BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 249 Lunes 18 de octubre de 2021 Sec. III.   Pág. 126836
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
16905 Resolución  de  8  de  septiembre  de  2021,  de  la  Dirección  General  de 
Seguridad  Jurídica  y  Fe  Pública,  en  el  recurso  interpuesto  contra  la 
calificación del registrador de la propiedad de Villajoyosa n.º 2 , por la que se 
suspende la inscripción de una escritura de compraventa.
En el recurso interpuesto por doña I. O. P. y don G. G. M. contra la calificación del 
registrador  de  la  Propiedad  de  Villajoyosa  número  2,  don  Luis  Fernando  Pellón 
González, por la que se suspende la inscripción de una escritura de compraventa.
Hechos
I
Mediante escritura otorgada el día 3 de marzo de 2021 ante el notario de Villajoyosa, 
don Juan Guillermo Giménez Giménez, con el número 418 de protocolo, doña I. O. P., 
casada con don G. G. M., en régimen legal supletorio de gananciales, compró dos 
inmuebles haciendo constar ambos cónyuges lo siguiente:
«Primera bis.–Los cónyuges doña I. O. P. y don G. G. M., haciendo uso de la 
preferencia del principio de autonomía de la voluntad, conforme a los artículos 1255 
y 1355 del código civil, declaran que la adquisición de las fincas se realiza con carácter 
privativo de Doña I. O. P., y solicitan expresamente que se inscriba la misma a nombre 
del cónyuge adquirente con tal carácter, y no por confesión.
Igualmente manifiestan a los únicos efectos de lo dispuesto en el artículo 1358 del 
código civil, que el dinero con el que se ha efectuado la citada adquisición es privativo de 
Doña I. O. P., por provenir de la venta de una finca de carácter privativo, de modo que no 
procederá  compensación  o  reembolso  alguno  actual  o  futuro  entre  los  patrimonios 
ganancial y privativo de los cónyuges, sin perjuicio de las acciones que en el momento 
de la liquidación de la sociedad de gananciales pudieran corresponder a acreedores o 
legitimarios en caso de demostrarse su falta de certeza.
Todo ello de conformidad con la doctrina de las Resoluciones de la Dirección General 
de Seguridad Jurídica y Fe Pública de fecha 12 de junio de 2020 (BOE 31/07/2020)».
II
Presentada el día 3 de marzo de 2021 dicha escritura en el Registro de la Propiedad 
de Villajoyosa número 2, fue objeto de la siguiente nota de calificación:
«Presentada telemáticamente en este Registro a las 14 horas y 52 minutos del día 3 
de  marzo  del  2021  una  copia  autorizada  en  soporte  electrónico  del  precedente 
documento –escritura otorgada en La Vila Joiosa el 3 de marzo del 2021 ante el señor 
Notario  don  Juan-Guillermo  Giménez  Giménez,  con  el  número  418  de  protocolo–, 
habiendo causado el asiento de presentación número 304 del Libro Diario número 179,  s
aportada una primera copia autorizada del mismo en soporte papel el día 23 de marzo  oe.
del  2021,  según  consta  por  nota  al  margen  de  dicho  asiento  de  presentación,  y  w.
resultando  acreditada  la  declaración-liquidación  del  impuesto  sobre  transmisiones  905ww
hpaabtriiémnodnoiasele ste yn iadcot otsa mjubríidéinc oas  dlao cvuismtae,n ptaadrao sd, isceh ah ac aplrioficcaecdiiódno,  ae sl us icgauliiefincatec iódno cruemgiesntrtaol:, 
(…)
Tras dicha calificación, se suspende la inscripción del documento presentado por los 
Motivos  que  se  hacen  constar  a  continuación,  en  los  que  se  recogen  los 
correspondientes Hechos y Fundamentos de Derecho:
Primero.
1.  En la escritura presentada doña I. O. P., casada en régimen supletorio legal de 
gananciales con don G. G. M., quien también comparece, compra, con carácter privativo, 
las fincas registrales números 44699 y 44721 de La Vila Joiosa.
2.  En la estipulación primera bis de la escritura los citados cónyuges, doña I. O. P. y 
don G. G. M., "haciendo uso de la preferencia del principio de autonomía de la voluntad, 
conforme a los artículos 1255 y 1355 del código civil, declaran que la adquisición de las 
fincas se realiza con carácter privativo de Doña I. O. P., y solicitan expresamente que se 
inscriba la misma a nombre del cónyuge adquirente con tal carácter, y no por confesión. 
Igualmente manifiestan a los únicos efectos de lo dispuesto en el artículo 1358 del 
código civil, que el dinero con el que se ha efectuado la citada adquisición es privativo de 
Doña I. O. P., por provenir de la venta de una finca de carácter privativo, de modo que no 
procederá  compensación  o  reembolso  alguno  actual  o  futuro  entre  los  patrimonios 
ganancial y privativo de los cónyuges, sin perjuicio de las acciones que en el momento 
de la liquidación de la sociedad de gananciales pudieran corresponder a acreedores o 
legitimarios en caso de demostrarse su falta de certeza. Todo ello de conformidad con la 
doctrina de las Resoluciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública 
de fecha 12 de junio de 2020 (BOE 31/07/2020)".
