BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 170 Jueves 18 de junio de 2020 Sec. III.   Pág. 42030
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
6389 Resolución de 27 de enero de 2020, de la Dirección General de los Registros 
y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador 
de la propiedad de Madrid n.º 29, por la que se suspende la inscripción de 
una escritura de operaciones particionales de herencia.
En el recurso interpuesto por doña L. R. L. I. contra la calificación del registrador de 
la Propiedad de Madrid número 29, don Javier Stampa Piñeiro, por la que se suspende 
la inscripción de una escritura de operaciones particionales de herencia.
Hechos
I
Mediante escritura autorizada el día 30 de mayo de 2003 por la notaria de Madrid, 
doña  María  Jesús  Guardo  Santamaría,  se  otorgaron  las  operaciones  particionales 
causadas por el fallecimiento el día 6 de mayo de 2000 de don A. L. L. M., divorciado de 
sus primeras nupcias con doña R. M. I. L. G., de cuyo matrimonio tuvo una hija –doña L. 
R. L. I., hoy recurrente–, y casado en segundas nupcias con doña M. F. C. R., de cuyo 
matrimonio careció de descendientes. En su último testamento ante la misma notaria, de 
fecha 6 de julio de 1999, legó a su esposa doña M. F. C. R. el usufructo del tercio de libre 
disposición de la herencia, e instituyó heredera a su mencionada hija doña L. R. L. I. y a 
los que pudiera tener en lo sucesivo. Interesa a efectos de este expediente que, según 
constaba en la referida escritura de partición de herencia, del testamento resultaba que 
«estableció que la referida institución llevaba aparejada la prohibición para los herederos 
de realizar actos de disposición, transmisión, enajenación o gravamen sobre los bienes 
que integrasen la herencia, hasta tanto en cuanto no alcanzasen la edad de veinticinco 
años, disponiendo además, que para el supuesto de infringirse la anterior prohibición, el 
legado conferido a favor de Doña M. F. C. R. se transformaría automáticamente en el 
pleno dominio del tercio de libre disposición. Igualmente estableció la prohibición de 
acceder a la herencia y los bienes del testador, a la madre de su hija, Doña R. M. I. L. 
G.». Nombró albaceas contadores-partidores en forma mancomunada a don E. M. B. y a 
don E. C. M., prorrogándoles para el ejercicio del cargo por dos años más.
En la referida escritura de operaciones particionales intervinieron al otorgamiento: la 
viuda, la madre de la única heredera –el causante no tuvo otros descendientes– en 
representación de la misma por ejercicio de su patria potestad ya que era menor de edad 
-nacida el día 3 de enero de 1989- y los dos contadores-partidores. En el cuaderno 
particional  confeccionado  por  los  contadores-partidores  se  refería  a  la  viuda  como 
«heredera», aun cuando, conforme el testamento, era una legataria de usufructo del 
tercio de libre disposición; se distribuía el caudal en la proporción de 64,67% para la hija 
heredera por cuenta de un tercio de la herencia en pleno dominio y dos tercios en nuda 
propiedad, y de un 35,33 % para la viuda por cuenta del usufructo de dos tercios de la 
herencia [sic].
II w.
PropPieredsaedn dtaed Ma aedl rdidía n 2ú mdee rose 2p9ti,e fmueb roeb jdeeto 2 d0e1 9la l as igreufieernidtea  neostcar idtuer aca elinfi cealc Rióeng:istro de la
«Copia  autorizada  de  escritura  de  protocolización  de  operaciones  particionales 
autorizada  el  30/05/2003  por  la  Notario  de  Madrid  Doña  María  Jesús  Guardo 
Santamaría, número de protocolo 2072/2003.
Dicho  documento  causó  el  día  02/09/2019  el  asiento  de  presentación  546  del 
diario 112.
