BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 182 Sábado 31 de julio de 2021 Sec. TC.   Pág. 93439
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
13023 Sala Primera. Sentencia 139/2021, de 12 de julio de 2021. Recurso de 
amparo 4997-2018. Promovido por Titania Compañía Editorial, S.L., respecto 
de  las  sentencias  dictadas  por  la  Audiencia  Provincial  y  un  juzgado  de 
primera instancia de Madrid en juicio verbal sobre ejercicio del derecho de 
rectificación. Supuesta vulneración de los derechos a la información y a la 
tutela judicial efectiva: resoluciones judiciales que estiman la pretensión de 
publicación del escrito de rectificación en el que predominan los elementos 
fácticos, al tiempo que disponen la corrección de sendas afirmaciones de 
carácter valorativo.
ECLI:ES:TC:2021:139
La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por el magistrado don Juan 
José  González  Rivas,  presidente;  los  magistrados  don  Andrés  Ollero  Tassara,  don 
Santiago Martínez-Vares García, don Alfredo Montoya Melgar, don Cándido Conde-
Pumpido Tourón, y la magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 4997-2018, promovido por Titania Compañía Editorial, 
S.L., representada por el procurador de los tribunales don Luis Pozas Osset, y bajo la 
asistencia  letrada  de  don  Guillermo  Regalado  Nores,  frente  a  la  sentencia  núm. 
204/2018, de 17 de mayo, de la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, 
recaída en el recurso de apelación núm. 230-2018, formulado frente a la sentencia núm. 
373/2017, de 17 de noviembre, del Juzgado de Primera Instancia núm. 74 de Madrid, 
dictada en autos de juicio verbal núm. 899-2017, sobre el ejercicio del derecho de 
rectificación.  Ha  sido  parte  en  el  procedimiento  don  Miguel  Temboury  Redondo, 
representado por el procurador de los tribunales don Ramón Rodríguez Nogueira y 
ejerciendo su propia defensa. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido ponente la 
magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón.
I. Antecedentes
1.  Por escrito registrado en este tribunal el 27 de septiembre de 2018, el procurador 
de  los  tribunales  don  Luis  Pozas  Osset,  en  nombre  y  representación  de  Titania 
Compañía Editorial, S.L., bajo la asistencia letrada de don Guillermo Regalado Nores, 
interpuso  recurso  de  amparo  contra  las  resoluciones  que  se  mencionan  en  el 
encabezamiento.
2.  Los hechos y antecedentes procesales de los que trae causa la demanda de  o
amparo son, en síntesis, los siguientes: 023www.
editoar)a  lEa l mdeíar c1a3n tdil er esceuprtrieenmteb reen d aem 2p0a1r7o,,  eTli tdainairaio C doimgitpaal ñ«íaE l ECdoitnofriidael,n Sci.aLl.», , pduebll iqcóu eu neas 
Ingontaicciaio  tiGtuolandzaá:l e«zL»e. zEon:  lae saG unaortdiciaia  Cpiveirl io"dpíilslóti"c aa  sTee mdibcoeu rqyu ey  eBle nSzr.o  Mreiguuneiél nTdeomseb ocuorny   BOE-A-cable e
Redondo, en aquel momento subsecretario de Estado, fue «pillado» por la Guardia Civil 
reuniéndose con don Ignacio González, «cuando el expresidente madrileño ya estaba 
siendo monitorizado por la Unidad Central Operativa dentro del marco del caso Lezo». Y 
continúa explicando la noticia:
«[L]as citas se produjeron en mayo y junio de 2016, cuando González ya barruntaba 
que podría estar siendo investigado por una causa distinta a la del ático de Estepona 
(que se instruye en Málaga). Temboury era entonces subsecretario del Ministerio de 
Economía y competitividad […]. El encuentro con Temboury se produjo un mes antes. 
Fue el 31 de mayo de 2016 a las 14:40 en el restaurante No. La UCO tampoco lo 
identifica. […] Temboury aclara a este diario: "Soy amigo de González desde hace 
muchos años. Hemos trabajado juntos y comemos a menudo. Es una comida más de las 
muchas que he tenido con él". También aclara que no hablaron de temas judiciales. Las 
dos  citas  de  González  tuvieron  responsabilidades  en  el  Ministerio  del  Interior  […]. 
Cuando se produjeron ambos encuentros, el juez instructor del caso había autorizado a 
la UCO a que pusiera micrófonos en el despacho personal de González. Meses después 
de ambas citas, en octubre de 2016, el Sr. González contrató una empresa para que 
buscara dispositivos de escucha precisamente en su despacho. Las citas de González y 
su entorno con altos cargos del Gobierno central fueron frecuentes durante los meses de 
investigación.  En  marzo  de  2017,  el  hermano  del  expresidente  madrileño,  Pablo 
González (también imputado), se reunió con el secretario de Estado de Interior […]. 
Previamente a esa cita, la UCO había descubierto que los hermanos González estaban 
muy preocupados por una posible investigación judicial contra Ignacio y preguntaron 
quién era en esos momentos el secretario de Estado de Seguridad.»
b)  El 20 de septiembre de 2017, el Sr. Temboury Redondo, envió solicitud de 
rectificación al director de «El confidencial», amparándose en lo dispuesto en el art. 1 de 
la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de rectificación. No 
obstante, ni el periódico ni la editorial respondieron al solicitante, que presentó demanda 
de juicio verbal en materia de derecho de rectificación. El asunto será conocido por el 
Juzgado de Primera Instancia núm. 74 de Madrid, y tramitado bajo el núm. 899-2017. La 
solicitud  de  rectificación  del  demandante  se  formula  en  el  suplico  de  la  demanda, 
solicitando la publicación, con relevancia semejante a la noticia de 13 de septiembre 
de 2017, sin comentarios ni apostillas, en los siguientes términos:
«Frente a la noticia publicada por El Confidencial el 13 de septiembre de 2017, 
Miguel Temboury Redondo realiza la siguiente rectificación al amparo de lo dispuesto en 
la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de rectificación:
1.  Asocia mi nombre a la operación Lezo, cuando no tengo relación alguna con los 
hechos  investigados  en  la  misma,  ni  tampoco  tengo  conocimiento  de  estar  siendo 
investigado en el marco de dicha operación.
2.  Divulga  una  foto  mía  en  un  encuentro  estrictamente  privado,  carente  por 
completo de interés informativo, que lesiona claramente mi derecho de intimidad.
3.  Señala  que  la  Guardia  Civil  me  "pilló"  comiendo  con  el  Sr.  González.  El 
entrecomillado es deliberado para intentar perjudicarme, pero al mismo tiempo pone de 
manifiesto que la Guardia Civil no "pilló" nada, por los siguientes motivos: (i) como se 
desprende  de  la  propia  noticia  la  Guardia  Civil  no  me  identificó,  sin  duda  por  ser 
completamente irrelevante en sus pesquisas relacionadas con la operación Lezo; (ii) 
nada había que "pillar" puesto que la comida tuvo lugar en un lugar público bien conocido  e.
del centro de Madrid; y (iii) el contenido de la conversación que tuvo con el Sr. González  w.
no tiene la más mínima relevancia en los hechos que parecen ser objeto de investigación  023ww
en el sumario, ni a efectos informativos.»
que Enlo p ceorinócduicrroía «nE el nC eoln cfiadseon cloiasl »r esqeu iospituosso d eal  laar te. s2t imdea claió Lne dye O lrag ádneimcaa n2d/1a9, 8a4l ,e an tseanbdeerr, 
que la solicitud no versaba sobre hechos sino sobre opiniones o juicios de valor; que no
se daba un texto concreto a rectificar y se manifestaban cuestiones ajenas al derecho de 
rectificación.
c)  El Juzgado de Primera Instancia núm. 74 de Madrid, estimó la demanda por 
sentencia núm. 373/2017, de 17 de noviembre de 2017, al entender que concurrían en el 
caso los requisitos del art. 1 de la Ley Orgánica 2/1984, siendo la noticia inexacta, por 
más que sea veraz el encuentro al que se refiere y concurriendo un perjuicio para el 
demandante. Para llegar a esta conclusión trae a su razonamiento las sentencias del 
Tribunal Supremo (Pleno de la Sala Civil) núms. 376/2017, de 14 de junio, y 492/2017, 
de 13 de septiembre. Aplicada la jurisprudencia contenida en estas resoluciones al caso 
concreto,  los  argumentos  que  conducen  a  la  estimación  son,  esencialmente,  los 
siguientes:
(i)  En relación con el requisito de la inexactitud, la sentencia advierte «que el hecho 
de que el encuentro sea veraz, como se reconoce, no obsta a que la información 
publicada sea inexacta, tal y como exige el precepto. Si se examina la publicación, el 
titular comienza con la palabra Lezo, conocido caso de corrupción en la Comunidad de 
Madrid, y va seguido de una información que es falsa o cuando menos inexacta al decir 
que la Guardia Civil "pilló" a Temboury y Benzo reuniéndose con Ignacio González. De la 
completa lectura de la información se desprende que la Guardia Civil no sorprende al 
actor y que los encuentros se produjeron en el curso de su investigación a Ignacio 
González, y no, como parece insinuarse de manera tendenciosa en el titular, al actor y al 
señor Benzo. El uso de las comillas simples en este caso no es el que corresponde a las 
mismas (enmarcar los significados, según la RAE), sino el habitual de las comillas 
inglesas cual es el de indicar que una palabra o expresión se utiliza irónicamente o con 
un sentido especial. En el caso presente, parece utilizarse de manera irónica o especial 
lo que no resta inexactitud a su contenido puesto que de la lectura completa de la noticia 
se desprende que la Guardia Civil desconocía incluso quiénes eran las personas con 
quienes se había reunido Ignacio González, tratándose de un encuentro privado carente 
de interés para la investigación. Esta aparente "explicación" en el cuerpo de la noticia del 
tergiversado titular, no puede dar lugar a entender que no existe inveracidad puesto que 
no puede obviarse la circunstancia de que se trata de una publicación periodística en 
internet por lo que es fácil que muchos usuarios se queden con el titular puramente 
sensacionalista, asociando para lo sucesivo el caso de corrupción Lezo al nombre del 
actor».
(ii)  Siempre en relación con la inexactitud de la noticia, el órgano judicial sostiene 
que «otro elemento que se debe ponderar a la hora de entender que la noticia es 
inexacta  es  la  ausencia  de  relación  del  actor  con  la  operación  Lezo.  Nada  ha 
manifestado la demandada al respecto por lo que debe entenderse que dicho hecho, 
contenido en el escrito de rectificación, es veraz o, al menos, no es falso».
(iii)  Por lo que hace a la existencia de un perjuicio para el actor, la sentencia 
reconoce que este perjuicio es manifiesto «si se tiene en cuenta la difusión de la noticia 
en internet con millones potenciales de usuarios, máxime considerando que se asocia el 
nombre  del  actor  a  un  caso  sonado  de  corrupción  con  el  consecuente  daño  a  la 
reputación tanto personal como profesional que ello conlleva».
(iv)  Por último, se afirma que el control jurídico del derecho de rectificación, en los 
términos de los que resulta de la STS 376/2017 no obliga al «todo o nada», puesto que 
se entiende que el tribunal puede excluir lo que exceda de los hechos, e incluso en lo 
que excede, permite hacer un juicio de ponderación al objeto de que una reducción 
excesiva no desconfigure el derecho ejercitado oportunamente, por lo que, en la medida  e.
en que parte del texto cuya rectificación pretende publicarse contiene una referencia a  w.b
hechos, es posible su rectificación parcial. Atendiendo a esta posición, el fallo de la  023ww
sentencia de instancia establece lo siguiente:
Orgá«nOicrdae 2n/a1r9 8la4 , paul bmliecancoisó ne,l  teienm plao  fdourrmaan tey  epl lcauzaols h ap rpeevrimstoasn eecnid oe lla  anrot.t ic3i ad peu blali caLdeay 
en la página web de la demandada y con la misma relevancia que la noticia de 13 de 
septiembre de 2017, sin comentarios ni apostillas, del siguiente texto:
"Frente a la noticia publicada por El Confidencial el 13 de septiembre de 2017, 
Miguel Temboury Redondo realiza la siguiente rectificación al amparo de lo dispuesto en 
la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de rectificación:
1.  Asocia mi nombre a la operación Lezo, cuando no tengo relación alguna con los 
hechos  investigados  en  la  misma,  ni  tampoco  tengo  conocimiento  de  estar  siendo 
investigado en el marco de dicha operación.
2.  Divulga una foto mía en un encuentro estrictamente privado.
3.  Señala que la Guardia Civil me 'pilló' comiendo con el Sr. González, pero al 
mismo tiempo pone de manifiesto que la Guardia Civil no 'pilló' nada, por los siguientes 
motivos: (i) como se desprende de la propia noticia la Guardia Civil no me identificó, sin 
duda por ser completamente irrelevante en sus pesquisas relacionadas con la operación 
Lezo; (ii) nada había que 'pillar' puesto que la comida tuvo lugar en un lugar público bien 
conocido del centro de Madrid; y (iii) el contenido de la conversación que tuvo con el Sr. 
González no tiene la más mínima relevancia en los hechos que parece ser objeto de 
investigación en el sumario"».
Todo ello además con la indicación expresa a publicar junto con la rectificación que 
«D.  Miguel  Temboury  Redondo  tuvo  que  acudir  a  la  vía  judicial  para  obtener  el 
cumplimiento de su derecho».
d)  Frente  a  la  sentencia  de  instancia,  la  representación  procesal  de  Titania 
Compañía  Editorial,  S.L.,  interesó  la  aclaración  [arts.  214  y  215  de  la  Ley  de 
enjuiciamiento civil (LEC) y 267 de la Ley Orgánica del Poder Judicial] respecto de 
algunas  apreciaciones  del  fundamento  jurídico  3  de  la  sentencia,  así  como  el 
complemento  de  sentencia  al  entender  que  el  juzgado  había  omitido  pronunciarse 
respecto a la falta de aportación de un texto concreto que publicar. La solicitud fue 
desestimada mediante auto de 9 de enero de 2018.
e)  Acto seguido se planteó recurso de apelación frente a la sentencia de instancia, 
invocando infracción de normas y garantías procesales (art. 218 LEC) y denunciando 
incongruencia de la sentencia impugnada, así como la infracción de las disposiciones de 
la  Ley  Orgánica  2/1984  y  la  jurisprudencia  que  ha  interpretado  el  derecho  de 
rectificación. El recurso de apelación será desestimado por sentencia de la Sección 
Octava de la Audiencia Provincial de Madrid 204/2018, de 17 de mayo de 2018.
