BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 157  Viernes 2 de julio de 2021  Sec. I.   Pág. 78523
I. DISPOSICIONES GENERALES
JEFATURA DEL ESTADO
10957 Ley Orgánica 9/2021, de 1 de julio, de aplicación del Reglamento (UE) 
2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el que se establece 
una cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea.
FELIPE VI
REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente 
ley orgánica:
ÍNDICE
Título preliminar.  Disposiciones generales.
Artículo 1.  Objeto de la ley orgánica.
Artículo 2.  Ámbito de aplicación.
Artículo 3.  Referencias.
Título I.  Funciones y principios de actuación de la Fiscalía Europea en el territorio 
nacional.
Artículo 4.  Competencia de los Fiscales europeos delegados.
Artículo 5.  Atribuciones de los Fiscales europeos delegados para el cumplimiento de 
sus funciones.
Artículo 6.  Lugar en el que han de practicarse las actuaciones investigadoras.
Artículo 7.  Competencia judicial.
Artículo 8.  Atribuciones del Juez de garantías.
Artículo 9.  Cuestiones de competencia.
Artículo 10.  Actuaciones a prevención.
Artículo 11.  Documentación del procedimiento de investigación.
Artículo 12.  Gestión documental.
Artículo 13.  Régimen general de comunicaciones y consultas.
Título II.  Estatuto de la Fiscalía Europea y los Fiscales europeos delegados.
Artículo 14.  Selección de los candidatos para el nombramiento del Fiscal Europeo y 
los Fiscales europeos delegados.
Artículo 15.  Situación administrativa de los Fiscales europeos delegados.
Artículo 16.  Oficina de la Fiscalía Europea y medios de apoyo a los Fiscales europeos 
delegados.
Título III.  Procedimiento de investigación de la Fiscalía Europea. s
Capítulo I.  Iniciación del procedimiento de investigación. w.
inveAstritgícaucilóon  1d7e.  la DFiisrecacclíaió En udroep elaa .investigación y formación del procedimiento de
deleAgratdícousl.o 18.  Inicio del procedimiento por investigación de los Fiscales europeos
Artículo 19.  Inicio del procedimiento por el ejercicio del derecho de avocación.
Artículo 20.  Ejercicio efectivo de la competencia por los Fiscales europeos delegados.
Artículo 21.  Devolución de la competencia a las autoridades nacionales.
Artículo 22.  Comunicación entre autoridades.
Artículo 23.  Decreto de incoación.
Artículo 24.  Fiscal europeo delegado encargado de la investigación.
Artículo 25.  Determinación del Juez de garantías y reasignación, acumulación y 
escisión de procedimientos desde otro Estado distinto.
Capítulo II.  Intervención de la persona investigada.
Artículo 26.  Derechos de la persona investigada.
Artículo 27.  Primera comparecencia para el traslado de cargos.
Artículo 28.  Primera comparecencia en el supuesto de detención.
Artículo 29.  Retraso en la primera comparecencia.
Artículo 30.  Declaración de la persona investigada.
Artículo 31.  Declaración de la persona investigada con reconocimiento de los hechos.
Artículo 32.  Acceso al procedimiento.
Artículo 33.  Propuesta de diligencias.
Artículo 34.  Aportación de elementos de descargo.
Artículo 35.  Participación en la práctica de los actos de investigación.
Capítulo III.  Intervención de la acusación particular.
Artículo 36.  Personación de la acusación particular.
Artículo 37.  Ejercicio de la acción civil.
Artículo 38.  Acceso al procedimiento.
Artículo 39.  Propuesta de diligencias.
Artículo 40.  Aportación de informaciones.
Artículo 41.  Participación en los actos de investigación.
Capítulo IV.  Diligencias de investigación del Fiscal europeo delegado.
Artículo 42.  Facultad investigadora de los Fiscales europeos delegados.
Artículo 43.  Declaración testifical.
Artículo 44.  Dictamen pericial.
Artículo 45.  Protección de testigos y peritos.
Artículo 46.  Entrada y registro en lugares cerrados.
Artículo 47.  Entrada y registro en domicilio de la persona jurídica.
Artículo 48.  Interceptación de las comunicaciones y medidas de investigación tecnológica.
Artículo 49.  Conservación de datos.
Artículo 50.  Entrega vigilada.
Artículo 51.  Investigaciones transfronterizas.
Capítulo V.  Medidas cautelares reales.
Artículo 52.  Finalidad y objeto de las medidas cautelares reales.
Artículo 53.  Medidas de aseguramiento de las responsabilidades pecuniarias.
Artículo 54.  Medidas cautelares aplicables a las personas jurídicas y a otras entidades.
Artículo 55.  Medidas cautelares aplicables a los terceros responsables civiles.
Artículo 56.  Legitimación. s
Artículo 57.  Procedimiento. e.
Artículo 58.  Resolución. w.
Artículo 59.  Caución sustitutoria. 957ww
AArrttííccuulloo  6601..   AUmtilipzlaiaccióiónn p yr orevidsuiocncaiól ny. realización anticipada de bienes decomisados.
AArrttííccuulloo  6623..   RReésgtiimtuecnió dne. impugnación y recursos. BOE-A-cable e
Título IV.  Control judicial de la investigación.
Capítulo I.  Declaración de secreto.
Artículo 64.  Supuestos.
Artículo 65.  Resolución.
Artículo 66.  Prórroga.
Artículo 67.  Régimen del secreto.
Artículo 68.  Alzamiento del secreto.
Capítulo II.  Autorización judicial de las diligencias de investigación.
Artículo 69.  Legitimación para solicitar la diligencia.
Artículo 70.  Solicitud del Fiscal europeo delegado.
Artículo 71.  Resolución.
Artículo 72.  Solicitud de prórroga.
Artículo 73.  Ampliación a nuevos hechos o personas.
Artículo 74.  Ejecución de la medida y supervisión judicial.
Artículo 75.  Cese de la medida.
Artículo 76.  Comunicación a la persona investigada.
Capítulo III.  Procedimiento para la adopción y prórroga de medidas cautelares 
personales.
Artículo 77.  Medidas cautelares personales.
Artículo 78.  Detención.
Artículo 79.  Legitimación.
Artículo 80.  Solicitud.
Artículo 81.  Comparecencia de las partes.
Artículo 82.  Resolución judicial.
Artículo 83.  Supuestos de urgencia.
Artículo 84.  Reglas especiales en caso de detención.
Artículo 85.  Declaración de secreto y prisión provisional.
Artículo 86.  Control judicial de las medidas.
Artículo 87.  Incumplimiento de las medidas.
Artículo 88.  Extinción de las medidas acordadas en el procedimiento de investigación.
Artículo 89.  Especialidades del recurso de apelación en relación con la prisión 
provisional.
Capítulo IV.  Impugnación de los decretos del Fiscal europeo delegado.
Artículo 90.  Supuestos.
Artículo 91.  Procedimiento.
Capítulo V.  Recurso de apelación contra los autos del Juez de garantías.
Artículo 92.  Órgano competente.
Artículo 93.  Resoluciones recurribles.
Artículo 94.  Interposición y plazo.
Artículo 95.  Procedimiento.
Capítulo VI.  Incidente para el aseguramiento de las fuentes de prueba. oe.
Artículo 96.  Objeto del incidente y supuestos en que procede. 957ww
AArrttííccuulloo  9978..   CLeogmitpimetaecniócnia..
AArrttííccuulloo  9190.0 . PEesticcrióitno  ddee  lsaosl icaictuuds.aciones en la investigación.
Artículo 101.  Alegaciones de las partes.
Artículo 102.  Resolución.
Artículo 103.  Supuestos de urgencia.
Artículo 104.  Aseguramiento de la fuente de prueba.
Artículo 105.  Constancia documental.
Artículo 106.  Incidente para la ampliación de la prueba asegurada.
Título V.  Conclusión del procedimiento de investigación.
Capítulo I.  Terminación por remisión a la autoridad nacional.
Artículo 107.  Remisión de las actuaciones a las autoridades nacionales por falta de 
competencia.
Artículo 108.  Acomodación del procedimiento.
Capítulo II.  Conclusión de la investigación.
Artículo 109.  Decreto de conclusión del procedimiento.
Artículo 110.  Conformidad.
Artículo 111.  Archivo por improcedencia del ejercicio de la acción.
Artículo 112.  Supuestos de consulta entre autoridades previa al archivo del 
procedimiento.
Artículo 113.  Reapertura del procedimiento de investigación.
Título VI.  Fase intermedia: preparación del juicio oral.
Capítulo I.  Escrito de acusación.
Artículo 114.  Ejercicio de la acción penal.
Artículo 115.  Calificación provisional de las acusaciones.
Artículo 116.  Proposición de prueba.
Capítulo II.  Escrito de defensa.
Artículo 117.  Escrito de defensa.
Artículo 118.  Escrito promoviendo la impugnación de la acusación.
Artículo 119.  Calificación provisional de la defensa.
Artículo 120.  Proposición de prueba.
Capítulo III.  Audiencia preliminar.
Artículo 121.  Traslado a las partes.
Artículo 122.  Audiencia preliminar.
Capítulo IV.  Sobreseimiento.
Artículo 123.  Motivos de sobreseimiento.
Artículo 124.  Auto de sobreseimiento.
Artículo 125.  Recursos.
Artículo 126.  Efectos del sobreseimiento.
Capítulo V.  Apertura del juicio oral.
Artículo 127.  Auto de apertura del juicio oral. e.e
Artículo 128.  Testimonios para el expediente del juicio oral y emplazamiento. b
Artículo 129.  Prohibición de acceso al juicio oral de declaraciones y diligencias  957ww
policAiartlíecsu.lo 130.  Testimonios para el uso de las partes en el juicio oral.
Artículo 131.  Emplazamiento de las partes ante el tribunal encargado del juicio.
Disposición adicional primera.  Referencias normativas.
Disposición adicional segunda.  Régimen de Seguridad Social.
Disposición transitoria única.  Régimen transitorio.
Disposición final primera.  Modificación de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la 
que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
Disposición final segunda.  Modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del 
Poder Judicial.
Disposición final tercera.  Modificación de la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del 
Tribunal del Jurado.
Disposición final cuarta.  Modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 
noviembre, del Código Penal.
Disposición final quinta.  Modificación de la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de 
reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea.
Disposición final sexta.  Preceptos con carácter de ley ordinaria.
Disposición final séptima.  Título competencial.
Disposición final octava.  Régimen supletorio.
Disposición final novena.  Entrada en vigor.
PREÁMBULO
I
Esta norma contiene las normas de aplicación al ordenamiento español del Reglamento 
(UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el que se establece una 
cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea, completando sus 
disposiciones y regulando un procedimiento especial para la investigación por parte de los 
Fiscales europeos delegados de aquellos delitos cuyo conocimiento les corresponde en 
virtud de la norma europea.
Con el objetivo compartido de avanzar en la construcción de un espacio de libertad, 
seguridad y justicia (ELSJ), cuyo origen se remonta al Corpus Iuris de 1997, el artículo 86 
en conjunción con el artículo 325 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE) establecieron de forma explícita el asiento legislativo para crear la Fiscalía 
Europea, órgano común a los Estados miembros pero independiente de estos, 
contemplado en inicio para combatir los delitos que perjudiquen los intereses financieros 
de la Unión y, por tanto, los intereses de la ciudadanía europea en su conjunto.
Tras largos años de negociación, esta iniciativa, que se ha llevado a efecto por el 
procedimiento de cooperación reforzada, supone la plasmación explícita del principio de 
subsidiariedad establecido en el artículo 5 del TFUE. Así, la idea misma de una Fiscalía 
Europea nace ante la constatación de la necesidad de superar las diferencias de los 
sistemas jurídicos de los Estados miembros para lograr una lucha eficaz contra el fraude 
sobre el presupuesto de la Unión Europea.
En el ámbito de la lucha contra la corrupción y la criminalidad organizada transnacional, 
la Unión Europea y sus Estados miembros se enfrentan con frecuencia a casos complejos 
de fraude que afectan a los intereses colectivos, como, por ejemplo, aquellos que tienen 
lugar sobre los fondos estructurales de la Unión Europea o fraude del impuesto sobre el 
valor añadido transfronterizo a gran escala.
La Fiscalía Europea se configura para abordar eficazmente investigaciones financieras 
complejas de carácter eminentemente supranacional, erigiéndose como un órgano dotado  es
de plena independencia orgánica y funcional, con potestad para elaborar y aprobar su  o
propio reglamento interno, con la máxima capacidad de decisión para adoptar iniciativas  957ww
pppdrraeoor pvacei oalnaosg p cdaeoenrnan dstcreeioóc  lndua ec cUi óosnunnió   adanceg to ues anduccesii  óaloonsbs ,ej  eEontrsi vgetoaal sdpn,ori solsamc  meFosisieos m cupa belóírnaroag sEla,.  nunDorooes pbs ueedja eea  tdhlaaea  ambU róánársi dód etneen  neymeasar  soene txie niesnsntteer rcun ucrteeceilsnoa,tnc acie ooqsnmu eyeoas,     OE-A-2021-10able en https://
EUROPOL. También complementará y absorberá parcialmente las tareas ya desarrolladas
por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude y deberá establecer una estrecha 
relación con EUROJUST basada en la asistencia mutua.
Respecto a su dimensión organizativa, esta nueva institución estará estructurada en 
un nivel central y un nivel descentralizado, dotados ambos de facultades para investigar y 
ejercer la acción penal. El nivel central lo formará la oficina principal integrada por el 
Colegio, las Salas Permanentes, el Fiscal General Europeo, los Fiscales adjuntos al Fiscal 
General Europeo, los Fiscales Europeos y el Director Administrativo. El Colegio, a su vez, 
estará compuesto por el Fiscal General Europeo y un Fiscal Europeo por Estado miembro. 
El nivel descentralizado estará integrado por los Fiscales europeos delegados, que estarán 
establecidos en los Estados miembros.
La regulación del acceso a los puestos de trabajo de origen español de la Fiscalía 
Europea, Fiscal Europeo y Fiscales europeos delegados, se encuentra actualmente 
contenida en el Real Decreto 37/2019, de 1 de febrero, por el que se crea la Comisión de 
selección y se regula el procedimiento para la designación de la terna de candidatos a 
Fiscal Europeo y candidatos a Fiscal europeo delegado en España, a los que se refieren 
los artículos 16 y 17 del Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre 
de 2017, por el que se establece una cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía 
Europea, y sus correspondientes órdenes ministeriales de desarrollo, que vienen a 
desarrollar las previsiones contenidas en el título II de la presente norma.
Las funciones de la Fiscalía Europea serán las de investigar y, en su caso, acusar a los 
autores de los delitos contra los intereses financieros de la Unión, ámbito competencial 
objetivo que implica una remisión expresa desde el punto de vista sustantivo a los delitos 
establecidos en la Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 
de julio de 2017, sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de 
la Unión a través del Derecho penal, la denominada Directiva PIF, así como a los delitos 
que están indisociablemente vinculados con ellos. La completa transposición de esta 
Directiva al ordenamiento jurídico español se ha producido mediante Ley Orgánica 1/2019, 
de 20 de febrero, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del 
Código Penal, para transponer Directivas de la Unión Europea en los ámbitos financiero y 
de terrorismo, y abordar cuestiones de índole internacional, reforma que supone la 
regulación armonizada de estos fraudes, en concordancia con la Ley Orgánica 12/1995, 
de 12 de diciembre, de Represión del Contrabando.
Ha de precisarse que, a pesar de ser regulada mediante Reglamento, norma que tiene 
eficacia directa en los ordenamientos nacionales, la Fiscalía Europea requiere de una 
adaptación y encaje en los sistemas procesales nacionales, razón por la que en la propia 
norma europea se estableció un amplio plazo desde su entrada en vigor hasta su efectiva 
entrada en funcionamiento.
En nuestro sistema estos ajustes son particularmente complejos dada la singularidad 
que a día de hoy representa la instrucción judicial. El modelo que implanta el Reglamento, 
en sintonía con la mayoría de los Estados de la Unión, atribuye la dirección de la 
investigación penal a la Fiscalía Europea, siendo también la autoridad que decidirá sobre 
su terminación, postulando o no a continuación el ejercicio de la acción penal. Ante tal 
circunstancia, se hace necesaria una regulación que inserte en la legislación española las 
figuras previstas en el Reglamento, evitando antinomias y anudando nuestro sistema 
procesal a la nueva institución europea.
II
La aprobación del Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 2017,  oe.
pcseoognr úseAtnl i tl qausu eyFeeñi  assecleala   ieemlísal ptc auEoblnuslesrooci ddpeeee urfaanin,na icdt icoovomo 1o 1oap   edólarera glr cemaifnóeoonnr  mcrceioaofno ne rapszdtaerodrus aRco tepungaraalrlaiald md alaeed lnc  jptruoerro,aí dclcaieicsósa nfo u p dnpreceo inploaaina Fle ,e issss cedpa ealle íñ«a oia nElt.vruiebrsoutpyigeeaanr,,,    2021-10957n https://www.
procesar y llevar a juicio a los autores de los delitos contra los intereses financieros de la
Unión». Aunque el considerando 15 de la citada norma aclara que «el presente Reglamento  Bc
no afecta a los sistemas nacionales de los Estados miembros en lo que respecta al modo
en el que se organizan las investigaciones penales», tal afirmación solo resulta válida, en 
verdad, en relación con las distintas variantes de modelo acusatorio que coinciden en la 
necesidad de disociar las tareas heterogéneas de dirigir la investigación del delito y de 
garantizar los derechos fundamentales de las personas investigadas. Donde ambas 
funciones siguen estando atribuidas a una misma autoridad pública, como es el caso de 
España, la implantación de la Fiscalía Europea requiere, inevitablemente, la articulación 
de un nuevo sistema procesal, de un modelo alternativo al de instrucción judicial que 
permita que el Fiscal europeo delegado asuma las funciones de investigación y promoción 
de la acción penal, al tiempo que una autoridad judicial nacional, configurada con el estatus 
de auténtico tercero imparcial, se encarga de velar por la salvaguardia de los derechos 
fundamentales.
III
La reforma que aborda la presente ley orgánica comprende tanto la modificación de 
leyes de rango orgánico, como también medidas de naturaleza estrictamente procesal. Se 
ha considerado que en este caso los preceptos de rango ordinario sí constituyen un 
desarrollo del núcleo orgánico, dado que la conexión de las normas que se modifican 
radica en la introducción y adaptación de nuestro ordenamiento a las figuras del Fiscal 
Europeo y del Fiscal europeo delegado, para permitir tanto aspectos estatutarios y 
procesales como la intervención de un Juez de garantías para la práctica de aquellas 
medidas que requieren autorización judicial por afectar a derechos fundamentales según 
lo dispuesto en la actual Ley de Enjuiciamiento Criminal. Se considera necesaria, por 
tanto, su integración en un mismo instrumento normativo.
En sus dictámenes núm. 2.268/98, de 18 de junio de 1998, 2.486/98, de 20 de julio 
de 1998, 1.945/2001, de 9 de mayo de 2001, y 172/2013, de 18 de abril de 2013, el 
Consejo de Estado reiteró esta doctrina, estimando que «cuando una Ley Orgánica incluye 
como complemento necesario (rectius, desarrollo natural) previsiones que, en principio, no 
se corresponden con la materia propia de dicha ley, o exceden de la misma, conforme a la 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional (entre otras, Sentencias 15/1981, de 13 de 
febrero y 76/1983, de 15 de agosto), puede admitirse que regule materias que caen fuera 
del ámbito diseñado por el artículo 81 de la Constitución, aunque en términos estrictos y, 
en todo caso, especificando el carácter no orgánico de tales preceptos».
