BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 48 Viernes 25 de febrero de 2022 Sec. I.   Pág. 22447
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
2985 Decreto-ley 15/2021, de 18 de noviembre, por el que se aprueba el abono de 
una prestación extraordinaria a las personas titulares de las Pensiones No 
Contributivas, del Fondo de Asistencia Social, del Subsidio de Garantía de 
Ingresos Mínimos y de la Prestación Canaria de Inserción, residentes en la 
Comunidad Autónoma de Canarias, para paliar los efectos sociales derivados 
de la COVID-19, así como un suplemento extraordinario a las personas 
titulares de la Prestación Canaria de Inserción residentes en los municipios 
de  Los  Llanos  de  Aridane,  El  Paso  y  Tazacorte  para  paliar  los  efectos 
sociales derivados de la crisis volcánica y otras medidas en los ámbitos 
social, agrario y de uso del suelo.
Sea notorio a todos los ciudadanos y ciudadanas que el Gobierno de Canarias 
ha aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 47.1 
del  Estatuto  de  Autonomía  de  Canarias,  promulgo  y  ordeno  la  publicación  del 
Decreto-ley 15/2021, de 18 de noviembre, por el que se aprueba el abono de una 
prestación extraordinaria a las personas titulares de las Pensiones No Contributivas, del 
Fondo de Asistencia Social, del Subsidio de Garantía de Ingresos Mínimos y de la 
Prestación Canaria de Inserción, residentes en la Comunidad Autónoma de Canarias, 
para paliar los efectos sociales derivados de la COVID-19, así como un suplemento 
extraordinario a las personas titulares de la Prestación Canaria de Inserción residentes 
en los municipios de Los Llanos de Aridane, El Paso y Tazacorte para paliar los efectos 
sociales derivados de la crisis volcánica y otras medidas en los ámbitos social, agrario y 
de uso del suelo, ordenando a la ciudadanía y a las autoridades que lo cumplan y lo 
hagan cumplir.
I
El Gobierno de Canarias aprobó el Decreto-ley 6/2020, de 17 de abril, de medidas 
urgentes de carácter social dirigidas a las personas en situación de vulnerabilidad como 
consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Posteriormente, aquel 
Decreto-ley 6/2020, de 17 de abril, fue sustituido por la vigente Ley 3/2020, de 27 de 
octubre, de medidas urgentes de carácter social dirigidas a las personas en situación 
de vulnerabilidad como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 
y de modificación de la Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias.
A raíz de la citada pandemia, uno de los colectivos más afectados son las personas 
beneficiarias de las Pensiones no contributivas de la Seguridad Social (PNC), tanto de 
invalidez como de jubilación, las del Fondo de asistencia social (FAS) y las del Subsidio 
de garantía de ingresos mínimos (SGIM), y las de la Prestación Canaria de Inserción 
(PCI), ya que se encuentran en una situación generalizada de precariedad económica 
para hacer frente a gastos derivados de la situación de la pandemia como pueden ser la 
adquisición de mascarillas, geles hidroalcohólicos, guantes, productos desinfectantes, o 
para la realización de pruebas de diagnóstico para la detección del COVID-19, y en  es
general, aquellos otros relacionados con la cobertura de necesidades básicas relacionadas  o
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prestación extraordinaria a las personas titulares de las pensiones no contributivas, del
fondo de asistencia social, del subsidio de garantía de ingresos mínimos y de la prestación
canaria de inserción, residentes en la Comunidad Autónoma de Canarias, que tuvo por 
finalidad  el  establecimiento  de  una  prestación  social  puntual  de  carácter  finalista  y 
extraordinaria para la adquisición de material de protección frente a la pandemia, así como 
a cubrir otras necesidades básicas relacionadas con esta enfermedad, destinada a las 
personas que percibían en Canarias dichas prestaciones sociales. Por parecidas razones, 
se  hace  preciso  implementar  nuevamente  este  año  una  medida  similar  de  apoyo 
económico a las personas y familias beneficiarias de la PNC, el FAS, el SGIM y la PCI.
Las Pensiones No Contributivas (PNC) tienen su regulación en los artículos 363 
al 373 del Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.
El Fondo de Asistencia Social (FAS) tiene su origen en el Real Decreto 2620/1981, 
de 24 de julio, por el que se regula la concesión de ayudas del Fondo Nacional de 
Asistencia Social a ancianos y a enfermos incapacitados para el trabajo. En fecha posterior, 
el artículo 7 de la Ley 28/1992, de 24 de noviembre, de Medidas Presupuestarias Urgentes, 
determina que a partir del 23 de julio de 1992 quedan suprimidas las pensiones reguladas 
en el citado Real Decreto 2620/1981, de 24 de julio, por lo que únicamente las percibirán 
quienes las tuvieran ya reconocidas antes de dicha fecha.
Por su parte, el Subsidio de Garantía de Ingresos Mínimos (SGIM) tiene su origen en 
la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de Minusválidos que, inspirándose en 
los derechos que el artículo 49 de la Constitución reconoce, estableció, entre otras 
prestaciones, este subsidio. Esta ley fue derogada por el Real Decreto Legislativo 1/2013, 
de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de 
derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. Sin embargo, la 
disposición transitoria única del Texto Refundido dispone que los beneficiarios del SGIM 
continuarán con el derecho a la percepción del mismo, siempre que sigan reuniendo los 
requisitos exigidos reglamentariamente para su concesión y no opten por pasar a percibir 
pensión no contributiva de la Seguridad Social.
Por  otro  lado,  la  Prestación  Canaria  de  Inserción  (PCI)  viene  regulada  en  la 
Ley 1/2007, de 17 de enero, y sus posteriores modificaciones y reglamento de desarrollo 
(en adelante, la Ley de la Prestación Canaria de Inserción).
El  impacto  que  la  citada  pandemia  ha  tenido  en  la  Comunidad  Autónoma  de 
Canarias ha puesto en evidencia la necesidad de mejorar la asistencia que se presta a 
este colectivo ya que la adquisición de material de protección frente a la COVID-19 
supone un gasto extra, que no pueden afrontar, pues se encuentran en una situación 
generalizada de precariedad económica, teniendo en cuenta la cuantía de la prestación 
que perciben y su bajo nivel de renta.
En este contexto, la prioridad absoluta, en estos momentos, en materia social radica 
en proteger y dar soporte a este colectivo de personas en situación de vulnerabilidad. A tal 
fin,  se  considera  necesario  la  adopción,  nuevamente,  de  esta  medida  de  carácter 
extraordinario y urgente mediante el establecimiento de una prestación social puntual de 
carácter finalista y extraordinaria para la adquisición de material de protección frente 
a la COVID-19, así como a cubrir otras necesidades básicas relacionadas con esta 
enfermedad, destinada a las personas que perciban en Canarias dichas prestaciones. 
Esta prestación extraordinaria será distinta de las del Sistema de la Seguridad Social y de 
las que pueda otorgar la Administración General del Estado, y será compatible con ellas.
Como medida de mayor alcance, se introduce mediante una disposición final, una 
modificación de la Ley de la Prestación Canaria de Inserción para acoger en el ámbito de 
estas prestaciones a todas aquellas personas y familias que un día fueron beneficiarias  es
de la PCI, pero que cumplidos los plazos que estaban vigentes, fueron expulsadas del  o
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necesario a fin de ampliar el derecho a  la  PCI  a todas aquellas personas que lo
necesiten, el incluir, por ello, un nuevo supuesto c) al apartado 3 del artículo 7 de la 
Ley 1/2007, de 17 de enero, por la que se regula la Prestación Canaria de Inserción, con 
la finalidad de que aquellas personas que en el pasado hubieran sido titulares de la 
ayuda económica básica, y que, habiéndola agotado, se encuentran fuera del sistema 
de  la  Prestación  Canaria  de  Inserción  y  cumplan  con  el  resto  de  los  requisitos  y 
circunstancias establecidos en la citada ley, puedan de nuevo acceder a esta prestación. 
Ello permitirá ampliar la cobertura de la PCI a las personas que ya fueron beneficiarias 
de dicha prestación pero que no han podido volver al sistema.
Además, como consecuencia de la erupción volcánica acontecida en la isla de La 
Palma el 19 de septiembre de 2021, en la zona de Montaña Rajada, el Gobierno de 
Canarias procedió a dictar el Decreto-ley 12/2021, de 30 de septiembre, por el que se 
adoptan  medidas  tributarias,  organizativas  y  de  gestión  como  consecuencia  de  la 
erupción volcánica en la isla de La Palma, y posteriormente, el Decreto-ley 14/2021, 
de 28 de octubre, por el que se regula el marco general para la tramitación de los 
procedimientos de concesión de ayudas con carácter de emergencia, destinadas a paliar 
las necesidades derivadas de la situación de emergencia producida por las erupciones 
volcánicas en la isla de La Palma.
