BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 239 Miércoles 6 de octubre de 2021 Sec. I.   Pág. 122061
I. DISPOSICIONES GENERALES
JEFATURA DEL ESTADO
16231 Real Decreto-ley 20/2021, de 5 de octubre, por el que se adoptan medidas 
urgentes de apoyo para la reparación de los daños ocasionados por las 
erupciones volcánicas y para la reconstrucción económica y social de la isla 
de La Palma.
I
El pasado 19 de septiembre de 2021, a las 15:12 horas (hora canaria) comenzó una 
erupción volcánica en la zona de Montaña Rajada de la isla de La Palma, en el municipio 
de El Paso, con dos fisuras grandes alineadas en dirección NS, separadas entre sí por 
unos 200 metros, 9 bocas eruptivas y dos coladas de lava bajando en dirección al mar, 
todo ello después de una intensa actividad sísmica y de deformación registrada durante 
la semana previa a la erupción, según datos del Instituto Geográfico Nacional.
En  la  misma  fecha,  fue  activado  el  Plan  Estatal  General  de  Emergencias  de 
Protección Civil (PLEGEM) en fase de Alerta y Seguimiento Permanente. Por otra parte, 
fueron  activados,  a  las  15:00  horas  del  mismo  día  19  de  septiembre  de  2021,  la 
Situación de Emergencia Nivel 2 y el semáforo volcánico en nivel rojo, correspondientes 
al Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por riesgo volcánico de 
la Comunidad Autónoma de Canarias (PEVOLCA). Con el comienzo de la actividad 
volcánica, la Unidad Militar de Emergencias (UME) fue desplazada a la isla, junto a 
numerosos medios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
La erupción viene expulsando una colada de lava intensa y materiales piroclásticos a 
la atmósfera, presentando fases intermitentes de diferente explosividad volcánica que, 
hasta la fecha, ha obligado ya a evacuar preventivamente a más de 6.000 vecinos de los 
municipios de El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte, y ha destruido centenares de 
viviendas y explotaciones agrícolas. A su vez, tras diez días desde el inicio de la 
expulsión de lava volcánica, esta alcanzó el mar por la costa de Tazacorte.
Por su parte, el Consejo de Ministros, en su reunión de 28 de septiembre de 2021, ha 
aprobado un paquete de medidas, tanto de impacto inmediato como enfocadas a medio 
y largo plazo, destinadas, por un lado, a ayudar a las personas afectadas por la erupción 
del volcán de la Cumbre Vieja de La Palma y, por otro, a articular la recuperación 
económica de la isla y la reconstrucción de las infraestructuras afectadas.
Dentro  de  las  medidas  de  impacto  inmediato,  se  ha  adoptado  el  Real 
Decreto 820/2021, de 28 de septiembre, por el que se aprueba la concesión directa a la 
Comunidad Autónoma de Canarias de una subvención para financiar la adquisición de 
viviendas y enseres de primera necesidad destinados a las familias afectadas por la 
erupción volcánica en la zona de Montaña Rajada, en la isla de La Palma (Santa Cruz de 
Tenerife). Dicha medida destina 10,5 millones de euros para cofinanciar la compra de 
hasta 107 viviendas de titularidad pública o privada para el realojo de aquellas personas 
que han perdido su hogar tras la erupción volcánica, así como para la adquisición de 
enseres de primera necesidad.
Asimismo,  mediante  Acuerdo  de  la  misma  fecha,  el  Consejo  de  Ministros  ha  s
declarado también la isla de La Palma zona afectada gravemente por una emergencia de  e.
protección civil (ZAEPC) debido a la erupción del volcán, habilitando así a todos los  w.
Departamentos  ministeriales  para  determinar  las  ayudas  necesarias  para  recuperar  231ww
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cabo actuaciones, con la mayor celeridad posible, dirigidas a mitigar los perjuicios que 
está causando esta eventualidad.
Por  todo  ello,  y  en  atención  a  la  naturaleza  catastrófica  descrita,  concurren 
circunstancias  de  extraordinaria  y  urgente  necesidad  que  habilitan  al  Gobierno,  de 
conformidad con lo previsto en el artículo 86 de la Constitución Española, a adoptar las 
medidas que se contemplan en esta norma.
II
El presente real decreto-ley consta de una parte expositiva y una parte dispositiva 
estructurada  en  nueve  títulos,  52  artículos,  tres  disposiciones  adicionales,  una 
disposición derogatoria, y tres disposiciones finales.
El título I, artículos 1 a 3, incorpora las disposiciones comunes sobre el objeto y 
ámbito de aplicación de la norma, así como el régimen jurídico aplicable a las ayudas y 
subvenciones  previstas  en  el  real  decreto-ley,  especificando  que  se  trata  de 
subvenciones  directas  establecidas  legalmente  de  acuerdo  con  lo  previsto  en  el 
artículo 22.2 b) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
El título II, que comprende los artículos 4 a 8, recoge una serie de actuaciones 
destinadas  a  paliar  daños  personales,  en  viviendas  y  establecimientos  industriales, 
mercantiles y de servicios, así como para resarcir a las corporaciones locales de los 
gastos para hacer frente a la emergencia y a las personas por prestaciones personales y 
de bienes.
Así, en primer lugar, en materia de ayudas personales, se aplicará la normativa 
vigente establecida en el Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, por el que se regulan 
las subvenciones en atención a determinadas necesidades derivadas de situaciones de 
emergencia  o  de  naturaleza  catastrófica,  y  se  establece  el  procedimiento  para  su 
concesión.
En segundo lugar, en materia de ayudas en viviendas, se flexibilizan los medios de 
prueba para acreditar su titularidad y los daños causados; se dejan sin efecto las 
limitaciones derivadas de los ingresos de las familias o unidades de convivencia que 
hayan  visto  siniestradas  sus  viviendas,  y  se  duplica  la  cuantía  de  las  ayudas  con 
respecto a las previstas en el Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo.
En  tercer  lugar,  en  relación  con  los  daños  en  establecimientos  industriales, 
mercantiles y de servicios, se posibilita que la cuantía de la ayuda prevista en el Real 
Decreto 307/2005, de 18 de marzo, cuando el interesado haya sido indemnizado por el 
Consorcio de Compensación de Seguros con aplicación de la franquicia normativamente 
prevista, pueda destinarse a cubrir el importe de esta última, siempre con el límite de que 
el total de las ayudas, públicas o privadas, no supere la cuantía del daño causado.
En cuarto lugar, respecto de las ayudas a corporaciones locales por gastos que 
hayan debido afrontar para hacer frente a la emergencia, se eliminan los requisitos y 
cuantías previstos en el mencionado Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo. En este 
sentido, la medida principal es que la ayuda podrá extenderse al 100 por cien de los 
gastos de emergencia en que hayan incurrido las corporaciones locales.
Por último, en este título se concede un plazo excepcional de seis meses para 
solicitar las ayudas, a contar desde que se hayan visto afectadas las viviendas o los 
establecimientos, o se hayan realizado los gastos por las corporaciones locales o las 
prestaciones  por  personas  físicas  o  jurídicas,  o  se  hayan  producido  los  daños 
personales;  y  se  establece  la  autoridad  competente  para  tramitar  y  resolver  las  s
solicitudes de ayudas. e.
El título III, que abarca los artículos 9 a 11, establece medidas en materia de empleo,  w.
seguridad  social  y  planes  de  pensiones.  A  tal  efecto,  se  establece  que  el  Plan  231ww
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financiará con un crédito por importe de 63 millones de euros.
La finalidad del citado Plan es, por una parte, implementar un conjunto de medidas 
de acción rápida para paliar los daños cuya reparación exija una mayor urgencia, y, por 
otra, articular una serie de medidas de futuro para diseñar una estrategia estructural que 
se active una vez el volcán cese su actividad, con el objetivo de recuperar la situación 
previa a la erupción.
Asimismo, se contemplan posibilidades de aplazamiento y moratoria en el ingreso de 
cuotas  de  la  Seguridad  Social  y  por  conceptos  de  recaudación  conjunta  para  las 
empresas y trabajadores por cuenta propia que se hayan visto afectados por la erupción 
volcánica.
Por  su  parte,  y  con  el  objeto  de  facilitar  que  los  afectados  puedan  atender 
necesidades sobrevenidas de liquidez, se prevé, con carácter de supuesto excepcional, 
la posibilidad de disponer anticipadamente de los derechos consolidados en los planes 
de pensiones de los que sean partícipes, fijándose las condiciones y el importe máximo 
de disposición.
El título IV, que abarca los artículos 12 a 24, se subdivide a su vez en dos capítulos, 
relativos respectivamente, a medidas en materia de consumo dirigidas a garantizar el 
pleno ejercicio de los derechos de las personas consumidoras afectadas, y a medidas de 
suspensión de obligaciones de pago de intereses y principal para préstamos y créditos 
con y sin garantía hipotecaria.
De este modo, el capítulo primero, establece la suspensión de los plazos para el 
ejercicio del derecho de desistimiento u otros derechos adicionales que se puedan haber 
establecido contractualmente, como puede ser un potencial derecho de devolución. La 
evacuación de residentes en determinados municipios, así como la situación de estrés 
que están sufriendo estas personas, hace necesario que los plazos para el ejercicio de 
sus derechos se vean suspendidos, de cara a que puedan ejercerlos efectivamente una 
vez que se vaya recuperando la situación de normalidad. Asimismo, y con la finalidad de 
suprimir trámites que podrían impedir el ejercicio efectivo de estos derechos, se exime de 
la obligación de presentación de la documentación necesaria para su ejercicio cuando la 
misma resulte de imposible obtención o conservación por los efectos de la erupción 
volcánica.
Este derecho se confiere a todos los residentes, aunque sea de forma temporal, en la 
zona  declarada  como  afectada  gravemente  por  una  emergencia  de  protección  civil 
conforme al Acuerdo de Consejo de Ministros, de 28 de septiembre de 2021, por el que 
se declara la isla de La Palma (Santa Cruz de Tenerife) «Zona afectada gravemente por 
una emergencia de protección civil».
Asimismo, se desarrolla el estatuto de responsabilidades y ejecución de contratos de 
provisión de bienes o prestación de servicios que se hayan visto o se puedan ver 
afectados por la erupción volcánica. En primer lugar, se concreta la institución de la 
fuerza mayor prevista en el artículo 1105 del Código Civil. De esta forma, se exonera de 
responsabilidades respecto de la ejecución de los contratos de imposible cumplimiento a 
las partes, así como se detalla la forma de llevarse a cabo la restitución de los importes 
que hayan podido ser abonados.
Se prevé también de forma expresa la imposibilidad de ejecución de servicios de 
tracto sucesivo. En estos casos, y de forma análoga a como se reguló en el Real 
Decreto-ley  11/2020,  de  31  de  marzo,  por  el  que  se  adoptan  medidas  urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, se 
permite el aplazamiento de la prestación del servicio al momento en el que pueda 
prestarse de forma efectiva o la devolución de los importes ya abonados, cuando la  s
persona  consumidora  o  usuaria  afectada  no  quiera  disfrutar  del  servicio  de  forma  oe.
aplazada o no pueda. En estos casos, se prohíbe igualmente el cobro de nuevas cuotas  w.
hasta que el servicio pueda prestarse de forma efectiva. 231ww
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pporor vipsaiórtne  ddee sl uemminpirsetrsoasr.io, como ocurre, por ejemplo, con la normativa que regula la  BOE-A-cable e
En segundo lugar, ante la alteración sobrevenida de las circunstancias que motivaron 
la suscripción de contratos de consumo por las personas afectadas, se establece que en 
aquellos contratos en los que el empresario pueda ejecutar el contrato, pero la persona 
consumidora no pueda recibir el bien o no pueda disfrutar del servicio o del suministro 
objeto del mismo, se confiere a estas personas el derecho a optar entre la resolución del 
contrato o el aplazamiento de la ejecución del mismo.
La base de este derecho radica en el hecho de que muchas personas consumidoras 
o usuarias afectadas se han visto obligadas a abandonar sus domicilios, aun cuando 
estos se encuentran en zonas que no han sido objeto directo del paso de la lava. Por 
tanto, aun cuando los contratos se pudiesen ejecutar por parte del empresario, por 
ejemplo, porque se puede seguir suministrando agua o electricidad a una vivienda, o 
prestando un servicio de comunicaciones electrónicas, estas personas no podrán recibir 
los productos o disfrutar de los servicios o suministros que motivaron la suscripción del 
contrato. La finalidad pretendida es que estas personas se vean exoneradas del abono 
de cuotas derivadas de estos contratos, pudiéndose retomar el contrato una vez que las 
personas consumidoras o usuarias afectadas puedan volver a disfrutar del objeto de los 
mismos.
Asimismo, se confiere a las personas consumidoras o usuarias afectadas el derecho 
a poner fin a un contrato de transporte sin pagar ninguna penalización al haberse 
producido una circunstancia inevitable y extraordinaria que afecta significativamente a la 
ejecución del viaje. Se trata de conferir a las personas viajeras un derecho que ya 
establece la normativa vigente en relación con los viajes combinados, como dispone el 
artículo  160.2  del  texto  refundido  de  la  Ley  General  para  la  Defensa  de  los 
Consumidores y Usuarios, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de 
noviembre. Se considera que, ante este tipo de catástrofes naturales, se han modificado 
de forma sustancial las condiciones que fundamentaron la relación contractual inicial y, 
por tanto, la persona viajera debe tener derecho a su cancelación de forma previa al 
inicio del viaje sin pagar ninguna penalización.
Por  consiguiente,  se  confiere  este  derecho  respecto  de  aquellos  contratos  de 
transportes suscritos de forma previa al 13 de septiembre de 2021, momento en el que 
el PEVOLCA declaró la situación de alerta con activación de semáforo amarillo por 
riesgo volcánico en la isla, que tuviesen como destino la zona declarada como afectada 
gravemente por una emergencia de protección civil conforme al Acuerdo de Consejo de 
Ministros, de 28 de septiembre de 2021, por el que se declara la isla de La Palma (Santa 
Cruz de Tenerife) «Zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil».
Finalmente, como garantía de seguridad jurídica, se regula la forma y plazo para el 
ejercicio de los derechos conferidos a las personas consumidoras por este real decreto-
ley. Se prevé un plazo de prescripción de cinco meses para el ejercicio de los derechos 
por parte de las personas consumidoras o usuarias afectadas. Este plazo comenzará 
computar desde el momento en que naciese el derecho o desde la entrada en vigor de la 
norma, en caso de que el derecho hubiese nacido con anterioridad. Se considera un 
plazo proporcional para aunar los distintos intereses en juego.
Por  su  parte,  el  referido  capítulo  segundo  del  título  IV,  aborda  un  conjunto  de 
medidas de suspensión de obligaciones de pago de intereses y principal –moratorias– 
para préstamos y créditos con y sin garantía hipotecaria, regulando su régimen y efectos. 
A tal fin, se incluye entre las medidas de este real decreto-ley una moratoria legal de 
amplio alcance en relación con las deudas asociadas a créditos y préstamos de los 
afectados  por  la  erupción.  La  moratoria  tendrá  una  duración  inicial  de  seis  meses  s
ampliable en otros seis por acuerdo del Consejo de Ministros. oe.
Por un lado, la moratoria cubre la deuda derivada de préstamos y créditos con  w.
garantía hipotecaria para personas físicas y jurídicas titulares de inmuebles situados en  231ww
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por una emergencia de protección civil y para los titulares de explotaciones agrarias, 
pesqueras, marinas o forestales, así como establecimientos mercantiles, industriales y 
de  servicios  situados  en  dicha  zona.  Como  ya  sucedía  en  la  moratoria  para  los 
préstamos y créditos no hipotecarios establecida durante la pandemia, se extiende la 
aplicación de las condiciones establecidas para la moratoria de los préstamos y créditos 
sin  garantía  hipotecaria  a  los  contratos  de  arrendamiento  financiero,  a  menudo 
conocidos  por  su  denominación  en  inglés  como  contratos  de  «leasing»  o  «leasing 
financiero», por su importancia en la financiación de la actividad económica de los 
trabajadores autónomos.
En cuanto a las condiciones aplicables a la moratoria establecida, se ha tomado 
como referencia la experiencia de las moratorias legales establecidas con ocasión de la 
epidemia de COVID-19, muy detallada y ampliamente testada con ocasión de su extensa 
aplicación durante la pandemia. Así, por ejemplo, la moratoria es automática desde el 
momento en que se presenta la solicitud, tal y como sucede en las moratorias de deudas 
no hipotecarias establecidas durante la pandemia. Como es lógico, si la entidad de 
crédito  comprueba  a  posteriori  que  los  requisitos  no  se  cumplían,  podrá  dejar  la 
moratoria sin efecto y reclamar, en su caso, los daños y perjuicios que correspondan. Se 
sigue también el modelo de las moratorias legales adoptadas durante la pandemia en 
cuanto a una serie de elementos muy técnicos, pero de gran relevancia para una 
adecuada implementación de las mismas: formalización unilateral de la moratoria por el 
acreedor, régimen de inscripción registral en su caso y no sujeción a la legislación de 
crédito  inmobiliario,  en  particular  en  lo  que  se  refiere  al  régimen  de  novaciones. 
Asimismo, se establece un régimen de bonificaciones para los aranceles registrales y 
notariales que se puedan devengar, así como una exención del impuesto de actos 
jurídicos documentados.
Se  establece  la  supervisión  por  el  Banco  de  España  del  cumplimiento  por  las 
entidades de crédito afectadas de lo dispuesto en este real decreto-ley y un completo 
régimen de información sobre las moratorias otorgadas, su cuantía y sus beneficiarios, 
con el fin de poder monitorizar adecuadamente la evolución de la situación.
El título V, que comprende los artículos 25 a 30, desarrolla diferentes medidas 
tributarias, concretando las primeras medidas anunciadas en el Acuerdo de Consejo de 
Ministros de 28 de septiembre de 2021, por el que se declara la isla de La Palma (Santa 
Cruz de Tenerife) «Zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil».
Se conceden exenciones y reducciones en las cuotas del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles  y  en  el  Impuesto  sobre  Actividades  Económicas  correspondientes  al 
ejercicio  2021  que  afecten  a  viviendas,  establecimientos  industriales,  turísticos, 
mercantiles, marítimo-pesqueros y profesionales, explotaciones agrarias y forestales, 
locales  de  trabajo  y  similares  dañados  por  las  erupciones,  previéndose  también  la 
posibilidad  de  que  los  contribuyentes  que  hubieran  satisfecho  los  recibos 
correspondientes a dicho ejercicio fiscal puedan pedir la devolución de las cantidades 
ingresadas. Asimismo, se concede una exención de las tasas de tráfico por la tramitación 
de  bajas  de  vehículos  dañados  y  en  la  expedición  de  duplicados  de  permisos  de 
circulación o de conducción destruidos o extraviados por dichas causas.
Se  contempla  para  las  actividades  agrarias  una  reducción  de  los  índices  de 
rendimiento neto a los que se refiere la Orden HAC/1155/2020, de 25 de noviembre, por 
la que se desarrollan, para el año 2021, el método de estimación objetiva del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen especial simplificado del Impuesto 
sobre el Valor Añadido. s
Se establece un aplazamiento de las deudas tributarias cuyo plazo de presentación e  oe.
ingreso finalice desde el día siguiente a la entrada en vigor del real decreto-ley hasta el  w.
día 31 de enero de 2022. 231ww
PalmFain,a lsmee ndtee,c plaarraa  cqouaed yduivcahra a  alac trievciduapde ratecniódnr ád,e ld Puaratrnimteo neiol  Ceujeltrucricailo d ed lea  is2l0a2 d1e,  Llaa 
consideración de actividad prioritaria de mecenazgo, lo que permitirá la aplicación de
deducciones fiscales conforme a la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal 
de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
Por su parte, el título VI, que comprende los artículos 31 a 37 recoge acciones en 
materia de movilidad, suministros y de apoyo a las infraestructuras.
Por un lado, se contemplan medidas de apoyo en materia de infraestructuras de la 
red de transporte terrestre de la isla y para la navegación marítima Canarias-Península. 
Por otro lado, y en relación con las medidas energéticas que contempla este real 
decreto-ley, se recogen una serie de disposiciones en materia de suministros energéticos 
que permiten aliviar las graves consecuencias sociales y económicas ocasionadas en la 
isla de La Palma por la erupción volcánica. Se articulan así medidas de flexibilización 
contractual para los contratos de suministro de energía eléctrica de las que podrán verse 
beneficiados aquellos autónomos y empresas que directa o indirectamente se vean 
afectados por la erupción volcánica en Cumbre Vieja.
Así, se contempla la posibilidad de modificar las condiciones contractuales para 
autónomos y empresas, incluyendo la modificación de potencias contratadas, sin coste 
alguno para los consumidores finales. Por otro lado, se articula un aplazamiento de los 
pagos de las facturas de electricidad a autónomos ubicados en la isla de La Palma, 
moratoria que se prolongará durante seis meses a contar desde la entrada en vigor de 
este real decreto-ley.
