BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 326 Martes 15 de diciembre de 2020 Sec. III.   Pág. 115108
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES
16230 Resolución de 4 de diciembre de 2020, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se publica el Convenio con el Consejo General de Colegios Oficiales 
de Graduados Sociales, de habilitación administrativa, para la presentación 
electrónica de documentos en los expedientes relativos a las autorizaciones 
de residencia previstas en la sección de movilidad internacional de la Ley 
14/2013,  de  27  de  septiembre,  de  apoyo  a  los  emprendedores  y  su 
internacionalización en representación de los interesados en desarrollo de la 
Orden TMS/331/2019, de 20 de marzo.
Con fecha 30 de noviembre de 2020 se ha suscrito el Convenio entre el Ministerio de 
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones –Secretaría de Estado de Migraciones– y el 
Consejo  General  de  Colegios  Oficiales  de  Graduados  Sociales,  de  habilitación 
administrativa,  para  la  presentación  electrónica  de  documentos  en  los  expedientes 
relativos  a  las  autorizaciones  de  residencia  previstas  en  la  sección  de  movilidad 
internacional de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y 
su internacionalización en representación de los interesados en desarrollo de la Orden 
TMS/331/2019, de 20 de marzo y, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 48.8 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, procede la 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del citado Convenio, que figura como 
Anexo de esta Resolución.
Madrid, 4 de diciembre de 2020.–La Secretaria General Técnica, Iria Álvarez Besteiro.
ANEXO
Convenio entre el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones 
–Secretaría de Estado de Migraciones– y el Consejo General de Colegios Oficiales 
de Graduados Sociales, de habilitación administrativa, para la presentación 
electrónica de documentos en los expedientes relativos a las autorizaciones de 
residencia previstas en la sección de movilidad internacional de la Ley 14/2013, 
de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización en 
representación de los interesados en desarrollo de la Orden TMS/331/2019, de 20 
de marzo
En Madrid, a 30 de noviembre de 2020.
REUNIDOS
De  una  parte,  don  Santiago  Antonio  Yerga  Cobos,  como  Director  General  de 
Migraciones, nombrado por Real Decreto 504/2020, de 28 de abril (BOE del 29), en 
nombre  y  representación  de  la  Administración  General  del  Estado,  Ministerio  de  s
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y conforme a lo dispuesto en el artículo 66 de  oe.
lpeeaols  trLea ejlbeaylr e cq4ciuc0idei/o2a  s0sde 1ee 5 dnl,ea  del ecel go a1amr ntdíp ceyeu  tlseooenc  t1cuai4abp.srr1eu,  ,eld ebdetraelaen  Rg alaéa)d gsda imeds e elplaneo  gOrJ aulrcadri íeodSnniec eocTsr M eddteSeal/l r 1iSea0ej e7dcr5etco/ i2rcE 0iPos1t ú8adb,de lodi cc eodo  e1my 0 pMa edcitgeteur naaoccnciidtaouosnb  ereeesnn,,     2020-16230n https://www.
los organismos administrativos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
y sus organismos públicos, que han sido ratificadas por la Orden ISM/132/2020, de 10 de  Bc
febrero, por la que se ratifican y se aprueban delegaciones del ejercicio de competencias 
en determinados órganos administrativos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones.
De otra parte, el Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de 
España (en adelante «el Consejo General»), con domicilio social en la calle Rafael Calvo 
n.º 7, Madrid-28010 y, en nombre y representación del mismo, don Ricardo Gabaldón 
Gabaldón, actuando en calidad de Presidente, en virtud de las competencias que le 
atribuye  el  artículo  48  de  los  Estatutos  Generales  de  los  Colegios  Oficiales  de 
Graduados Sociales y del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales 
de España, aprobado por Real Decreto 503/2011, de 8 de abril, por el que se modifica el 
Real Decreto 1415/2006, de 1 de diciembre, por el que se aprueban los Estatutos 
Generales de los Colegios Oficiales de Graduados Sociales.
Ambas partes se reconocen competencia para suscribir el presente Convenio y en su 
virtud,
EXPONEN
Primero.  La movilidad internacional cualificada.
La política migratoria tradicional presta su atención en motivos de ordenación y 
seguridad  de  los  grandes  flujos  migratorios.  Los  Estados  son  conscientes  de  las 
capacidades de actuación y establecen por ellos regulaciones normativas que garanticen 
una migración ordenada atendiendo a dos grandes vectores: la seguridad general de la 
población, tanto del Estado como la que accede al Estado, y el mercado laboral general, 
atendiendo a aquellos ámbitos donde la entrada de población migratoria constituye 
elemento de desarrollo, tanto de país como de los migrantes.
