BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 135 Jueves 14 de mayo de 2020 Sec. I.   Pág. 32981
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
5022 Decreto-ley 5/2020, de 27 de marzo, por el que se establecen medidas 
urgentes en materias tributaria y administrativa para hacer frente al impacto 
económico y social del COVID-19.
I
La emergencia sanitaria que ha generado la propagación del COVID-19 en todo el 
mundo ha obligado a los gobiernos a adoptar medidas de todo tipo para luchar contra la 
ola de contagios y mitigar los efectos económicos y sociales que este fenómeno está 
produciendo. El Gobierno español, de acuerdo con el artículo 116.1 de la Constitución, 
aprobó el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de 
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. El 
pasado  día  17  de  marzo,  el  mencionado  Gobierno  ha  aprobado  el  Real 
Decreto 465/2020, que modifica el anterior en algunos puntos; y, en la misma fecha, ha 
dictado el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias 
para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.
En las Illes Balears, el Consejo de Gobierno, en sesión de día 13 de marzo, adoptó el 
Acuerdo  por  el  que  se  aprueba  el  Plan  de  medidas  excepcionales  para  limitar  la 
propagación y el contagio del COVID-19; y, en sesión de día 16 de marzo de 2020, las 
medidas concretas de carácter organizativo y de prestación de servicios públicos de la 
Administración de la Comunidad Autónoma y de su sector público instrumental, en el 
marco del Real Decreto 463/2020 y del Acuerdo de 13 de marzo de 2020 mencionados.
Asimismo, el Consejo de Gobierno, en sesión de 20 de marzo de 2020, aprobó el 
Decreto-ley 4/2020, de 20 de marzo, por el que se establecen medidas urgentes en 
materia de contratación, convenios, conciertos educativos y subvenciones, servicios 
sociales, medio ambiente, procedimientos administrativos y presupuestos para hacer 
frente al impacto económico y social del COVID-19, que se publicó en el «Boletín Oficial 
de las Illes Balears» núm. 40, de 21 de marzo de 2020.
Al efecto de complementar las medidas adoptadas por el Decreto-ley 4/2020, de 20 
de marzo, son imprescindibles otras medidas de carácter tributario y administrativo, que 
eviten o reduzcan el impacto de la mencionada emergencia sanitaria en la economía, 
especialmente en los sectores más vulnerables, es decir, en las personas físicas que no 
son  empresarios  y  en  las  pequeñas  y  medianas  empresas.  Para  ello,  los  poderes 
públicos ya están actuando en ámbitos como las relaciones laborales, la seguridad 
social, las familias y los servicios sociales dirigidos a los colectivos particularmente 
vulnerables, el crédito y la banca o la contratación pública, entre otros.
En  este  contexto,  pues,  el  Gobierno  de  las  Illes  Balears  considera  que  es 
imprescindible aprobar con carácter de urgencia un conjunto de medidas tributarias y 
administrativas, que exigen ser incluidas en una norma autonómica de rango legal, como 
son  las  que  se  aprueban  en  virtud  de  este  Decreto-ley,  porque  se  relacionan 
directamente con la falta de liquidez de los colectivos antes mencionados a la hora de 
presentar determinadas declaraciones liquidaciones (o autoliquidaciones) que se están  s
devengando estos días, o de solicitar aplazamientos o fraccionamientos de deudas ya  e.
liquidadas o autoliquidadas. w.
II
medDidea se sdtee  rmanogdoo , leegl apl reense enlt eá mDbeictore tdoe- lelays  ticeonme ppeoter nocbiajest otr ibeusttaarbialesc earu tdoentóemrmicinaasd eans 
materia tributaria (capítulo I; artículos 1, 2 y 3) y en materia administrativa (capítulo II; 
artículos 4 y 5).
En cuanto a las medidas en materia tributaria, afectan, en primer lugar, al impuesto 
sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y al impuesto sobre 
sucesiones y donaciones (artículo 1); en segundo lugar, a los intereses moratorios 
inherentes  al  aplazamiento  de  determinadas  deudas  tributarias  gestionadas  por  la 
Agencia Tributaria de las Illes Balears (artículo 2), y, finalmente, a las tasas portuarias 
(artículo 3).
