BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 127  Jueves 7 de mayo de 2020  Sec. I.   Pág. 31518
I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA,
RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
4859 Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley Concursal.
Índice
Libro primero.  Del concurso de acreedores.
Título I.  De la declaración de concurso.
Capítulo I.  De los presupuestos de la declaración de concurso.
Capítulo II.  De la legitimación.
Capítulo III.  De la declaración de concurso a solicitud del deudor.
Sección 1.ª  Del deber de solicitar la declaración de concurso.
Sección 2.ª  De la solicitud del deudor.
Sección 3.ª  De la provisión sobre la solicitud del deudor.
Capítulo IV.  De la declaración de concurso a solicitud de acreedor y de otros 
legitimados.
Sección 1.ª  De la solicitud de acreedor y de otros legitimados.
Sección 2.ª  De la provisión sobre la solicitud de acreedor y otros legitimados.
Sección 3.ª  De la oposición del deudor.
Sección 4.ª  De la resolución sobre la solicitud.
Capítulo V.  Del auto de declaración de concurso.
Sección 1.ª  Del auto de declaración de concurso.
Sección 2.ª  De la notificación del auto de declaración de concurso.
Sección 3.ª  De la publicidad de la declaración de concurso.
Capítulo VI.  De los concursos conexos.
Sección 1.ª  De la declaración conjunta de concursos.
Sección 2.ª  De la acumulación de concursos ya declarados.
Sección 3.ª  De la tramitación coordinada de los concursos conexos.
Título II.  De los órganos del concurso.
Capítulo I.  Del juez del concurso.
Sección 1.ª  De la competencia.
Sección 2.ª  De la jurisdicción.
Capítulo II.  De la administración concursal. e.
Sección 1.ª  Del nombramiento de la administración concursal. 59ww
SSuubbsseecccciióónn  12..ªª   DDee l lare cqoumispitoo sdicei ólan  idnes clarip acdiómni neinst real cRióeng icsotrnoc puúrsbalilc.o concursal.
Subsección 3.ª  Del nombramiento de la administración concursal.
Subsección 4.ª  De la recusación de la administración concursal. Bc
Subsección 5.ª  De los auxiliares delegados.
Sección 2.ª  Del ejercicio del cargo.
Sección 3.ª  De la retribución.
Subsección 1.ª  Del régimen jurídico de la retribución.
Subsección 2.ª  De la cuenta de garantía arancelaria.
Sección 4.ª  De la responsabilidad.
Sección 5.ª  De la separación y de la revocación.
Título III.  De los efectos de la declaración de concurso.
Capítulo I.  De los efectos sobre el deudor.
Sección 1.ª  De los efectos sobre el concursado en general.
Sección 2.ª  De los efectos sobre la representación y defensa procesal del concursado.
Sección 3.ª  De los efectos específicos sobre la persona natural.
Sección 4.ª  De los efectos específicos sobre la persona jurídica.
Sección 5.ª  De los deberes de comparecencia, colaboración e información del concursado.
Capítulo II.  De los efectos sobre las acciones individuales.
Sección 1.ª  De los efectos sobre las acciones y sobre los procedimientos declarativos.
Sección 2.ª  De los efectos sobre las acciones y sobre los procedimientos ejecutivos.
Subsección 1.ª  De las reglas generales.
Subsección 2.ª  De las reglas especiales para los procedimientos de ejecución de 
garantías reales y asimilados.
Capítulo III.  De los efectos sobre los créditos.
Capítulo IV.  De los efectos sobre los contratos.
Sección 1.ª  De los efectos sobre los contratos.
Sección 2.ª  De la resolución de los contratos.
Subsección 1.ª  De la resolución por incumplimiento.
Subsección 2.ª  De la resolución en interés del concurso.
Sección 3.ª  Del derecho a la rehabilitación de contratos.
Sección 4.ª  De los efectos sobre los contratos de trabajo y sobre los convenios colectivos.
Subsección 1.ª  De los efectos sobre los contratos de trabajo.
Subsección 2.ª  De los efectos sobre los contratos del personal de alta dirección.
Subsección 3.ª  De los efectos sobre los convenios colectivos.
Sección 5.ª  De los efectos sobre los contratos con las administraciones públicas.
Título IV.  De la masa activa.
Capítulo I.  De la composición de la masa activa.
Capítulo II.  Del inventario de la masa activa.
Capítulo III.  De la conservación y de la enajenación de la masa activa.
Sección 1.ª  De la conservación de la masa activa. es
Sección 2.ª  De la enajenación de bienes y derechos de la masa activa. o
Subsección 1.ª  De las reglas generales. 59ww
afecStousb ase pcrcivióileng 2io. ªe spDeec ialal.s especialidades de la enajenación de bienes o derechos
SSuubbsseecccciióónn  34..ªª   DDee  llaas c easnpceeclaiacliiódna ddees c daerg laas e.najenación de unidades productivas. BOE-A-cable e
Capítulo IV.  De la reintegración de la masa activa.
Sección 1.ª  De las acciones rescisorias especiales.
Sección 2.ª  De las demás acciones de reintegración.
Capítulo V.  De la reducción de la masa activa.
Capítulo VI.  De los créditos contra la masa activa.
Sección 1.ª  De los créditos contra la masa activa.
Sección 2.ª  Del régimen de los créditos contra la masa activa.
Sección 3.ª  De las especialidades en caso de insuficiencia de la masa activa.
Título V.  De la masa pasiva.
Capítulo I.  De la integración de la masa pasiva.
Capítulo II.  De la comunicación y del reconocimiento de créditos.
Sección 1.ª  De la comunicación a los acreedores.
Sección 2.ª  De la comunicación de créditos.
Sección 3.ª  Del reconocimiento de créditos.
Subsección 1.ª  De las clases de reconocimiento.
Subsección 2.ª  De los supuestos especiales de reconocimiento.
Sección 4.ª  Del cómputo de los créditos.
Sección 5.ª  De la comunicación extemporánea de créditos.
Capítulo III.  De la clasificación de los créditos concursales.
Sección 1.ª  De las clases de créditos.
Sección 2.ª  De los créditos privilegiados.
Subsección 1.ª  De los créditos con privilegio especial.
Subsección 2.ª  De los créditos con privilegio general.
Sección 3.ª  De los créditos subordinados.
Capítulo IV.  De la lista de acreedores.
Título VI.  Del informe de la administración concursal.
Capítulo I.  Del informe de la administración concursal.
Sección 1.ª  De las comunicaciones electrónicas anteriores a la presentación del informe.
Sección 2.ª  Del informe de la administración concursal.
Capítulo II.  De la impugnación del inventario y de la lista de acreedores.
Capítulo III.  De la presentación de los textos definitivos y del fin de la fase común.
Sección 1.ª  De la presentación de los textos definitivos.
Sección 2.ª  De la finalización de la fase común.
Capítulo IV.  De la modificación de la lista definitiva de acreedores.
Título VII.  Del convenio.
Capítulo I.  De la propuesta de convenio. es
Sección 1.ª  De los proponentes. w.
Sección 2.ª  Del contenido de la propuesta de convenio. 59ww
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Sección 3.ª  Del plan de pagos y del plan de viabilidad.
Capítulo II.  De la presentación de la propuesta y de la admisión a trámite.
Sección 1.ª  Del momento de presentación de la propuesta.
Subsección 1.ª  De la presentación anticipada de la propuesta de convenio.
Subsección 2.ª  De la presentación ordinaria de la propuesta de convenio.
Sección 2.ª  De la admisión a trámite de la propuesta de convenio.
Capítulo III.  De la evaluación de la propuesta de convenio.
Capítulo IV.  De la aceptación de la propuesta de convenio por los acreedores.
Sección 1.ª  De la aceptación de la propuesta.
Sección 2.ª  De las adhesiones a la propuesta de convenio.
Sección 3.ª  Del sistema de aceptación de la propuesta anticipada de convenio.
Sección 4.ª  De la aceptación de las demás propuestas de convenio.
Subsección 1.ª  De la aceptación en junta de acreedores.
Subsección 2.ª  De la aceptación en caso de tramitación escrita.
Sección 5.ª  De las mayorías del pasivo ordinario necesarias para la aceptación de la 
propuesta de convenio.
Sección 6.ª  De la verificación y proclamación del resultado.
Sección 7.ª  De la aceptación de la propuesta de convenio por el concursado.
Capítulo V.  De la aprobación judicial del convenio.
Sección 1.ª  Del carácter necesario de la aprobación judicial del convenio.
Sección 2.ª  De la oposición a la aprobación judicial del convenio.
Sección 3.ª  De la aprobación judicial del convenio.
Capítulo VI.  De la eficacia del convenio.
Capítulo VII.  Del cumplimiento del convenio.
Sección 1.ª  Del cumplimiento del convenio.
Sección 2.ª  Del incumplimiento del convenio.
Título VIII.  De la liquidación de la masa activa.
Capítulo I.  De la apertura de la fase de liquidación.
Capítulo II.  De los efectos de la apertura de la fase de liquidación.
Capítulo III.  De las operaciones de liquidación.
Sección 1.ª  De las reglas generales de liquidación.
Sección 2.ª  Del plan de liquidación.
Sección 3.ª  De las reglas supletorias.
Subsección 1.ª  Del procedimiento de enajenación.
Subsección 2.ª  De la regla del conjunto. e.e
Capítulo IV.  De la publicidad de los bienes y derechos objeto de liquidación. 59ww
CCaappííttuulloo  VV.I .  DDee l olas  cinofnosrmigneas ctiróimn epsrtervaelenst ivdae. liquidación.
Capítulo VII.  De la prolongación indebida de la liquidación.
Título IX.  Del pago a los acreedores concursales.
Título X.  De la calificación del concurso.
Capítulo I.  Disposiciones generales.
Capítulo II.  De la sección de calificación.
Sección 1.ª  De la formación y tramitación de la sección de calificación.
Subsección 1.ª  Del régimen general.
Subsección 2.ª  Del régimen especial en caso de incumplimiento del convenio.
Sección 2.ª  De la sentencia de calificación.
Sección 3.ª  De la calificación en caso de intervención administrativa.
Título XI.  De la conclusión y de la reapertura del concurso de acreedores.
Capítulo I.  De la conclusión del concurso.
Sección 1.ª  De las causas de conclusión del concurso.
Sección 2.ª  Del régimen de conclusión del concurso.
Subsección 1.ª  De la conclusión del concurso por revocación de la declaración.
Subsección 2.ª  De la conclusión del concurso por cumplimiento del convenio.
Subsección 3.ª  De la conclusión del concurso por finalización de la liquidación.
Subsección 4.ª  De la conclusión por insuficiencia de la masa activa simultánea a la 
declaración del concurso.
Subsección 5.ª  De la conclusión por insuficiencia de la masa activa posterior al auto 
de declaración del concurso.
Subsección 6.ª  De la conclusión del concurso por satisfacción de los acreedores, por 
desistimiento o por renuncia.
Sección 3.ª  De la rendición de cuentas.
Sección 4.ª  De los recursos y de la publicidad.
Sección 5.ª  De los efectos de la conclusión del concurso.
Capítulo II.  Del beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho.
Sección 1.ª  Del ámbito de aplicación.
Sección 2.ª  Del régimen general.
Subsección 1.ª  De los presupuestos de la exoneración.
Subsección 2.ª  De la solicitud de exoneración y de la concesión del beneficio.
Subsección 3.ª  De la extensión de la exoneración.
Subsección 4.ª  De la revocación de la exoneración.
Sección 3.ª  Del régimen especial de exoneración por la aprobación de un plan de pagos.
Sección 4.ª  De los efectos comunes de la exoneración.
Capítulo III.  De la reapertura del concurso.
Título XII.  De las normas procesales generales, del procedimiento abreviado, del 
incidente concursal y del sistema de recursos.
Capítulo I.  De la tramitación del procedimiento. e.e
Capítulo II.  Del procedimiento abreviado. b
SSeecccciióónn  12..ªª   DDee  llaa sa epslicpaecciióanlid daedl epsr odceel dpirmoiceendtoim aiebnretov iaabdroe.viado.
CCaappííttuulloo  IIIVI..   DDeel  lionsc irdeecnutres ocso.ncursal. BOE-A-cable e
Título XIII.  De la publicidad del concurso.
Capítulo I.  De la publicidad telemática.
Capítulo II.  De los edictos.
Capítulo III.  De los mandamientos.
Capítulo IV.  Del registro público concursal.
Título XIV.  De los concursos de acreedores con especialidades.
Capítulo I.  Del concurso de la herencia.
Capítulo II.  De las especialidades del concurso por razón de la persona del deudor.
Sección 1.ª  De las comunicaciones Y notificaciones especiales.
Sección 2.ª  De las especialidades de la administración concursal.
Sección 3.ª  De las especialidades del concurso de entidades de crédito, de empresas 
de servicios de inversión, de entidades aseguradoras, de entidades que sean miembros de 
mercados regulados y de entidades participantes en los sistemas de compensación y 
liquidación de valores.
Sección 4.ª  De las especialidades del concurso de empresas concesionarias de 
obras y servicios públicos o contratistas de las administraciones públicas.
Sección 5.ª  De las especialidades del concurso de entidades deportivas.
Libro segundo.  Del derecho preconcursal.
Título I.  De la comunicación de la apertura de negociaciones con los acreedores.
Capítulo I.  De la comunicación de apertura de negociaciones con los acreedores.
Capítulo II.  De los efectos de la comunicación.
Sección 1.ª  De los efectos de la comunicación sobre los créditos.
Sección 2.ª  De los efectos de la comunicación sobre las acciones y sobre los 
procedimientos ejecutivos.
Sección 3.ª  De los efectos sobre las solicitudes de concurso.
Capítulo III.  De la exigibilidad del deber legal de solicitar el concurso.
Título II.  De los acuerdos de refinanciación.
Capítulo I.  De los acuerdos de refinanciación.
Sección 1.ª  De las clases de acuerdos de refinanciación.
Sección 2.ª  De los acuerdos colectivos de refinanciación.
Sección 3.ª  De los acuerdos singulares de refinanciación.
Capítulo II.  De la homologación de los acuerdos de refinanciación.
Sección 1.ª  De los requisitos de la homologación.
Sección 2.ª  De la homologación judicial.
Subsección 1.ª  Del procedimiento de homologación.
Subsección 2.ª  De la impugnación de la homologación. e.e
Sección 3.ª  De la extensión de la eficacia del acuerdo homologado de refinanciación. 59ww
SSSuuubbbssseeecccccciiióóónnn   123...ªªª    DDDeee   lllaaa   eecoxxttneesnnessriivóóannc  iaaó  nlloo dss  ecc rrlééadds iittgooassr  ascniontní ag gsaa rparaennrtsítaíoa nr eraealeal.sl.. OE-A-2020-48able en https://
Capítulo III.  Del incumplimiento del acuerdo de refinanciación.
Título III.  Del acuerdo extrajudicial de pagos.
Capítulo I.  De los presupuestos.
Capítulo II.  Del nombramiento de mediador concursal.
Sección 1.ª  De la solicitud de nombramiento de mediador concursal.
Sección 2.ª  Del nombramiento de mediador concursal.
Subsección 1.ª  Del nombramiento.
Subsección 2.ª  De la aceptación.
Sección 3.ª  De la comunicación del nombramiento.
Sección 4.ª  Del régimen supletorio.
Sección 5.ª  Del deber de solicitar aplazamiento o fraccionamiento de la obligación de 
pago de los créditos de derecho público.
Capítulo III.  De los deberes de comprobación.
Capítulo IV.  Del acuerdo extrajudicial de pagos.
Sección 1.ª  De la convocatoria a los acreedores.
Sección 2.ª  De la propuesta de acuerdo extrajudicial de pagos.
Subsección 1.ª  De la propuesta.
Subsección 2.ª  De los documentos adjuntos a la propuesta.
Sección 3.ª  De la aceptación de la propuesta.
Subsección 1.ª  Del deber de asistencia.
Subsección 2.ª  De las mayorías.
Sección 4.ª  De la formalización del acuerdo.
Capítulo V.  De la eficacia del acuerdo.
Capítulo VI.  De la impugnación del acuerdo.
Capítulo VII.  Del cumplimiento del acuerdo.
Título IV.  De las especialidades del concurso consecutivo.
Capítulo I.  Del concurso consecutivo.
Capítulo II.  De las normas comunes en materia de concurso consecutivo.
Sección 1.ª  De las especialidades en materia de reintegración de la masa activa.
Sección 2.ª  De las especialidades en materia de calificación del concurso.
Capítulo III.  De las especialidades del concurso consecutivo a un acuerdo de 
refinanciación.
Capítulo IV.  De las especialidades del concurso consecutivo a un acuerdo 
extrajudicial de pagos.
Sección 1.ª  De la solicitud de concurso consecutivo.
Sección 2.ª  Del régimen del concurso consecutivo.
Libro tercero.  De las normas de derecho internacional privado.
Título I.  Disposiciones generales. e.
Título II.  De la ley aplicable. w.
CCCTíaaatuppplíííotttuuu IlllIoooI.    III.II .I .D DeDDle erele l p cplarorosonc coreeecdgdiimmliamiiseeie nncntototomo  d puteerni nrpercristoiop caraei alad.lm.imbioesn ttoipso esx dtrea npjreorcoesd dime iiennstoolsv.encia. BOE-A-2020-48cable en https://
Título IV.  De la coordinación entre procedimientos paralelos de insolvencia.
I
La historia de la Ley Concursal es la historia de sus reformas. Es difícil encontrar una 
ley que, en tan pocos años, haya experimentado tantas y tan profundas modificaciones. 
Las esperanzas que había suscitado ese derecho de nueva planta, con la lógica aspiración 
a la estabilidad normativa, pronto se desvanecieron: desde la fecha de promulgación de 
esta ley, sucesivas leyes y decretos-leyes, con un ritmo acentuado en la décima legislatura, 
han sustituido principios y enmendado normas legales, a la vez que han constituido el 
cauce para la inclusión de nuevas instituciones y de nuevas soluciones.
Durante la gestación de la que habría de ser la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, 
se había debatido sobre la conveniencia de incorporar al entonces derecho proyectado las 
instituciones propias del denominado derecho preconcursal, aprovechando para ello 
algunas experiencias de otros ordenamientos jurídicos; se habían identificado los riesgos 
que comportaba la rígida estructura del procedimiento, dividido en fases, y los derivados 
de un exceso en la atribución de competencias al juez del concurso, en detrimento del 
imprescindible ámbito de autonomía de la administración concursal; y, en fin, se había 
advertido de los costes, de tiempo y económico, del diseño en que se trabajaba.
Sin embargo, la mala experiencia que, en el inmediato pasado, había supuesto la 
deformación de los procedimientos formalmente predispuestos para el tratamiento de 
situaciones de iliquidez, que habían terminado por superponerse a los procedimientos 
tradicionales para la solución de las auténticas insolvencias, militaba en contra de la 
distinción entre el derecho concursal y el preconcursal. La admisión de la insolvencia 
inminente como presupuesto alternativo para el concurso voluntario se consideraba 
suficiente. Y, además, quizás faltase perspectiva para apreciar que los nuevos institutos 
emergentes en otros sistemas legislativos poco tenían que ver con las antiguas 
suspensiones de pagos.
De otro lado, la alegada rigidez del procedimiento concursal y las muchas funciones 
atribuidas el juez del concurso no se consideraban especial problema por la simultánea 
creación de los Juzgados especializados en los que se confiaba plenamente para una 
segura y rápida tramitación de los concursos de acreedores. En el ánimo del legislador la 
figura del convenio anticipado era el cauce predispuesto para la rápida solución de la 
insolvencia.
Pero, a poco de promulgada la ley, la profunda crisis duradera por la que atravesó la 
economía española, evidenció los defectos y las insuficiencias de la nueva normativa, y el 
correlativo aumento de los procedimientos concursales no tardó en colapsar los juzgados 
de lo mercantil. Al mismo tiempo, comenzaron a apreciarse síntomas de la «huida de la 
Ley Concursal». En efecto, algunas importantes sociedades españolas en situación de 
crisis, en lugar de solicitar el concurso por razón de una insolvencia real o inminente, 
acudían, siempre que era posible, a foros extranjeros, con buenos resultados, para 
beneficiarse de soluciones de las que carecía la legislación española.
El legislador español se sintió constreñido a intervenir, con frecuencia, invocando 
razones de extraordinaria y urgente necesidad, para tratar de dar solución adecuada a lo 
que no la tenía, aunque ello comportara, en ocasiones, la sustitución de elementos básicos 
del recién estrenado sistema concursal y la ampliación de las posibilidades que 
originariamente ofrecía la nueva ley con el fin de conseguir una más adecuada, más 
flexible y más justa solución de los intereses en conflicto. Entre otras modificaciones 
fundamentales, pueden mencionarse la incorporación del criterio del valor razonable del 
bien o del derecho sobre el que se hubiere constituido la garantía como límite del privilegio  s
especial del crédito garantizado, el reconocimiento del derecho del deudor a solicitar en  e.
cualquier momento la apertura de la liquidación, el régimen de los concursos sin masa  w.
suficiente para hacer frente a los costes el procedimiento y la introducción del beneficio de  59ww
ldae uedxoorn eprearcsoiónna  dnealt upraasl.ivo insatisfecho del que, en ciertas condiciones, puede gozar el
recoJnusnidtoe rcaocnió rne,f ohram haasb eidsota cbalesso,s a dqeu erlelafosr mquaes,  duen alo v reezf oinrmtroadduoc, ideans u, nn op rhoacne ssoid coo onbtijneutoa ddoe   BOE-A-cable e
de diseño y rediseño, como sucedió con el régimen de los acuerdos de refinanciación, a
medida que se manifestaban las insuficiencias de las primeras soluciones, acentuando así 
la inestabilidad de la normativa. De aquel derecho que aspiraba a ser estable se pasó así 
a un derecho en perpetua refacción.
Esa acumulación de reformas justificó que la disposición final octava de la Ley 9/2015, 
de 25 de mayo, de medidas urgentes en materia concursal, habilitara al Gobierno para 
aprobar un texto refundido de la Ley 22/2003, de 9 de julio. La finalización del plazo 
establecido para la refundición ha motivado que en la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de 
Secretos Empresariales, se incluyera una disposición final tercera que habilitaba un nuevo 
plazo para aprobar un texto refundido a propuesta de los Ministros de Justicia y del 
entonces denominado de Economía y Empresa. Esta autorización incluye la facultad de 
regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que deban ser refundidos.
En pocos casos la necesidad de un texto refundido es más necesaria. Las dificultades 
que, tras tantas reformas, suscita la lectura y la interpretación de las normas legales e 
incluso la comprensión de la lógica interna del sistema concursal vigente exigían no 
posponer por más tiempo esa tarea que, aunque delicada, resulta insoslayable afrontar.
II
Las Cortes Generales han establecido el método y, al mismo tiempo, fijado los límites 
del encargo al poder ejecutivo. El texto refundido de la Ley Concursal debe ser el resultado 
de la regularización, la aclaración y la armonización de unas normas legales que, como las 
que son objeto de refundición, han nacido en momentos distintos y han sido generadas 
desde concepciones no siempre coincidentes. Regularizar significa ajustar, reglar o poner 
en orden. Aclarar es verbo de múltiples significados: a veces, alude a quitar lo que impide 
apreciar la realidad de alguna cosa; otras, implica la idea de explicar. Y armonizar equivale 
a hacer que no discuerden dos o más partes de un todo. La autorización no se circunscribe 
a la mera formulación de un texto consolidado, sino que incluye esa triple facultad. La 
fidelidad al mandato recibido impide, pues, la mera yuxtaposición de artículos. De las dos 
posibilidades que ofrece la Constitución (artículo 82.5), las Cortes han optado por la más 
ambiciosa. Esa fidelidad al mandato parlamentario exige desarrollar una compleja 
actuación en pos de ese triple objetivo en el que, por razón del interés general, descansa 
la decisión legal.
Los amplios términos con que ha sido configurada la delegación al Gobierno para la 
elaboración del texto refundido permiten así solucionar un buen número de problemas sin 
alterar el sistema legal vigente. De ahí que, al redactar el texto refundido, el Gobierno no se 
haya limitado a reproducir, con mejor orden, las normas legales objeto de la refundición, 
sino que haya debido incidir en esa normativa en una muy delicada labor para cumplir 
fielmente la encomienda recibida. Ordenar un texto que las sucesivas reformas habían 
desordenado; redactar las proposiciones normativas de modo que sean fáciles de 
comprender y, por ende, de aplicar, y eliminar contradicciones –o incluso normas duplicadas 
o innecesarias– han sido pautas esenciales que han guiado la encomienda recibida.
La doctrina del Consejo de Estado ha señalado que regularizar, aclarar y armonizar 
textos legales supone, en primer lugar, la posibilidad de alterar la sistemática de la ley y, 
en segundo lugar, la posibilidad de alterar la literalidad de los textos para depurarlos en la 
medida necesaria para eliminar las dudas interpretativas que pudieran plantear.
En primer lugar, la alteración de la sistemática facilita la identificación de la norma y la 
comprensión de la función que cumple. Con la nueva sistemática, se aspira a que la 
aplicación del derecho no tenga como presupuesto la previa localización de la norma a  s
aplicar. La determinación del derecho aplicable no puede tener mayores dificultades que  oe.
la interpretación jurídica de las leyes. w.
reexoterAdnles nsoea, rcevióiscntiáo  c ddoeend seiicssattead, o me laa ltn ecixfoetons tcaruecrfisuóonn d ddideeo l a pscrerien deciidvpoiidoree d see. n Pl ater ersose  geliubl rrlioedsca:td o erj lu drpíerdilmi ctaee xreoton,   epqlr uomen átloas    2020-4859n https://ww
comprobará que, en la distribución de la materia entre los distintos títulos de que se
compone este primer libro, existen diferencias importantes con la sistemática de la  Bc
Ley 22/2003, de 9 de julio. Así, por ejemplo, hay un título específico sobre los órganos del
concurso, dividido en dos capítulos, uno dedicado al juez del concurso y otro a la 
administración concursal; hay, al igual que en la Propuesta de Anteproyecto de Ley 
Concursal de 1995, un título sobre la masa activa y otro sobre la masa pasiva; hay un título 
sobre el informe de la administración concursal; hay un título propio para el pago de los 
créditos a los acreedores; y un título sobre publicidad. Esta nueva sistemática ha supuesto 
el traslado y la recolocación de muchas normas contenidas en títulos diferentes de la Ley 
Concursal. Entre otros muchos ejemplos significativos, en el título IV, dedicado a la masa 
activa, no solo se incluye lo relativo a la composición de esa masa o lo relativo a la 
conservación de la misma, sino también las reglas generales de enajenación de los bienes 
y derechos que la componen, muchas de ellas ahora contenidas en el título sobre 
liquidación; el régimen de la reintegración de la masa, procedente del título sobre los 
efectos de la declaración de concurso; el régimen de la reducción de la masa; y la 
regulación de los créditos contra la masa, que se enumeraban en aquella parte de la ley 
que tenía por objeto la composición de la masa pasiva, incluidas las especialidades en 
caso de insuficiencia de la masa para hacer frente a dichos créditos, materia de la que se 
ocupaba el título dedicado a la conclusión del concurso.
Las normas concursales generales se integran en los doce primeros títulos de este 
libro. Simultáneamente, se han excluido de esos títulos aquellas normas especiales que 
estaban dispersas por el articulado, sin distraer al aplicador del derecho con aquellas 
particularidades de ámbito más o menos restringido. En el título XIV, que es el título final de 
este libro I, se han agrupado, junto con el concurso de la herencia, las especialidades del 
concurso de aquel deudor que tenga determinadas características subjetivas u objetivas.
El libro II está dedicado a ese otro derecho de la crisis que es alternativo –y, en 
ocasiones, previo– al derecho tradicional de la insolvencia. Este segundo libro se divide en 
cuatro títulos independientes: el primero, procedente del artículo 5 bis, tiene como objeto 
la comunicación de la apertura de negociaciones con los acreedores; el segundo, se ocupa 
de los acuerdos de refinanciación, cuyo episódico régimen, tan trabajosamente diseñado 
por el legislador, adquiere ese mínimo de unidad y autonomía que todos reclamaban; el 
tercero es el relativo a los acuerdos extrajudiciales de pago, cuya disciplina se ha añadido 
a la Ley Concursal por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, modificado por la Ley 25/2015, 
de 28 de junio; y el último se ocupa de las especialidades del concurso consecutivo, sea a 
un acuerdo de refinanciación, sea a un acuerdo extrajudicial de pagos. Se ha optado por 
mantener la terminología de esos nuevos instrumentos legales por ser la incorporada al 
anejo A del Reglamento (UE) 2015/848, del Parlamento y del Consejo, de 20 de mayo 
de 2015, sobre procedimientos de insolvencia.
Pero la elaboración de este libro ha sido, probablemente, la de mayor dificultad técnica: 
dificultad por las reconocidas deficiencias, incluso terminológicas, del régimen de estos 
«expedientes» o «procedimientos». Quizás sea aquí donde los límites de la refundición 
resultan más patentes: no faltarán quienes consideren que el Gobierno hubiera debido 
aprovechar la ocasión para clarificar más el régimen jurídico aplicable a esos institutos y, 
en especial, del régimen aplicable a los acuerdos de refinanciación –un régimen más 
preocupado por la consecución de determinados objetivos que por la tipificación 
institucional–, solventando las muchas dudas que la aplicación de las normas legales ha 
permitido identificar. Sin embargo, en la refundición de esas normas se ha procedido con 
especial prudencia para evitar franquear los límites de la encomienda, pues la delegación 
para aclarar no es delegación para reconstruir sobre nuevas bases las instituciones.
En fin, en el libro III se incluyen las normas de derecho internacional privado que hasta 
ahora contenía el título IX de la Ley Concursal. La razón de la creación de este último libro  es
se encuentra en el ya citado Reglamento (UE) 2015/848. A diferencia del Reglamento (CE)  o
1nrilnoe3ossf4 uo sa6nlovc/dl2eoui0dn ea0cor i0d alao,o, gs sdh r ecaudlosp eCnta acro  eueanfrnhsisn eooaejrsoanl  , cld cidibeairer ccoa iu2 ócnI9nrIes.   dceyEer dixa tomai srsletaoe saysn,o l   acs ndcoinoeunor ecm2 rut0daar0omss0os bd,   dieeeéexlln   tnad raauce jreruleoevdescoi dch «Riooapr elreeiognssclt,a ee dqmrdenuie amepnc idateiooegn,nbo teaoesslsr,   á»pdpn reoqi va rua apelpdol ileco icqal  audrtesceeeix  ót llanoaa      OE-A-2020-4859able en https://www.
coherencia sistemática exigía esta posposición.
En segundo lugar, la alteración de la literalidad de un buen número de textos es la 
manifestación más significativa del mandato de claridad. Un elevado número de artículos 
se han redactado de nuevo, para precisar, sin alterar el contenido, cuál es la interpretación 
de la norma. La terminología se ha unificado; el sentido de la norma se hace coincidir con 
la formulación, evitando el mayor número de incertidumbres posibles; y las fórmulas 
legislativas más complejas se exponen con la mayor simplicidad posible.
Esta alteración de la literalidad ha ido unida a una nueva relación entre el continente y el 
contenido. En el texto originario de la Ley Concursal y, sobre todo, en el ya reformado 
existían artículos que, por razón de la materia, era aconsejable dividir en varios 
independientes. En el texto refundido se dedica un artículo a cada materia, evitando que un 
mismo precepto se ocupe de heterogéneas o distintas cuestiones y, al mismo tiempo, el 
epígrafe de cada artículo intenta anticipar el objeto de la norma. En casos concretos, un solo 
artículo de la Ley Concursal ha dado lugar a todo un capítulo o a toda una sección. Así, el 
artículo 5 bis de la Ley Concursal, sobre comunicación de negociaciones con los acreedores; 
el artículo 64, sobre los efectos de la declaración de concurso sobre los contratos de trabajo; 
el artículo 100, sobre contenido de la propuesta de convenio; el artículo 149, sobre reglas 
legales en materia de liquidación de la masa activa; el artículo 176 bis, sobre especialidades 
de la conclusión del concurso por insuficiencia de la masa activa; o el artículo 178 bis, sobre 
el beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho. Un caso particular es el artículo 71 bis, 
sobre el régimen especial de rescisión de determinados acuerdos de refinanciación, y de la 
disposición adicional cuarta, sobre homologación de esos acuerdos, que han dado lugar a 
todo un título. La consecuencia de la utilización de estos criterios ha sido el sustancial 
aumento del número de artículos. La Ley Concursal apenas supera los 250 artículos; el texto 
refundido casi ha multiplicado por tres este número.
Pero no solo esto: al redactar el texto refundido, el Gobierno no solo aspira a ofrecer un 
conjunto normativo que fuera sistemático y que fuera claro e inteligible. Por supuesto, el texto 
refundido no puede incluir modificaciones de fondo del marco legal refundido, así como 
tampoco introducir nuevos mandatos jurídicos inexistentes con anterioridad o excluir 
mandatos jurídicos vigentes. Pero, dentro de los límites fijados por las Cortes, la tarea exigía, 
como en ocasiones similares ha señalado el Consejo de Estado, actuar «con buen sentido» 
pues la refundición no puede ser una tarea meramente mecánica, sino que requiere, a veces, 
ajustes importantes para mantener la unidad de las concepciones; para convertir en norma 
expresa principios implícitos; para completar las soluciones legales colmando lagunas cuando 
sea imprescindible; y, en fin, para rectificar las incongruencias, sean originarias, sean 
consecuencia de las sucesivas reformas, que se aprecien en las normas legales contenidas 
dentro de la misma Ley. Por estas razones, la labor técnica que supone la elaboración de un 
texto refundido, cuando la delegación es tan amplia, implica no solo interpretación, sino 
también integración –es decir, un «contenido innovador», sin el cual carecería de sentido la 
delegación legislativa–, pudiendo incluso llegar a la explicitación de normas complementarias 
a las que son objeto de refundición (sentencias del Tribunal Constitucional números 122/1992, 
de 28 de septiembre, y 166/2007, de 4 de julio). En el texto refundido que ahora aprueba el 
Gobierno, el aplicador del derecho comprobará a cada paso la importancia que ha tenido este 
criterio orientador, el tesón por la coherencia con los principios, esa preocupación por explicitar 
lo implícito o esa frecuencia de normas complementarias.
La imprescindible reordenación, clarificación y armonización del derecho vigente que 
representa este texto refundido no excluye que el proceso de reforma del derecho de la 
insolvencia haya finalizado. España tiene pendiente de transponer la Directiva (UE) 2019/1023, 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, que tiene como finalidad  es
establecer mecanismos de alerta ante el riesgo de insolvencia, dar una regulación más  o
ceocinooble mntdxesecpntruilcetesuicótayahnbe oy l de  lceac tool r babhnaneecssnrueeperns ofiiatcsdeliió, oc ania ó delunoeam,s   l tiepbpanaerroetrraaacar ec  aqislóaucon oese m, df diyeceea itde  erpenero ucedridsa esta,r í su famo.c lPirtigumseermaarroaa c mri eó relcán tovs epis sxrottteeeorvsd  ere,e exnnyfttu ariavandmaoda ri,dpdd elcoiina l alqara rurslaiaae  ds  yade  phiusfiooidcssruataielsbt mas,i ledisdá i.maatipcdparelui sfeei cbdsaaaer     OE-A-2020-4859able en https://www.
El Derecho concursal se reivindica como una herramienta fundamental para la 
conservación de tejido empresarial y empleo; y de ello es consciente el legislador y la 
propia Unión Europea que ha desarrollado una importante iniciativa normativa a través de 
Directivas como la mencionada inmediatamente antes. Esta finalidad conservativa del 
Derecho concursal se manifiesta no solo a través de normas con vocación de permanencia 
como el presente texto refundido, sino que en el contexto de la crisis sanitaria originada por 
el COVID-19 también se han adoptado medidas urgentes, de naturaleza temporal y 
extraordinaria, con incidencia en el ámbito concursal. El ámbito temporal de aplicación de 
estas medidas es limitado, pues tratan de atender de manera extraordinaria y urgente la 
situación de los procesos concursales tras la finalización del estado de alarma y la situación 
de las empresas afectadas por la disminución o el cese de actividad motivada precisamente 
por las consecuencias económicas generadas por la mencionada crisis sanitaria, de modo 
que durante un cierto período de tiempo ambas normas, texto refundido y normas 
excepcionales, coincidirán en su aplicación, si bien cada una en su respectivo ámbito.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Justicia y de la Ministra de Asuntos 
Económicos y Transformación Digital, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 5 de mayo de 2020,
DISPONGO:
Artículo único.  Aprobación del texto refundido de la Ley Concursal.
Se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal que se inserta a continuación.
Disposición adicional primera.  Grupos de sociedades.
A los efectos del presente texto refundido se entenderá por grupo de sociedades el 
definido en el artículo 42.1 del Código de Comercio.
Disposición adicional segunda.  Remisiones normativas.
Las referencias normativas contenidas en otras disposiciones a la Ley 22/2003, de 9 de 
julio, Concursal, se entenderán realizadas a los preceptos correspondientes del texto 
refundido que se aprueba.
Disposición adicional tercera.  Tabla de correspondencias.
Dentro del mes siguiente a la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de este real 
decreto legislativo se divulgará a través de la página web de los Ministerios de Justicia y 
de Asuntos Económicos y Transformación Digital, con efectos meramente informativos, 
una tabla de correspondencias de los preceptos de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, 
con los del texto refundido que se aprueba mediante este real decreto legislativo.
Disposición adicional cuarta.  Estadística concursal.
El Gobierno adoptará las medidas pertinentes para garantizar la elaboración, a partir de la 
información suministrada por la oficina judicial, los Registros Mercantiles y el Registro público 
concursal, de estadísticas que permitan evaluar el funcionamiento del sistema concursal y 
contribuyan a la organización y funcionamiento de la cuenta de garantía arancelaria.
Disposición transitoria única.  Régimen transitorio. bo
ilnocsl ua1sr.t iívceuE,l lod sce o 2en7st,et e3n 4itde yox  t1do9e 8r e lodfusen  ladari dtLíoce,uy ql o2us2e / 52c70o 0rar3e ,6 sd3pe,o  n98d 4da ea a  ju 8lla9ios, , 5 mC6oo0dn aicfiu c5ras6ca6ilo , ynp eo5sr7  li4an. t1Lro etdoyu d1co7ids/a2 es0l 1leo4ns,    2020-4859n https://ww
de 30 de septiembre, por la que se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación
y reestructuración de deuda empresarial, entrarán en vigor cuando se apruebe el  Bc
reglamento a que se refiere la disposición transitoria segunda de dicha ley. Entre tanto
permanecerán en vigor los artículos 27, 34 y 198 de la Ley Concursal en la redacción 
anterior a la entrada en vigor de dicha Ley 17/2014, de 30 de septiembre.
2.  El contenido de los artículos 91 a 93, ambos inclusive, de este texto refundido, 
correspondientes a los artículos 34 bis a 34 quáter de la Ley 22/2003, de 9 de julio, 
introducidos por Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, 
reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social, entrarán en vigor cuando 
se apruebe el desarrollo reglamentario de la cuenta de garantía arancelaria.
Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
1.  Se derogan los artículos 1 a 242 bis, así como las disposiciones adicionales 
segunda, segunda bis, segunda ter, cuarta, quinta, sexta, séptima y octava y las 
disposiciones finales quinta y sexta de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.
No obstante, la derogación de sus disposiciones adicionales y finales señaladas en el 
párrafo anterior no afectará a los contenidos de las leyes modificadas por las mismas, que 
se mantienen en sus términos actualmente vigentes:
a)  Disposición adicional primera. Referencias legales a los procedimientos 
concursales anteriormente vigentes.
b)  Disposición adicional tercera. Reforma de las leyes de Sociedades Anónimas y de 
Responsabilidad Limitada.
c)  Disposición transitoria primera. Procedimientos concursales en tramitación.
d)  Disposición transitoria segunda. Juzgados de lo Mercantil.
e)  Disposición final primera. Reforma del Código Civil.
f)  Disposición final segunda. Reforma del Código de Comercio.
g)  Disposición final tercera. Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
h)  Disposición final cuarta. Reforma de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita.
i)  Disposición final séptima. Reforma de la Ley Hipotecaria.
j)  Disposición final octava. Reforma de la Ley de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin 
Desplazamiento.
k)  Disposición final novena. Reforma de la Ley de Hipoteca Naval.
l)  Disposición final décima. Reforma de la Ley General Presupuestaria.
m)  Disposición final undécima. Modificación de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria.
n)  Disposición final undécima bis. Reforma de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido.
o)  Disposición final undécima ter. Modificación de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de 
modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias.
p)  Disposición final duodécima. Reforma de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
q)  Disposición final decimotercera. Reforma de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas.
r)  Disposición final decimocuarta. Reforma del Estatuto de los Trabajadores.
s)  Disposición final decimoquinta. Reforma de la Ley de Procedimiento Laboral.
t)  Disposición final decimosexta. Reforma de la Ley General de la Seguridad Social.
u)  Disposición final decimoséptima. Reforma de la Ley Cambiaria y del Cheque.
v)  Disposición final decimoctava. Reforma de la Ley del Mercado de Valores.
x)  Disposición final decimonovena. Reforma de la Ley del Mercado Hipotecario y de 
la Ley de Medidas de Reforma del Sistema Financiero.
y)  Disposición final vigésima. Reforma de la Ley de Sociedades Anónimas. e.e
z)  Disposición final vigésima primera. Reforma de la Ley de Sociedades de  b
Responsabilidad Limitada. 59ww
aaba))   DDiissppoossiicciióónn  ffiinnaall  vviiggééssiimmaa  tseercgeurnad. aR. eRfoerfmoram dae d lea  lLae Lye dye d Seo Ccioeodpaedreast ivdaes G. arantía
Recaípcr)o caD.isposición final vigésima cuarta. Reforma de la Ley de entidades de capital-riesgo.
ad)  Disposición final vigésima quinta. Reforma de la Ley de agrupaciones de interés 
económico.
ae)  Disposición final vigésima octava. Reforma de la Ley de Contrato de Seguro.
af)  Disposición final vigésima novena. Reforma de la Ley sobre Contrato de Agencia.
ag)  Disposición final trigésima. Reforma de la Ley de Navegación Aérea.
ah)  Disposición final trigésima primera. Reforma de la Ley de Defensa de 
Consumidores y Usuarios.
ai)  Disposición final trigésima segunda. Título competencial.
aj)  Disposición final trigésima tercera. Proyecto de Ley reguladora de la concurrencia 
y prelación de créditos.
ak)  Disposición final trigésima cuarta. Arancel de retribuciones.
2.  Quedan también derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se 
opongan a lo dispuesto en este real decreto legislativo y en el texto refundido que aprueba 
y, en particular, las siguientes:
a)  Disposición adicional tercera de la Ley 36/2003, de 11 de noviembre, de medidas 
de reforma económica.
b)  Letra d) del apartado 1 de la disposición derogatoria única del Real Decreto 
Legislativo 7/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto 
Legal del Consorcio de Compensación de Seguros.
c)  La disposición adicional tercera del Real Decreto-ley 5/2005, de 11 de marzo, de 
reformas urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la contratación pública.
d)  Disposición adicional primera; apartados 1 y 2 de la disposición final tercera de la 
Ley 6/2005, de 22 de abril sobre saneamiento y liquidación de las entidades de crédito.
e)  Capítulo III (artículos 6 a 12); disposiciones adicionales primera, segunda y 
tercera; disposiciones transitorias segunda a octava del Real Decreto-ley 3/2009, de 27 de 
marzo, de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y concursal ante la evolución 
de la situación económica.
f)  Artículo decimoséptimo de la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la 
legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial.
g)  Disposición final tercera de la Ley 11/2011, de 20 de mayo, de reforma de la 
Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje y de regulación del arbitraje institucional en 
la Administración General del Estado.
h)  Disposición final sexta de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración 
y resolución de entidades de crédito.
i)  Artículo 10 del Real Decreto-ley 11/2013, de 2 de agosto, para la protección de los 
trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social.
j)  Artículo 21; artículo 31; apartado 18 del artículo 34; disposición transitoria de la 
Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización.
k)  Disposición final séptima de la Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de cajas de 
ahorros y fundaciones bancarias.
l)  Artículo 10 de la Ley 1/2014, de 28 de febrero, para la protección de los 
trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social.
m)  Artículo único del Real Decreto-ley 4/2014, de 7 de marzo, por el que se adoptan 
medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial.
n)  Artículo único del Real Decreto-ley 11/2014, de 5 de septiembre por la que se adoptan 
medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial.
o)  Artículo único de la Ley 17/2014, de 30 de septiembre, por la que se adoptan  e.e
medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial. w.b
p)  Artículo 1; disposiciones adicionales primera, segunda y tercera; y disposición  59ww
tsreagnusnitdoari ao pporritmuneirdaa dd,e rl eRdeucacl ióDne cdree tcoa-rlgeay  f1in/2a0n1ci5e,r ad ey  o2t7ra ds em feedbidrearso ,d ed eo rmdeenc asnoicsiaml.o de
finanqc) iacDióisnp eomsipcrióensa friinaal.l primera de la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la
r)  Disposición final quinta de la Ley 9/2015, de 25 de mayo, de medidas urgentes en 
materia concursal.
s)  Disposición final quinta de la Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y 
resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión.
t)  Disposición final quinta de la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, 
supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras.
u)  Artículo 1 y disposición transitoria primera de la Ley 25/2015, de 28 de julio, de 
mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de 
orden social.
v)  Disposición final quinta de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público.
Disposición final primera.  Título competencial.
El texto refundido de la Ley Concursal se dicta al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 149.1.6.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en 
materia de «legislación mercantil» y de «legislación procesal».
Disposición final segunda.  Entrada en vigor.
El presente real decreto legislativo y el texto refundido de la Ley Concursal que 
aprueba entrarán en vigor el 1 de septiembre del año 2020.
Dado en Madrid, el 5 de mayo de 2020.
FELIPE R.
La Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia, 
 Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática,
CARMEN CALVO POYATO
TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY CONCURSAL
LIBRO PRIMERO
Del concurso de acreedores
TÍTULO I
De la declaración de concurso
CAPÍTULO I
De los presupuestos de la declaración de concurso
Artículo 1.  Presupuesto subjetivo.
1.  La declaración de concurso procederá respecto de cualquier deudor, sea persona 
natural o jurídica.
2.  Las entidades que integran la organización territorial del Estado, los organismos 
públicos y demás entes de derecho público no podrán ser declarados en concurso.
Artículo 2.  Presupuesto objetivo.
1.  La declaración de concurso procederá en caso de insolvencia del deudor.
2.  La solicitud de declaración de concurso presentada por el deudor deberá fundarse 
en que se encuentra en estado de insolvencia.
3.  La insolvencia podrá ser actual o inminente. Se encuentra en estado de insolvencia 
actual el deudor que no puede cumplir regularmente sus obligaciones exigibles. Se 
encuentra en estado de insolvencia inminente el deudor que prevea que no podrá cumplir 
regular y puntualmente sus obligaciones.
4.  La solicitud de declaración de concurso presentada por cualquier acreedor deberá 
fundarse en alguno de los siguientes hechos externos reveladores del estado de 
insolvencia:
1.º  La existencia de una previa declaración judicial o administrativa de insolvencia del 
deudor, siempre que sea firme.
2.º  La existencia de un título por el cual se haya despachado mandamiento de 
ejecución o apremio sin que del embargo hubieran resultado bienes libres conocidos 
bastantes para el pago.
3.º  La existencia de embargos por ejecuciones en curso que afecten de una manera 
general al patrimonio del deudor.
4.º  El sobreseimiento generalizado en el pago corriente de las obligaciones del 
deudor.
5.º  El sobreseimiento generalizado en el pago de las obligaciones tributarias exigibles 
durante los tres meses anteriores a la solicitud de concurso; el de las cuotas de la 
seguridad social y demás conceptos de recaudación conjunta durante el mismo período, o 
el de los salarios e indemnizaciones a los trabajadores y demás retribuciones derivadas de 
las relaciones de trabajo correspondientes a las tres últimas mensualidades.
6.º  El alzamiento o la liquidación apresurada o ruinosa de sus bienes por el deudor. s
CAPÍTULO II
De la legitimación
Artículo 3.  Legitimación.
1.  Para solicitar la declaración de concurso están legitimados el deudor y cualquiera 
de sus acreedores.
Si el deudor fuera persona jurídica, será competente para decidir sobre la presentación 
de la solicitud el órgano de administración o de liquidación.
2.  Por excepción a lo dispuesto en el apartado anterior, no está legitimado el acreedor 
que, dentro de los seis meses anteriores a la presentación de la solicitud, hubiera adquirido 
el crédito por actos ínter vivos y a título singular, después de su vencimiento.
3.  Para solicitar la declaración de concurso de una sociedad, están también 
legitimados los socios que sean personalmente responsables de las deudas de aquella.
Artículo 4.  De la intervención del Ministerio Fiscal.
1.  Cuando en las actuaciones por delitos contra el patrimonio y contra el orden 
socioeconómico se pongan de manifiesto indicios de estado de insolvencia de algún 
presunto responsable penal, el Ministerio Fiscal instará del juez que conozca de la causa 
la comunicación de aquellos hechos a los acreedores cuya identidad resulte de las 
actuaciones penales en curso, a fin de que, en su caso, puedan solicitar la declaración de 
concurso o ejercitar las acciones que les correspondan.
2.  De igual modo, el Ministerio Fiscal instará del juez que esté conociendo de la 
causa la comunicación de los hechos al juez competente para conocer del concurso del 
deudor por si respecto de este se encontrase en tramitación un concurso de acreedores.
CAPÍTULO III
De la declaración de concurso a solicitud del deudor
Sección 1.ª  Del deber de solicitar la declaración de concurso
Artículo 5.  Deber de solicitar la declaración de concurso.
1.  El deudor deberá solicitar la declaración de concurso dentro de los dos meses 
siguientes a la fecha en que hubiera conocido o debido conocer el estado de insolvencia 
actual.
2.  Salvo prueba en contrario, se presumirá que el deudor ha conocido que se 
encuentra en estado de insolvencia cuando hubiera acaecido alguno de los hechos que 
pueden servir de fundamento a una solicitud de cualquier otro legitimado.
Sección 2.ª  De la solicitud del deudor
Artículo 6.  Solicitud del deudor.
1.  El deudor que inste la declaración del propio concurso deberá expresar en la 
solicitud el estado de insolvencia actual o inminente en que se encuentre y acompañar 
todos los documentos que considere necesarios para acreditar la existencia de ese estado. es
2.  La solicitud irá firmada por procurador y por abogado. El poder en el que el deudor  bo
otorgue la representación al procurador habrá de estar autorizado por notario o ser  59ww
coofincifneari djuod picoiar lc, oym dpeabreercáe snecria e aspnetec ieall  Lpeatrraa dsoo ldiceit alar  Aeld cmoinncisutrrsaoc.ión de Justicia de cualquier
Artículo 7.  Documentos generales.
A la solicitud de declaración de concurso el deudor acompañará los documentos 
siguientes:
1.º  Una memoria expresiva de la historia económica y jurídica del deudor; de la 
actividad o actividades a que se haya dedicado durante los tres últimos años y de los 
establecimientos, oficinas y explotaciones de que sea titular; de las causas del estado de 
insolvencia en que se encuentre, y de las consideraciones que estime oportunas acerca 
de la viabilidad patrimonial.
Si el deudor fuera persona casada, indicará en la memoria la identidad del cónyuge, la 
fecha del matrimonio, el régimen económico por el que se rija y, si se hubiera pactado, la 
fecha de las capitulaciones matrimoniales. Si el deudor tuviera pareja inscrita, indicará en 
la memoria la identidad de la pareja y la fecha de inscripción en el registro correspondiente.
Si el deudor fuera persona jurídica, indicará en la memoria la identidad de los socios o 
asociados de que tenga constancia; la identidad de los administradores o de los 
liquidadores, de los directores generales y, en su caso, del auditor de cuentas; si tiene 
admitidos valores a cotización en mercado secundario oficial, y si forma parte de un grupo 
de sociedades, enumerando las que estén integradas en este.
2.º  Un inventario de los bienes y derechos que integren su patrimonio, con expresión 
de la naturaleza que tuvieran, las características, el lugar en que se encuentren y, si 
estuvieran inscritos en un registro público, los datos de identificación registral de cada uno 
de los bienes y derechos relacionados, el valor de adquisición, las correcciones valorativas 
que procedan y la estimación del valor actual. Se indicarán también en el inventario los 
derechos, los gravámenes, las trabas y las cargas que afecten a estos bienes y derechos, 
a favor de acreedor o de tercero, con expresión de la naturaleza que tuvieren y, en su 
caso, los datos de identificación registral.
3.º  La relación de acreedores, por orden alfabético, con expresión de la identidad, el 
domicilio y la dirección electrónica, si la tuviere, de cada uno de ellos, así como de la 
cuantía y el vencimiento de los respectivos créditos y las garantías personales o reales 
constituidas. Si algún acreedor hubiera reclamado judicialmente el pago del crédito, se 
identificará el procedimiento correspondiente y se indicará el estado de las actuaciones.
4.º  La plantilla de trabajadores, en su caso, y la identidad de los integrantes del 
órgano de representación de los mismos si los hubiere.
Artículo 8.  Documentos contables y complementarios.
1.  Si el deudor estuviera legalmente obligado a llevar contabilidad, acompañará a la 
solicitud de declaración de concurso, además, los documentos siguientes:
1.º  Las cuentas anuales y, en su caso, los informes de gestión y los informes de 
auditoría correspondientes a los tres últimos ejercicios finalizados a la fecha de la solicitud, 
estén o no aprobadas dichas cuentas.
2.º  Una memoria de los cambios significativos operados en el patrimonio con 
posterioridad a las últimas cuentas anuales formuladas, aprobadas y depositadas.
3.º  Una memoria de las operaciones realizadas con posterioridad a las últimas 
cuentas anuales formuladas, aprobadas y depositadas que, por su objeto, naturaleza o 
cuantía hubieran excedido del giro o tráfico ordinario del deudor.
2.  Si el deudor formase parte de un grupo de sociedades, como sociedad dominante  e.
o como sociedad dominada, acompañará también las cuentas anuales y el informe de  w.b
gestión consolidados y el informe de auditoría correspondientes a los tres últimos ejercicios  59ww
scoocmiaol eusn fain maleizmadoorisa  ae xlap rfeescihvaa  ddee  llaa ss oolipceitruadc,i oensetésn r eoa nlioz aadparso bcaodna so tdraicsh saos ccieudeandtaess,  daesíl 
grupo durante ese mismo período y hasta la solicitud de concurso.
3.  Si el deudor estuviera obligado a comunicar o remitir estados financieros 
intermedios a autoridades supervisoras, acompañará igualmente a la solicitud de 
declaración de concurso los estados financieros elaborados con posterioridad a las últimas 
cuentas que acompañan a la solicitud.
Artículo 9.  Falta de aportación de documentos.
Cuando el deudor no acompañe a la solicitud alguno de los documentos exigidos o 
faltara en ellos alguno de los datos o de los requisitos establecidos en esta ley, deberá 
expresar en la solicitud de declaración de concurso la causa que lo motivara.
Sección 3.ª  De la provisión sobre la solicitud del deudor
Artículo 10.  Provisión sobre la solicitud del deudor.
1.  En el mismo día o, si no fuera posible, en el siguiente hábil al del reparto, el juez 
competente examinará la solicitud de concurso presentada por el deudor.
2.  Si el juez se considera competente y si de la documentación aportada, apreciada 
en conjunto, resulta que concurren los presupuestos subjetivo y objetivo para la 
declaración, el juez declarará el concurso de acreedores el primer día hábil siguiente.
Artículo 11.  Subsanación de la solicitud del deudor.
1.  Si el juez estimara que la solicitud de declaración de concurso presentada por el 
deudor o la documentación que la acompaña adolecen de algún defecto material o 
procesal o que la documentación es insuficiente, señalará al solicitante un único plazo de 
justificación o subsanación, que no podrá exceder de cinco días.
2.  Si el deudor no procede dentro de plazo a la justificación o a la subsanación 
requerida, el juez dictará auto inadmitiendo a trámite la solicitud.
3.  Una vez justificado o subsanado el defecto o la insuficiencia dentro de ese plazo, 
el juez en el mismo día o, si no fuera posible, en el siguiente hábil dictará auto declarando 
el concurso o desestimando la solicitud.
Artículo 12.  Recurso contra el auto de inadmisión o desestimación de la solicitud del 
deudor.
Contra el auto que inadmita o desestime la solicitud de declaración del concurso 
presentada por el deudor el solicitante solo podrá interponer recurso de reposición.
CAPÍTULO IV
De la declaración de concurso a solicitud de acreedor y de otros legitimados
Sección 1.ª  De la solicitud de acreedor y de otros legitimados
Artículo 13.  Solicitud de acreedor y de los demás legitimados.
