BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 258 Martes 29 de septiembre de 2020 Sec. III.   Pág. 82075
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DEL INTERIOR
11397 Orden INT/907/2020, de 21 de septiembre, por la que se establecen las 
bases  reguladoras  para  la  concesión  de  subvenciones,  en  régimen  de 
concurrencia  competitiva,  que  tengan  por  objeto  la  colaboración  en  la 
ejecución y seguimiento de las medidas alternativas a la pena privativa de 
libertad y determinados programas de atención social.
El Real Decreto 734/2020, de 4 de agosto, por el que se desarrolla la estructura 
orgánica  básica  del  Ministerio  del  Interior,  establece  en  su  artículo  7.1.d)  que 
corresponde a la Dirección General de Ejecución Penal y Reinserción Social de la 
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, entre otras, la gestión de la acción 
social  a  internos  y  liberados  condicionales  y  el  seguimiento  de  penas  y  medidas 
alternativas que sean competencia de la Administración Penitenciaria. Y conforme a su 
párrafo 3.a) corresponde a la Subdirección General de Medio Abierto y de Penas y 
Medidas Alternativas, entre otras, la gestión, coordinación y seguimiento de la pena de 
trabajo  en  beneficio  de  la  comunidad,  de  la  suspensión  de  la  ejecución  de  penas 
privativas de libertad y de la libertad condicional, la libertad vigilada pospenitenciaria que 
es  competencia  de  la  Administración  Penitenciaria,  así  como  de  la  acción  social 
penitenciaria.
Cabe señalar que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias con rango de 
Subsecretaría deja de depender de la Secretaría de Estado de Seguridad, pasando a 
depender directamente de la persona titular del Ministerio del Interior en virtud del Real 
Decreto 139/2020, de 28 de enero, que establece la estructura orgánica básica de los 
departamentos ministeriales.
La normativa básica de las penas y medidas alternativas se recoge en el Código 
Penal,  aprobado  por  la  Ley  Orgánica  10/1995,  de  23  de  noviembre,  y  en  el  Real 
Decreto  840/2011,  de  17  de  junio,  por  el  que  se  establecen  las  circunstancias  de 
ejecución de las penas de trabajo en beneficio de la comunidad y de localización 
permanente en centro penitenciario, de determinadas medidas de seguridad, así como 
de la suspensión de la ejecución de la penas privativas de libertad y sustitución de 
penas.
El  artículo  49  del  Código  Penal  regula  la  pena  de  trabajos  en  beneficio  de  la 
comunidad, que consiste en una pena privativa de derechos, la cual no podrá imponerse 
sin el consentimiento del penado, obligándole a prestar su cooperación no retribuida en 
determinadas actividades de utilidad pública, que podrán consistir, en relación con delitos 
de similar naturaleza al cometido por el penado, en labores de reparación de los daños 
causados o de apoyo o asistencia a las víctimas, así como en la participación del penado 
en talleres o programas formativos o de reeducación, laborales, culturales, de educación 
vial, sexual y otros similares.
En el artículo 4.1 del Real Decreto 840/2011, de 17 de junio, se indica que el trabajo 
en beneficio de la comunidad será facilitado por la Administración estatal, autonómica o 
local. A tal fin, podrán establecer los oportunos convenios entre sí o con entidades 
públicas o privadas que desarrollen actividades de utilidad pública, debiendo remitir  s
mensualmente a la Administración Penitenciaria la relación de plazas disponibles en su  oe.
territorio. w.
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la libertad condicional, pasando a ser una forma de suspensión, pudiendo imponerse a
los penados la observancia de una o varias de las reglas de conducta previstas en el  Bc
artículo 83. Otra de las novedades es que la revocación de la suspensión de la ejecución 
del resto de la pena y de la libertad condicional dará lugar a la ejecución de la parte de la 
pena pendiente de cumplimiento. El tiempo transcurrido en libertad condicional no será 
computado como tiempo de cumplimiento de la condena.
La necesaria potenciación de los programas y talleres a desarrollar con internos en 
tercer grado, liberados condicionales, la ejecución y seguimiento de las penas y medidas 
alternativas, así como las necesidades de los Servicios de Gestión de Penas y Medidas 
Alternativas hacen necesario contar con la colaboración de entidades externas que 
apoyen  esta  labor.  En  este  contexto,  se  pretende  favorecer  la  colaboración  y 
cooperación con entidades del tercer sector y que cuenten con cierto apoyo económico.
Teniendo en cuenta los preceptos citados, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, se erige como norma de cabecera de esta orden, al tratarse 
de  bases  reguladoras  de  concesión  de  subvenciones  para  la  colaboración  en  la 
ejecución de determinados programas y talleres de intervención en penas y medidas 
alternativas  y  determinados  programas  de  atención  social,  sin  perjuicio  de  que  se 
apliquen puntualmente la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común  de  las  Administraciones  Públicas,  y  la  Ley  40/2015,  de  1  de  octubre,  del 
Régimen Jurídico del Sector Público.
Esta  orden  cumple  con  los  principios  de  buena  regulación  a  que  se  refiere  el 
artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. En este sentido, y en lo que respecta al 
principio de necesidad, ya ha quedado justificado en este preámbulo que para conseguir 
los  objetivos  que  se  persiguen  es  necesario  aprobar  unas  bases  que  impulsen  la 
colaboración  en  la  ejecución  y  seguimiento  de  las  medidas  alternativas  a  la  pena 
privativa de libertad y determinados programas de atención social. En relación a los 
principios de eficacia, eficiencia y transparencia, se ha recurrido al procedimiento de 
concurrencia competitiva pues se trata del instrumento más adecuado para garantizar la 
efectiva ejecución de las medidas propuestas asegurando la igualdad de oportunidades. 
