BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 27 Lunes 1 de febrero de 2021 Sec. I.   Pág. 11492
I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE HACIENDA
1379 Resolución de 19 de enero de 2021, de la Dirección General de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, por la que se aprueban las directrices 
generales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2021.
La Agencia Estatal de Administración Tributaria (en adelante, Agencia Tributaria) 
tiene encomendada la aplicación efectiva del sistema tributario estatal y del aduanero, 
desempeñando una importante labor para contribuir a la consolidación de las cuentas 
públicas, y conseguir los recursos necesarios con los que financiar los servicios públicos.
Para  ello,  la  Agencia  Tributaria  tiene  establecidos  como  objetivos  estratégicos 
fundamentales y permanentes desde su creación tanto la prevención como la lucha 
contra el fraude fiscal.
El Plan Estratégico 2020-2023 recoge la orientación de la actuación de la Agencia 
Tributaria  en  los  próximos  años  y  constituye,  dada  su  visión  global  y  su  carácter 
plurianual,  el  instrumento  central  de  planificación.  En  dicho  Plan  se  incluyen  las 
principales  líneas  estratégicas  que  seguirá  la  Agencia  Tributaria  en  materia  de 
asistencia, prevención y control del fraude tributario y aduanero. Igualmente, también 
contiene un elenco de indicadores estratégicos de alcance plurianual que permitirán 
evaluar la actuación de la Agencia Tributaria en el medio plazo.
Este Plan Estratégico es fruto de la reflexión del conjunto de la organización y 
constituye, por tanto, el marco en el que se van a incardinar los restantes instrumentos 
de planificación de la Agencia Tributaria.
Durante 2020, la actividad de la Agencia Tributaria se ha visto afectada por la 
pandemia internacional provocada por el COVID-19 y declarada por la Organización 
Mundial de la Salud el pasado 11 de marzo. Esta situación ha afectado a la planificación 
de las actuaciones que la Agencia Tributaria tenía previsto realizar en el año 2020, al 
igual que podría tener su impacto en 2021 en función de la evolución de la situación 
epidemiológica.
Por ello, el Plan Anual de Control Tributario y Aduanero desglosa las actuaciones a 
llevar a cabo por la organización en el ejercicio 2021 en línea con lo establecido en el 
Plan Estratégico, y tiene la pretensión de impulsar nuevas líneas de actuación, así como 
consolidar aquellas que pudieron resultar afectadas en 2020 por la situación sanitaria.
En  este  sentido,  la  Agencia  Tributaria  pretende  continuar  reforzando  todas  las 
actuaciones dirigidas a mejorar el cumplimiento tributario, mediante la transparencia de 
la  información,  las  actuaciones  dirigidas  a  la  depuración  y  asistencia  censal  al 
contribuyente, la mejora en las medidas de prevención y gestión recaudatoria con la 
implantación de nuevos mecanismos de asistencia electrónica y telefónica en el área de 
Recaudación con el objeto de promover un adecuado cumplimiento voluntario, o el 
desarrollo de Códigos de Buenas Prácticas Tributarias, buscando, de esta manera, 
orientar  su  actuación  mediante  la  utilización  de  actuaciones  preventivas  previas  o 
simultáneas a la presentación de las autoliquidaciones.
Igualmente, se desarrollarán actuaciones de comprobación e investigación sobre los 
obligados tributarios en los que concurran perfiles de riesgo, lo que requiere la definición  s
previa de los criterios básicos y de las áreas de riesgo fiscal que se consideren de  oe.
atención prioritaria para el ejercicio. w.
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reservado sin perjuicio de la necesaria publicidad a través de las directrices generales
que lo informan. Bc
Igualmente, la Agencia Tributaria consolidará durante 2021 el nuevo modelo de 
asistencia integral, implantando medidas que favorezcan el cumplimiento voluntario y 
llevando a cabo una intensificación de las actuaciones de lucha contra el fraude más 
complejo.
Así pues, las directrices generales del Plan de Control Tributario y Aduanero de 2021 
contienen una referencia concreta a las líneas de actuación de prevención y control del 
fraude que se consideran más relevantes, si bien constituyen, al igual que en los últimos 
años, un mecanismo de refuerzo y consolidación de las actuaciones desarrolladas ya en 
años anteriores, a la vez que incorporan otras nuevas, adaptadas al contexto económico-
social y normativo en el que la Agencia Tributaria desarrolla su actividad habitual, 
garantizando de este modo la continuidad y la uniformidad de las tareas habituales de 
comprobación e investigación del fraude que desarrolla con generalidad.
No debe obviarse, por su importancia, la incorporación a nuestro sistema tributario 
durante el año 2021 de nuevas figuras e instituciones tributarias que, sin duda, suponen 
un  reto  de  cara  a  la  asistencia,  como  también  a  la  prevención  y  control  de  los 
incumplimientos.  A  las  leyes  4/2020  y  5/2020  que  aprueban,  respectivamente,  el 
Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales y el Impuesto sobre Transacciones 
Financieras, se une la previsible incorporación a nuestro ordenamiento del paquete de 
comercio electrónico «e-commerce package» en materia de imposición indirecta, con 
importantes novedades gestoras en el pago del IVA de las plataformas de comercio 
electrónico. Todas estas novedades sin duda tendrán el debido protagonismo exigiendo 
de la Administración tributaria un esfuerzo de adaptación.
De igual forma, hay que tener en cuenta que el reforzamiento de las medidas y 
actuaciones de prevención y lucha contra el fraude constituye uno de los componentes 
básicos de las reformas estructurales de apoyo al Plan Nacional de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia.
Uno de sus pilares básicos será la aprobación del proyecto de Ley de medidas de 
prevención y lucha contra el fraude fiscal publicado en el Boletín de las Cortes Generales 
el 23 de octubre de 2020 y su aplicación efectiva a partir de su entrada en vigor.
Todo ello en un contexto en el que la Agencia Tributaria, sobre la base del Plan 
Estratégico, está adaptando su modelo organizativo a la nueva realidad con iniciativas 
como  la  creación  de  administraciones  de  asistencia  Digital  Integral  (ADI)  y  la 
regionalización  y  nacionalización  de  determinadas  funciones  y  competencias,  sin 
perjuicio del mantenimiento de la planta territorial ya existente.
Las  inversiones  en  tecnología,  en  la  eficiencia  energética  de  los  edificios 
administrativos y medios materiales para la lucha contra el contrabando, el narcotráfico y 
el  blanqueo  de  capitales,  son  elementos  clave  en  este  proceso  de  adaptación 
permanente a una realidad cambiante, como también lo es el reforzamiento de la plantilla 
de la Agencia Tributaria.
En el ámbito operativo, como se subraya en el componente estructural de apoyo al 
Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia y en consonancia con el 
Plan Estratégico, se considera prioritaria la cesión de datos fiscales a los contribuyentes, 
también  a  las  personas  jurídicas,  la  progresiva  extensión  de  los  borradores  de 
declaración a otros impuestos distintos del IRPF, la normalización y digitalización de los 
libros fiscales y su incorporación a los servicios de asistencia, la mejora de la información 
y asistencia en el ámbito recaudatorio y el desarrollo del modelo cooperativo de relación.
En el ámbito de control constituye una prioridad la adaptación de los procedimientos 
aduaneros al «Brexit», la explotación sistemática de la información obtenida mediante los  s
instrumentos  internacionales  de  cooperación  administrativa,  la  investigación  y  la  oe.
colaboración con los órganos jurisdiccionales y las mejoras en la selección para detectar  w.
actividades, ventas o ingresos no declarados con el objetivo de reducir la economía  79ww
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que se producen en el ámbito laboral y de la Seguridad Social, para lo cual se debe
lograr la máxima coordinación y cooperación entre los órganos con competencias en 
cada materia.
Estas  directrices  siguen  la  misma  estructura  que  otro  de  los  instrumentos  de 
planificación de la Agencia Tributaria como es el Plan de Objetivos anual y giran en torno 
a cinco grandes pilares:
– Información y asistencia.
– Prevención  de  los  incumplimientos.  El  fomento  del  cumplimiento  voluntario  y 
prevención del fraude.
– La  investigación  y  las  actuaciones  de  comprobación  del  fraude  tributario  y 
aduanero.
– El control del fraude en fase recaudatoria.
– La colaboración entre la Agencia Tributaria y las administraciones tributarias de las 
comunidades autónomas.
En virtud de lo expuesto, y en uso de las atribuciones que me están conferidas, he 
acordado:
Aprobar las directrices generales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero 
de 2021 que, a continuación, se enuncian y ordenar su publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado», así como su difusión por cualquier medio que resulte adecuado para su 
general conocimiento.
I. Información y asistencia
La Agencia Tributaria tiene establecido como objetivo estratégico, además de la 
lucha contra el fraude fiscal, la prevención del mismo. Y ello exige el diseño de una 
estrategia de asistencia integral que consiga reducir las cargas administrativas a las que 
deben hacer frente los contribuyentes y favorecer el cumplimiento voluntario de las 
obligaciones tributarias y, con ello, prevenir el incumplimiento.
En 2021 se pretende continuar potenciando tanto la diversidad como la calidad de los 
servicios de información y asistencia prestados a los contribuyentes, priorizando el uso 
de las nuevas tecnologías frente a los medios tradicionales de asistencia presencial, 
para  conseguir  una  mayor  eficacia  y  permitir  una  asignación  más  eficiente  de  los 
recursos  materiales  y  humanos  disponibles.  De  este  modo,  se  garantizará  a  los 
contribuyentes la realización de trámites de forma más ágil y eficaz, gracias a los 
sistemas telemáticos de asistencia y a la disponibilidad de medios de identificación y de 
comunicación electrónicos.
Así, la Agencia Tributaria pretende continuar e intensificar un nuevo modelo de 
asistencia al contribuyente, que se materializará en las siguientes actuaciones:
a)  Consolidación  de  las  denominadas  «Administraciones  de  asistencia  Digital 
Integral»  (ADIs),  como  plataformas  dirigidas  a  prestar  servicios  de  información  y 
asistencia  por  medios  electrónicos,  mediante  la  utilización  de  distintos  canales  de 
comunicación  virtuales  (Asistente  Virtual  en  IVA-AVIVA,  Asistente  Censal,  chat, 
videollamada,  correo  electrónico,  llamada  saliente  especializada…)  que  permitirán 
adecuar estas tareas al perfil y necesidades de los contribuyentes. Se ha efectuado una 
prueba  piloto  en  el  cuarto  trimestre  de  2020,  para  asegurar  que  comience  su 
funcionamiento efectivo en 2021.
b)  Tras  la  implantación  y  consolidación  del  Asistente  Virtual  del  sistema  de  e.
Suministro Inmediato de Información durante el año 2018, es preciso continuar con el  w.b
desarrollo de nuevas herramientas y asegurar su correcto funcionamiento mediante la  79ww
actualización de sus contenidos en el 2021. Por lo que se refiere a la nueva asistencia
online  en  IVA,  esta  se  presta  a  través  del  Asistente  Virtual  y  de  las  siguientes 
herramientas complementarias:
– El  localizador  de  entregas  de  bienes  y  de  prestaciones  de  servicios  que  se 
encuentra ya en funcionamiento y, se continuará su actualización para adecuarse a los 
cambios de la normativa comunitaria que entrarán en vigor en 2021.
– El calificador inmobiliario. Este servicio ya se encuentra en funcionamiento y se 
continuará promoviendo la mejora en la información facilitada.
– La ayuda a la confección de los modelos 303 para arrendadores y 303 básico para 
autónomos. Estos servicios se encuentran en funcionamiento en 2020 y se avanzará en 
su mejora mediante el lanzamiento de nuevas versiones.
– La  calculadora  de  plazos  de  modificación  de  bases  imponibles  y  otras 
rectificaciones.  Este  servicio  se  encuentra  ya  en  funcionamiento  y  en  2021  se 
continuarán desarrollando tareas de consolidación de esta herramienta.
– La calculadora de prorratas, que permite calcular la prorrata general y especial, la 
regularización  anual  del  porcentaje  definitivo,  así  como  la  regularización  anual  y 
resultante de la transmisión de bienes de inversión. Esta herramienta se ha incorporado 
en 2020 y se consolidará en 2021.
– La calculadora de plazos del SII. El servicio ya está en funcionamiento y se 
continuará impulsando su mejora en 2021.
– Asistentes virtuales del SII. En 2021 se desarrollarán tareas de actualización.
– AVIVA. En el último trimestre de 2020 se ha finalizado el desarrollo de esta 
herramienta. Durante 2021 se efectuarán tareas de mejora dirigidas a la desaparición de 
bloques y la integración en el AVIVA de todas las herramientas de asistencia digital, así 
como  la  realización  de  controles  de  calidad  y  actualización  de  acuerdo  con  las 
modificaciones normativas que se produzcan.
c)  La implantación y puesta en producción del denominado «Asistente censal», 
como herramienta de ayuda para la formalización y presentación de la declaración 
censal, con incorporación de información necesaria para el correcto cumplimiento de las 
obligaciones tributarias que, en su caso se podrían derivar, con un primer bloque dirigido 
a personas físicas, se ha efectuado en el último trimestre de 2020. Se trata de una 
herramienta que, partiendo de la información que consta en la base de datos de la 
Agencia Tributaria y de la facilitada por el contribuyente, a través de un sistema de 
navegación intuitivo, consigue realizar todos los trámites solicitados para la presentación 
de los diferentes modelos censales.
Para 2021 se efectuará el desarrollo y puesta en producción del resto de los bloques 
de  los  modelos  censales,  dirigido  a  las  personas  jurídicas,  ofreciendo  información 
adicional sobre la situación tributaria y obligaciones que conlleva el ejercicio de las 
actividades económicas a realizar.
Esta  herramienta  se  complementa  con  el  Informador  censal,  herramienta  de 
información que permite resolver las dudas del contribuyente en materia censal. La 
información  se  ofrece  estructurada  en  bloques  de  temas  que  el  contribuyente  va 
desplegando hasta obtener la respuesta final, que va estar plenamente operativa a 
principios de 2021.
d)  Desarrollo  de  una  nueva  herramienta  de  asistencia  censal,  denominada 
«Buscador de actividades», que, introduciendo la denominación de la actividad ejercida o 
por ejercer, le ofrecerá al contribuyente toda la información tributaria inherente a la 
misma: epígrafe de IAE, obligaciones tributarias, modelos y plazos de presentación etc. e
e)  Consolidación de la aplicación móvil «Agencia Tributaria» que ofrece servicios  bo
personalizados a los contribuyentes, como canal de relación con los mismos para el  79ww
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incremento de datos facilitados por la modificación de los modelos 189 y 198. Se
continúa  con  la  mejora  de  las  modificaciones  introducidas  en  el  apartado 
correspondiente a rendimientos de capital inmobiliario, con desglose de la partida de 
gastos y con incorporación procedente de la declaración del ejercicio anterior de cada 
uno de los datos necesarios para el cálculo de las amortizaciones, con la finalidad de 
facilitar el cumplimiento voluntario e intensificar las actuaciones de asistencia. Asimismo, 
y como consecuencia de la Orden HAC/773/2019 de 28 de julio, que permite que los 
libros registro del IRPF puedan ser compatibles con los requeridos en el IVA, a través de 
un formato informático único plenamente consistente con la normativa y con el modelo 
de declaración de IRPF, reduciendo las obligaciones formales a casi un millón y medio 
de contribuyentes que podrán llevar unos únicos libros registro válidos tanto en el ámbito 
del IRPF como en el de IVA, podrá efectuar el traslado automático del contenido de los 
libros de IRPF a las casillas correspondientes del modelo de renta del ejercicio 2020.
g)  Se potenciarán los avisos en el documento de datos fiscales del IRPF de todas 
aquellas fuentes de renta tanto internas como internacionales de las que se tenga 
conocimiento con el fin de impulsar el cumplimiento voluntario.
h)  Igualmente se pretende consolidar las herramientas de análisis y control de las 
solicitudes de rectificación de autoliquidaciones para facilitar una tramitación y resolución 
más ágil.
i)  Implantación de análisis de «BigData» en el ámbito del IRPF, para la puesta en 
marcha de un proyecto que trata de reducir, utilizando la experiencia obtenida, los 
errores  del  contribuyente  al  presentar  su  declaración,  en  línea  con  las  estrategias 
internacionales y técnicas «nudge» (dirigidas a alentar y fomentar un comportamiento 
fiscal correcto) basadas en el enfoque «behavioural insights» (enfoque hacia una mejor 
comprensión  del  comportamiento  del  contribuyente).  Mediante  técnicas  de  análisis 
«BigData», se obtienen las características descriptivas que definen al contribuyente tipo 
que, en ejercicios anteriores, al presentar su declaración de IRPF no utilizó los datos 
fiscales que le fueron suministrados y se equivocó al hacerlo, definiéndose un perfil tipo. 
Se centra en casillas del rendimiento del trabajo y se pretende implantar sistemas de 
asistencia para alertar a los contribuyentes afectados de manera que se reduzcan los 
posibles errores en la presentación.
j)  La Agencia Tributaria ha avanzado en la puesta a disposición de los datos 
fiscales  al  contribuyente,  introduciéndolos  como  novedad  en  el  Impuesto  sobre 
Sociedades, a través de Sociedades WEB, y el PRE-303 en el caso de IVA. En concreto:
1.  Se pone a disposición de los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades 
datos  fiscales  para  facilitar  el  cumplimiento  voluntario.  Esta  información  no  incluye 
únicamente datos que forman parte de la mecánica de autoliquidación del Impuesto 
sobre Sociedades, como los pagos fraccionados realizados, las retenciones soportadas 
o los importes pendientes de aplicar procedentes de ejercicios anteriores de los diversos 
conceptos previstos en la normativa del Impuesto, sino que también incluirá información 
con posible trascendencia a efectos del cálculo del resultado contable, como los importes 
imputados correspondientes a las retenciones soportadas o las sanciones y recargos 
generados por la Agencia Tributaria y notificados al contribuyente en el ejercicio 2020, y 
los importes declarados en ejercicios precedentes y pendientes de aplicar relativos a 
Bases Imponibles Negativas y deducciones fiscales.
Junto a ello se mostrarán otras informaciones que puedan resultar relevantes para la 
correcta cumplimentación del modelo 200.
2.  El PRE-303 que constituye una nueva forma de presentar el Impuesto sobre el 
Valor Añadido y simplifica la cumplimentación del modelo al contribuyente. El PRE-303  e.
es un servicio de ayuda para la cumplimentación del modelo 303. En esencia, el citado  w.b
servicio consiste en lo siguiente: 79ww
a)  Mejoras censales. Todos los contribuyentes podrán acceder a la Ventana Censal
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la sección primera del mismo, «Datos Identificativos». Igualmente, si el contribuyente
observa  alguna  circunstancia  incorrecta/incompleta  o  que  quiera  modificar,  podrá 
acceder  a  Mis  Datos  Censales  de  IVA,  desde  donde  podrá  realizar  la  gestión  sin 
necesidad de presentar un modelo 036 a través de la Sede electrónica.
b)  Otros campos autocumplimentados. Asimismo, se mostrará auto-cumplimentada 
la siguiente información:
– Cuenta corriente para la devolución o ingreso.
– Cuotas a compensar de periodos previos, a través del servicio Cartera de Cuotas a 
Compensar, que permitirá saber de qué periodo exactamente proceden las cuotas a 
compensar.
– En caso de declaración complementaria, el número de justificante e importe de la 
autoliquidación a complementar.
c)  Segmentación de la visualización por tipos de contribuyentes. La visualización y 
acceso a los datos será diferente y adaptada a sus necesidades, de acuerdo con la 
tipología de contribuyentes:
– Exclusivamente arrendadores.
– Exclusivamente en régimen simplificado.
– Exclusivamente foral con IVA diferido a la importación.
– Contribuyentes en SII con Libros Agregados.
d)  Aumento del colectivo con puesta a disposición de Libros Agregados. Para el 
año 2021 se incrementará el colectivo de contribuyentes a los que se ofrecerán los 
Libros Agregados al incluir a los voluntarios SII y a Grandes Empresas.
k)  Se habilita la presentación electrónica del modelo 05, modelo de solicitud de no 
sujeción, exención y reducción del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de 
Transporte.
l)  En relación a las compras a distancia realizadas por consumidores finales, en 
terceros países, la Agencia Tributaria ha desarrollado un nuevo modelo de declaración 
para 2021 que cumple con los cambios normativos que se han producido en este ámbito 
en relación con el IVA y la normativa aduanera y garantiza la agilidad en la tramitación de 
estos envíos.
m)  Crecimiento y consolidación de un sistema informático y de asistencia en el 
pago al contribuyente a través de:
– Canales telefónicos (con atención especializada y personalizada, así como con 
plataformas facilitadoras para el pago disponibles los 365 días del año).
– Canales electrónicos (a través de herramientas de alta usabilidad como es una 
aplicación móvil-app, o la oferta de asistentes virtuales temáticos para la obtención de 
información individualizada relacionada con las obligaciones tributarias en materia de 
recaudación).
Enfocado siempre a un mejor servicio de información, la facilitación del pago y la 
decidida apertura a otros trámites, debe destacarse:
1.  Consolidación  de  un  servicio  nacional  dirigido  y  coordinado  desde  el 
Departamento de Recaudación, denominado REC@T, a través de un único teléfono para 
todos los territorios y ciudadanos, más ágil y directo. e
2.  Potenciación del sistema de Cl@vePIN en las llamadas recibidas, que permita a  bo
los  ciudadanos  a  través  de  esta  forma  segura  de  identificación  la  obtención  de  79ww
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un fluido engranaje de todos los territorios y coadyuvado por las nuevas herramientas 
informáticas.
Este sistema de información y asistencia no solo pretende incrementar la calidad de 
dicho servicio, mejorarlo y homogeneizarlo, sino que gravita en torno a la disminución de 
los costes indirectos que supone el cumplimiento de las obligaciones tributarias en el 
ámbito  de  la  recaudación,  y  por  lo  tanto  supondrá  minorar  el  número  de 
desplazamientos, así como disminuir los tiempos de espera y los plazos de respuesta 
administrativa.
n)  Para mejorar, simplificar y modernizar la información y comunicación con los 
contribuyentes se está trabajando en la modificación en la estructura de la página web 
de la Agencia Tributaria. Con un enfoque dirigido al usuario, en 2021 se integrará en una 
sola web la información del portal de internet y la tramitación de la sede electrónica.
En  definitiva,  la  estrategia  de  la  Agencia  Tributaria  continúa  dirigiéndose  a  la 
utilización de nuevas herramientas y sistemas de asistencia dirigidos a la mejora del 
cumplimiento  de  las  obligaciones  tributarias  en  período  voluntario,  promoviendo  un 
ensanchamiento de las bases imponibles declaradas.
II. Prevención de los incumplimientos. El fomento del cumplimiento voluntario 
y prevención del fraude
1.  Censo. El censo es la base de la información de la Agencia Tributaria para la 
asistencia, la prevención y el control tanto intensivo como extensivo.
