BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 305 Miércoles 22 de diciembre de 2021 Sec. III.   Pág. 159064
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO
21196 Orden TED/1427/2021, de 17 de diciembre, por la que se aprueban las bases 
reguladoras del programa de incentivos a proyectos de electrificación de 
flotas de vehículos ligeros (Programa MOVES FLOTAS), en el marco del Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Tras el impacto económico de la crisis generada por la COVID-19, es necesario 
impulsar la reactivación económica en el marco de la transición energética que necesita 
nuestro país. Para dar respuesta a este reto, se ha puesto en marcha un ambicioso 
Fondo de Recuperación y Resiliencia, para contribuir al proceso de reconstrucción de las 
economías en el mundo post-COVID, a partir de 2021.
El nuevo Fondo de Recuperación Next Generation EU permitirá a España movilizar 
un volumen de inversión sin precedentes y en este contexto se aprobó el 27 de abril 
de 2021, por Acuerdo de Consejo de Ministros, el Plan de Recuperación, Transformación 
y  Resiliencia  de  España  (PRTR),  aprobado  por  la  Comisión  Europea  el  6  de  julio 
de 2021, que traza la hoja de ruta para la modernización de la economía española, la 
recuperación del crecimiento económico y la creación de empleo, para la reconstrucción 
económica sólida, inclusiva y resiliente tras la crisis de la COVID, y para responder a los 
retos de la próxima década.
Este  Plan  tiene  entre  sus  objetivos  que  nuestro  país  apueste  por  la 
«descarbonización», invirtiendo en infraestructuras verdes, de manera que se transite 
desde  las  energías  fósiles  hasta  un  sistema  energético  limpio,  siendo  la  transición 
ecológica uno de los cuatro ejes transversales del Plan en nuestro país.
Por otra parte, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030, 
remitido a la Comisión Europea en mayo de 2020, proporciona el marco director del 
programa  de  inversiones  y  reformas  para  una  transición  medioambiental  justa  que 
desarrolle las capacidades estratégicas de la economía verde.
Las prioridades del PRTR están completamente alineadas con las siete iniciativas 
bandera europeas (Flagship initiatives), presentadas por la Comisión en la Estrategia 
Anual de Crecimiento Sostenible 2021. Entre estas iniciativas bandera europeas destaca 
el  apoyo  a  la  electrificación,  la  integración  de  energías  renovables  y  el  hidrógeno 
renovable y el despliegue de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos.
En este contexto, deben llevarse a cabo medidas en el marco del Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia (MRR), establecido por el Reglamento (UE) 2021/241 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, que financiará el PRTR, y 
en el que las ayudas reguladas por esta orden están incluidas dentro del pilar de la 
transición ecológica previsto por su artículo 3 así como entre los tipos de intervención a 
que se refiere el anexo VI, todo ello con el objetivo de hacer frente a los efectos sin 
precedentes  de  la  crisis  de  la  COVID-19  así  como  los  impactos  económicos  que 
conlleva.  Estos  recursos  adicionales  deben  utilizarse  de  modo  que  se  garantice  el 
cumplimiento de los objetivos intermedios y las metas pertinentes, en los plazos que se  s
establezcan. e.
Dentro de los objetivos que contempla el PRTR, una de las líneas de acción del  w.
psimoepsrmtuelisntioirbá l ear,e  sdlaeu gctuirrra alno ssyi  ccimioónpnea ccvtteaordsd aea  seeonsc e ianldatoo rscn ooamsl  mpuorobndaeennloote s d ye1  ,m mPeotlvaroinlipd oadldiet a anccohtsuo.aq Elu, seet  aid nceco lummypeoo,v nieleindntartdee    2021-2119n https://w
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flota de vehículos por modelos eléctricos y la innovación en electromovilidad. Este plan 
de choque constituye uno de los elementos esenciales para el desarrollo de los territorios 
y la cohesión social y territorial, así como para el incremento de la productividad, la 
mejora de la competitividad y la capacidad de exportación de la economía. El programa 
de incentivos que se aprueba por esta orden, dirigido expresamente a la renovación de 
flotas operadas por empresas, contribuye a la ejecución de las actuaciones que se 
enmarcan dentro de la mencionada componente 1, formando parte de la inversión 2 del 
Componente 1 (C1. I2), así como a la consecución de sus hitos, en concreto al hito 12, 
complementando así otros programas en el marco de la misma componente, como son 
los recientemente aprobados Programas MOVES III, mediante Real Decreto 266/2021, 
de 13 de abril, y MOVES Singulares II, mediante Orden TED800/2021, de 23 de julio.
Adicionalmente, el 13 de julio de 2021, el Consejo de Ministros aprobó el Acuerdo 
por el que se declara como Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación 
Económica el desarrollo de un ecosistema para la fabricación del Vehículo Eléctrico y 
Conectado (PERTE VEC) como una iniciativa integral sobre la cadena de valor industrial 
del vehículo eléctrico y conectado con un objetivo claro y definido: la creación del 
ecosistema necesario para que se pueda fabricar y desarrollar de manera integral el 
vehículo eléctrico y conectado en España. Con este fin, el PERTE VEC permitirá articular 
las inversiones públicas de los diferentes componentes del plan, y coordinar las acciones 
de los distintos eslabones de la cadena de valor, en aras a lograr el impacto deseado en 
términos de transformación eficiente del sector. Para ello, entre otras, en el PERTE VEC 
se recogen programas como el que se aprueba en esta orden, como una de las medidas 
facilitadoras, pues promueve la adquisición de vehículos eléctricos en flotas de empresas 
y la infraestructura de recarga asociada a dicha flota.
Por ello, a fin de acelerar la electrificación del parque de vehículos y complementar el 
actual Programa MOVES III, cuya gestión se encuentra territorializada en las diferentes 
comunidades  autónomas,  se  aprueba  un  nuevo  programa  de  incentivos  dirigido  a 
proyectos  de  electrificación  de  flotas,  cuya  singularidad,  frente  al  actual  Programa 
MOVES III, es que se incentivarán proyectos integrales de electrificación de flotas que 
operen en más de una comunidad autónoma. Se abre así una ventanilla única para este 
tipo de proyectos que podrán, a través de una única solicitud de ayuda, no sólo adquirir 
vehículos eléctricos para sedes y servicios en diferentes comunidades autónomas, sino 
al mismo tiempo, emprender una transformación integral de la operativa de la flota, 
desarrollando soluciones de recarga en sus propias instalaciones y proporcionando los 
sistemas de gestión y formación necesarios para transformar su flota, caso de ser 
necesario.
Este  programa  de  ayudas  será  financiado  con  el  MRR,  establecido  por  el 
Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero 
de 2021, dado que se encuentra incluido como una de las líneas de actuación de la 
inversión 2 del componente 1 en del PRTR aprobado por las instituciones europeas 
competentes, existiendo crédito presupuestario en el IDAE, transferido previamente de la 
aplicación presupuestaria 23.50.420B.748 «Al IDAE. Para la promoción de energías 
renovables, eficiencia energética y movilidad sostenible. Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia» de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2021.
En cuanto al campo de intervención de este programa, se corresponde con una 
contribución climática del 100 %, lo que se deberá conseguir, en todo caso, mediante 
una reducción de las emisiones de CO2, teniendo en cuenta el principio de «no causar  es
un perjuicio significativo» (do not significant harm o principio DNSH, por sus siglas en  oe.
inglés) a ninguno de los objetivos medioambientales establecidos en el Reglamento (UE)  6ww.
2me0sot2ad0bif/il8ce5ac2 ime, l ideRenelt goPl aadmrela eumnnteo nm (tUoa ErcE)o u2 r0po1ap9rea/o2  f0ay8c 8dil.ietal rC loans sienjvoe, rsdieo n1e8s  dseo sjtuennioib ldees,  2y0 2p0o,r  reel laqtuiveo  sael   2021-2119n https://w
De este modo, y en cumplimiento de lo previsto en el PRTR y en el Reglamento (UE)
2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que
se establece el MRR, y su normativa de desarrollo, en particular la Comunicación de la 
Comisión Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio 
significativo»  en  virtud  del  Reglamento  relativo  al  Mecanismo  de  Recuperación  y 
Resiliencia, así como con lo requerido en la Decisión de Ejecución del Consejo o Council 
Implementing Decision (CID) relativa a la aprobación de la evaluación del PRTR, todos 
los proyectos de inversión que deben llevarse a cabo en cumplimiento de esta orden 
deben de respetar el llamado principio DNSH y las condiciones del etiquetado climático y 
digital. Ello incluye el cumplimiento de las condiciones específicas asignadas previstas 
en  el  Componente  1,  así  como  en  la  Inversión  2,  en  la  que  se  enmarcan  dichos 
proyectos, tanto en lo referido al principio DNSH, como al etiquetado climático y digital, y 
especialmente las recogidas en los apartados 3, 6 y 8 del documento del Componente 
del PRTR.
Es por ello que, los requisitos de valoración y elegibilidad de las actuaciones darán 
respuesta a las principales prioridades del PRTR, orientadas a la mitigación y lucha 
contra el cambio climático a través de nuevos modelos de movilidad cero emisiones 
vinculados a la electrificación, así como a un cambio de nuestro modelo productivo que 
permita acelerar la recuperación económica.
Por otro lado, de acuerdo a la hoja de ruta establecida en el PNIEC 2021-2030, el 
segundo sector de la economía que, en cifras absolutas, debe de reducir más emisiones 
de CO  en la próxima década es el sector de la movilidad y el transporte, con un objetivo 
2
de  reducción  de  27  MtCO eq,  lo  que  equivale  a  una  reducción  del  33  %.  El 
2
PNIEC 2021-2030 establece como mecanismos para lograr la reducción de emisiones 
del transporte la renovación desde los vehículos convencionales de combustión a los 
eléctricos, la generalización a todas las ciudades de más de 50.000 habitantes de la 
delimitación de zonas de bajas emisiones y la presencia de energías renovables en el 
sector de la movilidad-transporte, que en 2030 debe alcanzar el 28 % por medio de la 
electrificación  (con  5  millones  de  vehículos  eléctricos  en  circulación)  y  el  uso  de 
biocarburantes avanzados.
Este esfuerzo, dirigido a conseguir una movilidad más sostenible, tiene como meta a 
más largo plazo que los turismos y vehículos comerciales ligeros nuevos sean de 0 
emisiones no más tarde de 2040, según se ha recogido en la Ley 7/2021, de 20 de 
mayo,  de  Cambio  Climático  y  Transición  Energética.  En  cuanto  al  transporte  de 
mercancías, se prevén acciones dirigidas a mejorar la eficiencia del parque de vehículos 
mediante la renovación de flotas, en especial las de reparto urbano de última milla, con 
la incorporación progresiva de vehículos eléctricos y otros avances tecnológicos. Es 
importante señalar que los 3,8 millones de furgonetas españolas tienen una media de 
edad más alta que la europea (13 años frente a los 11,6 años de media en la UE).
A su vez, se debe tener en cuenta la importancia del transporte terrestre en el 
periodo 2021-2030 para alcanzar los objetivos de ahorro de energía final establecidos en 
el artículo 7 de la Directiva 2012/27/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de 
octubre  de  2012,  relativa  a  la  eficiencia  energética,  por  la  que  se  modifican  las 
Directivas 2009/125/CE y 2010/30/UE, y por la que se derogan las Directivas 2004/8/CE 
y 2006/32/CE, modificada por la Directiva (UE) 2018/2002, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 11 de diciembre de 2018, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos 
citados.
Este  programa  de  incentivos  de  movilidad  eléctrica  también  colaborará  con  la 
reducción de las emisiones de contaminantes atmosféricos, fundamentalmente partículas 
y óxidos de nitrógeno cuyo principal responsable es el sector del transporte por carretera  es
y que en las ciudades representa un gran problema para la salud de los ciudadanos,  o
contribuyendo  así  al  cumplimiento  de  los  objetivos  de  reducción  de  emisiones  6w
dcEeoisucntriaeotabmpmleebocirnie day o nddsteee  esl2 n C0a 1olat6mn ,sD oeriserjoefléa,c rttdiiicvveoaa s 2 a2 1 a0 lads1 íe6 r e/cm2do2uam8cy4oco  i dódloenesl   d 2Pde0ae 0rl al8als,am   reeeDmlnairittseoivic oaEtni vuaear so l ap2n e0aco0ac 8iloiyd/ n5ada0del/e Cl dsCEe odl  nedas eirdele ej oPtae,am rdrmlbeaii men1na4etd nedot eosy     OE-A-2021-2119able en https://w
a  una  atmósfera  más  limpia  en  Europa.  El  principal  instrumento  para  cumplir  los
objetivos de reducción de los contaminantes atmosféricos es el Programa Nacional de 
Control de la Contaminación Atmosférica (PNCCA). En el marco de este Programa, la 
«descarbonización» y la reducción de las emisiones contaminantes en el sector del 
transporte se lograrán mediante la reducción del consumo de combustible y con la 
contribución de distintas tecnologías, principalmente la electricidad renovable.
Así  mismo,  este  programa  de  incentivos  favorecerá  un  cambio  en  el  modelo 
productivo  de  nuestro  país,  la  generación  de  empleo  y  el  impulso  a  la  actividad 
económica, en un contexto de recuperación económica tras la pandemia. Cabe destacar 
el beneficio inducido de este programa, derivado de la reducción de las importaciones de 
combustibles fósiles y la mejora de la competitividad de nuestras empresas, así como 
mejora de la calidad del aire.
Este programa complementa el impulso a la movilidad eficiente y sostenible iniciado 
con la publicación de las tres ediciones de los programas a la movilidad eficiente y 
sostenible: Programa MOVES I, Programa MOVES II y MOVES III, aprobados mediante 
Real Decreto 72/2019, de 15 de febrero; Real Decreto 659/2020, de 16 de junio; y Real 
Decreto 266/2021, de 13 de abril, respectivamente.
Para el diseño del programa de incentivos de esta orden se ha tomado como base no 
solo la experiencia de los Programas MOVES anteriormente citados, sino también el 
resultado de la Manifestación de Expresión de Interés, realizada en diciembre de 2020, 
relativa a movilidad eléctrica, que se publicó con el objetivo de identificar el estado de 
situación del mercado, los posibles actores implicados y beneficiarios de los proyectos 
con interés en desarrollar proyectos o nuevas líneas de actuación, así como los aspectos 
más relevantes de dichos proyectos y actuaciones.