Además, se garantiza que aquellos puntos de suministro directamente afectados por 
la erupción volcánica puedan, bien resolver sus contratos de suministros sin coste 
alguno cuando los códigos universales de puntos de suministro (CUPS) se hayan visto 
afectados  de  manera  irreversible,  o  bien  suspender  dichos  contratos  cuando  el 
suministro se haya visto interrumpido por razón de la situación de emergencia. En este 
último  caso,  la  reactivación  de  los  contratos  previamente  suspendidos  se  realizará 
igualmente sin coste alguno para los consumidores finales afectados.
En otro orden de cosas, se establece un régimen de ayudas a entidades locales para 
las obras de reparación, restitución o reconstrucción de infraestructuras, equipamientos o 
instalaciones y servicios de titularidad municipal o insular.
Junto a ello, se concede al Cabildo Insular de La Palma una subvención de 500.000 
euros para financiar las obras de emergencia en la red viaria insular que permitan 
garantizar  la  movilidad  en  la  zona  afectada  hasta  que  puedan  acometerse  las 
actuaciones  de  reparación,  restitución  o  reconstrucción  de  las  vías  dañadas 
directamente por el siniestro.
En particular, en lo que se refiere al restablecimiento de las comunicaciones viarias, 
la singularidad del fenómeno volcánico hace que sea preciso buscar soluciones no 
habituales para restablecer las comunicaciones. Asimismo, cabe destacar que la colada 
de lava volcánica ha afectado gravemente a la carretera LP-2, de titularidad del Gobierno 
Canario. Es por ello, que se habilita al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana a adoptar las medidas que se estimen más adecuadas para el apoyo a la 
Comunidad  Autónoma  de  Canarias  en  la  búsqueda  de  soluciones  para  el 
restablecimiento de las infraestructuras en la red de carreteras afectadas por la erupción 
del  volcán  y  posterior  ejecución  de  las  obras,  a  través  de  los  correspondientes 
instrumentos jurídicos.
Finalmente, en este título se autoriza al Ministerio de Sanidad a adoptar las medidas 
que se estimen más adecuadas para el apoyo a la Comunidad Autónoma de Canarias en 
la búsqueda de soluciones para el restablecimiento de las infraestructuras sanitarias 
afectadas por la erupción y para la posterior ejecución de obras. s
El título VII, que comprende los artículos 38 a 43, establece medidas relativas a los  oe.
sectores agrario y pesquero. En relación con las ayudas directas para la compensación  w.
de los perjuicios producidos en explotaciones, producciones e instalaciones agrícolas y  231ww
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estas ayudas por catástrofes los daños producidos por la erupción volcánica tendrían 
cabida  en  las  medidas  5.1  y  5.2  del  Programa  de  Desarrollo  Rural  de 
Canarias 2014-2020 que ya cofinancia el Estado y el FEADER.
Del mismo modo, se establece que la restauración de infraestructuras rurales de uso 
colectivo pueda ser declarada de emergencia, contemplándose la urgente ocupación a 
efectos expropiatorios, si así se requiriera.
Asimismo, se introduce un artículo dirigido a la promoción de medidas dirigidas a 
mitigar la pérdida de suelo agrario de la isla, que posibiliten la permuta de terrenos para 
proceder a reubicar explotaciones y a la mitigación de la posible pérdida de biodiversidad 
marina y medidas para mitigar la afectación pesquera.
En lo que respecta a las ayudas directas para la compensación de los perjuicios 
producidos a armadores y tripulantes, se contemplan ayudas para aquellos que hubieran 
tenido que parar su actividad pesquera como consecuencia de la actividad volcánica.
A su vez, se contempla la posibilidad de concesión de ayudas a los propietarios de 
buques y de lonjas, de instalaciones de acuicultura en mar y tierra, que compensen la 
pérdida o perjuicios producidos como consecuencia de dichos acontecimientos.
Por su parte, y con el objeto de facilitar la liquidez, se prevé la convocatoria de 
ayudas de acceso a la financiación, las cuales serán articuladas mediante la Sociedad 
Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA), que ofrecerá avales a las explotaciones 
agrícolas y ganaderas, industrias agroalimentarias y armadores a coste cero a toda la 
zona declarada ZEAEPC.
En otro orden de cosas y para mayor claridad jurídica, se califican los sucesos 
acontecidos bajo la consideración de fuerza mayor, a los efectos de que los perceptores 
de determinadas ayudas agrarias o pesqueras se vean eximidos del cumplimiento de los 
requisitos y compromisos que exige la normativa sobre este tipo de ayudas.
Por su parte, en el título VIII, que comprende los artículos 44 a 46, se establecen 
medidas de recuperación en materia de biodiversidad y espacios naturales protegidos.
Así, en primer lugar, debe tenerse presente que la totalidad del territorio insular de La 
Palma  fue  declarada  Reserva  Mundial  de  la  Biosfera  (en  adelante,  RMBLP)  por 
la UNESCO, el 6 de noviembre de 2002, reconociendo su territorio con un instrumento 
internacional emblemático para combatir la crisis ambiental al configurar un modelo de 
gestión integrada, participativa y sostenible del patrimonio y los recursos naturales.
Por ello, mediante este real decreto-ley, se concede una subvención directa a la 
«Fundación  Canaria  Reserva  Mundial  de  la  Biosfera  La  Palma»,  órgano  gestor  de 
la RMBLP, que irá destinada a restaurar el entorno socioeconómico y ambiental en 
la RMBLP, afectado por la erupción del volcán.
Por su parte, también ha de resaltarse que el Parque Nacional de la «Caldera de 
Taburiente», en la isla de la Palma, que tiene una extensión aproximada de 3.500 
hectáreas, situadas en el término municipal de El Paso, fue declarado Parque Nacional 
en 1954 y reclasificado como tal a través de la Ley 4/1981, de 25 de marzo, de 
reclasificación del Parque Nacional de La Caldera de Taburiente (isla de La Palma), a fin 
de proteger la integridad de sus valores naturales, en razón de la incorporación a la Red 
de Parques Nacionales de una representación de los ecosistemas ligados a procesos 
volcánicos y vegetación asociada.
El Real Decreto 1229/2005, de 13 de octubre, por el que se regulan las subvenciones 
públicas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado en las áreas de influencia 
socioeconómica  (AIS)  de  los  Parques  Nacionales,  regula  las  ayudas  técnicas, 
económicas  y  financieras  en  las  AIS  con  la  finalidad  de  promocionar  el  desarrollo  s
sostenible de las poblaciones que cuenten en su territorio con dichos espacios naturales  oe.
protegidos. w.
Así, este real decreto-ley también contempla un proceso conjunto con la Comunidad  231ww
lAau tóenruopmcaió nd e vCoalcnáanriicaas  ya el l Cpaatbriimldoon dioe  Lnaa Ptuaralml ay p aerna  lap aidrteicnutilfaicr acaió nla d er icaafe cyc iosniensg uploarr 
bdieold aivrcehrsipidiéalda gcoa neasr irae syu pltaaldmoe drae.  mSiú bltiiepnle sla  perroucpecsioósn  seism uilna rperso cae lsoo l anragtou rdael  ys ula  hnisattourriaal,e nzao   BOE-A-cable e
cabe duda que la intensidad de uso del territorio y la alteración del patrimonio natural por 
la  actividad  humana  ha  condicionado  el  desarrollo  de  los  procesos  naturales  y  la 
extensión y conservación de los sistemas ecológicos y sus valores. Es por ello que no es 
conveniente plantear en el ámbito de la conservación del patrimonio natural una acción 
de no intervención y mero seguimiento.
Se establece así un proceso de colaboración con las autoridades canarias para el 
trabajo conjunto y de apoyo en la identificación y predicción de posibles afecciones, 
incidiendo tanto en la pronta identificación de daños, como en la anticipación de posibles 
problemáticas que puedan ocasionarse al patrimonio natural.
El título IX, subdividido en cuatro capítulos, recoge una amplia panoplia de medidas 
complementarias de apoyo a los afectados por la erupción volcánica:
El  capítulo  1.º,  que  comprende  los  artículos  47  a  49,  contempla  medidas 
organizativas en materia registral y notarial, al objeto de permitir que las personas 
afectadas puedan disponer de forma gratuita de información gráfica sobre el estado de 
fincas afectadas por la lava volcánica y su situación registral, reforzándose para ello la 
atención a la población por medio de las Notarías con sede en La Palma. Asimismo, se 
faculta al Ministerio de Justicia para adoptar las medidas que estime adecuadas para 
analizar el régimen jurídico de la titularidad y cargas de los bienes y derechos sobre 
inmuebles que han quedado cubiertos por la lava.
El capítulo 2.º, comprensivo del artículo 50, contempla la posibilidad de conceder 
ayudas en materia de servicios sociales, con el fin de financiar prestaciones básicas de 
servicios sociales a desarrollar por parte de las entidades locales de los municipios 
afectados por la erupción.
El capítulo 3.º, que abarca el artículo 51, determina medidas y ayudas para atender a 
víctimas de violencia de género y otras formas de violencia contra las mujeres y de 
delitos de odio afectadas por la catástrofe.
El  capítulo  4.º,  que  recoge  el  artículo  52,  establece  medidas  en  materia  de 
investigación, previéndose así la posibilidad de concesión de ayudas que promuevan la 
realización de actuaciones de investigación científica y técnica, enfocadas al estudio de 
las erupciones volcánicas en la isla de la Palma y de los riesgos y consecuencias 
asociadas.
En otro orden, la parte final de la norma contempla tres disposiciones adicionales, 
una disposición derogatoria única y tres disposiciones finales.
La disposición adicional primera establece que las medidas contenidas en este real 
decreto-ley se financiarán de conformidad con lo previsto en la Ley 47/2003, de 26 de 
noviembre, General Presupuestaria, y serán atendidas con cargo a las disponibilidades 
presupuestarias  existentes.  En  aquellos  casos  en  que  se  acrediten  insuficiencias 
presupuestarias en los Departamentos ministeriales, las actuaciones se podrán financiar 
con cargo al Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria.
La  disposición  adicional  segunda  recoge  la  posibilidad  de  articular  un  plan  de 
agilización judicial una vez haya finalizado la situación provocada por la erupción del 
volcán Cumbre Vieja en la isla de La Palma.
La disposición adicional tercera declara determinadas obras de interés general del 
Estado.
La disposición derogatoria única deroga cuantas disposiciones de igual o inferior 
rango se opongan a lo dispuesto en este real decreto-ley.
Por su parte, la disposición final primera modifica puntualmente el texto refundido de  e
la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados,  bo
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre. 231ww
EspLaañ odlais pqousei caiómnp fainraanl  saelg Eusntdaad oc opnateram applaro lboas rt íltauslo dsi sctoinmtapse tmenecdiiadlaess  rdeec olag iCdaosn setintu ecisótne 
real Ad eecsrteet or-elespy.ecto, al margen de los títulos competenciales específicos que se recoge
en la referida disposición final para las propuestas por razón de la materia concreta de
que se trate, la presente norma descansa sobre un título competencial transversal que 
afecta al conjunto del proyecto y que tiene que ver con el suceso catastrófico que lo 
motiva. Este título es el de la materia protección civil, que, como ha señalado una 
reiterada jurisprudencia constitucional (por todas, SSTC 123/1984, de 18 de diciembre, 
133/1990, de 19 de julio, 31/2010, de 28 de junio, 58/2017, de 11 de mayo, entre otras), 
se inserta prioritariamente en el artículo 149.1.29.ª de la Constitución Española, que 
atribuye competencia al Estado en materia de seguridad pública.
En última instancia, la disposición final tercera establece la entrada en vigor de esta 
norma.
III
La magnitud de los daños materiales producidos por la erupción volcánica en la isla 
de La Palma, su incidencia en la actividad económica, y la intensidad e imprevisible 
duración  de  este  fenómeno,  hacen  preciso  impulsar  la  adopción  de  medidas 
extraordinarias de diversa índole. A la destrucción y daños materiales que ha ocasionado 
la colada de lava, se añade el riesgo que comporta la emisión de gases y ceniza 
volcánica, lo que ha obligado a restringir la movilidad de la población y a limitar el acceso 
a servicios esenciales, alterando extraordinariamente la vida de los residentes en la zona 
afectada y la actividad económica de toda la isla.
Las ayudas previstas en el Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, por el que se 
regulan  las  subvenciones  en  atención  a  determinadas  necesidades  derivadas  de 
situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica, y se establece el procedimiento 
para su concesión, resultan insuficientes para paliar los daños ocasionados por este 
suceso. Ante la magnitud y gravedad de la emergencia y la práctica desaparición de 
muchos  inmuebles,  sobre  todo  de  los  destinados  a  vivienda,  se  ha  considerado 
necesario eliminar o modificar algunas de las limitaciones que para la percepción de las 
ayudas se establecen en el citado real decreto.
Por ello, y a fin de adoptar con la premura que exigen las circunstancias descritas 
medidas  extraordinarias  para  paliar  los  daños  en  viviendas  y  establecimientos 
industriales, mercantiles y de servicios, así como para resarcir a las corporaciones 
locales  de  los  gastos  para  hacer  frente  a  la  emergencia  y  a  las  personas  por 
prestaciones personales y de bienes, urge establecer mediante el presente real decreto-
ley  el  régimen  aplicable  a  dichas  ayudas,  concurriendo  las  circunstancias  de 
extraordinaria y urgente necesidad que habilitan al Gobierno para su adopción, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 86 de la Constitución Española.
Por su parte, el desempleo en la Comunidad Autónoma de Canarias es un fenómeno 
persistente que se ha agravado durante la pasada crisis, y con motivo del impacto 
sanitario y social del COVID-19, poniendo en evidencia las importantes deficiencias del 
mercado de trabajo. No se trata de una situación coyuntural, sino que la misma está 
originada por el conjunto de grandes déficits, de carácter estructural, muy relacionados 
con  la  fragilidad  del  modelo  de  desarrollo  económico  y  su  condición  de  región 
ultraperiférica. Existiendo de por sí todos estos condicionantes en la isla de La Palma, la 
emergencia volcánica ocasionada el pasado 19 de septiembre de 2021 ha venido a 
agravar la situación económica de partida en la isla, siendo necesario el establecimiento 
de una actuación que contenga una serie de medidas de carácter excepcional en materia 
de empleo para mitigar los daños producidos por el proceso volcánico.
La finalidad que persigue el Plan Extraordinario de Empleo y Formación que se  s
proyecta en este real decreto-ley no es otra que la de implementar un conjunto de  e.
medidas  de  acción  rápida  para  paliar  los  daños  cuya  reparación  exija  una  mayor  w.
urgencia, y, por otra parte, que disponga una serie de medidas de futuro para diseñar  231ww
oubnjae teivsot rdaete rgeiacu epsetrraurc ltau rsaitl uqauceió ns ep reavcitaiv ae  lau near uvpeczió ne.l volcán cese su actividad, con el
ExtrEaos rdpirneacriisoo  dime pleEmmepnletaor  cyo nF ourrmgeanccióian  lays  qmueed idsaes  qduireig esne,  inptreingcraipna lemne netset,e  aP lalna   BOE-A-cable e
recuperación de la actividad económica y el empleo en las zonas de la isla de La Palma 
más afectadas por la erupción volcánica. Dichas medidas se vinculan a la necesidad de 
promover la empleabilidad y adaptabilidad de las personas trabajadoras, su inserción en 
sectores de actividad diversificados, así como el mantenimiento del empleo en la medida 
en que ello sea posible.
Las  medidas  previstas  se  orientarán  a  dar  un  nuevo  impulso  al  sector  primario  y 
pesquero, que ocupa a una parte significativa de la población rural de la zona afectada por la 
emergencia, junto con la modernización del sector turístico y la potenciación de la actividad 
industrial,  pero,  al  mismo  tiempo,  se  procurará  el  fomento  de  actividades  económicas 
generadoras de nuevos empleos, que aprovechen al máximo los recursos disponibles, que 
favorezcan la recualificación de las personas y la reorientación laboral, en el ámbito de la 
transformación digital y de la economía verde, entre otras posibilidades; en definitiva, se 
pretende que el conjunto de medidas que se aborde mitigue las dificultades apremiantes en el 
empleo y, a su vez, permita avanzar hacia un modelo productivo de calidad, que reduzca las 
desigualdades y fortalezca la cohesión social.
El impacto que ha tenido la erupción volcánica sobre la actividad económica y laboral 
de la isla de La Palma, aconseja establecer de forma urgente medidas que contribuyan a 
dotar de liquidez a trabajadores y empresarios, amortiguando así las pérdidas que está 
ocasionando la erupción volcánica y sus efectos sobre la actividad económica y el 
empleo. A tal fin, se establece la posibilidad de que empresas y trabajadores por cuenta 
propia puedan solicitar el aplazamiento o la moratoria en el ingreso de cuotas de la 
Seguridad Social y otros conceptos de recaudación conjunta. E igualmente se establece 
excepcionalmente la posibilidad de que los afectados puedan disponer anticipadamente 
de los derechos consolidados en los planes de pensiones de los que sean partícipes, 
para que puedan atender necesidades sobrevenidas y urgentes de liquidez.
Por consiguiente, concurren en las medidas en materia laboral, de seguridad social y de 
planes de pensiones que se adoptan, por su naturaleza, finalidad y por el contexto en que se 
dictan, las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad que exige el artículo 86 de la 
Constitución Española como presupuesto habilitante para recurrir a este tipo de norma.
En otro orden, los desastres naturales sitúan a todas las personas consumidoras 
afectadas en una posición de vulnerabilidad, en el sentido del artículo 3 del Real Decreto 
Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. En el mencionado artículo 
se  establece  que  tienen  la  consideración  de  personas  consumidoras  vulnerables 
aquellas personas físicas que, de forma individual o colectiva, por sus características, 
necesidades,  o  circunstancias  personales,  económicas,  educativas  o  sociales,  se 
encuentran, aunque sea territorial, sectorial o temporalmente, en una especial situación 
de  subordinación,  indefensión  o  desprotección  que  les  impide  el  ejercicio  de  sus 
derechos en condiciones de igualdad.
La  imposibilidad  territorial,  temporal  y  circunstancial  que  padece  la  población 
afectada de acceder a determinados bienes y servicios, así como la complejidad de 
hacer valer sus derechos, hace patente la especial situación de vulnerabilidad en que se 
encuentran los vecinos de la isla canaria de La Palma.
En este sentido, los poderes públicos están obligados, en virtud del artículo 8.2 del 
texto refundido de la Ley General para la Defensa de los consumidores y usuarios, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, a promocionar 
políticas y actuaciones con el objetivo de garantizar los derechos de las personas 
consumidoras  vulnerables  en  condiciones  de  igualdad,  con  arreglo  a  la  concreta  s
situación de vulnerabilidad en que se encuentren, pues los derechos de las personas  oe.
consumidoras vulnerables gozan de especial atención. w.
La finalidad de este real decreto-ley consiste, por tanto, en proveer la recuperación  231ww
msoinciiaml,i zaencdoon óeml iicmap, aclatob odrea l,l a eadcuticvaidtiavda  vyo lcmáneidciao,a ym, beine ntotadl o ecna sola,  disel afo rdmea  Ltraa nsPvaelmrsaa,l 
sgea reannctiuzeanr tlraa np reonte ucncaió ens dpee clioasl  sditeuraeccihóons d dee v ulalnse praebrsiloidnaads. consumidoras y usuarias que  BOE-A-cable e
Ante las dificultades de toda índole que está ocasionando la erupción volcánica, se 
considera conveniente complementar las medidas de protección de personas consumidoras 
previstas en el presente real decreto-ley con un alivio temporal en la carga financiera que 
soportan los afectados, con el fin de que cuenten con un mayor margen para hacer frente a 
las necesidades urgentes derivadas de la erupción, en particular del eventual desalojo y de 
los daños que hubieran podido sufrir como consecuencia de la misma.
Para  ello,  se  prevé  la  suspensión  temporal  de  las  obligaciones  contractuales 
derivadas de todo préstamo o crédito con o sin garantía hipotecaria que estuviera 
vigente a la fecha de entrada en vigor de este real decreto-ley, cuando esté contratado 
por una persona física residente en la zona declarada como afectada gravemente por 
una emergencia de protección civil conforme al Acuerdo de Consejo de Ministros, de 28 
de septiembre de 2021, por el que se declara la isla de La Palma (Santa Cruz de 
Tenerife) «Zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil».
Por consiguiente, por su naturaleza, finalidad y por el contexto en que se dictan, 
concurren  en  medidas  adoptadas  por  el  presente  real  decreto-ley  en  materia  de 
personas consumidoras, las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad que 
exige el artículo 86 de la Constitución Española como presupuesto habilitante para 
recurrir a este tipo de norma.
