BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 262 Sábado 3 de octubre de 2020 Sec. III.   Pág. 84129
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA,
RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
11712 Resolución de 23 de septiembre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se 
publica el Convenio de asistencia jurídica entre la Abogacía General del 
Estado-Dirección  del  Servicio  Jurídico  del  Estado  y  la  Sociedad  de 
Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado, 
S.M.E., SA.
La Abogada General del Estado-Directora del Servicio Jurídico del Estado y la 
Presidenta  del  Consejo  de  Administración  de  la  Sociedad  de  Infraestructuras  y 
Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado, S.M.E., SA, han suscrito un 
Convenio de asistencia jurídica.
Para general conocimiento, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 48.8 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, dispongo la 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del referido Convenio como anejo a la 
presente Resolución.
Madrid, 23 de septiembre de 2020.–El Subsecretario de la Presidencia, Relaciones 
con las Cortes y Memoria Democrática, Antonio J. Hidalgo López.
ANEJO
Convenio de asistencia jurídica entre la Administración General del Estado 
(Ministerio de Justicia, Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio 
Jurídico del Estado) y la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos 
Penitenciarios y de la Seguridad del Estado, S.M.E., SA (SIEPSE)
11 de agosto de 2020.
REUNIDOS
De una parte, la Sra. doña Consuelo Castro Rey, en su condición de Abogada 
General del Estado-Directora del Servicio Jurídico del Estado, cargo para el que fue 
nombrada por Real Decreto 716/2018, de 29 de junio, «BOE» n.º 158; en virtud de Orden 
JUS/125/2019, de 5 de febrero, por la que se delegan competencias, actuando en 
nombre y representación de la Administración General del Estado, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 61.k) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público.
De  otra  parte,  la  Sra.  doña  Mercedes  Gallizo  Llamas,  actuando  en  nombre  y 
representación de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la 
Seguridad del Estado, S.M.E., SA (SIEPSE), con domicilio social en la calle Claudio 
Coello, n.° 31, 5.ª planta, 28001 Madrid y NIF A80303365, en su condición de Presidenta 
del Consejo de Administración, cargo para la que fue nombrada el 24 de julio de 2018 en  s
virtud de acuerdos adoptados por el citado Consejo y elevados a público en virtud de  oe.
escritura  otorgada  en  Madrid,  con  fecha  26  de  julio  de  2018;  actuando  según  w.
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MANIFIESTAN
Primero.
Que la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado es el 
Centro Directivo que tiene legalmente atribuidas las competencias de asistencia jurídica 
al Estado y sus Organismos autónomos y a los Órganos Constitucionales. Para el resto 
de entidades y organismos que constituyen el sector público estatal, se prevé legalmente 
que  la  Abogacía  General  del  Estado  pueda  prestar  asistencia  jurídica  mediante  la 
oportuna formalización de un Convenio.
Segundo.
Que  la  Sociedad  de  Infraestructuras  y  Equipamientos  Penitenciarios  y  de  la 
Seguridad del Estado, S.M.E., SA (en adelante, SIEPSE), es una sociedad mercantil del 
sector público estatal de las previstas en el art. 84.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público, teniendo por objeto, entre otros, el desarrollo y 
ejecución de los programas y actuaciones que contenga el Plan de Amortización y 
Creación de Centros Penitenciarios, así como la construcción de otras infraestructuras 
vinculadas  a  la  seguridad  del  Estado;  tiene  personalidad  jurídica  propia  y  plena 
capacidad pública y privada, que ejerce sus funciones con autonomía e independencia 
respecto de las Administraciones Públicas.
Tercero.
Que SIEPSE de acuerdo con lo establecido en la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de 
Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas y en el Real Decreto 997/2003, de 25 
de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Servicio Jurídico del Estado, tiene 
actualmente suscrito un Convenio de Asistencia Jurídica, de fecha 20 de septiembre 
de 2018, con la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado.
Cuarto.
Que al objeto de lograr una mayor efectividad y coordinación de la asistencia jurídica a 
SIEPSE, ambas partes consideran conveniente la designación por el Abogado General del 
Estado de uno o más Abogados del Estado en activo que actúen como coordinadores 
directos de la asistencia jurídica.
Quinto.
Que el texto del «Convenio tipo», de asistencia jurídica ha sido informado por la 
Abogacía del Estado en el Ministerio de Justicia.
Sexto.
