BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 177 Viernes 26 de junio de 2020 Sec. III.   Pág. 45099
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
6812 Resolución de 22 de junio de 2020, de la Secretaría de Estado de Política 
Territorial  y  Función  Pública,  por  la  que  se  publica  el  Convenio  con  la 
Confederación  Española  de  Organizaciones  Empresariales  y  la 
Confederación  Española  de  la  Pequeña  y  Mediana  Empresa,  para  la 
identificación y reducción de cargas administrativas.
La Ministra de Política Territorial y Función Pública, el Secretario General de la 
Confederación  Española  de  Organizaciones  Empresariales  (CEOE)  y  el  Secretario 
General de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) 
han suscrito, con fecha 12 de junio de 2020, un Convenio para la identificación de cargas 
administrativas y su reducción.
Para general conocimiento, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 48.8 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, se dispone la 
publicación del referido Convenio, como anejo a la presente Resolución.
Madrid, 22 de junio de 2020.–El Secretario de Estado de Política Territorial y Función 
Pública,  P.  D.  (Orden  TFP/296/2019,  de  12  de  marzo),  la  Directora  General  de 
Gobernanza Pública, María Pía Junquera Temprano.
ANEJO
Convenio entre la Administración General del Estado (Ministerio de Política 
Territorial y Función Pública), la Confederación Española de Organizaciones 
Empresariales (CEOE) y la Confederación Española de la Pequeña y Mediana 
Empresa (CEPYME) para la identificación de cargas administrativas y su reducción
En Madrid, a 12 de junio de 2020.
REUNIDOS
De una parte, doña Carolina Darias San Sebastián, Ministra de Política Territorial y 
Función Pública, según nombramiento efectuado por Real Decreto 8/2020, de 12 de 
enero,  BOE  de  13  de  enero,  en  ejercicio  de  las  competencias  que  le  atribuye  el 
artículo 61.k) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, y en virtud de la Resolución de 4 de junio de 2020, dictada al amparo de lo 
dispuesto  en  el  artículo  10.1  de  la  citada  Ley  40/1015,  por  la  que  se  avoca  la 
competencia para la celebración del presente Convenio, competencia que se encuentra 
delegada en la Dirección General de Gobernanza Pública conforme a la Orden TFP/
296/2019, de 12 de marzo.
De otra parte, don José Alberto González-Ruíz Martínez, Secretario General de la 
Confederación Española de Organizaciones Empresariales (en adelante CEOE), según 
nombramiento efectuado por esta entidad el 21 de noviembre de 2018 y don Pedro 
Fernández Alén, Secretario General de la Confederación Española de la Pequeña y  es
Mediana Empresa (en adelante CEPYME), según nombramiento efectuado por el Comité  o
Ejecutivo de esta entidad el 20 de febrero de 2019, ambos actuando en nombre y  12ww
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celebrar el presente Convenio y en relación con el mismo,
EXPONEN
I.  Que la CEOE y la CEPYME vienen colaborando desde 2008 con el Ministerio de 
Política Territorial y Función Pública para la identificación y propuesta de solución a las 
cargas administrativas que soportan las empresas.
Que la reducción de cargas administrativas constituye un objetivo y un compromiso 
del Gobierno de España, correspondiendo al Ministerio de Política Territorial y Función 
Pública  (en  adelante  MINPTFP),  la  simplificación  administrativa,  el  estudio  de  las 
mejoras procedimentales y los procesos de reducción de cargas administrativas que han 
de aplicarse para flexibilizar las estructuras de las Administraciones Públicas y superar 
las dificultades que pueden encontrar los ciudadanos y empresas para relacionarse con 
ellas.
II.  A este respecto, tanto la Unión Europea como la OCDE recomiendan a los 
estados,  entre  otras  medidas,  prestar  una  atención  particular  a  la  mejora  de  la 
tramitación  mediante  la  normalización  y  reducción  de  la  cantidad  de  formularios  y 
declaraciones  empleados  en  materia  de  contabilidad,  fiscalidad,  asuntos  sociales  y 
estadísticas, así como crear o mantener dentro de los servicios de sus Administraciones 
un organismo consultivo compuesto de representantes de las empresas, incluidas las 
pequeñas y medianas, y de la Administración con vistas a fomentar la simplificación de 
los procedimientos administrativos y de la legislación. En este sentido, cabe citar las 
Conclusiones del Consejo de Competitividad de 27 de mayo de 2019 sobre «Un nuevo 
nivel de ambición para un mercado único competitivo» en las que se aboga por que los 
estados asuman compromisos y objetivos concretos con el fin de prevenir y eliminar las 
cargas innecesarias.
