BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 22 Martes 26 de enero de 2021 Sec. TC.   Pág. 7903
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
1129 Pleno. Sentencia 195/2020, de 17 de diciembre de 2020. Recurso de amparo 
5381-2019. Promovido por don Jaume Cabré i Fabré y otras treinta y dos 
personas más en relación con los autos del magistrado instructor de causa 
especial  y  la  Sala  de  lo  Penal  del  Tribunal  Supremo  comunicando  la 
suspensión  automática  de  cargo  público.  Alegada  vulneración  de  los 
derechos a la participación y representación política: inadmisión del recurso 
de amparo promovido por quienes carecen de legitimación procesal (STC 
39/2020).
ECLI:ES:TC:2020:195
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por el magistrado don Juan José 
González  Rivas,  presidente;  la  magistrada  doña  Encarnación  Roca  Trías;  los 
magistrados don Andrés Ollero Tassara, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan 
Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez 
Rodríguez, don Alfredo Montoya Melgar, don Ricardo Enríquez Sancho, don Cándido 
Conde-Pumpido  Tourón  y  la  magistrada  doña  María  Luisa  Balaguer  Callejón,  ha 
pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 5381-2019, promovido por don Jaume Cabré i Fabré, 
don Josep M. Antràs Badia, doña Magda Oranich Casagran, don Borja de Riquer i 
Permanyer,  don  Benet  Nomdedéu  Tobella,  doña  María  Favà  Compta,  doña  Pilar 
Rebaque Mas, doña Anna Sallés i Bonastre, don Abel Valentí Pié Lacueva, don Carles 
Duarte i Montserrat, don Carles Sales Pastor, doña Carme Sansa i Albert, don Antoni 
Llimona Botey, don Josep Riera Porta, doña Ada Parellada i Garrell, don Joandomènec 
Ros i Aragonès, don Miquel Samper Rodríguez, don Roderic Guigó i Serra, don Antoni 
Pau  Strubell  Trueta,  don  Carlos  Adolfo  McCragh  Prujà,  doña  Elisenda  Paluzie  i 
Hernández, don Josep Cruanyes i Tor, don Enric Majó i Miró, doña Patricia Sarrias 
Javier, don Josep María Vilajosana Rubio, don Joan Torres Binefa, don Jordi Roset 
Chaler,  doña  Isabel  Brugué  Aliu,  doña  Elisabet  Comin  Oliveres,  don  David  Agustí 
Fernández Aguilera, don José Luis Rodríguez Vázquez, don Ricard Ibáñez Julvé y doña 
Patricia Sierra Llaberia, representados por el procurador de los tribunales don Federico 
Ortiz-Cañavete Levenfeld, y asistidos por las letradas doña Judit Rosell Timoneda y doña 
Olga Amargant Cancio, contra el auto de la sala de apelaciones de la Sala Segunda del 
Tribunal Supremo de 10 de julio de 2019 y los autos del magistrado instructor de 9 de 
julio de 2018 y 20 de febrero de 2019, dictados en la causa especial núm. 20907-2017. 
Han sido parte don Jordi Sánchez i Picanyol, don Josep Rull i Andreu y don Jordi Turull i  e.e
Negre, representados por el procurador de los tribunales don Aníbal Bordallo Huidobro;  b
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Ministerio Fiscal. Ha sido ponente el magistrado don Pedro José González-Trevijano 
Sánchez.
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito presentado en el registro general de este tribunal el 23 de 
septiembre  de  2019,  don  Federico  Ortiz-Cañavete  Levenfeld,  procurador  de  los 
tribunales, en nombre y representación de don Jaume Cabré Fabre y otros, interpuso 
recurso de amparo contra las resoluciones judiciales que se citan en el encabezamiento.
2.  Los  hechos  relevantes  para  el  examen  de  la  pretensión  de  amparo  son, 
sucintamente expuestos, los siguientes:
a)  El Ministerio Fiscal formuló denuncia por el delito de sedición por los hechos 
ocurridos los días 20 y 21 de septiembre de 2017 en Barcelona, contra don Jordi 
Sánchez i Picanyol y otras personas, que fue turnada al Juzgado Central de Instrucción 
núm. 3 de la Audiencia Nacional, que, por auto de 27 de septiembre de 2017, incoó las 
diligencias previas núm. 82-2017 por delito de sedición.
b)  El día 30 de octubre de 2017, el fiscal general del Estado presentó dos querellas 
por unos mismos hechos que consideraba que podían ser constitutivos de delitos de 
rebelión [artículo 472 del Código penal (CP)], sedición (artículo 544 CP), malversación de 
caudales públicos (artículo 432 CP) y/o desobediencia (artículo 410 CP). La primera se 
presentó ante el Juzgado Central de Instrucción de guardia de la Audiencia Nacional y se 
dirigió contra «todos los que fueron miembros del Consell Executiu del Govern de la 
Generalitat, en la actualidad cesados». Esta querella fue acumulada a las antes citadas 
diligencias previas núm. 82-2017 que se seguían ante el Juzgado Central de Instrucción 
núm. 3.