El gran número de sociedades constituidas en España hace preciso que la Agencia 
Tributaria diseñe los sistemas de control del censo de forma que el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias formales, derivadas de una correcta cumplimentación de los 
modelos 036 y 037, se realice de un modo adecuado.
Es cierto que dentro del colectivo societario existe una parte significativa constituida 
por sociedades inactivas o con escasa o nula actividad. A menudo tales sociedades han 
sido simplemente abandonadas por sus administradores y socios sin realizar los actos 
jurídicos que el ordenamiento prevé para los casos de terminación, extinción y disolución 
de la persona jurídica.
Ese tipo de actitudes, perjudiciales para la adecuada gestión de los recursos que la 
Agencia Tributaria destina al control, obliga a atender a un colectivo de potenciales 
obligados  tributarios  mucho  mayor  del  que,  efectivamente,  realiza  actividades 
económicas. Además, pueden dar lugar a defraudaciones utilizando, de uno u otro modo, 
estas sociedades aparentemente inactivas. Por último, la OCDE, considera que estas 
personas  jurídicas  inactivas  resultan  potencialmente  ocultadoras  de  la  verdadera 
titularidad de bienes y derechos, en España o en otras jurisdicciones, y afectan con ello 
la transparencia de nuestro sistema en el conocimiento y comunicación del Beneficiario 
Efectivo.
El ordenamiento jurídico-tributario prevé determinadas consecuencias para estos 
comportamientos:
– El cierre de la página del Registro Mercantil que es, además de la consecuencia 
del  incumplimiento  de  ciertas  obligaciones  registrales,  una  sanción  que  deriva  del 
incumplimiento reiterado de obligaciones fiscales que determinan, previamente, la baja 
en el Índice de Entidades. Así mismo, el cierre registral puede ser consecuencia de la 
revocación del NIF. es
– Revocación del NIF, la cual impide la continuidad de la vida fiscal de la sociedad  bo
misma, que se encuentra regulada en el apartado 4 de la disposición adicional sexta de  79ww
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Tales medidas, que la Agencia Tributaria ha venido empleando en el pasado, van a 
ser continuadas durante el ejercicio 2021. Con ello se pretende asegurar una adecuada 
depuración  de  los  censos,  de  forma  que  solo  aquellas  sociedades  que  realmente 
intervengan en el ámbito comercial o económico mantengan su plena vida jurídico-fiscal.
Destacar que todas estas medidas afectan no solo a sociedades mercantiles sino 
también a otras formas jurídicas.
Por otro lado, las nuevas estrategias de carácter preventivo que la Agencia Tributaria 
está impulsando en relación con el fomento del cumplimiento tributario no deben olvidar, 
en consonancia con los más modernos proyectos de la OCDE conocidos como «Right 
from  the  start»  (atención  al  contribuyente  desde  su  primer  registro),  a  aquellos 
contribuyentes que cada año causan alta en los registros tributarios. Acompañar a estos 
desde el primer momento es, no solo una obligación de asistencia e información al 
contribuyente, sino también la mejor forma de asegurar el cumplimiento fiscal desde los 
primeros estadios de la actividad económica. De forma especial se presta apoyo a los 
emprendedores  que  sean  personas  físicas  facilitándoles  el  inicio  de  su  labor  y  su 
correcta inclusión en el censo a través de los asistentes censales mencionados en el 
punto anterior.
Asimismo,  está  prevista  la  continuación  de  otras  medidas  de  mejora  de  la 
información censal como la realización de un control temprano a través de un mapa de 
riesgos de carácter preventivo que permita detectar situaciones de riesgo censal a la 
entrada en el censo de nuevos contribuyentes, en particular posibles incursiones de 
entidades controladas de manera efectiva por contribuyentes con conductas tributarias 
reprochables en el pasado, sobre los que se pretende realizar un seguimiento para 
prevenir posibles incumplimientos tributarios futuros.
Un segundo ámbito de naturaleza censal al que se dirigirán los esfuerzos de la 
Agencia Tributaria durante el año 2021, en relación con las sociedades mercantiles, es el 
relativo a la información declarada en modelos 036, 303, 322, 390, 220 y 200. El objetivo 
será  asegurar  la  correcta  declaración,  por  parte  de  aquéllas,  de  los  elementos 
identificativos o censales que resultan de capital importancia para un adecuado proceso 
de la información fiscal. Este proceso condiciona las posteriores labores de análisis de 
riesgos y las revisiones sectoriales impidiendo, cuando la información no es correcta, 
una asignación eficiente de los recursos de control en interés de los ciudadanos.
Por  eso,  y  sin  perjuicio  de  la  adecuación  a  la  situación  sanitaria,  los  planes 
específicos de visitas del área de Gestión y de Inspección en la ayuda a las Grandes 
Empresas que anualmente se realizan, incluirán un módulo de control y verificación 
censal que asegurará la corrección de los datos declarados en relación entre otros con 
los epígrafes de actividad económica, los socios y partícipes, los administradores o los 
domicilios en los que se desarrolla la actividad.
2.  Cumplimiento de presentación de autoliquidaciones y declaraciones informativas. 
Las actuaciones de depuración del censo permitirán que las acciones de control sobre el 
cumplimiento de la presentación de autoliquidaciones y declaraciones informativas de 
naturaleza  tributaria  se  dirijan  sobre  aquellos  contribuyentes  activos  que  no  hayan 
cumplido sus obligaciones tributarias, posibilitando una detección más precisa de los 
incumplimientos y una utilización más eficiente de los recursos que la Agencia Tributaria 
destina para hacer frente a estas actuaciones.
3.  Calidad de la información. La información constituye un elemento esencial con el 
que cuenta la Agencia Tributaria para el desarrollo de sus actuaciones y la consecución 
de  sus  objetivos,  siendo  un  aspecto  clave  que  la  información  se  asigne  a  cada  s
contribuyente minimizando errores y evitando faltas de identificación de los titulares. oe.
En el ámbito interno, la información sobre los bienes, derechos, rentas o actividades  w.
económicas  de  los  ciudadanos  se  obtiene,  fundamentalmente,  a  partir  de  las  79ww
idnefocrlamraactiivoanse ds e pterercseernotsa.das  por  estos,  y  la  información  derivada  de  declaraciones
El  sistema  de  presentación  de  declaraciones  informativas,  TGVI-online,  y  la 
generalización  del  formulario  como  sistema  de  presentación,  han  conseguido  un 
incremento de la calidad de los datos incorporados y de la validación de los mismos.
En  el  ámbito  internacional,  destaca  el  incremento  de  la  transparencia  en  la 
información y la consolidación de todos los intercambios de información impulsados en la 
Unión  Europea  y  en  el  ámbito  de  la  OCDE.  Toda  esta  información  se  ha  ido 
completando, en los últimos años, con otras fuentes muy relevantes, como la información 
de cuentas financieras obtenida por la aplicación del Acuerdo entre el Reino de España y 
los Estados Unidos de América para la mejora del cumplimiento fiscal internacional con 
la  implementación  de  la  Foreign  Account  Tax  Compliance  Act-FATCA  (Ley  de 
cumplimiento  tributario  de  cuentas  extranjeras),  del  Acuerdo  Multilateral  entre 
Autoridades  Competentes  sobre  intercambio  automático  de  información  de  cuentas 
financieras, hecho en Berlín el 29 de octubre de 2014 (CRS) o, en el ámbito de la Unión 
Europea, la intercambiada al amparo de la Directiva 2014/107/UE del Consejo, de 9 de 
diciembre de 2014 (conocida como DAC 2), que modifica la Directiva 2011/16/UE del 
Consejo, de 15 de febrero de 2011, relativa a la cooperación administrativa en el ámbito 
de la fiscalidad directa.
En particular, el intercambio automático de información de cuentas financieras en el 
extranjero  titularidad  de  residentes  en  España  ha  aumentado  en  los  últimos  años 
significativamente. España realizó el primer intercambio, afectando a 49 jurisdicciones en 
el año 2017. En el año 2018, dichos intercambios se extendieron ya a 100 jurisdicciones, 
y por lo que respecta al año 2019, estos intercambios afectaron ya a 102 jurisdicciones, 
de acuerdo con los compromisos internacionales asumidos para la implementación del 
CRS. En 2020, 106 jurisdicciones se comprometieron al intercambio.
La  generalización  de  los  intercambios  automáticos  de  información  a  nivel 
internacional  exige  a  la  Agencia  Tributaria  la  puesta  en  marcha  de  herramientas 
informáticas de depuración de la información recibida del exterior con el objeto de que 
pueda  ser  utilizada  en  las  actuaciones  de  prevención  y,  en  su  caso,  control  del 
cumplimiento  tributario.  En  el  año  2020,  el  Foro  Global  sobre  Transparencia  e 
Intercambio de Información para Fines Tributarios de la OCDE ha comenzado el proceso 
de evaluación a España, junto al resto de países y jurisdicciones participantes en el 
intercambio  automático  de  información  de  cuentas  financieras,  en  relación  con  la 
observancia de las obligaciones derivadas del CRS, que culminará en 2022 con la 
asignación  de  la  calificación  correspondiente.  Se  analizará  el  cumplimiento  de  las 
obligaciones de diligencia debida por parte de las Instituciones Financieras que deben 
seguir  al  objeto  de  identificar  la  residencia  fiscal  de  las  personas  que  ostenten  la 
titularidad o el control de determinadas cuentas financieras para asegurar con ello el 
conocimiento  del  beneficiario  efectivo,  así  como  el  correcto  cumplimiento  de  su 
obligación de información a la Agencia Tributaria.
4.  Prevención en materia de Aduanas e Impuestos Especiales. El 31 de enero 
de 2020 Reino Unido abandonó la Unión Europea. De conformidad con el Acuerdo de 
Retirada, ya es oficialmente un tercer país para la UE y, por lo tanto, ya no participa en la 
toma de decisiones de la UE.
No obstante, durante el período transitorio acordado entre la UE y el Reino Unido, 
que finalizó el 31 de diciembre de 2020, se ha mantenido la situación previa en relación 
al comercio de bienes.
A partir del 1 de enero de 2021, la Unión Europea y el Reino Unido han concluido un 
acuerdo comercial, pero indudablemente la salida del Reino Unido tendrá consecuencias  s
para los ciudadanos, las empresas y las administraciones públicas. oe.
Por otro lado, la aduana española inició hace años el camino hacia la implantación  w.
de mecanismos informáticos que permiten una mejor coordinación con otros servicios de  79ww
uinssop edcec ilóans  qpuree- daecctúlaarna ceionn elass  aadduuaannearsa.s  Dyu rlaa nitme pelal natñaoci ó2n0 2d1e,l  tprares- dlae scpoancshooli ddaec idóinc hdaesl 
dcoencl areal ciroensetos,  sdee  coanuttionruidaarád etsra baafejacntaddoa esn  ulati limzaenjodroa,  deenl  silsat emmae dyi ddae  dlae  coloo rdpinoasicbiólen,   BOE-A-cable e
herramientas informáticas, anticipando el control y reduciendo en gran parte los costes 
del despacho de mercancías.
La normativa de la Unión Europea establece la liquidación de los derechos de 
importación por parte de las autoridades aduaneras a partir de la presentación de una 
declaración por el operador, sobre la que la aduana puede realizar las comprobaciones 
necesarias para garantizar que el importe de los derechos se ajuste a las disposiciones 
vigentes, a cuyo fin debe realizar un proceso de análisis de riesgo de las declaraciones 
aduaneras eficaz que permita identificar las operaciones sospechosas y determinar la 
acción de control adecuada en cada caso.
Así, las actuaciones de control en el recinto aduanero se dirigen a evitar actividades 
irregulares  organizadas  para  la  reducción  o  eliminación  de  la  tributación.  Además, 
representan una importante herramienta para el fomento del cumplimiento voluntario, al 
permitir que los operadores ajusten su actuación en aquellos casos en los que puedan 
concurrir errores en la confección de sus declaraciones, traduciéndose todo ello en una 
reducción del fraude aduanero. Obviamente, estas actuaciones de control en recinto 
deben  complementarse  con  comprobaciones  «a  posteriori»,  buscando  siempre  el 
necesario equilibrio entre la facilitación del comercio que toda Administración moderna 
debe procurar y un nivel de control adecuado, seleccionando tanto el nivel como el 
momento en que los controles deben ser realizados para su mayor eficacia.
Durante el año 2021 continuará la mejora del sistema de análisis de riesgo a fin de 
concentrar los controles en recinto en las operaciones más sospechosas o de más difícil 
control a posteriori. En particular, se prestará especial atención a las empresas que 
comiencen su actividad importadora, incluyendo en su caso labores de información con 
el objeto de garantizar el cumplimiento voluntario.
Igualmente, la introducción de mercancías procedentes de terceros países, junto a la 
obligación de pago de los derechos de importación, está sujeta a otras condiciones 
asociadas a la seguridad y protección de los ciudadanos y que tienen importancia 
creciente en la actividad aduanera en los países de nuestro entorno socioeconómico, en 
los que se produce una progresiva reducción de los aranceles exigibles pero una mayor 
exigencia en cuanto a las condiciones que han de cumplir las mercancías para que 
puedan ser importadas, evitando circunstancias potencialmente peligrosas para la salud 
de los consumidores o el medio ambiente. A este fin contribuirá un análisis de riesgo 
específicamente orientado a garantizar el cumplimiento de las condiciones no tributarias 
exigidas,  de  forma  análoga  al  destinado  a  controlar  el  correcto  pago  tributario 
correspondiente a la importación.
Obviamente en este ámbito no pueden olvidarse las especiales circunstancias que se 
están viviendo por la crisis sanitaria generada por la pandemia del COVID-19, que ha 
hecho necesaria la importación de un mayor número de productos médicos y material 
sanitario y de protección individual. Surgen así sectores, tradicionalmente ya sujetos a 
control aduanero, pero que devienen ahora en especialmente sensibles y sujetos a 
presión en los mercados internacionales, que hace necesario un adecuado nivel de 
control, siempre equilibrado con la garantía de los suministros esenciales. Por tanto, el 
sistema de análisis de riesgos ha de jugar un papel esencial en este ámbito, tanto desde 
el punto de vista de la seguridad de los productos como de la correcta liquidación de los 
tributos exigibles.
Los controles en los recintos aduaneros juegan, en consecuencia, un papel clave, 
tanto para garantizar la correcta liquidación de los tributos correspondientes como para 
evitar la entrada de mercancías que puedan suponer riesgos para los ciudadanos y, por  s
ello se realizarán, entre otras, las siguientes actuaciones: oe.
a)  Refuerzo  de las actuaciones  de control  de  la importación y exportación de  79ww
maliemrceanntocsía, s smuejedtiacsa ma ecnotnotsro, leesq audipicoios nadlees , cpuroatnedcoc iónno  a inpdroivhiidbuicailo, nems aetseprieacl íficraadsi,a ccotimvoo, 
dpero dduocbtloes u os or,e msideurcoasn pcíealisg rfoaslsoifsic, apdreacsu, ressopreesc iedse  dees tluap feafuanciae nyt eflso,r am saitlevreiastl rdees  edne fepnesligar oy 
de extinción amparadas por el Convenio CITES, etc.
Para ello, se utilizarán técnicas de análisis de riesgo y se efectuarán reconocimientos 
físicos de las mercancías o mediante escáneres.
b)  Control de las declaraciones aduaneras y de los elementos de las mismas con 
incidencia directa en la liquidación de los tributos asociados a la introducción de las 
mercancías en el territorio aduanero de la Unión Europea, con especial seguimiento de 
la  declaración  de  valores  en  aduana  llamativamente  bajos,  la  realización  de 
verificaciones físicas y documentales que aseguren la correcta clasificación arancelaria 
de la mercancía a efectos de la aplicación de los derechos de importación o, en su caso, 
de los derechos antidumping que puedan proceder, la comprobación de la correcta 
aportación de los documentos necesarios para acogerse a preferencias arancelarias y 
exenciones o reducciones de los derechos antidumping, la utilización de las franquicias 
aduaneras y fiscales tanto en relación con las mercancías transportadas por viajeros 
como en los envíos entre particulares efectuados por vía postal o a través de empresas 
de  mensajería,  las  operaciones  de  comercio  electrónico,  la  adecuación  de  las 
declaraciones  a  las  informaciones  arancelarias  vinculantes,  las  declaraciones  de 
exportación cuyo contenido puede implicar la liquidación de derechos arancelarios y el 
control  de  la  correcta  aplicación  de  regímenes  aduaneros  especiales  como  el 
perfeccionamiento, la importación temporal o el destino final.
También en el ámbito preventivo, la Intervención de Impuestos Especiales, como en 
años  previos,  continuará  con  el  control  específico  del  movimiento  y  existencias  de 
productos en fábricas, depósitos fiscales y almacenes fiscales, en relación con los 
Impuestos Especiales de Fabricación.
Por otro lado, la aplicación de novedades normativas en Impuestos Especiales, 
influirá de forma decisiva en el control de las unidades de Intervención. La tarea de estas 
unidades se centrarán en el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes y a 
asegurar el cumplimiento de las novedades normativas con respecto a la obligación de 
llevanza de los libros de Contabilidad de Existencias de los productos objeto de los 
Impuestos Especiales, y en su caso, las materias primas empleadas en su obtención, 
que deberá ser realizado a través de la Sede electrónica de la Agencia Tributaria, 
mediante el suministro electrónico de los asientos contables tal y como determina la 
Orden HAC/998/2019, de 23 de septiembre.
Ello supone, no solo programas informáticos adaptados para la llevanza electrónica 
de los Libros de Contabilidad de Existencias, sino que el control por parte de las 
unidades de intervención será realizado a través de los mensajes electrónicos generados 
por parte de los operadores, lo que permitirá el control de los productos en tiempo real 
respecto a los establecimientos de IIEE para los que es de obligado cumplimiento el 
nuevo sistema de llevanza de libros.
5.  Otras actuaciones preventivas. Igualmente se consideran de gran relevancia las 
actuaciones de naturaleza preventiva tendentes a garantizar las bases tributarias y a 
otorgar seguridad jurídica a los contribuyentes. Así, se prevé continuar, en línea con 
años anteriores, con la política de fomento de los Acuerdos Previos de Valoración en 
materia de precios de transferencia y reparto de costes o beneficios, tanto de carácter 
unilateral como, particularmente, los de carácter bilateral y multilateral, en sintonía con lo 
que sucede en países de nuestro entorno. Con este tipo de actuaciones se pretende dar 
certidumbre  a  las  relaciones  jurídico-tributarias  internacionales  evitando  costosas 
actuaciones inspectoras y futuras controversias, no sólo con los contribuyentes en sede 
de tribunales, sino también con las administraciones de otros países a través del sistema 
de resolución de discrepancias por medio de los procedimientos amistosos, garantizando  e.
así una tributación acorde con el principio de libre competencia. w.b
En  el  caso  concreto  de  los  acuerdos  previos  de  valoración  de  precios  de  79ww
tersapnescfeiareliznacdiao, , laco gne lsot ióqnu ed es ela f apcriálictati cuan ato mtaalidyaodr  hdoem loosg emniesimdaods  esne  lcoesn ctrraitleizraio se na ppleicrasodnoas,l 
así cEonm eos tuen ate mrreanyoo,r  leaf iAcidemnciniais atrdamciiónnis ttrriabtuivtaa.ria española está trabajando con el resto de
miembros de la comunidad internacional en la búsqueda de iniciativas que permitan
mejorar  el  desarrollo  de  estos  procedimientos  y,  en  particular,  las  tendentes  a  la 
agilización  de  la  resolución  de  los  acuerdos  previos  de  valoración  bilaterales  y 
multilaterales, en la medida en que lo permitan los recursos disponibles.
En el ámbito aduanero continuarán los trabajos de aplicación de los procedimientos 
simplificados y la tramitación de las correspondientes autorizaciones por parte de las 
autoridades aduaneras. En particular, en el ámbito financiero, destacan las relacionadas 
con la determinación del valor en aduana y en especial en los ajustes por precios de 
transferencia, acuerdos de licencia y demás acuerdos contractuales habituales en la 
operativa de las grandes empresas y grupos multinacionales.
III. La investigación y las actuaciones de comprobación del fraude tributario y aduanero
Los objetivos estratégicos de la Agencia Tributaria pivotan en torno al fomento del 
cumplimiento voluntario de los contribuyentes y a la lucha contra la evasión fiscal de 
aquellos obligados tributarios que no cumplen con sus obligaciones fiscales. La mejora 
del íntegro cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias de cada ciudadano 
debe obtenerse a partir de una variedad de actividades. Una adecuada combinación en 
la  ejecución  de  las  dos  tareas  esenciales  de  los  funcionarios  de  la  Administración 
tributaria, como son la investigación y la comprobación del fraude tributario y aduanero, 
constituye una herramienta fundamental.
En este sentido, hay que señalar que la finalidad de la Agencia Tributaria no debe en 
ningún caso ser únicamente la regularización de los incumplimientos y el ingreso de las 
cuotas  defraudadas,  sino  la  obtención  a  medio  plazo  de  unos  niveles  óptimos  de 
cumplimiento tributario por parte del conjunto de los contribuyentes. Para ello, procede 
realizar un análisis completo de los resultados de las actuaciones de control y de los 
efectos que estas inducen sobre el comportamiento fiscal de los contribuyentes, en 
orden a conseguir que las regularizaciones tributarias se conviertan en una herramienta 
adicional  a  la  hora  de  conseguir  una  mejora  en  el  cumplimiento  voluntario  de  los 
contribuyentes.
Tras el proceso de análisis, desarrollado en los años 2019 y 2020, de los impactos 
en el comportamiento tributario de diversas actuaciones llevadas a cabo por la Agencia 
Tributaria, se pretende culminar en 2021 la estandarización y estructuración de los 
mecanismos de medición de los resultados indirectos de las actuaciones desarrolladas 
por la Agencia Tributaria, lo que conducirá a su integración en los sistemas automáticos 
de seguimiento de los objetivos corporativos.
Igualmente importante es destacar que en el año 2020 se ha culminado un proyecto 
largamente perfilado en el área de Inspección de la Agencia Tributaria consistente en la 
captación de información relativa a la gestión interna informatizada del conocimiento de 
los motivos que llevan a la regularización de los obligados tributarios incluidos en los 
planes de control.
Esa información se va a poder recuperar de forma estructurada una vez que ha 
comenzado a funcionar un nuevo sistema, asociado al seguimiento de las actuaciones 
de inspección, que hace posible no solo conocer la cantidad regularizada, sino también 
evaluar más adecuadamente su relevancia cualitativa. Se trata con ello de avanzar 
durante el año 2021 en la valoración de las acciones de control, ayudando así a las 
labores regulares de planificación, que se orientarán a los programas, perfiles o riesgos 
que resulten de más interés para reducir los incumplimientos más importantes.
El uso completo de la información que se deriva del análisis de los motivos de  s
regularización se espera que esté consolidado en el año 2022 dentro del marco de la  e.
estrategia  global  de  la  planificación  tributaria,  permitiendo  obtener  información  w.
estructurada de los principales impuestos del sistema tributario español así como de las  79ww
lmleavtaenri asa  dlea  rireesgguol aeriszpaeccióífnic adse c olmoso  poobrli geajedmosp lot,r ibeul tcaorinoosc imenie nmtoa tdeer ialo sd me oftiisvcoasl idqaude 
internacional y precios de transferencia.