Por último, en relación a los principios de seguridad jurídica y proporcionalidad, esta 
norma es coherente con el ordenamiento jurídico y es el instrumento previsto en la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
El artículo 17 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, habilita a la persona titular del 
Ministerio del Interior para la aprobación de las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones.
La Abogacía del Estado y la Intervención Delegada en el Departamento han emitido 
informe favorable a esta orden.
En su virtud, con la aprobación previa de la Ministra de Política Territorial y Función 
Pública, dispongo:
Artículo 1.  Objeto y ámbito de aplicación.
1.  Esta orden establece las bases reguladoras de las subvenciones que conceda, 
en régimen de concurrencia competitiva, la persona titular del Ministerio del Interior, con 
cargo  a  los  créditos  de  sus  presupuestos,  y  que  tengan  por  objeto  favorecer  la 
colaboración en la ejecución y seguimiento de las reglas de conducta competencia de la 
Administración Penitenciaria, previstas en el artículo 83.1.6.ª, 7.ª y 8.ª del Código Penal, 
así como la asistencia a penados en libertad condicional, para su acompañamiento 
durante este último período de la condena.
2.  En particular, el ámbito de aplicación de esta orden se extiende a los siguientes 
programas de actividades: e.
a)  Programas para la colaboración en la ejecución y seguimiento de las penas y  7w
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b)  Desarrollo de talleres de sensibilización en penas y medidas alternativas. Entre 
los que se pueden incluir los siguientes:
1.º  Taller para la igualdad de género en delitos en el ámbito de la violencia de 
género sometidos a penas y medidas alternativas.
2.º  Taller para el cumplimiento de la pena de trabajo en beneficio de la comunidad 
(Taller Convivir).
c)  Desarrollo  de  programas  en  libertad  condicional:  Programas  de  intervención 
psicoeducativa para personas en situación de libertad condicional.
1.º  Programas  de  acogida  con  asistencia  y  acompañamiento  a  liberados 
condicionales: Programas de acompañamiento a liberados condicionales penados por 
delitos contra la libertad e indemnidad sexual con riesgo de reincidencia.
2.º  Programas  de  acogida  y  acompañamiento  a  liberados  condicionales  que 
presenten algunas de estas necesidades:
i)  Enfermos de SIDA y otras enfermedades.
ii)  Enfermedad crónica.
iii)  Atención a enfermos con necesidad de cuidados paliativos.
iv)  Atención a discapacitados psíquicos y físicos.
v)  Atención a enfermos con patología dual.
vi)  Apoyo a la rehabilitación psiquiátrica.
vii)  Atención a la ancianidad.
d)  Programas  de  intervención  para  penados  clasificados  en  tercer  grado  de 
tratamiento penitenciario, que incluirían programas de violencia de género y delitos 
sexuales.
Artículo 2.  Beneficiarios y requisitos.
1.  Podrán obtener la condición de beneficiario de las subvenciones reguladas en 
esta  orden  las  fundaciones,  asociaciones  y  organizaciones  no  gubernamentales 
previstas en el artículo 2.a), b) y c) de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen 
fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
2.  En concreto, deberán reunir los siguientes requisitos:
a)  Estar legalmente constituidas y encontrarse cumpliendo efectivamente sus fines, 
como mínimo, durante los dos años anteriores a la publicación de la convocatoria.
b)  Carecer de fines de lucro. A estos efectos se considerarán también entidades sin 
fines de lucro aquellas que desarrollen actividades de carácter comercial, siempre que 
los beneficios resultantes de las mismas se inviertan en su totalidad en los fines sociales 
previstos en el artículo 3 del Real Decreto 195/1989, de 17 de febrero, por el que se 
establecen los requisitos y procedimientos para solicitar ayudas para fines de interés 
social derivados de la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas.
c)  Tener  como  fines  institucionales  la  realización  de  alguna  o  algunas  de  las 
actividades a las que se refiere el artículo 1.
d)  Disponer de los medios personales y materiales y de la estructura suficiente para 
garantizar  el  cumplimiento  de  sus  objetivos,  acreditando  la  experiencia  operativa  s
suficiente para ello, esto es, la práctica consolidada y los conocimientos adquiridos  e.
durante la colaboración en la ejecución penal, y contar con todas las autorizaciones  w.
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Las entidades deberán gestionar y realizar de forma directa aquellas actividades que
constituyan el contenido del programa para el que solicitan la subvención.
3.  No  podrán  obtener  la  condición  de  beneficiario  las  entidades  en  quienes 
concurra alguna de las prohibiciones previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre.
La justificación por parte de las entidades de no estar incursos en las prohibiciones 
para obtener la condición de beneficiario se realizará en la forma establecida en el 
artículo 13.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el título preliminar, capítulo III, 
sección 3.ª, de su Reglamento de desarrollo, aprobado el por Real Decreto 887/2006, 
de 21 de julio.
No será precisa la aportación de las certificaciones acreditativas del cumplimiento de 
las  obligaciones  tributarias  y  con  la  Seguridad  Social  cuando  el  solicitante  haya 
manifestado expresamente su autorización para que sus datos sean recabados por el 
Órgano Gestor.
No podrán concurrir a la concesión de nuevas subvenciones los beneficiarios de 
anteriores ayudas que no hubieran justificado su aplicación en los plazos y en la forma 
que establece la normativa aplicable.
Artículo 3.  Procedimiento de concesión.
Las  subvenciones  se  concederán  de  acuerdo  con  los  principios  de  publicidad, 
transparencia,  objetividad,  igualdad  y  no  discriminación,  mediante  procedimiento  en 
régimen de concurrencia competitiva en los términos del capítulo II del título I de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre. La convocatoria de esta subvención se realizará, de 
manera general, con carácter anual.
Artículo 4.  Iniciación del procedimiento.
