BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 257 Lunes 28 de septiembre de 2020 Sec. III.   Pág. 81667
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
11325 Resolución de 10 de agosto de 2020, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación 
extendida por la registradora titular del registro de la propiedad de Cartagena 
n.º 4, por la que suspende la cancelación de una anotación preventiva de 
embargo extendida a favor de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
ordenada en mandamiento dictado en procedimiento concursal.
En el recurso interpuesto por doña D. C. G., en nombre y representación de la 
mercantil Bibiano y Cía, S.L., contra la nota de calificación extendida por la registradora 
titular del registro de la propiedad de Cartagena n.º 4, doña M.ª Clara Treviño Peinado, 
por la que suspende la cancelación de una anotación preventiva de embargo extendida a 
favor de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, ordenada en mandamiento 
dictado en procedimiento concursal.
Hechos
I
En mandamiento de fecha 10 de febrero de 2020 del Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de 
Murcia, procedimiento Sección V Convenio 245/2013, del concurso de acreedores de la 
sociedad Bibiano y Cía, S.L., se ordena la cancelación de las anotaciones preventivas de 
embargo extendidas a favor de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y a favor 
de J. P. M. que gravan la finca 21973 propiedad de la citada sociedad.
II
Presentada la anterior documentación en el Registro de la Propiedad de Cartagena 
n.º 4 fue objeto de la siguiente calificación: Calificado el precedente documento, ... se 
suspende la inscripción en base a los siguientes: Hechos y Fundamentos de Derecho: 
Examinado el historial registral de la citada finca, se observa que se encuentra gravada 
con los siguientes embargos:
– Anotación de Embargo letra A de fecha 10 de Enero de 2013, practicada a virtud 
de mandamiento de fecha 27 de diciembre de 2012, expedido por doña M. T. R. G., Jefa 
del Equipo Regional de Recaudación de la Delegación Especial de Murcia de la Agencia 
Estatal  de  Administración  Tributaria,  a  favor  de  «Hacienda  Pública»,  Diligencia  de 
embargo n.º 301223334475F de fecha 14 de diciembre de 2012 y Providencias de 2 de 
noviembre de 2012. Al margen de dicha anotación letra A aparece expedida certificación 
de cargas para dicho procedimiento con fecha 10 de enero de 2013.
– Anotación de Embargo letra B de fecha 21 de Febrero de 2013, practicada a virtud 
de mandamiento expedido por el Secretario del Juzgado de Primera Instancia Número 
Cinco de Cartagena, procedimiento de Ejecución de Juicio Cambiario n.º 1153/2012, a 
favor de don J.P.M. es
– Anotación de Prorroga de Embargo letra D de la anotación de embargo letra A de  o
fecha  13  de  Enero  de  2017,  practicada  a  virtud  de  mandamiento  de  fecha  5  de  5w
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consta  expresamente  que  «Una  vez  dictada  y  firme  la  resolución  que  apruebe  el
convenio, quedará sin efecto ni valor alguno cualquier tipo de procedimiento judicial o 
administrativo,  y  cuantos  embargos,  avales,  anotaciones  preventivas,  trabas  y 
retenciones de cualquier naturaleza se hubiesen establecido sobre cualquiera de los 
bienes o derechos de “Bibiano y Cía, S.L.” a instancia de los acreedores obligados por el 
presente convenio, viniendo obligados tales acreedores a desistir sin costas de los 
mencionados procedimientos pendientes y a solicitar la cancelación y levantamientos de 
embargos,  anotaciones  o  retenciones.  Igualmente,  con  la  aprobación  del  convenio 
quedarán canceladas cuantas anotaciones se hubiesen practicado en los registros de la 
propiedad como consecuencia del presente procedimiento concursal 245/2013 seguido 
ante el Juzgado de lo Mercantil N.º1 de Murcia, sobre los bienes propiedad de la 
concursada, y muy especialmente sobre fincas no afectas a la actividad empresarial que 
se han mencionado anteriormente, y cuyo destino es la venta para pago de las deudas, 
quedando facultada la concursada con la resolución judicial que apruebe este convenio 
para solicitar la cancelación de dichas anotaciones en los registros de la propiedad 
correspondientes o, en su defecto, librándose los mandamientos judiciales oportunos.» 
