BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 47 Jueves 24 de febrero de 2022 Sec. III.   Pág. 22304
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
2962 Resolución de 11 de febrero de 2022, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación 
de la registradora mercantil y de bienes muebles I de Girona, por la que se 
deniega la inscripción de una fusión.
En el recurso interpuesto por don R. B. B., en nombre y representación y como 
liquidador único de la sociedad «Domun Hábitat, S.L.», contra la nota de calificación 
extendida por la registradora Mercantil y de Bienes Muebles I de Girona, doña María de 
los Ángeles de Echave-Sustaeta de la Torre, por la que se deniega la inscripción de una 
fusión.
Hechos
I
Por el notario de Girona, don Enrique Brancós Núñez, se autorizó el día 31 de marzo 
de 2021 escritura pública de elevación a público de acuerdos de fusión por absorción de 
sociedad íntegramente participada en la que comparecía don R. B. B. como liquidador de 
la sociedad «Domun Hábitat, S.L.» al efecto de elevar a público los acuerdos adoptados 
en la junta general extraordinaria de la sociedad de fecha 12 de marzo de 2021 que 
resultaban  de  la  certificación  librada  por  el  mismo.  Igualmente,  comparecía  en 
representación de la sociedad «Promociones Sada 2007, S.L.», sociedad unipersonal, 
como administrador único. Manifestaba el compareciente que se redactó un proyecto de 
fusión en fecha 9 de febrero de 2021 sin que hubiera sido preciso su previo depósito en 
el Registro Mercantil de conformidad con el artículo 42 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, 
sobre  modificaciones  estructurales  de  las  sociedades  mercantiles,  al  haber  sido 
notificada la fusión a todos los socios de modo individual. Resultaba que la sociedad 
absorbida estaba íntegramente participada por la sociedad absorbente.
En escritura de subsanación autorizada el día 23 de junio de 2021 por la notaria de 
La Bisbal d’Empordá, doña Marta Bernabeu Farrús, comparecía el mismo otorgante y en 
el mismo concepto que en la anterior al efecto de elevar a público nueva certificación 
librada en fecha 21 de junio de 2021 de los acuerdos sociales adoptados por la sociedad 
absorbente, así como para protocolizar el anuncio publicado del acuerdo de fusión.
De este último certificado resultaba que comparecía en la junta don R. B. B., titular 
de participaciones que representaban el 90% del capital social. En el certificado el orden 
del día rezaba así: «1.–Aprobación acuerdo de fusión por absorción de la sociedad 
íntegramente participada Promociones Sada 2007, S.L., sociedad absorbida, siendo 
absorbente  la  sociedad  Domun  Hábitat  S.L.  en  liquidación,  según  los  términos 
establecidos  en  el  Proyecto  Común  de  Fusión.  2.–Autorización  al  liquidador  de  la 
sociedad para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los 
acuerdos que se adopten y delegación de facultades en su favor para su elevación a 
instrumento público. 3.–Lectura y aprobación del acta. Derecho de información. Se hace  s
constar que los socios tienen derecho a examinar en el domicilio social y/o pedir la  e.
entrega o envío inmediato y gratuito, de los documentos preceptivos de los acuerdos a  w.
adoptar. Asimismo, los socios con anterioridad a la reunión de la Junta o verbalmente  62ww
deustriamneten  eple trrtainnesnctuerss or edsep elcat om  ais mloas,  pauseudnetons  scoolimcitparre nlodsid oinsf oermn eesl  oo radcelna radceiol ndeísa . qEuen 
eas 1p0e cdiea lf etiberneerno  dae s 2u0 d2i1s»p.osición el proyecto común de fusión y balances fusión. Girona,  BOE-A-cable e
II
Presentadas las referidas escrituras en el Registro Mercantil de Girona, fueron objeto 
de la siguiente nota de calificación:
«El registrador Mercantil que suscribe, previo el consiguiente examen y calificación, 
de conformidad con los artículos 18 del Código de Comercio y 6 del Reglamento del 
Registro Mercantil, ha resuelto no practicar la inscripción solicitada conforme a los 
siguientes hechos y fundamentos de Derecho:
Hechos:
Diario/Asiento: 283/409
F. presentación: 21/09/2021
Entrada: 1/2021/8105,0
Sociedad: Promociones Sada 2007 SL
Hoja: GI-45162
Autorizante: Enrique Brancós Núñez
Protocolo: 2021/942 de 31/03/2021
Fundamentos de Derecho (defectos)
– Al no haberse adoptado el acuerdo en Junta Universal y por unanimidad, no puede 
realizarse  el  proceso  de  fusión  simplificado  y  por  ello  al  no  haberse  publicado  o 
depositado previamente los documentos exigidos en la L 3/2009 en su artículo 39.1. y el 
informe de los administradores sobre el proyecto de fusión no procede la práctica de la 
inscripción.