1.  El  procedimiento  se  iniciará  de  oficio  mediante  convocatoria  aprobada  por 
resolución de la persona titular del Ministerio del Interior. La convocatoria será objeto de 
publicación  en  la  Base  de  Datos  Nacional  de  Subvenciones,  de  acuerdo  con  los 
artículos 20.8 y 23.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. Igualmente, se publicará un 
extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».
La convocatoria determinará, además de los requisitos específicos para solicitar la 
subvención  y  forma  de  acreditarlos,  los  créditos  presupuestarios  a  los  que  debe 
imputarse el gasto para financiar la concesión de las subvenciones que no podrán 
exceder de 122.100 €.
Los  compromisos  de  gastos  derivados  de  esta  subvención  se  financiarán 
anualmente con cargo a los créditos consignados en los Presupuestos Generales del 
Estado  para  la  Secretaría  General  de  Instituciones  Penitenciarias  en  la  partida 
presupuestaria 16.05.133A.483.
2.  Excepcionalmente, y con sujeción a las reglas del artículo 58.2 del Reglamento 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, la convocatoria podrá fijar, además de la cuantía 
total máxima de los créditos disponibles, una cuantía adicional cuya aplicación a la 
concesión de subvenciones no requerirá de una nueva convocatoria.
3.  Con carácter previo a la convocatoria de las subvenciones, deberá efectuarse la 
aprobación del gasto en los términos previstos en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, 
General Presupuestaria.
Artículo 5.  Forma y plazo de presentación de solicitudes.
1.  Una vez publicado el extracto de la convocatoria, los interesados presentarán las  oe.
solicitudes única y exclusivamente de forma electrónica, a través de la sede electrónica  w.
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2.  El  plazo  de  presentación  de  solicitudes  será  el  que  se  establezca  en  la 
convocatoria, no pudiendo ser inferior a quince días hábiles a contar desde el día 
siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del 
Estado».
3.  Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en estas bases reguladoras y 
los  específicos  previstos  en  cada  convocatoria,  el  órgano  instructor  requerirá  al 
interesado para que la subsane en el plazo máximo e improrrogable de diez días hábiles, 
indicándole que, si no lo hiciese, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa 
resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 68 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre.
4.  La convocatoria podrá establecer un número máximo de actividades o proyectos 
a presentar por un mismo solicitante.
5.  En  la  convocatoria  se  podrá  admitir  la  sustitución  de  la  presentación  de 
determinados  documentos  por  una  declaración  responsable  del  solicitante.  En  este 
supuesto, el órgano instructor, con anterioridad a efectuar la propuesta de resolución de 
concesión de la subvención, deberá requerir la presentación de la documentación que 
acredite la realidad de los datos contenidos en la citada declaración en un plazo no 
superior a quince días hábiles.
6.  En todo caso deberá acompañarse a la solicitud una memoria explicativa de las 
características principales de la entidad solicitante, así como otra memoria por cada uno 
de los programas y/o subprogramas para los que se solicita la subvención. En el caso 
del artículo 1.2.b), se deberá indicar el taller a que se refiere. En el caso del programa 
del  artículo  1.2.c)  para  liberados  condicionales  se  deberá  especificar  qué  tipo  de 
programa y las actividades a desarrollar así como las líneas de actuación. Igualmente en 
el caso del artículo 1.2.d) para penados en tercer grado de tratamiento se deberá 
especificar el programa a que se refiere.
7.  La comprobación de la existencia de datos no ajustados a la realidad, tanto en la 
solicitud como en las memorias o en la documentación aportada, que no obedezcan a 
errores materiales o aritméticos, podrá comportar, en función de su importancia, la 
inadmisión de la solicitud y la exclusión del procedimiento para la adjudicación de la 
subvención, en el caso de que no se subsanen.
Para la subsanación de errores, se requerirá a la entidad solicitante, de acuerdo con 
el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, para que en un plazo de diez días 
hábiles subsane las faltas o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de 
que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que 
deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la misma ley.
Artículo 6.  Órganos competentes para la instrucción y resolución del procedimiento.
1.  El órgano competente para la ordenación e instrucción del procedimiento será la 
Subdirección General de Medio Abierto y de Penas y Medidas Alternativas.
Corresponde al órgano instructor:
a)  Realizar de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, 
conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la 
propuesta de resolución y recabar cuantos informes se estimen necesarios para resolver.
b)  Emitir el informe en el que conste que de la información que obra en su poder se 
desprende que los beneficiarios cumplen con los requisitos necesarios para acceder a la 
condición de beneficiario. e
c)  Elevar  al  órgano  competente  para  resolver  la  propuesta  de  resolución,  que  bo
deberá  expresar  la  relación  de  beneficiarios  de  la  subvención  y,  en  su  caso,  los  7w
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2.  El órgano colegiado competente para emitir el informe de evaluación será la 
Comisión de Valoración.
3.  El órgano competente para la resolución del procedimiento será la persona titular 
del Ministerio del Interior.
De acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 22 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, la propuesta de concesión se formulará por el órgano instructor, 
previo informe de la Comisión de Valoración.
Artículo 7.  Composición y funciones de la Comisión de Valoración.
1.  La Comisión de Valoración estará compuesta por:
a)  Presidencia, con rango de Subdirector General y voto de calidad: La persona 
titular de la Subdirección General de Medio Abierto y de Penas y Medidas Alternativas.
b)  Vicepresidencia: La persona titular de la Subdirección General Adjunta de la 
Subdirección General de Medio Abierto y de Penas y Medidas Alternativas.
c)  Vocalías: Cinco vocales, pertenecientes a la Subdirección General de Medio 
Abierto y de Penas y Medidas Alternativas:
– La persona titular de la Jefatura de Área de Penas y Medidas Alternativas y 
Trabajo Social.
– La persona titular de la Jefatura de Área de Medio Abierto y Control Telemático.
