BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 289 Lunes 2 de noviembre de 2020 Sec. TC.   Pág. 95391
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
13437 Sala Segunda. Sentencia 108/2020, de 21 de septiembre de 2020. Recurso 
de amparo 5911-2018. Promovido por la Junta de Extremadura respecto de 
las resoluciones de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Extremadura que inadmitieron su recurso de casación 
por  infracción  de  normativa  autonómica  en  procedimiento  abreviado  en 
materia de personal. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva 
(acceso al recurso): STC 99/2020 (resoluciones judiciales que inadmiten, sin 
causa legal para ello, un recurso de casación basado en infracción de normas 
autonómicas). Votos particulares.
ECLI:ES:TC:2020:108
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por la magistrada doña 
Encarnación Roca Trías, presidenta; y los magistrados don Juan Antonio Xiol Ríos, don 
Antonio Narváez Rodríguez y don Ricardo Enríquez Sancho, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 5911-2018, promovido por la Junta de Extremadura 
contra  los  siguientes  actos  de  los  poderes  públicos:  (i)  el  auto  de  la  Sala  de  lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, de 10 de 
septiembre de 2018, que inadmitió el recurso de casación por infracción de normativa 
autonómica  promovido  por  la  recurrente  contra  la  sentencia  del  Juzgado  de  lo 
Contencioso-Administrativo  núm.  1  de  Mérida,  de  2  de  marzo  de  2018,  y  (ii)  la 
providencia dictada por la misma sala el 11 de octubre de 2018, inadmitiendo el incidente 
de nulidad de actuaciones interpuesto contra la anterior resolución. Ha intervenido el 
Ministerio Fiscal y actuado como parte personada doña María Paz Mateos Ayúcar. Ha 
sido ponente el magistrado don Ricardo Enríquez Sancho.
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito presentado en el registro general de este tribunal el 12 de 
noviembre de 2018, la letrada de la Junta de Extremadura, en la representación que 
legalmente  ostenta,  interpuso  demanda  de  amparo  contra  las  resoluciones  arriba 
mencionadas.
2.  Los hechos con relevancia para la resolución del presente recurso de amparo y a 
los que se refiere la demanda presentada, son los siguientes:
a)  Con fecha 2 de marzo de 2018, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo  e.
núm. 1 de Mérida dictó sentencia en el procedimiento abreviado núm. 155-2017, con la  w.
siguiente dispositiva: 437ww
«Que  debo  estimar  y  estimo  íntegramente  el  recurso  contencioso-
addem feincihsatr a1t4iv od ep rfeesberenrtoa ddoe p 2o0r 1D7o, ñdae  Mlaa Dríair ePcaczió Mn aGteeoresn Acyiaú cdaerl,  Scoenrvtriaci ola  Erexstroelmuceióñno 
de Salud, desestimatoria del recurso de alzada formulado contra la resolución del
gerente de área [,] desestimatoria de la reclamación de abono del complemento de 
comunidad  autónoma,  establecido  como  retribución  complementaria  para  el 
personal estatutario sanitario del grupo A1, declarando pues la anulabilidad de la 
mencionada  resolución  por  considerarla  contraria  a  Derecho  y  declarando  y 
reconociendo, en consecuencia, el derecho de la demandante a percibir, con 
efectos de 1 de septiembre de 2012, el complemento salarial, componente del 
específico, denominado de comunidad autónoma, en las cuantías aprobadas para 
cada periodo, más los intereses legalmente aplicables sobre cada una de las 
mensualidades adeudadas hasta completo pago.
Todo ello, sin que proceda especial pronunciamiento en materia de costas 
devengadas en este procedimiento, debiendo cada parte satisfacer las causadas a 
su instancia y las comunes por mitad.
Líbrese testimonio de la presente que quedará unido a los autos de su razón, 
recogiéndose el original en el libro de sentencias de este Juzgado.
