BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 294 Sábado 7 de noviembre de 2020 Sec. I.   Pág. 97472
I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA
Y COOPERACIÓN
13796 Tratado de asistencia judicial en materia penal entre el Reino de España y la 
República del Ecuador, hecho en Madrid el 18 de diciembre de 2017.
TRATADO DE ASISTENCIA JUDICIAL EN MATERIA PENAL ENTRE EL REINO 
DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
El Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República del Ecuador, en 
adelante denominados «las Partes»;
Considerando los lazos de amistad y cooperación que unen a las Partes;
Deseosos  de  fortalecer  las  bases  legales  de  la  asistencia  judicial  recíproca  en 
materia penal;
Actuando de acuerdo con sus legislaciones internas, así como en el respeto a los 
principios universales de derecho internacional, en especial de igualdad soberana y la no 
intervención en los asuntos internos;
Han convenido lo siguiente:
Artículo 1.  Ámbito de aplicación.
1.  El presente Tratado tiene por finalidad la asistencia judicial mutua entre las 
autoridades competentes de ambas Partes, en relación con asuntos de naturaleza penal.
2.  De conformidad con las disposiciones del presente Tratado y de sus respectivos 
ordenamientos internos, las Partes se comprometen a prestarse la asistencia judicial 
más amplia posible para la prevención, investigación, persecución y enjuiciamiento de 
los delitos y en cualquier actuación en el marco de procedimientos del orden penal que 
sean de la competencia de las autoridades de la Parte requirente en el momento en que 
la asistencia sea solicitada.
3.  Asimismo, se prestará asistencia de conformidad con el presente Tratado en 
relación con delitos contra la legislación relativa a impuestos, derechos de aduana, 
control de cambios y otros asuntos fiscales.
4.  La asistencia se prestará aunque el hecho que la origine no sea punible según la 
legislación del Estado requerido. No obstante, si la asistencia se refiere a medidas de 
embargo,  secuestro  de  bienes,  inspecciones  e  incautaciones,  incluidos  registros 
domiciliarios y allanamientos, el Estado requerido podrá no prestar la asistencia.
Artículo 2.  Alcance de la asistencia judicial.
La asistencia judicial comprenderá:
1.  Notificación de documentos procesales;
2.  Obtención de pruebas;
3.  Intercambio de información e iniciación de procedimientos penales en la Parte 
requerida; e.
4.  Localización e identificación de personas y objetos; w.b
5.  Recepción  de  declaraciones  y  testimonios,  así  como  práctica  de  diligencias  796ww
peric6i.a leEsj;ecución  de  órdenes  de  embargo  o  aseguramiento  y  demás  medidas
coabujetetolasr, epsr,o adsuíc tcoosm oo i ncsattreuom oe nretogsis dtreol  ddeolmitoic;iliario, y decomiso o comiso e incautación de
7.  Citación  a  imputados,  testigos,  víctimas  y  peritos  para  comparecer 
voluntariamente ante la autoridad competente en la Parte requirente;
8.  Citación  y  traslado  temporal  de  personas  privadas  de  libertad  en  la  Parte 
requerida, a fin de comparecer como testigos o víctimas en la Parte requirente o para 
otras actuaciones procesales indicadas en la solicitud de asistencia judicial;
9.  Entrega de documentos, objetos y otras pruebas;
10.  Autorización  de  la  presencia  o  participación,  durante  la  ejecución  de  una 
solicitud de asistencia judicial de representantes de las autoridades competentes de la 
Parte requirente; y,
11.  Cualquier  otra  forma  de  asistencia,  de  conformidad  con  los  fines  de  este 
Tratado, siempre y cuando no esté prohibida por las leyes de la Parte requerida.
Artículo 3.  Limitaciones en el alcance de la asistencia.
1.  Este Tratado no faculta a las autoridades de una de las Partes a ejercer, en el 
territorio de la otra, funciones cuya competencia esté exclusivamente reservada a las 
autoridades  de  esa  otra  Parte  por  sus  leyes,  sin  perjuicio  de  lo  dispuesto  en  el 
artículo 11.
2.  Las disposiciones de este Tratado no otorgarán derecho alguno a favor de 
particulares  en  la  obtención,  eliminación,  exclusión  de  pruebas  o  a  impedir  el 
cumplimiento de una solicitud de asistencia judicial.
