BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 314 Viernes 31 de diciembre de 2021 Sec. I.   Pág. 167795
I. DISPOSICIONES GENERALES
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
21884 Real Decreto 1150/2021, de 28 de diciembre, por el que se aprueba la 
Estrategia de Seguridad Nacional 2021.
La Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional, establece que la 
política de Seguridad Nacional es una política pública, en la que bajo la dirección del 
Presidente  del  Gobierno  y  la  responsabilidad  del  Gobierno,  participan  todas  las 
administraciones públicas, de acuerdo con sus respectivas competencias, y la sociedad 
en general, para responder a las necesidades de la Seguridad Nacional.
Para materializar esta visión inclusiva del conjunto de los componentes del sector 
público, del sector privado y de la sociedad en su conjunto en la plasmación de la política 
de Seguridad Nacional, la citada ley prevé que la Estrategia de Seguridad Nacional se 
configure como el marco político estratégico de referencia de la Política de Seguridad 
Nacional.  Asimismo,  prevé  que  contendrá  el  análisis  del  entorno  estratégico,  la 
concreción  de  los  riesgos  y  amenazas  que  afectan  a  la  seguridad  de  España,  la 
definición  de  las  líneas  de  acción  estratégicas  en  cada  ámbito  de  actuación  y  la 
promoción de la optimización de los recursos existentes.
A nivel procedimental, establece que será elaborada a iniciativa del Presidente del 
Gobierno, quien la someterá a la aprobación del Consejo de Ministros, y se revisará cada 
cinco años o cuando lo aconsejen las circunstancias cambiantes del entorno estratégico. 
Una vez aprobada, será presentada en las Cortes Generales y, en concreto, en la 
Comisión Mixta Congreso-Senado de Seguridad Nacional.
En el año 2011 se aprobó la primera Estrategia Española de Seguridad al término de 
la IX Legislatura, sin margen temporal para su desarrollo.
En la X Legislatura, y tras la adecuación de la estructura de la Presidencia del 
Gobierno que dio carta de naturaleza a la creación del Departamento de Seguridad 
Nacional, por Real Decreto 1119/2012, de 20 de julio, se procedió a la revisión de la 
Estrategia de 2011, que tras un proceso de amplio espectro, consensuado a nivel político 
y abierto a la sociedad, cristalizó el 31 de mayo de 2013 en una nueva Estrategia de 
Seguridad  Nacional,  estrategia  que  fue  sustituida  por  la  aprobada  a  propuesta  del 
Presidente del Gobierno y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del 
día 1 de diciembre de 2017, vigente actualmente.
El Presidente del Gobierno consideró que las circunstancias cambiantes, planteadas 
en España y en el mundo en general por la situación de la pandemia de la COVID-19 
hacían necesario adelantar el periodo de renovación de la Estrategia de Seguridad 
Nacional vigente desde el año 2017 y, en la reunión del Consejo de Seguridad Nacional 
del 22 de junio de 2020, dio el mandato de iniciar la elaboración de una nueva estrategia, 
ahora materializada.
A iniciativa del Presidente del Gobierno, el Consejo de Seguridad Nacional celebrado 
el día 6 de octubre de 2020 adoptó el Acuerdo por el que se aprueba el procedimiento 
para  la  elaboración  de  la  Estrategia  de  Seguridad  Nacional  2021,  y  que  ha  sido 
elaborada de acuerdo con las previsiones de la Ley de Seguridad Nacional.
Las motivaciones que han impulsado la revisión de la vigente Estrategia se centran  s
en la necesidad de adaptarla a la cambiante situación de los ámbitos de la Seguridad  oe.
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El texto de la nueva Estrategia, elaborado de conformidad con el procedimiento 
aprobado en el acuerdo antes mencionado, ha sido sometido a informe favorable del 
Consejo  de  Seguridad  Nacional  en  su  reunión  celebrada  el  día  18  de  noviembre 
de 2021.
La aprobación de la Estrategia corresponde al Gobierno mediante real decreto según 
dispone el artículo 14.b) de la Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional, 
a propuesta del Presidente del Gobierno, según lo establecido en el artículo 15.b) del 
mismo texto legal.
En su virtud, a propuesta del Presidente del Gobierno, y previa deliberación del 
Consejo de Ministros en su reunión del día 28 de diciembre de 2021,
DISPONGO:
Artículo único.  Aprobación de la Estrategia de Seguridad Nacional 2021.
Se aprueba la Estrategia de Seguridad Nacional 2021, la cual se configura como el 
marco político-estratégico de referencia de la política de Seguridad Nacional, y cuyo 
texto se incluye a continuación.
Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
Queda derogado el Real Decreto 1008/2017, de 1 de diciembre, por el que se 
aprueba la Estrategia de Seguridad Nacional 2017.
Disposición final primera.  Títulos competenciales.
Este real decreto se dicta al amparo de los títulos competenciales previstos en el 
artículo  149.1.4.ª  y  29.ª  de  la  Constitución  Española,  que  atribuye  al  Estado  la 
competencia exclusiva en materia de Defensa y Fuerzas Armadas y en materia de 
seguridad pública, respectivamente.
Disposición final segunda.  Habilitación para el desarrollo reglamentario.
Se autoriza al Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el 
desarrollo de este real decreto.
Disposición final tercera.  Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 28 de diciembre de 2021.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN
ESTRATEGIA DE SEGURIDAD NACIONAL 2021
El Consejo de Seguridad Nacional ha sido el órgano responsable de la elaboración 
de la Estrategia de Seguridad Nacional 2021, en cuyo proceso han participado los 
departamentos ministeriales y el Centro Nacional de Inteligencia.
También han participado las Comunidades y Ciudades Autónomas a través de la 
Conferencia Sectorial para Asuntos de Seguridad Nacional.
La Estrategia de Seguridad Nacional 2021 incluye asimismo las aportaciones de 
expertos independientes, personas de reconocido prestigio, conocimientos y experiencia 
en el campo de la seguridad.
La  coordinación  del  proceso  ha  sido  llevada  a  cabo  por  el  Departamento  de 
Seguridad Nacional del Gabinete de la Presidencia del Gobierno en su condición de 
Secretaría  Técnica  y  Órgano  de  Trabajo  Permanente  del  Consejo  de  Seguridad 
Nacional.
ÍNDICE
Resumen Ejecutivo.
Introducción.
Capítulo 1.  Seguridad global y vectores de transformación.
Capítulo 2.  Una España segura y resiliente.
Capítulo 3.  Riesgos y amenazas.
Capítulo 4.  Un planeamiento estratégico integrado.
Capítulo 5.  El Sistema de Seguridad Nacional y la Gestión de Crisis.
RESUMEN EJECUTIVO
La Estrategia de Seguridad Nacional 2021 se estructura en cinco capítulos.
El primer capítulo, titulado «Seguridad Global y Vectores de Transformación», analiza 
el  contexto  internacional  de  seguridad.  La  Estrategia  identifica  la  pandemia  de  la 
COVID-19 como un factor que ha producido una aceleración de las principales dinámicas 
globales que afectan a la seguridad. Sin poder afirmar categóricamente que se trata de 
un cambio de era, sí que se percibe el momento actual como etapa de transición. La 
característica predominante es la incertidumbre sobre un futuro donde la transformación 
digital y la transición ecológica se configuran como las principales palancas de cambio 
en un escenario de mayor competición geopolítica.
El segundo capítulo, «Una España Segura y Resiliente», traza un perfil de España y 
su seguridad. Desde su identificación como país de condición europea, mediterránea y 
atlántica, se realiza un recorrido geográfico, donde Europa, Magreb y Oriente Próximo, 
África Subsahariana, América del Norte, América Latina y el Caribe, y Asia-Pacífico se 
analizan desde el prisma de la Seguridad Nacional.
El tercer capítulo recoge los riesgos y las amenazas a la Seguridad Nacional, cuyas 
principales  características  son  su  interrelación  y  dinamismo.  De  esta  forma,  el 
seguimiento de las conexiones entre riesgos resulta tan importante como su análisis de 
forma independiente. La principal actualización en el mapa de riesgos es la inclusión de 
las campañas de desinformación. Además, la tecnología y las estrategias híbridas son 
elementos transversales al conjunto de riesgos y amenazas a la Seguridad Nacional.
El cuarto capítulo, titulado «Un Planeamiento Estratégico Integrado», establece tres  es
objetivos,  que  marcan  las  prioridades  de  la  Seguridad  Nacional  para  este  ciclo  o
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los  que  se  estructuran  las  líneas  de  acción.  Este  planteamiento  otorga  especial
relevancia al avance en la integración del Sistema de Seguridad Nacional y a la acción 
frente a situaciones de crisis. A los efectos de articular una política preventiva, se 
identifica como área clave el establecimiento de un sistema de alerta temprana, sobre 
una  base  tecnológica,  que  proporcione  indicadores  para  todos  los  ámbitos  de  la 
Seguridad Nacional.
La Estrategia de Seguridad Nacional 2021 plantea iniciativas necesarias, como por 
ejemplo, la creación de una reserva estratégica basada en capacidades nacionales de 
producción industrial o el desarrollo de un plan integral de seguridad para Ceuta y 
Melilla.
En el plano internacional, España apuesta por una mayor autonomía estratégica 
europea, donde al impulso de la Política Común de Seguridad y Defensa y del espacio 
de libertad, seguridad y justicia se unen la mejora de la seguridad sanitaria, el avance en 
la unión energética o el mayor protagonismo de la Unión Europea en la gestión de crisis 
transfronterizas. Además, en materia de seguridad colectiva, la revisión estratégica de la 
OTAN supondrá un hito importante, que incluirá la colaboración con la Unión Europea 
como una de sus líneas de acción.
Finalmente, el quinto capítulo está dedicado a la gestión de crisis en el marco del 
Sistema de Seguridad Nacional, con un enfoque que parte de una visión del principio de 
resiliencia  que  incluye  la  progresión  desde  una  situación  de  normalidad  hasta  la 
recuperación después de una situación de crisis. El avance en la integración del Sistema 
se materializa en actuaciones concretas. La primera de ellas es la elaboración de un 
catálogo de recursos de la Seguridad Nacional. La segunda es la preparación de planes 
de respuesta para determinados escenarios. La tercera es el desarrollo de un sistema de 
alerta temprana y análisis con indicadores que faciliten la toma de decisiones basada en 
datos objetivos concretos. La cuarta medida hace referencia a la integración de la 
información de la Seguridad Nacional a través de soluciones tecnológicas. La mejora de 
las comunicaciones especiales de la Presidencia del Gobierno es la quinta medida, que 
contribuirá a la eficiencia del Sistema de Seguridad Nacional, al permitir una mayor 
coordinación entre administraciones en materia de gestión de crisis. La sexta y última 
medida contempla la integración de las Comunidades y Ciudades Autónomas en el 
Sistema de Seguridad Nacional.
INTRODUCCIÓN
En condiciones normales, la revisión de la Estrategia de Seguridad Nacional 2017 
hubiese llevado a cabo pasados cinco años. Sin embargo, el impacto de la pandemia de 
la COVID-19 y el incremento en el empleo de estrategias híbridas han aconsejado una 
revisión estratégica que permita enfrentar los riesgos y las amenazas en un renovado 
contexto  de  globalización,  condicionado  por  una  mayor  incertidumbre  y  un  cambio 
acelerado.
La pandemia ha sido el evento con mayor impacto global desde la Segunda Guerra 
Mundial, con grave afectación a la salud, la economía y la seguridad. Aun cuando se 
hayan superado todos sus efectos, perdurará la interdependencia del mundo actual, que 
contribuye a generar vulnerabilidades y a menudo actúa como factor multiplicador de las 
amenazas a medio y a largo plazo. Las pandemias, el cambio climático, los ciberataques 
o  las  crisis  financieras  son  todos  riesgos  y  amenazas  complejas,  a  menudo 
interconectadas, que pueden desencadenar crisis en cascada.
En particular, los efectos del cambio climático pueden agudizar crisis económicas,  s
políticas y geopolíticas derivadas de la escasez alimentaria e hídrica en muchas partes  e.
del  mundo.  Como  consecuencia,  podrían  agravarse  las  situaciones  de  migraciones  w.
masivas,  inestabilidad  regional  e  incluso  producirse  nuevos  conflictos  armados.  884ww
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olas de calor, inundaciones, escasez de agua y perjuicios para la biodiversidad.
Por otra parte, como muestra la realidad de los últimos años, el uso de estrategias 
híbridas por parte de actores estatales y no estatales como herramienta para presionar a 
los gobiernos democráticos es cada vez más frecuente.
A la hora de responder a las amenazas globales se plantea un dilema entre el 
repliegue  estratégico  de  los  Estados  como  forma  de  protección  y  la  necesaria 
colaboración e intercambio de información entre países y organizaciones para buscar 
soluciones conjuntas. Este dilema paradigmático dificulta la articulación de respuestas en 
el marco de las organizaciones internacionales.
Por eso, ante futuras amenazas y crisis globales, será importante invertir esfuerzos 
en reforzar un sistema multilateral universal y regional que sea capaz de responder de 
forma coordinada y efectiva. En este sentido, y a la luz de la experiencia en Afganistán, 
la Unión Europea debe efectuar acciones conjuntas militares que contribuyan a reforzar 
el  vínculo  trasatlántico  y  que  favorezcan  la  gestión  de  crisis  transfronterizas  y  su 
autonomía estratégica. En particular, la Unión Europea debe asumir un mayor papel a la 
hora  de  gestionar  desafíos,  como  las  pandemias,  el  terrorismo  internacional,  los 
ciberataques o las campañas de desinformación, que requieren respuestas colectivas y 
la integración de capacidades.
La magnitud de los riesgos y las amenazas actuales requiere la correcta adecuación 
de los recursos, medios, sistemas y organizaciones disponibles para hacerles frente. La 
pandemia ha puesto de relieve la importancia de los sistemas de alerta temprana, de la 
fusión y el análisis de la información y de los planes de respuesta para la gestión de 
crisis, medidas todas ellas que facilitan y agilizan la toma de decisiones. Para ello, es 
necesario  disponer  de  un  Sistema  de  Seguridad  Nacional  digitalizado,  capaz  de 
proporcionar datos para la toma de decisiones en tiempo oportuno.
La prevención y la adaptación serán las claves para lograr un Sistema de Seguridad 
Nacional eficiente. Esto requiere:
Más anticipación: La Estrategia de Seguridad Nacional debe orientar la implantación 
de un sistema de alerta temprana y la preparación de planes de gestión de crisis. Todo 
ello con la participación de las Comunidades Autónomas, ya que numerosos recursos y 
capacidades de detección y gestión están entre sus competencias transferidas.
Más integración: La visión integral de la Seguridad Nacional requiere la necesaria 
coordinación del conjunto de las Administraciones Públicas y recursos del Estado, la 
colaboración público-privada y la implicación de la ciudadanía.
Más resiliencia: Para reducir la vulnerabilidad es tan necesario mitigar riesgos como 
robustecer  la  resiliencia,  es  decir,  la  capacidad  de  resistencia,  transformación  y 
recuperación ante una situación adversa.
Además,  para  gestionar  futuras  crisis  y  poder  contar  con  los  recursos  críticos 
necesarios, es importante asegurar que las cadenas de suministro de estos recursos no 
dependan  excesivamente  del  exterior.  Asimismo,  esto  contribuirá  a  contener  la 
expansión de las crisis, al fortalecer la resiliencia de la sociedad y de la economía.
