BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 63 Lunes 15 de marzo de 2021 Sec. III.   Pág. 30180
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DEL INTERIOR
4108 Resolución de 3 de marzo de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica el Convenio entre la Dirección General de la Policía y la 
Organización Nacional de Ciegos Españoles, para mejorar la protección y 
seguridad  del  colectivo  de  los  afiliados  a  la  ONCE  y  de  aquellos  que 
desarrollan la actividad de venta de sus productos de lotería.
Habiéndose suscrito el 11 de diciembre de 2020 el Convenio entre el Ministerio del 
Interior  (Dirección  General  de  la  Policía)  y  la  Organización  Nacional  de  Ciegos 
Españoles (ONCE), para mejorar la protección y seguridad del colectivo de los afiliados a 
la ONCE y de aquellos que desarrollan la actividad de venta de sus productos de lotería, 
procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de dicho Convenio que figura 
como anexo a esta Resolución.
Madrid, 3 de marzo de 2021.–El Secretario General Técnico, Juan Antonio Puigserver 
Martínez.
ANEXO
Convenio entre el Ministerio del Interior (Dirección General de la Policía) y la 
Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), para mejorar la protección y 
seguridad del colectivo de los afiliados a la ONCE y de aquellos que desarrollan la 
actividad de venta de sus productos de lotería
En Madrid, a 11 de diciembre de 2020.
REUNIDOS
De  una  parte,  don  Rafael  Pérez  Ruiz,  Secretario  de  Estado  de  Seguridad  en 
representación del Ministerio del Interior (Dirección General de la Policía), cargo para el 
que fue nombrado por Real Decreto 84/2020, de 17 de enero, con competencia para la 
suscripción de convenios y actuando en el ejercicio de las competencias atribuidas por el 
artículo 62.2.g) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público.
De otra parte, don Ángel R. Sánchez Cánovas, en nombre y representación de la 
Organización Nacional de Ciegos Españoles (en adelante ONCE), con C.I.F. Q-2866004-
A, actúa en su calidad de Director General y con poderes otorgados, todo ello en virtud 
de escritura pública firmada el 22 de enero de 2019 ante el Notario de Madrid, don José 
María Mateos Salgado, con el n.º 199 de su protocolo.
Ambas partes, en la representación que ostentan, se reconocen mutua capacidad 
para obligarse y convenir y
EXPONEN es
Primero. w.
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auxiliar y proteger a las personas y asegurar la conservación y custodia de los bienes 
que se encuentren en situación de peligro por cualquier causa y la de prevenir la 
comisión de actos delictivos (art. 11 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad).
Segundo.
La Dirección General de la Policía prevé entre sus líneas estratégicas de actuación la 
prevención de la violencia contra las personas con discapacidad, desarrollando con 
instituciones,  organismos  y  entidades,  públicas  o  privadas,  protocolos  de  primera 
asistencia y atención.
Tercero.
La Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) es una Corporación de 
derecho público, de carácter social entre cuyos objetivos está la prestación de servicios 
para  sus  afiliados  (personas  ciegas  y  con  deficiencia  visual  grave)  y  la  mejora  y 
modernización de los ya existentes, a través de programas de colaboración con distintas 
entidades públicas y privadas tanto para la mejora de la calidad de vida de sus afiliados, 
como para el logro de una convivencia integrada y normalizada en el entorno físico y 
social donde desarrollan su actividad diaria, estando interesada en desarrollar programas 
que ayuden a un correcto acceso del citado colectivo.
Cuarto.
Como fuente principal de obtención de los ingresos que precisa para atender sus 
fines,  la  ONCE  cuenta  con  la  autorización  para  la  comercialización  de  diversas 
modalidades y productos de lotería, siendo el canal tradicional de venta de dichos 
productos los agentes vendedores de la Organización tratándose de personas ciegas o 
con deficiencia visual grave u otro tipo de discapacidad distribuidas por todo el territorio 
nacional y que son perfectamente identificadas y conocidas por la clientela de la zona 
donde ejercen su actividad de venta.
Quinto.
A pesar de que la ONCE facilita a sus vendedores todos los medios adaptados 
necesarios para el adecuado ejercicio de su actividad laboral e información posible lo 
cierto es que por sus dificultades físicas siguen siendo un grupo vulnerable y en ciertas 
ocasiones se encuentran desprotegidos ante aquellos que intentan aprovechar estas 
circunstancias para perpetrar algún tipo de delito, como robos o hurtos.
Sexto.
Por ello, para la ONCE resulta esencial habilitar las fórmulas necesarias para que su 
red de agentes vendedores conozcan y adquieran los métodos y técnicas necesarias 
para tratar de evitar estos u otros delitos o para que en caso de que el hecho delictivo se 
haya producido, puedan aportar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad la máxima 
información posible para identificar a los culpables y evitar que dichos delitos se vuelvan 
a producir.
