BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 67 Viernes 19 de marzo de 2021 Sec. I.   Pág. 31588
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
4318 Decreto-ley 16/2020, de 24 de septiembre, de modificación de la Ley 1/2007, 
de 17 de enero, por la que se regula la Prestación Canaria de Inserción para 
su adaptación al Ingreso Mínimo Vital.
Sea notorio a todos los ciudadanos y ciudadanas que el Gobierno de Canarias ha 
aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 47.1 del 
Estatuto de Autonomía de Canarias, promulgo y ordeno la publicación del Decreto 
ley 16/2020, de 24 de septiembre, de modificación de la Ley 1/2007, de 17 de enero, por 
la que se regula la Prestación Canaria de Inserción para su adaptación al Ingreso 
Mínimo Vital, ordenando a la ciudadanía y a las autoridades que lo cumplan y lo hagan 
cumplir.
Con fecha 29 de mayo pasado, el Gobierno de España aprobó el Real Decreto-
ley 20/2020, por el que se establece el ingreso mínimo vital (IMV) (publicado en el BOE 
n.º 154, de 1 de junio), configurado como prestación económica de la Seguridad Social 
en  su  modalidad  no  contributiva.  Todo  un  hito  histórico  que  viene  a  reforzar 
decisivamente el sistema de ingresos de inserción social dentro de nuestro Estado del 
Bienestar, estableciendo una política estatal de garantía última de ingresos en la lucha 
contra la pobreza y la desigualdad social. Dicha disposición entró en vigor el 1 de junio 
de 2020.
Esta  nueva  prestación  de  titularidad  estatal  se  configura  como  una  prestación 
económica no contributiva de la Seguridad Social, de la cual podrán ser titulares las 
personas con plena capacidad de obrar que la soliciten y la perciban, en nombre propio o 
en  nombre  de  una  unidad  de  convivencia.  Las  personas  titulares,  cuando  estén 
integradas en una unidad de convivencia, deberán tener una edad mínima de 23 años, o 
ser mayor de edad o menor emancipado en caso de tener hijos o menores en régimen 
de guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente (desde 18 años y 
desde  16  años,  respectivamente),  y  deberán  ser  menores  de  65  años. 
Excepcionalmente, cuando la unidad de convivencia esté integrada solo por mayores 
de 65 años y menores de edad o incapacitados judicialmente, será titular el mayor de 65 
años que solicite la prestación. En caso de no integrarse en una unidad de convivencia, 
la edad mínima de la persona titular será de 23 años, salvo en los supuestos de mujeres 
víctimas de violencia de género o víctimas de trata de seres humanos y explotación 
sexual, en los que se exigirá que la persona titular sea mayor de edad.
El  IMV  se  constituye,  por  tanto,  como  una  nueva  prestación  económica  no 
contributiva integrada dentro del sistema de Seguridad Social, con carácter estructural, y 
complementario  con  las  rentas  o  prestaciones  establecidas  en  las  Comunidades 
Autónomas.  La  puesta  en  marcha  de  esta  prestación  conlleva  necesariamente  la 
reordenación  del  conjunto  de  ayudas  estatales  y  autonómicas  con  el  fin  de  evitar 
duplicidades y facilitar su complementación en el marco de la garantía de ingresos. En 
Canarias,  el  reajuste  previsto  supone  la  coordinación  de  las  prestaciones  de  la 
Prestación Canaria de Inserción (PCI) con el IMV para garantizar respuestas inclusivas y 
dignas a las situaciones de pobreza y exclusión social. s
La existencia en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias de un  oe.
modelo de prestación de naturaleza económica que garantiza un nivel mínimo de renta a  w.
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objetos de concesión son concurrentes y compatibles.
Por  este  motivo,  el  presente  Decreto  ley  persigue  la  reforma,  adaptación  y 
coordinación de la Ley 1/2007, de 17 de enero, por la que se regula la Prestación 
Canaria de Inserción para hacerla compatible con el Ingreso Mínimo Vital, cuyas ayudas 
son competencia de la Comunidad Autónoma de Canarias, de modo que se eviten 
duplicidades y se garantice como sistema complementario a las personas que no puedan 
acogerse al IMV, a fin de mantener los apoyos que se precisen en los procesos de 
inclusión social y laboral, con el fin de superar la pobreza, la exclusión social y la 
desigualdad.
