BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 338 Lunes 28 de diciembre de 2020 Sec. III.   Pág. 121022
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
17070 Resolución  de  10  de  diciembre  de  2020,  de  la  Dirección  General  de 
Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa 
del registrador mercantil de Palma de Mallorca n.º I a inscribir determinados 
acuerdos adoptados por el consejo de administración de una sociedad.
En  el  recurso  interpuesto  por  don  M.R.M.,  en  representación  de  la  sociedad 
«Circuitos del Motor El Arenal, S.A.», contra la negativa del registrador mercantil Palma 
de  Mallorca  número  I,  don  Josep  María  Quintana  Petrus,  a  inscribir  determinados 
acuerdos adoptados por el consejo de administración de dicha sociedad.
Hechos
I
Mediante  escritura  autorizada  por  el  notario  de  Palma  de  Mallorca  don  Carlos 
Jiménez Gallego el día 6 de septiembre de 2019, con número 3.716 de protocolo, se 
elevaron a público acuerdos del Consejo de Administración de la sociedad «Circuitos del 
Motor  El  Arenal,  S.A.»,  por  los  que  se  nombra  por  plazo  de  cinco  años  como 
vicepresidente  del  consejo  de  administración  a  don  Y.E.  y,  por  cooptación,  como 
consejera y presidente del consejo de administración a doña A.H., representante de la 
comunidad hereditaria de don A. H., que era accionista y presidente del consejo de 
administración y falleció el 15 de julio de 2019. Dicha escritura fue subsanada por otra 
autorizada por el mismo notario el 27 de febrero de 2020, número 890 de protocolo.
II
El 23 de junio de 2020 se presentaron en el Registro Mercantil de Palma de Mallorca 
copia autorizada de ambas escrituras, con asiento de presentación 4.414 del diario 233, 
y el 8 de julio de 2020 fueron objeto de calificación negativa emitida por el registrador 
don Josep María Quintana Petrus que a continuación se transcribe únicamente respecto 
de los defectos que son objeto de impugnación:
«(…) 2.  Se presentan simultáneamente dos escrituras, una autorizada el día 6 de 
septiembre de 2019 y la otra, de rectificación, de fecha 27 de febrero de 2020, ambas 
otorgadas ante el Notarlo de Palma, Don Carlos Jiménez Gallego, n° de protocolo 3716 
y 890, respectivamente.
En la primera de ellas, número 3716 de protocolo, se elevan a publico acuerdos 
adoptados  por  el  Consejo.de  Administración,  celebrado  en  fecha  2  de  septiembre 
de 2019, contenidos en una certificación protocolizada y en la que resulta que asisten a 
la sesión de Consejo "todos los miembros que lo componen" –constando la identificación 
de tales consejeros en el Expone 1 de la escritura–, acordando "por unanimidad" los 
acuerdos.
En  dicha  sesión  se  acuerda:  I.  Nombrar  por  plazo  de  cinco  años  como  es
Vicepresidente del Consejo de Administración a don Y.E. Cuando dicho nombramiento, al  o
ser  la  condición  de  Vicepresidente  del  Consejo  de  Administración  aneja  a  la  de  070ww
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éste podrá designar entre los accionistas a las personas que hayan de ocuparlas hasta
que se reúna la primera Junta General, indicándose -entre otros- la fecha en que se 
hubiera producido la vacante y su causa, lo que no resulta del documento. No constando 
tampoco el NIE de dicha Señora, de conformidad con lo previsto en el Artículo 38 del 
RRM y en la Resolución DGRN de fecha 18 de enero de 2012.
En la segunda de las escrituras, n° 890 de protocolo, comparece el Sr. E. y rectifica 
la antedicha escritura, manifestando:
1.  Que el mencionado Consejo de Administración tuvo lugar previa convocatoria 
escrita –de la que se incorpora testimonio notarial– y de la que resulta que en lo 
referente a la representación para asistir a la junta, se dice que "En caso de no asistir ni 
remitir delegación de representación en otro consejero, el Consejo de Administración 
entiende que delega su representación en el Sr. E. y que el sentido de su voto es 
abstención".
2.  Que en la sesión de Consejo –de la que se incorpora testimonio notarial del 
acta– estaban presentes dos Consejeros: el Sr. E. y el Sr. D., haciéndose mención de 
que el Sr. W. "envió a través de sus abogados un escrito por correo electrónico" –escrito 
que igualmente se incorpora con su traducción oficial al castellano–.
3.  Que se declaró válidamente constituido el Consejo "no constando oposición a la 
representación a meros efectos de quórum de constitución".
