BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 150 Miércoles 27 de mayo de 2020 Sec. III.   Pág. 34813
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
5349 Resolución  de  14  de  abril  de  2020,  de  la  Presidencia  del  Consejo  de 
Transparencia y Buen Gobierno, por la que se publica el Convenio con la 
Comunidad Autónoma de Cantabria, en relación a la competencia para la 
resolución de las reclamaciones previstas en el artículo 24 de la Ley 19/2013, 
de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen 
Gobierno.
El  artículo  38,  número  2,  letra  c),  de  la  Ley  19/2013,  de  9  de  diciembre,  de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (LTAIBG), encomienda 
a la Presidencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, entre otras, la función 
de conocer de las reclamaciones que se presenten en aplicación de su artículo 24.
Por su parte, el número 2 de la disposición adicional cuarta de la LTAIBG prevé que 
las Comunidades Autónomas podrán atribuir la competencia para la resolución de la 
reclamación prevista en el artículo 24 al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, 
para lo cual deberán celebrar el correspondiente convenio con la Administración General 
del Estado en el que se estipulen las condiciones en que la Comunidad sufragará los 
gastos derivados de esa asunción de competencias.
En desarrollo de las anteriores previsiones normativas, el Consejo de Transparencia 
y Buen Gobierno y la Comunidad Autónoma de Cantabria (Vicepresidencia y Consejería 
de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte) suscribieron el pasado 26 de marzo el 
correspondiente  Convenio  de  colaboración  que,  una  vez  inscrito  en  el  Registro 
Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal 
con fecha 13 de abril de 2020, debe ser publicado en el «Boletín Oficial del Estado» 
según determina el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público.
En su virtud, esta Presidencia resuelve:
Remitir al «Boletín Oficial del Estado» para su publicación el Convenio entre el 
Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la Comunidad Autónoma de Cantabria 
(Vicepresidencia y Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte) para el 
traslado del ejercicio de la competencia para la resolución de las reclamaciones previstas 
en el artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Buen Gobierno.
Madrid, 14 de abril de 2020.–El Presidente del Consejo de Transparencia y Buen 
Gobierno, A.A.I.; P. S. (Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre), el Subdirector General 
de Transparencia y Buen Gobierno, Francisco Javier Amorós Dorda.
ANEXO ÚNICO
Consejo de Transparencia y Buen Gobierno
Convenio entre el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la Comunidad Autónoma 
de Cantabria (Vicepresidencia y Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura 
y Deporte), por el que se atribuye al Consejo la competencia para la resolución 
de las reclamaciones previstas en el artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno
En  Santander/Madrid,  a  la  fecha  de  la  última  firma  electrónica  (26  de  marzo 
de 2020).
REUNIDOS
De una parte, don Pablo Zuloaga Martínez, en su calidad de Vicepresidente y 
Consejero de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria, en 
virtud del Decreto 8/2019, de 8 de julio, por el que se dispone su nombramiento, 
actuando en representación de la Comunidad Autónoma de Cantabria, en el ejercicio de 
la competencia que le atribuye el Decreto 9/2019, de 11 de julio, por el que se delega la 
atribución de la firma de Convenios que autorice el Consejo de Gobierno con otras 
Administraciones Territoriales, así como con otras entidades de derecho público, previa 
autorización para su celebración por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 20 de 
febrero de 2020.
De otra parte, don Francisco Javier Amorós Dorda, ejerciendo las funciones de 
Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno por vacante, de acuerdo con 
lo previsto en el artículo 10.1 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se 
aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
Las partes intervienen en virtud de sus respectivos cargos, y en el ejercicio de las 
competencias,  facultades  y  atribuciones  que  tienen  atribuidas,  reconociéndose 
mutuamente capacidad y legitimación para suscribir el presente convenio, y a tal efecto
EXPONEN
Primero.
Que de acuerdo con el artículo 24, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, 
de  Transparencia,  Acceso  a  la  Información  Pública  y  Buen  Gobierno  (en  adelante 
LTAIBG),  frente  a  toda  resolución  expresa  o  presunta  en  materia  de  acceso  a  la 
información  pública,  podrá  interponerse  una  reclamación  ante  el  Consejo  de 
Transparencia y Buen Gobierno con carácter potestativo y previo a su impugnación en 
vía contencioso-administrativa.
