BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 207 Viernes 31 de julio de 2020 Sec. TC.   Pág. 62337
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
8956 Sala  Primera.  Sentencia  75/2020,  de  29  de  junio  de  2020.  Recurso  de 
amparo 3092-2019. Promovido por Penrei Inversiones, S.L., respecto de las 
resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de 
Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración del derecho a 
la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección 
electrónica  habilitada  como  cauce  de  comunicación  del  primer 
emplazamiento  procesal  (SSTC  6/2019  y  47/2019)  e  inadmisión  de  la 
oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas 
jurídicas  de  relacionarse  con  la  administración  de  justicia  por  medio  de 
comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en 
los procesos civiles].
ECLI:ES:TC:2020:75
La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por el magistrado don Juan 
José González Rivas, presidente, y los magistrados don Andrés Ollero Tassara, don 
Santiago Martínez-Vares García, don Alfredo Montoya Melgar y don Cándido Conde-
Pumpido Tourón, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 3092-2019, promovido por Penrei Inversiones, S.L., 
representada por la procuradora de los tribunales doña Blanca Berriatua Horta y bajo la 
dirección  de  la  letrada  doña  Anju  Nirmala  Benavent  Rodríguez  contra  el  auto  del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 6 de Lorca, de 17 de septiembre 
de 2018, que inadmitió la demanda de oposición a la ejecución formulada por dicha 
mercantil, en el procedimiento de ejecución hipotecaria núm. 67-2018 instado por la 
entidad Banco de Sabadell; y contra el auto del mismo juzgado, de 8 de abril de 2019, 
que desestimó el recurso de reposición interpuesto contra la anterior resolución. Ha 
intervenido  el  Ministerio  Fiscal.  Ha  formulado  alegaciones  la  entidad  Pera  Assets 
Designated Activity Company, actuando como sucesora procesal del banco ejecutante. 
Ha sido ponente el magistrado don Alfredo Montoya Melgar.
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito presentado en el registro general de este Tribunal el 16 de 
mayo de 2019, la procuradora de los tribunales doña Blanca Berriatua Horta, actuando 
en nombre y representación de Penrei Inversiones Inmobiliarias, S.L., bajo la defensa de 
la letrada doña Anju Nirmala Benavent Rodríguez, interpuso demanda de amparo contra  e
las resoluciones arriba mencionadas. bo
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y Penrei Inversiones, S.L., en relación con una finca sita en el término municipal de 
Lorca, resultando la primera de las demandadas la deudora hipotecaria, y la segunda 
titular de un derecho de uso y disfrute sobre dicho inmueble.
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 6 de Lorca, al que correspondió 
el conocimiento de la causa, dictó auto el 20 de junio de 2018 por el que acordó el 
despacho  de  ejecución  (procedimiento  de  ejecución  hipotecaria  núm.  67-2018), 
requiriendo de pago a las ejecutadas y alternativo derecho a oponerse a la ejecución en 
el plazo de diez días.
b)  Con fecha 21 de junio de 2018, el servicio de notificaciones electrónicas de la 
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre remitió al buzón de la dirección electrónica 
habilitada de la entidad aquí recurrente en amparo, un correo avisándole que tenía una 
notificación del Juzgado de Primera Instancia núm. 6 de Lorca relativa al proceso «EJH/
000067/2018»; notificación a la que podía acceder entre los días 21 de junio a 6 de 
agosto de 2018, a través de un enlace electrónico que también indicaba.
c)  El día 27 de julio de 2018 Penrei Inversiones, S.L., accedió al enlace remitido por 
la dirección electrónica habilitada y, con ello, a la notificación enviada por el juzgado de 
primera instancia ejecutor en relación con el procedimiento hipotecario núm. 67-2018. 
Ese mismo día, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre emitió un certificado electrónico 
que obra en las actuaciones del proceso (al igual que los anteriores correos), dejando 
constancia de que la notificación había sido «aceptada» en esa fecha.
d)  El 27 de agosto de 2018 Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., y Penrei 
Inversiones, S.L., presentaron escrito de oposición a la demanda de ejecución. Por auto 
de 17 de septiembre de 2018, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 6 de 
Lorca acordó inadmitir la oposición por haberse presentado fuera de plazo.
