BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 289 Lunes 2 de noviembre de 2020 Sec. TC.   Pág. 95454
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
13446 Sala Primera. Sentencia 117/2020, de 21 de septiembre de 2020. Recurso de 
amparo 6464-2018. Promovido por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, 
S.L.,  respecto  de  las  resoluciones  dictadas  por  un  juzgado  de  primera 
instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria. 
Vulneración  del  derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva:  STC  40/2020 
[inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de 
comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e 
inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber 
de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por 
medio  de  comunicaciones  electrónicas  con  la  regulación  del  primer 
emplazamiento en los procesos civiles].
ECLI:ES:TC:2020:117
La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por el magistrado don Juan 
José  González  Rivas,  presidente;  los  magistrados  don  Andrés  Ollero  Tassara,  don 
Santiago Martínez-Vares García, don Alfredo Montoya Melgar, don Cándido Conde-
Pumpido Tourón y la magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En  el  recurso  de  amparo  núm.  6464-2018,  promovido  por  Euroinversiones 
Inmobiliarias Costa Sur, S.L., contra el auto de 10 de julio de 2018 dictado por el 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 3 de Lorca en el procedimiento de 
ejecución hipotecaria núm. 107-2018, instado por la entidad Banco de Sabadell, S.A.; y 
contra el auto del mismo juzgado de 17 de octubre de 2018, que desestimó el recurso de 
reposición interpuesto contra la anterior resolución. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. 
Ha  formulado  alegaciones  la  entidad  Pera  Assets  Designated  Activity  Company, 
actuando como sucesora procesal del banco ejecutante. Ha sido ponente la magistrada 
doña Maria Luisa Balaguer Callejón.
I. Antecedentes
1.  El 5 de diciembre la procuradora de los tribunales doña Blanca Berriatua Horta, 
en nombre y representación de la entidad Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., 
bajo la dirección del letrado don Marcelino Gilabert García, interpuso recurso de amparo 
contra los autos mencionados en el encabezamiento de esta sentencia. El auto de 10 de 
julio de 2018, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 3 de Lorca en el 
procedimiento de ejecución hipotecaria núm. 107-2018, inadmitió por extemporánea la  e
oposición a la ejecución hipotecaria. El posterior, de 17 de octubre de 2018, dictado por  b
el mismo órgano judicial, confirmó esta última decisión al desestimarse el recurso de  446ww
reposición interpuesto frente a ella.
2.  El presente recurso trae causa de los siguientes antecedentes:
a)  La entidad Banco de Sabadell, S.A., interpuso demanda de ejecución sobre 
bienes hipotecados contra las mercantiles Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., 
y Penrei Inversiones, S.L., en relación con la finca inscrita con el núm. 43.301 en el 
Registro de la Propiedad núm. 3 de Lorca. Reclamaba la cantidad de 144 385,21 € de 
principal del préstamo impagado, más intereses legales y costas, resultando la primera 
de las demandadas la deudora hipotecaria, y la segunda titular de un derecho de uso y 
disfrute sobre dicho inmueble, constituido con posterioridad al de aquella carga real. En 
la demanda presentada por el Banco de Sabadell, S.A., este interesaba que el juzgado 
procediera a efectuar requerimiento de pago en el domicilio designado a tal efecto y que 
se identificaba en el propio escrito de demanda.
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 3 de Lorca, al que correspondió 
el conocimiento de la causa, dictó auto el de 3 de mayo de 2018 por el que acordó el 
despacho  de  ejecución  (procedimiento  de  ejecución  hipotecaria  núm.  107-2018), 
ordenando a las ejecutadas efectuar el pago de las cantidades que se reclamaban. 
Asimismo se proveyó que dicho auto, junto con el decreto que debe dictar el letrado de la 
administración de Justicia, fueran «notificados simultáneamente a la parte ejecutada, tal 
y como dispone el artículo 553 de la LEC, sin citación ni emplazamiento, para que en 
cualquier momento pueda personarse en la ejecución». Se advirtió, además, que contra 
dicha resolución no cabía recurso alguno, «sin perjuicio de que la parte ejecutada pueda 
oponerse al despacho de ejecución en los términos previstos en el artículo 695 de la 
LEC, y en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a la notificación del presente 
auto y del decreto que se dicte». El decreto al que se hace referencia fue dictado por el 
letrado de la administración de Justicia del juzgado a quo en la misma fecha, ordenando 
la expedición de mandamiento de certificación de la finca al registro de la propiedad 
competente y el requerimiento de pago a los ejecutados.
b)  Los citados auto y decreto fueron comunicados a las citadas entidades a través 
de la sede judicial electrónica el día 7 de mayo de 2018. El día 8 de mayo de 2018, el 
servicio de notificaciones electrónicas de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre remitió 
a Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., a través de su dirección electrónica 
habilitada un aviso de notificación en el que se decía literalmente:
«Ha recibido una Notificación del organismo emisor Juzgados y Tribunales (SGAJ) 
en la Dirección Electrónica Habilitada Única del titular Euroinversiones Inmobiliarias 
Costa  Sur,  S.L.–NIF  B73258006.  La  notificación  estará  disponible  en  su  Dirección 
Electrónica Habilitada Única desde el 08-05-2018 hasta el 23-06-2018. Si no procediera 
a su lectura en el plazo indicado se producirán los efectos correspondientes, según la 
normativa  aplicable.  Para  que  conste  como  leída,  por  favor  acceda  a  http://
notificaciones.060.es.
