BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 233 Miércoles 29 de septiembre de 2021 Sec. I.   Pág. 119345
I. DISPOSICIONES GENERALES
JEFATURA DEL ESTADO
15768 Real Decreto-ley 18/2021, de 28 de septiembre, de medidas urgentes para la 
protección del empleo, la recuperación económica y la mejora del mercado 
de trabajo.
I
Ante la persistencia de los efectos de la crisis sanitaria y económica provocada por la 
pandemia de SARS‑CoV‑2, el Real Decreto-ley 11/2021, de 27 de mayo, sobre medidas 
urgentes para la defensa del empleo, la reactivación económica y la protección de los 
trabajadores autónomos, dispuso la prórroga de diversas medidas aprobadas desde el 
estallido de la misma para paliar sus efectos negativos sobre el tejido empresarial y 
productivo, sobre el mercado de trabajo y sobre las personas trabajadoras.
Dotaba con ello de eficacia al V Acuerdo Social en Defensa del Empleo (V ASDE), 
cuyo  objeto  era  el  mantenimiento  de  las  medidas  que  resultasen  necesarias  para 
asegurar la continuidad de la respuesta dada a la crisis. Así, se estableció la prórroga de 
tres tipos de medidas asociadas al régimen especial de regulación temporal del empleo 
instituido con motivo de la COVID-19:
a)  Las medidas extraordinarias en materia de exoneraciones en las cotizaciones a 
la Seguridad Social previstas en el Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, de refuerzo 
y consolidación de medidas sociales en defensa del empleo.
b)  Las medidas extraordinarias en materia de protección por desempleo de las 
personas trabajadoras, provenientes del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, 
de medidas sociales en defensa del empleo.
c)  Las medidas que, como complemento de estas medidas de flexibilidad y de 
protección, van ligadas a los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE). Así, 
se mantuvo la vigencia de los artículos 2 y 5 de la Ley 3/2021, de 12 de abril, por la que 
se adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos 
derivados del COVID-19, y de la disposición adicional sexta del Real Decreto-ley 8/2020, 
de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto 
económico y social del COVID-19. De igual forma, se prorrogaron los límites relativos al 
reparto de dividendos y la transparencia fiscal, y respecto de la realización de horas 
extraordinarias y las nuevas externalizaciones.
Todo ello se acompañaba de medidas para asegurar la protección de las personas 
con contratos fijos-discontinuos o que realicen trabajos fijos y periódicos que se repitan 
en fechas ciertas, así como de la prórroga del Plan MECUIDA, regulado en el artículo 6 
del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo.
Por  último,  también  se  mantenía  el  papel  protagonista  de  la  Comisión  de 
Seguimiento tripartita laboral, encargada de valorar la eficacia de las medidas aprobadas 
y el desarrollo de la situación que trataban de resolver. De igual manera, se le volvió a 
encomendar  el  estudio  de  las  actuaciones  que  resultase  necesario  desarrollar  con 
posterioridad a la finalización de la eficacia de las medidas contenidas en el propio Real  es
Decreto-ley 11/2021, de 27 de mayo. bo
En  este  marco,  precisamente,  la  Confederación  Española  de  Organizaciones  768ww
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lugar, que la situación sanitaria, social y económica aún amenaza con dar lugar a
gravísimas consecuencias si no se prevén las medidas apropiadas para ello; en segundo 
lugar, que se coincide en la eficacia de las medidas puestas en marcha hasta la fecha 
para evitar dichos daños; y, en tercer y último lugar, y como conclusión, que resulta 
necesario  prolongar  dichas  medidas,  sin  perjuicio  de  su  adaptación  a  unas 
circunstancias que no resultan idénticas a las que motivaron la celebración del V ASDE y 
la aprobación y publicación del Real Decreto-ley 11/2021, de 27 de mayo, sobre medidas 
urgentes para la defensa del empleo.
Y es que, si bien la situación de la pandemia y la crisis derivada de la misma no se 
mantiene constante, lo cierto es que perviven algunas de sus consecuencias más lesivas 
para la situación de las empresas y de las personas trabajadoras. Asimismo, el carácter 
aún incierto de su evolución aconseja el mantenimiento del marco que ha permitido a las 
empresas la adaptación a los distintos escenarios derivados de aquella.
Además, a la situación derivada de la pandemia se debe sumar la originada por la 
erupción volcánica iniciada el día 19 de septiembre de 2021 en la zona de Cumbre Vieja 
de La Palma, que ha obligado a evacuar amplias zonas de dicha isla ante el avance de 
la colada de lava. La actividad económica desarrollada en estas zonas se ha visto, ante 
esta situación extraordinaria, detenida por completo, lo cual arroja una situación similar a 
la  ocasionada  por  la  COVID-19  en  lo  que  respecta  a  las  consecuencias  para  las 
empresas y las personas trabajadoras.
Habida cuenta de la experiencia acumulada en la lucha contra las consecuencias 
negativas de la COVID-19 en el ámbito laboral, durante la cual los expedientes de 
regulación temporal de empleo se han consolidado como un mecanismo idóneo para 
paliar aquellas, en el caso extraordinario de la isla de La Palma resulta necesario prever 
un régimen similar a aquel, al que se extiendan las medidas en materia de cotización y 
de protección por desempleo.
II
En base a estas circunstancias, las organizaciones sindicales UGT y CC.OO., las 
patronales  CEOE  y  CEPYME,  y  el  Ministerio  de  Trabajo  y  Economía  Social  y  el 
Ministerio  de  Inclusión,  Seguridad  Social  y  Migraciones,  tras  negociar  las  medidas 
oportunas para enfrentarse a esta situación, alcanzaron el VI Acuerdo Social en Defensa 
del Empleo (VI ASDE), en el que se recogió la prórroga de las medidas extraordinarias 
en materia de cotización y de protección por desempleo (incluidas las medidas para 
personas con contrato fijo discontinuo o que realicen trabajos fijos y periódicos que se 
repitan en fechas ciertas), así como las medidas complementarias asociadas a los 
expedientes de regulación temporal de empleo relacionados con la COVID-19.
Dicha prórroga se subordina, en el caso de expedientes en vigor a fecha de 30 de 
septiembre de 2021, a la presentación de una solicitud a tal efecto ante la autoridad 
laboral. Esta solicitud deberá ir acompañada de una relación de las horas o días de 
trabajo  suspendidos  o  reducidos  durante  los  meses  de  julio,  agosto  y  septiembre 
de 2021 de cada una de las personas trabajadoras, y del informe de la representación 
legal de las personas trabajadoras en el caso de expedientes por causas económicas, 
técnicas, organizativas y productivas.
Asimismo, el acceso a las medidas extraordinarias en materia de cotización y el 
reconocimiento de las prestaciones por desempleo exigirá la presentación, por parte de 
las  empresas  cuya  prórroga  sea  autorizada,  de  una  relación  de  las  personas 
trabajadoras que estuvieran incluidas a fecha de 30 de septiembre de 2021 en el ámbito  s
de  aplicación  del  expediente  de  regulación  temporal  de  empleo  y  que  vayan  a  e.
permanecer incluidas en dicho expediente durante la prórroga. w.
Por  otra  parte,  se  recoge  la  posibilidad  de  presentar  nuevos  expedientes  de  768ww
nreogrmulaaclizióand a,t epmaprao rlaols  dcuea leesm spele op repvoérn , iamspimedisimmoe,n tmo edoi dalism eitxatcriaoonredsin aari asla e na cmtiavtideariad 
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El real decreto-ley, al igual que las anteriores normas que se han ido adoptando 
como consecuencia de los efectos negativos sobre las empresas y el empleo de la 
situación de emergencia sanitaria causada por la COVID-19, establece beneficios en la 
cotización para las empresas afectadas por un expediente de regulación temporal de 
empleo vinculado a la situación pandémica, si bien incorporando una relevante novedad, 
consistente  en  la  atribución  de  diferentes  beneficios  a  las  empresas  que  realicen 
acciones formativas en favor de las personas incluidas en el expediente de regulación 
temporal de empleo, con la finalidad de mejorar las competencias profesionales y la 
empleabilidad de dichas personas. Las acciones formativas se podrán desarrollar a 
través de cualquiera de los tipos de formación previstos en la Ley 30/2015, de 9 de 
septiembre, por la que se regula el sistema de formación profesional para el empleo en 
el ámbito laboral.
Se priorizará el desarrollo de acciones formativas dirigidas a atender las necesidades 
reales de formación de las empresas y los trabajadores, así como aquellas que permitan 
recualificar  a  estos  últimos,  aunque  no  tengan  relación  directa  con  la  actividad 
desarrollada en la empresa.
Con la finalidad antes indicada, el artículo 3 del real decreto-ley regula el régimen de 
la formación que deberá impartirse, siendo destacable que su impartición a las personas 
incluidas  en  el  expediente  de  regulación  de  empleo,  sin  perjuicio  de  las  mayores 
exenciones  en  la  cotización  que  por  la  misma  correspondan,  llevará  aparejada  un 
incremento de los créditos de que disponen las empresas para la financiación de la 
referida formación.
También se prevé la inclusión de una obligación de este tipo en el desarrollo del 
futuro Mecanismo de Sostenibilidad en el Empleo.
Por su parte, el artículo 4 concreta las exenciones en la cotización a la Seguridad 
Social que resultarán aplicables, que van desde una exención del cien por cien en los 
expedientes  de  regulación  temporal  de  empleo  por  impedimento  en  la  actividad,  a 
cuantías que varían en función del número de trabajadores de la empresa y, de manera 
novedosa, como se ha indicado anteriormente, de si la empresa desarrolla o no acciones 
formativas en favor de los trabajadores afectados por los expedientes de regulación 
temporal de empleo por limitaciones a la actividad normalizada.
Con tal de garantizar una adecuada transición hacia este nuevo marco jurídico, se 
dispone la prórroga de las previsiones recogidas en el título I y en la disposición adicional 
primera del Real Decreto-ley 11/2021, de 27 de mayo, hasta el 31 de octubre de 2021. 
Estas  previsiones  se  seguirán  aplicando  hasta  esa  fecha  tanto  respecto  de  los 
expedientes vigentes a 30 de septiembre de 2021 como en relación con los que se 
aprueben o comuniquen entre el 1 y el 31 de octubre, a los cuales les resultarán 
de aplicación, por tanto, las condiciones que hubiesen correspondido durante el mes de 
septiembre de 2021.
En cuanto a la situación originada en La Palma, derivada de la erupción volcánica 
iniciada en la zona de Cumbre Vieja el día 19 de septiembre de 2021, siguiendo el 
esquema previsto para los expedientes relacionados con la COVID-19, se establece la 
posibilidad de que las empresas y personas trabajadoras afectadas por tal circunstancia 
se beneficien de medidas extraordinarias en materia de cotización y protección por 
desempleo previstas en la norma, las cuales se ligan a la tramitación de un expediente 
por impedimento o limitación en el desarrollo de la actividad normalizada.
Respecto de la Comisión de Seguimiento tripartita laboral, se configura de nuevo 
como el instrumento central en la tarea de análisis de la situación originada por la  s
pandemia, así como en la valoración de la eficacia de las medidas previstas. oe.
Por último, se prorrogan, junto con todo lo anterior, el Plan MECUIDA, hasta el día 28  w.
de febrero de 2022, y las medidas de apoyo y de protección por desempleo de artistas y  768ww
optúrbolsic opsro, fepsreiovnisatlaess  eqnu ee ld Reseaarlr oDlleacnr estuo -alecyt iv3id2a/2d0 2e0n,  ldaes  a3r tdees  neoscvéienmicbarse ,y p eosr peelc tqáuceu lsoes 
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desempleo de artistas en espectáculos públicos, personal técnico y auxiliar del sector de 
la  cultura  y  profesionales  taurinos;  y  reconocer  un  acceso  extraordinario  a  dicha 
prestación para los dos primeros colectivos.
III
Por otra parte, se hace preciso acomodar a la nueva situación de recuperación 
económica las prestaciones que la Seguridad Social ha venido reconociendo, desde el 
mismo momento inicial de la pandemia, en favor de los trabajadores autónomos, aun 
cuando se mantenga, en lo esencial, el mismo esquema de protección. A través del Real 
Decreto-ley 11/2021, de 27 de mayo, sobre medidas urgentes para la defensa del 
empleo, la reactivación económica y la protección de los trabajadores autónomos, se dio 
continuidad a las medidas protectoras que habían establecido los Reales Decretos-
Leyes 30/2020 y 2/2021, razonando que en aquel momento se revelaba como necesario 
mantener las medidas excepcionales previstas al comienzo de la crisis sanitaria, pero sin 
perjuicio de una «previsible y paulatina normalización de la situación sanitaria». Así 
pues, ante el vencimiento del plazo previsto en el Real Decreto-ley 11/2021, fijado en 
el 30 de septiembre de 2021, y dada la evolución positiva de la situación sanitaria, se ha 
considerado oportuno revisar ciertos aspectos de las medidas establecidas en aquella 
norma.
Como ya se ha anticipado, se mantiene la estructura esencial del Real Decreto-
Ley  11/2021,  de  modo  que  se  conserva  la  exoneración  de  cuotas  en  porcentajes 
variables  entre  el  90  y  el  25  %  en  función  del  mes,  así  como  también  las  tres 
prestaciones reguladas en aquél: una extraordinaria por cese de actividad para los 
autónomos afectados por la suspensión de la actividad, otra también extraordinaria para 
quienes  vinieran  percibiendo  prestaciones  por  cese  de  actividad  conforme  al  Real 
Decreto-ley 11/2021, otra extraordinaria para trabajadores autónomos de temporada, y 
una ordinaria de cese de actividad, compatible con el trabajo por cuenta propia. Cabe 
señalar, con respecto a la prestación extraordinaria dirigida a los autónomos acogidos a 
las prestaciones por cese de actividad conforme al Real Decreto-ley 11/2021, que en 
adelante  su  percepción  quedará  condicionada  a  que  el  beneficiario  acredite  una 
disminución de la facturación del 75 %, y no perciba ingresos superiores al 75 % del 
salario mínimo interprofesional en el periodo de referencia.
Asimismo,  se  contemplan  medidas  específicamente  dirigidas  a  los  trabajadores 
autónomos afectados por la erupción del volcán en la isla de La Palma, acaecida el 
pasado 19 de septiembre, cuya complicada situación exige del Gobierno la adopción 
de previsiones especiales, a fin de que puedan hacer frente a un panorama en el que 
las  múltiples  variables  implicadas  –físicas,  geológicas,  climáticas–  abocan  a  la 
incertidumbre, a día de hoy, a todos los sectores económicos de la isla.
Se mantiene la necesidad de garantizar el dialogo social como forma de consenso en 
la  protección  de  los  trabajadores  autónomos  tanto  a  través  de  la  comisión  de 
seguimiento creada al amparo de lo dispuesto en la disposición adicional sexta del Real 
Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, como la previsión de revisar en el marco del diálogo 
social la regulación de la prestación por cese de actividad con el fin de extender los 
supuestos de acceso a dicha prestación por cese temporal de la actividad.
Por último, se lleva a cabo la modificación del Real Decreto-ley 20/2020, de 29 
de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital, con la finalidad de corregir de 
forma urgente los problemas que las diferentes modificaciones normativas han puesto  s
de manifiesto, tratando de garantizar así la mayor protección de los beneficiarios. e.
IV
El  real  decreto-ley  incluye  doce  artículos,  trece  disposiciones  adicionales,  una 
disposición transitoria única y cinco disposiciones finales.
El VI Acuerdo Social en Defensa del Empleo queda recogido en el título I, que 
incluye los siete primeros artículos, así como en las disposiciones adicionales primera, 
segunda, tercera, cuarta y quinta.
El  artículo  1  establece  la  prórroga  de  los  expedientes  de  regulación  temporal 
de empleo basados en causas relacionadas con la situación pandémica hasta el 28 de 
febrero de 2022, siempre y cuando se solicite la misma a la autoridad laboral y se 
presente la documentación complementaria prevista. También se prevé la remisión del 
expediente a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, a los efectos oportunos.
El  artículo  2  recoge  las  reglas  aplicables  a  nuevos  expedientes  de  regulación 
temporal de empleo por impedimento y limitaciones que puedan producirse a partir de la 
entrada en vigor del presente real decreto-ley.
El artículo 3 establece el régimen de las acciones formativas a las que se vinculan 
las  exenciones  a  la  Seguridad  Social,  recogiendo  la  obligación  de  realizar  dichas 
acciones, su objeto y requisitos, la información a la representación legal de las personas 
trabajadoras y la verificación y control por parte de la Tesorería General de la Seguridad 
Social, el Servicio Público de Empleo Estatal y la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social.