La digitalización de la sociedad en su conjunto y de la actividad económica en 
particular  está  produciendo  importantes  modificaciones  en  la  forma  de  organizar  el 
trabajo  de  las  grandes  organizaciones  y,  especialmente,  en  lo  que  se  refiere  a  la 
economía y la empresa.
Por ello la Agencia Tributaria, desde hace varios ejercicios, viene trabajando en 
mecanismos tales como la implantación de Libros Registro estructurados de IRPF e IVA 
de  forma  predefinida  que  permitan  una  gestión  más  sencilla  de  las  obligaciones 
tributarias,  la  restricción  del  uso  de  sistemas  de  procesamiento  de  la  información 
empresarial que permitan la ocultación de las ventas verdaderas de una actividad, o la 
atención  específica  a  la  actividad  de  las  plataformas  de  internet  dedicadas  a  la 
intermediación o venta directa de bienes o servicios.
La actividad digital y el comercio electrónico son, en definitiva, ámbitos emergentes 
de actuación sobre los que combinar los mecanismos ya citados en estas directrices 
como: la obtención de información, la sistematización y análisis de la misma, la ejecución 
de actuaciones específicas o el impulso de la colaboración nacional e internacional para 
actuar sobre un mundo, el digital, en constante proceso de cambio y evolución.
Todo ello es compatible con seguir apostando por el empleo de planes específicos 
diseñados  para  ofrecer  a  los  obligados  tributarios  una  oportunidad  de  mejorar  su 
comportamiento fiscal sin el desarrollo de procedimientos completos de Inspección o de 
Gestión  tributaria.  Por  ello,  tras  la  consolidación  en  el  año  2020  de  acciones  de 
asistencia y control, que van desde las de información y transparentación de datos 
fiscales, hasta las de comprobación inspectora, es preciso adaptar a las circunstancias 
sociales y sanitarias actuales y futuras los modos de planificar y ejecutar las acciones 
derivadas del tradicional Plan de Visitas.
Por lo tanto, en 2021 las visitas de los agentes tributarios a los contribuyentes podrán 
ser de especial relevancia cuando se destinen a verificar la correcta utilización de 
inmuebles de titularidad de sociedades, el control de arrendamientos de locales, la 
correcta situación censal de las actividades desarrolladas en los centros de actividad 
económica y otras de naturaleza análoga. Todo ello sin perjuicio de continuar con las 
tradicionales visitas de inspección cuando las circunstancias sanitarias lo posibiliten, 
tanto para los funcionarios, como para los titulares de las actividades y locales objetos de 
visita.
Se insiste por lo tanto en intentar generar, con el mínimo coste para el contribuyente, 
y para la propia Administración, un impacto real en los grupos o sectores afectados por 
el incumplimiento, para conseguir el ensanchamiento de bases imponibles y la elevación 
de las cantidades autoliquidadas cuando estas no sean ajustadas a la realidad.
En 2019 se puso en marcha, por vez primera, un modelo de envío de «ratios 
calculadas de actividad económica» contrastadas con las ratios que la Agencia Tributaria 
considera representativas del sector y segmento económico correspondiente. Tras el 
paréntesis  de  2020,  en  2021,  en  el  contexto  de  interlocución  permanente  con  las 
organizaciones representativas de autónomos y pymes, prevista en el Plan Estratégico, 
se  trabajará  en  la  incorporación  de  nuevos  colectivos  con  actividad  económica 
(empresarial o profesional) en la medida en que, como destinatarios de estas cartas 
informativas,  presenten  discrepancias  evidentes  entre  su  capacidad  económica 
calculada, determinada por medio de signos externos, de actividad financiera o de otros 
factores, y la que se derive de la serie histórica de sus rendimientos declarados.
La transparentación de información a partir de una serie de indicadores de riesgo que 
ofrecen dudas a los órganos de control de la Agencia Tributaria, comunicando incluso los  s
datos que justifican dichas dudas, que ha probado su utilidad en ejercicios pasados,  oe.
continuará siendo un eje de actuación. Este tipo de comunicaciones, que son práctica  w.
habitual en países de nuestro entorno, permiten fomentar el cumplimiento por medio del  79ww
ctroans lalad od ae  lossu  oebnlitgoarndoo ss tericbtuotraiarilo, so driee nintafonrdmoa acisoín esus  scoobmrep osruta smituieanctioó ns ifnis ceall  eenm prelelaoc idóen 
medios coercitivos, a la vez que permite a la Administración centrar las acciones de
control sobre los incumplidores renuentes. Naturalmente el éxito de estas campañas 
radica en la coordinación con la que estas herramientas se utilicen.
Para aquellos concretos supuestos en los que los indicios de incumplimiento se 
presenten con una mayor claridad, resulta conveniente el recurso a la personación en los 
locales de negocio de los obligados tributarios, como modo idóneo de obtención de los 
datos  que  permitan  contrastar  adecuadamente  la  información  y  documentación 
necesaria para determinar las bases imponibles. En la práctica de estas actuaciones, 
deberán  observarse  las  reglas  legales  y  reglamentarias  vigentes,  así  como  su 
interpretación por los órganos judiciales legitimados para ello, conjugando de una forma 
equilibrada los derechos de los contribuyentes con las facultades inspectoras. Este tipo 
de actuaciones que se encuentran recogidas en el artículo 142 LGT, en relación en su 
caso con el 113 LGT, constituyen una pieza irrenunciable del control fiscal, ya que 
permiten el acceso a la información y documentación contable principal y auxiliar en su 
formato original, asegurando de este modo su adecuado contraste y verificación.
En este mismo orden de cosas, el empleo de equipos y programas informáticos que 
permiten y facilitan la alteración de los registros contables de todo tipo, continuará 
en 2021 siendo objeto de atención y control prioritario. El efecto expansivo del empleo de 
estos medios digitales en beneficio del fraude, exige pensar en abordar soluciones que 
trasciendan de los casos concretos detectados y tiendan a erradicar estas prácticas. La 
comprobación de los sistemas para asegurar que reúnen los requisitos de integridad, 
conservación, trazabilidad y legibilidad de los registros tributarios, la interdicción de 
interpolaciones, omisiones o alteraciones ilegítimas de las que no quede la debida 
anotación  en  los  sistemas,  será  una  prioridad.  En  el  contexto  de  una  estrategia 
claramente  preventiva,  se  tratará  también  de  alcanzar  esos  objetivos  trabajando 
conjuntamente  con  asociaciones  de  empresas  especializadas  en  el  desarrollo  o 
comercialización de software de gestión, como forma de evitar que se desarrollen, 
difundan, comercialicen, descarguen o usen en el ámbito empresarial sistemas que 
permitan  la  supresión  de  ventas  contraviniendo  las  disposiciones  legales  o 
reglamentarias tributarias.
Asimismo, en 2021 la Agencia Tributaria va a continuar la tarea de comprobación 
respecto de contribuyentes que han consignado reiteradamente en sus declaraciones 
bases imponibles negativas a compensar y deducciones pendientes de aplicar en el 
Impuesto sobre Sociedades. El incremento de dichos saldos y el riesgo que ello implica 
de minoración indebida de tributación en ejercicios futuros hace necesario verificar, con 
mayor intensidad si cabe en 2021, la procedencia de los mismos.
Por último, y en el contexto de digitalización de las actividades administrativas en el 
que se mueve la Agencia Tributaria, 2020 ha sido el año en el que se ha empezado a 
utilizar un nuevo sistema informático que permite interactuar a los obligados tributarios y 
a sus representantes o asesores con la Inspección sin necesidad del desplazamiento 
físico a la sede del órgano inspector actuante. La emisión durante el año 2020 de las 
diligencias de constancia de hechos que habitualmente se utilizan en los procedimientos 
de comprobación inspectora y que junto a una conexión por vídeo, permiten que los 
procedimientos avancen dentro de los plazos establecidos por la Ley General Tributaria, 
permiten abordar a lo largo del año 2021, con base en las nuevas tecnologías, la 
posibilidad de que también se utilicen dichos procedimientos para la firma de las actas 
de inspección.
En definitiva, en el contexto actual se trata de utilizar la comunicación digital como 
vía  para  «acercar»  a  los  contribuyentes  a  la  oficina  encargada  de  la  tramitación  s
administrativa sin que tengan necesariamente que desplazarse a la sede física de la  oe.
misma. En este momento debe considerarse, no obstante, el carácter complementario de  w.
este tipo de actuaciones respecto de las actuaciones ordinarias que son por naturaleza  79ww
presLeansc ilaínleesa.s de actuación prioritaria serán las siguientes:
1.  Fuentes de información y avances tecnológicos en el análisis de riesgos. El
análisis de riesgos tributarios está en la base de cualquier proceso de selección de
contribuyentes y para ello los procesos de planificación que actúen sobre las diferentes 
fuentes  de  información  disponibles  deben  facilitar  estratégicamente  unos  modernos 
sistemas de depuración de los datos obtenidos por la Administración tributaria, sobre las 
distintas fuentes de renta de los diferentes obligados tributarios.
El Plan Nacional de Captación de información definido e impulsado desde la Oficina 
Nacional  de  Investigación  del  Fraude,  combinando  adecuadamente  los  programas 
centralizados  y  aquellos  otros  que  se  impulsen  desde  las  diferentes  dependencias 
regionales de inspección son un eje estratégico que debe consolidar el sistema analítico 
de selección.
Tras la incorporación a las bases de datos de la Administración tributaria, desde el 1 
de julio de 2017, de la facturación emitida y recibida por las entidades integradas en el 
SII  de  IVA  se  van  mejorando  paulatinamente  los  procesos  de  análisis  de  riesgo, 
especialmente en relación  con contribuyentes  no obligados al suministro de dichos 
registros,  pero  receptores  o  emisores  de  facturas  por  contribuyentes  que  sí  están 
obligados al suministro de los mismos.
En 2021 la utilización de esta información, tanto para las actuaciones de planificación 
como para el desarrollo de las propias comprobaciones tributarias, se complementará 
con  los  requerimientos  a  los  ciudadanos  amparados  en  la  normativa  vigente  y  en 
aquellos acuerdos y Convenios de Colaboración que al amparo de la misma normativa 
permitan a las distintas entidades públicas cumplir con el objetivo común de luchar 
contra el fraude fiscal, social y laboral.
En  el  ámbito  internacional,  consecuencia  del  nuevo  estándar  internacional  de 
intercambio de información impulsado desde el Foro Global de Transparencia, destaca el 
esfuerzo de explotación de la información internacional. Estos intercambios automáticos, 
a diferencia de los reglados con normativa interna, van a permitir que, en el año 2021, se 
sigan  desarrollando,  en  el  seno  de  la  Agencia  Tributaria,  trabajos  de  análisis  y 
optimización de la información obtenida, de forma que la transparencia que pretende 
esta medida se convierta en una realidad, y todo ello conlleve una mayor dificultad para 
la ocultación de activos, así como una mayor garantía de la correcta tributación y 
declaración de las rentas procedentes de los diferentes activos financieros situados en el 
exterior.
La información recibida por la Agencia Tributaria se ha incrementado debido a la 
presentación del denominado «Informe País por País» que forma parte del Proyecto 
OCDE/G20 para evitar la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios 
[conocido como (BEPS), «Base Erosion and Profit Shifting»]. En el ámbito de la Unión 
Europea,  el  intercambio  automático  de  esta  información  se  realiza  en  virtud  de  la 
Directiva (UE) 2016/881 del Consejo, de 25 de mayo de 2016 (conocida como DAC 4), 
que  modifica  la  Directiva  2011/16/UE.  Dicho  Informe,  especialmente  dirigido  a  las 
grandes corporaciones multinacionales, recoge las magnitudes esenciales de la actividad 
de las mismas en todos los territorios en los que operan. El primer intercambio tuvo lugar 
en junio de 2018, y en 2019 y 2020 han continuado estos intercambios. Durante el 
año 2021 seguirán desarrollándose los trabajos de análisis de riesgos dirigidos a la 
detección de prácticas de erosión fiscal que deban ser combatidas de acuerdo con los 
nuevos estándares internacionales derivados del citado proyecto BEPS.
En 2021 se completará la implantación de una herramienta de gestión de riesgos que 
sistematiza  todos  los  existentes,  delimita  colectivos  de  riesgos  y  permite  un  mejor 
seguimiento del resultado de las actuaciones llevadas a cabo.
En esta línea, hay que destacar los trabajos desarrollados para analizar el valor de  s
los activos y la existencia de riesgos fiscales en personas físicas que son titulares,  oe.
directa o indirectamente, de patrimonios relevantes significativos. w.
La Agencia Tributaria continúa trabajando en el desarrollo de modelos de análisis de  79ww
riniefosgrmo acqiuóen  ipnetermrniatacnio naanl tiqcuipea rs ey  reocpibtiam, izaa rp aertl ir udseol  mquoem ehnatyoa d ed es ud raercseep cai ónla,  snieunedvoa 
Ienstpeerncaiaclimoneanlt.e relevante la experiencia acumulada por la Oficina Nacional de Fiscalidad  BOE-A-cable e
Por último, en 2020 se ha comenzado a recibir información sobre determinados 
mecanismos transfronterizos de planificación fiscal potencialmente agresiva, de acuerdo 
con la Directiva (UE) 2018/822 del Consejo de 25 de mayo de 2018 que modifica la 
Directiva 2011/16/UE por lo que se refiere al intercambio automático y obligatorio de 
información en el ámbito de la fiscalidad en relación con los mecanismos transfronterizos 
sujetos  a  comunicación  de  información,  conocida  como  DAC  6.  Así,  cualquier 
intermediario, consultor o asesor que participe en dichos mecanismos estarán obligados 
a comunicar la información y, en determinados supuestos, el obligado es el propio 
contribuyente interesado.
Esta nueva fuente de información contribuirá a una mayor transparencia, facilitando 
tanto la prevención como la corrección de comportamientos evasores o elusivos.
Este intercambio de información estará plenamente operativo en 2021, lo que puede 
contribuir de forma eficaz a los esfuerzos por crear un entorno de equidad tributaria en el 
seno de la Unión Europea.
2.  Control de tributos internos.
A.  Actuaciones de comprobación.
A.1  Grupos multinacionales, grandes empresas y grupos fiscales. Dentro de las 
actividades previstas en el año 2021 para la consecución del objetivo general de la 
Agencia Tributaria en relación con los grupos multinacionales y las grandes empresas se 
evaluarán con un mayor nivel de prioridad, en general, los riesgos fiscales de aquellos 
contribuyentes que pertenezcan a los sectores de actividad que hayan sido menos 
perjudicados por un entorno económico fuertemente condicionado por los efectos del 
COVID-19. Ello no debe impedir que se continúe efectuando la revisión del cumplimiento 
de las obligaciones fiscales del conjunto de los contribuyentes y de aquellos riesgos que 
se pongan de manifiesto mediante los sistemas de detección de riesgos antes citados, 
bien porque individualmente hayan logrado mantener su situación económica con mejor 
éxito que sus directos competidores, bien porque los riesgos antiguos que arrastran 
aconsejan la realización de las actuaciones de comprobación.
Es indudable que la crisis económica afecta al conjunto de la actividad que se está 
desarrollando bajo unos parámetros socio-económicos de enorme complejidad, pero no 
debemos olvidar que las comprobaciones tributarias de ejercicios anteriores, que se 
encuentren dentro del periodo de prescripción que establece la normativa en vigor, 
deben ser analizadas para evitar que se puedan consolidar supuestos de irregularidades 
o malos cumplimientos de la normativa aplicable.
Es preciso por ello combinar las especiales situaciones de dificultad de liquidez que 
puedan existir actualmente, con la obligación de comprobar la correcta cumplimentación 
de las obligaciones tributarias de ejercicios anteriores a la crisis derivada del COVID-19.
Las comprobaciones de las entidades incluidas en este grupo deben validar que los 
gastos financieros deducidos por empresas que tributan en forma de grupo fiscal son 
correctos, en especial cuando la financiación procede del exterior, pero dentro del ámbito 
del grupo multinacional.
De igual modo los pagos de intereses y dividendos percibidos en el entorno de los 
grupos multinacionales deben ser verificado para mantener la correcta contribución al 
sostenimiento de los gastos públicos en el conjunto del sistema normativo que les resulta 
aplicable.
Los controles simultáneos y las inspecciones coordinadas son instrumentos que 
tendrán  presencia  en  el  Plan  de  2021,  tras  los  resultados  obtenidos  en  ejercicios  e
anteriores permitiendo continuar en busca de una mayor eficacia administrativa, así  bo
como de una reducción de los costes de cumplimiento de los contribuyentes. Estos  79ww
ccoonnttrroolle dse  ploesr mgirtaennd elas  gorbutpeonsc iómnu ltdinea cmioenjoarle sin, fao rlma apcaiór nq,u en efacecisliatarina  lap acroao redli naadcieócnu acdoon 
ofotrromsa ,p auínsae s,s orleudcuiócnie nmdáos  ecl oroiersdginoa ddae  afu tnuirvaesl  cinotnetrrnoavceirosniaasl . rSedeu cpireonpdoorc ieoln ac,o sdtee  eqsutae 
representaría  para  los  contribuyentes  la  realización  de  sucesivas  actuaciones 
inspectoras en diversos países y sobre un mismo grupo empresarial.
En 2021 se realizarán, en el ámbito de la Unión Europea, un número significativo de 
controles multilaterales en los que se examinará la corrección de los pagos intragrupo 
por cesión de intangibles.
También en este terreno se espera que en 2021 se lleve a efecto la mejora del marco 
jurídico comunitario en lo que se refiere, en particular, a las Inspecciones conjuntas 
«Joint Audits», reforzando de este modo las actividades de cooperación administrativa 
entre Estados miembros.
Asimismo,  mantienen  su  importancia  estratégica  para  mejorar  la  neutralidad 
impositiva  los  Procedimientos  Amistosos  [(MAP),  por  sus  siglas  en  inglés:  «Mutual 
Agreement Procedure»], que siguen manifestándose como un mecanismo de solución de 
conflictos entre dos administraciones tributarias cuando la actuación de una, o de ambas, 
pueda  producir  una  imposición  no  conforme  con  el  Convenio  para  evitar  la  Doble 
Imposición  (CDI)  suscrito  entre  ambos  Estados.  Este  mecanismo  de  solución 
internacional de controversias, ya sea regulado por la Unión Europea en el Convenio de 
Arbitraje 90/436/CEE, como convenido por los propios Estados con países terceros por 
medio del artículo 25 de los CDI ratificados al amparo del Modelo de Convenio de la 
OCDE, ha crecido muy significativamente en los últimos años y se erige en una de las 
principales vías internacionales para la resolución de este tipo de controversias para un 
gran número de regularizaciones de alcance transnacional.
A los mecanismos de resolución de conflictos indicados, debe unirse en 2021 el 
derivado de la Directiva (UE) 2017/1852 del Consejo, de 10 de octubre de 2017, lo que 
reforzará las opciones disponibles para resolver las disputas que puedan surgir entre 
Estados miembros de la Unión Europea y eliminar la doble imposición.
La Agencia Tributaria contribuirá en dicho ejercicio a facilitar la difusión de las 
posibilidades de acceso a todos estos mecanismos, ampliando la información que al 
respecto proporciona a todos los contribuyentes a través de internet.
Como segunda gran línea de actuación destaca la lucha directa contra el fraude a 
través  de  actuaciones  directas  de  comprobación,  siendo  conveniente  incidir 
decididamente en la fase de selección de casos a comprobar para optimizar el uso de los 
recursos especializados que esta actividad consume.
En 2021 se completará el desarrollo del nuevo sistema automatizado de análisis de 
riesgos en precios de transferencia basado en todo el conjunto de información disponible 
sobre operaciones vinculadas con el que actualmente cuenta la Administración tributaria, 
haciendo  un  uso  efectivo  de  la  información  a  disposición  de  la  Inspección  como 
consecuencia del proyecto BEPS tanto en el ámbito de la OCDE como en el de la Unión 
Europea, entre la que destacan los intercambios automáticos de información sobre 
diversas rentas, los referidos a acuerdos unilaterales con administraciones tributarias, y 
así como la información derivada del Informe País por País «Country-by-Country report» 
aprobado en desarrollo de la Acción 13 del citado Proyecto BEPS. Ello unido al mejor 
conocimiento de los grupos internacionales y de los sectores en los que operan, en 
buena parte gracias a la información derivada de los controles simultáneos, de los 
Acuerdos Previos de Valoración, de los Procedimientos Amistosos y de una cada vez 
mayor especialización en materia de fiscalidad internacional, permitirá un mejor análisis 
de  riesgos  a  través  de  la  elaboración  de  indicadores,  índices  y  modelos,  y  de  la 
identificación de pautas de comportamiento de alto riesgo fiscal.
El  examen  de  dichas  pautas  de  comportamiento  debería  beneficiarse  también  s
en  2021,  como  se  ha  indicado  en  el  apartado  1  anterior,  de  la  información  sobre  oe.
mecanismos transfronterizos de planificación fiscal potencialmente agresiva a los que se  w.
refiere la Directiva (UE) 2018/822, de 25 de mayo de 2018, conocida como DAC 6. 79ww
del LCao tnrasnesjop o(sDicAióCn  d6e),  late Dndirreác tisvian  (UdEud) a2 0u1n8a/8 2e2s pqeucei aml oindcifiidcae nlaci aD ireenc tilvaa  2in0fo11rm/1a6c/UióEn 
disponible respecto de informaciones de los grandes grupos multinacionales.
También se continuará con la participación en el proyecto de valoración multilateral 
del riesgo realizada en el marco del denominado programa ICAP (por sus siglas en 
inglés:  «International  Compliance  Assurance  Programme»)  y  con  el  análisis  de  los 
informes de transparencia previstos en el Código de Buenas Prácticas Tributarias y 
contestando  a  las  dudas  de  aplicación  de  los  tributos  que  plantean  las  empresas 
adheridas a dicho código.
Con todo ello se consigue el doble objetivo de aliviar los costes de cumplimiento de 
los contribuyentes con menor riesgo e incrementar las actuaciones de comprobación en 
los contribuyentes con potenciales contingencias fiscales más relevantes.
Por  lo  que  se  refiere  a  las  actuaciones  directas  de  control  los  funcionarios 
especializados  de  la  Oficina  Nacional  de  Fiscalidad  Internacional  seguirán 
desempeñando un papel dinamizador, emitiendo criterios y colaborando directamente en 
las comprobaciones de esta naturaleza. Por ello, el desarrollo de las actuaciones de 
comprobación en materia de grupos multinacionales estará guiado, en los temas de 
mayor trascendencia y complejidad, por expertos en materia de fiscalidad internacional 
con la finalidad de hacer un uso eficiente del conocimiento, de lograr un tratamiento 
homogéneo  de  situaciones  similares  y  de  garantizar  unos  elevados  estándares  de 
calidad en esas actuaciones.