Por lo que se refiere a las medidas de carácter tributario, como señala la STC 100/2012, 
de 8 de mayo, en su FJ 9, «del hecho de que la materia tributaria esté sujeta al principio de 
reserva de ley (arts. 31.3 y 133.1 y 3 CE) y de que dicha reserva tenga carácter relativo y no 
absoluto ''no se deriva necesariamente que se encuentre excluida del ámbito de regulación 
del decreto-ley, que podrá penetrar en la materia tributaria siempre que se den los requisitos 
constitucionales del presupuesto habilitante y no 'afecte', en el sentido constitucional del 
término, a las materias excluidas'' (SSTC 182/1997, de 28 de octubre, FJ 8; 137/2003, de 3 
de julio, FJ 6; y 108/2004, de 30 de junio, FJ 7; 245/2004, de 16 de diciembre, FJ 4; 
y 189/2005, de 7 de julio, FJ 7) (…)».
Y, sobre este particular, en la sección 2 del capítulo segundo del título I de la 
Constitución, bajo la rúbrica «De los derechos y deberes de los ciudadanos», se inserta 
el  art.  31.1  CE,  precepto  que  establece  «un  auténtico  mandato  jurídico,  fuente  de 
derechos  y  obligaciones»,  del  que  «se  deriva  un  deber  constitucional  para  los 
ciudadanos de contribuir, a través de los impuestos, al sostenimiento o financiación de 
los gastos públicos» (SSTC 182/1997, de 28 de octubre, FJ 6; 245/2004, de 16 de 
diciembre, FJ 5; y 189/2005, de 7 de julio, FJ 7), siendo, en consecuencia, uno de «los 
deberes  cuya  afectación  está  vedada  al  Decreto-ley  el  deber  de  contribuir  al 
sostenimiento de los gastos públicos que enuncia el art. 31.1 CE» (SSTC 137/2003, de 3 
de julio, FJ 6; 245/2004, de 16 de diciembre, FJ 5; y 189/2005, de 7 de julio, FJ 7) (…).
Pues bien, el art. 31.1 CE «conecta el citado deber de contribuir con el criterio de la 
capacidad económica» y lo relaciona, a su vez, «no con cualquier figura tributaria en 
particular, sino con el conjunto del sistema tributario», por lo que queda claro que «que el 
Decreto-ley no podrá alterar ni el régimen general ni aquellos elementos esenciales de los 
tributos que inciden en la determinación de la carga tributaria, afectando así al deber 
general de los ciudadanos de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo 
con su riqueza mediante un sistema tributario justo» (SSTC 182/1997, de 18 de octubre, 
FJ 7; 137/2003, de 3 de julio, FJ 6; 108/2004, de 30 de junio, FJ 7; y 189/2005, de 7 de julio, 
FJ  7).  De  manera  que  vulnerará  el  art.  86  CE  «cualquier  intervención  o  innovación 
normativa que, por su entidad cualitativa o cuantitativa, altere sensiblemente la posición del 
obligado a contribuir según su capacidad económica en el conjunto del sistema tributario»  s
(SSTC 182/1997, de 28 de octubre, FJ 7; 137/2003, de 3 de julio, FJ 6; 108/2004, de 30 de  oe.
junio, FJ 7; y 189/2005, de 7 de julio, FJ 7). Por tanto, será preciso tener en cuenta «en  w.
cada  caso  en  qué  tributo  concreto  incide  el  Decreto-ley  –constatando  su  naturaleza,  231ww
gersatrduoc tou rma eyd ildaa f uennc qióune  qinutee rcvuiemnep lee l dperinntcroip idoe dl ec ocnajpuanctoid adde le sciosnteómmaic atr–ib,u qtauréio e, leamsíe cnotomso d eell 
nmoisrmmaot iv–ae–s eyn, ceianl efisn , oc unáol  eres slual tnaant uarlatelerzaad oys  aplcoarn cees ted ee lxac ecpocnicorneatal  mreogduola cdióen  pdreo dquucec iósne   BOE-A-cable e
trate» (SSTC 182/1997, de 28 de octubre, FJ 7; 137/2003, de 3 de julio, FJ 6; 108/2004, 
de 30 de junio, FJ 7; y 189/2005, de 7 de julio, FJ 7)».
A  la  luz  de  estas  consideraciones,  cabe  afirmar  que  las  medidas  tributarias 
contenidas en este real decreto-ley no vulneran el citado artículo 31 de la Constitución ya 
que, como se señala en la antes citada STC 100/2012 (FJ 9), no alteran «de manera 
relevante la presión fiscal que deben soportar los contribuyentes y, por consiguiente, no 
ha provocado un cambio sustancial de la posición de los ciudadanos en el conjunto del 
sistema tributario, de manera que no ha afectado a la esencia del deber constitucional de 
contribuir al sostenimiento de los gastos públicos que enuncia el artículo 31.1 CE» 
(SSTC 137/2003, de 3 de julio, FJ 7; y 108/2004, de 30 de junio, FJ 8), más bien todo lo 
contrario, ya que las medidas tributarias que se aprueban en este real decreto-ley 
suponen una disminución de la presión fiscal y un alivio de las obligaciones fiscales de 
los contribuyentes afectados, con el fin de contribuir a paliar los efectos devastadores 
producidos por las erupciones volcánicas en la isla de La Palma.
La  colada  de  lava  volcánica  ha  destruido  o  afectado  gravemente  a  las 
infraestructuras, equipamientos o instalaciones y servicios de los municipios afectados, 
imposibilitando  o  alterando  gravemente  la  movilidad  y  los  desplazamientos  de  los 
habitantes de la isla. Aunque no se conoce aún el alcance exacto, de acuerdo con la 
información de que se dispone se constata que la magnitud de los daños es netamente 
superior  a  la  de  otros  incidentes  de  naturaleza  catastrófica  que  habitualmente  se 
gestionan a través de los mecanismos derivados de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del 
Sistema Nacional de Protección Civil.
Por este motivo, se ha considerado necesario articular un procedimiento que permita 
una canalización más ágil de las ayudas; otorgando una subvención directa al Cabildo 
Insular de La Palma para financiar las obras de emergencia en la red viaria insular que 
permitan garantizar la movilidad en la zona afectada hasta que puedan acometerse las 
actuaciones  de  reparación,  restitución  o  reconstrucción  de  las  vías  dañadas 
directamente por el siniestro. De esta forma se pretende facilitar que en las próximas 
semanas  el  Cabildo  de  La  Palma  pueda  llevar  a  cabo  de  manera  inmediata  las 
operaciones necesarias para que sea posible desplazarse por la zona afectada, una 
necesidad que ha sido puesta de manifiesto por la población residente y en particular por 
los equipos de emergencia.
También  se  prevé  que  cuando  sea  posible  evaluar  los  daños  e  identificar  las 
actuaciones a realizar, se concedan de manera directa las ayudas destinadas a la 
reparación,  restitución  y  reconstrucción  de  las  infraestructuras,  equipamientos, 
instalaciones  y  servicios  de  titularidad  municipal  y  local;  incluidas  algunas 
infraestructuras que son esenciales para la población de esta zona de la isla, como las 
sanitarias.
Para ello se contempla un procedimiento que permita que las ayudas propias de la 
fase de recuperación puedan llegar a sus destinatarios de la manera más rápida posible, 
correspondiendo al Ministerio de Política Territorial el establecimiento de las condiciones, 
seguimiento y control de las subvenciones a partir de los mecanismos que se vienen 
utilizando en el sistema vigente de protección civil, incluyendo, en su caso, la exigencia 
de cofinanciación, que se adaptará a la situación específica de las entidades locales, que 
en algunos casos han podido perder la mayor parte de sus bienes. Se prevé que las 
ayudas puedan financiar obras de reconstrucción, y no solo de reparación y restitución, 
pues  se  aprecia  que  algunas  de  las  infraestructuras  afectadas  han  resultado 
completamente  destruidas  y  será  precisa  una  actuación  integral  para  recuperar  la  s
funcionalidad del servicio. oe.
Por otra parte, y con objeto de facilitar una recuperación económica rápida de la isla  w.
de La Palma se mandata al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a  231ww
ilnac plueinr íenns uelal c loan ctroantoe xdióen l ídnee ala d ies lnaa dvee gLaac iPóanl mdea  icnotenr élass p iúsblalisc om eanytorere lsa sd eIsl laarsc hCiapniéalarigaos  yy 
lcaiu pdeandíannsousla q ucoen d eobbajent od edsep lqauzea rssee  poofer rvteía  umnaar íctiomnae xai óLna  mPaalrmítiam dae ssidne  tlraa spbeonrídnossu laa  olo as   BOE-A-cable e
alguna  de  las  Islas  Mayores  sin  conexión  directa.  Esta  conexión  marítima  permite 
también el uso de esta línea por los conductores de vehículos de carga y cabezas 
tractoras sin necesidad de trasbordos.
En relación con las medidas energéticas, la situación de emergencia causada por la 
erupción del volcán en la Cumbre Vieja está provocando una situación crítica que afecta 
ya a multitud de hogares, con graves consecuencias sobre los bienes materiales de las 
poblaciones  cercanas  a  dicha  actividad  volcánica.  En  este  contexto  resulta 
imprescindible adoptar todas aquellas medidas que resulten necesarias para aliviar las 
graves consecuencias, sociales y económicas, que se deriven de la erupción del volcán.
Particularmente, resulta imprescindible que las medidas adoptadas engloben también 
la dimensión energética, toda vez que dichos insumos representan un bien esencial tanto 
para los hogares como empresas afectadas. Es por ello que las medidas incluidas en 
este real decreto-ley tratan de flexibilizar las condiciones de contratación asociados al 
suministro eléctrico para todas aquellas empresas que puedan verse afectados, directa o 
indirectamente, por la situación sobrevenida.
En definitiva, dada la situación de emergencia natural antes descrita, se concluye 
como necesaria y proporcionada la aprobación de este real decreto-ley para garantizar el 
despliegue de las medidas propuestas de forma inmediata y de manera eficaz para 
lograr los objetivos que se persiguen, siendo patente la concurrencia de motivos que 
justifican la extraordinaria y urgente necesidad de adoptar las medidas en materia de 
movilidad,  suministros  y  apoyo  a  las  infraestructuras  previstas  en  el  presente  real 
decreto-ley.
Respecto del paquete de medidas que se contemplan en el ámbito agrario, cabe 
destacar dos elementos diferenciadores respecto de otras catástrofes naturales. Por una 
parte, por el impacto a largo plazo de los daños de aquellas superficies que han quedado 
sepultadas por la lava por imposibilidad de seguir destinándose al aprovechamiento 
agrario. Por otra, por la imposibilidad de aseguramiento, teniendo en cuenta que el 
riesgo de volcán no resulta asegurable por el sistema del seguro agrario, quedando 
además  expresamente  excluido  de  la  posibilidad  de  cobertura  de  los  riesgos 
extraordinarios del Consorcio de Compensación de Seguros.
En concreto, en el ámbito agrícola, se ha constatado ya la destrucción de numerosas 
parcelas de cultivo de viña, aguacate, olivos, hortalizas, cítricos, frutales, plataneros y 
varios huertos de tipo familiar e invernaderos, a las que deben añadirse las superficies 
agrarias no utilizadas y los pastos, a falta de determinar el número exacto de hectáreas 
afectadas. La destrucción de esta superficie de cultivo se suma a la incomunicación de 
varias  parcelas  con  los  consiguientes  perjuicios  a  tales  actividades.  Asimismo,  las 
características  del  fenómeno  impedirán  en  determinados  casos  a  los  operadores 
agrícolas reestablecer la actividad en origen y continuar con su medio de vida.
En el sector ganadero, debe tenerse en cuenta que la necesaria evacuación de los 
animales de las explotaciones en peligro y sobre las que pesaba la caída de materiales 
procedentes del volcán, ha interrumpido la normal actividad de estas explotaciones que, 
de  forma  inmediata,  sufrirán  una  disminución  radical  de  sus  ingresos  ante  la 
imposibilidad  de  retomar  su  actividad  en  los  emplazamientos  en  los  que  han  sido 
realojados, pues no disponen de las infraestructuras necesarias para el ordeño y la 
elaboración de queso sobre las que se sustentaba su renta principal.
Por otro lado, existen explotaciones que, sin haber sido directamente dañadas por la 
lava del volcán, se han visto incomunicadas por las medidas de control instauradas por 
las actividades competentes, y han sufrido daños por la destrucción de canales y redes  s
de riego, lo que ha dificultado gravemente su actividad diaria y el mantenimiento de los  oe.
cultivos.  Igualmente,  muchos  cultivos  e  invernaderos  se  han  cubierto  de  cenizas  y  w.
piroclastos, lo que sin duda revertirá en una afección severa en la recogida de la  231ww
pdrisomduincuccióiónn.  dEen  scuosn isnegcreuseonsc idae,  fdoicrmhaas i nemxepdloiatataci opnueess  dseubfreirná ne sipgeuraalmr aeln rtees tuanbale cdimráisetnictao 
de las comunicaciones y redes de carretera, y reparar, cuando la actividad volcánica
desaparezca, todas las infraestructuras afectadas así como reimplantar los cultivos que 
han sido dañados.
En el caso del sector pesquero, la erupción del volcán y la llegada al mar de la 
colada, ha causado una disminución de los recursos pesqueros en la zona afectada, la 
degradación del fondo marino por los significativos cambios en los parámetros físico-
químicos  del  agua,  y,  finalmente,  ha  paralizado  la  actividad  de  la  flota  pesquera, 
principalmente artesanal, que operaba en el litoral occidental de la isla, a lo que debe 
añadirse el desalojo de los pescadores y de sus familias de su vivienda, que en muchos 
casos ha sido destruida al paso de la lava. En consecuencia, una parte importante de la 
población  costera  ha  visto  interrumpido  sus  ingresos  con  el  agravante  del 
desconocimiento que existe por el momento sobre su reincorporación a la actividad 
pesquera, y no dispondrá de medios para subsistir hasta el restablecimiento del medio 
marino y la reparación de las embarcaciones y aparejos de pesca, así como de las lonjas 
e instalaciones pesqueras y acuícolas de mar y de tierra.
Por lo dicho, se justifica que concurren causas de urgente y extraordinaria necesidad, 
conforme al artículo 86 de la Constitución Española, que justifican la adopción de las 
medidas  recogidas  en  este  real  decreto-ley  para  la  compensación  de  pérdidas 
económicas sufridas por la población agraria y pesquera, puesto que dicha población 
requiere de la intervención inmediata de los poderes públicos con el fin de compensar, 
con urgencia, la pérdida de la renta que sufren desde que se adoptaron las medidas de 
seguridad, la destrucción de su medio de vida en algunos casos, y el coste de la 
reparación de infraestructuras, embarcaciones y parcelas con el fin de retomar cuanto 
antes su actividad, que impiden acudir a los medios ordinarios de provisión de ayudas 
por cuanto de no optarse por esta fórmula, la finalidad de las ayudas devendría ineficaz y 
se desprotegería a la población afectada.
Por otro lado, dentro de las medidas de recuperación en materia de biodiversidad y 
espacios naturales protegidos, se incluye la concesión de una subvención directa a la 
«Fundación  Canaria  Reserva  Mundial  de  la  Biosfera  La  Palma»,  entre  cuyos  fines 
encomendados  se  incluye  la  contribución  a  la  conservación  de  los  paisajes,  los 
ecosistemas, las especies y la variación genética, así como para fomentar un desarrollo 
económico y humano sostenible desde los puntos de vista sociocultural y ecológico y 
que  están  resultando  afectados  negativamente  como  consecuencia  de  la  erupción 
volcánica que motiva este real decreto-ley.
En  esta  coyuntura,  estas  finalidades  requieren  de  un  refuerzo  económico 
extraordinario y urgente, a fin de preservar los fines establecidos en el Marco Estatutario 
de la Red Mundial de Reservas de la Biosfera, que se acaban de señalar.
La identificación y predicción de afecciones por la erupción volcánica al patrimonio 
natural requiere de actuaciones urgentes necesarias para aliviar las consecuencias de la 
erupción tanto en el ámbito insular, como en el resto del archipiélago, y en particular la 
ejecución de las acciones necesarias definidas en colaboración con las autoridades 
canarias. Para ello se autoriza la concesión directa de sendas subvenciones al amparo 
de lo previsto en el art. 22.2.b) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones a la Comunidad Autónoma de Canarias y al Cabildo de la Palma. De esta 
manera cada una de las anteriores autoridades dispondrá de los fondos necesarios para 
el desarrollo de las acciones urgentes de predicción y prevención, por una parte, y de 
identificación, seguimiento, y mitigación de las afecciones sobre el patrimonio natural y la 
biodiversidad en sus respectivos ámbitos competenciales consecuencia de la erupción.
Por consiguiente, concurren en la medida que se adopta, por su naturaleza, finalidad  s
y  por  el  contexto  en  que  se  dictan,  las  circunstancias  de  extraordinaria  y  urgente  oe.
necesidad  que  exige  el  artículo  86  de  la  Constitución  Española  como  presupuesto  w.
habilitante para recurrir a este tipo de norma. 231ww
CanPaorira so turan  pcarértdeit,o s aed cicoinosniadle aral  anceocredsaadroio e yn  ularg Ceonntefe lribernacri aa  Slae cCtoormiaul ndied aMde Aduiot óAnmombiae ndtee 
ddee c9la rdaec iójunl ioc odmeo  2P0a2r1q, uae  fNina cdioen aapl odyea rla i nCvaelrdseioran edse  qTuaeb uprrieesneterv eenn  llooss  mobujenticivipoiso sd eq ulea   BOE-A-cable e
conforman el área de influencia socioeconómica: Barlovento, Breña Alta, Garafía, El 
Paso, Puntagorda, Puntallana, San Andrés y Sauces, Santa Cruz de la Palma y Tijarafe, 
que hayan sido afectados por la erupción volcánica. Estas inversiones se relacionan con 
el marco que prevé el Real Decreto 1229/2005, de 13 de octubre, en unas circunstancias 
que obligan a potenciar su finalidad de promocionar el desarrollo sostenible de las 
poblaciones que cuenten en su territorio con estos espacios naturales protegidos.
En otro orden de cosas, la magnitud de la erupción y la dimensión de sus efectos, 
obliga  a  adoptar  otras  medidas  de  carácter  complementario  que  ofrezcan  apoyo 
inmediato a las personas perjudicadas, o a quienes se encuentren en una situación de 
especial vulnerabilidad cuyos efectos pueden verse agravados por el suceso.
En este sentido, se incluyen medidas organizativas en materia registral y notarial 
para propiciar que los afectados por la destrucción de viviendas e inmuebles, puedan 
disponer de forma gratuita de información gráfica sobre la geolocalización del terreno y 
de las fincas afectadas por la lava volcánica; así como para facilitar los procedimientos 
que permitan documentar la propiedad no inscrita de los afectados, cuestión de gran 
relevancia y complejidad a efectos de poder reclamar al seguro o para el cobro de 
indemnizaciones.
Estas medidas se completan con un mandato dirigido al Ministerio de Justicia para 
analizar el régimen jurídico de la titularidad y cargas de los bienes y derechos sobre 
inmuebles que han quedado cubiertos por la lava; y con la habilitación al referido 
Ministerio para que apruebe en el plazo más breve posible, un Plan de Actuación con 
medidas organizativas para agilizar la actividad judicial, con la finalidad de contribuir al 
objetivo de restablecer el funcionamiento ordinario de los órganos judiciales afectados 
tras la superación de esta crisis natural.
La grave situación en el ámbito económico y social que está ocasionando la erupción 
volcánica, y las especiales consecuencias que está teniendo sobre personas que se 
encuentran o están expuestas a situaciones de vulnerabilidad, justifica la extraordinaria y 
urgente necesidad de la adopción de las medidas complementarias de apoyo descritas 
anteriormente, teniendo en cuenta las circunstancias y contexto en que se adoptan.
En otro orden de cosas, durante los meses previos a la erupción del volcán, las 
medidas adoptadas para paliar los efectos del COVID-19 han provocado un especial 
impacto en determinados colectivos especialmente vulnerables. Así, la declaración del 
estado de alarma y el confinamiento ha forzado a mujeres víctimas de violencia, y a sus 
hijos e hijas, a convivir con sus agresores, enfrentándolas a situaciones de mayor riesgo 
y falta  de seguridad. Ahora,  a consecuencia del desplazamiento de más de 6.000 
personas,  motivado  por  la  erupción  volcánica,  representa  una  nueva  situación  de 
inseguridad para las víctimas de violencia contra las mujeres que se superpone a la 
derivada de los efectos de la pandemia.
Asimismo, las víctimas y supervivientes de violencia contra las mujeres y de delitos 
de odio experimentan efectos psicológicos y sociales prolongados en el tiempo que se 
ven acentuados por la propia situación de emergencia y excepcionalidad. Por ello, 
reforzar la intervención y el acompañamiento especializado multidisciplinar, adaptado a 
las  necesidades  de  las  víctimas,  se  presenta  como  un  elemento  central  para  su 
recuperación en el corto y largo plazo.
