BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 200 Jueves 23 de julio de 2020 Sec. III.   Pág. 56323
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
8401 Resolución de 20 de marzo de 2020, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la calificación de la 
registradora mercantil de Madrid XX, por la que se suspende la inscripción de 
determinados acuerdos adoptados por la junta general de una sociedad.
En  el  recurso  interpuesto  por  don  M.M.R.C.,  en  representación  de  la  sociedad 
«Tembleque, S.A.», contra la calificación de la Registradora Mercantil de Madrid número XX, 
doña  María  Concepción  Rodríguez  Gil,  por  la  que  se  suspende  la  inscripción  de 
determinados acuerdos adoptados por la Junta general de dicha sociedad.
Hechos
I
Mediante escritura autorizada por el Notario de Madrid don José Usera Cano, el 29 
de julio de 2019, bajo el número 1229 de protocolo, se elevaron a público determinados 
acuerdos sociales adoptados el 26 de julio de 2019 por la Junta general de la sociedad 
«Tembleque, S.A.».
Presentada el 30 de julio de 2019 bajo el número de asiento 921 del diario 2964, 
número de entrada 1/2019/116328, fue calificada el 9 de agosto de 2019 con la siguiente 
nota, que no fue impugnada:
«(…) Para la calificación e inscripción es necesario acreditar la presentación del 
documento para la liquidación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados, conforme a lo previsto en el artículo 86 del Reglamento del 
Registro Mercantil.
– Existe una contradicción, que debe aclararse, en cuanto a la Junta general, ya que 
de la escritura (intervienen y dice y otorga) resulta que es Junta universal, mientras que 
de la certificación se desprende que es Junta convocada (artículo 58 RRM).
– Si fuera el último caso contemplado en el defecto anterior, falta constancia de la 
fecha y modo en que se hubiere convocado la Junta, pues son determinaciones que la 
certificación del acta debe expresar (artículos 97.2.ª y 112. 3 RRM) y circunstancias 
necesarias –entre otras– para calificarla de conformidad con los Estatutos que consten 
inscritos (artículos 6, 58.2 y 112.2 RRM; 173 LSC).
– En el “dice y otorga” de la escritura, se dice que se elevan a público acuerdos del 
Consejo  de  Administración,  los  cuales  no  constan  después  en  la  certificación 
incorporada.
– Falta acreditar la notificación exigida por el artículo 111.1 del Reglamento del 
Registro Mercantil al Secretario del consejo de administración cesado, anterior titular de 
la facultad certificante.
– El nombramiento de Administrador único no está previsto en el orden del día de la 
convocatoria de la Junta según se transcribe, por lo que no puede estimarse adoptado  s
válidamente (artículo 174.1 del texto refundido de la ley de sociedades de capital). En  oe.
dicho orden del día figura en su punto 2, nombramiento de Consejeros, y en su punto 9,  w.
Anodmm–bi nrFiasamtrltaiaed nodtroee tdse erms Loiinlqidauari dreiaonds o,l orceso sEn.fsotramtueto asl  eal rntíúcumloe ro2,3  oe e dl eml ítneimxtoo  yre mfuánxdiimdoo  dael  mlae nLoesy,  ddee   2020-8401n https://ww
Sociedades de Capital. Teniendo en cuenta que en la sociedad anónima no es posible
prever  en  los  Estatutos  como  posible  órgano  de  administración  más  de  dos  Bc
Administradores mancomunados, conforme al artículo 210.2 del texto refundido de la Ley 
de Sociedades de Capital.
– Deben modificarse también los artículos 8, 12, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 27 y 28 
de los Estatutos, que en su redacción actualmente inscrita siguen haciendo referencia al 
anterior órgano de administración, en contradicción con los posibles órganos alternativos 
ahora previstos (artículo 11.2 del Reglamento del Registro Mercantil).
– Es errónea la cifra de capital indicada en el artículo 5 tras el aumento de capital 
por compensación de créditos (artículo 58 RRM).
– Falta la declaración de que la titularidad de las acciones emitidas se ha hecho 
constar en el Libro-registro de acciones nominativas (artículo 314 del texto refundido de 
la Ley de Sociedades de Capital).
– Falta  incorporar  el  informe  del  auditor  de  cuentas  designado  por  el  Registro 
Mercantil sobre los créditos compensados, como exige el artículo 301.3 y 5 del texto 
refundido de la Ley de Sociedades de Capital, y 168.3 del Reglamento del Registro 
Mercantil (...)»
II
La referida escritura fue presentada en unión de otra escritura de elevación a público 
de acuerdo sociales de la mercantil Tembleque, S.A., autorizada por el notario de Madrid 
don Luis Calatayud Gallego el 15 de octubre de 2019, número de protocolo 1.161, a la 
que se incorpora nueva documentación, para subsanar los defectos expresados en la 
calificación  de  9  de  agosto  de  2019.  En  esta  última  escritura  se  incorpora  una 
certificación de los acuerdos sociales expedida por don M. M. R. C., como Secretario del 
consejo  de  administración  de  la  sociedad  «Tembleque,  S.A.»,  en  la  que  consta  lo 
siguiente:
«Primero.–Que  la  Junta  fue  convocada  por  D.  P.  M.  R.  C.  y  D.  M.  M.  R.  C., 
Presidente y Secretario respectivamente de la sociedad, tal y como consta en el acta de 
presencia de fecha 23 de mayo de 2019 realizada ante el Notario de Madrid don 
Francisco Javier Gardeazabal del Río con el número 776 de su protocolo y notificada 
notarialmente  con  el  orden  del  día  que  figura  en  el  acta.  Dentro  del  término  que 
establece el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, D. M. M. R. C. solicitó 
mediante burofax el 23 de mayo de 2019 a los convocantes de la Junta complemento de 
la misma con la ampliación del orden del día que se adjunta. Finalmente, mediante email 
de fecha 28 de junio de 2019 enviado por el Presidente D. P. M. R. C., se confirma el 
orden del día que consta en la certificación del acta de la Junta celebrada y que aporto a 
este escrito. Debemos advertir que la sociedad consta de tres únicos socios de los 
cuales dos de ellos convocan mediante acta notarial al otro que se da por convocado.
La Junta se celebra en el lugar y a la hora señalada en la convocatoria con asistencia 
única de D. M. M. R. C. por ausencia del resto de socios a pesar de que el socio D. M. M. 
R. C compareció en esta notaría y ha manifestado que no deseaba asistir a la Junta por 
considerar  que  no  tendría  carácter  de  Junta  universal  ausentándose  incluso  con 
advertencia de que la Junta se iba a celebrar.»
Dichas escrituras fueron objeto de calificación negativa en los siguientes términos:
«Concepción Rodríguez Gil, Registradora Mercantil de Madrid, previo el consiguiente 
examen y calificación, de conformidad con los artículos 18 del Código de Comercio y 6  s
del Reglamento del Registro Mercantil, y habiendo dado cumplimiento a lo dispuesto en  oe.
el artículo 15.2 de dicho Reglamento, he resuelto no practicar la inscripción solicitada  w.
confHoermcheo as  l(o…s )siguientes hechos y fundamentos de Derecho: 2020-8401n https://ww
Fundamentos de Derecho (defectos).
(…)
Con la nueva documentación que ha sido incorporada a la Escritura del Notario don 
José Usera Caro, se subsanan los dos primeros apartados de la calificación registral 
de 9 de agosto de 2.019 en concreto:
Se aporta carta de autoliquidación del Impuesto de Transmisiones y Actos Jurídicos 
Documentados, ante la Dirección General de Tributos de la Comunidad de Madrid.
Por diligencia del Notario autorizante don José Usera Cano, de 7 de agosto de 2.019, 
se aclara el error involuntario de que la Junta general de 26 de julio de 2019 de la 
mercantil Tembleque, S.A., no fue universal, sino Junta ordinaria y extraordinaria de 
accionistas convocada.
Subsanados estos dos primeros extremos de la calificación registral y aclarado que 
se trataba de una Junta general ordinaria y extraordinaria, se comprueba que en la 
nueva  escritura  presentada  no  se  subsana  el  defecto  relativo  a  la  forma  de  la 
convocatoria de la citada Junta general.
La calificación registral decía “si fuese el último caso contemplado en el defecto 
anterior –que es Junta Convocada–, falta constancia de la fecha y modo en que se 
hubiera convocado la Junta, pues son determinaciones que la certificación del acta debe 
expresar (artículos 97.2.a y 112.3 RRM) y circunstancias necesarias –entre otras– para 
calificarla de conformidad con los Estatutos que consten inscritos (artículos 6, 58.2 
y 112.2 del RRM y 173 LSC)”.