Artículos 6, 58 y 226 y siguientes del Reglamento del Registro Mercantil, artículos 39 
y siguientes Ley 3/2009 de 3 abril.
– De conformidad con la Resolución de los Registros y del Notariado de 16 de 
septiembre de 2011 y los artículos 97, 98 y 112 del Reglamento del Registro Mercantil, 
en el caso de acuerdos que han de inscribirse en el Registro Mercantil, en la certificación 
que del acta se expida deben constar los elementos esenciales para poder apreciar la 
regularidad de la convocatoria, y en concreto, la fecha y modo en que la misma se haya 
efectuado.
– La Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 29 de 
abril de 2000 establece que la forma que para la convocatoria de la Junta General 
establezcan los Estatutos ha de prevalecer y resultará de necesaria observancia. El 
derecho de asistencia a la Junta General ha de ser integrado con el de ser convocados 
para ello, y no de cualquier forma, sino a través de la específicamente prevista a tal fin, 
en cuanto será la única a través de la que esperarán serlo y a la que habrán de prestar 
atención.
El artículo 19 de los estatutos sociales establece que la convocatoria se realizará 
mediante carta certificada con acuse de recibo y según se desprende de la transcripción 
de la convocatoria ésta se ha realizado mediante carta certificada.
– La convocatoria de la junta de socios que haya de decidir sobnre [sic] la fusión 
debe efectuarse:
– después de la publicación de la inserción del proyecto de fusión en el BORME y e.e
– cumplida la obligación de los administradores de haber puesto a disposición de los  b
socios,  obligacionistas  o  titulares  de  derechos  especiales  y  representantes  de  los  62ww
Ltreayb a3j/a2d0o0r9e sd ee 3n  deel  abdroilm. icilio  social  los  documentos  enumerados  en  el  artículo  39
– El texto de la convocatoria de la junta general debe incluir:
– el orden del día, en el que se debe incluir, entre otros puntos, la aprobación del 
balance de fusión y la propia operación de fusión;
– las menciones mínimas del proyecto común de fusión legalmente exigidas.
Artículos 6 y 58 del Reglamento del Registro Mercantil, artículo 40 Ley 3/2009 de 3 
de abril y artículo 174 LSC.
– En el proyecto de fusión transcrito no consta la fecha de participación en las 
ganancias, la cual es una información que debe contener el proyecto de fusión.
Artículos 6, 58 del Reglamento del Registro Mercantil y artículo 31.6 Ley 3/2009 de 3 
de abril.
Los defectos consignados tienen carácter insubsanable. En relación con la presente 
calificación: (…)
Se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 15 del R.R.M. contando la 
presente nota de calificación con la conformidad del cotitular del Registro.
Girona, a once de octubre de dos mil veintiuno».
III
Contra la anterior nota de calificación, don R. B. B., en nombre y representación y 
como liquidador único de la sociedad «Domun Hábitat, S.L.», interpuso recurso el día 11 
de  noviembre  de  2021  en  virtud  de  escrito  en  el  que  alegaba,  resumidamente,  lo 
siguiente:
Primero.–En relación al primer y cuarto defecto, que a pesar de la dicción del 
artículo 42 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las 
sociedades mercantiles, puede entenderse aplicable al supuesto de junta convocada de 
acuerdo a una interpretación conforme a su finalidad y teniendo en cuenta la identidad 
de situación y contenido. No se justifica una respuesta distinta para el supuesto de junta 
convocada pues la única diferencia es la publicación o depósito de los documentos del 
artículo 39.1 de dicha ley, produciendo los mismos efectos una y otra junta.
