BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 311 Viernes 27 de noviembre de 2020 Sec. I.   Pág. 105623
I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE SANIDAD
15067 Real Decreto 1021/2020, de 17 de noviembre, por el que se regula, para el 
ejercicio  2020,  la  concesión  directa  de  subvenciones  en  el  ámbito  del 
Ministerio de Sanidad a diversas entidades y a la Federación Española de 
Municipios y Provincias.
I
La  Agencia  Española  de  Medicamentos  y  Productos  Sanitarios,  creada  como 
agencia estatal adscrita al Ministerio de Sanidad mediante el Real Decreto 1275/2011, 
de 16 de septiembre, por el que se crea la Agencia estatal «Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios» y se aprueba su Estatuto, garantiza la calidad, 
seguridad, eficacia y correcta información de los medicamentos y productos sanitarios, 
como  responsable  máximo  de  este  servicio  público,  promoviendo  el  conocimiento 
científico-técnico y poniéndolo al servicio de la sociedad para su beneficio y progreso.
La gran relevancia e importancia de la protección y promoción de la salud de las 
personas, de la sanidad animal y el medio ambiente, hace que la Agencia Española de 
Medicamentos  y  Productos  Sanitarios  desarrolle  un  amplio  abanico  de  actividades 
encuadrado  en  la  evaluación  y  autorización  de  medicamentos  de  uso  humano  y 
veterinario, la autorización de la investigación y de los ensayos clínicos, el seguimiento 
continuo de la seguridad de los medicamentos, el control de su calidad, la autorización e 
inspección  de  los  laboratorios  farmacéuticos,  la  supervisión  del  suministro  y  el 
abastecimiento  de  los  medicamentos,  la  certificación,  control  y  vigilancia  de  los 
productos sanitarios, la lucha contra los medicamentos y productos sanitarios ilegales y 
falsificados, el seguimiento de la seguridad de los cosméticos y los productos de cuidado 
personal,  la  información  de  todo  lo  que  tenga  que  ver  con  estos  aspectos  a  los 
ciudadanos y profesionales sanitarios, y la elaboración de la normativa que facilite el 
cumplimiento de sus funciones.
En este sentido, en primer lugar, cabe destacar la necesaria existencia del sistema 
de farmacovigilancia para facilitar la recogida de información sobre los efectos adversos 
que pueden ocasionar los medicamentos, ya que todo medicamento puede producir 
algún  efecto  adverso  no  deseado,  que  se  denomina  «Reacción  Adversa  a 
Medicamentos»  (RAM).  Este  sistema  denominado  Sistema  Español  de 
Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano y Veterinario, tiene como objetivo 
principal  reunir  los  casos  de  sospecha  de  RAM,  que  identifican  los  profesionales 
sanitarios  o  los  ciudadanos.  En  cada  comunidad  autónoma  existe  un  centro  de 
farmacovigilancia,  encargado  de  evaluar  y  registrar  en  una  base  de  datos  común, 
denominada FEDRA, estos efectos adversos que se sospecha que pueden ser debidos 
al medicamento.
Por otro lado, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios coordina 
el Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos (PRAN). El PRAN es un plan 
estratégico y de acción cuyo objetivo es reducir el riesgo de selección y diseminación de 
resistencia a los antibióticos y, consecuentemente, reducir el impacto de este problema  s
sobre la salud de las personas y los animales, preservando de manera sostenible la  e.
eficacia de los antibióticos existentes, siendo el PRAN uno de los baluartes del Ministerio  w.
de Sanidad. 067ww
NacEioln PalR dAeN S afulued a yp rpoobra ldao C eonn feerle anñcoia  2In0t1e4rs epcotro reial l Cdoen Asegjroic uInlttuerrate crorimtoori arle sdpeul eSsitsat eam laa 
ECsotmaduonsic amciieómn bdreo sla u Cn oPmlaisni ódne E Aucrocipóena  sdoeblr e1 7R dees isntoevniceimasb rAe ndtiem 2ic0ro11b,i aqnuaes ,s aoslicí ictóo ma olo as   BOE-A-cable e
las Conclusiones del Consejo de la Unión Europea del 29 de mayo de 2012, en las que 
se instó a un abordaje conjunto de este problema.
Para alcanzar su objetivo, el PRAN propone seis líneas estratégicas comunes para la 
salud humana y la sanidad animal; la vigilancia del consumo y de la resistencia a los 
antibióticos, el controlar las resistencias bacterianas, el identificar e impulsar medidas 
alternativas y/o complementarias de prevención y tratamiento, el definir las prioridades 
en materia de investigación, la formación e información a los profesionales sanitarios y la 
comunicación  y  sensibilización  de  la  población  en  su  conjunto  y  de  subgrupos  de 
población.
