BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 280 Martes 23 de noviembre de 2021 Sec. III.   Pág. 143529
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
19263 Resolución de 27 de octubre de 2021, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica  y  Fe  Pública,  en  el  recurso  interpuesto  contra  la  negativa  del 
registrador mercantil y de bienes muebles VI de Barcelona a inscribir el 
nombramiento de un miembro de consejo de administración.
En el recurso interpuesto por don B. R. V., en nombre y representación de la 
sociedad «Consentio Platform, S.L.», contra la negativa del registrador Mercantil y de 
Bienes Muebles VI de Barcelona, don José Antonio Rodríguez del Valle Iborra, a inscribir 
el nombramiento de un miembro del consejo de administración.
Hechos
I
El día 18 de junio de 2021 se otorgó, ante la notaria de Barcelona, doña Blanca 
Pardo  García,  actuando  en  sustitución  y  para  el  protocolo  de  su  compañero  de 
residencia, don Enrique Viola Tarragona, con el número 2.046 de protocolo, una escritura 
de cese y nombramiento de miembros del consejo de administración de la sociedad 
«Consentio Platform, S.L.».
II
Presentada dicha escritura en el Registro Mercantil de Barcelona, fue objeto de la 
siguiente nota de calificación:
«De conformidad con lo previsto en el artículo 112 de la Ley 24/2001, de 27 de 
diciembre, se comunica que la escritura autorizada por el Notario E. Viola Tarragona bajo 
el número 2021/2046 de protocolo ha quedado inscrita parcialmente con la excepción 
que luego se dirá.
Sociedad: Consentio Platform S.L.
Datos registrales: Tomo:46558 Folio:140 Hoja:485547 Inscripción: 11
Fecha de Inscripción: 6 de julio de 2021
Suspendida la inscripción del nombramiento de Don F. W. en el cargo de consejero 
por los siguientes defectos:
1.º  Hallarse cerrada la hoja registral de la sociedad por no haberse constituido el 
depósito de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2019 y no ser el 
expresado acto ninguno de los exceptuados de dicho cierre (artículo 282 de la Ley de 
Sociedades de Capital, artículo 378 del Reglamento del Registro Mercantil y reiterada 
doctrina  de  la  Dirección  General  de  los  Registros  y  del  Notariado,  entre  otras, 
Resoluciones de 11 de abril y 13 de julio de 2001, 24 de octubre de 2002, 8 de febrero 
de 2010, 18 de marzo de 2014 y 18 de mayo de 2016).
2.º  No constar el Número de Identificación de Extranjeros (NIE) del consejero  s
nombrado Don F. W. De conformidad con el artículo 38 del Reglamento del Registro  oe.
Mercantil ha de consignarse en la inscripción el número de identificación fiscal, cuando  w.
se trate de personas que dispongan del mismo con arreglo a la normativa tributaria, y de  263ww
cdoen fdoircmieimdabdre c, ona rltoícsu alorstí c1u8lo.s1  3y5 , 2401.1,  4d2e yl  4R3e dael  Dlae Lcereyt oG e1n0e6r5a/l2 T0r0ib7u tdaeri a2 578 /d2e0 0j3u ldioe,  1e7l 
consejero nombrado está obligado a disponer de dicho NIE. (Resolución de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado de 18 de enero de 2.012 y 16 de julio de 2012).
Los defectos consignados tienen carácter subsanable.
Contra la presente calificación puede (…)
Barcelona, a 7 de julio de 2021.»
III
Contra la anterior nota de calificación, don B. R. V., en nombre y representación de la 
sociedad «Consentio Platform, S.L.», interpuso recurso el día 4 de agosto de 2021 
mediante escrito en los siguientes términos:
«Que  en  07.07.2021  le  fue  notificada  a  Consentio  Platfonn  S.L.  la  calificación 
registral respecto de la inscripción en el Registro Mercantil de Barcelona de la escritura 
otorgada en 18.06.2021 por el Notario de Barcelona, D. Enrique Viola Tarragona -
sustituido por su compañera Dña. Blanca Pardo García-, número 2046 de protocolo, 
consistente en el nombramiento de D. F. W., de nacionalidad italiana, como miembro del 
Consejo  de  Administración  de  dicha  entidad  mercantil,  resultando  dicha  calificación 
negativa al acordar la suspensión de la inscripción de dicho nombramiento por el defecto 
de  no  constar  el  número  de  identificación  de  extranjero  del  consejero  designado. 
Entendiendo que tal calificación resulta contraria a Derecho, formulamos mediante el 
presente escrito recurso contra la misma al amparo de lo dispuesto en el art. 324 y 
siguientes de la Ley Hipotecaria, y en el término hábil que se determina en dicha norma. 
Dicho recurso lo sustentamos en los hechos y fundamentos jurídicos que resultan de la 
siguiente
Alegación:
Única.  De  las  resoluciones  que  se  indican  en  la  indicada  calificación  negativa 
registral  son  de  resaltar,  por  la  completa  referencia  que  se  hace  a  otros  textos 
normativos  complementarios,  las  resoluciones  de  18.01.2012  y  16.07.2012  de  esta 
Dirección General de los Registros y del Notariado –actualmente Dirección General de 
Seguridad  Jurídica  y  Fe  Pública–.  En  ambas,  de  idéntico  contenido,  se  determina 
finalmente, en síntesis, la necesidad de que los consejeros de nacionalidad extranjera, 
miembros  del  Consejo  de  Administración  de  entidades  mercantiles,  obtengan  la 
identificación  a  efectos  fiscales  y  tributarios,  o  sea,  el  denominado  NIE,  para  la 
inscripción registral del cargo.