Las principales áreas sobre las que versarán las actuaciones, sin perjuicio de las 
adaptaciones a la evolución de los niveles de riesgo que se puedan producir durante el 
ejercicio, se pueden resumir en las siguientes:
a)  Medidas antielusión. En 2018 entró en vigor el Convenio Multilateral para aplicar 
las medidas relacionadas con los tratados fiscales para prevenir la erosión de las bases 
imponibles  y  el  traslado  de  beneficios,  lo  que  permitirá  de  modo  progresivo  la 
implantación de todas aquellas medidas derivadas de los trabajos del proyecto BEPS 
que  requieren  la  modificación  de  convenios  internacionales.  Con  ellas  se  pretende 
eliminar  que  la  interacción  de  determinadas  cláusulas  de  los  Convenios  de  doble 
imposición, junto con determinadas normas nacionales, facilite situaciones de doble no 
imposición y de elusión fiscal. Asimismo, tanto la normativa de la Unión Europea como la 
norma doméstica han ido incluyendo y adaptando diversas normas dirigidas a frenar y 
erradicar conductas elusivas.
Las actuaciones de inspección velarán por la aplicación efectiva de dichas normas 
cuando la mera existencia de las mismas no haya sido suficiente para eliminar tales 
conductas.
b)  Precios de transferencia y operaciones transnacionales. La internacionalización 
e integración de la actividad económica a nivel mundial han dado lugar a que las 
operaciones vinculadas tengan una importancia sustancial en la economía actual. Ello 
unido al riesgo fiscal inherente a este tipo de operaciones hace que se trate nuevamente 
de un ámbito prioritario para las actuaciones inspectoras en 2021.
Las especiales condiciones económicas derivadas de la pandemia de coronavirus y 
las respuestas de los Estados a los efectos de la misma, plantean a los contribuyentes y 
a las administraciones tributarias importantes retos, desde el punto de vista práctico, en 
la aplicación del principio de plena competencia sobre el que descansan los precios de 
transferencia.
Para afrontar dichos retos, en 2021 se tendrán en cuenta las pautas recientemente 
aprobadas por el Marco Inclusivo de BEPS, sobre la aplicación de las Directrices de 
precios de transferencia de la OCDE, en relación con diversas cuestiones específicas 
que se derivan o se ven agravadas como consecuencia de la pandemia de COVID-19,  e.
así como su consistencia con la política general de precios del grupo. w.b
Sin perjuicio de lo anterior, en este terreno, se prestará especial atención en 2021 al  79ww
cduem tpralinmsifeenreton cdiea ,l aisn coidbileignadcoio nigeusa dlme ednotecu mene netal caiónná lies iisn fsourmstaacnicóina le dne m laat evriaal odrea cpiórenc idoes 
funciones, activos y riesgos contenidos en dicha documentación.
En 2021 se realizará una campaña tendente a verificar el adecuado cumplimiento de 
las obligaciones de información sobre operaciones vinculadas que, desde 2016, deben 
declararse en un modelo específico (modelo 232).
Los ámbitos que, por su importancia relativa o por su riesgo fiscal, continuarán 
siendo más destacados en 2021 en precios de transferencia son: las reestructuraciones 
empresariales,  la  valoración  de  transmisiones  intragrupo  de  distintos  activos, 
señaladamente  los  intangibles,  la  deducción  de  partidas  que  pueden  erosionar 
significativamente la base imponible, como los pagos por cánones derivados de la cesión 
de intangibles o por servicios intragrupo o la existencia de pérdidas reiteradas.
Si bien existen normas específicas dirigidas a combatir la elusión en el ámbito de las 
operaciones financieras, siguen existiendo riesgos fiscales propios de las operaciones 
fiscalmente vinculadas de carácter financiero, que serán objeto de atención preferente en 
este ejercicio.
Del  mismo  modo,  se  continuarán  comprobando  las  actividades  realizadas  por 
entidades amparadas en estructuras funcionales de bajo riesgo empresarial declarado e 
importante presencia en la economía, tanto en el ámbito de la fabricación como de la 
distribución, así como la adecuada elección de los métodos de valoración en estos 
escenarios y la idoneidad de los parámetros utilizados en su aplicación, como por 
ejemplo, los indicadores de beneficios seleccionados o las bases de costes utilizadas.
A  la  espera  de  los  resultados  que  pueda  arrojar  el  proyecto  G20/OCDE  sobre 
Digitalización  de  la  Economía,  se  continuará  con  las  actividades  de  control  de  la 
tributación  en  España  de  nuevos  modelos  de  negocio  altamente  digitalizados.  En 
relación con esos modelos de negocio debe anotarse la entrada en vigor en 2021 del 
Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales.
Por otro lado, no sólo las minoraciones de gastos en la base imponible serán tenidas 
en cuenta a la hora de guiar las actuaciones inspectoras, sino que la falta de declaración 
de ingresos, como los que se puedan derivar de prestaciones de servicios, de cesiones 
de activos intangibles no repercutidos o de la indebida aplicación de la reducción de 
rentas procedentes de dichos activos, gozarán de atención prioritaria. También la recibirá 
la erosión de bases imponibles causada por el establecimiento de estructuras en el 
exterior en las que se remansen beneficios que deben tributar en España.
c)  Establecimientos  permanentes.  El  destacado  esfuerzo  de  las  normas 
internacionales para evitar la elusión de la figura del establecimiento permanente tras el 
Proyecto BEPS, repercute directamente en la necesidad de continuar prestando especial 
atención a la correcta atribución de resultados, incluidos los financieros, a este tipo de 
operativas  para  evitar  situaciones  de  elusión  consistentes  en  la  declaración  de  la 
existencia de establecimiento permanente, pero comportando una mínima tributación no 
acorde a la legalidad vigente.
d)  Jurisdicciones  no  cooperativas  y  regímenes  preferenciales.  Junto  con  la 
actividad que desde un punto de vista de política tributaria se realiza a través de la 
participación  en  los  Organismos  Internacionales  que  lideran  la  lucha  contra  estos 
territorios y regímenes favorecedores de conductas evasivas y elusivas, las actuaciones 
inspectoras velarán por la correcta aplicación de las normas anti-paraíso existentes en la 
normativa.  Se  mantendrá  el  foco  en  la  identificación  de  estructuras  y  pautas  de 
comportamiento que se beneficien indebidamente de la baja fiscalidad de este tipo de 
territorios y regímenes, y que puedan ser o sean replicadas o estandarizadas para el uso 
por parte de una pluralidad de contribuyentes.
e)  Control sobre grupos fiscales y de entidades. En relación con los contribuyentes  s
acogidos al régimen especial de consolidación fiscal del Impuesto sobre Sociedades o al  oe.
régimen  especial  del  grupo  de  entidades  del  Impuesto  sobre  el  Valor  Añadido,  el  w.
constante crecimiento en los últimos años del número de los grupos que optan por  79ww
dtreib ulat aers btraajtoe geisat odse  rleag Aímgeennceisa  eTsrpibeuctiaarlieas. ha sido reiteradamente recogido en la definición
recaEusd aecvióidne ndteer ivqaudea  sdi eu ensat opsa trrtieb umtousy  psroigcneidfieca dtiev al odse o blalisg abdaosse str ibimutpaorinoisb leasc oyg iddoes  laa   BOE-A-cable e
estos regímenes especiales, resulta especialmente aconsejable mantener el enfoque en 
un control tributario específico sobre la aplicación de los citados regímenes.
Se pretende con ello maximizar la eficiencia de los procesos de selección de los 
grupos  mediante  una  adecuación  de  dichos  procesos  a  los  distintos  objetivos 
perseguidos con las actuaciones de carácter general y con las de carácter parcial, y a las 
diferentes características y dimensión de los grupos en los que se aprecien perfiles de 
riesgo fiscal.
Se busca con ello que pueda alcanzarse un adecuado equilibrio en el control de 
todos los grupos que tributan bajo estos regímenes especiales, con independencia de su 
tamaño y dimensión, y evitando, por otra parte, que la posible ubicación en uno u otro 
territorio  por  parte  de  la  entidad  representante  del  grupo  pueda  condicionar 
artificialmente el desarrollo de las competencias de control propias de la Administración 
tributaria.
Por todo ello, junto al control que tradicionalmente se desarrolla respecto de los 
grupos fiscales del Impuesto sobre Sociedades que tienen una mayor dimensión y 
estructura, la creciente y reiterada existencia de numerosos grupos en el censo de 
contribuyentes acogidos al régimen de consolidación fiscal que no responden a los 
comentados parámetros de dimensión y estructura, aconseja que las actuaciones de 
control  sobre  los  grupos  continúen  extendiéndose  también  a  grupos  fiscales  con 
características particulares que exigen adaptar a las mismas los procedimientos de 
control, de manera que pueda alcanzarse un tratamiento más homogéneo del control de 
todos los grupos fiscales.
En concreto se trata de pequeños grupos fiscales con reducida cifra de negocios 
consolidada, con un número muy limitado de entidades integrantes del grupo y en los 
que, en general, no existen las operaciones internas entre las sociedades del grupo que 
son objeto de las eliminaciones propias del régimen de consolidación fiscal.
Los ámbitos prioritarios de actuación serán, entre otros, los siguientes:
– Especial atención, por lo que afecta al Impuesto sobre Sociedades de los grupos 
fiscales, a la compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores, en 
particular a las bases pendientes de compensación respecto de las cuales el derecho de 
la Administración para iniciar el procedimiento de su comprobación prescribe a los diez 
años.
– Por lo que afecta al Impuesto sobre Sociedades de los grupos fiscales, el control 
del  estricto  cumplimiento  de  los  requisitos  legales  exigidos  para  la  integración  de 
entidades en el grupo, excluyendo del mismo a aquellas que no cumplan todos los 
requisitos necesarios para la integración en el grupo, deviene en un nuevo sistema de 
control que se debe impulsar desde la Administración tributaria.
– Contribuyentes integrados en los grupos que aplican el régimen del grupo de 
entidades del Impuesto sobre el Valor Añadido, con especial atención a los grupos de 
entidades incluidos en la modalidad avanzada del régimen especial, utilizando para ello 
la información que aporta el SII, al que están obligados.
A.2  Análisis  Patrimonial.  La  concurrencia  de  riesgos  fiscales  asociados  a  la 
titularidad y la capacidad de gestión de grandes patrimonios, especialmente cuando una 
parte de los mismos pueda estar ubicada en el exterior, o está amparada por el uso de 
figuras societarias interpuestas que favorecen la opacidad de rentas y patrimonios, ha 
constituido  una  referencia  básica  en  el  marco  de  los  planes  de  control  que  viene 
desarrollando la Agencia Tributaria desde su creación. Ello no impide que sea preciso  e
continuar revisando los mecanismos de organización y planificación interna encaminados  bo
a mejorar el conjunto de actuaciones de comprobación que se puedan desarrollar sobre  79ww
los oLbalsig aedsopse tcriibauletas riocsa rqaucete sreís pticuaesd and ee nceosntotrsa r cboanjotr eibsuey epnetrefisl  der erqieusigeore.n  el  uso  de
mfineacnacnieisrmoso sy  dseo caientáalrisioiss  scoofnisttrioclaaddoo sp aproar  ilnovse mstiigsmaro ys ,c loom qpuree nhdae rs ucopmuepsletojo usn e inmtrpaomrtaadnotes 
esfuerzo en el desarrollo de herramientas informáticas específicas.
En los últimos años, la Agencia Tributaria ha impulsado la captación de nuevas 
fuentes de información, las cuales, unidas a herramientas masivas de tratamiento de 
datos han permitido determinar el patrimonio neto de los ciudadanos, sus flujos globales 
de renta y sus relaciones familiares, económicas y societarias.
Estas herramientas, basadas en el procesamiento de «BigData», han hecho posible 
efectuar  de  manera  sistemática  el  análisis  de  residencia,  sobre  contribuyentes  que 
figuran como no residentes en las bases de datos tributarias. Este análisis ha permitido 
obtener, en su caso, los indicios necesarios para poder determinar la presencia durante 
más de 183 días en territorio español, la existencia en nuestro país de un centro de 
intereses  económicos  relevante  y  operativo,  así  como  la  existencia  de  relaciones 
familiares que permitan inferir la residencia en España.
El resultado de ello se plasmará progresivamente en el desarrollo de expedientes de 
comprobación  que  se  iniciarán  en  2021  y  se  desarrollarían  a  partir  de  los  datos 
anteriores, en la medida que permitan efectuar una regularización de las diferentes 
contingencias fiscales detectadas.
Los  análisis  desarrollados  a  través  de  esta  nueva  herramienta,  facilitan  a  la 
inspección tributaria la ejecución de las tareas necesarias para conocer de una forma 
ágil  y  eficiente  los  indicios  de  residencia,  lo  que  permitirá  intensificar  durante  este 
ejercicio las actuaciones de control de ciudadanos deslocalizados que dispongan de un 
nivel relevante de patrimonio o de renta.
También en este ámbito hay que destacar, la Unidad Central de Coordinación del 
Control de Patrimonios Relevantes (UCCCPR), creada en el seno de la Oficina Nacional 
de Investigación del Fraude, en la medida en la que mantendrá en 2021 la coordinación 
en las actuaciones que le son atribuidas, así como las actuaciones de investigación 
directa, y de propuesta, impulso y seguimiento de nuevas líneas de comprobación de 
obligados tributarios que cuentan con un patrimonio relevante y muestran determinados 
perfiles de riesgo fiscal.
Asimismo, entre otras funciones de dicha Unidad Central se encuentran las de 
obtención, mejora, depuración, ampliación y tratamiento de la información ya existente, y 
de la nueva que pueda obtenerse.
La existencia de esta Unidad responde en definitiva a la necesidad de mejora del 
control de los patrimonios relevantes y tiene por finalidad fundamental la incorporación 
de técnicas de selección e investigación desarrolladas por la ONIF en los últimos años 
sobre los obligados tributarios de alta o muy alta capacidad económica («High Net Worth 
Individuals» –HNWI– y «Ultra High Net Worth Individuals» –UHNWI– por sus siglas en 
inglés) y el desarrollo de nuevas herramientas informáticas de procesamiento de datos o 
a la mejora de las ya existentes.
Desde la UCCCPR se colabora en el desarrollo de nuevas herramientas informáticas 
y  también  en  la  mejora  de  las  ya  existentes,  perfeccionando  la  herramienta  de 
identificación de titulares reales de sociedades opacas titulares de bienes y/o derechos 
situados, o que pudieran ejercitarse o cumplirse, en territorio español.
De igual modo, se continuarán las actuaciones puestas en marcha para procesar y 
explotar  la  información  recibida  de  forma  automática  de  los  distintos  países  y 
jurisdicciones  en  aplicación  de  las  normas  en  vigor  en  materia  de  intercambio  de 
información para asegurar su uso eficiente, teniendo en cuenta el número cada vez 
mayor de países y jurisdicciones de los que se reciben los datos, la mejora en la calidad 
de  la  información  obtenida  y  la  experiencia  acumulada  en  los  últimos  años  en  el 
procesamiento y explotación de dicha información. s
La progresiva mejora de los mecanismos internos existentes que permiten un rápido  oe.
tratamiento de la información fiscal recibida de forma automática de la administración  w.
fiscal correspondiente en el marco del CRS «Common Reporting Standard», respecto de  79ww
lraess idceunecniata fsis cfianla ennc iEersapsa ñqau, ea ssí ec ommaon etile dnee no treans  reeln teaxst rya nbjieernoe sp porro cceodnetrnibteusy eon steitsu acdoons 
aecnt ueal ceioxnteersio qr uye  qdueeb etanm cboinétnin usaorn  doebsjaertroo ldláen dinotseerc eanm lboiso  pernó xeiml áoms abñitoo si.nternacional, son  BOE-A-cable e
En el ámbito específico del CRS, el año 2020 ha supuesto el aumento en el número 
de  países  y  jurisdicciones  de  las  que  se  ha  recibido  de  forma  automática  dicha 
información, así como un incremento en los registros y la calidad de la información 
recibida y enviada a otros países. Durante 2021 esta área será de nuevo objeto de una 
especial atención ya que la información relativa a la titularidad de activos financieros en 
el extranjero permite descubrir posibles ocultamientos de titularidad de activos fuera de 
España y de las rentas e ingresos generados por estos, todo ello sin perjuicio del 
reforzamiento  que  conlleva  en  cuanto  al  cumplimiento  voluntario  por  parte  de  los 
contribuyentes.
La trascendencia de la información suministrada y de las obligaciones asumidas, 
tanto por las instituciones financieras como por las distintas jurisdicciones implicadas en 
estos procesos, va a llevar necesariamente a que, en el año 2021, la Agencia Tributaria 
continúe con los trabajos de análisis y optimización de la información obtenida, poniendo 
esas informaciones en conocimiento de los obligados tributarios, de manera que la 
mejora de la transparencia que busca esta medida se consolide como mecanismo para 
prevenir los incumplimientos.
Asimismo, se continuarán perfeccionando las herramientas existentes para explotar 
información de otra naturaleza, también obtenida de forma automática de otros países y 
jurisdicciones, como pueden ser rendimientos del trabajo, pago de pensiones, etc., con 
idéntica finalidad de evitar la ocultación de rendimientos obtenidos y patrimonios situados 
en el exterior.
Además  de  estos  intercambios  automáticos  de  información,  también  resulta 
especialmente  relevante  a  efectos  de  control  la  explotación  de  otras  informaciones 
procedentes de comunicaciones espontáneas de otros Estados, ya sean singulares o 
que afecten a una multiplicidad de contribuyentes españoles, que permitan ensanchar 
las bases imponibles de los contribuyentes que oculten su patrimonio de acuerdo con el 
principio de renta mundial.
Por otro lado, para mantener un adecuado nivel de reciprocidad, es imprescindible 
que se efectúen todas las tareas que sean necesarias para que España cumpla de un 
modo  efectivo  con  sus  compromisos  internacionales  en  materia  de  intercambio  de 
información en general, facilitando dichos datos a los demás Estados signatarios de 
acuerdos y Convenios de intercambio de información, tanto en lo que se refiere a las 
citadas cuentas financieras («CRS»), como a otras rentas y modalidades de información 
establecidas al efecto.
La  Oficina  Nacional  de  Investigación  del  Fraude  continuará  con  el  desarrollo  e 
impulso de actuaciones de investigación de aquellos fraudes complejos, organizados, 
financieros  y  de  cuantía  económica  relevante.  Concretamente,  se  continuarán 
impulsando las investigaciones de conductas de fraude fiscal concretas que suponen 
una desimposición derivada de la simulación de la residencia fiscal fuera del territorio 
español,  así  como  la  investigación  de  todos  aquellos  esquemas  de  ocultación 
instrumentados que permitan sustraer de tributación la obtención de rentas o posesión 
de patrimonios en España, sin olvidar en ningún caso las actuaciones de investigación 
sobre todos aquellos facilitadores de las mencionadas estructuras.
Todo ello sin perjuicio del control de situaciones en las que se pueda detectar la 
presencia de deslocalizados nacionales que mediante desplazamientos ficticios puedan 
estar declarando sus rentas conforme a un centro de residencia fiscal ficticio mediante el 
que puedan intentar eludir determinados tributos en el ámbito de la imposición directa. La 
adecuada combinación de actuaciones de obtención de información, la colaboración  s
entre las diferentes comunidades autónomas y, en su caso, el inicio de actuaciones de  oe.
comprobación  inspectora,  pueden  coadyuvar  a  conseguir  un  cumplimiento  de  las  w.
obligaciones tributarias conforme al principio de contribución acorde con la capacidad  79ww
económica real de los contribuyentes.
sociAed.3a deOsc. uEltal ciinódnu ddaeb laec tiivmidpaadcetos  qeumep rleas acrriaisleiss  eoc opnróomfeisciao naplueesd ey  tuesnoe ra bsuosbirveo  ldaes 
actividades empresariales y profesionales debe obligar a la Administración tributaria a 
valorar dicha circunstancia en el marco de sus procedimientos de comprobación.
Ahora  bien,  la  experiencia  viene  demostrando  que  el  efecto  preventivo  de 
actuaciones sobre un sector económico concreto y la corrección de comportamientos, 
está permitiendo centrar los esfuerzos en los obligados tributarios reincidentes en el 
incumplimiento formal y material de sus obligaciones tributarias.
Por ello, de nuevo se van a potenciar las operaciones coordinadas de lucha contra la 
actividad no declarada y la economía sumergida, evaluando con un mayor nivel de 
prioridad, en general, los riesgos fiscales de aquellos contribuyentes que pertenezcan a 
aquellos  sectores  o  actividades  que  hayan  sido  menos  afectados  por  el  entorno 
económico desfavorable que se deriva del COVID-19 y los efectos de la pandemia o 
incluso  sobre  aquellos  otros  que  han  visto  crecer  su  negocio  precisamente  como 
consecuencia de esta excepcional situación.
La mejora constante en las aplicaciones informáticas disponibles y la formación 
continua de los empleados de la Administración tributaria, permiten garantizar una mayor 
eficacia a estas actividades de control.
Es indudable que, cuando se reconoce la existencia de signos externos de riqueza o 
de determinados niveles de rentabilidad financiera inconsistentes con los indicadores de 
actividad que resultan poco acordes a los niveles de rentas declaradas, es preciso 
abordar con todas las técnicas recogidas en párrafos anteriores la tradicional tarea de 
investigación y, en su caso, regularización de las divergencias y contingencias fiscales de 
los contribuyentes afectados por estas, aún si cabe con una mayor intensidad.
Por todo ello, conviene reiterar como en años anteriores que la utilización de las 
formas societarias y las relaciones de estas con los socios, trabajadores, administradores 
o personas vinculadas con ellos, así como con otras sociedades controladas por las 
mismas personas, también será objeto de análisis con el fin de verificar si se está 
produciendo una minoración improcedente de la correcta tributación de la actividad 
desarrollada o una traslación de bases imponibles hacia entidades jurídicas sometidas a 
menores tipos.
En  definitiva,  la  interposición  de  personas  jurídicas  cuya  principal  significación 
económica sea la de servir como instrumento para canalizar rentas de personas físicas 
cuya tributación se ve reducida de modo irregular por la actual diferencia de tipos 
impositivos seguirá siendo objeto de seguimiento general, sin perjuicio de atender a otras 
irregularidades como la indebida incorporación a los resultados de la actividad de gastos 
personales de los socios no relacionados con esta.