El  registrador  de  la  Propiedad  que  suscribe,  previo  examen  y  calificación  del 
documento precedente, de conformidad con los artículos 18 de la Ley Hipotecaria y 98 
a  100  de  su  Reglamento  suspende  la  inscripción  del  mismo  de  acuerdo  con  los 
siguientes  Hechos  y  Fundamentos  de  Derecho:  Hechos:  Según  resulta  del  título 
presentado la viuda se adjudica la totalidad del usufructo y se establece una prohibición 
de disponer de los bienes de la herencia de la hija menor, lo que constituye en ambos 
casos un gravamen sobre la legítima. Fundamentos de Derecho: Artículo 813 del Código 
Civil. Contra esta calificación registral negativa puede: (…)
La identidad del Registrador responsable será la del titular del Registro en cada 
momento. Madrid, veintitrés de septiembre del año dos mil diecinueve. El Registrador 
(firma ilegible y sello del Registro con el nombre y apellidos del registrador).»
III
Contra la anterior nota de calificación, doña L. R. L. I. interpuso recurso el día 28 de 
octubre de 2019 en el que, en síntesis, alegaba lo siguiente:
Primero.  Que el usufructo de la viuda alcanza exclusivamente a un bien inmueble, y 
no alcanza a otros bienes de la herencia, y Que, además, cuando se otorgó la escritura, 
era la recurrente-heredera menor de edad, pero a la fecha de hoy supera la mayoría 
de 25 años de edad.
Segundo.  Que no fundamenta la calificación y se vulnera lo dispuesto en la Ley 
Hipotecaria  y  en  la  doctrina  del  Tribunal  Constitucional,  que  considera  que  la 
fundamentación es un pilar básico para que el ciudadano pueda defenderse de una 
posible  arbitrariedad  de  la  administración.  Y  en  este  caso,  cita  someramente  el 
artículo 813 del Código Civil.
Tercero.  Que la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado 
de 10 de septiembre de 2018 recoge que «como dispone el artículo 14 de la Ley 
Hipotecaria en su párrafo primero (modificado por la disposición final duodécima de la 
Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria, y por la disposición final primera 
de la Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en materia civil) 
“el título de la sucesión hereditaria, a los efectos del Registro, es el testamento, el 
contrato sucesorio, el acta de notoriedad para la declaración de herederos abintestato y 
la declaración administrativa de heredero abintestato a favor del Estado, así como, en su 
caso, el certificado sucesorio europeo al que se refiere el capítulo VI del Reglamento 
(UE) n.º 650/2012”. El testamento es un negocio jurídico que, en tanto que manifestación 
de la voluntad del causante, se constituye en ley de la sucesión (cfr. artículo 658 del 
Código Civil). El mismo, como título sustantivo de la sucesión hereditaria (cfr. artículo 14 
de la Ley Hipotecaria), junto, en su caso, con el título especificativo o particional, serán 
los vehículos para que las atribuciones hereditarias sobre bienes o derechos concretos 
puedan acceder al Registro.»
La doctrina de la Dirección General de los Registros y del Notariado destaca que el 
testamento válido es la ley máxima de la sucesión y que el mismo debe respetarse,  es
mientras  judicialmente  no  se  declare  la  ineficacia  de  todas  o  algunas  de  sus  bo
disposiciones. Ello es, además, lo que resulta de la realidad, pues el testamento se  89ww
adeppesa osrlaacy e alcen eoydnm iem plnaártsoex bisdma eyrac lca ladusrea.a  llceEaiso l s nstueeocssnet  asduidenóolon rts,e   mseuts aioe dtnqrotuorris,ae .sqn S u neid oa e ncscoeel apaert laai mn mospotiu asegr icsnoota,á mdn oioo  e  jpuln rdroieni cgcciiaisapltmsiroaa eddqnoout,ree    tsesieiul  nt teecieosnntn aemtme eoned idninootoos,     OE-A-2020-63able en https://
tenemos  que  respetar  la  formación  del  mismo  en  base  a  las  manifestaciones  y
declaraciones  de  voluntad  hechas  por  el  testador  y  esto,  porque  lo  dispone  el 
ordenamiento jurídico. Ese ordenamiento deja a la iniciativa del perjudicado impugnar el 
testamento  que  contenga  disposiciones  que  perjudiquen  la  legítima,  mediante  el 
procedimiento contencioso correspondiente, pero no permite al notario ni al registrador 
invitar, por así decirlo, al legitimario para que manifieste si está o no conforme con lo que 
el testador había ordenado en su testamento.