La fundamentación de ello se sustenta en la Ley General Tributaria, artículos 41 y 43, 
que establecen las responsabilidades, bien con carácter solidario o bien subsidiario, que 
pudieran  contraer  los  Consejeros,  integrantes  del  Consejo  de  Administración  de 
entidades mercantiles por su actuación personal en contra de la normativa vigente, o 
sea, para el supuesto de que hubieren consentido el incumplimiento por la sociedad de 
las obligaciones y deberes tributarios o hubiesen adoptado acuerdos que posibilitasen tal 
incumplimiento.
Consecuentemente a lo expuesto, es de ver, concluyendo, que tal exigencia del NIE, 
para  la  efectividad,  a  través  de  la  inscripción  registral,  del  nombramiento  de  un 
Consejero extranjero –no nacional– lo es en orden al hipotético supuesto de que por 
parte del mismo se incumplieran, en actuación personal, exigencias prescritas en la  e
normativa tributaria para la entidad mercantil de cuya administración resulta ser parte, ya  bo
que  directa  y  personalmente  ninguna  obligación  tributaria  les  es  exigible.  Nos  263ww
ierrnecgounltarra macotsu aacsióí na npteer suonnaa ln –oqrmuea tnivoa  tnieanceio pnoarl  qtruibéu tdaarrias ep noer clae sqaureia,m eenn pter–e vlies ieósn  vdeed audnoa 
aa  umne enxotsra qnujeer oo eblt epnrogpai oy  eajecrrceidciitoe  deesl tcaar rgeon  dpeo sCeosniósne jedreo  udne riNvaIEd.o  Edset as ue xniogmenbcriaam, iye neton 
mayor medida respecto de un ciudadano de la Unión Europea, cual es el presente caso
ya que D. F. W. resulta ser de nacionalidad italiana, constituye a nuestro entender un 
acto  discriminatorio,  en  relación  con  la  regulación  existente  para  los  ciudadanos 
nacionales, y, por ende, también de la UE, y en ello fundamentamos el presente recurso 
en los términos siguientes:
De la falta de igualdad de trato y discriminación.
Partiendo del hecho incontestable de que el Consejero nombrado para su integración 
y  ejercicio  del  cargo  en  la  entidad  Consentio  Platform  S.L.,  D.  F.  W.,  resulta  ser 
ciudadano europeo, por su condición de nacionalidad italiana, según acredita con el 
pasaporte (…), indicado ante el Notario español, D. Enrique Viola Tarragona, en la 
escritura de 18.06.2021, éste tiene el derecho personal a tener el mismo trato que el 
conferido  para  los  ciudadanos  nacionales  de  España.  Sin  embargo,  entendemos 
infringido este principio de igualdad de trato.
1.  En efecto, de lo dispuesto en el artículo 49 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea acerca del derecho de establecimiento, resulta lo siguiente:
“En el marco de las disposiciones siguientes, quedarán prohibidas las restricciones a 
la libertad de establecimiento de los nacionales de un Estado miembro en el territorio de 
otro Estado miembro. Dicha prohibición se extenderá igualmente a las restricciones 
relativas a la apertura de agencias, sucursales o filiales por los nacionales de un Estado 
miembro  establecidos  en  el  territorio  de  otro  Estado  miembro.  La  libertad  de 
establecimiento comprenderá el acceso a las actividades no asalariadas y su ejercicio, 
así como la constitución y gestión de empresas y, especialmente, de sociedades, tal 
como se definen en el párrafo segundo del artículo 54, en las condiciones fijadas por la 
legislación del país de establecimiento para sus propios nacionales, sin perjuicio de las 
disposiciones del capítulo relativo a los capitales”.
A su vez, el artículo 55 indica que:
“Los Estados miembros aplicarán a los nacionales de los demás Estados miembros 
el trato de nacional en lo que respecta a su participación financiera en el capital de las 
sociedades definidas en el artículo 54, sin perjuicio de la aplicación de las restantes 
disposiciones de los Tratados”.
2.  La Directiva 2000/43 CE, en relación al concepto de discriminación y al principio 
de igualdad de trato, refiere lo siguiente en su artículo 2:
“1.  A efectos de la presente Directiva, se entenderá por ‘principio de igualdad de 
trato’ la ausencia de toda discriminación, tanto directa como indirecta, basada en el 
origen racial o étnico.
2.  A efectos del apartado 1:
a)  Existirá discriminación directa cuando, por motivos de origen racial o étnico, una 
persona sea tratada de manera menos favorable de lo que sea, haya sido o vaya a ser 
tratada otra en situación comparable”.
b)  Existirá  discriminación  indirecta  cuando  una  disposición,  criterio  o  práctica 
aparentemente  neutros  sitúe  a  personas  de  un  origen  racial  o  étnico  concreto  en 
desventaja particular con respecto a otras personas, salvo que dicha disposición, criterio  s
o práctica pueda justificarse objetivamente con una finalidad legítima y salvo que los  oe.
medios para la consecución de esta finalidad sean adecuados y necesarios… 263www.
cons4i.d erTaordáa d oisrcdreimn idnea cdióisnc rciomnin aarrr eag ploe ars loon daiss ppuoer smtoo etivno esl  daep asruta odroig 1e”n. racial o étnico se
3.  En ilación con todo ello, la Ley de Extranjería 4/2000 de 11 de enero, sobre 
derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, refiere en su 
artículo 23 lo siguiente acerca de los actos discriminatorios:
A  los  efectos  de  esta  Ley,  representa  discriminación  todo  acto  que,  directa  o 
indirectamente, conlleve una distinción, exclusión, restricción o preferencia contra un 
extranjero basada en la raza, el color, la ascendencia o el origen nacional o étnico, las 
convicciones y prácticas religiosas, y que tenga como fin o efecto destruir o limitar el 
reconocimiento o el ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y de 
las libertades fundamentales en el campo político, económico, social o cultural.
