BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 207 Viernes 31 de julio de 2020 Sec. TC.   Pág. 62272
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
8949 Sala  Primera.  Sentencia  68/2020,  de  29  de  junio  de  2020.  Recurso  de 
amparo 4869-2018. Promovido por don Óscar Urralburu Arza respecto de los 
acuerdos de la mesa de la Asamblea Regional de Murcia que inadmitieron 
una pregunta al presidente del Gobierno autonómico para su respuesta oral 
ante el pleno de la cámara. Supuesta vulneración del derecho al ejercicio de 
las  funciones  representativas:  razonada  inadmisión  de  una  pregunta 
parlamentaria que no versaba sobre la acción de gobierno sino sobre la 
financiación del partido político al que pertenecía su presidente.
ECLI:ES:TC:2020:68
La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por el magistrado don Juan 
José  González  Rivas,  presidente;  los  magistrados  don  Andrés  Ollero  Tassara,  don 
Santiago Martínez-Vares García, don Alfredo Montoya Melgar y don Cándido Conde-
Pumpido Tourón, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 4869-2018, promovido por don Óscar Urralburu Arza, 
diputado  de  la  Asamblea  Regional  de  Murcia  y  portavoz  del  Grupo  Parlamentario 
Podemos de dicha cámara legislativa, representado por la procuradora de los tribunales 
doña Beatriz Ruano Casanova y asistido por el abogado don Ginés Ruíz Macía, contra el 
acuerdo de la mesa de la Asamblea Regional de Murcia de 29 de mayo de 2018, por el 
que se inadmitió una pregunta oral (9L/POCG-0047) presentada por el recurrente en 
amparo, en su condición de portavoz del citado grupo parlamentario, a contestar en el 
pleno por el presidente del Consejo de Gobierno, así como contra el acuerdo de la mesa 
de 11 de junio de 2018, por el que se desestima el recurso de reconsideración formulado 
contra  el  anterior  acuerdo.  Ha  comparecido  y  formulado  alegaciones  la  Asamblea 
Regional de Murcia. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido ponente el magistrado 
don Andrés Ollero Tassara.
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito presentado en el registro general de este Tribunal el día 20 de 
septiembre de 2018, doña Beatriz Ruano Casanova, procuradora de los tribunales, en 
nombre  y  representación  de  don  Óscar  Urralburu  Arza,  diputado  de  la  Asamblea 
Regional de Murcia y portavoz del Grupo Parlamentario Podemos de dicha cámara 
legislativa, interpuso recurso de amparo contra los actos parlamentarios a los que se ha 
hecho mención en el encabezamiento de esta sentencia. s
2.  Los hechos en que se fundamenta la demanda de amparo son, en síntesis, los  w.b
siguientes: 49ww
a)  El día 29 de mayo de 2018, el hoy recurrente en amparo, en su calidad de
pproerstaevnotóz , adle al mGpraurpoo d eP laor ldaimspeunetasrtoio  enP oedl eemntoosn ceesn  vliag enAtsea amrtb. le1a7 6 Rdeegl Rioengalla mdee ntMo udrec iala, 
Asamblea Regional de Murcia, la siguiente pregunta oral a contestar en el pleno por el 
presidente del Consejo de Gobierno:
«¿Puede asegurar que el Partido Popular de la Región de Murcia no se ha financiado 
ilegalmente mediante procedimientos semejantes a los condenados en la sentencia de la 
Gürtel?».
b)  La mesa de la Cámara, en sesión celebrada ese mismo día, resolvió inadmitir la 
pregunta pues, a juicio de la mayoría de sus componentes, al referirse a la actividad de 
un partido político, era ajena a las competencias presidenciales.
En el acta de dicha sesión se hace constar que se aportó informe verbal por la 
Secretaria General de la Cámara, en los siguientes términos: «La letrada-secretaria 
general, de quien se requiere informe verbal, señala que, efectivamente, la iniciativa 
hace alusión a una cuestión que concierne a un partido político pero no a asuntos 
relacionados con la acción del Gobierno».
c)  Contra dicha resolución de  la mesa se formuló por el diputado proponente 
recurso de reconsideración, en el que se alegaba que la resolución recurrida no se 
ajustaba a lo previsto en el Reglamento de la Asamblea Regional.
El recurso de reconsideración, una vez consultada la junta de portavoces según lo 
exigido  por  el  art.  45  del  Reglamento  de  la  Asamblea  Regional  de  Murcia,  fue 
desestimado por la mesa por acuerdo adoptado en su sesión de 11 de junio de 2018. En 
él afirma el órgano rector de la cámara que «sus competencias en orden a la admisión a 
trámite de las preguntas, que son iniciativas de control de la acción del Consejo de 
Gobierno, como bien el portavoz del Grupo Parlamentario Podemos menciona en su 
escrito de reconsideración, han de tener como parámetro el propio reglamento, por lo 
que puede rechazarse la admisión —artículo 44— sobre cuestiones manifiestamente 
ajenas a la competencia de la Comunidad Autónoma y por ende a la acción del propio 
Consejo de Gobierno y de su Presidente».
El recurrente ofrecía explicaciones en su escrito respecto a lo que la pregunta quería 
decir: que, al referirse a la sentencia de la llamada «trama Gürtel», lo que se habría 
querido preguntar es si el Partido Popular se ha financiado mediante la obtención de 
comisiones ilegales y finalistas pagadas en el marco de los procesos de contratación 
pública llevados a cabo por el Gobierno regional. Frente a ello, pone de manifiesto la 
mesa que de ese inciso no resulta factible llevar a cabo la interpretación que ahora 
propone el recurrente, pues la citada sentencia consta de 1687 páginas y recoge multitud 
de referencias y conductas distintas atribuidas a los condenados y absueltos por la Sala 
de lo Penal de la Audiencia Nacional. Concluye que «la pregunta dice lo que dice […], 
sin que sea posible proceder a su calificación y admisión en función de lo que quería o 
parecía  decir».  Entiende,  pues,  la  mesa  que  la  pregunta  estaba  incorrectamente 
formulada, y la decisión de inadmisión nada tiene que ver con cuestiones de carácter 
político o de oportunidad. Lo acreditaría que, en la misma sesión, sí que fue admitida a 
trámite la pregunta del portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la que, con otra 
formulación, se incluye también una mención a la sentencia del llamado «caso Gürtel».
Por todo ello, se afirma por el órgano rector de la Cámara «que la pregunta es ajena 
a la actuación del presidente del Consejo de Gobierno en su condición de presidente de 
la comunidad autónoma, cuyas competencias vienen establecidas en la Ley 6/2004, del 
estatuto del presidente y del Consejo de Gobierno, sobre las que sí cabe una actuación 
de  control  por  parte  de  la  Cámara»  y  que  «tampoco  la  iniciativa  precisa, 
indubitadamente, qué conexión guarda o puede guardar dicho asunto (la financiación de  e
un concreto partido político) con un interés, siquiera tangencial o relativo, respecto de los  bo
que asisten a la Región de Murcia», por lo que acuerda por cuatro votos a favor y uno en  49ww
contSrae  deresseaslttiam are nla  rleac ornessidoelurcaicóinó,n  inasstiamdisam. o,  que  el  propio  portavoz  del  Grupo
Preagriloanmael nqtuaeri oh aPboídae pmreosse rnetatirdóo  teold amsis lmaso  ddeíam 2á9s  dpere mguanytoa sd ea l 2p0r1e8s,i dqeunete s íd ehla bGíaonb iesrindoo 
admitidas y estaban pendientes de tramitación, al conocer la inadmisión de la pregunta
objeto del acuerdo que da origen a este recurso de amparo, estando convocada la 
sesión plenaria para la formulación de preguntas al presidente el día 31 de mayo a 
las 10:30 horas. Por ello, entiende la mesa que no cabía alegar una presunta vulneración 
de derechos por no poder formular en la señalada sesión plenaria ninguna pregunta al 
presidente, al haber retirado voluntariamente aquellas que estaban en condiciones de 
ser tramitadas.
