BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 78 Jueves 1 de abril de 2021 Sec. I.   Pág. 37492
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
5137 Ley 6/2021, de 17 de febrero, de residuos y suelos contaminados de Galicia.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
La Constitución española reconoce, en su artículo 45, el derecho de todos los 
españoles a gozar de un medio ambiente adecuado para la persona y establece el 
correlativo  deber  de  conservarlo.  Asimismo,  en  virtud  de  su  artículo  149.1.23.ª, 
corresponde  al  Estado,  como  competencia  exclusiva,  la  legislación  básica  sobre  la 
protección del medio ambiente y a las comunidades autónomas, la facultad de establecer 
normas adicionales de protección.
La  Comunidad  Autónoma  de  Galicia  asumió,  a  través  del  artículo  27.30  de  su 
Estatuto de autonomía, la competencia exclusiva para aprobar las normas adicionales 
sobre  protección  del  medio  ambiente  y  del  paisaje,  en  virtud  de  la  cual  nuestra 
comunidad autónoma viene dictando disposiciones con incidencia sobre la producción y 
la gestión de residuos. Tal fue el caso de la aprobación de la Ley 1/1995, de 2 de enero, 
de protección ambiental de Galicia, que constituye la norma marco de referencia en 
materia  ambiental,  así  como  la  aprobación  con  posterioridad,  como  disposición 
específica en la materia que nos ocupa, de la Ley 10/2008, de 3 de noviembre, de 
residuos de Galicia. Esta última vino justificada por la necesidad de completar el marco 
jurídico ya existente, regulando, de conformidad con lo dispuesto en la normativa básica 
estatal, la producción y gestión de residuos en el ámbito territorial de la Comunidad 
Autónoma de Galicia.
La aprobación de la presente ley, que se fundamenta en la referida competencia 
exclusiva  para  aprobar  normas  adicionales  sobre  protección  del  medio  ambiente, 
responde a la concurrencia de circunstancias similares a las que motivaron que se 
hubiese  dictado  la  Ley  10/2008,  de  3  de  noviembre,  y  pretende  proporcionar  a  la 
Comunidad  Autónoma  de  Galicia  un  régimen  jurídico  completo  y  actualizado,  de 
conformidad con el marco normativo vigente, en materia de producción y gestión de 
residuos, así como de suelos contaminados.
II
En el tiempo transcurrido desde la publicación de la Ley 10/2008, de 3 de noviembre, 
los  cambios  experimentados  han  sido  importantes,  tanto  desde  el  punto  de  vista 
cuantitativo como cualitativo, por la entrada en vigor de nuevas normas de la Unión 
Europea y de legislación básica estatal que regulan cuestiones no recogidas en la 
normativa autonómica gallega y que inciden de manera directa sobre ella, lo que justifica 
la necesidad de actualizar, modificar y completar el marco jurídico existente en nuestra 
comunidad autónoma en materia de residuos.
Así,  la  Directiva  2008/98/CE  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  de  19  de 
noviembre de 2008, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas directivas,  e.
estableció  el  marco  jurídico  de  la  Unión  Europea  para  la  gestión  de  los  residuos,  w.b
proporcionando  los  instrumentos  que  permiten  disociar  la  relación  existente  entre  37ww
ecrne claim pierenvtoe neccióonn,ó menicteon yd ipdrao dcuocmcioó nla dse m reesdiidduaoss a. dEonp ptaadrtaicsu alanr,t elas  ddiere qcutivea u hnaac es uhsitnacnacpiaié, 
mmeadteiarinatl eo l ap rroeduuticlitzoa csieó nc odnev ileorst ap reond urecstoidsu oo ,e pl aarlaar greadmuiceinr tloa  dcea nstuid avidd ad eú trile),s ildouso i m(ipnaclcutsoos 
adversos sobre el medio ambiente y la salud humana de la generación de residuos o el
contenido de sustancias nocivas en materiales y productos. Asimismo, incorpora el 
concepto de jerarquía de residuos, que servirá de orden de prioridades en la legislación y 
en la política sobre la prevención y la gestión de los residuos, comenzando por la 
prevención y siguiendo por la preparación para la reutilización, el reciclaje y otro tipo de 
valorización  (como,  por  ejemplo,  la  valorización  energética),  y  finalizando  por  la 
eliminación. El fin es transformar la Unión Europea en una «sociedad del reciclaje».
Posteriormente, la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, 
traspuso al ordenamiento estatal la Directiva 2008/98/CE. Esta ley, que en buena parte 
de  sus  preceptos  tiene  el  carácter  de  legislación  básica  de  protección  del  medio 
ambiente, incorpora todas las novedades introducidas por la normativa de la Unión 
Europea y, con la finalidad de simplificar las cargas administrativas sobre los operadores, 
sustituye  parte  de  las  autorizaciones  existentes  en  la  legislación  anterior  por 
comunicaciones.  Como  consecuencia  de  ello,  se  refuerzan  las  potestades  de  las 
administraciones públicas para la inspección, la vigilancia y el control de las actividades 
reguladas. Además, la ley regula de manera más sistematizada y coherente el marco 
normativo de la denominada «responsabilidad ampliada del productor del producto», en 
virtud de la cual los sujetos productores de productos que con su uso generarán residuos 
quedan involucrados en la prevención y en la organización de la gestión de los residuos 
generados, de acuerdo con el principio de que quien contamina paga.
Con la finalidad de dotar a la presente ley de una mejor inteligibilidad, se reproducen 
algunos de los artículos de la Ley 22/2011, de 28 de julio, que son el resultado de la 
transposición de la Directiva 2008/98/CE y que se mantienen y amplían en la Directiva 
(UE) 2018/851 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018. Esto 
permitirá que en la ley gallega queden perfectamente integrados aquellos preceptos de 
la norma básica estatal que posibiliten que los destinatarios de la norma puedan tener 
una visión de conjunto de la regulación aplicable.
El tiempo transcurrido desde la aprobación de la Ley 10/2008, de 3 de noviembre, ha 
sido también un período de importantes desarrollos reglamentarios de la legislación 
básica estatal. Así, cabe mencionar el Real decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos; el Real decreto 710/2015, de 24 de julio, 
por  el  que  se  modifica  el  Real  decreto  106/2008,  de  1  de  febrero,  sobre  pilas  y 
acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos; y el Real decreto 553/2020, de 2 
de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del 
Estado.
En relación con la planificación en la producción y gestión de residuos, la Comunidad 
Autónoma de Galicia llevó a cabo su proceso de planificación a través del Plan de 
gestión de residuos urbanos de Galicia 2010-2020, que fue modificado en el año 2016 
para adaptarse a nuevos objetivos y para ampliar su vigencia hasta el año 2022, y en el 
campo de los residuos industriales, mediante el Plan de gestión de residuos industriales 
de Galicia 2016-2022.
A todo ello hay que añadir la necesaria transición en que se encuentra inmersa esta 
comunidad autónoma hacia una auténtica economía circular, con la que se pretende, de 
acuerdo con el plan de acción impulsado en el ámbito de la Unión Europea, que el valor 
de los productos, los materiales y los recursos perdure en la economía durante el mayor 
tiempo posible y que se reduzca al mínimo la generación de residuos.
En este sentido, la Unión Europea comenzó en 2010 la transformación del modelo 
económico imperante hasta entonces. El VII Programa general de acción de la Unión en 
materia de medio ambiente hasta 2020 «Vivir bien, respetando los límites de nuestro  s
planeta», adoptado por la Decisión n.º 1386/2013/UE, del Parlamento Europeo y del  oe.
Consejo, de 20 de noviembre de 2013, ya anunciaba la necesidad de fomentar la  w.
transición hacia una economía verde, primando las medidas encaminadas a desvincular  37ww
Uponri ócno menp leutnoa e el ccorencoimmíiae nhtoip eoccoanrbóómniiccoa ,d eef ilcaie dneteg raedna ecli óuns od edl ea mlobsi erencteu,r spoasra,  eccoonlvóegrictiar  lay 
competitiva.
En diciembre de 2015 la Comisión Europea propuso un paquete de medidas con las 
que se persigue transformar la economía lineal basada en el trinomio extraer-usar-y-tirar 
en una economía circular en la que, donde antes había residuos, ahora existan recursos 
potenciales que puedan ser utilizados de nuevo en el sistema de producción.
Ese paquete de medidas incluye un buen número de propuestas que tendrán un 
impacto importante en los más diversos ámbitos, tanto el productivo y el económico 
como el social, además del puramente ambiental.
El Plan de acción para la economía circular [COM(2015) 614 final], diseñado por la 
Comisión Europea bajo el lema «cerrar el círculo», incluye toda una serie de propuestas 
legislativas  sobre  residuos  para  reducir  los  depósitos  en  vertederos  y  aumentar  la 
preparación para su reutilización y reciclaje, así como un anexo con 54 medidas de 
desarrollo en los ámbitos de la producción, el consumo, la gestión de residuos, el 
mercado de materias primas secundarias y la reutilización del agua, determinadas áreas 
prioritarias  (plásticos,  residuos  alimentarios,  materias  primas  críticas,  construcción  y 
demolición,  y  biomasa  y  bioproductos),  la  innovación,  la  inversión  y  otras  medidas 
horizontales, y el seguimiento de los avances hacia una economía circular.
En materia de residuos y dentro de ese paquete de medidas, la Unión Europea 
aprobó en el año 2018 varias directivas, cuyo plazo de transposición finaliza el 5 de julio 
de 2020, que modifican la regulación en la materia: la Directiva (UE) 2018/849 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifican la 
Directiva  2000/53/CE,  relativa  a  los  vehículos  al  final  de  su  vida  útil,  la 
Directiva 2006/66/CE, relativa a las pilas y acumuladores y a los residuos de pilas y 
acumuladores  y  la  Directiva  2012/19/UE,  sobre  residuos  de  aparatos  eléctricos  y 
electrónicos; la Directiva (UE) 2018/851 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de 
mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva 2008/98/CE, sobre los residuos; la 
Directiva (UE) 2018/850 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, 
por la que se modifica la Directiva 1999/31/CE, relativa al vertido de residuos; y la 
Directiva (UE) 2018/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, 
por la que se modifica la Directiva 94/62/CE, relativa a los envases y residuos de 
envases.
A  este  respecto,  la  Directiva  (UE)  2018/851,  antes  citada,  se  aprobó  bajo  la 
consideración de que la gestión de residuos en la Unión Europea debe mejorarse y 
transformarse en una gestión sostenible de las materias orientada a proteger, preservar y 
mejorar la calidad del ambiente, así como a proteger la salud humana, garantizar la 
utilización  prudente,  eficiente  y  racional  de  los  recursos  naturales,  promover  los 
principios de la economía circular, mejorar el uso de la energía renovable, aumentar la 
eficiencia energética, reducir la dependencia de la Unión de los recursos importados, 
crear nuevas oportunidades económicas y contribuir a la competitividad a largo plazo.
En este contexto, la Comisión llegó igualmente a la conclusión, en la Estrategia 
europea sobre el plástico prevista en su Comunicación de 16 de enero de 2018, titulada 
«Una estrategia europea para el plástico en una economía circular», de que debía 
abordarse el aumento constante de la generación de residuos plásticos y del abandono 
de esos residuos plásticos en el medio ambiente, en particular el medio marino, para 
conseguir que el ciclo de vida de los plásticos sea circular. El importante impacto 
negativo de determinados productos de plástico en el medio ambiente, la salud y la 
economía exigían el establecimiento de un marco jurídico específico que permitiese 
reducir eficazmente esos efectos negativos. Así, se aprobó la Directiva (UE) 2019/904 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, relativa a la reducción del  s
impacto  de  determinados  productos  de  plástico  en  el  medio  ambiente,  también  en  oe.
período de transposición. w.
En definitiva, como resalta el propio Plan de acción para la economía circular, hacer  37ww
rEesatlaiddaods  mla ieemcbornoosm aía  lacsir cruelgairo neexsig ey  au nl acso mciupdroamdeisso,  paa stoadnodso  lpoosr  nlaivse leems,p rdeessadse  y lolas 
ciudadanía.
Por ello, con el objetivo fundamental de facilitar y promover la transición hacia una 
verdadera economía circular, que es una de las finalidades esenciales de la presente ley, 
y según las premisas impuestas en el ámbito de la Unión Europea, el Consejo de la 
Xunta de Galicia aprobó, el 12 de diciembre de 2019, la Estrategia gallega de economía 
circular 2020-2030. Así, se desarrolló el marco establecido por la Comisión, adaptándolo 
a sus peculiaridades económicas, sociales, naturales, productivas y energéticas, lo que 
no  solo  comportará  beneficios  ambientales  asociados  a  la  correcta  gestión  de  los 
residuos y a la protección del suelo, de las aguas, del aire y del clima, sino que 
proporcionará igualmente beneficios económicos y sociales asociados.
El presente texto normativo nace imbuido de dicho espíritu de cambio, para que esta 
necesaria transición brinde la oportunidad de transformar nuestra economía, generando 
nuevas ventajas competitivas y sostenibles para Galicia. Nuestra comunidad autónoma 
desea una activa participación en el proceso, incorporando a esta ley, como principios 
inspiradores, la economía circular y la lucha contra el cambio climático.
Desde esta orientación, adquiere además condición de principio general informador de la 
política de residuos el principio de jerarquía en la prevención y gestión, donde la base de la 
pirámide y, por tanto, el mayor esfuerzo de las administraciones públicas, debe corresponder 
a la prevención del residuo y, por este orden, a la preparación para su reutilización, a su 
reciclaje y, de no ser posible, a otros tipos de valorización, minimizándose por completo la 
eliminación de residuos y, con mayor énfasis, la eliminación de estos en vertederos.
III
La presente ley consta de 94 artículos, divididos en nueve títulos.
El título preliminar se estructura en tres capítulos. En el capítulo I, relativo a las 
disposiciones  generales,  se  regulan  el  objeto,  los  fines  y  objetivos  y  el  ámbito  de 
aplicación de la ley; se establecen las definiciones de conceptos empleados en ella, y se 
regula también el fin de la condición de residuo y los subproductos. Todo ello, en línea 
con las previsiones de la Directiva 2008/98/CE y de la política de residuos de la Unión 
Europea a las que antes se aludió.
El capítulo II aborda la distribución de competencias entre la Administración general 
de  la  Comunidad  Autónoma  de  Galicia  y  las  entidades  locales,  estableciendo  la 
necesaria coordinación entre ellas.
En el capítulo III se recogen los principios de la política de residuos, entre los que 
resalta el principio de jerarquía de residuos y el principio de que quien contamina paga, 
de tanta trascendencia en esta materia.
El título I, titulado «Instrumentos de la política de residuos», establece la regulación 
de los planes de gestión y de los programas de prevención de residuos en el ámbito 
autonómico,  especificando  los  mecanismos  de  seguimiento  y  control,  así  como  del 
cumplimiento de sus objetivos y los supuestos para su revisión. Se abordan también los 
programas locales de prevención y gestión de residuos, y se establecen las medidas 
económicas y financieras y la regulación de la Sociedad Gallega del Medio Ambiente.
El título II, «De la producción, posesión y gestión de residuos», consta de tres 
capítulos. En el capítulo I quedan establecidas las obligaciones del sujeto productor u 
otro sujeto poseedor inicial del residuo, así como las obligaciones que se asumen en la 
gestión. Entre tales obligaciones destaca la determinación de los supuestos en que 
resulta  necesaria  la  constitución  de  un  seguro  o  de  una  fianza  que  garantice  la 
restitución del daño que el desarrollo de la actividad pueda causar en el medio ambiente. s
El capítulo II se refiere al traslado de residuos. Su principal finalidad es la de clarificar  e.
el régimen jurídico de aquel dentro del territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia,  w.
teniendo en cuenta la previsión básica contenida en el Real decreto 553/2020, de 2 de  37ww
jCuonnio ,e pl omr ieslm qou efi ns ed ere gduoltaa re la t rlaossl aodpoe draed oreresisd udoes  uenna e ml inatyeorrio sr edgeul rtiedrardit ojruiorí ddiecal  Eys tpaadroa. 
Dfaeccilriteatro  l5a9 /a2p0l0ic9a, cdióen 2 6d dee  lfae bnreorrom, aptoivra e ls qoubere s et rraezgaublaili dlaa dtr adzaeb irleidsaiddu does ,r esseid udoesr.oga  el  BOE-A-cable e
El capítulo III regula el régimen de intervención administrativa de todas las actividades 
relacionadas con la producción y gestión de residuos, incluidas las llevadas a cabo por los 
sistemas de responsabilidad ampliada del sujeto productor, abarcando todas las actividades 
sometidas a autorización o comunicación. Además de lo anterior, se recogen los supuestos 
en que será necesario solicitar informe a los organismos competentes, estableciendo, según 
el caso, el carácter preceptivo y vinculante de estos informes.
Además, por primera vez en una norma con rango de ley, se hace referencia a la 
existencia de la plataforma electrónica que la Administración autonómica pone a disposición 
de los sujetos productores y gestores con instalaciones en nuestro territorio para permitir y 
facilitar el cumplimiento de sus obligaciones en la materia, tanto respecto de los movimientos 
de residuos realizados dentro de la comunidad autónoma como respecto de los movimientos 
de residuos realizados entre comunidades autónomas, cuyo uso es obligatorio.
El título III, «Gestión de residuos domésticos, comerciales e industriales», desarrolla, 
entre otros aspectos, el régimen jurídico de los puntos limpios.
Se  establece  la  necesidad  de  fomentar  la  creación  de  centros  de  recogida  de 
residuos industriales y el fomento de medidas específicas de prevención de la fracción 
orgánica de los residuos, así como de su reciclaje, a través de la implantación de 
sistemas de compostaje doméstico y comunitario, y medidas para la reducción del 
desperdicio alimentario. Asimismo, se recogen prohibiciones sobre la entrega gratuita de 
bolsas de plástico y la venta de vajillas de un solo uso.
El título IV regula la responsabilidad ampliada del sujeto productor.
El  título  V  prevé  la  declaración  de  utilidad  pública  e  interés  social  en  el 
establecimiento o ampliación de instalaciones de gestión de residuos, a efectos de la 
legislación sobre expropiación forzosa, la cual ya se recogía en la anterior Ley 10/2008, 
de 3 de noviembre, de residuos de Galicia.
El título VI regula los suelos contaminados. El capítulo I introduce los principios de la 
política  de  suelos  y  clarifica  algunos  supuestos  específicos  de  no  aplicación  de  la 
normativa de suelos, recogiéndose las obligaciones de información que con carácter 
general se establecen en este ámbito.
El  capítulo  II  regula  los  instrumentos  de  evaluación  de  la  calidad  del  suelo, 
establecidos en la normativa sectorial.
El capítulo III regula la declaración de suelos contaminados, sus efectos y los sujetos 
obligados a  la  recuperación de  aquellos,  así  como  la posibilidad de reparación de 
manera voluntaria.
El capítulo IV relaciona un conjunto de instrumentos de políticas de suelos.
El título VII regula el marco jurídico de ayudas económicas, así como las acciones de 
promoción y difusión para alcanzar los objetivos de la ley.
El título VIII, «Vigilancia, inspección, control y potestad sancionadora», se desarrolla 
en tres capítulos. El capítulo I, titulado «Vigilancia, inspección y control», detalla los 
órganos  competentes  para  el  ejercicio  de  actividades  de  vigilancia  y  control  y  sus 
potestades y funciones.
El  capítulo  II,  «Responsabilidad  y  régimen  sancionador»,  regula  la  potestad 
sancionadora, la responsabilidad administrativa y los sujetos responsables, así como el 
régimen de infracciones y sanciones, la reparación del daño y la indemnización, y la 
posibilidad de imponer multas coercitivas.
Por último, en el capítulo III, «Procedimiento sancionador», se regulan determinados 
aspectos del procedimiento sancionador y los supuestos en que se adoptarán medidas 
provisionales. s
La ley finaliza con cuatro disposiciones adicionales, cuatro disposiciones transitorias,  oe.
una derogatoria y dos finales. w.
Las disposiciones adicionales regulan la tramitación electrónica de la totalidad de los  37ww
pdreogcreaddiamdioesn topso r avdemrtiidnoisst rainticvoonst roplraedvoisst oys  eel ns isetesmtaa  lperyo, mloav idreoc uppoer ralac ióAnd mdinei stsruaecilóons 
rgeesnideuraols  ddeo mlaé sCticoomsu yn eidl apdla nA udteó ngoemstaió nd ye  pGroaglircaima ap daera p rleav egnecsitóiónn d ein rsetistuidcuioonsa.l  de  los  BOE-A-cable e
Respecto a la obligación de tramitación electrónica de todos los procedimientos 
administrativos regulados por esta ley, debe señalarse que, de conformidad con lo 
previsto en la disposición adicional novena de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos 
y suelos contaminados, y con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, se establece para 
las personas físicas incluidas en el ámbito de aplicación de la presente ley la obligación 
de relacionarse con los órganos competentes a través de medios electrónicos, por 
quedar acreditado que, debido a su capacidad técnica y dedicación profesional, tienen 
disponibilidad de los medios electrónicos necesarios y acceso a ellos.
Las disposiciones transitorias regulan el procedimiento de traslados de residuos dentro 
del  territorio  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Galicia,  la  adaptación  al  régimen  de 
responsabilidad ampliada del sujeto productor, la adaptación al nuevo régimen de fianzas y 
el régimen transitorio aplicable a los subproductos en la Comunidad Autónoma de Galicia.
Se derogan expresamente la Ley 10/2008, de 3 de noviembre, de residuos de 
Galicia, el Decreto 59/2009, de 26 de febrero, por el que se regula la trazabilidad de los 
residuos, y el Decreto 154/1998, de 28 de mayo, por el que se publica el catálogo de 
residuos de Galicia. También quedan derogadas todas aquellas disposiciones de igual o 
inferior rango que se opongan a lo establecido en esta ley o lo contradigan.