De acuerdo al artículo 97.2.° del RRM, debe acreditar “Fecha y modo en que se 
hubiere efectuado la convocatoria, salvo que se trate de Junta o Asamblea universal. Si 
se tratara de Junta general o especial de una sociedad anónima, se indicarán el “Boletín 
Oficial del Registro Mercantil” y el diario o diarios en que se hubiere publicado el anuncio 
de convocatoria”, y por el artículo 173 de la LSC, “1. La Junta general será convocada 
mediante anuncio publicado en la página web de la sociedad si ésta hubiera sido creada, 
inscrita y publicada en los términos previstos en el artículo 11 bis. Cuando la sociedad no 
hubiere acordado la creación de su página web o todavía no estuviera ésta debidamente 
inscrita y publicada, la convocatoria se publicará en el “Boletín Oficial del Registro 
Mercantil” y en uno de los diarios de mayor circulación en la provincia en que esté 
situado el domicilio social. 2. En sustitución de la forma de convocatoria prevista en el 
párrafo anterior, los Estatutos podrán establecer que la convocatoria se realice por 
cualquier procedimiento de comunicación individual y escrita, que asegure la recepción 
del anuncio por todos los socios en el domicilio designado al efecto o en el que conste en 
la documentación de la sociedad”.
Los Estatutos de la sociedad en su artículo 14 establecen que la convocatoria se 
efectuará “... mediante anuncio publicado en el ‘Boletín Oficial del Registro Mercantil’ y 
en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia”.
En la certificación del acta de la Junta general incorporada en la nueva escritura, no 
se  justifican  estos  extremos  de  forma  de  la  convocatoria,  aludiendo  a  un  acta  de 
presencia ante Notario de fecha 23 de mayo de 2019, fecha de celebración del Consejo 
de  Administración,  documento  ajeno  al  sistema  de  convocatoria  y  no  justificando 
publicación alguna con el detalle del orden del día de la Junta general.
En la certificación se alude también a una ampliación del orden del día solicitada por 
burofax con fecha 23 de mayo de 2019, en base al artículo 172 de la LSC, diciendo 
haber sido aceptada y confirmada la ampliación del orden del día por email enviado por  e
el Presidente, sistema de notificación no recogido en Estatutos. El artículo 172 de la LSC  bo
en su apartado 2 dice “ El complemento de la convocatoria deberá publicarse con quince  01ww
dfaíaltas  ddee  apnutbelliacacicóiónn c odmelo c momínpimleom ean ltao  fdeech laa  ecsotnavboleccaitdoari ap aerna  elal  rpelauznoió nle gdael mlae Jnuten tfaij.a Ldao 
seráN coa ussea  daep nourtlaid ajdu sdteif ilcaa Jcuiónnt a.alguna  de  la  publicación  del  complemento  de  la
convocatoria.
La falta de convocatoria con los requisitos exigidos por 173 LSC, y 97.2 del RRM, así 
como por el artículo 14 de los Estatutos, y la falta de publicación de la ampliación del 
orden del día, artículo 172.2 LSC, hacen insubsanable el defecto de la convocatoria de la 
Junta general.
El siguiente defecto de la calificación “Falta acreditar la notificación fehaciente de 
cese al Secretario del Consejo de Administración saliente, de acuerdo al artículo 111 
RRM”, tampoco ha sido subsanado.
El artículo 111 del RRM, establece que “La certificación del acuerdo por el que se 
nombre al titular de un cargo con facultad certificante, cuando haya sido extendida por el 
nombrado sólo tendrá efecto si se acompañare notificación fehaciente del nombramiento 
al anterior titular, con cargo inscrito, en el domicilio de este según el Registro. La 
notificación quedará cumplimentada y se tendrá por hecha en cualquiera de las formas 
expresadas en el artículo 202 del Reglamento Notarial.
El Registrador no practicará la inscripción de los acuerdos certificados en tanto no 
transcurran quince días desde la fecha del asiento de presentación”.
No se aporta justificación de la notificación fehaciente al interesado, solo aparece 
suelta en el titulo una copia simple de acta notaría de fecha 15 de octubre de 2019, 
aceptando el Notario el realizar el requerimiento por correo certificado para notificar el 
cese al Secretario saliente, pero sin que conste que se haya llevado a cabo, ni se 
acompaña notificación fehaciente del servicio de Correos.
En cualquier caso, se hace constar de conformidad con el artículo 3 de la Ley 
Hipotecaria  que  el  documento  aportado  no  puede  considerarse  para  este  Registro 
(artículo 3 LH “Para que puedan ser inscritos los títulos expresados en el artículo 
anterior,  deberán  estar  consignados  en  escritura  pública,  ejecutoria  o  documento 
auténtico expedido por autoridad judicial o por el Gobierno o sus agentes, en la forma 
que prescriban los Reglamentos.”).
La falta de acreditación de la notificación fehaciente con los requisitos exigidos del 
artículo  111  del  RRM  173  LSC,  hacen  subsanable  el  defecto  de  la  notificación  al 
Secretario saliente.
No subsanados estos dos defectos de la calificación registral, no es posible continuar 
con la calificación del resto de la nueva certificación del acta, Incorporada en la escritura 
de 15 de octubre de 2019, al faltar la convocatoria y la imposibilidad de certificar del 
nuevo Secretario al no constar la notificación al saliente, no obstante, continuando con la 
calificación  registral  seguimos  analizando  el  contenido  de  la  nueva  certificación 
incorporada a tal efecto.
Se dice que se ha cometido un error material y mecanográfico, al nombrar “un 
Administrador único, cuando en realidad se quería decir nombramiento de Consejero”, el 
artículo 212 de la Ley Hipotecaria, dice que “Se entenderá que se comete error material 
cuando sin intención conocida se escriban unas palabras por otras, se omita la expresión 
de alguna circunstancia formal de los asientos o se equivoquen los nombres propios o 
las cantidades al copiarlas del título, sin cambiar por ello el sentido general de la 
inscripción o asiento de que se trate, ni el de ninguno de sus conceptos.”
El nombrar un Administrador único en lugar de nombrar Consejero, acordar modificar 
los Estatutos para adaptarlos al nuevo órgano de administración, nombrar a su vez dos 
nuevos Consejeros, así como convocar consejo de administración en el mismo acto, 
parece que no concuerda mucho con el concepto de error material del artículo 212 de la 
LH antes citado.
A la vista del contenido de esta segunda Acta, totalmente discordante con la primera,  s
debería convocarse nueva Junta general de accionistas y aclarar en ellos los extremos  oe.
realmente aprobados. w.
En lo referente a la calificación respecto a la cifra de la ampliación de capital por  01ww
ccoamsop teontasalmcieónnt ed aec corréddei tcoosn,  seel  2d1a2  pdoer  lsau LbHsa, nnaod oob estl ainmtep,o nrtoe ,s peo irn secrrriobre m laa taemriapll,ia ecnió ne sdtee 
acaupdiittaolr .”al admitir en el acta y posterior escritura que está pendiente el informe del  BOE-A-cable e
Sin perjuicio a proceder a la subsanación de los defectos anteriores y a obtener la 
inscripción del documento, en relación con la presente calificación: (…)
Madrid, 5 de noviembre de 2019.–La Registradora.»
III
Habiéndose  solicitado  calificación  conforme  al  cuadro  de  sustituciones,  le 
correspondió a la Registradora de la Propiedad de Aranjuez, doña María Mercedes 
Palencia Alacid, quien el 19 de diciembre de 2019 confirmó íntegramente la calificación 
de la Registradora sustituida.
IV
Mediante escrito que tuvo entrada en el Registro Mercantil de Madrid el día 20 de 
enero de 2020, don M. M. R. C., en representación de la sociedad «Tembleque, S.A.», 
interpuso recurso contra la calificación de la Registradora sustituida en el que alega lo 
siguiente:
«(…) Antecedentes
I.  Tembleque, S.A., fue constituida en 1987. La titularidad del capital social de 
Tembleque, S.A., corresponde a tres únicos socios y hermanos, D. M. D. M. y D. P. M. R. 
C., con una participación cada uno de ellos del 33,33%.