En relación con la denuncia relativa a la infracción de normas y garantías procesales, 
en particular a la infracción del art. 218 LEC y a la falta de motivación suficiente la 
sentencia, afirma que la relación entre el fallo y la pretensión articulada en la demanda 
está  correctamente  configurada  (con  cita  de  la  STS  450/2016,  de  1  de  julio),  no 
existiendo además defecto de motivación alguno, ni falta de exhaustividad (basándose 
en la cita de la STS 496/2011, de 7 de julio).
Por lo que hace al contenido del derecho de rectificación, la sentencia desestimatoria 
del recurso de apelación afirma que tal derecho «opera como un complemento de la 
información  que  se  ofrece  a  la  opinión  pública,  mediante  la  aportación  de  una 
"contraversión" sobre hechos en los que el sujeto ha sido implicado por la noticia 
difundida por un medio de comunicación. Por ello, si bien el derecho de rectificación 
constituye un derecho autónomo de tutela del propio patrimonio moral, a la vez opera 
como instrumento de contraste informativo». Invocando las SSTC 168/1986, 51/2007  s
y 99/2011 y la STS núm. 376/2017, la Audiencia confirma la resolución de instancia  oe.
areaedncsuetoedmlnuiéádcnsiieód, nnoqd.su oePe  o qanru  olúea l  tsilSmaeT  odhS,oa  tc7 adt1mrai5nbd/a2ioé 0 np1in r5sece,vl u iddaseemió s1nee4 nse ttdexime  cn adiot ailvcadoi eaa md pseebe lran ecai,ni pósglneiúc  nócs o oeansldtetrieamec neluaena  ctdqooau nmedd eelela nn ttaeiem x etpyono   escenionctsi ióetdannics dhd,e aey,     2021-13023n https://www.
costas acordada en la instancia vino determinada por la sustancial estimación de la
pretensión de rectificación.
f)  En último término, la recurrente en amparo interpone nuevo escrito interesando la 
corrección, aclaración y complemento de la sentencia de la Audiencia, con el mismo 
fundamento  que  ya  había  sustentado  la  solicitud  de  aclaración  y  complemento  en 
instancia, y el auto de 5 de julio de 2018, estima parcialmente la rectificación interesada 
sustituyendo en el fundamento jurídico 1 de la sentencia la palabra «pillo» por la palabra 
«pilló», y desestimando la pretensión en todo lo demás. El auto fue notificado el 12 de 
julio de 2018 por LexNET, siendo recogida la notificación a las 12:20 horas de aquel 
mismo día.
3.  La demanda de amparo denuncia la vulneración del derecho a la información 
contenido en el art. 20.1 d) CE, en su vertiente del derecho a comunicar libremente 
información veraz en relación con el derecho de rectificación. En conexión con lo anterior 
denuncia asimismo la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24 CE), al 
entender que las sentencias impugnadas habrían contravenido la doctrina constitucional 
en materia de derecho de rectificación al acoger la jurisprudencia elaborada por el 
Tribunal Supremo en la sentencia núm. 376/2017, de 14 de junio. La demanda de 
amparo vincula la especial trascendencia constitucional del recurso a la necesidad de 
que el tribunal, que hasta la fecha no se ha pronunciado al respecto, corrija la doctrina 
del Tribunal Supremo contenida en la STS 376/2017, al entender que altera, modifica y 
trastoca la interpretación uniforme y pacífica de la doctrina constitucional existente sobre 
el derecho de rectificación y el derecho a la información. Por último, se afirma también 
que el Tribunal Constitucional tiene ocasión con este recurso de amparo para aclarar, 
perfilar a cambiar su doctrina respecto de las cuestiones que fueron efectivamente 
planteadas al Tribunal Supremo al tiempo de dictar la STS 376/2017, como por ejemplo 
la doctrina del «todo o nada», sobre el margen de actuación de los directores de los 
medios  de  comunicación  a  tiempo  de  recibir  cartas  de  rectificación  que  contengan 
errores manifiestos.
Entrando en la exposición de los motivos que sustentan el fondo de la pretensión de 
amparo, la recurrente parte de la afirmación de que el FJ 5 de la STS 376/2017, de 14 de 
junio, modifica la doctrina constitucional sobre el derecho de rectificación, al establecer 
que cabe introducir opiniones y juicios de valor en los textos redactados y remitidos a los 
medios  como  ejercicio  del  derecho  de  rectificación.  Según  esta  parte,  el  Tribunal 
Constitucional ha diseñado el derecho de rectificación como un derecho a completar la 
información relativa a hechos (con cita de las SSTC 168/1986, 51/2007 y 99/2011), 
mientras  que  el  Tribunal  Supremo  introduce  en  su  interpretación  la  posibilidad  de 
incorporar opiniones y juicios de valor en la rectificación, al admitir la posibilidad de que 
el órgano judicial que conoce de una acción relativa al derecho de rectificación pueda 
«formular un juicio de ponderación entre los derechos en conflicto y una valoración del 
contexto, también para reducir un escrito de rectificación por no referirse exclusivamente 
a hechos», del mismo modo que se posee tal facultad para enjuiciar las intromisiones en 
el derecho al honor (STS 376/2017, FJ 5). Entiende la mercantil recurrente en amparo 
que, de este modo, se vacía de contenido la Ley Orgánica 2/1984 y se modifica la 
doctrina constitucional, al permitir que el juzgador subsane cuantos errores y deficiencias 
tengan los textos de rectificación, ordenando al director de un medio de comunicación la 
publicación de textos diferentes a aquellos cuya publicación fue denegada.
Se asegura en la demanda de amparo que, si bien el derecho de rectificación está 
relacionado  legalmente  con  los  hechos  y  vinculado  doctrinalmente  al  derecho  a  la 
información [art. 20.1 d) CE] el Tribunal Supremo altera dicho estatus para formalizar una 
interpretación en la que se vincula la libertad de expresión [art. 20.1 a) CE] con el derecho  e.
de rectificación, con el añadido de crear de manera artificiosa un conflicto entre derechos al  w.b
que  poder  aplicar  un  «juicio  de  ponderación»  sobre  el  contenido  total  del  escrito  de  023ww
creocmtifuicnaiccaiócnió. nS ey  afloirms ae qmuiseo lrae sin sdeeg uirnidfoardm jaucríidóinc a eqsu em saen gifieensetara  pdoer  calor a qau elo se ml eTdriiobsu ndael 
TCroibnusntitaul cSiounparel mdeob peo rr essetra cbllaercaemr esnut ed loecstirvinaa d ealn duelarencdhoo  lad ej ulari srepcruudrreennctiea. establecida por el
Teniendo  en  cuenta  lo  antedicho,  las  sentencias  objeto  del  recurso  de  amparo 
contrarían la doctrina constitucional sobre el derecho de rectificación por legitimar el uso 
de opiniones en aplicación de la jurisprudencia del Tribunal Supremo; por contravenir la 
exigencia constitucional de aportar un texto concreto de rectificación, la referida a que el 
texto de rectificación sea debidamente alternativo y disidente con el hecho informativo; 
así como la interdicción de apostillar los textos de rectificación.
Acudiendo al art. 2 de la Ley Orgánica 2/1984 se apela al requisito sine qua non de la 
obligación de remitir un escrito de rectificación al director del medio, siendo clara a este 
respecto la doctrina constitucional (con cita de la STC 35/1983, de 11 de mayo), mientras 
que la nueva jurisprudencia del Tribunal Supremo lleva a pensar que los requisitos 
formales carecen de trascendencia y que el juzgador puede subsanar errores relativos a 
la inclusión en las cartas de rectificación de opiniones y juicios de valor, así como el 
defecto de no presentación del escrito. Por lo que hace al texto explicativo que se 
enarbola en vía judicial como texto de rectificación, no era ni correlativo ni alternativo con 
el  texto  del  artículo  publicado,  pese  a  que  las  exigencias  anteriores  se  derivan 
claramente de la doctrina constitucional. Argumenta esta parte que durante el proceso 
judicial se planteó que la pretendida versión de rectificación aportada en la demanda no 
cumplía tales requisitos, denunciándose que lo que realmente se pretendía era atacar la 
noticia publicada, de hecho se indicó incluso que la noticia ya contenía la versión del 
rectificante, pero ninguna de las resoluciones judiciales impugnadas se ha referido a las 
quejas anteriores, vulnerando el artículo 24.1 CE.
Además la sentencia de primera instancia ordeno publicar el texto de la rectificación 
y apostillar el mismo indicando que el rectificante tuvo que acudir a la vía judicial para 
obtener el cumplimiento de su derecho, contradiciendo esto la doctrina constitucional que 
afirma  que  la  rectificación  cuya  publicación  se  ordena  no  debe  ir  acompañada  de 
comentarios o de apostillas, y porque de aceptarse unos y otras, se conculcaría el 
derecho a la información, La recurrente se opone asimismo a la imposición de costas por 
la acogida «sustancial» de la demanda, porque el art. 6 c) de la Ley Orgánica 2/1984 
establece que se impondrá el pago de las costas a la parte cuyos pedimentos hubiesen 
sido totalmente rechazados, y en el caso que nos ocupa el juez recorta el texto de 
rectificación propuesto, reconociendo así que el director acertó al negarse a publicarlo en 
los términos inicialmente solicitados.
Por último la demanda solicita la aplicación de lo dispuesto en el art. 56.2 de la Ley 
Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), solicitando la suspensión de la ejecución 
de la sentencia de la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Madrid 204/2018, 
de  19  de  mayo,  y  de  la  sentencia  del  Juzgado  de  Primera  Instancia  núm.  74  de 
Madrid  373/2017,  de  17  de  noviembre,  por  cuanto  la  ejecución  de  las  mismas 
ocasionaría al recurrente un perjuicio de imposible reparación, y que sin duda alguna, 
haría perder al amparo su finalidad, de acuerdo a la doctrina del Tribunal Constitucional 
referida a la suspensión de resoluciones judiciales de condena relativa a la publicación 
de rectificaciones en medios de comunicación (con cita de los AATC 123/1996, de 20 de 
mayo, y 210/2008, de 7 de julio).
Argumenta la demanda, respecto de la solicitud de suspensión que, realizada una 
ponderación de los intereses en conflicto confrontados con el contenido y la naturaleza 
de la condena impuesta en las resoluciones impugnadas, esto es con la obligación de 
publicación de un texto de rectificación, se concluye de manera inequívoca que la 
ejecución de la condena ocasionaría un perjuicio irreparable respecto de la credibilidad, 
del medio de comunicación y de los profesionales afectados, impidiendo una posterior  s
restitutio in integrum, con lo que el amparo perdería gran parte de su finalidad. A ello se  oe.
añade que la suspensión de la ejecución en el extremo referente a la obligación de  w.
publicación de la rectificación no afecta a los intereses generales y, si bien supone un  023ww
adpelsaazpaamriiceinótno  ndi elu ndais frpuetret urdbea cilóons   dgerarevech odse  dloes  umn istmerocse,r oq, uen o qureepdraens enútnai canmi eunntae 
pendientes de la resolución última del Tribunal Constitucional.
4.  Mediante providencia fechada el 6 de mayo de 2019, se acuerda admitir a 
trámite  el  recurso  de  amparo,  al  apreciar  que  concurre  en  el  mismo  una  especial 
trascendencia constitucional [art. 50.1 b) LOTC] porque plantea un problema o afecta a 
una faceta de un derecho fundamental susceptible de amparo sobre el que no hay 
doctrina de este tribunal [STC 155/2009, FJ 2 a)]. En la misma providencia se resolvió 
dirigir comunicación a la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Madrid a fin de 
que, en plazo no superior a diez días, remitiese certificación o copia adverada de las 
actuaciones correspondientes a la apelación núm. 230-2018, y al Juzgado de Primera 
Instancia núm. 74 de Madrid para que hiciera lo propio en relación con las actuaciones 
correspondientes al juicio verbal núm. 899-2017 (art. 51 LOTC). Asimismo se solicita al 
juzgado para que venga a emplazar a quienes hubieran sido parte en el procedimiento 
para que, en caso de así desearlo, pudieran comparecer como parte en el recurso de 
amparo constitucional. Por último, se dio orden de formar la correspondiente pieza 
separada de suspensión cautelar de las resoluciones impugnadas.
5.  Mediante  diligencia  de  ordenación  fechada  el  día  6  de  mayo  de  2019,  se 
concedió plazo común de tres días al Ministerio Fiscal y al solicitante de amparo para 
que  alegasen  lo  que  pudieran  tener  por  pertinente  en  relación  con  la  petición  de 
suspensión interesada (art. 56 LOTC). Oída la recurrente y el Ministerio Fiscal, mediante 
auto de 15 de julio de 2019 (ATC 73/2019) se acordó la suspensión de la ejecución de la 
sentencia  dictada  por  el  Juzgado  de  Primera  Instancia  núm.  74  de  Madrid, 
exclusivamente en lo referente a la publicación de la rectificación acordada.
6.  Por escrito registrado el 30 de mayo de 2019, don Ramón Rodríguez Nogueira, 
procurador de los tribunales, y de don Miguel Temboury Redondo, se persona en el 
procedimiento de amparo. En un nuevo escrito, registrado el 3 de junio de 2019, esta 
parte presenta de nuevo el escrito de personación.
7.  Por diligencia de ordenación de 25 de junio de 2019, se tiene por recibidos los 
testimonios de las actuaciones remitidos por el juzgado de primera instancia y por la 
audiencia  provincial,  y  se  tiene  por  personado  en  el  procedimiento  a  don  Miguel 
Temboury Redondo, dándose vista de las actuaciones a las partes y concediéndoles un 
plazo de veinte días para formular las alegaciones que considerasen pertinentes.
8.  La  representación  procesal  de  Titania  Compañía  Editorial,  S.L.,  por  escrito 
presentado el 29 de julio de 2019, reitera las alegaciones ya contenidas en la demanda 
de amparo, destacando tres cuestiones.
En  primer  lugar,  que  antes  de  que  se  dictara  la  STS  376/2017,  la  doctrina 
constitucional había sido pacífica y generaba notoria seguridad jurídica (con cita de las 
SSTC 168/1986, 51/2007 y 99/2011), pero que la tesis de la subsanación de defectos en 
el escrito rectificante acarrea inseguridad, porque solo atiende a una de las dos partes en 
conflicto –el solicitante de rectificación– y porque abre la puerta al subjetivismo que 
supone determinar qué opiniones y juicios de valor pueden eliminarse sin desvirtuar la 
esencia de la rectificación.