Con independencia de las dificultades jurídicas que puedan existir a la hora de 
concretar la reserva de ley para la regulación del ejercicio de los derechos fundamentales 
que dispone el artículo 53.1 de la Constitución, no parece discutible que su significado y 
alcance no sea equiparable a la reserva orgánica que para el «desarrollo» de tales 
derechos exige, con carácter más restrictivo, el artículo 81.1 de la Constitución. En 
consecuencia, solo aquellos aspectos de un derecho fundamental que se proyecten en el 
proceso penal y que deban considerarse «desarrollo» de su contenido han de estar sujetos 
a la reserva del artículo 81.1 de la Constitución y regularse mediante ley orgánica, 
correspondiendo a la ley ordinaria la regulación de su ejercicio.
Es por ello por lo que se procede a distinguir cuáles tienen carácter orgánico y cuáles 
ordinario. Tienen carácter de ley ordinaria: el título I, salvo los artículos 7, 8 y 9; el título II; 
el título III, salvo los artículos 26, 46, 47 y 48; los artículos 67, 70, 73 a 76, 79 a 81, 87 y 88 
del título IV; el título V; el título VI; la disposición adicional segunda; la disposición transitoria 
única y las disposiciones finales primera y quinta.
IV o
La norma se compone de un título preliminar, que recoge disposiciones generales  957ww
asetinise tníttuelso sa.l  Aodbejemtoá ys ,á cmobnittioe ndee  daopsli cdaiscpióons iyc iuonnae sc laáduiscuiolan adlee sc,a urnáact edris ipnotesripcrióenta ttrivaon,s yit oortirao ys 
nuevLeo sd iscpriotesricioiosn eses gfiuniadloess .se han basado en los principios de la buena regulación,  BOE-A-cable e
comprendiendo el principio de necesidad y eficacia al cumplir con fidelidad el texto del
Reglamento y con la necesaria reforma de la actual normativa evitando antinomias, así 
como en los principios de proporcionalidad al contener la regulación imprescindible para 
atender la necesidad a cubrir, y de seguridad jurídica, ya que se realiza con el ánimo de 
mantener el marco normativo estable, predecible, integrado y claro de las normas que 
determinan el ejercicio del ius puniendi del Estado.
En dicho título preliminar destaca la cláusula general de supletoriedad que reconduce 
a las normas procedimentales de la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal para todo lo no 
regulado expresamente por esta ley orgánica, en particular a las normas del procedimiento 
abreviado. Ello con independencia de las penas fijadas para los delitos del ámbito de la 
competencia de la Fiscalía Europea o de los concretos delitos en cuestión. Esta última 
referencia implica, por razón de la especialización técnica del objeto material de estos 
procedimientos, haber optado por un órgano de enjuiciamiento profesional, excluyendo los 
cauces de la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado.
En el título I se plasman las funciones y principios de actuación de la Fiscalía Europea 
en el territorio nacional. En efecto, este título de carácter introductorio marca las líneas 
básicas diseñadas por el Reglamento y su concreción nacional al nuevo procedimiento de 
investigación que precisa ser diseñado.
Con una clara intención clarificadora, se insertan los preceptos del Reglamento que 
delimitan la dinámica de su ámbito competencial y al tiempo su necesaria correlación, por 
remisión normativa expresa, a los delitos objeto de transposición en la denominada 
Directiva PIF.
Al tiempo, se reconocen las necesarias atribuciones que los Fiscales europeos 
delegados precisan para el ejercicio de la potestad que les es encomendada.
Teniendo en cuenta el carácter introductorio del título, se incorpora a él la obligada 
inserción de la nueva figura del Juez de Garantías, que, como órgano ajeno a la dirección 
del procedimiento, asume sin embargo las funciones de control jurisdiccional expresamente 
recogidas en la norma. Tales atribuciones se encuentran esencialmente vinculadas con la 
adopción de medidas de investigación restrictivas de derechos fundamentales, la adopción 
o ratificación de las medidas cautelares adoptadas con carácter urgente o la novedosa 
inclusión del incidente de aseguramiento de prueba, entre otras.
En el título II se ha optado por, sin reiterar los principios estatutarios de esta institución 
ya recogidos en el Reglamento, extraer las normas que establecen la independencia de 
los Fiscales europeos delegados en el desempeño de sus obligaciones, la obligación de 
velar por el respeto de los derechos consagrados en la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea, la legalidad, la proporcionalidad y la imparcialidad en 
todas sus actividades. Además, sin perjuicio de su desarrollo reglamentario, se incorporan 
los criterios objetivos y de idoneidad y el proceso de selección de los candidatos a Fiscal 
Europeo y Fiscales europeos delegados, cuyo nombramiento compete a las instancias 
europeas. Del mismo modo, se da encaje al régimen administrativo en el marco del cual 
los fiscales y magistrados nacionales ejercerán como Fiscales europeos delegados cuando 
sean designados como tales.
En el título III, es fundamental sistematizar con claridad las propias especificidades que 
marca el Reglamento en cuanto a la incoación de este procedimiento de investigación. Ha 
de tenerse en cuenta que el Reglamento establece un sistema de competencias 
compartidas entre la Fiscalía Europea y las autoridades nacionales mediante el cual 
cuando los Fiscales europeos delegados ejercen su competencia en relación con las 
infracciones que perjudiquen a los intereses financieros de la Unión y, por tanto, asumen 
el papel que en otro caso correspondería a las autoridades nacionales, estas están  es
obligadas a abstenerse de ejercer dicha competencia. o
etdEeenun trleroaPerp   aFcelraoiasasnc   coeadocllliímofiame, o rEieee eusnnnr ttoneo vpes diec reateau us.hd taSe odrecrieoih dsl o adiessdajt eeers rumslcu siancgctiaaeoizcrp  aditaoi ebtlna ll daendelsteeos nds alo earqmr  souineilenlcro a o cindpaocorcnea i ódvrodneioci rna aeda sciendhiólsoo nsts a di sdenetence ai  maesvsluao  ás dcdm aefecu bl ianicót coonpi m.orc oAnouplemn itasiipce  aFepmctiusepieocnodnac eelsiíanaesl      OE-A-2021-10957able en https://www.
especifican los flujos de comunicación entre la Fiscalía Europea y las autoridades
nacionales  en  aquellas  materias  en  las  que  el  Reglamento  establece  previas 
comunicaciones o consultas entre ellas a los efectos de determinar la efectiva asunción 
competencial. Es de destacar que, a diferencia de nuestro sistema tradicional en el que la 
competencia viene marcada por los límites penológicos en abstracto de los delitos objeto 
de conocimiento, en este procedimiento la definitiva atribución competencial obedece a un 
sistema de carácter dinámico en el que el propio Reglamento define la necesidad de 
designación de autoridades nacionales para la determinación del concreto cauce procesal 
a seguir.
Al tiempo, en dicho título se introducen las novedades procedimentales que impone un 
nuevo sistema de investigación bajo la dirección del Fiscal europeo delegado como las 
especialidades de la prueba transfronteriza, sin merma alguna de garantía de los derechos 
de defensa y con control, en cuanto pudieren verse afectados, por el Juez de garantías.
Por otro lado, como opción de política criminal, en línea armonizadora procesal con los 
países en los que se aplica el Reglamento, se ha excluido la legitimación activa de la 
acusación popular.
Sin embargo, en otro orden de cosas, si bien el Reglamento, como consecuencia de la 
necesidad de establecer estándares mínimos de armonización entre las legislaciones de 
los Estados miembros, no hace mención expresa a la materia concerniente a la 
responsabilidad civil ex delicto, la posibilidad que ofrece nuestro modelo procesal de 
recuperar los fondos públicos defraudados de forma inmediata y paralela al buen fin de la 
prosecución penal, constituye un valor añadido. Ello en consonancia con lo previsto en el 
Considerando 107 y el artículo 41.3 del Reglamento que establece lo siguiente: «otras 
personas implicadas en los procesos de la Fiscalía Europea, disfrutarán de todos los 
derechos procesales que les proporcione la legislación nacional aplicable». Por ello, tanto 
los Fiscales europeos delegados como las acusaciones particulares personadas estarán 
legitimados activamente para el ejercicio conjunto de la acción civil con la penal.
En el título IV se reflejan las especificidades propias de aquellas diligencias de 
investigación y de aseguramiento y medidas cautelares respecto de las que el Reglamento 
incide en orden a garantizar la eficacia de estos procedimientos. En todo caso se han 
plasmado especialidades en razón a la naturaleza de estos delitos, con clara incidencia en 
las dirigidas al aseguramiento y eventual posterior decomiso de los efectos, bienes o 
instrumentos de los mismos, o el especial incidente de aseguramiento de las fuentes de 
prueba.
El título V es clave, por novedoso en nuestra tradición procesal, es el dedicado a la 
conclusión de la investigación, ya se produzca esta por remisión a la autoridad nacional, a 
los efectos de la continuación por los trámites del procedimiento ordinario o por el paso a 
una fase intermedia remitida al control jurisdiccional en la figura del Juez de garantías.
El título VI, finalmente, regula la fase intermedia, esto es, la preparación del juicio oral. 
Contiene varios capítulos de relevancia dedicados al escrito de acusación y defensa, la 
audiencia preliminar, el sobreseimiento y la apertura del juicio oral.
TÍTULO PRELIMINAR
Disposiciones generales
Artículo 1.  Objeto de la ley orgánica.
La presente ley orgánica contiene las normas de aplicación al ordenamiento jurídico 
español del Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el  e.
que se establece una cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea. w.b
Apertníca1ul.e los  L2pa.o sr  ddÁeimslpibtooitsso icq diuoeen  aeppsel irdcjuaedc eiiqósuntae. nle ay  loosrg inátneicreas seesr fáinna dnec iearpolisc adcei ólan  Uan lioósn  pEruorcoepdeima ieenn tlooss   OE-A-2021-10able en https://
que, con arreglo al Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, la
Fiscalía Europea ejerza de forma efectiva su competencia para investigar, acusar y ejercer 
la acusación en juicio.
2.  En todo lo no previsto en esta ley orgánica será de aplicación lo establecido en la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal y, en particular, lo dispuesto para el procedimiento 
abreviado, con independencia de los delitos perseguidos o las penas asociadas a los 
mismos.
Artículo 3.  Referencias.
1.  Las referencias a los Fiscales europeos delegados contenidas en la presente ley 
orgánica deberán entenderse realizadas al Fiscal Europeo cuando, en virtud de lo 
establecido en el artículo 28.4 del Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de 
octubre de 2017, ostente las mismas competencias que aquellos.
2.  Las menciones contenidas en esta ley orgánica al Reglamento se entenderán 
referidas al Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el que 
se establece una cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea.
TÍTULO I
Funciones y principios de actuación de la Fiscalía Europea en el territorio nacional
Artículo 4.  Competencia de los Fiscales europeos delegados.
1.  Los Fiscales europeos delegados son competentes en el conjunto del territorio 
nacional para investigar y ejercer la acción penal ante el órgano de enjuiciamiento 
competente en primera instancia y vía de recurso contra los autores y demás partícipes de 
los delitos que perjudiquen los intereses financieros de la Unión Europea de conformidad 
con los artículos 4, 22, 23 y 25 del Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de 
octubre de 2017, con independencia de la concreta calificación jurídica que se otorgue a 
los mismos.
2.  En particular, tendrán competencia para investigar y ejercer la acusación en 
relación con las causas por los delitos tipificados en los siguientes preceptos de la Ley 
Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal:
a)  De los delitos contra la Hacienda de la Unión no referidos a impuestos directos 
nacionales, tipificados en los artículos 305, 305 bis y 306. En el supuesto de ingresos 
procedentes de los recursos propios del impuesto sobre el valor añadido, los Fiscales 
europeos delegados solo serán competentes cuando los hechos estén relacionados con el 
territorio de dos o más Estados miembros y supongan, como mínimo, un perjuicio total 
de 10 millones de euros.
b)  De la defraudación de subvenciones y ayudas europeas prevista en el artículo 308.
c)  Del delito de blanqueo de capitales que afecten a bienes procedentes de los 
delitos que perjudiquen los intereses financieros de la Unión; de los delitos de cohecho 
cuando perjudiquen o puedan perjudicar a los intereses financieros de la Unión y del delito 
de malversación cuando perjudique de cualquier manera los intereses financieros de la 
Unión.
Asimismo, de los delitos tipificados en la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, 
de Represión del Contrabando, cuando afecten a los intereses financieros de la Unión.
d)  Del delito relativo a la participación en una organización criminal tipificado en el  s
artículo 570 bis, cuya actividad principal sea la comisión de alguno de los delitos previstos  oe.
en los apartados anteriores. 957www.
Reg3la. meEnnt oc, uaa lloqsu ideer lictoass oin, dlais occoimabpleetmenecnitae  svein ceuxltaednodse ará l,o es nre lcoosg tiédroms ienno sla psr terveiss tporsim eenr aesl 
lceotnrafosr mdeidl aadp caortna deol a artnícteurloio 2r,5 s.3in d eple mrjuisicmioo .del efectivo ejercicio de tal competencia de  BOE-A-cable e
Artículo 5.  Atribuciones de los Fiscales europeos delegados para el cumplimiento de sus 
funciones.
1.  Para el cumplimiento de las funciones que les atribuye esta ley orgánica, los 
Fiscales europeos delegados podrán requerir el auxilio de las autoridades de cualquier 
clase y de sus agentes.
Las autoridades, funcionarios, organismos o particulares requeridos por los Fiscales 
europeos delegados en el ejercicio de sus facultades deberán atender inexcusablemente 
el requerimiento dentro de los límites legales. Igualmente, y con los mismos límites, 
deberán comparecer ante los Fiscales europeos delegados cuando estos lo dispongan.
En todo caso, la relación entre las autoridades requeridas y los Fiscales europeos 
delegados se desarrollará de acuerdo con el deber de colaboración leal y cooperación 
activa entre las instituciones nacionales y la Fiscalía Europea.
2.  En el ejercicio de sus funciones, los Fiscales europeos delegados podrán dar a 
cuantos funcionarios constituyen la Policía Judicial las órdenes e instrucciones procedentes 
en cada caso.
3.  Los Fiscales europeos delegados no podrán dar instrucciones a los miembros del 
Ministerio Fiscal.
No obstante, podrán requerir su colaboración para la práctica de actuaciones 
concretas, dirigiéndose a tal efecto a la Fiscalía General del Estado.
Artículo 6.  Lugar en el que han de practicarse las actuaciones investigadoras.
1.  Las actuaciones del procedimiento de investigación se practicarán en el lugar 
donde los Fiscales europeos delegados tengan su sede. No obstante, los Fiscales 
europeos delegados podrán constituirse en cualquier lugar del territorio para la práctica de 
dichas actuaciones, cuando fuere necesario o conveniente para la investigación.
2.  La declaración de la persona investigada se practicará siempre en la sede de los 
Fiscales europeos delegados.
Si la persona investigada estuviese físicamente impedida y no pudiera acudir al acto, 
el Fiscal europeo delegado podrá constituirse en su domicilio o en el lugar donde se 
encuentre, siempre que el interrogatorio no ponga en peligro su salud.
3.  Las declaraciones de los testigos y peritos se realizarán también en las 
dependencias donde los Fiscales europeos delegados tengan su sede. No obstante, si su 
residencia se encontrase en otro lugar, el Fiscal europeo delegado, atendiendo a la 
gravedad de los hechos objeto de investigación y a la relevancia de la declaración, podrá 
acordar:
a)  recabar el auxilio del fiscal del lugar para que practique la diligencia;
b)  recibirle declaración por videoconferencia;
c)  trasladarse al lugar donde se encuentre para recibirle declaración.
Artículo 7.  Competencia judicial.
1.  La Audiencia Nacional será competente para el conocimiento y fallo de los 
procedimientos previstos en esta ley orgánica.
En los supuestos de aforamiento la competencia corresponderá al Tribunal Supremo o 
Tribunal Superior de Justicia, según proceda.
2.  En cada uno de estos órganos judiciales se constituirá un Juez de garantías. s
Artículo 8.  Atribuciones del Juez de garantías. w.
JuezE nd ee lg maraarnctoía dse:l procedimiento regulado por la presente ley orgánica, corresponderá al
1.º  Autorizar las diligencias de investigación restrictivas de derechos fundamentales
de conformidad con lo previsto en la ley.
2.º  Acordar las medidas cautelares personales cuya adopción esté reservada a la 
autoridad judicial.
3.º  Asegurar la fuente de prueba personal ante el riesgo de pérdida de la misma.
4.º  Autorizar el secreto de la investigación y su prórroga.
5.º  Acordar la apertura del juicio oral o disponer el sobreseimiento conforme a lo 
establecido en esta ley orgánica.
6.º  Resolver las impugnaciones contra los decretos del Fiscal europeo delegado.
7.º  Adoptar las medidas de protección de testigos y peritos que procedan a instancia 
del Fiscal europeo delegado.
Artículo 9.  Cuestiones de competencia.
1.  En caso de discrepancias entre la Fiscalía Europea y la Fiscalía nacional sobre si 
el comportamiento constitutivo de delito está comprendido en el ámbito de aplicación del 
artículo 22, apartados 2 o 3, o del artículo 25, apartados 2 o 3, del Reglamento decidirá la 
persona titular de la Fiscalía General del Estado en los términos previstos en el Estatuto 
Orgánico del Ministerio Fiscal.
2.  Si las discrepancias a las que se refiere el apartado anterior se suscitaran entre la 
Fiscalía Europea y un juzgado de instrucción que ya estuviera conociendo del asunto, se 
tramitará como una cuestión de competencia cuya resolución corresponderá a la Sala de 
lo Penal del Tribunal Supremo, previo informe del Ministerio Fiscal.
3.  Las disposiciones anteriores se entienden sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 
de Enjuiciamiento Criminal para el juicio oral y en el artículo 42.2.c) del Reglamento en 
materia de interpretación de los artículos 22 y 25 del mismo.
Artículo 10.  Actuaciones a prevención.
1.  Cuando se trate de delitos cuya investigación se atribuye a los Fiscales europeos 
delegados, por razones de urgencia, los juzgados de instrucción del lugar del delito podrán 
llevar a cabo las primeras diligencias, debiendo informar a aquellos sin dilación indebida.
Una vez practicadas, remitirán lo actuado a los Fiscales europeos delegados, poniendo 
a su disposición los instrumentos del delito y los resultados de las diligencias practicadas, 
las piezas de convicción y los efectos ocupados.
2.  La Policía Judicial, en caso de urgencia y bajo la dirección, en su caso, del Fiscal 
europeo delegado, adoptará las medidas que resulten imprescindibles para garantizar la 
efectividad de la investigación, informando lo antes posible y, en todo caso, en un plazo 
máximo de veinticuatro horas, al Fiscal europeo delegado de las medidas adoptadas y de 
las razones para ello.
En los casos en que, de acuerdo a la legislación procesal, sea necesario, el Fiscal 
europeo delegado ratificará las medidas.
Artículo 11.  Documentación del procedimiento de investigación.
1.  El procedimiento de investigación se custodiará por la Oficina de la Fiscalía 
Europea, que será la encargada de garantizar su acceso a las partes de conformidad con 
lo establecido en la presente ley orgánica y las normas de funcionamiento interno de la 
Fiscalía Europea.