El  IMV  y  la  PCI,  con  las  adaptaciones  que  introduce  el  presente  Decreto  ley, 
garantizan una respuesta digna a las situaciones de pobreza y la puesta en marcha de 
un  sistema  integral  de  responsabilidad  pública  de  apoyo  a  la  inclusión  social  en 
Canarias.
II
El Decreto ley se estructura en una parte expositiva, un artículo único compuesto de 
siete apartados que modifican otros tantos preceptos de la vigente Ley 1/2007, de 17 de 
enero, por la que se regula la Prestación Canaria de Inserción, una disposición adicional, 
una  disposición  transitoria,  una  disposición  derogatoria  y  una  disposición  final.  En 
concreto, se introducen en el texto de la Ley las modificaciones precisas para hacer 
compatible ambas prestaciones económicas y en general, para la clarificación de los 
instrumentos para la inclusión social a tenor de la irrupción de la nueva prestación 
estatal, a efectos de que no se produzcan duplicidades que generen confusión.
Podemos destacar las siguientes modificaciones que se operan en preceptos de la 
Ley 1/2007, de 17 de enero, para su adaptación al IMV:
En primer lugar, se modifica el artículo 6 de la Ley para reforzar y aclarar aún más si 
cabe el carácter subsidiario y complementario de la PCI respecto del IMV, a través de la 
nueva redacción del apartado 2 del mismo y donde se le añaden, además, dos nuevos 
apartados 4 y 5 para confirmar que la persona que haya solicitado el Ingreso Mínimo 
Vital deberá comunicarlo y para ello, será suficiente con la aportación de la solicitud de 
dicha prestación en la solicitud de la ayuda económica básica y en las renovaciones 
reguladas en el artículo 18 de esta ley, quedando obligada la persona titular a presentar 
en su ayuntamiento la resolución, sea esta negativa o positiva, una vez le haya sido 
comunicada. En todo caso, la no concesión en plazo del Ingreso Mínimo Vital por la 
Administración de la Seguridad Social no será obstáculo para que sea reconocida a la 
misma unidad de convivencia el derecho a la Prestación Canaria de Inserción que le 
pudiera corresponder, quedando obligada la persona titular a informar a su ayuntamiento 
una vez se haya resuelto la solicitud de dicha prestación estatal, a efectos de realizar, en 
su caso, los ajustes pertinentes en el percibo de la ayuda económica básica.
Se modifica la letra a) del artículo 7.1.2.º de la Ley para definir con mayor precisión la 
carencia de recursos económicos a los efectos de la PCI, de manera que se considerará 
que no existe carencia de recursos económicos cuando en el mes anterior a la solicitud 
de la ayuda económica básica la persona solicitante o cualquier miembro de su unidad 
de convivencia obtuviera salarios o remuneraciones regulares por trabajos por cuenta 
ajena, por la realización de actividades lucrativas por cuenta propia o por el percibo de 
prestaciones derivadas del Ingreso Mínimo Vital, cuya cuantía neta mensual, sumada a 
los ingresos netos mensuales de todos los miembros de la unidad de convivencia, 
superase el importe mensual que pudiera corresponder a la unidad de convivencia por la  e.e
obtención de la ayuda. b
En el artículo 8 se incluyen nuevas prestaciones y ayudas económicas que no se  18ww
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se venía considerando como no computables, ahora se determina que en ningún caso 
computarán:
a)  Las cantidades recibidas en concepto de ayudas sociales de carácter finalista, 
no periódicas, o concedidas para paliar situaciones de emergencia social.
b)  Las subvenciones periódicas que se perciban en materia de vivienda.
c)  Las becas de formación, de estudios y similares.
d)  Las prestaciones familiares económicas de pago periódico o único por hijo a 
cargo del sistema de la Seguridad Social.
e)  Las  prestaciones  económicas  del  sistema  de  promoción  de  la  autonomía 
personal y atención a las personas en situación de dependencia.
f)  Las  pensiones  derivadas  del  pago  de  alimentos  reconocidas  por  sentencia 
judicial hasta el límite de la cuantía mensual de la ayuda económica básica que le 
correspondiera por unidad de convivencia.
g)  Las  pensiones  compensatorias  reconocidas  por  sentencia  judicial  y  que  se 
abonen de forma efectiva hasta el límite de la cuantía mensual de la ayuda económica 
básica que le correspondiera por unidad de convivencia.
h)  Las  prestaciones  por  acogimiento  familiar  hasta  el  límite  que  le  pudiera 
corresponder por unidad de convivencia.
i)  Las pensiones no contributivas, en su modalidad de invalidez, del sistema de la 
Seguridad Social.
j)  Las pensiones contributivas en su modalidad de invalidez hasta el límite de las 
cuantías establecidas para las pensiones no contributivas con complemento retributivo 
de tercera persona.
k)  El resto de las pensiones del sistema de la Seguridad Social o de cualquier otro 
régimen público de protección social hasta el límite de la cuantía de ayuda económica 
básica  que  correspondería  a  la  unidad  de  convivencia,  exceptuando  las  cuantías 
derivadas del Ingreso Mínimo Vital que sí computarán en su totalidad.