Que, con el fin de regular las condiciones de prestación de esa asistencia jurídica en 
la forma prevista en el ordenamiento jurídico, los comparecientes suscriben el presente 
Convenio, de acuerdo con las siguientes:
CLÁUSULAS s
Primera.  Objeto. w.
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Estado integrados en aquél. La asistencia Jurídica comprenderá tanto el asesoramiento 
jurídico  como  la  representación  y  defensa  ante  cualesquiera  jurisdicciones  y  órdenes 
jurisdiccionales  en  los  mismos  términos  previstos  para  la  asistencia  jurídica  a  la 
Administración General del Estado.
SIEPSE colaborará con los Abogados del Estado para la mejor defensa de los 
intereses en litigio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 52/1997, 
de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas.
La asistencia jurídica a que se refiere este Convenio no supondrá relación laboral 
entre SIEPSE y los Abogados del Estado que le presten esa asistencia.
Segunda.  Facultad de elección de representación y defensa.
Sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula anterior, SIEPSE se reserva la facultad de 
ser  asesorada,  representada  y  defendida  por  Abogado  y,  en  su  caso,  procurador 
especialmente designado al efecto conforme a las normas procesales comunes.
Se entenderá que se renuncia a la asistencia jurídica por parte del Abogado del 
Estado, para toda la tramitación del procedimiento judicial, desde el momento en que la 
entidad convenida comparezca o se dirija al órgano jurisdiccional mediante cualquier otra 
representación.
Tercera.  Contraposición de intereses.
La asistencia jurídica del Estado, por medio de los Abogados del Estado integrados 
en éste, no se prestará cuando exista contraposición entre los intereses de SIEPSE, y 
del  Estado  o  sus  Organismos  Autónomos.  En  este  caso,  SIEPSE  será  asesorada, 
representada  y  defendida  por  abogado  y,  en  su  caso,  procurador,  especialmente 
designados al efecto conforme a las normas procesales comunes.
Cuando exista contraposición de intereses entre SIEPSE y otra entidad convenida, 
por regla general, la Abogacía General del Estado se abstendrá de intervenir en el 
proceso judicial en defensa y representación de una u otra entidad. Los Abogados del 
Estado  antes  de  personarse  en  estos  supuestos  elevarán  consulta  a  la  Abogacía 
General del Estado.
Cuarta.  Designación de Abogado del Estado coordinador.
El Abogado General del Estado designará a uno o más Abogados del Estado en 
activo para que actúen como coordinadores de la Asistencia Jurídica convenida tanto en 
los asuntos consultivos como, en su caso, contenciosos.
Corresponde a los coordinadores de los Convenios de asistencia jurídica mantener 
una relación actualizada sobre el estado de tramitación de los procesos judiciales en los 
que intervenga la Abogacía del Estado y sea parte la entidad convenida. A tal fin la 
entidad convenida deberá elaborar una relación de dichos pleitos.
Quinta.  Duración.
El presente Convenio tiene una duración de dos años. Sin embargo, se entenderá 
prorrogado como máximo por dos años más mediante acuerdo expreso de las partes 
adoptado antes de la finalización de dicho período de vigencia.
Este Convenio surtirá efectos una vez que sea inscrito en el Registro Electrónico 
estatal de órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal, y publicado  e.e
en el «Boletín Oficial del Estado». w.b
CSeoxnCtvaeo. nmiooC,  ocSnoItErnatPrpaSrpeErse tassactaitóicsnifóa.nrá  pao r lae l Asbeorgvaiccioía  dGee naesrisatle dnecila E jsutraíddioc-aD iare cqcuióen  sdee lr eSfieerrvei cieol   OE-A-2020-1171able en https://w
Jurídico del Estado la cantidad anual de veinticinco mil ochocientos cincuenta y siete
euros (25.857,00 €) más IVA, que se abonará por terceras partes correspondiendo a los 
períodos: enero-abril, mayo-agosto y septiembre-diciembre.
El pago se efectuará mediante el modelo 069 como documento de ingreso que se enviará 
junto con la factura debidamente cumplimentado. SIEPSE deberá efectuar el ingreso en el 
plazo previsto en el artículo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, a 
contar desde el día siguiente a la fecha de recepción de la factura y del modelo, en cualquier 
entidad colaboradora o telemáticamente, debiendo, una vez efectuada la operación, remitir a 
la Secretaria General de la Abogacía General del Estado, copia del mismo.
Séptima.  Costas.
En los procesos en los que existan condenas en costas se aplicarán las reglas 
siguientes:
1.ª  Cuando la condenada en costas sea SIEPSE corresponderá a ésta el abono de 
las causadas a la parte contraria.
