BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 255 Lunes 25 de octubre de 2021 Sec. III.   Pág. 129437
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
17334 Resolución  de  9  de  septiembre  de  2021,  de  la  Dirección  General  de 
Seguridad  Jurídica  y  Fe  Pública,  en  el  recurso  interpuesto  contra  la 
calificación del registrador de la propiedad de Colmenar Viejo n.º 1, por la que 
se suspende la inscripción de una escritura de adjudicación de determinada 
finca.
En el recurso interpuesto por don Alfonso García-Perrote Latorre, Notario de Tres 
Cantos,  contra  la  calificación  del  Registrador  de  la  Propiedad  de  Colmenar  Viejo 
número 1, don Ignacio del Río García de Sola, por la que se suspende la inscripción de 
una escritura de adjudicación de determinada finca.
Hechos
I
Mediante escritura otorgada el día 29 de abril de 2021 ante el notario de Tres 
Cantos,  don  Alfonso  García-Perrote  Latorre,  con  el  número  481  de  protocolo,  la 
cooperativa de viviendas denominada «Sierranova, S. Coop. Mad.» adjudicó a doña B. L. 
P. y doña A. L. P., en pleno dominio, una cuarta parte indivisa de determina finca a cada 
una de ellas, casadas respectivamente, en régimen legal de gananciales, con don H. G. 
M. y con don P. G. F. En esta escritura se hacía constar lo siguiente:
«Carácter privativo de la adquisición:
Los cónyuges doña B. L. P. y don don [sic] H. G. M. acuerdan que la cuarta parte 
indivisa de la finca objeto de la presente, tenga carácter privativo de doña B. L. P. y 
solicitan que se inscriba a nombre de la citada adquirente por haber sido adquirido con 
tal carácter por acuerdo entre los cónyuges y no por confesión, teniendo este pacto 
causa onerosa, por ser los fondos empleados para el pago de la cuarta parte del valor de 
adquisición  privativos  de  la  mencionada  adquirente,  y  no  procederá  el  reembolso 
previsto en el artículo 1358 del Código civil.
Los cónyuges doña A. L. P. y don P. G. F. acuerdan que la cuarta parte de la finca 
objeto de la presente, tenga carácter privativo de doña A. L. P. y solicitan que se inscriba 
a nombre de la citada adquirente por haber sido adquirido con tal carácter por acuerdo 
entre los cónyuges y no por confesión, teniendo este pacto causa onerosa, por ser los 
fondos empleados para el pago de la cuarta parte del valor de adquisición privativos de 
la mencionada adquirente, y no procederá el reembolso previsto en el artículo 1358 del 
Código civil.»
II
Presentada  dicha  escritura  en  el  Registro  de  la  Propiedad  de  Colmenar  Viejo 
número 1, fue objeto de la siguiente nota de calificación: s
«Número de entrada/año: 2345/2021. w.b
Asiento/Diario: 1827/128. 334ww
PNroottaorcioo:l oA:l f4o8n1s.o García-Perrote Latorre Tres Cantos, Madrid.
El  Registrador  de  la  Propiedad  que  suscribe,  previo  examen  y  calificación  del
precedente documento, ha resuelto no admitir su inscripción en los Libros del Archivo de
este Registro de la Propiedad de Colmenar Viejo, número 1 a su cargo en base a los 
siguientes:
Hechos: Con fecha veintinueve de abril de dos mil veintiuno el notario autorizante del 
documento  de  referencia  presenta  telemáticamente  en  este  Registro  escritura  de 
Documento Notarial, en la que se solicita, en la estipulación primera, que se inscriba una 
participación indivisa de una cuarta parte en la finca objeto de la adjudicación, con 
carácter privativo, tanto a nombre de doña B. L. P. como de doña A. L. P., por haber sido 
adquirida con tal carácter por acuerdo entre los cónyuges y no por confesión, teniendo 
este pacto carácter oneroso.
Fundamentos  de  Derecho:  De  conformidad  con  los  artículos  429  y  434  del 
Reglamento  Hipotecario,  el  presentante  o  interesado  deben  manifiestar  [sic]  su 
conformidad  o  disconformidad  con  el  despacho  del  documento  practicándose  la 
inscripción de sus participaciones en la finca adjudicada a nombre de doña B. L. P. y de 
doña A. L. P. –una cuarta parte indivisa cada una de ellas y con carácter privativo–, por 
confesión de sus cónyuges, en virtud de los siguientes fundamentos:
– No se acredita fehacientemente la procedencia de los abonos a la transmitente 
con fondos privativos tanto de doña B. L. P. como de doña A. L. P., ni el acuerdo 
contractual entre los cónyuges, con expresión de su causa, objeto y contenido que 
identifique el pacto con causa onerosa.
– Disposiciones normativas: artículos 1315, 1316, 1317, 1318, 1323, 1324, 1344, 
1346 a 1348 y 1367 del Código Civil, y los artículos 94 y 95 del Reglamento Hipotecario, 
así como sentencia del Tribunal Supremo 10/2020 de 15 de enero, sala 1.ª de lo Civil, 
recurso 3147/2017.
– Motivación:  La  STS  10/2020  confirma  la  sentencia  dictada  por  la  Audiencia 
Provincial de Madrid de 9 de mayo de 2017, que reitera la exigencia de acreditación 
auténtica de la naturaleza privativa del precio pagado para la adjudicación de las fincas, 
siendo necesario para la inscripción de bienes inmuebles o derechos reales con carácter 
privativo en el régimen de la sociedad de gananciales la prueba de la privatividad del 
precio  o  contraprestación  que  destruya  la  presunción  de  ganancialidad  en  las 
adquisisciones [sic] onerosas.
