BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 38 Lunes 14 de febrero de 2022 Sec. III.   Pág. 18805
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
2305 Resolución de 12 de enero de 2022, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación 
de la registradora de la propiedad de Marchena, por la que se deniega la 
cancelación  solicitada  por  supuesta  invasión  de  vía  pecuaria  de  una 
inmatriculación practicada.
En  el  recurso  interpuesto  por  doña  C.  G.  P.,  delegada  territorial  de  Desarrollo 
Sostenible en Sevilla, contra la nota de calificación de la registradora de la Propiedad de 
Marchena,  doña  Almudena  del  Carmen  Hava  García,  por  la  que  se  deniega  la 
cancelación solicitada por supuesta invasión de vía pecuaria de una inmatriculación 
practicada.
Hechos
I
Con fecha 11 de febrero de 2021 se practicó en el Registro de la Propiedad de 
Marchena la inmatriculación de una finca con código registral único 41007000636489, 
coordinada con la parcela catastral 410060A048000190000XJ. Con posterioridad a la 
inscripción, se procedió a la notificación de la citada inscripción a los titulares catastrales 
colindantes, entre ellos, a la Junta de Andalucía. Y con fecha 12 de agosto de 2021, se 
presentó  en  el  Registro  escrito  firmado  por  el  secretario  general  provincial  de  la 
Consejería  de  Agricultura,  Ganadería,  Pesca  y  Desarrollo  Sostenible,  Delegación 
Territorial de Desarrollo Sostenible en Sevilla, en el que se hacía costar que la finca 
inmatriculada era colindante con vía pecuaria y se solicitaba la cancelación de la citada 
inscripción de inmatriculación, al haberse detectado un solape de la superficie inscrita en 
Catastro con la superficie deslindada de la vía pecuaria.
II
Presentada dicha solicitud en el Registro de la Propiedad de Marchena, fue objeto de 
la siguiente nota de calificación:
«Calificación  registral  correspondiente  a  la  certificación  administrativa  firmada 
electrónicamente el día veintinueve de julio de dos mil ventiuno por don J. G. M., 
secretario  general  provincial  de  la  Consejería  de  Agricultura,  Ganadería,  Pesca  y 
Desarrollo Sostenible, Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible en Sevilla.
Hechos:
Primero.–Con  fecha  doce  de  agosto  último,  y  bajo  el  asiento  de  presentación 
número 1533 del Diario 147, se ha presentado en este Registro de la Propiedad, el ante 
indicado documento, en el que se comunicaba que: s
“Con relación al escrito recibido, de fecha 3 de abril de 2021, en la que se comunica  b
la inscripción en el Registro de la Propiedad de Marchena de la inscripción gráfica y lista  05ww
dcóed cigooo rrdeegnisatdraals 4 1d0e0 l7a0 0fi0n6c3a6 r4ú8s9ti,c ap oelíng oenlo  p4a8r,a jpea r‘(c…ela)’ , 1c8o9n,  ecsó dciogloin dreagnitset racol ns iglausi evnítaes: 
appercoubaaridaos  p‘Cora ñRaedsao lRuceiaóln  (d…e) ’1. 1L ad ev íjual iop edceu a2r0ia1 3C adñea ldaa D riereacl c(i…ón)  Gcueennetraa l cdoen  Edsepsalicnidoes 
Naturales y Participación ciudadana, por la que se da publicidad a la Resolución de 4 de
octubre de 2012, por la que se aprueba el deslinde de la vía pecuaria que se cita, en el 
término municipal de Marchena (Sevilla) VP@1618/2009. (Boja num 152 de 5 de agosto 
de 2013) (…)
El deslinde determina que los límites de la vía pecuaria “Cañada Real (…)” en la 
linde con la parcela registral informada son los siguientes (Coordenadas UTM ETRS89 
Uso 30N):
Etiqueta X Y
45D 287918,0300 4126735.5300
46D1 287948.7800 4126821.9600
46D2 287951.6700 4126832,4100
46D3 287953.0200 4126843.1700
Analizada la representación gráfica inscrita de la parcela registral 41007000636489 
se detecta que existe un solape de la superficie inscrita en catastro con la superficie 
deslindada de la vía pecuaria “Cañada Real (…)” que se mantiene a lo largo todo el 
límite de la misma en el tramo colindante con la parcela registral.