Se habilita al Consejo de la Xunta de Galicia para dictar las disposiciones necesarias para 
el desarrollo de esta ley, que entrará en vigor a los veinte días naturales de su publicación.
IV
De esta manera, se dan por cumplidos los objetivos propuestos con la aprobación de 
la  presente  ley,  con  la  finalidad,  por  un  lado,  de  disponer  en  nuestra  comunidad 
autónoma de una normativa que, de conformidad con el marco de competencias ya 
expuesto,  concilie  el  régimen  jurídico  común  o  básico  con  las  peculiaridades  que 
presenta, o puede presentar, la gestión de los residuos en nuestro territorio; y por otro, 
de actualizar las disposiciones anteriormente vigentes adaptándolas a la legislación 
básica, introduciendo elementos nuevos y manteniendo otros que se modifican parcial o 
totalmente.  También  se  procura  una  normativa  más  completa  y  técnicamente  más 
adecuada  para  hacer  frente  a  las  necesidades  existentes  en  nuestra  comunidad 
autónoma, acorde con la experiencia y los avances que esta materia ha experimentado 
en los últimos años y que atienda a la simplificación de las cargas administrativas 
impuestas a los administrados y a la mejora del control y de la gestión efectiva de los 
procedimientos administrativos incluidos en el ámbito de aplicación de esta ley.
V
De conformidad con todo lo expuesto, con la aprobación de esta ley se da pleno 
cumplimiento  a  los  principios  de  necesidad,  proporcionalidad,  seguridad  jurídica, 
transparencia, accesibilidad, simplicidad y eficacia, que constituyen la base de la calidad 
normativa,  conforme  al  artículo  37.a)  de  la  Ley  14/2013,  de  26  de  diciembre,  de 
racionalización del sector público autonómico.
En cuanto al principio de transparencia, en el procedimiento de elaboración de esta 
ley se ha promovido la participación pública de la ciudadanía en general y de los 
operadores económicos de los sectores afectados en particular. Asimismo, durante la 
tramitación de la ley se obtuvo el dictamen preceptivo del Consejo Económico y Social 
de Galicia, de conformidad con el artículo 5 de la Ley 6/1995, de 28 de junio, por el que  e.
se crea el Consejo Económico y Social de Galicia. w.b
VI
artícEuslota  1l6e yd hea  las idDoir epcretivviaa m9e4n/6te2 /CnoEt ifdiceal dPaa arl alam Cenotmo isEióunro Epeuoro py edae, le Cn ocnusmejpol,im diee n2to0  ddeel 
diciembre de 1994, relativa a los envases y residuos de envases, y de la Directiva
(UE) 2015/1535 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de septiembre de 2015, por 
la que se establece un procedimiento de información en materia de reglamentaciones 
técnicas y de reglas relativas a los servicios de la sociedad de la información, así como 
de lo dispuesto en el Real decreto 1337/1999, de 31 de julio, por el que se regula la 
remisión  de  información  en  materia  de  normas  y  reglamentaciones  técnicas  y 
reglamentos relativos a los servicios de la sociedad de la información.
Asimismo, al amparo de la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma de 
Galicia para aprobar normas adicionales sobre protección del medio ambiente y del 
paisaje, la presente ley incorpora al ordenamiento jurídico autonómico algunos de los 
mandatos de la Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de 
diciembre  de  1994,  relativa  a  los  envases  y  residuos  de  envases,  incluida  su 
modificación por la Directiva (UE) 2018/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 30 de mayo de 2018; de la Directiva (UE) 2018/849 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifican la Directiva 2000/53/CE, 
relativa a los vehículos al final de su vida útil, la Directiva 2006/66/CE, relativa a las pilas 
y acumuladores y a los residuos de pilas y acumuladores, y la Directiva 2012/19/UE, 
sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos; de la Directiva (UE) 2018/851 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la 
Directiva 2008/98/CE, sobre los residuos; de la Directiva (UE) 2018/850 del Parlamento 
Europeo  y  del  Consejo,  de  30  de  mayo  de  2018,  por  la  que  se  modifica  la 
Directiva 1999/31/CE, relativa al vertido de residuos; y de la Directiva (UE) 2019/904 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, relativa a la reducción del 
impacto de determinados productos de plástico en medio ambiente.
Por todo lo expuesto, el Parlamento de Galicia aprobó y yo, de conformidad con el 
artículo 13.2 del Estatuto de autonomía de Galicia y con el artículo 24 de la Ley 1/1983, 
de 22 de febrero, de normas reguladoras de la Xunta y de su Presidencia, promulgo en 
nombre del Rey la Ley de residuos y suelos contaminados de Galicia.
TÍTULO PRELIMINAR
Disposiciones y principios generales
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1.  Objeto.
1.  Constituye  el  objeto  de  esta  ley  la  regulación  de  la  producción  y  gestión 
sostenible  de  los  residuos,  potenciando  medidas  que  prevengan  su  producción  y 
disminuyan  los  impactos  adversos  sobre  la  salud  humana  y  el  medio  ambiente, 
vinculados a su generación y gestión, al tiempo que se fomenta el uso sostenible de los 
recursos y la transición hacia una economía circular y baja en carbono en el territorio de 
la Comunidad Autónoma de Galicia.
2.  Además,  es  objeto  de  esta  ley  regular  el  régimen  jurídico  de  los  suelos 
contaminados aplicable en la Comunidad Autónoma de Galicia.
Artículo 2.  Fines.
Esta ley tiene como fines fomentar: oe.
a)  La progresiva transformación de la sociedad gallega en una sociedad cuyo  37ww
rseisstiedmuoa  cpormodou rcetcivuor seos yté s ub avsaalodro  eecno nlóam eiccoon, oym faíavo creircciuelnadr,o p loat ecrnecaiacniódno  dlea  eumtilpizleaoci óvne rddee,l 
eencotennódmidicoo sc ohmasot aa aqlucealn zqaure n irveedluecse s oesl teimnipbalecsto. ambiental de las empresas y sectores  BOE-A-cable e
b)  La lucha contra el cambio climático, a través, principalmente, de la aplicación del 
principio de coherencia de la política de residuos con la estrategia contra el cambio 
climático y de supeditación de aquella a esta.
c)  La estabilización y reducción de la producción de residuos en cuanto a su peso, 
volumen, diversidad y peligrosidad, con el fin de disociar la producción de residuos del 
crecimiento económico.
d)  La regeneración de los espacios degradados y la descontaminación del suelo.
Artículo 3.  Objetivos.
1.  Para la consecución de los fines previstos en el artículo anterior, se establecen 
los siguientes objetivos cuantitativos:
a)  La reducción progresiva del peso de los residuos producidos, hasta alcanzar en 
el año 2020 un 10 % de reducción respecto de los generados en el año 2010, y en el 
año 2025 un 15 %.
b)  El  incremento  progresivo,  de  conformidad  con  la  Directiva  2008/98/CE  del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, de la cantidad de 
residuos municipales destinados a la preparación para la reutilización y el reciclaje para las 
siguientes fracciones: papel, metales, vidrio, plástico, biorresiduos y otras susceptibles de 
ser preparadas para la reutilización. Estos deberán alcanzar, en su conjunto, como mínimo, 
el 50 % en peso en el año 2020, correspondiendo un 2 % a la preparación para la 
reutilización  principalmente  de  residuos  textiles,  residuos  de  aparatos  eléctricos  y 
electrónicos y muebles, el 55 % en el año 2025 y el 60 % en el año 2030.
c)  La eliminación en vertedero en el año 2035 de un máximo del 10 % de los 
residuos  domésticos  generados,  tal  como  establece  la  Directiva  (UE)  2018/850  del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018.
d)  El  incremento  progresivo  de  la  cantidad  de  residuos  no  peligrosos  de 
construcción y demolición destinados a la preparación para la reutilización, el reciclaje y 
otros tipos de valorización material, hasta alcanzar antes del año 2020 el 70 % en peso 
de los residuos producidos, tal como establece el artículo 22.1.b) de la Ley 22/2011, 
de 28 de julio, y el 75 % en el año 2025. Para el cómputo de este flujo quedarán 
excluidos los materiales naturales excavados codificados con el LER 17 05 04.
e)  Alcanzar, antes del año 2025, el objetivo del 3 % de la preparación para la 
reutilización del total de residuos domésticos gestionados, y un 5 % en el año 2030. 
Estos  porcentajes  tendrán  que  alcanzarse  igualmente  y  separadamente  para  los 
residuos comerciales y para los residuos industriales, sin tener en cuenta la fracción 
orgánica de los residuos domésticos ni la poda.
2.  Asimismo, se establecen como objetivos cuantitativos aquellos fijados por las 
normas reguladoras de determinados flujos de residuos y, en concreto, los siguientes:
a)  Para los envases, a más tardar el 31 de diciembre de 2025 se reciclará un 
mínimo del 65 % en peso de todos los residuos y, a más tardar el 31 de diciembre 
de  2030,  el  70  %,  de  conformidad  con  el  artículo  6  de  la  Directiva  94/62/CE  del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 1994, relativa a los envases y 
residuos de envases.
Además, a más tardar el 31 de diciembre de 2025 se alcanzarán los siguientes 
objetivos mínimos en peso de reciclaje de los materiales específicos que se indican a 
continuación, contenidos en los residuos de envases: e.
1.º  El 50 % de plástico. 37ww
23..ºº   EEll  2750  %%  ddee  mmaedtaeleras. ferrosos.
54..ºº   EEll  7500  %%  ddee  vaildurmioi.nio.
6.º  El 75 % de papel y cartón.
A más tardar el 31 de diciembre de 2030 dichos objetivos serán:
1.º  El 55 % de plástico.
2.º  El 30 % de madera.
3.º  El 80 % de metales ferrosos.
4.º  El 60 % de aluminio.
5.º  El 75 % de vidrio.
6.º  El 85 % de papel y cartón.
b)  Para los residuos de pilas y acumuladores, los objetivos mínimos de recogida 
que se tendrán que alcanzar son los establecidos en el Real decreto 106/2008, de 1 de 
febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos.
c)  Para los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, los objetivos mínimos de 
valorización  que  se  tendrán  que  alcanzar  son  los  establecidos  en  el  Real 
decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.
d)  Para los neumáticos al final de su vida útil, se alcanzará en el año 2020, como 
mínimo, el objetivo del 15 % para la preparación para la reutilización (segundo uso y 
recauchutado), del 45 % para reciclaje, debiendo ser el reciclaje del acero del 100 %, y 
un máximo del 40 % de valorización energética, tal como establece el Plan estatal marco 
de residuos.
e)  Respecto del aceite industrial usado, su recogida y gestión se realizará de 
conformidad  con  las  mejores  técnicas  disponibles  y  será  del  100  %  sobre  el  total 
generado, garantizándose su sometimiento a los tratamientos adecuados necesarios, de 
forma que se asegure la protección de la salud humana y del medio ambiente, en 
cualquiera de los usos a que se destine, tal como establece el Real decreto 679/2006, 
de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados.
f)  Para  los  biorresiduos,  los  ayuntamientos  deberán  instaurar  antes  del  31  de 
diciembre de 2023 su recogida separada en el servicio de gestión de los residuos 
municipales que presten.
g)  Para los residuos textiles y los residuos peligrosos de origen doméstico, los 
ayuntamientos deberán establecer, a más tardar el 1 de enero de 2025, su recogida 
separada, de conformidad con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 19 de noviembre de 2008.
3.  Los objetivos cuantitativos fijados en este artículo se entienden sin perjuicio de 
ulteriores modificaciones de la normativa aplicable que los incrementen o que reduzcan 
los plazos para su cumplimiento.
4.  Para calcular los objetivos fijados en esta ley, debe emplearse la metodología de 
cálculo más reciente que ha elaborado la Comisión Europea.
5.  Además  de  las  fracciones  previstas  por  la  normativa  europea  y  estatal,  es 
obligatoria  para  los  entes  locales  la  recogida  diferenciada  de  materia  orgánica 
compostable (fracción orgánica de los residuos domésticos) y poda, del aceite vegetal 
usado, de los residuos de los textiles y de los residuos peligrosos, todos de origen 
domiciliario.
Artículo 4.  Líneas básicas de la política de residuos de la Administración general de la 
Comunidad Autónoma de Galicia.
Para la consecución de los objetivos y de los fines señalados en los artículos 
anteriores, la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia: e.
a)  Colaborará con las entidades locales en la gestión de aquellos residuos de la  37ww
csoempapreatdean ceian  deo riegsetna s,d eco nn ueesvpaesc iafrl aactceionncieósn,  ae nla  eimsppelacniatal cidóen  elofes ctbivioar rdees idlau ores,c opgaidraa 
destinarlos al compostaje o a la digestión anaerobia.
b)  Colaborará en la puesta en marcha de centros especializados en la preparación 
para la reutilización de residuos, en especial de los residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos, textiles y muebles.
c)  Impulsará el establecimiento de medidas de promoción de puesta en el mercado 
de productos de segunda mano y de aquellos que hubiesen sido preparados para ser 
reutilizados.
d)  Pondrá en marcha medidas de fomento del mercado del reciclaje.
e)  Impulsará  la  economía  colaborativa  como  medida  de  prevención  en  la 
producción de residuos.
f)  Adoptará medidas de fomento de la contratación pública ecológica, haciendo 
especial hincapié en los aspectos de la economía circular.
Artículo 5.  Ámbito de aplicación.
1.  Esta ley resulta de aplicación a todo tipo de residuos que se originen o gestionen 
en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia, con las siguientes exclusiones:
a)  Las emisiones a la atmósfera reguladas en la normativa de calidad del aire y 
protección de la atmósfera, así como el dióxido de carbono capturado y transportado con 
fines  de  almacenamiento  geológico  y  efectivamente  almacenado  en  formaciones 
geológicas de conformidad con la normativa sectorial de aplicación.
b)  El almacenamiento geológico de dióxido de carbono realizado con fines de 
investigación, desarrollo o experimentación de nuevos productos y procesos, siempre 
que la capacidad prevista de almacenamiento sea inferior a 100 kilotoneladas.
c)  Los suelos no contaminados excavados y otros materiales naturales excavados 
durante  las  actividades  de  construcción,  cuando  se  tenga  la  certeza  de  que  estos 
materiales se utilizarán con fines de construcción en su estado natural en el lugar u obra 
donde han sido extraídos.
d)  Los residuos radiactivos.
e)  Los explosivos desclasificados.
f)  Las materias fecales no incluidas en el apartado b) del número 2 de este artículo, 
la  paja  y  los  demás  materiales  naturales  no  peligrosos,  agrícolas  o  silvícolas  no 
peligrosos, utilizados en explotaciones agrícolas y ganaderas, en la silvicultura o en la 
producción de energía a base de esta biomasa, mediante procedimientos o métodos que 
no pongan en peligro la salud humana o dañen el medio ambiente.
Se incluye en esta excepción el material fecal higienizado resultado de procesos de 
digestión anaerobia.
2.  Esta ley no es de aplicación a los residuos que se citan a continuación, en los 
aspectos ya regulados por otra norma de la Unión Europea o nacional que incorpore 
normas de aquella:
a)  Las aguas residuales.
b)  Los subproductos animales cubiertos por el Reglamento (CE) n.º 1069/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por el que se establecen las 
normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no 
destinados al consumo humano y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1774/2002.
No se incluyen en esta excepción y, por tanto, serán regulados por esta ley, los 
subproductos animales y sus productos derivados cuando se destinen a la incineración o 
a los vertederos o sean utilizados en una planta de biogás o de compostaje. e.
c)  Los cadáveres de animales que hayan muerto de forma diferente al sacrificio,  w.b
incluidos  sacrificados  con  el  fin  de  erradicar  epizootias,  y  que  son  eliminados  de  37ww
cCoonnfsoermjoi,d daed  2c1o dne  eolc tRubergela dmee 2n0to0 9(.CE)  n.º 1069/2009 del Parlamento Europeo y del
del da)l maLcoesn aremsiiednutoos  drees ureltcaunrtseoss  dme ilnae rparloessp, eacscíi ócno, mdoe  ldae  elxat raecxcpilóonta, cdióenl  tdraet acmainetnetroa so, 
cubiertos por el Real decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de 
industrias  extractivas  y  de  protección  y  rehabilitación  del  espacio  afectado  por 
actividades mineras.
e)  Las sustancias que se destinen a ser utilizadas como materias primas para 
piensos, tal como se definen en el artículo 3.2.g) del Reglamento (CE) n.º 767/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, y que no sean subproductos 
animales ni los contengan.
3.  Sin perjuicio de las obligaciones impuestas en virtud de la normativa específica 
aplicable, se excluyen del ámbito de aplicación de esta ley los sedimentos resituados en 
el interior de las aguas superficiales a efectos de gestión de las aguas y de las vías 
navegables, de prevención de las inundaciones o de mitigación de los efectos de las 
inundaciones y de las sequías, o de creación de nuevas superficies de terreno, si se 
demuestra que dichos sedimentos no son peligrosos.
4.  La regulación prevista en esta ley en materia de suelos contaminados resultará 
de aplicación a los suelos que tengan tal condición, dentro del necesario respeto a las 
competencias estatales.
Artículo 6.  Definiciones.
A los efectos de esta ley, resultarán de aplicación las definiciones recogidas en el 
artículo 3 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, y, 
además, las siguientes:
a)  «Actividades  potencialmente  contaminantes  del  suelo»:  las  definidas  en  el 
artículo 54.
b)  «Árido reciclado»: material resultante de la valorización final de residuos de 
construcción y demolición que cumpla con los requisitos especificados en la normativa 
sobre disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, aquellos que 
se especifiquen en la normativa sobre fin de condición de residuo y los exigibles según el 
uso a que se destine.
c)  «Bandeja alimentaria»: recipiente para alimentos según lo establecido en la parte 
B del anexo de la Directiva 2019/904/UE.
d)  «Comercialización»:  todo  suministro  de  un  producto  para  su  distribución, 
consumo o utilización en el mercado en el transcurso de una actividad comercial, ya sea 
mediante pago previo o a título gratuito.
e)  «Compostaje  doméstico»:  gestión  de  los  propios  residuos  domésticos  de 
carácter orgánico biodegradable producidos en los hogares, restaurantes, servicios de 
restauración  colectiva  o  establecimientos  de  venta  minorista  y  que  se  realiza 
individualmente  para  la  utilización  particular  del  compost  resultante.  El  compostaje 
doméstico se considera una operación de prevención de residuos.
f)  «Compostaje  comunitario»:  gestión  de  los  residuos  domésticos  de  carácter 
orgánico  biodegradable  producidos  en  los  hogares,  restaurantes,  servicios  de 
restauración colectiva o establecimientos de venta minorista en una instalación común 
creada al efecto, con el fin de obtener un recurso para su aplicación como fertilizante o 
sustrato de cultivo.
g)  «Desperdicio  alimentario»:  productos  alimenticios  que  hayan  tenido  como 
destino la alimentación humana, no vendidos o consumidos en todas las fases de la 
cadena de producción, transformación, fabricación y suministro de alimentos, incluida la  s
venta minorista y otros tipos de distribución de alimentos, en restaurantes y servicios  oe.
alimentarios, así como en los hogares. w.
peligih)r )o s«o«PsDe qiqguueees tñpaortoo d»pu:r copedro umdcuetocnrto os dr deees u r1elt0as intdotueno edslea  dlpaae sdli giagrneoussatoilósen»s : a dnesa ureejersotiodb uiapo rdso epd eruelcisgtoirdoru soodsse..  residuos  2021-5137n https://ww
j)  «Planta fija»: instalación que no cumple con los requisitos señalados en el párrafo
siguiente para ser considerada planta móvil. Bc
k)  «Planta móvil»: instalación que se monta o traslada para acercarse a los centros 
de producción del residuo o a su lugar de aplicación, y que no tiene carácter permanente 
por estar vinculada a un momento de producción puntual de un tipo de residuo o a una 
actividad de regeneración ambiental, por un tiempo no superior a un año.
l)  «Plástico»: material compuesto por un polímero, definido de acuerdo con lo 
establecido  en  el  artículo  3.5  del  Reglamento  (CE)  n.º  1907/2006,  del  Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, al que pueden haberse añadido 
aditivos u otras sustancias, y que puede funcionar como principal componente estructural 
de los productos finales. A los efectos de la prohibición de comercialización recogida en 
el artículo 43.2, se exceptúan del concepto de plástico los polímeros naturales que no 
hayan sido modificados químicamente.
m)  «Productor de residuos peligrosos»: sujeto productor de residuos peligrosos que 
produce 10 o más toneladas anuales de residuos peligrosos.
n)  «Proyecto de investigación, desarrollo e innovación»: aquellos proyectos que 
tengan por objeto el estudio o la experimentación de nuevas tecnologías o procesos en 
el campo del tratamiento de residuos y que cuenten con el correspondiente informe 
técnico certificado por una entidad acreditada por un organismo nacional de acreditación.
A los efectos de lo establecido en la presente ley, estos proyectos tendrán una 
duración máxima de un año, salvo conformidad del órgano de dirección competente en 
materia de residuos, previa solicitud motivada del equipo investigador.