La  actual  situación  de  emergencia  afecta  al  adecuado  funcionamiento  de  los 
servicios destinados a la detección, asistencia y protección de las víctimas, lo cual 
acredita la extraordinaria y urgente necesidad para adoptar medidas como las previstas 
en el presente real decreto-ley, orientadas a eliminar los obstáculos que puedan dificultar  s
o imposibilitar la detección de la violencia y el acceso de las víctimas a los medios  oe.
habituales de asistencia integral, comunicación y denuncia de situaciones de violencia. w.
Por ello, ante esta situación excepcional, resulta preciso llevar a cabo medidas de  231ww
edsep epcoiballa pcrióonte cmciáósn  yv ualnsiesrtaebnlceisa,  lacso mvíoc timgaarsa ndteía v idoele nscuias  ddee rgeécnheorso  yy  ae na qpuaerlltoicsu glarru pdoesl 
ddiecrieecmhbor ea,  lad ea sMisetednidcaias  sdoec iaPl riontteecgcraiól,n c oInntteegmrapll acdoon terna  llaa  LVeiyo lOenrgcáian icdae  1G/2é0n0e4r,o  doe  2e8n  deel   BOE-A-cable e
Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra la 
Mujer y la Violencia Doméstica, hecho en Estambul el 11 de mayo de 2011, que obliga a 
los Estados Parte a adoptar las medidas que sean necesarias para prevenir y dar 
respuesta a la violencia contra las mujeres.
Por último, ha de subrayarse que la investigación científica y técnica está teniendo un 
importante papel para disminuir el impacto de las erupciones volcánicas en la isla de La 
Palma  sobre  los  ciudadanos  y  los  ecosistemas.  Por  ello,  resulta  a  todas  luces 
imprescindible abordar, de manera decidida, las medidas que resulten precisas para 
poder llevar a cabo las actividades de investigación de las erupciones volcánicas, de sus 
riesgos y consecuencias sobre la población, el medio ambiente y la biodiversidad, la 
geomorfología de los terrenos afectados y la salud pública, desde un punto de vista 
estrictamente científico.
Para ello, mediante este real decreto-ley se abre la posibilidad de que el Ministerio de 
Ciencia  e  Innovación  pueda,  cuando  así  resulte  necesario,  conceder  ayudas  de 
conformidad con la Ley 38/2003, de 26 de noviembre, General de Subvenciones, con el 
fin de promover la realización de cuantas actuaciones en el ámbito de la investigación 
científica y técnica se consideren precisas a fin de proceder al estudio de las erupciones 
volcánicas en la isla de la Palma y de los riesgos y consecuencias de todo tipo asociadas 
a las mismas. Estas ayudas podrán ir destinadas tanto a entidades y organismos de 
derecho público como de derecho privado, siempre que su objeto sea la realización de 
actuaciones de I+D+I en este ámbito; de igual manera, este departamento ministerial 
podrá suscribir con las Administraciones Públicas más cercanas geográficamente a los 
eventos eruptivos (la Comunidad Autónoma de las Islas Canarias, la provincia de Santa 
Cruz de Tenerife, el Cabildo de La Palma y las entidades locales municipales más 
afectadas) convenios u otros instrumentos de colaboración y cooperación, que podrán 
igualmente, cuando sea necesario, articular ayudas y subvenciones públicas.
IV
El  artículo  86  de  la  Constitución  Española  de  1978  permite  al  Gobierno  dictar 
decretos-leyes «en caso de extraordinaria y urgente necesidad», siempre que no afecten 
al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y 
libertades de los ciudadanos regulados en el Título I de la Constitución, al régimen de las 
comunidades autónomas ni al Derecho electoral general.
Respecto del supuesto habilitante de extraordinaria y urgente necesidad establecido 
en  el  artículo  86  de  la  Constitución  Española,  la  jurisprudencia  constitucional  ha 
señalado que su apreciación forma parte del juicio político o de oportunidad del Gobierno 
(por todas, sentencias 61/2018, de 7 de junio, FJ 4; 142/2014, de 11 de septiembre FJ 3). 
En este sentido, el Tribunal Constitucional ha precisado que la utilización de la figura 
constitucional  del  real  decreto-ley  resulta  un  instrumento  constitucionalmente  lícito 
siempre que el fin que justifique emplear la legislación de urgencia sea el de subvenir a 
una situación concreta, dentro de los objetivos gubernamentales, y que por razones 
difíciles de prever, requiere de una acción normativa inmediata en un plazo más breve 
que el requerido por la vía normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación 
parlamentaria de las leyes, máxime cuando la determinación de dicho procedimiento no 
depende del Gobierno (por todas, sentencias 6/1983, de 4 de febrero, FJ 5; 11/2002, 
de 17 de enero, FJ 4, 137/2003, de 3 de julio, FJ 3, y 189/2005, de 7 julio, FJ 3; 68/2007, 
F. 10, y 137/2011, FJ 7).Tales extremos queda suficientemente explicitados ante la  s
situación de erupción volcánica de la isla de La Palma. e.
Asimismo, el Tribunal Constitucional ha declarado que esa situación de extraordinaria y  w.
urgente necesidad puede deducirse «de una pluralidad de elementos», entre ellos, «los que  231ww
qPuoer dsaun p raerftlee,ja ednotsre e lna  lsai tueaxpcioósnic dióen  edxetr amoordtivinoasr iad ey  lau rngoernmtea »n e(cSeTsCid a6d/1 q9u8e3 , hdaeb i4lit ad ee lf eebmreprloe)o. 
d«ree llaac ióhne rrdairmecietan tao  ddeel  croenagl rdueecnrceiato»-.l ePyo ry  talanst om, peadridaa lsa  ccoonntceunrirdeansc iae nd eel l,p rdeesbuep ueexsitsoti rd eu nlaa   BOE-A-cable e
extraordinaria y urgente necesidad, la STC 61/2018, de 7 de junio, (FJ 4), exige, por un lado, 
«la presentación explícita y razonada de los motivos que han sido tenidos en cuenta por el 
Gobierno para su aprobación», es decir, lo que ha venido a denominarse la situación de 
urgencia; y, por otro, «la existencia de una necesaria conexión entre la situación de urgencia 
definida y la medida concreta adoptada para subvenir a ella».
Debe señalarse también que este real decreto-ley no afecta al ordenamiento de las 
instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos 
regulados en el título I de la Constitución, al régimen de las Comunidades Autónomas ni 
al Derecho electoral general.
Finalmente, el real decreto-ley atiende al cumplimiento y respeto de los principios de 
buena  regulación,  exigibles  en  todo  texto  normativo,  y  que  se  contemplan  en  el 
artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas.
Así, atendiendo a los principios de necesidad y eficacia, estos se apoyan en el 
interés general en el que se fundamentan las medidas, siendo el real decreto-ley el 
instrumento  más  inmediato  para  garantizar  su  consecución.  Se  respeta  también  el 
principio de proporcionalidad, dado que contiene la regulación imprescindible para la 
consecución de los objetivos previamente mencionados.
Asimismo, la norma resulta coherente con el vigente ordenamiento jurídico, ajustándose, 
por  ello,  al  principio  de  seguridad  jurídica.  Y,  por  último,  en  cuanto  al  principio  de 
transparencia, esta norma, si bien está exenta de los trámites de consulta pública, audiencia e 
información pública por tratarse de un decreto-ley, tal y como autoriza el artículo 26.11 de la 
Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, define claramente sus objetivos, reflejados 
tanto en su parte expositiva como en la Memoria que lo acompaña. Por último, en relación 
con el principio de eficiencia, en este real decreto-ley se ha procurado que la norma genere 
las menores cargas administrativas para los ciudadanos.
En su virtud, haciendo uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la 
Constitución Española, a propuesta de los Ministros de la Presidencia, Relaciones con 
las Cortes y Memoria Democrática; del Interior; de Agricultura, Pesca y Alimentación; de 
Consumo, y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; y de las Ministras de Asuntos 
Económicos y Transformación Digital; de Trabajo y Economía Social; de Transición 
Ecológica  y  el  Reto  Demográfico;  de  Justicia;  de  Hacienda  y  Función  Pública;  de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana; de Política Territorial; de Sanidad; de Derechos 
Sociales y Agenda 2030; de Ciencia e Innovación, y de Igualdad, y previa deliberación 
del Consejo de Ministros en su reunión del día 5 de octubre de 2021,
DISPONGO:
TÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1.  Objeto y ámbito de aplicación.
1.  El presente real decreto-ley tiene como objeto la adopción inmediata de medidas 
de asistencia y apoyo a los afectados por las erupciones volcánicas en la isla de La 
Palma,  así  como  para  la  reparación  de  sus  consecuencias  y  el  impulso  de  la 
reconstrucción económica, social, laboral y medioambiental de la citada isla. e
2.  Las ayudas y subvenciones de reparación adoptadas en este real decreto-ley  bo
son de aplicación a las personas físicas y entidades públicas o privadas que hayan  231ww
scuofmridoo c odnasñeocsu eenn csiau sd birieecnteas o o i nddeirreecchtao sd era ldaisc aedrousp ceionn eels á vmoblcitáon idcea sla y  islolas  daec rLead itPeanl mdae 
aincsutreurmdoe nctoons  lqou qeu es es efo ermstaalbicleeznc ap oern l alass A ddismpionsisictriaocnieosn,e cso Pnvúebnliicoass  oe cnu aapleliscqauciieórna  doetr olos 
dispuesto en este real decreto-ley.
Artículo 2.  Cooperación entre Administraciones Públicas.
Se autoriza a los ministerios y organismos públicos vinculados o dependientes de la 
Administración General del Estado a la formalización con la Comunidad Autónoma de 
Canarias y las entidades locales de la isla de La Palma de los convenios u otros 
instrumentos de colaboración y cooperación que resulten necesarios para la ejecución 
de las medidas previstas en el presente real decreto-ley, en el marco de lo dispuesto en 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Artículo 3.  Régimen jurídico de las ayudas y subvenciones.
1.  Las ayudas y subvenciones establecidas en el presente real decreto-ley se 
concederán de forma directa a los beneficiarios, que podrán ser personas físicas o 
jurídicas  o  las  Administraciones  Públicas  competentes  en  la  isla  de  La  Palma,  de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22.2 b) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General  de  Subvenciones,  y  conforme  a  los  requisitos  y  procedimientos  que  se 
determinan  en  este  real  decreto-ley  y  en  las  disposiciones,  convenios  u  otros 
instrumentos que se adopten o formalicen en aplicación del mismo.
2.  La previsión establecida en el apartado anterior no resultará de aplicación a las 
ayudas previstas en el Título II del presente real decreto-ley.
TÍTULO II
Medidas de apoyo en materia de daños personales, vivienda, establecimientos 
industriales, mercantiles y de servicios, a corporaciones locales, y a personas 
físicas o jurídicas
Artículo  4.  Ayudas  destinadas  a  paliar  daños  personales  y  daños  materiales  en 
viviendas.
1.  En los supuestos de daños personales causados directamente por los hechos 
mencionados  en  el  artículo  1  se  concederán  las  ayudas  previstas  en  el  Real 
Decreto 307/2005, de 18 de marzo, por el que se regulan las subvenciones en atención a 
determinadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia o de naturaleza 
catastrófica, y se establece el procedimiento para su concesión.
2.  En los supuestos de destrucción o daños en viviendas causados directamente 
por los hechos mencionados en el artículo 1 se concederán las ayudas previstas en el 
Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, con las siguientes especialidades:
a)  Al  objeto  de  acreditar  la  titularidad  sobre  los  inmuebles  afectados  por  los 
siniestros se admitirá como medio de prueba cualquier documento que demuestre dicha 
titularidad, como los recibos de pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles u otros de 
análoga naturaleza.
b)  Para  acreditar  la  cuantía  del  daño  se  admitirá  un  certificado  del  órgano 
competente de la Comunidad Autónoma de Canarias en el que conste la destrucción de 
la vivienda con una valoración estimada de la misma, o los daños sufridos por esta con 
una valoración estimada de los mismos.
c)  No será de aplicación lo dispuesto en los apartados 1 a 3 del artículo 16 del 
mencionado real decreto, referentes a los límites de los ingresos anuales netos para ser 
beneficiario de la ayuda por la destrucción o daños en vivienda. e.e
d)  Las  cuantías  máximas  de  las  ayudas  previstas  en  el  artículo  17  del  Real  w.b
Decreto 307/2005, de 18 de marzo, pasan a ser las siguientes: 231ww
123...ººº)))    PPPooorrr   dddeaasññtooruss  cqqcuuióeen  an tfooe tcaatflee dnce tae l nala  av e ivlsaiet renusdctatruu hrcaatu bdrieatu  ldaael :v  l3iav0 ive.2inv4die0an  ehduaarb ohistau.bailt:u 2a0l:. 61400.3 e2u0r eous.ros. OE-A-2021-16able en https://
4.º)  Por daños en elementos comunes de uso general de una Comunidad de 
Propietarios en régimen de propiedad horizontal: 18.448 euros.
Artículo  5.  Ayudas  destinadas  a  paliar  daños  en  establecimientos  industriales, 
mercantiles y de servicios.
1.  Se  concederán  ayudas  para  paliar  daños  de  cualquier  naturaleza  en  las 
edificaciones, instalaciones o bienes de equipamiento afectos a la actividad empresarial, 
que se regirán por el Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, con las especialidades a 
las que se refiere el siguiente apartado.
2.  Cuando  el  interesado  hubiese  sido  indemnizado  por  el  Consorcio  de 
Compensación de Seguros con aplicación de la franquicia prevista en el artículo 9 del 
Reglamento  del  seguro  de  riesgos  extraordinarios,  aprobado  por  el  Real 
Decreto 300/2004, de 20 de febrero, se podrá conceder una subvención de hasta el 7 
por cien de la cuantía de los daños indemnizables producidos por el siniestro, hasta el 
importe  máximo  de  9.224  euros  contemplado  en  el  artículo  28  del  Real 
Decreto 307/2005, de 18 de marzo, sin que, en ningún caso, la suma de esta subvención 
y la indemnización que corresponda abonar en concepto de seguro, o cualquier otra 
subvención o ayuda pública o privada, supere el valor del daño o perjuicio producido. En 
estos casos, el interesado deberá presentar una certificación expedida por su entidad 
aseguradora acreditativa de que ésta no ha abonado en todo o en parte el importe 
correspondiente a la franquicia legal aplicada por el Consorcio de Compensación de 
Seguros.
Artículo 6.  Ayudas a corporaciones locales por gastos ocasionados para hacer frente a 
la emergencia.
1.  Se concederán ayudas a las corporaciones locales por los gastos causados para 
hacer frente a la emergencia.
2.  A estas ayudas no les será de aplicación la cuantía prevista en los artículos 22 
y 23 del Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, de modo que el importe de las ayudas 
pueda extenderse hasta el 100 por cien de los referidos gastos de emergencia.
3.  Las  ayudas  no  tendrán  por  objeto  las  reparaciones  o  reposiciones  en 
infraestructuras de la competencia del Ministerio de Política Territorial. No obstante, 
podrán subvencionarse aquellas actuaciones inaplazables que se hayan llevado a cabo 
con el fin de garantizar la vida y seguridad de las personas y el funcionamiento de los 
servicios  públicos  esenciales.  Entre  estas  actuaciones  se  incluyen  la  evacuación, 
alojamiento y alimentación de personas afectadas, la retirada de cenizas procedente de 
la erupción y la limpieza de vías y entornos públicos que sean indispensables para los 
fines descritos.
4.  Se excluyen del ámbito de las ayudas a las que se refiere este artículo los 
trabajos llevados a cabo con medios propios de la corporación local, ya sean materiales, 
tales como maquinaria o herramientas, o humanos, entendiendo por éstos el personal 
contratado  con  anterioridad  a  los  hechos  causantes.  En  ningún  caso  serán 
subvencionables  los  gastos  de  personal  generados  por  bomberos,  policía  local, 
protección civil y otros de carácter análogo.
Artículo 7.  Ayudas a personas físicas o jurídicas por prestaciones personales y de 
bienes. es
Se concederán ayudas, en los términos del Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo,  w.
a las personas físicas o jurídicas que, requeridas por la autoridad competente en materia  231ww
dcaeb por olate pcrceiósnta cciivóinl  epne resl oánmabl ioto d dee b liae nAedsm cinoins tmraoctiióvno  Gdee nhearbael rdseel  Eprsotadduoci,d hoa uyanna  lsleitvuaadcoió na 
de emergencia.
Artículo 8.  Disposiciones comunes a las ayudas de este título.
Las solicitudes para la concesión de las ayudas a las que se refiere este título se 
tramitarán y resolverán por la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma de 
Canarias, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, si 
bien el plazo de presentación de dichas solicitudes será de seis meses, a contar desde 
que se vean afectadas las viviendas o los establecimientos industriales, mercantiles o de 
servicios, o desde que se hayan realizado los gastos por las corporaciones locales o las 
prestaciones  personales  o  materiales  o  desde  que  se  hayan  producido  los  daños 
personales.
TÍTULO III
Medidas en materia de empleo, seguridad social y planes de pensiones
Artículo  9.  Plan  Extraordinario  de  Empleo  y  Formación  para  hacer  frente  a  las 
consecuencias de la erupción volcánica en la isla de La Palma.
1.  La ejecución de las medidas establecidas en el Plan Extraordinario de Formación 
y Empleo para la isla de La Palma, previsto en el apartado Tercero.1 del Acuerdo del 
Consejo de Ministros, de 28 de septiembre de 2021, se financiará con un crédito por 
importe de 63 millones de euros y se articulará de conformidad con lo dispuesto en el 
presente artículo y la disposición adicional primera.
2.  Las medidas concretas a desarrollar y el periodo de ejecución del Plan, que 
podrá extenderse durante 2022, con independencia de su ejecución presupuestaria 
en 2021 en todo caso, se instrumentarán mediante un convenio a celebrar entre el 
Servicio Público de Empleo Estatal y la Comunidad Autónoma de Canarias, de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.
3.  El otorgamiento de esta subvención por parte de la Administración General del 
Estado es compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la 
misma  finalidad,  procedentes  de  cualesquiera  Administraciones  o  entes  públicos  o 
privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.
Artículo 10.  Aplazamiento y moratoria en el ingreso de cuotas de la Seguridad Social y 
por conceptos de recaudación conjunta.
1.  Las empresas con código de cuenta de cotización principal de cualquiera de las 
provincias correspondientes a la Comunidad Autónoma de Canarias y los trabajadores 
por cuenta propia de dicha Comunidad Autónoma, incluidos en cualquier régimen de la 
Seguridad Social, afectados por la erupción volcánica producida en la isla de la Palma, 
siempre que se encuentren al corriente en sus obligaciones con la Seguridad Social y no 
tuvieran otro aplazamiento en vigor, podrán solicitar, directamente o a través de sus 
autorizados para actuar a través del Sistema de remisión electrónica de datos en el 
ámbito de la Seguridad Social (Sistema RED), aplazamiento en el pago de las cuotas de 
la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta cuyo devengo tenga lugar 
entre los meses de octubre de 2021 a enero de 2022, en el caso de empresas, y entre 
los  meses  de  noviembre  de  2021  a  febrero  de  2022  en  el  caso  de  trabajadores 
autónomos. Este aplazamiento se ajustará a los términos y condiciones establecidos con  s
carácter  general  en  la  normativa  de  Seguridad  Social,  con  las  siguientes  e.
particularidades: w.
del 1te.ªx toS reerfáu nddei daop lidcea cliaó nL ueny  iGnteenréesra dl edl e0 ,5la  %S,e egnu rliudgaadr  dSeolc piarel, vaisptoro ebna deol  aprotírc uelol  R23e.a5l 
Dec2re.ªt o LEel gisalaptlaivzoa 8m/2ie0n1to5 , dsee 3 0 cdoen occetduebrráe . mediante  una  única  resolución,  con
independencia de los meses que comprenda, se amortizará mediante pagos mensuales
y  determinará  un  plazo  de  amortización  de  cuatro  meses  por  cada  mensualidad 
solicitada, sin que exceda en total de 16 mensualidades. El primer pago se producirá a 
partir del mes siguiente al que aquélla se haya dictado.
3.ª  La solicitud de este aplazamiento determinará que el deudor sea considerado al 
corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social, respecto a las cuotas afectadas 
por el mismo, hasta que se dicte la correspondiente resolución.
2.  Alternativamente a lo dispuesto en el apartado 1, las empresas y los trabajadores 
por cuenta propia a que el mismo se refiere, podrán solicitar y obtener una moratoria de 
hasta un año sin interés en el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social y por 
conceptos  de  recaudación  conjunta,  cuyo  devengo  tenga  lugar,  en  el  caso  de  las 
empresas, entre los meses de octubre de 2021 a enero de 2022, y, en el caso de 
trabajadores  por  cuenta  propia,  entre  los  meses  de  noviembre  de  2021  a  febrero 
de 2022.