A  través  de  su  DEH  podrá  también  consultar  notificaciones  de  otras 
Administraciones.
Asunto: “JDO. 1 INST. E INSTR. N 3 DE LORCA EJH/00000107/2018”».
La recurrente en amparo recibió el día 22 de junio, en la misma dirección electrónica 
habilitada un «aviso de próxima caducidad», recordándole que el plazo para la recepción 
de la comunicación terminaba el día 23 de junio de 2018, a las 23:59 horas.
En esa fecha, Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., accedió a la página web 
indicada teniendo acceso a la notificación y los documentos que la acompañaban, en  s
concreto el auto por el que se despacha ejecución, el decreto dictado por el letrado de la  oe.
addedeelem  c2nti3rnoó idtsnifetiircc ajoauc cnihóiioaonnc  deideesen   2dJd0oue1 s c8tloi,ac na ias Fl taayás rbl  arq2i cu3cae:o5  pl9Nai a han ocdoireotai fnsilcaa.a l pcdrióoenp  iMah aodbneíeamd saaind doya  e.T nAimvuiabtodrema  áyet miaccaitemióp etaundntea   cecelo rsntie ffircevacicdhiooa    2020-13446n https://www.
c)  El 9 de julio de 2018 el representante procesal de la entidad recurrente en
amparo, formalizó ante el juzgado su escrito de oposición a la ejecución despachada.
Por auto de 10 de julio de 2018 se acordó su inadmisión por presentación extemporánea, 
tomando como fecha de notificación el 7 de mayo de 2018. En el antecedente de hecho 
segundo del auto se decía que:
«En fecha 7 de mayo de 2018 se notificó y requirió en legal forma a través de la sede 
judicial electrónica a ambas ejecutadas, y en fecha 09 de julio de 2018 se ha presentado 
por Penrei Inversiones, S.L. y Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L. oposición a 
la ejecución hipotecaria».
Como pie de recurso, se ofrecía «recurso de reposición en el plazo de cinco días 
ante este tribunal sin efectos suspensivos».
d)  La sociedad mercantil recurrente interpuso recurso de reposición frente al auto 
de 10 de julio alegando, en síntesis, que las actuaciones de notificación y requerimiento 
de pago no habían sido realizadas el día 7 de mayo de 2018, sino el 23 de junio de 2018, 
y que la comunicación remitida a través de la dirección electrónica habilitada no podía 
entenderse nada más que como un aviso de puesta a disposición o descarga de su 
contenido durante un plazo determinado (en este caso, desde el 8 de mayo al 23 de 
junio de 2018), y entenderlo de otro modo, además de infringir los arts. 135, 152.1.2, 
párrafo tercero, 152.2, 155, 160, 162 y 273 de la Ley de enjuiciamiento civil (LEC), 
vulneraba el art. 24 CE.
e)  El  recurso  fue  resuelto  por  auto  de  17  de  octubre  de  2018  en  sentido 
desestimatorio.  Se  constata  la  condición  de  persona  jurídica  de  la  recurrente  y  la 
obligación que como tal tiene de relacionarse con la administración de Justicia por 
medios electrónicos, de conformidad con lo previsto en la disposición transitoria cuarta 
de la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de 
enjuiciamiento civil, así como en los arts. 14.2 de la Ley 39/2015, del procedimiento 
administrativo común de las administraciones públicas (LPACAP) y 273.3 a) LEC. Se 
determina que la recurrente yerra a la hora de interpretar la normativa aplicable, porque 
si  bien  es  cierto  que  la  notificación  por  medios  electrónicos  se  realiza  cuando  el 
destinatario accede a su contenido, ese plazo no se cuenta desde la apertura, sino 
desde la puesta a su disposición por imperativo del art. 43 LPACAP. En este caso, afirma 
el  auto,  «consta  que  la  notificación  se  puso  a  disposición  de  las  recurrentes  en 
fecha 07/05/18 no accediendo al contenido hasta el día 23/06/18 (fuera de los diez días 
naturales), presentando los escritos de oposición a la ejecución en fecha 09/07/18 
claramente fuera del plazo legalmente establecido en el art. 556.1 de la LEC (dentro de 
los diez días siguientes al de la notificación del auto despachando ejecución), y siendo 
que conforme al art. 136 de la LEC transcurrido o pasado el término señalado para la 
realización de un acto procesal de parte se producirá la preclusión y se perderá la 
oportunidad de realizar el acto de que se trate, es claro que dichas oposiciones son 
extemporáneas siendo la consecuencia legal la inadmisión».