Por todo ello, la Agencia Tributaria mantendrá, a lo largo de 2021, la ejecución de las 
siguientes líneas prioritarias de comprobación:
a)  Presencia de la Administración en aquellos sectores y modelos de negocio en 
los que los niveles de economía sumergida puedan generar una especial percepción 
social, con especial observancia del uso de efectivo en cantidades superiores a las 
legalmente establecidas.
b)  Continuación de la lucha contra el uso de sistemas de procesamiento de la 
información  empresarial  que,  instalados  especialmente  en  las  cajas  registradoras, 
permitan la omisión, interpolación o alteración de operaciones ocultando las ventas 
verdaderas de una actividad.
c)  Ejecutar, en el entorno de aquellas actividades económicas en las que se detecte 
una presencia intensiva de consumidores finales, las actuaciones de control que resulten 
precisas para evitar que se produzca una falta de repercusión efectiva en la última fase  e.
de la cadena del IVA. w.b
d)  La existencia de sociedades carentes de una estructura productiva real sigue  79ww
sfíiseincadso.  uPno mr oedlloo  dsee f apcrioligtarra mla aorcáunl taaccitóuna cdieo nreens tadsir iegfiedcatsiv aam eevnittea ro betle nuisdoa sa pbours ipveor sdoen alas 
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tipos impositivos aplicables.
e)  Análisis  de  supuestos  de  sociedades  vinculadas  con  una  persona  o  grupo 
familiar  con  el  fin  de  evaluar  de  modo  conjunto  las  operaciones  económicas 
desarrolladas y los efectos que, entre ellas, se puedan derivar en una minoración en las 
rentas o bases declaradas.
f)  Análisis  globales  del  conjunto  patrimonial,  tanto  personal  como  del  entorno 
familiar, de aquellos contribuyentes cuyo perfil de riesgo se pueda asociar a supuestos 
de  división  artificial  de  la  actividad  que  buscan  minorar  indebidamente  su  nivel  de 
tributación directa.
Asimismo, las actuaciones de comprobación se completarán con otras actuaciones 
de información y asistencia a sectores económicos donde existe un mayor riesgo de 
ocultación de ingresos, incluyendo la celebración de reuniones con las asociaciones más 
representativas de dichos sectores.
Con toda la información disponible, es de justicia social que en aquellos supuestos 
en los que se detecte que no existe una mejora en el comportamiento tributario del 
contribuyente  regularizado,  se  produzca  de  modo  inmediato  una  nueva  actuación 
administrativa, sin olvidar que la evolución reciente se vea mediatizada por un entorno 
socioeconómico desfavorable en determinados sectores de actividad.
A.4  Control de actividades económicas.
1.  Análisis de la economía digital. En las dos primeras décadas del siglo XXI, el 
comercio  electrónico  ha  experimentado  un  crecimiento  espectacular,  y  durante  el 
año 2020 este crecimiento ha sido aun mayor como consecuencia de las restricciones a 
la movilidad y las modificaciones en los hábitos de consumo provocadas por la pandemia 
del COVID-19.
Durante 2021, la Agencia Tributaria reforzará las medidas necesarias para garantizar 
un adecuado control de la actividad económica que se realiza vía comercio electrónico, 
fomentando el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias de todos los que 
intervienen en el proceso, y adoptando medidas correctoras en aquellos casos en que no 
se produzca dicho cumplimiento voluntario.
A menudo, el comercio electrónico se realiza entre partes ubicadas en distintos 
países. Se hace por ello necesario intensificar los mecanismos de control orientados a 
verificar  la  correcta  tributación  de  dichas  operaciones  desde  la  perspectiva  de  la 
tributación directa e indirecta de todos los agentes involucrados.
En este modelo económico, resulta esencial la obtención de información de las 
plataformas digitales que actúan como intermediarias y ponen en contacto a empresarios 
y consumidores ubicados en cualquier parte del mundo.
En  concreto,  las  actuaciones  a  realizar  en  2021  en  relación  con  el  comercio 
electrónico son las siguientes:
a)  Aproximación cooperativa, cuando sea posible, para determinar la forma más 
adecuada  de  acceder  a  la  información  necesaria  de  las  plataformas  de  comercio 
electrónico, procurando minimizar los costes fiscales indirectos de cumplimiento a la vez 
que se asegura el cumplimiento material de las obligaciones por parte de los operadores 
que actúan a través de plataformas, ya sean residentes o no residentes en España. 
Cuando no resulte posible aplicar esas aproximaciones la obtención de información 
acerca de las plataformas mencionadas se realizará haciendo valer las obligaciones de 
información del artículo 93 LGT, incluyendo, en su caso, su régimen sancionador.
b)  Asegurar la completa identificación fiscal de aquellos obligados tributarios que  s
aun no estando domiciliados en España, realicen el hecho imponible del IVA por sus  oe.
ventas a consumidores finales localizados en nuestro país. Para ello se facilitará el  w.
ree-gcoiscmt)r om Ledarec  ceeo,s mtoapsp lreootpbaea irdmaodp olperoemrs e nDnotiar ercecióstinivd aed nedt eelas s.la m UedEi d2a0s1 n7o/2rm45a5ti,v asse  qpureo dduecriivráa ne dl e1l  pdaeq ujueltioe   2021-1379n https://ww
de  2021.  En  este  sentido,  la  Inspección  velará  por  asegurar  que  se  ofrezca  una
adecuada información a las plataformas de comercio electrónico, a la vez que extremará
el control sobre las mismas para evitar que este tipo de operaciones puedan eludir el 
pago de las obligaciones tributarias que les corresponden, en particular, a efectos de la 
tributación  indirecta.  En  este  contexto,  el  abuso  de  los  envíos  postales  directos  al 
consumidor con carácter no comercial desde otros Estados, que se une al fenómeno de 
la  infravaloración  unitaria,  será  objetivo  prioritario  en  colaboración  con  el  área  de 
Aduanas e Impuestos Especiales.
d)  La sistematización y el análisis de la información obtenida, permitirá diseñar las 
actuaciones de prevención y de control adecuadas para garantizar la correcta tributación 
de  las  operaciones  realizadas  a  través  del  canal  digital.  Para  ello  se  realizarán 
actuaciones  específicas  de  control  en  aquellos  casos  en  los  que  puedan  existir 
diferencias  entre  los  importes  declarados  y  los  que  se  deriven  de  la  información 
obtenida.
e)  La entrada en vigor del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, en 
relación con la intermediación digital en diversos sectores, supone en sí mismo un 
importante reto de organización y gestión, tal y como corresponde a una nueva figura 
impositiva implantada en el sistema tributario estatal. Las actuaciones censales, gestoras 
y  comprobadoras  previstas  para  2021  asegurarán  una  adecuada  información  al 
contribuyente y permitirán determinar el censo de obligados, tanto residentes, como no 
residentes con o sin establecimiento permanente, sin perjuicio de realizar los controles 
iniciales que resulten oportunos. Indirectamente, los hechos imponibles de este nuevo 
Impuesto  pueden  contribuir  a  determinar  el  alcance  real  de  la  actividad  de  estas 
plataformas multinacionales en el mercado español, permitiendo cruzar datos con las 
declaraciones presentadas.
f)  Participación activa en foros e instituciones internacionales con el objetivo de 
obtener  información  para  una  adecuada  tributación  de  las  operaciones  realizadas 
mediante comercio electrónico, utilizando para ello los mecanismos de cooperación 
internacional existentes.
g)  Los debates a nivel de la Unión Europea sobre la octava ampliación de la 
Directiva  de  Cooperación  Administrativa  2011/16/UE  (más  conocida  como  DAC8) 
deberían ser finalizados durante el año 2021 con la activa participación de los expertos 
de la Agencia Tributaria y del Ministerio de Hacienda. Esta ampliación que se refiere al 
establecimiento  de  obligaciones  de  obtención  e  intercambio  de  información  de  las 
plataformas de comercio online, debe suponer un paso adelante en el aseguramiento de 
una tributación del comercio electrónico acorde a la legalidad y análoga a la del comercio 
convencional.
En línea con lo anterior, el auge de los mercados de activos virtuales, en particular el 
de criptomonedas, genera riesgos fiscales que requieren de actuaciones específicas de 
obtención de información que faciliten el cumplimiento voluntario de las obligaciones 
tributarias derivadas de las operaciones que se realicen, así como el control de su 
correcta tributación.
En concreto, las actuaciones a realizar en 2021 en relación con las criptomonedas 
son las siguientes:
a)  Obtención de información procedente de diversas fuentes sobre las operaciones 
realizadas  con  criptomonedas.  Se  prevé  su  incorporación  al  modelo  de  bienes  y 
derechos  en  el  exterior,  así  como  el  establecimiento  de  una  obligación  informativa 
autónoma sobre criptomonedas.
b)  Sistematización y análisis de la información obtenida, a efectos de facilitar las  e
actuaciones de control de la correcta tributación de las operaciones realizadas y el origen  bo
de los fondos utilizados en la adquisición de las criptomonedas. 79ww
con ce) l oPbojeteton cdiea r olab teconoepr einrafocrimóna ciniótenr nsaocbiroen alal sy  olap epraarctiicoinpeasc iócno ne nc rfipotrooms oinnteedrnaasc iyo noatrloess 
activos virtuales.
2.  Actuaciones de control relativas al IVA. La entrada en funcionamiento del SII y su 
consolidación en los procesos analíticos de información han supuesto una indudable 
mejora del control de la imposición indirecta al poder desarrollar sistemas más eficaces 
de evaluación constante de los datos y de la información, a través de los cuales es 
factible detectar sujetos pasivos obligados a presentar declaraciones y que, pese a los 
indicios claros del desarrollo de actividades económicas, no están cumpliendo con sus 
obligaciones fiscales.
El  contraste  entre  los  datos  declarados  por  los  contribuyentes  y  la  información 
periódica derivada del SII permitirá que se puedan fortalecer los mecanismos orientados 
a  detectar  irregularidades  tributarias  a  partir  de  las  conclusiones  derivadas  de  la 
información disponible respecto del censo de contribuyentes que presentan mediante 
este sistema su información tributaria. La detección en el sector del comercio minorista 
de  supuestos  de  elusión  del  recargo  de  equivalencia,  es  un  buen  ejemplo  de  la 
potencialidad de estos contrastes.
Ya desde el año 2020 se comenzaron las actuaciones tendentes a la revisión de los 
comerciantes minoristas cuyos clientes son principalmente consumidores finales y que 
cuentan con unos regímenes fiscales especiales, a partir de los que pretenden reducir 
sus costes de cumplimiento tributario. En el caso del Impuesto sobre el Valor Añadido, 
además de soportar las cuotas de IVA que les han de repercutir sus proveedores, están 
obligados  a  soportar  el  recargo  de  equivalencia  como  compensación  por  quedar 
exonerados de presentar posteriormente autoliquidaciones trimestrales del impuesto.
Para que el régimen funcione, los comerciantes minoristas deben identificarse ante 
sus proveedores como sujetos incluidos en este régimen de recargo de equivalencia. No 
hacerlo supone no sólo una falta de pago del impuesto sino una posible competencia 
desleal en la medida en que sus costes de aprovisionamiento se reducen frente a los 
que sí cumplen con esta obligación.
Los  órganos  de  control  de  la  Agencia  Tributaria  desarrollarán  de  nuevo  en  el 
año 2021, actuaciones tendentes a comprobar la correcta aplicación del régimen de 
recargo de equivalencia del Impuesto sobre el Valor Añadido.
Estas actuaciones afectarán por una parte a los proveedores de estos comerciantes 
minoristas para verificar que han repercutido el recargo y, en caso contrario, exigirles el 
ingreso de los recargos no repercutidos. Y, por otra parte, se realizarán actuaciones 
directamente  sobre  los  propios  comerciantes  minoristas  para  verificar  que  figuran 
correctamente censados en el régimen de recargo de equivalencia, y que comunican su 
condición de comerciante minorista a efectos de la inclusión en las facturas emitidas por 
sus proveedores del recargo correspondiente.
La  indudable  mejora  de  los  sistemas  de  análisis  de  la  información,  permite  la 
ejecución de procesos de contraste de datos, que facilitan la detección temprana de 
conductas graves de defraudación, tales como las presuntas cantidades dejadas de 
ingresar y la presencia de economía sumergida, en la que el IVA tiene una especial 
relevancia.
3.  Actuaciones de control relacionadas con el Impuesto sobre Sociedades. Tras las 
actuaciones derivadas de la ejecución del Plan de Control Tributario de 2020, se ha 
podido verificar que muchas entidades societarias acumulan saldos a compensar de 
bases  imponibles  negativas  de  ejercicios  anteriores.  Tales  saldos,  que  se  están 
compensando en sede de la sociedad que los generó, pero también pueden hacerlo en 
otras que continúen su actividad, afectan directamente a la recaudación neta de este 
impuesto. s
Por ello, durante el año 2021, de nuevo con el tradicional control sectorial y los  oe.
planes de actuación contra la economía sumergida, la Inspección incidirá, mediante la  w.
continuación del Plan especial iniciado el pasado ejercicio, en expedientes en los que  79ww
oerxiigsetann  dbeal smesis mimop oy,n iebnle sla  nmegeadtiidvaa sp pearmrait ivdear ifpicoar re lla  aerxtíicsutelon c2ia6 .5d edl es alald oL,e syu d eexl aImctpituude,s teol 
asopblicrea daSso oci eqduaed eesst,é nc poemnpdrioebnater s ddiec hcaosm pbeansseasc ióinm.ponibles  negativas  declaradas  ya  BOE-A-cable e
Las sociedades con importe neto de cifra de negocios reducido en muchas ocasiones 
están inactivas, pero junto a ellas existen actividades empresariales que no pueden dejar 
de someterse a un control proporcionado a su tamaño y al conjunto de obligaciones 
materiales y formales que les son requeridas.
Por ello, en el año 2021 la Agencia Tributaria ha previsto incrementar la realización 
de  actuaciones  conjuntas  de  las  áreas  de  Gestión  y  de  Inspección  sobre  dichos 
colectivos, tras haber finalizado en 2020 el primer año completo de ejercicio de esta 
modalidad de actuación que representan las unidades de comprobación abreviada.
La distinta intensidad de la actuación, dentro del marco del procedimiento, pretende 
combinar actuaciones de carácter extensivo, fundamentalmente con visitas domiciliarias 
y comprobaciones limitadas, con comprobaciones de carácter intensivo a través de 
unidades de inspección.
Si bien estas actuaciones se coordinan a nivel central definiendo los riesgos de cada 
actividad,  se  distribuirán  territorialmente  para  que  mediante  los  estudios  de  las 
dependencias regionales se pueda alcanzar de la forma más eficiente la mejora global 
del comportamiento tributario de estas entidades.
Las actuaciones a desarrollar sobre este segmento de sociedades serán de nuevo 
alguna de las siguientes:
a)  Actuaciones trasladadas desde el área de Gestión al área de Inspección en 
aquellos supuestos en los que el procedimiento inspector sea la forma de terminar el 
procedimiento de comprobación limitada. En particular, se prestará atención a aquellos 
contribuyentes que obstruyan la comprobación limitada, así como a aquellos otros que, 
por tener una contabilidad desarrollada, no puedan ser adecuadamente revisados por 
medio de esta.
b)  Actuaciones seleccionadas en función de riesgos concretos de incumplimiento 
que,  por  su  naturaleza,  pueden  ser  comprobados  por  medio  de  procedimientos 
inspectores abreviados.
La continuación de este proyecto dentro de la actividad de Inspección Tributaria ha 
exigido una modificación en la estructura organizativa de las Dependencias que ha 
permitido a estas disponer de unidades de actuación mucho más flexibles, y dotadas de 
personal con una cualificación adecuada a esta finalidad del control abreviado.
La presencia en los locales de actividad del obligado tributario, que por razones 
sanitarias hubo de verse sensiblemente reducida durante 2020, resulta en este punto 
esencial, ya que el proyecto trata de inducir, mediante una mayor presencia del control 
tributario, una mejora paulatina, pero firme, en el cumplimiento general del conjunto de 
las sociedades del colectivo objeto de análisis.
Con carácter general hay que destacar también la necesidad de desarrollar un 
especial seguimiento desde que se inician las actuaciones de comprobación inspectora 
con los aspectos vinculados a la fase recaudatoria, de manera que se puedan adoptar 
medidas  de  control  que  impidan  una  regularización  que  no  consiga  recuperar  los 
ingresos no declarados en el marco de la normativa vigente.
4.  Potenciación  del  control  de  las  actividades  económicas  y  los  tributos 
empresariales mediante la consolidación de herramientas de análisis de libros registro de 
IVA no SII y actividades económicas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas  basados  en  los  nuevos  formatos  de  libros  registro.  Se  procederá  a  la 
implantación  de  sistemas  de  trabajo  digitales  que  permitan  la  interacción  con  los 
obligados tributarios en un formato único. Para ello, se trabajará en la implantación de  e
Libros Registro estructurados de forma predefinida que, al menos para las personas  bo
físicas  y  microempresas,  permitirán  una  gestión  más  sencilla  de  las  obligaciones  79ww
itnrifbourmtaaricaisó,n  taennto  lafo rAmgaelnecsi ac oTmriob umtaaritae.r iaElestse,  ati ploa  dveez  liqburoes  scimonptlrifiibcuainrá  laa  gceosmtiópnle tdaer  llaa 
iInnffoorrmmaacciióónn , cqruuez atdraad icoibotneanlimdae ntae  htraa vvéesn iddoe l sSieinsdteom laa  cdoel umSunma inviesrttreob rIanlm deedl iactoon trdoel 
tributario del mundo empresarial.
A.5  Otras actuaciones de control sobre el cumplimiento de la normativa interna. Se 
llevarán a cabo las siguientes actuaciones:
1.  Actuaciones generales de control.
a)  Potenciación y mejora del control de los contribuyentes no declarantes del:
– Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas anticipando el control gracias a 
las fuentes de información interna e internacional.
– Impuesto sobre Sociedades. Esta mejora en la actuación de control se encuentra 
vinculada a la depuración del índice de entidades mencionado en el apartado relativo al 
censo.
– IVA:  Las  actuaciones  de  control  se  acompañarán  de  actuaciones  previas  de 
depuración censal para incrementar la calidad de las mismas.
b)  Diseño y desarrollo de una herramienta de control de retenciones en sede del 
retenedor ampliando las contingencias objeto de comprobación mediante la herramienta 
de gestión de riesgos, lo que permitirá un enfoque integral del control de IRPF, partiendo 
de la fuente de renta.
c)  Respecto del control en el ámbito del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas se llevarán a cabo, además de los controles basados en fuentes de información 
interna, controles basados en información internacional (DAC), y control de ganancias 
patrimoniales basadas en información notarial y registral.
d)  El control del dinero abonado en efectivo en el marco de las transacciones 
económicas suele estar muy vinculado con la economía sumergida, por lo que con 
independencia de cuáles son los límites cuantitativos que se encuentren vigentes de 
acuerdo con la normativa aplicable, las operaciones en efectivo continuarán siendo 
objeto de atención una vez más por parte de la Administración tributaria.
e)  Continuando los trabajos realizados en ejercicios anteriores para el cálculo del 
patrimonio neto de los ciudadanos, durante el ejercicio 2021 se asentará la herramienta 
de análisis flujos de renta y consumo de los contribuyentes y de sus unidades familiares.
Estos flujos, comparados con la renta declarada y con el patrimonio neto (cuentas 
bancarias,  inmuebles,  activos  financieros,  activos  societarios…  etc.)  permitirán  a  la 
Administración tributaria obtener los datos que servirán para detectar incoherencias 
patrimoniales, de gasto y consumo, o incluso de solvencia que no puedan ser explicadas 
por las rentas conocidas obtenidas por los contribuyentes o por las unidades familiares 
de las que forman parte.
En este sentido, destaca la importancia del análisis de la información obtenida del 
modelo  171,  Modelo  de  declaración  informativa  de  imposiciones,  disposiciones  de 
fondos y de los cobros de cualquier documento. Esta información, sumada al creciente 
uso de los medios de pago electrónicos y la disminución del uso de efectivo derivado de 
los usos sociales y de las limitaciones legales, permiten actualmente elaborar análisis 
complejos de la situación patrimonial de los obligados tributarios una vez depurados de 
inversiones y desinversiones financieras o inmobiliarias, para determinar incoherencias 
que puedan dar a conocer riesgos susceptibles de control.
f)  Actuaciones de colaboración con la Inspección de trabajo y la Seguridad Social 
en el marco de Planes de control comunes y coordinados para la lucha contra el fraude 
fiscal y aduanero, por un lado, y para la lucha contra el fraude en la cotización y 
reducción de las cuotas de la Seguridad Social por otro en el marco de una estrategia 
país integral contra la economía sumergida y la brecha fiscal. e.
Para ello se establecen, como elementos nucleares de la colaboración a desarrollar  w.
entre  ambos  organismos,  la  definición  de  áreas  comunes  de  riesgo  y  planes  de  79ww
apcrotucaecdiiómni ecnotons  edsep eacciatul aécniófans icso osrodbinrea dlaa  ye cloan aogmilíiaz ascuiómn edrgeild aa,c ceel seos taa blale cinimfoiermntaoc iódne 
enne ce2s0a2r0ia  dpeal raIn lgar egseos tióMní neim inos pVeictacli óonb tlrigibau taa ripar ey sdtaer l aa Steengcuiórind aad  Sloosc icaal.s Loas  inetnro ldousc cqiuóen   BOE-A-cable e
beneficiarios de la prestación puedan estar operando en la economía sumergida o 
incumpliendo las condiciones establecidas en su normativa reguladora.
La colaboración prevista puede extenderse a la identificación de los perfiles de 
empresas que defraudan, al reconocimiento de conductas fraudulentas y al diseño de 
planes de control con elementos comunes y coordinación funcional de su ejecución.
Especialmente durante el año 2021 se atenderá a las implicaciones fiscales en IVA e 
IRPF de las relaciones jurídicas pretendidamente mercantiles entre empresa y trabajador 
cuando la calificación adecuada para tales relaciones sea la de relaciones laborales. Las 
actas emitidas por la inspección de trabajo en las que se califican los servicios prestados 
por trabajadores pretendidamente autónomos a empresas de diversos sectores, como 
prestaciones laborales dependientes, han encontrado a lo largo del año 2020 el respaldo 
jurisprudencial del Orden social mediante diferentes pronunciamientos judiciales, que 
permiten  a  la  Agencia  Tributaria  regularizar  las  diferentes  contingencias  fiscales 
derivadas de dicho cambio en las calificaciones declaradas.
g)  En 2021 se continuará con el control de las rentas obtenidas por artistas y 
deportistas no residentes que actúan en territorio español. Sin perjuicio del impacto que 
sobre  el  desarrollo  y  frecuencia  de  estas  actividades  está  teniendo  la  pandemia 
generada por el COVID-19, España es lugar de celebración de competiciones deportivas 
internacionales y de organización de eventos artísticos de diversa naturaleza. En estas 
actividades participan, ya sea de forma colectiva o individual, profesionales no residentes 
que pueden obtener importantes rentas vinculadas a su participación, que en muchos 
casos  deben  quedar  sujetas  a  tributación  por  el  Impuesto  sobre  la  Renta  de  No 
Residentes.
Las rentas objeto de control van más allá de las rentas percibidas por la actuación 
profesional de los artistas y deportistas, incluyéndose otro tipo de rentas estrechamente 
vinculadas a la participación en España.