ñ) «Punto limpio»: instalación autorizada de recogida separada y almacenamiento 
temporal de residuos de competencia municipal que, por su gran volumen o peligro, 
deben ser depositados en instalaciones específicas.
o)  «Punto limpio móvil»: instalación móvil de recogida separada y almacenamiento 
temporal de residuos de competencia municipal que, por su gran volumen o peligro, 
deben ser depositados en instalaciones específicas.
p)  «Relleno»: operación de valorización, siempre que así lo declare el órgano de 
dirección competente en materia de residuos, en la que se utilizan residuos no peligrosos 
aptos para los fines de regeneración en zonas excavadas o para obras de ingeniería 
paisajística. Los residuos empleados para relleno deben sustituir materiales que no sean 
residuos, ser aptos para los fines mencionados anteriormente y estar limitados a la 
cantidad estrictamente necesaria para lograr dichos fines.
q)  «Residuos  alimentarios»:  todos  los  alimentos,  tal  como  se  definen  en  el 
artículo 2 del Reglamento (CE) n.º 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de  28  de  enero  de  2002,  por  el  que  se  establecen  los  principios  y  los  requisitos 
generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria y se fijan los procedimientos relativos a la seguridad alimentaria, que se han 
convertido en residuos.
r)  «Residuo  inerte»:  aquel  que  cumple  con  los  criterios  de  admisión  en  los 
vertederos para residuos inertes establecidos en el Real decreto 646/2020, de 7 de julio, 
por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.
s)  «Régimen de responsabilidad ampliada del sujeto productor»: el conjunto de 
medidas  para  garantizar  que  los  sujetos  productores  de  productos  asuman  la 
responsabilidad financiera o financiera y organizativa de la gestión de la fase de residuo 
del ciclo de vida de un producto.
t)  «Suelo  alterado»:  suelo,  sin  la  consideración  de  suelo  contaminado,  cuyas 
características  han  sido  alteradas  negativamente  por  la  presencia  de  componentes 
químicos de carácter peligroso procedentes de la actividad humana, en concentración tal  s
que superan los niveles genéricos de referencia establecidos por la normativa vigente  oe.
o 50 mg/kg de hidrocarburos totales de petróleo. w.
u)  «Tratamiento intermedio»: las operaciones de tratamiento realizadas sobre el  37ww
residvu) o «qTurea ptarmecieisnetno  ufnin taral»ta: mtoiednatos  ploasst eoripoer.raciones  de  tratamiento  de  residuos  no
incluidas en el párrafo anterior.
w)  «Vajilla de plástico de un solo uso»: los platos, tenedores, cuchillos, cucharas, 
pajas  y  palillos  fabricados  total  o  parcialmente  con  plástico  y  que  no  han  sido 
concebidos,  diseñados  o  introducidos  en  el  mercado  para  completar,  dentro  de  su 
período de vida, múltiples circuitos o rotaciones mediante su devolución a un productor 
para ser reutilizados con el mismo fin para el cual han sido concebidos.
x)  «Valorización final»: operaciones de preparación para la reutilización y reciclaje 
de residuos por las cuales los residuos son transformados de nuevo en productos, 
materiales o sustancias, incluida la valorización energética.
y)  «Valorización  de  materiales»:  toda  operación  de  valorización  distinta  de  la 
valorización energética y de la transformación en materiales que vayan a ser utilizados 
como  combustible  u  otros  medios  de  generar  energía,  incluyendo,  entre  otras 
operaciones, la preparación para la reutilización, el reciclaje y el relleno.
Artículo 7.  Fin de la condición de residuo.
1.  De conformidad con lo señalado en la normativa básica estatal, los residuos que, 
después  de  ser  sometidos  a  una  operación  de  valorización,  cumplan  los  criterios 
específicos  establecidos  por  orden  del  ministerio  competente,  podrán  dejar  de  ser 
considerados como tales siempre que se cumplan las condiciones previstas en dicha 
normativa básica estatal.
Asimismo, dejarán de ser considerados residuos aquellos que cumplan con los 
criterios establecidos en la normativa de la Unión Europea.
2.  De acuerdo con el artículo 5.3 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, las sustancias u 
objetos afectados por lo dispuesto en dicho precepto y sus normas de desarrollo serán 
computados como residuos reciclados y valorizados a los efectos del cumplimiento de 
los objetivos en materia de reciclaje y valorización cuando se cumplan los criterios de 
valorización y reciclaje previstos en aquellas.
3.  En las memorias anuales que los gestores deben presentar de conformidad con 
lo señalado en el artículo 28, se aportará la información que, respecto de los productos 
resultantes de las operaciones de valorización a que se refiere este artículo, determine el 
órgano de dirección competente en materia de residuos.
Artículo 8.  Subproductos.
1.  La sustancia u objeto, resultante de un proceso de producción, cuya finalidad 
primaria no sea la producción de esa sustancia u objeto serán considerados subproducto 
y no residuo, si cumplen con los requisitos establecidos por la normativa correspondiente 
del ministerio competente, de conformidad con lo señalado en la normativa básica 
estatal.
2.  Las competencias que las correspondientes órdenes ministeriales atribuyan a las 
comunidades  autónomas  en  relación  con  las  personas  productoras  y  usuarias  de 
subproductos serán ejercidas, en el ámbito competencial de la Comunidad Autónoma de 
Galicia, por el órgano de la Administración general de la Comunidad Autónoma de 
Galicia competente en materia de residuos.
3.  Las personas productoras y las usuarias de subproductos en la Comunidad 
Autónoma  de  Galicia  deberán  llevar  un  registro  cronológico  de  las  cantidades 
gestionadas o utilizadas como subproducto y de los restantes datos que, en su caso, 
prevean las correspondientes órdenes ministeriales. Este registro deberá mantenerse y 
estar a disposición de la Administración durante un período mínimo de cinco años o  es
durante aquel período mínimo superior que pueda preverse en la correspondiente orden  bo
ministerial. 37ww
CAPÍTULO II
Organización y competencias
Artículo 9.  Competencias de las entidades locales.
1.  Las entidades locales son competentes para la gestión de los residuos en los 
términos señalados en la normativa básica estatal y en la presente ley.
2.  En particular, corresponde a los ayuntamientos:
a)  Como servicio obligatorio, la recogida, el transporte y el tratamiento de los 
residuos domésticos generados en los hogares, comercios y servicios en la forma en que 
establezcan sus respectivas ordenanzas, en el marco jurídico de lo establecido en la 
normativa básica estatal en materia de residuos, en la presente ley, en la normativa 
sectorial en materia de responsabilidad ampliada del productor y en el Plan de gestión de 
residuos urbanos de Galicia. La prestación de este servicio podrá llevarse a cabo de 
forma independiente o asociada.
b)  El establecimiento de las medidas adecuadas para evitar el abandono el vertido 
de residuos domésticos.
c)  El  ejercicio  de  la  potestad  de  vigilancia  e  inspección  y  de  la  potestad 
sancionadora en el ámbito de sus competencias.
3.  Las entidades locales podrán:
a)  Elaborar programas de gestión de los residuos de su competencia, de acuerdo 
con lo establecido en la presente ley y de conformidad y en coordinación con el plan 
nacional marco y con los planes de gestión de residuos que apruebe la Administración 
autonómica.
b)  Elaborar  programas  de  prevención  de  los  residuos  de  su  competencia  de 
acuerdo con lo establecido en la presente ley y en los programas de prevención de 
residuos aprobados por la Administración autonómica.
c)  Gestionar los residuos comerciales no peligrosos y los residuos domésticos 
generados  en  las  industrias  en  los  términos  que  establezcan  sus  respectivas 
ordenanzas, sin perjuicio de que los sujetos productores de estos residuos puedan 
gestionarlos por sí mismos. Cuando la entidad local establezca su propio sistema de 
gestión podrá imponer, de manera motivada y basándose en criterios de mayor eficiencia 
y eficacia en la gestión de los residuos, la incorporación obligatoria de los sujetos 
productores de residuos a dicho sistema en determinados supuestos.
d)  A través de sus ordenanzas, obligar al sujeto productor u otro sujeto poseedor de 
residuos peligrosos domésticos o de residuos cuyas características dificulten su gestión 
a que adopten medidas para eliminar o reducir dichas características, o a que los 
depositen en la forma y lugar adecuados.
e)  Implantar sistemas de recogida separada de nuevas fracciones de residuos 
domésticos,  de  conformidad  con  la  planificación  establecida  por  parte  de  la 
Administración autonómica.
f)  Realizar  sus  actividades  de  gestión  de  residuos  directamente  o  mediante 
cualquier otra forma de gestión prevista en la legislación sobre régimen local. Estas 
actividades podrán ser llevadas a cabo por cada entidad local de forma independiente o 
mediante asociación de varias entidades locales.
g)  Declarar como servicio público de titularidad municipal todas o algunas de las  e.e
operaciones de gestión de determinados tipos de residuos, en su ámbito competencial,  b
cuando esté motivadamente justificado por razones de adecuada protección de la salud  37ww
humha)n aL ya d deel cmlaerdaicoi óanm dbeie sneterv.icio público no excluye la iniciativa privada. La prestación
duen as perrevivciisoió pnú lbelgicaol  ebxapjore usna .régimen de monopolio requiere, en cualquiera de los casos,
Artículo 10.  Competencias de la Administración general de la Comunidad Autónoma de 
Galicia.
Son competencias de la Administración general de la Comunidad Autónoma de 
Galicia:
a)  La elaboración de los planes autonómicos de gestión de residuos y de los 
programas autonómicos de prevención de residuos.
b)  La autorización y registro de las actividades de producción y gestión de residuos 
de conformidad con lo establecido en esta ley.
c)  Asegurar  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  impuestas  a  los  sujetos 
productores dentro del marco de la responsabilidad ampliada del productor, tanto de 
forma individual como colectiva.
d)  El registro de la información en materia de producción y gestión de residuos en 
su ámbito competencial y en materia de suelos contaminados, incluido el Registro de 
Productores y Gestores de Residuos de Galicia y el Registro de la Calidad de Suelos de 
Galicia.
e)  La autorización, en su caso, del traslado desde o hacia países de la Unión 
Europea, o en los casos estipulados en el ejercicio de las competencias autonómicas en 
materia de traslados en el interior del territorio del Estado, con arreglo a la normativa 
aplicable a dichos traslados.
f)  La tramitación de los procedimientos en materia de suelos contaminados, así 
como la declaración de suelos contaminados.
g)  La declaración como servicio público, de titularidad autonómica o municipal, de 
todas o algunas de las operaciones de gestión de determinados tipos de residuos, 
cuando esté motivadamente justificado por razones de adecuada protección de la salud 
humana y del ambiente.
h)  El  ejercicio  de  la  potestad  de  vigilancia  e  inspección  y  de  la  potestad 
sancionadora en el ámbito de sus competencias.
i)  Cualquier  otra  competencia  en  materia  de  residuos  que  no  haya  sido 
expresamente atribuida a la Administración estatal o a las entidades locales.
Artículo 11.  Coordinación, colaboración y cooperación interadministrativas.
1.  Con la finalidad de realizar las acciones necesarias para la consecución de los 
objetivos establecidos en esta ley y en la planificación en materia de residuos, será 
promovida la coordinación entre las administraciones autonómica y local, así como la 
colaboración  y  cooperación  con  la  estatal,  en  lo  que  se  refiere  a  su  régimen  de 
competencias.
2.  A fin de asegurar la coherencia de la actuación de las administraciones públicas 
de Galicia, la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia utilizará los 
procedimientos previstos en la normativa de régimen local. Con la misma finalidad, y de 
conformidad con lo dispuesto en la normativa básica estatal en materia de régimen local 
y en los artículos 205 y siguientes de la Ley 5/1997, de 22 de julio, de Administración 
local de Galicia, el Consejo de la Xunta tendrá la facultad de coordinar la actuación de 
las  entidades  locales  y,  en  especial,  de  las  diputaciones  provinciales,  cuando  las 
actividades o los servicios locales necesarios para la consecución de los objetivos 
previstos en esta ley trasciendan el interés propio de las correspondientes entidades 
locales, incidan o condicionen de forma relevante los de la Administración autonómica o  s
sean concurrentes o complementarios de los de esta. oe.
3.  La potestad de coordinación a que se refiere el número anterior se ejercerá a  w.
Aptrradiovmréiidsn aisddtreeas c lidoóesn   lgape ranocegcrriaaólmn d apesú l badl iCceao  mpernue nvmiedanatcdei róAianu  dtóyen  rogemessiadt iudóoens  G dya ella ic rivaei,ns icqduuuleao csfii jóaanrpá drnoe lb olaasds o oebsnj etiptdivoaord se lays    2021-5137n https://ww
locales a su contenido, en los términos previstos en la legislación básica y en esta ley.
CAPÍTULO III
Principios de la política de residuos
Artículo 12.  Protección de la salud humana y del medio ambiente.
1.  Las autoridades competentes adoptarán las medidas necesarias para asegurar 
que la gestión de los residuos se realice sin poner en peligro la salud humana y sin dañar 
el medio ambiente y, en particular:
a)  No generarán riesgos para el agua, el aire o el suelo, ni para la fauna y la flora.
b)  No causarán incomodidades por el ruido o los malos olores.
c)  No atentarán adversamente contra paisajes ni contra lugares de especial interés 
legalmente protegidos.
2.  Las medidas que se adopten en materia de residuos serán coherentes con las 
estrategias de lucha contra el cambio climático.
Artículo 13.  Jerarquía de residuos.
1.  La  Administración  general  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Galicia,  en  el 
desarrollo de las políticas y de la legislación en materia de prevención y gestión de 
residuos, aplicará, para conseguir el mejor resultado medioambiental global, la jerarquía 
de residuos por el siguiente orden de prioridad:
a)  Prevención.
b)  Preparación para la reutilización.
c)  Reciclaje.
d)  Otro tipo de valorización, incluida la valorización energética.
e)  Eliminación.
2.  No  obstante,  si  para  conseguir  el  mejor  resultado  medioambiental  global  en 
determinados flujos de residuos fuere necesario apartarse de dicha jerarquía, se podrá 
adoptar un orden distinto de prioridades, justificándolo previamente por un enfoque de 
ciclo de vida sobre los impactos de la generación y gestión de esos residuos, teniendo en 
cuenta  los  principios  generales  de  precaución  y  sostenibilidad  en  el  ámbito  de  la 
protección medioambiental, viabilidad técnica y económica, protección de los recursos, así 
como el conjunto de impactos ambientales sobre la salud humana, económicos y sociales.
3.  Solo  se  podrán  eliminar  residuos  tratados  previamente  y  que  no  sean 
susceptibles de valorización según las mejores técnicas disponibles. Así, solo podrán ser 
objeto  de  eliminación  los  desechos  procedentes  de  las  plantas  de  tratamiento  de 
residuos,  entendidos  estos  como  los  producidos  por  el  tratamiento  de  gestión  no 
susceptibles de valorización posterior.
Esta disposición no es aplicable a los residuos cuyo tratamiento es técnicamente 
inviable o en los que quede justificado por razones de protección de la salud humana o 
del medio ambiente.
4.  Queda prohibido eliminar en vertedero residuos recogidos separadamente.
Artículo 14.  Principio de prevención y medidas de prevención.
Será exigible la adopción de medidas de prevención como respuesta a un suceso, a  e.e
un acto o a una omisión que suponga una amenaza inminente de daño medioambiental,  b
con objeto de impedir su producción o de reducir al máximo dicho daño. 37ww
Artículo 15.  Acceso a la información y participación en materia de residuos.
1.  Las administraciones públicas gallegas garantizarán los derechos de acceso a la
información y de participación en materia de residuos en los términos previstos en la
legislación sobre derechos de acceso a la información, participación pública y de acceso 
a la justicia en materia de medio ambiente, y en la legislación sobre transparencia.
2.  Las administraciones públicas, las personas interesadas y el público en general 
tendrán la oportunidad de participar en la elaboración de los planes y programas de 
prevención y gestión de residuos que aprueben las administraciones públicas gallegas, 
así como en la evaluación de sus efectos en el medio ambiente.
Artículo 16.  Costes de la gestión de los residuos.
1.  De acuerdo con el principio de que quien contamina paga, los costes relativos a 
la gestión de los residuos tendrán que correr a cargo del sujeto productor inicial de 
residuos, del sujeto poseedor actual o del anterior sujeto poseedor de residuos, de 
acuerdo con lo establecido en la normativa básica estatal.
2.  Las normas que regulen la responsabilidad ampliada del sujeto productor para 
flujos de residuos determinados establecerán los supuestos en que los costes relativos a 
su gestión tendrán que ser sufragados, parcial o totalmente, por el sujeto productor del 
producto de que proceden los residuos y cuando los sujetos distribuidores del producto 
podrán compartir dichos costes.
3.  En la determinación de los costes de gestión de los residuos domésticos y de los 
residuos comerciales gestionados por las entidades locales, deberá incluirse el coste real 
de las operaciones de recogida, transporte y tratamiento de los residuos, incluida la 
vigilancia de estas operaciones, y el mantenimiento posterior al cierre de los vertederos.
Artículo 17.  Información, formación y concienciación ciudadanas.
1.  La  consejería  competente  en  materia  de  residuos  elaborará  y  desarrollará 
campañas de información, formación y concienciación ciudadanas, que tendrán como 
objetivos prioritarios:
a)  Promover el cambio del modelo productivo lineal hacia un modelo productivo 
acorde con los principios básicos de la economía circular.
b)  Fomentar el empleo verde a través de una adecuada política de residuos.
c)  Reducir  el  desperdicio  alimentario  en  la  producción  primaria,  en  la 
transformación y la fabricación, en la venta comerciante minorista y en otros tipos de 
distribución de alimentos, en restaurantes y servicios alimentarios, así como en los 
hogares.
d)  Informar del impacto ambiental del consumo y de los beneficios de un consumo 
responsable.
e)  Promover la participación activa de la ciudadanía en la progresiva implantación 
de la recogida separada, así como el uso de los puntos limpios.
f)  Fomentar la disminución del uso de envases y embalajes de productos de difícil 
reutilización o reciclaje, prestando especial atención al ecodiseño.
g)  Evitar  la  degradación  del  patrimonio  natural  por  efecto  de  una  gestión 
inadecuada de residuos.
h)  Informar sobre las consecuencias nocivas para la salud y el medio ambiente 
derivadas del uso incorrecto de productos que generan residuos especiales, así como 
del aumento de la generación de residuos.
i)  Promover medidas de formación en materia de residuos, especialmente dirigidas 
a la población escolar. s
2.  Para el desarrollo de estos objetivos, la consejería competente en materia de  w.b
residuos firmará, en su caso, convenios de colaboración con los sistemas colectivos de  37ww
rpersivpaodnassa.bilidad ampliada del sujeto productor o con asociaciones o entidades públicas o
TÍTULO I
Instrumentos de la política de residuos
CAPÍTULO I
Planificación
Artículo 18.  De la planificación autonómica.
1.  Corresponde a la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia 
la elaboración y aprobación de los planes de gestión y programas de prevención de 
residuos autonómicos, de conformidad con lo previsto en la normativa básica estatal, en 
la presente ley y en sus normas de desarrollo.
Los planes de gestión y los programas de prevención de residuos autonómicos se 
someterán a lo establecido en la normativa sobre evaluación ambiental.
2.  En la elaboración de la planificación se valorarán aquellas medidas que incidan 
de forma significativa en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.
3.  Los planes de gestión contendrán, al menos, las siguientes determinaciones:
a)  Ámbito material, territorial y temporal, así como el procedimiento para su revisión.
b)  Análisis y diagnosis de la situación de la gestión de residuos existente en el 
ámbito territorial de la Comunidad Autónoma y estimación de los residuos objeto del 
plan: cantidad, tipología y origen, así como operaciones de gestión a que se someten. Se 
analizará el tipo, la cantidad y la fuente de los residuos generados dentro del territorio de 
la comunidad autónoma, los que se prevea que se van a transportar desde y hacia otros 
Estados miembros y, cuando sea posible, desde y hacia otras comunidades autónomas, 
y se realizará una evaluación de la evolución futura de los flujos de residuos.
c)  Sistemas  existentes  de  recogida  de  residuos  y  principales  instalaciones  de 
gestión, incluida cualquier medida especial para aceites usados, residuos peligrosos o 
flujos de residuos objeto de legislación específica.
d)  Evaluación de la necesidad  de  nuevos sistemas de recogida, cierre de las 
instalaciones  existentes  de  residuos,  instalaciones  adicionales  de  tratamiento  de 
residuos, de conformidad con el principio de cercanía y jerarquía, y las inversiones 
correspondientes.
e)  Principios que deben regir la prevención y la gestión de los residuos afectados 
por el plan.
f)  Objetivos específicos de prevención, preparación para la reutilización, reciclaje y 
otras formas de valorización, así como de eliminación de los residuos, y las medidas que 
deberán adoptarse para la consecución de estos objetivos y de los establecidos en la 
Ley 22/2011, de 28 de julio, en la restante normativa en materia de residuos, en otras 
normas medioambientales y en esta ley.
g)  Plan de infraestructuras necesarias para la consecución de los objetivos previstos.
h)  Información  sobre  los  criterios  de  instalación  para  la  identificación  de  la 
localización y sobre la capacidad de las futuras instalaciones de gestión (preparación 
para la reutilización, valorización y eliminación).
i)  Políticas de gestión de residuos, incluidas las tecnologías y los métodos de 
gestión  de  residuos  previstos,  y  la  identificación  de  los  residuos  que  presenten 
problemas de gestión específicos. s
j)  Estimación de los costes de ejecución del plan. oe.
k)  Programación temporal de las actuaciones previstas para la ejecución del plan. w.
l)  Aspectos organizativos relacionados con la gestión de residuos, incluida una  37ww
qdueesc sriep coicóunp adne l dree plaa rgteos dtióen r edsep roenssidauboilsid.ades entre los operadores públicos y privados
grupmo) c oCncarmetpoa dñea sp edres osneanss ibcoilinzsaucmióind oer ainsf.ormación dirigidas al público en general o a un  BOE-A-cable e
n)  Lugares históricamente contaminados por eliminación de residuos y medidas 
para su rehabilitación.
4.  El programa autonómico de prevención de residuos deberá tener, como mínimo, 
el siguiente contenido:
a)  Objetivos de prevención, de reducción de la cantidad de residuos generados y 
de reducción de la cantidad de sustancias peligrosas o contaminantes.
b)  Descripción de las medidas de prevención existentes y evaluación de la utilidad 
de las medidas que se deberán implantar para lograr los objetivos establecidos.
La finalidad de dichos objetivos y medidas será romper el vínculo entre el crecimiento 
económico y los impactos sobre la salud humana y el medio ambiente asociados a la 
generación de residuos.
