BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 251 Miércoles 20 de octubre de 2021 Sec. TC.   Pág. 128177
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
17110 Pleno. Auto 81/2021, de 15 de septiembre de 2021. Recurso de amparo 
946-2019. Plantea cuestión interna de inconstitucionalidad en relación con el 
artículo 41.9.2 a) de la Ley del Parlamento de Canarias 4/2012, de 25 de 
junio,  de  medidas  administrativas  y  fiscales,  en  el  recurso  de  amparo 
946-2019, promovido por la entidad de crédito Caixabank, S.A.
ECLI:ES:TC:2021:81A
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por el magistrado don Juan José 
González  Rivas,  presidente;  la  magistrada  doña  Encarnación  Roca  Trías;  los 
magistrados don Andrés Ollero Tassara, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan 
Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez 
Rodríguez, don Ricardo Enríquez Sancho, don Cándido Conde-Pumpido Tourón y la 
magistrada  doña  María  Luisa  Balaguer  Callejón,  en  el  recurso  de  amparo  núm. 
946-2019, promovido por la entidad de crédito Caixabank, S.A., ha dictado el siguiente
AUTO
I. Antecedentes
1.  Con fecha 14 de febrero de 2019 tuvo entrada en el registro general de este 
Tribunal Constitucional un escrito del procurador de los tribunales don Miguel Ángel 
Montero Reiter, actuando en nombre y representación de Caixabank, S.A., por el que 
interpuso un recurso de amparo contra: (i) los autos de la Sección Primera de la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de fechas 12 de septiembre de 2018 
y 8 de enero de 2019 (recurso de casación núm. 1883-2018); (ii) la sentencia de la 
Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Canarias (sede de Las Palmas) de 21 de noviembre de 2017 (recurso núm. 
228-2016);  (iii)  la  resolución  de  la  Junta  Económico-Administrativa  de  Canarias  de 
fecha 28 de abril de 2016; y (iv) la actuación administrativa que denegó a Caixabank, 
S.A., la rectificación de su autoliquidación del impuesto sobre los depósitos de clientes 
de entidades de crédito (en adelante, IDEC) correspondiente al ejercicio 2012.
2.  Los hechos anteriores a la interposición de la demanda de amparo, relevantes 
para  la  presente  decisión  de  planteamiento  de  una  cuestión  interna  de 
inconstitucionalidad [art. 55.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC)], 
son los siguientes:
a)  El día 31 de julio de 2013, la entidad de crédito Caixabank, S.A., como sujeto 
pasivo del IDEC, presentó en tiempo y forma la autoliquidación de dicho impuesto 
correspondiente al ejercicio 2012, ingresando la cantidad de 9 410 740,50 euros.
b)  Posteriormente, instó la rectificación de dicha autoliquidación (art. 120.3 de la 
Ley general tributaria), solicitando la devolución del 50 por 100 del importe ingresado. 
Apoyaba dicha pretensión en que tenía derecho a la deducción regulada en el art. 41.9.2  e.
a)  de  la  Ley  del  Parlamento  de  Canarias  4/2012,  de  25  de  junio,  de  medidas  w.
administrativas y fiscales (en adelante, Ley 4/2012). Aducía que dicho beneficio fiscal,  11w
epsre cvoisntotr aerxioc lauls pivrainmciepniote d pea irgau alaldsa edn dtiedla adret.s 1 d4e C cEré, dailt ou tciliozna rd loam reicsiildioe nscoicai aclo emno C faacntaorri adse, 
pdoifer rdeenscciaecnidóine,n etens  ceonn terla i mdep ulae sdtooc stroinbare d seu clae sSioTnCe 6s 0d/e2 0la1 5C, odme u1n8id daed  mVaalreznoc (iabnoan)if.icación  BOE-A-cable e
c)  Tras la desestimación de su solicitud, Caixabank, S.A., presentó una reclamación 
económico-administrativa, que fue asimismo desestimada mediante resolución de la 
Junta Económico-Administrativa de Canarias de 28 de abril de 2016.
d)  Frente  a  la  anterior,  Caixabank,  S.A.,  interpuso  recurso  contencioso-
administrativo  (registrado  con  el  núm.  228-2016)  ante  la  Sala  de  lo  Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. En su demanda alegó que 
condicionar la deducción prevista en el art. 41.9.2 a) de la Ley 4/2012 a que la entidad 
tuviera su domicilio fiscal en Canarias vulneraba su derecho fundamental a la igualdad y 
a la no discriminación consagrado en el art. 14 CE, pues empleaba la residencia como 
factor de diferenciación entre situaciones objetivamente comparables. En atención a ello, 
solicitaba la estimación del recurso y, en su defecto, el planteamiento de una cuestión de 
inconstitucionalidad del citado precepto.
El  recurso  fue  desestimado  mediante  sentencia  de  dicha  Sala  del  día  21  de 
noviembre de 2017, con el argumento principal de que la Constitución reconoce a las 
comunidades  autónomas  la  potestad  para  crear  sus  propios  impuestos,  lo  que 
demuestra que el régimen fiscal de los españoles puede ser diferente, sin por ello 
vulnerar  el  principio  de  igualdad.  Igualmente,  decidió  no  plantear  cuestión  de 
inconstitucionalidad.
e)  Caixabank, S.A., interpuso recurso de casación (núm. 1883-2018) contra la 
anterior sentencia, que fue inadmitido mediante auto de la Sección Primera de la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 12 de septiembre de 2018, en el 
que se argumentaba, entre otras razones, que el impuesto había quedado suspendido a 
partir de 2013, por lo que el asunto carecía de interés casacional objetivo para la 
formación de jurisprudencia. El incidente de nulidad promovido contra la inadmisión fue 
desestimado mediante auto de 8 de enero de 2019, que confirmó la falta de interés 
casacional objetivo, por no tener proyección alguna en el futuro.
3.  La demanda de amparo sostiene que las resoluciones administrativas y judiciales 
impugnadas infringen el derecho a la igualdad ante la ley (art. 14 CE) y a la tutela judicial 
efectiva (art. 24.1 CE).
a)  Respecto del primero de los derechos invocados, considera que el art. 41.9.2 a) 
de la Ley 4/2012 emplea la residencia como factor de diferenciación entre situaciones 
objetivamente comparables. Lo cual sitúa a las entidades de crédito no domiciliadas en 
Canarias en una situación de desventaja competitiva, pues su gravamen es el doble que 
el de las domiciliadas en dicha comunidad. Para eliminar dicha discriminación, debe 
declararse  inconstitucional  y  nulo  el  último  inciso  del  precepto  citado  («cuando  el 
domicilio social de la entidad de crédito se encuentre en Canarias»).
