BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 263 Miércoles 3 de noviembre de 2021 Sec. III.   Pág. 133557
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
17948 Resolución de 5 de octubre de 2021, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la calificación del 
registrador de la propiedad de Torrelodones, por la que se suspende la 
inscripción  de  una  escritura  de  aceptación  y  adjudicación  de  herencia  y 
aclaración de otra anterior a esa.
En el recurso interpuesto por doña M. C. S. D. y doña L. y doña M. R. S. contra la 
calificación  del  registrador  de  la  Propiedad  de  Torrelodones,  don  Enrique  Amérigo 
Alonso,  por  la  que  se  suspende  la  inscripción  de  una  escritura  de  aceptación  y 
adjudicación de herencia y aclaración de otra anterior a esa.
Hechos
I
Mediante  escritura  autorizada  el  día  25  de  junio  de  2012  por  el  notario  de 
Torrelodones,  don  Juan  Luis  Hernández  Gil  Mancha,  doña  M.  P.  D.  R.  otorgó  las 
operaciones de liquidación de la sociedad de gananciales, aceptación y adjudicación de 
la herencia causada por su difunto esposo, don A. B.G., que había fallecido el día 15 de 
junio de 2011, casado con dicha otorgante y sin descendientes. En su último testamento, 
otorgado  el  día  18  de  noviembre  de  1981  ante  el  notario  de  Trujillo,  don  Alberto 
Martínez-Peñalver  y  Corral,  tras  instituir  heredera  a  su  citada  esposa,  dispuso  lo 
siguiente: «(…) con el ruego de que si a su fallecimiento quedaran bienes del testador, 
los que existieran pasaran a sus hermanos Don T., doña J. y Doña A. B. G., por iguales 
partes entre ellos y con sustitución vulgar o simple por estirpes». En la citada escritura 
de aceptación y adjudicación de herencia, doña M. P. D. R. se adjudicó la totalidad de los 
bienes. En esta escritura, existe una diligencia de fecha 17 de octubre de 2012, puesta 
por el notario, en la que hacía por sí constar lo siguiente: «(…) para hacer constar que 
por error se omitió consignar que los bienes adjudicados a Doña M. P. D. R. por herencia 
de su esposo Don A. B. G., quedan sujetos a sustitución fideicomisaria conforme lo 
ordenado  por  el  causante  en  su  testamento,  en  los  siguientes  términos  “Si  al 
fallecimiento (…)”, de lo que yo, el Notario hice advertencia expresa».
Mediante escritura, otorgada el día 18 de febrero de 2021 ante el mismo notario de 
Torrelodones, doña M. C. S. D. y doña L. y doña M. R. S. otorgaron las operaciones de 
aceptación y adjudicación de la herencia causada por doña M. P. D. R., quien falleció en 
estado de viuda y sin descendientes. En su último testamento, otorgado el día 11 de 
agosto de 2020 ante el mismo notario de Torrelodones, instituyó herederas por partes 
iguales a su sobrina e hijas de ésta, las citadas intervinientes. Las tres citadas otorgantes 
aceptaban la herencia y se adjudicaban los bienes de la causante en la forma que 
entendieron conveniente.
Esta escritura causó nota de calificación negativa en el Registro de la Propiedad de 
Torrelodones el día 9 de abril de 2021, del tenor siguiente: «Según resulta del historial 
registral de las citadas fincas, la mitad indivisa de cada una ellas fue adjudicada a la  e.
causante por liquidación de la sociedad de gananciales, y la otra mitad por herencia,  w.b
habiendo quedado sujeta la mitad indivisa de las fincas adquiridas por título de herencia  948ww
ab ielan esisg udieeln ttees staudsotitru, cloiósn q fuidee eicxoismtiiesraarnia :p “aSsia aral fna lale csiumsi ehnetrom daen oDso ñDao nM T. .P, .D Do.ñ Ra.  Jq.u ye dDaorañna 
AC.o nBf.o Grm.,e p ao rl oig aunatleersio prmaretenste e enxtrper eesllaodso y,  yc olon  dsiussptuiteusctioó ne nv ulolgsa ra rotí csuimlopsl e7 8p1o ry  essitgirupieens”te…s 
del Código Civil, que regulan las sustituciones fideicomisarias, no pueden practicarse las
inscripciones solicitadas, al haber sido incluidas en las operaciones particionales la 
totalidad de las fincas relacionadas, estando la mitad indivisa de cada de ellas adquiridas 
por título de herencia sujetas a la sustitución fideicomisaria expresada».
Mediante escritura, de fecha 3 de junio de 2021, ante el mismo notario, se otorgó por 
las  mismas  tres  intervinientes,  aclaración,  rectificación  y  complemento  de  las  otras 
escrituras  de  aceptación  y  adjudicación  de  las  herencias.  En  esta  escritura,  las 
comparecientes hacían constar que con la expresión «con el ruego» se demostraba 
claramente que lo que el testador quería establecer no era una sustitución fideicomisaria, 
sino un simple ruego o recomendación dirigida a los causahabientes de su heredera y 
esposa, y, en consecuencia, heredaban la totalidad, siendo efectivas las adjudicaciones 
realizadas. El notario autorizante hacía mención a la diligencia de aclaración que había 
puesto en la escritura de fecha 25 de junio de 2012, y las comparecientes expresaban 
que ellas no la suscribieron, por lo que entendían que es errónea y que ahora debía 
interpretarse correctamente, por lo que consideraban que estaban exentas de sustitución 
de ningún tipo y dejaban sin efecto la diligencia complementaria extendida por el notario, 
solicitando la rectificación registral de las adjudicaciones entonces realizadas.
II
Presentadas las referidas escrituras en el Registro de la Propiedad de Torrelodones, 
fueron objeto de la siguiente nota de calificación:
«Nota de calificación de la escritura otorgada en Torrelodones, el día 18 de febrero 
de 2021, ante el Notario Don Juan Luis Hernández-Gil Mancha, bajo el número 386 de 
protocolo, presentada en este Registro a las 15:45 horas del día 16 de marzo de 2021, 
causando el asiento 1.814 del Tomo 187 del Diario. Calificada con defecto el 9 de abril 
de 2021 y habiendo sido aportado nuevamente en unión de escritura otorgada en 
Torrelodones, el día 3 de Junio de 2021, ante el Notario Don Juan Luis Hernández-Gil 
Mancha, bajo el número 1.519 de su protocolo, el día 4 de junio de 2021.
Enrique Amérigo Alonso, Registrador de la Propiedad de Torrelodones, Suspende la 
inscripción  del  precedente  documento  de  acuerdo  con  los  siguientes  hechos  y 
fundamentos de derecho.
Hechos:
La escritura presentada fue objeto de calificación negativa el 9 de abril de 2021, por 
los siguientes hechos y fundamentos de derecho: Hechos: En la escritura objeto de 
calificación se formalizan las operaciones particionales de Doña M. P. D. R., en cuyo 
inventario se incluye la totalidad de las fincas registrales 3091, 3088, 5647 y 5643 de 
Torrelodones.