A partir del análisis de esta manifestación de interés, en la que se recibieron 540 
iniciativas, sobre seis tipologías principales de actuación vinculadas al impulso de la 
movilidad eléctrica, se ha diseñado este programa. Así, junto con el Programa MOVES III 
y el recientemente aprobado Programa MOVES Singulares II, se dará respuesta a la 
mayor parte de las tipologías de actuación detectadas y que contribuyen a los objetivos 
previstos por el PRTR.
Se espera que este nuevo programa de incentivos tenga un efecto incentivador de la 
actividad de electrificación del parque de vehículos que se sume y complemente al actual 
Programa MOVES III, incentivando proyectos de renovación de flota cuya singularidad 
principal recae en su carácter supra autonómico y la vocación de proyecto integral de 
renovación.
Estas  ayudas  estarán  sometidas  a  los  requisitos  y  límites  establecidos  en  el 
Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se 
declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en 
aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado, aplicándose la exención por categoría 
de ayudas para la protección del medio ambiente (Sección 7), sin perjuicio del resto de 
disposiciones tanto de derecho nacional como de la Unión Europea que pudieran resultar 
de aplicación, particularmente las que se aprueben en el ámbito de la ejecución y gestión 
tanto del MRR como del PRTR.
Se mantiene el carácter incentivador de las ayudas, por lo que solo se admitirán 
solicitudes de proyectos cuya ejecución no se haya iniciado con anterioridad a la fecha 
de registro de la solicitud de ayuda.
Las ayudas se otorgarán en régimen de concurrencia competitiva, de acuerdo con 
los principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación, así 
como eficacia y eficiencia, todos ellos establecidos en el artículo 8.3 de la Ley 38/2003,  s
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. oe.
Esta  orden  se  adecúa  a  los  principios  de  buena  regulación  establecidos  en  el  w.
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contexto de alta exigencia, en cuanto a cumplimiento de objetivos de renovación, como 
es el PRTR.
También se adecúa al principio de proporcionalidad, en la medida en que la norma 
contiene las actuaciones imprescindibles para el fin que se persigue, estableciendo las 
bases  reguladoras  que  permiten  articular  la  concesión  de  ayudas  previstas  en  la 
normativa  vigente.  De  acuerdo  con  el  principio  de  seguridad  jurídica,  la  norma  es 
coherente con el resto del ordenamiento jurídico nacional e internacional.
Asimismo, las ayudas reguladas por esta orden tienen carácter singular derivado de 
la necesidad de minimizar la dependencia, a nivel nacional, de los productos petrolíferos 
en el transporte por carretera, con gran repercusión en la calidad del aire de nuestras 
ciudades.  En  consecuencia,  la  singularidad  también  se  fundamenta  en  criterios  de 
oportunidad, que implican la exigencia de establecer las actuaciones más idóneas para 
alcanzar los objetivos de «descarbonización» previstos, y la movilización en tiempo y 
forma de los fondos del MRR para lograr los objetivos que éste prevé.
Finalmente, respecto al principio de eficacia, la iniciativa normativa no impone cargas 
administrativas innecesarias o accesorias y racionaliza, en su aplicación, la gestión de 
los recursos públicos.
Esta orden se dicta al amparo de la competencia exclusiva del Estado sobre bases y 
coordinación de la planificación general de la actividad económica, en la que tienen 
cobijo normas básicas y asimismo previsiones de acciones o medidas singulares que 
sean necesarias para alcanzar los fines propuestos dentro de la ordenación del sector 
(STC 117/1992, FJ 2). Entre estas acciones o medidas singulares se encontraría este 
programa de incentivos a proyectos de electrificación de flotas de vehículos ligeros, 
circunscrito  a  un  ámbito  de  actuación  supra  autonómico,  que  tiene  como  objetivo 
promover la renovación de este tipo de vehículos, facilitando y agilizando la solicitud y 
tramitación de las ayudas para las empresas que disponen de flotas.
De este modo, el componente supra autonómico, supone un elemento fundamental 
de este programa de incentivos, lo que justifica en gran medida su razón de ser y 
conlleva, por tanto, que sea el título competencial prevalente de esta orden, así como 
justifique su gestión centralizada por parte de la E.P.E. Instituto para la Diversificación y 
Ahorro de la Energía (IDAE), M.P., que recibirá las solicitudes y llevará a cabo el 
procedimiento de instrucción, selección, gestión, resolución, verificación y control así 
como  aprobación  y  publicación  de  las  correspondientes  convocatorias,  de  manera 
centralizada.
Estas ayudas se gestionan de forma centralizada para optimizar la gestión de los 
fondos  públicos  y  alcanzar  el  objetivo  de  renovación  de  vehículos  fijado  en  la 
Componente  1,  inversión  2  del  PRTR,  permitiendo  un  avance  más  notable  en  el 
desarrollo de la movilidad eléctrica, independientemente de la región de España desde 
donde se promueva, y permitiendo el acceso a las ayudas a proyectos que puedan 
afectar a más de una comunidad autónoma. Para aquellas empresas que operen en una 
única comunidad autónoma, se ha territorializado el presupuesto a través del Programa 
MOVES III, gestionado por las comunidades autónomas. Por tanto, la convivencia de 
ambos Programas de incentivos, conllevará beneficios para las empresas, que podrán 
realizar su solicitud de ayuda en una única solitud, tanto si operan en una comunidad 
autónoma, a través de MOVES III, como si operan en varias comunidades autónomas, a 
través de MOVES Flotas, facilitando así el cumplimiento de los exigentes plazos de 
ejecución previstos tanto por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia como por el 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. s
De  este  modo,  atendiendo  a  los  dispuesto  en  la  Sentencia  del  Tribunal  oe.
Constitucional  13/1992,  la  gestión  centralizada  de  estas  subvenciones  resulta  w.
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toiepmtimpoiz aqnudeo s lea  saopblirceapcaiósne  dlae lc puraenstuíap ugelosbtoa ld disep olonsi bfloen.dos estatales destinados al sector y  BOE-A-cable e
El  procedimiento  de  concesión  de  las  ayudas  será  mediante  concurrencia 
competitiva,  conforme  al  artículo  23  y  concordantes  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de 
noviembre, General de Subvenciones, y de acuerdo con los criterios de valoración 
establecidos en esta Orden.
La gestión centralizada de las subvenciones, por parte del IDAE, ha sido informada a 
las  comunidades  autónomas  y  ciudades  de  Ceuta  y  Melilla  en  la  reunión  de  la 
Conferencia Sectorial de Energía de fecha 9 de diciembre de 2021.
El Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas 
urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia, establece una serie de medidas que van 
a permitir una gestión más ágil de las subvenciones financiadas con fondos europeos. 
Entre ellas, se suprime la necesidad de exigir la autorización del Consejo de Ministros 
prevista  en  el  artículo  10.2  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de 
Subvenciones.
Asimismo, en la tramitación de esta orden, adoptada para la ejecución del PRTR, se 
ha aplicado lo previsto por los artículos 47 y 60 del citado Real Decreto-ley 36/2020, 
de 30 de diciembre, habiéndose emitido informes de la Abogacía del Estado y de la 
Intervención Delegada, a los que hace referencia el artículo 17.1, párrafo segundo, de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Esta orden, se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.13.ª, 23.ª y 25.ª de 
la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre bases y 
coordinación  de  la  planificación  general  de  la  actividad  económica,  en  materia  de 
legislación básica sobre protección del medioambiente, sin perjuicio de las facultades de 
las comunidades autónomas de establecer normas adicionales de protección, y sobre las 
bases del régimen minero y energético, respectivamente.
En  su  virtud,  previo  informe  a  la  Comisión  Delegada  del  Gobierno  de  Asuntos 
Económicos de fecha 5 de noviembre de 2021, dispongo:
CAPÍTULO I
Disposiciones Generales
Artículo 1.  Objeto y finalidad.
1.  Constituye el objeto de esta orden el establecimiento de las bases reguladoras 
para la selección y concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de las ayudas 
correspondientes al Programa de Incentivos a proyectos de electrificación de flotas de 
vehículos ligeros (Programa MOVES Flotas).
2.  Las  ayudas  reguladas  en  esta  orden  tendrán  como  finalidad  contribuir  al 
cumplimiento de los objetivos correspondientes a la inversión 2 del componente 1 del 
PRTR, en concreto al hito 12 del mencionado Plan, así como a la «descarbonización» 
del sector transporte mediante el fomento de la electrificación de la movilidad para la 
consecución de los objetivos fijados tanto por el Plan Nacional Integrado de Energía y 
Clima  (PNIEC)  2021-2030,  como  por  el  Programa  Nacional  de  Control  de  la 
Contaminación Atmosférica, promoviendo la realización de proyectos de electrificación 
de flotas de vehículos ligeros en todo el territorio nacional.
Artículo 2.  Ámbito de aplicación.
1.  Lo dispuesto en esta orden será de aplicación en todo el territorio nacional. o
2.  Asimismo,  lo  dispuesto  en  esta  orden  será  aplicable  a  las  ayudas  que  se  6ww.
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las emisiones de CO2.
Artículo 3.  Características de las ayudas y régimen de compatibilidad.
Las ayudas del programa de incentivos que se aprueba por esta Orden, serán 
incompatibles con otras subvenciones o ayudas que pudieran concederse para la misma 
finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos o privados, 
nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.
El beneficiario suscribirá, junto con la solicitud de ayuda, declaración responsable 
según modelo facilitado en el anexo II.
Artículo 4.  Régimen jurídico aplicable.
1.  De acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional vigésima sexta de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, el régimen jurídico, la normativa específica aplicable, 
requisitos y obligaciones de los beneficiarios y el procedimiento de concesión será el 
establecido en estas bases, en la citada Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en su 
Reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. En 
defecto  de  lo  previsto  en  esta  normativa,  se  aplicarán  las  normas  de  derecho 
administrativo.
2.  Las ayudas objeto de estas bases se otorgarán en régimen de concurrencia 
competitiva, de acuerdo con lo previsto en el artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre,  así  como  según  los  principios  de  publicidad,  transparencia,  objetividad, 
igualdad  y  no  discriminación,  así  como  eficacia  y  eficiencia  establecidos  en  su 
artículo 8.3
3.  Estas  ayudas  estarán  sometidas,  asimismo  a  las  siguientes  disposiciones 
normativas:
a)  El Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el 
que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior 
en  aplicación  de  los  artículos  107  y  108  del  Tratado,  aplicándose  la  exención  por 
categoría de ayudas para la protección del medio ambiente (Sección 7), sin perjuicio del 
resto  de  disposiciones  tanto  del  derecho  nacional  como  de  la  Unión  Europea  que 
pudieran resultar de aplicación.
b)  Las  normas  que  se  aprueben  en  el  ámbito  de  la  ejecución  y  gestión  del 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, en particular:
i.  Reglamento (UE) 2020/2094 del Consejo de 14 de diciembre de 2020 por el que 
se establece un Instrumento de Recuperación de la Unión Europea para apoyar la 
recuperación tras la crisis de la COVID-19.
ii.  El Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de 
febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. 
Las ayudas reguladas por esta Orden pueden considerarse incluidas dentro del pilar de 
transición ecológica previsto por su artículo 3 así como entre los tipos de intervención a 
que se refiere el anexo VI, todo ello con el objetivo de hacer frente a los efectos sin 
precedentes  de  la  crisis  de  la  COVID-19  así  como  los  impactos  económicos  que 
conlleva.  Estos  recursos  adicionales  deben  utilizarse  de  modo  que  se  garantice  el 
cumplimiento de los objetivos intermedios y las metas pertinentes, en los plazos que se 
establezcan.
iii.  El Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de abril de 2021, por el que se 
aprueba el Plan de Recuperación, transformación y Resiliencia.
c)  La normativa medioambiental que regula la aplicación del principio DNSH: b
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junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones
sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088» («Reglamento de 
Taxonomía»)
– Los Actos Delegados del Reglamento de Taxonomía, «Supplementing Regulation 
(EU)  2020/852  of  the  European  Parliament  and  of  the  Council  by  establishing  the 
technical screening criteria for determining the conditions under which an economic 
activity qualifies as contributing substantially to climate change mitigation or climate 
change  adaptation  and  for  determining  whether  that  economic  activity  causes  no 
significant harm to any of the other environmental objectives» («Actos Delegados de 
Taxonomía»).
En  su  caso,  las  actuaciones  llevarán  a  cabo  los  procedimientos  de  evaluación 
ambiental establecidos en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre de evaluación ambiental, 
que sean de aplicación, así como otras evaluaciones y procedimientos que pudieran 
resultar de aplicación en virtud de la legislación medioambiental.
d)  El Real Decreto Ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban 
medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución 
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En particular es de aplicación lo 
previsto en sus artículos 37 y 46 en relación, respectivamente, con la afectación legal de 
los ingresos procedentes del MRR, y las obligaciones de información para el seguimiento 
de los proyectos financiados a través del PRTR.
e)  La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que 
se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y 
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en caso de que en la 
ejecución de las subvenciones se celebren contratos que deban someterse a esta Ley.
f)  las Órdenes Ministeriales HFP/1030/2021 y HFP/1031/2021, ambas de 29 de 
septiembre, que regulan respectivamente el sistema de gestión del PRTR y el suministro 
de información sobre el cumplimiento de sus hitos y objetivos.
Artículo 5.  Beneficiarios.
1.  Se entenderá por beneficiario a la persona jurídica que realice la inversión o 
gasto correspondiente a la actuación que se incentiva.
2.  Podrán  ser  beneficiarios  del  programa  de  incentivos  previsto  por  las  bases 
reguladoras establecidas por esta orden las siguientes personas jurídicas siempre que 
realicen alguna de las actuaciones subvencionables detalladas en el anexo I:
a)  Todo  tipo  de  empresas  con  personalidad  jurídica  propia  (micro,  pequeña, 
mediana y gran empresa). Se entenderá por micro, pequeña y mediana empresa lo 
establecido en el Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión de 17 de junio de 2014.
b)  El sector público institucional, a que se refiere el artículo 2.2 de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
3.  No podrán ser beneficiarios los concesionarios o puntos de venta cuyo epígrafe 
de la sección primera de las tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas sea 
el 615.1 o el 654.1, conforme a lo dispuesto por el Real Decreto Legislativo 1175/1990, 
de 28 de septiembre, por el que se aprueban las tarifas y la instrucción del Impuesto 
sobre Actividades Económicas.
Artículo 6.  Obligaciones esenciales de los beneficiarios.