En apoyo de lo anterior, cita la STC 60/2015, de 18 de marzo, referida a una 
bonificación para determinados sujetos pasivos del impuesto sobre sucesiones de la 
Comunidad Valenciana, respecto de la cual se declaró inconstitucional el inciso «que 
tengan su residencia habitual en la Comunitat Valenciana a la fecha de devengo del 
impuesto». Según la demanda, dicha sentencia constata que es contrario al art. 14 CE 
impedir la aplicación de una bonificación a los no residentes. Y aduce que la previsión de 
la normativa valenciana es análoga a la de la Ley del Parlamento de Canarias 4/2012, 
que circunscribe una deducción a las entidades que tengan su domicilio social en dicha 
comunidad.  Añade  que  esta  restricción  infringe  también  el  art.  2.1  a)  de  la  Ley 
Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las comunidades autónomas 
(LOFCA), según el cual el sistema de ingresos de las comunidades autónomas no puede  e
suponer la existencia de barreras fiscales en el territorio español. bo
b)  En cuanto al derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), alega que se ha  0w
vpurelnteexratod od ep oqru en os ee ntrtraatar  edle T urinbau ncaule Ssutiópnre smino  par oayneaclicziaórn l afu itnufrraa.c Lcaió nd edmela anrdt.a 1n4te C cEon, sciodne real 
qsuu ec oenl shteitcuhcoio ndael iqduaed , usni am nieonrmtraas h fauyea  aspidlicoa dbeler odgiaod lau gnaor  iam upnlicaa v quulnee rnaoc idóenb dae a dnearliezcahrsoes 
fundamentales. Además, cuando se recurre una resolución judicial por tal razón, el
canon de constitucionalidad derivado del art. 24.1 CE es un canon reforzado, que no 
satisfacen los autos del Tribunal Supremo impugnados. Concluye afirmando que el 
Tribunal Supremo debería haber admitido el recurso de casación y, en su caso, haber 
planteado la cuestión de inconstitucionalidad.
Por lo anterior, solicita que se dicte sentencia por la que se otorgue el amparo 
solicitado, anulándose las resoluciones impugnadas y aplicándose a Caixabank, S.A., la 
deducción controvertida.
4.  Por providencia de 30 de noviembre de 2020, la Sala Segunda, Sección Cuarta, de 
este tribunal, acordó la admisión a trámite del recurso de amparo, «apreciando que concurre 
en el mismo una especial trascendencia constitucional (art. 50.1 LOTC), como consecuencia 
de que la posible vulneración del derecho fundamental que se denuncia pudiera provenir de 
la ley o de otra disposición de carácter general [STC 155/2009, FJ 2 c)]».
Además, en aplicación de lo previsto en el art. 51 LOTC, acordó dirigir atenta 
comunicación tanto a la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal  Supremo  como  a  la  Sección  Primera  de  la  Sala  de  lo  Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a fin de que en el plazo de 
diez  días  remitiesen  certificación  o  fotocopia  adverada  de  las  actuaciones 
correspondientes al recurso de casación núm. 1883-2018 y al recurso contencioso-
administrativo núm. 228-2016, respectivamente. Al mismo tiempo, interesó de este último 
órgano  judicial  que  emplazara  a  quienes  hubiesen  sido  parte  en  el  procedimiento, 
excepto a la parte recurrente en amparo, para que pudieran comparecer en el plazo de 
diez días.
5.  Por diligencia de ordenación de la secretaría de justicia de la Sala Segunda se 
acordó tener por personado y parte en el procedimiento al letrado de los servicios 
jurídicos del Gobierno de Canarias, así como dar vista de las actuaciones recibidas a las 
partes personadas y al Ministerio Fiscal por plazo común de veinte días para que, dentro 
de dicho término, pudiesen presentar las alegaciones que a su derecho conviniese, 
conforme al art. 52.1 LOTC.
6.  El teniente fiscal ante el Tribunal Constitucional evacuó el trámite conferido 
mediante escrito registrado el día 10 de marzo de 2021, interesando el otorgamiento del 
amparo por vulneración del derecho a la igualdad ante la ley (art. 14 CE), con nulidad de 
las resoluciones impugnadas y retroacción de las actuaciones al momento inmediato 
anterior al dictado de la primera de ellas, a fin de que se dicte una nueva resolución 
respetuosa con el derecho a la igualdad:
a)  En primer lugar, examina la queja referida al art. 24.1 CE. Al respecto, considera 
que los autos del Tribunal Supremo de 12 de septiembre de 2018 y 8 de enero de 2019 
contienen una motivación basada en una causa legal de inadmisión que no incurre en un 
juicio arbitrario, irrazonable o fundado en error fáctico patente (cita, entre otras, la 
STC 7/2015, de 22 de enero, FJ 3). Así pues, desde la perspectiva del control externo 
que debe realizar el Tribunal Constitucional esta lesión debe descartarse.
b)  En lo que se refiere al derecho a la igualdad del art. 14 CE, en relación con el 
art.  31.1  CE,  considera  que  el  caso  presenta  evidentes  similitudes  con  el  de  la 
STC 60/2015, de 18 de marzo, por lo que cabe aplicar los mismos parámetros y método 
de análisis. De acuerdo con dicha sentencia, no existe ningún óbice para que se utilice la 
residencia como elemento diferenciador entre contribuyentes, siempre que responda a 
un fin constitucionalmente legítimo y, por tanto, la residencia no se convierta, por sí sola,  e.
en la razón del trato diferente. w.
las Tsritausa csiionnteetsiz adre l ousn aas peenctitdoasd m dáes  rcerléedviaton tecos nd esle idmep useosctioa l ceann aCrioa,n ealr ifaissc, arle asfpiremcato q udee 
acaqpuaecllaid aedn teidcaodn óqmuieca  tepnugeas tas eddee  msoacniaifile setno  ocotrmo ol ucgoanr,s eecnu erneclaiac iódne  clao nc aupntaa cimónis mdae 
pasivo, son objetivamente comparables. Pese a ello, a igual capacidad contributiva, la 
primera tributa la mitad que la segunda.
Por lo anterior, considera necesario verificar si dicha diferencia de trato presenta una 
finalidad  objetiva  y  razonable  que  la  legitime:  (i)  en  primer  lugar,  constata  que  el 
legislador  autonómico  no  ha  aportado  ninguna  razón  justificativa  que  explique  la 
limitación del beneficio fiscal a las entidades con domicilio social en Canarias; (ii) en 
segundo término, el fiscal se plantea si el régimen económico y fiscal de Canarias 
permitiría hallar alguna justificación para la diferencia. Al respecto, concluye que la 
deducción no puede encontrar razón de ser, ni formal ni material, bajo la cobertura del 
régimen canario, puesto que su sentido y finalidad nada tienen que ver con los propios 
de una diferenciación basada en una menor presión fiscal que la media del resto de 
España y de la Unión Europea, que es el objetivo de tal régimen. De hecho, mientras 
que las medidas tributarias que integran el régimen canario se regulan en normativa 
fundamentalmente estatal, el IDEC es un tributo autonómico creado ex novo en virtud del 
poder tributario reconocido a las comunidades autónomas.