Las actuaciones de control incluirán la obtención de información de los eventos que 
se  organizan  en  territorio  español  para  recabar  la  información  de  los  promotores, 
organizadores y participantes en los mismos. Dado el amplio espectro de actividades 
que pueden quedar incluidas en este ámbito, se realizarán actuaciones coordinadas 
entre los departamentos de la Agencia Tributaria que tienen competencias en materia de 
control, con la colaboración de la Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional y la Oficina 
Nacional de Gestión Tributaria.
h)  Introducción de mecanismos de «BigData» en el ámbito del IRPF y puesta en 
marcha de un proyecto para aumentar, utilizando la experiencia obtenida, la eficiencia en 
las  selecciones  de  control,  en  línea  con  las  estrategias  internacionales  y  técnicas 
«nudge» (dirigidas a alentar y fomentar un comportamiento fiscal correcto) basadas en el 
enfoque  «behavioural  insights»  (enfoque  hacia  una  mejor  comprensión  del 
comportamiento del contribuyente).
i)  Se continuará con la realización de actuaciones centralizadas de comprobación 
en relación con el Impuesto sobre la Renta de No Residentes y el Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones de no residentes por la Oficina Nacional de Gestión Tributaria, 
sin perjuicio de las comprobaciones realizadas desde las Dependencias de Inspección.
2.  Actuaciones de control en el marco de las relaciones con las haciendas forales. 
Verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes ante 
la Administración tributaria del Estado, las Diputaciones Forales del País Vasco y la 
Comunidad  Foral  de  Navarra,  derivadas  de  la  existencia  del  concierto  y  convenio 
económico con las citadas comunidades, en especial para comprobar los domicilios  e.
fiscales declarados, la correcta determinación del lugar de realización de las operaciones  w.b
de acuerdo con los puntos de conexión y la correcta presentación de los diferentes  79ww
etrnib u2t0o2s1  aennte e ll am Aardcmo indies trlaasc iódnir eccotrmicpeest egnetnee rsaolens d dee ln Puelavno  Aonbujeatlo d ed eC eosnptreocl iTalr ibautetanrcioió ny 
AduAandeermoá.s,  la  aplicación  del  texto  actual  del  Concierto  Económico  implica
necesariamente que se debe proceder a analizar los riesgos correspondientes a la
tributación  de  los  grupos  fiscales  sometidos  a  normativa  estatal,  comprobando  el 
volumen de operaciones realizado en cada territorio por el grupo en su conjunto, así 
como comprobar la correcta regularización de las proporciones de tributación de IVA 
declaradas en periodos previos al inicio de la realización habitual de la actividad, en 
relación con el nuevo procedimiento de regularización de cuotas de IVA devueltas con 
anterioridad al inicio de la realización habitual de operaciones por una entidad.
Todo ello con el fin de asegurar que la aplicación del Concierto Económico por los 
contribuyentes cumple su cometido de repartir competencias entre las administraciones 
tributarias y no permite la obtención de ventajas fiscales para los mismos.
Más  allá  de  las  normas  contenidas  en  Concierto  y  Convenio  Económico,  la 
permanente mejora de las relaciones interadministrativas y la coordinación consagrada 
exigida por el artículo 103 de la Constitución española, exige de la Agencia Tributaria un 
esfuerzo para asegurar un nivel equilibrado de control en el territorio común y en los 
territorios  forales,  desde  el  punto  de  vista  cuantitativo  pero  también  cualitativo,  y 
particularmente en relación con aquellos contribuyentes que por su volumen de ventas y 
por el porcentaje atribuido a cada Territorio sean de exacción compartida.
En  este  mismo  marco  de  relación,  se  intensificará  la  lucha  contra  el  fraude 
organizado  y  en  particular  todo  lo  relacionado  con  las  tramas  de  fraude  de  IVA, 
realizando  un  especial  seguimiento  y  control  a  los  contribuyentes  del  sector  de 
hidrocarburos y del sector de importación paralela de vehículos automóviles.
Se agilizarán los intercambios de la información disponible para la realización de las 
actuaciones de control, tanto en la fase de selección previa de candidatos a inspeccionar 
como en desarrollo de las propias actuaciones, estableciendo las medidas necesarias a 
través de solicitudes individualizadas, acuerdos y convenios en el marco del artículo 5 de 
la Ley del Convenio Económico y el artículo 4 de la Ley del Concierto Económico.
En determinados sectores de alto riesgo fiscal se llevarán a cabo actuaciones de 
auditoría informática simultáneamente en distintos locales de negocio y en coordinación 
con las haciendas forales vascas y la hacienda tributaria de Navarra, al objeto de 
optimizar los recursos, aprovechar sinergias y preservar el necesario efecto sorpresa que 
requieren estas actuaciones.
En los casos de actuaciones concretas de comprobación sobre grupos de empresas 
con tributación en territorio común y foral, se establecerán los adecuados mecanismos 
de  coordinación  continua  que  permitan  obtener  unos  resultados  satisfactorios 
aprovechando el trabajo de los diversos órganos de control de las administraciones 
tributarias.
Además, la necesaria conexión entre las diferentes administraciones implicadas se 
pone  de  manifiesto  a  través  de  una  adecuada  coordinación  de  los  intercambios 
internacionales  de  información,  dado  que  existen  obligados  tributarios  en  territorios 
forales que deben presentar declaraciones con información a transmitir al exterior y, por 
otro lado, la información recibida por la Agencia Tributaria procedente de otros países 
puede ser de interés para las administraciones tributarias forales.
Se tratará de adoptar medidas que, en el marco del Concierto y del Convenio y de 
acuerdo con la jurisprudencia existente, eliminen en la medida de lo posible cargas 
fiscales indirectas para los obligados tributarios que se puedan originar a partir de 
actuaciones de control realizadas por las diversas administraciones tributarias.
Por último, las medidas que se puedan tomar para disminuir la litigiosidad en las 
Juntas  Arbitrales  del  Concierto  y  el  Convenio  Económico  permitirán  garantizar  la 
seguridad jurídica de las declaraciones presentadas por los contribuyentes y la adecuada  s
relación financiera entre administraciones, y de este modo facilitar y evitar posteriores  oe.
recursos ante el Tribunal Supremo de las administraciones tributarias implicadas. w.
B.  Otras comprobaciones.
comBp.r1o baDceióvno lduec iolanse sso liyc itubdeense fdicei odse vofisluccaiólens .q uSee,  pocro snuti ncuuaarnátnía  ola sti poaloctguíaac, iroenqeusie rdaen 
la realización de actuaciones inspectoras.
Igualmente, se procederá a la intensificación de las actuaciones de control tendentes 
a comprobar el adecuado cumplimiento de los requisitos específicos previstos para la 
correcta aplicación del régimen fiscal especial de las entidades sin fines lucrativos, 
cuando su actividad sea económica (tanto en lo referente al IVA de los bienes y servicios 
entregados con contraprestación como al Impuesto sobre Sociedades de los beneficios 
de las operaciones de esta naturaleza), en particular, se prestará especial atención a la 
investigación de bienes que aparecen ocultos en cuanto a su titularidad real dentro de la 
información relacionada con las actividades propias de las fundaciones.
En este marco, se prestará especial atención a la información que pueda ser remitida 
por  las  entidades  públicas  que  ejerzan  funciones  de  patronazgo  sobre  las  citadas 
entidades.
B.2  Comprobaciones  formales.  A  la  hora  de  analizar  el  cumplimiento  de  las 
obligaciones tributarias el componente formal es esencial, no solo porque constituye la 
base de un adecuado sistema tributario, sino por el hecho de que forma parte del 
conjunto de responsabilidades de los obligados tributarios. La Administración tributaria a 
la hora de planificar sus actuaciones y ejecutar los planes de control tributario siempre 
tiene  en  su  punto  de  mira  la  consecución  del  objetivo  del  cumplimiento  tributario 
utilizando las herramientas que le ofrece la normativa.
Tradicionalmente la Agencia Tributaria viene utilizando la visita al contribuyente como 
una vía de acercamiento al obligado tributario, y a través de ellas se han detectado 
incongruencias entre los datos declarados por este o por los terceros que se relacionan 
con él, directa e indirectamente, en el marco de su actividad económica.
Así, las visitas que se efectúan sobre el obligado tributario se constituyen como una 
importante fuente de información, en la que pueden aclararse preventivamente aspectos 
que  no  requieran  del  inicio  de  los  tradicionales  procedimientos  de  comprobación 
inspectora. Estos, por sus características están más enfocados a las regularizaciones 
más complejas y en las que deban efectuarse análisis y contrastes de información en el 
marco de un procedimiento administrativo de mayor complejidad.
El  censo  de  contribuyentes  es  un  dato  esencial  que  requiere  de  un  adecuado 
mantenimiento y que con su adecuada estructura dote de una seguridad tanto a la 
Administración tributaria de cara al desarrollo de sus actuaciones de un modo certero y 
eficaz, como a su vez facilitar al contribuyente la seguridad de un alta de sus actividades 
acordes a su verdadera realidad económica.
Las tradicionales visitas que se vienen realizando por la Agencia Tributaria deben 
acomodarse ahora a un entorno condicionado por el COVID-19 y, sin perder de vista su 
importancia, reconducir a cuestiones de carácter censal que garanticen la calidad del 
censo, visitas de inmuebles o de polígonos industriales pueden servir para acercar la 
realidad física a los datos que puedan estar incorrectamente registrados.
B.3  Actuaciones  de  análisis  de  la  información.  La  actividad  económica  se 
manifiesta en los últimos años en un entorno cambiante, pero a su vez dentro de una 
constante evolución en los modelos de negocio que requieren ser analizados por la 
Administración tributaria, centrando su actividad en aquellos que puedan presentar por 
sus perfiles un mayor riesgo tributario.
En los nuevos modelos de negocio es muy frecuente la globalización de la actividad 
como es el caso de una parte significativa del comercio electrónico que va a ser objeto 
de especial seguimiento como se ha indicado con anterioridad.
Pero  junto  a  ello  es  necesario  consolidar  las  diferentes  vías  de  obtención  de 
información que permiten a la Administración tributaria disponer tanto del importe, como  s
de la naturaleza y la identificación de las partes que forman parte de las operaciones  oe.
comerciales realizadas en el conjunto de la actividad económica. w.
El incremento del valor de los negocios y la actividad comercial desarrollada a través  79ww
dpero minuteevrnee tq uuen,i ddoe sad eu nlaa  Angeecnecsiiad aTdr ibdueta raiad aspeta creióanli coec ausni ocnoandtaro lp oerx healu sCtiOvoV IdDe-1 9la, 
claodrore, cetla f rtariubdueta oc ilóan e vdaes ieósnt ofiss cnael gyo, cpioors ,o terovi tlaanddoo,  cqoumep eptoern ecisat ad evsíale asle. produzca, por un  BOE-A-cable e
Desde marzo de 2020, el contexto en el que se mueven las empresas ha cambiado 
respecto de años anteriores. Los negocios han tenido que adaptarse trasladando su 
actividad física a una actividad cada vez más virtual y, aquellos que por algún motivo no 
han podido hacerlo, se encuentran en una clara desventaja.
Por ello, especialmente en este 2021, la Agencia Tributaria prevé incrementar las 
actuaciones  en  aquellas  actividades  digitales  que,  en  el  contexto  actual,  puedan 
presentar un mayor riesgo tributario.
Cada vez es más frecuente el desarrollo de las relaciones comerciales fuera del 
contexto nacional, de forma que, sin perder la perspectiva de la Unión Europea y el 
objetivo de comercio común, es palpable que por parte de la Agencia Tributaria es 
necesario disponer de un conocimiento pleno de todas las operaciones comerciales que 
se realicen. Se continúan las actuaciones de captura y análisis de información de fuentes 
abiertas.
C.  Actuaciones  de  investigación,  tramas  y  auxilio  judicial.  Se  intensificarán  las 
actuaciones de control vinculadas a la existencia de tramas de IVA.
En los últimos años el IVA ha sido una de las principales preocupaciones de la Unión 
Europea en materia fiscal, lo que ha supuesto que dentro del Plan de Acción IVA 
aprobado por la Comisión en el año 2016 se plantearan nuevas medidas para combatir 
el fraude al IVA en el ámbito de la Unión Europea.
La  mayoría  de  las  medidas  que  recogía  este  Plan  ya  están  implementadas, 
quedando pendiente uno de los retos más importantes que supone poner fin al régimen 
transitorio de tributación en destino de las operaciones intracomunitarias, estableciendo 
un régimen definitivo en el que el proveedor será el responsable del pago del IVA por la 
entrega  dentro  de  la  Unión,  a  menos  que  el  adquirente  sea  un  «sujeto  pasivo 
certificado», en cuyo caso el sujeto pasivo certificado asumirá en su declaración de IVA 
la liquidación de este impuesto.
Su desarrollo se está debatiendo actualmente en el marco del nuevo «Action Plan for 
fair  and  simple  taxation  supporting  the  recovery»  de  15  de  julio  de  2020.  Esta 
modificación normativa plantearía un nuevo escenario en el control del fraude al IVA 
intracomunitario que está siendo objeto de análisis, con la finalidad de anticipar las 
nuevas modalidades de fraude al IVA que puedan surgir con este nuevo sistema de 
tributación.
Debido, entre otros motivos, a las importantes pérdidas fiscales que genera el fraude 
al IVA transfronterizo, a finales de 2020 se ha puesto en marcha la Fiscalía Europea 
(EPPO,  «European  Public  Prosecutor´s  Office»)  creada  por  el  Reglamento  (UE) 
2017/1939  del  Consejo,  de  12  de  octubre  de  2017,  por  el  que  se  establece  una 
cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea, como un organismo 
independiente y descentralizado de la Unión Europea con competencias para investigar, 
perseguir  y  enjuiciar  los  delitos  contra  el  presupuesto  de  la  UE  entre  los  que  se 
encuentra el fraude transfronterizo del IVA superior a 10 millones de euros.
En este contexto será un nuevo reto la realización de investigaciones conjuntas con 
otros países de la UE en el ámbito de dicha Fiscalía, así como el establecimiento de una 
colaboración  más  estrecha  con  otras  administraciones  tributarias  y  autoridades  de 
control de la Unión Europea.
Por otro lado la red de expertos antifraude conocida como EUROFISC ha recibido un 
decidido impulso en la reunión de TADEUS «Tax Administration Directors EU Summit» 
del  26  de  noviembre  2020,  incluyendo  la  adopción  de  una  nueva  gobernanza,  un 
planeamiento estratégico a medio plazo y una mayor dotación de medios personales y  e.
tecnológicos para acelerar los intercambios focalizados a la lucha contra el fraude en el  w.b
comercio intracomunitario. 79ww
tribuMtaársia sa dlleá  lodse  palaís eess tdreec lhaa U Eco yla dbeol raancáiólins ise dxeis tleanst en ueevnatrse  mloads aldidisatdinetsa sd ea furatourdidea qduees 
ptruaendsfarno ntesurirzgaisr , sceo ns egeul irán uimevpou lseasncdeon alar ioc oodred inalac iótnr ibyu gtaecsitóiónn  ddeel  cloans trool pdeer atcraiomneass 
de fraude organizado en relación con el IVA a nivel nacional, tanto en lo que se refiere a 
su prevención como a su represión.
Las medidas de control abarcan un amplio espectro que se inicia con la correcta 
gestión de los censos de operadores intracomunitarios, pasa por el intercambio activo de 
información con los demás Estados miembros de la Unión Europea y por la realización 
de visitas preventivas en las empresas de logística utilizadas, y culmina, cuando es 
necesario,  con  las  actuaciones  de  investigación  dirigidas  a  la  formulación  de  las 
«denuncias tempranas» ante el Ministerio Fiscal o la autoridad judicial que pongan de 
manifiesto  la  comisión  de  delitos  y  sirvan  para  el  desmantelamiento  de  las 
organizaciones criminales que hay detrás del fraude, además de asegurar la máxima 
recuperación  de  las  cantidades  defraudadas.  En  esta  fase  de  la  investigación  es 
importante el trabajo conjunto con los servicios de Vigilancia Aduanera, así como la 
coordinación con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, por el valor añadido que 
aportan a las investigaciones judiciales.
La  estrategia  nacional  de  lucha  contra  las  tramas,  por  lo  que  se  refiere  al 
ejercicio 2021, incluye como objeto de especial seguimiento las siguientes operaciones:
a)  Sostenimiento de las medidas de control preventivo del Registro de Operadores 
Intracomunitarios (ROI) para depurar el mismo, permitiendo el acceso exclusivamente de 
aquellos operadores con actividad económica real que no participen de las prácticas 
irregulares.
b)  Mayor control del censo de entidades con la finalidad de excluir aquellas que son 
potenciales  clientes  para  ser  utilizados  por  las  organizaciones  criminales  para  la 
comisión de delitos.
c)  Control de tramas de fraude del Impuesto sobre el Valor Añadido en operaciones 
intracomunitarias  y  en  aquéllas  directamente  vinculadas  a  las  primeras  entregas 
posteriores a las importaciones referidas al material y componentes electrónicos no 
amparados por la inversión del sujeto pasivo. Se atenderá adicionalmente a los servicios 
transmisibles,  como  los  minutos  de  telefonía.  En  relación  con  tales  sectores,  se 
procederá  a  la  detección  temprana  de  los  operadores  instrumentales  de  tramas, 
utilizando  para  ello  los  procedimientos  previstos  en  la  normativa  comunitaria  y  los 
análisis de información y herramientas propias. Merece especial mención la puesta en 
marcha de la herramienta TNA «Transaction National Analysis» que ha entrado en 
funcionamiento en el año 2020 para facilitar la lucha contra el fraude al IVA, permitiendo 
la detección temprana de redes sospechosas. En el año 2021 se implementarán mejoras 
con la finalidad de detectar y atajar el fraude al IVA de forma más rápida y eficaz.
d)  Control sobre las tramas de fraude al IVA intracomunitario que operan en el 
sector de vehículos.
e)  Comprobación e investigación combinadas de las importaciones de productos de 
consumo, textiles y otros con origen asiático. Para ello, se coordinarán las acciones de 
inspección con otras de tipo preventivo y de inducción al cumplimiento. Se trata, con ello, 
de limitar el fraude originado por importaciones infravaloradas seguidas de ventas en 
economía sumergida de multitud de productos de consumo.
f)  Control de tramas activas en el sector de hidrocarburos, mediante la coordinación 
de las áreas de control de Aduanas e Inspección, evitando el abuso del régimen de 
depósitos fiscales en materia de IVA, incorporando las modificaciones normativas que 
sean posibles en orden a asegurar el régimen de salidas de depósito de los operadores 
que no se encuentren debidamente registrados al efecto.
g)  Control sobre los depósitos fiscales y depósitos distintos de los aduaneros para  e.
evitar la utilización de estos regímenes con fines de elusión fiscal. En particular, se  w.b
analizará  la  información  periódica  a  suministrar  por  parte  de  los  titulares  de  los  79ww
ceosnta abplelicciamcieiónnt,o es nr essup ceacstoo , ad ela lo rse spueprcuuessitóons  ddee  rleassp counostaabsi liddea dl orse gimulapduoess teons  leas npoercmiaale.s
efechtu) adCaosn ptroorl  lodse vl iarjeeeromsb nools roe sdideel ntIeVsA e ns oepl otertraridtoor ioe dne  laapsl icaadcqióunis diceiol inmepsu edset o.bienes
3.  Control del fraude aduanero, de los Impuestos Especiales y Medioambientales.
A.  Actuaciones de comprobación. En este ámbito se realizarán actuaciones de 
comprobación e investigación centradas en los sectores de mayor riesgo tributario. En 
particular, se prestará especial atención a la manipulación de la documentación adjunta a 
las declaraciones aduaneras o que permita la aplicación de un régimen suspensivo o 
exenciones en materia de impuestos especiales o medioambientales, con la finalidad de 
conocer  la  realidad  de  las  transacciones  más  allá  de  la  documentación  formal 
presentada a la Administración tributaria.
A estos efectos, en los supuestos de mayor riesgo potencial o cuando la naturaleza 
de la información así lo exija, se reforzará la actuación presencial de la Administración 
tributaria en las instalaciones de los obligados.
Asimismo, continuará la coordinación de las distintas áreas funcionales de la Agencia 
Tributaria  en  organizaciones  que  aúnen  la  lucha  contra  el  fraude  aduanero  o  de 
Impuestos  Especiales  y  Medioambientales  y  la  defraudación  en  otros  tributos,  en 
particular en el contexto de tramas de IVA en sectores sujetos también a tributos sobre el 
comercio exterior, impuestos especiales y medioambientales.
La Oficina Nacional de Inspección e Investigación continuará con el desarrollo e 
impulso  de  actuaciones  de  investigación  de  aquellos  fraudes  más  complejos,  y  de 
cuantía económica relevante, en su caso en coordinación con la Oficina Nacional de 
Investigación del Fraude en aquellos ámbitos en los que concurra fraude en los tributos 
de competencia de ambas oficinas.
A.1  Actuaciones  de  comercio  exterior  posteriores  a  la  importación.  Una  vez 
introducidas las mercancías en el territorio aduanero de la Unión, los controles irán 
dirigidos a verificar el origen, clasificación arancelaria y valor en aduana declarados con 
motivo de la importación de mercancías, que actuarán a título de complemento de los 
controles realizados en recinto, si bien incidiendo en aquellas cuestiones que por sus 
características permitan una mayor eficacia mediante el control a posteriori, bien por 
disponer de mayor información o por requerir de análisis más detallados de imposible 
realización en el momento del despacho aduanero, todo ello con objeto de impedir la 
elusión de derechos arancelarios, derechos «antidumping» o el Impuesto sobre el Valor 
Añadido a la importación aplicables.
De cara a la identificación de sectores y operadores de riesgo, se fomentará el uso 
de técnicas de «minería de datos» para análisis masivo de alta cantidad de información, 
a  título  complementario  a  los  análisis  tradicionalmente  realizados  por  la  Agencia 
Tributaria ya consolidados y que se mantendrán en 2021.
En este punto se prestará especial atención a los siguientes riesgos tributarios:
a)  Control del valor en aduana declarado, en especial la incidencia que los precios 
de  transferencia  y,  en  general,  todas  las  operaciones  dentro  de  un  mismo  grupo 
empresarial, pueden tener en la determinación del valor en aduana de las mercancías. 
Asimismo, se comprobarán los ajustes sobre el valor de transacción.
b)  Control del origen declarado y su correlación con el conjunto de información 
disponible para la Administración tributaria con especial atención a las preferencias 
arancelarias aplicadas y al riesgo de elusión de los derechos «antidumping».
c)  Control de la clasificación arancelaria de las mercancías.
d)  Control de los gravámenes adicionales adoptados por la Unión Europea para la 
importación de determinadas mercancías originarias de Estados Unidos. s
e)  Control de los despachos a libre práctica de bienes para su posterior entrega en  oe.
otro Estado miembro. w.
mergfc)a)  nCcIínoavnset rvsoitnilg cdaueclai ódlonas sd  eba e llaans el uftirccahiomas a csfoi sndctera alfe reaslu  CdaepO liVocrIagDda-o1ns9iz .acodno  eoscpaescióianl mdeen tlea  eimn ploosr tcaacsióons  deen   2021-1379n https://ww
los que se haya detectado que está ocultando toda o una parte de la cadena de
transmisión  comercial  desde  la  importación  hasta  la  venta  al  consumidor  final.  En
particular, continuarán las actuaciones de control del valor en aduana declarado desde el 
momento mismo del despacho aduanero, así como las labores de investigación de las 
actividades de distribución de mercancías en territorio español, incluso si las mercancías 
hubiesen  sido  objeto  de  importación  en  otros  Estados  miembros,  participando 
activamente  en  las  iniciativas  que  pueda  impulsar  la  Comisión  para  una  actuación 
coordinada entre los Estados miembros.
h)  Controles derivados de los resultados de las investigaciones realizadas por la 
Comisión en el marco de sus competencias.
i)  Control de la correcta aplicación de los regímenes especiales.
j)  Actuaciones de control con los representantes indirectos de los importadores.
k)  Realización,  cuando  proceda,  de  actuaciones  de  comprobación  sobre  las 
declaraciones complementarias presentadas por operadores autorizados a acogerse al 
procedimiento  de  declaración  simplificada,  a  fin  de  asegurar  que  se  ajustan  a  los 
términos  de  la  autorización  y  la  correcta  tributación  de  las  operaciones  una  vez 
conocidos todos los datos.
l)  Control de las operaciones de comercio electrónico.