Segundo.
Que el artículo 38, número 2, letra c), de la LTAIBG atribuye al Presidente del 
Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, entre otras, la función de conocer de las 
reclamaciones que se presenten en aplicación del artículo 24 de la Ley.
Tercero. o
Que la disposición adicional 4.ª de la LTAIBG, establece que la resolución de la  49ww
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Cuarto.
Que la citada disposición adicional 4.ª, en su número 2, contempla la posibilidad de 
que las Comunidades Autónomas atribuyan al Consejo la competencia para la resolución 
de las reclamaciones referidas en el apartado anterior, mediante la celebración del 
correspondiente  Convenio  en  el  que  se  estipulen  las  condiciones  en  que  aquéllas 
sufragarán los gastos derivados de esta asunción de competencias.
Quinto.
Que el artículo 33 de la Ley de Cantabria 1/2018, de 21 de marzo, de Transparencia 
de la Actividad Pública, prevé la creación del Consejo de Transparencia de Cantabria al 
que  atribuye  en  su  artículo  35.1  la  competencia  para  conocer  y  resolver  las 
reclamaciones que se presenten en materia de derecho de acceso a la información 
pública.
Sexto.
Que, hasta que tenga lugar la efectiva puesta en funcionamiento del Consejo de 
Transparencia de Cantabria, es de interés de la Comunidad Autónoma de Cantabria 
hacer uso de la facultad que le confiere la disposición adicional 4.ª, número 2, de la 
LTAIBG para atribuir al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno la competencia para 
la resolución de las reclamaciones de su artículo 24 en los supuestos de resoluciones 
dictadas por su Administración propia y las entidades integradas en su sector público, y 
por las Entidades Locales comprendidas en su ámbito territorial y su sector público.
Séptimo.
Que, a tal efecto, las partes convienen en suscribir el presente Convenio, que se 
ajustará a las siguientes
CLÁUSULAS
Primera.  Objeto del Convenio.
El objeto de este Convenio lo constituye la atribución de la competencia al Consejo 
de Transparencia y Buen Gobierno para la resolución de las reclamaciones previstas en 
el artículo 24 de la LTAIBG, respecto de las resoluciones dictadas por la Administración 
de la Comunidad Autónoma de Cantabria y su sector público, y por las Entidades 
Locales incluidas en su ámbito territorial y su sector público.
Segunda.  Especificaciones.
1.  La atribución de la competencia al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno 
no supone en ningún caso renuncia de la competencia que corresponde a la Comunidad 
Autónoma de Cantabria, transfiriéndose la tramitación y resolución de las reclamaciones 
que se sustancien, así como la notificación de su resolución y su seguimiento.
2.  La Comunidad Autónoma de Cantabria comunicará a las Entidades Locales 
incluidas en su ámbito territorial la firma del Convenio dando traslado de la notificación al 
Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. es
Tercera.  Obligaciones de carácter general. w.
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sector público, así como de las Entidades Locales comprendidas en su territorio y su 
sector público.
Esta obligación comprende la de tramitar y resolver las reclamaciones, así como 
notificar su resolución en el plazo a que se refiere el artículo 24, número 4, de la LTAIBG 
y hacer el seguimiento de las resoluciones dictadas.
Del  mismo  modo  comprende  la  de  remitir  por  vía  electrónica  a  la  Comunidad 
Autónoma  de  Cantabria  las  resoluciones  dictadas,  en  el  término  de  los  tres  días 
siguientes a su adopción.
2.  Las reclamaciones en materia de derecho de acceso a la información pública 
podrán  presentarse  en  cualquier  lugar  de  los  previstos  en  el  artículo  16  de  la 
Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 
Administraciones Públicas.
3.  Una vez registrada y dada entrada a la reclamación, los entes citados en el 
apartado 1 de esta cláusula cuyas resoluciones expresas o presuntas en materia de 
información pública hayan sido objeto de reclamación, deberán remitir la misma y su 
documentación anexa por vía electrónica al buzón del Consejo de Transparencia y Buen 
Gobierno (reclamaciones.ccaa@consejodetransparencia.es) en el curso de los tres días 
siguientes al de la fecha en que tuvieran entrada.