CAPÍTULO 1
Seguridad global y vectores de transformación
El  primer  capítulo  de  la  Estrategia  de  Seguridad  Nacional  describe  el  contexto 
internacional de seguridad y traza las principales dinámicas de transformación. s
El orden global y el paradigma socio-económico liberal se encuentran en un periodo  w.b
de cambio, sin que aún se haya definido claramente el nuevo panorama del sistema  884ww
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Contexto geopolítico
El escenario geopolítico global se encuentra en un punto de inflexión. Por un lado, la 
arquitectura del sistema internacional se ve sujeta a una mayor presión y se recrudecen 
las  controversias  entre  Estados.  Por  otro,  se  reivindica  la  necesidad  de  un 
multilateralismo eficaz para hacer frente a crisis de carácter global.
Se observa tensión entre las políticas de corte proteccionista o unilateral y los 
esfuerzos, sobre todo de la Unión Europea, para fortalecer el multilateralismo.
En los últimos años, las dinámicas de confrontación y competencia han prevalecido 
sobre las de negociación y acuerdo, lo que se ha traducido en un deterioro generalizado 
de  las  relaciones  internacionales  en  todas  sus  facetas:  comercial,  tecnológica, 
diplomática o militar. Además, el declive democrático experimentado durante los últimos 
años  contribuye  a  una  mayor  inestabilidad  y  dificulta  la  adopción  de  soluciones 
conjuntas.
En consecuencia, en muchas ocasiones, la gobernanza internacional en aspectos de 
seguridad, cambio climático o bienes públicos globales se ha visto suplantada por una 
cooperación ad hoc, marcada por alianzas de geometría variable. Esta tendencia se ha 
visto favorecida por los cambios en la distribución de poder y está contribuyendo a un 
multilateralismo de nuevo cuño, híbrido y con más actores emergentes y no estatales.
A su vez, ha aumentado el uso de las estrategias híbridas que, mediante acciones 
coordinadas y multidimensionales, tratan de explotar las vulnerabilidades de los Estados 
y sus instituciones con un objetivo de desestabilización o coerción política, social o 
económica. Estas estrategias se caracterizan por la dificultad de atribuir su autoría y por 
emplear medios que pueden incluir, además de acciones convencionales, otras como 
campañas  de  desinformación,  ciberataques,  espionaje,  subversión  social,  sabotaje, 
coacción económica o el uso asimétrico de medios militares.
De forma destacada, la contestación del multilateralismo se enmarca en la creciente 
rivalidad geopolítica, comercial y tecnológica entre Estados Unidos y China. El esfuerzo 
de Estados Unidos por consolidar alianzas y retomar cierto liderazgo en la gobernanza 
global forma parte de este pulso entre ambas potencias.
La expansión económica de China, junto con un mayor proteccionismo de Estados 
Unidos,  han  provocado  una  creciente  tensión  en  sus  relaciones  comerciales.  Esta 
situación se ha materializado en una escalada de medidas arancelarias y restricciones a 
la exportación y la inversión adoptadas por ambas potencias.
La  disputa  es  particularmente  intensa  en  el  ámbito  tecnológico,  donde  se  está 
produciendo  una  carrera  por  la  supremacía  mundial,  que  incluye  el  control  de 
exportaciones de tecnologías críticas y de doble uso. China, que ha logrado un gran 
desarrollo en la tecnología 5G y la Inteligencia Artificial busca alcanzar una posición de 
preeminencia que le permita definir los estándares y protocolos técnicos e industriales, 
así como ostentar el liderazgo en inversiones extranjeras directas en los operadores de 
redes y servicios.
Esta competición podría dar lugar a una brecha digital y productiva que desemboque 
en el desarrollo paralelo, pero diferenciado, de dos bloques tecnológicos. De esta forma, 
podría producirse un escenario de desacoplamiento en el que las cadenas de suministro 
de sectores estratégicos serían repatriadas o sometidas a un mayor control.
Adicionalmente, China ha redoblado sus esfuerzos por aumentar su peso en las 
organizaciones internacionales, con el objetivo de alcanzar una posición que le permita 
influir en las reformas de la gobernanza global. En términos globales, su capacidad de 
influencia relativa a la de Estados Unidos ha aumentado significativamente en las últimas  e.
tres décadas y ha logrado suplantar la influencia de países occidentales en muchas  w.b
regiones, particularmente de África y del Sudeste Asiático. 884ww
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Libia y en su acercamiento a potencias con aspiraciones regionales como Turquía, India 
o Irán.
Al mismo tiempo, el orden nuclear heredado de la guerra fría se ha visto erosionado 
con el desmantelamiento de varios de los acuerdos de control de armas que limitaban la 
carrera armamentística entre Estados Unidos y Rusia, como el Tratado sobre Fuerzas 
Nucleares de Alcance Intermedio (INF). Sin embargo, Estados Unidos ha firmado un 
acuerdo  con  Rusia  que  renueva  el  Tratado  de  Reducción  de  Armas  Estratégicas, 
conocido como New START. Además, ha indicado su interés en un retorno al Plan de 
Acción  Integral  Conjunto  (PAIC)  sobre  el  programa  nuclear  iraní,  del  que  se  retiró 
en 2018.
Potencias regionales, como Irán o Turquía, también han reforzado su influencia 
geopolítica en un contexto de fragmentación global y conflictos regionales, sobre todo en 
Oriente Medio y el Mediterráneo. Es posible que los conflictos en Palestina, Israel, Libia, 
Irak, Siria o Yemen continúen siendo escenarios de enfrentamiento entre diferentes 
actores estatales y no estatales, tanto nacionales como extranjeros.
La retirada de Estados Unidos y de la OTAN de Afganistán tras 20 años de presencia 
continua abre otro frente de competición geoestratégica, además de significar un posible 
uso del territorio afgano como refugio y base de acciones terroristas por parte de grupos 
yihadistas.
Por  otro  lado,  la  inestabilidad  generada  en  el  Mediterráneo  oriental  por  las 
prospecciones gasísticas en el mar territorial en disputa entre Turquía, Chipre y Grecia 
muestra una tendencia a la unilateralidad en los litigios marítimos, dificulta una postura 
común de la Unión Europea y aumenta la dificultad de consenso dentro de la OTAN.
África subsahariana se está convirtiendo en escenario de rivalidades entre distintas 
potencias extrarregionales. En el Sahel, la desestabilización causada por el terrorismo 
yihadista se solapa con conflictos intercomunitarios en Estados que carecen de fortaleza 
institucional para hacer frente con éxito a este desafío múltiple. Todas estas dinámicas, 
unidas a la pobreza y desigualdad, agudizan la inseguridad imperante en varios países 
de la región.
Por  su  parte,  la  Unión  Europea  continúa  su  apuesta  por  una  sólida  relación 
transatlántica, al tiempo que define su postura hacia China entre la competición y la 
cooperación, en un ambiente de creciente inestabilidad en su vecindario oriental.
En este contexto multipolar y competitivo, se incrementa la necesidad de reforzar la 
autonomía estratégica de la Unión Europea, tanto en términos de política comercial e 
industrial comunitaria como en el desarrollo pleno de su Política Exterior y de Seguridad 
Común.  Para  ello,  tendrá  que  lograr  un  equilibrio  acorde  con  los  compromisos  de 
Derecho Internacional sobre la protección y garantía de los derechos humanos y con su 
papel como defensora de la democracia, el libre comercio y el multilateralismo.
Escenario socio-económico
La pandemia de la COVID-19 desencadenó la peor crisis económica mundial desde 
la Segunda Guerra Mundial, con una caída sin precedentes del Producto Interior Bruto 
(PIB) y de la actividad laboral mundial. La magnitud de sus efectos ha sido muy desigual, 
en función del tejido productivo de cada país, de los recursos económicos y de sus 
niveles de endeudamiento.
La repercusión de la crisis sobre la economía global en términos de PIB ha sido 
mayor que la de 2008, aunque ha estado seguida de un pronunciado repunte alcista. En  s
un contexto de reducido crecimiento de la productividad en Europa y Estados Unidos, el  e.
impacto sobre las economías ha sido notable y podría acelerar el cambio en el equilibrio  w.
de poder de oeste a este. China es la única economía del G20 que no sufrió una  884ww
receSsii óbnie enn  s2e0 2e0s.pera que las consecuencias económicas negativas sean transitorias y
que estén seguidas de tasas de crecimiento relativamente elevadas, se prevé un periodo
de endeudamiento alto, fruto de las medidas extraordinarias de apoyo a ciudadanos y 
empresas adoptadas por la Unión Europea para hacer frente a la crisis.
En este sentido, la Unión Europea ha puesto en marcha un ambicioso Fondo de 
Recuperación  y  Resiliencia  como  respuesta  común  al  proceso  de  transformación 
económica. El mecanismo Next Generation EU cuenta con 750.000 millones de euros 
financiados mediante la emisión de deuda comunitaria, que se suman a los 1.074 
billones  de  euros  del  Marco  Financiero  Plurianual  2021-2027  para  promover  la 
recuperación económica y social y para favorecer un entorno de estabilidad y seguridad.
La crisis también ha puesto de relieve la dependencia del abastecimiento exterior de 
suministros estratégicos hay que añadir la puesta en marcha, por parte de los Estados, 
de políticas industriales estratégicas para hacer frente a la elevada competición global en 
determinados sectores tecnológicos e industriales.
La pugna económica y comercial entre las grandes potencias incluye el uso de los 
aranceles  como  instrumento  de  geopolítica,  con  su  consiguiente  impacto  sobre  las 
economías de la Unión Europea.
La súbita ralentización de la economía, el aumento de la desigualdad, la brecha 
digital, la destrucción de tejido productivo y el cierre de pequeñas y medianas empresas 
han derivado en un incremento de la pobreza y del nivel de frustración, marginalidad y 
exclusión  social.  Las  clases  medias,  tras  una  década  de  crecimiento,  se  están 
contrayendo, mientras se expande la franja de población con ingresos bajos o muy altos. 
Este vaciamiento de las clases medias podría tener importantes consecuencias como el 
impacto negativo en el consumo global y el potencial incremento de populismos y 
autoritarismos  identitarios,  que  podrían  verse  agravadas  por  los  efectos  de  la 
automatización de los empleos. En este sentido, es preciso abordar un nuevo contrato 
social, para paliar la desigualdad y mitigar el proceso de precarización de las clases 
medias.
En algunos países, la crisis económica ha estado acompañada de una crisis social y 
política, alentada por campañas de desinformación y desestabilización que pretenden 
erosionar las instituciones, influir en los procesos democráticos y alentar la polarización.
Ante  este  escenario,  la  transformación  digital  y  la  transición  ecológica  cobran 
especial trascendencia como palancas de cambio de la estructura productiva de las 
economías mundiales y, en consecuencia, del mapa geopolítico. La digitalización y la 
economía  verde  habrán  de  avanzar  de  manera  acompasada,  de  manera  que  la 
tecnología  contribuya  a  alcanzar  objetivos  ecológicos  y  las  tecnologías  digitales 
minimicen su consumo energético y sus emisiones.
Transformación digital
El incremento de infraestructuras y servicios digitales, potenciado por tecnologías 
disruptivas y emergentes como la computación en la nube, la computación cuántica, la 
Inteligencia Artificial la virtualización de redes o el Internet de las Cosas, implica una 
transformación digital imparable que ofrece innumerables oportunidades de futuro, pero 
también presenta serios desafíos para la Seguridad Nacional.
En este contexto, la pandemia de la COVID-19 supuso una aceleración del proceso 
de digitalización, que ha situado a la interacción digital en el centro de las actividades 
públicas, privadas y profesionales y ha consolidado la hiperconectividad como rasgo 
definitorio redes y los sistemas de información y comunicaciones.
La digitalización de todo tipo de actividades ha ampliado la superficie de exposición a  s
posibles ciberataques de organizaciones, tanto públicas como privadas, y ha dificultado  e.
la  adecuada  protección  de  la  información.  La  magnitud  y  frecuencia  de  los  w.
ciberincidentes y del uso ilícito del ciberespacio han aumentado en los últimos años y  884ww
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Con la consolidación del ciberespacio como dominio estratégico, se acentuará la brecha 
tecnológica tanto entre individuos y sociedades como entre países.
La estabilidad económica y las políticas monetarias también se ven afectadas por la 
irrupción de tecnologías potencialmente disruptivas. En particular, la configuración actual 
del sistema financiero global puede verse desafiada por la implantación de divisas 
digitales.
En este ámbito, los riesgos se ven amplificados por la prevalencia de criterios 
comerciales frente a los de seguridad en el diseño de productos de hardware y software, 
así como de sistemas y servicios, tales como el 5G. Este hecho dificultad los procesos 
de certificación y puede comprometer la cadena de suministro, especialmente en la 
provisión de servicios esenciales y/o críticos.
Otros  riesgos,  pero  también  múltiples  oportunidades,  derivan  de  los  avances 
tecnológicos en campos como la biotecnología, que han facilitado el rápido desarrollo de 
vacunas  eficaces  contra  la  COVID-19,  pero  plantean  interrogantes  éticos  ante 
actividades como determinados empleos de la ingeniería genética.
Por otro lado, la vulnerabilidad ante posibles injerencias de terceros es extensible al 
dominio de infraestructuras digitales, como los centros de procesamiento de datos o los 
cables submarinos, y a los activos que sustentan la propiedad intelectual e industrial del 
sector empresarial. También habrá que considerar el mapa mundial de conectividad y la 
aparición de nuevos operadores satelitales, especialmente aquellos vinculados a las 
grandes empresas tecnológicas.
Con  el  dato  convertido  ya  en  un  recurso  estratégico  de  primer  orden,  se  ha 
intensificado el debate sobre la ética y la defensa de derechos digitales, condicionado 
especialmente  por  la  concentración  de  la  información  en  las  grandes  compañías 
tecnológicas y por su uso abusivo por parte de algunos actores políticos. En este debate, 
el derecho a la privacidad de los usuarios de servicios digitales ocupa un lugar central y 
ha  dado  lugar  a  pronunciamientos  judiciales  que  podrían  condicionar  el  desarrollo 
tecnológico.
El acceso seguro a los servicios públicos y privados, en particular a los servicios 
esenciales en línea, supone que la ciudadanía pueda proteger su identidad y controlar 
los datos que comparte y cómo se utilizan, de manera que se garantice la privacidad y la 
protección de datos personales. Disponer de una identidad digital segura es una pieza 
clave para la ciberseguridad.
La gobernanza democrática sobre el futuro digital es de máxima importancia para 
resolver  las  inquietudes  relativas  a  los  derechos  y  libertades  y  a  la  competición 
geopolítica.
Transición ecológica
La crisis climática ha dado paso a una mayor concienciación política y social de la 
necesidad  de  luchar  contra  sus  consecuencias  a  través  de  procesos  de  transición 
ecológica.
El cambio climático tiene un impacto negativo en la vida y el bienestar humano. Entre 
sus efectos se encuentran el incremento en el número de fenómenos meteorológicos 
extremos, la degradación de ecosistemas terrestres y marinos, la desertificación, el 
aumento de la incidencia y frecuencia de olas de calor, las sequías, la reducción de las 
disponibilidades de agua, las intrusiones de polvo sahariano, los incendios forestales e 
inundaciones y la pérdida de la biodiversidad. Estos efectos perniciosos podrían llevar a  s
una mayor competencia por los recursos y al incremento de desplazamientos migratorios  e.
desde zonas más expuestas a las consecuencias dañinas del cambio climático. w.