Sin embargo, la globalización, las nuevas tecnologías y la facilidad de los transportes 
internacionales comienzan a dejar claro que, además de los criterios tradicionales de la 
política  migratoria,  es  preciso  fomentar  movimientos  migratorios  con  determinadas 
cualidades  que  fomenten  la  inversión,  la  investigación  y  la  internacionalización 
empresarial. La política migratoria es también un elemento de competitividad.
Por este motivo, se generan normas e instituciones que abordan este fenómeno 
creciente.
Segundo.  España y la movilidad internacional cualificada.
La movilidad internacional se hace patente en la realidad administrativa española a 
través dos grandes hitos:
a)  La creación en el año 2007 de la Unidad de Grandes Empresas y Colectivos 
Estratégicos (en adelante UGE-CE), una Unidad que tiene por objeto dar respuesta ágil y 
asesoramiento experto a las necesidades planteadas por empresas y organismos que 
requieren traer a España personal no comunitario de especiales características.
b)  La  regulación  establecida  en  la  sección  de  movilidad  internacional  de  la 
Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización 
(inversores, investigadores, profesionales altamente cualificados, emprendedores, y por 
traslado intraempresarial).
Los visados y autorizaciones de residencia de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre,  e.e
se han caracterizado, desde su entrada en vigor, por su flexibilidad y agilidad en la  w.b
resolución. Los plazos de resolución previstos legalmente son reducidos y menores si se  230ww
cporemvpisaiórann d ceol nsi lleonsc ipor epvoissittoivso e enn  olatr ocso nEcsetsaidóons d dee lo lsa  vUisnaiódno so y e anu tdoirriezcatcivioanse esu mroupeesatrsa.  Luan 
compromiso por resolver de forma ágil.
Además, una fortaleza del sistema es la propia UGE-CE como unidad especializada 
en la tramitación de estas autorizaciones y compuesta por un personal en contacto 
directo con la comunidad empresarial.
Si bien, el crecimiento sostenido de las autorizaciones de residencia tramitadas por la 
UGE-CE hace necesario adecuar los recursos humanos y organizativos al número de 
expedientes tramitado. De lo contrario, no podrá conciliarse la flexibilidad y agilidad con 
la calidad y seguridad que debe ofrecer el sistema.
Dentro de las medidas para reforzar el sistema, la previsión de un sistema de 
colaboración  social  administrativa  en  el  que  los  diferentes  representantes  de  los 
solicitantes pudiesen contribuir a la mejora de la tramitación administrativa existente.
Tercero.  La Administración y los Consejos de Colegios Profesionales.
La Administración Pública, tal y como dispone el artículo 103 de la Constitución 
Española, sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los 
principios  de  eficacia,  jerarquía,  descentralización  y  coordinación,  con  sometimiento 
pleno a la ley y al Derecho. En este mismo sentido, el artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en sus relaciones, se rigen por los 
principios de cooperación y colaboración, y en su actuación, por los criterios de eficiencia 
y servicio efectivo a los ciudadanos.
Para  prestar  apoyo  y  colaboración  a  la  Administración  surgen  los  Colegios 
Profesionales que, a tenor de lo establecido en el artículo 1 de la Ley 2/1974, de 13 de 
febrero, son corporaciones de derecho público con personalidad jurídica propia y plena 
capacidad para el cumplimiento de sus fines, entre los que se encuentra, según su 
artículo 5, el ejercer cuantas funciones les sean encomendadas por la Administración.
En este escenario, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a través 
de la Dirección General de Migraciones, adscrita a la Secretaría de Estado de Migraciones, 
tiene la firme voluntad de llevar a cabo un proceso de modernización, simplificación y 
racionalización  de  los  procedimientos  de  autorización  de  residencia  de  la  sección  de 
movilidad internacional. Por este motivo ha aprobado la Orden TSM/331/2019, de 20 de 
marzo,  por  la  que  se  establecen  los  requisitos  y  condiciones  para  la  suscripción  de 
convenios  de  habilitación  para  la  presentación  electrónica  de  documentos  en  los 
expedientes relativos a las autorizaciones de residencia previstas en la sección de movilidad 
internacional de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su 
internacionalización.
El presente Convenio, se establece sobre la base de un compromiso efectivo entre 
los órganos correspondientes dependientes de la Dirección General de Migraciones y el 
Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales. Se trata en definitiva de 
facilitar  la  presentación  de  la  documentación  que  ya  se  presentan  por  estos 
profesionales, pero en formato protocolizado y evitando errores.