Cuarta.  Obligaciones de carácter económico.
1.  La Comunidad Autónoma de Cantabria se obliga a sufragar con cargo a sus 
propios recursos los gastos derivados de la ejecución de este Convenio.
El importe a sufragar por la Comunidad Autónoma de Cantabria se financiará con 
cargo a la aplicación presupuestaria 02.00.921M.226.03 de los Presupuestos Generales 
de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
2.  El importe de los costes se determinará por el Consejo multiplicando el número 
de reclamaciones presentadas por el coste unitario de las resoluciones, calculado de 
acuerdo con el Modelo de Costes Estándar/Standard Cost Model (MCE/SCM) de la 
Unión Europea en la versión simplificada adoptada en España, aprobada por Acuerdo de 
Consejo de Ministros, de 11 de diciembre de 2009.
3.  El método de cálculo será el explicitado en el anexo de este Convenio.
4.  La  Comunidad  Autónoma  de  Cantabria  ingresará  anualmente  en  el  Tesoro 
Público los costes derivados de la tramitación y resolución de las reclamaciones, así 
como la notificación de su resolución.
El pago será anual, salvo en el supuesto de terminación anticipada del Convenio, y 
tendrá lugar en el último trimestre del año natural, salvo que la comisión de seguimiento 
acuerde que se produzca en un momento distinto. El pago se hará efectivo previa 
expedición de la correspondiente certificación por el Consejo en la que constará, como 
documento  anexo,  el  desglose  de  los  importes  correspondientes  a  la  Comunidad 
Autónoma  de  Cantabria  y  a  las  Entidades  Locales  comprendidas  en  el  ámbito  de 
aplicación del Convenio.
En los supuestos de prórroga de este Convenio, el correspondiente anexo fijará los 
plazos de pago de conformidad con lo que se establezca en la comisión de seguimiento.
5.  La  Comunidad  Autónoma  de  Cantabria,  una  vez  satisfecho  el  pago,  podrá 
repercutir a las Entidades Locales comprendidas en su ámbito territorial los gastos que 
se deriven de las reclamaciones interpuestas contra resoluciones expresas o presuntas 
en materia de información pública dictadas por las Entidades Locales y su sector público.
Quinta.  Vigencia y modificación del Convenio. b
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de la Administración y del Sector Público Institucional de la Comunidad Autónoma de
Cantabria. Si a esa fecha no se hubiese inscrito el Convenio en el Registro Electrónico 
estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal y en el 
Registro Electrónico Autonómico de Convenios, y publicado en el «Boletín Oficial del 
Estado» y en el «Boletín Oficial de Cantabria», sus efectos quedarán demorados hasta 
que se cumplimenten esos requisitos.
2.  El  Convenio  podrá  prorrogarse  por  otro  periodo  de  cuatro  años  mediante 
acuerdo expreso de ambas partes, siempre que la prórroga se adopte con anterioridad a 
la finalización de su plazo de duración. Esta prórroga deberá ser comunicada en los 
términos recogidos en el artículo 49.h), párrafo 2.º de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
3.  En el caso de que se plantee la modificación de este Convenio, ésta deberá ser 
acordada por decisión unánime de las partes firmantes, mediante adenda.
La adenda requerirá la misma tramitación que la firma del Convenio salvo que no 
suponga modificaciones sustanciales del mismo.
Sexta.  Denuncia y extinción del Convenio.
1.  La  Comunidad  Autónoma  de  Cantabria  podrá  denunciar  este  Convenio 
comunicándolo al Consejo por escrito con un mes de antelación a la fecha en la que 
desee la terminación del mismo.
2.  El Consejo solo podrá denunciar el Convenio por causas sobrevenidas de índole 
presupuestaria, técnica u organizativa debidamente motivadas. En su caso, la denuncia 
se realizará en los términos previstos en el número anterior.