La segunda querella se formuló ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Iba 
dirigida contra la presidenta del Parlamento de Cataluña y cinco miembros de la mesa de 
la Cámara que, salvo uno de ellos, conservaban en ese momento la condición de 
aforados por pertenecer a la diputación permanente. Esta querella fue admitida a trámite 
mediante auto de 31 de octubre de 2017, confirmado en súplica por auto de 18 de 
diciembre de 2017, dando lugar a la causa especial núm. 20907-2017.
c)  Por auto del magistrado instructor de 24 de noviembre de 2017, se acordó en la 
causa especial núm. 20907-2017 ampliar el espacio subjetivo de la investigación y 
reclamar  al  Juzgado  Central  de  Instrucción  núm.  3  de  la  Audiencia  Nacional  las 
actuaciones obrantes en las diligencias previas núm. 82-2017.
d)  Por  auto  del  magistrado  instructor  de  21  de  marzo  de  2018,  don  Carles 
Puigdemont i Casamajó, junto con otros, fue procesado en la causa especial núm. 
20907-2017 por delitos de rebelión y malversación de caudales públicos (artículos 472 y 
concordantes y 432 y concordantes, respectivamente, del Código penal).
e)  Por autos del magistrado instructor y de la sala de apelaciones de la Sala 
Segunda  del  Tribunal  Supremo  de  9  de  mayo  y  de  26  de  junio  de  2018  fueron 
desestimados, respectivamente, los recursos de reforma y apelación interpuestos por 
don Carles Puigdemont i Casamajó contra el anterior auto de 21 de marzo de 2018.
f)  Por auto del magistrado instructor de 9 de julio de 2018, se comunicó a la mesa 
del Parlamento de Cataluña la suspensión, entre otros, de don Carles Puigdemont i 
Casamajó en el ejercicio de sus funciones públicas como diputado de la Cámara en 
aplicación del artículo 384 bis de la Ley de enjuiciamiento criminal (LECrim). La adopción  es
de esta decisión fue justificada en el fundamento de derecho segundo de dicho auto. bo
g)  Don Carles Puigdemont i Casamajó interpuso recurso de reforma y subsidiario  w
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la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de 10 de julio de 2019.
3.  Los demandantes alegan la vulneración del artículo 23.1 CE, pues entienden que 
la suspensión de los diputados que resultaron elegidos en las elecciones al Parlamento 
de Cataluña vacía de contenido y hace ineficaz dicho derecho. En particular, por lo que a 
este recurso de amparo interesa, consideran que la privación al diputado don Carles 
Puigdemont i Casamajó del ejercicio de la condición plena de miembro de la Cámara 
afecta a su derecho a la participación política.
Afirman que la pretensión del auto de 9 de julio de 2018, confirmado por los autos 
de 20 de febrero y 10 de julio de 2019, de suspender a don Carles Puigdemont i 
Casamajó en su condición de diputado, al margen de los supuestos previstos en la leyes 
supone per se, no solo la vulneración del derecho del propio diputado a acceder en 
condiciones de igualdad a los cargos públicos, en su vertiente del derecho a ejercer 
dichos  cargos  (artículo  23.2  CE),  sino  también  la  vulneración  del  derecho  de  los 
ciudadanos a participar en los asuntos públicos por medio de representantes, libremente 
elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal (artículo 23.1 CE).
A  continuación  alegan  que  la  consideración  de  los  diputados  afectados  por  la 
suspensión como «individuos rebeldes» es contraria a la jurisprudencia constitucional 
aplicable.
Señalan que el Tribunal Constitucional tiene desde hace meses decenas de recursos 
de  amparo  pendientes  de  resolver,  planteados  por  las  defensa  de  los  diputados 
suspendidos en sus funciones, así como por otras personas procesadas en la causa 
especial  núm.  20907-2017.  Consideran  que  la  estimación  de  cualquiera  de  dichos 
recursos de amparo en relación con la validez de la imputación de rebelión o sobre la 
pertinencia de la prisión provisional de cualquiera de los diputados afectados habrá de 
conllevar, igualmente, la estimación del presente recurso de amparo por cuanto tanto la 
imputación  de  rebelión  como  la  situación  de  prisión  provisional  son  condiciones 
necesarias, aunque no suficientes, para la aplicación del artículo 384 bis LECrim.
Para los recurrentes, de la lectura de la STC 199/1987, de 16 de diciembre, se 
desprende  con  claridad  que  el  artículo  384  bis  LECrim  no  se  puede  aplicar  a 
cualesquiera procesados por el delito de rebelión, sino únicamente a aquellos que 
integren el concepto de banda armada, situación que es evidente que no concurre en 
ninguno  de  los  diputados  suspendidos  en  sus  funciones,  entre  ellos,  don  Carles 
Puigdemont i Casamajó.