Por lo anterior, el fiscal concluye que el territorio se ha convertido en un elemento de 
discriminación, pues con la diferencia se ha pretendido exclusivamente favorecer a las 
entidades de crédito con sede social en Canarias, tratándose así a una misma categoría 
de contribuyentes de forma diferente, por el solo hecho de su domicilio. Lo anterior 
vulnera, no solo el art. 14 CE, sino también el art. 31.1 CE, puesto que se ha utilizado un 
criterio de reparto de las cargas públicas carente de justificación razonable.
7.  La entidad recurrente en amparo presentó su escrito de alegaciones el día 18 de 
marzo de 2021, reiterando los argumentos y el suplico de la demanda.
a)  Se refiere a la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
de 25 de febrero de 2021, que analizó el IDEC de Andalucía, en concreto la deducción 
por domicilio social que, como en el caso canario, preveía. Dicha sentencia concluyó que 
dicha deducción vulneraba el principio de no discriminación, al establecer una diferencia 
carente de justificación, y la libertad de establecimiento consagrada en el art. 49 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Para Caixabank, S.A., esta es también 
la conclusión que se desprende de la STC 60/2015, de 18 de marzo.
La  demandante  sostiene  que  el  único  mecanismo  para  restablecer  la  igualdad 
vulnerada es anular el inciso que niega la deducción a las entidades que no tengan 
domicilio fiscal en Canarias. Advierte que si, en lugar de anular el inciso, se anulase 
íntegramente  la  deducción,  se  perpetuaría  la  desigualdad  que  se  produjo  en  el 
ejercicio 2012, cuando se permitió que unos sujetos pasivos aplicasen la deducción y 
otros no, entre ellos, la recurrente.
b)  Respecto de la vulneración del art. 24.1 CE, señala que el Tribunal Supremo ha 
llegado a una solución contraria a la que siguió respecto del IDEC de Andalucía y que 
dio lugar a la cuestión prejudicial resuelta por la mencionada sentencia del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea de 25 de febrero de 2021. Considera que, cuando está en 
juego  la  protección  de  derechos  fundamentales,  deben  aplicarse  los  principios  pro 
actione y de proporcionalidad. Lo cual se traduce en un canon reforzado para el deber de 
motivación derivado del art. 24.1 CE que aquí no se ha satisfecho.
8.  El  Gobierno  de  Canarias,  mediante  su  representación  letrada,  presentó  un 
escrito de alegaciones el día 22 de marzo de 2021, por el que solicita la desestimación 
del amparo. s
a)  Comenzando  por la vulneración  del  principio  de igualdad, aduce que ya la  w.
STC 210/2012, de 14 de noviembre, FJ 8, por la que se desestimó el recurso de  11w
icnocnosntsittuitcuiocinoanla ulindaa dd ecdounctcraió ne al pIlDicEaCbl e dceu aEnxdtore lma acdausraa ,c ecnotrnasli dye lroós  asejursvtiacidoas  gael nmeraarlecos 
de la entidad de crédito radiquen efectivamente en Extremadura.
Alega que la deducción controvertida por la demandante de amparo va dirigida a 
fomentar el establecimiento de entidades de crédito en Canarias, con el consiguiente 
incentivo a la inversión y creación de riqueza que ello conlleva. A su vez, pretende 
compensar los costes operativos y de funcionamiento inherentes al establecimiento en 
las Islas. Por tanto, la finalidad es favorecer el desarrollo económico de Canarias.
Por otro lado, la Constitución reconoce a las Comunidades Autónomas la potestad de 
crear sus propios impuestos, lo que es prueba de que el régimen fiscal de los españoles 
puede ser diferente, sin infringir por ello el principio de igualdad.
b)  En  segundo  lugar,  argumenta  que  no  concurrían  los  requisitos  para  el 
planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad en la instancia, puesto que no se 
cumplía con el juicio de relevancia. Esto se debe a que la recurrente pretendía, no que 
se anulase la deducción, sino que se le aplicase a ella. Por tanto, la declaración de 
nulidad de la deducción no satisfaría la pretensión de Caixabank, S.A. Siendo la misión 
del  Tribunal  Constitucional  la  de  un  legislador  negativo,  solo  podría  declararse 
inconstitucional la deducción, pero no disponer que se le aplique a la demandante.
c)  Asimismo,  el  Gobierno  canario  niega  que  concurra  la  invocada  lesión  del 
art. 24.1 CE, puesto que las resoluciones judiciales impugnadas no incurren en error 
patente, arbitrariedad ni irrazonabilidad.
El escrito finaliza insistiendo en que la decisión del tribunal solo podrá otorgar o 
denegar el amparo, pero no pronunciarse sobre la constitucionalidad de la deducción del 
art. 41.9.2 a) de la Ley 4/2012, ni tampoco acceder a la solicitud de que se anule la 
condición por la que únicamente se aplica a los residentes en Canarias, es decir, 
generalizar el beneficio fiscal, mediante la anulación del inciso que exige tener domicilio 
social en dicha comunidad.
9.  El Pleno de este tribunal, con fecha 23 de junio de 2021, acordó, conforme 
establece el art. 10.1 n) LOTC, recabar para sí el conocimiento del presente recurso de 
amparo. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 55.2 y 35.2 LOTC, y con 
suspensión del plazo para dictar sentencia, acordó oír a las partes personadas y al 
Ministerio Fiscal para que, en el plazo común e improrrogable de diez días, pudiesen 
alegar sobre la pertinencia de plantear una cuestión de inconstitucionalidad o sobre el 
fondo de ésta, respecto del art. 41.9.2 a) de la Ley 4/2012, en cuanto que establece una 
deducción en la cuota íntegra del IDEC de Canarias «cuando el domicilio social de la 
entidad de crédito se encuentre en Canarias». Lo anterior –prosigue– «podría vulnerar el 
art.14 CE por cuanto en la normativa de un tributo que se exige a todas las entidades de 
crédito que capten depósitos en Canarias se reconoce un beneficio fiscal únicamente a 
aquellas que tengan domicilio social en dicha comunidad autónoma y no al resto de las 
afectadas  por  el  impuesto;  condición  que  podría  ser  análoga  a  la  declarada 
inconstitucional en la STC 60/2015, de 18 de marzo».