Notifíquese la presente a las partes, haciéndoles saber que contra la misma no 
cabe recurso […].»
b)  Contra dicha sentencia, la demandada Junta de Extremadura presentó escrito de 
preparación de recurso de casación por infracción de normativa autonómica. La Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura dictó un 
auto  el  10  de  septiembre  de  2018  (procedimiento  recurso  de  casación 
autonómico 5-2018), con la siguiente dispositiva:
«La  Sala  acuerda:  1.  Inadmitir  el  recurso  de  casación  por  infracción  de 
normativa autonómica preparado por la Junta de Extremadura contra la sentencia 
del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Mérida de fecha 2 de 
marzo de 2018.
[…]
Contra la presente resolución no cabe recurso (artículo 90.5 LJCA).»
En el fundamento de Derecho primero, tras la cita del art. 86.1 de la Ley reguladora 
de  la  jurisdicción  contencioso-administrativa  (LJCA),  en  la  dicción  dada  por  la  Ley 
Orgánica 7/2015, de 21 de julio, y del art. 74 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
(LOPJ), la sala razonó como sustento de su decisión, que «ni la LOPJ ni la LJCA 
contienen norma que atribuya competencia a las salas de lo contencioso-administrativo 
de  los  Tribunales  Superiores  de  Justicia  para  enjuiciar  recursos  de  casación  por 
infracción de norma autonómica.»
Señaló asimismo que el art. 86.3, párrafo segundo, LJCA, referido a esta última 
modalidad de recurso de casación:
«[P]or un lado, no menciona como susceptibles de ser recurridas en casación 
las sentencias de los juzgados de lo contencioso-administrativo.
Por otro, el precepto ha sido redactado por la disposición final tercera de la Ley 
Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, 
de 1 de julio, del Poder Judicial, que no tiene rango de ley orgánica sino de ley 
ordinaria, según prevé la disposición final quinta de la Ley Orgánica 7/2015, de 21 
de julio.
La atribución competencial de un recurso de casación por infracción de norma 
autonómica debe regularse en norma con rango de ley orgánica y no en una ley 
ordinaria,  conforme  al  artículo  122.1  CE.  La  reserva  de  ley  orgánica  debe  e.
comprender, como mínimo, además de la institución de los diferentes órdenes  w.
jurisdiccionales,  la  configuración  definitiva  de  los  tribunales  de  Justicia  y  la  437ww
definSiacilóvon  glae nméerinccai ódne  csoun átemnbiditao  deen  ceol naortcíicmuileon 8to6 .l3it igLiJoCsoA ,[ …no]. existe otro precepto
que se ocupe de la tramitación del recurso de casación por infracción autonómica.
El trámite procedimental de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-
administrativa está previsto en su integridad para la tramitación del recurso de 
casación ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, sin que exista regulación 
alguna de la tramitación del recurso de casación por las salas de lo contencioso-
administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia.
Todo lo anterior conduce a la inadmisión del recurso de casación al concurrir la 
causa de inadmisión prevista en el artículo 90.4 a) LJCA al no ser recurrible en 
casación  por  infracción  de  norma  emanada  de  la  comunidad  autónoma  la 
sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Mérida.»
c)  Promovido incidente de nulidad de actuaciones contra el auto mencionado, la 
misma sala de lo contencioso-administrativo dictó providencia el 11 de octubre de 2018, 
acordando  que  «procede  inadmitir»  dicho  incidente,  con  arreglo  a  los  siguientes 
argumentos:
«Lo alegado por la parte que presenta el incidente de nulidad de actuaciones 
no modifica la fundamentación jurídica del auto de inadmisión del recurso de 
casación por infracción de normativa autonómica.
Se trata de un recurso que no está previsto en la LJCA al no indicarse 
expresamente que las sentencias de los juzgados de lo contencioso-administrativo 
puedan  ser  objeto  de  recurso  de  casación  ante  la  Sala  de  lo  Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, no se indica qué 
resoluciones y en qué supuestos las decisiones de los juzgados pueden ser objeto 
de recurso de casación y no existe regulación procesal alguna para este tipo de 
recurso ante las salas de lo contencioso-administrativo. Respetando las decisiones 
de otros Tribunales Superiores de Justicia, no es posible que un recurso de 
casación pueda admitirse, decidirse en qué supuestos cabe y tramitarse cuando 
existe una absoluta falta de regulación en la LJCA. Lo mismo sucede, como se 
expone en el Auto, en la LOPJ.