El auto razonó en su fundamento de Derecho único lo que sigue:
«Único.  Se establece en el artículo 134 LEC, la improrrogabilidad de los plazos 
establecidos en la misma, y en el artículo 136 LEC, que transcurrido o pasado el término 
señalado para la realización de un acto procesal de parte se producirá la preclusión y se 
perderá  la  oportunidad  de  realizar  el  acto  de  que  se  trate,  y  previniéndose  en  el 
artículo 695 LEC, que el escrito de oposición a la ejecución deberá ser presentado 
dentro de los diez días siguientes al de la notificación del auto y decreto por el que se 
despacha ejecución y/o de la medida concreta de ejecución, y constando en el presente 
supuesto  que  la  parte  ejecutada  se  ha  opuesto  pasado  que  ha  sido  el  plazo  que 
legalmente  se  le  otorga,  debe  ser  inadmitida  su  oposición  por  extemporánea,  de 
conformidad con lo establecido en los preceptos citados.»
e)  Euroinversiones  Inmobiliarias  Costa  Sur,  S.L.,  y  Penrei  Inversiones,  S.L., 
presentaron sendos recursos de reposición contra el auto de 17 de septiembre de 2018 
basándose en la infracción de los arts. 135, 152, 160 y 162 Ley de enjuiciamiento civil 
(LEC) y del art. 24 CE. Dicho recurso fue desestimado por auto de 8 de abril de 2019, 
haciendo saber a las partes que esta resolución es firme y que contra la misma no cabe 
recurso alguno. Señala el auto que, «en el presente caso, consta que la notificación se 
puso a disposición de las recurrentes en fecha 21 de junio de 2018 no accediendo al 
contenido hasta el día 27 de julio de 2018 y 31 de julio de 2018 (fuera de los tres días 
que establece la normativa procesal), presentado los escritos de oposición a la ejecución 
en fecha 27 de agosto de 2018 y 29 de agosto de 2018 respectivamente, claramente 
fuera del plazo legalmente establecido en el art. 556.1 LEC, y siendo que conforme al 
art. 136 LEC transcurrido o pasado el término señalado para la realización de un acto  e
procesal de parte se producirá la preclusión y se perderá la oportunidad de realizar el  bo
acto de que se trate, es claro que dichas oposiciones son extemporáneas siendo la  56ww
cons3e. cuLean cdiae lmegaanld laa  indaed mamispióanr»o.  alega  que  las  resoluciones  judiciales  impugnadas
causaron, en primer lugar, la vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva
(art. 24.1 CE) y a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE) de la entidad
recurrente, al haberse efectuado su emplazamiento como ejecutada en el procedimiento 
hipotecario de referencia a través de un correo electrónico remitido por un servicio de 
notificaciones electrónicas, y no mediante entrega de la documentación correspondiente 
en papel en la sede de su domicilio social, tratándose de su primer emplazamiento 
judicial en la causa, como establece el art. 273 LEC, en relación con los arts. 135, 152, 
162 y en especial el art. 155.1 de esta ley, objetando también que el juzgado haya hecho 
el cómputo del plazo para oponerse, desde la fecha del envío del correo a la dirección 
electrónica habilitada y no del acceso a la notificación, inadmitiendo así su escrito.
Sobre  el  Auto  de  8  de  abril  de  2019  que  desestimó  el  recurso  de  reposición 
promovido contra el auto de 17 de septiembre de 2018 –y del que se resumen sus 
argumentos–,  se  rechaza  por  la  recurrente  que  el  juzgado  haya  fundamentado  su 
segunda  decisión  en  la  Ley  de  procedimiento  administrativo  común,  que  considera 
inaplicable al ámbito procesal civil, puesto que además de existir normas concretas al 
respecto, no se dan en uno y otro ámbito las mismas garantías procedimentales. Precisa 
que en materia de notificación de actos procesales existe su propia normativa tanto en la 
Ley de enjuiciamiento civil según ha expuesto, como en el haz de garantías que se 
derivan del art. 24 CE.
Alega también la vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías 
(art. 24.2 CE), en cuanto a un proceso de defensa contradictoria, y del derecho a la 
asistencia letrada (art. 24.2 CE), aunque sin concreción al caso. Y solicita la estimación 
del amparo, con nulidad de los dos autos recurridos y la retroacción de las actuaciones al 
momento previo al dictado de la primera de aquéllas, a fin de que el juzgado a quo 
admita a trámite la oposición al despacho de ejecución formulada.
Por medio de un «segundo otrosí digo», el escrito de demanda argumentó «que la 
continuación de la ejecución derivada de los pronunciamientos judiciales que han sido 
objeto de impugnación, con la celebración de subasta y la eventual adjudicación a 
terceros, pueden hacer perder al recurso de amparo su finalidad». Por ello solicitó la 
suspensión  de  la  continuación  del  procedimiento  de  ejecución  hipotecaria  67-2018 
seguido ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 6 de Lorca, hasta tanto 
sea resuelto el presente recurso de amparo, poniéndolo en conocimiento del órgano 
judicial».
