BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 56 Lunes 7 de marzo de 2022 Sec. III.   Pág. 26730
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
3570 Orden  JUS/156/2022,  de  25  de  febrero,  por  la  que  se  concede  una 
subvención directa al Consejo General de la Abogacía Española en materia 
de prestación de asistencia jurídica gratuita, para el ejercicio presupuestario 
2022.
La Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, establece en su 
artículo 37 que las Administraciones Públicas competentes subvencionarán con cargo a 
sus  dotaciones  presupuestarias  la  implantación  y  prestación  de  los  servicios  de 
asistencia jurídica gratuita por los Colegios de Abogados y Procuradores. El importe de 
la subvención se aplicará a compensar las actuaciones profesionales previstas en los 
apartados 1 a 3 del artículo 6 de dicha ley, cuando tengan por destinatarios a quienes 
hayan obtenido el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita. Asimismo, 
se destinará a sufragar los gastos devengados por la tramitación de los expedientes de 
asistencia jurídica gratuita, así como, en su caso, el asesoramiento y la orientación 
previos al proceso.
Con fecha 29 de diciembre de 2021 se publicó en el «Boletín Oficial del Estado» la 
Ley  22/2021,  de  28  de  diciembre,  de  Presupuestos  Generales  del  Estado  para  el 
año 2022.
En el presupuesto de gastos del Ministerio de Justicia se recoge una subvención al 
Consejo General de la Abogacía Española, en la aplicación presupuestaria 13.02.112A.483, 
en concepto de «Aportación del Estado para indemnizar a los abogados en los asuntos de 
asistencia  jurídica  gratuita»,  de  conformidad  con  la  prestación  de  dicho  servicio  de 
asistencia jurídica gratuita en los términos señalados por la Ley 1/1996, de 10 de enero.
Acreditado  que  el  Consejo  General  de  la  Abogacía  Española  cumple  con  los 
requisitos previstos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, para obtener la condición de beneficiario de la subvención, así como 
estar  al  corriente  en  el  cumplimiento  de  sus  obligaciones  tributarias  y  frente  a  la 
Seguridad Social, de acuerdo con lo establecido en los artículos 18 y 19 del Reglamento 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por el Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio, y no es deudor por procedimiento de reintegro,
Esta Ministra de Justicia, a propuesta de la Dirección General para el Servicio 
Público de Justicia, resuelve:
Primero.
Conceder al Consejo General de la Abogacía Española una subvención nominativa 
de acuerdo con el artículo 22.2.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, por importe de 46.418.990 euros, con cargo al crédito disponible en la 
aplicación presupuestaria 13.02.112A.483 del presupuesto de gastos del Ministerio de 
Justicia de 2022, para la prestación del servicio de asistencia jurídica gratuita, en el 
ámbito de competencia del Ministerio de Justicia.
Esta subvención es compatible con la percepción de otras subvenciones, ayudas,  s
ingresos o recursos para la misma finalidad, procedente de otras Administraciones o  e.
entes públicos o privados, si bien, en ningún caso, el importe de los fondos recibidos  w.
podrá superar el coste de la actividad subvencionada. 70ww
Segundo.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 10.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, por ser la cuantía de la subvención superior a 12 millones de
euros, el Consejo de Ministros en su reunión de fecha 8 de febrero de 2022 acordó 
autorizar la concesión de la subvención.
Tercero.
La subvención concedida tiene por objeto:
1. Indemnizar  las  actuaciones  profesionales  que  realicen  los  abogados  o  las 
abogadas descritas en los apartados 1 a 3 del artículo 6 de la Ley 1/1996, de 10 
de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, en el ámbito de competencias del Ministerio de 
Justicia, siempre que tengan por personas destinatarias a quienes sean beneficiarios del 
derecho a la asistencia jurídica gratuita.
2. Sufragar el coste que genere al Consejo General de la Abogacía Española el 
funcionamiento operativo de los servicios de asistencia jurídica gratuita, de las unidades 
encargadas del asesoramiento y la orientación previos al proceso, a la ciudadanía, en el 
ámbito de competencia del Ministerio de Justicia.
3. Sufragar  los  gastos  devengados  por  la  tramitación  de  los  expedientes  de 
asistencia jurídica gratuita, en el ámbito de competencia del Ministerio de Justicia.
