de la Cruz, Fuente Álamo de Murcia, Mazarrón, Moratalla, 
Mula y Arnedo. 
En relación con la obligación de rendición de la cuenta general de 2019 al Tribunal de Cuentas, en 
aplicación del artículo 48 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan 
medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-
19, el plazo de 15 de octubre previsto en el artículo 223.2 del TRLRHL queda ampliado hasta el 22 
de enero de 2021. 
I.6.  TRÁMITE DE ALEGACIONES 
En cumplimiento del artículo 44 de la de la LFTCu, el Anteproyecto de Informe se ha remitido a los 
representantes  de  las  entidades  analizadas  respecto  de  las  que  se  ofrecen  resultados 
particularizados en el Informe, para que alegasen y presentasen los documentos y justificaciones 
que estimaran convenientes.  
Asimismo, se ha enviado, con igual fin, a quienes ocuparon dicho cargo a lo largo del periodo 
fiscalizado  cuando  no  coincidieron  con  quienes  lo  hacían  en  el  momento  de  remisión  del 
Anteproyecto de Informe.  
Por lo que se refiere a las entidades de Comunidades Autónomas con órgano de control externo  bo
propio, el Tribunal de Cuentas les ha remitido, a efectos de alegaciones, aquellos resultados no  643ww
roseo cbmoieegntiid,d ooqssu e eas  pleaensc  íclfaoic rarfeemcsehpnaot nedd eeien nr letoeassl ii znaafloecrgiómance isod neqe ueses.,  t seo btrráem eisteta  nmoi shmaab ímana tesriidao h afinna elilzaabdoorasd oy  lpoos rO tCanEtXo,,   OE-A-2021-15able en https://
Se han recibido alegaciones, dentro del plazo otorgado, de 19 representantes actuales y de cuatro 
representantes  anteriores.  Las  alegaciones  recibidas  de  entidades  analizadas  por  los 
correspondientes OCEX han sido tratadas de forma conjunta con los técnicos de las respectivas 
Instituciones, comunicando, además, estas últimas que no se habían recibido alegaciones en 
relación con sus Informes que pudieran afectar a los resultados expuestos en el presente Informe. 
Las  alegaciones  recibidas  han  sido  objeto  del  oportuno  tratamiento,  dando  lugar  a  las 
modificaciones y precisiones en el Informe de Fiscalización que se han considerado procedentes. 
En relación con los criterios interpretativos y las valoraciones presentadas en las alegaciones que 
discrepan de los contenidos de aquel y que no han sido asumidos por este Tribunal de Cuentas, se 
ha incluido en el Informe una explicación sucinta de los motivos por los que el Tribunal mantiene su 
interpretación o valoración frente a lo expuesto en alegaciones. No se han realizado cambios ni 
valoraciones respecto de las alegaciones que explican, aclaran o justifican los resultados expuestos 
sin rebatir su contenido o que plantean opiniones sin soporte documental o normativo. 
  RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN 
La exposición de los resultados se presenta en dos subapartados diferenciados. El primero de ellos 
muestra los resultados relativos al análisis de los reconocimientos extrajudiciales de crédito 
referentes al conjunto del territorio nacional y son derivados del análisis realizado de forma 
coordinada por el Tribunal de Cuentas y los órganos de control externo.  
En el segundo, se exponen los resultados referentes a una muestra de entidades seleccionadas 
entre los ayuntamientos localizados en las Comunidades Autónomas sin órgano de control externo 
propio. 
II.1.  RECONOCIMIENTOS  EXTRAJUDICIALES  DE  CRÉDITO  APROBADOS  POR  LAS 
ENTIDADES LOCALES EN EL ÁMBITO NACIONAL 
Con el objeto de dar cumplimiento a los objetivos de este procedimiento fiscalizador se ha realizado 
un análisis de los reconocimientos extrajudiciales de crédito aprobados por una muestra de 
entidades que alcanza el 54 % de los ayuntamientos de España de más de 5.000 habitantes, así 
como al conjunto de diputaciones provinciales, cabildos y consejos insulares. 
La muestra de entidades ha sido seleccionada por cada uno de los órganos de control externo a 
partir del umbral mínimo de 100.000 habitantes según las características de cada ámbito territorial 
y de los propios municipios analizados. 
En el cuadro siguiente se detalla el número total e importe de los expedientes aprobados por cada 
una de estas entidades. Se muestran los datos agrupados por tipos de entidad y tramos de 
población, poniéndolos en relación con el total de obligaciones reconocidas netas que se han 
imputado al presupuesto del ejercicio 2018. 
Cuadro  1.  REC aprobados en 2018 por Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos 
Insulares y Ayuntamientos de población superior a 5.000 habitantes por tipo de entidad y 
tramos de población 
Entidades con REC    Comparación REC y ORN 
Tipo de Entidades  REC  ORN 
Entidades 
Muestra    
con REC  
N.º  Importe  Importe  % 
Diputaciones, Consejos y Cabildos  49  39    619  36.941.797  6.970.092.452  0,53 % 
Ayuntamientos  654  465    11.731  493.085.423  27.978.054.655  1,76 % 
  Más de 1.000.000  2  1    106  11.663.348  4.722.155.553  0,25 % 
  Entre 500.000 y 1.000.000  4  4    1.433  85.044.033  3.132.600.280  2,71 % 
  Entre 250.000 y 500.000  10  9    316  26.712.171  2.988.204.079  0,89 % 
  Entre 100.000 y 250.000  46  42    5.138  161.485.409  6.877.030.439  2,35 % 
  Entre 50.000 y 100.000  63  58    2.069  72.319.474  3.859.758.499  1,87 % 
  Entre 25.000 y 50.000  139  101    947  53.371.186  3.383.209.617  1,58 % 
  Entre 10.000 y 25.000  197  138    1.101  55.796.883  2.270.339.701  2,46 % 
  Entre 5.000 y 10.000  193  112    621  26.692.919  744.756.487  3,58 % 
TOTAL  703  504    12.350  530.027.220  34.948.147.107  1,52 % 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información remitida por las entidades. 
 
De las 703 entidades seleccionadas en la muestra no han aportado al Órgano de Control Externo 
autonómico correspondiente, información sobre los reconocimientos extrajudiciales de crédito 
aprobados  en  2018  nueve  Ayuntamientos  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Madrid  −Algete1, 
Brunete1, Campo Real, Colmenar de Oreja, Colmenarejo1, Cubas de la Sagra, Getafe, Miraflores de 
la Sierra1 y Paracuellos de Jarama−, dos de la Comunidad Valenciana −Moncada1 y Sagunto1− y el 
Ayuntamiento de Durango en el País Vasco. 
El  72  %  de  las  703  entidades  de  la  muestra  aprobaron  expedientes  de  reconocimientos 
extrajudiciales de crédito en el ejercicio 2018. Así lo hicieron 39 de las 49 diputaciones provinciales, 
consejos y cabildos insulares y 465 de los 654 ayuntamientos; en total, estas 504 entidades 
tramitaron 12.350 REC por un importe acumulado de 530.027.220 euros. 
Por lo que se refiere al origen de estos 12.350 expedientes de reconocimiento extrajudicial de 
crédito ha resultado lo siguiente: 
  El 27 % deriva de resoluciones de la Presidencia de la entidad o del Pleno por las que se 
acuerdan actos contrarios a los reparos formulados por los órganos de Intervención. 
  El 12 % son consecuencia de acuerdos de los órganos de gobierno por los que se decide 
continuar con el procedimiento, a pesar de constar una omisión de fiscalización. 
  El 61 % restante fueron aprobados sin que se hubiera tramitado un acuerdo contrario a 
reparo ni se hubiera emitido informe por omisión de fiscalización. 
Del análisis que se ha realizado de estos expedientes se deduce que una misma actuación ha dado 
lugar a tramitaciones diferentes en las distintas entidades; así, facturas generadas sin la tramitación  e
                                                  w.
1rMe Disrapuferlaocnrtietvesa  medle et rnláatem S irtieeec rdroaen, o aMcleiomgniacecanidotoans e yse ,Sx ltaoragsj uuóndrtgioca iainnloefossr  dmdeea  Ircnortnée drdvieteo n qpcuoióern  dl oduser a slnoigtseu  Aieeyln uetenjestar cimmicipeioon rt2toe0ss1 :d8 9e l3 aA.s0l g5ee8nt,et2id,0 aB, dr4ue.n0se 9ht1ea,,b7 Cí5a,o n1l m4tre.a5nm7a4irt,ae5djo0o,,  
5p4o3st.e0r1io3r,1id6a,d  2a8 l8a. 7fi4n9a,l8iz6a cyió n7 4d9e. 1lo5s5 ,t5ra8b aejuorso.s . Estos expedientes no han sido analizados por haberse remitido con
del correspondiente contrato han derivado, en algunas entidades, en expedientes con omisión de 
fiscalización, mientras que en otros casos, la resolución por la que se determina la imputación de 
estas facturas a presupuesto, se ha definido como acuerdo contrario a reparo, al considerar el 
órgano de Intervención que el informe en el que se ponía de manifiesto la omisión, tenía la 
naturaleza de fiscalización previa. Incluso en muchos otros casos, esta misma actuación daba lugar 
a la imputación de las facturas a presupuesto a través de un REC sin que mediara informe de reparo 
o de omisión por parte del órgano de Intervención. 
Esta indefinición deriva, en gran parte, de la falta de regulación que, hasta la entrada en vigor del 
RCI −1 de julio de 2018− había respecto de la tramitación de los expedientes con omisión de 
fiscalización. A partir de dicha fecha, se concretan los supuestos en los que deben emitirse estos 
informes y se precisa que no tienen naturaleza de fiscalización. Sin embargo, el mencionado 
reglamento no ha abordado la regulación de los reconocimientos extrajudiciales de crédito, que, 
hasta la fecha de emisión del presente Informe, no cuentan con un procedimiento establecido en la 
norma.  
Según se observa en el cuadro 1, el 1,52 % del total de obligaciones reconocidas netas fueron 
imputadas a presupuesto a través de reconocimientos extrajudiciales de crédito.  
Los porcentajes más elevados corresponden a los ayuntamientos de menor población; no obstante, 
en algunas entidades más grandes la ratio de obligaciones tramitadas a través de REC fue muy 
superior a la media, lo que hace que los porcentajes reflejados en el cuadro no muestren en todos 
los tramos la tendencia generalizada de que los ayuntamientos menores hacen un mayor empleo 
de los reconocimientos extrajudiciales en relación con sus ORN. 
Esta situación es especialmente destacable en el Ayuntamiento de Zaragoza (tramo de población 
entre 500.000 y 1.000.000 habitantes), que imputó a través de este procedimiento el 7,46 % de las 
ORN.  
En relación con el tramo de población entre 100.000 y 250.000 habitantes, diversos ayuntamientos 
tuvieron unas ratios muy superiores a la media en imputación de obligaciones a presupuesto a 
través de reconocimientos extrajudiciales de crédito en relación con sus ORN; es el caso de 
Leganés −14,54 %−, Marbella −12,24 %−, Jaén −9,68 %−, Castellón de la Plana −6,98 %−, Burgos 
−6,48 %− y Torrejón de Ardoz −5,26 %−. 
Entre los municipios de menor población tuvieron una mayor imputación de obligaciones a través 
de la aprobación de reconocimientos extrajudiciales los Ayuntamientos de Melide, Porto do Son, 
Cambre, Boiro, Coristanco, Ferrol, Santiago de Compostela, Bueu, Redondela, Muro, Mos y 
Cambados (Galicia), Benicarló (Comunitat Valenciana), Alcáñiz, Alagón, Cuarte de Huerva, Jaca, 
La Puebla de Alfinden, Utebo (Aragón), Capdepera y Pobla Sa (Illes Balears), Cercedilla y El Álamo 
(Madrid) y Ávila (Castilla y León). 
En el Anexo II se detalla el conjunto de entidades cuya imputación de obligaciones al presupuesto 
mediante REC superó el 5 % del total de obligaciones reconocidas. 
En el cuadro siguiente se muestran, por Comunidades Autónomas, estos datos de las Diputaciones 
Provinciales, los Consejos y Cabildos Insulares y los Ayuntamientos de población superior a 
100.000 habitantes. 
Cuadro  2.  REC aprobados en 2018 por Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos 
Insulares y Ayuntamientos de población superior a 100.000 habitantes por CCAA 
Entidades con REC    Comparación REC y ORN 
Comunidad Autónoma  REC  ORN 
Entidades con 
Muestra    
REC 
N   º  Importe  Importe  % 
Andalucía  20  19    4.103  80.483.811  4.831.326.925  1,67 
Aragón  4  4    1.247  54.940.798  985.560.595  5,57 
Canarias  11  10    183  14.070.939  2.812.569.314  0,50 
Cantabria  1  1    3  8.715.906  181.868.977  4,79 
Castilla y León  13  11    166  26.887.118  1.343.346.082  2,00 
Castilla-La Mancha  6  6    98  3.339.579  586.142.571  0,57 
Cataluña  15  9    238  11.780.480  1.438.601.610  0,82 
Comunidad de Madrid  10  9    705  49.877.481  5.886.942.092  0,85 
Comunitat Valenciana  7  7    333  40.635.216  2.500.224.438  1,63 
Extremadura  3  3    11  1.562.283  424.214.882  0,37 
Galicia  7  3    40  3.370.337  478.074.035  0,70 
Illes Balears  5  5    276  17.044.632  1.042.547.931  1,63 
La Rioja  1  1    129  4.663.441  146.503.790  3,18 
País Vasco  4  3    53  2.083.253  970.921.000  0,21 
Principado de Asturias  2  2    6  694.423  482.814.177  0,14 
Región de Murcia  2  2     21  1.697.061  578.424.384  0,29 
Total  111  95    7.612  321.846.758  24.690.082.803  1,30 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información remitida por las entidades. 
 
Los mayores porcentajes de obligaciones imputadas al presupuesto a través de reconocimientos 
extrajudiciales de crédito corresponden a las Comunidades Autónomas de Aragón (5,57), Cantabria 
(4,79), La Rioja (3,18), Castilla y León (2), Andalucía (1,67) y Comunitat Valenciana (1,63). Las que 
presentan ratios más elevados en relación con las obligaciones del capítulo 2 son Andalucía, 
Aragón, Cantabria, Castilla y León, Comunitat Valenciana, Illes Baleares y La Rioja. 
II.1.1.  Análisis de expedientes 
Con el fin de realizar un análisis de los tipos de gasto que conforman estos expedientes −prestación 
de  servicios,  adquisición  de  suministros,  realización  de  obras,  personal,  otorgamiento  de 
subvenciones y transferencias u otro tipo de gasto− y determinar la causa por la que no se ha 
seguido la tramitación presupuestaria ordinaria, se ha seleccionado una muestra sobre los 12.359 
expedientes, cuyo importe global es de 530.868.880 euros. 
La muestra seleccionada es de 798 expedientes −265.198.562,29 euros− de 410 entidades, lo que 
representa el 6 % de expedientes y el 50 % del importe. 
La selección de expedientes se ha realizado por cada uno de los órganos de control externo a partir 
de una aplicación combinada del importe del expediente y del tamaño de la entidad, considerando 
otros factores como la relevancia del tipo de gasto en la entidad y la especial significación del  e.
expediente. El detalle de expedientes por CCAA se muestra en el siguiente cuadro:  w.b
Cuadro  3.  Muestra de expedientes por CCAA 
EXPEDIENTES ANALIZADOS 
Comunidad Autónoma  N.º de entidades que 
N.º  Importe   han aprobado los 
REC 
Andalucía  93  55.250.447,12  19 
Aragón  70  9.987.982,00  24 
Canarias  65  18.734.170,79  36 
Cantabria  10  9.229.379,01  8 
Castilla La Mancha  37  9.864.231,39  28 
Castilla y León  37  22.480.465,46  19 
Cataluña  88  16.597.895,25  43 
Comunidad de Madrid  80  36.377.666,30  51 
Comunitat Valenciana  88  38.151.547,86  57 
Extremadura  12  1.953.345,67  11 
Galicia  79  19.595.381,94  44 
Illes Baleares  57  15.490.345,34  35 
La Rioja  4  971.897,97  3 
País Vasco  27  2.084.388,36  11 
Principado de Asturias  31  1.820.318,20  5 
Región de Murcia  20  6.609.099,63  16 
Total  798  265.198.562,29  410 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información remitida por las entidades. 
 
Se ha analizado la causa por la que estas obligaciones no fueron imputadas al presupuesto en el 
ejercicio en que se generaron, apreciándose desde un retraso en la tramitación de un expediente 
iniciado a la finalización del año anterior, hasta gastos comprometidos sin crédito adecuado y 
suficiente y prescindiendo del procedimiento legalmente establecido, independientemente de la 
realización de la prestación por el tercero. 
Se han considerado debidamente comprometidos los gastos en los que se produjo alguna o varias 
de las siguientes circunstancias: 
  Facturas presentadas fuera de plazo. 
  Retraso en la tramitación del expediente, bien como consecuencia de demoras de la propia 
entidad local o derivado de defectos que no conllevaban nulidad de las actuaciones y fueron 
subsanados. 
  Expedientes con omisión de fiscalización previa sin que concurrieran supuestos de nulidad 
de las actuaciones cuando detectada dicha omisión, el órgano competente acordó continuar 
con el procedimiento. 
Por otra parte, se han considerado obligaciones indebidamente comprometidas las adquiridas de  o
forma irregular por haberse generado con incumplimiento de la normativa de aplicación. Son  643www.
aquellas en las que concurre alguna o varias de las situaciones siguientes en su tramitación, sin 
perjuicio de la efectiva realización de las prestaciones: 
  Gastos comprometidos sin la correspondiente licitación de un contrato cuando éste fuera 
preceptivo. 
  Obligaciones comprometidas sin crédito. 
  Prestaciones que exceden del objeto del contrato que las debiera amparar y para las que no 
se ha tramitado la correspondiente modificación contractual. 
  Prestaciones que tienen cabida en un contrato menor, pero para las que no se ha seguido 
la tramitación prevista en el artículo 118 de la LCSP y esta deficiencia no ha sido subsanada. 
  Otras circunstancias por las que, a pesar de haberse realizado la prestación, no se ha 
producido la imputación ordinaria a presupuesto y que son distintas a las que generan 
obligaciones que se han calificado de debidamente comprometidas. 
Pese a no ser las obligaciones imputadas al presupuesto en el ejercicio en que se generan, la ICAL 
establece la obligatoriedad de contabilizarlas extrapresupuestariamente en el ejercicio en que 
nacen. 
La cuenta prevista en el plan contable aplicable a la administración local para la contabilización de 
estas obligaciones es la cuenta 413.  Acreedores pendientes de aplicar a presupuesto2, que se 
define como cuenta acreedora que recoge las obligaciones derivadas de gastos realizados o bienes 
y servicios recibidos, para las que no se ha producido su aplicación a presupuesto, siendo 
procedente la misma. 
Por lo tanto, el requisito que se exige a las obligaciones para su contabilización en esta cuenta es 
que se trate de obligaciones cuyo vencimiento corresponde al mismo presupuesto en el que se 
generó, pero que no se ha podido realizar su imputación por no contar con la acreditación 
documental de la realización de la prestación o del derecho del acreedor de conformidad con los 
acuerdos que, en su día, aprobaron y comprometieron el gasto.   
La aplicación de esta cuenta sigue el principio de devengo, es decir, que aunque no se disponga de 
todos los requisitos documentales para la imputación presupuestaria de la obligación, se exige la 
contabilización del gasto en el ejercicio y, además, el registro del correspondiente pasivo en el 
balance. 
En el cuadro siguiente se muestra el montante de obligaciones imputadas a presupuesto por las 
entidades locales de las diferentes CCAA según hayan sido comprometidas regular o irregularmente 
en atención a lo indicado. Además, se detalla si las obligaciones proceden del propio ejercicio 2018 
o son de ejercicios anteriores y si constan contabilizadas en la cuenta 413. Acreedores pendientes 
de aplicar a presupuesto. 
                                                  w.
2yIn 1Ls7atr8 u2Oc/c2rdi0oe1nn3e ,sH d AedC e2/ 01l 3od6se 4 sm/2eo0pd1tie8el,mo dsbe r ne1o, 2rq mudeae l  ednyic trisóei mmenbp rlivefii,cg aopdro ore  ll ad1 e qd uece oe nnsteea rbomi ldoideda ifd2ic 0al1on9c ,al oml,s o apdpliafricnoóeb asla dd auest i lcipzuaoecrn itólaanss  d loeÓc lraadl eecnsu eeasnn taeH x4Ao1Ps3 /1,a 7 ql8uae1s  
dpaesvae nag addeon oam 3i1n adres ed iAcicermeebdreo,r eess tpéonr  oo npoe rvaecniocnideass d. evengadas, y pasa a incluir todas las obligaciones que se hubieran
Cuadro  4.  Clasificación de los REC en obligaciones debida e indebidamente 
comprometidas. 
DEBIDAMENTE 
  INDEBIDAMENTE COMPROMETIDAS 
COMPROMETIDAS 
Total facturas 
Comunidad 
REC 
Autónoma  Importe  Importe 
analizadas  Ejercicios 
Importe (1)  contabilizado    2018  Importe total  contabilizado 
anteriores 
en la 413  en la 413 
Andalucía  54.781.553,56  5.190.432,88  Sin datos      48.076.996,10  1.514.124,58  49.591.120,68  40.056.272,63 
Aragón  9.987.982,56  614.024,94  340.795,53    1.346.075,75  8.027.881,87  9.373.957,62  948.938,89 
Canarias  18.734.170,79  2.019.911,86  682.371,64    14.237.552,29  2.476.706,64  16.714.258,93  3.240.721,63 
Cantabria  9.229.379,01  392.159,14  41.141,51    976.213,07  7.861.006,80  8.837.219,87  819.756,21 
Castilla y León  22.251.928,78  660.996,08  0,00    5.530.083,70  16.060.849,00  21.590.932,70  2.274.451,67 
Castilla-La 
9.864.231,39  4.803.482,05  1.055.841,92    3.634.626,80  1.426.122,54  5.060.749,34  2.128.226,37 
Mancha 
Cataluña  16.507.681,63  3.044.582,34  2.072.693,35    8.712.567,77  4.750.531,52  13.463.099,29  6.161.213,90 
Comunidad de 
36.377.666,36  2.061.073,97  618.496,07    25.371.704,06  8.944.888,33  34.316.592,39  14.165.114,20 
Madrid 
Comunitat 
38.151.548,17  2.639.665,63  1.562.056,53    27.392.222,84  8.119.659,70  35.511.882,54  22.384.855,47 
Valenciana 
Extremadura  1.953.345,67  805.246,46  72.037,17    1.136.513,38  11.585,83  1.148.099,21  172.219,23 
Galicia  19.595.381,94  2.297.429,83  391.848,45    9.416.669,23  7.881.282,88  17.297.952,11  4.859.663,29 
Illes Balears  15.484.937,70  2.592.962,86  405.526,71    4.671.187,88  8.220.786,96  12.891.974,84  4.597.347,12 
La Rioja  971.897,97  197.028,96  80.796,57    774.869,01  0,00  774.869,01  60.195,23 
País Vasco  2.084.388,36  193.767,95  9.883,78    257.497,74  1.633.122,67  1.890.620,41  152.638,14 
Principado de 
1.820.318,46  209.895,59  26.440,09    975.001,03  635.421,84  1.610.422,87  327.715,33 
Asturias 
Región de Murcia  6.605.777,92  1.868.793,69  491.381,61    3.431.866,73  1.305.117,50  4.736.984,23  1.293.897,64 
Total  264.402.190,27  29.591.454,23  7.851.310,93    155.941.647,38  78.869.088,66  234.810.736,04  103.643.226,95 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información remitida por las entidades. 
(1)  De los 29.591.454,23 euros, el 96 % (28.599.151,92) se generó en ejercicios anteriores a 2018 
La diferencia entre el total de las facturas aplicadas a los correspondientes presupuestos de 2018 
que han sido objeto de análisis y que se reflejan en el cuadro anterior −264.402.190,27− y el importe 
total de los expedientes REC −265.198.562,29− que constan en el cuadro 3 se concreta en 
796.372,02 euros y deriva de las siguientes circunstancias: 
 
  468.893,56 euros son consecuencia de que la Cámara de Cuentas de Andalucía realizó una 
muestra de facturas para su análisis en seis de los 93 expedientes seleccionados, por lo que 
es superior el importe de los expedientes REC que la cuantía examinada.  
 
  219.374,95 y 90.213,62 euros derivan de la falta de atención de la Diputación de Ávila y del 
Ayuntamiento de Santa Perpetua de Mogoda respectivamente a los requerimientos de 
información efectuados por el Consejo de Cuentas de Castilla y León y de la Sindicatura de 
Cuentas de Cataluña, por lo que no han podido ser analizadas las facturas correspondientes. 
 
  El resto, 17.889,89, son pequeñas diferencias carentes de relevancia y cuya procedencia se 
ha podido identificar en todos los casos  es
Esaipndl oice alc cgoirómánfp:ic room seigtiudiaesn tein sdee baidparemceian tdee  yfo rlamsa  qeuseq uneom álot icfau eerlo nvo, ludme eanc udeer doob licgoanc iolan enso qrmuea thivaab íadne   2021-15643n https://www.

Gráfico  1  Distribución entre obligaciones REC debida e indebidamente reconocidas 
TOTAL GASTO IMPUTADO A TRAVÉS DE REC
11%
Gastos Indebidamente
Comprometidos
Gastos Debidamente
Comprometidos
89%
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información remitida por las entidades. 
 
Para todas estas obligaciones se ha seguido el mismo procedimiento, imputándose al presupuesto 
de 2018 a través de un reconocimiento extrajudicial de crédito, independientemente de que su 
origen fuera contrario al ordenamiento jurídico o no. 
En la normativa no está contemplado el procedimiento que se debe llevar a cabo respecto de las 
obligaciones cuya tramitación adolece de vicios que derivan en anulabilidad y no son subsanados 
y respecto de los que podrían generar nulidad, al margen de su imputación al presupuesto de la 
entidad a través de un reconocimiento extrajudicial de crédito. 
Los vicios que podrían causar la nulidad del acto aparecen tasados en el artículo 47 de la LPAC, 
que,  en  relación  con  la  materia  fiscalizada,  son  que  los  actos  se  hubieran  comprometido 
prescindiendo total y absolutamente del procedimiento, en ausencia de crédito o por órgano 
manifiestamente incompetente.  Además, el artículo 39 de la LCSP, determina las causas de nulidad 
específicas del ámbito de la contratación, e incluye como tal la carencia o insuficiencia de crédito, 
salvo casos de emergencia.  
Por lo que se refiere a la contabilización de estos importes en la cuenta 413. Acreedores pendientes 
de aplicar a presupuesto a 31 de diciembre de 2017, destaca la diferencia entre las obligaciones 
debidamente comprometidas, respecto de las que el 27 %3 se ha registrado en dicha cuenta y las 
indebidamente comprometidas contabilizadas en dicha rúbrica, que alcanza el 66 % a nivel nacional, 
según se detalla en el cuadro 5. 
Del análisis realizado ha resultado que únicamente el 60 % del total de las obligaciones devengadas 
tuvo el correspondiente reflejo en la cuenta 413, y que, además, este reflejo fue, como se ha 
señalado, superior en el caso de las obligaciones indebidamente comprometidas, según se detalla 
por CCAA en el siguiente cuadro 5. 
Ello se debe a una infrautilización de la cuenta 413 para aquellas obligaciones que siguieron la  s
normativa de aplicación en cuanto a su compromiso y que por circunstancias, que normalmente se  e.
concretan en la presentación tardía de la factura o en retrasos internos en su tramitación, no se  w.
imputaron al presupuesto, pero se tiene previsto su imputación en los primeros meses del ejercicio  643ww
                                                
3p rEocseted epnotrecse ndtea jeej esrec ichiao sc aanlctuerlaiodroe sr.e specto de los 22.278.183,80 euros de obligaciones debidamente comprometidas
siguiente. Sin embargo, y a pesar de que hay seguimiento temporal de estas obligaciones y su 
aplicación presupuestaria no se suele demorar en el tiempo, su falta de registro en el balance implica 
que este no refleje adecuadamente las deudas con proveedores. 
Por lo que se refiere a las obligaciones indebidamente comprometidas se ha comprobado que, en 
algunas ocasiones, proceden de ejercicios previos al inmediatamente anterior, y se demora su 
imputación a presupuesto, acudiendo las entidades, en mayor medida, a aflorar su existencia a 
través de su contabilización en la cuenta 413. 
No obstante, y dependiendo de la entidad local concreta, se han constatado niveles muy bajos de 
contabilización de estas operaciones, lo que deriva, al igual que ocurre respecto de las obligaciones 
debidamente comprometidas, en que, al margen de los incumplimientos legales, las deudas con los 
proveedores no queden adecuadamente reflejadas. 
Cuadro  5.  Obligaciones contabilizadas en la cuenta 413. Acreedores pendientes de 
aplicar a presupuesto a 31 de diciembre de 2017 por CCAA 
DEBIDAMENTE COMPROMETIDAS    INDEBIDAMENTE COMPROMETIDAS 
Comunidad Autónoma 
Importe  413  %    Importe  413  % 
Andalucía  5.190.432,88  Sin datos    --    48.076.996,10  40.056.272,63  83,32 
Aragón  611.054,15  340.795,53  55,77    1.346.075,75  948.938,89  70,50 
Asturias  209.895,59  26.440,09  12,60    975.001,03  327.715,33  33,61 
Canarias  2.019.911,86  682.371,64  33,78    14.237.552,29  3.240.721,63  22,76 
Cantabria  392.159,14  41.141,51  10,49    976.213,07  819.756,21  83,97 
Castilla y León  350.558,19  0,00  0,00    5.530.083,70  2.274.451,67  41,13 
Castilla-La Mancha  4.452.297,88  1.055.841,92  23,71    3.634.626,80  2.128.226,37  58,55 
Cataluña  2.955.967,56  2.072.693,35  70,12    8.712.567,77  6.161.213,90  70,72 
Comunidad de Madrid  2.061.073,97  618.496,07  30,01    25.371.704,06  14.165.114,20  55,83 
Comunitat Valenciana  2.639.665,63  1.562.056,53  59,18    27.392.222,84  22.384.855,47  81,72 
Extremadura  805.246,46  72.037,17  8,95    1.136.513,38  172.219,23  15,15 
Galicia  2.297.429,83  391.848,45  17,06    9.416.669,23  4.859.663,29  51,61 
Illes Balears  2.353.868,18  405.526,71  17,23    4.671.187,88  4.597.347,12  98,42 
La Rioja  197.028,96  80.796,57  41,01    774.869,01  60.195,23  7,77 
País Vasco  193.767,95  9.883,78  5,10    257.497,74  152.638,14  59,28 
Región de Murcia  1.868.793,69  491.381,61  26,29    3.431.866,73  1.293.897,64  37,70 
TOTAL  28.599.151,92  7.851.310,93  27,45    155.941.647,38  103.643.226,95  65,45 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información remitida por las entidades. 
 
Las entidades que en menor medida contabilizaron estas obligaciones en la cuenta 413 fueron las 
ubicadas en las Comunidades Autónomas de Asturias, Canarias, Extremadura y La Rioja. 
En el siguiente cuadro se muestra esta información distribuida por tramos de población. 
Cuadro  6.  Obligaciones contabilizadas en la cuenta 413. Acreedores pendientes de 
aplicar a presupuesto a 31 de diciembre de 2017 por tramos de población4 
Debidamente comprometidas     Indebidamente comprometidas    
Tramos de población 
Importe  Importe  % Importe  Importe  % Importe 
Importe ejerc. 
ejerc.  contabilizado  contabilizado     contabilizado  contabilizado    
anteriores 
anteriores  en la 413  en la 413  en la 413  en la 413 
Más de 1.000.000  0  0  --    9.061.718,72  420.654,96  4,64 
Entre 500.000 y 1.000.000  0  0  --    11.342.029,89  9.908.676,85  87,36 
Entre 250.000 y 500.000  1.560.679,19  1.476.295,53  94,59    5.341.451,82  4.151.754,08  77,73 
Entre 100.000 y 250.000  3.512.892,65  1.652.049,31  47,03    64.577.305,09  53.924.413,68  83,50 
Entre 50.000 y 100.000  3.713.747,04  1.682.709,62  45,31    22.283.175,85  14.917.387,15  66,94 
Entre 25.000 y 50.000  7.019.391,75  1.549.638,32  22,08    12.476.570,29  6.777.725,87  54,32 
Entre 10.000 y 25.000  5.364.491,61  1.023.903,54  19,09    14.225.713,24  7.455.974,34  52,41 
Entre 5.000 y 10.000  2.326.362,38  393.719,31  16,92    5.792.198,09  4.105.480,11  70,87 
Total   23.497.564,62  7.778.315,63  33,10     145.100.162,99  101.662.067,04  70,06 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información remitida por las entidades. 
 
Según se incrementa la población se advierte una tendencia general a la utilización más frecuente 
de la cuenta 413. Acreedores por obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto. No obstante, 
destaca el uso de esta cuenta extrapresupuestaria por los municipios de entre 5.000 y 10.000 en lo 
que se refiere a las obligaciones indebidamente comprometidas. 
En sentido contrario a la tendencia global señalada, se ha constatado la escasa utilización de esta 
cuenta  en  el  Ayuntamiento  de  Madrid  en  relación  con  las  obligaciones  indebidamente 
comprometidas que la entidad ha imputado al presupuesto de 2018 a través de REC. El mencionado 
Ayuntamiento es la única entidad del tramo de más de 1.000.000 de habitantes, puesto que el 
Ayuntamiento de Barcelona −el otro municipio de España de esta población− no aprobó ningún 
reconocimiento extrajudicial en 2018. 
 
A continuación, se exponen, de forma diferenciada, los resultados relativos a las obligaciones 
debidamente comprometidas e indebidamente comprometidas que han sido objeto de imputación 
presupuestaria a través de REC. 
Obligaciones debidamente comprometidas 
De los 264.402.190,27 euros imputados a presupuesto a través de expedientes REC, el 11 % 
−29.591.454,23 euros− fueron obligaciones debidamente comprometidas, de las cuales el 97 % 
(28.599.151,92 euros) proceden de ejercicios anteriores a 2018, no habiéndose imputado a los 
presupuestos de los ejercicios en los que se generaron. No obstante, a este tipo de obligaciones se 
refiere el artículo 176 del TRLRHL, relativo a la temporalidad de los créditos, al señalar que, si bien 
a los créditos del estado de gastos de cada presupuesto solo podrán contraerse obligaciones 
derivadas de adquisiciones, obras, servicios y demás prestaciones o gastos en general que se 
realicen en el año natural del propio ejercicio presupuestario, las obligaciones derivadas de  e.
compromisos de gastos debidamente adquiridos en ejercicios anteriores se podrán imputar al  w.b
presupuesto vigente, exigiendo la previa incorporación de los créditos en el caso de proyectos con  643ww
                                                
4d eN od asteo sh adne  invaclruiaidso d een e eslt acus aednrtoid laosd edsa tdoes  ldaes  lCaso mDiupnuitdaacdioense As uPtóronvoinmcaiasl edse,  ACnadbaildluocsía y,  CCoannsaerijoass  Iyn sCualastriellsa  pyo Lr enóon d. isponer
financiación afectada. En consecuencia, para la imputación de estos gastos, no era necesario acudir 
a la tramitación de un REC, sin perjuicio de que, en caso de que no se disponga de remanente de 
tesorería para su financiación, haya de tramitarse la correspondiente modificación presupuestaria. 
 
