BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 83 Jueves 26 de marzo de 2020 Sec. TC.   Pág. 27266
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
4115 Sala Primera. Sentencia 30/2020, de 24 de febrero de 2020. Recurso de 
amparo  1993-2018.  Promovido  por  don  Celso  Casamayor  Fernández 
respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia de 
Madrid en procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración del derecho a 
la tutela judicial efectiva (motivación): STC 31/2019 (ausencia de control 
judicial de las cláusulas abusivas que desconoce la primacía del Derecho a la 
Unión Europea y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia).
ECLI:ES:TC:2020:30
La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por el magistrado don Juan 
José  González  Rivas,  presidente;  los  magistrados  don  Andrés  Ollero  Tassara,  don 
Santiago Martínez-Vares García, don Alfredo Montoya Melgar y la magistrada doña 
María Luisa Balaguer Callejón, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 1993-2018, interpuesto por el procurador de los 
Tribunales don Juan Pedro Marcos Moreno, en representación de don Celso Casamayor 
Fernández,  asistido  por  el  abogado  don  Francisco  Javier  Rubio  Gil,  frente  a  la 
providencia de 27 de febrero de 2018 dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 
31 de Madrid en el procedimiento de ejecución hipotecaria núm. 811-2014, que inadmitió 
el incidente de nulidad de actuaciones formulado contra el auto de 10 de enero de 2018. 
Han  intervenido  la  entidad  de  crédito  Banco  Santander,  S.A.,  representada  por  el 
procurador de los tribunales don José Álvaro Villasante Almeida, y el ministerio fiscal. Ha 
sido ponente el magistrado don Andrés Ollero Tassara.
I. Antecedentes
1.  Por escrito presentado en el registro general de este Tribunal el 13 de abril 
de 2018, don Celso Casamayor Fernández interpone recurso de amparo frente a la 
providencia de 27 de febrero de 2018 dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 
31 de Madrid en el procedimiento de ejecución hipotecaria núm. 811-2014, que inadmitió 
el incidente de nulidad de actuaciones formulado contra el auto de 10 de enero de 2018.
2.  Los hechos relevantes para resolver el presente recurso de amparo son los 
siguientes:
a)  El 31 de julio de 2014, la entidad de crédito Banco Santander, S.A., presenta  s
demanda de ejecución contra un bien inmueble hipotecado por don Celso Casamayor  e.
Fernández en garantía de un préstamo. w.
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c)  Previa petición de la parte actora, mediante diligencia de ordenación fechada 
el 20 de junio de 2016, se acuerda la puesta en posesión de la finca, si no se hallare 
ocupada. Para el caso contrario, se ordena el desalojo en el plazo de un mes. Llegada la 
fecha del lanzamiento, este se suspende a iniciativa de la parte actora.
d)  El 23 de noviembre de 2017, la parte ejecutada solicita el control de oficio de las 
cláusulas  abusivas  del  contrato,  con  base  en  el  Directiva  91/13/CEE.  Alega  la 
obligatoriedad de realizar el control de oficio por el juez al amparo de la doctrina del 
Tribunal de Justicia. Se refiere a la primacía del Derecho de la Unión Europea y al 
carácter vinculante de las sentencias del Tribunal de Justicia. Impetra la «oposición por 
cláusulas abusivas», que concreta en la cláusula de resolución anticipada por impago de 
una  cuota  y  en  la  cláusula  que  fija  el  interés  de  demora.  Termina  solicitando  la 
suspensión del procedimiento de ejecución hipotecaria.