En segundo término, que la jurisprudencia del Tribunal Supremo contraría la norma 
reguladora y la doctrina constitucional, al otorgar un trato idéntico al derecho a la 
información [art. 20.1 d) CE] y a la libertad de expresión [art. 20.1 a) CE], haciendo 
referencia a elementos valorativos propios de la libertad de expresión que son ajenos al 
contenido  exclusivamente  fáctico  del  derecho  a  la  información  y  del  derecho  de  e.e
rectificación, que tienen por único objeto trasladar hechos a la opinión pública. Insiste la  b
recurrente en amparo en que no existe colisión alguna entre derechos que deba ser  023ww
rSeuspureelmtao  y eqsu ele gloit imúanric ola  qusueb ssaen apcreiotenneds e dceo ne rrlao rensu eyv a djeufreiscptorus deennc iala sd ecl aTrtraibsu ndael 
reenc tvifiirctaucdi ódne q uloes  cqouneti eenle nT reibxupnreasl ioSnuepsr evmaolo rraetifviearse.  Aqudee mdáesb esni  seev aanluaalirzsaen  loloss  vcircitieorsi oas 
subsanar, la inseguridad jurídica resulta patente pues se trata de criterios subjetivos,
genéricos, laxos e indeterminados que provocan un absoluto desconcierto entre las 
partes a las que afecta el ejercicio del derecho de rectificación. Entiende la recurrente 
que si se permite el uso de expresiones valorativas en los escritos de rectificación 
aumentará el riesgo de confusión entre la información publicada y la verdad.
Y, por último, se afirma que las resoluciones impugnadas desatienden la doctrina 
constitucional en tres puntos básicos: (i) la exigencia de que se aporte un texto concreto 
de rectificación como requisito sine qua non para el ejercicio del derecho de rectificación; 
(ii) la exigencia de que el texto remitido (si se considera como tal la carta remitida), 
además de no contener opiniones, fuera alternativo, correlativo y contradictorio con la 
información objeto de rectificación, y (iii) la exigencia de no apostillar los textos al 
publicar, ordenando en este caso publicar una apostilla que señale que el solicitante 
«tuvo que acudir a la vía judicial para obtener el cumplimiento de su derecho».
9.  El procurador don Ramón Rodríguez Nogueira, en nombre y representación de 
don Miguel Temboury Redondo, presentó el 29 de julio de 2019 escrito de alegaciones, 
formulando oposición al presente recurso de amparo, solicitando la inadmisión del mismo 
y,  subsidiariamente  su  desestimación,  si  el  Tribunal  Constitucional  no  aprecia  la 
concurrencia de los óbices procesales puestos de manifiesto por esta parte.
a)  Por lo que hace a los requisitos de admisibilidad que esta parte considera 
incumplidos, se argumenta lo siguiente:
(i)  Falta de agotamiento de los medios de impugnación previstos en las normas 
procesales [art. 44.1 a) LOTC]. Analizado el pie de recursos de la sentencia de apelación 
«póngase en conocimiento de las partes que contra esta resolución no cabe recurso 
ordinario alguno, sin perjuicio de que contra la misma puedan interponerse aquellos 
extraordinarios de casación o infracción procesal, si concurre alguno de los supuestos 
previstos en los artículos 469 y 477 del texto legal antes citado, en el plazo de veinte 
días  y  ante  esta  misma  Sala»  se  afirma  que  en  este  caso  resultaba  exigible  la 
interposición del recurso de casación o del de infracción procesal tal y como se deduce 
«claramente»  de  la  indicación  de  pie  de  recurso  y  de  los  arts.  468,  469,  477  y 
concordantes de la Ley de enjuiciamiento civil, dando testimonio de ello que en el 
recurso de apelación se alegaron infracciones de carácter procesal que hubieran podido 
fundamentar el recurso extraordinario por infracción procesal, y habida cuenta de la 
jurisprudencia del propio Tribunal Supremo en materia de derecho de rectificación. Junto 
a la mención previa, se afirma también que, incluso aunque se admitiera a meros efectos 
dialécticos  la  improcedencia  del  recurso  de  casación  o  del  recurso  por  infracción 
procesal, hubiera sido preciso interponer el incidente de nulidad de actuaciones como 
paso previo a la interposición del recurso de amparo. Se expone en el escrito de 
alegaciones que esta exigencia de agotamiento también actúa a favor de los derechos 
procesales de las otras partes en el procedimiento, de modo que la no exigencia de ese 
agotamiento constituiría una lesión del derecho a la tutela judicial efectiva de esta parte, 
susceptible de ser invocado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
(ii)  La  violación  del  derecho  fundamental  invocado  no  es  imputable  de  modo 
inmediato y directo a la jurisdicción ordinaria en este proceso [art. 44.1 b) LOTC], y ello 
porque la propia demanda sostiene que las sentencias de instancia han vulnerado el 
derecho  invocado  al  aplicar  la  «supuesta  "nueva  jurisprudencia"  establecida  por  el 
Tribunal Supremo sobre el ejercicio del derecho de rectificación y se aclara que esta es 
la  que  realmente  provoca  la  vulneración  de  derechos  fundamentales».  Con  este  s
argumento, viene a sostener esta parte que lo que realmente se está impugnando es la  oe.
SjaulTreiSsg(da i3iicic)7i co6inó/F2ena0s l1 otaq7r du,l aiedn  eaala rd1i ae4d c e[duamear tdaj.u an4n di4inao.vn.1ot ecc a)n cLoióO naT ledCge]ó.  l aAa  vdeueslcntueea rradecasimópnee cndttoee l  sdaeen rtseeo clshato ieA fnuuend dieeannm ceiealn  etPasrlco arvintionte cd ialael    2021-13023n https://www.
de Madrid, teniendo oportunidad para ello, la lesión de los derechos fundamentales que
invoca  ahora  en  sede  constitucional,  y  ello  porque  no  aludió  al  conflicto  entre  la
jurisprudencia  del  Tribunal  Supremo  y  del  Tribunal  Constitucional  que  sostiene  su 
demanda de amparo. Dicho en otros términos, la posición de la parte recurrente fue 
ambigua en la apelación, no pudiendo deducirse de sus afirmaciones ninguna denuncia 
de una jurisprudencia novedosa en la materia que supusiera vulneración de derechos 
fundamentales,  por  tanto,  al  no  haberse  fundamentado  la  apelación  en  el  carácter 
novedoso (que esta parte niega) de la sentencia del Tribunal Supremo, tampoco puede 
ser fundamento del recurso de amparo.
(iv)  Por último, apelando al art. 44.2 LOTC, se denuncia que la demanda de amparo 
se registró fuera de plazo, teniendo en cuenta que el auto de 5 de julio de 2018, que 
rectificaba la sentencia de la audiencia provincial, fue notificado a esta parte el 12 de 
julio. Con este argumento, que niega la notificación al recurrente en amparo el 13 de julio 
de 2018, esta parte sostiene que el plazo para la interposición del recurso de amparo 
debió finalizar el 25 de septiembre de 2018, y no el día 27, que fue cuando se registró la 
demanda.
b)  En lo relativo a las cuestiones de fondo, y para el supuesto en que no se 
admitiese la concurrencia de alguno de los motivos de inadmisión a trámite alegados por 
esta  parte,  se  proclama  la  inexistencia  de  la  pretendida  vulneración  de  derechos 
fundamentales alegada de contrario, al tiempo que se plantea que cuestiones similares 
han  sido  ya  tratadas  por  la  jurisprudencia  constitucional  de  modo  que  tampoco 
concurriría en este caso la especial trascendencia constitucional del recurso de amparo. 
Entiende esta parte que la doctrina previa del Tribunal Constitucional fue correctamente 
aplicada por la jurisdicción ordinaria y que el Tribunal Supremo no tiene vedada la 
posibilidad de interpretar las normas constitucionales, no existiendo además conflicto 
alguno entre la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y la del Tribunal Supremo. Con 
cita de la STC 168/1986, esta parte afirma que la rectificación judicialmente impuesta de 
una información que el rectificante considera inexacta y lesiva de sus intereses no 
menoscaba el derecho fundamental proclamado por el art. 20.1 d) CE.
Y, en el caso concreto, se afirma que la rectificación efectuada por don Miguel 
Temboury no vulnera las disposiciones de la Ley Orgánica 2/1984, porque se limitó a 
corregir  hechos  falsos  que,  junto  con  el  titular  de  la  noticia,  inducían  a  asociar  al 
rectificante con la operación Lezo, causándole con ello un perjuicio. En la misma línea 
argumental,  se  expone  en  el  escrito  de  alegaciones  que  se  cumplían  el  resto  de 
requisitos formales para ejercer el derecho de rectificación, porque los puntos del escrito 
de rectificación eran inferiores en extensión a la publicación, el escrito se limitaba a los 
hechos, y además la queja respecto de que no lo hacía decae por la función de control 
jurídico que corresponde a los órganos judiciales y que les permite reducir el texto.
Insiste  esta  parte  en  que  los  órganos  judiciales  de  instancia  han  excluido  los 
elementos valorativos del escrito de rectificación, dentro del margen otorgado por la 
doctrina constitucional (con cita de la STC 264/1988), a pesar de lo cual se ha negado la 
publicación de la rectificación, incumpliendo el director de «El Confidencial» el art. 3 de la 
Ley Orgánica 2/1984. En suma, se afirma en el escrito de alegaciones que el Tribunal 
Constitucional  no  tiene  por  qué  restablecer  su  doctrina  y  anular  la  jurisprudencia 
establecida por el Tribunal Supremo, porque las sentencias impugnadas la respetan 
escrupulosamente y en ningún caso se ha ampliado el objeto del derecho de rectificación 
a las opiniones y juicios de valor, como se expone en la demanda de amparo, aunque 
tampoco  es  cierto  que  el  ejercicio  del  derecho  de  rectificación  esté  vinculado 
exclusivamente al derecho de información, porque también lo está con el derecho al 
honor de esta parte (con cita de la STC 99/2011). El juicio de ponderación entre el  e.
derecho a la información de «El Confidencial» y el derecho al honor del rectificante es el  w.b
que realizan las sentencias de instancia, incurriendo la recurrente en una deliberada  023ww
cdoenbtarated iicncfoiórmn aatli vdoe nciir  squupeo n«ela u nin ccloumsipólne mdeen otop idneio nlae sin fyo rjmuiacicoiós nd»e y ,v asilno re nmob aerngroiq uceucaen deol 
neel gjuazngdaod loar  caa pqaucoid aedli mdein aaq utaelle psa rreaf ehraecnecrilaos. de la rectificación se niega a publicarlo,
Esta  parte  afirma,  sintetizando  sus  argumentos  sobre  el  cumplimiento  de  los 
requisitos formales del ejercicio del derecho de rectificación que si se aportó un texto 
concreto para publicar y que este texto era correlativo (desde el punto de vista de la 
correlación subjetiva y de la correlación objetiva) y contradictorio con el contenido en la 
noticia frente al que se opone. Se sostiene que la sentencia de instancia respeta la 
esencia de los hechos publicados por «El Confidencial» adicionando datos objetivos 
(correlación ascendente) y eliminando datos que consideraba inexactos (correlación 
descendente). Y se concluye afirmando que la apostilla al texto ordenada por el juzgado, 
relativa al hecho de que el rectificante «tuvo que acudir a la vía judicial para obtener el 
cumplimento  de  su  derecho»,  no  hubiera  sido  necesaria  si  el  director  de  «El 
Confidencial» hubiese publicado la rectificación cuando le fue enviada.
El escrito de alegaciones se refiere asimismo a la cuestión de la condena en costas, 
aportando motivos que justificarían tal condena y que ponen el acento en la mala fe del 
recurrente en amparo, que no ha cumplido la condena de instancia a pesar de estar 
obligado a ello por no tener efectos suspensivos la interposición del recurso de amparo, 
ha utilizado las solicitudes de aclaración y complemento con objetivos dilatorios y ha 
sostenido posiciones infundadas.
Por último, mediante primer otrosí digo, esta parte sostiene que no procede la 
suspensión  de  la  ejecución  de  las  sentencias  impugnadas,  pues  no  se  dan  las 
condiciones previstas en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para ello, en la 
medida en que la ejecución no supone un perjuicio irreparable a «El Confidencial», como 
este alega, ya que la rectificación debe publicarse en un medio digital y las páginas web 
son fácilmente modificables en cualquier momento, por lo que no consta acreditado el 
perjuicio irreparable que podría hacer perder al amparo su finalidad, mientras que por el 
contrario la no ejecución de las sentencias si ocasiona una perturbación grave a un 
interés constitucionalmente protegido, cual es la garantía del derecho fundamental al 
honor de don Miguel Temboury.
10.  Mediante escrito registrado el 31 de julio de 2019, el fiscal ante el Tribunal 
Constitucional presenta su escrito de alegaciones interesando la estimación del recurso 
de amparo, y el reconocimiento de la vulneración del derecho a la información del 
art. 20.1 d) CE, en relación con el art. 24.1 CE, de la recurrente en amparo. Tras exponer 
los antecedentes de hecho, y sintetizar el objeto del recurso de amparo, el escrito del 
Ministerio Fiscal avanza detallando el contenido de la jurisprudencia constitucional en 
materia de derecho de rectificación centrándose en la STC 99/2011, de 20 de junio, que 
a su vez se remite a la STC 168/1986, de 22 de diciembre. En esta exposición literal de 
la jurisprudencia previa, la fiscalía se detiene en la cuestión del llamado principio del 
«todo o nada» que, según su escrito, haría referencia a la intangibilidad del contenido del 
escrito de rectificación por parte del órgano judicial, de tal manera que solo pudiera optar 
por publicarlo o no, pero sin «depuración» alguna.
A este respecto se afirma que el «tribunal no ha considerado que esa limitación de la 
rectificación a los hechos, suponga que cualquier variación del escrito aportado por el 
rectificante suponga un exceso que merme la plenitud de los derechos fundamentales, y 
ha  considerado  válida  la  decisión  judicial  de  publicar  el  escrito  de  rectificación, 
eliminando, precisamente, aquellas referencias que supongan juicios de valor y no meros 
hechos». Esta reflexión se acompaña de la cita, de nuevo, de la STC 99/2011, así como 
de la STC 51/2007, de 12 de marzo, en su fundamento jurídico 8.
Por lo que hace a la STS 376/2017, de 14 de junio, el escrito de alegaciones 
reconoce que la doctrina que se contiene en su fundamento jurídico 5 es novedosa, y  e.
que debe ser contrastada con la jurisprudencia constitucional para valorar si existe  w.b
contradicción entre una y otra. Sobre este particular el Ministerio Fiscal afirma que el  023ww
sTireibmupnrael  pSouspibrelem doi sstein gaupiar retan tdree  hlae cdhoocst ryin oap cinoinosnteitsu:c aio)n «ael sc unaencdeos aarifoir macau qduire, ,t aal l yn coo smeor 
svea lohraec ela  enre lleavsa ninctirao mdiesi olnaess  peanla eblr adse rceucehsot ioanl ahdoanso»r;  ab )u n« ejusitcai o pdoen dpeorancdieórna cnióon  sqouloe 
atenderá a que las opiniones no sean más amplias que los hechos, también a la
precisión de la información, pues no puede exigirse al que rectifica una precisión más 
rigurosa  que  al  informador,  y  también  a  la  gravedad  de  las  imputaciones  y 
descalificaciones»;  c)  «la  aplicación  al  caso  conlleva  que  las  descalificaciones 
profesionales de la persona del rectificante fueron muy graves, en comparación con lo 
que se opone en la rectificación que apela a la falta de acreditación objetiva, tratándose 
solo de aseveraciones vertidas con ánimo de desprestigiarle», y d) «la mención al ánimo 
de desprestigiar, es evidentemente un juicio de intenciones, pero su relevancia en la 
totalidad del escrito es escasa, su relación con los hechos directa y su prudencia y 
mesura eran manifiestas en comparación con los términos del texto difundido».
