BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 263 Miércoles 3 de noviembre de 2021 Sec. III.   Pág. 133655
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
17954 Resolución de 6 de octubre de 2021, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica  y  Fe  Pública,  en  el  recurso  interpuesto  contra  la  decisión  del 
registrador de la propiedad de Murcia n.º 8 de practicar una anotación de 
embargo cautelar.
En el recurso interpuesto por don J. A. G., en nombre y representación de la 
mercantil «Inversiones y Desarrollos Abellán, S.L.», contra la decisión del registrador de 
la Propiedad de Murcia número 8, don Manuel Ortiz Reina, de practicar una anotación de 
embargo cautelar.
Hechos
I
Por mandamiento de fecha 12 de mayo de 2021 de la Agencia Municipal Tributaria 
del Ayuntamiento de Murcia, se ordenó la práctica de una anotación de embargo cautelar 
sobre siete fincas inscritas a favor de la entidad «Inversiones y Desarrollos Abellán, S.L.» 
como  consecuencia  de  haberse  iniciado  un  procedimiento  de  derivación  de 
responsabilidad solidaria para el cobro de la totalidad de la deuda pendiente girada 
contra  el  deudor  principal,  la  entidad  «Mitralor,  S.L.».  En  dicho  procedimiento  se 
declaraba la existencia de indicios racionales de que la citada entidad «Inversiones y 
Desarrollos Abellán, S.L.», había colaborado en la ocultación de bienes embargables de 
la deudora.
II
Presentado el indicado mandamiento en el Registro de la Propiedad de Murcia 
número  8,  el  día  2  de  junio  de  2021  se  practicaron  las  anotaciones  de  embargo 
cautelares ordenadas en el mismo a favor del Ayuntamiento de Murcia sobre las fincas 
pertenecientes a la sociedad «Inversiones y Desarrollos Abellán, S.L.» de la Sección 
Sexta de Murcia.
III
Practicadas las anotaciones indicadas en el Registro de la Propiedad de Murcia 
número 8, don J. A. G., en nombre y representación de la mercantil «Inversiones y 
Desarrollos Abellán, S.L.», interpuso recurso el día 16 de julio de 2021 en el que alegaba 
lo siguiente:
«Previa.  Derivación de la responsabilidad solidaria.
En  la  representación  que  ostento  de  la  mercantil  Inversiones  y  Desarrollos 
Abellán,  S.L,  contra  la  que  la  Administración  está  tramitando  un  expediente  de  s
derivación de responsabilidad solidaria, ya he manifestado en el trámite de audiencia,  e.
como se adquirieron los bienes inmuebles, y que por tanto no se dan los presupuestos  w.
para la derivación de la responsabilidad, que la Administración pretende. Mi sociedad  954ww
snoob eres  mlai sd ebuiednoeras., sino existe deuda la medida pretendida, de embargo, no es posible
Que  la  anotación  preventiva  de  embargo,  supone  para  la  sociedad  un  daño 
irreparable, por lo que entendemos que debe resolverse el expediente en primer lugar 
antes de imponer la traba en unos bienes ajenos al deudor.
Primera.  Del embargo de los bienes inmuebles, art. 170.3 LGT.
Habida cuenta lo anterior y tal y como señala el artículo 170.3 de la LGT, la Diligencia 
de embargo debe estar dirigida al Deudor, y el mismo precepto enumera los motivos de 
oposición, en los que basamos nuestro escrito, concretamente en el apartado c), que 
dispone, que es motivo de oposición a la Diligencia de embargo, el incumplimiento de las 
normas  reguladoras  contenidas  en  esta  ley.  En  el  presente  caso,  existe  un 
incumplimiento de las normas, cuando se pretende trabar unos bienes de mi propiedad 
no siendo el deudor.
Al  amparo  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  88.1.d)  de  la  Ley  Reguladora  de  la 
Jurisdicción Contencioso Administrativa, alega infracción en su valoración y/o aplicación 
del artículo 41 y concordantes de la Ley 58/2003, General Tributaria, en relación con el 
artículo  35.2  del  mismo  cuerpo  legal,  dado  que  al  no  contemplar  la  norma  como 
deudores principales a los responsables solidarios, no tiene cobertura en la norma, la 
creación  de  una  suerte  de  cadena  de  responsabilidades  solidarias  sobre 
responsabilidades  solidarias,  sin  límite,  que,  de  admitirse,  puede  expandirse  sobre 
cualquier obligado tributario aun sin intervención alguna en la responsabilidad del pago 
de la deuda principal.