4.  Que todos los acuerdos se adoptaron con los votos a favor del Sr. E. y del Sr. D., 
toda vez que, expresamente, el derecho de voto no se delegó por el Consejero Sr. R.W.
5.  Además  hace  una  serie  de  manifestaciones  que  subsanan  los  defectos 
señalados en la primera de las escrituras, y que es objeto de rectificación, en cuanto al 
plazo  de  duración  del  cargo  del  Sr.  E.  como  Vicepresidente,  así  como  a  las 
circunstancias  de  nombramiento  y  de  identificación  de  la  Consejera  nombrada  por 
cooptación Sra. H., si bien no resulta que dicha señora ostente la condición de accionista 
de la sociedad. –art. 244 de la LSC y 139 del RRM–.
Sin embargo, de la documentación complementaria que se incorpora al acta y en 
base a la cual hace las manifestaciones y rectificaciones resulta que:
1.  Del escrito de contestación del abogado del consejero Sr. W., y con respecto al 
Consejo  de  fecha  2  de  septiembre  de  2019,  no  sólo  resulta  que  "se  pronuncia 
explícitamente contra su celebración" sino que además "el derecho de voto del Sr. W. no 
se transfiere a ningún otro miembro del Consejo de Administración".
2.  Del acta de la sesión de Consejo resulta que estaban presentes dos consejeros, 
Sres. D. y E., que el Sr. W. envió un escrito acusando recibo de la convocatoria, y que 
"se declara la válida constitución del Consejo", adoptando los acuerdos con los votos a 
favor de los dos consejeros presentes en la reunión.
Teniendo en cuenta que según el artículo 30 de los Estatutos Sociales, "El Consejo 
de  administración  quedará  válidamente  constituido  cuanto  concurran  a  la  reunión, 
presentes o representados por otro consejero, la mitad más uno de sus miembros"; que 
el  órgano.  de  administración  de  la  Sociedad  está  compuesto  por  un  Consejo  de 
Administración formado por cuatro miembros –aunque uno de ellos, el Sr. H., fallecido–; 
y que el Consejero Sr. W., mediante el escrito remitido, se ha opuesto claramente tanto a 
la celebración de la mencionada sesión como a transferir su derecho de voto; si ha 
existido  una  clara  oposición  por  parte  de  dicho  Consejero,  por  lo  que  no  puede 
computarse como asistente a la reunión, aunque manifieste el compareciente que no ha 
habido oposición a la representación a los meros efectos de quórum de constitución, por  s
lo que se ha considerado debidamente representado al Sr. W. en la sesión, aunque no se  oe.
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prescindiéndose de los que hayan cesado por cualquier causa, pues la mayoría exigida
sólo puede ser referida al número de vocales previsto en los estatutos o en el acuerdo de
nombramiento. Y según la Resolución de la DGRN de 31 de Julio de 2014, para la válida 
constitución del Consejo se requiere la presencia de la mayoría de sus vocales y 
resultando  de  los  asientos  registrales  –inscripciones  13  y  14–  que  el  Consejo  de 
Administración está constituido por cuatro miembros, en el presente supuesto la válida 
constitución del mismo requiere la presencia de al menos tres miembros, no habiéndose 
acreditado que se haya modificado el correspondiente artículo estatutario relativo al 
quórum de asistencia a la sesión de Consejo.
Con  lo  que  el  Consejo  de  Administración  no  puede  considerarse  válidamente 
constituido, al únicamente asistir al mismo dos de sus cuatro miembros, Sres. D. y E., 
puesto que dos Consejeros no computan "la mitad más uno", por lo que tampoco es 
válida la adopción de los acuerdos en el seno del mismo, entre ellos el de nombramiento 
por cooptación de la Señora H. como Consejera de la sociedad, de la cual no consta su 
calidad de accionista de la misma.
Se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 15° del R.R.M. contando la 
presente nota de calificación con la conformidad de los cotitulares del Registro.
En relación con la presente calificación: (...)»
III
Solicitada calificación sustitutoria, ésta fue emitida por el registrador de la propiedad 
de Ciutadella, don Luis Serrano Valdespino, quien el 19 de agosto de 2020 confirmó la 
calificación del registrador sustituido.
