BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 41 Jueves 17 de febrero de 2022 Sec. I.   Pág. 19995
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
2541 Ley  6/2021,  de  5  de  noviembre,  de  extinción  de  cámaras  agrarias 
provinciales de Castilla-La Mancha y por la que se establece el régimen 
jurídico para realizar transmisiones de patrimonio procedentes del Instituto de 
Reforma y Desarrollo Agrario.
Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado y yo, en nombre del Rey, promulgo 
la siguiente Ley.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
Las cámaras agrarias se han configurado históricamente, y casi desde su inicio, 
como entidades creadas por el poder público para la consecución de fines de interés 
general, asumiendo, en fase temprana de su historia, el carácter de corporaciones de 
derecho público que mantendrán hasta la actualidad, si bien en su origen se regularon 
como  asociaciones  de  carácter  voluntario,  constituidas  al  amparo  de  la  libertad  de 
asociación que reconocía la Constitución de 1876, y la Ley de 30 junio de 1887, con el 
objeto de «defender y fomentar los intereses de la agricultura, de la propiedad rústica, de 
los cultivos y de las industrias rurales, cualesquiera que sean los procedimientos o 
métodos que dentro de la ley hayan adoptado o adopten para la realización de estos 
fines» como se indica en el fundamento de derecho segundo de la Sentencia 132/1989, 
de 18 de julio, del Tribunal Constitucional.
Su supervivencia, pese a la pérdida evidente de funciones, se justificaba en la 
Ley 23/1986, de 24 de diciembre, por la que se establecen las bases del régimen jurídico 
de las Cámaras Agrarias, cuyo artículo 6 exigía expresamente que en cada provincia 
existiera una cámara agraria con ese ámbito territorial, a pesar de que esta norma en su 
artículo 5 prohibía que las cámaras agrarias asumiesen funciones de representación, 
reivindicación y negociación en defensa de intereses profesionales y socioeconómicos 
de los agricultores y ganaderos, cuestiones que corresponden a las organizaciones 
profesionales constituidas libremente.
No obstante, mediante la Ley 18/2005, de 30 de septiembre, por la que se deroga la 
Ley 23/1986, de 24 de diciembre, se establecen las bases del régimen jurídico de las 
Cámaras Agrarias, desapareciendo de nuestro ordenamiento jurídico la exigencia de que 
en  cada  provincia  española  exista  una  cámara  agraria  provincial,  facultando  a  las 
comunidades autónomas que hayan asumido competencias en la materia a suprimir, si lo 
consideran pertinente, las cámaras agrarias existentes en su territorio. Extremo éste que 
han llevado a cabo ya varias comunidades autónomas del Estado.
En Castilla-La Mancha, por la Ley 1/1996, de 27 de junio, de Cámaras Agrarias de 
Castilla-La Mancha, quedaron extinguidas todas las cámaras agrarias, de ámbito inferior 
al provincial, existentes en el territorio, facultándose al Consejo de Gobierno de Castilla-
La  Mancha  para  regular  el  funcionamiento  provisional  de  las  cámaras  agrarias  s
provinciales existentes a la entrada en vigor de la ley en el período comprendido entre  e.
dicha entrada en vigor y la constitución de los plenos de las nuevas cámaras. Se  w.
dispuso, asimismo, que, durante este período, las cámaras agrarias provinciales, en  41ww
funcAio ntaalm eiefenctoto p rsoev isaiopnroabl,ó n oe lp oDdercárne troe a1li2z4a/r1 d9i9sp6o, sdicei o3n0e s dpea trsiempotineimalebsre., sobre tutela
afudnmciionnisatrmatieivnat o yp roevciosnioónmailc haa sdtae  lala cso ncsátimtuacriaósn  daeg lroasri ansu edvoes  Cplaesntoillsa -eLleac tMosa.ncha  y  su  BOE-A-cable e
La constitución de los plenos de las nuevas cámaras no se ha llegado a producir, por lo 
que las cámaras provinciales siguen en funcionamiento provisional, lo que junto con otros 
dos motivos fundamentales hacen necesaria la elaboración de esta ley de extinción de las 
cámaras agrarias provinciales de Castilla-La Mancha. El primero, que las funciones de 
representación, reivindicación o negociación en defensa de los intereses profesionales y 
socioeconómicos de agricultores y ganaderos les están vedadas a las cámaras agrarias, lo 
que las priva de gran parte de su posible eficacia institucional, siendo el segundo de los 
motivos, los cambios operados en el derecho agrario español con la aparición de nuevas 
formas  de  colaboración  y  participación  de  los  productores  en  la  toma  de  decisiones 
públicas, todo lo cual ha convertido a las cámaras agrarias provinciales en un instituto 
jurídico en desuso para el sector agrario de nuestra economía.