10.  El  teniente  fiscal  ante  este  Tribunal  Constitucional  presentó  su  escrito  de 
alegaciones el día 8 de julio de 2021, en el que interesa el planteamiento de la cuestión 
interna de inconstitucionalidad, por las razones sintetizadas a continuación:
a)  En primer lugar, considera cumplidos los requisitos procesales exigidos por los 
arts. 55.2 y 35 LOTC. En particular, sostiene que la suspensión de la aplicación del 
impuesto canario a partir del 31 de diciembre de 2012 no hace que la cuestión pierda su 
objeto, dado que la norma controvertida es aplicable en el proceso a quo.
b)  En lo que se refiere a si es o no contrario al derecho a la igualdad el que la  s
deducción controvertida se aplique únicamente «cuando el domicilio social de la entidad  oe.
de crédito se encuentre en Canarias», para el Ministerio Fiscal no cabe duda de que el  0ww.
dfcuaens comió apnrr zedose,e  snqutua re ee svaiidndeaenlnizcteóias   loas  inmloei gleitiuntimd laeid sCa, odmm uduteanlt iidstra amdt ouV taadlniefdenircsei,an cnteoa n.b eriln ddea dlao  SaT lCo s6 0h/e2r0e1d5e,r odse  e1n8   2021-1711n https://w
En este punto, reitera los argumentos expuestos durante la tramitación del recurso 
de amparo y la conclusión de que la medida controvertida introduce una diferencia de 
trato entre situaciones comparables, no justificada, ni en la Ley 4/2012, ni en el régimen 
económico y fiscal de Canarias.
Concluye que el art. 41.9.2 a) de la Ley 4/2012 introduce un privilegio discriminatorio, 
es decir, un beneficio tributario injustificado desde el punto de vista constitucional, lo que 
vulnera el derecho a la igualdad ante la ley, en este caso, ante la ley tributaria, por lo que 
se infringe el art. 14 CE.
Por consiguiente, considera pertinente el planteamiento de la cuestión interna de 
inconstitucionalidad, en virtud de lo dispuesto en el art. 55.2 LOTC.
11.  Caixabank, S.A., presentó sus alegaciones el día 12 de julio de 2021, en las 
que se manifiesta a favor del planteamiento de la cuestión.
a)  Tras referirse a la STC 60/2015, de 18 de marzo, FJ 4, alega que en su caso se 
ha producido una evidente vulneración del art. 14 CE, que solo puede remediarse 
mediante la anulación del inciso que le impide disfrutar de la deducción prevista para las 
entidades que tienen su domicilio social en Canarias y el consiguiente reconocimiento de 
su  derecho  a  aplicar  dicho  beneficio.  Reitera  que,  si  la  deducción  se  anulase 
íntegramente, se perpetuaría la desigualdad que se produjo en el ejercicio 2012 cuando 
se permitió que unos sujetos pasivos aplicasen la deducción y otros no (entre ellos, 
Caixabank, S.A.).
b)  La solución que propone es, no solo la que siguió la citada STC 60/2015, sino la 
que aplica habitualmente el Tribunal en los supuestos en los que aprecia la vulneración 
del principio de igualdad, es decir, equiparar a todos los efectos a la solución más 
favorable. Cita al respecto la STC 52/2018, de 10 de mayo, referida a una norma del 
impuesto  sobre  donaciones  en  Castilla-La  Mancha,  que  también  circunscribía  una 
bonificación  a  que  el  sujeto  pasivo  tuviera  residencia  en  dicha  comunidad;  y  la 
STC 2/2021, de 5 de enero, FJ 4, sobre la exclusión de las universidades privadas de un 
programa de becas de la Comunidad Valenciana.
Por lo anterior, concluye solicitando que, a resultas del planteamiento de la cuestión, 
se declaren vulnerados los arts. 14 y 24.1 CE; se anule el inciso «cuando el domicilio 
social de la entidad de crédito se encuentre en Canarias» del art. 41.9.2 a) de la 
Ley 4/2012; se reconozca el derecho de la recurrente al mismo trato que las entidades 
con domicilio social en la comunidad autónoma; y se declare la procedencia de la 
devolución del importe excesivamente ingresado por la discriminación padecida, más los 
intereses de demora.
12.  El día 16 de julio de 2021 presentó sus alegaciones el letrado del servicio 
jurídico del Gobierno de Canarias, en el que se manifiesta en contra del planteamiento 
de la cuestión de inconstitucionalidad, con base en las razones siguientes:
a)  La duda expuesta ya fue analizada y descartada en la STC 210/2012, de 14 de 
noviembre, que desestimó íntegramente el recurso de inconstitucionalidad planteado 
contra la Ley de la Asamblea de Extremadura 14/2001, de 29 de noviembre, reguladora 
de un IDEC análogo al canario.
b)  La norma cuestionada tiene una finalidad objetiva y razonable que la legitima. En 
este sentido, señala que, lejos de atentar contra el derecho de igualdad, va dirigida a 
fomentar el establecimiento de entidades de crédito en Canarias, con el consiguiente  e.e
incentivo a la inversión y creación de riqueza. Los costes operativos y de gestión no son  b
los mismos para una entidad que tiene su domicilio social y, por consiguiente, sus  110ww
qseurev ipcaiorsa  cuennat reanletisd ayd e lq gureu eúsnoic adme esnut ee sttireuncetu sruac eunrs laal eCso emnu ensidtea dt eArruittoórnioo.m Dai cdhea C saitnuaarciiaósn, 
shee cahpoa rtdae  des ul a rdeisfeidreenncciiaa,  deq utera toe sf islcoa l qquuee  ssee  dsisopmeentsióa baa  aj uliocsio h edree deigruoasl dpaodr  eel ns olloa 
STC 60/2015.
En el momento de implantación del impuesto, las entidades de crédito con domicilio 
social en Canarias eran principalmente cajas de ahorro y cajas rurales, que tenían un 
enorme arraigo en todas las islas y, dentro de estas, a su vez, en sus respectivos 
términos municipales, asumiendo la obligación de destinar los beneficios obtenidos a 
obras sociales y culturales. Por tanto, se ha utilizado un criterio para compensar los 
gastos de implantación de servicios financieros en todo el territorio canario por parte de 
determinadas entidades cuyos beneficios no eran objeto de reparto sino de atribución a 
obras sociales y culturales. El legislador canario no ha pretendido, siquiera por vía 
indirecta, generar una situación de desigualdad con aquellas otras entidades de crédito 
que no disponían de domicilio social en Canarias. Así lo pone de manifiesto el art. 41.9.2 
b) de la Ley 4/2012, que recoge un beneficio fiscal por cada oficina situada en dicho 
territorio, con una modulación de cuantía en función de si radica en una isla no capitalina 
o  un  municipio  con  población  inferior  a  determinado  número  de  habitantes,  con 
independencia de si la entidad de crédito tiene o no domicilio social en Canarias.
