BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 97 Viernes 23 de abril de 2021 Sec. TC.   Pág. 47533
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
6606 Sala Segunda. Sentencia 60/2021, de 15 de marzo de 2021. Recurso de 
amparo  6820-2019.  Promovido  por  don  Mourad  Hlal  respecto  de  las 
resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia de Guadalajara en 
juicio verbal de desahucio. Vulneración del derecho a la tutela judicial sin 
indefensión: emplazamiento mediante edictos sin agotar las posibilidades de 
comunicación personal (STC 62/2020).
ECLI:ES:TC:2021:60
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional compuesta por la magistrada doña 
Encarnación Roca Trías, presidenta, y los magistrados, don Juan Antonio Xiol Ríos, don 
Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez, don Ricardo 
Enríquez Sancho, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 6820-2019, promovido por don Mourad Hlal, contra el 
auto del Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Guadalajara de 11 de octubre de 2019, 
por el que se desestima el incidente de nulidad de actuaciones, pronunciado en el juicio 
verbal de desahucio núm. 4-2018. Ha comparecido don Luis Javier Lobato Alonso. Ha 
intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido ponente el magistrado don Juan Antonio Xiol 
Ríos.
I. Antecedentes
1.  Don  Mourad  Hlal,  representado  por  la  procuradora  de  los  tribunales  doña 
Jennifer Vicente Benito y bajo la dirección de la letrada doña Sonia Ruiz Higes, interpuso 
recurso de amparo contra la resolución citada en el encabezamiento, mediante escrito 
registrado en este tribunal el 25 de noviembre de 2019.
2.  El recurso tiene su origen en los siguientes antecedentes:
a)  El 2 de enero de 2018 se interpuso demanda de desahucio contra el recurrente 
en amparo, dando lugar al juicio verbal 4-2018, tramitado por el Juzgado de Primera 
Instancia núm. 1 de Guadalajara.
El órgano judicial intentó los días 8 y 12 de marzo de 2018 la notificación de la 
condición  de  demandado  al  recurrente  en  amparo  en  el  domicilio  objeto  del 
arrendamiento, resultando infructuoso al no encontrarse nadie en la vivienda y estar las 
ventanas cerradas, no constando el nombre del interesado en el buzón. Se dejó aviso de  s
citación por debajo de la puerta del domicilio. e.
b)  El letrado de la administración de justicia, por diligencia de ordenación de 20 de  w.
marzo de 2018, acordó, de conformidad con lo previsto en el art. 440.3 de la Ley de  06ww
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c)  El órgano judicial, por auto de 22 de noviembre de 2018, acordó la ejecución de 
las rentas impagadas. Por decreto de esa misma fecha, el letrado de la administración 
de justicia acordó la averiguación del domicilio del recurrente en amparo mediante la 
consulta en las bases de datos a las que tenía acceso el juzgado, resultando un domicilio 
de empadronamiento, en que figuraba inscrito el recurrente de amparo desde el 1 de 
diciembre  de  2017,  al  que  se  dirigió  el  auto  despachando  la  ejecución,  que  fue 
correctamente notificado en ese domicilio alternativo el 7 de diciembre de 2018.
d)  El recurrente en amparo, mediante escrito de 19 de marzo de 2019, interpuso 
incidente de nulidad de actuaciones invocando el derecho a la tutela judicial efectiva al 
haberse procedido a la notificación edictal sin haber desarrollado la mínima actividad por 
el órgano judicial para localizar un domicilio de notificación alternativo.
e)  El incidente de nulidad de actuaciones fue desestimado por auto de 11 de 
octubre de 2019, con fundamento en que el órgano judicial procedió a la notificación por 
edictos, de conformidad con lo establecido en el art. 164, en relación con el art. 155 LEC, 
en cuanto a la determinación del domicilio de notificaciones en el juicio por desahucio y 
los requisitos para proceder a la notificación edictal en caso de no poder ser hallado el 
demandado.
3.  El recurrente de amparo solicita la nulidad de la resolución judicial impugnada 
por vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) con retroacción 
de actuaciones al momento en que se debió notificar la existencia del procedimiento.
El recurrente fundamenta la vulneración del art. 24.1 CE en que no ha podido 
comparecer ni defenderse en el procedimiento al haberse tramitado en rebeldía porque 
el órgano judicial procedió a la notificación edictal sin desarrollar la mínima diligencia que 
le era exigible para la averiguación de su domicilio, constando desde el 1 de diciembre 
de  2017,  esto  es  con  anterioridad  a  que  se  presentara  la  demanda  instando  su 
desahucio, su empadronamiento en el domicilio en que después le fue notificado el auto 
despachando la ejecución.