Es, por tanto, uno de los objetos de esta ley declarar extinguidas las cámaras 
agrarias provinciales de Castilla-La Mancha, regular el procedimiento de liquidación de 
su patrimonio y el destino del mismo, integrándose en el patrimonio de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, y adscribiéndose a la consejería que ostente 
competencias en materia agraria para su aplicación a fines y servicios de interés general 
agrario del ámbito territorial de Castilla-La Mancha, incluyendo entre tales beneficios los 
de  desarrollo  rural,  en  cumplimiento  de  la  disposición  adicional  única  de  la  citada 
Ley 18/2005, de 30 de septiembre, que establece que el patrimonio de las extintas 
cámaras agrarias se ha de destinar a fines y servicios de interés general agrario.
El interés general agrario es un concepto jurídico indeterminado, que ha sido definido 
por los tribunales de justicia en el sentido de identificarse con el conjunto de finalidades, 
necesidades y objetivos que persigue el colectivo de los agricultores y ganaderos de un 
territorio, contemplados desde la perspectiva de la consecución de unos valores justos que 
deben  encontrar  acomodo  en  la  norma  positiva,  es  decir,  no  pueden  ser  intereses 
individuales ni contrarios al derecho o a la moral ni de índole ajena al sector agrario, y 
deben estar orientados al desarrollo estable y próspero de las comunidades agrarias, razón 
por la cual la presente ley dispone que el patrimonio de las extintas cámaras agrarias 
provinciales se integre en el patrimonio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
para su aplicación a fines y servicios de interés general agrario, entre los cuales, figura el 
del desarrollo rural, de fundamental importancia, ya que con este fin se persigue paliar el 
progresivo despoblamiento que desde hace décadas afecta a las zonas rurales.
Asimismo, se prevé que los bienes de las cámaras extintas que provengan del 
patrimonio incautado a las organizaciones sindicales y políticas, en aplicación de la 
normativa  sobre  responsabilidades  políticas  del  periodo  1936-1939,  podrán  ser 
recuperados por sus primitivos dueños siempre que pudieren probar la titularidad de 
tales bienes con anterioridad a las respectivas normas de incautación.
Ha de destacarse que la norma no se agota con la culminación del proceso de 
liquidación  ya  que  prevé  la  posibilidad  de  que  con  posterioridad  a  este  proceso 
aparecieren  bienes,  derechos  u  obligaciones  de  los  que  hubieren  sido  titulares  las 
corporaciones extintas, determinando que se aplicará a los mismos el procedimiento de 
liquidación y adscripción recogido en la presente ley.
II
Por otra parte, se ha puesto de manifiesto durante la tramitación del anteproyecto de 
extinción de las cámaras agrarias provinciales la necesidad de introducir también el 
régimen jurídico para dejar sin efecto otras tutelas administrativas contempladas en la  s
Ley de Reforma y Desarrollo Agrario, texto aprobado por Decreto 118/1973, de 12 de  oe.
enero, que tienen su origen en la política de colonización llevada a cabo tanto por el  w.
IdRneessftoiftaurmvtooa r eNcyaid coioDsn eays la qrdureoe l loCin ocllAougnyrióza,a riceoin ótnr(e e cnso umsao do ebplajoensttitveeo risoI,rr ympdoearn)  tuene  npla odra oqe ull aeI nlclosrseti taucttioeó rnrNi todarecioi ohsnu aelm rtdoáess    2022-2541n https://ww
familiares destinados al cultivo de productos hortícolas para su consumo directo por las
familias campesinas. Y, por otro lado, la creación de las explotaciones agrarias familiares  Bc
o comunitarias a las que se refieren los artículos 21 y siguientes de la Ley de Reforma y 
Desarrollo Agrario. El régimen jurídico para las transmisiones de los huertos familiares se 
articuló  por  medio  del  Decreto  de  12  de  mayo  de  1950,  que  sigue  resultando  de 
aplicación en esta comunidad autónoma en virtud de lo dispuesto por la citada Ley de 
Reforma y Desarrollo Agrario en su disposición transitoria octava.