A juicio del letrado autonómico, las razones anteriores justifican la medida, pues no 
son comparables las situaciones de las entidades que tienen su domicilio social en 
Canarias de aquellas otras que solo disponen de meras oficinas. Que la deducción 
objeto de controversia resultara aplicable a todas las entidades de crédito sujetas a 
gravamen implicaría vaciar de contenido la finalidad última del impuesto, que es atraer 
capitales a la Comunidad Autónoma de Canarias. Aclara que extenderla a todas las 
entidades sin tener en cuenta el lugar de su domicilio iría en contra de la finalidad 
perseguida por el legislador y equivaldría a reducir a la mitad la tarifa de gravamen.
c)  Aborda, a continuación, la conexión de la medida con el régimen económico y fiscal 
de Canarias, reconocido en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía, así como en el 
Derecho  primario  de  la  Unión  Europea,  que  incluye  Canarias  entre  las  regiones 
ultraperiféricas. Al respecto argumenta que el Derecho de la Unión establece disposiciones 
fiscales específicas para las regiones ultraperiféricas, tanto el legislador estatal como el 
autonómico prevén incentivos a la inversión, sin vulnerar por ello la igualdad ante la ley, ya 
que no pueden tratarse de manera igual situaciones que no lo son.
d)  Finalmente,  en  lo  que  respecta  al  alcance  temporal  que  pudiera  tener  un 
eventual pronunciamiento estimatorio, manifiesta que, en virtud del principio de unidad 
de doctrina, debe seguirse el criterio de la STC 60/2015, FJ 6, y respetar la intangibilidad 
de las situaciones jurídicas consolidadas.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Objeto.
El art. 55.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) dispone que «[e]n 
el supuesto de que el recurso de amparo debiera ser estimado porque, a juicio de la Sala 
o,  en  su  caso,  de  la  Sección,  la  Ley  aplicada  lesione  derechos  fundamentales  o 
libertades públicas, se elevará la cuestión al Pleno con suspensión del plazo para dictar 
sentencia,  de  conformidad  con  lo  prevenido  en  los  artículos  35  y  siguientes».  Tal 
previsión también es aplicable cuando, como sucede en el presente caso, el Pleno ha 
recabado para sí el conocimiento del recurso de amparo (por todos, ATC 79/2018, de 17 
de julio, FJ 1).
Como se ha detallado en los antecedentes, la demanda de amparo se dirige contra la 
actuación administrativa que denegó la aplicación a Caixabank, S.A., de la deducción 
prevista en el art. 41.9.2 a) de la Ley del Parlamento de Canarias 4/2012, de 25 de junio,  e.e
de medidas administrativas y fiscales, (en adelante, Ley 4/2012), por vulnerar el art. 14  b
CE; y contra las resoluciones judiciales que no repararon dicha lesión. A estas últimas  110ww
tpaamrab iléan p rsees eancthea ccuae lsat ivóunl ninetrearcniaó nd ed einl caornt.s 2tit4u.c1i oCnEa,li dsai db.ien tal denuncia no es relevante
El precepto, del que forma parte el inciso cuestionado (en cursiva), tiene el siguiente tenor:
«Artículo 41.  Impuesto de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre los Depósitos de 
Clientes en las Entidades de Crédito de Canarias.
[…]
Nueve.  Cuota tributaria.
[…]
2.  De la cuota íntegra resultante se deducirán las cantidades siguientes:
a)  el 50 por ciento de la cuota íntegra cuando el domicilio social de la entidad de 
crédito se encuentre en Canarias.
[…].»
2.  Requisitos procesales.
Concurren los requisitos procesales previstos en los arts. 55.2 y 35 LOTC:
(i)  En el proceso del que trae causa el presente recurso de amparo se discute si 
Caixabank, S.A., puede aplicar la deducción prevista en el art. 41.9.2 a) de la Ley del 
Parlamento de Canarias 4/2012, precepto con rango de ley, según exigen los arts. 163 
CE y 35.1 LOTC. Como observa el Ministerio Fiscal, aunque el art. 41 se encuentra 
suspendido desde el 1 de enero de 2013 (art. 2 de la Ley 5/2013, de 26 de diciembre), 
resulta aplicable y relevante para la resolución del proceso a quo, toda vez que el 
ejercicio fiscal al que se refiere esta liquidación es el del año 2012, por lo que hasta el 31 
de diciembre de tal año era de aplicación al caso de autos. Por otra parte, es relevante 
para la decisión final del recurso de amparo, toda vez que, de resultar estimada esta 
cuestión de inconstitucionalidad y declarado inconstitucional y nulo el inciso objeto de 
este procedimiento constitucional, la entidad Caixabank, S.A., recurrente vería satisfecha 
su  pretensión  constitucional  de  amparo  apoyada  en  la  denunciada  vulneración  del 
principio de igualdad del art. 14 CE.
(ii)  Una vez concluida la tramitación del proceso de amparo, mediante providencia 
de 23 de junio de 2021, el Pleno recabó su conocimiento y dio audiencia a las partes y al 
Ministerio Fiscal sobre la posible contradicción de la referida norma autonómica con el 
art. 14 CE, conforme a lo previsto en el art. 35.2 LOTC. Tanto el Ministerio Fiscal como la 
entidad  Caixabank,  S.A.,  se  mostraron  favorables  al  planteamiento  de  la  cuestión, 
subrayando el paralelismo con el caso analizado en la STC 60/2015, de 18 de marzo. 
Por su parte, el Gobierno autonómico sostuvo que la diferencia de trato entre entidades 
bancarias, según su domicilio social radique o no en Canarias, tiene una finalidad 
objetiva y razonable, por lo que no vulnera el principio de igualdad.
(iii)  La  cuestión  se  promueve,  con  suspensión  del  plazo  para  dictar  sentencia 
(art. 55.2 LOTC), al persistir las dudas de constitucionalidad, como de inmediato se 
razonará.
3.  Dudas de constitucionalidad respecto del inciso cuestionado del art. 41.9.2 a) de 
la Ley 4/2012.
El examen del art. 41.9.2 a) de la Ley del Parlamento de Canarias 4/2012, en el 
particular inciso «cuando el domicilio social de la entidad de crédito se encuentre en 
Canarias», ofrece dudas sobre su adecuación al principio de igualdad ante la ley (art. 14  e.e
CE) entre las entidades domiciliadas en dicha comunidad autónoma y las domiciliadas  w.b
fuera, en perjuicio de estas últimas. Las razones que sustentan las dudas son las  110ww
sciugaunaiet)i nfitceHasca:i ódne d peal rimtirpseu edseto  qduee  lala C doemduuncicdióand  Acountótrnoovmerati ddae  Cesa nuanroia sd es olobsre  elolesm deenptóossi tdoes   OE-A-2021-17able en https://
de clientes de entidades de crédito (en adelante, IDEC). Este es un tributo propio creado
y regulado por el art. 41 de la Ley 4/2012, con fundamento en la potestad tributaria 
reconocida a las comunidades autónomas por los arts. 133.2 y 157.1 b) CE y 6 de la Ley 
Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las comunidades autónomas 
(LOFCA). Específicamente para el caso canario, recogen dicha potestad los arts. 169 b) 
y 171 de la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de 
Autonomía de Canarias.