Sostienen que la pretendida suspensión de los diputados no responde a ninguna 
finalidad legítima y que la vulneración de su derecho fundamental a la participación 
política trae causa de la vulneración de los derechos de los diputados a la libertad 
ideológica, a la libertad de expresión, al derecho de asociación y a la presunción de 
inocencia.
Asimismo, consideran que la pretendida suspensión como diputados es una decisión 
desproporcionada. La situación de prisión provisional se ha querido justificar en los 
supuestos  riesgos  de  reiteración  delictiva  y  de  fuga  apreciados  por  el  magistrado 
instructor pero, a su juicio, ninguno de ellos concurre en los diputados afectados por las 
resoluciones judiciales recurridas.
Afirman  que  la  desproporción  de  la  suspensión  automática  del  ejercicio  de  su 
condición de diputados la pone de manifiesto el hecho de que, desde el punto de vista de 
la finalidad de las medidas cautelares en relación al proceso penal, tal suspensión nada 
añade a la anterior situación. A su juicio, la única finalidad constitucionalmente admisible 
de la suspensión ya ha sido garantizada con otras medidas menos gravosas, incluso 
antes de que fuera procesalmente aplicable el artículo 384 bis LECrim. En cambio,  s
reiteran, que desde el punto de vista de la actividad parlamentaria, tal situación introduce  oe.
una distorsión absolutamente desproporcionada que amenaza con alterar la composición  w.
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Puigdemont i Casamajó, elegido diputado en las elecciones al Parlamento de Cataluña 
de 21 de diciembre de 2017 y que cuenta con la confianza de la mayoría de la Cámara 
para ser elegido Presidente de la Generalitat, tiene como único objetivo anticipar los 
efectos de una eventual sentencia condenatoria. La equiparación que se hace en los 
autos recurridos entre la prisión provisional decretada y la situación material de prisión 
convierte la medida en una situación de suspensión indefinida con un alcance en la 
práctica idéntico a la pena de inhabilitación absoluta.
En  justificación  de  su  legitimación,  los  recurrentes  en  amparo  sostienen  que, 
conforme al artículo 23.1 CE y la doctrina constitucional, ostentan un interés legítimo en 
relación con los autos de 9 de julio de 2018 y de 20 de febrero y 10 de julio de 2019 aquí 
impugnados,  pues  son  personas  de  distintos  ámbitos  sociales  y  profesionales, 
ciudadanos de Cataluña que en ejercicio del derecho fundamental que les reconocen los 
artículos 23.1 CE y 29.1 del Estatuto de Autonomía de Cataluña (EAC), participaron en 
las elecciones al Parlamento de Cataluña de 21 de diciembre de 2017 en las que fueron 
elegidos como diputados, entre otros, don Carles Puigdemont i Casamajó, don Oriol 
Junqueras Vies, don Jordi Turull i Negre, don Raül Romeva Rueda, don Josep Rull i 
Andreu y don Jordi Sánchez i Picanyol, a quienes se ha aplicado indebidamente el 
artículo 384 bis LECrim. Dicho interés legítimo se desprendería de la conexión existente 
entre los derechos reconocidos en los apartados 1 y 2 del artículo 23 CE, puesta de 
relieve desde la STC 10/1983, de 21 de febrero (FJ 2), de la que se deriva que la 
privación del derecho de dichos diputados a ejercer la función representativa que le es 
propia vacía de contenido a su vez el derecho fundamental de los ciudadanos de 
Cataluña (artículo 23.1 CE). Y en apoyo de esta tesis, para justificar el presupuesto de la 
legitimación activa para el ejercicio de su acción por el cauce del recurso de amparo del 
artículo 44 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), los demandantes 
transcriben algunos pronunciamientos de las SSTC 217/1992, de 1 de diciembre (FJ 5), 
y 298/2006, de 23 de octubre (FFJJ 4 y 5).
La  demanda  justifica  la  especial  trascendencia  constitucional  en  un  apartado 
específico, en el que se afirma que concurre el mismo motivo de especial trascendencia 
constitucional  que  el  apreciado  por  este  tribunal  en  el  recurso  de  amparo  núm. 
5342-2018, admitido a trámite por providencia de 30 de octubre de 2018, promovido por 
los mismos demandantes contra las resoluciones judiciales –autos de 19 y 30 de julio 
de 2018– que acordaron la suspensión en sus funciones de los diputados del Parlamento 
de Cataluña don Oriol Junqueras Vies, don Jordi Turull i Negre, don Raül Romeva 
Rueda, don Josep Rull i Andreu y don Jordi Sánchez i Picanyol en aplicación del 
artículo 384 bis LECrim; esto es, que plantea un problema o afecta a una faceta de un 
derecho fundamental sobre la que no hay doctrina de este tribunal [STC 155/2009, de 25 
de junio, FJ 2 a)].
Por otrosí, en la demanda se solicita la acumulación del recurso de amparo al 
recurso núm. 5342-2108, por ser una ampliación del objeto de este último.