II.  El artículo 14 de los Estatutos sociales de Tembleque, S.A., en su redacción 
vigente, dada en virtud de escritura de adaptación de Estatutos otorgada el día 29 de 
junio de 1992 (documento 5, adjunto), ofrece redacción del siguiente tenor:
«Artículo 14.  Convocatoria.–Todas las Juntas se convocarán con los requisitos de 
publicidad  y  plazo  que  señala  la  vigente  Ley  de  Sociedades  Anónimas,  es  decir, 
mediante anuncio publicado en el “Boletín Oficial del Registro Mercantil” y en uno de los 
diarios de mayor circulación de la provincia, por lo menos quince días antes de la fecha 
fijada  para  su  celebración.  Las  segundas  convocatorias  de  las  Juntas  ordinarias  o 
extraordinarias, podrán hacerse al mismo tiempo que se anuncia la primera; y la Junta 
podrá celebrarse en el día fijado para la segunda convocatoria, si en la primera no hubo 
concurrencia  suficiente,  siempre  que  entre  las  dos  reuniones  anunciadas  haya  un 
intervalo mínimo de veinticuatro horas, Cuando la Junta haya de reunirse a instancia de 
accionistas que representen por lo menos la vigésima parte del capital social, deberá ser 
convocada para celebrarla dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que se 
hubiera requerido notarialmente al Consejo de Administración para tal convocatoria.»
III.  Tembleque, S.A., nunca ha acudido al BORME ni a ningún diario para convocar 
a sus socios a una Junta de accionistas. Por el contrario, (i) la convocatoria siempre se 
ha realizado mediante comunicación personal en las 44 juntas de accionistas que se han 
celebrado desde su constitución y (ii) asimismo, todas las juntas de accionistas, menos 
la de 27 de julio de 2019 que es objeto de debate, se han celebrado con el carácter de 
universal.
IV.  Con fecha 23 de mayo de 2019, el Consejo de Administración de Tembleque, 
S.A.,  debidamente  constituido  ante  Notario,  acordó  convocar  la  Junta  general  de 
accionistas para el día 25 de Julio de 2019, a las 11 horas, en primera convocatoria, y a  es
la misma hora del siguiente, día 26, en segunda, con determinado orden del día. bo
Dicho acuerdo del Consejo aprobando la convocatoria de la Junta, consta en un acta  01ww
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condición de Consejero-Presidente (D. P.) y Consejero-Secretario (D. M.), del Consejo de
Administración de Tembleque, S.A., aprueban la convocatoria de la Junta, quedando 
obviamente  en  ese  mismo  acto  enterados  de  la  convocatoria  en  su  calidad  de 
accionistas al ser ellos mismos los convocantes.
Dicho acta es asimismo remitida por burofax, al tercer socio y también Consejero, D. 
M. M. R. C., quedando en consecuencia los tres socios enterados de la convocatoria de 
la Junta por medio fehaciente (se adjunta copia del precitado acta notarial de presencia 
como documento 6 adjunto),
V.  Este recurrente se da por convocado y dentro del plazo legal establecido en el 
artículo 172 de la LSC solicita complemento de convocatoria que es notificado a los 
convocantes mediante burofax de fecha 31 de mayo de 2019, ya que la sociedad se 
encontraba  en  causa  de  disolución  como  consecuencia  de  las  perdidas  habidas 
habiendo descendido su patrimonio neto por debajo del límite legal y era preciso ampliar 
capital (documento 7 adjunto).
VI.  El día 28 de junio de 2016 los otros dos socios y respectivamente Presidente y 
Secretario del Consejo de Administración (D. P. y D. M. M. R. C.) comunican por correo 
electrónico a D. M. que proceden a ampliar el orden del día inicialmente previsto con los 
puntos  solicitados  en  el  complemento  de  convocatoria  enviado  por  este  recurrente 
(documento 8 adjunto).
VII.  El día 25 de julio de 2019 (fecha de primera convocatoria) solo aparece en el 
domicilio donde se debería celebrar la Junta el que suscribe D. M. y al no comparecer el 
resto de los socios, no se constituye la Junta por falta de quórum necesario en primera 
convocatoria.
VII.  Al día siguiente (26 de julio de 2019) y en segunda convocatoria asisten a la 
hora  señalada  dos  de  los  socios,  M.  y  M.  M.  R.  C.,  pero  en  una  actuación 
incomprensible, el accionista y consejero-secretario del Consejo de Administración de la 
sociedad, D. M. M. R. C., se ausenta de la Notaria alegando que no es posible celebrarla 
ante la inasistencia de D. P. M. R. C.
A pesar de que se le advirtió por las personas que estaban presentes en ese 
momento, que la Junta la había convocado el Consejo de Administración, que los tres 
socios estaban perfectamente notificados y enterados de la misma y que, por tanto, la 
misma iba a celebrarse, como no podía ser de otra manera, aun cuando D. M. se 
ausentara, este, finalmente, prefirió marcharse, Se adjunta como documento 9 adjunto 
CD-ROM en el que consta La grabación de dichas advertencias y conversaciones entre 
los presentes,
IX.  La Junta se celebró en segunda convocatoria, con la única asistencia del socio 
D. M., por reunir este más del quórum del 25% requerido para la constitución de la Junta 
en segunda convocatoria, tal y como consta en la certificación que figura aportada en la 
escritura de subsanación de defectos de fecha 15 de octubre de 2019.
X.  El  propio  Registro  Mercantil  en  contradicción  con  la  Registradora  actuante, 
considera que la Junta de 26 de julio de 2019 se ha celebrado válidamente y procede al 
depósito de las cuentas anuales que figuraban en el punto primero del orden del día, 
según notas de calificación 593/19 de fecha 25 de septiembre de 2019 y 635/19 de 
fecha 17 de octubre de 2019 (documento 10 y Documento 11 adjuntos),
A estos hechos son de aplicación los siguientes:
Fundamentos de Derecho:
Primero.–Discrepancia  que  motiva  el  presente  recurso.  El  motivo  principal  de  s
discrepancia que provoca el presente recurso se centra, en que el Registro Mercantil de  oe.
Madrid, que ha calificado como defectuosa la escritura de elevación a público de los  w.
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establece el artículo 14 de los Estatutos sociales de Tembleque, S.A.
Segundo.–Régimen literal estatutario. El primer inciso del artículo 14 de los Estatutos 
sociales de Tembleque, S.A., en su redacción vigente, dada en virtud de escritura de 
adaptación de Estatutos otorgada el día 29 de junio de 1992, afirma que
“Todas las Juntas se convocarán con los requisitos de publicidad y plazo que señala 
la vigente Ley de Sociedades Anónimas, es decir, mediante anuncio publicado en el 
‘Boletín Oficial del Registro Mercantil’ y en uno de los diarios de mayor circulación de la 
provincia, por lo menos quince días antes de la fecha fijada para su celebración.”
Tercero.–Régimen legal sobre convocatoria de Junta. El régimen actualmente vigente 
sobre convocatoria de Junta general en sociedades anónimas se encuentra recogido en 
el artículo 173 de la Ley de Sociedades de Capital, el cual ofrece redacción del siguiente 
tenor:
“Artículo 173.  Forma de la convocatoria.
1.  La Junta general será convocada mediante anuncio publicado en la página web 
de la sociedad si esta hubiera sido errada, inscrita y publicada en los términos previstos 
en el artículo 11 bis. Cuando la sociedad no hubiere acordado la creación de su página 
web o todavía no estuviera ésta debidamente inscrita y publicada, la convocatoria se 
publicará en el “Boletín Oficial del Registro Mercantil” y en uno de los diarios de mayor 
circulación en la provincia en que esté situado el domicilio social.
2.  En sustitución de la forme de convocatoria prevista en el párrafo anterior, los 
Estatutos podrán establecer que la convocatoria se realice por cualquier procedimiento 
de comunicación individual y escrita, que asegure la recepción del anuncio por todos los 
socios en el domicilio designado al efecto o en el que conste en la documentación de la 
sociedad. En el caso de socios que residan en el extranjero, los Estatutos podrán prever 
que sólo serán individualmente convocados si hubieran designado un lugar del territorio 
nacional para notificaciones.”
Cuarto.–Práctica habitual seguida por Tembleque, S.A. para convocar sus Juntas. 
Como se ha descrito en los hechos, Tembleque, S.A., nunca ha acudido al BORME ni a 
ningún diario para convocar a sus socios a una Junta de Accionistas. Por el contrario, (i) 
la convocatoria siempre se ha realizada mediante comunicación personal en las 44 
juntas' de accionistas que se han celebrado desde su constitución y (ii) asimismo, todas 
las juntas de accionistas, menos la celebrada el 26 de julio de 2019, en segunda 
convocatoria, que es objeto de debate, se han celebrado con el carácter de universal.