Por ello, no procede reabrir el debate procesal resuelto en la fundamentación 
expuesta en el auto del que se solicita la nulidad de actuaciones, sin que exista la 
vulneración del derecho fundamental invocado.»
Con cita, a continuación, de los arts. 240.1 y 241.1 LOPJ, la providencia concluye 
que «por todo ello» procede inadmitir el incidente planteado.
3.  La  demanda  de  amparo,  expuestos  los  antecedentes  del  caso,  pone  de 
manifiesto que no se está ante el mismo supuesto tratado por este tribunal en el 
ATC 41/2018, de 16 de abril, donde se consideró que no vulneraba el art. 24.1 CE la 
inadmisión de un recurso de casación por infracción de normativa autonómica resuelta 
por la misma sala del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, porque entonces la 
resolución impugnada era una sentencia emanada de dicha sala, mientras que aquí el 
recurso de la actora es una sentencia de un juzgado de lo contencioso-administrativo. Ya 
en el apartado de vulneraciones constitucionales alega las siguientes:
(i)  En primer lugar, el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) de la 
administración aquí recurrente, «al negarse a esta parte el derecho a entablar un recurso 
de casación configurado legalmente», desconociendo así la doctrina sobre el contenido 
del derecho al recurso, plasmada entre otras en las SSTC 9/1992, de 16 de enero; 
122/2013, de 20 de mayo, y 89/2015, de 11 de mayo. e.e
(ii)  En segundo lugar la vulneración también del art. 24.1 CE, ahora en su faceta de  b
derecho a obtener una resolución fundada, puesto en relación con el art. 117.1 CE el  437ww
jcuuraisld iicmcpioonnael  (ac olno sc itaju edcee lsa ss SuS sToCm 1e7ti3m/2ie0n0t2o,  dae  l9a  dlee yo cetunb reel , eFjJe r8c,i cyi o6 6d/2e0 1s1u,  dpeo t1e6s tadde 
mmaoytiova, dFaJ,  u5n),a s caulveos tieónn  ldoes  isnucpounestsittuocsi oenna lliodsa dq useo bdree beal  pprleacnetepators ae ,a mpliecdaira. nEten  eressteo lucacisóon, 
prosigue  la  demanda,  «se  ha  inaplicado  el  contenido  del  art.  86.3  de  la  LJCA,  al
entenderse que no es aplicable a esta comunidad autónoma, sin entrar a valorar si es 
adecuado  o  no  nuestras  alegaciones  expuestas  en  el  escrito  de  preparación  del 
recurso».
(iii)  En tercer término, se aduce de nuevo la lesión del derecho al recurso (art. 24.1 
CE), ahora en relación con el principio de seguridad jurídica del art. 9.3 CE, al exigirse un 
requisito no previsto en la ley para la admisión del de casación preparado; desplegando 
las  resoluciones  impugnadas  una  interpretación  contraria  al  principio  de  mayor 
efectividad  de  aquel  derecho  fundamental,  al  excluir  de  plano  esta  modalidad  de 
casación en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Cita en su apoyo las 
SSTC 7/2015, de 22 de enero; 43/2000; 81/2001, y 74/2003 –en ese orden–, y la STEDH 
de 28 de octubre de 2003, asunto Stone Court Shipping Company, S.A. c. España.
(iv)  Continúa  la  demanda  afirmando  que  se  ha  producido  la  conculcación  del 
derecho a la igualdad en la aplicación de la ley (art. 14 CE), que pone en relación con el 
art. 24.1 CE, con resultado, añade, de indefensión, «ante la no admisión del recurso, al 
no  entrar  a  valorarlo  en  comparación  con  las  soluciones  contempladas  en  otras 
comunidades autónomas, que han puesto soluciones a la falta de regulación normativa». 
Se recuerda que aquella faceta del art. 14 CE prohíbe el cambio judicial irreflexivo o 
arbitrario, exigiendo por tanto que dicho cambio sea razonado, razonable y con vocación 
de futuro, lo que no sucede aquí al dejar las resoluciones impugnadas de aplicar el 
art. 86.3 LJCA, vulnerando con ello también la tutela judicial efectiva (con cita de la 
STC 162/2001, de 5 de junio).