Se modifica el artículo 9.4 de la Ley para garantizar una cuantía mínima de la PCI en 
todo caso, por lo que siempre que se tuviese derecho a la percepción de la ayuda 
económica básica, esta no podrá ser nunca inferior al importe mínimo fijado en la Ley y 
anualmente  actualizable,  cualquiera  que  sea  la  deducción  que  se  efectúe  por  los 
ingresos y demás rentas con que cuente la unidad de convivencia, excepto las que se 
perciban del Ingreso Mínimo Vital que se complementará hasta el porcentaje mínimo del 
IPREM establecido en el apartado 2, letra a) de este artículo.
En el artículo 11.3, se pone como exigencia que en todo caso se acompañará con la 
solicitud  de  PCI,  el  comprobante  de  haber  solicitado  el  Ingreso  Mínimo  Vital  a  la 
Seguridad Social, y en su caso, la resolución de concesión o denegación del mismo, 
dado el carácter subsidiario y complementario de la PCI respecto del IMV, atendiendo al 
ámbito subjetivo definido en el Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, para esta 
nueva prestación no contributiva de la Seguridad Social.
En el artículo 20 de la Ley se introduce una nueva causa de suspensión de la PCI, 
dado el carácter territorial de esta renta de inserción destinada a las personas residentes 
en Canarias, de manera que, en adelante, la ausencia del territorio de la Comunidad 
Autónoma de Canarias por un tiempo superior de 30 días y hasta el límite de los 90 días 
naturales, será causa de suspensión o interrupción temporal del percibo de la ayuda 
económica básica. En todo caso, se impone además la obligación de que la persona 
interesada deberá comunicar previamente ante la Administración municipal su salidas  e
del domicilio para traslados fuera de Canarias cuando se prevean ausencias de más  bo
de 30 días naturales. 18ww
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deonm ciucyiloio ,c acsoom od enbueeráva d ceajaurs dae e sl edre  baeunseefnictiaarrsiae  dfuee lraa  pdree sCtaacniaórnia. sIg muaálsm ednet en,o sveernáta c aduíassa, 
de extinción, la aprobación para la misma persona titular y unidad de convivencia del
Ingreso  Mínimo  Vital  con  posterioridad  a  la  resolución  de  concesión  de  la  ayuda 
económica básica, si no cumpliera los requisitos para el percibo de esta, una vez 
aplicadas las deducciones correspondientes, dado el mencionado carácter subsidiario y 
complementario de la PCI respecto del IMV.
Por último, este Decreto ley finaliza con una Disposición adicional que se destina a 
regular la cesión de datos personales de perceptores de la PCI a las bases de datos de 
la Seguridad Social para el percibo del Ingreso Mínimo Vital, en consonancia con el 
artículo 20 del Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, sin necesidad contar con el 
consentimiento de las personas interesadas, con base en el artículo 6.1, letra e) del 
Reglamento General de Protección de Datos.
E igualmente, se introduce una Disposición transitoria estableciendo un régimen 
específico para las solicitudes de la PCI registradas con posterioridad al 1 de junio 
de 2020, pendientes de resolución a la entrada en vigor de este Decreto ley.
De acuerdo con dicho régimen transitorio, el percibo de la PCI lo podrá ser hasta un 
máximo de siete meses a partir de la fecha de la solicitud del Ingreso Mínimo Vital, o si 
se produjera antes de dicho plazo el reconocimiento de dicha prestación estatal, hasta la 
fecha de su resolución por parte de la Administración de la Seguridad Social. Se prevé, 
igualmente que la duración del citado plazo se podrá ampliar por Acuerdo del Gobierno 
de Canarias en función de la demora de la Administración de la Seguridad Social en 
resolver  las  solicitudes  del  IMV  más  allá  del  31  de  diciembre  de  2020  y  de  las 
circunstancias  de  falta  de  recursos  económicos  que  concurran  en  las  unidades  de 
convivencia beneficiarias de la medida, conforme a lo que dispone el artículo 7.1.2.º de la 
Ley 1/2007, de 17 de enero, por la que se regula la Prestación Canaria de Inserción.