IV
El letrado don M.R.M., en representación de la sociedad «Circuitos del Motor El 
Arenal, S.A.», interpuso recurso contra la anterior calificación, mediante escrito que se 
recibió en el Registro Mercantil de Palma de Mallorca, en los siguientes términos:
«(…)  En  cuanto  al  segundo  defecto  la  calificación  efectuada  por  el  registrador 
sustituido se fundamenta en dos: 1) la falta de condición de accionista de Doña A.H. y 2) 
en la falta de quórum de constitución del Consejo de Administración.
1)  Sobre la falta de condición de accionista se fundamenta la calificación en que no 
resulta que dicha señora ostente la condición de accionista de la sociedad, art.244 de la 
LSC y 139 del RRM.
Discrepamos con dicho fundamento dado que corresponde a la sociedad, no al 
registrador,  el  reconocer  la  condición  de  accionista  a  la  comunidad  hereditaria  del 
accionista Sr. A. H., y así resulta, además, tanto del acta del Consejo de 2 de septiembre 
de 2019 como de las escrituras objeto de calificación. La vacante a cubrir por cooptación 
es por fallecimiento del accionista Sr. A.H. (que a su vez era Presidente del Consejo de 
Administración) legitimando la Ley de Sociedades de Capital (Art.126 LSC) el ejercicio 
de derechos del socio fallecido a la comunidad hereditaria del causante, debiendo, en tal 
caso, designar la comunidad hereditaria a un representante que, en este caso, es la Sra. 
A.H.
2)  Por lo que respecta al defecto de ausencia de quórum de constitución del 
Consejo de 2 de septiembre de 2019 entendemos, con el debido respeto, que el Sr. 
Registrador se vuelva a extralimitar en su función calificadora y discrepamos con los 
fundamentos de la calificación. es
En primer lugar, porque la facultad para declarar válidamente el Consejo corresponde  o
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supuestos muy excepcionales de situaciones con dobles listas de asistentes en juntas
generales de socios (que no es el caso). En este sentido ya ha tenido ocasión de 
pronunciarse  este  Centro  Directivo  en  varias  resoluciones,  entre  otras,  la  DGRN 
Resolución núm. 7022/2016 de 13 junio 2016 (en el mismo sentido la DGRN Resolución 
núm. 179/2017 de 12 diciembre).
"Por otra parte, del artículo del artículo 102 del Reglamento del Registro Mercantil, 
precepto que, aunque referido al supuesto de acta notarial de la junta, es aplicable a 
toda clase de juntas, se celebren o no ante notario, establece que es el presidente de la 
junta, que lo será el que determinen los estatutos o en su defecto el elegido al inicio de la 
sesión, el que declara «estar válidamente constituida la Junta y del número de socios 
con derecho a voto que concurren personalmente o representados y de su participación 
en el capital social». Si ello es así, será responsabilidad del presidente comprobar 
debidamente, y conforme a derecho, si los socios que concurren representados lo están 
debidamente y, en caso de que en alguno de ellos concurra causa de incapacidad, si se 
ha  dado  cumplimiento  a  las  normas  legales  que  la  regulan.  Sobre  tales  bases  el 
registrador no puede entrar en consideraciones sobre estos extremos y, por ello, no 
procede la exigencia de que se le aporte el acta notarial de la junta para comprobar la 
debida representación de la incapaz."
Por otra parte, tampoco cabe dejar de lado el juicio de suficiencia de la función 
calificadora efectuada por Sr. Notario acerca de la suficiencia de la representación del 
otorgante lo cual implica la validez de los acuerdos del Consejo de Administración que 
atribuían dicha facultad representativa al compareciente, sin que proceda una revisión 
por parte del Sr. Registrador del juicio valorativo de dichas facultades representativas, 
llevado a cabo por el Sr. Notario.
El Sr. Notario no solo hizo una reseña identificativa del documento auténtico y valoró 
la suficiencia de las facultades representativas, sino que, en la escritura de subsanación 
de  27  de  febrero  de  2020,  juzgó  conveniente  dejar  unidos  a  la  matriz,  los 
correspondientes testimonios notariales del Acta del Consejo de Administración de 2 de 
septiembre de 2019, de la Convocatoria del citado Consejo, de fecha 27 de agosto 
de 2019, de la carta, en idioma alemán, de fecha 30 de agosto de 2019, remitida por los 
abogados del Consejero Sr. W., y de la traducción jurada de la citada carta, de fecha 3 
de febrero de 2020, lo cual hace fe suficiente de la representación acreditada para el 
acto al que el instrumento se refiere, conforme al art.98 de la Ley 24/2001, de 27 de 
diciembre.