Séptimo. o
Asimismo, como un mecanismo más de protección e integración de sus afiliados  08ww
caosnosctiaituciyoen etsa mqubeié,n b aujno  eolb fjaeltsivoo  pfaurnadgaumase ndtea l lap aaryau dlaa  aO NpeCrEso nlaa sl uccohna  dcisocnatpraa caidqaude,l lsaes 
aprovechan de esas mismas personas para su propio beneficio en la venta de boletos de
lotería ilegales que, sin la debida autorización se aprovechan del prestigio y de la imagen 
de la ONCE.
Octavo.
En el contexto descrito, la colaboración con la DGP se presenta como un elemento 
clave para el logro de estos objetivos teniendo en cuenta los medios y recursos y la 
experiencia con la que cuenta en la lucha contra todo tipo de delincuencia, y su especial 
sensibilidad  en  la  Protección  de  las  personas  más  desfavorecidas  o  en  riesgo  de 
exclusión. Prueba de ello son los resultados obtenidos en la implementación del anterior 
convenio existente entre el Ministerio del Interior (Dirección General de la Policía) y 
ONCE, de fecha 19 de abril de 2013.
Por lo expuesto, las partes acuerdan suscribir el siguiente convenio que se regirá por 
las siguientes
CLÁUSULAS
Primera.  Objeto del convenio.
El presente Convenio tiene por objeto establecer un marco de colaboración entre la 
Dirección General de la Policía y la Organización Nacional de Ciegos Españoles en 
orden a mejorar la protección y seguridad del colectivo de los afiliados a la ONCE y, en 
particular, de las personas con discapacidad afiliadas o no, que desarrollan la actividad 
de venta de sus productos de lotería; ello sin perjuicio de otro tipo de colaboración que 
pueda surgir de la consecución de ese objetivo esencial.
Segunda.  Compromisos de las partes.
Por parte de la Dirección General de la Policía:
La Dirección General de la Policía a través de la Comisaría General de Seguridad 
Ciudadana (Unidad Central de Participación Ciudadana), llevará a cabo las siguientes 
actuaciones:
a)  La participación en las jornadas y cursos dirigidos a los agentes vendedores de 
la ONCE con objeto de sensibilizarles y concienciarles sobre los distintos aspectos 
esenciales  para  la  vigilancia  y  protección  frente  a  posibles  delitos.  A  tal  efecto 
intervendrá en la preparación y elaboración de aquella parte de los programas formativos 
que afecten a la materia propia de su competencia.
b)  El establecimiento de canales de comunicación e información útiles para los 
agentes vendedores, mediante la confección de trípticos, videos, grabaciones de audio, 
o  documentación  pertinente  en  los  soportes  y  formatos  que  se  consideren  más 
adecuados.
c)  La  realización  de  sesiones  informativas  para  los  agentes  vendedores  de 
la ONCE en las que, de una forma directa e interactiva, les instruirán en las cuestiones 
esenciales y en los elementos claves para la autoprotección y garantía de la seguridad 
en el desempeño de su labor cotidiana.
d)  La implementación del Plan Mayor Seguridad, entre las personas mayores de 
la ONCE colectivo que por sus especiales circunstancias precisa de una mayor atención  es
integral. A tal efecto, se valorarán las acciones formativas y de concienciación que se  o
impartan,  adaptando  las  charlas  o  conferencias,  reuniones  y  actividades  08ww
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de lotería similares a los que comercializan los agentes vendedores de la ONCE, bajo la 
falsa apariencia del apoyo a las personas con discapacidad.
Las actuaciones descritas y aquellas otras que pudieran derivarse de su ejecución y 
finalidad  del  Convenio  se  realizarán  bajo  la  dirección  de  la  Comisaría  General  de 
Seguridad Ciudadana (Unidad Central de Participación Ciudadana) por los Delegados de 
Participación Ciudadana o, en razón de la materia, especialistas policiales designados 
por la Comisaría General o Jefatura Superior de Policía en los servicios territoriales sin 
que supongan coste económico alguno.
A los efectos del presente Convenio y sin perjuicio de las funciones propias, los 
Delegados de Participación Ciudadana recepcionarán y canalizarán a la Autoridad o 
servicio policial competente las informaciones relacionadas con actividades de juego 
ilegal. En este sentido, las partes establecerán un protocolo para la transmisión por parte 
de la ONCE de toda aquella información que pueda resultar relevante sobre dichas 
actividades y los operadores que las desarrollan.
Con el fin de que la ejecución del presente Convenio no afecte negativamente a la 
prestación del servicio policial, detrayendo efectivos policiales o de otro modo, con 
antelación suficiente se elaborará un calendario relativo al tipo de acto fecha hora y lugar 
de celebración así como especialidad y unidad de destino del funcionario/s que van a 
intervenir en su caso.