e)  Por auto de 10 de enero de 2018, el juzgado resuelve la petición. Tras calificarla 
como incidente de nulidad de actuaciones, razona que esta no es admisible, conforme a 
la regla general contenida en el artículo 228.1 LEC, como medio para alterar el sentido 
de  las  resoluciones  dictadas  resolviendo  los  recursos  ordinarios  establecidos  en  el 
art. 227.1 LEC. Considera que es presupuesto indispensable para que prospere el 
incidente excepcional de nulidad de actuaciones previsto en el art. 225.3 LEC que la 
resolución  controvertida  haya  incurrido  en  grave  infracción  procesal  causante  de 
indefensión material contraria al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. No es 
apreciable aquí dicha vulneración, teniendo en cuenta las circunstancias concurrentes en 
este caso: antes de despachar ejecución se procedió expresamente a la revisión de 
oficio de las cláusulas abusivas del título ejecutivo, conforme establece el art. 552.1 LEC 
tras la reforma operada por la Ley 1/2013, de 14 de mayo. Frente al auto que despachó 
ejecución junto con el requerimiento de pago, la parte ejecutada no planteó oposición por 
cláusulas abusivas a través del oportuno incidente en el plazo de diez días. El principio 
de primacía del Derecho europeo no suprime la observancia de los principios procesales 
de preclusión de plazos. Añade: «en este caso esa resolución existe y es el auto que 
despachó ejecución tras revisar todos los requisitos formales del título ejecutivo y todas 
las cláusulas que lo integran sin declarar la nulidad por abusividad de ninguna de ellas». 
Si el ejecutado estaba disconforme «debió hacer valer sus motivos de defensa y pedir 
revisión a través de un incidente de oposición a la ejecución planteado en tiempo y 
forma» como claramente indica la STJUE al precisar que la Directiva 93/2013 debe 
interpretarse en el sentido de que el juez nacional debe revisar las cláusulas abusivas 
que  no  haya  revisado  con  anterioridad  «cuando  el  consumidor  haya  formulado, 
cumpliendo lo exigido por la norma, un incidente de oposición». Se precisa en fin que 
ese principio procesal de cosa juzgada ha sido interpretado en el ATS de 4 de abril 
de 2017, que inadmite la demanda de revisión 7-2017, manteniendo el criterio acordado 
en la STS 81/2016. El auto desestima igualmente la pretensión de suspensión del 
procedimiento bajo la consideración de que no hay causa para ello ni por prejudicialidad 
ni por litispendencia ni por estar pendiente de resolver cuestión prejudicial alguna, dado 
que frente al despacho ejecución no se planteó incidente de oposición. Se concede la 
solicitud de moratoria del lanzamiento por situación de especial vulnerabilidad.
f)  El 13 de febrero de 2018, la parte ejecutada promueve el incidente de nulidad de 
actuaciones al amparo del art. 228 LEC por vulneración de su derecho fundamental a la 
tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE). Según afirma, el contrato de préstamo con garantía 
hipotecaria  tiene  al  menos  dos  cláusulas  abusivas  evidentes:  la  de  vencimiento 
anticipado y la de intereses de demora. De acuerdo con el Derecho europeo, el órgano  s
judicial estaba obligado a realizar un control de oficio y a anular las citadas cláusulas  oe.
abusivas. Sin embargo, el auto de 10 de enero de 2018 rechazó ejecutar el indicado  w.
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demandante interpusiera el recurso pertinente.
g)  Mediante providencia de 27 de febrero de 2018, el juzgado inadmite el incidente 
de nulidad de actuaciones, razonando que ya fue resuelto el previamente formulado 
mediante el auto de 10 de enero de 2018. No cabría plantear nuevos incidentes de 
nulidad de actuaciones sobre cuestiones ya decididas con efecto de cosa juzgada. El 
escrito habría incurrido también en extemporaneidad.
3.  El demandante de amparo denuncia que el Juzgado de Primera Instancia núm. 
31 de Madrid, al tramitar el procedimiento de ejecución núm. 811-2014, ha vulnerado su 
derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), por mostrarse contrario a 
controlar  la  abusividad  de  las  cláusulas  del  contrato  de  préstamo  con  garantía 
hipotecaria  suscrito  con  la  entidad  de  crédito  Banco  Santander,  S.A.  Se  dirige 
específicamente contra el auto de 10 de enero de 2018, que rechazó realizar el control 
de abusividad previamente solicitado, y la providencia de 27 de febrero de 2018, que 
inadmitió el incidente de nulidad de actuaciones formulado contra el auto anterior. Según 
la Directiva 93/13/CEE y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el órgano judicial 
estaba obligado a controlar de oficio la abusividad del clausulado. El juzgado, aunque 
afirma haber realizado ese control, en ningún momento lo habría manifestado; ni en el 
auto de despacho de la ejecución ni en la fase en que el demandante de amparo lo 
solicitó. Si se entendiera que el órgano judicial lo realizó efectivamente, habría vulnerado 
de todos modos el art. 24.1 CE puesto que no lo motivó en absoluto, no abrió el trámite 
de audiencia previsto en el art. 552 LEC y la ausencia de motivación impidió que el 
demandante formulara el recurso pertinente.
