BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 206 Jueves 30 de julio de 2020 Sec. III.   Pág. 60351
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
8805 Resolución de 4 de junio de 2020, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación 
del registrador de la propiedad de Las Palmas de Gran Canaria n.º 2, por la 
que se suspende la inscripción de un testimonio de decreto por el que se 
aprueba un convenio regulador de divorcio por mutuo acuerdo.
En  el  recurso  interpuesto  por  doña  P.M.O.  contra  la  nota  de  calificación  del 
Registrador de la propiedad de Las Palmas de Gran Canaria número 2, don Miguel 
Ángel Jiménez Barbero, por la que se suspende la inscripción de un testimonio de 
decreto por el que se aprueba un convenio regulador de divorcio por mutuo acuerdo.
Hechos
I
Mediante decreto firme dictado por la Letrado de la Administración de Justicia del 
Juzgado de Primera Instancia número 15 de Las Palmas de Gran Canaria, Doña M. G. M., 
de fecha 21 de febrero de 2019, se aprueba un convenio regulador de divorcio por mutuo 
acuerdo firmado el 4 de febrero de 2019 entre A. C. G. R. y A. I. M. G. En dicho convenio 
se remiten a un acuerdo de liquidación de sociedad de gananciales de fecha 29 de enero 
de  2019  que  se  incorpora.  En  la  parte  dispositiva  del  decreto  consta  no  sólo  la 
aprobación  del  convenio  regulador  sino  también  la  declaración  del  divorcio  del 
matrimonio formado por aquellos.
II
Presentado testimonio del citado Decreto en el Registro de la propiedad de Las 
Palmas de Gran Canaria número 2 fue objeto de la siguiente nota de calificación: 
«Presentado en esta oficina a las 14:11 horas del día treinta y uno de octubre de dos mil 
diecinueve bajo el asiento 1418 del diario 118, testimonio expedido en esta Ciudad el 25 
de febrero de 2019 por doña M. G. M., Letrada de la Administración de Justicia del 
Juzgado de Primera Instancia N.º 15 de las Palmas de Gran Canaria; tras su calificación, 
el Registrador que suscribe la presente, ha acordado suspender la inscripción solicitada 
con arreglo a los siguientes hechos y fundamentos de derecho: Hechos: En virtud de 
dicho instrumento público y sobre la base del procedimiento: Familia. Divorcio mutuo 
acuerdo, número: 182/2019, seguido en dicho Juzgado a instancias de los esposos don 
A. C. G. R. y doña A. I. M. G., por decreto de fecha 21 de febrero de 2019 se acuerda 
declarar el divorcio del matrimonio formado por los esposos antes relacionados y se 
aprueba el convenio regulador de fecha 04 de febrero de 2019 que se incorpora al 
testimonio que nos ocupa. Asimismo, forma parte del testimonio que nos ocupa el 
documento suscrito por los referidos esposos con fecha 29 de enero de 2019 por el cual 
se procede a la liquidación de la sociedad de gananciales que conforman, y en virtud del 
cual se adjudica al señor G. R., entre otros bienes, y como única finca perteneciente a la  e.e
demarcación hipotecaria de esta oficina, la registral finca número 38176 de Las Palmas  b
de G.C. 2. De la documentación calificada, concretamente del decreto de fecha veintiuno  05ww
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diecinueve. Fundamentos de derecho: Falta la aprobación judicial expresa del acuerdo
de liquidación de sociedad de gananciales de fecha veintinueve de enero de dos mil 
diecinueve.  Al  no  haberse  aprobado  judicialmente  dicho  acuerdo  de  liquidación  de 
sociedad  de  gananciales  de  fecha  veintinueve  de  enero  de  dos  mil  diecinueve,  el 
documento calificado no es título suficiente para la inscripción del dominio, ello de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley Hipotecaria. Como ha reiterado 
en numerosas ocasiones la Dirección General de los Registros y del Notarios, uno de los 
principios básicos de nuestro sistema registral es el llamado principio de legalidad, que, 
por la especial trascendencia de efectos derivados de los asientos del Registro (que 
gozan,  erga  omnes,  de  la  presunción  de  exactitud  y  validez  y  se  hallan  bajo  la 
salvaguardia jurisdiccional –artículos 1 y 38 de la Ley Hipotecaria–), está fundado en una 
rigurosa selección de los títulos inscribibles sometidos a la calificación registral. Así, el 
artículo  3  de  la  Ley  Hipotecaria  establece,  entre  otros  requisitos,  la  exigencia  de 
documento público o auténtico para que pueda practicarse la inscripción en los libros 
registrales,  y  esta  norma  se  reitera  en  toda  la  Ley  Hipotecaria,  así  como  en  su 
Reglamento. En el sentido antes expuesto se ha pronunciado la Dirección General de los 
Registros y del Notariado en su resolución de fecha 26 de mayo de 2.015. La presente 
calificación negativa determina la prórroga del asiento de presentación por el plazo que 
señala el artículo 323.1.º de la Ley Hipotecaria. No se toma anotación preventiva de 
suspensión por defecto subsanable por no haberse solicitado por el presentante, de 
conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  323  de  la  Ley  Hipotecaria.  Contra  la 
calificación  efectuada  se  podrá  (…)  Las  Palmas  de  Gran  Canaria,  a  veintidós  de 
noviembre del año dos mil diecinueve. El Registrador, Miguel Ángel Jiménez Barbero».
