BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 69 Lunes 22 de marzo de 2021 Sec. TC.   Pág. 32865
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
4505 Sala Primera. Sentencia 30/2021, de 15 de febrero de 2021. Recurso de 
amparo 7501-2019. Promovido por Penrei Inversiones, S.L., respecto de las 
resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de 
Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración del derecho a 
la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección 
electrónica  habilitada  como  cauce  de  comunicación  del  primer 
emplazamiento  procesal  (SSTC  6/2019  y  47/2019)  e  inadmisión  de  la 
oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas 
jurídicas  de  relacionarse  con  la  administración  de  justicia  por  medio  de 
comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en 
los procesos civiles].
ECLI:ES:TC:2021:30
La Sala Primera del Tribunal Constitucional compuesta por don Juan José González 
Rivas, presidente; los magistrados don Andrés Ollero Tassara, don Santiago Martínez-
Vares García, don Alfredo Montoya Melgar, don Cándido Conde-Pumpido Tourón; y la 
magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 7501-2019, promovido por Penrei Inversiones, S.L., 
representada por la procuradora de los tribunales doña Blanca Berriatua Horta y bajo la 
dirección de la letrada doña Anju Nirmala Benavent Rodriguez, contra los autos de 27 de 
noviembre de 2018 y de 30 de octubre de 2019, dictados por el Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción núm. 4 de Lorca, en el procedimiento de ejecución hipotecaria 
núm.  372-2018,  por  los  que,  respectivamente,  se  inadmite  por  extemporánea  la 
demanda de oposición formulada y se confirma esta última decisión, tras desestimarse el 
recurso de reposición interpuesto frente a ella. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha 
comparecido  la  entidad  Pera  Assets  Designated  Activity  Company,  actuando  como 
sucesora procesal del banco ejecutante. Ha sido ponente el magistrado don Santiago 
Martínez-Vares García.
I. Antecedentes
1.  Por escrito registrado en este tribunal el 26 de diciembre de 2019, la entidad 
Penrei Inversiones, S.L., representada por la procuradora de los tribunales doña Blanca 
Berriatua Horta y bajo la dirección de la letrada doña Anju Nirmala Benavent Rodríguez, 
interpuso recurso de amparo contra las resoluciones referidas en el encabezamiento. La  s
presentación de dicho escrito dio lugar al recurso de amparo núm. 7501-2019, cuyo  oe.
conocimiento correspondió a la Sección Segunda de este tribunal. w.
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a)  En el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 4 de Lorca se sigue
procedimiento de ejecución hipotecaria núm. 372-2018 promovido por la entidad Banco
de Sabadell, S.A., frente a las sociedades Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., 
en calidad de prestataria e hipotecante, y Penrei Inversiones, S.L., en calidad de titular 
registral  de  un  derecho  de  uso  y  disfrute  sobre  el  inmueble  hipotecado,  la  finca 
registral 43.317 del registro de la propiedad núm. 3 de Lorca.
b)  Por auto de 27 de junio de 2018 se acordó despachar ejecución frente a las 
sociedades demandadas por la cantidad de 8877,50 € de principal y 4510 € como 
intereses y costas presupuestados. El servicio de notificaciones de la Fábrica Nacional 
de Moneda y Timbre remitió a la demandante de amparo, a través de la dirección 
electrónica habilitada, un aviso de notificación del citado auto que le fue comunicado por 
dicho medio el 29 de junio de 2018. En dicha comunicación se informa que la notificación 
estará disponible hasta el 31 de agosto del mismo año, accediendo la recurrente de 
amparo efectivamente a la página web y a la notificación dentro del plazo en que la 
misma se encontraba disponible.
c)  La  representación  legal  de  Penrei  Inversiones,  S.L.,  presentó  escrito  de 
oposición a la ejecución despachada con fecha 31 de agosto de 2018. Por auto de 27 de 
noviembre de 2018 se acordó su inadmisión por considerar la pretensión extemporánea, 
tomando como fecha de notificación el 29 de junio de 2018.
d)  La sociedad mercantil recurrente interpuso recurso de reposición contra el auto 
de inadmisión alegando, en síntesis, que las actuaciones de notificación y requerimiento 
no habían sido realizadas el día 29 de junio de 2018, sino en la fecha en que accedió a 
la web y procedió a su descarga, y que la comunicación remitida a través de la dirección 
electrónica habilitada no puede entenderse más que un aviso de puesta a disposición o 
descarga de su contenido durante un plazo determinado (en el caso desde el 29 de junio 
hasta el 31 de agosto de 2018), pues entenderlo de otro modo, además de infringir los 
arts. 135, 152, 160, 162 de la Ley de enjuiciamiento civil (LEC), vulnera el art. 24 CE.