No obstante como esta disposición otorga la posibilidad de establecer otro régimen 
distinto para estos huertos, la justificación de introducir un nuevo régimen jurídico para 
su transmisión es debido a que el anterior es bastante ambiguo en lo referente a 
aspectos tan importantes como el título jurídico por el que se entregaron, su duración y 
destino final, resultando por ello necesario revisar y actualizar la regulación a fin de 
facilitar  la  conversión  en  propietarios  de  los  actuales  concesionarios  o  sus 
causahabientes y, en su defecto, a los poseedores, eliminando en lo sucesivo toda traba 
a la libre transmisión de dichos bienes, en cuanto no están directamente vinculados a la 
explotación  de  la  tierra.  También  es  necesario  regularizar  aquellas  situaciones  de 
posesión de hecho, muy frecuentes dado el tiempo transcurrido, siempre que se hayan 
producido de forma pacífica, facilitando igualmente el acceso de estos poseedores a la 
propiedad, en aplicación de las previsiones en tal sentido de la legislación civil.
Así pues, la regulación que se introduce tiene por objeto, establecer el régimen 
jurídico para la transmisión de los huertos familiares existentes en el territorio de Castilla-
La Mancha, a personas físicas o jurídicas de naturaleza privada y a entidades locales.
Asimismo, se ha puesto de manifiesto también durante la tramitación de esta norma 
la necesidad de revisar y actualizar el régimen jurídico para la transmisión de una 
explotación agraria familiar o comunitaria, que tiene su origen en las actuaciones de 
colonización agraria en zonas regables declaradas de interés nacional, acometidas por el 
Iryda entre los años 60 y 70 que fueron simultaneadas, en algunos casos, con la 
creación de poblados a fin de proporcionar vivienda a las familias colonizadoras y 
promover el asentamiento de población en las zonas transformadas, aquejadas de un 
gran despoblamiento otorgando la posibilidad de acceder a una explotación agraria 
familiar o comunitaria.
Estos poblados fueron concebidos para la prestación a sus habitantes de todos 
aquellos  servicios  imprescindibles  para  consolidar  a  la  población.  Atendiendo  a  la 
finalidad asignada a cada inmueble y su destinatario final, se adjudicaban mediante 
diversas fórmulas, bien como compraventa, bien como concesión, bien directamente 
mediante  cesión.  No  obstante,  en  el  caso  de  los  inmuebles  cuyos  destinatarios 
necesariamente eran las entidades locales, se otorgaron escrituras de cesión a los 
ayuntamientos respectivos, bajo la fórmula de la afectación al fin prescrito, garantizada 
con una cláusula de reversión a favor del Iryda en caso de incumplimiento, pero sin 
establecer límite temporal para poder ejercer esta facultad. Este derecho de reversión, 
una vez desaparecido el Iryda, recae actualmente sobre la administración autonómica 
como su sucesora en el ejercicio de las competencias en materia de reforma y desarrollo 
agrario.
Transcurridos más de 30 años de aquellas cesiones, muchos de los fines a los que 
los inmuebles cedidos fueron afectados han devenido superados, inadecuados e incluso 
innecesarios, lo que motiva la necesidad de la revisión de la fórmula de la cesión con 
derecho de reversión establecida a perpetuidad, por falta de término establecido en los 
documentos que las formalizaron, generada en un contexto normativo, competencial y de 
estructura  administrativa,  desaparecido.  Debe  considerarse  que  esas  cesiones  se 
formalizaban de conformidad con la legislación agraria especial de colonización, cuyo  es
objeto era la traslación de la totalidad del patrimonio a sus destinatarios, en este caso las  o
rpdeelenavftziiisndEoaias trid v lípelamaos  yi ratl  eofsee cilnlacpo tla elaiqrmscau.iió etane c lla aio le Jnjfueeinnrs ct paiecr niedo see cl d rCpietoaol  tmredimunen roeliadncsaiho doe ed ssecd  reldiat eusr r eaCevsnae tsdridsteiail óladcn-eeL, ssa iqó louMnce,aa  anlpescesíh ,rca mdo eicmt aoao nc sleuaidse etriandrbatoel  egpccroraeencrc  ilióuasnnos     OE-A-2022-2541able en https://www.
previsiones vigentes de la legislación patrimonial de entidades locales, considerando
culminada por transcurso del tiempo la colonización agraria, fomentando la atención de 
otras necesidades sociales mediante la aplicación de los inmuebles a otros fines, bajo la 
directa responsabilidad y gestión de los ayuntamientos, conforme dispone la legislación 
de régimen local.
