BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 141 Lunes 14 de junio de 2021 Sec. III.   Pág. 72178
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DEL INTERIOR
9884 Resolución de 7 de junio de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
para  la  incorporación  de  los  Cuerpos  de  Policía  Locales  al  Sistema  de 
Seguimiento Integral de los casos de Violencia de Género.
Habiéndose suscrito el 3 de junio de 2021 el Convenio entre el Ministerio del Interior 
y la Comunidad Autónoma de Extremadura para la incorporación de los Cuerpos de 
Policía  Locales  al  «Sistema  de  Seguimiento  Integral  de  los  casos  de  Violencia  de 
Género», procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de dicho Convenio 
que figura como anexo a esta Resolución.
Madrid, 7 de junio de 2021.–El Secretario General Técnico, Juan Antonio Puigserver 
Martínez.
ANEXO
Convenio entre el Ministerio del Interior y la Comunidad Autónoma de Extremadura 
para la incorporación de sus unidades competentes al «Sistema de Seguimiento 
Integral de los casos de Violencia de Género (Sistema VioGén)»
Madrid, a 3 de junio de 2021.
REUNIDOS
De  una  parte,  don  Rafael  Pérez  Ruiz,  Secretario  de  Estado  de  Seguridad  del 
Ministerio del Interior, nombrado por Real Decreto 84/2020, de 17 de enero, al amparo 
de lo previsto en el artículo 62.2g) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, y con domicilio a los efectos del presente Convenio en la 
calle Amador de los Ríos, 2, 28071 de Madrid.
Y de otra parte, doña María Isabel Gil Rosiña, Consejera de Igualdad y Portavocía de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, actuando en nombre y representación de la misma 
en virtud del Decreto del Presidente 23/2019, de 1 de julio (DOE n.º126, de 2 de julio), con 
domicilio a los efectos del presente Convenio en plaza del Rastro, s/n, de Mérida.
Ambas  partes,  que  actúan  en  razón  de  sus  respectivos  cargos,  declaran  que 
intervienen con capacidad legal necesaria y competencia suficiente para suscribir el 
presente Convenio y, a tal efecto,
EXPONEN
Primero.
Que el artículo 149.1.29.ª de la Constitución Española establece que el Estado tiene 
competencia exclusiva sobre la materia de seguridad pública. e.
Asimismo, el artículo 1.1 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y  w.
Cuerpos de Seguridad, establece que la seguridad pública es competencia exclusiva del  84ww
MEsintaisdtoe,r ioco drerel sInptoenridoire.ndo su mantenimiento al Gobierno de la Nación y, en concreto, al
Segundo.
Que al Ministerio del Interior, según el artículo 1.1. del Real Decreto 734/2020, de 4 
de agosto por el que se desarrolla la estructura orgánica básica le corresponde la 
propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de seguridad ciudadana; la 
promoción  de  las  condiciones  para  el  ejercicio  de  los  derechos  fundamentales,  en 
particular,  la  libertad  y  seguridad  personales,  en  los  términos  establecidos  en  la 
Constitución  Española  y  en  las  leyes  que  los  desarrollen;  el  mando  superior  y  la 
dirección y coordinación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Tercero.
Que el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura, aprobado 
por la Ley Orgánica 1/1983 de 25 de febrero, y su última reforma por ley Orgánica 1/2011 
de 28 de enero, establece como competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma los 
servicios sociales en su artículo 9.27: «Acción Social. En particular, la prevención y protección 
de los mayores y la prevención, atención e inserción social de los colectivos afectados por 
cualquier tipo de discapacidad, dependencia o cualquier otras circunstancias determinantes 
de exclusión social. Prestaciones económicas de asistencia social diferentes de las de 
seguridad social», así como en materia de sanidad en su artículo 9.24: «Sanidad y salud 
pública, en lo relativo a la organización, funcionamiento interno, coordinación y control de los 
centros, servicios y establecimientos sanitarios en la Comunidad Autónoma. Participación en 
la  planificación  y  coordinación  general  de  la  sanidad.  Promoción  de  la  Salud  y  de  la 
investigación biomédica»; y de igualdad en su artículo 9.29: «Políticas de igualdad de género 
especialmente la aprobación de normas y ejecución de planes para el establecimiento de 
medidas de discriminación positiva para erradicar las desigualdades por razón de sexo».