2.  La documentación necesaria para el desempeño de las funciones atribuidas al 
Juez de garantías estará bajo la responsabilidad del letrado de la Administración de  es
Justicia que corresponda. Cuando, conforme a lo establecido en esta ley orgánica, en el  o
pleeurtorraoc3dep.od e iomdC ediue elanalent Aogd adoddm esoi en ion its vrptaeroatserct  iligadóasenc l p diaóaesnr etJ ehgusaus,y trciaacomi andi  eedlo naistnro  tpc edaurervete niclnatuai rl pa drereuel  eslJab un asee,oz ccl eidcosiertaru ergdisoa ppsro arpennasdtríeeaanrs átr,ae  dacsoaol r llvepreetorsrra. pdeool nF ddiseec  alaall    2021-10957n https://www.
Administración de Justicia dar cuenta de las solicitudes que se formulen y protocolizar,
custodiar y autorizar las actas del aseguramiento, con remisión de lo practicado al Fiscal
europeo delegado, reservando copia auténtica a disposición de la autoridad judicial y 
facilitando testimonio a las partes.
Artículo 12.  Gestión documental.
1.  Los documentos emitidos en el procedimiento de investigación, cualquiera que sea 
su soporte, por medios electrónicos, informáticos o telemáticos, o los que se emitan como 
copias de originales almacenados por estos mismos medios, gozarán de la validez y 
eficacia de documento original siempre que quede garantizada su autenticidad, integridad 
y conservación, así como el cumplimiento de las garantías y requisitos exigidos por esta 
ley orgánica y la normativa interna de la Fiscalía Europea.
2.  En cuanto sea posible, se utilizarán técnicas y métodos de documentación y 
medios  electrónicos,  informáticos  y  telemáticos  que  favorezcan  la  gestión  del 
procedimiento.
Artículo 13.  Régimen general de comunicaciones y consultas.
1.  Las comunicaciones de la Fiscalía Europea con el Ministerio Fiscal se canalizarán 
a través de la Fiscalía General del Estado.
2.  Compete a la Fiscalía General del Estado la comunicación de la notitia criminis a 
los Fiscales europeos delegados a los efectos del ejercicio de su competencia en los 
supuestos a que se refieren los apartados 2 y 3 del artículo 24 del Reglamento.
3.  El Ministerio Fiscal es la autoridad nacional competente para:
1.º  Recibir la información a que se refiere el apartado 8 del artículo 24 del 
Reglamento.
2.º  Pronunciarse en los supuestos previstos en los apartados 2 in fine y 3 del 
artículo 25, apartado 4 del artículo 27, apartado 3 del artículo 39 y apartado 1 del artículo 40 
del Reglamento.
3.º  Prestar el consentimiento a que se refiere el apartado 4 del artículo 25 del 
Reglamento.
4.º  Recibir las diligencias en los supuestos de transferencia previstos en el artículo 34 
del Reglamento.
4.  Lo dispuesto en el presente artículo se entenderá sin perjuicio del deber general 
de comunicación que conforme al artículo 24.1 del Reglamento tienen las autoridades o 
agentes nacionales que con ocasión del ejercicio de sus funciones pudieran tener 
conocimiento de hechos constitutivos de los delitos para los que son competentes los 
Fiscales europeos delegados.
TÍTULO II
Estatuto de la Fiscalía Europea y los Fiscales europeos delegados
Artículo 14.  Selección de los candidatos para el nombramiento del Fiscal Europeo y los 
Fiscales europeos delegados.
1.  La designación de los candidatos a Fiscal Europeo y Fiscales europeos delegados 
se realizará por una Comisión de Selección regulada reglamentariamente, mediante un 
proceso selectivo que deberá basarse en los principios de igualdad, mérito, capacidad y  e
publicidad. b
2.  De conformidad con lo establecido en el Reglamento, los candidatos deberán  957ww
taennteigrü neadcaiodn qaulidea sde e dseptaeñromlain, es eern m laie mnobrrmosa taivcati vroesg ldaem elan tcaarriare rya  nfios chaal boe rju idniccuiarlr icdoon  elna 
noifnregcuenra u dne  alabss coaluutsoa cso dmep inrocmapisaoc iddaed i npdreevpisetnadse ennc ilaa  lpeagriasl aecl ióenje vrcigiceinot ed.e A dlae mfuánsc,i ódne beenr álan 
forma establecida por la normativa reglamentaria de desarrollo.
3.  En el proceso de selección se valorará el conocimiento y experiencia práctica en 
el ámbito de las competencias propias de la Fiscalía Europea, el conocimiento de las 
lenguas oficiales de la Unión Europea y los demás requisitos que se determinen 
reglamentariamente o en las bases de la convocatoria pública del proceso selectivo.
4.  El proceso se regirá conforme al principio de igualdad de trato entre mujeres y 
hombres en el acceso al empleo público, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución 
y la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, 
y teniendo en cuenta los principios de igualdad de trato y no discriminación de las personas 
con discapacidad y sus derechos.
Artículo 15.  Situación administrativa de los Fiscales europeos delegados.
1.  Los Fiscales europeos delegados estarán en situación de servicios especiales 
desde el momento de su toma de posesión hasta su cese. En el desempeño de sus 
funciones se ajustarán a las competencias y al estatuto específicos que les confiere el 
Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el que se 
establece una cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea, y a la 
presente ley orgánica.
2.  Los Fiscales europeos delegados percibirán la retribución fijada por el Colegio de 
la Fiscalía Europea, sin perjuicio del derecho a la remuneración por su antigüedad en la 
carrera fiscal o judicial y de su integración en el régimen de la Seguridad Social que 
corresponda a los miembros dichas carreras.
3.  Tendrán derecho a la reserva de la plaza que ocupasen al ser nombrados Fiscales 
europeos delegados o la que pudieran obtener durante su nombramiento y se les tendrán 
en cuenta los servicios prestados, a efectos de promoción y de provisión de plazas, como 
si hubieran sido efectivamente prestados en la carrera de procedencia en la plaza que 
ocupasen al pasar a esa situación o la que pudieren obtener durante su permanencia en 
la misma.
Artículo 16.  Oficina de la Fiscalía Europea y medios de apoyo a los Fiscales europeos 
delegados.
1.  Los Fiscales europeos delegados ejercerán sus funciones en la Fiscalía Europea 
con carácter de exclusividad y a tiempo completo. Tendrán su sede en Madrid.
2.  Para el cumplimiento de las funciones de los Fiscales europeos delegados, se 
creará una Oficina, a la que serán adscritos funcionarios de la Administración General del 
Estado, de las Comunidades Autónomas y de la Administración de Justicia, en el número 
que se determine en la relación de puestos de trabajo, quedando en todo caso en servicios 
especiales en sus cuerpos de origen.
3.  Los Fiscales europeos delegados contarán con el apoyo de la Policía Judicial y de 
cuantos profesionales y expertos sean necesarios para el buen curso de la investigación.
TÍTULO III
Procedimiento de investigación de la Fiscalía Europea
CAPÍTULO I
Iniciación del procedimiento de investigación es
Artículo 17.  Dirección de la investigación y formación del procedimiento de investigación  957www.
dCeo rlrae Fspisocnadlíear áE uar olopse Fai.scales europeos delegados la dirección de la investigación y la
formación del procedimiento de investigación de la Fiscalía Europea.
Todas las actuaciones relativas a este procedimiento se registrarán como procedimiento 
de investigación de la Fiscalía Europea y se anotarán en el sistema de gestión de casos 
de la Fiscalía Europea.
Artículo 18.  Inicio del procedimiento por investigación de los Fiscales europeos 
delegados.
1.  Los Fiscales europeos delegados iniciarán una investigación cuando, mediante 
denuncia, querella o por cualquier otro medio previsto legalmente, tengan conocimiento de 
hechos aparentemente delictivos que pudieran recaer en el ámbito de sus competencias, 
en cuyo caso acordarán mediante decreto incoar el procedimiento de investigación de la 
Fiscalía Europea, procediendo a verificar su competencia.
2.  A tales efectos, de conformidad con el apartado 4 del artículo 13 de la presente ley 
orgánica, las autoridades que, en el ejercicio de sus funciones, tengan conocimiento de un 
hecho aparentemente delictivo cuya competencia pueda corresponder a los Fiscales 
europeos delegados, se lo comunicarán sin dilación indebida atendiendo a los requisitos 
de forma y contenido establecidos en el artículo 24 del Reglamento.
3.  Cuando la Policía Judicial inicie una investigación por hechos para los que sean 
competentes los Fiscales europeos delegados, deberá realizar la comunicación a los 
mismos prevista en el apartado anterior, informando igualmente a la Fiscalía General del 
Estado.
Cuando el Ministerio Fiscal o un órgano judicial tengan conocimiento de hechos cuya 
competencia corresponda a los Fiscales europeos delegados, deberán igualmente 
informar sin dilación indebida, a los efectos del artículo 24 del Reglamento.
Artículo 19.  Inicio del procedimiento por el ejercicio del derecho de avocación.
1.  Cuando el Ministerio Fiscal o un órgano judicial hayan iniciado una investigación 
por hechos cuya competencia podría ser ejercida por los Fiscales europeos delegados, lo 
pondrán en conocimiento de estos a los efectos de permitir el ejercicio del derecho de 
avocación en los términos previstos en el artículo 27 del Reglamento y deberán abstenerse 
de tomar decisiones que puedan impedirlo, sin perjuicio de adoptar aquellas urgentes 
dirigidas a asegurar la investigación y el ejercicio de la acción penal.
2.  Si la Fiscalía Europea ejercitara el derecho de avocación, las autoridades 
nacionales que estuvieran investigando estarán obligadas a remitir las actuaciones, 
absteniéndose de conocer, sin perjuicio de la realización de las medidas urgentes 
necesarias para asegurar la investigación. No se producirá la retroacción de actuaciones, 
salvo en lo que resulte indispensable para la continuación de la investigación.
3.  Quienes se encuentren personados como acusadores populares perderán 
automáticamente la condición de parte.
No obstante, en los casos en que quienes se encuentren personados como acusadores 
populares puedan ejercer la acusación particular de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 36 de esta ley orgánica, se entenderán personados como tal.
Artículo 20.  Ejercicio efectivo de la competencia por los Fiscales europeos delegados.
En cualquiera de los supuestos previstos en los artículos anteriores, si, tras los trámites 
previstos en el Reglamento, los Fiscales europeos delegados deciden ejercer su 
competencia, lo comunicarán así a las autoridades informantes, remitiendo igualmente  es
comunicación a la Fiscalía General del Estado. o
ArtícCuuloa n2d1o. , cDueavloqluuiceiróan  qduee l as ecoam lap efoternmcaia d ae l ainsi caiuot odreid alad easc tnuaacciioónna ldeesl. Fiscal europeo  2021-10957n https://ww
dqeulee gloasd hoe, ctrhaoss l ao bvjeertiofi cdaec iiónnv edseti gloasc ihóenc nhoo sc,o cnosntistuidyeerne  udne  dceolnitfoo rpmeirdteande ccoienn etel  Rae sgula ámmebnittoo   BOE-A-cable e
de competencia o que, aun teniéndola, no concurren razones que justifiquen su ejercicio, 
devolverá las actuaciones a las autoridades nacionales de acuerdo a las siguientes reglas:
1.º  Si la información inicial procediera de una autoridad no judicial española o del 
Ministerio Fiscal, la devolución se realizará a la Fiscalía General del Estado.
2.º  Si la información inicial procediera de un órgano judicial, la devolución se realizará 
al mismo órgano del que las hubiere recibido y el procedimiento de investigación seguirá 
su curso por sus trámites ordinarios.
Artículo 22.  Comunicación entre autoridades.
Los Fiscales europeos delegados, tras la verificación inicial, tanto en caso de que no 
ejerza su competencia, como cuando haya tenido conocimiento de hechos que no sean de 
su ámbito de competencia, lo comunicarán a las autoridades nacionales previstas en los 
artículos anteriores, a las víctimas del delito y, en todo caso, al Ministerio Fiscal por 
conducto de la Fiscalía General del Estado.
Artículo 23.  Decreto de incoación.
1.  El decreto acordando incoar el procedimiento de investigación de la Fiscalía 
Europea contendrá la descripción precisa del hecho punible, su calificación jurídica 
provisional, la determinación de la persona investigada, si fuera conocida, y de las víctimas 
del delito. La misma resolución se dictará si los Fiscales europeos delegados ejercitan el 
derecho de avocación conforme a las previsiones del artículo 27 del Reglamento.
2.  Salvo que se haya acordado el secreto, el decreto de incoación se notificará a la 
persona investigada, a quien se informará de manera clara y comprensible de los derechos 
que le asisten.
También se notificará a las víctimas del delito, a quienes se informará de los derechos 
que les asisten, en particular del derecho a mostrarse parte. Los Fiscales europeos 
delegados velarán por los derechos de las víctimas reconocidos en las leyes.
3.  El decreto de incoación podrá ser impugnado por la representación de la persona 
investigada y por las víctimas conforme a lo establecido en el artículo 91 de esta ley 
orgánica.
Contra la resolución que el Juez de garantías dicte resolviendo la impugnación podrá 
interponerse recurso de apelación.
Artículo 24.  Fiscal europeo delegado encargado de la investigación.
El decreto de incoación del procedimiento estará firmado por el Fiscal europeo 
delegado encargado a que se refiere el apartado 5 del artículo 2 del Reglamento, que 
tendrá, a los efectos de esta ley orgánica, la consideración de fiscal responsable de la 
investigación, sin perjuicio de la posibilidad de designar como responsable a más de uno.
Artículo 25.  Determinación del Juez de garantías y reasignación, acumulación y escisión 
de procedimientos desde otro Estado distinto.
1.  El Fiscal europeo delegado responsable de la investigación comunicará al letrado 
de la Administración de Justicia el decreto de incoación, a fin de que, en aplicación de las 
normas de reparto, determine el juez competente para intervenir en los actos que esta ley 
orgánica reserva expresamente al Juez de garantías. e.e
El letrado de la Administración de Justicia comunicará al juez competente la asignación  b
del procedimiento. 957ww
euroEple noú dmeelerog addeo r eegnicsatrrog ayd loa  yd eat elarm Fiinsaccailóían  Gdeeln Jeuraelz d deel  Egsatraadnotí.as se notificarán al Fiscal
del R2.e glDame elan mtoi,s smeaa  froeramsaig snea dporo acle Fdisecráa lc euuarnodpoe,o c doenlfeogrmadeo a u lnoa d iinsvpeusetsigtoa ceinó ne lp arortcíceudleon 2te6 
de otro Estado o le sea atribuida como consecuencia de una decisión de acumulación o 
escisión de casos que sean competencia de la Fiscalía.
En tales casos, las actuaciones practicadas hasta ese momento tendrán plena validez, 
sin que se produzca retroacción de las actuaciones, asumiendo el Juez de garantías las 
competencias que le atribuye esta ley orgánica desde ese momento.
CAPÍTULO II
Intervención de la persona investigada
Artículo 26.  Derechos de la persona investigada.
1.  En las investigaciones que asuma el Fiscal europeo delegado, la persona 
investigada tendrá los derechos que le reconocen la Carta de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea, la Constitución y la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
2.  En todo caso, la persona investigada tendrá derecho a:
a)  Que en la primera comparecencia se le comunique la investigación, los hechos 
investigados y su calificación jurídica provisional.
b)  Conocer las diligencias de investigación practicadas y las que desde el momento 
de la primera comparecencia se practiquen, siempre que no se haya declarado secreta la 
investigación.
c)  Ser asistido y defendido por el abogado que designe o por el abogado de oficio, si 
no lo hubiera designado.
d)  Entrevistarse reservadamente con su abogado antes y después de cualquier 
declaración, tanto la que preste ante el Fiscal europeo delegado como en sede policial.
e)  Declarar ante el Fiscal europeo delegado, asistido de abogado, cuantas veces lo 
solicite, en razón del desarrollo de las diligencias o de la necesidad de efectuar precisiones, 
añadidos o rectificaciones.
f)  No declarar, guardando silencio total o parcial sobre los hechos investigados o 
cualesquiera otros que considere que puedan perjudicarle.
g)  No declarar contra sí mismo ni confesar su participación en los hechos.
h)  Ser asistido por un intérprete de forma gratuita cuando no comprenda o no hable 
la lengua oficial en la que se desarrolle el proceso y a la traducción escrita de los 
documentos que resulten esenciales para garantizar el ejercicio del derecho de defensa.
Este derecho, que es irrenunciable, comprende la asistencia a personas con 
limitaciones auditivas o de expresión oral.
i)  Aportar los elementos de descargo de los que desee valerse.
j)  Proponer la práctica de los actos de investigación que sean pertinentes y útiles 
para su defensa.
k)  Participar en la práctica de aquellos actos de investigación en los que la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal prevea su intervención y, en todo caso, participar en los que se 
ejecuten para el aseguramiento de una fuente de prueba conforme a lo previsto en el 
capítulo VI del título IV de esta ley orgánica.
l)  Solicitar al Juez de garantías el aseguramiento de una fuente de prueba o la 
práctica de prueba anticipada en los casos previstos en esta ley orgánica.
3.  El derecho a examinar las actuaciones, con el alcance previsto en la vigente Ley 
de Enjuiciamiento Criminal, se entenderá referido al expediente de investigación  es
custodiado por la Oficina de la Fiscalía Europea. o
Artíc1u. lo D27e.s deP qriumee rreas cuoltmenp adree claesn acicat upaacriao neel str ainsdlaicdioos d qeu cea prgeorms.itan atribuir la realización  2021-10957n https://ww
dperiml heercah coo pmupnaibrelec ean ucniaa  ppaerras ocnoam duenticearmrlein qaudea ,l ae li nFvisecsatilg eaucrióonp esoe  ddeirlieggea cdoon ltara c eitlalará. a una  BOE-A-cable e
En la citación que se realice se le informará de que deberá comparecer asistida de su 
defensa, advirtiéndole que si no lo hace le será designada de oficio.
No se procederá de este modo cuando se haya autorizado el secreto de la 
investigación, en cuyo caso la primera comparecencia se practicará inmediatamente 
después de haberse alzado.
2.  Al iniciar la comparecencia, el Fiscal europeo delegado preguntará a la persona 
investigada sus datos personales, le informará de los derechos que le asisten y le requerirá 
para que designe un domicilio en España donde practicar las notificaciones o una persona 
que las reciba en su nombre, advirtiéndole que la citación realizada en la persona o en el 
domicilio designados permitirá la celebración del juicio oral en su ausencia en los casos y 
con los requisitos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
A continuación, le informará de manera clara y precisa de los hechos que se le 
atribuyen y su calificación jurídica provisional, de todo lo cual se dejará constancia en el 
acta.
Finalmente, el Fiscal europeo delegado preguntará a la persona investigada si desea 
prestar declaración en ese momento, procediéndose, en su caso, a la práctica de esta 
diligencia.
3.  Cuando, por la complejidad de la investigación, la información verbal no asegure 
la adecuada comprensión de los hechos investigados y de su calificación provisional, se 
comunicarán estos extremos por escrito a la persona investigada, dejando constancia de 
ello en el acta de la comparecencia.
4.  Cuando la investigación haya de extenderse a nuevos hechos respecto de la 
misma persona investigada o cuando concurran elementos suficientes para atribuir el 
hecho punible a otra u otras personas, se las convocará a una nueva comparecencia.