La Junta celebrada el día 26 de julio de 2019 es, por tanto, la primera que no se ha 
celebrado con carácter universal, sino que ha sido una Junta convocada. Y consta que 
todos y cada uno de los tres socios se han enterado de la existencia de la convocatoria 
de forma fehaciente y con la antelación necesaria. Es decir, la convocatoria se hace 
según la costumbre normal y usual de la sociedad de muchos años mediante notificación 
personal y en la que todos los socios están conformes en realizar dicha Junta.
Puede  afirmarse  que  los  socios  han  configurado,  por  vía  convencional  y 
consuetudinaria, un pacto sobre convocatoria de Junta mediante notificación personal a 
los socios que, al ser aceptado y aplicado recurrente y sistemáticamente por todos los 
socios, puede considerarse que ha adquirido la naturaleza de:
(i)  pacto  “de  organización”,  esto  es,  definitorio  del  régimen  de  organización  y 
funcionamiento de la sociedad –y no meramente definitorio de las relaciones entre los  es
socios–, o
(ii)  pacto oponible a la sociedad (esto es, no meramente eficaz entre los socios)  01ww
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sociales,
(iii)  Pacto expresamente admitido por el actual artículo 173.2 LSC (“en sustitución 
de  la  forma  de  convocatoria  prevista  en  el  párrafo  anterior,  los  Estatutos  podrán 
establecer que la convocatoria se realice por cualquier procedimiento de comunicación 
individual y escrita, que asegure la recepción del anuncio por todos los socios en el 
domicilio designado al efecto o en el que conste en la documentación de la sociedad”) y 
perfectamente compatible con el artículo 14 de los Estatutos, que contiene una remisión 
dinámica al régimen legal sobre convocatoria de Junta vigente en cada momento, al 
afirmar que “Todas las Juntas se convocarán con los requisitos de publicidad y plazo que 
señala la vigente Ley de Sociedades Anónimas”. Tal y como ha establecido la DGRN en 
repetidas  ocasiones  debe  entenderse  que  dicha  referencia  a  la  vigente  Ley  de 
Sociedades  Anónimas,  ha  de  entenderse  efectuada  a  la  legislación  que  en  cada 
momento regule las sociedades anónimas.
La  RDGRN  de  17  de  octubre  de  2018  (documento  12  adjunto)  contempla  un 
supuesto similar al que nos ocupa. A continuación, transcribimos los particulares que 
interesan de la referida resolución:
“4.  En el presente caso la regulación estatutaria de la forma y plazo de antelación 
de convocatoria de la Junta general es anterior a las referidas modificaciones legales y, 
aunque en la escritura calificada se modifica precisamente dicho régimen estatutario, 
debe ahora examinarse en qué medida quedaron afectados los Estatutos por la sucesión 
de normas legales desde que los mismos fueron aprobados.
Según el artículo 12 de los Estatutos en su redacción anterior a la modificación que 
se formaliza en la escritura calificada, «La convocatoria, tanto para las juntas generales 
ordinarias como para las extraordinarias, se realizará mediante anuncio publicado en el 
“Boletín Oficial del Registro Mercantil” y en uno de los diarios de mayor circulación en la 
provincia, por lo menos quince días antes de la fecha fijada para la celebración de la 
junta”. Y en el artículo 13 se dispone que “Cuando todas las acciones sean nominativas, 
el  órgano  de  Administración  podrá,  en  los  casos  permitidos  par  la  Ley,  suplir  las 
publicaciones establecidas legalmente por una comunicación escrita a cada accionista o 
interesado cumpliendo en todo caso lo dispuesto por la Ley”.
Al no modificar los socios sus Estatutos, se produjo la llamada adaptación legal que 
supone la derogación de los artículos de los Estatutos contrarios a las normas legales 
imperativas. Pero esa adaptación legal, dado el carácter normativo y contractual que 
tienen los Estatutos sociales, debe operar en consonancia con las normas dadas en 
materia de interpretación de la Ley y de los contratos. A la vista de estas normas para 
ver  si  la  adaptación  legal  afecta  a  la  totalidad  de  la  regulación  estatutaria  sobre 
convocatoria de la Junta o sólo a la parte que fuera incompatible con la norma legal 
vigente, ha de tenerse en cuenta que las normas “se interpretarán en relación con el 
contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que 
han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquéllas” 
(artículo  3.1  del  Código  Civil),  evolución  legislativa,  espíritu  y  finalidad  que  ya  ha 
quedado expresada. Por otra parte, en materia de interpretación contractual, de los 
artículos  1281  y  1282  del  Código  Civil  resulta  que  la  intención  evidente  de  los 
contratantes  prevalece  sobre  las  palabras,  que  para  “juzgar  de  la  intención  de  los 
contratantes,  deberá  atenderse  principalmente  a  los  actos  de  estos,  coetáneos  y 
posteriores al contrato” y de los artículos 1284 y 1285 resulta que si “alguna cláusula de 
los  contratos  admitiere  diversos  sentidos  –los  artículos  de  los  Estatutos  objeto  de 
debate– deberá entenderse en el más adecuado para que produzca efecto” y que las  e
“cláusulas de los contratos deberán interpretarse las unas por las otras, atribuyendo a las  bo
dudosa en sentido que resulte del conjunto de todas”. De la conjunción de los preceptos  01ww
ey x1a3m dinea dsuoss  Eresstualttuat ocsla, rloo  qquuee , qauli seiestraobnl efuceer  sluosst istuoicr iolas  floar mreag ulelagcailó dne d ceo nlovso caartrí clau loJsu n1ta2 
gdeianrieorsa ld e(p mubalyicoarc cioirnceusla ceinó ne el n“ Blao plertoínv inOcfiaic)i aplo dr elal  cRoemguisntricoa cMióenrc easnctrili”t ay a  elons  uancoc iodneis tloass 
si la ley lo permitiera y en los términos en que esta lo hiciera (“cumpliendo en todo caso
lo dispuesto por la Ley”, expresan los Estatutos), por lo que debe entenderse que los 
Estatutos disponen que la convocatoria se debe realizar por cualquier procedimiento de 
comunicación individual y escrita, que asegure la recepción del anuncio por todos los 
socios en el domicilio designado al efecto o en el que conste en la documentación de la 
sociedad.
Esta conclusión se ajusta al criterio mantenido de forma reiterada por esta Dirección 
General según el cual si existe un cambio normativo que afecte en todo o en parte al 
contenido de los Estatutos sociales es forzoso entender que la nueva norma se impone 
sobre su contenido por la simple fuerza de la Ley (vid. artículos 1255 del Código Civil 
y 28 de la Ley de Sociedades de Capital). Se exceptúa el supuesto en que la norma 
estatutaria  no  sea  incompatible  con  la  nueva  norma  legal  o  cuando  siendo  ésta 
dispositiva el contenido estatutario sea conforme con el ámbito de la disposición (vid. 
Resoluciones de 9 de febrero de 2012, 11 de febrero de 2013 y 25 de abril de 2016 en el 
ámbito específico de la convocatoria de Junta).
De este modo, si el régimen legal imperativo sobre el modo en que ha de llevarse a 
cabo  la  convocatoria  de  Junta  sufre  una  modificación  de  suerte  que  la  previsión 
estatutaria  en  parte  entra  en  contradicción  con  aquél,  prevalece  el  régimen  legal 
(Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 10 de octubre 
de 2012, 11 de febrero de 2013, 23 de mayo de 2014 y 13 de enero, 15 de junio y 21 de 
septiembre de 2015). Obviamente esta doctrina, como ha quedado expuesto, no debe 
afectar al total artículo cuestionado de los Estatutos sociales sino solamente a la parte 
del mismo que se encuentra en clara contradicción con el texto legal vigente. Ello 
también es conforme con el señalado aspecto contractual de los Estatutos sociales, pues 
supone simplemente una aplicación de las reglas interpretativas de los artículos 1283 
y 1289 del Código Civil sobre la no inclusión en el contrato de algo distinto a lo que los 
contratantes quisieron establecer, si hubieran previsto la modificación legislativa y sobre 
la menor afectación del contrato siempre que así resulte del interés de los contratantes y 
de la específica naturaleza del contrato.
Debe, por tanto, concluirse en el presente caso que la convocatoria realizada a todos 
los accionistas (quienes, por lo demás, han asistido en su totalidad) mediante correo 
certificado con aviso de recibo se ajusta a los Estatutos sociales interpretados según la 
regulación legal vigente y la finalidad y el espíritu de los mismos”.