IV
Mediante escrito, de fecha 26 de noviembre de 2019, el registrador de la Propiedad 
emitió su informe y elevó el expediente a este Centro Directivo.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 658, 806, 808, 813 y 1060 del Código Civil; 14, 18, 19 bis y 326 
de la Ley Hipotecaria; las Sentencias del Tribunal Supremo, Salta Tercera, de 22 de 
mayo de 2000 y de, Sala Primera 10 de junio y 3 de septiembre de 2014 y 21 de abril 
de 2015, y las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado 
de 2 de octubre de 1998, 22 de marzo de 2001, 24 de marzo, 17 de septiembre y 15 y 19 
de octubre de 2004, 21, 22 y 23 de febrero, 12, 14, 15, 16 y 28 de marzo, 1 y 20 de abril, 
23 de mayo y 13 de octubre, 20 de enero de 2006, 31 de enero y 25 de octubre de 2007, 
11 de febrero de 2008, 14 de abril, 8 de mayo y 3 y 13 de diciembre de 2010, 26 de 
enero y 7 de julio de 2011, 28 de febrero, 22 de mayo y 20 de julio de 2012, 9 de julio, 8 
de octubre y 12, 16, 17, y 20 de diciembre de 2013, 19 de marzo, 10 de junio y 16 de 
septiembre de 2014, 2 de febrero de 2015, 12 de febrero de 2016, 26 de abril, 19 de 
junio y 12 de diciembre de 2017, 10 de septiembre y 21 de noviembre de 2018 y 1 de 
marzo de 2019.
1.  Debe  decidirse  en  este  expediente  si  es  o  no  inscribible  una  escritura  de 
protocolización  de  operaciones  particionales  en  la  que  concurren  las  circunstancias 
siguientes: el causante falleció el día 6 de mayo de 2000, deja una hija de su primer 
matrimonio  (la  ahora  recurrente)  y  viuda  de  segundas  nupcias,  y  carece  de  otros 
descendientes; en su testamento legó a su esposa el usufructo del tercio de libre 
disposición, e instituyó heredera a su hija; según consta en la escritura de partición de 
herencia,  del  testamento  resulta  que  «estableció  que  la  referida  institución  llevaba 
aparejada la prohibición para los herederos de realizar actos de disposición, transmisión, 
enajenación o gravamen sobre los bienes que integrasen la herencia, hasta tanto en 
cuanto no alcanzasen la edad de veinticinco años, disponiendo además, que para el 
supuesto de infringirse la anterior prohibición, el legado conferido a favor de Doña M. F. 
