BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 182 Sábado 31 de julio de 2021 Sec. TC.   Pág. 93419
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
13022 Sala Segunda. Sentencia 138/2021, de 29 de junio de 2021. Recurso de 
amparo 6915-2019. Promovido por la Universidad Católica de Valencia San 
Vicente Mártir en relación con las órdenes de la Consellería de Educación, 
Investigación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana 24/2017, de 21 
de junio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
las  becas  de  promoción  de  la  excelencia  académica  del  alumnado 
universitario  de  las  universidades  públicas  y  de  los  centros  adscritos  al 
Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunitat Valenciana, y 
27/2017, de 3 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras de las 
ayudas  para  complementar  las  becas  para  la  actividad  de  movilidad  de 
estudiantes  por  estudios,  del  programa  Erasmus+,  pertenecientes  a 
instituciones públicas de educación superior de la Comunidad Valenciana; así 
como las resoluciones dictadas por las salas de lo contencioso-administrativo 
del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
Valenciana, en la impugnación de aquellas. Vulneración del derecho a la 
igualdad en relación con el derecho a la creación de centros docentes: 
nulidad de los preceptos reglamentarios que limitan el disfrute de becas a los 
alumnos  matriculados  en  universidades  públicas  integrantes  del  sistema 
universitario valenciano (STC 191/2020). Voto particular.
ECLI:ES:TC:2021:138
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por la magistrada doña 
Encarnación Roca Trías, presidenta, y los magistrados don Juan Antonio Xiol Ríos, don 
Antonio Narváez Rodríguez y don Ricardo Enríquez Sancho, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 6915-2019, promovido por la Universidad Católica de 
Valencia San Vicente Mártir, contra la Orden 24/2017, de 21 de junio, de la Consellería 
de Educación, Investigación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana, por la que 
se establecen las bases reguladoras para la concesión de las becas de promoción de la 
excelencia académica del alumnado universitario de las universidades públicas y de los 
centros  adscritos  al  Instituto  Superior  de  Enseñanzas  Artísticas  de  la  Comunitat 
Valenciana. Asimismo, contra la Orden 27/2017, de 3 de julio, de la Consellería de 
Educación, Investigación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana, por la que se 
establecen las bases reguladoras de las ayudas para complementar las becas para la 
actividad  de  movilidad  de  estudiantes  por  estudios,  del  programa  Erasmus+, 
pertenecientes  a  instituciones  públicas  de  educación  superior  de  la  Comunidad  e.e
Valenciana. Igualmente, contra la sentencia núm. 441/2018, de 8 de noviembre, dictada  b
por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior  022ww
pdreo teJuccsitóicnia d ed ed elrae cChoosm fuunniddaamd eVnatalelensc inaúnma,.  2re8c6a-2íd0a1 7e yn  aecul mpurolacdeod imnúiemn.t o3 0e8s-2p0e1c7ia, l qudee 
uhnai vedresisdeasdti mcoandtora  deel terrmecinuarsdoo s pcroencteepntcoioss doe-a ldams icniitsatdraatsiv óor deinnteesrp; uye, sfitnoa lmpeonr te,a cqounetlrlaa 
las providencias, de 13 de junio y de 16 de octubre de 2019, de la Sección Primera de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que, respectivamente, han 
inadmitido a trámite el recurso de casación preparado por la demandante contra la 
precedente sentencia y el incidente extraordinario de nulidad de actuaciones, promovido 
contra esta última resolución. Ha sido parte la Generalitat Valenciana. Ha intervenido el 
Ministerio Fiscal. Ha sido ponente el magistrado don Antonio Narváez Rodríguez.
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito que tuvo entrada en el registro de este tribunal el día 28 de 
noviembre de 2019, la procuradora de los tribunales doña Ana Lázaro Gogorza, en 
nombre y representación de la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir, 
defendida  por  el  letrado  don  Gonzalo  Fernández  de  Arévalo,  interpuso  recurso  de 
amparo  contra  las  órdenes  de  la  Generalitat  Valenciana  y  contra  las  resoluciones 
judiciales  que  se  citan  en  el  encabezamiento,  por  vulneración  de  sus  derechos 
fundamentales a la igualdad ante la ley (art. 14 CE), a la educación (art. 27 CE), a la 
libertad religiosa (art. 16 CE) y a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE).
2.  La demanda trae causa de los siguientes hechos:
a)  En el «Diario Oficial de la Generalitat Valenciana» («DOGV») núm. 8069, del 
día 23 de junio de 2017, apareció publicada la Orden 24/2017, de 21 de junio, de la 
Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana, 
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de las becas de 
promoción de la excelencia académica del alumnado universitario de las universidades 
públicas y de los centros adscritos al Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la 
Comunitat Valenciana (en lo sucesivo, la Orden 24/2017).
En  lo  que  se  refiere  a  este  procedimiento  de  amparo,  los  arts.  1  y  2  de  la 
Orden 24/2017 regulan: (i) el «objeto y financiación» de las convocatorias de becas 
«para la promoción de la excelencia académica destinadas a quienes hayan concluido 
estudios de grado en las universidades públicas de la Comunitat Valenciana y estudios 
superiores en enseñanzas artísticas en centros de titularidad pública adscritos al Instituto 
Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunitat Valenciana […]»; (ii) bajo la rúbrica 
«Personas  beneficiarias»  de  aquellas  becas  los  alumnos  de  postgrado  de  las 
enseñanzas universitarias anteriormente descritas, que hubieran cursado sus estudios 
en las citadas universidades públicas y centros adscritos, y (iii) igualmente, en el art. 4 se 
establecen los «requisitos de las personas beneficiarias», así como en los arts. 6 y 7 se 
dispone, respectivamente, el régimen jurídico del «sistema de valoración» de las becas y 
la comisión técnica encargada de comprobar el cumplimiento de los requisitos de los 
solicitantes, así como de la valoración de la afinidad de los cursos o másteres solicitados 
con los estudios realizados.
También, en el posterior núm. 8077, del día 5 de julio siguiente, apareció publicada la 
Orden 27/2017, de 3 de julio, de la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y 
Deporte de la Generalitat Valenciana, por la que se establecen las bases reguladoras 
para complementar las becas para la actividad de movilidad de estudiantes por estudios 
del programa Erasmus+, pertenecientes a instituciones públicas de educación superior 
de la Comunitat Valenciana (en adelante, la Orden 27/2017). Son de interés para este 
recurso  de  amparo  los  siguientes  preceptos  de  esta  orden:  (i)  el  art.  1.1  de  esta 
disposición regula el objeto de esta orden, que es el de «establecer las bases por las que 
han  de  regirse  las  convocatorias  de  ayudas  para  complementar  las  becas  para  la  es
actividad  de  movilidad  de  estudiantes  por  estudios,  del  programa  Erasmus+,  bo
pertenecientes  a  las  universidades  públicas  que  integran  el  sistema  universitario  022ww
vmcaaol isloIenmrndsactiniistaua,n tcyooi ó ,pS naau  rdplaaee sle r sisoqitsruu teded imeah naaEtc enuessn  eridveñeefae rnesrezintnaascsreii oñaA a vrentaílz slaeatirnsct cíacaisaur tnldíosoe t,2i  cly aad  dseC e sol aulmo pLsue encryieiot an4rett/ r2sVo0 sad0 leep7 nú,l ocbdsileai cc no9eas n»d ta;er do (fissie)c  bareridtleo sarscor rt,ai. t d o2leas,     OE-A-2021-13able en https://
bajo la rúbrica «Beneficiarios», que se refiere a los destinatarios de aquellas becas, que
son  los  alumnos  a  que  hace  referencia  el  art.  1.1  de  esta  orden,  anteriormente 
enunciado, y (iii) igualmente, en el art. 3 se regulan los requisitos que habrán de reunir 
los beneficiarios, mientras que el art. 4 regula las solicitudes que inician el procedimiento 
de concesión de las ayudas. En ambos casos, se realiza también una remisión expresa a 
lo dispuesto en el art. 1.1 de esta orden.
b)  No  estando  conforme  con  las  anteriores  disposiciones  generales,  la 
representación procesal de la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir, 
interpuso  sendos  recursos  contencioso-administrativos  contra  las  órdenes  24/2017 
y  27/2017,  a  través  del  procedimiento  especial  de  defensa  de  los  derechos 
fundamentales, cuyo conocimiento correspondió a la Sección Cuarta de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  la  Comunidad 
Valenciana, que quedaron registrados con los núms. 286-2017 y 308-2017 de los de su 
clase, siendo acumulado el segundo al primero por medio del auto de 13 de noviembre 
de 2017.
En sus recursos, la parte se quejaba de la eventual vulneración del principio de 
igualdad ante la ley (art. 14 CE), al haber excluido de esta convocatoria de becas a los 
alumnos de postgrado y a los que aspiraran a integrarse en el programa Erasmus+, que 
hubieran  cursado  sus  estudios  en  las  universidades  privadas  de  la  Comunidad 
Autónoma Valenciana, sin que se hubiera justificado el cambio operado, frente a la 
anterior normativa que no contenía esta discriminación. Igualmente, se alegaba en el 
escrito  de  interposición  del  recurso  la  afectación  de  los  derechos  a  la  libertad  de 
enseñanza y educación (art. 27 CE) y, con relación a la propia demandante, que es una 
universidad de la Iglesia católica, a la libertad religiosa (art. 16 CE).
Por medio de auto de 22 de septiembre de 2017, la Sala de instancia delimitó el 
objeto de los recursos acumulados, de tal manera que excluyó de su conocimiento las 
alegadas vulneraciones de los derechos a la libertad de enseñanza y educación y a la 
libertad religiosa, restando como único objeto de su enjuiciamiento la del principio de 
igualdad ante la ley (art. 14 CE). Recurrida en reposición, tanto por la entidad educativa 
ahora  demandante  de  amparo,  como  por  la  Generalitat  Valenciana,  que  se  había 
personado como parte demandada en el procedimiento, la Sala dictó nuevo auto de 22 
de octubre de 2017, desestimando ambos recursos. En consecuencia, la demanda del 
recurso contencioso-administrativo se refirió en exclusiva a la infracción de su derecho a 
la igualdad ante la ley (art. 14 CE).
Finalmente, la Sala dictó la sentencia núm. 441/2018, de 8 de noviembre, por la que 
desestimó el recurso.
