BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 116 Sábado 15 de mayo de 2021 Sec. III.   Pág. 58065
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE HACIENDA
8084 Resolución de 10 de mayo de 2021, de la Dirección General del Catastro, por 
la que se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Habiéndose  suscrito  entre  la  Dirección  General  del  Catastro  y  la  Comunidad 
Autónoma  de  Cantabria  un  Convenio  para  el  intercambio  de  información  sobre  el 
mercado inmobiliario y la coordinación de actuaciones relativas al valor de referencia, 
procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de dicho Convenio, que figura 
como anexo de esta resolución.
Madrid, 10 de mayo de 2021.–El Director General del Catastro, Fernando de Aragón 
Amunárriz.
ANEXO
Convenio entre la Secretaria de Estado de Hacienda (Dirección General 
del Catastro) y la Comunidad Autónoma de Cantabria, para el intercambio 
de información sobre el mercado inmobiliario y la coordinación 
de actuaciones relativas al valor de referencia
En Madrid y Santander, a seis de mayo de dos mil veintiuno.
De una parte, don Fernando de Aragón Amunárriz, Director General del Catastro, en 
virtud del Real Decreto 752/2016, de 30 de diciembre (BOE número 316, de 31 de 
diciembre) en ejercicio de las competencias que tiene delegadas de conformidad con el 
artículo 17 de la Orden HAC/134/2021, de 17 de febrero, de delegación de competencias 
y  por  la  que  se  fijan  los  límites  de  las  competencias  de  gestión  presupuestaria  y 
concesión de subvenciones y ayudas de los titulares de las Secretarías de Estado (BOE 
de 18 de febrero de 2021).
De  otra  parte,  don  Pablo  Zuloaga  Martínez,  Vicepresidente  de  la  Comunidad 
Autónoma de Cantabria, en uso de las facultades que le confiere el artículo primero del 
Decreto 9/2019, de 11 de julio, por el que se delegan en la Vicepresidencia del Gobierno 
de Cantabria diversas atribuciones (BOC extraordinario de 11 de julio de 2019).
EXPONEN
Primero.
El texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto 
Legislativo  1/2004,  de  5  de  marzo,  establece  en  su  artículo  4  que  la  formación  y 
mantenimiento del Catastro Inmobiliario y la difusión de la información catastral es de 
competencia exclusiva del Estado y que dichas funciones se ejercerán por la Dirección 
General del Catastro, directamente o a través de las distintas fórmulas de colaboración 
que se establezcan con las diferentes Administraciones, Entidades y Corporaciones  s
Públicas. e.
Por su parte, la Dirección General del Catastro ejercerá las funciones relativas a la  w.
formación,  mantenimiento,  valoración  y  demás  actuaciones  inherentes  al  Catastro  84ww
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dDee clorest od e1p3a9r/t2a0m2e0n, todse  m28in disete erinaeleros,. por el que se establece la estructura orgánica básica  BOE-A-cable e
Segundo.
La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en el 
capítulo VI de su título preliminar, incluye las previsiones normativas necesarias para fijar 
el  marco  al  que  deben  someterse  los  convenios  que  se  suscriban  por  las 
Administraciones Públicas, los organismos públicos y entidades de derecho público 
vinculados o dependientes. El presente Convenio se sujeta a las prescripciones legales 
establecidas en el capítulo VI del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público y en el Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, por el 
que se desarrolla el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario.
Tercero.
La Comunidad Autónoma de Cantabria, en fecha 26 de noviembre de 2020, solicitó a 
través de la Gerencia Regional del Catastro de Cantabria, a la Dirección General del 
Catastro la formalización del presente Convenio, con el objeto de coordinar con dicho 
centro directivo las actuaciones relativas al uso del valor de referencia en el ejercicio de 
sus respectivas competencias. Asimismo, se persigue el objetivo de intercambio de 
información sobre el mercado inmobiliario, en aras de su mejor gestión por parte de 
ambos.
Cuarto.
La  Abogacía  del  Estado  del  Ministerio  de  Hacienda  informó  favorablemente  la 
formalización del presente Convenio en fecha 10 de diciembre de 2020.