5.  Los  programas  de  prevención  de  residuos  podrán  ser  aprobados  de  forma 
independiente  o  integrados  en  los  planes  de  gestión  de  residuos  o  en  otros 
medioambientales. Cuando los programas de prevención se integren en otros planes, las 
medidas de prevención y su calendario de aplicación deberán distinguirse claramente.
6.  Los planes de gestión y los programas de prevención deberán contar con un 
informe anual de resultados.
Artículo 19.  Efectos de la planificación autonómica.
1.  Los  planes  y  programas  de  la  Administración  general  de  la  Comunidad 
Autónoma de Galicia en materia de residuos deberán ser aprobados a través de los 
instrumentos de ordenación del territorio previstos en la legislación de aplicación y con 
los efectos indicados en ella.
2.  Los  instrumentos  de  planeamiento  urbanístico  tendrán  que  adaptarse  a  las 
determinaciones  de  los  planes  y  programas  de  la  Administración  general  de  la 
Comunidad Autónoma conforme con lo previsto en la legislación de ordenación del 
territorio que resulte de aplicación.
3.  Dentro  del  necesario  respeto  a  las  competencias  estatales,  los  planes  y 
programas  en  materia  de  residuos  serán  de  obligado  cumplimiento  para  las 
administraciones  públicas  y  los  sujetos  privados,  en  los  términos  previstos  en  el 
correspondiente plan o programa.
Artículo 20.  Duración de planes y programas autonómicos.
Los planes y programas en materia de residuos tendrán la duración que se estipule 
en el propio instrumento planificador y se prorrogarán automáticamente en tanto no se 
aprueben nuevos planes o programas que los sustituyan.
Artículo 21.  Revisión y evaluación de planes y programas autonómicos .
Los planes y programas serán revisados y evaluados:
a)  En los plazos previstos en ellos y, como mínimo, cada seis años.
b)  En cualquier caso, cuando concurran circunstancias que lo hagan necesario y, 
particularmente, para adaptar su contenido a las exigencias que se deriven de las 
modificaciones que se produzcan en la normativa de la Unión Europea, básica estatal y 
de la comunidad autónoma. e.
Artículo 22.  Programas locales de prevención y gestión de residuos. 37ww
1.  Las  entidades  locales  podrán  elaborar,  en  el  marco  de  sus  competencias,
pcorong lraa mplaasn ifdicea cgieósnt ieósnt ayt adl ey  apuretovneónmcióicna  deen  lrae smidauteorsia, .de conformidad y en coordinación
2.  El contenido de dichos programas se ajustará al contenido mínimo exigido, en su 
caso,  para  los  planes  autonómicos  de  gestión  de  residuos  y  para  los  programas 
autonómicos de prevención de residuos.
3.  Las entidades locales pueden elaborar los programas previstos en este artículo 
individualmente o agrupadas si así lo acuerdan sus órganos de gobierno. En cualquier 
caso, tendrán siempre en cuenta las peculiaridades propias de su alcance territorial con 
arreglo a la normativa en vigor y conforme a los planes y programas autonómicos.
4.  Los programas regulados en este artículo tendrán la duración que establezcan y 
se evaluarán y se revisarán, al menos, cada seis años.
5.  La  aprobación  definitiva  de  los  programas  locales  corresponderá  al  órgano 
municipal o supramunicipal correspondiente, y deberá contar con el informe favorable de 
la consejería competente en materia de residuos, que deberá pronunciarse sobre los 
aspectos con incidencia en las competencias autonómicas. El informe deberá ser emitido 
en el plazo máximo de un mes. Transcurrido el plazo sin que se haya emitido el informe, 
se entenderá que este es favorable.
6.  Las administraciones competentes, con el fin de controlar y evaluar los avances 
en la aplicación de las medidas de prevención, determinarán los instrumentos que 
permitan realizar evaluaciones periódicas de los progresos realizados y podrán fijar 
objetivos e indicadores cualitativos y cuantitativos concretos.
Artículo 23.  Participación de las entidades locales en las políticas de prevención y 
gestión de residuos.
La consejería competente en materia de residuos impulsará la participación de las 
entidades locales en el diseño de las políticas de prevención y gestión de residuos y, en 
particular, en la elaboración de los instrumentos de planificación en materia de residuos.
CAPÍTULO II
Medidas económicas, financieras y fiscales
Artículo 24.  Recursos económicos.
1.  La Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia podrá establecer 
medidas económicas, financieras y fiscales en materia de residuos con los siguientes fines:
a)  Fomentar la prevención de la generación de residuos.
b)  Implantar la recogida separada.
c)  Mejorar la gestión de los residuos de acuerdo con el principio de jerarquía.
d)  Impulsar y fortalecer los mercados del reciclaje.
e)  Favorecer  que  el  sector  de  los  residuos  contribuya  a  la  mitigación  de  las 
emisiones de gases de efecto invernadero.
f)  Establecer los criterios y la metodología para el análisis del ciclo de vida (ACV) 
de los productos, de manera armonizada con las directrices de la Unión Europea.
g)  Instaurar la obligación de informar a las personas usuarias de los productos 
generadores de residuos en todo lo que hace referencia a su reutilización, reciclaje, 
valorización o eliminación y riesgos de contaminación que suponen los residuos que 
generan en colaboración con los sistemas de responsabilidad ampliada del productor, las 
plantas de reciclaje y demás. s
h)  Promover  la  investigación,  el  desarrollo  y  el  uso  de  técnicas  ecológicas  e.
racionales  y  de  técnicas  de  diseño  de  productos  que  impliquen  una  reducción  del  w.
impacto medioambiental y de la generación de residuos. 37ww
2.  La Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia promoverá la
rceounttirliaztaadcoiósn  yy  plaro ccoemdepnrate psú dbelic ala  svoasltoernizibalcei óen  inmnaotvearidaol rad,e  arseís cidoumoos , eel nu seol  dmea prcrood udcet olas 
economía social y verde, circular e hipocarbónica.
CAPÍTULO III
La Sociedad Gallega del Medio Ambiente
Artículo 25.  La Sociedad Gallega del Medio Ambiente.
1.  La Sociedad Gallega del Medio Ambiente, S.A., cuya creación fue acordada por 
el Decreto 111/1992, de 11 de abril, es una sociedad pública autonómica, dependiente de 
la consejería competente en materia de residuos, a la que corresponden las siguientes 
funciones:
a)  La  gestión  de  los  residuos  domésticos  a  partir  del  momento  en  que  son 
depositados en las estaciones de transferencia, con las consecuentes operaciones de 
transporte,  almacenamiento,  valorización,  tratamiento,  comercialización  y  depósito 
controlado de residuos.
b)  La gestión de aquellos otros residuos que figuren en su objeto social.
c)  La realización de acciones para la mejora de la gestión y prevención de residuos, 
incluidas las actuaciones de formación y sensibilización.
d)  Cualquier otra que le sea atribuida y que tenga relación con su objeto social.
2.  La gestión de la Sociedad Gallega del Medio Ambiente, S.A. se realizará de tal 
forma que se garantice el cumplimiento de los objetivos marcados en esta ley y en la 
planificación autonómica en la materia de residuos.
3.  Para el cumplimiento de sus fines, la Sociedad Gallega del Medio Ambiente, S.A. 
podrá desarrollar sus actividades total o parcialmente mediante la titularidad de acciones 
o de participaciones en sociedades con objeto idéntico o análogo.
TÍTULO II
De la producción, posesión y gestión de residuos
CAPÍTULO I
Obligaciones de los sujetos productores, poseedores iniciales y gestores de 
residuos
Artículo 26.  Obligaciones del sujeto productor u otro sujeto poseedor inicial relativas a 
la gestión de residuos.
1.  Los sujetos productores de residuos peligrosos con instalaciones en el territorio 
de  la  Comunidad  Autónoma  de  Galicia  están  obligados  a  suscribir  una  garantía 
financiera que cubra las responsabilidades a que pudieren dar lugar sus actividades, 
atendiendo a las características de estas, al peligro y al potencial riesgo, según se 
establezca  reglamentariamente.  En  todo  caso,  quedan  exentos  de  esta  obligación 
aquellos sujetos que produzcan menos de 10 toneladas anuales de residuos peligrosos.
2.  Los  sujetos  productores  de  residuos  peligrosos,  los  sujetos  productores  de 
residuos no peligrosos que produzcan más de 1.000 toneladas anuales y aquellos 
sujetos  pequeños  productores  de  residuos  peligrosos  que  se  determinen 
reglamentariamente,  cuando  produzcan  residuos  en  instalaciones  ubicadas  en  el 
territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia, están obligados a llevar el archivo  es
cronológico de manera telemática a través de la plataforma habilitada a tal efecto por la  o
consejería competente en materia de residuos. 37www.
Pienlrs oatdarLculoahcscitv ioósorun ecj ser atoo yns oq Gpluóeeegq sicuteooes rñtdeéoes s  a mdpsearoo ncdeRiaureadcs taoti edrleuleasom  sdcá eotdi rcerraee  ssGdipdeaoublnioecdsiraiá eq,n nu tadee i, s dnpiniooss pnceoerssirpt iadccnieióód nnuo  n od eabenrl  icglheaailsdv  ooRa sfe,uí sgtnoiicosrot idrl loeae ndv edelanes     OE-A-2021-51able en https://
competentes, durante un plazo de cinco años.
3.  Los sujetos productores u otros sujetos poseedores iniciales de residuos deberán 
facilitar a la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia la información 
que esta les requiera en relación con la naturaleza, características y composición de los 
residuos que posean, así como cualquier otra información relacionada con el adecuado 
cumplimiento de sus obligaciones.
Asimismo, deberán informar inmediatamente a la consejería competente en materia 
de residuos en caso de accidente, desaparición, pérdida o derrame de residuos.
4.  Los  sujetos  productores  u  otros  sujetos  poseedores  iniciales  de  residuos 
comerciales no peligrosos y los sujetos productores de residuos domésticos generados 
en  las  industrias  deberán  informar  al  ayuntamiento  correspondiente  y  al  órgano 
competente de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia de las 
cantidades de residuos generadas y acreditar su gestión, con carácter anual, antes del 1 
de marzo del año siguiente.
5.  Los sujetos que produzcan residuos a consecuencia de procesos productivos 
aplicarán las mejores tecnologías disponibles con objeto de minimizar su producción y el 
peligro de los residuos que generen.
A tal efecto, los sujetos que produzcan residuos peligrosos en una cantidad igual o 
superior a 10 toneladas anuales deberán elaborar y presentar ante el órgano competente 
de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia los correspondientes 
estudios de minimización.
6.  Reglamentariamente se establecerá el régimen jurídico de los productores de 
residuos peligrosos y no peligrosos y los órganos competentes para su inscripción en el 
Registro de Productores y Gestores de Residuos de Galicia.
7.  Asimismo, los sujetos a que se refiere este artículo quedan sometidos a las 
demás obligaciones establecidas en el artículo 17 de la Ley 22/2011, de 28 de julio.
Artículo 27.  Obligaciones de los sujetos gestores de residuos.
1.  Los sujetos gestores de residuos deberán cumplir la normativa que les sea de 
aplicación, así como, cuando su actividad esté sujeta la autorización, las condiciones 
impuestas en ella.
Además, deberán garantizar que las operaciones de gestión que lleven a cabo se 
realizan  de  conformidad  con  lo  establecido  en  los  proyectos  presentados  y  en  las 
autorizaciones  de  estos,  o  de  acuerdo  con  la  información  incorporada  en  su 
comunicación.
2.  Todos los sujetos gestores de residuos deberán facilitar a la Administración 
general de la Comunidad Autónoma de Galicia la información que esta les requiera en 
relación con la naturaleza, las características y la composición de los residuos que 
posean, así como cualquier otra información relacionada con el adecuado cumplimiento 
de sus obligaciones.
Asimismo, deberán informar inmediatamente a la consejería competente en materia 
de residuos en caso de accidente, desaparición, pérdida o derrame de residuos.
3.  Todos  los  sujetos  gestores  de  residuos  peligrosos,  los  sujetos  que  realicen 
tratamiento de residuos, incluido el almacenamiento de residuos, los sujetos negociantes 
de residuos peligrosos y no peligrosos y los sujetos agentes de residuos peligrosos 
deberán constituir previamente al inicio de su actividad una fianza, que tendrá por objeto 
responder frente a la Administración del cumplimiento de las obligaciones que se deriven 
del ejercicio de aquella y de la autorización o comunicación. La misma obligación tendrán 
otros sujetos gestores de residuos cuando así lo exijan las normas que regulan la gestión  e.
de residuos específicos o las que regulan operaciones de gestión. w.b
4.  Además, los sujetos gestores que realicen tratamiento de residuos peligrosos,  37ww
einqculuividaole netel  paalmraa cceunbarimr ileanst or,e sdpeobnesraábnil idsaudsecsr ibqiur e usne  sdeegriuvreon  doe  geasrtaanst íoap efirnaacniocnieersa. 
lEasst a noobrlmigaasc ióqnu ese  reexgtuelnadne rála  a goetrsotisó ns ujdeeto sr egseisdtuoorse s edsep erecsífiidcuooss  cou alansd o qauseí  lore egxuiljaann 
operaciones de gestión.
Esta garantía deberá cubrir en todo caso:
a)  Las  indemnizaciones  debidas  por  muerte,  lesiones  o  enfermedad  de  las 
personas.
b)  Las indemnizaciones debidas por daños a las cosas.
c)  Los costes de reparación y recuperación del medio ambiente alterado, incluidos 
los daños al suelo y al subsuelo. La cuantía se determinará conforme a las previsiones 
de la legislación sobre responsabilidad medioambiental.
Las franquicias establecidas no podrán ser en ningún caso superiores a la cuantía de 
las fianzas depositadas.
5.  Los sujetos gestores que lleven a cabo operaciones de tratamiento, incluido el 
almacenamiento de residuos, en instalaciones ubicadas en el territorio de la Comunidad 
Autónoma de Galicia deberán llevar el archivo cronológico de manera telemática a través 
de la plataforma habilitada a tal efecto por la consejería competente en materia de 
residuos.
Los sujetos gestores de residuos que, no estando obligados, no lleven el archivo 
cronológico de manera telemática deberán disponer de un archivo físico en la instalación 
a la que esté asociada la correspondiente inscripción en el Registro de Productores y 
Gestores de Residuos de Galicia, a disposición de las autoridades competentes, durante 
un plazo de cinco años.
6.  Asimismo, los sujetos a que se refiere este artículo quedan sometidos a las 
demás obligaciones establecidas en el artículo 20 de la Ley 22/2011, de 28 de julio.
Artículo 28.  Obligaciones de información.
1.  Las  personas  físicas  o  jurídicas  que  hayan  obtenido  una  autorización  de 
tratamiento de residuos de las previstas en el artículo 32 enviarán anualmente a la 
Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia y, en el caso de los 
residuos  de  competencia  municipal,  también  al  ayuntamiento  correspondiente,  una 
memoria  resumen  de  la  información  contenida  en  el  archivo  cronológico,  con  el 
contenido que figura en el anexo XII de la Ley 22/2011, de 28 de julio, o en la norma 
específica que regule un flujo de residuos determinado.
La  memoria  resumen  de  la  información  contenida  en  el  archivo  cronológico  se 
remitirá antes del 1 de marzo, salvo que se especifique otra fecha en la normativa 
específica que regule un flujo de residuos determinado.
2.  Las personas físicas o jurídicas que hubiesen efectuado una comunicación de 
las previstas en la Ley 22/2011, de 28 de julio, mantendrán el archivo cronológico a 
disposición de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia a efectos 
de inspección y control.
CAPÍTULO II
Traslado de residuos
Artículo 29.  Traslado de residuos dentro de la Comunidad Autónoma de Galicia.
1.  Todos los traslados de residuos dentro del territorio de la Comunidad Autónoma 
de Galicia deben cumplir los siguientes requisitos:
a)  Dispondrán  de  un  contrato  de  tratamiento  con  carácter  previo  al  inicio  del  bo
traslado de residuos. 37ww
residbu) osI.rán  acompañados  del  correspondiente  documento  de  identificación  de  los
2.  Además, están sometidos a comunicación previa a su realización, a efectos de la
oposición a su tratamiento en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia cuando  Bc
no existan instalaciones adecuadas en él o esté previsto en los planes de residuos una 
solución alternativa a su tratamiento:
a)  Los traslados de residuos peligrosos.
b)  Los traslados de residuos destinados a la eliminación.
c)  Los traslados de residuos destinados a instalaciones de incineración clasificadas 
como valorización, según lo previsto en la operación R1 del anexo II de la Ley 22/2011, 
de 28 de julio, en lo relativo al cumplimiento de la fórmula de eficiencia energética.
d)  Los traslados que se destinen a valorización de residuos domésticos mezclados 
identificados con el código LER 20 03 01.
e)  Aquellos  traslados  de  residuos  que  sean  determinados  por  una  norma 
reglamentaria estatal o autonómica.
3.  El  contenido  mínimo  de  los  documentos  previstos  en  este  artículo  será  el 
establecido en el artículo 5 y en los anexos I e II del Real decreto 553/2020, de 2 de 
junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado.
4.  Toda la documentación asociada a los trámites administrativos regulados en este 
artículo, salvo la referente al contrato de tratamiento, será presentada ante el órgano 
competente de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia en 
formato electrónico a través de la plataforma habilitada al efecto, de conformidad con lo 
previsto en esta ley y en la normativa que la desarrolle.
Artículo 30.  Traslados de residuos entre comunidades autónomas.
Los traslados de residuos entre comunidades autónomas con origen o destino en el 
territorio  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Galicia  se  realizarán  de  acuerdo  con  lo 
establecido  en  el  artículo  25  de  la  Ley  22/2011,  de  28  de  julio,  y  en  el  Real 
decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior 
del territorio del Estado, o norma autonómica de desarrollo.
Artículo 31.  Traslados transfronterizos en la Unión Europea con origen o destino en la 
Comunidad Autónoma de Galicia.
1.  El traslado de residuos entre el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia y 
países de la Unión Europea se regirá por lo dispuesto en el Reglamento (CE) n.º 
1013/2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, relativo a los 
traslados de residuos, y por el artículo 26 de la Ley 22/2011, de 28 de julio.
2.  En relación con lo establecido en el artículo 18 del reglamento citado en el número 
anterior, cuando los residuos tengan como destino el territorio de la Comunidad Autónoma de 
Galicia,  el  sujeto  gestor  autorizado  para  su  recepción  deberá  presentar,  con  carácter 
semestral, al órgano competente de la Administración general de la Comunidad Autónoma de 
Galicia una previsión de los residuos que pretenda recibir en los próximos seis meses.
CAPÍTULO III
Régimen de intervención administrativa en materia de residuos
Artículo 32.  Actividades en materia de residuos e instalaciones de gestión de residuos 
sometidas a autorización.
1.  Quedan sometidas al régimen de autorización administrativa previa por parte del  o
órgano competente de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia: 37ww
en  qau) e Lsaes  ivnasytaalna caio ndeess aurbrioclaladra so peenr aecl itoenrreitso rdioe d etr alata Cmoiemnuton iddaed  rAeustiódnuooms,a  indcel uGidaoli ceial 
aalmmpalciaecnióanm, imenotdoi fiecna ceiól ná smubsittaon cdiea l loa  trraescloagdiod ad ee dni cehsapse irnas tadlea ctiroantaems.iento, así como la  BOE-A-cable e
b)  Las plantas móviles de tratamiento de residuos que vayan a realizar su actividad 
en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia.
c)  Las personas físicas o jurídicas con domicilio en el territorio de la Comunidad 
Autónoma de Galicia que vayan a realizar una o varias operaciones de tratamiento de 
residuos.
d)  El traslado de residuos desde o hacia otros países de la Unión Europea, de 
acuerdo con lo previsto en el Reglamento (CE) núm. 1013/2006 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 14 de junio de 2006, relativo a los traslados de residuos.
e)  El  depósito  en  vertedero  de  residuos  procedentes  de  otras  comunidades 
autónomas.
f)  Los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del sujeto productor con 
sede social en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia.
2.  Cuando la persona física o jurídica que solicite la autorización para realizar una o 
varias operaciones de tratamiento de residuos sea titular de la instalación de tratamiento 
en que se vayan a desarrollar tales operaciones, el órgano competente en materia de 
residuos o, en su caso, el competente en materia de prevención y control integrados de 
la contaminación, podrá conceder una única autorización que comprenda la instalación y 
las operaciones de tratamiento, siempre que aquella esté situada en el territorio de la 
Comunidad Autónoma de Galicia.
3.  En  el  caso  de  las  operaciones  de  valorización  de  espacios  degradados  y 
aplicación  en  agricultura  de  lodos  tratados,  la  autorización  de  la  actividad  y  de  la 
instalación incluirá la de los lugares en que la aplicación vaya a ser realizada. Si la 
aplicación se va a realizar fuera del territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia, con 
la solicitud de autorización deberá aportarse la documentación acreditativa de que la 
comunidad autónoma de destino permite dicha aplicación.
4.  Las autorizaciones previstas en la letra a) del número 1 de este artículo se 
integrarán, cuando proceda, en la autorización concedida con arreglo a la normativa 
vigente  sobre  prevención  y  control  integrados  de  la  contaminación,  previo  informe 
favorable del órgano de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia 
competente en materia de residuos. Este informe tendrá carácter preceptivo y vinculante 
a los efectos relacionados con la materia de residuos.
5.  En el procedimiento de otorgamiento de la autorización de instalaciones de 
gestión  de  residuos  en  localizaciones  ubicadas  en  explotaciones  mineras,  deberá 
solicitarse informe al órgano de la Administración general de la Comunidad Autónoma de 
Galicia competente en materia de minas. Este informe será preceptivo y vinculante a los 
efectos relacionados con dicha materia.