Por tanto, se ruega que este escrito sirva como solicitud de cancelación de la citada 
inscripción, de la que se adjunta copia, por ser necesaria la rectificación del límite de la 
finca registral en las coordenadas afectadas por el deslinde de la vía pecuaria. Los 
límites de dicha finca registral deberán retranquearse la anchura de la vía pecuaria para 
dejar libre el dominio público determinado por las coordenadas de deslinde. Se adjunta 
también la Resolución del deslinde.”
Todo ello se entiende, a pesar del tenor literal transcrito, en relación a la notificación 
remitida por esta Oficina, donde se le comunicaba la práctica lo inscripción 1.ª de la finca 
registral número 38406 de Marchena, en virtud de la cual, ha quedado inmatriculada a 
favor de don A. J. G. B. y doña J. H. T., el pleno dominio de la misma, por título de 
compraventa, con carácter ganancial, y se ha inscrito la representación gráfica de la 
finca, todo ello con fecha de once de febrero de dos mil veintiuno.
Fundamentos de Derecho:
Artículo 24 de la Constitución, Artículo 1, 20, 40, 199 y 205 de la Ley Hipotecaria; 
artículo 99 del Reglamento Hipotecario, ley 3/1995 de Vías pecuarias, y Resoluciones de 
la Dirección General de Seguridad Jurídica y fe Pública de fechas 4 de febrero y 18 de 
febrero de 2021.
El  documento  calificado  solicita  la  anulación  de  la  inmatriculación  practicada 
alegando la invasión de una vía pecuaria deslindada.
Sólo cabe denegar la anulación solicitada y ello porque lo asientos registrales una 
vez  practicados  están  bajo  la  salvaguarda  de  los  Tribunales  artículo  1  de  la  Ley 
Hipotecaria y producen todos sus efectos mientras no se declare su inexactitud. Por ello 
la rectificación o cancelación de los asientos registrales requiere o bien el consentimiento 
del titular registral y de todos aquellos a los que el asiento atribuyo algún derecho o bien 
oportuna resolución judical [sic] recaída enjuicio declarativo entablado contra todos ellos 
(en este sentido res de la DGSJFP de 4 de febrero de 2021)
Es más, ha de subrayarse que la inmatriculación que se pretende anular ha seguido 
con total escrupulosidad examen pertinente de las bases gráficas catastrales, y de las 
cartografías disponibles en la aplicación registral homologada, y ninguna de las cuales 
recogía dicho deslinde en la fecha de la inscripción Es más, el Catastro sigue sin  s
recogerlo; y a la vista de los datos contenidos en la documentación presentada, se  oe.
cumplían los requisitos que establece el artículo 205 para inmatricular por título público  w.
tcaíotdumqlouo i isncitmoivraroet.r siEcpunol napddaeornrt iccyiu ael aner n,l a el arxe isdsteuesl tcaidrnieptenc tidiódena  dllai t eecrneatrrrtieiaf i cldaae cd ilóeans f cicnraicptaac sióetrnna  lcl igtuererásaftiricióaan  ,dy  ecdo elnast cefrinnipicdtaiav  aee,nn a  eesíll    2022-2305n https://ww
título inmatriculador y el título previo.
De igual modo, de la documentación aportada y de los antecedentes disponibles en 
la  sede  electrónica  de  Catastro,  no  resultaba  indicio  alguno  de  invasión  de  fincas 
colindantes.