1.  Los beneficiarios deberán cumplir las obligaciones recogidas en el artículo 14 de  bo
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2.  No podrán obtener la condición de beneficiario de estas ayudas quienes incurran 
en alguna de las circunstancias previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre. En este contexto, el beneficiario suscribirá, junto con la solicitud de ayuda, 
declaración responsable que acredite no tener pendientes obligaciones de reintegro de 
subvenciones o ayudas, o en su caso el cumplimiento de las mismas, conforme a los 
términos establecidos en el artículo 21 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, así como las del resto 
de obligaciones establecidas en dicho artículo 13 (anexo II), entre ellas, hallarse al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, lo 
que deberá acreditarse conforme a lo dispuesto en el artículo 22.4 del citado Reglamento 
de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  teniendo  presente  lo  establecido  por  la 
disposición adicional octava de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales así como el artículo 28 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, y el artículo 95.1.k) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General  Tributaria,  y  considerándose  a  este  respecto  que  el  beneficiario,  con  la 
presentación de su solicitud de ayuda, autorizará al órgano administrativo concedente 
para que puedan consultar directamente dicha información de forma directa con la 
Administración tributaria o de la Seguridad Social. No obstante, el solicitante podrá 
denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar entonces las certificaciones 
correspondientes.
Los  beneficiarios  estarán  obligados  a  comunicar  de  inmediato  al  IDAE,  incluso 
durante  la  tramitación  de  la  solicitud,  cualquier  modificación  de  las  condiciones 
inicialmente informadas con la documentación que se acompaña a la solicitud. La falta 
de comunicación de estas modificaciones podrá ser causa suficiente para la revocación 
de la ayuda.
3.  Además,  se  consideran  obligaciones  esenciales  de  los  beneficiarios  de  las 
ayudas, las siguientes:
a)  Mantener un sistema de contabilidad diferenciado para todas las transacciones 
relacionadas  con  las  actuaciones  objeto  de  ayuda,  contando,  al  menos,  con  una 
codificación contable adecuada que permita identificar claramente dichas transacciones.
b)  En su caso, cumplir con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 
jurídico  español  las  Directivas  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  2014/23/UE 
y 2014/24/UE, respecto al proceso de adjudicación de los contratos vinculados a la 
actuación subvencionada. Se ha de identificar, cuando el perceptor final sea un poder 
adjudicador, los contratistas y subcontratistas que resulten adjudicatarios, incluyendo su 
inscripción en el Censo de empresarios de la AEAT o equivalente que refleje la actividad 
económica  que  desarrollan,  así  como  la  declaración  de  los  mismos  de  cesión  y 
tratamiento de los datos en relación con la ejecución de actuaciones del PRTR. En el 
caso de subcontratación se respetarán los requisitos y prohibiciones establecidos en el 
artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el artículo 68 de su reglamento 
de desarrollo, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio; estableciéndose en 
las  convocatorias  correspondientes  los  requisitos  relativos  a  la  prevención  de  los 
conflictos de interés en subcontratistas, de conformidad con la orden HFP 1030/2021, 
de 29 de septiembre.
Para el resto de supuestos, en la tramitación de los contratos a realizar para llevar a 
cabo la actuación a incentivar, se tendrá en cuenta lo siguiente: e
1.º  Para las contrataciones relacionadas con las actuaciones objeto de ayuda se  6ww.
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salvo que por sus especiales características no exista en el mercado suficiente número
de entidades que los realicen, presten o suministren.
2.º  En los documentos como, pliegos, especificaciones, anuncios y/o contratos, que 
sustenten la contratación de las obras, los bienes o servicios a prestar, deberá hacerse 
constar la financiación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia.
3.º  No  se  podrán  incluir,  para  la  valoración  de  ofertas,  criterios  de  valoración 
discriminatorios o que alteren la concurrencia, pudiendo establecerse requisitos mínimos 
a cumplir por los ofertantes siempre y cuando éstos no puedan utilizarse para valorar 
favorablemente unas ofertas frente a otras.
4.º  Se deberá disponer de la documentación del proceso de contratación, incluida 
la justificación de la selección de la oferta más favorable y de las comunicaciones con los 
ofertantes.
5.º  Las  obras,  servicios  o  prestación  del  servicio  contratado  deben  de  ser 
demostrable y tiene que estar verificada y aceptada de forma previa a la certificación del 
pago, conforme a las condiciones que se establezcan en el contrato.
6.º  Dado que se admiten subcontrataciones, debe garantizarse que no se desvirtúa 
el papel del beneficiario.
c)  Acreditar ante el IDAE la realización de la actividad, facilitando además las 
comprobaciones encaminadas a garantizar la correcta realización del proyecto o acción 
objeto de la ayuda, aportando al efecto cuanta documentación le fuera requerida, así 
como los valores de los indicadores que fueran requeridos para reportar los resultados 
del proyecto en el marco de la normativa europea y nacional aplicable, y particularmente 
la que se establezca en cuanto a la gestión y ejecución del MRR y el PRTR. En este 
contexto, IDAE diseñará un procedimiento de control que permita verificar y validar 
administrativamente  el  100  %  del  gasto  declarado  por  los  beneficiarios,  así  como 
verificar sobre el terreno un conjunto representativo de las actuaciones y operaciones 
realizadas.
Los beneficiarios son responsables de la fiabilidad y el seguimiento de la ejecución 
de las actuaciones subvencionadas, de manera que pueda conocerse en todo momento 
el nivel de consecución de cada actuación.
d)  Someterse  a  cualesquiera  otras  actuaciones  de  comprobación  y  control 
financiero que pueda realizar la Secretaría General de Fondos Europeos, la Intervención 
General de la Administración del Estado, el Tribunal de Cuentas, los órganos de control 
de la Comisión Europea y a cualesquiera otras actuaciones de comprobación y/o control 
financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales 
como comunitarios, de acuerdo a lo establecido en la normativa aplicable a la gestión de 
las  ayudas  cofinanciadas  con  fondos  comunitarios,  aportando  para  ello  cuanta 
información le sea requerida.
En particular, deberán establecer mecanismos que aseguren que las actuaciones a 
desarrollar por terceros contribuyen al logro de las actuaciones previstas y que dichos 
terceros aporten la información que, en su caso, fuera necesaria para determinar el valor 
de los indicadores, hitos y objetivos pertinentes del PRTR.
e)  Cumplir con los requisitos de difusión y publicidad establecidos en estas bases, y 
en  particular  lo  previsto  en  su  artículo  19,  y  con  los  deberes  de  información, 
comunicación y visibilidad que correspondan al beneficiario conforme lo establecido en el 
artículo 34 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 
de febrero de 2021.
f)  Conservar los documentos originales, justificativos de la actuación realizada y de 
la aplicación de los fondos recibidos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de  e.
comprobación y control. La disponibilidad de los documentos se ajustará a lo dispuesto  w.b
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en  los  términos  que  establezca  el  Ministerio  de  Hacienda  de  conformidad  con  la 
normativa nacional y de la Unión Europea.
A efectos de auditoría y control y con base en lo establecido en el artículo 22 del 
Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero, los 
datos de los perceptores finales de estas ayudas serán públicos.
En  su  caso,  cuando  el  beneficiario  de  la  ayuda,  además  de  actividades  no 
económicas desempeñe actividades de carácter económico, deberá disponer de una 
contabilidad que permita distinguir con claridad entre los dos tipos de actividades y entre 
sus respectivos costes, financiación e ingresos, de manera que se pueda fiscalizar la 
subvención recibida.
g)  Respetar las normas de subvencionalidad nacionales que pudiera establecer la 
Secretaría General de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda y Función Pública.
h)  Disponer de los procedimientos de gestión y control que garanticen el buen uso y 
aplicación de las ayudas. En particular, tienen la obligación de asegurar la regularidad 
del gasto subyacente y la adopción de medidas dirigidas a prevenir, detectar, comunicar 
y corregir el fraude y la corrupción, prevenir el conflicto de interés y la doble financiación, 
comunicando a las autoridades que procedan los incumplimientos observados. En su 
caso, y de acuerdo con los requisitos de concesión de la ayuda, aquellos beneficiarios 
que  deban  adoptar  medidas  para  evitar  conflictos  de  interés  deberán  aportar  una 
declaración de ausencia de conflictos de interés (DACI), conforme al modelo que pueda 
establecerse en la correspondiente convocatoria.
i)  Estarán obligados a crear en España todo el empleo necesario para la realización 
de la actividad, que se realizará con personal contratado y afiliado a la Seguridad Social 
en  el  territorio  nacional.  El  cumplimiento  de  este  requisito  tendrá  que  justificarse 
documentalmente.
Además,  deberán  contribuir  a  los  objetivos  de  soberanía  digital  y  autonomía 
estratégica de la Unión Europea, así como garantizar la seguridad de la cadena de 
suministro teniendo en cuenta el contexto internacional y la disponibilidad de cualquier 
componente o subsistema tecnológico sensible que pueda formar parte de la solución, 
mediante la adquisición de equipos, componentes, integraciones de sistemas y software 
asociado, en la medida de lo posible, a proveedores ubicados en la Unión Europea.
4.  No podrán ser beneficiarias de estas ayudas las empresas en crisis, según se 
define esta situación en el artículo 2, apartado 18 del Reglamento (UE) n.º 651/2014, de 
la  Comisión,  de  17  de  junio  de  2014.  Dicho  extremo  se  acreditará  mediante  una 
declaración responsable que se suscribirá junto con la solicitud de subvención.
5.  El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones señaladas en los apartados 
anteriores, será causa suficiente para la pérdida del derecho al cobro o reintegro de la 
ayuda concedida.
6.  Los beneficiarios garantizarán el respeto al principio de DNSH y el etiquetado 
climático, conforme a lo previsto en el PRTR, en el Reglamento (UE) 2021/241 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y su normativa de desarrollo, en particular la 
Comunicación de la Comisión Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no 
causar un perjuicio significativo» en virtud del Reglamento relativo al MRR, así como con 
lo requerido en la CID.
7.  Las convocatorias podrán establecer obligaciones adicionales.
Artículo 7.  Financiación. e.
1.  Los fondos destinados a la financiación de las ayudas reguladas por esta orden  6w
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año 2021.
2.  Las ayudas serán financiadas con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 
dado que el programa de incentivos aprobado por esta orden se encuentra incluido en el 
PRTR aprobado por las instituciones europeas competentes.
A estos efectos, se reconoce la plena aplicación de los mecanismos de gestión y 
control aplicables a la ejecución tanto del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 
como del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como las específicas 
relativas a la información y publicidad, criterios de selección de operaciones, etc., cuya 
aplicación sea de obligado cumplimiento.
3.  De acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, en las convocatorias correspondientes se establecerá la cuantía máxima del 
total de las ayudas a conceder mediante su resolución. Tanto la concesión como la 
cuantía  de  las  ayudas  estarán  supeditadas  a  la  disponibilidad  del  crédito 
correspondiente.
4.  De acuerdo al artículo 7 Regla Séptima, de la Ley 11/2020 de PGE, el IDAE, en 
caso de no realizarse el gasto en su totalidad, reintegrará los fondos recibidos al Tesoro 
Público. El procedimiento de reintegro a estos efectos se regulará por Orden de la 
persona titular del Ministerio de Hacienda.
CAPÍTULO II
Requisitos de las ayudas
Artículo 8.  Actuaciones incentivables.
Se  incentivarán  proyectos  de  electrificación  de  flotas  de  vehículos  ligeros  por 
vehículos eléctricos y de pila de combustible, que operen en más de una comunidad 
autónoma y que cumplan los requisitos que se definen en el anexo I. Los proyectos 
podrán  incluir,  no  sólo  la  adquisición  de  vehículos  eléctricos  que  sustituyan  a  los 
vehículos de combustión sino la disposición de la infraestructura de recarga necesaria 
para la nueva flota en las instalaciones de la empresa, así como la adquisición o 
adaptación de sistemas de gestión de flotas, para, entre otros, digitalizar el control de 
rutas, así como formación de personal de la empresa a fin de realizar una transición de 
la  flota  hacia  la  electrificación.  Se  considerarán  actuaciones  elegibles  las  que  se 
contemplan y describen en el anexo I, siendo requisito imprescindible que se solicite 
ayuda al menos para la actuación 1, relativa a la adquisición de vehículos eléctricos o de 
pila de combustible, si bien las actuaciones 2 y 3 serán opcionales.
Artículo 9.  Costes elegibles y subvencionables.
1.  Sólo se considerarán elegibles y subvencionables las inversiones relativas a 
actuaciones descritas en el anexo I, desarrolladas en territorio nacional y que se realicen 
en la adquisición de bienes o de servicios por parte del beneficiario de la ayuda, así 
como que puedan justificarse mediante el correspondiente pedido y/o contrato relativos a 
las actuaciones realizadas, con sus correspondientes facturas y justificantes de pago al 
proveedor. No se considerarán, por tanto, subvencionables los costes propios (personal, 
funcionamiento o gastos generales).
2.  Se considerarán costes subvencionables los siguientes conceptos: el sobrecoste 
de adquisición de los vehículos eléctricos sobre los de combustión, la elaboración de los 
proyectos técnicos relacionados con las actuaciones, los costes de dirección facultativa,  es
los costes de ejecución de la obra civil siempre que no supere el 20 % de la inversión  o
elegible y los de montaje de las instalaciones, en su caso; los equipos, materiales e  6ww.
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3.  Para  que  los  gastos  puedan  ser  considerados  elegibles  y  subvencionables, 
deben cumplirse los siguientes requisitos:
a)  Cumplimiento de la normativa local, autonómica, nacional y de la Unión Europea 
aplicable.
b)  Estar relacionados de manera indubitada con la actividad objeto de la ayuda, ser 
necesarios para su ejecución y realizados en el plazo establecido en la convocatoria.
c)  Ser  reales  y  abonados  efectivamente  con  anterioridad  a  la  finalización  del 
período de justificación establecido en la convocatoria. Cuando se utilicen medios de 
pago  diferido  (entre  otros:  cheque,  pagaré,  letra  de  cambio  aceptada)  sólo  se 
subvencionarán aquellos importes efectivamente cargados en cuenta a través de entidad 
financiera con anterioridad a la finalización del plazo citado. No se considerarán los 
pagos en metálico.
d)  Existencia de constancia documental que sea verificable.
4.  No se considerarán costes elegibles y subvencionables los englobados en los 
siguientes conceptos:
a)  Autorizaciones administrativas, licencias, permisos, coste de avales y/o fianzas, 
multas, tasas, impuestos o tributos.
b)  Cualesquiera gastos asociados a gestiones, contrataciones, consultas o trámites 
administrativos, aun siendo necesarios para la obtención de permisos o licencias que no 
estén enumerados en el apartado 2 de este artículo 9.
c)  Coste de adquisición o arrendamiento de terrenos utilizados para el proyecto.
d)  Seguros suscritos por el solicitante.
e)  La vigilancia y seguridad durante la ejecución de la obra hasta la fecha de puesta 
en marcha.
f)  Cualesquiera costes financieros.