3.  De la misma manera, el Tratado no será aplicable a:
a)  La  detención  de  personas  con  fines  de  extradición,  ni  a  las  solicitudes  de 
extradición;
b)  La  ejecución  de  sentencias  penales,  incluido  el  traslado  de  personas 
condenadas; o,
c)  La asistencia directa a terceros Estados.
Artículo 4.  Autoridades centrales.
1.  Para asegurar la debida cooperación entre las Partes en la prestación de la 
asistencia judicial objeto de este Tratado, se designarán las Autoridades Centrales de 
cada una de las Partes.
Por la República del Ecuador será Autoridad Central la Fiscalía General del Estado.
Por el Reino de España será Autoridad Central el Ministerio de Justicia.
Las Partes se notificarán mutuamente sin demora, por vía diplomática, sobre toda 
modificación de sus Autoridades Centrales y ámbito de competencia.
2.  Las Autoridades Centrales de las Partes transmitirán, recibirán y darán curso 
directamente a las solicitudes de asistencia judicial a que se refiere este Tratado y las 
respuestas a estas.
A los efectos del presente Tratado, las Autoridades Centrales se comunicarán entre 
sí, procurando hacer uso de las nuevas tecnologías, con miras a la resolución de las 
cuestiones que se susciten durante la tramitación de las solicitudes de asistencia.
3.  La Autoridad Central de la Parte requerida cumplirá las solicitudes de asistencia 
judicial en forma expedita o las transmitirá para su ejecución a la autoridad competente.
Cuando la Autoridad Central transmita dicha solicitud a una autoridad competente 
para su ejecución, alentará la rápida y adecuada ejecución de la solicitud por parte de 
dicha autoridad. s
4.  En casos urgentes, las Autoridades Centrales podrán remitirse las solicitudes de  oe.
asistencia judicial o su respuesta vía fax o email, sin perjuicio de la obligación de remitir  w.
Alar tdícoucluom 5e. ntaFcoirómna o yri gcionnatle, nai dlao  mdea ylao rs borleicviteudda.d posible. 2020-13796n https://ww
1.  La solicitud de asistencia judicial se formulará por escrito.
2.  No obstante, la Parte requerida iniciará inmediatamente el cumplimiento de la 
solicitud de asistencia judicial al recibirla por telefax, fax, correo electrónico u otro medio 
de  comunicación  similar,  siempre  y  cuando  la  Parte  requirente  se  comprometa  a 
transmitir el original del documento a la mayor brevedad posible.
La Parte requerida informará a la Parte requirente de los resultados de la ejecución 
de la solicitud de asistencia judicial después de haber recibido el original de la misma.
3.  La solicitud contendrá las siguientes indicaciones:
a)  Autoridad competente que tiene a su cargo la investigación o el procedimiento 
penal;
b)  Propósito de la solicitud y descripción de la información, pruebas o actuaciones 
que se soliciten;
c)  Descripción de los hechos materia de investigación o procedimiento penal y el 
texto de las disposiciones legales que tipifiquen la conducta como hecho punible;
d)  Descripción  y  justificación  de  cualquier  procedimiento  especial  que  la  Parte 
requirente desee que se practique al ejecutar la solicitud; y,
e)  Podrá incluir un plazo dentro del cual la parte requirente estime conveniente que 
la solicitud sea cumplida.
4.  En su caso, la solicitud también contendrá la información sobre:
a)  Identificación y ubicación de la persona a ser notificada, la relación de dicha 
persona con la investigación o procedimiento penal y la forma en que deba llevarse a 
cabo la notificación;
b)  Identificación y probable ubicación de la persona a ser localizada;
c)  Ubicación y descripción del lugar a catear o registrar;
d)  Ubicación y descripción de los bienes a asegurar, decomisar o comisar;
e)  Texto del interrogatorio a ser formulado para la recepción del testimonio o el 
objeto sobre el que debe versar el informe pericial en la Parte requerida;
f)  En  su  caso,  la  petición  de  que  asistan  representantes  de  las  autoridades 
competentes de la Parte requirente para la ejecución de la solicitud; y,
g)  Cualquier otra información que pueda ser de utilidad a la Parte requerida para el 
cumplimiento de la solicitud.
5.  Si la Parte requerida considera que la información contenida en la solicitud de 
asistencia judicial no es suficiente para efectuar la misma, podrá solicitar información 
adicional.
Artículo 6.  Denegación o aplazamiento de la asistencia judicial.