Finalmente, la mesa indica al recurrente que si la iniciativa se formulara en los 
términos en los que se hace una exégesis de la misma en el escrito de reconsideración, 
concretando  que  se  pretende  el  control  al  Gobierno,  a  través  del  presidente,  para 
conocer aspectos sobre la contratación en la administración regional, nada obstaría para 
su  tramitación  y  su  formulación  en  sesión  plenaria  en  la  que  pudieran  tramitarse 
preguntas al presidente del Consejo de Gobierno, aun con la referencia, respecto a los 
términos  de  contratación  pública,  respecto  a  actuaciones  objeto  de  condena  en  la 
mencionada sentencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
3.  La demanda se interpone al amparo del art. 42 de la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional (LOTC), alegándose la vulneración del derecho del recurrente a acceder 
en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos según lo dispuesto en el 
art. 23.2 CE, en relación con el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos 
públicos a través de sus representantes previsto en el art. 23.1 CE.
a)  Se afirma que las preguntas a los miembros del Consejo de Gobierno, incluido 
su presidente, suponen una manifestación de la capacidad de control al Gobierno que se 
atribuye  al  poder  legislativo  y,  según  tiene  reconocido  el  Tribunal  Constitucional, 
constituyen  manifestaciones  constitucionalmente  relevantes  del  ius  in  officium  del 
representante (SSTC 225/1992, de 14 de diciembre, FJ 2; 107/2001, de 23 de abril, FJ 4, 
y 33/2010, de 19 de junio, FJ 4).
Por tanto, entiende el recurrente que se vulnera el art. 23.2 CE cuando los propios 
órganos de las asambleas impiden o coartan su práctica o adoptan decisiones que 
contraríen la naturaleza de la representación o la igualdad de representantes. Tales 
circunstancias imponen a los órganos parlamentarios una interpretación restrictiva de 
todas  aquellas  normas  que  puedan  suponer  una  limitación  al  ejercicio  de  aquellos 
derechos  o  atribuciones  que  integran  el  estatuto  constitucionalmente  relevante  del 
representante público y a motivar las razones de su aplicación, bajo pena, no sólo de 
vulnerar el derecho fundamental del representante de los ciudadanos a ejercer su cargo 
(art. 23.2 CE), sino también de infringir el de estos a participar en los asuntos públicos, 
ex art. 23.1 CE (SSTC 38/1999, FJ 2; 107/2001, FJ 3, y 40/2003, FJ 2, entre otras 
muchas).
b)  Para  sustentar  esas  alegaciones  se  recurre  a  la  doctrina  constitucional  en 
materia de admisión a trámite de iniciativas legislativas (SSTC 124/1995, 203/2001, 
177/2002, 208/2003, 212/2016 y 11/2017, entre otras). En virtud de ella, entiende el 
recurrente  que  la  resolución  vulnera  los  mencionados  derechos  fundamentales,  por 
cuanto la mesa ha realizado una interpretación totalmente inadecuada de su capacidad 
de calificación y admisión a trámite, de acuerdo con lo que determinaba en aquel 
momento el Reglamento de la Cámara.
Al  respecto,  se  señala  que  las  preguntas  orales  al  presidente  del  Consejo  de 
Gobierno  venían  reguladas,  dentro  del  Título  VII  del  Reglamento  de  la  Asamblea 
Regional de Murcia (arts. 157 a 189), intitulado «De los procedimientos que permiten la 
fiscalización  e  impulso  del  Gobierno».  De  lo  dispuesto  en  los  arts.  175  y  176  del  e
Reglamento de la Asamblea Regional de Murcia (que regulaban, respectivamente, las  bo
preguntas de respuesta oral en pleno al presidente del Consejo de Gobierno y a los  49ww
ctaolnesse pjererogsu)n tnaos . sSeo ldoe sepl raernt.d 1e7rí3a. 3n idneglu Rnae glliammiteanctióon d em alat eArisaal mrebslepae cRtoe gaiol ncaoln dteen Midou rcdiae 
claosn tperneígau unntaas p rdeev iseixócnl uasli vreos pinetcetroé,s d pee arscouneardl od ceo nq ulaie ncu alal  nfoor mseurlíaa no a ddme itciduaaslq au ietrrá motirtae 
persona singularizada; la que suponga consulta de índole estrictamente jurídica; la que
incluya en sus antecedentes o formulación palabras o conceptos contrarios a las reglas 
de la cortesía parlamentaria y la que pudiera ser reiterante de otras tramitadas o en 
tramitación en el mismo período de sesiones.
Ese, y no otro, según el recurrente, sería el marco regulador de las preguntas 
dirigidas a los miembros del Consejo de Gobierno en el ejercicio de las competencias 
otorgadas a los miembros de la Asamblea. Por tanto, cuando la mesa inadmite la 
pregunta «por no afectar a competencias del presidente del Consejo de Gobierno», 
estaría extralimitándose en sus funciones, al no estar prevista reglamentariamente esa 
causa de inadmisión, infringiendo, con ello lo dispuesto en el art. 23.2 CE.
c)  Aunque la mesa no habría dado respuesta a su solicitud expresa y de su grupo 
parlamentario de que se señalara el precepto reglamentario sobre el que se basaba la 
inadmisión, descarta el demandante de amparo que pudiera basarse en lo dispuesto en 
el art. 182 del Reglamento de la Asamblea Regional de Murcia, que se encuentra en un 
capítulo diferente y regula las comparecencias ante el pleno por parte del presidente (y 
es reproducción exacta de lo que establece el art. 41 de la Ley 6/2004, del estatuto del 
presidente). Dado el tenor literal del motivo esgrimido por la mesa para la inadmisión de 
la pregunta, considera que, por extensión, se habría pretendido interpretar que las 
preguntas  al  presidente  del  Consejo  de  Gobierno  reguladas  en  el  art.  175  del 
Reglamento de la Asamblea Regional de Murcia debían ceñirse a lo establecido para 
esas comparecencias. Al respecto, alega que la limitación prevista en el art. 182 del 
Reglamento de la Asamblea Regional de Murcia supone que la comparecencia del 
presidente del Consejo de Gobierno ante la Asamblea Regional solo procede «cuando el 
objeto de la misma sea el de informar sobre los asuntos que, en el ámbito estrictamente 
político, guarden conexión directa con actuaciones personales suyas o con el ejercicio de 
las competencias de su exclusiva atribución, de conformidad con la legislación vigente». 
Pero esa limitación, según el recurrente, no afectaría al derecho de control del Gobierno 
por parte de los diputados, sino solo a las comparecencias ante el pleno, a petición 
propia  o  de  la  mesa,  pues  no  se  podría  aplicar  extensivamente,  al  suponer  una 
restricción al derecho del ius in officium de los diputados sin soporte legal alguno.