3.  Doctrinalmente siempre se ha exigido que, para inscribir como privativa una 
adquisición, vigente la sociedad de gananciales, se acredite que en la adquisición se 
emplee  el  mismo  dinero  que  se  empleó  en  el  acto  previo  que  pretende  servir  de 
justificación, y esta exigencia no se puede pretender desvirtuar por un pacto abstracto de 
privaticidad  basado  en  la  autonomía  de  voluntad,  que  siempre  ha  tener  su 
correspondiente limitación para salvaguardar los límites marcados por la ley. Así, para la 
atribución por pacto del carácter de bien privativo por parte de los cónyuges, solo cabrían 
dos vías: a.–La de la confesión del consorte como prueba de la privaticidad entre 
cónyuges conforme al artículo 1324 del Código civil y como forma de inscripción de bien 
privativo  "por  confesión  del  consorte"  conforme  al  artículo  95.4  del  Reglamento 
Hipotecario; y b.–La de un pacto expreso de atribución al bien del carácter privativo 
basado, no en la autonomía de voluntad de los consortes, sino en lo que preceptúa el 
artículo 1323 del Código Civil, que permite celebrar todo tipo de contratos entre los 
cónyuges en sede de gananciales, dentro de su tipicidad contractual y con una causa 
específica para cada contrato.
4.  El artículo 1324 del Código Civil, regulado en sede de gananciales, se refiere a 
un supuesto fáctico sin acreditación efectiva y a una prueba como la confesión por parte 
del cónyuge no adquirente sobre el carácter del bien privativo de su cónyuge. La certeza 
en  todo  caso  derivada  de  dicha  confesión  corresponderá  acreditarla  al  cónyuge 
declarante de tal  manifestación.  Inscribir  la  adquisición corno privativa del cónyuge 
favorecido por la confesión dejaría sin efecto tanto el apartado 2 del artículo 144 del 
Reglamento Hipotecario como la exigencia del artículo 95.4 de igual texto reglamentario 
respecto a la intervención de los herederos forzosos del cónyuge confesante después 
del fallecimiento de éste.
5.  La  causa  matrimonii  ha  sido  admitida  por  la  jurisprudencia  (Sentencia  del 
Tribunal Supremo de 3 de diciembre del 2015) como base del pacto de atribución de 
ganancialidad  y  como  causa  de  liberalidad  institucional  resultante  de  la  institución  e.
matrimonial solo para el caso de justificar la atribución patrimonial de bienes privativos  w.b
de uno de los cónyuges a la sociedad de gananciales corno nuevo género de la causa,  905ww
ceosmtoo e sc,a uosnae rdoes ali,b reermaluidnaedr actoornia c aor agcrateturíistati c(aasrt ípcruolop ia1s2 7d4e rdiveal dCaósd digeo  laC ievsilp),e icnitaelg rreálnadcioólna 
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cónyuges, permite atribuir la condición de gananciales a bienes que serían privativos,
voluntariedad que juega a favor de la ganancialidad, pero no, como en este caso, de la 
privaticidad, ya que para esto último la posibilidad análoga viene dada por la confesión 
extrajudicial del artículo 1324 del Código Civil, antes expresado.
6.  La atribución de privaticidad en sede de gananciales exige una prueba evidente y 
no basada en meras afirmaciones de las partes, como en la escritura calificada (de la 
que no resulta acreditada ni justificada la causa de la atribución de la privaticidad 
alegada), porque el régimen de disponibilidad del bien derivada de esa confesión de 
privaticidad repercute directamente sobre el mismo durante la vigencia de la sociedad de 
gananciales, sin que la mera autonomía de la voluntad invocada sea causa suficiente 
para pretender atribuir una disponibilidad ilimitada al cónyuge titular favorecido por dicha 
confesión.
7.  Por tanto, a la vista de lo expuesto en los apartados que anteceden, procede la 
mentada suspensión.
No se practica anotación preventiva de suspensión por no cumplirse lo previsto en el 
último inciso del párrafo primero del artículo 19 de la Ley Hipotecaria.
Contra la presente calificación, los interesados pueden: (…)
Este documento ha sido firmado con firma electrónica cualificada por Luis Fernando 
Pellón González registrador/a de Registro Propiedad de Villajoyosa 2 a día catorce de 
Abril del año dos mil veintiuno».
La calificación se notificó a la presentante de la escritura el día 11 de mayo de 2021.
