BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 177 Viernes 26 de junio de 2020 Sec. III.   Pág. 45091
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
6811 Resolución de 22 de junio de 2020, de la Secretaría de Estado de Política 
Territorial y Función Pública, por la que se publica el Convenio con la Cámara 
de  Comercio  de  España,  para  la  identificación  y  reducción  de  cargas 
administrativas.
La Ministra de Política Territorial y Función Pública y el Presidente de la Cámara 
Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España (Cámara de Comercio 
de  España)  han  suscrito,  con  fecha  21  de  junio  de  2020,  un  Convenio  para  la 
identificación de cargas administrativas y su reducción.
Para general conocimiento, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 48.8 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, se dispone la 
publicación del referido Convenio, como anejo a la presente Resolución.
Madrid, 22 de junio de 2020.–El Secretario de Estado de Política Territorial y Función 
Pública,  P.  D.  (Orden  TFP/296/2019,  de  12  de  marzo),  la  Directora  General  de 
Gobernanza Pública, María Pía Junquera Temprano.
ANEJO
Convenio entre la Administración General del Estado (Ministerio de Política 
Territorial y Función Pública) y la Cámara de Comercio de España para la 
identificación de cargas administrativas y su reducción
En Madrid, 21 de junio de 2020.
De una parte, doña Carolina Darias San Sebastián, Ministra de Política Territorial y 
Función Pública, según nombramiento efectuado por Real Decreto 8/2020, de 12 de 
enero,  BOE  de  13  de  enero,  en  ejercicio  de  las  competencias  que  le  atribuye  el 
artículo 61.k) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, y en virtud de la Resolución de 4 de junio de 2020, dictada al amparo de lo 
dispuesto  en  el  artículo  10.1  de  la  citada  Ley  40/1015,  por  la  que  se  avoca  la 
competencia para la celebración del presente Convenio, competencia que se encuentra 
delegada en la Dirección General de Gobernanza Pública conforme a la Orden TFP/
296/2019, de 12 de marzo.
De otra parte, don José Luis Bonet Ferrer, Presidente de la Cámara Oficial de 
Comercio,  Industria,  Servicios  y  Navegación  de  España  (en  adelante  Cámara  de 
Comercio de España), cargo desempeñado en virtud del nombramiento efectuado por el 
Pleno de la Corporación en su sesión celebrada el 12 de diciembre de 2018, en nombre 
y representación del citado Organismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 
de la Ley 4/2014, de 1 de abril, Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, 
Servicios y Navegación.
Interviniendo en el ejercicio de sus cargos y haciendo uso de la representación que 
ostentan, ambas partes se reconocen suficiente capacidad legal y competencia para  s
celebrar el presente Convenio y en relación con el mismo, oe.
I.  Que  la  reducción  de  cargasE XaPdOmNinEisNtrativas  constituye  un  objetivo  y  un
yc oFmupnrcoiómnis Poú dbelilc Ga o(ebnie randoe dlaen tEes MpaINñaP,T cFoPrr)e, slap osnimdipelnifdicoa cailó Mn inaidsmteirniois tdrea tiPvoal,í teicl ae sTteurdriitoo rdiael   BOE-A-cable e
las mejoras procedimentales y los procesos de reducción de cargas administrativas que 
han de aplicarse para flexibilizar las estructuras de las Administraciones Públicas y 
superar  las  dificultades  que  pueden  encontrar  los  ciudadanos  y  empresas  para 
relacionarse con ellas.
A este respecto, tanto la Unión Europea como la OCDE recomiendan a los estados, 
entre otras medidas, prestar una atención particular a la mejora de la tramitación mediante 
la normalización y reducción de la cantidad de formularios y declaraciones empleados en 
materia  de  contabilidad,  fiscalidad,  asuntos  sociales  y  estadísticas,  así  como  crear  o 
mantener  dentro  de  los  servicios  de  sus  Administraciones  un  organismo  consultivo 
compuesto de representantes de las empresas, incluidas las pequeñas y medianas, y de la 
Administración con vistas a fomentar la simplificación de los procedimientos administrativos 
y  de  la  legislación.  En  este  sentido,  cabe  citar  las  Conclusiones  del  Consejo  de 
Competitividad de 27 de mayo de 2019 sobre «Un nuevo nivel de ambición para un 
mercado único competitivo» en las que se aboga por que los estados asuman compromisos 
y objetivos concretos con el fin de prevenir y eliminar las cargas innecesarias.