Incluso, si se entendiera que esas limitaciones fueran aplicables, también, a las 
preguntas de los arts. 175 y 176 del Reglamento de la Asamblea Regional de Murcia, la 
presentada  por  el  portavoz  del  Grupo  Parlamentario  Podemos  debería  haber  sido 
admitida a trámite, pues esta no se refiere sólo a si el Partido Popular de la Región de 
Murcia se ha financiado ilegalmente, sino, concretamente «mediante procedimientos 
semejantes a los condenados en la sentencia de la Gürtel». Ello significaría, según el 
recurrente, que la pregunta versaría exactamente sobre si el Partido Popular se ha 
financiado mediante la obtención de comisiones ilegales y finalistas pagadas en el marco 
de los procesos de contratación pública llevados a cabo por el Gobierno, algo que 
estaría dentro del ámbito de la acción de gobierno, como se puso de manifiesto en el 
recurso de reconsideración.
d)  Como ya se ha dicho, en respuesta a dicho recurso, la mesa insta al recurrente a 
reformular la pregunta conforme a la explicación que se ofrece en el escrito de la petición 
de reconsideración. Para el recurrente, tal respuesta, no sólo no repararía su derecho, 
sino que sería la prueba de que la inadmisión parte de una interpretación subjetiva del 
contenido de la pregunta, aun reconociendo que la misma podría venir referida a asuntos 
como la contratación pública del Gobierno regional. Por ello, quedaría acreditado que la 
mesa se ha extralimitado al impedir al recurrente el ejercicio de su ius in officium, toda 
vez  que  dados  los  plazos  de  los  procedimientos  de  la  Cámara,  la  posibilidad  de  s
preguntar por este aspecto, que entonces era de plena actualidad, queda diferida a un  oe.
momento posterior y desconocido para el diputado (así, lo pone de manifiesto que la  w.
sesión de control para la que se realizó la pregunta se celebraba el 31 de mayo de 2018  49ww
yin asdem iisnióand meilt iód íae l2 1re dcuerl smo isdmeo  rmeceosn).s idEellroa csiuópno nedl rí1a1  und ee jejurnciicoi,o  npootrif iclaá nmdeossae  ddeic huan 
cjuozngtaror l cdueá nodpoo retusn eidl amdo pmoelíntitcoa m, náos  caodrerceusapdoon dpieanrad ore aa léizsatra ,u nsian od eat ecramdian ardeap rperseegnutanntate., el  BOE-A-cable e
e)  Por lo demás, el acuerdo que desestima la reconsideración formulada se habría 
limitado a reiterar el motivo de inadmisión anteriormente expuesto, sin dar respuesta a 
las  alegaciones  concretas  elevadas  por  el  parlamentario  en  su  recurso  de 
reconsideración, por lo que incurriría en una nueva vulneración de sus derechos, por 
falta de una motivación expresa, suficiente y adecuada, que vendría exigida por la 
doctrina constitucional cuando se trata de la aplicación de normas de las que pueda 
resultar una limitación al ejercicio de aquellos derechos y facultades que integran el 
estatus  constitucionalmente  relevante  de  los  representantes  políticos  (se  citan  las 
SSTC 38/1999, FJ 2; 107/2001, FJ 7; 203/2001, FJ 3; 277/2002, de 14 de octubre, FJ 5, 
y 40/2003, FJ 6).
4.  Por providencia de 17 de junio de 2019, la Sección Segunda de este Tribunal 
acordó admitir a trámite el recurso de amparo, apreciando que concurre una especial 
trascendencia constitucional (art. 50.1 LOTC), porque puede dar ocasión al Tribunal para 
aclarar o cambiar su doctrina, como consecuencia de un proceso de reflexión interna 
[STC 155/2009, FJ 2, b)] y porque el asunto suscitado trasciende del caso concreto 
porque pudiera tener unas consecuencias políticas generales [STC 155/2009, FJ 2, g)]. 
Por ello, en aplicación de lo dispuesto en el art. 51 LOTC, se ordena dirigir atenta 
comunicación al presidente de la Asamblea Regional de Murcia, a fin de que, en plazo 
que no exceda de diez días, remita certificación o fotocopia adverada de las actuaciones 
correspondientes a los acuerdos impugnados, acompañando copia de la demanda a los 
efectos de su personación en el presente recurso de amparo.
5.  En escrito registrado en este Tribunal el día 5 de julio de 2019, el presidente de 
la Asamblea Regional de Murcia remitió testimonio íntegro del expediente relativo al 
acuerdo  adoptado  por  la  Asamblea  Regional  de  Murcia  de  11  de  junio  de  2018. 
Asimismo, se adjunta certificación acreditativa del acuerdo adoptado por la mesa de la 
Cámara,  de  fecha  1  de  julio  de  2019,  de  personación  en  el  recurso  de  amparo, 
oponiéndose al mismo y encomendando a la letrada-secretaria general de la Asamblea, 
con las facultades que para ello se requieren, su representación y defensa en el proceso.
6.  Por diligencia de ordenación de 9 de julio de 2019 se tuvo por recibido el 
testimonio de expediente remitido por la Asamblea Regional de Murcia, teniéndose por 
personada  y  parte  a  la  letrada-secretaria  general  de  la  Cámara,  en  nombre  y 
representación de esta. Asimismo, a tenor de lo dispuesto en el art. 52 LOTC, se ordenó 
dar vista de todas las actuaciones, en la secretaría de la Sala, por un plazo común de 
veinte días, al Ministerio Fiscal y a las partes personadas, para que dentro de dicho 
término pudieran presentar las alegaciones que a su derecho conviniesen.
7.  El día 9 de septiembre de 2019 se registró el escrito de la letrada-secretaria 
general  de  la  Asamblea  Regional  de  Murcia,  conteniendo  las  alegaciones  que  a 
continuación se resumen.
A)  Comienza esta representación procesal realizando una serie de consideraciones 
previas que tienen que ver con la tramitación de la iniciativa finalmente inadmitida.
Al respecto, señala que en la reunión de la junta de portavoces del 22 de mayo 
de 2018 se incluyó en el orden del día de la sesión plenaria que tendría lugar el 
siguiente  31  de  mayo,  la  formulación  de  preguntas  al  presidente  del  Consejo  de 
Gobierno, estableciéndose el plazo para la presentación de aquéllas hasta las 10:00  es
horas del día 29 de mayo. o
En dicha reunión de la junta, a propuesta del portavoz de Grupo Parlamentario  49ww
Pearenlo ctpduorernermceseinodstsee ,en  nstee enl a  dc eaIaXlm m,C pbsoaeiónrgo sú leanfj ou lp eadr  áecfciu ntGaiaclol,am b loeisesner tngpeouo  irdastaaceve gopdúctunaer dasea nlp ,t cereul ospv eaoqnr iutaaaessb i gaslnneua gpudiusnolsaa.o  tLus aorqa luaspe  rp oyrpl eouvgsieu gsnepttnaoat r etdda eivhrloi aghcsideotaasy     OE-A-2020-89able en https://
pudieran presentar dentro del plazo establecido (en este caso hasta el 29 de mayo
de 2018 a las 10:00 horas), tantas preguntas como considerasen oportuno, sin limitación 
alguna en su número. En la junta de portavoces que se iba a reunir el propio martes 29 
de  mayo,  anterior  al  jueves  31  en  el  que  se  celebraría  la  sesión  del  pleno  de  la 
Asamblea, sería donde cada portavoz debía concretar cuál de las preguntas presentadas 
quería que fuera contestada por el presidente. Ese mismo día, el portavoz del Grupo 
Parlamentario Podemos presentó la pregunta núm. 47, que se sumaba a las preguntas 
núm.14 y 19 para respuesta oral en pleno, que había presentado previamente y que 
habían sido ya admitidas a trámite. Estas dos preguntas fueron retiradas ese día 29 de 
mayo, a las 14:11 horas, una vez que había conocido que la pregunta núm. 47 había sido 
inadmitida por la mesa, de tal forma que decidió no formular pregunta al presidente del 
Consejo de Gobierno en aquella sesión de 31 de mayo, al renunciar a aquellas que 
estaban en condiciones de ser planteadas.