En el mismo sentido, la STS 295/2019, de 27 de mayo, dice: “El cónyuge que 
sostenga el carácter privativo de un bien adquirido a título oneroso, debe probar el 
carácter privativo del dinero empleado en su adquisición”.
Calificación.
Se  suspende  la  inscripción  por  los  defectos  expresados  que  se  califican  como 
subsanables.
Queda prorrogado el asiento de presentación por plazo de sesenta días (…)
Contra esta nota de calificación puede (…)
En Colmenar Viejo, a 10 de junio de 2021 (…)
Este documento ha sido firmado digitalmente por el registrador: don Ignacio del Río 
García de Sola con firma electrónica reconocida.»
III s
Contra la anterior nota de calificación, don Alfonso García-Perrote Latorre, notario de  w.
Tres Cantos, interpuso recurso el día 16 de junio de 2021 mediante escrito con los  334ww
siguientes fundamentos jurídicos:
tran«sm1.i teSntoeb rceo nla  fonnod oasc rperdivitaatcivióons  fneih aecl ieanctuee rddeo  lcao nptrroaccetudaeln ceinat red el olso sc óanbyoungoess  ac olna 
expresión de su causa objeto y contenido que identifique el pacto con causa onerosa.
Que, en cuanto a la existencia de acuerdo entre los cónyuges, no se entiende dicha 
afirmación del Sr. Registrador, puesto que en la escritura calificada, se ha hecho constar 
expresamente lo siguiente:
“Carácter privativo de la adquisición:
Los cónyuges doña B. L. P. y don don [sic] H. G. M. acuerdan que la cuarta parte 
indivisa de la finca objeto de la presente, tenga carácter privativo de doña B. L. P. y 
solicitan que se inscriba a nombre de la citada adquirente por haber sido adquirido con 
tal carácter por acuerdo entre los cónyuges y no por confesión, teniendo este pacto 
causa onerosa, por ser los fondos empleados para el pago de la cuarta parte del valor de 
adquisición  privativos  de  la  mencionada  adquirente,  y  no  procederá  el  reembolso 
previsto en el artículo 1358 del Código civil.
Los cónyuges doña A. L. P. y don P. G. F. acuerdan que la cuarta parte de la finca 
objeto de la presente, tenga carácter privativo de doña A. L. P. y solicitan que se inscriba 
a nombre de la citada adquirente por haber sido adquirido con tal carácter por acuerdo 
entre los cónyuges y no por confesión, teniendo este pacto causa onerosa, por ser los 
fondos empleados para el pago de la cuarta parte del valor de adquisición privativos de 
la mencionada adquirente, y no procederá el reembolso previsto en el artículo 1358 del 
Código civil”.
Luego sí que existe acuerdo entre los cónyuges respectivos, en relación con la 
cuarta parte indivisa que adquieren cada uno de ellos, y se expresa la causa onerosa de 
dicho acuerdo, por ser los fondos empleados para el pago de cada cuarta parte indivisa 
privativos respectivamentre [sic] de cada uno de los cónyuges adquirentes y darse 
correspondencia entre ambos, fondos y carácter del bien, es decir, que no tiene causa 
gratuita, como ocurriría si los fondos empleados hubieran sido gananciales y no existiera 
derecho de reembolso.
Es la misma causa onerosa que se produce en el caso inverso de aportación por uno 
de los cónyuges de un bien privativo a la sociedad de gananciales, expresando ambos 
cónyuges que la aportación se hace en contrapartida o compensación, por ejemplo, de 
pagos de parte del precio de adquisición, gastos, mejoras u otros conceptos, con fondos 
comunes, sin que en estos casos se exija acreditar fehacientemente el origen de esos 
fondos. En este caso, los pagos son precisamente para el abono de parte del precio de 
adquisición de las fincas, puesto que el bien o parte del mismo está ingresando por 
primera vez en el patrimonio de uno de los cónyuges, y simplemente tienen derecho a 
adquirirlo en la forma que han acordado.
La onerosidad deriva por lo tanto en uno u otro caso, de la correspondencia que 
existe, no olvidemos siempre que por acuerdo de ambos cónyuges, entre los fondos 
utilizados para la adquisición que se reconocen gananciales o privativos del cónyuge 
adquirente, y el carácter que atribuyen al bien o parte del mismo, que excluye una causa 
gratuita.
Que dicho acuerdo excluye la aplicación de los preceptos que presuponen una 
adquisición conforme al juego de los principios de subrogación real y presunción legal de 
ganancialidad.
Como señaló la Resolución de 12 de junio de 2020 de la Dirección General de 
Seguridad Jurídica y Fe Pública:
“La regulación que del régimen económico matrimonial contiene el Código Civil se 
caracteriza por un marcado principio de libertad que se manifiesta, entre otros, en los  s
artículos 1315 (libertad en la determinación del régimen económico), 1325 (libertad en  oe.
teicgrusautaniapnsludtmolaa idtacir  isosdeune  ele ossds t einpcroóue nlcasyhceuoiaógsnne  ,s qcm upoeoon drt ricfcaiocuriraaarclesqis óupanieo  ornl a dtsísatu u slleotaiy t ubecciseai óndonea )s ,l  a1ycs 3ód 2nec8yrou e(sglctiebuh)emo rsbty ary de 1 scd3 ee2loe 3 pb larimac(prtio otea sentiibnvtria eltisad s naídtd ote o  lddalaeas     2021-17334n https://www.
clase de contratos), sin más limitaciones que las establecidas en el mismo Código (cfr.
artículo 1315).”