III
Contra la anterior nota de calificación, doña I. O. P. y don G. G. M. interpusieron 
recurso el día 8 de junio de 2021 mediante escrito con los siguientes fundamentos 
jurídicos:
«Primero.  El principio de autonomía de la voluntad en las relaciones económicas 
entre los cónyuges está reconocido en el artículo 1323 del Código Civil: los cónyuges 
podrán transmitirse por cualquier título bienes y derechos y celebrar entre sí toda clase 
de contratos.
Segundo.  En  base  a  dicho  principio,  los  cónyuges  pueden  atribuir  carácter 
ganancial a los bienes privativos y, viceversa, tanto en el momento de la adquisición, 
como es el caso, como en un momento posterior.
Sin perjuicio del derecho de reembolso, así lo reconoce expresamente, en el caso de 
atribución por pacto de ganancialidad, el artículo 1355 del Código Civil.
Tercero.  No  hay  argumentos  legales  para  excluir,  por  no  previsto  por  el 
artículo 1355, el pacto por el que los cónyuges atribuyen naturaleza privativa a lo 
adquirido, porque, por el principio general de libertad de pactos del artículo 1255 del 
código civil, y el específico del artículo 1323, la norma tiene naturaleza dispositiva.
Y porque expresamente el artículo 1358 del Código Civil prevé implícitamente atribuir 
carácter  privativo  a  un  bien  adquirido  con  fondos  gananciales,  sin  perjuicio  del 
mecanismo compensatorio del reembolso.
Cuarto.  El negocio de aportación no es un pacto abstracto al haber reconocido el 
cónyuge  de  la  adquirente,  a  los  solos  efectos  del  derecho  de  reembolso,  la  no 
procedencia de éste por tener el dinero invertido en la adquisición naturaleza privativa.
Quinto.  La  «prueba  evidente»  del  pago  del  precio  tan  solo  se  exigiría  si  los 
cónyuges  deseasen,  por  el  principio  de  subrogación  real,  atribuir  a  lo  adquirido  el  es
carácter que corresponda por aplicación de los artículos 1346,3.º y 1347,3.º, que no es el  bo
caso. 905ww
eceols ncsr eSiteneult xriadpto,or .ea  sp cerLuenaytte eoDn sdie rfienudc nocld aipóasonm r R eGlenoestsnoo eslrue rnaccoiluo sdrn rereee snSm teeditgseim,u  rfooiedtscra»ohd.sa  J cu1ar2sí dodisce a q juyu enF ieog  uPdaúerdb al2icn0a 2i 0dy,ea n ahtlieadg araded sdauese  ltreoan,z  óelann    OE-A-2021-16able en https://
IV
Notificada la interposición del recurso a don Juan Guillermo Giménez Giménez, 
notario de Villajoyosa, como autorizante de la escritura calificada, formuló las siguientes 
alegaciones el día 21 de junio de 2021:
«I.  Mediante escritura autorizada en esta villa por mí el día 3 de marzo de 2021, 
número 418 de protocolo, doña I. O. P., casada en régimen de gananciales con don G. 
G. M. (también otorgante de la escritura), adquirió ciertas fincas. Ambos cónyuges, 
solicitaron la inscripción de dichas fincas con carácter privativo en base al principio de 
autonomía de la voluntad, declarando que el dinero empleado en la adquisición era 
privativo de la compradora.
II.  Se  debate,  a  mi  juicio,  en  este  recurso  sobre  el  alcance  del  Principio  de 
Autonomía de la Voluntad, en el que, en esencia, puede haber dos planteamientos: 
entender  que  los  cónyuges  casados  en  gananciales  pueden  operar  todo  tipo  de 
desplazamientos patrimoniales entre sus respectivos patrimonios privativos o entre éstos 
y su patrimonio ganancial, mediante la celebración de los correspondientes contratos y 
con sujeción a las normas generales del Derecho de la contratación; o supeditar la 
viabilidad de tales desplazamientos a los límites y exigencias que derivan del régimen de 
gananciales.
Existe un consenso generalizado acerca del papel preponderante del Principio de 
Autonomía de la Voluntad en el ámbito del derecho de Familia, que da lugar a que en 
esta materia el principio del que debe partirse es la presunción de que el Derecho es 
dispositivo, supletorio de la voluntad de las partes. En ausencia de norma imperativa, 
todo  lo  que  no  sea  contrario  a  las  normas  y  valores  constitucionales  es  materia 
disponible y, por lo tanto, susceptible de pacto entre los interesados. En materia de 
contratación entre cónyuges, el principio está especialmente recogido en el artículo 1323 
del código civil.
Si nos adentramos en el régimen de gananciales, en base a estas consideraciones, 
se puede afirmar que los criterios legales que determinan la calificación de los bienes 
como gananciales o privativos no tienen carácter imperativo, sino meramente dispositivo 
y, por lo tanto, los cónyuges, en uso de su autonomía personal, pueden determinar el 
carácter de los bienes, excluyendo la operatividad del principio de subrogación real o de 
otros previstos por la ley. Prueba de ello es el artículo 1355 del código civil, que admite la 
atribución de naturaleza ganancial, por voluntad de los cónyuges, a bienes que, por 
aplicación del principio de subrogación real, deberían ser adquiridos como privativos. 