Según resulta del historial registral de las citadas fincas, la mitad indivisa de cada 
una ellas fue adjudicada a la causante por liquidación de la sociedad de gananciales, y la 
otra  mitad  por  herencia,  habiendo  quedado  sujeta  la  mitad  indivisa  de  las  fincas 
adquiridas  por  título  de  herencia  a  la  siguiente  sustitución  fideicomisaria:  “Si  al 
fallecimiento de Doña M. P. D. R. quedaran bienes del testador, los que existieran 
pasaran a sus hermanos Don T., Doña J. y Doña A. B. G., por iguales partes entre ellos y 
con sustitución vulgar o simple por estirpes”.
Fundamentos de Derecho: Conforme a lo anteriormente expresado, y lo dispuesto en 
los  artículos  781  y  siguientes  del  Código  Civil,  que  regulan  las  sustituciones  s
fideicomisarias,  no  pueden  practicarse  las  inscripciones  solicitadas,  al  haber  sido  oe.
incluidas en las operaciones particionales la totalidad de las fincas relacionadas, estando  w.
lfaid emiScitoeam ds iisonaldicriiviatias e axp dpoerre  csloaasdd aah .deere edlelarso sa ddqeu irDidoañsa  pMor.  tíPtu. loD d. eR h. eerenn ceisac sriutujerata sd ea  laac slaursatictuiócnió ny   2021-17948n https://ww
rectificación otorgada ante el notario de Torrelodones, Don Juan Luis Hernández-Gil
Mancha, el 3 de junio de 2021, con el número 1519 de protocolo que se considere como  Bc
no  puesta  la  sustitución  fideicomisaria  expresada  en  la  inscripción  de  las  fincas 
registrales 3091, 3088, 5647 y 5643 de Torrelodones, por considerarla un simple ruego o 
recomendación dirigida a los causahabientes de su esposa.
La  cláusula  del  testamento  objeto  de  debate,  que  motivó  las  inscripciones 
practicadas  sobre  las  citadas  fincas  registrales,  señala  lo  que  sigue:  el  causante 
“instituye y nombra por su única y universal heredera a nombrada esposa Doña M. P. D. 
R. (…), con el ruego de que si a su fallecimiento quedaren bienes del testador, los que 
existieran pasarán a sus hermanos Don T., Doña J. y Doña A. B. G., por iguales partes 
entre ellos y con sustitución vulgar o simple por estirpes”, habiendo sido practicada la 
inscripción con la indicada cláusula testamentaria como sustitución fideicomisaria, tal y 
como se calificó de forma expresa en la escritura otorgada en Torrelodones, ante el 
notario don Juan Luis Hernández-Gil Mancha, el 25 de junio de 2012 con el número 852 
de su protocolo.
No  concurren  al  otorgamiento  de  la  escritura  de  aclaración  y  rectificación 
anteriormente citada Don T., Doña J. y Doña A. B. G.
Fundamentos de Derecho:
De acuerdo con lo anteriormente expuesto, se solicita por los herederos de Doña M. 
P. D. R. que se considere que la sustitución fideicomisaria expresada en la inscripción de 
las  fincas  registrales  3091,  3088,  5647  y  5643  de  Torrelodones  no  sea  tenida  en 
consideración en la formalización de las operaciones particionales de la citada causante, 
adquiriendo en consecuencia las citadas herederas la totalidad de los bienes.
Lo anterior no resulta posible debido, por una parte, a que la interpretación de la 
cláusula testamentaria que realizan los interesados resulta cuanto menos discutible, y 
por otra, que no concurren los interesados a cuyo favor se practicó la inscripción para 
realizar la rectificación solicitada.
En efecto, respecto a la interpretación de la disposición testamentaria, no resulta 
claro que se trate de un simple ruego, y no de una verdadera sustitución fideicomisaria 
de residuo, como se calificó por el notario autorizante de forma expresa en la escritura 
de formalización de operaciones particionales otorgada en Torrelodones, ante el notario 
don Juan Luis Hernández-Gil Mancha, el 25 de junio de 2012 con el número 852 de su 
protocolo
Así, aun cuando con carácter general debe distinguirse entre condiciones, modos o 
ruegos del testador, en el supuesto de la sustitución fideicomisaria de residuo dicha 
distinción plantea mayores dificultades, puesto que el fideicomiso de residuo depende 
por completo de la voluntad del fiduciario, quien pudo en vida disponer de los bienes. Por 
ello, el empleo de la expresión “ruego” no debe necesariamente interpretarse en el 
sentido de excluir una sustitución fideicomisaria, sino que una interpretación lógica y 
sistemática  puede  llevar  a  concluir  que  el  llamamiento  realizado  por  el  causante 
dependía  de  que  la  heredera  Doña  M.  P.  D.  R.  no  dispusiese  de  los  bienes, 
encontrándonos ante un fideicomiso de residuo con facultad de disposición. Así, el 
empleo de la palabra ruego puede perfectamente interpretarse en el sentido de que, 
frente la obligación general de entregar los bienes que establece el artículo 783 del 
Código  Civil  al  fiduciario,  por  la  disposición  testamentaria  se  permitía  al  fiduciario 
disponer de los bienes. Esa interpretación resulta más lógica que considerar que el 
ruego establecido en el testamento era, como dicen los interesados, una “recomendación 
dirigida a los causahabientes de su esposa y heredera”, a quienes no se menciona en el 
testamento del causante. e
Además, la Dirección General, en resolución de 10 de junio de 2016, ha considerado  bo
como sustitución fideicomisaria aquellas cláusulas en las que el causante dispone el  948ww
edne setinl os udpeu leosst ob ieonbejest,o a udneq luae  rneos oelmucpiólene,  dsee  foprlamnate eaxbpar elsaa i nlate fróprrmeutalac iódne  sdues tliatu csiiógnu.i eAnsteí, 
adciscpioonseicsió an  steus qtaumereidnota erisap: o“Isnos t(i…tuy),e  ehne rlae dseergou urindiavde rdsea l qeune  tosud oess psuoss ob ireensepse,t adreár eecnh toosd oy 
caso tanto los deseos de la testadora respecto del destino de sus objetos personales,
como la voluntad de ambos de que a su fallecimiento su patrimonio pase a la Fundación 
que lleva el nombre de (…)”.
Señala al respecto al Centro Directivo que “La cuestión que se debate en este 
expediente es la interpretación de la cláusula de institución de herederos: si se trata de 
una institución a favor del cónyuge con una manifestación o ruego de deseos respecto lo 
que se espera que haga el heredero, en cuyo caso al haber fallecido antes de la apertura 
de la sucesión sin sustitución, carece de capacidad para suceder y procede la sucesión 
intestada; o si se trata de una sustitución fideicomisaria que lleva aparejada la vulgar 
tácita, en cuyo caso, es heredera la fundación” llegando a la conclusión la resolución 
citada que nos encontramos ante una designación clara de herencia a favor de la 
fundación como sustituta fideicomisaria que implica la sustitución vulgar tácita.
En el supuesto objeto de calificación hay incluso mayores motivos para considerar 
que nos encontramos ante una sustitución fideicomisaria, pues emplea las palabras de 
que “los bienes pasarán a sus hermanos”, empleando incluso la fórmula “con sustitución 
vulgar o simple por estirpes”, debiendo interpretarse la palabra “ruego” en el sentido 
lógico de que la causante hubiese podido disponer en vida de los bienes.