Además en el ámbito de apoyo a las personas y las familias afectadas por la crisis 
volcánica,  se  hace  necesario,  por  las  razones  apuntadas,  establecer  medidas 
excepcionales de apoyo social a las personas dependientes, que sean residentes en los 
municipios de Los Llanos de Aridane, El Paso y Tazacorte, en la isla de La Palma, a fin 
de puedan continuar recibiendo los servicios asistenciales que tuvieran aprobados.
En efecto, la gravedad de los daños y el volumen de recursos que es necesario 
movilizar  para  poder  paliar  la  situación  de  emergencia  en  que  se  encuentran  las 
personas afectadas por la situación de emergencia por la catástrofe ocasionada por la 
erupción del volcán de La Palma, hacen necesaria la adopción de nuevas medidas, 
igualmente, de tipo social que permitan, en este caso, la concesión de ayudas extraordinarias 
a las personas beneficiarias de la PCI que con motivo de esta circunstancia excepcional 
tengan por finalidad, si quiera mínimamente, paliar en la medida de lo posible, los 
efectos  sociales  producidos  por  dicha  crisis  volcánica  en  aquellas  unidades  de 
convivencia residentes en los municipios de Los Llanos de Aridane, El Paso y Tazacorte.
Por otra parte, el Decreto-ley 13/2021, de 28 de octubre, por el que se regula, en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, la concesión directa de subvenciones 
destinadas a paliar la difícil situación económica que atraviesan, como consecuencia de 
la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, determinados sectores económicos, 
agrícolas, agroalimentarios, ganaderos y pesqueros, en el número 2) de la letra b) del 
apartado 1 del artículo 4, establece como requisito para ser persona beneficiaria de las 
subvenciones a las explotaciones agrícolas destinadas a los cultivos de tomate, pepino, 
calabacín, calabaza y sandía, el haber sido beneficiarias durante la campaña 2021 de las 
ayudas del Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias 
por los citados cultivos.
No obstante, las ayudas del Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones 
Agrarias de Canarias para los referidos cultivos correspondientes a la campaña 2021 no 
han sido concedidas hasta la fecha, por lo que el citado requisito deviene de imposible 
cumplimiento para los solicitantes de estas subvenciones. Es preciso por tanto, proceder 
a la modificación puntual del Decreto-ley 13/2021, de 28 de octubre, al objeto de corregir 
la referencia al año de la campaña que, con base en la justificación expuesta, ha de ser 
el año 2020. es
Igualmente, el Decreto-ley 14/2021, de 28 de octubre, por el que se regula el marco  o
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No  obstante,  es  preciso  tener  en  cuenta  el  elevado  número  de  explotaciones 
agrícolas  dedicadas  al  cultivo  de  plátano  afectadas  por  la  crisis  volcánica,  que  no 
abarcan únicamente la zona de la erupción volcánica y su área de influencia directa sino 
la  práctica  totalidad  de  la  isla  de  La  Palma  debido  a  los  daños  indirectos  por  la 
acumulación de cenizas y por la dificultad de realizar las labores culturales. Por tanto, 
comoquiera que en los distintos registros y bases de datos de gestión de ayudas 
obrantes en la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca constan los datos de dichas 
explotaciones, es posible exceptuar a los titulares de las mismas de la obligación de 
inscripción previa en el Registro de Personas Afectadas, al objeto de aligerar sus cargas 
administrativas,  considerando  la  situación  de  excepcionalidad  y  las  dificultades  de 
movilidad originadas por la misma.
Por otra parte, se posibilita que en el supuesto de las ayudas por pérdida de renta en 
el sector del plátano el procedimiento se inicie a instancia de parte, mediante solicitud 
presentada por las Organizaciones de Productores de Plátanos. En este sentido es 
preciso considerar que dichas organizaciones de productores cuentan con una dilatada 
experiencia de colaboración con la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca ya que 
la Ayuda a los Productores de Plátanos con Indicación Geográfica Protegida «Plátano de 
Canarias» englobada en el programa Programa de opciones específicas por la lejanía y 
la insularidad (POSEI), ya se tramita mediante solicitud presentada por las mismas. 
Seguir este modelo de tramitación permitirá agilizar la gestión de las ayudas al sector 
agrícola más afectado por la erupción, dado el elevado número de damnificados.
Finalmente, señalar que la citada erupción del Volcán Cumbre Vieja ha generado, y 
continúa  generando,  entre  otros  muchos  efectos,  situaciones  realmente  dramáticas, 
entre ellas, por la destrucción de muchas viviendas, que implican la pérdida de un lugar 
de residencia para los afectados, con la consiguiente pérdida de entramado social y la 
incidencia  en  las  relaciones  de  vecindad.  La  situación  absolutamente  excepcional 
generada por la erupción necesita, por tanto, de una respuesta ágil y directa de las 
Administraciones públicas, en aras de proteger el derecho a una vivienda digna de la 
ciudadanía afectada, considerando también la mínima afección en los sentimientos de 
arraigo con los lugares de quienes han perdido tan preciado y básico bien como es su 
vivienda habitual.
Además, tal como consagra el artículo 47 de la Constitución Española, todos los 
españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada, correspondiendo a los 
poderes públicos canarios, ex artículo 22 de nuestro Estatuto de Autonomía, aprobado 
por  Ley  Orgánica  1/2018,  de  5  de  noviembre,  garantizar  el  derecho  de  todas  las 
personas a una vivienda digna y regular su función social, mediante un sistema de 
promoción pública, en condiciones de igualdad.
Con la finalidad, pues, de proteger en lo posible los valores de pertenencia y la red 
de relaciones de vecindad, la presente norma contempla en la Disposición adicional 
segunda el realojo temporal de las personas afectadas en los términos municipales de 
Los Llanos de Aridane, El Paso y Tazacorte. Para ello, ante la emergencia producida, 
para el realojo de personas y familias, se utilizarán viviendas prefabricadas con todas las 
garantías habitacionales, que se ubicarán en suelos de propiedad municipal de dichos 
Ayuntamientos. Para ello, en los terrenos de titularidad pública aptos para el realojo, se 
suspende la ordenación prevista en los distintos instrumentos de ordenación del sistema 
de planeamiento de Canarias, de aplicación en los terrenos donde se ubicarán las 
viviendas prefabricadas, durante el plazo máximo de siete años; de manera que el 
presente Decreto-ley ampara todas las actuaciones necesarias para el realojo, desde el  es
punto de vista territorial y urbanístico. Además, los Ayuntamientos de Los Llanos de  o
tasAeacrricnrdeeeansanoomes ,i  erEdonlodt oPna.ddaeos ,o s yce o Tmlaozcoaa claioc ertlneo  sdl aessb uevmriávininei sndtderoasssa ,r rdcoeoll anr e plnaleesrn gcaíoa n fudeniclcéioicontnreiacslai dd, aeda a,g cutcaaen stpoibo itlriaedbsalpdee  dcyeto   ldoaesl    OE-A-2022-2985able en https://www.
II
El artículo 142 del Estatuto de autonomía de Canarias atribuye a la Comunidad 
Autónoma competencia exclusiva en materia de servicios sociales. La Ley 16/2019, de 2 
de mayo, de Servicios Sociales de Canarias, en su artículo 21 incluye las prestaciones 
económicas del sistema público de servicios sociales y en el apartado 3, letra a) del 
citado  artículo  establece  que  son  prestaciones  económicas  del  sistema  público  de 
servicios sociales de Canarias, en los términos que se recojan en el catálogo de servicios 
y prestaciones, entre otras:
«La vinculada a cubrir necesidades básicas: conjunto de prestaciones destinadas a 
dar cobertura a las necesidades básicas, con carácter temporal, ante una situación 
excepcional o extraordinaria y puntual que requiere de una atención inmediata, sin la 
cual podría producirse un grave deterioro o agravamiento del estado de vulnerabilidad y 
de desprotección en una persona o unidad de convivencia.
Esta prestación incluirá, al menos, las siguientes necesidades básicas: el alojamiento 
de urgencia, la atención alimenticia adecuada, incluidas las personas afectadas por 
celiaquía  y  diabetes,  vestido,  higiene  y  aseo  personal,  medicamentos,  suministros 
básicos de la vivienda (agua, luz, gas, etc.) y alquiler de la vivienda.»