6.  En el procedimiento de otorgamiento de las autorizaciones de actividades de 
valorización de residuos en suelos agrarios, deberá solicitarse informe al órgano de la 
Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia competente en materia de 
sanidad vegetal. Este informe será preceptivo y vinculante a los efectos relacionados con 
dicha materia.
Artículo 33.  Denegación de la solicitud de autorización.
La  autorización  a  que  hace  referencia  el  artículo  32  será  denegada  de  forma 
motivada en los siguientes casos:
a)  Cuando no estén suficientemente acreditadas las operaciones que se pretenden  s
realizar ni el destino de los residuos de salida resultantes del tratamiento. oe.
b)  Cuando la gestión prevista no se ajuste a lo dispuesto en la planificación vigente  w.
oep srdetaitfebicnluedlcitdeida ol as i cmeonpn lsliaqe ucleeug ciisqóluanec d ióelna l  odsce o olmab juUentniividóoansd  E eusatruaotbpóleneaoc miod oabs á,n sdoice a tp aeuls emtadataan le.cruam qpuleir  lalo asu toorbizjeatcivióons   2021-5137n https://ww
c)  Cuando se estime que los tratamientos propuestos pueden ocasionar daños al
medio ambiente o a la salud de las personas. Bc
d)  Cuando las instalaciones no cumplan los criterios técnicos mínimos necesarios 
para desarrollar la actividad de gestión de residuos solicitadas sin peligro para la salud 
de las personas o para el medio ambiente ambiente.
e)  Cuando las instalaciones no hayan sido ejecutadas de acuerdo con los proyectos 
técnicos presentados.
f)  Cuando exista un informe negativo del ayuntamiento en cuyo término se ubique 
la  instalación  sobre  la  compatibilidad  del  proyecto  con  el  planeamiento  urbanístico 
vigente.
g)  Cuando exista un informe negativo, de carácter preceptivo y vinculante, de un 
órgano sectorial.
h)  Cuando se incumplan los requisitos exigidos por la normativa aplicable.
Artículo 34.  Plazo para resolver y sentido del silencio.
1.  La resolución del procedimiento de otorgamiento de las autorizaciones previstas 
en los párrafos a), b), c) y e) del apartado 1 del artículo 32 deberá ser notificada en el 
plazo máximo de diez meses. De no notificarse la resolución en dicho plazo, la persona 
solicitante podrá entender denegada la autorización.
2.  En el caso de las autorizaciones previstas en los párrafos d) y f) del apartado 1 
del artículo 32, se observará lo dispuesto en la normativa específica en la materia tanto 
respecto del plazo máximo para notificar la resolución como del sentido del silencio.
Artículo 35.  Actividades sujetas a comunicación.
1.  Sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa aplicable de carácter sectorial, las 
actividades que se enuncian a continuación están sujetas a comunicación, la cual se 
presentará con carácter previo a su inicio ante el órgano de la Administración general de 
la Comunidad Autónoma de Galicia competente en materia de residuos, siempre que las 
realicen entidades o empresas con sede social en Galicia:
a)  La recogida de residuos sin una instalación asociada.
b)  El transporte de residuos con carácter profesional.
c)  La actividad de los negociantes y agentes de residuos.
d)  Los sistemas individuales de responsabilidad ampliada del sujeto productor.
e)  Produzcan subproductos declarados de conformidad con el artículo 8.
f)  Lleven a cabo proyectos de investigación, desarrollo e innovación en materia de 
residuos.
g)  Tengan el carácter de plataformas logísticas de residuos, de conformidad con la 
normativa específica sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.
h)  Realicen actividades de compostaje comunitario de biorresiduos.
i)  Realicen actividades que estén exentas de autorización conforme al artículo 28 
de la Ley 22/2011, de 28 de julio.
2.  También  deberá  comunicarse  al  órgano  de  la  Administración  general  de  la 
Comunidad Autónoma de Galicia competente en materia de residuos la instalación, 
ampliación, modificación sustancial o traslado de industrias o actividades dentro del 
territorio de la comunidad autónoma cuando estas produzcan residuos peligrosos o más 
de 1.000 toneladas anuales de residuos no peligrosos.
3.  Quedan  exentas  de  presentar  comunicación  aquellas  empresas  que  hayan 
obtenido autorización para el tratamiento de residuos y que, como consecuencia de su  e.
actividad, generen residuos. En estos casos, y para los residuos producidos como  w.b
consecuencia del mantenimiento de las instalaciones, las inscripciones serán realizadas  37ww
de oficio por el órgano competente para otorgar la autorización.
Artículo 36.  Protección de la legalidad ambiental.
1.  Con el fin de asegurar el cumplimiento de lo previsto en esta ley, la autoridad 
competente podrá adoptar alguna de las siguientes medidas:
a)  El cierre del establecimiento o la paralización de la actividad cuando estos no 
cuenten con la autorización, comunicación o registro correspondientes.
b)  La suspensión temporal de la actividad cuando no se ajuste al comunicado o a 
las condiciones impuestas por dicha autoridad, siempre que de ello se derive un riesgo 
grave para el medio ambiente o la salud pública, durante el período necesario para que 
se subsanen los defectos que puedan existir.
2.  Las medidas previstas en el número anterior no tienen la consideración de 
sanciones y se dictarán conforme a lo dispuesto en la normativa autonómica para los 
procedimientos  que  regulen  el  otorgamiento  de  la  autorización,  la  comunicación  o 
registro, o, en su caso, según el procedimiento reglamentariamente establecido para el 
restablecimiento de la legalidad medioambiental.
TÍTULO III
Gestión de residuos domésticos, comerciales e industriales
Artículo 37.  Puntos limpios de recogida separada de residuos de competencia local.
1.  Todas las entidades locales deben garantizar el servicio de recogida separada de 
los  residuos  domésticos  en  el  ámbito  de  sus  competencias.  Aquellos  residuos 
domésticos que, debido a su tamaño o a su composición, no puedan ser gestionados a 
través de contenedores situados en la vía pública deberán gestionarse a través de 
instalaciones fijas o móviles debidamente habilitadas, salvo que, por razones de salud 
pública y seguridad y protección del medio ambiente, no sea recomendable su gestión 
en estas instalaciones y su recogida deba canalizarse a través de otros sistemas de 
recogida selectiva autorizados.
2.  Las entidades locales podrán prestar el servicio de recogida separada de otros 
residuos  no  peligrosos  generados  en  los  comercios  y  de  los  residuos  domésticos 
generados  en  las  industrias,  si  así  se  establece  en  sus  respectivas  ordenanzas, 
previendo el sistema de financiación correspondiente.
3.  Los  municipios  podrán  llevar  a  cabo  la  gestión  de  los  puntos  limpios 
directamente o mediante cualquier otra forma de gestión prevista en la legislación sobre 
régimen local. Estas actividades podrán ser llevadas a cabo por cada entidad local de 
forma independiente o mediante asociación de varias entidades locales.
Artículo 38.  Régimen jurídico de los puntos limpios.
1.  El ejercicio de la actividad de gestión de residuos llevada a cabo en los puntos 
limpios  deberá  cumplir  con  las  prescripciones  técnicas  que  sean  aprobadas  por  la 
Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia y requerirá autorización 
previa del órgano competente en materia de residuos, de conformidad con lo establecido 
en la normativa básica estatal de aplicación.
2.  La entidad local que gestione, directa o indirectamente, el punto limpio regulará 
la forma de uso de las instalaciones, garantizando que la instalación se encuentre, en  es
todo momento, en las condiciones bajo las cuales ha sido concedida la autorización para  bo
su funcionamiento. 37ww
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Comunidad Autónoma de Galicia, fomentarán la utilización de los puntos limpios por
parte de la ciudadanía, mediante programas de concienciación, campañas divulgativas y 
otras iniciativas de naturaleza similar.
Artículo 39.  Establecimientos comerciales de carácter colectivo.
En los establecimientos comerciales de carácter colectivo, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 23 de la Ley 13/2010, de 17 de diciembre, de comercio interior 
de Galicia, deberán adoptarse las medidas necesarias para facilitar la recogida separada 
de  los  residuos  generados  en  sus  establecimientos,  incluyendo  salas  de  venta  y 
dependencias auxiliares, como almacenes, oficinas y zonas comunes.
Artículo 40.  Edificios públicos.
1.  En todos los edificios situados en el territorio de la Comunidad Autónoma de 
Galicia que sean titularidad de la Administración general de la Comunidad Autónoma de 
Galicia  y  de  las  entidades  instrumentales  del  sector  público  autonómico  deberán 
adoptarse las medidas necesarias para facilitar la recogida separada de los residuos 
generados en ellos, así como fomentarse la instalación y utilización de fuentes de agua 
potable de carácter gratuito y de envases reutilizables.
2.  Las medidas previstas en el apartado anterior deberán adoptarse igualmente en 
los edificios situados en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia que sean de 
titularidad de las entidades locales de Galicia, las universidades públicas del Sistema 
Universitario de Galicia y las entidades vinculadas o dependientes de ellas, dentro del 
respeto a su autonomía.
3.  En el caso de los edificios situados en el territorio de la Comunidad Autónoma de 
Galicia que sean titularidad de la Administración general del Estado, las administraciones 
de las demás comunidades autónomas y las entidades de sus respectivos sectores 
públicos, dichas medidas tendrán carácter potestativo.
Artículo 41.  Separación en origen de las fracciones de recogida separada obligatoria en 
eventos públicos.
1.  En la organización de eventos públicos de carácter puntual que, a juicio de cada 
ayuntamiento, impliquen la concentración de un elevado número de personas, resultará 
obligatorio elaborar un plan para la prevención y adecuada gestión de los residuos que 
se generen durante la celebración del evento. En este plan se incluirá, como mínimo, el 
número, el tipo y la situación de los contenedores, os sistemas equivalentes necesarios, 
que  se  calcularán  teniendo  en  cuenta  el  número  de  personas  que  se  prevea  que 
asistirán al evento y la cantidad de residuos que se prevea que se generen de cada flujo, 
teniendo  en  cuenta  las  fracciones  de  recogida  separada  obligatoria,  de  forma  que 
puedan ser retiradas por los servicios de recogida sin que sea preciso tener que realizar 
ninguna otra separación posterior.
2.  El  ayuntamiento  exigirá  las  obligaciones  previstas  en  este  artículo  en  las 
comunicaciones o en el otorgamiento de las licencias y permisos u otros instrumentos de 
intervención administrativa municipal que, de conformidad con la normativa aplicable, 
resulten exigibles para la celebración del evento.
Artículo 42.  Centros de recogida separada de residuos industriales.
La  Administración  general  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Galicia  fomentará  la  e.e
creación y puesta en marcha de centros de recogida separada de residuos industriales  w.b
en los polígonos industriales y en los parques empresariales. 37ww
Artículo 43.  Programas de implantación de instalaciones de compostaje comunitario.
1.  Las  entidades  locales  donde  se  implanten  instalaciones  de  compostaje
comunitario deberán informar, al menos con una periodicidad anual, al órgano de la
Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia competente en materia de 
residuos de los siguientes aspectos:
a)  Número de personas participantes en los programas de compostaje comunitario.
b)  Número y localización de instalaciones de compostaje comunitario existentes en 
el término municipal.
c)  Cantidad de residuos tratados en la instalación de compostaje comunitario.
d)  Cantidad de compost obtenido en la instalación de compostaje comunitario y su destino.
2.  Asimismo, las entidades locales presentarán resultados analíticos del compost 
obtenido en las instalaciones de compostaje comunitario siempre que sean requeridas 
por el órgano de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia 
competente en materia de residuos.
3.  Reglamentariamente se determinará la capacidad máxima de las instalaciones 
de compostaje comunitario, así como los demás requisitos para su gestión.
Artículo 44.  Bolsas de plástico y productos de plástico de un solo uso.
1.  La entrega de las bolsas de plástico queda supeditada a lo que establece el Real 
decreto 293/2018, de 18 de mayo, sobre reducción del consumo de bolsas de plástico y 
por el que se crea el Registro de Productores, o norma que lo sustituya.
2.  Queda prohibida la comercialización de:
a)  Vajillas de plástico de un solo uso.
b)  Vasos y tazas para bebidas de poliestireno expandido.
c)  Bandejas alimentarias de poliestireno expandido.
3.  Se excluyen de la prohibición de comercialización establecida en el número 
anterior las pajitas destinadas a fines médicos y utilizadas con dicha finalidad.
Artículo 45.  Reducción del desperdicio alimentario.
1.  La Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia llevará a cabo 
actuaciones encaminadas al fomento de la reducción de la generación del desperdicio 
alimentario en la producción primaria, en la transformación y fabricación, en la venta 
comerciante  minorista  y  en  otros  tipos  de  distribución  alimentaria,  restaurantes  y 
servicios alimentarios, así como en el hogar.
2.  Los  sujetos  titulares  de  establecimientos  de  restauración,  regulados  en  la 
Ley 7/2011, de 27 de octubre, de turismo de Galicia, están obligados a ofertar la entrega 
de las fracciones sobrantes de alimentación no consumidas a quien contrató el servicio 
de  restauración,  preferentemente  en  recipientes  que  no  sean  de  un  solo  uso.  La 
Administración  general  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Galicia  fomentará  con  esta 
finalidad el empleo de menaje ambientalmente sostenible.
La conservación ulterior de los alimentos entregados será responsabilidad de la 
persona usuaria que contrató el servicio.
3.  La Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia promoverá el 
diálogo social y la aprobación de un código de buenas prácticas en relación con los 
excedentes alimentarios, con la participación de todos los agentes implicados, lo cual 
tendrá como objetivos principales:
a)  La diagnosis sobre pérdidas y desperdicios alimentarios. e.
b)  La mejora de los procesos para reducir excedentes de alimentos aptos para el  w.
consumo humano, pero no para su comercialización. 37ww
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de adli)m  eLnato rse aelniz laac Uiónni ódne  Ecaumroppaeñaa.s de fomento del consumo responsable. BOE-A-cable e
4.  La Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia desarrollará 
una norma específica para la prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario en 
la medida en que se avance en una normativa armonizada en la materia.
TÍTULO IV
Responsabilidad ampliada del sujeto productor del producto
Artículo 46.  Concepto y obligaciones.
1.  Se entiende por sujeto productor del producto la persona física o jurídica que de 
forma profesional desarrolle, fabrique, procese, trate, venda o importe productos, según 
se determine en las normas de desarrollo de la responsabilidad ampliada del sujeto 
productor previstas en el artículo 31 de la Ley 22/2011, de 28 de julio.
2.  Se podrá dar cumplimiento a las obligaciones que se establezcan en el marco de 
la responsabilidad ampliada del sujeto productor del producto de forma individual o de 
forma colectiva. Donde estén implantados sistemas públicos de gestión, los sujetos 
productores  podrán  dar  cumplimiento  a  estas  obligaciones  contribuyendo 
económicamente a dichos sistemas, de forma proporcional a las cantidades de producto 
que pongan en el mercado y atendiendo a los costes efectivos de su gestión.
3.  La responsabilidad ampliada del sujeto productor del producto se aplicará sin 
perjuicio de la responsabilidad de los sujetos productores de residuos, de otros sujetos 
poseedores iniciales y de los demás sujetos gestores que intervengan en la cadena de 
gestión, según lo establecido en esta ley, en la Ley 22/2011, de 28 de julio, y en las 
normas que regulen los distintos flujos de residuos y productos específicos.
4.  No  obstante  lo  previsto  en  el  apartado  anterior,  aquellos  sistemas  de 
responsabilidad ampliada del sujeto productor que establezcan la recogida de sus residuos 
a  través  de  sistemas  de  logística  inversa  estarán  excluidos  de  las  obligaciones  de 
inscripción como transportistas para los traslados realizados entre los puntos de recogida y 
sus plataformas logísticas, de conformidad con las normas específicas para los flujos de 
residuos sujetos a la responsabilidad ampliada del sujeto productor del producto.
Artículo 47.  Comunicación de los sistemas individuales.
1.  Los productores que opten por un sistema individual deberán presentar ante el 
órgano de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia competente 
en materia de residuos una comunicación previa al inicio de sus actividades, indicando 
su funcionamiento y las medidas que aplicarán para el cumplimiento de las obligaciones 
derivadas de la responsabilidad ampliada.
2.  El contenido de la comunicación prevista en este artículo será, como mínimo, el 
que establece el anexo IX de la Ley 22/2011, de 28 de julio.
Artículo 48.  Autorización de los sistemas colectivos.
1.  Los sujetos productores que opten por sistemas colectivos para el cumplimiento 
de  sus  obligaciones  derivadas  de  la  responsabilidad  ampliada  constituirán  una 
asociación de las previstas en la Ley orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del 
derecho de asociación, u otra entidad con personalidad jurídica propia y sin ánimo de 
lucro, en los términos previstos en la normativa básica estatal en materia de residuos.
2.  De  conformidad  con  lo  establecido  en  la  normativa  básica  estatal  y  en  la  e.
presente ley, la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia será  w.
competente  para  otorgar  la  autorización  previa  al  inicio  de  la  actividad  cuando  la  37ww
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4.  Una vez comprobada la integridad documental del expediente, la solicitud de 
autorización será remitida a la Comisión de coordinación en materia de residuos para su 
informe, de conformidad con lo establecido en el artículo 32.3 de la Ley 22/2011, de 28 
de julio, con carácter previo a la resolución del órgano de la Administración general de la 
Comunidad Autónoma de Galicia competente en materia de residuos. Este concederá, si 
procede, la autorización, en la que se fijarán las condiciones de ejercicio. La autorización 
se inscribirá en el Registro de Producción y Gestión de Residuos de Galicia.
5.  Las condiciones de ejercicio y la autorización deberán ajustarse a los principios 
previstos en el artículo 9 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a 
las actividades de servicios y su ejercicio.
6.  El plazo máximo para la tramitación de la autorización será de seis meses, 
prorrogables  de  manera  motivada  por  razones  derivadas  de  la  complejidad  del 
expediente. Dicha prórroga podrá hacerse por una sola vez, por un tiempo limitado y 
antes de que haya expirado el plazo original. Transcurrido el plazo sin haberse notificado 
resolución expresa, se entenderá desestimada la solicitud presentada.
7.  Las autorizaciones de sistemas colectivos se concederán por el período que se 
establezca en la regulación específica. Cuando no se indique el plazo de vigencia, la 
autorización tendrá una duración de cinco años y se renovará siguiendo el procedimiento 
establecido en la normativa básica estatal y en el presente artículo.
8.  Las autorizaciones reguladas en este artículo no son transmisibles a terceros.
Artículo 49.  Obligaciones de los sistemas individuales y colectivos.
Las obligaciones de los sistemas individuales y colectivos de responsabilidad ampliada 
del sujeto productor son las establecidas en la normativa básica estatal de aplicación.
TÍTULO V
Expropiación
Artículo 50.  Declaración de utilidad pública e interés social.
1.  Se declara de utilidad pública e interés social, a los efectos de la legislación de 
expropiación forzosa, el establecimiento o ampliación de instalaciones de gestión de 
residuos.
2.  La declaración de utilidad pública e interés social llevará implícita la necesidad 
de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos afectados e implicará la 
urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de expropiación forzosa de 16 
de diciembre de 1954.
3.  Las administraciones públicas, en el ejercicio de competencias en materia de 
residuos que suponen la gestión de un servicio público, deben garantizar el respeto a los 
fines y a los objetivos perseguidos por esta ley y la planificación del sistema de residuos, 
la sostenibilidad económica y financiera del servicio y la correspondencia necesaria entre 
el coste del servicio y la consecución de objetivos medioambientales.
Artículo 51.  Reconocimiento de la utilidad pública e interés social.
1.  Para el reconocimiento de la utilidad pública e interés social de las instalaciones 
a que se refiere el artículo anterior, el sujeto interesado deberá presentar una solicitud 
dirigida al órgano de la Administración general de la Comunidad Autónoma competente  e.
en materia de residuos, en la que incluirá una relación concreta e individualizada de los  w.
bienes o derechos que se estimen de necesaria expropiación. 37ww
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TÍTULO VI
De los suelos contaminados
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 52.  Objetivos de la política de suelos.
La Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia, con el fin de 
garantizar un desarrollo sostenible, perseguirá los siguientes objetivos en relación con 
los suelos situados en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia:
a)  La conservación de sus funciones naturales.
b)  El mantenimiento del máximo de sus funciones.
c)  La recuperación de acuerdo con el uso a que están destinados, utilizando las 
mejores técnicas disponibles.
Las  actuaciones  de  recuperación  deben  orientarse  a  materializar  soluciones 
permanentes, primando, en la medida de lo posible, las técnicas de tratamiento in situ, 
que minimizan el impacto relacionado con la gestión de los residuos.
d)  La  asignación  de  usos  que  permitan  absorber  los  costes  de  una  acción 
recuperadora adecuada de los suelos.
e)  La prioridad del conocimiento y control de la calidad de los suelos situados en el 
territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia.
f)  La aplicación efectiva del principio de prevención y de los principios de que quien 
contamina paga y de que quien daña repara.
Artículo 53.  Protección del suelo.
La protección del suelo constituye un deber de los sujetos poseedores o propietarios 
de aquel, que comporta las obligaciones de conocer, informar y controlar su calidad, así 
como de adoptar medidas preventivas, de defensa, de recuperación, de control y de 
seguimiento en los casos en que sea preceptivo de acuerdo con la normativa vigente.
Artículo 54.  Actividades potencialmente contaminantes del suelo.
Tienen  la  consideración  de  actividades  potencialmente  contaminantes  del  suelo 
aquellas actividades de tipo industrial o comercial que, bien sea por el manejo de 
sustancias peligrosas bien sea por la generación de residuos, pueden contaminar el 
suelo. En todo caso tienen esa consideración:
a)  Las actividades de tipo industrial y comercial mencionadas en el anexo I del Real 
decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades 
potencialmente contaminantes del suelo, y los criterios y estándares para la declaración 
de suelos contaminados, o norma que lo sustituya.
b)  Las actividades que producen, manejan o almacenan más de 10 toneladas por 
año de una o varias de las sustancias incluidas en el Reglamento sobre clasificación, 
envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por el Real decreto 363/1995, 
de 10 de marzo. s
c)  Los almacenamientos de combustible para uso propio según el Reglamento de  oe.
instalaciones petrolíferas, aprobado por el Real decreto 2085/1994, de 20 de octubre, y  w.
la Instrucción técnica complementaria MI-IP 03, aprobada por el Real decreto 1427/1997,  37ww
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Artículo 55.  Obligaciones de información.