El  proceso  de  simplificación  de  procedimientos  va  dirigido  a  identificar  posibles 
cargas existentes, así como a la implementación de propuestas de mejora del diseño de 
los  procedimientos  administrativos  para  que  estos,  además  de  adecuarse  a  las 
necesidades actuales, operen con la máxima economía y alcancen el mayor grado 
posible de eficacia y eficiencia.
II.  Por su parte, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en los que los 
Estados miembros de las Naciones Unidas se han comprometido a seguir para enmarcar 
sus agendas y políticas públicas hasta 2030, promueven la creación de instituciones 
eficaces que rindan cuentas, así como garantizar la adopción en todos los niveles de 
decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades 
de la sociedad. Se promueve que tanto el sector privado como la ciudadanía adopten un 
rol activo en la adopción de los ODS y su cumplimento, y por tanto, colaboren con las 
Administraciones en los cambios que estas promueven.
En la vía del enfoque participativo que promueve el gobierno abierto y los ODS, se 
puede avanzar en la mejora del funcionamiento de la Administración y de sus servicios 
abriendo la posibilidad de los destinatarios de los servicios, a una experiencia conjunta 
de  búsqueda  de  soluciones  a  problemas  concretos.  Este  cambio  cultural  pretende 
favorecer la formación de espacios de creatividad donde la Administración comparta sus 
datos, experiencia y recursos y los pone a disposición del sector empresarial o social 
(que aporta su experiencia como usuario de procedimientos).
III.  En este marco general, el MINPTFP ha venido formalizando Convenios con 
diversas entidades representativas, entre las que se encuentra la Cámara de Comercio 
de España, con el fin de que estas organizaciones y sus asociados puedan contribuir con 
su experiencia al proceso de identificación de cargas administrativas en las áreas de 
actividad que representan, a la formulación de nuevas propuestas de mejora y a la 
difusión entre el tejido empresarial de los resultados alcanzados.
Finalizada la vigencia del anterior Convenio suscrito con la Cámara de Comercio de 
España, cuyas áreas de estudio fueron las cargas administrativas vinculadas a las pequeñas 
y medianas empresas (pymes) españolas, el MINPTFP y dicha organización consideran de 
interés  abordar,  mediante  la  formalización  de  un  nuevo  Convenio,  la  identificación  y 
planteamiento de propuestas concretas de reducción de cargas administrativas vinculadas al 
sector energético, la economía circular y la lucha contra el cambio climático.
La selección de este ámbito de trabajo se basa, por un lado, en la importancia del  s
sector energético en la economía española, y del que dependen prácticamente todos los  oe.
demás sectores de actividad, y especialmente la industria. Además, en el caso de la  w.
economía española, tiene una gran dependencia energética del exterior. En los últimos  11w
aeñnoesrg séeti ceos tácno meom perne nedli emndaorc noo tdaeb lelas  aecccoinoonmesía d ecsirdceu lealr  sye cdtoerl  pcúabmlibcoio  tacnlitmo áetnic oe.l  sEescttaosr 
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IV.  Que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 13.2 del Real Decreto 2/2020, de 12 
de enero, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales, corresponde al 
MINPTFP la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de función 
pública, administración y gobernanza públicas. En particular, el Real Decreto 307/2020, 
de 11 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de 
Política Territorial y Función Pública, le atribuye la política de la reducción de cargas 
administrativas y la simplificación y mejora de los procedimientos administrativos y de la 
calidad de los servicios públicos, en el ámbito de la Administración General del Estado.
V.  Que la Cámara de Comercio de España, de acuerdo con lo dispuesto en la 
Ley 4/2014, de 1 de abril, es una Corporación de Derecho Público que tiene reconocida 
su labor como institución intermedia en la representación, promoción y defensa de los 
intereses generales del comercio, la industria, los servicios y la navegación, y en la 
consolidación del tejido económico del país. Bajo la tutela de las Administraciones 
Públicas, la Cámara de Comercio de España desarrolla las funciones que les son 
encomendadas  por  Ley.  En  particular,  el  artículo  5.1.i)  establece  como  función  de 
carácter  público-administrativo  de  las  Cámaras  de  Comercio:  «Colaborar  con  las 
Administraciones Públicas en la simplificación administrativa de los procedimientos para 
el inicio y desarrollo de actividades económicas y empresariales, así como en la mejora 
de la regulación económico-empresarial.»