Así, el otro objeto de esta ley es introducir el régimen jurídico para realizar las 
transmisiones  del  patrimonio  originario  del  Iryda,  procedentes  de  la  transmisión  o 
concesión  de  los  huertos  familiares  y  de  las  explotaciones  agrarias  familiares  o 
comunitarias.
III
Esta norma se dicta en ejercicio de la competencia exclusiva atribuida por el Estatuto 
de Autonomía de Castilla-La Mancha, en su artículo 31.1.6.ª, en materia de agricultura y 
ganadería, de acuerdo con la ordenación general de la economía, así como la de 
organización, régimen y funcionamiento de las instituciones de autogobierno prevista en 
el artículo 31.1.1.ª; asimismo, se dicta en ejercicio de la competencia de desarrollo 
legislativo y ejecución recogida en el artículo 32.5, en materia de Corporaciones de 
derecho público representativas de intereses económicos y profesionales.
Asimismo y, de acuerdo con el artículo 39.3 del Estatuto de Autonomía de Castilla-La 
Mancha, corresponde a la comunidad autónoma, entre otras materias, la regulación de 
los  bienes  de  dominio  público  y  patrimoniales  cuya  titularidad  corresponda  a  la 
Comunidad Autónoma, preceptos que puestos en relación con lo establecido en el Real 
Decreto 1079/1985, de 5 de junio, sobre valoración definitiva y ampliación de funciones 
traspasadas de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha en materia de reforma y desarrollo agrario, otorga a la Junta de Comunidades la 
facultad de regular actualmente la materia que trata esta ley, puesto que la Ley de 
Reforma y Desarrollo Agrario, contiene una disposición transitoria octava que además de 
declarar vigente el Decreto de 12 de mayo de 1950, por el que se autoriza al Instituto 
Nacional de Colonización para adjudicar en venta aplazada, a los ayuntamientos, las 
fincas que adquiera y que fueran aptas para el establecimiento de huertos familiares o 
para su aprovechamiento comunal, faculta al Gobierno para establecer un régimen 
distinto para los huertos familiares que se concedan a partir de su entrada en vigor, 
facultad que como consecuencia del traspaso de funciones materializado por el Real 
Decreto 1079/1985, de 5 de junio, ejerce hoy la Junta de Comunidades.
IV
La ley consta de nueve artículos, divididos en dos capítulos: el primero con cuatro 
artículos, que contienen el régimen jurídico para la extinción de las cámaras agrarias 
provinciales de Castilla-La Mancha, liquidación y destino de su patrimonio; y el segundo 
con cinco artículos, que contiene el régimen jurídico para la transmisión de los huertos 
familiares y para las explotaciones agrarias familiares o comunitarias del patrimonio 
procedente del Iryda.
Consta la ley además de dos disposiciones adicionales, una disposición derogatoria 
y dos disposiciones finales.
CAPÍTULO I
Régimen jurídico para la extinción de cámaras agrarias provinciales de Castilla- e.
La Mancha, liquidación y destino de su patrimonio w.
Artículo 1. Extinción de las cámaras agrarias provinciales de Castilla-La Mancha.
ComSuen iddeacdl aArauntó neoxtminag udied aCs alsatsil lacá-Lmaa Mraasn achgara, rdiaes  adceu eármdob itcoo np rloav iLnecyia l1 /e1x9is9t6e,n dtees  2e7n  dlae 
junio, de Cámaras Agrarias de Castilla-La Mancha.
Artículo 2. Liquidación del patrimonio de las cámaras agrarias provinciales de Castilla-
La Mancha.
1. La liquidación del patrimonio y las relaciones jurídicas de las extintas cámaras 
agrarias  provinciales  de  Castilla-La  Mancha  se  llevará  a  efecto  por  las  comisiones 
liquidadoras prevista en el artículo 4.
