BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 328 Jueves 17 de diciembre de 2020 Sec. III.   Pág. 115933
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA,
RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
16396 Resolución de 9 de diciembre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se 
publica el Convenio de asistencia jurídica entre la Abogacía General del 
Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado y la Sociedad Mercantil 
Estatal de Acción Cultural, SA.
La Abogada General del Estado-Directora del Servicio Jurídico del Estado y los 
Apoderados Mancomunados de la Sociedad Mercantil Estatal de Acción Cultural, S.A., 
han suscrito un Convenio de asistencia jurídica.
Para general conocimiento, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 48.8 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, dispongo la 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del referido Convenio como anejo a la 
presente Resolución.
Madrid, 9 de diciembre de 2020.–El Subsecretario de la Presidencia, Relaciones con 
las Cortes y Memoria Democrática, Antonio J. Hidalgo López.
ANEJO
Convenio de asistencia jurídica entre la Administración General del Estado 
(Ministerio de Justicia, Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio 
Jurídico del Estado) y la Sociedad Mercantil Estatal de Acción Cultural, S.A.
En Madrid, a 15 de octubre de 2020.
REUNIDOS
De una parte, la Sra. Consuelo Castro Rey, en su condición de Abogada General del 
Estado-Directora del Servicio Jurídico del Estado, cargo para el que fue nombrada por 
Real Decreto 716/2018, de 29 de junio, BOE n.º 158; en virtud de Orden JUS/125/2019, 
de  5  de  febrero,  por  la  que  se  delegan  competencias,  actuando  en  nombre  y 
representación de la Administración General del Estado, de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 61 k) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público.
De otra parte, el Sr. José Andrés Torres Mora y la Sra.  Isabel Izquierdo Peraile, en 
nombre y representación de la Sociedad Mercantil Estatal de Acción Cultural, S.A., (con 
NIF. número A-81/553521), con domicilio social en la calle José Abascal, núm. 4 de 
Madrid (28003), en su calidad de Apoderados Mancomunados (Presidente y Directora de 
Programación) de la misma, en uso de las facultades delegadas en su favor y que 
ejercen, Don José Andrés Torres Mora según consta en la Escritura de Poder otorgada 
ante el Notario de Madrid, don Carlos Huidobro Arreba, bajo el número de orden de su 
protocolo 277, de fecha 3 de marzo de 2020, y doña Isabel Izquierdo Peraile según  s
consta en la Escritura de Poder otorgada ante el Notario de Madrid, don Carlos Huidobro  oe.
Arreba, bajo el número de orden de su protocolo 1251, de fecha 8 de octubre de 2020. 396www.
MANIFIESTAN
Primero.
Que la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado es el 
Centro Directivo que tiene legalmente atribuidas las competencias de asistencia jurídica 
al Estado y sus Organismos autónomos y a los Órganos Constitucionales. Para el resto 
de entidades y organismos que constituyen el sector público estatal, se prevé legalmente 
que  la  Abogacía  General  del  Estado  pueda  prestar  asistencia  jurídica  mediante  la 
oportuna formalización de un Convenio.
Segundo.
Que la Sociedad Mercantil Estatal de Acción Cultural, S.A. (en adelante, Acción 
Cultural) es una sociedad mercantil del sector público estatal de las previstas en el 
art. 84.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y 
teniendo por objeto impulsar y promocionar la cultura y el patrimonio de España, dentro y 
fuera de sus fronteras, a través de un amplio programa de actividades que incluye 
exposiciones,  congresos,  ciclos  de  conferencias,  cine,  teatro,  música,  producciones 
audiovisuales e iniciativas que fomentan la movilidad de profesionales y creadores; tiene 
personalidad  jurídica  propia  y  plena  capacidad  pública  y  privada,  que  ejerce  sus 
funciones con autonomía e independencia respecto de las Administraciones Públicas.
Tercero.
Que Acción Cultural, de acuerdo con lo establecido en la Ley 52/1997, de 27 de 
noviembre,  de  Asistencia  Jurídica  al  Estado  e  Instituciones  Públicas  y  en  el  Real 
Decreto 997/2003, de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Servicio 
Jurídico del Estado, tiene actualmente suscrito un Convenio de Asistencia Jurídica, de 
fecha 26 de septiembre de 2018, con la Abogacía General del Estado-Dirección del 
Servicio Jurídico del Estado.
Cuarto.
Que al objeto de lograr una mayor efectividad y coordinación de la asistencia jurídica 
a Acción Cultural, ambas partes consideran conveniente la designación por el Abogado 
General del Estado de uno o más Abogados del Estado en activo que actúen como 
coordinadores directos de la asistencia jurídica.
Quinto.
Que el texto del «convenio tipo», de asistencia jurídica ha sido informado por la 
Abogacía del Estado en el Ministerio de Justicia.
Sexto.