Segundo.–En  cuanto  al  segundo  y  tercer  defecto,  y  tal  y  como  resulta  de  la 
certificación protocolizada, la convocatoria al socio no asistente se hizo por correo 
certificado, identificándose el código de envío que fue entregado el día 16 de febrero 
de 2021, acompañándose copia de los justificantes.
Tercero.–En  cuanto  al  quinto  defecto,  y  tal  y  como  consta  en  el  texto  de  la 
convocatoria se hizo constar lo siguiente: «Derecho de información. Se hace constar que 
los socios tienen derecho a examinar en el domicilio social y/o a pedir la entrega o envío 
inmediato  y  gratuito,  de  los  documentos  preceptivos  de  los  acuerdos  a  adoptar. 
Asimismo, los socios con anterioridad a la reunión de la Junta o verbalmente durante el 
transcurso  de  la  misma,  pueden  solicitar  los  informes  o  aclaraciones  que  estimen 
pertinentes respecto a los asunto s comprendidos en el orden del día. En especial, tienen 
a su disposición el proyecto común de fusión y balances fusión».
Cuarto.–En cuanto al sexto defecto, lo exigido en el artículo 49 de la Ley 3/2009, no 
es exigible pese a lo que en el octavo punto del proyecto de fusión consta la fecha de 
efectos contables, lo cual tiene la misma significación.
IV b
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subsanación, no han realizado alegaciones.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 18 y 20 del Código de Comercio; 28, 168, 169, 170, 173 y 176.2 
del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Sociedades de Capital; 22, 30, 31, 40, 43, 44, 47 y 49 de la 
Ley  3/2009,  de  3  de  abril,  sobre  modificaciones  estructurales  de  las  sociedades 
mercantiles; 22.4 de la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, del servicio postal universal, de 
los derechos de los usuarios y del mercado postal; 6, 58, 97, 107, 112, 226, 227, 230 
y 235 del Reglamento del Registro Mercantil; las Sentencias del Tribunal Supremo de 5 
de marzo de 1987 y 30 de enero de 2001, y las Resoluciones de la Dirección General de 
los Registros y del Notariado de 18 de febrero y 14 de octubre de 1991, 2 y 3 de agosto 
de 1993, 25 de abril y 25 de septiembre de 1997, 15 de octubre de 1998, 7 de abril, 14 
de octubre y 24 de noviembre de 1999, 22 y 29 de abril de 2000, 31 de octubre de 2001, 
11 de noviembre de 2002, 26 de febrero de 2004, 16 de abril y 26 de julio de 2005, 24 de 
enero de 2006, 29 de junio y 5 de julio de 2011, 10 de octubre de 2012, 16 y 26 de 
febrero, 23 de septiembre y 1, 3 y 23 de octubre de 2013, 28 de febrero y 23 de mayo 
de 2014, 13 de enero, 15 de junio, 9 y 21 de septiembre y 21 de octubre de 2015, 27 de 
enero y 25 de abril de 2016, 22 de mayo y 20 de diciembre de 2017, 17 y 25 de octubre 
de 2018 y 2, 9 y 31 de enero, 28 de febrero, 2, 3 y 4 de octubre y 6 de noviembre 
de 2019.
1. Una sociedad de responsabilidad limitada en liquidación absorbe a otra sociedad 
de responsabilidad limitada en liquidación íntegramente participada y, presentadas las 
escrituras públicas en el Registro Mercantil, se califican del modo que resulta de los 
hechos. La sociedad absorbente recurre en los términos que igualmente se ha hecho 
constar.
2. El escrito de recurso agrupa los defectos contra los que se levanta en alzada por 
lo  que  la  presente  se  referirá  a  ellos  de  la  misma  manera  a  fin  de  garantizar  la 
equivalencia entre los motivos de recurso y su respuesta.
En primer lugar, el recurrente considera que habiendo sido convocados los socios de 
la sociedad para la celebración de la junta procede la aplicación del artículo 42 de la 
Ley 3/2009, de 3 de abril, dada la identidad del supuesto y de situación y porque los 
efectos son los mismos.
