BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 260  Jueves 1 de octubre de 2020  Sec. III.   Pág. 83003
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
11566 Resolución de 18 de septiembre de 2020, de la Secretaría de Estado de 
Justicia, por la que se publica el Convenio con el Consejo General del Poder 
Judicial y la Universidad de Valladolid, para la realización de prácticas 
externas en juzgados y tribunales de Castilla y León.
Con fecha 1 de septiembre de 2020 se ha suscrito el Convenio entre el Consejo 
General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y la Universidad de Valladolid para la 
realización de prácticas externas en juzgados y tribunales de Castilla y León.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público, procede la publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado» de dicho Convenio, que figura como anexo a esta Resolución.
Madrid, 18 de septiembre de 2020.–El Secretario de Estado de Justicia, Pablo 
Zapatero Miguel.
ANEXO
Convenio entre el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia, y la 
Universidad de Valladolid para la realización de prácticas externas en juzgados y 
tribunales de Castilla y León
En Madrid, a 1 de septiembre de 2020.
REUNIDOS
El Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Excmo. 
Sr. don Carlos Lesmes Serrano, nombrado según Acuerdo (n.º 2) del Pleno del Consejo 
General del Poder Judicial de 9 de diciembre de 2013 mediante Real Decreto 979/2013, 
de 10 de diciembre, en ejercicio de las facultades que le atribuye el artículo 585 de la Ley 
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
El Ministro de Justicia, don Juan Carlos Campo Moreno, de acuerdo con el Real Decreto 
8/2020, de 12 de enero, y en uso de las competencias que le corresponden en virtud del 
artículo 61 letra k) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
La Vicerrectora de Estudiantes de la Universidad de Valladolid, doña María Ángeles 
Sobaler Seco, como representante de esta, según lo establecido en la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 
12 de abril, y el Acuerdo 104/2003, de 10 de julio, de la Junta de Castilla y León por el que 
se aprueban los Estatutos de la mencionada Universidad. En ejercicio de la competencia 
delegada, conforme a la Resolución de 23 de mayo de 2018, del Rector de la UVA, por la 
que se delegan determinadas competencias del propio rector en diversos órganos 
unipersonales de esta Universidad (BOCyL número 103, de 30 de mayo de 2018)
Las partes se reconocen mutuamente plena capacidad de actuar en la representación  s
legal que ostentan para suscribir el presente Convenio y, a tal fin, oe.
Primero. MANIFIESTAN 2020-1156n https://w
El Estado tiene competencia exclusiva en materia de Administración de Justicia de  BOE-A-cable e
acuerdo con el artículo 149.1.5.ª de la Constitución española.
Segundo.
El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del mismo, según el 
artículo 122.2 de la Constitución española, cuyas atribuciones vienen reguladas en los 
artículos 558 a 565 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
Tercero.
El artículo 435 y concordantes de la Ley Orgánica del Poder Judicial determina que la 
Oficina Judicial es la organización de carácter instrumental que sirve de soporte y apoyo a la 
actividad jurisdiccional de juzgados y tribunales, correspondiendo la dirección de los servicios 
comunes procesales al Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia, funcionarios 
públicos que constituyen un Cuerpo Superior Jurídico, único, de carácter nacional, al servicio 
de la Administración de Justicia, dependiente del Ministerio de Justicia y que ejercen sus 
funciones con el carácter de autoridad, ostentando la dirección de la Oficina Judicial.
Cuarto.
A su vez el Reglamento 1/2000, de los Órganos de Gobierno de Tribunales, aprobado 
por Acuerdo de 26 de julio de 2000, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en 
su artículo 4.ñ) prescribe que las actividades ajenas a la función judicial en edificios 
judiciales o en sus dependencias no podrán llevarse a cabo sin el acuerdo de la Sala de 
Gobierno, el de la Administración a quién corresponda la titularidad del inmueble y el de 
las demás Administraciones con competencias concurrentes si las hubiere.
Quinto.
Uno de los fines de la Universidad de Valladolid es el de la preparación académica y 
profesional de los distintos ámbitos y disciplinas de sus estudiantes y para dar cumplimiento 
a este objetivo, resulta de interés la organización de prácticas externas que completen los 
conocimientos adquiridos en las aulas.
Sexto.