1.  La asistencia judicial solicitada podrá ser denegada cuando:
a)  El cumplimiento de la solicitud pudiera perjudicar la soberanía, seguridad, orden 
público o intereses similares de la Parte requerida;
b)  El cumplimiento de la solicitud sea contrario a la legislación de la Parte requerida 
o no se ajuste a las disposiciones del presente Tratado;
c)  La ejecución de la solicitud sea contraria a las obligaciones internacionales de la 
Parte requerida;
d)  En el caso de que la solicitud se refiera a delitos considerados en el Estado 
requerido como delitos exclusivamente militares; es
e)  La solicitud se refiera a un delito que se considera como político en la Parte  o
irdtnaeetmqe urbtneeiéarrrincdoi arosi.sne mAa dl oeee srsi nvteoein sn c l eouofsabe llqqcigtuuoaeiesc ,riao  nmnooebt rsotoe s pn aaEdrcrsatáto ane d sclotauas ysc sa;oe natsinpid ifPeicraaarccteiióó onn   edenes  ot«étdr oecsloi tinontsse tmpruopmllíateidcnoatos »se  ndlo est r loadstea lqdituooess    OE-A-2020-13796able en https://www.
f)  Si la solicitud de asistencia judicial se refiere a un delito castigado con pena de 
muerte en el territorio de la Parte requirente y dicha pena se encuentra prohibida en el 
Estado requerido;
g)  Si la solicitud se refiere a un delito castigado, de acuerdo con la legislación de la 
Parte requirente, con cadena perpetua o con una pena de privación de libertad de 
duración indeterminada;
h)  La solicitud de asistencia judicial se refiere a hechos con base en los cuales la 
persona sujeta a investigación o a proceso ha sido definitivamente absuelta o condenada 
por la Parte requerida; e,
i)  Si existen motivos fundados para creer que la solicitud de asistencia se ha 
formulado para investigar o procesar a una persona por causa de su raza, religión, 
nacionalidad, origen étnico, opiniones políticas, sexo, condición o con la intención de 
someter a esa persona a cualquier otra forma de discriminación o que la situación de esa 
persona pueda resultar perjudicada por cualquiera de esas razones.
2.  El secreto bancario no podrá ser utilizado como base para negar la asistencia 
judicial.
3.  La Parte requerida podrá diferir el cumplimiento de la solicitud de asistencia 
judicial  cuando  considere  que  su  ejecución  pueda  perjudicar  u  obstaculizar  una 
investigación o procedimiento judicial en curso en su territorio.
4.  Antes de rehusar o posponer la ejecución de una solicitud de asistencia judicial, 
la Parte requerida analizará la posibilidad de que la asistencia judicial se conceda bajo 
condiciones que considere necesarias. Si la Parte requirente acepta la asistencia bajo 
estas condiciones, la asistencia se llevará a cabo conforme a las mismas.
5.  Si la Parte requerida decide denegar o diferir la asistencia judicial, informará, a la 
Parte requirente, expresando los motivos de tal decisión.
Artículo 7.  Inmunidades, incapacidades o privilegios.
1.  Si un imputado, testigo, víctima, perito o cualquier persona que pueda verse 
afectado  por  la  ejecución  de  la  solicitud  de  asistencia  alega  que  le  es  aplicable 
inmunidad, incapacidad o privilegio según la legislación de la Parte requirente, dicha 
alegación será resuelta por la autoridad competente de esa Parte y, por tanto, no se 
impedirá la ejecución de la solicitud.
2.  En consecuencia, la Parte requerida ejecutará la solicitud de asistencia y remitirá 
las declaraciones, documentos, pruebas o bienes a la Parte requirente.
3.  Si alguna persona de las referidas en el apartado primero alega inmunidad, 
privilegio  o  incapacidad  según  el  ordenamiento  jurídico  de  la  Parte  requerida,  la 
autoridad competente de la Parte requerida decidirá sobre esta condición y la ejecución 
o negación de la asistencia judicial.
Artículo 8.  Validez de los documentos.
1.  Los  documentos  transmitidos  en  aplicación  del  presente  Tratado  estarán 
dispensados de todas las formalidades de legalización.
2.  Sin perjuicio de lo anterior, si en la solicitud se requiere que los documentos 
tengan una formalidad específica, el Estado requerido los enviará de esa forma si no lo 
impide su legislación nacional.