De las obligaciones calificadas, según los criterios señalados, como debidamente comprometidas, 
992.302,31 euros se generaron en el año 2018 y la incidencia de estos expedientes fue la falta de 
fiscalización previa, sin que en el informe de omisión emitido se pusieran de manifiesto otras 
irregularidades distintas. En este caso, con independencia de la infracción que supone la falta del 
informe de fiscalización, una vez que el órgano de Intervención ha emitido el correspondiente 
informe no apreciando ninguna otra irregularidad, procedería la imputación ordinaria de estas 
obligaciones al presupuesto vigente. 
En el cuadro siguiente se detalla la casuística de las obligaciones que fueron debidamente 
comprometidas pero que, como consecuencia de un desfase temporal entre la corriente real de 
bienes y servicios y la justificación documental, no se imputaron al ejercicio en el que se devengaron, 
aunque hubiera procedido su aplicación si no se hubieran producido las incidencias que se señalan. 
Cuadro  7.  Distribución de las obligaciones debidamente reconocidas según la causa 
CAUSAS DE NO TRAMITACIÓN ORDINARIA 
Comunidad 
Autónoma  Retraso en la 
Omisión  Presentación tardía 
tramitación  Total general 
fiscalización  factura 
administrativa 
Andalucía  645.323,23  111.607,98  4.433.501,67  5.190.432,88 
Aragón  347.298,34  28.184,05  238.542,55  614.024,94 
Baleares  716.954,05  239.094,68  1.636.914,13  2.592.962,86 
C. Valenciana  345.627,04  -   2.294.038,59  2.639.665,62 
Canarias  682.371,64  -   1.337.540,22  2.019.911,86 
Cantabria  56.590,73  -   335.568,41  392.159,14 
Castilla y León  310.437,89  -   350.558,19  660.996,08 
Castilla-La Mancha  1.826.133,88  766.253,47  2.211.094,70  4.803.482,05 
Catalunya  1.982.586,35  388.973,82  673.022,17  3.044.582,34 
Extremadura  35.847,45  -   769.399,01  805.246,46 
Galicia  48.924,75  -   2.248.505,08  2.297.429,83 
La Rioja  -   -   197.028,96  197.028,96 
Madrid  395.524,23  -   1.665.549,74  2.061.073,97 
Pais Vasco  -   -   193.767,95  193.767,95 
Principado de Asturias  -   -   209.895,59  209.895,59 
Región de Murcia  491.701,27  -   1.377.092,42  1.868.793,69 
Total general  7.885.320,85  1.534.114,00  20.172.019,38  29.591.454,23 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información remitida por las entidades. 
 
El 68 % de las obligaciones debidamente comprometidas que no se imputaron al presupuesto 
cuando era procedente hacerlo, derivan de que la documentación justificativa correspondiente llegó  es
una vez que se había cerrado el trámite presupuestario de cierre de ejercicio. A su vez, en el 27 %  o
dpcdoeaenlr  easims etcappusrooe roctnebec ldiitagoe atrda celi ao sd neeel baspi .lri odadapudlijeceasro ceinón n rlea t prgareessostuisó pneu nye  selatna  rtlrioaas m pditreao ccileóadnsi  minoitebenlritngoaas c dpioean relaas  h.d aocEcesurtm ausen n atsdaitecuicóauncai odnnoee ccseo snastroroianl    2021-15643n https://www.
La ausencia de instrucciones de cierre que fijen las fechas límite para realizar los trámites de 
imputación de gastos y que faciliten la correcta aplicación del principio de temporalidad, la falta de 
vinculación entre el registro de facturas y los registros contables, así como la ausencia de 
procedimientos de gestión que permitan conocer la evolución de las prestaciones en curso y el 
desarrollo de su ejecución, de forma que sea posible, en su caso, proceder a reclamar las facturas 
pendientes y evitar la demora de su tramitación, contribuyen a un inadecuado control. 
En la parte específica de este Informe se verifican estos aspectos en relación con las entidades 
seleccionadas para su análisis. 
Por lo que se refiere al tipo de gasto, el 46 % de las obligaciones que no se imputaron a presupuesto 
por estos motivos corresponden a prestaciones de servicio, el 20 % a suministros y el 10 % a 
certificaciones de obra que se tramitaron con demora, bien por retraso en su presentación o bien 
por el alargamiento en el tiempo. 
Obligaciones indebidamente comprometidas 
El análisis se ha dividido en tres apartados: en primer lugar, se examinan los tipos de irregularidad 
que han concurrido en estas obligaciones −gastos comprometidos sin crédito, obligaciones sin 
contrato, etc.−. En segundo lugar, se analizan los tipos de gasto en los que en mayor medida se 
han producido las irregularidades señaladas −prestaciones de servicios, suministros, personal, 
etc.−. A continuación, se expone un análisis conjunto de ambas variables, de forma que sea posible 
determinar qué tipo de irregularidad tiene mayor prevalencia según el tipo de gasto. Por último, se 
realiza un examen específico de las obligaciones comprometidas sin cobertura contractual en 
relación con la pérdida de vigencia del contrato que debiera haber dado cobertura a la prestación; 
todo ello sin perjuicio de la efectiva realización de las prestaciones. 
Obligaciones indebidamente comprometidas por tipo de irregularidad 
En el cuadro siguiente se detallan, por CCAA, las obligaciones que fueron comprometidas sin que 
se siguiera el procedimiento legalmente establecido y en consecuencia, son susceptibles de nulidad 
de pleno derecho, independientemente de la acreditación de que el tercero ha entregado el bien o 
realizado el servicio. El conjunto de estas obligaciones se imputó al presupuesto de 2018 a través 
de reconocimientos extrajudiciales de crédito según la irregularidad. 
Cuadro  8.  Distribución de las obligaciones indebidamente reconocidas según la 
irregularidad 
IRREGULARIDADES 
Comunidad  Contrato 
Autónoma  Sin crédito y  Sin adecuada  menor sin  Otras  
Sin crédito  Sin contrato  cobertura  Total 
sin contrato  aprobación  causas 
contractual 
del gasto 
Andalucía  30.990.522,19  1.848.653,73  12.969.366,50  479.325,01  251.714,58  3.051.538,67  49.591.120,68 
Aragón  577.452,12  7.703.004,25  265.714,74  291.373,69  -  536.412,82  9.373.957,62 
Canarias  10.745.317,16  2.722.098,75  266.886,88  -  -  2.979.956,14  16.714.258,93 
Cantabria  842.185,40  7.875.727,49  -  -  119.306,98  -  8.837.219,87 
Castilla y León  1.931.144,60  17.164.584,31  34.994,68  2.453.392,13  -  6.816,98  21.590.932,70 
Castilla-La Mancha  1.960.991,08  1.884.149,72  508.811,03  280.374,71  600  425.822,80  5.060.749,34 
Cataluña  6.285.541,89  6.687.184,17  143.658,97  346.714,26  -  -  13.463.099,29 
Comunidad de Madrid  14.728.059,94  17.662.509,36  -  469.749,72  164.260,87  1.292.012,50  34.316.592,39 
Comunitat Valenciana  19.220.299,89  12.532.892,07  2.988.342,81  272.188,37  87.759,76  410.399,64  35.511.882,54 
Extremadura  537.747,47  245.608,14  ‐   14.300,47  56.458,81  293.984,32  1.148.099,21 
Galicia  5.563.163,68  4.836.423,77    5.857.580,84  1.040.783,82  -  17.297.952,11 
Illes Balears  3.827.265,91  8.037.575,22  113.432,61  11.918,29  671682,61  230.100,20  12.891.974,84 
La Rioja  774.869,01  -   ‐  ‐   ‐  -  774.869,01 
País Vasco  257.497,74  1.263.164,81  -  369.957,86  -  -  1.890.620,41 
Principado de Asturias  142.627,75  1.458.847,84  -  -  8.947,28  -  1.610.422,87 
Región de Murcia  1.965.212,21  934.499,31  977.769,06  621.993,38  91.302,66  146.207,61  4.736.984,23 
TOTAL  100.349.898,04  92.856.922,94  18.268.977,28  11.468.868,73  2.492.817,37  9.373.251,68  234.810.736,04 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información remitida por las entidades. 
Los 234.810.736,04 euros incluyen la totalidad de obligaciones indebidamente comprometidas que 
se imputaron al presupuesto de 2018 a través de reconocimientos extrajudiciales. De ellas, el 66 % 
fueron generadas en ejercicios anteriores a 2018 (155.941.647,38 euros) y el 34 % proceden de 
prestaciones realizadas en el propio ejercicio 2018 (78.869.088,66 euros). 
Respecto de las generadas en 2018, el 79 % (62.348.881,30 euros) corresponden a gastos sin 
contrato o sin adecuada cobertura contractual. Otro 6 % de las procedentes del propio ejercicio 
2018 (4.685.055,25 euros) son gastos comprometidos sin crédito adecuado o suficiente. En este 
caso, al tratarse de compromisos adquiridos en el propio ejercicio 2018, hubiera sido procedente 
−de ser la única irregularidad que les afecta− haber tramitado, previamente al compromiso de la 
obligación, la modificación presupuestaria con la que, en su caso, se financió el REC. Ello hubiera 
evitado la tramitación extraordinaria que supone el reconocimiento extrajudicial. 
En el cuadro siguiente se muestra la información del cuadro 6 en términos porcentuales respecto 
del total de obligaciones indebidamente comprometidas.  
Cuadro  9.  Porcentaje de distribución de las obligaciones indebidamente reconocidas 
según la irregularidad  
IRREGULARIDADES 
Comunidad  
Autónoma  Gasto sin  Gasto sin  Gasto sin  Sin adecuada  Contrato menor  Otras  
crédito y sin  cobertura  sin aprobación del 
crédito  contrato  causas 
contrato  contractual  gasto 
Andalucía  62,49  3,73  26,15  0,97  0,51  6,15 
Aragón  6,16  82,17  2,84  3,11  -  5,72 
Canarias  64,29  16,28  1,6  -  -  17,83 
Cantabria  9,53  89,12  -  -  1,35  - 
Castilla y León  8,95  79,5  0,16  11,36  -  0,03 
Castilla-La Mancha  38,75  37,23  10,06  5,54  0,01  8,41 
Cataluña  46,69  49,67  1,07  2,57  -  - 
Comunidad de Madrid  42,92  51,47  0  1,37  0,48  3,76 
Comunitat Valenciana  54,12  35,29  8,41  0,77  0,25  1,16 
Extremadura  46,84  21,39  -  1,25  4,92  25,6 
Galicia  32,16  27,96  -  33,86  6,02  - 
Illes Balears  29,69  62,35  0,88  0,09  5,21  1,78 
La Rioja  100  -    -  -  - 
País Vasco  13,62  66,81  -  19,57  -  - 
Principado de Asturias  8,86  90,59  -    0,55   
Región de Murcia  41,49  19,73  20,64  13,13  1,93  3,08 
TOTAL  42,74  39,55  7,78  4,88  1,06  3,99 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información remitida por las entidades. 
 
El 90 % de las obligaciones indebidamente comprometidas lo fueron como consecuencia de carecer 
de contrato o de no disponer de crédito suficiente y adecuado, o bien, por ambas circunstancias a 
la vez. No se han incluido en dicho porcentaje, los casos en los que había contrato en vigor, pero 
se  realizaron  prestaciones  no  cubiertas  por  el  contrato  sin  que  se  hubiera  tramitado  la 
correspondiente  modificación  contractual;  estas  obligaciones  se  han  clasificado  como  “Sin 
adecuada cobertura contractual” y representan el 5 % del total. 
La mayoría de las ratios elevadas que se presentan en el cuadro anterior no derivan de una alta 
imputación  al  presupuesto  de  obligaciones  mediante  REC  en  la  comunidad  autónoma 
correspondiente. Sin embargo, en algunos supuestos, los porcentajes elevados sí responden a 
entidades concretas con alta imputación de obligaciones a presupuesto a través de reconocimientos 
extrajudiciales. Estos supuestos son los siguientes: 
  Las Comunidades Autónomas de Andalucía y Canarias tienen un mayor porcentaje de 
obligaciones  comprometidas  “sin  crédito”.  Esta  circunstancia  deriva,  en  el  caso  de 
Andalucía, del Ayuntamiento de Marbella, que contabilizó 29.026.151,76 euros en este 
supuesto. En el caso de Canarias, se debe, fundamentalmente al Ayuntamiento de la Oliva, 
(1.994.663,65 euros), al de Las Palmas de Gran Canaria (1.401.573,37 euros) y al de Puerto 
de la Cruz (1.089.767,97 euros).  es
  o
  A2rDe.re7gan3igst6órtor.n4ó ,4 d 71e.f,8u 1l6na51ds .ae 0omu0br6eoli,nsg8t,a0a yc lme ioeuenlr noedtssee    s“Cisdniane cn roitcvanoabtndrratiorata o, t.doc eo”,ln  r eAosryipguoennntad meennie  enalt  ocA uyadunent tíaaZmsa irreaengletoovz adane t eqSsua enla tsac nordnaettairo,bs iq liudzeóe    2021-15643n https://www.
 Las  entidades  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Galicia  presentan  un  porcentaje
sensiblemente superior a la media en las obligaciones “sin adecuada cobertura contractual”,
motivado por la imputación de 1.288.158,16 euros por el Ayuntamiento de A Coruña y de
3.752.627,47 por el Ayuntamiento de Santiago de Compostela.
 En las obligaciones imputadas a presupuesto “sin crédito y sin contrato” las entidades de
Andalucía presentan una ratio elevada como consecuencia, fundamentalmente, del registro
de 8.761.046,65 en el Ayuntamiento de Jaén y 2.290.545,24 en el Ayuntamiento de Sevilla.
Obligaciones indebidamente comprometidas por tipo de gasto 
En los dos cuadros siguientes se muestran las obligaciones indebidas clasificándolas por tipo de 
gasto, en valor absoluto y en porcentajes. 
Cuadro  10.  Distribución de las obligaciones indebidamente reconocidas según el tipo de 
gasto 
TIPO DE GASTO 
Comunidad 
Autónoma 
Encomiendas
Servicios   Suministros  Personal  Subvenciones  Obras  Otros gastos Total 
y convenios 
Andalucía 15.358.701,27  30.960.471,51  1.172.965,62  114.752,88  30.309,00  59582,03  1.894.338,37  49.591.120,68 
Aragón 6.434.948,57  1.756.819,37 0 0  673.807,53 0  508.382,15  9.373.957,62 
Asturias 378.874,98  1.218.809,98 0 0 0 0  12.737,91  1.610.422,87 
Canarias 7.847.991,37  3.252.518,11  86.116,72  0  916.591,60  1.109.235,53  3.501.805,60  16.714.258,93 
Cantabria 6.767.294,41  1.204.354,04 0 0  52.763,02 0  812.808,40  8.837.219,87 
Castilla y León  16.420.387,58  4.557.087,70 0  114.855,42  483.395,80 0  15.206,20  21.590.932,70
Castilla-La Mancha  2.929.318,46  1.425.078,18  107.945,75  159.217,86  0  55.445,25  383.743,84  5.060.749,34 
Cataluña 8.478.398,84  3.302.887,56 0 0  115.842,89 0  1.565.970,00  13.463.099,29 
Comunidad de Madrid  20.965.216,86  5.893.055,92  1.214.211,39  885.094,31  543.217,21  1.523.256,28  3.292.540,42  34.316.592,39 
Comunitat Valenciana  21.876.707,93  2.900.774,94  0  8.169,17  288.746,39  704.259,06  9.733.225,05  35.511.882,54 
Extremadura 335.887,68  42.131,43  206.706,35  16.413,65  286.659,45  171.195,42  89.105,23  1.148.099,21 
Galicia 12.533.022,49  1.873.590,92  755,47  600.461,21  784.232,17  186.086,34  1.319.803,51  17.297.952,11 
Illes Balears  8.326.769,04  1.520.996,89  1.546.624,15  375  115.790,01  400.347,98  981.071,77  12.891.974,84 
La Rioja  694.201,08  58.810,40  0 0 0 0  21.857,53  774.869,01
País Vasco  1.027.661,70  405.538,67  0  0  299.133,52  0  158.286,52  1.890.620,41 
Región de Murcia  1.782.148,87  564.693,71  112.575,50  81.035,46  645.269,52  26.827,98  1.524.433,19  4.736.984,23 
TOTAL  132.157.531,13  60.937.619,54  4.447.900,95  1.980.374,96  5.235.758,1  4.236.235,87  25.815.315,69  234.810.736,04 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información remitida por las entidades. 
Cuadro  11.  Porcentaje de distribución de las obligaciones indebidamente reconocidas 
según el tipo de gasto 
TIPO DE GASTO 
Comunidad 
Autónoma 
Encomiendas 
Servicios   Suministros  Personal  Subvenciones  Obras  Otros gastos
y convenios 
Andalucía 30,97  62,43  2,37  0,23  0,06  0,12  3,82
Aragón 68,65  18,74  0 0  7,19  0  5,42
Asturias 23,53  75,68  0 0  0  0  0,79
Canarias 46,95  19,46  0,52 0  5,48  6,64  20,95
Cantabria 76,58  13,63  0 0  0,59  0  9,2
Castilla y León  76,05  21,11  0  0,53  2,24  0  0,07 
Castilla-La Mancha  57,88  28,16  2,13  3,15  0  1,1  7,58 
Cataluña 62,98  24,53  0 0  0,86  0  11,63
Comunidad de Madrid  61,09  17,17  3,54  2,58  1,58  4,44  9,6 
Comunitat Valenciana  61,6  8,16  0  0,02  0,81  2  27,41 
Extremadura 29,26  3,67  18  1,43  24,97  14,91  7,76
Galicia 72,45  10,83  0  3,47  4,54  1,08  7,63
Illes Balears  64,59  11,8  12  0  0,9  3,1  7,61 
La Rioja  89,59  7,59  0  0  0  0  2,82 
País Vasco  54,36  21,45  0  0  15,82  0  8,37 
Región de Murcia  37,62  11,92  2,38  1,71  13,62  0,57  32,18 
TOTAL  56,28  25,95  1,89  0,84  2,23  1,81  11,00 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información remitida por las entidades. 
El 56 % de las obligaciones indebidamente comprometidas imputadas al presupuesto a través de 
REC corresponden a gastos de servicios, seguido de los gastos en suministros, que alcanzaron el 
26 % del total. 
Se han analizado las desviaciones más significativas respecto de la media con los resultados 
siguientes: 
 Las  Comunidades  Autónomas  de  Andalucía  y  Asturias  presentan  porcentajes
significativamente superiores a la media respecto a la imputación de obligaciones derivadas
de gastos en suministros, el 62 y 76 % respectivamente.
En Andalucía, el Ayuntamiento de Marbella es el que presenta una mayor imputación
de obligaciones al presupuesto de 2018 a través de reconocimientos extrajudiciales
de crédito. El importe total imputado por este procedimiento es de 29.799.377,07
euros, de las cuales, el 97 % son gastos de suministros; esta cifra tan elevada deriva
de que el 36 % de las obligaciones fueron imputadas al capítulo 2 al margen de la
tramitación ordinaria del presupuesto.
En  Asturias,  en  el  Ayuntamiento  de  Castrillón  todos  los  reconocimientos
o s
extrajudiciales tramitados tuvieron su origen en gastos de suministros, resultando e
que el 11 % de las obligaciones imputadas al capítulo 2 lo fueron a través de un REC. bo
 (AEd1eyn4 u 4,ln2o.2t7sa5  mg%3a.ie)8s,nt4 oqt2osu,  9deq7e u t eeiEe ulsncreeoh  sehs.,a  uCqn uo ocemra iegolinef ic cnuoa nned sn9oe 1 ccl o%ousme  dnroeec rci“aiOov andtrnoeo c sdei mesg taioeesp ntiemotorsaps”co  dierotexenst erttaasajc nuua dre bilclaaei anvClaíesodstmio ct,uar eanslm i ptpaoitotar r Vducaoenlsn ei mtnapcpjoeioar  rdnteeeal OE-A-2021-15able en https://
obligaciones imputadas al presupuesto de 2018 a través de reconocimientos extrajudiciales 
alcanzó el 3,4 % del total.  
Las otras dos CCAA que tienen porcentajes elevados de obligaciones tipificadas como 
“Otros gastos” son la Región de Murcia (32,18 %) y Canarias (20,95 %); no obstante, en 
ambos casos deriva de la suma de importes de diversos municipios, no existiendo cuantías 
individualizadas significativas. 
Análisis combinado de las obligaciones comprometidas irregularmente relacionando el tipo de gasto 
con la causa por la que no se imputaron de forma ordinaria al presupuesto 
En este subepígrafe se exponen los resultados de un análisis combinado entre las irregularidades 
y los diferentes tipos de gasto de las obligaciones que se han imputado al presupuesto de 2018, 
con el objeto de determinar qué tipo de incidencia se produce con mayor prevalencia para cada uno 
de los gastos. 
Los siguientes gráficos permiten poner en relación los gastos con las irregularidades que, con mayor 
frecuencia,  derivan  en  que  las  correspondientes  obligaciones  no  se  imputen  a  presupuesto 
mediante  una  tramitación  ordinaria,  sino  que  se  reconozcan  a  través  de  reconocimientos 
extrajudiciales. 
Se ha elaborado un gráfico de sectores para el total de obligaciones llevadas a presupuesto a través 
de reconocimientos extrajudiciales de crédito −los 234.810.736,04 analizados− y uno para cada una 
de las modalidades de gastos. 
Gráfico  2  Causas de irregularidad para cada tipo de gasto imputado a través de REC 
Total gastos Prestación servicios
C.Menor sin aprob.
(234.810.736,04€) Gasto (132.157.531,13€)
4%
1% Otras causas 2% 3% C.Menor sin aprob.
5% Gasto
7%
Otras causas
8% Sin adecuada
13%
cobertura
contractual Sin adecuada
Sin contrato cobertura contractual
23%
Sin contrato
43% 39%
Sin crédito
54%
Sin crédito
Sin crédito/sin
contrato Sin crédito/sin
contrato
Suministros Obras
(60.937.619,33€) (5.235.758,11€) C.Menor sin
aprob. Gasto
3%
3% 1%
1% Otras causas Otras causas
Sin adecuada cobertura 16% Sin adecuada e.e
65% 28% SScoiinnn  cctroraéncdttirutaoatlo 44% 29% ccSSooiinnnb  ccterorraétncudttrirutaaoatlo 2021-15643n https://www.bo
Sin crédito/sin contrato 10%
Personal Encomiendas y convenios
(4.447.900,95€) (4.236.235,87€)
7% 2% 7%
Sin contrato
Otras causas
Sin crédito
Sin crédito
93% 91%
Sin crédito/sin
contrato
Subvenciones Otros
C. menor sin aprob.
(1.980.374,96€) (25.815.315,69€) gasto
2%
2%6% 1% Otras causas
C. menor sin 2%
aprob. gasto 8%
Sin adecuada
Otras causas 14% cobertura
contractual
Sin contrato
73%
92% Sin crédito
Sin crédito
Fuente: Elaboración propia a partir de la información remitida por las entidades. 
Del análisis anterior se deduce que la mayor parte de las obligaciones imputadas a presupuesto a 
través de reconocimientos extrajudiciales de crédito derivan de gastos de suministros y de servicios, 
y que las dos irregularidades que con mayor frecuencia se producen son la ausencia de contrato y 
la falta de crédito adecuado y suficiente. 
En el gráfico siguiente se muestra, por tramos de población y tipo de entidad, el porcentaje que han 
representado los gastos de servicios y suministros imputados al presupuesto de 2018 a través de 
REC para los que no se dispuso de crédito adecuado y suficiente en el momento de su compromiso, 
siendo este procedente, o no se había licitado contrato. 
Gráfico  3  Porcentaje de servicios y suministros indebidamente comprometidos 
respecto las ORN del capítulo 2 
Gastos servicios y suministros indebidos / ORN Cap2
Diputaciones Provinciales, Consejos y…
Más de 1.000.000
Entre 500.000 y 1.000.000
Entre 250.000 y 500.000
Entre 100.000 y 250.000
%/ ORN Cap2
Entre 50.000 y 100.000
Entre 25.000 y 50.000
Entre 10.000 y 25.000
Entre 5.000 y 10.000
0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información remitida por las entidades. 
 
Del análisis efectuado no deriva una tendencia definida continuada según va aumentando el tamaño 
de las entidades −ni tampoco según las diferentes CCAA− resultando que el porcentaje medio de 
los tramos de población deriva fundamentalmente de que determinadas entidades de los diferentes 
intervalos sí presentan ratios de imputación de gastos indebidamente comprometidos al capítulo 2 
muy elevados respecto del total de obligaciones de este capítulo. Como se aprecia en el gráfico, 
ningún tramo de población alcanza de forma conjunta el 4 % de la ratio analizada. 
No obstante, con el objetivo de profundizar en el alcance del análisis, se ha calculado el porcentaje 
de forma individualizada para cada uno de los municipios de la muestra tomando el 5 % como 
umbral significativo de gastos indebidamente comprometidos imputados al capítulo 2 respecto del 
total del mismo. 
De este análisis ha resultado que los municipios de mayor población son los que en menor medida 
superan el umbral indicado del 5 %; no ha habido ningún ayuntamiento de más de 250.000 
habitantes que haya imputado al capítulo 2 más del 5 % de obligaciones a través de reconocimientos 
extrajudiciales de crédito, siendo estas obligaciones irregularmente comprometidas por haberse 
generado sin crédito o sin contrato. 
En el Anexo III se detallan las entidades que imputaron obligaciones por gastos de servicios y 
suministros comprometidos sin crédito o sin contrato y, por lo tanto, susceptibles de nulidad de pleno 
derecho, en un porcentaje superior al 5 % del total de obligaciones reconocidas netas del capítulo 
2. 
Entre las entidades de hasta 100.000 habitantes los porcentajes más elevados corresponden a las  es
siguientes entidades: La Puebla de Alfindén (21 %), Manzanares el Real (16 %), El Álamo (15 %),  o
U%Ent)e.t rbeo  la(1s7 e %nt)id, aCdueasr tdee d peo Hbulaecrivóan  (e1n6t r%e )1,0 S0a.0n0 A0 nyd 2ré5s0 .d0e0l 0R, alabsa nqeudeo p (r2e6se %nt)a yn  Mraotilolest  mdeáls V eallelevsa d(1o5s   2021-15643n https://www.
son Marbella (36 %), Jaén (23 %), Burgos (12 %) y Santander (11 %). Entre las Diputaciones
Provinciales y Consejos y Cabildos Insulares la entidad que mayor porcentaje presenta es la 
Diputación Provincial de Burgos, un 30 %. 
Análisis específico obligaciones comprometidas sin contrato 
Se ha realizado un estudio particular de las obligaciones imputadas a presupuesto a través de un 
reconocimiento extrajudicial de crédito que habían sido comprometidas sin cobertura contractual. 
La cuantía global de estas obligaciones es de 111.125.900,22 euros, e incluye tanto las obligaciones 
con la irregularidad “sin contrato”, como “sin crédito y sin contrato”. 
 
En el cuadro siguiente se ha realizado la distribución de estas obligaciones según el año de 
finalización de los contratos que deberían haberles dado cobertura y agrupando aquellas para las 
que no constaba contrato en vigor con anterioridad al análisis. 
Cuadro  12.  Obligaciones comprometidas sin cobertura contractual por tipo de gasto y 
pérdida de vigencia del contrato 
Ejercicio  Encomiendas y 
Prestación servicios  Suministros  Obras  Otros  Total general 
perdida  convenios 
vigencia 
contrato  Importe  %  Importe  %  Importe  %  Importe  %  Importe  %  Importe  % 
Sin contrato 
anterior  33.948.877,77  74,55 8.609.639,57  18,91  256.695,24 0,56 316.985,60 0,70 2.404.686,95 5,28 45.536.885,13 40,10
De 2003 a 
3.622.026,17  98,38 0  0,00  0 0,00 59.582,03 1,62 0 0,00 3.681.608,20 3,24
2014 
2015  0  0 0 0
1.067.872,78  100,00 0,00  0,00 0,00 0,00 1.067.872,78 0,94
2016  0 0
3.213.724,56  78,44 882.650,05  21,54  0,00 774,19 0,02 0,00 4.097.148,80 3,61
2017  0 0
10.323.539,27  80,44 2.268.677,34  17,68  0,00 0,00 241.036,66 1,88 12.833.253,27 11,30
2018  0 0
8.951.737,30  86,69 1.370.730,42  13,27  0,00 0,00 3.570,00 0,03 10.326.037,72 9,09
Sin datos  0
25.898.889,24  77,12 5.932.923,00  16,48  255.697,49 0,71 0,00 1.495.584,59 4,15 35.583.094,32 31,71
TOTAL  87.026.667,09  78,31 19.064.620,38  16,79  512.392,73 0,45 377.341,82 0,33 4.144.878,20 3,65 111.125.900,22 100
Fuente: Elaboración propia a partir de la información remitida por las entidades. 
 
El 78 % de las obligaciones que se comprometieron sin contar con cobertura contractual tuvieron 
su origen en prestación de servicios. Para el 39 % de ellas (33.948.877,77), no se había licitado con 
anterioridad un contrato que pudiera haber perdido su vigencia en el momento de las prestaciones. 
Además del incumplimiento de la normativa contractual que supone la falta de tramitación de los 
correspondientes expedientes, estos datos ponen de manifiesto una debilidad en el sistema de 
control interno en relación con la contratación, caracterizada por la falta de vigilancia del lapso de 
tiempo transcurrido entre la finalización de un contrato y el inicio del expediente para la licitación del 
siguiente. Además, el no licitar los contratos permitiendo la falta de concurrencia origina un posible 
perjuicio para las entidades, ya que la existencia de varios licitadores debiera conllevar una 
reducción del coste de la prestación. 
II.1.2.  Infracciones normativas y exigencia de responsabilidades 
A lo largo del presente Informe se han puesto de manifiesto diversas irregularidades en la 
tramitación administrativa del presupuesto de gastos que suponen incumplimientos graves de  e.e
normativa en materia de gestión económico-presupuestaria y la nulidad de pleno derecho de los  b
correspondientes actos administrativos.  643ww
Aressío, luecl ioanretísc uyl oa c1to7s3  addeml inTisRtrLaRtiHvoLs  pdoerte lroms inqau e lase  naudlqiduaiedr adne c opmlepnroo mdiesroesc hdoe  gdaes toloss p oarc uceuradnotísa,   OE-A-2021-15able en https://
superior al importe de los créditos autorizados, y añade expresamente, sin perjuicio de las 
responsabilidades a que haya lugar. 
El compromiso de gastos sin crédito adecuado y suficiente está, asimismo, tipificado como 
infracción grave en el artículo 28 de la LTAIPBG cuando las conductas sean culpables. 
Por otra parte, el artículo 39 de la LCSP establece las causas de nulidad de los contratos 
administrativos, y además de citar la carencia o insuficiencia de crédito, se remite al artículo 47.1 
de la LPAC, entre cuyos supuestos se recoge como causa de nulidad el que se haya prescindido 
total y absolutamente del procedimiento establecido, circunstancia que concurre en los casos de 
prestaciones sin la licitación de contrato cuando este es preceptivo. 
Respecto de las responsabilidades que puedan ser exigibles, la disposición adicional vigésimo 
octava de la LCSP señala que la responsabilidad patrimonial de las autoridades y del personal al 
servicio de las Administraciones Públicas que se pudiera derivar de sus actuaciones en materia de 
contratación administrativa se exigirá conforme a lo dispuesto en la LPAC, señalando, asimismo, 
que la infracción o aplicación indebida de los preceptos contenidos en la propia LCSP por parte del 
personal al servicio de las Administraciones Públicas, cuando medie al menos negligencia grave, 
constituirá falta muy grave, cuya responsabilidad disciplinaria se exigirá conforme a la normativa 
específica en la materia.  
Por lo tanto, ante la existencia de actos que adolecen de nulidad, procede valorar la posible 
aplicación del artículo 106 de la LPAC, que determina la obligación de las Administraciones 
Públicas, previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la 
Comunidad Autónoma, a declarar de oficio la nulidad de los actos administrativos en los supuestos 
previstos en el artículo 47.1, salvo que ésta resulte contraria a la equidad, a la buena fe, al derecho 
de los particulares o a las leyes, según determina el art. 110 LPAC. 
En esta misma línea el artículo 28.2.e) del RCI prevé que el órgano de Intervención de la entidad, 
al conocer de un expediente con omisión de fiscalización previa, se pronuncie en el informe que ha 
de emitir al efecto, acerca de la posibilidad y conveniencia de revisar los actos nulos, en función de 
si se han realizado o no las prestaciones, el carácter de estas y su valoración, así como de los 
incumplimientos legales que se hayan producido. El mismo precepto establece que solo sería 
procedente instar la revisión de oficio, por razones de economía procesal, cuando sea presumible 
que el importe de la indemnización que correspondería a quien haya realizado las prestaciones una 
vez tramitado el procedimiento de revisión sea inferior al pago que se propone. 
En cualquier caso, la aprobación de un reconocimiento extrajudicial de crédito en ningún caso 
subsana por sí misma los defectos habidos en un expediente de los cuales deriva la nulidad del 
mismo. El reconocimiento extrajudicial no es sino el instrumento que habilita la imputación al 
presupuesto de la obligación del pago de la indemnización a quien materialmente ha realizado de 
buena fe las prestaciones en favor de la Administración, tanto si se tramita la revisión de oficio, 
como si, por concurrir las circunstancias que la excluyen conforme a los arts. 110 de la LPAC y 
28.2.e) del RCI, se opta por el pago directo de las prestaciones materialmente realizadas. 
En el 80 % de los 265.198.562,29 euros imputados a presupuesto a través de expedientes de 
reconocimiento extrajudicial de crédito se produjeron las irregularidades de carecer de contrato o 
de crédito adecuado y suficiente para el compromiso de la obligación. De estos 211.475.798,26 
euros, únicamente se instó la revisión de oficio en seis expedientes por un importe conjunto de 
773.478,19 euros, declarándose en todos ellos la nulidad de oficio de las actuaciones, sin perjuicio  s
del pago de las obligaciones. El detalle es el siguiente:  e.
  w.
  El Ayuntamiento de Oviedo declaró la nulidad de cuatro expedientes −595.781 euros−  643ww
relativos a prestaciones de servicios y suministros por carecer de contrato.
  La Diputación Provincial de Zaragoza declaró la nulidad de dos expedientes relativos 
también a servicios y suministros. Determinó la nulidad de un expediente de 11.788,02 euros 
por insuficiencia de crédito y de otro expediente de 165.909,17 euros por no contar con 
crédito adecuado y suficiente y no disponer tampoco de contrato licitado. 
En ningún caso de las 410 entidades de la muestra, se iniciaron procedimientos para la exigencia 
de responsabilidades, a pesar de que, como se ha señalado, 211.475.798,26 fueron imputados a 
los presupuestos sin contar con consignación presupuestaria o contrato válidamente celebrado. 
II.2.  ANALISIS ESPECÍFICO DE LAS ENTIDADES DE LA MUESTRA  
Con objeto de examinar las causas por las que las entidades utilizan con frecuencia la figura del 
reconocimiento extrajudicial de créditos para imputar a presupuestos sus gastos, a pesar de 
configurarse  como  un procedimiento  excepcional,  se  ha seleccionado  una  muestra  de siete 
entidades para su análisis, dando así cumplimiento a los objetivos segundo y tercero de la 
fiscalización. 
Estos trabajos se han realizado sobre entidades de territorios que no cuentan con órgano de control 
externo propio. Integran la muestra los Ayuntamientos de Alcázar de San Juan, Cáceres, Jumilla, 
Logroño, Mazarrón, Santander y Toledo. 
Las entidades se han seleccionado teniendo en cuenta dos criterios: la distribución territorial y el 
incluir casuística diferente en los expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito, tanto la 
inclusión de obligaciones debida e indebidamente comprometidas, como el que los conformen 
obligaciones con distintas irregularidades. 
En el cuadro siguiente se muestra, para cada una de las siete entidades, el porcentaje de 
obligaciones  que  fueron  imputadas  al  presupuesto  de  2018  a  través  de  reconocimientos 
extrajudiciales de crédito respecto del total de obligaciones reconocidas netas.  
Cuadro  13.  Porcentaje de las ORN tramitadas a través de REC 
REC aprobados  ORN 
Población a 
Entidad  
31/12/2018 
Nº  Importe  Importe  % 
Alcázar de San Juan  30.686  3  1.058.997,09  32.177.338,43  3,29 % 
Cáceres  96.068  5  136.502,71  68.799.143,13  0,20 % 
Jumilla  25.547  34  1.396.204,08  22.646.272,30  6,17 % 
Logroño  151.113  129  4.663.441,10  146.503.789,95  3,18 % 
Mazarrón (1)  31.562  3  425.116,82  25.266.695,39  1,68 % 
Santander  172.044  3  8.715.905,97  181.868.976,99  4,79 % 
Toledo  84.282  42  3.020.263,61  86.807.396,04  3,48 % 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información remitida por las entidades. 
 