Y además de lo anterior, la inscripción se practicó según se indicó de forma expresa 
en la escritura otorgada ante el notario de Torrelodones don Juan Luis Hernández-Gil 
Mancha, el 25 de junio de 2012 con el número 852 de su protocolo, en la que se calificó 
dicha cláusula como sustitución fideicomisaria, y conforme a lo previsto en el artículo 82 
del Reglamento Hipotecario, según el cual “En las inscripciones de herencia o legado 
con sustitución fideicomisaria que se practiquen a favor de los fiduciarios, se hará 
constar  la  cláusula  de  sustitución”,  estando  ya  los  asientos  practicados  bajo  la 
salvaguardia de los Tribunales, conforme a lo dispuesto en el artículo 1 y 38 de la Ley 
Hipotecaria,  exigiendo  la  rectificación  de  los  asientos  el  consentimiento  de  los 
interesados, conforme a los artículos 211 y siguientes de la Ley Hipotecaria. En este 
sentido, señala el artículo 217 de la Ley Hipotecaria: “Los errores de concepto cometidos 
en inscripciones, anotaciones o cancelaciones, o en otros asientos referentes a ellas, 
cuando no resulten claramente de las mismas, no se rectificarán sin el acuerdo unánime 
de todos los interesados y del Registrador, o una providencia judicial que lo ordene”.
La presente calificación negativa determina la prórroga del asiento de presentación 
por el plazo que señala el artículo 323.1.º de la Ley Hipotecaria.
Contra esta calificación podrá (…)
Torrelodones, a 17 de junio de 2021.–Fdo: Enrique Amérigo Alonso.»
III
Contra la anterior nota de calificación, doña M. C. S. D. y doña L. y doña M. R. S. 
interpusieron recurso el día 13 de julio de 2021 en el que, en síntesis, alegaban lo 
siguiente:
«Primero.  Que las recurrentes se mantienen en su criterio de considerar la cláusula 
controvertida como un simple ruego o recomendación por los siguientes argumentos 
fácticos y jurídicos:
1.º  El artículo 783 del Código Civil dice taxativamente que “Para que sean válidos 
los llamamientos a la sustitución fideicomisaria, deberán ser expresos”.
2.º  El artículo 785, 1o del mismo Código Civil, complementario del anterior, dispone  s
claramente que “No surtirán efecto: Las sustituciones fideicomisarias que no se hagan de  oe.
una forma expresa, ya dándoles este nombre, ya imponiendo al sustituido la obligación  w.
cteornmj3ein.tºua rnatLseo  d etexra ternansttecrersigttaoam rd eleon stl aobrsiie aansre tsíoc  aue louxstnr  ísnaesngeteucraniosdr oea shl  edprereojdape iorcol a”t.reos tqaumee nntoo  epsa rpao spirbeles uamciur dqiru ea   2021-17948n https://ww
estamos ante sustitución fideicomisaria; y no otra cosa que conjetural es la afirmación
del  registrador  en  su  calificación  al  respecto  de  que  “una  interpretación  lógica  y  Bc
sistemática  puede  llevar  a  concluir  que  el  llamamiento  realizado  por  el  causante 
dependía  de  que  la  heredera  Doña  M.  P.  D.  R.  R.  no  dispusiese  de  los  bienes, 
encontrándonos ante un fideicomiso de residuo con facultad de disposición”.
4.º  Asimismo, lo transcrito de los artículos anteriores deja claro en nuestro Derecho 
rige la regla de “in dubio contra fideicommissum” (trasunto del rechazo genérico de las 
vinculaciones patrimoniales imperante en todo nuestro Derecho Civil), que rechaza la 
posibilidad de una interpretación extensiva de la existencia de fideicomiso. Por ello, el 
Código Civil exige que la obligación de transmitir sea “terminante”, adjetivo éste que, 
según la real Academia de la Lengua Española quiere decir: “Categórico, concluyente, 
que hace imposible cualquier insistencia o discusión sobre la cosa de que se trata”. Y de 
la propia argumentación del Registrador en su nota de calificación se trasluce lo endeble 
de su calificación jurídica de la expresión (así, en las expresiones “interpretación... 
cuanto menos discutible”; “no resulta claro que se trate de un simple ruego, y no de una 
verdadera sustitución fideicomisaria de residuo”; “no debe necesariamente interpretarse 
en el sentido de excluir una sustitución fideicomisaria, sino que una interpretación lógica 
y sistemática puede llevar a concluir que el llamamiento realizado por el causante 
dependía de que la heredera....no dispusiese de los bienes”; “Esta interpretación resulta 
más lógica” donde reconoce palmariamente lo incierto de la calificación).
5.º  Queda claro en la escritura de aclaración y rectificación otorgada ante el Notario 
de Torrelodones, Don Juan Luis Hernández-Gil Mancha, el día tres de junio de dos mil 
veintiuno bajo el número 1519 de protocolo, que fue errónea la expresión por éste 
utilizada en su diligencia subsanatoria de la escritura de fecha 25 de junio de 2012, 
número 852 de protocolo, al respecto de que estábamos ante una verdadera sustitución, 
ya que esa expresión fue empleada unilateralmente por el referido fedatario el cual ha 
reconocido su error en este sentido en la propia escritura 1519 de su protocolo del 
año 2021.
6.º  Que, si se admitiera la interpretación conjetural del Registrador cuando dice 
“que el llamamiento realizado por el causante dependía de que la heredera Doña M. P. 
D. R. no dispusiese de los bienes”; con mayor razón debería admitirse otra en sentido 
contrario, cual es el hecho de que, si la heredera no hubiera dado por supuesto que 
estamos ante un simple ruego, sencillamente habría eludido la sustitución disponiendo 
en vida de los bienes; y si no lo hizo fue, precisamente, por esa convicción que tenía de 
que  no  estaba  obligada  “terminantemente”  a  hacer  tránsito  de  los  bienes  a  otras 
personas.
7.º  La  resolución  de  la  DGRN  de  4  de  enero  de  1994  exige  que  conste 
necesariamente  la  obligación  de  conservar  y  entregar,  mientras  que  la  cláusula 
testamentaria no impone taxativamente la obligación de conservar, sino que establece un 
“ruego” si algunos de los bienes heredados por la Sra. D. R. hubieran sido conservados.
8.º  Si entramos a interpretar la voluntad del testador y, a falta de claridad en la 
cláusula, integrando la voluntad del mismo, hay que hacer notar cómo el testamento fue 
otorgado en 1981 en Trujillo con ocasión de una visita puntual por asuntos familiares, y 
cuando las circunstancias familiares y convivenciales del testador y su cónyuge eran 
radicalmente distintas de las habituales, ya que el testador y su esposa residían en 
Torrelodones  desde  hacía  bastante  más  tiempo  y,  concretamente,  Doña  C.  S.  D., 
convivió en el mismo domicilio de su tía Doña M. P. D. R. y el marido de ésta, Don A. B. 