5.  Cuando el procedimiento haya de dirigirse contra una persona que goce de 
inmunidad en los términos establecidos en el artículo 29 del Reglamento, antes de 
practicar la primera comparecencia, el Fiscal General Europeo se dirigirá al Juez de 
garantías constituido ante el órgano competente para el enjuiciamiento de la persona 
aforada, para que recabe la correspondiente autorización para proceder.
Del  mismo  modo  se  procederá  cuando  sin  haberse  practicado  la  primera 
comparecencia el Fiscal europeo delegado interese la adopción de una medida cautelar o 
la detención de la persona aforada.
6.  Del acta de la primera comparecencia y de las que eventualmente hayan de 
realizarse con posterioridad se remitirá copia al Juez de garantías.
Artículo 28.  Primera comparecencia en el supuesto de detención.
1.  Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, el procedimiento se entenderá 
siempre dirigido contra persona determinada desde que se acuerde o se practique su 
detención.
2.  Cuando el Fiscal europeo delegado ordene la detención de las personas 
investigadas, la primera comparecencia se realizará con la puesta a disposición del 
detenido en el plazo establecido en el artículo 78.1.
Artículo 29.  Retraso en la primera comparecencia.
En ningún caso el Fiscal europeo delegado podrá retrasar la realización de la primera 
comparecencia.
En los casos en los que el Fiscal europeo delegado retrase injustificadamente el acto  e.e
de la primera comparecencia, el Juez de garantías, previa petición de la defensa, declarará  b
la nulidad de los actos de investigación realizados sin previo traslado de cargos, siempre  957ww
que,C poonrt reas ala c raeussoal,u hciaóyna  qpuoed ideol  Jpuroedz udceir sgea urannat ísaitsu adcicióten  rdees oinlvdieefnednos ióenl .incidente podrá
interponerse recurso de apelación.
Artículo 30.  Declaración de la persona investigada.
1.  La persona investigada podrá prestar declaración sobre los hechos en el curso de 
la primera comparecencia.
2.  Con posterioridad a este momento, el Fiscal europeo delegado podrá llamar a la 
persona investigada para preguntarle sobre los hechos siempre que lo considere necesario 
a los fines de la investigación.
En este caso, lo notificará a la persona interesada y a su defensa al menos con 
cuarenta y ocho horas de antelación. Este plazo no será aplicable en supuestos de 
detención, urgencia o cuando exista riesgo de desaparición de fuentes de prueba, en cuyo 
caso se dejará constancia en el procedimiento del motivo que lo haya impedido.
A la realización de esta diligencia serán convocadas todas las partes personadas, cuya 
incomparecencia injustificada no impedirá su celebración.
3.  En la citación que se realice para la práctica de esta diligencia, se informará a la 
persona investigada de manera clara y comprensible de los derechos que le asisten 
conforme a lo establecido en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea, en la Constitución y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, advirtiéndole de que 
en caso de incomparecencia injustificada se podrá ordenar su detención.
4.  La persona investigada podrá solicitar que se le reciba declaración cuantas veces 
quiera justificando la razón que lo motiva, y el Fiscal europeo delegado la recibirá, tan 
pronto sea posible, si tuviera relación con la causa.
El decreto denegando la práctica de la diligencia podrá ser impugnado por la persona 
investigada conforme a lo establecido en el artículo 91 de esta ley orgánica.
5.  En toda declaración que haya de prestar, la persona investigada estará asistida 
por el abogado que haya designado o, en su defecto, por el que se le haya nombrado de 
oficio.
Artículo 31.  Declaración de la persona investigada con reconocimiento de los hechos.
1.  Cuando en el curso de la declaración la persona investigada manifieste su voluntad 
de reconocer su participación en los hechos punibles, el Fiscal europeo delegado, tras 
recibirle declaración, le citará para que comparezca, asistida de su defensa, ante el Juez 
de garantías, para que la reitere en la forma establecida para el aseguramiento de las 
fuentes de prueba.
A la realización de esta diligencia serán convocadas todas las partes personadas, cuya 
incomparecencia injustificada no impedirá su celebración.
2.  La declaración comenzará por la manifestación espontánea de la persona 
investigada sobre los hechos, tras lo cual el Fiscal europeo delegado y las partes podrán 
formular preguntas o pedir las aclaraciones que el Juez de garantías declare pertinentes.
3.  La confesión de la persona investigada, salvo que se formule solicitud de que se 
dicte sentencia de conformidad de acuerdo con lo establecido en esta ley orgánica, no 
dispensará de practicar todas las diligencias necesarias para comprobar la existencia del 
delito y la participación en él de la persona investigada.
Artículo 32.  Acceso al procedimiento.
Desde la primera comparecencia, salvo declaración de secreto, la defensa de la 
persona investigada tendrá derecho a examinar el expediente de investigación de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. es
El acceso al procedimiento de investigación se hará efectivo dando vista a la defensa  o
de la persona investigada de todas las actuaciones practicadas. En caso de negativa se  957www.
pseocdrreát os.olicitar del Juez de garantías, que lo ordenará salvo que se haya declarado el
Artículo 33.  Propuesta de diligencias.
1.  La defensa de la persona investigada podrá solicitar la práctica de las diligencias 
que considere oportunas y útiles para la investigación.
2.  El Fiscal europeo delegado acordará las diligencias propuestas por la defensa 
cuando sean relevantes para decidir sobre la naturaleza delictiva del hecho y la 
determinación de la responsabilidad criminal. De no ser relevantes, las denegará mediante 
decreto.
El decreto denegándolas podrá ser impugnado por el solicitante ante el Juez de 
garantías. La impugnación se sustanciará por el procedimiento previsto en el artículo 91.
3.  El Juez de garantías ordenará su realización cuando su resultado sea determinante 
para decidir sobre la naturaleza delictiva del hecho o la participación en el mismo de la 
persona investigada y no sea posible diferir su práctica a la fase intermedia o al juicio oral.
Artículo 34.  Aportación de elementos de descargo.
1.  La persona investigada podrá aportar al procedimiento cuantos documentos 
considere relevantes para su defensa.
Asimismo, podrá aportar los informes periciales de parte realizados por su cuenta y a 
su instancia por el perito de su elección.
2.  El Fiscal europeo delegado solo podrá denegar la incorporación al procedimiento 
de estos documentos e informes cuando sean absolutamente irrelevantes por resultar 
ajenos al objeto de la investigación.
El decreto que lo deniegue podrá ser impugnado ante el Juez de garantías. La 
impugnación se sustanciará por el procedimiento previsto en el artículo 91.
Artículo 35.  Participación en la práctica de los actos de investigación.
Salvo declaración de secreto, la persona investigada, por sí o a través de su defensa, 
podrá participar en la práctica de los actos de investigación, especialmente los que se 
ejecuten para el aseguramiento de una fuente de prueba conforme a lo previsto en el 
capítulo VI del título IV de esta ley orgánica.
CAPÍTULO III
Intervención de la acusación particular
Artículo 36.  Personación de la acusación particular.
1.  Las víctimas del delito podrán personarse en el procedimiento de investigación de 
la Fiscalía Europea como acusación particular en cualquier momento anterior a la 
preclusión del trámite del escrito de acusación, sin que tal circunstancia justifique por sí 
misma la retroacción de las actuaciones.
A los efectos de la presente ley orgánica tendrán la consideración de víctima las 
personas o entidades ofendidas por la infracción o que hayan sufrido un perjuicio derivado 
de la comisión del delito.
2.  El escrito solicitando la personación deberá dirigirse al Fiscal europeo delegado y 
estar suscrito por su representación y defensa.
3.  El Fiscal europeo delegado les tendrá como parte, con los derechos que les 
reconoce esta ley orgánica, previa comprobación de su condición de víctima. e.
4.  El decreto por el que se deniegue la personación podrá ser impugnado por el  w.b
solicitante en el plazo de cinco días ante el Juez de garantías. La impugnación se  957ww
sustCanocnitarará l ap orer seol lpurcoiócne ddieml iJeunetoz  pdree vgiasrtoa netnía es l naor tcícaublorá 9 r1e.curso alguno.
com5o.  acEuns aecli ópnro pcoepduimlaire.nto previsto en esta ley orgánica no se admitirá la personación
La acción penal también podrá ser ejercitada por las asociaciones y entidades a las 
que la ley reconoce legitimación para la defensa de los intereses que se han visto 
afectados por la comisión del delito investigado.
Artículo 37.  Ejercicio de la acción civil.
1.  La acción civil podrá ejercitarse conjuntamente con la penal por la acusación 
particular.
No obstante, las víctimas podrán ejercitar solamente la acción civil, personándose en 
calidad de actores civiles.
Quien ejercite solamente la acción civil se habrá de limitar a formular esta pretensión 
en el escrito de personación dirigido al Fiscal europeo delegado.
2.  El decreto por el que se deniegue la personación podrá ser impugnado por el 
solicitante en el plazo de cinco días ante el Juez de garantías. La impugnación se 
sustanciará por el procedimiento previsto en el artículo 91.
Contra la resolución del Juez de garantías no cabrá recurso alguno.
3.  Una vez sea tenido como parte, el actor civil podrá solicitar la adopción de medidas 
cautelares reales de conformidad con lo establecido en el artículo 56.
Artículo 38.  Acceso al procedimiento.
Desde que se admita su personación, salvo declaración de secreto, las acusaciones 
particulares podrán examinar el expediente de investigación de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En caso de negativa se podrá solicitar del 
Juez de garantías, que lo ordenará salvo que se haya declarado el secreto.
El decreto denegando el acceso podrá ser impugnado ante el Juez de garantías. La 
impugnación se sustanciará por el procedimiento previsto en el artículo 91 de esta ley 
orgánica.
Artículo 39.  Propuesta de diligencias.
1.  Las acusaciones particulares podrán someter a la apreciación del Fiscal europeo 
delegado la posibilidad de practicar aquellas diligencias que consideren útiles para la 
comprobación de los hechos.
2.  El Fiscal europeo delegado acordará la práctica de las diligencias propuestas por 
la defensa cuando sean relevantes para decidir sobre la naturaleza delictiva del hecho y la 
determinación de la responsabilidad criminal. De no ser relevantes las denegará mediante 
decreto.
El decreto podrá ser impugnado por el solicitante ante el Juez de garantías. La 
impugnación se sustanciará por el procedimiento previsto en el artículo 91.
3.  Las diligencias denegadas por el Fiscal europeo delegado durante el procedimiento 
de investigación podrán ser solicitadas al Juez de garantías, que solo podrá ordenar su 
realización cuando su resultado sea determinante para decidir sobre la naturaleza delictiva 
del hecho o la participación de la persona investigada en el mismo y no sea posible diferir 
su práctica a la fase intermedia o al juicio oral.
Artículo 40.  Aportación de informaciones.
Las acusaciones particulares podrán poner en conocimiento del Fiscal europeo 
delegado las informaciones que consideren relevantes para la investigación. e.
Artículo 41.  Participación en los actos de investigación. 957ww
Las acusaciones particulares podrán intervenir en la realización de los actos de
ipnrvueesbtaig acocinófno,r mesep ae cloia plmreevnisteto l oesn q eul ec aspeí teujeloc uVtIe dne pl atírtau loe l IaVs deeg uersatma ileenyt oo rdgeá nuincaa. fuente de
CAPÍTULO IV
Diligencias de investigación del Fiscal europeo delegado
Artículo 42.  Facultad investigadora de los Fiscales europeos delegados.
1.  Los Fiscales europeos delegados, de conformidad con lo dispuesto en la presente 
ley orgánica, el Reglamento y las normas establecidas en su reglamento interno, dirigirán 
la investigación ordenando la realización de todos los actos de investigación y 
aseguramiento contemplados en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, salvo los reservados a 
la autoridad judicial por la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, que habrán de 
ser autorizados por el Juez de garantías.
2.  En el ejercicio de sus facultades, los Fiscales europeos delegados velarán para 
que la investigación se realice diligentemente, impulsando el procedimiento, evitando 
paralizaciones en su tramitación y asegurándose de que el mismo se desarrolla en el 
tiempo mínimo imprescindible para la consecución de los fines que le son propios.
Las previsiones contenidas en el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal no 
serán de aplicación en los procedimientos que se sigan ante la Fiscalía Europea.
3.  Las diligencias de investigación se ejecutarán conforme a lo establecido en la Ley 
de Enjuiciamiento Criminal, salvo las especialidades expresamente establecidas en esta 
ley orgánica.
Artículo 43.  Declaración testifical.
1.  El Fiscal europeo delegado podrá hacer comparecer y declarar como testigos a 
cuantas personas conozcan hechos o circunstancias relevantes para la averiguación del 
delito y la determinación del responsable o puedan aportar datos útiles para tal fin.
Salvo quien esté exento del deber de comparecer y declarar en el juicio oral, toda 
persona está obligada a atender el llamamiento del Fiscal europeo delegado para declarar 
como testigo cuanto sepa sobre lo que le sea preguntado.
2.  La declaración testifical se obtendrá en la forma establecida en la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal.
Las partes personadas, a través de sus abogados, podrán asistir a la declaración 
testifical, en cuyo caso, concluida la declaración, se les dará la oportunidad de preguntar 
al testigo para que realice las aclaraciones que consideren necesarias.
Artículo 44.  Dictamen pericial.
1.  El Fiscal europeo delegado, atendiendo a la especialidad y competencia en la 
materia sobre la que haya de versar la pericia, podrá designar los peritos que estime 
oportuno para que emitan el dictamen correspondiente sobre los extremos que sean 
sometidos a su consideración.
Se podrán designar dos o más peritos cuando resulten necesarios por la complejidad 
de la pericia. La designación se hará preferentemente entre el personal técnico adscrito a 
la Fiscalía Europea.
2.  La designación será notificada a todas las partes personadas, las cuales, en el 
plazo de tres días, podrán proponer aquellos otros puntos a los que deba extenderse el 
dictamen.
Si la naturaleza y objeto de la pericia lo permiten, las partes personadas también  s
podrán designar un perito a su costa para que concurra al reconocimiento. e.
El Fiscal europeo delegado lo acordará siempre que sea útil y pertinente al objeto de  w.
la pericia. 957ww
garaEnlt ídaes.c Lreat oim dpeungengaácniódno sloe  spuosdtraán csiearr ái mpopru egln pardooc epdoimr ieeln tsoo plirceitvaisnttoe  eann etel  aertl ícJuuleoz 9 1d.e
abst3e.n ciLóan ,p sai retes tqeu neo  tseen ghau bcioenrao caibmsiteenntiod od,e l oq puoen ednrá u enn p ceornitooc cimoniecnutror ed eall gFuisncaa lc eauursoap deeo   BOE-A-cable e
delegado, proponiendo su recusación por escrito, del que se dará traslado al perito 
recusado, para que manifieste si reconoce la causa alegada.
Si el perito niega la causa de recusación, el Fiscal europeo delegado, practicadas las 
diligencias oportunas, resolverá por decreto lo procedente sobre la concurrencia del motivo 
de recusación alegado. Esta resolución será impugnable ante el Juez de garantías 
conforme al procedimiento previsto en el artículo 91.
Artículo 45.  Protección de testigos y peritos.
1.  El Fiscal europeo delegado podrá solicitar al Juez de garantías la adopción de 
cualquiera de las medidas que para la protección de testigos y peritos cupiera adoptar 
conforme a la Ley Orgánica 19/1994, de 23 de diciembre, de protección a testigos y peritos 
en causas criminales.
2.  El Fiscal europeo delegado tendrá las competencias que la legislación atribuye al 
Ministerio Fiscal en materia de protección de testigos y peritos en causas criminales.
Artículo 46.  Entrada y registro en lugares cerrados.
Fuera de los supuestos en que concurra consentimiento o delito flagrante, para la 
entrada en un domicilio será necesaria autorización del Juez de garantías.
La entrada en lugares cerrados que no tengan la consideración de domicilio, se llevará 
a cabo por el Fiscal europeo delegado o por la Policía Judicial bajo autorización previa de 
este acordada mediante decreto.
Artículo 47.  Entrada y registro en domicilio de la persona jurídica.
1.  Las normas establecidas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la entrada y 
registro en lugar cerrado son también aplicables a la entrada y registro en el domicilio de 
las personas jurídicas.
A tal efecto, se entiende por domicilio de la persona jurídica el lugar cerrado en el que 
se desarrollan las actividades de dirección o donde se custodian, en cualquier soporte, los 
datos y las informaciones relativas a su actividad, organización y funcionamiento excluidas 
del conocimiento de terceros.
2.  El consentimiento para la entrada y registro en el domicilio de una persona jurídica 
podrá ser otorgado por su representante legal, apoderado o administrador de hecho o de 
derecho.
No obstante, fuera de los casos de flagrancia, precisará siempre autorización judicial 
la entrada y el registro de los siguientes lugares y espacios:
a)  Las dependencias de las personas y entidades jurídico-públicas.
b)  La sede de partidos políticos, sindicatos y medios de comunicación, así como los 
despachos u oficinas donde se desarrollen actividades respecto a las cuales se reconozca 
el secreto profesional.
Si hubiera de registrarse el despacho profesional de un abogado, procurador o notario 
se notificará la resolución al Decano del Colegio concernido o a quien estatutariamente le 
sustituya, para que pueda asistir a la diligencia de registro.
c)  La apertura y registro de cajas de seguridad que se hallen en entidades bancarias 
u otras instalaciones específicamente dedicadas a su custodia.
Artículo 48.  Interceptación de las comunicaciones y medidas de investigación tecnológica. e.
En relación con las medidas relativas a la detención y apertura de la correspondencia,  957ww
ldae i nctoemrcuenpitcaaccióionn dees  olarsa lceosm muendiciaanctioen deissp toesleitfióvnoisc aesle yc ttreólenmicoásti,c alas u, ltaili zcaacpitóanc idóen  dy isgpraobsaitcivióons 
tdéec naiclmosa cdeen saemguieimntioen mtoa, sloivcoal izdaec iiónnfo yr mcaapctiaócnió yn  dloes l ar eimgiasgtreons,  erle rmegoitsotsro  sdoeb dreis peoqsuitiipvooss 
informáticos, el Fiscal europeo delegado tendrá las facultades reconocidas a los Fiscales 
nacionales, aplicándose, no obstante, las siguientes reglas:
1.º  El Fiscal europeo delegado instará la medida de acuerdo a la legislación española, 
sin perjuicio de las especialidades relativas a los supuestos de prueba transfronteriza 
recogidos en el artículo 51.
2.º  En el momento de formular la solicitud al Juez de garantías, el Fiscal europeo 
delegado podrá instar que se le autorice a dirigir personalmente el desarrollo de la medida, 
dando las instrucciones pertinentes a los encargados de la ejecución.
Si se ha autorizado la obtención de datos de tráfico o asociados al proceso de 
comunicación, se pondrá en conocimiento del Fiscal europeo delegado, con la periodicidad 
que este señale, la relación de las comunicaciones intervenidas con expresa mención de 
los datos relativos a cada una de ellas.
Si se hubiera acordado el registro del contenido de las comunicaciones, se pondrá a 
disposición del Fiscal europeo delegado la grabación íntegra de la totalidad de las 
realizadas y se acompañará certificación fehaciente de la autenticidad e integridad de la 
grabación, así como la transcripción de los pasajes que se consideren de interés para la 
investigación.
3.º  El Fiscal europeo delegado podrá solicitar la prórroga de las medidas en los 
casos en que esté legalmente prevista, fundamentando su necesidad. La solicitud de 
prórroga podrá fundarse en aquellas informaciones obtenidas a partir de la práctica de la 
diligencia de las que se deduzcan extremos relevantes para decidir sobre su mantenimiento.