VI.  Que la Cámara de Comercio de España, representante a nivel nacional e 
internacional de la red de Cámaras de Comercio, es el interlocutor válido ante los 
órganos de la Administración del Estado. Coordina las actuaciones de las Cámaras, 
fomenta la relación entre ellas y elabora la posición de las Cámaras de Comercio ante la 
Administración, a partir de la información que, a través de la red cameral, transmiten las 
empresas. En particular, el artículo 20.1 de la Ley 4/2014, de 1 de abril, establece 
expresamente que «La Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación 
de España es una corporación de derecho público, con personalidad jurídica propia y 
plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines que se configura como 
órgano consultivo y de colaboración con la Administración General del Estado […]».
VII.  Que la modernización, racionalización y simplificación de los procedimientos 
administrativos,  en  cuanto  propicia  la  reducción  de  trámites  y  cargas  burocráticas, 
además de facilitar la relación entre los ciudadanos y la Administración, contribuye a 
reducir  los  costes  administrativos  de  explotación  de  las  actividades  mercantiles, 
ayudando a mejorar la competitividad de las empresas y a estimular su desarrollo.
VIII.  Que la Cámara de Comercio de España por su representatividad empresarial y 
por su objeto y fines sociales, es el cauce institucional adecuado para ayudar a identificar 
los trámites y cargas burocráticas innecesarias, redundantes o excesivas, que pesan 
sobre la creación de empresas o el desarrollo de su actividad, y para determinar o 
sugerir cambios o medidas que faciliten su simplificación o reducción, así como para 
realizar acciones divulgativas al respecto entre el colectivo empresarial, motivos por los 
que  dicha  Cámara  y  el  propio  MINPTFP  tienen  interés  en  establecer  un  marco 
permanente de diálogo y colaboración sobre el asunto mencionado.
IX.  Que, teniendo presente que la consulta a los sectores interesados permite 
mejorar la calidad de la legislación y su adecuación a las necesidades sociales, resulta 
pertinente  establecer  nuevas  vías  de  colaboración  que  fomenten  la  participación 
empresarial en esta iniciativa pública.
En  consecuencia  con  lo  expuesto,  las  partes  consideran  oportuno  suscribir  el 
presente Convenio con arreglo a las siguientes e.
CLÁUSULAS 11w
Primera.  Objeto del Convenio.
El objeto del presente Convenio es establecer los términos de la colaboración entre
la Administración General del Estado, a través del MINPTFP, y la Cámara de Comercio
de España para identificar y plantear propuestas específicas de reducción de cargas 
administrativas para el sector energético, en el ámbito de la economía circular y la lucha 
contra el cambio climático.
Además es objeto del presente Convenio difundir entre el tejido empresarial español 
las actuaciones emprendidas por las Administraciones Públicas para la reducción de las 
trabas  existentes  en  dichos  ámbitos,  y  consolidar  los  canales  de  intercambio  de 
información entre las empresas y la Administración a través de la red de Cámaras de 
Comercio, de forma que se identifiquen los trámites que generan mayores cargas sobre 
las empresas y dificultan el desarrollo fluido de su actividad, y se propongan medidas 
para simplificar la tramitación de dicha actividad y faciliten la relación entre las empresas 
y la Administración.
Segunda.  Actuaciones a realizar por la Cámara de Comercio de España.
La Cámara de Comercio de España, para el cumplimiento del objeto del presente 
Convenio, realizará las siguientes actuaciones:
1.  Propuestas  para  la  reducción  de  cargas  administrativas  en  las  áreas 
seleccionadas. La Cámara de Comercio de España asume el compromiso de analizar e 
identificar las cargas administrativas existentes en el ámbito objeto de este Convenio que 
sean susceptibles de ser eliminadas y reducidas, así como de la formulación de las 
propuestas de simplificación administrativa que resulten pertinentes. Dichas propuestas 
irán acompañadas de la correspondiente estimación del ahorro que generarían aplicando 
el método simplificado de medición de cargas administrativas, normativa a modificar y 
órgano competente, y se acompañarán de la memoria explicativa procedente.
En caso que sean formuladas varias propuestas de simplificación con la misma 
identidad  sustancial  en  cuanto  al  objeto,  finalidad  o  tipo  de  medida  adoptada,  se 
agruparán todas ellas en una única propuesta con el fin de facilitar el seguimiento por 
parte del centro gestor.