La Dirección General de la Policía facilitará la participación del personal especializado 
requerido para llevar a buen término la finalidad del Convenio salvaguardándose las 
necesidades que en cada momento requiera la prestación del servicio.
Por parte de la Organización Nacional de Ciegos Españoles.
a)  Por su parte, la Organización Nacional de Ciegos Españoles facilitará los locales 
y  recursos  materiales  y  humanos  necesarios  para  el  desarrollo  de  los  programas 
formativos e informativos.
b)  La ONCE facilitará la participación del personal especializado requerido para 
llevar  a  buen  término  la  finalidad  del  Convenio  y  aportará  los  medios  materiales 
necesarios.
c)  La  Organización  Nacional  de  Ciegos  Españoles  prestará  colaboración  a  la 
Dirección General de la Policía para la traducción al sistema de lecto-escritura braille de 
las diferentes publicaciones en papel, en materia de prevención que tiene la Unidad 
Central de Participación Ciudadana, para así poder fomentar la accesibilidad cognitiva de 
las personas invidentes.
Sin perjuicio de las actuaciones que se lleven a cabo conjuntamente, las partes se 
comprometen a intercambiar, con la frecuencia y agilidad necesarias cuanta información 
se refiera a las actividades que puedan ser de interés para ambas entidades.
Tercera.  Vinculación contractual.
El presente convenio no generará ningún tipo de vínculo contractual ni laboral entre 
las partes firmantes y las personas físicas que desempeñen las actividades propias del 
mismo.
Cuarta.  Financiación.
El desarrollo del Convenio no supondrá coste económico alguno para la Dirección  o
General de la Policía ni para la ONCE; por lo que el impacto económico previsto es nulo,  w.
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para llevar a cabo las actuaciones descritas en el presente Convenio.
Quinta.  Comisión de Seguimiento.
Para el seguimiento y ejecución de este Convenio, así como para solventar las 
posibles divergencias que pudieran surgir en la interpretación de sus términos, y con el 
fin de estimular y coordinar las actuaciones de las partes, se constituye una Comisión 
Mixta  de  Seguimiento  y  Ejecución  paritaria  integrada  por  dos  representantes  de  la 
Dirección General de la Policía y dos representantes de la Organización Nacional de 
Ciegos Españoles.
Asimismo, podrán asistir a las reuniones de esta Comisión los expertos que se 
designen  en  cada  caso  por  las  partes,  necesarios  para  el  mejor  desarrollo  de  los 
correspondientes trabajos. No obstante, la presencia de dichos expertos se circunscribirá 
a su calidad de asesores, no teniendo en ningún caso derecho de voto, ni los derechos 
ejecutivos que les corresponden a los miembros de dicha Comisión.
La Comisión deberá quedar constituida dentro del mes siguiente a la fecha de 
entrada  en  vigor  del  presente  Convenio.  Se  reunirá  con  carácter  ordinario  o 
extraordinario  para  analizar  el  balance  de  la  cooperación  y  la  consecución  de  los 
objetivos, proponer la aplicación de estrategias coordinadas y planes de formación e 
intercambio de información, así como para resolver los problemas de interpretación y 
cumplimiento que pudieran plantearse en el desarrollo del Convenio.
La Comisión se reunirá al menos una vez cada seis meses en sesión ordinaria y a la 
solicitud de cualquiera de las partes con carácter extraordinario. Se levantará acta al final 
de cada reunión.
El funcionamiento de la Comisión de Seguimiento se adecuará a lo dispuesto para 
los órganos colegiados en los artículos 15 a 22 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Sexta.  Régimen de modificación del convenio.
La modificación del Convenio requerirá el acuerdo unánime de los firmantes.
Séptima.  Legislación aplicable.
Este convenio queda sometido al régimen jurídico de los convenios previstos en el 
Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, teniendo naturaleza 
administrativa.
Octava.  Resolución de conflictos y jurisdicción competente.
Las  dudas  o  controversias  que  surjan  entre  las  partes  sobre  los  efectos, 
interpretación,  modificación  o  resolución  del  mismo  que  no  puedan  resolverse  por 
conciliación en la Comisión Mixta de Seguimiento, serán sometidas a los tribunales 
competentes de la jurisdicción contencioso-administrativa.
Novena.  Vigencia.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, el presente convenio se perfecciona con el consentimiento de las partes y 
resultará eficaz una vez sea inscrito en el Registro Electrónico estatal de Órganos e 
Instrumentos de Cooperación del sector público estatal y tras su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».
Tendrá una vigencia inicial de cuatro años, que podrá ser prorrogada por acuerdo  es
expreso de las partes, por un período adicional de hasta cuatro años; de conformidad  bo
con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 40/2015. 08ww
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Décima.  Causas de extinción.