Se pone de manifiesto, asimismo, que los trámites procedimentales que tuvieron que 
ver con la pregunta presentada por el recurrente en amparo tuvieron lugar con toda 
celeridad, tanto por parte de la presidencia como de la mesa. Se reunieron cuantas 
veces fue preciso para resolver sobre la reconsideración instada, siendo convocados los 
correspondientes órganos de la Cámara de manera urgente para que el recurrente en 
amparo pudiera optar por plantear alguna de las otras preguntas al presidente del 
Consejo de Gobierno en el pleno presentadas y admitidas o incluso pudiera rectificarla 
para poder proceder a su admisión. Ello no ocurrió, al no constituirse finalmente la junta 
de portavoces el día 31, por la imposibilidad justificada de dos de sus miembros de 
asistir a la misma.
B)  En cuanto al fondo de la cuestión, se niega que los actos recurridos supongan 
lesión alguna de derechos fundamentales.
a)  Dado que la pregunta controvertida fue rechazada por la mesa al no presentar 
relación  con  la  acción  del  Gobierno,  para  esta  representación  procesal  la  cuestión 
fundamental a resolver sería si esta motivación resulta constitucionalmente admisible, lo 
que, en su opinión, ha de responderse afirmativamente. Tal posibilidad se desprendería 
de forma implícita de lo dispuesto en la Constitución y en el reglamento parlamentario 
(citándose, al respecto, lo señalado en el ATC 125/2005, de 4 de abril, FJ 2). En el 
presente caso, es claro que la pregunta del Sr. Urralburu Arza, en razón de su contenido, 
no tendría encaje en la función de control parlamentario que forma parte del ius in 
officium de los representantes. Con la misma se pretendía obtener del presidente un 
pronunciamiento sobre la financiación de un determinado partido político y no sobre la 
acción del Gobierno regional. Como el acuerdo de inadmisión adoptado por la mesa 
señala, la pregunta presentada dice lo que dice y no le correspondería al órgano rector 
de la mesa rectificarla o reformularla para su correcta y adecuada comprensión, sino al 
recurrente; el cual decidió no hacerlo.
No considera necesario esta parte que el reglamento parlamentario determine la 
imposibilidad de plantear preguntas que no tengan que ver con la acción del gobierno, 
pues resultaría claro que ello excede de las facultades de los parlamentarios para 
controlar al ejecutivo de la región. Sí entiende pertinente, en cambio, que la mesa 
acudiera a lo dispuesto en la Ley 6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto del presidente 
y del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, pues, junto a lo dispuesto en los 
artículos 10 y siguientes del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, constituye el 
marco normativo que fija el ámbito competencial del presidente y su gobierno.
Para la representación procesal de la Cámara, se trataría, en definitiva, de uno de  e
esos supuestos en los que este Tribunal ha considerado admisible que la mesa entre en  bo
el examen material del contenido del documento presentado, a fin de realizar el juicio de  49ww
(cpaolirf ictoadcaiósn,  SsToCbr e9 6l/a2 0id1o9n, edied a1d5  doe  pjurolicoe, dFeJn 1c)i.a del procedimiento parlamentario elegido
tienebn)  uLno cso natceuneidrdoo lsa ciómnpicuog nnai deosste reesottaipríaadno,  ya doefrmecáesn,  usnuafic jiuesnttiefimcaecnióten  amrgoutivmaednotsa.d aN eo 
individualizada respecto a la concreta pregunta que realizó el hoy recurrente en amparo,
por lo que sería incierto que se le haya impedido conocer por qué se inadmitió su 
pregunta, limitando o entorpeciendo el ejercicio de los derechos que, en su condición de 
diputado, le asistían.
Por  las  razones  expuestas,  se  solicita  de  este  Tribunal  que  dicte  sentencia 
desestimando el amparo solicitado.
8.  En escrito presentado en este Tribunal el 6 de septiembre de 2019, el Ministerio 
Fiscal, tras recordar los antecedentes y el objeto del presente recurso de amparo y 
afirmar la legitimación procesal del demandante para interponerlo, alega, en esencia, lo 
siguiente.
a)  Recuerda la doctrina constitucional respecto a las preguntas dirigidas al Consejo 
de Gobierno, de acuerdo con la cual estas son un instrumento para el cumplimiento de la 
función parlamentaria de control de la acción del Gobierno y, como tal, integran el núcleo 
esencial de dicha función (SSTC 225/ 1992, 107/2001, 74/2009, 44/2010 y 27/2011).
b)  Destaca que los acuerdos recurridos no indican el precepto reglamentario en el 
que se apoya la inadmisión de la iniciativa presentada por el hoy recurrente en amparo. 
Esta se sustenta, básicamente, en que los términos de la pregunta oral presentada no se 
refieren a una cuestión que se corresponda con la actuación del presidente del Consejo, 
en el marco de las competencias que tiene estatutaria y legalmente atribuidas, sino que 
se refiere a una cuestión sobre la financiación de un concreto partido político. En el 
acuerdo de la mesa de 11 de junio de 2018, por el que se inadmitió la solicitud de 
reconsideración, se añade, además, que la pregunta, en los términos en que ha sido 
planteada, no pone de manifiesto que exista un interés general para la Región de Murcia 
que justifique su admisión, remitiendo al grupo parlamentario autor de la iniciativa a una 
nueva presentación de la misma, en otros términos.
Dicha fundamentación sería contraria a lo establecido en la doctrina constitucional y 
en el art. 44 b) del Reglamento de la Asamblea Regional de Murcia, de acuerdo con los 
cuales, la mesa ejercerá las facultades de calificación y admisión a trámite de los escritos 
parlamentarios, limitándose a comprobar que cumplen los presupuestos formales de la 
iniciativa correspondiente, salvo los casos en que esté expresamente previsto en la 
Constitución o en el reglamento respectivo algún control de carácter material.
En este sentido, se señala que el art. 176 del Reglamento de la Asamblea Regional 
de Murcia establece como requisitos de carácter formal de las preguntas de contestación 
oral  por  el  presidente  del  Consejo  únicamente  que  se  presentarán  por  escrito  y, 
separadamente cada una de ellas, expresando concisamente su objeto. Desde el punto 
de vista material, las únicas limitaciones de carácter negativo son las establecidas en el 
art. 173.3 del Reglamento de la Asamblea Regional de Murcia, de acuerdo con el cual 
pueden inadmitirse a trámite las preguntas que tengan un exclusivo interés personal; que 
planteen cuestiones estrictamente jurídicas; que utilicen palabras o conceptos contrarios 
a la cortesía parlamentaria o que supongan una reiteración de otras tramitadas en el 
mismo periodo de sesiones, o en tramitación.
