BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 52 Sábado 29 de febrero de 2020 Sec. TC.   Pág. 21456
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
2935 Sala  Primera.  Sentencia  8/2020,  de  27  de  enero  de  2020.  Recurso  de 
amparo 157-2019. Promovido por don Jairo Larralde Bermúdez respecto de 
las resoluciones dictadas por las salas de lo contencioso-administrativo del 
Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional en proceso por responsabilidad 
de la administración de justicia. Vulneración de los derechos a la igualdad y a 
la presunción de inocencia: STC 125/2019 (denegación de indemnización 
resultante de la aplicación del precepto legal anulado por la STC 85/2019, de 
19 de junio).
ECLI:ES:TC:2020:8
La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por don Juan José González 
Rivas, presidente; los magistrados don Andrés Ollero Tassara, don Santiago Martínez-
Vares García, don Alfredo Montoya Melgar, don Cándido Conde-Pumpido Tourón y la 
magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En  el  recurso  de  amparo  núm.  157-2019,  promovido  por  don  Jairo  Larralde 
Bermúdez, representado por el procurador de los Tribunales don Argimiro Vázquez 
Senín y defendido por la letrada doña Susana López Mármol, contra la resolución de 3 
de octubre de 2016, dictada por el secretario de Estado de Justicia, por delegación del 
ministro de Justicia, que desestimó la reclamación por responsabilidad patrimonial del 
Estado por prisión preventiva seguida de absolución; contra la sentencia de la Sección 
Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, de 5 de 
julio de 2018, que desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la 
anterior resolución (procedimiento ordinario núm. 99-2017); y contra la providencia de 13 
de diciembre de 2018 dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Supremo por la que se inadmitió a trámite el recurso de 
casación. Ha sido parte el abogado del Estado, en la representación que ostenta, y ha 
intervenido el ministerio fiscal. Ha sido ponente el presidente don Juan José González 
Rivas.
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito registrado en este Tribunal el 9 de enero de 2019, el procurador 
de los Tribunales don Argimiro Vázquez Senín, en nombre y representación de don Jairo 
Larralde Bermúdez, interpuso recurso de amparo contra las resoluciones referidas en el 
encabezamiento. e
expua2e).  stoLDsoo,s nl o hJsea scirihgoou sLie aenrntrea slqd:uee  Bseer mfuúnddeazm peenrtma alnae dceióm eann dpar isdióen a pmropvairsoio snoanl ,d seuscdien taeml 2e ndtee   2020-2935n https://www.
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2098-2012, incoadas por el Juzgado de Instrucción núm. 7 de Zaragoza. Por sentencia 
del Juzgado de lo Penal núm. 4 de Zaragoza de 10 de octubre de 2014 se absolvió al 
ahora recurrente al estimar que no constaba acreditada su participación en los hechos.
b)  Con fecha 10 de julio de 2015, don Jairo Larralde Bermúdez presentó ante el 
Ministerio de Justicia reclamación indemnizatoria por responsabilidad patrimonial del 
Estado por la vía del art. 294 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y solicitó una 
indemnización total 68.165,72 €.
c)  Incoado  el  correspondiente  procedimiento  administrativo  (expediente  núm. 
404-2015) y tras los preceptivos trámites, mediante resolución de 3 de octubre de 2016 
del secretario de Estado de Justicia, dictada por delegación del ministro, se desestimó 
dicha reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado. Considera esta resolución, 
en síntesis, que no se cumplen los requisitos establecidos en el art. 294 LOPJ «porque el 
motivo de la absolución no ha sido la constatación de la inexistencia del hecho delictivo 
de que fue acusado el reclamante, sino la falta de prueba de cargo, tal como se deduce 
del fundamento jurídico segundo de la sentencia absolutoria, cuando afirma: “En el 
presente caso, la única prueba de cargo contra el acusado Jairo Larralde consiste en la 
declaración de los coimputados, no coincidente además en algunos casos en cuanto a la 
participación  del  acusado  en  los  diferentes  hechos  objeto  de  acusación,  habiendo 
contradicciones entre ellos como puso de manifiesto el abogado de Jairo en el acto de 
juicio. Por otra parte, no hay ninguna corroboración externa que avale la participación del 
acusado Jairo en los hechos que se le imputan”. [...] “Por consiguiente, en atención a lo 
expuesto, aplicando el principio de presunción de inocencia, procede la absolución de 
Jairo Larralde Bermúdez”».