3.  El aplazamiento a que se refiere el apartado 1 será incompatible con la moratoria 
regulada en el apartado 2. Las solicitudes de aplazamiento por periodos respecto de los 
que también se haya solicitado la citada moratoria se tendrán por no presentadas, si al 
solicitante se le ha concedido esta última.
La moratoria a que se refiere el apartado anterior no será de aplicación a los códigos 
de cuenta de cotización por los que las empresas hayan obtenido exenciones en el pago 
de cuotas de la Seguridad Social así como de los conceptos de recaudación conjunta, 
reguladas en el Real Decreto-ley 11/2021, de 27 de mayo y en Real Decreto-ley 18/2021, 
de 28 de septiembre.
4.  Tanto las solicitudes de aplazamiento como las solicitudes de moratoria deberán 
efectuarse antes del transcurso de los diez primeros días naturales de cada uno de los 
plazos  reglamentarios  de  ingreso  correspondientes  a  las  cuotas  señaladas  en  los 
apartados 1 y 2.
Artículo  11.  Disponibilidad  excepcional  de  derechos  consolidados  de  planes  de 
pensiones.
1.  Durante el plazo de nueve meses desde la entrada en vigor de este real decreto-
ley, los partícipes de planes de pensiones podrán, excepcionalmente, hacer efectivos sus 
derechos consolidados en los siguientes supuestos:
a)  cuando  sean  titulares  de  explotaciones  agrarias,  forestales  o  ganaderas, 
establecimientos mercantiles, industriales y de servicios, locales de trabajo y similares, 
situados en el ámbito geográfico de aplicación de este real decreto-ley y que hayan 
sufrido daños como consecuencia directa de la erupción volcánica registrada;
b)  cuando sean trabajadores autónomos que se vean obligados a suspender o 
cesar en la actividad como consecuencia directa de la erupción volcánica registrada;
c)  en el caso de personas trabajadoras afectadas por los expedientes de regulación 
temporal de empleo (ERTE) previstos en la disposición adicional quinta del Real Decreto-
ley 18/2021, de 28 de septiembre, de medidas urgentes para la protección del empleo, la 
recuperación económica y la mejora del mercado de trabajo;
d)  en el supuesto de pérdida de la vivienda habitual, cuando la misma se encuentre 
situada en el ámbito geográfico de aplicación de este real decreto-ley y haya sufrido 
daños como consecuencia directa de la erupción volcánica registrada.
La  concurrencia  de  las  circunstancias  indicadas  se  acreditará  mediante  los  e.
documentos justificativos aportados por el partícipe del plan de pensiones ante la entidad  w.b
gestora de fondos de pensiones. Si el solicitante no pudiese aportar los documentos  231ww
acre2d.i taEtivl olsím pioted rmá ásxuismtiotu idrleo sd misepdoisainctióen u npao rd epcalartríacicpióen,  preasrpao enls acbolnej.unto de planes de
pperonrsraiotenaers  edle  Inqduiec asdeoar  tPituúlbalri cyo  pdoer  tRoednatsa  ladse  sEitfueacctoiosn eMsú ilntidpilceasd (aIsP,R sEeMrá)  eal nrueaslu lptaadrao  1d2e 
pagas vigente para el ejercicio 2021 multiplicado por tres para un periodo máximo de 
seis meses desde la entrada en vigor de este real decreto-ley.
3.  El partícipe será responsable de la veracidad de la documentación acreditativa 
de la concurrencia del supuesto de hecho que se requiera para solicitar la prestación.
4.  El reembolso deberá efectuarse por la entidad gestora dentro del plazo máximo 
de siete días hábiles desde que el partícipe presente la documentación acreditativa 
completa. En el caso de los planes de pensiones de la modalidad de empleo, dicho plazo 
se ampliará hasta treinta días hábiles desde que el partícipe presente la documentación 
acreditativa completa.
5.  En el caso de los planes de pensiones del sistema de empleo de la modalidad de 
prestación  definida  o  mixtos  para  aquellas  contingencias  definidas  en  régimen  de 
prestación definida o vinculadas a la misma, la disposición anticipada sólo será posible 
cuando lo permita el compromiso por pensiones y lo prevean las especificaciones del 
plan aprobadas por su comisión de control.
6.  Lo dispuesto en este artículo será igualmente aplicable a los asegurados de los 
planes de previsión asegurados, planes de previsión social empresarial y mutualidades 
de previsión social a que se refiere el artículo 51 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. En estos casos, las referencias 
realizadas en los apartados anteriores a las entidades gestoras, a los partícipes y a las 
especificaciones  de  planes  de  pensiones  se  entenderán  referidas  a  las  entidades 
aseguradoras, los asegurados o mutualistas, y a las pólizas de seguro o reglamento de 
prestaciones, respectivamente. En el caso de las mutualidades de previsión social que 
actúen como sistema alternativo al alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social 
de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, no se podrán hacer efectivos los 
derechos económicos de los productos o seguros utilizados para cumplir con dicha 
función alternativa.
7.  El reembolso de derechos consolidados se sujetará al régimen fiscal establecido 
para las prestaciones de los planes de pensiones.
TÍTULO IV
Medidas de protección de personas consumidoras
CAPÍTULO 1.º
Medidas en materia de consumo dirigidas a garantizar el pleno ejercicio de los 
derechos de las personas consumidoras afectadas
Artículo  12.  Ejercicio  del  derecho  de  desistimiento  u  otros  derechos  establecidos 
contractualmente.
1.  Durante los tres meses siguientes al 19 de septiembre de 2021, se suspenden 
los  plazos  para  el  ejercicio,  por  parte  de  las  personas  consumidoras  o  usuarias 
residentes, aunque sea de forma temporal, en la isla de La Palma, del derecho de 
desistimiento regulado en el capítulo II del título I del Libro Segundo del Texto refundido 
de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes 
complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, 
así  como  los  plazos  para  el  ejercicio  de  derechos  adicionales  establecidos 
contractualmente. e
2.  Para  el  ejercicio  del  derecho  de  desistimiento  o  de  cualquier  otro  derecho  bo
establecido  contractualmente,  se  eximirá  a  las  personas  consumidoras  o  usuarias  231ww
iamfepcotsaidbales  mdaen tlae nnimeiceenstiod aud o bdtee npcrieósne cnotanc mióont ivdoe  ddeo lcau emruepnctoiósn  qdueel  vhoalcyáann  Cduemvebnreid oV iedjea 
en la isla de La Palma.
Artículo 13.  Obligaciones derivadas de contratos afectados por la erupción volcánica.
1.  Si como consecuencia de la erupción del volcán Cumbre Vieja en la isla de la 
Palma los contratos suscritos por las personas consumidoras o usuarias afectadas, ya 
sean  de  compraventa  de  bienes  o  de  prestación  de  servicios  o  de  provisión  de 
suministros, resultasen de imposible cumplimiento de forma definitiva, las partes del 
contrato quedarán exoneradas de su cumplimiento, debiéndose restituir las potenciales 
cantidades abonadas por las personas consumidoras o usuarias afectadas a la mayor 
brevedad y, en todo caso, en el plazo máximo de treinta días desde que el contrato 
resultare de imposible cumplimiento, en el medio de pago seleccionado por la persona 
consumidora o usuaria afectada, sin que nazca derecho a una compensación adicional 
entre las partes.
En relación con los contratos de prestación de servicios de tracto sucesivo que 
resultasen  de  imposible  cumplimiento  de  forma  temporal  como  consecuencia  de  la 
erupción del volcán Cumbre Vieja en la isla de la Palma, la persona consumidora o 
usuaria afectada tendrá derecho a elegir entre la resolución del contrato sin pagar 
ninguna penalización o el aplazamiento de la ejecución del mismo en los términos que se 
acuerden entre las partes. En este sentido, el empresario podrá ofrecer opciones de 
recuperación del servicio a posteriori o, bajo la aceptación de la persona consumidora o 
usuaria afectada, minorar la cuantía que resulte de las futuras cuotas a imputar por la 
prestación del servicio. Asimismo, el empresario prestador del servicio se abstendrá de 
presentar a cobro nuevas mensualidades hasta que el servicio pueda prestarse con 
normalidad, sin que ello dé lugar a la rescisión del contrato, salvo por la voluntad de 
ambas partes.
En cualquier caso, resultará de preferente aplicación la normativa sectorial que 
regule el régimen de responsabilidades ante imposibilidad sobrevenida de ejecución 
contractual.
2.  Si  como  consecuencia  de  las  medidas  decretadas  por  las  autoridades 
competentes como consecuencia de la erupción del volcán Cumbre Vieja en la isla de La 
Palma, la persona consumidora o usuaria afectada no pudiese recibir el bien, disfrutar 
del servicio, tanto de tracto único como de tracto sucesivo, o disfrutar del suministro 
objeto de un contrato de consumo, la persona consumidora o usuaria afectada tendrá 
derecho a elegir entre la resolución del contrato sin pagar ninguna penalización o el 
aplazamiento de la ejecución del mismo en los términos que se acuerden entre las 
partes.
En relación con la provisión de suministros que no puedan ser disfrutados por la 
persona consumidora o usuaria afectada, en caso de que se solicite el aplazamiento de 
la ejecución del contrato, la reanudación del suministro no llevará aparejado ningún coste 
adicional.
En el supuesto de que la persona consumidora o usuaria afectada resolviese el 
contrato de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo anterior, el empresario deberá restituir 
las  potenciales  cantidades  abonadas  por  las  personas  consumidoras  o  usuarias 
afectadas a la mayor brevedad y, en todo caso, en el plazo máximo de treinta días desde 
que se ejercitase el derecho por parte de la persona consumidora o usuaria afectada, en 
el medio de pago seleccionado por la persona consumidora o usuaria afectada, sin que 
nazca derecho a una compensación adicional entre las partes.
3.  En  relación  con  contratos  de  transporte,  perfeccionados  antes  del  13  de 
septiembre  de  2021,  que  tengan  como  destino  la  isla  de  La  Palma,  la  persona 
consumidora o usuaria afectada tendrá derecho a resolver el contrato antes del inicio del  e.
mismo sin pagar ninguna penalización. En este caso, la persona consumidora o usuaria  w.b
afectada tendrá derecho al reembolso completo de cualquier pago realizado, pero no a  231ww
una compensación adicional.
Artículo 14.  Forma y plazos para el ejercicio de derechos.
1.  El ejercicio de los derechos contemplados en el capítulo primero de este título 
por parte de las personas consumidoras y usuarias afectadas se llevará a cabo mediante 
solicitud dirigida al empresario en la que se indiquen las causas que motivan la solicitud.
2.  El empresario deberá comprobar la adecuación de la solicitud presentada a los 
supuestos contemplados en el capítulo 1.º de este título mediante la consulta de los 
registros o bases de datos establecidos al efecto por las autoridades competentes, en los 
que se determinaran las zonas, códigos postales, vías o viviendas afectadas en cada 
momento por la erupción del Volcán Cumbre Vieja en la isla de La Palma, así como su 
grado de afectación. Se considerará como fecha de nacimiento del correspondiente 
derecho la fecha de afectación que conste en dichos registros o bases de datos, que 
habrán de mantenerse continuamente actualizados.
3.  En el caso de contratos empaquetados que incluyan la prestación de diversos 
servicios  o  la  provisión  de  bienes  junto  a  la  prestación  de  servicios,  los  derechos 
contemplados en el capítulo 1.º de este título podrán ejercerse, únicamente, en relación 
con aquellos elementos del contrato que resulten de imposible cumplimiento, recepción o 
disfrute por parte de las personas consumidoras y usuarias afectadas, de forma definitiva 
o temporal, como consecuencia de la erupción del volcán Cumbre Vieja en la isla de La 
Palma  o  de  las  medidas  adoptadas  al  efecto  por  las  autoridades  competentes, 
quedando, en su caso, las tarifas convergentes sometidas al correspondiente acuerdo 
entre las partes.
4.  La acción para ejercer los derechos recogidos en capítulo 1.º de este título 
prescribirá a los cinco meses desde el nacimiento del derecho o, en el caso de que 
hubiese nacido antes de la entrada en vigor de este real Decreto-ley, a los cinco meses 
de su entrada en vigor.
CAPÍTULO 2.º
Medidas de suspensión de obligaciones de pago de intereses y principal para 
préstamos y créditos con y sin garantía hipotecaria
Artículo 15.  Objeto.
Este capítulo tiene por objeto establecer la suspensión de las obligaciones de pago 
de intereses y principal para préstamos y créditos, independientemente de si están o no 
al corriente de pago, con y sin garantía hipotecaria concedidos a afectados por los 
movimientos sísmicos y erupciones volcánicas acaecidos en la isla de la Palma desde el 
pasado día 19 de septiembre de 2021.
Artículo 16.  Ámbito de aplicación.
1.  Podrán  ser  beneficiarios  de  la  suspensión  de  las  obligaciones  de  pago  de 
intereses  y  principal  de  préstamos  y  créditos  cuya  garantía  hipotecaria  se  haya 
constituido sobre inmuebles situados en la zona afectada por los movimientos sísmicos y 
las erupciones volcánicas, las personas físicas o jurídicas prestatarias o acreditadas de 
dichos préstamos y créditos.
A los efectos de este capítulo, se considerará zona afectada por los movimientos 
sísmicos y las erupciones volcánicas a la zona declarada como afectada gravemente por  s
una emergencia de protección civil conforme al Acuerdo de Consejo de Ministros, de 28  e.
de septiembre de 2021, por el que se declara la isla de La Palma (Santa Cruz de  w.
Tenerife) «Zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil» y se  231ww
eimnp lual szaonn am deed iMdaosn tuarñgae nRtaejsa dpaa,r até mrmitiingoa rm lousn idciapñaol sd ep rEolv Pocaasdoo.s por la erupción volcánica
2.  Asimismo, podrán ser beneficiarios de la suspensión de las obligaciones de pago 
de intereses y principal de préstamos y créditos sin garantía hipotecaria concedidos con 
anterioridad a la publicación de este real decreto-ley:
a)  Las personas físicas residentes en la zona a la que se refiere el apartado 
anterior.
b)  Las personas físicas o jurídicas cuya actividad económica principal se encuentre 
situada en dicha zona, comprendiendo explotaciones agrarias, pesqueras, marinas o 
forestales, establecimientos mercantiles, industriales y de servicios.
3.  En todo caso, los contratos de arrendamiento financiero se entenderán incluidos 
dentro del ámbito de aplicación objetivo de la suspensión temporal a que se refiere el 
párrafo anterior.
Artículo 17.  Fiadores, avalistas e hipotecantes no deudores.
Los fiadores, avalistas e hipotecantes no deudores a los que les resulte de aplicación 
alguna de las suspensiones de las obligaciones derivadas de los contratos de crédito con 
y sin garantía hipotecaria conforme al artículo 16 podrán exigir, durante el periodo de 
vigencia de la suspensión prevista en el presente capitulo, que el acreedor agote el 
patrimonio del deudor principal antes de reclamarles la deuda garantizada, aun cuando 
en el contrato hubieran renunciado expresamente al beneficio de excusión.
Artículo 18.  Acreditación de las condiciones de pertenencia al ámbito de aplicación.
La concurrencia de las circunstancias que determinan la condición de beneficiario en 
cada uno de los supuestos recogidos en el artículo 16 deberá ser acreditada:
a)  En el caso de operaciones con garantía hipotecaria, con una mera solicitud.
b)  En  el  caso  de  operaciones  sin  garantía  hipotecaria  de  personas  físicas 
residentes  en  la  zona  afectada  por  los  movimientos  sísmicos  y  las  erupciones 
volcánicas, con un certificado de empadronamiento.
c)  En  el  caso  de  operaciones  sin  garantía  hipotecaria  de  personas  físicas  o 
jurídicas  titulares  de  explotaciones  en  la  zona  por  los  movimientos  sísmicos  y  las 
erupciones volcánicas mediante cualquier documento que acredite dicha circunstancia o, 
en su caso, mediante declaración responsable
Artículo 19.  Solicitud de las moratorias.
Los deudores comprendidos en el ámbito de aplicación de la suspensión de las 
obligaciones  derivadas  de  los  contratos  de  préstamo  o  crédito  con  o  sin  garantía 
hipotecaria de conformidad con el artículo 16, podrán solicitar del acreedor, hasta seis 
meses desde la entrada en vigor del real decreto-ley, la suspensión de sus obligaciones. 
Los  deudores  acompañarán,  junto  a  la  solicitud  de  suspensión,  la  documentación 
prevista en el artículo 18, que resulte de aplicación y especificarán si son asalariados o 
autónomos y su actividad económica.
Artículo 20.  Concesión de las moratorias.
1.  Una vez realizada la solicitud de la suspensión a la que se refiere el artículo 
anterior  de  este  real  decreto-ley,  el  acreedor  procederá  de  forma  automática  a  la  e.
suspensión de las obligaciones derivadas del contrato de préstamo o crédito con los  w.b
efectos establecidos en el artículo 21. 231ww
de E2.s paUñnaa,  veenz  eclo nmcaerdciod ad lea  lsau scpoemnusnióicna, claió ne nati dlaad  qaucere esed orreaf ileor ec oeml uanritcícaurálo  a2l 3B.a Lnocos 
vimepnocirdteoss .q Duuer asnetreía enl  epxeirgíoibdleos d ael  sduesupdeonrs dióen  nnoo  aspel idceavrseen glaa rmá oinratetorérisa  anlgou sneo .considerarán
3.  La aplicación de la suspensión no requerirá acuerdo entre las partes, ni novación 
contractual alguna, para que surta efectos. Cuando el préstamo objeto de la suspensión 
cuente con garantía hipotecaria, la suspensión deberá formalizarse en escritura pública e 
inscribirse en el Registro de la Propiedad en la forma prevista en el artículo 24. La 
inscripción de la ampliación del plazo inicial tendrá plenos efectos, en su caso, frente a 
los acreedores intermedios inscritos aunque no cuente con el consentimiento de estos. 
Cuando el crédito o préstamo objeto de la suspensión no cuente con garantía hipotecaria 
pero esté garantizado mediante algún derecho inscribible distinto de la hipoteca o haya 
accedido al Registro de Venta a Plazos de Bienes Muebles a los efectos previstos en el 
apartado 1 del artículo 15 de la Ley 28/1998, de 13 de julio, de Venta a Plazos de Bienes 
Muebles,  será  necesaria  la  inscripción  de  la  ampliación  de  plazo  que  suponga  la 
suspensión, de acuerdo con las normas generales aplicables. Asimismo, las garantías de 
los préstamos objeto de la suspensión, incluidas las prendas y las fianzas y avales, se 
mantienen inalteradas frente a terceros sin necesidad de consentimiento de pignorantes 
y avalistas.
4.  Cuando prestamista y prestatario beneficiario de la moratoria acuerden una 
novación como consecuencia de la modificación del clausulado del contrato en términos 
o condiciones contractuales que vayan más allá de la mera suspensión, incorporarán, 
además  de  aquellos  otros  aspectos  que  las  partes  pacten,  la  suspensión  de  las 
obligaciones contractuales impuesta por este real decreto-ley y solicitada por el deudor, 
así como el no devengo de intereses durante la vigencia de la suspensión.
5.  Los derechos arancelarios notariales y registrales derivados de la formalización e 
inscripción de la suspensión de préstamos y créditos con garantía hipotecaria en los 
términos del apartado 3 y de la formalización e inscripción de la novación de los mismos 
en los supuestos del apartado 4, serán satisfechos en todo caso por el acreedor y se 
bonificarán en un 50 por ciento en los siguientes términos:
a)  Por el otorgamiento de la escritura se devengará el arancel correspondiente a las 
escrituras de novación hipotecaria, previsto en la letra f) del apartado 1 del número 1 del 
anexo I del Real Decreto 1426/1989, de 17 de noviembre, por el que se aprueba el 
arancel de los Notarios, reducidos al 50 por ciento, sin que se devengue cantidad alguna 
a partir del quinto folio de matriz y de copia, sea copia autorizada o copia simple. El 
arancel mínimo previsto será de 30 euros y el máximo de 75 euros.
b)  Por  la  práctica  de  la  inscripción  se  aplicará  el  arancel  previsto  para  las 
novaciones modificativas en artículo 2.1.g) del anexo I del Real Decreto 1427/1989, 
de 17 de noviembre, por el que se aprueba el Arancel de los Registradores. Al resultado 
se le aplicará una bonificación del 50 por ciento. El arancel mínimo previsto será de 24 
euros y el máximo de 50 euros.
6.  Los derechos arancelarios notariales derivados de la intervención de pólizas en 
que se formalice, en su caso, la suspensión temporal de las obligaciones contractuales 
derivadas de préstamos o créditos sin garantía hipotecaria, serán los establecidos en el 
Decreto de 15 de diciembre de 1950 y se bonificarán en un 50 % con un límite mínimo 
de 25 euros y máximo de 50 euros, por todos los conceptos incluyendo sus copias y 
traslados.