Entiende la fiscalía que el juicio de ponderación aquí propuesto va contra la naturaleza 
del proceso, fijada por el Tribunal Constitucional concibiéndolo como la posibilidad otorgada 
al que se ve aludido en una noticia de aportar su versión de los hechos, pero solo de los 
hechos, sin valoraciones, que cuando se contengan pueden dar lugar a que el órgano 
judicial decida denegar la publicación o, excepcionalmente, depurar por sí mismo el escrito. 
La fiscalía afirma que «para el Tribunal Constitucional la limitación de la rectificación solo a 
los hechos, con independencia de su veracidad, como ya vimos, es esencial a este 
procedimiento, mientras que el Tribunal Supremo, sin desconocer esa doctrina, amplía 
notablemente el ámbito del escueto y reducido proceso de rectificación al dar entrada a 
criterios de ponderación y relativa importancia de las afirmaciones de que se trate en el caso 
concreto, lo que supone una vía de acceso a valorar, por cada órgano judicial afirmaciones 
que contradicen, no solo la doctrina constitucional, también el tenor literal de la norma 
reguladora, pudiendo provocar una afectación del derecho a la información que se ve 
limitado, tras un procedimiento que como hemos reiterado no tiene entre sus fines la 
acreditación de la veracidad de las noticias».
Llegado  a  este  punto,  el  escrito  de  alegaciones  entra  a  valorar  el  escrito  de 
rectificación presentado frente al artículo publicado por la recurrente en amparo, para 
concluir que, si bien el juicio de rectificación se concibe como una discrepancia entre 
hechos, de modo tal que el periodista afirma unos y el aludido niega estos y/o afirma 
otros, en el caso que nos ocupa lo pretendido por el escrito de rectificación no es una 
afirmación  o  negación  de  hechos  sino  una  demostración  de  error  en  la  valoración 
realizada por el periodista, lo que confirma una especie de derecho de réplica que difiere 
del de rectificación. En lo que hace a la queja relativa al párrafo añadido de que «[...] 
tuvo que acudir a la vía judicial», el Ministerio Fiscal afirma que «siendo cierto que este 
párrafo no estaba en el primer escrito que se envió al periódico, obviamente, también lo 
es que su adición se produjo en el momento de la vista, cuando todavía pudo ser 
sometido a debate entre las partes, y además no añade nada relativo a los hechos y su 
contenido  puede  ser  considerado  incluso  redundante,  pues  al  tratarse  de  una 
rectificación ordenada por el juez, su publicación va a ir acompañada de la propina orden 
judicial por lo que la vía judicial era evidente». La fiscalía ante el Tribunal Constitucional 
concluye que, concebida como pretende el solicitante de la rectificación, «la rectificación 
es excesiva en su contenido y, la obligación de su publicación, merma el derecho a la 
información por lo que procede, a juicio del fiscal, acceder al amparo solicitado».
En último término, el escrito de alegaciones del Ministerio Fiscal analiza como las 
sentencias impugnadas aplican la dualidad de criterios que se desprenden de la doctrina del 
Tribunal Constitucional y de la novedosa doctrina del Tribunal Supremo, para concluir que, 
tal y como quedó previamente expuesto, la doctrina del Tribunal Supremo a la que se 
adhieren  las  sentencias  de  instancia  impugnadas  en  amparo,  supone  una  nueva 
formulación del derecho de rectificación difícilmente compatible con el texto legal regulador  s
del proceso, y alejado de la doctrina que sobre la materia ha sido elaborada por el Tribunal  oe.
Constitucional, creando un margen de riesgo del derecho a la información, al permitir incluir  w.
en el ámbito del derecho de rectificación la referencia a juicios valorativos, en aras de  023ww
csoarlvreasgpuoanrddaer  ae ol trdoe áremcbhioto ,a yl ah soenao re nq ueel o srdee nc ojunrsisiddeicrcai ovnualnl ceirvaild oo ,p ecnuaaln.do esta protección
11.  Mediante escrito registrado el 11 de septiembre de 2019, la representación
procesal de don Miguel Temboury Redondo, en virtud del art. 56.6 LOTC, impugnó el
auto de 15 de julio de 2019, al no haberse escuchado a esta parte en la pieza separada 
de cautelares.
En el escrito de impugnación el recurrente alega lo siguiente: (i) El 16 de mayo 
de 2019 el juzgado de primera instancia notificó a esta parte el oficio del Tribunal 
Constitucional, de 6 de mayo de 2019, por el que se interesaba el emplazamiento de 
quienes  fueron  parte  en  el  procedimiento  de  instancia,  dándoles  diez  días  para 
comparecer en el procedimiento de amparo; (ii) Esta parte se personó el día 30 de mayo 
de 2019, se la tuvo por personada mediante diligencia de ordenación de 25 de junio 
de 2019, notificada el 1 de julio, y se le concedieron entonces veinte días para formular 
alegaciones, lo que se formalizó en escrito presentado el 29 de julio de 2019, en el que 
se formuló asimismo la oposición a la suspensión de las resoluciones impugnadas 
solicitadas en la demanda de amparo; (iii) el 4 de septiembre de 2019 se notifica a esta 
parte la diligencia de ordenación de 24 de julio de 2019 poniendo en conocimiento el 
auto de 15 de julio de 2019, concediendo parcialmente la suspensión de la resolución de 
instancia; (iv) de la pieza separada de cautelares no se dio traslado a la parte ahora 
recurrente.
De los hechos expuestos, esta parte deduce que el Tribunal Constitucional, en el 
auto de 15 de julio de 2019 no ha valorado los motivos esgrimidos contra la posibilidad 
de acordar la suspensión de la ejecución instada por la mercantil Titania, S.L., Y de tal 
ausencia de valoración y adecuada ponderación de los intereses en juego, deduce la 
parte que se ha vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión. Se 
argumenta que la regla general del art. 56.1 LOTC supone que la interposición del 
recurso de amparo no suspende los efectos de la sentencia impugnada, estableciendo 
una excepción relativa a la posibilidad de que la sentencia impugnada produzca un 
perjuicio al recurrente que pudiera hacer perder al amparo su finalidad. Ahora bien, se 
afirma también que a esta excepción se opone un límite: no ocasionar una perturbación 
grave a un interés constitucionalmente protegido, ni a los derechos fundamentales o 
libertades de otra persona y, en  este  caso,  la  suspensión de las sentencias entra 
directamente en colisión con los intereses constitucionalmente protegidos del señor 
Temboury y con su derecho al honor (art. 18.1 CE).
En el escrito se afirma que el Tribunal Constitucional no ha observado sus normas 
procesales con la consiguiente vulneración de derechos asociada a dicha distracción. 
Evocando el art. 56.4 LOTC, se recuerda que el incidente de suspensión se debe 
sustanciar con audiencia de las partes y del Ministerio Fiscal y esto, en este supuesto, no 
ha sucedido porque no se dio trámite de audiencia a esta parte antes de dictar el auto 
de 15 de julio de 2019, vulnerándose el derecho a la tutela judicial efectiva de esta parte. 
Adicionalmente, en el escrito se rechaza de plano el argumento del auto de 15 de Julio 
de 2019 de este tribunal, sobre que el perjuicio de la ejecución de la sentencia de 
instancia para la recurrente en amparo (y su diario «El Confidencial») sea irreparable por 
la pérdida de credibilidad del medio y los profesionales afectados, dado que en el 
presente caso, la llamada «contrarectificación» es sencilla al tratarse de un medio digital, 
siendo posible la reparación in natura posterior y el borrado de todas las consecuencias 
si se concede el amparo. Niega asimismo la representación procesal del señor Temboury 
que la credibilidad de un medio sea un interés constitucionalmente protegido por el que 
el Tribunal Constitucional tenga que velar. Por último se afirma que, en este caso, se 
produce un aplazamiento de la eventual satisfacción del derecho fundamental de un 
tercero, lo que supone la perturbación grave a un interés constitucionalmente protegido.
12.  Por providencia de 8 de julio de 2021, se señaló para deliberación y votación de  e.
la presente sentencia el día 12 del mismo mes y año. w.b
II. Fundamentos jurídicos
1.  Objeto del recurso de amparo.
El presente recurso de amparo se dirige por Titania Compañía editorial, S.L., (editora 
de «El Confidencial»), contra dos resoluciones de instancia (sentencia núm. 204/2018, 
de 17 de mayo, de la sección octava de la Audiencia Provincial de Madrid que confirmó 
en apelación la sentencia núm. 373/2017, de 17 de noviembre, del Juzgado de Primera 
Instancia núm. 4 de Madrid) que declaran vulnerado el derecho de rectificación de don 
Miguel Temboury Redondo, quien dirigió al periódico un escrito de rectificación, en 
relación con una noticia en la que se hablaba de él, y que no fue publicado por el medio. 
La  recurrente  en  amparo  denuncia  que  las  resoluciones  impugnadas  vulneran  su 
derecho a la información [art. 20.1 d) CE], así como el derecho a la tutela judicial efectiva 
(art.  24  CE),  al  contravenir  la  doctrina  constitucional  en  materia  de  derecho  de 
rectificación aplicando en su lugar la jurisprudencia de la STS 376/2017.
El Ministerio Fiscal interesa la estimación del recurso de amparo, aceptando el 
argumento de la demanda de que la doctrina reciente del Tribunal Supremo sobre el 
derecho  de  rectificación  se  aparta  de  la  doctrina  constitucional,  cuando  admite  la 
posibilidad de formular un juicio de ponderación entre hechos y opiniones del escrito de 
rectificación que permita depurar las segundas para modificar el texto de la rectificación 
propuesta por el rectificante. Por último, la representación procesal del rectificante, el Sr. 
Temboury Redondo, se opone, en primer término, a la admisión del recurso de amparo y, 
subsidiariamente,  a  su  estimación.  Esta  parte  niega  la  concurrencia  del  motivo  de 
especial trascendencia constitucional apreciado por la Sección Segunda del Tribunal 
Constitucional y considera que no existe lesión del derecho a la libertad de información 
del art. 20.1 d) CE, porque el Sr. Temboury se limitó, en su escrito de rectificación, a 
corregir  hechos  falsos  cuya  difusión  le  perjudicaba,  y  ello  dentro  del  marco  de  lo 
dispuesto en la Ley Orgánica 2/1984 y en la jurisprudencia constitucional y ordinaria de 
desarrollo.
2.  Óbices de admisibilidad y otras cuestiones procesales planteadas en el recurso 
de amparo.
Es doctrina constante que, incluso en este momento procesal y superado en inicio el 
trámite de admisibilidad, cabe el pronunciamiento sobre la concurrencia de eventuales 
óbices procesales porque «los defectos insubsanables de que pudiera estar afectado el 
recurso de amparo no resultan subsanados porque haya sido inicialmente admitido a 
trámite (entre otras, SSTC 18/2002, de 28 de enero, FJ 3, y 158/2002, de 16 de 
septiembre, FJ 2), de forma que la comprobación de los presupuestos procesales para la 
viabilidad de la acción puede volverse a abordar o reconsiderar en la sentencia, de oficio 
o a instancia de parte, dando lugar a un pronunciamiento de inadmisión por la falta de 
tales presupuestos, sin que para ello constituya obstáculo el carácter tasado de los 
pronunciamientos previstos en el art. 53 LOTC» (STC 87/2021, de 19 de abril, FJ 2, y 
jurisprudencia allí citada). Por tanto, antes de proceder al examen de la queja articulada 
por la demandante de amparo, es necesario dar respuesta a los óbices procesales 
opuestos por la representación de don Miguel Temboury Redondo, en los que apoya su 
solicitud de inadmisión del recurso de amparo.
Y para responder adecuadamente a dichas alegaciones es preciso concretar, como 
premisa de razonamiento, el objeto del recurso de amparo.
a)  La recurrente en amparo denuncia la vulneración del derecho a la tutela judicial  b
efectiva  (art.  24.1  CE)  al  entender  que  las  sentencias  impugnadas  contravienen  la  023ww
ndioncgturinnaa  acrognusmtietunctiaocnióanl  eanu tómnoamteari aq udee  pedremreitcah oin ddivei dureaclitzifaicra yc idóins,t inpgeurior  lassin  aldeegsaacriroonlleasr 
rdeelal tdivearse cah ola  ale slaió nlib deertla dde rdeec hinof oar mlaa tcuiótenl.a  Pjuodri ctiaanl teof,e cptuivead,e y  claosn cqluuiers ael uqdueen  laa  laal elegsaiódna 
lesión del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) carece de sustantividad
propia,  porque  con  esta  invocación  la  recurrente  se  limita  a  denunciar  que  las 
resoluciones de instancia recurridas, al reconocer las pretensiones del demandante de 
instancia  en  relación  con  el  ejercicio  del  derecho  de  rectificación  en  los  términos 
formulados, que a su juicio son contrarios a la configuración constitucional de este 
derecho, habrían vulnerado las libertades informativas de que la mercantil recurrente es 
titular. Ello, en definitiva, reconduce la cuestión al análisis de la lesión de los derechos 
fundamentales sustantivos del art. 20.1 d) CE.
Por tanto, la queja referida a la lesión del derecho contemplado en el art. 24.1 CE, 
carece de sustantividad propia en este caso y los eventuales vicios de la argumentación 
serán analizados al abordar la eventual lesión del derecho a la libertad de información.
b)  Sobre el adecuado agotamiento de la vía judicial previa.
Invocado el óbice de la falta de agotamiento de los medios de impugnación previstos 
en las normas procesales [art. 44.1 a) LOTC], es preciso dilucidar si la recurrente en 
amparo  debió  acudir  o  no  al  recurso  extraordinario  de  casación  o  al  recurso  por 
infracción procesal ante el Tribunal Supremo, para tener por convenientemente agotada 
la vía judicial previa al acceso a la jurisdicción constitucional.