4.  Por diligencia de ordenación de la Sala Primera de 3 de julio de 2019 se requirió 
al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 6 de Lorca para que en el plazo de 
diez días remitiera certificación indicativa de si el auto de 8 de abril de 2019 dictado en el 
proceso  de  ejecución  hipotecaria  67-2018,  resolutorio  del  recurso  de  reposición 
interpuesto por la sociedad recurrente, ha adquirido firmeza o si, pese a indicarse en 
dicha resolución que contra la misma no cabía recurso alguno, ha sido planteado por la 
sociedad Penrei Inversiones, S.L.
El 19 de julio de 2019 tuvo entrada en el registro general de este tribunal diligencia 
de ordenación del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 6 de Lorca de 10 de 
julio de 2019, en la que se hace constar que contra el auto de 8 de abril de 2019 no se 
interpuso recurso por la sociedad Penrei Inversiones, S.L., por lo que adquirió firmeza.
5.  La  Sección  Primera  de  este  tribunal  dictó  providencia  el  30  de  septiembre 
de 2019 por la que acordó: (i) admitir a trámite el recurso, «apreciando que concurre en 
el mismo una especial trascendencia constitucional [art. 50.1 de la Ley Orgánica del 
Tribunal Constitucional (LOTC)] porque el recurso plantea un problema o afecta a una 
faceta  de  un  derecho  fundamental  sobre  el  que  no  hay  doctrina  de  este  Tribunal  e
[STC 155/2009, FJ 2, a)]»; (ii) requerir al juzgado a quo para que en plazo no superior a  bo
diez  días  remitiera  certificación  o  fotocopia  adverada  de  las  actuaciones  del  56ww
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6.  Por escrito presentado en el registro de este tribunal el 16 de octubre de 2019, la 
procuradora de los tribunales doña Blanca María Grande Pesquero, actuando en nombre 
y representación de la entidad Pera Assets Designated Activity Company, solicitó se 
tuviera a esta última como personada como parte recurrida, entendiéndose con dicha 
procuradora las actuaciones sucesivas de este proceso.
Por diligencia de ordenación de 18 de octubre de 2019 se tiene por personada y 
parte en nombre y representación de Pera Assets Designated Activity Company a la 
procuradora doña Blanca María Grande Pesquero.
7.  Con fecha 8 de noviembre de 2019, la secretaría de justicia de la Sala Primera 
de  este  tribunal  dictó  diligencia  de  ordenación  por  la  que  acordó  dar  vista  de  las 
actuaciones a las partes personadas y al Ministerio Fiscal, por plazo común de veinte 
días,  a  fin  de  que  pudieran  presentar  las  alegaciones  que  estimasen  pertinentes, 
conforme con lo previsto en el art. 52.1 LOTC.
8.  La  representante  procesal  de  la  entidad  recurrente  presentó  su  escrito  de 
alegaciones el 12 de diciembre de 2019, por el que interesó se dictara resolución 
estimatoria del recurso de amparo, haciendo mención a la STC 47/2019, de 8 de abril, 
que, a su parecer, respalda los argumentos que presenta en este recurso, en torno a la 
necesidad de que el primer emplazamiento o citación al demandado se efectúe en su 
domicilio, como impone el artículo 155.1 de la Ley de enjuiciamiento civil.
9.  La fiscal ante este Tribunal Constitucional presentó escrito de alegaciones el 16 
de  diciembre  de  2019,  por  el  que  interesó  de  este  Tribunal  que  dictara  sentencia 
otorgando el amparo a la recurrente, con reconocimiento de la vulneración de su derecho 
a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE), nulidad de «todo lo actuado 
desde  la  notificación  efectuada  electrónicamente  del  auto  despachando  ejecución 
acordado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 6 de Lorca, en el juicio 
de  ejecución  hipotecaria  67-2018»,  y  retroacción  de  las  actuaciones  al  momento 
inmediato anterior a aquella notificación, «para que se le dé al recurrente posibilidad de 
formular oposición a la ejecución». Basó esta petición en los siguientes argumentos:
a)  Previo a formular las alegaciones de fondo del recurso, la fiscal expuso sus 
razones para considerar correctamente agotada la vía judicial previa al amparo por parte 
de la recurrente [art. 44.1 a) LOTC], al no ser necesario interponer incidente de nulidad 
de actuaciones contra el auto desestimatorio de la reposición –que no producía en origen 
la lesión–, ni resultar previsiblemente útil de haberse presentado. Tampoco la demanda 
de amparo es prematura por interponerse tras el segundo de esos autos, sin esperar a la 
finalización del proceso ejecutivo, atendida la doctrina de este Tribunal para situaciones 
similares.
b)  En  cuanto  al  fondo,  la  alegada  vulneración  del  derecho  a  la  tutela  judicial 
efectiva, (art. 24.1 CE) por haberse inadmitido a trámite, por extemporáneo, el escrito de 
oposición a la ejecución de la recurrente, considera la fiscal sobre todo que procede 
hacer aplicación de la doctrina sentada por la STC 47/2019, de 8 de abril, en un 
supuesto  similar,  referido  a  un  proceso  laboral,  pero  donde  resultan  de  aplicación 
subsidiaria las normas de la Ley de enjuiciamiento civil, en especial los arts. 155 y 273.4, 
segundo párrafo, de los que se deriva la obligatoriedad de que el primer emplazamiento 
se realice de manera personal y con entrega en papel de la documentación. El resultado 
es  que  ambas  resoluciones  del  juzgado  sumieron  a  la  recurrente  en  indefensión 
prohibida  por  el  art.  24.1  CE,  pero  además  conculcaron  el  canon  exigible  de  e.
razonabilidad, ante tal errónea selección de las normas. w.
Pes1q0u.e roC, ofonr mfeaclhizaó  3e dsecr idtoic ideem barlee gdaec i2o0n1e9s , alan tper oecsutera dTorirbau ndaolñ aa cBtulaanncdao  Meanr ínao Gmrbarned ey 
lreetpraredsoe ndtoanc iAónle jdaen dlaro e Inntgidraadm  PSeoralís A, sas feints  dDee «sfigonrmatuelda rA ocptiovsitiyc ióCno malp raencyu, rys oa sdies taidma ppaorro »e.l 
Se interesó en el mismo la denegación del amparo solicitado por la entidad recurrente, y
que  «se  tenga  por  subrogada  a  mi  representada  Pera  Assets  Designated  Activity 
Company como parte en este procedimiento, en lugar de la actora y a mí como parte 
legítima  en  dicha  representación».  En  dicho  escrito,  la  mercantil  defendió  la 
interpretación que hace el juzgado de las normas citadas en los dos autos impugnados, 
por lo que el escrito de oposición a la ejecución se presentó «claramente fuera del plazo 
legalmente establecido en el artículo 556.1 LEC».
11.  Respecto de la solicitud de suspensión formulada por la recurrente en amparo 
mediante otrosí de su escrito de demanda, por auto de la Sala Primera de este tribunal 
núm. 139/2019, de 11 de noviembre, se acordó: «1 Denegar la suspensión cautelar 
solicitada […]; 2 Ordenar la anotación preventiva de la demanda de amparo en el registro 
de  la  propiedad,  a  cuyo  efecto  el  referido  juzgado  ha  de  expedir  el  mandamiento 
oportuno, para que pueda practicarse la misma en relación con el inmueble a que se 
refieren las presentes actuaciones».
12.  Mediante providencia de fecha 25 de junio de 2019, se señaló para deliberación 
y votación de la presente sentencia el día 29 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
Único.  Aplicación de la doctrina sentada por las SSTC 6/2019, 47/2019 y 40/2020:
El  objeto  del  presente  recurso  de  amparo  es  determinar  si  las  resoluciones 
impugnadas han vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) de la 
entidad recurrente, por haber optado el juzgado por la notificación electrónica a través de 
la dirección electrónica habilitada y no a través de la notificación personal en el domicilio 
de la sociedad de conformidad con el art. 155.1 LEC, y por la errónea aplicación de las 
normas de procedimiento administrativo, que habría determinado la inadmisión a trámite 
de los escritos de oposición a la ejecución al considerarlos extemporáneos.
En concreto, en el presente recurso la entidad Penrei Inversiones, S.L., impugna los 
autos del Juzgado de Primera Instancia núm. 6 de Lorca, de 17 de septiembre de 2018 
y 8 de abril de 2019, recaídos en el proceso hipotecario núm. 67-2018.
Planteado en estos términos el debate, debe indicarse que el Pleno de este Tribunal 
ha dictado recientemente la STC 40/2020, de 25 de febrero, en la que ha tenido la 
oportunidad de resolver el recurso de amparo cabecera de esta serie, promovido contra 
dos  autos  de  coincidente  contenido  con  los  que  ahora  se  impugnan,  y  donde  dio 
respuesta  a  los  mismos  argumentos  que  defiende  aquí  la  recurrente,  con  fallo 
estimatorio de la demanda. Descartada aquí la concurrencia de algún elemento distintivo 
que  obligue  a  una  fundamentación  o  resultado  diverso  de  lo  declarado  entonces, 
procede aplicar la citada sentencia 40/2020.
En el fundamento jurídico 3 de dicha STC 40/2020 se advierte que resulta de 
aplicación al caso la doctrina de este Tribunal plasmada en sus SSTC 6/2019, de 8 de 
abril, FJ 4 a), y 47/2019, de 8 de abril, FJ 4 a), «en relación con la garantía de 
emplazamiento personal del demandado o ejecutado en los procesos regidos en esta 
materia por la Ley de enjuiciamiento civil (directa o supletoriamente), como primera 
comunicación con el órgano judicial competente, sin que pueda ser sustituida por una 
comunicación electrónica», como puede ser el caso de la efectuada a través de la 
dirección electrónica habilitada. Tal emplazamiento personal se exige en el art. 155.1 
LEC, y lo complementa la regla del art. 273.4 LEC sobre la presentación en papel de las  s
copias de los escritos y documentos para ese primer emplazamiento. El incumplimiento  oe.
de este deber del órgano judicial, «acarrea por tanto la conculcación de aquel derecho  w.
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Constata la STC 40/2020, FJ 4, como ha de hacerse también ahora, que las dos
resoluciones judiciales impugnadas vulneraron el derecho a la tutela judicial efectiva de  Bc
la recurrente, al no proceder a su emplazamiento personal en el proceso a quo a efectos 
de requerirla de pago o alternativamente permitirle presentar su oposición a la ejecución, 
optando en cambio el juzgado por un emplazamiento electrónico a través del servicio de 
notificaciones electrónicas y dirección electrónica habilitada de la Fábrica Nacional de 
Moneda y Timbre, no previsto en la normativa procesal y que apenas consistía en un 
aviso  que  remitía  a  un  enlace  de  internet  para  poder  conocer  el  contenido  de  la 
notificación. Además, computó el plazo para presentar el escrito de oposición invocando 
normas del procedimiento administrativo común, que son ajenas al ámbito jurisdiccional 
en el que nos encontramos, en alegal conjunción con el plazo del art. 556 LEC. Todo lo 
cual determina la estimación del amparo por lesión del art. 24.1 CE, en sus vertientes de 
acceso al proceso, a no padecer indefensión, y a una resolución fundada en Derecho.
Procede por ello acordar la nulidad de los autos impugnados y de todo lo actuado en 
el  procedimiento  hipotecario  a  quo  desde  el  momento  en  que  se  proveyó  a  su 
emplazamiento a través de la dirección electrónica habilitada, con retroacción de las 
actuaciones para que el juzgado practique dicho emplazamiento en los términos exigidos 
por la ley (art. 155.1 y 273.4 LEC), de manera respetuosa con el derecho fundamental de 
la demandante.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido:
1.º  Estimar el recurso de amparo presentado por Penrei Inversiones, S.L., por 
vulneración  de  su  derecho  fundamental  a  la  tutela  judicial  efectiva  sin  padecer 
indefensión (art. 24.1 CE), con reconocimiento de tal derecho.
2.º  Declarar la nulidad de los autos de 17 de septiembre de 2018 y 8 de abril 
de 2019, dictados por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 6 de Lorca en 
el  proceso  de  ejecución  hipotecaria  núm.  67-2018,  así  como  la  nulidad  de  las 
actuaciones realizadas a partir del emplazamiento de la entidad recurrente a través de la 
dirección electrónica habilitada.
3.º  Retrotraer  el  procedimiento  al  momento  inmediatamente  anterior  al  de 
efectuarse el emplazamiento de la demandada, debiendo llevarse a cabo de nuevo este 
último  por  el  juzgado  ejecutor,  de  forma  respetuosa  con  el  derecho  fundamental 
reconocido.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a veintinueve de junio de dos mil veinte.–Juan José González 
Rivas.–Andrés  Ollero  Tassara.–Santiago  Martínez-Vares  García.–Alfredo  Montoya 
Melgar.–Cándido Conde-Pumpido Tourón.–Firmado y rubricado.