4.  La Sección Cuarta de este tribunal, mediante providencia de 11 de febrero 
de 2020, acordó admitir a trámite el recurso de amparo, apreciando como motivo de 
especial trascendencia constitucional que «plantea un problema o afecta a una faceta de 
un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina de este tribunal [STC 155/2009, 
FJ 2, a)]». Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 51 LOTC, acordó 
dirigir atenta comunicación a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, a fin de que, en 
plazo que no excediera de diez días, remitiese certificación o fotocopia adverada de las 
actuaciones  correspondientes  a  la  causa  especial  núm.  20907-2017,  debiendo  e.
previamente emplazar a quienes hubieran sido parte en el procedimiento, excepto a la  w.b
dpeasrteea rne,c eunrr eenl rtee ceunrs aom dpea arom, ppaarroa. que en el plazo de diez días puedan comparecer, si lo  2021-1129n https://w
este5 t.r ibPunoar ld sileig etunvcoia p doer  poerdrseonnaacdióons  dy ep alar tes eecnre etal rpiaro dcee djuimstieicniato  dae  lolas  sparloac usreagduonrdeas  ddee 
los tribunales don Aníbal Bordallo Huidobro, en nombre y representación de don Jordi
Sánchez i Picanyol, don Josep Rull i Andreu y don Jordi Turull i Negre; doña María del 
Pilar Hidalgo López, en nombre y representación del partido político Vox; don Carlos 
Ricardo Estévez Sanz, en nombre y representación de don Joaquim Forn i Chiarello y 
doña Meritxell Borràs i Solé; doña Celia López Ariza, en nombre y representación de don 
Oriol Jonqueras Vies y don Raül Romeva Rueda; y al abogado del Estado.
En la misma diligencia de ordenación se acordó dar vista de las actuaciones a las 
partes personadas y al Ministerio Fiscal por plazo común de veinte días, para que 
pudieran presentar las alegaciones que tuvieran por conveniente, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 52.1 LOTC.
6.  El Ministerio Fiscal evacuó el trámite de alegaciones conferido mediante escrito 
presentado en el registro general de este tribunal el día 5 de junio de 2020, en el que 
interesa, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 86.1, inciso primero, y 53 LOTC, 
que  se  dicte  sentencia  en  la  que  se  inadmita  el  recurso  de  amparo,  por  falta  de 
legitimación activa de los demandantes.
El recurso de amparo, sostiene el Ministerio Fiscal, es sustancialmente igual al 
recurso de amparo núm. 5342-2018, promovido por los mismos demandantes contra el 
auto  del  magistrado  instructor  de  9  de  julio  de  2018,  por  el  que  se  comunica  al 
Parlamento de Cataluña la suspensión en sus funciones de los diputados de don Oriol 
Junqueras Vies, don Jordi Turull i Negre, don Raül Romeva Rueda, don Josep Rull i 
Andreu y don Jordi Sánchez i Picanyol, y contra el auto de la sala de apelaciones de la 
Sala Segunda del Tribunal Supremo de 30 de julio de 2018, desestimatorio de los 
recursos de apelación interpuestos por los citados diputados contra aquel auto. De 
hecho, los propios recurrentes presentan esta demanda de amparo como una ampliación 
del  aquel  recurso  de  amparo,  una  vez  que  los  recursos  de  reforma  y  apelación 
interpuestos por don Carles Puigdemont i Casamajó contra el auto de 9 de julio de 2018 
fueron desestimados, respectivamente, por auto del magistrado instructor de 20 de 
febrero de 2019 y por auto de la sala de apelaciones de la Sala Segunda del Tribunal 
Supremo de 10 de julio de 2019.
El recurso de amparo núm. 5342-2018 ha sido objeto de inadmisión por falta de 
legitimación activa de los recurrentes en la STC 39/2020, de 25 de febrero, cuyos 
fundamentos jurídicos 2 y 3 el Ministerio Fiscal reproduce. En consecuencia, solicita que 
se acuerde la inadmisión del recurso con base en los pronunciamientos de la citada 
sentencia.
7.  El abogado del Estado evacuó el trámite de alegaciones conferido mediante 
escrito registrado en este tribunal el día 24 de junio de 2020, en el que interesa la 
inadmisión de la demanda de amparo y, subsidiariamente, su desestimación.
a)  A su juicio, los demandantes carecen de legitimación, pues, por un lado, no son 
titulares de un derecho fundamental objeto directo de vulneración, y, por otro, tampoco 
son titulares de un interés legítimo, a pesar de la amplitud que la jurisprudencia ha 
otorgado a este concepto, a los efectos de la legitimación de sus posibles titulares para 
actuar e incoar un proceso de amparo.