En estos momentos, participan en el desarrollo del PRAN todas las comunidades 
autónomas;  los  ministerios  de  Defensa;  del  Interior;  de  Educación  y  Formación 
Profesional; de Agricultura, Pesca y Alimentación; o para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico; de Asuntos Económicos y Transformación Digital; de Sanidad; de 
Ciencia e Innovación; de Consumo; y de Universidades; más de setenta sociedades 
científicas; organizaciones colegiales; asociaciones profesionales y universidades y más 
de doscientos treinta colaboradores expertos.
El  fenómeno  de  la  resistencia  a  los  antibióticos  provoca  cada  año  en  Europa 
alrededor de veinticinco mil muertes (unas dos mil ochocientas en España) e infecciones 
graves a más de cuatro millones de personas, unas cifras que lo convierten en uno de 
los problemas de salud pública más acuciantes en la actualidad. Por tanto, es necesario 
insistir en el uso racional de los medicamentos en general y de los antibióticos en 
particular. La salud es cada vez más un asunto social y no individual. La concienciación 
sobre hábitos saludables y el control de pandemias es una de las labores fundamentales 
de las autoridades reguladoras.
Por último, es competencia de la Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios  las  actuaciones  de  seguimiento  y  vigilancia  de  los  productos  sanitarios 
implantables activos y no activos, regulados en los Reales Decretos 1616/2009, de 26 de 
octubre,  por  el  que  se  regulan  los  productos  sanitarios  implantables  activos, 
y 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios, entre los 
cuales se encuentran productos del ámbito de la cardiología, como los marcapasos y los 
desfibriladores implantables, en el de la cirugía plástica, reparadora y estética, como las 
prótesis mamarias y otros productos, resultando de gran importancia el conocimiento de 
su comportamiento a largo plazo a fin de obtener datos sobre su seguridad.
Asimismo, mediante la Orden SCO/3603/2003, de 18 de diciembre, por la que se 
crean los Registros Nacionales de Implantes, registros entre los que se encuentran: el de 
Implantes  activos  y  el  de  Implantes  cardíacos  e  implantes  vasculares  del  sistema 
circulatorio central, así como el Registro Nacional de Prótesis mamarias, se otorga la 
titularidad  de  los  Registros  Nacionales  de  Implantes  a  la  Agencia  Española  de 
Medicamentos y Productos Sanitarios, que tendrá la condición de responsable de los 
mismos, previéndose que para su gestión y mantenimiento se podrán concluir acuerdos 
y  convenios  con  otras  administraciones  públicas,  organismos  públicos  o  entidades 
privadas.
La  relevancia  de  estos  registros  es  indiscutible,  teniendo  en  cuenta  el  elevado 
número de personas que se colocan prótesis de mama, implantes cardíacos e implantes 
vasculares del sistema circulatorio, en España, así como los acontecimientos de fraude 
sanitario con una marca comercial de prótesis que han requerido la adopción de medidas 
de seguimiento con las personas portadoras de estos implantes, aconsejan proceder sin 
demora a la carga de datos en el fichero y seguir con el funcionamiento de este registro,  s
que, entre otras ventajas, posibilita el conocimiento de su comportamiento a largo plazo  oe.
a fin de obtener datos sobre su seguridad, en beneficio de las personas portadoras de  w.
los mismos. Las instituciones europeas, Parlamento Europeo y Comisión Europea, han  067ww
emitido recomendaciones a los Estados miembros en este mismo sentido.
II
La Federación Española de Municipios y Provincias (en adelante, FEMP) es una 
asociación  de  entidades  locales  con  personalidad  jurídica  plena  para  el  fomento  y 
defensa de la autonomía de las entidades locales que representa, en la actualidad, a 
más del noventa por ciento de los gobiernos locales españoles.
La FEMP fue declarada como Asociación de Utilidad Pública mediante Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 26 de junio de 1985, y es la Sección Española del Consejo de 
Municipios  y  Regiones  de  Europa  (CMRE),  además  de  ser  sede  oficial  de  la 
Organización Iberoamericana de Cooperación Intermunicipal (OICJ).
Asimismo, de conformidad con la disposición adicional quinta de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, tiene reconocida su condición de 
representante  institucional  de  la  administración  local  en  sus  relaciones  con  la 
Administración General del Estado.