En la Ley 8/2011, de 23 de marzo, de Igualdad entre Hombres y Mujeres y contra la 
Violencia de Género en Extremadura, se dedica su Título IV a la Violencia de Género, 
estableciendo en su artículo 76 que « La Junta de Extremadura, sin perjuicio de las 
competencias que de acuerdo con la ley correspondan a la Administración General del 
Estado o a las administraciones locales, es la Administración Pública competente para 
regular y asegurar las prestaciones y derechos establecidos por esta ley, garantizando 
los servicios de la Red Extremeña de Atención a Víctimas de la Violencia de Género. 
Igualmente establecerá las pautas, objetivos y líneas de intervención en materia de 
prevención,  sensibilización  y  detección  de  la  violencia  de  género.  La  Junta  de 
Extremadura deberá garantizar la accesibilidad de los servicios y recursos, para el 
ejercicio de los derechos reconocidos en esta ley, a todas las mujeres que habiten en el 
territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura».
El artículo 77.1.c) prescribe que corresponde a la Junta de Extremadura «garantizar 
la  adecuada  coordinación  de  la  Red,  los  recursos,  instituciones  y  medios,  tanto 
materiales, como humanos con la Administración General del Estado e impulsar las 
fórmulas de colaboración, cooperación e información mutua que resulten necesarias 
para garantizar los derechos que establece esta ley». Y artículo 77.1.d) «fijar la forma y 
el procedimiento para adecuar y compatibilizar los recursos regulados por esta ley con 
los recursos de las Administraciones Públicas de Extremadura competentes, para prestar 
servicios de educación, trabajo, salud, servicios sociales y otros implicados en la lucha 
contra la violencia de género y en la atención a mujeres víctimas de esta violencia».
Así mismo y en el artículo 84 de esta Ley, la Junta de Extremadura, establece que el 
Instituto de la Mujer de Extremadura, además de las funciones que tiene atribuidas por  e
su ley de creación y por la presente ley, es el organismo vertebrador para luchar contra la  bo
violencia  de  género  en  la  Comunidad  Autónoma  de  Extremadura;  ejerciendo  las  84ww
epvfuisrgnoteactenbioctleencc eiómesn  e dendelc e iaPo rnultaíancsdtu oavl o díyc e t8li om4Cs ao aPsop rroaddtrieonta cadvocioliooó lsnef,  n ddcdeeie a asÓ pddrleidec e aengcleé iósnan eñd rodeo e ,2  Pl0aero1 nm1t e,ic scucmcmoióaopn.rl,di misneieagnnútdono   edlxaeps r leaós randmoernemensate ti dvloae    OE-A-2021-98able en https://
En esta misma Ley, se refleja en su artículo 91, Sobre otros protocolos para una 
intervención coordinada contra la violencia de género, en el punto 2, que la Junta de 
Extremadura,  a  través  del  Instituto  de  la  Mujer  de  Extremadura,  deberá  compartir 
protocolos de colaboración con los servicios competentes de la Administración General 
del Estado que pueden intervenir en las diferentes situaciones de violencia de género, 
para  garantizar  medidas  y  mecanismos  de  apoyo,  coordinación  y  cooperación 
necesarios para desarrollar una intervención adecuada contra la violencia de género y la 
atención eficaz a las víctimas de dicha violencia. En otro apartado de este mismo artículo 
señala que la Junta de Extremadura, a través del Instituto de la Mujer de Extremadura, 
deberá firmar un protocolo de colaboración con el resto de las Administraciones Públicas 
competentes,  para  compartir  los  datos  de  carácter  personal  que  se  consideren 
necesarios para la eficacia en la atención a las víctimas y el funcionamiento de todos los 
dispositivos, asegurando la confidencialidad y los requisitos legalmente establecidos. A 
tal efecto se creará un fichero específico que será regulado reglamentariamente.
Cuarto.
Que las partes son conscientes de la gravedad y persistencia de las infracciones 
penales cometidas en el ámbito familiar, y más concretamente en el de la violencia de 
género, por ello consideran necesario profundizar en las medidas de protección a las 
víctimas,  a  través  de  una  adecuada  coordinación  de  las  actuaciones  entre  ambas 
Administraciones, con el fin de prevenir y evitar riesgos de nuevas agresiones.