El  recurrente  de  amparo  afirma  en  la  demanda  que  el  recurso  tiene  especial 
transcendencia constitucional porque se está incumpliendo la reiterada jurisprudencia 
constitucional en la materia (SSTC 30/2014 y 181/2015).
4.  La  Sección  tercera  de  este  tribunal,  por  providencia  de  17  de  septiembre 
de 2020, acordó la admisión a trámite del presente recurso, apreciando que concurre en 
el mismo una especial trascendencia constitucional [art. 50.1 de la Ley Orgánica del 
Tribunal Constitucional (LOTC)] como consecuencia de que la doctrina de este tribunal 
sobre el derecho fundamental que se alega podría estar siendo incumplida de modo 
general y reiterado por la jurisdicción ordinaria o pudieran existir resoluciones judiciales 
contradictorias sobre el derecho fundamental [STC 155/2009, FJ 2 e)]; dirigir atenta 
comunicación al órgano judicial para el emplazamiento de quienes hubieran sido parte 
en el procedimiento para que pudiesen comparecen en el plazo de diez días en el 
recurso de amparo; y la formación de pieza separada para la tramitación del incidente 
sobre  la  suspensión  solicitada,  que  fue  denegada  por  ATC  152/2020,  de  30  de 
noviembre.
5.  La Secretaría de Justicia de la Sala Segunda de este tribunal, por diligencia de 
ordenación de 17 de diciembre de 2020, acordó tener por personada y parte en el 
procedimiento a la procuradora de los tribunales doña Belén Largacha Polo, bajo la 
dirección del letrado don Enrique Hernández Fernández, en nombre y representación de  s
don Luis Javier Lobato Alonso, y dar vista de las actuaciones al Ministerio Fiscal y a las  oe.
partes personadas por plazo común de veinte días para presentar las alegaciones que  w.
estim6.a seEnl  pMeirntiinsteenrtioe s.Fiscal, por escrito registrado el 5 de febrero de 2021, formuló  2021-6606n https://ww
aa lelgaa ctuiotenleas  jiundteicreiasl aenfdeoc tqivuae  s(aer to. to2r4g.u1e  CelE a)m yp asreo  sdoeliccliatared ol ap onr uvluidlnaedr adceió nla d erel sdoelrueccihóon   BOE-A-cable e
impugnada y de todo lo actuado en el juicio verbal de desahucio desde la notificación 
edictal con retroacción de actuaciones hasta ese momento para que se pronuncie una 
nueva resolución respetuosa con el derecho fundamental reconocido.
El Ministerio Fiscal, tras la cita de la jurisprudencia constitucional en materia de la 
correcta  configuración  de  la  relación  procesal  en  su  concreta  aplicación  a  los 
procedimientos de desahucio (SSTC 181/2015, 123/2019 y 62/2020), expone que se ha 
vulnerado el art. 24.1 CE, ya que el órgano judicial, tras el resultado negativo del intento 
de notificación en el domicilio objeto de arrendamiento, «no desplegó la actividad que le 
era exigible desde la perspectiva del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), al 
objeto  de  notificar  debidamente  al  demandante  de  amparo  la  existencia  del 
procedimiento».
7.  La parte personada, por escrito registrado el 2 de febrero de 2021, formuló 
alegaciones solicitando que se inadmita el recurso por falta de justificación de la especial 
transcendencia  constitucional,  ya  que  el  recurrente  basa  su  argumentación  en  una 
jurisprudencia constitucional que no es aplicable al caso pues existía la designación de 
un concreto domicilio de notificaciones; o su desestimación por no haber vulneración del 
art. 24.1 CE, ya que la notificación edictal se produjo en aplicación de la legalidad 
vigente  una  vez  que  se  frustró  la  posibilidad  de  notificación  en  el  domicilio  de 
notificaciones aportado por la parte en el contrato de arrendamiento.
8.  El recurrente no presentó alegaciones.
9.  Por providencia de 11 de marzo de 2021, se señaló para deliberación y votación 
de la presente sentencia el día 15 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  El objeto del recurso.
El objeto de este recurso es determinar si el emplazamiento por edictos del que fue 
objeto el recurrente de amparo para comunicarle su condición de demandando en un 
juicio verbal por desahucio ha vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 
CE), desde la perspectiva del derecho de acceso a la jurisdicción, por no haber agotado 
el órgano judicial los medios de averiguación de un domicilio alternativo de notificaciones 
al de la vivienda objeto de arrendamiento.