Para la identificación de trabas y la concreción de las propuestas, la Cámara de 
Comercio de España desarrollará las siguientes actuaciones:
1)  Jornadas y foros de discusión con empresas que permitan un contacto directo 
para  conocer  sus  necesidades,  impresiones  y  valoraciones  y  en  las  que  dichos 
representantes empresariales puedan manifestar directamente a la Cámara de Comercio 
de España y a la propia Administración sus propuestas de simplificación.
La Cámara de Comercio de España organizará un mínimo de dos actividades, que 
se celebrarán preferiblemente antes del 30 de octubre de 2020. Dichas actividades se 
podrán realizar tanto de forma presencial como a distancia, haciendo uso para ello de 
medios electrónicos.
2)  Trabajo en la red de Cámaras de Comercio, con 350 puntos de asistencia directa 
al  empresario  y  emprendedor,  atendidos  por  técnicos  cualificados,  que  permitirá 
canalizar las inquietudes y propuestas de los empresarios en el área de estudio objeto 
de este Convenio.
3)  Trabajo en el marco de las Comisiones de energía y economía circular de la 
Cámara de Comercio de España, donde están representadas las principales empresas 
de la economía española vinculadas a estos ámbitos.
4)  Colaboración con expertos y especialistas en las áreas de actuación acordadas, 
para conocer sus análisis, así como perfilar y contrastar determinadas medidas. s
La  Cámara  de  Comercio  de  España  hará  entrega  al  MINPTFP,  a  través  de  la  w.b
Dirección General de Gobernanza Pública, del informe en el que se relacionarán los  11w
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que Alas iAmdismminoi,s tlraa cCióánm laer ain ddieq uCeo.mercio de España aportará la información en el formato
2.  Difusión y comunicación:
a)  Con el fin de que los distintos agentes económicos y sociales conozcan las 
actuaciones de las Administraciones Públicas y previsiblemente amplíen su colaboración 
al respecto, la Cámara de Comercio de España asume el compromiso de participar en 
acciones de sensibilización, difusión y comunicación sobre las medidas que se están 
implantando desde la Administración para la simplificación administrativa, mediante los 
canales de divulgación de la red de Cámaras de Comercio, la participación en actos y 
foros,  o  la  celebración  de  eventos  sobre  la  materia,  entre  otras  iniciativas 
complementarias, informando en todo caso al MINPTFP de las acciones que se lleven a 
cabo.
b)  La Cámara de Comercio de España dará difusión, a petición del MINPTFP, de 
cualquier tipo de información o material sobre la reducción de cargas y simplificación 
administrativa que se considere de interés, a través de la red de Cámaras de Comercio.
c)  En  cualquier  tipo  de  actividad  de  difusión  y  comunicación,  la  Cámara  de 
Comercio de España dará publicidad de la participación del MINPTFP en la financiación 
de este Convenio con inclusión del logo de los firmantes del mismo.
3.  Estructura de apoyo en Cámaras. Durante la vigencia del Convenio, y con el fin 
de dar cumplimiento a su objeto, la red de Cámaras de Comercio dispondrá de un equipo 
de técnicos y expertos en simplificación administrativa y mejora de la regulación, que 
apoyen las tareas sobre la materia coordinadas desde la Cámara de Comercio de 
España. Este grupo atenderá en primera instancia las solicitudes de información y 
consultas  de  las  empresas,  colaborando  en  la  concreción  de  propuestas  y  en  las 
actividades divulgativas planteadas.
El personal indicado en el párrafo anterior podrá ser propio de la red de Cámaras de 
Comercio o subcontratado a tal fin.
4.  Otras  actividades.  Cuantas  otras  actividades  o  servicios  se  consideren 
necesarios  o  convenientes  para  el  buen  desarrollo  del  Convenio,  en  particular  la 
realización de iniciativas de difusión sobre las actividades realizadas en este ámbito.
Entre estas actividades pueden encuadrarse el desarrollo de laboratorios de ideas 
para la reducción de cargas administrativas y simplificación de procedimientos que el 
MINPTFP podría promover, con el fin de fomentar la implicación de los órganos gestores 
y expertos de los sectores afectados. En este contexto, la Cámara de Comercio de 
España podría participar, directamente o a través de la designación de representantes 
entre profesionales con experiencia en la materia de que se trate.
Tercera.  Actuaciones a desarrollar por el MINPTFP.