1.  El acreedor que inste la declaración de concurso deberá expresar en la solicitud el 
origen, la naturaleza, el importe, las fechas de adquisición y vencimiento y la situación 
actual del crédito, del que acompañará documento o documentos acreditativos, así como  es
el hecho o los hechos externos reveladores del estado de insolvencia de entre los  o
enumerados en esta ley en que funde esa solicitud. 59ww
fdaocerrcmel2adu.ir ltaaancLrl,ioa óys.n   addceeom mácpso anlñecagurirtáismno a,e dlo o dspo rdcouepmboeenrnádtnroá  endx epllar eq supaerur  reeebnsa ul altq esu oleal i ccleiotugndits imiedlae ccraeiórnán c npteearcr aee snsa oerlilia cq itupaear  rllaaa    OE-A-2020-48able en https://
3.  En todo caso, se expresarán en la solicitud los medios de prueba de que se valga 
o pretenda valerse el solicitante para acreditar el hecho o los hechos externos reveladores 
del estado de insolvencia que hubiesen alegado. La prueba testifical no será bastante por 
sí sola.
Sección 2.ª  De la provisión sobre la solicitud de acreedor y otros legitimados
Artículo 14.  Provisión sobre la solicitud de acreedor y otros legitimados.
1.  En el mismo día o, si no fuera posible, en el siguiente hábil al del reparto, el juez 
competente examinará la solicitud de concurso presentada por el acreedor o por cualquier 
otro legitimado distinto del deudor.
2.  Si el juez se considera competente y si de la documentación aportada, apreciada 
en conjunto, resulta la legitimación del solicitante y que concurre el presupuesto subjetivo 
para la declaración procederá del siguiente modo:
1.º  Si la solicitud presentada por el acreedor se fundara en la existencia de una 
previa declaración judicial o administrativa de insolvencia del deudor siempre que sea 
firme; en la existencia de un título por el cual se hubiera despachado ejecución o apremio 
sin que del embargo hubieran resultado bienes libres conocidos bastantes para el pago, o 
en la existencia de embargos por ejecuciones pendientes que afecten de una manera 
general al patrimonio del deudor, el juez declarará el concurso de acreedores el primer día 
hábil siguiente.
2.º  Si la solicitud presentada por el acreedor se fundara en alguno de los hechos 
externos reveladores del estado de insolvencia enumerados en esta ley distinto de los 
anteriores o si la solicitud procediera de cualquier otro legitimado, el juez el primer día hábil 
siguiente dictará auto admitiéndola a trámite, ordenando el emplazamiento del deudor, con 
traslado de la solicitud, para que comparezca en el plazo de cinco días, dentro del cual se 
le pondrán de manifiesto los autos y podrá formular oposición a la solicitud, proponiendo 
los medios de prueba de que intente valerse.
3.  En el auto de admisión a trámite de la solicitud, el juez ordenará la formación de la 
sección primera, que se encabezará por la solicitud y todos los documentos que la 
acompañaren.
4.  Esta resolución judicial se notificará a los organismos y a las administraciones 
públicas a las que deba notificarse la declaración de concurso.
Artículo 15.  Acumulación de solicitudes.
Admitida a trámite la solicitud, las que se presenten con posterioridad se acumularán 
a la primeramente repartida y se unirán a los autos, teniendo por comparecidos a los 
nuevos solicitantes sin retrotraer las actuaciones.
Artículo 16.  Emplazamiento del deudor.
1.  Admitida a trámite la solicitud, el Letrado de la Administración de Justicia procederá 
al emplazamiento del deudor. Si no se conociera el domicilio de este o el resultado del 
emplazamiento fuera negativo, se utilizarán, de oficio o a instancia de parte, los medios 
oportunos para averiguar el domicilio o residencia del deudor conforme a lo establecido en 
la Ley de Enjuiciamiento Civil. e.
2.  Cuando en el domicilio registral del deudor persona jurídica no pudiera esta ser  w.b
emplazada y no se conociera el domicilio real, el Letrado de la Administración de Justicia  59ww
ddeetbeerrmái ndairri glair sidee anlt idreagdi sdtero l opsú baldicmoi neisnt reald qourees ,s eliq eunidcaudeonrteres  oin sdcirreitcat odreicsh ag epneerrsaolensa  dpea rlaa 
erenatilidzaadrá.  aU ntraa vvéesz d ied ednicthifoicsa addoms,i neisl teramdpolraezsa, mliqiueindtaod odree sla o  pdeirrescotnoare sju gríedniceara dleesu.dora se
3.  Cuando el Letrado de la Administración de Justicia agotara todas las vías para el 
emplazamiento del deudor, el juez podrá declarar el concurso con base en los documentos 
que acompañaren a la solicitud, a las alegaciones del solicitante o solicitantes y a las 
averiguaciones que se hubieran realizado.
Artículo 17.  Subsanación de la solicitud del acreedor y de otros legitimados.
1.  Si el juez estimara que la solicitud de declaración de concurso presentada por 
acreedor o por cualquier otro legitimado distinto del deudor o el documento del que resulte 
la legitimación del solicitante son defectuosos o insuficientes, procederá del modo 
establecido para el mismo caso respecto de la solicitud del deudor.
2.  Si el solicitante no procede dentro de plazo a la subsanación requerida, el juez 
dictará auto inadmitiendo a trámite la solicitud. Contra el auto que inadmita la solicitud de 
declaración del concurso el solicitante solo podrá interponer recurso de reposición.
3.  Una vez justificado o subsanado el defecto o la insuficiencia dentro de ese plazo, 
el juez en el mismo día o, si no fuera posible, en el siguiente hábil procederá conforme a 
lo establecido en el artículo anterior.
Artículo 18.  Medidas cautelares anteriores a la declaración de concurso.
1.  A petición del legitimado para instar el concurso necesario, el juez, al admitir a 
trámite la solicitud, podrá adoptar, de conformidad con lo previsto en la Ley 1/2000, de 7 de 
enero, de Enjuiciamiento Civil, las medidas cautelares que considere necesarias para 
asegurar la integridad del patrimonio del deudor.
2.  El juez podrá pedir al solicitante que preste fianza para responder de los eventuales 
daños y perjuicios que las medidas cautelares pudieran producir al deudor si la solicitud de 
declaración de concurso resultara finalmente desestimada.
3.  En el mismo auto en el que declare el concurso o desestime la solicitud, el juez se 
pronunciará necesariamente sobre las medidas cautelares que hubiera acordado antes de 
ese auto.
Artículo 19.  Allanamiento del deudor.
1.  Admitida a trámite la solicitud, si el deudor emplazado se allanase a la pretensión 
del solicitante, el juez dictará auto declarando el concurso de acreedores.
2.  El mismo efecto que el allanamiento tendrá el hecho de que, con posterioridad a 
la solicitud de cualquier legitimado, el deudor, antes de ser emplazado, hubiera solicitado 
la declaración del propio concurso o, una vez emplazado, no hubiera formulado oposición 
dentro de plazo.
Sección 3.ª  De la oposición del deudor
Artículo 20.  Oposición del deudor.
1.  El deudor podrá basar la oposición a la solicitud de declaración de concurso en la 
falta de legitimación del solicitante; en la inexistencia del hecho externo revelador del 
estado de insolvencia en que se fundamente la solicitud, o en que, aun habiéndose 
producido ese hecho, no se encontraba en estado de insolvencia o ya no se encuentra en 
ese estado. s
2.  Si el deudor alegase que no se encuentra en estado de insolvencia, le incumbirá  oe.
la prueba de su solvencia. Si el deudor estuviera obligado legalmente a llevar contabilidad,  w.
esta prueba habrá de basarse en la que llevara conforme a derecho. 59ww
Artículo 21.  Citación para la vista.
En caso de oposición, el Letrado de la Administración de Justicia, al siguiente día,
citará a las partes a una vista, a celebrar en el plazo de los diez días siguientes a aquel en
que hubiera formulado oposición, previniéndolas para que comparezcan a ella con todos 
los medios de la prueba que pueda practicarse en el acto y, si el deudor estuviera obligado 
legalmente a la llevanza de contabilidad, advirtiendo a este para que comparezca con los 
libros contables de llevanza obligatoria.
Artículo 22.  Celebración de la vista.
1.  La vista se celebrará bajo la presidencia del juez.
2.  Si el deudor no compareciera, el juez dictará auto declarando el concurso. Si 
compareciera, en el caso de que el crédito del acreedor instante estuviera vencido, el 
deudor deberá consignar en el mismo acto de la vista el importe de dicho crédito a 
disposición del acreedor, acreditará haberlo hecho antes de la vista o manifestará la causa 
legítima de la falta de consignación. En caso de que hubiera varios acreedores personados 
y se hubieran acumulado o se acumulasen las solicitudes de concurso presentadas, el 
deudor deberá proceder del mismo modo en relación con cada uno de esos acreedores.
3.  En caso de que el solicitante no compareciera o, habiéndolo hecho, no se ratificase 
en su solicitud, y el juez considerase que concurre presupuesto objetivo para la declaración 
del concurso necesario, y de las actuaciones resulte la existencia de otros posibles 
acreedores, antes de dictar el auto que resuelva sobre la solicitud, se concederá a esos 
acreedores un plazo de cinco días para que formulen las alegaciones que les conviniesen.
4.  En caso de falta de consignación y en los que, a pesar de haber sido efectuada, el 
acreedor se hubiera ratificado en la solicitud, el juez oirá a las partes y a sus abogados 
sobre la procedencia o improcedencia de la declaración de concurso. La misma regla será 
de aplicación cuando el crédito del instante no hubiera vencido o cuando el legitimado para 
la declaración de concurso necesario no tuviera la condición de acreedor.
Artículo 23.  Proposición y práctica de la prueba.
1.  El juez decidirá en la vista sobre la pertinencia de los medios de prueba propuestos 
en la solicitud o solicitudes acumuladas de concurso o que se propongan por los 
solicitantes o por el deudor en ese acto.
2.  Las pruebas declaradas pertinentes se practicarán de inmediato si se pudieran 
realizar en la propia vista. En otro caso, el Letrado de la Administración de Justicia señalará 
día para la práctica de las restantes. La práctica de estas otras pruebas deberá realizarse 
en el más breve plazo posible, sin que pueda exceder de veinte días.
3.  El juez podrá interrogar directamente a las partes, a los testigos y a los peritos.
4.  El juez apreciará las pruebas que se practiquen conforme a las reglas de valoración 
contenidas en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
Sección 4.ª  De la resolución sobre la solicitud
Artículo 24.  Resolución sobre la solicitud.
1.  Una vez practicadas las pruebas declaradas pertinentes o transcurrido el plazo 
fijado para ello, el juez, dentro de los tres días siguientes, dictará auto declarando el 
concurso o desestimando la solicitud.
2.  En caso de declaración de concurso, las costas tendrán la consideración de 
créditos contra la masa. En caso de desestimación de la solicitud, el auto condenará al 
solicitante al pago de las costas, salvo que el juez aprecie, y así lo razone, que el caso  es
presentaba serias dudas de hecho o de derecho. bo
Artíccuolnoc u2r5s.o  pRreesceunrtsaodsa  cpoonr tarac reeel daourt.o estimatorio o desestimatorio de la solicitud de
solic1i.t udC doent rdae ecll aprarocnióunn cdiaem cieonntcou rdseol  apuretos esnotbardea l ap oers taimcareceiódno ro  od epsoers tcimuaalcqiuóine rd oet rlao   BOE-A-cable e
legitimado distinto del deudor podrá interponerse recurso de apelación. La interposición
del recurso no tendrá efecto suspensivo salvo que, excepcionalmente, el juez acuerde lo 
contrario. En ese caso, al admitir a trámite el recurso, el juez deberá pronunciarse sobre el 
mantenimiento, total o parcial, de las medidas cautelares que hubiera acordado o adoptar 
aquellas que considere necesarias.
2.  Para apelar el auto de declaración de concurso están legitimados el deudor que no 
la hubiese solicitado y cualquier persona que acredite interés legítimo, aunque no hubiera 
comparecido con anterioridad. Para apelar el auto desestimatorio solo estará legitimada la 
parte solicitante del concurso.
3.  Contra los demás pronunciamientos contenidos en el auto de declaración del 
concurso, cualquiera de las partes podrá interponer únicamente recurso de reposición.
4.  El plazo para interponer el recurso de reposición y el recurso de apelación contará, 
respecto de las partes que hubieran comparecido, desde la notificación del auto, y, 
respecto de los demás legitimados, desde la publicación de la declaración de concurso en 
el «Boletín Oficial del Estado».
5.  La desestimación de los recursos determinará la condena en costas del recurrente.
Artículo 26.  Estimación del recurso.
En el caso de que, interpuesto recurso de apelación contra el auto de desestimación 
de la solicitud, el recurso fuera estimado por el tribunal superior, en el auto se fijará como 
fecha de la declaración de concurso la de la resolución apelada.
Artículo 27.  Indemnización de daños y perjuicios.
1.  En caso de desestimación de la solicitud de concurso, una vez firme el auto, el 
deudor podrá presentar escrito ante el juez que hubiera conocido de la misma solicitando 
liquidación de los daños y perjuicios que considere que le han sido causados por esa 
solicitud, acompañando una relación detallada de esos daños y perjuicios. Al escrito podrá 
acompañar los documentos, dictámenes e informes periciales que estime convenientes.
2.  La determinación de la existencia y de la cuantía de los reclamados se ajustará a 
lo establecido en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, para la liquidación 
de daños y perjuicios.
3.  Una vez determinados los daños y perjuicios, se requerirá de pago al solicitante 
del concurso, procediéndose de inmediato, si no los pagase, a su exacción forzosa.
CAPÍTULO V
Del auto de declaración de concurso
Sección 1.ª  Del auto de declaración de concurso
Artículo 28.  Auto de declaración de concurso.
1.  En todo caso, el auto de declaración de concurso contendrá los siguientes 
pronunciamientos:
1.º  El carácter voluntario o necesario del concurso, con indicación, en su caso, de 
que el deudor ha presentado propuesta anticipada de convenio o ha solicitado la liquidación 
de la masa activa.
2.º  La determinación de si el concurso se tramitará conforme a las reglas establecidas  e
para el procedimiento ordinario o conforme a las establecidas para el procedimiento  b
abreviado. 59ww
resp3e.cº to Ldoes l ae mfeacstoas a scotivbare. las facultades de administración y disposición del deudor
del a4d.ºm  inEisl tnroamdobrr aom diee nlotos  daed mlai naisdtmraindiosrterasc cióonn ccuornscaulerssa nl,o cmobnr aedxporse.sión de las facultades
5.º  El llamamiento a los acreedores para que pongan en conocimiento de la 
administración concursal la existencia de sus créditos en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente a la publicación de la declaración de concurso en el «Boletín Oficial 
del Estado».
6.º  La publicidad que haya de darse a la declaración de concurso.
2.  En caso de concurso necesario, el auto deberá contener, además, el requerimiento 
al concursado para que, en el plazo de diez días a contar desde la notificación de la 
declaración de concurso, presente los mismos documentos que el deudor debe acompañar 
a la solicitud de concurso.
3.  En el auto de declaración de concurso, el juez podrá acordar las medidas 
cautelares que considere necesarias para asegurar la integridad, la conservación o la 
administración de la masa activa hasta que el administrador o los administradores 
concursales acepten el cargo.
Artículo 29.  Concurso voluntario y concurso necesario.
1.  El concurso de acreedores tendrá la consideración de voluntario cuando la primera 
de las solicitudes presentadas hubiera sido la del propio deudor. En los demás casos, el 
concurso se considerará necesario.
2.  Por excepción a lo dispuesto en el apartado anterior, el concurso de acreedores 
tendrá la consideración de necesario cuando, en los tres meses anteriores a la fecha de la 
solicitud del deudor, se hubiera presentado y admitido a trámite otra por cualquier 
legitimado, aunque este hubiera desistido, no hubiera comparecido en la vista o no se 
hubiese ratificado en la solicitud.
Artículo 30.  Apertura de la fase común.
1.  El auto de declaración de concurso abrirá la fase común del concurso.
2.  Si el deudor hubiera solicitado la liquidación de la masa activa, el juez la acordará 
en el propio auto en el que declare el concurso solicitado, con simultánea apertura de la 
fase de liquidación y con los demás pronunciamientos establecidos en esta ley.
Artículo 31.  Apertura de secciones.
1.  En la resolución judicial en la que se declare el concurso, se ordenara la formación 
de la sección primera, si el concurso se hubiera declarado a solicitud del deudor, que se 
encabezará con la solicitud y todos los documentos que la acompañaren, y, cualquiera que 
hubiera sido el solicitante, la formación de las secciones segunda, tercera y cuarta, cada 
una de las cuales se encabezará por el auto o, en su caso, la sentencia que hubiera 
ordenado su formación.
2.  Si el deudor hubiera acompañado a la solicitud propuesta anticipada de convenio 
o solicitado la liquidación de la masa activa, el juez ordenará la formación de la sección 
quinta, que se encabezará, según proceda, por la propuesta anticipada y las adhesiones 
de los acreedores o por la solicitud de liquidación.
Artículo 32.  Eficacia del auto de declaración de concurso.
El auto de declaración de concurso producirá de inmediato los efectos establecidos en 
esta ley y tendrá fuerza ejecutiva aunque no sea firme. e.e
Sección 2.ª  De la notificación del auto de declaración de concurso 59ww
Artículo 33.  Notificación del auto de declaración de concurso.
1.  El Letrado de la Administración de Justicia notificará el auto a las partes que
hubiesen comparecido. Si el deudor no hubiera comparecido, la publicación de la
declaración de concurso en el «Boletín Oficial del Estado» producirá, respecto de él, los 
efectos de notificación del auto.
2.  Si el concursado estuviera casado, el auto se notificará al cónyuge. Del mismo 
modo procederá el Letrado de la Administración de Justicia en el caso de que el concursado 
tuviera pareja inscrita.
Artículo 34.  Fecha de las notificaciones.
Las notificaciones de la declaración judicial de concurso se efectuarán bajo la dirección 
del Letrado de la Administración de Justicia en el mismo día de la fecha del auto.
Sección 3.ª  De la publicidad de la declaración de concurso
Artículo 35.  Publicidad de la declaración de concurso.
1.  Una vez aceptado el cargo por el administrador concursal, los edictos relativos a 
la declaración de concurso se remitirán al «Boletín Oficial del Estado» y al Registro público 
concursal para que sean publicados con la mayor urgencia. El edicto contendrá los datos 
indispensables para la identificación del concursado, incluyendo el número de identificación 
fiscal que tuviera; el órgano judicial que hubiera declarado el concurso, el número de autos 
y el número de identificación general del procedimiento; la fecha del auto de declaración 
de concurso; el régimen de intervención o de suspensión de las facultades de 
administración y disposición del concursado sobre los bienes y derechos que integren la 
masa activa; la identidad del administrador o de los administradores concursales; el plazo 
para la comunicación de los créditos, la dirección postal y electrónica para que los 
acreedores, a su elección, efectúen la comunicación de créditos; y la dirección electrónica 
del Registro público concursal en el que se publicarán las resoluciones que traigan causa 
del concurso. La publicación de los edictos tendrá carácter gratuito.
2.  En el mismo auto de declaración del concurso o en resolución posterior, el juez, de 
oficio o a instancia de interesado, podrá acordar cualquier publicidad complementaria que 
considere imprescindible para la efectiva difusión del concurso de acreedores.
Artículo 36.  Anotación e inscripción en los registros públicos de personas.
1.  Si el concursado fuera persona natural, se anotarán y, una vez el auto devenga 
firme, se inscribirán en el Registro civil la declaración de concurso, con indicación del 
órgano judicial que la hubiera dictado, del carácter de la resolución y de la fecha en que se 
hubiera producido; la intervención o, en su caso, la suspensión de las facultades de 
administración y disposición del concursado sobre los bienes y derechos que integren la 
masa activa, así como la identidad del administrador o de los administradores concursales.
2.  Si el concursado, persona natural o jurídica, fuera sujeto inscribible en el Registro 
mercantil, se anotarán y, una vez el auto devenga firme, se inscribirán en la hoja que esa 
persona tuviera abierta la declaración de concurso, con indicación del órgano judicial que 
la hubiera dictado, del carácter de la resolución y de la fecha en que se hubiera producido; 
la intervención o, en su caso, la suspensión de las facultades de administración y 
disposición del concursado sobre los bienes y derechos que integren la masa activa, así 
como la identidad del administrador o de los administradores concursales. Cuando no 
constase hoja abierta al concursado, se practicará previamente la inscripción de este en el 
Registro mercantil. es
Si la concursada fuera persona jurídica no inscribible en el Registro mercantil pero que  bo
constara o debiera constar inscrita en otro registro público, se inscribirán en este las  59ww
mAritsímc1u.a los  S3ci7ir c.e ul ncAsontnaocntauccirasiósan ds eoe  ñitnauslvacideriarpasc  iebónine  enelen ps láo orsr  ardefeogr ieasnctrhtoeosrsi op riú.nbslcicroitso sd ee nb ierengeiss tyro dse rpeúcbhloicso.s, se  BOE-A-2020-48cable en https://
anotarán y, una vez el auto devenga firme, se inscribirán en el folio correspondiente a cada
uno de ellos la declaración de concurso, con indicación del órgano judicial que la hubiera 
dictado, del carácter de la resolución y de la fecha en que se hubiera producido; la 
intervención o, en su caso, la suspensión de las facultades de administración y disposición 
del concursado sobre los bienes y derechos que integren la masa activa, así como la 
identidad del administrador o de los administradores concursales.
2.  Una vez practicada la anotación o la inscripción, no podrán anotarse respecto de 
aquellos bienes o derechos más embargos o secuestros posteriores a la declaración de 
concurso que los acordados por el juez de este, sin más excepciones que las establecidas 
en esta ley.
CAPÍTULO VI
De los concursos conexos
Sección 1.ª  De la declaración conjunta de concursos
Artículo 38.  Declaración conjunta de concurso voluntario de varios deudores.
Aquellos deudores que sean cónyuges, socios o administradores total o parcialmente 
responsables de las deudas de una persona jurídica y las sociedades pertenecientes al 
mismo grupo podrán solicitar la declaración judicial conjunta de los respectivos concursos.
Artículo 39.  Declaración conjunta de concurso necesario de varios deudores.
El acreedor podrá solicitar la declaración judicial conjunta de concurso de varios de 
sus deudores cuando sean cónyuges, cuando se trate de sociedades que formen parte del 
mismo grupo o cuando exista entre ellos confusión de patrimonios.
Artículo 40.  Declaración conjunta de concurso de pareja de hecho.
El juez podrá declarar el concurso conjunto de dos personas que sean pareja de hecho 
inscrita, a solicitud de los miembros de la pareja o de un acreedor, cuando aprecie la 
existencia de pactos expresos o tácitos o de hechos concluyentes de los que se derive la 
inequívoca voluntad de los convivientes de formar un patrimonio común.
Sección 2.ª  De la acumulación de concursos ya declarados
Artículo 41.  Acumulación de concursos.
1.  La acumulación de concursos ya declarados procederá en los casos de concursos 
de los cónyuges; de las parejas de hecho inscritas cuando concurran los mismos requisitos 
establecidos para la declaración conjunta del concurso de la pareja; de los socios, 
miembros, integrantes o administradores que sean personalmente responsables, total o 
parcialmente, de las deudas de una persona jurídica; de quienes sean miembros de una 
entidad sin personalidad jurídica y respondan personalmente de las deudas contraídas en 
nombre de esta; de las sociedades que formen parte de un mismo grupo; y de quienes 
tuvieren confundidos los respectivos patrimonios.
2.  Cualquiera de los concursados o cualquiera de las administraciones concursales 
podrá solicitar al juez, mediante escrito razonado, la acumulación de los concursos 
conexos ya declarados. En defecto de esta solicitud, la acumulación podrá ser solicitada  e.e
por cualquiera de los acreedores mediante escrito razonado. b
3.  La acumulación procederá aunque los concursos hayan sido declarados por  59ww
diferentes juzgados.
Sección 3.ª  De la tramitación coordinada de los concursos conexos
Artículo 42.  Tramitación coordinada.
Los concursos declarados conjuntamente y acumulados se tramitarán de forma 
coordinada, sin consolidación de las masas.
Artículo 43.  Consolidación de masas.
Excepcionalmente, el juez, de oficio o a solicitud de cualquier interesado, podrá 
acordar la consolidación de las masas de concursos declarados conjuntamente o 
acumulados cuando exista confusión de patrimonios y no sea posible deslindar la 
titularidad de activos y pasivos sin incurrir en demora en la tramitación del concurso o en 
un gasto injustificado.
TÍTULO II
De los órganos del concurso
CAPÍTULO I
Del juez del concurso
Sección 1.ª  De la competencia
Artículo 44.  Competencia objetiva.
1.  Son competentes para declarar y tramitar el concurso de acreedores los jueces de 
lo mercantil.
2.  Por excepción a lo establecido en el apartado anterior, los jueces de primera 
instancia son competentes para declarar y tramitar el concurso de acreedores de una 
persona natural que no sea empresario.
3.  A los efectos de lo establecido en este libro son empresarios las personas naturales 
que tengan esa condición conforme a la legislación mercantil.
Artículo 45.  Competencia territorial.
1.  La competencia para declarar y tramitar el concurso corresponde al juez en cuyo 
territorio tenga el deudor el centro de sus intereses principales. Por centro de los intereses 
principales se entenderá el lugar donde el deudor ejerce de modo habitual y reconocible 
por terceros la administración de tales intereses.
2.  En caso de deudor persona jurídica, se presume que el centro de sus intereses 
principales se halla en el lugar del domicilio social. Será ineficaz a estos efectos el cambio 
de domicilio inscrito en el Registro mercantil dentro de los seis meses anteriores a la 
solicitud del concurso, cualquiera que sea la fecha en que se hubiera acordado o decidido.
3.  Si el domicilio del deudor y el centro de sus intereses principales radicara en 
territorio español, aunque en lugares diferentes, será también competente, a elección del 
acreedor solicitante, el juez en cuyo territorio radique el domicilio.
Artículo 46.  Competencia en caso de concursos conexos. es
1.  Será juez competente para la declaración conjunta de concurso el del lugar donde  w.
tenga el centro de sus intereses principales el deudor con mayor pasivo y, si se trata de un  59ww
gseru spool idciete s roecsiepdeacdtoe sd,e e el sdtea ,l ae ls doec ilead saodc dieodmaidn adnet em oa,y eonr  psauspiuvoe.stos en que el concurso no
esto2s.  huSbeierás ecno msipdeot ednetcel apraardao ds epcoidr ird sifoebreren telas  ajucuzgmaudlaocsi,ó yn  pdaer alo ss uc opnocsutersroiosr  ctroanmeixtaocsi,ó sni   BOE-A-cable e
conjunta, el juez que estuviera conociendo del concurso del deudor con mayor pasivo en
el momento de la presentación de la solicitud de concurso o, en su caso, del concurso de 
la sociedad dominante o cuando esta no haya sido declarada en concurso, el que primero 
hubiera conocido del concurso de cualquiera de las sociedades del grupo.
3.  Si los concursos a que se refieren los dos apartados anteriores fueren de una 
persona natural no empresario y de una persona natural empresario o de una persona 
jurídica, la competencia para decidir sobre la declaración conjunta o la acumulación y 
posterior tramitación coordinada será del juez de lo mercantil.
Artículo 47.  Efectos de la declaración de concurso.
1.  Los efectos del concurso declarado conforme a las reglas de competencia 
establecidas en el artículo que regula la competencia territorial tendrán alcance universal. 
En el ámbito internacional, el concurso declarado conforme a esas reglas tendrá la 
consideración de concurso principal.
2.  La masa activa comprenderá todos los bienes y derechos del deudor, estén 
situados dentro o fuera del territorio español, con independencia de que se abra o no en el 
extranjero un concurso territorial. En el caso de que sobre los bienes o derechos situados 
en territorio extranjero se abra un procedimiento de insolvencia, se tendrán en cuenta las 
reglas de reconocimiento de procedimientos extranjeros de insolvencia.
Artículo 48.  Preferencia para la declaración de concurso.
Si se hubieran presentado solicitudes de declaración del concurso ante dos o más 
juzgados competentes, será preferente aquel ante el que se hubiera presentado la primera 
solicitud, aunque esa solicitud o la documentación que la acompañe adolezcan de algún 
defecto procesal o material o aunque la documentación sea insuficiente.
Artículo 49.  Competencia por razón de radicar en España un establecimiento.
1.  Si el centro de los intereses principales del deudor no se hallare en territorio 
español pero tuviese en este un establecimiento, será competente para declarar y tramitar 
el concurso de acreedores el juez en cuyo territorio radique ese establecimiento y, de 
existir varios, donde se encuentre cualquiera de ellos, a elección del solicitante. Por 
establecimiento se entenderá todo lugar de operaciones en el que el deudor ejerza de 
forma no transitoria una actividad económica con medios humanos y materiales.
2.  Los efectos de este concurso, que en el ámbito internacional se considerará 
concurso territorial, se limitarán a los bienes y derechos del deudor, afectos o no a su 
actividad, que estén situados en territorio español. En el caso de que en el Estado donde 
el deudor tuviere el centro de sus intereses principales se abriera un procedimiento de 
insolvencia, se tendrán en cuenta las reglas de coordinación entre procedimientos 
paralelos de insolvencia.
Artículo 50.  Examen de oficio de la competencia.
El juez examinará de oficio su competencia y determinará la regla legal en la que se 
funde.
Artículo 51.  Declinatoria.
1.  El deudor podrá plantear cuestión de competencia internacional y territorial por  e
declinatoria dentro de los cinco días siguientes a aquel en que se le hubiera emplazado.  b
También podrán plantearla los demás legitimados para solicitar la declaración de concurso,  59ww
eenl « eBl oplleatzíno  Odefi cdiaiel zd edlí aEss dtaedsod»e. la publicación del edicto de la declaración del concurso en
cuál2 e. s eLla ó ringtaenrpoo csoicmiópne tdeen ted epcalirnaa ctoorniao,c eern d leal  qcounec eulr sporo, nmoo stours peestnadreár áo belli gparodcoe ad imindieicnator 
concursal. En ningún caso se pronunciará el juez sobre la oposición del deudor sin que,
previa audiencia del Ministerio Fiscal, haya resuelto la cuestión de competencia planteada. 
En caso de que estime la cuestión de competencia, deberá inhibirse a favor del órgano al 
que corresponda, con emplazamiento de las partes y remisión de lo actuado.
3.  Todo lo actuado en el concurso será válido aunque se estime la declinatoria.
Sección 2.ª  De la jurisdicción
Artículo 52.  Carácter exclusivo y excluyente de la jurisdicción.
La jurisdicción del juez del concurso es exclusiva y excluyente para conocer de las 
siguientes materias:
1.ª  Las acciones civiles con trascendencia patrimonial que se dirijan contra el 
concursado, con excepción de las que se ejerciten en los procesos civiles sobre capacidad, 
filiación, matrimonio y menores.
2.ª  Las ejecuciones relativas a créditos concursales o contra la masa sobre los 
bienes y derechos del concursado integrados o que se integren en la masa activa, 
cualquiera que sea el tribunal o la autoridad administrativa que la hubiera ordenado, sin 
más excepciones que las previstas en esta ley.
3.ª  La determinación del carácter necesario de un bien o derecho para la continuidad 
de la actividad profesional o empresarial del deudor.
4.ª  Las que en el procedimiento concursal debe adoptar en relación con la asistencia 
jurídica gratuita.
5.ª  La disolución y liquidación de la sociedad o comunidad conyugal del concursado.
6.ª  Las acciones de reclamación de deudas sociales que se ejerciten contra los 
socios de la sociedad concursada que sean subsidiariamente responsables del pago de 
esas deudas, cualquiera que sea la fecha en que se hubieran contraído, y las acciones 
para exigir a los socios de la sociedad concursada el desembolso de las aportaciones 
sociales diferidas o el cumplimiento de las prestaciones accesorias.
7.ª  Las acciones de responsabilidad contra los administradores o liquidadores, de 
derecho o de hecho; contra la persona natural designada para el ejercicio permanente de 
las funciones propias del cargo de administrador persona jurídica y contra la persona, 
cualquiera que sea su denominación, que tenga atribuidas facultades de más alta dirección 
de la sociedad cuando no exista delegación permanente de facultades del consejo en uno 
o varios consejeros delegados, por los daños y perjuicios causados, antes o después de 
la declaración judicial de concurso, a la persona jurídica concursada.
8.ª  Las acciones de responsabilidad contra los auditores por los daños y perjuicios 
causados, antes o después de la declaración judicial de concurso, a la persona jurídica 
concursada.
Artículo 53.  Jurisdicción del juez del concurso en materia laboral.
1.  La jurisdicción del juez del concurso es exclusiva y excluyente para conocer de las 
acciones sociales que tengan por objeto la modificación sustancial de las condiciones de 
trabajo, el traslado, el despido, la suspensión de contratos y la reducción de jornada por 
causas económicas, técnicas, organizativas o de producción que, conforme a la legislación 
laboral y a lo establecido en esta ley, tengan carácter colectivo, así como de las que versen 
sobre la suspensión o extinción de contratos de alta dirección.
2.  La suspensión de contratos y la reducción de jornada tendrán carácter colectivo  e
cuando afecten al número de trabajadores establecido en la legislación laboral para la  bo
modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter colectivo. 59ww
Artículo 54.  Medidas cautelares.
1.  La jurisdicción exclusiva y excluyente del juez del concurso se extiende a cualquier
medida cautelar que afecte o pudiera afectar a los bienes y derechos del concursado  Bc
integrados o que se integren en la masa activa, cualquiera que sea el tribunal o la autoridad
administrativa que la hubiera acordado, excepto las que se adopten en los procesos civiles 
sobre capacidad, filiación, matrimonio y menores, así como de cualquiera de las adoptadas 
por los árbitros en el procedimiento arbitral.
2.  Si el juez del concurso considerase que las medidas adoptadas por otros tribunales 
o autoridades administrativas pueden suponer un perjuicio para la adecuada tramitación 
del concurso de acreedores, acordará la suspensión de las mismas, cualquiera que sea el 
órgano que las hubiera decretado, y podrá requerirle para que proceda al levantamiento 
de las medidas adoptadas. Si el requerido no atendiera de inmediato al requerimiento, el 
juez del concurso planteará conflicto de jurisdicción, conflicto de competencia o cuestión 
de competencia, según proceda.
Artículo 55.  Extensión objetiva de la jurisdicción.
1.  La jurisdicción del juez del concurso se extiende a todas las cuestiones 
prejudiciales civiles, con excepción de las excluidas en los artículos anteriores, las 
administrativas y las sociales directamente relacionadas con el concurso o cuya resolución 
sea necesaria para la adecuada tramitación del procedimiento concursal.
2.  La decisión sobre las cuestiones a las que se refiere el apartado anterior no 
surtirán efecto fuera del concurso de acreedores en que se produzca.
Artículo 56.  Alcance internacional de la jurisdicción.
En el ámbito internacional la jurisdicción del juez del concurso comprende únicamente 
el conocimiento de aquellas acciones que tengan su fundamento jurídico en la legislación 
concursal y guarden una relación inmediata con el concurso.
CAPÍTULO II
De la administración concursal
Sección 1.ª  Del nombramiento de la administración concursal
Subsección 1.ª  De la composición de la administración concursal
Artículo 57.  Administración concursal única.
La administración concursal estará integrada por un único miembro, que podrá ser 
persona natural o jurídica.
Artículo 58.  Administración concursal dual.
1.  En aquellos concursos en que concurra causa de interés público, el juez del 
concurso, de oficio o a instancia de un acreedor de carácter público, podrá nombrar como 
segundo administrador concursal a una Administración pública acreedora o a una entidad 
de derecho público acreedora vinculada o dependiente de aquella.
2.  La representación de la administración concursal frente a terceros recaerá sobre 
el primer administrador concursal.
Artículo 59.  Administración concursal en los concursos conexos y acumulados.
1.  En los concursos conexos, el juez competente para la declaración y tramitación de  e.
estos, podrá nombrar, cuando resulte conveniente, una administración concursal única. w.b
2.  En caso de acumulación de concursos ya declarados, el juez que conozca de los  59ww
pardomceindisimtraiecniótons c coonnccuurrssaal.les acumulados podrá nombrar de entre las existentes una única
Subsección 2.ª  Del requisito de la inscripción en el Registro público concursal
Artículo 60.  Carácter obligatorio de la inscripción.
1.  Solo podrán ser nombradas como administrador concursal las personas naturales 
o jurídicas que estén inscritas en la sección cuarta del Registro público concursal.
2.  En la solicitud de inscripción en el Registro o después de haberse practicado esta, 
la persona interesada deberá hacer constar en qué ámbito territorial está dispuesta a 
ejercer las labores de administrador concursal.
Artículo 61.  Requisitos para la inscripción.
1.  Solo podrán solicitar la inscripción en el Registro público concursal las personas 
naturales o jurídicas que cumplan los requisitos que se determinen reglamentariamente. 
Esos requisitos podrán referirse a la titulación requerida, a la experiencia a acreditar y a la 
realización o superación de pruebas o cursos específicos.
2.  Para el nombramiento del administrador concursal se distinguirá entre concursos 
de tamaño pequeño, medio o grande. Reglamentariamente se fijarán también las 
características que permitan definir el tamaño del concurso. Para ser nombrado 
administrador concursal en concursos de tamaño medio o gran tamaño podrán exigirse 
reglamentariamente requisitos adicionales.
Subsección 3.ª  Del nombramiento de la administración concursal
Artículo 62.  Del nombramiento.
1.  El nombramiento del administrador concursal recaerá en la persona natural o 
jurídica inscrita en el Registro público concursal que corresponda por turno correlativo. La 
primera designación se realizará mediante sorteo entre los que figuren en el listado de 
inscritos y continuará con los que tengan números sucesivos en ese listado.
2.  Por excepción a lo establecido en el apartado anterior, en los concursos de gran 
tamaño, el juez, de manera motivada, podrá designar a un administrador concursal distinto 
del que corresponda al turno correlativo cuando considere que el perfil del administrador 
alternativo se adecua mejor a las características del concurso.
El juez deberá motivar su designación atendiendo bien a la especialización o 
experiencia previa acreditada por el nombrado en el sector de actividad del concursado, 
bien a la experiencia con instrumentos financieros empleados por el deudor para su 
financiación o con expedientes de modificación sustancial de las condiciones de trabajo o 
de suspensión o extinción colectiva de las relaciones laborales.
Artículo 63.  Representación de la persona jurídica administradora concursal.
1.  Cuando el nombramiento de administrador concursal recaiga en una persona 
jurídica, esta, al aceptar el cargo, deberá comunicar la identidad de la persona natural que 
haya de representarla para el ejercicio de las funciones propias del cargo.
2.  Cuando la persona jurídica haya sido nombrada administradora concursal por su 
cualificación profesional, esta deberá concurrir en la persona natural que designe como 
representante para el ejercicio de las funciones propias del cargo.
3.  Cuando se proceda al nombramiento del segundo administrador concursal, la  s
Administración pública acreedora o la entidad de derecho público acreedora vinculada o  oe.
dependiente de aquella designadas deberán comunicar la identidad del empleado público  w.
con titulación universitaria de licenciado o graduado, que desempeñe sus funciones en el  59ww
ápmrobpiitaos j udreídl cicaor goo e.conómico, que haya de representarlas para el ejercicio de las funciones
de a4p. licAal creiópnre esel nmtaisnmteo d er élag ipmeersno ndae j uinrícdoicma pnaotmibbilriaddaad easd,m pinrioshtriabdicoiroan ceosn, cruerscauls laec sióerná,   BOE-A-cable e
separación y responsabilidad establecido para los administradores concursales.
Artículo 64.  Incompatibilidades.
No podrán ser nombrados administradores concursales:
1.º  Quienes no puedan ser administradores de sociedades anónimas o de 
responsabilidad limitada.
2.º  Quienes hayan prestado cualquier clase de servicios profesionales al deudor o a 
personas especialmente relacionadas con este en los últimos tres años, así como quienes 
durante ese plazo hubieran compartido con aquel el ejercicio de actividades profesionales 
de la misma o diferente naturaleza.
3.º  Quienes se encuentren, cualquiera que sea su condición o profesión, en alguna 
de las situaciones de incompatibilidad previstas en la legislación en materia de auditoría 
de cuentas, en relación con el propio deudor, sus directivos o administradores, o con un 
acreedor que represente más del diez por ciento de la masa pasiva del concurso.
Artículo 65.  Prohibiciones.
1.  No  podrán  ser  nombrados  administradores  concursales  quienes  estén 
especialmente relacionados con alguna persona que haya prestado cualquier clase de 
servicios profesionales al deudor o a personas especialmente relacionadas con este en los 
últimos tres años.
2.  En el caso de que existan suficientes personas disponibles en el listado de 
inscritos, no podrán ser nombrados administradores concursales aquellas personas que 
hubieran sido nombradas para dicho cargo por el mismo juzgado en tres concursos dentro 
de los dos años anteriores contados desde la fecha del primer nombramiento. Los 
nombramientos efectuados en concursos de sociedades pertenecientes al mismo grupo de 
empresas se computarán como uno solo.
3.  En el caso de que existan suficientes personas disponibles en el listado de 
inscritos, no podrá ser designada representante de la persona jurídica administradora 
concursal para el ejercicio de las funciones propias del cargo aquella persona natural que 
hubiera actuado en el mismo juzgado como administrador concursal o representante de 
una persona jurídica administradora concursal en tres concursos dentro de los dos años 
anteriores contados desde la fecha del primer nombramiento.
4.  No podrán ser nombrados administradores concursales quienes hubieran sido 
separados de este cargo dentro de los tres años anteriores, ni quienes se encuentren 
inhabilitados por aplicación de lo dispuesto en esta ley.
5.  En el caso de concurso consecutivo, además de estas prohibiciones, serán de 
aplicación las establecidas en el Libro II de esta ley.
Artículo 66.  Deber de aceptación.
1.  El nombramiento de administrador concursal será comunicado al designado por el 
medio más rápido. Dentro de los cinco días siguientes al de recibo de la comunicación, el 
designado deberá comparecer ante el juzgado y aceptar el cargo.
2.  Por excepción a lo establecido en el apartado anterior, la Administración pública 
acreedora o la entidad acreedora vinculada o dependiente de aquella que hayan sido 
nombradas segundas administradoras concursales podrán no aceptar el nombramiento.
Artículo 67.  Régimen de la aceptación. s
1.  En el momento de la aceptación del cargo, el nombrado deberá acreditar que tiene  b
vigente, en los términos que se desarrollen reglamentariamente, un seguro de  59ww
rreiesspgoon scaubbiileidratod  pcaivrial  ore gsaproanndtíear  edqeu liovas lepnotsei bplerosp doarcñioons ael na  elal  enjaetrucricailoe zdae y s aul cfuanncceió nd eyl 
msoabnriefe esstatar  syi  ancoe psotab roe n loa  eple crasrognoa.  Cnautaunrdaol  reelp nreosmebnrtaadnote s elaa  euxniag epnecrisao ndae  jsuurísdcicriap creiócna edreál 
seguro de responsabilidad civil o garantía equivalente.
2.  En el momento de la aceptación del cargo, el nombrado deberá facilitar al juzgado 
las direcciones postal y electrónica en las que efectuar la comunicación de créditos así 
como cualquier otra notificación. La dirección electrónica que señale deberá cumplir las 
condiciones técnicas de seguridad de las comunicaciones electrónicas en lo relativo a la 
constancia de la transmisión y recepción, de sus fechas y del contenido íntegro de las 
comunicaciones. La dirección postal y la dirección electrónica señaladas a efectos de 
comunicaciones serán únicas, cualquiera que sea el número de administradores 
concursales.
3.  En el caso de que concurra en el administrador concursal nombrado alguna causa 
de recusación, estará obligado a manifestarla en ese momento.
4.  Cuando el nombrado fuera una persona natural, deberá manifestar si se encuentra 
integrado en alguna persona jurídica profesional al objeto de extender el mismo régimen 
de incompatibilidades a los restantes socios o colaboradores.
Artículo 68.  Credencial del administrador concursal.
1.  En el mismo momento de aceptación del cargo, el Letrado de la Administración de 
Justicia expedirá y entregará al nombrado documento acreditativo de su condición de 
administrador concursal.
2.  La credencial deberá ser devuelta al juzgado en el momento en el que por 
cualquier causa se produzca el cese del administrador concursal.
Artículo 69.  Nuevo nombramiento.
Si el nombrado no compareciese, no tuviera suscrito un seguro de responsabilidad civil 
o garantía equivalente suficiente o no aceptase el cargo, el juez procederá de inmediato a 
un nuevo nombramiento.
Artículo 70.  Inhabilitación por falta de comparecencia, por falta de cobertura o por falta 
de aceptación.
A quien sin justa causa no compareciese, no aceptase el cargo o no tuviera suscrito el 
seguro, no se le podrá designar administrador durante el plazo de tres años en aquellos 
concursos de acreedores que se declaren en el mismo ámbito territorial.
Artículo 71.  Renuncia.
1.  Una vez aceptado el cargo, el nombrado solo podrá renunciar por causa grave o 
por haber perdido de forma sobrevenida las condiciones exigidas para ejercer el cargo.
2.  Por excepción a lo establecido en el apartado anterior, la Administración pública 
acreedora o la entidad acreedora vinculada o dependiente de aquella que hayan sido 
nombradas segundas administradoras concursales podrán renunciar al nombramiento en 
cualquier momento.
Subsección 4.ª  De la recusación de la administración concursal
Artículo 72.  Legitimación para recusar.
Los administradores concursales podrán ser recusados por cualquiera de las personas 
legitimadas para solicitar la declaración de concurso. e.e
Artículo 73.  Causas de recusación. 59ww
pernoehrSiobo,i ncdi eóc naE uncsojuanisctei andmied iaersen cteoun sC aeivcsiitló,a np l aelryaa,s  al acs iírr ecccuounmssoata clinaóscn i aedsse t acpboelnreistcotiidstua.tsi veans  lad eL einyc 1o/m20p0a0ti,b dilied a7d d oe   OE-A-2020-48able en https://
Artículo 74.  Régimen de la recusación.
1.  La recusación habrá de promoverse por el legitimado tan pronto como el recusante 
tenga conocimiento de la causa en que se funde.
2.  La recusación se sustanciará por los cauces del incidente concursal.
3.  La recusación no tendrá efectos suspensivos. En tanto se tramita el incidente, el 
recusado seguirá actuando como administrador concursal, sin que la resolución que 
recaiga afecte a la validez de las actuaciones.
Subsección 5.ª  De los auxiliares delegados
Artículo 75.  Auxiliares delegados.
1.  Cuando la complejidad del concurso así lo exija, la administración concursal podrá 
solicitar del juez el nombramiento de uno o varios auxiliares delegados, con especificación 
de las funciones a delegar, que pueden incluir las relativas a la continuación de la totalidad 
o parte de la actividad del deudor.
2.  Salvo que hubiera sido nombrada administradora concursal una persona jurídica, 
el juez, si lo considera necesario, previa audiencia del administrador concursal, podrá 
designar un auxiliar delegado que ostente la condición profesional que no tenga el 
nombrado, con delegación de funciones determinadas. El nombramiento por el juez del 
auxiliar delegado se realizará sin perjuicio del personal que tuviera la administración 
concursal y de la colaboración que deben prestar a esta los dependientes del concursado.
Artículo 76.  Nombramiento obligatorio de auxiliares delegados.
El nombramiento de, al menos, un auxiliar delegado será obligatorio cuando el 
concurso sea de gran tamaño, cuando en la masa activa existan establecimientos 
dispersos por el territorio español, cuando el administrador concursal solicite prórroga para 
la emisión del informe y, en los concursos conexos, cuando se hubiera nombrado una 
administración concursal única.
Artículo 77.  Régimen legal de los auxiliares delegados.
1.  La resolución judicial en la que se nombren auxiliar o auxiliares delegados 
especificará las funciones delegadas y establecerá la retribución de cada uno de ellos.
2.  Será de aplicación a los auxiliares delegados el régimen de inhabilitaciones, 
prohibiciones, recusación y responsabilidad establecido para los administradores 
concursales y sus representantes.
Artículo 78.  Retribución de los auxiliares delegados.
La retribución de los auxiliares delegados correrá a cargo de la administración 
concursal y se abonará a medida que esta perciba la que le corresponda. Salvo que 
expresamente el juez acuerde otra cosa, la retribución de los auxiliares delegados se fijará 
mediante un porcentaje respecto de la que perciba la administración concursal.
Artículo 79.  Carácter irrecurrible de la resolución.
1.  Contra la decisión del juez del concurso relativa al nombramiento de auxiliares  es
delegados no cabe recurso alguno. bo
2.  Si la solicitud de nombramiento de auxiliares delegados hubiera sido denegada, la  59ww
addiemroinni slutrgaacri óan l ac odnecnuergsaacl ipóond.rá reproducirla cuando se modifiquen las circunstancias que
Sección 2.ª  Del ejercicio del cargo
Artículo 80.  Deberes de diligencia y lealtad.
Los administradores concursales y los auxiliares delegados desempeñarán el cargo 
con la diligencia de un ordenado administrador y de un leal representante.
Artículo 81.  Ejercicio de funciones en caso de administración concursal dual.
1.  Cuando la administración concursal esté integrada por dos miembros, las 
funciones de este órgano concursal se ejercitarán de forma mancomunada. En caso de 
disconformidad, resolverá el juez.
2.  El juez podrá atribuir determinadas competencias de forma individualizada a uno 
de los administradores o distribuirlas entre ellos.
3.  Las decisiones y los acuerdos de la administración concursal dual que no sean de 
trámite o de gestión ordinaria se consignarán por escrito y serán firmados por los dos 
miembros del órgano.
Artículo 82.  Supervisión judicial.
La administración concursal está sometida a la supervisión del juez del concurso. En 
cualquier momento, el juez podrá requerir a la administración concursal una información 
específica o una memoria sobre el estado del procedimiento o sobre cualquier otra 
cuestión relacionada con el concurso. 
Artículo 83.  Resolución judicial.
Las resoluciones judiciales que se dicten para resolver las cuestiones relativas al 
ejercicio del cargo por la administración concursal revestirán forma de auto, contra el que 
no cabrá recurso alguno. Sobre la materia resuelta no podrá plantearse incidente 
concursal. 
Sección 3.ª  De la retribución
Subsección 1.ª  Del régimen jurídico de la retribución
Artículo 84.  Derecho a la retribución.
Los administradores concursales tendrán derecho a retribución con cargo a la masa.
Artículo 85.  Determinación de la retribución.
La retribución de la administración concursal se determinará mediante un arancel que 
se aprobará reglamentariamente. El arancel atenderá a las funciones que efectivamente 
desempeñe la administración concursal, al número de acreedores, al tamaño del concurso 
según la clasificación establecida a los efectos del nombramiento de la administración 
concursal y a la acumulación de concursos.
Artículo 86.  Reglas de determinación de la retribución.
1.  El arancel que determine la retribución de la administración concursal se ajustará  e.
necesariamente a las siguientes reglas: w.b
ppoure ds12ue..ªª    ipnetRRercreeviggbelliaanr   cpddioóeern   ls laaeu  n leii mnextlcie tclaruovcseniióvncniucd.ri aósLdnoa.    elacLnaso  nesctl a iadcndoatimnddc aitnuodirtsesatsolr  a mqsdueáoerxrá eir melsas a cum oqltenuencenou  dlrra sed a aellade e msan pistnrloieicsl aotlrac ap icócoainódn ndrtái edcnlao  apdnre cadurnecrc isbueainlr.l    OE-A-2020-48able en https://
millón quinientos mil euros y la que resulte de multiplicar la valoración del activo del 
concursado por un cuatro por ciento.
El juez, oídas las partes, podrá aprobar de forma motivada una remuneración que 
supere el límite anterior cuando, debido a la complejidad del concurso, lo justifiquen los 
costes asumidos por la administración concursal, sin que en ningún caso pueda exceder 
del cincuenta por ciento de dicho límite.
3.ª  Regla de la eficiencia. La retribución de la administración concursal se devengará 
conforme se vayan cumpliendo las funciones atribuidas por esta ley y el juez del concurso.
La retribución inicialmente fijada podrá ser reducida por el juez de manera motivada 
por el incumplimiento de las obligaciones de la administración concursal, un retraso 
atribuible a la administración concursal en el cumplimiento de sus obligaciones o por la 
calidad deficiente de sus trabajos.
Si el retraso excediera en más de la mitad del plazo que deba observar, o se 
incumpliera el deber de información de los acreedores, el juez deberá reducir la retribución, 
salvo que existan circunstancias objetivas que justifiquen ese retraso o que la conducta del 
administrador hubiese sido diligente en el cumplimiento de las demás funciones.
Se considerará que la calidad del trabajo es deficiente cuando se resuelvan 
impugnaciones sobre el inventario o la relación de acreedores en favor de los demandantes 
en proporción igual o superior al diez por ciento del valor del inventario provisional o del 
importe de la relación provisional de acreedores presentada por la administración 
concursal. En este último caso, el juez deberá reducir la retribución, al menos, en la misma 
proporción que la modificación, salvo que concurran circunstancias objetivas que 
justifiquen esa valoración o ese importe o que la conducta del administrador hubiese sido 
diligente en el cumplimiento de las demás funciones.
2.  En aquellos concursos que concluyan por la insuficiencia de la masa activa para 
satisfacer los créditos contra la masa se garantizará a la administración concursal el pago 
de un mínimo retributivo mediante una cuenta de garantía arancelaria.
Artículo 87.  Cuantía de la retribución y vencimiento del crédito.
1.  La cuantía de la retribución se fijará por medio de auto conforme al arancel.
2.  El auto fijará también los plazos en que la retribución deba ser satisfecha, conforme 
al arancel. El devengo del crédito se producirá al vencimiento de cada uno de los plazos.
Artículo 88.  Modificación de la retribución.
En cualquier estado del procedimiento, el juez, de oficio o a solicitud del concursado o 
de cualquier acreedor, podrá modificar la retribución fijada, si concurriera justa causa, con 
aplicación del arancel.
Artículo 89.  Recursos en materia de retribución.
El auto por el que se fije o modifique la retribución de la administración concursal será 
apelable por el interesado y por las personas legitimadas para solicitar la declaración de 
concurso.
Artículo 90.  Deber de comunicación.
El concursado o cualquier tercero que abone cualquier clase de retribución al  e.e
administrador concursal estarán obligados a comunicarlo al Letrado de la Administración  b
de Justicia del juzgado ante el que se tramita el concurso, con indicación del importe  59ww
acobnocnuardsoa,l  drees lpae ccatou sdae y l alas  freectrhibau dceiol npeasg od.e I gcuuaall qoubileigr acclaiósne  rqeucea epruáe sdoab pree rlcai baidr mpoinr isctaruascaió on 
con ocasión del concurso.
Subsección 2.ª  De la cuenta de garantía arancelaria
Artículo 91.  Constitución, gestión y funcionamiento de la cuenta de garantía arancelaria.
1.  La cuenta de garantía arancelaria será única y su gestión corresponderá al 
Ministerio de Justicia, que la ejercerá ya sea directamente o a través de terceros.
2.  El funcionamiento de la cuenta, incluido el régimen de disposición de los fondos, 
se regirá por lo establecido en esta ley y en cuantas normas se dicten en su desarrollo. 
Reglamentariamente se regulará el régimen de distribución de la cuenta de garantía 
arancelaria.
3.  La gestión de la cuenta y el control de los ingresos y los cargos se realizará a 
través de la aplicación informática que determine el Ministerio de Justicia. La aplicación 
dispondrá de los mecanismos adecuados de control, seguridad y supervisión, y deberá 
garantizar la autenticidad, confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos, 
permitir la disposición de fondos mediante la expedición de órdenes telemáticas de 
transferencia y mandamientos de pago, así como proporcionar información sobre los 
movimientos y saldos de las cuentas.
4.  En los casos de falta de medios informáticos adecuados o imposibilidad técnica 
sobrevenida, se podrán emitir mandamientos de pago u órdenes de transferencia de forma 
manual utilizando los impresos normalizados.
Artículo 92.  Deber de dotación.
1.  La cuantía de la dotación a efectuar por cada administrador concursal a la cuenta 
de garantía arancelaria se calculará por aplicación de los siguientes porcentajes sobre las 
retribuciones que efectivamente perciba en el concurso de acreedores:
a)  Un dos y medio por ciento por la remuneración obtenida que se encuentre entre 
los 2.565 euros y los 50.000 euros.
b)  Un cinco por ciento por la remuneración obtenida que se encuentre entre 
los 50.001 euros y los 500.000 euros.
c)  Un diez por ciento por la remuneración obtenida que supere los 500.000 euros.
2.  El administrador concursal cuya retribución efectivamente percibida en el concurso 
de acreedores no alcance la cantidad de 2.565 euros, así como los que tengan derecho a 
percibir la retribución con cargo a la cuenta de garantía arancelaria estarán excluidos del 
deber de realizar dotaciones.