G., hasta que contrajo matrimonio en que pasó a vivir en una vivienda muy próxima, 
conviviendo a diario con sus tíos con los que mantenía un trato parecido al que tendrían 
unos padre [sic] con su hija y nietas, como puede demostrarse documentalmente. Por  s
tanto, el hecho de no haber modificado su testamento hace concluir que nunca entendió  oe.
el testamento otorgado en 1981 en el sentido de que, tras tantos años, sus bienes  w.
debieran volver a su familia troncal con quien ya no mantenía más que una relación  948ww
ocas9i.oºn aEl.n defecto de norma interpretativa en Derecho Civil común, acudimos al Código
Caritvíicl udloe  42C6a-t1a4lu, ñ1a  d(iscpuoynae  rcalíazr almateinnate  eqsu ela “ Smi sisem dau dqau es olbar ed sei  eal qtueéslt)a, doerl  hcau aolr, deenna dsou   BOE-A-cable e
un fideicomiso o ha formulado una recomendación o un simple ruego, se entiende esto 
último”. En sentido similar, la Ley 228 Navarra.
10.º  Que la sanción que el Código Civil establece en sus artículos 783 y 785,1 para 
el caso de que no quede claro si estamos ante un verdadero fideicomiso es la nulidad 
radical del mismo (“para que sean válidos...”; “no surtirán efecto...”) sin necesidad de 
pronunciamiento alguno al respecto y ello por el principio apuntado de “in dubio contra 
fideicommissum”. Consecuentemente, ninguna intervención han de tener en este caso 
los presuntos fideicomisarios a los que se refiere el Registrador en su calificación.
Segundo.  Como resumen y conclusión de todo lo anterior, y por todo lo expuesto, 
no existiendo sustitución fideicomisaria sino un simple ruego en el testamento del primer 
causante, don A. B. G., las recurrentes solicitan del Sr. Registrador proceda a rectificar la 
calificación recurrida y a inscribir, en virtud de los títulos materiales presentados, en favor 
de las recurrentes las cuatro fincas registrales números 3091, 3088, 5647 y 5643 del 
Registro de la Propiedad de Torrelodones en los términos solicitados en las escrituras 
referidas.»
IV
Notificada la interposición del recurso al notario de Torrelodones, don Juan Luis 
Hernández-Gil Mancha, como autorizante del título calificado, el día 19 de julio de 2021 
realizó las siguientes alegaciones:
«I.  Me ratifico en su totalidad en los hechos, aseveraciones y fundamentos de 
derecho aducidos por las interesadas en el Recurso Gubernativo de referencia.
II.  Como corroboración de algunos de los hechos expuestos en dicho recurso, 
afirmo que la diligencia de subsanación que, al amparo del artículo 153 del reglamento 
Notarial, impuse unilateralmente en la escritura autorizada por mí, el suscrito Notario, el 
día 25 de junio de 2012, bajo el número 852 de protocolo, si bien tenía como única 
finalidad reflejar la cláusula del testamento debatida en el recurso (recordemos “Con el 
ruego de que si a su fallecimiento quedaran bienes del testador, los que existieran 
pasarán a sus hermanos Don T., doña J. y Doña A. B. G.”) sin prejuzgar si imponía o no 
una sustitución fideicomisaria, no obstante, por error, la califiqué de esta última manera, 
siendo así que, según la interpretación que de la misma se hace por las herederas e 
interesadas  en  la  sucesión,  dicha  cláusula  únicamente  contiene  un  ruego  o 
recomendación.  Por  este  motivo,  rectifico  mi  error  en  la  calificación,  simplemente 
afirmando  que  no  es  el  Notario  autorizante  quien  debe  calificar  el  alcance  de  las 
cláusulas testamentarias controvertidas u oscuras, sino los legítimos intérpretes del 
mismo, y revocando mi errónea y extemporánea calificación al respecto.
III.  Por último, simplemente añadir que el propio Registrador en su calificación pone 
de relieve lo “discutible” del alcance de la cláusula controvertida, cuyo contenido “no 
resulta  claro”  y  cuya  diferenciación  con  el  simple  ruego  o  recomendación  “plantea 
mayores dificultades”. En esta materia, y ante las dudas planteadas, el criterio del propio 
Código Civil, de la Doctrina y de la Jurisprudencia, es que la interpretación ha de ser 
restrictiva, por la enemiga del derecho Civil español y sus antecedentes históricos, así 
como de las legislaciones forales con las que existe identidad de razón a la existencia de 
sustitución fideicomisaria en general y de los llamamientos puramente conjeturales en 
particular como queda expresado en el recurso planteado. Y, precisamente, en materia 
de  conjeturas  y  de  integración  de  la  presunta  voluntad  del  testador,  tan  válidos  o  es
inválidos (y, por tanto, se contrarrestan) son los argumentos fácticos alegados por el  bo
Registrador, como deben serlo los alegados por las recurrentes». 948ww
V
Mediante escrito, de fecha 26 de julio de 2021, el registrador de la Propiedad emitió
informe y elevó el expediente a este Centro Directivo.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 675, 767, 715, 743, 773, 783, 785, 786, 792, 793, 1058 y 1284 del 
Código Civil; 1, 18, 38, 19 bis, 40 y 211 y siguientes de la Ley Hipotecaria; 80 del 
Reglamento  Hipotecario;  las  Sentencias  del  Tribunal  Supremo  de  1  de  diciembre 
de 1985, 2 de septiembre de 1987, 6 de abril de 1991, 4 de enero de 1994, 29 de 
diciembre de 1997, 9 de febrero de 1998, 23 de enero de 2001, 19 de diciembre 
de 2006, 16 de diciembre de 2014 y 25 de abril de 2018, y las Resoluciones de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado de 2 de diciembre de 1986, 2 de 
octubre de 1998, 22 de marzo de 2001, 26 de julio de 2003, 17 de septiembre y 15 y 19 
de octubre de 2004, 21, 22 y 23 de febrero, 12, 14, 15, 16 y 28 de marzo, 1 y 20 de abril, 
23 de mayo, 22 de junio, 9 y 11 de julio, 13 de octubre y 30 de diciembre de 2005, 20 de 
enero de 2006, 31 de enero y 25 de octubre de 2007, 11 de febrero de 2008, 27 de junio 
de 2009, 18 de enero, 14 de abril, 8 de mayo y 3 y 13 de diciembre de 2010, 26 de enero 
y 7 de julio de 2011, 28 de febrero, 22 de mayo, 20 de julio y 10 de diciembre de 2012, 9 
de julio, 8 de octubre y 12, 16, 17, y 20 de diciembre de 2013, 19 de marzo, 30 de abril, 
10 de junio y 16 de septiembre de 2014, 2 de febrero, 22 y 29 de junio, 19 de noviembre 
y 2 de diciembre de 2015, 12 de febrero y 14 de noviembre de 2016, 26 de abril, 19 de 
junio, 13 de septiembre y 12 de diciembre de 2017, 30 de enero, 5 de julio y 21 de 
noviembre de 2018 y 1 de marzo, 20 de junio y 3 de julio de 2019.
1.  Debe decidirse en este expediente si son o no inscribibles y rectificables unas 
escrituras de aceptación y adjudicación de herencias en las que concurren los hechos y 
circunstancias siguientes:
– Mediante escritura, de fecha 25 de junio de 2012, la viuda otorgó las operaciones 
de liquidación de la sociedad de gananciales, aceptación y adjudicación de la herencia 
causada por su esposo, que había fallecido el 15 de junio de 2011, sin descendientes. En 
su último testamento, de fecha 18 de noviembre de 1981, instituye heredera a su esposa 
«(…) con el ruego de que si a su fallecimiento quedaran bienes del testador, los que 
existieran pasaran a sus hermanos Don T., doña J. y Doña A. B. G., por iguales partes 
entre  ellos  y  con  sustitución  vulgar  o  simple  por  estirpes».  En  esta  escritura  de 
aceptación y adjudicación de herencia, la viuda se adjudicó la totalidad de los bienes. 