C.  R.  se  transformaría  automáticamente  en  el  pleno  dominio  del  tercio  de  libre 
disposición. Igualmente estableció la prohibición de acceder a la herencia y los bienes 
del  testador,  a  la  madre  de  su  hija,  Doña  R.  M.  I.  L.  G.»;  nombró  dos  albaceas 
contadores-partidores  en  forma  mancomunada,  prorrogándoles  para  el  ejercicio  del 
cargo por dos años más; en el otorgamiento de la escritura de operaciones particionales 
intervinieron: la viuda, la madre de la única heredera en ejercicio de su patria potestad ya 
que era menor de edad -consta en la escritura que nació el día 3 de enero de 1989-, y 
los dos contadores partidores; en el cuaderno particional, se refieren a la viuda como 
«heredera» aun cuando, conforme el testamento, es una legataria de usufructo del tercio 
de libre disposición, y se distribuye el caudal en la proporción de 64,67% para la hija  e.e
heredera en pago del valor de un tercio de la herencia en pleno dominio y dos tercios en  b
nuda propiedad, y de un 35,33% para la viuda correspondiente al usufructo de dos  89ww
etexrpcrioess amdee ntela  enh esreun fcaiav,o r aeul nl egcaudaon ddoe l euns uferul cttoe sdtaeml teenrtcoio  údnei claibmree ndteis possei cióonrd, esnina 
raedfjeurdeinccai a eal  suus ulefrguítcimtoa  dveiu duanl.a E nv ipviaegnod ad,e l urneafe ripdaor tuicsipuafrcuicótno  deen  lolsa  dcoost itteurlaciroidsa, ds e dlee 
determinados derechos y cierta cantidad de dinero.
El registrador se limita a expresar en su calificación que «suspende la inscripción del 
mismo de acuerdo con los siguientes Hechos y Fundamentos de Derecho: Hechos: 
Según resulta del título presentado la viuda se adjudica la totalidad del usufructo y se 
establece una prohibición de disponer de los bienes de la herencia de la hija menor, lo 
que  constituye  en  ambos  casos  un  gravamen  sobre  la  legítima.  Fundamentos  de 
Derecho: Artículo 813 del Código Civil».
La recurrente alega: la insuficiente motivación de la calificación; que el usufructo de 
la viuda se concreta en una vivienda concreta, sin alcanzar a otros bienes de la herencia; 
que la heredera es ahora mayor de veinticinco años de edad, por lo que el gravamen 
sobre le legítima es inexistente; y que el testamento es la ley de la sucesión, y sus 
disposiciones surten sus efectos mientras no se declare judicialmente la ineficacia de 
todas o algunas de sus disposiciones.
2.  Respecto de las alegaciones de la recurrente relativas a la falta de motivación de 
la calificación impugnada, debe recordarse la doctrina de este Centro Directivo según la 
cual cuando la calificación del registrador sea desfavorable, es exigible, conforme a los 
principios básicos de todo procedimiento y a la normativa vigente, que al consignarse los 
defectos que, a su juicio, se oponen a la inscripción pretendida, aquélla exprese también 
una  motivación  suficiente  de  los  mismos,  con  el  desarrollo  necesario  para  que  el 
interesado  pueda  conocer  con  claridad  los  defectos  aducidos  y  con  suficiencia  los 
fundamentos jurídicos en los que se basa dicha calificación (cfr. artículo 19 bis de la Ley 
Hipotecaria y Resoluciones de 2 de octubre de 1998, 22 de marzo de 2001, 14 de abril 
de 2010, 26 de enero de 2011, 20 de julio de 2012, 12 de febrero de 2016, 26 de abril 
y 19 de junio de 2017, 21 de noviembre de 2018 y 1 de marzo de 2019, entre otras 
muchas). Es indudable que, de este modo, serán efectivas las garantías del interesado 
recurrente, quien al conocer en el momento inicial los argumentos en que el registrador 
funda jurídicamente su negativa a la inscripción solicitada podrá alegar los fundamentos 
de Derecho en los que apoye su tesis impugnatoria, a la vista ya de los hechos y 
razonamientos  aducidos  por  el  registrador  que  pudieran  ser  relevantes  para  la 
Resolución  del  recurso.  También  ha  mantenido  esta  Dirección  General  (vid.  la 
Resolución de 25 de octubre de 2007, cuya doctrina confirman las más recientes de 28 
de febrero y de 20 de julio de 2012) que no basta con la mera cita rutinaria de un 
precepto legal (o de Resoluciones de este Centro Directivo), sino que es preciso justificar 
la razón por la que el precepto de que se trate es de aplicación y la interpretación que del 
mismo  ha  de  efectuarse  (y  lo  mismo  debe  entenderse  respecto  de  las  citadas 
Resoluciones), ya que sólo de ese modo se podrá combatir la calificación dictada para el 
supuesto de que no se considere adecuada la misma.