En este sentido, podemos citar la Sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra 
de 22 de diciembre de 2004: "Estimamos, en conclusión, que el Sr. Registrador deberá 
efectuar su calificación limitándose a comprobar que el documento a calificar contiene 
ese juicio valorativo del Sr. Notario, con concreta referencia al acto o contrato concreto 
de que se trate, así como que se ha efectuado una reseña suficientemente identificativa 
del  documento  aportado  en  justificación  de  la  representación,  debiendo  valorar,  en 
definitiva, el documento mismo sometido a su calificación, en orden a comprobar si en el 
mismo se contienen los requisitos necesarios para apreciar que se ha dado cumplimiento 
a lo dispuesto en el art. 98-1 y 2 de la Ley 24/2001, sin que exista necesidad alguna de 
que por parte del Sr. Notario se testimonie, ni en todo ni en parte, el documento que 
contenga  las  facultades  representativas  alegadas,  dado  que,  insistimos,  al  Sr. 
Registrador no le corresponde efectuar la valoración misma de ese documento ni de si 
esas facultades contenidas en el mismo son o no suficientes para el otorgamiento de la 
correspondiente escritura, lo que corresponde al Sr. Notario, sin que proceda la revisión 
de su valoración por el sr. Registrador." s
Y por último entendemos, en términos de defensa y con el mayor de los respetos,  oe.
que  ha  habido  una  extralimitación  en  la  función  calificadora  al  valorar  la  legalidad  w.
extrínseca  de  la  decisión  del  Vicepresidente  de  declarar  la  válida  constitución  del  070ww
CWo.,n usneijdoa y a p laas mara tar izin dteer plar eetsacr,r ijtuurríad idcea msuebnstea,n ealc icóonn.tenido de la carta remitida por el Sr.
del LVaic ecaplriefisciadceiónnte ,n eagmaptiavraá ngdeonseera e unn u cnoan filnictetorp droentadceió nno d leo  huanya,  úanl cicuae sfrtaiosnea, ra lias ldaedcai,s idóenl   BOE-A-cable e
documento del Consejero (Sr. W.), conforme a su traducción al castellano de febrero 
de 2020. Dicha calificación negativa podría ser utilizada, incluso, como justificación 
exculpatoria del incumplimiento del deber de preservar el funcionamiento de los órganos 
sociales y de asistir a los Consejos, que incumbe todos los Consejeros. El citado 
Consejero no puede paralizar el funcionamiento del órgano de administración aduciendo 
que el plazo de convocatoria es breve (fue de 7 días y los Estatutos no contemplan plazo 
alguno) dado que no existe infracción de plazo alguno en la convocatoria.
Y, en otro sentido, del resto del contenido del citado documento, se desprende que el 
Consejero asume que el citado Consejo se constituya para decidir el nombramiento de 
los cargos de Presidenta, por cooptación, y de Vicepresidente, y propone, como actos 
subsiguientes a su celebración, la convocatoria de una Asamblea para que "todos los 
demás actos necesarios hace tiempo del nuevo Consejo obtengan el visto bueno del 
accionariado". Se advierte de su lectura que el Consejero apremia para que el nuevo 
Consejo se constituya y que realice una serie de actos, necesarios desde hace tiempo, y 
que esos actos obtengan el visto bueno del accionariado en la Asamblea General a 
celebrar, porque, según afirma, "todo lo demás conduce a conflictos innecesarios e 
impide una administración ordenada de la sociedad, necesaria desde hace tiempo y que, 
debido  a  su  pasividad,  ha  sido  imposible."  ¿Cómo  va  a  haber  una  administración 
ordenada  y  necesaria  desde  hace  tiempo  sin  Presidente,  o  Vicepresidente,  en  un 
Consejo?
Por otra debemos señalar que no sólo no ha habido impugnaciones de los acuerdos 
del citado Consejo sino que, además, ha habido otra reunión del Consejo el 15 de 
noviembre de 2019, cuyos acuerdos han sido objeto de legalización ante el Registro 
Mercantil, como la legalización del libro de acciones nominativas, que tuvo lugar en 
diciembre de 2019.
En definitiva, que el cuestionamiento de la valoración extrínseca de la legalidad del 
acuerdo de declarar válidamente constituido el Consejo, al reconocer como asistentes a 
los 3 consejeros, dos de ellos presentes, correspondería, en su caso, ser debatida ante 
la jurisdicción ordinaria, excediendo del ámbito de la calificación registral.