Cabe recordar, a este respecto que la doctrina de este tribunal, apela al requisito de 
agotar todos los recursos utilizables en la vía judicial ordinaria, que establece el art. 44.1 
a) LOTC, para asegurar el respeto a la subsidiariedad del recurso de amparo, dado que, 
en virtud de lo dispuesto en el art. 53.2 CE, la tutela general de los derechos y libertades 
corresponde, en primer lugar, a los órganos del poder judicial. La consecuencia directa 
de la aplicación de este presupuesto es que «cuando existe un recurso susceptible de 
ser utilizado y adecuado por su carácter y naturaleza para tutelar la libertad o derecho 
que  se  entiende  vulnerado,  tal  recurso  ha  de  interponerse  antes  de  acudir  a  este 
tribunal» (STC 78/2021, FJ 2 y jurisprudencia allí citada), de modo que es preciso que 
«se apuren las posibilidades que los cauces procesales ofrecen en la vía judicial para la 
reparación del derecho fundamental que se estima lesionado, de suerte que cuando 
aquellas  vías  no  han  sido  recorridas,  el  recurso  de  amparo  resultará  inadmisible» 
(STC 144/2007, de 18 de junio, FJ 2, y jurisprudencia allí citada).
El requisito de agotar la vía judicial, tal y como se recuerda en la STC 221/2012, 
de 26 de noviembre, «no es en modo alguno una formalidad cuya eficacia real pueda ser 
debilitada  por  una  interpretación  decididamente  antiformalista  del  precepto  que  la 
contiene, sino que se trata de un elemento esencial en el sistema de articulación de la 
jurisdicción constitucional con la jurisdicción ordinaria, cuyo exacto cumplimiento resulta 
indispensable para preservar el ámbito que la Constitución reserva a la jurisdicción 
ordinaria (art. 117.3 CE) y al propio tiempo para no desnaturalizar la función jurisdiccional 
propia  de  este  tribunal  como  intérprete  supremo  de  la  Constitución»  (FJ  2  y 
jurisprudencia allí citada).
Teniendo esto presente, y en lo que hace a la necesidad de acudir al recurso 
extraordinario por infracción procesal, que se apunta en el pie de recurso de la sentencia 
de apelación, debe concluirse que este tipo de recurso no resulta obligatorio en el 
supuesto que nos ocupa para considerar adecuadamente agotada la vía judicial previa al 
recurso de amparo. Es jurisprudencia reiterada del Tribunal Supremo, que no cabe 
plantear mediante el recurso extraordinario por infracción procesal cuestiones referidas a 
las consecuencias jurídicas que deriven de los hechos probados, pues la apreciación de 
estas consecuencias entraña una valoración jurídica solo susceptible de ser examinada 
en casación (entre las más recientes, SSTS 325/2020, de 22 de junio; 330/2020, de 22 
de junio; 43/2021, de 2 de febrero, y 61/2021, de 8 de febrero). Mediante el recurso  e.
extraordinario por infracción procesal, tampoco puede «prosperar un motivo en el que se  w.b
mezclen cuestiones procesales y sustantivas, o solo procesales pero heterogéneas entre  023ww
SsíS, TcSo m7/o2 0s2o0n,  dlea s8  ddee  evnaelroor,a cyi ó2n3 /2d0e2 1la,  dep r2u5e bdae  eyn ecraor)g.a E nd ee l lsau ppureusetboa q»u e(p aohro rtao dnaoss, 
oclcaurop aq, uye  ulon aq uvee zla  dreeclimurirteandtoe  apdlaenctueaad easm uennate d eislc orebpjeatnoc idae cl orne cluarss coo dnecl uasmiopnaerso ,j urreídsuiclota-
sustantivas que condujeron a la sentencia de apelación, confirmando en este caso la de
instancia, a reconocer el derecho de rectificación del demandante. Por tanto, no parece 
que fuera procedente la interposición del recurso extraordinario por infracción procesal y, 
en cualquier caso, distaba de ser exigencia para el agotamiento del cauce pertinente en 
la jurisdicción ordinaria.
Por lo que hace al recurso de casación previsto en el art. 477 LEC, la cuestión ofrece 
algunas dudas adicionales. Si bien se prevé que las sentencias dictadas en apelación 
para la tutela civil de los derechos fundamentales puedan ser recurribles en casación 
(art.  477.2.1  LEC),  también  afirma  el  precepto  que  un  recurso  «presenta  interés 
casacional  cuando  la  sentencia  recurrida  se  oponga  a  doctrina  jurisprudencial  del 
Tribunal Supremo o resuelva puntos y cuestiones sobre los que exista jurisprudencia 
contradictoria de las Audiencias Provinciales o aplique normas que no lleven más de 
cinco  años  en  vigor,  siempre  que,  en  este  último  caso,  no  existiese  doctrina 
jurisprudencial del Tribunal Supremo relativa a normas anteriores de igual o similar 
contenido» (art. 477 LEC). En el supuesto que nos ocupa, no parece que concurra 
interés casacional por cuando la recurrente no imputa a las sentencias de instancia que 
se oponga a la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo, sino precisamente lo 
contrario, que la sigue oponiéndose a la del Tribunal Constitucional, y tampoco entiende 
que exista jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales, extremo este que 
es el que con mayor frecuencia se alega en casación y justifica los pronunciamientos del 
Tribunal Supremo, en relación con el ejercicio del derecho de rectificación, posteriores a 
la ya citada sentencia STS 376/2017, de 14 de junio. Incluso si nos centramos en esta 
modalidad de la casación, tampoco la jurisprudencia constitucional exige su interposición 
ineludible allí donde sea posible plantearla. Estos pronunciamientos subrayan que «la 
especial naturaleza de dicho recurso, condicionado legalmente a la concurrencia de 
rígidos  requisitos  de  admisión  sobre  identidad  y  contradicción,  determina  que  su 
interposición no resulte siempre preceptiva para dar por agotada la vía judicial, siendo 
únicamente exigible, a los efectos de la subsidiariedad del amparo, cuando no quepa 
duda respecto de su procedencia» (STC 221/2012, de 26 de noviembre, FJ 4).
Y es igualmente cierto, conforme a esa misma doctrina, «que corresponde a quien 
pretende hacer valer su no interposición como motivo de inadmisibilidad acreditar la 
posibilidad de recurrir a esta extraordinaria vía en el supuesto concreto» (por todas, 
STC 221/2012, de 26 de noviembre, FJ 4, y jurisprudencia allí citada). En el supuesto 
concreto que ahora nos ocupa, la representación procesal de don Miguel Temboury, cita 
el pie de recurso en la sentencia de apelación, y alega la concurrencia del óbice de 
admisibilidad  del  recurso  de  amparo,  sin  argumentar  de  manera  completa  por  qué 
hubiera  sido  pertinente  interponer  un  recurso  extraordinario  de  casación.  Las 
alegaciones de esta parte se limitan a justificar la procedencia del recurso extraordinario 
por  infracción  procesal  que,  como  hemos  visto,  tampoco  resultaba  exigible  en  el 
presente caso.
Por  último,  tampoco  era  preceptiva  la  interposición  del  incidente  de  nulidad  de 
actuaciones, puesto que no se daban las circunstancias previstas en el art. 241 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial o 228 LEC, ya que la vulneración denunciada, teniendo en 
cuenta la invocación principal relativa al art. 20.1 d) CE, no puede ser atribuida en 
exclusiva a la última de las resoluciones recaídas en la instancia, sino que la queja se 
remonta ya al pronunciamiento fechado el 17 de noviembre de 2017 y emitido por el 
Juzgado de Primera Instancia núm. 74 de Madrid.
Por  tanto,  no  cabe  estimar  la  existencia  del  óbice  procesal  relativo  a  la  falta  de 
agotamiento de los medios de impugnación previstos en las normas procesales [art. 44.1 a)  s
LOTC]. oe.
c)  Sobre la imputabilidad de la lesión a las resoluciones de instancia evacuadas en  023ww
el proceso [art. 44.1 b) LOTC].
CE nSoe  saele igmap uptoar,  peanr tlea  ddeeml daenmdaa nddea anmtep eanro l,a a i nlassta rnecsiao,lu qcuioen elas  vreioclaacídióans  deenl  laa ritn. s2ta0n.1c ida), 
sino a la STS 376/2017, de 14 de junio. El art. 44.1 b) LOTC exige que «la violación del
derecho o libertad sea imputable de modo inmediato y directo a una acción u omisión del 
órgano judicial con independencia de los hechos que dieron lugar al proceso en que 
aquellas se produjeron, acerca de los que, en ningún caso, entrará a conocer el Tribunal 
Constitucional». En el supuesto que nos ocupa, y teniendo en cuenta la particular 
naturaleza de la intervención jurisdiccional en el ejercicio del derecho de rectificación, no 
cabe duda de que la eventual lesión es imputable de modo inmediato y directo a las 
resoluciones pronunciadas por los órganos jurisdiccionales que son, en este caso y ante 
la ausencia de respuesta a los requerimientos del demandante en instancia, los que 
definen los márgenes del ejercicio de las libertades informativas de que es titular la 
mercantil recurrente en amparo, y que conforman el objeto de este procedimiento.
Cosa distinta es que las sentencias que, a juicio de la recurrente, limitan el ejercicio 
del  derecho  fundamental  invocado,  basen  su  argumentación,  de  forma  correcta  o 
incorrecta, en jurisprudencia previa del Tribunal Supremo. Esta cuestión, a la que se hará 
posterior  referencia,  en  nada  modifica  la  cuestión  relativa  a  la  imputación  de  la 
denunciada vulneración del art. 20.1 d) CE, porque no cabe confundir el sujeto activo de 
la  lesión  denunciada  o  a  quién  cabe  imputar  la  misma,  con  el  contenido  de  la 
argumentación  a  que  se  imputa  dicha  lesión  y  la  procedencia  original  de  dicha 
argumentación.
Por tanto, no cabe estimar la existencia del óbice procesal relativo a la imposibilidad 
de imputar de modo inmediato y directo la lesión denunciada a una acción u omisión del 
órgano judicial [art. 44.1 a) LOTC].
d)  Sobre  la  denuncia  formal  en  el  proceso  de  la  vulneración  del  derecho 
constitucional tan pronto como, una vez conocida, hubiera lugar para ello [art. 44.1 c) 
LOTC].
De nuevo en este caso, como sucedía con el óbice anterior, la parte que invoca la 
concurrencia de este óbice procesal confunde el contenido de la argumentación de la 
demanda con el objeto del requisito de admisibilidad.
El art. 44.1 c) LOTC, exige, con el objetivo de garantizar la adecuada subsidiariedad 
del recurso de amparo «que se haya denunciado formalmente en el proceso, si hubo 
oportunidad,  la  vulneración  del  derecho  constitucional  tan  pronto  como,  una  vez 
conocida, hubiera lugar para ello». Y la parte, alega que se aprecia una inadecuada 
invocación previa del derecho fundamental cuya lesión denuncia el recurso de amparo, 
en  la  medida  en  que  en  el  recurso  de  apelación  no  se  alegó  adecuadamente  la 
existencia  de  un  conflicto  entre  la  jurisprudencia  del  Tribunal  Constitucional  y  la 
jurisprudencia del Tribunal Supremo.
Como  sucedía  en  el  supuesto  resuelto  por  la  STC  67/2020,  de  29  de  junio, 
efectivamente, las alegaciones mantenidas en las distintas fases procesales no han sido 
idénticas en su formulación, pero nuestra doctrina exige que la recurrente haya aportado 
al órgano judicial los datos de hecho suficientes para que este último pueda reconocer la 
existencia de la lesión del derecho fundamental que ante él se deduce, lo que sucede en 
este  caso,  en  el  que  cabe,  por  tanto,  apreciar  una  homogeneidad  en  las  quejas 
esgrimidas a lo largo del procedimiento. Dicho en otros términos, la cuestión no es si en 
la apelación se argumentó exactamente del mismo modo en que la lesión se sustenta en 
la demanda de amparo, sino si se denunció en sede de apelación que la sentencia de 
instancia suponía una incorrecta aplicación del derecho de rectificación, en perjuicio de 
los intereses de la entonces apelante y hoy recurrente en amparo.
Como reitera la doctrina constitucional lo decisivo es que, a través de las alegaciones  e
que se formulen en la vía judicial, «de los términos en que se ha planteado el debate en  bo
la vía procesal o de la descripción fáctica de los datos o circunstancias de hecho de la  023ww
jvuiodliacicaiólens  dseul  decorencohcoim fiuenndtoa meenn taol rdoe dne l aa gqrauvei,o  ddee l munis mlaod, os, e ppueerdmainta  aar glousm óerngtaanr osy 
(pproorn utondcaiasr,s SeT sCo b6r7e/ 2la0 2c0u, eFsJti ó2n). y, de otro, reparen, en su caso, la vulneración aducida»
En la medida en que, efectivamente, la mercantil Titania Compañía Editorial, S.L., 
denunció en apelación la infracción de las disposiciones de la Ley Orgánica 2/1984, que 
desarrolla el ejercicio de derecho de rectificación, afectando este no solo al derecho al 
honor, sino a las libertades de comunicación contempladas en el art. 20 CE, ha de 
tenerse por cumplido el requisito procesal que exige el art. 44.1 c) LOTC.
e)  En relación con el óbice de extemporaneidad simple.
Se alega por último que el recurso de amparo es extemporáneo, porque si se tiene 
en cuenta como fecha de notificación del auto de 5 de julio, el día 12 del mismo mes, el 
plazo para interponer el recurso de amparo habría concluido el día 25 de septiembre 
de 2018 (art. 44.2 LOTC).
Efectivamente, en la diligencia de notificación del auto de 5 julio de 2018, acordando 
a instancia de parte rectificar el error de la sentencia de apelación, consta que la misma 
fue notificada al procurador de los tribunales, don Luis Pozas Osset el día 12 de julio a 
las 12:20 de la mañana. Teniendo en cuenta esta fecha, el plazo para la interposición del 
recurso de amparo concluía el día 27 de septiembre de 2018, que es precisamente 
cuando  tiene  entrada  la  demanda  en  el  registro  electrónico  de  este  tribunal.  Para 
comprender la adecuación del cálculo es preciso considerar:
(i)  Al haber sido notificado el auto de aclaración por LexNET, se aplica lo previsto 
en  el  art.  151.2  LEC,  que  establece  que  «los  actos  de  comunicación  […]  que  se 
practiquen a través de los servicios de notificaciones organizados por los colegios de 
procuradores, se tendrán por realizados el día siguiente hábil a la fecha de recepción 
que conste en la diligencia o en el resguardo acreditativo de su recepción cuando el acto 
de comunicación se haya efectuado por los medios y con los requisitos que establece el 
artículo  162.  Cuando  el  acto  de  comunicación  fuera  remitido  con  posterioridad  a 
las 15:00 horas, se tendrá por recibido al día siguiente hábil». La aplicación al caso de 
esta previsión supone que se empieza a computar el plazo de interposición del recurso 
de amparo el día 13 de julio de 2018, porque la notificación fue efectuada antes de las 
tres de la tarde.