III.  Por su parte, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en los que los 
Estados miembros de las Naciones Unidas se han comprometido a seguir para enmarcar 
sus agendas y políticas públicas hasta 2030, promueven la creación de instituciones 
eficaces que rindan cuentas, así como garantizar la adopción en todos los niveles de 
decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades 
de la sociedad. Se promueve que tanto el sector privado como la ciudadanía adopten un 
rol activo en la adopción de los ODS y su cumplimento, y por tanto, colaboren con las 
administraciones en los cambios que estas promueven.
En este marco general, el MINPTFP ha venido formalizando convenios con diversas 
entidades representativas, entre las que se encuentran la CEOE y la CEPYME con el fin 
de que estas organizaciones empresariales y sus asociados puedan contribuir con su 
experiencia  al  proceso  de  identificación  de  cargas  administrativas  en  las  áreas  de 
actividad que representan, a la formulación de nuevas propuestas de mejora y a la 
difusión en el tejido empresarial de los resultados alcanzados.
En la vía del enfoque participativo que promueve el gobierno abierto, se podría 
avanzar en la mejora del funcionamiento de la Administración y de sus servicios abriendo 
la  posibilidad  de  los  destinatarios  de  los  servicios  a  una  experiencia  conjunta  de 
búsqueda de soluciones a problemas concretos. Este cambio cultural pretende favorecer 
la formación de espacios de creatividad donde la Administración comparta sus datos, 
experiencia y recursos y los ponga a disposición del sector empresarial o social (que 
aporta su experiencia como usuario de procedimientos).
IV.  A pesar de la incorporación del principio de simplificación administrativa en la 
normativa y en la acción pública, aún existen ámbitos de actividad empresarial, tanto de 
carácter sectorial como horizontal, cuya carga burocrática es susceptible de mejorar. Por 
ello, la disposición de un entorno competitivo a escala internacional y favorable a la  e.
actividad empresarial, exige llevar a cabo un ejercicio continuo de revisión y mejora de  w.b
los trámites burocráticos soportados por el tejido productivo español. 12ww
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relaciones con las Administraciones Públicas, habida cuenta de lo establecido en la
Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 
Administraciones Públicas.
VI.  Que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 13.2 del Real Decreto 2/2020, de 12 
de enero, por el que se reestructuran los Departamentos ministeriales, corresponde al 
MINPTFP la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de función 
pública, administración y gobernanza públicas. En particular, el Real Decreto 307/2020, 
de 11 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de 
Política Territorial y Función Pública, le atribuye la política de la reducción de cargas 
administrativas y la simplificación y mejora de los procedimientos administrativos y de la 
calidad de los servicios públicos, en el ámbito de la Administración General del Estado.
VII.  Que la CEOE es una organización empresarial independiente, de carácter 
confederal  e  intersectorial  y  ámbito  nacional,  constituida,  de  conformidad  con  lo 
dispuesto  en  el  artículo  7  de  la  Constitución,  para  la  coordinación,  representación, 
gestión, fomento y defensa de los intereses empresariales, generales y comunes, que le 
son propios de acuerdo con lo establecido en el artículo 1 de sus Estatutos, siendo 
actualmente la organización empresarial más representativa.
VIII.  Que, según lo dispuesto en el artículo 4 de sus Estatutos, corresponde a la 
CEOE representar y defender los intereses generales y comunes del empresario ante la 
sociedad y ante la Administración, estudiar todo tipo de problemas que se planteen con 
carácter  genérico  a  las  empresas  acordando  las  soluciones  pertinentes  y  elaborar 
recomendaciones de actuación en materia socioeconómica ante los poderes públicos.
IX.  Que, conforme al artículo 2 de sus Estatutos, la CEPYME es una organización 
empresarial independiente, de carácter confederativo e intersectorial, de ámbito nacional 
constituida, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de la Constitución, para la 
defensa,  representación  y  fomento  de  los  intereses  generales  y  los  propios  de  la 
pequeña y mediana empresa española y de los autónomos, ostentando en la actualidad 
la condición de organización más representativa en su ámbito de actuación.