El impuesto canario grava «la tenencia de fondos de terceros, cualquiera que sea su 
naturaleza jurídica, por parte de los contribuyentes, y que comporten la obligación de 
restitución» (art. 41.4 de la Ley). Los sujetos pasivos son «las entidades de crédito por 
los depósitos de clientes de la sede central u oficinas que estén situadas en Canarias» 
(art. 41.7). Es decir, la manifestación de la capacidad de pago gravada por el tributo es la 
tenencia de depósitos de clientes por parte de las entidades de crédito que operan en 
Canarias, tanto si tienen su domicilio social en dicha comunidad autónoma, como si no.
El art. 41.9.2 a) de la Ley 4/2012 prevé una deducción del 50 por 100 de la cuota 
íntegra aplicable exclusivamente por las entidades de crédito que tengan su domicilio 
social en la Comunidad Autónoma de Canarias. Es, pues, el domicilio social de la 
entidad financiera el que determina la aplicación del beneficio fiscal, de tal manera que, 
aun  cuando  aquella  disponga  de  oficinas,  puntos  de  atención  al  cliente  o  realice 
operaciones  de  captación  de  depósitos  en  cualquier  parte  del  territorio  de  aquella 
comunidad autónoma, la deducción solo podrá beneficiar de modo exclusivo a la entidad 
que haya establecido su domicilio social en aquel territorio. Introduce así una diferencia 
de trato en la cuantía del tributo en función del domicilio social. En definitiva, dos 
entidades con depósitos captados en la Comunidad Autónoma de Canarias tributan de 
forma sustancialmente distinta en función de si una tiene el domicilio social allí y la otra 
no (esta el doble que aquella).
Lo anterior puede suponer una violación del principio de igualdad «ante la ley», que 
prohíbe  las  desigualdades  artificiosas  o  injustificadas,  por  no  fundarse  en  criterios 
objetivos  y  razonables.  En  el  caso  de  que  hubiera  una  razón  constitucionalmente 
atendible,  para  que  la  diferencia  fuera  lícita  las  consecuencias  jurídicas  deberían, 
además, ser proporcionadas a la finalidad perseguida [SSTC 167/2016, de 6 de octubre, 
FJ 5, y 91/2019, de 3 de julio, FJ 4 a)].
b)  Este tribunal ha venido manteniendo que solo cuando la eventual lesión del 
derecho a la igualdad se funde en razones subjetivas, esto es, en una condición o 
cualidad del «sujeto» del tributo, estaremos en el marco de la desigualdad prevista, no 
solo en el art. 31.1 CE, sino también en el art. 14 CE, y protegible por ello mediante el 
recurso  de  amparo.  Sin  embargo,  cuando  la  desigualdad  no  se  funde  en  razones 
subjetivas, sino que se refiera al «objeto» del tributo, estaríamos ante una desigualdad 
incardinable exclusivamente en el art. 31.1 CE (entre otras, SSTC 46/2000, de 17 de 
febrero, FJ 4, y 91/2007, de 7 de mayo, FJ 3).
En el presente supuesto nos hallamos ante una circunstancia subjetiva, a saber, la 
cualidad o condición de residente en la Comunidad Autónoma de Canarias que corresponde 
al sujeto pasivo del tributo, que son las entidades de crédito. A este respecto, el art. 8 de la 
Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del impuesto sobre sociedades, dispone que son 
contribuyentes  las  sociedades  y  demás  entidades  jurídicas  (art.  1)  que  tengan  «su 
residencia en territorio español» (art. 7.1), siendo una de las circunstancias atributivas de la 
condición de residente la de tener «su domicilio social en territorio español» [art. 8.1 b)], que 
es  precisamente  la  que  ha  tomado  la  Ley  del  Parlamento  de  Canarias  4/2012  para 
diferenciar entre sujetos del tributo. Por consiguiente, la posible desigualdad se incardina  s
tanto en el art. 31.1 como en el art. 14 CE. oe.
c)  Como tiene dicho la doctrina constitucional (por todas, STC 167/2016, de 6 de  w.
octubre, FJ 5), para comprobar si la deducción controvertida respeta el principio de  11w
cigoumapldaarda re ss opnr eicgiusoa lecso n(cjureictaior : d(ie)  ecno mppriamrearb illuidgaadr), ; s(i iil)a se ns ituseagciuonndeos  qtéurem isneo ,p ruentean dveenz 
sail ccaonnzcaudrare l au cnoan cfilnuasliiódna dd eo bqjueetiv laa sy s ritauzaocnioanbeles  qsoune  cleogmitpimarea belle str,a etos  dperescigisuoa lc o(jmuipciroo bdaer   BOE-A-cable e
razonabilidad);  y,  (iii)  por  último,  si  las  consecuencias  jurídicas  a  que  conduce  la 
disparidad de trato son razonables, habrá que comprobar si existe una relación de 
proporcionalidad entre el medio empleado y la finalidad perseguida, evitando resultados 
especialmente gravosos o desmedidos (juicio de proporcionalidad). La aplicación de 
estos tres pasos al presente supuesto arrojaría el resultado siguiente:
(i)  Juicio de comparabilidad. Dado que el impuesto autonómico tiene por objeto 
gravar la tenencia de depósitos por las entidades de crédito que operan en Canarias, 
parece que todas las entidades de crédito con oficinas situadas allí se encuentran en una 
situación comparable, con independencia de donde radique su domicilio social. El criterio 
del domicilio, único que toma en cuenta la deducción discutida, no guarda relación 
alguna con la capacidad de pago sometida a gravamen, que es la tenencia de depósitos.
(ii)  Juicio de razonabilidad. La exposición de motivos de la Ley del Parlamento de 
Canarias 4/2012 [sección B) «Medidas fiscales», apartado II «Tributos propios»] no 
ofrece ninguna razón que explique la aplicación de la deducción del 50 por 100 solo a las 
entidades con domicilio social en Canarias, sino que se limita a justificar la creación del 
tributo conforme al principio de capacidad económica.
Frente a lo alegado por el letrado autonómico, tampoco cabe inferir una justificación 
basada en el régimen económico y fiscal de Canarias. Ni el IDEC ni el resto de tributos 
propios establecidos por la comunidad autónoma forman parte de dicho régimen. A 
diferencia de los tributos propios, el régimen económico y fiscal canario tiene por objeto 
garantizar  «una  presión  fiscal  estatal  menor»  en  el  archipiélago  (art.  3.3  de  la 
Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del régimen económico y fiscal de Canarias). 
Es decir, su finalidad es que no se apliquen en Canarias determinados tributos estatales 
o se apliquen con un menor nivel de gravamen que en el resto de España (por más que 
algunas de las medidas del régimen económico y fiscal conlleven atribuir recursos a la 
comunidad autónoma, como prevé el art. 3.4 de la Ley 19/1994). El art. 169 b) del 
Estatuto  de  Autonomía  de  Canarias  diferencia  los  tributos  propios  y  los  recursos 
derivados del régimen económico y fiscal y la propia Ley 4/2012 así lo refleja, al regular 
las medidas normativas sobre tributos propios (título I, libro II) separadamente de las 
referidas a recursos del régimen canario (título II del mismo libro).