5.  Las  actuaciones  deberán  cumplir  con  la  normativa  vigente  que  les  sea  de 
aplicación, así como contar con las preceptivas licencias, certificados y autorizaciones 
administrativas en el caso de que la actuación lo requiera.
6.  A efectos de dar cumplimiento al artículo 6 del Reglamento (UE) n.º 651/2014, de 
la Comisión, de 17 de junio de 2014, relativo al efecto incentivador de las ayudas, solo 
serán  elegibles  las  adquisiciones  y  actuaciones  cuya  ejecución  se  inicie  en  fecha 
posterior a la fecha de registro de la solicitud de reserva de ayuda. El hito que marcará el 
inicio de los trabajos para las empresas y entidades públicas será la publicación de los 
pliegos de licitación y en el caso de empresas privadas, la fecha del primer compromiso 
en firme para el pedido de equipos u otro compromiso que haga irreversible la inversión.
Los trabajos preparatorios para la obtención de permisos y la realización de estudios 
previos de viabilidad no influirán en la determinación de la fecha de inicio de la ejecución 
del proyecto de inversión, pudiendo por tanto haberse realizado éstos antes de la fecha 
de registro de la solicitud de reserva de ayuda.
Artículo 10.  Pago y cuantía de las ayudas.
1.  Las ayudas otorgadas al amparo del programa de incentivos objeto de esta 
orden se instrumentarán como una subvención que se percibirá por el beneficiario, con 
carácter definitivo, una vez se verifique la ejecución del proyecto y se certifiquen los 
gastos o costes elegibles incurridos. e.e
2.  Cuando las convocatorias así lo establezcan, los beneficiarios que lo soliciten,  b
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a)  La garantía deberá constituirse, a disposición del IDAE, y por el mismo importe
del anticipo a otorgar, en alguna de las modalidades previstas por el artículo 12.2 del
Real Decreto 937/2020, de 27 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General 
de la Caja de Depósitos o bien mediante una línea de crédito que ofrezcan como 
garantía cualquier organismo o Administración pública española, todo ello de acuerdo 
con los artículos 48 y siguientes del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
b)  Dichos anticipos no superarán el 100 % del importe total de la ayuda que se 
vaya a conceder al beneficiario.
c)  Dichos anticipos deberán destinarse exclusivamente a cubrir gastos del proyecto 
objeto de subvención.
d)  De acuerdo con lo establecido en el artículo 61.3 del Real Decreto Ley 36/2020, 
de  30  de  diciembre,  los  beneficiarios  de  estos  anticipos  deberán  acreditar  que  se 
encuentran al corriente del pago de las obligaciones de reembolso de cualesquiera otros 
anticipos  concedidos  anteriormente  con  cargo  a  los  créditos  específicamente 
consignados para la gestión de fondos europeos en los Presupuestos Generales del 
Estado.
e)  Asimismo, el beneficiario de dichos anticipos deberá también encontrarse al 
corriente en el cumplimiento del resto de obligaciones establecidas en el artículo 13 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, entre ellas, hallarse al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. La 
acreditación de esta última circunstancia se realizará conforme a lo previsto en los 
artículos 22.4 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, considerándose a 
este  respecto  que  el  beneficiario,  con  la  presentación  de  su  solicitud  de  anticipo, 
autorizará,  al  órgano  concedente  para  que  pueda  consultar  directamente  dicha 
información de forma directa con la Administración tributaria o de la Seguridad Social. No 
obstante, el solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar 
entonces las certificaciones correspondientes.
3.  A efectos del cálculo de la intensidad de ayuda y los costes subvencionables, 
todas las cifras empleadas se entenderán antes de cualquier deducción fiscal u otras 
cargas. Las intensidades de ayuda se detallan en el anexo III. Para la determinación del 
coste subvencionable se tendrá en cuenta lo establecido en el artículo 9, así como lo 
establecido en el apartado 5 del artículo 36 del Reglamento 651/2014, de 17 de junio 
de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el 
mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado.
4.  Las  convocatorias  podrán  fijar  un  límite  máximo  de  ayuda  por  proyecto  y 
beneficiario, así como una inversión mínima por proyecto, y asignar un presupuesto 
máximo por tipología de actuación.
CAPÍTULO III
Procedimiento de concesión
Artículo 11.  Convocatorias y plazo de presentación de solicitudes.
1.  Las  convocatorias  correspondientes  se  realizarán  por  el  IDAE,  mediante 
resolución de su Consejo de Administración, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 23.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en los apartados 6 y 7 del 
Estatuto del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), aprobado por  es
Real Decreto 18/2014, de 17 de enero, en relación con lo dispuesto en la disposición  o
adicional vigésima sexta de la Ley General de Subvenciones, y serán publicadas en la  6w
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del  extracto  de  la  convocatoria  en  el  «Boletín  Oficial  del  Estado».  Las  fechas  de
finalización del plazo de presentación de solicitudes se señalarán en la convocatoria. La 
solicitud y la documentación a aportar con la misma se harán en castellano.
3.  Las  solicitudes  presentadas  fuera  del  plazo  establecido  darán  lugar  a  su 
inadmisión.
4.  La solicitud constará de formulario y documentación complementaria que se 
enumera en el anexo V.
Artículo 12.  Tramitación electrónica del procedimiento.
1.  De acuerdo con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, para las 
personas jurídicas y resto de sujetos contemplados en el artículo 14.2, que tengan la 
consideración  de  beneficiarios,  la  tramitación  electrónica  del  procedimiento  será 
obligatoria en todas sus fases y tramitación. Las solicitudes, comunicaciones y demás 
documentación  exigible  serán  presentadas  a  través  del  correspondiente  sistema 
telemático alojado en el portal de ayudas de la sede electrónica de IDAE (https://
sede.idae.gob.es/), en el que también se contendrá la información necesaria para la 
cumplimentación de la solicitud y tramitación del expediente.
Las notificaciones a los interesados se realizarán mediante comparecencia en dicho 
portal de la sede electrónica del IDAE, en los términos recogidos en el artículo 43 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre.
2.  El solicitante y el representante, en su caso, podrán acceder a sus expedientes y 
a las comunicaciones electrónicas asociadas, mediante certificado de persona física o 
con  DNI  electrónico.  En  el  enlace  correspondiente  habilitado  podrán  consultar  los 
documentos presentados y el estado de tramitación del expediente. La presentación de 
la solicitud con firma electrónica conllevará la conformidad del solicitante para recibir 
todas las comunicaciones y notificaciones de la tramitación del expediente electrónico a 
través  de  dicho  registro  electrónico  accesible  por  medio  de  la  sede  electrónica. 
Adicionalmente  a  la  puesta  a  disposición  del  interesado  de  las  comunicaciones  y 
notificaciones a través del registro electrónico, existe un sistema complementario de 
alertas por medio de correo electrónico, de carácter meramente informativo, por lo que 
carece de efectos jurídicos respecto a su contenido y fecha de realización.
En este mismo registro, los interesados, tras identificarse electrónicamente de forma 
segura, podrán consultar los actos del procedimiento que les sean notificados y efectuar 
la presentación de la documentación adicional que pudiera ser requerida por el órgano 
actuante.
3.  Sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por 
el que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad de las 
subvenciones y demás ayudas públicas, se publicarán en la sede electrónica del IDAE 
las propuestas de resolución, las resoluciones de desestimación, de concesión y sus 
posibles modificaciones y demás actos del procedimiento.
4.  En aquellos casos en los que tuviera lugar un procedimiento de reintegro, las 
notificaciones relacionadas con dicho procedimiento se realizarán bajo la modalidad de 
notificación por comparecencia electrónica.
5.  Los  formularios,  las  declaraciones  responsables  y  los  demás  documentos 
electrónicos  a  cumplimentar  en  las  diferentes  fases  del  procedimiento,  estarán 
disponibles en el mencionado portal de ayudas de la sede electrónica del IDAE y 
deberán ser obligatoriamente utilizados cuando proceda.
6.  En aquellas fases del procedimiento en las que en aras de la simplificación 
administrativa se permita la presentación de declaraciones responsables en lugar de  e.
determinada  documentación,  dichas  declaraciones  deberán  presentarse  en  formato  w.b
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documentos, para lo cual indicará el número del expediente que le fue comunicado en 
aquella ocasión.
Artículo 13.  Instrucción del procedimiento. Valoración y selección de las solicitudes.
1.  El órgano competente para ordenar e instruir el procedimiento de concesión en el 
programa de incentivos, así como el responsable del seguimiento de las actuaciones 
subvencionadas será la persona titular de la Dirección General del IDAE, en adelante 
órgano instructor.
2.  La valoración y selección de las solicitudes se realizará exclusivamente sobre la 
documentación aportada por el solicitante con su solicitud y/o la que pudiera habérsele 
requerido  complementariamente  en  fase  de  subsanación.  No  obstante,  el  órgano 
instructor podrá requerir aclaraciones sobre aspectos de la solicitud que no supongan 
reformulación ni mejora de ésta.
3.  Por tratarse de un procedimiento de concesión en régimen de concurrencia 
competitiva y, como tal, iniciado de oficio, no se admitirán las mejoras voluntarias de la 
solicitud. No obstante, el órgano instructor podrá requerir aclaraciones sobre aspectos de 
la solicitud que no supongan reformulación ni mejora de ésta.
4.  Será competente para valorar las solicitudes, en los términos previstos en el 
artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, como órgano colegiado, una 
Comisión Técnica de valoración integrada por:
Presidente: Persona titular de la Dirección de Ahorro y Eficiencia Energética de 
IDAE.
Vocales:
1.  Un representante designado por la Secretaría de Estado de Energía.
2.  Un representante de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente del Ministerio 
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
3.  Un representante de la Dirección de Energías Renovables y Mercado Eléctrico 
del IDAE.
4.  La persona titular de la jefatura del departamento de Movilidad Sostenible del 
IDAE.
Secretario  con  voz,  pero  sin  voto:  Un  técnico  del  departamento  de  Movilidad 
Sostenible del IDAE.
Asimismo, podrán asistir a las reuniones de dicha Comisión, con voz, pero sin voto, 
todas aquellas personas que sean convocadas por su Presidente, en calidad de expertos 
en las materias incluidas en el orden del día.
La pertenencia y/o asistencia a la Comisión Técnica de Valoración no conlleva 
derecho a la percepción de ninguna retribución.
En casos de ausencia o de enfermedad y, en general, cuando concurra alguna causa 
justificada, cualquiera de los miembros titulares de la Comisión podrá ser sustituido por 
los  suplentes  que  designe  la  persona  titular  de  la  Dirección  General  del  IDAE,  a 
propuesta de la persona titular del órgano o dirección al que pertenezcan, mediante 
resolución que se publicará en la página web del IDAE.
El funcionamiento de esta Comisión será atendido, en todo caso, con los medios 
personales, técnicos y presupuestarios del IDAE.
5.  El órgano instructor determinará, en una primera fase, las solicitudes admisibles  e.e
de acuerdo a lo establecido en la normativa reguladora de la convocatoria de la ayuda.  b
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Administraciones Públicas.
6.  Una vez finalizado el proceso de subsanación se procederá a redactar el acta de 
expedientes admitidos y no admitidos que será elevada al Órgano Instructor y publicada, 
en su caso, en la página web del IDAE. Este hito dará inicio a la segunda fase de 
evaluación.
7.  Una vez finalizado el periodo de subsanación, la Comisión Técnica de Valoración 
procederá a la clasificación de las solicitudes que hayan resultado admitidas, conforme a 
los criterios de valoración de otorgamiento de la subvención que figuran en el anexo III. 
La puntuación total de la evaluación estará distribuida en el rango entre 0 y 100 puntos.
8.  La metodología para clasificar las solicitudes adjudicatarias de las ayudases la 
siguiente:
a)  Se procede a la clasificación de las solicitudes de mayor a menor puntuación 
obtenida. En caso de empate en su puntuación, las solicitudes con el mismo valor se 
ordenarán en función de la fecha y hora de presentación de la solicitud.
b)  Se evaluará la lista en sentido descendente de puntuación, eliminando aquellas 
solicitudes para las cuales, de ser aceptadas, se superaría el valor máximo de ayuda por 
beneficiario o actuación establecido en la convocatoria, así como aquellas solicitudes que 
no lleguen al mínimo de puntuación establecido para ser elegibles según el anexo III.
c)  Posteriormente  se  evaluará  la  lista  en  sentido  descendente  de  puntuación, 
seleccionando aquellas solicitudes para las cuales, de ser aceptadas, no se superen los 
límites  de  presupuesto  establecidos  en  la  convocatoria,  si  bien,  si  el  presupuesto 
disponible no fuera suficiente para cubrir la totalidad de la ayuda de la última solicitud, 
quedará a decisión del solicitante el aceptar o renunciar a esta ayuda parcial.
Artículo 14.  Propuesta de resolución provisional.
1.  El órgano instructor, a la vista del expediente, y de la correspondiente propuesta 
que le eleve la Comisión Técnica de valoración, formulará la propuesta de resolución 
provisional de concesión de ayudas, debidamente motivada.
2.  El contenido de esta propuesta de resolución provisional incluirá al menos la 
siguiente información:
a)  La relación de las solicitudes para las que se propone la concesión de la ayuda, 
incluyendo:
1.º  El CIF del beneficiario.
2.º  Título del proyecto.
3.º  Localizaciones donde se realizará la actuación.
4.º  Importe de la ayuda total concedida, expresado en euros.
5.º  Puntuación obtenida.
b)  La relación de solicitudes admitidas para las que no se propone la concesión de 
la ayuda, incluyendo los motivos por los que no resultan beneficiarias y la puntuación 
obtenida.
c)  La relación de solicitudes inadmitidas y los motivos de la inadmisión.
3.  La propuesta de resolución provisional se notificará a los interesados mediante 
su publicación en la sede electrónica del IDAE, surtiendo dicha publicación los efectos de 
la notificación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre. Esta propuesta de resolución provisional no genera derecho alguno a favor del  es
beneficiario frente a la Administración. o
4.  En el plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente al de publicación en  6ww.
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5.  En  caso  de  que  algún  interesado  renuncie  a  una  ayuda  aprobada 
provisionalmente, se incluirá la nueva solicitud correspondiente, caso de liberarse fondos 
suficientes.