Artículo 9.  Confidencialidad y limitaciones en el uso de la información. oe.
1.  A  petición  de  la  Parte  requirente,  la  Parte  requerida  deberá  mantener  la  796ww
scuosntfeidnetannci,a laidsaí dc osmobor es olab rseo lsicui tucdo ndcee saiósins teon dciean, esgua ccioónnt.e nSiid ola  ys ololisc idtuodc unmoe pnutodsie qrau es elar 
elaje Pcuatrated ar esiqnu qirueenbter,a nlata rc duiaclh ad ectoenrmfidineanrcáia lsidi alda,  slao lPicaitruted  redqeubeer idcuam dpelbimereán ctaormseu nsicina rleos ae 
carácter.
2.  A  petición  de  la  Parte  requerida,  la  Parte  requirente  deberá  mantener  la 
confidencialidad  de  las  pruebas  e  informaciones  suministradas  en  ejecución  de  la 
solicitud  de  asistencia,  salvo  en  la  medida  necesaria  para  su  utilización  en  el 
procedimiento o investigación para el que fueron solicitadas.
3.  La Parte requerida podrá condicionar el cumplimiento de la solicitud a que la 
información o las pruebas se utilicen exclusivamente en los términos o condiciones que 
se especifiquen. En cualquier caso, la Parte requirente no podrá usar las pruebas 
obtenidas para fines distintos de los especificados en la solicitud, sin el consentimiento 
previo de la autoridad competente de la Parte requerida.
Artículo 10.  Ejecución de las solicitudes de asistencia judicial.
1.  La ejecución de las solicitudes se realizará según la legislación de la Parte 
requerida. La asistencia se prestará a la mayor brevedad posible.
2.  La Parte requerida prestará la asistencia judicial de acuerdo a las formas y 
procedimientos especiales indicados en la solicitud de la Parte requirente, salvo cuando 
estos sean incompatibles con la ley nacional de la Parte requerida.
3.  La Autoridad Central de la Parte requerida remitirá oportunamente la información 
y las pruebas obtenidas como resultado de la ejecución de la solicitud a la Autoridad 
Central de la Parte requirente.
4.  Cuando no sea posible cumplir con la solicitud, en todo o en parte, la Autoridad 
Central de la Parte requerida lo hará saber inmediatamente a la Autoridad Central de la 
Parte requirente e informará de las razones que impidan su ejecución.
Artículo 11.  Presencia y participación de representantes de la parte requirente en la 
ejecución de la solicitud de asistencia.
1.  La Parte requirente podrá solicitar a la Parte requerida que autorice la presencia 
y participación de representantes de sus autoridades competentes en la ejecución de la 
solicitud.
Asimismo, la Parte requirente podrá solicitar que en la práctica de una prueba 
testimonial, pericial o en su caso, en la declaración del imputado, sus representantes 
formulen preguntas, a través de la autoridad competente de la Parte requerida.
2.  La  presencia  y  participación  de  representantes  deberá  estar  previamente 
autorizada por la Parte requerida.
En caso de que así lo apruebe la Parte requerida, informará con antelación a la Parte 
requirente sobre la fecha y el lugar de la ejecución de la solicitud.
3.  La Parte requirente remitirá la relación de los nombres, cargos y motivo de la 
presencia de sus representantes, con un plazo razonable de anticipación a la fecha de la 
ejecución de la solicitud.
Artículo 12.  Notificación de documentos procesales.
1.  La Parte requerida procederá, sin demora, a realizar o tramitar, la notificación de 
documentos procesales aportados por la Parte requirente, en alguna de las formas 
previstas por la legislación de la Parte requerida o en la forma solicitada por la Parte 
requirente, siempre que no sea incompatible con aquella.
2.  El cumplimiento de la solicitud se acreditará por medio de un documento de 
recibo  de  notificación,  fechado  y  firmado  por  el  destinatario  o  por  medio  de  una  s
declaración de la autoridad competente constatando el hecho, la fecha y la forma de  oe.
notificación. w.
Artículo 13.  Obtención y remisión de documentos, objetos y pruebas.
testi1g.o s Lya v íPctaimrtea sr,e dqouceurmidae ntroesc,a obbajreát oesn y  sdue mteársr itporruioe,b adse,c yla orardceionnaersá  ldae p riáncvteicsati gdaed olass, 
diligencias periciales que hayan sido solicitados por la Parte requirente.