4.  Mediante  providencia  de  17  de  junio  de  2019,  la  Sección  Primera  de  este 
Tribunal admite a trámite el recurso de amparo al apreciar que el asunto trasciende del 
caso concreto porque plantea una cuestión jurídica de relevante y general repercusión 
social y económica [STC 155/2009, FJ 2 g)]. Acuerda también dirigir comunicación al 
órgano judicial interviniente, a fin de que remita certificación o fotocopia adverada de las 
actuaciones correspondientes al procedimiento de ejecución hipotecaria, y emplazar a 
quienes hayan sido parte en el proceso, excepto a la parte recurrente en amparo, para 
que puedan comparecer, si así lo desearan.
5.  Por escrito presentado en el registro general de este Tribunal el 5 de julio 
de 2019, el procurador de los tribunales, don José Álvaro Villasante Almeida, se persona 
en representación de la entidad Banco Santander, S.A.
6.  La secretaría de justicia de la Sala Primera de este Tribunal, por diligencia de 
ordenación de 12 de julio de 2019, acordó tener por personado a don José Álvaro 
Villasante Almeida en representación de la entidad Banco de Santander, S.A., y dar vista 
de  las  actuaciones  del  presente  recurso  de  amparo  a  las  partes  personadas  y  al 
Ministerio Fiscal por plazo común de veinte días para presentar las alegaciones que 
estimasen pertinentes, de conformidad con el art. 52.1 de la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional (LOTC).
7.  Mediante escrito de 11 de septiembre de 2019, la entidad de crédito Banco 
Santander,  S.A.,  se  opone  al  recurso  de  amparo.  Todas  las  resoluciones  habrían 
respetado la normativa en vigor. El órgano judicial habría realizado el control de oficio de 
abusividad de las cláusulas en el momento del despacho de la ejecución. El recurrente 
ha denunciado la ausencia de un verdadero control mucho tiempo después, lo que 
evidenciaría  el  carácter  instrumental  de  las  peticiones  realizadas,  exclusivamente  e.e
dirigidas a retrasar el lanzamiento de una finca adjudicada en 2016. En cualquier caso, la  b
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cuestiones planteadas.
8.  El  13  de  septiembre  de  2019  el  recurrente  en  amparo  se  ratifica  en  las 
alegaciones formuladas en su demanda.
9.  Mediante  escrito  de  24  de  septiembre  de  2019,  el  fiscal  ante  el  Tribunal 
Constitucional  se  muestra  a  favor  del  otorgamiento  del  amparo.  Según  razona,  la 
cuestión a dilucidar no es el carácter abusivo o no de una cláusula definida en el contrato 
de préstamo con garantía hipotecaria, sino si el órgano judicial ha actuado correctamente 
al denegar el examen de esa condición por considerar la pretensión extemporánea o 
improcedente,  vulnerando  así  el  artículo  24.1  CE.  Tras  la  transcripción  de  los 
fundamentos 46, 47 y 48 de la STJUE de 26 de enero de 2017, el fiscal concluye que el 
juzgado ha desoído la doctrina allí dictada al apoyar su decisión de inadmitir el incidente 
de nulidad de actuaciones en el efecto preclusivo de la posible oposición y en el carácter 
inatacable  que  acompaña  al  auto  despachando  ejecución.  No  consta  en  el  auto 
despachando la ejecución referencia alguna a ese examen de oficio. La única mención al 
respecto aparece después en la respuesta a la solicitud de nulidad mediante el auto 
de 10 de enero de 2018. Se trata de una mera afirmación que no exterioriza valoración 
alguna de las razones que llevaron a considerar la validez de todas y cada una de las 
cláusulas, lo cual era difícilmente justificable en alguna de ellas. Añade lo siguiente: 
«Además al dar respuesta no dice nunca que las cláusulas no sean abusivas, sino que 
no lo consideró entonces con arreglo a la jurisprudencia y legislación vigente, pero 
rechazando el actual pronunciamiento por meras razones de preclusividad o proscripción 
del carácter retroactivo de la doctrina europea». Por todo lo expuesto, el órgano judicial 
adoptó una elección normativa y una motivación para excluir el control de abusividad 
contrarias al derecho a tutela judicial del art. 24.1 CE.