Asimismo que:
“Este  Centro  Directivo  ha  admitido  que  los  cónyuges  pueden  atribuir  carácter 
privativo a un bien ganancial, pacten o no compensación a cargo de los bienes privativos 
y siempre que el desplazamiento pactado aparezca causalizado (cfr. Resoluciones de la 
Dirección general de los Registros y del Notariado de 25 de septiembre de 1990, 21 de 
enero de 1991 y 30 de julio de 2018).
Ciertamente, se han aducido doctrinalmente determinados argumentos en contra de 
tal posibilidad: que no hay un principio general ni artículo que admita la atribución de 
privatividad, en sentido inverso a la de ganancialidad a que se refiere el artículo 1355 del 
Código Civil, en virtud del cual los cónyuges puedan atribuir carácter privativo a los 
bienes adquiridos a título oneroso, ya que la confesión de privatividad del artículo 1324 
del Código Civil es en puridad un medio de prueba; que no puede confundirse la libre 
contratación entre los cónyuges (ex artículo 1323 del mismo Código), ni el principio 
informador  del  ‘favor  consortialis’  que  inspira  el  artículo  1355  con  la  confesión  de 
privatividad recogida en el artículo 1324, ya que ésta última es un medio de prueba; que 
el  interés  de  los  acreedores  de  la  sociedad  de  gananciales  debe  estar  protegido 
mediante una liquidación que contenga su inventario, por lo que, en consecuencia, la 
declaración de la privatividad tiene su marco en la confesión del artículo 1324, sin 
perjuicio de que se puedan producir transmisiones –con su causa– entre los cónyuges 
mediante donación, compraventa u otros contratos (ex artículo 1323).
Esta tesis negativa fue rechazada ya por este centro en la citada Resolución de 25 
de septiembre de 1990, en los siguientes términos: ‘Por una parte, las normas jurídicas 
no pueden ser interpretadas desde la perspectiva de evitar el fraude de los acreedores, 
el cual, además, tiene suficiente remedio en las correspondientes acciones de nulidad y 
rescisión o en la aplicación de las normas que se hubiere tratado de eludir. Por otra, no 
puede desconocerse la proclamación, tras la reforma del Código Civil de 13 de mayo 
de 1981, de la libertad de contratación entre los cónyuges (principio recogido en el 
artículo 1.323 del Código Civil, respecto del cual, el artículo 1.355 del Código Civil no es 
sino una aplicación particular para una hipótesis concreta, de la que no puede inferirse, 
por tanto, la exclusión legal de los demás supuestos de contratación entre esposos) que 
posibilita a estos, para, actuando de mutuo acuerdo, provocar el desplazamiento de un 
concreto bien ganancial al patrimonio de uno de ellos por venta (vid. resolución de 2 de 
febrero de 1983), permuta, donación u otro título suficientemente causalizado y cuyo 
régimen jurídico vendrá determinado en función de esa específica causalización (609, 
1.255, 1.261 del Código Civil), así pues, admitido ese trasvase patrimonial de un bien ya 
ganancial, debe igualmente admitirse que los cónyuges, con ocasión de la adquisición de 
determinado bien a tercero, puedan convenir que éste ingrese de manera directa y erga 
omnes en el patrimonio personal de uno de ellos a pesar de no haberse acreditado la 
privatividad de la contraprestación, siempre que dicho negocio conyugal atributivo (que 
mantiene su sustantividad y autonomía jurídica pese a su conjunción con el negocio 
adquisitivo)  obedezca  a  una  causa  adecuada  que  justifique  la  no  operatividad  del 
principio de subrogación real (1.347.3.º del Código Civil) cual, por ejemplo, la previa 
transmisión gratuita de la contraprestación a favor del cónyuge adquirente, el derecho de 
reembolso  al  que  se  refiere  el  artículo  1.358  del  Código  Civil,  etc.  Dicho  negocio 
atributivo no debe confundirse con la confesión de privatividad, pues la virtualidad de 
ésta a efectos de la calificación del bien, sobre ser relativa en su ámbito subjetivo 
(artículo 1.324 del Código Civil), queda subordinada a la realidad o inexactitud del hecho 
confesado (vid. artículo 1.234 del Código Civil)’.” e.
Por tanto el acuerdo entre los cónyuges recogido en la escritura calificada obedece al  334ww
fperhinaccipieion ted ed ela l aa purtoocneodmeínac idae p sriuv avtiovlau ndtea dlo, sq aubeo enxocsl uay lea  lean tnideacde stirdaands mdiete lnat ea.creditación
de 2F0u2n1d,a mdee nltao sq juuerí,d iecno sr eralaticfiicóand ocso np olra o tnroa  Reexpsoreluscióiónn  dpeo sltae ricoaru dsea  feqcuhea  a1l5e gdae  eenl eSror. 
Registrador, podemos destacar el siguiente pronunciamiento:
“Como puso de relieve esta Dirección General en Resolución de 30 de julio de 2018, 
el pacto de privaticidad siempre será admisible si bien será necesaria su causalización, 
tanto en los supuestos en que sea previa o simultánea a la adquisición, como en los 
casos en que sea posterior, sin que ello signifique que haya que acudir a contratos de 
compraventa o donación entre cónyuges. Ahora bien, como se indicó en la referida 
Resolución de 22 de junio de 2006, dicha exigencia de especificación causal del negocio 
ha de ser interpretada en sus justos términos. En este sentido, se ha considerado 
suficiente que se mencione la onerosidad o gratuidad de la aportación, o que la misma 
resulte  o  se  deduzca  de  los  concretos  términos  empleados  en  la  redacción  de  la 
escritura.”
Pues bien, en la escritura calificada se menciona expresamente la onerosidad de la 
aportación, o como dice a continuación la mencionada Resolución “...,en la escritura 
calificada queda explicitado el carácter oneroso del negocio entre los esposos”.