Artículo 93.  Ingreso de las dotaciones.
1.  Cada administrador concursal deberá ingresar en la cuenta de garantía arancelaria 
las dotaciones obligatorias establecidas en el artículo anterior antes de la rendición de 
cuentas.
2.  En el momento del ingreso en la cuenta de garantía arancelaria de las dotaciones 
obligatorias, cada uno de los administradores concursales deberá dar cuenta al Letrado de 
la Administración de Justicia del juzgado en el que se tramita el concurso del importe 
ingresado en la cuenta de garantía arancelaria.
3.  Si en el momento de la rendición de cuentas el administrador concursal no hubiera 
realizado el ingreso de la dotación a que estuviera obligado, el Letrado de la Administración 
de Justicia le instará a que, dentro del plazo de diez días, cumpla con ese deber. Si no lo  e.e
hiciera, será dado de baja en la sección cuarta del Registro público concursal hasta que  b
proceda a su abono. 59ww
Sección 4.ª  De la responsabilidad
Artículo 94.  Presupuestos de la responsabilidad.
1.  Los administradores concursales y los auxiliares delegados responderán frente al 
concursado y frente a los acreedores de los daños y perjuicios causados a la masa por los 
actos y omisiones contrarios a la ley y por los realizados incumpliendo los deberes 
inherentes al desempeño del cargo sin la debida diligencia.
2.  En caso de administración concursal dual, el régimen de responsabilidad de la 
Administración pública acreedora o de la entidad de derecho público acreedora vinculada 
o dependiente de ella y la de la persona designada para el ejercicio de las funciones 
propias del cargo será el específico de la legislación administrativa.
Artículo 95.  Carácter solidario de la responsabilidad.
Los administradores concursales responderán solidariamente con los auxiliares 
delegados de los actos y omisiones lesivos de estos, salvo que prueben haber empleado 
toda la diligencia debida para prevenir o evitar el daño.
Artículo 96.  Derecho de reembolso.
Si la sentencia contuviera condena a indemnizar daños y perjuicios, el acreedor que 
hubiera ejercitado la acción en interés de la masa tendrá derecho a que, con cargo a la 
cantidad efectivamente percibida, se le reembolsen los gastos necesarios que hubiera 
soportado.
 Artículo 97.  Prescripción.
Las acciones de responsabilidad por los daños y perjuicios causados a la masa activa 
por los administradores concursales y los auxiliares delegados prescribirán a los cuatro 
años, contados desde que el actor hubiera tenido conocimiento del daño o perjuicio por el 
que reclama y, en todo caso, desde que los administradores concursales o los auxiliares 
delegados hubieran cesado en su cargo.
Artículo 98.  Acción individual de responsabilidad.
1.  Quedan a salvo las acciones de responsabilidad que puedan corresponder al 
concursado, a los acreedores o a terceros por actos u omisiones de los administradores 
concursales y auxiliares delegados que lesionen directamente los intereses de aquellos.
2.  Las acciones de responsabilidad a que se refiere el apartado anterior prescribirán 
a los cuatro años, contados desde que el actor hubiera tenido conocimiento del daño o 
perjuicio por el que reclama y, en todo caso, desde que los administradores concursales o 
los auxiliares delegados hubieran cesado en su cargo.
Artículo 99.  Juez competente y procedimiento aplicable.
Las acciones previstas en esta sección, cuando se dirijan a exigir responsabilidad civil, 
se sustanciarán ante el juez que conozca o haya conocido del concurso por los trámites 
del juicio declarativo que corresponda.
Sección 5.ª  De la separación y de la revocación bo
Artíc1u. lo C10u0a.n doS ecopnacraucrrióan j uys rteav coacuascaió, ne.l juez, de oficio o a instancia de cualquiera de las
paedrmsoinnisatsra lceigóintim caodnacsu rpsaarl,a  psoodlircáit asre plaa rdaerc dlaerla ccaiórng od ea  ccounaclquursieor ao  ddee l loostr oa dmmieinmisbtrroa ddoer elas   BOE-A-cable e
concursales o revocar el nombramiento de los auxiliares delegados.
2.  En todo caso será causa de separación del administrador el incumplimiento grave 
de las funciones de administrador y la resolución de impugnaciones sobre el inventario o 
la lista de acreedores en favor de los demandantes por una cuantía igual o superior al 
veinte por ciento del valor del inventario o de la lista de acreedores presentada por la 
administración concursal. No obstante, la concurrencia de esta causa de separación, el 
juez, podrá mantener al administrador concursal en el ejercicio del cargo cuando concurran 
circunstancias objetivas que así lo aconsejen.
3.  La separación o revocación del representante de una persona jurídica implicará el 
cese automático de esta como administrador concursal o como auxiliar delegado.
4.  La resolución judicial de cese por separación o revocación revestirá forma de auto, 
en el que se consignarán los motivos en los que el juez funde la decisión.
Artículo 101.  Nuevo nombramiento.
1.  En todos los casos de cese de un administrador concursal, el juez procederá de 
inmediato a efectuar un nuevo nombramiento. Al cese y al nuevo nombramiento se dará la 
misma publicidad que hubiera tenido el nombramiento del administrador concursal 
sustituido.
2.  Si la persona jurídica nombrada administradora concursal revocara a la persona 
natural que la representaba en el ejercicio de las funciones propias del cargo, deberá 
comunicar simultáneamente al juzgado la identidad del nuevo representante. A la 
revocación y a la nueva designación se dará la misma publicidad que hubiera tenido la 
designación del revocado.
Artículo 102.  Rendición de cuentas.
1.  En el caso de cese del administrador concursal antes de la conclusión del 
concurso, el juez le requerirá para que presente una completa rendición de cuentas.
2.  En el escrito de rendición de cuentas, el administrador concursal justificará 
cumplidamente la utilización que haya hecho de las facultades conferidas; expondrá de los 
pagos y, en su caso, de las consignaciones realizadas de los créditos contra la masa y de 
los créditos concursales; detallará la retribución que le hubiera sido fijada por el juez para 
cada fase del concurso, especificando las cantidades percibidas, incluidas las 
complementarias, así como las fechas de cada una de esas percepciones, y expresará los 
pagos del auxiliar o auxiliares delegados, si hubieran sido nombrados, así como los de 
cualesquiera expertos, tasadores y entidades especializadas que hubiera contratado, con 
cargo a la retribución del propio administrador concursal. Asimismo, precisará el número 
de trabajadores asignados por la administración concursal al concurso y el número total de 
horas dedicadas por el conjunto de estos trabajadores al concurso.
3.  La rendición de cuentas se presentará en el plazo de un mes a contar desde la 
notificación del requerimiento. El régimen de la oposición a la aprobación de la rendición 
de cuentas presentada y los efectos de la aprobación o desaprobación de esas cuentas se 
regirá por lo establecido para los casos en los que el concurso finalice por finalización de 
la liquidación.
4.  El Letrado de la Administración de Justicia remitirá el escrito de rendición de 
cuentas al Registro público concursal.
Artículo 103.  Recursos contra el nombramiento, revocación y cese de los administradores 
concursales y auxiliares delegados. e
aedl amu12int..o  is qtECruaseodt naolortrár earnse   slcleuaogesnil tvcirmaue,ras seodal olldeusesc   ipyaoa pnareeauls xar icelisiacóorunebr srqri erud  eeen lln eocogmo atnebdcnrouadsrmr sácaia eedbnforetá,co  ltr,aoe   craseuudvrsmsopoicen adniscesti rióvraeoncp. ióoyns  icccieoósnnec yu ,dr cseoa nl,l toreasl    2020-4859n https://www.
administrador concursal afectado, el auxiliar delegado afectado y quienes acrediten interés
legítimo, aunque no hubieran comparecido con anterioridad.
Artículo 104.  Baja en el Registro público concursal.
La separación del administrador concursal o la revocación del auxiliar delegado 
determinarán la baja del afectado en el Registro público concursal. La baja será cautelar 
mientras la resolución de cese no sea firme.
TÍTULO III
De los efectos de la declaración de concurso
CAPÍTULO I
De los efectos sobre el deudor
Sección 1.ª  De los efectos sobre el concursado en general
Artículo 105.  Efectos sobre las comunicaciones, residencia y libre circulación del 
concursado.
Los efectos de la declaración de concurso sobre los derechos y libertades 
fundamentales del concursado en materia de correspondencia, residencia y libre 
circulación serán los establecidos en la Ley Orgánica 8/2003, de 9 de julio, para la Reforma 
Concursal, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
Artículo 106.  Efectos sobre las facultades patrimoniales del concursado.
1.  En caso de concurso voluntario, el concursado conservará las facultades de 
administración y disposición sobre la masa activa, pero el ejercicio de estas facultades 
estará sometido a la intervención de la administración concursal, que podrá autorizar o 
denegar la autorización según tenga por conveniente.
2.  En caso de concurso necesario, el concursado tendrá suspendido el ejercicio de 
las facultades de administración y disposición sobre la masa activa. La administración 
concursal sustituirá al deudor en el ejercicio de esas facultades.
3.  No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, el juez podrá acordar la 
suspensión en caso de concurso voluntario o la mera intervención cuando se trate de 
concurso necesario. En ambos casos, deberá motivarse el acuerdo señalando los riesgos 
que se pretendan evitar y las ventajas que se quieran obtener.
Artículo 107.  Ámbito objetivo de la limitación o de la suspensión de facultades.
1.  El ámbito de la intervención y de la suspensión estará limitado a los bienes y 
derechos integrados o que se integren en la masa activa, a la asunción, modificación o 
extinción de obligaciones de carácter patrimonial relacionadas con esos bienes o derechos 
y, en su caso, al ejercicio de las facultades que correspondan al deudor en la sociedad o 
comunidad conyugal.
2.  El concursado conservará la facultad de testar.
Artículo 108.  Modificación de las facultades patrimoniales del concursado.
1.  A solicitud de la administración concursal, el juez, oído el concursado, podrá  s
acordar en cualquier momento, mediante auto, el cambio de las situaciones de intervención  oe.
o de suspensión de las facultades del concursado sobre la masa activa. w.
mpuobdl2iic.f iicdaaAcdl i ócqanum ed bleaio  al acdsoe r fdlaaacsdu aslt itapuadarecasi o land eeds e lcadl aear aidncmtieóirnnvi esdnterc acicóoinnó cnou  rcdsoeon .scuusrpseanl ssieó nl ey  dlaa rcáo nlasi gmuiiesmntae   2020-4859n https://ww
Artículo 109.  Infracción del régimen de limitación o suspensión de facultades.
1.  Los actos del concursado que infrinjan la limitación o la suspensión de las 
facultades patrimoniales acordada por el juez del concurso solo podrán ser anulados a 
instancia de la administración concursal, salvo que esta los hubiese convalidado o 
confirmado.
2.  Cualquier acreedor y quien haya sido parte en la relación contractual afectada por 
la infracción podrá requerir de la administración concursal que se pronuncie acerca del 
ejercicio de la correspondiente acción o de la convalidación o confirmación del acto.
3.  La acción de anulación se tramitará por los cauces del incidente concursal. De 
haberse formulado el requerimiento, la acción caducará al cumplirse un mes desde la 
fecha de este. En otro caso, caducará con el cumplimiento del convenio por el deudor o, 
en el supuesto de liquidación, con la finalización de esta.
4.  Los actos realizados por el concursado con infracción de la limitación o de la 
suspensión de facultades patrimoniales no podrán ser inscritos en registros públicos 
mientras no sean confirmados o convalidados, alcance firmeza la resolución judicial por la 
que se desestime la pretensión de anulación o se acredite la caducidad de la acción.
Artículo 110.  Pagos al concursado.
El pago realizado al concursado solo liberará a quien lo hiciere si, al tiempo de efectuar 
la prestación, desconocía la declaración de concurso. Se presume el conocimiento desde 
la publicación de la declaración de concurso en el «Boletín Oficial del Estado».
Artículo 111.  Continuación del ejercicio de la actividad profesional o empresarial.
1.  La declaración de concurso no interrumpirá la continuación de la actividad 
profesional o empresarial que viniera ejerciendo el deudor.
2.  Hasta la aceptación de la administración concursal el concursado podrá realizar 
los actos que sean imprescindibles para la continuación de su actividad, siempre que se 
ajusten a las condiciones normales del mercado, sin perjuicio de las medidas cautelares 
que hubiera adoptado al respecto el juez al declarar el concurso.
Artículo 112.  Autorización general de determinados actos u operaciones en caso de 
intervención.
Con el fin de facilitar la continuación de la actividad profesional o empresarial del 
concursado, la administración concursal, en caso de intervención, podrá autorizar, con 
carácter general, aquellos actos u operaciones propios del giro o tráfico de aquella 
actividad que, por razón de su naturaleza o cuantía, puedan ser realizados por el 
concursado o por su director o directores generales.
Artículo 113.  Continuidad del ejercicio de la actividad profesional o empresarial en caso 
de suspensión.
En caso de suspensión de las facultades de administración y disposición del 
concursado, la administración concursal adoptará las medidas que sean necesarias para 
la continuación de la actividad profesional o empresarial.
Artículo 114.  Cierre de oficinas y establecimientos. e
ycfou,i  eelsarrir  1asee. ux  tdisitsuepEtl ieaell anjrru  aseteinoólz ,tcn ,ad o,al eindt os calootudaslri lc s oroiaet  uddppdeorae  ,rdp scaeaeias rnlílat, te c ada ondedmte mee oslsian, t dsaicse u.to ralfaoinccsdii nótorana se bc,ja eoejrnasccdtieuaorrbraselea sucl,,ni  mppaor ieaedvcnriáttaio v asaidc uoaod driede xeanpmrc,l iopmatr aedecdesiailoa crnnioaetnels,c   aeduuler stc oaqe,dus eoeel     OE-A-2020-4859able en https://www.
2.  Cuando las medidas supongan la modificación sustancial de las condiciones de 
trabajo, el traslado, el despido, la suspensión de contratos o la reducción de jornada, 
siempre que tengan carácter colectivo, la administración concursal deberá solicitar al juez 
del concurso la adopción de la decisión, que se tramitará conforme a lo establecido en esta 
ley.
Artículo 115.  Deber de formular las cuentas anuales en caso de intervención.
1.  En caso de intervención, la obligación legal de formular y de someter a auditoría 
las cuentas anuales corresponderá al concursado y a los administradores de la persona 
jurídica concursada bajo la supervisión de la administración concursal.
2.  La administración concursal podrá autorizar al concursado o a los administradores 
de la persona jurídica concursada a que el cumplimiento de la obligación legal de formular 
las cuentas anuales correspondientes al ejercicio anterior a la declaración judicial de 
concurso se retrase al mes siguiente a la presentación del inventario y de la lista de 
acreedores. La aprobación de las cuentas deberá realizarse en los tres meses siguientes 
al vencimiento de dicha prórroga. De ello se dará cuenta al juez del concurso y, si la 
persona jurídica estuviera obligada a depositar las cuentas anuales, al Registro mercantil 
en que figurase inscrita. Efectuada esta comunicación, el retraso del depósito de las 
cuentas no producirá el cierre de la hoja registral, si se cumplen los plazos para el depósito 
desde el vencimiento del citado plazo prorrogado de aprobación de las cuentas. En cada 
uno de los documentos que integran las cuentas anuales se hará mención de la causa 
legítima del retraso.
Artículo 116.  Deber de formular las cuentas anuales en caso de suspensión.
En caso de suspensión, la obligación legal de formular y de someter a auditoría las 
cuentas anuales corresponderá a la administración concursal.
Artículo 117.  Revocación del nombramiento del auditor.
A solicitud fundada de la administración concursal, el juez del concurso podrá acordar 
la revocación del nombramiento del auditor de cuentas de la persona jurídica concursada 
y el nombramiento de otro para la verificación de las cuentas anuales.
Artículo 118.  Declaraciones y autoliquidaciones tributarias.
1.  En caso de intervención, la obligación legal de presentar las declaraciones y 
autoliquidaciones tributarias corresponderá al concursado bajo la supervisión de la 
administración concursal.
2.  En caso de suspensión, esa obligación legal corresponderá a la administración 
concursal.
Sección 2.ª  De los efectos sobre la representación y defensa procesal del concursado
Artículo 119.  Representación y defensa del concursado en caso de intervención.
1.  En caso de intervención, el deudor conservará la capacidad para actuar en juicio, 
pero necesitará la autorización de la administración concursal para presentar demandas, 
interponer recursos, desistir, allanarse total o parcialmente y transigir litigios cuando la  e.e
materia litigiosa pueda afectar a la masa activa. w.b
2.  Si la administración concursal estimara conveniente para el interés del concurso la  59ww
pproedsreán atauctoiórniz adre a u naaq udeelmla aan pdrae ys eenl tcaornlac.ursado se negare a formularla, el juez del concurso
Artículo 120.  Representación y defensa procesal del concursado en caso de suspensión.
1.  En caso de suspensión, corresponderá a la administración concursal la 
presentación de demandas y la interposición de recursos en interés del concurso.
2.  La administración concursal, actuando en interés del concurso pero en 
representación del concursado, sustituirá a este en los procedimientos judiciales civiles, 
laborales o administrativos que se encuentren en trámite a la fecha de la declaración de 
concurso, sin más excepciones que las de los procedimientos civiles en que se ejerciten 
acciones de índole personal. Una vez personada la administración concursal en el 
procedimiento, el Letrado de la Administración de Justicia le concederá un plazo de cinco 
días para que se instruya de las actuaciones.
3.  En los procedimientos civiles en los que se ejerciten acciones de índole personal, 
el concursado necesitará autorización de la administración concursal para presentar la 
demanda, interponer recursos, allanarse, transigir o desistir cuando por razón de la materia 
litigiosa la sentencia que se dicte pueda afectar a la masa activa.
4.  La administración concursal necesitará autorización del juez del concurso para 
desistir, allanarse, total o parcialmente, y transigir litigios que se hubieran iniciado antes de 
la declaración del concurso. De la solicitud de autorización presentada por la administración 
concursal, el Letrado de la Administración de Justicia dará traslado al concursado y a 
aquellas partes personadas en el procedimiento que el juez estime deban ser oídas.
En los casos a que se refiere el párrafo anterior, las costas impuestas como 
consecuencia del allanamiento o del desistimiento autorizados por el juez tendrán la 
consideración de crédito concursal. En caso de transacción, se estará a lo pactado por las 
partes en materia de costas.
Artículo 121.  Mantenimiento de la representación y defensa separadas por el concursado.
1.  El concursado podrá actuar de forma separada, por medio de procurador y 
abogado distintos de los de la administración concursal, en los procedimientos en trámite 
a la fecha de la declaración de concurso en que hubiera sido sustituido por la administración 
concursal y en los nuevos procedimientos promovidos por esta, siempre que un tercero 
haya garantizado de forma suficiente ante el juez del concurso que los gastos de su 
actuación procesal y, en su caso, la efectividad de la condena al pago de las costas no 
recaerán sobre la masa activa del concurso, y así lo acredite el concursado en el 
procedimiento en que estuviera personado.
2.  Si el deudor mantuviera representación y defensas separadas, no podrá realizar 
aquellas actuaciones procesales que, conforme al artículo anterior, corresponden a la 
administración concursal con autorización del juez, ni impedir o dificultar que esta las 
realice.
Artículo 122.  Legitimación subsidiaria de los acreedores.
1.  Los acreedores que hayan instado por escrito a la administración concursal el 
ejercicio de una acción de carácter patrimonial que correspondiera al concursado, con 
expresión de las concretas pretensiones en que consista y de la fundamentación jurídica 
de cada una de ellas, estarán legitimados para ejercitarla si el concursado, en caso de 
intervención, o la administración concursal, en caso de suspensión, no lo hiciesen dentro 
de los dos meses siguientes al requerimiento.
2.  En ejercicio de esta acción subsidiaria, los acreedores litigarán a su costa en  es
interés de la masa. En caso de que la demanda fuese total o parcialmente estimada, los  o
acreedores, una vez que la sentencia sea firme, tendrán derecho a reembolsarse con  59www.
cllooa sre gaf3eop.c  aatir vLtlaaaad msmo edsane satmaen  atapencertdiriovcaraiseb  sidqd eudo ee lpo bsosee rrg  álpaanrs em tnsoaoesstn iyaftie c.cnao rspstoear sa l o elasn   aaqcdurmee eihnduisobtrrieeasrca icónon ni ncfcoournmrcriuedr oas a hlola. setsat aebl lleímciditeo  deen   OE-A-2020-48able en https://
Sección 3.ª  De los efectos específicos sobre la persona natural
Artículo 123.  Derecho a alimentos.
1.  En el caso de que en la masa activa existan bienes bastantes para prestar 
alimentos, el concursado persona natural que se encuentre en estado de necesidad tendrá 
derecho a percibirlos durante la tramitación del concurso, con cargo a la masa activa, para 
atender sus necesidades y las de su cónyuge y descendientes bajo su potestad. El 
derecho a percibir alimentos para atender a las necesidades de la pareja de hecho solo 
existirá cuando la unión estuviera inscrita y el juez aprecie la existencia de pactos expresos 
o tácitos o de hechos concluyentes de los que se derive la inequívoca voluntad de los 
convivientes de formar un patrimonio común.
2.  En caso de intervención, la cuantía y periodicidad de los alimentos serán las que 
determine la administración concursal; y, en caso de suspensión, las que determine el 
juez, oídos el concursado y la administración concursal.
3.  En caso de suspensión, el juez, a solicitud del concursado con audiencia de la 
administración concursal o a solicitud de esta con audiencia del concursado, podrá 
modificar la cuantía y la periodicidad de los alimentos.
Artículo 124.  Deber de alimentos.
1.  En el caso de que en la masa activa existan bienes bastantes para prestar 
alimentos, las personas distintas de las enumeradas en el artículo anterior respecto de las 
cuales el concursado tuviere deber legal de prestarlos solo podrán obtenerlos con cargo a 
la masa si no pudieren percibirlos de otras personas legalmente obligadas a prestárselos.
2.  El interesado deberá ejercitar la acción de reclamación de los alimentos ante el 
juez del concurso en el plazo de un año a contar desde el momento en que hubiera debido 
percibirlos. El juez del concurso resolverá sobre su procedencia y cuantía.
3.  La obligación de prestar alimentos impuesta al concursado por resolución judicial 
dictada con anterioridad a la declaración de concurso se satisfará con cargo a la masa 
activa en la cuantía fijada por el juez del concurso. El exceso tendrá la consideración de 
crédito concursal ordinario.
Artículo 125.  Derecho a solicitar la disolución de la sociedad conyugal.
1.  El cónyuge del concursado tendrá derecho a solicitar del juez del concurso la 
disolución de la sociedad o comunidad conyugal cuando se hubieran incluido en el 
inventario de la masa activa bienes gananciales o comunes que deban responder de las 
obligaciones del concursado.
2.  Presentada la solicitud de disolución, el juez acordará la liquidación de la sociedad 
o comunidad conyugal, el pago a los acreedores y la división del remanente entre los 
cónyuges. Estas operaciones se llevarán a cabo de forma coordinada, sea con el convenio, 
sea con la liquidación de la masa activa.
3.  El cónyuge del concursado tendrá derecho a que la vivienda habitual del 
matrimonio que tuviere carácter ganancial o común se le incluya con preferencia en su 
haber hasta donde este alcance. Si excediera solo procederá la adjudicación si abonara al 
contado el exceso.
Sección 4.ª  De los efectos específicos sobre la persona jurídica es
Artículo 126.  Mantenimiento de los órganos de la persona jurídica concursada. 59ww
concDuurrsaandtae,  lsai ntr apmerijtuaicciióon d dee llo cso enfceucrtsoos,  qsuee m saonbtreen edlr áfunn lcoios nóargmaiennotso d dee l ac apdears uonnoa  djuer íedlilcoas 
psorobdreu zlocas  blaie innteesr vye dnecrióenc hoo lsa  dseu slap emnassióan a dceti vlaas. facultades de administración y disposición  BOE-A-cable e
Artículo 127.  Efectos sobre los órganos colegiados de la persona jurídica concursada.
1.  La administración concursal tendrá derecho de asistencia y de voz en las sesiones 
de los órganos colegiados de la persona jurídica concursada. A estos efectos, deberá ser 
convocada en la misma forma y con la misma antelación que los integrantes del órgano 
que ha de reunirse.
2.  La constitución de junta o asamblea u otro órgano colegiado con el carácter de 
universal no será válida sin la concurrencia de la administración concursal.
3.  Los acuerdos de la junta o de la asamblea que puedan tener contenido patrimonial 
o relevancia directa para el concurso requerirán, para su eficacia, de la autorización de la 
administración concursal.
Artículo 128.  Representación de la persona jurídica concursada frente a terceros.
1.  En caso de intervención, la representación de la persona jurídica concursada en el 
ejercicio de las facultades de administración y de disposición sobre los bienes y derechos 
que integren la masa activa corresponderán a los administradores o liquidadores, pero el 
ejercicio de esas facultades estará sometido a la autorización de la administración 
concursal, que podrá conceder o denegar esa autorización según tenga por conveniente.
2.  El juez, a solicitud de la administración concursal, podrá atribuir a esta en interés 
del concurso, la representación de la persona jurídica concursada en el ejercicio de los 
derechos políticos que correspondan a las cuotas, acciones o participaciones sociales 
integradas en la masa activa, que podrá delegar en quien tenga por conveniente. La 
administración concursal podrá delegar el ejercicio de esos derechos en quien tenga por 
conveniente.
3.  En caso de suspensión, la representación de la persona jurídica concursada en el 
ejercicio de las facultades de administración y disposición sobre los bienes y derechos que 
integren la masa activa corresponderá a la administración concursal.
4.  Los apoderamientos que pudieran existir al tiempo de la declaración de concurso 
quedarán afectados por la intervención o por la suspensión de estas facultades.
Artículo 129.  Representación de la persona jurídica concursada en el concurso.
Los administradores o liquidadores del deudor persona jurídica continuarán con la 
representación de la entidad dentro del concurso, incluso durante la liquidación de la masa 
activa.
Artículo 130.  Supresión o reducción del derecho a la retribución de los administradores 
de la persona jurídica concursada.
Si el cargo de administrador de la persona jurídica fuera retribuido, el juez del concurso 
podrá acordar que deje de serlo o reducir la cuantía de la retribución a la vista del contenido 
y la complejidad de las funciones de administración y de la importancia de la masa activa.
Artículo 131.  Efectos de la declaración de concurso sobre las acciones contra los socios.
1.  Durante la tramitación del concurso de la sociedad, corresponderá exclusivamente 
a la administración concursal el ejercicio de la acción contra el socio o socios personalmente 
responsables por las deudas de esta anteriores a la declaración de concurso.
2.  Durante la tramitación del concurso de la sociedad, corresponderá exclusivamente  e.e
a la administración concursal la reclamación, en el momento y cuantía que estime  b
conveniente, del desembolso de las aportaciones sociales que hubiesen sido diferidas,  59ww
caucacelqsuoieriraas  qpueen dfuieenrate esl  dpela czuom fijpaldimoi eennt ola. escritura o en los estatutos, y de las prestaciones
Artículo 132.  Efectos de la declaración de concurso sobre las acciones contra los 
administradores, liquidadores o auditores de la sociedad deudora.
1.  Declarado el concurso, corresponderá exclusivamente a la administración 
concursal el ejercicio de las acciones de responsabilidad de la persona jurídica concursada 
contra sus administradores o liquidadores, de derecho o de hecho; contra la persona 
natural designada para el ejercicio permanente de las funciones propias del cargo de 
administrador persona jurídica y contra la persona, cualquiera que sea su denominación, 
que tenga atribuidas facultades de más alta dirección de la sociedad cuando no exista 
delegación permanente de facultades del consejo en uno o varios consejeros delegados.
2.  Declarado el concurso, corresponderá exclusivamente a la administración 
concursal el ejercicio de las acciones de responsabilidad de la persona jurídica concursada 
contra sus auditores, así como contra los expertos independientes que hubieran valorado 
aportaciones sociales o dinerarias en las ampliaciones de capital de la sociedad 
concursada.
Artículo 133.  Embargo de bienes.
1.  Desde la declaración de concurso de persona jurídica, el juez del concurso, de 
oficio o a solicitud razonada de la administración concursal, podrá acordar, como medida 
cautelar, el embargo de bienes y derechos de los administradores o liquidadores, de 
derecho y de hecho, y directores generales de la persona jurídica concursada así como de 
quienes hubieran tenido esta condición dentro de los dos años anteriores a la fecha de 
aquella declaración, cuando de lo actuado resulte fundada la posibilidad de que en la 
sentencia de calificación las personas a las que afecte el embargo sean condenadas a la 
cobertura total o parcial del déficit en los términos previstos en esta ley.
2.  Desde la declaración de concurso de la sociedad, el juez, de oficio o a solicitud 
razonada de la administración concursal, podrá ordenar, como medida cautelar, el embargo 
de bienes y derechos del socio o socios personalmente responsables por las deudas de la 
sociedad anteriores a la declaración de concurso, cuando de lo actuado resulte fundada la 
posibilidad de que la masa activa sea insuficiente para satisfacer todas las deudas.
3.  El embargo se acordará por la cuantía que el juez estime bastante y se practicará 
sin necesidad de caución con cargo a la masa activa.
4.  A solicitud del afectado por la medida cautelar, el juez podrá acordar la sustitución 
del embargo por aval de entidad de crédito.
5.  Contra el auto que resuelva sobre la medida cautelar cualquier afectado podrá 
interponer recurso de apelación.
Sección 5.ª  De los deberes de comparecencia, colaboración e información 
del concursado
Artículo 134.  Libros y documentos del deudor.
1.  El concursado pondrá a disposición de la administración concursal los libros de 
llevanza obligatoria y cualesquiera otros libros, documentos y registros relativos a los 
aspectos patrimoniales de su actividad profesional o empresarial.
2.  A solicitud de la administración concursal, el juez acordará las medidas que estime 
necesarias para la efectividad de lo dispuesto en el apartado anterior.
Artículo 135.  Deberes de comparecencia, colaboración e información. bo
jaunrítde1irc.io ar eEcsol  ncaco unlarcs udaredscaal dayor aq pcueiióernsn oednsea lh  ncaaoytnaucnrua drl seyos l eotmise npaeednñm aiendlio sd tereasbdteoorsr  edcsea  orcg oloiqmsu pdidaearnedtcrooer erd spe ed lreos sola nd paoelsmr aseoñnnoteas    2020-4859n https://ww
ante el juzgado y ante la administración concursal cuantas veces sean requeridos y el de
colaborar e informar en todo lo necesario o conveniente para el interés del concurso. Bc
2.  Los directores generales de la persona jurídica concursada y quienes lo hayan 
sido dentro del período señalado tienen igualmente estos mismos deberes.
CAPÍTULO II
De los efectos sobre las acciones individuales
Sección 1.ª  De los efectos sobre las acciones y sobre los procedimientos declarativos
Artículo 136.  Nuevos juicios declarativos.
1.  Desde la declaración de concurso y hasta la fecha de eficacia del convenio o, si no 
se hubiera aprobado convenio o el aprobado se hubiera incumplido, hasta la conclusión 
del procedimiento:
1.º  Los jueces del orden civil y del orden social no admitirán a trámite las demandas 
que se presenten en las que se ejerciten acciones que sean competencia del juez del 
concurso, previniendo a las partes que usen de su derecho ante este último.
2.º  Los jueces de lo mercantil no admitirán a trámite las demandas que se presenten 
en las que se ejerciten acciones de reclamación de obligaciones sociales contra los 
administradores de las sociedades de capital concursadas que hubieran incumplido los 
deberes legales en caso de concurrencia de causa de disolución.
3.º  Los jueces de primera instancia no admitirán a trámite las demandas que se 
presenten en las que se ejercite contra el dueño de la obra la acción directa que se 
reconoce a los que pusieren su trabajo y materiales en una obra ajustada alzadamente por 
el contratista.
2.  De admitirse a trámite las demandas a que se refiere el apartado anterior, se 
ordenará el archivo de todo lo actuado, previa declaración de nulidad de las actuaciones 
que se hubieran practicado.
3.  Los jueces o tribunales de los órdenes social, contencioso-administrativo o penal 
ante los que, después de la declaración del concurso, se ejerciten acciones que pudieran 
tener trascendencia para la masa activa, emplazarán a la administración concursal y, si se 
personase, la tendrán como parte en defensa del interés del concurso.
Artículo 137.  Continuación de juicios declarativos en tramitación.
Los juicios declarativos que se encuentren en tramitación a la fecha de la declaración 
de concurso en los que el concursado sea parte, continuarán sustanciándose ante el 
mismo tribunal que estuviere conociendo de ellos hasta la firmeza de la sentencia, salvo 
aquellos que, por disposición de esta ley, se acumulen al concurso o aquellos cuya 
tramitación quede suspendida.
Artículo 138.  Acumulación de juicios declarativos en tramitación.
1.  Los juicios en los que se hubieran ejercitado acciones de responsabilidad contra 
los administradores o liquidadores, de derecho o hecho; contra la persona natural 
designada para el ejercicio permanente de las funciones propias del cargo de administrador 
persona jurídica, contra la persona, cualquiera que sea su denominación, que tenga 
atribuidas facultades de más alta dirección de la sociedad cuando no exista delegación  es
permanente de facultades del consejo en uno o varios consejeros delegados, y contra los  o
aahcocauunydmaf2iot o.ufr imrnleaaLesrláo i aznpsla   opddjruroe oil  coceoiesolf i dascd icimoaato cñiae uodln msect olou y jnulp acipocduerio orress juloo  q ,iccl uaosioe nives tivmis nictnpuaairae.uerr saáqa nusd uesos ussta  etan r eaclnimaác niuptdaeeocnrsistóerone nln aaa  e rnejntuce rlp íaedrmilim cajauec reicaózo n inn.dcseutla rcnsocanidaca uy,  rnssoeo    OE-A-2020-4859able en https://www.
3.  Contra la sentencia que se dicte se podrán interponer los recursos que procedieran 
como si no hubieran sido objeto de acumulación.
Artículo 139.  Suspensión de la tramitación de juicios declarativos.
1.  Desde la declaración del concurso hasta la fecha de eficacia del convenio o, en 
caso de liquidación, hasta la conclusión del procedimiento quedarán en suspenso los 
procedimientos iniciados antes de esa declaración de concurso en los que se hubieran 
ejercitado acciones de reclamación de obligaciones sociales contra los administradores de 
las sociedades de capital concursadas que hubieran incumplido los deberes legales en 
caso de concurrencia de causa de disolución.
2.  Desde la declaración del concurso hasta la fecha de eficacia del convenio o, en 
caso de liquidación, hasta la conclusión del procedimiento quedarán en suspenso los 
procedimientos iniciados antes de esa declaración en los que se hubiera ejercitado contra 
el dueño de la obra la acción directa que se reconoce a los que pusieren su trabajo y 
materiales en una obra ajustada alzadamente por el contratista.
Artículo 140.  Pactos de mediación, convenios y procedimientos arbitrales.
1.  La declaración de concurso, por sí sola, no afectará a la vigencia de los pactos de 
mediación ni a los convenios arbitrales suscritos por el deudor.
2.  Los procedimientos de mediación y los procedimientos arbitrales en tramitación a 
la fecha de la declaración de concurso continuarán hasta la terminación de la mediación o 
hasta la firmeza del laudo arbitral. La representación y defensa del concursado en estos 
procedimientos se regirá por lo establecido para los juicios declarativos en el capítulo I de 
este título.
3.  El juez del concurso, de oficio o a solicitud del concursado, en caso de intervención, 
o de la administración concursal, en caso de suspensión, podrá acordar, antes de que 
comience el procedimiento de mediación o de que se inicie el procedimiento arbitral, la 
suspensión de los efectos de esos pactos o de esos convenios, si entendiera que pudieran 
suponer un perjuicio para la tramitación del concurso. Queda a salvo lo establecido en los 
tratados internacionales.
4.  En caso de fraude, la administración concursal podrá impugnar ante el juez del 
concurso los pactos de mediación y los convenios y procedimientos arbitrales.
Artículo 141.  Sentencias y laudos firmes.
Las sentencias y los laudos firmes dictados antes o después de la declaración de 
concurso vinculan al juez de este, el cual dará a las resoluciones pronunciadas el 
tratamiento concursal que corresponda.
Sección 2.ª  De los efectos sobre las acciones y sobre los procedimientos ejecutivos
Subsección 1.ª  De las reglas generales
Artículo 142.  Prohibición de inicio de ejecuciones y apremios.
Desde la declaración de concurso, no podrán iniciarse ejecuciones singulares, 
judiciales o extrajudiciales, ni tampoco apremios administrativos, incluidos los tributarios, 
contra los bienes o derechos de la masa activa. e.
Artículo 143.  Suspensión de las actuaciones y de los procedimientos de ejecución. 59ww
ddee clal1a .rm aacLisóaans a  dacecti tvcuaoa ncqciuouenr sesose,   yhs ailnoll asp reparrnjou eciceniod t ridmaemile itntraatoctasió mndi eeq nuetejoed ccauorcánincó uner nsc aoslnu qtsrupaee l nocssoo rbr ediesenpseodsne d olaa d  fdeearcreh caah  ldooess    OE-A-2020-48able en https://
respectivos créditos. Serán nulas cuantas actuaciones se hubieran realizado desde ese 
momento.
2.  El juez del concurso, a solicitud de la administración concursal, previa audiencia 
de los acreedores afectados, podrá acordar el levantamiento y cancelación de los 
embargos trabados en las actuaciones y los procedimientos de ejecución cuya tramitación 
hubiera quedado suspendida cuando el mantenimiento de esos embargos dificultara 
gravemente la continuidad de la actividad profesional o empresarial del concursado. El 
levantamiento y cancelación no podrá acordarse respecto de los embargos administrativos.
Artículo 144.  Excepciones a la suspensión de las actuaciones y de los procedimientos de 
ejecución.
1.  Cuando se incorpore a las actuaciones o al procedimiento correspondiente el 
testimonio de la resolución del juez del concurso que declare que un bien o derecho 
concreto que hubiese sido objeto de embargo no es necesario para la continuidad de la 
actividad profesional o empresarial del deudor, podrán proseguirse las actuaciones y 
procedimientos de ejecución de las siguientes clases:
1.º  Las ejecuciones laborales en las que el embargo de ese bien o derecho fuese 
anterior a la fecha de declaración del concurso.
2.º  Los procedimientos administrativos de ejecución en los que la diligencia de 
embargo fuera anterior a la fecha de declaración del concurso.
2.  El dinero obtenido con la ejecución se destinará al pago del crédito que hubiera 
dado lugar a la misma y el sobrante se integrará en la masa activa. No obstante, si en 
tercería de mejor derecho ejercitada por la administración concursal se determinase la 
existencia de créditos concursales con preferencia de cobro, el importe de lo obtenido al 
que alcance esa preferencia se pondrá a disposición del concurso.
3.  Si a la fecha de la resolución judicial por la que se apruebe el plan de liquidación, 
sea o no firme, no se hubiera producido la enajenación de los bienes o derechos o no se 
hubieran publicado los anuncios de subasta del bien o derecho embargado, estas 
actuaciones y procedimientos de ejecución quedarán sin efecto.
Subsección 2.ª  De las reglas especiales para los procedimientos de ejecución 
de garantías reales y asimilados
Artículo 145.  Efectos sobre las ejecuciones de garantías reales.
1.  Desde la declaración de concurso, los titulares de derechos reales de garantía, 
sean o no acreedores concursales, sobre bienes o derechos de la masa activa necesarios 
para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del concursado, no podrán 
iniciar procedimientos de ejecución o realización forzosa sobre esos bienes o derechos.
2.  Desde la declaración de concurso, las actuaciones de ejecución o realización 
forzosa ya iniciadas a esa fecha sobre cualesquiera bienes o derechos de la masa activa 
quedaran suspendidas, aunque ya estuviesen publicados los anuncios de subasta.
Artículo 146.  Inicio o continuación de ejecuciones de garantías reales sobre bienes o 
derechos no necesarios.
Los titulares de derechos reales de garantía, sean o no acreedores concursales, sobre  e.
bienes o derechos de la masa activa no necesarios para la continuidad de la actividad  w.b
profesional o empresarial del concursado que pretendan iniciar procedimientos de  59ww
esujescpuecniósnió no  dreeableizraácnió anc ofomrzpoasñaa rs oab rlae  deesmosa nbdiean eos  inoc doerpreocrahro sa l op rqoucee dpirmetieenndtoa nju adlizcaiarl  loa 
ajudemz idneisl tcraotnivcou rcsuoy aq utrea dmeictalacrióen q huueb nieor aso snid noe scuesspaerinods idpaa real  etessat icmoonntiinou didea lda.  rCeusmolupclidióon  edseel 
requisito podrá iniciarse la ejecución o alzarse la suspensión de la misma y ordenarse que
continúe ante el órgano jurisdiccional o administrativo originariamente competente para 
tramitarla.
Artículo 147.  Declaración del carácter necesario o no necesario de bienes o derechos de 
la masa activa.
1.  La declaración del carácter necesario o no necesario de cualquier bien o derecho 
integrado en la masa activa corresponde al juez del concurso, a solicitud del titular del 
derecho real, previa audiencia de la administración concursal, cualquiera que sea la fase 
en que se encuentre el concurso de acreedores.
2.  Las acciones o participaciones de sociedades cuyo objeto real exclusivo fuera la 
tenencia de un activo y del pasivo necesario para su financiación no se considerarán 
necesarias para la continuación de la actividad, salvo que la ejecución de la garantía 
constituida sobre las mismas fuera causa de modificación o de resolución de las relaciones 
contractuales que permitan al concursado mantener la explotación de ese activo.
3.  La previa declaración del carácter necesario de un bien o derecho no impedirá que 
se presente por el titular del derecho real una solicitud posterior para que se declare el 
carácter no necesario de ese mismo bien o derecho cuando hayan cambiado las 
circunstancias.
Artículo 148.  Fin de la prohibición de inicio o continuación de ejecuciones de garantías 
reales sobre cualquier clase de bienes.
1.  Los titulares de derechos reales de garantía sobre cualesquiera bienes o derechos 
de la masa activa, sean o no acreedores concursales, podrán iniciar procedimientos de 
ejecución o realización forzosa sobre esos bienes o derechos y continuar aquellos cuya 
tramitación hubiera sido suspendida en los siguientes casos:
1.º  Desde la fecha de eficacia de un convenio que no impida el ejercicio del derecho 
de ejecución separada sobre esos bienes o derechos.
2.º  Desde que hubiera transcurrido un año a contar de la fecha de declaración de 
concurso sin que hubiera tenido lugar la apertura de la liquidación.
2.  La demanda de ejecución o la solicitud de reanudación de las ejecuciones 
suspendidas se presentará por el titular del derecho real ante el juez del concurso, el cual, 
de ser procedente la admisión a trámite de la demanda o de la solicitud de reanudación, 
acordará la tramitación en pieza separada dentro del propio procedimiento concursal, 
acomodando las actuaciones a las normas propias del procedimiento judicial o extrajudicial 
que corresponda.
3.  Iniciadas o reanudadas las actuaciones ejecutivas, no podrán ser suspendidas por 
razón de las vicisitudes propias del concurso.
Artículo 149.  Efectos de la apertura de la fase de liquidación de la masa activa sobre las 
ejecuciones de garantías reales.
1.  La apertura de la fase de liquidación producirá la pérdida del derecho a iniciar la 
ejecución o la realización forzosa de la garantía sobre bienes y derechos de la masa activa 
por aquellos acreedores que no hubieran ejercitado estas acciones antes de la declaración 
de concurso o no las hubieran iniciado transcurrido un año desde la declaración de 
concurso. e.e
2.  Las ejecuciones que hubieran quedado suspendidas como consecuencia de la  b
declaración de concurso se acumularán al concurso de acreedores como pieza separada.  59ww
Desde que se produzca la acumulación, la suspensión quedará sin efecto.
Artículo 150.  Régimen de las acciones de recuperación.
Lo establecido en los artículos anteriores será de aplicación a las siguientes acciones:
1.º  A las acciones resolutorias de compraventas de bienes inmuebles por falta de 
pago del precio aplazado, aunque deriven de condiciones explícitas inscritas en el Registro 
de la propiedad.
2.º  A las acciones tendentes a recuperar los bienes vendidos a plazos o financiados 
con reserva de dominio mediante contratos inscritos en el Registro de bienes muebles.
3.º  A las acciones tendentes a recuperar los bienes cedidos en arrendamiento 
financiero mediante contratos inscritos en los Registros de la propiedad o de bienes 
muebles o formalizados en documento que lleve aparejada ejecución.
Artículo 151.  Condición de tercer poseedor del concursado.
La declaración de concurso no afectará a la ejecución de la garantía real cuando el 
concursado tenga la condición de tercer poseedor del bien o derecho objeto de esta.
CAPÍTULO III
De los efectos sobre los créditos
Artículo 152.  Suspensión del devengo de intereses.
1.  Desde la declaración de concurso quedará suspendido el devengo de los 
intereses, legales o convencionales.
2.  Se exceptúan de lo establecido en el apartado anterior los créditos salariales, que 
devengarán intereses conforme al interés legal del dinero y los créditos con garantía real, 
que devengarán los intereses remuneratorios pactados hasta donde alcance el valor de la 
garantía.
Artículo 153.  Compensación.
1.  La compensación cuyos requisitos hubieran existido antes de la declaración de 
concurso producirá plenos efectos aunque sea alegada después de esa declaración o 
aunque la resolución judicial o el acto administrativo que la declare se haya dictado con 
posterioridad a ella. El hecho de que el acreedor haya comunicado al administrador 
concursal la existencia del crédito no impedirá la declaración de compensación.
2.  Declarado el concurso, no procederá la compensación de los créditos y deudas del 
concursado a excepción de aquellos que procedan de la misma relación jurídica. Queda a 
salvo lo establecido en las normas de derecho internacional privado.
3.  La controversia sobre el importe de los créditos y deudas a compensar y la 
concurrencia de los presupuestos de la compensación se resolverá por el juez del concurso 
por los cauces del incidente concursal.
Artículo 154.  Suspensión del derecho de retención.
1.  Declarado el concurso, quedará suspendido el ejercicio del derecho de retención 
sobre bienes y derechos integrados en la masa activa.
2.  Si en el momento de conclusión del concurso esos bienes o derechos no hubieran  s
sido enajenados deberán ser restituidos de inmediato al titular del derecho de retención  oe.
cuyo crédito no haya sido íntegramente satisfecho. w.
adm3in. istErasttiava s, utrsibpuetnasriiaó,n la nboo raalf eyc dtaer sáe gau lraidsa dre steoncicailo.nes impuestas por la legislación  2020-4859n https://ww
Artículo 155.  Interrupción de la prescripción.
1.  Desde la declaración hasta la conclusión del concurso quedará interrumpida la 
prescripción de las acciones contra el deudor por los créditos anteriores a la declaración.
2.  La interrupción de la prescripción no producirá efectos frente a los deudores 
solidarios, así como tampoco frente a los fiadores y avalistas.
3.  Desde la declaración hasta la conclusión del concurso quedará interrumpida la 
prescripción de las acciones contra socios y contra los administradores, los liquidadores, 
la persona natural designada para el ejercicio permanente de las funciones propias del 
cargo de administrador persona jurídica, y la persona, cualquiera que sea su denominación, 
que tenga atribuidas facultades de más alta dirección de la sociedad cuando no exista 
delegación permanente de facultades del consejo en uno o varios consejeros delegados, 
así como contra los auditores de la persona jurídica concursada y aquellas otras cuyo 
ejercicio quede suspendido en virtud de lo dispuesto en esta ley.
4.  En caso de interrupción, el cómputo del plazo para la prescripción se iniciará 
nuevamente a la fecha de la conclusión del concurso.
CAPÍTULO IV
De los efectos sobre los contratos
Sección 1.ª  De los efectos sobre los contratos
Artículo 156.  Principio general de vigencia de los contratos.
La declaración de concurso no es causa de resolución anticipada del contrato. Se 
tendrán por no puestas las cláusulas que establezcan la facultad de resolución o la 
extinción del contrato por la sola causa de la declaración de concurso de cualquiera de las 
partes.
Artículo 157.  Efectos sobre los contratos pendientes de cumplimiento por uno de los 
contratantes.
En los contratos con obligaciones recíprocas, cuando al momento de la declaración del 
concurso una de las partes hubiera cumplido íntegramente sus obligaciones y la otra 
tuviese pendiente el cumplimiento total o parcial de las que fueran a su cargo, el crédito o 
la deuda que corresponda al concursado se incluirá, según proceda, en la masa activa o 
en la pasiva del concurso.
Artículo 158.  Efectos sobre los contratos con obligaciones recíprocas pendientes de 
cumplimiento por ambas partes.
La declaración de concurso, por sí sola, no afectará a la vigencia de los contratos con 
obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento tanto a cargo del concursado como 
de la otra parte. Ambas partes deberán ejecutar las prestaciones comprometidas, siendo 
con cargo a la masa aquellas a que esté obligado el concursado.
Artículo 159.  Supuestos especiales.
1.  La declaración de concurso no afectará al ejercicio de la facultad de denuncia  s
unilateral del contrato en los casos en que así se reconozca expresamente por la ley. oe.
2.  La declaración de concurso no afectará a la aplicación de las leyes que dispongan  w.
oco enxcpurresasalems eon dtee  pliqeurmidiatacnió np aacdtmari nlias teraxttiivnac idóen  adlgeul ncao ndtera latos  epna rltoess .casos de situaciones  2020-4859n https://ww
Sección 2.ª  De la resolución de los contratos
Subsección 1.ª  De la resolución por incumplimiento
Artículo 160.  Resolución por incumplimiento anterior.
Declarado el concurso, la facultad de resolución del contrato por incumplimiento 
anterior a la declaración de concurso solo podrá ejercitarse si el contrato fuera de tracto 
sucesivo.
Artículo 161.  Resolución por incumplimiento posterior.
Declarado el concurso, la facultad de resolución del contrato con obligaciones 
recíprocas pendientes de cumplimiento podrá ejercitarse por incumplimiento posterior de 
cualquiera de las partes.
Artículo 162.  Ejercicio de la acción de resolución.
La acción de resolución del contrato por incumplimiento se ejercitará ante el juez del 
concurso y se sustanciará por los trámites del incidente concursal.
Artículo 163.  Efectos de la resolución del contrato.
1.  En caso de resolución del contrato por incumplimiento, quedarán extinguidas las 
obligaciones pendientes de vencimiento. En cuanto a las vencidas, se incluirá en el 
concurso el crédito que corresponda al acreedor que hubiera cumplido sus obligaciones 
contractuales, si el incumplimiento del concursado fuera anterior a la declaración del 
concurso. Si fuera posterior, el crédito de la parte cumplidora se satisfará con cargo a la 
masa.
2.  En todo caso, el crédito comprenderá el resarcimiento de los daños y perjuicios 
que proceda.
Artículo 164.  Cumplimiento del contrato por resolución del juez del concurso.
Aunque exista causa de resolución, el juez, atendiendo al interés del concurso, podrá 
acordar el cumplimiento del contrato, siendo a cargo de la masa las prestaciones debidas 
o que deba realizar el concursado.
Subsección 2.ª  De la resolución en interés del concurso
Artículo 165.  Resolución judicial del contrato en interés del concurso.
1.  Aunque no exista causa de resolución, el concursado, en caso de intervención, y, 
la administración concursal, en caso de suspensión, podrán solicitar la resolución de 
cualquier contrato con obligaciones recíprocas si lo estimaran necesario o conveniente 
para el interés del concurso.
2.  Antes de presentar la demanda ante el juez del concurso, las personas legitimadas 
podrán solicitar al Letrado de la Administración de Justicia que cite al concursado, a la 
administración concursal y a la otra parte en el contrato a una comparecencia ante el juez 
del concurso. Celebrada la comparecencia, de existir acuerdo en cuanto a la resolución y  s
sus efectos, el juez dictará auto declarando resuelto el contrato de conformidad con lo  oe.
acordado. Si hubiere discrepancias, cualquiera de los legitimados podrá presentar  w.
djueemz3 ad.n edcLaida di rdeáe  ramecsaeonrlcduaac i óddnee   crlaeo snrofeolsuromcliuóecn ai ós lneo   setrosaltmiacbiittalaedrcáaid  paooc ero nlrod esa ln caadpuoac, reteasnd  dose ual  nicntaecsirdoioe,r n.lates  creosntcituurcsiaoln. eEsl   2020-4859n https://ww
que procedan y la indemnización que haya de satisfacerse con cargo a la masa.
Si el contrato a rescindir fuera de arrendamiento financiero, a la demanda se 
acompañará tasación pericial independiente del valor de los bienes cedidos, que el juez 
podrá tener en cuenta para fijar la indemnización.
Sección 3.ª  Del derecho a la rehabilitación de contratos
Artículo 166.  Rehabilitación de contratos de financiación.
1.  La administración concursal, por propia iniciativa o a instancia del concursado, 
podrá rehabilitar a favor de este los contratos de crédito, préstamo y demás de financiación 
cuyo vencimiento anticipado por impago de cuotas de amortización o de intereses 
devengados se haya producido dentro de los tres meses precedentes a la declaración de 
concurso.
2.  La notificación del ejercicio de la facultad de rehabilitación a la otra parte del 
contrato deberá realizarse por la administración concursal antes de que finalice el plazo 
para presentar la comunicación de créditos, con previa o simultánea satisfacción o 
consignación de las cantidades debidas al momento de la rehabilitación y con asunción de 
los pagos futuros con cargo a la masa.
3.  La rehabilitación no procederá cuando el acreedor se oponga por haber iniciado 
antes de la declaración de concurso el ejercicio de las acciones en reclamación del pago 
de las cantidades debidas contra el propio deudor, contra algún codeudor solidario o contra 
cualquier garante.
Artículo 167.  Rehabilitación de contratos de adquisición de bienes con precio aplazado.
1.  La administración concursal, por propia iniciativa o a instancia del concursado, 
podrá rehabilitar los contratos de adquisición de bienes muebles o inmuebles con 
contraprestación o precio aplazado cuya resolución se haya producido dentro de los tres 
meses precedentes a la declaración de concurso.
2.  La notificación del ejercicio de la facultad de rehabilitación a la otra parte del 
contrato deberá realizarse por la administración concursal antes de que finalice el plazo 
para la comunicación de créditos, con previa o simultánea satisfacción o consignación de 
las cantidades debidas al momento de la rehabilitación y con asunción de los pagos futuros 
con cargo a la masa.
3.  El transmitente podrá oponerse a la rehabilitación cuando, con anterioridad a la 
declaración de concurso, hubiese iniciado el ejercicio de las acciones de resolución del 
contrato o de restitución del bien transmitido, o cuando, con la misma antelación, hubiese 
recuperado la posesión material del bien por cauces legítimos y devuelto o consignado en 
lo procedente la contraprestación recibida o hubiese realizado actos dispositivos sobre el 
mismo en favor de tercero, lo que habrá de acreditar suficientemente si no constare a la 
administración concursal.
4.  El posterior incumplimiento del contrato que hubiera sido rehabilitado conferirá al 
acreedor el derecho a resolverlo sin posibilidad de ulterior rehabilitación.
Artículo 168.  Rehabilitación de contratos de arrendamientos urbanos.
1.  La administración concursal podrá enervar la acción de desahucio ejercitada 
contra el deudor con anterioridad a la declaración del concurso, así como rehabilitar la 
vigencia del contrato de arrendamiento urbano hasta el momento mismo de practicarse el  es
efectivo lanzamiento. bo
2.  La notificación a la otra parte del ejercicio de la facultad de rehabilitación del  59ww
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3.  El ejercicio de los derechos a que se refiere este artículo podrá realizarse aunque 
el arrendatario ya hubiera enervado el desahucio en ocasión anterior.
Sección 4.ª  De los efectos sobre los contratos de trabajo y sobre los convenios 
colectivos
Subsección 1.ª  De los efectos sobre los contratos de trabajo
Artículo 169.  Legislación aplicable.
1.  Declarado el concurso, la modificación sustancial de las condiciones de trabajo, el 
traslado, el despido y la suspensión de contratos y la reducción de jornada por causas 
económicas, técnicas, organizativas o de producción, se tramitarán por las reglas 
establecidas en esta Subsección cuando tengan carácter colectivo.
2.  En todo lo no previsto en esta Subsección se aplicará la legislación laboral. Los 
representantes de los trabajadores tendrán cuantas facultades les atribuya esa legislación.
Artículo 170.  Medidas colectivas en tramitación.
1.  Si a la fecha de la declaración del concurso el empresario hubiera iniciado los 
trámites para la modificación sustancial de las condiciones de trabajo, el traslado, el 
despido, la suspensión de contratos o la reducción de jornada, de carácter colectivo, el 
concursado lo pondrá inmediatamente en conocimiento del juez del concurso. En el caso 
de que aún no se hubiera alcanzado un acuerdo o no se hubiera notificado la decisión 
empresarial, dentro de los tres días siguientes al de la comunicación, el Letrado de la 
Administración de Justicia citará a comparecencia a los legitimados previstos en el artículo 
siguiente para exponer y justificar, en su caso, la procedencia de continuar con la 
tramitación de las medidas colectivas, conforme a lo previsto en esta Subsección. Las 
actuaciones practicadas hasta la fecha de la declaración de concurso conservarán su 
validez en el procedimiento que se tramite ante el juzgado.