(1)  El Ayuntamiento de Mazarrón no ha rendido la Cuenta General del ejercicio 2018. Los datos incluidos en el cuadro han sido 
comunicados por la entidad en el transcurso de esta fiscalización. 
Para cada una de las entidades se han analizado cinco áreas de gestión, en las que, tanto el  e.e
cumplimiento de la normativa, como la aplicación de buenas prácticas, tienen incidencia en la  b
imputación adecuada de las obligaciones a presupuesto:   643ww
   CElo pnrfoigcuerdaicmióienn dtoe ld óer gealanboo draec Iinótne ryv aepnrcoióbna.c  ión del presupuesto
  Procedimientos de contratación
  Registro en contabilidad de las operaciones  
  Registro de facturas 
 
Configuración del órgano de Intervención 
El ejercicio del control interno en el ámbito local se realiza mediante la función interventora -control 
de legalidad llevado a cabo con carácter previo a la realización del gasto- y el control financiero -
efectuado con posterioridad a la realización del gasto-, según disponen los artículos 213 y siguientes 
del TRLRHL.  
La función interventora tiene por objeto fiscalizar todos los actos de las entidades locales y de sus 
organismos autónomos que den lugar al reconocimiento y liquidación de derechos y obligaciones o 
gastos de contenido económico, los ingresos y pagos que de aquellos se deriven, y la recaudación, 
inversión y aplicación, en general, de los caudales públicos, con las exenciones previstas en la 
normativa y que son relativas al ejercicio de la fiscalización previa en relación con los contratos 
menores, gastos de material no inventariable, periódico y de tracto sucesivo, una vez fiscalizados 
los actos iniciales, así como otros gastos menores de 3.005,06 euros que, de acuerdo con la 
normativa vigente, se hagan efectivos a través del sistema de anticipos de caja fija. 
Por su parte, el control financiero, que tiene por objeto comprobar el funcionamiento, en el aspecto 
económico-financiero, de los servicios de las entidades locales, de sus organismos autónomos y de 
las sociedades mercantiles de ellas dependientes, ha sido objeto de una mayor regulación con la 
aprobación del RCI, que pone de relevancia la importancia del control financiero en aras de un 
control más efectivo de la entidad. 
El ejercicio adecuado del control requiere de una suficiente dotación de recursos, en este sentido, 
el artículo 4 del RCI señala el órgano de Intervención habrá de ser dotado de los medios adecuados 
y suficientes. 
Se ha analizado la estructura del órgano de Intervención en las siete entidades de la muestra así 
como las modalidades de control llevadas a cabo; además, se ha comprobado el cumplimiento de 
la obligación de remitir al Tribunal de Cuentas la información prevista en el artículo 218.3 del 
TRLRHL y en la Instrucción del Tribunal de Cuentas de 15 de enero de 2020, relativa a acuerdos 
contrarios a reparos, expedientes con omisión de fiscalización y anomalías de ingresos. 
Procedimiento de elaboración y aprobación del presupuesto 
El presupuesto está regulado en el Título VI del TRLRHL −artículos 162 y siguientes− y en su 
desarrollo normativo realizado por el RD 500/1990, de 20 de abril. 
Se rige por el principio de especialidad en sus tres acepciones: cualitativa, cuantitativa y temporal, 
que se establecen respectivamente en los artículos 172 y 176 del TRLRHL. 
El Presupuesto General de la entidad debe ser aprobado por el Pleno, estableciéndose como fecha 
límite para que el Presidente de la entidad −o la Junta de Gobierno Local en los municipios de gran 
población− lo remita a este órgano, el 15 de octubre del año anterior al que se refiera.  
Entre la documentación que ha de unirse al presupuesto de forma previa a su elevación al Pleno, 
consta, según determina el artículo 18 del RD 500/90, una memoria explicativa de su contenido y 
un informe económico-financiero en el que, entre otros extremos, se habrá de justificar la suficiencia 
de  los  créditos  para  atender  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  exigibles  y  los  gastos de  e
funcionamiento de los servicios.  bo
dAeponrdecteisudmumapádeus nle,a tsssote  aBogrtiúaarans eas e s nsl aodta reobm rlEgeaajcsene cqi uzeuacle icaó icrónotní,nc  qusyuil docee i 9rsrc eodu nenp lsal atRraa Dan sdc u5aia 0pms0t ae/d9cjeo0ió r,l  nags  eedp seriotn ilóptaenisag.   rd eainnstp iedonas diec,li  opPnureedssie ugnpedunoee sirnatocle lugsie resnnee  rmeanla  dteeesr tilaae    OE-A-2021-15able en https://
El Presupuesto general debe ser informado por el órgano de Intervención, que habrá de disponer 
de la documentación correspondiente no más tarde del 1 de octubre, según los plazos establecidos 
en el artículo 18.4 del RD 500/90. 
La fecha límite para la aprobación definitiva por el Pleno del presupuesto es el 31 de diciembre del 
año anterior, según dispone el artículo 169 del TRLRHL; no obstante, se establece, de forma 
excepcional, la prórroga del presupuesto del año anterior, si el primer día del ejercicio económico 
no se hubiera aprobado el presupuesto correspondiente. Una vez aprobado definitivamente, debe 
permanecer a disposición del público a efectos informativos hasta la finalización del ejercicio. 
El presupuesto se configura así como instrumento de gestión, planificación y toma de decisiones, 
además de ser la expresión económica del mandato del Pleno, como órgano de representación de 
los ciudadanos. 
Una  adecuada  tramitación  de  las  fases  de  elaboración  del  presupuesto,  con  la  necesaria 
comunicación e información procedente de los departamentos que van a hacer uso de los recursos 
reflejados en las diferentes partidas presupuestarias, facilita una presupuestación más realista y útil 
para la gestión de la entidad y permite una imputación adecuada de las obligaciones a presupuesto. 
Se ha verificado la fecha de aprobación definitiva del presupuesto en las diferentes entidades, así 
como la regulación contenida en las Bases de Ejecución en relación con la materia fiscalizada. 
Procedimientos de contratación 
El modo en el que está organizado el departamento de contratación y un adecuado control interno 
en relación con los suministros y con la prestación de servicios, de forma que se evite un lapso de 
tiempo entre la finalización de un contrato y la entrada en vigor del siguiente, son aspectos que 
inciden de forma relevante en una adecuada gestión contractual y de los gastos en la entidad. 
En diversas fiscalizaciones llevadas a cabo, tanto por el Tribunal de Cuentas como por el resto de 
órganos  de  control  externo,  se  ha  constatado  la  contratación  menor  como  área  de  riesgo, 
fundamentalmente por dos razones: por su utilización para llevar a cabo prestaciones de servicios 
y realización de suministros que hubieran requerido la licitación de un contrato y por otra, por 
generar facturas para las que no se disponía de crédito en el momento de imputarlas a presupuesto. 
La entrada en vigor de la LCSP −9 de marzo de 2018−, en su objetivo de erradicar adjudicaciones 
directas y corrupciones, ocasionó un cambio sustancial en la contratación menor, puesto que 
además de rebajar los umbrales de cuantía, vino a exigir, según se determina en el artículo 118.2, 
un informe de necesidad de la contratación y de que no se altera el objeto del contrato para eludir 
la aplicación de los umbrales de la contratación menor previo a la aprobación del gasto, lo que 
conlleva la tramitación de un expediente con anterioridad al compromiso de la obligación; mientras 
que con anterioridad a la normativa actual, la práctica habitual era formar el expediente de la 
contratación menor una vez que se disponía de la factura, a  pesar de la obligatoriedad legal de 
contar con la aprobación previa del gasto 
En relación con la contratación menor, en los Informes de Fiscalización sobre los acuerdos y 
resoluciones contrarios a reparos formalizados por los interventores locales de las entidades locales 
y las anomalías detectadas en materia de ingresos, así como sobre los acuerdos adoptados con 
omisión  del  trámite  de    fiscalización  previa,  de  las  Comunidades  Autónomas  de  Cantabria, 
Extremadura, Castilla – La Mancha, La Rioja, Murcia y Canarias, aprobados por el Pleno del 
Tribunal de Cuentas lo largo de los años 2018 y 2019, se incluyó la siguiente recomendación:  e.
“Deberían establecerse por las entidades locales procedimientos de gestión en relación con los  w.
gastos de menor cuantía. En caso de que estos sean tramitados a través de contratos menores, el  643ww
ócorgrraensop orensdpieonntsea pbrleo pdueel sgtaas dtoe,  ruentean vceiózn q duee  csreé adcituoe vradleid laad rae aploizra Icnitóenrv deenlc mióins,m doe,  fdoermbear íqau tera smei teavri tlae 
la falta de consignación presupuestaria cuando se genere la obligación. Asimismo, las Bases de
Ejecución del presupuesto deberían prever mecanismos de gestión de los gastos de menor cuantía 
para  los  que  no  se  considere  conveniente  la  celebración  de  un  contrato  menor,  pudiendo 
materializar aquellos a través de anticipos de caja fija, con las condiciones y cuantías mínimas que 
las entidades consideren operativas”. 
Se ha analizado la configuración del departamento de contratación en las siete entidades de la 
muestra, así como los procedimientos de contratación y de tramitación de los gastos de menor 
cuantía. 
Registro en contabilidad de las operaciones 
La Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo 
normal de contabilidad local, es aplicable a todas las entidades analizadas, puesto que todas ellas 
son de población superior a 5.000 habitantes. 
De las siete entidades analizadas, tres tienen la consideración de municipios de gran población, 
según  se  determina  en  las  correspondientes  leyes  autonómicas.  Esta  calificación  implica  la 
aplicación del Título X de la LRBRL, que en el artículo 133 establece la separación de las funciones 
de contabilidad y de fiscalización de la gestión económico-financiera. 
Según la Orden ministerial citada, las fases contables pueden ser objeto de desconcentración o 
estar todas residenciadas en el mismo departamento, lo que podría conllevar ventajas derivadas de 
la centralización de documentos; si bien, implica una mayor carga de trabajo en el mismo 
departamento e impide, por ejemplo, que los diferentes órganos gestores de gasto puedan 
formalizar retenciones de crédito. 
Se ha analizado si en las siete entidades de la muestra se han establecido instrucciones concretas 
respecto de la operatoria contable en aspectos relativos a la relación entre los departamentos, el 
reparto de funciones y la separación entre las diferentes fases de gasto. 
Por lo que se refiere a la segregación de funciones, el Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por 
el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de 
carácter nacional (RDFHN), establece que debe ser la Tesorería local el órgano que asegure el 
cumplimiento de la normativa sobre morosidad y la adecuación de los flujos al Plan de Disposición 
de Fondos, por lo que resulta una práctica adecuada que las fases presupuestarias posteriores al 
reconocimiento de la obligación estén residenciadas en el departamento de Tesorería. 
Respecto de las instrucciones contables, y en relación con la imputación a presupuesto de las 
obligaciones que se generan en el ejercicio, adquieren especial relevancia las relativas a las 
operaciones de cierre de ejercicio, que se configuran como una herramienta básica para hacer 
cumplir los principios de presupuesto anual. 
En este sentido, en el Informe de Fiscalización sobre rendición de cuentas de las entidades locales, 
ejercicio 2106, aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas el 27 de septiembre de 2018, se 
recomendó que “todas las entidades locales deberían elaborar y aprobar una instrucción que regule 
las operaciones a realizar a cierre de ejercicio, con el objetivo de normalizar y establecer las fechas 
límite para realizar los trámites de imputación de gastos e ingresos al presupuesto del ejercicio 
corriente, estableciendo las condiciones adecuadas para que los gastos e ingresos ejecutados se 
apliquen al presupuesto del ejercicio corriente, de modo que se garantice la correcta aplicación de 
los principios de imputación presupuestaria, de devengo y anualidad presupuestaria”  s
Registro de facturas  w.
Lcpeoaxroni scLttaeeebdynli teme2 s5ide./e 2n 0tfoa1sc3 t,ud dreae s p 2ae7gn o de eal   dSlioecscie tomprrb oPrveúe,b edldiceoo ri,me espx upyl osdona edr  ecco elmar toefa zocatb ujderaeti v eolale sec ntfr aóscnutiu cPraar sey á pcmreebnaudclioeió nentl e dase gld ilreize agprisa ltgoroos    OE-A-2021-15able en https://
Se estableció, a partir del 15 de enero de 2015, la obligación de tramitar por medios electrónicos 
las facturas emitidas por los proveedores cuando el destinatario del bien o servicio fuese una 
administración pública, salvo cuando el importe de la factura sea inferior a 5.000 euros. 
Para  facilitar  esta  obligación  se  creó  el  punto  general  de  entrada  de  facturas  electrónicas, 
permitiendo que las entidades locales pudiesen adherirse a la utilización del Punto general de 
entrada de facturas electrónicas que proporcione el Estado, la Comunidad Autónoma, Diputación 
Provincial, Consejo Insular o Cabildo Insular correspondiente, o bien, crear un punto de entrada 
propio.  
Por otro lado, la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra 
la morosidad en las operaciones comerciales, modificada por la Ley 11/2013, de 26 de julio, de 
medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, y 
también la LCSP en su artículo 198.4,  establecen un plazo de treinta días para el pago de las 
facturas presentadas por registro desde su aprobación, debiendo para ello el contratista, a su vez, 
haber registrado la factura como máximo treinta días después de la realización de la prestación. 
Esta regulación, queda reforzada por la obligación −establecida en el artículo cuarto de la Ley 
15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 
establecen  medidas  de  lucha  contra  la  morosidad  en  las  operaciones  comerciales−  de  las 
Tesorerías locales de informar trimestralmente al Pleno sobre el cumplimiento del plazo de pago de 
las obligaciones, incluyendo número y cuantía global de las obligaciones pendientes en las que se 
esté incumpliendo el plazo. 
La normativa referida guarda estrecha relación con las obligaciones contabilizadas en la cuenta 413. 
Acreedores pendientes de aplicar a presupuesto, donde se habrán de registrar todas las facturas, 
tanto electrónicas como en papel, aceptadas por la Administración para las que no se haya imputado 
la obligación a presupuesto, y además, con la cuenta 555. Pagos pendientes de aplicación, que 
registra las salidas de fondo cuando, de manera excepcional y con carácter transitorio, no se conoce 
su origen, de manera que no es posible, en el momento del pago, identificarlo con una obligación 
presupuestaria contraída o, en su caso, una operación no presupuestaria, que justifiquen la 
realización del referido pago. 
En relación con las obligaciones que derivan de actos debidamente adquiridos y que no se 
imputaron al presupuesto por retrasos en la tramitación de la justificación documental −tanto por la 
tardanza en la presentación de la factura imputable al acreedor, como por demoras en la tramitación 
interna−,  las  siguientes  prácticas  facilitan  que  se  cumpla  con  el  plazo  establecido  para  su 
reconocimiento y pago: 
  La tenencia de un sistema de información contable actualizado y vinculado con los registros 
de facturas, de forma que se automatice su anotación. 
 
  El  contar  con  procedimientos  de  gestión  que  permitan  conocer  la  evolución  de  las 
prestaciones en curso y el desarrollo de su ejecución, facilitando, en su caso, la reclamación 
de las facturas a terceros. 
En este sentido, en el Informe de Fiscalización sobre los gastos ejecutados por las entidades locales 
sin crédito presupuestario, ejercicio 2013, aprobado por el Pleno del Tribunal el 22 de julio de 2016, 
se realizaba la siguiente recomendación: “Habrían de implementarse las acciones necesarias por 
parte de las entidades locales para mejorar la calidad de los registros contables al objeto de que  s
puedan identificarse correctamente y recogerse íntegramente en ellos los acreedores, los importes  oe.
de las obligaciones y las fechas en las que se registren los acreedores por operaciones pendientes  w.
de aplicar a presupuesto y los pagos pendientes de aplicación. Las entidades locales deberían  643ww
mideenjotrifaicr,a ra esilm oirsimgeon,  dloes  lopsro pceadgiomsi ernetaolsiz addeo sg epsotri ólna  ye nctiodnatda bloiliczaalc, ióenvi tadned og aesnto sc oyn speacugeons cipaa rlaa 
acumulación de operaciones pagadas sin aplicar al cierre del ejercicio”.
Por otra parte, en el Informe de Fiscalización sobre rendición de cuentas de las entidades locales, 
ejercicio 2106, ya citado, se realizaba asimismo la siguiente recomendación: “Sería conveniente 
que las entidades locales implementaran los mecanismos apropiados para garantizar la adecuada 
conexión entre los registros administrativos a través de los que se reciben facturas, con el registro 
contable de facturas, para reducir el riesgo de errores, retrasos o incidencias en la anotación de las 
mismas, que pudieran afectar a la fiabilidad de la información contable”. 
A continuación se exponen los resultados obtenidos en cada una de las entidades analizadas. 
II.2.1.  Alcázar de San Juan
Alcázar de San Juan aprobó tres expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito en 2018 
por un importe agregado de 1.058.997,09 euros, lo que supone el 3,29 % de obligaciones 
reconocidas netas liquidadas en dicho ejercicio. 
Ha formado parte de la muestra uno de estos expedientes, cuyo importe es de 1.048.171,72 euros. 
Todas las obligaciones del expediente analizado fueron generadas en ejercicios anteriores a 2018. 
En los dos siguientes gráficos se muestra su distribución según el tipo de gasto y de acuerdo con 
la distinción entre obligaciones debidamente comprometidas e indebidamente comprometidas que 
se ha expuesto en el Apartado II.1.1 de este Informe. 
Gráfico  4  Obligaciones incluidas en el REC. Ayuntamiento de Alcázar de San Juan 
Distribución por tipo de gasto Legalidad del compromiso
8,65% Servicios
7,16%
11%
Indebidamente
Suministros
84,19% Debidamente
comprometida
89%
Facturas
pequeñas de
servicios y
suministros
Fuente: Elaboración propia a partir de la información remitida por las entidades. 
La combinación de las dos tipologías anteriores da como resultado los datos que se muestran en el 
siguiente cuadro. Se especifican, además, las irregularidades que se produjeron en relación con las 
obligaciones indebidamente comprometidas y la causa por la que las obligaciones comprometidas 
de acuerdo con el ordenamiento jurídico, no se imputaron al presupuesto del ejercicio en el que se 
generaron. 
Cuadro  14.  Detalle obligaciones REC. Alcázar de San Juan 
  Facturas de 
  Servicios  Suministros  pqño importe  Total 
de serv. y sum. 
Presentación  de  la 
Debidamente 
factura  en  ejercicio  118.720,69  __  __  118.720,69 
comprometidas 
posterior 
Indebidamente 
Sin crédito  588.188,03    90.706,30  678.894,33 
comprometidas 
  Sin  crédito  y  sin 
175.557,38  74.999,32  --  250.556,70 
contrato 
Total    882.466,10  74.999,32  90.706,30  1.048.171,72 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información remitida por las entidades. 
 
La totalidad de obligaciones que conforman el expediente analizado se han imputado al capítulo 2 
del presupuesto de gastos, lo que ha supuesto el 12 % de las obligaciones reconocidas netas en 
este capítulo en 2018. 
Del total de obligaciones que conforman el REC analizado, el 89 % −929.451,03 euros− adolecían 
de vicios de nulidad de pleno derecho. En relación con estas obligaciones el órgano de Intervención 
formuló reparo respecto de gastos por importe de 764.355,61 euros, que fue levantando por el Pleno 
de la entidad, sin que se hayan iniciado actuaciones tendentes a la depuración de las posibles 
responsabilidades.  
En los apartados siguientes se analizan las áreas de gestión que se han considerado relevantes en 
relación con la imputación de facturas a presupuesto a través de los reconocimientos extrajudiciales 
de crédito y al margen de la tramitación ordinaria.  
Configuración del órgano de control interno 
La Intervención del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan está clasificada de clase 1ª, tal y como 
establece el artículo 8 del RDFHN para las entidades de población superior a 20.000 habitantes. 
Desde el 10 de junio de 2013 y hasta el cierre de los trabajos de la fiscalización, la plaza de 
Intervención no se encuentra cubierta de forma definitiva, sino mediante nombramiento provisional. 
El Interventor de la entidad estaba asistido en el ejercicio fiscalizado de un técnico A2, cuatro 
administrativos y cuatro auxiliares administrativos, mientras que a la fecha de los trabajos de campo 
los efectivos se habían reducido, además del Interventor, a cuatro administrativos y tres auxiliares. 
Con fecha 29 de abril de 2019 –cumpliendo el plazo de la Instrucción del Tribunal de Cuentas de 
10 de julio de 2015–, se envió la información relativa a los acuerdos contrarios a reparos tramitados 
durante 2018, que establece el artículo 218.3 del TRLRHL. El órgano de Intervención informó de 
247 acuerdos contrarios a reparos y ningún expediente con omisión de fiscalización previa ni relativo 
a anomalías en materia de ingresos. 
La entidad aplica un sistema de fiscalización previa plena, que consiste en la comprobación por  b
parte del órgano de Intervención de la conformidad de las propuestas con el procedimiento  643ww
lpeogra elml oerndteen easmtaiebnletoci.d  o en todos los expedientes, valorando todos los requisitos y trámites exigidos
El órgano interventor remitió la información sobre el ejercicio de Control Interno en el ejercicio 2019 
el 24 de julio de 2020 –cumpliendo así el plazo previsto en la Instrucción del Tribunal de Cuentas 
de 15 de enero de 2020, ampliado en aplicación del artículo 48 del Real Decreto-ley 11/2020 hasta 
el 7 de agosto–. Se han comunicado 236 acuerdos contrarios a reparos y se ha emitido certificación 
negativa respecto de expedientes con omisión de fiscalización previa y anomalías en materia de 
ingresos. 
No se realizaron actuaciones de control financiero en los ejercicios 2018 y 2019, lo que supone un 
incumplimiento del artículo 220 del TRLRHL, si bien el artículo 29.2 del RCI, entró en vigor a 
mediados del ejercicio fiscalizado −el 1 de julio de 2018− y la realización de las auditorías de cuentas 
es exigible en las cuentas anuales cuyo ejercicio contable se cierre a partir de 1 de enero de 2019. 
La carencia de un control financiero supone, además, una debilidad en el ejercicio del control, al no 
comprobarse si se cumplían los principios de buena gestión financiera (eficiencia, eficacia y 
economía) en la gestión de la entidad.  
Procedimiento de elaboración y aprobación del presupuesto 
El Ayuntamiento de Alcázar de San Juan aprobó el presupuesto para 2018 de modo extemporáneo, 
el 14 de junio del mismo año, por lo que durante seis meses únicamente se dispuso del presupuesto 
prorrogado del ejercicio anterior. La entidad no aprobó presupuesto para 2019 por lo que durante 
todo el ejercicio tuvo prorrogado el del año anterior. El presupuesto para 2020 se aprobó de modo 
extemporáneo el 28 de enero de dicho ejercicio. 
Para la elaboración del presupuesto los distintos departamentos gestores remiten con antelación a 
la Presidencia de la entidad las previsiones de gastos e ingresos de sus respectivas áreas. No 
obstante, una vez formado el Presupuesto general de 2018, el Presidente de la entidad no lo envió 
con la antelación requerida al órgano de Intervención a efectos del preceptivo informe exigido en el 
artículo 18.4 del Real Decreto 500/90, lo que tampoco se ha realizado en relación con el presupuesto 
de 2020, que fue aprobado el 29 de enero. 
En  las  Bases  de  ejecución  del  presupuesto  no  se  incluye  regulación  específica  sobre  el 
procedimiento de elaboración presupuestaria ni sobre la tramitación de los expedientes REC, más 
allá de recoger algunos de los preceptos legales de obligado cumplimiento. 
La falta de un presupuesto aprobado en tiempo y adecuado a las necesidades concretas del 
ejercicio corriente, que se utilice como herramienta de gestión conlleva que, con mayor facilidad, se 
puedan generar obligaciones que, si bien disponen de cobertura contractual, no cuenten con crédito 
adecuado y suficiente para su imputación presupuestaria.  
En concreto, en los 588.188,03 euros que en el cuadro 2 constan como obligaciones comprometidas 
sin crédito, se incluyen 556.645 euros de facturas de los contratos de limpieza viaria y de 
mantenimiento complementario de zonas verdes, para las que, una buena práctica en la elaboración 
del presupuesto hubiera podido evitar su compromiso sin crédito, máxime disponiendo de contrato 
en vigor.  
Procedimientos de contratación 
El departamento de contratación del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan contaba en 2018 con 
dos personas dedicadas a la preparación, elaboración y formalización de los contratos. Esta 
dotación de personal se incrementó, y en el momento de realización de los trabajos de campo −junio  e.
de 2020−, trabajan dos personas más.  w.b
Emne neol erejesr.c icio 2018 se licitaron y formalizaron dieciocho contratos y se tramitaron otros 96 contratos
El Ayuntamiento cuenta con un tramitador electrónico de expedientes, según establece el artículo 
70.2 de la LPAC, sin embargo no está vinculado con contabilidad, por lo que no se produce el 
registro automático de los asientos.  
La entidad en cumplimiento de la Instrucción del Tribunal de Cuentas de 3 de julio de 2018 remitió, 
el 27 de febrero de 2019, la relación anual de contratos celebrados al amparo de la LCSP durante 
2018. 
En relación con las obligaciones de transparencia, el artículo 8.1 de la LTAIPBG exige la publicación 
de determinados datos relativos a los contratos que formalicen las entidades –entre otros, objeto y 
duración del contrato, importe de licitación y de adjudicación, procedimiento utilizado, información 
sobre la publicidad de la licitación y modificaciones− y, a su vez, artículo 347 de la LCSP establece 
la obligatoriedad de incluir en la página web institucional de la entidad un enlace a los perfiles de 
contratante de sus órganos de contratación situados en la Plataforma de Contratación del Sector 
Público. 
En  el  Ayuntamiento  de  Alcázar  de  San  Juan  únicamente  están  disponibles  los  contratos 
formalizados por el perfil correspondiente a una Concejalía, sin constar el perfil de contratante de 
otros órganos del Ayuntamiento. Tampoco se publica la relación de contratos menores, cuya 
actualización de información debe ser trimestral. 
Contratación menor 
La entidad tiene regulados en las Bases de ejecución los procedimientos de anticipos de caja fija y 
de pagos a justificar, aunque estos no se utilizan de forma habitual, sino que los gastos pequeños 
se tramitan a través de la contratación menor, para la cual se exige la aprobación del gasto previa 
a su ejecución y, además, la solicitud de tres ofertas en caso de gastos mayores de 2.000 euros, 
salvo que se justifique la necesidad de adjudicación directa. 
En el REC analizado se incluyeron 270 facturas por importe conjunto de 90.706,30 euros para las 
que no se dispuso de crédito en el ejercicio en el que se generaron y, por lo tanto, no se imputaron 
al presupuesto en el momento debido. La cuantía individualizada de las facturas es, en todos los 
casos, de pequeño importe, por lo que la utilización del sistema de anticipos de caja fija o la 
concertación de contratos menores con la retención de crédito y aprobación del gasto previas a 
ejecutar la prestación, hubiera evitado el compromiso de gasto sin consignación presupuestaria. 
Licitación de contratos 
Además, a través del expediente analizado se imputaron 250.556,70 euros al presupuesto de 2018 
que se habían comprometido en 2017 sin contar con cobertura contractual. El detalle de las 
prestaciones es el siguiente:  
Cuadro  15.  Prestaciones facturadas sin cobertura contractual incluidas en el REC. 
Alcázar de San Juan 
Prestación  Nº de Facturas  Importe 
Servicio vigilancia de edificios públicos  24  132.550,68 
Suministro electricidad  38  74.999,32  e.e
Mantenimiento aplicaciones informáticas  1  43.006,70  w.
FuenteT: oEtlaabl oración propia a partir de la información remitida por las entidades.  63  250.556,70
El servicio de vigilancia de edificios públicos referido en el cuadro anterior engloba las siguientes 
prestaciones diferenciadas: 
  Servicio de vigilancia de centros de barrio y centro cívico. La licitación y formalización del 
contrato correspondiente se produjo en 2020, por lo que la prestación se mantuvo sin 
cobertura contractual durante 7 años, puesto que el contrato anterior había perdido la 
vigencia en 2012. En 2018 se facturaron por estos conceptos 145.565,01 euros. 
  Servicio de ordenanzas en museos, cuya finalización de contrato tuvo lugar el 29 de junio 
de 2012 y no se ha vuelto a licitar. Por este servicio en 2018 se facturaron 81.721,56 euros. 
Tampoco se han licitado los contratos correspondientes al suministro de electricidad y al servicio de 
mantenimiento de aplicaciones. Su facturación en el ejercicio 2018 fue, respectivamente, de 
1.407.816,62 euros y 46.521,58 euros. 
La ausencia de contrato válidamente constituido, junto con la continuidad del servicio al margen del 
procedimiento legalmente establecido, da lugar a la existencia de actos que podrían adolecer de 
nulidad en virtud de lo establecido en el artículo 39 de la LCSP por remisión al artículo 47 de la 
LPAC.  
Esta práctica pone de manifiesto una debilidad en la gestión de la contratación de servicios y 
suministros, en tanto no se realizó una previsión adecuada de las correspondientes necesidades, 
con práctica de prestaciones que se alargan en el tiempo sin contar con contrato formalizado, y que 
durante 2018 y en relación con las prestaciones analizadas alcanzaron 1.681.624,77 euros. 
Además, el no haber licitado los contratos con concurrencia pública, ha privado a la Administración 
de la posible obtención de precios más competitivos. 
La disposición adicional vigésimo octava de la LCSP señala que la responsabilidad patrimonial de 
las autoridades y del personal al servicio de las Administraciones Públicas que se pudiera derivar 
de sus actuaciones en materia de contratación administrativa se exigirá conforme a lo dispuesto en 
la LPAC, señalando, asimismo, que la infracción o aplicación indebida de los preceptos contenidos 
en la propia LCSP por parte del personal al servicio de las Administraciones Públicas, cuando medie 
al menos negligencia grave, constituirá falta muy grave, cuya responsabilidad disciplinaria se exigirá 
conforme a la normativa específica en la materia. No consta que se hayan iniciado actuaciones 
tendentes a la depuración de las posibles responsabilidades derivadas de los hechos descritos. 
Registro en contabilidad de las operaciones y procedimiento de facturación 
El Ayuntamiento de Alcázar de San Juan no tiene la consideración de municipio de gran población, 
por lo que no es obligatoria la separación de las funciones de contabilidad y de fiscalización de la 
gestión económico-financiera. Esta segregación tampoco se ha realizado de forma voluntaria, 
concentrándose ambas funciones en un mismo departamento. 
En cuanto a la distribución de funciones en materia del gasto, el departamento de Intervención se 
encarga de formalizar las retenciones de crédito, así como las fases de aprobación, compromiso 
del gasto y reconocimiento de la obligación, previa conformidad de las facturas con el departamento 
correspondiente. Las fases de la ordenación y realización del pago material están residenciadas en 
el departamento de Tesorería. Esta organización supone una adecuada segregación de funciones; 
puesto que permite más fácilmente la verificación del cumplimiento de la normativa en materia de 
morosidad y la adecuación de los pagos al plan de disposición de fondos por el departamento de  s
Tesorería.  e.
En el REC analizado se incluyeron obligaciones debidamente adquiridas en 2017 por importe de  643ww
1ex1t8e.m72p0o,r6á9n eeou rdoes,  losise njudsot ifeicl amntoetsiv od ed ep algao i.n cAllu smióanr geenn  edle le xrepteradsieon tiem plau tparbelese anlt aacciórene ddoer ,m eosdtao 
circunstancia está relacionada con la carencia de una operativa contable adecuada para las
operaciones de cierre de ejercicio, tanto en 2018 como en el año en el que se están llevando a cabo 
los trabajos −2020−, la entidad ha excedido el plazo máximo de tramitación de las facturas en gastos 
corrientes y de inversión, lo que supone un incumplimiento del artículo 198 de la LCSP. 
Esta situación se produjo a pesar de contar con registro electrónico de facturas −el Ayuntamiento 
está adherido al sistema estatal FACe− y estar el registro vinculado a la contabilidad. Además, 
respecto de las facturas menores de 5.000 euros que se presentan en papel −para estas facturas 
la norma no exige su presentación telemática− tras causar entrada en el registro general de la 
entidad tenían que ser posteriormente registradas en contabilidad. Esta falta de interrelación 
automática puede ocasionar retrasos en la tramitación de los gastos. 
Además, la entidad superó el periodo medio de pago a proveedores recogido en la normativa de 
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera en todos los trimestres del ejercicio fiscalizado. 
A pesar de ello, no se formuló la preceptiva advertencia al Pleno de dicho incumplimiento por parte 
de Tesorería o Intervención. 
Del examen realizado se aprecia que las incidencias más significativas que han influido en el uso 
de expedientes extrajudiciales de crédito han sido la falta de utilización del presupuesto como 
herramienta de gestión económico-presupuestaria −lo que requiere de una adecuada elaboración 
del presupuesto ajustada a las necesidades del ejercicio al que se va a aplicar−, así como la 
ausencia de retenciones de crédito previas al compromiso de las obligaciones en la contratación 
menor. Además, se ha detectado la práctica de prestaciones continuadas en el tiempo sin la 
adecuada  cobertura  contractual.  Por  otra  parte,  la  falta  de  vinculación  entre  los  registros 
administrativo y contable en relación con las facturas de importe inferior a 5.000 euros y la ausencia 
de instrucciones de cierre suponen riesgos en relación con la tramitación de la justificación 
documental de las obligaciones. 
II.2.2.  Cáceres 
El Ayuntamiento de Cáceres aprobó en 2018 tres expedientes de reconocimiento extrajudicial de 
crédito por un importe agregado de 131.490,69 euros, de los que se ha analizado uno, cuya cuantía 
es de 104.124,64 euros. El porcentaje de los REC aprobados sobre las obligaciones totales (0,20 
%) resulta sensiblemente inferior al resto de entidades analizadas.  
Todas las obligaciones que conforman el expediente analizado fueron generadas en ejercicios 
anteriores a 2018. En los dos siguientes gráficos se muestra su distribución según el tipo de gasto 
y la clasificación de obligaciones entre debida e indebidamente comprometidas: 
Gráfico  5  Obligaciones incluidas en el REC. Ayuntamiento de Cáceres 
Distribución por tipo de gasto Legalidad del compromiso
6% 9,58%
10% Inversión
Indebidamente
Transferencia comprometida
16%
68% Servicios 90,42% Debidamente
comprometida
Suministros e.
          643ww
F uente: Elaboración propia a partir de la información remitida por las entidades.
De la combinación de estas dos clasificaciones resultan los datos que se incluyen en el siguiente 
cuadro, donde también se especifican las irregularidades en las que incurrieron las obligaciones 
indebidamente comprometidas y la causa por la que las obligaciones debidamente comprometidas 
no se imputaron al presupuesto del ejercicio en el que se generaron. 
Cuadro 16.  Detalle de obligaciones REC. Ayuntamiento de Cáceres 
   