Con relación a lo anterior venimos a citar a la Sentencia de la Audiencia Provincial de 
Barcelona 240/2006 de 12 de junio: "Por ello, no era permitido al calificador registral 
valorar la legalidad extrínseca del acuerdo de la junta (de separar a los designados y 
nombrar nuevos consejeros en su sustitución), ni su claudicación ante el art. 137, ni 
decidir sobre la posible existencia de una reserva de vacantes en un caso como el 
presente, en el que o bien se reconoce la prevalencia del derecho de la minoría a 
designar consejeros de conformidad con el art. 137, o bien se valida la decisión de la 
junta  de  impedir  su  ejercicio  o  de  separar  a  los  designados.  La  controversia  así 
planteada, en fin, excedía de la calificación registral, y encuentra su sede natural en la 
jurisdicción, caso de ejercitarse la acción de impugnación del acuerdo social."
Acompaño como documento número 3, copia de la nota de calificación negativa, de 
fecha 8 de julio de 2020, del Ilmo. Sr. Registrador Mercantil de Palma de Mallorca, como 
documento número 4, copia de la nota de Calificación Sustitutoria, de fecha 19 de agosto 
de 2020, del Ilmo. Sr. Registrador de la Propiedad de Ciutadella de Menorca y, como 
documento número 5, Copia de la Escritura de Poder, a mi favor otorgada, autorizada en 
fecha 11 de septiembre de 2020 por el Notario de Palma de Mallorca, Don Carlos 
Jiménez Gallego, bajo el número 3.159 de su protocolo.
Por tanto, y en base a lo anterior, es por lo que solicito que se revoque la nota 
registral de referencia, por infracción del artículo 126 de la Ley de Sociedades de Capital,  s
del artículo 102 del Reglamento del Registro Mercantil, del artículo 98 de la Ley 24/2001  oe.
de 27 de diciembre, del artículo 18 del Código de Comercio y 6 del Reglamento del  w.
Registro Mercantil, acordando la revocación de la calificación negativa del segundo  070ww
defecto conforme a lo anteriormente expuesto».
V
Mediante escrito de 13 de octubre, el registrador elevó el expediente, con su informe, 
a este Centro Directivo.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 398, 400, 1067 y 1068 del Código Civil; 23, 110, 126, 167, 171, 
211, 216, 225, 236, 242, 244, 245 y 247 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de 
julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital; 139 
del Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas; 141.1 y 147 del Reglamento del 
Registro Mercantil; Sentencias del Tribunal Supremo de 19 de abril de 1960, 14 de mayo 
de 1973, 1082/2004, de 5 noviembre de 2004, 314/2015, de 12 de junio de 2015 
y 601/2020, de 12 de noviembre de 2020; y las Resoluciones de la Dirección General de 
los Registros y del Notariado de 17 de marzo de 1986, 23 marzo de 1995, 14 de febrero 
de 1997, 25 de mayo de 1998, 22 de marzo y 8 y 9 de junio de 2000, 6 de junio de 2002, 
23 y 26 enero de 2009, 22 de julio de 2011, 14 de febrero y 15 de octubre de 2012 y 31 
de julio de 2014 y 14 de marzo de 2016.
1.  Mediante  la  escritura  cuya  calificación  es  impugnada  se  elevaron  a  público 
determinados  acuerdos  adoptados  el  2  de  septiembre  de  2019  por  el  consejo  de 
administración de la sociedad «Circuitos del Motor El Arenal, S.A.», por los que se 
nombra vicepresidente de dicho órgano colegiado a don E. y, por cooptación, como 
consejera y presidenta del mismo órgano a doña A.H., representante de la comunidad 
hereditaria de don A.H., fallecido el 15 de julio de 2019, que era accionista y presidente 
del consejo de administración.
2.  En primer lugar, el registrador suspende la inscripción de tales acuerdos porque 
–a  su  juicio–  no  puede  considerarse  válidamente  constituido  el  consejo  de 
administración, pues según los estatutos sociales deben concurrir a la reunión, presentes 
o representados por otro consejero, la mitad más uno de sus miembros, y, de los cuatro 
consejeros que lo componen, uno ha fallecido y otro se ha opuesto claramente tanto a la 
celebración de la mencionada sesión como a delegar su derecho de voto.
3.  La necesidad permanente de que la sociedad esté dotada de un órgano de 
administración impone tanto su existencia como su capacidad de actuación y por ello la 
legislación dota a las sociedades de mecanismos para que así sea incluso cuando se 
dan situaciones especiales. De ahí que se prevea la posibilidad de la existencia de 
sustitutos  y,  en  el  caso  de  consejo  de  administración  de  sociedades  anónimas,  la 
designación de administradores por cooptación.