Para  la  consecución  de  este  objetivo  resulta  de  suma  importancia  que  la 
colaboración social ofertada por el Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados 
Sociales ante la Dirección General de Migraciones se desarrolle en un marco estable.
Y ello, no solo por la indudable cercanía al ciudadano de dichos profesionales, sino 
también, por el carácter de los Consejos Generales y Colegios Oficiales como entidades 
de  derecho  público,  especialmente  aptas  para  dotar  de  cobertura  institucional  a  la 
mencionada colaboración, mediante su labor de interlocución entre la Administración y 
los distintos profesionales colegiados para la eficaz puesta en funcionamiento de las 
actuaciones específicas en que se concreten en esta colaboración. e.
Por todo lo anterior, ambas partes acuerdan suscribir el presente Convenio, que se 
regirá por las siguientes
CLÁUSULAS
Primera.  Objeto.
El  presente  Convenio  tiene  por  objeto  establecer  un  marco  general  básico  de 
colaboración que articule y favorezca las relaciones entre el Ministerio de Inclusión, 
Seguridad  Social  y  Migraciones  y  sus  órganos  dependientes  –especialmente,  la 
Dirección General de Migraciones y la UGE-CE– y el Consejo General de Colegios 
Oficiales de Graduados Sociales.
En particular, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1 de la Orden TMS/331/2019, 
de 20 de marzo, se suscribe el presente Convenio de habilitación «para la presentación 
electrónica de documentos en representación de los interesados en los expedientes relativos 
a las autorizaciones de residencia establecidas en la sección 2.ª, movilidad internacional, del 
título V de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su 
internacionalización».
Segunda.  Ámbito material.
El  presente  Convenio  afecta  a  los  trámites  relativos  a  las  autorizaciones  de 
residencia  de  la  sección  de  movilidad  internacional  de  la  Ley  14/2013,  de  27  de 
septiembre, de los interesados, representados a través de los profesionales adscritos a 
los Colegios que cuenten con plataformas informáticas habilitadas siempre que cumplan 
los requisitos exigidos en la Orden TMS/331/2019, de 20 de marzo.
Tercera.  Obligaciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
a)  Facilitar  al  Consejo  General  de  Colegios  Oficiales  de  Graduados  Sociales, 
cuando lo solicite, el asesoramiento necesario, así como toda la colaboración y apoyo 
que sea preciso para la mejor realización de sus actividades.
b)  Habilitar los medios técnicos necesarios que permitan tanto a los Graduados 
Sociales colegiados como, en su caso, al Consejo General y a los Colegios Oficiales, la 
presentación electrónica de documentos en representación de los interesados, conforme 
a lo que establece el artículo 5.7 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
c)  Promover mesas de información y otros cauces de comunicación para garantizar 
que el Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales acceda a la 
información relevante que en cada caso afecte a los procedimientos objeto de este 
Convenio.
Cuarta.  Obligaciones del Consejo.
1.  El  Consejo  General  de  Colegios  Oficiales  de  Graduados  Sociales  deberá 
dotarse, para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de este convenio, del equipo 
de trabajo, instalaciones, equipamiento y medios propios necesarios para su ejecución, 
incluidos los medios informáticos y electrónicos que sean necesarios, debiendo correr a 
su cargo los costes específicos de inversión y funcionamiento correspondientes.
Además,  ofrecerá  a  sus  colegiados  los  servicios  de  revisión  y  canalización  de  e.
trámites. w.
2.  Asimismo, el Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales, se  230ww
obliga a:
vigean)t e Qpaurea  slea  prereasliezancteiónn  ladse  sloolsic ittruádmeiste ys  laan dteo ceul mMeinntiascteiórino  edxeig Iidnacl upsoiór nla,  Sneogrmuraidtiavda 
Social y Migraciones, relativos a las autorizaciones de residencia previstas en la sección 
de movilidad internacional.
b)  Que se revise la conformidad de la citada documentación, consultando al órgano 
administrativo competente cuando proceda y respetando, en todo caso, la normativa 
sobre protección de datos de carácter personal.
c)  Que se extienda un «Certificado de Revisión Colegial (CRC)», que acompañe a 
cada solicitud, indicativo de que obran en el expediente los documentos exigidos por el 
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para la posterior valoración por el 
órgano competente de la solicitud de una de las autorizaciones de residencia previstas 
en la sección de movilidad internacional de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre.