Dada su condición institucional, su naturaleza jurídica y su labor en representación 
de las entidades locales, existe una larga tradición de cooperación entre la FEMP con los 
diferentes  departamentos  ministeriales  y,  en  particular,  con  el  actual  Ministerio  de 
Sanidad, a través de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.
De conformidad con el artículo 2 del Real Decreto 735/2020, de 4 de agosto, por el 
que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Sanidad, y se modifica 
el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica 
básica de los departamentos ministeriales, corresponde al Ministerio de Sanidad, a 
través de la Secretaría de Estado de Sanidad, el desarrollo y cumplimiento de las 
competencias  del  departamento  en  materia  de  coordinación  y  ejecución  del  Plan 
Nacional  sobre  Drogas,  en  particular  en  materia  de  drogodependencias  y  otras 
adicciones distintas.
En concreto, y conforme al artículo 6.1 del precitado Real Decreto 735/2020, de 4 de 
agosto, corresponde a la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas 
las funciones de dirección, impulso, coordinación general y supervisión de los servicios 
encargados de la actualización y ejecución del Plan Nacional sobre Drogas, que asume, 
bajo la superior dirección de la persona titular de la Secretaría de Estado de Sanidad, el 
impulso de las políticas de reducción de la demanda del consumo de drogas y de los 
programas  de  prevención  tratamiento,  incorporación  social  y  reducción  de  daños 
relacionados con conductas adictivas.
En particular, le corresponde la función de administrar, gestionar y enajenar, bajo la 
dirección  y  supervisión  de  la  Mesa  de  Coordinación  de  Adjudicaciones,  los  bienes 
integrados en el Fondo de bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos 
relacionados, regulado por la Ley 17/2003, de 29 de mayo, por la que se regula el Fondo 
de bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados, y prestar 
apoyo técnico y material a dicha Mesa.
Por Acuerdo del Consejo de Ministros de 18 de febrero de 2020, se aprobaron los 
criterios de distribución, para el año 2020, del Fondo de bienes decomisados por tráfico 
ilícito de drogas y otros delitos relacionados. En aplicación del referido acuerdo, la Mesa 
de  Coordinación  de  Adjudicaciones,  en  sesión  celebrada  en  fecha  18  de  febrero 
de 2020, adoptó el acuerdo de asignar la cantidad de trescientos cincuenta mil euros 
(350.000 euros) procedentes del Fondo de bienes decomisados por tráfico ilícito de 
drogas y otros delitos relacionados a la FEMP para el desarrollo de actividades de 
prevención,  tratamiento,  rehabilitación  y  reducción  de  daños  en  materia  de 
drogodependencias y otras conductas adictivas. e.
La FEMP, en el marco de cooperación institucional que viene desarrollando, tiene  w.b
posibilidad de coordinar aquellas actuaciones en materia de reducción de la demanda en  067ww
eml uánmicbipitaol elso ceanl  dqruoeg osdee epsetnimdeennc ioapso yrt uontraass  cpoanrad uecl tafosm aednictotiv ea si.mpulso de estas políticas
III
La  figura  de  la  subvención  nominativa,  prevista  en  el  artículo  22.2.a)  de  la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, ha servido de manera 
ininterrumpida para asegurar el mantenimiento de determinadas actuaciones de interés 
general dirigidas para la prestación o realización de actuaciones de especial relevancia, 
a realizar por beneficiarios concretos.
Por otra parte, el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como el 
artículo  67  del  Reglamento  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de 
Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, establecen que 
podrán  concederse  de  forma  directa  y  con  carácter  excepcional,  aquellas  otras 
subvenciones en que se acrediten razones de interés público, social, económico o 
humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública. De 
conformidad con lo previsto en el artículo 28.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
las normas especiales reguladoras de las subvenciones previstas en el artículo 22.2.c) 
deberán ser aprobadas por real decreto, a propuesta del Ministro competente y previo 
informe del Ministerio de Hacienda.
