BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 295 Lunes 9 de noviembre de 2020 Sec. TC.   Pág. 98140
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
13911 Sala Segunda. Sentencia 139/2020, de 6 de octubre de 2020. Recurso de 
amparo 1593-2019. Promovido por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, 
S.L.,  respecto  de  las  resoluciones  dictadas  por  un  juzgado  de  primera 
instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria. 
Vulneración  del  derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva:  STC  40/2020 
[inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de 
comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e 
inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber 
de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por 
medio  de  comunicaciones  electrónicas  con  la  regulación  del  primer 
emplazamiento en los procesos civiles].
ECLI:ES:TC:2020:139
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por la magistrada doña 
Encarnación Roca Trías, presidenta, y los magistrados don Juan Antonio Xiol Ríos, don 
Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez y don Ricardo 
Enríquez Sancho, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En  el  recurso  de  amparo  núm.  1593-2019,  promovido  por  Euroinversiones 
Inmobiliarias  Costa  Sur,  S.L.,  contra  el  auto  del  Juzgado  de  Primera  Instancia  e 
Instrucción núm. 6 de Lorca, de fecha 19 de septiembre de 2018, que inadmitió la 
demanda de oposición a la ejecución formulada por dicha mercantil, en el procedimiento 
de ejecución hipotecaria núm. 64-2018; y contra el auto del mismo juzgado, de fecha 22 
de enero de 2019, que desestimó el recurso de reposición interpuesto contra la anterior 
resolución. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha comparecido la entidad Pera Assets 
Designated  Activity  Company,  actuando  como  sucesora  procesal  de  la  entidad 
ejecutante, Banco de Sabadell, S.A. Ha sido ponente el magistrado don Pedro José 
González-Trevijano Sánchez.
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito presentado en el registro general de este tribunal el 12 de 
marzo de 2019, la procuradora de los tribunales doña Blanca Berriatua Horta, actuando 
en nombre y representación de Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., y asistida 
por el letrado don Marcelino Gilabert García, interpuso demanda de amparo contra las 
resoluciones arriba mencionadas. e
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Propiedad núm. 3 de Lorca. La cantidad reclamada era de 1892,24 € de principal del 
préstamo  impagado,  más  intereses  legales  y  costas,  resultando  la  primera  de  las 
demandadas la deudora hipotecaria y la segunda titular de un derecho de uso sobre 
dicho inmueble, constituido con posterioridad al de aquella carga real.
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 6 de Lorca, al que correspondió 
el conocimiento de la causa, dictó auto, el día 20 de junio de 2018, por el que acordó el 
despacho de ejecución en el procedimiento de ejecución hipotecaria núm. 64-2018; 
asimismo, resolvió requerir a las ejecutadas del pago de las cantidades que se reclaman 
y que dicho auto, junto con el decreto que debe dictar el letrado de la administración de 
justicia, «serán notificados simultáneamente a la parte ejecutada, tal y como dispone el 
artículo 553 de la Ley de enjuiciamiento civil (LEC), sin citación ni emplazamiento, para 
que en cualquier momento pueda personarse en la ejecución». Se advirtió además que 
contra dicha resolución no cabía recurso alguno, «sin perjuicio de que la parte ejecutada 
pueda oponerse al despacho de ejecución en los términos previstos en el artículo 695 
LEC, y en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a la notificación del presente 
auto y del decreto que se dicte». El decreto al que se hace referencia fue dictado por el 
letrado de la administración de justicia del juzgado a quo en la misma fecha, el cual 
dispuso la expedición de mandamiento de certificación de la finca al registro de la 
propiedad competente y el requerimiento de pago a los ejecutados.
b)  Con fecha 21 de junio de 2018, el servicio de notificaciones electrónicas de la 
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre remitió al buzón de la dirección electrónica 
habilitada de la entidad aquí recurrente en amparo, un correo avisándole que tenía una 
notificación del Juzgado de Primera Instancia núm. 6 de Lorca, relativa al proceso: 
EJH/000064/2018; notificación a la que podía acceder entre los días 21 de junio a 6 de 
agosto del 2018, a través de unos enlaces electrónicos que también indicaba. Como 
información adicional, se añadía lo siguiente: «[i]ndependientemente del tiempo que 
tenga a su disposición el acto de comunicación, transcurridos tres días hábiles desde su 
puesta a disposición sin que el destinatario acceda a su contenido, se entenderá que la 
comunicación ha sido efectuada legalmente desplegando todos sus efectos, conforme 
con lo establecido en el art. 162.2 LEC. Este aviso conforme a lo dispuesto en el art. 25 
del R.D. 1065/2015 no tiene efecto procesal alguno».