d)  Que se presente la documentación por las vías y a través de los procedimientos 
previstos por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
e)  En su caso, que se archive y custodie la documentación física que proceda, de 
acuerdo con la normativa vigente.
f)  Que se facilite al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones cuanta 
documentación, justificantes o resguardos genere el cumplimiento de las obligaciones 
anteriormente expresadas.
g)  Que se facilite al interesado cuanta documentación, justificantes o resguardos 
genere el cumplimiento de las obligaciones anteriormente expresadas.
h)  Que se asegure el pago de la tasa correspondiente prevista en el artículo 62.3.g) 
de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, en relación con la tramitación del expediente.
i)  Participar  en  las  reuniones  que  se  convoquen  para  la  coordinación  de 
actuaciones en el ámbito de este convenio.
Quinta.  Régimen de la representación.
El régimen de representación de terceros a efectos de presentación electrónica de 
documentos en su nombre es el establecido en el artículo 2 de la Orden TMS/331/2019, 
de 20 de marzo.
Sexta.  Presentación electrónica de documentos.
Para hacer uso del sistema de presentación al que se refiere el presente convenio, y 
de  las  utilidades  vinculadas  a  aquel,  se  deberán  cumplir,  además,  los  siguientes 
requisitos:
1.  La presentación electrónica de documentación exigirá al colegiado, colaborador 
social, disponer de la firma electrónica certificada por la Autoridad de Certificación del 
Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales.
2.  Tanto el Consejo General como los Colegios y sus servicios y los colegiados 
deberán  cumplir  los  requisitos  que,  para  el  tratamiento  automatizado  de  datos  de 
carácter  personal,  se  exigen  en  la  normativa  vigente  y,  en  particular,  en  la  Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de 
los derechos digitales.
3.  El colegiado, colaborador social, deberá figurar inscrito y en situación de alta en 
el Registro General del Consejo descrito en la cláusula séptima, circunstancia que el 
Ministerio  comprobará  como  requisito  imprescindible  para  la  aceptación  de  la 
presentación electrónica.
4.  La aplicación electrónica de preparación de expedientes deberá contar con los  s
requisitos señalados en el Anexo I de la Orden TMS/331/ 2019, de 20 de marzo. oe.
Séptima.  Registro General de Colegiados. 230ww
El Consejo General se compromete a que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social
dy aMdiogsr adcieo naelsta t eenng ae la cRceegsios tirnom Gedeinaetora yl  eyn  laties mbpaoja rse aql,u ae , loesn C soule gciaosso y,  ssues  pcrooledguizacdaons, 
habilitando la posibilidad de realizar dicha consulta de manera automatizada y segura,
vía Internet, mediante el acceso al Registro General de profesionales que, conforme al 
artículo 10 de la Ley 2/1974, de Colegios Profesionales, gestiona el Consejo General 
(«Ventanilla Única»).
Octava.  Régimen jurídico.
El Convenio se rige por lo previsto en la Ley 40/2015, de 1 de enero, de Régimen 
Jurídico del Sector Público.
Las cuestiones litigiosas que surgieran en la interpretación, aplicación y cumplimiento 
del presente Convenio y no pudieren ser resueltas en el seno de la Comisión de 
Seguimiento,  quedarán  sometidas  a  la  competencia  de  los  órganos  del  orden 
jurisdiccional contencioso administrativo radicados en Madrid.
Novena.  Comisión de Seguimiento.
1.  Para el seguimiento de lo previsto en el presente Convenio se constituye una 
Comisión de Seguimiento integrada por tres representantes nombrados por el Director 
General  de  Migraciones,  uno  de  los  cuales  actuará  de  Presidente,  y  otros  tres 
representantes  nombrados  por  el  Presidente  del  Consejo.  Cuando  se  considere 
necesario y, en calidad de asesores, con derecho sólo a voz, podrán incorporarse otros 
funcionarios  públicos  o  representantes  de  la  Administración  u  otros  miembros 
representantes del Consejo.
2.  La Comisión de Seguimiento tendrá, entre otras, las siguientes funciones:
a)  Realizar el seguimiento y la evaluación de las actividades realizadas al amparo 
del presente Convenio.
b)  Adoptar cuantas medidas y especificaciones técnicas sean precisas.
c)  Resolver  las  cuestiones  que  puedan  plantearse  sobre  la  interpretación  y 
cumplimiento del Convenio.
d)  Seguir la evolución de las tecnologías, técnicas y métodos de aplicación a la 
ejecución del Convenio, proponiendo a las partes la modificación de las actuaciones a 
realizar, siempre que no suponga alteración del objeto del mismo.
e)  Proponer  la  ampliación  del  ámbito  de  aplicación  del  Convenio  a  otros 
procedimientos.