d)  Frente a dicha resolución el ahora recurrente interpuso recurso contencioso-
administrativo, que fue tramitado como el procedimiento ordinario núm. 99-2017 por la 
Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.
e)  En fecha 5 de julio de 2018, la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de la Audiencia Nacional dictó sentencia desestimando el recurso con 
imposición de costas al recurrente. Dicho fallo desestimatorio se funda en: (i) la doctrina 
de las sentencias de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 23 de noviembre de 2010 
que efectúan una interpretación estricta del art. 294 LOPJ, en cuya virtud este precepto 
ampara exclusivamente los supuestos de inexistencia objetiva del hecho, sin perjuicio de 
la posibilidad de acudir a la vía general prevista en el art. 293 LOPJ para la reclamación 
de indemnización, y (ii) la constatación de que no se estaba ante un supuesto de 
inexistencia  objetiva  del  hecho  encuadrable  en  el  art.  294  LOPJ,  sino  ante  una 
absolución vinculada a la inexistencia de prueba de cargo suficiente para acreditar la 
participación del recurrente en los hechos.
f)  Interpuesto por la representación procesal del demandante recurso de casación, 
se tuvo por preparado por auto de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de la Audiencia Nacional de 21 de septiembre de 2018. Elevadas las 
actuaciones a la Sala Tercera del Tribunal Supremo, el recurso fue inadmitido a trámite 
por providencia de la Sección Primera de dicha Sala de lo Contencioso-Administrativo de 
fecha  13  de  diciembre  de  2018.  Esta  resolución  se  fundó  en:  «1) falta  de 
fundamentación suficiente de la concurrencia de los supuestos previstos en el art. 88.2 
b) e i) y 88.3 a) y b) –en base a los cuales se articuló el escrito de preparación–, de los 
que se infiere un interés casacional objetivo y la necesidad de un pronunciamiento de 
esta Sala Tercera, sin que, en particular y respecto de los supuestos alegados de los 
arts. 88.3 a) y 88.3 b) se haya justificado el presupuesto para que opere la presunción  s
incorporada al precepto, teniendo en cuenta los criterios jurisprudenciales ya sentados  oe.
por esta Sala en la invocación de dichos supuestos, y, porque además, tal y como han  w.
sido  planteados  en  preparación  resultan  contradictorios,  y,  2) carencia  de  interés  35ww
csaidsoa cairotincaull aodboje etilv roe cpuarrsao ,l aa l froerfmeraircsióen,  sdues tjaunricsiparlmudeenntec,ia a  ecnu elossti otnéerms idneo sh eecnh olo es xqculueid haas 
idnes tlaan cciaas saec iódnis ceunt ev eirtnu dcu daenlt oa rdtíectuelrom 8in7a nbties. Id eLlJ fCaAllo, »c.uya apreciación y valoración en la  BOE-A-cable e
3.  La parte recurrente aduce en su demanda de amparo que las resoluciones 
impugnadas vulneran sus derechos fundamentales a la libertad (art. 17 CE), así como a 
la igualdad y a la tutela judicial efectiva, previstos en los arts. 14 y 24 CE. La demanda 
hace un repaso general sobre la responsabilidad patrimonial del Estado por prisión 
preventiva seguida de absolución, que incluye su regulación normativa, la jurisprudencia 
del Tribunal Supremo, los pronunciamientos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
y  los  de  este  mismo  Tribunal,  para  concluir  agregando  que  se  ha  producido  una 
vulneración del derecho la presunción de inocencia (art. 24.2 CE).