Las instituciones firmantes manifiestan su más amplia coincidencia en diversos fines 
de interés común, siendo uno de ellos el de la formación integral de alumnado universitario, 
a través de una formación que combine la teoría y la práctica.
Séptimo.
El Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan las prácticas 
académicas externas de los estudiantes universitarios, desarrolla aspectos tales como los 
objetivos de las prácticas, las entidades colaboradoras y los destinatarios, requisitos, 
tutorías y contenidos de los Convenios de cooperación educativa. Además, dicha 
regulación ha de promover la incorporación de estudiantes en prácticas en el ámbito de las 
administraciones públicas, impulsando la empleabilidad de los futuros profesionales, 
fomentando su capacidad de emprendimiento, creatividad e innovación y dando respuesta 
al compromiso con la transformación económica basada en la sociedad del conocimiento.
Octavo. s
El presente Convenio se ajusta al modelo de Convenio Prácticum aprobado por la  w.
CNoomveisnioó.n Permanente del Consejo General del Poder Judicial. 2020-1156n https://w
Es deseo de las instituciones firmantes la organización de prácticas externas en
juzgados y tribunales en la forma que se detalla en la parte dispositiva de este Convenio,
por considerar que esta actividad puede resultar de gran interés para la formación de 
profesionales que en un futuro pudieran colaborar o dar servicio a la Administración de 
Justicia, lo que redundará en una mayor calidad de la misma.
Dicha colaboración se concreta en que el alumnado que cursa estudios en la 
Universidad de Valladolid pueda realizar prácticas externas en juzgados y tribunales de la 
Comunidad Autónoma de Castilla y León de conformidad con las siguientes,
CLÁUSULAS
Primera.  Objeto y compromisos de las partes.
Constituye el objeto del presente Convenio la realización de prácticas externas curriculares 
y extracurriculares (en adelante, prácticas externas) por el alumnado matriculado en la asignatura 
de prácticas académicas, de estudios oficiales de grado o máster que imparte la Universidad de 
Valladolid y siempre de titulaciones relacionadas con profesiones de la Administración de Justicia, 
en los juzgados y tribunales de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
Por otro lado, la Universidad de Valladolid se compromete a que la persona o personas que 
ejerza/n la tutoría de las prácticas en el órgano judicial pueda disfrutar de los siguientes derechos, 
en el marco de la normativa propia de la Universidad de Valladolid que sea de aplicación:
a)  Reconocimiento de su actividad colaboradora mediante documento acreditativo 
expedido por la Universidad de Valladolid que certifique su actividad como tutor/a de 
estudiantes en prácticas.
b)  Ser informada acerca de la normativa que regula las prácticas externas así como 
del proyecto formativo y de las condiciones de su desarrollo.
c)  Tener acceso a la Universidad para obtener la información y el apoyo necesarios 
en el cumplimiento de los fines propios de su función.
d)  Disfrutar del acceso a bibliotecas, instalaciones deportivas o actividades culturales, 
entre otras.
La colaboración que prestan el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de 
Justicia estará siempre supeditada a las necesidades y disponibilidad del juzgado o 
tribunal donde se realicen las prácticas externas, por lo que surgida tal necesidad o falta 
de disponibilidad, en su caso, el Convenio quedará suspendido, en tanto persistan estas 
situaciones o, en su caso extinguido sin que sea preciso denuncia previa en este sentido 
y sin derecho a reclamación alguna por parte de la Universidad de Valladolid o concesión 
de indemnización o compensación a su favor.
Las partes determinarán, de común acuerdo, el número de estudiantes que realizarán 
las prácticas en los juzgados y tribunales.
Segunda.  Condiciones y requisitos generales de las prácticas.
1.  Las prácticas externas se ajustarán en todo caso a la normativa vigente, y en 
especial a lo establecido en el Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan 
las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios.
Cada alumno/a deberá suscribir al inicio de las prácticas el documento que se adjunta 
como anexo I al presente Convenio
2.  Se establecen dos modalidades de prácticas externas que pueden ser 
concurrentes: e.
planabe))s   dPPerr áeácsctttiucicadasios s ec,x uqtrruarecicu usrolraincru eolsab:rl eigssoa: ntso orlianas sa  ppqrauárecallt aiocsba tqseu nqeeu rleo la st  iteeitsnuteluandc iiasónunt  eroser qirgueeeanlri izdeaann.  lcoosn  dciaverárcstoesr   2020-11566n https://ww
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Europeo al Título.