4.º  Cesada la intervención y alzado el secreto, el Fiscal europeo delegado convocará 
a la persona investigada a la comparecencia prevista en el artículo 28, que en este caso 
también tendrá por objeto el examen de las grabaciones para determinar los extremos que 
se consideren relevantes y excluir aquellos que carezcan de interés para la investigación 
o para el ejercicio efectivo del derecho de defensa. Todas las partes personadas serán 
citadas al acto y podrán hacer en él las observaciones que estimen oportunas. La práctica 
de esta audiencia no se suspenderá por la incomparecencia injustificada de alguna de las 
partes que hubiera sido debidamente citada. No obstante lo anterior, la comparecencia 
para el examen de las grabaciones podrá sustituirse por la formulación de observaciones 
por escrito.
De no existir acuerdo sobre las informaciones que deban quedar excluidas del 
procedimiento, el Juez de garantías resolverá lo procedente teniendo en cuenta las 
observaciones de las partes y previa audiencia del Fiscal europeo delegado.
Contra la resolución del Juez de garantías no cabrá recurso alguno.
Artículo 49.  Conservación de datos.
El Fiscal europeo delegado podrá acordar, en los mismos términos que los Fiscales 
nacionales, las medidas de aseguramiento previstas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal 
con el objeto de requerir a cualquier persona física o jurídica la conservación de datos o 
informaciones relevantes para la investigación hasta que se obtenga la autorización judicial 
correspondiente para su cesión.
Artículo 50.  Entrega vigilada.
El Fiscal europeo delegado podrá autorizar en los mismos términos que la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal reconoce a los Fiscales nacionales y para todos los delitos de  es
cuyo conocimiento es competente, la circulación o entrega vigilada de sustancias, efectos,  o
equipos y materiales o instrumentos de interés para la investigación en virtud del tipo de  957www.
dAertlíitcou lion v5e1s.t igaIndvoe.stigaciones transfronterizas.
1.  En las investigaciones transfronterizas el Fiscal europeo delegado aplicará las  BOE-A-cable e
reglas establecidas en el sistema de asignación previsto en los artículos 31 y 32 del
Reglamento para la práctica de diligencias de investigación y obtención de prueba, sin 
perjuicio de la eventual remisión a los instrumentos de reconocimiento mutuo de 
conformidad con el artículo 31.6 de dicha norma europea.
2.  Cuando el Fiscal europeo delegado actúe en su condición de encargado de la 
investigación y la medida que haya de llevarse a efecto en otro Estado parte requiera 
autorización judicial de conformidad con nuestra legislación vigente, esta deberá ser 
solicitada por el Fiscal europeo delegado asistente en el Estado de ejecución de su 
asignación y de conformidad con su derecho interno. Sólo en el caso de que el 
ordenamiento del Fiscal delegado asistente no requiera autorización judicial, el Fiscal 
europeo delegado encargado la solicitará del Juez de garantías.
3.  Cuando el Fiscal europeo delegado actúe en su condición de asistente en 
ejecución de su asignación, adoptará las medidas que le sean requeridas de conformidad 
con la legislación vigente. Cuando alguna de ellas exija autorización judicial, la recabará 
del Juez de garantías para su práctica.
4.  El Fiscal europeo delegado podrá solicitar la práctica de las diligencias de 
investigación que deban practicarse fuera de los países participantes en la cooperación 
reforzada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 104 del Reglamento.
5.  De conformidad con lo dispuesto en este artículo y en el artículo 37 del Reglamento, 
no será motivo de inadmisión de prueba el mero hecho de que hayan sido obtenidas en 
otro Estado miembro o de conformidad con el Derecho de otro Estado miembro, sin 
perjuicio del libre criterio para su valoración.
CAPÍTULO V
Medidas cautelares reales
Artículo 52.  Finalidad y objeto de las medidas cautelares reales.
1.  Las medidas cautelares reales tienen por finalidad el aseguramiento de las 
responsabilidades de carácter patrimonial y de las responsabilidades civiles.
2.  Las medidas cautelares recaen sobre los bienes y derechos de la persona 
investigada o acusada. También podrán aplicarse a terceros en los términos previstos en 
esta ley orgánica.
3.  Salvo lo expresamente previsto en esta ley orgánica, será de aplicación lo 
establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y lo dispuesto en la Ley 1/2000, de 7 de 
enero, de Enjuiciamiento Civil, en la legislación hipotecaria y demás disposiciones 
relacionadas.
Artículo 53.  Medidas de aseguramiento de las responsabilidades pecuniarias.
Desde que resulten indicios racionales de la comisión de un hecho delictivo por 
persona determinada, el Fiscal europeo delegado, de oficio o a instancia de parte, podrá 
adoptar mediante decreto las medidas cautelares dirigidas al aseguramiento de todas las 
responsabilidades  pecuniarias  que  puedan  derivarse  del  mismo,  incluidas  las 
responsabilidades civiles, las multas y las costas, así como del decomiso que en el futuro 
pueda acordarse respecto de los efectos, instrumentos y productos del delito.
Artículo 54.  Medidas cautelares aplicables a las personas jurídicas y a otras entidades.
Cuando de la investigación resulten indicios racionales de responsabilidad penal de  oe.
personas jurídicas o de delitos cometidos en el seno o con la colaboración de empresas,  w.
ocdaregrleeagnnaitzedasoc  idpoeon deprsáe,  rdgsiorsunppaoolnisde aro,d  ac dujuearmlíqduáicisea,r ,a  oolgt ruaan  ctarl aaovs aéels gd uoen  eapnso trdi dema dleaedssi os o igd auegi eernulltpaeassc,  mioeenl deFisdis adcsea: l peeursroopneaos   2021-10957n https://ww
a)  Suspensión de sus actividades.
b)  Clausura de sus locales y establecimientos.
c)  Intervención judicial para salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los 
acreedores.
d)  Suspensión cautelar del derecho a obtener subvenciones y ayudas públicas, y a 
disfrutar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social.
Artículo 55.  Medidas cautelares aplicables a los terceros responsables civiles.
1.  Cuando en la investigación aparezcan indicios de responsabilidad civil de un 
tercero con arreglo a las disposiciones de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, 
del Código Penal, el Fiscal europeo delegado, de oficio o a instancia de parte, podrá 
adoptar medidas cautelares dirigidas a su aseguramiento.
2.  Asimismo, podrá tomarse anotación de embargo preventivo o prohibición de 
disponer de los bienes, como medida cautelar, cuando existan indicios racionales de que 
el verdadero titular de los mismos pueda ser el tercero responsable.
Artículo 56.  Legitimación.
Podrán solicitar medidas cautelares reales para asegurar la responsabilidad civil 
quienes puedan ejercitar la acción civil en el proceso penal con arreglo a lo dispuesto en 
esta ley orgánica.
La acusación particular también podrá solicitar medidas cautelares para asegurar el 
pago de la multa, las costas, la ejecución del decomiso y las consecuencias accesorias de 
carácter patrimonial que pudieran derivarse del delito.
Artículo 57.  Procedimiento.
1.  La solicitud de medidas cautelares reales se formulará con claridad y precisión, 
expresando la medida concreta, la persona física o jurídica contra la que se dirige, la 
concurrencia de los presupuestos que justifican su adopción y la cantidad en la que se 
estima suficiente la garantía.
2.  No se acordarán las medidas cautelares que hayan sido solicitadas por las 
acusaciones particulares y actores civiles cuando se pretenda con ellas alterar situaciones 
de hecho consentidas durante largo tiempo, salvo que se justifiquen cumplidamente las 
razones por las que dichas medidas no se han solicitado hasta ese momento.
3.  Cuando fuera preciso conocer la situación patrimonial de la persona investigada, 
sin perjuicio de la obligación que esta tiene de manifestar sus bienes, el Fiscal europeo 
delegado podrá practicar por sí u ordenar que se practiquen las comprobaciones 
necesarias para su averiguación, salvo que se trate de actuaciones reservadas a la 
autorización judicial por la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, que habrán de 
ser autorizadas por el Juez de garantías.
Artículo 58.  Resolución.
1.  La resolución que se dicte será siempre motivada, fijará la medida o medidas que 
se acuerdan y precisará el régimen a que hayan de estar sometidas.
2.  La resolución determinará la cantidad líquida suficiente para cubrir las 
responsabilidades pecuniarias, incrementadas en un tercio.
3.  Asimismo, se pronunciará, cuando proceda, sobre la utilización provisional y 
realización de los bienes y efectos decomisados y sobre la atribución a la Oficina de 
Recuperación y Gestión de Activos de la conservación y administración de los bienes  e.e
decomisados. b
ArtícQuuloie 5n9 r.e suClateu coibólnig saudsot iatu tcoornias.tituir la garantía podrá pedir al Fiscal europeo delegado
qauseeg aucraerp teel ,c eunm spulimstiiteunctioó nd ed ela  lases nmteendciidaa dse,  lcao pnrdeesntaac qióune  dpeu duienraa  cllaeugcairó na  dsuicftiaciresnet.e para  BOE-A-cable e
Su adopción o denegación se acordará mediante decreto.
Artículo 60.  Ampliación y reducción.
1.  Si durante el curso del procedimiento sobrevinieran motivos bastantes para creer 
que las responsabilidades pecuniarias que puedan llegar a exigirse excederán de la 
cantidad inicialmente fijada para asegurarlas, el Fiscal europeo delegado podrá, de oficio 
o a instancia de parte, acordar la ampliación de la medida cautelar adoptada.
2.  También podrá, de oficio o a instancia de parte, reducir la medida cautelar, si 
resultasen motivos bastantes para creer que la cantidad prefijada puede ser superior a las 
responsabilidades pecuniarias que en definitiva puedan llegar a imponerse.
Artículo 61.  Utilización provisional y realización anticipada de bienes decomisados.
Cuando lo considere necesario, el Fiscal europeo delegado podrá acordar la utilización 
provisional y la realización anticipada de los bienes decomisados cautelarmente, de 
conformidad con la legislación procesal aplicable.
Con este fin, el Fiscal europeo delegado podrá encomendar a la Oficina de 
Recuperación y Gestión de Activos la localización, la conservación y la administración de 
los efectos, bienes, instrumentos y ganancias del delito que esté investigando.
Artículo 62.  Restitución.
Lo dispuesto en este capítulo se observará también respecto de cualquier pretensión 
que tenga por objeto la restitución a su legítimo titular de alguno de los efectos o 
instrumentos del delito que estuvieran en poder de un tercero.
Artículo 63.  Régimen de impugnación y recursos.
1.  Los decretos del Fiscal europeo delegado sobre medidas cautelares reales podrán 
ser impugnados conforme a lo establecido en el artículo 91.
2.  Contra la resolución que el Juez de garantías dicte resolviendo el incidente podrá 
interponerse recurso de apelación.
TÍTULO IV
Control judicial de la investigación
CAPÍTULO I
Declaración de secreto
Artículo 64.  Supuestos.
1.  Cuando resulte imprescindible para garantizar la eficacia de las diligencias de 
investigación, el Fiscal europeo delegado podrá acordar el secreto total o parcial del 
procedimiento de investigación.
2.  En tal caso, el Fiscal europeo delegado dará traslado inmediato al Juez de 
garantías del decreto en el que se declaren secretas las diligencias, acompañando los 
documentos y elementos en los que se base su decisión y concretando razonadamente el 
plazo por el que entienda que ha de mantenerse.
Artículo 65.  Resolución. o
En el plazo de cuarenta y ocho horas el Juez de garantías confirmará o alzará la  957ww
dcuemclaprliamciieónnt od ed es leocsr efitnoe,s f ipjaanrad olo, se qnu eel  hpari msideor  caacsoord, asduo .duración en atención al efectivo
Artículo 66.  Prórroga.
1.  Cuando circunstancias excepcionales y sobrevenidas requieran la prolongación de 
la duración del secreto, el Fiscal europeo delegado, antes de que se produzca el 
vencimiento del plazo establecido, podrá interesar motivadamente su prórroga al Juez de 
garantías, que decidirá lo procedente atendidas las necesidades de la investigación.
2.  Contra las resoluciones judiciales previstas en este artículo no cabe ningún recurso.
Artículo 67.  Régimen del secreto.
1.  La declaración de secreto impedirá que las partes personadas, a excepción del 
Fiscal europeo delegado, tomen conocimiento de las actuaciones e intervengan en las 
diligencias a las que afecte dicha declaración.
2.  En estos supuestos, el auto de medidas cautelares o por el que se acuerden 
diligencias de investigación sometidas a autorización judicial expresará los particulares 
que, para preservar la finalidad del secreto, hayan de ser omitidos de la copia que deba 
notificarse.
En todo caso, si se hubiera acordado la prisión provisional y las actuaciones se 
encontrasen declaradas secretas, se facilitará a la persona investigada y a su defensa el 
acceso a los elementos esenciales para impugnar la privación de libertad.
Cuando se alce el secreto, se notificará de inmediato el auto íntegro a la persona 
investigada.
Artículo 68.  Alzamiento del secreto.
1.  El decreto que ponga fin al secreto dispondrá que se dé vista a la defensa y a las 
demás partes personadas de todas las diligencias practicadas a las que no hayan tenido 
acceso. Una vez dictado, se comunicará de inmediato al Juez de garantías.
2.  Si el secreto ha impedido la práctica de la primera comparecencia de la persona 
investigada, se procederá a realizarla de inmediato en la forma prevista en el artículo 28, 
dando vista de todo lo actuado a la defensa.
3.  Serán nulas las actuaciones y actos procesales realizados una vez transcurrido el 
plazo máximo del secreto, si este no se hubiera alzado.
4.  Una vez alzado el secreto, no se podrá acordar la conclusión del procedimiento de 
investigación sin que las partes personadas hayan tenido un tiempo suficiente, en todo 
caso no inferior a veinte días, para tomar conocimiento de lo actuado y ejercitar sus 
derechos de forma efectiva.
CAPÍTULO II
Autorización judicial de las diligencias de investigación
Artículo 69.  Legitimación para solicitar la diligencia.
Cuando haya de practicarse alguna diligencia de investigación que requiera 
autorización judicial, el Fiscal europeo delegado, de oficio o a petición de las acusaciones, 
formulará la oportuna solicitud.
Si la naturaleza de la diligencia lo requiere, acordará, al mismo tiempo, el secreto total 
o parcial de las actuaciones.
Artículo 70.  Solicitud del Fiscal europeo delegado. w.b
aEcnrjue12idc..  iitaamLLra aies  ssnuootfoillicic cCiieitturnuidmtde  dimnqeaue lea np uteaetolr  arFlia zais accccoaoiórlnd neca uiurr árrlaor ea pdnceicoloigim aed pnedacleeñia ga ladoddaeso   di rneedv qierloiusjsaitsi  gdiataool ccsJiuó umenex zedi ngedti oedqs oug seya   srepaeloen rtmtr íaaleatsen  .tLdoeesyb q eduráee    OE-A-2021-10able en https://
justifiquen la procedencia de la diligencia interesada.
Artículo 71.  Resolución.
1.  El juez, a la vista de la solicitud y de los elementos que la acompañan, resolverá 
en el plazo de veinticuatro horas sobre la diligencia interesada y, en su caso, sobre el 
secreto de las actuaciones.
2.  La resolución que autorice la diligencia de investigación establecerá la forma y 
condiciones en que haya de ejecutarse, conforme a lo establecido en la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal para la diligencia de que se trate.
Asimismo, establecerá la forma y periodicidad con las que el Fiscal europeo delegado 
informará al Juez de garantías sobre el desarrollo y los resultados de la medida a fin de 
asegurar el debido control judicial.
3.  Contra la resolución que deniegue la autorización, el Fiscal europeo delegado 
podrá interponer recurso de apelación.
En este caso, si el Fiscal europeo delegado hubiera acordado el secreto de las 
actuaciones, se mantendrá hasta que se resuelva el recurso.
Artículo 72.  Solicitud de prórroga.
Cuando la autorización de la medida esté sujeta a plazo y se encuentre prevista 
legalmente la posibilidad de prorrogarla, el Fiscal europeo delegado dirigirá al Juez de 
garantías la correspondiente solicitud, que se formulará en la forma y en el plazo 
establecidos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Artículo 73.  Ampliación a nuevos hechos o personas.
1.  La autorización judicial se entenderá únicamente concedida para la investigación 
del hecho delictivo que la motiva.
2.  Si en el curso de la investigación aparecen nuevos hechos punibles o se puede 
inferir la participación de otras personas, el Fiscal europeo delegado habrá de recabar 
inmediatamente la pertinente autorización judicial para extender a dichos hechos o 
personas la investigación.
Concedida la autorización, sus efectos se extenderán a las investigaciones realizadas 
hasta el momento.
Artículo 74.  Ejecución de la medida y supervisión judicial.
1.  Una vez autorizada la realización de la diligencia o su prórroga, la investigación se 
llevará a cabo por el Fiscal europeo delegado en los estrictos términos en que haya sido 
autorizada por el Juez de garantías.
2.  No obstante, el Fiscal europeo delegado podrá habilitar para la ejecución de la 
diligencia de investigación a los funcionarios o agentes de la Policía Judicial.
En tal caso, la Policía Judicial informará al Fiscal europeo delegado del desarrollo y de 
los resultados de la medida, con la periodicidad que éste señale.
Artículo 75.  Cese de la medida.
1.  Las diligencias de investigación sujetas a autorización judicial cesarán:
a)  por la desaparición de las circunstancias que justificaron la adopción de la medida;
b)  por el transcurso del plazo por el que fue autorizada; es
c)  por el vencimiento del plazo máximo del secreto de la investigación; o
d)  por la detención de la persona investigada. 957www.
y lo 2p.o ndErná  teond ocso neosctoims iceanstoo sd eell  JFuisecza dl ee ugraorpaenotí adse.legado dispondrá el cese de la medida
Artículo 76.  Comunicación a la persona investigada.
1.  Practicada la diligencia de investigación y, en su caso, alzado el secreto, se pondrá 
en conocimiento de la persona investigada la medida acordada, proporcionándole copia de 
las informaciones obtenidas y, si no fuera posible, facilitándole el conocimiento de lo 
actuado en tales condiciones que se encuentre plenamente salvaguardado el derecho de 
defensa.
2.  Para preservar el derecho a la intimidad de la persona investigada y de los terceros 
afectados por la medida, el Fiscal europeo delegado indicará las informaciones obtenidas 
en el curso de la investigación que por carecer de interés para la investigación no quedarán 
unidas al procedimiento. No obstante, si alguna parte solicitase su inclusión por resultar 
necesario para el ejercicio efectivo del derecho de defensa, el Juez de garantías, previa 
audiencia del Fiscal europeo delegado, resolverá lo procedente.
Contra la resolución del Juez de garantías no cabrá recurso alguno.
CAPÍTULO III
Procedimiento para la adopción y prórroga de medidas cautelares personales
Artículo 77.  Medidas cautelares personales.
El Fiscal europeo delegado podrá interesar del Juez de garantías que acuerde 
cualquiera de las medidas cautelares personales previstas en la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal, cuya adopción se encuentre reservada a una decisión judicial.
Artículo 78.  Detención.
1.  En las causas en las que ejerza su competencia, el Fiscal europeo delegado podrá 
ordenar la detención de las personas investigadas, en los supuestos previstos en el 
artículo 492 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
El decreto acordando la detención será notificado a la persona investigada y a su 
defensa, que podrán impugnarlo ante el Juez de garantías conforme al procedimiento 
establecido en el artículo 91 de esta ley orgánica.