En el suplico de la demanda se solicitó la admisión del recurso, y que este tribunal 
dictase sentencia otorgando el amparo por vulneración del derecho a la tutela judicial 
efectiva (art. 24.1 CE), con nulidad de las dos resoluciones impugnadas. Mientras que 
por otrosí digo se solicitó la suspensión de estas últimas durante la tramitación del 
recurso.
4.  La Sala Segunda, Sección Cuarta, de este tribunal, dictó providencia el 6 de 
mayo de 2019 por la que acordó admitir a trámite el recurso, «apreciando que concurre 
en el mismo una especial trascendencia constitucional (art. 50.1 LOTC) porque el asunto 
suscitado trasciende del caso concreto porque plantea una cuestión jurídica de relevante 
y general repercusión social o económica [STC 155/2009, FJ 2 g)].
Por  ello,  en  aplicación  de  lo  dispuesto  en  el  art.  51  LOTC,  diríjase  atenta 
comunicación  a  la  Sala  de  lo  Contencioso-Administrativo  del  Tribunal  Superior  de 
Justicia  de  Cáceres  a  fin  de  que,  en  plazo  que  no  exceda  de  diez  días,  remita 
certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes al recurso de 
casación autonómico núm. 5-2018.
Diríjase  igualmente  atenta  comunicación  al  Juzgado  de  lo  Contencioso-
Administrativo núm. 1 de Mérida a fin de que, en plazo que no exceda de diez días, 
remita  certificación  o  fotocopia  adverada  de  las  actuaciones  correspondientes  al 
procedimiento abreviado núm. 155-2017; debiendo previamente emplazarse, para que 
en el plazo de diez días puedan comparecer, si lo desean, en el recurso de amparo, a 
quienes hubieran sido parte en el procedimiento, excepto la parte recurrente en amparo.
De conformidad con la solicitud de la parte actora, fórmese la correspondiente pieza 
separada de suspensión».
5.  Con fecha 29 de mayo de 2018 se presentó escrito por el procurador don Luis 
Felipe Mena Velasco, actuando en nombre de doña María Paz Mateos Ayúcar y bajo la 
defensa del abogado don Diego Castillo Guijarro, por el que solicitó su personación en el  e
presente recurso de amparo y que se entendieran con dicho procurador los sucesivos  bo
trámites e incidencias. 437ww
orde6n. acLióan  Seel c1r0e tdaerí aju dneio  Jdues t2ic0ia1 9d ep olar  lSa aqlau eS, edgeu nudna la ddeo ,e dsetec itdriibóu tneanle dr ipctoór  dpielirgseonncaiad od ey 
parte a doña María Paz Mateos Ayúcar a través del procurador de su designación, y de
otro lado acordó dar vista de las actuaciones a las partes personadas y al Ministerio
Fiscal, por plazo común de veinte días, a fin de que pudieran presentar las alegaciones 
que estimasen pertinentes, conforme con lo previsto en el art. 52.1 LOTC.
7.  Por  escrito  presentado  el  26  de  junio  de  2019,  la  letrada  de  la  Junta  de 
Extremadura presentó sus alegaciones en dicho trámite, interesando el otorgamiento del 
amparo  y  la  nulidad  de  las  resoluciones  impugnadas,  reproduciendo  al  efecto  el 
contenido de su demanda.
8.  Con fecha 12 de julio de 2019, el representante de la parte personada presentó 
escrito de alegaciones, interesando la denegación del amparo solicitado. A tal fin, se 
afirma en primer lugar que sí es aplicable al presente caso la doctrina del ATC 41/2018, 
de 16 de abril, cuya fundamentación reproduce en parte, indicando que las discrepancias 
de criterio jurídico que pone de relieve la actora se evidencian entre distintos juzgados de 
lo contencioso-administrativo, lo que es expresión de la debida independencia judicial y 
no es cuestión que justifique su acceso a la casación autonómica. Añade que el derecho 
a la tutela judicial efectiva resulta de configuración legal, también en cuanto al sistema de 
recursos, y que el art. 86.3 LJCA solo prevé aquella modalidad de casación contra 
sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, 
no de los juzgados de dicho orden, lo que no es un descuido del legislador, que ha 
optado por un criterio restrictivo sobre las resoluciones de estos últimos.