1.  Cualquier persona, física o jurídica, de carácter público o privado, que detecte 
indicios o riesgos de contaminación del suelo, como consecuencia de la realización de 
cualquier tipo de actividad, incluidas operaciones de excavación o movimiento de tierras, 
vertidos y accidentes, deberá ponerlo en conocimiento del órgano de la Administración 
general  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Galicia  competente  en  materia  de  suelos 
contaminados a la mayor brevedad posible.
2.  Los sujetos titulares o responsables de actividades o de instalaciones en que se 
desarrollen actividades potencialmente contaminantes del suelo, así como los sujetos 
poseedores o propietarios de suelos sobre los que estas se implanten o se hayan 
implantado, tendrán la obligación de aportar los datos, información y documentación 
requeridos por el órgano de la Administración general de la Comunidad Autónoma de 
Galicia competente en materia de suelos contaminados, a efectos de determinar el grado 
de cumplimiento de la normativa en materia de suelos contaminados.
3.  Los  sujetos  titulares  de  actividades  potencialmente  contaminantes  del  suelo 
deberán  presentar  ante  el  órgano  de  la  Administración  general  de  la  Comunidad 
Autónoma  de  Galicia  competente  en  materia  de  suelos  contaminados  un  informe 
preliminar de situación para cada uno de los suelos en que se desarrolla la actividad, con 
el alcance y contenido mínimo establecidos en el anexo II del Real decreto 9/2005, de 14 
de enero, en un plazo no superior a dos años desde el inicio de la actividad.
4.  Los sujetos titulares de las actividades potencialmente contaminantes del suelo 
están obligados a remitir cada cinco años un informe de situación al órgano de la 
Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia competente en materia de 
suelos  contaminados,  con  el  contenido  mínimo  que  establece  el  artículo  5  del 
Decreto  60/2009,  de  26  de  febrero,  sobre  suelos  potencialmente  contaminados  y 
procedimiento para la declaración de suelos contaminados.
También  estarán  obligadas  a  presentar  el  informe  en  el  caso  de  modificación 
sustancial de la instalación, ampliación o cierre definitivo o cuando se produzca la 
transmisión de su titularidad.
5.  Las personas propietarias de los suelos en que se desarrolló una actividad 
potencialmente contaminante en el pasado deben presentar un informe de situación del 
suelo  cuando  pretendan  establecer  en  ellos  una  actividad  diferente  de  las 
potencialmente contaminantes o que suponga un cambio de uso del suelo.
6.  Previo estudio de los informes previstos en los apartados anteriores, así como de 
otras fuentes de información disponibles, el órgano de la Administración general de la 
Comunidad Autónoma de Galicia competente en materia de suelos contaminados podrá 
requerir información complementaria, como la toma de muestras de suelo y aguas 
subterráneas, la realización de investigaciones de calidad del suelo o la implantación de 
un plan de vigilancia y control del suelo y de las aguas subterráneas asociadas, así como 
la adopción inmediata de medidas de prevención.
7.  Los sujetos titulares de las actividades potencialmente contaminantes del suelo 
están obligados a adoptar las medidas que imponga el órgano de la Administración 
general  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Galicia  competente  en  materia  de  suelos 
contaminados y que sean necesarias para evitar la aparición de acciones contaminantes 
y, en su caso, evitar, controlar o minimizar los efectos derivados de estas.
8.  En el caso de transmisión de la propiedad de fincas en las que se realizó alguna 
de  las  actividades  potencialmente  contaminantes  del  suelo,  será  de  aplicación  lo 
dispuesto en el artículo 33.2 de la Ley 22/2011, de 28 de julio. e.
CAPÍTULO II
Evaluación de la calidad del suelo
Artículo 56.  Instrumentos para la evaluación de la calidad del suelo.
Son instrumentos para evaluar la calidad del suelo:
a)  Los informes preliminares y los informes de situación del suelo a que se refiere el 
artículo 55.
b)  Los  planes  de  vigilancia  y  control  del  suelo  y  de  las  aguas  subterráneas 
asociadas.
c)  Las investigaciones analíticas de la calidad del suelo, exploratorias y detalladas.
d)  Las valoraciones de riesgos.
Artículo  57.  Planes  de  vigilancia  y  control  del  suelo  y  de  las  aguas  subterráneas 
asociadas.
Los planes de vigilancia y control del suelo y de las aguas subterráneas asociadas 
tienen como objeto realizar un seguimiento de la posible afección que sobre la calidad 
del suelo y de las aguas subterráneas pueda ocasionar el desarrollo de una actividad 
potencialmente contaminante.
Artículo 58.  Investigaciones analíticas de la calidad del suelo.
1.  Las  investigaciones  analíticas  de  la  calidad  del  suelo  tienen  por  objeto 
determinar de forma cualitativa y cuantitativa la presencia de contaminación en el suelo 
sobre la base de un trabajo experimental realizado in situ.
2.  Las investigaciones analíticas deberán permitir identificar los posibles focos de 
contaminación y el tipo y cantidad de contaminantes presentes, delimitar las áreas 
afectadas,  tanto  horizontal  como  verticalmente,  y  describir  la  evolución  espacial  y 
temporal de la contaminación.
3.  Las investigaciones analíticas podrán constar de dos fases:
a)  Investigación analítica exploratoria de la calidad del suelo, que tiene por objeto 
comprobar la existencia de concentraciones de sustancias contaminantes que puedan 
implicar que el suelo esté alterado o contaminado.
b)  Investigación analítica detallada de la calidad del suelo, que tiene como finalidad 
permitir una correcta delimitación del tipo, concentración y distribución de las sustancias 
contaminantes en el suelo y en el resto de los medios que puedan verse afectados por la 
contaminación, así como la cuantificación de los riesgos para la salud de las personas y 
el medio ambiente derivados de la presencia de contaminantes.
El alcance y el contenido de estas dos fases son los establecidos en el anexo IV del 
Decreto 60/2009, de 26 de febrero, o norma que lo sustituya.
Artículo 59.  Valoraciones de riesgos.
1.  Las  valoraciones  de  riesgos  son  los  procesos  de  identificación,  medida  y 
comparación  de  diversos  parámetros,  mediante  los  cuales  se  estudian,  analizan  y 
caracterizan los riesgos que la presencia de determinadas sustancias en los medios  e
afectados puede suponer para la salud de las personas y el medio ambiente. bo
2.  El alcance y el contenido de las valoraciones de riesgos son los establecidos en  37ww
Dele carneetox o6 0V/2I0II0 9d,e dl e R2e6a dl e dfeebcrreetroo , o9 /n2o0r0m5,a sd qeu e1 l4o sd seu setitnueyraon, .y  en  el  anexo  IV  del
Artículo 60.  Entidades acreditadas, aprobación y ejecución de los instrumentos para la 
evaluación de la calidad del suelo.
1.  Deberán estar debidamente acreditadas por una entidad nacional de acreditación 
las entidades que realicen el diseño e implantación de los planes de vigilancia y control 
del suelo y de las aguas subterráneas asociadas, las investigaciones analíticas, tanto 
exploratorias  como  detalladas,  y  las  valoraciones  de  riesgos,  así  como  el  diseño, 
ejecución, control y seguimiento de la recuperación.
2.  Los trabajos señalados en el número anterior deberán ser ejecutados sobre la 
base  de  una  propuesta  realizada  por  la  correspondiente  entidad  acreditada.  La 
propuesta será valorada y aprobada por el órgano competente de la Administración 
general  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Galicia  competente  en  materia  de  suelos 
contaminados con carácter previo a su ejecución.
3.  Tanto la propuesta como su implantación deberán ser llevadas a cabo por la 
misma entidad acreditada, salvo causa justificada y contando con la aceptación previa 
del órgano competente para su aprobación.
4.  Los controles periódicos correspondientes a los planes de vigilancia y control del 
suelo y de las aguas subterráneas asociadas deberán ser realizados por entidades con 
la acreditación en toma de muestras de la matriz que se pretende caracterizar.
5.  Los  análisis  químicos  in  situ  correrán  a  cargo  de  laboratorios  debidamente 
acreditados para los parámetros que se determinen.
CAPÍTULO III
Suelos contaminados y sujetos obligados
Artículo 61.  Declaración de suelos contaminados.
1.  El órgano de la Administración general de la Comunidad Autónoma competente 
en materia de suelos contaminados declarará y delimitará los suelos contaminados en 
los supuestos previstos en el artículo 34.1 de la Ley 22/2011, de 28 de julio.
2.  La  resolución  que  declare  un  suelo  como  contaminado  contendrá  las 
determinaciones señaladas en los apartados a), b) y c) del anexo XI de la Ley 22/2011, 
de 28 de julio, y además:
a)  Las medidas de control y de seguimiento que, en su caso, deban adoptarse.
b)  Los usos a los cuales no podrá ser destinado el suelo en tanto subsista la 
declaración.
c)  La fundamentación jurídica y técnica en que se sustenta la declaración.
3.  La Administración autonómica competente realizará un mapa de suelos alterados 
y contaminados que incluirá información sobre el tipo de contaminantes y los riesgos 
para la salud y para el medio ambiente, así como las precauciones y restricciones 
derivadas.
Artículo 62.  Efectos de la declaración.
1.  La  declaración  de  un  suelo  como  contaminado  obligará  a  realizar  las 
operaciones necesarias para proceder a su limpieza y recuperación, en la forma y plazos 
que se determinen en la resolución de declaración de suelo contaminado. es
2.  No obstante lo previsto en el número anterior, las medidas de recuperación  bo
adicionales derivadas de un nuevo uso del suelo que exija alcanzar niveles de calidad  37ww
psddereeoall  d nsduuuijseeotvl iolnoa t  soucu sodponee tlqra isuomuirejieennsta o dca eip óblronoas m n anoodi tovpoeporlt deadrsreá  llan ans sueo mexcivigeaoiddr suiodessa o asa. l l aE sdunuis cjeeoiost oente xac ilssaeutuseps nduateeen s treeteo ncd, u esep elee rmsráat oacem,il ó esenunn.j tecota oes nop  rdoqemu eoq tusoeer    OE-A-2021-51able en https://
3.  De conformidad con lo establecido en el artículo 34.3 de la Ley 22/2011, de 28 
de julio, una vez que la declaración de suelo como contaminado sea firme en vía 
administrativa, esta será objeto de nota marginal en el Registro de la Propiedad, a 
iniciativa del órgano de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia 
competente en materia de suelos contaminados. Dicha nota se cancelará una vez que se 
declare que el suelo dejó de tener tal consideración.
4.  La declaración de un suelo como contaminado puede comportar la suspensión 
de la ejecutividad de los derechos de edificación y otros aprovechamientos del suelo en 
el caso de resultar incompatibles con las medidas de limpieza y recuperación del terreno 
que se establezcan, hasta que estas se lleven a cabo o se declare el suelo como no 
contaminado.
5.  Podrá  declararse  que  un  suelo  ha  dejado  de  estar  contaminado  luego  de 
comprobar  que  se  han  realizado  de  forma  adecuada  las  operaciones  de 
descontaminación y recuperación del mismo recogidos en el punto 3.
Artículo 63.  Sujetos responsables de la descontaminación y recuperación de los suelos 
contaminados.
1.  Están obligados a realizar las operaciones de descontaminación y recuperación 
de  los  suelos  contaminados,  previo  requerimiento  del  órgano  competente  de  la 
Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia, los sujetos causantes de 
la contaminación, los cuales, cuando sean varios, responderán de estas obligaciones de 
forma solidaria y, subsidiariamente, por este orden, las personas propietarias de los 
suelos contaminados y las poseedoras de ellos.
En  los  supuestos  de  bienes  de  dominio  público  en  régimen  de  concesión, 
responderán  subsidiariamente,  a  falta  del  sujeto  o  sujetos  causantes  de  la 
contaminación, por este orden, la persona poseedora y la propietaria.
2.  Los  sujetos  responsables  subsidiarios  podrán  repercutir  el  coste  de  las 
actuaciones  que  hayan  llevado  a  cabo  en  la  recuperación  de  un  suelo  declarado 
contaminado al sujeto o sujetos causantes de la contaminación.
La recuperación de los costes de descontaminación no podrá exigirse por encima de 
los niveles de contaminación asociados al uso del suelo en el momento en que se 
produjo la contaminación por parte del sujeto causante.
3.  Serán responsables solidarios o subsidiarios de las obligaciones pecuniarias que 
resulten de esta ley los sujetos que se recogen en el artículo 13 de la Ley 26/2007, de 24 de 
octubre, de responsabilidad medioambiental, en los términos que dicho artículo establece.
Artículo 64.  Convenios de colaboración para la reparación de suelos contaminados.
De conformidad con el artículo 37 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, las actuaciones 
para proceder a la limpieza y recuperación de los suelos declarados como contaminados 
podrán llevarse a cabo mediante convenios de colaboración entre los sujetos obligados a 
realizar dichas operaciones y las administraciones públicas competentes, en los términos 
previstos en dicho artículo.
Artículo 65.  Reparación de suelos contaminados.
Las actuaciones para proceder a la limpieza y recuperación de los suelos declarados 
como  contaminados  podrán  llevarse  a  cabo  mediante  acuerdos  suscritos  entre  los  s
obligados a realizar dichas operaciones y autorizados mediante convenios entre aquellos  oe.
y las administraciones públicas competentes, o, en su caso, mediante los contratos  w.
previstos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, por la que  37ww
dsee l tCraosnpsoenjoe n2 0a1l 4o/r2d3e/UnaEm yi e2n0t1o4 j/u2r4íd/UicEo,  edsep 2a6ñ odle l afesb dreirreoc tdivea 2s0 d1e4l. Parlamento Europeo y
corrEerná ns up ocra scou,e nlotas  dceols toebs ligdaed olim, peine zcaa dya  recacusop,e raa crióena lizdaer  ldoisc hsause loops ecraocnitoanmeisn.a Ldooss   BOE-A-cable e
convenios de colaboración podrán concretar incentivos económicos que puedan servir 
de ayuda para financiar los costes de limpieza y recuperación de suelos contaminados.
Los  convenios  que  se  suscriban  con  la  Administración,  en  especial  cuando  la 
Administración sea corresponsable de la contaminación del suelo, incluirán criterios 
claros sobre estos incentivos.
Artículo 66.  Recuperación voluntaria de suelos.
1.  La descontaminación del suelo para cualquier uso podrá llevarse a cabo, sin la 
previa declaración del suelo como contaminado, mediante un proyecto de recuperación 
voluntaria  aprobado  por  el  órgano  de  la  Administración  general  de  la  Comunidad 
Autónoma de Galicia competente en materia de suelos contaminados.
2.  Una vez ejecutado el proyecto, se acreditará que la descontaminación se ha 
llevado a cabo en los términos previstos en el propio proyecto.
3.  Las descontaminaciones que se produzcan por vía voluntaria serán inscritas en 
el Registro de la Calidad del Suelo de Galicia por el órgano de la Administración general 
de la Comunidad Autónoma de Galicia competente en materia de suelos contaminados.
Artículo 67.  Utilidad pública.
Los  proyectos  para  la  recuperación  de  los  suelos  declarados  contaminados  se 
declaran de utilidad pública a efectos de expropiación forzosa.
Artículo 68.  Plazo para resolver.
El plazo para resolver los procedimientos de declaración de suelos contaminados 
regulados  en  el  artículo  8  del  Decreto  60/2009,  de  26  de  febrero,  sobre  suelos 
potencialmente  contaminados  y  el  procedimiento  para  la  declaración  de  los  suelos 
contaminados, será de 12 meses. Transcurrido dicho plazo sin que se notifique la 
correspondiente resolución, se producirá la caducidad del procedimiento.
Artículo 69.  Garantía financiera.
El  órgano  de  la  Administración  general  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Galicia 
competente en materia de suelos contaminados podrá exigir la constitución de una garantía 
financiera del cumplimiento de las obligaciones frente a la Administración derivadas de las 
actuaciones de recuperación y descontaminación de suelos contaminados, en los términos 
que se determinen reglamentariamente en desarrollo de esta ley.
Artículo 70.  Relación con el planeamiento urbanístico.
1.  La ejecución de desarrollos urbanísticos en los ámbitos que incluyan suelos 
contaminados podrá verse condicionada en tanto el órgano de la Administración general 
de la Comunidad Autónoma de Galicia competente en materia de suelos contaminados 
no declare que los suelos han dejado de tener tal consideración.
2.  En relación con dichos suelos y al objeto de determinar la viabilidad de los usos 
previstos en el ámbito que se pretenda desarrollar, los ayuntamientos, en la tramitación 
del correspondiente instrumento de planeamiento urbanístico:
a)  Presentarán dentro del procedimiento de evaluación ambiental de aquel, junto con  s
la documentación exigida por la normativa de aplicación, un informe de la calidad del suelo. oe.
b)  Remitirán el instrumento de planeamiento urbanístico, previa aprobación inicial, al  w.
órgano de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia competente en  37ww
Tmraatnesricau rdried os eule plolasz coo sninta qmuinea sdeo hs,a yqau ee mdietibdeor eál  einmfoirtimr ein, fsoerm een teennd eerl áp flaavzoor adbel et.r eEsn  mel ecsaesso. 
de ser desfavorable, el informe indicará expresamente las normas vulneradas.
CAPÍTULO IV
Registro de la Calidad del Suelo de Galicia
Artículo 71.  Registro de la Calidad del Suelo de Galicia.
1.  El Registro de la Calidad del Suelo de Galicia es el instrumento público de 
carácter administrativo que contendrá, como mínimo, la relación de suelos en que se 
desarrollan o se han desarrollado actividades potencialmente contaminantes del suelo, 
los suelos declarados como contaminados y los que se declaren que han perdido la 
condición de suelos contaminados en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia.
2.  El registro regulado en este artículo cumplirá las funciones que el artículo 35 de 
la Ley 22/2011, de 28 de julio, prevé para el inventario de suelos declarados como 
contaminados  por  la  Administración  autonómica  y,  asimismo,  será  el  registro 
administrativo en el que se inscribirán las descontaminaciones que se produzcan por vía 
voluntaria, de acuerdo con lo previsto en el artículo 38 del mismo texto legal.
3.  El órgano de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia 
competente en materia de suelos contaminados llevará el registro regulado en este 
artículo  y  emitirá  certificaciones  de  los  datos  que  consten  en  él,  cuando  le  sean 
solicitadas en los términos previstos en la legislación sobre derecho de acceso a la 
información en materia de medio ambiente y en la restante normativa aplicable, sin 
perjuicio  de  lo  que  establece  la  legislación  sobre  protección  de  datos  de  carácter 
personal.
4.  Acompañando  a  este  registro  se  elaborará  un  sistema  de  información 
georreferenciada o un mapa, de carácter público, que incluya todos los datos relevantes 
relacionados con la declaración de suelo contaminado. Asimismo, incluirá información de 
todos los suelos descontaminados.
TÍTULO VII
Fomento, promoción y difusión
Artículo 72.  Ayudas económicas.
1.  La Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia, en el ámbito 
de  sus  competencias,  podrá  otorgar  subvenciones  para  incentivar  mecanismos  de 
prevención de residuos y la implantación de las mejores técnicas disponibles en la 
gestión de residuos.
2.  Asimismo, la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia 
podrá establecer subvenciones para financiar las actuaciones de descontaminación y 
recuperación de los suelos declarados contaminados previstas en esta ley. En este caso, 
conforme a lo previsto en la normativa básica estatal, se exigirá el compromiso de que 
las posibles plusvalías que adquieran los suelos revertirán en la cuantía subvencionada 
en  favor  de  la  Administración  pública  concedente  de  la  subvención,  así  como  la 
constitución de garantía financiera para asegurar el cumplimiento de dicho compromiso.
Artículo 73.  Promoción y difusión.
La consejería competente en materia de residuos realizará, con carácter anual, las 
siguientes acciones de promoción y difusión: e.e
a)  Potenciar  la  suscripción  de  acuerdos  de  colaboración  con  los  sectores  37ww
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b)  Promover convenios de colaboración con entidades públicas o privadas para la 
implantación  de  medidas  tendentes  a  la  educación,  investigación,  información  y 
asesoramiento, orientadas especialmente a pequeñas y medianas empresas, a fin de 
introducir en las empresas las tecnologías menos contaminantes y de prevención en 
materia de residuos.
c)  Favorecer, a través de acuerdos de colaboración con la consejería competente 
en materia de educación, la integración de contenidos en materia de residuos en los 
ciclos formativos, con el fin de mejorar la conciencia ambiental en el estudiantado y en la 
ciudadanía en general.
TÍTULO VIII
Vigilancia, inspección, control y potestad sancionadora
CAPÍTULO I
Vigilancia, inspección y control
Artículo 74.  Órganos competentes.
La inspección, vigilancia y control del cumplimiento de esta ley, así como de sus 
normas de desarrollo, corresponde, en el ámbito de sus respectivas competencias, a la 
consejería competente en materia de residuos y a las entidades locales.
Artículo 75.  Servicios de vigilancia e inspección de la Administración general de la 
Comunidad Autónoma de Galicia.
1.  Las funciones de vigilancia e inspección medioambiental de la Administración 
general de la Comunidad Autónoma de Galicia relativas al cumplimiento de esta ley y de 
sus normas de desarrollo serán llevadas a cabo por personal funcionario.