6.  Las  alegaciones  y  documentación  presentadas  serán  examinadas  por  la 
Comisión  Técnica  de  Valoración  quien,  en  su  caso,  procederá  a  reordenar  la 
correspondiente clasificación de las solicitudes admitidas y valoradas, elevando, en su 
caso, nueva propuesta al órgano instructor quien dictará, a la vista de la misma, la 
propuesta de resolución definitiva que elevará al Consejo de Administración y persona 
titular  de  la  presidencia  del  IDAE.  La  propuesta  de  resolución  definitiva  no  creará 
derecho alguno a favor del beneficiario frente a este Instituto.
Artículo 15.  Resolución definitiva.
1.  La  persona  titular  de  la  presidencia  del  IDAE  resolverá  y  notificará  el 
procedimiento de conformidad con lo previsto en los artículos 10 y 25 de la Ley 38/2003, 
de  17  de  noviembre,  previa  resolución  que  dicte  el  Consejo  de  Administración  de 
conformidad con lo establecido en el artículo 7.6 del Estatuto de IDAE, aprobado por 
Real Decreto 18/2014, de 17 de enero, en un plazo máximo de seis meses desde que se 
realice la publicación del extracto de la correspondiente convocatoria en el «Boletín 
Oficial del Estado».
La resolución definitiva se notificará a los interesados, dentro del mismo plazo, 
mediante su publicación en la sede electrónica del IDAE, en el plazo de diez días a partir 
de la fecha en que haya sido dictada, en los términos establecidos en el artículo 45 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, surtiendo dicha publicación los efectos de la notificación 
conforme  a  lo  establecido  en  dicho  artículo,  y  sin  perjuicio  de  la  remisión  de  la 
información correspondiente a la Base de Datos Nacional de Subvenciones.
El vencimiento del plazo máximo establecido, sin haberse notificado la resolución, 
legitima  a  los  interesados  para  entender  desestimada  por  silencio  administrativo  la 
solicitud de concesión de la subvención.
2.  En el plazo de diez días a contar desde la publicación y notificación de la 
resolución, los interesados deberán comunicar la aceptación de la resolución definitiva 
de concesión al órgano instructor. La falta de aceptación expresa por parte de los 
interesados, en los términos y plazos previstos anteriormente, supondrá su renuncia a la 
ayuda, y la pérdida del derecho al cobro de la misma, dictándose y notificándose, a tal 
efecto, resolución de la persona titular de la presidencia del IDAE, previa resolución del 
Consejo de Administración.
3.  Contra las resoluciones anteriores, que pondrán fin a la vía administrativa según 
lo establecido en el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y el artículo 7.6 del 
Estatuto del IDAE, aprobado por Real Decreto 18/2014, de 17 de enero, se podrá 
interponer recurso potestativo de reposición en los términos y plazos previstos en los 
artículos  123  y  124  de  la  citada  ley  o  recurso  contencioso-administrativo  ante  la 
jurisdicción contencioso-administrativa.
CAPÍTULO IV
Justificación y ejecución de las actuaciones incentivables
Artículo 16.  Plazo de justificación y documentación justificativa de realización de la 
actuación. e.e
1.  La justificación por parte de los beneficiarios de la realización de las actuaciones  6ww.
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actuaciones objeto de ayuda se realizará a través de la sede electrónica del IDAE,
mediante escrito dirigido al órgano instructor, junto al que se aportará la documentación 
definida en el anexo V.
3.  Con  independencia  de  lo  anterior,  el  órgano  instructor  podrá  elaborar 
instrucciones de acreditación y justificación complementarias para los casos en los que 
la complejidad de la actuación o el importe elevado de la ayuda así lo requieran.
4.  La no justificación en plazo por parte de los beneficiarios de la ayuda, de acuerdo 
con lo establecido en los apartados anteriores, podrá suponer la pérdida del derecho a 
su percepción o el reintegro de la misma.
5.  Una vez justificada la actuación, el IDAE procederá a verificarla y, en su caso, se 
procederá al pago, según lo previsto en el artículo 18.
6.  El órgano instructor podrá requerir del beneficiario la aportación de cualquier 
documentación justificativa adicional a la expuesta, para verificar la efectiva adecuación 
de la actuación ejecutada a la que fue objeto de ayuda, así como nuevos elementos que 
permitan  la  monitorización  por  parte  de  la  Comisión  Europea  en  el  Operational 
Arrangement (OA), quedando el beneficiario obligado a su entrega en un plazo máximo 
de diez días hábiles desde la recepción de la comunicación que se le efectúe por parte 
de aquél.
7.  El IDAE podrá realizar verificaciones sobre el terreno de operaciones concretas.
8.  El órgano instructor podrá, o bien designar al personal que estime oportuno o 
bien utilizar los servicios de empresas independientes especializadas para realizar el 
seguimiento, control y verificación de las actuaciones aprobadas, no sólo en la fase final 
de comprobación, sino también en momentos intermedios, donde se puedan comprobar 
los fines sobre los cuales se conceden las ayudas.
9.  El IDAE o cualquier organismo fiscalizador, nacional o de la Unión Europea, 
podrán solicitar al beneficiario en cualquier momento, durante un plazo de cinco años a 
contar desde la fecha de conclusión del plazo de justificación establecido, la exhibición 
de cualquiera de los documentos originales que hayan servido para el otorgamiento de la 
ayuda, o para justificar la realización de la actuación (incluyendo facturas y justificantes 
de pago de las mismas). En caso de que el beneficiario no facilitase la exhibición de los 
documentos originales solicitados en un plazo de un mes a contar desde el día siguiente 
al que se le hubiera requerido, se considerará tal circunstancia como un incumplimiento 
de la obligación de justificación del destino de la ayuda otorgada. En este sentido, 
procederá, en su caso, la pérdida del derecho a recibir la ayuda o el reintegro de la 
misma, en los términos establecidos en los artículos 37 y 38 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre.
10.  Los beneficiarios de la ayuda serán incluidos en una lista de beneficiarios 
publicada de conformidad con el artículo 115.2 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013. Asimismo, las ayudas 
concedidas se publicarán en la Base de Datos Nacional de Subvenciones de acuerdo 
con lo estipulado en el artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Artículo 17.  Plazo de ejecución de las actuaciones y modificación de la resolución.
1.  Plazo de ejecución de las actuaciones: El plazo máximo para la ejecución de las 
actuaciones objeto de ayuda será de 18 meses, contados a partir de la fecha de 
notificación de la resolución favorable de concesión de ayuda.
2.  Podrá ampliarse el anterior plazo de ejecución de las actuaciones mediante la 
modificación  de  la  resolución  definitiva  de  concesión  de  ayuda,  que  habrá  de  ser 
solicitada por el beneficiario antes de que concluya el plazo para la realización de la  e.
actuación objeto de ayuda. La decisión sobre la aceptación o no de dicha solicitud de  w.b
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las medidas técnicas y de planificación mínima que les resultaban exigibles. En ningún
caso se podrá autorizar una ampliación del plazo para la realización de la actuación 
objeto de ayuda que supere, en su cómputo total, los veinticuatro meses contados desde 
la fecha de notificación de la resolución definitiva de concesión de la ayuda.
Artículo 18.  Certificación provisional, pago de la ayuda y certificación definitiva.
1.  Una  vez  realizadas  las  actuaciones  de  comprobación  y  verificación  de  la 
justificación descrita en el artículo 16 de la presente orden, el órgano instructor emitirá 
una certificación provisional acreditativa del grado de cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en la resolución de concesión de la ayuda, con las modificaciones de dicha 
resolución que, en su caso, se hubieran aprobado. Dicha certificación provisional será 
notificada al beneficiario.
2.  La  certificación  provisional  incluirá  la  información  que  se  especifique  en  la 
convocatoria correspondiente. El beneficiario dispondrá de un plazo de 10 días hábiles 
para  aceptar  la  certificación  o,  en  su  caso,  presentar  las  alegaciones  que  estime 
oportunas.
3.  Una vez analizadas las alegaciones que, en su caso, pudiera haber presentado 
el beneficiario, el órgano instructor realizará la certificación definitiva y se procederá al 
pago de la ayuda por parte de IDAE.
4.  La certificación definitiva indicará la cuantía definitiva de la ayuda otorgada, así 
como la información que la correspondiente convocatoria especifique.
CAPÍTULO V
Control, reintegro y publicidad de las ayudas
Artículo 19.  Gestión, seguimiento y control.
1.  El  órgano  concedente  en  el  ámbito  de  sus  competencias,  garantizará  la 
adecuada gestión, interpretación y resolución de todos los aspectos relativos a los 
expedientes de concesión de ayudas solicitadas, así como el seguimiento, evaluación y 
control de las mismas.
2.  Asimismo, las convocatorias podrán establecer el procedimiento de seguimiento, 
que deberá ser eficaz, transparente y basado en la calidad y el impacto científico-técnico 
y socioeconómico de las actuaciones financiadas, para lo cual podrán prever la creación 
de cuantas comisiones estimen necesario.
3.  El seguimiento de la actuación se realizará en los términos que determinen las 
convocatorias.
4.  El  seguimiento  deberá  basarse  en  la  documentación  o  información  que  se 
solicite al beneficiario, en indicadores objetivos establecidos al efecto y públicamente 
conocidos y comparables, así como en presentaciones presenciales y públicas con quien 
determine el órgano instructor, que podrán desarrollarse en lengua inglesa si así lo 
determinan las convocatorias.
5.  Las convocatorias podrán establecer mecanismos que permitan proceder a una 
minoración de la ayuda concedida en los casos en que las actividades de seguimiento 
pongan de manifiesto un grado de cumplimiento de los indicadores inferior al establecido 
en la resolución de concesión.
6.  Las  convocatorias  podrán  especificar  el  cumplimiento  de  hitos  de  control 
intermedios. es
Artículo 20.  Instrucciones de cumplimiento. 6ww.
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Ooprdeeranc iyo nlaess  rseusbpveecnticviaosn acodnavso.catorias y para la ejecución y certificación de gastos de las  BOE-A-cable e
Artículo 21.  Incumplimientos, reintegros y sanciones. Criterios de graduación de los 
posibles incumplimientos.
1.  El incumplimiento de cualquiera de las condiciones impuestas con motivo de la 
concesión de las ayudas del programa de incentivos objeto de esta orden y de las 
obligaciones y requisitos esenciales establecidos por estas bases, la convocatoria y 
resolución de concesión correspondiente, así como la concurrencia de cualquiera de los 
supuestos establecidos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, serán 
causas suficientes para determinar la pérdida del derecho al cobro o el reintegro de la 
ayuda conforme al procedimiento establecido en dicha ley.
2.  La realización en plazo de sólo una parte de la actuación comprometida, dará 
lugar al ajuste y perdida del derecho al cobro parcial de la ayuda otorgada, siempre que 
como mínimo se haya ejecutado el 50 % del coste elegible comprometido y lo ejecutado 
tuviera  utilidad  propia.  Caso  de  no  haberse  ejecutado  un  mínimo  del  50  %  de  la 
actuación comprometida, se procedería a la pérdida del derecho al cobro de la ayuda o 
el reintegro correspondiente por incumplimiento total del objetivo que fundamentó la 
concesión de la ayuda.
3.  Podrá dar lugar, así mismo, a la pérdida del derecho al cobro o el reintegro de la 
ayuda, el informe desfavorable de fiscalización de cualquiera de las administraciones 
correspondientes (Intervención General de la Administración del Estado, Tribunal de 
Cuentas, Comisión Europea), que concluya con la necesidad de devolución de la ayuda 
concedida, basado en cualquier incumplimiento de la normativa de aplicación a las 
mismas, así como, en caso de incumplimiento del principio de «no causar un perjuicio 
significativo  al  medio  ambiente»,  y  de  las  condiciones  recogidas  en  la  medida,  el 
beneficiario final deberá reintegrar las cuantías percibidas.
4.  Si se pone en riesgo la consecución de los hitos y objetivos de la componente 
del PRTR en la que este programa de ayudas se encuentra incluida, por falta de 
cumplimiento de obligaciones, compromisos o hitos de control intermedios establecidos, 
en su caso, procederá al reintegro de la ayuda.
El cumplimiento de los hitos de control intermedios, en su caso, será obligatorio, y 
supondrá la pérdida de derecho de la ayuda en caso de incumplimiento y el reintegro de 
las cantidades percibidas.
5.  Será de aplicación el procedimiento de revocación y reintegro previsto en la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio.
En particular, será de aplicación lo previsto en el título IV de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, si concurren los supuestos de infracciones administrativas en materia de 
subvenciones y ayudas públicas.
Las infracciones podrán ser calificadas como leves, graves o muy graves, de acuerdo 
con los artículos 56, 57 y 58 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. La potestad 
sancionadora por incumplimientos se establece en el artículo 66 de la misma.
Artículo 22.  Información, comunicación y visibilidad. Publicidad.
1.  Toda referencia a la actuación objeto de las ayudas reguladas por las presentes 
bases  en  publicaciones,  actividades  de  difusión,  páginas  web  y  en  general  en 
cualesquiera medios de difusión debe cumplir con los requisitos que figuren en el Manual 
de Imagen del Programa MOVES Flotas que estará disponible en la web del IDAE, en el 
que figurarán el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y el  e
Programa MOVES Flotas, en el marco del PRTR y el MRR, todo ello conforme a lo que  bo
se establezca al respecto en la normativa de aplicación a los mismos, así como en los  6w
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2.  Los perceptores de financiación de la Unión Europea deben de mencionar el 
origen de esta financiación y garantizar su visibilidad, en particular cuando promuevan 
las actuaciones subvencionables y sus resultados, facilitando información coherente, 
efectiva  y  proporcionada  dirigida  a  múltiples  destinatarios,  incluidos  los  medios  de 
comunicación y el público.
3.  Publicidad: La publicidad de las ayudas concedidas se llevará a cabo a través del 
sitio  web  del  IDAE  (www.idae.es)  y  a  través  de  la  Base  de  Datos  Nacional  de 
Subvenciones y el «Boletín Oficial del Estado».
Artículo 23.  Protección de datos de carácter personal.
El cumplimiento de la normativa establecida en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, será 
responsabilidad  del  órgano  concedente,  ante  quien  los  interesados  podrán  ejercer 
personalmente sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición.
Disposición final primera.  Títulos competenciales.
Esta orden se dicta al amparo de lo dispuesto en las reglas 13.ª, 23.ª y 25.ª que 
atribuyen al Estado las competencias sobre bases y coordinación de la planificación 
general  de  la  actividad  económica,  legislación  básica  sobre  protección  del  medio 
ambiente y bases del régimen minero y energético, respectivamente.
Disposición final segunda.  Entrada en vigor.
Esta Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado».