3.  La Comisión establecerá sus normas internas de funcionamiento dentro del 
marco dispuesto en el artículo 15 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
4.  La Comisión se considerará el mecanismo de seguimiento, vigilancia y control de 
la ejecución del Convenio a los efectos de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público.
5.  La  Comisión  de  Seguimiento  deberá  constituirse  formalmente  en  un  plazo 
máximo de un mes desde la entrada en vigor del presente Convenio.
La Comisión de Seguimiento se reunirá ordinariamente una vez al año, a fin de 
verificar y comprobar el resultado de las obligaciones contraídas, examinar los resultados 
e incidencias que surjan de la colaboración realizada y establecer las directrices e 
instrucciones  que  considere  oportunas.  Celebrará  asimismo  cuantas  sesiones 
extraordinarias sean necesarias para el cumplimiento de sus fines, previa convocatoria al 
efecto de su Presidente, por propia iniciativa o teniendo en cuenta las peticiones de los 
demás miembros.
Décima.  Presupuesto. w.b
CNoon oEsbel sjpotra.ensteen, tleo sC goansvteonsi oe  ninov geersnieornae so bqliugea coioringeinse  escuo ncóummipclaims ieennttroe  slaesrá pna prtoers  cfuiremnatan tdees.l   OE-A-2020-16able en https://
Undécima.  Modificación.
La  modificación  del  contenido  del  Convenio  requerirá  acuerdo  unánime  de  los 
firmantes y se formalizará mediante adenda.
Duodécima.  Efectos y extinción.
1.  El presente Convenio resultará eficaz una vez inscrito en el Registro Electrónico 
estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal y publicado 
en el «Boletín Oficial del Estado».
2.  El presente Convenio se extinguirá transcurrido un año desde la inscripción en el 
Registro  Electrónico  estatal  de  Órganos  e  Instrumentos  de  Cooperación  del  sector 
público estatal y la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del convenio, pudiendo 
acordarse  unánimemente  su  prórroga  según  lo  dispuesto  por  el  artículo  49  de  la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Además,  el  presente  Convenio  podrá  extinguirse  por  el  cumplimiento  de  las 
actuaciones que constituyen su objeto o por incurrir en alguna de las siguientes causas 
de resolución:
a)  El  transcurso  del  plazo  de  vigencia  del  Convenio  sin  haberse  acordado  la 
prórroga del mismo.
b)  El acuerdo unánime de los firmantes.
c)  El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de 
alguno de los firmantes. En este caso, se estará a lo dispuesto en el artículo 51.2 c) de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, no teniendo que indemnizar económicamente la parte 
incumplidora a la otra parte por el incumplimiento de las obligaciones salvo que hubiera 
actuado de mala fe, sin perjuicio de su responsabilidad frente a terceros. La resolución 
surtirá efectos a los quince días de la comunicación de la voluntad de llevarla a cabo, sin 
perjuicio de la continuidad de aquellas actuaciones que se estuvieran ejecutando en el 
momento de la resolución que finalizará en el plazo improrrogable que se fije por la 
partes cuando se resuelva el convenio.
d)  Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
e)  Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista legalmente.
Sin perjuicio de todo lo anterior, cuando la Dirección General de Migraciones detecte 
indicios de que se ha producido un acceso o uso indebido de información protegida, o 
cualquier otro incumplimiento grave de las obligaciones contraídas en virtud del presente 
Convenio,  iniciará  las  oportunas  comprobaciones  e  investigaciones  tendentes  a 
comprobar las circunstancias en que se hayan producido los hechos de que se trate, 
pudiendo proceder, como medida cautelar, a acordar la suspensión del mismo. A la vista 
del  resultado  de  las  comprobaciones  e  investigaciones  realizadas,  el  Ministerio  de 
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones decidirá, en su caso, la extinción en los 
términos previstos anteriormente en esta misma cláusula.
Y,  en  prueba  de  conformidad,  suscriben  el  siguiente  convenio,  por  duplicado 
ejemplar, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.–Por la Secretaría de 
Estado de Migraciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (P. D. 
Orden TMS/1075/2018, de 10 de octubre, y Orden ISM/132/2020, de 10 de febrero), el 
Director  General  de  Migraciones,  Santiago  Antonio  Yerga  Cobos.–Por  el  Consejo 
General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales, el Presidente, Ricardo Gabaldón  e.e
Gabaldón. b