Sin embargo, del Registro no resulta que los acreedores Hacienda Pública y J.P.M. sean 
acreedores obligados por dicho Convenio, En cuanto a la cancelación del Embargo a 
favor de la «Hacienda Pública», debe tenerse en cuenta que la vis atractiva que el art. 8 
LC establece en favor del juez concursal tiene excepciones en el art. 55, que permite la 
ejecución separada de, entre otros, los embargos administrativos cuya providencia de 
embargo fuera de fecha anterior a la declaración de concurso y decretados sobre bienes 
no afectos a la actividad del concursado (en el presente caso las Providencias son de 
fecha 2 de noviembre de 2012, la Diligencia de embargo de 14 de diciembre de 2012, y 
en la Inscripción 6.ª de Convenio consta que la finca N.º 21973 no está afecta a la 
actividad empresarial de la concursada). Además, no consta notificación al titular del 
embargo. En cuanto a la cancelación del Embargo a favor de don «J. P. M.», será 
preciso que conste que el titular de dicho embargo ha sido previamente notificado, para 
que pueda oponerse si lo estima conveniente. Son aplicables los artículos 18 de la Ley 
Hipotecaria y 100 de su Reglamento; los artículos 55 y 149 de la Ley 22/2003, de 9 de 
julio, concursal; Resoluciones de la Dirección general de la Seguridad Jurídica y de la Fe 
Pública (antigua Dirección general de los Registros y del Notariado) de 11 de julio y 2 de 
septiembre de 2013, 1 de abril, 5 de septiembre de 2014, 2 de julio y 22 de septiembre 
de 2015. A la vista de la documentación que se aporte se completará la calificación. Se 
advierte, no obstante, que la Anotación Preventiva de Embargo letra B de fecha 21 de 
Febrero  de  2013,  se  encuentra  caducada,  por  lo  que  para  su  cancelación  resulta 
aplicable el art. 353.3 del Reglamento Hipotecario Vistos los artículos citados y demás 
disposiciones de pertinente aplicación, por el Registrador que suscribe se acuerda:
1.°  Calificar  el  documento  presentado  en  los  términos  que  resultan  de  los 
Fundamentos Jurídicos antes citados.
2.°   Suspender el despacho del título por defecto subsanable.
3.°  Notificar esta calificación …Cartagena a trece de marzo de dos mil veinte.
La Registradora. Fdo: M.ª Clara Treviño Peinado.
III
Contra la anterior nota de calificación, doña D. C. G., en nombre y representación de 
la mercantil Bibiano y Cía, S.L., interpone recurso en base a las siguientes alegaciones:  es
«… Segunda.– Por la Sra. Registradora del Registro de la Propiedad número Cuatro de  bo
Cartagena  se  ha  procedido  a  calificar  el  documento  presentado  a  Diario  el  día  5w
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Tributaria y de J. P. M., que grava la finca 21973 de la Sección 2.ª, entrada 369/2020,
acordando la suspensión. Aun cuando lo ha suspendido en relación a la anotación de 
Embargo letra A y B, solo es objeto de recurso la anotación de embargo letra A toda vez 
el de la letra B se encuentra caducado, por lo que para su cancelación resulta aplicable 
el artículo 353.3 del Reglamento Hipotecario. Alegaciones Primera.– El artículo 324 de 
la  LH  establece  que  las  calificaciones  negativas  del  registrador  podrán  recurrirse 
potestativamente ante la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública en la 
forma y según los trámites previstos en los artículos siguientes. Mi mandante tiene 
legitimación de conformidad con el artículo 325 de la misma ley. Segunda.–Por la Sra. 
Registradora del Registro de la Propiedad número Cuatro de Cartagena se ha procedido 
a calificar el documento presentado a Diario el día veinticuatro de febrero de dos mil 
veinte, bajo el asiento de presentación 432 del Diario 253, mandamiento de fecha 10 de 
febrero de 2020 del Juzgado de Lo Mercantil N.º 1 de Murcia, procedimiento Sección V 
Convenio 245/2013, por el que se ordena la cancelación de las anotaciones de embargo 
de la Agencia Estatal de administración Tributaria y de J. P. M., que grava la finca 21973 
de  la  Sección  2.ª,  entrada  369/2020,  acordando  la  suspensión.  Aun  cuando  lo  ha 
suspendido en relación a la anotación de Embargo letra A y B, solo es objeto de recurso 
la anotación de embargo letra A toda vez el de la letra B se encuentra caducado, por lo 
que para su cancelación resulta aplicable el artículo 353.3 del Reglamento Hipotecario. 