(ii)  El recurso de amparo es de los previstos en el art. 44 LOTC, es decir que se 
plantea contra un acto u omisión de un órgano judicial, tal y como ha sido previamente 
expuesto, de modo que el plazo de interposición del recurso es de treinta días hábiles, 
que se cuentan, en este caso, a partir del 13 de julio de 2018.
(iii)  El mes de agosto es inhábil a efectos de cómputo de los plazos de interposición 
de los recursos de amparo, tal y como se deduce de la redacción del art. 2 del acuerdo 
plenario de este tribunal de 15 de junio de 1982 por el que se aprueban las normas que 
han de regir el funcionamiento del Tribunal durante el período de vacaciones («BOE» 
núm. 157, de 2 de julio), reformado por acuerdos de 17 de junio de 1999 («BOE» núm. 
148, de 22 de junio) y de 18 de enero de 2001 («BOE» núm. 20, de 23 de enero). Este 
precepto prevé que durante el periodo vacacional del mes de agosto no correrá, por 
excepción, el plazo de treinta días hábiles señalado en el art. 44.2 LOTC para interponer 
el recurso de amparo.
Por tanto, cabe desestimar el óbice de extemporaneidad simple alegado por la 
representación procesal de don Miguel Temboury Redondo.
3.  Sobre la especial trascendencia constitucional.
Junto al resto de óbices procesales que se abordan en el fundamento jurídico  o
segundo,  la  representación  procesal  de  don  Miguel  Temboury  niega  la  especial  023ww
ihctnroaasnnstatc rneoscnvidiedaore,s  naiaycpa irace  occtnrioaa ncltaasió tdidntauo sqcc uitorepinn olaalrel   vpdlaarere lí vajrui,ea rac isqudpuresremuo,d  ádaese n as cua ilaa mj  udpcieacoisronoe,s, s tftaiutimuleec agiaocadninóeadnclo, u d aqepdulu aredem icceeuunnredstsoeot   iodarnepee lsiacsoma lsvdpieamar srieolean. r ellaas    OE-A-2021-13able en https://
A este respecto, y en idénticos términos a los empleados en el fundamento jurídico 2 
de la STC 80/2020, de 15 de julio, puede afirmarse que no sería necesario examinar la 
objeción, que no es procesal, sino referida al fondo del asunto, toda vez que esta fue una 
cuestión objeto de especial examen por parte de este tribunal en el momento de admitir 
a trámite el recurso de amparo, de acuerdo con lo exigido por el art. 50.1 LOTC.
Cabe insistir, por tanto, en relación con el requisito de la especial trascendencia 
constitucional del recurso de amparo, que corresponde únicamente a este Tribunal 
Constitucional  apreciar  en  cada  caso  la  existencia  o  inexistencia  de  esa  «especial 
trascendencia constitucional», esto es, si el contenido del recurso justifica una decisión 
sobre el fondo, atendiendo, conforme al art. 50.1 b) LOTC, a «su importancia para la 
interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia y para la 
determinación  del  contenido  y  alcance  de  los  derechos  fundamentales» 
(SSTC 172/2016, de 17 de octubre, FJ 2, y 22/2017, de 13 de febrero, FJ 2).
Pues bien, en el presente caso, este tribunal ha apreciado en la providencia de 
admisión  a  trámite  del  recurso  que  el  mismo  cuenta  con  especial  trascendencia 
constitucional porque el recurso plantea un problema o afecta a una faceta de un 
derecho fundamental susceptible de amparo sobre el que no hay doctrina de este 
tribunal [STC 155/2009, FJ 2 a)]. Para poner de manifiesto que, efectivamente, es 
necesario introducir matices en nuestra jurisprudencia previa, se exige un examen en 
profundidad de la doctrina preexistente, poniéndola, en este caso, en relación con la del 
Tribunal  Supremo  en  relación  con  el  mismo  derecho  fundamental,  la  libertad  de 
información en relación con el derecho de rectificación. Todas estas cuestiones son 
propiamente objeto del pronunciamiento de fondo y, por ello, más allá de reiterar la 
voluntad de este tribunal de entrar a dilucidar la controversia planteada por la recurrente 
en amparo, ninguna otra consideración cumple formular en este momento procesal.
Por lo demás, las anteriores precisiones se formulan «en salvaguarda del principio de 
seguridad jurídica que, conforme a la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos de 20 de enero de 2015, dictada en el asunto Arribas Antón c. España, § 46, 
exige explicitar no solamente los criterios de definición del requisito de la especial 
trascendencia constitucional (a tal efecto, esencialmente, la precitada STC 155/2009), 
sino también su aplicación en los asuntos que se admiten a trámite, con el fin de 
asegurar con ello una buena administración de la justicia» (STC 194/2015, de 21 de 
septiembre, FJ 2).
4.  Configuración constitucional del objeto del derecho de rectificación.
Entrando al fondo del problema constitucional planteado, que se refiere, sintetizando 
el objeto de la pretensión, al alcance de la intervención jurisdiccional en el marco de la 
garantía judicial del procedimiento de rectificación, cumple iniciar la reflexión desde una 
síntesis  de  la  doctrina  constitucional  previa  sobre  derecho  de  rectificación,  para 
examinar,  seguidamente,  si  la  jurisprudencia  del  Tribunal  Supremo  que  aplican  las 
resoluciones  impugnadas  en  amparo  es  contradictoria  o  no  con  la  jurisprudencia 
constitucional de referencia o si se puede considerar o no como un corolario derivado de 
aquella.
A)  El derecho de rectificación es abordado por la jurisprudencia constitucional, por 
primera vez, en la STC 35/1983, de 11 de mayo, estando vigente el art. 25 de la 
Ley 4/1980, de 10 de enero, de estatuto de la radio y la televisión, que recogía el 
procedimiento de ejercicio del derecho ante los medios de difusión. Esta sentencia se  s
pronunció  sobre  la  naturaleza  y  finalidad  del  derecho  de  rectificación  antes  de  su  oe.
dfecinoel amsdaliuedrnrraoeidclcla ohc o«mió enend d eyia  lanrqe tuece rtLei feciactyqaif uicOceiaórl gcnqái óuntneiiec  ansd eo2e l/ i1cci9aitna8ráf 4ocl,ra tmep rroa ercc pilotouifn riqcaeaumsce ei ósnpnutue  bac loliiccnnaassndtirdcaueesm r eees pn loetlairms li,v itlaoaassdg  ood.t meáA nefdiddremoiorseasec   qhudoseeus     2021-13023n https://www.
propios». Teniendo presente la finalidad reconocida al derecho de rectificación, su objeto
son estrictamente los datos de hecho, o juicios de valor atribuidos a terceras personas,
pero nunca «opiniones cuya responsabilidad asume quien las difunde» (STC 35/1983, 
FJ 4). Además la sentencia establece que, para evitar frustrar la finalidad del derecho de 
rectificación, «el trámite necesario para el ejercicio del derecho debe ser sumario, de 
manera que en lo posible se garantice la rápida publicación de la rectificación solicitada, 
cuya demora frustraría en muchos casos su finalidad y deben considerarse ilegítimos y 
lesivos  del  derecho  constitucionalmente  garantizado  que  con  la  rectificación  se 
pretendiera restablecer, los obstáculos artificiosos dirigidos simplemente a impedir o 
retrasar el ejercicio del derecho» (STC 35/1983, FJ 4). Por último se sostiene que, con el 
objetivo de no lesionar el derecho a comunicar y recibir libremente información veraz por 
cualquier medio de difusión, «el ejercicio del derecho debe ajustarse a requisitos que, a 
su vez, ofrezcan al medio difusor de la información una garantía razonable de que la 
rectificación que se pretende se apoya en elementos de juicio que en alguna medida 
invalidan la que se hizo pública, está efectivamente destinada a impedir un daño que de 
otra manera sufriría el derecho o el interés legítimo de quien la solicita y no implica, a su 
vez, la difusión de noticias de dudosa veracidad o de las que se puedan seguir un 
perjuicio a la esfera jurídicamente protegida de terceros» (STC 35/1983, FJ 4).
Tras la aprobación de la Ley Orgánica 2/1984, la STC 168/1986, de 22 de diciembre, 
concreta el contenido del derecho en sintonía con lo previsto en el art. 1 definiéndolo 
como «la facultad otorgada a toda persona, natural o jurídica, de "rectificar la información 
difundida, por cualquier medio de comunicación social de hechos que le aludan, que 
considere inexactos y cuya divulgación pueda causarle perjuicio"» (STC 168/1986, FJ 4). 
Esta  sentencia  insiste  en  el  carácter  instrumental  del  derecho  de  rectificación, 
estableciendo que se trata de un medio «de que dispone la persona aludida para 
prevenir o evitar el perjuicio que una determinada información pueda irrogarle en su 
honor o en cualesquiera otros derechos o intereses legítimos, cuando considere que los 
hechos lesivos mencionados en la misma no son exactos» (STC 168/1986, FJ 4).
Por tanto, el derecho de rectificación es una facultad a disposición de sus titulares, 
que pueden ser personas físicas o jurídicas, para rectificar la información difundida por 
cualquier  medio  de  comunicación  social,  y  que  pueda  suponer  una  lesión  de  los 
derechos de la personalidad, en particular del derecho al honor. Este derecho no se 
identifica miméticamente con el derecho de réplica, presente en normativa europea como 
la Directiva 2010/13/UE, de 10 de marzo, de servicios de comunicación audiovisual, 
porque, tratándose de un derecho de configuración legal, la definición que hace de esta 
garantía la ley orgánica parece descartar una facultad de réplica en sentido amplio, al 
limitarse a la posibilidad de controvertir una determinada base fáctica. Es decir, no se 
trata de la posibilidad de contestar cualquier contenido transmitido por un medio de 
comunicación, sino de la facultad de rectificar los hechos contenidos en una determinada 
información, de modo que el titular del derecho pueda dar su propia versión de aquellos 
hechos.
En pronunciamientos más recientes, además de consagrarse la idea de que el 
derecho de rectificación actúa como garantía del derecho al honor, se constata que 
también actúa como refuerzo, y no como límite, del derecho a la información entendido 
en sentido amplio. La STC 51/2007, de 12 de marzo, establece en su FJ 8 que el 
derecho de rectificación actúa, por un lado como un «derecho subjetivo que funciona 
como instrumento previo al ejercicio de acciones para la defensa del patrimonio moral de 
la persona frente a la actividad de los medios de comunicación; y, por otro, como un 
complemento de la garantía de la libre formación de la opinión pública». Por tanto, se 
puede afirmar que, funcionalmente, el derecho de rectificación opera como complemento  s
de la información que se ofrece a la opinión pública (STC 99/2011, de 20 de junio, FJ 5)  oe.
y, por tanto, como un complemento de la garantía de libre formación de la opinión pública  w.
mediante la aportación de una «contraversión» sobre los hechos contenidos en la noticia  023ww
cdoifnusntditiudcai onpaolr  inusnis tme eedni oe l dhee chcoo mduen qicuaec ieóln e je(SrcTicCio  9d9e/l2 d0e1r1e,c hFoJ  d4e) .r ecLtaif icjaucriisópnr uddeel nqcuiae 
meso rtiatul,l asrin uon qau pee triseonnea u nnoa  deism uenn smióenr oin dsetrruemcheon taaul tcóonmoom oco dnetr atustteel ad ed elal  pinrfooprimo apcaiótrnim yo pnoior   BOE-A-cable e
ello,  no  puede  considerarse  impedimento  de  la  libertad  de  información  «sino 
favorecedora  de  la  misma»,  porque  la  rectificación  «permite  contrastar  versiones 
contrapuestas, en tanto ninguna haya sido acreditada como exacta, o desacreditada 
como falsa de forma definitiva, esto es con efectos de cosa juzgada» (STC 99/2011, 
FJ 4, y sentencias allí citadas).
En suma, la facultad reconocida al titular del derecho de rectificación se refiere a la 
posibilidad de solicitar del medio de comunicación la corrección de hechos que se 
consideren inexactos y cuya divulgación pueda causar un perjuicio, o menoscabo en los 
derechos  propios.  Se  trata,  por  tanto,  de  un  derecho  de  la  persona  aludida  para 
autotutelar su derecho al honor, o bienes personalísimos asociados a la dignidad, el 
reconocimiento social o la estima pública, frente a informaciones que incidan en la forma 
en  que  esa  persona  es  presentada  ante  la  opinión  pública  (en  este  sentido, 
STC 99/2011, FJ 4).
En  esta  evolución  interpretativa  del  contenido  del  derecho,  se  manifiesta  como 
formulación  constante  el  objetivo  preventivo  del  derecho  de  rectificación,  que  es 
independiente de la reparación del daño causado por la difusión de una información que 
se  revele  objetivamente  inexacta,  razón  por  la  que  el  trámite  para  el  ejercicio  del 
derecho, y cita, debe ser sumario (SSTC 35/1983, FJ 4, y 99/2011, FJ 3), poniendo en 
este  contexto  el  procedimiento  judicial  diseñado  por  el  legislador  para  asegurar  el 
adecuado  respeto,  por  parte  de  los  medios  de  comunicación,  del  derecho  de 
rectificación.
La naturaleza preferente y sumaria de esta fórmula de amparo judicial ordinario, 
condiciona el propio alcance del pronunciamiento judicial de instancia, expresándose tal 
condición en estos términos: «La sumariedad del procedimiento verbal […] exime sin 
duda al juzgador de una indagación completa tanto de la veracidad de los hechos 
difundidos o publicados como de la que concierne a los contenidos en la rectificación, de 
lo que se deduce que, en aplicación de dicha ley, puede ciertamente imponerse la 
difusión de un escrito de réplica o rectificación que posteriormente pudiera revelarse no 
ajustado  a  la  verdad.  Por  ello,  la  resolución  judicial  que  estima  una  demanda  de 
rectificación  no  garantiza  en  absoluto  la  autenticidad  de  la  versión  de  los  hechos 
presentada por el demandante, ni puede tampoco producir, como es obvio, efectos de 
cosa  juzgada  respecto  de  una  ulterior  investigación  procesal  de  los  hechos 
efectivamente ciertos» (STC 168/1986, FJ 4). Lo anterior supone que el ejercicio del 
derecho de rectificación «es siempre compatible con el ejercicio de las acciones penales 
o civiles de otra naturaleza que pudieran asistir al perjudicado por los hechos difundidos 
(art. 6, in fine, de la Ley Orgánica 2/1984, reguladora del derecho de rectificación)» 
(STC 52/1996, de 26 de marzo, FJ 8).