2.  La justificación y la especial transcendencia constitucional del recurso.
El tribunal ha admitido este recurso por considerar que concurre la causa de especial 
transcendencia constitucional consistente en que la jurisprudencia constitucional sobre el 
derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, desde la perspectiva del derecho de 
acceso a la jurisdicción, en relación con la diligencia que deben observar los órganos 
judiciales para intentar la notificación personal al demandando antes de acudir a la 
notificación edictal podría estar siendo incumplida de modo general y reiterado por la 
jurisdicción ordinaria [STC 155/2009, de 25 de junio, FJ 2 e)], en atención a la reiteración 
de supuestos planteados en esta materia.
La causa de inadmisión alegada por la parte comparecida de que el recurso no ha 
justificado su especial transcendencia constitucional debe rechazarse, toda vez que, tal 
como se ha expuesto en los antecedentes, el demandante alegó como causa de especial  s
trascendencia constitucional que la jurisprudencia constitucional en la materia estaba  o
siendo incumplida de modo general y reiterado por la jurisdicción ordinaria, que fue la  w.
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3.  La jurisprudencia constitucional sobre el deber de diligencia para la correcta 
conformación de la relación procesal.
El tribunal ha reiterado que es una garantía contenida en el derecho a la tutela 
judicial  efectiva  (art.  24.1  CE),  desde  la  perspectiva  del  derecho  de  acceso  a  la 
jurisdicción, la necesidad de que los actos de comunicación de los órganos judiciales con 
las partes se realicen de forma correcta y con la diligencia debida, toda vez que ello es 
presupuesto para que puedan adoptar la postura que estimen pertinente en defensa de 
sus intereses. A estos efectos, la jurisprudencia constitucional ha declarado de manera 
reiterada  que  pesa  sobre  los  órganos  judiciales  la  responsabilidad  de  procurar  el 
emplazamiento o citación personal de los demandados, siempre que sea factible, por lo 
que el emplazamiento edictal constituye un remedio último de carácter supletorio y 
excepcional  que  requiere  el  agotamiento  previo  de  los  medios  de  comunicación 
ordinarios y la convicción del órgano judicial de que, al ser desconocido el domicilio o 
ignorado  el  paradero  del  interesado,  resultan  inviables  o  inútiles  otros  medios  de 
comunicación  procesal  (así,  por  ejemplo,  SSTC  30/2014,  de  24  de  febrero,  FJ  2, 
o 62/2020, de 15 de junio, FJ 2).
Esta jurisprudencia ha sido aplicada también de manera directa a los procedimientos 
arrendaticios. Se ha destacado que el art. 164 LEC, tras la redacción dada por la 
Ley 19/2009, de 23 de noviembre, exige una interpretación de conformidad con la 
Constitución, «integrando el contenido de la reforma con la doctrina de este tribunal en 
cuanto a la subsidiariedad de la comunicación edictal, la cual tiene su fuente directa en el 
derecho de acceso al proceso del art. 24.1 CE, de manera que la comunicación edictal 
en todo procedimiento de desahucio solo puede utilizarse cuando se hayan agotado los 
medios de averiguación del domicilio del deudor o ejecutado» (SSTC 30/2014, de 24 de 
febrero, FJ 5; 181/2015, de 7 de septiembre, FJ 5; 39/2018, de 25 de abril, FJ 3; 
123/2019, de 28 de octubre, FJ 3, y 62/2020, de 15 de junio, FJ 3).
4.  Aplicación de la jurisprudencia constitucional al presente recurso.
En el presente caso han quedado acreditados en las actuaciones y son reconocidos 
por la resolución judicial impugnada los siguientes extremos:
(i)  La demanda de desahucio se presentó el 2 de enero de 2018; el órgano judicial 
intentó los días 8 y 12 de marzo de 2018 la notificación de la condición de demandado al 
recurrente en amparo en el domicilio objeto del arrendamiento; y la diligencia resultó 
negativa. El letrado de la administración de justicia, por diligencia de ordenación de 20 
de marzo de 2018, acordó, sin realizar ninguna averiguación para localizar un domicilio 
de notificación personal alternativo, fijar la cédula de requerimiento y citación en el tablón 
de anuncios de la oficina judicial.