Además, existe una diligencia, de fecha 17 de octubre de 2012, puesta por el notario, en 
la que hace por sí constar lo siguiente: «(…) para hacer constar que por error se omitió 
consignar que los bienes adjudicados a Doña M. P. D. R. por herencia de su esposo Don 
A.  B.  G.,  quedan  sujetos  a  sustitución  fideicomisaria  conforme  lo  ordenado  por  el 
causante en su testamento, en los siguientes términos “Si al fallecimiento (…)”, de lo que 
yo, el Notario hice advertencia expresa».
– Mediante escritura, de fecha 18 de febrero de 2021, se otorgaron las operaciones 
de aceptación y adjudicación de la herencia causada por la viuda, que falleció en ese 
estado sin descendientes. En su último testamento, de fecha 11 de agosto de 2020, 
instituyó herederas por partes iguales a su sobrina e hijas de esta, que otorgan esta 
escritura. Las tres citadas otorgantes aceptan la herencia y se adjudican los bienes de la 
causante en la forma que entienden conveniente.
– Esta escritura causó nota de calificación negativa en el Registro, de 9 de abril 
de 2021, del tenor siguiente: «Según resulta del historial registral de las citadas fincas, la 
mitad indivisa de cada una ellas fue adjudicada a la causante por liquidación de la 
sociedad de gananciales, y la otra mitad por herencia, habiendo quedado sujeta la mitad  s
indivisa  de  las  fincas  adquiridas  por  título  de  herencia  a  la  siguiente  sustitución  oe.
pfqaidaunereteti ecresioox mriesmitnsieeatrnrreaitae n: e  e“lplSxoapiss r aaelyr sa faancdl oleoanc,   ismysu uiselso nth ittdeouir csmdipóeaun neD osvotsuoñ l aDge aoMnrn  .  looPT s.., s  DaiDm.r otRpíñcl.eau q  loJups.eo  dyr7  a8Der1aso ntñiyr a pb seieAisgn.”u e…Bise.  n dCGteeo.ls ,n  tefpdosoertrmla  dCiego óurad,a  illgoelooss     2021-17948n https://www.
Civil,  que  regulan  las  sustituciones  fideicomisarias,  no  pueden  practicarse  las
inscripciones solicitadas, al haber sido incluidas en las operaciones particionales la
totalidad de las fincas relacionadas, estando la mitad indivisa de cada de ellas adquiridas 
por título de herencia sujetas a la sustitución fideicomisaria expresada».
– Mediante escritura, de fecha 3 de junio de 2021, se otorga por las mismas tres 
intervinientes,  aclaración,  rectificación  y  complemento  de  las  otras  escrituras  de 
aceptación y adjudicación de las herencias. En esta escritura, las comparecientes hacen 
constar que con la expresión «con el ruego», se demuestra claramente que lo que el 
testador quería establecer no era una sustitución fideicomisaria sino un simple ruego o 
recomendación  dirigida  a  los  causahabientes  de  su  heredera  y  esposa,  y,  en 
consecuencia, heredan la totalidad siendo efectivas las adjudicaciones realizadas. El 
notario autorizante hace mención a la diligencia de aclaración que había puesto en la 
escritura  de  25  de  junio  de  2012,  y  las  comparecientes  expresan  que  ellas  no  la 
suscribieron,  por  lo  que  entienden  que  es  errónea  y  que  ahora  debe  interpretarse 
correctamente por lo que consideran que están exentas de sustitución de ningún tipo y 
dejan sin efecto la diligencia complementaria extendida por el notario, solicitando la 
rectificación registral de las adjudicaciones entonces realizadas.
El registrador señala como defecto que tratándose de una sustitución fideicomisaria, 
no  pueden  practicarse  las  inscripciones  solicitadas,  al  haber  sido  incluidas  en  las 
operaciones  particionales  la  totalidad  de  las  fincas  relacionadas,  estando  la  mitad 
indivisa de cada de ellas adquiridas por título de herencia sujetas a la sustitución 
fideicomisaria expresada; que estando practicada la inscripción como una sustitución 
fideicomisaria, no concurren al otorgamiento de la escritura de aclaración y rectificación 
los llamados como fideicomisarios; respecto a que la cláusula fideicomisaria no sea 
tenida en consideración en la formalización de las operaciones particionales de la citada 
causante, adquiriendo en consecuencia las citadas herederas la totalidad de los bienes, 
lo anterior no resulta posible debido, por una parte, a que la interpretación de la cláusula 
testamentaria que realizan los interesados resulta cuanto menos discutible, y, por otra, 
que no concurren los interesados a cuyo favor se practicó la inscripción para realizar la 
rectificación solicitada; que la inscripción anterior se practicó y se calificó dicha cláusula 
como sustitución fideicomisaria, estando ya los asientos practicados bajo la salvaguardia 
de los tribunales.
Las recurrentes alegan en esencia lo siguiente: que en el Código Civil, se establece 
que para que sean válidos los llamamientos a la sustitución fideicomisaria, deberán ser 
expresos y que no surtirán efecto las sustituciones fideicomisarias que no se hagan de 
una manera expresa, ya dándoles este nombre, ya imponiendo al sustituido la obligación 
terminante de entregar los bienes a un segundo heredero; que el principio «in dubio 
contra  fideicomissum»,  determina  que  se  trate  de  un  ruego;  que  debe  constar 
necesariamente en la sustitución fideicomisaria la obligación de conservar y entregar; 
que si la viuda causante no hubiese dado por supuesto que se trataba de un simple 
ruego hubiese dispuesto en vida de los bienes; que se alteraron las circunstancias 
personales del causante y de su viuda desde el momento del otorgamiento de sus 
testamentos hasta su defunción; que la calificación de la cláusula testamentaria como 
sustitución fideicomisaria fue realizada unilateralmente por el notario autorizante de la 
partición, quien ha reconocido su error; que es innecesario el consentimiento de los 
presuntos fideicomisarios para rectificar la inscripción practicada al ser la sanción del 
Código Civil para el caso de que no quede claro de si estamos ante un fideicomiso la 
nulidad radical del mismo; que, en definitiva, se trata de un ruego y las adjudicaciones de 
la herencia del primer causante deben inscribirse como puras.
El notario autorizante alega lo siguiente: que se ratifica en las alegaciones de las  e.
recurrentes,  afirmando  que  la  calificación  de  la  cláusula  debatida  como  sustitución  w.b
fideicomisaria fue un error, sin que le corresponda calificar las cláusulas testamentarias  948ww
creovnotrcoavnedrotid saus  esrrinóon eaa  lyo se xlteegmítpimoorásn einaté craplriefitceasc idóenl  atle rsetsapmeecntoto;  qyu eq ulae  inretecrtipfirceata ecsióen  edrero lar, 
calnátuescueldae nhtae s deh issteórr icroess triccotinv a,l apso rs ulas titpurceivoennecsi ónfi ddeeiclo mdeisraercihaos,  caivsilí  ecsopmañoo l dye  sluass 
legislaciones forales con las que existe identidad de razón a la existencia de sustitución 
fideicomisaria en general y de los llamamientos puramente conjeturales en particular.
