BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 41 Lunes 17 de febrero de 2020 Sec. III.   Pág. 15108
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
2317 Resolución  de  27  de  enero  de  2020,  de  la  Secretaría  General  de 
Coordinación Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión 
Bilateral  de  Cooperación  Administración  General  del  Estado-Comunidad 
Autónoma de Canarias en relación con la Ley 16/2019, de 2 de mayo, de 
Servicios Sociales de Canarias.
Conforme a lo establecido en el artículo 33 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de 
octubre, del Tribunal Constitucional, modificado por la Ley Orgánica 1/2000, de 7 de 
enero, esta Secretaría General dispone la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» 
del Acuerdo que se transcribe como anexo a la presente Resolución.
Madrid, 27 de enero de 2020.–La Secretaria General de Coordinación Territorial, 
Miryam Álvarez Páez.
ANEXO
Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del 
Estado-Comunidad Autónoma de Canarias en relación con la Ley 16/2019, de 2 de 
mayo, de Servicios Sociales de Canarias
La Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad 
Autónoma de Canarias ha adoptado el siguiente Acuerdo:
I.  De  conformidad  con  las  negociaciones  previas  celebradas  por  el  Grupo  de 
Trabajo constituido en cumplimiento de lo previsto en el Acuerdo de la Comisión Bilateral 
de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias, 
de  fecha  25  de  julio  de  2019,  para  el  estudio  y  propuesta  de  solución  de  las 
discrepancias competenciales manifestadas en relación con los artículos 7, 65.3, 66, 
104.2 y disposición transitoria tercera de la Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios 
Sociales  de  Canarias  (en  adelante,  Ley  16/2019),  ambas  partes  las  consideran 
solventadas en razón a los siguientes compromisos:
a)   Ambas partes coinciden en considerar que la no inclusión expresa de los 
principios de transparencia y no discriminación en el artículo 7 de la Ley autonómica, 
referido a los principios rectores del sistema de servicios sociales canario, no impide su 
aplicación en relación con todo negocio o contrato del ámbito de la Ley.
Por  un  lado,  estos  principios  vienen  recogidos  en  otras  partes  del  texto  legal 
[artículos 24.2 y 48.1 letra d)], donde expresamente se mencionan en relación a las 
actuaciones  de  los  poderes  públicos,  además  de  contemplarse  igualmente  en  el 
artículo 28 de la Ley de Canarias 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de 
acceso a la información pública.
Por otro lado, estos principios se aplican en el ámbito de la Ley autonómica al ser 
exigidos con carácter general en virtud de la legislación básica estatal, en los términos 
del artículo 11.6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,  e.
por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento  w.
Europeo  y  del  Consejo  2014/23/UE  y  2014/24/UE,  de  26  de  febrero  de  2014  (en  17ww
adelAadnetem, áLsC, SlPa) .Comunidad  Autónoma  de  Canarias  se  compromete  a  proponer  la
correspondiente modificación legislativa para incluir dichos principios de forma expresa
en el artículo 63 de la Ley 16/2019, cuando trata el régimen general de concertación en 
el sistema público de los servicios sociales con las entidades de iniciativa social.
b)   En relación con el apartado tercero del artículo 65 de la Ley 16/2019, la 
Comunidad  Autónoma  de  Canarias  se  compromete  a  promover  la  modificación 
legislativa para suprimirlo, de manera que el precepto quede conformado únicamente 
con los apartados 1 y 2 actuales.
Asimismo,  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias,  como  complemento  para  la 
comprensión  del  citado  artículo  y  mejorar  la  seguridad  jurídica,  se  compromete  a 
promover la modificación del artículo 63 de la Ley 16/2019, para ajustarlo a la LCSP, en 
particular  al  citado  artículo  11.6,  de  cara  a  garantizar  en  la  futura  regulación 
reglamentaria los principios de «publicidad suficiente» y «ajuste a los principios de 
transparencia y no discriminación».
En su virtud, el artículo 63 quedaría redactado como sigue:
«Artículo 63.  Régimen de concertación en el sistema público de los servicios sociales 
con entidades de iniciativa social.
1.  Las Administraciones públicas canarias competentes en materia de servicios 
sociales, incluidos los cabildos y los ayuntamientos, podrán encomendar a personas o 
entidades privadas de iniciativa social la provisión de servicios y prestaciones previstos 
en el catálogo de servicios y prestaciones mediante acuerdos de acción concertada.
2.  Las personas o entidades de iniciativa social que opten a un concierto para la 
gestión de servicios y prestaciones deberán contar con la acreditación o autorización 
administrativa, según proceda, de los centros y servicios de los que sean titulares, así 
como figurar inscritas en el registro de entidades, centros y servicios, según lo previsto 
en esta ley.