En estos momentos, y ante la necesidad de garantizar la máxima seguridad posible 
en los medicamentos y productos sanitarios, con el fin de impedir los eventuales efectos 
perjudiciales que pudieran acontecer ante una situación de riesgo para la salud, así 
como ante la necesidad de poner en marcha actividades de reducción de la demanda en 
materia  de  drogas  y  otras  adicciones,  se  estima  que  concurren  circunstancias 
excepcionales que acreditan razones de interés público, económico y social para su 
aprobación como subvenciones de carácter directo previstas en el artículo 22.2.c) de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Así,  estas  circunstancias  permiten  justificar  la  necesidad  de  salvaguardar  los 
compromisos presupuestarios ininterrumpidos que a lo largo de los últimos años se han 
venido  sucediendo  en  razón  del  interés  público  y  social  que  persiguen,  y  que  se 
concretan  a  lo  largo  de  este  real  decreto  en  aquellas  subvenciones  hasta  ahora 
nominativas que se consideran imprescindibles mantener en el presente ejercicio; en 
particular, las dotaciones dirigidas a la Fundación Casa del Corazón, a la Sociedad 
Española  de  Cirugía  Plástica,  Reparadora  y  Estética,  a  la  Sociedad  Española  de 
Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, a la Sociedad Española de Medicina 
Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias, a la Fundación Piel Sana de la Academia 
Española de Dermatología y Venereología, a la Fundación Española de Reumatología y 
a la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, por el instrumento previsto en el 
artículo 22.2.c) de la citada Ley 38/2003, de 17 de noviembre, siguiendo el procedimiento 
previsto en su artículo 28.
En todos estos casos, concurren necesidades imperiosas que exigen una pronta 
respuesta  de  las  administraciones  con  el  fin  de  asegurar  el  mantenimiento  de  las 
actividades  que  tradicionalmente  han  venido  desempeñando  estas  entidades  y  que 
redundan en la mejora de las condiciones de conocimiento en los medicamentos y 
productos sanitarios. En ninguno de estos casos se puede iniciar un procedimiento de 
concurrencia competitiva por cuanto se trata de entidades que prestan una serie de 
servicios fuera del mercado y donde, por lo tanto, no cabe establecer ni parámetros 
comparativos que permitan su prelación ni existirían otras posibles perceptoras de tales 
fondos.
Del mismo modo, las razones de interés público, social y económico que justifican la 
concesión directa de una subvención a la FEMP se traducen en las actividades de  e.
reducción de la demanda en materia de drogas y otras adicciones a desarrollar por esta  w.b
federación, entendiéndose incluidas entre las mismas las de prevención, tratamiento,  067ww
raedhicatbivilaitsa.ción y reducción de daños en materia de drogodependencias y otras conductas
propEolr ciroenaal lidadde,c restoe guerisd adc onjuforírdmicea , ctorann sploasr enpcriian cipy iose ficdieen cinae creesciodgaidd,o s efiecna ciae,l 
artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas. En este sentido, esta norma es necesaria y eficaz para 
poder desarrollar la referida actuación pública y se justifica por las expresadas razones 
de interés público, social y económico materializadas en la necesidad de asegurar el 
desarrollo de determinadas actuaciones sobre drogodependencias y otras conductas 
adictivas en el ámbito municipal; así como para poder garantizar la calidad, seguridad, 
eficacia y correcta información de los medicamentos y productos sanitarios.
Asimismo, este real decreto se ajusta al principio de proporcionalidad porque es el 
instrumento necesario para la ejecución de la acción a la que se refiere, ya que contiene 
la regulación imprescindible para atender a las necesidades que se pretenden cubrir; 
garantiza  el  principio  de  seguridad  jurídica  ya  que  es  coherente  con  el  resto  del 
ordenamiento jurídico nacional y de la Unión Europea, y, en particular, con la legislación 
en materia subvencional; se dicta de acuerdo al principio de transparencia pues se ha 
definido claramente su alcance y objetivo; por último, atiende al principio de eficiencia, 
pues no supone cargas administrativas accesorias y contribuye a la gestión racional de 
estos recursos públicos existentes en tanto que la norma asegura la máxima eficacia de 
sus postulados con los menores costes posibles inherentes a su aplicación, de modo que 
se logren los objetivos de interés general a que atiende la norma y las entidades 
beneficiarias.
Por último, y en cuanto al título competencial se refiere, el real decreto se aprueba al 
amparo de lo previsto en el artículo 149.1.1.ª y 16.ª de la Constitución Española, que 
atribuyen al Estado, respectivamente, la competencia exclusiva sobre la regulación de 
las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio 
de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales, así como sobre las 
bases y la coordinación general de la sanidad.
En la tramitación de este real decreto se ha recabado informe de la Abogacía del 
Estado en el Ministerio de Sanidad.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Sanidad, previo informe del Ministerio de 
Hacienda, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 17 de 
noviembre de 2020,
DISPONGO:
Artículo 1.  Objeto.
1.  Este real decreto tiene por objeto regular la concesión directa, con carácter 
extraordinario, de diversas subvenciones de carácter singular a favor de las entidades 
beneficiarias que figuran en el artículo 3.