Como ha quedado expuesto, en el presente caso, el registrador en su calificación se 
limita a expresar de forma escueta los motivos de la suspensión de la inscripción 
solicitada.  Y  debe  recordarse  que  también  es  doctrina  reiterada  de  esta  Dirección 
General (vid., entre otras muchas, las Resoluciones de 17 de septiembre y 15 y 19 de 
octubre de 2004, 20 de abril y 23 de mayo de 2005, 20 de enero de 2006, 31 de enero 
de 2007, 11 de febrero de 2008, 13 de diciembre de 2010, 7 de julio de 2011, 16 de 
septiembre de 2014 y 12 de diciembre de 2017) que el momento procedimental, único e 
idóneo, en el que el registrador ha de exponer todas y cada una de las razones que 
motivan su decisión de denegar la práctica del asiento solicitado es el de la calificación 
(artículo 19 bis de la Ley Hipotecaria) sin que, por consiguiente, hayan de ser tenidas en 
cuenta las que pueda introducir en su informe, toda vez que, si el registrador retrasa la 
exposición de sus argumentos a dicho informe, el interesado o legitimado para recurrir se  s
ve privado de su derecho, pues desconocerá la razón última de la decisión recurrida y no  oe.
podrá exponer adecuadamente al órgano competente para conocer de su recurso sus  w.
argumentos. Igualmente, se ha expuesto que en dicho informe no cabe aducir nuevos  89ww
fduenl draemcuernsoto fsr eon trea zao lnae csa elinfic daecfieónns, ae l dinet elare nsoatdao d dee csacloifnicoacceiórán  lapsu eras,z opnoer se la mñaisdmidoa st rpáomri teel 
registrador.
No  obstante,  conviene  tener  en  cuenta  es  igualmente  doctrina  de  este  Centro 
Directivo (Resoluciones de 21, 22 y 23 de febrero, 12, 14, 15, 16 y 28 de marzo, 1 de 
abril y 13 de octubre de 2005, 8 de mayo y 3 de diciembre de 2010, 28 de febrero, 22 de 
mayo y 20 de julio de 2012, 9 de julio, 8 de octubre y 12, 16, 17, y 20 de diciembre 
de 2013, 19 de marzo y 10 de junio de 2014, 2 de febrero de 2015 y 12 de diciembre 
de 2017, entre otras) que aun cuando la argumentación en que se fundamenta la 
calificación haya sido expresada de modo escueto, cabe la tramitación del expediente si 
expresa suficientemente la razón que justifica dicha negativa de modo que el interesado 
ha podido alegar cuanto le ha convenido para su defensa, según el contenido del escrito 
de interposición del recurso.
En este caso, resulta que la cuestión planteada por el registrador en su lacónica nota 
de calificación, ha podido ser objeto de alegaciones suficientes por el recurrente, y por 
ello procede entrar en el fondo del asunto, si bien no puede tenerse en cuenta la 
argumentación  de  contenido  calificatorio  que,  de  modo  extemporáneo,  alega  el 
registrador en su informe.
3.  También como cuestión previa, debe recordarse que como tiene declarado el 
Tribunal Supremo (Sala Tercera) en Sentencia de 22 de mayo de 2000, el objeto del 
recurso contra la calificación negativa del registrador no es el asiento registral sino el 
propio acto de calificación de dicho funcionario, de manera que se trata de declarar si 
esa calificación fue o no ajustada a Derecho. El hecho de que sea el acto de calificación 
el que constituye el objeto del recurso tiene importantes consecuencias, entre ellas que, 
por  imperativo  del  artículo  326  de  la  Ley  Hipotecaria,  el  recurso  debe  recaer 
exclusivamente sobre las cuestiones que se relacionen directa e inmediatamente con la 
calificación del registrador, pues, de no ser así, y estimarse otros defectos no incluidos 
en la misma supondría indefensión para el recurrente (vid., entre otras muchas, las 
Resoluciones de 24 de marzo de 2004 y 13 de diciembre de 2010).
Hechas las anteriores precisiones sobre el objeto del recurso, es la calificación tal y 
como ha sido formulada en el presente caso la que debe ser objeto de análisis, sin que 
puedan abordarse otras cuestiones distintas de las expresadas en la misma.
4.  Conforme a las consideraciones que anteceden, no puede confirmarse la primera 
de  las  objeciones  expresadas  por  el  registrador  en  su  calificación,  pues  según  la 
escritura calificada lo que se adjudica al cónyuge viudo no es «la totalidad del usufructo» 
sino, como ha quedado expresado, el usufructo de una vivienda, una participación en la 
cotitularidad de determinados derechos y cierta cantidad de dinero.
5.  Respecto de la objeción relativa al gravamen sobre la legítima que, a juicio del 
registrador, está constituido por la prohibición de disponer impuesta por el testador, debe 
tenerse en cuenta que es principio fundamental del régimen sucesorio de Derecho 
común que la legítima es la porción de bienes de la herencia de la que el testador no 
puede disponer sino a favor de determinados parientes llamados herederos forzosos o 
legitimarios. Tal y como se ha configurado en el Código Civil (artículo 806: «la legítima es 
la porción de bienes de que el testador no puede disponer por haberla reservado la ley a 
determinados  herederos,  llamados  por  esto  herederos  forzosos»),  la  legítima  se 
identifica como una auténtica «pars bonorum» que confiere al legitimario un derecho 
como cotitular -por mandato legal- del activo líquido hereditario, quedando garantizada 
por la ley igualmente una proporción mínima en dicho activo y que -salvo excepciones, 
cuyo planteamiento aquí no corresponde- ha de ser satisfecha con bienes hereditarios, 
por lo que cualquier acto particional de la masa hereditaria del transmitente debe ser 
otorgado con el consentimiento de dicho legitimario, con independencia del título - s
herencia, legado o donación- con el que se haya reconocido y satisfecho su derecho. oe.
La  manifestación  del  efecto  esencial  de  la  legítima  es  su  intangibilidad  tanto  w.
cualitativa como cuantitativa. Y en este sentido, el artículo 813 del Código Civil establece  89ww
qeuxper e«seal mteesnttaed doer tenrom ipnoaddroás  pproivra lra  ale ylo»s.  Shee recdoemrpolse tad el as pur oletegcítcimióan  dsein ola  einnt alnogs ibcialidsaods 
cguraavliatamtievan , dnei  cloan ldeigciíótinm, an ie snu setli tupcáirórna fod es neignugnudnoa:  e«sTpaemcipeo, csoa lpvoo dlorá  diimsppuoensetor  seonb creu aenltloa   BOE-A-cable e
al  usufructo  de  viudo  y  lo  establecido  en  el  artículo  808  respecto  de  los  hijos  o 
descendientes judicialmente incapacitados».
6.  En  el  presente  caso,  con  la  prohibición  de  disponer  que  se  impone  en  el 
testamento a la heredera, hasta alcanzar la edad de veinticinco años, no se conculca la 
intangibilidad cualitativa de la legítima, pues no es una prohibición absoluta de disponer 
sino que se establece una cautela «Socini», según es configurada y admitida doctrinal y 
jurisprudencialmente, o cláusula de opción compensatoria de la legítima, de modo que la 
heredera forzosa tiene la facultad de elegir entre respetar la prohibición de disponer, 
recibiendo más de lo que le corresponde por su legítima, o bien la infracción de dicha 
prohibición aun cuando en este caso quede reducida su porción hereditaria a su legítima 
y el legado ordenado en favor de la viuda limitado al pleno dominio del tercio de libre 
disposición.