3.  En  la  demanda  de  amparo  la  sociedad  recurrente  alega  la  vulneración  del 
derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE), en su vertiente del 
respeto a un procedimiento con las debidas garantías, que no cause indefensión. La 
queja principal de la demanda de amparo se refiere a la falta de notificación personal de 
la demanda de ejecución hipotecaria, otorgándose efecto a la remisión de un correo 
electrónico  que  carece  de  los  requisitos  esenciales  para  considerarlo  un  acto  de 
notificación procesal, habiéndose vedado a la recurrente de este modo la posibilidad de 
ejercitar su derecho de oposición en un proceso de ejecución hipotecaria. La cuestión  s
planteada se cifra en determinar si un correo electrónico remitido por un servicio de  oe.
npicnuorsoyttipaofiicn oaccsaci adiso eons  ouehnnsa  aeba nlrreíboacit ttirrfqióacunraieiacc siaód,s ne i trereresar amculiiionznn aaaadrc laetso sci   odloane s  tfn oruoddtteaoifcsi ci dsalaiecos inó ugennas  pr aeraonrdrctooíearp sstpa apald,r taoeqscnu eteeps ,oad rleye s sepe,l  lnoiej u gsczaiog n naloosd seolo cre u efeeesncn, t ceoilnaas     2020-13446n https://www.
constituyen una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, consagrado en el
art. 24 de la Constitución Española.
La mercantil recurrente considera que si bien el art. 273 LEC determina su obligación 
de intervenir con la administración de Justicia por medios electrónicos ello no incluye al 
primer emplazamiento, citación o requerimiento del demandado o ejecutado, porque la 
«intervención» se refiere a actuaciones positivas como sujeto actor, no como sujeto 
destinatario. Se constata asimismo que el art. 135 LEC, relativo a la presentación de 
escritos a efectos del requisito de tiempo de los actos procesales, indica que las oficinas 
judiciales y los sujetos intervinientes en un proceso, que estén obligados al empleo de 
los  sistemas  telemáticos  o  electrónicos  existentes  en  la  administración  de  Justicia 
conforme a lo dispuesto en el art. 273 LEC, remitirán y recibirán todos los escritos, 
iniciadores  o  no,  y  demás  documentos,  a  través  de  dichos  sistemas  salvo  las 
excepciones establecidas en la ley, de forma tal que esté garantizada la autenticidad de 
la comunicación y quede constancia fehaciente de la remisión y recepción íntegras, así 
como de la fecha en que estas se hicieren. Una de esas excepciones sería la que 
concurre en este caso al tratarse del primer emplazamiento, que debería haberse hecho 
por remisión al domicilio (art. 155 LEC).
Refiriéndose expresamente al auto de 17 de octubre de 2018 que desestima el 
recurso de reposición, la recurrente en amparo entiende que el órgano judicial en esta 
resolución aplica normativa derivada del procedimiento administrativo común, que no 
resulta aplicable al procedimiento judicial civil, aun cuando pretenda ampararse en el 
art. 273 LEC o en la Ley 42/2015, de reforma de la Ley de enjuiciamiento civil, pues 
olvida la existencia de otro tipo de preceptos aplicables al caso, a los que se ha hecho 
previa  referencia,  en  particular  los  referidos  a  la  exigencia  de  presentación  de 
documentos en soporte papel en el primer acto de comunicación procesal (art. 273 LEC).
La entidad recurrente afirma, por último, que las resoluciones impugnadas no han 
«dado cumplimiento a las exigencias constitucionales reconocidas para los actos de 
notificación  procesal,  donde  los  órganos  judiciales  no  han  de  limitarse  al  formal 
cumplimiento de los requisitos legales, sino que para asegurar la efectividad del derecho 
fundamental,  la  interpretación  de  las  normas  reguladoras  del  emplazamiento  debe 
hacerse  tratando  de  asegurar  que  el  acto  de  comunicación  cumple  su  finalidad 
constitucional, es decir, la efectividad real del emplazamiento, pues el artículo 24.1 de la 
Constitución española contiene un mandato no solo dirigido al legislador, sino también al 
intérprete,  obligándole  a  promover  la  defensa  mediante  la  correspondiente 
contradicción».
En consecuencia, solicita la estimación del amparo, instando al tribunal para que 
acuerde la nulidad de ambas resoluciones judiciales y ordene reponer las actuaciones al 
momento previo al dictado de la primera de aquellas, a fin de que el juzgado a quo 
admita a trámite la oposición al despacho de ejecución formulada.
Por medio de un segundo otrosí digo, el escrito de demanda argumentó «que la 
continuación de la ejecución derivadas [sic] de los pronunciamientos judiciales que han 
sido objeto de impugnación, con la celebración de subasta y la eventual adjudicación a 
terceros,  puede  hacer  perder  al  recurso  de  amparo  su  finalidad»,  solicitando, 
consecuentemente, la «suspensión de la continuación del procedimiento de ejecución 
hipotecaria 97-2018 seguido ante el Juzgado de Primer Instancia e Instrucción núm. 3 de 
Lorca,  hasta  tanto  sea  resuelto  el  presente  recurso  de  amparo,  poniéndolo  en 
conocimiento del órgano judicial».
4.  El 25 de febrero de 2019, la Sala Primera adopta acuerdo de conexión entre los 
recursos de amparo núms. 6464-2018 y 6458-2018, provenientes del mismo proceso.