Precepto que no excluye la situación inversa.
III.  Los negocios que celebren los cónyuges en orden a la transmisión de bienes y 
derechos  deben  quedar  sujetos  a  las  normas  de  validez  y  eficacia  en  materia  de 
contratos. Y en este sentido, si bien en la calificación del Sr. Registrador parece aludirse 
a la falta de expresión o de existencia de causa, la Dirección General de los Registros y 
del Notariado, ya en la Resolución de 25 de septiembre de 1990, consideró, en un 
supuesto en el que se atribuía carácter privativo a un bien ganancial, que el derecho de 
reembolso  es  causa  adecuada  que  justifica  la  no  operatividad  del  principio  de 
subrogación real. Y a dicho derecho de reembolso aluden los cónyuges en la escritura a 
los efectos previstos en el artículo 1358 del código civil.
IV.  Finalmente, supuestos análogos al contemplado en esta escritura han sido 
resueltos por la Dirección General, no solo en las Resoluciones citadas de 12 de junio 
de 2020, sino también en la de 15 de enero de 2021, de la Dirección General de  e
Seguridad Jurídica y Fe Pública». bo
expeEdl ierengteis tar aedsoter  dCee nlatr oP Droirpeiecdtivaod. emitió inVforme el día 29 de junio de 2021 y elevó el  OE-A-2021-16able en https://
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 609, 1224, 1225, 1227, 1255, 1261, 1274 a 1277, 1278, 1279, 
1297, 1315, 1323, 1325, 1328, 1346, 1347, 1323, 1352, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 
1359 y 1361 del Código Civil; 4 y 125 de la Ley 5/2015, de 25 de junio, de Derecho Civil 
Vasco; 9, 18, 21, 31, 34, 66 y 326 de la Ley Hipotecaria; 385 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil; 213 del Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el 
que se aprueba, con el título de «Código del Derecho Foral de Aragón», el Texto 
Refundido  de  las  Leyes  civiles  aragonesas;  51.6.ª,  90,  93,  94,  95,  96  y  101  del 
Reglamento Hipotecario; las Sentencias de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 18 
de julio de 1991, 26 de noviembre de 1993, 19 de abril y 29 de septiembre de 1997, 24 
de febrero, 27 de marzo, 25 de octubre y 20 de noviembre de 2000, 11 de diciembre 
de 2001, 26 de febrero y 17 de abril de 2002, 11 de junio de 2003, 8 de octubre de 2004, 
25 de mayo de 2005, 8 de octubre y 29 de noviembre de 2006, 27 de mayo de 2019 y 15 
de enero y 12 de febrero de 2020, y de la Sala Tercera, Sección Segunda, de 2 de 
octubre de 2001; las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado de 12 de septiembre de 1937, 7 de junio de 1972, 10 de marzo de 1989, 14 de 
abril de 1989, 25 de septiembre de 1990, 21 de enero de 1991, 7 y 26 de octubre 
de 1992, 11 de junio de 1993, 28 de mayo de 1996, 21 de diciembre de 1998, 15 de 
marzo, 26 de mayo y 15 y 30 de diciembre de 1999, 8 de mayo y 7 de diciembre 
de 2000, 21 de julio de 2001, 17 de abril de 2002, 12 de junio y 18 de septiembre 
de 2003, 22 de junio de 2006, 6 de junio y 25 de octubre de 2007, 29 y 31 de marzo y 19 
de octubre de 2010, 19 de enero, 13 de junio y 3 de septiembre de 2011, 12 de junio 
de 2013, 2 de febrero y 13 de noviembre de 2017 y 24 de enero, 30 de julio y 7 de 
noviembre de 2018, y las Resoluciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública de 12 de junio y 17 de diciembre de 2020 y 15 de enero de 2021.
1.  Mediante  la  escritura  cuya  calificación  es  impugnada,  doña  I.  O.  P.,  ahora 
recurrente, casada en régimen legal de gananciales, compró determinados inmuebles, 
haciendo constar ella y su esposo que «haciendo uso de la preferencia del principio de 
autonomía de la voluntad, conforme a los artículos 1255 y 1355 del código civil, declaran 
que la adquisición de las fincas se realiza con carácter privativo de Doña I. O. P., y 
solicitan expresamente que se inscriba la misma a nombre del cónyuge adquirente con 
tal carácter, y no por confesión». Además, «manifiestan a los únicos efectos de lo 
dispuesto en el artículo 1358 del código civil, que el dinero con el que se ha efectuado la 
citada adquisición es privativo de Doña I. O. P., por provenir de la venta de una finca de 
carácter privativo, de modo que no procederá compensación o reembolso alguno actual 
o futuro entre los patrimonios ganancial y privativo de los cónyuges, sin perjuicio de las 
acciones que en el momento de la liquidación de la sociedad de gananciales pudieran 
corresponder a acreedores o legitimarios en caso de demostrarse su falta de certeza. 
