BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 303  Miércoles 18 de noviembre de 2020  Sec. I.   Pág. 100537
I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE IGUALDAD
14370 Real Decreto 1023/2020, de 17 de noviembre, por el que se actualizan las 
cuantías, los criterios y el procedimiento de distribución de las transferencias 
para el desarrollo de nuevas o ampliadas competencias reservadas a las 
entidades locales en el Pacto de Estado en materia de violencia de género.
I
La violencia contra las mujeres, además de constituir una vulneración de sus derechos 
fundamentales, es la expresión más cruel de la discriminación, la situación de desigualdad 
y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres. Por ello, en el marco de la Ley 
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia 
de Género, y en cumplimiento del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y 
lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, hecho en Estambul el 11 
de mayo de 2011, ratificado por España en 2014, es preciso avanzar en la consolidación y 
adopción de las medidas legislativas y demás necesarias para sensibilizar, prevenir, 
investigar, castigar, atender y proteger por los actos de violencia incluidos en él. El 
Convenio del Consejo de Europa insta, además, a que las medidas que se tomen impliquen 
a todos los actores pertinentes como las autoridades nacionales, regionales y locales; y 
promueve la dedicación de recursos financieros y humanos adecuados para la correcta 
aplicación de políticas integradas, medidas y programas dirigidos a prevenir y combatir 
todas las formas de violencia incluidas en su ámbito de aplicación.
En septiembre de 2017, los Plenos del Congreso de los Diputados y del Senado 
aprobaron, respectivamente, el Informe de la Subcomisión para un Pacto de Estado en 
materia de violencia de género y el Informe de la Ponencia de Estudio para la elaboración 
de estrategias contra la violencia de género. Ambos integran el Pacto de Estado en materia 
de violencia de género (en adelante, Pacto de Estado), cuya aprobación culminó en 
diciembre de 2017 con los acuerdos alcanzados entre el Gobierno y el resto de 
administraciones autonómicas y locales. El Pacto de Estado incluye, además de medidas 
generales para todas las administraciones públicas, recomendaciones específicas para las 
entidades locales en su Eje 7 y, para promover su realización, contempla, en su Eje 9, un 
compromiso económico consistente en que los presupuestos generales del Estado 
destinaran, vía transferencias a los ayuntamientos, un incremento anual de veinte millones 
de euros durante los próximos cinco ejercicios. El Gobierno de España, acordará con la 
Federación Española de Municipios y Provincias (en adelante, FEMP) u otras asociaciones 
de municipios en el conjunto del Estado, los programas que deberán llevarse a cabo. 
Además, el Pacto de Estado aclara que la financiación a las corporaciones locales, por 
parte de la Administración General del Estado, para garantizar la efectividad del conjunto 
de medidas recogidas en este pacto, habrá de tener siempre un carácter condicionado.
El Pacto de Estado contiene un conjunto de medidas dirigidas a prevenir y combatir 
todas las formas de violencia contra la mujer y a mejorar la respuesta que, desde las 
administraciones e instituciones, se proporciona a las mujeres víctimas y a sus hijas e hijos 
menores a través de la atención, información, asesoramiento, asistencia social integral, 
alojamiento y recuperación. En particular, incluye medidas para que la administración local  s
pueda llevar a cabo actuaciones dirigidas a la promoción de la igualdad entre mujeres y  oe.
hombres, así como contra la violencia que se ejerce sobre las mujeres, al tratarse de la  w.
administración más cercana a la ciudadanía y, por tanto, a las víctimas de esta violencia. 370ww
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Pacto de Estado contra la violencia de género, por un importe de 20.000.000,00 de euros.
Además, la Disposición final sexta de la Ley 6/2018, de 3 de julio, relativa al 
cumplimiento del Pacto de Estado en materia de violencia de género, dispone que «los 
Presupuestos Generales del Estado destinarán, vía transferencias finalistas a los 
ayuntamientos, un incremento de 20 millones de euros para las nuevas o ampliadas 
competencias reservadas a los ayuntamientos dentro del Pacto de Estado».