5.  Mediante providencia de 17 de junio de 2019 la Sección Segunda del tribunal  bo
acordó admitir a trámite la demanda de amparo «apreciando que concurre en el mismo  446ww
purnoab leesmpae coia al fteracstac ean udnean cfiaac ceotan sdteit uucnio dnearle (cahrot.  f5u0n.d1a LmOeTnCta)l  psoorbqruee e el lq rueec unros oh apyla dnotecatr inuan 
de eEsnte  ltari bmunisaml a[S TpCro v1i5d5e/n2c0ia0 9s, eF Ja 2c uae)r]»d.a dirigir comunicación al Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción núm. 3 de Lorca, en aplicación de lo dispuesto en el art. 51 de la
Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), a fin de que se emplazara a quienes 
hubieran sido parte en el procedimiento, excepto la parte recurrente en amparo, para que 
en el plazo de diez días pudieran comparecer en el recurso de amparo; no se solicita la 
remisión del testimonio de las actuaciones correspondientes a la ejecución hipotecaria 
núm. 107-2018, al haberse solicitado ya en la tramitación del recurso de amparo núm. 
4658-2018.
La Sección acordó, asimismo y mediante providencia de la misma fecha, formar la 
oportuna pieza para la tramitación del incidente de suspensión y, conforme a lo dispuesto 
en el art. 56 LOTC, concedió un plazo común de tres días a la parte recurrente y al 
Ministerio Fiscal para que alegaran lo que estimasen pertinente sobre dicha suspensión. 
A través de escrito presentado el 26 de junio de 2019, la parte demandante formuló sus 
alegaciones, reiterando lo dicho en el otrosí de su demanda y trascribiendo parte del 
ATC 287/2013, de 16 de diciembre. Por su parte el Ministerio Fiscal, en escrito registrado 
el 4 de julio de 2019, interesaba que se acordase la anotación preventiva de la demanda 
en el registro de la propiedad, aunque esta última medida no hubiera sido solicitada en el 
recurso de amparo.
El ATC 111/2019, de 30 de septiembre, acordó denegar la suspensión cautelar 
solicitada, y ordenar la anotación preventiva de la demanda de amparo en el registro de 
la propiedad de conformidad con el art. 56.2 LOTC.
6.  El 21 de junio de 2019 este tribunal, de conformidad con el art. 88 LOTC, requirió 
mediante diligencia de ordenación al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 3 
de Lorca para que, a la mayor brevedad posible, remitiera certificación acreditativa de la 
interposición o no de recurso de apelación contra alguna de las resoluciones dictadas en 
las  actuaciones  principales,  o  en  alguna  pieza  separada  en  el  procedimiento  de 
ejecución hipotecaria 107-2018. Con fecha 9 de julio de 2019, el juzgado contestó a la 
anterior, manifestando que no se había interpuesto recurso de apelación por ninguna de 
las partes personadas en el mismo.
7.  El día 17 de julio de 2019, a través de la procuradora de los tribunales doña 
Blanca  María  Grande  Pesquero,  se  personó  en  el  procedimiento  de  amparo 
constitucional  el  Banco  de  Sabadell,  S.A.,  solicitando  ser  tenido  por  parte  en  el 
procedimiento. Esta personación se acepta mediante diligencia de ordenación de 17 de 
septiembre de 2019, en la que también se contiene el emplazamiento a las partes y al 
Ministerio Fiscal por un plazo común de veinte días para que puedan presentar las 
alegaciones que a su derecho convengan, una vez recibidas las actuaciones y puestas a 
la vista de todos.
8.  Mediante escrito registrado el 9 de octubre de 2019, presentó sus alegaciones la 
mercantil recurrente, ratificándose en todas y cada una de las alegaciones vertidas en su 
escrito de demanda y trayendo a su escrito la cita expresa de la STC 47/2019, de 8 de 
abril.
9.  Con fecha de 9 de octubre de 2019, la procuradora doña Blanca María Grande 
Pesquero, formalizó escrito de alegaciones ante este tribunal actuando en nombre y 
representación de la entidad Pera Assets Designated Activity Company, y asistida por el 
letrado don Alejandro Ingram Solís, a fin de «formular oposición al recurso de amparo». 
Se interesó en el mismo la denegación del amparo solicitado por la entidad recurrente, y 
que se tuviera a la interviniente como subrogada y parte en este procedimiento, en lugar 
del Banco de Sabadell, S.A. e.
Luego  de  alegar  como  cuestión  previa  que  el  Banco  de  Sabadell,  S.A.  había  w.
transmitido por cesión a dicha mercantil la titularidad de diversos créditos hipotecarios,  446ww
lean tcreu ael,ll odse e al cquueer dcoon ccoienr nlea sa  nlao rfmincaas  odbej eltao  dLee ye jdeec uecniójuni ceina meli epnrtooc ecsivoi l as qoubore,  rsauzcóens pióonr 
dpero clae sdael, mpaidned ase  dceo natimnúpeanro c oqnu ee llsae l ahsa aycat uparcoidounceisd,o e ll ae slcersitióon n iceognas etintu cciuoannatlo  aalle gfoanddao,   BOE-A-cable e
entendiendo que lo pretendido por la recurrente es solo dilatar el procedimiento de 
ejecución hipotecaria.