Si la persona investigada fuera detenida a requerimiento del Fiscal europeo delegado, 
la Policía Judicial la pondrá a disposición de este inmediatamente y, en todo caso, en el 
plazo de veinticuatro horas desde su detención.
2.  Si en una investigación policial se produjera la detención de una persona, sola o 
conjuntamente con otras, a la que se atribuya la comisión de un delito competencia del 
Fiscal europeo delegado, sin que tal detención hubiera sido acordada por este, se aplicará 
la regla prevista en el apartado anterior, poniendo al detenido y los motivos de la detención 
en conocimiento inmediato del Fiscal europeo delegado.
Artículo 79.  Legitimación.
La adopción o la prórroga de una medida cautelar personal, salvo las excepciones 
previstas en esta ley orgánica, exigen la previa petición del Fiscal europeo delegado o de 
cualquier otra parte acusadora personada.
Artículo 80.  Solicitud.
1.  La solicitud de adopción de toda medida cautelar personal o de su prórroga deberá  oe.
concretar los hechos, los indicios y la finalidad que justifican su necesidad, así como la  w.
iemlepmo2es. inbtioClisdu apadrno ddboea  tsaoelrci oaisnn szetaner  lqalua ea a  stdreao vfpuécnsiód dene. o u nparó mrroegdaid ad em lean omse gdriadvao scaa,u taecloamr, psaeñ adnedboe rláons   2021-10957n https://ww
acompañar e individualizar en la solicitud los actos de investigación de los que resulten
dichos hechos e indicios y aportar o identificar con precisión el soporte documental de los  Bc
mismos, con antelación suficiente para su examen por el Juez de garantías.
Artículo 81.  Comparecencia de las partes.
1.  Formulada solicitud de adopción o prórroga de una medida cautelar personal, se 
convocará de inmediato al Fiscal europeo delegado y a las partes personadas a una 
comparecencia que se celebrará dentro de las setenta y dos horas siguientes a haberse 
presentado la solicitud.
2.  La celebración de la comparecencia exigirá, en todo caso, la presencia del Fiscal 
europeo delegado y de la persona respecto de la que se haya instado la medida, que 
deberá estar asistida de su defensa.
3.  La comparecencia comenzará con las alegaciones del Fiscal europeo delegado, 
oyéndose después a las demás partes, si las hubiera, y en último lugar a la persona contra 
la cual haya de adoptarse. Si a la vista de tales alegaciones el Fiscal europeo delegado 
desiste de su solicitud se dará por concluida la audiencia.
4.  Las partes podrán proponer las pruebas que estimen pertinentes, las cuales, una 
vez admitidas, se practicarán en el acto de la audiencia o en el plazo que fije el órgano 
judicial, que no podrá exceder nunca de setenta y dos horas. Se rechazará la prueba 
impertinente y la que no pueda practicarse en dicho acto o plazo.
5.  Si ha de acordarse la suspensión de la audiencia para la práctica de la prueba, el 
Juez de garantías podrá adoptar, a instancia de parte, la medida cautelar que estime 
inaplazable, conforme a lo establecido en el artículo 83.
6.  Practicada la prueba, el órgano judicial resolverá a continuación sobre la medida 
cautelar dictando auto motivado.
Contra el auto que resuelva sobre la medida cautelar cabrá recurso de apelación, que 
no tendrá efecto suspensivo.
Artículo 82.  Resolución judicial.
1.  La resolución judicial que resuelva sobre las medidas cautelares no podrá tomar 
en consideración hechos delictivos más graves ni fines distintos de los planteados por las 
partes que las interesen. En todo lo demás, el Juez fundamentará su decisión libremente 
ateniéndose a los hechos, diligencias y documentos que hayan sido objeto de debate.
2.  No podrán adoptarse medidas cautelares más gravosas que las que hubieran sido 
expresamente solicitadas. No obstante, durante la comparecencia, el órgano judicial podrá 
someter a debate de las partes la idoneidad de una medida cautelar menos gravosa, 
acordándola cuando, de acuerdo con las alegaciones formuladas, entienda que puede 
resultar igualmente conducente a los fines pretendidos.
3.  En todo caso, si hubiera sido solicitada la prisión provisional, el órgano judicial 
podrá acordar en su lugar la libertad provisional con prestación de caución, oyendo a las 
partes en lo relativo a su cuantía, o con imposición de reglas de conducta concretas que 
hayan sido suficientemente debatidas.
Artículo 83.  Supuestos de urgencia.
Si la audiencia a la que se refiere el artículo 81 no pudiera celebrarse o concurrieran 
razones de urgencia, el Juez de garantías, a instancia de parte y previa audiencia del 
Fiscal europeo delegado, podrá acordar la medida cautelar que estime inaplazable siempre 
que concurran los presupuestos que la justifiquen, pero convocará nuevamente la 
audiencia, que habrá de tener lugar dentro de las siguientes setenta y dos horas.
Artículo 84.  Reglas especiales en caso de detención. o
1.  Si la persona estuviera detenida, el plazo de setenta y dos horas a que se refiere  957ww
el arEtínc uelol p 8la1z soe m coámximpuot adreá  sdeetsedneta l ay  pduoess thao ara dsi sdpeossdieci ólan  pjuudeisctiaa l.a disposición judicial del
dae pterinsiiódno ,o e ld Jeujáenzd doela g sairna netfíeacst ore.solverá sobre su situación personal, elevando la detención  BOE-A-cable e
2.  Cuando el detenido no pueda ser puesto a disposición del Juez de garantías que 
conozca del procedimiento dentro de las setenta y dos horas siguientes a su detención 
preventiva será puesto a disposición del juez de instrucción del lugar donde se haya 
practicado la detención, que en el plazo máximo de setenta y dos horas elevará la 
detención a prisión o decretará la libertad del detenido, según proceda.
En este caso, si se hubiera acordado la prisión provisional, una vez que el Juez de 
garantías reciba las diligencias, convocará a las partes a la comparecencia a la que se 
refiere el artículo 81.
Artículo 85.  Declaración de secreto y prisión provisional.
1.  Si se hubiera declarado el secreto de la causa y la medida cautelar interesada 
fuera la prisión provisional, el Fiscal europeo delegado aportará, junto con la solicitud 
relativa a la adopción de la medida, los elementos de las actuaciones que sean esenciales 
para resolver sobre la privación de libertad y para impugnar, en su caso, la legalidad de la 
misma.
2.  La persona investigada tendrá derecho a acceder a dichos elementos desde el 
momento en el que haya sido convocada a la comparecencia.
Artículo 86.  Control judicial de las medidas.
1.  El Juez de garantías establecerá en la resolución por la que acuerde la imposición 
de una medida cautelar las condiciones de control del mantenimiento de la misma y su 
duración. Asimismo, las partes legitimadas podrán solicitar la modificación o levantamiento 
de las medidas cautelares.
2.  Cuando la solicitud de modificación de la medida previamente adoptada consista 
en su agravación o su sustitución por otra más grave, el Juez de garantías adoptará su 
decisión previa la comparecencia prevista en el artículo 81. La ausencia injustificada de la 
persona encausada o de las acusaciones personadas no impedirá la celebración de la 
comparecencia siempre que hubiera sido debidamente citada.
Cuando el Juez de garantías considere, en cualquier momento del proceso, de oficio 
o a instancia de parte, que debe revocar una medida cautelar o sustituirla por otra menos 
gravosa para la persona encausada, podrá adoptar dicha resolución, oídas las partes, sin 
que sea necesario celebrar una nueva comparecencia.
Artículo 87.  Incumplimiento de las medidas.
1.  En caso de incumplimiento de las medidas cautelares impuestas, podrán acordarse 
otras más gravosas en su sustitución o acumulativamente, teniendo en cuenta la entidad 
del incumplimiento, los motivos aducidos y la gravedad y las demás circunstancias del 
caso. El solo incumplimiento de las medidas inicialmente impuestas no justificará por sí 
solo la adopción de medidas más gravosas.
2.  La adopción de estas medidas atenderá a su idoneidad para los fines cautelares 
que las justifiquen, y para su imposición se seguirá el mismo procedimiento establecido 
para su adopción inicial.
Artículo 88.  Extinción de las medidas acordadas en el procedimiento de investigación.
Las medidas cautelares se extinguen por las siguientes causas:
a)  Por haber desaparecido los presupuestos que justificaron su adopción. b
b)  Por el transcurso de los plazos máximos de duración. 957ww
sidoc j)u diPcioarl mele tnraten secsutarsbole dceid looss  spinla zhoasb einrfseer iporroersr oag laodso m laá xviimgeonsc diae  ddeu rlaacsi ómne qduidea hsu.bieran
d)  Por el archivo o el sobreseimiento.
Artículo 89.  Especialidades del recurso de apelación en relación con la prisión provisional.
1.  Contra las resoluciones sobre prisión provisional cabrá la interposición de recurso 
de apelación, que no tendrá efecto suspensivo.
2.  En ningún caso, con motivo del recurso interpuesto, se podrá acordar la medida 
de prisión provisional o agravar las condiciones de la misma sin oír personalmente a la 
persona afectada, celebrando la correspondiente vista.
3.  Los recursos interpuestos contra la resolución que deniegue o acuerde la prisión 
provisional o agrave sus condiciones y contra las que dispongan su mantenimiento en el 
trámite periódico de revisión de oficio tendrán carácter preferente y deberán resolverse en 
un plazo máximo de diez días.
CAPÍTULO IV
Impugnación de los decretos del Fiscal europeo delegado
Artículo 90.  Supuestos.
Los decretos dictados por el Fiscal europeo delegado durante el procedimiento de 
investigación solo podrán ser impugnados ante el Juez de garantías en los supuestos 
expresamente establecidos en esta ley orgánica.
Artículo 91.  Procedimiento.
1.  La impugnación deberá realizarse por escrito firmado por la representación del 
solicitante dentro de los cinco días siguientes a la notificación del decreto dictado por el 
Fiscal europeo delegado. En el escrito se expondrán los motivos en que la impugnación se 
funda, se designarán los particulares que han de tenerse en cuenta para resolverla y a él 
se acompañarán, en su caso, los documentos justificativos de las peticiones formuladas.
2.  Admitida a trámite la impugnación, el letrado de la Administración de Justicia dará 
traslado de esta al Fiscal europeo delegado y a las demás partes personadas, por un plazo 
común de cinco días, para que aleguen por escrito lo que estimen conveniente, designen 
otros particulares que deban ser considerados y presenten los documentos justificativos 
de sus pretensiones.
El Juez de garantías tendrá acceso a los particulares designados y, si fuera necesario, 
solicitará de las partes las informaciones o aclaraciones complementarias que precise, 
resolviendo sin más trámite la impugnación formulada dentro de los cinco días siguientes.
3.  Contra el auto resolviendo la impugnación las partes no podrán interponer recurso 
alguno.
CAPÍTULO V
Recurso de apelación contra los autos del Juez de garantías
Artículo 92.  Órgano competente.
Será competente para conocer del recurso regulado en este capítulo la Sala de lo 
Penal de la Audiencia Nacional.
En los supuestos de aforamiento, dicha competencia corresponderá a las salas que 
para resolver el recurso se constituyan en el Tribunal Supremo y en los Tribunales  e.e
Superiores de Justicia. w.b
AesrttíacSbuolleoloc 9 ipd3oo.ds  rpáRo iern stlaeo rluppcroeinosenerensstee  r releeccyuu rorrsribgolá ednsei.c aap.elación contra autos en los casos expresamente  OE-A-2021-10able en https://
Artículo 94.  Interposición y plazo.
1.  El recurso de apelación se interpondrá por escrito dentro de los cinco días 
siguientes al de la notificación del auto recurrido.
2.  En el escrito de interposición se expondrán los motivos del recurso, se señalarán 
los particulares del procedimiento que hayan de tenerse en cuenta para resolver y se 
acompañarán, en su caso, los documentos justificativos de las pretensiones que se 
formulen.
La admisión del recurso no suspenderá la continuación del procedimiento.
Artículo 95.  Procedimiento.
1.  El letrado de la Administración de Justicia admitirá el recurso y dará traslado a las 
demás partes personadas para que en el plazo común de tres días puedan impugnarlo o 
adherirse, alegando por escrito lo que consideren conveniente y señalando particulares o 
acompañando los documentos justificativos de sus pretensiones.
2.  En los tres días siguientes a la finalización del plazo, el letrado de la Administración 
de Justicia pondrá la documentación del recurso a disposición del tribunal que, sin más 
trámites, resolverá lo que proceda.
3.  Cuando el tribunal lo considere necesario para la correcta formación de una 
convicción fundada se celebrará vista.
El letrado de la Administración de Justicia señalará la vista para el día más próximo 
posible, y en todo caso, dentro de los diez días siguientes.
4.  El recurso se resolverá mediante auto dentro de los cinco días siguientes a la 
puesta a disposición de la documentación o a la celebración de la vista.
5.  Tendrán tramitación preferente los recursos que se presenten contra autos 
dictados en materia de medidas cautelares o en relación con la práctica de las diligencias 
de investigación.
CAPÍTULO VI
Incidente para el aseguramiento de las fuentes de prueba
Artículo 96.  Objeto del incidente y supuestos en que procede.
1.  Cualquiera de las partes podrá promover el incidente para asegurar las fuentes de 
prueba tan pronto como pueda preverse que las mismas no estarán disponibles para su 
utilización en el juicio oral.
2.  Previa solicitud, se asegurarán las siguientes fuentes de prueba cuando concurran 
las circunstancias que se indican a continuación:
a)  La declaración de un testigo o perito cuando existan fundados motivos para temer 
que, por razón de ausencia justificada o inevitable, peligro de muerte o imposibilidad física, 
no podrá comparecer o testificar válidamente en el juicio oral.
b)  La declaración de un testigo o perito cuando existan fundados motivos para temer 
que pueda ser amenazado gravemente o sometido a coacciones con la finalidad de alterar 
su declaración en el juicio oral.
c)  La declaración de un testigo que, por razón de su edad o discapacidad, no deba 
ser sometido al examen contradictorio de las partes en el juicio oral de conformidad con lo 
establecido en esta ley orgánica. e.
d)  La declaración de la persona investigada en los supuestos previstos en las letras  w.
a) y b) en lo relativo a la responsabilidad criminal de otras personas. 957ww
3.  El resultado del incidente para el aseguramiento de la prueba solo accederá al
jluoi cmioo toivraól. si llegara a producirse la falta efectiva de disponibilidad del medio de prueba que
Artículo 97.  Competencia.
La práctica del incidente podrá solicitarse ante el Juez de garantías en cualquier 
momento previo a que se produzca el emplazamiento ante el órgano de enjuiciamiento.
Artículo 98.  Legitimación.
Pueden solicitar del Juez de garantías la práctica del aseguramiento de las fuentes de 
prueba:
a)  el Fiscal europeo delegado, de oficio o a petición de las acusaciones y
b)  la persona investigada.
Artículo 99.  Petición de las acusaciones en la investigación.
1.  Las acusaciones personadas en la investigación podrán solicitar al Fiscal europeo 
delegado que promueva el incidente.
2.  El Fiscal europeo delegado resolverá mediante decreto motivado.
3.  Cuando la decisión sea desestimatoria, las acusaciones podrán impugnar la 
decisión ante el Juez de garantías, en el plazo de cinco días, justificando que la práctica 
del aseguramiento resulta objetivamente imprescindible para sostener la pretensión 
acusatoria.
La impugnación se sustanciará por los trámites establecidos en el artículo 91.
El juez decidirá sin ulterior recurso sobre la práctica o no de la diligencia de 
aseguramiento.
4.  Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, las acusaciones podrán 
solicitar directamente del juez competente la práctica del incidente cuando existan razones 
de la urgencia que lo justifiquen.
En este caso, aportarán los elementos que permitan acreditarla.
Artículo 100.  Escrito de solicitud.
En el escrito por el que se solicite la tramitación del incidente se hará constar:
a)  la fuente de prueba que ha de ser asegurada, detallando los hechos que 
constituyen su objeto y su relación con los hechos investigados,
b)  el motivo que justifica su práctica y
c)  los particulares del procedimiento que han de utilizarse para el aseguramiento de 
la fuente de prueba.
Artículo 101.  Alegaciones de las partes.
1.  Recibida la petición, el letrado de la Administración de Justicia dará traslado de 
ésta a las partes personadas y al Fiscal europeo delegado por un plazo de tres días para 
que formulen alegaciones sobre la admisibilidad y procedencia de la solicitud realizada y, 
en su caso, para que indiquen otros hechos que hayan de constituir su objeto.
2.  Los escritos presentados, los documentos aportados y los particulares designados 
estarán a disposición de todas las partes, que podrán examinarlos.
Artículo 102.  Resolución.
1.  Realizadas las alegaciones de las partes, el Juez de garantías dictará auto  b
resolviendo lo que proceda. 957ww
2a.)   Elols a uhteoc ehno se lq quuee  csoen asctiutueyredne  eslu a osebgjeutora, mqiueen tsoe d eco lan tfruaeenráten  dae  lpor useobliaci teasdtaob pleocre lraás:
partes,
b)  las personas que deben ser convocadas para su realización y Bc
c)  la fecha de la comparecencia para el aseguramiento de la prueba.
3.  El auto se notificará de inmediato al Fiscal europeo delegado y a las partes 
personadas, que quedarán citadas para la comparecencia.
4.  Contra la decisión del Juez no cabrá recurso.
Artículo 103.  Supuestos de urgencia.
Cuando las circunstancias que motiven el aseguramiento de la fuente de prueba lo 
exijan, el Juez de garantías dispondrá su práctica inmediata.
Artículo 104.  Aseguramiento de la fuente de prueba.
1.  El aseguramiento de la fuente de prueba tendrá lugar siempre ante el Juez de 
garantías en una comparecencia a la que serán convocadas todas las partes personadas.
Serán aplicables para la práctica de la diligencia las disposiciones del juicio oral de la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal que rigen la realización de la prueba testifical o pericial.
2.  La incomparecencia injustificada de la persona investigada no impedirá la 
celebración del acto cuando haya razones de urgencia para proceder al aseguramiento de 
la prueba. En todo caso, cuando se considere que su presencia es necesaria, se podrá 
ordenar su conducción acordando la detención.
3.  En caso de incomparecencia injustificada de la defensa de la persona investigada 
o cuando haya razones de urgencia para proceder inmediatamente y no fuera posible la 
asistencia de aquella defensa, el acto se sustanciará con la defensa del turno de oficio 
expresamente designada al efecto.
4.  La ausencia injustificada de las acusaciones particulares o de sus asistencias 
letradas o cuando haya razones de urgencia para proceder inmediatamente, no impedirán 
que se realice el aseguramiento de la fuente de prueba.
Artículo 105.  Constancia documental.
1.  Todo lo actuado en el incidente para el aseguramiento de la fuente de prueba se 
documentará en soporte apto para la reproducción del sonido y de la imagen y siempre se 
transcribirá su contenido en el acta correspondiente, la cual será autorizada por el letrado 
de la Administración de Justicia.
2.  Los originales del soporte y del acta quedarán protocolizados en la oficina judicial, 
incorporándose copia auténtica de estos al procedimiento de investigación.
Artículo 106.  Incidente para la ampliación de la prueba asegurada.