El artículo 4 regula los beneficios en materia de cotización de los expedientes de 
regulación de empleo prorrogados, en función de cada tipo de expediente.
El artículo 5 prorroga los contenidos complementarios relacionados con el reparto de 
dividendos, la transparencia fiscal, la salvaguarda del empleo y la realización de horas 
extraordinarias, nuevas contrataciones y externalizaciones, así como los artículos 2 y 5 
de la Ley 3/2021, de 12 de abril, por la que se adoptan medidas complementarias, en el 
ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19.
El  artículo  6  prorroga  las  medidas  de  protección  de  las  personas  trabajadoras 
recogidas en el Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre.
El  artículo  7,  por  su  parte,  prorroga  las  medidas  de  protección  por  desempleo 
extraordinarias para personas con contrato fijo discontinuo o que realicen trabajos fijos y 
periódicos que se repitan en fechas ciertas.
El artículo 8 establece la exención en la cotización a favor de los trabajadores 
autónomos que hayan percibido alguna modalidad de prestación por cese de actividad al 
amparo de lo dispuesto en el Real Decreto-ley 11/2021, de 27 de mayo.
El  artículo  9  regula  la  prestación  extraordinaria  por  cese  de  actividad  para  los 
trabajadores autónomos afectados por una suspensión temporal de toda la actividad 
como  consecuencia  de  resolución  de  la  autoridad  competente  como  medida  de 
contención de la propagación del virus COVID-19.
El artículo 10 prevé la continuación de la prestación por cese de actividad compatible 
con el trabajo por cuenta propia, así como la solicitud de la prestación por cese de 
actividad prevista en el artículo 327 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social,  por  los  trabajadores  autónomos  en  los  que  concurran  las  condiciones 
establecidas en los apartados a), b), d) y e) del artículo 330.1 del texto refundido de la 
Ley General de la Seguridad Social y cumplan los requisitos que se contemplan en este 
artículo.
El artículo 11 establece una prestación extraordinaria de cese de actividad para 
aquellos trabajadores autónomos que ejercen actividad y a 30 de septiembre de 2021  e.
vinieran percibiendo alguna de las prestaciones de cese de actividad previstas en los  w.b
artículos 7 y 8 del Real Decreto-ley 11/2021, de 27 de mayo, sobre medidas urgentes  768ww
paaurtóan loam doesfe, nys an od eplu eemdapnle oc,a luas raera dcetirveacchióon a e clao npóremsitcaac iyó nla  oprrdointeacrciaió dne d ece loses  tdraeb aacjatidvoidraeds 
prevista en el artículo 10 de este real decreto-ley.
El artículo 12 recoge la prestación extraordinaria de cese de actividad para los 
trabajadores autónomos de temporada.
La disposición adicional primera recoge las funciones y el funcionamiento de la 
Comisión de Seguimiento tripartita laboral.
La disposición adicional segunda regula la actuación de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social, en el ejercicio de sus competencias, el control del cumplimiento de los 
requisitos y de las obligaciones establecidas en relación con las exoneraciones en las 
cotizaciones de la Seguridad Social relativas a expedientes de regulación temporal de 
empleo basados en causas relacionadas con la COVID-19.
La disposición adicional tercera establece la necesidad de integrar, en el futuro 
Mecanismo de Sostenibilidad en el Empleo, la vinculación de los beneficios en materia 
de cotización al desarrollo efectivo, por parte de las empresas, de acciones formativas.
La disposición adicional cuarta establece el requisito de la presentación de una 
relación de las personas trabajadoras incluidas en el ámbito de aplicación del expediente 
y que vayan a permanecer incluidas en el mismo, como condición para acceder a las 
medidas extraordinarias en materia de cotización y protección por desempleo.
La  disposición  adicional  quinta  establece  las  medidas  extraordinarias  para  las 
empresas y personas trabajadoras de las Islas Canarias afectadas por la erupción 
volcánica registrada en la zona de Cumbre Vieja, extendiendo a las empresas que vean 
impedida  o  limitada  su  actividad  por  esa  causa  las  medidas  previstas  para  los 
expedientes relacionados con la COVID-19.
La disposición adicional sexta recoge las medidas extraordinarias de Seguridad 
Social para los trabajadores autónomos afectados por la erupción del volcán de Cumbre 
Vieja en La Palma.
La  disposición  adicional  séptima  del  presente  real  decreto-ley  establece  la 
constitución de una Comisión mixta de carácter paritario, integrada por representantes 
de la Administración General del Estado, de la Comunidad Autónoma de Canarias y de 
las entidades locales afectadas, con la finalidad de planificar, impulsar y coordinar las 
actuaciones  y  medidas  que  impulsen  las  Administraciones  públicas  para  paliar  los 
perjuicios que traen causa de los movimientos sísmicos y las erupciones volcánicas 
iniciadas en la isla de La Palma a partir del mes de septiembre.
Esta  Comisión  mixta  garantizará  la  actuación  coordinada  de  las  diferentes 
administraciones y asumirá, entre otras funciones, las previstas en el artículo 25.2 de la 
Ley 17/2015, de 9 de julio, de Protección Civil, para las comisiones de coordinación; a fin 
de evitar la duplicidad de órganos administrativos.
La disposición adicional octava regula la posibilidad de que la Tesorería General de 
la Seguridad Social facilite a las fundaciones laborales de carácter paritario, establecidas 
al amparo de convenios sectoriales de ámbito estatal, la información necesaria para que 
puedan  gestionar  las  aportaciones  destinadas  a  su  funcionamiento,  conforme  a  lo 
establecido en el convenio colectivo.
La disposición adicional novena prorroga el Plan MECUIDA hasta el día 28 de 
febrero de 2022.
La disposición adicional décima, por su parte, prorroga las medidas de apoyo y de 
protección por desempleo de artistas y otros profesionales que desarrollan su actividad 
en las artes escénicas y espectáculos públicos, previstas en el Real Decreto-ley 32/2020, 
de 3 de noviembre.
La disposición transitoria única dispone la prórroga del régimen recogido en el Real 
Decreto-ley 11/2021, de 27 de mayo, hasta el 31 de octubre de 2021. s
La disposición adicional undécima establece que «las exenciones en la cotización a la  oe.
Seguridad Social establecidas en los artículos 4 y 8 y en la disposición transitoria única de  w.
este real decreto-ley no tendrán efectos para las personas trabajadoras, manteniéndose la  768ww
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texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social».
La disposición adicional duodécima encomienda a la Comisión de seguimiento de las 
medidas de apoyo para la recuperación de la actividad de los trabajadores autónomos en 
el  ámbito  de  la  Seguridad  Social  el  seguimiento  y  evaluación  de  las  medidas 
establecidas en los artículos 8, 9, 10, 11 y 12.
La disposición adicional decimotercera prevé la revisión en el marco del diálogo 
social de la regulación de la prestación por cese de actividad, con el fin de extender los 
supuestos de acceso a dicha prestación por cese temporal de la actividad, así como 
contemplar, dentro de la acción protectora, otras situaciones relacionadas con causas 
derivadas  de  un  ciclo  económico  negativo  u  otro  tipo  de  cambios  económicos  de 
naturaleza estructural.
La disposición transitoria única dispone la prórroga del régimen recogido en el Real 
Decreto-ley 11/2021, de 27 de mayo, hasta el 31 de octubre de 2021.
La disposición final primera modifica el apartado 7 del artículo 8 del Real Decreto-
ley 30/2020, de 29 de septiembre.
A través de la disposición final segunda se modifica el Real Decreto-ley 20/2020, 
de 29 de mayo. Concretamente, se modifica el apartado 2 del artículo 7 con la finalidad 
de revertir a la regulación dada por el Real Decreto-ley 30/2020 de 29 de septiembre, de 
medidas sociales en defensa del empleo, con efectos retroactivos a partir del 11 de julio 
de 2021, fecha de entrada en vigor de la ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo a 
distancia.
La disposición final tercera se refiere a los títulos competenciales al amparo de los 
cuales se dicta este real decreto-ley, la disposición final cuarta habilita al gobierno para el 
desarrollo y ejecución de lo previsto en esta norma y la disposición final quinta se refiere 
a su entrada en vigor.
V
Respecto del supuesto habilitante de extraordinaria y urgente necesidad establecido 
en el artículo 86.1 de la Constitución Española, el contenido del real decreto-ley se 
fundamenta  en  motivos  objetivos,  de  oportunidad  política  y  extraordinaria  urgencia 
que requieren su aprobación inmediata, entre otros la situación grave y excepcional que 
persiste  como  consecuencia  de  la  situación  de  crisis  sanitaria  provocada  por  la 
COVID-19, así como la derivada de la erupción volcánica registrada en la zona de 
Cumbre Vieja de La Palma, lo que hace indispensable dar una respuesta adecuada a las 
necesidades que se plantean en el ámbito laboral y social.
El artículo 86 de la Constitución Española permite al Gobierno dictar reales decretos-
leyes «en caso de extraordinaria y urgente necesidad», siempre que no afecten al 
ordenamiento  de  las  instituciones  básicas  del  Estado,  a  los  derechos,  deberes  y 
libertades de los ciudadanos regulados en el título I de la Constitución, al régimen de las 
Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general.
El real decreto-ley constituye, de esta forma, un instrumento constitucionalmente 
lícito, siempre que, tal como reiteradamente ha exigido nuestro Tribunal Constitucional 
(SSTC 6/1983, de 4 de febrero, F.J. 5; 11/2002, de 17 de enero, F.J. 4; 137/2003, de 3 de 
julio, F.J. 3, y 189/2005, de 7 julio, F.J. 3; 68/2007, F.J. 10, y 137/2011, F.J. 7), el fin que 
justifica la legislación de urgencia sea subvenir a una situación concreta, dentro de los 
objetivos gubernamentales, que por razones difíciles de prever requiere una acción 
normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía normal o por el 
procedimiento  de  urgencia  para  la  tramitación  parlamentaria  de  las  leyes,  máxime  s
cuando la determinación de dicho procedimiento no depende del Gobierno. e.
En definitiva, la extraordinaria y urgente necesidad de aprobar el presente real 
decreto-ley se inscribe en el juicio político o de oportunidad que corresponde al Gobierno 
(SSTC 61/2018, de 7 de junio, F.J. 4; 142/2014, de 11 de septiembre, F.J. 3) y esta 
decisión,  sin  duda,  supone  una  ordenación  de  prioridades  políticas  de  actuación 
(STC 14/2020, de 28 de enero, F.J. 4), centradas en dar una respuesta adecuada que 
permita restablecer el funcionamiento normal de la actividad económica y productiva de 
las empresas, la necesaria seguridad jurídica y la protección de los colectivos que 
pudieran resultar vulnerables ante la concurrencia de la situación descrita y que se 
definen por su condición extraordinaria y urgente.
Todas las razones expuestas justifican amplia y razonadamente la adopción de la 
presente norma (SSTC 29/1982, de 31 de mayo, F.J. 3; 111/1983, de 2 de diciembre, 
F.J. 5; 182/1997, de 20 de octubre, F.J. 3), existiendo la necesaria conexión entre la 
situación de urgencia expuesta y la medida concreta adoptada para subvenir a ella, sin 
que  constituya  un  supuesto  de  uso  abusivo  o  arbitrario  del  referido  instrumento 
constitucional.
En suma, en las medidas que se adoptan en el presente real decreto-ley concurren 
las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad previstas en el artículo 86 de la 
Constitución Española, considerando, por otra parte, que los objetivos que se pretenden 
alcanzar con el mismo no pueden conseguirse a través de la tramitación de una ley por 
el procedimiento de urgencia.
Asimismo, debe señalarse que este real decreto-ley no afecta al ordenamiento de las 
instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos 
regulados en el título I de las Constitución Española, al régimen de las Comunidades 
Autónomas ni al Derecho electoral general.
VI
Esta  norma  se  ajusta  a  los  principios  de  buena  regulación  contenidos  en  el 
artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, en particular, a los principios de necesidad, eficacia, 
proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.
Así, de acuerdo con los principios de necesidad y eficacia, la iniciativa normativa se 
encuentra justificada por una razón de interés general, habiéndose identificado los fines 
perseguidos y entendiéndose que es el real decreto-ley el instrumento más adecuado 
para  garantizar  su  consecución.  Por  otra  parte,  las  medidas  contenidas  en  el  real 
decreto-ley son adecuadas y proporcionadas a las necesidades que exigen su dictado, 
habiéndose constatado que no existen otras medidas menos restrictivas de derechos, o 
que impongan menos obligaciones a los destinatarios. A su vez, como garantía del 
principio de seguridad jurídica, esta iniciativa normativa se adopta de manera coherente 
con el resto del ordenamiento jurídico, generando un marco normativo de certidumbre, 
que facilita su conocimiento y, en consecuencia, la actuación y toma de decisiones de las 
personas y empresas afectadas.
Con esta norma, de igual manera, se observa el principio de transparencia, al definir 
claramente la situación que la motiva y sus objetivos, descritos en la parte expositiva del 
texto y en el apartado correspondiente de la memoria, sin que se hayan realizado los 
trámites  de  participación  pública  que  se  establecen  en  el  artículo  26  de  la  citada 
Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, al amparo de la excepción que, para los 
reales decretos-leyes, regula el apartado 11 del aludido precepto. s
Este real decreto-ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.7.ª y 17.ª  e.
de la Constitución Española, que atribuye al Estado las competencias exclusivas en las  w.
materias  de  legislación  laboral  y  de  legislación  básica  y  régimen  económico  de  la  768ww
Seguridad Social.
En su virtud, haciendo uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la 
Constitución Española, a propuesta de la Ministra de Trabajo y Economía Social y del 
Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y previa deliberación del Consejo 
de Ministros en su reunión del día 28 de septiembre de 2021,
DISPONGO:
TÍTULO I
VI Acuerdo Social en Defensa del Empleo
Artículo 1.  Autorización de prórroga de los expedientes de regulación temporal de 
empleo vinculados a la crisis pandémica.
1.  La prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo vigentes a 
fecha de 30 de septiembre de 2021 en base a lo dispuesto en los artículos 1 y 2 del Real 
Decreto-ley 11/2021, de 27 de mayo, sobre medidas urgentes para la defensa del 
empleo, la reactivación económica y la protección de los trabajadores autónomos y de 
aquellos a los que resulte de aplicación el artículo 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 
de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y 
social del COVID-19, se autorizará previa presentación, por parte de la empresa o 
entidad titular, de una solicitud al efecto, acompañada de la documentación referida en el 
apartado 2 de este artículo, ante la autoridad laboral que autorizó o tramitó el expediente 
correspondiente, entre el 1 y el 15 de octubre de 2021.
De no presentarse la solicitud acompañada de dicha documentación dentro del plazo 
establecido, el expediente de regulación temporal de empleo se dará por finalizado y no 
será aplicable desde el 1 de noviembre de 2021.
2.  La solicitud de prórroga del expediente deberá ir acompañada de una relación de 
las horas o días de trabajo suspendidos o reducidos durante los meses de julio, agosto y 
septiembre  de  2021  de  cada  una  de  las  personas  trabajadoras,  debidamente 
identificadas en relación con cada uno de los centros de trabajo.
En el supuesto de los expedientes a los que resulte de aplicación el artículo 23 del 
Real  Decreto-ley  8/2020,  de  17  de  marzo,  se  adjuntará,  además,  informe  de  la 
representación de las personas trabajadoras con la que se negoció aquel.
3.  La autoridad laboral, sin perjuicio de dictar la correspondiente resolución, remitirá 
el  expediente  a  la  Inspección  de  Trabajo  y  Seguridad  Social,  a  los  efectos  que 
eventualmente procedan.
4.  En el plazo de diez días hábiles desde la presentación de la solicitud por parte de 
la  empresa,  la  autoridad  laboral  deberá  dictar  resolución,  que  será  estimatoria  y 
prorrogará el expediente hasta el 28 de febrero de 2022 siempre que efectivamente se 
haya presentado la documentación exigida conforme a los requisitos del apartado 2.
En caso de ausencia de resolución expresa, se entenderá estimada la solicitud de 
prórroga.
Artículo  2.  Expediente  de  regulación  temporal  de  empleo  por  impedimento  o  por 
limitaciones a la actividad normalizada y tránsito entre ambos.