En relación con el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos 
documentados  y  el  impuesto  sobre  sucesiones  y  donaciones,  se  amplía,  para  los 
colectivos  antes  mencionados,  el  plazo  de  presentación  de  las  correspondientes 
autoliquidaciones (y que para el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos 
jurídicos documentados en circunstancias normales es de un mes a contar desde el 
devengo del impuesto en cada caso, y para el impuesto sobre sucesiones y donaciones 
de seis meses desde la fecha de la muerte del causante, vistos los artículos 82 y 90 del 
Texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de las Illes 
Balears  en  materia  de  tributos  cedidos  por  el  Estado,  aprobado  por  el  Decreto 
legislativo  1/2014,  de  6  de  junio),  de  manera  que  estos  colectivos  dispongan 
automáticamente, ex lege, de un mes adicional a la finalización del plazo ordinario.
Esta medida se entiende, evidentemente, sin perjuicio de la posibilidad que tienen los 
contribuyentes de realizar la presentación y el pago de los dos citados impuestos en 
cualquier momento de todo el plazo mencionado, especialmente por medios telemáticos. 
A  tal  efecto,  y  para  favorecer  la  utilización  de  medios  telemáticos,  mediante  la 
disposición final segunda de este Decreto-ley, se modifica la Orden del Consejero de 
Economía y Hacienda de 28 de diciembre de 2009, por la que se regula el procedimiento 
de pago y presentación de documentación con trascendencia tributaria por vía telemática 
y se crea el Tablón de anuncios electrónico de la Agencia Tributaria de las Illes Balears, 
para  que  los  usuarios  definidos  en  el  artículo  3  de  la  Orden  mencionada  puedan 
presentar por vía telemática la diligencia de pago y presentación a que se refiere el 
anexo 2 de la Orden mencionada, ante los registros de la propiedad, mercantiles y de 
bienes muebles.
Pero, además de esta medida, y con un carácter general para todos los casos en que 
se verifiquen los requisitos previstos en la normativa general aplicable en materia de 
aplazamientos  y  fraccionamientos  (particularmente,  la  falta  transitoria  de  liquidez 
suficiente), se establece que no sean exigibles los intereses moratorios correspondientes 
a los primeros tres meses de los aplazamientos o fraccionamientos que, en su caso, 
acuerden los órganos competentes de la Agencia Tributaria de las Illes Balears respecto 
de determinados tributos cedidos.
Asimismo, se incluye en este Decreto-ley lo previsto en el punto primero del Acuerdo 
del Consejo de Gobierno de 20 de marzo de 2020 por el que se autoriza la exención 
temporal de pagos de tasas portuarias y aeroportuarias en las Illes Balears y se adoptan 
medidas en materia de transporte de trabajadores, con motivo de la aplicación del Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
En  cuanto  a  las  medidas  en  materia  administrativa,  el  Decreto-ley  incluye  dos 
medidas. La primera de ellas, prevista en el artículo 4, se refiere al plazo de presentación 
de la cuenta general de la Comunidad Autónoma correspondiente al ejercicio de 2019, el 
cual se amplía hasta el 30 de septiembre de 2020. s
La  segunda  medida  administrativa,  prevista  en  el  artículo  5,  adopta  medidas  oe.
excepcionales en materia de coordinación de las policías locales de las Illes Balears. En  w.