2.  En relación con el fondo de la cuestión planteada, se hace preciso examinar, en 
primer término, el sentido de la cláusula testamentaria debatida, y más en concreto el 
acierto o no de la interpretación que el notario autorizante hace de la misma, para lo que 
ha de partirse del tenor del artículo 675 del Código Civil: «Toda disposición testamentaria 
deberá  entenderse  en  el  sentido  literal  de  sus  palabras,  a  no  ser  que  aparezca 
claramente que fue otra la voluntad del testador. En caso de duda se observará lo que 
aparezca  más  conforme  a  la  intención  del  testador,  según  el  tenor  del  mismo 
testamento».
Respecto de tal norma es doctrina reiterada de este Centro Directivo (vid., por todas, 
Resolución de 29 de junio de 2015), que de dicho precepto resulta el entendimiento de 
las  cláusulas  conforme  el  sentido  literal  de  las  palabras  a  menos  que  aparezca 
claramente que fue otra la voluntad del testador; que el centro de gravedad de la 
interpretación de las disposiciones de última voluntad radica esencialmente en la fijación 
de la voluntad real del testador, esto es, sentido espiritualista de las disposiciones; que, 
recogiendo  la  doctrina  asentada  por  la  Sentencia  del  Tribunal  Supremo  de  1  de 
diciembre de 1985, en la interpretación de los actos testamentarios, la principal finalidad 
es investigar la voluntad real, o al menos probable del testador en sí misma, sin que 
pueda ser obstáculo la impropiedad o lo inadecuado de los términos empleados, siempre 
que aquella voluntad resulte de las circunstancias, incluso externas del testamento, y de 
completar aquel tenor literal con el elemento lógico, el teleológico y el sistemático; y que 
el primer elemento en la interpretación de los testamentos es el literal, pero merced a la 
utilización de otros elementos interpretativos se debe establecer cuál es el verdadero 
significado de las cláusulas testamentarias.
Por su parte, la Resolución de 22 de junio de 2015, en la misma línea, señala que, 
según el artículo 675 del Código Civil, la interpretación de las cláusulas testamentarias 
«deberán entenderse en el sentido literal de sus palabras, a no ser que aparezca 
claramente que fue otra la voluntad del testador»; que «en caso de duda se observará lo 
que aparezca más conforme a la intención del testador según el tenor del mismo 
testamento»; y que, en esa búsqueda de la intención más probable del testador, no se 
puede  aplicar  de  forma  automática  el  criterio  de  la  interpretación  restrictiva  de  los 
términos concretos utilizados, sino el de interpretación teleológica, debiendo atenderse 
especialmente  al  significado  que  esas  palabras  utilizadas  tengan  usualmente  en  el 
contexto del negocio o institución concreta de que se trate.
Como tiene declarado el Tribunal Supremo, la finalidad de la interpretación del 
testamento es la averiguación de la voluntad real del testador –que es la manifestada en 
el  momento  en  que  realizó  el  acto  de  disposición,  es  decir,  en  el  instante  del 
otorgamiento del testamento (Sentencias de 29 de diciembre de 1997 y 23 de enero 
de  2001,  entre  otras)–,  sin  que  el  intérprete  pueda  verse  constreñido  por  las 
declaraciones  o  por  las  palabras,  sino  que  su  objetivo  ha  de  ser  descubrir  dicha 
intención, que prevalece sobre aquellas porque constituye el fin de la hermenéutica 
testamentaria, según establece el artículo 675 del Código Civil y ha sido recogido por la 
doctrina jurisprudencial concerniente a este precepto (entre otras, Sentencias de 9 de 
marzo de 1984, 9 de junio de 1987, 3 de noviembre de 1989, 26 de abril de 1997, 18 de 
julio de 1998, 24 de mayo de 2002, 21 de enero de 2003 y 18 de julio y 28 de septiembre 
de  2005).  Entre  los  medios  de  interpretación  testamentaria  se  encuentran 
primordialmente los siguientes: el elemento literal o gramatical, del que procede partir  s
según el propio artículo 675 y, además, con la presunción de que las palabras utilizadas  oe.
por el testador reproducen fielmente su voluntad (Sentencia de 18 de julio de 2005); los  w.
elementos sistemático, lógico y finalista, empleados de forma conjunta o combinada,  948ww
sdoicbierem blar eb daese 1 d9e9 2l)a;  lcoosn seildeemraecnitóons  ddeel  pterusetabma eenxtotr íncsoemcoo su, nqiduaed  s(oSne natdemncitiiad odse  p3o1r  ldaes 
doctrinas científica y jurisprudencial (entre otras, Sentencias de 29 de diciembre de 1997,
18 de julio de 1998, 24 de mayo de 2002 y 21 de enero de 2003), ya sean coetáneos, 
previos o posteriores al acto testamentario.
Ahora bien, «extramuros» del proceso, el intérprete tiene como límite infranqueable la 
literalidad  de  lo  reflejado  en  el  testamento,  y  si  bien  siempre  ha  de  tenderse  a  la 
interpretación favorable a la eficacia de la disposición, en congruencia con el principio de 
conservación de las disposiciones de última voluntad que late en diversas normas del 
Código Civil (cfr., por ejemplo, el propio artículo 767, y los artículos 715, 743, 773, 786, 
792 y 793, así como, «ex analogía», el 1284), no es menos cierto que es lógico entender 
que en un testamento autorizado por notario las palabras que se emplean en la redacción 
de aquél tienen el significado técnico que les asigna el ordenamiento, pues preocupación 
–y obligación– del notario ha de ser que la redacción se ajuste a la voluntad del testador, 
en estilo preciso y observando la propiedad en el lenguaje.
3.  El centro de la cuestión está en si nos encontramos ante un ruego o ante una 
sustitución fideicomisaria de residuo, y en este punto, aunque los llamamientos a una 
sustitución fideicomisaria deban ser expresos y no se presuman (artículos 783 y 785.1 
del Código Civil), ello no implica la necesaria utilización de la expresión sustitución 
fideicomisaria o un equivalente técnico de la misma, en el testamento, pudiendo resultar 
la figura de la sustitución fideicomisaria, con el natural deber de conservar, más o menos 
amplio, según haya previsto el testador, y de transmitir a un segundo heredero, del 
establecimiento de un orden sucesivo de llamamientos (Resolución 4 de enero de 1994, 
que trata un supuesto en el que, en un testamento notarial, se instituyó herederos a unos 
hermanos del testador y, «al fallecimiento de los mismos», se les sustituía por unos 
sobrinos  carnales de aquel, admitiendo que de ello resultaba la existencia de una 
sustitución fideicomisaria).
Así, la interpretación del artículo 783 del Código Civil no excluye en modo alguno que 
el llamamiento a la sustitución fideicomisaria puede entenderse implícito en llamamientos 
sucesivos, señalando en este sentido la doctrina de este Centro Directivo (Resolución 
de 4 de enero de 1999) que «es sabido que el Código Civil ordena que los llamamientos 
a la sustitución fideicomisaria sean expresos –cfr. artículos 783 y 785– ya sea dándole 
ese nombre ya imponiendo al sustituido la obligación terminante de conservar y entregar 
los  bienes  a  un  segundo  heredero.  Sin  embargo,  abundantes  pronunciamientos 
jurisprudenciales  consideran  que  tal  requisito  se  halla  implícito  en  el  llamamiento 
sucesivo, en cuanto éste supone necesariamente la obligación de conservar y entregar. 