Además, nuestro marco legal permite la adopción de medidas extraordinarias en 
materia social, en el artículo 29 de la citada Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios 
Sociales de Canarias que define en el punto 3 que «En situaciones de urgencia y 
emergencia social acreditadas, cuando se requiera de un servicio o prestación, de forma 
extraordinaria se podrán establecer excepciones a todos o alguno de los requisitos 
establecidos en la legislación vigente».
En efecto, en la situación actual de crisis social como consecuencia de la crisis 
sanitaria ocasionada por la pandemia se hace necesario dar respuesta a las necesidades 
sociales de las personas más frágiles económicamente y con mayores necesidades de 
cuidados, que tienen que hacer frente a los gastos sobrevenidos de la pandemia como 
los derivados de la adquisición de medidas de protección como mascarillas y geles 
hidroalcohólicos, unidos a los gastos elementales de subsistencia, como alimentación, 
el  alojamiento,  la  higiene,  o  el  cuidado  de  personas  mayores,  de  personas  con 
discapacidad o de menores de edad en un mismo espacio habitacional o los derivados 
del  mantenimiento  de  los  suministros  básicos  de  los  hogares.  Asimismo,  para  dar 
respuesta a las necesidades de las familias o unidades de convivencia con menores a 
cargo o con personas con discapacidad, y cuyos ingresos no les permitan afrontar los 
gastos más elementales.
Entendemos  por  ello  que  es  necesario  suplementar  siquiera  puntualmente  las 
prestaciones que se perciben en concepto de PNC, FAS, SGIM y PCI para ampliar 
de manera extraordinaria y excepcional, si bien de forma no consolidable, la cobertura de 
las prestaciones sociales que ya vienen percibiendo en la actualidad las unidades de 
convivencia residentes en Canarias por aquellos conceptos, así como especialmente 
para las unidades beneficiarias de la PCI en los citados municipios de la isla de La 
Palma. Esto permitirá afrontar mejor la grave situación de pobreza severa que tenemos 
en Canarias, ahora agravada como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por 
el COVID-19 y en el caso de aquella isla, por la catástrofe derivada de la erupción 
volcánica,  lo  que  está  suponiendo  que  numerosas  personas  sufran  la  pérdida  de 
ingresos económicos a raíz de la paralización de la actividad económica y productiva  es
derivada de la propia pandemia, y de las crisis volcánica, respectivamente. bo
Igualmente, las circunstancias que concurren en la situación de emergencia por  85ww
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En efecto, y como consecuencia también de la citada crisis volcánica se están 
produciendo  disfunciones  en  los  procesos  ordinarios  de  asignación  de  recursos 
asistenciales en el ámbito de la Dependencia. Por ello, a fin de garantizar el ejercicio del 
derecho de las personas dependientes afectadas por el volcán de La Palma, a recibir los 
servicios de Promoción de la Autonomía Personal y de Ayuda a Domicilio y apoyo a la 
unidad de convivencia, regulados en el artículo 4 del Reglamento aprobado mediante el 
Decreto 67/2012 de 20 de julio y modificado mediante Decreto 154/2015 de 18 de junio, 
se hace preciso modificar la primera de las disposiciones reglamentarias citadas, con la 
finalidad, al menos transitoriamente, de poder prestar dichos servicios en establecimientos 
alternativos al domicilio, y en su caso, en centros, que aun sin cumplir con la totalidad 
de  los  requisitos  previstos  en  el  citado  Reglamento,  muestren  aptitud  suficiente, 
garantizando, en todo caso, las medidas de seguridad y salubridad correspondientes, 
que permitan una acreditación provisional.
Para  estos  supuestos,  la  acreditación  provisional  alcanzará  el  tiempo  necesario 
durante el que se mantenga la emergencia o el estado de necesidad lo requiriese, no 
siéndoles de aplicación el régimen de acreditación que prevé la reglamentación de 
organización  y  funcionamiento  de  los  centros  de  atención  a  la  dependencia  en  la 
Comunidad Autónoma de Canarias, aprobada por el Decreto 67/2012, de 20 julio, con 
las modificaciones operadas por el Decreto 154/2015, de 18 de junio.
Por  otra  parte,  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias  ostenta  competencias  en 
materia de promoción de la actividad económica. Concretamente, el artículo 114.1 del 
Estatuto de Autonomía de Canarias reconoce que la Comunidad Autónoma de Canarias 
tiene competencia exclusiva en materia de planificación y promoción de la actividad 
económica en Canarias, lo que habilita para establecer y regular líneas de ayudas 
económicas  públicas  para  las  personas  trabajadoras  autónomas  como  para  las 
pequeñas y medianas empresas de nuestra comunidad autónoma, ejercitando con ello 
una  competencia  normativa  dentro  de  la  actividad  de  fomento  de  la  Comunidad 
Autónoma, a que se refiere el artículo 102.1 del mencionado Estatuto de Autonomía. 
A su vez, el artículo 130 del citado Estatuto de Autonomía establece que le corresponde 
a  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias  la  competencia  exclusiva  en  materia  de 
agricultura y ganadería, con respeto a lo establecido por el Estado en el ejercicio de las 
competencias que le atribuye el artículo 149.1.13.ª, 16.ª y 23.ª de la Constitución, así 
como la de desarrollo legislativo y de ejecución sobre la planificación de la agricultura y 
la ganadería y el sector agroalimentario.
En  consecuencia,  a  la  vista  de  las  circunstancias  descritas,  la  extraordinaria  y 
urgente necesidad de este Decreto-ley resulta plenamente justificada y proporcionada 
para atender las circunstancias sociales y económicas que se siguen derivando de la 
crisis sanitaria ocasionada por la pandemia, y como consecuencia de las necesidades 
derivadas de situaciones de emergencia por catástrofe natural ocasionadas por las 
erupciones volcánicas en la isla de La Palma.
III
El Decreto-ley se estructura en una parte expositiva, quince artículos estructurados 
en tres capítulos, dos disposiciones adicionales y siete disposiciones finales.
El  capítulo  I,  que  comprende  los  artículos  1  al  5  se  encarga  de  la  prestación 
destinada a las personas perceptoras de las Pensiones no contributivas, del Fondo de 
asistencia  social  y  del  Subsidio  de  garantía  de  ingresos  mínimos,  es  decir,  para  s
suplementar las cuantías económicas de estas prestaciones estatales, como expresión  oe.
de solidaridad social hacia las personas beneficiarias de las mismas. w.
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El capítulo III está destinado a las unidades de convivencia beneficiarias de la 
Prestación Canaria de Inserción residentes en los municipios de Los Llanos de Aridane, 
Tazacorte y El Paso y comprende los artículos 11 al 15 de este Decreto-ley.
La disposición adicional primera califica, a los efectos del reconocimiento y percibo 
de las Pensiones no contributivas, como renta o ingreso no computable, las prestaciones 
extraordinarias establecidas por este Decreto-ley en cuanto se destinan a compensar 
gastos de las personas beneficiarias a que se refiere el artículo 21.3, letra a) de la 
Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias.
La  disposición  adicional  segunda,  dada  la  gravedad  de  los  daños  materiales 
producidos por la erupción volcánica, especialmente en las viviendas de la zona, así 
como la posible incidencia sobre la actividad social y económica, que supondría el 
alejamiento de la zona de las unidades familiares afectadas, se requiere la necesaria 
aprobación de normas excepcionales en relación con el alojamiento provisional de las 
citadas  familias  en  viviendas  prefabricadas  puestas  a  disposición  por  el  Gobierno 
de Canarias. La aplicación de estas normas especiales conlleva necesariamente la 
suspensión de las reglas que con carácter general operan sobre el suelo donde se 
realizará la instalación de estas viviendas, establecidas en la Ley 4/2017, de 13 de julio, 
del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, sus reglamentos de 
desarrollo y en el planeamiento en vigor de los municipios afectados.
En cuanto a las disposiciones finales, la primera es relativa a la modificación del 
artículo 7 de la Ley de la Prestación Canaria de Inserción, con el añadido de un nuevo 
supuesto que permita la posibilidad de volver a ser personas beneficiarias a aquellas que en 
el pasado recibieran la ayuda económica básica, salieran del sistema, y en la actualidad 
cumplan con el resto de requisitos que establece la Ley con respecto a la cuantía mínima a 
percibir de PCI por parte de las personas beneficiarias de Ingreso Mínimo Vital (IMV), 
cuando dicha cuantía de IMV esté por debajo de lo que correspondería percibir por PCI, a 
fin de poder ajustar dicho mínimo a la cuantía actual de PCI, que se regula en los 
presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2021.