– La persona titular de la Subdirección General con competencias en el seguimiento 
de la libertad condicional y la libertad vigilada.
– La persona titular de la Subdirección General con competencias en el seguimiento 
de los talleres y programas de medidas alternativas a la prisión.
– La persona titular de la Subdirección General con competencias en el seguimiento 
de los talleres y programas de medio abierto.
d)  Secretaría: Un funcionario de carrera de la Subdirección General de Medio 
Abierto y de Penas y Medidas Alternativas, que actuará con voz pero sin voto.
En caso de ausencia, vacante o enfermedad de la Presidencia o de la Secretaría 
serán sustituidas respectivamente por la Vicepresidencia y por otro funcionario que 
cumpla los mismos requisitos señalados en el párrafo anterior.
2.  La  Comisión  de  Valoración  se  reunirá  en  los  plazos  establecidos  en  las 
correspondientes  convocatorias  y  quedará  válidamente  constituida,  en  segunda 
convocatoria, con la asistencia de la Presidencia, la Secretaría y, al menos, una de sus 
vocalías.
3.  En  lo  no  previsto  expresamente  en  estas  bases  o  en  la  convocatoria,  el 
funcionamiento de la Comisión se regirá por lo previsto en la sección III del capítulo II del 
título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
4.  La Comisión de Valoración será atendida con los medios personales y materiales 
con los que cuenta actualmente el Ministerio del Interior. Su funcionamiento no producirá 
incremento del número de efectivos, ni de las retribuciones, ni de otros gastos de 
personal.
Artículo 8.  Instrucción del procedimiento.
1.  El procedimiento se iniciará con una fase de preevaluación en la que el órgano  s
instructor  verificará  el  cumplimiento  de  los  requisitos  necesarios  para  adquirir  la  o
condición de beneficiario y de comprobación de los datos de la solicitud. En todo caso tal  7ww.
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admitidos y excluidos y los motivos de la exclusión, abriendo en su caso un plazo de
subsanación conforme a lo establecido legalmente.
2.  Finalizada la fase de preevaluación, el órgano instructor remitirá los expedientes 
relativos a cada solicitud a la Comisión de Valoración.
3.  El  órgano  instructor  podrá  solicitar  informes  técnicos  a  otras  unidades  del 
Ministerio del Interior o de otros Departamentos o Administraciones Públicas que ayuden 
a determinar la idoneidad y solvencia de los solicitantes y/o propuestas. El análisis 
preliminar de las propuestas corresponderá al órgano instructor.
4.  La Comisión de Valoración, tras la comparación y análisis de las solicitudes 
presentadas de acuerdo con los criterios de valoración fijados en estas bases, emitirá un 
informe de valoración dirigido al órgano instructor en el que se concretará el resultado de 
la evaluación y una prelación de las solicitudes.
5.  El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe de la Comisión de 
Valoración, efectuará la propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, que 
será  notificada  a  los  interesados  en  la  forma  que  determine  la  convocatoria  y  se 
concederá un plazo de 10 días para presentar alegaciones.
6.  Se  podrá  prescindir  del  trámite  de  audiencia  cuando  no  figuren  en  el 
procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas 
que las aducidas por los interesados, en cuyo caso la propuesta de resolución formulada 
tendrá el carácter de definitiva.
7.  Cuando en la propuesta de resolución provisional el importe de la subvención 
sea inferior al que figura en la solicitud presentada se podrá instar del beneficiario la 
reformulación  de  su  solicitud  durante  el  plazo  de  alegaciones  para  ajustar  los 
compromisos y condiciones a la subvención otorgable debiendo identificar, de entre las 
actuaciones propuestas, aquellas cuyo compromiso mantiene y que serán objeto de 
subvención.
En todo caso la reformulación de solicitudes deberá respetar el objeto, condiciones y 
finalidad  de  la  subvención  y  deberá  contar  con  la  conformidad  de  la  Comisión  de 
Valoración,  debiendo  mantenerse  el  porcentaje  de  financiación  exigido  por  la 
convocatoria.
8.  Finalizado en su caso el trámite de audiencia, el órgano instructor formulará la 
propuesta de resolución definitiva en la que se expresará el solicitante o relación de 
solicitantes  para  los  que  se  propone  la  concesión  de  subvenciones  y  su  cuantía, 
especificando su evaluación de acuerdo con los criterios de valoración aplicados.
Artículo 9.  Criterios objetivos de valoración.
Sin perjuicio de los criterios de solvencia que pudieran requerirse conforme a lo 
dispuesto  en  el  artículo  2  y  los  criterios  de  valoración  específicos  que  puedan 
establecerse en la convocatoria, se establecen los criterios mínimos siguientes:
a)  Contenido  técnico  del  programa  y  su  adecuación  al  objetivo  propuesto,  el 
calendario de realización, la descripción de las actividades concretas que pretenden 
realizar, así como los indicadores de evaluación y control de estas actividades en relación 
a los medios técnicos y materiales con los que cuenta la entidad: Hasta un 20 %.
b)  Estructura y capacidad de gestión: La solidez de la estructura y el nivel de 
capacidad efectiva de gestión suficiente para llevar a cabo directamente las actividades 
previstas en el programa presentado: Hasta un 15 %.
c)  Implantación: La amplitud del ámbito territorial de las actuaciones y programas 
realizados por la entidad. Asimismo, se tendrá en cuenta el número de socios y afiliados: 
Hasta un 13 %. e
d)  Grado  de  especialización  en  la  atención  al  colectivo  al  que  se  dirigen  sus  bo
actividades: Hasta un 12 %. 7w
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g)  Cuantía del presupuesto global: Hasta un 8 %.
h)  Presupuesto y financiación. Patrimonio valorado de la entidad. El volumen del 
presupuesto en el último año, así como la financiación obtenida de otras instituciones y 
su capacidad para movilizar recursos de otros entes públicos y/o privados, primándose 
las que presenten una diversificación de fuentes de financiación: Hasta un 8 %.
i)  Presupuesto del programa. El número de plazas ofertadas por programa y coste 
medio por plaza: Hasta un 8 %.