1.  Asesoramiento: Asesoramiento y asistencia sobre simplificación administrativa y 
reducción de cargas administrativas para ciudadanos y empresas, así como sobre el 
Método Simplificado de medición de cargas administrativas.
2.  Seguimiento: Seguimiento de los trabajos realizados por la organización durante 
la vigencia del Convenio, a través de reuniones periódicas concertadas por las partes.
3.  Comisión de Seguimiento: Convocatoria para la constitución de la Comisión de 
Seguimiento a que se refiere la cláusula sexta de este Convenio.
4.  Análisis de las propuestas presentadas: Remisión de las propuestas presentadas 
por la organización a los Departamentos ministeriales competentes por razón de la 
materia objeto de las iniciativas. Se elaborará un informe con las valoraciones de los  s
Departamentos, que será remitido a Cámara de Comercio de España. oe.
5.  Difusión y comunicación: El MINPTFP podrá dar difusión en sus medios de la  w.
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La titularidad de los trabajos realizados en virtud del presente Convenio, así como
cualquier otro derecho que se pudiera derivar de los mismos, pertenecerá al MINPTFP y
a la Cámara de Comercio de España y no podrán ser explotados por ningún tercero sin 
el consentimiento expreso de las partes.
No obstante, la Cámara de Comercio de España podrá hacer difusión de su papel 
activo en los trabajos desarrollados con relación a este Convenio.
Quinta.  Régimen económico.
1.  El coste total de la financiación de las actividades derivadas de la suscripción del 
presente Convenio es de noventa y cinco mil quinientos euros (95.500 €).
2.  El MINPTFP se compromete a aportar para la financiación del coste establecido 
en el apartado anterior, la cantidad de setenta y cinco mil quinientos euros (75.500 €). La 
Cámara de Comercio de España aportará a dicha financiación la cantidad de veinte mil 
euros (20.000€).
El  crédito  presupuestario  al  que  se  imputará  la  obligación  correspondiente  al 
MINPTFP es el siguiente: 22.02.921N.640.06.
3.  A partir de la publicación en el BOE de este Convenio, el MINPTFP abonará a la 
Cámara de Comercio de España los pagos correspondientes a su aportación, previa 
justificación de los servicios realizados, con cargo a la aplicación presupuestaria del 
presupuesto de 2020, del Proyecto de inversión 200922002000100.
Para realizar dicho abono, la Cámara de Comercio de España remitirá al MINPTFP, 
documentación justificativa de las actividades relacionadas con las propuestas para la 
reducción  de  cargas  administrativas  del  presente  Convenio.  Se  considera 
documentación justificativa del gasto, además del documento de cargo que emita la 
Cámara de Comercio de España, la certificación acreditativa del órgano competente de 
la Cámara en que se especifique el alcance de las labores desarrolladas por esta 
Corporación en el marco del Convenio. Complementariamente, y para la justificación de 
los gastos en que se han incurrido, se remitirán facturas, certificados emitidos por 
representante de la organización en los que figuren los gastos imputables al Convenio o 
documentos probatorios equivalentes.
4.  A partir de la publicación en el BOE del presente Convenio, y antes de su 
finalización, la Cámara de Comercio de España se compromete a abonar la totalidad de 
su  aportación  para  financiar  las  actividades  previstas  en  el  presente  Convenio, 
presentando certificación acreditativa.
Sexta.  Comisión de Seguimiento.
El Convenio será administrado por una Comisión de Seguimiento, formada por dos 
representantes de la Dirección General de Gobernanza Pública del MINPTFP y por dos 
representantes de la Cámara de Comercio de España, designados por las autoridades 
firmantes  del  Convenio.  Estará  presidida  por  el  titular  de  la  Dirección  General  de 
Gobernanza Pública o funcionario en quien delegue.
Esta Comisión, de acuerdo con lo establecido en el artículo 49.f) de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, es el instrumento acordado por 
las partes para el seguimiento, vigilancia y control del Convenio y de los compromisos 
adquiridos por los firmantes y, ejercerá sus funciones de acuerdo con lo establecido en los 
artículos 51.2.c) y 52.3 de la citada Ley. Resolverá todas las incidencias o controversias 
que puedan surgir sobre la interpretación, resolución y efectos de este Convenio
Las partes firmantes se comprometen a solventar por acuerdo mutuo, en el seno de la 
Comisión de Seguimiento, cuantas diferencias resulten de la interpretación y cumplimiento  es
de este Convenio, sin perjuicio de la competencia del orden jurisdiccional contencioso  bo
administrativo para el conocimiento de cuantas cuestiones y litigios pudieran surgir. w
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Séptima.  Validez, eficacia y vigencia.