c)  El día 31 de julio de 2018, por personal de la recurrente se accedió al enlace 
remitido por la dirección electrónica habilitada y, con ello, a la notificación enviada por el 
juzgado de primera instancia ejecutante, en relación con el procedimiento hipotecario 
núm. 64-2018. Ese mismo día, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre emitió un 
certificado  electrónico  que  obra  en  las  actuaciones  del  proceso  (al  igual  que  los 
anteriores correos) dejando constancia de que la notificación había sido «aceptada» en 
esa fecha.
d)  El 28 de agosto de 2018, el representante procesal de la demandante de amparo 
formalizó ante el juzgado a quo el escrito de oposición al despacho de ejecución.
e)  El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 6 de Lorca dictó auto, en 
fecha 19 de septiembre de 2018, en cuya virtud inadmitió la oposición planteada. En 
dicha resolución se expone que «[e]n fecha 21 de junio de 2018 se notificó y requirió en 
legal forma a través de la sede judicial electrónica a la ejecutada y en fecha 27 de agosto 
de 2018 se ha presentado por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., y Penrei 
Inversiones, S.L., oposición a la ejecución hipotecaria», para luego fundar la inadmisión, 
en esencia, en que conforme a la improrrogabilidad de los plazos y la preclusión que 
establecen los arts. 134 y 136 LEC, en relación con lo dispuesto en el art. 695 LEC, la  s
oposición  habría  de  haberse  presentado  dentro  de  los  diez  días  siguientes  a  la  oe.
notificación del auto y decreto por el que se despachó la ejecución. Por tanto, al haberse  w.
opuesto  la  ejecutada  pasado  el  plazo  legalmente  establecido,  se  debe  inadmitir  la  911ww
oposf)i cióPno pr relas ednetamdaan pdoarn etex tedme poarmápnaerao.  y  Penrei  Inversiones,  S.L.,  se  interpusieron
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notificación electrónica remitida y no antes, siendo desde entonces que cabía computar 
el plazo de diez días del art. 556 LEC. Con invocación también de los arts. 135, 
152.1.2.3, 152.2, 162 y 273 LEC, y doctrina de este Tribunal Constitucional sobre el 
derecho  a  no  padecer  indefensión  y  la  importancia  de  los  actos  de  comunicación 
procesal, afirmó que, de no tener el juzgado por formulada su demanda de oposición al 
despacho de ejecución, se vulneraría su derecho a la tutela judicial efectiva y sin 
indefensión, quedando denunciado a esos efectos.
g)  Por auto de 22 de enero de 2019, los recursos de reposición interpuestos fueron 
desestimados, con los argumentos que constan en su razonamiento jurídico segundo:
«El  recurso  debe  ser  desestimado  pues  ninguna  infracción  se  comete  en  la 
resolución recurrida. En el presente caso, siendo indiscutible la condición de personas 
jurídicas de las recurrentes, las mismas desde el 1 de enero de 2017 (disposición 
transitoria  cuarta  de  la  Ley  42/2015,  de  5  de  octubre,  de  reforma  de  la  Ley  de 
enjuiciamiento civil) están obligadas a relacionarse con la administración de justicia por 
medios electrónicos [art. 14.2 a) de la Ley 39/2015 LPACAP y art. 273.3 a) de la Ley de 
enjuiciamiento civil]. Interpretan las recurrentes de forma errónea la normativa aplicable. 
Así el artículo 162.2 LEC en cualquiera de los supuestos a los que se refiere este 
artículo, cuando constando la correcta remisión del acto de comunicación por dichos 
medios  técnicos,  salvo  los  practicados  a  través  de  los  servicios  de  notificaciones 
organizados  por  los  Colegios  de  Procuradores,  transcurrieran  tres  días  sin  que  el 
destinatario acceda a su contenido, se entenderá que la comunicación ha sido efectuada 
legalmente desplegando plenamente sus efectos. [...]