En su escrito de alegaciones esta parte invoca los arts. 14.2 a) de la Ley 39/2015, del 
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas (LPACAP), 273.3 
LEC y 43 LPACAP en el mismo sentido interpretado por las resoluciones judiciales 
impugnadas. Invoca, asimismo, el art. 162.2 LEC que, cuando trata de los actos de 
comunicación  por  medios  electrónicos,  informáticos  o  similares,  establece  que 
constatada la correcta remisión de dicho acto de comunicación se entenderá que la 
comunicación  ha  sido  legalmente  efectuada  desplegando  plenamente  sus  efectos 
cuando transcurran tres días sin que el destinatario acceda a su contenido. Sobre la 
base  de  las  previsiones  legales  previamente  citadas,  esta  parte  entiende  que  la 
recurrente en amparo presentó su escrito fuera de plazo, de modo que las resoluciones 
impugnadas no le han causado indefensión alguna.
No consta presentado dentro del plazo del art. 52 LOTC, o con posterioridad, ningún 
escrito de alegaciones de la entidad Banco de Sabadell, S.A.
10.  La fiscal ante este Tribunal Constitucional presenta sus alegaciones el 28 de 
octubre de 2019 interesando la estimación del recurso de amparo.
a)  Tras exponer detalladamente los antecedentes del recurso, la fiscalía procede a 
examinar, en primer lugar, si concurre el óbice de la falta de agotamiento de la vía judicial 
[art. 44.1 a) LOTC], lo que determinaría la inadmisión del amparo.
En el escrito se recuerda que la resolución por la que se inadmitió la oposición al 
despacho de ejecución, esto es el auto de 10 de julio de 2018, había alcanzado firmeza 
al ser desestimado el recurso de reposición que se interpuso contra la misma. Aclarado 
por el juzgado a quo, a instancia del tribunal, que no constaba interpuesto recurso de 
apelación contra ninguna de las resoluciones judiciales aquí impugnadas, la fiscal afirma 
que la entidad recurrente cumplió con el requisito procesal de agotar la vía judicial previa 
al amparo [art. 44.1 a) LOTC]. En concreto, porque el auto desestimatorio del recurso de 
reposición indicó como pie de recurso que dicha resolución judicial era firme y contra ella 
no cabía recurso alguno. Además, se entiende que no cabía la interposición del incidente 
de nulidad del art. 225 LEC y 241 de la Ley Orgánica del Poder Judicial pues la 
vulneración que se imputa al auto de 10 de junio se denunció en el recurso de reposición 
dando a la juez la oportunidad de restaurar por sí las vulneraciones alegadas.
Continúa  diciendo  el  escrito  que  tampoco  puede  considerarse  prematura  la 
interposición del recurso de amparo, porque si bien el auto que denegó la reposición «no 
pone fin al procedimiento y así, la ejecución, conforme a las normas procesales que la 
regulan, contin[ú]a por sus trámites», es lo cierto que «ante la imposibilidad de revertir la 
situación, esperar al fin del procedimiento de ejecución, que solo se produce ‘con la 
completa satisfacción del acreedor ejecutante, lo que se acordará por decreto del letrado 
de la administración de Justicia’ […] (art. 570 LEC), supondría la perpetuación en el 
tiempo de la vulneración denunciada con un claro perjuicio para el afectado». Cita al 
respecto doctrina constitucional que modera el rigor en la exigencia de esperar al fin del 
procedimiento  para  impetrar  el  amparo,  cuando  en  situaciones  excepcionales  su 
injustificada perpetuación en el tiempo se traduce en un gravamen adicional, extensión o 
mayor intensidad de la lesión para la parte (con cita de las SSTC 76/2009, FJ 3, 
y 78/2009, FJ 2, ambas de 23 de marzo; y de los AATC 169/2004, de 10 de mayo, FJ 2, 
y  524/2005,  de  20  de  diciembre,  FJ  2).  Descarta  así  que  haya  óbice  alguno  que 
determine la inadmisión de la demanda de amparo. e
b)  Por lo que hace a las cuestiones de fondo, la fiscalía entiende que la denuncia  bo
se centra en discutir dos tipos de argumento: i) en primer lugar, los que justifican la  446ww
ohpacbiiólitna ddae ly  junzog aad otr apvoérs  lad en olati fincoatcifiiócna ceiólenc tpreórnsicoan aal  etrna veél sd odme iclail iod irdeec cliaó ns oecleiecdtraódn idcae 
cjuodnicfoiarml aid qaudo  cao anp leicl aar ret.r r1ó5n5e.a1m LeEnCte;  eyl  aiir)t . e2n7 3s.e3g au)n LdEoC l uyg laors,  alortss .q 1u4e. 2l lye v4a3n.2 ,a ls eógrguanndoo 
párrafo, LPACAP lo que habría determinado la inadmisión de la oposición formulada y la
desestimación  del  recurso  de  reposición  frente  a  esa  resolución  y  la  definitiva 
indefensión de la demandante.