El presente Convenio se perfecciona por la prestación del consentimiento de las 
partes y adquirirá eficacia desde la fecha de su inscripción en el Registro Electrónico 
Estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal al que se 
refiere la disposición adicional séptima de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, y una vez publicado en el «Boletín Oficial del Estado». El 
plazo de vigencia se extiende desde su publicación en el BOE hasta el 31 de diciembre 
de 2020.
La realización de las actividades relativas a las propuestas para la reducción de 
cargas administrativas de la Cláusula Segunda, recopilación, análisis y presentación de 
propuestas de reducción de cargas, se desarrollará durante el periodo comprendido 
entre la publicación en el BOE del Convenio y el 20 de noviembre de 2020.
Octava.  Modificación del Convenio.
De conformidad con lo establecido en el artículo 49.g) de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la modificación del contenido del 
Convenio requerirá acuerdo unánime de los firmantes, y deberá realizarse mediante 
adenda modificativa y autorizada por el Ministerio de Hacienda, de acuerdo con el 
artículo 50.2.c) de dicha Ley.
Novena.  Extinción del Convenio.
De conformidad con lo establecido en el artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público el presente Convenio se extinguirá por 
el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto o por incurrir en causa de 
resolución. Serán causas de resolución:
− El transcurso del plazo de vigencia del Convenio sin haberse acordado la prórroga 
del mismo.
− El acuerdo unánime de todos los firmantes.
− Por denuncia de cualquiera de los firmantes mediante preaviso comunicado de 
forma fehaciente a la otra parte con, al menos, dos meses de antelación a la fecha de 
resolución.
− Por incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de 
alguno de los firmantes. En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte 
incumplidora  un  requerimiento  para  que  cumpla  en  un  determinado  plazo  con  las 
obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será 
comunicado  a  la  Comisión  de  Seguimiento.  Si  trascurrido  el  plazo  indicado  en  el 
requerimiento  persistiera  el  incumplimiento,  la  parte  que  lo  dirigió  notificará  al  otro 
firmante la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el Convenio.
− Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del Convenio.
− Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en otras leyes.
El cumplimiento y la resolución de este Convenio darán lugar a la liquidación del 
mismo con el objeto de determinar las obligaciones y compromisos de cada una de las 
partes, de conformidad con lo previsto en el artículo 52.1 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
En caso de resolución, ambas partes deberán adoptar, de acuerdo con lo previsto en  e
el artículo 52.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, y a propuesta de la Comisión de  bo
Seguimiento, las medidas necesarias para asegurar la continuación y finalización de las  11ww
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en los términos establecidos en el artículo 52.2 de la citada Ley.
Décima.  Consecuencias aplicables en caso de incumplimiento.
En caso de incumplimiento de alguna de las obligaciones establecidas en este Convenio 
por alguna de las partes, la otra deberá comunicarlo a la Comisión de Seguimiento prevista 
en la cláusula sexta, que decidirá sobre las actuaciones a llevar a cabo.
En el caso de persistir el incumplimiento se entenderá resuelto el Convenio. La 
resolución del Convenio por esta causa no dará lugar a indemnización.
Undécima.  Régimen jurídico del Convenio y resolución de conflictos.
El  presente  Convenio  tiene  naturaleza  administrativa  y  se  considera  de  los 
establecidos en el artículo 47.2.c) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público y, por tanto, queda sometido al régimen jurídico de Convenios 
previsto en el capítulo VI, del título preliminar, de dicha Ley
Las partes se comprometen a resolver de mutuo acuerdo las incidencias que puedan 
surgir en la interpretación o ejecución del presente Convenio.
Para  cuestiones  litigiosas  que  puedan  suscitarse  sobre  la  interpretación, 
cumplimiento, resolución y efectos del presente Convenio que no puedan solventarse de 
mutuo acuerdo en el seno de la Comisión de Seguimiento se estará a lo que dispone el 
artículo 5 de la Ley 52/1997 de Asistencia Jurídica del Estado e Instituciones Públicas, y 
se someterán a la jurisdicción contencioso-administrativa, conforme a lo dispuesto en la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
La Ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias San Sebastián.–El 
Presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet Ferrer.