La puntuación global obtenida será la resultante de la suma en todos y cada uno de 
los criterios anteriores. En esta valoración se tendrá en cuenta el siguiente orden en caso 
de empate.
1.  Mayor puntuación obtenida en el criterio a).
2.  Mayor puntuación obtenida en el criterio b).
3.  Mayor puntuación obtenida en el criterio c).
4.  Mayor puntuación obtenida en el criterio d).
Así sucesivamente hasta el criterio i).
Artículo 10.  Resolución y notificación de la concesión.
1.  La Subdirección General de Medio Abierto y de Penas y Medidas Alternativas, 
como órgano instructor, formulará la oportuna propuesta de resolución, basándose en el 
informe emitido por la Comisión de Valoración, en el que concrete el resultado de la 
evaluación efectuada.
El plazo para dictar la resolución definitiva será de 15 días desde la fecha de 
elevación de la propuesta definitiva de resolución.
2.  La  resolución  habrá  de  ser  motivada  de  acuerdo  con  lo  que  disponga  la 
convocatoria,  haciendo  alusión  a  los  criterios  de  valoración  de  las  solicitudes, 
determinando los beneficiarios y la cuantía de la ayuda. La resolución acordará tanto el 
otorgamiento  de  las  subvenciones  como  la  desestimación  y  la  no  concesión,  por 
desistimiento, renuncia al derecho o imposibilidad material sobrevenida.
3.  La resolución de concesión, además de contener los solicitantes a los que se 
concede la subvención y la desestimación expresa de las restantes solicitudes, podrá 
incluir  una  relación  ordenada  de  todas  las  solicitudes  que,  cumpliendo  con  las 
condiciones  administrativas  y  técnicas  establecidas  en  las  bases  reguladoras  para 
adquirir la condición de beneficiario, no hayan sido estimadas por rebasarse la cuantía 
máxima del crédito fijado en la convocatoria, con indicación de la puntuación otorgada a 
cada una de ellas en función de los criterios de valoración previstos en la misma.
En este supuesto, si se renunciase a la subvención por alguno de los beneficiarios, el 
órgano concedente acordará, sin necesidad de una nueva convocatoria, la concesión de 
la subvención al solicitante o solicitantes siguientes a aquél en orden de su puntuación, 
siempre y cuando con la renuncia por parte de alguno de los beneficiarios, se haya 
liberado crédito suficiente para atender, al menos, una de las solicitudes denegadas.
El órgano concedente de la subvención comunicará esta opción a los interesados, a 
fin de que accedan a la propuesta de subvención en el plazo improrrogable de 10 días. 
Una  vez  aceptada  la  propuesta  por  parte  del  solicitante  o  solicitantes,  el  órgano 
administrativo dictará el acto de concesión.
4.  La resolución definitiva del procedimiento de concesión de subvenciones será, 
en  todo  caso,  objeto  de  publicación,  tal  y  como  establece  el  artículo  45  de  la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre. Se dictará y notificará en el plazo de seis meses a contar  e.
desde la publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado». w.b
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El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución legitima a los 
interesados  para  entender  desestimada  por  silencio  administrativo  la  solicitud  de 
concesión de la subvención.
5.  El régimen de publicidad de las subvenciones concedidas será el establecido en 
el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
6.  Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, 
potestativamente, recurso de reposición en el plazo de un mes desde el siguiente al de 
su  notificación,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  los  artículos  123  y  124  de  la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, o recurso contencioso-administrativo ante la sala de lo 
Contencioso-Administrativo  de  la  Audiencia  Nacional,  en  el  plazo  de  dos  meses 
contados desde el día siguiente al de su notificación, conforme a la Ley 29/1998, de 13 
de  julio,  Reguladora  de  la  Jurisdicción  Contencioso-Administrativa,  no  pudiendo 
interponerse simultáneamente ambos recursos.
Artículo 11.  Pago de la subvención y distribución del crédito.
1.  El importe de la subvención se concederá a aquella o aquellas organizaciones o 
entidades  que  reúnan  las  mejores  condiciones,  de  acuerdo  con  los  criterios  de 
evaluación establecidos en esta orden.
2.  La subvención habrá de destinarse exclusivamente a gastos de funcionamiento, 
nunca a inversiones materiales o inmateriales.
3.  El pago de la subvención se realizará en dos fases, en la primera, se realizará un 
primer abono de hasta el 30 por 100 de la cantidad concedida en cada programa o 
proyecto, una vez sea concedida esta subvención. La resolución recogerá que el anticipo 
queda condicionado a la constitución de una garantía equivalente en la Caja General de 
Depósitos, en cualquiera de las modalidades previstas en su Reglamento, aprobado por 
el Real Decreto 161/1997, de 7 de febrero, de acuerdo con lo previsto en el artículo 21 
de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  cuya  aportación  corresponderá  a  los 
beneficiarios.
En  una  segunda  fase,  una  vez  justificada  la  realización  de  la  actividad 
subvencionada, la totalidad de los gastos realizados, y previo informe favorable de la 
Subdirección General de Medio Abierto y de Penas y Medidas Alternativas, se abonara 
el 70 por 100 restante.
El pago se efectuará mediante transferencia bancaria a una cuenta abierta por la 
entidad,  a  cuyo  efecto  la  entidad  habrá  de  tener  reconocida,  previamente,  ante  la 
Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional exclusivamente para los 
ingresos  y  pagos  referidos  a  la  subvención  concedida,  con  relación  a  la  cual  la 
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias podrá requerir la información que, en 
su caso, precise.