Inversión  Transferencia  Servicios  Suministros  Total 
Presentación 
Debidamente  de la factura en 
 __  __  9.647,08  329,12  9.976,20 
comprometidas  ejercicio 
posterior 
Indebidamente 
Sin crédito  70.745,98  16.413,65  876,78  6.112,03  94.148,44 
comprometidas 
Total    70.745,98  16.413,65  10.523,86  6.441,15  104.124,64 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información remitida por las entidades. 
Ninguna de estas obligaciones fue objeto de reparo por parte de la Intervención. 
En los apartados siguientes se analizan las áreas de gestión que se han considerado relevantes en 
relación con la materia fiscalizada. 
Configuración del órgano de control interno 
La Intervención del Ayuntamiento está clasificada de clase 1ª, tal y como establece el artículo 8 del 
RDFHN para las entidades de población superior a 20.000 habitantes. 
La plaza de Intervención se encuentra cubierta por nombramiento definitivo como consecuencia de 
la Resolución de 8 de marzo de 2013, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se 
resuelve el concurso unitario de provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios con 
habilitación de carácter estatal.  
El departamento de Intervención cuenta con tres puestos de técnicos A1/A2 y tres puestos de 
administrativos/auxiliares –uno de ellos vacante– de los subgrupos C1/C2. 
El  órgano  de  Intervención  remitió  la  información  prevista  en  el  artículo  218.3  del  TRRHL, 
correspondiente al ejercicio 2016, el 26 de abril de 2019, dentro del plazo establecido en la 
Instrucción del Tribunal de Cuentas de 30 de junio de 2015. Se informó de un único acuerdo 
contrario a reparo y de un expediente con omisión de fiscalización previa, sin que existiesen 
anomalías en materia de ingresos. 
A su vez, el 26 de octubre de 2020, se ha remitido la información de control interno −con la que 
también se da cumplimiento al artículo 218 del TRLRHL− regulada en la Instrucción del Tribunal de 
Cuentas de 15 de enero de 2020. Se ha comunicado un acuerdo contrario a reparo y se ha emitido 
certificación negativa respecto de expedientes tramitados con omisión de fiscalización previa y 
anomalías en materia de ingresos. La remisión se hizo de forma extemporánea en relación con la 
ampliación que del mismo se realizó en aplicación del artículo 48 del Real Decreto-ley 11/2020, 
hasta el 7 de agosto de 2020.  es
Ecóorngm alpnaro o.eb  natniddaod  esxetr eampolisc aa duinci osnisatleems aa  ldae  efxiissctaelnizcaiac iódne  clirméditaitod ap rperseuvpiau eos tadreio  rye qcuoimsitpoest ebnácsiaic does,l   2021-15643n https://www.
No se realizaron actuaciones de control financiero en los ejercicios 2018 y 2019, lo que supone un 
incumplimiento del artículo 220 del TRLRHL, si bien el artículo 29.2 del RCI, entró en vigor a 
mediados del ejercicio fiscalizado −el 1 de julio de 2018− y la realización de las auditorías de cuentas 
es exigible en las cuentas anuales cuyo ejercicio contable se cierre a partir de 1 de enero de 2019. 
A pesar de la obligatoriedad del control financiero, durante 2019 solo se ha informado de la 
constatación del incumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria en aplicación del 
artículo 16 del Real Decreto 1463/2007. 
La carencia de un control financiero supone, además, una debilidad en el ejercicio del control, al no 
comprobarse si se cumplían los principios de buena gestión financiera (eficiencia, eficacia y 
economía) en la gestión de la entidad.  
Procedimiento de elaboración y aprobación del presupuesto 
El Ayuntamiento de Cáceres aprobó el Presupuesto general para 2018 el 27 de diciembre de 2017, 
por lo tanto, dentro del plazo previsto en el artículo 169 del TRLRHL, que establece como fecha 
límite el 31 de diciembre del año anterior al del ejercicio en que deba aplicarse. 
El 19 de diciembre de 2018 aprobó el correspondiente a 2019; sin embargo el relativo a 2020 se 
aprobó de modo extemporáneo el 16 de enero de dicho ejercicio.   
Para la elaboración del presupuesto los distintos departamentos gestores remiten con antelación a 
la Presidencia de la entidad las previsiones de gastos e ingresos de sus respectivas áreas. Además, 
se ha comprobado que, una vez formado el Presupuesto general de 2018, éste se envió con la 
antelación requerida al órgano de Intervención a efectos del preceptivo informe exigido en el artículo 
18.4 del Real Decreto 500/90. 
Las  Bases  de  ejecución  del  presupuesto  no  incluyen  normativa  sobre  el  procedimiento  de 
elaboración presupuestaria. En relación con la tramitación de los expedientes de reconocimiento 
extrajudicial de crédito, se atribuye su aprobación a la Junta de Gobierno Local al señalar que le 
compete a este órgano la aprobación de obligaciones que sean “consecuencia necesaria de la 
efectiva  realización  de  un  gasto  en  ejercicios  anteriores,  sin  que  se  hubiera  autorizado  el 
compromiso de los mismos, en el ejercicio de su realización”.  
Esta regulación interna no resulta contraria a la normativa de aplicación siempre y cuando bajo la 
competencia referida no se incluya el supuesto de que no exista dotación presupuestaria y sea 
necesario realizar la correspondiente modificación de crédito, puesto que en este caso, a tenor de 
lo dispuesto en el artículo 60.2 del RD 500/90, la aprobación del expediente corresponde al Pleno 
de la entidad. En todo caso, los tres expedientes tramitados en el ejercicio 2018 fueron aprobados 
por el Pleno, aunque en uno de ellos no fue necesario tramitar modificación presupuestaria para su 
financiación. 
En el REC analizado, que alcanza el 79 % del importe de los tramitados durante 2018, se incluyen 
94.148,44 euros que no habían sido presupuestados. De este importe, el 18 % es relativo a facturas 
de servicios y suministros (6.988,81) y el 82 % (76.858,01) responde a cuotas de participación en 
una agrupación de interés urbanístico y a una deuda con el Organismo de Recaudación de Cáceres 
por cuotas de aportación municipal al Plan Provincial de Obras de los años 2015 y 2016.  
Procedimientos de contratación 
El departamento de contratación del Ayuntamiento de Cáceres contaba en 2018 con cinco personas  e.
encargadas de la preparación, elaboración y formalización de los contratos, contando con un  w.b
efectivo más en la fecha de realización de los trabajos de fiscalización. La entidad no dispone de un  643ww
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de personal. En 2018 se formalizaron 44 contratos y se tramitaron 133 contratos menores, para 
estos últimos se ha establecido el requisito de solicitar tres ofertas cuando el gasto es superior a 
1.000 euros.  
La entidad ha dado cumplimiento en plazo a la obligación de remisión de los contratos celebrados 
al amparo de la LCSP según se establece en la Instrucción del Tribunal de Cuentas de 3 de julio de 
2018. Así como a las obligaciones de transparencia establecidas en el artículo 8.1 de la LTAIPBG 
y en el 347 de la LCSP en relación con la contratación pública. 
 
Para los gastos corrientes de pequeña cuantía se utiliza el sistema de anticipos de caja fija, que, 
según la regulación contenida en las Bases de ejecución, puede alcanzar un límite máximo de 
12.000 euros anuales con reposiciones de hasta 3.000 euros. 
Registro en contabilidad de las operaciones y procedimiento de facturación 
El Ayuntamiento de Cáceres cuenta con una unidad dedicada exclusivamente a la contabilidad que 
está integrada en Intervención, sin que exista segregación de funciones con jefatura diferenciada, 
lo que resulta conforme a la normativa puesto que la ciudad no tiene la consideración de municipio 
de gran población. 
Esta unidad contabiliza las retenciones de crédito, las fases de aprobación y disposición del gasto 
y reconocimiento de la obligación, correspondiendo a Tesorería la ordenación del pago y el pago 
material, lo que resulta una adecuada segregación de funciones, sin perjuicio de la posible 
conveniencia, en caso de adecuada conexión entre las correspondientes aplicaciones informáticas, 
de que los órganos gestores de gasto puedan realizar las correspondientes retenciones de crédito.  
Respecto a la regulación de las operaciones de cierre de ejercicio, en las Bases de ejecución de 
presupuesto se establece la posibilidad de contabilizar gastos de tracto sucesivo hasta el 15 de 
enero del ejercicio siguiente al de su devengo.  
Además, el Ayuntamiento de Cáceres cuenta con registro electrónico de facturas vinculado a la 
contabilidad, lo que facilita su llevanza.  
No obstante, once facturas por importe agregado de 9.976,20 euros relativas a publicidad en radio 
y otros medios, reparación de vehículos y revisión de ascensores, que habían sido tramitadas a 
través de contratos menores, se presentaron con posterioridad al ejercicio de su devengo y se 
imputaron a 2018 a través del expediente REC analizado. 
La entidad dio adecuado cumplimiento al periodo medio de pago a proveedores establecido en la 
normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.  
El Ayuntamiento de Cáceres hizo, durante el ejercicio 2018, una utilización muy limitada de los 
reconocimientos extrajudiciales de crédito, acorde con la naturaleza excepcional de la figura. En 
relación con las áreas de gestión examinadas se ha comprobado la adecuada configuración del 
órgano de control interno, la aprobación en plazo del presupuesto de la entidad, así como la tenencia 
de instrucciones de cierre de contabilidad y la vinculación del registro de facturas con su registro 
contable, aspectos que inciden en la minoración de los riesgos de seguimiento de las prestaciones. 
Todo ello, sin perjuicio de las incidencias puestas de manifiesto en el examen de los expedientes 
analizados. 
II.2.3.  Jumilla  b
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de 627.901,35 euros.
Todas las obligaciones que conforman los expedientes analizados fueron generadas en ejercicios 
anteriores a 2018. En los dos siguientes gráficos se muestra su distribución según el tipo de gasto 
y de acuerdo con la distinción entre obligaciones debida e indebidamente comprometidas. 
Gráfico  6.  Obligaciones incluidas en los REC. Ayuntamiento de Jumilla 
Distribución por tipo de  Legalidad del compromiso
gasto
Obras
1,83%
9,13%
Servicios
46,19% Indebidamente
comprometida
Suministros
35,40% 53,81% Debidamente
comprometida
53,64%
Pequeñas
facturas de
servicios y
suministros
Fuente: Elaboración propia a partir de la información remitida por las entidades. 
De la combinación de las dos tipologías anteriores se obtienen los datos que se incluyen en 
el siguiente cuadro. Se especifican, además, las irregularidades que se produjeron en relación con 
las  obligaciones  indebidamente  comprometidas  y  la  causa  por  la  que,  a  pesar  de  ser 
obligaciones  comprometidas  de  acuerdo  con  el  ordenamiento  jurídico  no  se  imputaron  al 
presupuesto del ejercicio en el que se generaron. 
Cuadro 17.  Detalle obligaciones REC. Ayuntamiento de Jumilla 
Facturas de 
pequeño 
Servicios  Suministros  Obras  importe de  Total 
servicios y 
sum. 
Presentación  de 
Debidamente  la  factura  en 
185.897,77 92.743,88  11.510,49  47.700,65  337.852,79
comprometidas  ejercicio 
posterior 
Indebidamente 
Sin crédito 30.446,33  124.773,57  --  9.644,00  164.863,90 
comprometidas 
Sin contrato  120.444,17  4.740,49   --  --   125.184,66 
Total  336.788,27  222.257,94  11.510,49  57.344,65  627.901,35 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información remitida por las entidades. 
Del total de obligaciones del expediente, el 98 % se imputó al capítulo 2 del presupuesto de gastos,  e.e
adoleciendo de vicios de posible nulidad de pleno derecho el 47 % de la mismas, 290.048,56 euros.  b
En relación con estas obligaciones, el órgano de Intervención formuló reparo respecto de la totalidad  643ww
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En los apartados siguientes se analizan las áreas de gestión que se han considerado relevantes en 
relación con la imputación de facturas a presupuesto a través de los reconocimientos extrajudiciales 
de crédito y al margen de la tramitación ordinaria. 
Configuración del órgano de control interno 
La Intervención del Ayuntamiento de Jumilla está clasificada de clase 1ª, tal y como establece el 
artículo 8 del RDFHN para las entidades de población superior a 20.000 habitantes. 
La plaza de Intervención no se encuentra cubierta de forma definitiva. Desde junio de 2018 la plaza 
es objeto de nombramiento accidental –ha sido ocupada por al menos cinco personas durante 
2019–. El último y vigente actualmente fue formalizado el 30 de octubre de 2019. 
El órgano de Intervención tiene adscritos otros cuatro puestos: tres de los subgrupos C1/C2 y un 
puesto de técnico A1/A2, el cual estuvo vacante hasta agosto de 2018. 
El  órgano  de  Intervención  remitió  la  información  prevista  en  el  artículo  218.3  del  TRRHL, 
correspondiente al ejercicio 2018, el 29 de abril de 2019, dentro del plazo establecido en la 
Instrucción del Tribunal de Cuentas de 30 de junio de 2015. Se informó de 27 acuerdos en contra 
del criterio de la intervención con certificación negativa respecto de los expedientes tramitados con 
omisión de fiscalización previa y las anomalías en materia de ingresos. 
A su vez, el 29 de abril de 2020, se ha remitido la información de control interno correspondiente a 
2019 −con la que también se da cumplimiento al artículo 218 del TRLRHL− regulada en la 
Instrucción del Tribunal de Cuentas de 15 de enero de 2020. Se han comunicado 45 acuerdos 
contrarios a reparo y se ha emitido certificación negativa respecto de expedientes tramitados con 
omisión de fiscalización previa y anomalías en materia de ingresos. La remisión se hizo con 
anterioridad al plazo máximo según la ampliación que del mismo se realizó en aplicación del artículo 
48 del Real Decreto-ley 11/2020, hasta el 7 de agosto de 2020. 
En la entidad se aplica un sistema de fiscalización limitada previa o de requisitos básicos, 
comprobando extremos adicionales a la existencia de crédito presupuestario y competencia del 
órgano. 
No  se  realizaron  actuaciones  de  control  financiero  en  el  ejercicio  2018,  lo  que  supone  un 
incumplimiento del artículo 220 del TRLRHL, si bien el artículo 29.2 del RCI, entró en vigor a 
mediados del ejercicio fiscalizado −el 1 de julio de 2018− y la realización de las auditorías de cuentas 
es exigible en las cuentas anuales cuyo ejercicio contable se cierre a partir de 1 de enero de 2019. 
La carencia de un control financiero supone, además, una debilidad en el ejercicio del control, al no 
comprobarse si se cumplían los principios de buena gestión financiera (eficiencia, eficacia y 
economía) en la gestión de la entidad. 
En 2019 sí se llevaron a cabo actuaciones de control financiero, habiéndose realizado la verificación 
definida en el artículo 32.1 f) RCI y la auditoría de la Sociedad Mercantil Aguas de Jumilla, S.A., 
además, el órgano de Intervención, en cumplimiento del artículo 37 del RCI, ha elaborado el informe 
resumen anual de resultados de Control Interno, que se ha puesto en conocimiento del Pleno y de 
la IGAE.  
  s
Procedimiento de elaboración y aprobación del presupuesto  w.b
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ejercicio, y el mismo se vio prorrogado hasta la aprobación extemporánea, el 24 de abril de 2020, 
del presupuesto del ejercicio actual. 
Para la elaboración del presupuesto los distintos departamentos gestores remiten a la Presidencia 
de la entidad las previsiones de gastos e ingresos de sus respectivas áreas. No obstante, una vez 
formado el Presupuesto general de 2018, el Presidente de la entidad no lo envió con la antelación 
requerida al órgano de Intervención a efectos del preceptivo informe exigido en el artículo 18.4 del 
Real Decreto 500/90, lo que tampoco se ha realizado en relación con el presupuesto de 2020, que 
fue aprobado el 9 de marzo de 2020. 
En  las  Bases  de  ejecución  del  presupuesto  no  se  incluye  regulación  específica  sobre  el 
procedimiento de elaboración presupuestaria. 
La falta de un presupuesto aprobado en tiempo y adecuado a las necesidades concretas del 
ejercicio corriente posibilita, en mayor medida, generar obligaciones que no cuenten con crédito 
adecuado y suficiente para su imputación.  
En  concreto,  los  164.863,90  euros  que  constan  en  el  cuadro  anterior  como  obligaciones 
comprometidas  sin  crédito,  incluyen  142  facturas  (124.773,57  euros)  correspondientes  a los 
contratos de suministros de gas y electricidad y ocho facturas (30.446,33 euros) del contrato para 
la gestión y transporte de residuos que una buena práctica en la elaboración del estado de gastos 
del presupuesto habría podido evitar.  
El resto del importe, 9.644 euros, corresponde a 35 facturas de pequeña cuantía correspondientes 
a compra de material diverso y trabajos de fontanería, pintura y jardinería, a las que se hace 
referencia posteriormente al examinar la gestión contractual. 
En las Bases de Ejecución se contempla un procedimiento específico para la tramitación de los 
reconocimientos extrajudiciales de crédito. Se limita su utilización para aquellos gastos tramitados 
sin crédito presupuestario o que adolezcan de cualquier otra causa de nulidad de pleno derecho, 
exigiéndose, además, la siguiente documentación: 
  Informe justificativo del servicio gestor, con motivación de la actuación y una propuesta de 
indemnización a favor del interesado que recoja exclusivamente el valor de los gastos 
ocasionados por la realización de la prestación. 
 
  Informe de la Secretaría del Ayuntamiento en el que aprecie la concurrencia de vicios de 
nulidad de pleno derecho.  
 
La competencia para la aprobación del expediente se confiere a la Junta de Gobierno local en caso 
de que se pueda habilitar crédito en el ejercicio corriente y al Pleno en caso contrario. 
La regulación contenida en las Bases no hace referencia a instar la revisión de oficio de los actos 
sobre los que se ha valorado su nulidad, no habiéndose iniciado ningún procedimiento de revisión 
ni de exigencia de responsabilidades durante el periodo fiscalizado. 
En los supuestos en los que la única deficiencia apreciada sea la presentación fuera de plazo de 
las facturas, las Bases de Ejecución establecen la procedencia de tramitar un procedimiento distinto, 
denominado reconocimiento de facturas por extemporaneidad, cuya aprobación compete a Alcaldía 
o a la Junta de Gobierno Local, en función de la competencia para el gasto.  s
Procedimiento de contratación  w.b
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incluido una persona más y modificado el funcionamiento del departamento, implantándose la
tramitación electrónica de los expedientes exigida en el artículo 70.2 de la LPAC, además, se ha 
delegado en cada servicio municipal la gestión de los contratos menores.  
En 2018 se formalizaron 24 contratos y se tramitaron 441 contratos menores, además se inició la 
licitación de otros 21 contratos.  
El Ayuntamiento de Jumilla remitió el 5 de marzo de 2019 la relación anual de contratos celebrados 
al amparo de la LCSP durante 2018 fuera del plazo establecido en la Instrucción del Tribunal de 
Cuentas de 3 de julio de 2018 que se concreta en los dos primeros meses de cada ejercicio en 
relación con los contratos celebrados en el ejercicio precedente.  
La entidad sí ha dado adecuado cumplimiento a las obligaciones de transparencia establecidas en 
el artículo 8.1 de la LTAIPBG y en el 347 de la LCSP en relación con la contratación pública. 
 
Por lo que se refiere a la contratación menor, a mitad del año 2018 se cambió la regulación interna 
y se exigió que para todos los contratos, independientemente de su cuantía (anteriormente solo se 
exigía para los gastos superiores a 3.000 euros), se emitiera informe de necesidad y se aprobara el 
gasto de forma previa a su ejecución, lo que resulta acorde con la LCSP. Además, si el contrato es 
de importe superior a 3.000 euros se solicita presupuesto a tres empresas. 
En los expedientes analizados se incluyen facturas por importe de 9.644 euros que responden a 
contratación menor y para las que no se dispuso de crédito en el momento de su compromiso. Estas 
facturas son procedentes de 2017 y fueron tramitadas según la regulación previa a la modificación 
indicada. 
La entidad también utiliza el sistema de anticipos de caja fija para, entre otros gastos, pequeños 
suministros o servicios, gastos protocolarios y atenciones benéficas y asistenciales. Estos anticipos 
deben contar con retención de crédito previa y tienen una cuantía máxima por habilitado de 8.000 
euros y conjunta de 15.000 euros. 
Además, a través de dos de los expedientes examinados se imputaron al presupuesto de 2018 
125.184,66 euros comprometidos en 2017 sin contar con adecuada cobertura contractual. El detalle 
de las prestaciones es el siguiente:  
Cuadro 18.  Prestaciones  facturadas  sin  cobertura  contractual  incluidas  en  los  REC. 
Ayuntamiento de Jumilla 
Prestación  Nº de Facturas  Importe 
Asistencia y defensa letrada  2  6.490,00 
Equipos producción documental  4  3.876,21 
Conserjería y control de accesos  3  41.610,32 
Socorrismo  6  50.361,15 
Transporte de residuos  4  21.982,70 
Compra de vestuario  2  864,24 
Total   21  125.184,66 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información remitida por las entidades. 
 
El nuevo contrato de conserjería y control de accesos a edificios municipales se adjudicó en mayo 
de 2018, por lo que, al haber finalizado el contrato anterior en septiembre de 2017, la prestación se 
realizó durante nueve meses sin cobertura contractual por un importe de 125.584,91 euros. 
La posibilidad de que un contrato se pueda prorrogar hasta que comience la ejecución del siguiente 
se ha recogido por primera vez en el artículo 29 de la LCSP, que, como se ha señalado, entró en 
vigor el 9 de marzo de 2018; para su aplicación se exige que la falta de formalización del nuevo 
contrato se deba a incidencias resultantes de acontecimientos imprevisibles para el órgano de 
contratación producidas en el procedimiento de adjudicación, y que además, existan razones, de 
interés público para no interrumpir la prestación. Además, la prórroga se limita a un periodo máximo 
de nueve meses, y exige que el anuncio de licitación del nuevo contrato se haya publicado con una 
antelación mínima de tres meses respecto de la fecha de finalización del contrato originario.  
Aunque la nueva normativa contractual no resulta de aplicación al expediente analizado, sí se 
producían las circunstancias que son actualmente requeridas para prorrogar el contrato, puesto que 
el expediente se había iniciado en mayo de 2017 −cuatro meses antes de la finalización del anterior− 
y el retraso en la licitación se debió a la interposición de un recurso especial en materia de 
contratación. 
Registro en contabilidad de las operaciones y procedimiento de facturación 
El Ayuntamiento de Jumilla no tiene la consideración de municipio de gran población, por lo que no 
es obligatoria la separación de las funciones de contabilidad y de fiscalización de la gestión 
económico-financiera.  
Esta unidad contabiliza las fases de retención de crédito, aprobación y disposición del gasto y 
reconocimiento de la obligación, correspondiendo a Tesorería la ordenación y realización del pago 
material, lo que supone una adecuada segregación de funciones puesto que facilita la verificación 
del cumplimiento de la normativa en materia de morosidad y la adecuación de los pagos al plan de 
disposición de fondos por el departamento de Tesorería.  e
El Ayuntamiento de Jumilla cuenta con registro electrónico de facturas al estar adherida al sistema  643ww
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Uno de los tres REC analizados está conformado por obligaciones debidamente adquiridas en 2017 
por importe de 337.852,79 euros, siendo el motivo de la inclusión en el expediente la presentación 
de modo extemporáneo de los justificantes de pago, según ha informado el órgano de Intervención.  
La existencia de procedimientos de gestión que permitan conocer la evolución de las prestaciones 
en curso y el desarrollo de su ejecución, con la correspondiente reclamación de las facturas cuando 
sea pertinente, hubiera facilitado la tramitación de la documentación justificativa. Asimismo, una 
adecuada operatoria contable regulada por instrucciones de cierre elaboradas al efecto facilita la 
correcta imputación de los gastos e ingresos al presupuesto del ejercicio en el que se generan, al 
limitar las fechas en las que es posible iniciar procedimientos de gasto. 
Este expediente no es propiamente un reconocimiento extrajudicial de crédito, aunque la entidad lo 
ha denominado como tal, sino un expediente de reconocimiento extemporáneo de facturas que ha 
sido tramitado según la regulación interna de la entidad relativa a este tipo de expedientes. 
La Intervención ha puesto en conocimiento del Pleno el incumplimiento de la entidad del plazo legal 
de pago de las obligaciones, tal y como le exige el artículo cuarto de la Ley 15/2010, de 5 de julio, 
de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha 
contra la morosidad en las operaciones comerciales. 
A partir de la entrada en vigor del presupuesto para 2020, el Ayuntamiento de Jumilla únicamente 
admite las facturas presentadas por vía electrónica, ajustándose de forma anticipada a lo dispuesto 
por la LPAC. 
Del examen de los expedientes se aprecia que las incidencias más significativas que han influido 
en el uso de expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito han sido la falta de utilización 
del presupuesto como herramienta de gestión económico-presupuestaria −lo que requiere de una 
adecuada elaboración del presupuesto ajustada a las necesidades del ejercicio al que se va a 
aplicar−, así como deficiencias en la gestión de la contratación menor, aspecto en el que podrá 
incidir favorablemente la nueva regulación que se ha dado la entidad. Además, la falta de 
vinculación entre los registros administrativo y contable en relación con las facturas de importe 
inferior a 5.000 euros, la ausencia de instrucciones de cierre y la falta de procedimientos de gestión 
que permitan realizar un seguimiento de las prestaciones y de las correspondientes facturas, 
suponen riesgos en relación con la tramitación de la justificación documental de las obligaciones. 
II.2.4.  Logroño 
Logroño aprobó 129 expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito en 2018 por un importe 
conjunto de 4.663.441,11 euros, lo que supone el 3,18 % de obligaciones reconocidas netas 
liquidadas en dicho ejercicio. 
Han formado parte de la muestra dos de estos expedientes, cuyo importe agregado es de 
774.869,01 euros. 
Todas las obligaciones de los expedientes analizados fueron generadas en ejercicios anteriores a 
2018,  y  de  acuerdo  con  la  distinción  entre  obligaciones  debidamente  comprometidas  e 
indebidamente comprometidas que se ha expuesto en el Apartado II.1.1 de este Informe, derivan 
de  gastos  indebidamente  comprometidos  obligaciones  por  importe  de  708.880,42  euros,  y 
65.988,59 fueron obligaciones debidamente adquiridas.  
En el siguiente gráfico se muestra su distribución según el tipo de gasto:  e.
Gráfico  7.  Obligaciones incluidas en los REC. Ayuntamiento de Logroño 
Distribución por tipo de gasto
2,82%
7,59%
Servicios
Suministros
Pequeñas facturas de
servicios y suministros
89,59%
 
      Fuente: Elaboración propia a partir de la información remitida por las entidades. 
 
Los  gastos  no  fueron  tramitados  por  la  vía  ordinaria por  carecer  de  adecuada  y  suficiente 
consignación presupuestaria en el momento en que se produjeron. El órgano de Intervención emitió 
informe de omisión de la preceptiva fiscalización respecto de la totalidad de estos gastos, sin que 
se hayan iniciado actuaciones tendentes a depurar las posibles responsabilidades. 
En los apartados siguientes se analizan las áreas de gestión que se han considerado relevantes en 
relación con la materia fiscalizada. 
Configuración del órgano de control interno 
La Intervención del Ayuntamiento de Logroño está clasificada de clase 1ª, tal y como establece el 
artículo 8 del RDFHN para las entidades de población superior a 20.000 habitantes. 
La  plaza  de  Intervención  se  encuentra  cubierta  por  nombramiento  definitivo  mediante  libre 
designación desde el 18 de febrero de 1997. 
Durante el ejercicio fiscalizado el órgano de Intervención estaba asistido por un técnico A1, un 
técnico A2 y 16 administrativos. En la actualidad el número de administrativos se ha reducido a tres.  
Se ha remitido la información prevista en el artículo 218.3 del TRRHL, correspondiente al ejercicio 
2018, el 8 de mayo de 2019. Se informó de un único acuerdo contrario a reparo de la intervención 
y 129 expedientes con omisión de fiscalización previa sin que se haya apreciado ninguna anomalía 
en materia de ingresos.  es
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sobre los que se solicita información. 
En la entidad se aplica un sistema de fiscalización previa plena, que consiste en la comprobación 
por parte del órgano de Intervención de la conformidad de las propuestas con el procedimiento 
legalmente establecido en todos los expedientes, valorando todos los requisitos y trámites exigidos 
por el ordenamiento. 
No se realizaron actuaciones de control financiero en los ejercicios 2018 y 2019, lo que supone un 
incumplimiento del artículo 220 del TRLRHL, si bien el artículo 29.2 del RCI, entró en vigor a 
mediados del ejercicio fiscalizado −el 1 de julio de 2018− y la realización de las auditorías de cuentas 
es exigible en las cuentas anuales cuyo ejercicio contable se cierre a partir de 1 de enero de 2019. 
Durante 2019 solo se ha informado de la constatación del incumplimiento de los principios de 
estabilidad presupuestaria en aplicación del artículo 16 del Real Decreto 1463/2007. 
La carencia de un control financiero supone, además, una debilidad en el ejercicio del control, al no 
comprobarse si se cumplían los principios de buena gestión financiera (eficiencia, eficacia y 
economía) en la gestión de la entidad.  
Procedimiento de elaboración y aprobación del presupuesto 
El Ayuntamiento de Logroño aprobó el presupuesto para 2018 el 29 de diciembre de 2017, por lo 
tanto, dentro del plazo previsto en el artículo 169 del TRLRHL, que establece como fecha límite el 
31 de diciembre del año anterior al del ejercicio en que deba aplicarse. Este presupuesto se prorrogó 
durante 2019 y hasta la aprobación extemporánea del presupuesto de 2020 el 20 de febrero de 
dicho año. 
Para la elaboración del presupuesto los distintos departamentos gestores remiten con antelación a 
la Presidencia de la entidad las previsiones de gastos e ingresos de sus respectivas áreas. No 
obstante, una vez formado el Presupuesto general de 2018, el Presidente de la entidad no lo envió 
con la antelación requerida al órgano de Intervención a efectos del preceptivo informe exigido en el 
artículo 18.4 del Real Decreto 500/90, lo que tampoco se ha realizado en relación con el presupuesto 
de 2020, el cual fue aprobado de modo extemporáneo el 20 de febrero. 
En  las  Bases  de  ejecución  del  presupuesto  no  se  incluye  regulación  específica  sobre  el 
procedimiento de elaboración presupuestaria ni sobre la tramitación de los expedientes REC, más 
allá de recoger algunos de los preceptos legales de obligado cumplimiento. Durante el trámite de 
alegaciones la entidad ha informado de la aprobación, en 2019 y 2020, de instrucciones para la 
regulación de los procedimientos de reconocimiento extrajudicial de crédito, revisión de oficio y 
convalidación de gastos anulables. 
El motivo de la inclusión de todos los gastos por la vía extraordinaria del REC fue la falta de crédito, 
alcanzando un importe de 708.880,42 euros, de los cuales, el 89 % se refiere a gastos de servicios. 
Además,  en  el  transcurso  de  esta  fiscalización  se  ha  observado  la  falta  de  adecuación  al 
procedimiento de contratación de alguna de ellas, cuyos resultados se exponen en el apartado 
correspondiente.  
Procedimiento de contratación 
El departamento de contratación del Ayuntamiento de Logroño cuenta con doce personas para la 
preparación, elaboración y formalización de los contratos y dispone del tramitador electrónico de 
expedientes exigido en el artículo 70.2 de la LPAC, si bien este tramitador no está vinculado con la 
contabilidad. 
En el ejercicio 2018 se formalizaron 318 licitaciones y se tramitaron 289 contratos.  w.b
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transparencia establecidas en el artículo 8.1 de la LTAIPBG y en el 347 de la LCSP en relación con 
la contratación pública. 
La contratación menor se utiliza para supuestos excepcionales de necesidades no repetitivas cuya 
cobertura es urgente y previa motivación del órgano gestor. Se aplica un procedimiento distinto en 
función del importe: 
 Gastos inferiores a 3.000 euros: su contratación está descentralizada en las unidades
gestoras y se exige un informe que verifique el cumplimiento del artículo 118.3 LCSP
−derogado posteriormente por el Real Decreto-Ley 3/2020, de 4 de febrero–. A tal efecto,
se incluía un contador que indicaba, por contratista y tipo de contratos, el importe acumulado
de facturas registradas en el ejercicio. A pesar de la pérdida de vigencia del precepto,
actualmente se mantiene el contador a efectos informativos.
 Contratos menores de importe superior a 3.000 euros: su gestión se realiza desde el área
de contratación previa solicitud de retención de crédito. Cuando el valor estimado del
contrato supera los 15.000 euros –para contrato de obras– y los 6.000 euros –para servicios
y  suministros−  se  incluyen  en  el  expediente  al  menos  tres  ofertas,  facilitando  el
cumplimiento de los principios de publicidad y concurrencia en la contratación.
Los REC analizados incluyen gastos inferiores a 3.000 euros por una cuantía agregada de 
146.205,37 euros para los que no se dispuso de crédito adecuado y suficiente en el momento en el 
que  procedía  su  imputación  a  presupuesto,  lo  que  hubiera  podido  evitarse  mediante  la 
correspondiente retención de crédito. 
Por otro lado, y a pesar de que en los informes de Intervención únicamente consta como 
irregularidad de estas obligaciones la falta de consignación presupuestaria, en el transcurso de la 
fiscalización se ha constatado que algunos de los gastos incluidos en los REC provenían de 
contratos cuya vigencia había concluido sin tramitar, en su caso, una prórroga o licitar un nuevo 
contrato. El detalle es el siguiente: 
Cuadro 19.   Prestaciones facturadas sin cobertura contractual incluidas en los 
expedientes REC. Ayuntamiento de Logroño 
Tipo de obligación  Importe 
Atención domicilio-dependencia-autonomía  256.787,02    
Actividades socioculturales   47.539,73    
Total   304.326,75 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información remitida por las entidades. 
Durante 2018 el importe total de estas prestaciones facturadas sin contrato fue el que se detalla en 
el siguiente cuadro. Se indican, además, las fechas de tramitación de los contratos que sustituyeron 
a los anteriores: 
Cuadro 20.  Licitación de las prestaciones de los REC sin cobertura contractual en 2018. 
Ayuntamiento de Logroño. 
Importe 
Fecha  Periodo 
Fecha de  Importe  facturado en 
finalización  durante el cual 
Prestaciones  aprobación del  licitado (IVA  el ejercicio 
contrato  se facturó sin 
expediente  incluido)  2018 sin 
anterior  contrato 
contrato 
Atención domicilio dependencia-autonomía   30-6-2018  23-1-2019  17.521.720,26  13 meses  545.832,50 
Actividades socioculturales  10-9-2018  04-7-2018  969.526,00  5 meses  88.440,58 
Total              634.273,08 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información remitida por las entidades. 
 
La ausencia de contrato válidamente constituido, junto con la continuidad del servicio al margen del 
procedimiento legalmente establecido, da lugar a la existencia de actos que podrían adolecer de 
nulidad en virtud de lo establecido en el artículo 39 de la LCSP por remisión al artículo 47 de la 
LPAC.  
Esta práctica pone de manifiesto una debilidad en la gestión de la contratación, en tanto no se 
realizó una previsión adecuada de las correspondientes necesidades, con práctica de prestaciones 
que se alargan en el tiempo sin contar con contrato formalizado. Además, el no haber licitado los 
contratos con concurrencia pública, ha privado a la Administración de la posible obtención de 
precios más competitivos. 
La disposición adicional vigésimo octava de la LCSP señala que la responsabilidad patrimonial de 
las autoridades y del personal al servicio de las Administraciones Públicas que se pudiera derivar 
de sus actuaciones en materia de contratación administrativa se exigirá conforme a lo dispuesto en 
la LPAC, señalando, asimismo, que la infracción o aplicación indebida de los preceptos contenidos 
en la propia LCSP por parte del personal al servicio de las Administraciones Públicas, cuando medie 
al menos negligencia grave, constituirá falta muy grave, cuya responsabilidad disciplinaria se exigirá 
conforme a la normativa específica en la materia. No consta que se hayan iniciado actuaciones 
tendentes a la depuración de las posibles responsabilidades derivadas de los hechos descritos. 
Registro en contabilidad de las operaciones y procedimiento de facturación 
Mediante la Ley 1/2004, de 16 de febrero, de la Comunidad Autónoma de La Rioja, se otorgó a 
Logroño la consideración de municipio de gran población por su condición de capital autonómica –
como prevé el artículo 121 de la LRBRL–, por lo que se le aplica el régimen de organización previsto 
en el Título X de la norma citada. Por ello, es obligatoria la separación de las funciones de 
contabilidad y de fiscalización de la gestión económico-financiera.  
En el departamento de contabilidad prestaban sus servicios en 2018 cuatro personas −actualmente 
trece–, que tienen encomendada la contabilización de todas las fases del gasto, con excepción del 
pago material que lo efectúa y contabiliza Tesorería. Esta segregación de funciones, al no tener el 
Departamento de Tesorería asignada la ordenación del pago dificulta, a priori, la verificación del 
cumplimiento de la normativa en materia de morosidad y la adecuación de los pagos al plan de 
disposición de fondos que el Real Decreto 128/2018 atribuye a la Tesorería de la entidad. 
El Ayuntamiento de Logroño no cuenta con registro electrónico de facturas. En la fecha de  w.b
realización de los trabajos –julio de 2020− se encuentra en fase de preparación de la licitación de  643ww
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su vinculación con el sistema contable.
Al no estar vinculados los registros administrativo y contable, las facturas que se presentan en papel 
−las de importe inferior a 5.000 euros− no llegan al departamento de contabilidad hasta que no han 
sido conformadas por los gestores y fiscalizadas, tras lo cual son enviadas físicamente para su 
contabilización, por lo que hay una mayor debilidad en su control y riesgo de retraso en la tramitación 
de facturas. 
En los expedientes analizados se incluyeron facturas por importe de 65.988,59 euros procedentes 
de 2017 cuya tramitación se realizó de modo extemporáneo, que fueron imputadas a través de REC 
al presupuesto para 2018 
Logroño contaba en 2018 con una instrucción de cierre que estableció el 28 de diciembre como 
fecha límite para la contabilización de la fase de reconocimiento de la obligación. Se establecieron 
algunas  excepciones  como  los  gastos  de  nóminas  y  seguros  sociales  de  diciembre,  las 
certificaciones de obra correspondientes a noviembre y que causasen entrada en los 10 primeros 
días de diciembre y algunos gastos financieros. Sin embargo, en la fecha de realización de los 
trabajos, esta instrucción no se encontraba vigente y no ha sido sustituida por otra, con el 
consiguiente riesgo de demora en la tramitación interna de los gastos de fin de ejercicio.  
La entidad cumplió en el ejercicio fiscalizado el periodo medio de pago a proveedores establecido 
en la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.  
Del examen realizado se aprecia que las incidencias más significativas que han influido en el uso 
de expedientes de reconocimiento extrajudiciales de crédito han sido la realización de prestaciones, 
fundamentalmente de servicios, sin la adecuada cobertura contractual y la falta de retención de 
crédito previamente al compromiso de las obligaciones en la contratación menor.  
 