este sentido, cabe decir que la declaración del estado de alarma mediante el Real  22ww
pDoescirbeleto  d4e6 3e/2fe0c2t0iv, oasn tedse  mlaesn cpioonlicaídaos,  ilmocpalilceas  lap anreac egsaidraandt idzea rd eesl ticnuamr epll immiaeynotor  ndúem elaros 
mdicetdaiddaass  parle vaimstpaasr oe nd eel  mesetnec, iocnoand oe lR feina l dDee cprreottoe,g aesrí  lcao msaol udde l yr elsat os deeg udriisdpaods idceio nleoss   BOE-A-cable e
ciudadanos. Así, con el fin de coadyuvar a las tareas de los efectivos de las policías 
locales de las Illes Balears se ha considerado la posibilidad de habilitar al personal 
funcionario en prácticas que está realizando el Curso básico de capacitación para el 
acceso a la categoría de policía local para el año 2020 (41.ª promoción), para que pueda 
ser incorporado a los respectivos ayuntamientos para llevar a cabo una parte de la fase 
de  prácticas  en  el  municipio,  relacionadas  con  funciones  de  apoyo,  nunca  para  el 
servicio operativo, de una manera análoga a lo que prevé, respecto de los profesionales 
sanitarios en formación, la Orden SND/232/2020, de 15 de marzo, por la que se adoptan 
medidas en materia de recursos humanos y medios para la gestión de la situación de 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Ahora bien, para que esta posibilidad sea una realidad es necesario suspender una 
parte de lo que prevé el artículo 181 del Decreto 40/2019, de 24 de mayo, por el que se 
aprueba el Reglamento marco de coordinación de las policías locales de las Illes Balears 
y se modifica el Decreto 55/2017, de 15 de diciembre, del Fondo de Seguridad Pública 
de las Illes Balears, respecto de las personas que han superado la fase de oposición de 
un proceso selectivo para el acceso al cuerpo de policía local de la categoría de policía y 
han  sido  nombradas  personal  funcionario  en  prácticas  por  la  autoridad  municipal 
correspondiente  durante  el  2019  y  el  2020  y  están  realizando  el  curso  básico  de 
capacitación. Efectivamente, dicho precepto dispone, en el apartado 1, que para el 
desarrollo del periodo de prácticas en el municipio debe haberse finalizado en principio el 
curso de capacitación, aunque es posible que los funcionarios en prácticas ejecuten la 
primera etapa de estas prácticas si han completado al menos una quinta parte de dicho 
curso, circunstancia esta última que, a estas alturas, tampoco se cumple, y, por tanto, no 
se aplicará mientras dure el estado de alarma.
Por último, el Decreto-ley incluye cuatro disposiciones finales, por las que, por un 
lado, se modifican puntualmente dos normas, a una de las cuales (la mencionada Orden 
del consejero de Economía y Hacienda de 28 de diciembre de 2009) ya se ha hecho 
referencia antes; se deslegaliza la modificación de una de estas normas de rango 
reglamentario, y se establece la entrada en vigor del Decreto-ley.
III
Ciertamente, el Decreto-ley, regulado en el artículo 49 del Estatuto de autonomía de 
las Illes Balears a imagen de lo previsto en el artículo 86 del texto constitucional, 
constituye un instrumento en manos del Gobierno de la Comunidad Autónoma para 
afrontar situaciones de necesidad extraordinaria y urgente como la que antes se ha 
descrito,  si  bien  con  el  límite  de  no  poder  afectar  determinadas  materias.  Como 
disposición  legislativa  de  carácter  provisional,  la  permanencia  del  decreto-ley  en  el 
ordenamiento jurídico está condicionada a la ratificación parlamentaria correspondiente.
En el contexto de alarma sanitaria que están afrontando todas las comunidades 
autónomas, el Gobierno de las Illes Balears considera plenamente adecuado el uso del 
decreto-ley  para  dar  cobertura  a  un  conjunto  de  medidas  de  carácter  tributario  y 
administrativo directamente dirigidas a combatir los efectos derivados del COVID-19. 
Desde el punto de vista de la extensa jurisprudencia del Tribunal Constitucional en 
materia de decretos leyes, las medidas que ahora se adoptan responden a la exigencia 
de que haya una conexión de sentido o relación de adecuación entre la situación 
excepcional y las medidas que se pretenden adoptar, que deben ser idóneas, concretas 
y de eficacia inmediata. s
Por último, conviene añadir que el presente Decreto-ley encuentra también anclaje,  e.
desde el punto de vista del marco competencial, en el punto 19 del artículo 30 –sobre  w.