Nos dice la calificación que, examinado el historial registral de la citada finca, se observa 
que se encuentra gravada con la anotación de Embargo letra A de fecha 10 de enero 
de 2013 a favor de “Hacienda Pública”; así mismo con una anotación de Embargo letra B 
de fecha 21 de febrero de 2013, practicada a virtud de mandamiento expedido por el 
Secretario del Juzgado de Primera Instancia Número Cinco de Cartagena, procedimiento 
de Ejecución de Juicio Cambiario n.º 1153/2012, a favor de don “J. P. M.”. Nos dice 
igualmente que en la Inscripción 6.ª de Convenio de Acreedores practicada en virtud de 
mandamiento de 13 de febrero de 2015 en el que se inserta sentencia firme de 18 de 
diciembre de 2014 consta expresamente que: “Una vez dictada y firme la resolución que 
apruebe el convenio, quedará sin efecto ni valor alguno cualquier tipo de procedimiento 
judicial o administrativo, y cuantos embargos, avales, anotaciones preventivas, trabas y 
retenciones de cualquier naturaleza se hubiesen establecido sobre cualquiera de los 
bienes o derechos de ‘Bibiano y Cía, S.L.’ a instancia de los acreedores obligados por el 
presente convenio, viniendo obligados tales acreedores a desistir sin costas de los 
mencionados procedimientos pendientes y a solicitar la cancelación y levantamientos de 
embargos,  anotaciones  o  retenciones.  Igualmente,  con  la  aprobación  del  convenio 
quedarán canceladas cuantas anotaciones se hubiesen practicado en los registros de la 
propiedad como consecuencia del presente procedimiento concursal 245/2013 seguido 
ante el Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Murcia, sobre los bienes propiedad de la 
concursada, y muy especialmente sobre fincas no afectas a la actividad empresarial que 
se han mencionado anteriormente, y cuyo destino es la venta para pago de las deudas, 
quedando facultada la concursada con la resolución judicial que apruebe este convenio 
para solicitar la cancelación de dichas anotaciones en los registros de la propiedad 
correspondientes en su defecto, librándose los mandamientos judiciales oportunos.” Y 
procede a suspender la inscripción, como defecto subsanable, por: 1.º  No resultar que 
la Hacienda Pública sea acreedor obligado por dicho Convenio. 2.º  Aun la vis atractiva 
que el art. 8 LC establece en favor del juez concursal, esta tiene excepciones en el 
art. 55, que permite la ejecución separada de, entre otros, los embargos administrativos 
cuya providencia de embargo fuera de fecha anterior a la declaración de concurso y 
decretados sobre bienes no afectos a la actividad del concursado (en el presente caso  s
las Providencias son de fecha 2 de noviembre de 2012, la Diligencia de embargo de 14  oe.
de diciembre de 2012, y en la Inscripción 6.ª de Convenio consta que la finca n.º 21973  w.