2.  Si a la fecha de la declaración del concurso ya se hubiera alcanzado un acuerdo o 
se hubiera notificado a la decisión adoptada con relación a la modificación sustancial de 
las condiciones de trabajo, al traslado, al despido, a la suspensión de contratos o la 
reducción de jornada, de carácter colectivo, corresponderá a la administración concursal 
la ejecución de tales medidas.
3.  Si al tiempo de la declaración de concurso el acuerdo o la decisión empresarial 
hubieran sido impugnados ante la jurisdicción social, el procedimiento continuará ante los 
órganos de esta jurisdicción hasta la firmeza de la correspondiente resolución.
4.  En los casos a que se refiere este artículo, la declaración de concurso habrá de 
ser comunicada a la autoridad laboral a los efectos que procedan.
Artículo 171.  Legitimación activa.
1.  La legitimación activa para solicitar del juez del concurso la modificación sustancial 
de las condiciones de trabajo, el traslado, el despido, la suspensión de contratos o la 
reducción de jornada, de carácter colectivo, que afecten a los contratos de trabajo en que 
sea empleador el concursado, corresponde a este, a la administración concursal o a los 
trabajadores de la empresa concursada a través de sus representantes legales.
2.  La representación de los trabajadores en la tramitación del procedimiento  s
corresponderá a los sujetos indicados en el apartado 4 del artículo 41 del texto refundido de  oe.
la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015,  w.
dpreelap zr2eo3ss ed nient adonicctteausdb,or ees,l   jeeunne  zee lpl  oorderdrfáee nrai dcyoo  cradoarntrdí cilcaui looinn tesesirnv s eqenñucaeiól anlod dose s t rueannba ae cjla omdmoisirsmeióson . h dTaerya aunnns  cmduerársxidiigmonsoa  lddooes    2020-4859n https://ww
tres miembros, integrada por los sindicatos más representativos y los representativos del
sector al que la empresa pertenezca. Bc
Artículo 172.  Presentación de la solicitud.
La adopción de las medidas previstas en el artículo anterior solo podrá solicitarse del 
juez del concurso una vez presentado el informe de la administración concursal, salvo que 
se estime que la demora en la aplicación de las medidas colectivas pretendidas puede 
comprometer gravemente la viabilidad futura de la empresa y del empleo o causar grave 
perjuicio a los trabajadores, en cuyo caso, y con acreditación de esta circunstancia, podrá 
realizarse la solicitud al juez en cualquier momento procesal desde la declaración de 
concurso.
Artículo 173.  Contenido de la solicitud.
1.  En la solicitud se deberán exponer y justificar, en su caso, las causas motivadoras 
de las medidas colectivas pretendidas y los objetivos que se proponen alcanzar con estas, 
acompañando los documentos necesarios para su acreditación.
2.  Si la medida afectase a empresas de más de cincuenta trabajadores, deberá 
acompañarse a la solicitud un plan que contemple la incidencia de las medidas laborales 
propuestas en la viabilidad futura de la empresa y del empleo.
Artículo 174.  Período de consultas.
1.  Una vez recibida la solicitud, el juez convocará al concursado, a la administración 
concursal y a los representantes de los trabajadores a un período de consultas, cuya 
duración no será superior a treinta días naturales, o a quince, también naturales, en el 
supuesto de empresas que cuenten con menos de cincuenta trabajadores.
En los casos en que la solicitud haya sido formulada por el concursado o por la 
administración concursal, la comunicación a los representantes legales de los trabajadores 
del inicio del período de consultas deberá incluir copia de la solicitud y de los documentos 
que, en su caso, se hubieran acompañado.
2.  La administración concursal o los representantes de los trabajadores podrán 
solicitar al juez la participación en el período de consultas de otras personas naturales o 
jurídicas que indiciariamente puedan constituir una unidad de empresa con la concursada.
3.  Durante el período de consultas, el concursado, la administración concursal y los 
representantes de los trabajadores, deberán negociar de buena fe para la consecución de 
un acuerdo.
Artículo 175.  Deber de colaboración y auxilio judicial.
1.  La administración concursal podrá requerir la colaboración del concursado y el 
auxilio del juzgado que estime necesarios para la comprobación de las causas de la 
solicitud y de la exactitud de los documentos que la acompañen.
2.  En caso de que los representantes de los trabajadores o la administración 
concursal soliciten al juez la participación en el período de consultas de otras personas 
naturales o jurídicas que indiciariamente puedan constituir una unidad de empresa con la 
concursada, podrán interesar el auxilio del juzgado que se estime necesario para esa 
comprobación. Igualmente, para el caso de unidad empresarial, y a efectos de valorar la 
realidad económica del conjunto empresarial, se podrá reclamar la documentación 
económica consolidada o la relativa a otras empresas.
Artículo 176.  Sustitución del período de consultas. e.
1.  La apertura del período de consultas no será necesaria en caso de que la solicitud  59ww
vreepnrgease natcaonmteps adñea ldoas  trdaeb aajacduoerredso.  suscrito  por  la  administración  concursal  y  los
repr2e.s enEtna ccióuna lqduei elors m troambaejnatdoo, reel sj,u epzo,d ará i nasctoarndcaiar  ldae s ulas taitdumciiónnis dtrealc pióenr ícoodnoc duers caol nos duelt alas 
por el procedimiento de mediación o arbitraje que sea de aplicación en el ámbito de la 
empresa, que deberá desarrollarse dentro del plazo máximo señalado para dicho período.
Artículo 177.  Acuerdo.
1.  El acuerdo requerirá la conformidad de la mayoría de los representantes legales 
de los trabajadores o, en su caso, de la mayoría de los miembros de la comisión 
representativa de los trabajadores siempre que, en ambos casos, representen a la mayoría 
de los trabajadores del centro o centros de trabajo afectados.
2.  En el acuerdo se recogerá la identidad de los trabajadores afectados y se fijarán 
las indemnizaciones, que se ajustarán a lo establecido en la legislación laboral, salvo que, 
ponderando los intereses afectados por el concurso, se pacten de forma expresa otras 
superiores.
Artículo 178.  Comunicación al juez.
Al finalizar el plazo señalado o en el momento en que se consiga un acuerdo, la 
administración concursal y los representantes de los trabajadores comunicarán al juez del 
concurso el resultado del período de consultas.
Artículo 179.  Informe de la autoridad laboral.
1.  Una vez realizada la comunicación prevista en el artículo anterior, el Letrado de la 
Administración de Justicia recabará informe de la autoridad laboral sobre las medidas 
propuestas o el acuerdo alcanzado.
2.  El informe de la autoridad laboral deberá ser emitido en el plazo de quince días, 
pudiendo esta oír a la administración concursal y a los representantes de los trabajadores 
antes de su emisión.
3.  Recibido el informe por el juez del concurso o transcurrido el plazo de emisión, 
seguirá el curso de las actuaciones. Si el informe es emitido fuera de plazo, podrá no 
obstante ser tenido en cuenta por el juez del concurso al adoptar la correspondiente 
resolución.
Artículo 180.  Plazo de emisión de la resolución.
Cumplidos los trámites ordenados en los artículos anteriores, el juez, en un plazo 
máximo de cinco días, resolverá mediante auto, sobre las medidas propuestas.
Artículo 181.  Resolución en caso de acuerdo.
De existir acuerdo, el juez lo aprobará, salvo que en la conclusión del mismo aprecie 
la existencia de fraude, dolo, coacción o abuso de derecho. En este caso, determinará lo 
que proceda conforme a la legislación laboral.
Artículo 182.  Resolución en caso de inexistencia de acuerdo.
1.  Si no hubiera sido alcanzado un acuerdo, el juez del concurso dará audiencia a 
quienes hubieran intervenido en el período de consultas, para lo cual, el Letrado de la 
Administración de Justicia los convocará a una comparecencia en la que podrán formular 
alegaciones y aportar prueba documental. El juez podrá sustituir esta comparecencia por  s
un trámite escrito de alegaciones por tres días. oe.
2.  En todo caso, el juez determinará lo que proceda conforme a la legislación laboral. w.
Artículo 183.  Eficacia de la resolución que acuerde la suspensión y el despido colectivos.
o el Edne scpaisdoo  dcoel eacctoivrdoa, resl ea ulat os ususprteirnás eiófenc dtoes l ocso ncsotnitturtaivtooss  ddee strdaeb laaj ofe dceh ac aerná cqtueer  csoel edcictitveo, 
salvo que en él se disponga otra fecha posterior, y originará la situación legal de desempleo 
de los trabajadores afectados.
Artículo 184.  Suspensión del derecho de rescisión de contrato con indemnización.
1.  Durante la tramitación del concurso, quedará en suspenso el derecho de rescisión 
del contrato con indemnización que reconoce la legislación laboral al trabajador perjudicado 
en el supuesto de acordarse una modificación sustancial de las condiciones de trabajo de 
carácter colectivo durante la tramitación del concurso.
2.  La suspensión prevista en el apartado anterior también será de aplicación cuando 
se acordare un traslado colectivo, siempre que el nuevo centro de trabajo se encuentre en 
la misma provincia que el centro de trabajo de origen y a menos de sesenta kilómetros de 
este, salvo que se acredite que el tiempo mínimo de desplazamiento, de ida y vuelta, 
supera el veinticinco por ciento de la duración de la jornada diaria de trabajo.
3.  Las suspensiones previstas en los apartados anteriores no podrán prolongarse por 
un período superior a doce meses, a contar desde la fecha del auto autorizando la 
modificación o el traslado.
Artículo 185.  Extinción del contrato por voluntad del trabajador.
1.  Desde que se acuerde la iniciación del procedimiento previsto en esta Subsección 
para el despido colectivo, los jueces del orden social suspenderán la tramitación de la 
totalidad de los procesos individuales posteriores a la solicitud del concurso pendientes de 
resolución firme en los que se hubieran ejercitado contra el concursado acciones 
resolutorias individuales con fundamento en las causas que determinan la extinción del 
contrato por voluntad del trabajador al amparo de la legislación laboral motivadas por la 
situación económica o de insolvencia del concursado. La suspensión de los procesos 
individuales subsistirá hasta que adquiera firmeza el auto que ponga fin a dicho 
procedimiento.
2.  La resolución que acuerde la suspensión se comunicará a la administración 
concursal a los efectos del reconocimiento como contingente del crédito que pueda resultar 
de la sentencia que en su día se dicte, si fuera alzada la suspensión.
3.  El auto que acuerde el despido colectivo producirá efectos de cosa juzgada sobre 
los procesos individuales suspendidos, que se archivarán sin más trámites.
Subsección 2.ª  De los efectos sobre los contratos del personal de alta dirección
Artículo 186.  Extinción y suspensión de los contratos del personal de alta dirección por 
decisión de la administración concursal.
1.  Durante la tramitación del concurso, la administración concursal, por propia 
iniciativa o a instancia del concursado, podrá extinguir o suspender los contratos de este 
con el personal de alta dirección.
2.  En caso de extinción del contrato de trabajo, el juez del concurso podrá moderar 
la indemnización que corresponda al alto directivo, quedando sin efecto en ese caso la que 
se hubiera pactado en el contrato, con el límite de la indemnización establecida en la 
legislación laboral para el despido colectivo.
Artículo 187.  Extinción del contrato del personal de alta dirección por decisión del alto  es
directivo. bo
En caso de suspensión del contrato, este podrá extinguirse por voluntad del alto  59ww
dtéirremcitnivoos,  dceol na rptírceualov iason tedreio ur.n mes, conservando el derecho a la indemnización en los
Artículo 188.  Aplazamiento de pago.
La administración concursal podrá solicitar del juez que el pago del crédito relativo a la 
indemnización que corresponda al alto directivo se aplace hasta que sea firme la sentencia 
de calificación.
Subsección 3.ª  De los efectos sobre los convenios colectivos
Artículo 189.  Modificación de condiciones establecidas en convenios colectivos.
La modificación de las condiciones establecidas en los convenios colectivos que sean 
aplicables solo podrá afectar a aquellas materias en las que sea admisible con arreglo a la 
legislación laboral, y, en todo caso, requerirá el acuerdo de los representantes legales de 
los trabajadores.
Sección 5.ª  De los efectos sobre los contratos con las administraciones públicas
Artículo 190.  Contratos de carácter administrativo.
Los efectos de la declaración de concurso sobre los contratos de carácter administrativo 
celebrados por el concursado con Administraciones públicas se regirán por lo establecido 
en su legislación especial.
Artículo 191.  Contratos de carácter privado.
En defecto de legislación específica, los efectos de la declaración de concurso sobre 
los contratos de carácter privado celebrados por el concursado con las Administraciones 
públicas y otras entidades del sector público se regirán por lo establecido en esta ley.
TÍTULO IV
De la masa activa
CAPÍTULO I
De la composición de la masa activa
Artículo 192.  Principio de universalidad.
1.  La masa activa del concurso está constituida por la totalidad de los bienes y 
derechos integrados en el patrimonio del concursado a la fecha de la declaración de 
concurso y por los que se reintegren al mismo o adquiera hasta la conclusión del 
procedimiento.
2.  Se exceptúan de lo dispuesto en el apartado anterior aquellos bienes y derechos 
que, aun teniendo carácter patrimonial, sean legalmente inembargables.
Artículo 193.  Bienes conyugales.
1.  En caso de concurso de persona casada, la masa activa comprenderá los bienes 
y derechos propios o privativos del concursado. es
2.  Si el régimen económico del matrimonio fuese el de sociedad de gananciales o  bo
cualquier otro de comunidad de bienes, se incluirán en la masa, además, los bienes  59ww
gananciales o comunes cuando deban responder de obligaciones del concursado.
Artículo 194.  Derechos de adquisición del cónyuge del concursado.
1.  El cónyuge del concursado tendrá derecho a adquirir la totalidad de cada uno de 
los bienes gananciales o comunes incluidos en la masa activa satisfaciendo a la masa la 
mitad de su valor.
2.  El precio de adquisición será el que de común acuerdo determinen el cónyuge del 
concursado y la administración concursal. En defecto de acuerdo, se estará al que, oídas 
las partes, determine el juez del concurso como valor de mercado. Cuando lo estime 
oportuno, el juez podrá solicitar informe de experto.
3.  Por excepción a lo establecido en el apartado anterior, el valor de la vivienda 
habitual del matrimonio será el del precio de adquisición actualizado conforme al índice 
específico de precios al consumo, sin que en ningún caso pueda superar el del valor de 
mercado.
Artículo 195.  Presunción de donaciones.
1.  Si el concursado estuviera casado en régimen de separación de bienes, se 
presumirá en beneficio de la masa activa, salvo prueba en contrario, que el concursado 
había donado a su cónyuge la mitad de la contraprestación satisfecha por este durante el 
año anterior a la declaración de concurso para la adquisición a título oneroso de bienes o 
derechos.
2.  Si se acreditara que la contraprestación procedía directa o indirectamente del 
patrimonio del concursado, se presumirá, salvo prueba en contrario, la donación de la 
totalidad de la contraprestación.
3.  Las presunciones a que se refiere este artículo no regirán cuando en el momento 
de la realización del acto los cónyuges estuvieran separados judicialmente o de hecho.
Artículo 196.  Pacto de sobrevivencia entre los cónyuges.
Los bienes adquiridos por ambos cónyuges con pacto de sobrevivencia se considerarán 
divisibles en el concurso de cualquiera de ellos, integrándose en la masa activa la mitad 
correspondiente al cónyuge concursado.
Artículo 197.  Cuentas indistintas.
1.  Los saldos acreedores de cuentas en las que el concursado figure como titular 
indistinto se integrarán en la masa activa, salvo prueba en contrario apreciada como 
suficiente por la administración concursal.
2.  Cualquier interesado podrá impugnar la decisión sobre el saldo. La impugnación 
se sustanciará por los trámites del incidente concursal.
CAPÍTULO II
Del inventario de la masa activa
Artículo 198.  Deber de elaboración del inventario.
1.  La administración concursal deberá elaborar un inventario de la masa activa, que 
incluirá la relación y la valoración de los bienes y derechos de que se compone al día 
inmediatamente anterior al de la presentación de su informe. e
2.  En caso de concurso de persona casada en régimen de gananciales o cualquier  bo
otro de comunidad de bienes, se incluirán en el inventario la relación y el avalúo de los  59ww
bgeixaepnnr3aee.nss c ayi La idnoleedssri ec bocaihe ccoinóosenm sp d urdienve aee tspsiv trecoou spc aiadenerdádla coddt ee durae.djbeoenr  acr oeensncp uoprnosddaeedrro  ,dd aees l ío ccboolinmgcaouc rlisaoasn dedose   yldo essl o bcbieornene clsuo srys  daqeduroee, c echsootnes    OE-A-2020-48able en https://
tenga derecho de uso, no se incluirán en el inventario, ni será necesario su avalúo. Por
excepción se incluirá en el inventario el derecho de uso sobre un bien de propiedad ajena 
si el concursado fuera arrendatario financiero.
Artículo 199.  Descripción de los bienes y derechos.
La administración concursal expresará en el inventario la naturaleza, las características, 
el lugar en que se encuentren y, en su caso, los datos de identificación registral de cada 
uno de los bienes y derechos relacionados. Se indicarán también en el inventario los 
derechos, los gravámenes, las trabas y las cargas que afecten a estos bienes y derechos, 
a favor de acreedor o de tercero, con expresión de la naturaleza que tuvieren y, en su 
caso, los datos de identificación registral.
Artículo 200.  Unidades productivas.
1.  Si en la masa activa existieran uno o varios establecimientos, explotaciones o 
cualesquiera otras unidades productivas de bienes o de servicios, se describirán como 
anejo del inventario, con expresión de los bienes y derechos de la masa activa que las 
integren.
2.  Se considera unidad productiva el conjunto de medios organizados para el ejercicio 
de una actividad económica esencial o accesoria.
Artículo 201.  Valoración de los bienes y derechos.
1.  El avalúo de cada uno de los bienes y derechos incluidos en el inventario se 
realizará con arreglo al valor de mercado que tuvieren.
2.  Además del valor de mercado se indicará en el inventario el valor que resulte de 
deducir los derechos, los gravámenes o las cargas de naturaleza perpetua, temporal o 
redimible que directamente les afecten e influyan en su valor, así como las garantías reales 
y las trabas o embargos que garanticen o aseguren créditos no incluidos en la masa 
pasiva.
Artículo 202.  Relaciones complementarias.
1.  Al inventario se añadirá una relación de todos los litigios cuyo resultado pueda 
afectar a la masa activa y otra comprensiva de cuantas acciones debieran promoverse, a 
juicio de la administración concursal, para la reintegración de esa masa.
2.  En ambas relaciones se informará sobre la viabilidad, los riesgos, los costes y las 
posibilidades de financiación de las correspondientes actuaciones judiciales.
Artículo 203.  Asesoramiento de expertos independientes.
1.  Si la administración concursal considerase necesario el asesoramiento de uno 
varios expertos independientes para la estimación de los valores de bienes y derechos o 
de la viabilidad de los litigios en curso y de las acciones a que se refiere el artículo anterior, 
propondrá el nombramiento al juez, con expresión de los términos del encargo. Contra la 
decisión del juez no cabrá recurso alguno.
2.  Será de aplicación a los expertos independientes el régimen de incompatibilidades, 
prohibiciones, recusación y responsabilidad establecido para los administradores 
concursales y sus representantes.
3.  La retribución de los expertos independientes será a cargo de la administración  e
concursal. b
4.  Los informes emitidos por los expertos y el detalle de los honorarios devengados  59ww
se unirán al inventario.
CAPÍTULO III
De la conservación y de la enajenación de la masa activa
Sección 1.ª  De la conservación de la masa activa
Artículo 204.  Deber de conservación.
En el ejercicio de las facultades de administración y disposición sobre la masa activa 
se atenderá a la conservación de los elementos que la integren del modo más conveniente 
para el interés del concurso. A tal fin, la administración concursal podrá solicitar del juzgado 
el auxilio que estime necesario.
Sección 2.ª  De la enajenación de bienes y derechos de la masa activa
Subsección 1.ª  De las reglas generales
Artículo 205.  Prohibición de enajenación.
Hasta la aprobación judicial del convenio o hasta la aprobación del plan de liquidación, 
los bienes y derechos que integran la masa activa no se podrán enajenar o gravar sin 
autorización del juez.
Artículo 206.  Excepciones a la prohibición legal de enajenación.
1.  Se exceptúan de lo dispuesto en el artículo anterior:
1.º  Los actos de disposición inherentes a la continuación de la actividad profesional 
o empresarial del deudor, en los términos establecidos en este capítulo.
2.º  Los actos de disposición indispensables para satisfacer las exigencias de 
tesorería que requiera la tramitación del concurso de acreedores.
3.º  Los actos de disposición indispensables para garantizar la viabilidad de los 
establecimientos, explotaciones o cualesquiera otras unidades productivas de bienes o de 
servicios que formen parte de la masa activa.
La administración concursal deberá comunicar inmediatamente al juez del concurso 
los actos de disposición a que se refieren los números primero, segundo y tercero de este 
apartado con justificación del carácter indispensable de esos actos.
2.  Se exceptúan igualmente de lo dispuesto en el artículo anterior los actos de 
disposición de bienes que no sean necesarios para continuidad de la actividad cuando se 
presenten ofertas que coincidan sustancialmente con el valor que se les haya dado en el 
inventario. Se entenderá que esa coincidencia es sustancial si en el caso de inmuebles la 
diferencia es inferior a un diez por ciento y en el caso de muebles a un veinte por ciento, y 
no constare oferta superior.
La administración concursal deberá comunicar inmediatamente al juez del concurso la 
oferta recibida con justificación del carácter no necesario de los bienes. La oferta 
presentada quedará aprobada si en plazo de diez días no se presenta una superior.
Artículo 207.  Enajenación de bienes y derechos litigiosos.
1.  Los bienes o derechos sobre cuya titularidad o disponibilidad exista cuestión  e.e
litigiosa promovida, podrán enajenarse con tal carácter, quedando el adquirente a las  b
resultas del litigio. 59ww
esté2 .c onLoac iaednmdoin idsetrla lcitiiógnio .c oEnsctau rscaolm cuonmicuanciicóanr áp rlao deuncairjeán, adcei ópnle anl oju dzegraedcoh oo,  tlraib suuncael sqióune 
procesal, sin que pueda oponerse la contraparte y aunque el adquirente no se persone.
Artículo 208.  Prohibición de adquirir bienes y derechos de la masa activa.
1.  Los administradores concursales no podrán adquirir por sí o por persona 
interpuesta, ni aun en subasta, los bienes y derechos que integren la masa activa del 
concurso.
2.  Los que infringieren la prohibición de adquirir quedarán inhabilitados para el 
ejercicio del cargo, procediendo el juez de inmediato a un nuevo nombramiento, y 
reintegrarán a la masa, sin contraprestación alguna, el bien o derecho que hubieran 
adquirido. Si el administrador concursal fuera acreedor concursal, perderá este, además, 
el crédito de que fuera titular.
Subsección 2.ª  De las especialidades de la enajenación de bienes o derechos afectos 
a privilegio especial
Artículo 209.  Modo ordinario de realización de los bienes afectos.
La realización en cualquier estado del concurso de los bienes y derechos afectos a 
créditos con privilegio especial se hará en subasta, judicial o extrajudicial, incluida la 
electrónica, salvo que el juez autorice otro modo de realización de entre los previstos en 
esta ley.
Artículo 210.  Realización directa de los bienes afectos.
1.  En cualquier estado del concurso, el juez podrá autorizar la realización directa de 
los bienes y derechos afectos a créditos con privilegio especial.
2.  La solicitud de realización directa deberá ser presentada al juez por la 
administración concursal o por el acreedor con privilegio especial y se tramitará a través 
del procedimiento establecido en esta ley para la obtención de autorizaciones judiciales.
3.  El juez concederá la autorización solicitada si la oferta lo fuera por un precio 
superior al mínimo que se hubiese pactado al constituir la garantía, con pago al contado. 
El juez podrá autorizar excepcionalmente la realización directa por un precio inferior si el 
concursado y el acreedor o los acreedores con privilegio especial lo aceptasen de forma 
expresa, siempre y cuando se efectúe a valor de mercado según tasación oficial 
actualizada por entidad homologada para el caso de bienes inmuebles y valoración por 
entidad especializada para bienes muebles.
4.  Concedida la autorización judicial, las condiciones fijadas para la realización 
directa se anunciarán con la misma publicidad que corresponda a la subasta del bien o 
derecho afecto y, si dentro de los diez días siguientes al último de los anuncios se 
presentase en el juzgado mejor postor, el juez abrirá licitación entre todos los oferentes 
determinando la fianza que hayan de prestar para participar en ella.
Artículo 211.  Dación en pago o para pago de los bienes afectos.
1.  En cualquier estado del concurso, el juez podrá autorizar la dación de los bienes y 
derechos afectos a créditos con privilegio especial en pago o para el pago al acreedor 
privilegiado o a la persona que él designe.
2.  La solicitud de dación en pago o para pago deberá ser presentada por el acreedor 
con privilegio especial o por la administración concursal con el consentimiento expreso y 
previo de aquel. La solicitud se tramitará a través del procedimiento establecido en esta ley  s
para la obtención de autorizaciones judiciales. Cualquier interesado podrá efectuar  oe.
alegaciones sobre la pertinencia de la dación o sobre las condiciones en las que se haya  w.
pprroivpi3lue.e gsioMto ee ssdupi aernceitaaelli .zlaa cdióanc.ión en pago quedará completamente satisfecho el crédito con  2020-4859n https://ww
4.  La autorización de la dación para pago deberá exigir que la posterior realización
del bien o derecho afecto al crédito con privilegio especial se efectúe por un valor no  Bc
inferior al de mercado según tasación oficial actualizada por entidad homologada para el
caso de bienes inmuebles y valoración por entidad especializada para bienes muebles. Si 
hubiera remanente, corresponderá a la masa activa. Si no se consiguiese la completa 
satisfacción del crédito, la parte no satisfecha será reconocida en el concurso con la 
clasificación que corresponda.
Artículo 212.  Enajenación de bienes y derechos afectos con subsistencia del gravamen.
1.  A solicitud de la administración concursal, el juez, previa audiencia de los 
interesados, podrá autorizar la enajenación de bienes y derechos de la masa activa afectos 
a créditos con privilegio especial con subsistencia del gravamen y con subrogación del 
adquirente en la obligación del deudor. Subrogado el adquirente, el crédito quedará 
excluido de la masa pasiva.
2.  Por excepción, no tendrá lugar la subrogación del adquirente, a pesar de que 
subsista la garantía, cuando se trate de créditos tributarios y de seguridad social.
Artículo 213.  Destino del importe obtenido.
1.  Cualquiera que sea el modo de realización de los bienes afectos, el acreedor 
privilegiado tendrá derecho a recibir el importe resultante de la realización del bien o 
derecho en cantidad que no exceda de la deuda originaria, cualquiera que fuere el valor 
atribuido en el inventario, conforme a lo establecido en esta ley, al bien o derecho sobre el 
que se hubiera constituido la garantía. Si hubiera remanente, corresponderá a la masa 
activa.
2.  Si no se consiguiese la completa satisfacción del crédito, la parte no satisfecha 
será reconocida en el concurso con la clasificación que corresponda.
Artículo 214.  Bienes y derechos incluidos en establecimientos o unidades productivas.
1.  En todo caso, si los bienes y derechos de la masa activa afectos a créditos con 
privilegio especial estuviesen incluidos en los establecimientos, explotaciones o 
cualesquiera otras unidades productivas que se enajenen en conjunto se aplicarán las 
siguientes reglas:
1.ª  Si se transmitiesen sin subsistencia de la garantía, corresponderá a los 
acreedores privilegiados la parte proporcional del precio obtenido equivalente al valor que 
el bien o derecho sobre el que se ha constituido la garantía suponga respecto al valor 
global de la unidad productiva transmitida.
Si el precio a percibir no alcanzase el valor de la garantía será necesaria la conformidad 
a la transmisión por los acreedores con privilegio especial que tengan derecho de ejecución 
separada, siempre que representen, al menos, el setenta y cinco por ciento de la clase del 
pasivo privilegiado especial, afectado por la transmisión. La parte del crédito garantizado 
que no quedase satisfecha será reconocida en el concurso con la clasificación que 
corresponda.
Si el precio a percibir fuese igual o superior al valor de la garantía, no será preciso el 
consentimiento de los acreedores privilegiados afectados.
2.ª  Si se transmitiesen con subsistencia de la garantía, subrogándose el adquirente 
en la obligación de pago a cargo de la masa activa, no será necesario el consentimiento 
del acreedor privilegiado, quedando el crédito excluido de la masa pasiva. El juez velará 
por que el adquirente tenga la solvencia económica y los medios necesarios para asumir  s
la obligación que se transmite. e.
3.ª  Cuando se trate de créditos tributarios y de seguridad social, no tendrá lugar la  w.
subrogación del adquirente a pesar de que subsista la garantía. 59ww
Subsección 3.ª  De las especialidades de la enajenación de unidades productivas
Artículo 215.  Modo ordinario de enajenación de unidades productivas.
La enajenación en cualquier estado del concurso del conjunto de la empresa o de una 
o varias unidades productivas se hará en subasta, judicial o extrajudicial, incluida la 
electrónica, salvo que el juez autorice otro modo de realización de entre los previstos en 
esta ley.
Artículo 216.  Autorización judicial para la enajenación directa o a través de persona o 
entidad especializada.
1.  En cualquier estado del concurso o cuando la subasta quede desierta, el juez, 
mediante auto, podrá autorizar la enajenación directa del conjunto de la empresa o de una 
o varias unidades productivas o la enajenación a través de persona o de entidad 
especializada.
2.  La solicitud deberá ser presentada al juez por la administración concursal y se 
tramitará a través del procedimiento establecido en esta ley para la obtención de 
autorizaciones judiciales.
3.  La retribución de la persona o entidad especializada se realizará con cargo a la 
retribución que la administración concursal haya percibido.
4.  Contra el auto que acuerde la realización de los bienes y derechos de la masa 
activa a través de enajenación directa o a través de persona o entidad especializada no 
cabrá recurso alguno.
Artículo 217.  Determinaciones a cargo de la administración concursal.
En caso de enajenación del conjunto de la empresa o de una o varias unidades 
productivas, la administración concursal, cualquiera que sea el sistema de enajenación, 
deberá determinar el plazo para la presentación de las ofertas y especificar, antes de la 
iniciación de ese plazo, los gastos realizados con cargo a la masa activa para la 
conservación en funcionamiento de la actividad del conjunto de la empresa o de la unidad 
o unidades productivas objeto de enajenación, así como los previsibles hasta la 
adjudicación definitiva.
Artículo 218.  Contenido de las ofertas.
Cualquiera que sea el sistema de enajenación, las ofertas deberán tener, al menos, el 
siguiente contenido:
1.º  La identificación del oferente y la información sobre su solvencia económica y 
sobre los medios humanos y técnicos a su disposición.
2.º  La determinación precisa de los bienes, derechos, contratos y licencias o 
autorizaciones incluidos en la oferta.
3.º  El precio ofrecido, las modalidades de pago y las garantías aportadas. En caso de 
que se transmitiesen bienes o derechos afectos a créditos con privilegio especial, deberá 
distinguirse en la oferta entre el precio que se ofrecería con subsistencia o sin subsistencia 
de las garantías.
4.º  La incidencia de la oferta sobre los trabajadores.
Artículo 219.  Regla de la preferencia. b
cqduueye la Eag  noau frcenaarindtsataioz nd ado  epe d rnsoi fumidebuaraacys toeitvarn a,m   meyelá  djdsuide eda zel o,ll a smq  cuepoidunniectaiesnnt utopeiods a ra dudceti oed ,tne rpt aloaob  ddaerejmáo l ,paa r acoesofsíera drc taeaorn m sl asuou p a lecdaroj iuonmdrjue iccnjauotocar i nóoydn , mo ea ncál  ososn ufres ácridepaenisdrtoaee,     OE-A-2020-4859able en https://ww
satisfacción de los créditos de los acreedores.
Artículo 220.  Audiencia de los representantes de los trabajadores.
1.  Las resoluciones que el juez adopte en relación con la enajenación de la empresa 
o de una o varias unidades productivas deberán ser dictadas previa audiencia, por plazo 
de quince días, de los representantes de los trabajadores, si existieran.
2.  En el caso de que las operaciones de enajenación implicaran la modificación 
sustancial de las condiciones de trabajo, el traslado, el despido, la suspensión de contrato 
o la reducción de jornada de carácter colectivo, se estará a lo dispuesto en esta ley en 
materia de contratos de trabajo.
Artículo 221.  Sucesión de empresa.
1.  En caso de enajenación de una unidad productiva, se considerará, a los efectos 
laborales y de seguridad social, que existe sucesión de empresa.
2.  El juez del concurso será el único competente para declarar la existencia de 
sucesión de empresa.
Artículo 222.  Subrogación del adquirente.
1.  En caso de transmisión de una o varias unidades productivas, el adquirente 
quedará subrogado en los contratos afectos a la continuidad de la actividad profesional o 
empresarial que se desarrolle en la unidad o unidades productivas objeto de transmisión, 
sin necesidad de consentimiento de la otra parte.
2.  Por excepción a lo establecido en el apartado anterior, la cesión de contratos 
administrativos se producirá de conformidad con lo establecido en la legislación sobre 
contratos del sector público.
3.  Cuando el adquirente continuase la actividad en las mismas instalaciones, también 
quedará subrogado en las licencias o autorizaciones administrativas afectas a la 
continuidad de la actividad empresarial o profesional que formen parte de la unidad 
productiva.
Artículo 223.  Exclusiones a la subrogación por voluntad del adquirente.
La transmisión de una unidad productiva no implicará la subrogación del cesionario 
respecto de aquellas licencias, autorizaciones o contratos no laborales en los que el 
adquirente, al formular la oferta, haya manifestado expresamente su intención de no 
subrogarse.
Artículo 224.  Efectos sobre los créditos pendientes de pago.
1.  La transmisión de una unidad productiva no llevará aparejada obligación de pago 
de los créditos no satisfechos por el concursado antes de la transmisión, ya sean 
concursales o contra la masa, salvo en los siguientes supuestos:
1.º  Cuando el adquirente hubiera asumido expresamente esta obligación.
2.º  Cuando así lo establezca una disposición legal.
3.º  Cuando se produzca sucesión de empresa respecto de los créditos laborales y de 
seguridad social correspondientes a los trabajadores de esa unidad productiva en cuyos 
contratos quede subrogado el adquirente. El juez del concurso podrá acordar respecto de 
estos créditos que el adquirente no se subrogue en la parte de la cuantía de los salarios o  es
indemnizaciones pendientes de pago anteriores a la enajenación que sea asumida por el  o
Fondo de Garantía Salarial de conformidad con el texto refundido de la Ley del Estatuto de  59www.
los T2r.a bNajoa dsoerreás d, ea parpolbicaadcoió pno lro e dl iRspeuael sDtoe cerne teol  Laepgairstlaadtiov oa n2t/e2r0io1r5 c, udaen 2d3o  dloes o acdtuqburiree.ntes
de las unidades productivas sean personas especialmente relacionadas con el concursado.
Subsección 4.ª  De la cancelación de cargas
Artículo 225.  Cancelación de cargas.
1.  En el decreto del Letrado de la Administración de Justicia por el que se apruebe el 
remate o en el auto del juez por el que autorice la transmisión de los bienes o derechos ya 
sea de forma separada, por lotes o formando parte de una empresa o unidad productiva, 
se acordará la cancelación de todas las cargas anteriores al concurso constituidas a favor 
de créditos concursales. Los gastos de la cancelación serán a cargo del adquirente.
2.  Por excepción a lo establecido en el apartado anterior, no procederá acordar la 
cancelación de cargas cuando la transmisión de bienes o derechos afectos a la satisfacción 
de créditos con privilegio especial se hubiera realizado con subsistencia del gravamen.
CAPÍTULO IV
De la reintegración de la masa activa
Sección 1.ª  De las acciones rescisorias especiales
Artículo 226.  Acciones rescisorias de los actos del deudor.
Declarado el concurso, serán rescindibles los actos perjudiciales para la masa activa 
realizados por el deudor dentro de los dos años anteriores a la fecha de la declaración, 
aunque no hubiere existido intención fraudulenta.
Artículo 227.  Presunciones absolutas de perjuicio.
El perjuicio patrimonial se presume, sin admitir prueba en contrario, cuando se trate de 
actos de disposición a título gratuito, salvo las liberalidades de uso, y de pagos u otros 
actos de extinción de obligaciones cuyo vencimiento fuere posterior a la declaración del 
concurso, excepto si contasen con garantía real.
Artículo 228.  Presunciones relativas de perjuicio.
Salvo prueba en contrario, el perjuicio patrimonial se presume cuando se trate de los 
siguientes actos:
1.º  Los actos de disposición a título oneroso realizados a favor de alguna de las 
personas especialmente relacionadas con el concursado.
2.º  Los actos de constitución de garantías reales a favor de obligaciones preexistentes 
o de las nuevas contraídas en sustitución de aquellas.
3.º  Los pagos u otros actos de extinción de obligaciones cuyo vencimiento fuere 
posterior a la declaración del concurso si contasen con garantía real.
Artículo 229.  Prueba del perjuicio.
Cuando se trate de actos no comprendidos en el artículo anterior, el perjuicio 
patrimonial para la masa activa deberá ser probado por quien ejercite la acción rescisoria.
Artículo 230.  Actos no rescindibles.
En ningún caso podrán ser objeto de rescisión: bo
hubi12e..rººa  n LLsooidsso  aa rccettaoolssiz  aoddredo icsno aenrnsio tcisto undcdeiói cnlaio  dnaeec stgi vnaiodraramndt aípalersos .fdees icounaallq ou ieerm cplraessea raia fla dveolr  ddeeu cdroérd qituoes   2020-4859n https://ww
públicos.
3.º  Los actos de constitución de garantías a favor del Fondo de Garantía Salarial.
4.º  Los actos comprendidos en el ámbito de leyes especiales reguladoras de los 
sistemas de pagos y compensación y liquidación de valores e instrumentos derivados.
5.º  Las operaciones mediante las que se instrumenten las medidas de resolución de 
entidades de crédito y empresas de servicios de inversión.
Artículo 231.  Legitimación activa de la administración concursal.
La legitimación activa para el ejercicio de las acciones rescisorias corresponderá a la 
administración concursal.
Artículo 232.  Legitimación activa subsidiaria de los acreedores.
1.  Los acreedores que hayan instado por escrito de la administración concursal el 
ejercicio de alguna acción rescisoria, identificando el acto concreto que se trate de rescindir 
y el fundamento de la rescisión, estarán legitimados para ejercitarla si la administración 
concursal no lo hiciere dentro de los dos meses siguientes al requerimiento. Las demandas 
presentadas por los legitimados subsidiarios se notificarán a la administración concursal.
2.  El transcurso de este plazo no impedirá a la administración concursal el ejercicio 
de la acción de rescisión de ese acto, haya sido o no ejercitada la acción por los 
acreedores. Si ya hubiera sido ejercitada por los acreedores, el juez del concurso 
procederá de oficio a la acumulación de los procedimientos.
3.  Los acreedores litigarán a su costa en interés del concurso. En caso de que la 
demanda fuera total o parcialmente estimada, tendrán derecho a reembolsarse con cargo 
a la masa activa, una vez que la sentencia alcance firmeza, de los gastos y costas en que 
hubieran incurrido hasta el límite de lo obtenido como consecuencia de rescisión.
Artículo 233.  Legitimación pasiva.
1.  Las demandas de rescisión deberán dirigirse contra el concursado y contra 
quienes hayan sido parte en el acto impugnado.
2.  Si el bien o el derecho que se pretenda reintegrar hubiera sido transmitido a un 
tercero, la demanda también deberá dirigirse contra este cuando el actor pretenda 
desvirtuar la presunción de buena fe del adquirente o atacar la irreivindicabilidad de que 
goce o la protección derivada de la publicidad registral.
Artículo 234.  Procedimiento.
Las acciones rescisorias se tramitarán por el cauce del incidente concursal.
Artículo 235.  Efectos de la rescisión.
1.  La sentencia que estime la acción declarará la ineficacia del acto impugnado.
2.  Si el acto objeto de impugnación fuera un contrato con obligaciones recíprocas, la 
sentencia condenará a la restitución de las prestaciones objeto de aquel que ya se 
hubieran realizado, con sus frutos e intereses.
3.  Si se tratase de un acto unilateral, la sentencia, si procediera, condenará a la 
restitución a la masa activa de la prestación objeto de aquel y ordenará la inclusión en la 
lista de acreedores del crédito que corresponda.
4.  Si los bienes y derechos salidos del patrimonio del deudor no pudieran reintegrarse 
a la masa activa por pertenecer a tercero no demandado o que, conforme a la sentencia,  e
hubiera procedido de buena fe o gozase de irreivindicabilidad o de protección registral, se  b
condenará a quien hubiera sido parte en el acto rescindido a entregar el valor que tuvieran  59ww
cuan5d. o Ssai lliae rsoenn tdeenlc piaa taripmreocniiaos ed eml daelau fdeo er nc oqnucieunrs caodnotr, amtóá cso enl  ienlt deeréusd oler,g sael. le condenará,
además, a indemnizar la totalidad de los daños y perjuicios causados a la masa activa.
Artículo 236.  Régimen del derecho a la contraprestación.
1.  El derecho a la prestación que, en su caso, resulte a favor de cualquiera de los 
demandados como consecuencia de la rescisión de un contrato con obligaciones 
recíprocas tendrá la consideración de crédito contra la masa, que habrá de satisfacerse 
simultáneamente a la reintegración de los bienes y derechos objeto del acto rescindido.
2.  El crédito que, en su caso, resulte a favor del demandado como consecuencia de 
la rescisión de un acto unilateral tendrá la consideración de crédito concursal con la 
clasificación que le corresponda.
3.  Si la sentencia hubiera apreciado mala fe en el demandado, el crédito a la 
prestación tendrá la consideración de crédito subordinado. Igual clasificación tendrá el 
crédito a favor del acreedor de mala fe en caso de rescisión del acto unilateral.
Artículo 237.  Recurso contra la sentencia de rescisión.
La sentencia que se dicte en el incidente de rescisión será directamente apelable. La 
tramitación y la resolución de este recurso de apelación tendrán carácter preferente.
Sección 2.ª  De las demás acciones de reintegración
Artículo 238.  Otras acciones de impugnación de los actos del deudor.
1.  Declarado el concurso, también podrán impugnarse mediante el ejercicio de 
cualesquiera otras acciones que procedan conforme al derecho general los actos del 
deudor anteriores a la fecha de la declaración.
2.  Las acciones de impugnación se ejercitarán ante el juez del concurso siendo de 
aplicación las mismas normas de legitimación, procedimiento y apelación establecidas 
para las acciones rescisorias concursales.
CAPÍTULO V
De la reducción de la masa activa
Artículo 239.  Separación de bienes y derechos.
1.  Los bienes de propiedad ajena que se encuentren en poder del concursado y 
sobre los cuales este no tenga derecho de uso, garantía o retención serán entregados por 
la administración concursal a sus legítimos titulares, a solicitud de estos.
2.  La denegación de la entrega del bien por la administración concursal podrá ser 
impugnada por el propietario por los trámites del incidente concursal.
3.  La sentencia que se dicte en el incidente de separación será directamente 
apelable. La tramitación y la resolución de este recurso de apelación tendrán carácter 
preferente.
Artículo 240.  Imposibilidad de separación por enajenación del bien o del derecho.
1.  Si los bienes y derechos susceptibles de separación hubieran sido enajenados por 
el deudor antes de la declaración de concurso a tercero de quien no puedan reivindicarse, 
el titular perjudicado podrá optar entre exigir la cesión del derecho a recibir la 
contraprestación si todavía el adquirente no la hubiera realizado, o comunicar a la  e.e
administración concursal, para su reconocimiento en el concurso, el crédito correspondiente  b
al valor que tuvieran los bienes y derechos sea en el momento de la enajenación, sea en  59ww
cual2q.u ieEr no terol  pploasztoe rdioer ,u an  emleecsc aió cno dnetal rs odleic liata fnirtme,e mzaá sd ee l lian treerséosl ulecgióanl. judicial que hubiere
raedcmoninoisctirdaoc ilóan i mcopnocsuibrisliadla edl  dvea lsoer pdaerla bciióenn,  oe ld teitlu dlaerr epcehrjou dsiecagdúon  dlae boeprcáió cno mquuen iecjaerr cai tela, 
solicitando el reconocimiento del crédito que resulte. El crédito correspondiente al titular
perjudicado tendrá la consideración de crédito concursal ordinario. Si la comunicación del 
crédito se efectuara transcurrido ese plazo de un mes, se producirán los efectos de la falta 
de comunicación oportuna.
Artículo 241.  Separación de buques y aeronaves.
1.  Los titulares de créditos con privilegio sobre los buques y las aeronaves podrán 
separar estos bienes de la masa activa del concurso, mediante el ejercicio, por el 
procedimiento correspondiente, de las acciones que tengan reconocidas en su legislación 
específica. Si de la ejecución resultara remanente a favor del concursado, se integrará en 
la masa activa.
2.  Si la ejecución separada no se hubiera iniciado en el plazo de un año desde la 
fecha de la declaración de concurso, ya no podrá efectuarse, y la clasificación de estos 
créditos se regirá por lo establecido en esta ley.
CAPÍTULO VI
De los créditos contra la masa activa
Sección 1.ª  De los créditos contra la masa activa
Artículo 242.  Créditos contra la masa.
Son créditos contra la masa:
1.º  Los créditos por salarios correspondientes a los últimos treinta días de trabajo 
efectivo realizado antes de la declaración de concurso en cuantía que no supere el doble 
del salario mínimo interprofesional.
2.º  Los gastos y las costas judiciales necesarios para la solicitud y la declaración de 
concurso, la adopción de medidas cautelares y la publicación de las resoluciones judiciales 
previstas en esta ley.
3.º  La asistencia y representación del concursado y de la administración concursal 
durante toda la tramitación del procedimiento y sus incidentes, cuando su intervención sea 
legalmente obligatoria o se realice en interés de la masa, hasta la eficacia del convenio o, 
en otro caso, hasta la conclusión del concurso, con excepción de los ocasionados por los 
recursos que interpongan contra resoluciones del juez cuando fueren total o parcialmente 
desestimados con expresa condena en costas.
4.º  Los gastos y las costas judiciales ocasionados por la asistencia y representación 
del concursado, de la administración concursal o de acreedores legitimados en los juicios 
que, en interés de la masa, continúen o inicien conforme a lo dispuesto en esta ley, salvo 
lo previsto para los casos de desistimiento, allanamiento, transacción y defensa separada 
del deudor y, en su caso, hasta los límites cuantitativos en ella establecidos.
5.º  Los créditos por la condena al pago de las costas como consecuencia de la 
desestimación de las demandas que se hubieran presentado o de los recursos que se 
hubieran interpuesto con autorización de la administración concursal o como consecuencia 
del allanamiento o del desistimiento realizados igualmente con autorización de la 
administración concursal. En caso de transacción, se estará a lo pactado por las partes en 
materia de costas.
6.º  La retribución de la administración concursal.
7.º  Los de alimentos del deudor y de las personas respecto de las cuales tuviera el  e.
deber legal de prestarlos, conforme a lo dispuesto en esta ley sobre su procedencia y  w.
cuantía así como, en toda la extensión que se fije en la correspondiente resolución judicial  59ww
paocostredraiodro sa  plao rd eecl ljaureazc iódne  dperilm ceornac uinrsstoa,n lcoisa  deen  laolsg uanlimo ednet olos sa p craorcgeos odse lc civoilnecsu rssoabdroe 
capacidad, filiación, matrimonio y menores.
También tendrán esta consideración los créditos de este tipo devengados con 
posterioridad a la declaración del concurso cuando tengan su origen en una resolución 
judicial dictada con anterioridad.
8.º  Los generados por el ejercicio de la actividad profesional o empresarial del 
concursado tras la declaración del concurso. Quedan comprendidos en esta regla los 
créditos laborales correspondientes a ese período, incluidas las indemnizaciones por 
despido o extinción de los contratos de trabajo que se hubiesen producido con posterioridad 
a la declaración de concurso, así como los recargos sobre las prestaciones por 
incumplimiento de las obligaciones en materia de salud laboral, hasta que el juez acuerde 
el cese de la actividad profesional o empresarial, o declare la conclusión del concurso.
Los créditos por indemnizaciones derivadas de extinciones colectivas de contratos de 
trabajo ordenados por el juez del concurso se entenderán comunicados y reconocidos por 
la propia resolución que los apruebe, sea cual sea el momento.
9.º  Los que, conforme a esta ley, resulten de prestaciones a cargo del concursado en 
los contratos con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento que continúen en 
vigor tras la declaración de concurso, y de obligaciones de restitución e indemnización en 
caso de resolución en interés del concurso o por incumplimiento posterior a la declaración 
de concurso por parte del concursado.
10.º  Los que, en los casos de pago de créditos con privilegio especial sin realización 
de los bienes o derechos afectos, en los de rehabilitación de contratos o de enervación de 
desahucio y en los demás previstos en esta ley, correspondan por las cantidades debidas 
y las de vencimiento futuro a cargo del concursado.
11.º  Los que, en los casos de rescisión concursal de actos realizados por el deudor, 
correspondan a la devolución de contraprestaciones recibidas por este, salvo que la 
sentencia apreciare mala fe en el titular de este crédito.
12.º  Los  que  resulten  de  obligaciones  válidamente  contraídas  durante  el 
procedimiento por la administración concursal o, con la autorización o conformidad de 
esta, por el concursado sometido a intervención.
13.º  Los que resulten de obligaciones nacidas de la ley o de responsabilidad 
extracontractual del concursado con posterioridad a la declaración de concurso y hasta la 
conclusión del mismo.
14.º  En caso de liquidación, los créditos concedidos al concursado antes de la 
apertura de la fase de liquidación para financiar el plan de viabilidad necesario para el 
cumplimiento del convenio aprobado por el juez.
No tendrán la consideración de créditos contra la masa los créditos, nacidos durante 
la fase de cumplimiento del convenio, de que fuera o hubiera sido titular cualquiera de las 
personas especialmente relacionadas con el deudor, como consecuencia de prestamos o 
de cualquier otro contrato de análoga finalidad o como consecuencia de aportaciones 
dinerarias realizadas en operaciones de aumento del capital de la sociedad deudora, 
aunque el aumento hubiera quedado sin efecto.
15.º  Cualesquiera otros créditos a los que esta ley atribuya expresamente tal 
consideración.
Artículo 243.  Fondo de Garantía Salarial.
La subrogación del Fondo de Garantía de Salarios en la titularidad de cualesquiera 
créditos contra la masa o concursales no afectará al carácter y a la clasificación de esos 
créditos.
Sección 2.ª  Del régimen de los créditos contra la masa activa w.
Artículo 244.  Pago de los créditos contra la masa.
afecEtol sp aalg poa dgeo  dceré cdriétodsit ocso nctorna  plari vmileagsiao  sees pheacriaál .con cargo a los bienes y derechos no
Artículo 245.  Momento del pago de los créditos contra la masa.
1.  Los créditos por salarios que tengan la consideración de créditos contra la masa 
se pagarán de forma inmediata.
2.  Los restantes créditos contra la masa, cualquiera que sea su naturaleza y el 
estado del concurso, se pagarán a sus respectivos vencimientos.
3.  La administración concursal podrá alterar por interés del concurso la regla del 
pago al vencimiento si la masa activa fuera suficiente para la satisfacción de todos los 
créditos contra la masa. La postergación del pago de los créditos contra la masa no podrá 
afectar a los créditos por alimentos, a los créditos laborales, a los créditos tributarios ni a 
los de la seguridad social.
Artículo 246.  Reconocimiento de créditos contra la masa.
El reconocimiento de créditos contra la masa corresponderá a la administración 
concursal.
Artículo 247.  Juicios declarativos relativos a créditos contra la masa.
Las acciones relativas al reconocimiento o a la falta de reconocimiento por parte de la 
administración concursal de los créditos contra la masa, cualquiera que sea el momento 
en que se hubieran generado, y las de reclamación del pago de estos créditos se 
ejercitarán ante el juez del concurso por los trámites del incidente concursal.
Artículo 248.  Ejecuciones relativas a créditos contra la masa.
1.  Las ejecuciones judiciales o administrativas para hacer efectivos créditos contra la 
masa solo podrán iniciarse a partir de la fecha de eficacia del convenio.
2.  La prohibición de iniciar ejecuciones no impedirá el devengo de los intereses, 
recargos y demás obligaciones por razón de la falta de pago a su vencimiento del crédito 
contra la masa.
Sección 3.ª  De las especialidades en caso de insuficiencia de la masa activa
Artículo 249.  Deber de comunicación de la insuficiencia de la masa activa.
En cuanto conste que la masa activa es insuficiente para el pago de los créditos contra 
la masa, la administración concursal lo comunicará al juez del concurso que lo pondrá de 
manifiesto en la oficina judicial a las partes personadas.
Artículo 250.  Pago de los créditos contra la masa en caso de insuficiencia de la masa 
activa.
1.  Desde que la administración concursal comunique al juez del concurso que la 
masa activa es insuficiente para el pago de los créditos contra la masa, el pago de esos 
créditos vencidos o que venzan después de la comunicación se realizará conforme al 
orden siguiente, y, en su caso, a prorrata dentro de cada número:
1.º  Los créditos salariales de los últimos treinta días de trabajo efectivo en cuantía 
que no supere el doble del salario mínimo interprofesional. s
2.º  Los créditos por salarios e indemnizaciones en la cuantía que resulte de multiplicar  oe.
el triple del salario mínimo interprofesional por el número de días de salario pendientes de  w.
peang co3u..aº ntíLao qsu cer éndoit osus ppeorre  aelilm saelnatroios  mdeínviemnog aindtoesrp trroafse slaio anpael.rtura de la fase de liquidación  2020-4859n https://ww
4.º  Los créditos por costas y gastos judiciales del concurso de acreedores.
5.º  Los demás créditos contra la masa. Bc
2.  Se exceptúa de lo establecido en el apartado anterior, aquellos créditos contra la 
masa que sean imprescindibles para la liquidación.
TÍTULO V
De la masa pasiva
CAPÍTULO I
De la integración de la masa pasiva
Artículo 251.  Principio de universalidad.
1.  Todos los créditos contra el deudor, ordinarios o no, a la fecha de la declaración de 
concurso, cualquiera que sea la nacionalidad y el domicilio del acreedor, quedarán de 
derecho integrados en la masa pasiva, estén o no reconocidos en el procedimiento, salvo 
que tengan la consideración de créditos contra la masa.
2.  En caso de concurso de persona casada en régimen de gananciales o cualquier 
otro de comunidad de bienes, los créditos contra el cónyuge del concursado, que sean, 
además, créditos de responsabilidad de la sociedad o comunidad conyugal, quedarán de 
derecho integrados en la masa pasiva.
CAPÍTULO II
De la comunicación y del reconocimiento de créditos
Sección 1.ª  De la comunicación a los acreedores
Artículo 252.  Comunicación a los acreedores.
1.  La administración concursal realizará sin demora una comunicación individualizada 
a cada uno de los acreedores cuya identidad y domicilio consten en la documentación que 
obre en autos, informando de la declaración de concurso y del deber de comunicar los 
créditos en la forma y dentro del plazo establecidos en esta ley.
2.  Cuando conste la dirección electrónica del acreedor, la comunicación se efectuará 
por medios electrónicos.
Artículo 253.  Comunicación a organismos públicos.
1.  La administración concursal comunicará sin demora la declaración de concurso a 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria y a la Tesorería General de la Seguridad 
Social, conste o no su condición de acreedoras.
2.  La comunicación se efectuará a través de los correspondientes medios que estén 
habilitados en las respectivas sedes electrónicas de estos organismos.
Artículo 254.  Comunicación a los representantes de los trabajadores.
La administración concursal comunicará sin demora la declaración de concurso a la 
representación de los trabajadores, si la hubiere, haciéndoles saber de su derecho a 
personarse como parte en el procedimiento. es
Sección 2.ª  De la comunicación de créditos 59ww
Artículo 255.  Comunicación de créditos.
Dentro del plazo señalado en el auto de declaración de concurso, los acreedores del
concursado anteriores a la fecha de esa declaración comunicarán a la administración  Bc
concursal la existencia de sus créditos.
Artículo 256.  Contenido de la comunicación.