El argumento es insostenible. El artículo 42.1 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre 
modificaciones  estructurales  de  las  sociedades  mercantiles,  afirma  lo  siguiente:  «El 
acuerdo de fusión podrá adoptarse sin necesidad de publicar o depositar previamente los 
documentos exigidos por la ley y sin informe de los administradores sobre el proyecto de 
fusión cuando se adopte, en cada una de las sociedades que participan en la fusión, en 
junta universal y por unanimidad de todos los socios con derecho de voto y, en su caso, 
de quienes de acuerdo con la ley o los estatutos pudieran ejercer legítimamente ese 
derecho».
Como resulta de la simple lectura del precepto se establece una excepción del 
régimen general del procedimiento de fusión, excepción que consiste en permitir la 
aprobación del acuerdo por la junta general con exención de la previa publicación o 
depósito del proyecto de fusión a que se refiere el artículo 30 de la ley, así como del 
informe del órgano de administración a que se refiere el artículo 33.
Sin necesidad de analizar el fundamento de la excepción, lo cierto es que el precepto 
la circunscribe a un supuesto muy determinado: la aprobación en junta universal y por 
unanimidad. Cabe ciertamente plantearse si en el supuesto de junta convocada con  e.e
asistencia  de  socios  que  representen  la  totalidad  del  capital  social  podría  jugar  la  w.b
excepción al igual que en una junta universal. Pero lo que es indiscutible es que no  62ww
vpouteod.e soslayarse la necesidad de acuerdo unánime de todos los socios con derecho a
planNteoa dcaob een e lna  ncoonrmseac cuoenn ceial ,q cuoem soe  pprreotdeuncdee  eenl  eesl csruitpou deest ore dceu rhsoe,c haos:im juilnatra e cl osnuvpouceasdtao 
a la que sólo asiste el liquidador y socio que representa el 90% del capital social. La
ausencia  del  otro  socio  y  titular  del  10%  restante,  como  resulta  expresamente  del 
certificado de la junta general, inhabilita por completo la posibilidad de aplicación del 
artículo 42.1 de la Ley 3/2009, de reformas estructurales de sociedades de capital.
El  escrito  de  recurso  agrupa  el  primer  defecto  a  que  se  refieren  los  párrafos 
anteriores con el numerado como cuarto, pero sin hacer referencia alguna a su contenido 
que, en consecuencia, no combate.
No procede sino la desestimación del motivo de recurso en cuanto a los defectos 
señalados con los números uno y cuatro.
3. El escrito de recurso se refiere a continuación a los defectos señalados con los 
ordinales segundo y tercero que se refieren al contenido de la certificación en relación 
con la forma en que se ha llevado a cabo la convocatoria y al hecho de que, debiéndose 
hacer ésta por medio de correo certificado con acuse de recibo, conforme a los estatutos 
sociales, no se hace referencia a este último aspecto. El escrito de recurso afirma que en 
la certificación consta que el modo utilizado para convocar al socio no asistente fue 
mediante correo certificado con identificación del código de envío y fecha de remisión 
haciéndose constar que fue entregado en fecha determinada (16 de febrero de 2021).
Esta  Dirección  General  se  ha  pronunciado  en  numerosas  ocasiones  sobre  los 
requisitos que han de justificarse en relación al modo de llevar a cabo la convocatoria de 
junta general para poder proceder a la inscripción de los acuerdos adoptados. Baste citar 
la doctrina de la Resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública 
de 15 de junio de 2020 (2.ª), en un supuesto de hecho de gran similitud al presente (vid. 
igualmente las Resoluciones de 2, 3 y 4 de octubre de 2019, de contenido idéntico): 
«Según doctrina reiterada de esta Dirección General, existiendo previsión estatutaria 
sobre la forma de llevar a cabo la convocatoria de junta general de socios dicha forma 
habrá de ser estrictamente observada, sin que quepa la posibilidad de acudir válida y 
eficazmente a cualquier otro sistema, goce de mayor o menor publicidad, incluido el legal 
supletorio (cfr., entre otras, Resoluciones de 15 de octubre de 1998, 15 de junio y 21 de 
septiembre de 2015, 25 de abril de 2016, 17 y 25 de octubre de 2018, 2, 9 y 31 de enero, 
28 de febrero, 2, 3 y 4 de octubre y 6 de noviembre de 2019 y 1 de abril de 2020 [sic]), 
de suerte que la forma que para la convocatoria hayan establecido los estatutos ha de 
prevalecer y resultará de necesaria observancia cualquiera que la haga, incluida por 
tanto la convocatoria judicial o registral. Estas afirmaciones se apoyan en el hecho de 
que, como ha puesto de relieve este Centro Directivo, los estatutos son la norma 
orgánica a la que debe sujetarse la vida corporativa de la sociedad durante toda su 
existencia, siendo su finalidad fundamental la de establecer las reglas necesarias para el 
funcionamiento corporativo de la sociedad. En este sentido se ha dicho que los estatutos 
son la “carta magna” o régimen constitucional y de funcionamiento de la sociedad (vid. 