X.  Que, según lo dispuesto en el artículo 5 de sus Estatutos, corresponde a la 
CEPYME representar y defender los intereses generales y comunes del empresario en la 
sociedad ante la Administración, estudiar todo tipo de problemas que se planteen con 
carácter  genérico  a  las  empresas  acordando  las  soluciones  pertinentes  y  elaborar 
recomendaciones de actuación en materia socioeconómica ante los poderes públicos.
XI.  Que la CEOE y la CEPYME, además de estar integradas por organizaciones 
empresariales  de  ámbito  territorial,  aglutinan  en  su  seno  a  todas  las  grandes 
organizaciones  empresariales  de  carácter  sectorial,  conformadas,  a  su  vez,  por 
empresas  sobre  las  que,  de  modo  específico,  recaen  las  cargas  administrativas  y 
burocráticas cuya reducción y simplificación se pretende.
XII.  Que la modernización, racionalización y simplificación de los procedimientos 
administrativos,  en  cuanto  propicia  la  reducción  de  trámites  y  cargas  burocráticas, 
además de facilitar la relación entre los ciudadanos y la Administración, contribuye a 
reducir  los  costes  administrativos  de  explotación  de  las  actividades  mercantiles, 
ayudando a mejorar la competitividad de las empresas y estimular su desarrollo.
XIII.  Que la CEOE y la CEPYME, por su representatividad empresarial y por su 
objeto y fines sociales, son el cauce institucional adecuado para ayudar a identificar los 
trámites y cargas burocráticas innecesarias, redundantes o excesivas, que pesan sobre 
la creación de empresas o el desarrollo de su actividad y a determinar o sugerir cambios 
o  medidas  que  faciliten  su  simplificación  o  reducción,  motivo  por  el  que  dichas 
Confederaciones y el propio MINPTFP tienen interés en mantener y desarrollar un marco  s
permanente de diálogo y colaboración sobre el asunto mencionado. oe.
XIV.  Que teniendo presente que la consulta a los sectores interesados permite  w.
mejorar la calidad de la legislación y su adecuación a las necesidades socioeconómicas,  12ww
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En  consecuencia  con  lo  expuesto,  las  partes  consideran  oportuno  suscribir  el 
presente Convenio con arreglo a las siguientes
CLÁUSULAS
Primera.  Objeto del Convenio.
Constituye el objeto del presente Convenio el análisis de las cargas administrativas 
originadas con ocasión del desarrollo de la Sociedad Digital y su incidencia en las 
relaciones con las Administraciones Públicas, habida cuenta de lo establecido en la 
Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 
Administraciones Públicas.
Segunda.  Actuaciones a realizar por la CEOE-CEPYME.
La dirección de las actuaciones de CEOE-CEPYME relacionadas con el presente 
Convenio, así como las relaciones con el MINPTFP corresponderán, de mutuo acuerdo 
entre CEOE y CEPYME, a CEOE.
La CEOE-CEPYME, para el cumplimiento del objeto del presente Convenio, realizará 
las siguientes actuaciones:
1.  Propuestas para la reducción de cargas administrativas:
A)  Identificación de cargas administrativas. La CEOE y la CEPYME, asumen el 
compromiso de analizar e identificar las cargas administrativas existentes en el ámbito 
objeto de este Convenio que sean susceptibles de ser eliminadas y reducidas, así como 
formular las propuestas de simplificación administrativa que resulten pertinentes, en 
colaboración  con  las  organizaciones  territoriales  y  sectoriales  miembros.  Dichas 
propuestas  irán  acompañadas  de  la  correspondiente  estimación  del  ahorro  que 
generarían  (utilizando  para  ello  el  Método  Simplificado  de  medición  de  cargas 
administrativas), normativa a modificar y órgano competente, y se acompañarán de la 
memoria explicativa procedente.
En caso que sean formuladas varias propuestas de simplificación con la misma 
identidad  sustancial  en  cuanto  al  objeto,  finalidad  o  tipo  de  medida  adoptada,  se 
agruparán, todas ellas, en una única propuesta con el fin de facilitar el seguimiento por 
parte del Centro Gestor.
La CEOE y la CEPYME harán entrega al MINPTFP, a través de la Dirección General 
de Gobernanza Pública, del informe en el que se relacionarán los trámites identificados y 
las propuestas de reducción de cargas. El documento se entregará, en todo caso, antes 
del 20 de noviembre de 2020.