III
Contra la anterior nota de calificación, la Procurador de los Tribunales Doña P.M.O., 
en representación de los ex cónyuges afectados por el convenio regulador, interpone 
recurso en virtud de escrito de fecha 13 de enero de 2019 en base entre otros a los 
siguientes argumentos: En virtud de dicho instrumento público y sobre la base del 
procedimiento: Familia. Divorcio mutuo acuerdo, número: 182/2019, seguido en dicho 
Juzgado a instancias de los esposos don A. C. G. R. y doña A. I. M. G., por decreto de 
fecha 21 de febrero de 2019 se acuerda declarar el divorcio del matrimonio formado por 
los esposos antes relacionados y se aprueba el convenio regulador de fecha 04 de 
febrero de 2019 que se incorpora al testimonio que nos ocupa. Asimismo, forma parte 
del testimonio que nos ocupa el documento suscrito por los referidos esposos con 
fecha 29 de enero de 2019 por el cual se procede a la liquidación de la sociedad de 
gananciales que conforman, y en virtud del cual se adjudica al señor G. R., entre otros 
bienes, y como única finca perteneciente a la demarcación hipotecaria de esta oficina, la 
registral finca número 38176 de Las Palmas de G.C. 2. De la documentación calificada, 
concretamente del decreto de fecha veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, resulta 
que se aprueba el convenio regulador suscrito por los interesados con fecha cuatro de 
febrero de dos mil diecinueve, sin embargo, no resulta que se apruebe el acuerdo de 
liquidación de la sociedad de gananciales llevado a cabo por doña A. I. M. G. y don A. C. 
G. R. con fecha veintinueve de enero de dos mil diecinueve. Fundamentos de derecho: 
Falta  la  aprobación  judicial  expresa  del  acuerdo  de  liquidación  de  sociedad  de 
gananciales  de  fecha  veintinueve  de  enero  de  dos  mil  diecinueve.  Se  solicita  la 
inscripción ya que el propio convenio regulador establece que se procede a la liquidación 
de gananciales en documento aparte y que forma parte de la sentencia de divorcio y del  s
testimonio presentado (cláusula VI del convenio regulador). e.
El registrador emitió informe el día 1I5V de enero de 2020, mantuvo la nota de  2020-8805n https://ww
calificación y elevó el expediente a este Centro Directivo.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 81 a 87 y 90 del Código Civil; 3 de la ley Hipotecaria; artículo 777 
de la ley de enjuiciamiento civil;  artículo 100 del Reglamento Hipotecario; las Sentencias 
del Tribunal Supremo de 25 de junio de 1987, 26 de enero de 1993, 22 de abril de 1997, 
31 de marzo de 2011 y de 20 de abril y 10 de diciembre de 2012; las sentencias de la 
Audiencia Provincial de Oviedo de 9 de noviembre de 1988, de la Audiencia Provincial 
de Alicante de 18 de octubre de 2001 y de la Audiencia Provincial de Barcelona de 9 de 
octubre de 1992, 18 de febrero de 2002, 5 y 20 de mayo de 2003 y 7 de enero y 25 de 
octubre de 2005; la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 4 de Alicante 
de 8 de febrero de 2011, y las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y 
del Notariado de 6 de marzo de 2001, 5 de diciembre de 2002, 20 de febrero de 2004, 5 
de junio de 2008, 14 de mayo y 18 de noviembre de 2009, 10 y 22 de diciembre de 2010, 
19 de enero, 1 de marzo, 13 de junio y 3 de septiembre de 2011, 11 de abril, 19 de mayo 
y 7 de julio de 2012, 6 y 8 de mayo, 2, 4 y 26 de junio, 1 de julio, 6 y 29 de septiembre 
y 16 de octubre de 2014 y 27 de febrero y 13 de marzo de 2015 y 30 de junio de 2015.
1.  Mediante decreto firme dictado por Letrado de la Administración de Justicia se 
declara el divorcio de dos cónyuges y se aprueba un convenio regulador. En dicho 
convenio  se  remiten  los  otorgantes  a  un  acuerdo  de  liquidación  de  sociedad  de 
gananciales anterior, que se incorpora también al testimonio del decreto. El registrador 
suspende  la  inscripción  por  faltar  la  aprobación  judicial  expresa  del  acuerdo  de 
liquidación  de  sociedad  de  gananciales.  Entiende  que  al  no  haberse  aprobado 
judicialmente dicho acuerdo de liquidación de sociedad de gananciales el documento 
calificado no es título suficiente para la inscripción del dominio, ello de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley Hipotecaria. La recurrente entiende que sí está 
aprobado al estar incorporado al testimonio del decreto aprobatorio del divorcio y del 
convenio regulador, en el que se hace referencia al mismo.
2.  Según doctrina reiterada de este Centro Directivo (cfr. las Resoluciones citadas 
en los «Vistos» de la presente), es inscribible el convenio regulador sobre liquidación del 
régimen económico matrimonial que conste en testimonio judicial acreditativo de dicho 
convenio, siempre que haya sido aprobado por la sentencia que acuerda la nulidad, 
separación o el divorcio. Se considera que se trata de un acuerdo de los cónyuges que 
acontece dentro de la esfera judicial y es presupuesto necesario de la misma sentencia 
modificativa del estado de casado. Ahora bien, como también tiene declarado esta 
Dirección General de los Registros y del Notariado (véase, por todas, la Resolución 
de 25 de octubre de 2005), esa posibilidad ha de interpretarse en sus justos términos, 
atendiendo a la naturaleza, contenido, valor y efectos propios del convenio regulador (cfr. 
artículos 90, 91 y 103 del Código Civil), sin que pueda servir de cauce formal para otros 
actos que tienen su significación negocial propia, cuyo alcance y eficacia habrán de ser 
valorados en función de las generales exigencias de todo negocio jurídico y de los 
particulares que imponga su concreto contenido y la finalidad perseguida.
3.  Dispone el artículo 82.1 del Código Civil, en la redacción dada por la disposición 
final 1.18 de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de jurisdicción voluntaria, que «los cónyuges 
podrán acordar su separación de mutuo acuerdo transcurridos tres meses desde la 
celebración del matrimonio mediante la formulación de un convenio regulador ante el 
Secretario judicial –actualmente Letrados de la Administración de Justicia- o en escritura 
pública  ante  Notario,  en  el  que,  junto  a  la  voluntad  inequívoca  de  separarse, 
determinarán las medidas que hayan de regular los efectos derivados de la separación  e
en  los  términos  establecidos  en  el  artículo  90.  Los  funcionarios  diplomáticos  o  bo
consulares, en ejercicio de las funciones notariales que tienen atribuidas, no podrán  05ww
auto4r.iz aLr ala  Leesyc r1it5u/r2a0 p1ú5b dliec aju dries dsiecpcaiórna cvióonlu»n.taria ha atribuido por tanto a los Letrados de
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acuerdo»; que hayan transcurrido tres meses desde su celebración (arts. 82.1 y 87 CC);
y  que  no  existan  hijos  menores  no  emancipados  o  con  la  capacidad  modificada 
judicialmente que dependan de sus progenitores (art. 81.1 CC). La concurrencia de hijos 
menores no emancipados o con la capacidad modificada judicialmente no excluye la 
posibilidad de que la separación o el divorcio lo sean de mutuo acuerdo, pero sí de que 
su conocimiento corresponda al Letrado de la Administración de Justicia o al Notario, 
pues  en  tales  casos  sigue  reservada  la  competencia,  en  exclusiva,  a  los  órganos 
jurisdiccionales (cfr. art. 777.5 LEC).
5.  El convenio regulador es un elemento esencial en el expediente de separación y 
divorcio  de  mutuo  acuerdo.  La  nueva  redacción  dada  por  la  Ley  15/2015  a  los 
artículos  82  y  87  del  Código  Civil  establece  que  los  cónyuges  podrán  acordar  la 
separación o divorcio de mutuo acuerdo una vez transcurridos tres meses desde la 
celebración del matrimonio mediante la formulación de un convenio regulador.
Y el artículo 90 C.C. dispone que «1. El convenio regulador a que se refieren los 
artículos 81, 82, 83, 86 y 87 deberá contener, al menos y siempre que fueran aplicables, 
los siguientes extremos: a) El cuidado de los hijos sujetos a la patria potestad de ambos, 
el ejercicio de ésta y, en su caso, el régimen de comunicación y estancia de los hijos con 
el progenitor que no viva habitualmente con ellos. b) Si se considera necesario, el 
régimen de visitas y comunicación de los nietos con sus abuelos, teniendo en cuenta, 
siempre, el interés de aquéllos. c) La atribución del uso de la vivienda y ajuar familiar. d) 
La  contribución  a  las  cargas  del  matrimonio  y  alimentos,  así  como  sus  bases  de 
actualización y garantías en su caso. e) La liquidación, cuando proceda, del régimen 
económico del matrimonio. f) La pensión que conforme al artículo 97 correspondiere 
satisfacer, en su caso, a uno de los cónyuges (…)».
«Cuando los cónyuges formalizasen los acuerdos ante el Secretario judicial o Notario 
y éstos considerasen que, a su juicio, alguno de ellos pudiera ser dañoso o gravemente 
perjudicial para uno de los cónyuges o para los hijos mayores o menores emancipados 
afectados, lo advertirán a los otorgantes y darán por terminado el expediente. En este 
caso, los cónyuges sólo podrán acudir ante el Juez para la aprobación de la propuesta 
de convenio regulador. Desde la aprobación del convenio regulador o el otorgamiento de 
la escritura pública, podrán hacerse efectivos los acuerdos por la vía de apremio».
En definitiva, sobre la propuesta de convenio formulada por los cónyuges deberá 
pronunciarse el Letrado de la Administración de Justicia en el decreto que la formalice y 
declare la separación o divorcio de los cónyuges (al igual que el notario en la escritura 
que en su caso formalice), de modo casi idéntico a como ocurre en el caso de que la 
separación o divorcio de mutuo acuerdo se presente ante el Juez (art. 777.6 LEC). 
Desde su aprobación tiene eficacia ejecutiva.
6.  Pues  bien  en  el  caso  que  nos  ocupa  existe  un  decreto  del  letrado  de  la 
Administración de Justicia en la que se declara el divorcio y se aprueba un convenio 
regulador de sus efectos. Este recoge, integrándolo como parte del mismo –lo reconoce 
el mismo registrador en su informe-, el acuerdo de liquidación del régimen económico 
matrimonial entre los hasta entonces cónyuges. Se expide testimonio del decreto, una 
vez firme, y se presenta ante el Registro de la Propiedad, por lo que no se puede invocar 
falta de forma pública para practicar la inscripción.
La liquidación del régimen económico matrimonial forma parte del convenio regulador 
aprobado  por  el  letrado  de  la  administración  de  Justicia,  existe  por  tanto  un 
pronunciamiento  favorable  de  éste  que  se  extiende  a  la  liquidación  del  régimen 
económico matrimonial y, por ende, el testimonio del decreto firme aprobatorio cumple 
con la exigencia de forma pública conforme al artículo 3 de la Ley Hipotecaria. s
Atendiendo  a  las  circunstancias  de  hecho  y  a  los  Fundamentos  de  Derecho  oe.
expuestos, esta Dirección General ha acordado la estimación del recurso y la revocación  w.
de la nota de calificación. 05ww
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el 
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las 
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de 
la Ley Hipotecaria.
Madrid,  4  de  junio  de  2020.–La  Directora  General  de  Seguridad  Jurídica  y  Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.