Quinto.–Validez de Junta convocada por sistemas distintos de los estatutarios. Pero 
es que, aun cuando se considerase que no existe pacto alguno oponible a la sociedad 
consistente en convocatoria de Junta mediante comunicación personal a los socios, la 
propia DGRN ha admitido convocatorias de Junta mediante sistemas alternativos a los 
previstos en los Estatutos que aseguran el que todos los socios se den por enterados de 
la  convocatoria  de  la  Junta.  Es  significativa  la  RDGRN  de  22  de  mayo  de  2017 
(documento 13 adjunto), cuyos particulares más relevantes transcribimos a continuación:
“Como reiteradamente ha afirmado esta Dirección General, la previsión estatutaria 
sobre la forma de convocatoria de la Junta general debe ser estrictamente observada, 
sin que quepa la posibilidad de acudir válida y eficazmente a cualquier otro sistema. El 
derecho de asistencia a la Junta general que a los socios reconoce el artículo 93 de la 
Ley de Sociedades de Capital ha de ser integrado con el de ser convocados para ello, y 
no de cualquier forma, sino a través de la específicamente prevista a tal fin, en cuanto 
será la única a través de la que esperarán serlo y a la que habrán de prestar atención. 
Con  tales  requisitos  se  pretende  garantizar  al  socio  una  publicidad  que  le  permita  e
conocer,  con  la  suficiente  antelación,  las  cuestiones  sobre  las  que  es  llamado  a  bo
pronunciarse  y  reflexionar  detenidamente  sobre  el  sentido  del  voto  por  emitir.  No  01ww
porbasgtamnateti,s meno ,R teasmobluiécnió nh ad ea d2m4 itdideo n loav iinesmcbrirpec idóen  1d9e9 9lo se satecu ceerndtorso  tdoimreacdtivoos,  ecno nu neav idJeunnttea 
egsetnaeturatal ricaomnevnotcea, dpao rj ucduicaianltmo,e netne  dseinfi niotibvase, rvsaer sneo tilfaic óf oprmora  edl eJ uczognavdooc aatlo rsiao cifoij andoa 
asistente con una eficacia equivalente a la que hubiera tenido el traslado que le hubieran
hecho los Administradores por correo certificado, que era el procedimiento previsto en 
los  Estatutos.  En  tal  decisión  se  puso  de  relieve  la  indudable  conveniencia  del 
mantenimiento de la validez de los actos jurídicos, en la medida en que no lesionen 
ningún interés legítimo, así como la necesidad de facilitar la fluidez del tráfico jurídico, 
evitando la reiteración de trámites y costes innecesarios, que no proporcionen garantías 
adicionales  (cfr.  la  Sentencia  del  Tribunal  Supremo  de  5  de  marzo  de  1987  y  las 
Resoluciones de 2 y 3 de agosto de 1993). Y el mismo criterio ha sustentado este Centro 
Directivo con posterioridad (vid. Resoluciones de 29 de abril de 2000, 26 de febrero 
de 2004, 16 de abril y 26 de julio de 2005, 24 de enero de 2006 y 28 de febrero de 2014). 
Conforme  a  este  criterio,  en  el  presente  caso,  puesto  que  se  ha  comunicado  la 
convocatoria al socio mediante correo electrónico y éste ha reconocido paladinamente 
haberlo recibido con el contenido objeto de comunicación, cabe concluir que se han 
cumplido las garantías de información que sobre la convocatoria se pretende asegurar 
por las referidas normas legales y estatutarias, y así lo reconocen tanto los recurrentes 
como  el  mismo  Registrador,  y  la  misma  conclusión  puede  extenderse  a  la 
desconvocatoria  de  la  Junta,  sin  que  pueda  oponerse  el  hecho  de  que  el  socio 
destinatario de dicha comunicación alegue su irregularidad por no haberse realizado 
mediante correo electrónico firma electrónica sino mediante burofax, cuando es este 
último medio el utilizado por el mismo socio para solicitar del administrador que requiriera 
la presencia de notario para levantar acta de la Junta.
Admitida la desconvocatoria en la forma indicada, cabe recordar que, como ha 
puesto de relieve esta Dirección General, con cita de la Sentencia del Tribunal Supremo 
de 17 de marzo de 2004, entre otras de distintos tribunales (vid. Resolución de 28 de 
julio de 2014), debe entenderse que son nulos los acuerdos adoptados en Junta general 
que se celebre a pesar de mediar desconvocatoria por parte del órgano competente para 
llevar a cabo la convocatoria. Ante la falta de expreso tratamiento en la Ley, debe 
estimarse que el órgano competente para convocar la Junta puede desconvocarla, y que 
esta decisión forma parte de su haz de facultades”.
Sexto.–Nulidad de la Junta convocada bajo el sistema estatutario en supuestos de 
abuso de derecho. Por encima de todo lo anterior, tiene una relevancia clave en el caso 
que  nos  ocupa  la  sentencia  del  Tribunal  Supremo  510/2017  de  20  de  septiembre 
de 2017 (documento 14 adjunto), la cual declara nula una Junta general convocada 
mediante el sistema contemplado en los Estatutos, el cual coincide con el legal previsto 
en el artículo 173 LSC, esto es, anuncios en BORME y en un diario, por concurrir abuso 
de derecho en el socio-administrador convocante, dado que todas las juntas generales 
celebradas desde la constitución de la sociedad habían sido universales y lo usual era 
acordar verbalmente su celebración. En esta concreta Junta, el socio-administrador 
convocante  se  apartó  de  lo  que  hasta  entonces  había  sido  la  pauta  general  para 
convocar las juntas. El Tribunal Supremo considera que concurre abuso de derecho, 
pues  el  socio-administrador  convocarle  no  actuó  adecuadamente  cuando  rompió  el 
hábito seguido durante toda la vida de la sociedad, con la clara finalidad de que los 
socios minoritarios no se enteraran de la convocatoria y no pudieran asistir a la Junta, 
Junta en la que se acordó por el socio-administrador convocante el cese de la otra 
administradora solidaria.
Esta sentencia explica que el sistema de anuncios a veces puede utilizarse con el 
único objetivo de que no se enteren los socios y tomar las decisiones que les convenga a 
los convocarles,
En este sentido, si, en el caso que nos ocupa, la Junta hubiera sido convocada  e.
mediante el sistema literalmente recogido en el artículo 14 de los Estatutos sociales de  w.b
Tembleque, S.A. (esto es, anuncios en el BORME y en un diario) es seguro que los  01ww
shoeccihoos  yn oa sl ere hsuubltiaedraon c eonntteermadpola,d oo  apl omr elan osse netseten crieac duerrle Tnrtieb,u cnoanl dSuucpiernedmoo a 5l 1s0u pduee s2t0o  ddee 
sperepvtiiestmob erne  ldoes  2E0s1ta7t uretosse,ñ haudbai.e Lraa  sciodnov, opcoar ttoarniato r,e uanlizaa adcat ucaocniófonr mcoen, setxitcultuivsaiv adme eanbtues,o a d loe 
derecho por parte de los accionistas/consejeros convocantes, tras 44 Juntas convocadas 
mediante comunicación personal.
Por consiguiente, y más aún a la vista de lo apreciado por dicha sentencia, la 
convocatoria de la Junta de 26 de julio de 2019, efectuada en los términos en los que se 
hizo  (acuerdo  de  consejo  levantado  en  acta  de  presencia  ante  notario  del  que 
inequívocamente  han  tenido  constancia  los  tres  socios)  ha  sido  una  convocatoria 
totalmente garantista de los derechos de los socios, al haberse enterado los tres de 
manera fehaciente de la existencia de la Junta.
No creemos que se ajusta a derecho y no existe justificación razonable, invalidar la 
convocatoria por el mero hecho de no haber observado la formalidad de la publicación 
de anuncios en el BORME y en un diario.
La cuestión se aprecia con mayor  claridad realizando la siguiente reflexión: ha 
quedado  sentado  que  la  aplicación  exclusiva  del  sistema  de  convocatoria  que 
literalmente establece el artículo 14 de los Estatutos hubiera conducido a un resultado 
escasamente garantista de los derechos de los socios, pudiendo incluso haber dado 
motivos  suficientes  para  instar  la  nulidad  de  la  Junta,  en  base  a  los  argumentos 
esgrimidos en la precitada sentencia del Tribunal Supremo.