Por otro lado, la inscripción practicada no impide en ningún caso la posibilidad de 
deslinde  administrativo  cuyo  reflejo  registral  deberá  producirse  mediante  resolución 
emanada  de  procedimiento  en  que  el  titular  registral  haya  tenido  la  oportuna 
intervención, evitando así la indefensión del mismo.
De este modo, la inmatriculación de la citada finca se ha producido conforme al 
artículo 205 de la Ley Hipotecaria y previa calificación registral, tanto jurídica como 
gráfica, quedando amparada por los Tribunales de Justicia.
En  materia  de  calificación,  el  registrador  debe  ceñirse  al  contenido  de  los 
documentos presentados y a lo que resulta de los asientos registrales (artículo 18 de la 
Ley Hipotecaria). No obstante, tras la reforma operada por la Ley 13/2015 de 24 de junio, 
se introduce la necesidad de realizar lo que podríamos denominar “calificación gráfica” 
cuando sea preciso. Así, el artículo 9 de la Ley Hipotecaria, en su letra b), párrafo 1.º, 
exige, cuando se trata de una inmatriculación, que se aporte junto con el título inscribible, 
la  representación  gráfica  georreferenciada  de  la  finca  con  las  coordenadas 
georreferenciadas de sus vértices lo que, puesto en relación con el artículo 205, exige 
aportar lo certificación catastral descriptiva y gráfica de la finca al exigir que siempre 
exista identidad en la descripción de la finca contenida en ambos títulos a juicio del 
registrador y, en todo caso, en la descripción contenida en el título inmatriculador y la 
certificación catastral descriptiva y granea que necesariamente debe ser aportada al 
efecto. No obstante, con el objetivo de evitar la inmatriculación de fincas que pudieran 
invadir  otras  de  dominio  público,  tanto  inscrito  como  no  inscrito,  añade  que  si  el 
registrador tuviera dudas fundadas sobre la coincidencia total o parcial de la finca cuya 
inmatriculación  se  pretende  con  otra  u  otras  de  dominio  público  que  no  estén 
inmatriculadas  pero  que  aparezcan  recogidas  en  la  información  territorial  asociada 
facilitada por las Administraciones Públicas, notificará tal circunstancia a la entidad u 
órgano competente, acompañando la certificación catastral descriptiva y gráfica de la 
finca que se pretende inmatricular con el fin de que, por dicha entidad, se remita el 
informe correspondiente, dentro del plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la 
recepción de la notificación. Es decir, tratándose de una inmatriculación es preciso 
aportar la representación gráfica catastral de la finca que será objeto de calificación 
gráfica por parte de registrador y solo cuando este albergue dudas sobre la posible 
invasión  de  dominio  público,  debe  solicitar  el  informe  previo  de  la  Administración 
competente. De hecho, y de forma complementaria, no resulta ni de la Ley 3/1995 
de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, norma alguna por la que el registrador, ante una 
inmatriculación de bien colindante con una vía pecuaria, deba solicitar previamente 
informe a la Administración competente, a diferencia de lo que ocurre con la normativa 
sobre carreteras, costas o montes públicos.
En materia de calificación de la representación gráfica aportada, el párrafo 5.º del 
artículo 9, letra b), señala que la representación gráfica será objeto de incorporación al 
folio real de la finca, siempre que no se alberguen dudas por el registrador sobre la 
correspondencia entre dicha representación y la finca inscrita, valorando la falta de 
coincidencia, siquiera parcial, con otra representación gráfica previamente incorporada, 
así como la posible invasión del dominio público. Por su parte, su párrafo 8.º dispone que 
el registrador, para valorar la correspondencia de la representación gráfica aportada, en 
los supuestos de falta o insuficiencia de los documentos suministrados, podrá utilizar,  es
con carácter meramente auxiliar, otras representaciones gráficas disponibles, que le  o
edadpleuee Clx rinmmioleiailituetaratg nrcdai oieólai  dndvca.eea d rYlRii fg,ti eecuagcaañnicrsa oitódlrlaóanesgd,   ioedccrleaa e p,rs uaáp ncerarat raei anfrú otíeens ltgi9 cictr.araºaa  dstaqaa pumt oleeicipn ealo onscgstuioró á  nrsdfe iiescginta iersfseomt rpradmardee áios ntlerifaceon asrtfm a insdcáuciisotamipcn iooeynn  siússd ntgurriára cándloífn,ai, c e cbayaoas  mjd,o piqo soeue llieeñ gp laoeprdnimenaarcem l ipnpdiottioaoer      OE-A-2022-2305able en https://www.