4.  Por último se procederá a la cancelación de la garantía.
Artículo 12.  Concurrencia y compatibilidad de subvenciones.
1.  Las  subvenciones  que  se  regulan  en  esta  orden  serán  compatibles  con  la 
percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, 
procedentes de cualesquiera Administraciones, entes públicos o privados, nacionales, de 
la Unión Europea o de organismos internacionales siempre que, aisladamente o en 
conjunto, no superen el coste de la actividad subvencionada. En caso de producirse este 
superávit, procederá su reintegro a la Administración, en la proporción que corresponda,  es
junto con los intereses de demora, en los términos establecidos en el artículo 34 del  bo
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. 7w
cAinudtaemnr2nit.nía aisc Etiorqalnu ciaemiol,e pnsaoe,i rssst leua pdpdeaúermb ell ieacensal t sces o usoobt e ve eddnnee c  ciloaoon naterccosuts ivrc rieodennanccdtie eadds ei dcsoaapnsrúr, bo sellilucanbod vsnae i npnogoc úiro nepn lre cibvsaea sndooeo , fsaipc,y oiaudnrdriaoaác.s i soednrea  ldeoest  rataosl    OE-A-2020-1139able en https://w
3.  La concesión de una subvención al amparo de las presentes bases no comporta 
obligación  alguna,  por  parte  del  Ministerio  del  Interior,  de  adjudicar  ayudas  en  los 
siguientes  ejercicios  económicos  para  el  mismo  programa  o  taller  objeto  de  la 
subvención.
Artículo 13.  Modificaciones de la resolución de concesión y de los programas.
1.  Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la 
subvención podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión, de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 19.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. Las solicitudes 
de modificación deberán fundamentar suficientemente dicha alteración o dificultad y 
deberán formularse con carácter inmediato a la aparición de las circunstancias que las 
justifiquen, y, en todo caso, hasta 45 días naturales antes de la finalización del plazo de 
ejecución del programa.
2.  Los beneficiarios de las subvenciones podrán solicitar, con carácter excepcional, 
la  modificación  de  las  actividades  o  de  las  partidas  de  gasto  de  los  programas 
subvencionados, basados en la aparición de circunstancias que dificulten o alteren el 
desarrollo  del  programa,  tanto  las  que  respondan  a  ajustes  de  presupuesto  por 
conceptos de gasto o por ámbito territorial de las actividades, como las que se deban a 
una variación sustancial respecto de los criterios objetivos de valoración descritos en el 
artículo  9,  o  que  afecten  a  la  forma  y  plazos  de  ejecución  y  justificación  de  los 
correspondientes gastos del programa.
3.  La  resolución  de  la  solicitud  de  modificación  se  dictará  por  el  titular  de  la 
Subdirección  General  de  Medio  Abierto  y  de  Penas  y  Medidas  Alternativas,  previo 
informe de la Comisión de Valoración, y podrá autorizar la modificación instada cuando 
no se altere el objeto o finalidad de la subvención, y siempre que no se perjudiquen 
derechos de terceros. El plazo para resolver será de un mes desde la fecha en que la 
solicitud de modificación haya tenido entrada en el registro electrónico de la Secretaría 
General de Instituciones Penitenciarias. Transcurrido dicho plazo sin haberse notificado 
resolución expresa, se estimará desestimada por silencio administrativo, no obstante la 
obligación de la Administración Penitenciaria de dictar resolución expresa sin vinculación 
alguna al sentido del silencio.
4.  Igualmente, y previa solicitud debidamente motivada, el titular de la Subdirección 
General de Medio Abierto y de Penas y Medidas Alternativas podrá conceder una 
ampliación del plazo señalado para realizar la actividad establecido en la resolución de 
concesión de la subvención, que no exceda de la mitad del mismo, y siempre que con 
ello  no  se  perjudiquen  derechos  de  terceros,  en  las  condiciones  y  conforme  al 
procedimiento regulado en el artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Artículo 14.  Obligación de las entidades beneficiarias.
Las entidades beneficiarias de la subvención vendrán obligadas a:
a)  Realizar la actividad que fundamente la concesión de la subvención en el plazo, 
forma, términos y condiciones que se establezcan en la resolución.
b)  Someterse a las actuaciones de comprobación, seguimiento e inspección de la 
aplicación  de  la  subvención,  así  como  al  control  financiero  que  corresponde  a  la 
Intervención General de la Administración del Estado y a las previstas en la legislación 
del Tribunal de Cuentas. s
c)  Comunicar la concesión de subvenciones concurrentes, de conformidad con los  oe.
artículos 33 y 34 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en relación con  w.
edle a lradtsí)c  puelFora s1co2inli tdaaesr   aaet seltoans d oóidrrdagesan np.oosr  ecollamsp.etentes la información necesaria para el seguimiento  2020-1139n https://w
e)  Dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de programas,
actividades, inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención. Bc
f)  Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos 
debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial 
aplicable al beneficiario en cada caso, así como cuantos estados contables y registros 
específicos  sean  exigidos  por  las  bases  reguladoras  de  las  subvenciones,  con  la 
finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.
g)  Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, 
incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de 
comprobación y control.
h)  Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en 
el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Artículo 15.  Justificación.
1.  El contenido de la cuenta justificativa se ajustará a lo dispuesto en el artículo 72 
del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y se presentará en el plazo de 
los  dos  meses  siguientes  a  la  finalización  del  plazo  de  ejecución  de  la  actividad 
subvencionada, ante la Subdirección General de Medio Abierto y de Penas y Medidas 
Alternativas.
2.  Las  entidades  y  organizaciones  beneficiarias  podrán  optar  por  realizar  la 
justificación  de  gastos  mediante  «cuenta  justificativa  con  aportación  de  informe  de 
auditor»,  regulada  en  el  artículo  74  del  Reglamento  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de 
noviembre. Dicho auditor ha de estar sometido al texto refundido de la Ley de Auditoría 
de Cuentas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio.