La  disposición  se  completa  con  una  disposición  derogatoria  general,  y  una 
disposición final, para fijar su entrada en vigor el mismo día de su publicación.
III
En consecuencia, a la vista de los hechos descritos, la extraordinaria y urgente 
necesidad de este Decreto ley resulta plenamente justificada.
La adopción de medidas mediante Decreto-Ley ha sido avalada por el Tribunal 
Constitucional  siempre  que  concurra  una  motivación  explícita  y  razonada  de  la 
necesidad –entendiendo por tal que la coyuntura de crisis sanitaria exige una rápida 
respuesta– y la urgencia –asumiendo como tal que la dilación en el tiempo de la 
adopción de la medida de que se trate mediante una tramitación por el cauce normativo 
ordinario  podría  generar  algún  perjuicio–.  El  Decreto-Ley  constituye  un  instrumento 
constitucionalmente lícito, siempre que el fin que justifica la legislación de urgencia, sea, 
tal como reiteradamente ha exigido nuestro Tribunal Constitucional (sentencias 6/1983, 
de 4 de febrero, FJ. 5; 11/2002, de 17 de enero, FJ. 4, 137/2003, de 3 de julio, FJ. 3 
y 189/2005, de 7 julio, FJ. 3), subvenir a una situación concreta, dentro de los objetivos 
gubernamentales, que por razones difíciles de prever requiere una acción normativa 
inmediata  en  un  plazo  más  breve  que  el  requerido  por  la  vía  normal  o  por  el 
procedimiento  de  urgencia  para  la  tramitación  parlamentaria  de  las  leyes,  máxime 
cuando la determinación de dicho procedimiento no depende del Gobierno.
La aprobación del Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, hace necesaria una 
reordenación inmediata del sistema de prestaciones económicas de inserción social 
existente  en  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias  para  garantizar  que  todos  los 
potenciales beneficiarios del IMV pueden acceder lo antes posible a la nueva prestación  s
estatal, y reforzar el carácter subsidiario y complementario de la PCI respecto del IMV, lo  e.
que resulta especialmente urgente por el impacto económico y social que la crisis  w.
sanitaria ocasionada por el COVID-19 está ejerciendo sobre las personas en situación de  18ww
vaudlonpetraanb imlideaddid ya se lc roiens cgaor ádcete crr ionnmifeicdaicaitóon.  Py oar utmodeon teol lod eq ulae dpao barcerzead ietand ae l lafu ctuornoc usir rneon csiae 
edne  eml optriveosse nqtuee D juesctriefitcoa lne yla. extraordinaria y urgente necesidad de las medidas adoptadas  BOE-A-cable e
Asimismo, la extraordinaria y urgente necesidad de aprobar este Decreto ley se 
inscribe  en  el  juicio  político  o  de  oportunidad  que  corresponde  al  Gobierno 
(SSTC 61/2018, de 7 de junio, FJ 4; 142/2014, de 11 de septiembre, FJ 3) y esta 
decisión, sin duda, supone una ordenación de prioridades políticas de actuación (STC, 
de 28 de enero de 2020, Recurso de Inconstitucionalidad número 2208-2019), centradas 
en el cumplimiento de la seguridad jurídica y la cobertura de las necesidades básicas de 
la ciudadanía. Los motivos de oportunidad que acaban de exponerse demuestran que, 
en ningún caso, este Decreto ley constituye un supuesto de uso abusivo o arbitrario de 
este instrumento constitucional (SSTC 61/2018, de 7 de junio, FJ 4; 100/2012, de 8 de 
mayo, FJ 8; 237/2012, de 13 de diciembre, FJ 4; 39/2013, de 14 de febrero, FJ 5). Al 
contrario, todas las razones expuestas justifican amplia y razonadamente la adopción de 
la norma (SSTC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3; 111/1983, de 2 de diciembre, FJ 5; 
182/1997, de 20 de octubre, FJ 3).
Debe señalarse también que este Decreto ley no afecta al ámbito de aplicación 
delimitado  por  el  artículo  46.2  del  Estatuto  de  Autonomía  de  Canarias.  Además, 
responde a los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, 
transparencia, y eficiencia, tal y como exigen la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. A estos efectos 
se pone de manifiesto el cumplimiento de los principios de necesidad y eficacia dado el 
interés general en el que se fundamentan las medidas que se establecen, siendo el 
Decreto-Ley el instrumento más adecuado para garantizar su consecución. La norma es 
acorde con el principio de proporcionalidad al contener la regulación imprescindible para 
la consecución de los objetivos previamente mencionados. Igualmente, se ajusta al 
principio de seguridad jurídica, siendo coherente con el resto del ordenamiento jurídico. 