En este contexto, resulta fundamental disponer de un registro con la información que 
permita realizar un seguimiento individualizado de las circunstancias de estas víctimas y 
de la evolución del riesgo en que se encuentren.
Quinto.
Que  en  consonancia  con  la  necesidad  expuesta  de  mejorar  la  eficacia  en  la 
protección  de  las  víctimas  y  en  desarrollo  de  los  artículos  31  y  32.2  de  la  Ley 
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género, el Acuerdo de Consejo de Ministros, de 15 de diciembre de 2006, 
aprobó el «Catálogo de medidas urgentes en la lucha contra la violencia de género».
Entre las medidas aprobadas se incluye la creación de una nueva base de datos 
común  para  las  Fuerzas  y  Cuerpos  de  Seguridad  que  permita  tener  conocimiento 
permanente de las circunstancias de las víctimas para realizar una valoración del riesgo 
objetivo de sufrir nuevas agresiones y adoptar las medidas de protección adecuadas.
Sexto.
Que en cumplimiento de lo anterior, el Ministerio del Interior ha desarrollado una 
aplicación informática que da soporte al «Sistema de Seguimiento Integral de los casos 
de Violencia de Género», y que constituye un instrumento básico para:
a)  Integrar la información policial, judicial y penitenciaria sobre dicho fenómeno y 
sus circunstancias, que posibilite y garantice el necesario seguimiento y coordinación de 
las actuaciones puestas en marcha para la protección de las víctimas.
b)  Realizar la valoración del nivel de riesgo de nuevas agresiones, para graduar las 
respuestas y las medidas policiales de protección.
c)  Proporcionar esta información a los diversos operadores que intervienen en la  e.
protección institucional. w.b
las sPigour ileon etexsp,uesto, las partes acuerdan suscribir el presente Convenio que se regirá por
CLÁUSULAS
Primera.  Objeto del Convenio.
1.  El presente Convenio tiene por objeto establecer la coordinación y colaboración 
entre ambas partes para llevar a cabo cuantas actuaciones se consideren necesarias 
para  la  incorporación  de  usuarios  adscritos  a  los  distintos  órganos,  entidades, 
organismos y unidades de la Comunidad Autónoma al Sistema de Seguimiento Integral 
en los casos de Violencia de Género (Sistema VioGén).
2.  Será la Comisión de Seguimiento la que, mediante acuerdo, establezca cuáles 
serán los órganos, entidades, organismos y unidades de la Comunidad Autónoma que 
deban incorporarse al Sistema VioGén, siempre y cuando los mismos actúen para el 
cumplimiento de sus fines con personalidad jurídica única.
Segunda.  Adecuación de los sistemas informáticos.
Los Servicios Técnicos del Ministerio de Interior y los de la Comunidad Autónoma 
estudiarán conjuntamente los procedimientos necesarios para adecuar sus sistemas 
informáticos y permitir las conexiones necesarias, ejecutándolas cada uno en su ámbito 
competencial.
Tercera.  Compromisos que asume la Secretaría de Estado de Seguridad a través de la 
Administración Central del Sistema VioGén.
1.  Habilitará en el ámbito de la Comunidad Autónoma a usuarios con perfil de 
Administrador/es General/es, de los distintos órganos, organismos, entidades y unidades 
autorizados por la Comisión de Seguimiento.
2.  Asesorará y orientará a los nuevos usuarios en la utilización del Sistema y 
conocimiento oportuno de los Manuales de usuario.
3.  Establecerá los controles de seguridad oportunos en los accesos al Sistema y 
contará con un procedimiento de auditoría para garantizar el correcto uso del Sistema y 
acceso a la información alojada en este por parte de los usuarios habilitados por la 
Comunidad Autónoma.
4.  Podrá dar de baja a usuarios de la Comunidad Autónoma que, habiendo sido 
habilitados para acceder al Sistema, no lo hayan hecho en un plazo superior a un año.
Cuarta.  Compromisos que asume la Comunidad Autónoma.