II.2.5.  Mazarrón 
El Ayuntamiento de Mazarrón aprobó tres expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito 
por un importe agregado de 425.116,82 euros. Liquidó su presupuesto de gastos de ese ejercicio 
con 25.266.695,39 euros de obligaciones reconocidas netas, por lo que las obligaciones tramitadas 
a través de REC alcanzaron el 1,68 % de las totales. 
Se ha analizado uno de los tres expedientes, cuyo importe es de 278.229,24 euros. 
No obstante, este importe, aprobado a través de un reconocimiento extrajudicial de crédito forma 
parte de otro expediente mayor, que agrupaba dos procedimientos distintos: 
  Por un lado, los 278.229,24 euros mencionados, que se desglosan en nueve relaciones de 
facturas y se imputaron al presupuesto como REC. Todas estas obligaciones fueron 
debidamente comprometidas. 
 
  Y, por otro, 29 relaciones de facturas, cuyo importe conjunto es de 732.564,43 euros, y que 
se imputaron al presupuesto tras reconocer una indemnización al contratista al ser los actos 
nulos de pleno derecho según se indicaba en informe jurídico emitido al efecto. Esta parte 
del expediente no se denominó reconocimiento extrajudicial de crédito. 
Todas las obligaciones del expediente global, tanto las que se aplicaron a presupuesto mediante la 
aprobación del REC, como las nulas de pleno derecho, fueron generadas en ejercicios anteriores a 
2018.  e.e
En el siguiente cuadro se muestra la totalidad de las obligaciones incluidas en el expediente  643ww
distribuidas en función del tipo de gasto y de la incidencia:
Cuadro 21.  Detalle obligaciones REC. Ayuntamiento de Mazarrón. 
Facturas de 
pequeño importe 
      Servicios  Suministros  Total 
de servicios y 
suministros 
Conformidad  del 
Debidamente 
gestor  en  el  113.091,19  131.622,32  33.515,73  278.229,24 
comprometidas 
ejercicio siguiente 
Indebidamente 
Sin contrato  312.280,51  357.358,70  62.925,22  732.564,43 
comprometidas 
Total     425.371,70  488.981,02  96.440,95  1.010.793,67 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información remitida por las entidades. 
 
Ninguna de las obligaciones ha sido objeto de reparo por parte de la Intervención, sin perjuicio de 
que este órgano ha informado de las obligaciones indebidamente comprometidas según los 
procedimientos establecidos en la entidad y que son explicados en los apartados siguientes. No 
consta el inicio de actuaciones tendentes a la depuración de las posibles responsabilidades. 
En los apartados siguientes se analizan las áreas de gestión que se han considerado relevantes en 
relación con la imputación de facturas a presupuesto a través de los reconocimientos extrajudiciales 
de crédito y al margen de la tramitación ordinaria. 
Configuración del órgano de control interno 
La Intervención del Ayuntamiento de Mazarrón está clasificada de clase 1ª, tal y como establece el 
artículo 8 del RDFHN para las entidades de población superior a 20.000 habitantes. 
Desde abril de 2019, el puesto de Interventor está ocupado mediante el sistema de acumulación de 
funciones, previsto en el artículo 50 del RDFHN, y se encuentra asistido por dos personas de los 
subgrupos C1/C2. 
Con fecha 30 de octubre de 2019 –incumpliendo el plazo de la Instrucción del Tribunal de Cuentas 
de 10 de julio de 2015 que se establece hasta el 30 de abril del ejercicio siguiente al que se refiere−, 
se envió la información relativa a los acuerdos contrarios a reparos tramitados durante 2018, que 
establece el artículo 218.3 del TRLRHL.  
El órgano interventor remitió la información sobre el ejercicio de Control Interno en el ejercicio 2019 
el 13 de octubre de 2020 –incumpliendo así el plazo previsto en la Instrucción del Tribunal de 
Cuentas de 15 de enero de 2020, ampliado en aplicación del artículo 48 del Real Decreto-ley 
11/2020 hasta el 7 de agosto–. 
En ambos ejercicios, el interventor emitió certificación negativa con relación a acuerdos contrarios 
a reparos, expedientes con omisión de fiscalización y anomalías en materia de ingresos.  
En la entidad se aplica un sistema de fiscalización limitada previa o de requisitos básicos, sin 
comprobar, en el ejercicio 2018, extremos adicionales a la existencia de crédito presupuestario y  e
competencia del órgano.   bo
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es exigible en las cuentas anuales cuyo ejercicio contable se cierre a partir de 1 de enero de 2019.
Durante 2019 como control permanente se ha informado de la constatación del incumplimiento de 
los principios de estabilidad presupuestaria en aplicación del artículo 16 del Real Decreto 1463/2007 
y se ha realizado la verificación definida en el artículo 32.1 f) RCI. 
La carencia de un control financiero supone, además, una debilidad en el ejercicio del control, al no 
comprobarse si se cumplían los principios de buena gestión financiera (eficiencia, eficacia y 
economía) en la gestión de la entidad.  
Procedimiento de elaboración y aprobación del presupuesto 
El Ayuntamiento de Mazarrón aprobó el presupuesto para 2018 de modo extemporáneo, el 6 de 
septiembre del mismo año, por lo que durante casi tres cuartas partes del ejercicio únicamente se 
dispuso del presupuesto prorrogado del ejercicio anterior. La aprobación del presupuesto para 2020 
ha sido igualmente extemporánea, el 7 de febrero. Este presupuesto se prorrogó durante 2019 y 
hasta la aprobación extemporánea del presupuesto de 2020 el 20 de febrero de dicho año. 
Los distintos departamentos gestores remiten a la Presidencia sus previsiones de estados de gastos 
e ingresos correspondientes a sus respectivas áreas con antelación. No obstante, el Presupuesto 
formado no se envió con la antelación requerida al órgano de Intervención a efectos del preceptivo 
informe exigido en el artículo 18.4 del Real Decreto 500/90, lo que tampoco se ha realizado en 
relación con el presupuesto de 2020. 
En  las  Bases  de  ejecución  del  presupuesto  no  se  incluye  regulación  específica  sobre  el 
procedimiento  de  elaboración  presupuestaria.  Se  regula,  en  cambio,  la  tramitación  de  los 
expedientes REC, reservando este procedimiento únicamente para los gastos que no incurran en 
nulidad de pleno derecho. Para su aplicación a presupuesto se exige que el órgano gestor motive 
la falta de tramitación ordinaria de las obligaciones afectadas, así como un informe de Intervención 
en el que se pongan de manifiesto las deficiencias detectadas, y, en su caso, la omisión de 
fiscalización previa que se haya producido. 
Por el contrario, las Bases de Ejecución no contemplan el procedimiento que, en la práctica, se está 
siguiendo respecto de los gastos no imputados al presupuesto por adolecer de vicios de nulidad, 
que, como se ha indicado anteriormente, se aplican previa cuantificación de la indemnización que 
proceda tras su calificación de nulos de pleno derecho y no opera el reconocimiento extrajudicial de 
crédito. 
Esta diferenciación, que aunque no esté regulada en la normativa interna de la entidad, se sigue en 
la práctica, resulta adecuada desde el punto de vista de la distinción de procedimientos para 
aquellos gastos que derivan en nulidad de pleno derecho y aquellos en los que no concurre esta 
circunstancia.  
No obstante, y según la regulación presupuestaria contenida, tanto en el TRLRHL como en el RD 
500/90, la financiación de las obligaciones debidamente comprometidas en ejercicios anteriores que 
no hayan sido reconocidas en el presupuesto en el que se generaron, debería ser mediante la 
incorporación de los correspondientes créditos al presupuesto de gastos del ejercicio inmediato 
siguiente, siempre que existan los suficientes recursos financieros. Estos recursos habrán de ser, 
según dispone el artículo 48 del RD500/90, remanente de tesorería o ingresos recaudados 
superiores a los previstos. 
Si no se dispone de los recursos señalados a efectos de financiar las incorporaciones de crédito, 
habrá de procederse a la anulación de los créditos comprometidos, según se establece en el artículo  e.
175 del TRLRHL.  w.b
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en el ejercicio anterior, es en el año siguiente cuando cuentan con la justificación documental
necesaria, habrán de imputarse a los créditos del presupuesto vigente en ese momento, sin que 
medie la incorporación de los créditos. Para su imputación a presupuesto caben las dos siguientes 
opciones: 
  Aplicarlas a la bolsa de vinculación jurídica correspondiente, siempre y cuando se disponga 
de crédito adecuado y suficiente y previa comprobación de que no causa perjuicio para la 
realización de los gastos del ejercicio corriente. 
 
  Tramitar una modificación presupuestaria diferente a la incorporación. Hay que tener en 
cuenta que esta modificación de crédito también es necesaria si estas obligaciones se 
tramitan a través de un reconocimiento extrajudicial de crédito. 
Sin perjuicio de lo señalado en los párrafos anteriores, con la regulación actualmente vigente de 
esta figura −artículos 26.2 y 62.2 del RD 500/90−, que no concreta que la utilización de los REC 
deba  limitarse  a  obligaciones  indebidamente  comprometidas,  sería  posible  la  imputación  a 
presupuesto a través de un REC de las obligaciones debidamente reconocidas para las que no se 
pueda llevar a cabo la incorporación de los correspondientes créditos por carecer de financiación. 
En relación con las obligaciones indebidamente comprometidas, el Ayuntamiento de Mazarrón 
procede a su calificación de nulas de pleno derecho con anterioridad a su imputación al presupuesto 
para hacer efectiva la indemnización que proceda al tercero.  
Respecto de estas obligaciones, la entidad no acude a la vía de revisión de oficio prevista en el 
artículo 106 de la LPAC, que requiere dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo 
equivalente de la Comunidad Autónoma, sino que a través de informe de la Secretaría municipal 
determina que se trata de actos nulos por encontrarse en los supuestos previstos en el artículo 47 
de la LPAC y realiza el cálculo de la indemnización correspondiente que imputa a presupuesto.  
La decisión de no acudir a la vía de la revisión de oficio debería haber quedado fundamentada en 
el informe jurídico emitido al efecto −en el que no se hacer referencia a estos extremos−, puesto 
que según se regula en la LPAC, es preceptivo acudir al procedimiento formal de la revisión de 
oficio de los actos contemplados en su artículo 47, salvo que sea de aplicación el artículo 110 del 
mismo texto legal, en cuyo caso, no es posible acudir a la citada vía. 
Procedimientos de contratación 
El departamento de contratación del Ayuntamiento de Mazarrón contaba en 2018 con tres personas 
–actualmente dos– adscritas a las labores de preparación, elaboración y formalización de los 
contratos. En el ejercicio fiscalizado la entidad no contaba con un tramitador electrónico de 
expedientes, aunque actualmente se ha dotado de uno, lo que resulta acorde al artículo 70.2 de la 
LPAC, pero no está vinculado con la contabilidad. 
En el ejercicio 2018 se formalizaron 26 licitaciones y se tramitaron ocho contratos menores.  
La entidad dio adecuado cumplimiento a la Instrucción del Tribunal de Cuentas de 3 de julio de 2018 
y realizó el 28 de febrero de 2019 el envío de la relación anual de contratos celebrados durante 
2018 al amparo de la LCSP. 
La entidad ha cumplido con las obligaciones de transparencia establecidas en el artículo 8.1 de la 
LTAIPBG y en el 347 de la LCSP en relación con la contratación pública, salvo por lo que se refiere  s
a la publicación de los contratos menores, que no consta actualizada.   e.
 Lmae neonrt,i dtraadm uittailnizdao  dneo rfmoramlma eenxtec eepscteio ntipaol  edle s gisatestmosa  ddee  foarnmticai pinodsi vdideu acalizjaa dfiaja.  para la contratación  2021-15643n https://www.
En el expediente analizado constan facturas por importe de 278.229,24 para las que la conformidad 
de la prestación se realizó con retraso y no fue posible su imputación al ejercicio en el que 
generaron. Esta circunstancia está condicionada por la carencia de expedientes electrónicos en 
2018, así como por la ausencia de instrucciones reguladoras de las operaciones de cierre de 
ejercicio, según se detalla en el apartado siguiente. 
Por lo que se refiere a las obligaciones indebidamente comprometidas −732.564,43 euros− fueron, 
todas ellas, tramitadas sin cobertura contractual, y por ello, según la regulación interna del 
Ayuntamiento de Mazarrón, no fueron objeto de REC sino de tramitación indemnizatoria. Las 
prestaciones incluidas en el expediente analizado fueron las siguientes: 
Cuadro 22  Obligaciones indebidamente comprometidas. Ayuntamiento de Mazarrón 
Tipo de obligación  Importe 
Servicio Transporte Centro de Día          11.607,23  
Suministro combustible          25.854,54  
Facturación fotocopiadora          10.513,70  
Gestión Ecoparque          33.733,29  
Suministro Electricidad        213.018,05  
Contrato iluminación festejos          21.773,95  
Lucha antivectorial          42.256,20  
Servicio Limpieza Centro de Día          11.300,43  
Contrato mantenimiento Cementerio            3.197,00  
Actividades de Ocio Centro de Día            8.937,50  
Suministro telefónico          46.813,07  
Otros servicios y suministros        240.634,25  
Facturas de importe inferior a 1.000 euros          62.925,22  
Total        732.564,43  
Fuente: Elaboración propia a partir de la información remitida por las entidades. 
En el cuadro siguiente se muestra, para cada uno de estos trece servicios y suministros la fecha de 
vencimiento del contrato que debía darles cobertura, la tramitación del siguiente contrato y el 
importe facturado para cada uno de ellos durante todo el ejercicio 2018. 
Cuadro 23.  Licitación de las prestaciones sin cobertura contractual incluidas en el 
expediente analizado. Ayuntamiento de Mazarrón 
Fin de 
Fecha de  Importe 
vigencia 
Inicio del  aprobación  Importe  Importe  Fecha  facturado en el 
Contrato   del 
expediente  del  licitado  adjudicado  adjudicación  ejercicio 2018 
contrato 
expediente  sin contrato 
anterior 
Servicio 
Transporte  5-12-2018  20-2-2019  5-12-2019  52.281,50   51.985,00 €  9-11-2018  15.939,00 
Centro de Día 
No hay 
Suministro  de 
contrato  17-8-2018  28-9-2018  No se ha tramitado la licitación  68.084,39 
combustible 
anterior 
Alquiler: 
30.936,84€/año 
Facturación  Copìa color: 
Sin datos  16-6-2017  17-8-2018  153.000,00   16-5-2018  17.939,25 
fotocopiadora  0,035€/ud. 
Copia b/n: 
0,0069€/ud. 
Adjudicación 
Suministro 
14-9-2018  17-6-2018  JGL   1.400.000,00  1.400.000,00  11-10-2018  67.361,23 
Electricidad 
21-9-2018 
Contrato  No hay 
iluminación  contrato  7-5-2018  8-10-2018  323.521,96  211.038,17  3-5-2019  25.180,10 
festejos  anterior 
Lucha 
Sin datos  27-12-2016  14-7-2017  353.646,28  259.800,00  21-9-2018  78.605,61 
antivectorial 
No hay 
Suministro 
contrato  28-2-2019  6-9-2019  No se ha tramitado la licitación  204.160,33 
telefónico 
anterior 
Servicio 
Limpieza  Sin datos  22-3-2017  14-7-2017  76.147,33  115.410,00  26-12-2018  5.100,19 
Centro de Día 
Gestión 
6-9-2013  3-7-2018  15-3-2019  No se ha tramitado la licitación  101.199,89 
Ecoparque 
Contrato 
mantenimiento  Sin datos  15-3-2018  24-5-2018  176.325,46  169.272,00  21-9-2018  32.356,82 
Cementerio 
Total           2.534.922,53  2.238.442,01     615.926,81 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información remitida por las entidades. 
 
En relación con las prestaciones analizadas se generaron obligaciones en 2018 sin contar con 
contrato formalizado por un importe de 615.926,81 euros. Esta práctica pone de manifiesto una 
debilidad en la gestión de la contratación de servicios y suministros, en tanto no se realizó una 
previsión adecuada de las correspondientes necesidades. Además, el no haber licitado los contratos 
con concurrencia pública, ha privado a la Administración de la posible obtención de precios más 
competitivos. 
La disposición adicional vigésimo octava de la LCSP señala que la responsabilidad patrimonial de 
las autoridades y del personal al servicio de las Administraciones Públicas que se pudiera derivar  e.
de sus actuaciones en materia de contratación administrativa se exigirá conforme a lo dispuesto en  b
la LPAC, señalando, asimismo, que la infracción o aplicación indebida de los preceptos contenidos  643ww
eacteonl nmn ldafeoe pnrnmrotoeseps  ni aaae   LgllaaCli  gdSneeoPnpr cmpuiaoraa rgt cipvriaóaanvr tee ed,s  edcp eoelalnc pssíf etipicrtosuasoi rienábna lfe la lsaalt la r sem mesarpuvtoeyicnr giisaora. ad bvNeiel oild,a  cacsudo Ayenadss m trdaeie nsqrpiisuvotearna dsscaaeisob  nihdleiaedsy al aoPdns úd  bhiisnleiciccciapihasloid,ns oca u draiaeacns tscdueroai t ecomixsoei.gn dierieás    OE-A-2021-15able en https://
Como hechos posteriores al periodo fiscalizado y al amparo de lo establecido en el artículo 29 de la 
LCSP −que establece la posibilidad de que un contrato se pueda prorrogar hasta que comience la 
ejecución del siguiente por un periodo de nueve meses siempre que se cumplan determinados 
requisitos y que el anuncio de licitación del nuevo contrato se haya publicado con una antelación 
mínima de tres meses respecto de la fecha de finalización del contrato originario− el Ayuntamiento 
de Mazarrón aprobó una normativa para regular esta casuística, estableciendo que las facturas de 
ejercicio corriente y para las que exista crédito adecuado y suficiente se imputarán al propio 
ejercicio, y declara objeto de reconocimiento extrajudicial de créditos a todas aquellas que no 
cumplan con alguna o ambas condiciones. 
Registro en contabilidad de las operaciones y procedimiento de facturación 
El Ayuntamiento de Mazarrón no tiene la consideración de municipio de gran población, por lo que 
no es obligatoria la separación de las funciones de contabilidad y de fiscalización de la gestión 
económico-financiera.  Esta  segregación  tampoco  se  ha  realizado  de  forma  voluntaria, 
concentrándose ambas funciones en un mismo departamento. 
La unidad dedicada a la contabilización dispone de cuatro efectivos y contabiliza todas las fases del 
gasto, incluido el pago material, lo que dificulta el adecuado cumplimiento de las funciones 
asignadas al Departamento de Tesorería por el Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que 
se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter 
nacional, referidas al aseguramiento del cumplimiento de la normativa sobre morosidad y la 
adecuación de los flujos al Plan de Disposición de Fondos. 
El Ayuntamiento de Mazarrón cuenta con un registro electrónico de facturas a través de su adhesión 
al sistema FACe del Estado, que se encuentra, además, vinculado con el sistema contable.  
Las facturas de importe inferior a 5.000 euros pueden ser presentadas en papel en el registro 
administrativo. Posteriormente, se incluyen en el registro electrónico y son, al igual que las 
presentadas en soporte digital, remitidas al gestor para su conformidad. No obstante, como se ha 
señalado en el análisis relativo a la contratación, en el expediente analizado, se han producido 
retrasos en relación con estos trámites. 
Por lo que se refiere a las operaciones de cierre de ejercicio, en la entidad está regulado que las 
facturas de un ejercicio puedan ser reconocidas en el presupuesto correspondiente hasta el 20 de 
enero del ejercicio siguiente, siempre que exista crédito suficiente y adecuado y que dicho 
presupuesto no se hubiera liquidado. 
La entidad cumplió en el ejercicio fiscalizado el periodo medio de pago a proveedores establecido 
en la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.  
Del examen realizado se aprecia que la incidencia más significativa que ha influido en la utilización 
de expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito ha sido la realización de prestaciones, 
fundamentalmente de servicios, continuadas en el tiempo sin la adecuada cobertura contractual. 
Además, la falta de falta de expedientes electrónicos y la ausencia de instrucciones de cierre pueden 
derivar en retrasos en la tramitación de la justificación documental de las obligaciones. 
II.2.6.  Santander 
El Ayuntamiento de Santander aprobó tres expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito 
por un importe total de 8.715.905,97 euros, por lo que el 4,79 % de las obligaciones reconocidas  es
netas de 2018 se tramitó a través de un REC. Se han analizado dos expedientes por importe  o
agregado de 7.861.006,80 euros.  643www.
Tdeocdiar,s  claosrr eosbpligoancdieonn eas  oqbuleig caocniofonrems adne llo se jeexrcpiecidoi ecnoterrsie enxtea myi,n addeo asc fuueerrdoon  gceonne lraa ddaisst iennc ió20n1 e8n, teres 
obligaciones debidamente comprometidas e indebidamente comprometidas que se ha expuesto en 
el Apartado II.1.1 de este Informe, son todas indebidamente comprometidas. 
En el siguiente gráfico se muestra su distribución según el tipo de gasto: 
Gráfico  8.  Obligaciones incluidas en los REC. Ayuntamiento de Santander. 
Distribución por tipo de gasto
14,95%
Servicios y asimilados
Suministros
85,05%
 
  Fuente: Elaboración propia a partir de la información remitida por las entidades. 
 
Los gastos no fueron tramitados por la vía ordinaria por carecer de cobertura contractual. En el 98 
% –7.731.129,64 euros–, el contrato correspondiente había finalizado sin que se hubiera tramitado 
una nueva licitación, y el resto −129.877,16 euros− se tramitó a través de contratación menor 
cuando hubiera sido procedente la licitación de un contrato al superar los umbrales temporales o 
cuantitativos de la contratación menor. 
En relación con la totalidad de estos gastos se emitió informe de omisión de fiscalización previa por 
el órgano de Intervención de la entidad, lo que resulta procedente en tanto son obligaciones para 
las que no se habían tramitado las fases presupuestarias de autorización y compromiso (AD), las 
cuales están sujetas a fiscalización previa. No consta el inicio de actuaciones tendentes a la 
depuración de las posibles responsabilidades. 
A continuación se analizan las áreas de gestión que mayor implicación tienen en la tramitación de 
obligaciones a través de reconocimientos extrajudiciales de crédito. 
Configuración del órgano de control interno 
La Intervención del Ayuntamiento de Santander está clasificada de clase 1ª, tal y como establece el 
artículo 8 del RDFHN para las entidades de población superior a 20.000 habitantes.  s
La plaza de Intervención se encuentra cubierta por nombramiento definitivo desde el 10 de abril de  w.b
2006, por Resolución de 6 de marzo de 2006, de la Dirección General de Cooperación Local, por la  643ww
qhuaeb ilistea crióens udeelv cea reál ccteorn ncaucrsioon auln, iyta srieo  ednec utreanstlraad aossi sdtied af upnocri ounna priuoess tdoe d Ae dcmolianbisotrraacciióónn , L4o pcuael sctoons 
de técnicos A1/A2 y 10 puestos de administrativos/auxiliares de los subgrupos C1/C2. 
Se ha remitido la información prevista en el artículo 218.3 del TRRHL, correspondiente al ejercicio 
2018, el 9 de abril de 2019, por lo tanto dentro del plazo establecido en la Instrucción del Tribunal 
de Cuentas de 10 de julio de 2015. Se informó de tres expedientes con omisión de fiscalización 
previa y se emitió certificación negativa respecto de acuerdos contrarios al reparo de la intervención 
y anomalías en materia de ingresos. 
La información sobre el ejercicio de Control Interno en el ejercicio 2019 se remitió el 9 de octubre 
de 2020 –incumpliendo así el plazo previsto en la Instrucción del Tribunal de Cuentas de fecha 15 
de enero de 2020, incluida la ampliación otorgada en aplicación del artículo 48 del Real Decreto-ley 
11/2020–, y comprende cinco expedientes con omisión de fiscalización previa y certificación 
negativa respecto de los acuerdos contrarios a reparos y de las anomalías en materia de ingresos. 
En la entidad se aplica un sistema de fiscalización previa plena, que consiste en la comprobación 
por parte del órgano de Intervención de la conformidad de las propuestas con el procedimiento 
legalmente establecido en todos los expedientes, valorando todos los requisitos y trámites exigidos 
por el ordenamiento. 
Adicionalmente, se realizaron actuaciones de control financiero posterior en relación con algunos 
de los servicios de la entidad local, elaborándose durante el ejercicio 2018 dieciséis informes en los 
que se recogían extremos relativos a esta modalidad de control.  
Se ha realizado por parte de la Intervención el Informe resumen anual de resultados de Control 
Interno, previsto en el artículo 37 RCI, del cual se ha dado traslado tanto al Pleno de la entidad como 
a la IGAE. Adicionalmente, respecto del informe resumen anual de ejercicio anterior, el Presidente 
ha elaborado el Plan de Acción previsto en el artículo 38 del mismo texto normativo. También se 
han  realizado  actuaciones  de  control  permanente,  como  el  informe  de  constatación  del 
incumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria en aplicación del artículo 16 del Real 
Decreto 1463/2007, y la verificación definida en el artículo 32.1 f) RCI, además de la auditoría 
pública de una de las sociedades de su perímetro de control – Sociedad Mercantil Participada 
Cementerio Jardín de Cantabria, S.A., con lo que se está dando adecuado cumplimiento al artículo 
220 del TRLRHL y al 29.2 del RCI. 
Procedimiento de elaboración y aprobación del presupuesto 
El Ayuntamiento de Santander aprobó el 20 de noviembre de 2017 el presupuesto para 2018 con 
anterioridad al límite legal del 31 de diciembre del año anterior al del ejercicio en que deba aplicarse, 
establecido en el artículo 169 del TRLRHL. El correspondiente al ejercicio 2019 fue aprobado el 27 
de diciembre de 2018; sin embargo del de 2020 se aprobó después de la fecha establecida, el 30 
de enero de ese mismo año. 
Para la elaboración del presupuesto, los distintos departamentos gestores remitieron con antelación 
a la Presidencia de la entidad las previsiones de gastos e ingresos de sus respectivas áreas. No 
obstante, una vez formado el Presupuesto general de 2018, no se envió con la antelación requerida 
al órgano de Intervención a efectos del preceptivo informe exigido en el artículo 18.4 del Real 
Decreto 500/90, lo que tampoco se ha realizado en relación con el presupuesto de 2020. 
En  las  Bases  de  ejecución  del  presupuesto  no  se  incluye  regulación  específica  sobre  el 
procedimiento de elaboración presupuestaria. Sí se refieren al procedimiento para la aprobación de 
los REC, indicándose la posibilidad de que la competencia para su aprobación se delegue en la 
JGL, previo dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Presupuestos. Además, se  s
establece que su utilización sea exclusivamente para la imputación al presupuesto corriente de  e.
gastos realizados en ejercicios anteriores que no hubieran sido aprobados, es decir, según la  w.b
clasificación de obligaciones realizada en este Informe, esta figura se limitaría en la entidad para  643ww
las obligaciones indebidamente comprometidas.
No obstante lo referido en el párrafo anterior, según se ha constatado en el expediente analizado, 
la figura de los REC se utiliza también para la aplicación al presupuesto de este tipo de gastos 
cuando son generados en el propio ejercicio. Esta interpretación normativa no se ajusta a la 
literalidad de los artículos 26.2 y 60.2 del RD500/90, desarrollados en el Subapartado I.4 del 
presente Informe, relativo al marco legal y régimen jurídico; no obstante, en tanto se trata de actos 
comprometidos prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido y, por tanto, 
susceptibles de nulidad de pleno derecho, se considera procedente que, a pesar de ser generados 
en el ejercicio corriente, su imputación al presupuesto. Todo ello, sin perjuicio de la posible revisión 
de oficio de los actos y de la exigencia de las responsabilidades a que haya lugar, cuestiones a las 
que no hacen referencia las Bases de Ejecución y para las que no se ha iniciado ningún 
procedimiento durante el periodo fiscalizado. 
Procedimientos de contratación 
El departamento de contratación del Ayuntamiento de Santander contaba en 2018 con ocho 
personas dedicadas a las labores de preparación, elaboración y formalización de los contratos. 
Actualmente los medios personales son los mismos, pero la entidad cuenta con un tramitador 
electrónico de expedientes vinculado a la contabilidad. 
En el ejercicio 2018 se formalizaron 95 licitaciones y 140 contratos menores. 
El Ayuntamiento de Santander dio adecuado cumplimiento a la obligación establecida en el artículo 
335 de la LCSP, remitiendo la relación anual de contratos celebrados durante 2018 el 28 de febrero 
de 2019, según el plazo fijado en la Instrucción del Tribunal de Cuentas de 3 de julio de 2018. Así 
como a las obligaciones de transparencia establecidas en el artículo 8.1 de la LTAIPBG y en el 347 
de la LCSP en relación con la contratación pública. 
La contratación menor requiere retención de crédito, solicitud de presupuesto a tres empresas e 
informe de necesidad, y se tramita por los servicios de compra o contratación. 
Además, las Bases de Ejecución contemplan un procedimiento específico para los gastos inferiores 
a determinado importe –6.000 euros en 2018 y 5.000 en el momento de realización de los trabajos– 
relativos a suministros, reparaciones, prestación de servicios o realización de obras menores. Para 
estos gastos se utiliza un sistema de “vales” de tramitación electrónica que supone un procedimiento 
intermedio entre los pagos a justificar y los anticipos de caja fija, en tanto en el momento de su 
expedición se contabilizan las fases presupuestarias AD y se reconoce la obligación cuando es 
justificada. 
Las Bases también prevén realizar al inicio de cada ejercicio retenciones de crédito por el importe 
del consumo estimado de las aplicaciones de gastos del capítulo 2 correspondientes a los conceptos 
presupuestarios de suministros y comunicaciones, lo que resultaría acorde con la recomendación 
realizada por este Tribunal en diversos Informes y que se ha referido en el Apartado II.2 de este 
Informe, en relación con la retención de crédito para los contratos menores y que evita el 
compromiso de créditos sin consignación presupuestaria.  
En el siguiente cuadro se detallan las prestaciones que se realizaron sin cobertura contractual en 
los expedientes analizados: 
Cuadro 24.  Prestaciones facturadas sin cobertura contractual incluidas en los REC. 
Ayuntamiento de Santander. 
Prestación  Nº de Facturas  Importe 
Servicio de mantenimiento integral de los parques y jardines públicos  10  6.486.051,75 
Suministro de energía eléctrica  39  1.125.396,50 
Servicio de telefonía  8  63.448,05 
Honorarios coordinación seguridad y salud  3  8.066,66 
Servicio limpieza TUS  4  48.166,68 
Total   64  7.731.129,64 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información remitida por las entidades. 
 
En relación con estas mismas prestaciones en 2018 se facturó un total de 9.500.258,74 euros. El 
detalle es el siguiente: 
Cuadro 25.  Licitación de las prestaciones del REC sin cobertura contractual en 2018. 
Ayuntamiento de Santander 
Periodo 
Fecha de  Fecha de  Importe  durante el 
finalización  inicio del  Importe  Importe  Fecha de  facturado en el  que se 
Contrato 
del contrato  nuevo  licitado  adjudicado  adjudicación  ejercicio 2018  facturó sin 
anterior  expediente  sin contrato  contrato 
Servicio  de 
mantenimiento 
integral de los  2 años y 4 
14-2-2018  19-7-2017  9.262.242,18   No adjudicado  6.486.051,75  
parques  y  meses 
jardines 
públicos 
Suministro  de 
energía  7-6-2018  8-3-2018  3.276.935,70   3.276.935,70    26-12-2018  2.564.489,30   9 meses 
eléctrica 
Servicio  de 
14-8-2018  26-4-2018  1.512.711,75   1.159.059,00    29-1-2019  253.236,85   6 meses 
telefonía 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información remitida por las entidades. 
 