II
Adicionalmente, con la finalidad de avanzar en la consecución de una sociedad libre 
de violencia sobre las mujeres y en la mejora de la atención, asistencia, apoyo y 
recuperación de las mujeres víctimas de violencia, se dictó el Real Decreto-ley 9/2018, 
de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la 
violencia de género, convalidado por Acuerdo del Congreso de los Diputados de 13 de 
septiembre de 2018, que incluye medidas relativas a los municipios. Por una parte, el Real 
Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto, acomete, en la Disposición final primera, la 
modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
para que la administración local pueda llevar a cabo actuaciones en la promoción de la 
igualdad entre hombres y mujeres, así como contra la violencia de género. Por ello, estas 
cuestiones deben formar parte del catálogo de materias recogido como de competencia 
propia de los municipios en el artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, objeto de esta 
modificación.
Por otra parte, el Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto, regula, en la Disposición 
final tercera, la distribución de los fondos destinados al cumplimiento del Pacto de Estado, 
previstos en la Disposición final sexta de la Ley Presupuestos Generales del Estado para 
el año 2018, asignados a los municipios para programas dirigidos a la erradicación de la 
violencia de género, vía transferencia finalista y directa, y distribuidos según los criterios 
enumerados en ella. El apartado 3 de esta Disposición final tercera habilita al Gobierno 
para que, por real decreto del Consejo de Ministros, modifique las cuantías a distribuir, los 
criterios y el procedimiento de distribución, a cuyo fin se dicta el presente real decreto.
Este real decreto, que se dicta en uso de la citada habilitación normativa, deja sin efecto 
lo dispuesto en el apartado 1 de la disposición final tercera del Real Decreto-ley 9/2018, 
de 3 de agosto, procediendo a la actualización de los criterios contemplados en la misma.
III
La Constitución Española dispone en el apartado 4 del artículo 134 que, si la ley de 
presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, 
se considerarán automáticamente prorrogados los presupuestos del ejercicio anterior 
hasta la aprobación de los nuevos.
Por tanto, mientras se aprueba una nueva ley de presupuestos generales del Estado, 
en el estado de gastos de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, 
prorrogados para el año 2020, la aplicación presupuestaria 25.03.232C.460 está 
destinada a transferencias para el desarrollo de nuevas o ampliadas competencias 
reservadas a las entidades locales en el Pacto de Estado contra la violencia de género, 
por un importe de 20.000.000,00 de euros. Con la finalidad de realizar en el año 2020 
estas transferencias, adecuándolas al número de municipios que se han creado o 
suprimido y a su evolución poblacional desde el año 2018, actualizar las cuantías objeto 
de distribución para cada uno de estos criterios e introducir un nuevo criterio de reparto,  s
así como de avanzar hacia una mayor eficacia y eficiencia en el procedimiento de  oe.
distribución y en su fase de justificación, es preciso hacer uso de la habilitación legal  w.
contenida en el apartado 3 de la disposición final tercera del Real Decreto-ley 9/2018, de 3  370ww
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años para los municipios previsto en el Pacto de Estado, y de poder dar respuesta a la
situación creada como consecuencia de la situación de emergencia sanitaria por la 
COVID-19 y de la declaración del estado de alarma y consiguiente desescalada hacia una 
nueva normalidad, y su repercusión en los diferentes ámbitos, tanto económicos como 
sociales, afectados y las medidas adoptadas.
El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, declaró el estado de alarma para la gestión 
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. El artículo 18 de este prevé 
que las autoridades, empresas y proveedores adopten las medidas necesarias para 
asegurar la prestación de los servicios esenciales que les son propios. Las medidas 
adoptadas a raíz de su declaración han provocado un especial impacto en determinados 
colectivos de personas especialmente vulnerables que deben ser objeto de protección por 
parte del Gobierno, como las mujeres víctimas de violencia de género cuya vulnerabilidad 
es mayor en situaciones de aislamiento domiciliario. Con la finalidad de adoptar por 
razones de extraordinaria y urgente necesidad medidas dirigidas en especial a la 
protección y asistencia de las víctimas de violencia de género, se dictó el Real 
Decreto-ley 12/2020, de 31 de marzo, de medidas urgentes en materia de protección y 
asistencia a las víctimas de violencia de género, convalidado por Acuerdo del Congreso de 
los Diputados de 29 de abril de 2020.