1.  Las empresas y entidades afectadas por nuevas restricciones y medidas de 
contención sanitaria vinculadas a la COVID-19, que sean adoptadas por las autoridades  e
competentes entre el 1 de noviembre de 2021 y el 28 de febrero de 2022, podrán  bo
solicitar un expediente de regulación temporal de empleo por impedimento o limitaciones  768ww
lqaeu ylea  E3 lae0scs/t2at ir0vsei 2ds0uae,ldm ted pn edro eer2sm 9aa apsdll iiezcy aas dceiaeóp nnteit enildom a lpobdrsreee svt,é  isrdpmteoo i ndemornáes end rl i deabacpeosa ngrseitdaofoidccsoiiaa  le2resn.se  ,ee ln ra edrsteípcfeeucnlotso a2   dddeee ll  eRlamesap ll epDoee,r scsoraenltvaoos-   OE-A-2021-15able en https://
trabajadoras adscritas y en alta en los códigos de cuenta de cotización de los centros
de  trabajo  afectados,  de  los  porcentajes  de  exención  previstos  para  cada  tipo  de 
expedientes en el artículo 4, siempre que cumplan el resto de requisitos recogidos en 
esta norma.
En caso de ausencia de resolución expresa, se entenderá estimada la solicitud de 
expediente de regulación temporal de empleo de fuerza mayor.
Será requisito indispensable para la aplicación de las medidas extraordinarias en 
materia de cotización y prestaciones por desempleo previstas en los artículos 4 y 6, que 
se cumplan los requisitos y procedimientos establecidos en esta norma.
2.  Las  empresas  que  hayan  obtenido,  conforme  a  lo  recogido  en  el  apartado 
anterior, autorización para la aplicación de un expediente de regulación temporal de 
empleo por impedimento o por limitaciones a la actividad normalizada, o que hayan 
recibido  resolución  estimatoria  de  la  solicitud  de  prórroga  de  un  expediente  por 
impedimento o de un expediente por limitaciones a la actividad normalizada según lo 
dispuesto en el artículo 1, podrán transitar de la situación de impedimento a la de 
limitación o viceversa, como consecuencia de las modulaciones en las restricciones 
sanitarias adoptadas por las autoridades competentes, sin que sea precisa la tramitación 
de un nuevo expediente de regulación temporal de empleo.
Sin perjuicio de lo anterior, resultarán aplicables, en cada momento, los porcentajes 
de exoneración previstos para estos tipos de expedientes en el artículo 4, en función de 
la  naturaleza  impeditiva  o  limitativa  de  la  situación  de  fuerza  mayor  en  la  que  se 
encuentre la empresa.
3.  Las empresas cuya situación se viese modificada en los términos descritos en el 
apartado anterior deberán comunicar el cambio de situación producido, la fecha de 
efectos, así como los centros y personas trabajadoras afectadas, a la autoridad laboral 
que  hubiese  aprobado  el  expediente  y  a  la  representación  legal  de  las  personas 
trabajadoras.
Las empresas que hayan comunicado dicho cambio de situación a la autoridad 
laboral, deberán presentar una declaración responsable ante la Tesorería General de la 
Seguridad Social, en los términos establecidos en el artículo 2.3 del Real Decreto-
ley 30/2020, de 29 de septiembre, siendo dicha declaración responsable suficiente para 
la  aplicación  de  los  porcentajes  de  exención  correspondientes,  en  función  de  la 
naturaleza impeditiva o limitativa de la situación de fuerza mayor en la que se encuentre 
la empresa en cada momento.
La autoridad laboral trasladará dicha comunicación a la Inspección de Trabajo y 
Seguridad  Social,  a  efectos  del  desarrollo  de  aquellas  acciones  de  control  que  se 
determinen sobre la correcta aplicación de las exenciones en el pago de las cuotas de la 
Seguridad Social.
Así mismo, resultará aplicable a estos expedientes el requisito a que se refiere la 
disposición adicional cuarta.
Artículo  3.  Acciones  formativas  vinculadas  a  las  exenciones  en  la  cotización  a  la 
Seguridad Social.
1.  Para la obtención de las exenciones en la cotización a la Seguridad Social a las 
que se refiere los apartados 1.a).2.º y 1.b).2.º del artículo 4, y sin perjuicio del resto de 
requisitos  previstos  en  esta  norma,  las  empresas  cuyo  expediente  de  regulación 
temporal de empleo sea prorrogado en los términos recogidos en el artículo 1, y aquellas 
que se encuentren en alguna de las situaciones limitativas previstas en el artículo 2, 
tendrán que desarrollar acciones formativas para cada una de las personas afectadas  e.
por el ERTE entre el 1 de noviembre de 2021 y el 28 de febrero de 2022, con las  w.b
características recogidas en este artículo. 768ww
com2p.e teLnacsia sa cpcrioofneessio nfoarlemsa yti vlaas  emrepfeleriadbaislid atedn ddreá nla sc opmeros onoabsje ttirvaob aljaa dmoreajso raaf edceta dlaass 
por Alo str aevxépse ddiee netsetsa sd ea crecgiounlaecsi ósne  tpermiopriozararál d eel  deemspalreroo.llo de acciones formativas dirigidas
a  atender  las  necesidades  formativas  reales  de  las  empresas  y  los  trabajadores
incluyendo las vinculadas a adquisición de competencias digitales, así como aquellas 
que permitan recualificar a las personas trabajadoras, aunque no tengan relación directa 
con la actividad desarrollada en la empresa.
3.  Las acciones formativas se desarrollarán a través de cualquiera de los tipos de 
formación previstos en la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el 
sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral, de acuerdo con los 
requisitos y procedimientos establecidos en dicha norma.
El plazo para la prestación efectiva de las acciones formativas finalizará el 30 de 
junio de 2022.
El  número  mínimo  de  horas  de  formación  que  debe  realizar  cada  persona 
trabajadora por las que las empresas se hayan aplicado exenciones a las que se refiere 
los apartados 1.a).2.º y 1.b).2.º del artículo 4, durante el período regulado en este real 
decreto-ley, se establece a continuación en función del tamaño de la empresa, a partir 
de 10 personas de plantilla:
a)  De 10 a 49 personas trabajadoras: 30 horas.
b)  De 50 o más: 40 horas.
Estas acciones formativas deberán desarrollarse durante la aplicación de la reducción de 
jornada o suspensión del contrato, en el ámbito de un expediente de regulación temporal de 
empleo,  o  en  tiempo  de  trabajo.  En  cualquier  caso,  deberán  respetarse  los  descansos 
legalmente establecidos y el derecho a la conciliación de la vida laboral, personal y familiar.
4.  La representación legal de las personas trabajadoras, de existir, deberá ser 
informada sobre las acciones formativas propuestas.
5.  Una  vez  transcurrido  el  periodo  máximo  para  la  ejecución  de  las  acciones 
formativas, la Tesorería General de la Seguridad Social comunicará al Servicio Público 
de Empleo Estatal la relación de personas trabajadoras por las que las empresas se han 
aplicado las exenciones establecidas en los apartados 1.a).2.º y 1.b).2.º, durante el 
periodo comprendido entre el 1 de noviembre de 2021 y el 28 de febrero de 2022.
El Servicio Público de Empleo Estatal, por su parte, verificará la realización de las 
acciones formativas, conforme a todos los requisitos establecidos en este artículo.
Cuando no se hayan realizado las acciones formativas a las que se refiere este artículo, 
según la verificación realizada por el Servicio Público de Empleo Estatal, la Tesorería General 
de la Seguridad Social informará de tal circunstancia a la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social para que ésta inicie los expedientes sancionadores y liquidatorios de cuotas que 
correspondan  por  la  diferencia  entre  los  importes  aplicados  y  los  establecidos, 
respectivamente, en los apartados 1.a).1.º y 1.b).1.º del artículo 4, respecto de cada una de 
las personas trabajadoras por las que no se hayan realizado dichas acciones.
6.  En el supuesto de que la empresa acredite la puesta a disposición de las 
personas trabajadoras de las acciones formativas no estará obligada al reintegro de las 
exenciones a las que se refiere el apartado anterior cuando la persona trabajadora no las 
haya realizado.
7.  La Tesorería General de la Seguridad Social y el Servicio Público de Empleo Estatal 
implantarán procedimientos automatizados de interoperabilidad, incluidos servicios web, para 
el intercambio de los datos de los que dispongan relativos a la iniciativa de formación de 
empresas para la puesta en marcha de esta línea de bonificación.
8.  Sin perjuicio de los beneficios en materia de exoneraciones previstos en esta norma y 
de su condicionamiento a la formación según lo previsto en este artículo, las empresas que 
formen a personas afectadas por expedientes de regulación temporal de empleo en las  e
condiciones previstas en los párrafos anteriores tendrán derecho a un incremento de crédito  bo
para la financiación de acciones en el ámbito de la formación programada de la cantidad que  768ww
se inad)i caD ae c 1o nat in9u paecrióson,n eans  fturanbcaiójna ddoerla tas:m 4a2ñ5o  eduer olas e pmopr rpeesras:ona.
b)  De 10 a 49 personas trabajadoras trabajadores: 400 euros por persona.
c)  De 50 o más personas: 320 euros por persona.
Este incremento de crédito será financiado a través de una aportación extraordinaria 
al presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal.
Así mismo, para el seguimiento de esta formación, el Servicio Público de Empleo 
Estatal será reforzado en sus unidades provinciales de gestión.
Artículo  4.  Beneficios  en  materia  de  cotización  de  los  expedientes  de  regulación 
temporal de empleo.
1.  Los  expedientes  de  regulación  temporal  de  empleo  por  limitaciones  en  la 
actividad normalizada a los que se refieren los artículos 1 y 2 podrán beneficiarse de los 
siguientes porcentajes de exención en la cotización a la Seguridad Social:
a)  En  el  supuesto  de  que  la  empresa  hubiera  tenido  diez  o  más  personas 
trabajadoras o asimiladas a las mismas en situación de alta en la Seguridad Social a 29 
de  febrero  de  2020,  los  porcentajes  de  exoneración  de  la  aportación  empresarial 
devengada en noviembre y diciembre de 2021 y enero y febrero de 2022, serán los 
siguientes:
1.º  El 40 por ciento en el supuesto de que la empresa no desarrolle, conforme a lo 
establecido  en  el  artículo  3,  acciones  formativas  para  las  personas  a  las  que  se 
suspenda su contrato de trabajo o se reduzca su jornada laboral en el período indicado.
2.º  El 80 por ciento en el supuesto de que la empresa desarrolle, conforme a lo 
establecido  en  el  artículo  3,  acciones  formativas  para  las  personas  a  las  que  se 
suspenda su contrato de trabajo o se reduzca su jornada laboral en el período indicado.
b)  En el supuesto de que la empresa hubiera tenido menos de diez personas 
trabajadoras o asimiladas a las mismas en situación de alta en la Seguridad Social a 29 
de  febrero  de  2020,  los  porcentajes  de  exoneración  de  la  aportación  empresarial 
devengada en noviembre y diciembre de 2021 y enero y febrero de 2022, serán los 
siguientes:
1.º  El 50 por ciento en el supuesto de que la empresa no desarrolle, conforme a lo 
establecido  en  el  artículo  3,  acciones  formativas  para  las  personas  a  las  que  se 
suspenda su contrato de trabajo o se reduzca su jornada laboral en el período indicado.
2.º  El 80 por ciento en el supuesto de que la empresa desarrolle, conforme a lo 
establecido  en  el  artículo  3,  acciones  formativas  para  las  personas  a  las  que  se 
suspenda su contrato de trabajo o se reduzca su jornada laboral en el período indicado.
2.  Las  empresas  y  entidades  de  cualquier  sector  o  actividad  que  tengan 
autorizados expedientes de regulación temporal de empleo por impedimentos en la 
actividad a los que se refieren los artículos 1 y 2, podrán beneficiarse, respecto de las 
personas  trabajadoras  que  tengan  sus  actividades  suspendidas,  en  los  centros 
afectados, por los períodos y porcentajes de jornada afectados por la suspensión, de una 
exoneración del 100 por ciento de la aportación empresarial devengada a partir del mes 
de noviembre de 2021, durante el período de cierre, y hasta el 28 de febrero de 2022.
3.  Podrán  beneficiarse  de  los  porcentajes  de  exoneración  del  apartado  1  los 
expedientes de regulación temporal de empleo de las empresas siguientes:
a)  Empresas a las que se refieren los apartados 1 y 2 de la disposición adicional 
primera del Real Decreto-ley 11/2021, de 27 de mayo, cuyo expediente se prorrogue  s
conforme a lo establecido en el artículo 1. e.
b)  Empresas a las que se refiere la letra a) del apartado 2 de la disposición adicional  w.
primera del Real Decreto-ley 11/2021, de 27 de mayo, que transiten, entre el 1 de octubre  768ww
ddee  f2u0e2r1za y  mela 2yo8r  dbea sfeabdroe reon d lea s2 0ca2u2s, adse sddeel  aurntí ceuxlpoe 2d2ie dnetel  Rdee arle Dguelcarceitóon- leteym 8p/2o0ra2l0 d, ed ee m17p ledoe 
mesatarzbole, caid uon eon d eel  caartuícsualso  e5c doen óemsteic aresa, lt édcencirceatos,- leoyrg.anizativas o de producción, conforme a lo  BOE-A-cable e
c)  Empresas que, habiendo sido calificadas como dependientes o integrantes de la 
cadena de valor, conforme a lo establecido en la disposición adicional primera del Real 
Decreto-ley 11/2021, de 27 de mayo, transiten, en el período comprendido entre el 1 de 
octubre de 2021 y el 28 de febrero de 2022, desde un expediente de regulación temporal 
de empleo por causas de fuerza mayor basado en el artículo 22 del Real Decreto-
ley 8/2020, de 17 de marzo, a uno por causas económicas, técnicas, organizativas o de 
producción, conforme a lo establecido en el artículo 5 de este real decreto-ley.
4.  Las exenciones a las que se refieren los apartados anteriores se aplicarán, 
respecto de las personas trabajadoras que tengan sus actividades suspendidas entre 
el 1 de noviembre de 2021 y el 28 de febrero de 2022, y de los periodos y porcentajes de 
jornada afectados por la suspensión, al abono de la aportación empresarial prevista en el 
artículo 273.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por 
el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, así como del relativo a las cuotas 
por conceptos de recaudación conjunta.
El procedimiento y requisitos para la aplicación de las exoneraciones de cuotas a las que 
se refieren los apartados anteriores serán los establecidos en el artículo 2 del Real Decreto-
ley 30/2020, de 29 de septiembre, sin perjuicio de lo previsto en los artículos 1, 2 y 3 y los 
apartados 5 y 6 de este artículo.
5.  A efectos de lo establecido en el apartado 3, respecto de las empresas a que se 
refiere la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 11/2021, de 27 de mayo, se 
considerará que el código de la CNAE-09 en que se clasifica la actividad de la empresa 
es el que resulte de aplicación para la determinación de los tipos de cotización para la 
cobertura de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 
respecto de las liquidaciones de cuotas presentadas en septiembre de 2020, según lo 
establecido en la disposición adicional cuarta de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2007.
6.  Las exenciones a las que se refieren los apartados 1.a).2.º y 1.b).2.º se aplicarán 
por la Tesorería General de la Seguridad Social a instancia de la empresa, previa 
comunicación de la identificación de las personas trabajadoras beneficiadas por la acción 
formativa y periodo de la suspensión o reducción de jornada. Dicha comunicación, sobre 
las personas trabajadoras y períodos, constituirá una declaración responsable sobre el 
compromiso de la empresa de realización de las acciones formativas a las que se refiere 
el artículo 3.
Para  que  la  exención  resulte  de  aplicación,  esta  comunicación  y  declaración 
responsable se deberá presentar antes de solicitarse el cálculo de la liquidación de 
cuotas correspondiente al periodo de devengo de las primeras cuotas sobre las que 
tengan efectos dichas declaraciones. Si la comunicación y declaración responsable se 
efectuase en un momento posterior a la última solicitud del cálculo de la liquidación de 
cuotas dentro del período de presentación en plazo reglamentario correspondiente, estas 
exenciones  únicamente  se  aplicarán  a  las  liquidaciones  que  se  presenten  con 
posterioridad, pero no a los períodos ya liquidados.
La comunicación y declaración responsable a las que se refiere este apartado se 
deberá  realizar,  mediante  la  transmisión  de  los  datos  que  establezca  la  Tesorería 
General de la Seguridad Social, a través del Sistema de remisión electrónica de datos en 
el ámbito de la Seguridad Social (Sistema RED), regulado en la Orden ESS/484/2013, 
de 26 de marzo.
