BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 39 Lunes 15 de febrero de 2021 Sec. I.   Pág. 16869
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
2171 Decreto-ley 15/2020, de 21 de diciembre, de modificación del Decreto-ley 
11/2020, de 10 de julio, por el que se establece un régimen sancionador 
específico para afrontar los incumplimientos de las disposiciones dictadas 
para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
Vista la situación de emergencia de salud pública ocasionada por la COVID-19, a 
escala nacional e internacional, el Gobierno del Estado, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo  116  de  la  Constitución  y  las  letras  b)  y  d)  del  artículo  4  de  la  Ley 
Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, declaró, 
mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, el estado de alarma en todo el 
territorio español. El estado de alarma se prorrogó seis veces. La última, mediante el 
Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, hasta las 00.00 horas del día 21 de junio de 2020, 
en los términos expresados en dicha norma.
Para atender la nueva situación, el Consejo de Gobierno de les Illes Balears, por 
Acuerdo  de  19  de  junio  de  2020,  aprobó  un  Plan  de  Medidas  Excepcionales  de 
Prevención,  Contención  y  Coordinación  para  Hacer  Frente  a  la  Crisis  Sanitaria 
Ocasionada por la COVID-19, una vez superada la fase 3 del Plan para la Transición 
hacia una Nueva Normalidad, al amparo del artículo 45 de la Ley 5/2003, de 4 de abril, 
de salud de las Illes Balears, que establece que corresponden al Govern de les Illes 
Balears  la  superior  dirección  de  la  política  de  salud,  el  ejercicio  de  la  potestad 
reglamentaria,  la  planificación  básica  en  esta  materia  y  el  establecimiento  de  las 
directrices correspondientes.
Posteriormente, se aprobó el Decreto-ley 11/2020, de 10 de julio, por el que se 
establece un régimen sancionador específico para afrontar los incumplimientos de las 
disposiciones dictadas para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19.
Dado que en España, como también en la mayoría de países europeos, se ha 
continuado registrando un número de casos con incidencias que sitúan la mayor parte 
del territorio en un nivel de riesgo alto o muy alto de acuerdo con los estándares 
internacionales  y  los  nacionales  establecidos  en  el  documento  de  Actuaciones  de 
respuesta coordinada para el control de la transmisión de la COVID-19, aprobado en el 
Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el pasado día 22 de 
octubre de 2020; el Gobierno del Estado, al amparo de lo dispuesto en el artículo 116 de 
la Constitución y las letras b) y d) del artículo 4 de la Ley Orgánica 4/1981, ha declarado 
nuevamente el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas 
por el SARS-CoV-2, en todo el territorio español, mediante el Real Decreto 926/2020, 
de 25 de octubre.
Este real decreto tenía una vigencia inicial de quince días, pero el Congreso de los 
Diputados, en la sesión de día 29 de octubre, ha autorizado su prórroga hasta las 00.00 
horas del día 9 de mayo de 2021, con determinadas modificaciones, que se han recogido  e.e
en el Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, por el que se prorroga el estado de  w.b
alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre. 71ww
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consejera de Salud y Consumo para que pueda modificar, adaptar o actualizar las
medidas excepcionales que contiene el anexo 1 por resolución motivada, con previa 
consulta, si procede, al Comité Autonómico de Gestión de Enfermedades Infecciosas de 
las Illes Balears.
En este acuerdo se determinaron los siguientes niveles de alerta sanitaria:
– Isla de Mallorca: nivel de alerta sanitaria 3.
– Isla de Menorca: nivel de alerta sanitaria 2.
– Isla de Eivissa: nivel de alerta sanitaria 3.
– Isla de Formentera: nivel de alerta sanitaria 1.
Más recientemente se han dictado el Decreto 22/2020, de 14 de diciembre, de la 
presidenta de las Illes Balears, por el que se modifica el Decreto 18/2020, de 27 de 
noviembre, por el que se actualizan las medidas establecidas como consecuencia de la 
declaración  del  estado  de  alarma  para  hacer  frente  a  la  situación  de  emergencia 
sanitaria provocada por la COVID-19, y se vinculan a los niveles de alerta sanitaria, y el 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 14 de diciembre de 2020 por el que se establecen 
los niveles de alerta sanitaria por islas que deben estar vigentes en la comunidad 
autónoma de las Illes Balears y se introducen modificaciones puntuales en el Plan de 
Medidas Excepcionales de Prevención, Contención y Coordinación para Hacer frente a 
la Crisis Sanitaria Ocasionada por la COVID-19, aprobado por el Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de las Illes Balears de 27 de noviembre de 2020.