Sin embargo, los acuerdos de la mesa impugnados no han basado la inadmisión a 
trámite presentada por el demandante en el incumplimiento de los requisitos de carácter 
formal del art 176 del Reglamento de la Asamblea Regional de Murcia, ni tampoco en 
alguna de las limitaciones de carácter material o de contenido que establece el art 173.3 
del Reglamento de la Asamblea Regional de Murcia. Tampoco cita la mesa en sus 
acuerdos  ningún  otro  precepto  reglamentario  que  estime  infringido  por  la  iniciativa 
presentada para justificar su inadmisión a trámite. Por ello, entiende el fiscal que habrían  e
vulnerado ilegítimamente el ius in officium del demandante, al haberse extralimitado la  bo
mesa  en  sus  facultades  de  control  de  las  iniciativas  parlamentarias;  dado  que  la  49ww
ipnraedsmupisuieósnt oas  trfáomrmitael edse  yl an por eingcuunrtraía o reanl  nlaos  sleim hitaa cliimoniteasd om aa tecorimalepsro bqaure  sci ocnutmemplpíala  loesl 
acartl if1ic7a3c idóenl  dreeg llaam  menetsoa.  Sceo nttrraatraiorí aa  deu nuan  inetxecrepsreot aecnió ne l feajveorcraicbiole  dye  nlaos  rfeascturlitcatidveas  ddeel 
ejercicio del cargo parlamentario.
c)  Por  lo  que  se  refiere  a  la  concreta  motivación  recogida  en  los  acuerdos 
impugnados (que la pregunta no se refería a los actos propios o competencias del 
presidente, así como que no precisaba la conexión de su objeto con un interés propio de 
la  Región  de  Murcia),  se  resalta  que  tales  razones  no  están  contempladas  en  el 
Reglamento de la Asamblea Regional de Murcia como causa de inadmisión a trámite de 
las  preguntas  para  contestación  oral  por  los  miembros  del  Consejo  de  Gobierno. 
Coincide con el recurrente el fiscal en considerar que la mesa parece estar aplicando lo 
dispuesto en el art. 182 del Reglamento de la Asamblea Regional de Murcia, que regula 
las comparecencias por propia iniciativa del presidente del Consejo, respecto de asuntos 
que  guarden  conexión  con  actuaciones  personales  suyas,  o  con  el  ejercicio  de 
competencias de su exclusiva atribución de acuerdo con la legislación vigente. Los 
acuerdos de la mesa y, en particular, el adoptado el 11 de junio de 2018, no ofrecen 
explicación alguna acerca de la aplicación de dicho precepto reglamentario. Además, al 
admitir la mesa que, al margen de la supuesta exigencia de que las preguntas traten 
sobre las competencias propias asignadas al presidente del Consejo, estas pueden ser 
también admitidas, si versan sobre cuestiones que tienen interés general para la Región 
de Murcia, estaría realizando una valoración que supondría un control material sobre las 
facultades parlamentarias de control de la acción de gobierno que se corresponde con 
un juicio de oportunidad política para el cual la mesa carece de legitimación, al exceder 
de las facultades que le atribuye el art. 44 b) del Reglamento de la Asamblea Regional 
de Murcia.
d)  De  todo  lo  dicho  resultaría,  para  el  Ministerio  Fiscal,  que  la  decisión  de 
inadmisión de la mesa de la Asamblea Regional de Murcia vulneró el ius in officium del 
recurrente, pues, como se enunció en la STC 1/2015, FJ 6, «no se apoya en ninguno de 
los  límites  materiales  contemplados  por  el  reglamento  de  la  Cámara  […]  siendo 
pertinente  recordar  que  este  Tribunal  ha  venido  sosteniendo  que,  ‘si  la  legalidad 
aplicable  no  impone  límite  material  alguno  a  la  iniciativa,  la  verificación  de  su 
admisibilidad ha de ser siempre formal, cuidando únicamente de que la iniciativa cumpla 
con los requisitos de forma que le exige esa legalidad’ (STC 107/2001, FJ 3 y doctrina 
allí citada)». Como consecuencia, se habría vulnerado también el correlativo derecho de 
los  ciudadanos  a  participar  en  los  asuntos  públicos  a  través  de  sus  legítimos 
representantes políticos del art 23.1 CE.
Por lo expuesto, solicita el fiscal que se dicte sentencia estimando el recurso de 
amparo parlamentario interpuesto y declarando la nulidad de los acuerdos impugnados 
con  alcance  meramente  declarativo,  dado  que,  al  haberse  adoptado  en  la  anterior 
legislatura de la Asamblea Regional de Murcia, no procede la retroacción de actuaciones 
para que la mesa se pronuncie nuevamente sobre la admisión de la iniciativa.
9.  Por providencia de 25 de junio de 2020 se señaló para la deliberación y votación 
de la presente sentencia el día 29 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  El presente recurso de amparo se interpone contra los acuerdos de la mesa de la 
Asamblea Regional de Murcia que se detallan en el encabezamiento de esta sentencia y 
de cuyo contenido se ha dado ya cumplida cuenta.
El  recurrente,  portavoz  del  Grupo  Parlamentario  Podemos  en  dicha  asamblea, 
aduce, en los términos que se han expuesto con más detalle en los antecedentes, que 
los  citados  acuerdos  vulneran  el  ius  in  officium  propio  del  cargo  de  parlamentario  e.e
protegido por el art. 23.2 CE y el correlativo derecho de los ciudadanos a participar en  b
las funciones públicas a través de sus representantes (art. 23.1 CE). 49ww
presEesnata vdual npeorra ceiló rne csuer rheanbtreí as ep rboadsuóc ideon,  uenna s cuamuas,a  pnoorq puree vlais tian ardemgliasmióenn dtaer ilaam pernetgeu: nstau 
fsaultpao ndder írae,l adcei óanc uceornd ola cso nco lam dpoectetrnincaia sc odneslt ipturceisoindaeln, tuen dae el xCtroanlismeijtoa cdióen G doeb liae rmnoe;s alo e qnu eel 
ejercicio  de  sus  funciones.  El  acuerdo  por  el  que  se  desestima  la  reconsideración
carecería, además, de una motivación expresa, suficiente y adecuada. Todo ello en 
contradicción con las exigencias derivadas del art. 23 CE.
La Asamblea Regional de Murcia, a través de su representación procesal, solicita la 
desestimación del recurso, al entender que los acuerdos de la mesa impugnados se 
basaron  legítimamente  en  la  citada  causa  de  inadmisión,  pues  esta  se  derivaría 
implícitamente de lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía y en el Reglamento de la 
Asamblea Regional de Murcia.
El Ministerio Fiscal interesa la estimación del recurso de amparo. Sostiene que los 
actos impugnados vulneran el ius in officium del recurrente, coincidiendo esencialmente 
con los argumentos mantenidos por este.
2.  El análisis de la controversia suscitada en el presente recurso de amparo ha de 
iniciarse necesariamente recordando la doctrina de este Tribunal sobre la función de 
calificación y admisión a trámite de las iniciativas parlamentarias ejercida por las mesas 
de las cámaras legislativas y su incidencia en el ius in officium del cargo parlamentario. 