En  el  presente  caso,  consta  que  la  notificación  se  puso  a  disposición  de  las 
recurrentes en fecha 21-6-2018 no accediendo al contenido hasta el día 27-7-2018 (fuera 
de los tres días que establece la normativa procesal), presentando los escritos de 
oposición a la ejecución en fecha 27-8-2018, claramente fuera del plazo legalmente 
establecido en el art. 556.1 LEC (dentro de los diez días siguientes al de la notificación 
del auto despachando ejecución,) y siendo que conforme al art. 136 LEC transcurrido o 
pasado el término señalado para la realización de un acto procesal de parte se producirá 
la preclusión y se perderá la oportunidad de realizar el acto de que se trate, es claro que 
dichas oposiciones son extemporáneas siendo la consecuencia legal la inadmisión».
3.  En la demanda de amparo se alega que las resoluciones judiciales impugnadas 
causaron la vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) y a un 
proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE) de la entidad recurrente, al haberse 
efectuado  su  emplazamiento,  como  ejecutada  en  el  procedimiento  hipotecario  de 
referencia, a través de un correo electrónico remitido por un servicio de notificaciones 
electrónicas y no mediante entrega de la documentación correspondiente en papel en la 
sede  de  su  domicilio  social;  y  ello  pese  a  que  esa  comunicación  fue  el  primer 
emplazamiento  en  la  causa.  En  todo  caso,  la  recurrente  expone  que  siguió  las 
indicaciones  que  le  facilitó  la  comunicación  electrónica,  de  manera  que  accedió  al 
contenido de la notificación del juzgado el último día fijado; fecha que, sin embargo, el 
órgano judicial ha considerado fuera de plazo, por lo que acordó la inadmisión del escrito 
de oposición presentado dentro de los diez días que prevé el art. 556 LEC.
Se reconoce en la demanda que, si bien la recurrente, por ser una persona jurídica, 
viene por ello obligada a relacionarse con la administración de justicia a través de 
medios  electrónicos,  según  establece  el  art.  273  LEC,  cuando  se  trata  del  primer 
emplazamiento y, por tanto, todavía aquélla «aún no ha tenido ninguna relación con el  e
juzgado correspondiente en este especial y concreto procedimiento», la notificación ha  bo
de  practicarse  mediante  cédula  con  entrega  en  papel  de  la  documentación  911ww
acortrsr.e 1sp3o5n, d1i5e2n,t e1,6 2c oyn 1fo5r5m LeE eCs.t aEbslteec úel tiemsoe  pmreiscmepot oa ertsíc cualote, gpóuriecsot oa l erens preelcatcoió, nya c qoune  leons 
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comunicación se harán por remisión al domicilio de los litigantes».
Respecto del auto de 22 de enero de 2019, que desestimó el recurso de reposición 
promovido contra la anterior resolución, se rechaza por la recurrente que el juzgado haya 
fundamentado su decisión en la Ley del procedimiento administrativo común; norma que 
estima que no es de aplicación en el ámbito procesal civil, puesto que la Ley de 
enjuiciamiento civil no se remite a la normativa administrativa en esta materia. Reitera 
que, pese a lo establecido en el art. 273 LEC, respecto de la obligación de relacionarse 
por medios electrónicos con la administración de justicia, ello no supone la obligación de 
tener que recibir la primera notificación o emplazamiento en un proceso judicial por 
medios electrónicos.
4.  Por diligencia de ordenación de la secretaría de justicia de la Sección Tercera de 
este tribunal, de fecha 5 de septiembre de 2019, se acordó oficiar al Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción núm. 6 de Lorca, para que remitiera, a la mayor brevedad posible, 
certificación acreditativa de la interposición o no de recurso de apelación contra alguna 
de las resoluciones dictadas, en las actuaciones principales o en alguna pieza separada, 
en  el  procedimiento  de  ejecución  hipotecaria  seguido  en  ese  juzgado  con  el 
número 64-2018, y si hubiera recaído resolución en el sentido apuntado, que se remita a 
esta Sala testimonio de la misma.
5.  Por  certificación  de  fecha  12  de  septiembre  de  2019,  la  letrada  de  la 
administración de justicia hizo constar que en el procedimiento citado no se había 
interpuesto ningún recurso de apelación por las partes personadas.
6.  Mediante providencia de 28 de octubre de 2019, la Sección Tercera de este 
tribunal acordó admitir a trámite el recurso de amparo, al apreciar que concurre en el 
mismo  una  especial  trascendencia  constitucional  [art.  50.1  de  la  Ley  Orgánica  del 
Tribunal Constitucional (LOTC)], ya que el recurso plantea un problema o afecta a una 
faceta  de  un  derecho  fundamental  sobre  el  que  no  hay  doctrina  de  este  tribunal 
[STC 155/2009, FJ 2, a)]; y que el recurso puede dar ocasión al tribunal para aclarar o 
cambiar su doctrina, como consecuencia de cambios normativos relevantes para la 
configuración del contenido del derecho fundamental [STC 155/2009, FJ 2, b)].