10.  Por providencia de 20 de febrero de 2020 se señaló para deliberación y fallo de 
esta sentencia el día 24 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  El demandante de amparo denuncia que el Juzgado de Primera Instancia núm. 
31 de Madrid, al tramitar el procedimiento de ejecución núm. 811-2014, ha vulnerado su 
derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) por mostrarse contrario a 
controlar  la  abusividad  de  las  cláusulas  del  contrato  de  préstamo  con  garantía 
hipotecaria  suscrito  con  la  entidad  de  crédito  Banco  Santander,  S.A.  Se  dirige 
específicamente contra el auto de 10 de enero de 2018, que rechazó el control de 
abusividad previamente solicitado, y la providencia de 27 de febrero de 2018, que 
inadmitió el incidente de nulidad de actuaciones formulado contra el auto anterior.
La entidad Banco Santander, S.A., se opone al recurso de amparo. Afirma que el 
demandante formuló el incidente fuera de plazo y que las cuestiones planteadas habrían 
sido ya resueltas en resoluciones judiciales firmes. El órgano judicial habría realizado el 
control  de  oficio  de  abusividad  de  las  cláusulas  en  el  momento  del  despacho  de 
ejecución. El recurrente habría denunciado mucho tiempo después que tal control no se 
realizó,  lo  que  evidenciaría  el  carácter  instrumental  de  las  peticiones  realizadas, 
exclusivamente dirigidas a retrasar el lanzamiento de una finca adjudicada en 2016. En 
cualquier caso, la demanda no aportaría indicio alguno demostrativo de que el órgano 
judicial falte a la verdad cuando afirma que ejecutó aquel control de oficio.
El fiscal ante el Tribunal Constitucional solicita la estimación del recurso de amparo. 
Tras transcribir los fundamentos 46, 47 y 48 de la STJUE de 26 de enero de 2017,  es
concluye  que  el  juzgado  ha  desoído  la  doctrina  allí  dictada  y,  derivadamente,  las  bo
exigencias constitucionales de selección normativa no arbitraria (art. 24.1 CE) al apoyar  w
salpaupr é ansdrtateaatcmudisrooai ó dlecneoz  acneo  sgntineatra raaatrauniacttoía a abq  hlueciep o ondstteeerol c hlaaaarruyi ataloa  e  pnprdo oeedssliu pbccalaeidcr áhoaca betnuesdsre oi pv eirdxeeaajcedmluc usedicnevi  oódl aneds.  eo  cNflilacáo iu ops.co uoLslnaiabs slúet and roieícpala o  cmseoincne itnórncaniit nóoygn  úde anenl     OE-A-2020-4115able en https://w
respecto se habría producido en la respuesta a la solicitud de nulidad por abusividad,
cuando el auto de 10 de enero de 2018 declara que el órgano judicial ya controló el 
clausulado. Se trataría de una mera afirmación que no exterioriza valoración alguna 
sobre las razones que llevaron a considerar la validez de todas y cada una de las 
cláusulas, lo cual sería difícilmente justificable en alguna de ellas.
2.  La  STC  31/2019,  de  28  de  febrero,  ha  resuelto  un  caso  idéntico  en  lo 
fundamental al presente. También en ese asunto un juzgado de primera instancia de 
Madrid había inadmitido un escrito, tramitado como incidente de nulidad de actuaciones 
ex art. 227.2 LEC, por el que, con base en el Derecho europeo (Directiva 93/13/CEE, del 
Consejo,  de  5  de  abril,  sobre  cláusulas  abusivas  en  los  contratos  celebrados  con 
consumidores y STJUE de 26 de enero de 2017, asunto Banco Primus, S.A., v. Jesús 
Gutiérrez García, c-421/14), se instaba el control del carácter abusivo del clausulado de 
un contrato de préstamo con garantía hipotecaria.