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extinguidos en la parte a que alcance la quita, aplazados en su exigibilidad por el tiempo 
de espera y, en general, afectados por el contenido del convenio. Mediante Auto de 24 
de enero de 2020 el Juzgado acuerda en su consideración jurídica segunda: “Segundo.– 
Procedencia de la cancelación. La aplicación de las consideraciones anteriores al caso 
presente justifica la cancelación interesada, al resultar que se trata de embargos que 
afectan a créditos sujetos a convenio, sin que figure limitación alguna dispositiva del 
deudor concursado respecto de tales bienes. ¿Y cuáles eran esas consideraciones a las 
que se refiere el Auto? El Auto de 24 de enero de 2020, nos enseña y así lo dice de 
manera expresa, que para resolver sobre la cancelación de embargos acordados en 
procedimientos extraconcursales respecto de fincas y derechos de la concursada, la 
respuesta exige distinguir entre los embargos que se refieren a créditos sometidos al 
convenio de aquéllos que no lo están. Y el Auto concluye que procede la cancelación de 
embargos por encontrarnos ante un crédito que sí estaba sometido a convenio. No 
puede por tanto este Registro, dicho sea con todos los respectos y en términos de 
estricta defensa, impugnar, obviar, desoír y poner en duda tal afirmación, so pena de 
convertirse en parte del proceso judicial. El juez es soberano y cuando afirma que sí 
estaba sometido a convenio no puede el Registrador dudar o negar tal extremo y 
afirmación,  sería  tanto  como  que  el  registrador  pudiera  denegar  la  inscripción  del 
pronunciamiento del fallo de una sentencia por considerar que el juzgador erró en su 
razonamiento que le llevarán a tal pronunciamiento. Los mandamientos ordenando la 
práctica de alzamiento de embargo, como documentos judiciales, están sujetos a las 
limitaciones generales impuestas a los Registradores para su calificación, por lo que 
decretada una cancelación o alzamiento de embargo no debe entrar la calificación en el 
examen de las razones que para ello se hayan tenido en cuenta por el juez. Según el 
art. 100 del Decreto de 14 de febrero de 1947, por el que se aprueba el Reglamento 
Hipotecario: 'La calificación por los Registradores de los documentos expedidos por la 
autoridad judicial se limitará a la competencia del Juzgado o Tribunal, a la congruencia 
del mandato con el procedimiento o juicio en que se hubiere dictado, a las formalidades 
extrínsecas del documento presentado y a los obstáculos que surjan del Registro'. La 
razón de ser de esta disposición es muy sencilla: siendo la jurisdicción y la competencia 
presupuestos procesales cuya ausencia determina la nulidad de lo actuado (arts. 238 
LOPJ y 225 LEG), de impedirse al Registrador e1 control de su efectiva concurrencia 
existiría el riesgo de que accedieran al Registro títulos nulos de pleno derecho (cosa que 
es  deseable  evitar  en  la  medida  de  lo  posible).  Pero  léase  bien:  jurisdicción  y 
competencia solamente. Consideramos que la registradora se ha excedido en el ámbito 
de su calificación y ha invadido competencias que son propias de los tribunales. La 
supuesta extralimitación de la calificación, como ha afirmado de forma reiterada la 
Dirección General, es el respeto a la función jurisdiccional, que corresponde en exclusiva 
a  los  jueces  y  tribunales,  impone  a  todas  las  autoridades  y  funcionarios  públicos, 
incluidos  por  ende  los  registradores  de  la  Propiedad,  la  obligación  de  cumplir  las 
resoluciones judiciales. Pero no es menos cierto que el registrador tiene, sobre tales 
resoluciones, la obligación de calificar determinados extremos, entre los cuales no está 
el fondo de la resolución, pero sí el de examinar si en el procedimiento han sido 
emplazados aquellos a quienes el Registro concede algún derecho que podría ser 
afectado por la sentencia, con objeto de evitar su indefensión, proscrita por el artículo 24 
de la Constitución Española y su corolario registral del artículo 20 de la Ley Hipotecaria. 
Y en este caso, siendo la Agencia Tributaria parte en el procedimiento Concursal (no 
puede el registro dudar o negar tal cualidad procesal), siendo su crédito uno de los que  s
se somete al Convenio (afirmación que este Registro no puede negar ni poner en duda,  oe.
so pena de permitirle entrar en facultades propias de un Juez), por aplicación automática  w.