La disposición final segunda, que modifica el Decreto-ley 13/2021, de 28 de octubre, 
en  lo  relativo  a  los  requisitos  exigidos  a  los  beneficiarios  para  el  supuesto  de 
subvenciones a las explotaciones agrícolas destinadas a los cultivos de tomate, pepino, 
calabacín, calabaza y sandía, determinando que el requisito de haber sido beneficiario 
de las ayudas del Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de 
Canarias quede referido a la campaña 2020 de dicho Programa, en lugar de a la 
campaña 2021, por cuanto las subvenciones correspondientes a la campaña 2021 no 
han sido concedidas hasta la fecha, constituyendo por tanto, un requisito de imposible 
cumplimiento para los solicitantes.
La tercera de las disposiciones finales, para modificar el Decreto-ley 14/2021, de 28 
de  octubre,  por  el  que  se  regula  el  marco  general  para  la  tramitación  de  los 
procedimientos de concesión de ayudas con carácter de emergencia, destinadas a paliar 
las necesidades derivadas de la situación de emergencia producida por las erupciones 
volcánicas en la isla de La Palma, al objeto de exceptuar del requisito de inscripción en 
el Registro regulado en su artículo 8 a las personas titulares de explotaciones agrarias 
destinadas al cultivo del plátano, beneficiarias de las ayudas por pérdida de renta en este 
sector. Asimismo se establece que en el supuesto de pérdida de renta en el sector del 
plátano, el procedimiento se iniciará mediante solicitud presentada por las Organizaciones 
de Productores de Plátanos quienes además podrán llevar a cabo el pago de las ayudas 
si así se determina en la resolución de concesión. es
La disposición final cuarta, destinada a añadir una nueva disposición transitoria al  o
Dchllaaeaes nbc atirprlteieoteatnsorc cs yiio6óó n7snnea/  2prsa0vr o i1cdvp2ieoie,sp sridoes qenonu and2elai 0e dsa ne dct eeetsúsn eej  urnevsli iniocetu ,in oalp osceos ileró   ánnemm  le udbqsneiupti oceaid  cpdseiioeeops  sela a nhp ddapreuebr oenitmLbcaaiacao i  ocePineól aannRll m eedCsgae al a anlalamtaef eraericnauntasttaoo,td in vorpooesamsg r uaídpal eoa ppsrd eteoilnrrrams a dodicetnoirr ais lsol  liaassy      OE-A-2022-2985able en https://www.
volcánica.
La quinta para salvaguardar el rango reglamentario del citado Reglamento regulador, 
aprobado por el Decreto 67/2012, de 20 de julio.
La sexta, habilitando a las personas titulares de las Consejerías con competencias 
en materia de derechos y políticas sociales, de agricultura y de vivienda, a establecer 
las resoluciones e instrucciones que fueran necesarias para garantizar la eficacia de las 
medidas que se aprueban.
Y, por último, la disposición final séptima, relativa a la entrada en vigor de este 
Decreto-ley.
IV
En consecuencia, a la vista de los hechos descritos, la extraordinaria y urgente 
necesidad de este Decreto-ley resulta plenamente justificada.
La  adopción  de  medidas  mediante  Decreto-ley  ha  sido  avalada  por  el  Tribunal 
Constitucional  siempre  que  concurra  una  motivación  explícita  y  razonada  de  la 
necesidad –entendiendo por tal que la coyuntura de crisis sanitaria exige una rápida 
respuesta– y la urgencia –asumiendo como tal que la dilación en el tiempo de la 
adopción de la medida de que se trate mediante una tramitación por el cauce normativo 
ordinario  podría  generar  algún  perjuicio–.  El  Decreto-ley  constituye  un  instrumento 
constitucionalmente lícito, siempre que el fin que justifica la legislación de urgencia, sea, 
tal como reiteradamente ha exigido nuestro Tribunal Constitucional (sentencias 6/1983, 
de 4 de febrero, FJ 5; 11/2002, de 17 de enero, FJ 4, 137/2003, de 3 de julio, FJ 3 
y 189/2005, de 7 de julio, FJ 3), subvenir a una situación concreta, dentro de los 
objetivos gubernamentales, que por razones difíciles de prever requiere una acción 
normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía normal o por el 
procedimiento  de  urgencia  para  la  tramitación  parlamentaria  de  las  leyes,  máxime 
cuando la determinación de dicho procedimiento no depende del Gobierno.
La aprobación de este Decreto-ley se hace necesaria y urgente como consecuencia del 
impacto  económico  y  social  que  la  crisis  sanitaria  ocasionada  por  el  COVID-19  está 
ejerciendo sobre las personas en situación de vulnerabilidad y el riesgo de cronificación y 
aumento de la pobreza en el futuro si no se adoptan medidas con carácter inmediato, así 
como para adoptar medidas de apoyo social a las personas damnificadas por la erupción 
volcánica en la isla de La Palma, tanto de tipo económico a las unidades de convivencia 
beneficiarias de la PCI, como de tipo funcional o material a las personas en situación de 
dependencia, con la finalidad de poder seguir prestándoles los servicios asistenciales que 
tengan reconocidos, en establecimientos alternativos al domicilio que aun sin cumplir con la 
totalidad  de  los  requisitos  previstos  reglamentariamente,  muestren  aptitud  suficiente, 
garantizando, en todo caso, las medidas de seguridad y salubridad correspondientes. Por 
todo ello queda acreditada la concurrencia de motivos que justifican la extraordinaria y 
urgente necesidad de las medidas adoptadas en el presente Decreto-ley.
En lo que respecta a la modificación reglamentaria señalada, la misma se hace posible 
por la íntima conexión entre la regulación de los servicios de atención a la Dependencia 
recogida  en  el  Decreto  67/2012  de  20  de  julio,  y  la  atención  social  y  asistencial, 
extraordinaria y coyuntural, motivada por las circunstancias de fuerza mayor que concurren 
en La Palma a raíz de la erupción volcánica, de manera que se hace necesario y pertinente 
proceder a dar redacción a una nueva disposición transitoria en el citado Decreto a fin de 
atender a situaciones excepcionales derivadas de la pérdida de hogares y de los obligados 
desplazamientos a otros espacios habitacionales de las personas dependientes como  s
consecuencia de dicha catástrofe natural. En este caso, pues, queda justificado el empleo  oe.
de este instrumento normativo del decreto-ley para modificar si quiera puntualmente y de  w.
nmlae aDcneiesspriado astrdiac indóseni t eofilnreiaavl a lqar u erienl grtaau nldageco ióe dnset ed l eaD  enesoctrroemstoa s- erleeryvg.ilcaimose dneta aritae,n ecnió lno sa  tpéermrsionnoass q dueep seen dsieeñnatelasn,  seinn   2022-2985n https://ww
Ciertamente, no existen en la Constitución de 1978 [y tampoco en nuestro Estatuto
de Autonomía] reservas de reglamento, como el Tribunal Constitucional ha reiterado, lo  Bc
cual  implica  que  a  la  ley  no  le  está  vedada  la  regulación  de  materias  atribuidas 
anteriormente al poder reglamentario (por todas, STC 87/2018, de 19 de julio, FJ 3). 
Ello ha llevado a reconocer a dicho Tribunal «la aptitud del decreto-ley para abordar una 
regulación que podría haberse incluido en una norma reglamentaria, siempre que la 
exigencia  de  sistematicidad  en  la  regulación  de  la  materia  haga  aconsejable  su 
regulación conjunta a través del decreto-ley, pues lo que este Tribunal ha declarado 
inconstitucional,  por  contrario  al  artículo  86.1,  son  las  remisiones  reglamentarias 
exclusivamente deslegalizadoras carentes de cualquier tipo de plazo [SSTC 29/1982, 
de 31 de mayo, FJ 6, y 29/1986, de 28 de febrero, FJ 2 c)], y no las habilitaciones 
reglamentarias relacionadas con cambios organizativos [STC 23/1993, de 13 de febrero, 
FJ 6)] o necesarias, dada la imposibilidad técnica de proceder a una aplicación inmediata 
de los preceptos del decreto-ley» [STC 12/2015, de 5 de febrero, FJ 5)]. Profundizando 
en esta doctrina, el citado Tribunal ha considerado, pues, que la utilización del decreto-
ley solamente será constitucionalmente legítima si la norma reglamentaria no permite dar 
la respuesta urgente que requiere la situación que según el Gobierno es preciso resolver. 
De igual modo, más recientemente se incide en esta doctrina en la Sentencia 14/2020, 
de 28 de enero, en relación al Recurso de inconstitucionalidad núm. 2208-2019.