Sin duda la facultad de formular preguntas en la cámara al ejecutivo (o a su presidente, 
en su caso) «pertenece al núcleo de [la] función representativa parlamentaria, pues la 
participación en el ejercicio de la función de controlar la acción del Consejo de Gobierno 
y de su presidente y el desempeño de los derechos y facultades que la acompañan 
constituyen  manifestaciones  constitucionalmente  relevantes  del  ius  in  officium  del 
representante (SSTC 225/1992, de 14 de diciembre, FJ 2, y 107/2001, de 23 de abril, 
FJ 4)» (STC 33/2010, de 19 de julio, FJ 4).
Hemos  declarado  así  que  «ninguna  tacha  de  inconstitucionalidad  merece  la 
atribución a las mesas parlamentarias del control de la regularidad legal de los escritos y 
documentos parlamentarios, sean estos los dirigidos a ejercer el control del ejecutivo, 
sean los de carácter legislativo, siempre que tras ese examen de la iniciativa a la luz del 
canon  normativo  del  reglamento  parlamentario  no  se  esconda  un  juicio  sobre  la 
oportunidad  política  en  los  casos  en  que  ese  juicio  esté  atribuido  a  la  cámara 
parlamentaria en el correspondiente trámite de toma en consideración o en el debate 
plenario. Y ello porque el órgano que sirve de instrumento para el ejercicio por los 
ciudadanos  de  la  soberanía  participando  en  los  asuntos  públicos  por  medio  de 
representantes es la propia cámara, no sus mesas, que cumplen la función jurídico-
técnica de ordenar y racionalizar el funcionamiento de las cámaras para su mayor 
eficiencia, precisamente como tal foro de debate y participación en la cosa pública» 
[SSTC 208/2003, de 1 de diciembre, FJ 4 c), y 32/2017, de 27 de febrero, FJ 4].
Por tal razón, las potestades de calificación y admisión de la mesa han de ser 
entendidas como un juicio de admisión que formula este órgano rector de la cámara 
«sobre el cumplimiento de los requisitos formales reglamentariamente establecidos» 
(STC  205/1990,  de  13  de  diciembre,  FJ  6).  Corresponde  a  la  mesa  «verificar  la 
regularidad jurídica y la viabilidad procesal de la iniciativa, esto es, examinar si la 
iniciativa  cumple  los  requisitos  formales  exigidos  por  la  norma  reglamentaria» 
[SSTC 208/2003, FJ 4 c), y 44/2010, de 26 de julio, FJ 4]. Ello no obstante, el reglamento 
parlamentario puede permitir, o incluso establecer, que la mesa extienda su examen de 
la iniciativa más allá de la estricta verificación de sus requisitos formales, «siempre que 
los escritos y documentos parlamentarios girados a la mesa, sean de control de la 
actividad de los ejecutivos o sean de carácter legislativo, vengan limitados materialmente 
por la Constitución, el bloque de la constitucionalidad o el reglamento parlamentario»; o 
en «aquellos supuestos en los que se planteen cuestiones entera y manifiestamente 
ajenas a las atribuciones de la cámara» [SSTC 203/2001, de 15 de octubre, FJ 3;  e.
177/2002, de 14 de octubre, FJ 3; 40/2003, de 27 de febrero, FJ 2 b); 57/2011, de 3 de  w.b
mayo, FJ 3, y 208/2003, FJ 4 c), por todas]. 49ww
somPeotird os ua  spua rjuteri,s daic ceisótne  pTorri blau nvaíal  dlee l caorrt.r e4s2p oLnOdTeC ,c oqnuter oelanr ,l ocsu saunpduoe setol sa esnu nqtou e sleoas 
caacluifeicradcoisó nd ey  laasd mmiseisóans,  dsee alna s recsátmricatrivaoss,  addeol ptiauds osin  eonf fiecli uemje rdciec iolo sd e psaurl afmunecniótanr iodse, 
incorporen una motivación expresa, suficiente y adecuada, puesto que en «ausencia de
motivación alguna no sería posible determinar si el rechazo de la iniciativa de control al 
gobierno entraña en sí misma el desconocimiento de la facultad que se ha querido 
ejercitar, ni si se manifiesta desprovista de razonabilidad en atención al fin institucional 
propio  de  la  función  que  quiso  ejercerse  y  los  motivos  aducidos  para  impedir  su 
ejercicio» (SSTC 74/2009, de 23 de marzo, FJ 3, y 44/2010, FJ 4).
La inadmisión de las preguntas parlamentarias, que supone una limitación de los 
derechos y facultades que integran el estatuto constitucionalmente relevante de los 
representantes políticos, cuya primera exigencia constitucional es la de que tal limitación 
aparezca suficientemente motivada (STC 38/1999, de 22 de marzo, FJ 2), implica que a 
este Tribunal le compete controlar que en los supuestos en que los acuerdos de la mesa 
sean contrarios a la admisibilidad de las preguntas, tales resoluciones incorporen una 
motivación expresa, suficiente y adecuada, en aplicación de las normas a las que está 
sujeta la mesa en el ejercicio de su función de calificación y admisión de los escritos y 
documentos de índole parlamentaria» (STC 33/2010, FJ 4).
En todo caso, no puede dejarse de recordar a estos efectos que este Tribunal ha 
afirmado también en numerosas ocasiones (por todas, STC 242/2006, de 24 de julio, 
FJ 2) que, en virtud del respeto a la autonomía parlamentaria, su fiscalización de las 
decisiones de los órganos de las cámaras ha de limitarse a las decisiones arbitrarias o 
manifiestamente irrazonables, dejándoles un amplio margen para la decisión. Por esa 
razón, hemos declarado reiteradamente que «respecto a la función de calificación de los 
órganos parlamentarios, hay que partir de que este Tribunal solo puede realizar un 
control negativo, pues no le es dado, por respeto a la autonomía de las cámaras sobre 
los  procedimientos  que  se  desarrollan  en  su  seno,  reemplazar  la  voluntad  de  sus 
órganos  en  el  ejercicio  de  la  función  de  calificación,  así  como  de  decisión  del 
procedimiento que han de seguir los escritos parlamentarios» [SSTC 213/2016, de 15 de 
diciembre, FJ 4, y 4/2018, de 22 de enero, FJ 5; en sentido similar, SSTC 153/2016, 
de 22 de septiembre, FJ 3, y 185/2016, de 3 de noviembre, FJ 5 c)]
3.  Como se ha indicado, el recurrente sostiene que se ha vulnerado su ius in 
officium como diputado regional, porque la mesa de la Asamblea Regional de Murcia 
inadmitió su pregunta «¿Puede asegurar que el Partido Popular de la Región de Murcia 
no se ha financiado ilegalmente mediante procedimientos semejantes a los condenados 
en la sentencia de la Gürtel?», para su contestación oral por el presidente del Consejo 
de Gobierno de la Región de Murcia. Aludió a una razón material: ser ajena a «la acción 
del  propio  Consejo  de  Gobierno  y  de  su  presidente»,  que  no  se  encontraba 
expresamente prevista en la entonces vigente regulación de este tipo de preguntas en el 
reglamento de la cámara.