9.  El  fiscal  ante  este  Tribunal  Constitucional,  finalmente,  presentó  escrito  de 
alegaciones el 26 de julio de 2019, por el que interesó de este tribunal que dictara 
sentencia  otorgando  el  amparo  solicitado  por  la  Junta  de  Extremadura,  declarando 
vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de acceso al recurso, la 
nulidad de las dos resoluciones impugnadas, y la retroacción de las actuaciones al 
momento inmediatamente anterior al auto de inadmisión del recurso de casación de la 
recurrente, para que se dicte otra resolución respetuosa con el derecho vulnerado.
Luego  de  exponer  los  antecedentes  procesales  del  recurso,  el  contenido  de  la 
demanda de amparo, y los trámites de este proceso ya completados, pasa el fiscal a 
verter sus consideraciones jurídicas de fondo. Como aclaración previa afirma, de un 
lado, que las diversas quejas de la recurrente se sintetizan en la vulneración del derecho 
de acceso al recurso (art. 24.1 CE), y de otro lado, que la demanda no alega ninguna 
infracción propia de la providencia que rechazó el incidente de nulidad de actuaciones, 
limitándose a no reparar la lesión previamente denunciada.
Sentado esto, pasa el escrito de alegaciones a recordar, en primer lugar, la doctrina 
constitucional sobre el mencionado derecho de acceso, con cita de algunos pasajes del 
ATC 41/2018, de 16 de abril, que se remite a su vez a la STC 7/2015, de 22 de enero, 
FFJJ 2 y 4. Y en segundo lugar, la doctrina sobre el recurso de casación de la Ley 
reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa tras su regulación por la Ley 
Orgánica 7/2015, con cita de nuevo del ATC 41/2018 y de la STC 128/2018, de 29 de 
noviembre, esta última en sus FFJJ 2, 4, 5 y 7, reproduciéndolos en parte. Se alega más 
adelante que «la interpretación que admite la recurribilidad en casación por infracción de 
normativa autonómica de las sentencias dictadas en única instancia por los juzgados de 
lo  contencioso-administrativo,  se  encuentra  generalizada,  bien  es  cierto  que  no 
unánimemente», citando resoluciones de varios Tribunales Superiores de Justicia. De 
este modo, razona el fiscal que «de los antecedentes de la regulación del recurso de 
casación en cuestión, de las normas aún vigentes de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
de la función unificadora y nomofiláctica del recurso de casación –aplicable tanto al  s
recurso por infracción de normativa estatal y europea, como respecto de la autonómica–,  oe.
yeac osdttnmeatnteitaiinerl, cn liadoc osoe onxe-tiarnsad te cmnulaicensinia st tasrdae eetn ivltu eopnn a ecrrineaa clsleuo lrsisds miomc toipas odmeran ositsnr e fesr aunlacp  cuúrióeennsgict uoadlsa e ci aninó soqntrau mndecae eit ailuv  panpr oooa pruy i tooloo ntpsróro em,j cuireczeapgs,tau odal tosnaesá   plorodegsefoiie b ralleoel     2020-13437n https://www.
para  el  Tribunal  Supremo  (art.  86.1  LJCA).  En  consecuencia,  la  interpretación  del
Tribunal Superior de Justicia de Extremadura excluyendo radicalmente la posibilidad de
recurso de casación autonómico respecto del juzgado de lo contencioso-administrativo 
elimina la posibilidad de esta perspectiva de unificación de la aplicación de la normativa 
autonómica atribuida al Tribunal Superior de Justicia, produciendo, desde esta óptica, un 
vacío  respecto  de  esa  legislación,  incoherente  con  el  sistema  establecido  para  la 
normativa estatal y europea atribuida al Tribunal Supremo […], sin que exista una 
explicación de esa exclusión ni una concreta cobertura legal […]. En esas circunstancias, 
por tanto, consideramos que las resoluciones impugnadas vulneran el derecho a la tutela 
judicial efectiva del art. 24.1 CE».