Artículo 5.  Prórroga de contenidos complementarios del Real Decreto-ley 30/2020,  e.
de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo. w.b
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marzo, durante la vigencia de aquel.
En este supuesto, la fecha de efectos de este se retrotraerá a la fecha de finalización 
de aquel.
2.  Los límites y previsiones relacionados con el reparto de dividendos a los que se 
refiere el artículo 4 del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, se mantendrán 
vigentes hasta el 28 de febrero de 2022 para todos los expedientes, autorizados con 
anterioridad o en virtud de la presente norma, a los que se apliquen las exoneraciones 
previstas en este real decreto-ley.
Las  Administraciones  Tributarias  proporcionarán  a  la  Tesorería  General  de  la 
Seguridad Social la identificación de las empresas que hayan incumplido el requisito al 
que se refiere este apartado, respecto de las exenciones aplicadas en cada uno de los 
años en los hayan aplicado las mismas como consecuencia de lo establecido en el Real 
Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo; el Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, 
de medidas sociales en defensa del empleo; el Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, 
de medidas sociales de reactivación del empleo y protección del trabajo autónomo y de 
competitividad del sector industrial; el Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre; el 
Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre; el Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de 
enero, de refuerzo y consolidación de medidas sociales en defensa del empleo; el Real 
Decreto-ley 11/2021, de 27 de mayo, y en el artículo 4 de este real decreto-ley.
A los efectos del cumplimiento de lo establecido en el párrafo anterior, la Tesorería 
General  de  la  Seguridad  Social  proporcionará  a  las  Administraciones  Tributarias  la 
relación de empresas que se han aplicado exenciones en la cotización.
3.  Los límites y previsiones relacionados con transparencia fiscal a los que se 
refiere el artículo 4 del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, se mantendrán 
vigentes hasta el 28 de febrero de 2022 para todos los expedientes, autorizados con 
anterioridad o en virtud de este real decreto-ley.
Resultará de aplicación, respecto de lo indicado en este apartado, lo establecido en 
los dos últimos párrafos del apartado anterior.
4.  La salvaguarda del empleo será de aplicación de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 5 del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, en relación con los 
periodos anteriores y con el que se deriva de los beneficios recogidos en la presente 
norma y de conformidad con los plazos correspondientes.
5.  Los límites y excepciones en relación con la realización de horas extraordinarias, 
nuevas contrataciones y externalizaciones a los que se refiere el artículo 7 del Real 
Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, se mantendrán vigentes hasta el 28 de 
febrero  de  2022  y  resultarán  igualmente  de  aplicación  a  todos  los  expedientes 
autorizados en virtud de este real decreto-ley.
6.  Los artículos 2 y 5 de la Ley 3/2021, de 12 de abril, por la que se adoptan 
medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del 
COVID-19, permanecerán vigentes hasta el 28 de febrero de 2022.
Artículo  6.  Prórroga  de  las  medidas  de  protección  de  las  personas  trabajadoras 
recogidas en el Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales 
en defensa del empleo.
1.  Las medidas de protección por desempleo previstas en los apartados 1.a), y 2 
al 5 del artículo 25 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, resultarán aplicables 
hasta  el  28  de  febrero  de  2022  a  las  personas  afectadas  por  los  expedientes  de 
regulación temporal de empleo a los que se refiere esta norma.
2.  La  cuantía  de  la  prestación  por  desempleo  reconocida  a  las  personas  e.
trabajadoras afectadas por los procedimientos de suspensión de contratos y reducción  w.b
de  jornada  referidos  en  este  real  decreto-ley,  se  determinará  aplicando,  a  la  base  768ww
creiegnutloa dhoarast ad ee ll a2 8re ldaec iófenb rlaebroo rdael  a2fe0c2t2a,d asi np opre erjul iecxiop eddeie lnat ea, pelilc apcoirócne ndtaej ela ds ecl u7a0n tpíaosr 
mdeá xlaim aSse gyu mridínaidm aSso pcriaelv iastparso beand eol  aprotírc uello  R2e7a0l. 3D deecl rTeetox toL eRgeisfulantdividoo 8 d/2e0 l1a5 L, edye G e3n0e drael 
octubre.
3.  Las medidas extraordinarias para la protección de las personas trabajadoras 
previstas en los artículos 10 y 11 del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, 
serán de aplicación hasta el 28 de febrero de 2022, tanto para las personas afectadas 
por los expedientes de regulación temporal de empleo a los que se refieren dichos 
preceptos, como para las afectadas por los expedientes de regulación de empleo que se 
contemplan  en  el  Real  Decreto-ley  2/2021,  de  26  de  enero;  en  el  Real  Decreto-
ley 11/2021, de 27 de mayo, así como en este real decreto-ley.
4.  Las empresas a las que les sea autorizada la prórroga de un expediente de 
regulación temporal de empleo en virtud de lo previsto en el artículo 1, deberán formular 
una nueva solicitud colectiva de prestaciones por desempleo en el plazo de quince días 
hábiles siguientes al 1 de noviembre de 2021, o a la fecha de la notificación de la 
resolución  expresa  de  la  autoridad  laboral  aprobando  la  prórroga,  o  del  certificado 
acreditativo del silencio administrativo, en caso de que sea posterior al 1 de noviembre.
En el caso de nuevos expedientes de regulación temporal de empleo tramitados de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 2, la solicitud colectiva deberá presentarse en el 
plazo  de  quince  días  hábiles  siguientes  a  la  notificación  de  la  resolución  expresa 
estimatoria  de  la  autoridad  laboral  o  del  certificado  acreditativo  del  silencio 
administrativo.
En caso de solicitud extemporánea la prestación por desempleo se reconocerá a 
partir de la fecha de presentación, sin perjuicio de que la entidad gestora comunique esta 
circunstancia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a los efectos oportunos.
5.  La entidad gestora reconocerá las prestaciones con efectos del primer día a 
partir del que pudieran resultar de aplicación las medidas de suspensión o reducción de 
jornada, y abonará las mismas una vez reciba la comunicación empresarial a la que se 
refieren los párrafos siguientes.
La empresa deberá comunicar a mes vencido, a través de la comunicación de 
periodos de actividad de la aplicación certific@2, la información sobre los periodos de 
actividad e inactividad de las personas trabajadoras afectadas por el procedimiento de 
regulación temporal de empleo en el mes natural inmediato anterior.
Esta comunicación deberá remitirse, en todo caso, en las siguientes situaciones:
a)  Cuando la persona trabajadora haya permanecido en situación de inactividad 
durante todo el mes natural.
b)  Cuando la persona trabajadora haya combinado periodos de actividad y de 
inactividad.
c)  Cuando la persona trabajadora haya prestado servicios en reducción de jornada, 
durante todo el mes o una parte del mismo.
d)  Cuando, en el mes natural, se hayan combinado días de inactividad y días 
trabajados en reducción de jornada.
En el caso de los días trabajados en reducción de jornada, las horas trabajadas se 
convertirán en días completos equivalentes de actividad. Para ello se dividirá el número 
total de horas trabajadas en el mes entre el número de horas que constituyesen la 
jornada habitual de la persona trabajadora con carácter previo a la aplicación de la 
reducción de jornada.
Las empresas que desafecten a alguna o a todas las personas trabajadoras, deberán 
comunicar a la Entidad Gestora la baja en la prestación de quienes dejen de estar 
afectadas  por  las  medidas  de  suspensión  o  reducción  con  carácter  previo  a  su 
efectividad. e
Las empresas que decidan renunciar con carácter total y definitivo al expediente de  bo
regulación temporal de empleo deberán igualmente efectuar la comunicación referida. 768ww
oblig6a. cióLna  dceo mlau enmicapcreiósna  pdree vciosmtau neinc aer l a alpaa Ertandtidoa d5  Gsee steonratie, ncdoen  csainr ápcteerrju picrieov iod,e  lalas 
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dichos datos a su disposición.
Artículo 7.  Prórroga de las medidas de protección por desempleo extraordinarias para 
personas con contrato fijo discontinuo o que realicen trabajos fijos y periódicos que 
se repitan en fechas ciertas.
1.  Podrán acceder a la prestación extraordinaria regulada en el artículo 9.1 del Real 
Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, las personas trabajadoras con contrato fijo 
discontinuo  y  aquellas  con  contrato  a  tiempo  parcial  que  realizan  trabajos  fijos  y 
periódicos que se repiten en fechas ciertas que hayan estado incluidas, durante todo o 
parte del periodo teórico de actividad del año 2021 por un expediente de regulación 
temporal de empleo basado en las causas recogidas en los artículos 22 y 23 del Real 
Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, cuando dejen de estar incluidas en el expediente de 
regulación temporal de empleo por alcanzarse la fecha en que hubiera finalizado el 
periodo de actividad, o cuando efectivamente finalice dicho periodo de actividad.
El reconocimiento de esta prestación exigirá la presentación por parte de la empresa 
de  una  solicitud  colectiva  de  prestaciones  extraordinarias,  que  incluirá  a  todas  las 
personas con contrato fijo discontinuo o para la realización de trabajos fijos y periódicos 
que se repitan en fechas ciertas que dejen de estar incluidas en el expediente de 
regulación temporal de empleo, o que finalicen un periodo de actividad durante el que se 
hayan visto afectadas por un expediente de regulación temporal de empleo.
2.  Igualmente  podrán  acceder  a  la  prestación  extraordinaria  regulada  en  el 
artículo 9 del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, las personas trabajadoras 
con contrato fijo discontinuo o contrato indefinido a tiempo parcial para desempeñar 
trabajos fijos y periódicos que se realizan en fechas ciertas que, sin haberse visto 
afectadas  por  un  expediente  de  regulación  temporal  de  empleo  durante  su  última 
campaña, vieran interrumpida su actividad con situación legal de desempleo, aunque 
tengan derecho a la prestación contributiva.
También podrán acceder a esta prestación extraordinaria las personas trabajadoras 
con contrato fijo discontinuo o contrato indefinido a tiempo parcial para desempeñar 
trabajos fijos y periódicos que se realizan en fechas ciertas, que agoten la prestación 
contributiva antes del 28 de febrero de 2022.
3.  La duración de esta prestación extraordinaria se extenderá desde el día siguiente 
a  la  finalización  de  la  campaña  de  actividad  o  del  agotamiento  de  la  prestación 
contributiva hasta el 28 de febrero de 2022. Para ello será necesario que la solicitud se 
presente dentro del plazo previsto en el artículo 268 del texto refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social. De no presentarse dentro de dicho plazo, la prestación 
nacerá el mismo día de la solicitud.
4.  La prestación podrá interrumpirse por la reincorporación temporal de la persona 
trabajadora a su actividad, debiendo en este caso la empresa comunicar a la Entidad 
Gestora  la  baja  de  la  persona  trabajadora  en  la  prestación  extraordinaria.  Será  la 
persona trabajadora la obligada a comunicar su baja a la Entidad Gestora si inicia un 
trabajo por cuenta propia o por cuenta ajena en empresa distinta de aquella con la que 
tiene suscrito el contrato fijo discontinuo. En todos los casos, la prestación extraordinaria 
podrá  reanudarse  previa  solicitud  de  la  persona  trabajadora  que  acredite  el  cese 
involuntario en el trabajo por cuenta propia o encontrarse nuevamente en situación legal 
de desempleo, siempre que aquella se presente antes del día 28 de febrero de 2022.
5.  Cuando la prestación extraordinaria se reconozca en virtud de lo dispuesto en el 
apartado 1, será compatible con el trabajo por cuenta ajena a tiempo parcial que se 
mantuviera  durante  el  expediente  de  regulación  temporal  de  empleo  previo,  sin 
deducción alguna. En el resto de los supuestos, procederá la deducción en el importe de  e.
la prestación de la parte proporcional al tiempo trabajado. w.b
6.  Esta prestación se abonará por periodos mensuales y se calculará sobre la  768ww
pmeisrsmoan ab aafseec taredgau lhaudboirear aq pueer cliab idúolt imo,a e np rseus tacacisóon,  lcao nbtarsibeu trievgau lpaodro rdae sdeem lap lepore sqtuaeci ólna 
contributiva.
No obstante, la cuantía de la prestación extraordinaria reconocida a las personas 
trabajadoras referidas en este artículo se determinará aplicando, a la base reguladora 
correspondiente, el porcentaje del 70 por ciento hasta el 28 de febrero de 2022.
7.  Las medidas extraordinarias en materia de protección por desempleo reguladas 
en el artículo 25.6 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, resultarán aplicables 
hasta el 28 de febrero de 2022.
TÍTULO II
Medidas para la protección de los trabajadores autónomos
Artículo 8.  Exención en la cotización a favor de los trabajadores autónomos que hayan 
percibido alguna modalidad de prestación por cese de actividad al amparo de lo 
dispuesto en el Real Decreto-ley 11/2021, de 27 de mayo, sobre medidas urgentes 
para  la  defensa  del  empleo,  la  reactivación  económica  y  la  protección  de  los 
trabajadores autónomos.
1.  A partir del 1 de octubre de 2021, los trabajadores autónomos incluidos en el 
Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o 
Autónomos, o en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del 
Mar,  que  estuvieran  de  alta  en  estos  regímenes  y  vinieran  percibiendo  el  30  de 
septiembre alguna de las prestaciones por cese de actividad previstas en los artículos 7 
y 8 del Real Decreto-ley 11/2021, de 27 de mayo, tendrán derecho a una exención de 
sus  cotizaciones  a  la  Seguridad  Social  y  formación  profesional  con  las  siguientes 
cuantías:
a)  90 por 100 de las cotizaciones correspondientes al mes de octubre.
b)  75 por 100 de las cotizaciones correspondientes al mes de noviembre.
c)  50 por 100 de las cotizaciones correspondientes al mes de diciembre.
d)  25 por 100 de las cotizaciones correspondientes al mes de enero de 2022.
Para  que  sean  aplicables  estos  beneficios  en  la  cotización  los  trabajadores 
autónomos deberán mantener el alta en el correspondiente régimen especial de la 
Seguridad Social hasta el 31 de enero de 2022.
2.  La base de cotización, a efectos de la determinación de la exención, será la base 
de cotización por la que venía cotizando el trabajador autónomo antes de acceder a la 
prestación por cese de actividad.
3.  La percepción de la prestación por cese de actividad en cualquiera de sus 
modalidades será incompatible con la exención en la cotización establecida en este 
precepto.
4.  La obtención de las exenciones contempladas en este precepto que resulten 
indebidas como consecuencia de la pérdida del derecho a las prestaciones de cese de 
actividad contemplada en los artículos 7 y 8 del Real Decreto-ley 11/2021, de 27 de 
mayo, dará lugar a la revisión de oficio por parte de la entidad u organismo competente.
5.  Lo dispuesto en este precepto será de aplicación a los trabajadores autónomos 
que agoten las prestaciones a las que se refiere el artículo 9 de este Real Decreto-Ley, a 
partir de la finalización de las exenciones a las que se refiere el apartado 4 de dicho 
artículo y hasta el 31 de enero de 2022.
6.  Las exenciones en las cotizaciones establecidas en este artículo serán asumidas  s
por las mutuas colaboradoras y, en su caso, por el Instituto Social de la Marina, como  oe.
entidades  con  cargo  a  cuyos  presupuestos  se  cubrieron  las  correspondientes  w.
prestaciones de los artículos 7 y 8 del Real Decreto-ley 11/2021, de 27 de mayo, que  768ww
olarsig iqnuaen  seel  dreerfeiecrheo  eas tees taarstí ceuxleon csieo naecsc.e Adsai mciosmmoo , csoen asectcuuaernác ciau adned olo a e lsatsa belxeecnidcoio neens  eal 
apartado anterior.
Artículo  9.  Prestación  extraordinaria  por  cese  de  actividad  para  los  trabajadores 
autónomos  afectados  por  una  suspensión  temporal  de  toda  la  actividad  como 
consecuencia de resolución de la autoridad competente como medida de contención 
de la propagación del virus COVID-19.
1.  A partir del 1 de octubre de 2021, los trabajadores autónomos que se vean 
obligados a suspender todas sus actividades como consecuencia de una resolución 
adoptada por la autoridad competente como medida de contención en la propagación del 
virus COVID-19, o mantengan por los mismos motivos la suspensión de su actividad 
iniciada  con  anterioridad  a  la  fecha  indicada,  tendrán  derecho  a  una  prestación 
económica por cese de actividad de naturaleza extraordinaria, en los términos que se 
establecen en este precepto, siempre que se reúnan los siguientes requisitos:
a)  Estar afiliados y en alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los 
Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o, en su caso, en el Régimen Especial de 
la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, al menos treinta días naturales antes de 
la fecha de la resolución que acuerde la suspensión de la actividad y, en todo caso, antes 
de la fecha de inicio de la misma cuando esta se hubiese decretado con anterioridad al 1 
de octubre de 2021.
b)  Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. No obstante, 
si en la fecha de la suspensión de la actividad no se cumpliera este requisito, el órgano 
gestor invitará al pago al trabajador autónomo para que en el plazo improrrogable de 
treinta días naturales  ingrese las cuotas debidas.  La  regularización del descubierto 
producirá plenos efectos para la adquisición del derecho a la protección.