Cuarto.
No se requiere la constitución de ninguna garantía.
Quinto.
El  Consejo  General  de  la  Abogacía  Española  deberá  destinar  la  cantidad 
subvencionada a financiar las siguientes actuaciones:
a) De conformidad con el artículo 6 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia 
Jurídica Gratuita, y en el ámbito de competencias del Ministerio de Justicia:
1.º El asesoramiento y orientación gratuitos previos al proceso a quienes pretendan 
reclamar la tutela judicial de sus derechos e intereses, así como información sobre la 
posibilidad de recurrir a la mediación u otros medios extrajudiciales de solución de 
conflictos, en los casos no prohibidos expresamente por la ley, cuando tengan por objeto 
evitar el conflicto procesal o analizar la viabilidad de la pretensión.
No será necesario que la persona detenida, presa o imputada acredite previamente 
carecer de recursos, sin perjuicio de que, si no se le reconoce con posterioridad el 
derecho  a  la  asistencia  jurídica  gratuita,  deba  abonar  al  abogado  o  abogada  los 
honorarios devengados por su intervención.
Cuando se trate de víctimas de violencia de género, de terrorismo y de trata de seres 
humanos, así como de menores de edad y las personas con discapacidad intelectual o 
enfermedad mental, en los términos establecidos en la letra g) del artículo 2 de la 
Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, la asistencia jurídica gratuita 
comprenderá  asesoramiento  y  orientación  gratuitos  en  el  momento  inmediatamente 
previo a la interposición de denuncia o querella.
2.º Asistencia de abogado o abogada a la persona detenida, presa o imputada que 
no lo hubiera designado, para cualquier diligencia policial que no sea consecuencia de 
un  procedimiento  penal  en  curso  o  en  su  primera  comparecencia  ante  un  órgano 
jurisdiccional, o cuando ésta se lleve a cabo por medio de auxilio judicial y la persona  es
detenida, presa o imputada no hubiere designado abogado o abogada en el lugar donde  bo
se preste. Igualmente será de aplicación dicha asistencia letrada a la persona reclamada  70ww
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sea expresamente requerida por el Juzgado o Tribunal mediante auto motivado para 
garantizar la igualdad de las partes en el proceso.
b) De conformidad con la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica 
Gratuita, y su reglamento de desarrollo, en el ámbito de competencias del Ministerio de 
Justicia:
1.º La puesta en funcionamiento operativo de los servicios de asistencia jurídica 
gratuita, de las unidades encargadas del asesoramiento y la orientación previos al 
proceso a la ciudadanía.
2.º La tramitación de los expedientes de asistencia jurídica gratuita, de conformidad 
con lo establecido en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, y su 
normativa de desarrollo.
Sexto.
El libramiento de pago de la subvención se efectuará de conformidad con lo previsto 
en los artículos 42 y 47 del Reglamento de asistencia jurídica gratuita, aprobado por el 
Real Decreto 141/2021, de 9 de marzo.
En el plazo y con respecto al periodo correspondiente establecidos en el artículo 47.1 
del Reglamento de asistencia jurídica gratuita, aprobado por el Real Decreto 141/2021, 
de 9 de marzo, el Consejo General de la Abogacía Española remitirá al Ministerio de 
Justicia una certificación que contenga los datos relativos a las actuaciones realizadas 
por cada colegio a lo largo del periodo anterior, junto con la justificación del coste 
económico asociado a aquéllas.
En  función  de  dichas  certificaciones,  el  Ministerio  de  Justicia  efectuará  los 
libramientos  que  correspondan,  pudiendo  llevar  a  cabo  libramientos  parciales  por 
colegios si así lo requiriera el proceso de comprobación de la certificación presentada 
por el Consejo General de la Abogacía Española, y sin perjuicio de las posteriores 
regularizaciones que procedan, una vez cumplimentada en su totalidad la justificación 
anual regulada en los números siguientes.
El  primer  libramiento  a  efectuar  corresponderá  al  trimestre  que  comprende  las 
certificaciones  de  los  meses  de  noviembre  y  diciembre  de  2021,  así  como  enero 
de 2022.
Séptimo.