De forma supletoria, cabe la aplicación de las normas civiles, asimismo el apartado 1 
del artículo 588 LEC dispone que es nulo el embargo sobre bienes y derechos cuya 
efectiva existencia no conste. Esta norma contiene una doble prohibición: prohibición de 
embargos indeterminados o genéricos y el embargo de bienes sin pertenencia actual al 
patrimonio del deudor.
Resolución de 23 de junio de 2016, de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad de 
Getafe n.º 1 a extender una anotación preventiva de embargo cautelar ordenada en 
expediente de derivación de responsabilidad solidaria.
“El  que  la  AEAT  pueda  presionar  al  deudor  de  ese  crédito  embargado, 
amenazándolo con derivar contra él una responsabilidad solidaria por deudas tributarias 
de persona con la que solo le une la existencia de una relación jurídica creditual, y, 
menos aún, trabar por vía cautelar bienes de ese deudor, distintos del propio crédito en 
cuestión”.
El registrador entiende que, en modo alguno, el deudor del crédito embargado queda 
compelido a efectuar el pago en términos distintos a los que deriven del propio crédito. 
Por lo que el no atendimiento inmediato del pago de ese crédito trabado no puede 
colocarle  en  la  situación  de  responsable  solidario  tributario,  conforme  proclama  el 
artículo 42.2.b) de la Ley General Tributaria. Y que, si el deudor del crédito embargado 
rechaza el pago, lo que debe hacer la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en 
tanto que subrogado en la posición del titular de ese crédito y dado su carácter privado, 
acudir a la vía judicial para su reclamación, pero en ningún caso este crédito puede 
reclamarse en vía de apremio.
Segunda.  Del exceso en la medida cautelar, con respecto a la valoración de los 
bienes.
De forma subsidiaria, ya se le aportó a la Administración pericial sobre el valor de los  e.
bienes, y prueba del exceso de la medida cautelar, entendiendo que, si procede por el  w.
plazo máximo de 6 meses, mientras se resuelve el expediente es excesiva la anotación  954ww
de eLmab saorcgioe dsaodb rfeu ela ns optliaficzaads ad ed egla eramjeb aqrugeo  pdree tseinedtee np leamzabsa drgea gr.araje, por lo que el valor
de los bienes supera de forma exponencial la deuda contraída, motivo por el cual
entendemos que el embargo también debe declararse nulo, dañando gravemente el 
principio de proporcionalidad.
Habida cuenta lo anterior, adjuntamos al presente escrito de impugnación informe de 
tasación, tomando como referencia el valor de mercado de los bienes objeto de la 
medida, que tal y como demuestra el valor de cada plaza de garaje, asciende a 25.975 
euros, por lo que dicha medida cautelar procedería, en su caso, sobre 4 y no sobre las 7 
propuestas por la Administración.
Y, en virtud de lo anteriormente expuesto,
Solicito: Que se tenga por presentado el presente recurso en legal tiempo y forma, 
junto con los documentos que se acompañan, y se proceda por el Órgano al que me 
dirijo a declarar la nulidad de la anotación preventiva de embargo sobre los bienes que 
son de mi propiedad y no del deudor, con base a los hechos y fundamentos de derecho 
contenidos en el presente escrito.
Otrosí solicito segundo.  Y de forma subsidiaria se limite la anotación a los bienes 
conforme a la valoración dispuesta por el informe aportado, y por los razonamientos 
expuestos en la alegación segunda».
IV
El jefe del Departamento de Recaudación de la Agencia Municipal Tributaria del 
Ayuntamiento  de  Murcia  manifestó,  en  informe  de  fecha  22  de  julio  de  2021,  la 
conformidad  de  la  Administración  a  la  calificación  y  despacho  efectuado  por  el 
registrador de la Propiedad de Murcia número 8 y reiteraba la necesidad de la medida 
cautelar adoptada.