4.  Mediante providencia de 15 de julio de 2019 la Sección Primera de este Tribunal 
acordó la admisión a trámite de la demanda de amparo presentada, «apreciando que 
concurre en el mismo una especial trascendencia constitucional (art. 50.1 LOTC) como 
consecuencia de que la posible vulneración del derecho fundamental que se denuncia 
pudiera provenir de la ley o de otra disposición de carácter general [STC 155/2009, FJ 2 
c)]», y, de conformidad con lo dispuesto en el art. 51 de la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional  (LOTC),  dirigir  atenta  comunicación  a  la  Sala  de  lo  Contencioso-
Administrativo de la Audiencia Nacional para que en el plazo de diez días remitiera 
certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes al procedimiento 
ordinario núm. 99-2017, previo emplazamiento a quienes hubieran sido parte en tal 
procedimiento, excepto a la parte recurrente en amparo, para que en el plazo de diez 
días pudieran comparecer en el presente recurso. Al tiempo se acordó, por ser parte 
interesada la administración del Estado, notificar la providencia al abogado del Estado y 
emplazarle para que en diez días pudiera comparecer en este proceso constitucional, 
con traslado de copia de la demanda presentada.
5.  Por diligencia de ordenación del secretario de Justicia de la Sección Primera de 
este Tribunal de fecha 2 de septiembre de 2019, se acordó requerir atentamente al 
Tribunal  Supremo  para  que  en  el  plazo  de  diez  días  remitiera  testimonio  de  las 
actuaciones correspondientes al recurso de casación núm. 5900-2018.
6.  Recibidas las actuaciones judiciales, por diligencia de ordenación del secretario 
de Justicia de la Sección Primera de este Tribunal de fecha 6 de noviembre de 2019, se 
acordó tener por personado y parte en el procedimiento al abogado del Estado, en la 
representación que ostenta, ordenándose entender con él las sucesivas diligencias, y, 
con arreglo al art. 52 LOTC, conceder a las partes personadas y el ministerio fiscal el 
plazo  común  de  veinte  días  para  que,  con  vista  de  las  actuaciones,  formulasen 
alegaciones.
7.  En fecha 20 de noviembre de 2019 el ministerio fiscal presentó su escrito de 
alegaciones en el que termina solicitando que se acuerde la inadmisión del presente 
recurso y, subsidiariamente, se otorgue el amparo al haberse vulnerado el derecho 
fundamental del recurrente a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE) y a la igualdad 
(art. 14 CE), se anulen las resoluciones administrativas y se retrotraigan las actuaciones 
al momento anterior al dictado de la resolución del secretario de Estado de Justicia de 3 
de octubre de 2016 para que se resuelva la reclamación de responsabilidad patrimonial 
planteada en términos respetuosos con los derechos fundamentales del demandante de 
amparo.
Tras relatar los antecedentes fácticos y resumir las alegaciones formuladas por el 
recurrente, comienza el fiscal ante el Tribunal Constitucional poniendo de manifiesto la 
posible concurrencia de un óbice procesal. Así, somete a consideración del Tribunal la  e.
posibilidad de apreciar un defectuoso agotamiento de la vía judicial previa, conforme al  w.