El artículo 1 del Real Decreto-ley 12/2020, de 31 de marzo, establece que, a los efectos 
de lo previsto en este, los servicios a los que se refieren los artículos 2 a 5 del mismo 
tendrán la consideración de servicios esenciales con los efectos previstos en el Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo; sus normas de desarrollo; el Real Decreto-ley 10/2020, 
de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas 
trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la 
movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19; y el resto del 
ordenamiento jurídico. Entre estos servicios declarados esenciales están los servicios de 
asistencia social integral, consistentes en orientación jurídica, psicológica y social 
destinadas a las víctimas de violencia género; y los centros de emergencia, acogida, pisos 
tutelados, y alojamientos seguros para víctimas de violencia de género, explotación sexual 
y trata con fines de explotación sexual, cuya prestación debe ser garantizada por las 
administraciones públicas competentes, entre ellas, las entidades locales.
A fin de contribuir a que la prestación de estos servicios esté garantizada, el artículo 8 del 
citado Real Decreto-ley 12/2020, de 31 de marzo, determina que las comunidades autónomas 
y las entidades locales podrán destinar los fondos que les correspondan del Pacto de Estado 
contra la violencia de género a poner en marcha todos los proyectos o programas preventivos 
y asistenciales que se recogen en este real decreto-ley, así como cualquier otro que, en el 
contexto del estado de alarma, tenga como finalidad garantizar la prevención, protección y la 
atención frente a todas las formas de violencias contra las mujeres.
IV
En este contexto, se considera necesario, en primer lugar, actualizar los criterios de 
reparto de los fondos y las cuantías a distribuir por cada uno de ellos, fijados en el Real 
Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto, con la finalidad de establecerlos con carácter general 
y estable. En este sentido y como se ha indicado, resulta necesario que estas transferencias 
se acomoden a la evolución de la población española distribuida por municipios desde el 
año 2018 y al número de municipios que se han creado o suprimido desde entonces. Para 
ello, a fin de que todos los municipios reciban una cuantía mínima idéntica y una cuantía 
adicional en función de su número de habitantes de derecho para posibilitar que las  s
actuaciones que realicen con los fondos puedan adaptarse a su respectiva población, se  oe.
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todos los municipios, en particular, los que tienen menor población, puedan recibir una
cuantía que facilite la ejecución de las medidas del Pacto de Estado, a través del  Bc
incremento de la cuantía a distribuir por municipio.
Además, con la finalidad de garantizar el desarrollo del compromiso económico a cinco 
años del Pacto de Estado en beneficio de las víctimas de violencia contra las mujeres, y para 
contemplar la situación específica de los municipios que se han ido comprometiendo en la 
protección de las víctimas a través de su adhesión por primera vez al Sistema de Seguimiento 
Integral en los casos de Violencia de Género (Sistema Viogen) del Ministerio del Interior, 
promovida por el propio Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto, mediante la determinación 
de esta adhesión como uno de los criterios de reparto de los fondos, se mantiene este criterio 
de reparto y se actualiza la fecha que se toma como referencia para considerar que se ha 
realizado esta adhesión, a fin de que sea lo más cercana posible a la fecha en que se dicte la 
resolución mediante la que se hará efectiva la transferencia de fondos para cada año.
Por otra parte, se introduce un nuevo criterio de reparto, el relativo a los municipios en 
los que estén empadronadas víctimas usuarias del Servicio Telefónico de Atención y 
Protección para víctimas de la violencia de género (ATENPRO), para tener en cuenta en 
el reparto de fondos las actuaciones para la atención y protección de las víctimas de 
violencia de género que realizan los municipios adheridos al servicio. Desde el año 2010, 
la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género presta y gestiona el Servicio 
ATENPRO, a través de la FEMP, cuyo objetivo fundamental es que la víctima se sienta 
segura y acompañada mientras dure el proceso para salir de la situación de violencia, 
facilitándole el contacto con un entorno de seguridad y posibilitando la intervención 
inmediata con movilización, en su caso, de los recursos de atención que fuesen necesarios. 
De conformidad con el Protocolo de actuación del Servicio Telefónico de Atención y 
Protección para víctimas de la violencia de género (ATENPRO), suscrito con la FEMP, los 
municipios y entidades locales adheridas al servicio ATENPRO realizan actuaciones 
dirigidas a procurar el acceso y el mantenimiento en este servicio de las víctimas de 
violencia de género que reúnan los requisitos exigidos al efecto. De este modo, con la 
incorporación de este nuevo criterio de reparto referido a los municipios en los que estén 
empadronadas víctimas usuarias del Servicio ATENPRO se toman en consideración las 
actuaciones realizadas por los municipios para la prestación de este servicio que impactan 
directamente en la atención y protección de sus usuarias.