El personal dedicado al cumplimiento de los objetivos de este Convenio podrá ser 
propio de CEOE y CEPYME o subcontratado a tal fin.
Asimismo, la CEOE y la CEPYME aportarán la información en el formato que la 
Administración le indique.
B)  Jornadas y foros de discusión con empresarios. Con el fin de que los distintos 
agentes económicos y empresariales puedan manifestar directamente, a la CEOE y la 
CEPYME y a la propia Administración, cuáles son las trabas más importantes que 
afectan a las empresas en los sectores objeto del Convenio, la CEOE y la CEPYME, 
organizarán  al  menos  dos  actividades  con  empresarios,  que  se  celebrarán  s
preferiblemente antes del 30 de octubre de 2020. Dichas actividades se podrán realizar  e.
tanto  de  forma  presencial  como  a  distancia,  haciendo  uso  para  ello  de  medios  w.
electrónicos. 12ww
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Gcaerngearsa al ddmel inEissttaradtoiv,a ass qí uceo msoop ao rltoasn  dlaisst ienmtopsr epsroayse.ctos relacionados con la reducción de  BOE-A-cable e
2.  Difusión y comunicación. Se realizarán actuaciones para dar a conocer entre los 
empresarios  los  esfuerzos  desarrollados  en  materia  de  reducción  de  cargas 
administrativas por parte del MINPTFP, así como los informes, actividades o servicios 
que se consideren necesarios o convenientes para el buen desarrollo de este Convenio.
Con  carácter  general,  dichas  actividades  o  servicios  podrán  ir  dirigidos  a  la 
realización de iniciativas de difusión sobre las actividades realizadas en este ámbito, al 
estudio e intercambio de información entre las partes firmantes, al diseño, recopilación 
de  información,  contraste  de  iniciativas  e  implantación  de  actuaciones  de  la 
Administración General del Estado sobre mejora de la regulación y reducción de trámites 
administrativos,  así  como  a  la  consolidación  de  la  comunicación  e  intercambio  de 
información entre el MINPTFP y la CEOE y la CEPYME.
En cualquier tipo de actividad de difusión y comunicación, la CEOE y la CEPYME 
darán publicidad de la participación del MINPTFP en la financiación de este Convenio.
3.  Estructura de apoyo en CEOE-CEPYME. Durante la vigencia del Convenio, y 
con el fin de dar cumplimiento a su objeto, CEOE-CEPYME podrán disponer de un 
consultor externo y un equipo multidisciplinar de CEOE-CEPYME, apoyados en la propia 
red de CEOE-CEPYME. El consultor desarrollaría el trabajo encomendado por CEOE-
CEPYME con los medios humanos y materiales de su propia consultoría.
El personal de CEOE-CEPYME dedicado a las actividades del Convenio podrá ser 
propio o subcontratado a tal fin.
4.  Otras  actividades.  Cuantas  otras  actividades  o  servicios  se  consideren 
necesarios  o  convenientes  para  el  buen  desarrollo  del  Convenio,  en  particular  la 
realización de iniciativas de difusión sobre las actividades realizadas en este ámbito.
Entre estas actividades pueden encuadrarse el desarrollo de laboratorios de ideas 
para la reducción de cargas administrativas y simplificación de procedimientos que el 
MINPTFP podría promover, con el fin de fomentar la implicación de los órganos gestores 
y  expertos  de  los  sectores  afectados.  En  este  contexto,  CEOE-CEPYME  podrían 
participar  directamente  o  a  través  de  la  designación  de  representantes  entre 
profesionales con experiencia en la materia de que se trate.
Tercera.  Actuaciones a desarrollar por el MINPTFP.
1.  Asesoramiento. Asesoramiento y asistencia sobre simplificación administrativa y 
reducción de cargas administrativas para ciudadanos y empresas, así como sobre el 
Método Simplificado de medición de cargas administrativas.
2.  Seguimiento. Seguimiento de los trabajos realizados por la organización durante 
la vigencia del Convenio, a través de reuniones periódicas concertadas por las partes.
3.  Comisión de Seguimiento. Convocatoria para la constitución de la Comisión de 
Seguimiento a que se refiere la cláusula sexta de este Convenio.
4.  Análisis de las propuestas presentadas. Remisión de las propuestas presentadas 
por la organización a los Departamentos ministeriales competentes por razón de la 
materia objeto de las iniciativas. Se elaborará un informe con las valoraciones de los 
Departamentos, que será remitido a CEOE-CEPYME.