Al  haberse  recibido  con  anterioridad  copia  autenticada  del  procedimiento  de 
ejecución hipotecaria núm. 64-2018, solamente se resolvió, con arreglo a lo dispuesto en 
el  art.  51  LOTC,  dirigir  atenta  comunicación  al  Juzgado  de  Primera  Instancia  e 
Instrucción núm. 6 de Lorca, a fin de que, en un plazo que no excediera de diez días 
emplazara a quienes hubieran sido parte en el procedimiento de ejecución referenciado, 
excepto a la parte recurrente en amparo, por si quisieran comparecer en el presente 
proceso constitucional, en el plazo de diez días, al efecto de formular alegaciones. 
Finalmente, acordó: «De conformidad con la solicitud de la parte actora, fórmese la 
correspondiente pieza separada de suspensión».
7.  Por escrito presentado en el registro de este tribunal el día 18 de noviembre 
del 2019, la procuradora de los tribunales doña Blanca María Grande Pesquero, en 
nombre  y  representación  de  la  entidad  Pera  Assets  Designated  Activity  Company, 
sucesora procesal del Banco de Sabadell, S.A., y asistida del letrado don Alejandro 
Ingram  Solís,  solicitó  que  se  tuviera  a  la  primera  de  las  entidades  citadas  como 
personada y parte, entendiéndose con dicha procuradora las actuaciones sucesivas de 
este proceso.
8.  Por providencia de fecha 22 de enero del 2020, la Sección Tercera de este tribunal  e.e
resolvió tener por personada como parte comparecida en el presente recurso a la entidad  b
Pera Assets Designated Activity Company, en virtud de sucesión procesal verificada ex  911ww
FarJt s1. ),1 a7l  yre 5s4u0lta Lr EqCue  (eplo jru zregmadisoió an  qdueol  haart .a 8d0m iLtiOdoT Cla:  sAuTcCes i4ó7n3 p/2r0o0ce6s, adl ed e2 0e sdtae  ednictiideamdb reen, 
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las resoluciones impugnadas en este amparo [art. 46.1.b) LOTC]; y dado que la acción
emprendida para la reparación de los derechos fundamentales invocados en la demanda de 
amparo  resulta,  por  su  naturaleza,  transmisible  a  terceros  –no  personalísima– 
(STC 240/2001, de 18 de diciembre, FJ 4; AATC 242/1998, de 11 de noviembre, FJ 2, 
y 385/2004, de 18 de octubre, FJ 1).
9.  Por diligencia de ordenación de fecha 9 de marzo de 2020, la secretaría de 
justicia de la Sección Tercera de este tribunal acordó dar vista de las actuaciones 
recibidas a las partes personadas y al Ministerio Fiscal por plazo común de veinte días, 
dentro  de  los  cuales  podrán  presentar  las  alegaciones  que  estimen  pertinentes, 
conforme determina el art. 52.1 de la Ley Orgánica de este tribunal.
10.  En fecha 3 de julio de 2020 presentó sus alegaciones el Ministerio Fiscal. Tras 
reflejar los aspectos del procedimiento judicial y de la tramitación seguida ante este 
tribunal que consideró relevantes, recuerda que el presente recurso de amparo forma 
parte de una serie, cuyo denominador común son las idénticas vulneraciones que se 
atribuyen a las resoluciones dictadas por los juzgados de primera instancia e instrucción 
de  Lorca,  en  diferentes  procedimientos  de  ejecución  hipotecaria  seguidos  contra 
Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., y Penrei Inversiones, S.L.
Al respecto, el fiscal pone de relieve que algunos de esos recursos ya han sido 
resueltos por el Tribunal Constitucional, en concreto por la STC 40/2020, de 27 de 
febrero, dictada por el Pleno, y la STC 43/2020, de 9 de marzo, de la Sala Segunda. En 
relación con las citadas sentencias, señala que recogen la doctrina establecida por la 
STC 6/2019, de 17 de enero, y la STC 47/2019, de 8 de abril, y añade que, en esta 
última sentencia, el tribunal por primera vez apreció la vulneración del derecho a la tutela 
judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE), por la inobservancia del emplazamiento 
personal de la entidad demandada, pues dicha diligencia se realizó a través de la 
dirección electrónica habilitada de la entonces demandante de amparo, sin tener en 
cuenta que el art. 155 LEC obliga a que el primer emplazamiento del demandando o 
ejecutado se realice de manera personal.