Quinto.
De conformidad con la Orden PRA/1267/2017, de 21 de diciembre, por la que se 
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de diciembre de 2017, por el que se 
aprueban  las  instrucciones  para  la  tramitación  de  convenios,  se  han  emitido  los 
correspondientes informes del Gabinete de la Secretaría de Estado de Presupuestos y 
Gastos de fecha 8 de febrero de 2021 y de la Dirección General de Cooperación 
Autonómica  y  Local  (Secretaría  General  de  Coordinación  Territorial.  Secretaría  de 
Estado de Política Territorial) del Ministerio de Política Territorial y Función Pública de 
fecha 22 de febrero de 2021.
Sexto.
La Secretaría General Técnica del Ministerio de Hacienda ha autorizado en fecha 17 
de marzo de 2021 la suscripción de este Convenio, de conformidad con la Orden 
HAC/134/2021, de 17 de febrero, de delegación de competencias y por la que se fijan los 
límites de las competencias de gestión presupuestaria y concesión de subvenciones y 
ayudas de los titulares de las Secretarías de Estado.
Séptimo.
De conformidad con lo establecido en el artículo 50.2 e) de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el presente Convenio será remitido al 
Senado. s
En consecuencia, las partes intervinientes proceden a la formalización del presente 
Convenio de acuerdo con las siguientes
CLÁUSULAS
Primera.  Objeto del Convenio.
El  presente  Convenio  entre  la  Dirección  General  del  Catastro  y  la  Comunidad 
Autónoma de Cantabria (en adelante Comunidad Autónoma), tiene un doble objeto.
Así, por una parte, el intercambio de información, para lograr una mejor eficiencia en 
el ejercicio de sus respectivas competencias y, por otra parte, la coordinación de las 
actuaciones que permitan el diseño y adopción de las medidas jurídicas, técnicas y 
tecnológicas necesarias para la mejor gestión tributaria por parte de la Comunidad 
Autónoma, así como la mejor calidad posible del valor de referencia de la Dirección 
General del Catastro.
Segunda.  Actuaciones de colaboración.
1.  Dicha colaboración comprenderá las siguientes actuaciones:
a)  Intercambio de información sobre el mercado inmobiliario y el valor de referencia 
de los inmuebles.
b)  Coordinación de actuaciones de las dos Administraciones, en lo relativo al valor 
de referencia de los inmuebles.
2.  La Dirección General del Catastro asume los siguientes compromisos:
a)  Poner a disposición de la Comunidad Autónoma los análisis previos, resultados, 
productos y servicios asociados a los Informes Anuales del Mercado Inmobiliario que 
realice, a través de los sistemas de información catastrales.
b)  Poner a disposición de la Comunidad Autónoma, a través de la Sede Electrónica 
del Catastro, los valores de referencia de los inmuebles, las descripciones catastrales, la 
motivación de su cálculo y los restantes elementos necesarios para su determinación.
c)  Poner a disposición de la Comunidad Autónoma los informes de ratificación o 
corrección de los valores de referencia de los inmuebles que ésta le requiera, para que 
los reciba a través de la Sede Electrónica del Catastro.
3.  La Comunidad Autónoma asume los siguientes compromisos:
a)  Poner a disposición de la Dirección General del Catastro los resultados de las 
comprobaciones  de  valores  que  en  su  caso  realice,  a  efectos  del  Impuesto  sobre 
Sucesiones y Donaciones y del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados, cuando no exista valor de referencia o éste no pueda ser 
certificado por la Dirección General del Catastro.
b)  Remitir, en su caso, a la Dirección General del Catastro la información que 
considere relevante a sus intereses sobre los análisis, resultados y productos puestos a 
su disposición en los términos señalados en el apartado 2.a) de la presente cláusula.
c)  Poner en conocimiento de la Dirección General del Catastro las necesidades que 
en  el  marco  de  sus  competencias  considere  relevantes,  relativas  a  la  puesta  a 
disposición de los valores de referencia en los términos previstos en el apartado 2.b) de  s
la presente cláusula. oe.
d)  Solicitar a la Dirección General del Catastro, cuando así se precise, la emisión  w.