Por otro lado, la degradación de la biodiversidad produce la pérdida de sus servicios  884ww
percoopsiicsitaé mlaic oesx, peasnesnicóina ledse p aerasp eelc bieiesn eesxtóatri cea isn cilnuvsaos loar assu,p errevsivpeonncsiaab dleesl  sedre  huimmpaancot,o sy 
relevantes en la economía y potenciales vectores de nuevas enfermedades.
En este contexto, la adaptación al cambio climático es básica para conseguir una 
resiliencia ambiental y ecológica que preserve la vida y el bienestar de la sociedad y el 
medio.
En diciembre de 2019, la Unión Europea presentó el Pacto Verde Europeo, una hoja 
de ruta para hacer que su economía sea sostenible y neutral climáticamente en 2050. 
Para ello, se ha establecido el objetivo vinculante de conseguir, en 2030, una reducción 
interna neta de emisiones del 55% respecto a los niveles de 1990. En este marco, es 
igualmente  importante  el  impulso  hacia  una  economía  circular  con  un  modelo  de 
producción y consumo basado en reutilizar, renovar y reciclar materiales y productos. 
Este  modelo  ayudará  a  reducir  la  presión  sobre  el  medio  ambiente,  a  mejorar  la 
seguridad  de  las  cadenas  de  suministro  mediante  un  empleo  más  efectivo  de  los 
recursos existentes y a estimular el desarrollo empresarial en el campo de la I+D+i.
Un aspecto clave para lograr la neutralidad climática es el cambio del paradigma 
energético, que transita de la dependencia de los combustibles fósiles a la de las 
tecnologías renovables. Esto propiciará una nueva geopolítica de transición energética y 
un cambio en el equilibrio entre importadores y exportadores.
El desarrollo de energías renovables tiene además un carácter estratégico, ya que 
permitirá el uso de fuentes autóctonas y una mayor diversificación, lo que incrementa la 
seguridad y mejora la balanza exterior. Sin  embargo, también conlleva importantes 
desafíos tecnológicos relacionados con un sistema de generación eléctrica basado en 
fuentes de energía variable, el desarrollo de nuevos sistemas de almacenamiento e 
infraestructuras inteligentes, así como retos relacionados con la reducción del impacto 
sobre el medio natural y humano.
La evolución hacia una economía descarbonizada incrementará la competencia por 
las  materias  primas,  como  las  tierras  raras,  los  materiales  y  procesos  industriales 
relacionados con la digitalización y las tecnologías renovables, así como una mayor 
dependencia de las regiones geográficas abastecedoras de estas tecnologías.
CAPÍTULO 2
Una España segura y resiliente
El segundo capítulo de la Estrategia de Seguridad Nacional ofrece un recorrido de 
las  distintas  regiones  geográficas  del  mundo  desde  la  perspectiva  española  de  la 
seguridad.
España  es  un  Estado  social  y  democrático  de  Derecho,  dotado  de  un  marco 
constitucional de derechos y libertades que tiene al ciudadano como eje central, con 
unas instituciones sólidas y plenamente democráticas. Una de sus principales fortalezas 
reside en su sociedad plural, abierta y solidaria.
La visión de futuro de una España segura y resiliente incluye la transformación 
tecnológica  y  la  transición  ecológica  como  vectores  que  faciliten  un  crecimiento 
sostenible y justo, la competitividad del tejido industrial y empresarial y la creación de 
empleo de calidad.
La  Seguridad  Nacional  debe  contribuir  a  la  cohesión  territorial  y  es  necesario 
asegurar que todas sus estructuras sean más resilientes frente a los riesgos y las 
amenazas.
Desde una perspectiva geográfica, la configuración de España es singular, con una 
dimensión territorial peninsular, archipiélagos, islas, peñones y las Ciudades Autónomas  es
de Ceuta y Melilla en el norte de África, además de una significativa extensión marítima. bo
Su posición le confiere la condición de país europeo, mediterráneo y atlántico que se  884ww
pccinoortomneysroentr cauptcacriico ninacóalin pl .mio eEsuu snrepodsapotañe baacl o,e dmcleaiodfsi oe usnan dlei aencn  oezlanla  tsrEre ibsfbuturielyaarettzeenogrt aeiadl e ecdsloe  mm eAspuctrlrctoaiilmóaténteeg trEiicadxaloitsse m rciyooo nr,e.   llLa laac   pocprmooaofpzup rnoeydmr ailziacsa ioócs ineós gnocu oliedrninda l aroliaods     OE-A-2021-21able en https://
vecinos fronterizos, Francia, Andorra, Portugal y Marruecos es especialmente relevante.
La  Estrategia  de  Seguridad  Nacional  está  alineada  con  los  objetivos  de  las 
organizaciones a las que España pertenece, especialmente las Naciones Unidas, la 
Unión Europea y la OTAN, con las que pretende proteger y garantizar los intereses 
compartidos con sus socios y aliados.
Europa
España es un Estado miembro con  peso dentro de la Unión Europea, firme defensor 
del avance en la construcción europea y proactivo en el desarrollo de políticas comunes 
en áreas de especial relevancia como la energía, la inmigración y la seguridad.
Para España, una Unión más resiliente es una Europa más fuerte en el mundo. La 
Unión Europea debe seguir avanzando en el desarrollo de su Política Exterior y de 
Seguridad Común, en especial de su Política Común de Seguridad y Defensa, frente a 
desafíos derivados del empleo de estrategias híbridas y de posturas adversas de actores 
como Rusia y China o de fenómenos como el terrorismo, así como en la coordinación y 
cooperación con la OTAN y las Naciones Unidas.
La protección de los espacios y rutas marítimas es clave para la seguridad europea. 
El margen atlántico es un área de interés estratégico que conecta Europa con todo el 
continente americano y con África occidental. El progresivo deshielo del Ártico abre 
nuevas  rutas  marítimas  con  implicaciones  estratégicas.  Además,  España  comparte 
agenda en áreas como el golfo de Guinea, con otros países europeos atlánticos, como 
es el caso de Francia y Portugal, principalmente en relación con la seguridad marítima y 
energética.
Al sur de Europa, el mar Mediterráneo es un nexo común y un puente estratégico con 
África y Oriente Medio, pero también un escenario de tensión y fricción donde distintos 
países y actores pretenden imponer su criterio y sus intereses, en ocasiones de espaldas 
al Derecho Internacional y violando la soberanía de los Estados ribereños.
En este sentido, España trabajará para promover el diálogo en torno al Mediterráneo 
oriental, de acuerdo con la perspectiva de la Unión Europea y en el entendimiento de 
que Turquía es un actor regional clave, un aliado en la OTAN y un socio estratégico con 
intereses compartidos.
En el flanco oriental, la posición cada vez más asertiva de Rusia ha tensionado sus 
relaciones con la Unión Europea, que además ha constatado el desafío que suponen 
algunas de las acciones procedentes de ese país, tanto militares como híbridas. España 
seguirá apostando por mantener el diálogo con Rusia, a pesar de las dificultades, sobre 
la  premisa  del  respeto  al  Derecho  Internacional,  la  defensa  de  la  soberanía  y  la 
integridad territorial de los Estados y el respeto a los derechos humanos en su acción 
exterior.
La salida de Reino Unido de la Unión Europea ha modificado el escenario europeo y 
presenta  retos  relacionados  con  la  pérdida  de  un  gran  activo  en  el  ámbito  de  la 
seguridad. Para España, esta salida no impedirá fortalecer los vínculos entre dos países 
amigos y aliados. No obstante, y desde la base de una cooperación positiva, España no 
renuncia a la oportunidad que se abre con este nuevo escenario para solventar el 
anacronismo que representa la situación de Gibraltar.
Magreb y Oriente Próximo
La  prioridad  de  España  en  el  Magreb  es  promover  un  espacio  de  seguridad, 
estabilidad política y desarrollo y contribuir a enfrentar amenazas, como el terrorismo o el  e.
crimen organizado, desde un enfoque de colaboración con países que son socios y  w.b
amigos preferentes de España. 884ww
premLais ar edlaec liaó nc odoep eErascpiaóñna l ecaol ny  Mel arreruspeecotos  ay  laAsr gfreolniat eerass  dmeu tbuuaesn. aL aa mcoislatabdo,r adceiósnd ec olan 
estos países en aspectos relacionados con la seguridad, como los tráficos ilegales o el
terrorismo, complementa unas sólidas relaciones basadas en el diálogo político, las 
relaciones comerciales y los vínculos energéticos.
El apoyo a la convulsa democracia en Túnez y la contribución a los esfuerzos 
liderados por las Naciones Unidas para solventar la crispada situación que atraviesa 
Libia son también imprescindibles para lograr la paz y la estabilidad en el Mediterráneo.
La región de Oriente Próximo es un foco de atención internacional por su persistente 
inestabilidad, pero también por la proliferación de conflictos internos, la extensión del 
terrorismo  yihadista,  las  graves  crisis  humanitarias  y  la  injerencia  de  determinados 
actores globales y regionales al margen de marcos multilaterales. La guerra en Siria y 
Yemen y la tensión entre Irán y las monarquías del Golfo dibujan un panorama complejo. 
Por otro lado, el repliegue de Estados Unidos de determinados escenarios de Oriente 
Próximo  dejará  un  vacío  que  será  aprovechado  por  actores  como  Rusia  y  China. 
Enfrentar todos estos desafíos exige una firme y amplia cooperación internacional.
España  es  un  país  comprometido  con  la  seguridad  de  la  región,  con  militares 
desplegados  tanto  en  el  Líbano,  en  el  marco  de  las  Naciones  Unidas,  como  en 
operaciones de la OTAN, la Unión Europea y la Coalición Global contra el Daesh.
España ha apoyado de manera activa, desde la conferencia de Paz de Madrid 
en 1991, una solución al conflicto palestino-israelí a través del Proceso de Paz en 
Oriente  Próximo.  Los  acuerdos  entre  Israel  y  Emiratos  Árabes  Unidos,  Bahréin  y 
Marruecos en 2020 muestran la rapidez y profundidad de los cambios en la región, así 
como la necesidad de adaptar la posición española para que siga siendo útil en la 
búsqueda de una solución justa con ambas partes.
África Subsahariana
El nexo seguridad-desarrollo y un enfoque preventivo son los principios que guían las 
políticas para la contribución de España a la estabilidad en tres áreas geográficas de 
especial interés: el Sahel, el golfo de Guinea y el Cuerno de África, tal y como se recoge 
tanto en el III Plan África como en el programa Foco África 2023.
España  mantendrá  el  apoyo  a  las  iniciativas  de  seguridad  internacionales  y 
regionales, así como su compromiso con las misiones civiles y militares de la Unión 
Europea en África.
En el Sahel, la permanente crisis de gobernabilidad y la ausencia del Estado en 
grandes espacios de soberanía se suman a emergencias humanitarias por desastres 
naturales o por los efectos adversos del cambio climático. Todo ello en un entorno de 
fragilidades estructurales que, unidas a la presión sobre los limitados recursos para una 
población  caracterizada  por  su  elevado  crecimiento  demográfico,  han  exacerbado 
amenazas  latentes  como  son  el  terrorismo  yihadista,  los  numerosos  conflictos 
intercomunitarios o los tráficos ilícitos. Además, los factores de inestabilidad del Sahel, y 
en particular la amenaza del extremismo violento, se extienden hacia los países costeros 
de África occidental y norte de África.
Los países del golfo de Guinea tienen una gran importancia estratégica para Europa 
y para la salvaguardia de los intereses españoles. En sus espacios marítimos proliferan 
actividades delictivas como los secuestros y el robo a mano armada en los buques 
pesqueros y petroleros, o la piratería y la pesca ilegal en aguas internacionales. En el 
golfo de Guinea, España contribuye activamente a una navegación segura en las rutas y 
espacios  marítimos,  con  el  objetivo  de  fortalecer  la  seguridad  marítima  nacional  y 
regional a fin de garantizar también el suministro energético, la protección de la pesca y  s
las inversiones españolas en la región. e.
En el Cuerno de África, la aplicación de un enfoque integral que aborde las raíces de  w.
los conflictos que afectan a rutas y espacios marítimos de alta importancia internacional  884ww
saecgounitreác iomriieennttoasn deon  lae l ancocritóen  ddee  MEoszpaamñab.i qAudee, mquáes , rEepsrpeasñean tsaing uuen  cfoonc op rdeeo cinuepsatcaibóinli dlaods 
para la región en su conjunto.
América del Norte y el Vínculo Transatlántico
La alianza estratégica de España con Estados Unidos está basada en una relación 
de mutua confianza a con dimensiones políticas, económicas, culturales y militares. El 
Convenio de Cooperación para la Defensa, suscrito entre ambos países, constituye un 
valor añadido, sin olvidar tampoco la buena colaboración, junto a otros socios y aliados, 
en el seno de la Coalición Global contra el Daesh.
El escenario actual abre una ventana de oportunidad para la consolidación del 
vínculo transatlántico y el refuerzo y reforma del multilateralismo y sus instituciones. 
También se ha de tener en consideración el giro estratégico de Estados Unidos hacia el 
Indo-Pacífico y su presencia más reducida en Oriente Medio. España, miembro de la 
Unión Europea y de la OTAN, apoyará la cooperación entre las dos organizaciones como 
eje central de la seguridad colectiva frente a los grandes desafíos globales.
América Latina y el Caribe
América Latina ha experimentado un rápido desarrollo en la primera década del siglo 
XXI. Sin embargo, enfrenta aún importantes desafíos, que se han agudizado por efecto 
de la pandemia de la COVID-19: inseguridad ciudadana, crisis medioambientales y 
desastres naturales, altos índices de corrupción, tráficos ilícitos y crimen organizado.
España fomentará la unión y la estabilidad en América Latina a través de la acción 
bilateral, los foros regionales y las Cumbres Iberoamericanas. Además, redoblará sus 
esfuerzos para servir de puente de entendimiento y colaboración con la Unión Europea y 
fomentar la colaboración en la gestión de crisis que afectan a todos.
España seguirá colaborando con la erradicación de la producción y el tráfico de 
drogas desde América Latina, por la amenaza que supone para la región y por ser 
España uno de los puntos de entrada a Europa de estos tráficos ilícitos.
España también se esforzará en mantener su privilegiada relación con América 
Latina sobre la base de una cooperación reforzada y una relación más estrecha en el 
ámbito de la Defensa, especialmente a través de la cooperación en operaciones de 
apoyo a la paz, en el nivel bilateral y regional.
Asia-Pacífico
El  progresivo  desplazamiento  del  centro  de  gravedad  económico  y  estratégico 
mundial hacia el área de Asia-Pacífico hace que sea una zona de interés para España.
La Unión Europea ha señalado su compromiso con la estabilidad y prosperidad en la 
región del Indo-pacífico, un área geográfica clave para la seguridad internacional que 
está experimentando una creciente competición geopolítica.
Los litigios marítimos en el mar del sur de China, las tensiones en torno a Taiwán, el 
conflicto sobre Cachemira o las disputas fronterizas entre India y China introducen 
elementos de inestabilidad regional, que se suman a amenazas como el desarrollo de 
armas  y  vectores  nucleares  en  la  República  Popular  Democrática  de  Corea  o  la 
expansión del terrorismo transnacional de carácter yihadista.