Además, en relación con la prestación de limpieza de autobuses y de las instalaciones de transporte 
(Servicio limpieza TUS) se facturaron otros 196.480,84 euros, puesto que se decidió postergar la 
licitación del contrato a la inauguración de unas nuevas instalaciones que estaban en construcción.  e.e
A la fecha de referencia de la información –24 de julio– no se había completado la nueva licitación.   b
Ecereuxlt eppraneristdmaoie esnc rdootee nd r sievce aol oidbnsoei cssrite óudr revcai oc lanico  oiasnn ntrteetrearfpelcaortciusdiaóioclns ió  daene n ldsa ede fle  iunc nuafe alribzderarceocur ior2ós 5nod,   deaee nl l2dt ec0e o1 emn8l t,aTr anrqtitboueu enpn irmafeilniv eCaionlei,tz onnó todr a eeol l p bdacseotr aqCnnutorteeans tt orsyae  tj aaapncrrdtioóeidnnriue.o jsrEe.,r  snoEtaonl     OE-A-2021-15able en https://
situación ha derivado en que, desde la pérdida de vigencia del contrato anterior hasta la fecha de 
realización de estos trabajos −30 de abril de 2020– se hayan facturado al menos 28 mensualidades 
sin contrato de 682.742,29 euros, por un importe agregado de 19.116.784,12 euros. 
El órgano de Intervención ha realizado un informe sobre los expedientes de reconocimiento 
extrajudicial de crédito tramitados en 2019, cuya conclusión fundamental es su vinculación con el 
retraso en la tramitación de los expedientes de contratación. 
Registro en contabilidad de las operaciones y procedimiento de facturación 
El Ayuntamiento de Santander tiene la consideración de municipio de gran población, en aplicación 
del apartado b) del artículo 121.1 de la LRBRL, por lo que es obligatoria la separación de las 
funciones de contabilidad y de fiscalización de la gestión económico-financiera.  
En el departamento de contabilidad prestan sus servicios siete personas, que tienen encomendada 
la contabilización de todas las fases de gasto, con excepción del pago material que lo efectúa y 
contabiliza Tesorería. 
La entidad cuenta además con un registro electrónico de facturas vinculado con el sistema contable 
−se encuentra adherida al sistema FACe−. 
El registro de las facturas exceptuadas de la obligación de facturación electrónica por ser de importe 
inferior a 5.000 euros se realiza a través del registro administrativo. 
Dependiendo  del  tipo  de  prestación,  los  documentos  se  trasladan  al  servicio  de  compras 
(suministros) o al de contratación (obras y servicios) para su conformidad, tras lo cual, Intervención 
realiza una relación que eleva a Contabilidad para su reconocimiento. 
El Ayuntamiento de Santander tiene reguladas, desde el 26 de noviembre de 2018, determinadas 
operaciones de cierre de ejercicio, de forma que no se pueden realizar retenciones de crédito ni 
propuestas para la expedición de “vales” a partir del 3 de diciembre del año correspondiente. 
Además, la fecha límite para el envío de las facturas conformadas por los gestores a Intervención 
es el 15 de enero, a efectos de su imputación en el presupuesto del ejercicio anterior, antes de 
proceder a su cierre y liquidación. 
En todos los informes emitidos por el órgano de Intervención en el ejercicio 2018 en cumplimiento 
del artículo cuarto de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales, se ha advertido al Pleno del incumplimiento del período legal de pago.  
Del examen realizado se aprecia que la incidencia más significativa que ha influido en la utilización 
de expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito ha sido la realización de prestaciones de 
servicios y suministros continuadas en el tiempo sin la adecuada cobertura contractual, tanto por el 
lapso de tiempo entre la finalización de un contrato y el inicio del expediente del siguiente, como por 
la utilización de la contratación menor en casos en los que es procedente la licitación de un contrato. 
II.2.7.  Toledo 
Toledo aprobó en 2018 42 expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito por un importe 
conjunto  de  3.020.263,61  euros.  Liquidó  su  presupuesto  de  gastos  de  ese  ejercicio  con 
86.807.396,04 euros de obligaciones reconocidas netas en 2018, por lo que el 3,48 % de las mismas  e.e
se tramitó a través de un REC.  b
H1.a1n3 9f.o9r2m4a,9d0o  eupraorste.   de  la  muestra  dos  de  estos  expedientes,  con  un  importe  agregado  de
Todas las obligaciones que conforman los expedientes examinados fueron generadas en 2018, es 
decir, correspondían a obligaciones del ejercicio corriente, y de acuerdo con la distinción que se ha 
expuesto en el Apartado II.1.1 de este Informe, la totalidad de las obligaciones incluidas en los REC 
analizados tienen la naturaleza de indebidamente reconocidas. 
La utilización de estos dos expedientes REC se debió, según la documentación analizada, al retraso 
en la tramitación del contrato de Gestión del Servicio Público de ORA y grúa. 
El órgano de Intervención emitió informe de omisión de fiscalización previa en relación con estos 
dos expedientes. No consta el inicio de actuaciones tendentes a la depuración de las posibles 
responsabilidades. 
En los apartados siguientes se analizan las áreas de gestión que se han considerado relevantes en 
relación con la imputación de facturas a presupuesto a través de los reconocimientos extrajudiciales 
de crédito y al margen de la tramitación ordinaria. 
Configuración del órgano de control interno 
La Intervención del Ayuntamiento de Toledo está clasificada de clase 1ª, tal y como establece el 
artículo 8 del RDFHN para las entidades de población superior a 20.000 habitantes. 
La  plaza  de  Intervención  se  encuentra  cubierta  mediante  nombramiento  definitivo  por  libre 
designación desde el 26 de abril de 2019. El departamento cuenta con un puesto de colaboración 
reservado a funcionarios de habilitación nacional, tres puestos de técnicos A1/A2 –dos de ellos 
vacantes– y cinco puestos de los subgrupos C1/C2 –también con dos vacantes. 
El  órgano  de  Intervención  remitió  la  información  prevista  en  el  artículo  218.3  del  TRRHL, 
correspondiente al ejercicio 2016, el 25 de abril de 2019, dentro del plazo establecido en la 
Instrucción del Tribunal de Cuentas de 30 de junio de 2015. Se informó de 42 expedientes con 
omisión de fiscalización previa y se emitió certificación negativa en relación con acuerdos contrarios 
a reparos y anomalías de ingresos. 
A su vez, la Intervención remitió el 29 de abril de 2020 –cumpliendo así el plazo previsto en la 
Instrucción del Tribunal de Cuentas de 15 de enero de 2020–, la información sobre el ejercicio de 
Control Interno correspondiente a 2019. Comunicó catorce expedientes con omisión de fiscalización 
y certificación negativa respecto de los acuerdos contrarios a reparo y anomalías en materia de 
ingresos. 
Desde 2001 –por acuerdo de Pleno de 1 de febrero– la entidad aplica un sistema de fiscalización 
limitada  previa  o  de  requisitos  básicos,  que  se  extiende  a  otros  requisitos  además  de  los 
especificados en el Acuerdo de Consejo de Ministros vigente, en función de variables, como 
debilidades en la gestión o riesgos advertidos. 
Respecto del control financiero, durante 2019 se ha informado de la constatación del incumplimiento 
de los principios de estabilidad presupuestaria en aplicación del artículo 16 del Real Decreto 
1463/2007 y se ha realizado la verificación definida en el artículo 32.1 f) RCI, así como el control 
financiero posterior a la toma en razón en contabilidad de los ingresos. 
Procedimiento de elaboración y aprobación del presupuesto 
El Ayuntamiento de Toledo aprobó el presupuesto para 2018 el 22 de diciembre de 2017, por lo  e.e
tanto, dentro del plazo previsto en el artículo 169 del TRLRHL, que establece como fecha límite el  b
31  de  diciembre  del  año  anterior  al  del  ejercicio  en  que  deba  aplicarse.  Aprobó  de  modo  643ww
erexltaecmiópno cráonne eol,  perle 1su0p duee setnoe praor, as u2 0p2r0e,s quupeu efuseto a pparorab a2d0o1 9e,l  2y 3c udme pdliicóie cmobnr ela d fee c2h0a1 9e.s tablecida en
Para la elaboración del presupuesto los distintos departamentos gestores remiten con antelación a 
la Presidencia de la entidad las previsiones de gastos e ingresos de sus respectivas áreas. Sin 
embargo, una vez formado el Presupuesto, éste no se envía con la antelación requerida al órgano 
de Intervención a efectos del preceptivo informe exigido en el artículo 18.4 del Real Decreto 500/90. 
Las  Bases  de  ejecución  del  presupuesto  no  incluyen  normativa  sobre  el  procedimiento  de 
elaboración presupuestaria. 
Sí recogen dos procedimientos específicos en relación con la imputación de las obligaciones al 
margen de la tramitación ordinaria: la convalidación de gastos y el reconocimiento extrajudicial de 
deuda. En ambos casos se exige informe del órgano gestor justificativo de la actuación realizada. 
La convalidación se prevé para los gastos con omisión del trámite de fiscalización previa según 
prevé el artículo 28 del RCI, siempre y cuando las obligaciones se hayan generado en el ejercicio 
en curso. En este caso, se establece que el Acuerdo de convalidación sea aprobado por la JGL, lo 
que es acorde con el artículo citado al tratarse de un municipio de gran población. 
El procedimiento de reconocimiento extrajudicial de deuda requiere la aprobación por el Pleno, exige 
informe de Intervención en los términos establecidos en el artículo 28 del RCI y se aplica a los 
gastos de ejercicios anteriores que no se hayan aplicado al presupuesto correspondiente y respecto 
de los que se hayan producido las siguientes irregularidades: 
  Vulneración de los principios presupuestarios  
  La no sujeción del gasto al procedimiento legalmente establecido  
  La omisión del trámite preceptivo de fiscalización o intervención previa 
Además, las Bases prevén una tercera vía para imputar al presupuesto vigente gastos de ejercicios 
anteriores indebidamente comprometidos. Se regula que se podrá aprobar el reconocimiento de 
estos gastos junto con la aprobación definitiva del presupuesto por el Pleno, siempre que se habilite 
crédito específico para ello y se relacionen estas deudas en un Anexo. Esta vía de imputación de 
obligaciones no exige informe de Intervención ni tampoco informe justificativo del órgano gestor, por 
lo que en caso de tratarse de gastos con omisión del trámite de fiscalización previa, se estaría 
vulnerando el artículo 28 del RCI en lo que se refiere al informe del órgano de Intervención y la falta 
de justificación en relación con la posibilidad de acudir a la revisión de oficio en caso de actos 
susceptibles de nulidad de pleno derecho. 
Procedimientos de contratación 
El  departamento  de  contratación  del  Ayuntamiento  de  Toledo  cuenta  con  cuatro  personas 
encargadas de la preparación, elaboración y formalización de los contratos, y dispone de tramitador 
electrónico de expedientes, lo que resulta acorde al artículo 70.2 de la LPAC, si bien no está 
vinculado con la contabilidad. 
En el ejercicio 2018 se formalizaron 57 licitaciones y se tramitaron 1.905 contratos menores, estando 
estos últimos descentralizados en las diferentes unidades gestoras. 
El Ayuntamiento de Toledo envió el 20 de febrero de 2019 la relación anual de contratos celebrados 
durante 2018; sin embargo, no incluyó los contratos menores, lo que es preceptivo según lo 
dispuesto en el artículo 335 de la LCSO y en la Instrucción del Tribunal de Cuentas de 3 de julio de 
2018. El jefe de contratación, a requerimiento de esta institución, justificó este incumplimiento en la  s
falta de información disponible “al no haberse articulado hasta la fecha un procedimiento que  oe.
proporcione  a  este  servicio  la  información  necesaria  para  poder  remitirla  a  los  organismos  w.
correspondientes”.  643ww

En relación con las obligaciones de transparencia, la entidad ha dado cumplimiento a la previsión 
establecida en el artículo 8.1 de la LTAIPBG, que exige la publicación de determinados datos 
relativos a los contratos formalizados, si bien únicamente en lo que se refiere a los contratos que 
no tienen la consideración de menores, no constando la relación de estos últimos. 
Tampoco se incluye en la página web de la entidad el preceptivo enlace a la Plataforma de 
Contratación del Sector Público que establece el artículo 347 de la LCSP. 
En el Ayuntamiento de Toledo el tratamiento de los contratos menores se diferencia en función de 
su importe. Para los gastos mayores de 5.000 euros se precisa encargo previo y la solicitud de, al 
menos, tres presupuestos. 
No obstante, la mayoría de los gastos menores de atención inmediata del capítulo 2 se tramitan a 
través de los anticipos de caja fija, cuya regulación se contempla en las Bases de Ejecución del 
Presupuesto. Se establece un límite anual máximo de 120.000 euros y un límite de constitución y 
reposición de 10.000 euros, salvo para el concepto presupuestario de combustibles y carburantes 
cuyo límite de reposiciones es de 30.000 euros. De forma previa a la apertura de los anticipos se 
realizan las correspondientes retenciones de crédito, lo que garantizaba la existencia de crédito 
adecuado y suficiente en el momento de la imputación presupuestaria. 
Los expedientes analizados están formados por quince facturas del servicio público de ORA y grúa. 
El contrato correspondiente se había formalizado el 7 de abril de 2005, con un plazo de vigencia de 
diez años más dos posibles prórrogas de un año de duración cada una, habiendo finalizado la 
duración completa del contrato el día 11 de julio de 2017. 
En la misma sesión en la que aprobó el inicio de un nuevo expediente de contratación, – 6 de julio 
de 2017– la Junta de Gobierno Local acordó la continuidad transitoria del contrato hasta el 31 de 
diciembre de 2017.  
 
Sin perjuicio de la demora en el inicio del expediente, se produjo un mayor retraso en la adjudicación 
del contrato −2 de agosto de 2018− como consecuencia de la interposición de recursos en materia 
de contratación, por lo que el servicio se prestó sin cobertura contractual durante 10 meses, con 
una facturación de 2.269.618,14 euros durante el año 2018. 
La posibilidad de que un contrato se pueda prorrogar hasta que comience la ejecución del siguiente 
se ha recogido por primera vez en el artículo 29 de la LCSP, que, como se ha señalado, entró en 
vigor el 9 de marzo de 2018; sin embargo, para su aplicación se exige que la falta de formalización 
del nuevo contrato se deba a incidencias resultantes de acontecimientos imprevisibles para el 
órgano de contratación producidas en el procedimiento de adjudicación, y que además, existan 
razones, de interés público para no interrumpir la prestación. Además, la prórroga se limita a un 
periodo máximo de nueve meses, y exige que el anuncio de licitación del nuevo contrato se haya 
publicado con una antelación mínima de tres meses respecto de la fecha de finalización del contrato 
originario, circunstancia que no concurrió en el expediente analizado. 
El órgano de Intervención reparó estos gastos por estar incursos en un supuesto de nulidad de 
pleno derecho. 
La ausencia de contrato válidamente constituido, junto con la continuidad del servicio al margen del 
procedimiento legalmente establecido, da lugar a la existencia de actos que podrían adolecer de 
nulidad en virtud de lo establecido en el artículo 39 de la LCSP por remisión al artículo 47 de la 
LPAC.  
Esta práctica pone de manifiesto una debilidad en la gestión de la contratación de servicios y  e.
suministros, en tanto no se realizó una previsión adecuada de las correspondientes necesidades.  w.
Llaas  daiusptoorsidicaidóens a yd idcieoln pael rvsiognéasli maol  soecrtvaicviao  ddee  llaa sL CASdmP isneisñtaralac ioqnuees l aP rúebslpicoanss qaubeili dsaed p puadtireimrao dneiarli vdaer 
de sus actuaciones en materia de contratación administrativa se exigirá conforme a lo dispuesto en
la LPAC, señalando, asimismo, que la infracción o aplicación indebida de los preceptos contenidos 
en la propia LCSP por parte del personal al servicio de las Administraciones Públicas, cuando medie 
al menos negligencia grave, constituirá falta muy grave, cuya responsabilidad disciplinaria se exigirá 
conforme a la normativa específica en la materia. No consta que se hayan iniciado actuaciones 
tendentes a la depuración de las posibles responsabilidades derivadas de los hechos descritos. 
Registro en contabilidad de las operaciones y procedimiento de facturación 
El Ayuntamiento de Toledo tiene la consideración de municipio de gran población, por aplicación de 
la Ley 11/2004 de 21 de diciembre dictada por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 
por lo que es obligatoria la separación de las funciones de contabilidad y de fiscalización de la 
gestión económico-financiera.  
En consonancia con lo anterior, cuenta con una organización diferenciada para la llevanza de la 
contabilidad e Intervención. Contabilidad se encarga de las fases contables previas a la ordenación 
del pago y la realización del pago material, estas dos últimas fases están residenciadas en la 
Tesorería. Esta organización supone una adecuada segregación de funciones, puesto que permite 
más fácilmente la verificación del cumplimiento de la normativa en materia de morosidad y la 
adecuación de los pagos al plan de disposición de fondos por el departamento de Tesorería. 
El Ayuntamiento de Toledo dispone de un registro electrónico de facturas vinculado con el sistema 
contable. 
El registro de las facturas exceptuadas de la obligación de facturación electrónica por ser su importe 
inferior a 5.000 euros se realiza físicamente a través del registro contable, tras lo cual se procede a 
su verificación y conformidad, fiscalización y aprobación. 
Aunque durante el periodo fiscalizado Toledo no contaba con una instrucción de cierre del 
presupuesto, actualmente dispone de una norma de regulación de esta materia.  
La intervención ha puesto en conocimiento del Pleno en repetidas ocasiones el incumplimiento de 
la entidad del plazo legal de pago de las obligaciones, tal y como le exige el artículo cuarto de la 
Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. 
Del examen realizado se aprecia que la incidencia más significativa que ha influido en la utilización 
de  expedientes  de  reconocimiento  extrajudicial  de  crédito  ha  sido  la  ausencia  de  contrato 
administrativo  licitado  cuando  este  era  procedente,  fundamentalmente,  y  en  relación  con  la 
prestación analizada, por el lapso de tiempo entre la finalización del contrato y el inicio del 
expediente del siguiente. 
 CONCLUSIONES 
Respecto de reconocimientos extrajudiciales de crédito aprobados por las entidades locales en el 
ámbito nacional (Subapartado II.1) 
1.  El  reconocimiento  extrajudicial  de  crédito  (REC)  se  utiliza  generalmente  como  un 
instrumento  que  posibilita  la  aplicación  al  presupuesto  de  obligaciones  derivadas  de 
compromisos de gastos de ejercicios anteriores que no han sido debidamente adquiridos; 
sin embargo su regulación en la normativa económico-presupuestaria del ámbito local es  es
insuficiente, lo que origina que se utilice para imputar a presupuestos gastos de muy  oe.
diferente naturaleza y que adolecen de deficiencias muy dispares en su tramitación.   643www.
Eenl  RlaDs  4e2n4t/i2d0a1d7e,s  ddee 2l 8S edcet oarb rPil,ú bploicr oe lL qoucea ls e(R rCegI)u lian treol druéjgoi mimenp ojurtraídnitceos  dneol vceodnatrdoel sin etenr neol 
control interno de las entidades locales y armonizó los procedimientos, alcance y técnicas a
emplear por el sector público local con las empleadas por la Intervención General de la 
Administración del Estado. Sin embargo, no contempló los reconocimientos extrajudiciales 
de crédito, aunque dio una regulación –que antes no existía− a los expedientes con omisión 
de fiscalización previa, figura muy cercana a los REC. 
Los expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito se utilizan para la imputación 
presupuestaria de obligaciones que presentan circunstancias muy diversas, utilizándose 
esta figura para todas ellas, independientemente de que el origen de las obligaciones sea 
contrario al ordenamiento jurídico o no. 
No existe un tratamiento homogéneo por las entidades locales en el procedimiento para 
imputar al presupuesto las facturas que derivan de prestaciones sin contrato formalizado. 
En algunas entidades se han tramitado como expedientes con omisión de fiscalización, 
mientras que en otros casos, la resolución por la que se determina la imputación de estas 
facturas a presupuesto, se ha definido como acuerdo contrario a reparo, al considerar el 
órgano de Intervención que el informe en el que se ponía de manifiesto la omisión tenía la 
naturaleza de fiscalización previa. Incluso en otros casos, esta misma actuación ha dado 
lugar a la imputación de las facturas a presupuesto a través de un REC sin que mediara 
informe de reparo o de omisión por parte del órgano de Intervención. 
2.  La mayoría de las entidades locales utilizan frecuentemente la figura de los REC para 
tramitar  el  pago  de  prestaciones  a  terceros  que  las  han  realizado  por  orden  de  la 
Administración pero al margen del procedimiento legalmente establecido. En la muestra 
analizada, el 72 % de las entidades (504 entidades) utilizaron este procedimiento para 
imputar 530.027.220 euros al presupuesto de 2018 a través de la aprobación de 12.350 
expedientes.  
El 27 % de estos expedientes deriva de resoluciones de la Presidencia de la entidad o del 
Pleno por las que se acuerdan actos contrarios a los reparos formulados por los órganos de 
Intervención. El 12 % tiene origen en expedientes con omisión de fiscalización y el 61 % 
restante fueron aprobados sin que se hubiera tramitado un acuerdo contrario a reparo, ni se 
hubiera emitido informe por omisión de fiscalización. 
3.  La cuantía de obligaciones imputadas a presupuesto a través de REC (530.027.220 euros) 
representa el 1,52 % del total de obligaciones reconocidas netas de las 504 entidades de la 
muestra  que  aprobaron  estos  expedientes.  En  57  entidades  la  ratio  de  obligaciones 
tramitadas a través de REC supuso más del 5 % del total de obligaciones y, de ellas, en 19 
este porcentaje superó el 10 %. 
Los  municipios  de  menor  población  hacen  un  uso  mayor  de  los  reconocimientos 
extrajudiciales de crédito, no obstante, en algunas entidades de más de 100.000 habitantes 
el importe de las obligaciones aplicadas a presupuesto mediante la figura analizada alcanza 
porcentajes relevantes, es el caso de Leganés (14,54), Marbella (12,24), Jaén (9,68), 
Castelló de la Plana (6,98), Burgos (6,48) y Torrejón de Ardoz (5,26). 
Respecto del análisis de los expedientes (Epígrafe II.1.1) 
Del análisis efectuado sobre 798 expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito aprobados 
por un total de 410 entidades y conformados por un importe global de facturas examinadas de 
264.402.190,27 euros, se obtienen las siguientes conclusiones:  s
4.  En el 11 % (29.591.454,23) las causa de no haber seguido la tramitación ordinaria son  w.b
retrasos  en  la  tramitación  de  la  factura  u  otros  motivos  que  no  derivan  en  nulidad,  643ww
pharobceerdseie inmdpou tcaadsoi  ae pnr essuu ptouteaslitdoa md eddeia netjee rlac iicniocos rpaonrtaecriioórne dse.  lEosst caosr roebslpigoancdiioennetess  dcerébdeirtíoasn, 
siempre  que  existieran  los  suficientes  recursos  financieros,  bien  sean  remanente  de
tesorería o ingresos recaudados superiores a los previstos. En caso de no disponer de dichos 
recursos, sería procedente tramitar la correspondiente modificación presupuestaria y aplicar 
a presupuesto estas obligaciones sin necesidad de aprobar un reconocimiento extrajudicial.  
No obstante, y en tanto no existe regulación sobre el procedimiento de los expedientes de 
reconocimiento extrajudicial de crédito, su utilización para la imputación de las obligaciones 
descritas en el párrafo anterior cuando no es posible la incorporación de crédito no es 
contraria a la normativa vigente, sin perjuicio de las recomendaciones que realiza este 
Tribunal para que se regule una utilización limitada de estos expedientes.  
El 3 % de estas obligaciones (992.302,31 euros) se generaron en el propio ejercicio 2018 y 
su irregularidad fue la falta de fiscalización previa. En estos supuestos, con independencia 
de la infracción que supone la falta de fiscalización, una vez que el órgano de Intervención 
ha emitido el correspondiente informe no apreciando ninguna otra irregularidad, procede la 
imputación ordinaria de estas obligaciones al presupuesto vigente. 
5.  En el 89 % (234.810.736,04 euros) de las obligaciones imputadas al presupuesto a través 
de REC concurren circunstancias por las que el acto administrativo que les dio origen podría 
derivar en nulidad de pleno derecho. El 66 % procede de ejercicios anteriores y el 34 % 
fueron generadas en 2018. 
La utilización de los REC para la aplicación a presupuesto de obligaciones generadas en el 
propio ejercicio no se ajusta a las previsiones de los artículos 26.2 y 60.2 del RD 500/90, que 
aluden específicamente a obligaciones procedentes de ejercicios anteriores.  
6.  De las obligaciones adquiridas sin conformidad con el ordenamiento jurídico y tramitadas a 
través de expedientes extrajudiciales, el 90 % (211.475.798,26 euros) lo fueron como 
consecuencia de carecer de contrato o de no disponer de crédito suficiente y adecuado, o 
bien, por ambas circunstancias a la vez, correspondiendo el 56 % a gastos de servicios y el 
26 % a gastos en suministros. 
En el conjunto de entidades de la muestra se imputaron a presupuesto 175.476.418,69 euros 
por prestaciones de servicios y suministros sin contrato o sin disponer de consignación 
presupuestaria, es decir, obligaciones nacidas de actos administrativos susceptibles de 
nulidad de pleno derecho. 
Esta irregularidad se produjo en mayor medida en los ayuntamientos de menor población. 
No obstante, las siguientes entidades presentaron ratios significativas de obligaciones del 
capítulo  2  imputadas  sin  disponer  de  crédito  o  contrato,  alcanzando,  al  menos,  los 
porcentajes que se indican: Marbella (36 %), Jaén (23 %), Burgos (12 %), Santander (11 %) 
y Diputación Provincial de Burgos (30 %). 
7.  Las  obligaciones  no  imputadas  al  presupuesto  deben  contabilizarse 
extrapresupuestariamente en el ejercicio en el que se generaron mediante la cuenta 413.  
Acreedores  pendientes  de  aplicar  a  presupuesto,  cuenta  acreedora  que  recoge  las 
obligaciones derivadas de gastos realizados o bienes y servicios recibidos, para las que no 
se ha producido su aplicación a presupuesto, siendo procedente la misma.  
Únicamente el 60 % de las obligaciones que estaban comprometidas a la finalización del 
ejercicio 2017 y que, por tanto, deberían reflejarse en la rúbrica 413 de Balance. Acreedores  s
pendientes de aplicación a presupuesto, se reflejaron en la citada rúbrica. La falta de  e.
contabilización de estas obligaciones, al margen de los incumplimientos legales en el caso  w.b
de las obligaciones indebidamente comprometidas, deriva en que el balance no refleje  643ww
adecuadamente las deudas con proveedores.
Respecto de las infracciones normativas y exigencia de responsabilidades (Epígrafe II.1.2) 
8.  El compromiso de obligaciones sin adecuada cobertura contractual y sin consignación 
presupuestaria se ha constatado frecuente en el ámbito de las entidades locales, lo que se 
viene poniendo de manifiesto en diversos informes aprobados por el Tribunal de Cuentas. 
El  art.  173  de  la  TRLRHL  determina  la  nulidad  de  pleno  derecho  de  los  acuerdos, 
resoluciones y actos administrativos por los que se adquieran compromisos de gastos por 
cuantía superior al importe de los créditos autorizados.  
El artículo 39 de la LCSP establece como causa de nulidad de los contratos administrativos 
el carecer de crédito o prescindir total y absolutamente del procedimiento establecido. La 
disposición adicional vigésimo octava de la LCSP señala que la responsabilidad patrimonial 
de las autoridades y del personal al servicio de las Administraciones Públicas que se pudiera 
derivar de sus actuaciones en materia de contratación administrativa se exigirá conforme a 
lo dispuesto en la LPAC, señalando, asimismo, que la infracción o aplicación indebida de los 
preceptos  contenidos  en  la  propia  LCSP  por  parte  del  personal  al  servicio  de  las 
Administraciones Públicas, cuando medie al menos negligencia grave, constituirá falta muy 
grave, cuya responsabilidad disciplinaria se exigirá conforme a la normativa específica en la 
materia. 
El artículo 28 de la LTAIPBG tipifica el compromiso de obligaciones sin crédito como 
infracción grave cuando las conductas sean culpables. 
Pese a estas previsiones legales, en ninguno de los expedientes fiscalizados se han iniciado 
procedimientos dirigidos a depurar las posibles responsabilidades contempladas en estas 
normas. La ausencia de actuaciones tendentes a depurar y exigir dichas responsabilidades 
cronifica en el tiempo estas prácticas ilegales.  
9.  Ante la existencia de actos que adolecen de nulidad, procede valorar la posible aplicación 
del artículo 106 de la LPAC, que determina la obligación de las Administraciones Públicas, 
previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la 
Comunidad Autónoma, a declarar de oficio la nulidad de los actos administrativos. 
En esta misma línea, el artículo 28.2.e) del RCI prevé que el órgano de Intervención de la 
entidad, al conocer de un expediente con omisión de fiscalización previa, se pronuncie en el 
informe que ha de emitir al efecto, acerca de la posibilidad y conveniencia de revisar los 
actos nulos, en función de si se han realizado o no las prestaciones, el carácter de estas y 
su valoración, así como de los incumplimientos legales que se hayan producido. El mismo 
precepto restringe la revisión de oficio, por razones de economía procesal, a cuando sea 
presumible que el importe de la indemnización que correspondería a quien haya realizado 
las prestaciones una vez tramitado el procedimiento de revisión sea inferior al que del pago 
que se propone. 
La aprobación de un reconocimiento extrajudicial de crédito en ningún caso subsana por sí 
misma los defectos habidos en un expediente de los cuales pudiera derivar la nulidad del 
mismo, al margen de que el pago de la indemnización a quien materialmente ha realizado 
de buena fe las prestaciones en favor de la Administración derive de la revisión de oficio, o 
si, por concurrir las circunstancias que la excluyen conforme a los arts. 110 de la LPAC y 
28.2.e) del RCI, se opta por el pago directo de las prestaciones materialmente realizadas. 
10. De los 211.475.798,26 euros que se imputaron a presupuesto sin disponer de contrato  e.
válidamente celebrado o de crédito adecuado y suficiente, únicamente se instó la revisión  w.b
de oficio en seis expedientes por un importe conjunto de 773.478,19 euros, declarándose en  643ww
todos ellos la nulidad de oficio de las actuaciones, sin perjuicio del pago de las obligaciones.
Respecto del análisis específico de las entidades de la muestra (Subapartado II.2) 
Del análisis de las cinco áreas de gestión que se han considerado de mayor incidencia en relación 
con  una  adecuada  imputación  de  obligaciones  a  presupuesto  −configuración  del  órgano  de 
Intervención, procedimiento de elaboración y aprobación del presupuesto, procedimientos de 
contratación, registro en contabilidad de las operaciones y registro de facturas− en las siete 
entidades de la muestra −Ayuntamientos de Alcázar de San Juan, Cáceres, Jumilla, Mazarrón, 
Santander y Toledo− se han obtenido las siguientes conclusiones: 
11. En relación con las obligaciones debidamente comprometidas en ejercicios anteriores y que 
no fueron imputadas a presupuesto por ser presentadas las facturas fuera de plazo, 
producirse retrasos en la tramitación del expediente, o por haberse producido omisión de la 
fiscalización previa sin que concurrieran supuestos de nulidad de las actuaciones, se han 
apreciado debilidades en la gestión y en los procedimientos para hacer un adecuado control 
de estas obligaciones. La ausencia de instrucciones de cierre que fijen las fechas límite para 
realizar los trámites de imputación de gastos y que faciliten la correcta aplicación del principio 
de temporalidad y la falta de vinculación entre el registro de facturas y los registros contables, 
de forma que se produce una demora en la tramitación interna de estos documentos, 
fundamentalmente en relación con las facturas de importe inferior a 5.000 euros, contribuye 
a un inadecuado control.  
Por otra parte, la ausencia de procedimientos de gestión que permitan conocer la evolución 
de las prestaciones en curso y el desarrollo de su ejecución, de forma que sea posible, en 
su caso, proceder a reclamar las facturas pendientes y evitar la demora de su tramitación 
también contribuye a que no se produzca el necesario control sobre la documentación 
justificativa de las prestaciones realizadas. 
Estas circunstancias se han producido en los Ayuntamientos de Alcázar de San Juan, Jumilla 
y Mazarrón, que imputaron respectivamente al presupuesto de 2018, 118.720, 337.852,79 y 
278.229,24 euros derivados de facturas cuya tramitación se realizó con retraso. 
12. En relación con las obligaciones que se comprometieron sin crédito adecuado y suficiente y 
se imputaron al ejercicio 2018 a través de un reconocimiento extrajudicial de crédito se ha 
constatado una doble casuística. 
Por una parte, la falta de contabilización de la retención de crédito en relación con los gastos 
menores ha derivado en la ausencia de crédito en el momento de imputar estas obligaciones. 
Así se ha producido en el Ayuntamiento de Logroño en relación con gastos menores por 
importe agregado de 146.205,37 euros. 
Por otro lado, la falta de un presupuesto aprobado en tiempo y adecuado a las necesidades 
concretas del ejercicio corriente facilita que no se disponga de crédito para la imputación al 
presupuesto que corresponde de determinadas facturas a pesar de disponer de cobertura 
contractual. Los Ayuntamientos de Alcázar de San Juan y de Jumilla comprometieron sin 
crédito gastos por importe de 678.894 y 164.863,90 euros, respectivamente, a pesar de que, 
en ambos casos, se disponía de contrato en vigor en relación con estas obligaciones. 
13. Las obligaciones comprometidas sin contrato han derivado en todos los casos de la falta de 
licitación en tiempo de un contrato que sustituyera al anteriormente vigente. 
Los Ayuntamientos de Alcázar de San Juan, Jumilla, Logroño, Mazarrón, Santander y Toledo  e.
han imputado al presupuesto de 2018, respectivamente, las cuantías de 1.681.624,77,  w.b
209.159,21, 634.273,08, 615.926,81, 9.500.258,74 y 2.269.618,14 euros derivadas de las  643ww
pcorebsetratcuiroan ceosn tinracclutuidaal.s  en los expedientes analizados y para las que no se dispuso de
La ausencia de contrato válidamente constituido, junto con la continuidad del servicio al 
margen del procedimiento legalmente establecido, da lugar a la existencia de actos que 
podrían adolecer de nulidad en virtud de lo establecido en el artículo 39 de la LCSP por 
remisión al artículo 47 de la LPAC, además de la debilidad de control interno que supone en 
relación con la gestión contractual por la falta de vigilancia del lapso de tiempo transcurrido 
entre la finalización de un contrato y el inicio del expediente para la licitación del siguiente. 
Esta irregularidad ha tenido mayor incidencia en las siguientes entidades: 
  Ayuntamiento de Alcázar, donde el contrato para el Servicio de vigilancia de centros de 
barrio y centro cívico había perdido la vigencia en 2012 y no se volvió a licitar hasta 2020 
y el Servicio de ordenanzas en museos, cuyo contrato finalizó también en 2012 y se está 
prestando sin contrato válidamente licitado. 
 