Seguidamente,  el  fiscal  transcribe  parte  de  la  fundamentación  jurídica  de  la 
STC 40/2020 y recuerda que la STC 43/2020 resuelve en el mismo sentido por remisión 
a la anterior; asimismo, reproduce la parte de la argumentación de la STC 19/2020, 
de 10 de febrero, que recoge la doctrina establecida en las SSTC 6/2019 y 47/2019 ya 
indicadas.  Finalmente,  en  relación  con  el  presente  recurso  afirma  que  la  doctrina 
expuesta resulta íntegramente aplicable, por lo que interesa su estimación, por haberse 
vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE).
11.  En fecha 6 de julio del 2020 presentó sus alegaciones la entidad demandante 
de amparo. Como primera cuestión y a fin de evitar repeticiones innecesarias, se reiteró 
en lo ya expuesto en su escrito de interposición del recurso de amparo. No obstante, 
destaca la reciente sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional que resuelve el 
recurso de amparo núm. 5377-2018, promovido por Euroinversiones Inmobiliarias Costa 
Sur, S.L., en un asunto prácticamente igual al del presente recurso de amparo, en el que 
el  citado  tribunal  sostiene  que,  tratándose  del  primer  emplazamiento  o  citación  al 
demandado,  éste  ha  de  efectuarse  en  el  domicilio  del  litigante,  como  impone  el 
artículo  155.1  de  la  Ley  de  Enjuiciamiento  Civil,  pues  de  lo  contrario  se  estaría 
vulnerando el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE). Por 
último, tras reproducir parte de la fundamentación jurídica de la referida sentencia, 
solicita que se dicte sentencia estimatoria, en los términos interesados en el escrito de  s
interposición del recurso. oe.
12.  La  entidad  Pera  Assets  Designated  Activity  Company  no  ha  presentado  911ww
alegaciones.
delib1e3r.a ciMóne dyi avnottea cipórno vdied elan cpirae sdeen tef escehnate n1c iad ee l doícat u6b dree l mdeisl m2o0 m20e,s  ys ea ñsoe.ñaló  para
II. Fundamentos jurídicos
Único.  Aplicación de la doctrina sentada por las SSTC 6/2019, 47/2019 y 40/2020.
La presente demanda se integra en la serie de recursos de amparo interpuestos por 
dos entidades, una de ellas la aquí recurrente, demandadas en procesos ejecutivos 
hipotecarios seguidos ante diversos juzgados de primera instancia de Lorca, los cuales, 
tras emplazarlas por vía electrónica a través del servicio de notificaciones electrónicas y 
de  dirección  electrónica  habilitada  de  la  Fábrica  Nacional  de  Moneda  y  Timbre, 
inadmitieron a trámite los escritos de oposición a la ejecución presentados por aquellas, 
al considerarlos extemporáneos. En concreto, en el presente recurso se impugnan los 
autos del Juzgado de Primera Instancia núm. 6 de Lorca, de fechas 19 de septiembre 
de 2018 y 22 de enero de 2019, recaídos en el proceso de ejecución hipotecaria 
núm. 64-2018.
La demandante de amparo alega la vulneración del derecho fundamental a la tutela 
judicial efectiva (art. 24.1 CE), en sus vertientes de derecho a no padecer indefensión y a 
obtener  una  resolución  fundada  en  Derecho,  al  no  haberse  efectuado  el  primer 
emplazamiento  de  manera  personal  y  con  entrega  en  papel  de  la  documentación 
correspondiente, tal y como establecen las normas de la Ley de enjuiciamiento civil, 
singularmente el art. 155.1. El Ministerio Fiscal, por su parte, interesa la estimación del 
amparo  por  el  primer  motivo,  mientras  que  la  entidad  comparecida  se  opone  a  la 
demanda en cuanto al fondo, interesando su desestimación.
Planteado en estos términos el debate, debe indicarse que el Pleno de este tribunal 
ha dictado recientemente la STC 40/2020, de 25 de febrero, en la que ha tenido la 
oportunidad de resolver el recurso de amparo cabecera de esta serie, promovido contra 
dos  autos  de  coincidente  contenido  con  los  que  ahora  se  impugnan,  y  donde  dio 
respuesta a los mismos argumentos que defienden aquí las partes, con fallo estimatorio 
de la demanda. Descartada aquí la concurrencia de algún elemento distintivo, en cuanto 
al  fondo  del  asunto,  que  obligue  a  una  fundamentación  o  resultado  diferente  a  lo 
declarado  entonces,  procede  por  tanto  que  hagamos  aplicación  de  la  citada 
sentencia 40/2020.