El Gobierno canario también esgrime que la deducción prevista en el art. 41.9.2 a) de 
la Ley 4/2012 va dirigida a fomentar el establecimiento de entidades de crédito en 
Canarias, promoviendo que las mismas establezcan su domicilio social en el territorio de 
aquella  comunidad  autónoma.  Sin  embargo,  dos  son  las  razones  por  las  que  no 
podemos tener en cuenta este argumento: (i) En primer lugar, porque si el hecho 
imponible que delimita la manifestación de renta de este tributo es la captación de fondos 
procedentes del sector privado para destinarlos a la constitución de depósitos bancarios, 
lo  relevante,  a  los  efectos  de  la  operatividad  y  finalidad  de  este  impuesto,  no  es 
propiamente la ubicación del domicilio social de la entidad financiera en un determinado 
lugar del territorio de la comunidad autónoma, sino el volumen cuantificado de los fondos 
captados para constituir aquellos depósitos y, en definitiva, la mayor facilidad de acceso 
de los potenciales clientes a la constitución de aquellos depósitos, lo que se consigue 
con la mayor cercanía de las sucursales y puntos de atención a aquellos que tuviera la 
entidad en el territorio de aquella comunidad autónoma. Tal circunstancia, al tiempo en 
que se aprobó esta norma legal tributaria, era en gran medida posible, con la creación o 
ampliación  en  aquel  territorio  de  la  red  de  oficinas  que  pusieran  las  entidades  a 
disposición de sus clientes para hacer más fácil la constitución de aquellos productos 
financieros. (ii) Y, en segundo término, porque cabe cuestionar, también, que esta razón  e.
sea  legítima  desde  la  óptica  del  art.  139.2  CE,  que  preserva  la  libertad  de  w.b
establecimiento y la libre circulación de bienes en todo el territorio español, en conexión  11w
ctroibnu tlaorsi aasr tdse.  1la5s7 .C2 oCmEu nyi d9a dce) sL OAuFtCóAno, mquaes  porboshtaíbceunli ceesnp edcicíhficaasm liebnetreta dqeuse.  lEasn  msíendteidsaiss, 
taaqleusí  epxreacmeipntaodsa ,p reons ctarinbteon  olatosr grae guunla mcioenjoers t rdaeto s figisncoa l paro ltoesc coiopneirsatdao, rceosm doo mpoicdilriíaad oses r elan 
Canarias que a los foráneos [STC 125/2021, de 3 de junio, FJ 5 B)].
Por  último,  la  medida  controvertida  tampoco  puede  ampararse  en  la  potestad 
tributaria autonómica. No se discute aquí la constitucionalidad del IDEC, mediante el cual 
la comunidad autónoma ha ejercido plenamente dicha potestad. El problema radica en 
que,  dentro  del  conjunto  de  las  entidades  sujetas  al  impuesto  canario,  se  haya 
establecido una diferencia que perjudica a las que tienen su domicilio social fuera del 
territorio  autonómico,  sin  haber  ofrecido  una  justificación  razonable  que  sirva  de 
fundamento a aquel tratamiento fiscal diferenciado.
En suma, el domicilio social en Canarias de las entidades de crédito se habría 
convertido  en  un  factor  de  diferenciación  carente  de  justificación  en  un  interés 
constitucional prevalente y protegible.
(iii)  Juicio de proporcionalidad. Toda vez que no se aprecian razones que pudieran 
justificar una desigualdad de trato entre entidades de crédito sujetas al IDEC, no sería 
preciso analizar si existe una relación de proporcionalidad entre el medio empleado y la 
finalidad perseguida. En todo caso, no es ocioso recordar la importante cuantía de la 
deducción, que asciende a un 50 por 100 de la cuota íntegra del impuesto, por lo que las 
entidades domiciliadas fuera del territorio canario tributan el doble que las locales.
d)  Asimismo, debemos descartar la alegación del Gobierno de Canarias según la 
cual la STC 210/2012, de 14 de noviembre, FJ 8, por la que se desestimó el recurso de 
inconstitucionalidad  contra  el  IDEC  de  Extremadura  (Ley  de  la  Asamblea  de 
Extremadura  14/2001,  de  29  de  noviembre),  habría  considerado  ajustada  al  marco 
constitucional una deducción como la aquí discutida. En dicho fundamento jurídico no se 
enjuiciaban las deducciones del IDEC extremeño, sino el punto de conexión del impuesto 
–la  ubicación  de  las  oficinas  bancarias–,  concluyéndose  que  no  producía  efectos 
extraterritoriales contrarios a los arts. 157.2 CE y 9 b) LOFCA.
El fundamento jurídico 9 de dicha sentencia sí analizó una deducción del IDEC 
extremeño, pero únicamente la prevista por la realización de determinadas inversiones 
calificadas de utilidad pública o de interés social para la región (art. 7.3 de la Ley de la 
Asamblea de Extremadura 14/2001), también prevista en la Ley del Parlamento de 
Canaria 4/2012 [art. 41.9.2 c)], no la deducción aplicable cuando la casa central radique 
en Extremadura (art. 7.2 de la Ley de la Asamblea de Extremadura 14/2001), que sería 
la equivalente a la que aquí examinamos. Al abordar la deducción por inversiones desde 
la óptica del art. 139.2 CE, en conexión con los arts. 157.2 CE y 9 c) LOFCA, la 
STC 210/2012 descartó la vulneración de dichos preceptos porque no se establecía 
«ninguna diferencia de trato entre residentes y no residentes en la comunidad autónoma, 
pues su aplicación no depende de dónde radique el domicilio social de la entidad 
bancaria,  sino  que  se  aplica  por  igual  a  todas  las  sucursales  establecidas  en 
Extremadura y, por tanto, sujetas al impuesto». Es decir, frente a lo pretendido por el 
letrado del Gobierno de Canarias, la STC 210/2012, FJ 9, a contrario sensu, respaldaría 
la tesis de que una deducción basada únicamente en la ubicación del domicilio social 
puede ser contraria a las libertades de establecimiento y circulación garantizadas por los 
citados preceptos constitucionales.
e)  Según coinciden en argumentar el Ministerio Fiscal y la entidad Caixabank, S.A., 
este caso es análogo al de la STC 60/2015 (y al de la STC 52/2018, de 10 de mayo, que 
se remite a ella), que consideró inconstitucional que, al regular un beneficio fiscal en el 
impuesto  sobre  sucesiones  para  las  adquisiciones  mortis  causa  vinculadas  con  su 
territorio (aquellas en que el causante tuviera residencia en él, que es el punto de 
conexión que establece la normativa reguladora de la cesión de tributos), una comunidad 
autónoma  introdujera  una  diferenciación  por  la  residencia  de  los  herederos.  Dicha  e.