Por consiguiente, aun habiendo publicado anuncios en BORME y un diario, hubiera 
sido  de  todas  imprescindible  el  haber  asimismo  comunicado  personalmente  la 
convocatoria a los socios, para no alterar unilateral y sorpresivamente la práctica que se 
venía siguiendo en las últimas 44 Juntas celebradas desde 1987. En tal caso ¿que 
hubieran realmente aportado los anuncios en BORME y en un diario, más allá de un 
coste  y  una  formalidad  innecesarios?  No  resulta  justo  que  la  ausencia  de  dichas 
publicaciones, que en este caso no añaden nada, habiliten al Registro Mercantil a no 
inscribir los acuerdos adoptados en una Junta celebrada tras una convocatoria realizada 
conscientemente por los socios convocantes (D. M. y D. P.) y aceptada y por el socio 
asistente a la misma (D. M.).
Séptimo.–Finalidad de las normas sobre convocatoria de lenta general que contiene 
el artículo 173 de la Ley de Sociedades de Capital y consideraciones en el presente 
caso.  Como  se  afirma  en  la  Sentencia  del  Tribunal  Supremo  510/2017  de  20  de 
septiembre de 2017 reseñada (documento 14 adjunto), “las normas sobre convocatoria 
de Junta general que contiene el artículo, 173 de la Ley de Sociedades de Capital tienen 
como finalidad garantizar que los socios tengan conocimiento de la reunión que ha de 
celebrarse y de los asuntos a tratar, de modo que puedan ejercer sus derechos políticos, 
estableciendo al mismo tiempo un sistema que no impida en la práctica la efectividad de 
la convocatoria en aquéllos casos en que la sociedad esté conformada por un gran 
número de socios que llapa sumamente– dificultosa una notificación individual que deje 
constancia a todos y cada uno de ellos.”
En el caso que nos ocupa:
(i)  son precisamente los dos accionistas-consejeros-convocantes quienes voluntaria 
y libremente no asisten a la Junta, los que habían convocado ésta, en palabras del 
artículo 173 LSC, por un procedimiento de comunicación individual y escrita que aseguró 
la recepción del anuncio de convocatoria por todos los socios, es más, un procedimiento 
fehaciente, como es el acta notarial de presencia notificada por burofax al tercer socio;
(ii)  es el tercer socio, D. M., quien se da por enterado y asiste a la Junta, adoptando 
unos acuerdos que estaban comprendidos en el orden del día preparado y aceptado por 
los socios convocantes y por D. M. como socio convocado;
(iii)  el único interés digno de protección por el Registro Mercantil, suspendiendo la  e.
inscripción por invalidez de la convocatoria, sería el interés de un socio que no se  w.b
hubiese enterado de la convocatoria por no haberse seguido el sistema estatutario de  01ww
choan dveojcaadtoo rdiae;s pperorote egnid oe sat en icnagsúon,  seol chieoc. hEos  dmeá qsu, ep rnoob asbel ehmaeyan tese lgau uidtioliz daiccihóon  sdieslt esmisate, mnao 
hqaubei,t upaels ed ea  acopnavrtoacrsaeto rdiae l e(csotamtuutnairciaacmióenn tein pdriveivdiusatol),,  hnao v ehnaid oh eccohnos tistuinyoe ndaose eglu mraer dieol 
conocimiento de la misma por los socios. En definitiva, el pretender en el caso concreto
el  Registro  Mercantil  la  invalidez  de  la  convocatoria  por  inobservancia  del  sistema 
estatutario, no protege a ninguno de los socios, sino que les perjudica, al invalidar una 
Junta de la que todos estaban enterados (decidiendo libremente no asistir los propios 
accionistas que tomaron la iniciativa de convocar y ejercitando un derecho legítimo –el 
de asistencia– el único socio asistente) y en la que se adoptaron acuerdos tan relevantes 
y  necesarios  para  la  sociedad  como  la  renovación  de  los  cargos  de  Consejeros 
caducados y el aumento de capital para salir de la situación de causa de disolución y 
evitar así la responsabilidad de Administradores.
Octavo.–Inexigibilidad de que todas las juntas sean universales. No existe duda que 
no sería aceptable el argumento de que la Junta debiera haber sido universal, pues ello 
es inadmisible, al ser la regla de la unanimidad contraria al régimen de funcionamiento 
de los órganos colegiados. Es decir, no es admisible que D. M. y D. P., constituidos en 
Consejo, convocaran la Junta general de 26 de julio de 2019 bajo reserva mental o con 
sujeción a la condición que la Junta se celebrase como universal. Convocaron y el tercer 
socio (M.) tuvo conocimiento de dicha convocatoria y acudió a la misma con todo su 
derecho. El hecho de que D. M. finalmente decidiera no asistir a la Junta –alegando que 
no asistía su hermano P.– no puede perjudicar al socio D. M., que legítimamente ejercitó 
su derecho a asistir a una Junta válidamente convocada.
Noveno.–Respecto a La falta de acreditar la notificación fehaciente de cese de 
Secretario  del  Consejo  de  Administración  saliente.  Es  incorrecta  la  apreciación  de 
defecto de falta de notificación fehaciente de cese del Presidente y Secretario de la 
sociedad ya que, si bien no costaba el remite de la oficina de correos, si se aportaba el 
acta notarial de 15 de octubre de 2019 del Notario don Luis Calatayud Gallego de 
notificación  de  cese.  Se  aporta  dicha  escritura  con  los  acuses  de  correos 
correspondientes (documento 15 adjunto).
Décimo.–Respecto  del  error  material  cometido  en  la  certificación  inicial.  La 
calificación que actualmente recurrimos manifiesta que la subsanación practicada por la 
sociedad  en escritura de  fecha  15 de  octubre de  2019 aportada como documento 
número 2 respecto del nombramiento de los actuales Administradores, así como la 
modificación estatutaria, excede de lo que autoriza el artículo 212 de la Ley Hipotecaria 
respecto de la primera certificación:
Es cierto que la certificación de la Junta que se protocoliza inicialmente adolece de 
varios errores, que son subsanados en la certificación que se acompaña en la escritura 
de fecha 15 de octubre de 2019 (documento numero 2 aportado), pero entendemos que 
son perfectamente subsanables por los siguientes motivos:
1.°  Los acuerdos tomados son los que figuran en la certificación de rectificación y 
subsanación de errores cosa que nadie puede contradecir ya que en la Junta solo 
estaban presentes las personas que firman la certificación.
2.°  En ningún momento en la certificación del acta de la Junta se acuerda modificar 
los artículos 8, 12, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 27, y 28 de los Estatutos sociales que se 
refieren al sistema de administración de la sociedad.
Si se hubiese tomado la decisión de pasar del sistema de consejo de administración 
al de administrador único se hubiese acordado, por ser imprescindible, la modificación de 
estos  artículos  d  los  Estatutos  sociales  y  consecuentemente  hay  razón  más  que 
suficiente para apreciar el error material en la trascripción de la certificación,
3.°  La rectificación practicada es acorde con el orden del día fijado para la Junta.
Undécimo.–Respecto de la falta de informe de auditoría de la ampliación de capital.  oe.
Si bien es cierto que no se ha presentado el informe de auditor nombrado por el Registro  w.
cMarpéerdrucietaobnsat i l( easlr ottíbecruxetl ool a 3r ea0fp1ur noddbeiadl coRi óednae ld  Dleale  acLrueemyt oed nLete oSg dioseclali etcidvaaopd i1tea/s2l  0dd1ee0  l,aC  dasepo ic2tai eld)d,e a edjus c lidooem, bppioderon  seaal  cqqióuunee   dslaee    2020-8401n https://ww
solicitud de nombramiento de auditor la tiene que efectuar el órgano de administración
de la sociedad, cosa que no ha realizado por no tener sus miembros interés alguno en 
hacerlo, y por ello un defecto claramente subsanable con posterioridad.
Duodécimo.–Conclusiones. Como conclusión, considerarnos que la calificación del 
Registro Mercantil es errónea al no tener en cuenta varios aspectos esenciales:
1.°  Que  puede  considerarse  que,  en  Tembleque,  S.A.,  existe  una  norma  no 
plasmada en Estatutos, pero regularmente observada y oponible a la sociedad como 
norma integrante del régimen societario de funcionamiento de esta, de convocar Junta 
mediante comunicación personal. Dicha norma, no reflejada formalmente en Estatutos, 
es  perfectamente  admisible  por  el  artículo  173  LSC,  siendo  así  que  los  Estatutos 
sociales de Tembleque, S.A., contienen una remisión dinámica a la regulación vigente en 
cada  momento  sobre  convocatoria  de  Junta  en  la  legislación  reguladora  de  las 
sociedades anónimas.