Por lo expuesto, una vez calculada la distribución de los fondos en función del número 
de municipios y de su población, el remanente se distribuirá proporcionalmente entre todos 
los municipios incorporados al Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia 
de Género (Sistema Viogen), del Ministerio del Interior, así como entre los municipios en 
los que estén empadronadas víctimas usuarias del Servicio Telefónico de Atención y 
Protección para víctimas de la violencia de género (ATENPRO), del Ministerio de Igualdad, 
el primer día del mes anterior a aquel en que se dicte la resolución de transferencias para 
cada año al que corresponda la asignación de los fondos.
Finalmente, la experiencia acumulada hasta la fecha por el Ministerio de Igualdad en 
la gestión de las transferencias del Pacto de Estado para las entidades locales 
correspondientes a los años 2018 y 2019 y en la recepción, revisión y explotación de la 
justificación presentada por los municipios para las transferencias correspondientes a 2018 
y a 2019, hace aconsejable habilitar la ejecución de los fondos bien por los propios 
municipios, o por mancomunidades de municipios o comarcas. En este último caso, 
deberán acreditar que tienen atribuidas, entre sus funciones, las de ejecutar actuaciones 
destinadas a la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres o contra la violencia de 
género. En consecuencia, cuando se produzca la ejecución a través de estas entidades 
supramunicipales, estas presentaran una única justificación firmada por todos los 
municipios afectados. es
V 370ww
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de las Administraciones Públicas, que establece que, en el ejercicio de la iniciativa
legislativa, las Administraciones Públicas actuarán de acuerdo con los principios de  Bc
necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia.
En virtud de los principios de necesidad y eficacia, la iniciativa normativa debe estar 
justificada por una razón de interés general, basarse en una identificación clara de los fines 
perseguidos y ser el instrumento más adecuado para garantizar su consecución.
Como se ha expresado anteriormente, resulta necesario recurrir a la habilitación 
normativa del apartado 3 de la disposición final tercera del Real Decreto-ley 9/2018, de 3 
de agosto, para proceder a la actualización de criterios de reparto de los fondos del Pacto 
de Estado contra la violencia de género, adaptándolo al número actual de municipios y a 
su cifra de habitantes.
Resulta un instrumento eficaz en cuanto es idóneo para la consecución del fin último 
perseguido, como es la promoción de planes y programas que favorezcan la erradicación 
de la violencia contra la mujer, lo que se evidencia en el carácter finalista y condicionado 
de los fondos, cuyo destino deberá ser el cumplimiento de las medidas del Informe de la 
Subcomisión para un Pacto de Estado en materia de violencia de género, aprobado por el 
Congreso, en su sesión plenaria del 28 de septiembre de 2017, y del Informe de la 
Ponencia de Estudio para la elaboración de estrategias contra la violencia de género, 
aprobado por el Senado, en su sesión plenaria del 13 de septiembre de 2017.
En virtud del principio de proporcionalidad, la iniciativa contiene la regulación 
imprescindible para atender la necesidad a cubrir con la norma, pues no existen menos 
restrictivas de derechos ni que impongan menos obligaciones a los destinatarios.
A fin de garantizar el principio de seguridad jurídica, esta iniciativa normativa se ejercerá 
de manera coherente con el resto del ordenamiento jurídico, nacional y de la Unión Europea, 
para generar un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre, que 
facilite su conocimiento y comprensión y, en consecuencia, la actuación y toma de decisiones 
de las entidades afectadas. Ello queda patente en la derogación de todas aquellas normas 
de igual o inferior rango que se opongan a lo dispuesto en el presente real decreto.
En aplicación del principio de transparencia, la norma y su memoria resultarán 
accesibles para la ciudadanía. Asimismo, la norma define claramente sus objetivos y 
explica su contexto y propósitos en esta exposición de motivos.
Por último, en aplicación del principio de eficiencia, la iniciativa normativa evita la 
imposición de cargas administrativas y racionaliza, en su aplicación, la gestión de los 
recursos públicos. Este principio se refleja especialmente en la posibilidad de ejecución y 
justificación de los fondos a través de mancomunidades de municipios y comarcas.