3.  El Convenio se extinguirá por incurrir en cualquier causa de resolución de las 
previstas en el artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
4.  En el caso de incumplimiento de las obligaciones previstas en las cláusulas 
tercera y cuarta, se procederá de acuerdo con lo previsto en el artículo 51.2.c) de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre.
5.  En  todo  caso,  será  causa  de  resolución  de  este  Convenio  la  puesta  en 
funcionamiento del Consejo de Transparencia de Cantabria a que se refiere el artículo 33 
de la Ley de Cantabria 1/2018, de 21 de marzo.
6.  Cuando  concurra  cualquier  causa  de  resolución  de  este  Convenio,  las 
reclamaciones que se encuentren pendientes de resolución en ese momento serán 
resueltas  por  el  Consejo  de  Transparencia  y  Buen  Gobierno  en  el  plazo  máximo 
establecido en el artículo 24.4 de la LTAIBG.
7.  La  resolución  del  Convenio  supondrá  la  liquidación  de  las  obligaciones 
financieras. El acuerdo de resolución establecerá el modo de liquidarlas, incluyendo las 
actuaciones que estuvieran pendientes de ejecución en que concurra cualquier causa de 
resolución del Convenio.
Séptima.  Comisión de seguimiento.
1.  El Convenio será administrado por una comisión de seguimiento, formada por 
dos representantes del Consejo y dos representantes de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria, designados por cada una de las partes. Los representantes del Consejo 
asumirán la presidencia y la secretaría de la comisión.
2.  Corresponderá a la comisión el seguimiento de la ejecución de las resoluciones 
del Consejo. En este sentido, cuando la resolución se refiera a un acuerdo o acto de 
alguna de las Entidades Locales de ámbito territorial obligadas por este Convenio, ésta 
podrá designar a un representante que participará en la correspondiente sesión de la  es
comisión. bo
3.  Las partes se comprometen a solventar por acuerdo mutuo, en el seno de la  49ww
cmpoeisnrjmou4ci.ac im,io cLi euadnasetn  otrl aaeds uec n dociiomufenapreneestnta ecsdni aeccs uia lera es dstceiuooll ntmeoenrissd  ideyóen nl i  tlajidug eriioni sstsde epircpgucrudieoiimtenaraicaelin ónc ntsoo uy nr ptgceouinrd.mcriáponlsim oc ieeanldetmbor inadiresslt erCa otpinvoovr e pmnaioer,da si oeinsl    OE-A-2020-53able en https://
electrónicos.
5.  La comisión de seguimiento contará con un comité técnico de asesoramiento que 
informará, caso de ser necesario, aquellas reclamaciones que, por involucrar cuestiones 
técnicas específicas del ámbito local o autonómico, requieran un asesoramiento por 
parte del Consejo. El comité estará formado por los representantes de la comisión de 
seguimiento más un experto designado por la Comunidad Autónoma de Cantabria, un 
experto designado, en su caso, por la Entidad Local que corresponda, que sustituirá a 
uno  de  los  representantes  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Cantabria,  y  un  tercero 
designado por el Consejo.
6.  El comité técnico será convocado puntualmente por la comisión de seguimiento, 
a  petición  de  cualquiera  de  las  partes,  y  funcionará  preferentemente  a  través  de 
videoconferencias o reuniones virtuales.
Octava.  Resoluciones del Consejo.
Las resoluciones del Consejo serán impugnables ante la jurisdicción competente, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.1.c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Novena.  Transparencia.
Las  partes  firmantes  del  Convenio  se  comprometen  al  cumplimiento  de  las 
obligaciones establecidas en la LTAIBG y en la Ley de Cantabria 1/2018, de 21 de 
marzo, así como a someterse al régimen de infracciones y sanciones en materia de 
transparencia que a cada una de ellas les resulte de aplicación.
Décima.  Naturaleza y régimen jurídico del Convenio.
1.  Este Convenio tiene la consideración de convenio interadministrativo, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 47.2.a) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, resultándole 
asimismo aplicable lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español 
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 
de febrero de 2014, encontrándose excluido del ámbito de la contratación pública.
2.  Este Convenio se regirá por lo dispuesto en el Capítulo VI del Título Preliminar 
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, aplicándose los principios de la normativa en materia 
contractual para resolver las dudas y lagunas que pudieran plantearse.