1.  Nombrar usuarios como Administradores Generales de cada uno de los órganos, 
organismos, entidades o unidades de la Comunidad Autónoma que se incorporen al 
Sistema VioGén. Estos usuarios, dados de alta por la Administración Central del Sistema 
VioGén, deberán impulsar las habilitaciones de sus propios usuarios y gestionar las 
variaciones de las mismas a lo largo del tiempo. Una vez habilitados contarán con un 
plazo de seis meses para comenzar a acreditar al resto de usuarios del Sistema. 
Cualquier incidencia en la habilitación de usuarios deberá ser puesta en conocimiento de 
la Administración Central del Sistema VioGén.
2.  Facilitar  a  la  Administración  Central  del  Sistema  VioGén  una  relación 
permanentemente actualizada de usuarios de dicha Comunidad, debidamente identificados y 
autorizados para conectarse al Sistema y velar porque estos utilicen correctamente tanto sus 
claves de acceso como la información a la que accedan a través del Sistema. e.e
3.  Promocionar y estimular a los usuarios habilitados en el acceso al Sistema, tanto  w.b
en  modo  consulta,  como  mediante  la  introducción  y/o  actualización  de  datos  84ww
sciogmnipfiectaetnivcoias l,p sairgau ilean pdroo tleacsc iiónns trduec claiosn evísc tdime apsr oecne deilm cioenntteox troe cdoeg isdua sá menb iltoos t eMrraitnouriaalle sy 
de usuario y/o proporcionadas por la Administración Central VioGén.
Quinta.  Protección de datos de carácter personal.
1.  Las partes se comprometen a mantener en secreto todos los datos e informaciones 
facilitados por la otra parte y que sean concernientes a la ejecución del objeto del presente 
Convenio. En particular, será considerado como información confidencial todo el saber hacer 
resultante  de  la  ejecución  del  objeto  del  mismo,  debiendo  las  partes  mantener  dicha 
información en reserva y secreto y no revelarla de ninguna forma, total o parcialmente, a 
ninguna persona física o jurídica que no sea parte del Convenio.
2.  Las partes se obligan al cumplimiento de lo previsto en la normativa vigente en 
materia de protección de datos y, en concreto, a lo dispuesto en la Directiva (UE) 
2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales 
por  parte  de  las  autoridades  competentes  para  fines  de  prevención,  investigación, 
detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, 
y  a  la  libre  circulación  de  dichos  datos  y  por  la  que  se  deroga  la  Decisión 
Marco 2008/977/JAI del Consejo, y en la normativa nacional que la transponga.
A estos efectos, las entidades firmantes del Convenio tendrán la consideración de 
responsables de los tratamientos propios en los que se incorporen datos de carácter personal 
respectivamente recabados en el ámbito del Sistema de Seguimiento Integral en los casos de 
Violencia de Género (Sistema VioGén). El acceso a los datos por parte de una de las 
entidades al tratamiento de la otra parte, se realizará con la condición de encargado de 
tratamiento,  única  y  exclusivamente  con  la  finalidad  derivada  de  la  realización  de  las 
actividades  objeto  del  Convenio.  Los  datos  de  carácter  personal  no  serán  cedidos  ni 
comunicados a terceros, salvo cuando se cedan a encargados de tratamiento legitimados o 
cuando se cedan a otras Administraciones Públicas conforme a lo previsto legalmente.
3.  En relación con los datos personales necesarios para el cumplimiento del objeto 
del presente Convenio, actuarán como responsables del tratamiento la Secretaría de 
Estado  de  Seguridad  y  la  Comunidad  Autónoma,  legitimados  sobre  la  base  del 
cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento y para el 
cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes 
públicos  conferidos  al  responsable  del  tratamiento,  al  amparo  de  lo  previsto  en  el 
artículo 6.1.c) y e), respectivamente, del Reglamento General de Protección de Datos.
4.  Los datos objeto de tratamiento tendrán por finalidad mejorar la eficacia en la 
protección de las víctimas de violencia doméstica y de género; facilitar el seguimiento de 
las circunstancias de riesgo que concurren en ellas; alertar de su evolución, permitiendo 
que se adopten las medidas de protección adecuadas; y prevenir el riesgo de nuevas 
agresiones. Se clasificarán en las siguientes categorías: datos relativos a la comisión de 
infracciones penales relacionadas con la violencia doméstica y de género; de carácter 
identificativo; de características personales; y de carácter asistencial.