Asimismo, cumple también con el principio de transparencia, ya que identifica claramente 
su propósito y se ofrece una explicación, sin que se hayan realizado los trámites de 
participación pública que se establecen en el artículo 26 de la Ley 50/1997, de 27 de 
noviembre, del Gobierno, al amparo de la excepción que, para los decretos-leyes, regula 
el apartado 11 del aludido precepto. Por último, en relación con el principio de eficiencia, 
este Decreto ley no impone cargas administrativas adicionales a las existentes con 
anterioridad, salvo las informativas a la Administración ya señaladas.
Por  otra  parte,  dada  la  finalidad  de  este  Decreto  ley  y  el  ámbito  material  de 
competencias donde se inserta, la presente disposición forma parte del bloque normativo 
sobre  servicios  sociales  derivado  de  las  competencias  exclusivas  en  esa  materia 
reconocidas en el Estatuto de Autonomía de Canarias. En efecto, el artículo 142.1, letra 
a) del Estatuto de Autonomía de Canarias, aprobado por la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de 
noviembre, establece en su artículo 142, referido a los «Servicios sociales», que «1. 
Corresponde  a  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias  la  competencia  exclusiva  en 
materia de servicios sociales, que incluye, en todo caso:
a)  La regulación y la ordenación de los servicios sociales, las prestaciones técnicas 
y económicas con finalidad asistencial o complementaria de otros sistemas de previsión 
pública, así como de los planes y los programas específicos dirigidos a personas y 
colectivos en situación de pobreza o de necesidad social. (…)».
Por último, debe mencionarse la Ley 1/2010, de 26 de febrero, Canaria de Igualdad 
entre Mujeres y Hombres, que establece en su artículo 4 los principios generales de 
actuación  de  los  poderes  públicos  de  Canarias,  entre  ellos,  el  de  transversalidad, 
principio que comporta aplicar la perspectiva de género en las fases de planificación,  e
ejecución  y  evaluación  de  todas  las  políticas  con  la  finalidad  de  eliminar  las  bo
desigualdades y promover la igualdad entre mujeres y hombres. Desde esa perspectiva,  18ww
mel ispmreos ernaten gDoe cyr ectoo nle yl,a  aufinnaqluidea sde  etrsaetan cdiael  udnea  nhoarcmera  mcoomdpifiactaibtilvea  edle  poetrrac ibaon tedreio r ddoesl 
psirteusatcaicoinoense sd,e  evl uIlnMeVra byi lildaa dP CsoI,c ieanl,  paomr bloo sq ucea ssoes h ala ste nmidisom eans  cudeen tdae slati npaenrs pae cattievan ddeer 
género en su análisis previo, haciendo un uso no sexista del lenguaje utilizado en las 
expresiones utilizadas.
En su virtud, en uso de la autorización contenida en el artículo 46 del Estatuto de 
Autonomía de Canarias, a propuesta de la Consejera de Derechos Sociales, Igualdad, 
Diversidad y Juventud, y previa deliberación del Gobierno en su reunión celebrada el 
día 24 de septiembre de 2020, dispongo:
Artículo único.  Modificación de la Ley 1/2007, de 17 de enero, por la que se regula la 
Prestación Canaria de Inserción.
La Ley 1/2007, de 17 de enero, por la que se regula la Prestación Canaria de 
Inserción, se modifica en los siguientes términos:
Uno.  Se modifica el artículo 6 que queda redactado como sigue:
«Artículo 6.  Carácter subsidiario y complementario.
1.  La ayuda económica básica tendrá carácter subsidiario de las pensiones 
que  pudieran  corresponder  a  los  miembros  integrantes  de  la  unidad  de 
convivencia de la persona solicitante, sean del sistema de la Seguridad Social, o 
de cualquier otro régimen público de protección social.
2.  Dado el carácter subsidiario de la prestación, su otorgamiento quedará 
condicionado a que la persona peticionaria y su unidad de convivencia que tenga 
derecho al percibo del Ingreso Mínimo Vital o de alguna de las prestaciones o 
pensiones mencionadas en el apartado anterior, lo acredite fehacientemente con 
carácter  previo,  tanto  de  haberlas  solicitado,  como  en  su  caso,  de  haberlas 
obtenido del organismo correspondiente.
