BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 40 Miércoles 16 de febrero de 2022 Sec. III.   Pág. 19959
III. OTRAS DISPOSICIONES
TRIBUNAL DE CONFLICTOS DE JURISDICCIÓN
2534 Conflicto de jurisdicción n.º A38/1/2021, suscitado entre la Agencia Estatal de 
la Administración Tributaria de Cataluña y el Juzgado de lo Mercantil n.º 12 
de Barcelona.
Tribunal de Conflictos de Jurisdicción
Art. 38 LOPJ
Sentencia núm. 2/2021
Fecha Sentencia: 20/12/2021.
Tipo de procedimiento: Conflicto art. 38 LOPJ.
Número del procedimiento: 1/2021.
Fallo/Acuerdo: Sentencia Resolviendo Conf. Jurisdicción.
Fecha de votación y fallo: 13/12/2021.
Ponente: Excmo. Sr. D. Ángel Ramón Arozamena Laso.
Procedencia:
Secretaría de Gobierno
Transcrito por:
Nota:
Resumen
Conflicto de Jurisdicción entre la AEAT de Cataluña y el Juzgado de lo Mercantil n.º 
12  de  Barcelona,  en  la  pieza  de  medidas  cautelares  núm.  34/2021  dimanante  del 
concurso voluntario núm. 601/2021, relativo a la mercantil GM Fuel Tank, S.L.U.
Conflicto art. 38 LOPJ núm.: 1/2021.
Ponente: Excmo. Sr. D. Ángel Ramón Arozamena Laso.
Secretaría de Gobierno.
Tribunal de Conflictos de Jurisdicción
Art. 38 LOPJ
Sentencia núm. 2/2021
Excmos. Sres. y Excma. Sra.:
D. Carlos Lesmes Serrano, Presidente.
D. Ángel Ramón Arozamena Laso.
D. Rafael Toledano Cantero.
D. Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer.
D.ª Paz Andrés Sáenz de Santa María.
D. Fernando Ledesma Bartret. s
En Madrid, a 20 de diciembre de 2021. w.b
Este Tribunal ha visto el presente Conflicto de Jurisdicción del artículo 38 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial seguido con el número A38/1/2021, suscitado entre la 
Agencia Estatal de la Administración Tributaria de Cataluña y el Juzgado de lo Mercantil 
n.º 12 de Barcelona, en la pieza de medidas cautelares núm. 34/2021 dimanante del 
concurso voluntario núm. 601/2021, relativo a la mercantil GM Fuel Tank, S.L.U.
Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Ángel Ramón Arozamena Laso.
Antecedentes de hecho
Primero.
EI concurso de la mercantil GM Fuel Tank, S.L.U. fue declarado por auto de 21 de 
abril de 2021, dictado por el Juzgado de lo Mercantil n.o 12 de Barcelona, a solicitud de la 
Administración Concursal; asimismo dicho Juzgado, por auto de 3 de junio de 2021, 
declaraba como bienes necesarios para la continuidad de la actividad de la concursada, 
los saldos en cuentas corrientes y los derechos de crédito de la concursada frente a 
terceros.
Segundo.
Mediante auto de 19 de julio de 2021, el Juzgado de lo Mercantil n.º 12 de Barcelona 
adoptó la medida cautelar solicitada por la representación procesal de la concursada 
consistente en la suspensión inmediata de las medidas cautelares acordadas por la 
AEAT  el  28  de  junio  de  2021  frente  a  las  tres  filiales  del  grupo,  deudoras  de  la 
concursada, GM Fuel Service, S.L., GM Fuel Atlántica, S.L.U., y GM Fuel Ibérica, S.L., 
con restitución de las cantidades y bienes embargados, y acordó requerir a la AEAT para 
que en el plazo de cinco días procediera a suspender los procedimientos ejecutivos 
iniciados, con alzamiento de los embargos trabados.
Tercero.
Mediante escrito de 12 de agosto de 2021, el Delegado Especial de la AEAT de 
Cataluña requirió de inhibición al juez del concurso, acordándose por dicho juez del 
concurso, mediante providencia de 1 de septiembre de 2021, oír a las partes, a la 
administración concursal y al Ministerio Fiscal sobre el posible planteamiento de conflicto 
de jurisdicción.
Cuarto.
El Juzgado de lo Mercantil n.º 12 de Barcelona, mediante auto de 23 de septiembre 
de 2021, acordó plantear conflicto de jurisdicción con la AEAT, con remisión urgente de 
las  actuaciones  a  este  Tribunal  y  suspensión  de  la  pieza  separada  de  medidas 
cautelares, si bien con mantenimiento de las medidas acordadas en el auto reseñado 
de 19 de julio de 2021.