Madrid, 17 de diciembre de 2021.–La Vicepresidenta Tercera del Gobierno y Ministra 
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera Rodríguez.
ANEXO I
Actuaciones incentivables
Serán elegibles proyectos integrales de renovación de flota, que incluyan al menos, 
la Actuación 1 de las siguientes que se enumeran:
Actuación 1. Adquisición de vehículos eléctricos y de pila de combustible
1.  Será  actuación  subvencionable  la  adquisición  directa  o  por  medio  de 
operaciones de financiación por leasing financiero o arrendamiento por renting (también 
llamado leasing operativo) de vehículos nuevos, matriculados por primera vez en España 
a nombre del beneficiario de la ayuda, salvo en los casos de renting en los que podrá 
estar matriculado a nombre de la empresa de renting.
También será subvencionable la adquisición de vehículos eléctricos y de pila de 
combustible de categorías M1, N1, L3e, L4e y L5e con una antigüedad máxima que será 
fijada en la convocatoria, contada desde su primera matriculación en España, hasta la 
fecha de registro de solicitud, siempre que dicho vehículo no haya sido objeto de una 
ayuda anterior por el titular o titulares anteriores. es
Los vehículos objeto de ayuda deberán operar en más de una comunidad autónoma,  o
pudiendo no estar fijados a un territorio en particular. Esta singularidad se acreditará en  6ww.
lqau ed Leaafcin ofiamccióptunar ñada eyrlá  p saae grlavo i csdiooel ilc qpiutrueed c rideoea d laiezyla uv dleaah .ífcloutlao ,q iunec lusied od eetla allbaorán oe nd el ap oMseibmleosr iaca dnetisdcardipetsiv aa   2021-2119n https://w
cuenta o bajo cualquier otro concepto, deberá ser realizado en fecha posterior a la fecha
de registro de la solicitud y la titularidad del vehículo incentivado deberá mantenerse al 
menos dos años.
La  convocatoria  de  ayudas  podrá  fijar  un  número  mínimo  de  vehículos  que 
constituyen la flota así como un número mínimo de vehículos a incentivar por solicitud.
2.  En relación a los vehículos susceptibles de ayudas, según los actos delegados 
del Reglamento de Taxonomía y el principio de no hacer daño significativo al medio 
ambiente, no serán financiables los vehículos M1 y N1 cuyas emisiones sean superiores 
a 50 gCO /km y los vehículos de categoría L de más de 0 gCO /km. Los vehículos objeto 
2 2
de ayuda, deberán pertenecer a alguna de las categorías siguientes:
a)  Turismos M1: Vehículos de motor con al menos cuatro ruedas diseñados y 
fabricados  para  el  transporte  de  pasajeros,  que  tengan,  además  del  asiento  del 
conductor, ocho plazas como máximo.
b)  Furgonetas o camiones ligeros N1: Vehículos de motor concebidos y fabricados 
principalmente  para  el  transporte  de  mercancías  y  cuya  masa  máxima  en  carga 
técnicamente admisible (MMTA) no supere las 3,5 toneladas.
c)  Cuadriciclos ligeros L6e: Cuadriciclos ligeros cuya masa en vacío sea inferior o 
igual  a  350  kg,  no  incluida  la  masa  de  las  baterías,  cuya  velocidad  máxima  por 
construcción sea inferior o igual a 45 km/h, y potencia máxima inferior o igual a 4 kW.
d)  Cuadriciclos pesados L7e: Vehículos de cuatro ruedas, con una masa en orden 
de marcha (no incluido el peso de las baterías) inferior o igual a 450 kg en el caso de 
transporte de pasajeros y a 600 kg en el caso de transporte de mercancías, y que no 
puedan clasificarse como cuadriciclos ligeros.
e)  Motocicletas  L3e,  L4e,  L5e:  Vehículos  con  dos  ruedas,  o  con  tres  ruedas 
simétricas o asimétricas con respecto al eje medio longitudinal del vehículo, de velocidad 
mayor a 50 km/h y cuyo peso bruto vehicular no exceda de una tonelada.
f)  Ciclomotores L1e y L2e: Vehículos de dos o tres ruedas con una velocidad 
máxima por construcción no superior a 45 km/h de potencia continua nominal máxima 
inferior o igual a 4 kW.
3.  Los modelos de vehículos susceptibles de ser incentivados deben figurar en la 
Base  de  Vehículos  del  IDAE  (http://coches.idae.es/base-datos/vehiculos-elegibles-
programa-MOVES), salvo para el caso de L1e y L2e que no se exigirá, y cumplir los 
siguientes requisitos:
a)  Pertenencia a alguno de los siguientes tipos:
i.  Vehículos eléctricos puros (BEV), propulsados total y exclusivamente mediante 
motores eléctricos cuya energía procede, parcial o totalmente, de la electricidad de sus 
baterías, utilizando para su recarga la energía de una fuente exterior al vehículo, por 
ejemplo, la red eléctrica.
ii.  Vehículos  eléctricos  de  autonomía  extendida  (EREV),  propulsados  total  y 
exclusivamente mediante motores eléctricos cuya energía procede, parcial o totalmente, 
de la electricidad de sus baterías, utilizando para su recarga la energía de una fuente 
exterior al vehículo y que incorporan motor de combustión interna de gasolina o gasóleo 
para la recarga de las mismas.
iii.  Vehículos  híbridos  «enchufables»  (PHEV),  propulsados  total  o  parcialmente 
mediante motores de combustión interna de gasolina o gasóleo y eléctricos cuya energía 
procede, parcial o totalmente, de la electricidad de sus baterías, utilizando para su  s
recarga la energía de una fuente exterior al vehículo, por ejemplo, la red eléctrica. El  e.
motor eléctrico deberá estar alimentado con baterías cargadas desde una fuente de  w.
eexncelriuvgs.í iav aVemxetheeínrcntueal o.e enleércgtíraic oe ldéec tcriéclau lapsro dcee dceonmteb udseti bulnea ( FpCilVa )d: eV echoícmublou setliébcletr idceo  qhuider óugtielinzoa   2021-2119n https://w
embarcado.
v.  Vehículo eléctrico híbrido de células de combustible (FCHV): Vehículo eléctrico 
de células de combustible que equipa, además, baterías eléctricas recargables.
b)  Los  vehículos  nuevos  M1  y  N1,  que  se  acojan  al  programa  de  incentivos, 
deberán contar con un descuento de al menos 1.000 euros en la factura de venta por 
parte del fabricante/importador o punto de venta del vehículo adquirido, a trasladar al 
beneficiario de la ayuda.
c)  Para los vehículos pertenecientes a la categoría L se exige:
I.  Estar propulsados exclusivamente por motores eléctricos y estar homologados 
como vehículos eléctricos.
II.  Las motocicletas eléctricas nuevas (categorías L3e, L4e y L5e) susceptibles de 
ayuda han de tener baterías de litio, motor eléctrico con una potencia del motor igual o 
superior a 3 kW, y una autonomía mínima de 70 km.
III.  Los ciclomotores (categorías L1e y L2e) susceptibles de ayuda deberán tener 
baterías de litio y una autonomía mínima de 60 km.
d)  Asimismo, y en el caso de adquisición de vehículos de categorías M1, N1 y L, se 
podrá incrementar el importe de ayuda para la adquisición del vehículo subvencionable, 
en la cuantía recogida en el anexo III de este real decreto, si el destinatario último 
acredita la baja definitiva en circulación de un vehículo matriculado en España, siendo su 
titular en el Registro de Vehículos de la Dirección General de Tráfico, y siempre que 
sendos vehículos reúnan los requisitos que en esta Orden se detallan.
En este caso, el destinatario último de la ayuda, que será adquirente titular del 
vehículo subvencionable o el arrendatario del vehículo en el caso de las operaciones de 
renting o leasing operativo, podrá acreditar la baja definitiva en circulación del vehículo a 
achatarrar en el Registro de Vehículos de la Dirección General de Tráfico mediante la 
presentación  del  correspondiente  certificado  acreditativo  de  la  baja  definitiva  del 
vehículo. El vehículo a achatarrar deberá ser, indistintamente, de categoría M1 o N1, 
para el caso de adquisiciones de vehículos M1 o N1, o M1, N1 o L para el caso de 
adquisiciones de vehículos de categoría L, y estar matriculado en España al menos siete 
años antes de fecha de registro de solicitud. Adicionalmente, e independientemente de la 
categoría del vehículo a achatarrar, el destinatario último de la ayuda deberá ostentar la 
titularidad del vehículo achatarrado al menos durante los doce meses anteriores a la 
fecha de registro de solicitud, así como presentar el último recibo del Impuesto de 
Vehículos de Tracción Mecánica, debidamente abonado, al menos desde el año anterior 
al año de solicitud de la ayuda.
1.  Las adquisiciones de vehículos por medio de operaciones de financiación por 
renting solo podrán ser objeto de ayuda a condición de que:
a)  El correspondiente contrato de arrendamiento establezca una duración mínima 
de dos años desde la fecha de su entrada en vigor y cuya formalización sea en todo 
caso, posterior a la fecha de registro de la solicitud de ayuda.
b)  El  contrato  de  arrendamiento  deberá  establecer  expresamente  que  el 
arrendatario es el destinatario último de la ayuda que se otorgue, debiendo constar en el 
mismo, también expresamente, que una vez la empresa de renting reciba el pago del 
importe de la misma en esa fecha aplicará el total de dicha ayuda a la reducción de las 
cuotas de pago o renta del arrendamiento que queden por satisfacer por parte del 
arrendatario. e.e
c)  El contrato recogerá que, en caso de que el importe de la suma de las cuotas  b
prpeeennntddiniieegnn ttaeel s  ddpeeo sra tbianobanotaanrra iora  l fúudleteirmsat oini nafatea rrilioaor   úafilnlt iamimliozp aodcreitóebn e dráed  eslla e rca oaynubtdroaant,ao d eold  eep xocare rrdleaen ncdtoaemm dpieean ñtaíoay.u  ddEeal    2021-21196n https://ww
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operaciones de renting, el beneficiario de la ayuda firmará un documento de cesión del 
derecho de cobro a favor de la compañía de renting que formalice la operación.
Actuación 2. Instalación de puntos de recarga en el aparcamiento de la flota, como 
parte del proyecto de electrificación de la empresa
Siempre que se incluya en la solicitud de ayuda la Actuación 1, serán adicionalmente 
actuaciones  subvencionables  los  sistemas  de  recarga  de  baterías  para  vehículos 
eléctricos en la modalidad de adquisición directa. Deberán ser predominantemente, de 
uso privado de la flota que se renueva.
Se consideran como costes subvencionables el proyecto, la obra civil, los costes de 
ingeniería  y  dirección  de  obra,  el  coste  de  la  propia  infraestructura  de  recarga,  la 
instalación  o  actualización  de  cualquier  elemento  eléctrico,  incluido  en  su  caso,  el 
transformador, trabajos de conexión a la red de distribución, centros de seccionamiento y 
transformación  y  acometida  de  media  tensión,  necesarios  para  conectar  la 
infraestructura de recarga a la red o a la unidad de producción o almacenamiento local 
de  electricidad,  los  costes  de  instalación  y  costes  por  permisos  relacionados  y 
necesarios. Los costes de la unidad de producción renovable o almacenamiento local 
para  generar  o  almacenar  la  energía  eléctrica,  caso  de  existir,  serán  elegibles 
únicamente  si  están  exclusivamente  dedicados  al  punto  de  recarga  y  se  pueden 
considerar parte de la estación de recarga. No podrán ser elegibles por tanto unidades 
de producción de energía renovable conectadas a la red, aunque estén vinculadas 
parcialmente al punto de recarga. También se considerará subvencionable, caso de 
existir, el sistema de gestión, control y seguridad.
No  se  considera  subvencionable  la  instalación  de  contadores  inteligentes,  que 
habrán  de  ser  facilitados  por  las  compañías  eléctricas  a  los  usuarios  finales, 
generalmente bajo régimen de alquiler.
En relación a las actuaciones de obra civil, les resulta de aplicación el condicionado 
específico para este tipo de actividades recogido en el anexo IV.2 de la Guía para el diseño y 
desarrollo de actuaciones acordes con el principio de no causar un perjuicio significativo al 
medio ambiente publicada por MITERD. https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/recuperacion-
transformacion-resiliencia/transicion-verde/guiadnshmitecov20_tcm30-528436.pdf.
Para las instalaciones conectadas en baja tensión, instalación de acuerdo con el 
Reglamento  electrotécnico  de  baja  tensión  (REBT)  aprobado  por  el  Real 
Decreto 842/2002, de 2 de agosto, concretamente ITC-BT-52. Deberá contar con grado 
de protección IP e IK adecuado en función de la ubicación según REBT. Alimentación: 
monofásica o trifásica 230-400 VAC. Protecciones eléctricas de acuerdo con la normativa 
de seguridad y Declaración CE.
A efectos de clasificar la instalación por su potencia, en caso de existir distintas 
potencias en un mismo sistema de recarga, éste se clasificaría atendiendo a la potencia 
máxima de los puntos de recarga de la instalación.
Actuación 3. Costes de transformación de la flota hacia la electrificación
Siempre que se incluya en la solicitud de ayuda la Actuación 1, serán también 
elegibles las siguientes actuaciones:
– Coste de adquisición e implantación de sistema de gestión de la flota o adaptación 
del existente, que permita, entre otros, digitalizar el control de rutas o gestionar la  e.e
recarga, así como formación en su uso, del personal de la empresa solicitante de la  b
saoyluicd–iat a,C ncotaess,t eop  aderean  s ueinmra pn caeorctneicdsióuancric ai.dóen  ecfuicriseonst e ddee  lfao rfmloatac ieólné cdtreic ac.onductores  de  la  empresa  2021-21196n https://ww
Sólo se considerarán elegibles, las inversiones que se realicen en la adquisición de
bienes o de servicios por parte del beneficiario de la ayuda que puedan justificarse
mediante el correspondiente pedido y/o contrato relativos a las actuaciones realizadas, 
con  sus  correspondientes  facturas  y  justificantes  de  pago  al  proveedor.  No  se 
considerarán, por tanto, subvencionables los costes propios (personal, funcionamiento o 
gastos generales).
A efectos de validar que el coste elegible de las actuaciones es competitivo dentro 
del mercado, se adjuntarán tres ofertas para cada una de las actuaciones que se 
realicen. Caso de no ser posible, deberá justificarse.
ANEXO II
Declaración responsable
Don/Doña  ..................................................................................................................... 