Países  como  India  y  China  ocupan  cada  vez  mayor  espacio  en  los  asuntos 
internacionales. Por otro lado, iniciativas regionales como el Acuerdo de Asociación 
Económica  Integral  Regional  amplifican  la  influencia  de  la  región  en  la  economía 
mundial.
El ascenso de China como potencia global se proyecta a través de su nueva ruta de  e.e
la seda, su dominio tecnológico y una creciente presencia inversora en América Latina y  b
África, así como en países europeos. En su relación con Pekín, la Unión Europea  884ww
ccoommbuinneas , ecleommeon teols  cdaem briiov aclidlimadá tiscios téom  liac a,n oá rperaosli fedrea cicóonm  dpee ticairómna sy  nruectolesa rgelso,b aqluees 
requLiear seintu caocoiópne reanc iAófng.anistán tras la retirada de Estados Unidos podría tener un impacto
geopolítico significativo con la posible reconfiguración de las relaciones tanto a nivel
global como regional. El potencial deterioro de la situación humanitaria y de derechos 
humanos presenta un desafío adicional. Además, para la seguridad de Europa será 
especialmente importante evitar que el país vuelva a convertirse en un santuario para 
terroristas y un foco de crimen organizado.
España apoya las iniciativas de refuerzo de la cooperación en la región en áreas 
como la conectividad y la seguridad marítima, así como la acción concertada frente a 
desafíos de dimensión global, como el cambio climático y la salud, y el impulso de las 
relaciones comerciales. Además, profundizará las relaciones con aquellos países de la 
región con los que comparte valores e intereses.
CAPÍTULO 3
Riesgos y amenazas
El tercer capítulo de la Estrategia de Seguridad Nacional describe un mapa de los 
riesgos y amenazas a la Seguridad Nacional con un enfoque que pone de relieve su 
dinamismo  e  interdependencia,  en  un  entorno  de  seguridad  donde  las  estrategias 
híbridas ganan protagonismo.
El panorama actual de seguridad es más incierto que en años anteriores. La crisis de 
la COVID-19 ha intensificado las tendencias globales de fondo y ha acelerado el ritmo de 
transformación.
La superficie de confrontación geopolítica encuentra áreas de intersección con la 
tecnología y la economía, dibujando así un mapa de riesgos más complejos y muy 
interrelacionados. Adicionalmente, amenazas derivadas del uso de tecnologías de nueva 
generación, como la Inteligencia Artificial o el acceso al espacio ultraterrestre, añaden 
complejidad y dificultan la protección de los derechos individuales ante un eventual uso 
malicioso.
En esta Estrategia, los factores que afectan a la Seguridad Nacional se plantean 
como elementos de un continuo que refleja una gradación progresiva en función de su 
grado de probabilidad e impacto. Así, los riesgos y las amenazas no son estáticos, sino 
que se conciben de una manera dinámica.
Además, se presenta un mapa de riesgos con dos características diferenciales con 
respecto  a  modelos  anteriores.  Por  un  lado,  se  subraya  el  papel  primordial  de  la 
tecnología en la mayoría de las amenazas y la prominencia de las estrategias híbridas y, 
por otro, se acentúan las interconexiones entre los distintos riesgos y amenazas. De esta 
forma, la interrelación entre ellos puede producir efectos en cascada, como ha ocurrido 
con la crisis generada por la pandemia.
Con este planteamiento, es importante contar con las capacidades necesarias para 
responder a una amalgama de riesgos y amenazas, en lugar de prepararse solamente 
para una posible repetición de una crisis similar a la ya experimentada.
Tensión estratégica y regional
En  el  contexto  de  seguridad  actual,  caracterizado  por  un  retroceso  del 
multilateralismo, un aumento de la asertividad de ciertos actores y un incremento de la 
competición estratégica entre Estados, el riesgo de que se produzcan tensiones con 
impacto directo sobre los intereses nacionales e incluso sobre la propia soberanía, 
constituye una seria amenaza para  la Seguridad Nacional, cuya máxima expresión  es
podría llegar a adoptar la forma de conflicto armado. o
tEdreeesng tsaiEoEidosnsonpetsaaas  rñ a spa ainrt.úóu ivnxEaei csmmli tóroaáensssg  , is eolcaesnus cayv elore.nes al aarcgciooironsan fvldeiacesdto  aiisnn  pteienosrtrtnea arlbanci loiiofdsrnaa pagduli,el eidssd,ai  edenn loe,y  v isgavouannacd líomco oseen nli tntereisne,t isidtaguofoces ic odtanae ar t cilaeeo msnl ofpelsionc i,t n oaptselug reeuendnsteaerness     OE-A-2021-21884able en https://www.
En este clima de creciente tensión internacional, donde determinados actores se 
rearman para fortalecer sus aspiraciones estratégicas, España requiere una capacidad 
de disuasión creíble y efectiva y una capacidad de defensa autónoma, frente a diferentes 
formas  de  agresión:  desde  las  estrategias  híbridas  hasta  el  conflicto  convencional. 
España  debe,  además,  seguir  siendo  un  socio  comprometido  y  fiable  de  la  Unión 
Europea, la OTAN, las Naciones Unidas y otros marcos multinacionales de seguridad y 
defensa.
En  este  contexto  y  debido  a  la  naturaleza  cambiante  de  los  conflictos,  los 
tradicionales dominios terrestre, naval y aéreo, se ven ahora complementados por la 
aparición  de  nuevos  espacios  de  competición,  como  el  ciberespacio  y  el  espacio 
ultraterrestre,  que  obligan  a  incorporar  nuevas  formas  de  actuación,  así  como 
tecnologías  de  última  generación  para  mantener  una  capacidad  de  enfrentamiento 
actualizada y moderna.
Terrorismo y radicalización violenta
La polarización y la crisis económica han contribuido a un incremento en la actividad 
de los extremismos violentos.
Los medios utilizados por los grupos terroristas son cada vez más variados y los 
ataques  físicos  están  acompañados  de  campañas  propagandísticas  que  alimentan 
ideologías radicales violentas.
En esta amenaza cobra especial relevancia el terrorismo yihadista, con su presencia 
tanto en distintos países europeos, como en el Sahel, Magreb y Oriente Medio, desde 
donde se proyecta la amenaza terrorista sobre España. Existe además el riesgo de 
ataque sobre individuos e intereses nacionales en estas regiones.
Dentro de las fronteras de España, la principal amenaza proviene de individuos que 
han nacido o crecido en países occidentales que, tras ser radicalizados, atacan en su 
propia área de residencia. Igualmente relevante es la amenaza derivada de los procesos 
de radicalización en prisiones.
Además, el posible retorno de personas desplazadas a zonas de conflicto para 
apoyar a los grupos terroristas constituye un riesgo significativo. Por ello, es necesario 
fortalecer la cooperación y colaboración en materia antiterrorista y judicial, no solo entre 
los Estados miembros de la Unión Europea, sino también con terceros países, bajo un 
enfoque multidisciplinar.
Epidemias y pandemias
La crisis desencadenada por la COVID-19, además de cobrarse la vida de millones 
de personas en el mundo, ha tenido importantes consecuencias sociales y económicas, 
con  un  impacto  desigual  que  ha  agudizado  las  brechas  existentes  entre  países, 
sociedades y ciudadanos.
Las dificultades experimentadas por los organismos internacionales para la toma de 
decisiones y las tensiones surgidas en relación con la producción y distribución de 
material  sanitario,  fármacos  o  vacunas  dirigidos  a  combatir  la  enfermedad  han 
contribuido a intensificar fricciones geopolíticas existentes y, en determinados casos, a 
dificultar la cooperación internacional.
Un aspecto crucial que se ha puesto de manifiesto es la fragilidad de las cadenas de 
suministro global de determinados recursos estratégicos y la necesidad de disminuir el 
grado  de  dependencia  del  exterior  de  recursos  esenciales  para  garantizar  su  e.
accesibilidad en todo momento. w.b
Amenazas a las infraestructuras críticas
econLóams icInaf rya essotnru ocbtujerativso C dreít iacmase npaozsaibsi,l ittaann toe lf ísniocrams aclo dmeos adrigroitlalole ds,e q luae  apcotdivriídaand l lesvoacrio a-
una interrupción o negación de servicios.
La progresiva digitalización y la adopción de nuevas tecnologías por parte de los 
operadores críticos y operadores de servicios esenciales podría aumentar el riesgo de 
sufrir brechas de seguridad, que permitirían acceder al control de los sistemas que 
operan las Infraestructuras Críticas y poner en peligro la continuidad de los servicios que 
proveen.
Otro riesgo a considerar es la potencial pérdida de control sobre la capacidad de 
decisión estratégica a raíz de inversiones por actores, estatales o no estatales, con 
intereses no necesariamente alineados con la Seguridad Nacional.
Emergencias y catástrofes
La seguridad de las personas y los bienes se ve afectada por distintos tipos de 
emergencias y catástrofes originadas por causas naturales o derivadas de la acción 
humana accidental o intencionada.
Factores  potenciadores  del  riesgo  de  emergencias  y  catástrofes  son  tanto  la 
despoblación rural como la sobrepoblación de algunas ciudades, la degradación del 
ecosistema agravada por los efectos del cambio climático o el incremento en la magnitud 
y frecuencia de algunos fenómenos meteorológicos adversos.
En  este  contexto,  se  identifican  como  principales  riesgos  las  inundaciones,  los 
incendios forestales, los terremotos y maremotos, los riesgos volcánicos, los fenómenos 
meteorológicos adversos, los accidentes en instalaciones o durante procesos en los que 
se utilicen o almacenen sustancias peligrosas, el transporte de mercancías peligrosas 
por carretera y ferrocarril, los accidentes catastróficos en el marco del transporte de 
viajeros y los riesgos nucleares, radiológicos y biológicos.
Espionaje e injerencias desde el exterior
El incremento de la competitividad y de la tensión en el escenario internacional ha 
supuesto un aumento de las injerencias desde el exterior que España debe confrontar. 
Entre las herramientas más eficaces de algunos países que aspiran a expandir su 
influencia internacional destacan las actividades de espionaje.
La pertenencia de España a organizaciones como la Unión Europea y la OTAN, 
hacen del país un objetivo atractivo. Sin embargo, los objetivos de los Servicios de 
Inteligencia hostiles no se limitan a las instituciones y a la información del Gobierno de 
España, también afectan a otros sectores, como por ejemplo a la industria de defensa, 
las Infraestructuras Críticas o la investigación científica y tecnológica, así como a otros 
ámbitos del sector privado. Estas actividades no solo son críticas para la Seguridad 
Nacional, sino que pueden atentar contra la competitividad económica y la propiedad 
intelectual, especialmente en lo que respecta a los sectores estratégicos y al campo de 
la ciencia y la investigación.
Asimismo, son destacables los esfuerzos de algunos actores extranjeros por influir 
sobre sus nacionales asentados en España, afectando a los derechos y libertades de los 
ciudadanos y, potencialmente, a la estabilidad social.
En otras ocasiones, las actuaciones de los Servicios de Inteligencia extranjeros no 
tienen como objetivo intereses españoles o aliados, sino que utilizan el territorio español 
como base de sus operaciones en otros países, pudiendo atentar contra la soberanía 
nacional.
Tanto  las  actividades  de  inteligencia  clásicas  como  el  ciberespionaje  son  una 
importante  amenaza  en  sí  mismos.  Pero,  además,  hay  que  considerar  que  las  e.
actividades de los Servicios de Inteligencia hostiles pueden formar parte de las llamadas  w.b
estrategias híbridas. Dentro de estas estrategias, las actividades de espionaje pueden  884ww
lSleeggaurr idaa ds eNr aucnio nealel.mento destacable y potencian la amenaza que suponen para la
Campañas de desinformación
Las campañas de desinformación tienen clara repercusión en la Seguridad Nacional 
y  deben  diferenciarse  de  otros  factores  como  la  información  falsa  –fake  news–  o 
información errónea –misinformation–. De hecho, las campañas de desinformación no 
contienen necesariamente noticias falsas, sino que pretenden distorsionar la realidad 
mediante contenido manipulado.
En este sentido, el ámbito cognitivo es un espacio más en el que ejercer influencia, 
que  se  suma  a  los  tradicionales  ámbitos  físicos:  terrestre,  marítimo  y  aéreo.  Los 
elementos que sí son inherentes a una campaña de desinformación son la voluntad de 
generar confusión y socavar la cohesión social; el uso coordinado de distintos medios 
para la creación y difusión de contenidos dirigidos a audiencias amplias; y la intención 
maliciosa con fines de desprestigio o influencia sobre el objetivo del ataque. Así, las 
campañas  de  desinformación  suponen  una  grave  amenaza  para  los  procesos 
electorales.
Por su potencial peligrosidad, cabe señalar las estrategias de desinformación de 
actores  extranjeros,  tanto  estatales  como  no  estales,  que  desarrollan  aparatos  de 
propaganda con la intención de polarizar a la sociedad y minar su confianza en las 
instituciones.
Vulnerabilidad del ciberespacio
Se distinguen dos tipologías generales de amenazas en el ciberespacio. Por un lado, 
los ciberataques, entendidos como acciones disruptivas que actúan contra sistemas y 
elementos tecnológicos. Ejemplos de ello son los ataques de ransomware (secuestro de 
datos) o la denegación de servicios, entre otros. Y, por otro lado, el uso del ciberespacio 
para realizar actividades ilícitas, como el cibercrimen, el ciberespionaje, la financiación 
del terrorismo o el fomento de la radicalización.
La creciente exposición digital amplía la superficie de exposición a ciberataques de 
ciudadanos, empresas y administraciones. Entre las dinámicas que marcan un mayor 
revolución industrial, el despliegue de las redes 5G multiplicará la capilaridad de las 
redes y con ello aumentará de manera significativa su uso, no solo por usuarios sino en 
el  segmento  Internet  de  las  Cosas  y  las  comunicaciones  máquina-a-máquina. 
Consecuentemente, se generará un aumento de la vulnerabilidad ante ciberataques en 
aparatos  conectados  a  la  red  y  servicios  como  el  vehículo  autónomo  o  las  redes 
inteligentes.
Asimismo, en la denominada sociedad virtual, el dato constituye un nuevo ámbito de 
poder que afecta tanto a la relación entre Estados como entre el sector público y el 
privado, al ser las compañías tecnológicas las que poseen un mayor acceso a los datos. 
La seguridad de la información afecta al ciudadano de forma directa. La regulación, 
protección y garantía del uso adecuado de los datos y las redes por las que transitan es 
un aspecto clave de la Seguridad Nacional, con impacto directo sobre la privacidad 
personal.
Tecnologías como la Inteligencia Artificial y el big data subyacen cada vez más en 
ámbitos como el sanitario, el de transportes, el energético, el empresarial, el financiero, 
el educativo y el militar. La capacidad de procesamiento de grandes cantidades de datos 
se presenta como una característica avanzada para la consecución de los objetivos 
deseados.  Su  potencial  de  transformación  y  aplicación  en  procesos  de  análisis  de 
riesgos y de alerta temprana es cada vez mayor. Pero el desarrollo de estas tecnologías  e.e
también genera interrogantes relacionados con la seguridad. La aplicación de algoritmos  b
para la toma automática de decisiones requiere un marco de protección de la privacidad  884ww
éy tilcaa sn oq-udeis crreimquiniearceinó nm. eEcl aenmispmleoos  ddee  csoisntetrmola ys  paaurtáómnoemtrooss  qtaume bgiéanra tnietinceen i mepl lriecaspcieotnoe as 
los derechos humanos.