Este real decreto se ha sometido a informe por parte de los Ministerios de Hacienda, 
de Asuntos Económicos y Transformación Digital, de Política Territorial y Función Pública, 
y de la Federación Española de Municipios y Provincias.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Igualdad, de acuerdo con el Consejo de Estado, 
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 17 de noviembre de 2020,
DISPONGO:
Artículo 1.  Actualización de los criterios de distribución de las transferencias para el 
desarrollo de nuevas o ampliadas competencias reservadas a las entidades locales en 
el Pacto de Estado en materia de violencia de género.
Los fondos destinados al desarrollo de nuevas o ampliadas competencias reservadas 
a las entidades locales en el Pacto de Estado en materia de violencia de género, 
asignados, vía transferencia finalista y directa, o a través de otras entidades locales, a los 
municipios, previstos en la disposición final sexta de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de  s
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogados para el año 2020, así  oe.
como los fondos asignados en posteriores leyes de presupuestos generales del estado  w.
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declaración de cifras oficiales de población de los municipios españoles aprobada por el
Gobierno en el momento de adoptarse la resolución de la Secretaría de Estado de Igualdad 
y contra la Violencia de Género a que se refiere el artículo 3.
La cuantía a partir del año 2020 será de 1.000 euros.
b)  Una cantidad fija en función del número de habitantes de derecho del municipio. 
La cifra de habitantes de derecho será la que resulte de la última declaración de cifras 
oficiales de población de los municipios españoles aprobada por el Gobierno en el 
momento de adoptarse la resolución de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la 
Violencia de Género a que se refiere el artículo 3.
La cuantía a partir del año 2020 será de 0,18 euros por habitante.
Las cuantías previstas en los apartados a) y b) podrán ser modificadas por el Gobierno, 
de acuerdo con lo dispuesto en la disposición final tercera.3 del Real Decreto-ley 9/2018 
de 3 de agosto.
c)  El remanente que exista después del reparto aplicados los criterios anteriores se 
distribuirá proporcionalmente entre todos los municipios incorporados al Sistema de 
Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Sistema Viogen) del Ministerio 
del Interior, así como entre los municipios en los que estén empadronadas víctimas 
usuarias del servicio telefónico de Atención y Protección para víctimas de la violencia de 
género (ATENPRO), el primer día del mes anterior a aquel en que se dicte la resolución de 
transferencias para cada año al que corresponda la asignación de los fondos. En el 
supuesto en el que el municipio cumpla los dos criterios anteriores, se aplicará únicamente 
el criterio relativo al Servicio ATENPRO.
El importe total de los fondos a transferir a cada municipio vendrá determinado por la 
suma de las cuantías anteriormente señaladas.
Artículo 2.  Destino de los fondos.
Los municipios deberán destinar los fondos que reciban, de conformidad con el ámbito 
material de competencias para la realización de actuaciones contra la violencia de género 
atribuidas en el artículo 25.2.o) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, a la ejecución de programas dirigidos a la erradicación de la violencia de 
género que desarrollen las nuevas o ampliadas competencias reservadas a las entidades 
locales en el Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, de acuerdo con las 
medidas del Informe de la Subcomisión para un Pacto de Estado en materia de violencia de 
género, aprobado por el Congreso, en su sesión plenaria del 28 de septiembre de 2017, y 
del Informe de la Ponencia de Estudio para la elaboración de estrategias contra la violencia 
de género, aprobado por el Senado, en su sesión plenaria del 13 de septiembre de 2017.
Artículo 3.  Distribución de los fondos.
Los fondos serán distribuidos mediante resolución de transferencias de la Secretaría de 
Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, a través de la que se formalizará la 
distribución de los créditos presupuestarios para cada año y cada municipio, determinada por 
la aplicación de los criterios del artículo 1, y en ella se determinarán el periodo y las condiciones 
de ejecución de los fondos. Dicha resolución será publicada en el «Boletín Oficial del Estado».
Una vez publicada esta resolución se librarán y harán efectivos los fondos 
correspondientes en un pago único.
Artículo 4.  Ejecución de los fondos.
1.  Los fondos podrán ser ejecutados por los municipios o bien por mancomunidades  oe.
de municipios o comarcas. w.
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contra la violencia de género. A estos efectos, aportarán, con carácter previo a la
transferencia de los fondos, el acuerdo o el instrumento jurídico que les habilite para la  Bc
realización de dichas actuaciones.
Artículo 5.  Justificación de los fondos.