3.  Sin  perjuicio  de  lo  dispuesto  en  los  apartados  precedentes,  la  ayuda 
económica  básica  tendrá  carácter  complementario,  hechas  las  deducciones 
correspondientes,  hasta  el  importe  que  corresponda  percibir  a  la  unidad  de 
convivencia  beneficiaria  de  la  prestación,  respecto  de  los  recursos  de  que 
dispongan  sus  miembros,  así  como  de  las  prestaciones  económicas  a  que 
pudieran tener derecho.
4.  En el caso del Ingreso Mínimo Vital, será suficiente con la acreditación de 
la solicitud de dicha prestación en la solicitud de la ayuda económica básica y en 
las renovaciones reguladas en el artículo 18 de esta ley, quedando obligada la 
persona titular a presentar en su ayuntamiento la resolución, sea esta negativa o 
positiva, una vez le haya sido notificada por la Administración de la Seguridad 
Social.
5.  La no concesión en plazo del Ingreso Mínimo Vital por la Administración 
de la Seguridad Social no será obstáculo para que sea reconocida a la misma 
unidad de convivencia el derecho a la ayuda económica básica que le pudiera 
corresponder, quedando obligada la persona titular a informar a su ayuntamiento 
una vez se haya resuelto la solicitud de dicha prestación estatal, a efectos de 
realizar, en su caso, las revisiones, modificaciones, deducciones o reintegros que 
procedan en relación al percibo de la ayuda económica básica.»
Dos.  Se modifica la letra a) del artículo 7.1.2.º que queda redactada como sigue:
«a)  Cuando los ingresos de la persona solicitante y, en su caso, de los  e
demás  miembros  de  su  unidad  de  convivencia,  computados  conjuntamente  bo
durante los tres meses inmediatamente anteriores a la presentación de la solicitud,  18ww
csoerarne spinofnedrieorr,e ds uraa ntlea  trceusa nmtíeas eds,e  a lalo s aiynutedgar anetceosn ódme ilcaa  unbiádsaidc ad eq ucoen vpivuedniecriaa 
deest alab lpeecridsoosn ae nq ueel  asrotílcicuitloe  9y. perciba la ayuda, de conformidad con los parámetros
A los efectos de la presente ley, no se considerará que existe carencia de 
recursos económicos si, aun cuando se cumpliera el requisito señalado en el 
párrafo anterior, en el mes anterior a la solicitud de la ayuda económica básica la 
persona solicitante o cualquier miembro de su unidad de convivencia obtuviera 
salarios  o  remuneraciones  regulares  por  trabajos  por  cuenta  ajena,  por  la 
realización  de  actividades  lucrativas  por  cuenta  propia  o  por  el  percibo  de 
prestaciones  derivadas  del  Ingreso  Mínimo  Vital,  cuya  cuantía  neta  mensual, 
sumada a los ingresos netos mensuales de todos los miembros de la unidad de 
convivencia, superase el importe mensual que pudiera corresponder a la unidad 
de convivencia por la obtención de la ayuda.»
Tres.  Se modifica el artículo 8 que queda redactado como sigue:
«Artículo 8.  Determinación de recursos.
A los efectos de determinar los ingresos percibidos por la persona solicitante y 
los demás miembros de la unidad de convivencia, para comprobar el cumplimiento 
del  requisito  de  carencia  de  recursos  económicos  suficientes  previsto  en  el 
artículo 7.1.2.º de esta ley y, en su caso, aplicar las deducciones correspondientes 
al importe de la ayuda económica básica a percibir, no se computarán:
a)  Las cantidades recibidas en concepto de ayudas sociales de carácter 
finalista, no periódicas, o concedidas para paliar situaciones de emergencia social.
b)  Las subvenciones periódicas que se perciban en materia de vivienda.
c)  Las becas de formación, de estudios y similares.
d)  Las prestaciones familiares económicas de pago periódico o único por hijo 
a cargo del sistema de la Seguridad Social.
e)  Las prestaciones económicas del sistema de promoción de la autonomía 
personal y atención a las personas en situación de dependencia.
f)  Las pensiones derivadas del pago de alimentos reconocidas por sentencia 
judicial hasta el límite de la cuantía mensual de la ayuda económica básica que le 
correspondiera por unidad de convivencia.
g)  Las pensiones compensatorias reconocidas por sentencia judicial y que se 
abonen de forma efectiva hasta el límite de la cuantía mensual de la ayuda 
económica básica que le correspondiera por unidad de convivencia.