El Tribunal Constitucional descartó en primer término que la demanda de amparo 
hubiera incurrido en un óbice procesal por no agotar la vía judicial ordinaria, precisando 
lo siguiente:
«[D]e haber sido planteado el incidente de nulidad de actuaciones respecto de la 
vulneración autónoma de derecho fundamental denunciada en sede constitucional, el 
amparo  no  incurriría  en  extemporaneidad,  por  haberse  interpuesto  un  recurso 
manifiestamente improcedente. Se debe tener presente que “el recurso judicial intentado 
no  procede  en  forma  manifiesta,  ya  sea  porque  existe  un  precepto  legal  que 
expresamente lo impide […] ya sea porque el recurso intentado ni siquiera está previsto 
legalmente” [ATC 198/2010, de 21 de diciembre, FJ 4 a)], lo que no ocurre en este caso, 
porque el incidente de nulidad de actuaciones se encuentra previsto en la Ley Orgánica 
Poder Judicial y de su regulación solo se desprende que contra la providencia o el auto 
que lo resuelve no cabe recurso alguno, sin hacer más precisiones» (STC 31/2019, 
FJ 3).
Entrando en el fondo, la STC 31/2019, recuerda en primer término que una selección 
irrazonable y arbitraria de la norma aplicable al proceso vulnera el derecho fundamental 
del demandante de amparo a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE). En lo que interesa 
específicamente  al  presente  recurso,  la  sentencia  subraya  que,  de  acuerdo  con  la 
Directiva 93/13/CEE, conforme a la interpretación realizada por parte del Tribunal de 
Justicia (sentencia de 26 de enero de 2017), resulta evidente que las «cláusulas cuyo 
eventual carácter abusivo no haya sido aún examinado en un anterior control judicial del 
contrato controvertido concluido con la adopción de una resolución con fuerza de cosa 
juzgada, deben ser conocidas por el juez nacional, bien a instancia de parte o de oficio» 
(STC 31/2019, FJ 6). De ahí que no quepa considerar que el plazo para denunciar la 
existencia de cláusulas abusivas haya precluido solo porque la parte ejecutada no 
formulase oposición a la ejecución en el plazo de diez días previsto en el art. 557, en 
relación con el art. 556, ambos LEC (STC 31/2019, FJ 6).
En aquel caso, las razones esgrimidas por el órgano judicial para rechazar el control 
de la abusividad del clausulado fueron, en sustancia, las siguientes: el recurrente debió 
oponerse a la ejecución alegando la abusividad en el citado plazo de diez días (arts. 557 
y 556 LEC) y, en todo caso, el control de abusividad se habría realizado efectivamente 
en el auto que despachó la ejecución, pues revisó todos los requisitos formales del título 
ejecutivo  sin  declarar  la  nulidad  por  abusividad  de  cláusula  alguna.  Según  la 
STC 31/2019, estos argumentos son manifiestamente contrarios a la interpretación de la  s
Directiva 93/2013 efectuada por el Tribunal de Justicia en la sentencia de 26 de enero  oe.
de 2017. Ni el plazo de diez días previsto en los arts. 557 y 556 LEC era preclusivo ni la  w.
siunonsl atav neacrfidirama ddaeecr ipoóa nrc tdoeen. trqoul ed lea  eajbeucsuicviiódna dc uqmupel ei mlopsi drieeqrau isuitno su pltreorcioers acloenst rpool ddíae  eoqfuicivioa leor  aa   2020-4115n https://w
A este último respecto, la STC 31/2019, FJ 8, precisa que «no consta en ningún
apartado del auto despachando la ejecución que se haya producido un examen del
clausulado contractual», sin que pueda entenderse realizado y justificado con la simple 
afirmación  de  que  la  demanda  ejecutiva  «cumple  los  requisitos  establecidos  en  el 
artículo  685  LEC»;  la  «motivación  esgrimida  por  el  órgano  judicial  en  el  auto 
despachando ejecución es insuficiente a los efectos de considerar que, sin género de 
dudas, se realizó dicho control, máxime cuando de dicha argumentación se va hacer 
depender el acceso a un pronunciamiento de fondo al que el órgano judicial, de acuerdo 
con el Derecho de la Unión, debe proceder de oficio de haber razones para ello». Por 
todo  ello,  la  STC  31/2019,  FJ  8,  concluye  «que  el  juzgado  vulneró  el  derecho 
fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) con su inmotivada contestación 
acerca  de  la  existencia  de  un  control  de  la  cláusula  previo  a  la  denuncia  –única 
excepción contemplada por el Tribunal de Justicia para excluir, de haberse dictado 
resolución firme, un examen posterior–, pues «mal se puede realizar un control –ni 
siquiera externo– de lo que carece de un razonamiento expreso».