Nacionalidad: ................................, con NIF/NIE/:......................................., en su propio 
nombre  y  en  representación  de  ............................................................,  con  NIF 
número  .....................................,  domicilio  en:  ..................................................., 
Localidad:  ....................,  CP:  ........,  Provincia:  ......................,  Teléfono:  ..................., 
Fax: ......................, e-mail: .........................., Domicilio a efectos de comunicaciones (si 
es  distinto  del  anterior):  .................................,  N.º:  .......,  Esc:  .......,  Piso:  ........., 
Localidad:  ..........................................,  CP:  ...........,  Provincia:  ..........................., 
Teléfono: ....................., Fax: ...................., e-mail: ................................
La representación se ostenta en virtud de .....................................
DECLARA:
1.  Que  .............................................  (denominación  entidad  solicitante),  no  se 
encuentra  incurso  en  ninguna  de  las  situaciones  previstas  en  el  artículo  13  de  la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, haciendo constar, así 
mismo,  que  se  encuentra  al  corriente  en  el  cumplimiento  de  sus  obligaciones  de 
reintegro  de  otras  subvenciones  o  ayudas  recibidas,  conforme  a  los  términos 
establecidos en el artículo 21 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, no encontrándose sujeta a 
una orden de recuperación pendiente, sobre cualquier subvención que le hubiera sido 
otorgada con anterioridad, bien por haberse declarado ayuda ilegal e incompatible con el 
mercado interior, o bien por cualquier tipo de incumplimiento de las obligaciones que le 
vinieran atribuidas en la concesión.
2.  Que ............................................ (denominación entidad solicitante):
a)  No  ha  solicitado  ni  recibido  otras  subvenciones  o  ayudas  para  la  misma 
actuación o finalidad que la solicitada en el contexto de este Programa de ayudas, de 
cualquier Administración, organismo o entidad pública, nacional o internacional (táchese 
lo anterior, si no procede).
b)  Ha solicitado u obtenido las siguientes subvenciones o ayudas, para la misma 
actuación o finalidad que la solicitada en el contexto del Programa de ayudas, de la/s 
siguiente/s  Administración/es,  organismo/s  o  entidad/es  pública/s,  nacional/es  o 
internacional/es, por el importe/s que asimismo se especifica/n:
Entidad  concedente  ..................................,  Importe  ayuda:  ......................, 
Programa: ........................ Indicar Estado de la ayuda: (solicitada/concedida/pagada). e.
Entidad  concedente  .................................,  Importe  ayuda:  ..........................,  w.
pParoggardaam) a..:. ........................................................ ...I.n..d..i.c..a..r. ....E..s..t.a..d..o.. ....d..e..  la  ayuda:  (solicitada/concedida/ 2021-2119n https://w
(Nota: En caso de no haber solicitado ni recibido ayudas indicar: NINGUNA).
3.  Que ................................ (denominación la empresa solicitante) no se encuentra 
en  situación  de  crisis,  según  lo  establecido  por  las  Directrices  Comunitarias 
(Comunicación de la Comisión, 2014/C 249/1, de 31 de julio de 2014) sobre ayudas 
estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis (táchese lo anterior, 
si el beneficiario no realiza actividad económica).
4.  Que .............................. (denominación de la entidad solicitante) (NOTA: Sólo 
aplicable  en  caso  de  organismos  públicos  vinculados  o  dependientes  de  entidades 
locales), a efectos del régimen de autorización de operaciones de endeudamiento, no 
está incursa en ninguno de los supuestos regulados en el artículo 53 del Texto refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales ni en los regulados en el artículo 13.5 de 
la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera.
5.  Que .................................. (Nombre, razón social o denominación de entidad 
solicitante), se compromete a comunicar de inmediato al IDAE cualquier modificación o 
variación de las circunstancias anteriores.
6.  Que .................................................. (Nombre, razón social o denominación de 
entidad solicitante), no ha iniciado la ejecución del proyecto antes de la fecha de registro 
de la solicitud de ayuda.
En ............................... a ... de ............................ de ............
(Firma del solicitante o de representante de la entidad)
ANEXO III
Cuantía de las ayudas
Actuación 1.  Adquisición de vehículos eléctricos y de pila de combustible.
Se establecen las siguientes cuantías individuales de ayuda fija que se abonará 
siempre que no se supere el límite de precio venta del vehículo establecido en la 
siguiente tabla, no procediendo el abono de la misma en caso contrario, y entendiéndose 
como precio para determinar dicho límite el precio de venta al cliente en el momento de 
solicitar  la  ayuda  o,  en  el  caso  de  inversiones  directas,  el  precio  resultante  de  la 
adjudicación correspondiente, antes de IVA o IGIC.
Para los casos de vehículos de categorías M1, N1 o L, en que el adquirente titular del 
vehículo subvencionable, o el arrendatario del vehículo en el caso de las operaciones de 
renting o leasing operativo, acredite la baja definitiva en circulación de un vehículo 
matriculado en España en el Registro de Vehículos de la Dirección General de Tráfico, la 
cuantía  de  la  ayuda  ascenderá  al  importe  establecido  en  la  columna  «Ayuda  con 
achatarramiento». El vehículo a achatarrar deberá ser, indistintamente, de categoría M1 
o N1 para los casos de adquisiciones de M1 o N1 o categoría M1, N1 o L para el caso de 
adquisiciones de categoría L, y en ambos casos, estar matriculado en España al menos 
siete años antes de la fecha de registro de solicitud y cumplir con los requisitos indicados 
en el anexo I.
2021-2119n https://w
La convocatoria podrá establecer límites de ayuda por beneficiario, así como un 
mínimo número de vehículos subvencionables.
Ayuda (euros)
Autonomía en modo de  Límite precio venta 
Motorización Categoría funcionamiento eléctrico  vehículo (euros) antes  Sin achatarramiento Con achatarramiento
(km) de IVA o IGC
PYME Gran Empresa PYME Gran Empresa
Pila combustible (FCV, 
– – 2.900 2.200 4.000 3.000
FCHV)
M1 Mayor o igual de 30 y 
45.000 (53.000 para  1.700 1.600 2.300 2.200
menor de 90.
PHEV, EREV, BEV, vehículos BEV de 8 
o 9 plazas)
Mayor o igual de 90. 2.900 2.200 4.000 3.000
N1 Mayor o igual de 30. 3.600 2.900 5.000 4.000
L6e – 800 600 1.000 800
–
PHEV, EREV, BEV,  L7e 1.200 1.000 1.500 1.200
Pila de combustible
L3e, L4e, L5e, 
Mayor o igual 70. 10.000 750 700 950 900
con P ≥ 3kW
L1e, L2e Mayor o igual 60. 6.000 250 200 300 230
Nota: La autonomía en modo de funcionamiento exclusivamente eléctrico se define como la distancia capaz de recorrer el vehículo utilizando exclusivamente la 
energía acumulada en sus baterías, y que declara el fabricante en la documentación técnica y comercial del vehículo.
Actuación 2 y 3.
La intensidad de la ayuda será del 40 % de los costes subvencionables, que podrá 
incrementarse  en  10  puntos  porcentuales  en  el  caso  de  las  ayudas  concedidas  a 
medianas empresas y en 20 puntos porcentuales si las ayudas van destinadas a micro y 
pequeñas empresas.
La convocatoria podrá establecer límites de ayuda por beneficiario.
ANEXO IV
Criterios de valoración y procedimiento de aplicación de las valoraciones
1. Criterios excluyentes
Son criterios excluyentes los siguientes:
a)  La no adecuación del proyecto a los requisitos de la convocatoria.
b)  No encuadrarse el proyecto en ninguna de las tipologías de actuación que 
figuran en el anexo I.
c)  Proyectos que no incluyan la Actuación 1.
d)  No serán elegibles aquellas actuaciones que directa o indirectamente ocasionen 
un perjuicio significativo al medio ambiente «principio DNSH», de acuerdo al artículo 17 
del Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio 
de 2020 relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles. 
Según la «Guía para el diseño y desarrollo de actuaciones acordes con el principio de no  e
causar un perjuicio significativo al medio ambiente», la renovación de vehículos por otros  bo
más  eficientes,  se  considera  una  actividad  elegible  que  no  tiene  un  bajo  impacto  6w
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establecidos el artículo 17 del Reglamento 2020/852, se deberán tener en cuenta los
condicionantes especificados en los apartados 3 y 8 del documento de la Componente 1, 
en concreto los relacionados con la evaluación del principio DNSH a nivel de medida. En 
concreto, en el apartado 8, para el objetivo de Economía circular se señala, en extracto, 
lo siguiente:
«Se velará por limitar la utilización de sustancias peligrosas en los vehículos con el 
objeto de facilitar su reciclado y evitar la necesidad de eliminar residuos peligrosos.
El diseño y producción de estos nuevos vehículos tendrán en cuenta y facilitarán el 
desmontaje, la reutilización y la valorización, especialmente, el reciclado de los vehículos 
al final de su vida útil aplicando el principio de jerarquía.
Se impulsará la integración cada vez mayor de materiales reciclados en los vehículos 
y en otros productos, con el fin de desarrollar el mercado de materiales reciclados 
siguiendo un enfoque de economía circular.
En  cuanto  al  consumo  de  materias  primas  (litio,  níquel  cobalto  magnesio  y 
grafito) […], se tenderá a cumplir el objetivo de reducción de la dependencia de la UE de 
las  importaciones  de  materias  primas  facilitando  el  acceso  a  fuentes  primarias  y 
secundarias dentro de la UE.
La medida apoyará las directrices recogidas en la Directiva 2006/66/CE relativa a 
pilas y acumuladores y a los residuos de pilas y acumuladores, así como lo expuesto en 
el informe de la Comisión al parlamento europeo sobre la ejecución del Plan de acción 
estratégico para las baterías.»
e)  No alcanzar una puntuación mínima de 50 puntos en los criterios de valoración 
que figuran en el siguiente apartado 2.
2. Criterios de valoración
Las solicitudes se valorarán de acuerdo con los siguientes criterios.
Puntuación 
Criterio de valoración
máxima
1. Ahorro de energía final y reducción emisiones CO2. (1) 30
2. Carácter integral del proyecto. (2) 10
3. Existencia de un Plan plurianual de renovación. (3) 30
4. Uso de la cadena de valor industrial y generación de empleo. 30
  Total. 100
(1)  El ahorro de energía final dependerá del número de vehículos que se renueven, de si existe 
achatarramiento, de la categoría del vehículo y de los km/anuales, es decir, del tipo de servicio. Se facilitarán 
factores de conversión para el cálculo del ahorro en el modelo de memoria.
(2)  El carácter integral se valorará en función de que incluya ayuda para las actuaciones 2 (disposición 
de infraestructura de recarga) y 3 (adaptación sistemas y formación).
(3)  Se valorará la existencia de un plan de renovación 2021-2022 y 2023, y no sólo el número absoluto 
de vehículos que se renuevan sino también porcentaje de la flota que representan.
2021-2119n https://w
ANEXO V
Documentación
1. Documentación para formular la solicitud de ayuda
a)  Formulario de Solicitud de ayuda: Se facilitará modelo en la sede electrónica 
de IDAE.
b)  Fotocopia del DNI, para los ciudadanos españoles, o de documento equivalente 
que acredite la identidad de los extranjeros y en el que figure el NIE, de la persona física 
titular del establecimiento o de la tarjeta de identificación fiscal donde conste el NIF de la 
persona jurídica, así como, en ambos casos, de su representante. No será necesaria su 
aportación si el interesado presta su consentimiento expreso para que sus datos de 
identidad personal puedan ser consultados por el órgano instructor mediante el Sistema 
de Verificación de Datos de Identidad. No obstante, conforme a lo establecido por el 
artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, se eximirá a los interesados de la 
presentación de documentación que haya sido elaborada por cualquier Administración, o 
que haya sido ya aportada anteriormente por los mismos, siempre que el interesado no 
se  oponga  a  que  la  administración  actuante  pueda  consultar  o  recabar  dichos 
documentos. Por su parte, la disposición adicional octava de la Ley Orgánica 3/2018, 
de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales  reconoce  la  potestad  de  verificación  de  las  administraciones  públicas,  en 
relación con los datos personales que obren en su poder, para comprobar la exactitud de 
los mismos.
c)  Las  personas  jurídicas,  públicas  o  privadas,  y  otras  entidades,  con  o  sin 
personalidad jurídica, además de lo establecido en el apartado anterior, deberán aportar 
documentación  acreditativa  de  las  facultades  de  representación  de  la  persona  que 
formule la solicitud de ayuda como representante de las mismas, debidamente inscrita, 
en su caso, en los registros públicos correspondientes. La intervención por medio de 
representante  de  las  entidades  solicitantes  o  beneficiarias  de  las  ayudas  exige  la 
acreditación  de  la  representación  necesaria  para  cada  actuación,  en  los  términos 
establecidos en el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
d)  Para el sector público: En el caso de una entidad vinculada o dependiente del 
sector  público  deberá  presentar  una  declaración  responsable  donde  acredite  su 
adscripción, especificando si se refiere a la Administración General del Estado, a una 
comunidad autónoma o a una entidad local.
e)  Para las empresas:
1.º  Certificado del Registro Mercantil o, en su defecto, poder notarial. En cualquiera 
de los casos, deberá aparecer el firmante de la solicitud de la ayuda como representante 
de la empresa.
2.º  Tarjeta de identificación fiscal (NIF).
3.º  Documentación  que  acredite  la  inscripción  en  el  censo  de  Empresarios, 
Profesionales y Retenedores.
4.º  Para las Medianas y Pequeñas Empresas, acreditación de dicha condición, 
según las definiciones contenidas en el artículo 3 del anexo I, del Reglamento UE 
n.º 651/2014, de la Comisión, de 17 de junio de 2014, aportando una Declaración 
responsable firmada por representante de la empresa que especifique: el volumen de 
negocios y cifra de balance general anual resultante de las cuentas anuales de la  e.
empresa solicitante y de las empresas asociadas o vinculadas, correspondientes al  w.