Además, nuestro marco legal permite la adopción de medidas extraordinarias en 
materia social, en el artículo 29 de la Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales 
de Canarias que define en el punto 3 que «En situaciones de urgencia y emergencia 
social acreditadas, cuando se requiera de un servicio o prestación, de forma extraordinaria 
se podrán establecer excepciones a todos o alguno de los requisitos establecidos en la 
legislación vigente».
Por lo expuesto, se justifica la necesidad de acudir a un decreto-ley para la adopción 
de una medida que afecta a una disposición reglamentaria, es decir para modificar una 
norma vigente que fue aprobada por el Gobierno y que por tanto no tiene el rango de ley.
Asimismo,  la  extraordinaria  y  urgente  necesidad  de  aprobar  este  Decreto-ley 
se  inscribe  en  el  juicio  político  o  de  oportunidad  que  corresponde  al  Gobierno 
(SSTC 61/2018, de 7 de junio, FJ 4; 142/2014, de 11 de septiembre, FJ 3) y esta 
decisión, sin duda, supone una ordenación de prioridades políticas de actuación (STC, 
de 28 de enero de 2020, Recurso de Inconstitucionalidad número 2208-2019), centradas 
en el cumplimiento de la seguridad jurídica y la cobertura de las necesidades básicas de 
la ciudadanía. Los motivos de oportunidad que acaban de exponerse demuestran que, 
en ningún caso, este Decreto-ley constituye un supuesto de uso abusivo o arbitrario de 
este instrumento constitucional (SSTC 61/2018, de 7 de junio, FJ 4; 100/2012, de 8 de 
mayo, FJ 8; 237/2012, de 13 de diciembre, FJ 4; 39/2013, de 14 de febrero, FJ 5). 
Al contrario, todas las razones expuestas justifican amplia y razonadamente la adopción 
de la norma (SSTC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3; 111/1983, de 2 de diciembre, 
FJ 5; 182/1997, de 20 de octubre, FJ 3).
Debe  señalarse  también  que  este  Decreto-ley  no  afecta  al  ámbito  de  aplicación 
delimitado por el artículo 46.2 del Estatuto de Autonomía de Canarias. Además, responde a 
los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, 
y  eficiencia,  tal  y  como  exige  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento 
Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas.  A  estos  efectos  se  pone  de 
manifiesto el cumplimiento de los principios de necesidad y eficacia dado el interés general 
en  el  que  se  fundamentan  las  medidas  que  se  establecen,  siendo  el  Decreto-ley  el 
instrumento más adecuado para garantizar su consecución. La norma es acorde con el 
principio de proporcionalidad al contener la regulación imprescindible para la consecución  es
de los objetivos previamente mencionados. Igualmente, se ajusta al principio de seguridad  o
aeejcuomsxrtpníadpl ibieaccllraae opc,c  iresódininneec , n iepldasnioo i ne  ecd xoleqc h eauteprreatrc íecnisnóusetnlpeo  a  qhcr2euoa6neny c,a  edinaple  ,ar  erryleaasaa  t ollLqoi zeudsayee d d l oi5ode 0recdl/rno1eets9itnfo 9iacst7mra-á,l  eimcedylnaeiettre soas2, m j 7ured erídgendeu tiec lpa onsa .ou reAtv li cpiseairipmmopapaibcsórrimtóseain,odt o ,od  pc yeú1u l sb1mGel ip cdoolaeebf rl i eteqaacrumnleueo db u,ii éndsaneaol      OE-A-2022-2985able en https://www.
precepto. Por último, en relación con el principio de eficiencia, este Decreto-ley no impone 
cargas administrativas adicionales a las existentes con anterioridad.
Por  otra  parte,  dada  la  finalidad  de  este  Decreto-ley  y  el  ámbito  material  de 
competencias donde se inserta, la presente disposición forma parte del bloque normativo 
sobre  servicios  sociales  derivado  de  las  competencias  exclusivas  en  esa  materia 
reconocidas  en  el  Estatuto  de  Autonomía  de  Canarias.  En  efecto,  el  Estatuto  de 
Autonomía de Canarias, aprobado por la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, 
establece en su artículo 142, referido a los «Servicios sociales», que «1. Corresponde a 
la Comunidad Autónoma de Canarias la competencia exclusiva en materia de servicios 
sociales, que incluye, en todo caso: a) La regulación y la ordenación de los servicios 
sociales,  las  prestaciones  técnicas  y  económicas  con  finalidad  asistencial  o 
complementaria de otros sistemas de previsión pública, así como de los planes y los 
programas específicos dirigidos a personas y colectivos en situación de pobreza o de 
necesidad social. (...).» En cuanto a la adopción de medidas económicas que afectan a 
las pensiones no contributivas, es relevante el artículo 140.2, relativo a las competencias 
en materia de Seguridad Social, del mismo Estatuto de Autonomía que reconoce que 
«La Comunidad Autónoma de Canarias tiene competencias ejecutivas sobre la gestión 
del régimen económico de la Seguridad Social, con pleno respeto a los principios de 
unidad económico-patrimonial y solidaridad financiera de la Seguridad Social.»
Por tanto, en el conjunto y en cada una de las medidas que se adoptan, concurren, 
por su naturaleza y finalidad, las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad 
que exige el artículo 86 de la Constitución Española y artículo 46 del Estatuto de 
Autonomía  de  Canarias  como  presupuestos  habilitantes  para  la  aprobación  de  un 
Decreto-ley.
Así, de acuerdo con los principios de necesidad y eficacia, la iniciativa se fundamenta 
en el interés general que supone atender a las circunstancias sociales y económicas 
excepcionales que siguen derivándose de la crisis de salud pública provocada por 
el COVID-19 en las personas beneficiarias de las pensiones no contributivas de la 
Seguridad Social (PNC) de invalidez y de jubilación, las del fondo de asistencia social 
(FAS), las del subsidio de garantía de ingresos mínimos (SGIM) y las de la Prestación 
Canaria de Inserción (PCI), siendo este el momento de adoptar esta medida de carácter 
extraordinario y urgente mediante el establecimiento de una prestación social puntual 
de  carácter  extraordinario  para  la  adquisición  de  material  de  protección  frente  a 
la  COVID-19  y  constituyendo  este  Decreto-ley  el  instrumento  más  adecuado  para 
garantizar su consecución.
Asimismo, las medidas contempladas en este Decreto-ley están encaminadas a 
establecer una prestación extraordinaria a conceder a las personas afectadas por los 
daños producidos por las erupciones del volcán de la isla de La Palma, que sean 
residentes en Los Llanos de Aridane, El Paso y Tazacorte y que en la actualidad fueran 
beneficiarias de la PCI.
Por eso, en virtud del artículo 46 del Estatuto de Autonomía de Canarias, y de acuerdo 
con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, el Decreto-ley constituye un instrumento 
constitucionalmente lícito, siempre que la finalidad que justifica la legislación de urgencia 
sea la de subvenir a una situación concreta, dentro de los objetivos gubernamentales, que, 
por razones difíciles de prever, requiera una acción normativa inmediata en un plazo más 
breve que el requerido por la vía normal o por el procedimiento de urgencia para la 
tramitación parlamentaria de las leyes, como es el caso.
En consecuencia, la actuación de los poderes públicos en materia de servicios sociales  es
persigue, entre otros objetivos, el de detectar y atender las situaciones de carencia de  o
rdyee evcHi tualoDarrms  eeocbblos err meib emsáus,sne giqinocduoc adeisdoe   ny eqe asdunrtesea  eg bes elexleanc c pelLeurre oaseydiló,n  u1n yz/ s 2csuaao0 lnc1 aim 0arst,liií ,tscd utmueaal ncoo2it  o6o4tni  e ddelmeeos  s pflda eopesb  r rsmipenueracsoriy sp,oa oiCorcn satnau nesagac cecerioniosameni ddreoaaes ldd e I degsse  uoldobcaeseilad  nglaa. rdcout rpueieoannsctrt,ieaó a rnMss eídu  cejpeo amrleoroass     OE-A-2022-2985able en https://www.
poderes públicos de Canarias, entre ellos, el de transversalidad, principio que comporta
aplicar la perspectiva de género en las fases de planificación, ejecución y evaluación de 
todas las políticas con la finalidad de eliminar las desigualdades y promover la igualdad 
entre mujeres y hombres. Desde esa perspectiva, el presente Decreto-ley, aunque se trata 
de una norma de una prestación extraordinaria para paliar situaciones de vulnerabilidad 
social, ha tenido en cuenta la perspectiva de género en su análisis previo y haciendo un 
uso no sexista del lenguaje utilizado en las expresiones utilizadas.