Todo ello de conformidad con la doctrina de las Resoluciones de la Dirección General de 
Seguridad Jurídica y Fe Pública de fecha 12 de junio de 2020 (BOE 31/07/2020)».
El registrador de la Propiedad suspende la inscripción solicitada por entender: a) Que 
para inscribir como privativa una adquisición, vigente la sociedad de gananciales, debe 
acreditarse que en la adquisición se emplea el mismo dinero que se empleó en el acto 
previo que pretende servir de justificación, sin que esta exigencia pueda desvirtuarse por 
un pacto abstracto de privatividad basado en la autonomía de la voluntad, de modo que 
para la atribución por pacto del carácter de bien privativo por parte de los cónyuges solo 
cabrían dos vías, bien la de la confesión respecto de la privatividad conforme a los  e
artículos 1324 del Código Civil y 95.4 del Reglamento Hipotecario, o bien la de un pacto  bo
expreso de atribución al bien del carácter privativo basado, no en la autonomía de  905ww
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Ccoóndtirgaoc tCuaivl ily p ceormn iuten aa trciabuusira c aersápcetceírf igcaa npaanrcai acl aad ab iecnoenstr aqtuoe;  bs)e rQíaune  perilv aarttivícousl,o  p1e3ro5 5n od eal 
la inversa, pues la posibilidad análoga viene dada por la confesión extrajudicial del
artículo 1324 del mismo Código, y c) Que la atribución de privatividad en sede de 
gananciales exige una prueba evidente y no basada en meras afirmaciones de las 
partes, como en la escritura calificada, de la que no resulta acreditada ni justificada la 
causa de la atribución de la privatividad alegada.
Los recurrentes alegan: a) Que no hay argumentos legales para excluir, por no 
previsto por el artículo 1355, el pacto por el que los cónyuges atribuyen naturaleza 
privativa  a  lo  adquirido,  porque,  por  el  principio  general  de  libertad  de  pactos  del 
artículo 1255 del Código Civil, y el específico del artículo 1323, la norma tiene naturaleza 
dispositiva; y el artículo 1358 del mismo Código prevé implícitamente atribuir carácter 
privativo  a  un  bien  adquirido  con  fondos  gananciales,  sin  perjuicio  del  mecanismo 
compensatorio del reembolso; b) Que el negocio de aportación no es un pacto abstracto 
al haber reconocido el cónyuge de la adquirente, a los solos efectos del derecho de 
reembolso, la no procedencia de éste por tener el dinero invertido en la adquisición 
naturaleza privativa; c) Que la «prueba evidente» del pago del precio tan solo se exigiría 
si los cónyuges deseasen, por el principio de subrogación real, atribuir a lo adquirido el 
carácter que corresponda por aplicación de los artículos 1346,3.º y 1347,3.º del Código 
Civil, que no es el caso, y d) Que este Centro Directivo ya ha resuelto, en el sentido 
pretendido por los recurrentes, otros casos que guardan identidad de razón con el 
presente en las Resoluciones de 12 de junio de 2020, alegadas en la escritura.
El notario autorizante de la escritura formuló alegaciones según las cuales: a) Que 
existe  un  consenso  generalizado  acerca  del  papel  preponderante  del  principio  de 
autonomía de la voluntad en el ámbito del Derecho de familia, que da lugar a que en esta 
materia  el  principio  del  que  debe  partirse  es  la  presunción  de  que  el  Derecho  es 
dispositivo y, por lo tanto, susceptible de pacto entre los interesados, principio que, en 
materia de contratación entre cónyuges, está especialmente recogido en el artículo 1323 
del Código Civil, por lo que los cónyuges, en uso de su autonomía personal, pueden 
determinar  el  carácter  de  los  bienes,  excluyendo  la  operatividad  del  principio  de 
subrogación real o de otros previstos por la ley, como lo prueba el artículo 1355 del 
Código Civil, que admite la atribución de naturaleza ganancial, por voluntad de los 
cónyuges, a bienes que, por aplicación del principio de subrogación real, deberían ser 
adquiridos como privativos; y este precepto que no excluye la situación inversa; b) Que 
los negocios que celebren los cónyuges en orden a la transmisión de bienes y derechos 
deben quedar sujetos a las normas de validez y eficacia en materia de contratos; y, si 
bien en la calificación impugnada parece aludirse a la falta de expresión o de existencia 
de causa, la Dirección General de los Registros y del Notariado, ya en la Resolución 
de 25 de septiembre de 1990, consideró, en un supuesto en el que se atribuía carácter 
privativo a un bien ganancial, que el derecho de reembolso es causa adecuada que 
justifica la no operatividad del principio de subrogación real; y a dicho derecho de 
reembolso aluden los cónyuges en la escritura a los efectos previstos en el artículo 1358 
del Código Civil; y c) Que supuestos análogos al contemplado en esta escritura han sido 
resueltos por esta Dirección General, no solo en las Resoluciones citadas de 12 de junio 
de 2020, sino también en la de 15 de enero de 2021.