El interés que los recurrentes invocan, según ellos mismos expresan, lo es en tanto 
que electores y votantes en su día de las candidaturas que luego formaron el grupo 
parlamentario al que pertenecían los diputados procesados, sobre los que recayó el 
auto. Su suspensión como diputados supondría a su vez que los demandantes, en su día 
votantes, vean afectado (que no vulnerado derecho constitucional alguno) su interés  s
legítimo en que como resultado de las elecciones se dé una determinada composición  oe.
del Parlamento, por razón de la hipotética infracción del derecho a la participación  w.
pdoel ítU2ic5na   pddleea  natfqeeuabémrelliroeosn,  t(oac ruitdyícéaun ltofiuc 2on3 dh.a2am  CseiEdn)ot.a cdieósne sjutimrídaidcao  peol r aebsoteg atrdibou ndael l eEn slata dSoT Cr e3p9r/o2d0u2c0e,   2021-1129n https://w
parcialmente, con base en la cual entiende que ha de denegarse la legitimación de los
demandantes en este proceso de amparo.
b)  Considera además que los demandantes han incumplido el requisito de haber 
sido parte en el proceso a quo (artículo 46 LOTC), contraviniendo el carácter subsidiario 
del recurso de amparo. No han sido parte en el proceso en el que se dictaron las 
resoluciones judiciales ahora impugnadas en amparo, de modo que también por esta 
razón el recurso debe inadmitirse.
c)  El  abogado  del  Estado  estima,  por  último,  que  tampoco  cabe  apreciar  las 
vulneraciones de derechos fundamentales de orden sustantivo que se denuncian.
En efecto, como este tribunal ha declarado en las SSTC 11/2020 y 12/2020, de 28 de 
enero, y 37/2020 y 38/2020, de 25 de febrero, las resoluciones judiciales impugnadas no 
incurren en infracción constitucional por motivación irracional o arbitraria, por lo que 
decae  la  alegada  vulneración  de  los  derechos  de  participación  política  que 
pretendidamente se derivaría de una interpretación arbitraria o irracional, superándose 
por lo tanto el test de constitucionalidad que exige la realización de un control externo 
sobre dichas resoluciones. La suspensión de los parlamentarios en su condición de 
diputados autonómicos resulta ser a la vez una medida no sólo motivada, sino asimismo 
proporcionada, acorde con lo que prevé la ley procesal penal al respecto.
En consecuencia, concluye el abogado del Estado, el recurso de amparo habría de 
inadmitirse por falta de legitimación de los demandantes y, en su caso, por falta de 
agotamiento de los recursos previos y, subsidiariamente, habría de ser desestimado en 
cuanto a las pretensiones formuladas en la demanda.
8.  La representación procesal de los demandantes de amparo evacuó el trámite de 
alegaciones mediante escrito presentado en el registro general de este tribunal el día 3 
de julio de 2020, que, en lo sustancial, a continuación se extracta.
Reitera que las resoluciones judiciales impugnadas han vulnerado los derechos 
fundamentales alegados en la demanda. En su opinión, una respuesta al presente 
recurso  de  amparo  como  la  dada  al  recurso  de  amparo  núm.  5342-2018  en  la 
STC 39/2020, de 25 de febrero, además de no reparar aquella vulneración, supondría 
infringir nuevamente el derecho a un recurso efectivo reconocido en el artículo 13 del 
Convenio europeo de derechos humanos, pues las resoluciones judiciales impugnadas, 
al suspender a determinados diputados del Parlamento de Cataluña en sus funciones, 
han privado a los recurrentes de su representación política en dicha Cámara, lo que 
indiscutiblemente, tiene una afectación directa sobre sus intereses legítimos.
Desde  la  perspectiva  del  artículo  10.2  CE,  la  negación  a  los  demandantes  de 
legitimación  para  interponer  el  presente  recurso  de  amparo  entra  en  abierta 
contradicción con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (STEDH 
de 30 de mayo de 2017, asunto Davydov y otros c. Rusia). También con el alcance dado 
a la legitimación para la protección de los derechos políticos por el Comité de Derechos 
Humanos  de  Naciones  Unidas  en  su  decisión  respecto  de  la  comunicación  núm. 
2668-2015, que se transcribe en el escrito de alegaciones.
La representación procesal de los demandantes de amparo concluye su escrito 
interesando de este tribunal que tengan en cuenta sus alegaciones en el momento de 
dictar sentencia.
9.  La  representación  procesal  del  partido  político  Vox  presentó  su  escrito  de 
alegaciones en fecha 17 de julio de 2020, solicitando la desestimación de la demanda de 
amparo con base en la argumentación que a continuación se resume.
a)  Considera, en primer término, que los demandantes carecen de legitimación  e.
para promover el recurso de amparo, al no acreditar la posición que dicen ostentar e  w.