Como se ha indicado anteriormente, el 1 de julio de 2021 entrará en vigor el nuevo 
marco legal del comercio electrónico, previsto en las Directivas 2017/2455 y 2019/1995, 
lo cual, en lo que a la importación se refiere, se traducirá en la eliminación de la exención 
a la importación de bienes de bajo valor, en la obligación de presentar declaración para 
toda importación de bienes (completa o simplificada respecto a los de bajo valor) y la 
introducción de nuevos sistemas de liquidación y pago del IVA, con implicación en su 
caso de las plataformas de comercio electrónico o las empresas de paquetería y en 
general las que presentan los bienes a la aduana.
Este nuevo marco legal incrementará exponencialmente el número de declaraciones 
en aduana, en especial las declaraciones simplificadas para bienes de bajo valor, lo que 
obligará, por una parte, a mejorar los sistemas de análisis de riesgo con ocasión de la 
presentación de la declaración y, por otra, a articular sistemas eficaces de control a 
posteriori. Todo ello se desarrollará por la Agencia Tributaria durante el año 2021.
En este ámbito, junto a la información derivada propiamente de la declaración, se 
explotará toda aquella que pueda obtenerse por la Agencia Tributaria de las plataformas 
de  comercio  electrónico,  en  virtud  de  requerimientos  de  información  y  demás 
mecanismos previstos en el ordenamiento jurídico.
A.2  Actuaciones  en  materia  de  Impuestos  Especiales.  En  el  ámbito  de  los 
Impuestos Especiales, se potenciarán los siguientes controles:
a)  En el ámbito del Impuesto sobre Hidrocarburos, se reforzará el control de la 
correcta aplicación de las exenciones, tipos reducidos y destinos exentos. Asimismo, se 
potenciarán las actividades de control e investigación de la distribución de hidrocarburos 
al margen de la red de depósitos fiscales y los procedimientos legales de circulación 
intracomunitaria, con la consiguiente elusión del Impuesto Especial.
b)  En el ámbito del Impuesto Especial sobre determinados medios de transporte, 
continuarán las actuaciones de control de la correcta declaración de bases imponibles y 
aplicación  de  las  exenciones  y  supuestos  de  no  sujeción  previstos  legalmente. 
Asimismo, se comprobará la correcta declaración del tipo impositivo, en particular en 
aquellos casos en los que el mismo se vincule al nivel de emisiones.
c)  Control de los productos sujetos a los Impuestos Especiales con objeto de  s
detectar las posibles ventas no declaradas de los mismos y la consiguiente defraudación  oe.
tanto  de  los  propios  Impuestos  Especiales  como  del  IVA  y  los  impuestos  directos  w.
acaoul rdtroeerssizvpaíoodn oddsei e ynpatre ossde uaac  tlpoooss  rbd eeexnl peréofigrctiiamocsei ónon b,s tueasnspiíd econossm.i vEoon , a yp aalo rsstie ceaun lapvroí,o rs see nd pverísoed seetan drtáree pe eósssptieatocbsilae lfc isaimcteaienlencsitóo nas    2021-1379n https://ww
distribuidores.
d)  Control de tramas activas en el sector de hidrocarburos ya sea para la elusión 
del propio impuesto especial o el IVA correspondiente a la distribución una vez que los 
productos  abandonan  el  régimen  suspensivo,  en  este  último  caso  mediante  la 
coordinación de las áreas de control de Aduanas e Inspección, evitando el abuso del 
régimen de depósitos fiscales en materia de IVA.
e)  Control de la correcta declaración de bases imponibles del Impuesto Especial 
sobre la Electricidad.
A.3  Actuaciones en materia de Impuestos Medioambientales. En relación con el 
Impuesto  sobre  los  Gases  Fluorados  de  Efecto  Invernadero,  se  desarrollarán  las 
siguientes  actuaciones,  a  cuyo  fin  se  explotarán  los  datos  facilitados  a  la  Agencia 
Tributaria en virtud de la nueva información prevista en el modelo 586:
a)  Comprobación de las operaciones no sujetas con el fin de detectar hechos 
imponibles incorrectamente declarados.
b)  Control de los productos incluidos en el ámbito objetivo del Impuesto adquiridos 
por personas o entidades no inscritas en el Registro Territorial del Impuesto sobre los 
Gases Fluorados de Efecto Invernadero.
c)  Control de las recepciones y expediciones exentas de gases fluorados de efecto 
invernadero imputados y declarados por los revendedores.
d)  Control de las autoliquidaciones y declaraciones de operaciones que deben 
presentar los revendedores de gases fluorados de efecto invernadero.
e)  Control de determinadas adquisiciones intracomunitarias de gases fluorados de 
efecto invernadero efectuadas por revendedores.
f)  Control de las ventas y entregas de los productos incluidos en el ámbito objetivo 
del  Impuesto  sobre  los  Gases  Fluorados  de  Efecto  Invernadero  y  del  correcto 
cumplimiento  de  las  obligaciones  tributarias  inherentes  a  dichas  operaciones.  Se 
prestará especial atención a las operaciones intracomunitarias de adquisición de gases 
sujetos al impuesto.
g)  Control de los importadores de Gases Fluorados de Efecto Invernadero.
h)  Investigación de canales de distribución oculta de Gases Fluorados de Efecto 
Invernadero.
Por lo que se refiere al Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía 
Eléctrica, se desarrollarán preferentemente actuaciones tendentes a la comprobación de 
la correspondencia entre las autoliquidaciones relativas a los pagos fraccionados y la 
autoliquidación anual.
B.  Control de autorizaciones y obligaciones formales. El código aduanero de la 
Unión ha supuesto un cambio importante en relación al control de las operaciones de 
comercio exterior siendo ahora muy relevante el control de los operadores titulares de 
autorizaciones aduaneras. Dicho control debe asegurar que los interesados mantienen 
un adecuado nivel de cumplimiento tanto en relación con los requisitos exigidos por la 
normativa para su concesión como en relación con el uso que se hace de las mismas.
Durante el 2021 se dará especial relevancia al control de uso de las autorizaciones, 
incluyendo  visitas,  siempre  que  resulte  factible  dada  la  situación  sanitaria,  a  las 
instalaciones donde se encuentran almacenadas las mercancías o donde se realiza la 
transformación autorizada.
Así, se realizarán actuaciones integrales de control sobre los productos vinculados a 
depósito aduanero o depósito distinto del aduanero. Se llevarán a cabo mediante el  e.
seguimiento de los movimientos de mercancías en los establecimientos autorizados.  w.
Asimismo, se reforzará el control de las obligaciones que incumben a los titulares de los  79ww
estaSbelercáinm oiebnjetotos ,d ree vcoocnatrnodl:o las autorizaciones en caso de incumplimiento.
a)  Los  almacenes  de  depósito  temporal,  otros  lugares  autorizados  para  la
presentación  de  las  mercancías,  otros  lugares  autorizados  para  el  depósito  de  las
mercancías  y  locales  autorizados  para  la  exportación  donde  se  introducen  las 
mercancías en tanto reciban un destino aduanero.
b)  Los depósitos aduaneros.
c)  Los expedidores y destinatarios autorizados a efectos de tránsito de la Unión, los 
destinatarios autorizados a efectos de operaciones TIR, el empleo de precintos de un 
tipo especial en el régimen de tránsito.
d)  Las autorizaciones de estatuto de expedidor autorizado de prueba de estatuto 
aduanero.
e)  Los operadores económicos autorizados y los operadores que se benefician del 
uso de los procedimientos simplificados previstos en el código aduanero de la Unión y, 
en especial, las empresas autorizadas a la simplificación de inscripción en registros 
contables.
f)  Las  autorizaciones  de  garantía  global  incluyendo  su  posible  reducción  o 
dispensa,  así  como  las  autorizaciones  de  aplazamiento  de  pago  de  los  derechos 
exigibles.
g)  Los regímenes especiales.
En relación a las autorizaciones y obligaciones formales en Impuestos Especiales, se 
potenciarán los siguientes controles:
a)  En lo referente a los Impuestos Especiales de Fabricación, se continuará con las 
actuaciones y controles tradicionales para su correcto cumplimiento tanto referido a la 
actualización de los censos como al cumplimiento de las obligaciones tributarias de 
carácter formal. Asimismo, se realizarán actuaciones de control de la correcta aplicación 
de  los  beneficios  fiscales  previstos  legalmente.  En  particular,  en  relación  con  los 
productos en régimen suspensivo, exento y a tipo reducido que circulen amparados en 
un documento administrativo electrónico, se potenciará la verificación del cumplimiento 
de las obligaciones tanto del expedidor como del destinatario en el ámbito comunitario 
externo  y  en  el  ámbito  interno,  así  como  el  control  de  la  ultimación  del  régimen 
suspensivo  mediante  operaciones  de  exportación.  Asimismo,  se  comprobarán  las 
solicitudes de devolución originadas por este motivo.
Se efectuará el control de las condiciones y requisitos a cumplir a efectos de la 
vigencia  de  las  autorizaciones  de  los  establecimientos  sujetos  a  los  impuestos 
especiales de fabricación, con el fin de proceder a la revocación de las autorizaciones 
concedidas en caso de incumplimiento.
b)  En el ámbito del Impuesto Especial sobre la Electricidad, se llevarán a cabo la 
depuración y actualización del censo, realizando actuaciones de comprobación y, en su 
caso,  regularización  tributaria  sobre  todas  aquellas  empresas  que,  desarrollando 
actividades susceptibles de gravamen por el impuesto, no se encuentren debidamente 
identificadas a efectos del mismo.
c)  En el ámbito del Impuesto Especial sobre el Carbón, se procederá a verificar el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias inherentes a tal impuesto.
En materia de impuestos medioambientales, y por lo que se refiere al Impuesto sobre 
el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica, se desarrollarán actuaciones de 
verificación del requisito de presentación del modelo de declaración, comprensivo de los 
importes satisfechos a los contribuyentes del Impuesto sobre el Valor de la Producción 
de Energía Eléctrica en relación con la producción e incorporación al sistema eléctrico de 
energía eléctrica. s
Asimismo,  se  impulsará  la  comprobación  del  cumplimiento  de  las  obligaciones  oe.
tributarias derivadas de los Impuestos sobre la Producción de Combustible Nuclear  w.
giyn assstoatabladrceoi  oyen lR easel mscideauncotersna alRizmaaiddeianastco,t  ivcdooesn   creeossmpubeltucaisnattlie bislne cd inedu elcanl cegiaaer n eegnraa slcatia ódvneo dr iyefi c eraencseiiódrgnuí oads en lur accduleimaocpetlliiévmcoitser incetaon,    2021-1379n https://ww
de las obligaciones formales derivadas de estos impuestos.
C.  Prevención y represión del contrabando, narcotráfico y blanqueo de capitales. 
Actuaciones de Vigilancia Aduanera. Para la consecución del objetivo general de la 
Agencia  Tributaria  en  relación  con  la  prevención  y  represión  del  contrabando, 
narcotráfico  y  blanqueo  de  capitales,  durante  el  año  2021  la  Agencia  Tributaria 
desarrollará específicamente una serie de actuaciones encaminadas a la neutralización 
de  las  actividades  del  crimen  organizado,  actuando  de  manera  integral  contra  las 
estructuras logísticas, financieras y patrimoniales de las organizaciones criminales.
La vigilancia terrestre, marítima y aérea constituye un pilar fundamental en el control 
de  las  fronteras  y  aguas  jurisdiccionales  para  prevenir  y  perseguir  los  delitos  de 
contrabando, incluido el narcotráfico, por lo que deben adaptarse los medios a las 
nuevas necesidades derivadas de los modus operandi de las organizaciones criminales, 
incorporando nuevos medios y sistemas tecnológicos para potenciar las investigaciones. 
En este campo, se impulsará la implantación de tecnologías avanzadas basadas en 
inteligencia artificial, «BigData» y minería de datos.
En relación con el contrabando, el tráfico de drogas continúa siendo la primera 
actividad, por orden de importancia, del crimen organizado en España, en atención a su 
volumen, a la importancia de las ganancias obtenidas por los grupos criminales y al 
impacto negativo que genera en la sociedad, tanto desde el punto de vista de la salud 
pública  como  desde  el  de  la  seguridad  pública  y  el  deterioro  del  tejido  social  en 
determinadas  zonas  del  territorio  español.  Asimismo,  se  constata  la  importancia 
creciente que están adquiriendo las drogas de elaboración de ámbito nacional, como son 
las drogas de síntesis y el cultivo de la marihuana.
Por su parte, el comercio ilícito de productos del tabaco es otro de los ámbitos 
prioritarios,  ya  que  no  solo  influye  negativamente  en  la  recaudación  del  Estado  y 
perjudica a los operadores comerciales legítimos, sino que aumenta la accesibilidad y 
asequibilidad  de  dichos  productos,  socavando  las  medidas  de  control  y  sanitarias 
aplicables a los mismos. Además de las modalidades tradicionales de contrabando de 
cigarrillos, en los últimos años, han tenido un rápido desarrollo dos nuevas modalidades 
de contrabando: el comercio ilícito de hoja de tabaco picada o fraccionada con destino a 
la fabricación clandestina de cigarrillos y el desvío ilegal de hoja de tabaco con destino a 
consumidores finales. La salida del Reino Unido de la UE (Brexit) y las condiciones en 
las  que  la  misma  se  produzca  en  relación  con  Gibraltar  pueden  tener,  también, 
consecuencias en el contrabando de cigarrillos, especialmente del procedente de la 
colonia. Por todo ello, las actuaciones encaminadas a la lucha contra el contrabando de 
tabaco constituyen uno de los objetivos prioritarios de la Agencia Tributaria.
El desmantelamiento financiero de cualquier red delictiva tiene un efecto represivo 
mayor que la intervención de los efectos del contrabando en sí o, incluso, la propia 
detención y puesta a disposición judicial de los culpables, por lo que el objetivo de lucha 
contra el contrabando no se limita a tales actuaciones, sino que comprende también la 
ejecución  de  todas  las  acciones  de  investigación  patrimonial  necesarias  para  la 
intervención  los  bienes  y  ganancias  ilícitas  de  los  responsables,  atacando  así  la 
estructura logística y financiera de las organizaciones, para su completa desarticulación.
En  definitiva,  los  planes  operativos  quedarán  alineados  con  la  planificación 
estratégica para el cumplimiento de los objetivos en ámbito de prevención y represión del 
contrabando,  el  narcotráfico  y  el  blanqueo  de  capitales.  Para  hacer  posible  estos 
objetivos, durante el año 2021 se establecen las siguientes directrices prioritarias:
a)  En materia de tráfico de drogas, las áreas de control prioritario seguirán siendo el 
tráfico ilícito de cocaína procedente de Sudamérica y el Caribe, así como procedente del  e.
norte de África. w.b
En este punto resulta prioritaria la zona del Campo de Gibraltar, en la que se  79ww
pdoelsicairarloelsla ryá nj udaicctiuaalecsio, neens  aoppleicraactiivóans  deenl  Pclaono rdEinsapceicóina l cdoenl  Ceal mrepsot od ed eG iaburatoltraidr,a dcoens 
espeAcsiiaml iastmenoc, iósne  a mlaasn itnievneesntig alacsio naecstu paactiorinmeosn iadlee sc yo nbtlraonl queeno  ldoes  craepciitnatloess .aduaneros,
impulsando  la  colaboración  público-privada  con  las  autoridades  portuarias  y  las
terminales  de  contenedores  con  el  objetivo  de  reforzar  la  seguridad  y  dificultar  la 
actuación de organizaciones criminales en dicho entorno; especialmente en la detección 
de operaciones donde las organizaciones criminales se sirven de envíos legales para 
camuflar la droga. Este «modus operandi» conocido como «rip-off» o gancho perdido, 
representa una amenaza para la seguridad del entorno portuario y para el tráfico legal de 
mercancías por nuestros puertos.
Respecto a las drogas  que se  producen  en el  ámbito nacional, hay que tener 
presente que para su elaboración se requieren precursores químicos, por lo que se 
desarrollarán actuaciones de control sobre los precursores destinados a la elaboración 
de sustancias estimulantes de tipo anfetamínico.
Asimismo, se llevarán a cabo actuaciones de lucha frente a la proliferación de 
plantaciones clandestinas de marihuana en territorio nacional.
b)  De acuerdo con los cambios experimentados en las tipologías del comercio ilícito 
del tabaco, se desarrollarán actuaciones prioritarias frente al suministro ilegal de hoja de 
tabaco, tanto con destino a consumidores finales como para ser utilizada como materia 
prima en la fabricación ilícita de cigarrillos en instalaciones clandestinas. Estas medidas 
incluirán el refuerzo de la cooperación internacional en este ámbito, el desarrollo de 
operaciones de control sobre el mercado minorista de los productos del tabaco y la 
implementación de medidas legales que permitan una mejora del control y vigilancia de 
la circulación y venta de hoja de tabaco para fines ilícitos.
En relación con Gibraltar, la introducción irregular de tabaco desde ese territorio se 
realiza  tanto  por  vía  marítima,  utilizando  pequeñas  embarcaciones  que  alijan 
clandestinamente en la costa próxima, como por vía terrestre, mediante la introducción 
clandestina  de  tabaco  empleando  técnicas  de  ocultación  y  mediante  el  abuso  por 
viajeros  y  transeúntes  del  derecho  a  la  franquicia  de  derechos  de  aduanas  y  de 
impuestos a la importación establecido en la normativa aduanera y tributaria. Para tratar 
de neutralizar ambos fenómenos, se reforzarán las actividades de control en frontera y 
las  investigaciones  sobre  las  redes  contrabandistas,  impulsando  la  coordinación  y 
cooperación. En el marco de los instrumentos de cooperación que se acuerden con el 
Reino Unido para su aplicación en Gibraltar, se tratará de potenciar la colaboración con 
las autoridades de Gibraltar en la lucha contra el contrabando.
c)  La configuración geoestratégica de nuestro país otorga al medio marítimo una 
especial importancia en la lucha contra el contrabando y otros tráficos ilícitos, como se 
reconoce en la Estrategia de Seguridad Marítima Nacional. Por ello, resulta esencial un 
conocimiento global del entorno marítimo en el que desarrolla gran parte de la actividad 
operativa el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria.
Para ello, el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales a través de la 
Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera ha implementado y desarrollado una estructura 
de Oficinas de Inteligencia Marítima que facilita un intercambio de información ágil, 
permitiendo disponer de una visión más integral y eficiente de la actividad marítima, 
procurando una respuesta ágil a la constante evolución tecnológica en este ámbito. Se 
han  implementado  las  herramientas  de  vigilancia  y  control  marítimo  de  gestión 
centralizada como impulso a la investigación a través de la Oficina de Inteligencia 
Marítima  Central.  En  2021  se  desarrollarán  nuevas  acciones  para  alcanzar  un 
conocimiento exhaustivo del dominio portuario y actuaciones de colaboración público 
privada con las diferentes autoridades para disponer de un mayor control sobre las 
entradas y salidas de las embarcaciones en los diferentes puertos deportivos.
Además, para hacer frente adecuadamente a las amenazas y retos que se presentan  s
en  el  ámbito  marítimo,  se  prestará  especial  atención  a  los  criterios  y  directrices  oe.
establecidas en el Plan de Acción de Seguridad Marítima aprobado por el Consejo de  w.
Seguridad Marítima Nacional y sus acciones ya consolidadas aprobado por el Consejo  79ww
de Sde) guErild aRde Mala ríDtiemcare Ntoa-cleioyn a1l.6/2018,  de  26  de  octubre,  por  el  que  se  adoptan
rdeelatecrimónin acdoans  lmase deidmabsa rdcea cluiocnheas  cuotniltirzaa deal st,r áefisctoa billeíccitióo  duen ap esresroien ads ey  pmroehrcibaicnicoínaess  eny   BOE-A-cable e
limitaciones de uso en relación con las embarcaciones neumáticas y semirrígidas de alta 
velocidad, como medida para la lucha contra el tráfico ilícito de personas y mercancías. 
Durante  2019  y  2020  se  han  instruido  gran  número  de  expedientes  de  infracción 
administrativa de contrabando y de atestados por delitos de contrabando causados por el 
uso ilícito de dicho tipo de embarcaciones. En 2021 continuarán las acciones de control 
en este ámbito, reforzando las acciones operativas y la vigilancia marítima en las zonas 
de mayor riesgo, implementándose una estrategia de análisis de riesgos relativo a este 
sector.
e)  La  función  de  protección  y  seguridad  constituye  una  de  las  misiones 
fundamentales de las autoridades aduaneras de la Unión Europea. En este sentido, y de 
forma  coordinada  con  otros  organismos  nacionales,  europeos  e  internacionales,  se 
potenciarán las actuaciones de análisis de riesgos y de investigación relativas a tráficos 
ilícitos que afecten a la seguridad global o de los ciudadanos y al medio ambiente.