Se considera, por ello, que, la abolición por los redactores del Código Civil de los 
llamamientos  conjeturales  o  sobrentendidos  no  debe  ser  confundida  con  la 
interpretación, in re ipsa, del testamento que permita inferir una inequívoca voluntad del 
ordenante en favor de la sustitución fideicomisaria. Por ello, el empleo de la expresión 
–ciertamente parca– “a su fallecimiento” –vid. Sentencia de 24 de octubre de 1954– junto 
con el nombramiento y previsión temporal de actuación de los albaceas nombrados 
–“desde el último fallecimiento que ocurra de la testadora o sus hermanos”– permiten 
una hermenéutica favorable a que la intención de la testadora al otorgar su última 
voluntad era imponer una sustitución fideicomisaria».
Este llamamiento sucesivo existe en la disposición testamentaria objeto de debate, 
donde se llama nominativamente a hermanos del causante, empleando incluso de forma 
expresa el término de sustitución vulgar o por estirpes en defecto de los llamados.
4.  En  cuanto  al  artículo  785  del  Código  Civil,  la  obligación  «terminante»  de 
conservar y transmitir los bienes no es esencia del fideicomiso, como señaló este Centro 
Directivo (Resolución de 17 de septiembre de 2003): «la doctrina científica concluye que  s
la obligación de conservar no es la esencia de la sustitución fideicomisaria, pues, por una  oe.
parte, el artículo 781, más que definir la sustitución fideicomisaria, lo que hace es  w.
establecer un límite a las sustituciones de este tipo en las que haya deber de conservar,  948ww
py,u epdoar  osterar , melo daartlíiczualdoa  7p8o3r  pváorlruanfota dse dgeuln dinos tditeuly eCnótdei,g os ieCnivdiol ,p peormr ittaen qtou,e  lata le osebnligcaiac iódne 
sduicshtiatu scuiósnti tufcidióenic eolm lliasmaraiam ieenngtolo sbuac edsoivso , mlleogdaanliddoa dae sla:  cloan cnluosrmióanl  de(c oqnu e olab lfigigaucriaó nd ed lae   BOE-A-cable e
conservar), y la de residuo (en la que, con mayor o menor amplitud se conceden al 
fiduciario facultades de disponer de los bienes)». En el concreto supuesto, de no aceptar 
que estamos ante un ruego, se trataría de una sustitución fideicomisaria de residuo, con 
facultades  de  disposición  por  parte  de  la  hipotética  fiduciaria.  En  consecuencia,  la 
facultad de conservar es relativa.
5.  En el presente caso, en principio, el literal de la cláusula aboca a la existencia de 
un ruego debido a la utilización del término, pero la redacción del testamento puede 
reflejar  ciertas  dudas  sobre  su  verdadera  voluntad,  pues,  aunque  no  utilice 
expresamente  el  término  «sustitución  fideicomisaria»  ni  «fideicomiso»  y  emplee  el 
término «con el ruego», también es cierto que del resto de sus palabras resulta que 
parece  prever  una  sustitución  fideicomisaria,  con  doble  llamamiento.  Nombra  a  su 
esposa como fiduciaria al designarla heredera en primer lugar y nombra herederos 
fideicomisarios de residuo al ordenar que «si a su fallecimiento quedaran bienes del 
testador, los que existieran pasaran a sus hermanos Don T., doña J. y Doña A. B. G., por 
iguales partes entre ellos y con sustitución vulgar o simple por estirpes». Este término 
«ruego», existiendo llamamiento sucesivo, en el que incluso se emplea la expresión 
sustitución  vulgar,  podría  interpretarse  en  el  sentido  lógico  de  que  se  faculta  a  la 
fiduciaria a disponer de los bienes.
En puridad, el concepto de ruego como simple recomendación que no produce 
efectos jurídicos es así considerado cuando se diferencia entre modo y ruego. En este 
sentido, la Resolución de 19 de octubre de 2015, analizando estos conceptos, diferencia 
entre modo y ruego afirmando que el modo, a diferencia del ruego, produce acción para 
exigir su cumplimiento. En este supuesto concreto, en la disposición testamentaria no 
hay discusión sobre si existe un modo o un ruego, sino que existe un llamamiento 
sucesivo inmediatamente posterior a la institución de heredero en el que el ruego podría 
interpretarse en el sentido lógico de que se aplica para el caso de que la llamada no 
disponga de los bienes, esto es, una sustitución fideicomisaria de residuo. Otra cosa es, 
la duda que se suscite respecto de las facultades de disposición que pudo ejercitar la 
heredera, esto es, si a título oneroso, gratuito, inter vivos o mortis causa. Pero las 
disposiciones no se han producido y por tanto no es objeto del actual expediente.
6.  Así, el debate trata sobre la interpretación que se haya dado a la cláusula 
testamentaria en cuestión y por ello, hay que analizar la autoría de aquélla. En cuanto a 
quien puede realizar la interpretación de las disposiciones testamentarias, este Centro 
Directivo se ha manifestado en la Resolución de 30 de abril de 2014, que resuelve un 
supuesto de interpretación de testamento redactado de forma confusa. Señala como 
doctrina general del Centro Directivo que, «en principio, la interpretación del testamento 
corresponde a los herederos, o en su caso al albacea o en su defecto a la Autoridad 
Judicial y que a falta de datos concluyentes que resulten del testamento, debe prevalecer 
la interpretación literal de sus cláusulas. Así pues, la interpretación del testamento en 
caso de colisión de decisión entre los herederos, y a falta de albacea, contador partidor o 
cualquier figura designada por el testador para ello, corresponde, en particular, a los 
Tribunales  de  instancia.  Corresponde  a  los  Tribunales  de  instancia  interpretar  el 
testamento y no al Tribunal Supremo, si bien, excepcionalmente, cabe que nuestro Alto 
Tribunal revise la interpretación realizada. La Sala Primera del Tribunal Supremo ha 
seguido siempre el criterio de no examinar las conclusiones interpretativas efectuadas 
por los Tribunales de instancia ya que a ellos está atribuida la facultad de interpretar el 
testamento». En el supuesto concreto, ha existido una interpretación dada por el notario 
autorizante, mediante diligencia autorizada por sí solo, en el año 2012, que ha sido la  s
que recoge la inscripción de la cláusula en el Registro. Ahora, en el año 2021, al  oe.
otorgamiento de la herencia de la primera llamada como heredera, se pretende rectificar  w.
la  citada  interpretación  por  parte  de  las  herederas  de  la  misma,  en  el  sentido  de  948ww
consSideear caurlaal  ufune rruee lgao i.nterpretación que se dé a la cláusula controvertida, lo cierto es que
esese h ase pnrtoiddou csied oh ean p erol dauñcoi d2o0 1la2  inusncar iipncteiórnp.r eAtahcoiróan  speo rr epcatirftiec ad elal  ninottearrpiore atauctoiórniz adnatdea y  peonr   BOE-A-cable e
errónea, pero el asiento ha generado expectativas a terceros llamados como hipotéticos 
fideicomisarios y por ello, el registrador señala que deben prestar su consentimiento a la 
nueva interpretación. A falta de la concurrencia de los interesados, serán, en última 
instancia, los tribunales de Justicia a quienes corresponde la interpretación de la cláusula 
controvertida. Por tanto, en el limitado marco de este expediente, lo que se ha de 
resolver es, si es o no inscribible la escritura de rectificación de la interpretación dada a 
la cláusula testamentaria, habida cuenta de que es otorgada solo por las herederas de la 
llamada en primer lugar.