En este caso, la verificación a realizar por el auditor de cuentas contendrá, al menos, 
el  siguiente  alcance:  a)  El  cumplimiento  por  parte  de  los  beneficiarios  de  sus 
obligaciones en la gestión y aplicación de la subvención; b)  La adecuada y correcta 
justificación  de  la  subvención  por  parte  de  los  beneficiarios,  de  acuerdo  con  lo 
establecido  en  las  bases  reguladoras  y  en  la  convocatoria;  c)  La  realidad  y  la 
regularidad de las operaciones que, de acuerdo con la justificación presentada por los 
beneficiarios, han sido financiadas con la subvención; y d)  La adecuada financiación de 
las actividades subvencionadas, en los términos establecidos en el artículo 19.3 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Junto a la cuenta justificativa con aportación de informe de auditor, se presentará una 
memoria económica abreviada, que contendrá un estado representativo de los gastos 
incurridos en la realización de las actividades subvencionadas, debidamente agrupados, 
y, en su caso, las cantidades inicialmente presupuestadas y las desviaciones acaecidas.
3.  Para las subvenciones concedidas por importe inferior a 60.000 euros, tendrá 
carácter de documento con validez jurídica para la justificación de la subvención la 
cuenta  justificativa  simplificada,  regulada  en  el  artículo  75  del  Reglamento  de  la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, con el contenido previsto en el apartado 2 de dicho 
artículo. La Subdirección General de Medio Abierto y de Penas y Medidas Alternativas 
requerirá a los beneficiarios los justificantes que se estimen oportunos y que permitan 
obtener evidencia razonable sobre la adecuada aplicación de la subvención.
4.  Si  vencido  el  plazo  de  justificación  la  entidad  no  hubiese  presentado  los 
correspondientes documentos, se le requerirá para que los aporte en el plazo de quince 
días,  comunicándole  que,  transcurrido  ese  plazo  sin  atender  el  requerimiento,  se 
entenderá incumplida la obligación de justificar con las consecuencias previstas en la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre y en su Reglamento.
5.  La Subdirección General de Medio Abierto y de Penas y Medidas Alternativas  e.
elaborará anualmente un plan de actuación, al objeto de comprobar la realización por los  w.b
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aspectos a comprobar y el momento de su realización.
Artículo 16.  Gastos subvencionables.
Podrán ser subvencionables, siempre que cumplan los requisitos establecidos en el 
artículo 31.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, las siguientes categorías de gastos:
1.  Costes de personal. En esta partida se podrán incluir los gastos derivados del 
pago de las retribuciones al personal vinculado al programa, así como las del personal, 
ajeno  a  la  entidad,  con  contrato  de  arrendamiento  de  servicios  o  que  realice  una 
colaboración  esporádica.  Con  carácter  general,  en  ningún  caso  debe  deducirse  la 
existencia  de  una  relación  laboral  entre  la  Administración  y  el  personal  adscrito  al 
cumplimiento del programa subvencionado.
Las retribuciones del personal adscrito al cumplimiento del programa subvencionado 
únicamente podrán ser objeto de subvención hasta el importe de las retribuciones fijadas 
para los correspondientes grupos profesionales en el Convenio colectivo único vigente 
para el personal de la Administración General del Estado. En ningún caso, el personal 
que presta sus servicios para los beneficiarios, ostentará la consideración de personal al 
servicio del sector público.
No podrán incluirse en este concepto los gastos originados por los miembros de 
Juntas Directivas o Consejos de Dirección de las entidades, derivados del desarrollo de 
esa función.
Dietas  y  gastos  de  viaje:  Las  dietas  y  gastos  de  viaje  podrán  ser  objeto  de 
subvención en las cuantías determinadas en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, 
sobre indemnizaciones por razón del servicio, siempre que no superen en su conjunto 
el 1 por 100 del importe total subvencionado del programa, salvo que en atención a la 
naturaleza del mismo se autorice por la Comisión de Valoración otro porcentaje en el 
Acuerdo.
Las retribuciones del personal contratado en régimen de arrendamiento de servicios, 
modalidad ésta que tendrá carácter excepcional, se admitirán únicamente en los casos 
en  que,  por  las  especiales  características  de  la  actuación,  no  resulte  adecuado  el 
desarrollo de las actividades concretas de que se trate por el personal sujeto a la 
normativa laboral vigente. Estas retribuciones quedarán también afectadas, con carácter 
general, por las limitaciones señaladas para el personal de la entidad, salvo cuando se 
trate de profesionales liberales colegiados, en los que el contrato de arrendamiento 
deberá incluir el precio que la entidad va a abonar por los servicios recibidos.
2.  Actividades.  En  esta  partida  se  podrán  incluir  los  gastos  derivados  de  la 
realización del programa subvencionado, siempre que se puedan determinar y sean 
necesarios para la ejecución del proyecto, entendiendo como tales:
a)  Artículos  de  consumo,  suministros  y  servicios  generales,  que  serán 
subvencionables en base a costes reales incurridos, soportados por facturas, debiendo 
ser asignados a prorrata con arreglo a un método justo y equitativo que debe constar por 
escrito.
b)  Alquiler de bienes inmuebles utilizados para el desarrollo del proyecto.
3.  Gastos específicos relacionados con el grupo de destinatarios. Entendiéndose 
como  tales  aquellas  ayudas  a  los  usuarios  finales  que  estén  contemplados  en  el 
programa y que formen parte de las acciones elegibles del mismo.
4.  Costes indirectos. La convocatoria podrá establecer un porcentaje de costes 
indirectos  que  no  superará  el  20  %  del  total  de  los  costes  directos  imputables  al 
programa subvencionado. e.