Resolución de 16 de febrero de 2013) (…) Cuando los estatutos concretan como forma 
de convocatoria de la junta general el envío de carta certificada con aviso de recibo 
determinan las características concretas de la comunicación de la convocatoria, sin que 
sea competencia del órgano de administración su modificación (vid., por todas, las 
Resoluciones de 31 de octubre de 2001, 1 de octubre de 2013 y 21 de octubre de 2015). 
Es así porque los socios tienen derecho a saber en qué forma específica han de ser 
convocados, que esa es la única forma en que esperarán serlo y a la que habrán de 
prestar atención. Y pueden tener interés en introducir en los estatutos, con base en el 
principio de autonomía de la voluntad que respecto de tal extremo se reconoce por la ley 
(cfr. artículo 28 de la Ley de Sociedades de Capital), cláusulas que establezcan sistemas 
de convocatoria que no sólo permitan asegurar razonablemente la recepción del anuncio  es
por  el  socio  sino  que  además  exijan  determinados  requisitos  de  fehaciencia  de  la  o
pLsRceoreeermysvs oiuuc4lnnui3oiccc/ 2iiaóóp0cnno1i  só0dtnd,ae  el d dv ueee2n  ra0li3avc 0 eic ddrsodaeaned lv   dyod(i “ccifSceaieioehtmocmaribceibairder eeayn ,d c dd ilaeaeE  s sel ta2nan 0 tolra1aetl7 ic fdi)Ceci.s paotccrAririibóoseuníno,c  esdi sócey no  e,nl Taffeeeo nclmrétmtrugieseargma dafaaao s yls p  ,r poaeSorrc t.ríelA cope.us”cll ) oi sóp gonroc2e ozi2soa .tsr4ane  d (hvoddúireeds   .ed “ ellloaaal      OE-A-2022-2962able en https://www.
imposibilidad de entrega de notificaciones de órganos administrativos y judiciales (…)” (y 
por ende también de las que hayan de surtir efecto en la esfera notarial y registral) (...)».
En el supuesto de hecho se hace constar en la escritura pública que la junta general 
fue convocada en la forma que resulta de la certificación protocolizada en la que, 
ciertamente, se hace constar que la notificación al socio ausente se practicó por medio 
de correo certificado con acuse de recibo en fecha determinada con fecha de recepción 
igualmente determinada, por lo que debe entenderse debidamente cumplimentado el 
artículo 112.2 del Reglamento del Registro Mercantil con revocación del defecto.
4. Por lo que se refiere al defecto señalado con el número 5, expone que el 
contenido de la convocatoria no se refiere: «(…) la aprobación del balance de fusión y la 
propia operación de fusión; - las menciones mínimas del proyecto común de fusión 
legalmente exigidas».
En relación con esta cuestión, esta Dirección General tiene elaborada una reiterada 
doctrina  que  procede  traer  a  colación  para  determinar  si  el  defecto  señalado  es 
procedente o no. Al respecto, afirma la Resolución de 25 de octubre de 2018: «De 
acuerdo a la misma, la exigencia de que la convocatoria de junta general incluya el orden 
del día cumple la doble finalidad de brindar a los socios un cabal conocimiento de los 
asuntos  sobre  los  que  son  llamados  a  pronunciarse,  permitiéndoles  informarse  y 
reflexionar sobre el sentido de su voto, así como decidir sobre la conveniencia de asistir 
o no a la reunión, y garantizarles, por otra parte, que no podrá tomarse ninguna decisión 
sobre asuntos acerca de los cuales no se preveía deliberar ni adoptar acuerdo alguno. 