2.  La  cuestión  planteada  en  este  recurso  debe  resolverse  según  las  citadas 
Resoluciones de esta Dirección General de 12 de junio de 2020 y 15 de enero de 2021, 
relativas a casos análogos.
La sociedad legal de gananciales constituye un régimen económico-matrimonial, de 
tipo comunitario, que se articula en torno al postulado según el cual se hacen comunes 
las ganancias obtenidas y que atribuye carácter consorcial o ganancial a los bienes  e.
adquiridos a título oneroso con cargo al acervo común, constante su vigencia. Esta  w.b
última idea expresa lo que se conoce como el llamado principio de subrogación real,  905ww
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universal, pues a él se anteponen otros criterios que el legislador ha considerado como
prioritarios para determinar la naturaleza de los bienes, como pueden ser el de la 
accesión (cfr. artículo 1359 del Código Civil), el de la autonomía de la voluntad (cfr. 
artículo 1355 del Código Civil) o el del carácter del propio bien del que deriva el derecho 
a la adquisición (cfr. artículos 1346.4, 1347.4 o 1352 del Código Civil).
Bien es verdad que en las adquisiciones onerosas, en caso de que no se aplique el 
denominado principio de subrogación real (con arreglo al cual los bienes adquiridos 
tienen la misma naturaleza privativa o ganancial que tuviesen los fondos utilizados o la 
contraprestación satisfecha), para evitar el desequilibrio entre los distintos patrimonios de 
los cónyuges, surge como contrapeso el correspondiente derecho de reembolso (a favor 
del patrimonio que sufraga la adquisición) consagrado en el artículo 1358 del Código 
Civil.
La regulación que del régimen económico matrimonial contiene el Código Civil se 
caracteriza por un marcado principio de libertad que se manifiesta, entre otros, en los 
artículos 1315 (libertad en la determinación del régimen económico), 1325 (libertad en 
cuanto a su estipulación, modificación o sustitución), 1328 (libertad de pacto en tanto las 
estipulaciones  no  sean  contrarias  a  las  leyes  o  las  costumbres  o  limitativas  de  la 
igualdad  de  derechos  que  corresponda  a  cada  cónyuge)  y  1323  (posibilidad  de 
transmitirse los cónyuges por cualquier título bienes y derechos y celebrar entre sí toda 
clase de contratos), sin más limitaciones que las establecidas en el mismo Código (cfr. 
artículo 1315).
El propio artículo 1355 –al permitir que los cónyuges atribuyan carácter ganancial a 
los bienes que adquieran a título oneroso durante el matrimonio, con independencia de 
cuál  sea  la  procedencia  y  la  forma  y  plazos  de  satisfacción  del  precio  o 
contraprestación– se encuadra dentro de ese amplio reconocimiento de la autonomía 
privada, y constituye una manifestación más del principio de libertad de pactos que se 
hace  patente  en  el  mencionado  artículo  1323.  Precisamente  la  aplicación  de  este 
principio hace posible también que, aun cuando no concurran los presupuestos de la 
norma del artículo 1355, los cónyuges atribuyan la condición de gananciales a bienes 
que fueran privativos. Así lo admitió esta Dirección General en Resolución de 10 de 
marzo de 1989 que, respecto del pacto específico de atribución de ganancialidad a la 
edificación realizada con dinero ganancial sobre suelo privativo de uno de los cónyuges, 
señaló que «aun cuando la hipótesis considerada no encaje en el ámbito definido por la 
norma del artículo 1355 del Código Civil (que contempla la posibilidad de asignar de 
modo definitivo el carácter ganancial solamente respecto de los bienes adquiridos a título 
oneroso, tanto si hubiere indeterminación sobre la naturaleza de la contraprestación al 
tiempo de la adquisición como si ésta fuera inequívocamente privativa), no por ello ha de 
negarse la validez y eficacia del acuerdo contenido en la (...) escritura calificada, toda 
vez que los amplios términos del artículo 1323 del Código Civil posibilitan cualesquiera 
desplazamientos patrimoniales entre los cónyuges y, por ende, entre sus patrimonios 
privativos y el consorcial, siempre que aquéllos se produzcan por cualquiera de los 
medios legítimos previstos al efecto –entre los cuales no puede desconocerse el negocio 
de aportación de derechos concretos a una comunidad de bienes no personalizada 
jurídicamente o de comunicación de bienes como categoría autónoma y diferenciada con 
sus propios elementos y características–, y cuyo régimen jurídico vendrá determinado 
por  las  previsiones  estipuladas  por  los  contratantes  dentro  de  los  límites  legales 
(artículos 609, 1255 y 1274 del Código Civil) y subsidiariamente por la normativa del 
Código Civil». Este criterio ha sido posteriormente confirmado en Resoluciones de 14 de 
abril de 1989, 7 y 26 de octubre de 1992, 11 de junio de 1993, 28 de mayo de 1996, 15  s
y 30 de diciembre de 1999, 8 de mayo de 2000, 21 de julio de 2001, 17 de abril de 2002,  oe.