2.°  Que aunque no se aceptase la existencia de dicha norma, lo cierto es que la 
DGRN ha admitido convocatorias de juntas por medios diferentes a los previstos en los 
Estatutos, cuando conste que todos los socios se han dado por enterados de la Junta, 
cosa que ha ocurrido en el caso de Tembleque, S.A., en el que dos de los socios 
mediante  acta  notarial  de  presencia,  han  acordado,  constituidos  en  Consejo  de 
Administración, convocar la Junta, quedando en ese acto enterados como accionistas y 
notificando al otro accionista la convocatoria por burofax, dándose este por convocado y 
asistiendo a la Junta.
Que la convocatoria a una Junta de accionistas está dirigida única y exclusivamente 
a que todos sus miembros se enteren de la fecha de la misma y los asuntos a tratar, 
cosa que se ha cumplido en este caso y de manera inequívoca y fehaciente.
4.°  Que la publicación en el BORME y en los anuncios de los diarios es una norma 
formalista y poco útil en una sociedad como Tembleque, S.A., ya que ni los socios de 
Tembleque, S.A., ni nadie en general lee ni el BORME ni los anuncios de los diarios y, 
por  lo  tanto,  no  es  garantía  de  que  la  Convocatoria  llegue  a  conocimiento  de  los 
interesados, único objetivo de la misma.
5.º  Que la utilización del BORME y los anuncios en los diarios puede ser en 
algunos  casos  una  argucia  o  sistema  para  precisamente,  tras  una  apariencia  de 
legalidad, ocultar a todos los accionistas la celebración de la misma. Si se hubiera 
seguido exclusivamente este sistema se hubiera incurrido en el supuesto de hecho que 
el Tribunal Supremo sanciona con nulidad en la sentencia comentada (documento 14). 
Por  tanto,  el  órgano  de  administración  ha  sido  diligente  convocando  mediante 
comunicación personal.
6.º  Que, en este caso concreto, la convocatoria se hace personalmente de forma 
notarial por dos de los accionistas, que son el Presidente y el Secretario del Consejo de 
Administración (y que se constituyen en Consejo a tal efecto), al único otro accionista.
7.°  Que no tiene nada que ver si asistieron o no a la Junta todos los accionistas ya 
que precisamente los que no asistieron eran los convocantes, pero la Junta se celebró 
en el lugar fecha y hora en que fue convocada. Lo cierto es que la Junta se celebró.
8.º  Que el Registro Mercantil no puede ir contra sus propios actos declarando 
inválida una convocatoria de Junta de accionistas mientras que por otro lado considera 
que la Junta se celebrada válidamente (depósito de cuentas).
9.º  Que precisamente las cuentas que fueron aprobadas dejan acreditado que la 
sociedad  está  en  causa  de  disolución  como  consecuencia  de  las  perdidas  en  su 
patrimonio neto, razón por la que en base al artículo 363.e de la Ley de Sociedades de 
Capital es imprescindible ampliar el capital o disolver la sociedad. e.
10.°  Que sostener la invalidez de la convocatoria e impedir la inscripción de los  w.b
acuerdos adoptados en la Junta, el Registro provoca inevitablemente la responsabilidad  01ww
pSeorcsioendaald eys  pdaet rCimaopnitiaall  pdoer  elonsc oAndtrmarinseis tlraa dsoorceiesd aedn  ebna scea uasla  adretí cduilsoo lu2c3i6ó nd. eT élan gLaesye  edne 
cduiseonlutac ióqnu.e  la  ampliación  de  capital  acordada  en  la  Junta  eliminaba  la  causa  de
11.°  Igualmente, sostener la invalidez de la convocatoria e impedir la inscripción de 
los acuerdos adoptados en la Junta, impide la renovación de los cargos de Consejero 
caducados, al haber transcurrido más de cinco años desde su nombramiento, dejando a 
la sociedad sin cargos vigentes.
Por todo lo anterior, solicito:
Se tenga por recurrida la nota de calificación a la que el presente recurso se contrae 
y sea ordenada la íntegra revocación de la calificación de las escrituras reseñadas al 
principio del presente recurso, efectuada por la Registradora Mercantil de Madrid. Dña. 
Concepción Rodríguez Gil y confirmada por la Registradora de la Propiedad de Aranjuez. 
Dña. Mercedes Palencia Alacid, de forma que se considere válida le convocatoria de la 
Junta General de Socios de Tembleque, S.A., realizada por el Consejo de Administración 
con fecha 25 de mayo de 2019, ulteriormente complementada según se ha acreditado y 
celebrada en segunda convocatoria el día 26 de julio de 2019. y se inscriban, al menos, 
los acuerdos que constan en el punto 1.° y 20 del orden del día de la convocatoria inicial, 
así corno en los puntos 1.°, 2.º, 4.° y 5.° del complemento de convocatoria, a saber:
Convocatoria inicial:
1.°  Aprobación de las cuentas anuales, aplicación del resultado y censura de la 
gestión social.
2.°  Nombramiento de Consejeros.
Complemento de convocatoria:
1.º  Aprobación del aumento de capital social de la Sociedad por compensación de 
créditos (artículo 301 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital).
2.°  Ampliación de capital con nuevas aportaciones.
4.°  Modificación del artículo 5.º de los Estatutos de la sociedad “Capital social”.»
V
La Registradora Mercantil emitió informe y elevó el expediente a esta Dirección 
General de los Registros y del Notariado, el 12 de febrero de 2020.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 18 y 20 del Código de Comercio; 93, 164, 163 y 172 de la Ley de 
Sociedades de Capital; 326 de la Ley Hipotecaria; Sentencias del Tribunal Supremo 
de 22 de mayo de 2000 (Sala Tercera) y 5 de marzo de 1987 y las Resoluciones de 2 y 3 
de agosto de 1993, 24 de noviembre de 1999 y 30 de enero de 2001 (Sala Primera); y 
las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 15 de 
octubre de 1998, 26 de julio de 2005, 27 de julio de 2006, 22 de mayo de 2008, 5 de 
febrero de 2009, 8 y 18 de enero y 23 de diciembre de 2010 y 13 de enero de 2011, 8 de 
febrero, 9 y 13 de marzo, 4 de abril, 8 y 22 de mayo y 29 de noviembre de 2012, 16 de 
febrero, 21 de junio y 28 de agosto de 2013, 26 de febrero y 5 de marzo de 2014, 1 de 
abril, 5 y 15 de junio, 7 y 21 de septiembre y 1 de octubre de 2015, 25 de abril y 2 de 
noviembre de 2016, 22 de mayo, 14 y 21 de julio y 13 de septiembre de 2017, 10 de  s
septiembre y 17 y 31 de octubre de 2018 y 9 y 30 de enero de 2019. oe.
1.  Para resolver la cuestión central que se plantea en el presente recurso debe  01ww
qdueeci dciorsnes isdie eras  qou neo l afu fnodramdaa  dlae  ccaolnifivcoaccaiótonr inae dgea tilvaa  Jduen tlaa  gReengeisratrla qduoera h ma eardcaonpttial dpoo rl olas 
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de administración que consta en acta notarial que se cita) no se ajusta a lo establecido
en el artículo 14 de los Estatutos sociales (anuncio publicado en el «Boletín Oficial del 
Registro Mercantil» y en uno de los diarios de mayor circulación en la provincia). Añade 
la Registradora que en dicha certificación de acuerdos sociales se alude también a una 
ampliación  del  orden  del  día  solicitada  con  base  en  el  artículo  172  de  la  Ley  de 
Sociedades de Capital, que, según se manifiesta, fue aceptada y confirmada mediante 
correo electrónico enviado por el Presidente, sistema de notificación no recogido en 
Estatutos  y  sin  que  se  aporte  justificación  alguna  de  la  publicación  del  referido 
complemento de la convocatoria.
2.  Con carácter previo debe recordarse que el artículo 326 de la Ley Hipotecaria 
establece lo siguiente: «El recurso deberá recaer exclusivamente sobre las cuestiones 
que  se  relacionen  directa  e  inmediatamente  con  la  calificación  del  Registrador, 
rechazándose cualquier otra pretensión basada en otros motivos o en documentos no 
presentados en tiempo y forma».