En su resolución, la Sala apreció la falta de la legitimación ad causam, que había 
propuesto la Generalitat Valenciana, entendió que la universidad recurrente no era la 
titular de los derechos a la reclamación de las becas. Asimismo, completó el tribunal su 
argumentación desestimatoria de la queja por vulneración del principio de igualdad ante 
la ley, haciendo cita expresa de otras sentencias anteriores de la misma Sala, aunque de 
distinta Sección (en concreto, la Quinta), en referencia a la sentencia de 18 de octubre 
de 2017, que había señalado que «no se trata de cantidades que la administración 
facilite a los centros universitarios públicos o privados, sino que se trata de cantidades 
que la Administración proporciona a los propios alumnos […] la Universidad carece de la 
facultad de representación de sus alumnos, ya que el objeto debatido es un derecho que 
se ostenta con carácter personal y, dependiendo del tipo de beca de que se trate, por 
una serie de circunstancias que deben concurrir en el solicitante también de forma 
personal, no por el mero hecho de ser alumno universitario, siendo este el requisito que  s
constituye –exclusivamente– el punto de partida o la determinación subjetiva general del  oe.
destinatario de aquellas, nunca el beneficiario concreto por el mero hecho de serlo». w.
Completa  su  argumentación  el  tribunal  rechazando  otros  argumentos  022ww
rceosmoplulecimóne ndtaer ieosst ea rleecguardsoos  dep oarm  lpaa rpoa (rvteu lnreercaucriróenn tdee lq purein cnipoi os doen  croenlefivaannztae sle gpíatirma a lay 
desatención de los dictámenes del Consejo Consultivo de la Generalitat núm. 352/2017
y 370/2017) y termina desestimando el recurso interpuesto, con imposición de costas a 
la universidad recurrente.
c)  Contra la anterior sentencia, la universidad preparó recurso de casación, que la 
Sala de instancia tuvo por preparado en virtud de auto de 10 de enero de 2019, pero la 
providencia de 13 de junio siguiente, de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo  del  Tribunal  Supremo,  acordó  inadmitir  a  trámite  el  recurso  por 
incumplimiento de las exigencias que el artículo 89.2 f) de la Ley reguladora de la 
jurisdicción contencioso-administrativa (LJCA) impone para el escrito de preparación; en 
particular, por falta de fundamentación suficiente de la concurrencia de alguno o algunos 
de los supuestos que, con arreglo a los apartados 2 y 3 del artículo 88, permiten apreciar 
el interés casacional objetivo y la conveniencia de un pronunciamiento de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.
d)  La  universidad  promovió  incidente  extraordinario  de  nulidad  de  actuaciones 
contra la anterior providencia. En su escrito alegó, como nueva vulneración de derechos 
fundamentales, las de sus derechos a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas 
las  garantías.  Igualmente,  reiteraba  en  el  escrito  las  ya  alegadas  vulneraciones  al 
principio de igualdad ante la ley, a la libertad de enseñanza y educación y a la libertad 
religiosa.
e)  La providencia de 16 de octubre de 2019, dictada por la Sección Primera de la 
Sala  de  lo  Contencioso-Administrativo  del  Tribunal  Supremo,  inadmitió  a  trámite  el 
incidente de nulidad de actuaciones.
En su resolución, el Tribunal Supremo detalla las razones por las que entiende que 
procede la inadmisión del recurso. A tal fin, destaca que la parte ha incumplido el 
requisito del art. 89.2 f) LJCA, en aplicación del art. 90.4 b) LJCA. Añade que, aunque la 
recurrente ha invocado hasta varios supuestos de interés casacional objetivo, «en todos 
los casos se trata de alegaciones genéricas, que no profundizan en la argumentación y 
que no lo vinculan con el debate procesal concreto, indicando cuál sería la cuestión de 
interés casacional objetivo sobre la que este tribunal estaría llamado a pronunciarse», lo 
que  no  queda  desvirtuado  en  el  escrito  planteando  el  incidente  de  nulidad  de 
actuaciones.
Por último, la providencia descarta la vulneración del derecho a la tutela judicial 
efectiva pues entiende que los argumentos de la recurrente «constituyen una mera 
discrepancia con el sustento jurídico de la providencia que se impugna», sin que se haya 
de  volver  a  examinar  en  este  trámite  lo  que  ya  fue  enjuiciado  y  resuelto  por  la 
providencia de inadmisión del recurso de casación.
3.  La demanda de amparo identifica las disposiciones generales administrativas y 
las resoluciones judiciales recurridas, haciendo una pormenorizada descripción de los 
antecedentes  del  caso,  entre  los  que  cita  expresamente  diferentes  pasajes  de  los 
dictámenes  núms.  352/2017  y  370/2017  del  Consejo  Consultivo  de  la  Generalitat 
Valenciana  para  el  apoyo  de  sus  pretensiones.  Tales  quejas  las  centra,  de  modo 
esencial, en la eventual discriminación sufrida por la recurrente y por el resto de las 
universidades privadas católicas de la Comunidad Valenciana, así como por los alumnos 
de  las  mismas,  por  haber  quedado  excluidas  de  la  convocatoria  de  becas  de  la 
Generalitat Valenciana.
A tal fin, sustenta su recurso en la alegada vulneración de los siguientes derechos 
fundamentales:
a)  En primer lugar, denuncia la infracción de su derecho a la igualdad ante la ley  e
(art. 14 CE), que imputa directamente a las órdenes 24/2017 y 27/2017. Señala, al  bo
respecto, que las órdenes recurridas establecen un trato desigual de la recurrente con  022ww
rinetsrpoedcutcoe  au nlaas  duinfeivreenrsciidaa «daersb pitrúabrliiac»a,s  adl ee xlac lCuior ma ulansid audn ivVearlseindcaidaensa ,p priuveasd,a as  suub iecandteansd eenr, 
peostsetg rtaedrroitso ryio e satuudtoiannótmesic qou ed esle  arécgoijmane na l pdreo gcraomncae sEiórans mdues +b. eAcgarse gcao qnuveo,c aad paess apra drae 
las condiciones idénticas de renta de los estudiantes, se les trata de manera diferente, 
en función del tipo de centro en el que quieren cursar sus estudios.
A su juicio, no hay razón que justifique objetiva y razonadamente esa discriminación, 
pues, tanto las universidades públicas como las privadas, forman parte del sistema 
universitario valenciano, de conformidad con lo que establece el art. 2 de la Ley 4/2007, 
de  9  de  febrero,  de  coordinación  del  sistema  universitario  valenciano.  Además,  la 
administración  de  la  comunidad  autónoma  no  invoca  ninguna  finalidad 
constitucionalmente  legítima,  ni  existe  proporcionalidad  en  la  medida,  habiéndose 
cambiado repentinamente el criterio, sin que se haya aportado, tampoco, justificación 
alguna.
Argumenta que el derecho a la beca puede depender de criterios objetivos como el 
rendimiento académico o la renta personal o familiar, pero no puede depender del tipo de 
centro o ideario del centro en que se cursa, dato este frente al cual la administración 
debe permanecer neutral. Una vez adoptada la decisión de puesta en marcha de un 
programa de becas, no se puede hacer distinción por universidades en las que se 
estudia. Ni la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades (art. 45.4), ni 
tampoco la Ley 4/2007 valenciana (art. 2) diferencian entre universidades públicas y 
privadas, a efectos de obtención de becas.
En la misma línea, el Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se 
establece el régimen de las becas y ayudas al estudio personalizadas, no introduce 
diferenciación alguna entre universidades públicas y privadas. Al igual que tampoco lo 
hace el Real Decreto 595/2015, de 3 de julio, por el que se establecen los umbrales de 
renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el 
curso 2015-2016, que incluye a las universidades privadas en el ámbito de las becas de 
matrícula. Ambos reales decretos tienen el carácter de normativa básica, según sus 
respectivas disposiciones finales primeras.
El propio Consejo Consultivo de la Generalitat, en su dictamen 280/2016 fue, a su 
entender,  muy  claro  en  sus  observaciones  al  art.  2  del  entonces  proyecto  de 
Orden 21/2016, en el sentido de apreciar una diferencia de trato que recomendaba 
cambiar, por una serie de motivos: (i) por coherencia interna y seguridad jurídica; (ii) por 
ser contrario al art. 45.2 de la Ley Orgánica de universidades (LOU), que no excluye a 
las universidades privadas del ámbito de aplicación de las becas universitarias; (iii) por 
no ser conforme al sentido de las becas señalado por la STC 188/2001, de 20 de 
septiembre; y (iv) por incidir en la igualdad jurídica de los estudiantes, al impedirles que, 
por sus condiciones socioeconómicas, fueran a universidades privadas. Según refiere, el 
dictamen  reconocería  que  el  proyecto  de  orden  afectaba  a  la  esfera  de  intereses 
legítimos de las universidades privadas de la Comunidad Valenciana, tratándose de una 
afectación inmediata y real. De hecho, los pagos de las becas son librados por la 
administración directamente a las universidades y no a los alumnos.
En el parecer de la entidad recurrente, las órdenes impugnadas suponen, además, el 
incumplimiento de un tratado internacional, como es el del Acuerdo entre España y la 
Santa Sede sobre enseñanza y asuntos culturales de 3 de enero de 1979, que, en su art. 
X, apartado 3 dispone que «los alumnos de estas universidades [de la Iglesia católica] 
gozarán de los mismos beneficios en materia de sanidad, seguridad escolar, ayudas al 
estudio y a la investigación y demás modalidades de protección al estudiante que se 
establezcan para los alumnos de las universidades del Estado».
Finalmente, alega que las órdenes son contrarias, también, al Derecho de la Unión 
Europea, si bien no especifica el sentido de esta contravención. s
b)  A continuación, denuncia la vulneración del derecho a la educación (art. 27 CE),  oe.
pues sostiene que las becas son un elemento nuclear del sistema educativo que incide, por  w.
tanto, en este derecho fundamental. El régimen de las becas es desarrollo del art. 27 CE. 022ww
una Ableegcaa  qau eq,u eienn eesl ,c aresuon dieen aduot olass,  lacso nódrdiceionneess h oabnj eptriivvaasd op adrea  lao bptoesniebrilliad,a dse d eh aonb tveinsetor 
pdrisivpaodsoicsi odnee se lglae npeorra lheasb eimr peusgtundaidaadso  deins curinmai nuanni vae rslaidsa du npivreivrasdidaa. dEens  epsotre  ssue nidtiedaor,i ola es   BOE-A-cable e
impiden a los alumnos que elijan libremente la Universidad San Vicente Mártir para 
cursar sus estudios, forzándoles a elegir una universidad pública para continuar sus 
estudios si desean obtener una beca. Además, hay titulaciones que solo se imparten en 
las universidades privadas con sede en la Comunidad Valenciana, por lo que a los 
alumnos se les impedirá elegir, no sólo dónde estudiar, sino también qué estudiar.
Reitera que el derecho a obtener una beca se puede hacer depender de criterios 
objetivos, pero no arbitrarios, y que la administración debe ser neutral en esta materia. 