2.  En cualquier caso, constituyen actos de discriminación: (...)
“B)  Todos los que impongan condiciones más gravosas que a los españoles, o que 
impliquen resistencia a facilitar a un extranjero bienes o servicios ofrecidos al público, 
sólo por su condición de tal o por pertenecer a una determinada raza, religión, etnia o 
nacionalidad”.
4.  Además, el Reglamento (UE) 2016/1191, de 6 de julio, por el que se facilita la 
libre  circulación  de  los  ciudadanos  simplificando  los  requisitos  de  presentación  de 
determinados documentos públicos de la Unión Europea, establece que entre Estados 
miembro deben reconocerse los documentos públicos, sin necesidad de legalizaciones o 
apostillas:
“1.  El  presente  Reglamento  establece,  respecto  de  determinados  documentos 
públicos expedidos por las autoridades de un Estado miembro que deban presentarse a 
las autoridades de otro Estado miembro, un sistema de:
a)  exención de la legalización o trámite similar, y
b)  simplificación de otros trámites”.
Pues bien, si conforme a tal compendio normativo los ciudadanos europeos, no 
nacionales, deben tener un libre ejercicio en la gestión de empresas en igualdad de 
condiciones que las determinadas para los propios nacionales, resulta no concurrir ello 
en el caso del nacional italiano D. F. W. En efecto, los nacionales españoles tienen 
determinado un NIF que se corresponde con el propio DNI o pasaporte nacional con la 
adición de una letra, que se determina digital y automáticamente para cada uno de ellos, 
de forma que no es posible que concurra moratoria alguna en la determinación de dicho 
NIF  y  en  consecuencia  en  la  inmediata  efectividad  de  sus  nombramientos  como 
Consejeros integrantes del Consejo  de Administración de una entidad mercantil en 
España a través de la inscripción de su cargo en el Registro Mercantil. No existe 
posibilidad alguna en ellos de que no resulte efectivo su nombramiento de Consejero por 
falta de identificación del NIF ya que tampoco existe posibilidad de que a través de su 
propia identificación personal no se obtenga éste.
Por el contrario, y en cuanto al ciudadano europeo de nacionalidad italiana Sr. W., se 
le exige para la efectividad de su cargo, la obtención de un número de identificación de 
extranjero que debe entenderse como el correspondiente al número de identificación 
fiscal del nacional español. No resulta suficiente su acreditación personal de identidad -
pasaporte nacional- ni se le confiere la posibilidad de automática e inmediatamente, con 
uso de la tecnología digital, determinar su número de identificación fiscal a partir del 
referido de identidad personal que acredita. En suma, es obligado a la realización de un  es
trámite de obtención de un NIE -identificación fiscal- que en ningún caso tiene lugar  o
respecto del ciudadano español. 263ww
nepasopcr ia4loañ.n  oapllar[isod,i pacyi]d a d  PeeA xaEatrrcAaauT ne ljasrede roa or  ecbqoqtuenuen i elcasriósee n  feiu nxedtaenecgtle traesimn nyd e eidncniatre edl aco(c … aioNd)n,Im Eelasi n  ecpisunutrm balapiccqilaóimudneea ldlnsae tsaa  ccutipnóueanar  lsmedoneent niaudtsnea   dmef ínsmo idcienaertcseloa r nnddeteeitl     OE-A-2021-19able en https://
escrito o formulario establecido para ello; el pago de una tasa; y la legitimación y 
apostillado de pasaporte personal, entre otras cuestiones, según es de ver en el mismo.
Elevada consulta ante el Defensor del Pueblo sobre este particular, hemos obtenido 
la contestación por parte del mismo de fecha 22.07.2021 (…) De lo expuesto en este 
documento, se desprende claramente que para los extranjeros obligados a disponer de 
NIE, pero que todavía no lo han obtenido, supuesto éste en el que se encuentra D. F. W. 
conforme hemos expuesto anteriormente y resulta de la calificación registral objeto del 
presente recurso, la Agencia Tributaria debe otorgar un número de identificación fiscal 
transitorio que empieza por la letra M, válido por un plazo de tiempo corto en orden a 
evitar que puedan verse obstaculizadas las operaciones por el hecho de no haberse 
completado los trámites administrativos de obtención del NIE. Sin embargo, no es ésta la 
actuación que se ha dado en el caso que nos ocupa. Ninguna identificación fiscal 
transitoria, de forma inmediata, se ha dado por la Agencia Tributaria a D. F. W., la que 
pudiera  haberse  hecho  valer  para  la  inscripción  registral  de  su  nombramiento  de 
Consejero, miembro del Consejo de Administración de Consentio Platform S.L. También 
indica la contestación acompañada del Defensor del Pueblo que, en el caso de las 
personas físicas que carezcan de nacionalidad española el NIF es el NIE que se otorga 
por el Ministerio del Interior y que, de acuerdo con la normativa de extranjería, están 
obligados a solicitar ante la Dirección General de la Policía los extranjeros que por sus 
intereses económicos profesionales o sociales se relacionen con España. Por tanto, el 
número de identificación fiscal asignado directamente por la Administración Tributaria 
tendrá validez en tanto su titular no obtenga el NIE.
Adicionalmente, cabe remarcar que se remitió consulta al Ministerio de Hacienda 
relación con la posibilidad de realizar los trámites referidos al NIF y NIE de forma 
telemática y ágil, conforme tanto a la normativa vigente como a la normativa en vías de 
entrada en vigor (…) Sin embargo, a la presente fecha no se ha recibido respuesta 
alguna.