2. Mientras se llevan a cabo las operaciones necesarias para la total liquidación y 
adscripción de su patrimonio, la consejería competente en materia agraria (en adelante, 
consejería)  asumirá  de  forma  provisional  los  derechos  y  obligaciones  de  las 
corporaciones extinguidas, limitándose la responsabilidad de la Junta de Comunidades 
en esta fase del procedimiento al valor real del patrimonio de las cámaras que se 
liquidan.
Artículo 3. Destino del patrimonio de las cámaras agrarias provinciales.
1. El resultante de la liquidación del patrimonio de las extintas cámaras agrarias 
provinciales  de  Castilla-La  Mancha  se  integrará  en  el  patrimonio  de  la  Junta  de 
Comunidades  de  Castilla-La  Mancha,  quedando  adscrito  a  la  consejería  para  su 
aplicación a fines y servicios de interés general agrario del ámbito territorial de Castilla-
La Mancha, considerándose incluido el del desarrollo rural en aquellos aspectos que se 
relacionen con el ámbito agrario.
En concreto, los activos dinerarios de las cámaras agrarias provinciales extintas se 
adscribirán, finalizado el proceso de liquidación, al patrimonio de la consejería, quien los 
destinará a la mejora y mantenimiento de las infraestructuras agrarias propias de la 
provincia en que haya desarrollado sus funciones la cámara respectiva.
2. No obstante lo anterior, el Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades, a 
propuesta de la consejería previo informe de la consejería competente en materia de 
patrimonio, podrá, si así lo considera conveniente al interés general agrario de Castilla-
La Mancha, ceder el uso o el pleno dominio del patrimonio proveniente de las extintas 
cámaras agrarias provinciales a las corporaciones locales en cuyo término municipal se 
halle  el  bien  a  ceder,  o  a  las  organizaciones  profesionales  agrarias  legalmente 
constituidas representadas en el Consejo Agrario de Castilla-La Mancha, siempre que 
los bienes cedidos se destinaren a fines de interés general agrario que redundaren en 
beneficio del colectivo de personas dedicadas a la agricultura y ganadería del territorio 
en que el bien se hallare, reservándose la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 
la facultad de revocar dicha cesión si la entidad cesionaria no cumpliere el mandato 
contenido en este precepto o las condiciones de ejercicio de la cesión.
Artículo 4. Comisiones liquidadoras.
1. Para cada una de las cámaras agrarias provinciales extintas, se constituirá, en el 
plazo máximo de un mes desde la entrada en vigor de esta ley, una comisión liquidadora, 
cuya  composición  atenderá  al  principio  de  participación  equilibrada  de  mujeres  y 
hombres, y estará integrada por:
a) La persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería, que la presidirá.
b) Un funcionario/a de la Delegación Provincial de la Consejería, que ejercerá las 
funciones de la Secretaría de la Comisión liquidadora, con voz, pero sin voto.
c) Dos  vocalías  que  habrán  de  ostentar  personas  con  la  condición  de  s
funcionarios/as de la Delegación Provincial de la Consejería, una de los cuales será la  e.
persona titular de la Secretaría Provincial. w.
d) Una vocalía designada entre los letrados del Gabinete Jurídico de la Junta de  41ww
Comeu) nidUandae sv.ocalía  por  cada  organización  profesional  agraria  representada  en  el
Confs) ejoU Anag rvaoricoa dlíea  Cpoars ltaill aF-eLdae Mraacniócnh ad.e Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha. BOE-A-cable e
2. Las comisiones liquidadoras serán el órgano encargado de elaborar un informe 
sobre la situación administrativa, presupuestaria, patrimonial y registral de la respectiva 
Cámara Agraria y de realizar todas las operaciones necesarias para la total liquidación 
de las obligaciones existentes, teniendo facultades para extinguir las relaciones jurídicas 
de la respectiva cámara, lo que incluirá la realización de los actos de administración y 
conservación necesarios para alcanzar tal fin, no pudiendo, en cualquier caso, realizar 
actos de disposición del patrimonio de la cámara extinta, reservados a la consejería con 
competencias en materia agraria.
A tal efecto, los activos y depósitos financieros de las respectivas cámaras agrarias 
quedarán pendientes de atribución hasta que finalice el proceso de liquidación, con la 
finalidad de que puedan ser utilizados para compensar los derechos y obligaciones 
existentes en el momento de la liquidación, entre los cuales se incluyen los gastos 
producidos como consecuencia de la regularización jurídica y registral del patrimonio de 
la cámara.