1.  La comunicación expresará nombre, domicilio y demás datos de identidad del 
acreedor, así como los relativos al crédito, su concepto, cuantía, fechas de adquisición y 
vencimiento, características y clasificación que se pretenda. Si se invocare un privilegio 
especial, se indicarán, además, los bienes o derechos de la masa activa a que afecte y, en 
su caso, los datos registrales.
2.  En la comunicación, el acreedor señalará una dirección postal o una dirección 
electrónica para que la administración concursal realice cuantas comunicaciones resulten 
necesarias o convenientes. Las comunicaciones de la administración concursal a la 
dirección señalada por el acreedor producirán plenos efectos.
3.  A la comunicación se acompañará copia del título o de los documentos relativos al 
crédito. En el caso de que el acreedor opte por realizar la comunicación del crédito por 
medio electrónico, la copia se remitirá por el mismo medio.
4.  Salvo que los títulos o documentos figuren inscritos en un registro público, la 
administración concursal podrá solicitar los originales o copias autorizadas de los títulos o 
documentos aportados, así como cualquier otra justificación que considere necesaria para 
el reconocimiento del crédito.
Artículo 257.  Forma de la comunicación.
1.  La comunicación se formulará por escrito firmado por el acreedor, por cualquier 
otro interesado en el crédito o por quien acredite representación suficiente de ellos, y se 
dirigirá a la administración concursal.
2.  La comunicación podrá presentarse en el domicilio designado al efecto por el 
administrador concursal, remitirse a dicho domicilio o efectuarse por medios electrónicos.
Artículo 258.  Comunicación en concursos de deudores solidarios.
1.  En caso de concursos de deudores solidarios, el acreedor o el interesado podrán 
comunicar la existencia de los créditos a la administración concursal de cada uno de los 
concursos.
2.  El escrito presentado en cada concurso expresará si se ha efectuado o se va a 
efectuar la comunicación en los demás, acompañándose, en su caso, copia del escrito o 
de los escritos presentados y de los que se hubieren recibido.
Sección 3.ª  Del reconocimiento de créditos
Subsección 1.ª  De las clases de reconocimiento
Artículo 259.  Reconocimiento de los créditos por la administración concursal.
1.  La administración concursal determinará la inclusión o exclusión de los créditos en 
la lista de acreedores.
2.  La inclusión o la exclusión se adoptará respecto de cada uno de los créditos, tanto 
de los que se hayan comunicado expresamente como de los que resultaren de los libros y 
documentos del deudor o por cualquier otra razón constaren en el concurso.
Artículo 260.  Reconocimiento forzoso de los créditos.
1.  La administración concursal incluirá necesariamente en la lista de acreedores  bo
aquellos créditos que hayan sido reconocidos por resolución procesal o por laudo, aunque  59ww
ncydo oolnc ofsusutm eecrnera néentdn oif stidro modsce eudls mde; e ellounosdtso o a trcsr ooaen bgp aufoujrraea cdrdzuooaars ele qscjue oiccenuur  tygoivaatar ra;ea  lnxroaitssíza tqóe urnnee cca icoal on innyssst ectcenruni taea enn nte íe nacl   ecrrreeotignsfiiuccsaulttrcreosinó op n.dú aebd limlcooisn;  ilsliobtrsra otqisvu aey,    OE-A-2020-48able en https://
2.  No obstante el reconocimiento, la administración concursal, dentro del plazo para 
la emisión de su informe, podrá impugnar en juicio ordinario, los convenios o procedimientos 
arbitrales si concurriera fraude; la existencia y validez de los créditos asegurados con 
garantía real o que consten en documento con fuerza ejecutiva, así como, a través de los 
cauces establecidos al efecto por su legislación específica, los actos administrativos.
3.  Cuando a la fecha de la declaración de concurso no se hubiera presentado alguna 
declaración o autoliquidación que sea precisa para la determinación de un crédito de 
derecho público o de los trabajadores, deberá cumplimentarse por el concursado, en caso 
de intervención, o por la administración concursal cuando no lo realice el concursado o en 
caso de suspensión de las facultades de administración y disposición. Si, por ausencia de 
datos, no fuera posible la determinación de su cuantía deberá reconocerse como crédito 
contingente.
Subsección 2.ª  De los supuestos especiales de reconocimiento
Artículo 261.  Créditos sometidos a condición.
1.  Los créditos sometidos a condición resolutoria se reconocerán como condicionales 
y, en tanto no se cumpla la condición, disfrutarán de los derechos concursales que 
correspondan a su cuantía y clasificación.
2.  En caso de cumplimiento de la condición, podrán anularse, a petición de parte, las 
actuaciones y decisiones en las que el acto, la adhesión o el voto del acreedor condicional 
hubiere sido decisivo. Las demás actuaciones se mantendrán, sin perjuicio del deber de 
devolución a la masa, en su caso, de las cantidades cobradas por el acreedor condicional, 
y de la responsabilidad en que dicho acreedor hubiere podido incurrir frente a la masa o 
frente a los acreedores.
3.  Los créditos sometidos a condición suspensiva serán reconocidos en el concurso 
como créditos contingentes sin cuantía propia y con la clasificación que corresponda, 
admitiéndose a sus titulares como acreedores legitimados en el procedimiento sin más 
limitaciones que la suspensión de los derechos de adhesión, de voto y de cobro.
4.  La confirmación del crédito contingente o su reconocimiento en sentencia firme o 
susceptible de ejecución provisional, otorgará a su titular la totalidad de los derechos 
concursales que correspondan a su cuantía y clasificación.
5.  Cuando el juez del concurso estime probable el cumplimiento de la condición 
resolutoria o la confirmación del crédito contingente, podrá, a petición de parte, adoptar las 
medidas cautelares de constitución de provisiones con cargo a la masa, de prestación de 
fianzas por las partes y cualesquiera otras que considere oportunas en cada caso.
Artículo 262.  Créditos litigiosos.
1.  Los créditos litigiosos seguirán el mismo régimen de los créditos sometidos a 
condición suspensiva.
2.  A los efectos de esta ley tendrá la condición de crédito litigioso desde que se 
conteste la demanda relativa al mismo.
Artículo 263.  Créditos garantizados con un patrimonio adicional de responsabilidad.
1.  Los créditos que no puedan ser hechos efectivos contra el concursado sin la previa 
excusión del patrimonio del deudor principal se reconocerán como créditos contingentes  es
mientras el acreedor no justifique cumplidamente a la administración concursal haber  bo
agotado la excusión, confirmándose, en tal caso, el reconocimiento del crédito en el  59ww
cpcoaonsr ocs2u u.d r esimo Lp popaosog rroct er epé sl odisnriat  oellidslm o feii atsnadu colbioórs.sni s qateulgneut een.la a yc rseine dpoerr judiicsiforu dtee  dlae s fuiasntiztuac dióen  tdeercl etirtuol asre d reelc cornéodciteor áenn   OE-A-2020-48able en https://
Una vez realizado el pago, con subrogación del fiador en la posición jurídica del 
acreedor afianzado, la administración concursal deberá reclasificar el crédito optando por 
la clasificación de inferior grado de entre las que correspondan al acreedor o al fiador.
Artículo 264.  Reconocimiento en caso de pagos parciales previos.
A solicitud del acreedor que hubiese cobrado parte de su crédito de un avalista, fiador 
o deudor solidario del concursado, podrán incluirse a su favor en la lista de acreedores 
tanto el resto de su crédito no satisfecho como la totalidad del que, por reembolso o por 
cuota de solidaridad, corresponda a quien hubiere hecho el pago parcial, aunque este no 
hubiere comunicado su crédito o hubiere hecho remisión de la deuda.
Artículo 265.  Créditos públicos.
1.  Los créditos de derecho público de las Administraciones públicas y sus organismos 
públicos que a la fecha de la declaración de concurso hubieran sido recurridos en vía 
administrativa o jurisdiccional, tendrán la consideración de créditos sometidos a condición 
resolutoria, aun cuando su ejecutividad se encuentre cautelarmente suspendida.
2.  Los créditos de derecho público de las Administraciones públicas y sus organismos 
públicos que pudieran resultar de procedimientos de comprobación o inspección se 
reconocerán como contingentes hasta su cuantificación, a partir de la cual tendrán el 
carácter que les corresponda con arreglo a su naturaleza sin que sea posible su 
subordinación por comunicación tardía.
3.  En el caso de no existir liquidación administrativa, los créditos tributarios y los 
créditos de la seguridad social por cantidades defraudadas a la Hacienda Pública o a la 
Tesorería General de la Seguridad Social se reconocerán como contingentes desde la 
admisión a trámite de la querella o denuncia hasta que sean reconocidos por sentencia.
4.  También se reconocerán como contingentes las liquidaciones vinculadas a delito, 
hasta que recaiga sentencia firme.
Artículo 266.  Efectos del cumplimiento de la condición o del acaecimiento de la 
contingencia.
Si antes de la presentación de la lista definitiva de acreedores se hubiera cumplido la 
condición o hubiera acaecido la contingencia a que se refieren los artículos de esta 
Subsección, la administración concursal, de oficio o a solicitud del interesado, deberá 
incluir en esa lista las modificaciones que procedan.
Sección 4.ª  Del cómputo de los créditos
Artículo 267.  Cómputo de los créditos en dinero.
1.  A los solos efectos de la cuantificación del pasivo, todos los créditos que se 
reconozcan se computarán en dinero y se expresarán en moneda de curso legal, sin que 
ello suponga su conversión ni modificación.
2.  Los créditos expresados en otra moneda se computarán en la de curso legal 
según el tipo de cambio oficial en la fecha de la declaración de concurso.
3.  Los créditos que tuvieran por objeto prestaciones no dinerarias o prestaciones 
dinerarias determinadas por referencia a un bien distinto del dinero se computarán por el  s
valor de las prestaciones o del bien en la fecha de la declaración de concurso. oe.
4.  Los créditos que tuvieran por objeto prestaciones dinerarias futuras se computarán  w.
por su valor a la fecha de la declaración de concurso, efectuándose la actualización  59ww
conforme al tipo de interés legal vigente en ese momento.
Sección 5.ª  De la comunicación extemporánea de créditos
Artículo 268.  Comunicación extemporánea de créditos.
1.  Una vez concluido el plazo de impugnación de la lista de acreedores y antes de la 
presentación de la lista definitiva, se podrán presentar nuevas comunicaciones de créditos. 
Estos créditos serán reconocidos o excluidos por la administración concursal conforme a 
las reglas generales establecidas para el reconocimiento o la exclusión, sin más 
excepciones que las establecidas en esta ley.
2.  Si los créditos objeto de la comunicación extemporánea fueran reconocidos, se 
clasificarán como créditos subordinados. Cuando el acreedor justifique no haber tenido 
noticia de la existencia de los mismos antes de la conclusión del plazo de impugnación, 
estos créditos serán clasificados según la naturaleza que les corresponda.
CAPÍTULO III
De la clasificación de los créditos concursales
Sección 1.ª  De las clases de créditos
Artículo 269.  Clases de créditos.
1.  Los créditos concursales se clasificarán, a efectos del concurso, en privilegiados, 
ordinarios y subordinados.
2.  Los créditos privilegiados se clasificarán, a su vez, en créditos con privilegio 
especial, si afectan a determinados bienes o derechos de la masa activa, y créditos con 
privilegio general, si afectan a la totalidad de esa masa. En el concurso no se admitirá 
ningún privilegio o preferencia que no esté reconocido en la ley.
3.  Se clasificarán como créditos ordinarios aquellos que en esta ley no tengan la 
consideración de créditos privilegiados o subordinados.
Sección 2.ª  De los créditos privilegiados
Subsección 1.ª  De los créditos con privilegio especial
Artículo 270.  Créditos con privilegio especial.
Son créditos con privilegio especial:
1.º  Los créditos garantizados con hipoteca legal o voluntaria, inmobiliaria o mobiliaria, 
o con prenda sin desplazamiento, sobre los bienes o derechos hipotecados o pignorados.
2.º  Los créditos garantizados con anticresis, sobre los frutos del inmueble gravado.
3.º  Los créditos refaccionarios, sobre los bienes refaccionados, incluidos los de los 
trabajadores sobre los objetos por ellos elaborados mientras sean propiedad o estén en 
posesión del concursado.
4.º  Los créditos por contratos de arrendamiento financiero o de compraventa con 
precio aplazado de bienes muebles o inmuebles, a favor de los arrendadores o vendedores 
y, en su caso, de los financiadores, sobre los bienes arrendados o vendidos con reserva 
de dominio, con prohibición de disponer o con condición resolutoria en caso de falta de 
pago. es
5.º  Los créditos con garantía de valores representados mediante anotaciones en  bo
cuenta, sobre los valores gravados. 59ww
bien6e.sº  o Ldoesr eccréhdoisto psi ggnaorarandtiozsa dqouse  ceosnt épnr eennd pa ocsoenssiótitnu iddeal  eanc rdeoecduomr eon dtoe  puúnb tleicroce, sroo.bre los
Artículo 271.  Requisitos del privilegio especial.
1.  Los créditos a que se refieren los números 1.º a 5.º del artículo anterior deberán 
tener constituida la respectiva garantía antes de la declaración de concurso con los 
requisitos y formalidades establecidos por la legislación específica para que sea oponible 
a terceros, salvo que se trate de los créditos con hipoteca legal tácita o de los refaccionarios 
de los trabajadores.
2.  Si se tratare de prenda de créditos de la masa activa, será suficiente con que la 
constitución de la garantía conste en documento con fecha fehaciente anterior a la 
declaración de concurso.
3.  Si se tratare de prenda sobre créditos futuros, será necesario que, antes de la 
declaración de concurso, concurran los dos siguientes requisitos:
1.º  Que los créditos futuros hubieran nacido de contratos perfeccionados o de 
relaciones jurídicas constituidas antes de esa declaración.
2.º  Que la prenda estuviera constituida en documento público o, en el caso de prenda 
sin desplazamiento, se hubiera inscrito en el registro público correspondiente.
4.  Si se tratara de créditos futuros derivados de la resolución de contratos de 
concesión de obras o de contratos de concesión de servicios, además de lo exigido en el 
apartado anterior, será necesario que, antes de la declaración de concurso, la pignoración 
se hubiera constituido en garantía de créditos que guarden relación con la concesión o el 
contrato y hubiera sido autorizada por el órgano de contratación con arreglo a la normativa 
sobre contratos del sector público.
Artículo 272.  Límite del privilegio especial.
1.  A los efectos del convenio, acuerdos de refinanciación y acuerdos extrajudiciales 
de pago, el privilegio especial estará limitado al valor razonable del bien o derecho sobre 
el que se hubiera constituido la garantía, con las deducciones establecidas en esta ley.
2.  El importe del crédito que exceda del reconocido como privilegio especial será 
clasificado según corresponda.
Artículo 273.  Determinación del valor razonable.
1.  A los efectos de la determinación del límite del privilegio especial, se entenderá por 
valor razonable de los bienes y derechos de la masa activa:
1.º  En caso de bienes inmuebles, el resultante de informe emitido por una sociedad 
de tasación homologada e inscrita en el Registro especial del Banco de España. Este 
informe no será necesario cuando dicho valor hubiera sido determinado por una sociedad 
de tasación homologada e inscrita en el Registro especial del Banco de España dentro de 
los seis meses anteriores a la fecha de declaración de concurso.
2.º  En caso de valores mobiliarios que coticen en un mercado regulado, el precio 
medio ponderado al que hubieran sido negociados en uno o varios mercados regulados en 
el último trimestre anterior a la fecha de declaración de concurso, de conformidad con la 
certificación emitida por la sociedad rectora del mercado secundario oficial o del mercado 
regulado de que se trate.
3.º  En caso de bienes o derechos distintos de los señalados en los números 
anteriores el resultante de informe emitido por experto independiente de conformidad con  es
los principios y las normas de valoración generalmente reconocidos para esos bienes.  bo
Este informe no será necesario cuando dicho valor hubiera sido determinado por experto  59ww
inde2p.e ndLioesn teb,i edennetsro  od ed leorse scehiso sm essoebsr ea nltoesri oqreuse a  elas tfuecvhieas deen  dceoclnasratictuióidna dse l gcaornacnutrísaos.
denominadas en moneda distinta al euro, se convertirán al euro aplicando el tipo de
cambio de la fecha de la valoración, entendido como el tipo de cambio medio de contado. Bc
3.  El informe no será necesario cuando la garantía se hubiera constituido sobre 
efectivo, sobre el saldo de cuentas corrientes y de ahorro, sobre dinero electrónico o sobre 
imposiciones a plazo fijo.
Artículo 274.  Especialidades en caso de viviendas terminadas.
1.  En caso de viviendas ya terminadas, el informe sobre bienes inmuebles previsto 
en el artículo anterior podrá sustituirse por una valoración actualizada cuando, entre la 
fecha de la última valoración disponible y la fecha de la valoración actualizada, no hubieran 
transcurrido más de seis años. La valoración actualizada se obtendrá aplicando al último 
valor de tasación disponible realizado por una sociedad de tasación homologada e inscrita 
en el Registro especial del Banco de España la variación acumulada constatada por el 
valor razonable de los inmuebles situados en la misma zona y con similares características 
desde la emisión de la última tasación a la fecha de valoración.
2.  En el supuesto de no disponerse de información sobre la variación en el valor 
razonable proporcionado por una sociedad de tasación o si no se considerase 
representativa, el último valor disponible podrá actualizarse con la variación acumulada del 
precio de la vivienda establecido por el Instituto Nacional de Estadística para la Comunidad 
Autónoma en la que radique el inmueble, diferenciando entre si es vivienda nueva o de 
segunda mano, siempre que entre la fecha de la última valoración disponible y la fecha de 
la valoración actualizada no hayan transcurrido más de tres años.
Artículo 275.  Deducciones del valor razonable.
1.  Una vez determinado el valor razonable, para calcular el límite del privilegio 
especial la administración concursal procederá a realizar las siguientes deducciones:
1.º  El diez por ciento del valor razonable del bien o derecho sobre el que esté 
constituida la garantía.
2.º  El importe de los créditos pendientes que gocen de garantía preferente sobre el 
mismo bien o sobre el mismo derecho.
2.  En ningún caso el valor de la garantía puede ser inferior a cero ni superior al valor 
del crédito con privilegio especial, así como tampoco al valor de la responsabilidad máxima 
hipotecaria o pignoraticia que se hubiera pactado.
Artículo 276.  Garantías constituidas sobre varios bienes.
En el caso de que la garantía a favor de un mismo crédito recayera sobre varios bienes 
de la masa activa, se aplicarán sobre cada uno de los bienes las reglas establecidas en los 
artículos anteriores, sin que el valor conjunto de las garantías constituidas pueda exceder 
del valor del crédito del acreedor correspondiente.
Artículo 277.  Garantías constituidas en proindiviso.
En caso de garantía constituida en proindiviso sobre uno o varios bienes o derechos 
de la masa activa a favor de dos o más créditos, el valor de la garantía correspondiente a 
cada crédito será el resultante de aplicar al límite del privilegio especial la proporción que 
en el mismo corresponda a cada uno de ellos, según las normas y acuerdos que rijan el 
proindiviso. es
Artículo 278.  Coste de los informes y de las valoraciones. 59www.
ded1u.c iráE l dceo slate  rdeetr ilbosu ciniófonr mquees  oc ovrarelosrpacoinodnae sa s elar áa ldiqmuiidnaisdtroa ccoiónn c caorgnoc uar slaa lm qausea  eys stée 
pend2i.e ntSei  deel  caocbreroe.dor afectado solicitase un informe de valoración contradictorio, se  BOE-A-cable e
emitirá a su costa.
Artículo 279.  Modificación del límite del privilegio especial.
1.  Si concurrieran nuevas circunstancias que pudieran modificar significativamente el 
valor razonable de los bienes o derechos sobre los que se hubiera constituido la garantía, 
deberá aportarse un nuevo informe de sociedad de tasación homologada e inscrita en el 
Registro especial del Banco de España o de experto independiente, según proceda.
2.  Cuando se alegue por el acreedor afectado la concurrencia de circunstancias que 
hagan necesaria una nueva valoración, el informe se emitirá a su costa.
Subsección 2.ª  De los créditos con privilegio general
Artículo 280.  Créditos con privilegio general.
Son créditos con privilegio general:
1.º  Los créditos por salarios que no tengan reconocido privilegio especial, en la 
cuantía que resulte de multiplicar el triple del salario mínimo interprofesional por el número 
de días de salario pendientes de pago; las indemnizaciones derivadas de la extinción de 
los contratos, en la cuantía correspondiente al mínimo legal calculada sobre una base que 
no supere el triple del salario mínimo interprofesional; las indemnizaciones derivadas de 
accidente de trabajo y enfermedad profesional, devengados con anterioridad a la 
declaración de concurso; los capitales coste de seguridad social de los que sea legalmente 
responsable el concursado, y los recargos sobre las prestaciones por incumplimiento de 
las obligaciones en materia de salud laboral devengadas con anterioridad a la declaración 
de concurso.
2.º  Las cantidades correspondientes a retenciones tributarias y de seguridad social 
debidas por el concursado en cumplimiento de una obligación legal.
3.º  Los créditos de personas naturales derivados del trabajo personal no dependiente 
y los que correspondan al propio autor por la cesión de los derechos de explotación de la 
obra objeto de propiedad intelectual, devengados durante los seis meses anteriores a la 
declaración de concurso.
4.º  Los créditos tributarios, los créditos de la seguridad social y demás de derecho 
público que no tengan privilegio especial ni el privilegio general del número 2.º de este 
artículo. Respecto de los créditos públicos señalados, el privilegio general a que se refiere 
este número solo alcanzará al cincuenta por ciento del importe de los respectivos créditos, 
deducidos de la base para el cálculo del porcentaje los créditos con privilegio especial, los 
créditos con privilegio general conforme al número 2.º de este mismo artículo y los créditos 
subordinados.
5.º  Los créditos por responsabilidad civil extracontractual y los créditos por 
responsabilidad civil derivada del delito contra la Hacienda Pública y contra la Tesorería 
General de la Seguridad Social. No obstante, los créditos por daños personales no 
asegurados estarán incluidos en el número anterior en concurrencia con los demás 
créditos de ese número.
6.º  Los créditos que supongan nuevos ingresos de tesorería concedidos en el marco 
de un acuerdo de refinanciación no rescindibles en la cuantía no reconocida como crédito 
contra la masa.
7.º  Los créditos de que fuera titular el acreedor a instancia del cual se hubiere 
declarado el concurso excluidos los que tuvieren el carácter de subordinados, hasta el 
cincuenta por ciento de su importe. e
Sección 3.ª  De los créditos subordinados
Artículo 281.  Créditos subordinados.
1.  Son créditos subordinados:
1.º  Los créditos que se clasifiquen como subordinados por la administración 
concursal  por  comunicación  extemporánea,  salvo  que  se  trate  de  créditos  de 
reconocimiento forzoso, o por las resoluciones judiciales que resuelvan los incidentes de 
impugnación de la lista de acreedores y por aquellas otras que atribuyan al crédito esa 
clasificación.
2.º  Los créditos que por pacto contractual tengan el carácter de subordinados 
respecto de todos los demás créditos contra el concursado, incluidos los participativos.
3.º  Los créditos por recargos e intereses de cualquier clase, incluidos los moratorios, 
salvo los correspondientes a créditos con garantía real hasta donde alcance la respectiva 
garantía.
4.º  Los créditos por multas y demás sanciones pecuniarias.
5.º  Los créditos de que fuera titular alguna de las personas especialmente 
relacionadas con el concursado en los términos establecidos en esta ley.
6.º  Los créditos que como consecuencia de rescisión concursal resulten a favor de 
quien en la sentencia haya sido declarado parte de mala fe en el acto impugnado.
7.º  Los créditos derivados de los contratos con obligaciones recíprocas, a cargo de 
la contraparte del concursado, o del acreedor, en caso de rehabilitación de contratos de 
financiación o de adquisición de bienes con precio aplazado, cuando el juez constate, 
previo informe de la administración concursal, que el acreedor obstaculiza de forma 
reiterada el cumplimiento del contrato en perjuicio del interés del concurso.
2.  Por excepción a lo establecido en el número 5.º del apartado anterior, los créditos 
de que fuera titular alguna de las personas especialmente relacionadas con el concursado 
no serán objeto de subordinación en los siguientes casos:
1.º  Los créditos por alimentos nacidos y vencidos antes de la declaración de 
concurso, que tendrán la consideración de crédito ordinario.
2.º  Los créditos a que se refiere el número 1.º del artículo 280 cuando el concursado 
sea persona natural.
3.º  Los créditos a que se refieren los números 1.º y 4.º del artículo 283 cuando los 
titulares respectivos reúnan las condiciones de participación en el capital que allí se 
indican, salvo que procedan de prestamos o de actos con análoga finalidad.
Artículo 282.  Personas especialmente relacionadas con el concursado persona natural.
Se consideran personas especialmente relacionadas con el concursado persona 
natural:
1.º  El cónyuge del concursado o quién lo hubiera sido dentro de los dos años 
anteriores a la declaración de concurso, su pareja de hecho inscrita o las personas que 
convivan con análoga relación de afectividad o hubieran convivido habitualmente con él 
dentro de los dos años anteriores a la declaración de concurso.
2.º  Los ascendientes, descendientes y hermanos del concursado o de cualquiera de 
las personas a que se refiere el número anterior. es
3.º  Los cónyuges de los ascendientes, de los descendientes y de los hermanos del  bo
concursado. 59ww
mhpreeecnvh4ciso.iºot.a  nsSa Leeda nasp se r pele aesnpur slamoorsitnra áand úsoq m upjueerrir míodeseix criaoasn tsdet ee crclio ooanrnretttrísrcoo ulalal osdcí a u4csa2o  nmdpdeooolr   C sceuóolsd n cicagoudonrm rdcaieun  riaCssltaogradmudoneo arroc e idospe .od lrea  slda essr ietpuceahrcosi ooonn daeess    OE-A-2020-48able en https://
5.º  Las personas jurídicas que formen parte del mismo grupo de empresas que las 
previstas en el número anterior.
6.º  Las personas jurídicas de las que las personas descritas en los números 
anteriores sean administradoras de derecho o de hecho.
Artículo 283.  Personas especialmente relacionadas con el concursado persona jurídica.
1.  Se consideran personas especialmente relacionadas con el concursado persona 
jurídica:
1.º  Los socios que conforme a la ley sean personal e ilimitadamente responsables de 
las deudas sociales y aquellos otros que, en el momento del nacimiento del derecho de 
crédito, sean titulares, directa o indirectamente, de, al menos, un cinco por ciento del 
capital social, si la sociedad declarada en concurso tuviera valores admitidos a negociación 
en el mercado secundario oficial, o un diez por ciento si no los tuviera. Cuando los socios 
sean personas naturales se considerarán también personas especialmente relacionadas 
con la persona jurídica concursada las personas que lo sean con los socios conforme a lo 
dispuesto en el artículo anterior.
2.º  Los administradores, de derecho o de hecho, los liquidadores del concursado 
persona jurídica y los directores generales de la persona jurídica concursada con poderes 
generales de la empresa, así como quienes lo hubieran sido dentro de los dos años 
anteriores a la declaración de concurso.
3.º  Las sociedades que formen parte del mismo grupo que la sociedad declarada en 
concurso.
4.º  Los socios comunes de la sociedad declarada en concurso y de otra sociedad del 
mismo grupo, siempre que, en el momento de nacimiento del derecho de crédito, sean 
titulares en esa otra sociedad, directa o indirectamente, de, al menos, un cinco por ciento 
del capital social, si la sociedad tuviera valores admitidos a negociación en el mercado 
secundario oficial, o un diez por ciento si no los tuviera.
2.  No tendrán la consideración de personas especialmente relacionadas con el 
concursado los acreedores que hayan capitalizado directa o indirectamente todo o parte 
de sus créditos en cumplimiento de un acuerdo de refinanciación adoptado de conformidad 
con lo dispuesto en esta ley, de un acuerdo extrajudicial de pagos o de un convenio 
concursal, a los efectos de la calificación de los créditos que ostenten contra el concursado 
como consecuencia de la refinanciación otorgada en virtud de dicho acuerdo o convenio y 
aunque hubieran asumido cargos en la administración del deudor por razón de la 
capitalización.
Tampoco tendrán la consideración de administradores de hecho los acreedores que 
hayan suscrito un acuerdo de refinanciación, convenio concursal o acuerdo extrajudicial de 
pagos por las obligaciones que asuma el deudor en relación con el plan de viabilidad salvo 
que se probase la existencia de alguna circunstancia que pudiera justificar esta condición.
Artículo 284.  Presunción de especial relación con el concursado.
Salvo prueba en contrario, se presumen personas especialmente relacionadas con el 
concursado los cesionarios o adjudicatarios de créditos pertenecientes a cualquiera de las 
personas mencionadas en los dos artículos anteriores, siempre que la adquisición se 
hubiere producido dentro de los dos años anteriores a la declaración de concurso. s
CAPÍTULO IV
De la lista de acreedores
Artículo 285.  Estructura de la lista de acreedores.
La lista de acreedores, referida a la fecha de solicitud del concurso, comprenderá una 
relación de los incluidos y otra de los excluidos, ambas ordenadas alfabéticamente.
Artículo 286.  Contenido de la lista de acreedores.
1.  La relación de los acreedores incluidos expresará la identidad de cada uno de 
ellos; la causa, la cuantía por principal y por intereses, y las fechas de origen y vencimiento 
de los créditos reconocidos de que fueren titulares; las garantías personales o reales 
prestadas o constituidas, con indicación del valor atribuido en el inventario, conforme a lo 
establecido en esta ley, al bien o derecho sobre el que se hubiera constituido la garantía, 
y la calificación jurídica de cada uno de los créditos de que el acreedor fuera titular. En su 
caso, se indicará en esa relación el carácter de condicionales, litigiosos o pendientes de la 
previa excusión del patrimonio del deudor principal que tuviera cada uno de los créditos.
2.  La relación de los excluidos expresará la identidad de cada uno de ellos y los 
motivos de la exclusión.
3.  Si las hubiere, se harán constar expresamente en la lista las diferencias entre la 
comunicación y el reconocimiento y las consecuencias de la falta de comunicación 
oportuna.
4.  Cuando el concursado fuere persona casada en régimen de gananciales o 
cualquier otro de comunidad de bienes, se relacionarán separadamente los créditos que 
solo puedan hacerse efectivos sobre su patrimonio privativo y los que pueden hacerse 
efectivos también sobre el patrimonio común.
Artículo 287.  Subclasificación de los créditos privilegiados.
Si en el momento de la presentación de la lista de acreedores no estuviera en 
tramitación la fase de liquidación o el concursado no hubiera solicitado la apertura de esa 
fase, los créditos que tuvieran privilegio general o especial respectivamente deberán 
incluirse en esa lista en alguna de las siguientes clases:
1.º  Los créditos de derecho público.
2.º  Los créditos laborales. Se consideran créditos laborales los créditos de los 
acreedores  por  derecho  laboral  y  los  créditos  de  los  trabajadores  autónomos 
económicamente dependientes en cuantía que no exceda de la prevista en el número 1.º 
del artículo 280. No tendrán la consideración de créditos laborales los derivados de una 
relación laboral de carácter especial del personal de alta dirección en la parte que exceda 
de la cuantía prevista en el número 1.º del artículo 280.
3.º  Los créditos financieros. Se consideran créditos financieros los créditos 
procedentes de cualquier endeudamiento financiero por  parte del deudor, con 
independencia de que los titulares de esos créditos estén o no sometidos a supervisión 
financiera.
4.º  Los restantes créditos. En esta clase se incluirán los de los acreedores por 
operaciones comerciales y el resto de acreedores no incluidos en las categorías anteriores.
Artículo 288.  Relación de créditos contra la masa. b
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TÍTULO VI
Del informe de la administración concursal
CAPÍTULO I
Del informe de la administración concursal
Sección 1.ª  De las comunicaciones electrónicas anteriores a la presentación 
del informe
Artículo 289.  Comunicación del proyecto de inventario y de la lista de acreedores.
1.  Con una antelación mínima de diez días al de la presentación del informe al juez, 
la administración concursal dirigirá comunicación electrónica al concursado y a aquellos de 
cuya dirección electrónica tenga constancia que hubiesen comunicado sus créditos, 
remitiéndoles el proyecto de inventario y de la lista de acreedores, estén o no incluidos en 
la misma. En la comunicación se expresará el día en que tendrá lugar la presentación del 
informe.
2.  Hasta tres días antes de la presentación del informe al juez, el concursado y los 
acreedores podrán solicitar a la administración concursal, igualmente por medios 
electrónicos, que rectifique cualquier error o que complemente los datos comunicados. La 
administración concursal dirigirá al concursado y a los acreedores, igualmente por medios 
electrónicos, una relación de las solicitudes de rectificación o complemento recibidas.
3.  Los mismos documentos y la relación de las solicitudes de rectificación o de 
complemento se publicarán en el Registro público concursal.
Sección 2.ª  Del informe de la administración concursal
Artículo 290.  Deber de presentación del informe.
Dentro de los dos meses siguientes a contar desde la fecha de aceptación, el 
administrador concursal presentará al juzgado un informe con el contenido y los 
documentos establecidos en los artículos siguientes. En caso de administración dual, el 
plazo para la presentación del informe se contará desde la fecha en que se produzca la 
última de las aceptaciones.
Artículo 291.  Prórroga del plazo.
1.  Si el plazo de comunicación de créditos venciera después del plazo legal para la 
presentación del informe, este se prorrogará de manera automática hasta los cinco días 
siguientes a la conclusión del plazo para la comunicación de los créditos.
2.  Si concurrieran circunstancias excepcionales, la administración concursal podrá 
solicitar del juez la prórroga del plazo de presentación del informe por tiempo no superior 
a dos meses más.
En el caso de que el administrador concursal hubiera sido nombrado en, al menos, tres 
concursos que se encontrasen en tramitación la prórroga solo podrá concederse si el 
solicitante acreditara la concurrencia de causas ajenas a las específicas del ejercicio 
profesional.
3.  Si el número de acreedores fuera superior a dos mil, la administración concursal  e.e
podrá solicitar una prórroga por tiempo no superior a cuatro meses más. w.b
4.  Las solicitudes de prórroga solo podrán presentarse antes de que expire el plazo  59ww
legal.
Artículo 292.  Estructura del informe.
El informe de la administración concursal contendrá:
1.º  El análisis de la memoria que acompañe a la solicitud de declaración de concurso 
o que, en caso de concurso necesario, hubiera sido presentada por el concursado a 
requerimiento del juez.
2.º  La exposición del estado de la contabilidad del concursado y, en su caso, el juicio 
sobre los documentos contables y complementarios.
3.º  Una memoria de las principales decisiones y actuaciones de la administración 
concursal.
4.º  La exposición motivada acerca de la situación patrimonial del concursado y de 
cuantos datos y circunstancias pudieran ser relevantes para la tramitación del concurso.
Artículo 293.  Documentos anejos al informe.
1.  Al informe se acompañarán los documentos siguientes:
1.º  El inventario de la masa activa, junto con la relación de los litigios en tramitación 
y la de las acciones de reintegración a ejercitar.
2.º  La lista de acreedores, junto con la relación de créditos contra la masa ya 
devengados y pendientes de pago, con expresión de los vencimientos respectivos.
2.  Si una empresa formara parte de la masa activa, se acompañará al informe la 
valoración de la empresa en su conjunto y de cada una de las unidades productivas que la 
integren, tanto en las hipótesis de continuidad de las actividades como de liquidación.
3.  Si se hubiera presentado propuesta anticipada de convenio se acompañará al 
informe el escrito de evaluación. Si se hubiera abierto la fase de liquidación se acompañará 
al informe el plan de liquidación.
Artículo 294.  Publicidad de la presentación del informe.
1.  La presentación al juez del informe de la administración concursal y de los 
documentos complementarios se notificará a quienes se hubieran personado en el 
concurso en la dirección señalada a efectos de notificaciones y se publicará en el Registro 
público concursal y en el tablón de anuncios del juzgado.
2.  La administración concursal remitirá telemáticamente copia del informe y de los 
documentos complementarios a aquellos que hubiesen comunicado sus créditos de cuya 
dirección electrónica tenga constancia, estén o no incluidos en la lista de acreedores.
3.  El juez podrá acordar, de oficio o a instancia del interesado, cualquier publicidad 
complementaria que considere imprescindible, en medios oficiales o privados.
Artículo 295.  Derecho a obtención de copia del inventario y de la lista de acreedores.
Quien esté personado en el concurso de acreedores tendrá derecho a solicitar y a 
obtener de inmediato, a su costa, copia del informe de la administración concursal y de los 
documentos complementarios.
Artículo 296.  Infracción del deber de presentación del informe.
1.  El administrador concursal que no presente el informe dentro del plazo legal o, en  e.e
su caso, dentro de la prórroga concedida por el juez del concurso perderá el derecho a la  w.b
remuneración y deberá devolver a la masa activa las cantidades percibidas. Contra la  59ww
reso2lu. cióLna  juindfircaiaclc qióune  adceul edredeb eimr pdoen eprr eessetan tsaacniócinó ns ecaráb,r áa rdeecmurásso,  djues atap eclaacuiósna. para la
separación del administrador concursal.
3.  La indemnización de los daños y perjuicios que esa infracción hubiera podido 
causar a la masa activa será exigible conforme al régimen de responsabilidad de la 
administración concursal establecido en esta ley.
CAPÍTULO II
De la impugnación del inventario y de la lista de acreedores
Artículo 297.  Legitimación y plazo para impugnar.
1.  Dentro del plazo de diez días las partes personadas en el concurso de acreedores 
podrán impugnar el inventario y la lista de acreedores.
2.  El plazo para impugnar para quienes hubieran recibido la notificación del juzgado 
de la presentación del informe se contará desde la recepción de esa notificación. Para los 
demás legitimados interesados el plazo de diez días se computará desde la última 
publicación de entre las establecidas por la ley o, en su caso, acordadas por el juez.
Artículo 298.  Contenido de la impugnación.
1.  La impugnación del inventario podrá consistir en la solicitud de la inclusión o de la 
exclusión de bienes o derechos, o del aumento o disminución del avalúo de los incluidos.
2.  La impugnación de la lista de acreedores podrá referirse a la inclusión o a la 
exclusión de créditos concursales, así como a la cuantía o a la clasificación de los 
reconocidos.
Artículo 299.  Consecuencias de la falta de impugnación.
Quienes no impugnaren en tiempo y forma el inventario o la lista de acreedores 
acompañados al informe de la administración concursal no podrán plantear pretensiones 
de modificación del contenido de estos documentos, aunque podrán recurrir en apelación 
las modificaciones introducidas por el juez al resolver las impugnaciones de otros 
legitimados.
Artículo 300.  Tramitación de las impugnaciones.
1.  Las impugnaciones se sustanciarán por los trámites del incidente concursal.
2.  El juez podrá de oficio acumular todas o varias de ellas para resolverlas 
conjuntamente.
Artículo 301.  Publicidad de las impugnaciones.
1.  Inmediatamente que se presenten, estén o no admitidas a trámite, el Letrado de la 
Administración de Justicia publicará el hecho de la presentación de cada una de esas 
impugnaciones en el Registro público concursal.
2.  Dentro de los cinco días siguientes a aquel en que hubiere finalizado el plazo de 
impugnación, el Letrado de la Administración de Justicia publicará en dicho Registro una 
relación de las impugnaciones presentadas y de las pretensiones deducidas en cada una 
de ellas.
Artículo 302.  Cancelación de garantías. es
1.  Si el titular de un crédito clasificado como subordinado no impugnare en tiempo y  w.
ftsoroárbmmreaite  ebssi,e tdani ecctsaa lryiáf i cdaaeucrteioóc ndh,eo ecsll  adjureae nzlda do me ela xcstoiann gcauucidrtsiavoas,   lvaae sfn agcvaiodraro n deteíla  pslol adsz eoc cr édudeai ltqiomuspi eudrge cn lqaausceeió  cnao qynu ssetilin tuf umideáarass    2020-4859n https://ww
titular, ordenando, en su caso, la restitución posesoria y la cancelación de los asientos en
los registros correspondientes. En caso de impugnación de esa calificación, el juez  Bc
procederá del mismo modo cuando devenga firme la resolución judicial desestimatoria de 
la impugnación.
2.  Cuando el concursado sea persona natural no procederá la cancelación de las 
garantías constituidas sobre bienes y derechos de la masa activa a favor de los créditos 
de los que sean titulares personas especialmente relacionadas con el deudor que según 
esta ley deban estar incluidos en la clasificación de créditos con privilegio general por 
salarios, indemnizaciones por extinción de contratos laborales, indemnizaciones por 
accidente de trabajo y enfermedad profesional, capitales coste de seguridad social de los 
que sea responsable el concursado y recargos sobre prestaciones por incumplimiento de 
las obligaciones en materia de salud laboral.
CAPÍTULO III
De la presentación de los textos definitivos y del fin de la fase común
Sección 1.ª  De la presentación de los textos definitivos
Artículo 303.  Presentación de los textos definitivos.
1.  Dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la última sentencia 
resolutoria de las impugnaciones, la administración concursal introducirá en el inventario, 
en la lista de acreedores y, en su caso, en la exposición motivada de su informe las 
modificaciones que procedan y presentará al juez los textos definitivos correspondientes.
2.  En los textos definitivos la administración concursal hará constar expresamente las 
diferencias entre el inventario y la lista de acreedores inicialmente presentados y los que 
ahora presenta.
3.  A los textos definitivos se acompañarán los documentos siguientes:
1.º  Una relación de las comunicaciones posteriores de créditos presentadas con las 
modificaciones introducidas por la administración concursal en la lista de acreedores.
2.º  Una relación actualizada de los créditos contra la masa ya devengados, pagados 
y pendientes de pago, con expresión de los vencimientos respectivos.
4.  Los textos definitivos y los documentos complementarios quedarán de manifiesto 
en la oficina judicial.
5.  En el caso de que de la lista definitiva de acreedores resulte la existencia de único 
acreedor, el Juez dictará auto acordando la conclusión del concurso de acreedores.
Artículo 304.  Remisión de los textos definitivos.
El mismo día de la presentación de los textos definitivos, la administración concursal 
remitirá telemáticamente copia de estos textos con la documentación complementaria a 
los acreedores reconocidos de cuya dirección electrónica tenga constancia.
Artículo 305.  Impugnaciones relativas a créditos comunicados extemporáneamente.
1.  Dentro del plazo de diez días siguientes a la puesta de manifiesto de los textos 
definitivos, cualquier interesado podrá impugnar la decisión de la administración concursal 
acerca de la inclusión o no inclusión en la lista definitiva de los créditos comunicados 
extemporáneamente. es
2.  La impugnación se sustanciará por los trámites del incidente concursal. La  o
iadmpepl iacucagrcneiaóecndi oólorne  psn.roe vimisptoe deinrá e lsat ac olenyt insuoabcreió lno sd ee fleac tfoass ed ed ela c monovdeifnicioa coi ólinq udied alac iólisnt,a s dieenfidnoit idvae   2020-4859n https://www.
Sección 2.ª  De la finalización de la fase común
Artículo 306.  Finalización de la fase común.
1.  Dentro de los quince días siguientes a la expiración del plazo de impugnación del 
inventario y de la lista de acreedores si no se hubiesen presentado impugnaciones o, de 
haberse presentado, a la fecha en que se pongan de manifiesto en la oficina judicial los 
textos definitivos de aquellos documentos, el juez dictará auto poniendo fin a la fase común 
del concurso.
2.  En el mismo auto acordará la apertura de la fase de convenio, ordenando la 
formación de la sección quinta, salvo que ya se encontrase en tramitación la fase de 
liquidación o el concursado hubiera solicitado la apertura de esa fase.
3.  Declarada la apertura de la fase del convenio y durante su tramitación seguirán 
siendo aplicables las normas establecidas sobre efectos de la declaración del concurso 
para la fase común.
Artículo 307.  Finalización anticipada de la fase común.
Cuando las impugnaciones afecten a menos del veinte por ciento de la masa activa o 
de la masa pasiva del concurso, según los textos provisionales presentados por la 
administración concursal, el juez podrá ordenar la finalización anticipada de la fase común 
y la apertura de la fase de convenio o de liquidación, sin perjuicio del reflejo que las 
impugnaciones puedan tener en los textos definitivos y las medidas cautelares que pueda 
adoptar para su efectividad.
CAPÍTULO IV
De la modificación de la lista definitiva de acreedores
Artículo 308.  Modificaciones de la lista definitiva de acreedores.
El texto definitivo de la lista de acreedores podrá modificarse en los casos siguientes:
1.º  Cuando se estimen los recursos interpuestos contra las resoluciones del juez del 
concurso en los incidentes de impugnación de la lista de acreedores.
2.º  Cuando se resuelva la impugnación de las modificaciones derivadas de la 
comunicación extemporánea de créditos.
3.º  Cuando se dicten resoluciones judiciales en el concurso de las que resulte la 
existencia, la modificación del importe o de la clase del crédito o la extinción de un crédito 
concursal.
4.º  Cuando, en un procedimiento administrativo de comprobación o inspección 
iniciado después de presentado el informe de la administración concursal o el texto 
definitivo de la lista de acreedores, se dicte resolución administrativa que suponga la 
existencia de un crédito concursal de derecho público.
5.º  Cuando, en un proceso penal iniciado después de la presentación del informe de 
la administración concursal o del texto definitivo de la lista de acreedores, se dicte 
sentencia que suponga la existencia de un crédito concursal.
6.º  Cuando, en un proceso laboral iniciado después de la presentación del informe de 
la administración concursal o del texto definitivo de la lista de acreedores, se dicte 
sentencia que suponga la existencia de un crédito concursal. e.
7.º  Cuando, después de presentados los textos definitivos, se hubiera cumplido la  w.b
condición o contingencia prevista o los créditos hubieran sido reconocidos o confirmados  59ww
pejoerc uaccitóon  apdromviinsiiosntraalt icvoon,  aprorer glalou ad os uo n paoturr areleszoal uoc cióuna nptírao.cesal firme o susceptible de
Artículo 309.  Tratamiento de los créditos que modifican la lista definitiva de acreedores.
En caso de que resulten reconocidos, los créditos tendrán la siguiente clasificación:
1.º  En los tres primeros casos del artículo precedente, la que les hubiera asignado la 
resolución judicial.
2.º  En los demás casos, la que les corresponda con arreglo a su naturaleza, sin que 
sea posible su subordinación por comunicación tardía.
Artículo 310.  Sustituciones del acreedor inicial en la lista definitiva de acreedores.
1.  En caso de sustitución de un acreedor reconocido, bien por adquisición del crédito, 
bien por subrogación en la titularidad del mismo, se mantendrá la clasificación del crédito 
correspondiente al acreedor inicial.
2.  Por excepción a lo establecido en el apartado anterior, serán de aplicación las 
siguientes reglas:
1.º  Respecto de los créditos salariales o por indemnización derivada de extinción de 
la relación laboral, la subrogación únicamente procederá a favor del Fondo de Garantía 
Salarial.
2.º  Respecto de los créditos por cantidades correspondientes a retenciones 
tributarias y de seguridad social debidas por el concursado en cumplimiento de una 
obligación legal y de los créditos de derecho público que gozasen de privilegio general, el 
carácter privilegiado únicamente se mantendrá cuando el acreedor posterior sea un 
organismo público.
3.º  En caso de pago por deudor solidario, por fiador o por avalista, la administración 
concursal procederá a reclasificar el crédito optando por la clasificación de inferior grado 
de entre las que correspondan al acreedor o al deudor solidario, al fiador o al avalista que 
hubiera pagado.
4.º  En el supuesto en que el acreedor posterior fuera una persona especialmente 
relacionada con el concursado, la administración concursal procederá a reclasificar el 
crédito optando por la clasificación de inferior grado de entre las que correspondan al 
acreedor o a dicha persona especialmente relacionada con el concursado.
Artículo 311.  Procedimiento de modificación de la lista definitiva de acreedores.
1.  Cuando la modificación de la lista definitiva sea consecuencia de una resolución 
judicial dictada en el concurso, la administración concursal modificará el texto definitivo de 
la lista de acreedores en cuanto tenga constancia de la misma.
2.  En los demás casos, la modificación del texto definitivo de la lista de acreedores 
deberá solicitarse antes de que recaiga resolución por la que se apruebe el convenio o se 
presente en el juzgado el informe final de liquidación o la comunicación de insuficiencia de 
la masa activa para atender los créditos contra la masa.
A tal efecto los acreedores dirigirán a la administración concursal una solicitud con 
justificación de la modificación pretendida, así como de la concurrencia de alguna de las 
circunstancias previstas en este capítulo.
3.  En el plazo de cinco días, la administración concursal informará por escrito al juez 
sobre la solicitud.
4.  Si el informe fuera contrario a la modificación pretendida, el solicitante podrá 
promover incidente, dentro del plazo de diez días, para que se reconozca el crédito.  e.e
Incoado el incidente, se estará a lo que se decida en el mismo. Si no lo promoviera en el  w.b
plazo indicado, el juez rechazará la solicitud. 59ww
mism5.o , pSoi re tlé rinmfoinrom dee f udeierza  dfíaavso, raa blales  paa lrate ms poedrifsicoancaidóans p. Srei tneon dsied ae,f escetu daararán  atrlaesglaacdioo ndeesl 
om endoi of udeer aanu tcoo snitnra urlitaesr ioar  lrae cpurersteo.n sEinó no tfroor mcauslaod, ae,l  jeule jzu erezs aoclvoerrdáa, riág ulaa lmmeondtiefi cpaocri ómne pdoior 
de auto contra el que cabe interponer recurso de apelación.
Artículo 312.  Efectos de la modificación de la lista definitiva de acreedores.
1.  La tramitación de la solicitud no impedirá la continuación de la fase de convenio o 
liquidación.
2.  La modificación acordada no afectará a la validez del convenio que se hubiera 
podido alcanzar o de las operaciones de liquidación o pago realizadas antes de la 
presentación de la solicitud o tras ella hasta su introducción por resolución firme.
Artículo 313.  Medidas cautelares en orden a la modificación de la lista definitiva de 
acreedores.
Cuando estime probable la introducción de la modificación pretendida, el juez del 
concurso, a petición del solicitante, podrá adoptar las medidas cautelares que en cada 
caso considere oportunas para asegurar la efectividad de la resolución a dictar.
Artículo 314.  Ejecución provisional de la resolución judicial relativa a la modificación de 
la lista definitiva de acreedores.
El juez, a petición de parte, podrá acordar la ejecución provisional de la resolución 
relativa a la modificación de la lista definitiva de acreedores a fin de que:
1.º  La modificación se admita provisionalmente, en todo o en parte, a los efectos del 
ejercicio de los derechos de adhesión y voto y para el cálculo de las mayorías necesarias 
para la aceptación de la propuesta de convenio.
2.º  Los pagos a realizar tengan en cuenta las modificaciones pretendidas, quedando, 
no obstante, las cantidades correspondientes en la masa activa hasta que sea firme la 
resolución que decida sobre la modificación pretendida, salvo que garantice su devolución 
por aval o fianza suficiente.
TÍTULO VII
Del convenio
CAPÍTULO I
De la propuesta de convenio
Sección 1.ª  De los proponentes
Artículo 315.  Autoría de la propuesta de convenio.
1.  El deudor y los acreedores cuyos créditos superen una quinta parte de la masa 
pasiva podrán presentar propuesta de convenio en las condiciones de tiempo, forma y 
contenido establecidas en esta ley.
2.  En ningún caso podrá presentarse propuesta de convenio si el concursado hubiera 
solicitado la liquidación de la masa activa.
Artículo 316.  Firma de la propuesta de convenio.
1.  La propuesta de convenio se formulará por escrito y estará firmada por el deudor 
o por todos los acreedores proponentes, o por sus respectivos representantes con poder  e.
suficiente. w.b
2.  Cuando la propuesta contuviera compromisos a cargo de acreedores o de terceros  59ww
pdeabrae rráe airl ifziramr apdaag,o asd, epmreássta, rp ogra rloasn tcíaosm op rfoinmaintecniatecsió on  sou sa sruemspire cctuivaolqsu rieepr roetsrean otabnlitgeasc icóonn, 
psiondgeurl asru afi cloiesn atec,r einecdluosreos a quuneq uaec elap tperno peuseasst an utuevviaesra o cbolingtaecnioidnoe as.lternativo o atribuya trato
3.  Las firmas de la propuesta y, en su caso, la justificación de su carácter 
representativo, deberán estar legitimadas.
Sección 2.ª  Del contenido de la propuesta de convenio
Subsección 1.ª  De las reglas generales sobre la propuesta de convenio
Artículo 317.  Contenido de la propuesta de convenio.
1.  La propuesta de convenio deberá contener proposiciones de quita, de espera o de 
quita y espera. La espera no podrá ser superior a diez años.
2.  La propuesta de convenio podrá contener, para todos o algunos acreedores o para 
determinadas clases de acreedores, con excepción de los acreedores públicos, cuantas 
proposiciones adicionales considere convenientes el proponente o proponentes sin más 
limitaciones que las establecidas por la ley.
3.  En la propuesta de convenio podrá incluirse la posibilidad de fusión, escisión o 
cesión global de activo y pasivo de la persona jurídica concursada.
Artículo 318.  Prohibiciones.
1.  En ningún caso la propuesta de convenio podrá suponer:
1.º  La alteración de la cuantía de los créditos establecida por esta ley, sin perjuicio de 
los efectos de la quita o quitas que pudiera contener.
2.º  La alteración de la clasificación de los créditos establecida por esta ley.
2.  La propuesta no podrá consistir en la liquidación de la masa activa para satisfacción 
de los créditos.
Artículo 319.  Propuestas condicionadas.
1.  La propuesta que someta la eficacia del convenio a cualquier clase de condición 
se tendrá por no presentada.
2.  Por excepción a lo dispuesto en el apartado anterior, en caso de concursos 
conexos, la propuesta que presente uno de los concursados podrá condicionarse a que en 
otro u otros adquiera eficacia un convenio con un contenido determinado.
Artículo 320.  Propuesta con cláusula de intereses.
Cuando la propuesta de convenio no contenga proposiciones de quita podrá incluir el 
pago, total o parcial, de los intereses cuyo devengo hubiese quedado suspendido por 
efecto de la declaración de concurso, calculados al tipo legal o, si fuera menor, al 
convencional.
Artículo 321.  Propuesta con limitación de facultades.
1.  La propuesta de convenio podrá contener medidas prohibitivas o limitativas del 
ejercicio por el deudor de las facultades de administración y de disposición, durante el 
periodo de cumplimiento del convenio, sobre bienes y derechos de la masa activa.
2.  Las medidas prohibitivas o limitativas serán inscribibles en los registros públicos 
correspondientes y, en particular, en los que figuren inscritos los bienes o derechos  e.
afectados por ellas. w.b
La inscripción no impedirá el acceso a los registros públicos de los actos contrarios,  59ww
pero perjudicará a cualquier titular registral la sentencia que declare la ineficacia del acto.
Artículo 322.  Propuesta con atribución de funciones a la administración concursal durante 
el período de cumplimiento del convenio.
En la propuesta de convenio se podrá atribuir a cualquier miembro de la administración 
concursal o al auxiliar delegado, con el previo consentimiento del interesado o interesados, 
el ejercicio de funciones determinadas durante el período de cumplimiento del convenio, 
fijando la remuneración que se considere oportuna.
Artículo 323.  Propuesta de convenio con previsiones para la realización de bienes o 
derechos afectos a créditos con privilegio especial.
1.  La propuesta de convenio podrá contener previsiones para la enajenación de 
bienes o derechos afectos a créditos con privilegio especial, que deberán atenerse a los 
modos de realización y reglas establecidos al efecto en esta ley.
2.  El acreedor privilegiado sujeto al convenio deberá recibir el importe que resulte de 
la realización del bien o derecho en cantidad que no exceda de la deuda originaria en los 
términos que resulten de las previsiones del convenio. Si hubiera remanente, corresponderá 
a la masa activa.
3.  Si con dicha realización no se consiguiese la completa satisfacción del crédito en 
los términos que resulten de las previsiones del convenio, el resto será tratado con la 
clasificación que le corresponda.
Subsección 2.ª  De la propuesta de convenio con asunción
Artículo 324.  La propuesta de convenio con asunción.
1.  La propuesta de convenio podrá consistir en la adquisición por una persona natural 
o jurídica, determinada en la propia propuesta, bien del conjunto de bienes y derechos de 
la masa activa afectos a la actividad profesional o empresarial del concursado, bien de 
determinadas unidades productivas, con asunción por el adquirente del compromiso de 
continuidad de esa actividad durante el tiempo mínimo que se establezca en la propuesta, 
y de la obligación de pago, total o parcial, de todos o de algunos de los créditos 
concursales.
2.  La transmisión de la unidad o de las unidades productivas al adquirente 
determinado en la propuesta de convenio estará sometida a las reglas especiales 
establecidas en esta ley para esta clase de transmisiones.
Subsección 3.ª  Del contenido alternativo de la propuesta de convenio
Artículo 325.  Propuesta de convenio con contenido alternativo.