El fiscal ante este tribunal descarta por último la queja de vulneración del derecho de 
igualdad en la aplicación de la ley (art. 14 CE), con base en la doctrina constitucional 
sobre este derecho fundamental (con cita de la STC 205/2013, de 5 de diciembre). 
Señala que no se ha invocado un término de comparación válido, esto es, la existencia 
de un cambio arbitrario por el mismo órgano judicial, sino una distinta interpretación entre 
diversos Tribunales Superiores de Justicia. Y trae en este punto a colación de nuevo la 
STC 128/2018, ahora en su FJ 5, donde se rechazó la conculcación de la citada igualdad 
por la normativa de referencia; reiterando que en cambio sí existe lesión del derecho a la 
tutela judicial efectiva, por lo que debe otorgarse el amparo, con retroacción de las 
actuaciones y con el alcance que fija en el suplico al que ya se ha hecho mención.
10.  Respecto de la pretensión de la demanda para la suspensión cautelar de las 
resoluciones impugnadas, en cumplimiento de lo acordado en la providencia de admisión 
a trámite del recurso, la Sección Cuarta de este tribunal dictó el 6 de mayo de 2019 
providencia disponiendo formar la pieza del incidente de suspensión y apertura de un 
trámite de audiencia, tanto a la parte recurrente, quien se ratificó en lo solicitado en este 
punto en su demanda (escrito de la letrada de la Junta de Extremadura de 10 de mayo 
de  2019),  como  al  Ministerio  Fiscal,  quien  a  su  vez  interesó  la  denegación  de  lo 
solicitado (escrito de 28 de mayo de 2019).
Por ATC 68/2019, de 1 de julio, la Sala Segunda de este tribunal resolvió la pieza 
incidental acordando denegar la suspensión.
11.  Tras la recepción de los escritos de alegaciones, por diligencia de la secretaría 
de Justicia de 29 de julio de 2019 se dejó constancia de que el presente recurso de 
amparo quedaba pendiente para deliberación cuando por turno correspondiera.
12.  Mediante providencia de fecha 17 de septiembre de 2020, se señaló para 
deliberación y votación de la presente sentencia el día 21 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
Único.  Aplicación de la doctrina sentada por la STC 99/2020, de 22 de julio.
Este tribunal ha tenido ocasión de pronunciarse sobre el problema jurídico que aquí 
se plantea al dictar la STC 99/2020, de 22 de julio, que resolvió el recurso de amparo 
(núm. 5905-2018) cabecera de la serie de los interpuestos por la Junta de Extremadura 
contra resoluciones de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Extremadura, por las que se han inadmitido otros recursos de casación 
promovidos por dicha entidad territorial contra sentencias dictadas en única instancia por 
juzgados de lo contencioso-administrativo radicados en aquella comunidad autónoma, 
con base en los mismos razonamientos que traen las resoluciones aquí impugnadas, los 
cuales han sido contestados a su vez con idénticos motivos de impugnación a los que  e.
trae la presente demanda. Procede por tanto aplicar para la resolución de esta última la  w.b
doctrina  sentada  en  la  sentencia  citada,  en  la  que  se  ha  otorgado  el  amparo  por  437ww
vrauzlnoenraamciióenn todse lq udee raehcohroa  ase l are stuutmelean .judicial efectiva (art. 24.1 CE), con arreglo a los
resuEenlt ot ael ns eenl AtidToC,  4tr1a/s2 0a1c8la, rdaer  q1u6e d ee l aobbrijle, tqou pel asnet ereafdeorí ae na  essut av eczo an truonvae rinsiaad mdiifsieióren  ddeell 
recurso  de  casación  por  infracción  del  derecho  autonómico  pero  respecto  de  una
sentencia de la propia Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia  indicado,  y  precisar  que  la  queja  realmente  deducida  en  la  demanda  es 
solamente la del derecho al recurso –vertiente del art. 24.1 CE–, la STC 99/2020 
determina cuál es la jurisprudencia constitucional aplicable para resolver la cuestión: de 
un lado, la que define y delimita justamente el derecho fundamental en liza, cuyo canon 
de control por este tribunal es el de aquellas resoluciones que inadmitan un recurso «con 
base en una causa legalmente inexistente o mediante un juicio arbitrario, irrazonable o 
fundado en error fáctico patente» [FJ 2 A) c)], si bien con restricciones en ese control 
cuando se refiere al recurso de casación ante el Tribunal Supremo, atendida la función 
que se atribuye a este último órgano y la propia naturaleza extraordinaria de la casación 
[FJ 2 A) d)]. Y de otro lado, la doctrina sentada por la STC 128/2018, de 29 de 
noviembre, (seguida en las posteriores SSTC 18/2019, de 11 de febrero, y 26/2019, 
de 25 de febrero) que analiza la constitucionalidad del recurso de casación por infracción 
de normativa autonómica introducido por la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, la cual 
se desglosa en sus aspectos principales [FJ 2 b)].