iinntceurEmpnop sleiircf eilóocnsto. r, epqouri suitno sla pdroe,v disetnous necnia lna  qLueey  hOarng ásnidicoa  pdrievla Tdroibsu dnea ls Cu odnesrteitcuhcoio naa pl apratircaip saur   2021-1129n https://w
peenr ilóods icaassu n(taorst ícpuúlbol ic2o3s.,1 p CorE m), epdeior od en ore parcerseednittaann teqsu eli bhreumbieernaten  eelejegricdidoos  eenn  esleuc cdioían eesl   BOE-A-cable e
derecho al voto; esto es, no ponen de manifiesto los mínimos condicionantes que les 
permitirían invocar en su caso la pérdida de aquel derecho, infringiendo con ello la más 
elemental de las reglas de nuestro ordenamiento jurídico a fin de poder afirmar la 
legitimidad para ostentar el derecho que se dice vulnerado. De otro lado, tampoco han 
sido parte en los recursos en los que se dictaron las resoluciones judiciales ahora 
impugnadas, ni en la causa especial núm. 20907-2017, de modo que al no ser parte en 
el procedimiento judicial previo carecen de legitimación para promover el recurso de 
amparo [artículo 46.1 b) LOTC].
b)  La representación procesal del partido político Vox entiende, además, que no se 
satisfacen los requisitos previstos en el artículo 44 LOTC para promover el recurso de 
amparo, ya que no se han agotado todos los recursos existentes en la vía judicial previa.
A su juicio no puede estimarse agotada la vía judicial previa al encontrase pendiente 
la resolución de múltiples cuestiones, incluidas las derivadas del comportamiento de don 
Carles Puigdemont i Casamajó. Según reiterada doctrina constitucional, el recurso de 
amparo no puede utilizarse como un subterfugio para eludir el resultado pendiente de un 
procedimiento en el que no se han agotado todavía los mecanismos jurídicos necesarios 
que permiten calificarlo como completamente finalizado. Pues bien, las resoluciones 
judiciales ahora recurridas no son más que una de las múltiples ramas que derivan de la 
causa principal (STC 76/2009, de 23 de marzo).
10.  Por providencia de 17 de noviembre de 2020, el pleno de este tribunal, a 
propuesta de la sala segunda, acordó recabar para sí el conocimiento del recurso de 
amparo, conforme a lo establecido en el artículo 10.1 n) LOTC.
11.  Por providencia de 15 de diciembre de 2020 se señaló para la deliberación y 
votación de la presente sentencia el día 17 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Objeto del recurso y planteamientos de las partes.
Mediante la presente demanda de amparo se impugnan el auto del magistrado 
instructor, de 9 de julio de 2018, por el que se comunicó a la mesa del Parlamento de 
Cataluña la suspensión automática y por imperio del artículo 384 bis LECrim., entre otros 
procesados  en  la  causa  especial  núm.  20907-2017,  de  don  Carles  Puigdemont  i 
Casamajó en su condición de diputado de la Cámara, así como los autos del mismo 
magistrado instructor, de 20 de febrero de 2019, y de la sala de apelaciones de la Sala 
Segunda  del  Tribunal  Supremo,  de  10  de  julio  de  2019,  que,  desestimaron, 
respectivamente, los recursos de reforma y apelación contra aquel auto.
Los recurrentes, que no tuvieron ninguna intervención en el proceso judicial en el que 
se dictaron las resoluciones que ahora impugnan, alegan que los citados autos, al 
suspender en el ejercicio de sus funciones de diputado del Parlamento de Cataluña a 
don Carles Puigdemont i Casamajó, vacían de contenido su derecho a participar en los 
asuntos públicos (artículo 23.1 CE). Estiman, más precisamente, que la suspensión de 
los diputados procesados en sus cargos públicos representativos, entre ellos don Carles 
Puigdemont i Casamajó, vulnera el artículo 23.2 CE, circunstancia ésta que proporciona 
a los actores, según se argumenta en la demanda, un interés legítimo para recurrir en 
amparo en defensa de los derechos fundamentales de sus representantes. Afirman, para 
justificar esta tesis, que de acuerdo con la doctrina constitucional, existe una especial  s
conexión entre el artículo 23.1 CE, del que los actores son titulares, como cualquier otro  oe.
ciudadano, y el artículo 23. 2 CE, del que, en su dimensión de mantenimiento en el  w.
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En  cuanto  al  fondo  del  asunto,  los  recurrentes  estiman,  en  esencia,  que  la
interpretación contenida en las resoluciones judiciales impugnadas de la expresión legal  Bc
«individuos  rebeldes»  vulnera  la  doctrina  establecida  por  el  propio  Tribunal 
Constitucional en su STC 199/1987, de 16 de diciembre, resolución que, en su opinión, 
contrae la aplicación del artículo 384 bis LECrim a los supuestos de actuación de «banda 
armada». Se habría producido, así, una restricción ilegítima del artículo 23.2 CE, ya que 
la hipótesis legal de suspensión es llevada por los órganos judiciales más allá de los 
márgenes estrictos de su presupuesto legal habilitante. La suspensión resulta, asimismo, 
una consecuencia jurídica desproporcionada. De la ilegítima restricción del derecho al 
ejercicio del cargo público parlamentario se derivaría, a su vez, según afirman los 
demandantes, la vulneración de los derechos de los diputados a la libertad ideológica, a 
la libertad de expresión, al derecho de asociación y a la presunción de inocencia.