relacionarlas con las descripciones de las fincas contenidas en el folio real, previniendo
además la invasión del dominio público, así como la consulta de las limitaciones al 
dominio  que  puedan  derivarse  de  la  clasificación  y  calificación  urbanística, 
medioambiental  o  administrativa  correspondiente.  Dicha  aplicación  y  sus  diferentes 
actualizaciones habrán de ser homologadas por la Dirección General de los Registros y 
del  Notariado,  para  establecer  el  cumplimiento  de  los  requisitos  de  protección  y 
seguridad adecuados a la calidad de los datos.
La  disposición  adicional  1.ª  de  la  Ley  13/2015  establece  los  requisitos  de 
homologación de la aplicación auxiliar de calificación de materia gráfica, señalando que 
la misma habrá de permitir, a través de servicios de mapas -web en línea, enlazar e 
interoperar  visualmente,  así  como  realizar  análisis  de  contraste,  con  la  cartografía 
elaborada por la Dirección General del Catastro y con aquellas otros cartografías o 
planimetrías, debidamente georreferenciadas y aprobadas oficialmente por las distintas 
Administraciones competentes en materia de territorio, dominio público, urbanismo o 
medio  ambiente,  que  fueran  relevantes  para  el  conocimiento  de  la  ubicación  y 
delimitación  de  los  bienes  de  dominio  público  y  del  alcance  y  contenido  de  los 
limitaciones públicas al dominio privado.
Finalmente, dicha homologación se produjo por Resolución de 2 de agosto de 2016, 
de la Dirección General de los Registras y del Notariado, en cuyo apartado primero se 
señala que la homologación se extiende a la calificación e inscripción gráfica a través de 
servicios de mapas web en línea, con el fin de poder enlazar c interoperar visualmente, 
así como realizar análisis de contraste, con la cartografía elaborada por la Dirección 
General del Catastro y con aquellas otras cartografías o planimetrías, debidamente 
georreferenciadas  y  aprobadas  oficialmente  por  las  distintas  Administraciones 
competentes en materia de territorio, dominio público, urbanismo o medio ambiente, que 
fueran relevantes para el conocimiento de la ubicación y delimitación de los bienes de 
dominio público y del alcance y contenido de las limitaciones públicas al dominio privado.
Comprobada  la  documentación  aportada  en  su  momento,  se  verificó  que  la 
registradora que suscribe no pudo apreciar invasión que pudiera motivar la petición de 
informe previo previsto en el artículo 205, más allá de existir colindancia catastral o 
aproximación a la línea gráfica que delimita la vía pecuaria, según la información gráfica 
existente en el programa homologado de este Registro. Es decir, de la información 
gráfica sobre vías pecuarias existente en el programa homologado de este registro, no 
resultaba invasión alguna, careciendo la registradora que suscribe de la información 
gráfica que ustedes reflejan en su escrito y que, de haber podido comprobar, hubiera 
motivado la petición de informe del artículo 205 de la Ley Hipotecaria.
Por tanto, no cabe sino concluir que la inmatriculación se produjo con las garantías 
previstas en la legislación hipotecaria.