Para una adecuada evaluación de los riesgos de seguridad y protección, desde 2011 
es exigible la declaración sumaria de entrada para toda mercancía que entre en territorio 
aduanero de la Unión Europea procedente de un tercer país. A partir del 15 de marzo 
de 2021, será obligatoria la presentación de una declaración de seguridad para la carga 
postal que no tenga la condición de correspondencia y para el tráfico aéreo exprés, así 
como la presentación de una declaración de pre-carga aérea con un conjunto mínimo de 
datos tendente a la identificación de artefactos explosivos en la carga de los aviones, 
mejorando así las capacidades de análisis y reforzando la gestión de riesgos
Por otra parte, se intensificarán las actuaciones de control del comercio ilícito de 
especies protegidas, residuos peligrosos o tóxicos, material de defensa y de doble uso, 
así como de productos cuyo consumo ponga en riesgo la salud de los ciudadanos o 
vulneren los derechos contra la propiedad industrial.
f)  Con el objetivo de neutralizar las estructuras económicas y financieras de las 
organizaciones criminales vinculadas al contrabando y narcotráfico, se intensificarán las 
actuaciones  y  mecanismos  para  localizar  e  intervenir  los  beneficios  de  dichas 
organizaciones, mediante la mejora de los acuerdos de coordinación e intercambio de 
información celebrados con organismos nacionales e internacionales, así como mediante 
la  colaboración  con  la  Oficina  de  Recuperación  y  Gestión  de  Activos  (ORGA).  Se 
llevarán a cabo igualmente planes sobre monitorización de los movimientos de efectivo, 
y otros asociados a manifestaciones patrimoniales no justificadas o inusuales. En este 
ámbito se implementará una estrategia de análisis de riesgos asociada específicamente 
a los movimientos de efectivo, que incluya el intercambio de información con organismos 
nacionales e internacionales.
g)  En 2021 tendrá carácter prioritario el apoyo a las actuaciones de lucha contra el 
fraude  fiscal  más  complejo  en  todas  sus  fases,  especialmente  en  el  caso  de  las 
actuaciones que requieren el empleo de técnicas o facultades de policía judicial en 
apoyo  a  la  Oficina  Nacional  de  Investigación  del  Fraude  y  al  Departamento  de 
Recaudación.
h)  Los avances tecnológicos que facilitan la utilización por el crimen organizado de 
la internet profunda para el tráfico y comercio de todo tipo de bienes ilícitos, así como el 
empleo de criptomonedas como medios de pago, continúan representando uno de los 
desafíos más exigentes en la actualidad. El dinero digital y la tendencia a reducir el uso 
del dinero efectivo, ha supuesto el incremento del empleo de criptomonedas como 
medios de pago, por lo que a finales de 2020 ya existen más de 6.500 criptomonedas en 
circulación. La mayoría de los bancos centrales del mundo están desarrollando sus  s
monedas digitales, incluido el Banco Central Europeo con la creación del Euro digital, en  oe.
el que participa España. Se impulsarán iniciativas para reforzar la colaboración con los  w.
prestadores de servicios y comercio electrónico, así como acciones de adiestramiento y  79ww
ufonrimdaadceiósn o qpueera tgivaaras.nticen la correcta preparación en esta materia del personal de las
IV. Control del fraude en fase recaudatoria
Las directrices generales del Plan de Control Tributario de Recaudación establecen 
las líneas básicas de actuación del Área para el año 2021 en dos aspectos básicos: la 
información y asistencia en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y la lucha 
contra el fraude fiscal. Se inspira en las líneas estratégicas de la Agencia Tributaria y la 
experiencia de años anteriores, y condiciona a su vez las actuaciones que se incluyen en 
la planificación del Área de Recaudación.
La actividad de control en fase de recaudación se realiza a través de medidas 
concretas con la importancia y efectividad suficiente como para tener su plasmación en 
la planificación de los objetivos del área, medidas esenciales para el área cuyo fin último 
está  dirigido  al  cobro  efectivo  de  las  deudas.  En  determinadas  ocasiones,  estas 
actuaciones no suponen una materialización inmediata del cobro, pero sin duda tienen 
valor en sí mismas y son necesarias para la prevención y el control del fraude fiscal.
De forma continuada, determinadas actuaciones vienen mostrando a lo largo de los 
años una gran eficacia para conseguir el cobro de las deudas y para luchar contra el 
fraude en fase de recaudación. De esta manera, también para el año 2021 se continuará 
incidiendo en las mismas, especialmente en aquellas que tienen mayor impacto en el 
grado de cumplimiento de las obligaciones tributarias por los contribuyentes con un 
efecto directo sobre los deudores, sin perjuicio de su propio valor para la prevención del 
fraude al incidir en el comportamiento futuro de los deudores y otros contribuyentes 
debido a los efectos inducidos que provocan.
Se continuará dando una especial importancia al análisis de riesgos al haberse 
revelado como una herramienta muy efectiva para definir actuaciones a realizar en la 
búsqueda de dichos efectos directos e inducidos.
Durante  2021  se  atenderá  especialmente  al  control  de  las  titularidades  «de 
conveniencia» de los TPV's que son utilizadas para evitar las actuaciones de embargo. 
Igualmente se intensificarán las actuaciones específicas en relación a los deudores con 
reconocimientos de deuda o solicitudes de aplazamiento sin ofrecimiento de garantía 
para reducir el riesgo de impago.
Pero no solamente el fraude tributario en fase de recaudación se combate con 
actuaciones  represivas  del  mismo,  sino  que,  el  cumplimiento  espontáneo  de  los 
contribuyentes  debe  verse  favorecido  e  intensificado  a  través  de  la  prestación  de 
mejores servicios de información y asistencia, facilitando de este modo el pago de las 
deudas.
Por tanto, se priorizarán las siguientes líneas de actuación en el ámbito recaudatorio.
1.  Medidas de prevención y control del fraude fiscal.
A.  Mejoras en la evaluación del riesgo recaudatorio. La experiencia acumulada en 
los años anteriores traerá consigo una definición de riesgos recaudatorios cada vez más 
depurada, lo que permitirá planificar y enfocar con mayor eficacia y eficiencia la gestión 
recaudatoria y la lucha contra el fraude, aunando la visión recaudatoria tanto hacia la 
deuda como hacia el deudor, facilitando en los casos de mayor complejidad la detección 
de comportamientos de riesgo recaudatorio a través de las cada vez más efectivas 
técnicas avanzadas de análisis y procesamiento de datos con las que cuenta el Área.
B.  Persecución del delito contra la Hacienda Pública y contrabando. Se continuarán 
utilizando todas las posibilidades que ofrece la Ley General Tributaria para exaccionar 
las deudas por responsabilidad civil y penas de multa cuyo cobro se encomiende a la  s
Agencia Tributaria, así como las deudas vinculadas a delito a que se refiere el título VI de  oe.
la  Ley  General  Tributaria,  realizándose  cuantas  actuaciones  recaudatorias  sean  w.
nperecveSesena irrrie ayas ld.izeaterác tuanr ac oensdpuecctiaasl  vdieg ilvaancciaiam pieantrtiom poantiarilm doen eiasl tqous ed epuuddoierreasn c coanli fliac afirnsael iidnacdlu dsoe   2021-1379n https://ww
como  posibles  insolvencias  punibles.  Este  seguimiento  permitirá,  además,  informar
adecuadamente de la vertiente recaudatoria de las propuestas de conformidad.
Los órganos de recaudación prestarán especial atención a las conductas de los 
condenados por delito contra la Hacienda Pública y contrabando por si hubiese que 
ponerlas en conocimiento de los órganos judiciales solicitando, en su caso, la revocación 
de  la  suspensión  de  la  pena  de  ingreso  en  prisión  ante  el  incumplimiento  de  sus 
obligaciones de pago sin ser insolventes, realizando la correspondiente investigación 
patrimonial.
C.  Adopción de derivaciones de responsabilidad. Una de las herramientas que se 
ha mostrado más eficaz a lo largo de los años como instrumento de prevención y control 
del fraude en fase recaudatoria ha sido la derivación de responsabilidad y, en general, la 
exigencia de deudas a terceros. Como en años anteriores, durante 2021 se continuarán 
con las actuaciones de investigación dirigidas a identificar a terceros responsables u 
otras personas a cuyo cargo la Ley impone la obligación de pago, y a acreditar la 
concurrencia de los supuestos de hecho previstos en la norma para exigirles el pago de 
las deudas.
D.  Adopción de medidas cautelares. Igualmente, para prevenir y combatir el riesgo 
de impago como consecuencia de conductas de vaciamiento patrimonial u otras que 
puedan poner en peligro el cobro de las deudas, se potenciará la adopción de las 
medidas cautelares previstas legalmente y que sean pertinentes, para mitigar dicho 
riesgo, asegurando el buen fin de los procedimientos recaudatorios de los que traigan 
causa.
E.  Presencia  de  los  funcionarios  de  recaudación.  Está  previsto  continuar 
impulsando,  en  la  medida  que  las  circunstancias  lo  permitan,  la  presencia  de  los 
funcionarios de recaudación mediante visitas y personaciones para realizar actuaciones 
ejecutivas  y  de  obtención  de  información  en  relación  con  determinados  grupos  de 
deudores que no muestran intención de regularizar su situación, y que continúan en 
muchos casos ejerciendo una actividad económica sin minorar sus deudas o incluso 
incrementando las mismas. Se buscará con estas actuaciones tanto los efectos directos 
del cobro como los indirectos en otros deudores con el mismo perfil. Se efectuarán las 
personaciones que se consideren más efectivas, tanto en locales de negocios como en 
aquellos otros que la normativa exige la previa autorización judicial para realizar estas 
actuaciones.
2.  Otras medidas de gestión recaudatoria en el ámbito del control recaudatorio.
A.  Seguimiento  de  insolvencias  aparentes.  Se  investigará  especialmente  la 
participación  de  deudores  aparentemente  insolventes  en  la  creación  de  sucesivas 
sociedades mercantiles que no ingresan sus obligaciones tributarias, en los que se 
dificulte la recuperación de las deudas pendientes de cobro.
Las actuaciones a realizar se dirigirán, por un lado, a obtener pruebas dirigidas a la 
acreditación de supuestos de insolvencia punibles y, por otro, a la adopción anticipada de 
las medidas de aseguramiento del cobro de las deudas que procedan.
Estas  actuaciones  se  complementarán  con  el  control  de  deudores  fallidos  para 
detectar posibles supuestos en los que proceda la rehabilitación de los mismos para 
efectuar el cobro de las deudas previamente canceladas provisionalmente como créditos 
incobrables.
B.  Cooperación con otras administraciones públicas. Se continuará avanzando con 
el  mecanismo  de  cooperación  con  otras  administraciones  públicas  a  través  del 
denominado Punto Neutro, permitiendo difundir información sobre los pagos de las 
administraciones públicas a deudores de estas y posibilitando así la emisión de las  e
diligencias de embargo que ellas mismas pudieran dictar contra aquellos contribuyentes  bo
que fueran simultáneamente acreedores de dichos pagos y deudores de cualquiera de  79ww
lLaesy  a2d5m/2in0i1s3tr,a dceio 2n7e sd.i cEiesmteb mree, cdaen iimsmpou,ls por edvei slato f aecnt ulraa  deilsepcotrsóicniiócna  ya dcirceioancaiól nc duealr trae gdies trlao 
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funcionamiento en toda su plenitud, para así permitir de ahí en adelante incorporarse a 
este sistema un gran número de administraciones públicas.
C.  Proyecto de NRC online. Se continúan los trabajos de implementación de un 
nuevo  sistema  de  registro  y  seguimiento  de  los  ingresos  gestionados  a  través  de 
entidades colaboradoras, que desembocará en un conocimiento de esta información de 
forma inmediata en el tiempo.
Todo ello implicará un gran avance cualitativo respecto al actual sistema general que 
redundará en importantes mejoras en el resto de aplicaciones gestoras recaudatorias en 
materia de actuaciones de seguimiento y control.
D.  Control de la deuda pendiente en periodo ejecutivo. Se realizará un control 
permanente de la deuda pendiente, en particular, de la deuda en fase de embargo, con 
el fin de agilizar la gestión recaudatoria y así conseguir una reducción de la misma. Para 
ello, se procederá a revisar esta deuda pendiente, fundamentalmente la más antigua, de 
manera que se agilice la finalización del procedimiento de apremio.
E.  Control de deudas suspendidas y paralizadas. Se realizarán actuaciones de 
control y seguimiento de las deudas paralizadas y suspendidas. Para ello se revisarán 
especialmente  las  deudas  o  vencimientos  suspendidos  por  recurso  o  reclamación, 
agilizando la ejecución de sentencias y resoluciones.
F.  Control  de  garantías  ofrecidas.  Dicho  control  se  efectuará  tanto  sobre  las 
garantías aportadas en el caso de aplazamientos y fraccionamientos de pago, como en 
los supuestos de suspensión de deudas objeto de cualquier recurso o reclamación. Este 
control supondrá la realización de un seguimiento sobre la grabación de las garantías, el 
mantenimiento de las mismas y finalmente la calidad.
G.  Procedimiento  de  enajenación:  subastas.  Con  la  plena  integración  del 
procedimiento  de  subasta  en  el  Portal  del  Boletín  Oficial  del  Estado,  se  pretende 
impulsar el sistema electrónico de subastas al objeto de lograr la optimización de los 
recursos y del personal de la Agencia Tributaria, así como aumentar la afluencia de 
licitadores,  tanto  por  la  mayor  publicidad  de  las  subastas  de  la  Agencia  Tributaria 
respecto de la que tiene actualmente en la Sede electrónica de la Agencia Tributaria, 
como por las características del procedimiento de subasta y la concesión de más días 
para la presentación de ofertas.
H.  Eficacia  de  las  deudas  derivadas  y  efecto  inducido  en  la  recaudación. 
Durante 2021 se realizará un seguimiento de las deudas ingresadas por los deudores 
tras un acuerdo de derivación de responsabilidad, así como del cumplimiento e ingresos 
efectuados a partir de dicho acuerdo.
V. Colaboración entre la Agencia Tributaria y las administraciones tributarias 
de las comunidades autónomas
En  cuanto  a  las  comunidades  autónomas  de  Régimen  Común  y  ciudades  con 
Estatuto de Autonomía (en adelante, Comunidades Autónomas), la colaboración entre la 
Agencia Tributaria y las administraciones tributarias autonómicas resulta esencial para el 
adecuado control de los tributos cedidos, sean gestionados por la Agencia Tributaria o 
por las Comunidades Autónomas por delegación del Estado.
La Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación 
de  las  Comunidades  Autónomas  de  régimen  común  y  Ciudades  con  Estatuto  de 
Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias, cede a las Comunidades 
Autónomas  el  rendimiento  total  o  parcial  en  su  territorio  de  una  serie  de  tributos  s
estatales, y delega la competencia para la gestión de una parte de esos tributos – e.
asumida por las Comunidades Autónomas–, concretamente, la gestión de los Impuestos  w.
sobre el Patrimonio, Sucesiones y Donaciones, Transmisiones Patrimoniales y Actos  79ww
JurídLiac osc iDtaodcau mleeny tadcoosn sya dgera d ecteormmoin apdroinsc Tipriibou toess esnocbirael  ell aJ uecgoola.boración  entre  las
administraciones tributarias del Estado y de las Comunidades Autónomas, en particular,
el fomento y desarrollo de intercambios de información y la planificación coordinada de 
las actuaciones de control sobre los tributos cedidos.
De acuerdo con dicha ley, el Consejo Superior para la Dirección y Coordinación de la 
Gestión Tributaria –y los correspondientes Consejos Territoriales en el ámbito de cada 
comunidad-, es el órgano colegiado de coordinación de la gestión de los tributos cedidos, 
integrado  por  representantes  de  la  Administración  tributaria  del  Estado  y  de  las 
Comunidades Autónomas al que se atribuyen, entre otras, las funciones de concretar 
criterios uniformes y procedimientos comunes de intercambio de información y acordar 
las líneas básicas y directrices de ejecución de programas de control sobre los tributos 
cedidos.
La  Agencia  Tributaria,  en  el  marco  de  los  acuerdos  adoptados  en  el  seno  del 
Consejo Superior y de los Consejos Territoriales para la Dirección y Coordinación de la 
Gestión  Tributaria,  potenciará  los  intercambios  de  información  con  trascendencia 
tributaria  entre  las  administraciones  tributarias  del  Estado  y  de  las  Comunidades 
Autónomas con la finalidad de incrementar la eficacia de la gestión tributaria, mejorar la 
asistencia a los contribuyentes y, singularmente, potenciar la lucha contra el fraude fiscal 
y la economía sumergida.
Así, continuarán los intercambios de información sobre los datos censales más 
relevantes de los obligados tributarios a través del Censo Único Compartido, base de 
datos consolidada de información censal obtenida por las administraciones tributarias 
autonómicas y estatal.
Se  fomentará  igualmente  la  transmisión  periódica  a  la  Agencia  Tributaria  de  la 
información contenida en declaraciones tributarias correspondientes a tributos cedidos 
gestionados por las comunidades, como el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales 
y Actos Jurídicos Documentados, el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y los 
tributos  estatales  sobre  el  juego  gestionados  por  las  Comunidades  Autónomas  por 
delegación del Estado, dado que dicha información pone de relieve la existencia de otros 
posibles  hechos  imponibles,  especialmente,  en  el  Impuesto  sobre  la  Renta  de  las 
Personas Físicas, Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre el Patrimonio.
En 2021, continuará el suministro por las Comunidades Autónomas a la Agencia 
Tributaria de la información de las familias numerosas y de los grados de discapacidad. 
Esta información resulta necesaria para la tramitación de los pagos anticipados de las 
deducciones por familias numerosas y grados de discapacidad previstas en el artículo 81 
bis de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas.
En  el  2021,  se  procederá  al  suministro  por  parte  de  las  CC.AA.  a  la  Agencia 
Tributaria, al amparo del Acuerdo de 9 de abril de 2013 del Consejo Superior para la 
Dirección y Coordinación de la Gestión Tributaria, de información sobre las fianzas y 
contrato  de  arrendamiento  asociadas  a  que  se  refiere  el  artículo  36  de  la  Ley  de 
Arrendamiento Urbanos (LAU).
Esta  información  permitirá  tanto  asistir  en  el  cumplimiento  de  las  obligaciones 
tributarias (tanto del arrendador como del arrendatario), como también la mejora del 
control de los rendimientos de capital inmobiliario y, en su caso, de las deducciones que 
puedan aplicarse por estos alquileres.
Por su parte, la Agencia Tributaria continuará proporcionando a las administraciones 
tributarias autonómicas acceso a la información sobre los impuestos cedidos que sea 
necesaria para su adecuada gestión tributaria.
Además  de  estos  intercambios  de  información  generales,  se  potenciarán  los  s
intercambios  de  información  específicos  sobre  determinados  hechos,  operaciones,  oe.
valores, bienes o rentas con trascendencia tributaria que resulten relevantes para la  w.
gestión tributaria de cualquiera de las administraciones, especialmente para la lucha  79ww
cinofnotrrmaa ceiól nf rpaaurdae .l a Emne jopraar tdiceu llaar , gedsutrióann tere c2a0u2d1a,t orsiea  dinet elonss iifmicaproár teesl  aidneteurdcaadmobsi oa  ldaes 
administraciones tributarias.
Se  fomentará  la  transmisión  por  parte  de  las  Comunidades  Autónomas  de 
información sobre los valores reales de transmisión de bienes y derechos en el Impuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y en el Impuesto 
sobre Sucesiones y Donaciones que hayan sido comprobados por las administraciones 
tributarias autonómicas en el curso de procedimientos de control, dada la repercusión de 
este valor comprobado en los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y 
Sociedades gestionados por la Agencia Tributaria.
Del  mismo  modo,  se  potenciará  la  remisión  de  información  por  parte  de  las 
Comunidades  Autónomas  sobre  la  constitución  de  rentas  vitalicias,  operaciones  de 
disolución de sociedades y de reducción del capital social con atribución de bienes o 
derechos  de  la  sociedad  a  sus  socios,  préstamos  entre  particulares  y  pagos 
presupuestarios  antes  de  su  realización,  a  efectos  de  proceder  al  embargo  del 
correspondiente derecho de crédito en caso de que el acreedor mantenga deudas 
pendientes de pago con la Agencia Tributaria.
Finalmente, en materia de intercambio de información, se continuará potenciando la 
colaboración entre la Agencia Tributaria y las administraciones tributarias autonómicas 
en  la  transmisión  de  la  información  obtenida  en  los  procedimientos  de  control 
desarrollados por cada una de ellas que resulte relevante para la tributación por otras 
figuras impositivas gestionadas por otra Administración.
La planificación coordinada y la colaboración en la selección de los contribuyentes 
que serán objeto de actuaciones de control será otra área de atención preferente y se 
promoverá que, por parte de la Agencia Tributaria se de la información correspondiente a 
través de los consejos territoriales. En este ámbito, destacan:
a)  Control global de las deducciones sobre el tramo autonómico del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas, aprobadas por las distintas Comunidades Autónomas, 
partiendo especialmente de la información suministrada por dichas comunidades.
b)  Asimismo,  se  utilizará  intensivamente  la  información  remitida  por  las 
Comunidades Autónomas en materia de discapacidad y familia numerosa para el control 
de la tributación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
c)  Impuesto sobre el Patrimonio correspondiente a ejercicios no prescritos y su 
relación  con  el  Impuesto  sobre  Sucesiones  y  Donaciones,  mediante  el  cruce  de 
información  sobre  la  titularidad  de  bienes  y  derechos,  incluidos  los  situados  en  el 
extranjero, y la identificación de contribuyentes no declarantes de dicho impuesto que 
estén obligados a presentar declaración.
d)  Operaciones inmobiliarias significativas al objeto de determinar su tributación por 
el Impuesto sobre el Valor Añadido o, alternativamente, por el concepto «Transmisiones 
Patrimoniales  Onerosas»  del  Impuesto  sobre  Transmisiones  Patrimoniales  y  Actos 
Jurídicos Documentados.
e)  Operaciones  societarias  más  relevantes  no  sujetas  del  Impuesto  sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados por haberse acogido al 
régimen fiscal especial del capítulo VII del título VII de la Ley del Impuesto sobre 
Sociedades.
f)  Cumplimiento de los requisitos para disfrutar de determinados beneficios fiscales 
en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones a través de la comprobación de la 
principal fuente de renta.
g)  Cumplimiento  de  los  requisitos  para  la  aplicación  del  régimen  fiscal  de  las 
cooperativas.
h)  Domicilios declarados y sus modificaciones. e.
i)  Comprobación de los requisitos para el disfrute de la exención o bonificación del  w.b
Impuesto  Especial  sobre  Determinados  Medios  de  Transporte  por  adquisición  de  79ww
vehículos por minusválidos y familias numerosas.
ConFciineartlom eEnctoen, ópmoirc olo  cqoune  las e Croemfieurnei daa dl aAs uctóonmoumnaid addeel s Pdaeís  réVgaimsceon  (faoprraol,b atadnot op oerl 
Ley 12/2002, de 23 de mayo), como el Convenio Económico entre el Estado y la
Comunidad  Foral  de  Navarra  (aprobado  por  Ley  28/1990,  de  26  de  diciembre), 
contemplan entre sus principios esenciales los de coordinación y colaboración mutua 
entre dichas Comunidades y el Estado en la aplicación de sus respectivos regímenes 
tributarios.
La línea fundamental de colaboración entre el Estado y la Comunidad Foral de 
Navarra y las diputaciones forales del País Vasco vendrá constituida por el intercambio 
de la información necesaria para facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de sus 
obligaciones  tributarias  y  luchar  contra  el  fraude  fiscal,  especialmente  aquél  que 
pretende aprovecharse de las diferencias normativas en los distintos territorios o de la 
existencia  de  administraciones  tributarias  diferentes,  mediante  fórmulas  de 
deslocalización  o  planificaciones  fiscales  abusivas.  Igualmente  se  intercambiará 
información sobre operaciones realizadas por los obligados a remitir sus registros de 
facturación a través del SII cuando la información recibida resulta de interés para otra 
Administración tributaria competente.
Madrid,  19  de  enero  de  2021.–El  Director  General  de  la  Agencia  Estatal  de 
Administración Tributaria, Jesús Gascón Catalán.