El Ministerio Fiscal y el abogado del Estado resaltan la identidad del presente recurso 
de amparo con el recurso núm. 5342-2018, promovido por los mismos demandantes 
contra el auto del magistrado instructor de 9 de julio de 2018, confirmado por auto de la 
sala de apelaciones de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 30 de julio de 2018, en 
el que ha recaído la STC 39/2020, de 25 de febrero. Se oponen, con base en los 
pronunciamientos  de  esta  sentencia,  a  la  admisión  del  recurso  por  carecer  los 
demandantes de legitimación activa [artículos 162.1 b) CE y 46.1 b) LOTC]. Además, el 
abogado  del  Estado  considera  que  el  recurso  debe  también  inadmitirse  por  haber 
incumplido  los  demandantes  el  requisito  de  haber  sido  parte  en  el  proceso  a  quo 
(artículo 46 LOTC), y descarta, en todo caso, de acuerdo con la doctrina sentada en las 
SSTC 11/2020 y 12/2020, de 28 de enero, y 37/2020 y 38/2020, de 25 de febrero, las 
vulneraciones de los derechos fundamentales que se denuncian.
Por su parte, el partido político Vox interesa la desestimación de la demanda por 
carecer los recurrentes de legitimación, al no acreditar la posición que dicen ostentar y 
no haber sido parte en el proceso judicial previo [artículo 46.1 b) LOTC], así como por no 
haber agotado todos los recursos existentes en la vía judicial previa contra los autos 
impugnados (artículo 44 LOTC).
2.  Cuestión previa: legitimación de los recurrentes. Delimitación.
La legitimación activa de los demandantes para interponer recurso de amparo contra 
las  resoluciones  judiciales  por  las  que  se  acuerda  y  confirma,  respectivamente,  la 
comunicación al Parlamento de Cataluña de la suspensión en su condición de diputados 
ex artículo 384 bis LECrim de miembros de la Cámara procesados en la causa especial 
núm. 20907-2017, ha sido enjuiciada por este tribunal, como ponen de manifiesto el 
Ministerio  Fiscal,  el  abogado  del  Estado  y  la  representación  procesal  de  los 
demandantes en sus escritos de alegaciones, en la citada STC 39/2020, de 25 de 
febrero,  cuya  doctrina  en  la  cuestión  ahora  controvertida  resulta,  por  lo  tanto,  de 
aplicación a este recurso, en el que se impugnan las resoluciones judiciales por las que 
se acuerda y confirma, respectivamente, la comunicación al Parlamento de Cataluña de 
la suspensión en su condición de diputado, con base en el mismo precepto legal, de don 
Carles Puigdemont i Casamajó.
En  aquella  sentencia,  al  examen  de  la  legitimación  de  los  demandantes  le 
precedieron sendas consideraciones generales, que procede ahora reiterar:
a)  Dijimos, en primer lugar, «que el derecho fundamental que resulta controvertido 
por la aplicación del artículo 384 bis de la Ley de enjuiciamiento criminal es […] el de 
acceso  a  los  cargos  públicos  (artículo  23.2)  y,  más  específicamente,  su  concreta 
vertiente relativa a la permanencia y al ejercicio de los mismos, derecho este que, en  s
caso de tratarse de cargos públicos representativos, como ocurre en este supuesto, tiene  oe.
como titular exclusivo ‘al grupo minoritario de ciudadanos a los que el resto de los  w.
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el presente proceso de amparo en defensa de un derecho fundamental propio, pues la
titularidad del derecho del artículo 23.2 CE, en su dimensión de mantenimiento en el
ejercicio del cargo público representativo, en este caso, en el de diputado autonómico, 
solo corresponde a los miembros que integran la correspondiente asamblea legislativa 
(AATC 192/2010 y 193/2010, de 1 de diciembre, FJ 3). Son, en definitiva, los seis 
diputados del Parlamento de Cataluña afectados por la aplicación del artículo 384 bis 
LECrim los únicos titulares del derecho fundamental controvertido».
b)  Como  segunda  consideración  de  carácter  general  destacamos  que  los 
recurrentes también invocaban la titularidad del derecho a participar en los asuntos 
públicos  a  través  de  representantes  libremente  elegidos  en  elecciones  periódicas 
(artículo  23.1  CE).  En  ese  sentido,  sostenían  entonces,  e  insisten  en  la  presente 
demanda, que habían participado en las elecciones al Parlamento de Cataluña de 21 de 
diciembre de 2017, en las que fueron elegidos los diputados suspendidos ex artículo 384 
bis LECrim; circunstancia que, a su juicio, «basta para sustentar un interés legítimo para 
interponer el recurso de amparo en defensa del derecho de sus representantes».
En consecuencia, como declaramos entonces, este segundo aspecto –el del interés 
legítimo de los demandantes– es el que debe ser examinado en orden a determinar si 
tienen o no legitimación para interponer este recurso de amparo (FJ 2).