No obstante, como señala la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las 
Administraciones Públicas, tanto en su artículo 6 como en su artículo 30, los bienes y 
derechos  de  dominio  público  o  demaniales  son  inalienables,  imprescriptibles  e 
inembargables,  lo  cual  no  es  sino  manifestación  del  principio  y  mandato  supremo 
contenido en el artículo 132 de nuestra Constitución. Y junto con ello, la inmatriculación 
practicada queda sujeta a lo dispuesto en el artículo 207 de la Ley Hipotecaria, de modo 
que los efectos protectores dispensados por el artículo 34 de esta Ley no se producirán 
hasta transcurridos dos años desde su fecha. Por lo que, lo que procede, a juicio de esta 
funcionaría  calificadora,  es  que  la  Administración  actuante  inste  la  correspondiente 
inscripción del deslinde de la vía pecuaria.
Parte dispositiva: e.
Por todo lo cual, la registradora de la propiedad que suscribe califica negativamente  05ww
el doCcounmtrean tloa,  yp reens ecnotnes eccauliefincacicaió, nd,e neiefegcatu saud ian sccorinpfcoirómn,e p oarl  ealr dtíecufeloc to1 9a nbteiss  adpeu nlata dLoe.y
Hipotecaria, el interesado podrá (…)
Este documento ha sido firmado con firma electrónica cualificada por Almudena del 
Hava García registrador/a de Registro Propiedad de Marchena a día ocho de septiembre 
del dos mil veintiuno.»
III
Contra  la  anterior  nota  de  calificación,  doña  C.  G.  P.,  delegada  territorial  de 
Desarrollo  Sostenible  en  Sevilla,  interpuso  recurso  el  día  28  de  octubre  de  2021 
mediante escrito en los siguientes términos:
«Fundamentos de Derecho:
Primero.–Artículo 132 de la Constitución Española, que dispone en su apartado núm. 
1, que “la ley regulará el régimen Jurídico de los bienes de dominio público y de los 
comunales,  inspirándose  en  los  principios  de  inalienabilidad,  imprescriptibilidad  e 
inembargabilidad, así como su desafectación”.
Segundo.–Artículos  5,  6,  28  y  30  de  la  Ley  33/2003  de  3  de  Noviembre,  del 
Patrimonio de las Administraciones Públicas; y 3, 18, 20, 21 y 24 de la Ley 4/1986 desde 
Mayo, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Tercero.–Artículos 2, 3, 4, 5 y 8 de la Ley 3/1995 de 23 de Marzo de Vías Pecuarias. 
En particular dispone el artículo 8, en los siguientes apartados que:
3. El deslinde aprobado declara la posesión y la titularidad demanial a favor de la 
Comunidad Autónoma, dando lugar al amojonamiento y sin que las inscripciones del 
Registro de la Propiedad puedan prevalecer frente o la naturaleza demanial de los 
bienes deslindadas.
4. La resolución de aprobación del deslinde será título sufriente para rectificar, en la 
tormo y condiciones que se determinen reglamentariamente, las situaciones jurídicas 
registrales contradictorias con el deslinde. Dicha resolución será título suficiente para 
que la Comunidad Autónoma proceda a la inmatriculación de los bienes de dominio 
público cuando lo estime conveniente. En todo caso, quienes se consideren afectados 
por la resolución aprobatoria del deslinde podrán ejercitarlas acciones que estimen 
pertinentes  en  defensa  de  sus  derechas  y  solicitar  la  anotación  preventiva  de  la 
correspondiente reclamación judicial.
Cuarto.–Artículos  3,  5,  8,  10  y  23  del  Reglamento  de  Vías  Pecuarias  de  la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por el Decreto 155/1998 de 21 de Julio. 
Dispone el artículo 23, que:
1. De conformidad con lo previsto en el artículo 8.3 de la Ley de Vías Pecuarias, la 
naturaleza demanial de los bienes deslindados prevalecerá sobre las inscripciones del 
Registro de la Propiedad.