art. 50.1 a) LOTC, en el caso de que se considere que el recurso de casación fue  35ww
faerctihcual a1d3o  cdoen  dniceigelmigbernec iad ed e2 0p1a8rt.e ,R veicsutoe redla  teqnuoer  d«ed ela  apcruoevriddoe nccioan  duen ian ardemiteisriaódna  dey 
ecofencstoivlaidmadean ted oacgtoritnaad ac oyn, setintu ccioonnsael cluae nvcíiaa , juadbiiceiratal  plar evdieal  psrooloc espou ecdoen sctiotuncsiiodnearal rdsee   BOE-A-cable e
amparo, cuando los recursos jurisdiccionales pertinentes y útiles se hayan interpuesto en 
tiempo y forma, ya que si se formulan extemporáneamente o sin cumplir los requisitos 
procesales  exigibles  el  órgano  judicial  llamado  a  resolverlos  se  verá  privado  de  la 
posibilidad de entrar en el conocimiento y resolución de los temas de fondo, no pudiendo 
en tales circunstancias reparar la lesión constitucional que, en su caso, pudiera ser 
después susceptible de impugnación en el proceso de amparo constitucional, lo que es 
contrario a la naturaleza subsidiaria del recurso de amparo (SSTC 9/1992, de 16 de 
enero, FJ 5; 4/2000, de 17 de enero, FJ 2; 53/2000, de 28 de febrero, FJ 2; 111/2000, 
de 5 de mayo, FJ 4)». Agrega que «no se han considerado agotados los recursos 
utilizables cuando la interposición adolece de irregularidades procesales que llevan a su 
inadmisión, ni tampoco cuando, una vez interpuestos, la inactividad de la parte provoca 
su desestimación, pues, a efectos del art. 44.1 a) LOTC, la frustración procesal de un 
recurso por causa imputable a la conducta del recurrente equivale a su no utilización 
(SSTC 11/1998, de 13 de enero, FJ 2; 92/1999, de 26 de mayo, FJ 2; 162/1999, de 27 de 
septiembre)».
A continuación y para el supuesto de que no se considere concurrente la causa de 
inadmisión invocada, el fiscal argumenta que procede otorgar el amparo siguiendo lo 
resuelto  en  la  STC  85/2019,  de  19  de  junio,  que  estimó  la  cuestión  interna  de 
inconstitucionalidad planteada por el Pleno en el ATC 79/2018, de 17 de julio, y declaró 
la inconstitucionalidad y nulidad de los incisos «por inexistencia del hecho imputado» y 
«por esta misma causa» del art. 294.1 LOPJ por vulneración del derecho a la igualdad y 
del derecho a la presunción de inocencia (arts. 14 y 24.2 CE), con los efectos indicados 
en su FJ 13.
8.  En fecha 3 de diciembre de 2019, el recurrente, por medio de su representación 
procesal, presentó escrito en el que se remite a su demanda y hace mención de la 
STC 85/2019, de 19 de junio.
9.  En fecha 4 de diciembre de 2019 el abogado del Estado presentó su escrito de 
alegaciones en el que termina solicitando que se dicte sentencia conforme a Derecho y, 
en  caso  de  ser  estimatoria,  se  ordene  la  retroacción  del  expediente  a  la  vía 
administrativa «a fin de que de acuerdo con lo que dispone el art. 294 de la LOPJ, y 
siguiendo siempre el cauce procedimental adecuado, se acrediten los daños y perjuicios 
que en su caso se hubieran podido llegar a producir al recurrente». Se refiere a la 
STC 85/2019, de 19 de junio, dictada como resultado de un proceso de cuestión interna 
de  inconstitucionalidad,  sobre  el  posible  desajuste  o  no  con  la  Constitución  del 
controvertido art. 294 LOPJ, y a otras dictadas con posterioridad en supuestos similares, 
como las de 13 de noviembre de 2019 (en los recursos de amparo núms. 424-2012 
y 2052-2012).
10.  Por providencia de 23 de enero de 2020 se señaló para deliberación y votación 
de la presente sentencia el día 27 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Objeto del recurso y posiciones de las partes.