2.ª  Cuando la condenada en costas sea la parte contraria, se ingresará a favor de 
SIEPSE.
Octava.  Modificación.
El presente Convenio solo puede modificarse por acuerdo expreso de las partes 
durante su vigencia o de las sucesivas prórrogas.
Igualmente en cualquier momento de la vigencia del Convenio se podrá ampliar o 
reducir la asistencia jurídica convenida siempre que exista acuerdo expreso de las partes.
Cualquier modificación se formalizará mediante la correspondiente adenda al Convenio.
Novena.  Control y vigilancia de la ejecución del Convenio.
Para la vigilancia y control de la ejecución de este Convenio de asistencia jurídica y 
de los compromisos adquiridos con su firma se establece una Comisión de Seguimiento 
del  mismo  formada  por  dos  miembros  de  cada  una  de  las  partes.  Esta  comisión 
resolverá cualquier problema de interpretación o cumplimiento que pudiera plantearse. 
Las normas de funcionamiento de dicha Comisión se regirán por la normativa reguladora 
del régimen de órganos colegiados de las Administraciones Públicas.
Las partes determinarán mediante anexo la composición de la Comisión que, al 
menos, deberá reunirse una vez al año.
Décima.  Causas de resolución.
Son causas de resolución del Convenio:
a)  El transcurso del plazo de vigencia del Convenio o, en su caso, la prórroga 
acordada expresamente.
b)  El mutuo acuerdo.
c)  El incumplimiento de las obligaciones esenciales asumidas en este Convenio.
En este caso, se notificará a la parte incumplidora un requerimiento para que cumpla en 
el plazo de 30 días naturales, la obligación incumplida. Este requerimiento será comunicado a 
los responsables de la Comisión prevista en la cláusula novena y a la entidad firmante.
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la  s
parte que lo dirigió notificará a la otra, la concurrencia de la causa de resolución y se  oe.
podrá entender resuelto el Convenio. La resolución del Convenio por esta causa podrá  w.
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e)  Por extinción de la personalidad jurídica de la entidad convenida.
f)  Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en otras leyes. Bc
Undécima.  Naturaleza del Convenio y jurisdicción.
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa quedando sometido al régimen 
jurídico de Convenios previsto en el capítulo VI título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Las controversias sobre la interpretación y ejecución del presente Convenio serán 
resueltas en el seno de la Comisión de Seguimiento en el caso de que no fuera posible, 
el orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo será el competente para resolver las 
cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse entre las partes, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 1 y 2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha 
jurisdicción.
Duodécima.  Finalización de vigencia del Convenio anterior.
Una vez el presente Convenio adquiera eficacia jurídica, de conformidad con la 
cláusula quinta, quedará resuelto, liquidado y extinguido el anterior Convenio suscrito 
entre las partes en fecha 20 de septiembre de 2018, por transcurso de su plazo de 
vigencia, sin necesidad de realizar liquidación adicional alguna. En consecuencia, el 
presente Convenio sustituirá en su totalidad al extinto Convenio firmado por las partes en 
fecha 20 de septiembre de 2018.
El pago de las cantidades pendientes correspondientes al cuatrimestre en curso en la 
fecha que el Convenio adquiera eficacia jurídica se efectuará con cargo al presente 
Convenio.
Y para que conste, y en prueba de conformidad, firman digitalmente el presente 
Convenio.–La Abogada General del Estado-Directora del Servicio Jurídico del Estado, 
Consuelo Castro Rey.–La Presidenta del Consejo de Administración de la Sociedad de 
Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado, S.M.E., 
SA, María de las Mercedes Gallizo Llamas.
ANEXO
En virtud de lo dispuesto en la cláusula novena del Convenio, la Comisión de 
Seguimiento del mismo está formada por los siguientes miembros:
– Por la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado:
• La Subdirectora General y el Subdirector Adjunto de Coordinación, Auditoría y de 
Gestión del Conocimiento. En defecto de uno de ellos, un Gestor de Apoyo Jurídico de la 
referida Subdirección.
– Por  la  Sociedad  de  Infraestructuras  y  Equipamientos  Penitenciarios  y  de  la 
Seguridad del Estado, S.M.E., SA (SIEPSE):
• La Presidenta, Sra. doña Mercedes Gallizo Llamas.
• La Jefa del Servicio Jurídico, Sra. doña Marisa Antolín Ruiz de la Cuesta.
2020-1171n https://w