V
El registrador de la Propiedad de Murcia número 8 emitió informe en el que declaró 
que el recurso carece de objeto, toda vez que no se interpone contra una calificación 
negativa, y elevó el expediente a esta Dirección General.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 24 de la Constitución Española; 1.3.º, 18, 19, 19 bis, 38, 40, 42, 
66, 82, 326 y 327 de la Ley Hipotecaria; la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de 
mayo de 2000; las reiteradísimas Resoluciones de la Dirección General de los Registros 
y del Notariado de 16 de enero de 1990, 14 de junio de 1993, 23 de noviembre de 1998, 
28 de julio de 1999, 13 de octubre de 2009, 14 de marzo y 10 de octubre 2016, 12 y 23 
de enero, 23 de febrero, 21 de abril, 9 y 29 de mayo, 6, 7, 12 y 30 de junio y 27 de julio 
de 2017, 12 de enero, 18 de abril, 17 de mayo y 13 de septiembre 2018 y 14 de marzo 
y 25 de abril de 2019, y las Resoluciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica 
y Fe Pública de 22 de octubre de 2020 y 4 de febrero, 3 de marzo, 17 de junio y 26 de 
julio de 2021, sobre la improcedencia del recurso para impugnar asientos registrales 
practicados.
1.  Practicadas  siete  anotaciones  de  embargo  cautelares  en  el  Registro  de  la 
Propiedad, derivadas de un procedimiento de derivación de responsabilidad solidaria 
conforme al artículo 42.2 a) de la Ley General Tributaria, solicita el recurrente se declare  s
la  nulidad  de  los  asientos  al  entender  que  se  han  practicado  erróneamente  y,  oe.
sdsouebbsrpsEeirdl o irpaceorugiraaicsmtitroroean ndaftodienra, c s saeeesnñ   rareyelac lat niqcfoiuiqó euns e nocnoob  lnrcoe asl ab ms evie aiisntlmeote,ro arspcp,ioo ódnrn ee d crm oeren olcosduisodr  ebsqoriueasenr   ecloasq.nsu tera an loaats aimecinoetndoeisds ay sa o cplaorua rtceetcilcaaari gdaoenss    2021-17954n https://www.
pues están bajo la salvaguardia de los tribunales.
2.  Respecto de tal cuestión debe recordarse la doctrina reiterada de esta Dirección 
General, basada en el contenido del artículo 326 de la Ley Hipotecaria y en la doctrina 
de nuestro Tribunal Supremo, Sentencia de 22 de mayo de 2000, según la cual el objeto 
del expediente de recurso contra calificaciones de registradores de la Propiedad es 
exclusivamente la determinación de si la calificación es o no ajustada a Derecho, como 
resulta de los artículos 19 y 19 bis de la Ley Hipotecaria. No tiene en consecuencia por 
objeto cualquier otra pretensión de la parte recurrente, cuestiones todas ellas extrañas al 
recurso contra la calificación registral.
De acuerdo con lo anterior, es igualmente doctrina reiterada que, una vez practicado 
un asiento, el mismo se encuentra bajo la salvaguardia de los tribunales, produciendo 
todos sus efectos en tanto no se declare su inexactitud, bien por la parte interesada, bien 
por los tribunales de Justicia de acuerdo con los procedimientos legalmente establecidos 
(artículos 1, 38, 40 y 82 de la Ley Hipotecaria).
Por  tanto,  conforme  a  esta  reiterada  doctrina,  el  recurso  contra  la  calificación 
negativa del registrador no es cauce hábil para acordar la cancelación de asientos ya 
practicados. No puede por tanto estimarse la pretensión de que se rectifiquen asientos 
que se encuentran bajo la salvaguardia de los tribunales. Sólo con la conformidad de 
todos  los  titulares  de  derechos  inscritos  o  a  través  de  una  acción  declarativa  de 
rectificación del Registro (cfr. artículos 40 y 82 de la Ley Hipotecaria), siendo parte todos 
los interesados, podrá llevarse a cabo la rectificación pretendida.
3.  En  el  caso  de  este  expediente,  habiéndose  practicado  ya  las  anotaciones 
preventivas, al igual que los demás asientos del Registro, están bajo la salvaguardia de 
los tribunales (artículo 1 de la Ley Hipotecaria), por lo que no puede esta Dirección 
General determinar si las anotaciones fueron o no practicadas correctamente, de manera 
que el cauce procedente es sólo la vía judicial conforme a lo que se ha expuesto 
anteriormente.
Por lo que, sin entrar en el fondo del asunto, esta Dirección General ha acordado 
desestimar el recurso.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el 
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las 
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de 
la Ley Hipotecaria.
Madrid, 6 de octubre de 2021.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.