h)  Las prestaciones por acogimiento familiar hasta el límite que le pudiera 
corresponder por unidad de convivencia.
i)  Las pensiones no contributivas, en su modalidad de invalidez, del sistema 
de la Seguridad Social.
j)  Las pensiones contributivas en su modalidad de invalidez hasta el límite de 
las cuantías establecidas para las pensiones no contributivas con complemento 
retributivo de tercera persona.
k)  El  resto  de  las  pensiones  del  sistema  de  la  Seguridad  Social  o  de 
cualquier otro régimen público de protección social hasta el límite de la cuantía de 
ayuda  económica  básica  que  correspondería  a  la  unidad  de  convivencia, 
exceptuando las cuantías derivadas del Ingreso Mínimo Vital que computarán en 
su totalidad.»
Cuatro.  Se modifica el artículo 9.4 que queda redactado como sigue:
«4.  Del importe de la ayuda económica básica que pudiera corresponder a la  b
unidad de convivencia se deducirán los ingresos y demás rentas con que cuente  18ww
éstaC, uteanlqieuniedroa  eqnu ceu esnetaa  llao  ddiesdpuucecsitóon e nq ueel  asretí ceufleoc 8tú dee,  ey sstaie lmeyp.re que se tuviese
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se  efectúe  por  los  ingresos  y  demás  rentas  con  que  cuente  la  unidad  de
convivencia,  excepto  las  que  se  perciban  del  Ingreso  Mínimo  Vital  que  se 
complementará  hasta  el  porcentaje  mínimo  del  IPREM  establecido  en  el 
apartado 2, letra a) de este artículo.
Dicho importe mínimo podrá ser revalorizado anualmente en las leyes de 
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, atendiendo, al menos, al 
porcentaje de incremento del IPREM correspondiente previsto para el respectivo 
año, o en su defecto, al incremento del IPC de Canarias del año anterior.»
Cinco.  Se modifica el artículo 11.3 que queda redactado como sigue:
«3.  La solicitud deberá ir acompañada de los documentos que se determinen 
en las normas de desarrollo de la presente ley. Asimismo, las personas solicitantes 
podrán acompañar cuanta documentación estimen conveniente para precisar o 
completar los datos de la solicitud, la cual deberá ser admitida y tenida en cuenta 
por el órgano al que se dirijan. En todo caso, se acompañará con la solicitud, el 
comprobante de haber solicitado el Ingreso Mínimo Vital a la Seguridad Social, y 
en su caso, la resolución de concesión o denegación del mismo.»
Seis.  Se modifica el artículo 20 que queda redactado como sigue:
«Artículo 20.  Suspensión.
La  percepción  de  la  ayuda  económica  básica  podrá  ser  suspendida 
temporalmente,  mediante  resolución  administrativa  motivada,  por  un  plazo 
determinado, previa audiencia de la persona interesada, por las causas siguientes:
a)  Percepción,  con  carácter  temporal,  de  ingresos  económicos  por  un 
importe mensual igual o superior a la ayuda económica básica.
b)  Pérdida transitoria u ocasional de alguno de los requisitos y obligaciones 
exigidos en la presente ley.
c)  Ausencia en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias por un 
tiempo superior de 30 días y hasta los 90 días naturales. En todo caso, la persona 
interesada deberá comunicar previamente ante la Administración municipal su 
salidas  del  domicilio  para  traslados  fuera  de  Canarias  cuando  se  prevean 
ausencias de más de 30 días naturales.»
Siete.  Se modifica el artículo 22 que queda redactado como sigue:
«Artículo 22.  Extinción.
El derecho al percibo de la ayuda económica básica quedará extinguido, 
mediante la correspondiente resolución administrativa motivada, previa audiencia 
de las personas titulares de la ayuda, por alguna de las siguientes causas:
a)  Fallecimiento del titular de la prestación, o su internamiento permanente o 
por  cierto  tiempo  en  una  institución  sanitaria,  sociosanitaria  o  penitenciaria, 
cuando  sea  la  única  persona  beneficiaria  mayor  de  edad  de  la  unidad  de 
convivencia.