3. El proceso de liquidación se culminará por cada comisión liquidadora con una 
relación de los bienes y derechos resultantes, para que la consejería proponga a la 
consejería competente en materia de patrimonio, la aprobación del inventario final de 
cada  cámara  extinta,  que  será  título  suficiente  para  la  inscripción  de  los  bienes  y 
derechos en los registros oficiales pertinentes y la integración de los mismos a favor de 
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en su patrimonio, adscribiéndose a la 
consejería que los destinará al cumplimiento de fines y servicios de interés general 
agrario. Tal previsión no será obstáculo para el acceso a los registros oficiales de los 
bienes y derechos conforme a lo previsto en la normativa patrimonial aplicable a la 
Administración regional y en la legislación hipotecaria.
4. El procedimiento de cesión de los bienes y derechos de las cámaras agrarias 
extintas, en la fase de liquidación, tanto si la entidad cesionaria fuere una corporación 
local como si fuere una organización profesional agraria de las facultadas por esta ley, se 
compondrá de los siguientes trámites:
a) La comisión liquidadora elaborará una propuesta no vinculante acerca de las 
solicitudes de cesión presentadas, la cual tendrá como principal objeto la consecución 
del interés general agrario de la localidad en que se hallare el bien.
b) La consejería con competencias en materia de patrimonio elaborará un informe 
al respecto.
c) La  consejería  elaborará  la  propuesta  definitiva  y  la  elevará  al  Consejo  de 
Gobierno.
d) El Consejo de Gobierno tomará la decisión que considere más adecuada al 
interés general agrario mediante acuerdo.
CAPÍTULO II
Régimen jurídico para la transmisión de los huertos familiares, 
y para las explotaciones agrarias familiares o comunitarias
Artículo 5. Huertos familiares.
A los efectos de esta ley se considera huerto familiar la pequeña parcela no incluida 
en ninguna explotación agraria, adjudicada por la Administración agraria para facilitar a 
las familias campesinas la obtención de productos hortícolas destinados a cubrir sus  e
necesidades más elementales de consumo directo, mediante su uso y disfrute. bo
Artíc1u. lo L6o. s Ahduqeurtioresn tfeasm dileia nreastu rdaele zlaa  pJruivnatad ad.e  Comunidades  de  Castilla-La  Mancha
podrán ser transmitidos en propiedad a alguna de las siguientes personas y por el
siguiente orden: Bc
a) Quienes,  teniendo  el  disfrute  de  los  bienes,  figuren  como  titulares  de  la 
concesión en los archivos de la administración agraria.
b) Los sucesores mortis causa de los anteriores, teniendo preferencia quienes 
acrediten haber obtenido la posesión.
c) Cualquier poseedor pacífico que traiga causa del concesionario primitivo.
d) Aquellas personas que los hayan cultivado directa y personalmente durante los 
cinco últimos años.
e) Cualquier otro poseedor pacífico conforme a lo dispuesto en el Código Civil.
2. No podrán transmitirse los huertos familiares en favor de poseedores que hayan 
adquirido la posesión con posterioridad a la entrada en vigor de esta ley.
3. La consejería aprobará mediante orden de su titular el modelo de solicitud, la 
documentación justificativa y su forma de presentación.
4. Corresponde a la persona titular de la consejería, a propuesta de la dirección 
general  que  ostente  las  competencias  en  materia  de  ordenación  de  la  propiedad 
territorial rústica, resolver sobre la misma. El plazo máximo para resolver y notificar será 
de un año a contar desde  la  fecha  de presentación de la solicitud en el registro, 
transcurrido  el  cual  sin  que  haya  recaído  resolución  expresa,  podrá  entenderse 
desestimada la solicitud.
5. La  resolución  indicará  el  valor  asignado  al  bien,  en  función  del  precio  de 
adquisición  de  la  tierra  y  las  obras  o  mejoras  introducidas,  en  su  caso,  por  la 
Administración, no pudiendo procederse al otorgamiento de escrituras hasta tanto no se 
haya abonado la cantidad pendiente del valor asignado al bien.
En todo caso, serán de cuenta de la persona adquirente los gastos que se deriven de 
la formalización de las escrituras y de la inscripción en el Registro de la Propiedad.
Artículo 7. Régimen jurídico de los huertos familiares propiedad de entidades locales.