sentencia declaró vulnerados tanto el art. 14 como el art. 31.1 CE, pues «al carecer de  w.b
cualquier  justificación  legitimadora  el  recurso  a  la  residencia  como  elemento  de  11w
cdoifne reanciceiartcoi ósne,ñ naola  seoll ofi sscea lv guelnneerara le dl eplr iEncsitpaidoo d, es eig huaa lduatidliz (aadrot.  u1n4  cCriEte),r ios indoe  qreupea, rctoo mdoe 
luans  csaisrtgeamsa p útrbibliucatasr ioca rjuesnttoe  d(aer tu. n3a1 j.u1s tCifiEca)»c.i óPn orra zcoonnasbigleu iye,n pteo,r  etann tdoi,c ihnac osmepnatetinbcleia c oyan 
constatamos que una diferente tributación basada exclusivamente en la residencia del
sujeto pasivo, carente de justificación en un interés constitucional, es contraria no solo al 
art. 31.1, sino también al art. 14 CE.
f)  La reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 25 de 
febrero de 2021, al responder a la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo 
respecto del IDEC de la Comunidad Autónoma de Andalucía (art. 6 de la Ley 11/2010, 
de 3 de diciembre), corrobora lo razonado en los apartados anteriores. Dicha sentencia 
analiza dos de las deducciones previstas en el tributo andaluz. Respecto de la primera, 
establecida en favor de las entidades de crédito con domicilio social en Andalucía 
(análoga a la controvertida en el presente proceso), el Tribunal de Justicia aprecia que 
vulnera la libertad de establecimiento del art. 49 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea (§28). A dicha conclusión llega tras comprobar que la situación de una 
entidad con domicilio social en Andalucía y otra domiciliada en otro lugar de España o en 
otro  Estado  miembro  son  objetivamente  comparables  a  la  vista  del  objetivo  y 
configuración del IDEC (la cursiva es nuestra):
«En cuanto atañe a la comparabilidad entre la situación de las entidades de crédito 
cuyo domicilio social se encuentra en Andalucía y la de aquellas que, teniendo su domicilio 
social en un Estado miembro distinto del Reino de España, disponen de oficinas en 
Andalucía, ha de señalarse que, para la totalidad de las entidades de crédito, la base 
imponible del IDECA consiste en la media aritmética del saldo de los depósitos existentes 
en las sedes centrales o en las oficinas que estén situadas en Andalucía. Pues bien, al 
tratar de un modo idéntico ambas categorías de entidades de crédito a efectos de la 
tributación, el legislador admite que, en lo relativo a las modalidades y condiciones de 
dicha tributación, no existe entre ellas ninguna diferencia en su situación objetiva que 
pueda justificar una diferencia de trato (véanse, en este sentido, las sentencias de 28 de 
enero  de  1986,  Comisión/Francia,  C-270/83,  EU:C:1986:37,  §  20,  y  de  12  de  junio 
de 2018, Bevola y Jens W. Trock, C-650/16, EU:C:2018:424, § 34) (§ 26).»
Acerca de la posibilidad de justificar la restricción a la libertad de establecimiento por 
una razón imperiosa de interés general (la Junta de Andalucía había esgrimido como 
razón el fomento de las oficinas en el medio rural) el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea responde lo siguiente (la cursiva es nuestra):
«A este respecto, basta con señalar que un objetivo de este tipo no puede justificar la 
limitación de la concesión de un trato favorable, a saber, una deducción de 200 000 € de la 
cuota íntegra del IDECA, únicamente a las entidades de crédito que tengan su domicilio 
social en Andalucía, ya que, a diferencia del número y la ubicación de las oficinas, la sola 
presencia del domicilio social en un territorio determinado no contribuye a que se presten 
servicios financieros de proximidad en dicho territorio.  En todo caso, no se ha demostrado 
que tal limitación sea necesaria para alcanzar esos objetivos (§ 27).»
Los  anteriores  razonamientos  resultarían  también  aplicables  al  análisis  de  la 
deducción del IDEC canario que examinamos. Aunque el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea adopta la perspectiva que le es propia –la del Derecho de la Unión Europea–, 
que no es canon de constitucionalidad [por todas, STC 152/2020, de 22 de octubre, FJ 2 
b)], sus consideraciones también serían válidas para el juicio de igualdad. Respecto a 
este, los parágrafos transcritos confirmarían que: (i) teniendo en cuenta el objetivo y la 
regulación  del  IDEC,  la  situación  de  las  entidades  domiciliadas  en  la  comunidad 
autónoma y fuera de ella son comparables (juicio de comparabilidad); y (ii) no existe una 
razón de interés general que justifique un trato favorable a las primeras (juicio de  e.
razonabilidad). w.
Por el contrario, al examinar la deducción por cada oficina abierta en el territorio  11w
aPuatrolanmómenictoo , dneo rmCaan atarmiasb ié4n/ 2p0r1e2v]i,s tlaa  esne netle nIDciEaC d ceal nTarriibou n[aarlt . d4e1 .J9u.2s tibc)ia d ed el al aL eUyn dióenl 
Europea pone el foco en que todas las entidades de crédito sujetas al IDEC pueden
acogerse  a  ella,  con  independencia  de  donde  estén  domiciliadas,  por  lo  que  no 
discrimina en función de la ubicación del domicilio social (§ 30).
A la luz de las consideraciones anteriores, el inciso «cuando el domicilio social de la 
entidad de crédito se encuentre en Canarias» del art. 41.9.2 a) de la Ley del Parlamento de 
Canarias 4/2012 podría ser contrario al principio de igualdad del art. 14 CE, en conexión con 
los arts. 139.2 y 157.2 CE y 9 c) LOFCA, preceptos estos últimos que recogen, para el 
ámbito nacional, el mismo principio que el art. 49 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea (entre otras, STC 210/2012, de 14 de noviembre, FJ 9).
Por lo expuesto, el Pleno
ACUERDA
Plantear  una  cuestión  interna  de  inconstitucionalidad  en  relación  con  el  inciso 
«cuando el domicilio social de la entidad de crédito se encuentre en Canarias» del 
art. 41.9.2 a) de la Ley 4/2012, de 25 de junio, de medidas administrativas y fiscales, de 
la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias,  por  posible  vulneración  del  art.  14  CE,  con 
suspensión del plazo para dictar sentencia en el presente recurso de amparo.
Publíquese este auto en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, a quince de septiembre de dos mil veintiuno.–Juan José González Rivas.–
Encarnación Roca Trías.–Andrés Ollero Tassara.–Santiago Martínez-Vares García.–Juan 
Antonio  Xiol  Ríos.–Pedro  José  González-Trevijano  Sánchez.–Antonio  Narváez 
Rodríguez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Cándido Conde-Pumpido Tourón.–María Luisa 
Balaguer Callejón.–Firmado y rubricado.