3.  Examen de la legitimación. Inadmisibilidad de la demanda.
Acotada la controversia sobre la legitimación de los demandantes en los términos 
señalados, en la STC 39/2020 se identifican los artículos 162.1 b) CE y 46.1 b) LOTC 
como los preceptos conforme a los cuales ha de resolverse la cuestión discutida y se 
recuerda la interpretación integradora que de ambos preceptos viene haciendo este 
tribunal,  así  como  la  «interpretación  muy  amplia  y  flexible  de  la  noción  de  interés 
legítimo» del artículo 162.1 b) CE que postula una consolidada doctrina constitucional.
Por lo que se refiere a la noción de interés legítimo, se reitera en la citada sentencia, 
con cita y reproducción de precedente doctrina constitucional, que la legitimación que el 
artículo 162.1. b) CE confiere para interponer recurso de amparo a «toda persona natural 
o jurídica que invoque un interés legítimo ‘abarca a toda persona cuyo círculo jurídico 
puede  resultar  afectado  por  la  violación  de  un  derecho  fundamental’»,  si  bien  la 
interpretación amplia y flexible que de esta noción viene sosteniendo este tribunal tiene 
«un límite infranqueable en la exigencia de una afectación singular de la esfera de 
intereses de quien lo invoca». En este punto, se afirma en la STC 39/2020, que «lo que 
diferencia el interés legítimo del puro interés en la correcta aplicación de la legalidad 
vigente que puede corresponder a cualquier ciudadano –y que puede fundamentar la 
previsión legal de concretas acciones públicas o populares– es la repercusión efectiva y 
singular que el resultado del proceso puede tener en la esfera jurídica del litigante».
En este sentido, recordamos que para ser titular de un interés legítimo a los efectos 
de interponer recurso de amparo ex artículo 162.1 b) CE «no basta con un interés 
genérico en la preservación del derecho fundamental que se estime vulnerado, sino que 
es necesario que el recurrente se encuentre respecto a ese derecho fundamental en una 
situación jurídico-material identificable con un interés en sentido propio, cualificado o 
específico», siendo esa relación distinta a la mera «disconformidad o el descontento que 
pueda sentir cualquier ciudadano ante lo que él percibe como una infracción objetiva de 
un  derecho  de  rango  fundamental».  Así  pues,  conforme  a  una  conocida  doctrina 
constitucional que reitera la STC 39/2020, «el interés legítimo ha de concretarse en una 
ventaja o utilidad jurídica propia, que no puede confundirse con la general que puede 
obtener cualquier ciudadano actuando como defensor del orden jurídico, esto es, uti 
cives», de modo que «[p]ara que exista, en definitiva, legitimación fundada en un interés  e
legítimo, la resolución impugnada ‘debe repercutir de manera clara y suficiente en la  bo
esfera jurídica de quien acude al proceso’». w
STCE 3n9 a/2p0li2ca0c, iqóune d aeh loar ad opcrotrcinead ec orenistetitruacr,i odnea lq urees eloñsa ddae,m saen dllaengtóe sa  «lan oc ocunmclupsleiónn c eonn  llaa   2021-1129n https://w
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subjetiva distinta de la que puede corresponder a cualquier ciudadano interesado en que
el  artículo  23.2  CE  sea  respetado,  relación  puramente  genérica  con  el  derecho 
fundamental que, de ser reconocida como suficiente para habilitar el acceso al recurso 
de amparo, supondría arbitrar, al margen de lo regulado en la propia Constitución y en la 
Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, una acción popular o pública en defensa de los 
derechos fundamentales». Este tribunal desestimó el alegato de los recurrentes de que 
les confería legitimación para recurrir en amparo la circunstancia de haber participado en 
las elecciones al Parlamento de Cataluña de 21 de diciembre de 2017, pues dicha 
participación «no cualifica la posición jurídica de los recurrentes frente a cualquier otro 
ciudadano catalán que sea titular del derecho de sufragio activo y que estuviera llamado 
a  participar  en  dicho  proceso  electoral,  siendo,  además,  la  representación  política 
asumida por los que resultaron entonces elegidos la de toda la ciudadana de Cataluña y 
no solamente la de aquellos que afirman haberles confiado su voto». En definitiva –
finaliza la sentencia–, los demandantes de amparo intentan «articular una acción quivis 
ex  populo  no  prevista  ni  en  la  Constitución  ni  en  la  Ley  Orgánica  del  Tribunal 
Constitucional» (FJ 3).
Por todo ello, procede, al igual que se decidió en la STC 39/2020, inadmitir la 
demanda de amparo.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Inadmitir el presente recurso de amparo.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a diecisiete de diciembre de dos mil veinte.–Juan José González 
Rivas.–Encarnación  Roca  Trías.–Andrés  Ollero  Tassara.–Santiago  Martínez-Vares 
García.–Juan  Antonio  Xiol  Ríos.–Pedro  José  González-Trevijano  Sánchez.–Antonio 
Narváez  Rodríguez.–Alfredo  Montoya  Melgar.–Ricardo  Enríquez  Sancho.–Cándido 
Conde-Pumpido Tourón.–María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y rubricado.
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