coordinación y demás facultades en relación con las policías locales, en los términos que  22ww
edsetla Ebsletacetu ltao  Ldeey  aOurtgoánnoimcaí a2 /d1e9 8la6s,  dIelle 1s3  Bdael emaarsrz, oe,n d ee lF puuenrztoa s2 y8  Cdueel raprotísc udleo  S3e0g uyr iedna de–l 
aCrotímcuulnoi d1a2d7  Aduetló mnoismmao– ,E esnta ltousto p –usnotobsre 3  lay  o1r3d deenla acirótínc uyl or e3g1u dlaecli ómni sdmeo l aE hstaactiuetnod –as odber ela,   BOE-A-cable e
respectivamente, estatuto de los funcionarios de la Administración local y régimen local– 
y también en el artículo 129 –sobre las competencias en materia tributaria– del mismo 
Estatuto, de acuerdo con el alcance y las condiciones que fija la Ley 22/2009, de 18 de 
diciembre,  por  la  que  se  regula  el  sistema  de  financiación  de  las  Comunidades 
Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican 
determinadas normas tributarias, y en el marco general del sistema de financiación de 
las comunidades autónomas previsto en el artículo 157 de la Constitución española y la 
Ley  Orgánica  8/1980,  de  22  de  septiembre,  de  Financiación  de  las  Comunidades 
Autónomas.
Por todo ello, al amparo del artículo 49 del Estatuto de autonomía, a propuesta de la 
consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores y de la consejera de Administraciones 
Públicas y Modernización, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en la sesión de 
día 27 de marzo de 2020, se aprueba el siguiente Decreto-ley:
CAPÍTULO I
Medidas en materia tributaria
Artículo 1.  Ampliación del plazo para presentar las declaraciones liquidaciones del 
impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y del 
impuesto  sobre  sucesiones  y  donaciones  respecto  de  determinados  obligados 
tributarios.
En el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y 
en el impuesto sobre sucesiones y donaciones, y para los obligados tributarios a que se 
refiere  el  siguiente  párrafo,  el  plazo  para  presentar  las  declaraciones  liquidaciones 
correspondientes, junto con el resto de la documentación exigible en cada caso, que 
establecen,  respectivamente,  los  artículos  82  y  90  del  Texto  refundido  de  las 
disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears en materia de 
tributos cedidos por el Estado, aprobado por el Decreto legislativo 1/2014, de 6 de junio, 
queda ampliado en un mes adicional en los casos en que el plazo finalice a partir de la 
entrada en vigor de este Decreto-ley y antes del 1 de mayo de 2020.
Únicamente se pueden beneficiar de la ampliación del plazo establecida en el párrafo 
anterior los sujetos pasivos de cualquier modalidad del impuesto sobre transmisiones 
patrimoniales y actos jurídicos documentados que sean personas físicas no empresarios, 
o que tengan la condición de pequeña o mediana empresa en los términos previstos en 
el anexo I del Reglamento (UE) núm. 651/2014 de la Comisión de 17 de junio de 2014 
por el que se declaran determinadas categorías de ayuda compatible con el mercado 
interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado, sobre efectivos y límites 
financieros  que  definen  las  categorías  de  las  empresas  y  tipos  de  empresas 
considerados para su cálculo.
Artículo 2.  Inexigibilidad de intereses moratorios en aplazamientos y fraccionamientos 
de deudas tributarias correspondientes al impuesto sobre sucesiones y donaciones y 
al impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.
Para las deudas tributarias relativas al impuesto sobre sucesiones y donaciones o al 
impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados no serán 
exigibles los intereses moratorios correspondientes, como máximo, a los tres primeros  es
meses  de  los  aplazamientos  o  fraccionamientos  que,  de  acuerdo  con  las  normas  o
Igeeinllelse ttenRsare deerBoasaaa ll edldDeseaae  saarc splraa,el  irctpmcoaao abr4nt l6ie yr3, so d,/ec 2eaan0 sc l2asiuó0 ueen, r nc ddatdeersaen od 1 ,lal4o ad  ssede  nóe sl r avogmsilagi acnpoirtorrzuó soddr ,reec o posge omasqrtps eue e edltD  eeqernlu ectmeeare sliisstc omdee-e nolde  ,ley aldac  yeAlsa c ghrlpaeaae nrseartcsaldi oa oeln a sTia tnrafsiiibncd iuaooatl  liamzderaeineac tn aiióddtleanea r  dpmdlaeoeassrl      OE-A-2020-5022able en https://www.