Además de una proposición de quita, de espera o de quita y espera, la propuesta de 
convenio podrá contener cualesquiera otras alternativas para todos o algunos créditos o 
clases de créditos, sin más limitaciones que las establecidas por la ley, que en ningún caso 
afectarán a los acreedores públicos.
Artículo 326.  Facultad de elección.
1.  En la propuesta de convenio con contenido alternativo deberá determinarse el  s
plazo para el ejercicio de la facultad de elección, así como la alternativa aplicable en caso  e.
de falta de ejercicio de esa facultad. w.
2.  El plazo para el ejercicio de la facultad de elección no podrá ser superior a un mes  59ww
a contar desde la fecha de la firmeza de la resolución judicial que apruebe el convenio.
Artículo 327.  Propuesta de convenio con conversión de créditos.
1.  En la propuesta de convenio de contenido alternativo se podrá incluir como una de 
las alternativas la conversión de los créditos en acciones, participaciones o cuotas o en 
obligaciones convertibles de la propia sociedad concursada o de otra sociedad, o la 
conversión de los créditos en créditos participativos por período no superior a diez años, 
en créditos subordinados, en créditos con intereses capitalizables o en cualquier otro 
instrumento financiero con características, rango o vencimiento distintos de aquellos que 
tuvieran los créditos originarios.
2.  La conversión de los créditos laborales exigirá el consentimiento individual de los 
titulares de esos créditos.
Artículo 328.  Propuesta de convenio con conversión de créditos en acciones o 
participaciones sociales.
1.  La conversión de créditos en acciones o participaciones sociales, con o sin prima, 
podrá realizarse aunque los créditos a compensar no sean líquidos, no estén vencidos o 
no sean exigibles.
2.  Para la adopción por la junta general de socios del acuerdo de aumentar el capital 
social por conversión de créditos concursales en acciones o participaciones de la sociedad 
concursada no será necesaria la mayoría reforzada establecida por la ley o por los 
estatutos sociales.
Artículo 329.  Propuesta de convenio con cesión en pago.
1.  En la propuesta de convenio de contenido alternativo se podrá incluir como una de 
esas alternativas la cesión en pago de bienes o derechos de la masa activa a los 
acreedores.
2.  Los bienes o derechos de la masa activa objeto de cesión en pago no podrán ser 
los necesarios para la continuación de la actividad profesional o empresarial del 
concursado.
3.  En la propuesta deberá determinarse, conforme a lo establecido en esta ley, cuál 
es el valor razonable de los bienes o derechos objeto de cesión.
4.  El valor de los bienes y derechos objeto de cesión deberá ser igual o inferior al 
importe de los créditos que se extinguen. Si fuere superior, la diferencia se deberá integrar 
por el cesionario o cesionarios en la masa activa.
5.  En ningún caso se impondrá la cesión en pago a los acreedores públicos.
Artículo 330.  Propuesta de convenio con cesión de las acciones o de los efectos de la 
reintegración.
En la propuesta de convenio de contenido alternativo se podrá incluir como una de 
esas alternativas la cesión a uno o a varios acreedores o clases de acreedores de las 
acciones de reintegración de la masa activa.
Sección 3.ª  Del plan de pagos y del plan de viabilidad
Artículo 331.  El plan de pagos.
1.  Las propuestas de convenio deberán presentarse acompañadas de un plan de  e.
pagos. w.b
2.  En el plan de pagos se determinarán, además, los recursos previstos para su  59ww
cbuiemnpelsim oi ednetroe,c ihnocslu dideo lsa,  mena ssau  accatsivoa, .los procedentes de la enajenación de determinados
Artículo 332.  El plan de viabilidad.
1.  Cuando para el cumplimiento del convenio se prevea contar con los recursos que 
genere la continuación, total o parcial, del ejercicio de la actividad profesional o empresarial, 
la propuesta deberá ir acompañada, además del plan de pagos, de un plan de viabilidad 
en el que se especifiquen los recursos necesarios, los medios y condiciones de su 
obtención y, en su caso, los compromisos de su prestación por terceros.
2.  Los créditos comprometidos por acreedores o terceros que se concedan al 
concursado para financiar la continuidad de la actividad se satisfarán en los términos 
fijados en el propio convenio.
CAPÍTULO II
De la presentación de la propuesta y de la admisión a trámite
Sección 1.ª  Del momento de presentación de la propuesta
Subsección 1.ª  De la presentación anticipada de la propuesta de convenio
Artículo 333.  Presentación anticipada de la propuesta convenio.
El deudor podrá presentar ante el juez propuesta anticipada de convenio desde la 
solicitud de concurso voluntario o desde la declaración de concurso necesario y, en ambos 
casos, hasta la expiración del plazo de comunicación de créditos.
Artículo 334.  Adhesiones iniciales a la propuesta anticipada de convenio.
Cuando la propuesta anticipada de convenio se presente con la propia solicitud de 
concurso voluntario, deberá ir acompañada de las adhesiones de acreedores de cualquier 
clase, prestadas en instrumento público, cuyos créditos alcancen la décima parte del 
pasivo presentado por el deudor. En los demás casos, las adhesiones a la propuesta 
anticipada de convenio deberán superar la quinta parte de ese pasivo.
Artículo 335.  Prohibiciones.
1.  No podrá presentar propuesta anticipada de convenio el deudor que se hallare en 
alguno de los siguientes casos:
1.º  Haber sido condenado en sentencia firme por delito contra el patrimonio, contra 
el orden socioeconómico, de falsedad documental, contra la Hacienda Pública, la 
Seguridad Social o contra los derechos de los trabajadores. En caso de deudor persona 
jurídica, se dará esta causa de prohibición si alguno de sus administradores o liquidadores, 
o de quienes lo hubieran sido en los tres años anteriores a la presentación de la propuesta 
de convenio hubiera sido condenado por cualquiera de esos delitos.
2.º  Haber incumplido en alguno de los tres últimos ejercicios la obligación del 
depósito de las cuentas anuales.
2.  Si admitida a trámite la propuesta anticipada de convenio, el concursado incurriere 
en causa de prohibición o se comprobase que con anterioridad había incurrido en alguna 
de ellas, el juez de oficio, a instancia de la administración concursal o de parte interesada 
y, en todo caso, oído el concursado, declarará sin efecto la propuesta y pondrá fin a su  e.e
tramitación. b
Artículo 336.  Derecho a presentar nueva propuesta o a mantener la propuesta anticipada 
de convenio.
1.  Si la propuesta anticipada de convenio no fuera admitida a trámite o el convenio 
no fuera aprobado por el juez, el concursado podrá presentar nueva propuesta de 
convenio.
2.  Si la propuesta anticipada de convenio, no obtuviera la mayoría del pasivo 
concursal necesaria para ser aprobada, el concursado podrá mantener o modificar esa 
propuesta o presentar otra nueva. El concursado que hubiere mantenido la propuesta 
anticipada de convenio no podrá presentar nueva propuesta de convenio.
3.  La modificación de la propuesta anticipada de convenio o la nueva propuesta se 
podrán presentar hasta la fecha en que se pongan de manifiesto a los acreedores 
personados el inventario o la lista definitiva de acreedores.
Subsección 2.ª  De la presentación ordinaria de la propuesta de convenio
Artículo 337.  Presentación de la propuesta de convenio por el concursado.
Una vez transcurrido el plazo de comunicación de créditos y hasta la finalización del 
plazo de impugnación del inventario y de la lista de acreedores si no se hubiesen 
presentado impugnaciones o, de haberse presentado, hasta la fecha en que se pongan de 
manifiesto a los acreedores personados en la oficina judicial los textos definitivos de 
aquellos documentos, el concursado podrá presentar propuesta de convenio ante el 
juzgado que tramite el concurso.
Artículo 338.  Presentación de la propuesta de convenio por los acreedores.
Cuando el concursado no hubiera mantenido la propuesta anticipada de convenio, el 
acreedor o los acreedores cuyos créditos, individual o conjuntamente, superen una quinta 
parte del total pasivo resultante de la lista definitiva de acreedores podrán presentar 
propuesta de convenio, dentro del mismo plazo establecido para el concursado en el 
artículo anterior, ante el juzgado que tramite el concurso.
Artículo 339.  Presentación posterior de la propuesta de convenio.
Cuando no se hubieran presentado propuesta o propuestas de convenio conforme a lo 
establecido en los artículos anteriores, el concursado o el acreedor o acreedores cuyos 
créditos, individual o conjuntamente, superen una quinta parte del total pasivo resultante 
de la lista definitiva de acreedores podrán presentar propuesta de convenio desde la 
convocatoria de la junta hasta cuarenta días antes de la fecha señalada para su celebración 
o, en caso de tramitación escrita, hasta un mes anterior al plazo previsto para la 
presentación de adhesiones.
Artículo 340.  Efectos de la falta de presentación de propuestas de convenio.
Cuando no se hubiera presentado dentro de los plazos establecidos por la ley ninguna 
propuesta de convenio o, habiéndose presentado, no se hubiera admitido a trámite 
ninguna de las propuestas, el juez, de oficio, acordará la apertura de la fase de liquidación 
de la masa activa.
Sección 2.ª  De la admisión a trámite de la propuesta de convenio w.
Artículo 341.  Traslado de la propuesta de convenio.
en e1l .c onEcl uLrestora ddeo  lad ep rlao pAudemstian isot rparcoipóune dseta Jsu psrteicsiae ndtaardáa str.aslado a las partes personadas
2.  En el caso de propuesta anticipada de convenio, el traslado se efectuará en cada 
una de las resoluciones por las que se tenga por personados a los interesados.
3.  El traslado de la propuesta no procederá a aquellos acreedores que se hubieran 
adherido a la propuesta.
Artículo 342.  Admisión a trámite de la propuesta de convenio.
1.  El juez admitirá a trámite la propuesta o las propuestas de convenio si cumplieran 
las condiciones de tiempo, forma y contenido establecidas en esta ley.
2.  Si la propuesta de convenio previera la adquisición por un tercero bien del conjunto 
de bienes y derechos de la masa activa afectos a la actividad profesional o empresarial del 
concursado, bien de determinadas unidades productivas, con asunción por el adquirente 
del compromiso de continuidad de esa actividad, no podrá admitirse a trámite sin la previa 
audiencia de los representantes de los trabajadores.
3.  Si el concursado hubiera solicitado la liquidación, no procederá la admisión a 
trámite de la propuesta o propuestas que se hubieran presentado.
Artículo 343.  Forma y momento de la admisión a trámite.
1.  Cuando la propuesta anticipada de convenio se hubiera presentado con la solicitud 
de concurso voluntario o antes de la declaración judicial de este, el juez resolverá sobre su 
admisión a trámite en el mismo auto de declaración de concurso. Cuando la propuesta 
anticipada de convenio se hubiera presentado después de la declaración de concurso, el 
juez resolverá sobre su admisión a trámite mediante auto, que dictará dentro de los tres 
días siguientes al de la presentación.
2.  En los casos de presentación ordinaria de la propuesta de convenio por el 
concursado o por los acreedores, el juez, dentro de los cinco días siguientes al de la 
presentación, resolverá mediante auto sobre la admisión a trámite de cada una de las 
presentadas.
Artículo 344.  Defectos de la propuesta de convenio.
1.  De apreciar algún defecto en la propuesta o propuestas de convenio presentadas, 
el juez, dentro del mismo plazo establecido para la admisión a trámite, dispondrá que se 
notifique al concursado y, en su caso, a los acreedores para que dentro de los tres días 
siguientes al de la notificación puedan subsanarlo.
2.  El juez rechazará la admisión a trámite de la propuesta anticipada de convenio 
cuando el deudor estuviere incurso en alguna prohibición o cuando las adhesiones 
presentadas en la forma establecida en esta ley no alcancen la proporción del pasivo 
exigida.
Artículo 345.  Recursos.
1.  Contra el pronunciamiento judicial que resolviere sobre la admisión a trámite de 
una propuesta anticipada de convenio no se dará recurso alguno.
2.  Contra el pronunciamiento judicial que resolviere sobre la admisión a trámite de las 
demás propuestas solo podrá interponerse recurso de reposición. Contra el auto resolutorio 
del recurso de reposición no cabrá recurso alguno, pero las partes podrán reproducir la 
cuestión en la apelación más próxima siempre que hubieren formulado protesta en el plazo 
de cinco días. e.
Artículo 346.  Prohibición de modificar o revocar la propuesta de convenio. 59ww
Las propuestas de convenio no podrán modificarse ni revocarse una vez hayan sido
amdemdiitaidnates  laa  tsráomliciitteu,d p deero  lae l licqounidcaucrsióand od ep olad rmá adseaja ralactsi vsain.  Qeufeecdtoa  ean s caulvaolq luoi eers mtaobmleecnidtoo 
respecto de la propuesta anticipada de convenio.
CAPÍTULO III
De la evaluación de la propuesta de convenio
Artículo 347.  Evaluación de la propuesta de convenio por la administración concursal.
1.  En la resolución que admita a trámite cualquier propuesta de convenio se acordará 
dar traslado de la misma a la administración concursal para que, en el plazo improrrogable 
de diez días, presente evaluación de la propuesta.
2.  Por excepción a lo establecido en el apartado anterior, no será necesaria nueva 
evaluación de la propuesta anticipada de convenio que el concursado hubiera decidido 
mantener.
Artículo 348.  Contenido de la evaluación de la propuesta de convenio.
1.  La administración concursal evaluará el contenido de la propuesta de convenio en 
relación con el plan de pagos y, en su caso, con el plan de viabilidad que la acompañe.
2.  La evaluación deberá contener necesariamente un juicio favorable, con o sin 
reservas, o desfavorable, acerca de la viabilidad del cumplimiento del convenio propuesto.
Artículo 349.  Comunicación de la evaluación a los acreedores.
1.  La administración concursal comunicará de forma telemática la evaluación a los 
acreedores de cuya dirección electrónica tenga conocimiento.
2.  La evaluación realizada antes de la presentación del informe de la administración 
concursal se unirá a este y la realizada con posterioridad se pondrá de manifiesto en la 
oficina judicial desde el mismo día de su presentación.
Artículo 350.  Evaluación desfavorable o con reservas de la propuesta anticipada de 
convenio.
1.  Si la evaluación de la propuesta anticipada de convenio fuera desfavorable o 
contuviera reservas, el juez, mediante auto, deberá decidir entre dejar sin efecto la 
admisión de la propuesta o acordar la continuación de su tramitación, con unión de la 
evaluación al informe.
2.  Contra el auto que resuelva sobre estos extremos no se dará recurso alguno.
CAPÍTULO IV
De la aceptación de la propuesta de convenio por los acreedores
Sección 1.ª  De la aceptación de la propuesta
Artículo 351.  Formas de aceptación de la propuesta.
1.  Los acreedores podrán aceptar cualquier propuesta de convenio mediante la 
adhesión a la misma dentro de los plazos y con los efectos establecidos en esta ley y, en 
el caso de que la propuesta se sometiera a votación en la junta de acreedores, mediante 
el voto favorable.
2.  Los acreedores podrán oponerse a cualquier propuesta de convenio con los 
mismos requisitos y dentro de los mismos plazos que los establecidos para las adhesiones  e.
y, en el caso de que la propuesta se sometiera a votación en la junta de acreedores,  w.b
mediante el voto en contra. 59ww
Artículo 352.  Acreedores sin derecho de adhesión y de voto.
1.  Los titulares de créditos subordinados no tendrán derecho de adhesión a la
propuesta de convenio ni derecho de voto en la junta de acreedores. Tampoco tendrán
estos derechos las personas especialmente relacionadas con el concursado que hubiesen 
adquirido su crédito por actos entre vivos después de la declaración de concurso.
2.  Los acreedores a que se refiere el apartado anterior podrán ejercitar el derecho de 
voto que les corresponda por otros créditos de que fueran titulares.
Artículo 353.  Acreedores sindicados.
En caso de créditos que, tras la declaración del concurso, continúen sujetos a un 
régimen o pacto de sindicación, se entenderá que los titulares de esos créditos se adhieren 
a la propuesta de convenio o votan a favor de misma cuando la suma de las adhesiones y 
de los votos representen, al menos, el setenta y cinco por ciento de los créditos sindicados. 
Si en el régimen o en el pacto de sindicación, se hubiera establecido una mayoría inferior, 
será de aplicación esta última.
Sección 2.ª  De las adhesiones a la propuesta de convenio
Artículo 354.  Contenido de la adhesión.
1.  La adhesión a la propuesta de convenio expresará la cuantía del crédito o de los 
créditos de que fuera titular el acreedor, así como su clase.
2.  La adhesión a la propuesta de convenio será pura y simple, sin introducir 
modificación ni condicionamiento alguno. En otro caso, se tendrá al acreedor por no 
adherido.
Artículo 355.  Formas de la adhesión.
Una vez admitida a trámite una propuesta de convenio, la adhesión a dicha propuesta 
habrá de efectuarse mediante comparecencia ante el Letrado de la Administración de 
Justicia o mediante instrumento público.
Artículo 356.  Acreedores con créditos de distinta clase.
En el caso de que un acreedor sea simultáneamente titular de créditos privilegiados y 
ordinarios, la adhesión se presumirá realizada y el voto se presumirá emitido 
exclusivamente respecto de los créditos ordinarios, y solo afectará a los créditos 
privilegiados si así se hubiere manifestado expresamente en el acto de adhesión o de 
votación.
Artículo 357.  Adhesión de acreedores públicos.
La adhesión a la propuesta de convenio por parte de los titulares de créditos públicos 
se realizará conforme a las normas legales y reglamentarlas especiales que resulten 
aplicables.
Artículo 358.  Revocación de las adhesiones.
Las adhesiones solo podrán revocarse en los siguientes casos:
1.º  Cuando, no habiendo conseguido una propuesta anticipada de convenio las 
mayorías del pasivo establecidas por la ley, el concursado decida mantener esa misma  s
propuesta para su tramitación en la fase de convenio. La revocación deberá efectuarse  oe.
antes de la constitución de la junta de acreedores o, en caso de tramitación escrita, antes  w.
dmeo dq2iuf.ieºc  afidnCaauslia cenend e olal  p elillsa tizamo  dppeoafrritnaei  taiovd ahla.e  Lscailo arnseeevs o.dcealc icórné dsiotolo  esxeprráe psoasdiabsle  edne nlatr oa ddhee lsoisó nc inrecosu dltíeans   2020-4859n https://ww
siguientes a la puesta de manifiesto de dicha lista en la oficina judicial. En otro caso, se
tendrá por adherido al acreedor en los términos que resulten de esa lista. Bc
3.º  Cuando el acreedor adherido que asista a la junta, personalmente o por medio de 
representante, vote en contra de la propuesta.
Sección 3.ª  Del sistema de aceptación de la propuesta anticipada de convenio
Artículo 359.  Aceptación por adhesión.
1.  Cualquier acreedor podrá adherirse a una propuesta anticipada de convenio en la 
forma y con los requisitos establecidos en esta ley.
2.  El plazo para la presentación al juzgado de las adhesiones de los acreedores a la 
propuesta anticipada de convenio se iniciará en la fecha de la admisión a trámite de la 
propuesta y finalizará una vez transcurrido el plazo de impugnación del inventario y de la 
lista de acreedores provisionales.
3.  El plazo para la presentación al juzgado de las adhesiones de los acreedores a las 
demás propuestas de convenio, se iniciará desde la notificación a los personados de la 
presentación del informe de la administración concursal o desde que el informe de 
evaluación de la propuesta de convenio hubiera quedado de manifiesto en el juzgado y 
finalizará en el momento del cierre de la lista de asistentes a la junta de acreedores o, en 
caso de tramitación escrita, en la fecha límite fijada por el juez en el auto que acuerde esa 
tramitación.
Sección 4.ª  De la aceptación de las demás propuestas de convenio
Subsección 1.ª  De la aceptación en junta de acreedores
Artículo 360.  Convocatoria de la junta.
1.  Salvo que se hubiera aprobado convenio anticipado, el juez del concurso, háyanse 
o no presentado propuestas de convenio, en el auto por el que ponga fin a la fase común 
ordenará la convocatoria de la junta de acreedores para su celebración en el lugar, día y 
hora fijados por el Letrado de la Administración de Justicia conforme a las reglas 
establecidas en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil para la celebración 
de las vistas, determinando la publicidad de la convocatoria. En todo caso, el anuncio de 
convocatoria se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» y en el Registro público 
concursal.
2.  El auto se notificará al concursado, a la administración concursal y a todas las 
partes personadas en el procedimiento.
3.  En la notificación de la convocatoria se expresará que los acreedores pueden 
adherirse a la propuesta o propuestas de convenio o formular oposición a las mismas, 
conforme a lo establecido en esta ley.
4.  Cuando el concursado hubiera mantenido la propuesta anticipada de convenio, el 
juez, sin necesidad de nueva resolución sobre dicha propuesta ni evaluación de la 
administración concursal, dictará auto convocando la junta de acreedores.
Artículo 361.  Fecha de celebración de la junta.
1.  Cuando se hubiera presentado propuesta de convenio o mantenido la propuesta 
anticipada, la junta de acreedores deberá ser convocada para su celebración dentro del 
segundo mes contado desde la fecha del auto. es
2.  En los demás casos, deberá serlo para su celebración dentro del tercer mes  o
contado desde la misma fecha. 59www.
Artículo 362.  Deber de asistencia.
repr1e.s enEtla cro pnocur raspaodod edreabdeor ác oans isfaticr ual talad ejusn tpaa drae  aaccreepetdaor rperso ppeuressotnaasl mdeen cteo nov ehnacioe.r sEel   BOE-A-cable e
concursado o su representante podrán asistir acompañados de letrado que intervenga en 
su nombre durante las deliberaciones.
2.  El administrador concursal o cada uno de los miembros de la administración 
concursal tendrán el deber de asistir a la junta. La infracción de este deber dará lugar a la 
pérdida del derecho a la remuneración fijada, con la devolución a la masa de las cantidades 
percibidas. Contra la resolución judicial que acuerde imponer esta sanción cabrá recurso 
de apelación.
3.  En cualquier caso, la falta de asistencia del administrador concursal o, en caso de 
administración concursal dual, de cualquiera de sus miembros, no determinará la 
suspensión de la junta, salvo que el juez así lo acordase, debiendo señalar, en ese caso, 
el Letrado de la Administración de Justicia la fecha de su reanudación.
Artículo 363.  Derecho de asistencia.
1.  Los acreedores que figuren en la lista definitiva tendrán derecho de asistencia a la 
junta.
2.  Los acreedores con derecho de asistencia podrán hacerse representar en la junta 
por medio de apoderado, sea o no acreedor. Una misma persona podrá representar a 
varios acreedores. No podrán ser apoderados ni el concursado ni las personas 
especialmente relacionadas con este, aunque sean acreedores.
El procurador que hubiera comparecido en el concurso por un acreedor solo podrá 
representarlo si estuviese expresamente facultado para asistir a juntas de acreedores en 
concursos de acreedores.
3.  El apoderamiento deberá conferirse por comparecencia ante el Letrado de la 
Administración de Justicia del juzgado o mediante escritura pública y se entenderá que las 
facultades representativas para asistir a la junta comprenden las de intervenir en ella y 
votar cualquier clase de convenio.
4.  Los titulares de créditos públicos y, en su caso, las empresas públicas que sean 
acreedoras se considerarán representados por quienes, conforme a la legislación que les 
sea aplicable, les puedan representar y defender en procedimientos judiciales.
Artículo 364.  Mesa de la junta.
1.  La junta de acreedores será presidida por el juez o, excepcionalmente, por el 
administrador concursal o por el miembro de la administración concursal designado por el 
juez.
2.  Como secretario de la junta actuará el Letrado de la Administración de Justicia del 
juzgado. En todo caso, la presencia de este en la junta será imprescindible y en la misma 
estará asistido por la administración concursal.
Artículo 365.  Lista de asistentes.
1.  La lista de asistentes a la junta se formará sobre la base de la lista definitiva de 
acreedores, especificando en cada caso quienes asistan personalmente, quienes lo hagan 
por representante, con identificación del acto por el que se confirió la representación, y 
quienes se tengan por presentes conforme a lo dispuesto en esta ley.
2.  La lista de asistentes se insertará como anexo al acta bien en soporte físico o 
informático, diligenciado, en todo caso, por el secretario de la junta.
Artículo 366.  Constitución de la junta. oe.
1.  La junta de acreedores se reunirá en el lugar, día y hora fijados en la convocatoria. 59ww
créd2it.o sL pao jru nimtap osret ee, natel nmdeenráo sc,o dnes tiltau imdait acdo nd elal  pcaonsicvuor roerndciniaa rdieo  adcerl eceodnocruerss oq uoe,  teitnu lesun 
dcoenfeccutors, oc uqauned op cuodniecurarr arne sauclrteaer daofreecst aqduoe  rpeoprr eesle nctoennv, eanl imo,e neoxsc,l ulaid mosit aldo sd eal cpraeseivdoo rdeesl   BOE-A-cable e
subordinados.
3.  Los acreedores, ordinarios o privilegiados, firmantes de algunas de las propuestas 
y los adheridos en tiempo y forma a cualquiera de ellas que no asistan a la junta se 
tendrán por presentes a efectos del quórum de constitución.
Artículo 367.  Apertura de la sesión.
1.  El presidente de la junta de acreedores abrirá la sesión, dirigirá las deliberaciones 
y decidirá sobre la validez de los apoderamientos, acreditación de los comparecientes y 
demás extremos que puedan resultar controvertidos.
2.  La sesión comenzará con la exposición por el secretario de la junta de la propuesta 
o propuestas admitidas a trámite que se someten a deliberación, indicando su procedencia 
y, en su caso, la cuantía y la clasificación de los créditos titulados por quienes las hubiesen 
presentado.
Artículo 368.  Derecho de información.
Los acreedores asistentes a la junta o sus representantes podrán solicitar aclaraciones 
sobre el informe de la administración concursal y sobre la actuación de esta, así como 
sobre la propuesta o propuestas de convenio y la evaluación realizada por la administración 
concursal.
Artículo 369.  Debate sobre las propuestas.
Una vez tomada razón de las solicitudes de voz para intervenciones a favor y en contra 
de la propuesta o propuestas sometidas a debate, el presidente concederá la palabra a los 
solicitantes y podrá considerar suficientemente debatida la propuesta una vez se hayan 
producido alternativamente tres intervenciones en cada sentido.
Artículo 370.  Votación de las propuestas.
1.  Una vez concluido el debate, el presidente someterá la propuesta a votación 
nominal y por llamamiento de los acreedores asistentes con derecho a voto.
2.  Los acreedores asistentes podrán emitir el voto en el sentido que estimen 
conveniente, aunque hubieren firmado la propuesta o se hubieren adherido a ella.
3.  Se deliberará y votará en primer lugar sobre la propuesta presentada por el 
concursado. Si no fuese aceptada, se procederá del mismo modo con las presentadas por 
los acreedores, sucesivamente y por el orden que resulte de la cuantía mayor a menor del 
total de los créditos titulados por sus firmantes.
4.  Aceptada una propuesta, no procederá deliberar sobre las restantes ni someterlas 
a votación.
Artículo 371.  Prórroga de la junta.
El presidente podrá acordar la prórroga de las sesiones durante uno o más días hábiles 
consecutivos.
Artículo 372.  Acta de la junta.
1.  El secretario de la junta extenderá acta de la junta conforme a lo dispuesto para la 
documentación de las actuaciones en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento  s
Civil. En el acta se relatará de manera sucinta lo acaecido en la deliberación de cada  oe.
propuesta y expresará el resultado de las votaciones con indicación del sentido del voto de  w.
laols a ac2tc.a r eteeCxdutoaorl eqesus icqeruritaeo  q aduseeí   slhouu ssb oiinelitrceairt avseridenonc .ei oLl nonesús ma cceurreaoen dddeoo r sneeoss  ipfoigonuderrsaá,sn se esno  ryleiacdi ateacnrt  ataaruámt oubsnié.an s qoulae  ascet au dnea   2020-4859n https://ww
la junta.
3.  Leída y firmada el acta por el secretario de la junta, el presidente levantará la 
sesión.
4.  En el mismo día de conclusión de la junta o en el siguiente hábil, el secretario 
elevará al juez el acta.
5.  El concursado, la administración concursal y cualquier acreedor tendrán derecho 
a obtener, a su costa, testimonio del acta, literal o en relación, total o parcial, que se 
expedirá por el Letrado de la Administración de Justicia y se entregará al solicitante dentro 
de los tres días siguientes al de presentación de la solicitud.
Artículo 373.  Grabación de la junta de acreedores.
1.  La junta de acreedores será grabada en soporte audiovisual, conforme a lo 
previsto para la grabación de vistas en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento 
Civil.
2.  El concursado, la administración concursal y cualquier acreedor tendrán derecho 
a obtener, a su costa, copia de la grabación realizada, que se entregará por el Letrado de 
la Administración de Justicia al solicitante dentro de los tres días siguientes al de 
presentación de la solicitud.
Subsección 2.ª  De la aceptación en caso de tramitación escrita
Artículo 374.  Tramitación escrita.
Cuando el número de acreedores exceda de trescientos, el juez, en el auto por el que 
ponga fin a la fase común, podrá acordar la tramitación escrita del convenio.
Artículo 375.  Régimen de la tramitación escrita.
1.  El auto que acuerde la tramitación escrita del convenio el juez señalará la fecha 
límite para la presentación de adhesiones o para formular oposición a las distintas 
propuestas de convenio que se hubieran presentado, que será de dos meses contados 
desde la fecha del auto.
2.  En el caso de que, en la fecha del auto que acuerde la tramitación escrita, todavía 
no se hubieran presentado propuestas de convenio, solo podrán presentarse hasta un mes 
anterior al vencimiento del plazo previsto en el apartado anterior. Las adhesiones y las 
oposiciones a la propuesta de convenio deberán realizarse en el juzgado desde que quede 
de manifiesto el escrito de evaluación en la oficina judicial y hasta la conclusión del plazo 
previsto en el apartado anterior.
3.  La oposición a la propuesta y la revocación de la adhesión deberán constar en 
autos antes de la fecha límite fijada en el auto que hubiera acordado la tramitación escrita.
4.  El orden para verificar la aceptación de las propuestas será el mismo que el 
establecido para la junta de acreedores.
Sección 5.ª  De las mayorías del pasivo ordinario necesarias para la aceptación 
de la propuesta de convenio
Artículo 376.  Mayorías necesarias para la aceptación de propuestas de convenio.
1.  Cuando la propuesta de convenio consista en el pago íntegro de los créditos  es
ordinarios en plazo no superior a tres años o en el pago inmediato de los créditos ordinarios  o
vrsmeeeipsanrm c2esi.sad ue oponCse th eruiucnaoob nrlni odea sorlqa   apulnacai  tvrspaeoir vetoiaodnpd ofudeoreee resis ontl aora  c sddao helan e ctvcrrreaioedi.nenovdstee oon rp eioqos u rce qoc unhieetue nbhntigueoabr,a  iesqneru avritonáat  samn dieagocun eaaifs elefaassrvt iaooodr   ioqnd ufesee urd i oieocrlphe aosp  sapaiscr oliiavóp onum  eaqits uatleada     OE-A-2020-4859able en https://www.
del importe del crédito; esperas, ya sean de principal, de intereses o de cualquier otra
cantidad adeudada, con un plazo no superior a cinco años; o, en el caso de acreedores 
distintos de los públicos o los laborales, la conversión de los créditos en créditos 
participativos durante el mismo plazo, será necesario el cincuenta por ciento del pasivo 
ordinario.
3.  Cuando la propuesta de convenio o alguna de las alternativas que contenga 
tuviera cualquier otro contenido, será necesario el sesenta y cinco por ciento del pasivo 
ordinario.
4.  A los efectos de lo establecido en esta ley, se considera pasivo ordinario la suma 
de los créditos ordinarios y de aquellos créditos privilegiados, especiales o generales, que 
se hubieran adherido a la propuesta o votado a favor de ella.
Artículo 377.  Reglas de cómputo.
1.  Se computarán como votos favorables a la correspondiente propuesta de convenio 
los de los acreedores, ordinarios o privilegiados firmantes de la propuesta y los de los 
adheridos que no asistiendo a la junta hayan sido tenidos por presentes por aplicación de 
lo dispuesto en esta ley.
2.  Si el concursado hubiera mantenido la propuesta anticipada de convenio, se 
computarán como adhesiones o como votos favorables los de los acreedores, ordinarios o 
privilegiados, adheridos a esa propuesta anticipada, salvo que hubieran revocado la 
adhesión o asistan, por si o por medio de representante, a la junta de acreedores.
Artículo 378.  Trato singular.
1.  Para que se considere aceptada una propuesta de convenio que atribuya un trato 
singular a ciertos créditos o a grupos de créditos determinados por sus características será 
preciso, además de la obtención de la mayoría que corresponda, la adhesión o el voto 
favorable, en la misma proporción, del pasivo no afectado por el trato singular.
2.  A estos efectos, no se considerará que existe un trato singular cuando la propuesta 
de convenio mantenga a favor de los acreedores privilegiados que se adhieran a la 
propuesta o voten a su favor ventajas propias de su privilegio, siempre que esos 
acreedores queden sujetos a quita, espera o a ambas en la misma medida que los 
ordinarios.
Sección 6.ª  De la verificación y proclamación del resultado
Artículo 379.  Verificación y proclamación del resultado.
1.  Una vez finalizada la votación de una propuesta de convenio en la junta de 
acreedores, el Letrado de la Administración de Justicia verificará el resultado y lo 
proclamará de inmediato en la propia junta.
2.  Si la propuesta fuera anticipada o si el juez hubiera acordado tramitación escrita, 
el Letrado de la Administración de Justicia verificará el resultado y lo proclamará mediante 
decreto que dictará dentro de los diez días siguientes a aquel en que hubiere finalizado el 
plazo de presentación de adhesiones.
3.  Si la propuesta hubiera obtenido la aceptación de los acreedores con las mayorías 
del pasivo concursal exigidas por la ley, el Letrado de la Administración de Justicia, al 
proclamar el resultado, advertirá a los legitimados del derecho a oponerse a la aprobación 
judicial del convenio. es
Sección 7.ª  De la aceptación de la propuesta de convenio por el concursado 59ww
Artículo 380.  Aceptación de la propuesta de convenio por el concursado.
1.  El concursado podrá aceptar en cualquier momento la propuesta de convenio
presentada por los acreedores.
2.  En todo caso, se considera aceptada la propuesta por el concursado si no se 
opone a la aprobación del convenio por el juez o no solicita la apertura de la fase de 
liquidación.
CAPÍTULO V
De la aprobación judicial del convenio
Sección 1.ª  Del carácter necesario de la aprobación judicial del convenio
Artículo 381.  Sometimiento a la aprobación judicial.
Si la propuesta de convenio hubiera obtenido la aceptación de los acreedores con las 
mayorías del pasivo concursal exigidas por la ley, el Letrado de la Administración de 
Justicia, en el mismo día de la proclamación del resultado o en el siguiente hábil, someterá 
el convenio aceptado a la aprobación del juez.
Sección 2.ª  De la oposición a la aprobación judicial del convenio
Artículo 382.  Legitimación para formular oposición.
1.  La legitimación activa para oponerse a la aprobación judicial del convenio 
corresponde, en caso de propuesta anticipada de convenio o de tramitación escrita, a 
quienes no se hubieran adherido a la propuesta, y, en caso de tramitación en junta de 
acreedores, a los acreedores no asistentes a la junta, a los que hubieran sido 
ilegítimamente privados del derecho de voto, y a quienes hubieran votado en contra de la 
propuesta de convenio aceptada por mayoría, así como, en cualquier caso, a la 
administración concursal.
2.  El concursado que no hubiera solicitado la apertura de la fase de liquidación podrá 
oponerse a la aprobación judicial del convenio si no hubiere formulado la propuesta de 
convenio aceptada por los acreedores ni hubiera prestado posteriormente conformidad a 
esa propuesta. En otro caso, si el convenio resultara aprobado por el juez, quedará sujeto 
al mismo.
Artículo 383.  Motivos de oposición.
1.  La oposición solo podrá fundarse en los siguientes motivos:
1.º  En la infracción de las normas que esta ley establece sobre el contenido del 
convenio.
2.º  En la infracción de las normas que esta ley establece sobre la forma y el contenido 
de las adhesiones o de los votos.
3.º  En la adhesión a la propuesta o el voto favorable a la misma por quien o quienes 
no fueren titulares legítimos de los créditos, o en la obtención de las adhesiones o de los 
votos mediante maniobras que afecten a la paridad de trato entre los acreedores ordinarios, 
cuando esas adhesiones o esos votos hubieran sido decisivos para la aprobación de una 
propuesta de convenio.
4.º  En la infracción de las normas que esta ley establece sobre la tramitación escrita 
de la propuesta de convenio o sobre la constitución o la celebración de la junta.
2.  No podrá formularse oposición fundada en infracción legal en la constitución o en  bo
la celebración de la junta por quien, habiendo asistido a esta, no la hubiese denunciado en  59ww
edeell  mn dúoemmcleaerrnoat rotse edrc ece osronu s dctieotulm iadipsaia,ó rsntaa, dlovo,o  d aqenu tseee rciroo arn.nctuerrrioar a alg luan cao dnest ilatusc cióirnc udnes ltaa njucniatas,  ae nq ueel  mseo rmeefienrtoe   OE-A-2020-48able en https://
Artículo 384.  Oposición por inviabilidad objetiva del cumplimiento del convenio.
Los acreedores legitimados para formular oposición a la aprobación judicial del 
convenio que, individualmente o agrupados, sean titulares, al menos, del cinco por ciento 
de los créditos ordinarios y la administración concursal podrán oponerse, además, a la 
aprobación judicial del convenio cuando el cumplimiento de este sea objetivamente 
inviable.
Artículo 385.  Plazo de oposición.
La oposición a la aprobación judicial del convenio deberá presentarse en el plazo de 
diez días, contados desde el siguiente a la fecha de proclamación del resultado por el 
Letrado de la Administración de Justicia.
Artículo 386.  Tramitación de la oposición.
La oposición a la aprobación judicial del convenio se ventilará por los cauces del 
incidente concursal.
Artículo 387.  Medidas cautelares durante la tramitación de la oposición.
El juez, al admitir a trámite la oposición y emplazar a las demás partes para que 
contesten, podrá tomar cuantas medidas cautelares procedan para evitar que la demora 
derivada de la tramitación de la oposición impida, por sí sola, el cumplimiento futuro del 
convenio aceptado, en caso de desestimarse la oposición. Entre tales medidas cautelares 
podrá acordar que se inicie el cumplimiento del convenio aceptado, bajo las condiciones 
provisionales que determine.
Sección 3.ª  De la aprobación judicial del convenio
Artículo 388.  Facultades del juez en orden a la aprobación del convenio.
1.  El juez no podrá modificar el contenido del convenio sometido a su aprobación, 
aunque sí podrá subsanar errores materiales o de cálculo.
2.  Cuando fuera necesario, el juez podrá fijar la correcta interpretación de las 
cláusulas del convenio.
Artículo 389.  Aprobación judicial del convenio.
Dentro de los cinco días siguientes al del vencimiento del plazo para oponerse a la 
aprobación, sin que se hubiere formulado oposición, o dentro del plazo de diez días una 
vez tramitado el incidente, si se hubiera formulado, el juez dictará sentencia aprobando o 
rechazando el convenio. En el auto en que se apruebe el juez deberá incluir íntegramente 
el convenio aprobado.
Artículo 390.  Publicidad de la sentencia aprobatoria.
A la sentencia por la que se apruebe el convenio se le dará la misma publicidad que a 
la del auto de declaración de concurso.
Artículo 391.  Sentencia estimatoria de la oposición. e.
1.  La sentencia que estime la oposición por infracción legal en el contenido del  59ww
cCoonnvteran iloa  om pisomr ain pvoiadbriáli dinatde ropbojneetivrsae d ree csuur scou mdep laimpeielanctoió dne.clarará rechazado el convenio.
cele2b.r acSiói nla  dsee nlate jnucnitaa ,e setli mjuaesze a lcao ordpaorsáic iqóune p eolr  Lineftrraacdcoió dne l elag aAl demn ilnai sctorancsitóitnu cdióen J ou setnic liaa 
convoque nueva junta de acreedores con los mismos requisitos de publicidad y antelación
que los establecidos en esta ley. La junta habrá de celebrarse dentro del mes siguiente a 
la fecha de la sentencia.
En esta junta se someterá a deliberación y voto la propuesta de convenio que hubiese 
obtenido mayoría en la anterior y, de resultar rechazada, se someterá a deliberación y 
voto, por el orden establecido en esta ley, todas las demás propuestas admitidas a trámite.
Si la sentencia estimase la oposición por infracción en la tramitación escrita el juez 
podrá acordar que el Letrado de la Administración de Justicia convoque junta en los 
términos anteriores o que se proceda a nueva tramitación escrita por un plazo no superior 
a treinta días desde la fecha de la sentencia.
Artículo 392.  Rechazo de oficio del convenio aceptado.
1.  El juez, haya sido o no formulada oposición, rechazará de oficio el convenio 
aceptado por los acreedores si apreciare que se ha infringido alguna de las normas que 
esta ley establece sobre el contenido del convenio, sobre la forma y el contenido de las 
adhesiones y sobre la tramitación escrita o la constitución de la junta y su celebración.
2.  Si la infracción apreciada afectase a la forma y contenido de algunas de las 
adhesiones, el juez, mediante auto, concederá el plazo de un mes para que aquellas se 
formulen con los requisitos y en la forma establecidos en la ley, transcurrido el cual dictará 
la oportuna resolución.
3.  Si la infracción apreciada afectase a la constitución o a la celebración de la junta, 
el juez dictará auto acordando que el Letrado de la Administración de Justicia convoque 
nueva junta, con los mismos requisitos de publicidad y de antelación que los establecidos 
en esta ley. La junta habrá de celebrarse dentro del mes siguiente a la fecha de la 
resolución judicial.
4.  Si la infracción apreciada afectase a las reglas sobre la tramitación escrita del 
convenio, el juez acordará que el secretario judicial convoque junta en los términos 
expresados en el apartado anterior o que se proceda a nueva tramitación escrita por un 
plazo no superior a un mes desde la fecha del auto.
CAPÍTULO VI
De la eficacia del convenio
Artículo 393.  Comienzo de la eficacia del convenio.
1.  El convenio adquirirá eficacia desde la fecha de la sentencia que lo apruebe.
2.  No obstante lo establecido en el apartado anterior, el juez, por razón del contenido 
del convenio, podrá acordar, de oficio o a instancia de parte, retrasar esa eficacia a la 
fecha en que la sentencia de aprobación alcance firmeza. El retraso de la eficacia del 
convenio podrá acordarse con carácter parcial.
Artículo 394.  Cesación de los efectos de la declaración de concurso.
1.  Desde la eficacia del convenio cesarán todos los efectos de la declaración de 
concurso, que quedarán sustituidos por los que, en su caso, se establezcan en el propio 
convenio.
2.  Los deberes de colaboración e información subsistirán hasta la conclusión del 
procedimiento. s
Artículo 395.  Cese de la administración concursal. w.
12..   DLae saddem lain eisfitcraacciiaó nd eclo cnocnuvresnailo r ceensdairráá  clau aednmtaisn idstera scuió na cctounaccuiórsna al.nte el juez del
conc3u. rsoN od eonbtrsota dnetel p elal zcoe sqeu,e  lae sated mseinñiasltera.ción concursal conservará plena legitimación
para continuar los incidentes en curso así como para actuar en la sección sexta, con
facultades para solicitar la ejecución provisional o definitiva de las sentencias que se dicten 
en esos incidentes y de la sentencia de calificación.
Artículo 396.  Extensión necesaria del convenio.
1.  El contenido del convenio vinculará al deudor y a los acreedores ordinarios y 
subordinados, respecto de los créditos de cualquiera de estas clases que fuesen anteriores 
a la declaración de concurso, aunque no se hubieran adherido a la propuesta de convenio 
o votado a favor de ella, o aunque, por cualquier causa, no hubiesen sido reconocidos.
2.  Los acreedores subordinados quedarán afectados por las mismas quitas y esperas 
establecidas en el convenio para los ordinarios, pero los plazos de espera se computarán 
a partir del íntegro cumplimiento del convenio respecto de estos últimos. Quedan a salvo 
los efectos que pueda producir el ejercicio de la facultad de elección por los acreedores 
subordinados.
Artículo 397.  Extensión del convenio a los créditos privilegiados.
1.  Los acreedores privilegiados quedarán vinculados al convenio aprobado por el 
juez si hubieren sido autores de la propuesta o si se hubieran adherido a ella, salvo que 
hubieran revocado la adhesión, o si hubieran votado a favor de la misma, así como si se 
adhieren en forma al convenio ya aceptado por los acreedores o aprobado por el juez 
antes de la declaración judicial de su cumplimiento.
2.  Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, los acreedores privilegiados 
quedarán también vinculados al convenio cuando, dentro de la misma clase a la que 
pertenezcan, se hubieran obtenido las siguientes mayorías:
1.º  El sesenta por ciento del importe de los créditos privilegiados de la misma de la 
clase, cuando el convenio consista en el pago íntegro de los créditos en plazo no superior 
a tres años o en el pago inmediato de los créditos vencidos con quita inferior al veinte por 
ciento; o cuando contenga quitas iguales o inferiores a la mitad del importe del crédito; 
esperas, ya sean de principal, de intereses o de cualquier otra cantidad adeudada, con un 
plazo no superior a cinco años; o, en el caso de acreedores distintos de los públicos o los 
laborales, la conversión de los créditos en créditos participativos durante el mismo plazo.
2.º  El setenta y cinco por ciento del importe de los créditos privilegiados de la misma 
clase, en los convenios que tuvieran otro contenido.
En el caso de acreedores con privilegio especial, el cómputo de las mayorías se hará 
en función de la proporción de las garantías aceptantes sobre el valor total de las garantías 
otorgadas dentro de cada clase.
En el caso de los acreedores con privilegio general, el cómputo se realizará en función 
del pasivo aceptante sobre el total del pasivo que se beneficie de privilegio general dentro 
de cada clase.
Artículo 398.  Eficacia objetiva del convenio.
Los créditos ordinarios y los créditos subordinados quedarán extinguidos en la parte a 
que alcance la quita, aplazados en su exigibilidad por el tiempo de espera y, en general, 
afectados por el contenido del convenio. La misma regla será de aplicación a aquellos 
créditos privilegiados a los que se extienda la eficacia del convenio.
Artículo 399.  Conservación de derechos. b
fqsrauelenv 1toee. s  qaou Esloe lsa  h ccouorbebnleiivgedearonadrnioeo ss r n eshovou olbipcdireaaosdrdieooun scl  aiscr ioádan ode  ehfaele uccstotoioónrsnec ,su r oreds seahp duleaobc  ipnteorir o afdrpneeu n vetloeos tstaaa  d,dl oosese r ae fhi cafuhadbovoisoere rrd asde noe   al aoldavsh a mealisrciistdraemose a,ad s.  oeaLrlleolvaoss,     OE-A-2020-48able en https://
obligados solidarios, los fiadores y los avalistas no podrán invocar la aprobación del 
convenio ni el contenido de este en perjuicio de aquellos.
2.  La responsabilidad de los obligados solidarios, fiadores o avalistas del concursado 
frente a los acreedores que hubiesen sido autores de la propuesta, se hubieran adherido 
a ella, salvo que hubieran revocado la adhesión, o hubieran votado a favor de la misma se 
regirá por los pactos que sobre el particular hubieran establecido y, en su defecto, por las 
normas legales aplicables a la obligación que hubieren contraído.
CAPÍTULO VII
Del cumplimiento del convenio
Sección 1.ª  Del cumplimiento del convenio
Artículo 400.  Información periódica.
Con periodicidad semestral, contada desde la fecha de eficacia total o parcial de la 
sentencia aprobatoria del convenio, el concursado informará al juez del concurso acerca 
de su cumplimiento.
Artículo 401.  Cumplimiento.
1.  El concursado, una vez que estime íntegramente cumplido el convenio, presentará 
al juez del concurso el informe correspondiente con la justificación adecuada y solicitará la 
declaración judicial de cumplimiento. El Letrado de la Administración de Justicia acordará 
poner de manifiesto en la oficina judicial el informe y la solicitud.
2.  Transcurridos quince días desde la puesta de manifiesto, el juez, si estimare 
cumplido el convenio, lo declarará mediante auto, al que dará la misma publicidad que la 
de su aprobación.
Sección 2.ª  Del incumplimiento del convenio
Artículo 402.  Legitimación para solicitar la declaración de incumplimiento.
1.  Cualquier acreedor que estime incumplido el convenio en lo que le afecte podrá 
solicitar del juez la declaración de incumplimiento.
2.  La infracción de las medidas prohibitivas o limitativas del ejercicio por el deudor de 
las facultades de administración y de disposición sobre bienes y derechos de la masa 
activa durante el periodo de cumplimiento del convenio constituirá incumplimiento del 
convenio, cuya declaración podrá ser solicitada del juez por cualquier acreedor.
Artículo 403.  Régimen de la solicitud y de la declaración de incumplimiento.
1.  La acción para solicitar la declaración de incumplimiento del convenio podrá 
ejercitarse desde que se produzca el incumplimiento y caducará a los dos meses contados 
desde la última publicación del auto de cumplimiento.
2.  La demanda de declaración de incumplimiento del convenio se tramitará por el 
cauce del incidente concursal.
3.  En el caso de ser estimada, en la declaración de incumplimiento del convenio, el 
juez lo declarará resuelto y abrirá la fase de liquidación de la masa activa. e.e
4.  Contra la sentencia que resuelva el incidente cabrá recurso de apelación. b
Aesrtpíce1ur.a los  D4y0 ec4su.da ele Esqfqeuuceite oarsalc  doaetnr aclase  d mfeirocmdlaiefriazccaaic óliaon n ddeees c idnlaecru laomcsip óclinrmé ddieietno tsion .qcuuem hpulibmieierannto s, idlaos p aqcutiatadsa,s  leans   OE-A-2020-48able en https://
el convenio quedarán sin efecto.
2.  Desde que alcance firmeza la declaración de incumplimiento, los acreedores con 
privilegio especial a los que se hubiera extendido la eficacia del convenio o se hubieran 
adherido a él una vez aprobado podrán iniciar o reanudar la ejecución separada de la 
garantía con independencia de la apertura de la fase de liquidación. En este caso, el 
acreedor ejecutante hará suyo el importe resultante de la ejecución en cantidad que no 
exceda de la deuda originaria. El resto, si lo hubiere, corresponderá a la masa activa del 
concurso.
Artículo 405.  Actos realizados en ejecución del convenio.
1.  Los actos realizados por el concursado o por terceros en ejecución del convenio 
aprobado producirán plenos efectos.
2.  No obstante lo establecido en el apartado anterior, desde que alcance firmeza la 
declaración de incumplimiento serán anulables los actos realizados durante la fase de 
cumplimiento del convenio que supongan contravención del propio convenio o alteración 
de la igualdad de trato de los acreedores que se encuentren en igualdad de circunstancias, 
y serán rescindibles los actos perjudiciales para la masa activa realizados por el deudor 
durante esa fase si se acreditara la concurrencia de fraude.
TÍTULO VIII
De la liquidación de la masa activa
CAPÍTULO I
De la apertura de la fase de liquidación
Artículo 406.  Apertura de la liquidación a solicitud del deudor.
El deudor podrá pedir la liquidación en cualquier momento y el juez, dentro de los diez 
días siguientes a la solicitud, dictará auto abriendo la fase de liquidación.
Artículo 407.  Apertura obligatoria de la liquidación.
1.  Durante la vigencia del convenio, el concursado deberá pedir la liquidación desde 
que conozca la imposibilidad de cumplir los pagos comprometidos en este y las 
obligaciones contraídas con posterioridad a la aprobación de aquel.
2.  Si el concursado no solicitara la liquidación durante la vigencia del convenio, podrá 
hacerlo cualquier acreedor que acredite la existencia de alguno de los hechos que pueden 
fundamentar la declaración de concurso.
El juez resolverá mediante auto, previa audiencia del concursado, sobre si procede o 
no abrir la liquidación.
Artículo 408.  Apertura de la liquidación a solicitud de la administración concursal.
La administración concursal podrá solicitar la apertura de la fase de liquidación en 
caso de cese total o parcial de la actividad profesional o empresarial. De la solicitud se 
dará traslado al concursado por plazo de tres días. El juez resolverá sobre la solicitud 
mediante auto dentro de los cinco días siguientes.
Artículo 409.  Apertura de oficio de la liquidación. b
11.. º  LNao a phearbteurrsae d per leas feanstea ddoe  dlieqnutirdoa cdieóln p plarozcoe ldeegraál  dnein gouficniao  perno plouse ssitgau dieen cteosn vceansoios :o
no h2a.bº erN soid hoa abdemrsietid aacse pat atrdáom nitien glausn aq uper ohpuubeiesrtae nd es idcoon pvreensieon etand laa sju.nta de acreedores o  BOE-A-cable e
en la tramitación escrita.
3.º  Haberse rechazado por resolución judicial firme el convenio aceptado en junta de 
acreedores o el tramitado por escrito, sin que proceda en ninguno de esos casos nueva 
convocatoria de junta ni nueva tramitación escrita.
4.º  Haberse declarado por resolución judicial firme la nulidad del convenio aprobado 
por el juez.
5.º  Haberse declarado por resolución judicial firme el incumplimiento del convenio.
2.  En los casos 1.º y 2.º del apartado anterior, la apertura de la fase de liquidación se 
acordará por el juez sin más trámites, en el momento en que proceda, mediante auto que 
se notificará al concursado, a la administración concursal y a todas las partes personadas 
en el procedimiento.
En cualquiera de los demás casos, la apertura de la fase de liquidación se acordará en 
la propia resolución judicial que la motive y se hará efectiva una vez esta adquiera firmeza.
Artículo 410.  Publicidad de la apertura de la liquidación.
A la resolución judicial que declare la apertura de la fase de liquidación, se dará la 
misma publicidad que a la del auto de declaración de concurso.
CAPÍTULO II
De los efectos de la apertura de la fase de liquidación
Artículo 411.  Efectos generales.
Durante la fase de liquidación seguirán aplicándose las normas contenidas en el 
título III del libro I de esta ley en cuanto no se opongan a las específicas del presente 
capítulo.
Artículo 412.  Reposición de la administración concursal.
Cuando en virtud de la eficacia del convenio la administración concursal hubiera 
cesado, el juez, en la misma resolución en la que acuerde la apertura de la liquidación, la 
repondrá en el ejercicio de su cargo o nombrará otra nueva.
Artículo 413.  Efectos sobre el concursado.
1.  Durante la fase de liquidación la situación del concursado será la de suspensión 
del ejercicio de las facultades de administración y disposición sobre la masa activa, con 
todos los efectos establecidos para ella en el título III del libro I de esta ley.
2.  Si el concursado fuera persona natural, la apertura de la liquidación producirá la 
extinción del derecho a alimentos con cargo a la masa activa, salvo cuando fuere 
imprescindible para atender las necesidades mínimas del concursado y las de su cónyuge 
o, cuando aprecie la existencia de pactos expresos o tácitos de los que derive la inequívoca 
voluntad de los convivientes de formar un patrimonio común, las de la pareja de hecho 
inscrita, así como para atender las de los descendientes bajo su potestad.
3.  Si el concursado fuese persona jurídica, la resolución judicial que abra la fase de 
liquidación contendrá la declaración de disolución si no estuviese acordada y, en todo 
caso, el cese de los administradores o liquidadores, que serán sustituidos a todos los 
efectos por la administración concursal, sin perjuicio de continuar aquellos en  e
representación de la concursada en el procedimiento concursal y en los incidentes en los  bo
que sea parte. 59ww
Artículo 414.  Efectos sobre los créditos concursales.
Además de los efectos establecidos en el capítulo III del título III del libro I de esta ley,
la apertura de la liquidación producirá el vencimiento anticipado de los créditos concursales  Bc
aplazados y la conversión en dinero de aquellos que consistan en otras prestaciones.
CAPÍTULO III
De las operaciones de liquidación
Sección 1.ª  De las reglas generales de liquidación
Artículo 415.  Reglas generales.
1.  Las operaciones de liquidación se efectuarán con arreglo a un plan de liquidación 
que elaborará la administración concursal y que precisará de aprobación judicial.
2.  De no aprobarse un plan de liquidación y, en su caso, en lo que no hubiere previsto 
el aprobado, las operaciones de liquidación se ajustarán a las reglas supletorias 
establecidas en este capítulo.
3.  En cualquier caso, se apruebe o no el plan de liquidación, serán de necesaria 
aplicación las reglas especiales previstas en el título IV del libro I sobre la realización de 
bienes o derechos afectos a privilegio especial y sobre la enajenación de unidades 
productivas o del conjunto de la empresa.
Sección 2.ª  Del plan de liquidación
Artículo 416.  De la presentación del plan de liquidación.