3.  El alumnado será propuesto por la persona que ejerza la Dirección de las prácticas 
externas de la Universidad de Valladolid.
4.  Las prácticas externas del alumnado se ajustarán a las necesidades organizativas 
establecidas por la persona o personas que ejerce/n su tutoría donde se realicen las 
mismas, de tal modo que no se entorpezca el desempeño normal de sus funciones.
El acceso del alumnado a las actuaciones judiciales, se producirá en la medida que lo 
permita la situación del procedimiento, su declaración o no de secreto y quedando 
salvaguardado el deber de reserva o sigilo y preservada, en todo caso, la identidad de las 
personas implicadas o partes.
Las prácticas externas tendrán la duración que determine la Universidad de Valladolid, 
realizándose en horario de mañana en los juzgados o tribunales, en ambos casos a 
establecer por la persona responsable de los mismos en función del mejor funcionamiento 
del órgano jurisdiccional.
En los supuestos de faltas reiteradas de puntualidad, asistencia, incorrecto 
comportamiento del alumnado o perturbación del normal funcionamiento del juzgado o 
tribunal, donde se realicen las prácticas externas, el Consejo General del Poder Judicial, 
el Ministerio de Justicia, o los juzgados y tribunales afectados, podrán suspender de forma 
inmediata y cautelar dichas prácticas, poniéndolo en conocimiento de la Universidad, para 
que adopte las medidas que considere oportunas.
5.  El Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia quedan exentos 
de cualquier responsabilidad respecto al alumnado del curso, cuyas prácticas externas son 
de carácter estrictamente académico. En ningún caso, se entenderá que entre las partes 
se establecen relaciones contractuales de clase mercantil, civil o laboral, ni su contenido 
podrá dar lugar a la sustitución de la prestación laboral propia de puestos de trabajo 
cubriendo así necesidades ordinarias de la Administración de Justicia en detrimento de 
personal público al que le correspondería ocupar las plazas que tuviesen atribuidas el 
desempeño de esas funciones, en lugar de recibir una adecuada formación práctica, todo 
ello al no concurrir los requisitos que exigen las leyes. Como consecuencia de ello, el 
Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia no están obligados a realizar 
contraprestación económica alguna.
La realización de las prácticas no se considerará mérito alguno para el acceso a la 
función pública, ni podrá computarse a efectos de antigüedad o de reconocimiento de 
servicios previos en el conjunto de las Administraciones Públicas.
Tercera.  Cobertura de riesgos.
La contingencia de accidentes sufridos o que ocasione el alumnado durante la 
realización de las prácticas externas a que se refiere el presente Convenio será asumida, 
exclusivamente, por la Universidad de Valladolid, en aquellos casos no cubiertos por el 
seguro escolar.
La Universidad estará obligada a suscribir una póliza de seguros para cubrir los daños 
de cualquier tipo que pudiera ocasionar el alumnado participante en las prácticas externas, 
así como aquellos que pudiera padecer el mismo en caso de accidente, en los casos en 
los que no lo asuma el seguro escolar, durante todo el periodo de duración.
Cuarta,  Condiciones específicas de las prácticas externas.
1.  El alumnado estará obligado a:
a)  Cumplir los horarios y seguir las normas fijadas por el juzgado o tribunal donde se  o
realicen las prácticas externas. 6ww.
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que se establezca.
d)  Cumplir las normas de prevención de riesgos laborales.
e)  Mantener el deber de secreto y confidencialidad en materia de medios, procesos 
o de aquellas actuaciones judiciales o administrativas de las que pudieran tener 
conocimiento por razón de las prácticas externas realizadas durante su estancia en el 
juzgado o tribunal donde se realicen, inclusive una vez finalizadas éstas, para lo cual 
deberá suscribir el anexo del presente Convenio.
f)  En caso de que esté establecido entregar la memoria final en el plazo previsto a la 
persona que desempeñe la tutoría de la Universidad, a fin de poder superar las prácticas 
externas curriculares y la correspondiente mención favorable en las prácticas externas 
extracurriculares.
2.  Los/las estudiantes que realicen las prácticas no llevarán a cabo ninguna de las 
funciones atribuidas en los artículos 476, 477 y 478 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
a los Cuerpos Generales al servicio de la Administración de Justicia.