Que, con el fin de regular las condiciones de prestación de esa asistencia jurídica en 
la forma prevista en el ordenamiento jurídico, los comparecientes suscriben el presente 
Convenio, de acuerdo con las siguientes
CLÁUSULAS oe.
PrimDeera c. onOfobrmjetidoa.d con lo establecido en la citada Ley 52/1997, de 27 de noviembre, en  2020-16396n https://ww
Dlae cdriseptoo s9ic9i7ó/n2 0a0d3ic, iodnea l2 5q udinet aj udlioe  plao rL eeyl  q5u0e/1 s9e9 8a, pdruee b3a0  edle  Rdeicgileammbernet oy  deenl  Seel rRviecaiol 
Jurídico del Estado, éste podrá prestar asistencia jurídica a Acción Cultural por medio de 
los Abogados del Estado integrados en aquél. La asistencia jurídica comprenderá tanto 
el  asesoramiento  jurídico  como  la  representación  y  defensa  ante  cualesquiera 
jurisdicciones  y  órdenes  jurisdiccionales  en  los  mismos  términos  previstos  para  la 
asistencia jurídica a la Administración General del Estado.
Acción Cultural colaborará con los Abogados del Estado para la mejor defensa de los 
intereses en litigio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 52/1997, 
de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas.
La asistencia jurídica a que se refiere este Convenio no supondrá relación laboral 
entre Acción Cultural y los Abogados del Estado que le presten esa asistencia.
Segunda.  Facultad de elección de representación y defensa.
Sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula anterior, Acción Cultural se reserva la 
facultad  de  ser  asesorada,  representada  y  defendida  por  abogado  y,  en  su  caso, 
procurador  especialmente  designado  al  efecto  conforme  a  las  normas  procesales 
comunes.
Se entenderá que se renuncia a la asistencia jurídica por parte del Abogado del 
Estado, para toda la tramitación del procedimiento judicial, desde el momento en que la 
entidad convenida comparezca o se dirija al órgano jurisdiccional mediante cualquier otra 
representación.
Tercera.  Contraposición de intereses.
La asistencia jurídica del Estado, por medio de los Abogados del Estado integrados 
en éste, no se prestará cuando exista contraposición entre los intereses de Acción 
Cultural y del Estado o sus Organismos Autónomos. En este caso, Acción Cultural será 
asesorada,  representada  y  defendida  por  abogado  y,  en  su  caso,  procurador, 
especialmente designados al efecto conforme a las normas procesales comunes.
Cuando  exista  contraposición  de  intereses  entre  Acción  Cultural  y  otra  entidad 
convenida, por regla general, la Abogacía General del Estado se abstendrá de intervenir 
en el proceso judicial en defensa y representación de una u otra entidad. Los Abogados 
del Estado antes de personarse en estos supuestos elevarán consulta a la Abogacía 
General del Estado.
Cuarta.  Designación de Abogado del Estado coordinador.
El Abogado General del Estado designará a uno o más Abogados del Estado en 
activo para que actúen como coordinadores de la Asistencia Jurídica convenida tanto en 
los asuntos consultivos como, en su caso, contenciosos.
Corresponde a los coordinadores de los convenios de asistencia jurídica mantener 
una relación actualizada sobre el estado de tramitación de los procesos judiciales en los 
que intervenga la Abogacía del Estado y sea parte la entidad convenida. A tal fin la 
entidad convenida deberá elaborar una relación de dichos pleitos.
Quinta.  Duración.
El presente Convenio tiene una duración de dos años. Sin embargo, se entenderá 
prorrogado como máximo por dos años más mediante acuerdo expreso de las partes 
adoptado antes de la finalización de dicho período de vigencia. e.e
Este Convenio surtirá efectos una vez que sea inscrito en el Registro Electrónico  w.b
estatal de órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal, y publicado  396ww
en el «Boletín Oficial del Estado».
Sexta.  Contraprestación.
Como contraprestación por el servicio de asistencia jurídica a que se refiere el 
Convenio, Acción Cultural satisfará a la Abogacía General del Estado-Dirección del 
Servicio Jurídico del Estado la cantidad anual de sesenta y tres mil cuatrocientos once 
euros con cuarenta y dos céntimos (63.411,42 €) más IVA, que se abonará por terceras 
partes  correspondiendo  a  los  períodos:  enero-abril,  mayo-agosto  y  septiembre-
diciembre.
El pago se efectuará mediante el MODELO 069 como documento de ingreso que se 
enviará  junto  con  la  factura  debidamente  cumplimentado.  Acción  Cultural  deberá 
efectuar el ingreso en el plazo previsto en el artículo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria, a contar desde el día siguiente a la fecha de recepción de 
la factura y del modelo, en cualquier entidad colaboradora o telemáticamente, debiendo, 
una vez efectuada la operación, remitir a la Secretaria General de la Abogacía General 
del Estado, copia del mismo.
Séptima.  Costas.
En los procesos en los que existan condenas en costas se aplicarán las reglas 
siguientes:
1.ª  Cuando la condenada en costas sea Acción Cultural corresponderá a ésta el 
abono de las causadas a la parte contraria.