2. De conformidad con lo previsto en el artículo 8.4 de la Ley de Vías Pecuarias, la 
resolución  de  aprobación  del  deslinde  será  título  suficiente  ahora  rectificar  las 
situaciones jurídicas registrales contradictorias con el deslinde: dicha resolución será 
título suficiente para la inmatriculación de los bienes, debiendo la Consejería de Medio 
Ambiente ponerla en conocimiento de la Consejería de Economía y Hacienda. Todo ello 
sin perjuicio de las acciones que los interesados puedan ejercitar en defensa de sus 
derechos.
Quinto.–Artículo 205 de la Ley Hipotecaria, “...El Registrador deberá verificar la falta  bo
de previa inscripción de la finca a favor de persona alguna y no habrá de tener dudas  05ww
fpfiunrnecdtaSea nicd dueaeyls  a Rc osienongmb iosratetrrt arai lcdouuo  lorac tctoruaiiónvsnic eq idrsuaeee  n dphcuruieadbt aeiestnos dtfeauenln   cdsooaid ndop ao apstrr rcaesi avouilba  romdeter eal ansl ta ecd  oeifni innmdccoiaadmt eriincncucuioiylaa ap d túaoibnstal.micl oao t rqpicuauerl canicaoiló  ednse t éslane    OE-A-2022-23able en https://
inmatriculadas  pero  que  aparezcan  recogidas  en  la  información  territorial  asociada
facilitada por las Administraciones Públicas, notificará tal circunstancia a la entidad u 
órgano competente, acompañando la certificación catastral descriptiva y gráfica de la 
finca que se pretende inmatricular con el fin de que, por dicha entidad, se remita el 
informe correspondiente, dentro del plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la 
recepción de la notificación.
Solicita, que este recurso sirva como solicitud de cancelación de la citada inscripción, 
por ser necesaria la rectificación del límite de la finca registral en tas coordenadas 
afectadas por el deslinde de la vía pecuaria. Los límites de dicha finca registral deberán 
retranquearse  la  anchura  de  la  vía  pecuaria  para  dejar  libre  el  dominio  público 
determinado por las coordenadas de deslinde.»
IV
Mediante escrito, de fecha 4 de noviembre de 2021, la registradora de la Propiedad 
se  ratificó  en  su  calificación,  emitió  informe  y  remitió  el  expediente  a  este  Centro 
Directivo.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 1, 9, 10 y 205 de la Ley Hipotecaria; 38 de la Ley 33/2003, de 3 
de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas; 5 y 8 y siguientes de la 
Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias; las Resoluciones de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado de 2 de octubre de 2014, 15 de marzo de 2016, 
13 de noviembre de 2017, 19 de julio de 2018 y 4 de julio y 19 de septiembre de 2019, y 
las Resoluciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 12 de 
marzo y 16 de octubre de 2020 y 13 de enero, 12 de febrero y 26 de julio de 2021.
1. Tras la inmatriculación de una finca y su notificación a la Administración, ésta, 
remite un escrito, varios meses después, al Registro de la Propiedad expresando que la 
georreferenciación catastral inscrita produce «un solape» con la superficie deslindada de 
una vía pecuaria, y solicita la cancelación de la citada inscripción, señalando que «los 
límites de dicha finca registral deberán retranquearse la anchura de la vía pecuaria para 
dejar libre el dominio público determinado por las coordenadas de deslinde».
La registradora deniega la cancelación solicitada objetando, en esencia:
– Que  la  inmatriculación  se  ha  practicado  «con  las  garantías  previstas  en  la 
legislación hipotecaria», que ninguna de las cartografías disponibles en la aplicación 
registral homologada recogía el citado deslinde de la vía pecuaria y no resulta ni de la 
Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, y que no existe norma alguna por la que 
el registrador, ante una inmatriculación de finca potencialmente colindante con una vía 
pecuaria, deba solicitar previamente informe a la Administración competente.
– Que los asientos registrales una vez practicados están bajo la salvaguardia de los 
tribunales, artículo 1 de la Ley Hipotecaria, y producen todos sus efectos mientras no se 
declare su inexactitud.