3.  El alumnado tiene derecho a:
a)  Desarrollar la actividad en que consistan las prácticas y en el horario estipulado.
b)  Obtener una certificación final del desarrollo de su actividad y del nivel de 
aprovechamiento alcanzado.
c)  Obtener permiso para acudir a las convocatorias de evaluación que le afecten.
4.  El juzgado o tribunal donde se realicen las prácticas externas, nombrará a la 
persona o personas que ejercerá/n la tutoría de las mismas, que podrá recaer en 
Magistrado/a, Juez/a o Letrado/a de la Administración de Justicia. La persona designada 
para realizar la tutoría debe obtener la declaración de compatibilidad con carácter previo 
al ejercicio de la actividad. La misión de estas personas será:
a)  Fijar el plan de trabajo del alumnado.
b)  Orientar al mismo en sus dudas y dificultades.
c)  Evaluar la actividad del/la alumna/o mediante un informe.
Se podrá establecer una tutoría mixta desempeñada por Juez/a o Magistrado/a y 
Letrado/a de la Administración de Justicia.
5.  El alumnado que finalice el periodo establecido de prácticas externas, recibirá un 
certificado expedido por el juzgado o tribunal, donde consten las horas realizadas, la 
naturaleza de las actividades llevadas a cabo y el nivel alcanzado según la persona o 
personas que ejerzan la tutoría de las mismas.
La Universidad de Valladolid emitirá un documento acreditativo a la persona o personas 
que ejerza/n la tutoría que lo soliciten, por la colaboración prestada en el programa de 
prácticas externas.
Quinta.  Protección de Datos.
Todos los afectados por el presente Convenio vendrán obligados por las disposiciones y 
exigencias establecidas por el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de datos y por el que se 
deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), Ley Orgánica 3/2018, 
de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y 
demás disposiciones vigentes sobre la materia. e
Sexta.  Financiación. 6w
econEól mpirceas peanrtae  nCinognuvnean dioe  lnaos  pcaorntellse.va obligaciones financieras o contraprestación  2020-1156n https://w
En relación con las obligaciones contempladas en la disposición adicional quinta del
Real Decreto-Ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones  Bc
públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo, dado que todavía
no se ha producido el desarrollo reglamentario para su efectiva aplicación, las partes se 
comprometen a firmar una adenda en la que se contemplen las obligaciones que asumirían 
para dar cumplimiento a la normativa de desarrollo del citado real decreto-ley.
Séptima.  Difusión.
Sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones de aplicación en materia de 
publicidad y transparencia en relación con la suscripción del presente Convenio, la 
Universidad de Valladolid se compromete a destacar en su Memoria anual y en cuantas 
acciones realice para difusión de las actividades objeto de este Convenio, la colaboración 
prestada por el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y los tribunales 
y juzgados afectados.
Octava.  Comisión de seguimiento y control.
Para el adecuado seguimiento, coordinación, control e interpretación de lo establecido 
en el presente Convenio, se crea una comisión de seguimiento paritaria integrada por dos 
miembros designados por cada una de las instituciones firmantes. La comisión se reunirá 
al menos una vez al año y cuando lo determinen las partes.
En el seno de la comisión de seguimiento se podrá pactar acuerdos respecto a la 
ejecución y contenido de la formación, en desarrollo Plan Bolonia, siempre que no afecte 
al contenido mínimo y esencial del Convenio, sin necesidad de que posteriormente se 
incluyan como anexos del Convenio.
La comisión se regirá, en cuanto a su funcionamiento, periodicidad de las reuniones y 
vinculación de sus acuerdos, por lo dispuesto en el Capítulo II del Título Preliminar de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que regula el 
funcionamiento de los órganos colegiados.
Novena.  Efectos y modificación del Convenio.
El presente Convenio tendrá efectos de dos años naturales a partir del día de su 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado» en los términos del artículo 48.8 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, una vez inscrito en el 
registro Electrónico estatal de órganos e instrumentos de Cooperación del sector público 
estatal, será prorrogable a su término mediante acuerdo expreso por igual periodo, que 
deberá formalizarse con un mes de antelación a la expiración del Convenio.
Asimismo, cualquiera de las partes firmantes podrá proceder a su denuncia expresa 
con un plazo mínimo de tres meses a la fecha en que se pretenda su expiración.
Las partes firmantes podrán modificar los términos del presente Convenio en cualquier 
momento, de mutuo acuerdo, mediante la firma de una adenda al mismo.