5.  Difusión y comunicación. El MINPTFP podrá dar difusión en sus medios de la 
firma del Convenio y los resultados obtenidos.
Cuarta.  Titularidad de los trabajos realizados.
La titularidad de los trabajos realizados en virtud del presente Convenio, así como  es
cualquier otro derecho que se pudiera derivar de los mismos, pertenecerán al MINPTFP  bo
y a la CEOE y la CEPYME y no podrán ser explotados por ningún tercero sin el  12ww
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Quinta.  Régimen económico.
1.  El coste total de la financiación de las actividades derivadas de la suscripción del 
presente Convenio se eleva a noventa y tres mil quinientos euros (93.500 euros).
2.  El MINPTFP aportará la cantidad de setenta y cinco mil quinientos euros (75.500 
euros), y la CEOE y la CEPYME la cantidad de dieciocho mil euros (18.000 euros) de 
conformidad con sus acuerdos de colaboración internos.
La dirección de las actividades relacionadas con el presente Convenio y la gestión de 
la aportación del MINPTFP para el desarrollo del mismo corresponde (de mutuo acuerdo 
entre CEOE y CEPYME) a CEOE, que será quien reciba dicha aportación, una vez 
emitido por ella el documento de cargo correspondiente.
El  crédito  presupuestario  al  que  se  imputará  la  obligación  correspondiente  al 
MINPTFP es el siguiente: 22.02.921N.640.06.
3.  A partir de la publicación en el BOE de este Convenio, el MINPTFP abonará a la 
CEOE los pagos correspondientes a su aportación, previa justificación de los servicios 
realizados,  con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria  del  presupuesto  de  2020,  del 
Proyecto de inversión 2009 22 002000100.
Para realizar dicho abono, CEOE remitirá al MINPTFP, documentación justificativa de 
las  actividades  relacionadas  con  las  propuestas  para  la  reducción  de  cargas 
administrativas  del  presente  Convenio.  Se  considera  documentación  justificativa  del 
gasto, además del documento de cargo que emita CEOE, la certificación acreditativa del 
órgano  competente  de  CEOE  en  que  se  especifique  el  alcance  de  las  labores 
desarrolladas por esta Corporación en el marco del Convenio. Complementariamente, y 
para  la  justificación  de  los  gastos  en  que  se  han  incurrido,  se  remitirán  facturas, 
certificados emitidos por representante de la organización en los que figuren los gastos 
imputables al convenio o documentos probatorios equivalentes.
4.  A partir de la publicación en el BOE del presente Convenio, y antes de su 
finalización, CEOE-CEPYME se comprometen a abonar la totalidad de su aportación 
para financiar las actividades previstas en la cláusula segunda del presente Convenio, 
presentando certificación acreditativa.
Sexta.  Comisión de Seguimiento.
El Convenio será administrado por una Comisión de Seguimiento, formada por dos 
representantes de la Dirección General de Gobernanza Pública del MINPTFP y por dos 
representantes  de  CEOE-CEPYME,  designados  por  las  autoridades  firmantes  del 
Convenio. Estará presidida por el titular de la Dirección General de Gobernanza Pública 
o funcionario en quien delegue.
Esta Comisión, de acuerdo con lo establecido en el artículo 49.f). de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, es el instrumento acordado por 
las partes para el seguimiento, vigilancia y control del Convenio y de los compromisos 
adquiridos por los firmantes y, ejercerá sus funciones de acuerdo con lo establecido en 
los  artículos  51.2.c)  y  52.3  de  la  citada  Ley.  Resolverá  todas  las  incidencias  o 
controversias que puedan surgir sobre la interpretación, resolución y efectos de este 
Convenio.
Las partes firmantes se comprometen a solventar por acuerdo mutuo, en el seno de 
la  Comisión  de  Seguimiento,  cuantas  diferencias  resulten  de  la  interpretación  y 
cumplimiento de este Convenio, sin perjuicio de la competencia del orden jurisdiccional 
contencioso administrativo para el conocimiento de cuantas cuestiones y litigios pudieran  e
surgir. bo
A propuesta de cualquiera de los miembros de la Comisión de Seguimiento, a las  12ww
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Séptima.  Validez, eficacia y vigencia.