El presente recurso de amparo se dirige contra la resolución de 3 de octubre de 2016 
del secretario de Estado de Justicia, dictada por delegación del ministro, que rechazó la 
reclamación  formulada  por  el  recurrente  de  una  indemnización  en  virtud  de  la  e.
responsabilidad patrimonial en que habría incurrido el Estado por la prisión preventiva  w.b
sufrida por el mismo y seguida de su absolución, así como contra la sentencia de la  35ww
dSee cc5ió nd Tee rcjuelriao  ded el a 2S0a1la8 ,d eq luoe  Codnetseensctiiomsóo -Aedlm  irneiscturrastoiv o cdoen tlean Aciuodsioe-nacdiam iNniasctrioantivaol, 
p(prerocceeddeimntiee,n yto l ao prdroinvaidrieon cniúam d.e  9193- 2d0e1 7d)ic iienmtebrpreu edseto 2 0c1o8n tdraic tlaad rae spoolru lcaió Sne accdimónin Pisrtirmateivraa 
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo por la que se inadmitió
a trámite el recurso de casación. Estas últimas se impugnan exclusivamente en cuanto 
que no habrían reparado las vulneraciones de los derechos fundamentales que se 
imputaban a la primera.
En el apartado de antecedentes de esta sentencia han quedado expuestas con 
detalle las circunstancias relativas al proceso penal, al procedimiento administrativo que 
desembocó en la resolución administrativa desestimatoria de la reclamación, al igual que 
las referidas al proceso judicial promovido para su revisión.
El ministerio fiscal ha opuesto un óbice de admisibilidad que será examinado en 
primer lugar. Subsidiariamente interesa el otorgamiento del amparo. El abogado del 
Estado solicita el dictado de una sentencia conforme a Derecho y, para el caso que fuera 
estimatoria, que ordene la retroacción de las actuaciones a la vía administrativa.
2.  Óbice procesal.
El fiscal ante este Tribunal Constitucional cuestiona la admisibilidad del recurso de 
amparo en cuanto que se habría producido un defectuoso agotamiento de la vía judicial 
previa,  equivalente  a  la  falta  de  agotamiento  [art.  44.1  a)  LOTC],  según  pone  de 
manifiesto el contenido de la providencia de inadmisión del recurso de casación dictada 
por  la  Sección  Primera  de  la  Sala  de  lo  Contencioso-Administrativo  del  Tribunal 
Supremo.
Este planteamiento debe ser rechazado.
Según la doctrina de este Tribunal «el agotamiento defectuoso de la vía judicial 
equivale a su falta de agotamiento» (SSTC 111/2000, de 5 de mayo, FJ 4; 133/2001, 
de  13  de  junio,  FJ  2;  93/2002,  de  22  de  abril,  FJ  3)  pero  solo,  como  aclaró  el 
ATC 98/2010, de 21 de diciembre, FJ 6, cuando «la descuidada o errada conducta 
procesal del recurrente a la hora de cumplir con los requisitos de tiempo y forma 
legalmente exigidos» determine el fracaso de un recurso, en abstracto, idóneo para 
obtener  la  reparación  del  derecho  fundamental  a  tutelar.  Esto  sucede  cuando  se 
interpone de modo extemporáneo (AATC 85/1983, de 23 de febrero; 215/1984, de 4 de 
abril; 205/1993, de 28 de junio; 31/1998, de 29 de enero, y, 229/2008, de 21 de julio; 
SSTC 64/1987, de 20 de mayo, FJ 3; 192/1992, de 16 de noviembre, FJ 3, y 114/2009, 
de 14 de mayo). Y también, aunque más matizadamente, cuando la inadmisión del 
recurso judicial se funda en el incumplimiento de alguno de los requisitos formales 
(SSTC 53/2000, de 18 de febrero, FJ 2; 111/2000, de 5 de mayo, FJ 4, y 133/2001, de 13 
de junio, FJ 5; y ATC 229/2008, de 21 de julio, FJ 6). En todo caso, «el criterio decisivo a 
tener en cuenta es el comportamiento procesal del recurrente y, por tanto, un elemento 
de carácter subjetivo que no depende ya exclusiva ni principalmente de lo dispuesto en 
la legislación procesal» (ATC 98/2010, FJ 6).