En su fundamento jurídico 3 se resuelve así la queja de fondo por lesión del art. 24.1 
CE, derivada de la inadmisión del escrito de oposición a la ejecución. Al respecto se 
afirma que resulta de aplicación al caso la doctrina de este tribunal plasmada en sus 
SSTC  6/2019,  de  17  de  enero,  FJ  4  a),  dictada  al  resolver  una  cuestión  de 
inconstitucionalidad, y 47/2019, de 8 de abril, FJ 4 a), recaída en un proceso de amparo, 
«en relación con la garantía de emplazamiento personal del demandado o ejecutado en 
los  procesos  regidos  en  esta  materia  por  la  Ley  de  enjuiciamiento  civil  (directa  o 
supletoriamente), como primera comunicación con el órgano judicial competente, sin que 
pueda ser sustituida por una comunicación electrónica», como puede ser el caso de la 
efectuada a través de la dirección electrónica habilitada. Tal emplazamiento personal se 
exige en el art. 155.1 LEC y lo complementa la regla del art. 273.4 LEC sobre la 
presentación en papel de las copias de los escritos y documentos para ese primer 
emplazamiento. El incumplimiento de este deber del órgano judicial, «acarrea por tanto 
la conculcación de aquel derecho fundamental», tal y como ya ha declarado este tribunal 
en varios recursos de amparo referidos a procesos laborales, civiles y concursales, que 
se especifican en el mismo fundamento jurídico 3, en aplicación de la doctrina de 
referencia.
Al igual que se constató en el fundamento jurídico 4 de la STC 40/2020, en el  e.
presente caso las dos resoluciones judiciales impugnadas vulneraron el derecho a la  w.b
tutela judicial efectiva de la recurrente, al no proceder a su emplazamiento personal en el  911ww
opproocseicsioó na  aq ulao  eaj eecfeucctióons , doep rtaenqduoe reirll aj udzeg apdaog op oor  aultne renmatpivlaazmaemniteen ptoe remleitcirtrleó npicreos ean ttraarv ésus 
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consistía en un aviso remitiendo a un enlace de internet para poder conocer el contenido
de la notificación. Además, el órgano judicial fundamentó el computó del plazo para 
presentar el escrito de oposición en normas del procedimiento administrativo común, que 
son ajenas al ámbito jurisdiccional en el que nos encontramos, en alegal conjunción con 
el  plazo  del  art.  556  LEC.  Todo  lo  cual  determina  la  estimación  del  amparo  por 
vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión, con reconocimiento 
de tal derecho.
Procede por ello acordar la nulidad de los autos impugnados y de todo lo actuado en 
el  procedimiento  hipotecario  a  quo,  desde  el  momento  en  que  se  proveyó  a  su 
emplazamiento a través de la dirección electrónica habilitada, con retroacción de las 
actuaciones para que el juzgado practique dicho emplazamiento en los términos exigidos 
por la ley (art. 155.1 y 273.4 LEC), de manera respetuosa con el derecho fundamental de 
la demandante.
FALLO
En  atención  a  todo  lo  expuesto,  EL  TRIBUNAL  CONSTITUCIONAL,  POR  LA 
AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
1.º  Estimar la demanda presentada por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, 
S.L., por vulneración de su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva sin padecer 
indefensión (art. 24.1 CE), con reconocimiento de tal derecho.
2.º  Declarar la nulidad de los autos de fechas 19 de septiembre de 2018 y 22 de 
enero de 2019, dictados por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 6 de 
Lorca en el proceso de ejecución hipotecaria núm. 64-2018, así como la nulidad de las 
actuaciones realizadas a partir del emplazamiento de la entidad recurrente a través de la 
dirección electrónica habilitada.
3.º  Retrotraer  el  procedimiento  al  momento  inmediatamente  anterior  al  de 
efectuarse el emplazamiento de la demandada, a fin de que se practique nuevamente de 
forma respetuosa con el derecho fundamental reconocido.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a seis de octubre de dos mil veinte.–Encarnación Roca Trías.–Juan 
Antonio  Xiol  Ríos.–Pedro  José  González-Trevijano  Sánchez.–Antonio  Narváez 
Rodríguez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Firmado y rubricado.