7.  Alegan las recurrentes el principio «in dubio contra fideicomissum», recogido de 
forma expresa en el Derecho civil catalán y navarro, lo que no debe llevar a la conclusión 
en Derecho común de que una duda en la interpretación del testamento deba rechazar 
categóricamente  la  sustitución  fideicomisaria.  Como  se  ha  fundamentado  antes,  el 
llamamiento al fideicomiso puede ser implícito en los llamamientos sucesivos, así como 
que la obligación de conservar los bienes no es esencia del fideicomiso. En este sentido, 
la Resolución de 26 de mayo de 2016, admite la existencia de un fideicomiso ante una 
cláusula  testamentaria  que  ofrecía  aún  más  dudas  que  la  que  es  objeto  de  este 
expediente, por la cual el causante dispuso lo siguiente: «Instituye heredero universal en 
todos sus bienes, derechos y acciones a su querido esposo (…), en la seguridad de que 
su esposo respetará en todo caso tanto los deseos de la testadora respecto del destino 
de sus objetos personales, como la voluntad de ambos de que a su fallecimiento su 
patrimonio pase a la Fundación que lleva el nombre de (…)». También se apoyan las 
recurrentes en la Resolución de 4 de enero de 1994, pero en aquel caso, el supuesto 
objeto de debate era completamente distinto, pues lo que se discutía era si una cláusula 
testamentaria debía ser interpretada como sustitución vulgar o fideicomisaria. Además, 
esa Resolución considera que el cumplimiento de los requisitos de los artículos 783 
y 785 del Código Civil se halla implícito en el llamamiento sucesivo.
En  el  concreto  supuesto  de  este  expediente,  la  disposición,  aunque  utiliza 
literalmente la palabra «ruego», hace un llamamiento sucesivo que implica la posibilidad 
de disponer por parte de la fiduciaria, facultad que no utilizó. Por tanto, aun la literalidad 
de «ruego» y en ese sentido parece que se interpreta ahora, también puede entenderse 
una  sustitución  fideicomisaria  de  residuo,  tal  y  como  fue  calificada  por  el  notario 
autorizante e inscrita en el año 2012. Esta inscripción, no obstante, es susceptible de 
revisión y rectificación, pero cumpliendo los parámetros exigidos por la Ley.
8.  Esto nos aboca a que lo que se solicita es la rectificación de un asiento registral, 
aquel del cual resulta la limitación que deriva de la inscripción hecha en el año 2012. 
Ahora las recurrentes, solicitan su rectificación, así como el notario autorizante declara lo 
erróneo  de  su  calificación  hecha  anteriormente,  que  ha  propiciado  la  naturaleza 
fideicomisaria de la limitación que pende sobre los bienes. Pues bien, como bien ha 
señalado el registrador en la calificación, estando ya los asientos practicados bajo la 
salvaguardia de los tribunales, conforme a lo dispuesto en el artículo 1 y 38 de la Ley 
Hipotecaria, se debe exigir para la rectificación de los asientos el consentimiento de los 
interesados, conforme a los artículos 211 y siguientes de la Ley Hipotecaria.
Alegan  las  recurrentes  que  es  innecesario  el  consentimiento  de  los  presuntos 
fideicomisarios para rectificar la inscripción practicada al ser la sanción del Código Civil, 
para el caso de que no quede claro si estamos ante un fideicomiso, la nulidad radical del 
mismo. Pues bien, la legislación hipotecaria exige su intervención para rectificar un 
asiento que está bajo la salvaguardia de los tribunales. Así, señala el artículo 40 de la 
Ley Hipotecaria en su apartado c) que «la rectificación del Registro sólo podrá ser  s
solicitada por el titular del dominio o derecho real que no esté inscrito, que lo esté  oe.
erróneamente o que resulte lesionado por el asiento inexacto, y se practicará con arreglo  w.
a las siguientes normas: Cuando la inexactitud tuviere lugar por nulidad o error de algún  948ww
asieDnteo ,a sceu ererdcotif iccoanrá e el l TRíetuglois tcroit aedno l,a e fsotrammao qsu aen dtee telor mqiunea  seel  Tcítaulilfoic VaI Ic»o.mo un error de
ccoonncceeppttoo.  cEonm eestitdeo sse ennti dinos, csreipñcaiolan eesl ,a artnícoutaloc i2o1n7e sd eo  lcaa Lnecye laHcipioonteecsa, roia e: n« Lootrso es rraosrieesn tdoes   BOE-A-cable e
referentes a ellas, cuando no resulten claramente de las mismas, no se rectificarán sin el 
acuerdo unánime de todos los interesados y del Registrador, o una providencia judicial 
que lo ordene».
Toda la doctrina elaborada a través de los preceptos de la Ley y del Reglamento 
Hipotecarios y de las Resoluciones de este Centro Directivo relativa a la rectificación del 
Registro parten del principio esencial que afirma que los asientos registrales están bajo 
la salvaguardia de los tribunales y producen todos sus efectos en tanto no se declare su 
inexactitud (artículo 1, párrafo tercero, de la Ley Hipotecaria). Por ello, como ha reiterado 
este Centro Directivo (cfr., por todas, las Resoluciones de 2 de febrero de 2005, 19 de 
diciembre de 2006, 19 de junio de 2010, 23 de agosto de 2011 y 5 y 20 de febrero y 27 
de marzo de 2015), la rectificación de los asientos exige, bien el consentimiento del 
titular  registral  y  de  todos  aquellos  a  los  que  el  asiento  atribuya  algún  derecho 
–lógicamente siempre que se trate de materia no sustraída al ámbito de autonomía de la 
voluntad–, bien la oportuna resolución judicial recaída en juicio declarativo entablado 
contra todos aquellos a quienes el asiento que se trate de rectificar conceda algún 
derecho. La rectificación registral se practica conforme indica el artículo 40 de la Ley 
Hipotecaria, que contempla diversos supuestos que pueden originar la inexactitud del 
Registro que debe repararse; estos supuestos son: a) no haber tenido acceso al Registro 
alguna relación jurídica inmobiliaria; b) haberse extinguido algún derecho que conste 
inscrito o anotado; c) la nulidad o error de algún asiento, y d) la falsedad, nulidad o 
defecto del título que hubiere motivado el asiento y en general de cualquier otra causa no 
especificadas  en  la  Ley:  en  este  último  supuesto,  la  rectificación  precisará  del 
consentimiento del titular o, en su defecto, resolución judicial.
En consecuencia, solo con esta doctrina y estando practicada la inscripción del 
año 2012 como una sustitución fideicomisaria, y no concurriendo al otorgamiento de la 
escritura  de  aclaración  y  rectificación  los  llamados  como  fideicomisarios,  no  puede 
causar la escritura inscripción en el Registro.
Esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la 
calificación.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el 
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las 
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de 
la Ley Hipotecaria.
Madrid, 5 de octubre de 2021.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.