Y para valorar si ha existido o no lesión del derecho reconocido en el art. 24.1 CE, la 
fiscalía comprueba si los razonamientos dados por el juzgado para justificar la forma de 
comunicación  procesal  llevada  a  cabo  se  ajustan  a  parámetros  de  razonabilidad 
adecuados, y si esos razonamientos se acomodan a las exigencias derivadas del deber 
de asegurar que el acto de comunicación sirva al propósito de garantizar que la parte 
pueda  acceder  al  proceso,  cuestiones  ambas  que  se  analizan  a  la  luz  de  la 
STC 47/2019, de 8 de abril, por la similitud del asunto que resuelve con el que es objeto 
del presente recurso de amparo.
Antes de efectuar dicho análisis, las alegaciones sostienen que la única norma del 
proceso de ejecución hipotecaria que se refiere a esta cuestión es el artículo 553 LEC, 
cuyo contenido nada aporta respecto a la forma de llevarse a cabo las notificaciones, por 
lo que cumple acudir las normas generales de la Ley de enjuiciamiento civil, en particular 
a los arts. 135.1 y 4, 152.2, 155, 156, 158, 161 y 273.4, segundo párrafo. De esta 
normativa, se deduce que la utilización de medios electrónicos para la práctica de actos 
de comunicación puede configurarse como una obligación o como un derecho; como una 
obligación para algunas partes, como los profesionales de la justicia y las personas 
jurídicas, y como un derecho para los que pudiendo optar lo hacen así pero, en el primer 
caso, la obligación no es absoluta sino que admite excepciones en el sentido de lo que 
reconocen las SSTC 6/2016 y 102/2019, que establecen que no cabe llevar a cabo por 
medios  electrónicos  la  comunicación  al  demandado  aún  no  personado  en  el 
procedimiento, en cuanto al acto de citación o emplazamiento, conforme a lo previsto en 
el artículo 155.1 LEC, los cuales «se harán por remisión al domicilio de los litigantes». De 
lo expuesto deduce el Ministerio Fiscal que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. 3 de Lorca no debió prescindir de la notificación personal, conclusión a la que 
conducen la propia literalidad de los preceptos examinados, concretamente de los arts. 
155 y 273 LEC, y el análisis de la doctrina de este tribunal sentada en la STC 47/2019, 
de 8 de abril, concretamente en el FJ 4, y posteriormente reiterada en el FJ 2 de la 
STC  102/2019,  de  16  de  septiembre,  que  resulta,  según  la  fiscalía,  íntegramente 
trasladable al supuesto analizado en este amparo.
El auto de 17 de octubre, considera extemporánea la formulación de la oposición a la 
ejecución basándose en la disposición transitoria cuarta de la Ley 42/2015, en los arts. 
14.2 a) y 43.2 de la ley 39/2015 y en el art. 273.3 LEC. Pero, como se afirma en la 
STC 47/2019, ninguna de esas normas «tienen la virtualidad, ni individualmente ni 
conjuntamente considerados, de impedir la aplicación del específico régimen jurídico de 
la primera citación o emplazamiento del demandado, pues ninguna de esas normas 
exceptúa de la aplicación del art. 155 LEC a quienes, conforme al art. 273.3 LEC, están 
obligados  a  relacionarse  con  la  administración  de  Justicia  por  vía  electrónica  o 
telemática», de modo que cuando el juzgado formula esta interpretación provoca en la 
demandante  de  amparo  la  indefensión  prohibida  en  el  art.  24.1  CE  (con  cita  del 
fundamento jurídico 3 de la STC 49/2019).
Además, esa lesión se perpetuó con la desestimación del recurso de reposición que, 
adicionalmente, aplicó erróneamente el art. 43.2, segundo párrafo, de la ley 39/2015 
pues este precepto es aplicable a los procedimientos administrativos en los que la Ley 
de enjuiciamiento civil tiene carácter supletorio, mientras que en el procedimiento civil la 
norma equivalente aplicable es la contenida en el art. 162.2 LEC que solo se aplica a los 
supuestos en que la comunicación telemática es admitida legalmente y, por tanto, no al  s
supuesto  aquí  analizado.  Esa  errónea  selección  de  normas  para  la  resolución  del  oe.
recurso de reposición supuso una vulneración del derecho del ejecutado a obtener una  w.
respuesta  razonada,  motivada  y  fundada  en  Derecho,  que  también  constituye  una  446ww
exigPeonrc iúal tdimeroiv eald aM dineisl taerrti.o 2 F4i.sl cCaEl .pone de manifiesto el desajuste entre la previsión del
caortm. u1n6ic2a.2c ióLnE pCo,r  dqicuheo se mstaebdlieocse t écqnuieco ss,i  traconnscsutar ridlao s c«otrreresc dtaía sr esmini sqióune  edl edle saticntaot ardioe   BOE-A-cable e
acceda a su contenido, se entenderá que la comunicación ha sido efectuada legalmente 
desplegando  plenamente  sus  efectos»,  y  el  aviso  efectuado  por  el  servicio  de 
notificaciones de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre que, en este caso, informó de 
que la notificación estaría disponible desde el 8 de mayo hasta el 23 de junio de 2018. 