En el medio-largo plazo, el salto tecnológico que supone la computación cuántica 
permitirá usos difíciles de prever hoy en día en materia de comunicaciones seguras, 
cifrado y descifrado y sistemas de vigilancia avanzados, entre otros.
Vulnerabilidad del espacio marítimo
El espacio marítimo es considerado uno de los espacios comunes globales, espacios 
de conectividad de flujos, información, personas, servicios y bienes, cuya interrupción u 
obstaculización puede tener un impacto económico severo.
Para España, país de condición marítima, es esencial mantener la seguridad en los 
espacios marítimos, así como asegurar el funcionamiento de las Infraestructuras Críticas 
situadas  en  el  litoral  y  en  el  mar,  como  los  puertos  y  tuberías  submarinas  y, 
especialmente, los cables submarinos, por los que circula la práctica totalidad del tráfico 
de datos. De su buen uso y estado depende, en gran medida, la economía, ya que los 
recursos energéticos y la mayor parte del comercio español transita por rutas marítimas.
La piratería y el robo a mano armada en la mar atentan contra la navegación segura 
por las principales rutas de tráfico marítimo y contra la flota pesquera de pabellón 
nacional, principalmente en la cuenca somalí, el golfo de Adén y el golfo de Guinea.
Además, los tráficos ilícitos, la explotación ilegal de los recursos marinos y los actos 
contra  el  patrimonio  arqueológico  subacuático  son  fenómenos  perjudiciales  para  el 
sector marítimo.
Vulnerabilidad aeroespacial
El sector aeronáutico es de alta importancia estratégica. Cualquier disrupción que 
afecte a las aeronaves, los aeropuertos o las instalaciones en tierra, en especial un 
ataque  terrorista,  tendría  un  impacto  de  magnitud  y  trascendencia  económica 
considerables.
La alta conectividad aérea entre países y continentes es, asimismo, una de las 
causas de la rápida propagación de enfermedades infecciosas a nivel internacional.
Una de las tendencias preocupantes es la proliferación del uso ilícito de vehículos 
aéreos no tripulados, que pueden paralizar el uso de aeropuertos o infraestructuras 
críticas, y son además potenciales armas para sabotajes o acciones terroristas.
El espacio ultraterrestre está considerado como la última frontera de confrontación 
geopolítica. Este espacio común global se ha convertido en un dominio de explotación 
comercial intensiva, con la proliferación de constelaciones de satélites y lanzadores 
comerciales. Sin embargo, algunos operadores, no radicados en la Unión Europea, están 
en el camino de alcanzar una posición de dominancia tal de los mercados que podría 
poner en riesgo tanto el acceso al espacio (lanzamientos) como a determinados servicios 
espaciales.  En  este  sentido,  las  nuevas  constelaciones  de  satélites  pueden  hacer 
insostenible  el  modelo  de  cooperación  público-privada  español  en  comunicaciones 
gubernamentales y observación de la Tierra.
Además,  la  falta  de  normativa  legal  facilita  la  actividad  irregular  en  el  espacio 
ultraterrestre y dificulta la protección de activos estratégicos, como las comunicaciones 
vía satélite, los sistemas de posicionamiento y tiempo o los satélites de observación 
terrestre. Por otro lado, la seguridad de los sistemas espaciales se verá seriamente 
afectada por el incremento de los desechos espaciales y la carencia de un sistema de 
gestión del tráfico espacial global.
Inestabilidad económica y financiera w.
BrutLoa d peasnddee lma iSae dgeu nlad aC GOuVeIDrr-a1 M9 uhnad giael,n elor aqduoe  ehla m caayuosra ddoe supnloam neu edveal  Pcrriosdisu ectcoo nInótmeriicoar 
cfuonnd acmonesnetaclumeennctiaes  traaúnns itionrciioe rtya se setné  csleagveu idsoo cdiael . tAasuansq udee  ecl riemcpimacieton toe croenlaótmiviacmo esnetae 
elevadas,  ha  causado  un  aumento  de  la  situación  de  inestabilidad  y  desigualdad 
económica.
Entre los factores que pueden contribuir a la inestabilidad económica y financiera se 
incluyen  los  desequilibrios  en  las  vías  de  financiación  de  la  Hacienda  Pública;  la 
inestabilidad financiera internacional; el fraude, la evasión y la planificación fiscal; la 
corrupción; el blanqueo de capitales y el uso indebido de los fondos procedentes de 
subvenciones y contratos públicos. Estos factores socavan la seguridad económica y 
provocan desafección social de las instituciones gubernamentales.
Crimen organizado y delincuencia grave
El crimen organizado es una amenaza a la seguridad que se caracteriza por su 
finalidad esencialmente económica, su efecto horadador sobre la instituciones políticas y 
sociales, su carácter transnacional y su opacidad.
Los grupos delictivos y las organizaciones criminales camuflan sus operaciones 
ilegales con negocios lícitos y se apoyan cada vez más en tecnologías digitales, como 
las cripto-monedas y la Internet oscura.
Además  de  su  dimensión  económica,  el  crimen  organizado  tiene  un  relevante 
potencial  desestabilizador.  Sus  estructuras  se  adaptan  al  entorno  geoestratégico  y 
repercuten  en  la  gobernanza,  la  paz  social  y  el  normal  funcionamiento  de  las 
instituciones.
En cuanto a la delincuencia grave, actividades como la explotación de menores o la 
trata con fines de explotación sexual se dirigen hacia los colectivos vulnerables y violan 
gravemente los derechos humanos. El contrabando, el cibercrimen, el tráfico de drogas, 
de armas y de especies silvestres y la corrupción son amenazas tangibles para la 
Seguridad Nacional.
La  convergencia  entre  grupos  terroristas  y  redes  de  crimen  organizado  va  en 
aumento. Los modelos de organización cada vez más descentralizada de estos actores 
delictivos favorecen su cooperación y facilitan la financiación terrorista.
Flujos migratorios irregulares
El fenómeno de la migración contemporánea –global, complejo y multidimensional– 
tiende a difuminar las distinciones tradicionales entre países de origen, destino y tránsito. 
Los factores económicos, sociales y medioambientales, así como la inestabilidad política, 
la pobreza y los conflictos, seguirán influyendo en las tendencias migratorias mundiales. 
Asimismo,  la  multiplicación  de  las  opciones  de  comunicación  y  desplazamiento 
favorecen una nueva era de movilidad humana. Junto a oportunidades, los movimientos 
migratorios seguirán generando retos –incluidos los de carácter securitario en sentido 
amplio– que hay que gestionar.
El desarrollo tanto en los países de origen como en los receptores de migrantes, se 
ve quebrado por las actividades ilícitas de organizaciones criminales dedicadas al tráfico 
y la trata de personas, que proliferan en torno a los movimientos migratorios y cuyas 
actividades conllevan graves vulneraciones de derechos humanos.
España, por su posición geoestratégica, está especialmente expuesta al desafío que 
supone el esperado aumento de los flujos migratorios hacia Europa en los próximos 
años. En su condición de frontera exterior de la Unión Europea, España afronta la 
gestión de los flujos migratorios irregulares como un importante reto que requiere una 
política  migratoria  común,  basada  en  el  justo  equilibrio  entre  solidaridad  y  e.
responsabilidad  compartida  entre  Estados.  Los  riesgos  derivados  de  la  inmigración  w.b
irregular afectan directamente a la continuidad del espacio Schengen. 884ww
Vulnerabilidad energética
El proceso de transformación del sector energético lleva aparejado nuevos riesgos 
asociados a un modelo de generación verde. La disponibilidad de nuevas materias 
primas, las nuevas tecnologías de almacenamiento o la generación distribuida basada en 
energías renovables, el autoconsumo y la eficiencia son todos elementos a tener en 
cuenta en la ecuación energética actual.
La  incorporación  de  medidas  orientadas  a  garantizar  la  cohesión  económica  y 
territorial para paliar los efectos socioeconómicos de los cambios en las fuentes de 
energía  primaria,  como  la  transición  justa,  forman  parte  de  la  nueva  visión  de  la 
seguridad energética en esta estrategia.
Si bien la dependencia de hidrocarburos provenientes del exterior seguirá siendo un 
factor de vulnerabilidad en los próximos años, la transición hacia un nuevo modelo 
energético  económicamente  sostenible  y  respetuoso  con  el  medioambiente  es  el 
principal desafío de un sector clave para la economía y la seguridad, donde el cambio 
climático es considerado como un riesgo sistémico a nivel global.
Proliferación de armas de destrucción masiva
La modernización y el aumento del arsenal nuclear de China, India y Pakistán, junto 
con los avances del programa nuclear de la República Popular Democrática de Corea y 
el programa de enriquecimiento de uranio en Irán, contribuyen a diseñar un orden 
nuclear cada vez más multipolar. Este escenario podría desencadenar una nueva carrera 
armamentística definida por la posible reanudación de pruebas nucleares y el desarrollo 
de nuevas armas. A esto se suma la precariedad de los tratados vigentes para el control 
de la proliferación de armas de destrucción masiva y de sus vectores de lanzamiento.
La amenaza biológica, entendida como el empleo deliberado de agentes patógenos, 
toxinas o elementos genéticos u organismos genéticamente modificados dañinos por 
parte de Estados, individuos, redes criminales u organizaciones terroristas, supone una 
amenaza real con posibles consecuencias catastróficas.
El régimen de prohibición de armas químicas también se enfrenta a importantes 
retos, como los ataques registrados en los últimos años en Siria.
Asimismo, los riesgos derivados del desvío y contrabando de materiales de doble 
uso aumentan considerablemente debido a la transferencia de conocimiento tecnológico 
y el movimiento global de mercancías.
Efectos del cambio climático y de la degradación del medio natural
El  cambio  climático  es  una  amenaza  para  la  seguridad  global  y,  en  Europa, 
especialmente para el área mediterránea. Por eso la mitigación y adaptación al cambio 
climático adquieren cada vez más urgencia.
El cambio climático potencia las olas de calor, la reducción de los recursos hídricos, 
la desertificación y los fenómenos meteorológicos adversos. Ámbitos como la seguridad 
energética y la seguridad ambiental, en particular la gestión del agua, la biodiversidad, la 
calidad del aire, la despoblación de zonas agrarias o forestales se ven afectados por los 
efectos del cambio climático. Riesgos de origen natural relacionados con el clima, como 
son las inundaciones y los incendios forestales, tienen cada vez mayor incidencia en la 
seguridad, pues cada vez son más severos y frecuentes.
El deterioro del medio ambiente, de la biodiversidad y de sus servicios ecosistémicos  e.e
dificultan el acceso a recursos básicos como el agua potable, amplifican conflictos  b
existentes y son causa de desplazamientos forzosos de personas, además de generar  884ww
inseguridad alimentaria.
CAPÍTULO 4
Un planeamiento estratégico integrado
Este capítulo establece los objetivos de la Estrategia y desarrolla un planeamiento 
integrado para la Política de Seguridad Nacional con una estructura diseñada con tres 
ejes estratégicos: Proteger, Promover y Participar.
La Estrategia de Seguridad Nacional establece tres objetivos:
El primer objetivo es avanzar en el modelo de gestión de crisis. Esto supone adoptar 
un enfoque anticipatorio y centrar la toma de decisiones en el análisis de hechos y datos 
objetivos.  El  Sistema  de  Seguridad  Nacional  enfocará  sus  esfuerzos  en  la  alerta 
temprana, la formulación de medidas preventivas y la coordinación reforzada entre todos 
los  entes  públicos.  Esto  incluye  un  marco  de  cogobernanza  con  las  Comunidades 
Autónomas en cuestiones donde las competencias son autonómicas o compartidas.
Para la gestión de crisis de carácter transnacional será necesario potenciar los 
procedimientos de actuación coordinada de la Unión Europea, a través de mecanismos 
de  monitorización  de  riesgos  y  el  desarrollo  de  bases  de  datos  conjuntas  para  la 
identificación y valoración de potenciales riesgos y amenazas.
El segundo objetivo es favorecer la dimensión de seguridad de las capacidades 
tecnológicas  y  de  los  sectores  estratégicos.  Esto  requiere  incorporar  aspectos  de 
seguridad  en  el  desarrollo  tecnológico  desde  su  concepción.  Asimismo,  implica 
constantes  adaptaciones  y  actualizaciones  que  afectan  al  ámbito  regulatorio,  a  los 
controles de calidad y a la formación.
El fomento de iniciativas y proyectos de I+D+i es fundamental para que, tanto desde 
los organismos públicos como desde el sector empresarial, se promueva el desarrollo 
tecnológico orientado a prevenir y a combatir los riesgos y las amenazas en sectores 
estratégicos, como la seguridad alimentaria, la salud o la ciberseguridad. En particular, 
es necesario tomar conciencia del potencial estratégico de la Inteligencia Artificial y la 
importancia de esta tecnología como puntal de la Seguridad Nacional.
El tercer objetivo es desarrollar la capacidad de prevención, disuasión, detección y 
respuesta de España frente a estrategias híbridas, en un contexto de seguridad en el 
que  las  amenazas  convencionales  se  alternan  con  el  uso  combinado  de  vectores 
económicos, tecnológicos, diplomáticos y de información, entre otros, como elementos 
de presión y desestabilización.
La Estrategia establece tres ejes estratégicos sobre los que se articulan las líneas de 
acción (L.A.) de la política de Seguridad Nacional:
– Una España que protege la vida de las personas y sus derechos y libertades, así 
como el orden constitucional.
– Una España que promueve la prosperidad y el bienestar de los ciudadanos.
– Una España que participa en la preservación de la paz y la seguridad internacional 
y defiende sus intereses estratégicos.
Gran  parte  de  las  líneas  de  acción  incorporan  elementos  de  alineación  o 
convergencia con medidas europeas e internacionales, reflejo de la naturaleza global de 
la mayoría de las amenazas a la Seguridad Nacional.
La cultura de Seguridad Nacional es un complemento importante para el desarrollo y 
la consolidación de la Política de Seguridad Nacional, ya que la concienciación social  es
contribuye a fortalecer la resiliencia de la sociedad y del Estado. Para ello, es necesario  o
implementar las acciones incluidas en el Plan Integral de Cultura de Seguridad Nacional,  884ww
dosaoir vgcturaiaelngvdiaézacasdi có idnoce;ni v eirllas,e   ldeecevno a llaancb cusoioaarct aricoeei dxótáanemd r idobceirivt; o illsa.y s  dpaead rmaticcintipuisaatccraiióócnnio : nafeocstri mvpaaú cbidóliecn a; slac,  oemcli uusdneaiccdtaoacrni óípanr  ivypa údbdolei c ya l alays    OE-A-2021-21able en https://
Primer eje: Una España que protege la vida de las personas y sus derechos y libertades, 
así como el orden constitucional
El fortalecimiento de las capacidades de los componentes fundamentales de la 
Seguridad Nacional –la Defensa Nacional, la Acción Exterior y la Seguridad Pública, con 
el apoyo de los Servicios de Inteligencia e Información del Estado– junto al refuerzo de la 
Sanidad Pública, la Protección Civil y la protección de las Infraestructuras Críticas son 
claves para hacer frente a las amenazas que afectan a los valores e intereses de España 
y contribuyen a su cohesión territorial.