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casos, como bien recuerda la Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 21 
de octubre de 2013, el registrador '(...) debía tener en cuenta lo que dispone el art. 522.1 
LEC, a saber, todas las personas y autoridades, especialmente las encargadas de los 
Registros  públicos,  deben  acatar  y  cumplir  lo  que  se  disponga  en  las  sentencias 
constitutivas y atenerse al estado o situación jurídicos que surja de ellas, salvo que 
existan  obstáculos  derivados  del  propio  Registro  conforme  a  su  legislación 
específica…'”»
IV
La registradora, emite su informe confirmando su calificación y forma expediente que 
eleva a esta Dirección.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 55, 103, 133, 134, 136 y 149 de la Ley Concursal; 164 de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria; 84 de la Ley Hipotecaria; 100 del 
Reglamento Hipotecario; y las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y 
del Notariado de 8 de septiembre de 2012, 4 y 21 de junio, 11 de julio de 2013, 
confirmada por sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 12 de Granada y 
anulada por sentencia de la Audiencia Provincial de Granada de fecha 13 de febrero 
de 2015, por probarse la afección del bien a la actividad de la sociedad mediante autos 
Auto de 30-4-14, del Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Granada, posterior a la resolución 
anulada, y 2 de septiembre de 2013, 1 de abril y 5 de septiembre de 2014 y 19 de 
octubre de 2015.
1.  Son hechos relevantes para la resolución de este expediente los siguientes:
A)  En mandamiento de fecha 10 de febrero de 2020 del Juzgado de lo Mercantil n.º 
1 de Murcia, procedimiento Sección V Convenio 245/2013, del concurso de acreedores 
de la sociedad Bibiano y Cía, S.L., comprensivo del auto de 10 de febrero de 2020 para 
cuya efectividad se expide, se ordena la cancelación de las anotaciones preventivas de 
embargo extendidas a favor de la Agencia Estatal de administración Tributaria y a favor 
de J. P. M. que gravan la finca 21973 propiedad de la citada sociedad.
B)  En el historial registral de dicha finca figura extendidas los siguientes asientos:
a)  Anotación de Embargo letra A de fecha 10 de enero de 2013, practicada a virtud 
de mandamiento de fecha 27 de diciembre de 2012, a favor de «Hacienda Pública», con 
diligencia de embargo de fecha 14 de diciembre de 2012 y Providencias de 2 de 
noviembre de 2012. Al margen de dicha anotación letra A aparece expedida certificación 
de cargas para dicho procedimiento con fecha 10 de enero de 2013.
b)  Anotación de Embargo letra B de fecha 21 de febrero de 2013, practicada a favor 
de don J. P. M.
c)  Anotación letra D de Prorroga de la anotación de embargo letra A de fecha 13 de 
enero de 2017, practicada a virtud de mandamiento de fecha 5 de enero 2017.
d)  Inscripción 6.ª de Convenio de Acreedores practicada en virtud de mandamiento 
de 13 de febrero de 2015 en el que se inserta sentencia firme de 18 de diciembre 
de 2014, en dicho convenio se prevé la venta de las fincas de la sociedad que no están 
afectas  al  ejercicio  de  la  actividad,  entre  ellas  la  finca  21973,  así  mismo  consta  s
expresamente que «una vez dictada y firme la resolución que apruebe el convenio,  e.
quedará  sin  efecto  ni  valor  alguno  cualquier  tipo  de  procedimiento  judicial  o  w.
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embargos,  anotaciones  o  retenciones.  Igualmente,  con  la  aprobación  del  convenio 
quedarán canceladas cuantas anotaciones se hubiesen practicado en los registros de la 
propiedad como consecuencia del presente procedimiento concursal 245/2013 seguido 
ante el Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Murcia, sobre los bienes propiedad de la 
concursada, y muy especialmente sobre fincas no afectas a la actividad empresarial que 
se han mencionado anteriormente, y cuyo destino es la venta para pago de las deudas, 
quedando facultada la concursada con la resolución judicial que apruebe este convenio 
para solicitar la cancelación de dichas anotaciones en los registros de la propiedad 
correspondientes o, en su defecto, librándose los mandamientos judiciales oportunos.»
La registradora suspende la cancelación ordenada resumidamente por los siguientes 
motivos:
– No consta que la Hacienda Pública sea acreedor obligado por el citado Convenio;
– La vis atractiva que el art. 8 LC establece en favor del juez concursal, tiene 
excepciones  en  el  art.  55,  que  permite  la  ejecución  separada  de,  entre  otros,  los 
embargos administrativos cuya providencia de embargo fuera de fecha anterior a la 
declaración  de  concurso  y  decretados  sobre  bienes  no  afectos  a  la  actividad  del 
concursado, como es el caso de la finca afectada;
– No consta notificación al titular del embargo.