La aplicación de dicha jurisprudencia lleva entonces al tribunal a afirmar, en el 
fundamento jurídico 3, que las resoluciones judiciales impugnadas han vulnerado el 
derecho  al  recurso  (art.  24.1  CE)  de  la  entidad  recurrente,  por  las  razones 
siguientes:
«En  primer  lugar,  es  preciso  descartar  como  razonamientos 
constitucionalmente  válidos  las  referencias  que  se  hacen  en  la  resolución 
impugnada, por un lado, a la falta de carácter orgánico del art. 86.3 LJCA y, por 
otro, a la omisión de una regulación específica de la tramitación del recurso de 
casación por infracción de normativa autonómica ante los tribunales superiores de 
justicia autonómicos. En ambos casos se trata de argumentos que ya han sido 
rechazados  por  la  citada  STC  128/2018  al  enjuiciar  la  constitucionalidad  del 
art. 86.3 LJCA a los que ahora es preciso remitirse.
Así, este tribunal ha considerado que el art. 86.3 LJCA no contraviene ni el 
rango de ley orgánica ni tampoco el art. 122.1 CE, ya que (i) la composición de las 
secciones  de  casación  debe  ser  conceptuada  como  referida  a  secciones 
‘‘funcionales’’ y ‘‘no orgánicas’’, de modo que ‘‘no constituyen órganos judiciales 
distintos a los efectos de nuestra doctrina constitucional sobre el alcance de la 
reserva de ley orgánica que deriva del artículo 122.1 CE’’ [FJ 4 b)]; y (ii) no se trata 
de una novedad en la normativa procesal, pues la composición de las secciones 
de casación del art. 86.3 LJCA sigue siendo la misma que la que el art. 16.4 LJCA, 
que continúa en vigor, preveía para los desaparecidos recursos de casación en 
interés de la ley y para la unificación de la doctrina [FJ 4 b)]. Del mismo modo, en 
la STC 128/2018 se ha declarado que (i) ‘‘la regulación contenida en los preceptos 
cuestionados […] [art. 86.3, párrafos segundo y tercero, LJCA] no impide una 
interpretación lógica y coherente que proporcione un sentido útil a la casación 
autonómica’’,  cumpliendo  una  función  nomofiláctica  y  unificadora  del  Derecho 
autonómico [FJ 7 a)] y (ii) el recurso de casación por infracción de normativa 
autonómica se conforma como ‘‘un recurso de casación paralelo’’ al establecido en 
el Tribunal Supremo respecto de la denunciada infracción del Derecho estatal o de 
la  Unión  Europea,  además  de  afirmar  que  a  su  ‘‘regulación  se  remite 
implícitamente’’ [FJ 7 a)].
En segundo lugar, este tribunal constata que la decisión del órgano judicial, en 
sí misma considerada, no es irrazonable, pues no incurre en quiebras lógicas en  e.
su  argumentación  (STC  214/1999,  de  29  de  noviembre,  FJ  4);  tampoco  es  w.b
arbitraria, al no ser una ‘‘simple expresión de voluntad’ (STC 71/2003, de 23 de  437ww
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LJCA ha llegado a un resultado materialmente contrario al derecho de acceso al 
recurso que consagra el art. 24.1 CE.
