BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 340 Miércoles 30 de diciembre de 2020 Sec. I.   Pág. 124965
I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO
17280 Real Decreto 1185/2020, de 29 de diciembre, por el que se modifica el Real 
Decreto 616/2017, de 16 de junio, por el que se regula la concesión directa 
de subvenciones a proyectos singulares de entidades locales que favorezcan 
el paso a una economía baja en carbono en el marco del Programa operativo 
FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020.
El Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de 
diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, 
y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo 
Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.º 1083/2006 del Consejo, 
establece en su artículo 9, como objetivo temático 4: «Favorecer la transición a una 
economía baja en carbono en todos los sectores».
Por su parte, el Reglamento (UE) n.º 1301/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y 
sobre  disposiciones  específicas  relativas  al  objetivo  de  inversión  en  crecimiento  y 
empleo, por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1080/2006, confiere una gran 
importancia al objetivo temático 4 de Economía Baja en Carbono (EBC), incluyéndolo en 
la  concentración  temática,  obligatoria  para  el  periodo  2014-2020,  y  fijando  unos 
porcentajes mínimos de gasto sobre el total de los recursos del Fondo Europeo de 
Desarrollo  Regional  (en  adelante,  FEDER)  de  un  20  %  en  las  regiones  más 
desarrolladas, un 15 % en las de transición y un 12 % en las menos desarrolladas y 
ultraperiféricas.
La Administración General del Estado, a través de la Dirección General de Fondos 
Europeos del Ministerio de Hacienda, elaboró el Programa Operativo de Crecimiento 
Sostenible  (en  adelante,  POCS)  para  el  periodo  2014-2020,  que  fue  aprobado  por 
Decisión de Ejecución de la Comisión C(2015) 5220, de 22 de julio de 2015.
Mediante Decisión C(2017) 8950, de 19 de diciembre, la Comisión Europea aprobó el 
Programa Operativo FEDER Plurirregional de España 2014-2020 (POPE 2014-2020), 
como resultado de la fusión de los precedentes Programas Operativos de Crecimiento 
Sostenible (POCS) y de Crecimiento Inteligente (POCIN).
El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía E.P.E, M.P. (en adelante, 
IDAE), entidad pública empresarial adscrita al Ministerio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico, a través de la Secretaría de Estado de Energía, participa en el 
POPE 2014-2020, como Organismo Intermedio de los previstos en el artículo 123.6 del 
Reglamento  (UE)  n.º  1303/2013  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  de  17  de 
diciembre de 2013, en virtud del Acuerdo de la Dirección General de Fondos Europeos, 
de  fecha  10  de  mayo  de  2017,  por  el  que  se  designa  al  IDAE  como  Organismo  s
Intermedio para las actuaciones del objetivo temático 4 (Economía Baja en Carbono) en  e.
el periodo 2014-2020. w.
Esta ejecución de actuaciones dará cumplimiento a los objetivos marcados por el  280ww
pParorag realm aañ oO 2p0e2r3a.tivo y contribuirán a alcanzar las metas fijadas en esta programación
las Lpaoslí tiaccatsu adceio nmeesj oqruae d fein alan ceiafi ceiesntec iap roegnrearmgéat icdae  aay uladsa sq usee  eesntmá aorcbaligna adsoí  mel isEmsota deon   BOE-A-cable e
español en el marco de la Directiva 2012/27/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, por la que se modifican las 
Directivas 2009/125/CE y 2010/30/UE, y por la que se derogan las Directivas 2004/8/CE 
y 2006/32/CE, y que obliga a los Estados miembros a asumir objetivos de mejora de la 
eficiencia energética en el horizonte del año 2020.
El día 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró pandemia 
internacional  la  situación  de  emergencia  ocasionada  por  el  brote  epidémico  de 
COVID-19. El Gobierno, en la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros de 14 de 
marzo de 2020, aprobó el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara 
el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19. Dicho estado de alarma fue sucesivamente prorrogado en varias ocasiones, 
la última mediante Real Decreto 555/2020, de 5 de junio.
Paralelamente, durante la vigencia del primer estado de alarma, así como durante los 
meses posteriores denominados «de nueva normalidad», y con el fin de garantizar la 
eficaz  gestión  de  dicha  emergencia  sanitaria  y  contener  la  propagación  de  la 
enfermedad, se han dictado sucesivas órdenes de restricción y limitación de la movilidad 
de las personas, así como de las actividades económicas.
Una vez se superen estas restricciones, se hace necesario disponer de medidas 
encaminadas  a  la  recuperación  económica,  así  como  a  facilitar  la  implantación  de 
modelos  de  movilidad  seguros  y  sostenibles,  con  especial  mención  a  la  movilidad 
peatonal y ciclista.