En este último Acuerdo, y en atención al informe del Comité Autonómico de Gestión 
de Enfermedades Infecciosas, de día 13 de diciembre, se acordó modificar los niveles de 
alerta sanitaria, vigentes en las Illes Balears, en el sentido siguiente:
– Isla de Mallorca: pasa del nivel de alerta sanitaria 3 al 4.
– Isla de Menorca: pasa del nivel de alerta sanitaria 2 al 3.
– Isla de Eivissa: pasa del nivel de alerta sanitaria 3 al 2.
– Isla de Formentera: mantiene el nivel de alerta sanitaria 1.
II
Actualmente,  la  situación  epidemiológica  de  las  Illes  Balears  ha  empeorado 
claramente,  y  dado  que  estamos  a  las  puertas  de  las  fiestas  navideñas,  se  han 
establecido nuevas medidas para que las celebraciones se puedan llevar a cabo con la 
máxima seguridad para la vida y la salud de las personas.
Así, se han establecido medidas que afectan al número de personas que se agrupan 
en los encuentros sociales, que en invierno se realizan con más frecuencia en lugares 
cerrados  con  los  riesgos  asociados  descritos  en  el  párrafo  anterior,  junto  con  la 
confluencia de miembros de diferentes grupos de convivencia, y que son factores que 
incrementan el riesgo de diseminación del SARS-CoV-2. Con el objetivo de reducir este 
riesgo,  resulta  necesario  limitar  el  número  de  personas  que  participan  en  estos 
encuentros sociales y en concreto el número de personas de diferentes grupos de 
convivencia, en función del nivel de alerta sanitaria en el que se encuentra cada una de 
las islas.
Así mismo, se han establecido medidas relacionadas con los desplazamientos entre 
territorios, tanto nacionales como internacionales, de familiares y amistades que se 
reúnen en este momento del año, por el hecho de que se ha observado que los 
movimientos masivos de personas entre unidades territoriales con diferente incidencia  s
acumulada, generan un riesgo elevado de difusión geográfica de la transmisión del  oe.
SARS-CoV-2  ante  situaciones  epidemiológicas  como  la  actual.  Por  ello,  resulta  w.
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dado  que  se  considera  una  medida  con  un  impacto  positivo  en  el  control  de  la
transmisión,  al  evitarse  situaciones  de  contacto  de  riesgo  vinculadas  a  encuentros  Bc
sociales. Esta medida ha demostrado su impacto en los meses previos en todas las 
comunidades y ciudades autónomas después de su aplicación a partir de la entrada en 
vigor del Real Decreto 926/2020 por lo que también se establecerá esta limitación, en 
cada una de las islas, en función del nivel de alerta sanitaria en el que se encuentran.
En este escenario, se debe seguir observando el cumplimiento de las medidas 
básicas de higiene y prevención y el resto de medidas incluidas en el Real Decreto-
ley  21/2020,  de  9  de  junio,  de  medidas  urgentes  de  prevención,  contención  y 
coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, así 
como  en  la  normativa  autonómica  de  desarrollo,  para  garantizar  el  control  de  la 
transmisión,  y  asegurar  la  respuesta  compartida  por  parte  del  conjunto  de  las 
autoridades sanitarias.
En  este  contexto,  resulta  necesario  y  urgente  adaptar  también  las  actividades 
infractoras establecidas en el Decreto-ley 11/2020 a la nueva regulación de niveles de 
alerta sanitaria. 
III
El decreto-ley consta de un único artículo y de una disposición final.
El artículo único contiene dos modificaciones del Decreto-ley 11/2020 que afectan a 
los artículos 3 y 4 del mencionado Decreto ley, y en ambos casos consiste en añadir una 
nueva letra (la h al artículo 3 y la g al artículo 4) para determinar que, cuando se ha 
declarado el máximo nivel de alerta sanitaria (el nivel 4), por el hecho de que el territorio 
o la isla afectada se encuentra en un momento de riesgo muy alto o extremo, con 
transmisiones comunitarias no controladas y sostenidas que exceden las capacidades de 
respuesta del sistema sanitario, la comisión de un hecho infractor que en los artículos 4 
y 5 del decreto-ley se consideran graves o leves en otra situación, deben considerarse 
respectivamente muy graves o graves, dado que es obligado considerar una mayor 
gravedad en los incumplimientos de las medidas establecidas para la lucha y control de 
la pandemia, cuando el nivel de alerta es máximo.
La disposición final única, por su parte, determina su vigencia y efectos.
IV
Esta modificación debe acometerse sin dilaciones, por lo que debe hacerse uso de la 
figura del decreto-ley, en atención al carácter extraordinario y excepcional de la grave 
situación de crisis sanitaria planteada, que requiere adoptar con urgencia cualquier 
medida que sirva para controlar la expansión de la pandemia.