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efamciplirteasráa sm aosdoecloia edna sla o s evdinec uellaedcatrsó niniccalu dyee nIDdoA Elo.s datos de participación respectivos. Se  BOE-A-cable e
g)  Documentación acreditativa de encontrarse al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, cuando la cuantía de la ayuda 
supere los 10.000 euros por destinatario último, conforme a lo previsto por la letra c) del 
artículo 63 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban 
medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución 
del  Plan  de  Recuperación,  Transformación  y  Resiliencia  lo  que  deberá  verificarse 
conforme a lo dispuesto en los artículos 22 y 24 del Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, teniendo 
presente lo establecido por la disposición adicional octava de la Ley Orgánica 3/2018, 
de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales así como el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y el artículo 95.1.k) 
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y considerándose a este 
respecto que el beneficiario, con la presentación de su solicitud de ayuda, autorizará al 
órgano  administrativo  concedente  para  que  pueda  consultar  directamente  dicha 
información de forma directa con la Administración tributaria o de la Seguridad Social. No 
obstante, el solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar 
entonces las certificaciones correspondientes.
h)  Memoria descriptiva de las actuaciones a acometer, de acuerdo con el formato y 
modelo disponible en la página web del IDAE, www.idae.es, que tendrá como mínimo, el 
siguiente contenido:
i.  Identificación, descripción y planificación de la electrificación de la flota en los 
años 2021,2022 y 2023. Deberá indicarse en cuantas comunidades autónomas opera la 
empresa detallando el tipo de servicio realizado y su afección a más de una comunidad 
autónoma. Deberá indicarse para qué actuaciones del anexo 1 se solicita ayuda.
ii.  Presupuesto de inversión, coste elegible y ayuda solicitada. En los casos de 
solicitar ayuda para las actuaciones 2 y 3, se adjuntarán en anexo 3 ofertas para 
garantizar que el coste elegible declarado es competitivo.
iii.  Ahorro de energía final anual que supone la ejecución del proyecto y emisiones 
evitadas de CO , calculado según indicadores facilitados en el modelo de Memoria.
2
iv.  Uso  de  cadena  de  valor  industrial  (incluyendo  origen  de  fabricación  de  los 
componentes o vehículos, ya sea local, regional, nacional, europeo o internacional) o 
sinergias con otros ámbitos económicos, así como impacto en la generación de empleo.
i)  Declaración  responsable,  según  modelo  del  anexo  II,  que  acredite  el 
cumplimiento de los requisitos necesarios establecidos para adquirir la condición de 
beneficiario.
k)  Cuestionario de autoevaluación del cumplimiento del principio de «no causar un 
perjuicio  significativo»  al  medio  ambiente  en  el  marco  del  Plan  de  Recuperación, 
Transformación y Resiliencia (PRTR), conforme al anexo de la Guía para el diseño y 
desarrollo  de  actuaciones  acordes  con  el  principio  de  no  causar  un  perjuicio 
significativo al medio ambiente, debidamente cumplimentado. La evaluación podrá ser 
realizada  por  el  interesado  o  por  una  entidad  independiente.  El  formulario  está 
disponible en la web del MITECO:
«https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/recuperacion-transformacion-resiliencia/
transicion-verde/cuestionariodnshmitecov20_tcm30-529213.pdf y se facilitará en la sede 
electrónica del IDAE.
2. Documentación necesaria para justificar la actuación bo
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mediante  escrito  dirigido  al  órgano  instructor,  junto  al  que  se  aportará  la  siguiente 
documentación:
a)  Escrito  dirigido  al  órgano  instructor,  firmado  y  sellado  por  el  beneficiario, 
comunicando la fecha de comienzo y conclusión de las actuaciones, así como relación 
de la documentación que se aporta.
b)  Justificación documental de la realización de las actuaciones. La justificación 
documental debe realizarse mediante la aportación una memoria técnica acreditativa del 
cumplimiento de las condiciones impuestas en la resolución de concesión de la ayuda, 
con indicación de la adecuación de las actividades realizadas al Principio DNSH y de los 
resultados obtenidos siguiendo el formato y modelo que estará disponible en la página 
web del IDAE. Esta memoria técnica será realizada y suscrita por un técnico competente 
de la empresa, responsable del proyecto de electrificación de la flota.
Se  facilitará  un  anexo  a  dicha  Memoria  con  copia  de  las  Fichas  Técnicas 
(Tarjeta  ITV)  y  Permiso  de  Circulación  de  los  vehículos  adquiridos  o  fotocopia  del 
Permiso de Circulación provisional emitido por la Dirección General de Tráfico. En los 
casos en que se emita Permiso temporal para vehículos cuya matrícula comience con la 
letra P, se exigirá la aportación de fotocopia del Permiso de Circulación definitivo en el 
plazo de subsanación que se establezca. Además, en los casos de vehículos eléctricos y 
de pila de combustible de hasta 12 meses de antigüedad, se aportará el permiso de 
circulación del vehículo a nombre del que realice la venta del vehículo al beneficiario de 
la ayuda y una declaración responsable del titular que realice la venta, indicando que el 
vehículo no ha tenido ayuda en ningún programa anterior.
En el caso de renting o leasing operativo, se adjuntará adicionalmente copia del 
contrato de renting o leasing operativo, que establezca una duración mínima de dos años 
y donde figure como arrendatario del mismo el solicitante de ayuda. La fecha de este 
contrato deberá ser posterior a la fecha de registro de la solicitud de ayuda. Además, se 
incluirá expresamente que la empresa de renting repercutirá el total de la ayuda en las 
cuotas del arrendatario que queden por abonar con efectos desde la fecha en que la 
empresa de renting reciba el importe de la ayuda. En caso de que el importe de la suma 
de las cuotas pendientes por abonar fuera inferior al importe de la ayuda, el contrato de 
renting habrá de recoger también la forma y plazo de abono del excedente de ayuda al 
destinatario último a la finalización del contrato de arrendamiento.
Se adjuntará documento de endoso o de cesión del derecho de cobro en el que el 
beneficiario de la ayuda autorice a la empresa de renting a recibir la ayuda.
En caso de existir achatarramiento de un vehículo cuyo titular deberá ser la empresa 
beneficiaria de la ayuda, se aportará:
i.  Copia del «Certificado acreditativo de la baja definitiva del vehículo», por parte del 
correspondiente Centro Autorizado de Tratamiento de Vehículos (CAT), en nombre de la 
Dirección General de Tráfico o, en su defecto, informe del Registro General de Vehículos 
de la correspondiente Jefatura Provincial de Tráfico, que acredite la baja definitiva.
ii.  Copia del Permiso de Circulación del vehículo donde conste su fecha de primera 
matriculación, fecha de matriculación en España y fecha de expedición. En ausencia de 
cualquiera de estos documentos, se aportará el Informe de la Dirección General de 
Tráfico con el historial del vehículo.
iii.  Copia del recibo del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica del vehículo 
achatarrado, debidamente abonado, al menos desde el ejercicio de 2020.
c)  Relación certificada y copia de los pedidos y/o los contratos relativos a las  oe.
actuaciones realizadas. 6ww.
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exime de la obligación de presentar aquellas facturas que tengan un importe inferior
a 3.000 euros. Las facturas de compraventa de vehículos, a nombre del beneficiario o,
en los casos de adquisiciones por renting o leasing financiero, a nombre de la empresa 
de renting o leasing, deberán ser de fecha posterior a la fecha de registro de la solicitud 
de ayuda. Para el caso de adquisición de vehículos, en la factura deberá constar la 
matrícula o número de bastidor, marca, modelo y versión del vehículo adquirido y un 
descuento por parte del fabricante/importador o punto de venta de al menos 1.000 euros 
para las adquisiciones de vehículos de categorías M1 y N1, por el «Programa MOVES 
Flotas», que deberá reflejarse antes de la aplicación de IVA o IGIC.
Los conceptos que figuren en las facturas deberán corresponderse con los que 
figuren en el presupuesto presentado en la solicitud de ayuda dentro de la Memoria 
descriptiva, y que habrán servido para realizar la valoración de las solicitudes, así como 
formular las resoluciones correspondientes. Así mismo, los justificantes de pago deberán 
ser  claramente  identificables  y  relacionables  con  las  facturas  aportadas  y  deberán 
permitir identificar al beneficiario siendo este el único pagador, ya sea mediante un pago 
directo  por  el  mismo  o  en  su  nombre  (mediante  la  correspondiente  acreditación 
documental), al tercero que percibe las cantidades pagadas y la fecha de pago (fecha 
valor)  o  salida  efectiva  de  los  fondos  del  beneficiario.  El  IDAE  no  admitirá  como 
justificación de las actuaciones realizadas, facturas o pagos que no respondan a estos 
requisitos.
Con carácter general, se considerará realizado el pago o gasto correspondiente 
cuando  haya  sido  satisfecho  efectivamente  con  el  correspondiente  justificante,  no 
aceptándose pagos en metálico. Si la forma de pago es una transferencia bancaria, ésta 
se justificará mediante copia del resguardo del cargo de la misma, debiendo figurar en el 
concepto de la transferencia el número de factura o, en defecto de éste, el concepto 
abonado. En todos los justificantes de pago que se aporten, el beneficiario debe figurar 
como emisor del pago, bien sea mediante un pago directo o en su nombre (mediante la 
acreditación documental correspondiente). Su fecha deberá ser, en todo caso, posterior 
a la fecha de registro de la solicitud de ayuda.
e)  Obligatoriamente,  para  las  subvenciones  concedidas  por  importe  superior 
a 100.000 euros y opcionalmente para el resto, deberá entregarse cuenta justificativa 
con aportación de informe de auditor, según lo previsto en el artículo 74 del Reglamento 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio.
El alcance y condiciones de la revisión de la cuenta justificativa será determinado por 
el IDAE en una «Guía para la justificación de la realización de las actuaciones», que 
estará disponible en la sede electrónica de IDAE. El gasto derivado de la elaboración del 
informe de auditor mencionado tendrá la consideración de gasto financiable, sin exceder 
la cantidad de 7.000 euros por expediente. La realización y pago de dicho informe podrá 
efectuarse durante el periodo concedido para presentar la documentación justificativa. 
En caso de aportarse informe de auditor, no será precisa la aportación de lo indicado en 
las anteriores letras c) y d) de este apartado.
f)  Documentación justificativa de que el beneficiario es titular del número o números 
de cuenta indicados en la solicitud, así como acreditar los titulares desde las que se 
hayan realizado pagos de facturas, caso de no haberse realizado un pago directo sino 
por un tercero en nombre del beneficiario.
g)  Cuando la cuantía de la ayuda supere los 10.000 euros por beneficiario, se 
verificará, con anterioridad al pago de la ayuda, que el beneficiario se encuentra al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 34.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y  s
según  lo  previsto  en  el  artículo  22  del  Reglamento  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  oe.
noviembre,, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional octava  w.
gadaretr íaclaun ltoLía e9 yd5 e.O1 l.orkgs)á  dndeiecr aela c 3hL/o2es0y 1 d58ig8, i/t2da0ele0 s53, ,  edGle ae drntieíccriuaellmo T b2rri8be u,d teda erlia aP .L rEeoynte  3cc9cai/só2on0  1dd5ee,   ndDoea  e1tos dsta ePr  oeocrbtsuloigbnaraedl,eo yss   eayl    2021-2119n https://w
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de 21 de julio, se deberá hacer mención expresa del fundamento de dicha exención, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 24 de este reglamento.
No obstante, la presentación de la solicitud de ayuda conllevará la autorización del 
solicitante para que el órgano concedente obtenga de forma directa la acreditación de las 
circunstancias previstas en los artículos 18 y 19 del Reglamento de la Ley General de 
Subvenciones,  aprobado  por  Real  Decreto  887/2006,  de  21  de  julio,  a  través  de 
certificados telemáticos, en cuyo caso el solicitante no deberá aportar la correspondiente 
certificación. No obstante, el solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, 
debiendo aportar entonces la certificación.
h)  Declaración  responsable  que  acredite  la  existencia  de  otras  ayudas  o 
subvenciones cobradas para la misma actuación o finalidad.
i)  Documentación justificativa sobre el proceso de contratación de las actuaciones 
por parte del beneficiario.
j)  Para  los  casos  en  que  el  beneficiario  sea  una  persona  jurídica  pública, 
certificación acreditativa de la fecha de publicación de pliegos de licitación para la 
adquisición de los bienes y/o servicios objeto de ayuda, expedido por órgano competente 
de  la  persona  jurídica  pública  beneficiaria  correspondiente,  o  bien,  referencia  a  la 
Plataforma de contratación donde se hubiera publicado la licitación. Para el caso en que 
el beneficiario sea una persona física o jurídica privada, copia de contrato de suministro 
de los bienes y/o servicios objeto de ayuda, formalizado por la persona física o jurídica 
privada  beneficiaria  correspondiente.  Se  ha  de  identificar  a  los  contratistas  y 
subcontratistas que resulten adjudicatarios, incluyendo su inscripción en el Censo de 
empresarios  de  la  AEAT  o  equivalente  que  refleje  la  actividad  económica  que 
desarrollan, así como la declaración de los mismos de cesión y tratamiento de los datos 
en relación con la ejecución de actuaciones del PRTR.
k)  Reportaje fotográfico de las actuaciones, vehículos, infraestructuras, equipos e 
instalaciones finales objeto de la ayuda, identificando equipos y/o instalaciones, y donde 
se muestre el cartel publicitario de la actuación, según el Manual de Imagen disponible 
en la web de IDAE. Información y enlace al sitio de Internet del beneficiario, en caso de 
que disponga de uno, donde dicho beneficiario informa al público del apoyo obtenido, 
haciendo una breve descripción de la operación, de manera proporcionada al nivel de 
apoyo prestado, con sus objetivos y resultados.
l)  Información  descriptiva  de  la  existencia  de  una  contabilidad  separada  o 
diferenciada para todas las transacciones relacionadas (entre otra: ingresos y pagos, 
incluido, en su caso, el ingreso de ayudas, pagos a proveedores).
m)  Declaración  responsable  (según  modelo  que  estará  disponible  en  Web  del 
IDAE), previa a la justificación por parte de los beneficiarios, que garantice:
I.  el cumplimiento de las normas nacionales y comunitarias sobre requisitos de 
igualdad de oportunidades y no discriminación, aplicables a este tipo de actuaciones,
II.  el cumplimiento de las normas medioambientales nacionales y comunitarias, y 
sobre desarrollo sostenible y de los criterios de la «Guía para el diseño y desarrollo de 
actuaciones  acordes  con  el  principio  de  no  causar  perjuicio  significativo  al 
medioambiente»,  concretamente  y  atendiendo  al  contenido  del  PRTR,  que  se  han 
respetado los principios de economía circular y evitado impactos negativos significativos 
en el medio ambiente (DNSH) en la ejecución de las actuaciones llevadas a cabo en el 
marco de dicho Plan, y manifiesta que no ha incurrido en doble financiación y que, en su 
caso, no le consta riesgo de incompatibilidad con el régimen de ayudas de Estado,
III.  el  compromiso  con  los  estándares  más  exigentes  en  relación  con  el  e.
cumplimiento de las normas jurídicas, éticas y morales, habiendo adoptado las medidas  w.b
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Aceptación de la cesión de estos datos entre las Administraciones Públicas implicadas.