Pero reconoce que ese desajuste, sea cual sea la causa, procede de un error no 
imputable a la parte y del que, sin embargo, en este caso se ha derivado un perjuicio real 
para el ejecutado, como ha sido el haber inadmitido su oposición y, por tanto, habérsele 
privado del derecho a defenderse.
En atención a todo lo expuesto, la fiscal interesa la estimación del recurso de 
amparo, apreciando la vulneración del derecho de la empresa recurrente a la tutela 
judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE) en la vertiente de acceso al proceso, con la 
consiguiente declaración de nulidad de todo lo actuado en el procedimiento de ejecución 
y la retroacción de las actuaciones al momento en que se acordó notificar al auto 
despachando ejecución y el decreto del letrado de la administración de Justicia con 
traslado de la copia de la demanda, a través de la dirección electrónica habilitada, y en 
su lugar se proceda a la notificación personal que exige el articulo 155 LEC, con el fin de 
que se le comunique, al recurrente, lo allí acordado en legal forma y darle la posibilidad 
de ejercer su derecho.
11.  Con fecha 16 de diciembre de 2019 tuvo entrada en este tribunal el auto de 3 
de diciembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 3 de Lorca, 
por el que se acuerda tener por sucedido en la posición procesal de Banco de Sabadell, 
S.A., a la entidad Pera Assets Designated Activity Company, en el procedimiento de 
ejecución hipotecaria núm. 107-2018.
12.  Por providencia de 17 de septiembre de 2020, se señaló para deliberación y 
votación de la presente sentencia el día 21 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Objeto y contexto del recurso de amparo.
a)  El presente recurso de amparo se interpone contra los autos de 10 de julio 
de 2018 y 17 de octubre de 2018, dictados por el Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción  núm.  3  de  Lorca  en  el  procedimiento  de  ejecución  hipotecaria  núm. 
107-2018. El auto de 10 de julio de 2018 inadmitió por extemporánea la oposición a la 
ejecución hipotecaria, mientras que el de 17 de octubre de 2018 confirmó la anterior 
decisión al desestimar el recurso de reposición interpuesto frente a ella. La constatación 
de la existencia del óbice de extemporaneidad se basa en que el órgano judicial toma 
como fecha de notificación el 7 de mayo de 2018, que es la fecha en la que se pone a 
disposición  de  la  recurrente  en  amparo  en  la  sede  judicial  electrónica  (dirección 
electrónica  habilitada)  la  correspondiente  notificación,  a  pesar  de  que  la  mercantil 
recurrente no abrió la notificación, siguiendo las instrucciones contenidas en la propia 
comunicación, hasta el 23 de junio de 2018.
La  demandante  de  amparo  considera  que  la  notificación  fue  inadecuadamente 
realizada pues, al tratarse de la primera notificación, debió efectuarse de forma personal 
y no a través de la dirección electrónica habilitada, lo que habría generado indefensión, y 
por tanto vulneración del art. 24.1 CE, al inadmitirse la oposición a la ejecución e 
impedirse la formulación del oportuno recurso. Por su parte, la mercantil Pera Assets  s
Designated  Activity  Company,  interesada  en  el  procedimiento  de  ejecución  como  oe.
adquirente del crédito cuya ejecución se insta en la instancia, solicita la desestimación  w.
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de amparo, al considerar que se ha vulnerado el derecho de la demandante a la tutela
judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE). Bc
b)  El presente recurso de amparo se inscribe en la serie de recursos de amparo 
interpuestos  por  dos  entidades,  una  de  ellas  la  aquí  recurrente,  demandadas  en 
procesos ejecutivos hipotecarios seguidos ante diversos juzgados de primera instancia 
de  Lorca,  los  cuales  tras  emplazarlas  por  vía  electrónica  a  través  del  servicio  de 
notificaciones electrónicas y de dirección electrónica habilitada de la Fábrica Nacional de 
Moneda y Timbre, han inadmitido a trámite los escritos de oposición a la ejecución 
presentados por aquellas, al considerarlos extemporáneos mediante un cómputo de 
plazo realizado con arreglo a normas del procedimiento administrativo común.
La cabecera de la precitada se identifica en el recurso de amparo núm. 5377-2018, 
promovido  por  Euroinversiones  Inmobiliarias  Costa  Sur,  S.L.,  y  que  resuelve  la 
STC 40/2020, de 25 de febrero.
2.  Aplicación de la doctrina sentada por las SSTC 6/2019, 47/2019 y 40/2020.
La STC 40/2020, de 25 de febrero, ha tenido la oportunidad de resolver el recurso de 
amparo cabecera de esta serie, promovido contra dos autos de coincidente contenido 
con los que ahora se impugnan, y en ella se dio respuesta a los mismos argumentos que 
defienden aquí las partes, con fallo estimatorio de la demanda. Descartada aquí la 
concurrencia de algún elemento distintivo que obligue a una fundamentación o resultado 
distinto a lo declarado entonces, procede por tanto que hagamos aplicación de la citada 
STC 40/2020.