La adopción de este Decreto Ley se adecúa a las previsiones contenidas en el 
artículo 86 de la Constitución española y en el artículo 49 del Estatuto de Autonomía, 
que  permite  al  Gobierno  de  les  Illes  Balears  dictar  decretos  ley  «en  caso  de 
extraordinaria  y  urgente  necesidad»,  siempre  y  cuando  no  afecten  a  los  derechos 
establecidos en el Estatuto de Autonomía, las materias objeto de leyes de desarrollo 
básico del mismo, los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma, la reforma 
del Estatuto, el régimen electoral ni el ordenamiento de las instituciones básicas de la 
comunidad autónoma de las Illes Balears.
Los motivos de oportunidad que se han expuesto, así como las medidas que se 
adoptan en este decreto-ley, justifican amplia y razonadamente la adopción de esta 
norma de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de Ley 1/2019, de 31 de enero, del  e.
Govern  de  les  Illes  Balears,  este  decreto-ley  se  ajusta  a  los  principios  de  buena  w.b
regulación, atendiendo a los principios de necesidad y eficacia, ya que la iniciativa se  71ww
fpuonrd laa mCeOnVtaID e-n1 9e.l interés general para hacer frente a la crisis de salud pública provocada
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de los ciudadanos y proporciona certeza y agilidad a los procedimientos, sin imponer 
cargas administrativas no justificadas y la regulación que contiene resulta proporcionada, 
en atención a la particular situación existente y a la necesidad de garantizar el principio 
de eficacia en la aplicación de las medidas adoptadas.
En cuanto al principio de transparencia, vista la urgencia para aprobar esta norma, se 
exceptúan los trámites de consulta pública y de audiencia e información públicas, en 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 55.2.c) y h) de la Ley 1/2019.
Por lo tanto, por su naturaleza y finalidad, concurren en este caso las circunstancias 
de extraordinaria y urgente necesidad que exigen los artículos 86 de la Constitución 
española y 49 del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, como presupuestos que 
habilitan la aprobación de este decreto-ley, por lo que el Gobierno de les Illes Balears 
considera plenamente adecuado el uso de este instrumento para dar cobertura a las 
disposiciones que se han descrito, dado que responde a la exigencia de que exista una 
conexión  de  sentido  o  relación  de  adecuación  entre  la  situación  excepcional  y  las 
medidas que se pretenden adoptar, que son idóneas, concretas y de eficacia inmediata.
Por todo ello, al amparo del artículo 49 del Estatuto de Autonomía, a propuesta de 
las consejeras de Salud y Consumo y de Administraciones Públicas y Modernización, 
habiéndolo  considerado  el  Consejo  de  Gobierno  en  la  sesión  de  21  de  diciembre 
de 2020, se aprueba el siguiente decreto-ley.
Artículo único.
Modificaciones del Decreto-ley 11/2020, de 10 de julio, por el que se establece un 
régimen sancionador específico para afrontar los incumplimientos de las disposiciones 
dictadas para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19
1.  Se añade una nueva letra, la letra h), al artículo 3 del Decreto-ley 11/2020, con la 
siguiente redacción:
«h)  La comisión de cualquiera de las infracciones graves previstas en el 
artículo 4 siguiente en un territorio donde se haya declarado el máximo nivel de 
alerta  sanitaria,  porque  comporta  un  riesgo  muy  alto  o  extremo,  transmisión 
comunitaria no controlada y sostenida que excede las capacidades de respuesta 
del sistema sanitario.»
2.  Se añade una nueva letra, la letra g), al artículo 4 del Decreto-ley 11/2020 
mencionado, con la siguiente redacción:
«g)  La  comisión  de  cualquiera  de  las  infracciones  leves  previstas  en  el 
artículo 5 siguiente en un territorio donde se haya declarado el máximo nivel de 
alerta  sanitaria,  porque  comporta  un  riesgo  muy  alto  o  extremo,  transmisión 
comunitaria no controlada y sostenida que excede las capacidades de respuesta 
del sistema sanitario.»
Disposición final única.  Vigencia y efectos.
Este Decreto-ley entra en vigor el mismo día de su publicación en «Boletín Oficial de 
las Illes Balears» y produce sus efectos hasta el día 9 de mayo de 2021.
Palma,  21  de  diciembre  de  2020.–La  Presidenta,  Francesca  Lluch  Armengol  i 
Socias.–La Consejera de Salud y Consumo, Patricia Gómez i Picard.–La Consejera de  e.
Administraciones Públicas y Modernización, Isabel Castro Fernández. w.
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