2.  Se autoriza la concesión directa de dichas subvenciones, en aplicación de lo 
previsto en los artículos 22.2.c) y 28.2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, y en el artículo 67 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por concurrir razones 
de interés público, económico y social, con objeto de garantizar la máxima seguridad de 
los medicamentos y productos sanitarios, así como el fomento e impulso de políticas de 
reducción de la demanda de drogas y otras adicciones, protegiendo de este modo la 
salud  de  la  población  e  impidiendo  los  eventuales  efectos  perjudiciales  ante  una 
situación de riesgo para la salud.
Artículo 2.  Régimen jurídico aplicable. e.e
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aplicación.
Artículo 3.  Entidades beneficiarias, actuaciones a financiar y gastos subvencionables.
1.  Las entidades beneficiarias de estas subvenciones y las actuaciones a financiar 
con ellas son las siguientes:
a)  La  Fundación  Casa  del  Corazón,  a  través  de  su  Sociedad  Española  de 
Cardiología,  para  la  gestión  y  el  mantenimiento  de  los  Registros  Nacionales  de 
Marcapasos y Desfibriladores Implantables.
b)  La  Sociedad  Española  de  Cirugía  Plástica,  Reparadora  y  Estética,  para  la 
captación y tratamiento de los datos del Registro Nacional de Prótesis Mamarias.
c)  La Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, 
para  la  implementación  de  la  normativa  European  Committee  on  Antimicrobial 
Susceptibility Testing (EUCAST) a través del Comité Español del Antibiograma.
d)  La Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias, 
para el establecimiento de proyectos de seguridad del paciente «Tolerancia Zero» en 
pacientes críticos.
e)  La  Fundación  Piel  Sana  de  la  Academia  Española  de  Dermatología  y 
Venereología, para el proyecto denominado «Análisis de los resultados del registro 
español  de  acontecimientos  adversos  de  terapias  biológicas  en  dermatología» 
(BIOBADADERM).
f)  La Fundación Española de Reumatología, para el mantenimiento del Registro 
Español «Cohorte de pacientes con artropatías inflamatorias, expuestos a tratamientos 
desarrollados por biotecnología» (BIOBADASER), Fase II.
g)  La  Sociedad  Española  de  Farmacia  Hospitalaria,  para  establecer  y  validar 
indicadores de consumo de antibióticos en el ámbito hospitalario, obteniendo un registro 
de consumo de antibiótico en dicho ámbito de actuación profesional, en apoyo al «Plan 
estratégico y de acción para reducir el riesgo de selección y diseminación de resistencias 
a los antimicrobianos» (PRAN).
h)  La Federación Española de Municipios y Provincias (en adelante FEMP), para el 
fomento e impulso de políticas de reducción de la demanda de drogas y otras adicciones 
en  el  ámbito  municipal,  incluidas  las  actividades  de  prevención,  tratamiento, 
rehabilitación y reducción de daños. En concreto, serán subvencionables las siguientes 
actuaciones:
1.º  Continuación de las tareas del Grupo de trabajo de drogodependencias y otras 
adicciones.
2.º  Continuación con la implantación del Programa «Agente Tutor».
3.º  Impulso del «Programa Nacional Servicio Responsable» para la prevención del 
consumo de drogas en entornos de ocio nocturno.
4.º  Apoyo a la puesta en marcha y desarrollo del Portal de Buenas Prácticas en 
reducción de la demanda de drogas y otras adicciones.
5.º  Desarrollo  de  programas  de  reducción  de  la  demanda  de  drogas  y  otras 
adicciones,  así  como  de  información,  formación  e  intercambio  de  experiencias 
relacionadas con las adicciones entre profesionales de las entidades locales.
6.º  Colaboración  en  la  mejora  y  extensión  de  los  programas  en  las  áreas  de 
prevención, asistencia e incorporación social en el ámbito de las adicciones en España, 
con especial interés en la situación de la perspectiva de género y su incorporación a las 
diferentes áreas.
7.º  Difusión a nivel internacional y, especialmente, en el marco iberoamericano, de  s
la experiencia española en relación con las políticas de drogodependencias que se  oe.
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actuaciones de cada una de las entidades beneficiarias, a condición de que resulten 
necesarios, hayan sido contraídos entre el 1 de diciembre de 2019 y el 30 de noviembre 
de  2020  y  hayan  sido  pagados  con  anterioridad  a  la  finalización  del  periodo  de 
justificación establecido en el artículo 10.