12 de junio y 18 de septiembre de 2003, 22 de junio de 2006, 6 de junio de 2007, 29 y 31  w.
de marzo y 19 de octubre de 2010, 19 de enero, 13 de junio y 3 de septiembre de 2011,  905ww
13 dCei enrotavmiemenbtree,  dsee g2ú0n1 7l ay  3r0e fdeeri djual iod odcet r2in0a1 8d.e este Centro Directivo, los elementos
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causa de la transferencia patrimonial, que no puede presumirse a efectos registrales. 
Ahora bien, como se indicó en la referida Resolución de 22 de junio de 2006, dicha 
exigencia de especificación causal del negocio ha de ser interpretada en sus justos 
términos. En este sentido, se ha considerado suficiente que se mencione la onerosidad o 
gratuidad de la aportación, o que la misma resulte o se deduzca de los concretos 
términos empleados en la redacción de la escritura, toda vez que «los referidos pactos 
de atribución de ganancialidad tienen la finalidad de ampliar el ámbito objetivo del 
patrimonio consorcial, para la mejor satisfacción de las necesidades de la familia, y por 
ello están trascendidos por la relación jurídica básica -la de la sociedad de gananciales, 
cuyo sustrato es la propia relación matrimonial-. Se trata de sujetar el bien al peculiar 
régimen de afección propio de los bienes gananciales, en cuanto a su administración, 
disposición, cargas, responsabilidades, liquidación que puede conducir a su atribución 
definitiva a uno u otro cónyuge, de acuerdo con las circunstancias de cada uno, o sus 
respectivos herederos». A lo que se añadió que cabe «entender que el desplazamiento 
patrimonial  derivado  del  negocio  jurídico  de  atribución  de  ganancialidad  tiene  una 
identidad causal propia que permite diferenciarlo de otros negocios jurídicos propiamente 
traslativos del dominio, como la compraventa, la permuta (el cónyuge que aporta no 
espera obtener un precio u otra contraprestación), o la donación (la aportación no se 
realiza por mera liberalidad). Por ello, se llega a afirmar que encuentran justificación en 
la denominada "causa matrimonii", de la que, históricamente puede encontrarse algunas 
manifestaciones como la admisión de las donaciones "propter nupcias" de un consorte al 
otro –a pesar de la prohibición general de donaciones entre cónyuges–, o la antigua 
dote. Y es que, aun cuando no puedan confundirse la estipulación capitular y el pacto 
específico sobre un bien concreto, la misma causa que justifica la atribución patrimonial 
en  caso  de  aportaciones  realizadas  mediante  capitulaciones  matrimoniales  (cfr.  la 
Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de noviembre de 1993, según la cual "Siendo los 
capítulos por su propia naturaleza actos jurídicos cuyo tratamiento es el de los onerosos, 
difícilmente podría ser impugnado como carente de causa"; y la Resolución de 21 de 
diciembre de 1998) debe considerarse suficiente para justificar los desplazamientos 
patrimoniales derivados de pactos extracapitulares de ganancialidad, sin necesidad de 
mayores especificaciones respecto del elemento causal del negocio. En ambos casos se 
trata de convenciones que participan de la misma "iusta causa traditionis", justificativa del 
desplazamiento patrimonial "ad sustinenda oneri matrimonii"».
3.  Este Centro Directivo ha admitido que los cónyuges pueden atribuir carácter 
privativo a un bien ganancial, pacten o no compensación a cargo de los bienes privativos 
y siempre que el desplazamiento pactado aparezca causalizado (cfr. Resoluciones de 25 
de septiembre de 1990, 21 de enero de 1991, 30 de julio de 2018, 12 de junio y 17 de 
diciembre de 2020 y 15 de enero de 2021).