Además, el art. 45.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de universidades, dispone, en relación 
con el sistema público de becas y ayudas al estudio, que la ley se refiere tanto a las 
universidades públicas como a las privadas o de iniciativa social.
Por último, sostiene que las órdenes impugnadas lesionan el principio de confianza 
legítima por el cambio repentino que introdujeron en esta materia, sin ninguna medida 
transitoria para paliar su impacto y sin modificación previa de la normativa orgánica de la 
legislación para darles cobertura.
c)  Seguidamente, alega vulneración del derecho a la libertad religiosa (art. 16 CE) 
porque, conforme determina el art. 2 de la Ley 4/2007, de 9 de febrero, de coordinación 
del sistema universitario valenciano, que regula dicho sistema universitario, las dos 
únicas  universidades  privadas  que  prestan  servicio  en  la  Comunidad  son  la  ahora 
recurrente y la Universidad Cardenal Herrera-CEU, ambas de ideario católico, por lo que 
las órdenes impugnadas discriminan, también, por el carácter de pertenecientes a la 
religión católica de ambas.
Agrega que, igualmente, se lesiona la libertad religiosa de quienes deseen estudiar 
en la universidad ahora demandante y necesiten una beca para sufragar sus estudios, 
así como de los alumnos que ya estudian en esta universidad y precisan de una beca 
para continuarlos.
La demanda insiste en la eventual vulneración del art. X, apartado 3 del Acuerdo con 
la Santa Sede anteriormente citado.
d)  Finalmente, el recurso se queja de la vulneración del derecho reconocido en el 
art. 24 CE (sin mayor especificación, aunque por el desarrollo de la argumentación, se 
refiere a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE).
Destaca, al respecto, que «las lesiones producidas por las órdenes» no sólo no han 
sido  remediadas  por  los  órganos  judiciales  (Tribunal  Superior  de  Justicia  de  la 
Comunidad Valenciana y Tribunal Supremo) sino que, además, les han ocasionado la 
vulneración de sus derechos del art. 24 CE.
Según  refiere,  la  sentencia  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  la  Comunidad 
Valenciana no ha entrado en el fondo del análisis de las órdenes ahora impugnadas, 
haciendo suya la fundamentación de la sentencia 561/2017, de 31 de mayo, que apreció 
falta  de  legitimación  dado  que  sólo  habrían  podido  recurrirla  los  alumnos  de  la 
universidad, pero no la propia entidad universitaria recurrente que «representa a más 
de 13 000 estudiantes».
Además, sostiene que el Tribunal Supremo ha dictado una providencia de inadmisión 
del  recurso  de  casación  preparado  por  la  actora  «con  una  motivación  ilógica  e 
irrazonable […] ya que sólo puede deberse a un error en el que, ante dos cuestiones 
totalmente  equivalentes,  se  den  motivaciones  contradictorias»  denegándosele  su 
derecho a la doble instancia y al examen de su recurso.
Se alega que, en supuestos de hecho sustancialmente idénticos (los recursos de 
casación dimanantes de los procedimientos de derechos fundamentales 455-2016, en 
relación con los núms. 286-2017 y acumulado 308-2017) interpuestos por los mismos  s
motivos, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dado distintas  oe.
respuestas, pues una de ellas ha inadmitido a trámite el recurso de casación porque  w.
considera  que  no  se  ha  superado  el  juicio  de  relevancia,  y  la  otra  por  no  haber  022ww
fundPaamrae nstaudstoe ncotanr  reigsoter  lopsla mntoetaivmoise ndteo ,in ltae rdées mcaasnadcai oinnavlo ocbaj elati vSo.TC 40/2002, de 14 de
hfeab rgeeron,e craodno e lu anrag unmueenvtao  dlees iqóune  dlae  psruo vdideerneccihao d ea  inlaa dtmutiesliaó nj uddeicl iraelc uerfseoc tdivea  cqausea clieó nh lea   BOE-A-cable e
privado del derecho a que se examine su recurso, al haberle impedido impugnar una 
sentencia desfavorable a sus derechos.
La  demanda  justifica  la  especial  trascendencia  constitucional  del  recurso  en  siete 
motivos que, resumidamente, se detallan a continuación: (i) aclarar el estatuto de las 
universidades no públicas o de iniciativa social legalmente constituidas y que forman parte 
de un sistema universitario autonómico, y su posible o imposible exclusión de determinados 
beneficios sociales como la concesiones de becas y ayudas al estudio; (ii) las facultades del 
legislador para discriminar entre universidades en función de su ideario o titularidad, a la 
hora de fijar los beneficiarios de los programas de becas, así como el alcance de las 
competencias autonómicas para acordar la solución que se considere más idónea en cada 
ámbito legislativo; (iii) si la administración autonómica tiene facultades para distinguir en 
función de la titularidad de la universidad correspondiente, cuando estas figuran integradas 
en un sistema universitario único y la ley autonómica no establece diferenciación alguna; (iv) 
alcance de los derechos del alumnado de universidades privadas a que las leyes prevean 
becas a su favor; (v) si resulta discriminatorio que los solicitantes de becas que hayan sido 
alumnos de las universidades privadas y que cumplan los requisitos objetivos de renta para 
su obtención, no puedan acceder a las mismas por ser estudiantes de una universidad no 
pública;  (vi)  alcance  representativo  que  tengan  los  órganos  de  gobierno  de  las 
universidades privadas para recurrir, a favor de sus alumnos, una disposición normativa que 
pueda afectar a sus derechos fundamentales; y (vii) la denegación por parte del Tribunal 
Supremo del «conocimiento de un asunto mediante el dictado de una resolución con 
motivación de inadmisión totalmente distinta, ante procedimientos y recursos análogos, 
privándole de su derecho al recurso y a la doble instancia, así como vaciando de contenido 
y considerando una mera formalidad el incidente de nulidad» previsto en la ley.
4.  Por medio de providencia de 3 de marzo de 2021, la Sección Cuarta de este 
tribunal acordó admitir a trámite el recurso de amparo apreciando que en el mismo 
concurre una especial trascendencia constitucional [art. 50.1 de la Ley Orgánica del 
Tribunal Constitucional (LOTC)], «como consecuencia de que la posible vulneración del 
derecho fundamental que se denuncia pudiera provenir de la ley o de otra disposición de 
carácter general [STC 155/2009, FJ 2 c)]».
En la misma providencia se ordenaba enviar atenta comunicación a la Sección 
Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo para que 
remitiera  certificación  o  fotocopia  adverada  de  las  actuaciones  correspondientes  al 
recurso de casación núm. 402-2019. Igualmente, se acordó dirigir idéntica comunicación 
a la Sección Cuarta de la misma Sala del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
Valenciana, a fin de que, en el plazo de diez días, remitiera certificación o fotocopia 
adverada de las actuaciones correspondientes a los recursos de procedimiento especial 
de protección de los derechos fundamentales núm. 286-2017 y acumulado 308-2017, 
debiendo emplazarse, para que, en el plazo de diez días, pudieran comparecer en el 
recurso de amparo quiénes hubieran sido parte en el procedimiento, excepto la parte 
recurrente en amparo.
5.  En fecha 5 de abril de 2021 tuvo entrada en el registro de este tribunal escrito 
presentado por el señor letrado de la Generalitat Valenciana don José Antonio Gras 
Rossello, en la representación que ostenta, solicitando que se le tuviera por comparecida 
y parte en las actuaciones.
6.  Por diligencia de ordenación de 16 de abril de 2021, la Secretaría de Justicia de  s
la Sala Segunda tuvo por personado y parte en el procedimiento al señor letrado de la  oe.
GCAsaeilnmlIeegi.sruamalilotma, te sneVt eatu,l evdnoec  piaconoran d,f oerasmicgoidnraadddá anc doaon sl ael o p redonicstuperunaeddseotror a ce odnne   elole slal arttr .i bl5au2sn .a1sl euLscO edTsoCivñ,aa ss R e oadsciatsu pSaucosiroorn ibdeeassr.    2021-13022n https://www.
vista de las actuaciones a las partes personadas y al Ministerio Fiscal, por plazo común
de veinte días, para que pudieran presentar las alegaciones que estimaran pertinentes.
7.  En  fecha  27  de  abril  de  2021,  el  letrado  de  los  servicios  jurídicos  de  la 
Generalitat Valenciana presentó escrito de alegaciones en el registro de este tribunal 
solicitando la desestimación del recurso de amparo.
La argumentación que, al respecto, sostiene la administración autonómica puede 
resumirse en los siguientes apartados:
a)  Después de hacer una delimitación del objeto del recurso, en única referencia a 
las resoluciones judiciales impugnadas, pero no así a las órdenes 24/2017 y 27/2017, y 
de exponer, de modo detallado los antecedentes del presente recurso de amparo, dedica 
el apartado tercero de sus alegaciones a impugnar las que, de contrario, ha sostenido la 
demandante de amparo.
En  este  sentido,  comienza  destacando  que  «no  se  puede  aceptar  lo  alegado 
respecto  a  que  la  administración  autonómica  actúa  por  «razones  estrictamente 
ideológicas», «confesadas», con el objetivo de «acabar con las becas destinadas al 
alumnado de esta universidad por entender que la misma y su alumnado son, dada su 
ideología  católica,  discriminables  por  la  administración  autonómica  frente  a  las 
universidades de naturaleza pública» (en cursiva, en el texto), pues, «frente a estas 
gratuitas afirmaciones» entiende que las órdenes 24/2017 y 27/2017 «no contienen 
ninguna referencia a ninguna concreta universidad, ni a ninguna ideología».
b)  A continuación, se pronuncia sobre la denunciada vulneración del derecho a la 
tutela  judicial  efectiva  proponiendo  su  desestimación.  Agrega  que,  respecto  de  la 
providencia de inadmisión del recurso de casación, el Tribunal Supremo ha emitido este 
pronunciamiento «que se deriva de la aplicación razonada de una causa legal que prevé 
esta  consecuencia»,  por  lo  que  entiende  que  no  es  arbitraria,  ni  manifiestamente 
irrazonable, ni incursa en error patente, como tampoco el resultado de una interpretación 
rigorista, formalista o desproporcionada, «siendo además una decisión que afecta a 
cuestiones  de  estricta  legalidad  ordinaria».  En  apoyo  de  esta  pretensión  cita 
textualmente la STC 112/2019, de 3 de octubre, así como el pasaje de la providencia 
de 16 de octubre de 2019 del Tribunal Supremo, que inadmitió el incidente de nulidad de 
actuaciones, relativo a que no se vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva de la 
recurrente.
c)  Seguidamente, el letrado señala que es conocedor de la STC 191/2020, de 17 
de diciembre, dictada en el recurso de amparo núm. 5099-2018, «fijando doctrina que se 
ha visto ratificada en pronunciamientos posteriores (sentencias de 15 de enero de 2021, 
recaídas en los recursos de amparo núms. 2578/2019 y 6379/2019)». No obstante, 
considera que los votos particulares emitidos, cuyo contenido extracta parcialmente, 
avalan la postura sostenida por la administración educativa valenciana.
d)  En el apartado siguiente, el representante de la Generalitat impugna la queja por 
la alegada vulneración del principio de igualdad ante la ley, apoyándose en la sentencia 
del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que apreció la falta de 
legitimación de la universidad recurrente por no ser la titular del derecho a obtener las 
becas, que corresponden a los alumnos que las soliciten.