2.  El personal inspector tendrá la condición de agente de la autoridad. Estará 
facultado para:
a)  Acceder,  identificándose  previamente  y  sin  necesidad  de  preaviso,  a  las 
instalaciones y lugares en que se desarrollen las actividades reguladas por esta ley, 
salvo en aquellos que tengan la condición de domicilio u otros lugares para cuya entrada 
sea necesario el consentimiento de la persona titular o autorización judicial.
b)  Realizar  cuantos  exámenes,  controles,  toma  de  muestras  y  recogida  de 
información, incluida la grabación de imágenes, resulten necesarios para el ejercicio de 
las labores de vigilancia e inspección encomendadas.
3.  Las  actas  formalizadas  por  el  personal  inspector  observando  los  requisitos 
legales correspondientes en las que se recojan los hechos constatados por aquel harán 
prueba de estos salvo que se acredite lo contrario.
4.  Para el desempeño de sus funciones, el personal inspector podrá ir acompañado 
de personal de asesoramiento técnico. Este personal asesor está obligado a guardar 
secreto respecto de los datos e informaciones de que tuviere conocimiento en el ejercicio 
de estas funciones.
Artículo 76.  Inspección. e
1.  En  el  territorio  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Galicia  están  sujetos  a  las  w.
ainqsupeelclac icoonmesp epteernióted iecna sm qautee reias tdime ein nsepceecscaiórnia as melb óierngtaanl:o de la Administración general de  2021-5137n https://ww
residau) osL.as entidades y empresas que lleven a cabo operaciones de tratamiento de  BOE-A-cable e
b)  Las entidades y empresas que recojan o transporten residuos con carácter 
profesional.
c)  Los sujetos agentes y negociantes.
d)  Los establecimientos y empresas que produzcan residuos.
e)  Los sistemas de aplicación de la responsabilidad ampliada del sujeto productor 
del producto.
2.  El  órgano  señalado  en  el  número  anterior  podrá  comprobar  en  cualquier 
momento que se cumplen los requisitos para el mantenimiento de las autorizaciones 
otorgadas y para continuar la actividad prevista en las comunicaciones según lo previsto 
en esta ley. En caso de que no fuere así, se podrá suspender la autorización o paralizar 
provisionalmente la actividad prevista en la comunicación y se propondrán las medidas 
que se deberán adoptar o, en su caso, se podrá revocar la autorización o paralizar 
definitivamente la actividad.
3.  Las personas titulares de las entidades y empresas mencionadas en el número 1 
de  este  artículo  están  obligadas  a  prestar  toda  la  colaboración  requerida  por  la 
Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia y su personal inspector, 
incluida la puesta a disposición de cualquier documentación relacionada con el ejercicio 
de la actividad.
4.  Las  inspecciones  de  las  operaciones  de  recogida  y  transporte  de  residuos 
cubrirán el origen, la naturaleza, la cantidad y el destino de los residuos recogidos y 
transportados.
5.  El órgano competente de la Administración general de la Comunidad Autónoma 
de Galicia podrá tomar en consideración los registros efectuados conforme al sistema 
comunitario de gestión y auditoría medioambientales u otros equivalentes, especialmente 
en lo que se refiere a la frecuencia e intensidad de las inspecciones.
CAPÍTULO II
Responsabilidad y régimen sancionador
Artículo 77.  Potestad sancionadora.
El  ejercicio  de  la  potestad  sancionadora  en  materia  de  residuos  y  suelos 
contaminados corresponde:
a)  A la consejería competente en materia de medio ambiente, en lo que atañe al 
ámbito de competencias que en esta materia corresponde a la Administración general de 
la Comunidad Autónoma de Galicia.
b)  A los ayuntamientos, en el caso de las infracciones consistentes en el abandono, 
vertido o eliminación incontrolados de los residuos cuya recogida y gestión corresponde 
a aquellos, así como de las infracciones relativas al depósito o entrega de residuos sin 
cumplir las condiciones previstas en sus ordenanzas.
Artículo 78.  Alcance de la responsabilidad en materia de residuos.
1.  Los residuos tendrán siempre una persona responsable del cumplimiento de las 
obligaciones que se derivan de su producción y gestión, que se corresponderá con el 
sujeto productor u otro sujeto poseedor inicial o el sujeto gestor, en los términos previstos 
en la normativa básica estatal, en la presente ley y en sus normas de desarrollo. Estos  e.e
sujetos  podrán  ejercer  acciones  de  repetición  cuando  los  costes  en  que  hubiesen  w.b
incurrido  deriven  de  los  incumplimientos  legales  o  contractuales  de  otras  personas  37ww
físic2a.s  oL jau rídreicsapso.nsabilidad  de  los  sujetos  productores  y  de  los  demás  sujetos
epnotsreeegduoerne se ni nliocisa letésr mdineo sr epsirdeuvoisst osd oemné slatisc oosr dye nacnozmaesr clioacleasle sc oyn celnu yee l creusatnod od e lolas 
normativa aplicable.
3.  La responsabilidad de los demás sujetos productores o poseedores iniciales de 
residuos,  cuando  no  realicen  el  tratamiento  por  sí  mismos,  concluye  cuando  los 
entreguen a un sujeto negociante para su tratamiento, o a una empresa o entidad de 
tratamiento autorizada, siempre que la entrega sea acreditada documentalmente y se 
realice cumpliendo los requisitos legalmente exigidos.
4.  De conformidad con el artículo 31.2.e) de la Ley 22/2011, de 28 de julio, en 
aplicación de la responsabilidad ampliada y con la finalidad de promover la prevención y 
de  mejorar  la  reutilización,  el  reciclaje  y  la  valorización  de  residuos,  los  sujetos 
productores  de  productos  que  con  su  uso  se  convierten  en  residuos  podrán  ser 
obligados, por la correspondiente normativa, a responsabilizarse total o parcialmente de 
la organización de la gestión de los residuos, pudiendo establecerse que los sujetos 
distribuidores de dicho producto compartan esta responsabilidad.
5.  La responsabilidad ampliada del sujeto productor se aplicará sin perjuicio de la 
responsabilidad de la gestión de residuos establecida en la presente ley y en la restante 
normativa de aplicación.
Artículo 79.  Sujetos responsables de las infracciones administrativas.
1.  Podrán  ser  sancionadas  por  los  hechos  constitutivos  de  las  infracciones 
administrativas recogidas en este capítulo las personas físicas o jurídicas que los cometan a 
título de dolo o culpa, de acuerdo con lo establecido en esta ley y sin perjuicio, en su caso, 
de las correspondientes responsabilidades civiles, penales y medioambientales.
2.  De acuerdo con el artículo 28.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen 
jurídico del sector público, cuando el cumplimiento de una obligación establecida en la 
presente ley corresponda a varias personas conjuntamente, responderán de forma solidaria 
de las infracciones que, en su caso, se cometan y de las sanciones que se impongan. No 
obstante, cuando la sanción sea pecuniaria y sea posible, se individualizará en la resolución 
en función del grado de participación de cada sujeto responsable.
3.  La responsabilidad será solidaria, en todo caso, en los siguientes supuestos:
a)  Cuando el sujeto productor, el sujeto poseedor inicial o el sujeto gestor de 
residuos entregue residuos a una persona física o jurídica distinta de las señaladas en 
esta ley y en la restante normativa de residuos.
b)  Cuando sean varios los sujetos responsables y no sea posible determinar el 
grado de participación de cada uno en la realización de la infracción.
4.  Cuando los daños causados al medio ambiente se originen por acumulación de 
actividades debidas a diferentes personas, la administración competente podrá imputar 
individualmente esta responsabilidad y sus efectos económicos.
Artículo 80.  Infracciones.
1.  Constituyen infracciones administrativas, de conformidad con la presente ley, las 
acciones y omisiones tipificadas en ella.
2.  Las infracciones tipificadas en la presente ley se clasifican en muy graves, 
graves y leves.
Artículo 81.  Infracciones muy graves.
Constituyen infracciones muy graves: e
a)  El ejercicio de una actividad regulada en esta ley sin la preceptiva comunicación  w.
cooob amliguuatoncriiciozanaceciósión ni,m , sopi eucmeospntar ese  llqaeu nce a ladhsua cyaaaud taos uriopz ausceuisostnpoee snp deoildi gadr,oe  a gslarí a civnoefmo room  daeacl iñiónonc  uaimn cplaoli rmpsoiaerlnuatddo a  ddeeen   llaalass    2021-5137n https://ww
personas, haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente, o cuando
la actividad tenga lugar en espacios protegidos. Bc
b)  La actuación en forma contraria a lo establecido en esta ley y en sus normas de 
desarrollo, siempre que haya supuesto peligro grave o daño a la salud de las personas, 
haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente, o cuando la actividad 
tenga lugar en espacios protegidos.
c)  El abandono, vertido o eliminación incontrolada de residuos peligrosos.
d)  El  abandono,  vertido  o  eliminación  incontrolada  de  cualquier  otro  tipo  de 
residuos, siempre que se haya puesto en peligro grave la salud de las personas, o se 
haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente.
e)  El incumplimiento de las obligaciones derivadas de las medidas provisionales 
previstas en esta ley.
f)  La ocultación o la alteración intencionadas de datos aportados a los expedientes 
administrativos para la obtención de autorizaciones, permisos o licencias, o de datos 
contenidos  en  las  comunicaciones  relacionadas  con  el  ejercicio  de  las  actividades 
reguladas en esta ley.
g)  La elaboración, importación o adquisición intracomunitaria de productos con 
sustancias o preparados prohibidos por el peligro de los residuos que generan.
h)  No realizar las operaciones de limpieza y recuperación cuando un suelo haya 
sido declarado como contaminado, previo el correspondiente requerimiento del órgano 
competente de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia o el 
incumplimiento, en su caso, de las obligaciones derivadas de acuerdos voluntarios o 
convenios  de  colaboración  para  la  reparación  en  vía  convencional  de  los  suelos 
contaminados.
i)  La mezcla de las diferentes categorías de residuos peligrosos entre sí o de estos 
con los que no tengan tal consideración, siempre que como consecuencia de ello se 
haya puesto en peligro grave la salud de las personas, o se haya producido un daño o 
deterioro grave para el medio ambiente.
j)  La entrega, venta o cesión de residuos peligrosos a personas físicas o jurídicas 
distintas de las señaladas en esta ley, así como la aceptación de aquellos en condiciones 
distintas  de  las  que  se  establezcan  en  las  correspondientes  autorizaciones  y 
comunicaciones, o en las normas establecidas en esta ley.
k)  La elaboración, la puesta en el mercado o la utilización de productos o envases 
en  el  ámbito  de  la  responsabilidad  ampliada  del  sujeto  productor  del  producto, 
incumpliendo las obligaciones que se deriven de esta ley o de sus normas de desarrollo 
y las condiciones impuestas en la autorización, cuando como consecuencia se perturben 
gravemente la salud e higiene públicas, la protección del medio ambiente o la seguridad 
de las personas consumidoras.
l)  La entrada en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia de residuos 
peligrosos procedentes de otro Estado miembro de la Unión Europea, así como la salida 
de  residuos  peligrosos  hacia  otro  Estado  miembro,  sin  obtener  los  permisos  y 
autorizaciones exigidos por la legislación de la Unión Europea o sin cumplir la obligación 
establecida en el artículo 26.5.b) de la Ley 22/2011, de 28 de julio.
m)  No  elaborar  los  planes  de  vigilancia  y  control  del  suelo  y  de  las  aguas 
subterráneas asociadas, las investigaciones analíticas de la calidad del suelo o las 
valoraciones de riesgos cuando sea obligatorio de acuerdo con lo dispuesto en esta ley, 
siempre que se haya puesto en peligro grave la salud de las personas, o se haya 
producido un daño o deterioro grave en el medio ambiente.
n)  No adoptar medidas de recuperación en suelos cuando así se requiera, siempre 
que se haya puesto en peligro grave la salud de las personas, o se haya producido un  s
daño o deterioro grave en el medio ambiente. oe.
ñ) El incumplimiento de las condiciones señaladas en las resoluciones emitidas por el  w.
órgano de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia competente  37ww
neonr mmaattievraia  ddee  dseusealorrso lcloo,n tsaiemminpardeo qsu een  sleo sh paryoac epduiemsiteon teons  preegliuglraod ogsra evne  elas tsaa lleuyd  yd ee nl alas 
personas o se haya producido un daño o deterioro grave en el medio ambiente.
o)  El incumplimiento de la obligación prevista en el artículo 55.1 de informar al 
órgano de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia competente 
en  materia  de  suelos  contaminados  de  la  detección  de  indicios  o  riesgos  de 
contaminación, siempre que se haya puesto en peligro grave la salud de las personas, o 
se haya producido un daño o deterioro grave en el medio ambiente.
Artículo 82.  Infracciones graves.
Constituyen infracciones graves:
a)  El ejercicio de una actividad descrita en esta ley sin la preceptiva comunicación o 
autorización, o con ella caducada o suspendida, así como el incumplimiento de las 
obligaciones impuestas en las autorizaciones o de la información incorporada en la 
comunicación, sin que haya supuesto un peligro grave o un daño a la salud de las 
personas ni se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente.
b)  La actuación en forma contraria a lo establecido en esta ley y en sus normas de 
desarrollo, sin que haya supuesto un peligro grave o un daño a la salud de las personas 
ni se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente.
c)  El abandono, vertido o eliminación incontrolados de cualquier tipo de residuos no 
peligrosos sin que haya supuesto un peligro grave o un daño a la salud de las personas 
ni se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente.
d)  El incumplimiento de la obligación de proporcionar documentación, la ocultación 
o falseamiento de datos exigidos por la normativa aplicable o por las estipulaciones 
contenidas  en  la  autorización,  el  incumplimiento  de  la  obligación  de  custodia  y 
mantenimiento de dicha documentación, así como la ocultación o falseamiento de datos 
o no entrega de la información o documentación exigida por el órgano competente de la 
Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia, cuando esta información 
sea necesaria para determinar el grado de cumplimiento de esta ley y sus normas de 
desarrollo.
e)  La falta de constitución de fianzas o garantías, o de su renovación, cuando sean 
obligatorias.
f)  El incumplimiento de las obligaciones derivadas de los convenios y acuerdos que 
se  establezcan  en  materia  de  responsabilidad  ampliada  del  sujeto  productor  del 
producto, en relación con la producción y gestión de residuos y en el ámbito de suelos 
contaminados.
g)  La obstrucción, por acción u omisión, de la actividad de vigilancia, inspección y 
control de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia, así como el 
incumplimiento de las obligaciones de colaboración previstas en el artículo 44.2 de la 
Ley 22/2011, de 28 de julio.
h)  La falta de etiquetado, o el etiquetado incorrecto o parcial de los envases que 
contengan residuos peligrosos.
i)  La mezcla de las diferentes categorías de residuos peligrosos entre sí o de estos 
con los que no tengan tal consideración, siempre que como consecuencia no se haya 
puesto en peligro grave la salud de las personas ni se haya producido un daño o 
deterioro grave para el medio ambiente.
j)  La  entrega,  venta  o  cesión  de  residuos  no  peligrosos  a  personas  físicas  o 
jurídicas distintas de las señaladas en esta ley, así como la aceptación de aquellos en 
condiciones distintas de las que se establezcan en las correspondientes autorizaciones o 
en las normas establecidas en esta ley. e
k)  La elaboración, la puesta en el mercado o la utilización de productos o envases  bo
en  el  ámbito  de  la  responsabilidad  ampliada  del  sujeto  productor  del  producto  37ww
ygidn reca lulavamess mp peleieesnrtnstipedou onlal aal ascss iaoc loonubnedlss iegu  amchcoiiigdnoiotneerenansesid  .qpauúseb  liescena  sd,lea lra iv apeurnoto tderiecz caeicósinóta nd ,le elys m ieye mddpeior es au msq ubneioe rnmnteoa  sn sid elea   sdpeeegsrtuaurrrirdboaelldon    OE-A-2021-51able en https://
l)  No elaborar los estudios de minimización de residuos o los planes empresariales 
de  prevención  previstos  en  las  normas  de  residuos,  así  como  no  atender  los 
requerimientos efectuados por el órgano de la Administración general de la Comunidad 
Autónoma  de  Galicia  competente  en  materia  de  residuos  para  que  aquellos  sean 
modificados o completados con carácter previo a su aprobación.
m)  El incumplimiento de las prohibiciones establecidas en el artículo 44.2.
n)  La entrada en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia de residuos 
procedentes de otro Estado miembro de la Unión Europea, así como la salida de 
residuos hacia otro Estado miembro, sin obtener los permisos y autorizaciones exigidos 
por la legislación de la Unión Europea, o sin cumplir la obligación establecida en el 
artículo 26.5.b) de la Ley 22/2011, de 28 de julio.
ñ) En el caso de traslado intracomunitario, el incumplimiento de la obligación de 
emisión  del  certificado  de  valorización  o  eliminación  intermedia  o  definitiva  de  los 
residuos, en el plazo máximo y en los términos establecidos en los artículos 15 y 16 del 
Reglamento 1013/2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006.
o)  No  elaborar  los  planes  de  vigilancia  y  control  del  suelo  y  de  las  aguas 
subterráneas asociadas, las investigaciones analíticas de la calidad del suelo o las 
valoraciones de riesgos cuando sea obligatorio de acuerdo con lo dispuesto en esta ley, 
cuando  no  se  haya  puesto  en  peligro  grave  la  salud  de  las  personas  ni  se  haya 
producido un daño o deterioro grave en el medio ambiente.
p)  La ocultación o alteración por parte de las entidades acreditadas de los datos 
que deban suministrar a la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia 
de acuerdo con lo dispuesto en esta ley y con lo que reglamentariamente se establezca.
q)  La comisión de alguno de los hechos tipificados en esta ley como infracción muy 
grave, cuando, por su escasa cuantía o entidad, no merezca esa calificación.
Artículo 83.  Infracciones leves.
Constituyen infracciones leves:
a)  El retraso en el suministro de la documentación que haya que proporcionar a la 
Administración  general  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Galicia  de  acuerdo  con  lo 
establecido  por  la  normativa  aplicable,  en  las  estipulaciones  contenidas  en  las 
autorizaciones o que deba, en su caso, acompañar a las comunicaciones.
b)  La comisión de alguno de los hechos tipificados en esta ley como infracción muy 
grave o grave cuando, por su escasa cuantía o entidad, no merezca esa calificación.
c)  Cualquier incumplimiento de las obligaciones impuestas expresamente por esta 
ley y sus normas de desarrollo, de las estipulaciones contenidas en las autorizaciones o 
del contenido de las comunicaciones, cuando no esté tipificada como infracción muy 
grave o grave.
Artículo 84.  Sanciones.
1.  Las infracciones muy graves tipificadas en esta ley darán lugar a la imposición de 
todas o algunas de las siguientes sanciones:
a)  Multa desde 45.001 euros, o desde 300.001 euros de tratarse de residuos 
peligrosos, hasta 1.750.000 euros.
b)  Inhabilitación para el ejercicio de cualquiera de las actividades previstas en esta 
ley por un período de tiempo no inferior a un año ni superior a diez. e.
c)  En el supuesto de las infracciones tipificadas en los párrafos a), b), e), f), i) y j)  w.b
del artículo 81, clausura temporal o definitiva, total o parcial, de las instalaciones o  37ww
paeprasroantoass  ptroarb uanja dpolarzaos  mdeá xaicmuoe rddeo  c5o anñ loos p, rdeevbisiéton deons lea  lseaglivsalagcuiaórnd laarb loorsa ld.erechos de las
del adr)t ícuElno  e8l1 s, urepvuoecsatoc iódne  dlaes  lain faruatcocriioznaecsió nti poif iscuasdpaesn esnió nla ps oler turans t iae)m, pbo),  neo),  inf)f,e gri)o, ri )a  yu nj) 
año ni superior a diez.
2.  Las infracciones graves tipificadas en esta ley darán lugar a la imposición de 
todas o algunas de las siguientes sanciones:
a)  Multa desde 901 euros hasta 45.000 euros, o desde 9.001 euros hasta 300.000 
euros de tratarse de residuos peligrosos.
b)  Inhabilitación para el ejercicio de cualquiera de las actividades previstas en esta 
ley por un período de tiempo inferior a un año.
c)  En el supuesto de las infracciones tipificadas en los párrafos a), b), e), g), h), i), j) 
y n) del artículo 82, revocación de la autorización o suspensión por un tiempo de hasta 
un año.
3.  Las infracciones leves se sancionarán con una multa de hasta 900 euros, o de 
hasta 9.000 euros de tratarse de residuos peligrosos.
4.  En  el  supuesto  de  las  infracciones  tipificadas  en  los  párrafos  g)  y  k)  del 
artículo 81 y en los párrafos k), l) y m) del artículo 82, el órgano que ejerza la potestad 
sancionadora podrá acordar como sanción accesoria el decomiso de las mercancías, 
determinando su destino final.
5.  Las personas físicas o jurídicas que hayan sido sancionadas por la comisión de 
las  infracciones  muy  graves  o  graves  tipificadas  en  esta  ley  no  podrán  obtener 
subvenciones del sector público autonómico hasta cumplir la sanción y, en su caso, 
ejecutar las medidas correctoras pertinentes.
Artículo 85.  Gradación de las sanciones.
1.  El  órgano  que  ejerza  la  potestad  sancionadora  deberá  guardar  la  debida 
adecuación  entre  la  sanción  y  el  hecho  constitutivo  de  la  infracción,  considerando 
especialmente:
a)  Su repercusión.
b)  Su trascendencia por lo que respecta a la salud y seguridad de las personas y 
del medio ambiente o a los bienes protegidos por la Ley 22/2011, de 28 de julio, y por la 
presente ley.
c)  Las circunstancias de la persona responsable y su grado de intencionalidad, 
participación y beneficio obtenido.
d)  La reincidencia, por comisión en el término de un año de más de una infracción 
de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía 
administrativa.
e)  La reiteración.
f)  La irreversibilidad de los daños o deterioros producidos.
g)  Los  demás  criterios  de  graduación  previstos  con  carácter  básico  en  el 
artículo 29.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
2.  En ningún caso la multa que se imponga por la comisión de una infracción 
tipificada en esta ley resultará más beneficiosa para quien cometió la infracción que el 
cumplimiento de la disposición infringida. A este efecto, la cuantía máxima de la multa 
prevista en el artículo 84 para el tipo de infracción de que se trate podrá incrementarse 
hasta un importe equivalente al beneficio obtenido. La valoración del beneficio ilícito se 
hará de acuerdo con valores y precios de mercado.