En relación con la compatibilidad del ejercicio del derecho de rectificación y otros 
procedimientos de defensa de los derechos de la personalidad, la STC 40/1992, de 30 
de  marzo,  formula  algunas  consideraciones  adicionales  al  afirmar  que  «si  bien  el 
derecho a la rectificación de la información no suplanta, ni, por tanto, inhabilita ya, por 
innecesaria, la debida protección al derecho del honor, sí la atenúa, pues constituye el 
mecanismo idóneo para reparar lo que solo por omisión de los hechos relatados pudiera 
constituir  intromisión  en  el  derecho  al  honor  imputable  a  quien  sirve  de  soporte  o 
vehículo para la difusión pública de tales hechos (STC 35/1983, FJ 4)» (STC 40/1992, 
FJ 2). En sentido complementario, el hecho de que el recurrente en amparo, tras acudir 
al procedimiento de garantía del derecho de rectificación, haya incoado una acción en 
defensa de su derecho al honor, sea por vía civil o por vía penal, no puede erigirse en  s
óbice procesal para que el tribunal no entre a valorar si los órganos judiciales de la  oe.
instancia dieron o no adecuada protección al derecho al honor del recurrente por la vía  w.
preferente y sumaria reconocida a favor del derecho de rectificación (en este sentido,  023ww
STCP 5o1r /2ta0n0t7o,,  deel  1d2e  dree cmtifaicrzaoc,i óFnJ  e8s). un procedimiento que puede plantearse de modo
cdoemrepclheom deen talar iop ears olan ailnidcaoda c(iaórnt.  d1e8  CotEro),s y  inqsuteru, mpreinnctoipsa lpmroecnetes apleosr  eesna  draezfeónns, an od eex ilgoes   BOE-A-cable e
de los órganos judiciales que conocen del mismo la indagación sobre la veracidad de la 
versión aportada por quien es titular del derecho de rectificación. Ello no obsta, tal y 
como establece la STC 264/1988, de 22 de diciembre, a que el órgano judicial, llamado a 
resolver  sobre  la  garantía  del  derecho  de  rectificación,  indague  y  controle  «los 
presupuestos del derecho, formales y sustantivos», debiendo «explicitar el proceso de su 
decisión y las razones que motivaron la misma, estimatoria o desestimatoria» (FJ 5). Es 
decir, el órgano judicial no está llamado a contrastar la veracidad de la contraversión, 
pero tampoco lo está a asegurar la concesión automática del derecho de rectificación, 
porque tal automatismo no viene establecido en la ley orgánica a pesar de la naturaleza 
sumaria y abreviada del juicio previsto en la misma. En suma, los órganos judiciales 
«ejercen una función de control jurídico de los requisitos legales de la rectificación 
instada» (STC 99/2011, de 20 de junio, FJ 2), pudiendo «rechazar a limine, mediante 
inadmisión  de  la  demanda,  aquellas  pretensiones  de  rectificación  manifiestamente 
improcedentes (art. 5, párrafo segundo, de la Ley Orgánica 2/1984). Lo cual permite al 
órgano jurisdiccional denegar la rectificación de una información que, en el momento en 
que se solicita, resulte o bien totalmente inverosímil, o bien a todas luces cierta y 
evidente, o bien se trate de una información inocua, que en modo alguno pueda causar 
perjuicio al demandante» (STC 99/2011, FJ 2).
B)  Asumida,  por  parte  de  la  jurisdicción  constitucional  y  en  la  línea  de  los 
pronunciamientos citados, la posibilidad de controlar la argumentación y motivación 
judicial que inadmita o que desestime la pretensión de rectificación, es preciso dilucidar 
hasta donde tiene margen el órgano judicial para dar cobertura al ejercicio del derecho, y 
si este puede intervenir, modificando el contenido del texto propuesto por el titular del 
derecho a la hora de ejercer el derecho de rectificación del inicialmente publicado en los 
medios. A pesar de que el Tribunal Supremo en su sentencia del Pleno de la Sala de lo 
Civil núm. 376/2017, de 14 de junio, (recurso de casación núm. 4090-2016), entiende 
que la cuestión ha sido tratada por la jurisprudencia constitucional, lo cierto es que no ha 
sido  resuelta  de  manera  inequívoca  hasta  la  fecha,  aunque  se  hayan  fijado, 
efectivamente, dos premisas que permiten sustentar la teoría sobre los límites de la 
actuación jurisdiccional en los términos definidos por la citada sentencia del Tribunal 
Supremo.
a)  De  un  lado  se  asume  la  posibilidad  de  que,  excediendo  la  pretensión  de 
rectificación de los márgenes previstos en la ley, el órgano judicial opte por recortar el 
texto  propuesto  como  rectificación,  por  aceptarlo  en  su  totalidad  o  por  rechazarlo 
también en su totalidad. En el procedimiento judicial previo al recurso de amparo resuelto 
por la STC 51/2007, de 12 de marzo, la audiencia provincial rechaza en su totalidad el 
texto de rectificación, y el Tribunal asume esta opción, sin descartar otras. Así, tras 
reconocer que «del examen de su escrito original, que consta en las actuaciones, se 
deduce que el hoy recurrente no se limitó a los hechos de la información que deseaba 
rectificar», se contempla que ello provocó «dos tipos de reacciones de los órganos 
judiciales: la del juzgado de primera instancia, recortando el mismo, y la de la audiencia 
provincial, rechazándolo en su totalidad», para concluir que ambas reacciones «aun 
cuando diversas, son respetuosas con los derechos del demandante de amparo puesto 
que la protección de los mismos tiene como condición que el uso de esa garantía 
instrumental de la que estamos hablando –derecho de rectificación– se ajuste de manera 
indubitada a unas reglas que tienen el sentido de enmarcar adecuadamente el ejercicio 
de una acción privilegiada, que sirve mediatamente para proteger aquellos, pero que 
debe  utilizarse  de  una  manera  pautada  para  que  se  respeten  otros  derechos  en  e.
presencia, fundamentalmente los del medio de comunicación afectado. La aplicación del  w.b
principio de "todo o nada" por parte de la Audiencia, no supuso más que una reacción  023ww
Oqurgeá npiucae de2 /1d9e8f4e,n dye rfsuee   dqeubei dae staá  ucno rurescot aimnceonrtree ctboa sdaedl ad eerne cheol  aprotr.   p6a rdtee  dleal   hLoeyy 
recuPrroern ttaen»t.o, si bien el Tribunal no descarta, en este caso, la opción de que el órgano
judicial pueda recortar el texto propuesto por el recurrente para ejercitar su derecho de
rectificación, tampoco profundiza en el alcance de dicha facultad jurisdiccional, porque el 
objeto del recurso de amparo era la resolución de la audiencia que optó por descartar la 
totalidad del texto de la rectificación.
b)  De otro lado, la STC 99/2011, de 20 de junio, excluye que el órgano judicial esté 
obligado, en el procedimiento de rectificación, a formular un juicio sobre la verosimilitud 
del contenido del escrito de rectificación. Así la sentencia reconoce que el examen de 
admisibilidad de la garantía del derecho de rectificación, supone que la indagación 
judicial queda limitada al examen de la «manifiesta improcedencia» de la solicitud de 
rectificación. Esto supone que «no se prejuzga la fidelidad a la verdad de la narración 
que ofrece la rectificación, sino su aparente verosimilitud, a expensas de ulteriores 
comprobaciones en otro contexto o, en su caso, en otro proceso» (FJ 2), insistiéndose 
en la idea de que «el ordenamiento jurídico ofrece las pertinentes acciones penales y 
civiles cuyo ejercicio en el marco de los respectivos procedimientos constituyen la vía 
adecuada para la investigación de la verdad de los hechos publicados o difundidos» 
(FJ 3). En este caso, por tanto, no se plantea al Tribunal una cuestión relativa al alcance 
de la potestad jurisdiccional para controlar el contenido del escrito de rectificación en 
sentido amplio, o para determinar si este va más allá de la mera contestación de unos 
hechos. Se parte del presupuesto de que el escrito de rectificación contiene hechos, para 
examinar  si  el  órgano  jurisdiccional  tiene  la  obligación  de  pronunciarse  sobre  la 
veracidad de estos hechos.
5.  El alcance de la potestad revisora del escrito de rectificación por parte del órgano 
judicial.
La cuestión que resulta determinante para dar solución al supuesto de hecho sujeto a 
examen,  es  si  el  órgano  judicial  está  facultado  para  realizar  un  examen  sobre  el 
contenido del escrito de rectificación que le lleve a separar, en dicho escrito, lo que es 
descripción de hechos de lo que es valoración de los hechos, descartando esta última y 
modificando, por tanto el escrito de rectificación originalmente propuesto por el titular del 
derecho. La STC 51/2007 asume implícitamente esta posibilidad sin desarrollar el canon 
adecuado para aplicar el control, y es la jurisprudencia del Tribunal Supremo la que lo 
formula,  afirmando  que  esa  facultad  jurisdiccional  concurre  y  que  se  deriva  de  la 
jurisprudencia constitucional.
La sentencia del Pleno de la Sala de lo Civil núm. 376/2017, de 14 de junio, (recurso 
de casación núm. 4090-2016), define el contenido del derecho de rectificación y de su 
garantía jurisdiccional, habiéndose reiterado dicha jurisprudencia en otras sentencias de 
esta misma Sala: SSTS 253/2021, de 4 de mayo; 199/2021, de 12 de abril; 360/2020, 
de 24 de junio; 594/2019, de 7 de noviembre; 519/2019, de 4 de octubre; 80/2018, de 14 
de  febrero;  570/2017,  de  20  de  octubre,  y  492/2017,  de  13  de  septiembre.  La 
interpretación jurisprudencial contenida en estas sentencias, y que sirve de base a las 
sentencias de instancia y resolutoria de la apelación que se cuestionan en el presente 
recurso de amparo, establece, en síntesis, lo siguiente:
(i)  La doctrina del Tribunal Constitucional no permite mantener una interpretación 
literal de los arts. 2 y 6 de la Ley Orgánica 2/1984, de la que se derive que la publicación 
de  la  rectificación  solo  puede  ser  íntegra,  de  modo  que  si  no  se  limita  única  y 
exclusivamente a «hechos» sería improcedente.
(ii)  La  doctrina  constitucional  revela  que  la  función  de  control  jurídico  de  la 
regularidad de la rectificación faculta al órgano judicial para ordenar la publicación parcial  s
de la rectificación, excluyendo el contenido que no se refiera única y exclusivamente a  oe.
slroeigscu hhEiaeesznctaathe  o"ssuc:  nod«aneT so cliamdo enianrcnafeodcsroimióó ncnao  cmaisóueont  o.pmdueándttiouc cade ed  epdla edr teidlraea c qhduooe cd tlreain  Srae TcCtcifo i2cn6as4ctii/tó1un9c,i8 o8an,ua tdlo em e2an2t i sdlmoes od  iqctéuieremm nibnir oees,l    2021-13023n https://www.
Derecho en general, ni las normas procesales de la ley orgánica aplicada permiten"
(FJ 5, párrafo tercero), un examen pormenorizado de otras sentencias del Tribunal
Constitucional  revela  que  la  "función  del  control  jurídico  de  la  regularidad  de  la 
rectificación instada", conferida por la ley a los jueces y tribunales (STC 168/1986, FJ 6), 
faculta  a  estos  para  ordenar  la  publicación  solamente  parcial  de  la  rectificación, 
excluyendo las opiniones o, dicho de otra forma, aquel contenido que no se refiera única 
y exclusivamente a los hechos de la información. Así, la citada STC 168/1986 concluye 
que  una  sentencia  de  apelación  que  había  ordenado  la  publicación  parcial  de  la 
rectificación no vulneraba el derecho a la libertad de información (FJ 6, párrafo segundo). 
La STC 51/2007, de 12 de marzo, razona que "la aplicación del principio de 'todo o nada' 
por parte de la audiencia no supuso más que una reacción que puede defenderse que 
está correctamente basada en el art. 6 de la Ley Orgánica 2/1984, y fue debida a un uso 
incorrecto del derecho por parte del hoy recurrente", pero considera asimismo que la 
sentencia de primera instancia que había suprimido algunos párrafos del escrito de 
rectificación, por no limitarse a los hechos, aun diferente de la de segunda instancia, 
también respetaba el derecho de rectificación del demandante (FJ 8, párrafo séptimo). Y 
la STC 99/2011, de 20 de junio, considera una "buena muestra" del "control jurídico de 
los requisitos legales de la rectificación instada" la decisión judicial de "reducción del 
texto  [...]  excluyendo  referencias  improcedentes  'por  no  tratarse  de  hechos  de  la 
información o referidos directamente al actor'"» (STS 376/2017, de 14 de junio, FJ 4).
(iii)  El derecho de rectificación no se configura en la Ley Orgánica 2/1984 como un 
derecho de réplica, que permita rebatir críticas consistentes en opiniones y juicios de 
valor. No obstante, es difícil distinguir entre hechos y juicios de valor en determinadas 
circunstancias. No cabe trazar «en un escrito de rectificación, una frontera entre hechos 
y opiniones tan rígida que excluya la procedencia de la rectificación o convierta su 
control jurídico por el juez en una especie de censura en extremo minuciosa cuyo 
resultado sea la eliminación de determinados párrafos, frases o palabras, pues esto 
comportaría el riesgo de desfigurar el texto de rectificación o romper su línea expositiva y 
dificultar su comprensión hasta hacerlo irreconocible» (STS 376/2017, de 14 de junio, 
FJ 5).
(iv)  Ante esta dificultad es preciso aplicar al derecho de rectificación el mismo tipo 
de juicio que se utiliza para evaluar la eventual lesión del derecho al honor por el 
ejercicio  de  las  libertades  de  comunicación,  haciéndose  «necesario  un  juicio  de 
ponderación entre los derechos en conflicto y una valoración del contexto, […] para 
reducir un escrito de rectificación por no referirse exclusivamente a hechos», siendo 
procedente «un juicio de ponderación que valore la relevancia o el peso de las palabras, 
frases o párrafos cuestionados en el conjunto del escrito». Y continúa el razonamiento 
afirmando que «para llevar a cabo este juicio de ponderación deberá atenderse no solo a 
la  extensión  que  la  parte  cuestionada  represente  en  el  conjunto  del  escrito  de 
rectificación,  ya  que  un  predominio  de  las  opiniones  sobre  los  hechos  sí  sería 
determinante de la improcedencia de su publicación, sino también a su relación con los 
hechos,  al  elemento  preponderante  en  el  conjunto  de  la  rectificación  y,  muy 
especialmente, por un lado, a la mayor o menor precisión de la información que se 
quiere rectificar, ya que no puede exigirse a quien rectifica una precisión mucho más 
rigurosa  que  al  informador,  y,  por  otro,  a  la  gravedad  de  las  imputaciones  y 
descalificaciones contenidas en el texto que se pretenda rectificar» (STS 376/2017, 
de 14 de junio, FJ 5).