No se ha realizado el trámite de participación pública al amparo de lo que establece 
el artículo 26.11 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, de aplicación 
supletoria por mor de lo dispuesto en la disposición final primera de la Ley 1/1983, de 14 
de abril, del Gobierno y de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de 
Canarias, que excluye la aplicación de las normas para la tramitación de anteproyectos 
de ley y normas reglamentarias, a los decretos leyes, a excepción de la elaboración de la 
memoria prevista en el apartado 3 del citado artículo, con carácter abreviado.
En su virtud, en uso de la autorización contenida en el artículo 46 del Estatuto 
de Autonomía de Canarias, a propuesta conjunta del Presidente, de los Consejeros 
de  Hacienda,  Presupuestos  y  Asuntos  Europeos,  y  de  Administraciones  Públicas, 
Justicia y Seguridad, de las Consejeras de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y 
Juventud, y de Agricultura, Ganadería y Pesca, y de los Consejeros de Obras Públicas, 
Transportes y Vivienda, y de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y 
Planificación Territorial, y previa deliberación del Gobierno en su reunión celebrada el 
día 18 de noviembre de 2021, dispongo:
CAPÍTULO I
Prestación extraordinaria para las personas perceptoras de las Pensiones No 
Contributivas, Fondo de Asistencia Social y Subsidio de Garantía de Ingresos 
Mínimos
Artículo 1. Objeto.
Es objeto de este capítulo el establecimiento de una prestación social finalista y de 
carácter extraordinario a favor de las personas beneficiarias de pensiones de jubilación e 
invalidez en sus modalidades no contributivas (PNC), del Fondo de asistencia social 
(FAS), del Subsidio de garantía de ingresos mínimos (SGIM), concebida como prestación 
económica para cubrir los gastos sobrevenidos por motivo del COVID-19, a fin de 
atender la adquisición de los medios de protección de obligado cumplimiento.
Artículo 2. Finalidad y naturaleza jurídica.
Esta prestación social, finalista, personal e intransferible, está destinada a compensar 
gastos  que  se  realicen  por  las  personas  beneficiarias  derivados  de  la  pandemia 
del COVID-19, como puedan ser mascarillas, geles hidroalcohólicos, guantes, productos 
desinfectantes, o para la realización de pruebas de diagnóstico para la detección de esta 
enfermedad, con base a lo establecido en el artículo 21.3, letra a) de la Ley 16/2019, 
de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias.
Es una prestación única de carácter extraordinario no consolidable por lo que no 
implica derecho alguno a seguir percibiéndose en sucesivos años.
Artículo 3. Cuantía y pago. oe.
1. La cuantía individual de estas ayudas se fija en 250 euros, que se abonarán  85ww
mSoecdiiaalnetse,  Iugnu apldaagdo,  úDniviceor,s idqaude  ys eJ urevaelniztuadrá  ddeel  Gooficbiioe rnpoo r dlea  CCaonnasreiajesr íaa  dlaes  Dpeerrseocnhaoss 
ibnetenreefsicaiadraia, su naa l avse zq luae e snetr aredfaie eren  evli gaorrt ídcuello p r5e, sseinnt eq uDee scere ptor-eleciys.e solicitud de la persona
2. La resolución de reconocimiento y pago será publicada en el «Boletín Oficial de 
Canarias» a los efectos de notificación de todas las personas beneficiarias.
3. El pago se efectuará mediante transferencia bancaria en la cuenta en la que las 
personas beneficiarias tengan domiciliado el percibo ordinario de su pensión o prestación.
Artículo 4. Financiación.
Las  obligaciones  que  se  reconozcan  como  consecuencia  de  la  aplicación  del 
presente  Decreto-ley  serán  financiadas  con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria 
23.07.231I.4800100  L.A.  234G0976  «Ayudas  Integración  Social-Renta  Ciudadana» 
FONDO  4023038  «Lucha  contra  la  pobreza  y  Prestaciones  Básicas  de  Servicios 
Sociales», prevista en los  Presupuestos  Generales  de la Comunidad Autónoma de 
Canarias para 2021.
Artículo 5. Personas beneficiarias y devengo.
Serán  personas  beneficiarias  de  estas  prestaciones  sociales  de  carácter 
extraordinario  las  que  tengan  reconocida  y  perciban  las  pensiones  de  invalidez  y 
jubilación en su modalidad no contributiva (PNC), las del Fondo de asistencia social 
(FAS) y las del subsidio de garantía de ingresos mínimos (SGIM) y que se encuentren en 
situación de alta en nómina a 10 de diciembre de 2021, o a las que les sea reconocido 
con carácter retroactivo el derecho en esa fecha, y sean residentes en la Comunidad 
Autónoma de Canarias.
Asimismo, esta prestación se hará efectiva durante el año 2022 a aquellas personas 
que, si bien, en la fecha citada, no estuvieron de alta en nómina, con posterioridad quede 
acreditada  su  incorporación  en  la  misma  con  efecto  retroactivo  anterior  al  31  de 
diciembre de 2021.
CAPÍTULO II
Prestación destinada a las Unidades de Convivencia Beneficiarias de la Prestación 
Canaria de Inserción
Artículo 6. Objeto.
Es objeto de este Capítulo el establecimiento de una prestación social extraordinaria 
a favor de las personas titulares de la Prestación Canaria de Inserción (PCI) para hacer 
frente a los gastos generados como consecuencia de la pandemia del COVID-19.
Artículo 7. Finalidad y naturaleza jurídica.
1. Esta  prestación  económica  tiene  carácter  de  prestación  extraordinaria  con 
carácter finalista y suplementario, que se realiza para compensar gastos derivados de la 
pandemia del COVID-19, como puedan ser mascarillas, geles hidroalcohólicos, guantes, 
productos desinfectantes o para la realización de pruebas de diagnóstico para la detección 
de esta enfermedad, así como para cubrir otras necesidades básicas a que se refiere el 
artículo 21.3, letra a) de la Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias.
2. Esta  prestación  no  será  computable  a  efectos  de  la  determinación  de  los 
recursos económicos para el cálculo de la PCI que les pudiera corresponder a las 
personas  integrantes  de  la  unidad  de  convivencia  beneficiaria,  a  que  se  refiere  el  e.
artículo 8 de la Ley de la Prestación Canaria de Inserción. w.b
3. Esta  prestación  económica,  dirigida  a  las  personas  titulares  de  la  PCI,  es  85ww
cinotnrasnoslifdearibbllee ,e nti erenlea cicóanr áccotne rl ase xcturaaonrtdíainsa qruioe  pyo rn eastutera cleoznac epjutroí dtuicvaie rdaen  rseucpolneomceidnatos . no
Artículo 8. Cuantía y pago.
1. La cuantía individual de esta prestación extraordinaria se fija en 250 euros, que 
se abonará mediante un pago único, que se realizará de oficio por la Consejería de 
Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias a las 
personas beneficiarias a las que se refiere el artículo 10, sin que se precise solicitud de 
la persona interesada.
2. La resolución de reconocimiento y pago será publicada en el «Boletín Oficial de 
Canarias» a los efectos de notificación a todas las personas beneficiarias.
3. Este pago se efectuará mediante transferencia bancaria en la cuenta en la que 
las personas beneficiarias tengan domiciliado el percibo ordinario de su prestación.
Artículo 9. Financiación.
Las  obligaciones  que  se  reconozcan  como  consecuencia  de  la  aplicación  de 
esta  disposición  serán  financiadas  con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria 
23.07.231I.4800100  L.A.  234G0976  «Ayudas  Integración  Social-Renta  Ciudadana» 
FONDO  4023038  «Lucha  contra  la  pobreza  y  Prestaciones  Básicas  de  Servicios 
Sociales», prevista en los  Presupuestos  Generales  de la Comunidad Autónoma de 
Canarias para 2021.
Artículo 10. Personas beneficiarias y devengo.
1. Serán  beneficiarias  las  personas  perceptoras  titulares  de  la  unidad  de 
convivencia que tengan reconocida la PCI y en quienes concurra esta condición a fecha 
de 10 de diciembre de 2021, o a las que les sea reconocido con carácter retroactivo el 
derecho en esa fecha. Asimismo, esta prestación se hará efectiva durante el año 2022 a 
aquellas personas que, si bien, en la fecha citada no estuvieron de alta en nómina, 
quede acreditada su incorporación en la misma con efecto retroactivo anterior al 31 de 
diciembre de 2021.