Además, a su entender, existen razones objetivas que justifican el trato diferenciado 
que las órdenes dispensan a los alumnos solicitantes de las becas, según provengan de 
universidades públicas o privadas:
(i)  Que las becas ofertadas por la Comunitat Valenciana son complementarias de 
las que integran el sistema general de becas previsto en la normativa básica estatal, 
«situándonos ante una actuación de fomento propia del Consell, prevista y regulada en  e
su normativa, concretamente en el Decreto 40/2002 del Consell». Se trata de una  bo
actuación  que  no  se  sustenta  en  lo  dispuesto  por  los  reales  decretos  1721/2007,  022ww
5«9so5n/2 0e1x5ig ye n2c9ia3 /2d0e1l 6a. rTtíacluelso  n4o5r mdaes  leas tLaetayl eOs ryg áenl iscias te6m/2a0 0d1e,  bdeec a2s1 q udee  adqicuiíe mseb rree,g udlea 
univ(eiir)s idQaduees l o[…s a] leunm lnao rse dya scucsió nfa dmaildiaas p, oern l ac aLdeay  Ocarsgoá,n «icsao 4n/ 2lo0s0 7q,u dee o 1p2ta dne p aobr rail»c.udir a
la universidad privada» y estos lo hacen, bien porque «pudiendo acceder a la pública,
optan libremente por otro modelo; bien porque no han alcanzado la nota de corte 
necesaria;  bien  por  otros  motivos  personales;  y,  en  todo  caso,  porque  se  está  en 
disposición de costear los gastos que ello supone». A juicio de esta parte, existen, pues, 
«razones objetivas que justifican que, al alumno que ha superado la nota de corte 
establecida y ha accedido a la universidad pública, se le pueda dar un trato diferenciado, 
respecto a aquel que no ha alcanzado esta nota». Según refiere, los principios de 
igualdad, mérito y capacidad justifican este trato diferenciado.
Además, la universidad pública «es la única que garantiza el acceso a todo tipo de 
alumnado, independientemente de sus condiciones económicas» y alude, al respecto, al 
contenido del art. 45.4 LOU, en relación con el art. 81 LOU, para señalar que son las 
comunidades autónomas «las que fijan los precios públicos de los estudios oficiales 
impartidos por las universidades públicas», frente a las privadas, «en las que el coste 
[…] lo establece libremente cada una de ellas, acorde con sus necesidades financieras y 
la oferta-demanda del mercado». Tal circunstancia determina que, en las universidades 
privadas, al ser los precios libres, las becas estén desvinculadas del objeto y finalidad 
fijados en el citado art. 45.4 LOU.
(iii)  Que el alumnado de la universidad recurrente tiene también a su disposición un 
sistema de «becas complementarias», que se suman al sistema básico de becas del 
Estado. Pues, en relación con las primeras, la propia Universidad San Vicente Mártir 
pone a disposición de su alumnado distintas becas y ayudas que, en el año 2016 y, 
según la propia web de esta universidad, estaban dotadas con un total de 5,4 millones 
de euros, que «complementan las becas del Estado» y que, «obviamente», no están a 
disposición de los alumnos de las universidades públicas.
(iv)  Que, en la medida en que las tasas de acceso a la universidad privada son 
mucho mayores que las de las universidades públicas, es «evidente» que «quien opta 
por acudir a la universidad privada, sea por el motivo que sea, es porque dispone de 
recursos económicos para ello». En el parecer del letrado de la Generalitat, el importe de 
las tasas puede ser determinante para la selección de sus estudios para un alumno de la 
universidad  pública,  mientras  que  para  un  alumno  de  la  privada  dicho  importe  no 
condiciona su opción a realizar unos determinados estudios, por lo que la eventual ayuda 
económica para su abono tampoco sería determinante para ello.
e)  Respecto de la queja por vulneración del derecho a la educación (art. 27 CE), el 
letrado de la Generalitat rechaza que el derecho a obtener una beca sea un elemento 
nuclear de aquel derecho fundamental y cita, al respecto, diferentes sentencias de este 
tribunal en apoyo de su tesis (SSTC 188/2001, de 20 de septiembre, y 95/2016, de 12 de 
mayo). El derecho a la beca tiene, pues, una configuración legal «cuya materialización, 
además, requiere la aprobación de normas reglamentarias». Menciona, también, las 
SSTC  86/1985,  de  10  de  julio,  214/1994,  de  14  de  julio,  y  reitera  la  cita  de  la 
STC 188/2001.
Insiste en que el sistema de becas es un elemento nuclear del sistema educativo, 
«dirigido a dotar de la máxima efectividad» a este derecho constitucional, pero no forma 
parte  del  contenido  esencial  del  derecho  fundamental  a  la  educación  (menciona, 
expresamente, diferentes pasajes de las SSTC 212/2005, de 21 de julio; 25/2015, de 19 
de febrero, y la antes citada 95/2016).
f)  Por último, en relación con la denunciada vulneración del derecho a la libertad 
religiosa (art. 16 CE), la representación de la Generalitat señala que las órdenes prevén 
becas «para el alumnado matriculado en universidades públicas valencianas, y ello sin 
hacer expresa referencia a (la Universidad recurrente), ni a su alumnado, ni a su ideario  e.
católico (tampoco a ninguna otra universidad, ni a ningún otro ideario)». Con apoyo en el  w.b
auto de 22 de septiembre de 2017, confirmado por el de 13 de noviembre de 2017, que  022ww
edxec elusyteó  ddeerl eccohnoo cfuimndieanmtoe ndteall , rdeecufiersnod ec olan teGnecnioesraol-iatadtm qiuneis,t r«antiiv soi qlau ieqruae jaa  npivoer l ininfrdaiccicaiórino 
pduee d(uen eivsetirmsiadrasde)  ccoamtóplricoam egtuidaor»d ae srteel adceiórenc haolg puonraq»u ec, o«ne nl an indgeúcnis imóno maednotpot,a edla c aproárc telar 
administración. Las becas a las que se refiere el recurso «de ningún modo inciden o
afectan a la libertad ideológica y religiosa», por lo que tampoco cabe apreciar lesión de 
este derecho fundamental.
8.  En fecha 13 de mayo de 2021, tuvieron entrada en el registro de este tribunal las 
alegaciones del Ministerio Fiscal, en las que solicitó la estimación del recurso de amparo 
por entender que el art. 2 de la Orden 24/2017 y el art. 1.1 de la Orden 27/2017 han 
vulnerado el derecho fundamental de la demandante a la igualdad ante la ley (art. 14 
CE), en relación con su derecho a la creación de centros docentes (art. 27.6 CE), así 
como el consiguiente restablecimiento en su derecho, mediante la nulidad de las citadas 
disposiciones.
Los argumentos del Ministerio Fiscal quedan resumidos en los siguientes apartados:
a)  Primeramente, el fiscal, hace una detallada exposición de los antecedentes del 
recurso. Comienza su argumentación jurídica con la delimitación del objeto del mismo, 
señalando que son objeto de impugnación el art. 2 de la Orden 24/2017, y los arts. 1.1 
y 2 de la Orden 27/2017, así como la sentencia de 8 de noviembre de 2018, dictada por 
la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de la Comunidad Valenciana, y las providencias de 13 de junio y de 16 de 
octubre de 2019, de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Supremo.
Igualmente, expone resumidamente las quejas formuladas en la demanda, que se 
refieren a las eventuales vulneraciones de los derechos a la igualdad ante la ley (art. 14 
CE), a la libertad de enseñanza (art. 27 CE), a la libertad religiosa (art. 16 CE) y, por 
último, a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías (art. 24. 1 y 2 
CE), que refiere exclusivamente a las resoluciones dictadas por el Tribunal Supremo.
b)  A continuación, realiza una serie de consideraciones previas al análisis de las 
cuestiones de fondo suscitadas por la demanda, señalando al respecto que, en lo que se 
refiere a las vulneraciones que la actora ha imputado al art. 2 de la Orden 24/2017 y a 
los arts. 1.1 y 2 de la Orden 27/2017, todas ellas se refieren a una misma lesión, la de la 
desigualdad de trato entre las universidades públicas y las privadas, si bien señala que la 
denuncia  del  art.  14  CE  se  expresa  «de  dos  maneras  distintas»:  (i)  como  mera 
desigualdad «sobre la base de que la legislación básica del Estado no ampara una 
diferencia  de  trato  entre  unas  y  otras  universidades»,  y  (ii)  «con  un  discurso  de 
discriminación por razones religiosas, al amparo de los arts. 16.1 y 27.1 CE, sobre la 
base de que la universidad recurrente ha sido discriminada, aún más que por su carácter 
de universidad privada, por su naturaleza de universidad privada de ideario católico».
Por  su  parte,  respecto  de  las  resoluciones  judiciales  dictadas  por  el  Tribunal 
Supremo (providencias de 13 de junio y de 16 de octubre de 2019), destaca que se 
invoca por la demandante la vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva 
(art. 24.1 CE), en la medida en que aquellas le habrían privado de una sentencia sobre el 
fondo dictada en el trámite de casación, así como de su derecho a un proceso con todas 
las garantías (art. 24.2 CE), al habérsele impedido el acceso efectivo a una doble 
instancia judicial.