2.ª  Cuando la condenada en costas sea la parte contraria, se ingresará a favor de 
Acción Cultural.
Octava.  Modificación.
El presente Convenio solo puede modificarse por acuerdo expreso de las partes 
durante su vigencia o de las sucesivas prórrogas.
Igualmente en cualquier momento de la vigencia del Convenio se podrá ampliar o 
reducir la asistencia jurídica convenida siempre que exista acuerdo expreso de las 
partes.
Cualquier  modificación  se  formalizará  mediante  la  correspondiente  adenda  al 
Convenio.
Novena.  Control y vigilancia de la ejecución del Convenio.
Para la vigilancia y control de la ejecución de este Convenio de asistencia jurídica y 
de los compromisos adquiridos con su firma se establece una comisión de seguimiento 
del  mismo  formada  por  dos  miembros  de  cada  una  de  las  partes.  Esta  comisión 
resolverá cualquier problema de interpretación o cumplimiento que pudiera plantearse. 
Las normas de funcionamiento de dicha comisión se regirán por la normativa reguladora 
del régimen de órganos colegiados de las Administraciones Públicas.
Las partes determinarán mediante anexo la composición de la comisión que, al 
menos, deberá reunirse una vez al año.
Décima.  Causas de resolución.
Son causas de resolución del Convenio: s
a)  El transcurso del plazo de vigencia del Convenio o, en su caso, la prórroga  w.b
acordada expresamente. 396ww
bc))   EEll  imncuutumop alimcuieenrdtoo .de las obligaciones esenciales asumidas en este Convenio.
en eEln  pelastzeo  cdaeso ,3 0se  dníoatsif icnaartáu raa lleas ,p alart eo ibnlciguamcpiólind oirnac uumn prelidqau.e rEimsiteen troe qpuaerari mqiueen tcou mseprlaá 
comunicado a los responsables de la Comisión prevista en la cláusula novena y a la 
entidad firmante.
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la 
parte que lo dirigió notificará a la otra, la concurrencia de la causa de resolución y se 
podrá entender resuelto el Convenio. La resolución del Convenio por esta causa podrá 
conllevar la indemnización de los perjuicios causados, de acuerdo con los criterios que 
se determinen por la comisión de seguimiento.
d)  Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del Convenio.
e)  Por extinción de la personalidad jurídica de la entidad convenida.
f)  Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en otras leyes.
Undécima.  Naturaleza del Convenio y Jurisdicción.
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa quedando sometido al régimen 
jurídico de convenios previsto en el Capítulo VI Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Las controversias sobre la interpretación y ejecución del presente Convenio serán 
resueltas en el seno de la comisión de seguimiento en el caso de que no fuera posible, el 
orden  jurisdiccional  contencioso-administrativo  será  el  competente  para  resolver  las 
cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse entre las partes, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 1 y 2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha 
jurisdicción.
Duodécima.  Finalización de vigencia del Convenio anterior.
Una vez el presente Convenio adquiera eficacia jurídica, de conformidad con la 
cláusula quinta, quedará resuelto, liquidado y extinguido el anterior Convenio suscrito 
entre las partes en fecha 26 de septiembre de 2018, por transcurso de su plazo de 
vigencia, sin necesidad de realizar liquidación adicional alguna. En consecuencia, el 
presente Convenio sustituirá en su totalidad al extinto Convenio firmado por las partes en 
fecha 26 de septiembre de 2018.
El pago de las cantidades pendientes correspondientes al cuatrimestre en curso en la 
fecha que el Convenio adquiera eficacia jurídica se efectuará con cargo al presente 
Convenio.
Y para que conste, y en prueba de conformidad, firman el presente Convenio, por 
duplicado ejemplar, en el lugar y fecha al principio indicados.–La Abogada General del 
Estado-Directora  del  Servicio  Jurídico  del  Estado,  Consuelo  Castro  Rey.–Los 
Apoderados Mancomunados de la Sociedad Mercantil Estatal de Acción Cultural, S.A, 
José Andrés Torres Mora e Isabel Izquierdo Peraile.
ANEXO
En  virtud  de  lo  dispuesto  en  la  cláusula  novena  del  Convenio,  la  comisión  de 
seguimiento del mismo está formada por los siguientes miembros:
• Por la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado:
– La Subdirectora General y el Subdirector Adjunto de Coordinación, Auditoría y de 
Gestión del Conocimiento. En defecto de uno de ellos, un Gestor de Apoyo Jurídico de la  es
referida Subdirección. bo
•–  PLoar  alab Sogoacdiead acdo nM efurcnacniotinl eEss teanta le dl eÁ Arecac ióJnu rCíduilctuar. aEl, nS .lAa .:actualidad, doña Patricia  2020-16396n https://ww
Sala–s .El  abogado  con  funciones  en  el  Área  Jurídica.  En  la  actualidad,  don  Héctor
Bedrina.