2. Sólo se abonará una prestación por unidad de convivencia, sin perjuicio del 
abono de la prestación extraordinaria prevista en el capítulo III de este Decreto-ley.
CAPÍTULO III
Prestación extraordinaria para las personas perceptoras de la Prestación Canaria 
de Inserción en los municipios de Los Llanos de Aridane, El Paso y Tazacorte
Artículo 11. Objeto.
Es objeto de este capítulo el establecimiento de una prestación social extraordinaria 
a favor de las personas titulares de la Prestación Canaria de Inserción (PCI), residentes 
en los municipios afectados por la erupción volcánica en La Palma de Los Llanos de 
Aridane, El Paso y Tazacorte; con el objeto de hacer frente a los gastos directos o 
indirectos ocasionados por la situación derivada de la crisis volcánica acontecida el 
pasado 19 de septiembre de 2021.
Artículo 12. Finalidad y naturaleza jurídica.
1. Esta  prestación  económica  tiene  carácter  de  prestación  extraordinaria  con  e
carácter  finalista  y  suplementaria,  que  se  realiza  para  compensar  gastos  sociales  bo
derivados de la erupción volcánica, como puedan ser traslados, gastos suplementarios  85ww
oeddtneirre  a2acs lt doanej,ae  momc eiaiensyndidotiroa,e  ddcyeet/aos S ,  mbedáreavs niilccauiao teessrn  uSacp ioócqcniuóia,e nly e s vseeo nd lcr eegá feCnieniacrenaera  aeerlni,la   tasloar.dt íioscslua l aodq e2u 1eL.la3lo ,P sl eagtlmerana ea, r)aa sddíoe cs lo apm oLore  lpya a 1ara6fe /2ccu0cb1iór9nir,    OE-A-2022-29able en https://
2. Esta  prestación  no  será  computable  a  efectos  de  la  determinación  de  los 
recursos económicos para el cálculo de la PCI que les pudiera corresponder a las 
personas  integrantes  de  la  unidad  de  convivencia  beneficiaria,  a  que  se  refiere  el 
artículo 8 de la Ley de la Prestación Canaria de Inserción.
3. Esta  prestación  económica,  dirigida  a  las  personas  titulares  de  la  PCI,  es 
intransferible,  tiene  carácter  extraordinario  y  naturaleza  jurídica  de  suplemento  no 
consolidable en relación con las cuantías que por este concepto tuvieran reconocidas. 
Será compatible con el percibo de la prestación extraordinaria regulada en el capítulo II 
de este Decreto-ley.
Artículo 13. Cuantía y pago.
1. La cuantía individual de esta prestación extraordinaria se fija en un importe 
equivalente a la misma cuantía de PCI que a la entrada en vigor de este Decreto-ley 
tenga reconocida la unidad de convivencia, incluyendo el complemento por menor a 
cargo, y que se abonará mediante un pago único, que se realizará de oficio por la 
Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de 
Canarias a las personas beneficiarias a las que se refiere el artículo 15, sin que se 
precise solicitud de la persona interesada.
2. La resolución de reconocimiento y pago será publicada en el «Boletín Oficial de 
Canarias» a los efectos de notificación a todas las personas beneficiarias.
3. Este pago se efectuará mediante transferencia bancaria en la cuenta en la que 
las personas beneficiarias tengan domiciliado el percibo ordinario de su prestación.
Artículo 14. Financiación.
Las  obligaciones  que  se  reconozcan  como  consecuencia  de  la  aplicación  de 
esta  disposición  serán  financiadas  con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria 
23.07.231I.4800100  L.A.  234G0976  «Ayudas  Integración  Social-Renta  Ciudadana» 
FONDO  4023038  «Lucha  contra  la  pobreza  y  Prestaciones  Básicas  de  Servicios 
Sociales», prevista en los  Presupuestos  Generales  de la Comunidad Autónoma de 
Canarias para 2021.
Artículo 15. Personas beneficiarias.
Serán beneficiarias las personas perceptoras titulares de la unidad de convivencia 
que tengan reconocida la PCI y en quienes concurra esta condición a fecha de 10 de 
diciembre de 2021, o a las que les sea reconocido con carácter retroactivo el derecho en 
esa fecha. Asimismo, esta prestación se hará efectiva durante el año 2022 a aquellas 
personas que, si bien, en la fecha citada no estuvieron de alta en nómina, quede 
acreditada  su  incorporación  en  la  misma  con  efecto  retroactivo  anterior  al  31  de 
diciembre  de  2021  y  se  hallaren  empadronadas  en  los  municipios  de  Los  Llanos 
de Aridane, El Paso y Tazacorte (La Palma).
Disposición adicional primera. Carácter de renta o ingreso no computable.
Las prestaciones reguladas en este Decreto-ley se excluirán y no se tendrán en 
cuenta para el cómputo de rentas por premios o recompensas otorgadas a personas con 
discapacidad en los centros ocupacionales o sociosanitarios, subvenciones, ayudas o 
becas destinadas a compensar un gasto realizado, así como por cualesquiera de las  e.
prestaciones o ayudas económicas y en especie otorgadas por las Administraciones  w.
públicas canarias. 85ww
Disposición adicional segunda. Régimen de uso del suelo en los municipios de Los 
Llanos  de  Aridane,  El  Paso  y  Tazacorte  destinado  al  realojo  temporal  de  uso 
residencial de personas por motivo de la erupción volcánica.
1. La  instalación  de  viviendas  prefabricadas  destinadas  por  el  Gobierno  de 
Canarias a realojar temporalmente a las personas afectadas por la erupción volcánica 
acontecida en la isla de La Palma el 19 de septiembre de 2021, podrá desarrollarse en 
cualquier parcela de titularidad pública del ámbito municipal de Los Llanos de Aridane, 
El Paso y Tazacorte y que tengan la clasificación de suelo urbano, urbanizable, rústico 
de asentamiento o rústico común, con independencia de los parámetros urbanísticos que 
sobre  dichas  parcelas  fijen  los  correspondientes  planes  de  ordenación  y  demás 
normativa que les pueda ser de aplicación.
2. El uso residencial asignado a las citadas parcelas, una vez finalizado el montaje 
de las viviendas prefabricadas, tendrá carácter temporal por un plazo máximo de siete 
años a contar desde la entrada en vigor del presente Decreto-ley y, en todo caso, hasta 
que finalice la fase de realojo temporal de las familias residentes en dichas viviendas.
3. En todo caso, corresponde a los ayuntamientos en cuyos municipios se ubiquen 
las viviendas prefabricadas, el desarrollo de las infraestructuras de acceso rodado a las 
parcelas, suministros de energía eléctrica, agua potable y de saneamiento precisas que 
garanticen  la  correcta  funcionalidad  de  las  viviendas  que  sean  instaladas.  Dichas 
actuaciones quedan amparadas, desde el punto de vista territorial, por el presente 
Decreto-ley.
4. Los preceptos de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios 
Naturales Protegidos de Canarias; sus reglamentos de desarrollo y demás disposiciones 
concordantes  que  contradigan  lo  dispuesto  en  la  presente  disposición  quedan 
suspendidos para el ámbito concreto de localización de las viviendas prefabricadas 
durante el citado plazo de siete años señalado en el apartado 2 de esta Disposición.
Una vez concluido dicho plazo o finalizado el proceso de realojo temporal de las 
personas afectadas, los terrenos definidos en el presente Decreto-ley recuperarán el 
régimen jurídico determinado por los instrumentos de ordenación, en aplicación de las 
disposiciones legales vigentes en materia de suelo, debiendo ser restituidos a su estado 
inicial por el Gobierno de Canarias.
Disposición final primera. Modificación de la Ley 1/2007, de 17 de enero, por la que se 
regula la Prestación Canaria de Inserción.
Se incluye una nueva letra c) al apartado 3 del artículo 7 de la Ley 1/2007, de 17 de 
enero, por la que se regula la Prestación Canaria de Inserción, que queda redactada 
como sigue:
«c) Aquellas otras personas que en el pasado hubieran sido titulares de la 
ayuda económica básica, y que, habiéndola agotado, se encuentran fuera del 
sistema de la Prestación Canaria de Inserción y cumplan con el resto de los 
requisitos y circunstancias establecidos en la presente ley.»
Disposición final segunda. Modificación del Decreto-ley 13/2021 de de 28 de octubre, 
por el que se regula, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, la 
concesión directa de subvenciones destinadas a paliar la difícil situación económica 
que  atraviesan,  como  consecuencia  de  la  crisis  sanitaria  ocasionada  por  es
el  COVID-19,  determinados  sectores  económicos,  agrícolas,  agroalimentarios,  o
ganaderos y pesqueros. 85www.