En el caso de la subvención prevista en el párrafo h) del apartado anterior, serán 
subvencionables los gastos relacionados con la realización de las actuaciones previstas 
en dicho apartado, a condición de que resulten necesarios, hayan sido contraídos entre 
el 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020 y hayan sido pagados con anterioridad 
a la finalización del periodo de justificación establecido en el artículo 11.
Artículo 4.  Obligaciones de las entidades beneficiarias.
Las  entidades  beneficiarias  estarán  sujetas  a  las  obligaciones  previstas  en  la 
resolución de concesión, así como a las obligaciones establecidas en el artículo 14 y 
concordantes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Artículo 5.  Procedimiento de concesión.
1.  La concesión de las subvenciones previstas en el artículo 3.1, párrafos a) a g), 
se realizará de forma directa por resolución de la persona titular de la Dirección de la 
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.
La concesión de la subvención prevista en el artículo 3.1.h) se realizará de forma 
directa, por delegación de la persona titular de la Secretaría de Estado de Sanidad, 
mediante resolución de la persona titular de la Delegación del Gobierno para el Plan 
Nacional sobre Drogas.
2.  Las entidades beneficiarias a que se refiere el artículo 3.1, que deberán cumplir 
los  requisitos  previstos  en  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  y  los  específicos 
contenidos en el presente real decreto, previamente a la resolución a que se refiere el 
apartado  1  presentarán  ante  el  órgano  competente  para  dictar  resolución  una 
declaración  responsable  de  no  hallarse  incursas  en  alguno  de  los  supuestos  del 
artículo 13.2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
De conformidad con el artículo 95.1k de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria,  las  entidades  beneficiarias  podrán  autorizar  al  órgano  competente  para 
consultar a la Agencia Estatal de Administración Tributaria si se encuentran al corriente 
de sus obligaciones tributarias.
La presentación de la comunicación de aceptación de la subvención conllevará la 
autorización del beneficiario para que el órgano competente obtenga de forma directa la 
acreditación de las circunstancias previstas en los artículos 18 y 19 del Reglamento de la 
Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de  Subvenciones,  aprobado  por  Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio, a través de certificados telemáticos, en cuyo caso el 
beneficiario no deberá aportar la correspondiente certificación.
No  obstante,  el  beneficiario  podrá  denegar  expresamente  el  consentimiento, 
debiendo aportar entonces la certificación en los términos previstos en el artículo 22 del 
citado reglamento
3.  En  las  resoluciones  de  concesión  se  indicará  como  mínimo  la  entidad 
beneficiaria, el objeto y cuantía de la subvención, las obligaciones asumidas por la 
entidad beneficiaria, y el régimen de pago y justificación. Asimismo, podrán designarse 
los representantes de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios o 
de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, según corresponda,  es
encargados de realizar el seguimiento de las actividades objeto de la subvención. bo
4.  El plazo para dictar y notificar las resoluciones de concesión será, como máximo,  067ww
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Subvenciones en aplicación de lo recogido en el artículo 20.4 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, y en el artículo 6 del Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se 
regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y 
demás ayudas públicas.
6.  La alteración relevante de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión 
de las subvenciones podrá dar lugar a la modificación de la resolución por parte del 
órgano concedente de la misma.
7.  Con carácter previo a la concesión y pago de las subvenciones, los futuros 
beneficiarios deberán aportar un presupuesto con desglose de los costes que impliquen 
las acciones autorizadas, junto con los indicadores que se establezcan desde el órgano 
concedente, a fin de poder comprobar el buen fin del importe de la subvención y evaluar 
su eficacia.
Artículo 6.  Cuantía y financiación.
El importe total máximo al que ascienden estas subvenciones directas será de 
setecientos doce mil euros (712.000 €). De ellos, trescientos sesenta y dos mil euros 
(362.000  €)  se  financiarán  con  cargo  al  presupuesto  de  la  Agencia  Española  de 
Medicamentos y Productos Sanitarios para el ejercicio 2020 y los trescientos cincuenta 
mil euros restantes (350.000 €) se financiarán con cargo al presupuesto del Ministerio de 
Sanidad para el ejercicio 2020. El importe máximo desglosado al que puede ascender 
cada una de las citadas subvenciones es el siguiente:
a)  La subvención a la Fundación Casa del Corazón, a través de su Sociedad 
Española de cardiología ascenderá a la cuantía máxima de ciento veinte mil euros 
(120.000 €).
b)  La  subvención  a  la  Sociedad  Española  de  Cirugía  Plástica,  Reparadora  y 
Estética ascenderá a la cuantía máxima de sesenta mil euros (60.000 €).