e)  Tras su tramitación el recurso de reposición fue desestimado por auto de 30 de 
octubre de 2019. Según esta resolución, la recurrente tiene la condición de persona 
jurídica y, por tanto, está obligada a relacionarse con la administración de justicia por 
medios electrónicos. «Así, pese a las alegaciones del recurrente que pretende mantener 
que el escrito de oposición fue presentado en plazo para ello por entender que el auto 
despachando la ejecución y el requerimiento efectuado debe entenderse notificado en 
fecha  3  de  agosto  de  2018,  en  la  que  se  accedió  efectivamente  a  las  citadas 
resoluciones, lo cierto es que debe tenerse en cuenta la fecha en la que efectivamente 
tuvo la parte posibilidad de acceder a las mismas, de lo contrario se estaría dejando al 
arbitrio de las partes obligadas a utilizar el sistema electrónico de comunicaciones el 
cumplimiento de los plazos procesales dispuesto en la normativa» (sic).
3.  La demandante de amparo se queja en su recurso de la vulneración de su 
derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE) en su vertiente de 
acceso al proceso. Considera que con la interpretación ofrecida en el auto objeto de 
impugnación, el juzgado «no ha dado cumplimiento a las exigencias constitucionales 
reconocidas para los actos de notificación procesal, donde los órganos judiciales no han 
de limitarse al formal cumplimiento de los requisitos legales, sino que para asegurar la 
efectividad del derecho fundamental, la interpretación de las normas reguladoras del 
emplazamiento debe hacerse tratando de asegurar que el acto de comunicación cumple 
su  finalidad  constitucional,  es  decir,  la  efectividad  real  del  emplazamiento,  pues  el 
artículo  24.1  de  la  Constitución  Española  contiene  un  mandato  no  solo  dirigido  al 
legislador, sino también al intérprete, obligándole a promover la defensa mediante la 
correspondiente contradicción, tal y como reconoce la sentencia 37/1984 del Tribunal  e.
Constitucional».  Justifica  la  especial  trascendencia  constitucional  aludiendo  a  la  w.b
novedosa implantación de procesos de notificación por medios electrónicos en el ámbito  05ww
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celebración de subasta y la eventual adjudicación a terceros, pueden hacer perder al 
recurso de amparo su finalidad».
4.  Mediante providencia de 15 de junio de 2020 la Sección Segunda de este 
tribunal acordó no admitir a trámite el recurso de amparo por no apreciar en el mismo la 
especial trascendencia constitucional que, como condición para su admisión, requiere el 
art. 50.1 b) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (STC 155/2009, de 25 de 
junio, FJ 2). Dicha providencia se dejó sin efecto en virtud del auto de 18 de septiembre 
de 2020 que estimó el recurso de súplica interpuesto contra la misma por el Ministerio 
Fiscal.
5.  Mediante providencia de 21 de septiembre de 2020 la Sección Segunda de este 
tribunal acordó admitir a trámite el recurso de amparo apreciando que concurre en el 
mismo  una  especial  trascendencia  constitucional  (art.  50.1  de  la  Ley  Orgánica  del 
Tribunal Constitucional: LOTC) «toda vez que el recurso puede dar ocasión al tribunal 
para  aclarar  o  cambiar  su  doctrina,  como  consecuencia  de  cambios  normativos 
relevantes para la configuración del contenido del derecho fundamental [STC 155/2009, 
FJ 2 b)]». De conformidad con lo dispuesto en el art. 51 de nuestra Ley Orgánica 
reguladora (LOTC), se acordó dirigir comunicación al Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. 4 de Lorca, a fin de que, en el plazo de diez días, remitiera certificación 
o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes a los autos de ejecución 
hipotecaria núm. 372-2018 y emplazara a quienes hubieran sido parte en el proceso del 
que trae causa el presente recurso de amparo.
6.  Por escrito presentado en el registro de este tribunal el 18 de diciembre de 2020, 
la procuradora de los tribunales doña María Claudia Munteanu, actuando en nombre y 
representación  de  la  entidad  Pera  Assets  Designated  Activity  Company,  solicitó  se 
tuviera a esta última por personada como parte recurrida, entendiéndose con dicha 
procuradora las actuaciones sucesivas de este proceso.
7.  Con fecha 21 de diciembre de 2020, la secretaría de justicia de la Sala Primera 
de este tribunal dictó diligencia de ordenación por la que acordó tener por personada y 
parte en nombre y representación de Pera Assets Designated Activity Company a la 
procuradora doña María Claudia Munteanu y dar vista de las actuaciones a las partes 
personadas y al Ministerio Fiscal, por plazo común de veinte días, a fin de que pudieran 
presentar las alegaciones que estimasen pertinentes, conforme con lo previsto en el 
art. 52.1 LOTC.
8.  La entidad demandante de amparo presentó sus alegaciones el 27 de enero 
de 2021, en las que se remite a lo expuesto en su recurso y hace mención adicional a los 
pronunciamientos de la STC 40/2020, de 27 de febrero, a propósito del uso indebido de 
la dirección electrónica habilitada para realizar el primer emplazamiento del demandado.
9.  La fiscal ante este Tribunal Constitucional, mediante escrito registrado el 5 de 
febrero de 2021, presentó sus alegaciones interesando la estimación del recurso de 
amparo. Tras exponer la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre los actos de 
comunicación procesal, con expresa referencia a las SSTC 40/2020, de 27 de febrero, 
y 43/2020, de 9 de marzo, solicita que se declare vulnerado el derecho a la tutela judicial 
efectiva sin indefensión de la demandante y la nulidad de todo lo actuado desde la 
notificación electrónica del auto que despachó la ejecución solicitada, con retroacción de  es
las actuaciones al momento inmediatamente anterior a dicha notificación «para que se le  o
dé al recurrente posibilidad de formular oposición a la ejecución». 05ww
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II. Fundamentos jurídicos
Único.  El presente recurso de amparo tiene por objeto la impugnación de los autos 
de 27 de noviembre de 2018 y de 30 de octubre de 2019, dictados por el Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción núm. 4 de Lorca, en el procedimiento de ejecución 
hipotecaria núm. 372-2018. Según la entidad mercantil demandante de amparo, una 
interpretación irrazonable de la legislación procesal le habría privado injustamente de su 
derecho  a  formular  oposición  a  la  ejecución  hipotecaria.  Tratándose  de  un  primer 
emplazamiento, el requerimiento de pago y alternativo derecho a oponerse a la demanda 
ejecutiva debió realizarse de manera personal en su domicilio social con entrega en 
papel de la documentación, y no mediante el servicio de notificaciones electrónicas y de 
dirección electrónica habilitada de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. El órgano 
judicial habría incumplido su obligación de asegurar, no ya la legalidad formal de los 
actos de comunicación, sino el cumplimiento efectivo de su finalidad constitucional. Todo 
ello constituiría una vulneración del derecho fundamental de la demandante de amparo a 
la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24 CE). Solicita, en consecuencia, la 
anulación de las resoluciones indicadas, así como la retroacción al momento procesal 
oportuno, previo al dictado del auto de 27 de noviembre de 2018, a fin de que el juzgado 
admita a trámite su oposición al despacho de ejecución.
El Ministerio Fiscal solicitó la estimación de la demanda de amparo y la nulidad de 
todo lo actuado desde la notificación electrónica del auto de despacho de la ejecución 
con retroacción de las actuaciones al momento anterior.
La STC 40/2020, de 27 de febrero, del Pleno del tribunal, estimó un recurso de 
amparo basado en los mismos motivos, interpuesto por la misma entidad mercantil y 
dirigido contra autos de contenido muy similar de otro juzgado de Lorca. Corresponde, 
en consecuencia, dar por reproducidos los fundamentos jurídicos de aquella sentencia y 
declarar por ello que los autos de 27 de noviembre de 2018 y de 30 de octubre de 2019, 
dictados  por  el  Juzgado  de  Primera  Instancia  e  Instrucción  núm.  4  de  Lorca,  han 
vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva de la recurrente en amparo (art. 24.1 
CE). Como en aquel caso, la estimación del amparo trae consigo la nulidad de los autos 
recurridos, así como de todo lo actuado en el procedimiento hipotecario a quo desde el 
momento en que se proveyó al emplazamiento de la entidad mercantil solicitante de 
amparo a través de la dirección electrónica habilitada.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar el recurso de amparo interpuesto por la mercantil Penrei Inversiones, S.L., y, 
en su virtud:
1.º  Declarar que ha sido vulnerado el derecho fundamental de la recurrente en 
amparo a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE).
2.º  Restablecerla en su derecho y, en consecuencia, declarar la nulidad de los 
autos de 27 de noviembre de 2018 y de 30 de octubre de 2019, dictados por el Juzgado  s
de Primera Instancia e Instrucción núm. 4 de Lorca, en el procedimiento de ejecución  e.
hipotecaria núm. 372-2018, así como la nulidad de las actuaciones realizadas a partir del  w.
emplazamiento de la entidad recurrente a través de la dirección electrónica habilitada. 05ww
3.º  Retrotraer  el  procedimiento  al  momento  inmediatamente  anterior  al  de
efectuarse el emplazamiento de la demandada, debiendo llevarse a cabo de nuevo este
último  por  el  referido  juzgado  de  forma  que  resulte  respetuoso  con  el  derecho 
fundamental reconocido.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a quince de febrero de dos mil veintiuno.–Juan José González 
Rivas.–Andrés  Ollero  Tassara.–Santiago  Martínez-Vares  García.–Alfredo  Montoya 
Melgar.–Cándido Conde-Pumpido Tourón.–María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y 
rubricado.