Ciertamente, se han aducido doctrinalmente determinados argumentos en contra de 
tal posibilidad: que no hay un principio general ni artículo que admita la atribución de 
privatividad, en sentido inverso a la de ganancialidad a que se refiere el artículo 1355 del 
Código Civil, en virtud del cual los cónyuges puedan atribuir carácter privativo a los 
bienes adquiridos a título oneroso, ya que la confesión de privatividad del artículo 1324 
del Código Civil es en puridad un medio de prueba; que no puede confundirse la libre 
contratación entre los cónyuges (ex artículo 1323 del mismo Código), ni el principio 
informador del «favor consortialis» que inspira el artículo 1355 con la confesión de 
privatividad recogida en el artículo 1324, ya que ésta última es un medio de prueba; que 
el  interés  de  los  acreedores  de  la  sociedad  de  gananciales  debe  estar  protegido  e.
mediante una liquidación que contenga su inventario, por lo que, en consecuencia, la  w.b
declaración de la privatividad tiene su marco en la confesión del artículo 1324, sin  905ww
pmeerdjuiaicniote  ddeo nqaucei ósne,  cpoumedparanv epnrotad uuc oirt rtorasn csomnitsraiotnoes s( e–xc aornt ícsuul oc a1u3s2a3–). entre los cónyuges
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no pueden ser interpretadas desde la perspectiva de evitar el fraude de los acreedores,
el cual, además, tiene suficiente remedio en las correspondientes accione de nulidad y 
rescisión o en la aplicación de las normas que se hubiere tratado de eludir. Por otra, no 
puede desconocerse la proclamación, tras la reforma del Código Civil de 13 de mayo 
de 1981, de la libertad de contratación entre los cónyuges (principio recogido en el 
artículo 1.323 del Código Civil, respecto del cual, el artículo 1.355 del Código Civil no es 
sino una aplicación particular para una hipótesis concreta, de la que no puede inferirse, 
por tanto, la exclusión legal de los demás supuestos de contratación entre esposos) que 
posibilita a estos, para, actuando de mutuo acuerdo, provocar el desplazamiento de un 
concreto bien ganancial al patrimonio de uno de ellos por venta (vid. resolución de 2 de 
febrero de 1983), permuta, donación u otro título suficientemente causalizado y cuyo 
régimen jurídico vendrá determinado en función de esa específica causalización (609, 
1.255, 1.261 del Código Civil), así pues, admitido ese trasvase patrimonial de un bien ya 
ganancial, debe igualmente admitirse que los cónyuges, con ocasión de la adquisición de 
determinado bien a tercero, puedan convenir que éste ingrese de manera directa y erga 
omnes en el patrimonio personal de uno de ellos a pesar de no haberse acreditado la 
privatividad de la contraprestación, siempre que dicho negocio conyugal atributivo (que 
mantiene su sustantividad y autonomía jurídica pese a su conjunción con el negocio 
adquisitivo)  obedezca  a  una  causa  adecuada  que  justifique  la  no  operatividad  del 
principio de subrogación real (1.347.3.º del Código Civil) cual, por ejemplo, la previa 
transmisión gratuita de la contraprestación a favor del cónyuge adquirente, el derecho de 
reembolso al que se refiere el artículo 1.358 del Código Civil, etc.. Dicho negocio 
atributivo no debe confundirse con la confesión de privatividad, pues la virtualidad de 
ésta a efectos de la calificación del bien, sobre ser relativa en su ámbito subjetivo 
(artículo 1.324 del Código Civil), queda subordinada a la realidad o inexactitud del hecho 
confesado (vid. artículo 1.234 del Código Civil)».
Como puso de relieve este Centro Directivo en Resolución de 30 de julio de 2018, el 
pacto de privatividad siempre será admisible si bien será necesaria su causalización, tanto 
en los supuestos en que sea previa o simultánea a la adquisición, como en los casos en que 
sea posterior, sin que ello signifique que haya que acudir a contratos de compraventa o 
donación entre cónyuges. Ahora bien, como se indicó en la referida Resolución de 22 de 
junio de 2006, dicha exigencia de especificación causal del negocio ha de ser interpretada 
en sus justos términos. En este sentido, se ha considerado suficiente que se mencione la 
onerosidad o gratuidad de la aportación, o que la misma resulte o se deduzca de los 
concretos términos empleados en la redacción de la escritura.
En  el  presente  caso  debe  concluirse  que  los  cónyuges,  por  pacto,  están 
determinando el carácter privativo de los bienes comprados por la esposa, abstracción 
hecha de que no haya podido acreditarse el carácter privativo de dicha participación 
mediante  aplicación  directa  del  principio  de  subrogación  real  por  faltar  la  prueba 
fehaciente del carácter privativo del dinero empleado (a falta en el Derecho común de 
una presunción legal como la establecida en el artículo 213 del Código de Derecho Foral 
de Aragón), de modo que ambos consortes, en ejercicio de su autonomía de la voluntad, 
excluyen el juego de la presunción de ganancialidad del artículo 1361 del Código Civil; y, 
como alegan los recurrentes, en la escritura calificada queda explicitado el carácter 
oneroso del negocio entre los esposos.
Esta Dirección General ha acordado estimar el recurso interpuesto y revocar la 
calificación impugnada.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda  e
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el  bo
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las  905ww
lnao Lrmeya sH dipeol tjeucicairoia v.erbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de
Madrid, 8 de septiembre de 2021.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe
Pública, Sofía Puente Santiago.