1. El Consejo General de la Abogacía Española deberá cumplir las obligaciones 
que se recogen en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:
a) Cumplir el objetivo, realizar la actividad y adoptar el comportamiento en que se 
fundamenta la concesión de subvención, en la forma, condiciones y plazo establecidos 
en la presente resolución de concesión, aportando los datos cuantitativos necesarios 
para la correcta evaluación de las actuaciones de la Dirección General para el Servicio 
Público de Justicia, en el formato establecido por esta Dirección General para tal fin.
b) Gestionar y realizar de forma directa aquellas actividades que constituyan el 
contenido principal de la subvención, siempre que sean objeto de su competencia.
c) Distribuir,  entre  sus  respectivos  colegios,  el  importe  de  la  subvención  que 
corresponda a cada uno, en función del número de actuaciones profesionales realizadas  e.e
y acreditadas por éstos ante el Consejo General de la Abogacía Española, así como de  w.b
los expedientes tramitados, de conformidad con lo aprobado por las Comisiones de  70ww
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actuaciones realizadas por cada colegio a lo largo del periodo anterior, junto con la 
justificación del coste económico asociado a aquéllas.
e) Someterse a las actuaciones de control y seguimiento de la aplicación de los 
fondos destinados al proyecto subvencionado mediante el procedimiento establecido por 
la Dirección General para el Servicio Público de Justicia y a la evaluación continua y final 
por parte de la misma, así como al control financiero de los mismos por la Intervención 
General de la Administración del Estado y el Tribunal de Cuentas.
f) Conservar toda la documentación original, justificativa de la aplicación de los 
fondos recibidos, en tanto puedan ser objeto de las actividades de comprobación y 
control.
Octavo.
El  Consejo  General  de  la  Abogacía  Española,  justificará,  dentro  del  primer 
cuatrimestre de cada año, ante el Ministerio de Justicia la aplicación de la subvención 
percibida durante todo el ejercicio inmediatamente anterior y presentará una memoria y 
una cuenta justificativa final que acredite el cumplimiento del objeto de la subvención.
La justificación de la subvención se realizará mediante cuenta justificativa con el 
contenido  definido  en  el  artículo  72.1  del  Reglamento  de  la  Ley  38/2003,  de  17 
de noviembre, y a los dispuesto en el artículo 49 del Real Decreto 141/2021, de 9 
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de asistencia jurídica gratuita. En el 
supuesto de que la cuenta justificativa fuese incompleta por retraso u omisión de algún 
Colegio de Abogados y Abogadas, se detraerá de los libramientos posteriores una 
cantidad igual a la última distribuida por el Consejo General de la Abogacía española a 
dichos colegios.
Noveno.
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y, en su caso, de los intereses 
devengados  por  la  subvención,  así  como  la  exigencia  del  interés  de  demora 
correspondiente, desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se 
acuerde la procedencia del reintegro, en los supuestos recogidos en los artículos 36 y 37 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
El procedimiento para el reintegro se regirá por lo dispuesto en los artículos 41 a 43 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el capítulo II del título III del Reglamento de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
El órgano competente para exigir el reintegro de la subvención concedida será la 
Ministra  de  Justicia,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  41  de  la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
En el supuesto de incumplimiento parcial, la fijación de la cantidad que deba ser 
reintegrada se determinará en aplicación del principio de proporcionalidad.
Décimo.
La presente resolución podrá modificarse como consecuencia de la alteración de las 
condiciones tenidas en cuenta para la citada concesión.
La modificación de la resolución de concesión se dictará por la Ministra de Justicia y 
deberá ser motivada.
Undécimo. oe.
Atribuir a la Dirección General para el Servicio Público de Justicia la gestión de la  70ww
subvención que se concede por la presente resolución.
Duodécimo.
Publicar en el «Boletín Oficial del Estado» y en la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones la presente orden.
Esta orden pone fin a la vía administrativa, pudiendo ser recurrida en reposición en el 
plazo  de  un  mes  ante  la  Ministra  de  Justicia  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  el 
artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, o directamente, mediante la interposición de recurso 
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la 
fecha  de  su  publicación,  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  46.1  de  la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Madrid, 25 de febrero de 2022.–La Ministra de Justicia, María Pilar Llop Cuenca.