3.  El Gobierno de Canarias, en el marco de lo dispuesto en esta ley, establecerá el 
régimen jurídico y las condiciones de actuación de los centros privados concertados que 
participen en el sistema público de servicios sociales, determinando los requisitos de 
acceso, la duración máxima y las causas de extinción del concierto, así como las 
obligaciones de las partes.
En todo caso, en esta modalidad de provisión de los servicios sociales se deberán 
tener en cuenta los principios de publicidad y transparencia, así como los de igualdad de 
trato  y  prohibición  de  discriminación,  con  pleno  respeto  a  las  normas  de  libre 
competencia y la no aplicación de medidas que sean restrictivas de la libertad de 
establecimiento y de la libre prestación de los servicios.
4.  La concertación en cada caso puede implicar la gestión integral o parcial de los 
servicios y prestaciones contenidos en el catálogo de servicios y prestaciones.
5.  El acceso a los servicios o a las plazas concertadas con entidades privadas de 
iniciativa social será siempre a través de la Administración concertante.»
c)   En relación con el artículo 66 de la Ley 16/2019, la Comunidad Autónoma de 
Canarias se compromete a proponer la modificación legislativa para suprimir el actual 
contenido del artículo y darle una nueva redacción, con el fin de hacerlo compatible con 
la LCSP, quedando en los siguientes términos:
«Artículo 66.  Motivación para la suscripción de los conciertos y publicidad.
1.  Para la suscripción de los acuerdos de concertación social, en su tramitación  s
será necesario que el procedimiento se acompañe de una memoria justificativa donde se  oe.
analice su necesidad y oportunidad mediante la justificación de los siguientes aspectos: w.
comap)e teLnate c apraernac iala  dgee sreticóunr sdoisre pctear sodnea lleass  yp rmesattaecriioanleess  porobpjeiotos  ddee  lcao Ancdemrtiancisiótrna,c iósnu 
icmupmapcltimo ieecnoton ódme ilcoo p, reelv icsatorá ecnte er sntao  Lceoyn.tractual de la actividad en cuestión, así como el
b)  Que  la  naturaleza  de  la  actuación  admite  su  sometimiento  al  régimen  de 
concertación por tratarse de actuaciones en las que el arraigo de la persona a su 
entorno, la vinculación terapéutica u otros criterios de necesidad asistencial o atención 
social justifican su provisión a través de este régimen.
c)  La conveniencia de acudir al régimen de concertación para la prestación del 
servicio a través de una persona o entidad sin ánimo de lucro.
d)  El desglose de los costes de los servicios a concertar y que se han tenido en 
cuenta para fijar el precio o tarifa a aplicar a la concertación, así como los criterios o 
parámetros que se consideran idóneos para establecer los parámetros de actualización 
de precios.
2.  Los conciertos sociales una vez suscritos serán objeto de publicación en el 
"Boletín Oficial de Canarias" o en el "Boletín Oficial" de la provincia, según corresponda, 
así como en el Portal de Transparencia de la Administración concertante.»
d)   En relación al artículo 104.2, la Comunidad Autónoma, con el fin de ajustarlo a 
lo dispuesto en la LCSP, en particular al artículo 211, se compromete a proponer la 
modificación legislativa para suprimir el actual contenido del apartado segundo del citado 
artículo y darle una nueva redacción, quedando en los siguientes términos:
«2.  La sanción por la comisión de infracciones muy graves en centros y servicios 
podrá  llevar  aparejada  la  imposibilidad  de  obtener  subvenciones  públicas,  de 
conformidad con la legislación general de subvenciones, el cierre temporal, total o parcial 
de los mismos o la pérdida de la autorización o acreditación del centro o servicio, en los 
casos que proceda, así como la rescisión de los conciertos o convenios que pudieran 
existir con la entidad titular o gestora.»
e)   Por último, en relación con la disposición transitoria tercera de la Ley 16/2019, 
referida a la prórroga de los convenios vigentes, mientras no se dicten normas de 
desarrollo en materia de conciertos, ambas partes concuerdan en que la prórroga de 
convenios debe interpretarse de conformidad con el límite temporal máximo de cuatro 
años  y  demás  reglas  establecidas  al  respecto  por  la  legislación  estatal  básica,  en 
particular, de conformidad con el artículo 49.h) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público.
II.  En razón al acuerdo alcanzado ambas partes coinciden en considerar resueltas 
las discrepancias manifestadas en relación con las disposiciones contempladas en este 
Acuerdo y concluida la controversia planteada.
III.  Comunicar este Acuerdo al Tribunal Constitucional, a los efectos previstos en el 
artículo 33.2 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, así 
como insertar el presente Acuerdo en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Boletín 
Oficial de Canarias».