Disuasión y defensa
La protección de la soberanía nacional, la población y su libertad requiere disponer 
de  unas  adecuadas  capacidades  militares,  tecnológicamente  avanzadas,  que 
contribuyan a garantizar una disuasión creíble, desde la premisa de que la diplomacia y 
el Derecho Internacional son los principales instrumentos para proteger los intereses 
nacionales.
Esta mejora de las capacidades militares asociadas a la disuasión y la defensa ha de 
ser sostenible en el largo plazo, lo que exige disponer de un marco presupuestario 
estable. Asimismo, demanda una política activa de colaboración público-privada que 
apoye firmemente al sector industrial y tecnológico de la seguridad y la defensa en 
España.
La adaptación al nuevo escenario estratégico requiere garantizar capacidades que 
cubran todo el espectro de la crisis o el conflicto, desde las operaciones de combate 
hasta el apoyo a autoridades civiles en la gestión de crisis.
España contribuirá a la capacidad de la OTAN para desarrollar tareas de defensa 
colectiva, de gestión de crisis y de respuesta a desastres y catástrofes, dentro de una 
visión global que incorpora todos los aspectos del conflicto y las operaciones. Además, 
trabajará  para  integrar  los  sistemas  de  mando  y  control  nacionales  con  los 
internacionales, aliados, correspondientes.
Para la disuasión y la defensa:
L.A.  1.  Asegurar  las  capacidades  militares  necesarias  para  proporcionar  una 
disuasión creíble y una respuesta eficaz en todo el espectro de la crisis o conflicto, 
garantizando su sostenibilidad en el tiempo bajo un marco presupuestario, suficiente y 
estable.
L.A.  2.  Reforzar  las  capacidades  de  defensa  a  través  de  la  investigación,  el 
desarrollo y la innovación tecnológica como vectores de ventaja estratégica.
L.A. 3.  Desarrollar el sector industrial de la defensa, la seguridad y el espacio, así 
como  las  tecnologías  duales,  mediante  la  cooperación  público-privada  y  el 
aprovechamiento  de  sinergias  con  las  herramientas  existentes  tanto  en  el  marco 
nacional como de las Organizaciones Internacionales de Seguridad y Defensa a las que 
pertenece España, en particular los Fondos Europeos de Defensa y la Cooperación 
Estructurada Permanente de la Unión Europea.
Lucha contra el terrorismo y la radicalización violenta
Para reducir la vulnerabilidad de la sociedad es necesario neutralizar la amenaza que 
representan las acciones terroristas dirigidas contra los ciudadanos y los intereses de  es
España dentro y fuera de sus fronteras y hacer frente a los procesos de radicalización  o
aeqInclu tteetue lAaicgrdcoreoeinónrmdincsu iámaccso,eo  oln dar re daeplil sn aepuarxatldittcpaariee p dmlfa uedcins ietódmo nadloa mod svsee i on Felltasueatsenlo  rtsFzop ua.aaesrca rtzoy a rheCsas cuA.eerrrm pfaordes andstee e  naS  emegsiustraioid naaedms  eyinn tadezeran l,ao csai osSní eacrleovsmic icooo snu tndraae    OE-A-2021-21884able en https://www.
Los principales vectores de la amenaza y en los que se deben concentrar los 
esfuerzos  son  los  actores  solitarios,  los  combatientes  terroristas  extranjeros,  la 
propaganda  yihadista  y  extremista  y  la  radicalización  en  las  prisiones.  También  es 
necesario  participar  en  iniciativas  internacionales  cuyo  objetivo  es  impedir  que 
determinadas zonas puedan convertirse en refugio para terroristas, bien sea por la 
debilidad de los gobiernos de esos territorios o por la afinidad ideológica de estos con los 
grupos yihadistas.
La actuación en materia de lucha contra el terrorismo se estructura en cuatro pilares: 
prevenir, proteger, perseguir y preparar la respuesta, que sirven como base para el 
desarrollo de las principales medidas contra esta amenaza. Así lo establece la Estrategia 
Nacional contra el Terrorismo 2019, que es la principal referencia nacional en esta 
materia y consta de dos desarrollos fundamentales: el Plan Estratégico Nacional de 
Prevención  y  Lucha  Contra  la  Radicalización  Violenta  2020  y  el  Plan  Estratégico 
Nacional de Lucha Contra la Financiación del Terrorismo 2020.
En relación con la radicalización, es fundamental reforzar la colaboración ciudadana, 
siendo prioritaria la constitución de las Oficinas de Prevención en las Delegaciones de 
Gobierno y de los grupos territoriales de prevención en las Juntas Locales de Seguridad. 
En el caso de aquellas Comunidades Autónomas que ya dispongan de programas 
específicos, la coordinación se llevará a cabo de acuerdo a su estructura y diseño.
Por otro lado, se requiere fomentar y actualizar las herramientas para la prevención, 
la detección y el seguimiento de los procesos de radicalización, en general, con la 
colaboración ciudadana y en los centros penitenciarios, en particular, con programas de 
tratamiento y evaluación del riesgo de radicalización.
Respecto a la financiación del terrorismo, el desarrollo de la interoperabilidad entre 
los sistemas existentes en las distintas instituciones permitirá identificar a los actores 
implicados y posibilitar la trazabilidad completa de los fondos que sean susceptibles de 
emplearse con fines terroristas.
Para atajar las actividades terroristas o de radicalización en la red y cumplir con la 
normativa europea, se creará la Unidad Nacional de Notificación de Contenidos de 
Internet para la monitorización y retirada de contenidos ilícitos de Internet.
Adicionalmente, se debe actualizar el plan de protección y prevención antiterrorista 
exterior centrado en la asistencia a los ciudadanos o activos españoles víctimas de 
ataques terroristas fuera de España.
Para la lucha contra el terrorismo y la radicalización violenta:
L.A.  4.  Desarrollar  herramientas  y  capacidades  que  refuercen  la  ejecución  de 
investigaciones en el ámbito de la lucha contra el terrorismo por parte de los organismos 
implicados, así como reforzar la coordinación de esos organismos.
L.A. 5.  Potenciar el desarrollo e implementación del Plan Estratégico Nacional de 
Prevención y Lucha Contra la Radicalización Violenta (PENCRAV) y del Plan Estratégico 
Nacional de Lucha Contra la Financiación del Terrorismo (PENCFIT).
L.A. 6.  Incrementar la contribución española en iniciativas de ámbito internacional 
relativas al contraterrorismo y promover la capacitación y fortalecimiento de organismos 
e  instituciones  con  competencias  en  contraterrorismo  en  países  especialmente 
afectados.
L.A. 7.  Potenciar las capacidades de prevención en la lucha contraterrorista de las 
actividades vinculadas al terrorismo y a extremismos violentos, especialmente en Internet 
y redes sociales.
L.A.  8.  Actualizar  el  plan  de  protección  y  prevención  antiterrorista  en  sus  e.
dimensiones interior y exterior. w.b
Actuación frente a situaciones de crisis
Ante amenazas que trasciendan los marcos ordinarios de respuesta, la gestión de 
crisis del Sistema de Seguridad Nacional ha de contar, en primer lugar, con un sistema 
de información para el apoyo a la decisión basado en el análisis de indicadores que 
proporcione alerta temprana sobre los riesgos y amenazas a la Seguridad Nacional. En 
segundo lugar, requiere una red de comunicaciones segura, que permita integrar la 
información y ofrecer una respuesta desde una estructura de mando y control nacional. 
En tercer lugar, es necesario disponer de un catálogo actualizado de recursos humanos 
y materiales y de planes de preparación y disposición de estos para hacer frente a las 
situaciones  de  crisis.  Todo  ello,  en  un  marco  normativo  actualizado  de  Seguridad 
Nacional.
Por otro lado, la dependencia del exterior en el suministro de recursos estratégicos 
supone una vulnerabilidad que se ha de paliar con una adecuada política industrial, tanto 
a nivel nacional como europeo, que apoye la capacidad de producción de recursos 
nacionales.
Entre las medidas de carácter sectorial, la lucha contra las epidemias y pandemias 
demanda la modernización del sistema de vigilancia epidemiológica nacional, a partir de 
las lecciones aprendidas en la gestión de la pandemia de la COVID-19. Es necesario 
actualizar el sistema de vigilancia nacional de Salud Pública para permitir una respuesta 
ágil y acertada.
En  el  Sistema  Nacional  de  Protección  Civil,  la  consolidación  de  estructuras 
funcionales y redes de coordinación, junto con la asignación de los recursos necesarios, 
contribuirán a fortalecer la gestión de emergencias y catástrofes, de acuerdo con lo 
establecido en el Plan Estatal General de Emergencias de Protección Civil. Asimismo, es 
importante asegurar el intercambio de información permanente y en tiempo real entre el 
Sistema Nacional de Protección Civil y el Sistema de Seguridad Nacional en caso de 
catástrofe.
Las Infraestructuras Críticas constituyen el eje sobre el que se articula la resiliencia 
física de un país. Incluyen los sectores de la salud, energético, de alimentación, de 
transportes y el suministro de agua entre otros. Su funcionamiento es indispensable y no 
permite soluciones alternativas, por lo que su perturbación o destrucción tendría un 
grave impacto sobre los servicios esenciales.
Es preciso impulsar la dimensión preventiva del Sistema Nacional de Protección de 
las  Infraestructuras  Críticas,  con  especial  énfasis  en  la  protección  de  los  sistemas 
informáticos de las Infraestructuras Críticas y operadores de servicios esenciales frente a 
ciberamenazas.  En  este  sentido,  la  colaboración  público-privada  y  el  I+D+i  para 
robustecer la resiliencia frente a ciberataques es clave.
Las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, por su localización geográfica en el 
continente africano y por la especificidad de su frontera española y europea, requieren 
de  una  especial  atención  por  parte  de  la  Administración  General  del  Estado  para 
garantizar la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos.
Para hacer frente a situaciones de crisis:
L.A.  9.  Desarrollar  el  modelo  de  gestión  integral  de  crisis  en  el  Sistema  de 
Seguridad Nacional a través de la elaboración de un reglamento de gestión de crisis; la 
implantación de un sistema de alerta temprana basado en indicadores; la creación de un 
catálogo de recursos y de planes de preparación y disposición de recursos; y el diseño 
de un Plan de ejercicios de preparación en el marco de la Seguridad Nacional. e
L.A.10.  Crear  la  Reserva  Estratégica  basada  en  capacidades  nacionales  de  bo
producción industrial con una triple orientación: 884ww
Púbalic) asI deyn tifidcealr  losse rcetocur rsopsri vinadduos tricaolerrse sepsoenndciiaelnetse sd e ala s dsuifes renretessp eAcdtmivoinsi stráamciobniteoss 
competenciales.
b)  Garantizar el suministro de aquellos bienes y servicios que sean considerados 
como de primera necesidad y carácter estratégico.
c)  Salvaguardar la base industrial que suministra recursos de primera necesidad y 
carácter  estratégico,  como  pudieran  ser  componentes  electrónicos,  materiales 
estratégicos,  maquinaria  de  alta  tecnología,  aeronáutica,  semiconductores,  química 
esencial,  equipos  agrarios  avanzados,  tecnología  de  la  comunicación  o  equipos 
sanitarios, entre otros.
L.A. 11.  Modernizar el sistema de vigilancia nacional de Salud Pública a través de 
la renovación de las tecnologías sanitarias y los sistemas de información. La Estrategia 
Digital del Servicio Nacional de Salud incluirá medidas para mejorar la prevención, el 
diagnóstico, la vigilancia y la gestión de la salud en un marco de cogobernanza con las 
Comunidades Autónomas.
L.A. 12.  Elaborar un Plan Integral de Seguridad para Ceuta y Melilla.
Contrainteligencia, lucha contra las campañas de desinformación y acción frente a las 
injerencias del exterior
Para proteger los intereses de España se debe prevenir, detectar y neutralizar las 
agresiones encubiertas procedentes del exterior, cuyo objetivo es obtener información 
sensible  de  forma  ilegal  para  atacar  la  imagen  internacional  de  España  o  realizar 
acciones de injerencia.
Esto incluye reforzar e integrar las capacidades de los Servicios de Inteligencia para 
hacer frente a las operaciones en el ciberespacio y al espionaje, amenazas que cada vez 
cobran mayor relevancia por su capacidad de desestabilizar las instituciones del Estado 
y por su impacto sobre la vida y libertad de los ciudadanos. Para ello, resulta necesario 
que los Servicios de Inteligencia españoles se mantengan al nivel de los más relevantes 
de la Unión Europea. En este sentido, se potenciarán sus capacidades humanas y 
tecnológicas, de manera que se sigan aprovechando las ventajas vinculadas a una 
adecuada gestión y tratamiento del dato, como la Inteligencia Artificial la computación 
cuántica o la nube. Además, se velará por la adecuada actualización legislativa para 
garantizar tanto los derechos de los ciudadanos españoles, como la capacidad de los 
Servicios de actuar en su defensa.
La protección del patrimonio científico y tecnológico requerirá un esfuerzo adicional 
por parte del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), del Centro Criptológico Nacional 
(CCN) y de la Oficina Nacional de Seguridad (ONS). En este sentido, será esencial un 
creciente esfuerzo en las actividades de sensibilización frente a las actuaciones de 
Servicios de Inteligencia hostiles en el ámbito de la industria nacional y de los sectores 
estratégicos.  Asimismo,  el  refuerzo  de  la  ONS  será  fundamental,  en  línea  con  la 
creciente  importancia  de  la  protección  de  la  información  clasificada  como  recurso 
esencial para la Seguridad Nacional. Medida que, a su vez, favorecerá la participación 
de la industria española en programas clasificados en el exterior.
Por otro lado, hacer frente a las campañas de desinformación, que socavan la 
confianza  a  de  los  ciudadanos  en  las  instituciones  democráticas  y  conducen  a  la 
polarización social, requiere hacer un uso sistemático de la detección, alerta temprana y 
notificación así como la coordinación de la respuesta, siempre en línea con las pautas y 
el trabajo desarrollado en el seno de la Unión Europea. La colaboración público-privada, 
especialmente con los medios de comunicación y proveedores de redes sociales, y la 
sensibilización de la ciudadanía son aspectos clave a la hora de detectar y hacer frente a  e.e
las campañas de desinformación. b
Las iniciativas nacionales estarán coordinadas con los planes existentes a nivel  884ww
eDuermopoecora, cciao mEou reolp ePala.n de Acción contra la Desinformación y el Plan de Acción para la
Para la Contrainteligencia, lucha contra las campañas de desinformación y acción 
frente a las injerencias del exterior:
L.A.  13.  Elaborar  una  Estrategia  Nacional  de  Lucha  contra  las  campañas  de 
desinformación.
L.A. 14.  Incrementar las capacidades de los Servicios de Inteligencia españoles 
frente  a  los  ataques  de  los  Servicios  de  Inteligencia  hostiles,  en  especial  en  el 
ciberespacio.
L.A. 15.  Potenciar las capacidades de la Oficina Nacional de Seguridad y garantizar 
un marco legal adecuado para la protección de la información clasificada.
L.A. 16.  Reforzar la cooperación internacional en materia de contrainteligencia.