2.  Previa solicitud de la Parte requirente, la Autoridad Central de la Parte requerida 
informará a la misma Autoridad de la otra Parte, la fecha y el lugar donde se realizará la 
recepción del testimonio o prueba respectiva.
3.  De conformidad con el apartado primero de este artículo, la Parte requerida 
remitirá a la Parte requirente las actas de las diligencias, al igual que los documentos, 
archivos, pruebas u objetos, para cuya obtención se formuló la solicitud.
4.  Toda persona que se encuentre en el territorio de la Parte requerida y a la que se le 
solicite prestar declaración o testimonio, presentar elementos de prueba o realizar un peritaje, 
deberá comparecer ante las autoridades competentes de la Parte requerida de conformidad 
con  la  legislación  de  esta.  La  Parte  requerida  procederá  a  la  citación  de  la  persona 
advirtiéndole de las sanciones que disponga su legislación en caso de incumplimiento.
5.  Se proporcionarán copias certificadas de los documentos, a menos que los 
originales sean expresamente solicitados.
Sin embargo, no se enviarán los documentos originales si estos son necesarios para 
la continuación de un procedimiento penal en el territorio de la Parte requerida.
6.  A  petición  de  la  Parte  requerida,  la  Parte  requirente  devolverá  a  la  mayor 
brevedad  posible  los  originales  de  los  documentos  y  objetos  que  le  hayan  sido 
entregados, de acuerdo con el apartado primero del presente artículo.
Artículo 14.  Intercambio espontáneo de información y pruebas.
1.  Las  autoridades  competentes  de  cada  Parte  podrán,  sin  que  hubiera  sido 
presentada la solicitud, intercambiar información y medios de prueba respecto a hechos 
penalmente sancionables, cuando estimen que dicha información es de naturaleza tal 
que permitiría al otro Estado:
a)  Presentar una solicitud de asistencia judicial conforme al presente Tratado;
b)  Iniciar procedimientos penales; o,
c)  Facilitar el desarrollo de una investigación penal en curso.
2.  La Parte que proporcione la información podrá establecer condiciones acerca del 
uso que la Parte receptora haga de la misma. Al aceptar dicha información, la Parte 
receptora se compromete a respetar tales condiciones.
Artículo 15.  Traslado de procedimientos penales.
1.  Las  Partes  podrán,  por  medio  de  sus  Autoridades  Centrales,  transmitirse 
denuncias cuyo objeto sea incoar un procedimiento ante las autoridades judiciales de la 
otra Parte, cuando consideren que dicha Parte se encuentra en mejores condiciones 
para llevar a cabo la investigación y enjuiciamiento de los hechos.
2.  La Parte requerida deberá notificar a la Parte requirente el curso dado a la 
denuncia y remitirá, en su caso, una copia de la decisión adoptada.
Artículo 16.  Localización e identificación de personas y objetos.
A solicitud de la Parte requirente, la Parte requerida adoptará todas las medidas 
contempladas en su legislación para la localización e identificación de personas y objetos 
indicados en la solicitud, y mantendrá informada a la Parte requirente del avance y 
resultados de sus investigaciones.
Artículo 17.  Comparecencia en el territorio de la parte requirente. bo
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formulada.
2.  La comparecencia de la persona en el Estado requirente solo podrá realizarse si 
esta manifiesta su aceptación por escrito, no pudiendo ser objeto de medida de apremio 
o  sanción  alguna  en  caso  de  que  no  acepte.  Asimismo,  gozará  de  las  siguientes 
garantías o inmunidades en el Estado requirente:
a)  No será procesada, detenida o sujeta a cualquier otra restricción de libertad 
personal en esa Parte por cualquier hecho delictivo cometido previamente a su salida de 
la Parte requerida. Sin embargo, será responsable por el contenido de la declaración 
testimonial o del informe pericial que rinda.
La  garantía  prevista  en  este  inciso  no  será  aplicable  si  la  persona,  pudiendo 
abandonar el territorio del Estado requirente, no lo hace en un periodo de treinta días 
después de que oficialmente se le haya notificado que ya no se requiere su presencia o 
habiéndolo abandonado, regresa voluntariamente al territorio del Estado requirente; y,
b)  No estará obligada a declarar en ningún otro procedimiento diferente al que se 
refiere la solicitud.
3.  La citación que la Parte requerida notifique a la persona deberá mencionar las 
garantías o inmunidades a que se refiere el apartado anterior y señalar que los gastos de 
traslado corresponderán a la Parte requirente, de acuerdo con el artículo 22 del Tratado.
