BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 84 Jueves 8 de abril de 2021 Sec. III.   Pág. 39580
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
5566 Resolución de 5 de marzo de 2021, de la Secretaría General de Coordinación 
Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de 
Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de 
Illes Balears, en relación con el Decreto-ley 3/2020, de 28 de febrero, de 
medidas urgentes en materia de vivienda.
Conforme a lo establecido en el artículo 33 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de 
octubre, del Tribunal Constitucional, modificado por la Ley Orgánica 1/2000, de 7 de 
enero, esta Secretaría General dispone la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» 
del Acuerdo que se transcribe como anexo a la presente Resolución.
Madrid, 5 de marzo de 2021.–La Secretaria General de Coordinación Territorial, 
Miryam Álvarez Páez.
ANEXO
Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-
Comunidad Autónoma de Illes Balears en relación con el Decreto-ley 3/2020, de 28 de 
febrero, de medidas urgentes en materia de vivienda
La Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad 
Autónoma de Illes Balears ha adoptado el siguiente Acuerdo:
Primero.
De conformidad con las negociaciones previas celebradas por el Grupo de trabajo 
constituido por Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General 
del Estado-Comunidad Autónoma de 21 de junio de 2020, para el estudio y propuesta de 
solución de las discrepancias manifestadas en relación con el Decreto-ley 3/2020, de 28 
de febrero, de medidas urgentes en materia de vivienda, ambas partes consideran 
solventadas las mismas conforme a los siguientes compromisos:
a)  Respecto de las discrepancias manifestadas en relación con el artículo 4, ambas 
partes coinciden en considerar que la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 
ambiental, es legislación sectorial a los efectos previstos en el mencionado precepto, por 
lo que en ningún caso se entenderá favorable el silencio de la administración ambiental 
mientras la legislación estatal mantenga la regulación del sentido negativo de este 
silencio administrativo.
b)  En cuanto a las discrepancias relativas al artículo 6, la interpretación conjunta de 
las previsiones del Decreto-ley 3/2020 –especialmente los artículos 5, 6, 10.6, 11.1.d), 
14.4.d)  y  15.4)–  lleva  a  ambas  partes  a  interpretar  que,  para  el  desarrollo  de  las 
viviendas protegidas públicas, será aplicable, según corresponda, el régimen previsto 
para  las  actuaciones  edificatorias  en  suelo  urbano  o  el  régimen  previsto  para  las 
actuaciones de transformación urbanística en el urbano y urbanizable en los términos  e.
establecidos en la Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de urbanismo de las Illes Balears, y,  w.b
en su caso, en la legislación ambiental aplicable, con las especialidades previstas en  66ww
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de no tener efectos significativos sobre el medio ambiente», al entender que la vigente 
redacción del artículo 8.1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, 
contiene  los  supuestos  excluidos  de  evaluación  ambiental  estratégica  a  modo  de 
numerus clausus. En este sentido, la Comunidad Autónoma de las Illes Balears asume el 
compromiso de promover la correspondiente iniciativa legislativa para adecuar dicho 
precepto a la legislación básica estatal.
d)  En cuanto a las discrepancias relativas al apartado 7 de la disposición adicional 
tercera, por el que se introduce el apartado 2 del artículo 26 bis de la Ley 5/2018, de 19 
de junio, de vivienda de las Illes Balears, ambas partes coinciden en interpretar que sus 
previsiones no suponen una innovación o especialidad procesal alguna en relación con 
el procedimiento judicial de ejecución hipotecaria, de conformidad con la doctrina del 
Tribunal Constitucional (STC 80/2018, de 5 de julio). La sanción administrativa se limita a 
establecer una obligación sustantiva cuyo nacimiento se hace coincidir temporalmente 
con la iniciación de la ejecución y cuyos efectos y consecuencias se producen, en todo 
caso, al margen de los trámites que han de seguirse en sede procesal, que no quedan 
afectados.
e)  Por lo que se refiere a las discrepancias en relación con el apartado 7 de la 
disposición adicional tercera, por el que se introduce el apartado 3 del artículo 26 bis de 
la Ley 5/2018, de 19 de junio, de vivienda de las Illes Balears, la Comunidad Autónoma 
de las Illes Balears asume el compromiso de promover la correspondiente iniciativa 
legislativa  para  modificar  la  redacción  del  precepto  a  fin  de  aclarar  que,  una  vez 
verificada la situación de especial vulnerabilidad y formulada la oferta de alquiler social, 
si los afectados la rechazan, el demandante no será sancionado administrativamente si 
inicia el procedimiento judicial.
f)  Por último, en relación con las discrepancias sobre el apartado 9 de la disposición 
adicional tercera, la Comunidad Autónoma de las Illes Balears asume el compromiso de 
promover la correspondiente iniciativa legislativa para modificar el apartado 2, letra e), 
del artículo 26 quater de la Ley 5/2018, de 19 de junio, de vivienda de las Illes Balears, a 
fin de eliminar la referencia a la posible fijación, por parte de la Administración, del precio 
y condiciones de adquisición del inmueble. En este sentido, se establecerá que el 
derecho  de  retracto  se  ejercerá  siempre  por  el  mismo  precio  y  en  las  mismas 
condiciones de adquisición en que efectivamente se haya producido la transmisión. 
Respecto del resto de discrepancias relativas a este artículo, ambas partes coinciden en 
considerar  que  la  regulación  del  Decreto-ley  3/2020  no  vulnera  las  competencias 
exclusivas del Estado ni la normativa básica estatal.
Segundo.
En razón al acuerdo alcanzado, ambas partes coinciden en considerar concluidas las 
controversias planteadas.
Tercero.
Comunicar este Acuerdo al Tribunal Constitucional a los efectos previstos en el 
artículo 33.2 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, así 
como insertar el presente Acuerdo en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Boletín 
Oficial de las Illes Balears».