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sistemas de información catastral, a través de la citada Sede, la documentación aportada
por los interesados en justificación de sus intereses. Bc
Dicha documentación podrá acompañarse del informe que elaboren al efecto los 
servicios técnicos de la Comunidad Autónoma.
e)  Poner en conocimiento de la Dirección General del Catastro, a través del mapa 
de gestión, los hechos, actos, negocios y demás circunstancias relativas a los bienes 
inmuebles susceptibles de originar una incorporación o modificación en el Catastro 
Inmobiliario, que conozca por razón del ejercicio de sus competencias, al objeto de que 
se  inicien  los  oportunos  procedimientos  de  incorporación  de  inmuebles  y  sus 
alteraciones al Catastro Inmobiliario.
4.  En los supuestos en los que proceda la corrección del valor de referencia, la 
Comunidad Autónoma tendrá la facultad potestativa de realizar la grabación en la base 
de datos catastral de los datos físicos, jurídicos y económicos necesarios a tal fin.
En el caso de que la Comunidad Autónoma quiera ejercer dicha potestad, y a tal 
efecto, la Dirección General del Catastro le dará acceso telemático a sus sistemas 
informáticos,  con  las  funcionalidades  que  resulten  necesarias  para  su  actuación, 
debiéndose  observar  las  instrucciones  de  identificación  y  autenticación  de  dichos 
sistemas.
Tercera.  Protección de datos de carácter personal.
La Comunidad Autónoma en el ejercicio de las funciones previstas en el presente 
Convenio, adecuará sus actuaciones a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y normativa de 
desarrollo, al texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo y al Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, por 
el que se desarrolla dicho texto refundido.
Cuarta.  Resolución y Denuncia del Convenio.
1.  De conformidad con lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, este Convenio se extinguirá por el cumplimiento de 
las actuaciones que constituyen su objeto o por incurrir en cualquiera de las siguientes 
causas de resolución:
a)  Transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga 
del mismo.
b)  Acuerdo unánime de las partes.
c)  Incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por las partes. En 
este  caso,  cualquiera  de  las  partes  podrá  notificar  a  la  parte  incumplidora  un 
requerimiento  para  que  cumpla  en  un  determinado  plazo  con  las  obligaciones  o 
compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado al 
responsable del mecanismo de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del 
convenio y a las demás partes firmantes.
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la 
parte que lo dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa de 
resolución y se entenderá resuelto el convenio.
d)  Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
e)  Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en 
otras leyes.
2.  Por otra parte, la denuncia del Convenio podrá formularse por cualquiera de las  bo
partes, previa comunicación a la otra con una antelación mínima de un mes, trascurrido  84ww
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soportes informáticos en que pudieran constar datos de carácter personal y catastrales
protegidos. En cualquier caso, las partes se comprometen a finalizar el desarrollo de las 
acciones  ya  iniciadas  con  anterioridad  a  la  extinción  del  Convenio.  Para  dicha 
finalización habrá un plazo improrrogable que será fijado por las partes cuando se 
resuelva el Convenio.
La extinción del Convenio no determinará indemnización alguna.
4.  La modificación del Convenio requerirá el acuerdo unánime de los firmantes.
Quinta.  Comisión de seguimiento, vigilancia y control.
Se constituirá una Comisión de seguimiento, vigilancia y control formada por tres 
miembros de cada parte y que será presidida alternativamente y por periodos anuales 
por el Director General del Catastro y por el Director General de la Agencia Cántabra de 
Administración Tributaria o por el funcionario en quien delegue cada uno y en la que uno 
de los representantes de la Administración General del Estado será un funcionario de la 
Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Cantabria designado por el 
Delegado de la misma. Dicha Comisión, con independencia de las funciones concretas 
que le asignen las demás cláusulas de este Convenio velará por el cumplimiento de las 
obligaciones de ambas partes y adoptará cuantas medidas y especificaciones técnicas 
sean precisas para el desarrollo del mismo, resolviendo las cuestiones que puedan 
plantearse sobre la interpretación y cumplimiento del Convenio.