El recurrente, dado que la anotación letra B, se encuentra cancelada por caducidad, 
interpone  recurso  únicamente  respecto  de  la  cancelación  de  la  anotación  letra  A 
prorrogada por la D, y señala que en el Auto de 24 de enero de 2020 que recoge y 
provoca el mandamiento calificado, consta expresamente que se trata de embargos que 
afectan a créditos sujetos a convenio, que el registrador se extralimita en su calificación y 
que al estar el acreedor está obligado por dicho convenio y no estar afecta la finca a la 
actividad empresarial de la concursada, no se precisa de más notificación individualizada 
a ese acreedor.
2.  Como cuestión previa, conviene recordar que es criterio de este Centro Directivo 
que los registradores tienen el deber de colaborar con jueces y tribunales en su labor de 
juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, y de cumplir sus resoluciones firmes (cfr. artículo 118 
de la Constitución Española), pero no por ello ha de quedar excluida la calificación 
registral de aquellas que pretendan su acceso al Registro.
Al registrador de la Propiedad no le compete calificar los fundamentos ni siquiera los 
trámites del procedimiento que las motivan. Sin embargo, como también ha sostenido 
este Centro Directivo en reiteradas ocasiones, el principio constitucional de protección 
jurisdiccional de los derechos y de interdicción de la indefensión procesal impide dar 
cabida en el Registro a una resolución judicial sin que el registrador, a los exclusivos 
efectos  de  la  inscripción,  haya  calificado  la  competencia  del  juez  o  tribunal,  la 
adecuación  o  congruencia  de  su  resolución  con  el  procedimiento  seguido  y  los 
obstáculos  que  surjan  del  Registro,  así  como  a  las  formalidades  extrínsecas  del 
documento presentado (artículo 100 del Reglamento Hipotecario en relación con el 
artículo 18 de la propia Ley Hipotecaria).
Por ello que el registrador pueda y deba verificar la cumplida intervención del titular 
registral en los procedimientos judiciales que, como en este caso, puedan provocar la 
cancelación de sus derechos, tiene su base en las exigencias constitucionales derivadas 
del principio de protección jurisdiccional de los derechos e intereses legítimos y de 
exclusión de la indefensión (cfr. artículo 24 de la Constitución Española), que tiene su  e.
especifica aplicación en el ámbito registral en el criterio de salvaguardia judicial de los  w.
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las incidencias de la ejecución. En efecto, es principio del Derecho concursal que el 
conjunto  de  relaciones  jurídico  patrimoniales  del  concursado  quedan  sujetas  al 
procedimiento de concurso (artículo 8 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal).
Es el Juez del concurso quien debe llevar a cabo la calificación de los créditos, de 
acuerdo con la vis atractiva que ejerce su jurisdicción durante la tramitación del concurso 
y a la vista del informe que al efecto presenta la administración del concurso.
Y es que, como señala la Exposición de Motivos de la Ley Concursal, «el carácter 
universal  del  concurso  justifica  la  concentración  en  un  solo  órgano  judicial  de  las 
materias que se consideran de especial trascendencia para el patrimonio del deudor, lo 
que lleva a atribuir al juez del concurso jurisdicción exclusiva y excluyente en materias 
como todas las ejecuciones y medidas cautelares que puedan adoptarse en relación con 
el patrimonio del concursado por cualesquiera órganos judiciales o administrativos».
Por lo que se refiere a los embargos decretados, este principio viene plasmado en el 
artículo 24 de la propia Ley al establecer, en relación a la publicidad del concurso en el 
Registro de la Propiedad, que «practicada la anotación preventiva o la inscripción (del 
concurso), no podrán anotarse respecto de aquellos bienes o derechos más embargos o 
secuestros posteriores a la declaración de concurso que los acordados por el juez de 
éste, salvo lo establecido en el artículo 55.1».
El artículo 55, inciso primero, de la Ley Concursal confirma lo anterior, al disponer 
que «declarado el concurso, no podrán iniciarse ejecuciones singulares, judiciales o 
extrajudiciales, ni seguirse apremios administrativos o tributarios contra el patrimonio del 
deudor». Añadiendo en su apartado segundo, que «las actuaciones que se hallaran en 
tramitación quedarán en suspenso desde la fecha de declaración de concurso, sin 
perjuicio del tratamiento concursal que corresponda dar a los respectivos créditos» 
(artículo 55.2).