– Que  la  inscripción  practicada  no  impide  en  ningún  caso  la  posibilidad  de 
inscripción del deslinde administrativo cuyo reflejo registral deberá producirse mediante 
resolución emanada de procedimiento en que el titular registral haya tenido la oportuna 
intervención, evitando así la indefensión del mismo.
2. Como la propia recurrente afirma en su recurso, la Ley 3/1995, de 23 de marzo,  e
de Vías Pecuarias, en su artículo 8, la resolución del deslinde de una vía pecuaria «será  bo
título suficiente para que la Comunidad Autónoma proceda a la inmatriculación de los  05ww
edblei etdneAeersmdsle iindnmdeeáe nds» o,r  mey«g itsnloaeidomroá pe  úentíblttlaoulirc lio«ao sm csinueu anfqicntueidee,o n l lataleoss    epsisniattsurimacar ceirpi eocccnoioteninfsvice eajsunr r,id eídeenilnct eRa »slea. g reifsogtrrimsot arda elye  lsac  ocPonrndotipcraiieoddnicaetdso  rpiqauusee dc oasnne    OE-A-2022-23able en https://
prevalecer frente a la naturaleza demanial de los bienes deslindados».
Debe hacerse la salvedad de que, aunque el citado artículo prevé que la inscripción o 
inmatriculación del dominio público deslindado podrá solicitarla la Comunidad Autónoma 
«cuando lo estime conveniente», lo cierto es que una norma posterior ha sustituido dicha 
voluntariedad y discrecionalidad por la obligación terminante de solicitar la inscripción, 
como  resulta  de  la  Ley  33/2003,  de  3  de  noviembre,  del  Patrimonio  de  las 
Administraciones Públicas.
Dicha ley, en su artículo 38 establece que «las Administraciones públicas deben 
inscribir en los correspondientes Registros los bienes y derechos de su patrimonio, ya 
sean  demaniales  o  patrimoniales,  que  sean  susceptibles  de  inscripción».  Y  en  su 
disposición transitoria quinta dispone que «para el cumplimiento de la obligación de 
inscripción establecida en el artículo 36 de esta ley respecto de los bienes demaniales de 
los que las Administraciones públicas sean actualmente titulares, éstas tendrán un plazo 
de cinco años, contados a partir de la entrada en vigor de esta ley».
La alusión a dicho plazo de cinco años obviamente no ha de interpretarse como 
expresión de que exista un límite temporal para obtener la inscripción, sino de que el 
legislador consideró y considera urgente que tal obligación, respecto de los bienes 
demaniales que ya lo eran a la entrada en vigor de la Ley 33/2003, se cumpliera con 
prontitud razonable.
Como ha señalado este Centro Directivo, por ejemplo en Resolución de 19 de julio 
de 2018, «avanzando decididamente en la senda de la protección registral del dominio 
público, incluso del no inscrito debidamente, la Ley 13/2015, de 24 de junio, de Reforma 
de la Ley Hipotecaria (bajo cuya vigencia tiene lugar la solicitud de inmatriculación objeto 
de este expediente), al dar nueva redacción a diversos artículos de la Ley Hipotecaria, 
prevé que, en todo caso, el registrador tratará de evitar la inscripción de nuevas fincas o 
de la representación gráfica georreferenciada de fincas ya inmatriculadas cuando tuviera 
dudas fundadas sobre la posible invasión del dominio público.
Así se expresa de manera terminante y reiterada en varios preceptos de la Ley 
Hipotecaria, y no sólo en el artículo 9 que ya contiene una proclamación general al 
respecto, sino también en diversos artículos del Título VI de la Ley que contienen 
manifestaciones concretas del mismo principio general, como los artículos 199, 203 y 
el 205.