Como segunda consideración previa, aborda el fiscal el orden de prelación de las 
quejas  formuladas  en  la  demanda,  que  identifica  como  recurso  mixto,  por  alegar 
vulneraciones imputables a una actuación administrativa y a resoluciones judiciales. Por 
ello,  con  apoyo  en  los  argumentos  de  que  debe  comenzarse  por  aquella  de  las 
pretensiones que pueda alcanzar la mayor retroacción, a fin de asegurar la más amplia 
tutela de los derechos fundamentales de la recurrente (STC 56/2019), considera que, en  e
el caso de autos, procede comenzar el estudio por el análisis de la infracción del art. 14  bo
CE,  que  es  la  que,  además,  supone  la  apreciación  de  la  especial  trascendencia  022ww
cinovnosctaitudcaiso npaolr  ldae p aersttee. recurso, para luego continuar, en su caso, con el resto de las
causCaomm doe t elarc Uernaiv ceorsnisdiadde rCacaitóónli cpar edvei aV, aelel nficsicaa Sl aanb oVrdicae netle a Mnáálritsiris y d llee glaa  lae glait icmoanccilóuns ióand 
de que, aunque el recurso de amparo está dirigido fundamentalmente a la defensa de un
interés propio y no de un derecho ajeno, «eso no implica que carezca de legitimación 
quien posee un interés legítimo [art. 162.1 b) CE], concepto este último que no puede ser 
confundido con la posesión de la titularidad del derecho». En consecuencia, entiende 
que  la  demandante  tiene  un  interés  legítimo  propio,  conectado  con  los  derechos 
fundamentales que invoca, pues además de la imposibilidad de que los alumnos de las 
universidades privadas puedan acceder al sistema de las becas y el perjuicio que tal 
actuación administrativa les suponga, «puede constituir un elemento disuasorio para la 
matriculación  de  determinados  estudiantes  […],  con  el  consiguiente  perjuicio  en  el 
ámbito económico y la correlativa incertidumbre sobre su supervivencia futura, a cuya 
afectación habría que sumar, por no ser en absoluto desdeñable, la correlativa limitación 
de su libertad de enseñanza». Además, agrega el fiscal que «no es descartable que una 
universidad privada pudiera actuar por sus alumnos, a tenor de que estos, más allá de 
ser meros receptores de la educación que se imparte, se integran en los organismos 
universitarios» (arts. 15.2 y 16.3 LOU).
Finalmente, como cuarta cuestión previa, el fiscal aborda la problemática de si unas 
disposiciones reglamentarias como las órdenes 24/2017 y 27/2017 son susceptibles de 
recurso de amparo, pues el control de legalidad de aquellas corresponde a la jurisdicción 
contencioso-administrativa  (art.  106  CE)  y  si  el  Tribunal  Constitucional  «carece  de 
atribuciones  para  valorar  en  abstracto  el  ajuste  constitucional  de  los  reglamentos 
(art. 161 CE)». Sin embargo, con apoyo en el art. 43 LOTC, entiende que tal afirmación 
«no  ha  de  impedir  que  se  entienda  que  […]  los  reglamentos  son  "disposiciones" 
emanadas del poder público» y, por tanto, susceptibles de impugnación en amparo si se 
considera que el origen de la vulneración de los derechos fundamentales se localiza en 
aquellas. Por ello, con cita de las SSTC 57/2004, de 19 de abril, FJ 2; 192/1991, de 14 
de octubre, FJ 2; 189/1987, de 24 de noviembre, FJ 3 y 141/1985, de 22 de octubre, 
FJ 2, llega a la conclusión de que sí es posible la impugnación en el caso de autos de las 
órdenes 24/2017 y 27/2017.
c)  Entrando en el análisis de la queja sobre el art. 14 CE, el Ministerio Fiscal resalta 
que  la  cuestión  planteada  en  este  recurso  ya  ha  sido  objeto  de  diversos 
pronunciamientos de este tribunal, con reseña expresa de las SSTC 191/2020, de 17 de 
diciembre; 19/2021, de 15 de febrero; 2/2021, de 25 de enero; 42/2021, de 3 de marzo, 
y 6/2021, de 25 de enero. Sobre esa base, considera que es de aplicación la doctrina 
establecida en los FFJJ 4 y 5 de la STC 191/2020. De esta forma, las disposiciones 
impugnadas «han introducido una diferencia entre las universidades del sistema […] 
valenciano que carece de la justificación objetiva y razonable que toda diferenciación 
normativa […] debe poseer para ser considerada legítima. Exclusión que, además, se 
proyecta sobre el artículo 27 CE, ya que afecta tanto al derecho de las universidades 
privadas a crear instituciones educativas (artículo 27.6 CE) como al derecho de los 
estudiantes a la educación (artículo 27.1 CE)».
9.  El día 20 de mayo de 2021, la Universidad San Vicente Mártir presentó sus 
alegaciones en el registro de este tribunal, en las que se ratifica en los argumentos 
expuestos en la demanda. Además, hace alusión a los pronunciamientos ya emitidos a 
través de las SSTC 191/2020, de 17 de diciembre; 2/2021, de 25 de enero; 6/2021, 
de 25 de enero; 19/2021, de 15 de febrero, y 42/2021, de 3 de marzo; que han resuelto 
otros asuntos análogos al presente. Se detiene especialmente en la STC 2/2021, dictada 
en el recurso de amparo núm. 6379-2019, porque tenía por objeto la Orden 23/2016, que 
versa sobre el mismo tipo becas que las contempladas en la Orden 24/2017, ahora 
impugnada. En consecuencia, entiende que este recurso debe ser resuelto en el mismo  e.
sentido. w.b
por 1c0o.n clEuns of eeclh ap r2e1s ednet em raeycou rdseo ,2 0q2u1e,d laan sdeoc rpeetanrdiaie ndtee  jupsatricai ad deelib lear aScaiólan  Sceugaunnddoa  pdoior 
turno correspondiera.
11.  Por providencia de 24 de junio de 2021, se señaló para deliberación y votación 
de la presente sentencia el día 29 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Pretensiones de las partes.
El presente recurso de amparo se dirige, de una parte, contra dos disposiciones 
generales  administrativas,  y,  de  otro  lado,  impugna  también  diversas  resoluciones 
judiciales, alegando la vulneración autónoma de derechos fundamentales por parte de 
algunas de estas últimas.
En efecto, primeramente, la demanda denuncia las infracciones del principio de 
igualdad ante la ley (art. 14 CE), del derecho a la libertad de enseñanza y educación 
(art.  27  CE)  y  de  la  libertad  religiosa  (art.  16  CE),  que  atribuye  al  art.  2  de  la 
Orden 24/2017, de 21 de junio, de la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y 
Deporte de la Generalitat Valenciana, «por la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de las becas de promoción de la excelencia académica del alumnado 
universitario de las universidades públicas de la Comunitat Valenciana y de los centros 
adscritos al Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunitat Valenciana 
(ISEACV)»; y a los arts. 1.1 y 2 de la Orden 27/2017, de 3 de julio, de la Consellería de 
Educación, Investigación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana, «por la que se 
establecen las bases reguladoras de las ayudas para complementar las becas para la 
actividad  de  movilidad  de  estudiantes  por  estudios,  del  programa  Erasmus+, 
pertenecientes  a  instituciones  públicas  de  educación  superior  de  la  Comunitat 
Valenciana».
Asimismo, invoca la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva respecto de la 
sentencia núm. 441/2018, de 8 de noviembre, de la Sección Cuarta de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  la  Comunidad 
Valenciana, que desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la ahora 
demandante de amparo contra las anteriores órdenes, por entender que esta carece de 
legitimatio ad causam para pretender la anulación de aquellas disposiciones.
Por último, también dirige su queja, por eventual vulneración del derecho a la tutela 
judicial efectiva, que imputa directamente a las providencias de 13 de junio y de 16 de 
octubre de 2019, de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Supremo, que, respectivamente, han inadmitido a trámite el recurso de casación 
preparado  por  la  demandante  contra  la  precedente  sentencia,  y  el  incidente 
extraordinario de nulidad de actuaciones, promovido contra esta última resolución.
En  el  suplico  de  su  demanda,  la  actora  solicita  la  estimación  del  recurso  por 
vulneración de los derechos fundamentales invocados y la nulidad de las disposiciones 
generales y de las resoluciones judiciales impugnadas.
El Ministerio Fiscal solicita también la estimación del recurso y la anulación del art. 2 
de la Orden 24/2017 y de los arts. 1.1 y 2 de la Orden 27/2017, por vulneración del 
principio de igualdad ante la ley (art. 14 CE), en relación con el derecho a la creación de 
centros  docentes  (art.  27.6  CE),  sin  que,  a  su  criterio,  merezca  extender  su 
argumentación al resto de vulneraciones de derechos fundamentales alegados.
Por último, la representación de la Generalitat Valenciana solicita, por el contrario, la 
desestimación del recurso.
2.  Delimitación del objeto del recurso. es
A)  Como ya hemos anticipado en el fundamento jurídico anterior, la demanda  w.
iddmiocpceut rgiennla aM  daienc isetutseatrecio iot rnFibeiusscn aaalld,  (mtpieionnri setto redalat ivsca,a srlaá  ycS teTrerC sd o5elu6 rc/2eio0cnu1er9ss,o  d jue«d m6ici xidateole »ms.,  aEpynoo r,t  aalol ec squ uysoeit ,u fuacncodimoanome seb,ni etlnoa    2021-13022n https://ww
jurídico 2 nos remitimos) ha declarado que el enjuiciamiento de este tipo de recursos
debe atender, primeramente, al análisis de las quejas que conlleven la más amplia tutela  Bc
de los derechos del recurrente y que supongan la mayor retroacción de las actuaciones, 
a lo que, además se une, en el caso presente, la lesión que ha reconocido especial 
trascendencia  constitucional  a  este  recurso  de  amparo,  como  es  la  denunciada 
vulneración  del  principio  de  igualdad  ante  la  ley  que,  según  alega  la  universidad 
recurrente, es originaria y directamente imputable a las órdenes 24/2017 y 27/2017 de la 
Generalitat Valenciana. Según se explica en la demanda, serían estas disposiciones 
generales las que habrían excluido a la entidad recurrente, en cuanto universidad de 
titularidad privada que es, de la convocatoria de becas y ayudas para sus estudiantes, 
sin que haya sido aportada ninguna justificación razonable.
En consecuencia, comenzaremos el enjuiciamiento de las pretensiones de amparo 
de la demanda por la de la invocada infracción del derecho a la igualdad ante la ley, que 
la  actora  imputa,  primera  y  directamente,  a  las  órdenes  24/2017  y  27/2017  de  la 
Generalitat Valenciana.
B)  A lo anterior, debemos añadir que la pretensión principal de la demandante de 
amparo,  relativa  a  la  denunciada  vulneración  del  principio  de  igualdad  ante  la  ley, 
presenta  singularidades  propias  que  es  preciso  poner  de  manifiesto  para  delimitar 
correctamente  el  objeto  de  este  recurso,  toda  vez  que,  a  diferencia  de  otras 
disposiciones generales de la Generalitat Valenciana sobre convocatorias de becas y 
ayudas al estudio, coetáneas a la ahora impugnada, la Orden 24/2017 presenta las 
siguientes características propias: (i) se dirige a un determinado sector del alumnado 
universitario, concretamente a los estudiantes de postgrado que hayan finalizado, «con 
excelencia  académica»,  sus  estudios  superiores  o  de  enseñanzas  artísticas  en 
universidades públicas o en centros de titularidad pública adscritos al Instituto Superior 
de Enseñanzas Artísticas de la Comunidad Valenciana y deseen cursar estudios de 
formación  o  másteres  afines  a  los  estudios  ya  realizados;  y  (ii)  que  la  eventual 
desigualdad  de  tratamiento,  causada  por  la  titularidad  pública  o  privada  del  centro 
universitario,  habría  que  localizarla,  no  en  la  institución  universitaria  en  la  que  el 
solicitante  de  la  beca  fuera  a  realizar  dichos  estudios  de  postgrado,  sino  en  la 
universidad o centro universitario de procedencia, en donde cursó los anteriores que 
sean afines a los que desee realizar.