Esta Dirección General ha amparado la idea de que debe preservarse en la medida 
de  lo  posible  el  funcionamiento  del  órgano  de  administración  en  circunstancias 
especiales, pero no lo ha hecho incondicionalmente y en cualquier caso porque la 
protección del interés en mantener el funcionamiento del consejo no puede llegar al 
extremo de desnaturalizar su finalidad y estructura. Por este motivo y respecto de 
sociedades anónimas, ante la pretensión de inscribir acuerdos adoptados por consejos 
constituidos por un número de vocales inferior a la mitad más uno de los nombrados, 
este Centro Directivo ha considerado que no puede entenderse que exista como tal 
consejo  si  ni  siquiera  es  posible  reunir  el  mínimo  legal  que  determina  su  válida 
constitución  –la  mitad  más  uno  de  sus  componentes,  presentes  o  representados,  es
conforme al artículo 139 de la Ley de Sociedades Anónimas entonces vigente–, sin que  bo
sea posible admitir excepciones a esta regla general, so pena de correr un grave riesgo  070ww
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de la comisión delegada lo ha hecho con la salvedad de que su existencia no impida el
válido funcionamiento del órgano correspondiente (Resoluciones de 22 de julio de 2011 
y 14 de febrero de 2012).
Bajo esta perspectiva cobra todo su sentido la previsión que hace el artículo 247.2 
del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, que para la válida constitución 
del consejo de administración de una sociedad anónima exige que «concurran a la 
reunión, presentes o representados, la mayoría de los vocales»; y esta mayoría sólo 
puede estar referida, como resulta del precepto, al número previsto en los estatutos o 
determinado  por  el  acuerdo  de  nombramiento.  Confirma  esta  interpretación  el 
artículo 171 del mismo texto refundido que, para el caso de cese de la mayoría de 
miembros  del  consejo  de  administración,  habilita  a  cualquier  socio  para  instar  la 
convocatoria  judicial  de  junta,  confirmando  que  el  consejo  no  puede  constituirse 
válidamente  (como  demuestra  la  equiparación  que  hace  el  propio  precepto  a  la 
imposibilidad de funcionamiento de las otras formas de organizar la administración).
Así lo ha entendido este Centro Directivo en Resoluciones de 15 de octubre de 2012, 
31 de julio de 2014 y 14 de marzo de 2016, que añaden que, de producirse una sucesión 
de  vacantes  en  el  consejo  que  amenace  su  válida  constitución  corresponde  a  los 
consejeros subsistentes tomar las medidas para evitarlo en ejercicio de su deber de 
diligente administración (artículos 167 y 225 de la Ley de Sociedades de Capital) y para 
evitar  incurrir  en  responsabilidad  para  lo  que  el  ordenamiento  les  dota  de  amplias 
facultades (artículo 171 segundo párrafo de la misma Ley).
Por las consideraciones anteriores, debe confirmarse la calificación del registrador en 
cuanto a este primer extremo de la nota impugnada, sin que pueda oponerse el hecho de 
que en la correspondiente acta consta que se declaró por el vicepresidente válidamente 
constituido el consejo de administración, «no constando oposición a la representación a 
meros efectos de quórum de constitución», pues tal declaración no puede, por la sola 
calidad de quien la formula, vincular al registrador cuando aquélla queda contradicha por 
la  documentación  aportada  en  términos  tales  que  dicha  declaración  no  puede 
mantenerse; y así ocurre en el presente caso, pues del escrito del consejero ausente, 
incorporado a la escritura calificada, resulta inequívocamente que se opone de modo 
expreso  a  la  celebración  del  referido  consejo  de  administración  y  solicita  que  se 
convoque junta general para nombrar consejero que cubra la vacante producida por 
fallecimiento del presidente del órgano de administración.
4.  En segundo lugar, el registrador suspende la inscripción del nombramiento de 
consejera por cooptación porque no resulta que dicha señora ostente la condición de 
accionista de la sociedad.
El recurrente alega que corresponde a la sociedad, no al registrador, reconocer la 
condición de accionista a la comunidad hereditaria del accionista y consejero fallecido, y 
que el artículo 126 de la Ley de Sociedades de Capital legitima el ejercicio de los 
derechos del socio fallecido por la comunidad hereditaria del causante, debiendo, en tal 
caso, designar la comunidad hereditaria a un representante que, en este caso, es la 
señora nombrada por cooptación.