Ha sido reiterada doctrina de la Dirección General de los Registros y del Notariado 
(vid., por todas resolución de 14 de julio de 2017), basada en el contenido del citado 
precepto legal y en la doctrina del Tribunal Supremo (vid. Sentencia –Sala Tercera– 
de 22 de mayo de 2000), que el objeto del recurso contra la calificación negativa del 
Registrador  no  es  el  asiento  registral  sino  el  propio  acto  de  calificación  de  dicho 
funcionario, de manera que se trata de declarar si esa calificación fue o no ajustada a 
Derecho. El hecho de que el objeto del recurso contra la calificación negativa del 
Registrador no sea el asiento registral sino el propio acto de calificación de dicho 
funcionario tiene importantes consecuencias, entre ellas que, por imperativo del citado 
artículo  326  de  la  Ley  Hipotecaria,  debe  rechazarse  en  el  recurso  cualquier  otra 
pretensión basada en otros motivos o en documentos no presentados en tiempo y forma 
(vid., por todas, las Resoluciones de 27 de julio de 2006, 22 de mayo de 2008, 5 de 
febrero de 2009, 8 y 18 de enero y 23 de diciembre de 2010 y 13 de enero de 2011, 21 
de junio y 28 de agosto de 2013 y 7 de septiembre y 1 de octubre de 2015). Y, según la 
doctrina reiterada del mismo Centro Directivo, el recurso no es la vía adecuada para 
tratar de subsanar los defectos apreciados por el Registrador, sin perjuicio de que los 
interesados puedan volver a presentar los títulos cuya inscripción no se admitió, en unión 
de los documentos aportados durante la tramitación del recurso, a fin de obtener una 
nueva calificación (cfr., por todas, las Resoluciones de esta Dirección General de 21 de 
julio de 2017, 31 de octubre de 2018 y 30 de enero de 2019). Por consiguiente, no han 
de ser tenidos en cuenta aquellos documentos que acompañen al escrito –según se 
indica en el informe del Registrador, meras fotocopias–, y no se presentaron al inicio del 
procedimiento registral que culminó con la calificación que ahora se impugna. Así ocurre 
en el presente caso, entre otros documentos, con la copia del acta notarial del consejo 
en que se convocó la Junta general y con la copia simple del acta de notificación al 
Secretario de consejo saliente de su cese acordado en dicha Junta.
3.  Respecto del fondo del recurso, es también doctrina reiterada de este Centro 
Directivo  que,  existiendo  previsión  estatutaria  sobre  la  forma  de  llevar  a  cabo  la 
convocatoria de Junta dicha forma habrá de ser estrictamente observada, sin que quepa 
la posibilidad de acudir válida y eficazmente a cualquier otro sistema, goce de mayor o 
menor publicidad, incluido el legal supletorio (cfr., entre otras, Resoluciones de 15 de 
octubre de 1998, 15 de junio y 21 de septiembre de 2015, 25 de abril de 2016, 17 de 
octubre de 2018 y 9 de enero de 2019, entre otras), de suerte que la forma que para la 
convocatoria hayan establecido los Estatutos ha de prevalecer y resultará de necesaria 
observancia cualquiera que la haga, incluida por tanto la convocatoria judicial o registral. s
El derecho de asistencia a la Junta general que a los socios reconoce el artículo 93  oe.
de la Ley de Sociedades de Capital ha de ser integrado con el de ser convocados para  w.
ello, y no de cualquier forma, sino a través de la específicamente prevista a tal fin, en  01ww
acuteannctioó ns.e rCáo lna  túanleicsa  rae qturaisviétoss  dsee  lap rqeuteen deesp egraarraánnti zsaerr loa l ys oac liao  quunea  hpaubbrláicnid daed  pqruees taler 
ppreornmuitnac icaorsneo cye rre, fcleoxni olan asru dfiectieenntidea amnetenltaec sióonb,r ela se l csueensttidioon edse l svoobtore p loars e qmuieti re.s llamado a  BOE-A-cable e
Estas afirmaciones se apoyan en el hecho de que los Estatutos son la norma 
orgánica a la que debe sujetarse la vida corporativa de la sociedad durante toda su 
existencia, siendo su finalidad fundamental la de establecer las reglas necesarias para el 
funcionamiento corporativo de la sociedad. En este sentido se ha dicho que los Estatutos 
son la «carta magna» o régimen constitucional y de funcionamiento de la sociedad (vid. 
Resolución de 16 de febrero de 2013).
Este carácter normativo de los Estatutos y su imperatividad ha sido puesto de 
manifiesto por la jurisprudencia del Tribunal Supremo en diversas ocasiones, como las 
clásicas decisiones de 1958 y 1961 confirmadas por otras posteriores (vid. Sentencia 
de 30 de enero de 2001).
En el presente caso es indudable que no se acredita que tanto la convocatoria de la 
Junta general con el correspondiente orden del día como el complemento de dicha 
convocatoria se haya realizado con observancia de los requisitos estatutarios (anuncio 
publicado en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil» y en uno de los diarios de mayor 
circulación en la provincia).
No cabe acoger las alegaciones del recurrente sobre el criterio adoptado en la 
Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 17 de octubre 
de 2018, pues se refiere a un supuesto claramente diferente al del presente recurso, 
toda vez que se entendió que, al permitir los Estatutos que el órgano de administración 
pudiera,  en  los  casos  permitidos  par  la  Ley,  suplir  las  publicaciones  establecidas 
legalmente  por  una  comunicación  escrita  a  cada  accionista  o  interesado,  debía 
interpretarse  que,  después  de  las  modificaciones  legales  a  las  que  no  se  habían 
adaptado tales Estatutos, los Estatutos disponían que la convocatoria se debía realizar 
por  cualquier  procedimiento  de  comunicación  individual  y  escrita,  que  asegurara  la 
recepción del anuncio por todos los socios en el domicilio correspondiente.
Tampoco es posible la aplicación de la doctrina relativa a la conservación de actos 
societarios aquejados de defectos formales no relevantes. Este Centro Directivo en su 
Resolución de 26 de julio de 2005, con apoyo de doctrina anterior (la Sentencia del 
Tribunal Supremo de 5 de marzo de 1987 y las Resoluciones de 2 y 3 de agosto de 1993 
y 24 de noviembre de 1999), tiene declarado que pueden conservarse aquellos acuerdos 
adoptados aun cuando existan defectos no sustanciales en la convocatoria o adopción 
en la medida en que no lesionen ningún interés legítimo, facilitando la fluidez del tráfico 
jurídico y evitando la reiteración de trámites y costes innecesarios que no proporcionen 
garantías adicionales (vid. igualmente, Resoluciones de 8 de febrero y 29 de noviembre 
de 2012 y 26 de febrero de 2014). La falta de acreditación de la convocatoria de la Junta 
general conforme a Estatutos a uno de los tres socios –que, además manifiesta su 
oposición a que se celebre la Junta con carácter de Junta universal– hace imposible la 
aplicación de esta doctrina por la evidente lesión de los derechos individuales del socio 
que aquella falta comporta. Cuestión distinta es que, atendiendo a las circunstancias, 
pudiera entenderse que existiera abuso de derecho en las actuaciones de alguno los 
interesados, pero se trata de una cuestión ajena al estrecho marco del procedimiento 
registral  y  su  valoración  corresponde  a  los  tribunales  en  el  procedimiento  judicial 
correspondiente.
4.  Finalmente,  en  relación  con  la  alegación  del  recurrente  sobre  la  supuesta 
incongruencia  entre  la  calificación  ahora  recurrida  y  otra  anterior  emitida  por  otro 
Registrador mercantil que ha desembocado en la práctica del depósito de cuentas, debe 
recordarse que el Registrador, al llevar a cabo el ejercicio de su competencia calificadora 
de los documentos presentados a inscripción, no está vinculado por las calificaciones  s
llevadas a cabo por otros registradores o por las propias resultantes de la anterior  oe.
presentación  de  la  misma  documentación,  y  ello  por  aplicación  del  principio  de  w.
independencia en ese ejercicio de su función (cfr., por todas, las Resoluciones de la  01ww
yD i2re2c cdieó nm Gayeon edrael  2d0e1 2lo,s 5 R deeg imstarorzso y  ddee l2 N01o4ta, r1ia ddoe  daeb r9il,  y5  1d3e  djuen mioa yrz 7o , d4e  dsee patbieriml yb re8 
ddee  22001185),. 2 de noviembre de 2016, 13 de septiembre de 2017 y 10 de septiembre  BOE-A-cable e
5.  Por las consideraciones anteriores debe concluirse en la revocación del defecto 
invocado por la Registradora respecto de la convocatoria de la Junta general, lo que 
hace superfluo entrar en las restantes cuestiones a que se refiere el recurrente.
En  consecuencia,  esta  Dirección  General  ha  acordado  desestimar  el  recurso  y 
confirmar la calificación recurrida.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la provincia del lugar donde radica el inmueble 
en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del 
juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de la Ley 
Hipotecaria.
Madrid, 20 de marzo de 2020.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.