Restando escaso tiempo para la finalización de la vigencia de la convocatoria de 
ayudas establecida por el Real Decreto 616/2017, de 16 de junio, se ha detectado una 
importante demanda de financiación para proyectos de movilidad sostenible que supera 
en más de un 50 % la actual dotación presupuestaria para el Objetivo Específico 4.5.1. 
«Movilidad urbana sostenible» en todo el territorio nacional, existiendo sin embargo 
remanente de dotación presupuestaria para los otros dos objetivos de la convocatoria, 
Objetivo Específico 4.3.1. «Eficiencia energética en la Edificación, Infraestructuras y 
Servicios Públicos» y Objetivo Específico 4.3.2. «Energías Renovables: Electricidad y 
usos térmicos».
Por  ello,  se  considera  que  la  eliminación  de  los  límites  presupuestarios  entre 
objetivos específicos puede favorecer, por un lado, la máxima absorción de fondos en 
este  tramo  final  del  periodo  de  programación,  contribuyendo  a  la  recuperación  y 
reactivación económica en el ámbito local, y por otro, la adaptación de la convocatoria a 
las  necesidades  detectadas  de  aumentar  el  peso  significativo  de  los  proyectos  de 
movilidad sostenible en la misma, permitiendo de este modo una respuesta ágil y eficaz 
desde el ámbito local a los retos que la nueva movilidad post-COVID planteará en los 
próximos meses.
Asimismo, el reto de acelerar la transición ecológica es también uno de los 4 ejes 
transversales  que  rigen  el  Plan  de  Recuperación,  Transformación  y  Resiliencia 
recientemente aprobado por el Gobierno de España, de conformidad con la Propuesta 
de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (COM(2020) 408 final, 2020/0104 (COD) 
de 28 de mayo de 2020).
En este contexto, se ha detectado una desigual demanda de solicitudes entre las 
distintas comunidades y ciudades autónomas que conforman la misma tipología de 
región, existiendo comunidades con proyectos en lista de espera y capacidad para 
absorber los fondos destinados en esta convocatoria. s
Por ello, establecer en esta convocatoria un mecanismo de reasignación de los  oe.
remanentes de presupuesto, entre territorios que formen parte de la misma tipología de  w.
región, y en función de las solicitudes que pudieran encontrarse en lista de espera a la  280ww
dfineal lpizraecsiuópnu deeslt op latoztoa ld yea p rpersoegnratamcaiódno d, ec osmolpicleitumdeenst aanl dporo dgera mmaa,n fearvao reefcicearzá  lya  caobhseorrecniótne 
otras políticas de la Unión Europea, y en particular las destinadas a la reactivación
económica en las políticas de agenda urbana y rural, cohesión territorial y transición 
energética justa e inclusiva.
En la tramitación de este real decreto se han solicitado los informes preceptivos 
exigidos por la normativa aplicable: informe de la Abogacía del Estado, informe de la 
Secretaría  General  Técnica  del  Ministerio  para  la  Transición  Ecológica  y  el  Reto 
Demográfico,  de  acuerdo  con  lo  previsto  en  el  artículo  26.5,  párrafo  cuarto  de  la 
Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno; informe de la Oficina de Coordinación y 
Calidad Normativa, de acuerdo con lo previsto en el artículo 26.9 de la Ley 50/1997, 
de 27 de noviembre, del Gobierno y en los artículos 2 y 7 del Real Decreto 1081/2017, 
de 29 de diciembre, por el que se establece el régimen de funcionamiento de la Oficina 
de  Coordinación  y  Calidad  Normativa;  informe  del  Ministerio  de  Hacienda,  de 
conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  28.2  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de 
noviembre, General de Subvenciones.
Asimismo,  se  ha  elaborado  conforme  a  los  principios  de  necesidad,  eficacia, 
proporcionalidad,  seguridad  jurídica,  transparencia  y  eficiencia  que  establece  el 
artículo 129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. Cumple con los principios de necesidad y 
eficacia dado que, con la aprobación de este real decreto, al eliminarse los límites 
presupuestarios  entre  objetivos  específicos  y  establecerse  un  mecanismo  de 
reasignación de remanentes de presupuesto entre territorios que formen parte de la 
misma tipología de región se favorece la máxima absorción de fondos en el tramo final 
de programación, aumentándose el peso significativo de los proyectos de movilidad 
sostenible, con lo que se contribuye al fomento de la nueva movilidad post-COVID. Por 
este motivo, supone un instrumento eficaz para la consecución de los fines propuestos 
en el mismo.