5.  En los supuestos en que las acciones estén integradas en una herencia indivisa 
debe tenerse en cuenta que ésta es un patrimonio sujeto a un régimen de titularidad 
colectiva que se proyecta sobre la masa patrimonial en su conjunto y no sobre cada uno 
de los bienes, derechos o elementos que la integran. Antes de la partición hereditaria a 
cada coheredero le corresponde una cuota abstracta sobre el conjunto patrimonial que 
en  el  momento  de  la  partición  se  materializa  en  bienes  o  derechos  concretos 
(artículo 1068 del Código Civil). Por ello se ha afirmado que la existencia de cuotas y la  s
posibilidad de pedir la partición la aproximan a la comunidad romana, mientras que  oe.
respecto de los bienes concretos, al no existir cuotas, se asemeja a la comunidad  w.
germánica. 070ww
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anterior Sentencia de 12 de junio de 2015- caracterizan la comunidad hereditaria, tras la 
aceptación y antes de la partición «(i) cada coheredero tiene derecho al "conjunto que 
integra el contenido de la herencia, pero no sobre los bienes hereditarios concretos"; (ii) 
por tanto, ninguno de los coherederos es "titular de acciones", sino mero "titular junto con 
los demás coherederos, del patrimonio del que forma parte el conjunto de acciones"; (iii) 
esta comunidad hereditaria "no da lugar a una copropiedad de cada una de las cosas" 
(tampoco de las participaciones sociales existentes en el haber hereditario); (iv) los 
derechos de los miembros de la comunidad son "indeterminados"; (v) su "naturaleza es 
de  comunidad  germánica";  (vi)  la  comunidad  hereditaria  "no  está  regulada  por  los 
artículos 392 y siguientes del Código civil que contempla la comunidad pro indiviso 
romana, con distinción de cuotas y esencial divisibilidad (artículo 400) que nada tiene 
que ver con la comunidad hereditaria, germánica"; (vii) la titularidad colectiva derivada de 
una  comunidad  hereditaria  "no  da  lugar  a  derechos  autónomos  a  favor  de  cada 
comunero", lo que "impide la disponibilidad individual de las cuotas (...) La cuota-parte no 
recae sobre un determinado número de participaciones, sino sobre el conjunto del 
patrimonio"». Y añade lo siguiente: «13.–Es esta indeterminación de la titularidad de 
cada coheredero sobre cada concreta participación, y la correlativa indisponibilidad de 
cuotas indivisas u otros derechos específicos sobre las mismas (sin perjuicio de la 
posibilidad de transmitir el mismo derecho hereditaria in abstracto que corresponde a 
cada uno de los coherederos sobre el conjunto del patrimonio relicto; art. 1067 CC) lo 
que impide reconocer en la posición jurídica de tales coherederos la condición de socios. 
Finalizada la partición hereditaria puede ocurrir que a uno o varios de los coherederos no 
se les adjudique ningún derecho sobre ninguna de las participaciones sociales, sino 
otros bienes o derechos del caudal relicto. Lo cual no permite reconocer la condición de 
socio a favor de los mismos durante el periodo de indivisión de la herencia, e impone 
como solución la atribución de tal cualidad a la comunidad (…) 14.–Esa situación interina 
de indeterminación dura hasta que se lleva a cabo la partición, la cual, conforme al 
art. 1068 CC, "confiere a cada heredero la propiedad exclusiva de los bienes que le 
hayan sido adjudicados". Es la partición la que hace cesar la comunidad hereditaria, y 
con ello el derecho en abstracto de los comuneros (herederos, legatarios y, en su caso, 
legitimarios) se transforma en el derecho concreto sobre los bienes que le han sido 
adjudicados  (sentencias  de  21  julio  1986,  13  octubre  1989,  21  mayo  1990,  5 
marzo 1991, 28 mayo 2004, 16 septiembre 2010, 26 enero 2012, y 4 de mayo de 2016). 
Entre  tanto  se  verifica  la  partición  no  se  conoce  qué  coheredero  o  legatario  será 
adjudicatario de cada acción o participación social. Es la partición la que, con dicha 
adjudicación, atribuye también la condición de socio (art. 110 LSC). Nada de todo ello es 
predicable al caso de las comunidades romanas, ordinarias o por cuotas indivisas, en las 
que la titularidad sobre cada acción o participación social, en la medida de la cuota 
indivisa que le corresponda a cada comunero, está determinada de forma matemática y 
actual, sin indeterminación alguna».