En tal sentido, luego de despejar en el fundamento jurídico 2 cualquier posible óbice 
procesal por falta de agotamiento de la vía judicial previa al amparo [art. 44.1 a) LOTC], 
al no caber recurso contra el auto desestimatorio de la reposición y así indicarlo el pie de 
recurso de este, y no ser tampoco el amparo prematuro por interponerse sin esperar a la 
finalización  del  proceso  ejecutivo  hipotecario  a  quo,  se  aborda  en  el  fundamento 
jurídico 3 el examen de la queja de fondo por lesión del art. 24.1 CE derivada de la 
inadmisión  del  escrito  de  oposición  a  la  ejecución,  advirtiéndose  que  resulta  de 
aplicación al caso la doctrina de este tribunal plasmada en sus SSTC 6/2019, de 17 de 
enero, FJ 4 a), dictada en sede de cuestión de inconstitucionalidad, y 47/2019, de 8 de 
abril,  FJ  4  a),  recaída  en  proceso  de  amparo,  «en  relación  con  la  garantía  de 
emplazamiento personal del demandado o ejecutado en los procesos regidos en esta 
materia por la LEC (directa o supletoriamente), como primera comunicación con el 
órgano  judicial  competente,  sin  que  pueda  ser  sustituida  por  una  comunicación 
electrónica», como puede ser el caso de la efectuada a través de la dirección electrónica 
habilitada. Tal emplazamiento personal se exige en el art. 155.1 LEC, y lo complementa 
la regla del art. 273.4 LEC sobre la presentación en papel de las copias de los escritos y 
documentos para ese primer emplazamiento. El incumplimiento de este deber del órgano 
judicial, «acarrea por tanto la conculcación de aquel derecho fundamental», tal y como 
ya  ha  declarado  este  tribunal  en  varios  recursos  de  amparo  referidos  a  procesos 
laborales, civiles y concursales, que se especifican en el mismo fundamento jurídico 3, 
precisamente en aplicación de la doctrina de referencia.
Constata  entonces  la  STC  40/2020,  en  su  fundamento  jurídico  4,  como  ha  de 
hacerse también ahora, que las dos resoluciones judiciales impugnadas vulneraron el 
derecho a la tutela judicial efectiva de la recurrente, al no proceder a su emplazamiento 
personal  en  el  proceso  a  quo  a  efectos  de  requerirle  de  pago  o  alternativamente 
permitirle presentar su oposición a la ejecución, optando en cambio el juzgado por un 
emplazamiento electrónico a través del servicio de notificaciones electrónicas y dirección 
electrónica habilitada de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, no previsto en la  e
normativa procesal y que apenas consistía en un aviso remitiendo a un enlace de  bo
internet para poder conocer el contenido de la notificación. Además, computó el plazo  446ww
apdamrai nisptrreastievnot arc omelú ne, scqruiteo   sdoen   oapjeonsaicsi óna l inávmobciaton doju risndoircmciaosn ald eel n perol ceqduiem iennotos 
lean ceosntitmraamcioósn,  edne la alemgpaal rcoo npjuonr clieósnió cno nd eell  aprlat.z o2 4d.e1l  CarEt.,  5e5n6  sLuEsC v. eTrotdieon tleos c udael  daeccteersmoi naal 
proceso, a no padecer indefensión, y a una resolución fundada en Derecho.
Procede por ello acordar la nulidad de los autos impugnados y de todo lo actuado en 
el  procedimiento  hipotecario  a  quo  desde  el  momento  en  que  se  proveyó  a  su 
emplazamiento a través de la dirección electrónica habilitada, con retroacción de las 
actuaciones para que el juzgado practique dicho emplazamiento en los términos exigidos 
por la ley (art. 155.1 y 273.4 LEC), de manera respetuosa con el derecho fundamental de 
la demandante.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar la demanda de amparo promovida por Euroinversiones Inmobiliarias Costa 
Sur, S.L., y, en consecuencia:
1.º  Declarar que ha sido vulnerado su derecho fundamental a la tutela judicial 
efectiva sin padecer indefensión (art. 24.1 CE), con reconocimiento de tal derecho.
2.º  Declarar la nulidad de los autos de 10 de julio de 2018 y 17 de octubre de 2018, 
dictados por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 3 de Lorca en el 
proceso de ejecución hipotecaria núm. 107-2018, así como la nulidad de las actuaciones 
realizadas a partir del emplazamiento de la entidad recurrente a través de la dirección 
electrónica habilitada.
3.º  Retrotraer  el  procedimiento  al  momento  inmediatamente  anterior  al  de 
efectuarse el emplazamiento de la demandada, debiendo llevarse a cabo de nuevo este 
último  por  el  juzgado  ejecutor,  de  forma  que  resulte  respetuosa  con  el  derecho 
fundamental reconocido.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a veintiuno de septiembre de dos mil veinte.–Juan José González 
Rivas.–Andrés  Ollero  Tassara.–Santiago  Martínez-Vares  García.–Alfredo  Montoya 
Melgar.–Cándido Conde-Pumpido Tourón.–María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y 
rubricado.