Los derechos arancelarios de los registradores derivados de la constancia registral, 
en su caso, de la suspensión temporal de las obligaciones contractuales se minutarán de 
conformidad con el artículo 36.9.g) de la Ordenanza aprobada por Orden de 19 de 
julio 1999, por la cantidad fija de 6 euros. e
Los derechos arancelarios notariales y registrales derivados de la formalización e  bo
inscripción previstos en este apartado serán satisfechos, en todo caso, por el acreedor. 231ww
Artículo 21.  Efectos de las moratorias.
1.  La solicitud de la moratoria a la que se refiere el artículo 19 conllevará, para
todos  los  préstamos  y  créditos  objeto  de  la  misma,  cuenten  o  no  con  garantía  Bc
hipotecaria, la suspensión de la deuda durante el plazo de seis meses, incluyendo la 
deuda impagada. La duración de la suspensión podrá ser ampliada en seis meses 
adicionales por Acuerdo del Consejo de Ministros.
2.  Durante el periodo de vigencia de la suspensión:
a)  El acreedor no podrá exigir el pago de la cuota, ni de ninguno de los conceptos 
que  la  integran  (amortización  del  capital  o  pago  de  intereses),  ni  íntegramente,  ni 
parcialmente.
b)  No se devengarán ningún tipo de intereses, ni ordinarios, ni de demora.
c)  Se inaplicará cualquier cláusula de vencimiento anticipado que, en su caso, 
conste en el contrato de préstamo o crédito.
3.  Para aquellos préstamos y créditos que no cuenten con garantía hipotecaria, la 
fecha del vencimiento acordada en el contrato se ampliará, como consecuencia de la 
suspensión, por el tiempo de duración de esta, sin modificación alguna del resto de las 
condiciones pactadas. Tratándose de bienes o derechos inscribibles se ajustarán a su 
propia  normativa,  de  acuerdo  con  las  reglas  generales  y  con  lo  dispuesto  en  el 
apartado 3 del artículo 20.
4.  La suspensión en el pago de intereses no será aplicable a deudores o contratos 
distintos de los regulados en el presente real decreto-ley.
Artículo 22.  Consecuencias de la aplicación indebida por el deudor.
1.  El deudor de un crédito o préstamo con o sin garantía hipotecaria que se hubiese 
beneficiado de las medidas de moratoria en este real decreto-ley sin la concurrencia de 
las condiciones de pertenencia al ámbito de aplicación previstas en el artículo 16, será 
responsable de los daños y perjuicios que se hayan podido producir, así como de todos 
los gastos generados por la aplicación de estas medidas de flexibilización, sin perjuicio 
de las responsabilidades de otro orden a que la conducta del deudor pudiera dar lugar. 
En particular, se considerarán vencidas las cuotas suspendidas desde la fecha en la que 
hubieran sido exigibles de no aplicarse la moratoria.
2.  El importe de los daños, perjuicios y gastos no puede resultar inferior al beneficio 
indebidamente obtenido por el deudor por la aplicación de la norma.
Artículo 23.  Régimen de supervisión y sanción.
1.  Las entidades prestamistas supervisadas por el Banco de España le remitirán 
mensualmente, dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes, la siguiente 
información referida a los datos acumulados hasta el fin del mes anterior referente a:
a)  Número de solicitudes de suspensión presentadas por deudores.
b)  Número de suspensiones concedidas.
c)  Número de solicitudes de suspensión denegadas.
d)  Número  de  beneficiaros  de  la  suspensión,  desagregados,  por  un  lado,  en 
deudores y avalistas y, por otro lado, en asalariados, trabajadores autónomos y personas 
jurídicas.
e)  Número de préstamos cuyo pago se ha suspendido.
f)  Saldo vivo pendiente de amortización cuyo pago se suspende a la fecha de la 
suspensión.
g)  CNAE de la actividad que venía realizando el deudor. e
h)  Número  de  préstamos  en  los  que  el  deudor  solicita  que  se  documente  la  bo
moratoria en escritura notarial. 231ww
cons2i.d erLaocsió na rdtíec unloorsm a1s5  dea  o2rd2e nya ceiól na yp dairstacdipoli nap raim laesro q udee s ee sretefi earert íeclu alort íctuelnod 2rá dne  llaa 
Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de
crédito.
Artículo 24.  Otorgamiento unilateral por el acreedor de los instrumentos notariales en 
que  se  formaliza  la  ampliación  de  plazo  derivada  de  la  moratoria  legal  de  los 
préstamos o créditos garantizados con hipoteca o mediante otro derecho inscribible 
distinto.
1.  El reconocimiento de la aplicación de la suspensión de la deuda hipotecaria 
durante el plazo de seis meses prevista en este real decreto-ley, no estará sujeta a lo 
dispuesto en la Ley 5/2019, de 15 de marzo, de crédito inmobiliario.
2.  Será obligación unilateral de la entidad acreedora la elevación a escritura pública 
del reconocimiento de la suspensión, a los efectos de que pueda procederse a la 
inscripción de la ampliación del plazo inicial en el Registro de la Propiedad.
3.  Igualmente,  será  obligación  unilateral  de  la  entidad  acreedora  promover  la 
formalización de la póliza o escritura pública en la que se documente el reconocimiento 
de la suspensión prevista en este real decreto-ley y, la inscripción, en su caso, en el 
Registro de Bienes Muebles, siempre que el crédito o préstamo estuviera garantizado 
mediante algún derecho inscribible distinto de la hipoteca o hubiera accedido al Registro.
4.  Lo dispuesto en los apartados anteriores será de aplicación a cualquier solicitud 
de moratoria presentada al amparo de este real decreto-ley, aun cuando la solicitud del 
acreedor o incluso su aceptación por la entidad acreedora se hubieran producido con 
anterioridad a la entrada en vigor del presente real decreto-ley.
TÍTULO V
Medidas tributarias
Artículo 25.  Beneficios fiscales.
1.  Se concede la exención de las cuotas del Impuesto sobre Bienes Inmuebles 
correspondientes al ejercicio 2021 que afecten a viviendas, establecimientos industriales, 
turísticos,  mercantiles,  marítimo-pesqueros  y  profesionales,  explotaciones  agrarias  y 
forestales, locales de trabajo y similares, dañados como consecuencia directa de los 
siniestros a que se refiere el artículo 1 de este real decreto-ley, cuando se acredite que 
tanto las personas como los bienes en ellos ubicados hayan tenido que ser objeto de 
realojamiento total o parcial en otras viviendas o locales diferentes hasta la reparación de 
los  daños  sufridos,  o  pérdidas  en  las  producciones  agrícolas  y  ganaderas  que 
constituyan siniestros cuya cobertura no resulte posible mediante formula alguna de 
aseguramiento público o privado.
2.  Se  concede  una  reducción  en  el  Impuesto  sobre  Actividades  Económicas 
correspondiente  al  ejercicio  2021  a  las  industrias  de  cualquier  naturaleza, 
establecimientos  mercantiles,  marítimo-pesqueros,  turísticos  y  profesionales  cuyos 
locales  de  negocio  o  bienes  afectos  a  esa  actividad  hayan  sido  dañados  como 
consecuencia directa de los siniestros a que se refiere el artículo 1 de este real decreto-
ley, siempre que hubieran tenido que ser objeto de realojamiento o se hayan producido 
daños  que  obliguen  al  cierre  temporal  de  la  actividad.  La  indicada  reducción  será 
proporcional al tiempo transcurrido desde el día en que se haya producido el cese de la 
actividad hasta su reinicio en condiciones de normalidad, ya sea en los mismos locales, 
ya sea en otros habilitados al efecto, sin perjuicio de considerar, cuando la gravedad de 
los daños producidos dé origen a ello, el supuesto de cese en el ejercicio de aquella, que 
surtirá efectos desde el día 31 de diciembre de 2020. es
3.  Las  exenciones  y  reducciones  de  cuotas  en  los  tributos  previstas  en  los  o
apartados anteriores comprenderán las de los recargos legalmente autorizados sobre los  231ww
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5.  Estarán  exentas  de  las  tasas  del  organismo  autónomo  Jefatura  Central  de 
Tráfico establecidas por la Ley 16/1979, de 2 de octubre, la tramitación de las bajas de 
vehículos  solicitadas  como  consecuencia  de  los  daños  producidos  por  la  erupción 
volcánica y los movimientos sísmicos, y la expedición de duplicados de permisos de 
circulación o de conducción destruidos o extraviados por dichas causas, siempre que la 
persona titular del vehículo acredite disponer del seguro obligatorio de responsabilidad 
civil del automóvil en el momento en que se produjo el daño.
6.  La disminución de ingresos en tributos locales que las exenciones y reducciones 
previstas en los apartados anteriores produzcan en los ayuntamientos y el cabildo insular 
será compensada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 9 del texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
7.  Estarán exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas las ayudas 
por daños personales a las que se refiere el artículo 4.
Artículo 26.  Reducciones fiscales especiales para las actividades agrarias.
Para las explotaciones y actividades agrarias en las que se hayan producido daños 
como consecuencia directa de los siniestros a que se refiere el artículo 1, y conforme a 
las previsiones contenidas en el artículo 37.4.1.º del Reglamento del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, 
la persona titular del Ministerio de Hacienda y Función Pública, a la vista de los informes 
del  Ministerio  de  Agricultura,  Pesca  y  Alimentación,  podrá  autorizar,  con  carácter 
excepcional, la reducción de los índices de rendimiento neto a los que se refiere la Orden 
HAC/1155/2020, de 25 de noviembre, por la que se desarrollan, para el año 2021, el 
método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el 
régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido.
Artículo 27.  Aplazamiento de deudas tributarias.
1.  En el ámbito de las competencias de la Administración tributaria del Estado, a los 
efectos de los aplazamientos a los que se refiere el artículo 65 de la Ley 58/2003, de 17 
de diciembre, General Tributaria, se concederá el aplazamiento del ingreso de la deuda 
tributaria  correspondiente  a  todas  aquellas  declaraciones-liquidaciones  y 
autoliquidaciones cuyo plazo de presentación e ingreso finalice desde el día siguiente a 
la entrada en vigor de esta norma hasta el día 31 de enero de 2022, ambos inclusive, 
siempre que las solicitudes presentadas hasta esa fecha reúnan los requisitos a los que 
se refiere el artículo 82.2.a) de la citada ley.
2.  Este aplazamiento será aplicable también a las deudas tributarias a las que 
hacen referencia las letras b), f) y g) del artículo 65.2 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria.
3.  Será requisito necesario para la concesión del aplazamiento que el deudor sea 
una persona o entidad que tenga su domicilio fiscal en el ámbito territorial al que se 
refiere Acuerdo de Consejo de Ministros de 28 de septiembre de 2021 por el que se 
declara la isla de La Palma (Santa Cruz de Tenerife) «Zona afectada gravemente por una 
emergencia de protección civil» y se impulsan medidas urgentes para mitigar los daños 
provocados por la erupción volcánica en la zona de Montaña Rajada, término municipal 
de El Paso.
4.  Las condiciones del aplazamiento serán las siguientes: es
a)  El plazo será de doce meses. w.
aplabz)a mNieon tsoe. devengarán intereses de demora durante los primeros tres meses del  2021-16231n https://ww
Artículo 28.  Deducciones fiscales para la recuperación del patrimonio cultural de la isla 
de La Palma.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 22 de la Ley 49/2002, de 23 de 
diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos 
fiscales al mecenazgo, durante el ejercicio de 2021, tendrá la consideración de actividad 
prioritaria de mecenazgo, la recuperación del Patrimonio Cultural de la isla de La Palma.
Ello, sin perjuicio de las deducciones fiscales que pueda adoptar la Comunidad 
Autónoma de Canarias, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 22/2009, de 18 de 
diciembre,  por  la  que  se  regula  el  sistema  de  financiación  de  las  Comunidades 
Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican 
determinadas normas tributarias.
Artículo 29.  Medidas en materia catastral.
1.  Estarán exentas de la tasa de acreditación catastral, establecida en el texto 
refundido  de  la  Ley  del  Catastro  Inmobiliario,  aprobado  por  Real  Decreto 
Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, la expedición por parte de la Dirección General del 
Catastro  de  certificaciones  sobre  inmuebles  ubicados  en  municipios  directamente 
afectados  por  las  erupciones  volcánicas  acaecidas  en  la  isla  de  La  Palma  desde 
septiembre de 2021.
2.  La Dirección General del Catastro habilitará en la Isla de la Palma un servicio de 
atención al público en materia catastral. Dicho servicio se atenderá de manera telemática 
y presencial con cita previa, para facilitar gestiones y certificaciones en la Isla, así como 
cualquier otro asunto relacionado con el Catastro. Este servicio reforzará al ya prestado 
por la Oficina Local de Información de La Palma y los Puntos de Información Catastral 
existentes en la isla.
Artículo 30.  Bonificación extraordinaria en incentivos regionales.
El Ministerio de Hacienda y Función Pública potenciará las inversiones empresariales 
en la isla de La Palma, mejorando el tratamiento de dicha isla en el sistema de Incentivos 
Regionales  regulados  en  la  Ley  50/1985,  de  27  de  diciembre,  y  su  normativa  de 
desarrollo,  para  lo  cual  concederá  a  todos  los  proyectos  que  sean  calificados 
favorablemente en aplicación de dicha normativa una bonificación adicional de cinco 
puntos porcentuales sobre el porcentaje que resulte de su calificación, sin que con esta 
bonificación se pueda superar el límite máximo de ayudas de la zona establecido por la 
Comisión Europea.
TÍTULO VI
Medidas en materia de movilidad, suministros y de apoyo a las infraestructuras
Artículo 31.  Contrato de navegación Canarias-península.
Para facilitar la movilidad de personas y bienes, como instrumento de impulso de su 
actividad económica, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana incluirá 
como prestación, en los contratos de navegación de Interés Público península-Canarias 
que celebre con las compañías marítimas, aquellas escalas necesarias para la conexión 
de  la  isla  de  la  Palma  con  la  península  y  con  el  resto  de  las  islas  mayores  del  e.e
archipiélago canario. b
Artícauultoó no3m2.o sF yl eexmibpilrizeascaisó na fedceta dlooss  pocro lnat reartuopsc iódne  voslucmáninicisat rdoe  ldae i slae ldeect rLicai dPaadlm  ap.ara
1.  Excepcionalmente, y durante un periodo de seis meses a contar desde la entrada en
vigor de este real decreto-ley, los puntos de suministro de electricidad ubicados en la isla de
La Palma titularidad de autónomos que acrediten dicha condición mediante su alta en el 
Régimen  Especial  de  la  Seguridad  Social  de  los  Trabajadores  por  Cuenta  Propia  o 
Autónomos o asimilable, y empresas se podrán acoger a las siguientes medidas:
a)  En  cualquier  momento,  podrán  suspender  temporalmente  o  modificar  sus 
contratos de suministro, o las prórrogas de dichos contratos, para contratar otra oferta 
alternativa con el comercializador con el que tienen contrato vigente, al objeto de adaptar 
sus contratos a sus nuevas pautas de consumo, sin que proceda cargo alguno en 
concepto de penalización.
b)  Los  distribuidores  atenderán  las  solicitudes  de  cambio  de  potencia,  con 
independencia de que el consumidor hubiera modificado voluntariamente las condiciones 
técnicas de su contrato de acceso de terceros a la red en un plazo inferior a doce meses, 
y aunque no se haya producido ningún cambio en la estructura de peajes de acceso o 
cargos que le afecte. Cuando las solicitudes no puedan atenderse por medios remotos, 
las actuaciones de campo que, en su caso, fueran necesarias, estarán sujetas a los 
planes de contingencia adoptados y comunicados por la empresa distribuidora.
2.  Una vez finalizado el periodo de seis meses del apartado anterior, en el plazo de 
tres  meses,  el  consumidor  que  haya  solicitado  la  suspensión  de  su  contrato  de 
suministro podrá solicitar su reactivación.
Asimismo,  en  el  mismo  plazo  de  tres  meses  anterior,  el  consumidor  que  haya 
solicitado  la  modificación  de  su  contrato  de  suministro  o  la  modificación  de  los 
parámetros técnicos del contrato de acceso de terceros a la red prevista en el apartado 
anterior, podrá solicitar una nueva modificación del contrato de suministro o unos nuevos 
valores de los parámetros técnicos del contrato de acceso de terceros a la red.
3.  Las  reactivaciones  del  contrato  de  suministro  y  las  modificaciones  de  los 
contratos anteriormente señaladas se realizarán en el plazo máximo de cinco días 
naturales y sin que proceda la repercusión de coste alguno sobre el consumidor, a 
excepción de:
a)  Los pagos por derechos de extensión por incrementos de potencia contratada por 
encima del umbral contratado con anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto-ley,
b)  los pagos por supervisión de instalaciones cedidas, en su caso, y,
c)  en el caso de que resultase necesario el cambio de los equipos de medida, el 
pago de actuaciones sobre los equipos de control y medida previstos en el capítulo VII 
del Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece la metodología 
de retribución de la actividad de distribución de energía eléctrica.
En la aplicación, en su caso, de los pagos anteriormente citados se estará a lo 
previsto en el capítulo VII del Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre, por el que se 
establece  la  metodología  de  retribución  de  la  actividad  de  distribución  de  energía 
eléctrica.
En el caso de que la nueva modificación de potencia no supere el umbral contratado 
con anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto-ley, tampoco se aplicará lo 
dispuesto en el artículo 83.5 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que 
se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro de 
electricidad y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, sobre 
la revisión de las instalaciones de más de veinte años.
Artículo 33.  Aplazamiento de facturas correspondientes a contratos de suministro de  e.
electricidad para autónomos afectados por la erupción volcánica de la isla de La  w.b
Palma. 231ww
1.  Excepcionalmente y durante un periodo de seis meses a contar desde la entrada
eenn  lvaig ioslra d dee e Lsate P raelaml ad,e tcitrueltaor-idleayd,  ldoes  apuutnótnoosm does s quumei naisctrreod idteen e dniecrhgaía c oenlédcictriiócna  mubeidcaiadnotes 
su alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta
Propia o Autónomos o asimilable y pequeñas y medianas empresas, tal y como se 
definen en el anexo I del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión Europea, podrán 
solicitar a su comercializador o, en su caso, a su distribuidor, la suspensión del pago de 
las facturas que correspondan a periodos de facturación que contengan días integrados 
en el periodo anterior, incluyendo todos sus conceptos de facturación.
En la solicitud de los consumidores deberán aparecer claramente identificados el 
titular del punto de suministro y el Código Universal de Punto de suministro (CUPS).
2.  En estos casos, las comercializadoras de electricidad quedarán eximidas de la 
obligación de abonar el peaje de acceso a las redes de transporte y distribución y cargos 
del sistema eléctrico correspondiente a las facturas aplazadas a la empresa distribuidora, 
establecida en el párrafo d) del artículo 46.1 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del 
Sector Eléctrico, hasta que el consumidor abone la factura completa.
3.  Las  comercializadoras  deberán  comunicar  a  la  distribuidora  la  información 
relativa a los titulares de puntos de suministro, y los CUPS asociados, que han solicitado 
la suspensión del pago conforme al apartado anterior.
4.  Las comercializadoras de electricidad quedarán eximidas de la liquidación del 
impuesto general indirecto canario, en su caso, correspondientes a las facturas cuyo 
pago haya sido suspendido en virtud de esta medida, hasta que el consumidor las haya 
abonado de forma completa, o hayan transcurrido seis meses desde la entrada en vigor 
de este real decreto-ley.
5.  Una  vez  finalizado  el  periodo  al  que  hace  referencia  el  apartado  uno,  las 
cantidades adeudadas se regularizarán a partes iguales en las facturas emitidas por las 
comercializadoras de electricidad, correspondientes a los periodos de facturación en los 
que se integren los siguientes seis meses. Los autónomos y empresas que se acojan a 
la  suspensión  de  la  facturación  recogida  en  este  artículo  no  podrán  cambiar  de 
comercializadora de electricidad, mientras no se haya completado dicha regularización.
Artículo  34.  Resolución  y  suspensión  temporal  de  los  contratos  de  suministro  de 
energía eléctrica afectados por la erupción volcánica de la isla de La Palma.
1.  Se considerarán resueltos los contratos de suministro asociados a CUPS que se 
hayan  visto  afectados  de  manera  irreversible  como  consecuencia  de  la  erupción 
volcánica de la isla de La Palma, sin coste alguno para los consumidores finales.
2.  Se suspenderán temporalmente los contratos de suministro y de acceso de 
terceros a la red, en aquellos casos en los que el suministro de energía eléctrica haya 
sido  interrumpido  por  razón  de  la  situación  de  emergencia  antes  mencionada. 
Igualmente, dicha suspensión se hará sin coste alguno para los consumidores finales, 
así como la reactivación de dichos contratos una vez se pueda recuperar el suministro 
en energía eléctrica en condiciones de seguridad para las personas e instalaciones 
afectadas.