1.  Si con posterioridad a la práctica del incidente para el aseguramiento de la fuente 
de prueba se descubren hechos nuevos o hechos de los que no se hubiera tenido 
conocimiento con anterioridad que sean relevantes para evaluar la credibilidad del testigo 
o del perito o la fiabilidad de sus informaciones, la parte interesada podrá solicitar la 
ampliación de la declaración.
2.  A tal efecto, en el escrito solicitando la ampliación se identificarán los nuevos 
hechos descubiertos, las fuentes del descubrimiento, las razones por las que tales hechos 
afectan a la credibilidad del testigo o a la fiabilidad de la información por este prestada, y 
se justificará que la ampliación resulta imprescindible para el adecuado ejercicio del 
derecho de defensa.
3.  La solicitud se sustanciará conforme al procedimiento establecido en los 
artículos 101 y 102. e.
4.  De accederse a la solicitud, la práctica y documentación de la prueba se realizará  w.
conforme a lo previsto en este título. 957ww
TÍTULO V
Conclusión del procedimiento de investigación
CAPÍTULO I
Terminación por remisión a la autoridad nacional
Artículo 107.  Remisión de las actuaciones a las autoridades nacionales por falta de 
competencia.
Cuando, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento, el Fiscal 
europeo delegado estime que los hechos objeto de investigación no constituyen un delito 
de los comprendidos en el ámbito de su jurisdicción o competencia, o bien considere que 
han dejado de cumplirse las condiciones específicas para el ejercicio de la misma, lo 
comunicará a la Fiscalía General del Estado, que remitirá el procedimiento al órgano de 
instrucción competente para su continuación conforme a lo previsto en la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal.
Las actuaciones practicadas hasta ese momento en el marco del procedimiento ante 
la Fiscalía Europea tendrán plena validez. No se producirá la retroacción de las 
actuaciones, salvo en lo que resulte indispensable para la continuación del procedimiento 
ante la autoridad nacional.
Artículo 108.  Acomodación del procedimiento.
En los casos en que el Fiscal europeo delegado se abstenga de seguir conociendo de 
los hechos por no resultar acreditados los presupuestos de los apartados 2 y 3 del 
artículo 25 del Reglamento o por aplicación de lo previsto en el apartado 3 del artículo 34 
de la misma norma, dará traslado de lo actuado sin dilación indebida a la Fiscalía General 
del Estado, que en el plazo máximo de treinta días acordará por decreto la asunción del 
asunto o su no aceptación de conformidad con el apartado 5 del mismo artículo.
Si la Fiscalía General del Estado acordará la asunción de la causa, tras la recepción 
del expediente, se procederá conforme a lo previsto en el artículo anterior. Si se decretara 
su no aceptación, el Fiscal europeo delegado continuará su tramitación conforme a lo 
previsto en los artículos siguientes.
CAPÍTULO II
Conclusión de la investigación
Artículo 109.  Decreto de conclusión del procedimiento.
1.  Una vez practicadas todas las diligencias necesarias, los Fiscales europeos 
delegados dictarán un decreto de conclusión del procedimiento en el que adoptarán alguna 
de las siguientes resoluciones:
a)  El archivo por improcedencia del ejercicio de la acción penal en los supuestos 
contemplados en el artículo 39.1 del Reglamento.
b)  La solicitud de que se dicte sentencia de conformidad, presentando ante el juez o 
tribunal competente para el enjuiciamiento escrito de acusación suscrito conjuntamente  es
con la defensa de la persona encausada. bo
c)  La solicitud de apertura del juicio oral formulando escrito de acusación. 957ww
dispdo)n ieEnjdeorc eelr a lrac haicvcoi ódne lp pernoacle dainmteie lnatso  aseugtouriiddoa deens E jusdpaicñiaal.es de otro Estado miembro,
2.  Cualquiera que sea el contenido del decreto de conclusión, este será notificado a
la defensa de la persona investigada, a las víctimas que no se hayan personado y a las  Bc
acusaciones personadas.
Artículo 110.  Conformidad.
1.  El Fiscal europeo delegado podrá solicitar al juez o tribunal competente para el 
enjuiciamiento que proceda a dictar sentencia de conformidad presentando escrito 
conjunto con el contenido previsto en el artículo 115 de esta ley orgánica.
2.  El escrito estará firmado por el fiscal, por los letrados de las acusaciones, por la 
persona encausada y por su defensor y, en su caso, por los actores civiles y terceros 
responsables civiles.
3.  En todo caso, se acompañará a la solicitud una justificación de la existencia de 
indicios racionales de criminalidad distintos al mero reconocimiento de los hechos por 
parte de la persona investigada, no pudiendo ser objeto de conformidad en ningún caso 
las penas de más de seis años de prisión.
4.  Si, a partir de la descripción de los hechos aceptada por todas las partes, el juez o 
tribunal entendiere que la calificación aceptada es correcta y que la pena es procedente 
según dicha calificación, dictará sentencia de conformidad.
El juez o tribunal habrá oído, en todo caso, al acusado acerca de si su conformidad ha 
sido prestada libremente y con conocimiento de sus consecuencias.
5.  En caso de que el juez o tribunal entienda que existe obstáculo legal para la 
aprobación del acuerdo o cuando el investigado no ratifique en presencia judicial la 
conformidad en los estrictos términos en que se haya formulado, se devolverá la causa al 
Fiscal europeo delegado, que continuará su tramitación.
Artículo 111.  Archivo por improcedencia del ejercicio de la acción.
1.  Cuando de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 39 del 
Reglamento el Fiscal europeo delegado considere que no concurren elementos suficientes 
para ejercitar la acción penal, acordará por decreto la conclusión y archivo del 
procedimiento, haciendo constar, en todo caso, el hecho que ha sido objeto de 
investigación, el resultado de las diligencias practicadas y los fundamentos jurídicos de la 
decisión de no ejercer la acción penal.
2.  El archivo podrá ser total o parcial, tanto en lo que se refiere a los hechos 
investigados como a las personas investigadas, adoptando el Fiscal europeo delegado 
respecto del resto alguna de las otras resoluciones previstas en el artículo anterior.
3.  Dicha resolución se notificará a las víctimas del delito, aun cuando no estuvieran 
personadas, a los fines establecidos en el artículo 113 de esta ley orgánica.
Artículo 112.  Supuestos de consulta entre autoridades previa al archivo del procedimiento.
1.  Cuando el Fiscal europeo delegado haya conocido de delitos indisociablemente 
vinculados en los términos previstos en el Reglamento, solo procederá el archivo previa 
consulta con la Fiscalía General del Estado, de conformidad con el apartado 3 del 
artículo 39 del mismo.
2.  Lo mismo será aplicable cuando el Fiscal europeo delegado haya investigado 
delitos de fraude de subvenciones o ayudas de la Unión Europea y demás gastos del 
presupuesto de la Unión y aquellos respecto de los que el perjuicio causado o que se 
pueda causar a los intereses financieros de la Unión no sea mayor que el perjuicio causado 
o que se pueda causar a otra víctima.
3.  En los supuestos previstos en los dos apartados anteriores, tras la consulta previa, 
el Ministerio Fiscal podrá asumir la competencia, interesando la transformación del  es
procedimiento en los términos establecidos en los artículos 107 y 108 de esta ley orgánica. o
Artíc1u. lo E11l d3e. crReteoa dpee raturcrah ivdoe,l  apcroocrdeaddimo ideen tcoo dnefo irnmveidsatidg accoinó nlo. dispuesto en el artículo 111  2021-10957n https://ww
dRee gelasmtae lnetyo ,o srgeá rneiacbar, an eol  ipmrpoeceddiriám iqeuneto,  cdoen finovrmeset igaal caiópna rctaudaon d2o  daepla arertzíccuanlo  h3e9c hdoesl   BOE-A-cable e
nuevos de los que no se tuviera conocimiento en el momento de acordar el archivo y 
justifiquen el ejercicio de la acción penal.
2.  El decreto de reapertura consignará los hechos y circunstancias que justifican la 
reanudación de la investigación y se notificará de inmediato a los que hubieran sido 
investigados en el procedimiento y a las víctimas del delito, salvo que se haya declarado 
el secreto.
3.  El decreto que acuerde la reapertura podrá ser impugnado por la persona 
investigada conforme a lo establecido en el artículo 91 de esta ley orgánica.
TÍTULO VI
Fase intermedia: preparación del juicio oral
CAPÍTULO I
Escrito de acusación
Artículo 114.  Ejercicio de la acción penal.
1.  Si el Fiscal europeo delegado, tras cumplimentar los trámites internos procedentes 
conforme a su Reglamento, hubiera estimado necesaria la apertura del juicio oral, lo 
solicitará al Juez de garantías formulando el correspondiente escrito de acusación.
2.  Recibida la solicitud de apertura, el Juez de garantías dará traslado del escrito de 
acusación a las acusaciones particulares y al actor civil, si los hubiera, así como a las 
víctimas no personadas. En el plazo de diez días a contar desde dicha notificación, las 
acusaciones personadas o la víctima que se persone en ese momento podrán presentar 
sus propios escritos de acusación y reclamación civil.
3.  En el escrito de acusación, tras identificar a las personas contra las que se dirige 
la acción penal, las acusaciones solicitarán la apertura del juicio oral ante el tribunal 
competente para el enjuiciamiento, incorporando a continuación la calificación provisional 
y la proposición de prueba.
Artículo 115.  Calificación provisional de las acusaciones.
1.  La calificación provisional se limitará a determinar en conclusiones precisas y 
numeradas:
1.ª  Los hechos punibles que resultan de la investigación.
En ningún caso podrán incluirse hechos que no hayan sido comunicados a la persona 
investigada en la comparecencia prevista en los artículos 27 y 28.
2.ª  La calificación legal de esos hechos, determinando la infracción penal que 
constituyen.
3.ª  La participación que en ellos haya tenido la persona o personas acusadas, si 
fuesen varias.
4.ª  La existencia de circunstancias atenuantes o agravantes del delito o eximentes de 
responsabilidad criminal.
5.ª  Las penas, principales y accesorias, que proceda imponer en caso de que la 
persona acusada o personas acusadas, si fuesen varias, resulten condenadas.
Sobre cada uno de estos particulares podrán presentarse conclusiones alternativas. e.
2.  La  calificación  provisional  incluirá,  en  su  caso,  la  reclamación  de  las  w.b
responsabilidades civiles derivadas de los hechos punibles y las consecuencias accesorias. 957ww
así Ecno mpaor tliacusl apr,e crsoonncraest acráiv ilalm ceunatnet íare dsep olan isnadbelmesn izeaxcpiróens oa nladso b eals ecsa rpáacrate dr epterirnmciinpaarll ao, 
subsTiadmiabriioé nd es ed ihcahraá  rmesepnocniósna bai lliodsa dd eym eál hs eacshpoe cetno sv irretuladt idveols c au alal  seen threagyaa  yc odnetsratiíndoo .de las
cosas y los efectos intervenidos, así como a la imposición de las costas procesales.
3.  La calificación provisional del Fiscal europeo delegado en ningún caso se referirá 
a aspectos relativos a la responsabilidad civil sobre los que corresponda disponer a la 
acusación particular o al actor civil personados.
4.  En el escrito de calificación provisional también se podrá solicitar la adopción, 
suspensión, modificación o alzamiento de las medidas cautelares que competen a la 
autoridad judicial.
Artículo 116.  Proposición de prueba.
1.  En el escrito de acusación se incluirá la proposición de prueba para su práctica en 
el juicio oral, indicando si la reclamación de documentos o las citaciones de los peritos y 
testigos que hayan de declarar a su instancia deben realizarse a través de la oficina 
judicial.
2.  También se designarán los particulares del procedimiento de investigación que 
deban ser testimoniados para el caso de que se disponga la apertura del juicio oral.
3.  Si se diesen los presupuestos exigidos para acordarlo, también podrá promover el 
incidente para el aseguramiento de una fuente de prueba, conforme a lo señalado en el 
capítulo VI del título IV.
4.  Toda proposición de prueba incluirá la justificación de su pertinencia y utilidad.
CAPÍTULO II
Escrito de defensa
Artículo 117.  Escrito de defensa.
1.  Solicitada la apertura del juicio oral, el letrado de la Administración de Justicia dará 
traslado de los escritos de acusación a las personas contra las que se dirija la acusación 
o la petición de responsabilidad civil y pondrá el procedimiento de investigación a 
disposición de sus defensas, para que en el plazo común de diez días presenten escrito 
de defensa frente a las acusaciones formuladas.
Si la defensa no presentare su escrito en el plazo señalado, se entenderá que se 
opone a las acusaciones y seguirá el procedimiento su curso.
2.  En el escrito de defensa se hará constar, en su caso, en apartados separados:
a)  la  impugnación  de  la  acusación  formulada  por  concurrir  un  motivo  de 
sobreseimiento, promoviendo en su caso la celebración de la audiencia preliminar,
b)  la calificación provisional y
c)  la proposición de prueba para el juicio oral.
3.  Presentado el escrito de defensa, de no impugnarse la acusación se acordará sin 
más trámite la apertura del juicio oral.
Artículo 118.  Escrito promoviendo la impugnación de la acusación.
1.  En el escrito de impugnación se harán constar:
a)  El motivo de sobreseimiento alegado, expresando su fundamento y acompañando 
los documentos que lo justifican.
b)  Las diligencias que hayan de practicarse a instancia de la defensa para poner de  es
manifiesto la procedencia del sobreseimiento, justificando que fueron propuestas en el  o
curso de la investigación y no llegaron a practicarse. 957www.
el ca2p. ítuPlore IsIIe dneta edsot ee lt íetuslcor.ito de impugnación, se procederá conforme a lo establecido en
Artículo 119.  Calificación provisional de la defensa.
1.  En su calificación provisional, las defensas de las personas acusadas y 
responsables civiles harán constar sus conclusiones provisionales en orden correlativo al 
del escrito de acusación, recogiendo los hechos que les sean favorables y su oposición o 
conformidad con los demás contenidos del escrito de acusación.
Podrán también, en su caso, formular conclusiones alternativas.
2.  Las conclusiones provisionales de las personas responsables civiles se 
circunscribirán a las pretensiones de esta naturaleza formuladas en su contra.
Artículo 120.  Proposición de prueba.
1.  El escrito de defensa incluirá la proposición de las pruebas cuya práctica se 
interesa en el juicio oral, indicando si la reclamación de documentos o las citaciones de los 
peritos y testigos que hayan de declarar a su instancia deben realizarse a través de la 
oficina judicial.
2.  También se designarán los particulares del procedimiento de investigación que 
deban ser testimoniados para el caso de que se disponga la apertura del juicio oral.
3.  Si se diesen los presupuestos exigidos para acordarlo, también podrá promover el 
incidente para el aseguramiento de una fuente de prueba, conforme a lo señalado en el 
capítulo VI del título IV de esta ley orgánica.
4.  Toda proposición de prueba incluirá la justificación de su pertinencia y utilidad.
CAPÍTULO III
Audiencia preliminar
Artículo 121.  Traslado a las partes.
1.  Si se hubiera impugnado la acusación, el letrado de la Administración de Justicia 
dará traslado de los escritos de defensa a las demás partes para que realicen alegaciones 
por escrito sobre las impugnaciones efectuadas y sobre las diligencias propuestas en el 
plazo común e improrrogable de cinco días.
2.  El Juez de garantías resolverá sobre las diligencias solicitadas por la defensa en 
relación con la petición de sobreseimiento, admitiendo únicamente aquellas que, siendo 
relevantes para la apertura del juicio oral, fueron propuestas durante la investigación y no 
se practicaron.
3.  Las diligencias propuestas, si se admitiesen, se practicarán en el curso de la 
audiencia preliminar en la forma establecida en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la 
práctica de la prueba en el juicio oral.
Artículo 122.  Audiencia preliminar.
1.  La audiencia preliminar se celebrará con presencia de todas las partes y en unidad 
de acto.
La celebración de la audiencia preliminar no se suspenderá por la inasistencia de la 
persona acusada que haya sido debidamente citada ni tampoco por la incomparecencia 
injustificada de las demás partes.
Las acusaciones particulares que dejen de comparecer sin alegar justa causa serán 
tenidas por desistidas del ejercicio de la acción y apartadas del procedimiento. e.
2.  Practicadas en su caso las diligencias solicitadas, el Juez de garantías oirá a todas  w.b
las partes sobre el fundamento de la impugnación pudiendo, en cualquier momento,  957ww
formEunla troledso  lcaass por,e pgoudnrtáa se xya smoliincaitra prloers  slaí sm aiscmlaora ecli opnroecse qduime iceonntos iddee rien vneescteigsaacriióans..
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de impugnación se resolverán todos ellos en la misma resolución.
4.  El juez, atendiendo a la existencia de un interés informativo relevante, podrá, oídas 
las partes, acordar la publicidad de esta audiencia.
CAPÍTULO IV
Sobreseimiento
Artículo 123.  Motivos de sobreseimiento.
1.  Celebrada la audiencia preliminar, procederá el sobreseimiento si la persona 
encausada hubiera fallecido o la persona jurídica hubiera sido liquidada, cuando no existan 
indicios racionales de haberse perpetrado el hecho que haya servido de fundamento a la 
acusación formulada, cuando el hecho no sea constitutivo de infracción penal, cuando la 
infracción penal haya prescrito o cuando haya recaído una resolución con efectos de cosa 
juzgada.
2.  Cuando la acusación se dirija contra una persona que goce de inmunidad, también 
procederá el sobreseimiento cuando la inmunidad no sea retirada.
3.  Asimismo, procederá el sobreseimiento cuando no resulte debidamente justificada 
la perpetración del delito que haya dado lugar a la formación de la causa o cuando no 
existan motivos racionales de criminalidad contra el acusado, en cuyo caso se acordará el 
sobreseimiento provisional.
4.  También se acordará el sobreseimiento cuando la persona contra la que se dirija 
la acusación aparezca exenta de responsabilidad criminal, salvo que proceda la imposición 
de una medida de seguridad, en cuyo caso se acordará la continuación del juicio a estos 
solos efectos.
Artículo 124.  Auto de sobreseimiento.
1.  El sobreseimiento se acordará por medio de auto.
2.  El sobreseimiento puede ser total o parcial, libre o provisional.
Si fuese parcial, el auto de apertura de juicio oral se dictará solo para las personas y 
respecto de aquellos hechos que no queden afectados por el sobreseimiento acordado.
3.  La desestimación del sobreseimiento también se realizará mediante auto, 
consignando los fundamentos de la decisión.
Artículo 125.  Recursos.
1.  Contra el auto de sobreseimiento las partes podrán interponer recurso de 
apelación.
2.  En caso de sobreseimiento parcial, la interposición del recurso tendrá efecto 
suspensivo, salvo que el Juez de garantías aprecie motivadamente que es posible el 
enjuiciamiento separado de los hechos o de las personas excluidas del juicio oral.
Artículo 126.  Efectos del sobreseimiento.
1.  Acordado el sobreseimiento, quedarán sin efecto las medidas cautelares 
adoptadas.
2.  Una vez firme, los efectos intervenidos que tengan carácter lícito serán devueltos 
a sus legítimos poseedores y los ilícitos se decomisarán por la autoridad judicial, que les 
dará el destino prevenido legalmente. e.
CAPÍTULO V
Apertura del juicio oral
Artículo 127.  Auto de apertura del juicio oral.
1.  El auto que decrete la apertura del juicio oral determinará:
a)  El órgano competente para el enjuiciamiento.
b)  Los hechos justiciables.
Son hechos justiciables los que habiendo sido objeto de los escritos de acusación no 
sean expresamente excluidos del enjuiciamiento.
c)  Las personas que habrán de ser juzgadas como acusadas o responsables civiles.