(ii)  Por decreto de 10 de abril de 2018 se dio por terminado el procedimiento por la 
incomparecencia del recurrente de amparo. Por auto de 22 de noviembre de 2018 se 
acordó  despachar  ejecución.  Por  decreto  de  la  misma  fecha,  el  letrado  de  la 
administración de justicia acordó de oficio la averiguación del domicilio del recurrente en 
amparo mediante la consulta en las bases de datos a las que tenía acceso el juzgado. 
De esta consulta resultó un domicilio de empadronamiento distinto al que figuraba en el 
contrato de arrendamiento, en el que se comunicó personalmente y sin especiales 
incidencias el auto despachando la ejecución el 7 de diciembre de 2018.
(iii)  El recurrente de amparo formuló incidente de nulidad de actuaciones poniendo 
de manifiesto la falta de diligencia del órgano judicial en la búsqueda de un domicilio  e.
alternativo de notificaciones para comunicar la iniciación del juicio verbal de desahucio.  w.
Destacó que figuraba inscrito en el nuevo domicilio en que se notificó la ejecutoria desde  06ww
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octubre de 2019 con el argumento de que se había procedido a la notificación edictal de
conformidad con lo establecido en el art. 164 LEC, al no ser hallado el demandado en el 
domicilio objeto del arrendamiento.
En atención a lo expuesto hay que concluir, conforme interesa el Ministerio Fiscal, que 
se ha vulnerado al recurrente su derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE). El 
recurrente fue emplazado edictalmente por ser ignorado su paradero, sin que se acordara 
desplegar  actividad  indagatoria  alguna  en  oficinas  y  registros  públicos  para  intentar 
determinar  un  domicilio  de  notificaciones  alternativo  al  que  constituía  el  objeto  de 
arrendamiento en que pudiera ser emplazado personalmente. Esa circunstancia pone de 
manifiesto que el órgano judicial no actuó con la diligencia que constitucionalmente le es 
exigible según la reiterada jurisprudencia constitucional que ha interpretado el art. 164 LEC 
de conformidad con las exigencias del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE).
El tribunal constata, a los efectos de apreciar la falta de diligencia, que el órgano 
judicial, en el auto resolutorio del incidente de nulidad de actuaciones, no reaccionó 
frente a la inactividad desplegada por el letrado de la administración de justicia para 
localizar un domicilio alternativo en el que notificar al recurrente de amparo la iniciación 
del juicio verbal de desahucio, aceptando que dictara la diligencia de ordenación de 20 
de marzo de 2018, acordando la notificación edictal; sin embargo, para notificar el auto 
despachando la ejecución, acudió de oficio a las propias bases de datos a las que tenía 
acceso  la  oficina  judicial,  con  lo  que  se  localizó  un  domicilio  alternativo  –el  de 
empadronamiento– en que se le notificó sin dificultad alguna el comienzo de la ejecución 
el 7 de diciembre de 2018.
En  conclusión,  la  falta  de  diligencia  del  órgano  judicial  en  la  averiguación  del 
domicilio de notificaciones que derivó en la tramitación en rebeldía del procedimiento 
arrendaticio declarativo en que resultó condenado el recurrente determina que deba 
otorgarse el amparo solicitado, a cuyos efectos debe anularse el auto impugnado y todas 
las  actuaciones  llevadas  a  cabo  desde  el  defectuoso  emplazamiento  en  dicho 
procedimiento –acordado por la diligencia de ordenación de 20 de marzo de 2018– y en 
el de ejecución a que dio lugar, y que deba ordenarse la retroacción de actuaciones a 
dicho momento procesal para que se practique el emplazamiento con respeto al derecho 
a la tutela judicial efectiva del demandante de amparo.
FALLO
En atención a lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE 
CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar el recurso de amparo interpuesto por don Mourad Hlal y, en su virtud:
1.º  Declarar que ha sido vulnerado el derecho del demandante de amparo a la 
tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE).
2.º  Restablecerle en su derecho y, a tal fin, declarar la nulidad de la diligencia de 
ordenación del letrado de la administración de justicia del Juzgado de Primera Instancia 
núm. 1 de Guadalajara de 20 de marzo de 2018 y el auto del Juzgado de Primera 
Instancia núm. 1 de Guadalajara de 11 de octubre de 2019, pronunciados en el juicio 
verbal de desahucio núm. 4-2018.
3.º  Retrotraer las actuaciones al momento inmediatamente anterior a la primera de  es
las resoluciones citadas para que el acto de comunicación se practique de manera  o
respetuosa con el derecho fundamental reconocido. 06www.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
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Rodríguez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Firmado y rubricado.