Expuesto cuanto antecede, parece resultar obvio el que la Administración Tributaria 
debiera  haber  asignado  de  forma  inmediata,  con  arreglo  a  la  digitalización  y 
automatización de los trámites que prevé nuestra vigente normativa, un número de 
identificación fiscal transitorio hasta la definitiva asignación de un NIE al ciudadano de la 
UE, italiano, D. F. W. y que, de haber obrado así, lo que resulta claramente exigible, la 
escritura otorgada el 18.06.2021 debiera haber obtenido efectiva inscripción registral.
El preámbulo del Decreto 1065/2007 refiere literalmente lo siguiente:
“En tercer lugar, se incluyen las normas relativas al número de identificación fiscal. 
Además de sistematizar la normativa hasta ahora vigente, lo más significativo es la 
simplificación de las reglas para la asignación de un número de identificación fiscal a los 
menores de edad y demás españoles no obligados a tener el documento nacional de 
identidad,  así  como  para  las  personas  físicas  extranjeras,  previendo  la  norma  la 
asignación de oficio del número de identificación fiscal en caso de que resulte necesario 
para sus relaciones de naturaleza o con trascendencia tributaria”.
A su vez, en el artículo 18 y siguiente de dicho Decreto y en el artículo 20 y 23.1 se 
regula el procedimiento para obtener el NIF y la automatización de la asignación del 
mismo, con indicación expresa de que: “...la Administración Tributaria podrá proceder de 
oficio a darles de alta en el censo de obligados tributarios y asignarles el número de 
identificación fiscal que corresponda”.
En este sentido, el Notario autorizante de la escritura, quién desarrolla funciones 
públicas, ya obtiene directa y telemáticamente el NIF provisional para las personas  e.
residentes en España. Sin embargo, ello no le resulta hoy posible respecto de los no  w.b
residentes, aún y a pesar de la normativa anteriormente indicada. En efecto, resultaría  263ww
cmuumyp lsimeniecnilltoo  pdaer a folarm Aag ednigciitaa l Tyri bauutatorima,á tpicoar  mdee diloa  daetr iblousc ióFne ddaeta ruions  Nes1pFa, ñsoilqeusi,e real 
provisional, a los ciudadanos extranjeros, dada la abundante y vigente normativa que
regula la digitalización en las actuaciones notariales, de las que hacemos cita aquí, a 
saber:
– Ley 17/2009 de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio.
“Artículo 17.  Simplificación de procedimientos…
3.  En el caso de documentos emitidos por una autoridad competente, ya sea en 
España  o  en  otro  Estado  miembro,  no  se  exigirá  la  presentación  de  documentos 
originales o copias compulsadas ni traducciones juradas, salvo en los casos previstos 
por la normativa comunitaria...
4.  Todos los procedimientos y trámites que supeditan el acceso a una actividad de 
servicios y su ejercicio se podrán realizar electrónicamente...”
– Ley de 28 de mayo 1862 Orgánica del Notariado.
“Artículo 17 bis.
1.  Los instrumentos públicos a que se refiere el artículo 17 de esta Ley no perderán 
dicho carácter por el solo hecho de estar redactados en soporte electrónico con la firma 
electrónica avanzada del Notario y, en su caso, de los otorgantes o intervinientes...”
– Ley 24/2005 de 18 de noviembre, de Reformas para el impulso a la productividad.
“Artículo 107.  Implantación obligatoria de sistemas telemáticos.
1.  Los  Notarios  y  los  Registradores  de  la  Propiedad,  mercantiles  y  de  bienes 
muebles,  dispondrán  obligatoriamente  de  sistemas  telemáticos  para  la  emisión, 
transmisión, comunicación y recepción de información.
Artículo 110.
1.  Mediante el uso de la firma electrónica regulada en esta Disposición podrán 
remitirse  documentos  públicos  notariales,  comunicaciones,  partes,  declaraciones  y 
autoliquidaciones tributarias, solicitudes o certificaciones por vía electrónica por parte de 
un Notario...
3.  La  firma  electrónica  avanzada  también  podrá  ser  empleada  por  Notarios  y 
Registradores para el envío de documentos e informaciones a los particulares, con el 
valor, efectos y requisitos que reglamentariamente se determinen”.
Abundando  sobre  este  particular,  también  debemos  hacer  cita  de  la 
Directiva 2017/1132 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre 
determinados aspectos del Derecho de sociedades, y en particular de su artículo 16, 
epígrafe 3, en el que se indica que: “Los Estados miembros se asegurarán de que las 
sociedades y demás personas y organismos sujetos a La obligación de presentar actos e 
indicaciones que deban publicarse de conformidad con el artículo 14, o de participar en 
dicha presentación, lo puedan hacer por medios electrónicos”.
En  esta  misma  línea  de  necesaria  simplificación  de  trámites,  y  digitalización  y 
automatización en los mismos, es de resaltar el actual “Anteproyecto de Ley de Fomento 
del Ecosistema de las empresas emergentes”. Este Anteproyecto en el epígrafe IV de su 
exposición  de  motivos,  viene  a  incidir  en  la  cuestión  aquí  suscitada,  indicando 
exactamente lo siguiente: e.
“En cuanto a la inversión extranjera, se establece la no obligatoriedad de obtener el  263ww
Enúsmpaeñroa , dfea ciidliteanntdidoa dla  deso elicxittruadn jeerloe c(trNóInEic) ap adreal  innúvmeresroor eds eq uidee nntoif icvaacyióann  afis creasl id(Nir IFe)n, 
rceoqnusiissitteo  eimn pqruees csini dsieb ltera ptaa rdae m uantae rpiaelrizsaorn ay  fdísoiccuam eexntrtaanr jelara i nsvee rpseiórmn.i tiErás tlaa  sidimenptliiffiiccaacciióónn 
con la obtención únicamente del NIF y en el caso de tratarse de una entidad extranjera,
siempre que la nueva entidad se cree a través del Centro de Información y Red de 
Creación de Empresa (CIRCE), se permite la obtención del NIF para la entidad inversora 
extranjera por este mismo sistema”.