De ésta última resolución, cabe destacar además, que no se aceptó el argumento de 
la Sra. Registradora, según el cual, para destruir la presunción de ganancialidad hubiera 
sido necesario que en la escritura de compraventa se hubiera hecho constar un previo 
documento público (con citación de Notario, fecha y número de protocolo) por el que se 
alegara haber adquirido de forma privativa el cónyuge adquirente los fondos utilizados en 
la compra, puesto que, como señaló de forma diáfana la Notaria recurrente, por más 
títulos previos que se hicieran constar en ningún caso se podría inscribir por el principio 
de subrogación real, debido a la imposible trazabilidad o seguimiento de los mismos 
fondos, sino que por el contrario la solicitud de inscripción se enmarca en un ámbito 
totalmente diferente, como es la facultad de los cónyuges de atribuir carácter ganancial o 
privativo al bien o parte de los bienes adquiridos con independencia del origen de los 
fondos, sólo relevante a la hora de determinar el derecho de reembolso a la liquidación 
del régimen.
En definitiva, podemos concluir que la configuración como requisito imprescindible 
para la inscripción de los acuerdos del tipo del que es objeto de la presente, de la 
necesidad de en todo caso alegar títulos previos públicos por los que se habría adquirido 
de forma privativa los fondos que se hayan utilizado en la adquisición que contiene el 
acuerdo entre los cónyuges, o al menos alegar «algo al respecto», supondría dejar 
prácticamente sin efecto toda la doctrina anterior y atribuir al Registrador un control 
cuasijudicial sobre la suficiencia  o insuficiencia de  dichas alegaciones previas para 
decidir  si  el  libre  acuerdo  entre  los  cónyuges,  está  o  no,  a  su  juicio,  lo  bastante 
fundamentado con manifestaciones varias. Todo lo anterior es, sin perjuicio en cualquier 
caso,  de  las  acciones  que  en  el  momento  de  la  liquidación  de  la  sociedad  de 
gananciales, pudieran corresponder a acreedores y legitimarios en caso de demostrarse 
la falta de certeza sobre el hecho de realizarse la adquisición con dinero privativo, lo cual 
habría de hacerse, ahora sí, en el proceso judicial correspondiente y con todos los 
medios de prueba admisibles en el mismo.
2.  Que  no  se  aprecia  la  relación  o  cuando  menos  la  fundamentación  de  la 
calificación del Sr. Registrador, en las sentencias que cita.
La STS, sala de lo civil 10/2020, de 15 de enero, trata sobre la pretensión de uno de 
los cónyuges, en concreto el marido, de desvirtuar o dejar sin efecto, la manifestación 
que había realizado en una escritura de compraventa de un inmueble del año 1975, 
reconociendo  ser  privativo  de  su  esposa  del  dinero  empleado  en  la  adquisición. 
Pretensión que por las razones que considera dicha sentencia, fue desestimada. Por lo  e
que, ya sólo por la fecha de los hechos a los que se refiere, anterior incluso a la vigencia  bo
del propio artículo 1324 del Código civil (cuya aplicación en cualquier caso se excluye en  334ww
claa seos cqruiteu rnao sc aolicfiucpaad.a precisamente por voluntad de los cónyuges), es intrasladable al
liquiYda claió nS TjuSd,i cisaal lad ed beie nloe sc igvailn, a2n9c5ia/2le0s1,9 e, stdáe  a2b7so ldueta mmeanytoe,  creerfceerennatdea  aco nu nla  ccaitsao  qudee 
de ella hace el Sr. Registrador, y fuera de contexto, al resaltar que dicha sentencia dice:
«El cónyuge que sostenga el carácter privativo de un bien adquirido a título oneroso, 
debe probar el carácter privativo del dinero empleado en la adquisición», lo que podría 
no dejar de ser cierto en caso de pretensión unilateral de uno de los cónyuges en tal 
sentido, pero que vuelve a tener poco que ver con el supuesto de un acuerdo expreso 
entre cónyuges.
Es más, la mencionada sentencia del TS de 27 de mayo de 2019, fue alegada por el 
Notario recurrente en la antes citada Resolución de la DG y FP de fecha 12 de junio 
de  2020,  en  defensa  de  un  pacto  o  consentimiento  incluido  en  una  escritura  de 
compraventa por la que los cónyuges adquirentes consentían en la adquisición de la 
finca con carácter privativo de uno de ellos. Sentencia que, si bien se refería a un caso 
inverso al contemplado en la escritura que nos ocupa, como es el de la adquisición por 
un  cónyuge  para  la  sociedad  de  gananciales,  pero  con  dinero  privativo,  contiene 
diferentes  pronunciamientos  relativos  a  la  libertad  de  pactos  y  contratos  entre  los 
cónyuges, y por tanto de la consecuente restricción del juego de la presunción de 
ganancialidad, que fueron reseñados por extenso por el mencionado Notario recurrente y 
a cuya cita nos remitimos. Terminó concluyendo la sentencia referida que, cuando un 
cónyuge adquiere para la sociedad de gananciales, si demuestra que la adquisición se 
verificó con fondos propios (en sede judicial se entiende), tiene derecho al reembolso 
actualizado del valor en la liquidación de la sociedad de gananciales, debido a que en 
nuestro ordenamiento la donación no se presume, y aunque no se hubiera hecho reserva 
alguna en el momento de la adquisición.