2.  La cuantía de la prestación será del 70 por 100 de la base mínima de cotización 
que corresponda por la actividad desarrollada.
No obstante, cuando convivan en un mismo domicilio personas unidas por vínculo 
familiar o unidad análoga de convivencia hasta el primer grado de parentesco por 
consanguinidad o afinidad, y dos o más miembros tengan derecho a esta prestación 
extraordinaria por cese de actividad, la cuantía de cada una de las prestaciones será 
del 40 por 100.
3.  El derecho a la prestación nacerá desde el día siguiente a la adopción de la 
medida de cierre de actividad adoptada por la autoridad competente, o desde el 1 de 
octubre  de  2021  cuando  se  mantenga  la  suspensión  de  actividad  iniciada  con 
anterioridad a esta fecha.
4.  Durante el tiempo que permanezca la actividad suspendida se mantendrá el alta 
en el régimen especial correspondiente quedando el trabajador autónomo exonerado de 
la obligación de cotizar. La exoneración del ingreso de las cuotas se extenderá desde el 
primer día del mes en el que se adopte la medida de cierre de actividad, o desde el 1 de 
octubre  de  2021  cuando  se  mantenga  la  suspensión  de  actividad  iniciada  con 
anterioridad a esta fecha, hasta el último día del mes siguiente al que se levante dicha 
medida, o hasta el 28 de febrero de 2022 si esta última fecha fuese anterior.
El periodo durante el cual el trabajador autónomo esté exento de la obligación de 
cotizar se entenderá como cotizado y las cotizaciones que correspondan al mismo serán 
asumidas por las entidades con cargo a cuyos presupuestos se cubra la correspondiente 
prestación.
La base de cotización aplicable durante todo el periodo de percepción de esta 
prestación extraordinaria será en todo caso la establecida en el momento de inicio de  s
dicha prestación. oe.
ecoxttrizaLLaoaacrs did óiumnnra auarcti uailóaa pnsso   mrqc ucoáeelxas ibmpeou aerea nydd  aloar er taasesctno tei yvrd i deeda lec droI ennncsodht iisotcue iote omnl  eotSrsdao ibdcfiaeicaj aala rdápdo leiprc  oablrac e eiónMl nepa feidrcrieinca airblai oosp   drddoeeep  edoesursctctaiaco i únoplantriremeássnat a .eacni  óllana    2021-15768n https://www.
Tesorería General de la Seguridad Social la información necesaria, a través de los
procedimientos que establezca esta última, para la aplicación de lo establecido en este
apartado, tanto en el momento del reconocimiento provisional de la prestación como en 
la revisión posterior, conforme a lo establecido en el apartado 9.
5.  El  percibo  de  la  prestación  será  incompatible  con  la  percepción  de  una 
retribución por el desarrollo de un trabajo por cuenta ajena, salvo que los ingresos del 
trabajo por cuenta ajena sean inferiores a 1,25 veces el importe del salario mínimo 
interprofesional, con el desempeño de otra actividad por cuenta propia, con la percepción 
de rendimientos procedentes de la sociedad cuyo actividad se haya visto afectada por el 
cierre, así como con la percepción de una prestación de Seguridad Social salvo aquella 
que el beneficiario viniera percibiendo por ser compatible con el desempeño de la 
actividad que desarrollaba.
Por lo que se refiere a los trabajadores por cuenta propia incluidos en el Régimen 
Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, la prestación por cese de 
actividad será, además, incompatible con las ayudas por paralización de la flota.
6.  Los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado que hayan 
optado por su encuadramiento como trabajadores por cuenta propia en el régimen 
especial que corresponda tendrán derecho igualmente a esta prestación extraordinaria, 
siempre que reúnan los requisitos establecidos en este artículo.
7.  La gestión de esta prestación corresponderá a las mutuas colaboradoras con la 
Seguridad Social o al Instituto Social de la Marina.
8.  La percepción de esta nueva prestación tendrá una duración máxima de cinco 
meses, finalizando el derecho a la misma el último día del mes en que se acuerde el 
levantamiento de las medidas o el 28 de febrero de 2022, si esta última fecha fuese 
anterior.
El tiempo de percepción de la prestación no reducirá los periodos de prestación por 
cese de actividad a los que el beneficiario pueda tener derecho en el futuro.
9.  El reconocimiento de la prestación regulada en este artículo deberá solicitarse 
dentro de los primeros veintiún días naturales siguientes a la entrada en vigor del 
acuerdo o resolución de cierre de actividad, o antes del 21 de octubre cuando la 
suspensión de actividad se hubiera acordado con anterioridad al 1 de octubre de 2021 y 
no se estuviera percibiendo la prestación extraordinaria contemplada en el artículo 6 del 
Real Decreto-ley 11/2021, de 27 de mayo.
En el caso de que la solicitud se presente fuera del plazo establecido, el derecho a la 
prestación se iniciará el primer día del mes siguiente al de la solicitud. En estos casos, el 
trabajador autónomo quedará exento de la obligación de cotizar desde el día que tenga 
derecho a percibir la prestación.
Las entidades encargadas de la gestión de esta prestación, de acuerdo con la 
solicitud  presentada  y  los  documentos  en  su  caso  aportados,  dictará  la  resolución 
provisional que sea procedente, estimando o desestimando el derecho. Finalizada la 
medida de cierre de actividad se procederá a revisar todas las resoluciones provisionales 
adoptadas. En el supuesto de que se desprenda que el interesado no tiene derecho a la 
prestación, se iniciarán los trámites de reclamación de las cantidades indebidamente 
percibidas, debiendo además en estos casos ingresar las cotizaciones correspondientes 
a todo el periodo de percepción indebida de la prestación, aplicándose el procedimiento 
de gestión recaudatoria del sistema de la Seguridad Social en todos sus términos.
10.  En la solicitud de la prestación el interesado deberá comunicar a la mutua o a la 
entidad gestora de la prestación los miembros que integran la unidad familiar y si alguno 
de ellos es o puede ser perceptor de la prestación de cese de actividad o si cuentan con 
alguno otro tipo de ingresos, debiendo constar, asimismo, el consentimiento de todos los  s
miembros de la unidad familiar para el acceso a la información tributaria. oe.
Para poder admitir a trámite la solicitud, el interesado deberá aportar una declaración  w.
jurada de los ingresos que se perciben, en su caso, como consecuencia del trabajo por  768ww
lcause nmtau tuaajesn aco, laasbío craodmoora usn ean acuatrograizdaacsi ódne  ala l ag eAsdtmióinn idsetr alaci ópnre dseta claió Sne pgaurraid raedc aSboacri adl ey  laa 
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asiste  al  perceptor  de  la  prestación  de  presentar  un  certificado  de  empresa  y  la 
declaración de la renta a la entidad gestora de la prestación.
Artículo 10.  Prestación por cese de actividad compatible con el trabajo por cuenta 
propia.
1.  A partir del 1 de octubre de 2021, los trabajadores autónomos que a 30 de 
septiembre de 2021 vinieran percibiendo la prestación por cese de actividad compatible 
con el trabajo por cuenta propia regulada en el artículo 7 del Real Decreto-ley 11/2021, 
de 27 de mayo, y no hubieran agotado los periodos de prestación previstos en el 
artículo 338.1 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por 
el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, podrán continuar percibiéndola 
hasta el 28 de febrero de 2022, siempre que durante el tercer y cuarto trimestres 
de 2021, cumplan los requisitos que se indican en este precepto.
Asimismo,  podrán  solicitar  la  prestación  por  cese  de  actividad  prevista  en  el 
artículo  327  del  texto  refundido  de  la  Ley  General  de  la  Seguridad  Social,  los 
trabajadores  autónomos  en  los  que  concurran  las  condiciones  establecidas  en  los 
apartados a), b), d) y e) del artículo 330.1 del texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad  Social  y  cumplan  los  requisitos  que  se  contemplan  en  este  artículo.  El 
derecho a la percepción de esta prestación finalizará el 28 de febrero de 2022.
2.  El acceso a la prestación exigirá acreditar en el tercer y cuarto trimestre de 2021 
una reducción de los ingresos computables fiscalmente de la actividad por cuenta propia 
de más del 50 por 100 de los habidos en el tercer y cuarto trimestre de 2019, así como 
no haber obtenido durante el tercer y cuarto trimestre de 2021 unos rendimientos netos 
computables fiscalmente superiores a 8.070 euros.
Para el cálculo de la reducción de ingresos se tendrá en cuenta el periodo en alta en 
el tercer y cuarto trimestre de 2019 y se comparará con el tercer y cuarto trimestre 
de 2021.
En el caso de los trabajadores autónomos que tengan uno o más trabajadores a su 
cargo, deberá acreditarse, al tiempo de solicitar la prestación, el cumplimiento de todas 
las obligaciones laborales y de Seguridad Social que tengan asumidas. A tal objeto, los 
trabajadores autónomos emitirán una declaración responsable, pudiendo ser requeridos 
por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social o por la entidad gestora para que 
aporten los documentos precisos que acrediten este extremo.
3.  Quien a 30 de septiembre de 2021 viniera percibiendo la prestación contemplada 
en el artículo 7 del Real Decreto-ley 11/2021, de 27 de mayo, solo podrá causar derecho 
a esta prestación si no hubiera consumido en aquella fecha la totalidad del periodo 
previsto en el artículo 338.1 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
4.  El reconocimiento a la prestación se llevará a cabo por las mutuas colaboradoras 
o el Instituto Social de la Marina con carácter provisional con efectos de 1 de octubre 
de 2021, si se solicita dentro de los primeros veintiún días naturales de junio, o con 
efecto desde el día primero del mes siguiente a la solicitud en otro caso, debiendo ser 
regularizada a partir del 1 de mayo de 2022.
Para poder admitir a trámite la solicitud se autorizará a la Administración de la 
Seguridad  Social  y  a  las  mutuas  colaboradoras  encargadas  de  la  gestión  de  la 
prestación  para  recabar  de  la  administración  tributaria  correspondiente  los  datos 
tributarios necesarios para la revisión de los requisitos de acceso a la prestación.
5.  Las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social o el Instituto Social de la 
Marina recabarán de la administración tributaria correspondiente los datos tributarios del  e.
ejercicio 2021, a partir del 1 de mayo de 2022. w.b
Si las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social o el Instituto Social de la Marina 
no pudieran tener acceso a los datos obrantes en las administraciones tributarias, los 
trabajadores autónomos deberán aportar a la mutua colaboradora o al Instituto Social de 
la Marina en los diez días siguientes a su requerimiento:
1.º  Copia del modelo 303 de autoliquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido 
(IVA), correspondiente a las declaraciones del tercer y cuarto trimestre de 2019 y 2021.
Copia del modelo 130 correspondiente a la autoliquidación en pago fraccionado del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) del segundo y cuarto trimestre 
de 2019 y 2021.
2.º  Los trabajadores autónomos que tributen en el Impuesto sobre la Renta de las 
Personas  Físicas  (IRPF)  por  estimación  objetiva  (modelo  131)  deberán  aportar  la 
documentación necesaria o cualquier otro medio de prueba que sirva para acreditar los 
ingresos exigidos en este precepto.
No obstante, y a efectos de acreditación de la reducción de los ingresos computables 
fiscalmente de la actividad por cuenta propia de más del 50 por 100 de los habidos en el 
tercer y cuarto trimestre de 2019, se entenderá que los trabajadores autónomos que 
tributen  por  estimación  objetiva  han  experimentado  esa  reducción  siempre  que  el 
número medio diario de las personas trabajadoras afiliadas y en alta al sistema de la 
Seguridad Social en la actividad económica correspondiente, expresada a 4 dígitos 
(CNAE), durante el periodo al que corresponda la prestación, sea inferior en más de 
un 7,5 por 100 al número medio diario correspondiente al tercer y cuarto trimestre 
de 2019.
6.  Comprobados los datos por la entidad colaboradora o gestora competente para 
el reconocimiento de la prestación, se procederá a reclamar las prestaciones percibidas 
por aquellos trabajadores autónomos que no cumplan los requisitos establecidos en este 
precepto.
La  entidad  competente  para  la  reclamación  fijará  la  fecha  de  ingreso  de  las 
cantidades reclamadas que deberán hacerse sin intereses o recargo.
Transcurrido el plazo fijado en la resolución que al efecto se dicte, la Tesorería 
General de la Seguridad Social procederá a reclamar la deuda pendiente, con los 
recargos  e  intereses  que  procedan  conforme  al  procedimiento  administrativo  de 
recaudación establecido en el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad 
Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio.
7.  El trabajador autónomo, durante el tiempo que esté percibiendo la prestación, 
deberá ingresar en la Tesorería General de la Seguridad Social la totalidad de las 
cotizaciones aplicando los tipos vigentes a la base de cotización correspondiente.
La mutua colaboradora o, en su caso, el Instituto Social de la Marina, abonará al 
trabajador junto, con la prestación por cese en la actividad, el importe de las cotizaciones 
por contingencias comunes que le hubiera correspondido ingresar de encontrarse el 
trabajador autónomo sin desarrollar actividad alguna, en aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 329 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
8.  En los supuestos de cese definitivo en la actividad con anterioridad al 28 de 
febrero de 2022, los límites de los requisitos fijados en este artículo se tomarán de 
manera proporcional al tiempo de la duración de la actividad. A estos efectos, el cálculo 
se hará computándose en su integridad el mes en que se produzca la baja en el régimen 
de Seguridad Social en el que estuviera encuadrado.
9.  El trabajador autónomo que haya solicitado el pago de la prestación regulada en  e
este artículo podrá: bo
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de esperar a la reclamación de la mutua colaboradora con la Seguridad Social o de la
entidad gestora, cuando considere que los rendimientos netos computables fiscalmente
durante el tercer y cuarto trimestres del año 2021 superarán los umbrales establecidos 
en el apartado 2 con la correspondiente pérdida del derecho a la prestación.
10.  No obstante lo establecido en los apartados anteriores, la prestación de cese de 
actividad podrá ser compatible con el trabajo por cuenta ajena, siendo las condiciones 
aplicables en este supuesto las siguientes:
a)  Los ingresos netos computables fiscalmente procedentes del trabajo por cuenta 
propia y los ingresos procedentes del trabajo por cuenta ajena no podrá superar 2,2 
veces el salario mínimo interprofesional. En la determinación de este cómputo, los 
ingresos procedentes del trabajo por cuenta ajena no superarán 1,25 veces el importe 
del salario mínimo interprofesional.
b)  La cuantía de la prestación será el 50 % de la base de cotización mínima que le 
corresponda en función de la actividad.
c)  Junto con la solicitud se aportará una declaración jurada de los ingresos que se 
perciben como consecuencia del trabajo por cuenta ajena, sin perjuicio de la obligación 
que asiste de presentar un certificado de empresa y la declaración de la renta a la 
entidad gestora de la prestación.
d)  Será de aplicación lo dispuesto en los apartados anteriores siempre que no 
contradigan lo dispuesto en este apartado.
Artículo 11.  Prestación extraordinaria de cese de actividad para aquellos trabajadores 
autónomos que ejercen actividad y a 30 de septiembre de 2021 vinieran percibiendo 
alguna de las prestaciones de cese de actividad previstas en los artículos 7 y 8 del 
Real Decreto-ley 11/2021, de 27 de mayo, sobre medidas urgentes para la defensa 
del empleo, la reactivación económica y la protección de los trabajadores autónomos 
y no puedan causar derecho a la prestación ordinaria de cese de actividad prevista 
en el artículo 10 de este real decreto-ley.
1.  Los trabajadores autónomos que ejercen actividad y a 30 de septiembre de 2021 
vinieran percibiendo alguna de las prestaciones de cese de actividad previstas en los 
artículos 7 y 8 del Real Decreto-ley 11/2021, de 27 de mayo y no puedan causar derecho 
a la prestación ordinaria de cese de actividad prevista en el artículo anterior podrán 
acceder, a partir de 1 de octubre de 2021, a la prestación económica de cese de 
actividad de naturaleza extraordinaria prevista en este artículo, siempre que reúnan los 
siguientes requisitos:
a)  Estar dado de alta y al corriente en el pago de las cotizaciones en el Régimen 
Especial de Trabajadores Autónomos o en el Régimen Especial de Trabajadores del Mar 
como trabajador por cuenta propia desde antes del 1 de abril de 2020.