Creemos que de todo lo expuesto se aprecia claramente que la Administración 
Tributaria, pudiendo obrar, respecto de la atribución de un NIF a ciudadano extranjero, 
con total inmediatez, propia de la automatización digital, tal y como se desprende y 
regula en la normativa de anterior cita, ha elaborado y exigido otra clase de trámite para 
tal obtención del NIF, que da lugar “de facto” a una quiebra del principio de igualdad de 
trato  exigido  para  nacionales  y  no  nacionales  en  la  vigente  normativa  de  rango 
supranacional, esto es, europea. Ello da lugar a que el ciudadano europeo, no nacional, 
se  encuentre  sobre  dicho  particular  de  obtención  del  NIF,  en  situación  de  clara 
discriminación respecto del nacional.
5.  La norma europea se rige por el “principio de efecto directo”, de orden básico en 
todo  el  Derecho  europeo,  lo  que  permite  a  los  ciudadanos  europeos  invocar 
directamente éste ante los Tribunales, con independencia de que existan otros textos y 
normas en el Derecho nacional. Tal principio de efecto directo garantiza la aplicabilidad y 
eficacia del Derecho europeo en los países de la Unión Europea. En el caso aquí 
tratado, dicho efecto directo tiene lugar, y así lo entendemos, respecto de la normativa 
citada que atiende a la igualdad de trato entre los ciudadanos europeos y a la no 
discriminación, en suma. Se trata de principios básicos regulados en el propio Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea y en las Directivas de que se ha hecho cita, cuyas 
disposiciones son suficientemente claras y precisas.
Pues bien, concluyendo con todo lo expuesto, y de forma sucinta y precisa, debemos 
indicar lo siguiente:
A.  El Estado español, en la totalidad de su normativa, incluida la de orden tributario, 
debe inexcusablemente observar la total igualdad de trato y no discriminación entre los 
ciudadanos  nacionales  y  los  ciudadanos  extranjeros,  estando  además  vinculado  en 
cuanto a los ciudadanos de la Unión Europea - condición que se da en el nacional 
italiano D. F. W.–a la específica regulación que sobre dicho particular ha quedado 
plenamente establecida en el ámbito europeo, sujeta al principio de efecto directo.
B.  Las Autoridades españolas -AEAT, Dirección General de la Policía., etc. han 
implementado una tramitación para la obtención de NIF (equivalente al NIE) por el 
ciudadano europeo no nacional que difiere sustancialmente de la igual obtención de NIF 
por  el  ciudadano  nacional,  en  el  sentido  de  que  este  último  lo  obtiene  de  forma 
automática para la realización de cualquier acto jurídico en el que, de acuerdo con la 
normativa interna nacional, resulte exigible la acreditación del mismo, y sin embargo el 
ciudadano europeo no nacional no lo obtiene de forma automática sino que es obligado a 
la  realización  de  una  diversidad  de  trámites,  lo  que  impide  al  mismo  la  inmediata 
efectividad en los actos jurídicos que le impliquen, cuya tramitación, además, resulta de 
hecho no ya tan solo laboriosa sino de considerable dilación o demora en el tiempo. El 
indicado trámite establecido resulta, por lo demás, no ajustado a la normativa vigente de 
fomento de los sistemas electrónicos y de automatización digital que posibilitarían la 
obtención de un NIF por parte del ciudadano europeo no nacional de forma inmediata, 
siquiera provisional y la total efectividad de sus actos por medio del uso del mismo, cual 
si fuere ciudadano nacional. Existe en tal sentido una clara desviación.
C.  La normativa europea vigente, con efecto directo, determina la existencia de 
discriminación  indirecta  cuando  una  disposición,  criterio  o  práctica  aparentemente 
neutra, lo que podría estimarse en cuanto a la exigibilidad de NIF tanto a ciudadanos  e.
nacionales como a extranjeros, sitúe a las personas de origen racial o étnico concreto en  w.b
desventaja particular con respecto a otras personas, salvo que dicha disposición, criterio  263ww
om epdráiocst icpaa prau eldaa  cjuosntsifeiccaurcsieó no bdjee tiveasmtae nfitnea clidoand u nsae afnin aaliddeacdu aledgoísti mya  ny escaelsvaor ioqsu.e  Sloins 
neom bpauregdoa,  coobmteon ehre, mtaol sc voimstoo , snea deax igjues teifinc ala c ineortrammae, nuten  eNl IFqu dee e lf ocrimudaa dinamneod niaot an apcaioran alal, 
realización de actos jurídicos, en igualdad de condiciones que el nacional y, desde luego,
los  medios  que  se  han  establecido  para  la  obtención  de  dicho  NIF  por  parte  de 
ciudadano extranjero no parecen resultar ser los adecuados y necesarios.
D.  La calificación negativa registra] respecto del nombramiento de Consejero en la 
entidad  mercantil  Consentio  Platform  S.L.  recayente  en  el  ciudadano  europeo,  de 
nacionalidad italiana, D. F. W., por la falta de obtención y acreditación por parte del 
mismo de un NIE, o sea, de un NIF, tiene su única causa o razón de ser en la indicada 
reglamentación administrativa establecida por las Autoridades españolas para dicha 
obtención de NIF, la que se encuentra en total contravención con la exigencia que emana 
de la normativa europea antedicha referida a la igualdad de trato y a la no discriminación, 
teniendo en realidad el ciudadano europeo el igual derecho que se da en el ciudadano 
nacional español para la obtención del NIF, directamente indicado por el Fedatario 
público español, en cualquier acto escriturario, en igual forma que actualmente se da 
para el propio ciudadano español, dadas las totales posibilidades de automatización 
digital existentes para ello. Se produce así en dicha práctica y trámite actualmente 
establecido  una  total  discriminación  entre  el  ciudadano  europeo  nacional  y  el  no 
nacional.