  Ayuntamiento de Mazarrón, donde el contrato para la gestión del Ecoparque finalizó el 6 
de septiembre de 2013 y que a la fecha de los actuales trabajos no se había licitado. 
La  disposición  adicional  vigésimo  octava  de  la  LCSP  señala  que  la  responsabilidad 
patrimonial de las autoridades y del personal al servicio de las Administraciones Públicas 
que se pudiera derivar de sus actuaciones en materia de contratación administrativa se 
exigirá conforme a lo dispuesto en la LPAC, señalando, asimismo, que la infracción o 
aplicación indebida de los preceptos contenidos en la propia LCSP por parte del personal al 
servicio de las Administraciones Públicas, cuando medie al menos negligencia grave, 
constituirá falta muy grave, cuya responsabilidad disciplinaria se exigirá conforme a la 
normativa específica en la materia. No consta que se hayan iniciado actuaciones tendentes 
a la depuración de las posibles responsabilidades derivadas de los hechos descritos. 
 RECOMENDACIONES 
A la vista de lo expuesto a lo largo de este Informe, habiéndose observado una utilización frecuente 
de los reconocimientos extrajudiciales de crédito con finalidades que, en muchas ocasiones, no se 
corresponden con la naturaleza excepcional de este procedimiento, se formulan las siguientes 
recomendaciones  dirigidas  fundamentalmente  a  que  se  regule  suficientemente  la  figura  del 
reconocimiento extrajudicial de crédito con el propósito de contribuir a superar las debilidades y 
deficiencias puestas de manifiesto en este Informe en el uso y tramitación de estos expedientes.  
Por ello, se recomienda al Gobierno de la Nación: 
1.  Proceda a la revisión normativa de la figura del reconocimiento extrajudicial de crédito para 
que se establezcan los supuestos excepcionales en los que puede ser aplicado y se regule 
su procedimiento, garantizando los siguientes extremos:  
a.  Que su aprobación corresponde al máximo órgano de la entidad local que tiene 
atribuida la competencia de aprobación del presupuesto y es decisor del destino de 
los fondos de la hacienda local, de acuerdo con la atribución de competencias de los 
arts. 50 y 70 del RD 2568/1986, con las particularidades aplicables en las entidades 
a las que es de aplicación el Título X de la LRBRL. 
b.  Su utilización como instrumento de imputación presupuestaria exclusivo de las 
obligaciones que no deriven de gastos debidamente adquiridos a los que se refiere  e
el artículo 176.2.b) del TRRHL y den lugar a un supuesto de nulidad de pleno  bo
derecho, con independencia de que se hubiera instado o no la revisión de oficio de  643ww
c.  Dlousr aacnttoes  ldai cttraadmoista ccoiónn i ndfreal cpcrióonc eddeiml oierdneton asmei einntcoo.r pore la información que pueda
aportar el órgano gestor, así como el Servicio Jurídico de la entidad, con carácter
previo a que la Intervención local emita el correspondiente informe en los mismos 
términos establecidos en el artículo 28.2.e) del RD 424/2017. 
d.  En la tramitación del expediente se establezca el procedimiento para instar las 
medidas pertinentes para la exigencia de responsabilidades a las autoridades y 
personal al servicio de la Administración local, previstas en la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y en 
la Disposición adicional vigésimo octava de la LCSP. 
En tanto se produce el desarrollo normativo necesario, las entidades locales: 
2.  Deberían establecer en las bases de ejecución del presupuesto, el procedimiento de 
aprobación de los reconocimientos extrajudiciales de crédito, limitando la utilización de los 
reconocimientos extrajudiciales de crédito para la imputación al presupuesto de obligaciones 
que, en origen, fueran indebidamente comprometidas y den lugar a un supuesto de nulidad 
de pleno derecho.  
Las obligaciones de ejercicios anteriores que se hubieran comprometido de acuerdo con la 
normativa de aplicación -o cuyos vicios se hubieran subsanado por tratarse de supuestos de 
anulabilidad-, no deberían tramitarse como reconocimientos extrajudiciales y se deberían 
llevar a presupuesto previa incorporación de los créditos correspondientes, según disponen 
los artículos 176.2.b) del TRLRHL y el 26.2.b) del RD 500/90, tramitándose, en caso de ser 
necesario, la correspondiente modificación presupuestaria. 
El procedimiento de tramitación de estos expedientes debería incluir al menos: 
a.  La designación del Pleno como órgano competente para su aprobación, como 
máximo órgano de la entidad el responsable de autorizar la imputación a presupuesto 
de estas obligaciones. 
b.  La necesidad de que en la tramitación del procedimiento, el órgano gestor deba 
aportar un informe sobre las causas que han generado el REC, el Servicio Jurídico 
de la entidad se pronuncie sobre la procedencia de instar la revisión de oficio y la 
Intervención local emita un informe de acuerdo con las previsiones del artículo 
28.2.e) del RD 424/2017. 
c.  El informe del interventor, al apreciar la posibilidad y conveniencia de la revisión de 
oficio de los actos dictados con infracción del ordenamiento a que se refiere el 
artículo 28.2.e) del RD 424/2017, atendiendo al artículo 110 de la LPAC, debería 
valorar la aplicación del principio de enriquecimiento sin causa, además de otras 
circunstancias como pudiera ser su carácter recurrente o el perjuicio del interés 
público derivado de la suspensión inmediata del servicio. 
Además, se formulan estas otras recomendaciones a las entidades locales que vienen, una 
vez más, a insistir en aspectos ya reflejados en informes de fiscalización relativos al ámbito 
local aprobados por el Pleno del Tribunal de Cuentas. 
3.  Las entidades locales deberían establecer los procedimientos necesarios para que se haga 
efectiva la exigencia de las posibles responsabilidades derivadas de los incumplimientos de 
la LTAIPBG, del TRLCSP o de la normativa presupuestaria de aplicación, que se concretan 
fundamentalmente en el compromiso de obligaciones adquiridas sin cobertura contractual o  e.
sin consignación presupuestaria.  w.b
4.  gsdLuaeafr siIac ani eeetnincxttepiedni rap adaecerli óasin  ne ildcoveiicotlaa  trldée lersam   leidanje eotbc rdeauermcí iacóitnona n cditimórean ptg oladasnes ptt oarloesr sv s ipoiernsox .ccp eoedbdieimerntiueternast o csdo end tcreao cngttueraastlt aiócconióm nao d cceoocnnu saeedl cotusiee mnqcpuioea    OE-A-2021-15able en https://
5.  Deberían establecerse por las entidades locales procedimientos de gestión en relación con 
los gastos de menor cuantía que eviten la falta de consignación presupuestaria cuando se 
genere la obligación. Así, las Bases de Ejecución del presupuesto deberían prever la 
retención de crédito cuando se tramitan contratos menores y cuando se libran los fondos a 
través del procedimiento de anticipo de caja fija. 
6.  Las  entidades  locales  deberían  elaborar  y  aprobar  una  instrucción  que  regule  las 
operaciones a realizar a cierre de ejercicio, con el objetivo de normalizar y establecer las 
fechas límite para realizar los trámites de imputación de gastos e ingresos al presupuesto 
del ejercicio corriente, facilitando que los gastos e ingresos ejecutados se apliquen al 
presupuesto del ejercicio corriente, y se garantice la correcta aplicación de los principios de 
imputación presupuestaria, devengo y anualidad presupuestaria. 
7.  Las entidades locales deberían implementar mecanismos que garanticen la adecuada 
conexión entre los registros administrativos y los registros contables para reducir el riesgo 
de errores, retrasos e incidencias en su tramitación. 
8.  Las entidades locales deberían establecer procedimientos de gestión que permitan conocer 
la evolución de las prestaciones en curso y el desarrollo de su ejecución, de forma que sea 
posible hacer un seguimiento de las facturas pendientes y evitar la posible demora de su 
tramitación, que puede condicionar la ejecución del presupuesto. 
 
Madrid 22 de diciembre de 2020 
LA PRESIDENTA 
 
 
 
 
 
 
María José de la Fuente y de la Calle 
 
ANEXOS 
RELACION DE ANEXOS 
Anexo  I.-  Entidades que, en fecha de 18 de diciembre de 2020, no han rendido la Cuenta 
General del ejercicio 2018 . 
Anexo  II.   Entidades con obligaciones REC superiores al 5% de las ORN. 
Anexo  III.  Entidades con obligaciones REC indebidas de capítulo 2 superiores al 5% de ORN 
capítulo 2 .
ANEXO I
Entidades que, en fecha de 18 de diciembre de 2020, no han rendido la Cuenta 
General del ejercicio 2018
 
Anexo I. 1/19 
  Comunidad  Cta.ejerc2
Provincia  Tipo de entidad  Denominación  Población 
Autónoma  018 
1  Andalucía  Almería  Ayto.  Almería  196.851  SI 
2    Almería  Diputación  Almería  -  SI 
3    Cádiz  Ayto.  Algeciras  121.414  SI 
4    Cádiz  Ayto.  Cádiz  116.979  NO 
5    Cádiz  Ayto.  Jerez de la Frontera  212.879  SI 
6    Cádiz  Diputación  Cádiz  -  SI 
7    Córdoba  Ayto.  Córdoba  325.708  SI 
8    Córdoba  Diputación  Córdoba  -  SI 
9    Granada  Ayto.  Granada  232.208  SI 
10    Granada  Diputación  Granada  -  SI 
11    Huelva  Ayto.  Huelva  144.258  NO 
12    Huelva  Diputación  Huelva  -  SI 
13    Jaén  Ayto.  Jaén  113.457  NO 
14    Jaén  Diputación  Jaén  -  SI 
15    Málaga  Ayto.  Málaga  571.026  SI 
16    Málaga  Ayto.  Marbella  141.463  NO 
17    Málaga  Diputación  Málaga  -  SI 
18    Sevilla  Ayto.  Dos Hermanas  133.168  SI 
19    Sevilla  Ayto.  Sevilla  688.711  SI 
20    Sevilla  Diputación  Sevilla  -  SI 
21  Aragón  Huesca  Ayto.  Barbastro  16.944  SI 
22    Huesca  Ayto.  Binéfar  9.435  SI 
23    Huesca  Ayto.  Fraga  14.979  SI 
24    Huesca  Ayto.  Huesca  52.463  SI 
25    Huesca  Ayto.  Jaca  12.813  SI 
26    Huesca  Ayto.  Monzón  17.061  SI 
27    Huesca  Ayto.  Sabiñánigo  9.245  SI 
28    Huesca  Diputación  Huesca  -  SI 
29    Teruel  Ayto.  Alcañiz  15.939  SI 
30    Teruel  Ayto.  Andorra  7.633  SI 
31    Teruel  Ayto.  Teruel  35.691  SI 
32    Teruel  Diputación  Teruel  -  SI 
33    Zaragoza  Ayto.  Alagón  7.094  SI 
34    Zaragoza  Ayto.  Calatayud  20.035  SI 
35    Zaragoza  Ayto.  Caspe  9.525  SI 
36    Zaragoza  Ayto.  Cuarte de Huerva  13.055  SI 
 
 
                  b
    2021-15643n https://ww
Anexo I. 2/19 
  Comunidad  Cta.ejerc2
Provincia  Tipo de entidad  Denominación  Población 
Autónoma  018 
37    Zaragoza  Ayto.  Ejea de los Caballeros  16.605  SI 
38    Zaragoza  Ayto.  La Almunia de Doña Godina  7.819  SI 
39    Zaragoza  Ayto.  La Muela  5.479  SI 
40    Zaragoza  Ayto.  La Puebla de Alfindén  6.173  SI 
41    Zaragoza  Ayto.  María de Huerva  5.663  SI 
42    Zaragoza  Ayto.  Tarazona  10.509  SI 
43    Zaragoza  Ayto.  Tauste  6.914  SI 
44    Zaragoza  Ayto.  Utebo  18.602  SI 
45    Zaragoza  Ayto.  Zaragoza  666.880  SI 
46    Zaragoza  Ayto.  Zuera  8.365  SI 
47    Zaragoza  Diputación  Zaragoza  -  SI 
48  C. Madrid  Madrid  Ayto.  Alcalá de Henares  193.751  SI 
49    Madrid  Ayto.  Alcobendas  116.037  SI 
50    Madrid  Ayto.  Alcorcón  169.502  SI 
51    Madrid  Ayto.  Algete  20.473  SI 
52    Madrid  Ayto.  Alpedrete  14.364  SI 
53    Madrid  Ayto.  Aranjuez  59.037  SI 
54    Madrid  Ayto.  Arganda del Rey  54.554  SI 
55    Madrid  Ayto.  Arroyomolinos  30.052  SI 
56    Madrid  Ayto.  Becerril de la Sierra  5.564  SI 
57    Madrid  Ayto.  Boadilla del Monte  52.626  SI 
58    Madrid  Ayto.  Brunete  10.596  SI 
59    Madrid  Ayto.  Camarma de Esteruelas  7.226  SI 
60    Madrid  Ayto.  Campo Real  6.075  SI 
61    Madrid  Ayto.  Cercedilla  6.948  SI 
62    Madrid  Ayto.  Chinchón  5.239  SI 
63    Madrid  Ayto.  Ciempozuelos  24.087  SI 
64    Madrid  Ayto.  Cobeña  7.280  SI 
65    Madrid  Ayto.  Collado Mediano  6.781  SI 
66    Madrid  Ayto.  Collado Villalba  63.074  SI 
67    Madrid  Ayto.  Colmenar de Oreja  7.902  SI 
68    Madrid  Ayto.  Colmenar Viejo  49.498  SI 
69    Madrid  Ayto.  Colmenarejo  9.124  SI 
70    Madrid  Ayto.  Coslada  81.860  SI 
71    Madrid  Ayto.  Cubas de la Sagra  6.310  SI 
72    Madrid  Ayto.  Daganzo  10.061  SI 
73    Madrid  Ayto.  El Álamo  9.353  SI 
74    Madrid  Ayto.  El Boalo  7.399  SI 
75    Madrid  Ayto.  El Escorial  15.842  SI 
76    Madrid  Ayto.  El Molar  8.666  SI  s
77    Madrid  Ayto.  Fuenlabrada  193.586  SI  oe.
  w.
  
Anexo I. 3/19 
  Comunidad  Cta.ejerc2
Provincia  Tipo de entidad  Denominación  Población 
Autónoma  018 
78    Madrid  Ayto.  Fuente el Saz de Jarama  6.541  SI 
79    Madrid  Ayto.  Galapagar  33.379  SI 
80    Madrid  Ayto.  Getafe  180.747  SI 
81    Madrid  Ayto.  Griñón  10.178  SI 
82    Madrid  Ayto.  Guadalix de la Sierra  6.119  SI 
83    Madrid  Ayto.  Guadarrama  15.785  SI 
84    Madrid  Ayto.  Hoyo de Manzanares  8.222  SI 
85    Madrid  Ayto.  Humanes de Madrid  19.587  SI 
86    Madrid  Ayto.  Las Rozas de Madrid  95.550  SI 
87    Madrid  Ayto.  Leganés  188.425  SI 
88    Madrid  Ayto.  Loeches  8.673  SI 
89    Madrid  Ayto.  Madrid  3.223.334  SI 
90    Madrid  Ayto.  Majadahonda  71.785  SI 
91    Madrid  Ayto.  Manzanares el Real  8.597  SI 
92    Madrid  Ayto.  Meco  13.959  SI 
93    Madrid  Ayto.  Mejorada del Campo  23.241  SI 
94    Madrid  Ayto.  Miraflores de la Sierra  5.897  SI 
95    Madrid  Ayto.  Moraleja de Enmedio  5.021  SI 
96    Madrid  Ayto.  Moralzarzal  12.697  SI 
97    Madrid  Ayto.  Morata de Tajuña  7.553  SI 
98    Madrid  Ayto.  Móstoles  207.095  SI 
99    Madrid  Ayto.  Navalcarnero  28.305  SI 
100    Madrid  Ayto.  Nuevo Baztán  6.154  SI 
101    Madrid  Ayto.  Paracuellos de Jarama  24.521  SI 
102    Madrid  Ayto.  Parla  128.256  SI 
103    Madrid  Ayto.  Pedrezuela  5.746  SI 
104    Madrid  Ayto.  Pinto  51.541  SI 
105    Madrid  Ayto.  Pozuelo de Alarcón  86.172  SI 
106    Madrid  Ayto.  Rivas-Vaciamadrid  85.893  SI 
107    Madrid  Ayto.  San Agustín del Guadalix  13.273  SI 
108    Madrid  Ayto.  San Fernando de Henares  39.466  SI 
109    Madrid  Ayto.  San Lorenzo de El Escorial  18.088  SI 
110    Madrid  Ayto.  San Martín de la Vega  18.784  SI 
111    Madrid  Ayto.  San Martín de Valdeiglesias  8.318  SI 
112    Madrid  Ayto.  San Sebastián de los Reyes  87.724  SI 
113    Madrid  Ayto.  Sevilla la Nueva  9.095  SI 
114    Madrid  Ayto.  Soto del Real  8.694  SI 
115    Madrid  Ayto.  Torrejón de Ardoz  129.729  SI 
 
    e.
Anexo I. 4/19 
  Comunidad  Cta.ejerc2
Provincia  Tipo de entidad  Denominación  Población 
Autónoma  018 
116    Madrid  Ayto.  Torrejón de la Calzada  8.582  SI 
117    Madrid  Ayto.  Torrelodones  23.361  SI 
118    Madrid  Ayto.  Torres de la Alameda  7.760  SI 
119    Madrid  Ayto.  Tres Cantos  46.750  SI 
120    Madrid  Ayto.  Valdemorillo  12.280  SI 
121    Madrid  Ayto.  Valdemoro  74.745  SI 
122    Madrid  Ayto.  Velilla de San Antonio  12.193  SI 
123    Madrid  Ayto.  Villa del Prado  6.409  SI 
124    Madrid  Ayto.  Villalbilla  13.421  SI 
125    Madrid  Ayto.  Villanueva de la Cañada  21.000  SI 
126    Madrid  Ayto.  Villanueva del Pardillo  17.127  SI 
127    Madrid  Ayto.  Villarejo de Salvanes  7.291  SI 
128    Madrid  Ayto.  Villaviciosa de Odón  27.596  SI 
129  C. Valenciana  Alicante/Alacant  Ayto.  Alcoy/Alcoi  58.977  SI 
130    Alicante/Alacant  Ayto.  Alicante/Alacant  331.577  SI 
131    Alicante/Alacant  Ayto.  Almoradí  20.542  SI 
132    Alicante/Alacant  Ayto.  Altea  21.995  SI 
133    Alicante/Alacant  Ayto.  Aspe  20.537  SI 
134    Alicante/Alacant  Ayto.  Benidorm  67.558  SI 
135    Alicante/Alacant  Ayto.  Calp  21.633  SI 
136    Alicante/Alacant  Ayto.  Crevillent  28.957  SI 
137    Alicante/Alacant  Ayto.  Dénia  41.733  SI 
138    Alicante/Alacant  Ayto.  El Campello  27.893  SI 
139    Alicante/Alacant  Ayto.  Elche/Elx  230.625  SI 
140    Alicante/Alacant  Ayto.  Elda  52.404  SI 
141    Alicante/Alacant  Ayto.  Ibi  23.403  SI 
142    Alicante/Alacant  Ayto.  Jávea/Xàbia  27.224  SI 
143    Alicante/Alacant  Ayto.  L'Alfàs del Pi  20.053  SI 
144    Alicante/Alacant  Ayto.  Mutxamel  25.009  SI 
145    Alicante/Alacant  Ayto.  Novelda  25.725  SI 
146    Alicante/Alacant  Ayto.  Orihuela  76.778  SI 
147    Alicante/Alacant  Ayto.  Petrer  34.479  SI 
148    Alicante/Alacant  Ayto.  Pilar de la Horadada  21.418  SI 
San Vicente del Raspeig/Sant 
149    Alicante/Alacant  Ayto.  57.785  SI 
Vicent del Raspeig 
150    Alicante/Alacant  Ayto.  Sant Joan d'Alacant  23.518  SI 
151    Alicante/Alacant  Ayto.  Santa Pola  31.745  SI 
152    Alicante/Alacant  Ayto.  Torrevieja  82.599  SI 
153    Alicante/Alacant  Ayto.  Villajoyosa/La Vila Joiosa  33.969  SI 
154    Alicante/Alacant  Ayto.  Villena  33.983  SI 
  e.e
    643ww
Anexo I. 5/19 
  Comunidad  Cta.ejerc2
Provincia  Tipo de entidad  Denominación  Población 
Autónoma  018 
155    Alicante/Alacant  Diputación  Alicante  -  SI 
156    Castellón/Castelló  Ayto.  Almazora/Almassora  25.831  SI 
157    Castellón/Castelló  Ayto.  Benicarló  26.744  SI 
158    Castellón/Castelló  Ayto.  Burriana  34.544  SI 
Castellón de la Plana/Castelló 
159    Castellón/Castelló  Ayto.  170.888  SI 
de la Plana 
160    Castellón/Castelló  Ayto.  La Vall d'Uixó  31.552  SI 
161    Castellón/Castelló  Ayto.  Onda  24.850  SI 
162    Castellón/Castelló  Ayto.  Vila-real  50.577  SI 
163    Castellón/Castelló  Ayto.  Vinaròs  28.438  SI 
164    Castellón/Castelló  Diputación  Castellón  -  SI 
165    Valencia  Ayto.  Alaquas  29.341  SI 
166    Valencia  Ayto.  Alboraya  24.222  SI 
167    Valencia  Ayto.  Aldaia  31.492  SI 
168    Valencia  Ayto.  Alfafar  20.763  SI 
169    Valencia  Ayto.  Algemesí  27.285  SI 
170    Valencia  Ayto.  Alzira  44.393  SI 
171    Valencia  Ayto.  Bétera  23.647  SI 
172    Valencia  Ayto.  Burjassot  37.584  SI 
173    Valencia  Ayto.  Carcaixent  20.424  SI 
174    Valencia  Ayto.  Catarroja  27.827  SI 
175    Valencia  Ayto.  Cullera  21.918  SI 
176    Valencia  Ayto.  Gandia  73.829  SI 
177    Valencia  Ayto.  La Pobla de Vallbona  24.068  SI 
178    Valencia  Ayto.  Lliria  22.972  SI 
179    Valencia  Ayto.  Manises  30.693  SI 
180    Valencia  Ayto.  Mislata  43.278  SI 
181    Valencia  Ayto.  Moncada  21.802  SI 
182    Valencia  Ayto.  Oliva  25.199  SI 
183    Valencia  Ayto.  Ontinyent  35.395  SI 
184    Valencia  Ayto.  Paiporta  25.309  SI 
185    Valencia  Ayto.  Paterna  69.156  SI 
186    Valencia  Ayto.  Picassent  20.709  SI 
187    Valencia  Ayto.  Quart de Poblet  24.536  SI 
188    Valencia  Ayto.  Requena  20.227  SI 
189    Valencia  Ayto.  Riba-roja de Túria  21.992  SI 
190    Valencia  Ayto.  Sagunto/Sagunt  65.669  SI 
191    Valencia  Ayto.  Sueca  27.460  SI 
192    Valencia  Ayto.  Torrent  81.245  SI 
 
  bo
  
Anexo I. 6/19 
  Comunidad  Cta.ejerc2
Provincia  Tipo de entidad  Denominación  Población 
Autónoma  018 
193    Valencia  Ayto.  Valencia  791.413  SI 
194    Valencia  Ayto.  Xàtiva  29.045  SI 
195    Valencia  Ayto.  Xirivella  29.108  SI 
196    Valencia  Diputación  Valencia  -  SI 
197  Canarias  Las Palmas  Ayto.  Agüimes  31.152  SI 
198    Las Palmas  Ayto.  Antigua  11.948  SI 
199    Las Palmas  Ayto.  Arrecife  61.351  SI 
200    Las Palmas  Ayto.  Arucas  37.691  SI 
201    Las Palmas  Ayto.  Gáldar  24.209  SI 
202    Las Palmas  Ayto.  Ingenio  30.831  SI 
203    Las Palmas  Ayto.  La Oliva  25.884  SI 
204    Las Palmas  Ayto.  Las Palmas de Gran Canaria  378.517  SI 
205    Las Palmas  Ayto.  Mogán  19.657  SI 
206    Las Palmas  Ayto.  Pájara  20.539  SI 
207    Las Palmas  Ayto.  Puerto del Rosario  39.382  SI 
208    Las Palmas  Ayto.  San Bartolomé  18.327  SI 
209    Las Palmas  Ayto.  San Bartolomé de Tirajana  53.588  SI 
210    Las Palmas  Ayto.  Santa Brígida  18.314  SI 
211    Las Palmas  Ayto.  Santa Lucía de Tirajana  71.863  SI 
Santa María de Guía de Gran 
212    Las Palmas  Ayto.  13.924  SI 
Canaria 
213    Las Palmas  Ayto.  Teguise  22.122  SI 
214    Las Palmas  Ayto.  Telde  102.424  SI 
215    Las Palmas  Ayto.  Teror  12.449  SI 
216    Las Palmas  Ayto.  Tías  20.006  SI 
217    Las Palmas  Ayto.  Tuineje  14.791  SI 
218    Las Palmas  Ayto.  Yaiza  16.289  SI 
219    Las Palmas  Cabildo Insular  Insular de Fuerteventura  -  NO 
220    Las Palmas  Cabildo Insular  Insular de Gran Canaria  -  SI 
221    Las Palmas  Cabildo Insular  Insular de Lanzarote  -  SI 
222    Santa Cruz de Tenerife  Ayto.  Adeje  47.280  SI 
223    Santa Cruz de Tenerife  Ayto.  Arona  79.448  SI 
224    Santa Cruz de Tenerife  Ayto.  Candelaria  27.641  SI 
225    Santa Cruz de Tenerife  Ayto.  El Rosario  17.352  SI 
226    Santa Cruz de Tenerife  Ayto.  Granadilla de Abona  48.374  SI 
227    Santa Cruz de Tenerife  Ayto.  Guía de Isora  20.991  SI 
228    Santa Cruz de Tenerife  Ayto.  Güímar  19.739  SI 
229    Santa Cruz de Tenerife  Ayto.  Icod de los Vinos  22.749  SI 
230    Santa Cruz de Tenerife  Ayto.  La Orotava  41.833  SI 
 
    bo
Anexo I. 7/19 
  Comunidad  Cta.ejerc2
Provincia  Tipo de entidad  Denominación  Población 
Autónoma  018 
231    Santa Cruz de Tenerife  Ayto.  Los Llanos de Aridane  20.171  SI 
232    Santa Cruz de Tenerife  Ayto.  Los Realejos  36.405  SI 
233    Santa Cruz de Tenerife  Ayto.  Puerto de la Cruz  30.483  SI 
234    Santa Cruz de Tenerife  Ayto.  San Cristóbal de La Laguna  155.549  SI 
235    Santa Cruz de Tenerife  Ayto.  San Miguel de Abona  19.672  SI 
236    Santa Cruz de Tenerife  Ayto.  Santa Cruz de la Palma  15.674  SI 
237    Santa Cruz de Tenerife  Ayto.  Santa Cruz de Tenerife  204.856  SI 
238    Santa Cruz de Tenerife  Ayto.  Santa Úrsula  14.445  SI 
239    Santa Cruz de Tenerife  Ayto.  Santiago del Teide  10.755  SI 
240    Santa Cruz de Tenerife  Ayto.  Tacoronte  23.961  SI 
241    Santa Cruz de Tenerife  Ayto.  Tegueste  11.203  SI 
242    Santa Cruz de Tenerife  Cabildo  Insular de El Hierro  -  SI 
243    Santa Cruz de Tenerife  Cabildo   Insular de La Gomera  -  SI 
244    Santa Cruz de Tenerife  Cabildo   Insular de La Palma  -  SI 
245    Santa Cruz de Tenerife  Cabildo  Insular de Tenerife  -  SI 
246  Cantabria  Cantabria  Ayto.  Cabezón de la Sal  8.349  SI 
247    Cantabria  Ayto.  Colindres  8.453  NO 
248    Cantabria  Ayto.  El Astillero  18.108  SI 
249    Cantabria  Ayto.  Laredo  11.148  SI 
250    Cantabria  Ayto.  Marina de Cudeyo  5.118  SI 
251    Cantabria  Ayto.  Medio Cudeyo  7.520  NO 
252    Cantabria  Ayto.  Reinosa  9.095  SI 
253    Cantabria  Ayto.  Reocín  8.381  NO 
254    Cantabria  Ayto.  Santa Cruz de Bezana  12.964  SI 
255    Cantabria  Ayto.  Santa María de Cayón  9.060  SI 
256    Cantabria  Ayto.  Santander  172.044  SI 
257    Cantabria  Ayto.  Santoña  11.050  SI 
258    Cantabria  Ayto.  Suances  8.716  SI 
259    Cantabria  Ayto.  Torrelavega  51.687  SI 
260    Santander  Ayto.  Camargo  30.263  SI 
261    Santander  Ayto.  Cartes  5.778  SI 
262    Santander  Ayto.  Castro-Urdiales  31.977  SI 
263    Santander  Ayto.  Entrambasaguas  5.090  SI 
264    Santander  Ayto.  Los Corrales de Buelna  10.910  SI 
265    Santander  Ayto.  Piélagos  25.223  SI 
266    Santander  Ayto.  Polanco  5.845  SI 
 
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Anexo I. 8/19 
  Comunidad  Cta.ejerc2
Provincia  Tipo de entidad  Denominación  Población 
Autónoma  018 
Castilla-La 
267  Albacete  Ayto.  Albacete  173.050  SI 
Mancha 
268    Albacete  Ayto.  Almansa  24.537  SI 
269    Albacete  Ayto.  Caudete  10.003  SI 
270    Albacete  Ayto.  Hellín  30.268  SI 
271    Albacete  Ayto.  La Roda  15.515  SI 
272    Albacete  Ayto.  Tarazona de la Mancha  6.255  SI 
273    Albacete  Ayto.  Tobarra  7.738  SI 
274    Albacete  Ayto.  Villarrobledo  25.241  SI 
275    Albacete  Diputación  Albacete  -  SI 
276    Ciudad Real  Ayto.  Alcázar de San Juan  30.686  SI 
277    Ciudad Real  Ayto.  Almadén  5.461  SI 
278    Ciudad Real  Ayto.  Almagro  8.922  SI 
279    Ciudad Real  Ayto.  Almodóvar del Campo  6.139  SI 
280    Ciudad Real  Ayto.  Argamasilla de Alba  6.901  SI 
281    Ciudad Real  Ayto.  Argamasilla de Calatrava  5.921  SI 
282    Ciudad Real  Ayto.  Bolaños de Calatrava  11.884  SI 
283    Ciudad Real  Ayto.  Campo de Criptana  13.597  SI 
284    Ciudad Real  Ayto.  Ciudad Real  74.743  SI 
285    Ciudad Real  Ayto.  Daimiel  18.051  SI 
286    Ciudad Real  Ayto.  Herencia  8.425  SI 
287    Ciudad Real  Ayto.  La Solana  15.523  SI 
288    Ciudad Real  Ayto.  Malagón  8.129  SI 
289    Ciudad Real  Ayto.  Manzanares  18.043  SI 
290    Ciudad Real  Ayto.  Membrilla  6.016  SI 
291    Ciudad Real  Ayto.  Miguelturra  15.316  SI 
292    Ciudad Real  Ayto.  Moral de Calatrava  5.279  SI 
293    Ciudad Real  Ayto.  Pedro Muñoz  7.385  SI 
294    Ciudad Real  Ayto.  Puertollano  47.881  SI 
295    Ciudad Real  Ayto.  Socuéllamos  12.268  SI 
296    Ciudad Real  Ayto.  Tomelloso  36.091  SI 
297    Ciudad Real  Ayto.  Valdepeñas  30.210  SI 
298    Ciudad Real  Ayto.  Villanueva de los Infantes  5.030  SI 
299    Ciudad Real  Ayto.  Villarrubia de los Ojos  9.902  SI 
300    Ciudad Real  Diputación  Ciudad Real  -  SI 
301    Cuenca  Ayto.  Cuenca  54.898  SI 
302    Cuenca  Ayto.  Las Pedroñeras  6.548  SI 
303    Cuenca  Ayto.  Mota del Cuervo  6.030  SI 
304    Cuenca  Ayto.  Motilla del Palancar  5.959  SI 
305    Cuenca  Ayto.  Quintanar del Rey  7.589  SI 
306    Cuenca  Ayto.  San Clemente  7.107  SI  e.e
  b
 
  
Anexo I. 9/19 
  Comunidad  Cta.ejerc2
Provincia  Tipo de entidad  Denominación  Población 
Autónoma  018 
307    Cuenca  Ayto.  Tarancón  14.990  NO 
308    Cuenca  Diputación  Cuenca  -  SI 
309    Guadalajara  Ayto.  Alovera  12.570  SI 
310    Guadalajara  Ayto.  Azuqueca de Henares  34.685  SI 
311    Guadalajara  Ayto.  Cabanillas del Campo  10.123  SI 
312    Guadalajara  Ayto.  El Casar  11.812  SI 
313    Guadalajara  Ayto.  Guadalajara  84.910  SI 
314    Guadalajara  Ayto.  Marchamalo  7.229  SI 
315    Guadalajara  Ayto.  Torrejón del Rey  5.300  SI 
316    Guadalajara  Ayto.  Villanueva de la Torre  6.568  SI 
317    Guadalajara  Diputación  Guadalajara  -  SI 
318    Toledo  Ayto.  Añover de Tajo  5.032  NO 
319    Toledo  Ayto.  Argés  6.341  SI 
320    Toledo  Ayto.  Bargas  10.092  SI 
321    Toledo  Ayto.  Casarrubios del Monte  5.422  NO 
322    Toledo  Ayto.  Consuegra  10.098  SI 
323    Toledo  Ayto.  Corral de Almaguer  5.355  SI 
324    Toledo  Ayto.  Esquivias  5.449  SI 
325    Toledo  Ayto.  Fuensalida  11.032  NO 
326    Toledo  Ayto.  Illescas  28.064  SI 
327    Toledo  Ayto.  La Puebla de Almoradiel  5.278  SI 
328    Toledo  Ayto.  La Puebla de Montalbán  7.811  SI 
329    Toledo  Ayto.  Los Yébenes  5.983  SI 
330    Toledo  Ayto.  Madridejos  10.532  SI 
331    Toledo  Ayto.  Mora  9.737  SI 
332    Toledo  Ayto.  Ocaña  11.067  SI 
333    Toledo  Ayto.  Olías del Rey  7.657  SI 
334    Toledo  Ayto.  Quintanar de la Orden  10.918  NO 
335    Toledo  Ayto.  Seseña  24.255  NO 
336    Toledo  Ayto.  Sonseca  11.021  SI 
337    Toledo  Ayto.  Talavera de la Reina  83.009  SI 
338    Toledo  Ayto.  Toledo  84.282  SI 
339    Toledo  Ayto.  Torrijos  13.278  SI 
340    Toledo  Ayto.  Ugena  5.336  SI 
341    Toledo  Ayto.  Villacañas  9.689  SI 
342    Toledo  Ayto.  Yeles  5.164  SI 
343    Toledo  Ayto.  Yepes  5.083  SI 
344    Toledo  Ayto.  Yuncos  10.968  SI 
345    Toledo  Diputación  Toledo  -  SI 
  s
  w.
  
Anexo I. 10/19 
  Comunidad  Cta.ejerc2
Provincia  Tipo de entidad  Denominación  Población 
Autónoma  018 
346  Castilla y León  Ávila  Ayto.  Ávila  57.657  SI 
347    Ávila  Diputación  Avila  -  SI 
348    Burgos  Ayto.  Aranda de Duero  32.523  SI 
349    Burgos  Ayto.  Burgos  175.921  SI 
350    Burgos  Ayto.  Miranda de Ebro  35.477  SI 
351    Burgos  Diputación  Burgos  -  SI 
352    León  Ayto.  León  124.772  SI 
353    León  Ayto.  Ponferrada  65.239  SI 
354    León  Ayto.  San Andrés del Rabanedo  30.820  SI 
355    León  Diputación  León  -  SI 
356    Palencia  Ayto.  Palencia  78.629  SI 
357    Palencia  Diputación  Palencia  -  SI 
358    Salamanca  Ayto.  Salamanca  143.978  SI 
359    Salamanca  Diputación  Salamanca  -  SI 
360    Segovia  Ayto.  Segovia  51.683  SI 
361    Segovia  Diputación  Segovia  -  SI 
362    Soria  Ayto.  Soria  39.112  SI 
363    Soria  Diputación  Soria  -  SI 
364    Valladolid  Ayto.  Valladolid  298.866  SI 
365    Valladolid  Diputación  Valladolid  -  SI 
366    Zamora  Ayto.  Zamora  61.827  SI 
367    Zamora  Diputación  Zamora  -  SI 
368  Cataluña  Barcelona  Ayto.  Badalona  217.741  SI 
369    Barcelona  Ayto.  Barberà del Vallès  32.839  SI 
370    Barcelona  Ayto.  Barcelona  1.620.343  SI 
371    Barcelona  Ayto.  Castellar del Vallès  24.036  SI 
372    Barcelona  Ayto.  Castelldefels  66.375  SI 
373    Barcelona  Ayto.  Cerdanyola del Vallès  57.740  SI 
374    Barcelona  Ayto.  Cornellà de Llobregat  87.173  SI 
375    Barcelona  Ayto.  Esparreguera  22.045  SI 
376    Barcelona  Ayto.  Esplugues de Llobregat  46.355  SI 
377    Barcelona  Ayto.  Gavà  46.705  SI 
378    Barcelona  Ayto.  Granollers  60.981  SI 
379    Barcelona  Ayto.  Igualada  39.540  SI 
380    Barcelona  Ayto.  L'Hospitalet de Llobregat  261.068  SI 
381    Barcelona  Ayto.  Manlleu  20.194  SI 
382    Barcelona  Ayto.  Manresa  76.250  SI 
383    Barcelona  Ayto.  Martorell  27.850  SI 
384    Barcelona  Ayto.  Masnou  23.340  SI 
  s
  w.
  