2.  Contra el auto de apertura del juicio oral no cabrá recurso alguno, salvo en lo 
relativo a la adopción de medidas cautelares, que las partes podrán recurrir en apelación.
Artículo 128.  Testimonios para el expediente del juicio oral y emplazamiento.
1.  En el auto de apertura del juicio oral se ordenará que se deduzca testimonio de la 
propia resolución y de las calificaciones provisionales de las partes.
2.  A petición de cualquiera de las partes se formará también testimonio de:
a)  Las actas de las diligencias de aseguramiento de fuentes de prueba realizadas 
conforme a lo dispuesto en el capítulo VI del título IV.
b)  Las actas de las diligencias no reproducibles que hayan de ser ratificadas en el 
juicio oral.
c)  Los documentos e informes que obren en el procedimiento de investigación que 
hayan sido propuestos como prueba documental.
A los documentos se acompañarán los soportes audiovisuales o informáticos en los 
que consten las diligencias, documentos o informes que hayan de acceder al juicio oral.
3.  Con los testimonios anteriores se formará un expediente para el juicio oral que el 
letrado de la Administración de Justicia remitirá al tribunal competente para el 
enjuiciamiento junto con los efectos e instrumentos del delito y demás piezas de convicción.
La formación de testimonios podrá sustituirse por el acceso al expediente electrónico 
allí donde se hubiera implantado.
Artículo 129.  Prohibición de acceso al juicio oral de declaraciones y diligencias policiales.
En ningún caso podrán testimoniarse para el expediente de juicio oral declaraciones 
de testigos o exposiciones orales de peritos realizadas en el procedimiento de investigación 
o aportadas a este, salvo las comprendidas en el artículo anterior.
Tampoco podrán testimoniarse las diligencias relativas a actuaciones policiales 
distintas a las actas a que se refiere el artículo anterior.
Artículo 130.  Testimonios para el uso de las partes en el juicio oral.
1.  Las partes podrán pedir en cualquier momento las copias que les interesen para 
su propio uso en el curso del juicio oral.
A tal efecto, se les podrán entregar los testimonios de todas las declaraciones  s
practicadas en el procedimiento investigador o de las aportadas a este, para su eventual  e.
uso en el curso del juicio oral. w.
2.  Cuando la declaración prestada por un testigo en el juicio oral no sea conforme en  957ww
lpoo sr ucsutaalnqcuiiaelr cao dne l ala psr peastratedsa,  osu a lpeocrttuardaa t oatla pl roo cpeadrcimiaile, nstioe mdep rien vqeuset igsea caiópno,r tpeo ednrá e pl eadctiros ee,l 
testiTmraosn iloa  dleec ltau rma,i seml par.esidente del tribunal invitará al testigo a que explique la diferencia  BOE-A-cable e
o contradicción que observe en sus declaraciones.
Artículo 131.  Emplazamiento de las partes ante el tribunal encargado del juicio.
1.  El letrado de la Administración de Justicia emplazará a las partes para que en el 
término de quince días se personen ante el juez o tribunal competente para la celebración 
del juicio oral que se celebrará conforme a lo dispuesto para el procedimiento abreviado 
en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
2.  En cualquier momento previo al emplazamiento ante el órgano de enjuiciamiento, 
las partes podrán solicitar del Juez de garantías el aseguramiento de una fuente de prueba 
para los supuestos contemplados en esta ley orgánica.
El incidente sobre esta cuestión se sustanciará conforme a lo previsto en el capítulo VI 
del título IV.
3.  La ausencia injustificada del acusado que hubiera sido citado personalmente, o en 
el domicilio o en la persona a que se refiere el artículo 27.2, no será causa de suspensión 
del juicio oral si el tribunal, a solicitud del Fiscal europeo delegado o de la parte acusadora 
y oída la defensa, estima que existen elementos suficientes para el enjuiciamiento, cuando 
la pena solicitada no exceda de dos años de privación de libertad o, si fuera de distinta 
naturaleza, cuando su duración no exceda de seis años.
Disposición adicional primera.  Referencias normativas.
Las referencias contenidas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en el resto del 
ordenamiento jurídico a la autoridad judicial o al Ministerio Fiscal, se entenderán realizadas 
a la Fiscalía Europea respecto de todas aquellas funciones que le atribuye el Reglamento 
(UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 2017.
Disposición adicional segunda.  Régimen de Seguridad Social.
Los Fiscales europeos delegados estarán integrados en el Régimen de Seguridad 
Social que corresponda a los miembros de la carrera fiscal y judicial conforme a la 
legislación española en la materia.
Aquéllos que hubieran accedido a las respectivas carreras antes de 2011 permanecerán 
en situación de alta obligatoria en la condición de mutualistas a los efectos del artículo 3 del 
Reglamento del Mutualismo Judicial, aprobado por Real Decreto 1026/2011, de 15 de julio.
Disposición transitoria única.  Régimen transitorio.
Desde la fecha en que la Comisión a instancia del Fiscal General Europeo acuerde por 
Decisión la asunción por la Fiscalía Europea de las funciones que le otorga el Reglamento 
(UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, las Fiscalías y órganos judiciales 
que se encontraran conociendo de los delitos cometidos a partir de la fecha de su entrada 
en vigor que pudieran encontrarse en el ámbito de sus competencias, actuarán de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de esta ley orgánica, siempre que en el 
procedimiento no se hubiera presentado aun formalmente acusación. En todo caso, las 
autoridades, agencias u organismos que tuvieran conocimiento de hechos cometidos a 
partir de la fecha de entrada en vigor del Reglamento que pudieran estar comprendidos en 
el ámbito de las competencias de la Fiscalía Europea, deberán ponerlo en conocimiento 
de esta.
Disposición final primera.  Modificación de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que 
se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. e.
La Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del  957ww
MiniUstneori.o  «FS4ise.c  maElo, jdseierfic cmiatao erd ll iaafiscp aaa rcetacnid oloon se4 s sd ipegelu anieratnlíectesus lyo t  écterivmrcilieensroo sd, :iqmuaen qaunetedsa  dreed daecltiatodso,  csoinm poe srjiugiuceio:  BOE-A-2021-10cable en https://
de la competencia de la Fiscalía Europea para ejercer la acción penal y solicitar la
apertura de juicio oral por los delitos contra los intereses financieros de la Unión que 
asuma de acuerdo con su normativa, u oponerse a las ejercitadas por otros, cuando 
proceda.»
Dos.  Se añade un apartado uno bis en el artículo cuarto con la siguiente redacción:
«Uno bis.  Interesar la notificación de cualquier resolución de la Fiscalía 
Europea en asuntos en que esta haya intervenido, debiendo colaborar con aquella 
en las investigaciones que asuma, cuando sea requerido para ello.»
Tres.  Se introduce un nuevo artículo veintiuno bis con la siguiente redacción:
«En caso de discrepancias entre la Fiscalía Europea y la Fiscalía española sobre 
las atribuciones a las que se refiere el artículo 25.6 del Reglamento (UE) 2017/1939 
del Consejo, de 12 de octubre de 2017, decidirá definitivamente la persona titular de 
la Fiscalía General del Estado tras oír a la Junta de Fiscales de Sala, en los términos 
previstos en el artículo quince de la presente Ley.»
Cuatro.  Se añaden dos párrafos a la disposición adicional primera con la siguiente 
redacción:
«El miembro del Ministerio Fiscal nombrado Fiscal Europeo estará en situación de 
servicios especiales de conformidad con el artículo 351.a) de la Ley Orgánica 6/1985, 
de 1 de julio, del Poder Judicial.
Los Fiscales nombrados por el Colegio de la Fiscalía Europea como Fiscales 
europeos delegados estarán en situación de servicios especiales de conformidad 
con el artículo 351.c) de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, 
desde el momento de su nombramiento y hasta su cese, en los términos establecidos 
en la Ley Orgánica de aplicación del Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, 
de 12 de octubre de 2017, por el que se establece una cooperación reforzada para 
la creación de la Fiscalía Europea.»
Disposición final segunda.  Modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del 
Poder Judicial.
La Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, se modifica en los siguientes 
términos:
Uno.  En el apartado 2 del artículo 23 se modifica la letra b), que tendrá el siguiente 
contenido:
«b)  Que el agraviado o el Ministerio Fiscal interpongan querella ante los 
tribunales españoles. Este requisito se considerará cumplido en relación con los 
delitos competencia de la Fiscalía Europea cuando esta ejercite efectivamente su 
competencia.»
Dos.  En el artículo 57 se modifican los numerales 2.º y 3.º del apartado 1 y se añade 
un apartado 3, con el siguiente contenido:
«2.º  De la instrucción y enjuiciamiento de las causas contra el Presidente del 
Gobierno, Presidentes del Congreso y del Senado, Presidente del Tribunal Supremo  s
y del Consejo General del Poder Judicial, Presidente del Tribunal Constitucional,  e.
miembros del Gobierno, Diputados y Senadores, Vocales del Consejo General del  w.
Poder Judicial, Magistrados del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo,  957ww
PSruepseidrieonretes  ddee l aJ Ausutdicieian,c iFai sNcaacl ioGneanl eyr dael  dceula Elqsutiaedrao ,d eF issucsa lSeas ladse  yS daela lo dse Tl riTbruibnuanleasl 
SPruepsriedmenote,  Fy iCscoanls eEjeurroosp edoe,l  CPornesseidjoe ndtee E ys tCadoon sy eDjeerfoesn sdoer ld eTlr iPbuuenbalol ,d aes íC cuoemnot adse,   BOE-A-cable e
las causas que, en su caso, determinen los Estatutos de Autonomía.
3.º  De la instrucción y enjuiciamiento de las causas contra Magistrados de la 
Audiencia Nacional, de un Tribunal Superior de Justicia o de los Fiscales europeos 
delegados.»
«3.  En las causas por delitos atribuidos a la Fiscalía Europea, contra las 
personas a las que se refieren los números 2.º y 3.º del apartado 1, se designará de 
entre los miembros de la Sala, conforme a un turno preestablecido, un Juez de 
garantías, que no formará parte de la misma para enjuiciarlas.»
Tres.  Se añade un párrafo segundo al apartado 2 del artículo 61, con la siguiente 
redacción:
«En las causas por delitos atribuidos a la Fiscalía Europea, se designará de 
entre los miembros de la Sala, conforme a un turno preestablecido, un Juez de 
garantías que no formará parte de la misma para enjuiciarlas.»
Cuatro.  Se añade una letra f) al numeral 1.º y se modifica el numeral 5.º del 
artículo 65, con la siguiente redacción:
«f)  Delitos atribuidos a la Fiscalía Europea en los artículos 22 y 25 del 
Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, cuando aquella 
hubiera decidido ejercer su competencia.»
«5.º  De los recursos establecidos en la ley contra las sentencias y otras 
resoluciones de los Juzgados Centrales de lo Penal, de los Juzgados Centrales de 
Instrucción, incluidas sus funciones como Juzgados de garantías en los delitos de 
los que conozca la Fiscalía Europea, y del Juzgado Central de Menores.»
Cinco.  Se añade un párrafo segundo al apartado 4 del artículo 73 con la siguiente 
redacción:
«En las causas por delitos atribuidos a la Fiscalía Europea, se designará de 
entre los miembros de la Sala, conforme a un turno preestablecido, un Juez de 
garantías que no formará parte de la misma para enjuiciarlas.»
Seis.  Se añaden un párrafo segundo y un párrafo tercero en el artículo 88, con la 
siguiente redacción:
«Los Juzgados Centrales de Instrucción conocerán, como Jueces de garantías, 
de las peticiones de la Fiscalía Europea, relativas a la adopción de medidas 
cautelares personales, la autorización de los actos que supongan limitación de los 
derechos fundamentales cuya adopción esté reservada a la autoridad judicial y 
demás supuestos que expresamente determine la ley.
Igualmente, conocerán de las impugnaciones que establezca la ley contra los 
decretos de los Fiscales europeos delegados. »
Siete.  Se añade un nuevo número 6 en el artículo 348 bis con la siguiente redacción:
«6.  Fiscal de la Fiscalía Europea.»
Ocho.  Se modifican las letras a) y c) del artículo 351, que quedan con la siguiente 
redacción: es
«a)  Cuando sean nombrados Presidente del Tribunal Supremo, Fiscal General  w.
dCCeuolen Enssttaittausd,c oCio,o nVnaosl,ce ajDel redofee dln eCs Eoorsn tsdaeedjloo  P, GPuereenbseliorda eol nd tseeul  osP  CoAdodenjurs neJtjuoedsroi,c  idCaelo,  nlMas Caegjoeimsrotir sadidóeonl   NdTerailbc Tiuornnibaaull  nddaeel    2021-10957n https://ww
lFoiss cMale Ercuarodpoeso y o l am iCemombrpoe dteen Acilato,s D Tirriebcutnoar ledse  Ilnat eArngaecnicoinaa dlees  Pdero Jteucsctiicóian,  doe t itDualatroess,   BOE-A-cable e
o miembros de los órganos equivalentes de las Comunidades Autónomas.»
«c)  Cuando adquieran la condición de funcionarios al servicio de organizaciones 
internacionales o de carácter supranacional o cuando sean nombrados Fiscales 
europeos delegados de conformidad con el Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, 
de 12 de octubre de 2017, por el que se establece una cooperación reforzada para la 
creación de la Fiscalía Europea, y la Ley Orgánica de aplicación del citado 
Reglamento. Durante el tiempo de su mandato actuarán de conformidad con los 
principios rectores de la Fiscalía Europea, dejando de tener atribuidas las facultades 
inherentes al ejercicio de la potestad jurisdiccional.»
Nueve.  Se modifica la rúbrica del libro VII, que queda con la siguiente redacción:
«LIBRO VII
Del Ministerio Fiscal, la Fiscalía Europea y demás personas e instituciones 
que cooperan con la Administración de Justicia»
Diez.  Se modifica la rúbrica del título I del libro VII, que queda con la siguiente 
redacción:
«TÍTULO I
Del Ministerio Fiscal y la Fiscalía Europea»
Once.  Se introduce un nuevo artículo 541 bis con la siguiente redacción:
«La Fiscalía Europea será responsable de investigar y ejercer la acción penal ante 
el órgano de enjuiciamiento competente en primera instancia y vía de recurso contra 
los autores y demás partícipes en los delitos que perjudiquen los intereses financieros 
de la Unión Europea en los que, con arreglo al Reglamento (UE) 2017/1939 del 
Consejo, de 12 de octubre de 2017, ejerza de forma efectiva su competencia.»
Disposición final tercera.  Modificación de la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del 
Tribunal del Jurado.
Se modifica el apartado 3 del artículo 1 de la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del 
Tribunal del Jurado, que queda redactado como sigue:
«3.  El juicio del Jurado se celebrará solo en el ámbito de la Audiencia Provincial 
y, en su caso, de los Tribunales que correspondan por razón del aforamiento del 
acusado. En todo caso quedan excluidos de la competencia del Jurado los delitos 
cuyo enjuiciamiento venga atribuido a la Audiencia Nacional y aquellos cuya 
competencia haya sido asumida por la Fiscalía Europea.»
Disposición final cuarta.  Modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, 
del Código Penal.
Se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en los 
siguientes preceptos:
Uno.  Se modifica el apartado 1 del artículo 24, que queda redactado como sigue:
«1.  A los efectos penales se reputará autoridad al que por sí solo o como  oe.
miembro de alguna corporación, tribunal u órgano colegiado tenga mando o ejerza  w.
jmdueire islmadsbic rCocsioó mdne ulp nCriodopandigaer.es sE Aon ud tetóo nldooosm  Dcaiapssu yota ,d dteoels n,P ddareárll naS melane ancdtooo n,E sduiedr eolaprsae Acois.ó anTme dnbedle raáasnu  Lttoeargmidisbalaidét invl oalass    2021-10957n https://ww
consideración de autoridad los funcionarios del Ministerio Fiscal y los Fiscales de la
Fiscalía Europea.» Bc
Dos.  Se añade un apartado 4 al artículo 132, que queda redactado como sigue:
«4.  En los procedimientos cuya investigación haya sido asumida por la Fiscalía 
Europea, la prescripción se interrumpirá:
a)  cuando se dirija la investigación contra una persona determinada, 
suficientemente identificada, en los términos del apartado anterior, y así quede 
reflejado en un Decreto motivado.
b)  cuando se interponga querella o denuncia ante la Fiscalía Europea en la 
que se atribuya a una persona determinada su presunta participación en un hecho 
que pueda ser constitutivo de delito, resultando de aplicación la regla 2.ª del 
apartado 2 de este artículo.»
Tres.  Se modifica el párrafo primero del artículo 306, que queda redactado como sigue:
«El que por acción u omisión defraude a los presupuestos generales de la Unión 
Europea u otros administrados por esta, en cuantía superior a cincuenta mil euros, 
eludiendo, fuera de los casos contemplados en el apartado 3 del artículo 305, el 
pago de cantidades que se deban ingresar o, dando, fuera de los casos 
contemplados en el artículo 308, a los fondos obtenidos una aplicación distinta de 
aquella a que estuvieren destinados u obteniendo indebidamente fondos falseando 
las condiciones requeridas para su concesión u ocultando las que la hubieran 
impedido, será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años y multa del 
tanto al séxtuplo de la citada cuantía y la pérdida de la posibilidad de obtener 
subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos 
fiscales o de la Seguridad Social durante el período de tres a seis años.»
Disposición final quinta.  Modificación de la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de 
reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea.
Se introduce una nueva disposición adicional séptima en la Ley 23/2014, de 20 de 
noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, con la 
siguiente rúbrica y contenido:
«Disposición adicional séptima.  Referencias a Fiscales europeos delegados.
1.  Las referencias de esta Ley a las autoridades judiciales y al Ministerio Fiscal 
se entenderán realizadas a los Fiscales europeos delegados respecto de aquellas 
funciones que les atribuyen el Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de 
octubre de 2017, por el que se establece una cooperación reforzada para la creación 
de la Fiscalía Europea, y la Ley Orgánica de aplicación de dicho Reglamento.
2.  A los efectos del apartado 1 del artículo 35, los Fiscales europeos delegados 
serán autoridad competente en el ámbito de los procedimientos en los que ostenten 
las competencias atribuidas por el citado Reglamento.»
Disposición final sexta.  Preceptos con carácter de ley ordinaria.
Los preceptos que se citan a continuación tienen carácter de ley ordinaria:
– el título I, salvo los artículos 7, 8 y 9.
– el título II. e
– el título III, salvo los artículos 26, 46, 47 y 48. b
– los artículos 67 a 70, 73 a 76, 79 a 81, 87 y 88 del título IV. 957ww
––  eell  ttííttuulloo  VV.I.
––  llaa  ddiissppoossiicciióónn  atrdaincsioitnoarila s úengiucnad.a.
– las disposiciones finales primera y quinta.
Disposición final séptima.  Título competencial.
Esta ley orgánica se dicta al amparo del artículo 149.1. 3.ª, 5.ª y 6.ª de la Constitución, 
que reserva al Estado la competencia exclusiva en materia de relaciones internacionales, 
Administración de Justicia y legislación procesal, respectivamente.
Disposición final octava.  Régimen supletorio.
En todo lo no previsto en esta ley orgánica se estará a lo dispuesto en la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal.
Disposición final novena.  Entrada en vigor.
La presente ley orgánica entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».
Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar 
esta ley orgánica.
Madrid, 1 de julio de 2021.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN