BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 52 Sábado 29 de febrero de 2020 Sec. TC.   Pág. 21620
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
2944 Pleno. Auto 9/2020, de 28 de enero de 2020. Impugnación de disposiciones 
autonómicas  6330-2015.  Estima  el  incidente  de  ejecución  de  la  STC 
259/2015,  de  2  de  diciembre,  instado  por  el  Gobierno  de  la  Nación  en 
relación con la admisión a trámite por la mesa del Parlamento de Cataluña de 
una  propuesta  de  resolución  de  respuesta  a  la  sentencia  del  Tribunal 
Supremo sobre los hechos del 1 de octubre de 2017.
ECLI:ES:TC:2020:9A
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por el magistrado don Juan José 
González  Rivas,  presidente;  la  magistrada  doña  Encarnación  Roca  Trías;  los 
magistrados don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Santiago 
Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Antonio Narváez Rodríguez, don 
Alfredo Montoya Melgar, don Ricardo Enríquez Sancho, don Cándido Conde-Pumpido 
Tourón y la magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón, en el incidente de ejecución 
de la STC 259/2015, de 2 de diciembre, y de las providencias de 10 y 16 de octubre 
de 2019, promovido por el Gobierno en relación con determinados acuerdos de la mesa 
del Parlamento de Cataluña de 22 y 29 de octubre de 2019, ha dictado el siguiente
AUTO
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito registrado en este Tribunal el 11 de noviembre de 2015, el 
abogado del Estado, en representación del Gobierno de la Nación, impugnó, conforme a 
los arts. 161.2 CE y 76 y 77 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), la 
Resolución 1/XI del Parlamento de Cataluña de 9 de noviembre de 2015, «sobre el inicio 
del proceso político en Cataluña como consecuencia de los resultados electorales del 27 
de septiembre de 2015» y su anexo. La impugnación, tramitada bajo el núm. 6330-2015, 
fue estimada por STC 259/2015, de 2 de diciembre, que declaró inconstitucional y nula la 
referida resolución 1/XI y su anexo.
2.  Por escrito registrado en este Tribunal el 31 de octubre de 2019, el abogado del 
Estado, en representación del Gobierno y al amparo de los arts. 87 y 92.1, 3, 4 y 5 
LOTC, formula incidente de ejecución de la STC 259/2015, de 2 de diciembre, y de las 
providencias  de  10  y  16  de  octubre  de  2019  (sobre  los  incidentes  de  ejecución 
promovidos  respectivamente  en  relación  con  determinados  apartados  de  las 
resoluciones del Parlamento de Cataluña 534/XII y 546/XII), respecto del acuerdo de la 
mesa del Parlamento de Cataluña de 22 de octubre de 2019, por el que se admite a 
trámite la propuesta de resolución «de respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo 
sobre los hechos del 1 de octubre», presentada por los grupos parlamentarios Esquerra 
Republicana  de  Catalunya  (ERC)  y  Junts  per  Catalunya  (JxCat)  y  el  subgrupo 
Candidatura d’Unitat Popular-Crida Constituent (CUP-CC) y publicada en el «Boletín  s
Oficial del Parlamento de Cataluña» núm. 446, de 22 de octubre de 2019; así como del  oe.
acuerdo de la mesa de 29 de octubre de 2019 por el que se rechazan las solicitudes de  w.
(rPecSoCn-sUidneitrsa)c yió Cn iufotarmdaunlasd (aCs’ sp)o yr  elol ss ugbrugpruops op aPralartmideon Ptaorpiousla Sr o(PciPalCis)t.es i Units per Avançar  2020-2944n https://ww
La impugnación se concreta en la admisión a trámite del inciso final del apartado 
undécimo de dicha propuesta de resolución. En su única versión oficial, en catalán, la 
redacción del inciso es esta:
«11.  […] Per això, reitera i reiterarà tants cops com ho vulguin el diputats i les 
diputades […] la defense del dret de l’autodeterminaciò i la reivindicaciò de la sobirania 
del poble de Catalunya per decidir el seu futur polític.»
Al escrito del abogado del Estado se acompaña la certificación del acuerdo del 
Consejo de Ministros de 31 de octubre de 2019, por el que se decide plantear ante el 
Tribunal Constitucional, al amparo del art. 92 LOTC, incidente de ejecución respecto de 
la admisión a trámite por la mesa del Parlamento de Cataluña del inciso transcrito del 
apartado undécimo de la referida propuesta de resolución, por incumplimiento de la 
STC 259/2015 y de las providencias de 10 y 16 de octubre de 2019; con expresa 
invocación del art. 161.2 CE, a fin de que se produzca la inmediata suspensión de los 
acuerdos controvertidos, en cuanto a esa admisión a trámite.
3.  El abogado del Estado solicita que declaremos que la admisión a trámite, por 
acuerdo de la mesa del Parlamento de Cataluña de 22 de octubre de 2019, confirmado 
por acuerdo de 29 de octubre, del inciso señalado del apartado undécimo de la referida 
propuesta de resolución, contraviene lo ordenado en la STC 259/2015, así como en las 
providencias  de  10  y  16  de  octubre  de  2019  sobre  los  incidentes  de  ejecución 
promovidos  respectivamente  en  relación  con  determinados  apartados  de  las 
resoluciones del Parlamento de Cataluña 534/XII y 546/XII; también, en consecuencia 
que declaremos nulos los acuerdos controvertidos.
Solicita que se tenga por invocado el art. 161.2 CE, lo que a su tenor produce la 
inmediata suspensión de los acuerdos impugnados, en cuanto a la admisión a trámite del 
inciso final del apartado undécimo de la referida propuesta de resolución.
Interesa asimismo que, en virtud del art. 87.1 LOTC, se notifique la providencia por la 
que se admita a trámite el incidente de ejecución, con suspensión de los acuerdos 
impugnados, al presidente del Parlamento de Cataluña, a los miembros de la mesa y al 
secretario general de la cámara, con advertencia de su deber de impedir o paralizar 
cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada, de abstenerse 
de  realizar  cualesquiera  actuaciones  tendentes  a  dar  cumplimiento  a  los  acuerdos 
impugnados y de impedir o paralizar cualquier iniciativa, jurídica o material, que directa o 
indirectamente suponga ignorar o eludir la STC 259/2015.
Solicita también que, conforme a lo previsto en el art. 94.2 d) LOTC, en el auto que 
resuelva el incidente de ejecución, se advierta al presidente del Parlamento de Cataluña, 
a los miembros de la mesa y al secretario general del Parlamento, de su deber de 
impedir o paralizar cualquier iniciativa, jurídica o material, que directa o indirectamente 
suponga ignorar o eludir la STC 259/2015 y la decisión que este Tribunal dicte en el 
presente  incidente,  apercibiéndoles  de  las  eventuales  responsabilidades,  incluida  la 
penal, en las que pudieran incurrir.
Mediante otrosí interesa, al amparo del art. 88.1 LOTC, que este Tribunal recabe del 
Parlamento de Cataluña el acta de la sesión de la mesa de 22 de octubre de 2019, en 
los particulares referidos a la deliberación y adopción del acuerdo impugnado, así como 
los informes y documentos relativos al citado acuerdo; también el acta de la mesa de 29 
de octubre de 2019, los informes —si existen— y la resolución sobre las solicitudes de 
reconsideración,  concediendo  a  las  partes  traslado  de  esta  documentación  para  s
alegaciones, una vez recibida. oe.
Mediante un segundo otrosí solicita que este Tribunal proceda a deducir testimonio  w.
pfdareve osprid aderetni ctleau  ladadereml sPi saipóralnar maa  etrenáxtmoig iditree   dlCae a ltraae lspuprñooapn usyea asb tialloid dsa edm  rieepsmeonbluarcol isóq ndu e«e d laep  urmedseiepsruaae  qsuctaoe r arhe alasnp  sovenondttaeednr oc aiaal    2020-2944n https://ww
del Tribunal Supremo sobre los hechos del 1 de octubre», por incumplir el mandato del
art.  87.1  LOTC,  según  el  cual  «todos  los  poderes  públicos  están  obligados  al 
cumplimiento de lo que el Tribunal Constitucional resuelva».
Fundamenta el abogado del Estado las peticiones formuladas en el incidente de 
ejecución en los razonamientos que a continuación se recogen.
a)  Comienza recordando la secuencia de hechos que han llevado al planteamiento 
del presente incidente de ejecución, con especial mención de la STC 259/2015, que 
declaró inconstitucional y nula la Resolución 1/XI del Parlamento de Cataluña, «sobre el 
inicio del proceso político en Cataluña como consecuencia de los resultados electorales 
del 27 de septiembre de 2015» y su anexo. La resolución 1/XI constaba, entre otros, de 
un apartado sexto, en el que el propio Parlamento autonómico se definía a sí mismo 
como «depositario de la soberanía y expresión del poder constituyente» y reiteraba «que 
esta  cámara  y  el  proceso  de  desconexión  democrática  no  se  supeditarán  a  las 
decisiones  de  las  instituciones  del  Estado  Español,  en  particular  del  Tribunal 
Constitucional [...]».
Tras la STC 259/2015, el Parlamento de Cataluña adoptó una serie de resoluciones 
en  las  que  se  pretendía  dar  continuidad  a  los  objetivos  que  perseguía  la  anulada 
resolución 1/XI. Por ATC 141/2016, de 19 de julio, fue estimado el incidente de ejecución 
promovido por el Gobierno contra la resolución 5/XI, de 20 de enero de 2016. Por 
ATC 170/2016, de 6 de octubre, se estimó el incidente de ejecución promovido contra la 
resolución 263/XI, de 27 de julio de 2016, declarando su nulidad. Por ATC 24/2017, 
de  14  de  febrero,  fue  estimado  el  incidente  de  ejecución  promovido  respecto  de 
determinados apartados de la resolución 306/XI, de 6 de octubre de 2016, «sobre la 
orientación política general del Gobierno», que fueron declarados nulos.
Por escrito registrado en este Tribunal el 7 de octubre de 2019, el Gobierno planteó 
incidente de ejecución de la STC 259/2015 respecto de determinados incisos de los 
apartados I.1 y I.2 de la Resolución 534/XII del Parlamento de Cataluña, de 25 de julio 
de 2019, «sobre las propuestas para la Cataluña real», en la que esta cámara reiteraba 
la  anulada  resolución  1/XI  y  reafirma  su  voluntad  de  ejercer  el  derecho  a  la 
autodeterminación, como instrumento de acceso a la soberanía del pueblo de Cataluña. 
Mediante providencia de 10 de octubre de 2019 («Boletín Oficial del Estado» núm. 246, 
de 12 de octubre) el Pleno del Tribunal Constitucional acordó tener por formulado el 
incidente de ejecución y por invocado el art. 161.2 CE, lo que, a su tenor, produce la 
suspensión de los referidos incisos de la resolución 534/XII, junto con los restantes 
pronunciamientos contenidos en dicha providencia.
Por escrito registrado en este Tribunal el 14 de octubre de 2019, el Gobierno planteó 
incidente de ejecución de la STC 259/2015 respecto de determinados incisos de los 
apartados I.1, I.2, I.3 y I.4 de la Resolución 546/XII del Parlamento de Cataluña, de 26 de 
septiembre de 2019, «sobre la orientación política del Gobierno», en la que esta cámara 
volvía a reiterar la anulada resolución 1/XI y también la resolución 534/XII; reafirmaba de 
nuevo su voluntad de ejercer el derecho a la autodeterminación, como instrumento de 
acceso a la soberanía del pueblo de Cataluña, así como la de los «Países catalanes»; 
afirmaba ser un parlamento plenamente soberano y rechazaba «las imposiciones» de las 
instituciones del Estado español, en especial del Tribunal Constitucional y del Tribunal 
Supremo, entre otros pronunciamientos. Mediante providencia de 16 de octubre de 2019 
(«Boletín  Oficial  del  Estado»  núm.  250,  de  17  de  octubre),  el  Pleno  del  Tribunal 
Constitucional acordó tener por formulado el incidente de ejecución y por invocado el 
art. 161.2 CE, lo que, a su tenor, produce la suspensión de los referidos incisos de la 
resolución  546/XII,  junto  con  los  restantes  pronunciamientos  contenidos  en  dicha  e.
providencia. w.b
Desatendiendo los requerimientos de las providencias de este Tribunal de 10 y 16 de  44ww
oacbtsutbernee rdsee  2d0e1 9re, adliirziagrid cousa alq uloies r maicetmuabcroiósn  dtee nlad emnetes aa  ddeal rP caurlmampleimntieon dtoe  aC alotasl uiñnac,is does 
icmupaulqgunieard oinsi cidaeti vala, sj urríedsicoalu coi omneaste r5ia3l,4 /qXuIIe  yd ir5e4ct6a/ XoI I;i ndigirueaclmtaemneten tei mspuepdoinr gao  igpnaoraralizr aor 
eludir la STC 259/2015. La mesa, en su sesión de 22 de octubre de 2019, acordó admitir
a trámite la propuesta de resolución «de respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo 
sobre los hechos del 1 de octubre», en cuyo apartado undécimo, inciso final, la cámara 
declara su voluntad de reiterar «la defensa del derecho a la autodeterminación y la 
reivindicación de la soberanía del pueblo de Cataluña para decidir su futuro político».
b)  Prosigue  refiriéndose  a  la  «normativa  procesal  que  sirve  de  base  para  la 
formulación del presente incidente de ejecución de sentencia», remitiendo al efecto al 
primer párrafo del art. 87.1 LOTC y los apartados 1, 3 y 4, primer párrafo, del art. 92 
LOTC y citando a continuación el ATC 141/2016, de 19 de julio, FJ 2, y la STC 136/2018, 
de 13 de diciembre, FJ 3.
c)  Recuerda  asimismo  que  las  providencias  del  Tribunal  Constitucional  son, 
conforme al art. 86 LOTC, resoluciones utilizadas en los procesos constitucionales, por lo 
que, en caso de ser incumplidas, pueden ser objeto del incidente de ejecución del art. 92 
LOTC. En el presente caso se consideran incumplidas las referidas providencias de este 
Tribunal de 10 y 16 de octubre de 2019, en relación con los incidentes de ejecución 
promovidos respectivamente frente a las resoluciones 534/XII y 546/XII del Parlamento 
de Cataluña, así como la STC 259/2015.
d)  Afirma que la idoneidad de los acuerdos de la mesa del Parlamento de Cataluña 
del tipo de los impugnados como objeto de un incidente de ejecución del art. 92 LOTC 
está fuera de duda, a la luz de la doctrina contenida en el ATC 124/2017, de 19 de 
septiembre. El citado auto, al resolver el incidente de ejecución promovido contra la 
admisión a trámite por la mesa del Parlamento de Cataluña de la proposición de ley de 
transitoriedad jurídica y fundacional de la república, descartó el óbice de admisibilidad 
opuesto por la representación de esta cámara, que se fundaba en la naturaleza del 
acuerdo  como  acto  parlamentario  de  trámite,  que  no  ponía  fin  al  procedimiento 
parlamentario y que no desplegaba efectos ad extra.
Ciertamente, el acto impugnado en el incidente resuelto por el ATC 124/2017 era la 
admisión a trámite de una proposición de ley, y por lo tanto se trataba de un acto de 
trámite  del  procedimiento  legislativo.  Sin  embargo,  desde  el  punto  de  vista  de  la 
naturaleza del acto, la admisión a trámite de una propuesta de resolución para su 
sustanciación ante el pleno de la cámara no tiene una naturaleza diferente a la admisión 
a trámite de una iniciativa legislativa. En ambos actos se expresa o ejercita la misma 
competencia de la mesa, de calificación y decisión de admisión a trámite de un escrito de 
índole parlamentaria, de acuerdo con el art. 37.3 c) del Reglamento del Parlamento de 
Cataluña. La naturaleza del acto de calificación y admisión a trámite no varía por la 
diferente naturaleza del acto parlamentario final, cuyo trámite se inicia por el acuerdo de 
la mesa. Es precisamente en el ejercicio de esta competencia de calificación y admisión 
a trámite cuando puede verificarse si se ha salvaguardado por la mesa su deber de 
acatar lo resuelto por el Tribunal Constitucional (art. 87 LOTC). Es decir, la propia 
naturaleza del incidente de ejecución como instrumento de salvaguarda del deber de 
cumplimiento de lo que el Tribunal Constitucional resuelva determina que el acto de 
calificación y admisión a trámite por la mesa sea objeto idóneo del incidente, siempre 
que incumpla manifiestamente lo ordenado por el Tribunal. Así ha ocurrido en este caso, 
pues la decisión de la mesa incumple manifiestamente lo ordenado por el Tribunal 
Constitucional en sus providencias de 10 y 16 de octubre de 2019, entrando asimismo en 
contradicción con los pronunciamientos contenidos en la STC 259/2015.
e)  Razona  a  continuación  que,  de  acuerdo  con  la  doctrina  constitucional 
(SSTC 46/2018 y 47/2018, de 26 de abril ambas, FFJJ 5 y 6, y 96/2019, de 15 de julio, 
FJ 6), la facultad de las mesas de las cámaras de inadmitir a trámite iniciativas que sean  s
manifiesta o palmariamente inconstitucionales se convierte en obligación de inadmitirlas  oe.
en el caso de que la propuesta calificada constituya un incumplimiento manifiesto de lo  w.
ordenado por el Tribunal Constitucional. 44ww
exprEens ae satle p creassiod,e nlatse  pdreol vPidaerlnacmiaesn dtoe  d1e0  Cya 1ta6l udñea ,o ac tulobsr ed edme á2s0 m19ie amdbvriortsie rdoen  lad em feosram ay 
caul asleecsrqeutaierrioa  gaecntuearacli odnee sla  tceánmdeanrate, sq uae  dteanr íacnu mlap olimbliiegnatcoió na  dleo sa baspteanrteardsoes  dee  rienacliiszoasr   BOE-A-cable e
impugnados de las resoluciones 534/XII y 546/XII del Parlamento de Cataluña, así como 
de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa, jurídica o material, que directa o 
directamente suponga ignorar o eludir la STC 259/2015. Tal admonición no supone en 
modo alguno una restricción ilegítima de la autonomía parlamentaria ni compromete el 
ejercicio del derecho de participación de los representantes políticos garantizado por el 
art. 23 CE, pues es la consecuencia obligada de la sumisión a la Constitución de todos 
los poderes públicos (art. 9.1 CE).
Es más, la admisión a trámite no solo resulta antijurídica por incumplir el mandato 
expreso del Tribunal incluido en las providencias de 10 y 16 de octubre de 2019, sino 
que además puede vulnerar el ius in officium de los diputados del Parlamento de 
Cataluña,  conforme  a  la  citada  doctrina  constitucional,  pues  si  los  parlamentarios 
participan en la tramitación de una iniciativa que contraviene de modo manifiesto un 
pronunciamiento de este Tribunal infringen también el deber de acatar la Constitución 
(art. 9.1 CE) y de cumplir lo que este Tribunal resuelva (art. 87.1 LOTC). Por el contrario, 
si  cumplen  su  deber  constitucional  de  respetar  lo  resuelto  por  este  Tribunal  y  no 
participan  en  ese  procedimiento  están  desatendiendo  las  funciones  representativas 
inherentes a su cargo. Esta disyuntiva supone condicionar el ejercicio de este derecho 
fundamental a que los parlamentarios violen el referido deber constitucional y esta 
condición no puede entenderse conforme con el art. 23.2 CE, que garantiza a los cargos 
públicos el legítimo ejercicio de sus funciones. Por otra parte, la participación en esos 
procedimientos, aunque sea para votar en contra, supondría otorgar a la actuación de la 
cámara una apariencia de legitimidad democrática que no cabe atribuirle sin menoscabar 
su propia función constitucional.
f)  Razona a continuación que los acuerdos de la mesa del Parlamento de Cataluña 
impugnados, en cuanto admiten a trámite la «propuesta de resolución de respuesta a la 
sentencia del Tribunal Supremo sobre los hechos del 1 de octubre», en el inciso del 
apartado  undécimo  antes  transcrito,  incumplen  frontalmente  lo  resuelto  en  la 
STC 259/2015 y desatienden los requerimientos contenidos en las providencias de 10 
y 16 de octubre de 2019.
El inciso final del apartado undécimo de la propuesta de resolución admitida a trámite 
por el acuerdo de la mesa de 22 de octubre de 2019, confirmado por el acuerdo de 29 de 
octubre, reitera la voluntad del Parlamento de Cataluña de ejercer el derecho a la 
autodeterminación y reivindicar la soberanía del pueblo de Cataluña para decidir su 
futuro político. Esa reiteración obedece, como señala la propuesta de resolución en su 
apartado noveno, a la pretensión de dar respuesta, entre otras cosas, «a la censura que 
el  Tribunal  Constitucional  pretende  imponer  al  Parlamento  de  Cataluña,  claramente 
incompatible con la autonomía y la inviolabilidad de la cámara».
Especialmente relevante es el hecho de que la iniciativa objeto del incidente traiga 
causa de una resolución anterior suspendida, pues como señala la STC 46/2018, FJ 6, 
para que pueda considerarse que existe incumplimiento por la mesa de la cámara de su 
deber constitucional de acatar lo resuelto por este Tribunal «es preciso que la mesa 
tramite la iniciativa a sabiendas de que existe una resolución de este Tribunal que le 
impide darle curso». Así acontece en el presente caso, pues la resolución 546/XII, 
suspendida  en  sus  apartados  I.1,  I.2,  I.3  y  I.4  por  la  providencia  del  Tribunal 
Constitucional de 16 de octubre de 2016, establece en el apartado I.3, 23, que «el 
Parlamento  de  Cataluña  se  ratifica  en  la  defensa  del  ejercicio  del  derecho  a  la 
autodeterminación como instrumento de acceso a la soberanía del conjunto del pueblo 
de  Cataluña»  y  en  el  apartado  I.3,  26,  que  «el  Parlamento  de  Cataluña,  una  vez  s
conocida la sentencia del Tribunal Supremo, si esta es condenatoria: […] b) Se conjura a  oe.
liderar una respuesta institucional a la sentencia basada en el respeto, la garantía y la  w.
defensa de los derechos fundamentales civiles y políticos, de las libertades y del ejercicio  44ww
deel rl edsetore dceh oin dsetit uacuitoondeeste dremminoaccriáótnic ay se dne e Cl aretaslpueñtao» d.e la democracia, conjuntamente con
de rEesxoisltuec ipóune «sd uen r ensepxuoe setxap laíc liato s eennttreen claia s dueslp Ternibduidnaa lr eSsuoplurecmióon  s5o4b6r/eX IloI sy  hlae cphroosp udeesl t1a   BOE-A-cable e
de octubre», admitida a trámite por el acuerdo de la mesa del Parlamento de Cataluña 
de 22 de octubre de 2019, confirmado por el acuerdo de 29 de octubre, nexo que hacía 
palmaria y evidente la improcedencia de esa admisión. Por otra parte es notorio que los 
grupos parlamentarios ERC y JxCat y el subgrupo CUP-CC presentaron esa propuesta 
de resolución que manifiesta la clara intención de continuar con el proceso secesionista, 
lo que resulta corroborado por el debate que tuvo lugar en el pleno de la cámara al día 
siguiente  de  la  admisión  a  trámite  de  esa  propuesta,  en  particular  por  las 
manifestaciones efectuadas por el presidente de la Generalitat (que se transcriben en el 
escrito de la abogacía del Estado).
En suma, el inciso final del apartado undécimo de la propuesta de resolución «de 
respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo sobre los hechos del 1 de octubre», 
vuelve a omitir la sujeción a la Constitución como ley superior, la soberanía nacional y la 
unidad de la nación española titular de esa soberanía, por lo que no debió ser admitida a 
trámite por la mesa del Parlamento de Cataluña, al contravenir los pronunciamientos de 
las SSTC 259/2015 y 136/2018 y los requerimientos y advertencias contenidos en las 
providencias de 10 y 16 de octubre de 2019, en relación con las resoluciones 534/XII 
y 546/XII. En consecuencia, concurren en el presente caso circunstancias excepcionales 
para apreciar que la mesa del Parlamento de Cataluña, al admitir a trámite esa iniciativa 
parlamentaria,  ha  incumplido  su  obligación  de  acatar  lo  resuelto  por  el  Tribunal 
Constitucional (arts. 9.1 CE y 87.1 LOTC), vulnerando también por ello el ius in officium 
de  los  diputados  (art.  23.2  CE)  e  indirectamente  el  derecho  de  los  ciudadanos  a 
participar en los asuntos públicos a través de sus representantes (art. 23.1 CE).
Por ello, el acuerdo de la mesa del Parlamento de Cataluña de 22 de octubre 
de 2019, en cuanto admite a trámite el inciso del apartado undécimo de la propuesta de 
resolución «de respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo sobre los hechos del 1 de 
octubre» y el acuerdo de 29 de octubre que lo confirma al rechazar las solicitudes de 
reconsideración, deben ser declarados nulos.
g)  Expone seguidamente las razones por las que considera que este Tribunal, 
además de declarar la nulidad de los acuerdos de la mesa del Parlamento de Cataluña 
de 22 y 29 de octubre de 2019, en el extremo indicado, debe adoptar las medidas de 
ejecución necesarias, conforme a los arts. 87.1 y 92 LOTC, para garantizar el respeto y 
la eficacia de lo resuelto con carácter definitivo en la STC 259/2015.
La actuación del presidente del Parlamento de Cataluña y de los restantes miembros 
de la mesa que votaron a favor de la admisión a trámite de la propuesta de resolución 
«de respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo sobre los hechos del 1 de octubre», 
en el inciso final de su apartado undécimo, supone incumplir, con pleno conocimiento, lo 
resuelto en la STC 259/2015, así como las advertencias y admoniciones efectuadas en 
las providencias de 10 y 16 de octubre de 2019 «de impedir o paralizar cualquier 
iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada» y de impedir o paralizar 
cualquier iniciativa, jurídica o material, que directa o indirectamente suponga ignorar o 
eludir la Sentencia del Tribunal Constitucional 295/2015». Esa decisión de la mesa fue 
adoptada  desatendiendo  las  expresas  advertencias  que  les  fueron  formuladas 
previamente por los letrados del Parlamento. Tampoco atendieron a las protestas y a las 
solicitudes de reconsideración formuladas por los diputados de los grupos de la minoría 
parlamentaria  (C’s,  PPC  y  PSC),  que  se  opusieron  a  la  admisión  a  trámite  de  la 
propuesta de resolución invocando la obligación de la mesa de impedir su tramitación 
por su evidente contradicción con las resoluciones del Tribunal Constitucional.
Por  ello  solicita  el  abogado  del  Estado  que  este  Tribunal  proceda  a  deducir  s
testimonio de particulares conforme al art. 92.4 d) LOTC para exigir la responsabilidad  oe.
penal que pudiera corresponder a los miembros de la mesa del Parlamento de Cataluña  w.
que han votado a favor de la admisión a trámite de la «propuesta de resolución de  44ww
rinecsupmuepslitra e al  mlaa nsdeanttoe ndceial  adrte. l 8T7r.i1b uLnOaTl CS.upremo sobre los hechos del 1 de octubre», por
4.  Por providencia de 5 de noviembre de 2019, el Pleno del Tribunal Constitucional
acordó tener por recibido el escrito presentado por el abogado del Estado de formulación
de incidente de ejecución (arts. 87 y 92 LOTC), por contravención de la STC 259/2015, 
de 2 de diciembre, en relación con los acuerdos de la mesa del Parlamento de Cataluña 
de 22 y 29 de octubre de 2019, en cuanto a la admisión a trámite de la propuesta de 
resolución cuyo apartado undécimo contiene el inciso en el que literalmente se señala: 
«Por ello, reitera y reiterará tantas veces como lo deseen los diputados y las diputadas… 
la defensa del derecho a la autodeterminación y la reivindicación de la soberanía del 
pueblo de Cataluña para decidir su futuro político».
Acordó también tener por invocado por el Gobierno de la Nación el art. 161.2 CE, lo 
que, a su tenor, produce la suspensión de los mencionados acuerdos en cuanto han 
calificado y admitido a trámite el inciso indicado del apartado undécimo de la referida 
propuesta de resolución.
Conforme a lo dispuesto en el art. 87.1 LOTC, sin perjuicio de la obligación que dicho 
precepto impone a todos los poderes públicos de cumplir las resoluciones de este 
Tribunal, acordó igualmente la notificación de la providencia al presidente del Parlamento 
de Cataluña, don Roger Torrent i Ramió, al secretario general don Xavier Muro i Bas y a 
los miembros de la mesa don Josep Costa i Rosselló, don Joan García González, don 
Eusebi Campdepadrós i Pucurull, don David Pérez lbáñez, doña Laura Vílchez Sánchez 
y doña Adriana Delgado i Herreros; con advertencia de su deber de impedir o paralizar 
cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada, apercibiéndoles 
de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir.
Acordó también, conforme al art. 87.2 LOTC, recabar el auxilio jurisdiccional del 
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para realizar las notificaciones, requerimientos 
y apercibimientos acordados.
Asimismo acordó, al amparo del art. 88.1 LOTC, requerir al Parlamento de Cataluña 
para que, en el plazo de tres días, remitiera a este Tribunal el acta de la sesión de la 
mesa de 22 de octubre de 2019, en los particulares referidos a la deliberación y adopción 
del acuerdo impugnado, así como los informes y documentos relativos al citado acuerdo 
de la mesa de 29 de octubre y su acta e informes si existen y la resolución sobre la 
solicitud de reconsideración formulada por los grupos parlamentarios de C’s, PSC-Units y 
el subgrupo PPC. Acordó igualmente que, una vez recibidos los documentos solicitados, 
se dé traslado al ministerio fiscal y al Parlamento de Cataluña, por conducto de su 
presidente, para que en el plazo de diez días, a la vista de los mismos, formulen las 
alegaciones que estimen procedentes.
Acordó en fin la publicación de la providencia en el «Boletín Oficial del Estado», 
publicación que tuvo lugar en el núm. 267, de 5 de noviembre de 2019.
5.  Con fecha 14 de noviembre de 2019 se personó el letrado del Parlamento de 
Cataluña, en representación y defensa de esta cámara. A su escrito acompaña una serie 
de documentos en cumplimiento del requerimiento contenido al efecto en la providencia 
de 5 de noviembre de 2019.
6.  Por  diligencia  de  ordenación  de  la  secretaría  de  justicia  del  Pleno  de  este 
Tribunal de 14 de noviembre de 2019 se tuvo por personado en el incidente de ejecución 
al letrado del Parlamento de Cataluña, en la representación que legalmente ostenta, y 
por  presentada  la  documentación  que  acompaña  a  su  escrito  de  personación.  Se 
procedió también, conforme a lo acordado por la providencia de 5 de noviembre de 2019, 
a dar traslado de esos documentos a las partes y al ministerio fiscal para que en el plazo 
de diez días pudiesen formular alegaciones.
7.  Mediante escrito registrado en este Tribunal con fecha 29 de noviembre de 2019,  oe.
el  abogado  del  Estado  cumplimentó  el  traslado,  ratificándose  en  los  hechos  y  w.
ifnutnedreasmaenndtoo ss uju erísdtiicmoasc dióen .su escrito por el que se promueve el incidente de ejecución e  2020-2944n https://ww
regis8t.r adEol  leentr aedstoe  dTerli bPuanralal mele 1n1to d dee d Cicaietmalubñrea  dpere 2s0e1n9tó. sus alegaciones mediante escrito  BOE-A-cable e
Sostiene  en  primer  lugar  que  el  incidente  de  ejecución  encubre  una  acción 
impugnatoria que debió plantearse en su caso por la vía del título V LOTC (arts. 76 y 77), 
como ocurrió con la impugnación de los apartados primero a quinto de la moción 5/XII 
(STC 136/2018). Se trata de un «abuso procesal» en la forma de actuar del Gobierno, 
que ha elegido deliberadamente la vía del incidente de ejecución de los arts. 87.1 y 92 
LOTC, «a pesar de sus efectos especialmente restrictivos sobre la actuación de la 
cámara, o precisamente para conseguir estos efectos».
A diferencia de la impugnación directa, el incidente de ejecución lleva el conflicto a 
un terreno muy resbaladizo, al abrir la puerta a medidas excepcionales que restringen la 
capacidad de actuación del Parlamento y pueden llevar a situaciones especialmente 
graves cuando se exigen responsabilidades, especialmente la penal. Son estos unos 
efectos a los que, a su juicio, solo se debería llegar en casos extremos y absolutamente 
indispensables  para  evitar  que  lo  resuelto  por  el  Tribunal  Constitucional  pierda  su 
efectividad.  Pero  para  que  esto  suceda  no  es  suficiente  la  existencia  de  una 
contradicción  formal  o  aparente  entre  la  sentencia  del  Tribunal  y  el  nuevo  acto 
parlamentario, sino que debe darse el riesgo cierto y evidente de que ese nuevo acto 
tenga, por su naturaleza y contenido, la capacidad suficiente para dejar sin efecto, en 
sentido material y real, lo dispuesto en una sentencia del Tribunal Constitucional, lo que 
no sucedería en el presente caso. Ciertamente en su resolución 1/XI el Parlamento de 
Cataluña expresó su voluntad de no considerarse supeditado a las resoluciones del 
Tribunal Constitucional, así como de ejercer el derecho de autodeterminación, al tiempo 
que afirmaba la plena soberanía del pueblo catalán, como se pudo comprobar después 
con la aprobación de las leyes de «desconexión» aprobadas en setiembre de 2017; una 
voluntad que en aquel momento era coherente con la apertura de un proceso que 
supuso una gran conflictividad institucional y que acabó con la aplicación del art. 155 CE. 
Pero ahora estaríamos en un contexto diferente, pues el Parlamento de Cataluña se ha 
renovado y la resolución 1/XI no ha sido reiterada en los mismos términos que lo fue en 
la  anterior  legislatura.  Es  cierto  que  el  actual  Parlamento  ha  aprobado  nuevas 
resoluciones y mociones en las que se hace referencia a la resolución 1/XI, al derecho 
de autodeterminación o a la soberanía del pueblo de Cataluña, pero ello no es suficiente 
para considerar que está conculcando el deber de cumplir las resoluciones del Tribunal 
Constitucional,  porque  la  reiteración  de  ideas  o  voluntades  políticas  no  significa 
necesariamente una desobediencia en el sentido que establece el art. 87 LOTC.
Los acuerdos parlamentarios que son objeto del presente incidente de ejecución son 
actos de trámite dictados por la mesa del Parlamento de Cataluña ejerciendo una de las 
funciones  políticas  básicas  que  corresponden  a  cualquier  parlamento  y  que  está 
directamente relacionada con la expresión del pluralismo político que es consustancial al 
carácter representativo del Parlamento. Se trata de actos de naturaleza política carentes 
de efectos jurídicos vinculantes, por lo que no son idóneos para ser objeto de un 
incidente de ejecución. No existe la intención de desobedecer una sentencia del Tribunal 
Constitucional, sino la de afirmar una voluntad política del Parlamento.
Además,  el  presente  incidente  supondría  un  salto  cualitativo  respecto  de  otros 
anteriores, pues no se impugna una resolución parlamentaria, sino una propuesta de 
resolución admitida a trámite por la mesa del Parlamento de Cataluña, con lo que se da 
un paso más en la línea de la excepcionalidad y la restricción de su funcionamiento. Con 
el  añadido  de  solicitar  que  se  deduzca  testimonio  de  particulares  para  exigir  la 
responsabilidad penal del presidente y demás miembros de la mesa que votaron a favor 
de la admisión a trámite de la propuesta. s
El incidente de ejecución y las medidas adoptadas por el Tribunal Constitucional en  oe.
la providencia de 5 de noviembre de 2019 serían incompatibles con el derecho de  w.
participación política, la libertad de expresión y el derecho de reunión de los diputados  44ww
dHeulm Paanrolasm (ecnitato  lad ed eCcaistaiólunñ dae,  c2o8n dfoer mmea yao  ldae d 2o0c1tr9in, aq udee l dTerciblaurnóa iln Eadumroipseibole d lea  Ddeemreacnhdoas 
dpirpeusteandtoasd ad ep eosrt al ac ápmreasraid eenn tsau  dXeI l lePgaisrllaatmurean)t.o  de  Cataluña  y  otros  setenta  y  cinco  BOE-A-cable e
En todo caso, el incidente de ejecución carecería de fundamento, al no existir un 
incumplimiento material de las resoluciones del Tribunal Constitucional. En el inciso del 
apartado undécimo de la propuesta de resolución admitida a trámite, sobre el que se 
proyecta el incidente, el Parlamento de Cataluña se limita a reiterar «la defensa del 
derecho de autodeterminación» y a reivindicar «la soberanía del pueblo de Cataluña 
para decidir su futuro político».
Se  llama  la  atención  sobre  el  sentido  anfibológico  del  «derecho  de 
autodeterminación»: puede ser entendido en clave interna, como reivindicación de la 
capacidad de mejorar el nivel de autogobierno dentro del marco constitucional (lo que no 
plantearía  problemas  de  constitucionalidad)  y  también  en  clave  externa,  como 
reivindicación del derecho a acceder a un estatus de plena soberanía de acuerdo con el 
Derecho  Internacional.  Aunque  se  entendiera  en  este  último  sentido,  tampoco  se 
derivaría de ello ninguna inconstitucionalidad, pues la propuesta de resolución se limita a 
«defender» ese derecho, sin decir en ningún momento que se pretenda hacer efectivo al 
margen de los procedimientos de reforma de la Constitución, a diferencia de lo que 
ocurría en el caso de la resolución 1/XI. Además, el Parlamento de Cataluña había 
reivindicado el derecho de autodeterminación mucho antes de la propia resolución 1/XI, 
sin  que  esas  resoluciones  y  mociones  parlamentarias  fueran  impugnadas  por  el 
Gobierno.
Por lo que se refiere a la reivindicación de la plena soberanía del pueblo de Cataluña, 
se  aduce  que  el  Parlamento  de  Cataluña  expresa  una  voluntad  de  «ser»  que  la 
Constitución no permite, pero ello no es suficiente para considerar que se trate de un 
incumplimiento de la STC 259/2015, en el marco de una Constitución «no militante». Se 
limita a expresar una «reivindicación», pero no se afirma que se pretenda hacer efectiva 
al margen de la Constitución.
La  insistencia  en  reiterar,  «tantas  veces  como  lo  deseen  los  diputados  y  las 
diputadas»,  la  defensa  del  derecho  de  autodeterminación  y  la  reivindicación  de  la 
soberanía del pueblo de Cataluña no puede tampoco confundirse con la infracción del 
deber  de  cumplir  las  resoluciones  del  Tribunal  Constitucional,  según  el  letrado  del 
Parlamento de Cataluña. En la relación entre un parlamento y el Tribunal Constitucional 
debe tener cabida un margen de discrepancia institucional, aun asumiendo que esta 
implique el rechazo a lo declarado en una sentencia del Tribunal, aunque ese rechazo se 
realice en términos contundentes. La anulación de la resolución 1/XI no permitiría llegar 
al extremo de inferir que el Parlamento de Cataluña ya no puede volver a realizar ningún 
tipo de declaración que haga referencia a la autodeterminación o a la soberanía.
Por todo ello, el letrado del Parlamento de Cataluña solicita a este Tribunal que 
inadmita, o en su caso desestime, el incidente de ejecución, porque los acuerdos de la 
mesa del Parlamento de Cataluña de 22 y 29 de octubre de 2019 no contravienen la 
STC 259/2015. Mediante otrosí solicita que se dejen sin efecto los requerimientos y 
advertencias al presidente del Parlamento, a los demás miembros de la mesa y al 
secretario general del Parlamento que interesa el abogado del Estado y asimismo que se 
rechace su solicitud de deducir testimonio de particulares.
9.  El  ministerio  fiscal  presentó  su  escrito  de  alegaciones  el  17  de  diciembre 
de 2019, en el que considera, en coincidencia con lo argumentado por el abogado del 
Estado, que los acuerdos de la mesa del Parlamento de Cataluña de 22 y 29 de octubre 
de 2019, por los que se admite a trámite una propuesta de resolución contraria a lo 
resuelto por el Tribunal Constitucional y se rechaza la solicitud de reconsideración de esa 
decisión, constituyen objeto idóneo del incidente de ejecución de los arts. 87.1 y 92  e.
LOTC,  conforme  resulta  de  la  doctrina  sentada  en  ATC  124/2017,  FJ  2,  debiendo  w.b
analizarse en este cauce procesal si esos acuerdos respetan lo ordenado por este  44ww
TribuRneaclu eenrd sau  SaTsiCm i2s5m9o/2 0q1u5e y,  edne  laasc pureorvdiod enccoina s ldae  d1o0c ytr i1n6a  deco oncsttuitburcei odnea 2l 0s1o9b.re  las
pfaacrulaltmadeensta driea sla (sp more tsoadsa ds,e  SlaTsC c á1m28a/r2a0s1 d9e,  dcea li1f1ic adceió nno yv iaedmmbirsei)ó,n e al  dtreábmiditoe  rdees pineitcoia ati vlaass 
resoluciones del Tribunal Constitucional y, en definitiva, a la Constitución, que incumbe a
todos los ciudadanos y cualificadamente a los poderes públicos, veda a la mesa que 
admita a trámite una iniciativa que de forma manifiesta incumpla el deber de acatar lo 
decidido por este Tribunal. Para que pueda considerarse que existe ese incumplimiento 
es preciso que la mesa tramite la iniciativa a sabiendas de que existe una resolución del 
Tribunal Constitucional que le impide darle curso.
Considera igualmente que no son atendibles las razones esgrimidas por la mesa del 
Parlamento de Cataluña en su acuerdo de 29 de octubre de 2019, por el que desestima 
las solicitudes de reconsideración frente al acuerdo de 22 de octubre. La mesa afirma en 
primer lugar que este acuerdo carece de eficacia jurídica, en la medida que solo supone 
la publicación de la iniciativa y la apertura del trámite de enmiendas; pero esta afirmación 
es incompleta y, por ello, inexacta, ya que al permitir la tramitación de la propuesta de 
resolución, que fue aprobada posteriormente por el Parlamento de Cataluña, da soporte 
y posibilita el debate y aprobación de esa propuesta, que viene a reproducir el contenido 
de  las  resoluciones  534/XII  y  546/XII,  así  como  de  la  resolución  1/XI,  declarada 
inconstitucional y nula por la STC 259/2015, con lo que se contraviene lo resuelto por el 
Tribunal Constitucional.
Por otra parte, se aduce que, si el Tribunal Constitucional consideraba que se 
incumplían sus resoluciones, debió requerir previamente a la mesa, conforme al art. 92.4 
LOTC, para que emitiera informe al respecto. Sin embargo, este argumento tampoco es 
atendible, toda vez que las resoluciones del Parlamento de Cataluña 534/XII y 546/XII 
estaban  suspendidas  ope  legis  por  aplicación  del  art.  161.2  CE,  en  virtud  de  las 
providencias del Tribunal Constitucional de 10 y 16 de octubre de 2019, invocadas 
precisamente por la abogacía del Estado en su escrito por el que se promueve el 
presente incidente de ejecución.
Niega también la mesa de la cámara autonómica que la iniciativa parlamentaria 
controvertida  sea  reproducción,  ejecución  o  cumplimiento  de  las  resoluciones  1/XI, 
534/XII  y  546/XII  o  de  cualquier  acto  o  norma  anterior  que  haya  sido  declarada 
inconstitucional y por ello infrinja la STC 259/2015. Pero tal argumento no se sostiene. 
Es evidente que el pluralismo político que la Constitución garantiza permite cualesquiera 
proyectos políticos y debates sobre los mismos en las asambleas legislativas, incluso si 
se  propone  la  reforma  de  la  Constitución,  siempre  y  cuando  el  debate  parta  del 
presupuesto del respeto a los cauces procedimentales previstos en el propio texto 
constitucional  para  canalizar  los  cambios  de  modelo  político,  porque  solo  ese 
presupuesto asegura el respeto a las posiciones de las minorías (STC 115/2019, FJ 7). 
El tenor literal de la propuesta de resolución admitida a trámite y el contexto en que esa 
decisión parlamentaria tiene lugar evidencian que se reiteran la defensa del derecho de 
autodeterminación  y  la  soberanía  del  pueblo  de  Cataluña  al  margen  de  cualquier 
propuesta de reforma constitucional.
En suma, el apartado undécimo de la propuesta de resolución admitida a trámite por 
la mesa del Parlamento de Cataluña, en el inciso controvertido, se halla en íntima 
conexión con los contenidos de las resoluciones 534/XII y 546/XII, impugnados en 
precedentes incidentes de ejecución, así como los contenidos de la resolución l/XI, 
declarada  inconstitucional  y  nula  por  la  STC  259/2015.  Dicho  inciso  no  puede  ser 
considerado como una mera declaración política, sino que supone reproducir el objetivo 
y finalidad de las resoluciones l/XI, 534/XII y 546/XII, lo que implica que el Parlamento de 
Cataluña  rebasa  sus  competencias  y  se  sitúa  al  margen  de  los  procedimientos 
constitucionales. El derecho de autodeterminación de Cataluña no tiene cabida en la 
Constitución ni en el ámbito del derecho internacional y la afirmación de la soberanía del  s
pueblo de Cataluña pretende ignorar que la soberanía reside en el pueblo español  oe.
(art. 1.2 CE) y la unidad de la nación española (art. 2 CE), como viene declarando  w.
reiteradamente el Tribunal Constitucional, entre otras en la STC 259/2015. 44ww
resoEluxcisióten  pl/XorI  yta ndteo  lausn  pinrocvuimdepnlicmiaiesn dtoe l mTarinbiufineaslt oC odnes tlaitu SciToCna l2 d5e9 /21001 y5 , 1q6u dee  aoncutluób rlea 
rdees o2lu0c1i9o,n eesn  dreella Pciaórnla mesetansto  cdoen  Cloast ailnucñiad e5n3te4s/X dIIe  y e5je4c6u/cXiIóI.n  Aplr oamdmovitiidr olsa  fmreenstea  dae l alas   BOE-A-cable e
cámara a trámite la propuesta de resolución, en su apartado undécimo inciso final, 
incurre a sabiendas en el incumplimiento del deber de acatar lo resuelto por el Tribunal 
Constitucional, pues en las referidas providencias se le había advertido expresamente de 
su  obligación  de  abstenerse  de  realizar  cualesquiera  actuaciones  tendentes  a  dar 
cumplimiento  a  los  apartados  e  incisos  impugnados  de  las  resoluciones  534/XII 
y 546/XII, así como de impedir o paralizar cualquier iniciativa, jurídica o material, que 
directa  o  indirectamente  suponga  ignorar  o  eludir  la  STC  259/2015.  Además,  este 
incumplimiento, como indica la STC 46/2018, supone la vulneración del ius in officium de 
los  parlamentarios  que  formularon  reconsideración  del  acuerdo  de  admisión  de  la 
propuesta de resolución, por cuanto impide que puedan ejercer reglamentariamente sus 
funciones representativas, pues en esas circunstancias el ejercicio del cargo conllevaría 
no acatar lo resuelto por el Tribunal Constitucional (art. 87.1 LOTC). Por tanto, procede la 
estimación del incidente de ejecución, con declaración de nulidad del inciso cuestionado.
Asimismo considera procedente el ministerio fiscal que se adopten las medidas de 
ejecución  que  interesa  el  abogado  del  Estado.  Se  concretan  en  que  se  notifique 
personalmente  el  auto  que  resuelva  el  incidente  al  presidente  del  Parlamento  de 
Cataluña, a los demás miembros de la mesa y al secretario general del Parlamento de 
Cataluña, con advertencia de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa jurídica 
o material, que directa o indirectamente suponga ignorar o eludir la STC 259/2015 y el 
propio  auto  que  resuelva  el  presente  incidente,  apercibiéndoles  de  las  eventuales 
responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir. Se interesa también 
que se proceda a deducir testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal 
que pudiera corresponder al presidente del Parlamento de Cataluña y a los miembros de 
la mesa que han votado a favor de la admisión a trámite del apartado undécimo, inciso 
final, de la propuesta de resolución «de respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo 
sobre los hechos del 1 de octubre», por incumplir el mandato del art. 87.1 LOTC
10.  Por escrito registrado en este Tribunal el 11 de noviembre de 2019, don Josep 
Costa  i  Rosselló  y  don  Eusebi  Campdepadrós  i  Pucurull,  vicepresidente  primero  y 
secretario  primero  de  la  mesa  del  Parlamento  de  Cataluña  respectivamente, 
representados por el procurador de los tribunales don Carlos Estévez Sanz y asistidos 
por el abogado don Jaume Alonso-Cuevillas i Sayrol, solicitaron su personación en el 
incidente de ejecución e interpusieron recurso de súplica contra la providencia de 5 de 
noviembre  de  2019.  Interesan  que  se  revoque  esta  providencia  y  se  inadmita  la 
impugnación de los acuerdos de la mesa del Parlamento de Cataluña de 22 y 29 de 
octubre  de  2019,  planteada  como  incidente  de  ejecución  de  la  STC  259/2015; 
subsidiariamente,  que  se  anulen  los  apartados  segundo,  tercero  y  cuarto  de  la 
providencia.
Sostienen en su recurso de súplica, en síntesis: (i) que la impugnación de los 
acuerdos de la mesa del Parlamento de Cataluña de 22 y 29 de octubre de 2019 es 
inadmisible  por  tener  carácter  preventivo  (citan  los  AATC  135/2004,  189/2015, 
y 190/2015), toda vez que la propuesta de resolución admitida a trámite, antes de 
convertirse en resolución por su aprobación por el pleno de la cámara, puede sufrir 
enmiendas que modifiquen su contenido; (ii) la impugnación por el Gobierno de los 
referidos acuerdos parlamentarios es inadmisible por no haber consultado previamente a 
la Comisión Permanente del Consejo de Estado (art. 22.6 de la Ley Orgánica del 
Consejo de Estado); (iii) no resulta de aplicación lo previsto en el art. 161.2 CE en cuanto 
a  la  suspensión  automática  prevista  para  la  impugnación  de  las  disposiciones 
autonómicas (título V LOTC), pues el incidente de ejecución no es una impugnación a  e.
estos efectos, por lo que la suspensión de los acuerdos parlamentarios acordada en la  w.b
providencia de 5 de noviembre de 2019 carece de motivación y de sustento normativo;  44ww
p(ivro) plaios  Pparorlpaumeesntatos  ddee  Creastoalluucñiaó ny  nloos  seofne cstouss cdeep tliab lSesT Cd e2 5e9je/2cu0c1i5ó ns ed ea gnointagnú ne nti plao  pproorp eial 
dineccidlaernatceió nd ed ee ijneccouncisótnitu cciaorneacleid adde  y onbujelidtoa dy q ueen  ecno lnas emciusmenac isae  ecso nitnieandem, ipsoibrl elo;  q(vu)e  eell 
apercibimiento de eventuales responsabilidades, incluida la penal, que realiza de oficio el
Tribunal  Constitucional  en  la  providencia,  carece  de  cobertura  legal  y  vulnera  la 
inviolabilidad parlamentaria de los diputados miembros de la mesa de la cámara; (vi) la 
providencia supone una vulneración manifiesta de las libertades de expresión y de 
reunión y del derecho de participación política de los diputados del Parlamento de 
Cataluña, así como la vulneración del principio democrático; (vii) la providencia, en 
cuanto requiere a la presidencia, a la mesa y a la secretaría general del Parlamento de 
Cataluña para que impidan o paralicen cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir 
la suspensión acordada de los referidos acuerdos parlamentarios, vulnera la autonomía 
parlamentaria (art. 58 del Estatuto de Autonomía de Cataluña); (viii) la providencia, en 
cuanto ordena en el apartado tercero su notificación al presidente del Parlamento de 
Cataluña, al resto de miembros de la mesa y al secretario, con advertencia de su 
obligación de respetar la suspensión acordada y apercibimiento de responsabilidades, 
incluso penales, vulnera el derecho a una resolución motivada que reconoce el art. 24.1 
CE, así como el derecho a la igualdad en la aplicación de la ley.
11.  Por escrito registrado en este Tribunal el 11 de noviembre de 2019, doña Elsa 
Artadi Vila y treinta y un diputados más del Parlamento de Cataluña, representados por 
el procurador de los tribunales don Carlos Estévez Sanz y asistidos por el abogado don 
Jaume Alonso-Cuevillas i Sayrol, solicitaron su personación en el incidente de ejecución 
e interpusieron recurso de súplica contra la providencia de 5 de noviembre de 2019. 
Interesan que se revoque esta providencia y se inadmita la impugnación de los acuerdos 
de la mesa del Parlamento de Cataluña de 22 y 29 de octubre de 2019, planteada como 
incidente  de  ejecución  de  la  STC  259/2015;  subsidiariamente,  que  se  anulen  los 
apartados segundo, tercero y cuarto de la providencia.
Los razonamientos en que se sustenta este recurso de súplica son enteramente 
coincidentes con los expuestos en el formulado por don Josep Costa i Rosselló y don 
Eusebi Campdepadrós i Pucurull.
12.  Por ATC 162/2019, de 27 de noviembre, el Pleno de este Tribunal acordó tener 
por personados a don Josep Costa i Roselló y don Eusebi Campdepadrós i Pucurull, así 
como a doña Elsa Artadi Vila y treinta y un diputados más del Parlamento de Cataluña, a 
los solos efectos de que puedan defender sus derechos e intereses legítimos a título 
particular, sin perjuicio de la personación de dicha cámara legislativa a través de sus 
servicios jurídicos. Acordó también admitir a trámite los recursos de súplica interpuestos 
contra la providencia de 5 de noviembre de 2019 por los señores Costa i Rosselló y 
Campdepadrós i Pucurull y por la señora Artadi Vila y treinta y un diputados más del 
Parlamento de Cataluña. Acordó asimismo dar traslado de los recursos por plazo común 
de tres días al Gobierno de la Nación, al Parlamento de Cataluña y al ministerio fiscal, 
así como a la representación procesal de los señores Costa i Rosselló y Campdepadrós i 
Pucurull  y  de  la  señora  Artadi  Vila  y  treinta  y  un  diputados  más,  para  formular 
alegaciones.
13.  El abogado del Estado, en la representación que legalmente ostenta, presentó 
sus alegaciones en el trámite abierto por ATC 162/2019 mediante escrito registrado en 
este Tribunal el 4 de diciembre de 2019, interesando que se desestimen íntegramente 
ambos recursos de súplica.
Señala  que,  conforme  a  la  doctrina  constitucional,  sentada  en  recursos  de 
inconstitucionalidad,  conflictos  de  competencia  y  procedimientos  del  título  V  LOTC 
(AATC 292/2014, de 2 de diciembre, y 117/2017, de 16 de agosto), pero aplicable por su  s
identidad de razón a la admisión de un incidente de ejecución de los arts. 87.1 y 92  oe.
LOTC, el recurso de súplica contra providencias de admisión de estos incidentes no  w.
apCsuopenedscetit toufuscn iosdonabarsrl eee  nleo nes  scqeuu amele ohsmqau evineetroras  pamrdoooct ieevsol asjul,.  icsEiionst ood  qeeu sae, d semosiltsooi sbp iuldideeadbdee  nfeu fgneudcataurmdaaderon r taeprloasrce i eóeln nT  crlaoib nuf anloltaasl    2020-2944n https://ww
de  concurrencia  de  los  requisitos  procesales  indispensables  e  insubsanables,
establecidos por los arts. 87 y 92 LOTC, para la apertura del incidente de ejecución, que
se contraerían a su promoción por parte legitimada y la existencia de una disposición, 
acto, actuación material o inactividad respecto de la que se alegue el incumplimiento de 
una resolución del Tribunal. La valoración de los argumentos referidos al fondo de la 
pretensión que se suscita en el incidente estaría excluida en este momento procesal.
Partiendo  de  la  anterior  premisa,  razona  el  abogado  del  Estado  que  ha  de 
rechazarse el motivo de inadmisibilidad basado en el carácter supuestamente preventivo 
del incidente de ejecución. Conforme a la doctrina sentada en el ATC 124/2017, de 19 de 
septiembre, los acuerdos de la mesa del Parlamento de Cataluña de 22 y 29 de octubre 
de 2019, por los que se admite a trámite la propuesta de resolución «de respuesta a la 
sentencia del Tribunal Supremo sobre los hechos del 1 de octubre», constituyen objeto 
idóneo del incidente de ejecución, que no reviste carácter hipotético o preventivo, desde 
el momento en que se fundamenta en que la mesa de la cámara, al admitir a trámite una 
iniciativa que contraviene lo resuelto por el Tribunal Constitucional, ha incumplido su 
deber de cumplimiento de lo que este Tribunal resuelva (art. 87.1 LOTC). Lo que motiva 
el  incidente  es  el  incumplimiento  por  la  propia  mesa  de  ese  deber  constitucional, 
incumplimiento que no queda sanado por la posterior enmienda, o incluso por el rechazo 
por la mayoría del pleno de la iniciativa, en su caso.
Tampoco es causa de inadmisibilidad que no haya sido recabado el dictamen de la 
Comisión Permanente del Consejo de Estado, pues el art. 22.6 de la Ley Orgánica del 
Consejo  de  Estado  no  exige  ese  dictamen  para  la  promoción  de  un  incidente  de 
ejecución.
El alegato según el cual los efectos de la STC 259/2015 se agotarían en la propia 
declaración de inconstitucionalidad y nulidad que en la misma se contiene, por lo que no 
puede constituir el título del incidente, también debe rechazarse. Además de ser un 
alegato de carácter sustantivo, lo que se plantea es una cuestión ya resuelta por este 
Tribunal, que ha reiterado que la vinculación de los poderes públicos al cumplimiento de 
sus resoluciones se extiende tanto al fallo de estas como a su fundamentación jurídica 
(SSTC 158/2004, FJ 4, y 302/2005, FJ 6; AATC 273/2006, FJ 4, y 120/2010, FJ 1).
De igual modo es un alegato de carácter sustantivo, ya descartado también por este 
Tribunal en anteriores ocasiones, el referido a la pretendida inaplicabilidad de la potestad 
del Gobierno que dimana del art. 161.2 CE al incidente de ejecución de los arts. 87.1 
y 92 LOTC.
Por lo que se refiere a los requerimientos y advertencias contenidos en la providencia 
de admisión a trámite del presente incidente de ejecución, no es cierto que no hayan 
sido solicitados por la abogacía del Estado, como se afirma en los recursos de súplica. 
Ello sin perjuicio de que tales requerimientos y advertencias no son sino mera concreción 
en el incidente del deber general del art. 87.1 LOTC; es decir, no constituyen ni crean 
una obligación de alcance diferente al deber de cumplir las resoluciones del Tribunal 
Constitucional.
Sobre la incidencia de la impugnación en la autonomía parlamentaria, el ius in 
officium y la libertad de expresión de los parlamentarios, se trata de un alegato de 
carácter sustantivo extraño al recurso de súplica contra la providencia de admisión del 
incidente de ejecución. En todo caso, el abogado del Estado se remite a lo alegado 
sobre  esta  cuestión  en  el  escrito  promoviendo  el  incidente,  en  particular  en  su 
fundamento cuarto, y a la doctrina constitucional establecida por las SSTC 46/2018, 
FJ 5, y 115/2019, FJFJ 2 a 7, por todas. Conforme a esta doctrina, la potestad de las 
mesas de las cámaras legislativas de inadmitir a trámite propuestas o proposiciones 
cuya inconstitucionalidad sea evidente se transforma en obligación siempre que la mesa  s
sea destinataria de un mandato del Tribunal Constitucional que impida la tramitación de  oe.
determinada iniciativa, como sucede en el presente caso. w.
En cuanto a la falta de motivación de la providencia de 5 de noviembre de 2019, la  44ww
aelxepgraecsiaómn enetse , gpeonré rreicfear eyn cinao a ls aer t.a 1ju6s1ta.2  Ca El ay  are laolsid aardts, . p8u7e ys  slsa.  LpOroTvCid, etondcioas  ym coatidvaa 
uno de sus apartados.
14.  El letrado del Parlamento de Cataluña presentó sus alegaciones el 12 de 
diciembre de 2019 mediante escrito en el que se remite a las efectuadas en su escrito de 
alegaciones en el incidente de ejecución, registrado en este Tribunal el 11 de diciembre 
de 2019.
15.  El  ministerio  fiscal  formuló  sus  alegaciones  en  el  trámite  abierto  por 
ATC 162/2019 mediante escrito presentado el 20 de diciembre de 2019, en el que 
interesa  que  sean  desestimados  los  recursos  de  súplica  interpuestos  contra  la 
providencia de 5 de noviembre de 2019.
Señala en primer lugar que debe ser rechazada la tacha de inadmisibilidad relativa al 
carácter supuestamente preventivo de la impugnación de los acuerdos parlamentarios 
que se articula por la vía del incidente de ejecución de los arts. 87.1 y 92 LOTC. No se 
trata  de  analizar  el  contenido  constitucional  de  los  acuerdos  impugnados,  sino  de 
enjuiciar si la mesa del Parlamento de Cataluña, al ejercer su facultad de calificación y 
admisión  de  iniciativas  parlamentarias,  ha  acatado  lo  resuelto  por  el  Tribunal 
Constitucional.
Del mismo modo debe descartarse la tacha de inadmisibilidad basada en la ausencia 
de dictamen previo del Consejo de Estado, pues el art. 22.6 de la Ley Orgánica del 
Consejo  de  Estado  no  exige  ese  dictamen  para  la  promoción  de  un  incidente  de 
ejecución.
Señala también el fiscal que  estamos  ante  el incumplimiento de una sentencia 
dictada en el procedimiento de impugnación de disposiciones autonómicas (título V 
LOTC), por lo que es aplicable al incidente de ejecución lo previsto en el art. 161.2 CE, 
que decreta la suspensión ope legis.  En cuanto a las demás medidas de ejecución que 
se  adoptan  en  la  providencia  de  5  de  noviembre  de  2019,  se  corresponden  con 
previsiones contenidas en el art. 92 LOTC.
Debe descartarse igualmente el alegato referido a la inviabilidad del incidente de 
ejecución por el carácter declarativo de la STC 259/2015 y la carencia de efectos 
vinculantes de la propuesta de resolución admitida a trámite por la mesa del Parlamento 
de Cataluña. Lo que se discute es si este órgano ha cumplido con su deber de acatar lo 
resuelto por el Tribunal Constitucional, deber que quedaría en entredicho si se produce la 
reiteración  por  la  cámara  de  actos  que  repiten  o  son  reproducción  de  iniciativas 
declaradas inconstitucionales.
El apercibimiento de eventuales responsabilidades, incluida la penal, a los miembros 
de la mesa por los votos que emitieron para aprobar los acuerdos objeto del incidente de 
ejecución, es una medida que el Tribunal Constitucional puede adoptar incluso de oficio 
(si bien en este caso el abogado del Estado la ha solicitado expresamente) y no vulnera 
la inviolabilidad parlamentaria.
Tampoco se vulneran las libertades de expresión y reunión de los diputados del 
Parlamento  de  Cataluña,  pues  los  acuerdos  impugnados,  adoptados  conforme  al 
procedimiento reglamentario, son manifestación de un órgano de la cámara, la mesa, y 
no suponen el ejercicio de un derecho o libertad fundamental, sino el ejercicio de una 
competencia, la de calificar y, en su caso, admitir a trámite las iniciativas parlamentarias 
(STC 98/2019, FJ 4, por todas). De igual modo deber rechazarse la supuesta lesión del 
derecho de participación política de los parlamentarios; conforme a reiterada doctrina 
constitucional,  permitir  un  debate  y  votación  sobre  cuestiones  que  el  Tribunal 
Constitucional ha suspendido supone desconocer lo que dispone el art. 87.1 LOTC, 
quebrantando el ordenamiento jurídico.
En fin, la pretendida ausencia de motivación que se achaca en los recursos de  e.
súplica a la providencia del Tribunal Constitucional de 5 de noviembre de 2019 carece de  w.b
fundamento, pues las medidas que en esta resolución se adoptan encuentran sustento  44ww
seuns ploesn sairótsn.  a8u7to.1m yá ti9c2a .LOTC, así como en el art. 161.2 CE en lo que se refiere a la
II. Fundamentos jurídicos
1.  Según se ha expuesto con más detalle en los antecedentes, el abogado del 
Estado, en nombre y representación del Gobierno, promueve un incidente de ejecución 
de la STC 259/2015, de 2 de diciembre, dictada en el proceso de impugnación de 
disposiciones autonómicas (título V LOTC) núm. 6330-2015, que declaró inconstitucional 
y nula la resolución 1/XI del Parlamento de Cataluña de 9 de noviembre de 2015 y su 
anexo, y de las providencias  de 10  y 16  de octubre de 2019, que admitieron los 
incidentes  de  ejecución  promovidos  respectivamente  en  relación  con  determinados 
apartados e incisos de las resoluciones del Parlamento de Cataluña 534/XII, de 25 de 
julio de 2019, y 546/XII, de 26 de septiembre de 2019.
El incidente de ejecución se dirige contra el acuerdo de la mesa del Parlamento de 
Cataluña  de  22  de  octubre  de  2019,  en  cuanto  admite  a  trámite  la  propuesta  de 
resolución «de respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo sobre los hechos del 1 de 
octubre», en el inciso final de su apartado undécimo; así como frente al acuerdo de la 
mesa  de  29  de  octubre  de  2019  por  el  que  se  rechazan  las  solicitudes  de 
reconsideración formuladas contra el acuerdo anterior por los grupos parlamentarios 
Socialistes i Units per Avançar (PSC-Units) y Ciutadans (C’s) y el subgrupo Partido 
Popular (PPC).
El único texto oficial, en lengua catalana, del inciso final del apartado undécimo de la 
referida propuesta de resolución ha quedado transcrito en el antecedente 2 de este auto, 
si bien el Gobierno ha incorporado una traducción del texto al castellano, que no ha sido 
objeto de reparo alguno por parte de la representación procesal del Parlamento de 
Cataluña. Es la que a continuación se detalla, a los exclusivos efectos de resolver el 
presente incidente de ejecución.
«11.  […] Por ello [el Parlamento de Cataluña], reitera y reiterará tantas veces como 
lo  deseen  los  diputados  y  las  diputadas  […]  la  defensa  del  derecho  a  la 
autodeterminación y la reivindicación de la soberanía del pueblo de Cataluña para decidir 
su futuro político.»
El  abogado  del  Estado  aduce,  en  síntesis,  que  los  acuerdos  de  la  mesa  del 
Parlamento de Cataluña de 22 y 29 de octubre de 2019 constituyen objeto idóneo del 
incidente de ejecución de los arts. 87.1 y 92 LOTC, a la luz de la doctrina contenida en el 
ATC 124/2017, de 19 de septiembre. La decisión de la mesa de la cámara incumple 
manifiestamente los pronunciamientos contenidos en la STC 259/2015 y desatiende lo 
ordenado por el Tribunal en sus providencias de 10 y 16 de octubre de 2019. Recuerda 
que, de acuerdo con la doctrina constitucional (cita las SSTC 46/2018 y 47/2018, de 26 
de abril ambas, FFJJ 5 y 6, y 96/2019, de 15 de julio, FJ 6), la facultad de las mesas de 
las cámaras de inadmitir a trámite iniciativas parlamentarias que sean manifiesta o 
palmariamente inconstitucionales se torna en obligación de inadmitir en el concreto 
supuesto de que la iniciativa en cuestión constituya un incumplimiento manifiesto de lo 
ordenado por el Tribunal Constitucional, como ocurre en el presente caso. Por ello 
solicita que se declare la nulidad de los referidos acuerdos.
Asimismo solicita que este Tribunal imponga mediante requerimiento personal al 
presidente del Parlamento de Cataluña, a los demás miembros de la mesa y al secretario 
general, la obligación de impedir o paralizar cualquier iniciativa, jurídica o material, que 
directa o indirectamente suponga ignorar o eludir la STC 259/2015 y el presente auto, 
apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluso la penal, en que pudieran  s
incurrir. Interesa también que procedamos a deducir testimonio de particulares para  oe.
exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder al presidente del Parlamento de  w.
dCloeas t lahale upcñrhaoo psyu  deaes llto a1s  d dmee i eroemcstbuorbluorcsei »ód,ne e  «nlad c emu raeensstapo u qaeul seint ach iaasn ol  afvi nosatealn ddtoee n asc uifa aa vdpoearlr  tdTaerdi bolau u nanaddl méSciusimpiórone. ma ot rsáombirtee   2020-2944n https://ww
El ministerio fiscal comparte las apreciaciones del abogado del Estado y solicita por
ello que estimemos el presente incidente de ejecución y declaremos la nulidad de los
acuerdos de la mesa del Parlamento de Cataluña de 22 y 29 de octubre de 2019, en 
cuanto a la admisión a trámite del inciso final del apartado undécimo de la referida 
propuesta de resolución. Interesa asimismo que adoptemos las medidas de ejecución 
que solicita el abogado del Estado.
El letrado del Parlamento de Cataluña, conforme a los razonamientos que han 
quedado reflejados en el relato de antecedentes, postula la inadmisión, o en su caso la 
desestimación,  del  incidente  de  ejecución,  porque  los  acuerdos  de  la  mesa  del 
Parlamento  de  Cataluña  de  22  y  29  de  octubre  de  2019  no  contravienen  la 
STC 259/2015 ni las providencias de 10 y 16 de octubre de 2019. En consecuencia, 
tampoco  procede  acordar  los  requerimientos  y  advertencias  al  presidente  del 
Parlamento, a los demás miembros de la mesa y al secretario general del Parlamento 
que  solicita  el  abogado  del  Estado,  debiendo  asimismo  rechazarse  su  solicitud  de 
deducir testimonio de particulares.
En el incidente se han personado, bajo la misma representación y defensa, don 
Josep Costa i Rosselló y don Eusebi Campdepadrós i Pucurull, vicepresidente primero y 
secretario primero de la mesa del Parlamento de Cataluña, respectivamente, así como 
doña Elsa Artadi Vila y treinta y un diputados más del Parlamento de Cataluña. Han 
interpuesto  sendos  recursos  de  súplica,  de  idéntico  contenido,  resumido  en  los 
antecedentes  del  presente  auto.  Interesan  que  se  revoque  la  providencia  de  5  de 
noviembre de 2019 y se inadmita la impugnación de los acuerdos de la mesa del 
Parlamento de Cataluña de 22 y 29 de octubre de 2019, planteada como incidente de 
ejecución de la STC 259/2015; subsidiariamente, que se anulen los apartados segundo, 
tercero y cuarto de la providencia.
2.  El objeto de la presente resolución se contrae a determinar si lo resuelto en la 
STC 259/2015 (que declaró inconstitucional y nula la resolución 1/XI del Parlamento de 
Cataluña), así como en las providencias de 10 y 16 de octubre de 2019, sobre los 
incidentes  de  ejecución  promovidos  respectivamente  en  relación  con  determinados 
apartados de las resoluciones del Parlamento de Cataluña 534/XII y 546/XII (a la postre 
estimados  por  AATC  180/2019  y  181/2019,  de  18  de  diciembre  ambos),  ha  sido 
desconocido o contradicho por el Parlamento de Cataluña al admitir a trámite, por 
acuerdo de la mesa de 22 de octubre de 2019, confirmado por acuerdo de 29 de octubre, 
el inciso final del apartado undécimo de la propuesta de resolución «de respuesta a la 
sentencia del Tribunal Supremo sobre los hechos del 1 de octubre», antes reproducido.
Antes de entrar a dilucidar la controversia planteada, deben examinarse los óbices 
opuestos por el letrado del Parlamento de Cataluña en sus alegaciones, así como por la 
representación de los dos miembros de la mesa y de los otros treinta y dos diputados de 
esa cámara que se han personado en este incidente y han formulado sendos recursos 
de  súplica,  de  idéntico  contenido,  contra  la  providencia  de  este  Tribunal  de  5  de 
noviembre de 2019, por la que se acordó tener por formulado por el Gobierno el presente 
incidente de ejecución.
Respecto de estos recursos de súplica conviene precisar que, conforme resulta de la 
doctrina  constitucional,  sentada  en  recursos  de  inconstitucionalidad,  conflictos  de 
competencia y procedimientos del título V LOTC, pero aplicable por su identidad de 
razón al incidente de ejecución de los arts. 87.1 y 92 LOTC, no está vedado un examen 
inicial de la concurrencia de las condiciones de procedibilidad del incidente a través del 
recurso de súplica contra la providencia de admisión. Pero ese trámite solo concluirá con 
una decisión de inadmisión si se verifica que la impugnación carece de los requisitos 
procesales indispensables a tal efecto; en ningún caso por motivos de fondo, cuya  e.
valoración está excluida en ese momento [por todos, AATC 292/2014, de 2 de diciembre,  w.b
FJ 3 b), y 117/2017, de 16 de agosto FJ 2]. En suma, el recurso de súplica contra esta  44ww
gcluaasred adre  rperloavciidóenn ccoians  lnoos  pausepdeec tfousn dsaorbsree  elons c uqaulee shqau ievrear smadooti veols ,j usiicnioo  qduee a edsmtoissi bdielidbaedn 
efecTtueandieon dpoo r eeln T ricbuuennatla e ne estsae  mproemmeisnato,  psroec easdavl.ierte  que  los  recursos  de  súplica
interpuestos contra la providencia de 5 de noviembre de 2019 no se limitan a cuestionar
la  concurrencia  de  las  necesarias  condiciones  de  procedibilidad  del  incidente  de 
ejecución promovido por el Gobierno sino que, entrando en un juicio de fondo, aducen 
razones sustantivas no susceptibles de ser valoradas en ese trámite. Examinaremos 
pues  en  este  punto  los  óbices  de  admisibilidad  alegados,  sin  perjuicio  de  que  los 
argumentos de fondo para oponerse al incidente sean considerados más adelante de 
forma conjunta con los esgrimidos por el letrado del Parlamento de Cataluña.
Sostiene en primer lugar el letrado del Parlamento de Cataluña que el presente 
incidente  de  ejecución  debe  ser  declarado  inadmisible  porque  el  Gobierno  habría 
actuado con «abuso procesal», al elegir la vía del incidente de ejecución (art. 92 LOTC), 
en  lugar  de  la  vía  impugnatoria  del  título  V  LOTC,  para  conseguir  los  efectos 
especialmente restrictivos que sobre la actuación de la cámara tiene la presentación de 
un incidente de ejecución de sentencias del Tribunal Constitucional.
Esta objeción ha de ser rechazada. A este Tribunal no le corresponde pronunciarse 
acerca de las supuestas intenciones que habrían animado al Gobierno a decantarse por 
la vía del incidente de ejecución del art. 92 LOTC, en vez de la vía impugnatoria del título 
V LOTC (AATC 180/2019, FJ 3, y 181/2019, FJ 3). Lo único relevante a los efectos que 
aquí interesan es determinar si los acuerdos de la mesa del Parlamento de Cataluña a 
los que se refiere el incidente de ejecución promovido por el Gobierno, pueden constituir 
objeto idóneo del incidente previsto en el art. 92 LOTC.
Que ello sea así lo niegan tanto el letrado del Parlamento de Cataluña como la 
representación de los miembros de la cámara personados, en sus recursos de súplica, al 
sostener que el presente incidente de ejecución debe ser declarado inadmisible porque 
se dirige contra actos de trámite, que desplegarían sus efectos únicamente en la esfera 
interna del procedimiento parlamentario en el que se insertan y solo cobrarían relevancia 
ad extra si ese procedimiento, en el que pueden sufrir enmiendas, concluyera con la 
aprobación de una resolución por el pleno de la cámara.
Se trata de una objeción que debe ser descartada, atendiendo a la doctrina que este 
tribunal  ha  venido  sentando  en  supuestos  similares.  Los  acuerdos  de  la  mesa  del 
Parlamento de Cataluña que nos ocupan son, sin duda, actos de tramitación insertados 
en un procedimiento parlamentario, pero, aunque no ponen fin al mismo, pueden ser 
objeto idóneo de impugnación por la vía del incidente de ejecución del art. 92 LOTC. Ello 
es así, porque, como señalan la abogacía del Estado y el ministerio fiscal, no estamos 
aquí en el supuesto al que se refiere el ATC 135/2004, que declaró no impugnables por 
la vía del proceso de impugnación de disposiciones autonómicas (título V LOTC) los 
actos de trámite insertos en un procedimiento parlamentario, sino ante un incidente de 
ejecución, que tiene por objeto verificar si los poderes públicos han respetado su deber 
de  acatar  lo  resuelto  por  el  Tribunal  Constitucional  (art.  87.1  LOTC).  En  este 
procedimiento  está  el  Tribunal  facultado  para  «declarar  la  nulidad  de  cualesquiera 
resoluciones  que  contravengan  las  dictadas  en  el  ejercicio  de  su  jurisdicción,  con 
ocasión de la ejecución de estas» (art. 92.1 LOTC), sin perjuicio de la posibilidad de 
adoptar  cuantas  otras  medidas  de  ejecución  sean  necesarias  (AATC  123/2017 
y 124/2017, de 19 de septiembre ambos, FJ 2 en los dos casos).
No empece a la precedente conclusión el alegato según el cual la invocación por el 
Gobierno  del  art.  161.2  CE  para  que  se  produzca  la  suspensión  ope  legis  de  los 
acuerdos parlamentarios de 22 y 29 de octubre de 2019 sería procedente en el marco 
procesal de la impugnación del título V LOTC, pero no en el incidente de ejecución del 
art. 92 LOTC. Baste aquí recordar que la idoneidad de la invocación por el Gobierno del 
art. 161.2 CE en los incidentes de ejecución de la STC 259/2015 ha sido admitida ya por  s
este Tribunal en anteriores resoluciones (por todos AATC 180/2019, FJ 3, y 181/2019,  oe.
FJ 3). No advertimos razones para modificar este criterio en el presente caso, lo que  w.
llevó a aplicarlo en la providencia de 5 de noviembre de 2019, como quedó indicado en  44ww
el anDteebceed aesnitme i4s mdeo  edsetsec aaurttaor.se que el incidente de ejecución sea inadmisible por no
h(aarbt.e r2 2s.i6d od ec olan sLueltya dOar gpárneivciaa m3e/1n9te8 0l,a  dceo m22is idóen  apberriml, adneel nCteo ndseelj oC doen sEesjota ddoe) . ECstoamdoo   BOE-A-cable e
hemos tenido ocasión de señalar reiteradamente, este Tribunal, a la hora de admitir o 
inadmitir los recursos constitucionales que se interpongan ante el mismo, debe regirse 
únicamente por lo dispuesto en su propia Ley Orgánica (por todas, SSTC 192/2000, 
de 13 de julio, FJ 3, y 16/2018, de 22 de febrero, FJ 3). Por tanto, la consulta al Consejo 
de  Estado  prevista  en  la  Ley  Orgánica  de  ese  órgano  consultivo  no  afecta  a  la 
interposición de los procesos constitucionales desde el punto de vista de su admisibilidad 
procesal, por lo que debe desestimarse el óbice aducido en sus recursos de súplica por 
la  representación  de  los  miembros  del  Parlamento  de  Cataluña  personados  en  el 
incidente (en el mismo sentido, AATC 180/2019, FJ 3, y 181/2019, FJ 3).
En fin, por lo que se refiere a la pretendida falta de motivación de la providencia de 5 
de noviembre de 2019, se trata de un alegato carente de fundamento alguno, pues la 
providencia motiva expresamente, por referencia al art. 161.2 CE y a los arts. 87, 88 y 92 
LOTC, sus correspondientes pronunciamientos.
Procede pues descartar los óbices de admisibilidad opuestos por el letrado del 
Parlamento de Cataluña y por la representación de los dos miembros de la mesa y de los 
otros treinta y dos diputados personados en el incidente, en sus recursos de súplica, que 
quedan así desestimados.
3.  El presente asunto habremos de resolverlo aplicando los criterios sentados por 
nuestra doctrina en esta materia de incidentes de ejecución, conforme a la cual (por 
todos, STC 136/2018, FJ 3, y AATC 107/2009, de 24 de marzo, FJ 2; 177/2012, de 2 de 
octubre, FJ 2, y 141/2016, FJ 2) los arts. 87.1 y 92 LOTC tienen por finalidad garantizar 
la defensa de la posición institucional del Tribunal Constitucional y la efectividad de sus 
sentencias  y  resoluciones,  protegiendo  su  ámbito  jurisdiccional  frente  a  cualquier 
intromisión ulterior de un poder público que pudiera menoscabarla. Corresponde pues a 
este Tribunal garantizar el cumplimiento efectivo de sus sentencias y demás resoluciones 
y resolver las incidencias de ejecución de las mismas, adoptando cuantas medidas 
considere necesarias para preservar su jurisdicción, incluyendo la declaración de nulidad 
de  aquellos  actos  y  resoluciones  que  la  contravengan  o  menoscaben,  como 
expresamente establece el art. 92.1 LOTC. Podrá aplicar también, en su caso, otras 
medidas  encaminadas  a  asegurar  el  debido  cumplimiento  de  sus  sentencias  y 
resoluciones,  al  que  están  obligados  todos  los  poderes  públicos  (art.  87.1  LOTC), 
incluidas por tanto las cámaras legislativas.
Cabe pues afirmar, siguiendo la doctrina constitucional antes referida (por todos, 
AATC 107/2009, FJ 4, y 24/2017, FJ 4), que lo que aquí ha de examinarse, al cotejar el 
contenido de la STC 259/2015 y de las providencias de 10 y 16 de octubre de 2019 con 
los acuerdos de la mesa del Parlamento de Cataluña de 22 y 29 de octubre de 2019 a 
los que se refiere el presente incidente de ejecución, es, en definitiva, si esos actos 
parlamentarios, en el extremo controvertido, incurren en alguna de las dos situaciones 
proscritas  por  la  jurisprudencia  constitucional.  Tal  ocurriría  de  contener  un 
pronunciamiento contrario a lo decidido en aquellas sentencia y providencias o suponer 
un intento de menoscabar la eficacia —jurídica o material— de lo que allí se resolvió por 
este Tribunal. En el bien entendido de que la vinculación de todos los poderes públicos al 
cumplimiento de lo que el Tribunal Constitucional resuelva (art. 87.1 LOTC) se extiende 
tanto al fallo como a la fundamentación jurídica de sus sentencias y demás resoluciones 
(entre  otras,  SSTC  158/2004,  de  21  de  septiembre,  FJ  4,  y  302/2005,  de  21  de 
noviembre, FJ 6; AATC 273/2006, de 17 de julio, FJ 4; 120/2010, de 4 de octubre, FJ 1; 
141/2016, FJ 2; 170/2016, FJ 3, y 24/2017, FJ 4, por todos).
En caso de constatarse que los controvertidos acuerdos de la mesa del Parlamento  e.
de Cataluña de 22 y 29 de octubre de 2019 contradicen los pronunciamientos de la  w.b
STC 259/2015 (y de las providencias de 10 y 16 de octubre de 2019, en su caso), o que  44ww
sduep oensetinm aurns ein teenl toin dcied emneten odscea beajer clau ceiófinc acyi ad deec lalor aarlslíe r elsau enltuoli dpaodr  edsete  aTqriubeulnloasl,  haacbtorás 
ppraorplaumeesntata drieo sr,e esonl uccuiaónnt o« daed mreitsepnu eas ttraá ma itlea  esle inntceinscoi afi ndael l dTerli baupnaarlt aSduop urenmdéoc ismoob red el olas 
hechos del 1 de octubre». Habremos también de examinar entonces si procede o no
aplicar las medidas de ejecución que solicitan el abogado del Estado y el ministerio 
fiscal,  debiendo  recordarse  una  vez  más  que  «el  contenido  de  las  disposiciones, 
resoluciones o actos emanados de un poder público, cualquiera que sea, no menoscaba 
la integridad de las competencias que la Constitución encomienda a este Tribunal, que 
ejercerá cuando proceda (AATC 189/2015, FJ 3, y 141/2016, FJ 7)» (AATC 170/2016, 
FJ 8, y 24/2017, FJ 4).
4.  Para  resolver  si  los  acuerdos  parlamentarios  impugnados  en  el  presente 
incidente de ejecución contravienen los pronunciamientos de la STC 259/2015 y de las 
providencias de 10 y 16 de octubre de 2019, o suponen un intento de menoscabar la 
eficacia de lo resuelto por el Tribunal Constitucional, resulta determinante atender, como 
señalan el abogado del Estado y el ministerio fiscal, a la doctrina constitucional sentada 
en relación con las facultades de las mesas de las asambleas legislativas de calificación 
y admisión a trámite de iniciativas parlamentarias, en particular cuando estas constituyen 
un incumplimiento manifiesto de lo resuelto por el Tribunal Constitucional (por todas, 
SSTC 46/2018 y 47/2018, de 26 de abril ambas, 115/2019, de 16 de octubre, 128/2019, 
de 11 de noviembre, y 156/2019, de 28 de noviembre).
Conforme a esta consolidada doctrina, las mesas de las cámaras están facultadas —
que  no  obligadas—  para  inadmitir  a  trámite  las  iniciativas  parlamentarias  cuya 
contradicción con el Derecho o inconstitucionalidad sean «palmarias y evidentes». Ahora 
bien, el debido respeto a las resoluciones del Tribunal Constitucional y, en definitiva, a la 
Constitución, que incumbe a todos los ciudadanos y cualificadamente a los poderes 
públicos, veda que las mesas de las cámaras admitan a trámite una iniciativa que de 
forma manifiesta incumpla el deber de acatar lo decidido por este Tribunal. Dicho en 
otras  palabras,  «la  potestad  de  las  mesas  de  inadmitir  a  trámite  propuestas  o 
proposiciones  cuya  inconstitucionalidad  sea  evidente,  se  transforma  en  obligación 
siempre  que  la  mesa  sea  destinataria  de  un  mandato  del  Tribunal  Constitucional 
impidiendo  la  tramitación  de  determinada  iniciativa.  Entenderlo  de  otro  modo  sería 
asumir que el valor de cosa juzgada de las sentencias del Tribunal es relativo y no se 
aplica a la doctrina que se deriva de sus pronunciamientos, lo que resulta incompatible 
con la interpretación que nuestra jurisprudencia ha hecho de los arts. 164.1 CE y 40.2 
LOTC (por todas, STC 119/2012, de 4 de junio, FJ 5)» (STC 115/2019, FJ 7).
Para que pueda considerarse que existe ese incumplimiento es preciso que la mesa 
tramite la iniciativa parlamentaria a sabiendas de que existe una resolución del Tribunal 
Constitucional que le impide darle curso. Así sucede, entre otros supuestos, en los casos 
en los que la resolución del Tribunal contenga una expresa decisión de la que se derive 
esa consecuencia (por ejemplo, traiga causa de un acto o una norma cuya eficacia se 
encuentre suspendida al amparo del art. 161.2 CE o infrinja una medida cautelar o 
cualquier otro pronunciamiento que este Tribunal haya podido adoptar en el ejercicio de 
su jurisdicción), o cuando esa iniciativa parlamentaria sea aplicación de un acto o norma 
anterior que haya sido declarado inconstitucional (por todas, STC 128/2019, FJ 2). 
Existe,  así,  en  tal  caso,  un  deber  de  la  mesa  de  inadmitir  a  trámite  la  iniciativa 
presentada, en cuanto que el control material de la misma viene expresamente exigido 
por  un  mandato  jurisdiccional  que  impone  esa  obligación  (SSTC  47/2018,  FJ  5, 
y 115/2019, FJ 6).
Por otra parte, y con arreglo a esa misma doctrina, el incumplimiento del obligado 
respeto a lo resuelto por este Tribunal por parte de la mesa de la cámara tiene una 
incidencia directa en el ius in officium de los parlamentarios, pues si estos participan en 
la tramitación de una iniciativa que contraviene de modo manifiesto un pronunciamiento  e.
de este Tribunal, infringen también el deber de acatar la Constitución (art. 9.1 CE) y de  w.b
cumplir lo que este Tribunal resuelva (art. 87.1 LOTC). Por el contrario, si cumplen su  44ww
dperobceerd cimoniesntittou ciopnaarlla mdee nrteasrpioe taer sltoá nd ecdiedsidaote pnodrie nedstoe  Tlarisb unfauln cyi onnoe sp arrteicpirpeasne netna tievsaes 
pinahrelarmenetnetsa raia ss quu ec ainrgcou.m  pPloarn  mellaon ifhieesmtaoms ecnoten clalusi ddoe cqisuioen elas  dtreal mTirtiabcuinóanl  Cdoen sintiitcuicaitoivnaasl 
vulnera no solo el art. 9.1 CE y el art. 87.1 LOTC, sino también el art. 23 CE.
5.  Como recuerda la STC 115/2019, FJ 5, este Tribunal ya ha establecido en la 
STC  259/2015  (que  anuló  la  resolución  1/XI  del  Parlamento  de  Cataluña)  que  la 
inconstitucionalidad  de  determinadas  iniciativas,  cuya  discusión  parlamentaria  se 
propone, no viene dada por su contenido, sino por la voluntad expresa de las mismas de 
prescindir de los procedimientos y cauces constitucionalmente admisibles para alcanzar 
sus objetivos.
En efecto, entre otros pronunciamientos la STC 259/2015, FJ 5, declaró que «la 
resolución  1/XI  pretende,  en  suma,  fundamentarse  en  un  principio  de  legitimidad 
democrática del Parlamento de Cataluña, cuya formulación y consecuencias están en 
absoluta contradicción con la Constitución de 1978 y con el Estatuto de Autonomía de 
Cataluña. Ello trastoca no solo los postulados del Estado de Derecho, basado en el 
pleno sometimiento a la ley y al Derecho, sino la propia legitimidad democrática del 
Parlamento de Cataluña, que la Constitución reconoce y ampara». Esto contraviene 
frontalmente el principio democrático (art. 1.1 CE) y la primacía incondicional de la 
Constitución como norma suprema del ordenamiento jurídico (art. 9.1 CE), pues «sin 
conformidad  con  la  Constitución  no  puede  predicarse  legitimidad  alguna.  En  una 
concepción  democrática  del  poder  no  hay  más  legitimidad  que  la  fundada  en  la 
Constitución».
Este Tribunal afirmó también entonces que la resolución 1/XI «desconoce y vulnera 
las normas constitucionales que residencian en el pueblo español la soberanía nacional 
y que, en correspondencia con ello, afirman la unidad de la nación española, titular de 
esa soberanía (arts. 1.2 y 2 CE). Se trata de una infracción constitucional que no es 
fruto,  como  suele  ocurrir  en  las  contravenciones  de  la  norma  fundamental,  de  un 
entendimiento equivocado de lo que la misma impone o permite en cada caso. Es 
resultado, más bien, de un expreso rechazo a la fuerza de obligar de la Constitución 
misma, frente a la que se contrapone, de modo expreso, un poder que se reclama 
depositario de una soberanía y expresión de una dimensión constituyente desde los que 
se ha llevado a cabo una manifiesta negación del vigente ordenamiento constitucional. 
Se trata de la afirmación de un poder que se pretende fundante de un nuevo orden 
político y liberado, por ello mismo, de toda atadura jurídica» (STC 259/2015, FJ 6).
Declaró  asimismo  este  Tribunal  en  la  STC  259/2015  que  el  contenido  de  la 
resolución  1/XI  incide  directamente  sobre  cuestiones  reservadas  en  su  tratamiento 
institucional al procedimiento de reforma constitucional del art. 168 CE, que resultó 
vulnerado  «por  no  haberse  seguido  el  cauce  constitucionalmente  establecido  para 
abordar una redefinición del orden constitucional como la que se pretende con aquella 
resolución». El Parlamento de Cataluña puede proponer la reforma de la Constitución, 
pero no «erigirse en fuente de legitimidad jurídica y política, hasta arrogarse la potestad 
de vulnerar el orden constitucional que sustenta su propia autoridad. Obrando de ese 
modo,  el  Parlamento  de  Cataluña  socavaría  su  propio  fundamento  constitucional  y 
estatutario (arts. 1 y 2.4 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, antes citados), al 
sustraerse de toda vinculación a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, e 
infringiría las bases del Estado de Derecho y la norma que declara la sujeción de todos a 
la Constitución (arts. 1.1 y 9.1 CE)» (STC 259/2015, FJ 7). Advertimos también que no 
cabe utilizar el cauce parlamentario para ignorar de forma deliberada los procedimientos 
previstos a tal fin en la Constitución, pues la autonomía parlamentaria no puede servir de 
pretexto para que la cámara autonómica llegue hasta el extremo de «arrogarse la 
potestad  de  vulnerar  el  orden  constitucional  que  sustenta  su  propia  autoridad» 
(STC 259/2015, FJ 7). s
Los  pronunciamientos  esenciales  de  la  STC  259/2015  se  reiteraron  en  la  oe.
STC 136/2018, de 13 de diciembre, FJ 6, que declaró, teniendo en cuenta esa doctrina, la  w.
inconstitucionalidad  y  nulidad  de  los  apartados  primero,  segundo  y  tercero  de  la  44ww
pmroecsieónnt e5 l/eXgIIis ldaetu r5a ,d ree itjeurliaob ad elo s2 0o1b8je, tievno sl opso líqtiuceo se dl eP laar laanmuelandtoa  rdees oCluactaiólunñ 1a/,X Iy,a i nesnis tílaa 
deen  edjeecrlcaerra resl ed edreepcohsoit aar iloa  daeu tload seotebremrainnaíaci ódne ly p aulecbalnoz daer  lCa aintadleupñean yd erenacfiiarm daeb Caa staul uvñoalu.ntad  BOE-A-cable e
6.  La propuesta de resolución «de respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo 
sobre los hechos del 1 de octubre», admitida a trámite por acuerdo de la mesa del 
Parlamento de Cataluña de 22 de octubre de 2019 (confirmado por el acuerdo de 29 de 
octubre), contiene un apartado undécimo en cuyo inciso final la cámara manifiesta 
literalmente que «reitera y reiterará tantas veces como lo deseen los diputados y las 
diputadas […] la defensa del derecho a la autodeterminación y la reivindicación de la 
soberanía del pueblo de Cataluña para decidir su futuro político».
La referida propuesta de resolución, en el apartado e inciso a los que se contrae el 
presente incidente de ejecución, es capaz de producir efectos jurídicos propios y no 
meramente políticos, pues parte del reconocimiento en favor del Parlamento y del pueblo 
de Cataluña de atribuciones inherentes a la soberanía, superiores a las que derivan de la 
autonomía reconocida por la Constitución (SSTC 42/2014, FJ 2, y 259/2015, FJ 2). 
Reitera el propósito de la cámara autonómica de defender el llamado «derecho a la 
autodeterminación»,  como  instrumento  de  acceso  a  «la  soberanía  del  pueblo  de 
Cataluña», en absoluta contradicción con la Constitución y con el Estatuto de Autonomía 
de Cataluña, como este Tribunal ya declaró en la STC 259/2015 y reiteró en sus 
AATC 170/2016, FJ 6, y 24/2017, FJ 7, así como en la STC 136/2018, FJ 7.
Insiste así el Parlamento de Cataluña en su antijurídica voluntad de continuar el 
proceso  secesionista  en Cataluña,  al margen del ordenamiento constitucional y sin 
supeditarse a las decisiones de las instituciones del Estado español y en particular del 
Tribunal Constitucional. La propuesta de resolución admitida a trámite, en el apartado e 
inciso impugnados, al insistir la cámara en el derecho a la autodeterminación y la 
reivindicación de la soberanía del pueblo de Cataluña para decidir su futuro político, 
plasma la voluntad de esa cámara de eludir los procedimientos de reforma constitucional 
para llevar adelante su proyecto político de secesión del Estado español y creación de 
un Estado catalán independiente en forma de república. Esto supone «intentar una 
inaceptable vía de hecho (incompatible con el Estado social y democrático de Derecho 
que se proclama en el art. 1.1 CE) para reformar la Constitución al margen de ella o 
conseguir su ineficacia práctica» (SSTC 103/2008, FJ 4, y 259/2015, FJ 7).
Debe recordarse que para ninguno de los «pueblos de España», por servirnos de las 
palabras del preámbulo de la Constitución, existe un «derecho de autodeterminación», 
entendido como «derecho» a promover y consumar su secesión unilateral del Estado en 
el  que  se  constituye  España  (art.  1.1  CE).  Ese  supuesto  «derecho  a  la 
autodeterminación»  de  Cataluña,  con  toda  evidencia,  «no  está  reconocido  en  la 
Constitución», y tampoco cabría aducir que forme parte de nuestro ordenamiento en 
virtud de tratados internacionales de los que España sea parte (art. 96 CE), pues tal 
aserto incurriría «en el contrasentido lógico de pretender que el acto de soberanía del 
Estado  al  contraer  tales  supuestos  compromisos  hubiera  entrañado  la  paradójica 
renuncia a esa misma soberanía» [STC 114/2017, FJ 2 b); AATC 180/2019, FJ 7, 
y 181/2019, FJ 7].
7.  Por todo ello, no puede sino concluirse que el Parlamento de Cataluña ha vuelto 
a vulnerar el orden constitucional y estatutario, al admitir a trámite la mesa de la cámara 
la propuesta de resolución «de respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo sobre los 
hechos del 1 de octubre», en el inciso final de su apartado undécimo. Su contenido 
objetivamente contrario a la Constitución no era difícil de constatar, a la vista de la 
STC 259/2015 y de los requerimientos y advertencias contenidos en las providencias 
de 10 y 16 de octubre de 2019 sobre los incidentes de ejecución promovidos respecto de 
las resoluciones 534/XI y 546/XII, pronunciamientos todos ellos que la mesa conocía  e.
antes de admitir a trámite esa iniciativa parlamentaria. w.b
El inciso final del apartado undécimo de esa propuesta de resolución contraviene  44ww
fardomntoanlmiceionntee s loin cdlueicdiadsid eon  plaosr  persotveid eTnricbiuans adl ee 1n0  lya  1S6 TdCe  o2c5tu9b/2r0e1 d5e  y2 0d1e9s, aptuieensd dee  lasus 
econn taefniridmoa sr e lad essporbeenrdaen ídae  mdealn epruae ibnleoq udíveo cCa alata ilnusñias teyn cilaa  ddeel Pfeanrslaam  ednetlo  ddeer eCcahtaol uñdae 
autodeterminación.  Esa  reiteración  obedece,  como  señala  la  propia  propuesta  de
resolución  en  su  apartado  novena,  a  la  pretensión  de  dar  respuesta,  entre  otros 
extremos, «a la censura que el Tribunal Constitucional pretende imponer al Parlamento 
de Cataluña, claramente incompatible con la autonomía y la inviolabilidad de la cámara», 
lo  que  evidencia  que  el  Parlamento  de  Cataluña  insiste  en  negarse  a  cumplir  las 
resoluciones  del  Tribunal  Constitucional,  por  considerarlo,  como  ya  hiciera  la 
resolución 1/XI, «carente de legitimidad y competencia». Por otra parte, que la propuesta 
de  resolución  persigue  continuar  con  el  inconstitucional  proceso  secesionista  de 
Cataluña resulta corroborado, como señala la abogacía del Estado, por el debate que 
tuvo lugar en el pleno de la cámara al día siguiente de la admisión a trámite de esa 
propuesta, en particular por las manifestaciones efectuadas por el presidente de la 
Generalitat. Vuelve así la cámara a «desvincularse de la primacía incondicional de la 
Constitución»  (STC  259/2015,  FJ  4),  vulnerando  «las  normas  constitucionales  que 
residencian en el pueblo español la soberanía nacional y que, en correspondencia con 
ello, afirman la unidad de la nación española, titular de esa soberanía (arts. 1.2 y 2 CE)» 
(STC 259/2015, FJ 6).
Es manifiesto también que la mesa del Parlamento de Cataluña conocía que la 
admisión a trámite de la propuesta de resolución, en el inciso final de su apartado 
undécimo, implicaba no respetar lo resuelto por este Tribunal en la STC 259/2015 y en 
las providencias de 10 y 16 de octubre de 2019. Así le fue advertido a la mesa en la 
reunión del 22 de octubre de 2019 tanto por el secretario general y el letrado mayor de la 
cámara, como por los miembros de la mesa pertenecientes a los grupos parlamentarios 
C’s (vicepresidente segundo y secretaria tercera) y PSC (secretario segundo), pese a lo 
cual la mesa, con los votos a favor del presidente, del vicepresidente primero, del 
secretario primero y de la secretaria cuarta (y los votos en contra del vicepresidente 
segundo, del secretario segundo y de la secretaria tercera), acordó la admisión a trámite 
de la propuesta de resolución con el contenido de su apartado undécimo, conforme 
resulta de la documentación aportada al presente incidente de ejecución.
Asimismo le fue advertido a la mesa ese incumplimiento de la STC 259/2015 y de las 
providencias de 10 y 16 de octubre de 2019, en las solicitudes de reconsideración del 
acuerdo de 22 de octubre de 2019 presentadas por los grupos parlamentarios PSC y C’s 
y el subgrupo PPC. La mesa desestimó, por acuerdo de 29 de octubre de 2019, las 
solicitudes  de  reconsideración  con  los  votos  del  presidente  (voto  de  calidad),  del 
vicepresidente primero y del secretario primero (frente a los tres votos del vicepresidente 
segundo, del secretario segundo y de la secretaria tercera). No consta que la secretaria 
cuarta participara en la deliberación y votación del acuerdo de 29 de octubre de 2019.
En definitiva, la mesa del Parlamento de Cataluña admitió a trámite la propuesta de 
resolución presentada por los grupos parlamentarios ERC y JxCat y el subgrupo CUP-
CC,  con  el  contenido  de  su  apartado  undécimo,  a  sabiendas  de  que  existían 
resoluciones previas del Tribunal Constitucional que impedían darle curso por tratarse de 
una reiteración de la resolución 1/XI, ya anulada por la STC 259/2015, así como de las 
resoluciones 534/XII y 546/XII, que estaban suspendidas ope legis por aplicación del 
art. 161.2 CE, en virtud de las providencias del Tribunal Constitucional de 10 y 16 de 
octubre de 2019. En ellas se advertía expresamente a los miembros de la mesa del 
Parlamento de Cataluña de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que 
suponga  ignorar  o  eludir  la  suspensión  acordada,  con  apercibimiento  de 
responsabilidades, incluida la penal, así como de su obligación de abstenerse de realizar 
cualquier actuación encaminada a dar cumplimiento a los incisos impugnados de las 
resoluciones 534/XII y 546/XII y de impedir o paralizar cualquier iniciativa, jurídica o  s
material, que directa o indirectamente suponga ignorar o eludir la STC 259/2015. oe.
Tales admoniciones en modo alguno vulneran la libertad de expresión ni los derechos  w.
de reunión y de participación política de los diputados del Parlamento de Cataluña, pues  44ww
Csoonn sltait uccioónns (eacrut.e 9n.c1i aC Eo)b ylig daedl ad edbee r ldae  saucjaetcairó nlo  odred etnoaddoos  ploors e lp Tordibeurensa l pCúobnlsictoitus ciao nalal 
p(aarrtl.a m87e.n1t arLioOsT Co)b.j ePtoo rd eolt rap repsaerntete,  cinocmidoe nstee ñadlea  eejel cmucinióisnt,e raiod ofpistacdaol, s locso nafocrumeerd oasl   BOE-A-cable e
procedimiento reglamentario por la mesa de la cámara, no suponen el ejercicio de un 
derecho fundamental, sino de una competencia, atribución o función, la de calificar y, en 
su caso, admitir a trámite las iniciativas parlamentarias (por todas, STC 98/2019, de 17 
de julio, FJ 4). En el ejercicio de esa competencia la mesa del Parlamento de Cataluña 
venía  obligada,  conforme  a  nuestra  reiterada  doctrina  antes  citada,  a  inadmitir  la 
propuesta de resolución en cuanto al inciso final de su apartado undécimo, pues la 
admisión a trámite, para su sustanciación por el pleno de la cámara, implicaba un 
manifiesto  incumplimiento  del  deber  de  la  mesa  de  respetar  lo  acordado  por  este 
Tribunal (arts. 9.1 CE y 87.1 LOTC) en la STC 259/2015 y las providencias de 10 y 16 de 
octubre de 2019, además de vulnerar el ius in officium (art. 23 CE) de los diputados de 
esa cámara.
8.  Este  Tribunal  viene  advirtiendo  de  forma  expresa  a  los  poderes  públicos 
implicados y a sus titulares, especialmente a la mesa del Parlamento de Cataluña, bajo 
su responsabilidad, de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga 
alterar  unilateralmente  el  marco  constitucional  o  incumplir  las  resoluciones  de  este 
Tribunal  (AATC  141/2016,  FJ  7;  170/2016,  FJ  7;  24/2017,  FJ  9;  123/2017,  FJ  8; 
124/2017, FJ 8; 144/2017, FJ 8; 180/2019, FJ 9, y 181/2019, FJ 9). Así se reiteró en las 
providencias de 10 y 16 de octubre de 2019, en relación con los incidentes de ejecución 
de  la  STC  259/2015  promovidos  respecto  de  las  resoluciones  del  Parlamento  de 
Cataluña 534/XII y 546/XII, que han sido estimados por los citados AATC 180/2019 
y 181/2019.
El cualificado deber de acatamiento a la Constitución que recae sobre los titulares de 
cargos  públicos  no  se  concreta  en  una  necesaria  adhesión  ideológica  a  su  total 
contenido, pero sí en el compromiso de realizar sus funciones de acuerdo con ella y en 
el respeto al resto del ordenamiento jurídico. Que esto sea así para todo poder público 
«deriva, inexcusablemente, de la condición de nuestro Estado como constitucional y de 
Derecho» (STC 259/2015, FJ 4).
Como este Tribunal ha venido recordando, el debate público en las asambleas 
legislativas sobre proyectos políticos que pretendan modificar el fundamento mismo del 
orden constitucional goza, precisamente al amparo de la Constitución, de una irrestricta 
libertad, siempre que estos proyectos no se articulen o defiendan a través de una 
actividad que vulnere los principios democráticos, los derechos fundamentales o el resto 
de los mandatos constitucionales y que el intento de su consecución efectiva se realice 
en el marco constitucional, lo que excluye la conversión de esos proyectos políticos en 
normas o en otras determinaciones del poder público de manera unilateral, despreciando 
el procedimiento de reforma constitucional (SSTC 42/2014, FJ 4, y 259/2015, FJ 7). La 
autonomía parlamentaria (art. 58 del Estatuto de Autonomía de Cataluña) no puede en 
modo  alguno  servir  de  pretexto  para  que  el  Parlamento  de  Cataluña  se  considere 
legitimado para atribuirse la potestad de vulnerar el orden constitucional (STC 259/2015, 
FJ 7), ni erigirse en excusa para soslayar el cumplimiento de las resoluciones del 
Tribunal Constitucional (AATC 170/2016, FJ 6; 24/2017, FJ 8; 123/2017, FJ 8; 124/2017, 
FJ 8; 180/2019, FJ 9, y 181/2019, FJ 9).
Pese a ello, la mesa del Parlamento de Cataluña ha desatendido una vez más las 
advertencias de este Tribunal, reiteradas de nuevo en las providencias de 10 y 16 de 
octubre de 2019, de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga 
alterar  unilateralmente  el  marco  constitucional  o  incumplir  las  resoluciones  de  este 
Tribunal, al admitir a trámite la propuesta de resolución «de respuesta a la sentencia del 
Tribunal Supremo sobre los hechos del 1 de octubre», en el inciso final de su apartado  e.
undécimo, conforme ha quedado razonado. w.b
Todo ello conduce a estimar el incidente de ejecución (arts. 87.1 y 92 LOTC) promovido  44ww
(ccoonntrfiarm eal daoc puoerr daoc udeerd ola  dme e2s9a d ed eol ctPuabrrlea)m, eenn tocu adnet oC aadtamluitñea a  dtreá m2i2te  dlae  reofceturibdrae  pdroep u2e0s1t9a 
pdero vreesnoirl udceió unn,  epno deel rin pcúisbol icfion asli nd ed usdua a lpeagríttaimdoo  uennd oércigimeno—. S ud eabpea rsieenr cciaan dcee lajudriad imcideaddia n—tep olar 
declaración de nulidad que aquí se decide.
9.  La garantía del orden constitucional, conculcado por la admisión a trámite de la 
referida propuesta de resolución por la mesa del Parlamento de Cataluña, en el inciso 
final del apartado undécimo de la misma al que se refiere el presente incidente de 
ejecución,  exige  que  este  Tribunal  ejerza  las  competencias  que  la  Constitución  le 
encomienda  para  preservar  su  jurisdicción  y  el  cumplimiento  de  sus  resoluciones 
(STC 259/2015, FJ 4; AATC 189/2015, FJ 3; 141/2016, FJ 7; 170/2016, FJ 9; 24/2017, 
FJ 12; 123/2017, FJ 11; 124/2017, FJ 9; 180/2019, FJ 9, y 181/2019, FJ 9).
Ello implica que la estimación del presente incidente de ejecución no se limite a 
declarar la nulidad de los acuerdos de la mesa del Parlamento de Cataluña de 22 y 29 
de octubre de 2019, en cuanto admiten a trámite el inciso final del apartado undécimo de 
la propuesta de resolución «de respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo sobre los 
hechos del 1 de octubre», sino que, asimismo, de conformidad con lo dispuesto en los 
arts. 87.1, párrafo segundo, y 92.4 LOTC, y conforme a lo interesado por el abogado del 
Estado  y  el  ministerio  fiscal,  procede  notificar  personalmente  el  presente  auto  al 
presidente del Parlamento de Cataluña, a los demás miembros de la mesa y al secretario 
general del Parlamento, advirtiéndoles de su deber de impedir o paralizar cualquier 
iniciativa, jurídica o material, que directa o indirectamente pretenda o suponga ignorar o 
eludir la STC 259/2015 y la nulidad acordada en el presente auto. Todo ello con expreso 
apercibimiento de las eventuales responsabilidades en las que pudieran incurrir en caso 
de incumplimiento de lo ordenado por este Tribunal.
Tales requerimientos y apercibimientos, al igual que los contenidos en el apartado 
tercero de la providencia de 5 de noviembre de 2019, en modo alguno atentan contra la 
autonomía parlamentaria y la inviolabilidad de los diputados del Parlamento de Cataluña. 
Como ya hemos tenido ocasión de declarar en ocasiones precedentes, la admonición a 
la mesa del Parlamento y a sus miembros del deber de impedir o paralizar cualquier 
iniciativa que suponga incumplir las resoluciones de este Tribunal «no supone en modo 
alguno una restricción ilegítima de la autonomía parlamentaria ni compromete el ejercicio 
del derecho de participación de los representantes políticos garantizado por el art. 23 
CE; es la consecuencia obligada de la sumisión a la Constitución de todos los poderes 
públicos (art. 9.1 CE)» (AATC 24/2017, FJ 9, y 123/2017, FJ 8). Resulta, por tanto, que 
las admoniciones que se contienen en la providencia de 5 de noviembre de 2019 y en el 
presente auto no solo no carecen de respaldo legal, sino que son la consecuencia 
obligada de la sumisión a la Constitución de todos los poderes públicos. Por ello, tales 
advertencias, como expresamente ha señalado este Tribunal, «no son contrarias a la 
autonomía  de  la  cámara,  por  lo  que  no  puede  considerarse  que  conlleven  una 
usurpación de las atribuciones de los órganos competentes, ni que sean contrarias al 
principio de separación de poderes ni tampoco que las mismas atenten a la inviolabilidad 
de los parlamentarios, pues a través de ellas sólo se garantiza el cumplimiento de las 
resoluciones de este Tribunal, que, como se ha indicado, han de ser cumplidas también 
por las cámaras legislativas» (AATC 6/2018, de 30 de enero, FJ 6; 180/2019, FJ 9, 
y 181/2019, FJ 9).
Por otra parte, como antes quedó expuesto, resulta también que, eludiendo su 
obligación de cumplimiento de lo que el Tribunal Constitucional resuelva (art. 87.1 CE) 
y desatendiendo las reiteradas advertencias de este Tribunal a los miembros de la 
mesa del Parlamento de Cataluña sobre su deber de impedir o paralizar cualquier 
iniciativa que suponga alterar unilateralmente el marco constitucional o incumplir las 
resoluciones del Tribunal, el presidente del Parlamento de Cataluña, con su voto de 
calidad y otros dos miembros de la mesa (el vicepresidente primero y el secretario  s
primero), accedieron a someter al pleno de la cámara (al rechazar la solicitud de  oe.
reconsideración formulada por los grupos parlamentarios PSC y C’s y el subgrupo  w.
PPC), la propuesta de resolución «de respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo  44ww
sJoxSbr ey  elol ss uhbegchruopso d CelU 1P -dCeC o,c qtuuber ec»o,n tpierensee enlt aindcai spoo rfi nloasl  dgerul paopsa rptaadrloa muenndtéacriimoso  EoRbjCet oy 
del presente incidente de ejecución.
La  referida  propuesta  de  resolución  fue  votada,  junto  a  las  enmiendas 
presentadas, por el pleno de la cámara el 26 de noviembre de 2019, aprobándose 
como resolución 649/XII, «de respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo sobre 
los hechos del 1 de octubre», publicada en el «Boletín Oficial del Parlamento de 
Cataluña» núm. 481, de 29 de noviembre de 2019. Incluye un apartado duodécimo, 
del siguiente tenor:
«12.  El Parlamento de Cataluña:
a)  Denuncia la censura previa que el Tribunal Constitucional pretende imponer al 
Parlamento de Cataluña mediante, entre otras, las providencias de 5 de noviembre 
de 2019, que ordenan la suspensión parcial del punto undécimo de la propuesta original 
de esta resolución, que acababa con el texto siguiente: ‘Por ello, reitera y reiterará tantas 
veces como lo deseen los diputados y las diputadas […] la defensa del derecho a la 
autodeterminación y la reivindicación de la soberanía del pueblo de Cataluña para decidir 
su futuro político’.
b)  Rechaza  la  suspensión  parcial  mencionada,  acordada  por  el  Tribunal 
Constitucional, relativa al inciso que completaba el punto undécimo de la presente 
resolución con el texto reproducido en la letra a de este punto duodécimo, y considera 
que esta actuación del Tribunal Constitucional es contraria a los derechos fundamentales 
de libertad de expresión, libertad ideológica y participación política.»
No  es  competencia  de  este  Tribunal  resolver  si  la  conducta  del  presidente  del 
Parlamento de Cataluña y de los miembros de la mesa señalados (el vicepresidente 
primero y el secretario primero), es constitutiva de alguna infracción penal, pero sí 
constatar que las circunstancias referidas constituyen un conjunto de entidad suficiente 
como para trasladarlas al ministerio fiscal a fin de que, si lo estima pertinente, promueva 
el ejercicio de las acciones penales que considere procedentes.
Por lo expuesto, el Pleno
ACUERDA
1.  Desestimar los recursos de súplica interpuestos por la representación procesal 
de don Josep Costa i Rosselló y don Eusebi Campdepadrós i Pucurull, y de doña Elsa 
Artadi  Vila  y  treinta  y  un  diputados  más  del  Parlamento  de  Cataluña,  contra  la 
providencia de 5 de noviembre  de 2019  sobre  admisión del presente incidente de 
ejecución.
2.  Estimar  el  incidente  de  ejecución  formulado  por  el  abogado  del  Estado  en 
representación  del  Gobierno  respecto  del  acuerdo  de  la  mesa  del  Parlamento  de 
Cataluña de 22 de octubre de 2019, por el que se admite a trámite la propuesta de 
resolución «de respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo sobre los hechos del 1 de 
octubre», en cuanto al inciso final de su apartado undécimo, así como del acuerdo de 29 
de octubre de 2019, por el que se rechazan las solicitudes de reconsideración de aquella 
decisión y, en su virtud:
a)  Declarar la nulidad de los referidos acuerdos, en lo que se refiere a la admisión a 
trámite del inciso final del apartado undécimo de la referida propuesta de resolución.
b)  Notificar  personalmente  el  presente  auto  al  presidente  del  Parlamento  de  s
Cataluña, a los demás miembros de la mesa y al secretario general del Parlamento, con  o
la advertencia de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa, jurídica o material,  w.
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por este Tribunal.
c)  Deducir testimonio de particulares a fin de que el ministerio fiscal proceda, en su 
caso,  a  exigir  la  responsabilidad  penal  que  pudiera  corresponder  al  presidente  del 
Parlamento de Cataluña, don Roger Torrent i Ramió, al vicepresidente primero de la 
mesa del Parlamento, don Josep Costa i Rosselló y al secretario primero de la mesa, 
don Eusebi Campdepadrós i Pucurull, por incumplir el mandato del párrafo primero del 
art. 87.1 LOTC, en relación con los hechos objeto del presente incidente de ejecución.
Publíquese este auto en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid,  a  veintiocho  de  enero  de  dos  mil  veinte.–Juan  José  González  Rivas.–
Encarnación Roca Trías.–Andrés Ollero Tassara.–Fernando Valdés Dal-Ré.–Santiago 
Martínez-Vares García.–Juan Antonio Xiol Ríos.–Antonio Narváez Rodríguez.–Alfredo 
Montoya  Melgar.–Ricardo  Enríquez  Sancho.–Cándido  Conde-Pumpido  Tourón.–María 
Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y rubricado.