No obstante, si en la fecha de la presentación de la solicitud no se cumpliera el 
requisito de estar al corriente en el pago de las cotizaciones, el órgano gestor invitará al 
pago al trabajador autónomo para que en el plazo improrrogable de treinta días naturales 
ingrese las cuotas debidas. La regularización del descubierto producirá plenos efectos 
para la adquisición del derecho a la protección.
b)  No  tener  rendimientos  netos  computables  fiscalmente  procedentes  de  la 
actividad por cuenta propia en el tercer y cuarto trimestre de 2021 superiores al 75 
por 100 del salario mínimo interprofesional en dicho periodo.
c)  Acreditar  en  el  cuarto  trimestre  del  2021  un  total  de  ingresos  computables 
fiscalmente de la actividad por cuenta propia inferior en un 75 por 100 a los habidos en el  e.
cuarto trimestre de 2019. w.b
Para el cálculo de la reducción de ingresos se tendrá en cuenta el periodo en alta en  768ww
ehla bciudaorsto e ntr ieml ecsutarert od ter im20e1st9r ey d see 2 0c2o1m peanr laar ám icsomna  lap roppaortrec iópnro.porcional de los ingresos
2.  La cuantía de la prestación será del 50 por 100 de la base mínima de cotización
que corresponda por la actividad desarrollada.
No obstante, cuando convivan en un mismo domicilio personas unidas por vínculo 
familiar o unidad análoga de convivencia hasta el primer grado de parentesco por 
consanguinidad  o  afinidad,  y  dos  o  más  miembros  tengan  derecho  a  esta  u  otra 
prestación de cese de actividad, la cuantía de esta prestación será del 40 por 100.
3.  En el caso de los trabajadores autónomos que tengan uno o más trabajadores a 
su cargo, deberá acreditarse, al tiempo de solicitar la prestación, el cumplimiento de 
todas las obligaciones laborales y de Seguridad Social que tengan asumidas. A tal 
objeto, emitirán una declaración responsable, pudiendo ser requeridos por las mutuas 
colaboradoras con la Seguridad Social o por la entidad gestora para que aporten los 
documentos precisos que acrediten este extremo.
4.  Esta  prestación  extraordinaria  por  cese  de  actividad  podrá  comenzar  a 
devengarse con efectos de 1 de octubre de 2021 y tendrá una duración máxima de cinco 
meses,  siempre  que  la  solicitud  se  presente  dentro  de  los  primeros  veintiún  días 
naturales de octubre. En caso contrario, los efectos quedan fijados en el primer día del 
mes siguiente al de la presentación de la solicitud. La duración de esta prestación no 
podrá exceder del 28 de febrero de 2022.
5.  El  percibo  de  la  prestación  será  incompatible  con  la  percepción  de  una 
retribución por el desarrollo de un trabajo por cuenta ajena, con el desempeño de otra 
actividad por cuenta propia, con la percepción de rendimientos procedentes de una 
sociedad y con la percepción de una prestación de Seguridad Social, salvo aquella que 
el beneficiario viniera percibiendo por ser compatible con el desempeño de la actividad 
que desarrollaba.
Por lo que se refiere a los trabajadores por cuenta propia incluidos en el Régimen 
Especial de los Trabajadores del Mar, la prestación por cese de actividad será además 
incompatible con las ayudas por paralización de la flota.
6.  El trabajador autónomo, durante el tiempo que esté percibiendo la prestación, 
deberá  permanecer  en  alta  en  el  régimen  de  Seguridad  Social  correspondiente  e 
ingresar en la Tesorería General de la Seguridad Social la totalidad de las cotizaciones 
aplicando los tipos vigentes a la base de cotización correspondiente.
La mutua colaboradora o, en su caso, el Instituto Social de la Marina, abonará al 
trabajador autónomo junto con la prestación por cese en la actividad, el importe de las 
cotizaciones  por  contingencias  comunes  que  le  hubiera  correspondido  ingresar  de 
encontrarse el trabajador autónomo sin desarrollar actividad alguna, en aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 329 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
La base de cotización aplicable durante todo el periodo de percepción de esta 
prestación extraordinaria será, en todo caso, la establecida en el momento de inicio de 
dicha prestación.
Las mutuas colaboradoras y el Instituto Social de la Marina proporcionarán a la 
Tesorería General de la Seguridad Social la información necesaria, a través de los 
procedimientos que establezca esta última, para la aplicación de lo establecido en este 
apartado, tanto en el momento del reconocimiento provisional de la prestación como en 
la revisión posterior, conforme a lo establecido en los apartados 8 y 9 de este artículo.
7.  Se extinguirá el derecho a la prestación si durante la percepción de la misma 
concurren los requisitos para causar derecho a la prestación de cese de actividad 
contemplada en el artículo 10 de esta norma o a la prestación de cese de actividad 
regulada en los artículos 327 y siguientes del texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad  Social,  sin  perjuicio  del  derecho  que  asiste  al  interesado  a  solicitar  la 
prestación correspondiente. s
8.  Los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado que hayan  oe.
optado por su encuadramiento como trabajadores por cuenta propia en el régimen  w.
especial que corresponda tendrán derecho igualmente a esta prestación extraordinaria  768ww
en lo9s.  téLram igneosst ieósnt adbel eecsidtao sp,r seisetmacpióren  qcuoerr reesúpnoannd elorsá  rae qlausis mitoust upaasr ac eolllaob.oradoras con la
Seguridad Social o al Instituto Social de la Marina.
Las entidades encargadas de la gestión de esta prestación, de acuerdo con la 
solicitud  presentada  y  los  documentos  en  su  caso  aportados,  dictará  la  resolución 
provisional que sea procedente, estimando o desestimando el derecho.
Para poder admitir a trámite la solicitud se deberá aportar una declaración jurada de 
los ingresos que se perciben, en su caso, como consecuencia del trabajo por cuenta 
ajena,  y  autorización  a  la  Administración  de  la  Seguridad  Social  y  a  las  mutuas 
colaboradoras  encargadas  de  la  gestión  de  la  prestación  para  recabar  de  la 
administración tributaria correspondiente los datos tributarios necesarios para la revisión 
de los requisitos de acceso a la prestación. Todo ello sin perjuicio de la obligación que 
asiste  al  perceptor  de  la  prestación  de  presentar  un  certificado  de  empresa  y  la 
declaración de la renta a la entidad gestora de la prestación.
10.  A partir del 1 de mayo de 2022 se procederá a revisar todas las resoluciones 
provisionales adoptadas.
a)  A tal objeto, las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social recabarán de la 
administración tributaria correspondiente los datos tributarios relativos a los tres últimos 
trimestres de 2019 y 2021.
Si las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social o el Instituto Social de la Marina 
no pudieran tener acceso a los datos obrantes en las administraciones tributarias, los 
trabajadores autónomos deberán aportar a la mutua colaboradora en los diez días 
siguientes a su requerimiento:
1.º  Copia del modelo 390 de declaración resumen anual IVA del año 2019 y sus 
liquidaciones trimestrales (modelos 303), así como las liquidaciones del segundo, tercer 
y cuarto trimestre del año 2021 (modelos 303).
Copia del modelo 130 correspondiente a la autoliquidación de cada trimestre a 
cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de los años 2019, 
2020 y 2021. Declaración de la renta de las personas físicas o certificado de empresas 
donde consten las retribuciones percibidas por cuenta ajena.
2.º  Los trabajadores autónomos que tributen en el Impuesto sobre la Renta de las 
Personas  Físicas  (IRPF)  por  estimación  objetiva  (modelo  131)  deberán  aportar  la 
documentación necesaria para acreditar los ingresos exigidos en este precepto.
No obstante, y a efectos de acreditación de la reducción de los ingresos computables 
fiscalmente de la actividad por cuenta propia, así como el límite de rendimientos netos, 
se entenderá que los trabajadores autónomos que tributen por estimación objetiva han 
experimentado estas circunstancias siempre que el número medio diario de las personas 
trabajadoras  afiliadas  y  en  alta  al  sistema  de  la  Seguridad  Social  en  la  actividad 
económica correspondiente, expresada a cuatro dígitos (CNAE), durante el periodo al 
que corresponda la prestación, sea inferior en más de un 7,5 % al número medio diario 
correspondiente al cuarto trimestre de 2019.
b)  En el supuesto de que se desprenda que el interesado no tiene derecho a la 
prestación, se iniciarán los trámites de reclamación de las cantidades indebidamente 
percibidas.
A tal objeto, la entidad competente para el reconocimiento de la prestación dictará 
resolución fijando el importe de la cantidad a reintegrar que deberá hacerse sin intereses 
o recargo en el plazo que se determine en la resolución.
Transcurrido el plazo fijado en la resolución que al efecto se dicte, la Tesorería 
General de la Seguridad Social procederá a reclamar la deuda pendiente, con los  s
recargos  e  intereses  que  procedan  conforme  al  procedimiento  administrativo  de  oe.
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a la entidad gestora de la prestación los miembros que integran la unidad familiar y si
alguno de ellos es o puede ser perceptor de la prestación de cese de actividad o si 
cuentan con algún otro tipo de ingresos.
12.  El trabajador autónomo que haya solicitado el pago de la prestación regulada 
en este artículo podrá:
a)  Renunciar a ella en cualquier momento antes del 31 de enero de 2022, surtiendo 
efectos la renuncia el mes siguiente a su comunicación.
b)  Devolver por iniciativa propia la prestación por cese de actividad, sin necesidad 
de esperar a la reclamación de la mutua colaboradora con la Seguridad Social o de la 
entidad  gestora,  cuando  considere  que  los  ingresos  percibidos  durante  el  cuarto 
trimestre de 2021 o la caída de la facturación en ese mismo periodo superarán los 
umbrales establecidos en el apartado 1 con la correspondiente pérdida del derecho a la 
prestación.
Artículo  12.  Prestación  extraordinaria  de  cese  de  actividad  para  los  trabajadores 
autónomos de temporada.
1.  A  los  efectos  de  este  precepto  se  consideran  trabajadores  de  temporada 
aquellos trabajadores autónomos cuyo único trabajo a lo largo de los años 2018 y 2019 
se hubiera desarrollado en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o en el 
Régimen Especial de Trabajadores del Mar durante un mínimo de cuatro meses y un 
máximo de siete meses en cada uno de los años referidos.
Se considerará que el trabajador autónomo ha desarrollado un único trabajo en 2018 
y 2019 siempre que, de haber estado de alta en un régimen de seguridad social como 
trabajador por cuenta ajena, dicha alta no supere los ciento veinte días a lo largo de esos 
años.
2.  Serán requisitos para causar derecho a la prestación:
a)  Haber  estado  de  alta  y  cotizado  en  el  Régimen  Especial  de  Trabajadores 
Autónomos o en el Régimen Especial de Trabajadores del Mar como trabajador por 
cuenta propia durante un mínimo de cuatro meses y un máximo de siete meses de cada 
uno de los años 2018 y 2019, siempre que ese marco temporal abarque un mínimo de 
dos meses entre los meses de octubre a diciembre de esos años.
b)  No haber estado en alta o asimilado al alta como trabajador por cuenta ajena en 
el régimen de Seguridad Social correspondiente más de sesenta días durante el tercer y 
cuarto trimestres del año 2021.
c)  No obtener durante el tercer y cuarto trimestres del año 2021 unos ingresos 
netos computables fiscalmente que superen los 6.725 euros.
d)  Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. No obstante, 
si  no  se  cumpliera  este  requisito,  el  órgano  gestor  invitará  al  pago  al  trabajador 
autónomo para que en el plazo improrrogable de treinta días naturales ingrese las cuotas 
debidas. La regularización del descubierto producirá plenos efectos para la adquisición 
del derecho a la protección.
3.  La cuantía de la prestación regulada en este artículo será el equivalente al 70 
por 100 de la base mínima de cotización que corresponda por la actividad desempeñada 
en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o 
Autónomos o, en su caso, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los 
Trabajadores del Mar.
4.  La prestación extraordinaria por cese de actividad regulada en este artículo  e.
podrá comenzar a devengarse con efectos de 1 de octubre de 2021 y tendrá una  w.b
duración máxima de cinco meses, siempre que la solicitud se presente dentro de los  768ww
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no podrá exceder del 28 de febrero de 2022.
5.  Durante  la  percepción  de  la  prestación  no  existirá  obligación  de  cotizar, 
permaneciendo el trabajador en situación de alta o asimilada al alta en el régimen de 
Seguridad Social correspondiente.
6.  Las cotizaciones por las que no exista obligación de cotizar serán asumidas por 
las entidades con cargo a cuyos presupuestos se cubra la correspondiente prestación.
7.  Esta prestación será incompatible con el trabajo por cuenta ajena y con cualquier 
prestación de Seguridad Social que el beneficiario viniera percibiendo salvo que fuera 
compatible  con  el  desempeño  de  la  actividad  como  trabajador  por  cuenta  propia. 
Asimismo, será incompatible con el trabajo por cuenta propia y con la percepción de 
rendimientos procedentes de la sociedad cuya actividad se haya visto afectada por el 
cierre, cuando los ingresos que se perciban en el tercer y cuarto trimestres del año 2021 
superen los 6.725 euros.
Por lo que se refiere a los trabajadores por cuenta propia incluidos en el Régimen 
Especial de los Trabajadores del Mar, la prestación por cese de actividad será, asimismo, 
incompatible con la percepción de las ayudas por paralización de la flota.
8.  Los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado que hayan 
optado por su encuadramiento como trabajadores por cuenta propia en el régimen 
especial  que  corresponda  tendrán  derecho,  en  las  mismas  condiciones,  a  esta 
prestación  extraordinaria,  siempre  que  reúnan  los  requisitos  establecidos  en  este 
artículo.
9.  La gestión de esta prestación corresponderá a las mutuas colaboradoras con la 
Seguridad Social o al Instituto Social de la Marina.
Para poder admitir a trámite la solicitud se autorizará a la Administración de la 
Seguridad  Social  y  a  las  mutuas  colaboradoras  encargadas  de  la  gestión  de  la 
prestación  para  recabar  de  la  administración  tributaria  correspondiente  los  datos 
tributarios necesarios para la revisión de los requisitos de acceso a la prestación.
10.  El reconocimiento de la prestación regulada en este artículo podrá solicitarse en 
cualquier momento durante el periodo comprendido entre la entrada en vigor de la norma 
y el mes de enero de 2022.
Los efectos de la solicitud son los determinados en el apartado 4.
Las entidades gestoras, de acuerdo con la solicitud presentada y los documentos en 
su caso aportados, dictará la resolución provisional que sea procedente, estimando o 
desestimando el derecho.
11.  A partir del 1 de mayo de 2022 se procederá a revisar todas las resoluciones 
provisionales adoptadas.
a)  A tal objeto, las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social o el Instituto 
Social de la Marina recabarán de la administración tributaria correspondiente los datos 
tributarios correspondientes al tercer y cuarto trimestre del año 2021.
Si las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social o el Instituto Social de la Marina 
no pudieran tener acceso a los datos obrantes en las administraciones tributarias, los 
trabajadores autónomos deberán aportar a la mutua colaboradora en los diez días 
siguientes a su requerimiento:
1.º  Copia del modelo 303 de declaración del tercer y cuarto trimestre del año 2021.
Copia del modelo 130 correspondiente a la autoliquidación en pago fraccionado del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) del tercer y cuarto trimestre del 
año 2021.
2.º  Los trabajadores autónomos que tributen en el Impuesto sobre la Renta de las  e
Personas  Físicas  (IRPF)  por  estimación  objetiva  (modelo  131)  deberán  aportar  la  bo
documentación necesaria para acreditar los ingresos exigidos en este precepto. 768ww
presbta) cióEnn,  esle  siunpicuieasráton  dloes  qturáem siete sd edsep rreencdlaam qauceió enl  dinet elraess acdaon tindoa dtieesn ein ddeerbeidcahmo ean tlea 
percibidas.
A tal objeto, la entidad competente para el reconocimiento de la prestación dictará 
resolución fijando el importe de la cantidad a reintegrar que deberá hacerse sin intereses 
o recargo en el plazo que se determine en la resolución.