Por otra parte, la exigencia legal de que en todo anuncio de convocatoria de junta 
general para adoptar acuerdos de modificación de estatutos se expresen, “con la debida 
claridad, los extremos que hayan de modificarse” (artículo 287 del vigente texto refundido 
de la Ley de Sociedades de Capital), tiene por objeto no sólo permitir a los socios 
asistentes o representados el ejercicio consciente y reflexivo del derecho de voto, con el 
asesoramiento  e  información  que  estimen  oportuno  recabar,  para  valorar  su 
trascendencia, sino también el control por los ausentes de la legalidad de los acuerdos 
que se adopten y la impugnación de aquellos que no se correspondan con el orden del 
día de la convocatoria, derechos ambos de difícil ejercicio en caso de convocatorias 
ambiguas o indeterminadas (cfr. las Sentencias del Tribunal Supremo de 21 de mayo 
de 1965, 9 de julio y 17 de diciembre de 1966 y 24 de enero de 2008, así como la 
Resolución de 1 de diciembre de 1994, entre otras). El alcance de dicha exigencia ha 
sido objeto de diversas interpretaciones sobre el sentido, tanto de la claridad exigible 
como de la precisión sobre los extremos sujetos a modificación, lo que ha dado lugar a 
un casuismo jurisprudencial muy ajustado al supuesto concreto. La garantía adicional 
establecida en el mismo artículo 287, al exigir que en los anuncios se haga constar el 
derecho de todos los socios a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la 
modificación propuesta y, en el caso de sociedades anónimas, del informe sobre la 
misma, así como el de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos, permite 
considerar  suficiente  que  la  convocatoria  contenga  una  referencia  precisa  a  la 
modificación que se propone, sea a través de la indicación de los artículos estatutarios 
correspondientes, sea por referencia a la materia concreta sujeta a modificación, sin 
necesidad de extenderse sobre el concreto alcance de dicha modificación, del que 
podrán los accionistas informarse a través de los citados procedimientos (cfr., por todas, 
las Resoluciones de 18 de mayo de 2001 y 2 de junio de 2003). Ahora bien cuando como 
consecuencia del acuerdo a adoptar pueda verse comprometida la posición jurídica del 
socio, esta Dirección General ha exigido una mayor precisión en la convocatoria para  es
evitar su adopción sin que los llamados tengan cabal conocimiento del alcance de los  o
pccacoooecnmunrdsejuoeern drcc touoosse nu dns receec icsoasupn udeedsenci c tdcoilóaiea n rd pe deécde rhe ldolo aisdst a a reqyl ed dusoeue b c (llsaRcigoi eócansnoc o niloylladu namicceuiisóaóm ndn( eoR ldnsaee tbsoa oo  1drlpua8ercl ol  iddócneeanu  p nlmadict eaiasa lyo r2psoc re ideo.de dpe Aauj usde2ní,s 0 itvlo0ooa 1s dnh )ep ,a a u o 2eve 0dexc0eriug 3naai)d ln ltoooed  srocca  suudcoaaoocnnsmidd oeooosl      OE-A-2022-2962able en https://www.
como consecuencia del acuerdo a adoptar resulte la exclusión de un socio en sociedad
de responsabilidad limitada (Resolución de 10 de octubre de 1995). Más recientemente 
se ha considerado que la imposibilidad de deducir de un orden del día expresado en 
términos generales el alcance y consecuencias de la creación de una página web, 
justifica el rechazo a la inscripción de los acuerdos adoptados (Resolución de 10 de 
octubre de 2012)».
En  el  ámbito  de  las  reformas  estructurales,  el  artículo  40.2  de  la  Ley  3/2009 
establece lo siguiente: «La publicación de la convocatoria de la junta o la comunicación 
individual de ese anuncio a los socios habrán de realizarse con un mes de antelación, 
como mínimo, a la fecha prevista para la celebración de la junta; deberán incluir las 
menciones mínimas del proyecto de fusión legalmente exigidas; y harán constar la fecha 
de inserción de los documentos indicados en el artículo anterior en la página web de la 
sociedad o, si ésta no tuviera página web, el derecho que corresponde a todos los 
socios,  obligacionistas,  titulares  de  derechos  especiales  y  representantes  de  los 
trabajadores a examinar en el domicilio social copia de esos documentos, así como a 
obtener la entrega o el envío gratuitos de los mismos».