Artículo 35.  Régimen de ayudas a entidades locales para las obras de reparación, 
restitución  o  reconstrucción  de  infraestructuras,  equipamientos  o  instalaciones  y 
servicios de titularidad municipal o insular.
1.  El  Ministerio  de  Política  Territorial  podrá  conceder  subvenciones  a  los 
Ayuntamientos y al Cabildo Insular de la Palma para ejecutar los proyectos directamente 
relacionados con los siniestros a los que se refiere el artículo 1 y que tengan por objeto 
la realización de obras de reparación, restitución o reconstrucción de infraestructuras,  es
equipamientos o instalaciones y servicios de titularidad municipal o insular, incluyéndose  bo
en todo caso las obras de reparación, restitución o reconstrucción de la red viaria. 231ww
Iaenfmseuec2ltraa.g rde anSd ceihni aa L speatean r P juqlaaiucl mieroe a pd du ueven idaaloa r insap u rabiencvvsoeiusmntlaoceir ót eenqnr us deeee  l  lpaa5esp0r ma0ar.ic0ttaat0udn0ao  c geiaaounrnratoeenssrt  iiozpdarae,r r  sarleae   pficmnaoaroannvccciielióiaddnrae , drláar e ses antol i tbulCarca aiózsbo nilddn eoao     OE-A-2021-16able en https://
reconstrucción de las vías dañadas directamente por el siniestro.
3.  Se faculta a la persona titular del Ministerio de Política Territorial para establecer 
el  procedimiento  y  las  condiciones  para  la  concesión  directa  de  las  subvenciones 
establecidas en los apartados anteriores, así como su seguimiento y control.
Artículo  36.  Medidas  de  apoyo  y  cooperación  para  el  restablecimiento  de 
infraestructuras en la red de carreteras.
Se  autoriza  a  la  Administración  General  del  Estado,  a  través  del  Ministerio  de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, a adoptar las medidas que se estimen más 
adecuadas para el apoyo a la Comunidad Autónoma de Canarias en la búsqueda de 
soluciones  para  el  restablecimiento  de  las  infraestructuras  en  la  red  de  carreteras 
afectadas por la erupción del volcán y posterior ejecución de las obras.
Las medidas de apoyo y cooperación indicadas se formalizarán a través de los 
correspondientes instrumentos jurídicos, de acuerdo con la Ley de Régimen Jurídico del 
Sector Público y la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Artículo  37.  Medidas  de  apoyo  y  cooperación  para  el  restablecimiento  de 
infraestructuras sanitarias.
Se  autoriza  a  la  Administración  General  del  Estado,  a  través  del  Ministerio  de 
Sanidad, a adoptar las medidas que se estimen más adecuadas para el apoyo a la 
Comunidad  Autónoma  de  Canarias  en  la  búsqueda  de  soluciones  para  el 
restablecimiento de las infraestructuras sanitarias afectadas por la erupción del volcán y 
posterior ejecución de las obras.
Las medidas de apoyo y cooperación indicadas se formalizarán a través de los 
correspondientes  instrumentos  jurídicos,  de  acuerdo  con  la  Ley  40/2015,  de  1  de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
TÍTULO VII
Medidas relativas al sector agrario y pesquero
Artículo  38.  Ayudas  directas  para  la  compensación  de  los  perjuicios  producidos  a 
titulares de explotaciones agrarias.
1.  Se  concederán  ayudas,  en  régimen  de  concesión  directa  conforme  al 
artículo 22.2.b) de la Ley 38/2003, de 27 de noviembre, General de Subvenciones, que 
compensen  los  perjuicios  producidos  a  los  titulares  de  explotaciones  agrícolas  o 
ganaderas ubicadas en el ámbito geográfico de aplicación de este real decreto-ley como 
consecuencia de los daños registrados en las áreas de aprovechamiento agrícola o 
ganadero  que  carezcan  de  cobertura  por  riesgos  extraordinarios  del  Consorcio  de 
Compensación de Seguros.
2.  Asimismo,  las  autoridades  competentes  podrán  restaurar,  en  lo  posible,  las 
infraestructuras rurales de uso colectivo a la situación anterior a la catástrofe, aplicando 
los  beneficios  establecidos  en  la  Ley  de  Reforma  y  Desarrollo  Agrario,  y  podrán 
introducir en la clasificación de las obras previstas en el Título II de su Libro III las 
modificaciones impuestas por las peculiares características de los daños sufridos. A tales 
efectos, podrá declararse de emergencia la tramitación de los contratos de las obras de 
reposición  de  infraestructuras  rurales  de  uso  colectivo,  que  sea  necesario  ejecutar 
cuando proceda de acuerdo con lo previsto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de  e.
Contratos del Sector Público, así como la urgente ocupación a efectos expropiatorios. w.
3.  Estas ayudas deberán ser compatibles con cualesquiera medidas impulsadas  231ww
plaosr  mlae Cdiodmasu npirdeavdis tAaust óenno lam par oegnr aeml macairócno  ddee  dlaess aaryrouldloa sru drael .Estado y especialmente con
Artículo 39.  Ayudas directas para la compensación de los perjuicios producidos en el 
sector de la pesca y de la acuicultura.
1.  Se concederán ayudas a los armadores y tripulantes de los buques pesqueros 
con puerto base en Tazacorte, en su caso ampliable a buques de otros puertos, en 
régimen de concesión directa conforme al artículo 22.2.b) de la Ley 38/2003, de 27 de 
noviembre, que compensen los perjuicios económicos producidos a los armadores y 
tripulantes de buques afectados como consecuencia de los acontecimientos objeto de 
este real decreto-ley o que se hayan visto imposibilitadas para salir a faenar por dichos 
acontecimientos.
2.  Asimismo, se concederán ayudas a los propietarios de buques y de lonjas, de 
instalaciones de acuicultura en mar y tierra, en régimen de concesión directa conforme al 
artículo 22.2.b) de la Ley 38/2003, de 27 de noviembre que compensen las pérdidas o 
perjuicios producidos como consecuencia de la erupción volcánica.
3.  Igualmente, las autoridades competentes podrán adoptar medidas encaminadas 
a la mitigación de la posible pérdida de biodiversidad marina que puedan tener incidencia 
en la actividad pesquera, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 3/2001, de 26 de marzo, 
de Pesca Martina del Estado, y demás normativa de aplicación.
Artículo 40.  Gestión de las ayudas.
1.  Las  ayudas  y  actuaciones  previstas  en  los  dos  artículos  precedentes  se 
gestionarán por la Comunidad Autónoma de Canarias, para lo que el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación concederá una subvención directa al Gobierno de 
Canarias.
Las razones de interés público que concurren en la concesión de esta subvención de 
carácter singular determinan la improcedencia de su convocatoria pública.
2.  Tendrán la consideración de gastos subvencionables los que se ajusten de modo 
indubitado al logro de los fines mencionados en los dos artículos precedentes, para la 
compensación de los daños referidos y las actuaciones previstas.
3.  Será beneficiario de la subvención el Gobierno de Canarias, que quedará sujeto 
a las obligaciones previstas en la resolución de concesión.
4.  La concesión de la subvención se formalizará mediante orden del Ministro de 
Agricultura, Pesca y Alimentación en la que se detallará el órgano del Gobierno de 
Canarias destinatario de los fondos para cada una de las actividades subvencionables 
así como, en su caso, las medidas de coordinación y determinación de los daños a 
compensar y actuaciones que procedan.
5.  La subvención prevista en ambos artículos se financiará mediante transferencia 
directa con cargo a los créditos que se habiliten en el presupuesto del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación.
6.  El Gobierno de Canarias deberá justificar ante el Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación, las inversiones o gastos realizados tras la entrada en vigor del presente 
real decreto-ley mediante la presentación de cuenta justificativa, según se regula en el 
artículo 72 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, que contendrá una memoria de 
actuación justificativa de la realización de las actividades objeto de subvención y una 
memoria económica de los desembolsos realizados.
7.  Los remanentes que puedan existir al finalizar el ejercicio 2021 podrán ser 
incorporados al ejercicio siguiente.
8.  Los importes que no se hayan empleado en estos fines deberán reintegrarse al  e
Estado. bo
Artículo  41.  Promoción  del  empleo  de  suelo  de  carácter  público  para  proceder  a 
reubicar explotaciones.
Los  poderes  públicos  promoverán  la  permuta  de  fincas  afectadas  por  otras  de 
titularidad  pública  en  que  se  puedan  reubicar  las  explotaciones  agroalimentarias 
afectadas por los acontecimientos objeto de este real decreto-ley.
Artículo 42.  Actuaciones en relación con la financiación de avales.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación podrá poner a disposición de los 
operadores económicos, dentro de su ámbito de competencia, cuya actividad se haya 
podido ver afectada por la concurrencia de situaciones de alteración de las condiciones 
habituales de actividad, líneas de financiación en las que subvencionará, en régimen de 
concesión directa conforme al artículo 22.2.b) de la Ley 38/2003, de 27 de noviembre, el 
coste de los avales de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA) que 
son necesarios para la obtención de préstamos con objeto de garantizar la viabilidad y 
normal funcionamiento del sector.
Artículo 43.  Consideración de fuerza mayor.
La afectación de los productores primarios por los acontecimientos objeto de este 
real decreto-ley se considera causa de fuerza mayor a los efectos de dar por cumplidas 
las obligaciones contenidas en las normas reguladoras de su actividad.
TÍTULO VIII
Medidas de recuperación en materia de biodiversidad y espacios naturales 
protegidos
Artículo 44.  Ayudas destinadas a recuperar el entorno socioeconómico y ambiental en 
la Reserva de la Biosfera de La Palma declarada por la UNESCO en 2002.
1.  A fin de restaurar el entorno socioeconómico y ambiental en la Reserva de la 
Biosfera de La Palma (RMBLP), se concede una subvención directa a la «Fundación 
Canaria Reserva Mundial de la Biosfera La Palma», órgano gestor de la RMBLP, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 22.2.b) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones.
2.  Serán objeto de financiación las siguientes líneas de actuación:
a)  Restauración  de  ecosistemas  degradados  y  de  infraestructuras  para  la 
conservación de los recursos naturales.
b)  Apoyo a la producción, promoción y comercialización de productos locales y 
otras  medidas  de  fomento  del  desarrollo  sostenible,  sostenibilidad  del  turismo, 
recuperación  paisajística,  medidas  de  apoyo  al  manejo  agroecológico  y  forestal 
sostenible  y  puesta  en  valor  de  los  conocimientos  tradicionales,  promoviendo  la 
eficiencia de los recursos.
3.  La concesión de esta subvención se realizará mediante una resolución de la 
persona titular de la persona titular de la Vicepresidencia del Organismo Autónomo 
«Parques Nacionales», que se dictará previa presentación, por parte de la entidad  s
beneficiaria, de un programa de actuaciones y un presupuesto desglosado, así como una  oe.
declaración responsable por la cual acredite el cumplimiento de los requisitos necesarios  w.
para obtener la condición de beneficiario, en los términos establecidos por el artículo 13  231ww
de la4 .L eLy a3 8re/2s0o0lu3c, idóen  1d7e  dceo nnoceviseiómnb rree.cogerá, en todo caso, el objeto, las actuaciones
jcuosnticfirceatacisó ns dueb vlae nscuibovneanbcleiósn, , eclo np broacseed eimn ileon etos tadbele cpiadgoo e ny e setle  aprrtoíccueldoi.miento  para  la  BOE-A-cable e
5.  La propuesta de pago de la subvención se efectuará, con carácter anticipado a su 
justificación,  tras  la  resolución  de  concesión  de  la  subvención.  De  acuerdo  con  el 
artículo 42.2.d) del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, la «Fundación Canaria 
Reserva Mundial de la Biosfera La Palma» queda exonerada de la constitución de garantías.
6.  La justificación se realizará, conforme a lo establecido en el capítulo II del título II 
del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
mediante la remisión de una cuenta justificativa que acredite la realización de la actividad 
y el cumplimiento de su finalidad y de la documentación justificativa de la subvención.
7.  Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y no justificadas en los términos y 
por las causas previstas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
El procedimiento de reintegro se regirá por lo dispuesto en los artículos 41 a 43 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el capítulo II del título III de su Reglamento de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
El órgano competente para exigir el reintegro de la subvención concedida será la 
persona titular de la Vicepresidencia del Organismo Autónomo «Parques Nacionales».
8.  Esta  subvención  será  objeto  de  publicidad  en  la  Base  de  Datos  Nacional  de 
Subvenciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 6 del Real Decreto 130/2019, 
de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad 
de las subvenciones y demás ayudas públicas, y en el artículo 30 del Reglamento de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
9.  La «Fundación Canaria Reserva Mundial de la Biosfera La Palma» deberá dar la 
adecuada publicidad del carácter público de la financiación de las actuaciones mediante la 
inclusión de la imagen institucional del Organismo Autónomo «Parques Nacionales», así como 
de leyendas relativas a la financiación pública en carteles, placas, materiales impresos, medios 
electrónicos o audiovisuales, o bien en menciones realizadas en medios de comunicación.
10.  Esta subvención de concesión directa por importe de 15 millones de euros se 
atenderá con cargo al crédito que a estos efectos se habilite en el presupuesto del 
Organismo  Autónomo  «Parques  Nacionales»  en  el  concepto  presupuestario  del 
artículo 75 del programa 456C.
Artículo  45.  Ayudas  destinadas  a  la  recuperación  en  el  área  de  influencia 
socioeconómica del Parque Nacional de la Caldera de Taburiente.
1.  El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través del Organismo 
Autónomo «Parques Nacionales» efectuará un libramiento a la Comunidad Autónoma de 
Canarias de 10.000,00 miles de euros, en una sola vez, con cargo al crédito que a estos efectos 
se  habilite  en  el  presupuesto  del  Organismo  Autónomo  «Parques  Nacionales»  en  la 
aplicación 23.101.456C.750, adicional al crédito asignado a dicha Comunidad Autónoma en el 
Acuerdo de Conferencia Sectorial de Medio Ambiente de 9 de julio de 2021.
2.  De acuerdo con el Real Decreto 1229/2005, de 13 de octubre, por el que se 
regulan las subvenciones públicas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado 
en  las  áreas  de  influencia  socioeconómica  (AIS)  de  los  Parques  Nacionales,  este 
libramiento se articulará a través de la correspondiente convocatoria que efectúe la 
Comunidad  Autónoma,  que  se  destinará  a  los  beneficiarios  que  se  prevén  en  el 
artículo  2,  en  aquellos  municipios  del  AIS  del  Parque  Nacional  de  la  Caldera  de 
Taburiente, afectados por la erupción volcánica, a fin de subvencionar las iniciativas 
recogidas en el artículo 3 del citado real decreto.
3.  Los remanentes de fondos no comprometidos resultantes al finalizar el ejercicio 
de  2021,  que  se  encuentren  en  poder  de  las  Comunidad  Autónoma  de  Canarias,  e.
seguirán manteniendo el destino específico previsto en este artículo, se utilizarán en el  w.b
ejercicio 2022 como situación de tesorería en el origen como remanentes y no se  231ww
Idneflsuceonnctiaar ádne  dloesl  cPraérdqituoe  qNuaec cioonrraelessp odned laa  aCl oemjeurcniicdiaod 2 A0u2t2ó nao amcatu daeci oCnaensa erina sla.s Áreas de
NacLioan aCleosm»u unnid easdt aAduot ódneo emjeac udcei óCna dnealr eiajes rcreicmioi ti2rá0 2a1l,  iOndrgicaannisdmo ola As uctuóannotmíaos  t«oPtaalreqsu dees 
compromisos de créditos, obligaciones reconocidas y pagos realizados en el año, antes
del 1 de julio de 2022. Si hubiera remanentes que se comprometieran en 2022, la 
información se remitirá antes de 1 de noviembre de 2022.
Artículo 46.  Ayudas a la Comunidad Autónoma de Canarias y al Cabildo de la Palma 
para la prevención y mitigación de daños a la biodiversidad y el patrimonio natural.
1.  A fin de desarrollar las actuaciones de identificación y predicción de los daños a 
la biodiversidad y al patrimonio natural ocasionados por la erupción del volcán, y la 
definición y ejecución de las actuaciones necesarias para su mitigación o restauración, 
se conceden dos subvenciones directas, una a la Comunidad Autónoma de Canarias y 
otra  al  Cabildo  de  La  Palma,  por  los  importes  máximos  que  se  establecen  en  el 
apartado 5, para la realización de los proyectos que se determinen en las resoluciones 
de concesión, en el ámbito de las actuaciones que se prevén en el apartado 3.
Las entidades beneficiarias de ambas subvenciones son la Comunidad Autónoma de 
Canarias y el Cabildo de La Palma, sin perjuicio de que, en ambos casos puedan 
ejecutar  los  programas  y  proyectos  objeto  de  la  subvención  por  sí  mismas  o  en 
colaboración con otras entidades públicas o privadas.
Dichas subvenciones se autorizan atendiendo al carácter singular que se deriva de 
las excepcionales circunstancias en que ha de realizarse las actividades subvencionadas 
y dado que concurren razones de interés público que determinan la improcedencia de su 
convocatoria pública, al amparo de lo previsto en el artículo 22.2.b) de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
2.  Serán objeto de financiación las siguientes actuaciones, en el ámbito competencial 
de cada administración beneficiaria, que hayan sido desarrolladas desde la fecha de la 
erupción del volcán hasta el 31 de diciembre de 2024, prorrogable por un año:
a)  Actuaciones  de  predicción  y  prevención  de  afecciones  al  patrimonio  natural  y  la 
biodiversidad  que  puedan  derivarse  directamente  o  inducirse  por  el  proceso  de  erupción 
volcánica.
b)  Actuaciones de identificación y seguimiento de afecciones al patrimonio natural y la 
biodiversidad derivadas directamente o inducidas por el proceso de erupción volcánica.
c)  Definición y ejecución de acciones necesarias para la mitigación o compensación 
de afecciones al patrimonio natural y la biodiversidad derivadas directamente o inducidas 
por el proceso de erupción volcánica.
Las subvenciones serán compatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos  que  se  obtengan  para  la  misma  finalidad,  procedentes  de  cualesquiera 
Administraciones públicas, o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea 
o  de  organismos  internacionales  y  su  importe  en  ningún  caso,  aisladamente  o  en 
concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, podrá superar el 
coste de la actividad subvencionada.
3.  La concesión de cada subvención se realizará mediante resoluciones de la persona 
titular de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, que se dictarán previa presentación, por 
parte  de  cada  entidad  beneficiaria,  de  los  correspondientes  programas  de  actuaciones  y 
presupuesto  desglosado,  así  como  una  declaración  responsable  por  la  cual  acredite  el 
cumplimiento de los requisitos necesarios para obtener la condición de beneficiario, en los 
términos establecidos por el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
4.  Cada resolución de concesión recogerá, en todo caso, el objeto, las actuaciones 
concretas  subvencionables,  el  procedimiento  de  pago  y  el  procedimiento  para  la  s
justificación de la subvención, con base en lo establecido en este artículo. oe.
eseenu  rheo5als .cb  eailnisEt eose  tedla necs la  esCsluo apb brdveieleds noulca pdi ouCene oeslamtso  Pu ddnaeeildm lc asaode n srAcveeiu castiótioóen nn1o 1dmd ediarreáe dlnc Me tac oi Cnpniaso nctrea airrrmigioaop sp o,aa rlytr eac d r éldeade  hTi thaoraas qntsausta eic3  i.a1ó3 2n0e  0smEt.o0cilso0lo l0eón fgeeeisucc ratdoo eyss     2021-16231n https://www.
el  Resto  Demográfico,  en  los  correspondientes  conceptos  presupuestarios  que  se
habiliten de manera específica en el programa 456C. Bc
6.  Cada  propuesta  de  pago  de  las  subvenciones  se  efectuará,  con  carácter 
anticipado a su justificación, tras la correspondiente resolución de concesión. De acuerdo 
con el artículo 42.2.a) del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de  Subvenciones,  aprobado  por  Real  Decreto  887/2006,  de  21  de  julio,  tanto  la 
Comunidad Autónoma de Canarias como el Cabildo de La Palma quedan exoneradas de 
la constitución de garantías por su condición de Administración Pública.
7.  Las justificaciones se realizarán, conforme a lo establecido en la disposición 
adicional novena del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, mediante las remisiones de un certificado emitido por el titular del órgano 
que ha percibido la subvención, por el que se acredite la realización de la actividad y el 
cumplimiento de su finalidad, así como de un informe emitido por la Intervención General 
de las administraciones beneficiarias, que acredite la veracidad y la regularidad de la 
documentación justificativa de la subvención.
8.  Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y no justificadas en los términos y 
por las causas previstas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
El procedimiento de reintegro se regirá por lo dispuesto en los artículos 41 a 43 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el capítulo II del título III de su Reglamento de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
El órgano competente para exigir el reintegro de la subvención concedida será la 
Secretaría de Estado de Medio Ambiente.