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Artículo  3.  Exención  temporal  en  el  pago  de  las  tasas  portuarias  a  cargo  de  las 
navieras de los barcos de pasajeros de transbordo rodado y de los barcos de 
pasajeros que presten servicio de línea regular con destino a puertos de competencia 
autonómica.
Desde el 20 de marzo de 2020 y hasta la finalización del estado de alarma y, en su 
caso, de las prórrogas del mismo, declarado inicialmente por el Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación 
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, se exime el pago de las tasas portuarias 
reguladas en la Ley 11/1998, de 14 de diciembre, sobre el régimen específico de las 
tasas de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, a cargo de las navieras de los 
barcos de pasajeros de transbordo rodado y de los barcos de pasajeros que presten 
servicio de línea regular con destino a puertos de competencia autonómica.
CAPÍTULO II
Medidas en materia administrativa
Artículo 4.  Ampliación del plazo para presentar la cuenta general de la Comunidad 
Autónoma de las Illes Balears correspondiente al ejercicio de 2019.
En el ejercicio de 2020 el plazo previsto en el primer párrafo del artículo 136.4 de la 
Ley 14/2014, de 29 de diciembre, de finanzas de la Comunidad Autónoma de las Illes 
Balears para presentar la cuenta general de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears 
queda ampliado, con respecto a la cuenta general del ejercicio de 2019, hasta el 30 de 
septiembre de 2020.
Artículo 5.  Medidas en materia de coordinación de policías locales.
1.  Durante el período de vigencia del estado de alarma y, en su caso, de las 
prórrogas del mismo, declarado inicialmente por el Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19, se suspende la vigencia del apartado 1 del 
artículo 181 del Decreto 40/2019, de 24 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento 
marco de coordinación de las policías locales de las Illes Balears y se modifica el 
Decreto 55/2017, de 15 de diciembre, del Fondo de Seguridad Pública de las Illes 
Balears, respecto a la regla general de inicio del periodo de prácticas a la finalización del 
curso de capacitación y a la regla especial relativa a la necesidad de haber completado 
al menos una quinta parte de dicho curso para poder ejecutar la primera etapa de 
prácticas.
2.  En este periodo, el personal funcionario en prácticas que está realizando el 
Curso básico de capacitación para el acceso a la categoría de policía local para el 
año 2020 (41.ª promoción), de la categoría de policía local, puede llevar a cabo de forma 
inmediata en el municipio respectivo una parte de la fase de las prácticas relacionadas 
con las funciones propias de la categoría y, por tanto, debe cumplir las diversas tareas de 
apoyo que se le encarguen de acuerdo con su condición.
3.  Asimismo, durante el período de prácticas mencionado, que debe computarse a 
los  efectos  previstos  en  el  artículo  179  del  Decreto  40/2019  antes  mencionado,  el 
personal funcionario en prácticas debe recibir las retribuciones según lo establecido en el  s
artículo 34 bis de la Ley 4/2013, de 17 de julio, de coordinación de las policías locales de  e.
las Illes Balears. w.
Disposición final primera.
medMidoadsi ficuargceionnteess  deenl  Dmeactreertioa- ledye  4c/2o0n2tr0a,t adceió 2n0,  dcoen mveanrizoos,,  pcoor necli eqrtuoes  seed uecsatatibvloesc eny 
subvenciones,  servicios  sociales,  medio  ambiente,  procedimientos  administrativos  y 
presupuestos para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.
1.  Se  añade  un  tercer  párrafo  en  el  apartado  1  del  artículo  11  del  Decreto-
ley 4/2020, de 20 de marzo, por el que se establecen medidas urgentes en materia de 
contratación, convenios, conciertos educativos y subvenciones, servicios sociales, medio 
ambiente, procedimientos administrativos y presupuestos para hacer frente al impacto 
económico y social del COVID-19, con la siguiente redacción:
«Asimismo, se autoriza a la consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores 
para  que,  mediante  los  expedientes  de  modificación  de  crédito  que  sean 
necesarios,  reponga  el  crédito  a  las  partidas  que  han  causado  baja  como 
consecuencia  de  la  tramitación  de  modificaciones  de  crédito  anteriores  para 
financiar actuaciones inaplazables para hacer frente a la crisis del COVID-19, 
cuando se reciban ingresos para la misma finalidad.»