6.  En relación con el ejercicio de los derechos de socio correspondientes a las 
acciones integradas en la comunidad hereditaria es aplicable el artículo 126 de la Ley de 
Sociedades de Capital (cfr., por todas la Resolución de 4 de marzo de 2016), que 
establece la regla imperativa según la cual los cotitulares «habrán de designar una sola 
persona para el ejercicio de los derechos de socio, y responderán solidariamente frente a 
la sociedad de cuantas obligaciones se deriven de esta condición». La finalidad de esta 
norma es procurar, en favor de la sociedad, obtener claridad y sencillez en el ejercicio de 
los derechos de socio. En sentido técnico, la designación del representante común es  s
una carga impuesta por la Ley a los cotitulares y funciona como requisito de legitimación  oe.
para  el  ejercicio  de  los  derechos  corporativos  incorporados  a  las  acciones  o  w.
participaciones que se tienen en cotitularidad. Dicha carga está establecida en interés  070ww
esuxc rliuessigvoo , dree clao nsoocceier dcaodm doe v táalli dmo aenl eerjae rqcuiceio l ad ep roupni ad esroecciheod acdo rppuoerdaetiv, os i pleo rc uonnov iesnoelo  yd ea 
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representante único de los cotitulares. No obstante, la sociedad no puede oponerse al 
ejercicio  de  los  derechos  cuando  éstos  son  consentidos  por  la  unanimidad  de  los 
cotitulares (como resulta de las Resoluciones de esta Dirección General de 23 marzo 
de 1995, 22 de marzo de 2000 y 23 y 26 enero de 2009 en materia de nombramiento de 
auditores a petición de la minoría).
Indudablemente,  es  aplicable  también  en  caso  de  comunidad  hereditaria  sobre 
acciones la referida norma del artículo 126 de la Ley de Sociedades de Capital, cuyo 
fundamento reside en el principio de unificación subjetiva del ejercicio de los derechos de 
socio para facilitar a la sociedad el ejercicio de tales derechos, de modo que en las 
relaciones entre los cotitulares y la sociedad ésta pueda actuar como si la acción tuviera 
un único titular. Y la designación de la persona que haya de ejercitar de los derechos de 
socio se regirá por las reglas propias de la comunidad hereditaria (cfr. Resolución de 17 
de  marzo  de  1986),  de  modo  que  si  existe  un  albacea  o  se  ha  nombrado  un 
administrador de la herencia por el testador o judicialmente le corresponderá el ejercicio 
de los derechos de socio frente a la sociedad. En caso de que tal representación no 
resulte por virtud de la ley o por decisión judicial o negocio jurídico, su designación 
deberá de efectuarse por mayoría de cuotas o intereses, como resulta de la aplicación 
del artículo 398 del Código Civil (cfr. Sentencias del Tribunal Supremo de 19 de abril 
de 1960, 14 de mayo de 1973 y la citada Resolución de esta Dirección General de 17 de 
marzo de 1986).
7.  En el presente caso, respecto de la aptitud para ser nombrado administrador, 
debe admitirse también la aplicación del artículo 126 de la Ley de Sociedades de Capital, 
contemplando la comunidad hereditaria a través del prisma de la unificación subjetiva del 
ejercicio de los derechos de socio. Y en el acta se expresa que se nombra a la señora 
H., no «uti singuli», sino «en representación de la comunidad hereditaria de su fallecido 
padre». Por ello, habiendo admitido el vicepresidente del consejo de administración 
dicha representación, no puede confirmarse el criterio del registrador en cuanto se limita 
a objetar que no resulta que dicha señora ostente la condición de accionista, cuando –
como ha quedado expuesto y sin que el registrador alegue contradicción alguna sobre 
este extremo que resulte del título calificado ni del Registro– el vicepresidente del 
consejo  de  administración  ha  admitido  la  intervención  de  dicha  señora  y  su 
nombramiento de administradora como representante de la comunidad hereditaria que, 
según la jurisprudencia reseñada, es la que ostenta la cualidad de socio.
En  consecuencia,  esta  Dirección  General  ha  acordado  estimar  el  recurso, 
únicamente respecto del segundo de los defectos impugnados, y desestimarlo respecto 
del  segundo  defecto  recurrido,  en  los  términos  que  resultan  de  los  anteriores 
fundamentos jurídicos el recurso y confirmar la calificación impugnada.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Mercantil de la provincia donde radica el Registro, en el plazo de 
dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal, 
conforme a lo establecido en la disposición adicional vigésima cuarta de la Ley 24/2001, 
27 de diciembre, y los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria.
Madrid, 10 de diciembre de 2020.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.