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sanitaria ocasionada por el COVID-19, determinados sectores económicos, agrícolas,
agroalimentarios,  ganaderos  y  pesqueros,  que  queda  redactado  en  los  términos 
siguientes:
«2) Que hayan sido beneficiarias durante la campaña 2020 de las ayudas del 
Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias por los 
citados cultivos.»
Disposición final tercera. Modificación del Decreto-ley 14/2021 de 28 de octubre, por el 
que  se  regula  el  marco  general  para  la  tramitación  de  los  procedimientos  de 
concesión  de  ayudas  con  carácter  de  emergencia,  destinadas  a  paliar  las 
necesidades derivadas de la situación de emergencia producida por las erupciones 
volcánicas en la isla de La Palma.
Se modifica el Decreto-ley 14/2021 de 28 de octubre, por el que se regula el marco 
general para la tramitación de los procedimientos de concesión de ayudas con carácter 
de  emergencia,  destinadas  a  paliar  las  necesidades  derivadas  de  la  situación  de 
emergencia producida por las erupciones volcánicas en la isla de La Palma, en los 
siguientes términos:
Uno. Se modifica el apartado 1 del artículo 14 añadiendo una nueva letra c) con el 
siguiente contenido:
«c) Se exceptúa del requisito de inscripción en el Registro regulado en el 
artículo 8 anterior para poder ser beneficiarias de las ayudas por pérdida de renta 
en  el  sector  del  plátano  a  las  personas  titulares  de  explotaciones  agrarias 
destinadas a dicho cultivo. No obstante, el departamento competente en materia 
de agricultura comunicará al referido Registro los datos relativos a las personas 
beneficiarias.»
Dos. Se modifica el artículo 15 en los siguientes términos:
«Artículo 15. Daños subvencionables.
Los daños personales, materiales en viviendas, enseres, establecimientos y/o 
bienes  de  equipo  afectos  a  las  actividades  empresariales,  a  explotaciones 
agrícolas, ganaderas, acuícolas y marisqueras, en las embarcaciones pesqueras y 
lonjas, así como los perjuicios económicos objeto de las ayudas y subvenciones 
que se concedan por la situación de emergencia o catástrofe natural regulados en 
este Decreto-ley, serán los que consten verificados en el Registro contemplado en 
el artículo 8, salvo en el supuesto contemplado en la letra c) del apartado 1 del 
artículo 14.»
Tres. Se modifica el artículo 18, renumerando el apartado 2 como apartado 3, y 
añadiendo un nuevo contenido al apartado 2 con la siguiente redacción:
«2. En el supuesto de las ayudas por pérdida de renta en el sector del 
plátano  el  procedimiento  se  iniciará  a  instancia  de  parte,  mediante  solicitud 
presentada por las Organizaciones de Productores de Plátanos en los términos 
que se establezca en la disposición normativa a que se refiere el apartado 1 del 
presente artículo.»
Cuatro. Se modifica el apartado 1, del artículo 21 en los siguientes términos: b
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ayudas por pérdida de renta en el sector del plátano dichas resoluciones de
concesión se podrán dictar en función de las sucesivas solicitudes presentadas.
El órgano gestor deberá publicar en la sede electrónica el agotamiento de la 
partida asignada y la desestimación expresa a las personas interesadas.»
Cinco. Se añade una disposición adicional decimoquinta en los siguientes términos:
«Disposición adicional decimoquinta. Pago de las ayudas por pérdida de renta 
en el sector del plátano.
El pago de las ayudas por pérdida de renta en el sector del plátano a las 
personas  titulares  de  explotaciones  agrarias  destinadas  a  dicho  cultivo  podrá 
llevarse a cabo por las Organizaciones de Productores de Plátanos si así se 
determina en la resolución de concesión y en los términos que se establezca en la 
misma.»
Disposición final cuarta. Modificación del Decreto 67/2012, 20 julio, por el que se 
aprueba el Reglamento regulador de los centros y servicios que actúen en el ámbito 
de la promoción de la autonomía personal y la atención a personas en situación de 
dependencia en Canarias.
Se añade una nueva disposición transitoria segunda al Decreto 67/2012, de 20 julio, 
por el que se aprueba el Reglamento regulador de los centros y servicios que actúen 
en el ámbito de la promoción de la autonomía personal y la atención a personas en 
situación de dependencia en Canarias, modificado por el Decreto 154/2015, de 18 de 
junio, con el siguiente tenor:
«Disposición transitoria segunda. Acreditación provisional de funcionamiento de 
centros y servicios de personas dependientes por razones de emergencia 
social y continuidad de los servicios de atención a la Dependencia en otros 
espacios habitacionales en los municipios de La Palma afectados por la crisis 
volcánica.
1. Como  consecuencia  de  la  emergencia  social  derivada  de  la  erupción 
volcánica acontecida en la isla de La Palma el 19 de septiembre de 2021, la 
Administración competente podrá acreditar provisionalmente centros o servicios 
de la titularidad de personas o entidades proveedoras de algunos de los servicios 
a que se refiere el artículo 4 del Reglamento regulador de los centros y servicios 
que actúen en el ámbito de la promoción de la autonomía personal y la atención a 
personas en situación de dependencia en Canarias, aprobado por este Decreto 
que aun no cumpliendo con la totalidad de los requisitos reglamentariamente 
establecidos,  muestren  aptitud  y  capacidad  suficientes  para  la  prestación  de 
dichos servicios.
Para  estos  supuestos,  la  acreditación  provisional  alcanzará  el  tiempo 
necesario durante el que se mantenga la emergencia volcánica o el estado de 
necesidad lo requiriese, no siéndoles de aplicación el régimen de acreditación que 
prevé  la  reglamentación  de  organización  y  funcionamiento  de  los  centros  de 
atención a la dependencia en la Comunidad Autónoma de Canarias. aprobada por 
este Decreto.
2. Las personas residentes en los municipios de Los Llanos de Aridane, 
El  Paso  y  Tazacorte,  reconocidas  en  situación  de  dependencia,  y  que  como  s
consecuencia de la mencionada erupción volcánica se hallaren afectadas por la  e.
pérdida de sus viviendas o de otros establecimientos prestadores de servicios,  w.
podrán  continuar  recibiendo  las  prestaciones  correspondientes  a  los  servicios  85ww
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obstante una aptitud y capacidad suficientes,  previo informe motivado de los
servicios sociales de atención primaria o de los servicios sociales especializados 
que correspondan, garantizándose, en todo caso, las medidas de seguridad y 
salubridad que fueran precisas.»
Disposición final quinta. Salvaguardia del rango de disposiciones reglamentarias.
Las modificaciones que con posterioridad a la entrada en vigor de este Decreto-ley 
puedan realizarse respecto a las normas reglamentarias que son objeto de modificación 
por el mismo, en particular al Decreto 67/2012, de 20 julio, podrán ser efectuadas por 
normas con rango de decreto.
Disposición final sexta. Habilitación a las Consejerías competentes en las materias de 
derechos y políticas sociales, de agricultura y de vivienda.
Corresponde a las personas titulares de las Consejerías competentes en las materias 
de derechos y políticas sociales, de agricultura y de vivienda, dictar respectivamente 
las  resoluciones  e  instrucciones  interpretativas  que,  en  las  esferas  específicas  de 
su  actuación,  sean  necesarias  para  garantizar  la  eficacia  de  lo  dispuesto  en  este 
Decreto-ley.
Disposición final séptima. Entrada en vigor.
Este Decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial de Canarias».
Dado en Canarias, 18 de noviembre de 2021.–El Presidente del Gobierno, Ángel 
Víctor  Torres  Pérez.–El  Vicepresidente  y  Consejero  de  Hacienda,  Presupuestos  y 
Asuntos  Europeos,  Román  Rodríguez  Rodríguez.–El  Consejero  de  Administraciones 
Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Manuel Pérez Hernández.–La Consejera de Derechos 
Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Noemí Santana Perera.–La Consejera de 
Agricultura,  Ganadería  y  Pesca,  Alicia  Vanoostende  Simili.–El  Consejero  de  Obras 
Públicas, Transportes y Vivienda, Sebastián Franquis Vera.–El Consejero de Transición 
Ecológica, Lucha Contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, José Antonio 
Valbuena Alonso.
(Publicado en el «Boletín Oficial de Canarias» número 238, de 19 de noviembre de 2021. Convalidado 
por Resolución del Parlamento de Canarias, publicada en el «Boletín Oficial de Canarias» número 268, 
de 30 de diciembre de 2021).