Es decir, según prescriben los arts. 1.1, 2 y 4.1 de la Orden 24/2017, que son los que 
delimitan los ámbitos objetivo y subjetivo de la convocatoria de ayudas al estudio que 
regula esta disposición, el posible factor discriminatorio de la titularidad pública o privada 
de  la  institución  universitaria  no  tomaría  como  referencia  el  centro  universitario  de 
destino, en el que fuera a realizar sus estudios de postgrado el solicitante, sino en la 
universidad  de  procedencia,  esto  es,  en  la  que  hubiera  finalizado  sus  estudios 
universitarios afines a los de postgrado que ahora pretenda realizar el solicitante de la 
beca.
Por tanto, para enjuiciar la queja que denuncia la Universidad San Vicente Mártir, 
debe tenerse en cuenta que, a la hora de otorgar las ayudas al estudio, esta orden no 
distingue entre universidades públicas o privadas en que vayan a realizarse los estudios 
de postgrado, pues este no es el presupuesto indispensable para su concesión al 
solicitante, sino que lo que se tiene en cuenta es si el postulante de la beca proviene de 
un centro universitario público o privado de la Comunidad Valenciana. El art. 3.1 de la 
Orden 24/2017 dispone, al respecto, que «[l]a beca consistirá en la exención del pago de 
matrícula en un curso de formación o máster, afín a los estudios realizados por el 
alumnado, impartido en instituciones públicas o privadas, nacionales o internacionales».
En consecuencia, deben ser rechazados ab initio todos aquellos argumentos que se  s
sustenten en un posible tratamiento discriminatorio que pudiera padecer la Universidad  oe.
San Vicente Mártir por haber quedado excluida de la relación de centros universitarios  w.
que fueran a impartir formación superior complementaria o másteres a futuros alumnos,  022ww
psoroligcirtaamntaess  fodrem abtievocas,s  puye sa yeund taasle se ccaosnoósm, iscia lsa,  inqsuteitu cdióens euanriavne rsmitaartiraic udlea rpsreo ceedne nscuias 
emraat ridceu latristuel aernid pardo gpraúmblaicsa ,d el ap oOstrgdreand o 2d4e/ 2la0 1u7n ivneors idimapde ddeirmíaa nqduaen tea.quellos  pudieran  BOE-A-cable e
Otro tanto sucede, por motivos obvios, con los arts. 1.1, 2 y 3 de la Orden 27/2017, 
que regula las bases por las que han de regirse las convocatorias de ayudas para 
complementar las becas para la actividad de movilidad a fin de realizar estudios en 
«instituciones europeas de educación superior de otros países del programa Erasmus+».
C)  Finalmente, para completar esta delimitación del objeto del recurso, deben:
a)  En primer lugar, quedar incluidos aquellos preceptos de la Orden 24/2017 que 
hagan referencia a la titularidad pública de las universidades valencianas. Por tanto, 
además de los artículos ya citados, la demanda alcanza a todos los que incluyan tal 
titularidad «pública» en sus contenidos. Tales son los casos del art. 6, que regula el 
«sistema de valoración» académica de los solicitantes de las becas, y del art. 7, que se 
refiere a la «comisión técnica» que cada universidad debe constituir para comprobar la 
excelencia académica y la afinidad de los estudios de postgrado que los solicitantes de 
la beca se propongan realizar.
En el caso de la Orden 27/2017, quedaría incluido el art. 3, apartados 3 y 4, que 
regula los «requisitos» que habrían de reunir los beneficiarios, así como el art. 4.1, que 
desarrolla el procedimiento para las «solicitudes» de ayudas. En ambos casos, por su 
remisión al art. 1.1 de la misma disposición normativa.
b)  Y, en segundo término, deben, en cambio, quedar excluidos, por falta de carga 
argumental  específica  de  impugnación  en  la  demanda,  los  preceptos  de  las 
órdenes 24/2017 y 27/2017 que regulen las convocatorias de becas que se refieran a 
solicitantes que hayan finalizado sus estudios de enseñanzas artísticas superiores en los 
centros de titularidad pública adscritos al Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de 
la Comunidad Valenciana, dado que este tipo de enseñanzas superiores posee una 
normativa  propia  (las  enseñanzas  artísticas  superiores  tienen  su  régimen  jurídico 
específico, previsto en la Ley 8/2007, de 2 de marzo de la Comunidad Valenciana y en 
las normas reglamentarias de desarrollo), a las que no se ha referido la demanda para 
justificar una eventual discriminación de trato.
3.  Doctrina establecida por la STC 191/2020, de 17 de diciembre.
A)  Recientemente, el Pleno de este tribunal ha dictado la STC 191/2020, de 17 de 
diciembre, que ha resuelto el recurso de amparo núm. 5099-2018, promovido por la 
Universidad  Católica  de  Valencia  San  Vicente  Mártir,  contra  otra  orden  (la 
Orden 21/2016, de 10 de junio), de la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y 
Deporte, de la Comunidad Autónoma Valenciana por la que, al igual que en el presente 
supuesto, se establecían las bases reguladoras para la concesión de becas al alumnado 
de las universidades de la Comunidad Valenciana. Igualmente, aquel recurso de amparo 
iba, como el presente, dirigido contra una sentencia (en aquel caso, la sentencia de 31 
de  mayo  de  2017),  dictada  por  la  Sección  Quinta  de  la  Sala  de  lo  Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en un 
procedimiento  de  protección  de  derechos  fundamentales,  así  como  contra  dos 
providencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que, 
respectivamente, habían inadmitido a trámite el recurso de casación y el incidente de 
nulidad de actuaciones opuesto por la ahora demandante contra esta última.
En el anterior recurso de amparo, al igual que en el presente, la misma demandante 
invocaba la vulneración de sus derechos fundamentales a la igualdad ante la ley, a la 
libertad religiosa y a la educación (arts. 14, 16 y 27 CE, respectivamente), que imputaba 
a  la  orden  de  la  Consellería  de  referencia,  así  como  a  las  resoluciones  judiciales  s
sucesivas, que no habrían subsanado estas vulneraciones, incurriendo, además, en la  oe.
li(ona frdrtaíeEcccunclla ioócr noa2 nd4so.d1e ey cCl  udEeids)nep.cruieaec shyt oop  aedrnae l a la la arn etseuornilouivrce isóresnnid tdaeedn  ceisaret edc eurelr rcPeulnertsneoo   ddaee   aelams teptu attrreiobl,au s neajrulá.d idceia la pelicfeacctiióvna   2021-13022n https://www.
B)  A semejanza del precedente citado, se suscitan una serie de cuestiones previas 
que la STC 191/2020, de 17 de diciembre ha resuelto:
a)  En primer lugar, por lo que atañe a la legitimación ad causam, aceptada por el 
Ministerio Fiscal pero objetada por el letrado de la comunidad autónoma, debemos ahora 
reconocerla  a  la  recurrente,  como  así  lo  ha  hecho  este  tribunal  en  la  citada 
STC 191/2020.
El Tribunal ha declarado:
«Es cierto que el objeto de la orden es el de establecer las bases por las que han de 
regirse las convocatorias de becas para la realización de estudios universitarios en las 
universidades que integran el sistema universitario valenciano, y que los destinatarios de 
las becas son los alumnos, no las universidades. Pero ello no nos puede llevar a la 
conclusión de que, como afirma el letrado de la Generalitat, la universidad no es titular 
de los derechos alegados. Si bien los destinatarios de las becas son los alumnos, se 
produce la exclusión, en la orden, tanto de los estudiantes como de los estudios de las 
universidades privadas, y no son sino estudiantes y estudios los que conforman dicha 
universidad.  La  desigualdad,  justificada  o  no,  se  refiere  en  última  instancia  a  la 
universidad privada, creada conforme al artículo 27.6 CE. Atendiendo a la queja de la 
vulneración del artículo 14 CE ha de tenerse en cuenta que la causa de la exclusión del 
sistema de becas radica en este caso concreto en que estudios y estudiantes lo sea 
exclusivamente, de la universidad privada.
En  definitiva,  la  exclusión  de  los  estudiantes  de  las  universidades  privadas  del 
régimen de becas previsto en la orden concierne, tanto al derecho del titular de la 
universidad  a  crear  instituciones  educativas  (artículo  27.6  CE),  como  al  de  los 
estudiantes matriculados en dicha universidad (artículo 27.5 CE). Naturalmente, en este 
proceso corresponde determinar únicamente si el primero ha sido vulnerado; sin perder 
de vista que ambos están en "interacción" (en un sentido similar, STC 74/2018, de 5 de 
julio, FJ 5, en un recurso de amparo en que recurre una asociación de padres las ayudas 
destinadas a un centro docente)» [FJ 2 a)].