En efecto, la decisión adoptada, al no tomar en consideración que el art. 86.3 
LJCA,  al  regular  el  recurso  de  casación  autonómico,  contiene  una  remisión 
implícita a la regulación del recurso de casación por vulneración del Derecho 
estatal o de la Unión Europea (STC 128/2018, FFJJ 6 y 7) y excluir del recurso de 
casación  autonómico  a  las  resoluciones  de  los  juzgados  de  lo  contencioso-
administrativo en los supuestos en los que, de acuerdo con lo previsto en el 
art.  86.1,  apartado  segundo,  LJCA,  serían  susceptibles  de  casación,  está 
inadmitiendo este recurso sin que exista una causa legal en la que se prevea esta 
consecuencia, lo que, de acuerdo con la jurisprudencia de este tribunal, determina 
la vulneración del derecho que garantiza el art. 24.1 CE.»
Al  encontrarnos  con  resoluciones  judiciales  con  el  mismo  contenido  que  las 
enjuiciadas en nuestra STC 99/2020, ha de otorgarse también el amparo en el presente 
recurso por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en su 
vertiente de acceso al recurso, de la entidad recurrente. En su consecuencia, acordamos 
la nulidad tanto del auto de inadmisión de su recurso de casación dictado por la sala a 
quo el 10 de septiembre de 2018, como de la providencia de 11 de octubre de 2018 que 
inadmitió el incidente de nulidad de actuaciones promovido contra dicho auto; así como 
la  retroacción  de  las  actuaciones  al  momento  inmediatamente  anterior  a  recaer  la 
primera  de  ambas  resoluciones,  para  que  en  su  lugar  se  dicte  otra  que  resulte 
respetuosa con el derecho fundamental vulnerado.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
1.º  Estimar la demanda presentada por la Junta de Extremadura, por vulneración 
de su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva sin padecer indefensión (art. 24.1 
CE), con reconocimiento de tal derecho.
2.º  Declarar la nulidad del auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, de 10 de septiembre de 2018 (recurso de 
casación autonómico 5-2018), y la nulidad de la providencia dictada por la misma sala, 
el 11 de octubre de 2018.
3.º  Retrotraer  el  procedimiento  al  momento  inmediatamente  anterior  al 
pronunciamiento  de  la  primera  de  las  resoluciones  anuladas,  para  que  dicha  sala 
pronuncie una nueva que resulte respetuosa con el derecho fundamental vulnerado.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a veintiuno de septiembre de dos mil veinte.–Encarnación Roca 
Trías.–Juan Antonio Xiol Ríos.–Antonio Narváez Rodríguez.–Ricardo Enríquez Sancho.–
Firmado y rubricado.
Voto particular que formula el magistrado don Juan Antonio Xiol Ríos a la sentencia  b
pronunciada en el recurso de amparo núm. 5911-2018 437ww
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del art. 86.3 LJCA establecida en la STC 128/2018, de 29 de noviembre. Los motivos de
mi disentimiento con esta posición de partida ya los hice expresos en el voto particular 
que formulé a la citada STC 128/2018, al que me remito.
Madrid,  a  veintiuno  de  septiembre  de  dos  mil  veinte.–Juan  Antonio  Xiol  Ríos.–
Firmado y rubricado.
Voto particular que formula el magistrado don Ricardo Enríquez Sancho a la sentencia 
dictada en el recurso de amparo núm. 5911-2018
En el ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 90.2 de la Ley Orgánica del 
Tribunal Constitucional, y con el máximo respeto a la opinión de la mayoría, de acuerdo 
con la cual he redactado como ponente esa sentencia, formulo el presente voto particular 
por discrepar de una parte de la fundamentación, que ha conducido a la estimación de la 
demanda.
Las razones de mi discrepancia son idénticas a las expresadas en el voto particular 
que suscribí a la STC 99/2020, de 22 de julio, en la que se resolvió el recurso de amparo 
cabecera de esta misma serie, por lo que me remito a lo expuesto entonces.
Y en tal sentido emito mi voto particular al presente recurso.
Madrid, a veintiuno de septiembre de dos mil veinte.–Ricardo Enríquez Sancho.–
Firmado y rubricado.