La reciente doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo [cfr. Sentencias de 10 de 
junio de 2014 (número 838/2013), 3 de septiembre de 2014 (número 254/2014) y 21 de 
abril de 2015 (número 717/2014)] ha profundizado en la naturaleza y alcance de la 
cautela «Socini» resaltando su validez como disposición testamentaria, en los siguientes 
términos:
«En  efecto,  conceptualmente  analizada,  y  pese  a  su  usual  redacción  bajo  una 
formulación de sanción, la cautela socini, al amparo de la voluntad del testador como eje 
vertebrador de la ordenación dispuesta (STS de 6 de mayo de 2013, núm. 280/2013 ) no 
constituye un fraus legis (fraude de ley) dirigido a imponer una condición ilícita (coacción) 
o gravamen directo sobre la legítima (813 del Código Civil), pues su alcance en una 
sucesión abierta y, por tanto, diferida, se proyecta en el plano del legitimario configurada 
como un derecho de opción o facultad alternativa que, sujeta a su libre decisión, puede 
ejercitar en uno u otro sentido conforme a sus legítimos intereses, esto es, ya aceptando 
la disposición ordenada por el testador, extremo que ya le sirve para calcular la posible 
lesión patrimonial de su derecho hereditario, o bien ejercitando la opción de contravenir 
la prohibición impuesta por el testador y solicitar la intervención judicial en defensa de la 
intangibilidad de su legítima, decisión que le llevará a recibir únicamente lo que resulte 
de su legítima estricta, acreciendo el resto a los legitimarios conformes. Libertad de 
decisión que, en suma, una vez abierta la sucesión puede llevar, incluso, a la propia 
renuncia de la herencia ya diferida. Desde el plano conceptual señalado no se observa, 
por tanto, que la potestad dispositiva y distributiva del testador infrinja el límite dispositivo 
que  a  estos  efectos  desempeña  la  función  de  la  legítima,  pues  la  opción  que 
necesariamente acompaña la configuración testamentaria de esta cautela, determina la 
salvaguarda de su esencial atribución patrimonial en la herencia, es decir, su derecho a 
recibir la legítima estricta. Obsérvese, que en el ámbito particional se alcanza la misma 
conclusión cuando la partición la realice el propio testador (artículo 1056 y 1075 del 
Código Civil).
En la línea de argumentación expuesta, y conforme a la relevancia que la reciente 
jurisprudencia de esta Sala otorga al principio de conservación de los actos y negocios 
jurídicos, no sólo como mero criterio hermenéutico, sino como auténtico principio general 
STS 25 de enero de 2013, (núm. 827/2013), debe señalarse que esta Sala también ha 
resaltado  recientemente  su  proyección  en  el  ámbito  del  Derecho  de  sucesiones 
particularmente en la aplicación del principio de “favor testamenti” (conservación de la 
validez del testamento), SSTS 30 de octubre de 2012, (núm. 624/2012 ), 20 de marzo 
de 2013 (núm. 140/2013 ) y 28 de junio de 2013 (núm. 423/2013)».
Por cuanto antecede, la objeción opuesta por el registrador a la prohibición de  e.
disponer tampoco puede ser confirmada. A mayor abundamiento, como resulta de la  w.b
escritura  calificada,  la  heredera  nació  el  día  3  de  enero  de  1989,  por  lo  que  ha  89ww
transcurrido el plazo de duración de la prohibición de disponer cuestionada.
Esta Dirección General ha acordado estimar el recurso interpuesto y revocar la 
calificación.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la provincia del lugar donde radica el inmueble 
en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del 
juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de la Ley 
Hipotecaria.
Madrid, 27 de enero de 2020.–El Director General de los Registros y del Notariado, 
Pedro José Garrido Chamorro.