5.  Las  partes  firmantes  están  obligadas  a  implantar  medidas  técnicas  y 
organizativas  necesarias  que  garanticen  la  seguridad  e  integridad  de  los  datos  de 
carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.
6.  Las  partes  firmantes  del  Convenio  quedan  exoneradas  de  cualquier 
responsabilidad  que  se  pudiera  generar  por  incumplimiento  de  las  obligaciones 
anteriores efectuada por cualquiera otra parte. En caso de quebrantamiento de las 
obligaciones  asumidas,  la  entidad  que  los  hubiera  cometido  responderá  de  las 
infracciones en que hubiera incurrido.
Sexta.  Financiación del Convenio. e.
El presente Convenio no conlleva coste para ninguna de las partes que lo suscriben  84ww
ni transferencia de recursos entre las mismas.
Séptima.  Comisión de Seguimiento.
1.  Se establece una Comisión de Seguimiento del presente Convenio, constituida 
por  dos  representantes  de  la  Secretaría  de  Estado  de  Seguridad  y  por  dos 
representantes de la Comunidad Autónoma que serán nombrados por la persona titular 
de la Secretaría de Estado y por la Comunidad Autónoma, respectivamente.
2.  Los miembros de esta comisión podrán ser sustituidos por las personas que 
éstos designen.
3.  La presidencia de la Comisión de Seguimiento corresponderá a la Secretaría de 
Estado de Seguridad, así como la designación del secretario, que actuará con voz pero sin 
voto.
4.  La  Comisión  de  Seguimiento  resolverá  los  problemas  de  interpretación  y 
cumplimiento que se deriven del presente Convenio.
5.  Asimismo, establecerá cuáles serán los órganos, entidades, organismos y unidades de 
la Comunidad Autónoma que deban incorporarse al Sistema VioGén, siempre y cuando los 
mismos actúen para el cumplimiento de sus fines con personalidad jurídica única.
6.  El funcionamiento de la Comisión de Seguimiento se adecuará en lo previsto, 
para los órganos colegiados, en los artículos 15 a 22 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público.
Octava.  Régimen de modificación del Convenio.
El Convenio podrá ser modificado por acuerdo unánime de las partes.
Novena.  Legislación aplicable.
Este Convenio queda sometido al régimen jurídico de los Convenios previsto en el capítulo 
VI del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, teniendo naturaleza administrativa.
Las  dudas  o  controversias  que  surjan  entre  las  partes  sobre  los  efectos, 
interpretación,  modificación  o  resolución  del  mismo  que  no  puedan  resolverse  por 
conciliación  en  la  Comisión  de  Seguimiento,  serán  sometidas  a  los  tribunales 
competentes de la jurisdicción contencioso-administrativa, de acuerdo con lo previsto en 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Décima.  Vigencia y entrada en vigor.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre,  el  presente  Convenio  resultará  eficaz  una  vez  sea  inscrito  en  el  Registro 
Electrónico  Estatal  de  Órganos  e  Instrumentos  de  cooperación  del  Sector  Público 
Estatal. Posteriormente, se publicará en el «Boletín Oficial del Estado».
La vigencia de este Convenio será de cuatro años. Antes de la finalización de la vigencia 
del Convenio, la Secretaría de Estado de Seguridad y la Comunidad Autónoma podrán 
acordar, expresamente y por escrito, su prórroga por hasta otros cuatro años adicionales.
Undécima.  Causas de extinción.
Son causas de extinción del presente Convenio las establecidas en el artículo 51 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Las partes garantizarán la continuidad, hasta su conclusión, de aquellas actuaciones 
que se encuentren en ejecución en el momento de la extinción de la vigencia del  es
Convenio, estableciendo un plazo improrrogable por las partes para la ejecución de las  bo
actuaciones. 84ww
dos Ye jeenm pplraureebsa  odreig icnoanlefosr, migiduaadlm deen tceu avnátloid oasn,t eecne dleu,g afirrm ya nfe eclh ap reasrreibnate  iCndoincvaednoiso. –eEnl 
Secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez Ruiz.–Por la Comunidad Autónoma de
Extremadura, María Isabel Gil Rosiña. Bc