1.  Los municipios presentarán la justificación de los fondos a la Secretaría de Estado 
de Igualdad y contra la Violencia de Género, dentro de los tres meses siguientes a aquel 
en que finalice el periodo de ejecución determinado en la resolución de transferencias de 
la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, mediante la 
presentación de los siguientes documentos:
a)  Un estado de ejecución, firmado por la persona funcionaria responsable de las 
funciones públicas de secretaría y de intervención-tesorería o secretaría-intervención 
correspondientes, relativo a la totalidad de los compromisos de créditos, de las obligaciones 
reconocidas y de los pagos realizados, con cargo a los fondos transferidos.
b)  Un informe final, firmado por la persona titular de la alcaldía, referido a la ejecución 
de los programas para el desarrollo del Pacto de Estado a los que se refiere el artículo 2. 
El informe describirá el nombre del programa, la fecha de su puesta en marcha y el periodo 
de duración, el eje y la medida del Pacto de Estado que desarrolla, las actuaciones 
realizadas, el impacto en la población beneficiaria con desagregación por edad y sexo, el 
grado de ejecución de los fondos y la valoración del programa: dificultades y propuestas.
c)  Declaración responsable del cumplimiento de los requisitos en materia de 
publicidad a los que se refiere el artículo 7, firmada por la persona funcionaria responsable 
de las funciones públicas de secretaría o secretaría-intervención correspondientes.
2.  Cuando los fondos se ejecuten por mancomunidades de municipios o comarcas, 
estas presentarán una única justificación mediante la presentación de los documentos 
previstos en el apartado 1, que será firmada por todos los municipios afectados.
3.  Toda la documentación para la justificación de los fondos se presentará mediante 
sistemas de firma electrónica y por medios electrónicos, de conformidad con lo previsto en 
el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, en los términos que se establezcan en la 
resolución de transferencias.
Artículo 6.  Régimen aplicable a los remanentes de los fondos.
Los remanentes de fondos no comprometidos resultantes al finalizar el periodo de 
ejecución determinado en la resolución de transferencias seguirán manteniendo el destino 
específico para el que fueron transferidos y se utilizarán en el siguiente periodo de 
realización de actuaciones con cargo a los fondos transferidos a los municipios para el 
desarrollo del Pacto de Estado, como situación de tesorería en el origen, como remanentes 
que serán descontados de la cantidad que corresponda transferir a cada municipio, para 
la concesión de nuevos fondos. Cuando finalice la vigencia temporal de los compromisos 
económicos para los cinco ejercicios presupuestarios previstos en el Pacto de Estado en 
materia de violencia de género y asignados en las correspondientes leyes de presupuestos 
generales del estado, se destinará el remanente a hacer efectivas las obligaciones 
pendientes de pago al fin del ejercicio inmediatamente anterior y el sobrante que no 
estuviese comprometido se reintegrará al Estado.
Artículo 7.  Publicidad.
Con objeto de identificar las fuentes de financiación, en toda la documentación 
necesaria para la realización de programas o proyectos, en los materiales que se utilicen,  e.e
en la señalización exterior de los lugares donde se ejecuten aquellos y, en todo caso, en  w.b
las actividades de difusión que cada municipio o entidad local pueda desarrollar en relación  370ww
ccaorng oa qau leolslo csr,é ddeitboesr ráe cciobnidsotasr  deexl pMreinsiasmteerinot ed,e  eIgnu laulgdaard v, iSsiebclere, tqauríea  sdee  Ehasnta dfinoa dnec iIagduoa ldcoand 
y coAndtream laá sV idoele ndciciah ad ein Gdiécanceiróon., se deberá utilizar el logo del Ministerio de Igualdad, así
como el logo del Pacto de Estado en materia de violencia de género.
Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
Quedan derogadas todas aquellas normas de igual o inferior rango que se opongan a 
lo dispuesto en el presente real decreto.
Disposición final primera.  Título competencial.
Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto por los artículos 149.1.1.ª 
y 149.1.14.ª de la Constitución, que atribuyen al Estado la competencia exclusiva sobre la 
regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles 
en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales, 
Hacienda general y Deuda del Estado.
Disposición final segunda.  Desarrollo normativo.
La Ministra de Igualdad podrá adoptar, en el ámbito de sus competencias, las 
disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de este real decreto.
Disposición final tercera.  Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 17 de noviembre de 2020.
FELIPE R.
La Ministra de Igualdad,
IRENE MARÍA MONTERO GIL