E.  El  ciudadano  europeo,  de  nacionalidad  italiana,  D.  F.  W.,  tiene  a  nuestro 
entender, por todo lo expuesto, total derecho a la efectiva inscripción registral de su 
nombramiento como Consejero de la entidad mercantil Consentio Platform S.L. con la 
sola acreditación de su documento nacional de identidad -pasaporte italiano-, a la espera 
de que por las Autoridades españolas le sea concedido un NIF, o lo que es igual, un NIE, 
ya sea implementando su automática posibilidad de tal concesión, digitalmente, a través 
del propio Notario interviniente en el acto jurídico o de cualquier otro modo que se estime 
oportuno y paritario respecto de la propia obtención por parte del ciudadano español.
Por todo lo expuesto, solicitamos la revocación de la calificación negativa registral de 
la  calendada  escritura  otorgada  ante  el  Notario  de  Barcelona,  D.  Enrique  Viola 
Tarragona, y la inscripción efectiva en este Registro Mercantil de Barcelona del indicado 
nombramiento de D. F. W.
Fundamentación jurídica
I.  La totalidad de los preceptos y normativa invocada en el presente escrito.
II.  Art.  324  de  la  Ley  Hipotecaria  en  cuanto  al  recurso  potestativo  contra  la 
calificación negativa del Registrador ante la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública.
III.  Art. 325 de la Ley Hipotecaria en cuanto a la legitimación para la interposición 
del recurso. En el presente caso, existe en Consentio Platform S.L. un interés evidente 
en  asegurar  los  efectos  del  nombramiento  de  Consejero  recayente  en  D.  F.  W., 
ciudadano europeo de nacionalidad italiana, acreditándose por el suscrito, según resulta 
de la propia escritura calificada negativamente respecto de la inscripción registral de 
dicho cargo, la legal representación de la misma.
IV.  Art. 326 de la Ley Hipotecaria en cuanto al plazo para la interposición del 
recurso establecido en un mes desde la notificación de la calificación negativa registral, 
lo que tuvo 1ugar en 07.07.2021 (…)
V.  Art. 327 de la Ley Hipotecaria en cuanto a los trámites a seguir y al plazo para la 
resolución del presente recurso.
Por todo ello,
A la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Registro Mercantil de  s
Barcelona suplico: oe.
Que habiendo por presentado este escrito y documentos al mismo acompañados, se  263ww
sciorvnafe raiddam yit iarlcor;e dteitnag, are cpuorrs ofo, remnu plaladzoo  phoárb iel ly  sfoursmcrait ole, gaeln,  cloan trreap rlae sceanlitfaiccaiócnió nq unee gtaietinvae 
Erengriisqturael  qVuioel atu vToa rluraggaor nreas, peenc to1 8d.e0 6la.2 e0s2c1ri,t unraú moteorrog a2d0a4 a6n tdee e l pNroottoacriool od,e  yB aprrceevloionsa , loDs.   BOE-A-cable e
trámites legales correspondientes y atendidas las alegaciones jurídicas que se formulan, 
dicte resolución por la que estime el presente recurso, revocando a tal efecto la referida 
calificación negativa registral e inscribiendo el cargo de Consejero de D. F. W.».
IV
El registrador Mercantil y de Bienes Muebles VI de Barcelona emitió informe el día 11 
de agosto de 2021 y elevó el expediente a esta Dirección General.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 18 Código de Comercio; 254.2 y.4, 322, 325, 326 y 327 de la Ley 
Hipotecaria; 3 del Código Civil; la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la 
prevención del fraude fiscal; 4.2 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre 
derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social; 206 del Real 
Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
Orgánica  4/2000,  sobre  derechos  y  libertades  de  los  extranjeros  en  España  y  su 
integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009; 38.1.6 y 80 del Reglamento 
del Registro Mercantil; 18.1 y 20.1 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que 
se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e 
inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de 
aplicación de los tributos; 35, 41, 42 y 43, letras a), b), g) y h) de la Ley 58/2003, General 
Tributaria;  213,  236,  237,  240,  241  y  242  y  siguientes  del  Real  Decreto 
Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Sociedades de Capital; las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado de 18 de enero y 16 de julio de 2012, y la Resolución de la Dirección General 
de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 15 de septiembre de 2020.
1.  La cuestión que plantea el presente recurso se centra en determinar, si para 
inscribir  como  miembro  del  consejo  de  administración  a  una  persona  física  de 
nacionalidad  italiana  es  necesario  hacer  constar  su  número  de  identificación  de 
extranjero, o si dicha exigencia es contraria al principio de igualdad de trato que emana 
de la normativa europea.
2.  Este Centro directivo ha construido una sólida doctrina sobre la materia, que ha 
tenido reflejo en las Resoluciones de 18 de enero y 16 de julio de 2012, para un 
supuesto idéntico, y en la Resolución de 15 de septiembre de 2020 de la Dirección 
General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, para el caso de una reducción de capital 
social mediante restitución de aportaciones a un socio persona jurídica extranjera.
3.  El artículo 38 del Reglamento del Registro Mercantil regula lo que denomina 
«constancia  de  identidad»,  exigiendo  determinados  datos  cuando  haya  de  hacerse 
constar en la inscripción la identidad de una persona.