Segundo eje: Una España que promueve la prosperidad y el bienestar de los ciudadanos
En un contexto marcado por la necesidad de recuperación económica, el crecimiento 
inclusivo  y  la  creación  de  empleo  requieren  políticas  de  inversión  en  innovación  y 
competitividad con visión de futuro, de manera que contribuyan a reforzar la resiliencia 
de la sociedad a largo plazo.
Seguridad de los espacios comunes globales
El normal desarrollo de la actividad social y económica depende, en gran medida, de 
la libre circulación de personas, bienes, servicios e ideas que se realizan a través de los 
espacios comunes globales: el ciberespacio, el espacio marítimo y el espacio aéreo y 
ultraterrestre.
Son espacios de conexión caracterizados por su apertura funcional, la carencia de 
fronteras físicas y su fácil accesibilidad. Por otro lado, en los espacios comunes globales 
resulta difícil la atribución de cualquier acción irregular o delictiva, dada su extensión, su 
débil regulación y la ausencia de soberanía.
Ciberespacio:
En términos de ciberseguridad, se requiere garantizar el uso seguro y fiable del 
ciberespacio, para proteger los derechos y las libertades de los ciudadanos y promover 
el  progreso  socio  económico.  Para  ello  es  importante  incrementar  las  capacidades 
(tecnológicas,  humanas  y  económicas)  de  la  ciberseguridad  nacional  dirigidas  a  la 
prevención, detección, respuesta, recuperación, investigación y defensa activa.
La Carta de Derechos Digitales supone un paso adelante en la protección de los 
derechos de la ciudadanía en el entorno virtual actual. Esto incluye el reconocimiento del 
derecho a la igualdad en los ámbitos digitales, la no discriminación y la no exclusión.
En la Administración pública, es ineludible avanzar en el modelo de gobernanza de la 
ciberseguridad nacional, sobre la base de una mayor eficiencia en los recursos y la 
integración de las capacidades nacionales. En este sentido, el Centro de Operaciones de 
Ciberseguridad permitirá, mediante la prestación de servicios horizontales, aumentar las 
capacidades  de  vigilancia,  detección  y  respuesta  ante  ciberataques  contra  la 
Administración General del Estado y sus organismos públicos, así como contra las 
administraciones autonómicas y locales. Un aspecto relevante será el desarrollo de las 
infraestructuras de ciberseguridad en las Comunidades y Ciudades Autónomas.
Prioridades adicionales son la creación de un sistema de observación y medición de  s
la situación de la ciberseguridad nacional y la puesta en marcha de una plataforma  e.
nacional  de  notificación  y  seguimiento  de  ciberincidentes  que  permita  medir  el  w.
intercambio de información entre organismos públicos y privados en tiempo real. 884ww
marPcoo rd oet rloa  lUadnoió, ns eEruár oppreeaci seon  imlap Elesmtreantetagri al odse  nCueibveorss ergeuqruidearidm ideen tloas  UpEre vpiasrtoas l ae nE real 
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Espacio marítimo:
La Estrategia de Seguridad Marítima promueve un enfoque integral que potencie la 
actuación coordinada y cooperativa de las diferentes Administraciones; la adopción de 
medidas para fortalecer la capacidad de actuación del Estado en la mar y en su litoral; el 
impulso  de  la  colaboración  con  el  sector  privado;  y,  por  último,  el  fomento  de  la 
cooperación internacional, en particular a través de la aplicación de las iniciativas de la 
Organización Marítima Internacional, la Estrategia de Seguridad Marítima de la Unión 
Europea y la Estrategia Marítima de la OTAN.
Una de las prioridades en el ámbito marítimo es la seguridad de la flota mercante y 
pesquera española en aguas jurisdiccionales e internacionales.
Además, en el marco de la Seguridad Nacional, es indispensable una planificación 
preventiva que proporcione respuestas efectivas ante situaciones de complejidad que 
requieran una actuación concertada de los diversos organismos implicados en el dominio 
marítimo.  Esto  supone  introducir  tecnologías  de  Inteligencia  Artificial  en  sistemas, 
plataformas y sensores de vigilancia marítima para la modernización de las capacidades 
marítimas.
Espacio aéreo y ultraterrestre:
Es esencial garantizar la seguridad del espacio aéreo y ultraterrestre en un marco 
compartido y orientado a prevenir los riesgos y amenazas que en ellos se desarrollan, 
así  como  neutralizar  sus  consecuencias,  conforme  a  los  principios  de  eficiencia  y 
máxima coordinación, tanto en el empleo de las capacidades de análisis y evaluación 
como en las de respuesta ante los riesgos y las amenazas.
La seguridad frente a la amenaza de vehículos aéreos no tripulados precisa de 
acciones urgentes, dada su proliferación.
El  sector  espacial  es  clave  para  la  Seguridad  Nacional  por  los  servicios  que 
proporciona. Es preciso desarrollar una política de seguridad en el espacio ultraterrestre 
basada en la cooperación internacional, que tenga como eje la colaboración entre todos 
los actores implicados. En este sentido, España debe incorporarse a todas aquellas 
iniciativas  internacionales  orientadas  a  preservar  el  uso  pacífico  del  espacio 
ultraterrestre, con especial atención a los programas espaciales de la Unión Europea.
Ante la evolución acelerada del sector, debe alcanzarse un reparto eficaz y eficiente 
de competencias espaciales entre los diversos organismos involucrados. La creación de 
una Agencia Espacial Española contribuirá a ordenar las competencias y establecer una 
política nacional que sirva de guía, tanto al sector público como al privado. Así, se podrá 
maximizar el rendimiento de las inversiones, fomentar espacios de colaboración públicos 
y privados, facilitar el uso dual de las capacidades espaciales y potenciar el sector de la 
industria espacial nacional de forma clara y coherente. Además, la Agencia representará 
internacionalmente a España en el sector espacial.
Para la seguridad de los espacios comunes globales:
En el ciberespacio:
L.A.17.  Avanzar en la integración del modelo de gobernanza de la ciberseguridad 
en el marco del Sistema de Seguridad Nacional.
En el espacio marítimo: s
L.A. 18.  Elaborar escenarios de riesgo y planes de preparación y respuesta para  w.b
aquellas situaciones que se consideren de especial interés para la Seguridad Nacional  884ww
en el ámbito de la seguridad marítima.
En el espacio aéreo y ultraterrestre:
L.A. 19. Crear la Agencia Espacial Española, con un componente dedicado a la 
Seguridad Nacional, para dirigir el esfuerzo en materia espacial, coordinar de forma 
eficiente los distintos organismos nacionales con responsabilidades en el sector espacial 
y unificar la colaboración y coordinación internacional.
Estabilidad económica y financiera
Un  contexto  económico  justo,  estable  y  seguro  es  condición  necesaria  para  el 
progreso y favorece la creación de empleo, así como la competitividad de las empresas y 
la industria española.
La estrategia económica para hacer frente a la crisis derivada de la pandemia está 
recogida en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Este Plan traza la 
hoja  de  ruta  para  la  modernización  de  la  economía  española,  la  recuperación  del 
crecimiento económico y la creación de empleo tras la crisis de la COVID-19, así como 
para responder a los retos de la próxima década.
Las medidas que se adopten han de ir acompañadas de una política fiscal robusta y 
progresiva de acuerdo con el principio de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 
financiera y que promueva medidas contra la evasión de impuestos, el blanqueo de 
capitales y la corrupción.
Asimismo,  para  ejecutar  una  política  preventiva  y  anticipar  posibles  crisis,  es 
importante monitorizar los riesgos sistémicos y la publicación de alertas sobre aspectos 
que puedan afectar a la estabilidad financiera.
Por otra parte, la sostenibilidad del crecimiento económico a medio plazo requiere 
impulsar la modernización y la productividad del ecosistema industrial español. Este 
aspecto cobra también sentido en relación a determinados activos estratégicos para la 
Seguridad Nacional que son objeto de inversión directa extranjera. La tecnología, la 
salud, el sector aeroespacial o las energías renovables, área esta última en la que 
España ocupa una posición de liderazgo, son sectores industriales estratégicos para la 
seguridad. Se han de potenciar, desde una economía abierta, en línea con el marco 
normativo europeo y el mecanismo de coordinación de la Unión Europea, pero también 
con vistas a asegurar la cadena de valor, contribuir a una mayor autonomía estratégica y, 
por tanto, a una mayor resiliencia en situaciones de crisis.
Para la estabilidad económica y financiera:
L.A. 20.  Potenciar la modernización y la productividad del ecosistema español 
industrial, mediante el impulso de la competitividad de sectores estratégicos clave para la 
Seguridad  Nacional,  en  línea  con  lo  establecido  en  el  Plan  de  Recuperación, 
Transformación y Resiliencia.
Lucha contra el crimen organizado y la delincuencia grave
Las políticas públicas contra la criminalidad organizada y la delincuencia grave deben 
orientarse  hacia  la  identificación  temprana  de  la  actividad  delictiva,  su  prevención, 
persecución y represión efectivas. Para ello, se debe promover la actuación coordinada 
de los Servicios de Inteligencia, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y autoridades fiscal y 
judicial. A la lucha directa contra la criminalidad desde las instituciones públicas, debe 
sumarse además la concienciación social sobre el fenómeno delictivo. En este sentido,  es
en marzo de 2020 se aprobó el Plan Estratégico contra la Criminalidad. o
mdciebe ejcoPErarsalpe eringtada u elnerslieasadu  rayrtdo rila.nal lloPt ierz eaalidcrgrau eel p aene lculeroinaac,   cohipnóaylonay m n yq lí aualco e ocd enadestlelir tzatacea rbccimllciaeói ceónennt rdr ,a  oeutra ngaa  acdpytneli avimznolaaá se ds.soe t,xr adpsteleéo  gtnaincecoució eeqnsvu iatedas en in  cicnslauespytrreaausc me idle habnudltameonssaq  nquoudeseeo,     OE-A-2021-21884able en https://www.
especialmente  de  mujeres  y  niñas,  contribuirá  a  hacer  frente  a  las  desigualdades
sociales que genera la criminalidad y a la situación de vulnerabilidad en la que se 
encuentran ciertos colectivos respecto a los delitos de odio.
Además,  es  indispensable  establecer  planes  específicos  de  actuación  contra  el 
crimen organizado en las áreas geográficas especialmente proclives a su implantación, 
actuación y arraigo, como se ha hecho con el plan para el Estrecho de Gibraltar.
Por  otro  lado,  se  requiere  impulsar  nuevas  vías  de  prevención,  investigación  y 
análisis de la vinculación entre el crimen organizado y el terrorismo.
Para la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia grave:
L.A. 21.  Elaborar un plan estratégico de lucha contra el enriquecimiento ilícito de las 
organizaciones criminales y los delincuentes.
L.A. 22.  Desarrollar un plan estratégico específico nacional contra la trata y la 
explotación de seres humanos.
Ordenación de flujos migratorios
La ordenación de los flujos migratorios y la lucha contra las redes de migración 
irregular y trata de seres humanos deben ser elementos de permanente atención por 
parte de las Administraciones Públicas, con la implicación del tercer sector y la sociedad 
civil.
La articulación de mecanismos que mejoren la eficiencia y la integración de todos los 
esfuerzos y las capacidades de las Administraciones Públicas redundará en una mayor 
eficacia y coherencia en la gestión migratoria.
Desde una perspectiva integral y preventiva, la colaboración con los países de origen 
y  tránsito  es  un  aspecto  indispensable  e  insustituible  para  reducir  los  movimientos 
migratorios irregulares hacia España. Por ello, resulta esencial reforzar y aumentar los 
convenios de colaboración en el ámbito bilateral y en el marco de la Unión Europea, en 
especial en el Magreb, Sahel y África occidental. Además, establecer nuevas vías de 
migración regular y mejorar las existentes es una parte esencial del compromiso con los 
países africanos.
La vigilancia y el control de las fronteras es un elemento fundamental en este ámbito. 
Por un lado, es una responsabilidad compartida, incluidos los países de origen y tránsito, 
a los que se debe asistir para incrementar sus capacidades y medios. Por otro lado, en 
cuanto las fronteras exteriores de la Unión Europea, la inmigración irregular es una 
responsabilidad no solo de los países frontera de la Unión, sino que concierne a todos 
los socios europeos. Además de las rutas marítimas y terrestres, es imperativo atender a 
las llegadas aéreas, tanto desde África como desde otros continentes, a los movimientos 
secundarios hacia o desde España y a la prolongación ilegal de estancia que deriva en 
inmigración irregular.
Igualmente, es importante la identificación temprana de grupos vulnerables, así como 
de  eventuales  beneficiarios  de  protección  internacional,  y  la  mejora  de  los  centros 
adecuados para su atención.
La optimización de las capacidades de salvamento y rescate en la mar, la atención 
humanitaria, la recepción y reseña y el tratamiento de los inmigrantes durante todo el 
ciclo migratorio, incluidos los procesos de determinación de estatus de los solicitantes de 
protección internacional, requieren actualizar la legislación nacional.
La inclusión de los migrantes es un vector fundamental para lograr una sociedad más 
próspera,  cohesionada  y  resiliente.  Para  la  consecución  de  este  objetivo,  es 
imprescindible mejorar la coordinación entre los tres niveles de la Administración General  e.e
del  Estado  y  establecer  políticas  públicas  dirigidas  a  erradicar  cualquier  forma  de  b
discriminación, racismo o xenofobia. 884ww
Para la ordenación de flujos migratorios:
L.A. 23.  Establecer un sistema integral y colaborativo de información a nivel de la 
Administración General del Estado, que permita conocer en tiempo oportuno la situación 
de los flujos de inmigración, los recursos comprometidos en su gestión, así como las 
necesidades identificadas.
L.A. 24.  Fortalecer la relación y los acuerdos con los países de origen y tránsito 
para lograr una migración ordenada e impedir el tráfico de seres humanos.
Seguridad energética y transición ecológica
La transición energética hacia un modelo más sostenible, que incorpore un mayor 
porcentaje de energías renovables y contribuya a lograr la neutralidad climática y una 
mayor autonomía estratégica, introduce nuevas oportunidades y retos en el escenario 
energético, que se suman a la necesidad de garantizar la seguridad del abastecimiento y 
transporte de hidrocarburos en los próximos años.
Las energías renovables y las infraestructuras del sistema energético, en particular 
las redes eléctricas que las transportan, tienen repercusiones geopolíticas propias. Así, 
las tecnologías asociadas a la transición energética, las instalaciones y los nuevos 
materiales, como las tierras raras, están ganando protagonismo frente a recursos más 
tradicionales como el petróleo y el gas.
Los  cambios  en  la  matriz  energética  conllevan  la  incorporación  de  nuevas 
tecnologías y, en consecuencia, la ampliación y/o profundización de la dependencia de 
las mismas.
El nuevo paradigma energético obliga a una revisión de la Estrategia de Seguridad 
Energética Nacional 2015, para una adecuada actualización y encaje en este marco, 
donde además se han de tener en consideración el Pacto Verde Europeo y los Acuerdos 
de París de 2015.
El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021-2030 es el instrumento de 
planificación  básico  para  promover  la  acción  coordinada  y  coherente  entre 
departamentos ministeriales, Comunidades Autónomas y entes locales.
Para la seguridad energética y transición ecológica:
L.A. 25.  Actualizar la Estrategia de Seguridad Energética Nacional para establecer 
objetivos  y  líneas  de  acción  de  acuerdo  con  el  contexto  de  transición  ecológica, 
energética y económica.