Tendrán la consideración de costes indirectos aquellos que no puedan vincularse  w.
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necesarios para llevar a cabo la actividad.
Los  costes  indirectos  se  basarán  en  costes  reales  incurridos,  soportados  por 
facturas, debiendo ser prorrateados con arreglo a un método justo y equitativo, de 
acuerdo con principios y normas de contabilidad generalmente admitidas, que debe 
constar por escrito. En todo caso, tales costes deben corresponder al período en que 
efectivamente se realiza la actividad.
5.  Los gastos financieros, los gastos de asesoría jurídica o financiera, los gastos 
notariales  y  registrales,  los  gastos  periciales  para  la  realización  del  programa 
subvencionado y los de administración específicos, podrán ser subvencionables si están 
directamente relacionados con la actividad subvencionada y son indispensables para la 
adecuada preparación y ejecución de la misma.
6.  Subcontratación.  Se  permite  la  subcontratación  en  los  términos  y  con  las 
limitaciones prevista en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Artículo 17.  Reintegro y graduación de incumplimientos.
1.  Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la 
subvención, y la obtención para los mismos programas o actividades de subvenciones, 
podrá dar lugar a la modificación o revocación de la resolución de concesión, debiendo el 
beneficiario proceder al reintegro, en su caso, de las cantidades percibidas en la cuantía 
que se determine.
En  todo  caso,  si  los  gastos  realizados  fueran  inferiores  a  los  presupuestados 
inicialmente se modificará la resolución de concesión, procediéndose a deducir de la 
cantidad subvencionada una cantidad proporcional a la disminución que haya sufrido el 
coste inicial presupuestado con respecto al importe real de los gastos efectuados.
2.  Procederá el reintegro total o parcial de las cantidades percibidas y la exigencia 
del interés de demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención 
hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro en los casos previstos en 
los artículos 36 y 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, o la fecha que el deudor 
ingrese el reintegro si es anterior a ésta.
Se deberá proceder al reintegro de la subvención en caso de:
a)  Declaración judicial o administrativa de nulidad o anulación de la resolución de la 
concesión.
b)  Incumplimiento de la obligación de justificación de la subvención (incumplimiento 
total) o la justificación insuficiente de la misma (incumplimiento parcial).
c)  Obtención de la subvención sin reunir las condiciones requeridas para ello.
d)  Incumplimiento de la finalidad para la que la subvención fue concedida.
e)  Incumplimiento de las condiciones impuestas al beneficiario con motivo de la 
concesión de la subvención. A estos efectos se entenderá como incumplimiento, entre 
otros, la aplicación de la subvención a conceptos de gasto distintos de los que fueron 
convenidos  sin  autorización  expresa  de  la  Secretaría  General  de  Instituciones 
Penitenciarias.
3.  El procedimiento de reintegro de subvenciones se regirá por lo dispuesto en el 
capítulo II del título II de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el capítulo II del 
título III de su Reglamento de desarrollo.
En aplicación del principio de proporcionalidad puede distinguirse: los incumplimientos 
graves,  aquellos  que  afectan  a  las  obligaciones  esenciales  previstas  en  la  orden  de 
concesión y los incumplimientos parciales, que no suponen un incumplimiento total y  s
absoluto, no teniendo entidad suficiente para constituir un incumplimiento grave que dé  oe.
lugar al reintegro. w.
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5.  Los defectos materiales darán lugar al reintegro total salvo que el cumplimiento 
se aproxime de forma significativa al cumplimiento total y se acredite la buena fe. El 
incumplimiento de un programa concreto, por causa imputable a la entidad beneficiaria, 
determinará el reintegro total de la subvención.
6.  Si el procedimiento de reintegro se hubiera iniciado como consecuencia de 
hechos  que  pudieran  ser  constitutivos  de  infracción  administrativa,  se  pondrán  en 
conocimiento  del  órgano  competente  para  la  iniciación  del  correspondiente 
procedimiento sancionador.
Artículo 18.  Responsabilidad y régimen sancionador.
1.  El  régimen  de  infracciones  y  sanciones  administrativas  aplicables  será  el 
establecido en el título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2.  La  imposición  de  las  sanciones  en  materia  de  subvenciones  se  efectuará 
mediante  expediente  administrativo  en  el  que,  en  todo  caso,  se  dará  audiencia  al 
interesado antes de dictarse el acuerdo correspondiente y que será tramitado conforme a 
lo dispuesto en el título IV de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en el capítulo III del título 
preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, así como en el título IV de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, y en el título IV de su Reglamento de desarrollo.
Artículo 19.  Control de las subvenciones.
El control de las subvenciones se realizará conforme a lo establecido en el título III 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en su Reglamento de desarrollo.
Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
Se deroga la Orden INT/2232/2009, de 28 de julio, por la que se establecen las 
bases reguladoras para la colaboración en la ejecución y seguimiento de las medidas 
alternativas a la pena privativa de libertad y determinados programas de atención social.
Disposición final primera.  Título competencial.
Esta  orden  se  dicta  al  amparo  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  149.1.6.ª  de  la 
Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva para dictar la legislación 
penitenciaria.
Disposición final segunda.  Régimen jurídico.
Para  todos  aquellos  extremos  no  previstos  en  esta  orden  será  aplicable  la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y su Reglamento, y supletoriamente la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre.
Así mismo, habrá que estar a lo dispuesto en el Real Decreto 130/2019, de 8 de 
marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad 
de las subvenciones y demás ayudas públicas, y a lo dispuesto en la convocatoria 
específica de la subvención.
Disposición final tercera.  Entrada en vigor.
Esta orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial  s
del Estado». e.
MarMlasakdari dG, ó2m1e zd.e  septiembre  de  2020.–El  Ministro  del  Interior,  Fernando  Grande- 2020-11397n https://ww