La Comisión de seguimiento, vigilancia y control deberá constituirse formalmente en 
un plazo máximo de un mes desde la fecha de eficacia del presente Convenio.
Dicha Comisión celebrará cuantas sesiones extraordinarias sean necesarias para el 
cumplimiento de sus fines, previa convocatoria al efecto de su Presidente, de propia 
iniciativa o teniendo en cuenta las peticiones de los demás miembros. En todo caso, esta 
comisión se reunirá ordinariamente una vez al año, a fin de verificar y comprobar el 
resultado de las obligaciones contraídas estableciendo las directrices e instrucciones que 
considere oportunas.
Esta Comisión, de acuerdo con lo establecido en el artículo 49. f). de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, es el instrumento acordado por 
las partes para el seguimiento, vigilancia y control del Convenio y de los compromisos 
adquiridos por los firmantes y, ejercerá sus funciones de acuerdo con lo establecido en 
los artículos 51.2.c) y 52.3 de la citada Ley.
Las partes firmantes se comprometen a solventar por acuerdo mutuo, en el seno de 
la  Comisión  de  seguimiento,  vigilancia  y  control  cuantas  diferencias  resulten  de  la 
interpretación y cumplimiento de este Convenio, sin perjuicio de la competencia del 
orden  jurisdiccional  contencioso  administrativo  para  el  conocimiento  de  cuantas 
cuestiones y litigios pudieran surgir.
La  Comisión  de  seguimiento,  vigilancia  y  control  ajustará  su  actuación  a  las 
disposiciones contenidas en la Sección 3.ª del Capítulo II del Título Preliminar de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
En esta Comisión se establecerán los formatos necesarios para el desarrollo del 
intercambio de información.
Sexta.  Régimen jurídico y resolución de conflictos.
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, y se suscribe al amparo de lo 
establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y 
en el artículo 4 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario. es
Serán competentes los Tribunales del orden jurisdiccional contencioso administrativo,  bo
para  resolver  los  litigios  que  pudieran  surgir  sobre  la  interpretación,  cumplimiento,  84ww
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La  realización  de  las  funciones  objeto  del  presente  Convenio  no  implica  la 
transferencia  de  medios  materiales  y  personales,  ni  comportará  contraprestación 
económica alguna por ninguna de las partes.
Séptima.  Vigencia del Convenio.
El presente Convenio se perfecciona el día de su firma y será inscrito en el Registro 
Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal 
y publicado en el Boletín Oficial del Estado, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 48.8 de la Ley 40/2015.
De acuerdo con el artículo 49 h) de la mencionada Ley, la vigencia inicial del 
Convenio será de 4 años desde la fecha de su inscripción en el Registro Electrónico 
estatal  de  Órganos  e  Instrumentos  de  Cooperación  del  sector  público  estatal, 
pudiéndose acordar su prórroga por un periodo máximo de cuatro años en cualquier 
momento anterior a la finalización del plazo de vigencia.
De conformidad con lo establecido en el artículo 50.2 e) de la citada Ley 40/2015, el 
presente Convenio una vez suscrito será remitido al Senado.
Octava.  Suspensión del Convenio.
El Convenio podrá suspenderse total o parcialmente y de mutuo acuerdo, por un 
plazo no superior a un año, cuando concurran circunstancias técnicas, presupuestarias o 
de cualquier otra índole que así lo justifiquen.
Novena.  Publicidad del Convenio.
1.  El presente Convenio se inscribirá en el Registro Electrónico estatal de Órganos 
e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal y se publicará en el «Boletín 
Oficial del Estado».
2.  El presente Convenio estará a disposición de los ciudadanos en el Portal de 
Transparencia en aplicación de lo dispuesto en el artículo 8.1.b) de la Ley 19/2013, de 9 
de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
Y en prueba de conformidad, suscriben el presente Convenio en ejemplar duplicado 
en el lugar y fecha anteriormente indicados.–El Director General del Catastro, Fernando 
de Aragón Amunárriz.–El Vicepresidente de la Comunidad Autónoma de Cantabria, 
Pablo Zuloaga Martínez.