Transcurrido el plazo fijado en la resolución que al efecto se dicte, la Tesorería 
General de la Seguridad Social procederá a reclamar la deuda pendiente, con los 
recargos  e  intereses  que  procedan  conforme  al  procedimiento  administrativo  de 
recaudación establecido en el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad 
Social.
12.  El  trabajador  autónomo  de  temporada  que  haya  solicitado  el  pago  de  la 
prestación regulada en este artículo podrá:
a)  Renunciar a ella en cualquier momento antes del 31 de enero de 2022 surtiendo 
efectos la renuncia el mes siguiente a su comunicación.
b)  Devolver por iniciativa propia la prestación por cese de actividad, sin necesidad 
de esperar a la reclamación de la mutua colaboradora con la Seguridad Social o de la 
entidad gestora, cuando considere que los ingresos que puede percibir por el ejercicio de 
la actividad durante el tiempo que puede causar derecho a ella superarán los umbrales 
establecidos  en  el  apartado  2.c)  con  la  correspondiente  pérdida  del  derecho  a  la 
prestación.
Disposición adicional primera.  Comisión de Seguimiento tripartita laboral.
1.  La Comisión de Seguimiento tripartita laboral estará integrada por el Ministerio 
de Trabajo y Economía Social, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones 
y  por  la  Confederación  Española  de  Organizaciones  Empresariales  (CEOE),  la 
Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME), Comisiones 
Obreras (CC.OO.) y la Unión General de Trabajadores (UGT), y tendrá como funciones, 
desde  la  entrada  en  vigor  de  este  real  decreto-ley,  la  valoración  de  las  medidas 
recogidas en este y de la evolución de la actividad económica y el empleo.
2.  Para el desarrollo de dichas funciones, el Ministerio de Trabajo y Economía 
Social y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones remitirán, con carácter 
mensual, a las organizaciones integrantes de esta Comisión, los datos necesarios sobre 
la evolución de las medidas recogidas en esta norma.
Así mismo, la Comisión se reunirá, previa convocatoria remitida al efecto por el 
Ministerio de Trabajo y Economía Social cuando se entienda necesario, o cuando lo 
solicite formalmente alguna de las organizaciones que la integran.
Disposición adicional segunda.  Actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social.
Corresponderá a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en el ejercicio de sus 
competencias,  el  control  del  cumplimiento  de  los  requisitos  y  de  las  obligaciones 
establecidas en relación a las exenciones en las cotizaciones de la Seguridad Social 
previstas en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo; el Real Decreto-ley 18/2020, 
de 12 de mayo; el Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio; el Real Decreto-ley 30/2020, 
de 29 de septiembre; el Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre; el Real Decreto-
ley 2/2021, de 26 de enero; el Real Decreto-ley 11/2021, de 27 de mayo, y en el 
artículo 4 y la disposición transitoria única de este real decreto-ley.
A tales efectos, se desarrollarán aquellas acciones de control que se determinen  e.
sobre la correcta aplicación de las exenciones en el pago de las cuotas de la Seguridad  w.b
Social,  pudiendo  iniciarse  en  caso  de  incumplimiento  de  la  normativa  los  768ww
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para el cálculo de las correspondientes liquidaciones de cuotas, y sobre la indebida
existencia de actividad laboral durante los períodos comunicados por la empresa de 
suspensión de la relación laboral o reducción de la jornada de trabajo, en los que se 
hayan aplicado exenciones en la cotización.
Disposición adicional tercera.  Vinculación de los beneficios en materia de cotización al 
desarrollo de acciones formativas en el ámbito del Mecanismo de Sostenibilidad en el 
Empleo.
1.  En el ámbito del futuro Mecanismo de Sostenibilidad en el Empleo se preverá 
una vinculación directa de los beneficios en materia de cotización al desarrollo efectivo, 
por parte de las empresas, de acciones formativas a favor de las personas trabajadoras 
afectadas por la reducción de jornada derivada de su aplicación, en los términos que 
determinen sus normas reguladoras, y se podrá valorar el conjunto de la oferta formativa.
2.  Los expedientes de regulación temporal de empleo a los que se refieren los 
artículos 1 y 2, que, conforme a la futura previsión legal, transiten al Mecanismo de 
Sostenibilidad  del  Empleo,  deberán  dirigir  las  acciones  formativas  a  las  que  hace 
referencia  el  apartado  anterior  a  fomentar  la  transición  profesional  necesaria  para 
afrontar los cambios económicos o tecnológicos (ecológicos, energéticos, de transición 
digital) que requieran una revisión de su organización.
Disposición  adicional  cuarta.  Acceso  a  las  medidas  extraordinarias  en  materia  de 
cotización y protección por desempleo.
1.  Sin perjuicio de lo previsto en los artículos 1 y 2, será requisito indispensable 
para la aplicación de las medidas extraordinarias en materia de cotización previstas en el 
artículo 4, y para el reconocimiento de las prestaciones por desempleo, la presentación, 
por parte de las empresas, de una relación de las siguientes personas trabajadoras, 
según proceda:
a)  En  el  caso  de  expedientes  de  regulación  temporal  de  empleo  prorrogados 
conforme al artículo 1, las personas trabajadoras que estuvieran incluidas a fecha de 30 
de septiembre de 2021 en el ámbito de aplicación del expediente de regulación temporal 
de empleo, y las que vayan a permanecer en dicho expediente durante la prórroga.
b)  En el caso de expedientes autorizados o comunicados conforme al artículo 2, las 
personas trabajadoras incluidas en el expediente de regulación temporal de empleo en el 
momento del comienzo de su aplicación.
2.  Este listado deberá ser presentado en el plazo de cinco días hábiles desde el día 
en que produzca efectos la resolución expresa o por silencio administrativo que estime la 
solicitud  de  prórroga  o  de  autorización,  o  desde  la  fecha  en  que  se  produzca  la 
comunicación, según proceda en cada caso.
Deberá presentarse en la sede electrónica del Ministerio de Trabajo y Economía 
Social, en el modelo recogido en el anexo, que será publicado en la página web de este 
Ministerio y que, una vez cumplimentado, se pondrá a disposición de la autoridad laboral 
competente, la Tesorería General de la Seguridad Social, el Servicio Público de Empleo 
Estatal y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, a los efectos que proceda de 
acuerdo con sus respectivas competencias.
3.  En el supuesto de que se produzcan alteraciones en el número de personas 
trabajadoras afectadas o en la identidad de las mismas, por cualquier causa y de 
acuerdo con los requisitos establecidos para ello, la empresa deberá presentar un nuevo  e.
listado con la relación de las nuevas personas trabajadoras que pasen a estar incluidas  w.b
en el expediente de regulación temporal de empleo en los términos previstos en este  768ww
apartado.
Disposición adicional quinta.  Medidas extraordinarias para las empresas y personas 
trabajadoras de las Islas Canarias afectadas por la erupción volcánica registrada en 
la zona de Cumbre Vieja.
1.  Las empresas afectadas por la erupción volcánica registrada en la zona de 
Cumbre Vieja, que tengan códigos de cuenta de cotización correspondientes a las 
provincias de la Comunidad Autónoma de Canarias, que hayan visto o vean impedido o 
limitado el desarrollo de su actividad normalizada y se les autorice un expediente de 
regulación temporal de empleo en base a lo previsto en el artículo 47.3 del texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, como consecuencia de dicho motivo, tendrán 
derecho a los beneficios extraordinarios previstos en esta disposición adicional, en los 
términos regulados en los apartados siguientes.
En relación a estos expedientes, la autoridad laboral deberá dictar resolución en el 
plazo de cinco días, resultando facultativo la solicitud del informe al que hace referencia 
el  artículo  33.1  del  Reglamento  de  los  procedimientos  de  despido  colectivo  y  de 
suspensión  de  contratos  y  reducción  de  jornada,  aprobado  por  el  Real 
Decreto 1483/2012, de 29 de octubre.
En el caso de ausencia de resolución expresa, se entenderá estimada la solicitud.
2.  Estos expedientes surtirán efectos desde la fecha del hecho causante de la 
fuerza mayor y se mantendrán vigentes hasta el 28 de febrero de 2022, resultándoles, en 
su caso, igualmente de aplicación el mecanismo de transición regulado en el artículo 2, 
apartados 2 y 3.
3.  Las empresas a las que se refiere el apartado 1 podrán beneficiarse, respecto de 
las personas trabajadoras que tengan sus actividades suspendidas o reducidas, por los 
periodos y porcentajes de jornada afectados por la suspensión, de los porcentajes de 
exoneración, para los meses de septiembre de 2021 a febrero de 2022, que se indican a 
continuación:
a)  Los expedientes de regulación temporal de empleo por impedimentos en la 
actividad podrán beneficiarse de una exoneración del 100 por ciento de la aportación 
empresarial devengada durante el periodo de cierre, y hasta el 28 de febrero de 2022.
b)  Los  expedientes  de  regulación  temporal  de  empleo  por  limitaciones  en  la 
actividad podrán beneficiarse de una exoneración del 90 por ciento de la aportación 
empresarial devengada durante el periodo afectado, y hasta el 28 de febrero de 2022.
4.  Las exenciones a las que se refiere esta disposición se aplicarán al abono de la 
aportación empresarial prevista en el artículo 273.2 del texto refundido de la Ley General 
de la Seguridad Social, así como del relativo a las cuotas por conceptos de recaudación 
conjunta.
El procedimiento y requisitos para la aplicación de las exoneraciones de cuotas a las 
que se refiere esta disposición adicional serán los establecidos en el artículo 2 del Real 
Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre.
5.  Las personas trabajadoras afectadas por los expedientes de regulación temporal 
de empleo previstos en esta disposición se beneficiarán, así mismo, de las medidas 
extraordinarias previstas en el artículo 6.
Así  mismo,  el  tiempo  en  que  se  perciba  la  prestación  por  desempleo  de  nivel 
contributivo que traiga su causa inmediata de las citadas circunstancias extraordinarias 
no  computará  a  los  efectos  de  consumir  los  períodos  máximos  de  percepción  s
establecidos. oe.
pinrcoolo76mn..  pgauELteianb sm le eásel s xc ecoananllcsá lio aod sne deel es2s  t8aeq bdnule ee l cafeil dabca roesst riieztouna ad ceceióli  ó2nan0 r t2ríece2gux, ulceolela  4pGd.caoiosb nieearnln  ode elslsetacv raidtraáis  paeo ncs aicbeioól  nlaa psaa daritccatiodunoaa cil1o  snoseens    2021-15768n https://www.
oportunas para que la vigencia de las medidas contenidas en esta disposición adicional
se prolongue mientras se mantenga dicha situación.
Disposición  adicional  sexta.  Medidas  extraordinarias  de  Seguridad  Social  para  los 
trabajadores autónomos afectados por la erupción volcánica registrada en la zona de 
Cumbre Vieja en La Palma.
1.  Los trabajadores autónomos que se vean obligados a suspender o cesar en la 
actividad como consecuencia directa de la erupción volcánica registrada en la zona de 
Cumbre Vieja en La Palma podrán causar derecho a percibir la prestación por cese de 
actividad, regulada en el título V del texto refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, sin que se 
computen, a efectos de consumir los períodos máximos de percepción establecidos, los 
cinco primeros meses de percepción de la prestación.
Se considerará como cumplido, a los efectos de poder acceder a la prestación por 
cese  de  actividad,  el  requisito  de  cotización,  previsto  en  el  artículo  338  del  texto 
refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
2.  Los trabajadores autónomos que a 30 de septiembre hayan percibido algunas de 
las prestaciones recogidas en los artículos 6, 7 y 8 o en la disposición transitoria 
segunda del Real Decreto-ley 11/2021, de 27 de mayo, sobre medidas urgentes para la 
defensa  del  empleo,  la  reactivación  económica  y  la  protección  de  los  trabajadores 
autónomos,  y  se  vean  obligados  a  suspenden  o  cesar  en  su  actividad  como 
consecuencia de la erupción volcánica registrada en la zona de Cumbre Vieja en La 
Palma, tendrán derecho a percibir cinco meses de prestación de cese de actividad que 
no se les computará a los efectos de consumir los períodos máximos de percepción 
establecidos.
Disposición adicional séptima.  Comisión mixta para la reconstrucción, recuperación y 
apoyo a la isla de La Palma.
1.  Se crea una Comisión mixta integrada por representantes de la Administración 
General del Estado, de la Comunidad Autónoma de Canarias y de las entidades locales 
afectadas, con la finalidad de planificar, impulsar y coordinar las actuaciones y medidas 
que impulsen las Administraciones públicas para paliar los perjuicios que traen causa de 
los movimientos sísmicos y las erupciones volcánicas iniciadas en la isla de La Palma a 
partir del mes de septiembre.
2.  La Comisión mixta será copresidida por la persona titular del Ministerio de la 
Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, y por el Presidente de la 
Comunidad Autónoma de Canarias; formando asimismo parte de la misma:
a)  Tres representantes de la Administración General del Estado designados por la 
persona titular del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria 
Democrática.  El  Delegado  del  Gobierno  en  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias 
sustituirá, en su caso, a la persona titular del Ministerio de la Presidencia, Relaciones 
con las Cortes y Memoria Democrática.
b)  Tres representantes designados por la Comunidad Autónoma de Canarias.
c)  Cuatro  representantes  de  las  entidades  locales  afectadas,  que  serán  el 
Presidente del Cabildo Insular de La Palma, y las personas titulares de las Alcaldías de 
los municipios de El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte.
La Presidencia de la Comisión podrá convocar a sus reuniones, en función de los 
asuntos a tratar, a representantes de otras Entidades locales, expertos o a cualquier otra 
persona cuyas aportaciones puedan resultar de utilidad a los fines de la Comisión. e.
3.  La Comisión mixta tendrá las siguientes funciones: w.b
adecau) adAas eegvuarluaar claió na cdtuea cloiósn  dcaoñoorsd inoacdaasi odnea dlaoss  dpifoerr elanste se raudpmcioinnisetsra vcoiolcnáensi cpaasr ay  ulnoas 
mpoobvliamciieónnt osa fesícstmadicao sq, uye  unpae rcmoirtrae ctcaa nvaalloizraarc ióany uddea sla s cnoenc ecsaidraádcetesr  inumrgeedniateta s ad el olas 
damnificados.
b)  Planificar y coordinar las actividades de reconstrucción y recuperación de las 
zonas afectadas por los daños, y la prestación de los servicios necesarios para atender a 
la población afectada por la emergencia.
c)  Asegurar el correcto funcionamiento de los mecanismos de coordinación de la 
gestión  y  tramitación  de  las  ayudas  concedidas  por  las  distintas  Administraciones 
públicas a los damnificados, y proponer la adopción de medidas de impulso y agilización 
de las ayudas o prestaciones que se puedan otorgar a las personas afectadas.
d)  Realizar  labores  de  seguimiento  de  las  medidas  adoptadas  por  las 
Administraciones afectadas.
e)  Elaborar informes de evaluación de carácter periódico relativos a la evolución 
general de los daños, a las actuaciones de reconstrucción y reparación, y a las medidas 
de apoyo y ayuda concedidas a los damnificados.
4.  La  Comisión  mixta  asumirá,  además,  las  funciones  de  la  Comisión  de 
Coordinación prevista en el artículo 25.2 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, de Protección 
Civil.
Disposición  adicional  octava.  Aportación  de  datos  a  las  fundaciones  laborales  de 
carácter paritario.
La  Tesorería  General  de  la  Seguridad  Social  podrá  facilitar  a  las  fundaciones 
laborales de  carácter paritario, establecidas al  amparo de convenios sectoriales de 
ámbito estatal, la información necesaria para que puedan llevar a cabo las actuaciones 
precisas, conforme a lo establecido en el convenio colectivo, para la gestión de las 
aportaciones destinadas a su funcionamiento. Los tratamientos que se efectúen en 
relación con esta finalidad se limitarán a los datos estrictamente imprescindibles. La 
cesión de la información requerirá, en todo caso, la previa suscripción del oportuno 
convenio.
Disposición adicional novena.  Prórroga de la vigencia del artículo 6 del Real Decreto-
ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al 
impacto económico y social del COVID-19.
Se  prorroga,  hasta  el  28  de  febrero  de  2022,  el  artículo  6  del  Real  Decreto-
ley 8/2020, de 17 de marzo, por el que se regula el Plan MECUIDA.
Disposición adicional décima.  Prórroga de las prestaciones y subsidios previstos en los 
artículos 2, 3 y 4 del Real Decreto-ley 32/2020, de 3 de noviembre, por el que se 
aprueban medidas sociales complementarias para la protección por desempleo y de 
apoyo al sector cultural.