Los huertos familiares que sean propiedad de las entidades locales, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 1.a) del Decreto de 12 de mayo de 1950 por el que se autoriza al 
Instituto  Nacional  de  Colonización  para  adjudicar  en  venta  aplazada,  a  los 
Ayuntamientos, las fincas que adquiera y que fueran aptas para el establecimiento de 
huertos  familiares  o  para  su  aprovechamiento  comunal,  podrán  ser  transmitidos  o 
destinados a otro uso distinto del inicial.
Artículo 8. Cesión a las entidades locales.
La consejería podrá ceder gratuitamente a las entidades locales en cuyo término se 
ubiquen, con el carácter de propios, los huertos familiares que no tengan poseedor o 
cuya solicitud haya sido desestimada, sin perjuicio de los derechos que asistan a los 
concesionarios, sus causahabientes o los poseedores de dichos bienes.
Artículo 9. Supresión de la tutela administrativa de explotaciones agrarias familiares o 
comunitarias.
Las  explotaciones  agrarias  familiares  o  comunitarias  a  las  que  se  refieren  los 
artículos 21 y siguientes de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario, quedarán exentas de 
la aplicación del régimen de autorizaciones que establece el artículo 28.1 de la citada ley, 
siempre y cuando sus titulares o causahabientes hubieran satisfecho la totalidad del  s
precio que pudiera haber quedado aplazado en el momento de otorgarse la escritura de  e.
transferencia de la propiedad, lo cual se acreditará mediante certificado expedido por la  w.
dirección  general  que  ostente  las  competencias  en  materia  de  ordenación  de  la  41ww
propPieadraa de tlelor,r itloorsia tl itruúlsatriceas. o causahabientes de este tipo de explotaciones, en cuyas
leossc rRituergaiss tfriogsu redne  elsat aPs rroepsiteridcacdio nceosr,r edsepboenrdáine nstoelisc,i tamr olam ceanntoce laa cpióanr tdire  dlaesl  mcuisaml apso darnáten   BOE-A-cable e
disponer libremente, sin más limitaciones que las que resulten de las demás normas
especiales  que  aún  fueran  de  aplicación,  de  las  normas  generales  que  regulan  la 
propiedad inmueble y de las vigentes en cada momento en materia de régimen de 
unidades mínimas de cultivo.
Disposición adicional primera. Regularización del patrimonio de las cámaras.
En el caso de que con posterioridad al proceso de liquidación del patrimonio de las 
extintas cámaras agrarias provinciales aparezcan bienes, derechos u obligaciones de los 
que hubieren sido titulares las corporaciones extintas, se aplicará a los mismos el 
procedimiento de liquidación y adscripción recogido en la presente ley.
Disposición  adicional  segunda. Reversión  del  patrimonio  incautado  a  las 
organizaciones sindicales y políticas.
Los bienes de las cámaras extintas que provengan del patrimonio incautado a las 
organizaciones  sindicales  y  políticas,  en  aplicación  de  la  normativa  sobre 
responsabilidades políticas del periodo 1936-1939, se reintegrarán en pleno dominio a 
las  mismas  en  tanto  acrediten  su  condición  de  propietarias  en  el  momento  de  la 
incautación, o ser sus legítimas herederas, concediéndoseles un plazo de seis meses 
desde la entrada en vigor de esta ley para hacer valer sus derechos ante la Junta de 
Comunidades.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
A  la  entrada  en  vigor  de  la  presente  ley  quedarán  derogadas  las  siguientes 
disposiciones,  así  como  cuantas  otras  normas  y  disposiciones  se  opongan  a  lo 
establecido en la misma:
a) La Ley 1/1996, de 27 de junio, de Cámaras Agrarias de Castilla-La Mancha.
b) El  Decreto  124/1996,  de  30  de  septiembre,  sobre  tutela  administrativa  y 
económica  de  las  Cámaras  Agrarias  de  Castilla-La  Mancha  y  su  funcionamiento 
provisional hasta la constitución de los nuevos plenos electos.
Disposición final primera. Habilitación.
Se faculta al Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades a que dicte las 
disposiciones que sean necesarias para el desarrollo y ejecución de esta ley.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el «Diario 
Oficial de Castilla-La Mancha».
Toledo, 5 de noviembre de 2021.–El Presidente, Emiliano García-Page Sánchez.
(Publicada en el «Diario Oficial de Castilla-La Mancha» número 218, de 12 de noviembre de 2021)