A juicio del recurrente, esta decisión no puede considerarse motivada, toda vez que 
el art. 173.3 del Reglamento de la Asamblea Regional de Murcia, en la versión vigente 
en el momento en el que se produjeron los hechos que dieron lugar al presente recurso 
de amparo, establece los únicos supuestos de preguntas parlamentarias que no procede 
admitir a trámite: la pregunta de exclusivo interés personal de quien la formula o de 
cualquier otra persona singularizada; la que suponga consulta de índole estrictamente 
jurídica;  la  que  incluya  en  sus  antecedentes  o  formulación  palabras  o  conceptos 
contrarios a las reglas de la cortesía parlamentaria y la que pudiera ser reiterante de 
otras tramitadas o en tramitación en el mismo período de sesiones. Por tanto, al inadmitir 
la pregunta «por no afectar a competencias del presidente del Consejo de Gobierno», la 
mesa de la Asamblea Regional de Murcia se extralimitaría en sus funciones, al no estar 
prevista  reglamentariamente  esa  causa  de  inadmisión,  infringiendo  así  el  derecho  e.
garantizado por el art. 23.2 CE. w.b
Conviene advertir, para dar cumplida respuesta a los alegatos del recurrente, que el  49ww
art. 44 b) del Reglamento de la Asamblea Regional de Murcia, en la versión vigente en el
momento en el que se produjeron los hechos que dieron lugar al presente recurso de 
amparo, establece que corresponderá a la mesa la función de:
«Decidir sobre la calificación, la admisión o no a trámite y la remisión al órgano que 
corresponda, de cuantos escritos y documentos de índole parlamentaria tengan entrada 
en la Cámara, excepción hecha de las enmiendas a proyectos y proposiciones de ley, 
que serán dirigidas a la Mesa de la Comisión correspondiente para que dictamine sobre 
su calificación y admisión a trámite antes de ser remitidos a la Mesa de la Asamblea.
La admisión a trámite se limita a verificar que el acto o escrito en cuestión cumple las 
condiciones reglamentarias.
En los supuestos de iniciativas reiterantes con las que ya estén en tramitación o 
sobre las que la Cámara se hubiere pronunciado ya dentro del mismo año legislativo, de 
escritos  de  dudosa  calificación  o  cuando  se  susciten  dudas  en  relación  con  la 
competencia de la Comunidad Autónoma en la materia, la Mesa, oída la Junta de 
Portavoces, decidirá sobre la calificación y admisión o no a trámite».
Por tanto, a la mesa corresponde decidir sobre la calificación y la admisión o no a 
trámite de cuantos escritos y documentos de índole parlamentaria tengan entrada en la 
cámara, oyéndose previamente a la junta de portavoces, entre otros supuestos, cuando 
se susciten dudas acerca de la competencia de la comunidad autónoma en la materia a 
la que se refiere la iniciativa.
En la sesión celebrada el 29 de mayo de 2018, la mesa de la Asamblea Regional de 
Murcia, siguiendo el informe verbal de la secretaria general de la Cámara, resolvió 
inadmitir la pregunta del recurrente, al referirse a la actividad de un partido político, pero 
no a asuntos relacionados con la acción del Gobierno de Murcia, por lo que resultaría 
ajena a las competencias del presidente del Consejo de Gobierno de esta comunidad 
autónoma.
La solicitud de reconsideración del recurrente fue desestimada por la mesa mediante 
acuerdo adoptado en su sesión de 11 de junio de 2018, una vez consultada la junta de 
portavoces según lo exigido por el art. 45 del Reglamento de la Asamblea Regional de 
Murcia.  Como  ha  quedado  reflejado  con  mayor  detalle  en  los  antecedentes  de  la 
presente  sentencia,  razona  la  mesa  que,  conforme  a  lo  previsto  en  el  art.  44  del 
Reglamento de la Asamblea Regional de Murcia, está legitimada para inadmitir las 
preguntas que, como es el caso, versen «sobre cuestiones manifiestamente ajenas a la 
competencia de la comunidad autónoma y por ende a la acción del propio Consejo de 
Gobierno y de su presidente». En efecto, «la pregunta es ajena a la actuación del 
presidente del Consejo de Gobierno en su condición de presidente de la comunidad 
autónoma, cuyas competencias vienen establecidas en la Ley 6/2004, del Estatuto del 
Presidente y del Consejo de Gobierno, sobre las que sí cabe una actuación de control 
por parte de la Cámara» y «tampoco la iniciativa precisa, indubitadamente, qué conexión 
guarda o puede guardar dicho asunto (la financiación de un concreto partido político) con 
un interés, siquiera tangencial o relativo, respecto de los que asisten a la Región de 
Murcia».
Señala asimismo la mesa que no es atendible la interpretación propuesta por el 
recurrente en su solicitud de reconsideración (que, al referirse la pregunta a la sentencia 
penal de la llamada «trama Gürtel», lo que se habría querido preguntar es si el Partido 
Popular se ha financiado mediante la obtención de comisiones ilegales pagadas en el 
marco de procesos de contratación pública llevados a cabo por el Gobierno de Murcia). 
La pregunta estaba incorrectamente formulada y la decisión de inadmisión nada tiene  e
que ver con cuestiones de carácter político o de oportunidad, como lo acredita que en la  bo
misma sesión fue admitida a trámite una pregunta del portavoz del Grupo Parlamentario  49ww
Sdeolc lilaalmistaad eon « lcaa qsuoe G, ücortne lo»t.r aE nfo tromduol accaisóon,,  lsae m inecsluay ien dtaicmab aiél nre ucnuarr emneten cqióune  as i lala s pernetgeunnctiaa 
psere sriedfeonrmteu, lap arcao nccorneotacnedr oa sqpueec tosse  sporbertee nlad ec oenl trcaotanctrióonl  aeln  glao baiedrmnion,i satr atcriaóvné sre gdieo nasul, 
nada obstaría para su tramitación y su formulación en sesión plenaria en la que pudieran
tramitarse preguntas al presidente del Consejo de Gobierno, aun con la referencia, 
respecto a los términos de contratación pública, a actuaciones objeto de la sentencia de 
la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional sobre el llamado «caso Gürtel».
En la citada STC 107/2001, referida también a acuerdos de la mesa de la Asamblea 
Regional de Murcia, que inadmitieron una pregunta al Consejo de Gobierno para su 
respuesta oral en el pleno, por entender que excedía del ámbito competencial de la 
comunidad autónoma, este Tribunal apreció que tales acuerdos vulneraron los derechos 
del diputado recurrente en amparo a participar en los asuntos públicos y al ejercicio del 
cargo  parlamentario  (art.  23  CE).  Consideramos  en  aquel  caso  que  la  pregunta 
inadmitida versaba sobre un asunto que no era ajeno ni a la acción política del Gobierno 
de  la  Región  de  Murcia  ni  a  los  intereses  de  esa  comunidad  autónoma,  pues  se 
pretendía inquirir acerca de las medidas que el ejecutivo autonómico tenía previsto 
adoptar  para  completar  la  implantación  de  la  enseñanza  secundaria  obligatoria  en 
Murcia, en términos equiparables al resto de comunidades autónomas (STC 107/2001, 
FJ 9).