En unidades de convivencia de dos o más miembros, en caso de fallecimiento 
del titular, cabrá la subrogación en otro miembro de la unidad familiar, que se 
regulará por reglamento. e.e
b)  Pérdida definitiva de alguno de los requisitos o por el incumplimiento de  b
las obligaciones establecidas en la presente ley, sin que sea posible activar el  18ww
mecca)n isTmraon dsec ulars mo oddeilf ipclaaczioó nd ee sctoanbcleecsiidóon  edne  elal  aprrteícsutaloc i1ó7n. 2y. de sus renovaciones.
miemd)b roRse dneu nlac iuan iad adla  dep rceosntavcivióenn cpiao.r  parte  del  titular  y  de  todos  los  demás
e)  Por traslado de domicilio fuera del territorio de la Comunidad Autónoma de 
Canarias, o por ausencia del mismo por un plazo superior a los 90 días naturales, 
sin que pueda producirse la modificación prevista en el artículo 17.2 de esta ley, y 
tampoco cuando sea causa de suspensión.
f)  Por la aprobación para la misma persona titular y unidad de convivencia 
del Ingreso Mínimo Vital con posterioridad a la resolución de concesión de la 
ayuda económica básica, si no cumpliera los requisitos para el percibo de esta, 
una vez aplicadas las deducciones correspondientes.»
Disposición adicional única.  Cesión de datos de perceptores de la PCI a las bases de 
datos de la Seguridad Social para el percibo del Ingreso Mínimo Vital.
La cesión a la Administración de la Seguridad Social de los datos de carácter 
personal de las personas que actualmente sean titulares de la Prestación Canaria de 
Inserción, para facilitar su acceso al Ingreso Mínimo Vital, no requerirá el consentimiento 
previo de la persona interesada, ni de las personas que formen parte de la unidad de 
convivencia, por ser un tratamiento de datos de los referidos en el artículo 6.1, letra e) 
del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril 
de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 
de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la 
Directiva 95/46/CE, en relación con el artículo 8 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Las 
Administraciones públicas actuantes tomarán las medidas oportunas para que, en el 
curso del procedimiento administrativo, quede garantizada la confidencialidad de los 
datos suministrados por las personas solicitantes para la gestión de la prestación de la 
Seguridad Social y estarán obligadas a cumplir con la legislación vigente en materia de 
protección de datos.
Disposición transitoria única.  Régimen transitorio para las solicitudes de la Prestación 
Canaria de Inserción pendientes de resolución.
1.  Durante un plazo máximo de siete meses a contar desde el momento de la 
solicitud del Ingreso Mínimo Vital (IMV), serán compatibles y no deducibles con el citado 
ingreso, aquellas solicitudes de la Prestación Canaria de Inserción (PCI) registradas con 
el expediente completo a partir del 1 de junio de 2020 y que fueran resueltas hasta el 31 
de diciembre del mismo año, en caso que, además, se les apruebe el Ingreso Mínimo 
Vital (IMV) con posterioridad al reconocimiento de dicha PCI.
2.  Si  antes  del  límite  del  referido  plazo  de  siete  meses  se  produjera  el 
reconocimiento  del  IMV,  dicha  compatibilidad  tendrá  efectos  hasta  la  fecha  de  la 
resolución del referido ingreso por parte de la Administración de la Seguridad Social, 
teniendo en cuenta, en su caso, los efectos retroactivos de la prestación estatal previstos 
en el párrafo primero de la disposición transitoria segunda del Real Decreto- ley 20/2020, 
de 29 de mayo.
En todo caso, una vez recibida la notificación de dicho reconocimiento, la persona a 
la que se le haya reconocido o denegado el Ingreso Mínimo Vital deberá comunicarlo a la 
Administración municipal de su residencia.
3.  La duración del plazo a que se refiere el apartado 1, se podrá ampliar por 
Acuerdo del Gobierno de Canarias en función de la demora de la Administración de la 
Seguridad Social en resolver las solicitudes del IMV más allá del 31 de diciembre  es
de 2020 y de las circunstancias de carecer de recursos económicos suficientes que  bo
concurran en las unidades de convivencia beneficiarias de la medida, en los términos  18ww
señalados en el artículo 7.1.2.º de la Ley.
Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango en lo que contradigan o 
se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto ley.
Disposición final única.  Entrada en vigor.
El presente Decreto ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el 
«Boletín Oficial de Canarias».
Canarias,  24  de  septiembre  de  2020.–El  Presidente  del  Gobierno,  Ángel  Víctor 
Torres Pérez.–La Consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, 
Noemí Santana Perera.
(Publicado en el «Boletín Oficial de Canarias» número 197, de 25 de septiembre de 2020. Convalidado por 
Acuerdo del Parlamento de Canarias, publicado en el «Boletín Oficial de Canarias» número 231, de 11 de 
noviembre de 2020)