Además, esta competencia del juez del concurso se extiende, en razón a su vis 
atractiva, no sólo para llevar a cabo las ejecuciones singulares, sino para ordenar 
también la cancelación de los embargos y anotaciones practicadas en las mismas, de 
manera  que  la  regla  general  de  que  la  competencia  para  cancelar  una  anotación 
preventiva la tiene el mismo juez o Tribunal que la hubiera ordenado (cfr. artículo 84 de la 
Ley Hipotecaria), puede extenderse a favor de esta competencia del juez del concurso 
como consecuencia del procedimiento universal de ejecución.
Así, el apartado tercero del artículo 55 dispone que «cuando las actuaciones de 
ejecución  hayan  quedado  en  suspenso  conforme  a  lo  dispuesto  en  los  apartados 
anteriores, el juez, a petición de la administración concursal y previa audiencia de los 
acreedores afectados, podrá acordar el levantamiento y cancelación de los embargos 
trabados cuando el mantenimiento de los mismos dificultara gravemente la continuidad 
de la actividad profesional o empresarial del concursado».
Esta competencia del juez del concurso para cancelar embargos, queda sometida a 
una triple condición: a) que la decrete el juez del concurso a petición de la administración 
concursal; b) que concurra como causa habilitante el hecho de que el mantenimiento de 
los embargos trabados dificulte gravemente la continuidad de la actividad profesional o 
empresarial del concursado, y c) la audiencia previa de los acreedores afectados.
4.  Ahora bien, la regla general de imposibilidad de seguirse ejecuciones separadas 
durante  la  sustanciación  del  concurso  no  es  una  norma  absoluta,  sino  que  tiene 
excepciones.
El artículo 55.1, en su segundo párrafo, admite que hasta la aprobación del plan de 
liquidación, podrán continuarse aquellos procedimientos administrativos de ejecución en  s
los que se hubiera dictado diligencia de embargo y las ejecuciones laborales en las que  oe.
se hubieran embargado bienes del concursado, todo ello con anterioridad a la fecha de  w.
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suspendidas,  no  la  tiene  cuando  se  trata  de  cancelar  estos  concretos  embargos 
administrativos. Así, el artículo 55.3 de la Ley Concursal termina diciendo con claridad 
que «el levantamiento y cancelación no podrá acordarse respecto de los embargos 
administrativos».
Lógicamente, atendiendo a la finalidad de la norma, habrá que entender que la 
imposibilidad de cancelación de tales embargos administrativos está referida a los que 
gozan de ejecución aislada, que son los trabados antes de la declaración concursal, 
siempre que los bienes objeto de embargo no resulten necesarios para la continuidad de 
la actividad profesional o empresarial del deudor.
5.  No obstante, lo anterior, encontrándose el concurso en la fase de convenio, y 
habiendo recaído sentencia firme aprobatoria del mismo, los requisitos del artículo 55.3 
deberán ser adaptados a la nueva situación concursal.
El convenio adquirirá su plena eficacia desde la fecha de la sentencia en la que se 
apruebe dicho convenio, siempre y cuando no se acuerde su suspensión conforme al 
artículo 197.5 y 6 de la Ley Concursal, cesando todos los efectos de la declaración del 
concurso, que quedarán sustituidos por lo previsto en el propio convenio. Asimismo, 
cesarán en su cargo los administradores concursales, sin perjuicio de las funciones que 
en el convenio se les hubiere encomendado (artículo 133 LC).
El  contenido  del  convenio  vinculará  al  deudor  y  a  los  acreedores  ordinarios  y 
subordinados, incluso aunque sus créditos anteriores a la declaración del concurso no 
hubieran sido reconocidos. Respecto de los acreedores privilegiados, solo les afectaran 
si votan a favor del mismo o si se adhieren antes de que se declare su cumplimiento.