Artículo 86.  Prescripción de las infracciones. e
1.  Las infracciones tipificadas en esta ley prescribirán en los siguientes plazos: w.
ab))   LLaass  iinnffrraacccciioonneess  mgruayv egsr,a ave los,s  atr leoss  acñinocso. años.
c)  Las infracciones leves, al año.
2.  El plazo de prescripción comenzará a contarse desde el día en que la infracción 
se hubiese cometido, con las siguientes particularidades:
a)  En  los  supuestos  de  infracciones  continuadas,  el  plazo  de  prescripción 
comenzará a contar desde el momento de la finalización de la actividad o del último acto 
con el que la infracción se consuma. En el caso de que los hechos o actividades 
constitutivos de infracción fuesen desconocidos por carecer de signos externos, dicho 
plazo se computará desde que aquellos se manifiesten.
b)  Cuando los daños al medio ambiente derivados de las infracciones no fueren 
inmediatamente perceptibles, el plazo de prescripción comenzará a contar desde el 
momento de su manifestación o conocimiento.
3.  Interrumpirá  la  prescripción  la  iniciación,  con  conocimiento  de  la  persona 
interesada, del procedimiento sancionador. El plazo de prescripción volverá a correr si el 
expediente sancionador estuviere paralizado durante más de un mes por causa no 
imputable a la persona presuntamente responsable.
Artículo 87.  Prescripción de las sanciones.
1.  Las sanciones impuestas por la comisión de infracciones leves prescribirán al 
año, las impuestas por faltas graves, a los tres años y las impuestas por faltas muy 
graves, a los cinco años.
2.  El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día 
siguiente a aquel en que sea ejecutable la resolución por la que se impone la sanción o 
haya transcurrido el plazo para recurrir contra ella.
3.  Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento de la persona interesada, 
del procedimiento de ejecución. El plazo volverá a transcurrir si aquel estuviere paralizado 
durante más de un mes por causa no imputable a la persona infractora.
4.  En el caso de desestimación presunta del recurso de alzada interpuesto contra la 
resolución por la que se impone la sanción, el plazo de prescripción de la sanción 
comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo legalmente 
previsto  para  la  resolución  de  dicho  recurso,  de  acuerdo  con  lo  previsto  en  el 
artículo 30.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Artículo 88.  Publicidad de las sanciones.
Los órganos que ejerzan la potestad sancionadora podrán acordar, cuando estimen 
que  existen  razones  de  interés  público  y  a  través  del  procedimiento  que 
reglamentariamente se determine, la publicación en el diario oficial correspondiente y en 
los  medios  de  comunicación  social  que  consideren  oportunos  de  las  sanciones 
impuestas por la comisión de infracciones muy graves y graves, así como los nombres y 
apellidos o razón social de las personas físicas o jurídicas responsables, una vez que 
dichas sanciones hayan adquirido el carácter de firmes.
Artículo 89.  Concurrencia de sanciones y relaciones con el orden jurisdiccional penal.
1.  No  podrán  sancionarse  los  hechos  que  hayan  sido  sancionados  penal  o 
administrativamente, en los casos en que se aprecie identidad de sujeto, hecho y fundamento.
2.  Cuando un órgano de la Unión Europea haya impuesto una sanción por los 
mismos hechos, y siempre que no concurra la identidad de sujeto y fundamento, el  e
órgano competente para resolver deberá tenerla en cuenta a efectos de graduar la que,  bo
en su caso, deba imponer, y podrá aminorarla, sin perjuicio de declarar la comisión de la  37ww
cicnoofmrma3puc.ecn itióceEnann,rt áe d  eca eualsa ctluMiqmeuineriedi sro tq ecumroeiono   melFole siasn crttoahíc le,u cdlhoyeo  l3 ss1 po.r2lpioc odcidteeard rílaáaimn  L iaee snyeet o4rs  0te/cs2 oa0ntne1scs5tiit,oti umdnteaiov dn1ooi sodr , e dd coeeuc  atulinalbídcsrio eto .a cetplu eanócarigol,an neloos    OE-A-2021-51able en https://
practicadas respecto de dicha comunicación.
Esta  comunicación  suspenderá  la  tramitación  del  procedimiento  sancionador 
mientras la autoridad judicial no dicte resolución firme que ponga fin al procedimiento o 
tenga  lugar  el  sobreseimiento  o  el  archivo  de  las  actuaciones  o  se  produzca  la 
devolución del expediente por parte del Ministerio Fiscal. Si no se apreciase la existencia 
de ilícito penal, se continuará la tramitación del procedimiento sancionador desde que se 
tenga conocimiento de la resolución judicial firme que ponga fin al procedimiento, o del 
sobreseimiento, del archivo de las actuaciones o de la devolución del expediente por 
parte del Ministerio Fiscal. Los hechos declarados probados en la resolución judicial 
firme vincularán a los órganos administrativos competentes.
4.  Cuando el órgano competente tuviere conocimiento de que se está desarrollando 
un proceso penal sobre los mismos hechos, solicitará del órgano judicial comunicación 
de las actuaciones realizadas.
Recibida la comunicación, y de estimarse que existe identidad de sujeto, hecho y 
fundamento entre la infracción administrativa y la infracción penal que pudiere concurrir, 
el órgano competente para la resolución del procedimiento sancionador acordará la 
suspensión de este hasta que se dicte resolución judicial firme.
5.  Cuando un solo hecho constituya dos o más infracciones conforme a esta ley y a 
otras leyes que fueren de aplicación, se impondrá al sujeto infractor la sanción de mayor 
gravedad si el ejercicio de la potestad sancionadora corresponde, respecto a todas esas 
infracciones, a la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia y el 
fundamento o bien jurídico protegido son los mismos.
Artículo 90.  Reparación del daño e indemnización.
1.  Sin perjuicio de la sanción que se pudiere imponer, la persona infractora quedará 
obligada a la reposición de la situación alterada a su estado originario, así como a la 
indemnización de los daños y perjuicios causados, que podrán ser determinados por el 
órgano competente, caso en que deberá comunicarse a la persona infractora para su 
satisfacción en el plazo que al efecto se determine.
2.  En los casos de daños medioambientales, la persona infractora estará obligada a 
la reparación en los términos de la normativa vigente sobre responsabilidad ambiental.
3.  Cuando las conductas sancionadas hayan causado daños o perjuicios a las 
administraciones y la cuantía destinada a indemnizar estos daños no haya quedado 
determinada en el expediente, se fijará mediante un procedimiento complementario, cuya 
resolución  será  inmediatamente  ejecutiva.  Este  procedimiento  será  susceptible  de 
terminación convencional, pero ni esta ni la aceptación por la persona infractora de la 
resolución  que  pudiere  recaer  implicarán  el  reconocimiento  voluntario  de  su 
responsabilidad. La resolución del procedimiento pondrá fin a la vía administrativa.
Artículo 91.  Multas coercitivas y ejecución subsidiaria.
1.  Si las personas infractoras no procediesen a la reparación o indemnización de los daños 
causados de acuerdo con lo establecido en esta ley, una vez transcurrido el plazo señalado en el 
requerimiento correspondiente, el órgano competente para iniciar el procedimiento sancionador 
podrá acordar la imposición de multas coercitivas, hasta el efectivo y completo cumplimiento de 
la resolución que imponga tales obligaciones, o la ejecución subsidiaria.
2.  La cuantía de cada una de las multas coercitivas no superará un tercio de la multa 
impuesta por la infracción cometida y se fijará teniendo en cuenta los siguientes criterios:
a)  El retraso en el cumplimiento de la obligación de reparación desde la fecha en  oe.
que la resolución sancionadora sea ejecutiva. w.
o esbcp))a  ciLLoaas   neúaxnitisuctoreasnl,ec eziasa c ddaees  ionloste so np cpeirorojnuteaicgliidiodasod sc .eanu seal dinocsu, menp lpimarietincutola.r cuando afecte a recursos  2021-5137n https://ww
d)  La reincidencia en el incumplimiento de la obligación de reparación de daños
causados al medio ambiente. Bc
3.  La imposición de multas coercitivas exigirá que en el requerimiento se indique el 
plazo de que se dispone para el cumplimiento de la obligación y la cuantía de la multa que 
puede ser impuesta. En todo caso, el plazo deberá ser suficiente para cumplir la obligación.
4.  Si, una vez impuesta la multa coercitiva, se mantuviere el incumplimiento que la 
motivó, aquella podrá ser reiterada por lapsos de tiempo que sean suficientes para 
cumplir lo ordenado.
5.  Las multas coercitivas son independientes y compatibles con las que se puedan 
imponer en concepto de sanción.
6.  En caso de que no se realicen las operaciones de limpieza y recuperación de suelos 
contaminados, podrá procederse a la ejecución subsidiaria a costa de la persona infractora.
7.  Los medios de ejecución forzosa de las resoluciones que obliguen a realizar las 
medidas de prevención, de evitación y de reparación de daños medioambientales serán 
los regulados por la normativa sobre responsabilidad medioambiental.
CAPÍTULO III
Procedimiento sancionador
Artículo 92.  Procedimiento sancionador y resolución sancionadora.
1.  La  imposición  de  sanciones  se  realizará  mediante  la  tramitación  del 
correspondiente  procedimiento  sancionador,  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre.
2.  La resolución que ponga fin al procedimiento será motivada y resolverá todas las 
cuestiones suscitadas en aquel. La resolución deberá ser dictada y notificada en el plazo 
máximo de un año desde la fecha del acuerdo de incoación del procedimiento.
3.  En la resolución no podrán aceptarse hechos distintos de los determinados en el 
curso del procedimiento, con independencia de su diferente valoración jurídica. Con 
todo, cuando el órgano competente para resolver considere que la infracción o la sanción 
revisten mayor gravedad que la determinada en la propuesta de resolución, se notificará 
a la persona inculpada para que aporte cuantas alegaciones estime convenientes en el 
plazo de quince días.
4.  La  resolución  será  ejecutiva  cuando  no  quepa  contra  ella  ningún  recurso 
ordinario en vía administrativa, sin perjuicio de lo previsto en el segundo párrafo del 
artículo  90.3  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre.  En  ella  podrán  adoptarse  las 
disposiciones cautelares precisas para garantizar su eficacia en tanto no sea ejecutiva, 
que podrán consistir en el mantenimiento de las medidas provisionales que, en su caso, 
se hayan adoptado.
Artículo 93.  Medidas provisionales.
1.  Iniciado el procedimiento sancionador, la persona titular del órgano competente 
para resolverlo, a iniciativa propia o a propuesta de la persona instructora de aquel, 
podrá  adoptar  en  cualquier  momento,  mediante  acuerdo  motivado,  las  medidas  de 
carácter provisional que estime necesarias para asegurar la eficacia de la resolución que 
pudiere recaer y evitar el mantenimiento de los riesgos o los daños para la salud humana 
y el medio ambiente.
2.  Las  medidas  provisionales  deberán  ser  proporcionadas  a  la  naturaleza  y 
gravedad de las presuntas infracciones y podrán consistir en: es
a)  Medidas de corrección, seguridad o control que impidan la continuidad en la  w.
producción del daño. 37ww
bc))   CPlraeucsinutraad toe mdep oarpaal,r aptaorsc,i aelq ou itpootasl  od evle ehsíctaublolesc.imiento.
de lad )e mSpuresspae.nsión temporal de la autorización para el ejercicio de la actividad por parte  BOE-A-cable e
3.  Con la misma finalidad prevista en el número 1, el órgano competente para la 
iniciación del procedimiento sancionador, en los casos de urgencia y para la protección 
provisional  de  los  intereses  implicados,  podrá  adoptar  las  medidas  provisionales 
imprescindibles  antes  de  iniciar  el  procedimiento,  con  los  límites  y  condiciones 
establecidos en el artículo 56 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, sin que en ningún caso 
su duración pueda exceder el plazo de quince días.
Estas medidas podrán incluir la suspensión de la autorización y la prohibición del 
ejercicio de las actividades comunicadas, cuando la autoridad competente compruebe 
que el sujeto titular no cumple los requisitos establecidos en la autorización concedida o 
en la comunicación presentada.
4.  No se podrá adoptar ninguna medida provisional sin el trámite de audiencia 
previa a las personas interesadas por un plazo no inferior a diez días ni superior a 
quince, para que puedan presentar cuantas alegaciones, documentos y justificaciones 
estimen convenientes, salvo en los siguientes supuestos:
a)  Cuando concurran razones de urgencia que aconsejen la adopción inmediata de la 
medida, basadas en la producción de un daño grave para la salud humana o el medio ambiente.
b)  Cuando se trate del ejercicio de una actividad de las reguladas en el artículo 53 
de la Ley 22/2011, de 28 de julio, o en la presente ley, sin la preceptiva autorización o 
con ella caducada o suspendida.
En estos casos el trámite de audiencia se llevará a cabo inmediatamente después de 
acordada la medida provisional, para la revisión o ratificación de esta por parte del 
órgano que la impuso.
Artículo 94.  Órganos competentes.
1.  En los casos en que, de acuerdo con lo establecido en la presente ley, el 
ejercicio de la potestad sancionadora corresponda a la Administración general de la 
Comunidad  Autónoma  de  Galicia,  la  competencia  para  la  incoación  de  los 
procedimientos sancionadores corresponderá:
a)  A  la  persona  titular  de  la  respectiva  jefatura  territorial  de  la  consejería 
competente en materia de residuos, según el ámbito territorial en que se haya cometido 
la infracción.
b)  A la persona titular de la dirección general competente en materia de residuos, si 
los hechos afectasen a los ámbitos territoriales de más de una jefatura territorial.
c)  A la persona titular de la jefatura territorial de la consejería competente en 
materia de residuos en cuyo ámbito territorial se haya detectado la infracción, cuando 
esta se refiera al traslado de residuos.
2.  Cuando la iniciación del procedimiento sancionador sea acordada por la persona 
titular de una jefatura territorial, lo pondrá en conocimiento de la dirección general 
competente en materia de residuos, que podrá avocar su tramitación, de conformidad 
con los artículos 10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, y 7 de la Ley 16/2010, de 17 de 
diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración general y del sector 
público autonómico de Galicia, si estimase que la presunta infracción pone el medio 
ambiente en peligro grave de degradación.
3.  La  resolución  de  los  procedimientos  sancionadores  de  competencia  de  la 
Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia corresponderá: e.e
ccsaoomrnrceabpiso))e  pnteoaEEnndntdnoe e r l,ar elásaen  saxi n  cmlfaerina appcfttreeocarri ocsiaeocn nineod asnee  etl lei tsruvse eluassgprid, ru dauaeevo s lesaltao s  p ,qd esuirreaeesñ c oachnlailaóaa ynd ta opigt u eealeranscnreoo  rdrnaedealla    cldpaotoá imjt reurplfaalaaef tortuei  nrnabidct )eeit ae  decrrienlóaitl no m  rndiaaúditlrmee edlr ecieaprc  orlidaóo e nc1c er ,oe dngseimsienden iuejeeqonrrustíaaeo.l     OE-A-2021-5137able en https://www.
competente en materia de residuos.
c)  En las infracciones muy graves, a la persona titular de la consejería competente 
en materia de residuos.
4.  En  todo  caso,  en  la  tramitación  de  los  procedimientos  sancionadores  se 
garantizará que la instrucción y la resolución se encomienden a órganos distintos, de 
acuerdo con lo dispuesto por el artículo 63.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Disposición adicional primera.  Tramitación electrónica.
1.  La tramitación de los procedimientos administrativos previstos en esta ley deberá 
llevarse a cabo por vía electrónica, de conformidad con lo previsto en la presente ley y su 
normativa de desarrollo.
2.  La Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia adoptará las 
medidas necesarias e incorporará las tecnologías precisas para garantizar la interoperatividad 
de los distintos sistemas, de acuerdo con la normativa aplicable en esta materia.
Disposición  adicional  segunda.  Recuperación  de  suelos  objeto  de  vertidos 
incontrolados.
El régimen de responsabilidad regulado en el artículo 36.1 de la Ley 22/2011, de 28 
de julio, será aplicable a los supuestos de vertidos incontrolados de residuos, a efectos 
de la ejecución de las tareas de limpieza y de reposición al estado anterior que, en su 
caso, correspondan.
Disposición adicional tercera.  Sistema promovido por la Administración general de la 
Comunidad  Autónoma  de  Galicia  para  la  gestión  institucional  de  los  residuos 
domésticos.
El sistema promovido por la Administración general de la Comunidad Autónoma de 
Galicia para la gestión institucional de los residuos domésticos seguirá siendo gestionado por 
la Sociedad Gallega del Medio Ambiente, S.A., de conformidad con lo previsto en esta ley y 
en la disposición adicional vigésimo primera de la Ley 11/2013, de 26 de diciembre, de 
presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2014.
Disposición adicional cuarta.  Plan de gestión y programa de prevención de residuos.
1.  En el plazo máximo de dos años a partir de la entrada en vigor de esta ley, la 
Administración  autonómica  aprobará  un  nuevo  plan  de  gestión  y  el  programa  de 
prevención de residuos.
2.  Para la elaboración del plan y del programa se desarrollará un amplio proceso de 
participación.
3.  El  plan  de  gestión  y  el  programa  de  participación  incluirán  los  planes  y 
programas de ámbito supramunicipal y tendrán en cuenta los programas de gestión y 
prevención de ámbito local.
Disposición  transitoria  primera.  Procedimiento  de  traslado  de  residuos  dentro  del 
territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia.
En  tanto  no  se  desarrolle  reglamentariamente,  el  procedimiento  de  traslado  de 
residuos dentro del territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia se tramitará de forma  s
telemática a través de la plataforma habilitada a tal efecto por la Administración general  oe.
de la Comunidad Autónoma de Galicia, de acuerdo con lo establecido por el Real  w.
decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior  37ww
del territorio del Estado.
Disposición transitoria segunda.  Adaptación al régimen de responsabilidad ampliada 
del sujeto productor.
De conformidad con la disposición transitoria cuarta de la Ley 22/2011, de 28 de 
julio, los sistemas integrados de gestión de residuos existentes en el momento de la 
entrada en vigor de dicha ley se regirán por lo previsto en la Ley 10/1998, de 21 de 
abril, de residuos, por las normas reguladoras de cada flujo de residuos, y por la 
Ley 10/2008, de 3 de noviembre, de residuos de Galicia. No obstante, esos sistemas se 
adaptarán a lo establecido en la Ley 22/2011, de 28 de julio, y en la presente ley, en el 
plazo de  un año desde que entren en  vigor las normas que adapten  las citadas 
disposiciones  reguladoras  estatales.  Este  régimen  también  será  de  aplicación  a 
aquellos  sistemas  de  responsabilidad  ampliada  cuya  comunicación  o  solicitud  de 
autorización  se  haya  presentado  antes  de  la  entrada  en  vigor  de  las  normas  de 
adaptación mencionadas.
Disposición transitoria tercera.  Adaptación al nuevo régimen de garantías.
1.  Las personas registradas en el Registro General de Productores y Gestores de 
Residuos de Galicia que estén llevando a cabo actividades que se vean afectadas por 
el régimen de garantías introducido como novedad en esta ley dispondrán del plazo de 
seis meses para solicitar la adaptación de su autorización o comunicación y del plazo 
de un año para presentar la garantía financiera correspondiente al ejercicio de su 
actividad.
2.  Aquellas personas que en el plazo indicado no hayan depositado las garantías 
financieras requeridas serán dadas de baja de oficio en el registro, previa la tramitación 
del correspondiente procedimiento en el que se acuerde la revocación de la autorización 
o, en el supuesto de comunicaciones, la determinación de la imposibilidad de continuar 
con el ejercicio de la actividad por incumplimiento de los requisitos para su ejercicio.
Disposición transitoria cuarta.  Régimen transitorio en materia de subproductos.
Los materiales que hayan sido declarados subproductos por el órgano competente 
de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia al amparo del 
procedimiento aplicable antes de la puesta en marcha de los mecanismos previstos en el 
artículo 4.2 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de acuerdo con la disposición transitoria 
primera de dicha ley, podrán gestionarse conforme al régimen jurídico derivado de tal 
declaración  autonómica,  hasta  que  sea  aceptada  o  rechazada  su  condición  de 
subproducto conforme a los mecanismos previstos en el artículo 4.2 de la Ley 22/2011, 
de 28 de julio.
Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
1.  Quedan derogadas:
a)  La Ley 10/2008, de 3 de noviembre, de residuos de Galicia.
b)  El Decreto 154/1998, de 28 de mayo, por el que se publica el catálogo de 
residuos de Galicia.
c)  El Decreto 59/2009, de 26 de febrero, por el que se regula la trazabilidad de los 
residuos.
2.  Asimismo, quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango que se  oe.
opongan a lo dispuesto en esta ley o la contradigan. w.
Disposición final primera.  Habilitación normativa.
neceSsea rhiaasb piliatara  eell  dCeosnasrerojoll od dee  leas taX ulenyt.a de Galicia para que dicte las disposiciones
Disposición final segunda.  Entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor a los veinte días naturales de su publicación.
Santiago de Compostela, 17 de febrero de 2021.–El Presidente, Alberto Núñez 
Feijóo.
(Publicada en el «Diario Oficial de Galicia» número 38, de 25 de febrero de 2021. Corrección de errores 
publicada en el «Diario Oficial de Galicia» número 52, de 17 de marzo de 2021)