El presente Convenio se perfecciona por la prestación del consentimiento de las 
partes y adquirirá eficacia desde la fecha de su inscripción en el Registro Electrónico 
Estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal al que se 
refiere la disposición adicional séptima de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, y una vez publicado en el «Boletín Oficial del Estado». El 
plazo de vigencia se extiende desde su publicación en el BOE hasta el 31 de diciembre 
de 2020.
La realización de las actividades relativas a las propuestas para la reducción de 
cargas administrativas de la cláusula segunda, recopilación, análisis y presentación de 
propuestas de reducción de cargas, se desarrollará durante el periodo comprendido 
entre la publicación en el BOE del Convenio y el 20 de noviembre de 2020.
Octava.  Modificación del Convenio.
De conformidad con lo establecido en el artículo 49.g) de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la modificación del contenido del 
Convenio requerirá acuerdo unánime de los firmantes, y deberá realizarse mediante 
adenda modificativa y autorizada por el Ministerio de Hacienda, de acuerdo con el 
artículo 50.2.c) de dicha Ley.
Novena.  Extinción del Convenio.
De conformidad con lo establecido en el artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el presente Convenio se extinguirá por 
el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto o por incurrir en causa de 
resolución. Serán causas de resolución:
− El transcurso del plazo de vigencia del Convenio sin haberse acordado la prórroga 
del mismo.
− El acuerdo unánime de todos los firmantes.
− Por denuncia de cualquiera de los firmantes mediante preaviso comunicado de 
forma fehaciente a la otra parte con, al menos, dos meses de antelación a la fecha de 
resolución.
− Por incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de 
alguno de los firmantes. En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte 
incumplidora  un  requerimiento  para  que  cumpla  en  un  determinado  plazo  con  las 
obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será 
comunicado  a  la  Comisión  de  Seguimiento.  Si  trascurrido  el  plazo  indicado  en  el 
requerimiento  persistiera  el  incumplimiento,  la  parte  que  lo  dirigió  notificará  al  otro 
firmante la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el Convenio.
− Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del Convenio.
− Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en otras leyes.
El cumplimiento y la resolución de este Convenio darán lugar a la liquidación del 
mismo con el objeto de determinar las obligaciones y compromisos de cada una de las 
partes, de conformidad con lo previsto en el artículo 52.1 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
En caso de resolución, ambas partes deberán adoptar, de acuerdo con lo previsto en  e
el artículo 52.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, y a propuesta de la Comisión de  bo
Seguimiento, las medidas necesarias para asegurar la continuación y finalización de las  12ww
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en los términos establecidos en el artículo 52.2 de la citada Ley.
Décima.  Consecuencias aplicables en caso de incumplimiento.
En caso de incumplimiento de alguna de las obligaciones establecidas en este 
Convenio  por  alguna  de  las  partes,  la  otra  deberá  comunicarlo  a  la  Comisión  de 
Seguimiento prevista en la cláusula sexta, que decidirá sobre las actuaciones a llevar a 
cabo.
En el caso de persistir el incumplimiento se entenderá resuelto el Convenio. La 
resolución del Convenio por esta causa no dará lugar a indemnización.
Undécima.  Régimen jurídico del Convenio y resolución de conflictos.
El  presente  Convenio  tiene  naturaleza  administrativa  y  se  considera  de  los 
establecidos en el artículo 47.2.c) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público y, por tanto, queda sometido al régimen jurídico de convenios 
previsto en el capítulo VI, del título preliminar, de dicha Ley.
Las partes se comprometen a resolver de mutuo acuerdo las incidencias que puedan 
surgir en la interpretación o ejecución del presente Convenio.
Para  cuestiones  litigiosas  que  puedan  suscitarse  sobre  la  interpretación, 
cumplimiento, resolución y efectos del presente Convenio que no puedan solventarse de 
mutuo acuerdo en el seno de la Comisión de Seguimiento se estará a lo que dispone el 
artículo 5 de la Ley 52/1997 de Asistencia Jurídica del Estado e Instituciones Públicas, y 
se someterán a la jurisdicción contencioso-administrativa, conforme a lo dispuesto en la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Y en prueba de conformidad firman por triplicado en el lugar y fecha al comienzo 
indicados.–Por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias San 
Sebastián.–Por  la  Confederación  Española  de  Organizaciones  Empresariales,  José 
Alberto  González-Ruíz  Martínez.–Por  la  Confederación  Española  de  la  Pequeña  y 
Mediana Empresa, Pedro Fernández Alén.