c)  La  subvención  a  la  Sociedad  Española  de  Enfermedades  Infecciosas  y 
Microbiología Clínica ascenderá a la cuantía máxima de cincuenta mil euros (50.000 €).
d)  La subvención a la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades 
Coronarias ascenderá a la cuantía máxima de cincuenta mil euros (50.000 €).
e)  La  subvención  a  la  Fundación  Piel  Sana  de  la  Academia  Española  de 
Dermatología y Venereología ascenderá a la cuantía máxima de veintiséis mil euros 
(26.000 €).
f)  La subvención a la Fundación Española de Reumatología, ascenderá a la cuantía 
máxima de veintiséis mil euros (26.000 €).
g)  La subvención a la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria ascenderá a la 
cuantía máxima de treinta mil euros (30.000 €).
h)  La  subvención  a  la  FEMP  ascenderá  a  la  cuantía  máxima  de  trescientos 
cincuenta mil euros (350.000 €).
Artículo 7.  Publicidad y difusión.
En las actuaciones que se lleven a cabo, en todo o en parte, mediante estas 
subvenciones, que impliquen difusión, ya sea impresa o por cualquier otro medio, deberá 
incorporarse de forma visible el logotipo institucional del Ministerio de Sanidad –Agencia 
Española  de  Medicamentos  y  Productos  Sanitarios,  si  se  trata  de  alguna  de  las 
subvenciones previstas en el artículo 3.1, párrafos a) a g), o el logotipo institucional del 
Ministerio de Sanidad–Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, si  s
se trata de la subvención prevista en el artículo 3.1.h), con el fin de identificar el origen  oe.
de carácter público de las subvenciones, de acuerdo con lo establecido en la disposición  w.
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Artículo 8.  Compatibilidad con otras ayudas.
Con carácter general, estas subvenciones serán compatibles con la percepción de 
cualquier otra ayuda o subvención, ingreso o recurso, con la misma finalidad proveniente 
de cualesquiera administraciones o entes públicos o privados nacionales, de la Unión 
Europea o de organismos internacionales. No obstante, las subvenciones previstas en el 
artículo  3.1,  párrafos  a)  a  g),  no  serán  compatibles  con  la  percepción  de  otras 
subvenciones cofinanciadas con fondos europeos destinadas a la misma finalidad.
El  importe  de  las  subvenciones  en  ningún  caso  podrá  ser  de  tal  cuantía  que, 
aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, 
supere el coste de la actividad subvencionada.
Artículo 9.  Pago de las subvenciones.
1.  El pago de las subvenciones se hará sin necesidad de constitución de fianza o 
garantía,  si  bien,  con  carácter  previo  al  cobro  de  la  subvención,  las  entidades 
beneficiarias deberán acreditar que se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, de acuerdo con lo establecido en 
los 18 y 19 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, así como no ser deudoras por procedimientos de reintegro.
La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias se llevará a cabo de 
acuerdo con lo establecido por los artículos 22 y 24, según proceda, del Reglamento de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio.
2.  En el caso de las subvenciones previstas en el artículo 3.1, párrafos a) a g), una 
vez  reconocida  la  obligación,  se  ordenará  el  pago,  que  se  efectuará  en  la  cuenta 
corriente que la entidad beneficiaria comunique a la Agencia Española de Medicamentos 
y Productos Sanitarios.
El importe de la subvención a cada una de las entidades beneficiarias se abonará de 
una sola vez, en el plazo de un mes a contar desde la aportación por la entidad 
beneficiaria de la subvención, a la Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios, de la siguiente documentación:
a)  Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones 
impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas 
y de los resultados obtenidos.
b)  Una memoria económica justificativa de los gastos e inversiones de la actividad, 
con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y, en su 
caso, fecha de pago.
3.  En el caso de la subvención prevista en el artículo 3.1.h), el pago se realizará 
una vez dictada la resolución a la que se refiere el artículo 5.1, segundo párrafo, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 34.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Artículo 10.  Régimen de justificación de las subvenciones previstas en el artículo 3.1, 
párrafos a) a g).