Anexo I. 11/19 
  Comunidad  Cta.ejerc2
Provincia  Tipo de entidad  Denominación  Población 
Autónoma  018 
385    Barcelona  Ayto.  Mataró  126.988  SI 
386    Barcelona  Ayto.  Molins de Rei  25.687  SI 
387    Barcelona  Ayto.  Mollet del Vallès  51.133  SI 
388    Barcelona  Ayto.  Montcada i Reixac  35.599  SI 
389    Barcelona  Ayto.  Olesa de Montserrat  23.779  SI 
390    Barcelona  Ayto.  Pineda de Mar  26.659  SI 
391    Barcelona  Ayto.  Prat de Llobregat  64.132  SI 
392    Barcelona  Ayto.  Premià de Mar  28.071  SI 
393    Barcelona  Ayto.  Ripollet  38.347  SI 
394    Barcelona  Ayto.  Rubí  76.423  SI 
395    Barcelona  Ayto.  Sabadell  211.734  SI 
396    Barcelona  Ayto.  Sant Adrià de Besòs  36.669  SI 
397    Barcelona  Ayto.  Sant Andreu de la Barca  27.332  SI 
398    Barcelona  Ayto.  Sant Boi de Llobregat  82.904  SI 
399    Barcelona  Ayto.  Sant Cugat del Vallès  90.664  SI 
400    Barcelona  Ayto.  Sant Feliu de Llobregat  44.474  SI 
401    Barcelona  Ayto.  Sant Joan Despí  34.084  SI 
402    Barcelona  Ayto.  Sant Pere de Ribes  30.658  SI 
403    Barcelona  Ayto.  Sant Vicenç dels Horts  27.901  SI 
404    Barcelona  Ayto.  Santa Coloma de Gramenet  118.821  SI 
405    Barcelona  Ayto.  Santa Perpètua de Mogoda  25.705  SI 
406    Barcelona  Ayto.  Sitges  28.969  SI 
407    Barcelona  Ayto.  Terrassa  218.535  SI 
408    Barcelona  Ayto.  Vic  45.040  SI 
409    Barcelona  Ayto.  Viladecans  66.168  SI 
410    Barcelona  Ayto.  Vilafranca del Penedés  40.055  SI 
411    Barcelona  Ayto.  Vilanova i la Geltrú  66.274  SI 
412    Barcelona  Ayto.  Vilassar de Mar  20.764  SI 
413    Barcelona  Diputación  Barcelona  -  SI 
414    Girona  Ayto.  Blanes  38.790  SI 
415    Girona  Ayto.  Figueres  46.381  SI 
416    Girona  Ayto.  Girona  100.266  SI 
417    Girona  Ayto.  Lloret de Mar  37.350  SI 
418    Girona  Ayto.  Olot  34.486  SI 
419    Girona  Ayto.  Palafrugell  22.860  SI 
420    Girona  Ayto.  Salt  30.622  SI 
421    Girona  Ayto.  Sant Feliu de Guíxols  21.824  SI 
422    Girona  Diputación  Girona  -  SI 
 
    e.
Anexo I. 12/19 
  Comunidad  Cta.ejerc2
Provincia  Tipo de entidad  Denominación  Población 
Autónoma  018 
423    LLeida  Ayto.  Lleida  137.856  SI 
424    LLeida  Diputación  Lleida  -  SI 
425    Tarragona  Ayto.  Amposta  20.606  SI 
426    Tarragona  Ayto.  Calafell  25.444  SI 
427    Tarragona  Ayto.  Cambrils  33.362  SI 
428    Tarragona  Ayto.  El Vendrell  37.153  SI 
429    Tarragona  Ayto.  Reus  103.477  SI 
430    Tarragona  Ayto.  Salou  26.775  SI 
431    Tarragona  Ayto.  Tarragona  132.299  SI 
432    Tarragona  Ayto.  Tortosa  33.510  SI 
433    Tarragona  Ayto.  Valls  24.156  SI 
434    Tarragona  Ayto.  Vila-seca  22.107  SI 
435    Tarragona  Diputación  Tarragona  -  SI 
436  Extremadura  Badajoz  Ayto.  Aceuchal  5.461  SI 
437    Badajoz  Ayto.  Alburquerque  5.340  SI 
438    Badajoz  Ayto.  Almendralejo  33.468  SI 
439    Badajoz  Ayto.  Azuaga  7.891  SI 
440    Badajoz  Ayto.  Badajoz  150.530  SI 
441    Badajoz  Ayto.  Calamonte  6.241  SI 
442    Badajoz  Ayto.  Castuera  5.921  NO 
443    Badajoz  Ayto.  Don Benito  37.010  SI 
444    Badajoz  Ayto.  Fuente del Maestre  6.774  SI 
445    Badajoz  Ayto.  Guareña  7.006  SI 
446    Badajoz  Ayto.  Jerez de los Caballeros  9.367  SI 
447    Badajoz  Ayto.  Llerena  5.758  SI 
448    Badajoz  Ayto.  Los Santos de Maimona  8.126  SI 
449    Badajoz  Ayto.  Mérida  59.352  SI 
450    Badajoz  Ayto.  Montijo  15.614  SI 
451    Badajoz  Ayto.  Oliva de la Frontera  5.195  SI 
452    Badajoz  Ayto.  Olivenza  11.986  NO 
453    Badajoz  Ayto.  Puebla de la Calzada  5.876  SI 
454    Badajoz  Ayto.  San Vicente de Alcántara  5.475  SI 
455    Badajoz  Ayto.  Talavera la Real  5.376  SI 
456    Badajoz  Ayto.  Villafranca de los Barros  12.926  SI 
457    Badajoz  Ayto.  Villanueva de la Serena  25.759  SI 
458    Badajoz  Ayto.  Zafra  16.776  SI 
459    Badajoz  Diputación  Badajoz  -  SI 
 
   
Anexo I. 13/19 
  Comunidad  Cta.ejerc2
Provincia  Tipo de entidad  Denominación  Población 
Autónoma  018 
460    Cáceres  Ayto.  Arroyo de la Luz  5.851  SI 
461    Cáceres  Ayto.  Cáceres  96.068  SI 
462    Cáceres  Ayto.  Coria  12.531  SI 
463    Cáceres  Ayto.  Jaraíz de la Vera  6.477  SI 
464    Cáceres  Ayto.  Miajadas  9.685  SI 
465    Cáceres  Ayto.  Montehermoso  5.731  SI 
466    Cáceres  Ayto.  Moraleja  6.792  SI 
467    Cáceres  Ayto.  Navalmoral de la Mata  17.170  SI 
468    Cáceres  Ayto.  Plasencia  40.141  SI 
469    Cáceres  Ayto.  Talayuela  7.345  SI 
470    Cáceres  Ayto.  Trujillo  9.193  SI 
471    Cáceres  Ayto.  Valencia de Alcántara  5.439  SI 
472    Cáceres  Diputación  Cáceres  -  SI 
473  Galicia  A Coruña  Ayto.  A Coruña  244.850  SI 
474    A Coruña  Ayto.  A Laracha  11.302  SI 
475    A Coruña  Ayto.  A Pobra do Caramiñal  9.390  SI 
476    A Coruña  Ayto.  Abegondo  5.454  SI 
477    A Coruña  Ayto.  Ames  31.278  SI 
478    A Coruña  Ayto.  Ares  5.671  SI 
479    A Coruña  Ayto.  Arteixo  31.917  SI 
480    A Coruña  Ayto.  Arzúa  6.053  SI 
As Pontes de García 
481    A Coruña  Ayto.  10.237  SI 
Rodríguez 
482    A Coruña  Ayto.  Bergondo  6.602  SI 
483    A Coruña  Ayto.  Betanzos  12.916  SI 
484    A Coruña  Ayto.  Boiro  18.844  SI 
485    A Coruña  Ayto.  Brión  7.748  SI 
486    A Coruña  Ayto.  Camariñas  5.322  SI 
487    A Coruña  Ayto.  Cambre  24.603  SI 
488    A Coruña  Ayto.  Carballo  31.261  SI 
489    A Coruña  Ayto.  Carral  6.294  SI 
490    A Coruña  Ayto.  Cedeira  6.794  SI 
491    A Coruña  Ayto.  Cee  7.576  SI 
492    A Coruña  Ayto.  Cerceda  5.023  SI 
493    A Coruña  Ayto.  Coristanco  6.177  SI 
494    A Coruña  Ayto.  Culleredo  30.221  SI 
495    A Coruña  Ayto.  Fene  13.013  SI 
496    A Coruña  Ayto.  Ferrol  66.799  SI 
497    A Coruña  Ayto.  Malpica de Bergantiños  5.447  SI 
498    A Coruña  Ayto.  Melide  7.443  SI 
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Anexo I. 14/19 
  Comunidad  Cta.ejerc2
Provincia  Tipo de entidad  Denominación  Población 
Autónoma  018 
499    A Coruña  Ayto.  Miño  6.056  SI 
500    A Coruña  Ayto.  Mugardos  5.307  SI 
501    A Coruña  Ayto.  Muros  8.695  SI 
502    A Coruña  Ayto.  Narón  39.115  SI 
503    A Coruña  Ayto.  Neda  5.112  SI 
504    A Coruña  Ayto.  Negreira  6.877  SI 
505    A Coruña  Ayto.  Noia  14.271  SI 
506    A Coruña  Ayto.  Oleiros  35.559  SI 
507    A Coruña  Ayto.  Ordes  12.632  SI 
508    A Coruña  Ayto.  Oroso  7.452  SI 
509    A Coruña  Ayto.  Ortigueira  5.804  SI 
510    A Coruña  Ayto.  Outes  6.412  SI 
511    A Coruña  Ayto.  Oza-Cesuras  5.155  SI 
512    A Coruña  Ayto.  Padrón  8.386  SI 
513    A Coruña  Ayto.  Ponteceso  5.565  SI 
514    A Coruña  Ayto.  Pontedeume  7.884  SI 
515    A Coruña  Ayto.  Porto do Son  9.243  SI 
516    A Coruña  Ayto.  Rianxo  11.104  SI 
517    A Coruña  Ayto.  Ribeira  27.067  SI 
518    A Coruña  Ayto.  Sada  15.495  SI 
519    A Coruña  Ayto.  Santa Comba  9.450  SI 
520    A Coruña  Ayto.  Santiago de Compostela  96.405  SI 
521    A Coruña  Ayto.  Teo  18.525  SI 
522    A Coruña  Ayto.  Valdoviño  6.613  SI 
523    A Coruña  Ayto.  Vedra  5.046  SI 
524    A Coruña  Ayto.  Vimianzo  7.138  SI 
525    A Coruña  Diputación  A Coruña  -  SI 
526    Lugo  Ayto.  Burela  9.566  SI 
527    Lugo  Ayto.  Castro de Rei  5.011  SI 
528    Lugo  Ayto.  Chantada  8.324  SI 
529    Lugo  Ayto.  Foz  10.002  SI 
530    Lugo  Ayto.  Guitiriz  5.505  SI 
531    Lugo  Ayto.  Lugo  98.025  SI 
532    Lugo  Ayto.  Monforte de Lemos  18.599  SI 
533    Lugo  Ayto.  Outeiro de Rei  5.093  SI 
534    Lugo  Ayto.  Ribadeo  9.900  SI 
535    Lugo  Ayto.  Sarria  13.345  SI 
536    Lugo  Ayto.  Vilalba  14.226  SI 
537    Lugo  Ayto.  Viveiro  15.510  SI 
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Anexo I. 15/19 
  Comunidad  Cta.ejerc2
Provincia  Tipo de entidad  Denominación  Población 
Autónoma  018 
538    Lugo  Diputación  Lugo  -  SI 
539    Ourense  Ayto.  Allariz  6.110  SI 
540    Ourense  Ayto.  Barbadás  10.951  SI 
541    Ourense  Ayto.  Celanova  5.533  SI 
542    Ourense  Ayto.  O Barco de Valdeorras  13.463  SI 
543    Ourense  Ayto.  O Carballiño  13.939  SI 
544    Ourense  Ayto.  O Pereiro de Aguiar  6.254  SI 
545    Ourense  Ayto.  Ourense  105.505  SI 
546    Ourense  Ayto.  Ribadavia  5.028  SI 
547    Ourense  Ayto.  San Cibrao das Viñas  5.249  SI 
548    Ourense  Ayto.  Verín  13.817  SI 
549    Ourense  Ayto.  Xinzo de Limia  9.836  SI 
550    Ourense  Diputación  Ourense  -  SI 
551    Pontevedra  Ayto.  A Cañiza  5.173  SI 
552    Pontevedra  Ayto.  A Estrada  20.661  SI 
553    Pontevedra  Ayto.  A Guarda  10.013  SI 
554    Pontevedra  Ayto.  Baiona  12.134  SI 
555    Pontevedra  Ayto.  Bueu  12.148  SI 
556    Pontevedra  Ayto.  Caldas de Reis  9.860  SI 
557    Pontevedra  Ayto.  Cambados  13.814  SI 
558    Pontevedra  Ayto.  Cangas  26.487  SI 
559    Pontevedra  Ayto.  Cerdedo-Cotobade  5.815  SI 
560    Pontevedra  Ayto.  Gondomar  14.236  SI 
561    Pontevedra  Ayto.  Lalín  20.103  SI 
562    Pontevedra  Ayto.  Marín  24.362  SI 
563    Pontevedra  Ayto.  Meaño  5.315  SI 
564    Pontevedra  Ayto.  Moaña  19.448  SI 
565    Pontevedra  Ayto.  Mos  15.142  SI 
566    Pontevedra  Ayto.  Nigrán  17.723  SI 
567    Pontevedra  Ayto.  O Grove  10.700  SI 
568    Pontevedra  Ayto.  O Porriño  19.740  SI 
569    Pontevedra  Ayto.  O Rosal  6.249  SI 
570    Pontevedra  Ayto.  Poio  17.018  SI 
571    Pontevedra  Ayto.  Ponte Caldelas  5.491  SI 
572    Pontevedra  Ayto.  Ponteareas  22.854  SI 
573    Pontevedra  Ayto.  Pontevedra  82.802  SI 
574    Pontevedra  Ayto.  Redondela  29.194  SI 
575    Pontevedra  Ayto.  Ribadumia  5.069  SI 
576    Pontevedra  Ayto.  Salceda de Caselas  9.146  SI 
  s
  w.
  
Anexo I. 16/19 
  Comunidad  Cta.ejerc2
Provincia  Tipo de entidad  Denominación  Población 
Autónoma  018 
577    Pontevedra  Ayto.  Salvaterra de Miño  9.691  SI 
578    Pontevedra  Ayto.  Sanxenxo  17.212  SI 
579    Pontevedra  Ayto.  Silleda  8.698  SI 
580    Pontevedra  Ayto.  Soutomaior  7.305  SI 
581    Pontevedra  Ayto.  Tomiño  13.464  SI 
582    Pontevedra  Ayto.  Tui  16.902  SI 
583    Pontevedra  Ayto.  Valga  5.927  SI 
584    Pontevedra  Ayto.  Vigo  293.642  SI 
585    Pontevedra  Ayto.  Vila de Cruces  5.273  SI 
586    Pontevedra  Ayto.  Vilaboa  5.954  SI 
587    Pontevedra  Ayto.  Vilagarcía de Arousa  37.519  SI 
588    Pontevedra  Ayto.  Vilanova de Arousa  10.352  SI 
589    Pontevedra  Diputación  Pontevedra  -  SI 
590  Illes Balears  Illes Balears  Ayto.  Alaior  9.012  SI 
591    Illes Balears  Ayto.  Alaró  5.494  SI 
592    Illes Balears  Ayto.  Alcúdia  19.793  SI 
593    Illes Balears  Ayto.  Algaida  5.529  SI 
594    Illes Balears  Ayto.  Andratx  11.004  SI 
595    Illes Balears  Ayto.  Artà  7.671  SI 
596    Illes Balears  Ayto.  Binissalem  8.316  SI 
597    Illes Balears  Ayto.  Bunyola  6.714  SI 
598    Illes Balears  Ayto.  Calvià  49.333  SI 
599    Illes Balears  Ayto.  Campos  10.610  SI 
600    Illes Balears  Ayto.  Capdepera  11.600  SI 
601    Illes Balears  Ayto.  Castell, es  7.348  SI 
602    Illes Balears  Ayto.  Ciutadella de Menorca  29.223  SI 
603    Illes Balears  Ayto.  Eivissa  49.727  SI 
604    Illes Balears  Ayto.  Esporles  5.020  SI 
605    Illes Balears  Ayto.  Felanitx  17.497  SI 
606    Illes Balears  Ayto.  Inca  32.137  SI 
607    Illes Balears  Ayto.  Lloseta  5.858  SI 
608    Illes Balears  Ayto.  Llucmajor  36.358  SI 
609    Illes Balears  Ayto.  Manacor  42.631  SI 
610    Illes Balears  Ayto.  Maó  28.592  SI 
611    Illes Balears  Ayto.  Marratxí  36.725  SI 
612    Illes Balears  Ayto.  Muro  6.931  SI 
613    Illes Balears  Ayto.  Palma  409.661  SI 
614    Illes Balears  Ayto.  Pobla, sa  13.026  SI 
615    Illes Balears  Ayto.  Pollença  16.189  SI 
616    Illes Balears  Ayto.  Porreres  5.339  SI  s
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Anexo I. 17/19 
  Comunidad  Cta.ejerc2
Provincia  Tipo de entidad  Denominación  Población 
Autónoma  018 
617    Illes Balears  Ayto.  Sant Antoni de Portmany  25.779  SI 
618    Illes Balears  Ayto.  Sant Joan de Labritja  6.200  SI 
619    Illes Balears  Ayto.  Sant Josep de sa Talaia  26.496  SI 
620    Illes Balears  Ayto.  Sant Llorenç des Cardassar  8.405  SI 
621    Illes Balears  Ayto.  Sant Lluís  6.892  SI 
622    Illes Balears  Ayto.  Santa Eulària des Riu  36.457  SI 
623    Illes Balears  Ayto.  Santa Margalida  11.958  SI 
624    Illes Balears  Ayto.  Santa María del Camí  7.167  SI 
625    Illes Balears  Ayto.  Santanyí  12.112  SI 
626    Illes Balears  Ayto.  Sóller  14.041  SI 
627    Illes Balears  Ayto.  Son Servera  11.378  SI 
628    Illes Balears  Consejo Insular  Consejo Insular de Ibiza  -  SI 
629    Illes Balears  Consejo Insular  Consejo Insular de Menorca  -  SI 
630    Illes Balears  Consejo Insular  Consell Insular de Mallorca  -  SI 
631    Illes Balears  Consejo Insular  Formentera  12.216  SI 
632  País Vasco  Álava/Araba  Ayto.  Vitoria-Gasteiz  249.176  SI 
633    Guipúzcoa/Gipuzkoa  Ayto.  Arrasate/Mondragón  22.019  SI 
634    Guipúzcoa/Gipuzkoa  Ayto.  Donostia-San Sebastián  186.665  SI 
635    Guipúzcoa/Gipuzkoa  Ayto.  Eibar  27.406  SI 
636    Guipúzcoa/Gipuzkoa  Ayto.  Errenteria  39.355  SI 
637    Guipúzcoa/Gipuzkoa  Ayto.  Hernani  20.222  SI 
638    Guipúzcoa/Gipuzkoa  Ayto.  Irun  61.983  SI 
639    Guipúzcoa/Gipuzkoa  Ayto.  Zarautz  23.223  SI 
640    Vizcaya/Bizkaia  Ayto.  Barakaldo  100.435  SI 
641    Vizcaya/Bizkaia  Ayto.  Basauri  40.762  SI 
642    Vizcaya/Bizkaia  Ayto.  Bilbao  345.821  SI 
643    Vizcaya/Bizkaia  Ayto.  Durango  29.636  NO 
644    Vizcaya/Bizkaia  Ayto.  Erandio  24.222  SI 
645    Vizcaya/Bizkaia  Ayto.  Galdakao  29.288  NO 
646    Vizcaya/Bizkaia  Ayto.  Getxo  78.276  SI 
647    Vizcaya/Bizkaia  Ayto.  Leioa  31.495  SI 
648    Vizcaya/Bizkaia  Ayto.  Portugalete  45.826  SI 
649    Vizcaya/Bizkaia  Ayto.  Santurtzi  45.795  SI 
650    Vizcaya/Bizkaia  Ayto.  Sestao  27.445  SI 
Principado de 
651  Asturias  Ayto.  Avilés  78.715  SI 
Asturias 
652    Asturias  Ayto.  Castrillón  22.464  SI 
653    Asturias  Ayto.  Gijón/Xixón  271.843  SI 
654    Asturias  Ayto.  Langreo  39.984  SI 
 
  bo
  
Anexo I. 18/19 
  Comunidad  Cta.ejerc2
Provincia  Tipo de entidad  Denominación  Población 
Autónoma  018 
655    Asturias  Ayto.  Mieres  38.428  SI 
656    Asturias  Ayto.  Oviedo  220.020  SI 
657    Asturias  Ayto.  Siero  51.662  SI 
658  R.Murcia  Murcia  Ayto.  Abanilla  6.063  SI 
659    Murcia  Ayto.  Abarán  13.030  SI 
660    Murcia  Ayto.  Águilas  35.031  SI 
661    Murcia  Ayto.  Alcantarilla  41.622  SI 
662    Murcia  Ayto.  Alguazas  9.525  SI 
663    Murcia  Ayto.  Alhama de Murcia  21.657  NO 
664    Murcia  Ayto.  Archena  19.053  SI 
665    Murcia  Ayto.  Beniel  11.274  SI 
666    Murcia  Ayto.  Blanca  6.564  SI 
667    Murcia  Ayto.  Bullas  11.547  SI 
668    Murcia  Ayto.  Calasparra  10.165  SI 
669    Murcia  Ayto.  Caravaca de la Cruz  25.730  NO 
670    Murcia  Ayto.  Cartagena  213.943  SI 
671    Murcia  Ayto.  Cehegín  15.022  SI 
672    Murcia  Ayto.  Ceutí  11.565  SI 
673    Murcia  Ayto.  Cieza  34.889  SI 
674    Murcia  Ayto.  Fortuna  10.060  SI 
675    Murcia  Ayto.  Fuente Álamo de Murcia  16.184  NO 
676    Murcia  Ayto.  Jumilla  25.547  SI 
677    Murcia  Ayto.  La Unión  19.907  SI 
678    Murcia  Ayto.  Las Torres de Cotillas  21.375  SI 
679    Murcia  Ayto.  Librilla  5.196  SI 
680    Murcia  Ayto.  Lorca  93.079  SI 
681    Murcia  Ayto.  Lorquí  7.002  SI 
682    Murcia  Ayto.  Los Alcázares  15.674  SI 
683    Murcia  Ayto.  Mazarrón  31.562  NO 
684    Murcia  Ayto.  Molina de Segura  70.964  SI 
685    Murcia  Ayto.  Moratalla  7.954  NO 
686    Murcia  Ayto.  Mula  16.790  NO 
687    Murcia  Ayto.  Murcia  447.182  SI 
688    Murcia  Ayto.  Puerto Lumbreras  14.981  SI 
689    Murcia  Ayto.  San Javier  31.905  SI 
690    Murcia  Ayto.  San Pedro del Pinatar  25.167  SI 
691    Murcia  Ayto.  Santomera  16.105  SI 
692    Murcia  Ayto.  Torre-Pacheco  35.614  SI 
693    Murcia  Ayto.  Totana  31.639  SI 
694    Murcia  Ayto.  Yecla  34.234  SI  s
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Anexo I. 19/19 
  Comunidad  Cta.ejerc2
Provincia  Tipo de entidad  Denominación  Población 
Autónoma  018 
695  La Rioja  Logroño  Ayto.  Alfaro  9.460  SI 
696    Logroño  Ayto.  Arnedo  14.815  NO 
697    Logroño  Ayto.  Calahorra  23.923  SI 
698    Logroño  Ayto.  Haro  11.309  SI 
699    Logroño  Ayto.  Lardero  10.193  SI 
700    Logroño  Ayto.  Logroño  151.113  SI 
701    Logroño  Ayto.  Nájera  8.047  SI 
702    Logroño  Ayto.  Santo Domingo de la Calzada  6.231  SI 
703    Logroño  Ayto.  Villamediana de Iregua  7.973  SI 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información remitida por las entidades. 
 
 
 
ANEXO II
Entidades con obligaciones REC superiores al 5% de las ORN
Anexo II. 1/2 
TIPO DE  IMPORTE REC  ORN  % 
CCAA  PROVINCIA  DENOMINACION  POBLACIÓN 
ENTIDAD  (a)  (b)  (a/b) 
Andalucía  Jaén  Ayto.  Jaén  113.457  11.150.586,09  115.224.535,56  9,68 
  Málaga  Ayto.  Marbella  141.463  32.294.243,15  263.775.168,55  12,24 
Aragón  Huesca  Ayto.  Jaca  12.813  2.254.237,36  19.361.675,68  11,64 
  Teruel  Ayto.  Alcañiz  15.939  3.051.668,40  16.927.003,24  18,03 
  Zaragoza  Ayto.  Alagón  7.094  1.120.372,37  6.207.101,20  18,05 
  Zaragoza  Ayto.  Calatayud  20.035  1.076.082,52  20.175.705,98  5,33 
  Zaragoza  Ayto.  Cuarte de Huerva  13.055  1.968.604,17  12.513.134,49  15,73 
La Almunia de 
  Zaragoza  Ayto.  7.819  488.737,27  7.765.505,17  6,29 
Doña Godina 
La Puebla de 
  Zaragoza  Ayto.  6.173  649.132,42  6.589.468,88  9,85 
Alfindén 
  Zaragoza  Ayto.  Tauste  6.914  627.661,23  7.298.484,45  8,60 
  Zaragoza  Ayto.  Utebo  18.602  1.776.851,92  17.657.028,79  10,06 
  Zaragoza  Ayto.  Zaragoza  666.880  53.276.445,52  714.153.297,27  7,46 
  Zaragoza  Ayto.  Zuera  8.365  765.099,36  9.247.059,48  8,27 
C. Valenciana  Castelló  Ayto.  Benicarló  26.744  5.105.009,01  23.264.617,18  21,94 
Castelló de la 
  Castelló  Ayto.  170.888  11.956.350,38  171.332.529,33  6,98 
Plana 
  Valencia  Ayto.  Bétera  23.647  1.134.550,83  18.923.774,81  6,00 
Canarias  Las Palmas  Ayto.  Mogán  19.657  2049678,67  39.865.463,46  5,14 
Santa María de 
Cantabria  Cantabria  Ayto.  9.060  471.216,43  8.190.120,32  5,75 
Cayón 
Castilla-La  Cabanillas del 
Guadalajara  Ayto.  10.123  809.396,92  11.247.560,61  7,20 
Mancha  Campo 
Castilla y León  Ávila  Ayto.  Ávila  57.657  4.790.016,89  51.755.267,66  9,26 
  Burgos  Ayto.  Burgos  175.921  12.042.072,34  185.966.081,44  6,48 
Diputación 
  Burgos  Burgos  0  5.874.133,71  116.987.271,76  5,02 
provincial  
San Andrés del 
  León  Ayto.  30.820  1.013.606,10  17.524.471,77  5,78 
Rabanedo 
  Palencia  Ayto.  Palencia  78.629  3.584.135,93  66.235.608,27  5,41 
Cerdanyola del 
Cataluña  Barcelona  Ayto.  57.740  5.027.143,75  65.949.626,84  7,62 
Vallès 
  Barcelona  Ayto.  Mollet del Vallès  51.133  4.592.541,74  53.920.499,78  8,52 
C. de Madrid  Madrid  Ayto.  Aranjuez  59.037  3.317.149,96  58.298.921,97  5,69 
  Madrid  Ayto.  Cercedilla  6.948  921.152,69  7.699.163,18  11,96 
  Madrid  Ayto.  El Álamo  9.353  671.237,26  6.607.660,18  10,16 
 
 
  es
    643ww
Anexo II. 2/2 
TIPO DE  IMPORTE REC  ORN  % 
CCAA  PROVINCIA  DENOMINACION  POBLACIÓN 
ENTIDAD  (a)  (b)  (a/b) 
  Madrid  Ayto.  El Molar  8.666  332.353,10  5.451.804,80  6,10 
  Madrid  Ayto.  Leganés  188.425  20.902.527,82  143.710.651,84  14,54 
Moraleja de 
  Madrid  Ayto.  5.021  296.197,19  5.656.564,64  5,24 
Enmedio 
San Lorenzo de El 
  Madrid  Ayto.  18.088  1.449.962,52  19.019.393,86  7,62 
Escorial 
San Sebastián de 
  Madrid  Ayto.  87.724  6.063.502,71  75.841.848,05  7,99 
los Reyes 
  Madrid  Ayto.  Torrejón de Ardoz  129.729  5.894.999,30  112.129.051,05  5,26 
Galicia  A Coruña  Ayto.  Ames  31.278  1.411.008,03  21.131.832,96  6,68 
  A Coruña  Ayto.  Boiro  18.844  2.078.959,30  14.806.490,38  14,04 
  A Coruña  Ayto.  Cambre  24.603  3.107.846,46  15.067.648,59  20,63 
  A Coruña  Ayto.  Coristanco  6.177  517.420,60  3.860.426,83  13,40 
  A Coruña  Ayto.  Ferrol  66.799  5.557.107,21  56.493.291,70  9,84 
  A Coruña  Ayto.  Melide  7.443  1.912.397,25  6.151.262,00  31,09 
  A Coruña  Ayto.  Porto do Son  9.243  1.723.732,68  7.902.622,04  21,81 
  A Coruña  Ayto.  Ribeira  27.067  1.597.427,97  22.910.189,27  6,97 
Santiago de 
  A Coruña  Ayto.  96.405  9.144.200,24  101.096.515,48  9,05 
Compostela 
  Lugo  Ayto.  Castro de Rei  5.011  282.011,80  4.899.032,39  5,76 
  Lugo  Ayto.  Foz  10.002  507.462,22  7.985.933,42  6,35 
  Lugo  Ayto.  Guitiriz  5.505  257.255,41  3.914.250,84  6,57 
  Pontevedra  Ayto.  Bueu  12.148  751.077,46  7.394.307,91  10,16 
  Pontevedra  Ayto.  Caldas de Reis  9.860  662.562,36  7.705.862,95  8,60 
  Pontevedra  Ayto.  Cambados  13.814  844.017,24  8.898.445,21  9,48 
  Pontevedra  Ayto.  Mos  15.142  1.349.015,96  12.976.470,42  10,40 
  Pontevedra  Ayto.  Redondela  29.194  2.115.723,82  18.285.569,78  11,57 
Illes Balears    Ayto.  Capdepera  11.600  3.259.090,82  18.447.838,36  17,67 
    Ayto.  Muro  6.931  1.318.106,84  11.793.368,40  11,18 
    Ayto.  Pobla, sa  13.026  1.534.726,29  15.890.705,55  9,66 
Región de 
Murcia  Ayto.  Jumilla  25.547  1.396.204,08  22.646.272,30  6,17 
Murcia 
  Murcia  Ayto.  Torre-Pacheco  35.614  2.568.051,54  34.595.455,13  7,42 
  Fuente: Elaboración propia a partir de la información remitida por las entidades. 
 
 
 
  e.
ANEXO III
Entidades con obligaciones REC indebidas de capítulo 2 superiores al 5% de ORN 
capítulo 2
Anexo III. 1/2 
TIPO  REC. Cap. 2  ORN Cap. 2  % 
CCAA  PROVINCIA  DENOMINACIÓN  POBLACION 
ENTIDAD  (a)  (b)  (a/b) 
Andalucía  Cádiz  Ayto.  Algeciras  121.414  2.473.054,76  28.173.827,37  8,78 
  Jaén  Ayto.  Jaén  113.457  9.759.531,88  38.575.626,81  25,30 
  Málaga  Ayto.  Marbella  141.463  29.288.875,75  79.908.027,56  36,65 
Aragón  Huesca  Ayto.  Barbastro  16.944  405.015,34  5.004.559,59  8,09 
  Huesca  Ayto.  Jaca  12.813  784.586,52  6.613.423,41  11,86 
  Zaragoza  Ayto.  Alagón  7.094  259.372,50  2.219.655,47  11,69 
  Zaragoza  Ayto.  Cuarte de Huerva  13.055  756.382,30  4.832.013,12  15,65 
La Almunia de Doña 
  Zaragoza  Ayto.  Godina  7.819  168.937,61  1.969.379,96  8,58 
La Puebla de 
  Zaragoza  Ayto.  Alfindén  6.173  352.493,62  1.672.012,87  21,08 
  Zaragoza  Ayto.  Tauste  6.914  134.683,28  2.557.955,88  5,27 
  Zaragoza  Ayto.  Utebo  18.602  1.027.989,40  6.048.668,93  17,00 
C. Valenciana  Alacant  Ayto.  Torrevieja  82.599  2.595.082,43  32.089.396,26  8,09 
  Castelló  Ayto.  Benicarló  26.744  1.116.405,99  8.292.284,18  13,46 
  Castelló  Ayto.  Castelló de la Plana  170.888  3.593.439,66  69.785.999,43  5,15 
C.Madrid  Madrid  Ayto.  Alcorcón  169.502  2.346.243,87  21.508.840,61  10,91 
  Madrid  Ayto.  Cobeña  7.280  132.047,47  2.383.068,56  5,54 
  Madrid  Ayto.  El Álamo  9.353  401.170,10  2.477.330,25  16,19 
  Madrid  Ayto.  Rivas-Vaciamadrid  85.893  1.104.253,92  20.269.784,86  5,45 
San Sebastián de los 
  Madrid 
Ayto.  Reyes  87.724  3.594.610,67  29.219.828,36  12,30 
  Madrid  Ayto.  Torrejón de Ardoz  129.729  3.027.235,19  41.431.609,45  7,31 
Canarias  Las Palmas  Ayto.  Mogán  19.657  1.342.159,34  16.151.534,02  8,31 
  Las Palmas  Ayto.  Tuineje  14.791  407.847,06  4.909.042,35  8,31 
Santa Cruz de 
  Tenerife  Ayto.  Icod de los Vinos  22.749  215.694,63  3.896.780,62  5,54 
Santa Cruz de  San Miguel de 
  Tenerife  Ayto.  Abona  19.672  426.076,01  6.060.135,09  7,03 
Cantabria  Cantabria  Ayto.  Santander  172.044  7.852.940,14  68.675.693,51  11,43 
Castilla y León  Ávila  Ayto.  Ávila  57.657  1.381.621,46  18.430.846,45  7,50 
  Burgos  Ayto  Burgos  175.921  7.991.053,60  68.357.983,80  11,69 
  Burgos  Diputación    Burgos  -  4.329.721,76  14.317.725,83  30,24 
  León  Ayto  Ponferrada  65.239  1.322.407,54  16.912.702,85  7,82 
San Andrés del 
  León 
Ayto  Rabanedo  30.820  979.904,10  3.742.016,45  26,19 
Castilla-La 
Mancha  Ciudad Real  Ayto.  Alcázar de S. Juan  30.686  838.744,73  8.978.107,16  9,34 
  Ciudad Real  Ayto.  Malagón  8.129  110.529,86  1.950.270,29  5,67 
Cataluña  Barcelona  Ayto  Mollet del Vallès  51.133  3.253.535,32  21.701.444,25  14,99 
 
 
  e
    643ww
Anexo III. 2/2 
TIPO  REC. Cap. 2  ORN Cap. 2  % 
CCAA  PROVINCIA  DENOMINACIÓN  POBLACION 
ENTIDAD  (a)  (b)  (a/b) 
Galicia  A Coruña  Ayto.  Ares  5.671  264.243,02  2.817.429,39  9,38 
  A Coruña  Ayto.  Boiro  18.844  460.441,53  5.674.802,46  8,11 
  A Coruña  Ayto.  Cambre  24.603  675.057,19  6.252.216,22  10,80 
  A Coruña  Ayto.  Cee  7.576  131.121,10  2.550.569,95  5,14 
  A Coruña  Ayto.  Coristanco  6.177  202.912,08  1.954.604,96  10,38 
  A Coruña  Ayto.  Ferrol  66.799  1.622.774,47  20.425.268,35  7,94 
  A Coruña  Ayto.  Muros  8.695  125.176,59  1.442.929,71  8,68 
  A Coruña  Ayto.  Porto do Son  9.243  132.716,02  2.584.844,25  5,13 
  A Coruña  Ayto.  Ribeira  27.067  718.043,93  9.615.590,44  7,47 
Santiago de 
 
A Coruña  Ayto.  Compostela  96.405  3.752.627,47  38.041.977,47  9,86 
  Lugo  Ayto.  Castro de Rei  5.011  272.276,21  2.467.300,41  11,04 
  Lugo  Ayto.  Foz  10.002  410.373,07  3.663.109,12  11,20 
  Pontevedra  Ayto.  Baiona  12.134  237.729,53  3.882.115,79  6,12 
  Pontevedra  Ayto.  Bueu  12.148  228.371,41  2.176.310,06  10,49 
  Pontevedra  Ayto.  Mos  15.142  649.252,78  4.499.379,34  14,43 
  Pontevedra  Ayto.  Ponte Caldelas  5.491  140.160,00  2.014.602,57  6,96 
Palma de 
Illes Balears 
Mallorca  Ayto.  Algaida  5.529  120.891,39  1.675.200,08  7,22 
Palma de 
 
Mallorca  Ayto.  Capdepera  11.600  276.821,85  4.976.011,73  5,56 
Palma de 
 
Mallorca  Ayto.  Esporles  5.020  102.532,58  1.741.748,16  5,89 
Principado de 
Asturias 
Asturias  Ayto.  Castrillón  22.464  863.066,80  7.810.660,31  11,05 
R. Murcia  Murcia  Ayto.  Torre-Pacheco  35.614  1.331.977,19  11.565.431,36  11,52 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información remitida por las entidades.