Supuesto que, como se ha dicho es diferente del recogido en la escritura calificada, y 
que en último término perfila los posibles derechos de reembolsos o compensaciones 
entre  cónyuges,  si  al  tiempo  de  la  liquidación  de  la  sociedad  de  gananciales,  se 
demuestra en sede judicial, y por tanto, por los medios que en ella sean admisibles, la 
procedencia de los fondos empleados, sin alterar por ello la naturaleza del bien, pero que 
contiene importantes pronunciamientos sobre la libertad de pactos entre cónyuges, de 
los que al menos, nos permitimos reseñar los siguientes:
“Dada la amplitud con que el artículo 1323 CC admite la libertad de pactos y 
contratos entre los cónyuges, son posibles acuerdos por los que se atribuya carácter 
ganancial a bienes privativos de uno de ellos (por ejemplo, por haber sido adquiridos 
antes de la sociedad, o adquiridos a título gratuito constante la sociedad, etc.).
c)  En este marco, en particular, el artículo 1355 CC permite que los cónyuges 
atribuyan de común acuerdo carácter ganancial a un bien adquirido a título oneroso 
durante la vigencia de la sociedad de gananciales, con independencia de la procedencia 
de los fondos utilizados para la adquisición.
Se trata de la atribución de ganancialidad en el momento de la adquisición. El efecto 
del artículo 1355 CC es que el bien ingresa directamente en el patrimonio ganancial. Si 
los fondos utilizados fueran gananciales, el bien adquirido sería ganancial por aplicación 
del artículo 1347.3 CC. No haría falta la voluntad de las partes para atribuir al bien 
adquirido carácter ganancial.
Lo que permite el artículo 1355 CC es que los cónyuges atribuyan carácter ganancial 
a bienes que, de no existir tal acuerdo, serían privativos con arreglo a los criterios de 
determinación legal.”
Con  lo  que,  volvemos  a  reiterar,  alude  a  la  posibilidad,  fuera  del  principio  de 
subrogación real y del de presunción de ganancialidad, que un bien determinado tenga 
un carácter o naturaleza diferente del dinero que se hubiera empleado en su adquisición,  e
y precisamente por acuerdo entre los cónyuges.» bo
expeEdl ierengteis tar aedsoter  dCee nlatr oP Droirpeiecdtivaod. emitió inIfVorme el día 30 de junio de 2021 y elevó el  OE-A-2021-17able en https://
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 609, 1224, 1225, 1227, 1255, 1261, 1274 a 1277, 1278, 1279, 
1297, 1315, 1323, 1325, 1328, 1346, 1347, 1323, 1352, 1354, 1355, 1356, 1357, 
1358, 1359 y 1361 del Código Civil; 4 y 125 de la Ley 5/2015, de 25 de junio, de 
Derecho Civil Vasco; 9, 18, 21, 31, 34, 66 y 326 de la Ley Hipotecaria; 385 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil; 213 del Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo, del 
Gobierno de Aragón, por el que se aprueba, con el título de «Código del Derecho 
Foral de Aragón», el Texto Refundido de las Leyes civiles aragonesas; 51.6.ª, 90, 93, 
94, 95, 96 y 101 del Reglamento Hipotecario; las Sentencias de la Sala Primera del 
Tribunal Supremo de 18 de julio de 1991, 26 de noviembre de 1993, 19 de abril y 29 
de septiembre de 1997, 24 de febrero, 27 de marzo, 25 de octubre y 20 de noviembre 
de 2000, 11 de diciembre de 2001, 26 de febrero y 17 de abril de 2002, 11 de junio 
de 2003, 8 de octubre de 2004, 25 de mayo de 2005, 8 de octubre y 29 de noviembre 
de 2006, 27 de mayo de 2019 y 15 de enero y 12 de febrero de 2020, y de la Sala 
Tercera, Sección Segunda, de 2 de octubre de 2001; las Resoluciones de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado de 12 de septiembre de 1937, 7 de junio 
de 1972, 10 de marzo de 1989, 14 de abril de 1989, 25 de septiembre de 1990, 21 de 
enero de 1991, 7 y 26 de octubre de 1992, 11 de junio de 1993, 28 de mayo de 1996, 
21 de diciembre de 1998, 15 de marzo, 26 de mayo y 15 y 30 de diciembre de 1999, 8 
de mayo y 7 de diciembre de 2000, 21 de julio de 2001, 17 de abril de 2002, 12 de 
junio y 18 de septiembre de 2003, 22 de junio de 2006, 6 de junio y 25 de octubre 
de 2007, 29 y 31 de marzo y 19 de octubre de 2010, 19 de enero, 13 de junio y 3 de 
septiembre de 2011, 12 de junio de 2013, 2 de febrero y 13 de noviembre de 2017 
y 24 de enero, 30 de julio y 7 de noviembre de 2018; y las Resoluciones de la 
Dirección  General  de  Seguridad  Jurídica  y  Fe  Pública  de  12  de  junio  y  17  de 
diciembre de 2020 y 15 de enero y 8 de septiembre de 2021.
1.  Mediante  la  escritura  cuya  calificación  es  impugnada,  una  cooperativa  de 
viviendas adjudica el pleno dominio de una cuarta parte indivisa de determina finca a 
cada  una  de  dos  personas  que  lo  adquieren,  haciéndose  constar  por  ellas  y  sus 
respectivos cónyuges –casados en régimen legal de gananciales– que acuerdan que 
cada  una  de  esas  cuartas  partes  indivisas  tenga  carácter  privativo  del  cónyuge 
adquirente «y solicitan que se inscriba a nombre de la citada adquirente por haber sido 
adquirido con tal carácter por acuerdo entre los cónyuges y no por confesión, teniendo 
este pacto causa onerosa, por ser los fondos empleados para el pago de la cuarta parte 
del valor de adquisición privativos de la mencionada adquirente, y no procederá el 
reembolso previsto en el artículo 1358 del Código civil».