Se prorroga la duración de las prestaciones y subsidios previstos en los artículos 2, 3 
y 4 del Real Decreto-ley 32/2020, de 3 de noviembre, en su redacción dada por el Real 
Decreto-ley 11/2021, de 27 de mayo, hasta el día 28 de febrero de 2022.
Disposición  adicional  undécima.  Efectos  de  las  exenciones  en  la  cotización  a  la 
Seguridad Social.
Las  exenciones  en  la  cotización  a  la  Seguridad  Social  establecidas  en  los 
artículos 4, 8 y disposición transitoria única de este real decreto-ley no tendrán efectos  es
para las personas trabajadoras, manteniéndose la consideración del periodo en que se  bo
apliquen como efectivamente cotizado a todos los efectos, sin que resulte de aplicación  768ww
ldoe e last aSbelgeucrididoa edn S loocsi aalp.artados 1 y 3 del artículo 20 del texto refundido de la Ley General
Disposición adicional duodécima.  Comisión de seguimiento de las medidas de apoyo 
para la recuperación de la actividad de los trabajadores autónomos en el ámbito de la 
Seguridad Social.
Se encomienda a la comisión de seguimiento de las medidas de apoyo para la 
recuperación de la actividad de los trabajadores autónomos en el ámbito de la Seguridad 
Social creada al amparo de lo dispuesto en la disposición adicional sexta del Real 
Decreto-ley  24/2020,  de  26  de  junio,  el  seguimiento  y  evaluación  de  las  medidas 
establecidas en los artículos 8, 9, 10, 11 y 12.
Disposición adicional decimotercera.  Medidas para los trabajadores autónomos en el 
ámbito del Mecanismo de Sostenibilidad del Empleo.
Como complemento del futuro Mecanismo de Sostenibilidad del Empleo para los 
trabajadores autónomos, se revisará en el marco del diálogo social la regulación de la 
prestación por cese de actividad con el fin de extender los supuestos de acceso a dicha 
prestación por cese temporal de la actividad y contemplar dentro de la acción protectora 
otras situaciones relacionadas con causas derivadas de un ciclo económico negativo u 
otro tipo de cambios económicos de naturaleza estructural.
Disposición transitoria única.  Prórroga de las medidas recogidas en el título I y la 
disposición adicional primera del Real Decreto-ley 11/2021, de 27 de mayo, sobre 
medidas  urgentes  para  la  defensa  del  empleo,  la  reactivación  económica  y  la 
protección de los trabajadores autónomos.
Las previsiones recogidas en el título I y la disposición adicional primera del Real 
Decreto-ley 11/2021, de 27 de mayo, seguirán siendo de aplicación hasta el 31 de 
octubre de 2021, respecto de los expedientes de regulación temporal de empleo vigentes 
a  30  de  septiembre  de  2021,  con  los  porcentajes  de  exención  que  les  hubiere 
correspondido durante el mes de septiembre de 2021.
Las previsiones a que se refiere el párrafo anterior se aplicarán igualmente a los 
expedientes de regulación temporal de empleo que se aprueben o comuniquen entre el 1 
y el 31 de octubre, en los mismos supuestos y con las mismas condiciones y exenciones 
que les hubiesen correspondido durante el mes de septiembre de 2021, según proceda 
respectivamente  para  cada  tipo  de  expediente  y  en  los  términos  y  condiciones 
establecidos en el Real Decreto-ley 11/2021, de 27 de mayo.
La tramitación de estos últimos se llevará a cabo conforme a lo dispuesto en el Real 
Decreto-ley  11/2021,  de  27  de  mayo.  Sin  perjuicio  de  lo  anterior,  les  resultará  de 
aplicación lo establecido en la disposición adicional quinta en los mismos términos que a 
los expedientes que, a partir del 1 de noviembre, se autoricen o comuniquen conforme al 
artículo 2 de este real decreto-ley.
Disposición  final  primera.  Modificación  del  Real  Decreto-ley  30/2020,  de  29  de 
septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo.
Se modifica el apartado 7 del artículo 8 del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de 
septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo, que quedará redactado como 
sigue:
«7.  La medida prevista en el artículo 25.1.b) del Real Decreto-ley 8/2020,  e
de 17 de marzo, se mantendrá vigente hasta el 30 de septiembre de 2020. bo
Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo anterior, con el objetivo proteger a las  768ww
pavpueprelranssreottaarnacdabioosl en 1sea ,sdf e epnc etooasr d tdesaee sa s reetcímnocu mplslopeu,uo spt  adoreirás mnafrp quluteeaenodl slaa nssp,i n qodguru úernl aaa n cmtccereo isldmoiassen,  ne taexo sp upenced ocniemiuanoelmte voesc  nodrtneeesf reuearmci dhilodoasa,s   sae nmntl eaáesssl     OE-A-2021-15able en https://
del 1 de enero de 2023, como consecuencia de la finalización de un contrato de
duración  determinada  o  de  un  despido,  individual  o  colectivo,  por  causas 
económicas, técnicas, organizativas o de producción, o un despido por cualquier 
causa declarado improcedente, o por fin o interrupción de la actividad de las 
personas  trabajadoras  con  contrato  fijo-discontinuo,  incluidos  aquellos  con 
contrato a tiempo parcial que realicen trabajos fijos y periódicos que se repitan en 
fechas ciertas.
La reducción de las prestaciones consumidas a partir del 1 de octubre de 2020 
en los expedientes de regulación temporal de empleo a los que se refiere el 
apartado 1 de este artículo, no obstante, no afectará a las nuevas prestaciones 
que se inicien a partir del 1 de enero de 2027.
A aquellas personas que accedan a una prestación por desempleo por un cese 
producido a partir de la entrada en vigor de este real decreto-ley, a las que haya 
que  consumir  días  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  los  párrafos  anteriores, 
únicamente se les consumirán los periodos de prestación percibidos a partir del 1 
de enero de 2021.»
Disposición final segunda.  Modificación del Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, 
por el que se establece el ingreso mínimo vital.
Se modifica el Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el 
ingreso mínimo vital, de la siguiente forma:
Con efectos desde el 11 de julio de 2021 se modifica el apartado 2 del artículo 7, que 
queda redactado de la siguiente forma:
«2.  Las personas beneficiarias a las que se refiere el artículo 4.1.b), que 
sean menores de 30 años en la fecha de la solicitud del ingreso mínimo vital, 
deberán acreditar haber vivido de forma independiente en España, durante al 
menos los tres años inmediatamente anteriores a la indicada fecha.
A los efectos del párrafo anterior, se entenderá que una persona ha vivido de 
forma independiente siempre que acredite que su domicilio ha sido distinto al de 
sus progenitores, tutores o acogedores durante los tres años inmediatamente 
anteriores a la solicitud, y en dicho periodo hubiere permanecido durante al menos 
doce  meses,  continuados  o  no,  en  situación  de  alta  en  cualquiera  de  los 
regímenes que integran el sistema de la Seguridad Social, incluido el de Clases 
Pasivas  del  Estado,  o  en  una  mutualidad  de  previsión  social  alternativa  al 
Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o 
Autónomos.
Las personas beneficiarias a las que se refiere el artículo 4.1.b), que sean 
mayores de 30 años en la fecha de la solicitud, deberán acreditar que, durante el 
año inmediatamente anterior a dicha fecha, su domicilio en España ha sido distinto 
al de sus progenitores, tutores o acogedores.
Los  requisitos  previstos  en  los  párrafos  anteriores  no  se  exigirán  a  las 
personas que por ser víctimas de violencia de género hayan abandonado su 
domicilio habitual, a las que hayan iniciado los trámites de separación o divorcio o 
a  las  que  se  encuentren  en  otras  circunstancias  que  puedan  determinarse 
reglamentariamente.»
Disposición final tercera.  Título competencial. s
Este real decreto-ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.7.ª y 17.ª  w.b
de la Constitución Española, que atribuye al Estado las competencias exclusivas en las  768ww
mSeagteurriiadsa dd Seo cleiagli.slación  laboral  y  de  legislación  básica  y  régimen  económico  de  la
Disposición final cuarta.  Habilitación normativa.
Se habilita al Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el 
desarrollo y ejecución de este real decreto-ley.
Disposición final quinta.  Entrada en vigor.
Este real decreto-ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 28 de septiembre de 2021.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN
ANEXO
Listado de trabajadores previo a la solicitud de medidas extraordinarias en materia 
de cotización y prestaciones por desempleo
Datos del trabajador:
Código Cuenta Cotización.
Número de Seguridad Social del trabajador.
Autoridad laboral competente.
Número de expediente.
Tipo de ERTE.
Fecha desde.
Nombre y apellidos del trabajador.
DNI del trabajador.
Fecha de alta en la empresa.
Porcentaje en caso de reducción de jornada.
Datos de la empresa:
– Nombre de la empresa.
– CIF de la empresa.
– Código Cuenta Cotización Principal.
– Correo electrónico de la empresa.
– Nombre del representante de la empresa.
– DNI del representante de la empresa.
Instrucciones del listado de trabajadores previo a la solicitud de las medidas 
extraordinarias en materia de cotización y prestaciones por desempleo
El listado de trabajadores previo a la solicitud de las medidas extraordinarias en 
materia de cotización y prestaciones por desempleo, debe remitirse en formato EXCEL y 
siguiendo las siguientes instrucciones:
El Fichero Excel consta de dos pestañas que obligatoriamente deben ir debidamente 
cumplimentadas.
Pestaña 1.  Datos de los trabajadores.
Deben rellenarse todos los campos de la hoja Excel para cada trabajador aún 
aquellos que son comunes para todos los trabajadores como el número de cuenta o la 
autoridad laboral competente, o la fecha desde.
La cumplimentación de todos los campos es obligatoria, salvo el campo porcentaje 
en caso de reducción que no se rellenará para los trabajadores que se encuentren en 
suspensión de empleo.
Además los campos siguientes tienen que tener exactamente la siguiente estructura:
CAMPO NÚMERO DE CUENTA: 15 dígitos con la siguiente distribución RÉGIMEN 
(N4), PROVINCIA (N2) Y NÚMERO (N9).
CAMPO  NÚMERO  DE  SEGURIDAD  SOCIAL  12  dígitos  PROVINCIA  (N2)  Y 
NÚMERO (N10). es
CAMPO AUTORIDAD LABORAL COMPETENTE 2 dígitos según la tabla que se  o
adjunta. 768ww
dfigifeurrCCeeAAn etMMen  PPlcaOOo r  deTNisfIiÚoPclaMOucc EiDióóRnEnO   ddE eeDR  ElTca Ea Ead:u Xa3tP o adrEiuídDgtaoiItdEroi dsNla,aT bdsEoe  rlgaa2úlb0.no  crlaaal r tasacebt elacr euqsmu. epC lismaeme anpdtoaj uraánl tfaae.nl  uScmeó décirgoicono s,ti agdln aacdroaám  elaol    OE-A-2021-15able en https://
código de la Declaración Responsable que se deba comunicar a la Tesorería General de
la Seguridad Social para la aplicación de exenciones en la cotización correspondientes al 
mes de septiembre de 2021 –es decir, el código de la Declaración Responsable a 
presentar antes de que se solicite la liquidación de cuotas durante el mes de octubre 
de 2021–.
FECHA DESDE 8 dígitos con el formato AAAAMMDD.
Pestaña 2.  Datos de la empresa.
Los  campos  de  la  segunda  pestaña  solo  deben  rellenar  una  vez  y  son  todos 
obligatorios.
Tabla con los códigos de las autoridades laborales
Código Autoridad
01 Álava.
02 Albacete.
03 Alicante/Alacant.
04 Almería.
05 Ávila.
06 Badajoz.
07 Balears (Illes).
08 Barcelona.
09 Burgos.
10 Cáceres.
11 Cádiz.
12 Castellón/Castelló.
13 Ciudad Real.
14 Córdoba.
15 Coruña (A).
16 Cuenca.
17 Girona.
18 Granada.
19 Guadalajara.
20 Guipúzcoa.
21 Huelva.
22 Huesca.
23 Jaén.
24 León.
25 Lleida. o
26 Rioja (La). 768ww
222789 LMMuaágdlaorg.ida.. BOE-A-2021-15cable en https://
Código Autoridad
30 Murcia.
31 Navarra.
32 Ourense.
33 Asturias.
34 Palencia.
35 Palmas (Las).
36 Pontevedra.
37 Salamanca.
38 Santa Cruz de Tenerife.
39 Cantabria.
40 Segovia.
41 Sevilla.
42 Soria.
43 Tarragona.
44 Teruel.
45 Toledo.
46 Valencia/València.
47 Valladolid.
48 Vizcaya.
49 Zamora.
50 Zaragoza.
51 Ceuta.
52 Melilla.
71 Andalucía.
72 Aragón.
75 Canarias.
77 Castilla-La Mancha.
78 Castilla y León.
79 Cataluña.
80 Comunitat Valenciana.
81 Extremadura.
82 Galicia.
86 País Vasco. s
99 Estatal. b
Tabla con los códigos de los tipos de ERTE
Código Autoridad
ERTE por IMPEDIMENTOS A LA ACTIVIDAD:
062 ERTE por IMPEDIMENTOS. DA 1 del RDL 24/2020.
067 ERTE por IMPEDIMENTOS. Art. 2.1 del RDL 30/2020.
074 ERTE por IMPEDIMENTOS. Art. 2 del RDL 2/2021.
078 ERTE por IMPEDIMENTOS. Art. 2 del RDL 11/2021.
083 ERTE por IMPEDIMENTOS. Autorizados a partir 1-10-2021.
ERTE por LIMITACIONES EN LA ACTIVIDAD:
068 ERTE por LIMITACIONES. Art. 2.2 del RDL 30/2020.
075 ERTE por LIMITACIONES. Art. 2 del RDL 2/2021.
079 ERTE por LIMITACIONES. Art. 2 del RDL 11/2021.
084 ERTE por LIMITACIONES. Autorizados a partir 1-10-2021.
ERTE por FUERZA MAYOR:
ERTE por FUERZA MAYOR. Art. 22 del RDL 8/2020. Empresas pertenecientes a sectores con una elevada tasa de cobertura y una 
069 reducida tasa de recuperación de actividad, cuya actividad se clasifique en alguno de los códigos CNAE-09 previstos en el Anexo del 
11/2021.
ERTE por FUERZA MAYOR. Art. 22 del RDL 8/2020. Empresas con declaración de CADENA DE VALOR o DEPENDIENTES, según el 
070 procedimiento al que se refiere la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 30/2020, de las empresas con ERTE por FUERZA 
MAYOR 069.
ERTE por causas ETOP –económicas, técnicas, organizativas o de producción- de empresas con CNAE-09 de los incluidos en el Anexo del Real 
Decreto-ley 11/2021:
ERTE ETOP. Real Decreto-ley 24/2020:
072 ERTE ETOP. Empresas que disponían de este tipo de ERTE desde la vigencia del Real Decreto-ley 24/2020.
ERTE ETOP. Empresas por CNAE-09:
071 ERTE ETOP. Empresas que hayan transitado, entre 1-10-2020 y 31-1-2021, desde un ERTE por FUERZA MAYOR a un ETOP.
076 ERTE ETOP. Empresas que hayan transitado entre 1-2-2021 y 31-5-2021, desde un ERTE por FUERZA MAYOR a un ETOP.
080 ERTE ETOP. Empresas que hayan transitado entre 1-6-2021 y 30-9-2021, desde un ERTE por FUERZA MAYOR a un ETOP.
085 ERTE ETOP. Empresas que transiten entre 1-10-2021 y 31-1-2022, desde un ERTE por FUERZA MAYOR a un ETOP.
ERTE ETOP. Empresas con declaración de CADENA DE VALOR o DEPENDIENTES, según el procedimiento al que se refiere la disposición 
adicional primera del Real Decreto-ley 30/2020, de las empresas con ERTE por FUERZA MAYOR 069:
073 ERTE ETOP. Empresas que hayan transitado, entre 1-10-2020 y 31-1-2021, desde un ERTE FUERZA MAYOR a un ETOP.
077 ERTE ETOP. Empresas que hayan transitado, entre 1-2-2021 y 31-5-2021, desde un ERTE FUERZA MAYOR a un ETOP.
081 ERTE ETOP. Empresas que hayan transitado, entre 1-6-2021 y 30-9-2021, desde un ERTE FUERZA MAYOR a un ETOP.
086 ERTE ETOP. Empresas que transiten entre 1-10-2021 y 31-1-2022, desde un ERTE FUERZA MAYOR a un ETOP.