3.  En el presente recurso de amparo, Banco Santander, S.A., opone un óbice de 
admisibilidad que hemos de resolver antes de examinar el problema de fondo. Aunque 
de modo algo impreciso, esta entidad de crédito da a entender que el demandante de 
amparo no debió impetrar mediante el escrito de 13 de febrero de 2018 el incidente de 
nulidad de actuaciones y que, si quería oponerse a la ejecución por razón de abusividad 
del clausulado, debió hacerlo en el plazo de diez días a contar desde la notificación del 
auto de despacho, de acuerdo con los arts. 557 y 556 LEC. Entre las razones esgrimidas 
por el auto de 10 de enero de 2018 para rechazar el control de abusividad se halla 
justamente, el argumento que la oposición debió formularse dentro de aquel breve plazo. 
En suma, la demanda de amparo incurriría en extemporaneidad como consecuencia de 
un alargamiento artificial de la vía judicial previa (al formular un improcedente incidente 
de nulidad), así como de un defectuoso agotamiento de esa vía judicial (por solicitar el 
amparo sin haber formulado en plazo la oposición a la ejecución basada en el carácter 
abusivo del clausulado).
Procede descartar que el recurso de amparo haya incurrido en extemporaneidad. El 
demandante imputa la vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 
CE) al auto de 10 de enero de 2018 frente al que, con carácter previo al recurso de 
amparo, formuló el indicado incidente de nulidad de actuaciones. Tal como aclaró la 
STC 31/2019, en casos como el presente el planteamiento del incidente en modo alguno 
puede reputarse manifiestamente improcedente a los efectos del art. 44.1 a) LOTC. A su 
vez, de acuerdo con la Directiva 93/13/CEE y la STJUE de 26 de enero de 2017, el 
recurrente  puede  instar  el  control  de  la  abusividad  de  una  cláusula  en  cualquier 
momento, sin otro requisito que el de que no haya sido objeto de un control efectivo con 
anterioridad. Lo que plantea el demandante de amparo es que el auto de 10 de enero 
de 2018, precisamente por apartarse de esta exigencia, habría vulnerado su derecho 
fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE). En suma, corresponde rechazar 
que el recurso haya incurrido en extemporaneidad por alargamiento artificial o incorrecto 
agotamiento de la vía judicial previa.
4.  Entrando ya al examen de fondo, las razones esgrimidas por el Juzgado de 
Primera Instancia núm. 31 para rechazar el control de la abusividad instado por el 
demandante de amparo son las mismas que ofreció el Juzgado de Primera Instancia 
núm. 32 de Madrid en el asunto resuelto por la STC 31/2019. A su vez, también en este 
caso el auto de despacho carece de la más mínima referencia a un control de oficio, sin 
que un supuesto examen completamente inmotivado pueda servir para rechazar la  e
revisión del clausulado instada por el recurrente al amparo de la Directiva 93/13/CEE. En  bo
consecuencia, por las razones ya expuestas, procede declarar que el órgano judicial ha  w
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FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar el recurso de amparo interpuesto por don Celso Casamayor Fernández y, en 
su virtud:
1.º  Declarar que ha sido vulnerado el derecho fundamental del demandante de 
amparo a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE).
2.º  Restablecerle en su derecho y, en consecuencia, declarar la nulidad del auto 
de 10 de enero de 2018 y de la providencia de 27 de febrero del mismo año dictados por 
el Juzgado de Primera Instancia núm. 31 de Madrid en el procedimiento de ejecución 
hipotecaria núm. 811-2014.
3.º  Retrotraer  las  actuaciones  al  momento  inmediatamente  anterior  al 
pronunciamiento de las citadas resoluciones para que el órgano judicial dicte una nueva 
respetuosa con el derecho fundamental vulnerado.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a veinticuatro de febrero de dos mil veinte.–Juan José González 
Rivas.–Andrés  Ollero  Tassara.–Santiago  Martínez-Vares  García.–Alfredo  Montoya 
Melgar.–María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y rubricado.
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