Décima.  Causas de extinción.
1.  El presente Convenio se extingue por el cumplimiento de las actuaciones que 
constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución.
2.  El presente Convenio se entenderá resuelto por alguna de las siguientes causas:
a)  El transcurso del plazo de vigencia del Convenio sin haberse acordado la prórroga 
del mismo.
b)  El acuerdo unánime de todos los firmantes. e.e
c)  El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de  b
arelgquuEnenor  idmeesi etleon stco af irspmoa,a rnactu eqasul.qeu iecruam dpela l aesn  puanrt edse pteordmráin andotoif icpalar zao  laco pna rltaes  inocbulimgapcliidoonreas u on   2020-11566n https://ww
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firmantes.
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la 
parte que lo dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa de 
resolución y se entenderá resuelto el Convenio. La resolución del Convenio por esta causa 
podrá conllevar la indemnización de los perjuicios causados si así se hubiera previsto.
d)  Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del Convenio.
e)  Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en las leyes.
3.  Desde la fecha del acuerdo de resolución del Convenio o de la notificación de la 
voluntad de extinción, en los términos de la presente cláusula, la colaboración se 
mantendrá, en todo caso, y continuarán hasta su finalización las actividades de prácticas 
iniciadas con anterioridad a la fecha de referencia, siempre condicionado a lo establecido 
en el tercer párrafo de la cláusula primera del presente Convenio.
Undécima.  Naturaleza del Convenio y resolución de controversias.
El presente Convenio, de naturaleza jurídico-administrativa, se celebra al amparo de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Las controversias que puedan surgir sobre la interpretación, modificación, ejecución, 
resolución y efectos que puedan derivarse del presente Convenio se resolverán entre las 
partes de la manera amistosa en el seno de la comisión prevista en la cláusula octava.
Al tener naturaleza administrativa, el orden jurisdiccional contencioso-administrativo 
será el competente para resolver las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse entre las 
partes, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 2 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de dicha jurisdicción.
Y, de conformidad con cuanto antecede, en el ejercicio de las facultades que 
legalmente corresponden a cada uno de los firmantes, obligando con ello a las Instituciones 
que representan, suscriben el presente Convenio por triplicado ejemplar en el lugar y fecha 
señalados al principio.–El Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del 
Poder Judicial, Carlos Lesmes Serrano.–El Ministro de Justicia, Juan Carlos Campo 
Moreno.–La Vicerrectora de Estudiantes de la Universidad de Valladolid, María Ángeles 
Sobaler Seco.
2020-1156n https://w
     
ANE XO
 
En ………………    a,    de    de 
 
Datos del estudiante seleccionado 
Nombre y Apellidos:       DNI:       
Titulación que cursa:        Centro:       
Domicilio:        Municipio:       Provincia:        Cód. Postal:     
Teléfono móvil:        Teléfono fijo:        e-mail:       
Datos del juzgado o tribunal dónde se realizará la práctica 
Denominación:       
Domicilio del Juzgado o Tribunal se realizará la práctica:       
Municipio:        Provincia:       
Descripción de la práctica 
Ref. Convocatoria:       Modalidad de la práctica:   Centro gestor:       
Fecha inicio:       Fecha final:       Total horas:       Total meses:   
Horario:       
(Los horarios, en todo caso, serán compatibles con la actividad académica, formativa y de representación y 
participación desarrollada por el estudiante en la universidad.) 
Tutor del Juzgado o Tribunal :        email:        Teléfono:       
Tutor de la Universidad:        email:        Teléfono:       
proyecto formativo (tareas a desarrollar):  
Declara: 
 
El/la alumno/a manifiesta conocer y aceptar las condiciones y compromisos establecidos en el convenio y da su 
conformidad para realizar las citadas prácticas externas  asumiendo el compromiso  del deber de secreto y 
confidencialidad en materia de datos de las personas, procesos y actuaciones judiciales de las que pudiera tener 
conocimiento, manteniendo el secreto durante y una vez finalizado el periodo de prácticas externas; así como 
conocer que en caso de incumplimiento incurriría en las  responsabilidades a que hubiere lugar. 
 
Por  parte  del  Juzgado  o  Tribunal  Por parte del estudiante,  Por parte de la Universidad, 
donde se realiza la práctica, 
Fdo.       Fdo.       Fdo.      
 
 
  e.e
2020-1156n https://w