Tratándose de extranjeros se exige que se haga constar el «número de identificación 
de extranjeros, el de su pasaporte, el de su tarjeta de residencia, o de cualquier otro 
documento legal de identificación, con declaración de estar vigentes». Añade el precepto 
que «se consignará el número de identificación fiscal, cuando se trate de personas que 
dispongan del mismo con arreglo a la normativa tributaria», norma que resulta aplicable 
tanto a nacionales como a extranjeros.
Por tanto, a los efectos de identificación de personas extranjeras que deban constar 
en la hoja abierta a la sociedad pueden ser utilizados diversos documentos de forma  e.e
alternativa: bien su número de identificación de extranjeros, bien el de su pasaporte, o el  b
de su tarjeta de residencia, o cualquier otro documento legal de identificación que puede  263ww
ser iSnócllou scou laan tdaorj elota e dxeija id lean ntiodramda dtievla p tariíbsu dtaer qiau ese sreá  torabtleig.atorio el que conste un número
ddeel  idinetnetrieficsaacdioó no f iqscuael , pnuúemdeer oc oqnuset apru eedne o itrr ou ndidooc uam uenn dtoo cquumee nsótolo l esgiarvl ad ep aidrean taifcicreadciitóanr 
dicho número sin que pueda ser utilizado para la identificación del extranjero en caso de 
que también sea compareciente.
Por todo ello, corresponde examinar las normas tributarias de las que pueda derivar 
la necesidad de que un consejero de nacionalidad extranjera, cuya identidad deba 
hacerse constar en el Registro Mercantil, tenga que estar dotado de un número de 
identificación fiscal.
4.  La  norma  que  regula  en  la  actualidad  la  obligatoriedad  del  número  de 
identificación fiscal para personas físicas y jurídicas es el Real Decreto 1065/2007, de 27 
de julio, en cuyo artículo 18.1 se dispone que «las personas físicas y jurídicas, así como 
los obligados tributarios a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre,  General  Tributaria,  tendrán  un  número  de  identificación  fiscal  para  sus 
relaciones de naturaleza o con trascendencia tributaria».
Por su parte el artículo 20.1 del mismo Real Decreto, en lo que se refiere a los 
extranjeros, viene a establecer que «el número de identificación fiscal será el número de 
identidad de extranjero  que se les asigne o se  les facilite de acuerdo con la Ley 
Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en 
España y su integración social, y su normativa de desarrollo».
Por ello el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y 
libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por el Real 
Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
Orgánica  4/2000,  sobre  derechos  y  libertades  de  los  extranjeros  en  España  y  su 
integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, en su artículo 206, se refiere 
al número de identidad de extranjero, indicando que los extranjeros que, tanto en el caso 
de que obtengan un documento que les habilite para permanecer en España, como para 
otros supuestos diversos, serán dotados a los efectos de identificación de un número 
personal,  único  y  exclusivo,  de  carácter  secuencial,  que  será  el  identificador  del 
extranjero y deberá figurar en todos los documentos que se le expidan o tramiten, así 
como en las diligencias que se estampen en su pasaporte o documento análogo.
El apartado 2 del artículo 20 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, dispone: 
«Las personas físicas que carezcan de la nacionalidad española y no dispongan del 
número de identidad de extranjero, bien de forma transitoria por estar obligados a tenerlo 
o  bien  de  forma  definitiva  al  no  estar  obligados  a  ello,  deberán  solicitar  a  la 
Administración tributaria la asignación de un número de identificación fiscal cuando 
vayan a realizar operaciones de naturaleza o con trascendencia tributaria. Dicho número 
estará integrado por nueve caracteres con la siguiente composición: una letra inicial, que 
será  la  M,  destinada  a  indicar  la  naturaleza  de  este  número,  siete  caracteres 
alfanuméricos y un carácter de verificación alfabético. En el caso de que no lo soliciten, 
la Administración tributaria podrá proceder de oficio a darles de alta en el Censo de 
Obligados Tributarios y a asignarles el número de identificación fiscal que corresponda».
5.  El registrador exige en su calificación el número de identificación del consejero, 
de nacionalidad no española.
Para que este número sea exigible será necesario que la persona física concernida 
tenga relaciones de naturaleza o trascendencia tributarias.
Es claro que un consejero en ningún caso será sujeto pasivo del Impuesto de 
Sociedades, pues no es siquiera representante de ese sujeto pasivo, sino que tan solo 
forma parte del órgano de representación del verdadero sujeto pasivo que será, en todo 
caso, la propia sociedad domiciliada en España y de nacionalidad española.
Tampoco entra en el concepto estricto de obligado tributario, pues de conformidad  s
con  el  artículo  35  de  la  Ley  58/2003,  de  17  de  diciembre,  General  Tributaria  son  oe.
obligados  tributarios  «las  personas  físicas  o  jurídicas  y  las  entidades  a  las  que  la  w.
normativa  tributaria  impone  el  cumplimiento  de  obligaciones  tributarias»,  y  a  un  263ww
cnoinngsuenjear oo bdleig aucniaó ns otrcibieudtaardia q upeo r treibl umtae reon  yE sepsatrñicat on oh esceh ole  deex igsee r ecl ocnusmepjelirmo iednet oe dsea 
sociedad.
Es decir, el consejero, por el simple hecho de serlo, no es contribuyente -lo será la 
sociedad-, ni tampoco sustituto del contribuyente, ni está obligado a realizar pagos 
fraccionados, ni a efectuar retenciones, ni a practicar ingresos a cuenta, ni a repercutir, ni 
a soportar repercusiones, ni a soportar retenciones o ingresos en cuenta, ni es como tal 
sucesor del obligado tributario, ni beneficiario de supuestos de exención, devolución o 
bonificaciones tributarias.