Artículo  18.  Traslado  de  personas  privadas  de  su  libertad  para  comparecer  en  el 
territorio de la parte requirente.
1.  Una persona que se encuentre privada de su libertad en la Parte requerida y 
cuya  presencia  resulte  necesaria  para  rendir  declaración  o  para  otras  actuaciones 
procesales en el Estado requirente, será trasladada temporalmente a dicho Estado si la 
persona consiente a ello por escrito, y la Parte requerida acepta el traslado.
Una vez que haya concluido la actuación procesal para la cual se realizó el traslado, 
la Parte requirente devolverá a la persona a la Parte requerida.
La permanencia de la persona en el territorio del Estado requirente no excederá de 
noventa días. Este plazo podrá ser ampliado de común acuerdo entre las Partes.
2.  El traslado será denegado en los casos siguientes:
a)  Si  la  presencia  de  la  persona  es  necesaria  para  la  continuación  de  un 
procedimiento en el territorio de la Parte requerida; o,
b)  Si el plazo de permanencia de la persona en el Estado requirente puede rebasar 
el término fijado para el cumplimiento de una sentencia privativa de libertad en el Estado 
requerido.
3.  La  Parte  requirente  custodiará  y  asegurará  la  protección  de  la  persona 
trasladada mientras esta permanezca en su territorio.
Si las autoridades de la Parte requerida levantan la medida restrictiva de libertad de 
la persona trasladada, la Parte requirente deberá devolverla inmediatamente a la Parte 
requerida.
4.  El tiempo de permanencia de la persona trasladada en el territorio de la Parte 
requirente, se computará para efectos del cumplimiento de la sentencia penal que se le 
haya dictado en la Parte requerida.
5.  Serán aplicables los apartados 2 y 3 del artículo 17 del presente Tratado, en todo 
aquello que resulte procedente.
Artículo 19.  Audiencia por videoconferencia. bo
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2.  La Parte requerida consentirá que se realice la audiencia por videoconferencia
en la medida en que no se encuentre prohibido por su legislación. Si la Parte requerida
no dispone de los medios técnicos que permitan la videoconferencia, la Parte requirente 
podrá ponerlos a su disposición.
3.  La audiencia se llevará a cabo conforme a las siguientes reglas:
a)  La audiencia tendrá lugar en presencia de la autoridad judicial o de la autoridad 
investigadora de la Parte requerida, auxiliada en caso de necesidad por un intérprete;
b)  El interrogatorio será dirigido por la autoridad competente de la Parte requirente. 
No obstante, la autoridad de la Parte requerida adoptará las medidas necesarias para 
que el desarrollo de la audiencia se ajuste a los principios fundamentales de su derecho 
interno; y,
c)  Al  término  de  la  audiencia,  la  autoridad  competente  de  la  Parte  requerida 
levantará un acta, indicando la fecha y lugar de la misma, la identidad de la persona a la 
que se tomó declaración, el contenido de la misma, así como las identidades y calidades 
de las demás personas que hayan participado en la audiencia. Este documento será 
transmitido a la Parte requirente.
Artículo 20.  Aseguramiento o inmovilización de bienes.
1.  La Parte requirente podrá notificar a la Parte requerida, las razones que tiene 
para creer que los objetos, productos o instrumentos de un delito se encuentran en el 
territorio de esa Parte.
2.  Cuando los bienes sean localizados, la Parte requerida, a solicitud de la Parte 
requirente, acordará el aseguramiento de los mismos y tomará las medidas necesarias 
para evitar su transacción, transferencia, enajenación o destrucción, siempre y cuando lo 
permita su legislación interna.
Artículo 21.  Decomiso o comiso de bienes.
1.  En  caso  de  que  la  asistencia  se  refiera  al  decomiso  o  comiso  de  objetos, 
productos o instrumentos del delito, la autoridad competente de la Parte requerida podrá, 
si su legislación nacional lo permite:
a)  Ejecutar la orden de decomiso o comiso dictada por una autoridad competente 
de la Parte requirente; o,
b)  Iniciar un procedimiento con el objeto de obtener una orden de decomiso o 
comiso, conforme a su legislación interna.