Esta es la clave de la formulación del canon de constitucionalidad. Tal y como 
argumenta el Tribunal Supremo, la cuestión de la diferenciación entre hechos y opiniones 
o  valoraciones,  no  siempre  se  plantea  de  manera  nítida.  Para  la  jurisprudencia  s
constitucional esta distinción es relevante porque permite calificar el contenido de una  oe.
comunicación como ejercicio del derecho de información (transmisión de hechos) o como  w.
ejercicio de la libertad de expresión (transmisión de ideas, opiniones o valoraciones).  023ww
vPaerrioa,s  aruenso aluscuimonieensd qou lea  «reell edveasnlicniad ed ee nltar ed iasmtinbcaiós nli,b tearmtabdieésn  nhoa  saiedmveprrtied oe se ln Títridibou, n"aplu eens 
lya,  eax plar eisnivóenr sdae,  lala  pcroopmiau noipciancióiónn  ndeec ehseitcah ao sm eon nuodtoic aiapso ycaormsep reenn dlae  ncaarsrai csióienm dper eh eaclghúons   BOE-A-cable e
elemento  valorativo,  una  vocación  a  la  formación  de  una  opinión  (SSTC  6/1988, 
107/1988,  143/1991,  190/1992  y  336/1993).  Por  ello,  en  los  supuestos  en  que  se 
mezclan elementos de una y otra significación debe atenderse al que aparezca como 
preponderante o predominante para subsumirlos en el correspondiente apartado del 
art.  20.1  CE  (SSTC  6/1988,  105/1990,  172/1990,  123/1993,  76/1995  y  78/1995)" 
(STC 4/1996, de 16 de enero, FJ 3)» [STC 172/2020, de 19 de noviembre, FJ 7 B) b)].
En  suma,  la  dificultad  de  diferenciación  entre  hechos  y  opiniones  se  proyecta 
también sobre el ejercicio del derecho de rectificación, y tiene una influencia fundamental 
en la definición de los límites a la facultad del control jurisdiccional de la rectificación 
instada.
En este punto, el órgano jurisdiccional ordinario debe hacer expreso su argumento 
decisorio, basado en la aplicación de la doctrina del elemento predominante en el escrito 
de rectificación, teniendo presente que este no ha de medirse en la extensión de la 
descripción  de  hechos  o  de  comunicación  de  elementos  valorativos,  sino  en  la 
aportación de una base fáctica suficiente como para sustentar eventuales juicios de 
valor, que podrían darse siempre que tengan que ver con la referida base fáctica. A partir 
de este juicio, es posible asumir la potestad del órgano judicial para modificar el escrito 
de rectificación si el elemento predominante son los hechos, eliminando en su caso los 
juicios de valor si son realmente impertinentes, o para excluir la totalidad del texto si el 
elemento predominante son esas opiniones sin el suficiente sustento o base fáctica.
Adicionalmente el órgano judicial debe tener presente que, si bien la rectificación no 
entraña una réplica entendida como «un derecho de respuesta en sentido amplio» 
(STC 168/1986, FJ 4), debe reconocerse que sí contiene la facultad de contestar las 
deducciones basadas en hechos, o las valoraciones formuladas sobre la base de la 
exposición de determinados hechos, siempre y cuando quien ejerce el derecho de 
rectificación base la exposición de su versión también en un relato fáctico, que puede 
coincidir o no con el expuesto en la información controvertida. El significado implícito de 
un relato fáctico, las insinuaciones basadas en una determinada descripción de hechos o 
los juicios de valor u opinión implícitos en la narración de una determinada base fáctica, 
también deben poder ser contestadas con el ejercicio del derecho de rectificación, 
siempre y cuando esa rectificación tenga como eje fundamental y, por tanto, como 
elemento predominante, la contestación de la base fáctica contenida en la noticia que se 
pretende rectificar.
Siempre y cuando el escrito de rectificación suponga un incremento objetivo del 
contenido  de  la  información  previamente  facilitada  por  el  medio  de  comunicación, 
basándose ese incremento en la aportación de hechos, deberá considerarse que el 
elemento predominante es el fáctico y, por tanto, deberá primar la publicación íntegra del 
texto de la rectificación, pese a que el mismo pueda contener también juicios de valor. Si 
la rectificación aporta una versión diferente de los hechos objeto de la noticia publicada 
inicialmente o introduce hechos nuevos directamente vinculados con aquellos, el órgano 
judicial deberá formular el análisis del elemento predominante constatando que el mismo 
es el elemento fáctico, y absteniéndose de modificar el escrito de rectificación. De este 
modo, se da cumplimiento a los dos mandatos contenidos en la Ley Orgánica. De un 
lado que la rectificación se limite a los hechos de la información que se desea rectificar 
(art. 2 de la Ley Orgánica 2/1984) y de otro que el fallo de un eventual juicio iniciado en 
garantía del ejercicio del derecho de rectificación, se limite a denegar la rectificación o a 
ordenar su publicación o difusión (art. 6 de la Ley Orgánica 8/1984) en la forma y plazos 
previstos en el artículo 3 de la ley, que se refiere expresamente a la publicación o  s
difusión íntegra de la rectificación por parte del director del medio de comunicación social  oe.
a quien no se reconoce la posibilidad de modificar el contenido del escrito. w.
Es  doctrina  constante  que  el  ejercicio  del  derecho  de  rectificación  no  puede  023ww
ccoonmsuidneicraacrsióen  impupeeddaimn ellnetgoa rd ae  plae rclibibeirrltoa dd ed ee sitnef omrmodaoc,i ósnin, op oqru em fáasv oqreucee  lodsic hmae ldibioesrt adde, 
paecrremdititieanddao c oeml oc eoxnatrcatsat,e o  ddee savecrresidointaedsa  ccoonmtroa pfaulesast adse,  fomrmiean trdaesf innitiinvgau cnoan  ehfaeycato ss iddoe   BOE-A-cable e
cosa juzgada (en este sentido, se reitera la cita de las SSTC 168/1986, FJ 5). Y, en la 
exposición  de  las  versiones  contrapuestas,  una  vez  se  aporta  en  el  escrito  de 
rectificación una descripción de hechos suficiente para contestar los contenidos en la 
información original, es posible asumir también la presencia de juicios de valor, porque, 
como  se  insiste  en  la  jurisprudencia  constitucional  «la  presentación  de  una  noticia 
constituye por lo general el resultado de una reconstrucción o interpretación de hechos 
reales (STC 297/2000, de 11 de diciembre, FJ 10), en la que intervienen distintos 
factores, que pueden conducir a versiones dispares sobre una misma realidad. Desde 
este prisma, la configuración normativa dada al derecho de rectificación permite que la 
persona aludida aporte su propia versión de los hechos en salvaguarda de su honor y 
patrimonio moral, ofreciéndola para su contraste con aquellas otras versiones vertidas en 
el mismo espacio público informativo a efectos de la pertinente formación de la opinión 
pública» (STC 99/2011, de 20 de junio, FJ 5).
La razón que justifica este reconocimiento amplio del derecho de rectificación es la 
misma que sustenta la afirmación de que este derecho, si bien coadyuva a la defensa del 
derecho al honor de quien insta su ejercicio, también refuerza la libertad de información 
del conjunto de los destinatarios de la misma, fortaleciendo la creación de una opinión 
pública libre.
6.  Aplicación de la doctrina constitucional expuesta a la solución del supuesto de 
hecho.
En el marco del derecho de rectificación, como sucede en relación con el ejercicio de 
los derechos de la personalidad (art. 18 CE) cuando entran en conflicto con las libertades 
de  comunicación  (art.  20  CE),  la  dificultad  que  conlleva  distinguir  entre  hechos  y 
opiniones o juicios de valor, exige formular una valoración en cada caso concreto, porque 
no existen fórmulas generales válidas. Una vez definido, en este caso concreto, si el 
contenido predominante del escrito de rectificación es la descripción de una base fáctica 
o no lo es, cumple valorar en qué medida el órgano judicial ha aplicado de forma 
adecuada el canon que ha sido definido en el fundamento jurídico 4 y confirmar si la 
opción por modificar el escrito de rectificación se adecúa o no a ese canon.
Como se ha expuesto en los antecedentes, el escrito de rectificación presentado por 
don  Miguel  Temboury  frente  a  la  noticia  publicada  en  «El  Confidencial»  el  13  de 
septiembre de 2017, en relación con un encuentro para almorzar en el que estaban 
presentes don Ignacio González y él mismo, presenta una serie de elementos con el 
objetivo de contestar las insinuaciones formuladas en el artículo y basadas en una 
determinada descripción de hechos. Es cierto, que en su escrito de rectificación el señor 
Temboury no niega la realidad de la comida que compartió con don Ignacio González, 
pero si presenta una contraversión sobre el objetivo de esa comida, que considera un 
encuentro  estrictamente  personal,  y  que  desvincula  de  cualquier  operación  con 
contenido político, así como de las insinuaciones relativas a la conexión de dicha reunión 
con la situación procesal del otro comensal.
Del contenido de la noticia y del contenido del escrito de rectificación se deriva sin 
dificultad que ambos se sustentan en una base fáctica común, y que la rectificación se 
centra  en  ofrecer  una  lectura  alternativa  de  dicha  base  fáctica,  insistiendo  en  las 
insinuaciones  formuladas  en  el  artículo  a  la  hora  de  interpretar  dichos  hechos. 
Insinuaciones estas que, como dijimos en el fundamento jurídico sexto, también pueden 
integrar el objeto del escrito de rectificación en las condiciones allí descritas, es decir, 
siempre  que  se  sustenten,  como  es  el  caso  que  nos  ocupa,  en  una  base  fáctica  e
constatable  y  suficiente  que  describa  datos  reales  de  objetividad  evidente  o  bo
empíricamente constatables. 023ww
que Esne  epsroted ucjaos uon, ar ecsoumltaid ae veidnetrnet ed oyn  eMstigous esl oTne mlobso hueryc hyo dso enm Igpníraiccaiom Geonntez ácloenzs, tqautaeb dleosn, 
lMosig umelo Ttievomsb oquurey  nloo  eesstatabbaa  siseinednod oin veel stsigeañdoor  eGno enszeá lemzo, mqeunet o speo rt olam Garuoanr difao tCogivrial fpíaosr 
posteriormente publicadas en el medio y que no se ha podido demostrar cual fue el
contenido de la conversación desarrollada en aquella comida. Sobre estas cuestiones 
versan la noticia, que formula una serie de insinuaciones en torno a estos tres elementos 
fácticos, y la rectificación, que plantea otra lectura de los mismos hechos. El elemento 
predominante es claramente el elemento fáctico o la información de hechos, porque 
estamos ante expresiones sobre acontecimientos o circunstancias del mundo exterior 
que pueden ser interpretadas –en un sentido o en otro– por la generalidad del público. 
Por tanto, la admisión a trámite del procedimiento jurisdiccional que garantiza el derecho 
de  rectificación,  su  tramitación  y  la  decisión  final,  que  constata  la  prevalencia  del 
elemento  fáctico  descrito,  se  ajustan  adecuadamente  a  las  previsiones  de  la  Ley 
Orgánica  2/1984,  y  a  la  jurisprudencia  constitucional  expuesta  en  relación  con  la 
interpretación del contenido y la finalidad del derecho de rectificación.
Desde la constatación de que el señor Temboury está ejerciendo su derecho de 
rectificación al referirse esencialmente su escrito a unos determinados hechos, el órgano 
judicial considera pertinente corregir muy ligeramente este escrito, al considerar que 
existe  un  exceso  en  dos  afirmaciones  concretas,  que  pasan  al  ámbito  de  las 
valoraciones. De un lado se suprime la mención inicial del escrito de que la fotografía 
divulgada en la noticia y en la que aparecía el señor Temboury carecía «por completo de 
interés informativo» y «lesiona claramente [su] derecho de intimidad», manteniendo la 
afirmación de que la noticia «divulga una foto [suya] en un encuentro estrictamente 
privado». Por otro lado, se suprime al final del escrito la frase «ni a efectos informativos», 
que  ponía  de  manifiesto  que  el  contenido  de  la  conversación  que  tuvieron  los 
participantes en el encuentro no tenía relevancia en los hechos objeto de investigación 
en el sumario, ni tampoco la tenía, a juicio del titular del derecho de rectificación tampoco 
a efectos informativos.
Don  Miguel  Temboury  no  se  opuso,  en  sede  judicial,  a  ninguna  de  las  dos 
modificaciones y, sin embargo, el medio de comunicación considera que la publicación 
de la rectificación con esas dos correcciones supone la vulneración de su derecho a la 
libertad de información al poner de manifiesto un exceso en el ejercicio del derecho de 
rectificación por parte del actuante en la instancia. No es posible estimar esta queja. El 
órgano judicial opta por la estimación de la pretensión de rectificación al entender 
predominante la presencia del elemento fáctico, tal y como también se entiende en esta 
sede.  La  corrección  mínima  que  introduce  coadyuva  al  refuerzo  del  derecho  a  la 
información del que es titular el recurrente en amparo, porque depura el contenido del 
escrito eliminando dos elementos netamente valorativos que no son en absoluto ni 
esenciales,  ni  preponderantes  en  el  escrito.  Por  tanto,  ninguna  incorrección 
constitucional cabe reconocer en las resoluciones objeto del recurso de amparo en lo 
que hace a la interpretación y extensión del derecho de rectificación y, adicionalmente, 
en lo que hace a la observancia del derecho a la información, respecto del que la 
rectificación actúa, si se ejercita dentro de los límites constitucionales previstos, como 
refuerzo y no como límite.
La doctrina del «todo o nada», a la que parece adherirse la mercantil recurrente en 
amparo,  no  se  aviene  adecuadamente  con  las  exigencias  de  la  justicia  del  caso 
concreto. En cambio, la opción asumida tanto por el Tribunal Supremo como por esta 
Sala, esta posibilidad de modulación, garantiza que puedan tener acceso a la opinión 
pública versiones de los hechos que no llegarían a conocerse si en la instancia se 
procediera sencillamente a la desestimación completa de la pretensión de rectificación. 
Esta opción es, por tanto, mucho más respetuosa con el pleno ejercicio del derecho a la 
información  del  que  son  titulares,  por  supuesto,  los  medios  de  comunicación  pero  s
también el conjunto de la ciudadanía. oe.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Desestimar el recurso de amparo núm. 4997-2018, promovido por Titania Compañía 
Editorial, S.L., frente a la sentencia núm. 204/2018, de 17 de mayo, de la Sección Octava 
de  la  Audiencia  Provincial  de  Madrid,  y  a  la  sentencia  núm.  373/2017,  de  17  de 
noviembre,  del  Juzgado  de  Primera  Instancia  núm.  74  de  Madrid,  confirmando  el 
contenido de ambas resoluciones.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a doce de julio de dos mil veintiuno.–Juan José González Rivas.–
Andrés  Ollero  Tassara.–Santiago  Martínez-Vares  García.–Alfredo  Montoya  Melgar.–
Cándido Conde-Pumpido Tourón.–María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y rubricado.