En este sentido no debe olvidarse el efecto novatorio del convenio respecto de los 
créditos  concursales,  que  afecta  tanto  a  aquellos  acreedores  que  han  votado  el 
convenio, ya sean acreedores ordinarios o privilegiados, como también a los acreedores 
subordinados, dichos créditos quedarán extinguidos en la parte a que alcance la quita, 
aplazados en su exigibilidad por el tiempo de espera y, en general, afectados por el 
contenido del convenio, conforme al artículo 136 de la Ley Concursal.
6.  Con respecto de los embargos en garantía de créditos tributarios, como sucede 
en el caso de este expediente, la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria en 
su  artículo  164  en  su  apartado  4,  señala  «El  carácter  privilegiado  de  los  créditos 
tributarios otorga a la Hacienda Pública el derecho de abstención en los procesos 
concursales. No obstante, la Hacienda Pública podrá suscribir en el curso de estos 
procesos los acuerdos o convenios previstos en la legislación concursal, así como
acordar, de conformidad con el deudor y con las garantías que se estimen oportunas, 
unas condiciones singulares de pago, que no pueden ser más favorables para el deudor 
que las recogidas en el convenio o acuerdo que ponga fin al proceso judicial. Este 
privilegio  podrá  ejercerse  en  los  términos  previstos  en  la  legislación  concursal. 
Igualmente podrá acordar la compensación de dichos créditos en los términos previstos 
en la normativa tributaria…»
En consecuencia, para proceder a la cancelación de los embargos administrativos 
trabados con anterioridad a la declaración del mismo, que recaigan sobre bienes no 
afectos a la actividad de la sociedad, debe constar, en primer lugar, que los acreedores 
están sujetos al contenido del convenio aprobado. En segundo lugar, la petición de 
cancelación de los embargos, incluyendo en su caso los administrativos, efectuada por la 
administración de la sociedad concursada deberá estar justificada por el cumplimiento de 
las previsiones contenidas en el convenio y finalmente será preciso que conste que los 
titulares  de  dichos  embargos  han  sido  previamente  notificados,  para  que  puedan  s
oponerse si lo estiman conveniente. oe.
No modifica esta exigencia de notificación, en contra de lo que afirma el recurrente,  w.
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incumplimiento, y desde luego la cancelación registral de la anotación de embargo afecta 
a sus derechos. Cuestión ésta de la previa notificación a los titulares de los embargos a 
cancelar que es materia calificable por el registrador (art. 100 RH).
7.  En el supuesto de este expediente, en el auto de 10 de febrero de 2020 para 
cuya efectividad se expide el mandamiento calificado, consta que con fecha 18 de 
diciembre de 2014 se dictó sentencia en el procedimiento de concurso n.º 245/2013 se 
aprobando convenio que ha devenido firme.
Así mismo en el razonamiento jurídico primero, se hace una extensa justificación de 
la procedencia de la cancelación tratándose de créditos sujetos al convenio, afirmando 
en el razonamiento jurídico segundo –procedencia de la cancelación– lo siguiente: La 
aplicación de las consideraciones anteriores al caso presente justifica la cancelación 
interesada,  al  resultar  que  se  trata  de  embargos  que  afectan  a  créditos  sujetos  a 
convenio, sin que figure limitación alguna dispositiva del deudor concursado respecto de 
tales bienes.
Igualmente consta en el hecho segundo del precitado auto que por la concursada se 
presentó escrito solicitando la cancelación de determinados embargos, y dado traslado a 
las partes afectadas por su solicitud, no se ha presentado escrito de alegaciones por 
ninguno de ellos dentro del plazo concedido al efecto.
Finalmente, en la parte expositiva se ordena expresamente la cancelación de la 
anotación de embargo letra A de fecha 10 de enero de 2013, practicada a favor de la 
Agencia Estatal Tributaria.
Por lo tanto, constando la aprobación del convenio, que el crédito garantizado por la 
anotación preventiva está sujeto a su contenido y que se dio traslado al acreedor 
afectado sin que consten alegaciones, resultan cumplidos los requisitos exigidos para 
proceder a la cancelación de la anotación
Esta  Dirección  General  ha  acordado  estimar  el  recurso  y  revocar  la  nota  de 
calificación  de  la  registradora  en  los  términos  que  resultan  de  las  anteriores 
consideraciones.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el 
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las 
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de 
la Ley Hipotecaria.
Madrid, 10 de agosto de 2020.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.
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