Advertimos en la STC 107/2001 también, no obstante, que «dada la caracterización 
de las preguntas que los diputados regionales pueden formular al Consejo de Gobierno o 
a sus miembros como instrumentos de control» y «al objeto de que este instrumento 
parlamentario no resulte desvirtuado por un uso no acomodado a su naturaleza y extraño 
a su finalidad», es «posible que la Mesa de la Cámara, al efectuar el juicio de admisión, 
pudiera rechazar aquellas preguntas, cuyo contenido, en un examen liminar, resultase o 
pudiera resultar manifiesta e inequívocamente ajeno a la acción del Consejo de Gobierno 
y de su Presidente, o, incluso, a los intereses de la Comunidad Autónoma; y ello, por 
determinar esa relación de ajenidad la promoción de temas o cuestiones respecto a los 
que pudieran plantearse dudas sobre la competencia de la Asamblea para conocer de 
los mismos, toda vez que la función que corresponde a esta, aquí concernida, de 
fiscalización del Ejecutivo, es la de ‘controlar la acción del Consejo de Gobierno y del 
Presidente’ (art. 22 EARM); de modo que pudiera entenderse que no entraría en esa 
función de control algo inequívoca y manifiestamente ajeno a la competencia de estos» 
(STC 107/2001, FJ 9).
Ciertamente, esta hipótesis quedó descartada en aquel supuesto, al constatarse 
«que la pregunta formulada por el demandante de amparo al Consejo de Gobierno para 
su respuesta ante el Pleno de la Cámara versaba sobre aspectos que afectaban, sin 
duda, a la acción política de aquel y a los intereses de la Comunidad Autónoma» 
(STC 107/2001, FJ 9).
En la misma línea se sitúan algunas resoluciones ulteriores de este Tribunal, en las 
que se da por sentado que la mesa de la Cámara puede inadmitir legítimamente una 
pregunta dirigida al gobierno con fundamento en «la caracterización de las preguntas 
que  los  diputados  autonómicos  pueden  formular  al  Consejo  de  Gobierno  o  a  sus 
miembros como instrumentos de control o de fiscalización de la acción del Consejo de 
Gobierno y de su presidente» (SSTC 74/2009, FJ 3, y 33/2010, FJ 4). Asimismo cabe 
traer a colación el ATC 125/2005, de 4 de abril, que inadmitió a trámite un recurso de 
amparo presentado por un diputado del Congreso al que la mesa de la Cámara rechazó 
parcialmente una pregunta al Gobierno para su contestación por escrito, relativa a la 
práctica del deporte de la caza por el ministro de Fomento, basándose precisamente en 
el hecho de que determinadas cuestiones de la misma versaban sobre materia ajena a la 
competencia del Gobierno.
4.  Atendida  la  doctrina  constitucional  expuesta,  estamos  en  disposición  de  e.
responder a la cuestión que plantea la demanda de amparo. Como pone de manifiesto la  w.b
representación procesal de la Asamblea Regional de Murcia, no es otra que la de  49ww
pdreetegrumnitnaa r sdie lla  mreoctiuvrarceinótne  ena lla  qpuree ssidee anpteo ya dlae l meCsoan dsee jola  Cdáem arGa opbaierarn ion admreistiur ltlaa 
consSteitugcúino nhaal mqeunetdea ldeog íetixmpau.esto, la decisión de la mesa se basa, fundamentalmente, en
la falta de relación de la pregunta con las competencias presidenciales, pues se refería a
la financiación de un partido político. A primera vista, tal razón puede considerarse 
discutible –y, de hecho, el recurrente discrepa de la misma–, pero difícilmente cabe 
tildarla de irrazonable, en tanto la mesa se refiere al marco competencial fijado por el 
Estatuto de Autonomía y la Ley 6/2004, de 28 de diciembre, del estatuto del presidente y 
del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia; de acuerdo con el cual la materia 
sobre la que se pretende preguntar al presidente autonómico queda claramente fuera de 
dicho ámbito.
Pero hemos de preguntarnos todavía si el hecho de que la razón esgrimida por la 
mesa no esté prevista expresamente en el reglamento de la cámara como causa de 
inadmisión de las preguntas la convierte en arbitraria, como mantiene el recurrente. Y la 
respuesta ha de ser necesariamente negativa, pues tal razón atiende a la naturaleza y 
finalidad de las preguntas parlamentarias como instrumento de control de la acción del 
gobierno, cuyo apoyo normativo, en este caso, se hallaría en lo dispuesto en los arts. 22 
y 25.3 del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, así como en su inclusión en el 
entonces  vigente  Título  VII  del  Reglamento  de  la  Asamblea  Regional  de  Murcia, 
dedicado a los «procedimientos que permiten la fiscalización e impulso del gobierno».
No teniendo que ver la cuestión planteada con dicha acción del Gobierno, resultaba 
justificada su inadmisión a trámite, como acordó la mesa de la Asamblea Regional de 
Murcia. Por ello, al inadmitir la pregunta, la mesa atendió a «la facultad que corresponde 
a los diputados regionales para formular preguntas al Consejo de Gobierno y a sus 
miembros», así como «al fin institucional propio de la función que quiso ejercerse» 
(SSTC 161/1988, de 20 de septiembre, FJ 9, y 107/2001, FJ 7). Pues, como acabamos 
de advertir, la necesaria conexión de las preguntas con la competencia o gestión del 
Gobierno (o de su presidente) se desprende de su carácter de instrumentos de control 
del ejecutivo como una de las funciones de la Asamblea Regional previstas en los arts. 
22 y 25.3 del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia y en el entonces vigente 
Título VII del Reglamento de la Asamblea Regional de Murcia (actualmente, Título IX). 
Por  ello,  puede  decirse  «que  ha  de  entenderse  como  un  requisito  implícito  de 
admisibilidad su referencia a la competencia o gestión del Gobierno» (ATC 125/2005, 
FJ 2), lo que a su vez supone, como señala la representación procesal de la Asamblea 
Regional de Murcia, que ha de incluirse en uno de los supuestos en los que la mesa está 
legitimada para entrar en el examen material del contenido del documento presentado, a 
fin de realizar el juicio de calificación sobre la idoneidad o procedencia del procedimiento 
parlamentario elegido (por todas, STC 96/2019, de 15 de julio, FJ 1).
En definitiva, no siendo irrazonable ni arbitraria la decisión adoptada por la mesa de 
la Asamblea Regional de Murcia e inscribiéndose dentro de la función de ordenación de 
la labor de la Cámara que pertenece al núcleo mismo de la autonomía parlamentaria 
(ATC 614/1988, de 23 de mayo, FJ 2), ninguna lesión de derechos se derivaría de la 
misma, razón por la que el acuerdo de inadmisión impugnado ha de ser respetado por 
este Tribunal, «para no convertirse en una instancia revisora de contiendas sin contenido 
constitucional» (ATC 125/2005, FJ 2).
A lo dicho cabe añadir, como se ha puesto de relieve en los antecedentes de esta 
sentencia, que junto a la pregunta rechazada el recurrente propuso otras dos, que fueron 
admitidas  y  estaban  en  condiciones  de  ser  formuladas  en  la  sesión  plenaria 
correspondiente, al margen de que, al conocer la inadmisión de la pregunta objeto de la 
controversia,  decidiera  renunciar  a  plantearlas.  Ello  evidencia  que  la  inadmisión 
acordada tampoco afectó «al normal desenvolvimiento de la actividad parlamentaria del 
solicitante de amparo y de su grupo parlamentario» (ATC 614/1988, FJ 2), todo lo cual  s
nos lleva a desestimar la pretensión del recurrente. oe.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Desestimar el recurso de amparo interpuesto por don Óscar Urralburu Arza.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a veintinueve de junio de dos mil veinte.–Juan José González 
Rivas.–Andrés  Ollero  Tassara.–Santiago  Martínez-Vares  García.–Alfredo  Montoya 
Melgar.–Cándido Conde-Pumpido Tourón.–Firmado y rubricado.