En el caso de autos, como bien dice el Ministerio Fiscal, la universidad demandante 
tiene  un  «interés  legítimo  propio,  conectado  con  los  derechos  fundamentales  que 
invoca». En primer lugar, por el efecto desalentador que, para los estudiantes, pueda 
suponer la imposibilidad de obtener una beca para cursar estudios de postgrado o 
participar en un programa de intercambio, al ser rechazado únicamente por la razón de 
haber realizado o estar realizando los estudios en una universidad privada. En segundo 
lugar, porque, además, la propia universidad recurrente queda excluida de una vía de 
financiación de sus actividades, como es la procedente de las ayudas económicas que 
reciban sus posibles alumnos para sufragar sus estudios. En el caso concreto de la 
Orden 24/2017, la beca eventualmente concedida permitiría cubrir el total importe de la 
matrícula de postgrado que fuera a cursar el alumno en la universidad San Vicente 
Mártir, toda vez que la citada beca consiste «en la exención del pago de matrícula en un 
curso de formación o máster, afín a los estudios realizados por el alumno […]» (art. 3.1 
de la Orden 24/2017). En el caso de la Orden 27/2017, no se trataría propiamente de 
una fuente de financiación, sino de que la universidad recurrente quedaría excluida de su 
condición de «gestora de las becas Erasmus+», según se deduce de lo dispuesto en el 
art. 4.1, sensu contrario.
b)  Una segunda cuestión previa, a la que también se ha referido el Ministerio Fiscal  s
en sus alegaciones, es la posibilidad de que, por la vía del recurso de amparo, puedan  oe.
sóerdr eLnaiem Ssp T2uC4g/ n21a09d11a7/2s y0  2207d,/i r2de0ec1 tra7em.iteernatdea  cuitnaa, sh a ddeiscplaorsaicdioo nael sre spgeecnteor:ales  como  son  las  2021-13022n https://www.
de c«aErná crteelra cgióenn ecroanl  ldae pboes iabfiilrimdaadr sdee,  idmep uagcnuaerr ddoir eccotna mloe nmtea ennife asmtapdaor op ourn ae ld iMspinoissitceiórino   BOE-A-cable e
Fiscal, que en casos como el que ahora se analiza, este tribunal ha admitido esta 
impugnación directa. Ya en la STC 9/1986, de 21 de enero, FJ 1, a la vista de la 
impugnación en amparo de una disposición de carácter general, dijimos que "la índole 
simplemente impeditiva de la disposición atacada permite imputarle directamente, sin 
necesidad de acto alguno de aplicación, la lesión que se pretende haber sufrido". Este 
criterio se ha reiterado posteriormente, por ejemplo, en la STC 121/1997, de 1 de julio, 
FJ 5, donde afirmamos que "aunque por medio del recurso de amparo no pueden 
ejercitarse pretensiones impugnatorias directas frente a disposiciones generales, no es 
menos cierto que la lesión de un derecho fundamental «pueda tener su origen directo e 
inmediato en las normas, de manera que es posible admitir que en determinados casos 
la mera existencia de un precepto reglamentario que sea de aplicación directa pueda 
violar un derecho fundamental... lo que, en definitiva, posibilita y obliga al enjuiciamiento 
de la norma en cuestión desde la señalada perspectiva constitucional". Criterio reiterado 
en la STC 57/2004, de 19 de abril, FJ 2» [FJ 2 b)].
Al igual que en el precedente citado, la exclusión de los estudiantes que aspiren a la 
obtención de las becas o de las ayudas complementarias a las que se refieren las 
órdenes 24/2017 y 27/2017, deriva directamente de las propias disposiciones generales 
de  referencia.  Así  se  deduce  de  lo  establecido  en  los  arts.  2  a)  y  4.1  a)  de  la 
Orden  24/2017,  y  en  los  arts.  2,  3.3  y  3.4  de  la  Orden  27/2017,  relativos  a  los 
beneficiarios y a los requisitos exigidos. Estos preceptos excluyen del acceso a las becas 
y ayudas a los estudiantes que hayan cursado o estén cursando sus estudios en un 
centro universitario que no pertenezca a alguna de las universidades públicas o centros 
de titularidad pública de la Comunidad Valenciana.
C)  Como en la STC 191/2020, la demanda de amparo alega, entre las razones 
esgrimidas para fundamentar el recurso de amparo y para sustentar la vulneración de los 
artículos 14 y 27 CE, que la universidad creada de acuerdo con el artículo 27.6 CE lo ha 
sido  en  régimen  de  igualdad  conforme  a  la  legislación  vigente  y  que  las  órdenes 
establecen una desigualdad de trato contraria a lo dispuesto en la legislación básica.
Por ello, es de aplicación al presente recurso la doctrina establecida en la citada 
STC 191/2020, que, en síntesis, reproducimos a continuación:
a)  La vulneración alegada del art. 14 CE se refiere a una concreta regulación del 
sistema de becas y ayudas para la realización de estudios universitarios, de tal manera 
que «habremos de examinar si, como consecuencia de dicha medida normativa, se ha 
introducido una diferencia de trato entre las universidades públicas y privadas; si las 
situaciones que se traen a comparación en el presente recurso de amparo pueden 
considerarse iguales y, en caso de que así sea, debemos examinar las razones alegadas 
por la administración para justificar la diferencia de trato y determinar si impiden apreciar 
la vulneración del citado precepto constitucional (en este sentido, STC 5/2007, de 15 de 
enero, FJ 3). Además, para atender a la justificación de la diferenciación, hemos de tener 
en cuenta su proyección en el derecho a la educación» (STC 191/2020, FJ 5).
Pues bien, en relación con este aspecto, la demanda aparece dirigida contra la 
totalidad  de  las  órdenes  24/2017  y  27/2017.  No  obstante,  en  relación  con  la 
Orden 24/2017, la impugnación se centra, principalmente, en el art. 2 que establece las 
«personas beneficiarias» de las becas para la promoción de la excelencia académica, y 
que en su apartado a) se limitan al «alumnado que haya finalizado sus estudios de grado 
en las universidades públicas de la Comunitat Valenciana y centros públicos adscritos a 
las mismas». Igualmente, como hemos anticipado, la impugnación, por discriminatoria,  e
afectaría también a los preceptos de la Orden 24/2017, que aludan a la titularidad  bo
«pública» de las universidades. Más en concreto, los arts. 1.1 (objeto y financiación), 4.1  022ww
até)c (nriecqau) idseito lsa  cdieta dlaas  opredresno.n Eans  eble cnaesfoic idaeri alas )O, r6d.e1n ( s2i7s/t2e0m1a7 ,d lea  dveamloraancdióan s)e y c 7e n(tcrao menis ilóons 
caortms.o 1 y.1a  (soeb jeatnot icyi pfión,a nacl iaarct.ió 3n,)  ayp 2a r(tbaednoesf i3c iayr i4o s()r,e qpueirsoi tloas l)e, syi óanl  taarmt. b4i.é1n  (sseorliícai tiumdpeust)a, bploer, 
su remisión al art. 1.1 de la citada orden, en el que se alude a las universidades 
«públicas» y a los centros «públicos».
De  la  aplicación  de  todos  estos  preceptos  se  deriva,  pues,  que  los  únicos 
beneficiarios de dicho sistema son los alumnos que hayan cursado o estén cursando sus 
estudios universitarios en centros de titularidad pública o adscritos a las universidades 
públicas de la Comunidad Valenciana, quedando excluidos, a sensu contrario, los que 
hayan cursado o estén cursando tales estudios en universidades privadas.
b)  «Afirmada, [por tanto] la diferencia de trato entre las universidades públicas y 
privadas, por la exclusión de las becas reguladas en la orden de los alumnos y de las 
enseñanzas de las universidades privadas, en este caso concreto, hay un término de 
comparación válido, tal y como aduce el Ministerio Fiscal» [STC 191/2020, FJ 5, b)].
Varias son las razones que, según la repetida STC 191/2020, sirven de fundamento a 
este término de comparación válido:
(i)  «En primer lugar porque el legislador orgánico al establecer el régimen jurídico 
de  las  universidades  no  distingue  entre  universidades  públicas  y  privadas  cuando 
dispone que la universidad realiza el servicio público de la educación superior mediante 
la investigación, la docencia y el estudio y determina las funciones de la universidad al 
servicio de la sociedad (artículo 1.1 LOU). Por su parte, el artículo 2 de la Ley 4/2007, 
de 9 de febrero, de coordinación del sistema universitario valenciano, determina que este 
está formado por las universidades de titularidad pública y las de titularidad privada, 
entre las que se encuentra la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir 
[artículo 2.1 b) de la ley], ahora recurrente en amparo.
Al respecto, este tribunal ha afirmado que «todas las universidades sin distinción, 
también por tanto las de titularidad privada (artículo 3.2 LOU), realizan un "servicio 
público de educación superior" a través de las funciones que les asigna la Ley Orgánica 
de Universidades en su artículo 1.2: la "creación, desarrollo, transmisión y crítica" de la 
ciencia, la técnica y la cultura, así como la preparación para el ejercicio de actividades 
profesionales; funciones todas que han de prestar siempre "al servicio de la sociedad". 
Ello explica también que la ley de reconocimiento de las universidades privadas, exigida 
por el artículo 4.1 LOU, venga precedida por la fijación por el Gobierno estatal de "los 
requisitos básicos necesarios para la creación y reconocimiento de las universidades 
públicas y privadas […] siendo, en todo caso, necesaria para universidades públicas y 
privadas la preceptiva autorización que, para el comienzo de sus actividades, otorgan las 
comunidades  autónomas  una  vez  comprobado  el  cumplimiento  de  los  requisitos 
normativamente establecidos (artículo 4.4 LOU)"» (entre otras, SSTC 176/2015, de 22 de 
julio, FJ 2, y 74/2019, de 22 de mayo, FJ 4).
A ello ha de añadirse, como indica el Ministerio Fiscal, que las universidades públicas 
y privadas están sujetas a los mismos requisitos para su creación o reconocimiento (Real 
Decreto  420/2015,  de  29  de  mayo,  de  creación,  reconocimiento,  autorización  y 
acreditación de universidades y centros universitarios); todas las universidades someten 
las titulaciones que tienen que impartir al mismo procedimiento de aprobación (Real 
Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales); y el acceso a las universidades, tanto públicas como 
privadas, tiene una base común (Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, por el que se 
establece la normativa básica de los procedimientos de admisión a las enseñanzas 
universitarias oficiales de grado)» [FJ 5 b)].
(ii)  «La legislación orgánica, a la hora de configurar las becas y ayudas al estudio 
(artículo 45 LOU) no ha establecido distinción entre los alumnos matriculados en las  e.
universidades públicas y privadas ni en relación con las enseñanzas que imparten las  w.b
mismas. 022ww
garaAnstiíz, asre  ldaiss pcoonned qicuioen eels o bdjee tivigou adledla sdis teenm ae lg eenjeerrcaicl idoe  dbeelc adse rye cahyou daas  laal  eesdtuucdaioc ióens 
a(aurttóícnuolom a4s5 .1(a LrOtícUu)l;o y  4q5u.e2  eLl OdeUs)a. rArodlleom dáes d, icehno  esli staepmaart acdoorr e4s pdoenld ea ratí clauslo c o4m5 uLnOidUa dsees 
determina, sin distinción entre los estudios en las universidades públicas y privadas, que,
con objeto de que nadie quede excluido del estudio en la universidad por razones 
económicas,  el  Gobierno  y  las  comunidades  autónomas,  así  como  las  propias 
universidades,  instrumentarán  una  política  de  becas,  ayudas  y  créditos  para  el 
alumnado» [FJ 5 b)].