Quinto.
Recibido en este Tribunal oficio de la Delegación Especial de Cataluña de la AEAT, 
remitiendo copia en CD del expediente administrativo relativo a la mercantil GM Fuel  es
Tank, S.L.U., para la resolución del conflicto suscitado entre la Agencia Estatal de la  bo
Administración Tributaria de Cataluña y el Juzgado de lo Mercantil n.º 12 de Barcelona,  34ww
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Sexto.
Mediante diligencia de ordenación de fecha 6 de octubre de 2021, se acordó dar 
vista de las mismas al Ministerio Fiscal y a la AEAT (a través de la Abogacía del Estado 
de Barcelona), por plazo común de diez días, a los efectos previstos en el artículo 14.1 
de la Ley Orgánica de Conflictos Jurisdiccionales.
Séptimo.
El Abogado del Estado presentó escrito en fecha 22 de octubre de 2021 en el que, 
tras exponer las alegaciones que consideró pertinentes, declara que a todos los efectos 
pertinentes la AEAT de Cataluña es competente para adoptar las medidas cautelares 
vinculadas a la iniciación de un procedimiento de responsabilidad tributaria subsidiaria 
frente a terceros y, en consecuencia, que no puede ser perturbada por el Juzgado en el 
ejercicio de dicha competencia.
Octavo.
El Ministerio Fiscal presentó escrito en fecha 22 de octubre de 2021 en el que, tras 
realizar las alegaciones que estimó oportunas concluye afirmando que entiende que el 
conflicto debe resolverse a favor del Juzgado de lo Mercantil n.º 12 de Barcelona.
Noveno.
Mediante providencia de fecha 3 de noviembre de 2021, se señaló para la decisión 
de este Conflicto el día 13 de diciembre de 2021, fecha en que tuvo lugar.
Fundamentos de Derecho
Primero. Antecedentes.
La mercantil GM Fuel Tank, S.L.U., fue declarada en situación de concurso voluntario 
de acreedores mediante auto de 21 de abril de 2021 del Juzgado de lo Mercantil n.º 12 
de Barcelona.
La  mercantil  concursada  forma  parte  del  grupo  de  empresas  GM  Fuel,  cuya 
composición, según se desprende del informe inicial de la administración concursal, es el 
siguiente:
– GM Fuel Service, S.L., es propietaria de:
▪ GM Fuel Tank, S.L.U., única sociedad del grupo declarada en concurso.
▪ GM Fuel Atlántica, S.L.U.
▪ GM Fuel Ibérica, S.L.
– Goralme.  S.L.U.,  es  la  sociedad  dominante  del  grupo,  al  ser  la  propietaria 
del 100 % del capital social de GM Fuel Service, S.L.
Según  el  referido  informe,  el  funcionamiento  y  operativa  de  negocio  de  las 
sociedades del grupo es el siguiente:
– las tres operadoras comerciales, GM Fuel Service, S.L., GM Fuel Atlántica, S.L.U.,  es
GM Fuel Ibérica, S.L., adquieren hidrocarburo que compran a mayoristas petrolíferos y lo  o
venden a su red de clientes. 34ww
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clientes.
– de  este  modo,  la  obligación  de  repercutir  los  impuestos  especiales  sobre 
hidrocarburos y de autoliquidarlos e ingresarlos tanto en la AEAT como en la Diputación 
Foral de Vizcaya recae sobre GM Fuel Tank, S.L.U., como sujeto pasivo del impuesto, 
mientras que la obligación de soportarlo recae sobre las empresas comercializadoras del 
grupo que, al ser las que facturan al cliente final, son las que tienen capacidad financiera 
para pagarlo.
Según  el  informe  inicial  de  la  administración  concursal,  la  insolvencia  de  la 
concursada  deriva  de  no  haber  recibido  de  las  sociedades  del  grupo  los  fondos 
necesarios para hacer frente a las liquidaciones de los impuestos especiales sobre 
hidrocarburos, tanto frente a la AEAT como frente a la Diputación Foral de Vizcaya, ya 
que son tales sociedades las que desarrollan la actividad y, por lo tanto, las que generan 
los fondos.
Con anterioridad a la declaración de concurso de GM Fuel Tank, S.L.U., la Diputación 
Foral de Vizcaya había dictado diligencias de embargo sobre los saldos de cuentas 
corrientes y derechos de crédito de las empresas del grupo.
En el seno del concurso de acreedores de GM Fuel Tank, S.L.U., a solicitud de la 
administración concursal, mediante auto de 3 de junio de 2021, se declararon como 
bienes necesarios para la continuidad de la actividad de la concursada, a los efectos 
contemplados en los artículos 142 y siguientes del Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 
de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal (TRLC), los 
saldos  en  cuentas  corrientes  y  los  derechos  de  crédito  de  la  concursada  frente  a 
terceros.
El 18 de junio de 2021, el delegado especial de la AEAT de Cataluña, sin perjuicio de 
las actuaciones ejecutivas desarrolladas en el procedimiento administrativo de apremio 
seguido frente a GM Fuel Tank, S.L.U. –como obligado principal al pago de la deuda 
tributaria mantenida con la AEAT–, inició, al amparo de lo dispuesto en el artículo 43.1.h) 
de  la  Ley  58/2003,  de  17  de  diciembre,  General  Tributaria  (LGT),  expedientes  de 
derivación de responsabilidad frente a las empresas del grupo GM Fuel Service, S.L., 
GM Fuel Atlántica, S.L.U., GM Fuel Ibérica, S.L., y Goralme, S.L.U., así como, al amparo 
del artículo 43.1.g) LGT, frente a don Javier García Munte García.
El siguiente día 28 de junio de 2021, el delegado especial de la AEAT de Cataluña 
adoptó  acuerdos  de  medidas  cautelares  consistentes  en  el  embargo  preventivo  de 
determinados  bienes  y  derechos  de  los  presuntos  responsables  subsidiarios, 
concretados,  entre  otros,  en  cuentas  o  depósitos  bancarios  de  titularidad  de  los 
presuntos responsables, así como créditos reconocidos a su favor y pendientes de pago 
con determinadas personas o entidades. Tales acuerdos fueron impugnados el 2 de julio 
de 2021 mediante reclamación económico-administrativa ante el TEAR de Cataluña por 
los  interesados  en  los  respectivos  procedimientos  administrativos  de  derivación  de 
responsabilidad, pretensiones que se encontrarían pendientes de resolver.
El 1 de julio de 2021 la representación procesal de la concursada solicitó ante el juez 
del concurso la suspensión inmediata de las medidas cautelares acordadas por la AEAT 
el 28 de junio de 2021 frente a las tres filiales del grupo, deudoras de la concursada, GM 
Fuel Service, S.L., GM Fuel Atlántica, S.L.U., y GM Fuel Ibérica, S.L., con restitución de 
las cantidades y bienes embargados.
Mediante auto de 19 de julio de 2021, el Juzgado de lo Mercantil n.º 12 de Barcelona 
adoptó la medida cautelar solicitada y acordó requerir a la AEAT para que en el plazo de 
cinco  días  procediera  a  suspender  los  procedimientos  ejecutivos  iniciados,  con  s
alzamiento de los embargos trabados. Dicho auto se encontraría recurrido en apelación,  e.
recurso que estaría pendiente de resolver. w.
En vista de la reiterada negativa de la AEAT a dar cumplimiento al auto de 19 de julio 
de 2021, mediante providencia de 3 de agosto de 2021 –recurrida en reposición, recurso 
que se encuentra pendiente de resolver–, el juez del concurso ordenó y requirió:
– a determinadas entidades bancarias a alzar/levantar en veinticuatro horas los 
embargos que tuvieran trabados sobre los saldos de las tres mercantiles deudoras de la 
concursada, con apercibimiento de incurrir en un delito de desobediencia a la autoridad.
– a determinados clientes de las tres mercantiles deudoras de la concursada a alzar/
levantar en veinticuatro horas los embargos que tuvieran trabados sobre los saldos 
frente a ellas y a no ingresar en la AEAT los créditos que pudieran tener pendientes con 
las tres entidades, con el mismo apercibimiento de incurrir en delito de desobediencia a 
la autoridad.
Segundo. Cuestión controvertida.
Deber resolverse el conflicto planteado, con determinación de si la decisión del 
Juzgado  de  lo  Mercantil  n.º  12  de  Barcelona  relativa  a  la  suspensión  de  los 
procedimientos administrativos de medidas cautelares y al alzamiento de los embargos 
preventivos trabados frente a GM Fuel Service, S.L., GM Fuel Atlántica, S.L.U., y GM 
Fuel Ibérica, S.L, invade o no las potestades de la AEAT.
Tercero. Consideraciones de los órganos en conflicto.
A) La Administración Tributaria.
En el oficio de 12 de agosto de 2021, el delegado especial de la AEAT de Cataluña 
requirió de inhibición al juez del concurso, por las siguientes consideraciones:
1. Tanto el auto de 19 de julio de 2021 como la providencia de 3 de agosto de 2021 
dictados por el juez del concurso invaden el ámbito de las competencias atribuidas a la 
AEAT, ya que:
– la AEAT tiene facultad para derivar la acción de cobro de las deudas tributarias 
mediante declaración de responsabilidad subsidiaria de personas diferentes del deudor 
principal, previa declaración de fallido de este y cuando concurran los presupuestos 
contemplados en el artículo 43 LGT.
– el artículo 81 LGT autoriza a la AEAT para adoptar medidas cautelares en garantía 
de las deudas tributarias, contemplando expresamente el artículo 41.5 su aplicación en 
la  tramitación  de  los  procedimientos  de  derivación  de  la  acción  de  cobro  a  los 
responsables.
– tales actos de la AEAT son susceptibles de recurso de reposición, reclamación 
económico-administrativa y, en último término, revisables por la jurisdicción contencioso-
administrativa –artículos 213 a 249 LGT–.
– este ejercicio de facultades de autotutela administrativa es plenamente compatible 
con la existencia de un procedimiento concursal respecto del deudor principal, como 
mantienen de forma pacífica la doctrina del TEAC, de la Sala Tercera del TS –SSTS 
de 15 de junio de 2016 (rec. 1916/2015) y 27 de junio de 2017 (rec. 433/2016)– y del 
Tribunal de Conflictos de Jurisdicción –SSTCJ núms. 2/2018, de 21 de marzo (cj 1/2018), 
y 3/2013, de 9 de abril (cj 1/2013)–.
– las SSTCJ núms. 3/2013, de 9 de abril, y 1/2021, de 24 de marzo, se pronuncian a  es
favor del mantenimiento de las potestades de autotutela de la Administración durante la  bo
tramitación del concurso. 34ww
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mercantil concursada fueron objeto de reclamación económico-administrativa ante el
TEAR de Cataluña por parte de los interesados en los respectivos procedimientos, 
reclamaciones que se encontrarían pendientes de resolución.
3. Sin embargo, el auto de 19 de julio de 2021 y la providencia de 3 de agosto de 
2021 dictados por el juez del concurso se refieren:
– a  personas  jurídicas  no  declaradas  en  concurso  y  no  incluidas  en  el  ámbito 
subjetivo del procedimiento en trámite ante el Juzgado de lo Mercantil.
– a bienes y derechos de titularidad de aquellas entidades frente a las que se exige 
responsabilidad subsidiaria, no de la concursada, y no incluidos en su patrimonio ni en la 
masa activa del concurso.
– a actos administrativos sometidos a la fiscalización de los tribunales económico-
administrativos y, en su caso, de la jurisdicción contencioso-administrativa –no de la 
mercantil–, no estando estos afectados por las restricciones propias del concurso ex 
artículos 142 y siguientes TRLC –al no referirse a bienes de la masa activa del concurso 
y no tratarse, en puridad, de actos de ejecución singular o apremios administrativos–.
B) El Juzgado de lo Mercantil.
El Juzgado de lo Mercantil n.º 12 de Barcelona, en su auto de 23 de septiembre de 
2021, rechaza el requerimiento de inhibición y acuerda plantear el presente conflicto de 
jurisdicción, por las siguientes razones:
1. Corresponde al juez del concurso conocer de la ejecución universal de los bienes 
de la concursada para, a través de la administración concursal, liquidar los activos que 
integran la masa activa del concurso y, con su producto, pagar a los acreedores por el 
orden y prelación legalmente fijado (artículos 86 ter 1 LOPJ y 52 TRLC).
2. Según se desprende de lo dispuesto en el artículo 142 TRLC, una vez declarado 
el concurso, las ejecuciones que estuvieran en trámite han de quedar en suspenso y las 
nuevas han de ser inadmitidas a trámite por los órganos administrativos y judiciales, 
siendo nulas, en caso contrario, todas las actuaciones practicadas hasta ese momento.
3. Esta regla general admite varias excepciones, como ocurre con las ejecuciones 
administrativas y laborales y las de garantías reales (artículos 144 a 146 TRLC), que 
pueden continuar de manera separada al concurso, salvo que recaigan sobre bienes 
necesarios para la actividad empresarial o profesional de la concursada, de forma que, 
una vez que el juez del concurso declara motivadamente que los bienes embargados 
son necesarios para la actividad empresarial de la concursada (artículo 147 TRLC), 
queda automáticamente en suspenso esa ejecución separada, con independencia de 
qué órgano judicial o administrativo las hubiera acordado.
4. Cuando se embargan bienes que el juez del concurso declara necesarios para la 
continuidad de la actividad de la concursada resulta de aplicación la doctrina del Tribunal 
Supremo sobre la interpretación del artículo 55 LC (actual 142 TRLC), expuesta en la 
STS núm. 319/2018, de 30 de mayo, y reproducida en el auto de 19 de julio de 2021.
5.  En el mismo sentido, se cita el auto de esta Sala de 1 de octubre de 2013, que 
resolvió un conflicto a favor de un Juzgado de lo Mercantil, al establecer que el criterio 
relevante es el de si los bienes embargados son o no necesarios para la continuidad de 
la  actividad  empresarial,  de  forma  que,  como  en  el  caso,  los  bienes  embargados 
resultaban necesarios, el procedimiento administrativo perdió la preferencia de la que 
gozaba  inicialmente  por  razones  temporales  y  quedó  sometido  al  concurso  en  los 
términos previstos en el artículo 55 LC. s
6. En el presente caso, la partida más importante del activo de la entidad en  oe.
concurso la constituye el saldo pendiente de cobro de tres empresas del grupo, únicas  w.
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declaración del concurso y, además, habían sido declarados como bienes necesarios por
auto de 3 de junio de 2021. Bc
Cuarto. La posición de la Abogacía del Estado.
La Abogacía del Estado entiende que el conflicto debe ser resuelto a favor de la 
AEAT, en síntesis, por las siguientes razones:
1. La  AEAT,  al  amparo  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  43.1  h)  LGT,  inició 
procedimiento para declarar a las entidades GM Fuel Service, S.L., GM Fuel Atlántica, 
S.L.U., GM Fuel Ibérica, S.L., y Goralme, S.L.U., responsables subsidiarias de la deuda 
tributaria de la concursada GM Fuel Tank, S.L.U.
2. Tales  responsables  tributarios,  en  este  caso  entidades  del  mismo  grupo 
empresarial, responden con su propio patrimonio de las deudas del obligado principal, en 
este caso la entidad concursada.
3. Iniciado el procedimiento, la AEAT adoptó, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 41.5, en relación con el artículo 81, LGT, determinadas medidas cautelares que 
recayeron sobre bienes de los posibles responsables frente a los que se había dirigido el 
procedimiento  de  declaración  de  responsabilidad  –cuentas  bancarias,  fondos  de 
inversión, saldos con clientes, participaciones y vehículos de su titularidad–, no sobre 
bienes de la masa activa de la concursada, de forma que los bienes afectados, aunque 
de otras entidades del grupo, eran ajenos al concurso.
4. El artículo 38 TRLC faculta a las sociedades de un mismo grupo a solicitar la 
declaración judicial conjunta de los respectivos concursos, lo que podría dar lugar, en su 
caso, a una consolidación de las masas de los concursos, facultad que, sin embargo, no 
fue  ejercitada,  por  lo  que  el  patrimonio  de  las  restantes  entidades  del  grupo  no 
concursadas resulta ajeno al concurso.
5. La  Sala  Tercera  del  Tribunal  Supremo  –en  SSTS  de  15  de  junio  de  2016 
(rec 1916/2015) y 27 de junio de 2017 (rec. 433/2016)– considera que la sustanciación 
de los expedientes de responsabilidad tributaria solidaria de otra sociedad vinculada con 
la  concursada  es  una  actuación  legítima  y  perfectamente  compatible  con  el 
procedimiento concursal, ya que las deudas tributarias no pueden hacerse efectivas 
sobre el patrimonio del concursado al margen del concurso, pero esto no impide que la 
Administración tributaria las haga efectivas sobre otros patrimonios y, en particular, sobre 
el patrimonio de los responsables.
6.  Por su parte, este Tribunal –en STCJ de 21 de marzo de 2018 (cj 1/2018), 
reconsiderando el criterio mantenido por la STCJ de 27 de abril de 2016 (cj 1/2016) y con 
cita y reiteración de la doctrina anteriormente mantenida en la STCJ de 9 de abril de 
2013 (cj 1/2013)– ha declarado que la derivación de la responsabilidad tributaria no se 
dirige contra el concursado, sino contra terceros –en el caso, el administrador concursal, 
aunque  no  necesariamente  es  siempre  así–  que,  por  concurrir  en  alguno  de  los 
supuestos contemplados en los artículos 41 y siguientes LGT, se hacen solidaria o 
subsidiariamente responsables de la deuda tributaria, de lo que deduce que la derivación 
de responsabilidad no supone injerencia alguna en el patrimonio del deudor ni ataca la 
par condictio creditorum y acaba concluyendo que la competencia para declarar tal 
responsabilidad es de la AEAT, sin perjuicio de su posible revisión en vía administrativa 
ante  los  tribunales  económico-administrativos  y  en  vía  jurisdiccional  ante  el  orden 
contencioso-administrativo.
7. Como  la  adopción  de  medidas  cautelares  sobre  bienes  y  derechos  de  los 
presuntos responsables tributarios está vinculada a la iniciación del procedimiento de 
derivación  de  la  responsabilidad  tributaria  y  constituye  un  incidente  de  dicho 
procedimiento en el que no se ve afectado el patrimonio del concursado, la competencia  e.e
para su adopción corresponde a la AEAT. w.b
8. Los  argumentos  del  juez  del  concurso  para  retener  la  competencia  son  34ww
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del juez del concurso se extiende a cualquier medida cautelar que afecte o pudiera
afectar a los bienes y derechos del concursado integrados o que se integren en la masa 
activa,  cualquiera  que  sea  el  tribunal  o  la  autoridad  administrativa  que  la  hubiera 
acordado, excepto las que se adopten en los procesos civiles sobre capacidad, filiación, 
matrimonio y menores, así como de cualquiera de las adoptadas por los árbitros en el 
procedimiento arbitral». Esto es, el artículo 54.1 TRLC atribuye la competencia para alzar 
una  medida  cautelar  siempre  que  «afecte  o  pudiera  afectar»  a  los  bienes  de  la 
concursada presentes o que puedan integrarse en un futuro, condición que no se da en 
el caso, ya que las cautelares adoptadas por la AEAT recaen sobre los bienes de las 
filiales no declaradas en concurso y no sobre bienes de la concursada.
– los argumentos del juez del concurso relativos al bloqueo de la actividad de la 
concursada,  que  se  vería  obligada  al  cierre  como  consecuencia  de  las  medidas 
adoptadas  sobre  el  patrimonio  de  sus  únicos  clientes,  tampoco  es  suficiente  para 
atribuirse la competencia, pues:
a) se trata de medidas cautelares que, por su propia naturaleza, están supeditadas 
a la suerte del procedimiento principal y, en su caso, a la conversión en embargos 
definitivos. Desde esta perspectiva, no producen el bloqueo de la actividad de las demás 
empresas del grupo.
b) conforme  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  204  TRLC,  la  concursada  y  la 
administración concursal están obligados a atender a la conservación de los bienes que 
integren la masa activa del modo más conveniente para los intereses del concurso, 
pudiendo solicitar del juzgado el auxilio necesario. Pues bien, para la conservación de 
los derechos de crédito que el juez del concurso declaró necesarios para la continuidad 
de la actividad empresarial habrían de haberse llevado a cabo determinadas actuaciones 
específicas que, sin embargo, no se ejercitaron. Entre otras, cabía haber ejercitado el 
derecho de crédito para conseguir el pago por parte de los deudores, haber promovido 
tercerías de mejor derecho, acciones subrogatorias o en fraude de acreedores, o, en su 
caso, penales o haber instado la declaración de concurso de las restantes sociedades 
del grupo para luego solicitar su acumulación. Aun así, todas estas acciones podrían 
haber conducido, como efecto reflejo, a una mejor conservación de la masa activa, pero 
no pueden entenderse amparadas ni constituyen una manifestación de la competencia 
exclusiva y excluyente reconocida en el artículo 52 TRLC.
9. El carácter exclusivo y excluyente de la competencia del juez del concurso ha de 
ser objeto de interpretación estricta –STCJ de 9 de abril de 2013 (cj 1/2013)–, de forma 
que no puede extenderse, sin incurrir en un exceso manifiesto, a medidas o actuaciones 
destinadas a proteger la integridad del patrimonio del deudor de la concursada, que es 
un patrimonio ajeno al concurso.
Quinto. La posición del Fiscal.
El Ministerio Fiscal señala en su informe que el conflicto debe resolverse en favor del 
Juzgado de lo Mercantil, por las siguientes consideraciones:
1. El caso planteado se regula en los artículos 86 ter 1 LOPJ y 52 TRLC, en los que 
se atribuye al juez del concurso la competencia exclusiva y excluyente para conocer de 
«toda ejecución frente a los bienes y derechos de contenido patrimonial del concursado, 
cualquiera que sea el órgano que la hubiera ordenado».
2. Declarado  el  concurso,  el  juez  encargado  de  su  tramitación  es  el  único  s
competente para conocer de la ejecución universal de los bienes de la concursada. De  oe.
forma que las ejecuciones que estuvieran en trámite quedarán en suspenso y las nuevas  w.
se inadmitirán a trámite por los órganos administrativos y judiciales siendo nulas, en caso  34ww
cont3ra. rioL,a t odaanste lraiosr a crteugalaci ogneens eprraal ctaicdamdaites  heaxsctae pecsieo nmeosm, elengtoa l(maretníctuel ot a1s4a2d TaRs LCen).  los
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salvo que recaigan sobre bienes que el juez del concurso, mediante auto motivado –
artículo  147  TRLC–,  haya  declarado  necesarios  para  la  actividad  empresarial  o 
profesional de la concursada, supuesto en el que la ejecución separada queda en 
suspenso cualquiera que sea el órgano judicial o administrativo que la hubiera ordenado.
4.  Resulta aplicable la doctrina de esta Sala contenida en la sentencia de 1 de 
octubre de 2013 –así como en las anteriores de 21 de septiembre de 2011, 11 de 
diciembre de 2012 y 25 de febrero de 2013–, conforme a la cual, el criterio relevante es 
el de si los bienes embargados son necesarios o no para la continuidad de la actividad 
empresarial, momento en el que el procedimiento administrativo pierde la preferencia de 
la que gozaba inicialmente por razones temporales y queda sometida al concurso en los 
términos previstos en el artículo 55 LC.
5. En el caso, los créditos de la concursada han sido embargados con posterioridad 
a  la  declaración  del  concurso  y,  además,  habían  sido  declarados  como  bienes 
necesarios por auto de 3 de junio de 2021.
Sexto. La decisión del Tribunal de Conflictos.
A) Recordemos, con la STCJ de 9 de abril de 2013 –CJ 1/2013–, el pórtico en el 
que debemos resolver este conflicto.
Allí se dijo:
«Como ha declarado recientemente este Tribunal de Conflictos (Sentencia de 14 de 
diciembre del año 2011 y las que en su fundamento de derecho segundo se citan) el 
principio  de  universalidad  que  establece  la  L.C.,  al  atribuir  jurisdicción  exclusiva  y 
excluyente al juez del concurso –de modo que a él incumba la toma de cualesquiera 
decisiones sobre la marcha del procedimiento concursal (jurisdicción exclusiva) y ningún 
otro órgano, administrativo o jurisdiccional, pueda proceder ejecutiva o cautelarmente 
sobre el patrimonio del concursado (jurisdicción excluyente)– se funda en razones de 
economía procesal y sirve a la eficacia del proceso universal abierto. En tal sentido, el 
artículo 9 de la L.C. dispone que "la jurisdicción del Juez se extiende a todas cuestiones 
prejudiciales administrativas o sociales directamente relacionadas con el concurso o 
cuya resolución sea necesaria para el buen desarrollo del procedimiento concursal". 
Ahora bien, la jurisdicción atribuida al juez del concurso para conocer de cualesquiera 
cuestiones  relacionadas  con  el  proceso  universal,  con  desplazamiento  del  órgano 
primariamente competente –sea jurisdiccional o, en su caso, administrativo– supone una 
excepción  al  principio  de  improrrogabilidad  y,  por  ello,  debe  ser  objeto  de  una 
interpretación estricta y está sujeta a ciertos límites».
B) Entendemos que procede resolver el conflicto a favor de la AEAT y declarar que 
las decisiones adoptadas por el juez del concurso y que dieron lugar al planteamiento del 
conflicto invadieron el ámbito de competencias de aquella.
C) Junto a las consideraciones del delegado especial de la AEAT de Cataluña y de 
la Abogacía del Estado a las que se ha hecho referencia a los anteriores fundamentos de 
Derecho tercero, apartado A) y cuarto, cabe realizar las siguientes:
1.  Como ya ha declarado este Tribunal en las SSTCJ números 3/2013, de 9 de 
abril (cj 1/2013) y 2/2018, de 21 de marzo (cj 1/2018) –con reconsideración, en esta 
última, del criterio mantenido en la sentencia núm. 1/2016, de 27 de abril (cj 1/2016)–, la 
derivación de responsabilidad no se dirige contra el concursado, sino contra terceros  s
que, por incurrir en alguno de los presupuestos contemplados en los artículos 41 y  oe.
siguientes  LGT,  se  hacen  solidaria  o  subsidiariamente  responsables  de  la  deuda  w.
tributaria. En consecuencia, la derivación de responsabilidad tributaria que acuerda la  34ww
Aatdamcain lias tpraacri ócno ntdriibctuiota crirae dnitoo rsuump.one ninguna injerencia en el patrimonio del deudor ni
proc2e.d imEine netol  caadsmoi,n iys trsainti vop edrjeu iacipor edmei ol asse gaucitduoa cfrioennetes  ae jGecMu tFivuaesl  Tdaenska,r rSol.lLa.dUa.s – ceonm eol   BOE-A-cable e
obligado principal al pago de la deuda tributaria mantenida con la AEAT–, el delegado 
especial de la AEAT de Cataluña inició expedientes de derivación de responsabilidad 
frente a varias empresas del mismo grupo al que pertenece la concursada.
3. En dichos procedimientos de derivación de responsabilidad, y al amparo de lo 
dispuesto en los artículos 41.5 y 81 LGT, se adoptaron medidas cautelares consistentes 
en el embargo preventivo de bienes de los terceros frente a los que se habían dirigido 
aquellos –resultando embargados, entre otros bienes, los saldos favorables que tales 
entidades tenían en determinadas cuentas y depósitos bancarios, así como créditos 
reconocidos a su favor con determinadas personas o entidades y que se encontraban 
pendientes de cobro–, embargos que no recayeron sobre los créditos que la concursada 
tenía frente a terceros ni sobre ningún otro bien de la masa activa del concurso.
4. Las  referidas  medidas  cautelares  –como  susceptibles  de  revisión  en  vía 
administrativa y posterior vía jurisdiccional ante el orden contencioso-administrativo, al 
amparo de lo dispuesto en los artículos 213 a 249 LGT– fueron impugnadas por las 
entidades  afectadas  en  los  respectivos  procedimientos  de  derivación  de  la 
responsabilidad  tributaria  mediante  reclamaciones  económico-administrativas  ante  el 
TEAR de Cataluña, que se encontrarían pendientes de resolución.
5. De todo ello se deriva que la decisión del juez del concurso por la que acordó 
alzar los embargos preventivos adoptados por la Administración tributaria invade las 
competencias de esta y no puede ampararse en el artículo 55 LC –actual 142 TRLC–, ya 
que los bienes de la masa activa que el auto de 3 de junio de 2021 había declarado 
como necesarios para la continuidad de la actividad de la concursada fueron los saldos 
en cuentas corrientes de esta y los derechos de crédito que la misma tuviera frente a 
terceros, pero no ninguna clase de bienes o derechos de terceros, cuyo patrimonio es, 
en todo caso –aunque se trate entidades pertenecientes al mismo grupo de empresas–, 
ajeno a la masa activa del concurso.
6. Las consideraciones que realiza el juez del concurso sobre el bloqueo de la 
actividad de la concursada provocado por las medidas cautelares adoptadas por la AEAT 
y sobre el riesgo de cierre de la empresa que ello comporta no pueden servir para que 
este extienda sus exuberantes facultades de tutela y protección de la masa activa del 
concurso  a  proteger  también  el  patrimonio  de  terceras  empresas  –aunque  sean 
deudoras de la concursada y formen parte del mismo grupo de empresas– frente a sus 
acreedores.
7. No consta, sin embargo, que la concursada o la administración concursal hayan 
activado mecanismos para proteger los derechos de crédito declarados necesarios por el 
juez del concurso –verdadero medio para salvar a la empresa del riesgo de cierre–, así, 
mediante el ejercicio de las acciones necesarias para conseguir el pago por parte de sus 
deudoras –empresas del mismo grupo– o de aquellas otras a las que se refiere la 
Abogacía del Estado en su informe. En este sentido, reiteramos, especialmente lo que 
hemos recogido en el fundamento de derecho cuarto, apartado 8.
Séptimo. Sobre la gratuidad del procedimiento.
No procede hacer pronunciamiento alguno en materia de costas, habida cuenta del 
carácter gratuito del procedimiento, conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de la LOCJ.
En consecuencia:
FALLO s
Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la  w.b
Constitución, este Tribunal ha decidido: 34ww
Que la competencia para adoptar las medidas cautelares vinculadas a la iniciación
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que se refiere el presente conflicto de jurisdicción corresponde a la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria de Cataluña. Y que la decisión del Juzgado de lo Mercantil 
n.º 12 de Barcelona relativa a la suspensión de los procedimientos administrativos de 
medidas cautelares y al alzamiento de los embargos preventivos trabados invade las 
potestades de dicha Agencia.
Publíquese en el «Boletín Oficial del Estado».
Así se acuerda y firma.–Carlos Lesmes Serrano.–Ángel Arozamena Laso.–Rafael 
Toledano  Cantero.–Miguel  Rodríguez-Piñero  y  Bravo-Ferrer.–Paz  Andrés  Sáenz  de 
Santa María.–Fernando Ledesma Bartret.–Firmado.