Siguiendo al citado ATC 98/2010 hemos de puntualizar que el «incumplimiento de los 
requisitos procesales ha de ser siempre manifiesto e incontrovertible»; y que no cabe 
apreciar la falta de agotamiento en aquellos supuestos en los que el recurso resulta 
frustrado por no contener los escritos de preparación o interposición una fundamentación 
suficiente o adecuada de algún extremo que, como requisito procesal de acceso al 
recurso, previenen las normas procesales. Esta última matización, que impone una 
valoración en forma circunstanciada en cada caso, toma como punto de partida que «no 
es desde luego lo mismo prescindir lisa y llanamente de la correspondiente justificación 
que exponerla en forma infundada», ni tampoco, «en este último caso, es jurídicamente 
indiferente el carácter grosero o simplemente discutible del carácter infundado de la 
justificación ofrecida» (FJ 7). Lo anterior, que aparecía referido específicamente en el  e
mencionado auto a los requisitos relativos a «la exposición precisa y circunstanciada de  bo
la contradicción doctrinal entre la resolución recurrida y la seleccionada como término de  35ww
cjuosntitfriacastceió»n,  edne  eqlu aen «tiglau oin frreaccucrisóon  ddee  cuansaa cnioórnm paa eras talat aul noif iccoamcióunn itdaeri ala e duorocptreinaa h, ay  sai dlao 
rreesleuvltaan teen tye rdaemteernmtein atrnatsela ddealb flael laol» r eeqnu eisl itaon dtees  judsetnifoicmacinióand od erel cinutresroé sd cea csaascaiocnióanl  ocbojmetúivno, 
que impone el vigente artículo 89.2 f) de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-
administrativa (LJCA). Así lo ha entendido la reciente STC 121/2019, de 28 de octubre, 
que rechazó este óbice de defectuoso agotamiento en relación con el nuevo recurso de 
casación  de  la  jurisdicción  contencioso-administrativa  introducido  por  la  Ley 
Orgánica 7/2015, de 21 de julio.
En la STC 121/2019 destacábamos, con cita del ATC 65/2018 de 18 de junio, FJ 5, la 
atribución legal al Tribunal Supremo de un amplio margen de apreciación sobre la 
concurrencia o no del interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia 
así como para valorar si el escrito de preparación satisface el requisito que impone el 
art. 89.2 f) LJCA, «en el que exige que se “justifique cuidada y rigurosamente el interés 
casacional objetivo del recurso que revela la circunstancia invocada” (ATS de 15 de 
marzo de 2017, recurso de casación 93-2017)». Tomando en consideración que la sala 
de instancia había dictado auto motivado en el que tuvo por preparado el recurso de 
casación al apreciar que cumplía con el plazo y con los requisitos de forma establecidos 
en el art. 89.2 LJCA y que el Tribunal Supremo estimó, sin embargo, que el escrito de 
preparación no fundamentó debidamente la concurrencia de alguno o algunos de los 
supuestos  que  permiten  apreciar  el  interés  casacional  objetivo,  circunstancias  que 
también concurren en el presente caso, resolvimos que, a los efectos del óbice procesal 
que nos ocupa, la inadmisión del recurso no podía atribuirse de forma clara e inequívoca 
a la falta de diligencia de la parte (fundamento 2).
Como se ha anticipado, en este caso la sala de instancia tuvo por preparado el 
recurso de casación al apreciar que el escrito de preparación se interpuso en plazo y 
cumplía con los requisitos de forma que establece el art. 89.2 LJCA, mientras que el 
Tribunal Supremo consideró que dicho escrito contenía una justificación insuficiente —
que no inexistente— de un interés casacional objetivo. Añadió, además, una segunda 
causa de inadmisión consistente en la carencia de ese interés casacional objetivo para la 
formación de jurisprudencia. De todo esto se ha dejado constancia detallada en el 
apartado de antecedentes de esta sentencia. En tales circunstancias, no es posible 
estimar que la inadmisión del recurso de casación obedeciera a un defecto procesal 
manifiesto e incontrovertible o, dicho de otro modo, fuera atribuible de forma clara e 
inequívoca a la falta de diligencia de la parte, razón por la que procede considerar 
debidamente agotada la vía judicial previa al recurso de amparo.
3.  Remisión a las SSTC 85/2019 y 125/2019.
Resuelta la admisibilidad del recurso de amparo, cabe señalar que tanto el objeto del 
presente proceso constitucional como los planteamientos introducidos por las partes en 
el debate son sustancialmente coincidentes con los abordados por el Pleno del Tribunal 
Constitucional en la reciente STC 125/2019, de 31 de octubre (recurso de amparo núm. 
4035-2012), a cuyos fundamentos jurídicos debemos remitirnos. En concreto, en su 
fundamento jurídico 4 se determinaron los efectos sobre el recurso de amparo de la 
declaración de inconstitucionalidad de los incisos «por inexistencia del hecho imputado» 
y «por esta misma causa» del art. 294.1 LOPJ por la STC 85/2019, de 19 de junio, para 
concluir que procede otorgar el amparo en tanto «las resoluciones ahora impugnadas de 
aplicación  de  dicha  normativa  –a  la  que  atendieron  los  órganos  administrativos  y 
judiciales por estar entonces vigente– materializan la misma vulneración del derecho a la 
igualdad y del derecho a la presunción de inocencia (arts. 14 y 24.2 CE) que apreciamos 
en la norma en la que tienen su fuente».
En consecuencia, procede estimar el presente recurso de amparo y reconocer el 
derecho del recurrente a que la decisión sobre su solicitud de indemnización se adopte,  e
en cuanto a sus criterios rectores, de acuerdo con las exigencias constitucionales del  bo
art. 14 CE y del art. 24.2 CE señaladas en las SSTC 85/2019 y 125/2019. Por ello, la  35ww
rdeet roEasctacdióon  ddee bJeu sreticmiao ndtaer s3e  dael  mocotmubernet od aen 2te0r1io6r,  aq udeic tdaersnee glaó  rleas oinludceimónn idzealc isóenc rye taqruioe 
ionroigciennac ilaa,  lpeasriaó nq udee  lalo asd mdeinreiscthraocsi ófnu nredsaumeelvnata dlees  nau elvao  ilgau cauldeasdti óyn  ap lalan teparedsau cnocniófonr mdee 
a  las  exigencias  de  los  arts.  14  y  24.2  CE,  en  los  términos  indicados  en  las 
SSTC 85/2019, FJ 13 y 125/2019, FJ 5.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar el recurso de amparo interpuesto por don Jairo Larralde Bermúdez y, en 
consecuencia:
1.º  Declarar vulnerado el derecho a la igualdad (art. 14 CE) y el derecho a la 
presunción de inocencia (art. 24.2 CE).
2.º  Restablecerlo en sus derechos y, a tal fin, declarar la nulidad de la providencia 
de 13 de diciembre de 2018 dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Supremo por la que se inadmitió a trámite el recurso de 
casación,  de  la  sentencia  de  la  Sección  Tercera  de  la  Sala  de  lo  Contencioso-
Administrativo de la Audiencia Nacional, de 5 de julio de 2018, dictada en el recurso 
contencioso-administrativo núm. 99-2017, y de la resolución del secretario de Estado de 
Justicia de 3 de octubre de 2016, recaída en el expediente núm. 404-2015.
3.º  Retrotraer las actuaciones al momento anterior al dictado de la última resolución 
citada para que se resuelva la reclamación de responsabilidad patrimonial de forma 
respetuosa con los derechos fundamentales a la igualdad y a la presunción de inocencia.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a veintisiete de enero de dos mil veinte.–Juan José González 
Rivas.–Andrés  Ollero  Tassara.–Santiago  Martínez-Vares  García.–Alfredo  Montoya 
Melgar.–Cándido Conde-Pumpido Tourón.–María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y 
rubricado.