También  supone  el  instrumento  necesario  para  la  modificación  del  Real 
Decreto 616/2017, de 16 de junio. Se trata de una modificación normativa, de rango 
reglamentario igual al texto cuya modificación se efectúa. El dictado de esta norma es el 
instrumento adecuado y necesario para garantizar la consecución del objetivo propuesto.
Es conforme también con el principio de proporcionalidad dado que no contiene 
restricciones  de  derechos  ni  impone  obligaciones  a  sus  destinatarios.  Supone  la 
modificación más adecuada para obtener los fines propuestos.
Se  adecua,  igualmente,  al  principio  de  seguridad  jurídica,  puesto  que  supone 
modificaciones  reglamentarias  realizadas  conforme  al  procedimiento  de  elaboración 
normativa, que mantienen, en esencia los textos normativos modificados introduciendo 
únicamente  variaciones  en  las  disposiciones  que  se  pretenden  adaptar.  La  norma 
cumple con el principio de transparencia, dado que define claramente sus objetivos, 
reflejados en su preámbulo y en la MAIN que la acompaña.
Finalmente, se encuentra acreditado el principio de eficiencia, porque la iniciativa 
normativa no impone cargas administrativas innecesarias o accesorias y racionaliza, en 
su aplicación, la gestión de los recursos públicos.
Este real decreto se dicta en virtud de las competencias estatales en materia de 
bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, legislación 
básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las 
comunidades autónomas de establecer normas adicionales de protección, así como de 
bases del régimen minero y energético, previstas en el artículo 149.1.13.ª, 23.ª y 25.ª de 
la Constitución.
En su virtud, a propuesta de la Vicepresidenta Cuarta del Gobierno y Ministra para la  s
Transición Ecológica y el Reto Demográfico, con la aprobación previa de la Ministra de  oe.
Política Territorial y Función Pública, con el informe del Ministerio de Hacienda, y previa 
deliberación del Consejo de Ministros, en su reunión del día 29 de diciembre 2020,
DISPONGO:
Artículo único.  Modificación del Real Decreto 616/2017, de 16 de junio, por el que se 
regula la concesión directa de subvenciones a proyectos singulares de entidades 
locales que favorezcan el paso a una economía baja en carbono en el marco del 
Programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020.
El Real Decreto 616/2017, de 16 de junio, queda modificado como sigue:
Uno.  Se modifica el apartado 4 del artículo 3, que queda redactado como sigue:
«4.  El presupuesto total asignado asciende a 987.153.542 euros, siendo la 
distribución por tipología de región, de manera conjunta para los tres Objetivos 
Específicos (OE) incluidos en el POPE (anterior POCS), en el periodo 2014-2020, 
la que se indica en la tabla siguiente:
Presupuesto disponible
OE 4.3.1(Edificación, 
Infraestructuras y Servicios 
Públicos)
OE 4.5.1 (Movilidad urbana 
Tipología de región Comunidad/Ciudad Autónoma
sostenible)
OE 4.3.2 (Energías Renovables 
para electricidad y usos 
térmicos)
País Vasco.
Cataluña.
Galicia.
Principado de Asturias.
Cantabria.
La Rioja.
Más desarrollada. Generalitat Valenciana. 367.045.243 €
Aragón.
Comunidad Foral de Navarra.
Illes Balears.
Comunidad de Madrid.
Castilla y León.
Ciudad de Ceuta.
Menos desarrollada. Extremadura. 39.302.758 €
Andalucía.
Región de Murcia. o
En Transición. Castilla- La Mancha. 580.805.541 € 280ww
Canarias.
  Total presupuesto dispoCniuibdlaed: de Melilla. 987.153.542 € BOE-A-cable e
El  presupuesto  total  se  distribuye  de  forma  indicativa  por  comunidades 
autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla de la forma que se indica en el 
cuadro que se incluye a continuación. No obstante, si a la conclusión del plazo de 
presentación  de  solicitudes  que  establece  el  apartado  b)  del  apartado  1  del 
artículo 11, existieran remanentes presupuestarios en alguna de las comunidades 
autónomas  o  ciudades  de  Ceuta  y  Melilla,  tales  remanentes  presupuestarios 
podrán  ser  destinados  por  IDAE  a  expedientes  de  solicitudes  de  otras 
comunidades autónomas o ciudades de Ceuta y Melilla, dentro de la misma 
tipología de región, que cuenten con solicitudes registradas en lista de espera. En 
ese caso, la asignación de dichos remanentes presupuestarios se determinará de 
la siguiente forma:
a)  Solo tendrán consideración de remanentes presupuestarios disponibles, a 
efectos de su asignación a solicitudes en lista de espera, aquellos remanentes de 
presupuesto  que  no  hubieran  sido  solicitados  a  la  conclusión  del  plazo  de 
presentación  de  solicitudes  que  establece  el  apartado  b)  del  apartado  1  del 
artículo 11, en alguna comunidad o ciudad autónoma.