El registrador de la Propiedad suspende la inscripción solicitada por entender, en 
esencia, que las referidas participaciones indivisas sólo pueden inscribirse con carácter 
privativo por confesión de los respectivos cónyuges de las adquirentes, pues no se 
acredita fehacientemente la procedencia de los abonos a la transmitente con fondos 
privativos de las adquirentes, ni el acuerdo contractual entre los cónyuges, con expresión 
de su causa, objeto y contenido que identifique el pacto con causa onerosa.
El notario recurrente alega que no se entiende la afirmación del registrador, dado el 
contenido de la estipulación contenida en la escritura sobre el carácter privativo de la 
adquisición, toda vez que existe acuerdo entre los cónyuges respectivos, en relación con 
la participación indivisa que adquiere cada uno de ellos, y se expresa la causa onerosa 
de dicho acuerdo, por ser los fondos empleados para el pago de cada participación  e
indivisa privativos respectivamente de cada uno de los cónyuges adquirentes y darse  bo
correspondencia entre los fondos y el carácter del bien, es decir que no tiene causa  334ww
dgeraretucihtao,  cdoem roe eomcubrorlisríoa.  sAi ñloasd efo nqduoes  lae mSpelnetaednocsia h udbeile Trarinb usnidaol  Sgaunparenmcioa ledse  y1 n5o d eex iesntieerroa 
dSee n2te0n2c0i an od eel sm aispmlicoa Tbrlieb uanl apl rdees e2n7t ed ec amsoa,y op odre  tr2a0t1a9rs, et admeb iuénn  scuitpaudeas eton  dlaif ecraelinfitcea, cyió nla, 
alude a la posibilidad, fuera del principio de subrogación real y del de presunción de
ganancialidad, de que un bien determinado tenga carácter o naturaleza diferente del 
dinero que se hubiera empleado en su adquisición, y precisamente por acuerdo entre los 
cónyuges. Asimismo, alega el recurrente que esta Dirección General ha admitido la 
inscripción de adquisiciones análoga a la presente en Resoluciones de 12 de junio 
de 2020 y 15 de enero de 2021.
2.  La  cuestión  planteada  en  este  recurso  debe  resolverse  según  las  citadas 
Resoluciones de esta Dirección General de 12 de junio de 2020 y 15 de enero y 8 de 
septiembre de 2021, relativas a casos análogos.
La sociedad legal de gananciales constituye un régimen económico matrimonial, de 
tipo comunitario, que se articula en torno al postulado según el cual se hacen comunes 
las ganancias obtenidas y se atribuye carácter consorcial o ganancial a los bienes 
adquiridos a título oneroso con cargo al acervo común, constante su vigencia. Esta 
última idea expresa lo que se conoce como el llamado principio de subrogación real, 
enunciado con carácter general en el Código Civil según los artículos 1347.3.º («son 
bienes gananciales (…) Los adquiridos a título oneroso a costa del caudal común») 
y 1346.3.º («son privativos de cada uno de los cónyuges (…) Los adquiridos a costa o en 
sustitución  de  bienes  privativos»).  Sin  embargo,  este  principio  no  es  de  aplicación 
universal, pues a él se anteponen otros criterios que el legislador ha considerado como 
prioritarios para determinar la naturaleza de los bienes, como pueden ser el de la 
accesión (cfr. artículo 1359 del Código Civil), el de la autonomía de la voluntad (cfr. 
artículo 1355 del Código Civil) o el del carácter del propio bien del que deriva el derecho 
a la adquisición (cfr. artículos 1346.4, 1347.4 o 1352 del Código Civil).
Bien es verdad que en las adquisiciones onerosas, en caso de que no se aplique el 
denominado principio de subrogación real (con arreglo al cual los bienes adquiridos 
tienen la misma naturaleza privativa o ganancial que tuviesen los fondos utilizados o la 
contraprestación satisfecha), para evitar el desequilibrio entre los distintos patrimonios de 
los cónyuges, surge como contrapeso el correspondiente derecho de reembolso (a favor 
del patrimonio que sufraga la adquisición) consagrado en el artículo 1358 del Código 
Civil.
La regulación que del régimen económico matrimonial contiene el Código Civil se 
caracteriza por un marcado principio de libertad que se manifiesta, entre otros, en los 
artículos 1315 (libertad en la determinación del régimen económico), 1325 (libertad en 
cuanto a su estipulación, modificación o sustitución), 1328 (libertad de pacto en tanto las 
estipulaciones  no  sean  contrarias  a  las  leyes  o  las  costumbres  o  limitativas  de  la 
igualdad  de  derechos  que  corresponda  a  cada  cónyuge)  y  1323  (posibilidad  de 
transmitirse los cónyuges por cualquier título bienes y derechos y celebrar entre sí toda 
clase de contratos), sin más limitaciones que las establecidas en el mismo Código (cfr. 
artículo 1315).
El propio artículo 1355 –al permitir que los cónyuges atribuyan carácter ganancial a 
los bienes que adquieran a título oneroso durante el matrimonio, con independencia de 
cuál  sea  la  procedencia  y  la  forma  y  plazos  de  satisfacción  del  precio  o 
contraprestación– se encuadra dentro de ese amplio reconocimiento de la autonomía 
privada, y constituye una manifestación más del principio de libertad de pactos que se 
hace  patente  en  el  mencionado  artículo  1323.  Precisamente  la  aplicación  de  este 
principio hace posible también que, aun cuando no concurran los presupuestos de la 
norma del artículo 1355, los cónyuges atribuyan la condición de gananciales a bienes 
que fueran privativos. Así lo admitió esta Dirección General en Resolución de 10 de 
marzo de 1989 que, respecto del pacto específico de atribución de ganancialidad a la  e.