9.  Cada  subvención  será  objeto  de  publicidad  en  la  Base  de  Datos  Nacional  de 
Subvenciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 6 del Real Decreto 130/2019, 
de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad 
de las subvenciones y demás ayudas públicas, y en el artículo 30 del Reglamento de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
La Comunidad Autónoma de Canarias y el Cabildo de La Palma deberán dar la 
adecuada publicidad del carácter público de la financiación de las actuaciones mediante 
la inclusión de la imagen institucional de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, así 
como de leyendas relativas a la financiación pública en carteles, placas conmemorativas, 
materiales  impresos,  medios  electrónicos  o  audiovisuales,  o  bien  en  menciones 
realizadas en medios de comunicación.
TÍTULO IX
Medidas complementarias de apoyo a los afectados
CAPÍTULO 1.º
Medidas en materia registral y notarial
Artículo 47.  Medidas organizativas en materia registral.
1.  El Colegio Oficial de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España adoptará 
las medidas tecnológicas y económicas necesarias para apoyar al Registro competente, Santa 
Cruz de la Palma, a fin de habilitar un sistema diario de cita previa presencial o telemática, para 
que los afectados puedan consultar el estado de sus propiedades.
2.  El Colegio Oficial de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España 
publicará en el Geoportal Registradores información gráfica específica que contenga:
a)  El ámbito territorial georreferenciado afectado sucesivamente por la lava volcánica. o
permcb))it  anIIdd seeunn tgtiiffeiiccoaaloccciióóannli  zdgaercá iffóiincnca.a dse c ofinn cbaass es ogbrráefi cpaa rincseclarirtiao  icnactlausidtraasl  eqnu ee l aásroecai eanfe dcatatodsa .que  2021-16231n https://www.
Artículo 48.  Medidas para el análisis del régimen jurídico de la titularidad sobre bienes 
inmuebles cubiertos de lava.
El Ministerio de Justicia adoptará las medidas que estime adecuadas para analizar el 
régimen jurídico de la titularidad y cargas de los bienes y derechos sobre inmuebles que 
han quedado cubiertos por la lava.
Artículo 49.  Medidas organizativas en materia notarial en las Islas Canarias.
1.  El Decano del Colegio Notarial de las Islas Canarias habilitará a los notarios de 
su territorio que considere necesarios y, que voluntariamente lo soliciten, a fin de prestar 
su servicio en La isla de La Palma, indicando la población en la que tendrá abierta la 
notaría, para atender a los afectados y afectadas por la erupción del volcán Cumbre 
Vieja. La jurisdicción notarial de los habilitados se extenderá a la isla de La Palma con 
objeto  de  autorizar  o  intervenir  instrumentos  cuya  finalidad  sea  paliar  los  daños 
ocasionados por el episodio volcánico, y su competencia alcanza, por tanto, única y 
exclusivamente a hechos, actos o negocios jurídicos relacionados con tal episodio. Estas 
actuaciones no devengarán derechos arancelarios.
2.  La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, previa solicitud del 
Decano del Colegio de las Islas Canarias, podrá habilitar a Notarios de otros Colegios 
notariales que voluntariamente lo soliciten a los efectos del apartado anterior.
3.  Los Notarios habilitados, mientras dure la habilitación, tendrán su residencia en 
la población designada en el nombramiento y estarán bajo la dependencia jerárquica del 
Colegio notarial de las Islas Canarias.
4.  Los documentos que autoricen se incorporarán a un protocolo especial, libro 
registro  especial  y  los  correspondientes  libros  indicadores.  Estos  libros  y  demás 
documentos  que  integren  el  archivo,  una  vez  finalizada  su  habilitación,  quedarán 
depositados en el archivo general de protocolos del distrito de los Llanos de Aridane.
5.  En razón a las habilitaciones efectuadas, y por el tiempo de su duración, las 
Juntas  directivas  del  respectivo  Colegio  al  que  perteneciera  el  notario  habilitado 
realizarán las necesarias adaptaciones en el régimen de sustituciones a fin de que no 
quede desatendida la notaría de procedencia de aquellos.
6.  Las adaptaciones a que se refiere el apartado anterior subsistirán mientras la 
Junta Directiva no acuerde lo contrario o las modifique.
7.  El Consejo General del Notariado colaborará con el Colegio de las Islas Canarias y con 
los notarios habilitados, y, en su caso, podrá facilitarles medios tecnológicos y económicos.
CAPÍTULO 2.º
Medidas relativas a los servicios sociales
Artículo 50.  Subvención para financiar prestaciones básicas de servicios sociales.
1.  El  Ministerio  de  Derechos  Sociales  y  Agenda  2030  podrá  conceder  una 
subvención por importe de 5 millones de euros a la Comunidad Autónoma de Canarias 
para financiar prestaciones básicas de servicios sociales a desarrollar por parte de las 
entidades locales (municipios y cabildos) de la isla afectada por la erupción volcánica.
2.  La entidad beneficiaria de esta subvención es la Comunidad Autónoma de Canarias que 
implementará y reforzará las actuaciones objeto de la subvención a través de los municipios y  s
cabildos de la Comunidad Autónoma de Canarias afectados por la erupción volcánica como  e.
colaboradores necesarios de la comunidad autónoma, encomendándoles la puesta en marcha y  w.
ejecución de las prestaciones básicas de servicios sociales. 231ww
de la3 .e jeSceurcáiónn s dueb vlaesn csiiognuaiebnletess l oasc tguaasctioons edse: personal y los gastos corrientes derivados
a)  La información y orientación que facilite el acceso equitativo a los recursos
sociales.
b)  El refuerzo de actuaciones de ayuda a domicilio, para garantizar la atención 
directa a personas que lo precisen, bien en domicilio o en alojamientos alternativos que 
no cuenten con esta prestación.
c)  La gestión y administración de los alojamientos alternativos en la actual situación 
de  crisis  que  podrán  ser  de  carácter  temporal  o  indefinido  de  acuerdo  a  las 
circunstancias que lo determinen.
d)  El apoyo a las unidades de convivencia, mediante intervenciones de carácter 
social, psicológico y educativo para favorecer la normalización de la situación de crisis.
e)  Las actuaciones de refuerzo a la inclusión social, en coordinación con otros 
sistemas de protección social.
f)  El fomento de la cooperación social, para canalizar las actitudes solidarias y 
acción voluntaria, así como prestar colaboración económica a entidades de iniciativa 
social, en el refuerzo de prestaciones básicas de servicios sociales, para dar respuesta a 
situaciones problema en esta situación de excepcionalidad y urgencia social.
g)  Las prestaciones y ayudas económicas directas a las familias afectadas.
4.  Se podrá subcontratar, bien directamente, o bien a través de las entidades 
locales (municipios y cabildo) de la isla afectada, hasta el cien por cien de la actividad 
subvencionada, en los términos previstos en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 
noviembre, y en el artículo 68 de su Reglamento.
5.  El periodo de ejecución de las actuaciones subvencionadas comprenderá desde 
el 1 de octubre de 2021 hasta el 30 de septiembre de 2023.
6.  La subvención será compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones públicas 
o  entes  públicos  o  privados,  nacionales,  de  la  Unión  Europea  o  de  organismos 
internacionales.
7.  La Comunidad Autónoma de Canarias podrá solicitar, con carácter excepcional, 
la modificación del contenido de la orden de concesión, cuando concurran circunstancias 
sobrevenidas que alteren o dificulten el cumplimiento de la misma, siempre que no 
suponga cambios esenciales de los contenidos en la orden de concesión.
CAPÍTULO 3.º
Medidas en materia de atención a víctimas de violencia de género y otras formas 
de violencia contra las mujeres y de delitos de odio
Artículo 51.  Subvención extraordinaria para atender a víctimas de violencia de género y 
otras formas de violencia contra las mujeres y de delitos de odio.
1.  Se concederá una subvención directa al Gobierno de Canarias para la financiación de 
medidas de prevención y atención a víctimas de violencia de género y otras formas de violencia 
contra las mujeres y a víctimas de delitos de odio afectadas por la catástrofe.
Las razones de interés público que concurren en la concesión de esta subvención de 
carácter singular determinan la improcedencia de su convocatoria pública.
2.  Tendrán la condición de actividades subvencionables:
a)  El desarrollo de medidas de formación y elaboración de herramientas para capacitar al 
conjunto de profesionales que intervienen con la población afectada para la detección, primera 
atención y derivación adecuada de las víctimas de violencia contra las mujeres. s
b)  El desarrollo de campañas de información dirigidas a víctimas de violencia contra las  oe.
mujeres y víctimas de delitos de odio, sobre sus derechos y los recursos a su disposición. w.
c)  El  arrendamiento  de  inmuebles  destinados  a  garantizar  el  derecho  a  un  231ww
avilooljeanmciiean ctoo nsterag ularso ,m dueje eremse, rigneclnucyiean od oa, cdoeg midao,d oa  plariso rivtaícrtioim, alass  dveíc ttiomdaass  dlea sv ifoolermncaisa  ddee 
género en la pareja o expareja y las víctimas de trata y explotación sexual.
d)  La contratación de equipos de personal especializado, con el fin de garantizar la 
prestación  de  los  servicios  de  prevención  y  asistencia  social  integral,  consistentes 
principalmente en orientación psicológica, pero también jurídica y social, destinadas a las 
víctimas de todas las formas de violencia contra las mujeres, incluidas las personas 
menores de edad.
e)  La contratación de equipos de orientación y asistencia psicológica, social y 
jurídica  destinadas  a  las  víctimas  de  delitos  de  odio,  especialmente  los  causados 
por LGTBIfobia y por motivos de discriminación racial.
3.  Será beneficiario de esta subvención el Gobierno de Canarias, que quedará 
sujeto a las obligaciones previstas en la resolución de concesión. La concesión de la 
subvención se formalizará mediante resolución de la persona titular del Ministerio de 
Igualdad en la que se detallará el órgano del Gobierno de Canarias destinatario de cada 
una de las actividades subvencionables.
4.  El Gobierno de Canarias dispondrá de un plazo máximo de veinte días, a contar 
desde la notificación de la resolución, para aceptar de forma expresa la subvención.
5.  La subvención prevista en este artículo se financiará mediante transferencia 
directa  por  un  importe  máximo  de  500.000  euros  con  cargo  a  los  créditos 
presupuestarios del Ministerio de Igualdad.
6.  El  Gobierno  de  Canarias  deberá  justificar,  ante  el  Ministerio  Igualdad,  las 
inversiones o gastos realizados tras la entrada en vigor de este real decreto-ley mediante 
la presentación de cuenta justificativa, según se regula en el artículo 72 del Reglamento 
de  la  Ley  General  de  Subvenciones,  que  contendrá  una  memoria  de  actuación 
justificativa de la realización de las actividades objeto de subvención y una memoria 
económica de los desembolsos realizados.
7.  Los remanentes que puedan existir al finalizar el ejercicio 2021 podrán ser 
incorporados al ejercicio siguiente.
CAPÍTULO 4.º
Medidas en materia de ciencia e investigación
Artículo  52.  Medidas  de  actuación  y  fomento  en  el  ámbito  científico,  técnico  e 
investigador.
1.  El Ministerio de Ciencia e Innovación podrá conceder ayudas, en régimen de 
concesión directa conforme al artículo 22.2.b) de la Ley 38/2003, de 27 de noviembre, 
General de Subvenciones, a fin de promover la realización de cuantas actuaciones en el 
ámbito de la investigación científica y técnica se consideren precisas a fin de proceder al 
estudio  de  las  erupciones  volcánicas  en  la  isla  de  la  Palma  y  de  los  riesgos  y 
consecuencias asociadas a las mismas, por parte de entidades de derecho público y 
privado cuyo objeto sea la realización de actividades de investigación, desarrollo e 
innovación en este ámbito.
2.  El Ministerio de Ciencia e Innovación podrá suscribir cuantos instrumentos de 
colaboración y cooperación resulten adecuados con la Comunidad Autónoma de las Islas 
Canarias y las Entidades locales de la Isla de la Palma, a fin de promover el estudio 
científico  de  las  erupciones  volcánicas,  incluyendo  la  posibilidad  de  concesión  de 
subvenciones y ayudas públicas a dichas Administraciones públicas para la realización 
conjunta  de  investigaciones  científicas  y  de  los  trabajos  técnicos  que  resulten  es
imprescindibles para el mejor desarrollo. o
Dichos  instrumentos  determinarán  las  distintas  ayudas  que  se  contemplen  y  la  231ww
actéucctaunn3aict.cí aaio  Pmneoe ársxi n imvpseaeasra tdtenige  a pldadresoel r cmaiMs isadimnsei sasptasea.rrrrioaol  lagddaear a Cnptoiiezrn acrla iasl a  eac domInnitnninoisuvtiardacaciódion n deesse   lapp úraboclmitciovaivsde arydá  nec niectunidataínfdicteaass,    OE-A-2021-16able en https://
vinculadas, dependientes o adscritas a las mismas que se vean afectadas por las
erupciones volcánicas en la Isla de la Palma y que desarrollen dichas competencias, 
incluyendo las medidas de fomento y concesión de ayudas y subvenciones públicas, así 
como de apoyo al desarrollo de dichas actividades, mediante cualesquiera instrumentos 
jurídicos válidos en Derecho; para lo que se realizarán, en su caso, las oportunas 
modificaciones  presupuestarias  de  conformidad  con  lo  señalado  en  la  disposición 
adicional primera y de acuerdo con lo previsto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, 
General Presupuestaria.
Disposición adicional primera.  Créditos presupuestarios.
Las medidas contenidas en este real decreto-ley se financiarán de conformidad con 
lo previsto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, y serán 
atendidas  con  cargo  a  las  disponibilidades  presupuestarias  existentes  en  los 
Departamentos  ministeriales  y  organismos  públicos  y  entidades  de  derecho  público 
vinculados o dependientes de ellos.
En  aquellos  casos  en  que  se  acrediten  insuficiencias  presupuestarias  en  los 
Departamentos  ministeriales,  las  actuaciones  recogidas  en  este  real  decreto-ley  se 
podrán financiar con cargo al Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria. En 
todo caso, en los términos previstos en el artículo 50 de la Ley 47/2003, de 26 de 
noviembre, la aplicación del Fondo de Contingencia se aprobará mediante Acuerdo del 
Consejo de Ministros.
Disposición adicional segunda.  Agilización judicial.
Una vez haya finalizado la situación provocada por la erupción del volcán Cumbre 
Vieja en la isla de La Palma, el Ministerio de Justicia, valoradas las circunstancias 
existentes, podrá acordar, en el plazo más breve posible, un Plan de Actuación, con 
medidas organizativas, y dentro del ámbito de su ámbito competencial, para agilizar la 
actividad  judicial,  con  la  finalidad  de  contribuir  al  objetivo  de  restablecer  el 
funcionamiento ordinario de los órganos judiciales afectados tras la superación de esta 
crisis natural.
Disposición adicional tercera.  Declaración de interés general de determinadas obras.
1.  Se declaran de interés general de la Administración General del Estado las 
siguientes obras:
a)  las de reparación, consolidación y modernización, así como las de mejora de la 
conectividad de las infraestructuras hidráulicas para garantizar el necesario suministro de 
agua para riego y otros usos en las zonas afectadas por los siniestros a que se refiere el 
artículo 1 de este real decreto-ley.
b)  las necesarias para la infraestructura pesquera.
c)  las de reparación, conservación o protección de los medios asignados a la 
Reserva Marina de la isla de la Palma.
d)  las  necesarias  para  la  reconstrucción  o  restitución  de  infraestructuras  de 
carreteras.
2.  Las  obras  incluidas  en  esta  disposición  llevarán  implícita  la  declaración  de 
utilidad pública y de urgencia a los efectos previstos en los artículos 9, 10, 11 y 52 de la 
Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa. e
3.  La ejecución de estas obras se entiende incluida en la declaración urgente de la  bo
ocupación de los bienes afectados por las expropiaciones derivadas de la realización de  231ww
aldadese  2c4o8u.b  adradeLso os  seap p aqtDrieuaeme pl abas rreeet aj erdmecefeu ie2ncr0itóeo2n s1e  .dl mea ipnlaaissrtt eaordbiaorl aecssu  aycr tlooam. 2tp raedmteeli ntaAteccsiuó ener dusotrag bdelene tceCe ordánens  elajeosl   dmmei seMmcaiannsisi,s trmaososí    OE-A-2021-16able en https://
como para su financiación.
Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo 
dispuesto en este real decreto-ley.
Disposición final primera.  Modificación del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre.
El texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de 
septiembre, queda modificado en los siguientes términos:
Se añade un nuevo número 32 al artículo 45.I.B), con la siguiente redacción:
«32.  Las  escrituras  de  formalización  de  las  moratorias  de  préstamos  y 
créditos hipotecarios o sin garantía hipotecaria que se produzcan en aplicación de 
la suspensión de las obligaciones de pago de intereses y principal conforme a los 
artículos 15 a 21 del Real Decreto-ley 20/2021, de 5 de octubre, por el que se 
adoptan medidas urgentes de apoyo a los afectados para la reparación de los 
daños  ocasionados  por  las  erupciones  volcánicas  y  para  la  reconstrucción 
económica y social de la isla de La Palma.»
Disposición final segunda.  Títulos competenciales.
El  presente  real  decreto-ley  se  dicta  al  amparo  de  lo  dispuesto  en  el 
artículo 149.1.29.ª de la Constitución Española que atribuye al Estado la competencia 
exclusiva en materia de seguridad pública.
El  título  III  de  este  real  decreto-ley  se  dicta  al  amparo  de  lo  previsto  en  el 
artículo  149.1.7.ª  y  17.ª  de  la  Constitución  Española  que  atribuye  al  Estado  la 
competencia  exclusiva  en  materia  de  legislación  laboral,  y  de  legislación  básica  y 
régimen económico de la Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios 
por las Comunidades Autónomas.
El capítulo 1.º del título IV se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.8.ª 
de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia 
de bases de las obligaciones contractuales.
El capítulo 2.º del título IV se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1. 6.ª, 
8.ª, y 11.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia en materia 
de legislación mercantil; legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y 
desarrollo por las Comunidades Autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, 
allí donde existan; y de bases de la ordenación de crédito y banca.
El  título  V  de  este  real  decreto-ley  se  dicta  al  amparo  de  lo  previsto  en  el 
artículo 149.1.14.ª de la Constitución Española, que establece que el Estado tiene 
competencia exclusiva en materia de Hacienda General.
El artículo 31 del título VI de este real decreto-ley se ampara en lo dispuesto en el 
artículo 149.1.20.ª de la Constitución Española que otorga competencia exclusiva al 
Estado en materia de marina mercante.
Los artículos 32 a 34 del título VI de este real decreto-ley se ampara en lo dispuesto 
en  el  artículo  149.1.25.ª  de  la  Constitución  Española  que  otorga  al  Estado  la 
competencia exclusiva sobre las bases del régimen minero y energético. e
Los artículos 38-43 del título VII de este real decreto-ley se amparan en lo dispuesto  bo
en el artículo 149.1.13.ª de la Constitución Española, que establece que el Estado tiene  231ww
clao macptievtiednacdi ae ceoxncólumsiivcaa .en materia de bases y coordinación de la planificación general de
artícEull ot ít1u4lo9 .1V.2II3I .ªd ed ee slate  Croenasl tidtuecciróento -Elesyp asñeo lad icqtuae  ael satambpleacreo  qduee  loe l dEissptaudeos toti eenne  leal 
competencia exclusiva en materia de legislación básica sobre protección del medio
ambiente, sin perjuicio de las facultades de las Comunidades Autónomas de establecer 
normas adicionales de protección.
El capítulo 1.º del título IX y la disposición adicional segunda de este real decreto-ley 
se dictan al amparo de lo previsto en el artículo 149.1.8.ª de la Constitución Española, 
que establece la competencia exclusiva del Estado en materia de legislación civil, sin 
perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las Comunidades Autónomas 
de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan.
Los capítulos 2.º y 3.º del título IX de este real decreto-ley se dicta al amparo de lo 
previsto  en  el  artículo  149.1.1.ª  de  la  Constitución  Española,  que  establece  la 
competencia  exclusiva  en  materia  de  regulación  de  las  condiciones  básicas  que 
garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el 
cumplimiento de los deberes constitucionales.
El capítulo 4.º del título IX de este real decreto-ley se dicta al amparo de lo dispuesto 
en  el  artículo  149.1.15.ª  de  la  Constitución  Española  que  otorga  al  Estado  la 
competencia exclusiva en materia de Fomento y coordinación general de la investigación 
científica y técnica.
La disposición adicional tercera de este real decreto-ley se dicta en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 149.1.18.ª de la Constitución Española que otorga al Estado la 
competencia exclusiva sobre la legislación sobre expropiación forzosa.
Disposición final tercera.  Entrada en vigor.
Este real decreto-ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 5 de octubre de 2021.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN