BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 46 Martes 23 de febrero de 2021 Sec. TC.   Pág. 21898
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
2830 Sala Segunda. Sentencia 11/2021, de 25 de enero de 2021. Recurso de 
amparo 248-2020. Promovido por la Generalitat de Cataluña respecto de las 
resoluciones  de  la  Sala  de  lo  Contencioso-Administrativo  del  Tribunal 
Superior de Justicia de Cataluña que inadmitieron su recurso de casación por 
infracción de la normativa autonómica. Vulneración del derecho a la tutela 
judicial efectiva (acceso al recurso): resoluciones judiciales que inadmiten, sin 
causa legal para ello, un recurso de casación basado en infracción de normas 
autonómicas (SSTC 128/2018 y 98/2020). Votos particulares.
ECLI:ES:TC:2021:11
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por la magistrada doña 
Encarnación Roca Trías, presidenta, y los magistrados don Juan Antonio Xiol Ríos, don 
Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez y don Ricardo 
Enríquez Sancho, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 248-2020, promovido por la Generalitat de Cataluña, 
contra el auto de la Sección de Casación de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña núm. 24-2019, de 25 de noviembre de 2019, 
por el que se desestima el recurso de queja núm. 9-2019, interpuesto contra el auto de la 
Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Cataluña de 13 de junio de 2019, por el que se deniega tener por preparado 
el recurso de casación por infracción de la normativa autonómica contra la sentencia 
núm. 967-2017, de 28 de diciembre de 2017, pronunciados en el recurso ordinario núm. 
195-2015.  Ha  sido  parte  el  Abogado  del  Estado  y  el  Ayuntamiento  de  Sabadell, 
representado por el procurador de los tribunales don Ángel Quemada Cuatrecasas, bajo 
la dirección del letrado don Marcel Galofre Esteve. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha 
sido ponente el magistrado don Juan Antonio Xiol Ríos.
I. Antecedentes
1.  La Generalitat de Cataluña interpuso recurso de amparo contra las resoluciones 
judiciales que se mencionan en el encabezamiento de esta sentencia mediante escrito 
registrado en este tribunal el 16 de enero de 2020.
2.  El recurso tiene su origen en los siguientes antecedentes:
a)  La sentencia de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo  e.
del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Cataluña  núm.  967-2017,  de  28  de  diciembre  w.
de 2017, pronunciada en el recurso ordinario núm. 195-2015, estimó parcialmente el  30ww
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amparo del art. 86.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción 
contencioso-administrativa (LJCA).
c)  La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Cataluña, por auto de 13 de junio de 2019, acordó denegar la preparación del 
recurso de casación al no ser la resolución susceptible de dicha impugnación argumentando, 
con cita de su auto de 11 de marzo de 2019, pronunciado en el procedimiento ordinario núm. 
452-2015, que el recurso de casación por infracción de la normativa autonómica no cabe 
contra las sentencias de las salas de los tribunales superiores de justicia, cuando tienen un 
reparto especializado, por ser contradictoria con la vigente regulación procesal del recurso de 
casación  estatal  que  responde  a  la  lógica  de  dos  secciones:  una  de  admisión  (no 
especializada), que se limita a examinar si concurren los requisitos de admisión, y otra de 
resolución (especializada), que es la que forma jurisprudencia.
d)  La Generalitat de Cataluña interpuso recurso de queja, que fue tramitado con el núm. 
9-2019 por la Sección de Casación de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Cataluña, en que se invocaba la vulneración del derecho a la tutela 
judicial efectiva (art. 24.1 CE), desde la perspectiva del derecho de acceso al recurso.
e)  El recurso fue desestimado por auto núm. 24-2019, de 25 de noviembre de 2019, 
con fundamento en autos previos de esa misma Sección de 28 de noviembre de 2017 y 
de 18 de mayo de 2018, pronunciados en los recursos de queja núms. 8-2017 y 20-2017, 
respectivamente. El auto, que cuenta con el voto particular disidente de una de sus 
magistradas, argumenta que una interpretación sistemática de los párrafos segundo y 
tercero  del  art.  86.3  LJCA  determina  que  el  recurso  de  casación  autonómico  solo 
procede  contra  las  sentencias  dictadas  en  única  instancia  por  los  juzgados  de  lo 
contencioso-administrativo que contengan doctrina que se repute gravemente dañosa 
para los intereses generales, sean susceptibles de extensión de efectos y se funden en 
normas emanadas de la comunidad autónoma, pero no contra las sentencias dictadas 
por las salas de lo contencioso-administrativo de los tribunales superiores de justicia de 
las comunidades autónomas.
A esos efectos, se afirma que la reforma legal operada en el recurso de casación en 
el orden contencioso-administrativo por la Ley Orgánica 7/2015 se dirige especialmente 
a la casación estatal y se estructura orgánicamente en dos fases referidas a la admisión, 
que se decide por una sección no especializada y rotatoria, y a la decisión, que se sigue 
en  una  sección  especializada  o  ante  el  Pleno  y  cuya  función  es  la  creación  de 
jurisprudencia.  Esta  configuración  legal  resultaría  contradictoria  en  el  ámbito  de  la 
casación autonómica si se estimaran recurribles las resoluciones de la propia Sala, que 
en la generalidad de los casos se reparten los asuntos por secciones especializadas, ya 
que en tal caso serían las sentencias de estas secciones especializadas las que podrían 
revisarse por una sección de casación que es rotatoria y no especializada y que, por 
tanto, no tiene una ascendencia jerárquica ni una cualificación superior. Por otra parte, 
se destaca que la problemática plateada con la casación autonómica se deriva de la 
deficiente regulación legal establecida en la reforma operada por la Ley Orgánica 7/2015, 
que  no  contiene  una  identificación  de  las  resoluciones  recurribles  en  casación  por 
infracción  de  la  normativa  autonómica  ni  tampoco  una  regulación  concreta  del 
procedimiento  de  este  tipo  de  recursos  o  la  existencia  misma  de  una  sección  de 
casación que pueda actuar con prevalencia funcional respecto del resto de secciones, 
siendo contraria a las previsiones de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) una 
sección con tales atribuciones dentro del mismo tribunal.
El auto concluye que (i) la prevalencia funcional de la sección de casación requeriría, desde  e.
la perspectiva constitucional del art. 122 CE, una atribución orgánica expresa en la Ley  w.b
Orgánica del Poder Judicial, que no está recogida en el vigente art. 74 LOPJ; (ii) la existencia  30ww
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qjuuries pyrau deesntacbiale scoeb creo mlao n voíram daeti vuan iafiucatocnióónm dicea  cyrait earpioa erel cpele dneob jiudraismdeicnctieo ncaulm; (piiil)id laa  pfoorrm maecidóino  ddee 
las resoluciones de las secciones territoriales y salas de los tribunales superiores de justicia; y
(iv)  los  antecedentes  legislativos  tampoco  permiten  una  extensión  del  ámbito  de  las 
resoluciones recurribles en casación por infracción de la normativa autonómica, no pudiendo 
existir una equiparación de las resoluciones recurribles en sendos recursos de casación estatal 
y autonómico cuando ello conlleva la recurribilidad de las decisiones del propio tribunal ante él 
mismo.
3.  La  parte  demandante  solicita  que  se  estime  el  amparo  por  vulneración  del 
derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva  (art.  24.1  CE),  declarándose  la  nulidad  de  las 
resoluciones dictadas por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de  Justicia  de  Cataluña  referidas  a  la  inadmisibilidad  de  recurso  de  casación  por 
infracción de la normativa autonómica.
La parte demandante invoca el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), con 
cita de las SSTC 128/2018, de 29 de noviembre; 18/2019, de 11 de febrero, y 26/2019, 
de 25 de febrero, argumentando que la decisión judicial de negar la recurribilidad en 
casación por infracción de la normativa autonómica de la sentencia que se pretendía 
impugnar carece de fundamento legal y resulta arbitraria al cerrar la posibilidad de 
acceder a un recurso que está legalmente previsto.
La parte demandante afirma que el recurso de amparo tiene especial transcendencia 
constitucional, conforme a lo establecido en la STC 155/2009, de 25 de junio, ya que se 
trata de un incumplimiento reiterado de la jurisprudencia constitucional en la materia y 
porque plantea una cuestión jurídica de relevante y general repercusión social, en la 
medida  en  que  no  se  trata  de  la  inadmisión  de  un  recurso  en  particular,  sino  la 
denegación con carácter general de la posibilidad de aplicación en el ámbito del Tribunal 
Superior de Justicia de Cataluña de un recurso regulado en la ley.
4.  La  Sección  Tercera  de  este  tribunal,  por  providencia  de  17  de  septiembre 
de 2020, acordó la admisión a trámite del presente recurso, apreciando que concurre en 
el mismo una especial trascendencia constitucional [art. 50.1 de la Ley Orgánica del 
Tribunal Constitucional (LOTC)] porque el recurso puede dar ocasión al tribunal para 
aclarar o cambiar su doctrina, como consecuencia de un proceso de reflexión interna 
[STC 155/2009, FJ 2 b)] y aclarar o cambiar su doctrina, como consecuencia de cambios 
normativos  relevantes  para  la  configuración  del  contenido  del  derecho  fundamental 
[STC 155/2009, FJ 2 b)]; dirigir atenta comunicación al órgano judicial para que remita 
certificación o fotocopia adverada de las actuaciones y emplazamiento para que puedan 
comparecen en los recursos de amparo quienes hubieran sido parte en el procedimiento.
5.  La secretaría de justicia de la Sala Segunda de este tribunal, por diligencia de 
ordenación de 10 de noviembre de 2020, acordó tener por personados al abogado del 
Estado y al Ayuntamiento de Sabadell, representado por el procurador de los tribunales 
don Ángel Quemada Cuatrecasas, y dar vista de las actuaciones al Ministerio Fiscal y a 
las partes personadas por plazo común de veinte días para presentar las alegaciones 
que estimasen pertinentes, de conformidad con el art. 52 LOTC.
6.  El Ministerio Fiscal, por escrito registrado en este tribunal el 21 de diciembre 
de 2020, interesa que se estime el recurso por vulneración del derecho a la tutela judicial 
efectiva (art. 24.1 CE), en su concreta dimensión de derecho de acceso al recurso, 
anulándose las resoluciones impugnadas con retroacción de actuaciones para que se 
pronuncie otra respetuosa con el derecho fundamental vulnerado.
El Ministerio Fiscal expone la identidad del objeto de este recurso con el resuelto en la 
STC 98/2020, de 22 de julio, en que ya se concluye que una interpretación del art. 86 LJCA  e.
conforme al cual las sentencias dictadas por las secciones o las salas de lo contencioso- w.
administrativo de los tribunales superiores de justicia no son susceptibles de recurso de  30ww
ceafescatcivióan ( aprto. r2 i4n.f1ra CcEci)ó, nd edsed ela l an poermrsapteivcati vaau dtoenl ódmericeac hvou dlnee raac ceel sdoe arel rcehcou ras ol,a y tau tqeulae  ejusd iucniaal 
rceofnecrelunscióian  aql usee nntoid soe y c foinrraelisdpaodn ddee  acqoune lalla j unroisrpmruad, ean lcaisa  eexsitgaebnlecciaidsa d een c loan SfigTuCra 1c2ió8n/2 p0a1r8a,l eelan   BOE-A-cable e
de ambas modalidades de recurso de casación –estatal y autonómica– y a la remisión 
implícita del procedente por infracción de normativa autonómica al previsto para la denuncia 
de la infracción de norma estatal o de la Unión Europea.
7.  El  Ayuntamiento  de  Sabadell  presentó  sus  alegaciones  mediante  escrito 
registrado el 19 de noviembre de 2020 señalando que la cuestión debatida transciende el 
ámbito de esa administración local quedando a la espera de lo que se decida sobre el 
particular.
8.  El abogado del Estado presentó sus alegaciones mediante escrito registrado 
el 22 de enero de 2021 señalando que, en atención a lo resuelto en la STC 128/2018, 
debe estimarse el presente recurso de amparo.
9.  La parte demandante presentó sus alegaciones mediante escrito registrado el 24 
de noviembre de 2020 ratificándose en las formuladas en su recurso de amparo.
10.  Por providencia de 21 de enero de 2021 se señaló para la deliberación y 
votación de la presente sentencia el día 25 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
Único. Remisión  a  la  jurisprudencia  constitucional  establecida  en  las 
SSTC 128/2018, de 29 de noviembre, y 98/2020, de 22 de julio. El objeto de este recurso 
es determinar si vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), desde la 
perspectiva del derecho de acceso al recurso, la decisión judicial impugnada, en que se 
acuerda que, de conformidad con lo establecido en el art. 86.3 de la Ley 29/1998, de 13 
de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa (LJCA), tras la reforma 
operada por la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, no cabe interponer el recurso de 
casación por infracción de la normativa autonómica contra las resoluciones dictadas por 
las secciones del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
El objeto de este recurso fue resuelto por el Pleno del tribunal en la STC 98/2020, 
de 22 de julio. En dicha sentencia, con remisión a lo resuelto en la STC 128/2018, de 29 
de noviembre, se declara que «sostener que las sentencias dictadas por las secciones o 
las salas de lo contencioso-administrativo de los tribunales superiores de justicia no son 
susceptibles de recurso de casación por infracción de normativa autonómica, constituye 
el resultado de un acto de interpretación y aplicación del art. 86 LJCA que se sustenta en 
un conjunto de argumentos que no responden a la finalidad perseguida por el legislador 
y  reconocida  por  este  tribunal,  de  constituir  esta  modalidad  de  impugnación  el 
‘instrumento por excelencia para asegurar la uniformidad en la aplicación judicial del 
derecho’,  en  este  caso  del  derecho  autonómico.  Pero  es  que,  además,  aquella 
interpretación  tampoco  cumple  las  dos  exigencias  de  configuración  paralela  y  de 
remisión  implícita  que  este  tribunal  ha  reconocido,  en  términos  de  equiparación 
normativa, a esta modalidad de recurso respecto del de casación por infracción de la 
normativa estatal o de la Unión Europea» [fundamento jurídico 3 f)]. A partir de ello, se 
concluye  que  «las  resoluciones  judiciales  impugnadas  han  efectuado,  pues,  una 
interpretación y aplicación del art. 86 LJCA, que ha llegado a una conclusión que no se 
corresponde  con  la  doctrina  de  este  tribunal  establecida  en  la  STC  128/2018,  en 
referencia al sentido y finalidad de aquella norma, a las exigencias de configuración 
‘paralela’ de ambas modalidades de recurso de casación y a la ‘remisión implícita’ del 
procedente por infracción de normativa autonómica al previsto para la denuncia de  e.
infracción de norma estatal o de la Unión Europea» [fundamento jurídico 3 f)] y, por tanto,  w.b
que  se  ha  vulnerado  el  derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva  (art.  24.1  CE),  en  su  30ww
manEifne setal cpiórens deenlt ed ecraescoh,o  edne  caochceesreon acli are ccounrs oa.quellos pronunciamientos, también debe
aoctoorrgdaarrs el ae l naumlidpaadr o dpeo rl aesl  rmeissomluoc iomnoetsiv oj.u dLiaci aelessti miamcpióung ndaedla sre cyu rsoord ellneavar  qcounes igseo 
retrotraigan las actuaciones para que se pronuncie una nueva resolución respetuosa con 
el derecho fundamental vulnerado.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar el recurso de amparo interpuesto por la Generalidad de Cataluña y, en 
consecuencia:
1.º  Declarar que ha sido vulnerado el derecho fundamental de la demandante de 
amparo a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en su vertiente de derecho de acceso al 
recurso.
2.º  Restablecerla en su derecho y, en consecuencia, declarar la nulidad del auto de 
la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Cataluña de 13 de junio de 2019, pronunciado en el recurso ordinario núm. 
195-2015;  y  del  auto  de  la  Sección  de  Casación  de  la  Sala  de  lo  Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña núm. 24-2019, de 25 de 
noviembre de 2019, pronunciado en el recurso de queja núm. 9-2019.
3.º  Disponer  que  se  retrotraigan  las  actuaciones  al  momento  inmediatamente 
anterior al pronunciamiento de la primera de las resoluciones anuladas para que el 
órgano judicial dicte una nueva respetuosa con el derecho fundamental vulnerado.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a veinticinco de enero de dos mil veintiuno.–Encarnación Roca 
Trías.–Juan  Antonio  Xiol  Ríos.–Pedro  José  González-Trevijano  Sánchez.–Antonio 
Narváez Rodríguez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Firmado y rubricado.
Voto particular que formula el magistrado don Juan Antonio Xiol Ríos a la sentencia 
pronunciada en el recurso de amparo núm. 248-2020
Con el máximo respeto a la opinión mayoritaria de mis compañeros de Sala en la que 
se  sustenta  la  sentencia,  he  de  reiterar  mi  discrepancia  con  la  parte  de  la 
fundamentación jurídica que toma como presupuesto la declaración de constitucionalidad 
del art. 86.3 LJCA establecida en la STC 128/2018, de 29 de noviembre. Los motivos de 
mi disentimiento con esta posición de partida ya los hice expresos en el voto particular 
que formulé a la citada STC 128/2018, al que me remito.
Madrid, a veinticinco de enero de dos mil veintiuno.–Juan Antonio Xiol Ríos.–Firmado 
y rubricado.
Voto particular que formula el magistrado don Ricardo Enríquez Sancho a la sentencia 
dictada en el recurso de amparo núm. 248-2020
En el ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 90.2 de la Ley Orgánica del 
Tribunal Constitucional, y con el máximo respeto a la opinión de la mayoría, formulo el  e
presente voto particular por discrepar de una parte de la fundamentación de la sentencia  bo
recaída en el recurso de amparo núm. 248-2020, que ha conducido a la estimación de la  30ww
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Y en tal sentido emito mi voto particular al presente recurso.
Madrid, a veinticinco de enero de dos mil veintiuno.–Ricardo Enríquez Sancho.–
Firmado y rubricado.