b)  La  asignación  de  dichos  remanentes  presupuestarios  se  realizará, 
exclusivamente dentro de la misma tipología de región, utilizando como criterio de 
prelación para la selección de las solicitudes receptoras de dichos remanentes 
presupuestarios, los datos relativos a la fecha de presentación y registro de las 
mismas, independientemente de la comunidad o ciudad autónoma de origen.
c)  Una vez efectuada la asignación de dichos remanentes presupuestarios a 
las  posibles  solicitudes  en  lista  de  espera  de  conformidad  con  el  orden  de 
prelación  descrito,  las  solicitudes  que  no  pudieran  ser  dotadas 
presupuestariamente se entenderán definitivamente desestimadas.
d)  La posible liberación de fondos económicos que pudiera producir una 
solicitud  de  ayuda  por  cualquier  otra  circunstancia  con  posterioridad  a  la 
conclusión del plazo de presentación de solicitudes que establece el apartado b) 
del  apartado  1  del  artículo  11,  no  tendrá  la  consideración  de  remanente 
presupuestario,  ni  podrá  destinarse  por  tanto  a  las  posibles  solicitudes 
desestimadas a las que se refiere el epígrafe anterior.
En ningún caso, los remanentes presupuestarios de una comunidad o ciudad 
autónoma podrán utilizarse en comunidades o ciudades autónomas de distinta 
tipología de región.
La  dotación  de  presupuesto  total  para  cada  una  de  las  comunidades 
autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla es la siguiente:
Comunidad o Ciudad Autónoma Limitación por Comunidad o Ciudad Autónoma
País Vasco. 4.553.547 €
Cataluña. 23.312.931 €
Galicia. 154.508.117 €
Principado de Asturias. 12.406.476 €
Cantabria. 1.907.655 €
La Rioja. 961.727 € s
Comunitat Valenciana. 120.503.322 € b
Comunidad o Ciudad Autónoma Limitación por Comunidad o Ciudad Autónoma
Aragón. 4.356.925 €
Comunidad Foral de Navarra. 1.305.556 €
Illes Balears. 6.230.849 €
Comunidad de Madrid. 16.614.327 €
Castilla y León. 18.882.741 €
Ciudad de Ceuta. 1.501.070 €
Extremadura. 39.302.758 €
Andalucía. 417.813.609 €
Región de Murcia. 29.702.103 €
Castilla-Mancha. 95.976.171 €
Canarias. 35.141.178 €
Ciudad de Melilla. 2.172.480 €
  Total. 987.153.542 €»
Dos.  Se modifica el apartado 6 de ese mismo artículo 3, que queda redactado 
como sigue:
«6.  Se considerará agotado el presupuesto disponible para cada tipología de 
región, cuando se efectúe el registro de la última solicitud de ayuda que totalice el 
importe asignado para dicha tipología de región. No obstante lo anterior, con 
posterioridad a ese momento, podrán seguir registrándose solicitudes que serán 
atendidas  por  riguroso  orden  de  entrada,  supeditadas  a  que  se  produzcan 
desestimaciones de solicitudes, o revocaciones por incumplimiento, que pudieran 
liberar presupuesto disponible. En ningún caso, la presentación de una solicitud 
generará  derecho  alguno  para  la  entidad  solicitante,  hasta  que  no  se  dicte 
resolución expresa de la solicitud por parte del IDAE.»
Tres.  Se modifica el artículo 11, que queda redactado como sigue:
«1.  Las subvenciones reguladas por este real decreto podrán solicitarse una 
vez transcurra un mes natural desde el día siguiente al de la publicación del 
mismo en el “Boletín Oficial del Estado” y hasta la conclusión de su vigencia, lo 
cual sucederá cuando se produzca alguna de las siguientes circunstancias:
a)  Que  conforme  a  las  solicitudes  recibidas,  se  agote  el  presupuesto 
disponible del programa.
b)  Que se llegue al 31 de diciembre de 2020 sin haberse cursado solicitudes 
suficientes para agotar el presupuesto disponible del programa.
2.  A la finalización del expresado plazo de vigencia, no serán admitidas más 
solicitudes.»
Disposición final única.  Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 29 de diciembre de 2020.
FELIPE R.
La Vicepresidenta Cuarta del Gobierno
y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico,
TERESA RIBERA RODRÍGUEZ