edificación realizada con dinero ganancial sobre suelo privativo de uno de los cónyuges,  w.b
afirmó que «aun cuando la hipótesis considerada no encaje en el ámbito definido por la  334ww
nmoordmoa d deefinl iatirvtoíc eull oc a1r3á5c5te rd geal nCaóndciigaol  sColiaviml e(qnutee  rceosnpteecmtop dlae  llao sp boiseinbeilisd aadd qdueir idaosisg naa trít udleo 
toienmerpoos od,e t alan taod qsiu ihsuicbióienr ec oinmdoe tseir mésintaa cfuióenra s ionberqeu ílvao ncaamtueranlteez ap rdivea tliava c),o nnotr apporre estllaoc hióan  dael 
negarse la validez y eficacia del acuerdo contenido en la (...) escritura calificada, toda
vez que los amplios términos del artículo 1323 del Código Civil posibilitan cualesquiera 
desplazamientos patrimoniales entre los cónyuges y, por ende, entre sus patrimonios 
privativos y el consorcial, siempre que aquéllos se produzcan por cualquiera de los 
medios legítimos previstos al efecto –entre los cuales no puede desconocerse el negocio 
de aportación de derechos concretos a una comunidad de bienes no personalizada 
jurídicamente o de comunicación de bienes como categoría autónoma y diferenciada con 
sus propios elementos y características–, y cuyo régimen jurídico vendrá determinado 
por  las  previsiones  estipuladas  por  los  contratantes  dentro  de  los  límites  legales 
(artículos 609, 1255 y 1274 del Código Civil) y subsidiariamente por la normativa del 
Código Civil». Este criterio ha sido posteriormente confirmado en Resoluciones de 14 de 
abril de 1989, 7 y 26 de octubre de 1992, 11 de junio de 1993, 28 de mayo de 1996, 15 
y 30 de diciembre de 1999, 8 de mayo de 2000, 21 de julio de 2001, 17 de abril de 2002, 
12 de junio y 18 de septiembre de 2003, 22 de junio de 2006, 6 de junio de 2007, 29 y 31 
de marzo y 19 de octubre de 2010, 19 de enero, 13 de junio y 3 de septiembre de 2011, 
13 de noviembre de 2017, 30 de julio de 2018.
Ciertamente, según la referida doctrina de este Centro Directivo, los elementos 
constitutivos del negocio por el que se produce el desplazamiento entre los patrimonios 
privativos y el consorcial han de quedar precisados debidamente, también respecto de la 
causa de la transferencia patrimonial, que no puede presumirse a efectos registrales. 
Ahora bien, como se indicó en la referida Resolución de 22 de junio de 2006, dicha 
exigencia de especificación causal del negocio ha de ser interpretada en sus justos 
términos. En este sentido, se ha considerado suficiente que se mencione la onerosidad o 
gratuidad de la aportación, o que la misma resulte o se deduzca de los concretos 
términos empleados en la redacción de la escritura, toda vez que «los referidos pactos 
de atribución de ganancialidad tienen la finalidad de ampliar el ámbito objetivo del 
patrimonio consorcial, para la mejor satisfacción de las necesidades de la familia, y por 
ello están trascendidos por la relación jurídica básica –la de la sociedad de gananciales, 
cuyo sustrato es la propia relación matrimonial–. Se trata de sujetar el bien al peculiar 
régimen de afección propio de los bienes gananciales, en cuanto a su administración, 
disposición, cargas, responsabilidades, liquidación que puede conducir a su atribución 
definitiva a uno u otro cónyuge, de acuerdo con las circunstancias de cada uno, o sus 
respectivos herederos». A lo que se añadió que cabe «entender que el desplazamiento 
patrimonial  derivado  del  negocio  jurídico  de  atribución  de  ganancialidad  tiene  una 
identidad causal propia que permite diferenciarlo de otros negocios jurídicos propiamente 
traslativos del dominio, como la compraventa, la permuta (el cónyuge que aporta no 
espera obtener un precio u otra contraprestación), o la donación (la aportación no se 
realiza por mera liberalidad). Por ello, se llega a afirmar que encuentran justificación en 
la denominada causa matrimonii, de la que, históricamente puede encontrarse algunas 
manifestaciones como la admisión de las donaciones propter nupcias de un consorte al 
otro –a pesar de la prohibición general de donaciones entre cónyuges–, o la antigua 
dote. Y es que, aun cuando no puedan confundirse la estipulación capitular y el pacto 
específico sobre un bien concreto, la misma causa que justifica la atribución patrimonial 
en  caso  de  aportaciones  realizadas  mediante  capitulaciones  matrimoniales  (cfr.  la 
Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de noviembre de 1993, según la cual «Siendo los 
capítulos por su propia naturaleza actos jurídicos cuyo tratamiento es el de los onerosos, 
difícilmente podría ser impugnado como carente de causa»; y la Resolución de 21 de 
diciembre de 1998) debe considerarse suficiente para justificar los desplazamientos 
patrimoniales derivados de pactos extracapitulares de ganancialidad, sin necesidad de  s
mayores especificaciones respecto del elemento causal del negocio. En ambos casos se  oe.
trata de convenciones que participan de la misma iusta causa traditionis, justificativa del  w.
desplazamiento patrimonial ad sustinenda oneri matrimonii. 334ww
3.  Este Centro Directivo ha admitido que los cónyuges pueden atribuir carácter
yp rsivieamtivpor ea  quune b eiel nd egsapnlaaznacmiali,e pnatoc tpeanc ota ndoo  caopmarpeezncsaa ccaióuns aal izcaadrgoo ( cdfer.  lRose sboielunceiso nperisv adteiv 2o5s 
de septiembre de 1990, 21 de enero de 1991, 30 de julio de 2018, 12 de junio y 17 de 
diciembre de 2020 y 15 de enero de 2021).