2.  Se añade un segundo párrafo en el apartado 3 del artículo 11 del Decreto-
ley 4/2020 mencionado, con la siguiente redacción:
«No obstante, cuando los créditos de las entidades mencionadas tengan la 
consideración de fondos finalistas, el nivel de vinculación quedará fijado a nivel de 
sección, programa y fondo.»
Disposición final segunda.
Modificaciones  de  la  Orden  del  Consejero  de  Economía  y  Hacienda  de  28  de 
diciembre de 2009, por la que se regula el procedimiento de pago y presentación de 
documentación con trascendencia tributaria por vía telemática y se crea el Tablón de 
anuncios electrónico de la Agencia Tributaria de las Illes Balears.
1.  El primer párrafo del artículo 10 de la Orden del Consejero de Economía y 
Hacienda de 28 de diciembre de 2009, por la que se regula el procedimiento de pago y 
presentación de documentación con trascendencia tributaria por vía telemática y se crea 
el Tablón de anuncios electrónico de la Agencia Tributaria de las Illes Balears, queda 
modificado de la siguiente manera:
«A los efectos de lo dispuesto en el artículo 54 del Texto refundido de la Ley 
del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 28 de septiembre, y en el 
artículo 33 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones 
y  Donaciones,  los  usuarios  que  tienen  la  condición  de  registradores  de  la 
propiedad, mercantiles y de bienes muebles pueden comprobar el pago y la 
presentación  del  impuesto,  llevado  a  cabo  por  vía  telemática,  mediante  el 
establecimiento de un servicio web de consulta (anexo 4), de una aplicación 
accesible a los registradores en el portal de la ATIB, o de cualquier otro medio que 
permita descargar las diligencias de pago y presentación de la autoliquidación del 
impuesto.»
2.  Se añade una nueva disposición adicional, la disposición adicional cuarta, en la 
Orden mencionada, con la siguiente redacción:
«Disposición adicional cuarta. b
rteelgeimsPLtorráeostsi scue adsn eutlaa alc ardii oópilsnirg o depteenieflciedniamaid dádo,tes imc  eapen ar gdceaoel n  aytlria ltepí csrdue iylsloi ged en3ent  adbcceiieai óne nesd tseaa   m Oqpuuaredegbe osln ee syp . roepdfrireeársnee  pnertlae acsineóennxt aoar  n2pt,oe ra  nvloítaes    OE-A-2020-50able en https://
los registros de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles, siempre que 
cumplan los requisitos que establezcan estos registros.
A estos efectos, los usuarios, que deben cumplir los requisitos previstos en el 
artículo  4  de  esta  Orden  y  deben  identificarse  de  acuerdo  con  los  medios 
establecidos en esta Orden, pueden solicitar a la ATIB el envío telemático de la 
mencionada diligencia.»
Disposición final tercera.  Deslegalización.
La consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores, mediante orden, puede modificar 
las normas que se modifican mediante la disposición final segunda de este Decreto-ley.
Disposición final cuarta.  Entrada en vigor.
Este Decreto-ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín 
Oficial de las Illes Balears».
Palma, 27 de marzo de 2020.–La Presidenta, Francesca Lluch Armengol i Socias.–
La  Consejera  de  Hacienda  y  Relaciones  Exteriores,  Rosario  Sánchez  Grau.–La 
Consejera de Administraciones Públicas y Modernización, Isabel Castro Fernández.
(Publicado en el «Boletín Oficial de las Illes Balears» número 45, de 28 de marzo de 2020; convalidado por 
Resolución del Parlamento de las Illes Balears, publicada en el «Boletín Oficial de las Illes Balears» número 58, 
de 18 de abril de 2020)