Como  resulta  del  precepto,  la  convocatoria  de  la  junta  debe  comprender  las 
menciones mínimas del proyecto de fusión que sean legalmente exigibles, así como 
proporcionar los datos de inserción en la página web de la sociedad o, en su defecto, 
comprender las menciones precisas en relación al derecho de información del socio y 
otros interesados.
En el supuesto de hecho, el orden del día hace clara exposición de la propuesta de 
acuerdo de fusión por absorción de la sociedad participada, pero carece de cualquier 
referencia a las menciones del proyecto de fusión sin que la genérica a la existencia al 
proyecto de fusión o al balance pueda identificarse con el cumplimiento de aquella 
obligación. No pueden confundirse, como hace el escrito de recurso, las exigencias 
especiales del anuncio de convocatoria que comprende el artículo 40.2 de la Ley, con el 
cumplimiento del derecho de información de socios y terceros.
Procede la desestimación del motivo de recurso.
5. El  defecto  señalado  con  el  número  seis  señala  que  el  proyecto  de  fusión 
contenido en la certificación protocolizada no hace referencia al contenido de la regla 
sexta del artículo 31 de la Ley 3/2009, de 3 de abril que tiene el siguiente tenor: «La 
fecha a partir de la cual los titulares de las nuevas acciones, participaciones o cuotas 
tendrán derecho a participar en las ganancias sociales y cualesquiera peculiaridades 
relativas a este derecho».
El escrito de recurso se limita a afirmar que de conformidad con el artículo 49 y 
concordantes de la Ley 3/2009 no es exigible y que en el punto 8 del proyecto de fusión 
consta la fecha de efectos contables, de idéntica significación.
Comenzando por este último argumento, esta Dirección General no puede amparar 
semejante afirmación pues confunde el derecho al beneficio del socio a que se refieren 
los artículos 93, 273 y 275 de la Ley de Sociedades de Capital, y las consecuencias que 
sobre el mismo pueda tener el proceso de fusión, con las previsiones del Plan General 
de Contabilidad (a que se remite la regla séptima del artículo 31 de la Ley 3/2009), sobre 
los efectos meramente contables de la reforma estructural (vid. Resolución de 24 de abril 
de 2015, entre otras).
Sin embargo, tiene razón la sociedad recurrente cuando afirma que en caso de 
fusión de sociedad íntegramente participada, como es el caso, el artículo 49.1.1.º de la 
Ley 3/2009, de 3 de abril, exime al proyecto de fusión de hacer mención de la regla sexta 
del artículo 31 de la propia ley. Lo hace con las siguientes palabras: «Cuando la sociedad  es
absorbente  fuera  titular  de  forma  directa  o  indirecta  de  todas  las  acciones  o  o
rmaapebraeqtsrínuctoicucirsiiblopiotionad seca3:isso 1 ,n19  le..aºªys   ,yo  L psa1seo 0arci.lanvªia ccodlil eóuesns qe  iuópseeneon   d mersáqnies u  rmeeet loar a lspiatzeerra ot írydcsdeuievecl io tdso»iafn .u  dsneeieól  cnfceu asstpiirdóaitanand ls d fdrdeoee n l qatelusare  iz mscaooe cnniiccneuitdorraanracdeon sm  olo2 us.nsª  oistyaicg ireui6adi.e,ªa n dtdleeaesssl     OE-A-2022-2962able en https://www.
Procede en consecuencia estimar el recurso en este único inciso de acuerdo a las 
consideraciones anteriores.
En  consecuencia,  esta  Dirección  General  ha  acordado  desestimar  el  recurso  y 
confirmar la nota de calificación, respecto de los defectos uno, cuatro y cinco; y, estimar 
el recurso y revocar la nota de calificación respecto de los defectos dos, tres y seis.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Mercantil de la provincia donde radica el Registro, en el plazo de 
dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal, 
conforme a lo establecido en la disposición adicional vigésima cuarta de la Ley 24/2001, 
27 de diciembre, y los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria.
Madrid, 11 de febrero de 2022.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.