(iii)  Tampoco, en la regulación del sistema de becas establecido por la normativa de 
la Comunidad Valenciana «se establece esta distinción entre universidades públicas y 
privadas […] El preámbulo del Decreto 88/2006, de 16 de junio, por el que se modifica el 
Decreto 40/2002, de medidas de apoyo a los estudiantes universitarios en la Comunitat 
Valenciana, señala como fin del mismo adecuar la tradicional convocatoria de becas para 
la realización de estudios universitarios, permitiendo a los alumnos que cursan sus 
estudios en las universidades privadas de la Comunitat Valenciana beneficiarse de la 
cuantía equivalente al importe de la actividad docente de la tasa o precio público por 
servicios académicos universitarios, previéndose, entre las ayudas que establece el 
artículo 2, las ayudas de matrícula en universidades privadas; y, como uno de los 
requisitos de las ayudas el de "cursar estudios conducentes a la obtención de títulos 
oficiales en universidades o centros adscritos a universidades públicas, competencia de 
la Generalitat", sin diferenciar entre universidades públicas y privadas, regulación que se 
mantuvo  tras  la  última  modificación  realizada  por  el  Decreto  180/2016,  de  2  de 
diciembre» [FJ 5 b)].
c)  En cuanto a la justificación del trato dispar, ni del tenor de las disposiciones 
objeto del presente recurso, ni de la exposición de motivos de las mismas es posible 
encontrar una finalidad que justifique el establecimiento del tratamiento diferenciado al 
que  se  ha  hecho  referencia  entre  las  universidades  públicas  y  las  universidades 
privadas. En el preámbulo de la Orden 24/2017 únicamente se menciona «el carácter de 
subvención» de las becas, cuyas bases se establecen en la misma y se hace referencia 
a  la  normativa,  tanto  estatal  como  autonómica,  relativa  al  régimen  jurídico  de  las 
subvenciones, pero no se aporta ninguna justificación específica del trato discriminatorio 
deparado a los alumnos que hayan cursado estudios precedentes en universidades 
privadas y pretendan continuarlos en otros centros universitarios sirviéndose de las 
ayudas económicas que la propia Orden 24/2017 prevé. Lo mismo puede decirse del 
preámbulo  de  la  Orden  27/2017,  que  en  todo  momento  aparece  referido  a  las 
«universidades de la Comunitat Valenciana» o a los «estudiantes universitarios», sin 
distinción alguna entre centros públicos y privados.
Tampoco, en las alegaciones ofrecidas por los servicios jurídicos de la Comunidad 
Valenciana  se  justifica  tal  trato  discriminatorio.  En  este  sentido,  el  letrado  de  la 
Comunidad se limita a reproducir los que ya destacó en el recurso de amparo interpuesto 
contra la Orden 21/2016, que hemos recogido con detalle en los antecedentes y que 
fueron, también, rechazados por la STC 191/2020, al declarar:
«[A]unque se pudiera considerar, tal y como alega el representante de la Generalitat, 
que las comunidades autónomas puedan establecer otras modalidades de ayudas con 
cargo a su presupuesto, no pueden hacerlo distinguiendo sin justificación y al margen de la 
legislación vigente, que no diferencia entre universidades públicas y privadas. El tribunal ha 
entendido que el poder de gastar no es un título atributivo de competencias (STC 13/1992, 
de 6 de febrero, FJ 5) sino que el poder de gastar y subvencionar va unido a la competencia 
de la materia sobre la que se incide, esto es, que la subvención no es concepto que delimite 
competencias, atrayendo toda regulación que, desde uno u otro aspecto, tenga conexión 
con aquella (STC 38/1992, de 30 de junio, FJ 5). De esta manera, y conforme al régimen de  e
distribución de competencias en materia de educación (entre otras STC 188/2001, 20 de  bo
septiembre), el sistema de ayudas que establezca la comunidad autónoma no puede  022ww
ldaess caoynuodcaesr.  loA l drisepsupeescttoo , paofri reml óle geisstlea dtorirb uensatal taqlu, ey  e«nta ncoton clare tloe geisl lmacaiónnd aotorg dáen icigau aclodmado  elna 
enodrumcaattiivvoa  drieriggliadmo ean tahraiace rc oenfeficgtuivraon e ll adse rbeecchaos  ac olam eod uucna ceiólenm, epnetrom intieuncldeoa re ld ealc cseisstoe mdea 
todos  los  ciudadanos  a  la  enseñanza  en  condiciones  de  igualdad  a  través  de  la
compensación de las condiciones socioeconómicas desfavorables que pudieran existir entre 
ellos, lo que determina que los poderes públicos estén obligados a garantizar su existencia 
y  real  aplicación»  (STC  188/2001,  de  20  de  septiembre,  FJ  4).  Tampoco  puede  la 
Orden 21/2016 contener una diferencia entre los estudios de las universidades públicas y 
privadas donde el legislador estatal, al establecer el derecho a la becas, no establece dicha 
diferencia» [FJ 5 c)].
«[L]a  orden  valenciana  no  se  acomoda  ni  a  la  Ley  de  la  Comunidad 
Autónoma 4/2007, de 9 de febrero, que no establece diferencias entre las universidades 
públicas  y  privadas  en  cuanto  a  que  todas  forman  parte  del  sistema  universitario 
valenciano, ni tampoco, al propio Decreto 40/2002, que estableció el sistema de becas y 
ayudas  en  esta  comunidad  autónoma  y  que  incluye,  como  se  puso  de  relieve 
anteriormente, a las universidades privadas en dicho sistema y "no puede el reglamento 
excluir del goce de un derecho a aquellos a quienes la ley no excluyó. El juicio sobre la 
licitud  constitucional  de  las  diferencias  establecidas  por  una  norma  reglamentaria 
requiere así, necesariamente, y sólo desde esta perspectiva, un juicio de legalidad" 
(STC 209/1987, de 22 de diciembre, FJ 3)» [FJ 5 c)].
El resto de las razones aducidas tampoco pueden sustentar la diferencia de trato. 
Los requisitos de mérito y capacidad para aspirar a las becas están ya previstos en el 
art. 6.1 de la Orden 24/2017 (sobre el «sistema de valoración») y en los arts. 6, 7 y 8 de 
la Orden 27/2017 (sobre la «selección y valoración de las solicitudes», la «distribución 
del importe global entre las entidades solicitantes» y los «criterios de concesión»). Al 
margen, claro está, de las normas que desarrollan el artículo 27.5 CE, sin que por lo 
tanto pueda justificar una diferencia de trato entre las universidades públicas y privadas.
4.  Alcance del amparo.
Al igual que lo declarado en la STC 191/2020, procede estimar el recurso de amparo, 
toda  vez  que  el  régimen  de  becas  y  ayudas  establecido  en  las  órdenes  24/2017 
y 27/2017 «introduce una diferencia entre las universidades del sistema universitario 
valenciano que carece de la justificación objetiva y razonable que toda diferenciación 
normativa, por imperativo del artículo 14 CE, debe poseer para ser considerada legítima. 
Dicha exclusión, además, se proyecta sobre el artículo 27 CE, ya que afecta tanto al 
derecho de las universidades privadas a crear instituciones educativas (artículo 27.6 CE) 
como al derecho de los estudiantes a la educación (artículo 27.1 CE; en un sentido 
similar, STC 74/2018, de 5 de julio, FJ 5), teniendo en cuenta la relación existente entre 
los mismos, pues no pueden entenderse los derechos educativos de los estudiantes sin 
la  referencia  a  las  instituciones  educativas  en  las  que  cursan  sus  estudios,  ni  los 
derechos educativos de las instituciones educativas, en este caso, de la universidad, sin 
atender a los estudiantes que conforman la comunidad universitaria» (FJ 6).
Los derechos fundamentales de la recurrente, reconocidos en los arts. 14 y 27 CE, 
quedarán restablecidos con la declaración de nulidad de los términos «públicas» y 
«públicos» incluidos en los arts. 1.1; 2 a); 4.1 a); 6.1 y 7 de la Orden 24/2017, de 21 de 
junio, de la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte de la Generalitat 
Valenciana, «por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de las 
becas de promoción de la excelencia académica del alumnado universitario de las 
universidades públicas y de los centros adscritos al Instituto Superior de Enseñanzas 
Artísticas de la Comunitat Valenciana».
Del mismo modo, se habrá de declarar la nulidad de los términos «públicas» y  s
«públicos» incluidos en el art. 1.1 de la Orden 27/2017, de 3 de julio, de la Consellería de  oe.
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Valenciana». La nulidad de este precepto permite reparar la discriminación derivada de la
remisión que los arts. 2, 3.3, 3.4 y 4.1 hacen al art. 1.1 de la propia Orden 27/2017.
«Por último, al apreciarse la vulneración de derechos fundamentales reconocidos en 
el  artículo  14  en  relación  con  el  artículo  27  CE,  no  procede  examinar  la  lesión 
denunciada del derecho a la libertad ideológica (artículo 16 CE), ni la referida al derecho 
a la tutela judicial efectiva (artículo 24.1 CE)» (STC 191/2020, FJ 6).
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar el recurso de amparo interpuesto por la Universidad Católica de Valencia 
San Vicente Mártir y, en su virtud:
1.º  Declarar  que  ha  sido  vulnerado  su  derecho  fundamental  a  la  igualdad 
(artículo 14 CE), en relación con su derecho fundamental a la creación de centros 
docentes (apartado 6 del artículo 27 CE).
2.º  Restablecerla en sus derechos y, en consecuencia, declarar la nulidad de los 
términos «públicas» y «públicos» incluidos en los arts. 1.1; 2 a); 4.1 a); 6.1 y 7 de la 
Orden 24/2017, de 21 de junio, de la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y 
Deporte de la Generalitat Valenciana, «por la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de las becas de promoción de la excelencia académica del alumnado 
universitario de las universidades públicas y de los centros adscritos al Instituto Superior 
de Enseñanzas Artísticas de la Comunitat Valenciana». Del mismo modo, se declara la 
nulidad  de  los  términos  «públicas»  y  «públicos»  incluidos  en  el  art.  1.1  de  la 
Orden 27/2017, de 3 de julio, de la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y 
Deporte de la Generalitat Valenciana, «por la que se establecen las bases reguladoras 
de  las  ayudas  para  complementar  las  becas  para  la  actividad  de  movilidad  de 
estudiantes  por  estudios,  del  programa  Erasmus+,  pertenecientes  a  instituciones 
públicas de educación superior de la Comunitat Valenciana».
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a veintinueve de junio de dos mil veintiuno.–Encarnación Roca 
Trías.–Juan Antonio Xiol Ríos.–Antonio Narváez Rodríguez.–Ricardo Enríquez Sancho.–
Firmado y rubricado.
Voto particular que formula el magistrado don Juan Antonio Xiol Ríos a la sentencia 
dictada en el recurso de amparo número 6915-2019
Con el máximo respeto a la opinión mayoritaria de mis compañeros de Sala en la que 
se sustenta la sentencia, manifiesto mi discrepancia con su fundamentación y su fallo, que 
considero que debió de ser desestimatorio por las razones que ya expuse en el voto 
particular conjunto que formulé a la STC 191/2020, de 17 de diciembre, al que me remito.
Madrid, a veintinueve de junio de dos mil veintiuno.–Juan Antonio Xiol Ríos.–Firmado 
y rubricado.