2.  Además de los requisitos señalados en el artículo 5 de este Tratado, la solicitud 
deberá incluir lo siguiente:
a)  Copia  de  la  orden  de  decomiso  o  comiso,  debidamente  certificada  por  el 
funcionario que la expidió;
b)  Información sobre las pruebas que sustenten la base sobre la cual se dictó la 
orden de decomiso o comiso; y,
c)  Indicación de que la sentencia es firme.
3.  En todo caso, se respetarán los derechos de terceros de buena fe que puedan 
ser afectados por la ejecución de la orden de decomiso o comiso en el Estado requerido.
Artículo 22.  Gastos.
1.  La Parte requerida asumirá los gastos ordinarios de la ejecución de solicitudes  b
de asistencia judicial, salvo los siguientes que sufragará la Parte requirente: 796ww
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b)  Gastos  relativos  al  transporte  y  a  la  estancia  de  los  representantes  de 
autoridades competentes de la Parte requirente durante la ejecución de la solicitud, de 
conformidad con el artículo 11 del presente Tratado; y,
c)  Gastos relativos al envío y devolución de objetos remitidos del territorio de la 
Parte requerida al territorio de la Parte requirente.
2.  En  caso  de  que  la  solicitud  requiera  de  gastos  cuantiosos  o  de  carácter 
extraordinario, las autoridades Centrales de las Partes se consultarán para determinar 
las condiciones en que se dará cumplimiento a la solicitud, así como la manera como se 
sufragarán los gastos.
Artículo 23.  Solución de controversias.
1.  Las Autoridades Centrales de las Partes, a propuesta de una de ellas, celebrarán 
consultas sobre temas de interpretación o aplicación de este Tratado en general o sobre 
una solicitud en concreto.
2.  Cualquier  controversia  que  surja  entre  las  partes,  relacionada  con  la 
interpretación de este Tratado, será resuelta mediante consulta entre las Autoridades 
Centrales. En caso de no llegar a un acuerdo, se recurrirá a la vía diplomática.
Artículo 24.  Compatibilidad con otros instrumentos o formas de cooperación.
1.  La asistencia y procedimientos previstos en este Tratado no impedirán a una 
Parte la prestación de asistencia más amplia conforme a las disposiciones de otros 
convenios internacionales en los que fuere parte o con arreglo a sus leyes nacionales.
2.  Este Tratado no impedirá a las Partes la posibilidad de desarrollar otras formas 
de cooperación de conformidad con sus respectivos ordenamientos jurídicos.
Artículo 25.  Entrada en vigor y denuncia.
1.  Este Tratado se aplicará a cualquier solicitud de asistencia judicial presentada 
después de la entrada en vigor del mismo, inclusive si los hechos delictivos que dan 
origen a la solicitud hubiesen ocurrido antes de esa fecha.
2.  El presente Tratado entrará en vigor treinta días después de la fecha de recepción de 
la última notificación, a través de la vía diplomática, por la cual las Partes se comuniquen el 
cumplimiento de los requisitos legales necesarios para su entrada en vigor.
3.  El Tratado podrá ser enmendado por mutuo consentimiento de las Partes y las 
enmiendas  acordadas  entrarán  en  vigor,  de  conformidad  con  el  procedimiento 
establecido en el numeral 2 de este artículo.
4.  El presente Tratado podrá ser denunciado por las Partes en cualquier momento, 
mediante Nota Diplomática, la cual surtirá efectos seis (6) meses después de la fecha de 
recepción por la otra Parte. La denuncia no afectará a las solicitudes de asistencia en curso.
En fe de lo cual, los infrascritos, debidamente autorizados a este efecto por sus 
respectivos Gobiernos, firman el presente Tratado.
Hecho en Madrid, el 18 de diciembre de 2017, en dos ejemplares originales en 
idioma español, siendo ambos textos igualmente auténticos.
Por el Reino de España Por la República del Ecuador s
La Ministra de Asuntos Exteriores  b
El Ministro de Justicia, y de la Movilidad Humana, 796www.
Rafael Catalá Polo María Fernanda Espinosa Garcés
El presente Tratado entrará en vigor el 19 de noviembre de 2020, treinta días 
después de la fecha de recepción de la última notificación, a través de la vía diplomática, 
por  la  cual  las  Partes  se  comunicaron  el  cumplimiento  de  los  requisitos  legales 
necesarios, según se establece en su artículo 25.
Madrid, 27 de octubre de 2020.–El Secretario General Técnico, José María Muriel 
Palomino.