Tercer eje: Una España que participa en la preservación de la paz y seguridad 
internacional y defiende sus intereses estratégicos
España es firme defensora del respeto y cumplimiento del Derecho Internacional. Al 
mismo tiempo, reconoce la necesidad de algunas reformas del sistema internacional. En 
particular, aboga por una revisión del sistema de las Naciones Unidas, eje central de la 
acción multilateral concertada para la prevención de conflictos, la acción humanitaria y la 
consecución de la paz, para lograr una organización más ágil y eficaz, adaptada a los 
desafíos mundiales actuales.
Asimismo,  los  mecanismos  de  gobernanza  global  son  oportunos  para  gestionar 
bienes  públicos  como  la  salud  pública,  la  seguridad  y  sanidad  alimentaria  o  el 
medioambiente. es
Un enfoque preventivo y cooperativo de la seguridad es el principal criterio del  o
meceoxnutmfelotEiprqdisoruiopmre,ma  eiñaninsastsoe íi  igondcrnceaoao lm lEr epqosnou p releaaa lñf   orlacaer ut scaimogolelunpuza lccilmlaidaó a incelad ond  mgtedoou e cbn doegiednré nafnllaidacen  triozonAsa tge c,e erolnnanma  dseocaeli   ogeuMnuxnartu eiled.jre laiAeordemrd ,sy eeb, m neaPtlás oapas zr,ddo  oEigsy srte iepnSnsat eiouñvg.noaua  rpd icdreooa mosdup,u  eecarvoacencc ii óuóennnl     OE-A-2021-21884able en https://www.
objetivo de avanzar hacia la igualdad real y efectiva en el plano internacional.
Multilateralismo reforzado
España es un país comprometido con la paz y seguridad internacional. Ningún país 
por sí solo puede hacer frente a amenazas globales del siglo XXI como la lucha contra 
las pandemias o contra los efectos del cambio climático. Una acción concertada sobre la 
base  de  un  multilateralismo  más  fuerte  resulta  necesaria  con  la  Organización  de 
Naciones Unidas como principal referencia a nivel mundial. Las iniciativas orientadas a 
que la Organización Mundial de la Salud sea un instrumento más eficaz forman parte de 
la propuesta española. Además, se ha de impulsar un control de armamentos que 
responda al mundo multipolar e incorpore a China.
Para el multilateralismo reforzado:
L.A. 26.  Potenciar la diplomacia preventiva y el papel de España como actor activo 
y comprometido en la mediación de conflictos en el exterior.
L.A. 27.  Contribuir a la intensificación del apoyo al régimen internacional de no 
proliferación de armas de destrucción masiva y desarme, a través de la actualización de 
el régimen internacional de control, exportación y verificación.
L.A. 28.  Impulsar la implementación de los objetivos del II Plan Nacional de Acción 
de Mujeres, Paz y Seguridad de integrar la perspectiva de género y hacer realidad la 
participación  significativa  de  las  mujeres  en  la  prevención,  gestión  y  resolución  de 
conflictos y la consolidación de la paz.
Autonomía estratégica europea
La autonomía estratégica implica un mayor peso geopolítico de la Unión Europea en 
la esfera mundial, que puede ser utilizado para equilibrar asimetrías de influencia entre 
grandes  actores,  promover  una  gobernanza  justa  frente  a  retos  globales  como  el 
desarrollo tecnológico, el cambio climático o la lucha contra las pandemias y defender 
sus valores e intereses.
La autonomía estratégica trasciende el ámbito de la defensa. La construcción del 
marco europeo de la seguridad sanitaria, las acciones para aumentar la resiliencia de las 
cadenas de suministro, el avance en la seguridad energética o el impulso hacia una 
soberanía  tecnológica  forman  parte,  entre  otros,  del  amplio  espectro  de  políticas 
tendentes al fortalecimiento de la seguridad europea y del papel de la Unión como actor 
global. En este sentido, es clave la reducción de las dependencias estratégicas de 
materias primas y componentes esenciales de las cadenas de valor industriales, a través 
de la diversificación de la producción y el suministro, el mantenimiento de reservas y el 
impulso a la producción e inversión en Europa.
Un pilar esencial de la seguridad europea es ahondar en la complementariedad entre 
la Unión Europea y la OTAN. Una Europa con mayores capacidades contribuye a una 
Alianza Atlántica más fuerte y viceversa. La asunción por parte de los aliados europeos 
de una mayor cuota de responsabilidad en materia de seguridad y defensa refuerza el 
compromiso asumido.
Otro aspecto relevante es el desarrollo de una mayor cooperación policial, militar, de 
inteligencia y judicial en la Unión Europea para luchar contra el terrorismo, el crimen 
organizado y la delincuencia grave.
Para la autonomía estratégica europea:
L.A. 29.  Promover un liderazgo decidido en la formulación y el desarrollo de la  s
Política Común de Seguridad y Defensa, en línea con las conclusiones que se obtengan  oe.
del proceso de revisión de la seguridad europea. w.
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Mayor protagonismo en la OTAN
La  defensa  colectiva  es  un  elemento  central  para  la  Seguridad  Nacional.  El 
compromiso de España con el multilateralismo como mejor vía para proteger intereses y 
valores frente a las amenazas compartidas a la seguridad encuentra su mejor garantía 
en la participación española en la OTAN. Una visión integral de los riesgos y amenazas a 
la seguridad, que incorpore los desafíos que presenta el flanco sur, ha de tener su 
debido reflejo en la reflexión estratégica que está acometiendo la Organización.
Para un mayor protagonismo en la OTAN:
L.A. 31.  Participar activamente en la revisión estratégica acometida por la OTAN de 
acuerdo a las siguientes acciones:
a)  Promover  una  mayor  convergencia  con  la  Unión  Europea  en  políticas 
tecnológicas.
b)  Enfatizar  la  importancia  del  flanco  Sur,  particularmente  del  Sahel,  para  la 
seguridad europea y transatlántica.
c)  Mantener la contribución española a las operaciones OTAN en Europa oriental y 
al sistema de defensa antimisiles como vector de disuasión.
Preservación del medio ambiente, desarrollo sostenible y lucha contra el cambio 
climático
Los efectos del cambio climático son una de las amenazas más acuciantes para la 
Seguridad Nacional por su impacto transversal en ámbitos tan heterogéneos como la 
seguridad energética, las emergencias y catástrofes o los conflictos y desplazamientos 
de  personas  a  consecuencia  de  la  degradación  medioambiental  y  los  desastres 
naturales.
En particular, un importante nexo con la seguridad se encuentra en los posibles 
conflictos derivados de los efectos del cambio climático en los países más vulnerables. 
Por ello, en el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático se aboga por políticas 
preventivas  de  ayuda  al  desarrollo,  que  pongan  el  foco  en  la  construcción  de  la 
resiliencia a través de la detección temprana. A tal fin resulta necesaria la identificación 
de los lugares más vulnerables al cambio climático para priorizar la acción.
Los compromisos adquiridos en los Acuerdos de París de 2015 y la Agenda 2030 
encuentran en el Plan Nacional de Acción para la implementación de la Agenda 2030 la 
principal referencia para avanzar en la lucha contra la crisis climática.
Para la preservación del medio ambiente, el desarrollo sostenible y la lucha contra el 
cambio climático:
L.A. 32.  Integrar la Agenda 2030 en las políticas de cooperación al desarrollo, para 
contribuir a reforzar las capacidades de los países más vulnerables a prepararse frente 
al cambio climático.
L.A. 33.  Desarrollar los objetivos del área «paz, seguridad y cohesión social» del 
Plan  Nacional  de  Adaptación  al  Cambio  Climático  2021-2030  relacionados  con  la 
prevención  de  posibles  conflictos  mediante  su  detección  temprana,  con  el  fin  de 
reconocer  aquellas  situaciones  que  puedan  suponer  amenazas  para  la  paz  y  la 
seguridad internacional.
CAPÍTULO 5
El Sistema de Seguridad Nacional y la Gestión de Crisis
El quinto capítulo de la Estrategia presenta un modelo integrado para hacer frente a 
las situaciones de crisis de forma preventiva, ágil y eficaz en el marco del Sistema de 
Seguridad Nacional.
El Sistema de Seguridad Nacional es el conjunto de órganos, organismos, recursos y 
procedimientos que posibilitan la acción del Estado en el ejercicio de las funciones para 
proteger la libertad y el bienestar de sus ciudadanos, garantizar la defensa de España y 
sus  principios  y  valores  constitucionales,  y  contribuir  junto  a  socios  y  aliados  a  la 
seguridad internacional.
El Consejo de Seguridad Nacional es la pieza angular del Sistema y es el órgano 
responsable de la dirección y la coordinación de las actuaciones para la gestión de 
situaciones de crisis. Estas actuaciones están dirigidas a:
– Detectar y valorar los riesgos y amenazas concretos para la Seguridad Nacional.
– Facilitar el proceso de toma de decisiones.
– Asegurar una respuesta óptima y coordinada de los recursos del Estado que sean 
necesarios.
Para llevarlas a cabo, el Consejo de Seguridad Nacional está asistido por un Comité 
Especializado de carácter único para el conjunto del Sistema: el Comité de Situación.
El Comité de Situación estará apoyado por el resto de comités especializados, en 
sus respectivos ámbitos sectoriales, en todo lo relacionado con la valoración de riesgos y 
amenazas, en el análisis de los posibles escenarios de crisis, en especial de aquellos 
susceptibles de derivar en una situación de interés para la Seguridad Nacional, y en la 
evaluación de los resultados.
Un modelo avanzado de Gestión de Crisis
En un entorno de seguridad caracterizado por su elevada complejidad y un ritmo 
acelerado de cambio, se incrementa la probabilidad de que se produzcan eventos de 
difícil previsión y de gran impacto para la seguridad. Su prevención y gestión demandan 
instrumentos de detección y alerta temprana capaces de integrar y analizar toda la 
información disponible.
Enfoque integral que garantice la resiliencia
Un enfoque integral basado en la resiliencia cubre todas las fases de la gestión de 
crisis, desde un estado de normalidad hasta la recuperación tras una situación de crisis. 
Esta aproximación implica implementar estructuras y procesos ágiles que permitan la 
adopción de políticas anticipatorias, con la ayuda de la digitalización del sistema.
Además, el concepto de resiliencia supone una integración multinivel en el modelo de 
gestión de crisis, que incorpora tanto la coordinación entre todas las Administraciones 
públicas (estatal, autonómica y local), como entre los ministerios, el sector privado y 
científico y la sociedad civil.
A estos fines, y alineado con desarrollos similares en la Unión Europea y la OTAN, el 
Comité de Situación garantizará, en el marco de la gestión de crisis, el enfoque integral  es
gubernamental  y  social  para  aumentar  la  capacidad  de  resiliencia  frente  a  todo  el  bo
espectro de los riesgos y las amenazas a la Seguridad Nacional, con especial atención a  884ww
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Estructuras y procesos
En el marco del Sistema de Seguridad Nacional, la dirección y coordinación de la 
gestión de crisis es función del Consejo de Seguridad Nacional, asistido por el Comité de 
Situación.
El Departamento de Seguridad Nacional apoya al Comité de Situación mediante la 
integración  y  el  análisis  de  información  procedente  de  todas  las  autoridades  y 
organismos, la alerta temprana, el seguimiento de la situación y el asesoramiento técnico 
preventivo y las acciones de respuesta. Este apoyo se materializará a través de los 
mecanismos de enlace y coordinación del Sistema de Seguridad Nacional, tanto de 
carácter permanente como de coordinación reforzada. Así, se podrá activar una célula 
de coordinación, formada por representantes de todos los ministerios y organismos 
implicados en la respuesta y conducción de la crisis.
Además, el Departamento de Seguridad Nacional se constituye como punto de 
entrada y relación con los sistemas de gestión de crisis a nivel político-estratégico de la 
Unión Europea (Dispositivo de Respuesta Política Integrada a las Crisis) y de la OTAN, 
salvo  en  lo  relativo  a  las  implicaciones  de  la  Defensa  Nacional  o  en  materia  de 
Protección Civil.
A los efectos de una adecuada preparación y adiestramiento, conviene realizar 
ejercicios de gestión de crisis en el plano político-estratégico con carácter periódico. 
Estos ejercicios tendrán como objetivo general activar la estructura y los procedimientos 
del Sistema de Seguridad Nacional, ejercitando la gestión de crisis ante una situación de 
interés para la Seguridad Nacional.
Asimismo, los miembros del Sistema de Seguridad Nacional participarán en los 
ejercicios de las organizaciones internacionales cuando así sea preciso.
Desarrollo del Sistema
Para el desarrollo de capacidades nacionales para hacer frente a situaciones de 
crisis, se acometerán las siguientes iniciativas:
– Catálogo  de  recursos  de  la  Seguridad  Nacional.  Se  elaborará  un  catálogo 
dinámico de recursos de los sectores estratégicos del Estado que puedan ser puestos a 
disposición de las autoridades competentes. En su elaboración participará tanto el sector 
público como el privado.
A dichos efectos, las Comunidades Autónomas elaborarán sus catálogos específicos 
de recursos, que se integrarán en el estatal, sobre la base de sus propias competencias 
y la información facilitada por el Gobierno.
– Planes de preparación y disposición de recursos. Se elaborarán para aquellos 
escenarios aprobados por el Consejo de Seguridad Nacional que, en base al análisis de 
los riesgos y las amenazas, así lo aconsejen.
– Sistema de Alerta Temprana basado en indicadores. El modelo integrado para 
hacer frente a las situaciones de crisis, de forma preventiva, ágil y eficaz, está basado en 
un  sistema  que  permita  la  toma  de  decisiones  sobre  la  base  de  la  información 
proporcionada por unos datos objetivos de determinación de impactos y la evidencia 
científica. A tales efectos, se desarrollará un sistema de indicadores críticos de los 
distintos ámbitos de la Seguridad Nacional, cuya monitorización y análisis permitan 
desplegar acciones preventivas y, llegado el caso, la ejecución de medidas de respuesta 
y conducción en tiempo oportuno. es
– Integración de la información de Seguridad Nacional. Se adoptarán soluciones  bo
tecnológicas  basadas  en  la  gestión  del  conocimiento,  y  también,  con  técnicas  de  884ww
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involucrados.
– Desarrollo de las comunicaciones especiales de la Presidencia del Gobierno. A 
través de las comunicaciones especiales, se establecerá un instrumento de gestión para 
el Sistema de Seguridad Nacional, que se configura como elemento de coordinación y 
para el intercambio de información clasificada en materia de gestión de crisis.
– Integración  de  las  Comunidades  y  Ciudades  Autónomas  en  el  Sistema  de 
Seguridad  Nacional.  Corresponde  a  la  Conferencia  Sectorial  para  asuntos  de  la 
Seguridad Nacional asumir las funciones como órgano de cooperación entre el Estado y 
las Comunidades Autónomas en aquellas cuestiones de interés común relacionadas con 
la Seguridad Nacional.
El acceso a las comunicaciones especiales de la Presidencia del Gobierno de todos 
los actores intervinientes en una situación de crisis es un requisito imprescindible para su 
integración  efectiva  en  el  Sistema  de  Seguridad  Nacional.  De  esta  forma,  en  los 
próximos cinco años se desarrollará un plan de extensión progresiva de esta red.