Consecuentemente  con  todo  ello,  la  propia  Ley  13/2015,  además,  trata  de 
proporcionar a los registradores los medios técnicos auxiliares que les permitan conocer 
la ubicación y delimitación del dominio público, incluso no inmatriculado, regulando en el 
artículo 9 de la Ley Hipotecaria y en la disposición adicional primera de la Ley 13/2015 la 
aplicación auxiliar que permita el tratamiento de representaciones gráficas previniendo la 
invasión del dominio público, información gráfica en que se apoya precisamente la 
calificación ahora combatida.
Tal profusión normativa, aun cuando pueda incluso llegar a ser reiterativa, no hace 
sino asentar el principio general, ya vigente con anterioridad a la Ley 13/2015, de que los 
registradores deben evitar practicar inscripciones de bienes de propiedad privada que 
invadan en todo o en parte bienes de dominio público, inmatriculado o no, pues el 
dominio público, por la inalienabilidad que le define, supone, precisamente, la exclusión 
de la posibilidad de existencia de derechos privados sobre esa concreta porción del 
territorio catalogada como demanial».
3. En el caso que nos ocupa, se dice por la recurrente que el deslinde de la vía 
pecuaria en cuestión fue aprobado por resolución de 11 de julio de 2013 de la Dirección 
General de Espacios Naturales y Participación y publicado en el «Boletín Oficial de la  es
Junta de Andalucía» el día 5 de agosto de 2013. o
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incluso  en  los  supuestos,  lamentablemente  nada  infrecuentes,  en  los  que  la
Administración haya incumplido su obligación legal de inscribir registralmente el dominio 
público, los registradores tienen que utilizar los medios legales y tecnológicos previstos 
en  la  legislación  registral  para  proteger  la  dominio  público,  incluso  no  inscrito 
indebidamente, frente a posibles invasiones siquiera parciales por fincas de dominio 
privado que sean objeto de inmatriculación georreferenciada o de georreferenciación 
sobrevenida.
Manifestación concreta de ello es el propio artículo 205 de la Ley Hipotecaria, 
conforme al cual se realizó la inmatriculación ahora cuestionada, el cual establece que 
«si el Registrador tuviera dudas fundadas sobre la coincidencia total o parcial de la finca 
cuya inmatriculación se pretende con otra u otras de dominio público que no estén 
inmatriculadas  pero  que  aparezcan  recogidas  en  la  información  territorial  asociada 
facilitada por las Administraciones Públicas, notificará tal circunstancia a la entidad u 
órgano competente, acompañando la certificación catastral descriptiva y gráfica de la 
finca que se pretende inmatricular con el fin de que, por dicha entidad, se remita el 
informe correspondiente, dentro del plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la 
recepción  de  la  notificación.  Si  la  Administración  manifestase  su  oposición  a  la 
inmatriculación o, no remitiendo su informe dentro de plazo, el Registrador conservase 
dudas sobre la existencia de una posible invasión del dominio público, denegará la 
inmatriculación pretendida».
En el presente caso, la registradora no tuvo esas dudas fundadas, pues, como 
señala  en  su  calificación,  ninguna  de  las  cartografías  disponibles  en  la  aplicación 
registral homologada recogía el deslinde de la vía pecuaria en la fecha de la inscripción.
4. En todo caso, una vez practicada la inmatriculación solicitada, dicho asiento está 
bajo la salvaguardia de los tribunales, conforme al artículo 1 de la Ley Hipotecaria.
Por ello, la nota de calificación, en la medida en que deniega la cancelación de una 
inmatriculación ya practicada, ha de ser confirmada, sin perjuicio, como señala la propia 
nota de calificación, de la posibilidad de inscripción del deslinde administrativo cuyo 
reflejo registral deberá producirse mediante resolución emanada de procedimiento en 
que el titular registral haya tenido la oportuna intervención, evitando así la indefensión 
del mismo.
En  consecuencia,  esta  Dirección  General  ha  acordado  desestimar  el  recurso  y 
confirmar la nota de calificación de la registradora.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el 
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las 
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de 
la Ley Hipotecaria.
Madrid, 12 de enero de 2022.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.