1.  La justificación de las ayudas concedidas a las entidades beneficiarias previstas 
en el artículo 3.1, párrafos a) a g), se ajustará a lo previsto en el artículo 74 del 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en el  e
que se regula la justificación de subvenciones con aportación de informe de auditor. bo
2.  La verificación a realizar por el auditor de cuentas, en todo caso, tendrá el  067ww
siguaie) nteE la lccuamncpeli:miento por parte de la entidad beneficiaria de sus obligaciones en la
gestión y aplicación de la subvención.
b)  La adecuada y correcta justificación de la subvención por parte de la entidad 
beneficiaria.
c)  La realidad y la regularidad de las operaciones que, de acuerdo con la justificación 
presentada por la entidad beneficiaria, han sido financiadas con la subvención.
d)  La adecuada y correcta financiación de las actividades subvencionadas, en los 
términos establecidos en el artículo 19.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
3.  El gasto derivado de la revisión de la cuenta justificativa tendrá la condición de 
gasto  subvencionable  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  74.3  del 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
4.  La justificación del cumplimiento de la finalidad de la subvención por parte de la 
entidad beneficiaria se ajustará, en todo caso, a lo establecido en el artículo 30 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, habrá de ser presentada por la entidad beneficiaria 
ante la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios en los tres meses 
inmediatamente siguientes a la finalización del plazo otorgado para la realización de 
actividades, sin perjuicio del sometimiento a la comprobación y el control que fueran 
pertinentes.
Artículo 11.  Régimen de justificación de la subvención prevista en el artículo 3.1.h).
La justificación por la entidad beneficiaria a la que se refiere el artículo 3.1.h) de la 
subvención concedida, revestirá la modalidad de cuenta justificativa con aportación de 
justificantes de gasto de acuerdo con lo recogido en el artículo 72 del Reglamento de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
La  entidad  beneficiaria  de  la  subvención  justificará  su  correcta  ejecución  con 
anterioridad al 31 de marzo de 2021.
Artículo 12.  Incumplimientos y reintegros.
1.  La correcta aplicación de las subvenciones que se concedan podrá verificarse, 
entre otros medios, mediante el control financiero permanente a ejercer por parte de la 
Intervención General de la Administración del Estado.
2.  Procederá  el  reintegro  de  las  cantidades  percibidas  y,  en  su  caso,  de  los 
intereses devengados por la subvención concedida, así como la exigencia del interés de 
demora correspondiente, desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en 
que  se  acuerde  la  procedencia  del  reintegro,  en  los  supuestos  recogidos  en  los 
artículos 36 y 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
3.  En el supuesto de incumplimiento parcial, la fijación de la cantidad que deba ser 
reintegrada se determinará en aplicación al principio de proporcionalidad, y teniendo en 
cuenta  el  hecho  de  que  el  citado  incumplimiento  se  aproxime  significativamente  al 
cumplimiento  total  y  se  acredite  por  la  entidad  beneficiaria  una  actuación 
inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos.
4.  El procedimiento para el reintegro se regirá por lo dispuesto en los artículos 41 
a 43 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en el capítulo II del título III del Reglamento 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como por lo 
previsto en la resolución de concesión.
5.  El  órgano  concedente  de  la  subvención  será  el  competente  para  exigir  el 
reintegro  de  la  misma,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  41  de  la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre. s
Artículo 13.  Régimen sancionador. w.
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de Subvenciones.
Artículo 14.  Comisión de seguimiento.
1.  Exclusivamente en el marco de la subvención prevista en el artículo 3.1.h), se 
constituirá una comisión mixta que tendrá a su cargo el seguimiento de las acciones 
derivadas de la concesión de esta subvención directa, así como la resolución de los 
problemas de interpretación y cumplimiento que pudieran plantearse.
La composición de la citada comisión será la siguiente:
a)  Por  parte  del  Ministerio  de  Sanidad,  dos  representantes,  a  designar  por  la 
persona titular de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, 
correspondiéndole a uno de ellos la presidencia de la Comisión.
b)  Por parte de la FEMP, dos representantes, a designar por la persona titular de la 
Secretaría General de la FEMP.
2.  Esta competencia se entiende sin perjuicio de las competencias de seguimiento 
del Ministerio de Sanidad y en concreto de la Delegación del Gobierno para el Plan 
Nacional sobre Drogas, en cuanto a administración pública que concede la subvención.
3.  El funcionamiento de esta comisión mixta se regirá por lo dispuesto en la sección 3.ª, 
artículos 15 a 23, del capítulo II del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Disposición final primera.  Título competencial.
El presente real decreto se aprueba al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.1.ª 
y 16.ª de la Constitución Española, que atribuyen al Estado, respectivamente, la competencia 
exclusiva en la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los 
españoles  en  el  ejercicio  de  los  derechos  y  en  el  cumplimiento  de  los  deberes 
constitucionales, y sobre las bases y la coordinación general de la sanidad, respectivamente.
Disposición final segunda.  Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 17 de noviembre de 2020.
FELIPE R.
El Ministro de Sanidad,
SALVADOR ILLA ROCA