1.  Dentro de los quince días siguientes al de notificación de la resolución de apertura 
de la fase de liquidación, la administración concursal presentará al juez un plan para la 
realización de los bienes y derechos integrados en la masa activa del concurso. Si la 
complejidad del concurso lo justifica el juez, a solicitud de la administración concursal, 
podrá acordar la prórroga de este plazo por un nuevo período de igual duración.
2.  En el caso de que la apertura de la liquidación se hubiera acordado en el mismo 
auto de declaración de concurso o antes de que finalice el plazo para la presentación del 
informe de la administración concursal, el plan de liquidación se presentará como anejo de 
ese informe.
3.  El Letrado de la Administración de Justicia acordará poner de manifiesto el plan en 
la oficina judicial y en los lugares que a este efecto designe, anunciándolo en la forma que 
estime conveniente.
Artículo 417.  Criterios legales de elaboración del plan de liquidación.
1.  La administración concursal elaborará el plan de liquidación atendiendo al interés 
del concurso y a la más adecuada satisfacción de los acreedores.
2.  Siempre que sea posible, en el plan de liquidación deberá proyectarse la 
enajenación unitaria del conjunto de los establecimientos, explotaciones y cualesquiera 
otras unidades productivas de la masa activa o de algunos de ellos.
3.  Salvo para los créditos públicos, en el plan de liquidación podrá preverse la cesión 
de bienes o derechos en pago o para pago de los créditos concursales. La cesión en pago 
o para pago exigirá el consentimiento de los acreedores a los que afecte.
Artículo 418.  Observaciones al plan de liquidación y propuestas de modificación.
1.  Durante los quince días siguientes a la fecha en que haya quedado de manifiesto 
en la oficina judicial el plan de liquidación, el concursado, los acreedores concursales y, si  e
existieran, los representantes de los trabajadores podrán formular observaciones y  bo
propuestas de modificación. 59ww
mdeesot adc2 oifl.ein cytar Eaceitnnóo  n moe s allu atces atrraeisando cdu iecadc lec idóo enqn  ultdareaes t  ocjeosolr  nndpdaeliadc tianroa  ndbdeeaes j oc dla.ieqrá utrciadtebarac jcioóo, nlee lc cttriovanost,lua sdveioe ,e resalt  adpreárse apvi idlsooi o,e nlsaet assbu lssepocebidnroes i óelann    OE-A-2020-48able en https://
Artículo 419.  Aprobación del plan de liquidación.
1.  Transcurrido el plazo a que se refiere el artículo anterior, el juez, según estime 
conveniente para el interés del concurso, deberá, mediante auto, aprobar el plan en los 
términos en que hubiera sido presentado, introducir en él las modificaciones que estime 
necesarias u oportunas o acordar la liquidación conforme a las reglas legales supletorias. 
En el auto que se apruebe el juez deberá incluir íntegramente el plan de liquidación 
aprobado.
2.  La aprobación del plan tendrá valor de autorización para enajenar los bienes o 
derechos afectos a crédito con privilegio especial o para darlos en pago o para pago o de 
autorización para enajenar las unidades productivas cuando así conste expresamente en 
el propio plan aprobado.
3.  Contra el auto los interesados podrán interponer recurso de apelación.
Artículo 420.  Modificación del plan de liquidación.
1.  El administrador concursal podrá solicitar del juez en cualquier momento la 
modificación del plan aprobado si lo estima conveniente para el interés del concurso y la 
más rápida satisfacción de los acreedores. La solicitud especificará las concretas reglas 
del plan que deben ser modificadas y aquellas otras que deban ser suprimidas o 
introducidas.
2.  La modificación deberá ajustarse a los trámites establecidos en esta ley para la 
aprobación del plan de liquidación.
3.  Si lo estima conveniente, el juez, mediante auto, podrá aprobar la modificación 
propuesta en los términos en que hubiera sido solicitada por el administrador concursal, 
introducir en ella las modificaciones que estime necesarias u oportunas o denegar la 
solicitud de modificación.
4.  Contra el auto los interesados podrán interponer recurso de apelación.
Sección 3.ª  De las reglas supletorias
Subsección 1.ª  Del procedimiento de enajenación
Artículo 421.  Regla del procedimiento de apremio.
En defecto de previsiones en el plan de liquidación, los bienes y derechos de la masa 
activa se enajenarán, según su naturaleza, por las disposiciones establecidas en la Ley 
1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil para el procedimiento de apremio.
Subsección 2.ª  De la regla del conjunto
Artículo 422.  Regla del conjunto.
1.  El conjunto de los establecimientos, explotaciones y cualesquiera otras unidades 
productivas de bienes o de servicios de la masa activa se enajenará como un todo.
2.  Cuando estime conveniente para el interés del concurso, el juez, previo informe de 
la administración concursal, podrá acordar mediante auto que se efectúe la enajenación 
individualizada de los establecimientos, explotaciones y cualesquiera otras unidades 
productivas o de algunas de ellas, o de los elementos de que se compongan. s
3.  Contra el auto que acuerde la enajenación individualizada de los establecimientos,  e.
explotaciones y cualesquiera otras unidades productivas o de algunas de ellas, o de los  w.
elementos de que se compongan, no cabrá recurso alguno. 59ww
CAPÍTULO IV
De la publicidad de los bienes y derechos objeto de liquidación
Artículo 423.  Publicidad de los bienes y derechos objeto de liquidación.
En el caso de concursado persona jurídica, la administración concursal, una vez 
aprobado el plan de liquidación o acordado que la liquidación se realice mediante las 
reglas legales supletorias, deberá remitir, para su publicación en el portal de liquidaciones 
concursales del Registro público concursal, cuanta información resulte necesaria para 
facilitar la enajenación de la masa activa.
En particular, se remitirá información sobre la forma jurídica de la persona jurídica 
concursada, sector al que pertenece, ámbito de actuación, tiempo durante el que ha 
estado en funcionamiento, volumen de negocio, tamaño del balance, número de 
empleados, inventario de los activos más relevantes de la empresa, contratos vigentes con 
terceros, licencias y autorizaciones administrativas vigentes, pasivos de la empresa, 
procesos judiciales, administrativos, arbitrales o de mediación en los que estuviera incursa 
y aspectos laborales relevantes.
CAPÍTULO V
De los informes trimestrales de liquidación
Artículo 424.  Informes trimestrales de liquidación.
1.  Cada tres meses, a contar de la apertura de la fase de liquidación, la administración 
concursal presentará al juez del concurso un informe sobre el estado de las operaciones. 
A ese informe se acompañará una relación de los créditos contra la masa, en la que se 
detallarán y cuantificarán los devengados y pendientes de pago, con indicación de sus 
respectivos vencimientos.
2.  El informe trimestral quedará de manifiesto en la oficina judicial y será comunicado 
por la administración concursal de forma telemática a los acreedores de cuya dirección 
electrónica se tenga conocimiento. El incumplimiento de esta obligación de comunicación 
podrá determinar la separación de la administración concursal y la exigencia de la 
responsabilidad si ese incumplimiento hubiera causado daño a los acreedores.
CAPÍTULO VI
De la consignación preventiva
Artículo 425.  De la consignación preventiva.
1.  El juez, de oficio o a instancia de parte, podrá ordenar la consignación en la cuenta 
del juzgado de hasta un quince por ciento de lo que se obtenga en cada una de las 
enajenaciones de los bienes y derechos que integran la masa activa o de los pagos en 
efectivo que se realicen con cargo a la misma.
2.  Las cantidades consignadas se utilizarán para hacer frente al pago de aquellos 
créditos concursales que resulten de los pronunciamientos judiciales estimatorios de los 
recursos de apelación interpuestos o que pudieran interponerse frente a sentencias de 
impugnación de la lista de acreedores o actos de liquidación. e.e
Artículo 426.  De la liberación de las cantidades consignadas. 59ww
rceosnusLeiagltsno ascd aoon  tcqiduuaaedn hedasoy  caeo lq npusleaigdznaoad dpoaa lsriba sr ees u tlri bainest relaarr práeonss ociculuióacnnió dhnoa  oylo aes x erpexircpauircraisódonos .d  dLeeal  p aplpaaezroltae cd dieóe niln  hrteearmypaoansn iecsniiódtneo    OE-A-2020-48able en https://
de los recursos, será entregada a la administración concursal para que esta la asigne de
acuerdo con el orden de prelación legalmente establecido en esta ley, teniendo en cuenta 
la parte de los créditos que ya hubiere sido satisfecha.
CAPÍTULO VII
De la prolongación indebida de la liquidación
Artículo 427.  Separación de la administración concursal por prolongación indebida de la 
liquidación.
1.  Transcurrido un año desde la firmeza de la resolución judicial por la que se hubiera 
procedido a la apertura de la fase de liquidación sin que hubiera finalizado esta, cualquier 
interesado podrá solicitar al juez del concurso la separación de la administración concursal 
y el nombramiento de otra nueva.
2.  El juez, previa audiencia de la administración concursal, acordará la separación si 
no existiere causa que justifique la dilación y procederá al nombramiento de quien haya de 
sustituirla.
3.  El auto por el que se acuerde la separación de la administración concursal por 
prolongación indebida de la liquidación se insertará en el Registro público concursal.
Artículo 428.  Pérdida del derecho a la retribución.
Los administradores concursales separados por prolongación indebida de la liquidación 
perderán el derecho a percibir las retribuciones devengadas, debiendo reintegrar a la 
masa activa las cantidades que en ese concepto hubieran percibido desde la apertura de 
la fase de liquidación.
TÍTULO IX
Del pago a los acreedores concursales
Artículo 429.  Deducción para pagos de créditos contra la masa.
Antes de proceder al pago de los créditos concursales, la administración concursal 
deducirá de la masa activa los bienes y derechos necesarios para satisfacer los créditos 
contra esta.
Artículo 430.  Pago de créditos con privilegio especial.
1.  El pago de los créditos con privilegio especial se hará con cargo a los bienes y 
derechos afectos, ya sean objeto de ejecución separada o colectiva.
2.  No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, en tanto se encuentren 
paralizadas las ejecuciones de garantías reales y el ejercicio de acciones de recuperación 
asimiladas o subsista la suspensión de las ejecuciones iniciadas antes de la declaración 
de concurso, la administración concursal podrá comunicar a los titulares de estos créditos 
con privilegio especial que opta por atender su pago con cargo a la masa y sin realización 
de los bienes y derechos afectos. Comunicada esta opción, la administración concursal 
habrá de satisfacer de inmediato la totalidad de los plazos de amortización e intereses 
vencidos y asumirá la obligación de atender los sucesivos como créditos contra la masa y 
en cuantía que no exceda del valor de la garantía conforme figura en la lista de acreedores.  e.e
En caso de incumplimiento, se realizarán los bienes y derechos afectos para satisfacer los  b
créditos con privilegio especial conforme a lo dispuesto en el apartado siguiente. 59ww
al p3a.g o Edle iml apcorretee doobrt epnriidvoile pgoiar dlao r eeanl izcaacnitóidna dde  qlouse b nieon eesx coe ddear edceh olas  daefeucdtoas o sreig dineasrtiian.a rEál 
rseastitsof,a scic lioó nh udbeiel rcer,é cdoitrore, slapo pnadretreá  nao l as amtiassfeac ahcat ivsae.r áS it rnaot asdea  ceonn seigl ucieosnec ulars coo mcopnle tlaa 
clasificación que le corresponda.
Artículo 431.  Prioridad temporal.
Si un mismo bien o derecho se encontrase afecto a más de un crédito con privilegio 
especial, los pagos se realizarán conforme a la prioridad temporal que para cada crédito 
resulte del cumplimiento de los requisitos y formalidades previstos en su legislación 
específica para su oponibilidad a terceros. La prioridad para el pago de los créditos con 
hipoteca legal tácita será la que resulte de la regulación de esta.
Artículo 432.  Pago de créditos con privilegio general.
1.  Deducidos de la masa activa los bienes y derechos necesarios para satisfacer los 
créditos contra la masa y con cargo a los bienes no afectos a privilegio especial o al 
remanente que de ellos quedase una vez pagados estos créditos, se atenderá al pago de 
aquellos que gozan de privilegio general, por el orden establecido en esta ley y, en su 
caso, a prorrata dentro de cada número.
2.  El juez podrá autorizar el pago de estos créditos sin esperar a la conclusión de las 
impugnaciones promovidas adoptando las medidas cautelares que considere oportunas en 
cada caso para asegurar su efectividad y la de los créditos contra la masa de previsible 
generación.
Artículo 433.  Pago de créditos ordinarios.
1.  El pago de los créditos ordinarios se efectuará una vez satisfechos los créditos 
contra la masa y los privilegiados.
2.  Los créditos ordinarios serán satisfechos a prorrata, conjuntamente con la parte de 
los créditos con privilegio especial en que no hubieran sido satisfechos con cargo a los 
bienes y derechos afectos, salvo que tuvieran la consideración de subordinados.
3.  La administración concursal atenderá el pago de estos créditos en función de la 
liquidez de la masa activa y podrá disponer de entregas de cuotas cuyo importe no sea 
inferior al cinco por ciento del nominal de cada crédito.
Artículo 434.  Pago de créditos ordinarios con antelación.
1.  En casos excepcionales, el juez, a solicitud de la administración concursal, podrá 
motivadamente autorizar la realización de pagos de créditos ordinarios con antelación 
cuando estime suficientemente cubierto el pago de los créditos contra la masa y de los 
créditos privilegiados.
2.  El juez podrá también autorizar el pago de los créditos ordinarios antes de que 
concluyan las impugnaciones promovidas, adoptando en cada caso las medidas cautelares 
que considere oportunas para asegurar su efectividad y la de los créditos contra la masa 
de previsible generación.
Artículo 435.  Pago de los créditos subordinados.
1.  El pago de los créditos subordinados no se realizará hasta que hayan quedado 
íntegramente satisfechos los créditos ordinarios.
2.  El pago de estos créditos se realizará por el orden establecido en esta ley y, en su 
caso, a prorrata dentro de cada número.
Artículo 436.  Pago anticipado. e
ainpteerrSétuis re alle  pdgaeag l.loa  dliqeu uidna ccriéódni,t os es eh areráa liczoanre e al ndteessc udeenl vtoe nccoirmreiesnptoon qduieen tteu,v icearelc ual alad ofe aclh taip doe d lae   2020-4859n https://www.
Artículo 437.  Derecho del acreedor a la cuota del deudor solidario.
El acreedor que, antes de la declaración de concurso, hubiera cobrado parte del 
crédito de un deudor solidario, de un fiador o de un avalista del deudor tendrá derecho a 
obtener en el concurso del deudor los pagos correspondientes a aquellos hasta que, 
sumados a los que perciba por su crédito, cubran el importe total de este.
Artículo 438.  Pago de crédito reconocido en dos o más concursos de deudores solidarios.
1.  En el caso de que el crédito hubiera sido reconocido en dos o más concursos de 
deudores solidarios, la suma de lo percibido en todos los concursos no podrá exceder del 
importe del crédito.
2.  La administración concursal podrá retener el pago hasta que el acreedor presente 
certificación acreditativa de lo percibido en los concursos de los demás deudores solidarios. 
Una vez efectuado el pago, lo pondrá en conocimiento de las administraciones concursales 
de los demás concursos.
3.  El deudor solidario concursado que haya efectuado pago parcial al acreedor no 
podrá obtener el pago en los concursos de los codeudores mientras el acreedor no haya 
sido íntegramente satisfecho.
Artículo 439.  Coordinación con pagos anteriores en fase de convenio.
1.  Si a la liquidación hubiese precedido el cumplimiento parcial de un convenio, se 
presumirán legítimos los pagos realizados en él, salvo que se probara la existencia de 
fraude, contravención al convenio o alteración de la igualdad de trato a los acreedores.
2.  Quienes hubieran recibido pagos parciales cuya presunción de legitimidad no 
resultara desvirtuada por sentencia firme de revocación, los retendrán en su poder, pero 
no podrán cobrar lo que les faltara percibir hasta que el resto de los acreedores de su 
misma clasificación hubiera recibido pagos en un porcentaje equivalente.
Artículo 440.  Pago de intereses.
Si resultara remanente después del pago de la totalidad de los créditos concursales, 
procederá el pago, total o parcial, de los intereses cuyo devengo hubiese quedado 
suspendido por efecto de la declaración de concurso, calculados al tipo convencional y, si 
no existiera, al tipo legal.
TÍTULO X
De la calificación del concurso
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 441.  Calificación del concurso.
El concurso se calificará como fortuito o como culpable.
Artículo 442.  Concurso culpable. es
El concurso se calificará como culpable cuando en la generación o agravación del  w.
estado de insolvencia hubiera mediado dolo o culpa grave del deudor o, si los tuviere, de  59ww
sliquusi draedporeresse,n dtaen dteerse clehgoa ole dse y h, eecnh oc,a dsiore cdteo rpeesr gseonnear ajulersíd, iyc ad,e d qeu iseunse sa, ddmenintriost draed loorse dso os 
aesñtoass  acnotnedriicoiroense sa. la fecha de declaración del concurso, hubieren tenido cualquiera de  BOE-A-cable e
Artículo 443.  Supuestos especiales.
En todo caso, el concurso se calificará como culpable en los siguientes supuestos:
1.º  Cuando el deudor se hubiera alzado con la totalidad o parte de sus bienes en 
perjuicio de sus acreedores o hubiera realizado cualquier acto que retrase, dificulte o 
impida la eficacia de un embargo en cualquier clase de ejecución iniciada o de previsible 
iniciación.
2.º  Cuando durante los dos años anteriores a la fecha de la declaración de concurso 
hubieran salido fraudulentamente del patrimonio del deudor bienes o derechos.
3.º  Cuando antes de la fecha de declaración del concurso el deudor hubiese realizado 
cualquier acto jurídico dirigido a simular una situación patrimonial ficticia.
4.º  Cuando el deudor hubiera cometido inexactitud grave en cualquiera de los 
documentos acompañados a la solicitud de declaración de concurso o presentados 
durante la tramitación del procedimiento, o hubiera acompañado o presentado documentos 
falsos.
5.º  Cuando el deudor legalmente obligado a la llevanza de contabilidad hubiera 
incumplido sustancialmente esta obligación, llevara doble contabilidad o hubiera cometido 
en la que llevara irregularidad relevante para la comprensión de su situación patrimonial o 
financiera.
6.º  Cuando la apertura de la liquidación haya sido acordada de oficio por 
incumplimiento del convenio debido a causa imputable al concursado.
Artículo 444.  Presunciones de culpabilidad.
El concurso se presume culpable, salvo prueba en contrario, cuando el deudor o, en 
su caso, sus representantes legales, administradores o liquidadores:
1.º  Hubieran incumplido el deber de solicitar la declaración del concurso.
2.º  Hubieran incumplido el deber de colaboración con el juez del concurso y la 
administración concursal, no les hubieran facilitado la información necesaria o conveniente 
para el interés del concurso, o no hubiesen asistido, por sí o por medio de apoderado, a la 
junta de acreedores, siempre que su participación hubiera sido determinante para la 
adopción del convenio.
3.º  Si, en alguno de los tres últimos ejercicios anteriores a la declaración de concurso, 
el deudor obligado legalmente a la llevanza de contabilidad no hubiera formulado las 
cuentas anuales, no las hubiera sometido a auditoría, debiendo hacerlo, o, una vez 
aprobadas, no las hubiera depositado en el Registro mercantil o en el registro 
correspondiente.
Artículo 445.  Cómplices.
Se consideran cómplices las personas que, con dolo o culpa grave, hubieran 
cooperado con el deudor o, si los tuviere, con sus representantes legales y, en caso de 
persona jurídica, con sus administradores o liquidadores, tanto de derecho como de hecho, 
o con sus directores generales, a la realización de cualquier acto que haya fundado la 
calificación del concurso como culpable.
CAPÍTULO II
De la sección de calificación
Sección 1.ª  De la formación y tramitación de la sección de calificación
Subsección 1.ª  Del régimen general
Artículo 446.  Formación de la sección sexta.
1.  En la misma resolución judicial por la que se apruebe el convenio o el plan de 
liquidación o se ordene la liquidación de la masa activa conforme a las normas legales 
supletorias el juez ordenará la formación de la sección sexta.
2.  Por excepción a lo establecido en el apartado anterior, no procederá la formación 
de la sección sexta cuando se apruebe un convenio en el que se establezca, para todos 
los créditos o para los de una o varias clases o subclases de las establecidas en esta ley, 
una quita inferior a un tercio del importe de esos créditos o una espera inferior a tres años, 
salvo que resulte incumplido.
3.  La sección se encabezará con testimonio de la resolución judicial que haya 
ordenado su formación y se incorporarán a ella testimonios de la solicitud de declaración 
de concurso, de la documentación aportada por el deudor, del auto de declaración de 
concurso y del informe de la administración concursal con los documentos anejos.
Artículo 447.  Personación de acreedores.
Dentro de los diez días siguientes a la última publicación que se hubiera dado a la 
resolución en la que el juez hubiera acordado la formación de la sección sexta, cualquier 
acreedor o persona que acredite interés legítimo podrá personarse y ser parte en la 
sección y, en su caso, alegar por escrito cuanto considere relevante para que la 
administración concursal o el Ministerio Fiscal puedan fundar la calificación del concurso 
como culpable.
Artículo 448.  Informe de la administración concursal.
1.  Una vez transcurrido el plazo a que se refiere el artículo anterior, el Letrado de la 
Administración de Justicia dictará resolución requiriendo a la administración concursal 
para que, en el plazo de quince días, presente un informe razonado y documentado sobre 
los hechos relevantes para la calificación del concurso, con propuesta de resolución. Si los 
acreedores o personas con interés legítimo hubieran formulado alegaciones para la 
calificación del concurso como culpable, en esa misma resolución se ordenará dar traslado 
de esos escritos a la administración concursal.
2.  Si la administración concursal propusiera la calificación del concurso como 
culpable, el informe, que tendrá la estructura propia de una demanda, expresará la 
identidad de las personas a las que deba afectar la calificación y la de las que hayan de 
ser consideradas cómplices, justificando la causa, así como la determinación de los daños 
y perjuicios que, en su caso, se hayan causado por las personas anteriores y las demás 
pretensiones que se consideren procedentes conforme a lo previsto por la ley.
Artículo 449.  Dictamen del Ministerio Fiscal.
1.  Una vez unido a la sección sexta el informe de la administración concursal, el  e.
Letrado de la Administración de Justicia dará traslado del contenido de esa sección al  w.
Ministerio Fiscal para que, en el plazo de diez días, emita dictamen, con la misma  59ww
ecosmtruoc ltau rdae qteurem linaa dceiól nin dfoer mlose  ddaeñ loas  ayd pmeirnjuisictriaocsi óqnu ec,o ennc usrus acla, sjuos, tsifeic haanydaon l ac acuasuasdao,  paosrí 
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días más.
2.  Si el Ministerio Fiscal no emitiera dictamen dentro de plazo, se entenderá que no 
se opone a la propuesta de calificación de la administración concursal y seguirá su curso 
la tramitación de la sección.
Artículo 450.  Tramitación de la sección.
1.  Si el informe de la administración concursal y el dictamen que, en su caso, hubiera 
emitido el Ministerio Fiscal coincidieran en calificar el concurso como fortuito, el juez, sin 
más trámites, ordenará, mediante auto, el archivo de las actuaciones. Contra el auto que 
ordene el archivo de las actuaciones no cabrá recurso alguno.
2.  En otro caso, el Letrado de la Administración de Justicia dará audiencia al 
concursado por plazo de diez días y, en la misma resolución, ordenará emplazar a todas 
las demás personas que, según resulte de lo actuado, pudieran ser afectadas por la 
calificación del concurso o declaradas cómplices, a fin de que, en plazo de cinco días, 
comparezcan en la sección si no lo hubieran hecho con anterioridad.
3.  A quienes comparezcan en plazo el Letrado de la Administración de Justicia les 
dará vista del contenido de la sección para que, dentro de los diez días siguientes, aleguen 
cuanto convenga a su derecho. Si comparecieren con posterioridad al vencimiento del 
plazo, les tendrá por parte sin retroceder el curso de las actuaciones. Si no comparecieren, 
el Letrado de la Administración de Justicia los declarará en rebeldía y seguirán su curso 
las actuaciones sin volver a citarlos.
Artículo 451.  Oposición a la calificación.
1.  Si el concursado o alguno de los comparecidos formulase oposición deberá 
hacerlo en la forma prevista para un escrito de contestación a la demanda. Para los 
trámites posteriores el procedimiento se sustanciará según lo previsto para el incidente 
concursal. De ser varias las oposiciones, se sustanciarán juntas en el mismo incidente.
2.  Si no se hubiere formulado oposición, el juez dictará sentencia en el plazo de cinco 
días.
Subsección 2.ª  Del régimen especial en caso de incumplimiento del convenio
Artículo 452.  Especialidades de la formación de la sección de calificación en caso de 
incumplimiento del convenio.
1.  En caso de incumplimiento del convenio, en la misma resolución judicial que 
acuerde la apertura de la liquidación por razón de ese incumplimiento el juez ordenará la 
formación de la sección sexta si no se hubiera abierto por razón del contenido del convenio 
aprobado.
2.  Si la sección sexta hubiera sido formada en su día por razón del contenido del 
convenio, en la misma resolución judicial que acuerde la apertura de la liquidación por 
razón de ese incumplimiento, el juez procederá del siguiente modo:
1.º  Si se hubiera dictado en ella sentencia de calificación o auto de archivo de la 
sección, ordenará la reapertura de esa sección, con incorporación a ella de las actuaciones 
anteriores y de la propia resolución.
2.º  Si continuara en tramitación, ordenará la formación de una pieza separada dentro 
de la sección de calificación que se hallare abierta, para su tramitación de forma autónoma  s
y conforme a las normas establecidas en este título que le sean de aplicación. oe.
Artículo 453.  Personación de acreedores. 59ww
Dentro del plazo de diez días, contado desde la última publicación que se hubiera dado
afo rlma arecsióonlu dceió pni epzoar  slae pqauraed eal,  jcuueazl qhuuiebri earcar eaecdoordr aod poe rlas orneaa pqeuretu arcar eddei tee sinat esreécsc ileógní toim lao 
podrá personarse en la sección o en la pieza separada y, en su caso, alegar por escrito
cuanto considere relevante para que la administración concursal o el Ministerio Fiscal 
puedan fundar la calificación del concurso como culpable en razón del incumplimiento del 
convenio por causa imputable al concursado.
Artículo 454.  Contenido del informe y del dictamen.
1.  En el caso de reapertura de la sección o de formación de pieza separada, el 
informe de la administración concursal y, en su caso, el dictamen del Ministerio Fiscal, se 
limitarán a determinar las causas del incumplimiento del convenio, con propuesta de 
resolución.
2.  En el caso de formación de la sección de calificación, el informe de la administración 
concursal y, en su caso, el dictamen del Ministerio Fiscal, expresarán los hechos relevantes 
para la calificación del concurso, sin la limitación a que se refiere el apartado anterior, con 
propuesta de resolución.
Sección 2.ª  De la sentencia de calificación
Artículo 455.  Sentencia de calificación.
1.  La sentencia declarará el concurso como fortuito o como culpable. Si lo calificara 
como culpable, expresará la causa o causas en que se fundamente la calificación.
2.  La sentencia que califique el concurso como culpable contendrá, además, los 
siguientes pronunciamientos:
1.º  La determinación de las personas afectadas por la calificación, así como, en su 
caso, la de las declaradas cómplices.
En caso de persona jurídica, podrán ser consideradas personas afectadas por la 
calificación los administradores o liquidadores, de derecho o de hecho, los directores 
generales y quienes, dentro de los dos años anteriores a la fecha de la declaración de 
concurso, hubieren tenido cualquiera de estas condiciones.
Si alguna de las personas afectadas lo fuera como administrador o liquidador de 
hecho, la sentencia deberá motivar específicamente la atribución de esa condición.
No tendrán la consideración de administradores de hecho los acreedores que, en 
virtud de lo pactado en el convenio tuvieran derechos especiales de información, de 
autorización de determinadas operaciones del deudor o cualesquiera otras de vigilancia o 
control sobre el cumplimiento del plan de viabilidad, salvo que se acreditara la existencia 
de alguna circunstancia de distinta naturaleza que pudiera justificar la atribución de esa 
condición.
2.º  La inhabilitación de las personas naturales afectadas por la calificación para 
administrar los bienes ajenos durante un período de dos a quince años, así como para 
representar a cualquier persona durante el mismo período.
La duración del periodo de inhabilitación se fijará por el juez atendiendo a la gravedad 
de los hechos y a la entidad del perjuicio causado a la masa activa, así como a la existencia 
de otras sentencias de calificación del concurso como culpable en los que la misma 
persona ya hubiera sido inhabilitada.
Excepcionalmente, en caso de convenio, si así lo hubiera solicitado la administración 
concursal en el informe de calificación, la sentencia podrá autorizar al inhabilitado a 
continuar al frente de la empresa o como administrador de la sociedad concursada durante 
el tiempo de cumplimiento del convenio o por periodo inferior. e
3.º  La pérdida de cualquier derecho que las personas afectadas por la calificación o  bo
declaradas cómplices tuvieran como acreedores concursales o de la masa. 59ww
ddeevuod45lo..vººre   or LL lroaaes  ccc iboobinniedddnoeee nndsaae o   aal a  dll aamessrae  ppsceeahrr ossasooc nntqivaauasse.   aainffeedccettaabddidaaassm  ppeoonrr  tlleaa   hccuaablliiffiiieccraaaccniióó onnb  oote  ddneeidccollaa drraaeddl aapssa  cctróóimmmoppnlliiiccoee dss  eaal    OE-A-2020-48able en https://
indemnizar los daños y perjuicios causados.
Artículo 456.  Condena a la cobertura del déficit.
1.  Cuando la sección de calificación hubiera sido formada o reabierta como 
consecuencia de la apertura de la fase de liquidación, el juez, en la sentencia de 
calificación, podrá condenar, con o sin solidaridad, a la cobertura, total o parcial, del déficit 
a todos o a algunos de los administradores, liquidadores, de derecho o de hecho, o 
directores generales de la persona jurídica concursada que hubieran sido declarados 
personas afectadas por la calificación en la medida que la conducta de estas personas que 
haya determinado la calificación del concurso como culpable hubiera generado o agravado 
la insolvencia.
2.  Se considera que existe déficit cuando el valor de los bienes y derechos de la 
masa activa según el inventario de la administración concursal sea inferior a la suma de 
los importes de los créditos reconocidos en la lista de acreedores.
3.  En caso de pluralidad de condenados a la cobertura del déficit, la sentencia deberá 
individualizar la cantidad a satisfacer por cada uno de ellos, de acuerdo con la participación 
en los hechos que hubieran determinado la calificación del concurso.
4.  En caso de reapertura de la sección sexta por incumplimiento del convenio, si el 
concurso hubiera sido ya calificado como culpable, el juez para fijar la condena a la 
cobertura, total o parcial, del déficit, atenderá tanto a los hechos declarados probados en 
la sentencia de calificación como a los determinantes de la reapertura.
Artículo 457.  Publicidad.
El contenido de la sentencia de calificación del concurso como culpable se inscribirá 
en el Registro público concursal.
Artículo 458.  Cumplimiento de las condenas de inhabilitación.
En el caso de que una misma persona fuera inhabilitada en dos o más concursos, el 
período de inhabilitación será la suma de cada uno de ellos.
Artículo 459.  Cese y sustitución de los inhabilitados.
1.  La firmeza de la sentencia de calificación producirá el cese automático de los 
administradores y liquidadores de la persona jurídica concursada que hubieran sido 
inhabilitados.
2.  Si el cese impidiese el funcionamiento del órgano de administración o liquidación, 
la administración concursal, aunque hubiera sido cesada, convocará junta o asamblea de 
socios para el nombramiento de quienes hayan de cubrir las vacantes de los inhabilitados. 
Los gastos de la convocatoria serán a cargo de la sociedad.
Artículo 460.  Recurso de apelación.
Quienes hubieran sido parte en la sección sexta podrán interponer recurso de 
apelación contra la sentencia de calificación.
Artículo 461.  Ejecución de la sentencia de calificación.
1.  La legitimación para solicitar la ejecución de la condena o de las condenas que 
contenga la sentencia de calificación corresponderá a la administración concursal. Los  es
acreedores que hayan instado por escrito de la administración concursal la solicitud de la  o
edsejee ncint2urt.oce  igódrTneao lr deámasnets ase lr anáss nilg a cul aemiengantitistdimeaa  aadadlec rostei svqq aupu edae errsailme  cs iooeobnnlitctceouint.ragsroala.n  sein l ae jaedcmucinióisnt rdaec ilóan s ecnotnecnucrisaa dl en oc alolif ihciaccieióren   OE-A-2020-4859able en https://www.
Artículo 462.  Regla de la no vinculación de los jueces de lo penal.
La calificación no vinculará a los jueces y tribunales del orden jurisdiccional penal que, 
en su caso, entiendan de actuaciones del deudor que pudieran ser constitutivas de delito.
Sección 3.ª  De la calificación en caso de intervención administrativa
Artículo 463.  Formación de la sección de calificación.
1.  En los casos de adopción de medidas administrativas que comporten la disolución 
y liquidación de una entidad y excluyan la posibilidad de declarar el concurso, la autoridad 
supervisora que las hubiera acordado comunicará inmediatamente la resolución al juez 
que fuera competente para la declaración de concurso de esa entidad.
2.  Una vez recibida la comunicación y, aunque la resolución administrativa no sea 
firme, el juez, de oficio o a solicitud del Ministerio Fiscal o de la autoridad administrativa, 
dictará auto acordando la formación de una sección autónoma de calificación, sin previa 
declaración de concurso.
3.  Se dará al auto la publicidad prevista en esta ley para la resolución judicial de 
apertura de la liquidación.
Artículo 464.  Especialidades de la tramitación.
1.  La sección se encabezará con la resolución administrativa que hubiere acordado 
las medidas.
2.  Los interesados podrán personarse y ser parte en la sección en el plazo de quince 
días a contar desde la publicación prevista en el artículo anterior.
3.  El informe sobre la calificación será emitido por la autoridad supervisora que 
hubiere acordado la medida de intervención, salvo que en la legislación específica se 
designe persona distinta.
TÍTULO XI
De la conclusión y de la reapertura del concurso de acreedores
CAPÍTULO I
De la conclusión del concurso
Sección 1.ª  De las causas de conclusión del concurso
Artículo 465.  Causas.
La conclusión del concurso con el archivo de las actuaciones procederá en los 
siguientes casos:
1.º  Una vez firme el auto de la Audiencia Provincial que revoque en apelación el auto 
de declaración de concurso.
2.º  Cuando de la lista definitiva de acreedores resulte la existencia de único acreedor.
3.º  Cuando se dicte auto de cumplimiento del convenio, una vez transcurrido el plazo 
de caducidad de las acciones de declaración de incumplimiento o, en su caso, rechazadas  es
por resolución judicial firme las que se hubieren ejercitado. o
4.º  Una vez liquidados los bienes y derechos de la masa activa y aplicado lo obtenido  59ww
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6.º  En cualquier estado del procedimiento, cuando se compruebe el pago o la 
consignación de la totalidad de los créditos reconocidos o la íntegra satisfacción de los 
acreedores por cualquier otro medio o que ya no existe la situación de insolvencia.
7.º  Una vez terminada la fase común del concurso, cuando quede firme la resolución 
que acepte el desistimiento o la renuncia de la totalidad de los acreedores reconocidos.
Sección 2.ª  Del régimen de conclusión del concurso
Subsección 1.ª  De la conclusión del concurso por revocación de la declaración
Artículo 466.  Revocación de la declaración de concurso.
La conclusión del concurso se acordará mediante diligencia por el Letrado de la 
Administración de Justicia, una vez conste en el juzgado la firmeza del auto de la Audiencia 
Provincial que revoque el auto de declaración de concurso.
Subsección 2.ª  De la conclusión del concurso por cumplimiento del convenio
Artículo 467.  Cumplimiento del convenio.
Una vez transcurrido el plazo de caducidad de las acciones de declaración de 
incumplimiento o, en su caso, rechazadas por resolución judicial firme las que se hubieran 
ejercitado, el juez dictará auto de conclusión del procedimiento.
Subsección 3.ª  De la conclusión del concurso por finalización de la liquidación
Artículo 468.  Presentación del informe final de liquidación.
1.  Dentro del mes siguiente a la conclusión de la liquidación de la masa activa, la 
administración concursal presentará al juez del concurso el informe final de liquidación 
solicitando la conclusión del procedimiento. Si estuviera en tramitación la sección sexta, el 
informe final se presentará en el mes siguiente a la notificación de la sentencia de 
calificación.
2.  En el informe final de liquidación, el administrador concursal expondrá las 
operaciones de liquidación que hubiera realizado y las cantidades obtenidas en cada una 
de esas operaciones, así como los pagos realizados y, en su caso, las consignaciones 
efectuadas para la satisfacción de los créditos contra la masa y de los créditos concursales.
3.  En el informe final de liquidación el administrador concursal expondrá si el deudor 
tiene la propiedad de bienes o derechos legalmente inembargables, y si en la masa activa 
existen bienes o derechos desprovistos de valor de mercado o cuyo coste de realización 
sea manifiestamente desproporcionado respecto del previsible valor venal, así como si 
existen bienes o derechos pignorado o hipotecados.
4.  El informe final se pondrá de manifiesto en la oficina judicial a todas las partes 
personadas por el plazo de quince días.
5.  La administración concursal remitirá el informe final mediante comunicación 
telemática a los acreedores de cuya dirección electrónica tenga conocimiento.
6.  Lo establecido en este artículo será de aplicación al informe justificativo de la 
procedencia de la conclusión del concurso por cualquier otra causa de conclusión del 
concurso y al escrito en el que el administrador concursal informe favorablemente la  e
solicitud de conclusión deducida por otros legitimados. bo
Artíc1u. lo S4i6 e9n.  elO pplaozsoic dióen  aau ldai ecnocniacl ucsoinócne.dido a las partes, computado desde la puesta de
manifiesto del informe final en la oficina judicial, se formulase oposición a la conclusión del
concurso, se dará a esta la tramitación del incidente concursal. Bc
2.  Si no se formulase oposición en el plazo indicado, el juez resolverá sobre la 
conclusión del procedimiento en la misma resolución que decida sobre la rendición de 
cuentas.
Subsección 4.ª  De la conclusión por insuficiencia de la masa activa simultánea 
a la declaración del concurso
Artículo 470.  Presupuestos.
El juez podrá acordar en el mismo auto de declaración de concurso la conclusión del 
procedimiento cuando aprecie de manera evidente que la masa activa presumiblemente 
será insuficiente para la satisfacción de los posibles gastos del procedimiento, y además, 
que no es previsible el ejercicio de acciones de reintegración o de responsabilidad de 
terceros ni la calificación del concurso como culpable.
Artículo 471.  Recurso contra el auto de conclusión del concurso.
Quien ostente interés legítimo podrá interponer recurso de apelación contra el 
pronunciamiento del auto por el que se hubiese decretado la conclusión del concurso.
Artículo 472.  Especialidades en caso de concurso de persona natural.
1.  Si el concursado fuera persona natural, el juez, en el mismo auto que acuerde la 
conclusión, designará un administrador concursal que deberá liquidar los bienes existentes 
y pagar los créditos contra la masa siguiendo el orden establecido en esta ley para el 
supuesto de insuficiencia de masa.
2.  Una vez comunicada al juzgado la finalización de la liquidación, el deudor, dentro 
de los quince días siguientes, podrá solicitar la exoneración del pasivo insatisfecho ante el 
juez del concurso, siendo de aplicación la tramitación, los requisitos y los efectos 
establecidos en esta ley.
Subsección 5.ª  De la conclusión por insuficiencia de la masa activa posterior al auto 
de declaración del concurso
Artículo 473.  Presupuestos de la conclusión del concurso.
1.  Durante la tramitación del concurso procederá la conclusión por insuficiencia de la 
masa activa cuando, no siendo previsible el ejercicio de acciones de reintegración o de 
responsabilidad de terceros ni la calificación del concurso como culpable, la masa activa 
no sea presumiblemente suficiente para la satisfacción de los créditos contra la masa, 
salvo que el juez considere que el pago de esos créditos está garantizado por un tercero 
de manera suficiente.
La insuficiencia de masa activa existirá aunque el concursado mantenga la propiedad 
de bienes legalmente inembargables o desprovistos de valor de mercado o cuyo coste de 
realización sería manifiestamente desproporcionado respecto de su previsible valor venal.
2.  No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, no podrá dictarse auto de 
conclusión del concurso por insuficiencia de la masa activa mientras se esté tramitando la 
sección de calificación o estén pendientes demandas de reintegración o de exigencia de 
responsabilidad de terceros, salvo que las correspondientes acciones hubiesen sido objeto  es
de cesión o fuese manifiesto que lo que se obtuviera de ellas no sería suficiente para la  o
satisfacción de los créditos contra la masa. 59www.
Artículo 474.  Informe justificativo de la administración concursal.
ley p1a. raU enl ac avseoz  dsea tiinssfeucfihcoiesn lcoisa  cdreé dmitaossa c oancttrivaa l,a l am aadsma cinoisntfroarcmióen a cl oonrdceunrs parl epvriesstoe netna reás taal   BOE-A-cable e
juez del concurso un informe con el mismo contenido establecido para el balance final de
liquidación, en el que afirmará y razonará inexcusablemente que el concurso no será 
calificado como culpable y que no existen acciones viables de reintegración de la masa 
activa ni de responsabilidad de terceros pendientes de ser ejercitadas o bien que lo que se 
pudiera obtener de las correspondientes acciones no sería suficiente para el pago de los 
créditos contra la masa, solicitando la conclusión del procedimiento.
2.  La administración concursal remitirá el informe justificativo mediante comunicación 
telemática a los acreedores de cuya dirección electrónica tenga conocimiento.
3.  El informe final se pondrá de manifiesto en la oficina judicial a todas las partes 
personadas por el plazo de quince días.
Artículo 475.  Oposición a la conclusión.
1.  Si en el plazo de audiencia concedido a las partes, computado desde la puesta de 
manifiesto del informe de la administración concursal en la oficina judicial, se formulase 
oposición a la conclusión del concurso, se dará a esta la tramitación del incidente 
concursal.
2.  Si no se formulase oposición en el plazo indicado, el juez resolverá sobre la 
conclusión por insuficiencia de masa en la misma resolución que decida sobre la rendición 
de cuentas.
Artículo 476.  Solicitud de continuación del concurso.
1.  Hasta la fecha en que se dicte el auto de conclusión del concurso, los acreedores 
y cualquier otro legitimado podrán solicitar la continuación del concurso siempre que 
justifiquen la existencia de indicios suficientes para considerar que pueden ejercitarse 
determinadas acciones de reintegración o aporten por escrito hechos relevantes que 
pudieran conducir a la calificación de concurso culpable y la constitución de depósito o la 
consignación en el juzgado de una cantidad suficiente para la satisfacción de los previsibles 
créditos contra la masa. El depósito o consignación podrá hacerse también mediante aval 
solidario de duración indefinida, pagadero a primer requerimiento, emitido por entidad de 
crédito o sociedad de garantía recíproca, o por cualquier otro medio que, a juicio del 
tribunal, garantice la inmediata disponibilidad de la cantidad.
2.  El Letrado de la Administración de Justicia admitirá a trámite la solicitud si cumple 
las condiciones de tiempo y contenido establecidas en esta ley. Si entiende que no 
concurren las condiciones o que no se han subsanado, dará cuenta al juez para que dicte 
auto aceptando o denegando la solicitud.
3.  Si continuase el concurso, el instante estará legitimado para el ejercicio de las 
acciones de reintegración que hubiere identificado en la solicitud, estando en cuanto a las 
costas y gastos a lo establecido en esta ley para el ejercicio subsidiario de acciones por 
los acreedores.
Subsección 6.ª  De la conclusión del concurso por satisfacción de los acreedores, 
por desistimiento o por renuncia
Artículo 477.  Conclusión por satisfacción a los acreedores, desistimiento o renuncia.
1.  El concursado, la administración concursal o cualquiera de los acreedores podrá 
alegar como causa de conclusión del concurso el pago o la consignación de la totalidad de 
los créditos reconocidos o la íntegra satisfacción de los acreedores por cualquier otro  es
medio, así como, una vez terminada la fase común del concurso, la firmeza de la resolución  bo
que acepte el desistimiento o la renuncia de la totalidad de los acreedores reconocidos. La  59ww
seseon lcliecu2 ie.td unadtrCrá eud  teaerann s dctlrooaa ndlmaco il studaoseclii ióclóainnt us  lddoa le discle eit ccucocdoin nópccnaul ursrasse ioxqót unade .ne oe  malaci trfaoe reinmdfouorlreme slea   eppnoro deprliá ap  laapdzremos idneeins tqtaruariscniecó ena  dcuíonanqscu, ueern ss aeel,l    OE-A-2020-48able en https://
cual podrá oponerse a la conclusión de concurso.
3.  Presentado el informe por la administración concursal o solicitada por esta la 
conclusión, el Letrado de la Administración de Justicia dará traslado a las demás partes 
personadas para que en el plazo de quince días puedan formular oposición a la solicitud 
de conclusión.
4.  Si no se formula oposición, el juez resolverá sobre la conclusión del concurso en 
la misma resolución que decida sobre la rendición de cuentas. De formularse oposición a 
la conclusión de concurso, se le dará la tramitación del incidente concursal.
5.  La conclusión del concurso no impedirá la continuación de la tramitación de la 
sección sexta ni la ejecución por la administración concursal de los pronunciamientos de 
la sentencia de calificación.
Sección 3.ª  De la rendición de cuentas
Artículo 478.  Rendición de cuentas.
1.  Con el informe final de liquidación, con el informe justificativo de la procedencia de 
la conclusión del concurso por cualquier otra causa de conclusión del concurso o con el 
escrito en el que informe favorablemente la solicitud de conclusión deducida por otros 
legitimados, el administrador concursal presentará escrito de rendición de cuentas.
2.  En el escrito de rendición de cuentas, justificará cumplidamente el administrador 
concursal la utilización que haya hecho de las facultades conferidas; y detallará la 
retribución que le hubiera sido fijada por el juez para cada fase del concurso, especificando 
las cantidades percibidas, incluidas las complementarias, así como las fechas de cada una 
de esas percepciones, y expresará los pagos del auxiliar o auxiliares delegados, si 
hubieran sido nombrados, así como los de cualesquiera expertos, tasadores y entidades 
especializadas que hubiera contratado, con cargo a la retribución del propio administrador 
concursal. Asimismo, precisará el número de trabajadores asignados por la administración 
concursal al concurso y el número total de horas dedicadas por el conjunto de estos 
trabajadores al concurso.
3.  El Letrado de la Administración de Justicia remitirá el escrito de rendición de 
cuentas al Registro público concursal.
Artículo 479.  Oposición y resolución.
1.  Dentro del plazo de audiencia para formular oposición a la conclusión del concurso, 
tanto el concursado como los acreedores podrán formular oposición razonada a la 
aprobación de las cuentas.
2.  Si no se formulase oposición a las cuentas ni a la conclusión del concurso, el juez 
mediante auto decidirá sobre la conclusión de concurso, y de acordarse esta, declarará 
aprobadas las cuentas.
3.  Si solo se formulase oposición a las cuentas, esta se sustanciará por los trámites 
del incidente concursal y en la sentencia que ponga fin a este incidente se resolverá sobre 
esta y se decidirá sobre la conclusión del concurso.
4.  Si la oposición solo afecta a la conclusión de concurso, el juez aprobará las 
cuentas en la sentencia que decida sobre la conclusión, en el caso de que esta sea 
acordada.
5.  Si se formulase oposición a la aprobación de las cuentas y también a la conclusión 
del concurso, ambas se sustanciarán en el mismo incidente y se resolverán en la misma 
sentencia. e.
6.  A la sección segunda se unirá un testimonio de la resolución que decida sobre la  w.b
rendición de cuentas. 59ww
Artículo 480.  Efectos de la aprobación o desaprobación de las cuentas.
1.  La desaprobación de las cuentas comportará la inhabilitación temporal del
administrador o administradores concursales para ser nombrados en otros concursos
durante un período que determinará el juez en la sentencia de desaprobación y que no 
podrá ser inferior a seis meses ni superior a dos años.
2.  La aprobación o la desaprobación de las cuentas no prejuzga la procedencia o 
improcedencia de la acción de responsabilidad de los administradores concursales.
Sección 4.ª  De los recursos y de la publicidad
Artículo 481.  Recursos.
1.  Contra el auto que acuerde la conclusión del concurso no cabrá recurso alguno y 
contra el que la deniegue podrá interponerse recurso de apelación.
2.  Contra la sentencia que resuelva la oposición a la conclusión del concurso, cabrán 
los recursos previstos en esta ley para las sentencias dictadas en incidentes concursales.
Artículo 482.  Publicidad.
La resolución que acuerde la conclusión del procedimiento se notificará a las mismas 
personas a las que se hubiera notificado el auto de declaración de concurso, publicándose 
en el Registro público concursal y, por medio de edicto, en el «Boletín Oficial del Estado»,
Sección 5.ª  De los efectos de la conclusión del concurso
Artículo 483.  Efectos generales.
En los casos de conclusión del concurso, cesarán las limitaciones sobre las facultades 
de administración y de disposición del concursado, salvo las que se contengan en la 
sentencia de calificación, y cesará la administración concursal, ordenando el juez el 
archivo de las actuaciones, sin más excepciones que las establecidas en esta ley.
Artículo 484.  Efectos específicos en caso de concurso de persona natural.
1.  En caso de conclusión del concurso por liquidación o insuficiencia de masa activa, 
el deudor persona natural quedará responsable del pago de los créditos insatisfechos, 
salvo que obtenga el beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho.
2.  Los acreedores podrán iniciar ejecuciones singulares, en tanto no se acuerde la 
reapertura del concurso o no se declare nuevo concurso. Para tales ejecuciones, la 
inclusión de su crédito en la lista definitiva de acreedores se equipara a una sentencia 
firme de condena.
Artículo 485.  Efectos específicos en caso de concurso de persona jurídica.
La resolución judicial que declare la conclusión del concurso por liquidación o por 
insuficiencia de la masa activa del concursado persona jurídica acordará la extinción de la 
persona jurídica concursada y dispondrá la cancelación de su inscripción en los registros 
públicos que corresponda, a cuyo efecto se expedirá mandamiento conteniendo testimonio 
de la resolución firme.
CAPÍTULO II
Del beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho e.
Sección 1.ª  Del ámbito de aplicación 59ww
Artículo 486.  Ámbito de aplicación.
Si la causa de conclusión del concurso fuera la finalización de la fase de liquidación de
la masa activa o la insuficiencia de esa masa para satisfacer los créditos contra la masa,  Bc
el deudor persona natural podrá solicitar el beneficio de la exoneración del pasivo 
insatisfecho.
Sección 2.ª  Del régimen general
Subsección 1.ª  De los presupuestos de la exoneración
Artículo 487.  Presupuesto subjetivo.
1.  Solo podrá solicitar el beneficio de exoneración de responsabilidad el deudor 
persona natural que sea de buena fe.
2.  A estos efectos, se considera que el deudor es de buena fe cuando reúna los dos 
siguientes requisitos:
1.º  Que el concurso no haya sido declarado culpable. No obstante, si el concurso 
hubiera sido declarado culpable por haber incumplido el deudor el deber de solicitar 
oportunamente la declaración de concurso, el juez podrá conceder el beneficio atendiendo 
a las circunstancias en que se hubiera producido el retraso.
2.º  Que el deudor no haya sido condenado en sentencia firme por delitos contra el 
patrimonio, contra el orden socioeconómico, de falsedad documental, contra la Hacienda 
Pública y la Seguridad Social o contra los derechos de los trabajadores en los diez años 
anteriores a la declaración de concurso. Si existiera un proceso penal pendiente, el juez 
del concurso deberá suspender la decisión respecto a la exoneración del pasivo 
insatisfecho hasta que recaiga resolución judicial firme.
Artículo 488.  Presupuesto objetivo.
1.  Para la obtención del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho será preciso 
que en el concurso de acreedores se hubieran satisfecho en su integridad los créditos 
contra la masa y los créditos concursales privilegiados y, si reuniera los requisitos para 
poder hacerlo, que el deudor hubiera celebrado o, al menos, intentado celebrar un acuerdo 
extrajudicial de pagos con los acreedores.
2.  Si el deudor que reuniera los requisitos para poder hacerlo no hubiera intentado un 
acuerdo extrajudicial de pagos previo, podrá obtener ese beneficio si en el concurso de 
acreedores se hubieran satisfecho, además de los créditos contra la masa y los créditos 
privilegiados, al menos, el veinticinco por ciento del importe de los créditos concursales 
ordinarios.
Subsección 2.ª  De la solicitud de exoneración y de la concesión del beneficio
Artículo 489.  Solicitud de exoneración.
1.  El deudor deberá presentar ante el juez del concurso la solicitud de exoneración 
del pasivo insatisfecho dentro del plazo de audiencia concedido a las partes para formular 
oposición a la solicitud de conclusión del concurso.
2.  En la solicitud el deudor justificará la concurrencia de los presupuestos y requisitos 
establecidos en los artículos anteriores.
3.  El Letrado de la Administración de Justicia dará traslado de la solicitud del deudor 
a la administración concursal y a los acreedores personados para que dentro del plazo de  s
cinco días aleguen cuanto estimen oportuno en relación a la concesión del beneficio. e.
4.  Presentadas las alegaciones o transcurrido el plazo a que se refiere el apartado  w.
anterior, el Letrado de la Administración de Justicia dará traslado al deudor de los escritos  59ww
qmuaen isfiee shteu bsiie mraann tpiernees elan tsaodlioc itau dfi nin idceia lq ou esi,,  ddeesnitsrtoie dnedlo  pdlealz roé gqiumee na ll eegfeacl gtoe nlee rcaol npcaerad ala, 
enxoo mnearnaicfeiósnta, roap tlao  pcoorn etrxaorinoe, rsaeci óenn tmeneddeiarnát eq ulae a eplr odbeaucdioórn  mjuadnictiiaeln dee l au ns pollaicnit udde  pinaicgioasl..  SSii   BOE-A-cable e
optara por esta posibilidad, deberá acompañar propuesta de plan de pagos, tramitándose 
la solicitud conforme a lo establecido en la sección siguiente.
Artículo 490.  Resolución sobre la solicitud.
1.  Si la administración concursal y los acreedores personados mostraran conformidad 
a la solicitud del deudor que hubiera mantenido la solicitud inicial o no se opusieran a ella 
dentro del plazo legal, el juez del concurso, previa verificación de la concurrencia de los 
presupuestos y requisitos establecidos en esta ley, concederá el beneficio de la 
exoneración del pasivo insatisfecho en la resolución en la que declare la conclusión del 
concurso.
2.  La oposición solo podrá fundarse en la falta de alguno de los presupuestos y 
requisitos establecidos en esta ley. La oposición se sustanciará por el trámite el incidente 
concursal.
3.  No podrá dictarse auto de conclusión del concurso hasta que gane firmeza la 
resolución que recaiga en el incidente concediendo o denegando el beneficio solicitado.
Subsección 3.ª  De la extensión de la exoneración
Artículo 491.  Extensión de la exoneración.
1.  Si se hubieran satisfecho en su integridad los créditos contra la masa y los créditos 
concursales privilegiados y, si el deudor que reuniera los requisitos para poder hacerlo, 
hubiera intentado un previo acuerdo extrajudicial de pagos, el beneficio de la exoneración 
del pasivo insatisfecho se extenderá a la totalidad de los créditos insatisfechos, 
exceptuando los créditos de derecho público y por alimentos.
2.  Si el deudor que reuniera los requisitos para poder hacerlo no hubiera intentado un 
previo acuerdo extrajudicial de pagos, el beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho 
se extenderá al setenta y cinco por ciento de los créditos ordinarios y a la totalidad de los 
subordinados.
Subsección 4.ª  De la revocación de la exoneración
Artículo 492.  Revocación de la concesión de la exoneración.
1.  Cualquier acreedor concursal estará legitimado para solicitar del juez del concurso 
la revocación de la concesión del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho si, 
durante los cinco años siguientes a su concesión, se constatase que el deudor ha ocultado 
la existencia de bienes o derechos o de ingresos, salvo que fueran inembargables según 
la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
2.  La solicitud de revocación se tramitará conforme a lo establecido para el juicio 
verbal.
3.  En caso de que el juez acuerde la revocación del beneficio, los acreedores 
recuperarán la plenitud de sus acciones frente al deudor para hacer efectivos los créditos 
no satisfechos a la conclusión del concurso.
Sección 3.ª  Del régimen especial de exoneración por la aprobación de un plan de pagos
Artículo 493.  Presupuesto objetivo especial. e.e
Aunque el deudor de buena fe no reuniera el presupuesto objetivo establecido para el  59ww
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1.º  No haber rechazado dentro de los cuatro años anteriores a la declaración de  Bc
concurso una oferta de empleo adecuada a su capacidad.