6.  Ahora bien, no obstante todo lo anterior, es lo cierto igualmente que el mismo 
artículo 35.5 de la Ley General Tributaria incluye también en el concepto legal amplio de 
obligado tributario a los que denomina responsables del tributo de conformidad con el 
artículo 41 de la misma ley.
Y  este  artículo  41  considera  que  son  responsables  tributarios  los  responsables 
solidarios  o  subsidiarios  de  la  deuda  tributaria,  junto  a  los  deudores  principales, 
aclarando el artículo 41 (apartado 1, letras a y b) que son responsables subsidiarios del 
tributo «los administradores de hecho o de derecho de las personas jurídicas que, 
habiendo  éstas  cometido  infracciones  tributarias,  no  hubiesen  realizado  los  actos 
necesarios que sean de su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones y 
deberes  tributarios,  hubiesen  consentido  el  incumplimiento  por  quienes  de  ellos 
dependan  o  hubiesen  adoptado  acuerdos  que  posibilitasen  las  infracciones.  Su 
responsabilidad también se extenderá a las sanciones», e igualmente son responsables 
subsidiarios «los administradores de hecho o de derecho de aquellas personas jurídicas 
que hayan cesado en sus actividades, por las obligaciones tributarias devengadas de 
éstas que se encuentren pendientes en el momento del cese, siempre que no hubieran 
hecho lo necesario para su pago o hubieren adoptado acuerdos o tomado medidas 
causantes del impago».
Desde este punto de vista es evidente que el consejo de administración como órgano 
de representación de la sociedad puede ser responsable de obligaciones tributarias de la 
sociedad  y  conforme  a  ello  debería  estar  obligado  a  contar  con  un  número  de 
identificación fiscal a los efectos del artículo 41 en relación con el artículo 43 de la Ley 
General Tributaria.
Lo que ocurre es que el consejo, como tal consejo, carece de personalidad jurídica y 
el artículo 18 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, sólo impone esa obligación a 
las personas físicas y jurídicas y a las entidades que, carentes de personalidad jurídica, 
constituyan una unidad económica o un patrimonio separado susceptible de imposición 
(v.gr. herencias yacentes, o comunidades de bienes).
Por tanto, dada la consideración legal de los consejeros integrantes del consejo de 
administración como responsables tributarios por las decisiones de este órgano en las 
que  participen,  en  los  términos  antes  examinados,  de  tal  consideración  surge  la 
obligación de dotar a todos ellos del correspondiente número de identificación fiscal a los 
efectos que, en su caso, sean procedentes.
7.  La conclusión anterior se confirma a la vista de la regulación legal sobre la 
responsabilidad patrimonial de los administradores y de los miembros del consejo de 
administración.
En efecto, de conformidad con el artículo 236.1 de la Ley de Sociedades de Capital, 
aprobada  por  Real  Decreto-Legislativo  1/2010,  de  2  de  julio,  determina  que  «los 
administradores responderán frente a la sociedad, frente a los socios y frente a los 
acreedores sociales, del daño que causen por actos u omisiones contrarios a la ley o a 
los estatutos o por los realizados incumpliendo los deberes inherentes al desempeño del 
cargo, siempre y cuando haya intervenido dolo o culpa. La culpabilidad se presumirá,  s
salvo prueba en contrario, cuando el acto sea contrario a la ley o a los estatutos  oe.
sociales». w.
Esta responsabilidad existe siempre, sin que sea óbice a la exigencia de la misma, el  263ww
Gqueen e«reall »a c(ctofr . oa ratíccuuelord 2o3 6le.2si vdoe  hlaa Lyae ys dideo S aodcoiepdtaaddoe,s  aduet oCriazpaidtaol ).o ratificado por la Junta
La  responsabilidad  se  concentrará  en  el  administrador  único,  como  órgano 
unipersonal  de  representación  de  la  sociedad,  en  los  administradores  solidarios  o 
mancomunados, o en el consejero delegado, caso de que exista.
Pero para el caso de no existencia del consejero delegado o incluso existiendo éste, 
si el consejo toma acuerdos como tal, la Ley de Sociedades de Capital impone una 
responsabilidad solidaria a todos los miembros del órgano de administración de la cual 
sólo pueden  quedar excluidos  aquellos que  prueben  que no han intervenido en la 
adopción del acuerdo y su ejecución y que, además, desconocían su existencia o que si 
la conocían «hicieron todo lo conveniente para evitar el daño o, al menos, se opusieron 
expresamente a aquél» (cfr. artículo 237 de la Ley de Sociedades de Capital).
8.  Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, cabe concluir afirmando la 
necesidad de que los consejeros, incluidos los de nacionalidad no española, estén 
dotados del correspondiente número de identificación fiscal para el caso de tener que 
responder por los actos antijurídicos del consejo de administración que causen un daño 
a la Hacienda Pública en los términos examinados.
9.  En cuanto al resto de alegaciones efectuadas por el recurrente, respecto al 
posible trato discriminatorio en aplicación de la legislación comunitaria, o en relación con 
el funcionamiento de la Administración Tributaria, esta Dirección General no es el órgano 
adecuado para resolverlas, sin perjuicio del derecho que les corresponde para hacerlas 
valer ante las instancias oportunas.
En  consecuencia,  esta  Dirección  General  ha  acordado  desestimar  el  recurso  y 
confirmar la nota de calificación.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Mercantil de la provincia donde radica el Registro, en el plazo de 
dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal, 
conforme a lo establecido en la disposición adicional vigésima cuarta de la Ley 24/2001, 
27 de diciembre, y los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria.
Madrid, 27 de octubre de 2021.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.