3.  El Convenio se ajustará a los principios rectores y regla de gasto establecidos en 
la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera,  que  prevé  el  principio  de  estabilidad  presupuestaria  para  todas  las 
Administraciones Públicas.
4.  Sin perjuicio de lo previsto en la precedente cláusula séptima, las cuestiones 
litigiosas que puedan surgir en la interpretación y cumplimiento de este Convenio, que no 
cuenten con acuerdo en el seno de la comisión de seguimiento, serán de conocimiento y 
competencia del orden jurisdiccional de lo contencioso-administrativo.
En prueba de conformidad, y para que conste a los efectos oportunos, las partes 
firman este Convenio, en el lugar y fecha al principio indicados.–Por la Comunidad de 
Cantabria, Pablo Zuloaga Martínez.–Por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, 
por vacancia (artículo 10 del R.D. 919/2014), el Subdirector General de Transparencia y 
Buen Gobierno, Francisco Javier Amorós Dorda. e.
ANEXO 49ww
I.  De acuerdo con el Modelo de Costes Estándar/ Standard Cost Model (MCE/SCM)
dAec ulear dUon dióen C Eonusroepjoe ad,e  eMni nlias trvoesr,s dióen  11si mdep ldifiicciaedmab raed odpet a2d0a0 9e, nlo sE csopsatñeas,  inatperronboasd dae  ploosr 
procesos de trabajo en las Administraciones Públicas tienen en consideración los costes 
de personal y los costes de funcionamiento de los servicios.
II.  Respecto de los costes de personal, el coste medio por tarea es el resultado de 
multiplicar el coste unitario por hora del grupo de titulación por el número de horas que 
lleva realizar la tarea. El cálculo del coste de la hora de cada grupo profesional, se 
obtiene dividiendo la jornada anual de 1.664 horas de trabajo por el salario anual. El 
número de horas empleado en realizar la tarea se obtiene de la observación directa de 
los procesos de trabajo.
III.  Respecto de los gastos de funcionamiento (costes indirectos), el importe de los 
mismos se obtiene a partir de la información recogida en los Capítulos II y Capítulo VI de 
los Presupuestos Generales del Estado. El importe equivaldría a la suma de los créditos 
correspondientes en un porcentaje del 30 por 100 pues tal es la imputación de los costes 
de funcionamiento que se hace según estándares internacionales.
IV.  Aplicando estos parámetros, el cálculo del coste unitario para 2019 de una 
reclamación  tramitada  por  el  Consejo  de  Transparencia  y  Buen  Gobierno  sería  el 
siguiente:
A)  El coste unitario por hora de personal por grupo de titulación, imputados los 
costes de funcionamiento sería:
− A1 o equivalente: 23,71 euros.
− A2 o equivalente: 18,46 euros.
− C1 o equivalente: 13,74 euros.
− C2 o equivalente: 11,35 euros.
B)  La  tramitación  media  de  un  expediente  de  reclamación  es  de  6:30  horas, 
teniendo en cuenta el siguiente desglose:
− Borrador: 3 horas por parte de un técnico del grupo A1 o un técnico A2.
− Propuesta de resolución: 2 horas por parte de un técnico A1.
− Gestión administrativa (registro de entrada y salida, traslado de oficios, notificación 
resolución): 1:30 horas por parte de un administrativo C1.
C)  De este modo, el coste unitario de una reclamación sería:
− Borrador: Por parte de un técnico A1 o Técnico A2 (3 horas):
A1: 23,71 x 3 = 71,13 euros.
A2: 18,46 x 3 = 55,38 euros.
Valor medio: 71,13 + 55,38/2 = 63,25 euros.
− Propuesta de resolución: Por parte de técnico A1 (2 horas).
23,71 x 2 = 47,42 euros.
− Gestión administrativa: Registro de entrada y salida, traslado de oficios, notificación 
resolución (1:30 hrs).
13,74 x 1,5 = 20,61 euros.
− Total: 63,25 euros + 47,42 euros + 20,61 euros = 131,28 euros.
Total expediente: 131,28 euros. o