Ciertamente, se han aducido doctrinalmente determinados argumentos en contra de 
tal posibilidad: que no hay un principio general ni artículo que admita la atribución de 
privatividad, en sentido inverso a la de ganancialidad a que se refiere el artículo 1355 del 
Código Civil, en virtud del cual los cónyuges puedan atribuir carácter privativo a los 
bienes adquiridos a título oneroso, ya que la confesión de privatividad del artículo 1324 
del Código Civil es en puridad un medio de prueba; que no puede confundirse la libre 
contratación entre los cónyuges (ex artículo 1323 del mismo Código), ni el principio 
informador del «favor consortialis» que inspira el artículo 1355 con la confesión de 
privatividad recogida en el artículo 1324, ya que ésta última es un medio de prueba; que 
el  interés  de  los  acreedores  de  la  sociedad  de  gananciales  debe  estar  protegido 
mediante una liquidación que contenga su inventario, por lo que, en consecuencia, la 
declaración de la privatividad tiene su marco en la confesión del artículo 1324, sin 
perjuicio de que se puedan producir transmisiones –con su causa– entre los cónyuges 
mediante donación, compraventa u otros contratos (ex artículo 1323).
Esta tesis negativa fue rechazada ya por este Centro en la citada Resolución de 25 
de septiembre de 1990, en los siguientes términos: «Por una parte, las normas jurídicas 
no pueden ser interpretadas desde la perspectiva de evitar el fraude de los acreedores, 
el cual, además, tiene suficiente remedio en las correspondientes accione de nulidad y 
rescisión o en la aplicación de las normas que se hubiere tratado de eludir. Por otra, no 
puede desconocerse la proclamación, tras la reforma del Código Civil de 13 de mayo 
de 1981, de la libertad de contratación entre los cónyuges (principio recogido en el 
artículo 1.323 del Código Civil, respecto del cual, el artículo 1.355 del Código Civil no es 
sino una aplicación particular para una hipótesis concreta, de la que no puede inferirse, 
por tanto, la exclusión legal de los demás supuestos de contratación entre esposos) que 
posibilita a estos, para, actuando de mutuo acuerdo, provocar el desplazamiento de un 
concreto bien ganancial al patrimonio de uno de ellos por venta (vid. resolución de 2 de 
febrero de 1983), permuta, donación u otro título suficientemente causalizado y cuyo 
régimen jurídico vendrá determinado en función de esa específica causalización (609, 
1.255, 1.261 del Código Civil), así pues, admitido ese trasvase patrimonial de un bien ya 
ganancial, debe igualmente admitirse que los cónyuges, con ocasión de la adquisición de 
determinado bien a tercero, puedan convenir que éste ingrese de manera directa y erga 
omnes en el patrimonio personal de uno de ellos a pesar de no haberse acreditado la 
privatividad de la contraprestación, siempre que dicho negocio conyugal atributivo (que 
mantiene su sustantividad y autonomía jurídica pese a su conjunción con el negocio 
adquisitivo)  obedezca  a  una  causa  adecuada  que  justifique  la  no  operatividad  del 
principio de subrogación real (1.347.3.º del Código Civil) cual, por ejemplo, la previa 
transmisión gratuita de la contraprestación a favor del cónyuge adquirente, el derecho de 
reembolso  al  que  se  refiere  el  artículo  1.358  del  Código  Civil,  etc.  Dicho  negocio 
atributivo no debe confundirse con la confesión de privatividad, pues la virtualidad de 
ésta a efectos de la calificación del bien, sobre ser relativa en su ámbito subjetivo 
(artículo 1.324 del Código Civil), queda subordinada a la realidad o inexactitud del hecho 
confesado (vid. artículo 1.234 del Código Civil)».
Como puso de relieve este Centro en Resolución de 30 de julio de 2018, el pacto de 
privatividad siempre será admisible si bien será necesaria su causalización, tanto en los 
supuestos en que la convención sea previa o simultánea a la adquisición, como en los 
casos en que sea posterior, sin que ello signifique que haya que acudir a contratos de  s
compraventa o donación entre cónyuges. Ahora bien, como se indicó en la referida  oe.
Resolución de 22 de junio de 2006, dicha exigencia de especificación causal del negocio  w.
ha de ser interpretada en sus justos términos. En este sentido, se ha considerado  334ww
rseusfiucliteen toe  qsuee  dseed muzecnac iodnee  lolas  ocnoenrocrseidtoasd  oté rgmraintuoisd aedm dpel elaa daopso retanc iólan , reod qaucec iólan  mdiesm  laa 
escritura.
En  el  presente  caso  debe  concluirse  que  los  cónyuges,  por  pacto,  están 
determinando el carácter privativo de los bienes comprados por el respectivo consorte, 
abstracción hecha de que no se haya acreditado el carácter privativo de la participación 
indivisa adquirida mediante aplicación directa del principio de subrogación real por faltar 
la prueba fehaciente del carácter privativo del dinero empleado (a falta en el Derecho 
común de una presunción legal como la establecida en el artículo 213 del Código de 
Derecho Foral de Aragón), de modo que los cónyuges otorgantes, en ejercicio de su 
autonomía de la voluntad, excluyen el juego de la presunción de ganancialidad del 
artículo 1361 del Código Civil; y, como alega el recurrente, en la escritura calificada 
queda explicitado el carácter oneroso del negocio entre los respectivos esposos.
Esta Dirección General ha acordado estimar el recurso interpuesto y revocar la 
calificación impugnada.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el 
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las 
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de 
la Ley Hipotecaria.
Madrid, 9 de septiembre de 2021.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.