Son causas de extinción del presente convenio las establecidas en el artículo 51 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
De conformidad con lo establecido en dicho artículo, es causa de resolución del 
Convenio, además de las previstas en tal precepto, la imposibilidad sobrevenida de 
cumplir el fin del mismo.
Undécima.  Consecuencias en caso de incumplimiento del convenio o de su denuncia.
En caso de incumplimiento del convenio o de su denuncia por alguna de las partes, 
se atenderá a lo establecido en los artículos 49, 51 y 52 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre.
El  incumplimiento  de  las  obligaciones  y  compromisos  asumidos  en  el  Presente 
convenio no generará indemnización entre las partes, al tratarse de un acuerdo que no 
genera obligación económica alguna.
Duodécima.  Prevención de riesgos laborales.
En relación con la protección frente a los riesgos laborales de los miembros de la 
Policía Nacional, se estará a los dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de marzo, de 
Prevención de Riesgos Laborales, el Real Decreto 2/2006, de 16 de enero, por el que se 
establecen  normas  sobre  prevención  de  riesgos  laborales  en  la  actividad  de  los 
funcionarios del Policía Nacional, y el Procedimiento de la Dirección General de la 
Policía  de  prevención  de  Riesgos  Laborales  PPRL-404  para  la  coordinación  de 
actividades empresariales.
Decimotercera.  Protección de datos de carácter personal.
Las partes se comprometen a mantener la confidencialidad de todos los datos e 
informaciones facilitados por la otra parte y que sean concernientes a la ejecución del 
objeto  del  presente  convenio,  debiendo  las  partes  mantener  dicha  información  en 
reserva y secreto y no revelarla de ninguna forma, total o parcialmente, a ninguna 
persona física o jurídica que no sea parte del mismo, salvo en los casos y mediante la 
forma legalmente previstos.
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos 
–Reglamento (UE) 2016/679– y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección  de  datos  personales  y  garantía  de  los  derechos  digitales,  las  partes 
autorizan  la  incorporación  a  los  ficheros  de  las  entidades  firmantes  del  presente 
documento de todos los datos personales contenidos en el mismo para el ejercicio de 
las funciones propias de cada entidad relacionadas con el objeto del presente convenio.
La parte que entrega los datos se obliga a informar de forma clara e inequívoca de 
todos estos extremos a sus representantes, así como de que los titulares de los datos 
podrán ejercer los derechos de acceso, oposición, rectificación, supresión y limitación 
del  tratamiento,  respecto  de  los  datos  tratados  en  los  ficheros,  en  la  sede  de  la 
Comisaría General de Seguridad Ciudadana (CGSC) y en la de la Dirección General de 
la ONCE, en el correo electrónico de la CGSC cgsc.sg@policia.es o de la ONCE 
dpdatos@once.es, incluyendo su nombre y apellidos, petición en que se concreta la 
solicitud, dirección a efectos de notificaciones, fecha, firma y fotocopia del DNI u otro 
documento válido que los identifique. e.
Si durante la ejecución del presente convenio las partes tratasen datos de carácter  w.b
personal,  éstas  se  obligan  al  cumplimiento  de  lo  previsto  en  el  Reglamento  (UE)  08ww
p2r0o1t6e/c6c7ió9n,  ddeel  lPasa rplaemrseonntaos E fíusriocapse oe ny  ldoe ql uCeo rnessepjoe,c tdae a 2l 7tr adtaem aibernilt od ed e2 0d1a6to, sr epleartsivoon aal elas 
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de aplicación, la Directiva (UE) 2016/680, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27
de abril de 2016, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes para fines de 
prevención,  investigación,  detección  o  enjuiciamiento  de  infracciones  penales  o  de 
ejecución de sanciones penales y a la libre circulación de dichos datos y en concreto, a 
su Normativa de aplicación, en virtud de lo dispuesto en la Disposición transitoria cuarta 
de la Ley 3/2018, de 5 de diciembre, la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre y en 
particular el artículo 22 y sus disposiciones de desarrollo y por la que se deroga la 
Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo y la Ley Orgánica 2/2018, de 5 de diciembre, 
de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. No obstante la 
referencia hecha al sometimiento a la normativa citada, en caso de ser necesario el 
tratamiento de datos, las partes se comprometen a formalizar el correspondiente contrato 
de encargo de tratamiento que recoja las cláusulas que han de regir dicho encargo.
La  violación  de  estas  obligaciones  conllevará  la  exigencia  por  la  Autoridad 
competente de las responsabilidades penales, administrativas y civiles a que diera lugar.
Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, firman el presente convenio en tres 
ejemplares originales, igualmente válidos, en lugar y fecha arriba indicada.–El Secretario 
de Estado de Seguridad, Rafael Pérez Ruiz.–La ONCE, Ángel R. Sánchez Cánovas.