2.º  No haber incumplido los deberes de colaboración y de información respecto del 
juez del concurso y de la administración concursal.
3.º  No haber obtenido el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho dentro de 
los diez últimos años.
Artículo 494.  Solicitud de exoneración.
En la solicitud de exoneración del pasivo insatisfecho, el deudor deberá aceptar de 
forma expresa someterse al plan de pagos que resulte aprobado por el juez y que la 
concesión de este beneficio se haga constar en el Registro público concursal durante un 
plazo de cinco años.
Artículo 495.  Propuesta de plan de pagos.
1.  A la solicitud de exoneración del pasivo insatisfecho acompañará el deudor una 
propuesta de plan de pagos de los créditos contra la masa, de los créditos concursales 
privilegiados, de los créditos por alimentos y de la parte de los créditos ordinarios que 
incluya el plan. Respecto a los créditos de derecho público, la tramitación de las solicitudes 
de aplazamiento o fraccionamiento se regirá por su normativa específica.
2.  En la propuesta de plan de pagos deberá incluir expresamente el deudor el 
calendario de pagos de los créditos que, según esa propuesta, no queden exonerados. El 
pago de estos créditos deberá realizarse dentro de los cinco años siguientes a la 
conclusión del concurso, salvo que tengan un vencimiento posterior.
3.  Los créditos incluidos en la propuesta de plan de pagos no podrán devengar 
interés.
Artículo 496.  Aprobación del plan de pagos.
1.  El Letrado de la Administración de Justicia dará traslado de la solicitud y de la 
propuesta de plan de pagos presentadas por el deudor a la administración concursal y a 
los acreedores personados por un plazo de diez días, para que puedan alegar cuanto 
estimen oportuno en relación con la concesión del beneficio.
2.  Presentadas las alegaciones o transcurrido el plazo a que se refiere el apartado 
anterior, el Letrado de la Administración de Justicia dará traslado al deudor de los escritos 
que se hubieran presentado a fin de que, dentro del plazo que al efecto le conceda, 
manifieste si mantiene el plan de pagos o lo modifica atendiendo en todo o en parte a lo 
alegado.
3.  Elevadas las actuaciones, el juez del concurso, en la misma resolución en la que 
declare la conclusión del concurso, previa verificación de la concurrencia de los 
presupuestos y de los requisitos establecidos en esta ley, concederá provisionalmente el 
beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho y aprobará el plan de pagos en los 
términos de la propuesta o con las modificaciones que estime oportunas, sin que en ningún 
caso el periodo de cumplimiento pueda ser superior a cinco años.
Artículo 497.  Extensión de la exoneración en caso de plan de pagos.
1.  El beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho concedido a los deudores 
que hubiesen aceptado someterse al plan de pagos se extenderá a la parte que, conforme 
a este, vaya a quedar insatisfecha, de los siguientes créditos:
1.º  Los créditos ordinarios y subordinados pendientes a la fecha de conclusión del  b
concurso, aunque no hubieran sido comunicados, exceptuando los créditos de derecho  59ww
públ2ic.ºo  yR peosr paelicmtoe nat oloss. créditos con privilegio especial, el importe de los mismos que no
hgoazyaar  pdoed pidroiv isleagtiisof agceenresrea lc.on la ejecución de la garantía, salvo en la parte que pudiera
2.  Las solicitudes de aplazamiento o de fraccionamiento del pago de los créditos de 
derecho público se regirán por lo dispuesto en su normativa específica.
Artículo 498.  Revocación de la concesión de la exoneración en caso de plan de pagos.
Además de la solicitud de revocación en caso de ocultación por el deudor de la 
existencia de bienes o derechos o de ingresos, cualquier acreedor concursal, durante el 
plazo fijado para el cumplimiento del plan de pagos, estará legitimado para solicitar del 
juez del concurso la revocación de la concesión provisional del beneficio de exoneración 
del pasivo insatisfecho en los siguientes casos:
1.º  Si el deudor incumpliere el plan de pagos.
2.º  Si mejorase sustancialmente la situación económica del deudor por causa de 
herencia, legado o donación, o por juego de suerte, envite o azar, de manera que, sin 
detrimento de la obligación de satisfacer alimentos, pudiera pagar todos los créditos 
exonerados.
3.º  Si el deudor incurriese en causa que hubiera impedido la concesión del beneficio 
por falta de los requisitos establecidos para poder ser considerado deudor de buena fe.
Artículo 499.  Exoneración definitiva.
1.  Transcurrido el plazo fijado para el cumplimiento del plan de pagos sin que se haya 
revocado el beneficio, el juez del concurso, a petición del deudor, dictará auto concediendo 
la exoneración definitiva del pasivo insatisfecho en el concurso.
2.  Aunque el deudor no hubiese cumplido en su integridad el plan de pagos, el juez, 
previa audiencia de los acreedores, atendiendo a las circunstancias del caso, podrá 
conceder la exoneración definitiva del pasivo insatisfecho del deudor que no hubiese 
cumplido en su integridad el plan de pagos pero hubiese destinado a su cumplimiento, al 
menos, la mitad de los ingresos percibidos durante el plazo de cinco años desde la 
concesión provisional del beneficio que no tuviesen la consideración de inembargables o 
la cuarta parte de dichos ingresos cuando concurriesen en el deudor las circunstancias 
previstas en el artículo 3.1, letras a) y b), del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de 
medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, respecto a los 
ingresos de la unidad familiar y circunstancias familiares de especial vulnerabilidad.
A los efectos de este artículo, se entiende por ingresos inembargables los previstos en 
el artículo 1 del Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores 
hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas con empresas y 
autónomos contraídas por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e 
impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa.
3.  La resolución por la que se conceda la exoneración definitiva del pasivo 
insatisfecho se publicará en el Registro público concursal.
4.  Contra esta resolución no cabrá recurso alguno.
Sección 4.ª  De los efectos comunes de la exoneración
Artículo 500.  Efectos de la exoneración sobre los acreedores.
Los acreedores cuyos créditos se extingan por razón de la exoneración no podrán 
iniciar ningún tipo de acción frente al deudor para el cobro de los mismos. s
Artículo 501.  Efectos de la exoneración respecto de los bienes conyugales comunes. w.
gana1n. ciaSlie se lo r écguiamlqeunie re cootrnoó dmeic coo mdeuln midaadtr idmeo nbiieon eels ,d leau edxoor nfeurearcai óenl  bdeen esfoicciiaerdáa ad  ldoes 
bloise nqeuse  cdoembiuenraens  rreessppoencdtoe rd ees looss  bcireéndeitso,s a aunntqeureio erel so taro l ac ódneyculagrea cnioó nh udbeie croan sciduors doe fcrelanrtaed ao 
en concurso.
2.  La misma regla será de aplicación a los bienes de la sociedad o comunidad 
conyugal ya disuelta en tanto no haya sido liquidada.
3.  Queda a salvo la facultad de los acreedores de dirigirse contra el patrimonio 
privativo del cónyuge del deudor por sus deudas propias en tanto no haya obtenido este el 
beneficio de la exoneración del pasivo.
Artículo 502.  Efectos de la exoneración sobre los obligados solidarios y sobre fiadores.
La exoneración no afectará a los derechos de los acreedores frente a los obligados 
solidariamente con el deudor y frente a sus fiadores o avalistas, quienes no podrán invocar 
el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho obtenido por el deudor ni subrogarse 
por el pago posterior a la liquidación en los derechos que el acreedor tuviese contra aquel, 
salvo que se revocase la exoneración concedida.
CAPÍTULO III
De la reapertura del concurso
Artículo 503.  Reapertura del concurso.
En los casos en los que proceda, la reapertura del concurso será declarada por el 
mismo juzgado que hubiera conocido del procedimiento y se tramitará en los mismos 
autos.
Artículo 504.  Reapertura del concurso del deudor persona natural.
1.  La reapertura del concurso del deudor persona natural solo podrá tener lugar 
dentro de los cinco años siguientes a la conclusión por liquidación o insuficiencia de la 
masa activa.
2.  La declaración de concurso de deudor persona natural después de los cinco años 
siguientes a la conclusión de otro por liquidación o insuficiencia de la masa activa tendrá 
la consideración de nuevo concurso.
Artículo 505.  Reapertura del concurso concluido por deudor persona jurídica.
1.  La reapertura del concurso del deudor persona jurídica por liquidación o por 
insuficiencia de la masa activa solo podrá tener lugar cuando, después de la conclusión, 
aparezcan nuevos bienes.
2.  En el año siguiente a la fecha de la conclusión del concurso por liquidación o por 
insuficiencia de la masa activa, cualquiera de los acreedores insatisfechos podrá solicitar 
la reapertura del concurso. En la solicitud de reapertura deberán expresarse las concretas 
acciones de reintegración que deban ejercitarse o, en su caso, exponerse aquellos hechos 
relevantes que pudieran conducir a la calificación de concurso como culpable, salvo que, 
en el concurso concluido, ya se hubiera calificado el concurso como culpable.
3.  En la resolución judicial por la que se acuerde la reapertura del concurso, el juez 
ordenará la liquidación de los bienes y derechos aparecidos con posterioridad a la 
conclusión.
Artículo 506.  Publicidad.
1.  A la reapertura del concurso se le dará la misma publicidad que la que se hubiera  bo
dado a la declaración de concurso. 59ww
seDene  cal2race.u  tfeoor Erd1mne7 a 8cla 4ap /sr1reoe9a v9dpi6ese, tr ratdeu earea p1n ee9 rel  tdjluu erRea jzeu  dgolieorladl. mceonenancrtauo rl sado re edl aeRp peeergtruissrotarno da em j ulaer írhdcoiacjnaat ,ri lee, gnai septlrr oapblr odapedi oola   apcuootrno c eeuln rsR qaeudaeal    OE-A-2020-48able en https://
Artículo 507.  Inventario y lista de acreedores en caso de reapertura.
1.  Los textos definitivos del inventario y de la lista de acreedores se actualizarán por 
la administración concursal en el plazo de dos meses.
2.  La actualización se limitará, en cuanto al inventario, a suprimir de la relación los 
bienes y derechos aquellos que hubiesen salido del patrimonio del deudor, a corregir la 
valoración de los subsistentes y a incorporar y valorar los que hubiesen aparecido con 
posterioridad; y, en cuanto a la lista de acreedores, a indicar la cuantía actual y demás 
modificaciones acaecidas respecto de los créditos subsistentes y a incorporar a la relación 
los créditos posteriores.
3.  La actualización se realizará y aprobará de conformidad con lo dispuesto en los 
títulos IV y V del libro I de esta ley para la determinación de la masa activa y pasiva.
4.  La publicidad del informe de la administración concursal y de los documentos 
actualizados y la impugnación de estos se regirán por lo dispuesto en los capítulos I y II del 
título VI del libro I de esta ley. El juez rechazará de oficio y sin ulterior recurso aquellas 
pretensiones que no se refieran estrictamente a las cuestiones objeto de actualización.
TÍTULO XII
De las normas procesales generales, del procedimiento abreviado, del incidente 
concursal y del sistema de recursos
CAPÍTULO I
De la tramitación del procedimiento
Artículo 508.  Secciones.
El procedimiento de concurso se dividirá en las siguientes secciones, ordenándose las 
actuaciones de cada una de ellas en cuantas piezas separadas sean necesarias o 
convenientes:
1.º  La sección primera comprenderá lo relativo a la declaración de concurso, a las 
medidas cautelares, a la resolución final de la fase común, a la conclusión y, en su caso, a 
la reapertura del concurso.
2.º  La sección segunda comprenderá todo lo relativo a la administración concursal 
del concurso, al nombramiento y al estatuto de los administradores concursales, a la 
determinación de sus facultades y a su ejercicio, a la rendición de cuentas y, en su caso, 
a la responsabilidad de los administradores concursales. En esta sección se incluirá el 
informe de la administración concursal con los documentos que se acompañen y, en su 
caso, los textos definitivos.
3.º  La sección tercera comprenderá lo relativo a la determinación de la masa activa, 
a las autorizaciones para la enajenación de bienes y derechos de la masa activa, a la 
sustanciación, decisión y ejecución de las acciones de reintegración y de reducción y a los 
créditos contra la masa.
4.º  La sección cuarta comprenderá lo relativo a la determinación de la masa pasiva, 
a la comunicación, reconocimiento, graduación y clasificación de los créditos concursales 
y al pago de los acreedores. En esta sección se incluirán también, en pieza separada, los 
juicios declarativos que se hubieran acumulado al concurso de acreedores y las  s
ejecuciones que se inicien o se reanuden contra el concursado. oe.
5.º  La sección quinta comprenderá lo relativo al convenio, sea anticipado o de  w.
terfaemc6tiot.aºs c.ióLna  osredcincaiórnia ,s ye xat ala c loiqmupidraecnidóenr.á lo relativo a la calificación del concurso y a sus  2020-4859n https://ww
Artículo 509.  Partes necesarias.
En todas las secciones del concurso serán reconocidos como parte, sin necesidad de 
comparecencia en forma, el deudor y la administración concursal. En la sección sexta será 
parte, además, el Ministerio Fiscal.
Artículo 510.  Representación y defensa del deudor.
El concursado actuará siempre representado por procurador y asistido de letrado.
Artículo 511.  Actuación de la administración concursal.
La administración concursal será oída siempre sin necesidad de comparecencia en 
forma, pero cuando intervenga en incidentes o recursos deberá hacerlo asistida de letrado. 
Cuando el nombrado administrador concursal o el auxiliar delegado tengan la condición de 
letrado, la dirección técnica de estos incidentes y recursos se entenderá incluida en las 
funciones de la administración concursal o del auxiliar delegado.
Artículo 512.  Representación y defensa de los acreedores y demás legitimados.
1.  Los acreedores y los demás legitimados para solicitar la declaración de concurso 
actuarán representados por procurador y asistidos por letrado para solicitar esa declaración 
y para comparecer en el procedimiento, así como para interponer recursos, plantear 
incidentes o impugnar actos de administración.
2.  Los acreedores y los demás legitimados para solicitar la declaración de concurso 
podrán comunicar créditos y formular alegaciones, así como asistir e intervenir en la junta 
de acreedores sin necesidad de comparecer en forma.
Los acreedores no comparecidos en forma podrán solicitar del juzgado el examen de 
aquellos documentos o informes que consten en autos sobre sus respectivos créditos, 
acudiendo para ello a la oficina judicial personalmente o por medio de letrado o procurador 
que los represente, quienes para dicho trámite no estarán obligados a personarse.
3.  Cualesquiera otros que tengan interés legítimo en el concurso podrán comparecer 
siempre que lo hagan representados por procurador y asistidos de letrado.
Artículo 513.  Representación y defensa de las Administraciones públicas y de los 
trabajadores.
1.  Lo dispuesto en los artículos anteriores se entenderá sin perjuicio de lo establecido 
para las Administraciones públicas en la normativa procesal específica.
2.  Lo dispuesto en los artículos anteriores se entenderá sin perjuicio de lo establecido 
para la representación y defensa de los trabajadores en la Ley reguladora de la jurisdicción 
social, incluidas las facultades atribuidas a los graduados sociales y a los sindicatos para 
el ejercicio de cuantas acciones y recursos sean precisos en el proceso concursal para la 
efectividad de los créditos y derechos laborales.
Artículo 514.  Condición de parte del Fondo de Garantía Salarial.
El Fondo de Garantía Salarial será parte del procedimiento siempre que deba abonar 
salarios e indemnizaciones a los trabajadores, sea en concepto de créditos contra la masa 
o de créditos concursales. es
Artículo 515.  Sustanciación de oficio. w.
el prDoeccelsaora.do el concurso, el Letrado de la Administración de Justicia impulsará de oficio
Artículo 516.  Plazos para proveer.
Cuando la ley no fije plazo para dictar una resolución, deberá dictarse sin dilación.
Artículo 517.  Extensión de facultades del juez del concurso.
1.  El juez podrá habilitar los días y horas necesarios para la práctica de las diligencias 
que considere urgentes en beneficio del concurso. El Letrado de la Administración de 
Justicia podrá habilitar los días y horas necesarios para la práctica de aquellas actuaciones 
procesales por él ordenadas o de las que tuvieran como finalidad dar cumplimiento a las 
resoluciones dictadas por el juez.
2.  El juez podrá realizar actuaciones de prueba fuera del ámbito de su competencia 
territorial, poniéndolo previamente en conocimiento del juez competente, cuando no se 
perjudique la competencia del juez correspondiente y venga justificado por razones de 
economía procesal.
Artículo 518.  Autorizaciones judiciales.
1.  En los casos en que la ley establezca la necesidad de obtener autorización del 
juez o los administradores concursales la consideren conveniente, la solicitud se formulará 
por escrito.
2.  De la solicitud presentada se dará traslado a todas las partes que deban ser oídas 
respecto de su objeto, concediéndoles para alegaciones plazo de igual duración no inferior 
a tres días ni superior a diez, atendidas la complejidad e importancia de la cuestión.
3.  El juez resolverá sobre la solicitud mediante auto dentro de los cinco días 
siguientes al último vencimiento.
4.  Contra el auto que conceda o deniegue la autorización solicitada no cabrá más 
recurso que el de reposición.
Artículo 519.  Prejudicialidad penal.
La incoación de procedimientos criminales relacionados con el deudor o por hechos 
que tuvieran relación o influencia en el concurso de acreedores no provocará la suspensión 
de la tramitación de este, ni de ninguna de las secciones en que se divide.
Artículo 520.  Medidas cautelares a solicitud de jueces o tribunales del orden jurisdiccional 
penal.
1.  Admitida a trámite querella o denuncia criminal contra el deudor o por hechos que 
tuvieran relación o influencia en el concurso, será competencia exclusiva del juez del 
concurso, adoptar, a solicitud del juez o tribunal del orden jurisdiccional penal, cualquier 
medida cautelar de carácter patrimonial que afecte a la masa activa, incluidas las de 
retención de pagos a los acreedores inculpados en procedimientos criminales u otras 
análogas.
2.  Las medidas cautelares acordadas en ningún caso deben impedir continuar la 
tramitación del procedimiento concursal, y se acordarán del modo más conveniente para 
garantizar la ejecución de los pronunciamientos patrimoniales de la eventual condena 
penal.
3.  Las medidas cautelares acordadas no podrán alterar o modificar la clasificación de 
los créditos concursales, ni las preferencias de pagos establecida en esta ley. e.e
Artículo 521.  Derecho procesal supletorio. 59ww
enerEon,  dloe  nEon pjuriecviaismtoie ennto e Cstiav ill.ey será de aplicación lo dispuesto en la Ley 1/2000, de 7 de  OE-A-2020-48able en https://
CAPÍTULO II
Del procedimiento abreviado
Sección 1.ª  De la aplicación del procedimiento abreviado
Artículo 522.  Aplicación facultativa del procedimiento abreviado.
1.  El juez podrá aplicar el procedimiento abreviado cuando, a la vista de la información 
disponible, considere que el concurso no reviste especial complejidad, atendiendo a las 
siguientes circunstancias:
1.º  Que la lista presentada por el deudor incluya menos de cincuenta acreedores.
2.º  Que la estimación inicial del pasivo no supere los cinco millones de euros.
3.º  Que la valoración de los bienes y derechos no alcance los cinco millones de 
euros.
Cuando el deudor sea una persona natural el juez valorará especialmente si es 
administrador de alguna persona jurídica o si responde o es garante de deudas ajenas.
2.  El juez podrá también aplicar el procedimiento abreviado cuando el deudor 
presente propuesta anticipada de convenio o una propuesta de convenio, aunque no sea 
anticipada, que incluya una modificación estructural por la que se transmita íntegramente 
su activo y su pasivo.
Artículo 523.  Aplicación obligatoria del procedimiento abreviado.
El juez aplicará necesariamente el procedimiento abreviado cuando el deudor hubiera 
cesado completamente en su actividad y no tuviera en vigor contratos de trabajo o cuando 
el deudor presente, junto con la solicitud de concurso, un plan de liquidación que contenga 
una propuesta escrita vinculante de adquisición de la unidad productiva en funcionamiento.
Artículo 524.  Transformación del procedimiento.
En cualquier momento, el juez, de oficio o a requerimiento del deudor, de la 
administración concursal o de cualquier acreedor, a la vista de la modificación de las 
circunstancias previstas en los artículos anteriores y atendiendo a la mayor o menor 
complejidad del concurso, podrá transformar un procedimiento abreviado en ordinario o un 
procedimiento ordinario en abreviado.
Sección 2.ª  De las especialidades del procedimiento abreviado
Artículo 525.  Reducción de los plazos para las actuaciones de la administración 
concursal.
1.  La administración concursal deberá presentar el inventario de bienes y derechos 
de la masa activa dentro de los quince días siguientes a la aceptación del cargo.
2.  La administración concursal practicará la comunicación del proyecto de inventario 
y de la lista de acreedores al deudor y a los acreedores, al menos, cinco días antes de la 
presentación de la lista de acreedores.
3.  La administración concursal deberá presentar su informe en el plazo de un mes, 
contado a partir de la aceptación del cargo. Cuando concurra causa justificada, el  e.
administrador concursal podrá solicitar al juez una prórroga, que en ningún caso excederá  w.
de quince días. 59ww
Artículo 526.  Tramitación de las impugnaciones.
1.  El Letrado de la Administración de Justicia formará pieza separada en la que se 
tramitará lo relativo a las impugnaciones del inventario y de la lista de acreedores, y, al día 
siguiente, sin incoar incidente, dará traslado de las mismas a la administración concursal.
2.  En el plazo de diez días, la administración concursal comunicará al juzgado si 
acepta la pretensión, incorporándola a los textos definitivos, o si se opone formalmente a 
la misma, proponiendo a su vez la prueba que considere pertinente.
3.  Contestada la demanda o transcurrido el plazo para ello, el proceso continuará 
conforme a los trámites del incidente concursal.
4.  Si hubiera más de una impugnación, se acumularán de modo que se celebre, de 
ser preciso, una sola vista y se resuelvan en la misma sentencia.
5.  La administración concursal deberá informar de inmediato al juez de la incidencia 
de las impugnaciones sobre el quórum y las mayorías necesarias para aprobar el convenio.
Artículo 527.  Plazo para la presentación ordinaria de propuesta de convenio.
1.  El plazo para la presentación ordinaria de las propuestas de convenio finalizará en 
todo caso cinco días después de la publicación del informe de la administración concursal.
2.  Admitida a trámite por el juez la propuesta de convenio, el Letrado de la 
Administración de Justicia señalará fecha para la celebración de la junta de acreedores 
dentro de los treinta días siguientes.
Artículo 528.  Apertura de la fase de liquidación.
1.  Si en el plazo previsto en el apartado primero del artículo anterior no se hubiera 
presentado propuesta de convenio, el Letrado de la Administración de Justicia abrirá de 
inmediato la fase de liquidación requiriendo a la administración concursal para que 
presente el plan de liquidación en el plazo improrrogable de diez días.
2.  Una vez aprobado el plan, las operaciones de liquidación no podrán durar más de 
tres meses, prorrogables, a petición de la administración concursal, por un mes más.
Artículo 529.  Solicitud de concurso con presentación de propuesta anticipada de 
convenio.
1.  En el auto de declaración de concurso el juez se pronunciará sobre la admisión a 
trámite de la propuesta de convenio presentada por el deudor con su solicitud.
La administración concursal deberá evaluar la propuesta de convenio presentada por 
el deudor, dentro del plazo de diez días a contar desde la publicación de la declaración de 
concurso.
2.  La aceptación de la propuesta de convenio se realizará por escrito. Los acreedores 
que no se hubieran adherido antes a la propuesta de convenio presentada por el deudor 
podrán hacerlo hasta cinco días después de la fecha de presentación del informe de la 
administración concursal.
3.  Dentro de los tres días siguientes a aquel en el que hubiere finalizado el plazo para 
formular adhesiones, el Letrado de la Administración de Justicia verificará si la propuesta 
de convenio alcanza la mayoría legalmente exigida y proclamará el resultado mediante 
decreto.
Si la mayoría resultase obtenida, el juez, inmediatamente después de la expiración del  s
plazo de oposición a la aprobación judicial del convenio, dictará sentencia aprobatoria,  e.
salvo que se hubiera formulado oposición a dicha aprobación o proceda su rechazo de  w.
oficio. 59ww
el juSeiz h puobdierráa  roepqouseirciiró anl,  ieml Lpeutgrnaadnot ed ep laar aA dqmuein ipsrterascteió nc aduec Jióuns tpicoiar  laodsm diatiñráo sla  od epmerajunidcaio ys 
qdueel c poanrvae lnai om.asa pasiva y activa del concurso pueda suponer la demora en la aprobación  BOE-A-cable e
Artículo 530.  Solicitud de concurso con presentación de plan de liquidación.
1.  Cuando el deudor presente, junto con la solicitud de concurso, un plan de 
liquidación que contenga una propuesta escrita vinculante de adquisición de la unidad 
productiva en funcionamiento, el juez acordará de inmediato la apertura de la fase de 
liquidación.
2.  Abierta la fase de liquidación, el Letrado de la Administración de Justicia dará 
traslado del plan de liquidación presentado por el deudor para que sea informado en el 
plazo de diez días por la administración concursal y para que los acreedores puedan 
realizar alegaciones.
El informe de la administración concursal deberá incluir necesariamente el inventario 
de la masa activa del concurso y evaluar el efecto sobre las masas activa y pasiva del 
concurso de la resolución de los contratos que estuviera prevista en el plan de liquidación.
En el auto por el que se apruebe el plan de liquidación el juez podrá acordar la 
resolución de los contratos pendientes de cumplimiento por ambas partes, con excepción 
de aquellos que se vinculen a una oferta efectiva de compra de la empresa o de una 
unidad productiva.
3.  En caso de suspenderse las operaciones de liquidación con motivo de las 
impugnaciones del inventario o de la lista de acreedores, el juez podrá requerir a los 
impugnantes para que presten una caución que garantice los posibles daños y perjuicios 
por la demora.
Artículo 531.  Normas que rigen el procedimiento abreviado.
En todo lo no regulado expresamente en este capítulo se aplicarán las normas 
previstas para el procedimiento ordinario.
CAPÍTULO III
Del incidente concursal
Artículo 532.  Ámbito del incidente concursal.
1.  Todas las cuestiones que se susciten durante el concurso y no tengan señalada en 
esta ley otra tramitación, así como las acciones que deban ser ejercitadas ante el juez del 
concurso, se tramitarán por el cauce del incidente concursal.
2.  No se admitirán aquellos incidentes concursales que tengan por objeto solicitar la 
realización de determinados actos de administración o impugnarlos por razones de 
oportunidad.
Artículo 533.  Continuación de la tramitación del concurso de acreedores.
1.  Los incidentes concursales no suspenderán la tramitación del concurso de 
acreedores.
2.  No obstante lo establecido en el apartado anterior, el juez, una vez incoado un 
incidente, podrá acordar, de oficio o a instancia de parte, la suspensión de aquellas 
actuaciones que estime puedan verse afectadas por la resolución que se dicte.
Artículo 534.  Partes en el incidente concursal.
1.  En el incidente concursal se considerarán partes demandadas aquellas contra las  bo
que se dirija la demanda. 59ww
cEdoenmnjuc2aicu.n iradsmCaaduli eoacnsloqt,o nus fiiCeonrir v nmpiel,ee crp esaasolrin daraa él dagc  oidimnmete epenrasv preeeenscccitidaiaóabln  lp eedrncoe ind eusolu n cjceeoiatnnom cslu aieor snrLoitgoe ip yndo ae1drli r/at2árm 0ibie0nunt0net,aer vl d,en enno ii  r7ad  ueeddnmei eae nnle cdinniaaecn riddoteee,s  nl datneesi     OE-A-2020-48able en https://
partes cuando se trate de aquellas que ostenten previamente la condición de parte en el 
concurso o se trate de acreedores incluidos en la lista de acreedores.
Artículo 535.  Régimen del incidente concursal.
El incidente concursal se tramitará en la forma establecida en la Ley 1/2000, de 7 de 
enero, de Enjuiciamiento Civil para el juicio verbal con las especialidades establecidas en 
esta ley.
Artículo 536.  Demanda incidental y admisión a trámite.
1.  La demanda se presentará en la forma prevista en la Ley 1/2000, de 7 de enero, 
de Enjuiciamiento Civil, para el juicio ordinario.
2.  Si el juez estima que la cuestión planteada es impertinente o carece de entidad 
necesaria para tramitarla por la vía incidental, resolverá, mediante auto, su inadmisión y, si 
procediera, acordará que se dé a la cuestión planteada la tramitación que corresponda. 
Contra este auto cabrá recurso de apelación.
3.  En los demás casos, dictará providencia admitiendo a trámite el incidente y 
acordando se emplace a las demás partes personadas, con entrega de copia de la 
demanda o demandas, para que en el plazo común de diez días contesten en la forma 
prevenida en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, para el juicio ordinario.
Artículo 537.  Acumulación de demandas incidentales.
Cuando en un incidente se acumulen demandas cuyos pedimentos no resulten 
coincidentes, las partes que intervengan tendrán que contestar a las demandas a cuyas 
pretensiones se opongan, si el momento de su intervención lo permitiese, y expresar con 
claridad y precisión la tutela concreta que soliciten. De no hacerlo así, el juez rechazará de 
plano su intervención, sin que contra esta resolución quepa recurso alguno.
Artículo 538.  Cuestiones procesales.
Si en la contestación se plantearan cuestiones procesales o se suscitaran por el 
demandante a la vista de este escrito en el plazo de cinco días desde que se le hubiera 
dado traslado del mismo, el juez las resolverá dictando la resolución que proceda conforme 
a lo dispuesto en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, para la resolución 
escrita de este tipo de cuestiones conforme a lo previsto en la audiencia previa del juicio 
ordinario.
Artículo 539.  Proposición de medios de prueba.
1.  En el incidente concursal, las pruebas se propondrán en los escritos de 
alegaciones, resolviéndose sobre la admisión mediante auto.
2.  La aportación de la prueba documental no será necesaria si los documentos 
constasen en el concurso de acreedores, pero la parte interesada deberá designar el 
documento completo que proponga como prueba y señalar en qué trámite fue presentado.
Artículo 540.  Vista y sentencia.
1.  El incidente concursal finalizará mediante sentencia. s
2.  El juez dictará sentencia sin citación a las partes para la vista y sin más trámites  oe.
en los siguientes supuestos: w.
disc1u.sºi ónC suoabnrdeo  lnoos  shee chhaoysa  op reessetonst andoo  seesacnri tore dleev caonntetess ata cjuióicnio a  dlae ld jeumeza nyd nao o  sneo  heaxyisatna 
adm2it.iºd o Cmueadniodso  dlae ú pnriuceab par.ueba que resulte admitida sea la de documentos, y estos ya se  BOE-A-cable e
hubieran aportado al proceso sin resultar impugnados.
3.º  Cuando solo se hayan aportado informes periciales y las partes no soliciten ni el 
juez considere necesaria la presencia de los peritos en la vista para la ratificación de su 
informe.
3.  En caso de que proceda la celebración de vista, esta se desarrollará en la forma 
prevista en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, para los juicios verbales. 
Tras la práctica de la prueba, se otorgará a las partes un trámite oral de conclusiones.
Artículo 541.  Incidente concursal en materia laboral.
1.  Se dilucidarán por el trámite del incidente concursal en materia laboral las acciones 
que los trabajadores o el Fondo de Garantía Salarial ejerciten contra el auto que decida 
sobre la modificación sustancial de las condiciones de trabajo, el traslado, el despido, la 
suspensión de contratos y la reducción de jornada por causas económicas, técnicas, 
organizativas o de producción que, conforme a la ley, tengan carácter colectivo, así como 
las de trabajadores que tengan la condición de personal de alta dirección contra la decisión 
de la administración concursal de extinguir o suspender los contratos suscritos por el 
concursado con estos.
2.  Los trabajadores deberán presentar la demanda, conforme a lo establecido en la 
legislación procesal civil en el plazo de un mes desde que conocieron o pudieron conocer 
la resolución judicial y el Fondo de Garantía Salarial desde que se le notifique la resolución. 
El personal de alta dirección deberá presentar la demanda en el mismo plazo desde que 
la administración concursal le notifique la decisión adoptada.
3.  En el caso de que la demanda contuviera defectos, omisiones o imprecisiones, el 
Letrado de la Administración de la Justicia lo advertirá al demandante o demandantes a fin 
de que lo subsanen en el plazo de cuatro días, con el apercibimiento de que de no 
subsanarse procederá su archivo. En ningún caso podrá inadmitirse la demanda por 
estimar que la cuestión planteada fuera intrascendente o careciera de la entidad necesaria 
para tramitarse por vía incidental.
4.  Admitida la demanda, el Letrado de la Administración de Justicia señalará dentro 
de los diez días siguientes el día y hora en que habrá de tener lugar el acto del juicio, 
citando a los demandados con entrega de copia de la demanda y demás documentos, 
debiendo mediar en todo caso un mínimo de cuatro días entre la citación y la efectiva 
celebración del juicio, que comenzará con el intento de conciliación o avenencia sobre el 
objeto del incidente. De no lograrse esta se ratificará el actor en su demanda o la ampliará 
sin alterar sustancialmente sus pretensiones, contestando oralmente el demandado, y 
proponiendo las partes a continuación las pruebas sobre los hechos en los que no hubiera 
conformidad, continuando el procedimiento conforme a los trámites del juicio verbal de la 
Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, si bien tras la práctica de la prueba se 
otorgará a las partes un trámite de conclusiones.
5.  Tras la práctica de la prueba se otorgará a las partes un trámite oral de 
conclusiones.
Artículo 542.  Costas.
1.  La sentencia que recaiga en el incidente concursal se regirá en materia de costas 
por lo dispuesto en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, tanto en cuanto 
a su imposición como en lo relativo a su exacción, y serán inmediatamente exigibles, una 
vez firme la sentencia, con independencia del estado en que se encuentre el concurso. es
2.  La sentencia que recaiga en el incidente concursal en materia laboral se regirá en  o
materia de costas por lo dispuesto en la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la  59www.
jAurrtiíscduicloc i5ó4n3 s. ocCiaol.sa juzgada.
Una vez firmes, las sentencias que pongan fin a los incidentes concursales producirán  BOE-A-cable e
efectos de cosa juzgada.
CAPÍTULO IV
De los recursos
Artículo 544.  Recursos contra resoluciones del Letrado de la Administración de Justicia.
Los recursos contra las resoluciones dictadas por el Letrado de la Administración de 
Justicia en el concurso serán los mismos que prevé la Ley 1/2000, de 7 de enero, de 
Enjuiciamiento Civil, y se sustanciarán en la forma que en ella se determina.
Artículo 545.  Recursos contra las resoluciones del juez.
Los recursos contra las resoluciones dictadas por el juez en el concurso se sustanciarán 
en la forma prevista por la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, con las 
modificaciones que se indican en los artículos siguientes y sin perjuicio de lo previsto en 
esta ley en materia laboral.
Artículo 546.  Recursos contra providencias y autos.
Contra las providencias y autos que dicte el juez del concurso solo cabrá el recurso de 
reposición, salvo que en esta ley se excluya todo recurso o se otorgue otro distinto.
Artículo 547.  Impugnación diferida.
1.  Contra los autos resolutorios de recursos de reposición y contra las sentencias 
dictadas en incidentes concursales promovidos en la fase común o en la de convenio no 
cabrá recurso alguno, pero las partes podrán reproducir la cuestión en la apelación más 
próxima siempre que hubieren formulado protesta en el plazo de cinco días. Se exceptúan 
las sentencias dictadas en los incidentes de reintegración y de separación de la masa 
activa, que serán apelables directamente. Este recurso de apelación tendrá carácter 
preferente.
2.  A los efectos señalados en el apartado anterior, se considerará apelación más 
próxima la que corresponda frente a la resolución de apertura de la fase de convenio, la 
que acuerde la apertura de la fase de liquidación y la que apruebe la propuesta anticipada 
de convenio.
Artículo 548.  Resoluciones directamente apelables.
Contra las sentencias que aprueben el convenio, o las que resuelvan incidentes 
concursales planteados con posterioridad o durante la fase de liquidación cabrá recurso de 
apelación que se tramitará con carácter preferente.
Artículo 549.  Suspensión de actuaciones.
1.  Al admitir un recurso de apelación, el juez del concurso, de oficio o a instancia de 
parte, podrá acordar motivadamente la suspensión de aquellas actuaciones que puedan 
verse afectadas por su resolución.
2.  Si al recurrir la sentencia de aprobación del convenio se hubiera solicitado la 
suspensión de los efectos de este, el juez podrá acordarla con carácter total o parcial.
3.  La decisión del juez sobre la suspensión de actuaciones o el retraso de la eficacia 
del convenio, podrá ser revisada por la Audiencia Provincial a solicitud de parte formulada  e.
mediante escrito presentado ante aquella en los cinco días siguientes a la notificación de  w.
la decisión del juez del concurso. Esta cuestión habrá de ser resuelta con carácter previo  59ww
aalu etoxsa mpoern e dl etrli bfounndaol. del recurso y dentro de los diez días siguientes a la recepción de los
4.  Contra el auto que dicte la Audiencia Provincial no cabe interponer recurso alguno.
Artículo 550.  Recursos extraordinarios.
Contra las sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales relativas a la aprobación 
o cumplimiento del convenio, a la calificación o conclusión del concurso, o que resuelvan 
acciones de las comprendidas en las secciones tercera y cuarta podrá interponerse 
recurso de casación y extraordinario por infracción procesal, de acuerdo con los criterios 
de admisión establecidos en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
Artículo 551.  Recursos en materia laboral.
1.  Contra el auto que decida sobre la modificación sustancial de las condiciones de 
trabajo, el traslado, el despido, la suspensión de contratos o la reducción de jornada, por 
causas económicas, técnicas, organizativas o de producción que, conforme a la ley, tengan 
carácter colectivo y contra la sentencia que resuelva incidentes concursales relativos a 
acciones sociales cuyo conocimiento corresponda al juez del concurso, cabrá recurso de 
suplicación y los demás recursos previstos en la Ley reguladora de la jurisdicción social, 
que se tramitarán y resolverán ante los órganos jurisdiccionales del orden social, sin que 
ninguno de ellos tenga efectos suspensivos sobre la tramitación del concurso ni de ninguno 
de sus incidentes, secciones o piezas separadas.
2.  La legitimación para recurrir el auto indicado en el apartado anterior corresponde 
a la administración concursal, al concursado, a los trabajadores a través de sus 
representantes y al Fondo de Garantía Salarial, así como, en caso de declaración de la 
existencia de grupo laboral de empresas, a aquellas entidades que lo integren.
TÍTULO XIII
De la publicidad del concurso
CAPÍTULO I
De la publicidad telemática
Artículo 552.  Publicidad telemática.
La publicidad de la declaración de concurso, la publicidad de aquellas otras 
resoluciones exigida por esta ley y las notificaciones y comunicaciones que procedan se 
realizará preferentemente por medios telemáticos en la forma que reglamentariamente se 
determine, garantizando la seguridad y la integridad de las comunicaciones.
CAPÍTULO II
De los edictos
Artículo 553.  Edictos.
1.  El traslado de los oficios con los edictos se realizará preferentemente por vía 
telemática desde el juzgado a los medios de publicidad correspondientes.
2.  Excepcionalmente, y si lo previsto en el apartado anterior no fuera posible, los 
oficios con los edictos serán entregados al procurador del solicitante del concurso, quien 
deberá remitirlos de inmediato a los correspondientes medios de publicidad. e.e
3.  Si el solicitante del concurso fuese una Administración pública que actuase  b
representada y defendida por sus servicios jurídicos, el traslado de los oficios se realizará  59ww
directamente por el Letrado de la Administración de Justicia a los medios de publicidad.
Artículo 554.  Difusión de los edictos.
La publicidad exigida por esta ley de los edictos relativos a resoluciones dictadas por 
el juez del concurso se entenderá cumplida mediante la inserción en el tablón de anuncios 
del juzgado y en el Registro público concursal y, si así lo estableciera, en el «Boletín Oficial 
del Estado».
CAPÍTULO III
De los mandamientos
Artículo 555.  Mandamientos.
1.  Los asientos exigidos por esta ley en los registros públicos de personas y de 
bienes se practicarán en virtud de mandamiento librado por el Letrado de la Administración 
de Justicia. En el mandamiento se expresará el órgano judicial que hubiera dictado la 
resolución, la fecha y la naturaleza de la resolución, el número de autos y si la 
correspondiente resolución es o no firme.
2.  Las anotaciones preventivas que deban extenderse en los registros públicos de 
personas o de bienes por falta de firmeza de la resolución caducarán, en todo caso, a los 
cuatro años desde la fecha de la anotación misma y se cancelarán de oficio o a instancia 
de cualquier interesado. El Letrado de la Administración de Justicia, antes de que se 
produzca la caducidad, podrá decretar la prórroga de la anotación por cuatro años más.
Artículo 556.  Traslado de los mandamientos.
1.  El traslado de los mandamientos y de la documentación necesaria para la práctica 
de los asientos se realizará preferentemente por vía telemática desde el juzgado a los 
registros correspondientes.
2.  Excepcionalmente, y si lo previsto en el apartado anterior no fuera posible, los 
mandamientos serán entregados al procurador del solicitante del concurso, para su 
presentación inmediata en los registros correspondientes.
3.  Si el solicitante del concurso fuese una Administración pública que actuase 
representada y defendida por sus servicios jurídicos, el traslado de los mandamientos se 
realizará directamente por el Letrado de la Administración de Justicia a los registros 
correspondientes.
Artículo 557.  Resoluciones objeto de publicidad en los registros de personas.
Serán objeto de anotación o de inscripción en el folio correspondiente al concursado 
en los registros de personas a que se refiere esta ley la declaración y reapertura del 
concurso, la aprobación de convenio, la apertura de la fase de liquidación, la aprobación 
del plan de liquidación, la conclusión del concurso y la resolución de la impugnación del 
auto de conclusión, la sentencia de calificación del concurso como culpable, cuantas 
resoluciones se dicten en materia de intervención o suspensión de las facultades de 
administración y disposición del concursado sobre los bienes y derechos que integran la 
masa activa, las que se establezcan en la sentencia de aprobación del convenio, cuantas 
las modifiquen o las dejen sin efecto, así como cualesquiera otras exigidas por esta ley.
Artículo 558.  Resoluciones objeto de publicidad en los registros de bienes. e.
1.  Serán objeto de anotación o de inscripción en el folio correspondiente a cada uno  59ww
dddaeeed lcm llocaiosnr naibscciteuiróanrnsdea osyd r ooela  sde  rencer oaelonpcsche uorrtresusg rapiaslee trrdstoee;s nl  laedcc oeain elpcanru toeprbssroao ap;c  iieelóadln  man ddoa emsyla  bec ranoac nmltoivviseea nn rqteiooug ,ei ysl  atfcri goeaussp redee enrdt  euibnlri seaacn drdeimteso  isnml aiasu  tfenraabosdlmeeos br d rloeae     OE-A-2020-48able en https://
liquidación, la aprobación del plan de liquidación, la resolución judicial firme por la que se
acuerde la conclusión del concurso, cuantas resoluciones se dicten en materia de 
intervención o suspensión de las facultades de administración y disposición del concursado 
sobre los bienes y derechos de la masa activa, las que se establezcan en la sentencia de 
aprobación del convenio y las que se establezcan en la sentencia de calificación, cuantas 
las modifiquen o las dejen sin efecto, así como cualesquiera otras exigidas por esta ley.
2.  La anotación o la inscripción de las medidas limitativas o prohibitivas de la 
capacidad de obrar del concursado establecidas en el convenio no impedirá el acceso de 
los actos contrarios a los registros públicos, pero perjudicará a cualquier titular registral la 
acción de ineficacia o de reintegración de la masa que, en su caso, se ejercite.
Artículo 559.  Coordinación entre registros públicos.
Reglamentariamente podrán establecerse mecanismos de coordinación entre los 
diversos registros públicos en los que, conforme a lo establecido en esta ley, hayan de 
anotarse e inscribirse la declaración de concurso y aquellas otras resoluciones a que se 
refieren los artículos anteriores.
CAPÍTULO IV
Del Registro público concursal
Artículo 560.  El Registro público concursal.
1.  El Registro público concursal es un instrumento técnico de información, de acceso 
libre y gratuito, sobre los concursos de acreedores declarados en España, las principales 
resoluciones que se dicten en esos concursos y las situaciones preconcursales, así como 
de las personas naturales y jurídicas que puedan ser nombradas administradores 
concursales.
2.  El Registro público concursal se llevará bajo la dependencia del Ministerio de 
Justicia.
3.  Reglamentariamente se desarrollarán la estructura, el contenido y el sistema de 
publicidad a través de este registro y los procedimientos de inserción y de acceso.
Artículo 561.  Organización del Registro.
El Registro público concursal constará de cinco secciones:
1.ª  En la sección primera, de edictos concursales, se insertarán ordenados 
alfabéticamente por concursado y fechas, la declaración de concurso y las demás 
resoluciones que deban publicarse en este Registro conforme a lo establecido en esta ley.
2.ª  En la sección segunda, de publicidad registral, se insertarán, ordenadas 
alfabéticamente por concursado y fechas, las resoluciones judiciales anotadas o inscritas 
en los registros públicos de personas, incluida la de la calificación del concurso como 
culpable.
En esta sección se insertarán igualmente, ordenadas alfabéticamente por personas y 
fechas, las resoluciones judiciales anotadas o inscritas en los registros públicos, relativas 
a las personas afectadas por la calificación.
La inserción de las resoluciones judiciales en esta sección segunda se practicará en 
virtud de certificaciones remitidas de oficio por el encargado del registro una vez practicado 
el correspondiente asiento. e.
3.ª  En la sección tercera, de exoneración del pasivo insatisfecho, se insertarán,  w.b
ordenadas alfabéticamente por concursado, la obtención provisional de ese beneficio con  59ww
uqnu ep slaen c doen cpeadgao sla  ceoxno nuenraa cdiuórna cdieófnin mitiváax.ima de cinco años, y la resolución judicial por la
insc4ri.bª iráEnn,  loar sdeecncaiódna sc uaalrftaab, édteic aadmmeinntiest rpaodro roersd ceonn cduer saapleesll iyd oasu,x isliai rfeuse rdaenle gpaedrsoosn, ases 
naturales, y por denominación, si no lo fueran, las personas naturales y jurídicas que,
cumpliendo los requisitos legales y reglamentarios para poder ser nombradas como 
administrador concursal y auxiliares delegados, hayan solicitado la inscripción en este 
Registro manifestando la voluntad de ejercer como administrador concursal o auxiliar 
delegado.
En esta sección se insertarán igualmente, en la parte relativa a cada una de esas 
personas, los nombramientos, los ceses, con expresión de la causa, y, en su caso, la 
inhabilitación de los administradores concursales y de los auxiliares delegados, con 
indicación del tribunal y de la clase y fecha de la resolución judicial, así como los autos en 
los que se fije o modifique su remuneración.
Cuando un administrador concursal sea inhabilitado el Letrado de la Administración de 
Justicia lo pondrá en conocimiento del Registro público concursal a fin de que se le dé de 
baja por el periodo de inhabilitación.
En esta sección se insertará igualmente, ordenada alfabéticamente por tribunales, la 
indicación del administrador cuya designación secuencial corresponda en cada juzgado en 
función del tamaño de cada concurso.
5.ª  En la sección quinta, de acuerdos extrajudiciales de pagos y de acuerdos de 
refinanciación de pasivo financiero, se insertarán, ordenadas alfabéticamente por deudor, 
las comunicaciones de la apertura de las negociaciones con los acreedores para alcanzar 
tales acuerdos, salvo que tuviera carácter reservado, los acuerdos extrajudiciales de pago 
que se hubieran alcanzado y, en el caso de acuerdos de refinanciación de pasivo 
financiero, su homologación por el juez.
Artículo 562.  Inserción de resoluciones judiciales en la sección primera.
1.  La inserción de las resoluciones judiciales en la sección primera se realizará, bien 
íntegramente o por extracto, en virtud de mandamiento directamente remitido por el 
Letrado de la Administración de Justicia. Si la resolución fuera inscribible en un Registro 
público de personas la inserción de las resoluciones o sus extractos se realizará 
preferentemente, a través de mecanismos de coordinación con el Registro en que constare 
inscrito o se inscriba el concursado, conforme a los modelos que se aprueben 
reglamentariamente.
2.  Si la resolución se publicara por extracto, se incluirán en él los datos indispensables 
para la determinación del contenido y alcance de la resolución, con indicación de los datos 
registrables  cuando  aquellas  hubieran  causado  anotación  o  inscripción  en  los 
correspondientes registros públicos.
Artículo 563.  Solicitud de inscripción en la sección cuarta.
1.  En el caso de personas naturales, en la solicitud de inscripción en la sección 
cuarta, se indicará, la dirección profesional, el correo electrónico, el número de 
identificación fiscal, y el ámbito o ámbitos territoriales en los que se hubiera manifestado la 
disposición para ejercer, así como la identidad de todas las personas jurídicas inscritas en 
esta sección con las que se encuentre relacionada profesionalmente para el ejercicio de la 
actividad de administrador concursal. En la solicitud se expresará igualmente la experiencia 
en todos los concursos previos en los que hubiera sido nombrado administrador concursal 
o auxiliar delegado con expresión del tribunal en que se hubiera tramitado y el número de 
autos, señalando la identidad del concursado, el sector de actividad, el tipo de 
procedimiento y la remuneración percibida.
2.  En el caso de las personas jurídicas en la solicitud de inscripción en la sección  e.e
cuarta, se indicará la denominación, el domicilio, la forma jurídica, el correo electrónico, la  b
dirección de cada oficina en la que se realice su actividad y el ámbito o ámbitos territoriales  59ww
edinre lcocsi óqnu ed es ec ahduab uienroa  dmea lnoisfe ssotacidoos  lya  ddeis cpuoaslqicuióienr  ppaerraso enjae rncaetru, raasl íi ncsocmriota  lae nid eesntati dsaedc cyi ólan 
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administradora concursal o auxiliar delegado con expresión del tribunal en que se hubiera
tramitado y el número de autos, indicando la identidad de la persona natural encargada de 
la dirección de los trabajos y de la representación de la persona jurídica en cada uno de 
ellos.
3.  En la sección cuarta del Registro público concursal, en la parte relativa a cada una 
de esas personas, se insertarán todos los datos a que se refieren los dos apartados 
anteriores.
Artículo 564.  Libertad de acceso al Registro público concursal.
1.  El contenido del registro será accesible por internet u otros medios equivalentes 
de consulta telemática.
2.  Por excepción a lo establecido en el apartado anterior, únicamente tendrán acceso 
a la información relativa a la concesión provisional del beneficio de exoneración del pasivo 
insatisfecho aquellas personas que justifiquen la existencia de interés legítimo en averiguar 
la situación del deudor. En todo caso se considera que tienen interés legítimo quienes 
realicen una oferta en firme al deudor, ya sea de crédito o de cualquier otra entrega de 
bienes o prestación de servicios que tenga que ser remunerada o devuelta por este y que 
esté condicionada a su solvencia, así como las administraciones públicas y órganos 
jurisdiccionales habilitados legalmente para recabar la información necesaria para el 
ejercicio de sus funciones. La apreciación de la existencia de interés legítimo se realizará 
por quien esté a cargo del Registro público concursal.
Artículo 565.  Valor meramente informativo del Registro público concursal.
La publicación de las resoluciones judiciales o sus extractos tendrá un valor meramente 
informativo.
Artículo 566.  Control del inicio de la accesibilidad de la información.
El Registro público concursal deberá contar con un dispositivo que permita conocer y 
acreditar fehacientemente a solicitud de cualquier interesado el inicio de la difusión pública 
de las resoluciones y de la información que se incluyan en el mismo.
TÍTULO XIV
De los concursos de acreedores con especialidades
CAPÍTULO I
Del concurso de la herencia
Artículo 567.  Declaración de concurso de la herencia.
El concurso de la herencia podrá declararse en tanto no haya sido aceptada pura y 
simplemente.
Artículo 568.  Legitimación para solicitar la declaración de concurso.
1.  Para solicitar la declaración de concurso de la herencia no aceptada pura y 
simplemente están legitimados el administrador de la herencia yacente, los herederos y los  es
acreedores del deudor fallecido. o
2.  En la solicitud los legitimados deberán expresar los datos del causante y el  59ww
cqhauereráe 3crn.et cesirauL  leataen  s b seoeulln i cqleeiutfguiecidt iiof mfo odrarmemc uiióunlanlvan edo na lapt ap rdoroiepor co.ulnanir ehanecdiróeond p edrrueoe  cpboraon dpcuaucrrasiro áa,  claorecso demitfaeprcaltaoñ.sa nddeo l ae al cdeopctuamcieónnt od ed elal   OE-A-2020-48able en https://
Artículo 569.  Concurso voluntario y concurso necesario de la herencia.
1.  El concurso de acreedores de la herencia tendrá la consideración de voluntario 
cuando la primera de las solicitudes presentadas hubiera sido la del administrador de la 
herencia yacente o la de un heredero. En los demás casos, el concurso se considerará 
necesario.
2.  Por excepción a lo dispuesto en el apartado anterior, el concurso de acreedores de 
la herencia tendrá la consideración de necesario cuando, en los tres meses anteriores a la 
fecha de la solicitud del administrador de la herencia yacente o de un heredero, se hubiera 
presentado y admitido a trámite otra contra el deudor antes de su fallecimiento o contra la 
propia herencia por cualquier legitimado, aunque este hubiera desistido, no hubiera 
comparecido en la vista o no se hubiese ratificado en la solicitud.
Artículo 570.  Efectos sobre el deudor.
En caso de concurso de la herencia, corresponderá a la administración concursal el 
ejercicio de las facultades patrimoniales de administración y disposición sobre el caudal 
relicto, sin que el juez pueda modificar esta situación.
Artículo 571.  Fallecimiento del concursado.
1.  La muerte o declaración de fallecimiento del concursado no será causa de 
conclusión del concurso, que continuará tramitándose como concurso de la herencia, 
correspondiendo a la administración concursal el ejercicio de las facultades patrimoniales 
de administración y disposición del caudal relicto.
2.  La representación de la herencia en el procedimiento corresponderá a quien la 
ostente conforme a derecho y, en su caso, a quien designen los herederos.
3.  Fallecido el concursado, la herencia se mantendrá indivisa durante la tramitación 
del concurso.
CAPÍTULO II
De las especialidades del concurso por razón de la persona del deudor
Sección 1.ª  De las comunicaciones y notificaciones especiales
Artículo 572.  Comunicaciones especiales de la solicitud de concurso voluntario o 
necesario.
1.  En caso de solicitud de concurso de acreedores de una sociedad que tuviera 
emitidos valores o instrumentos financieros negociados en un mercado secundario oficial, 
el Letrado de la Administración de Justicia, una vez que el juez hubiera proveído sobre la 
misma, lo comunicará sin dilación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
2.  En caso de solicitud de concurso de acreedores de una entidad de crédito o a una 
empresa de servicios de inversión, el órgano judicial competente, suspendiendo la 
tramitación de la solicitud, lo notificará al supervisor competente y al FROB para dar 
cumplimiento a lo dispuesto en los apartados 2 y 3 de la disposición adicional decimoquinta 
de la Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de entidades de crédito y 
empresas de servicios de inversión.
A continuación, en caso de que así proceda el Letrado de la Administración de Justicia,  e
una vez que el juez hubiera proveído sobre la misma, lo comunicará sin dilación al Banco  b
de España, al FROB y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y solicitará la  59ww
rineclaluciidóons d leo slo sd esriisvtaedmoass,  dae l opsa gqouse  yp deert elinqeuizdcaac ilóan e dneti dvaadlo raefse cot aindsat ryu mlae ndteonso fminiannacciieórno sy, 
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reaseguradora, el Letrado de la Administración de Justicia, una vez que el juez hubiera
proveído sobre la misma, lo comunicará sin dilación a la Dirección General de Seguros y 
Fondos de Pensiones.
4.  En caso de solicitud de concurso de acreedores de una mutua colaboradora con 
la Seguridad Social, el Letrado de la Administración de Justicia, una vez que el juez hubiera 
proveído sobre la misma, lo comunicará sin dilación al Ministerio de Inclusión, Seguridad 
Social y Migraciones.
Artículo 573.  Notificaciones especiales de la declaración de concurso.
Declarado el concurso de cualquiera de las entidades a que se refiere el artículo 
anterior, el Letrado de la Administración de Justicia notificará el auto, en el mismo día de 
la fecha, a los mismos organismos y administraciones públicas a las que hubiera notificado 
o debido notificar la existencia de la solicitud, así como al gestor de los sistemas a los que 
pertenezca la entidad afectada.
Sección 2.ª  De las especialidades de la administración concursal
Artículo 574.  Nombramiento de la administración concursal.
1.  En el concurso de entidad de crédito el juez nombrará administrador concursal de 
entre las personas propuestas en terna por el FROB.
2.  En el concurso de entidad aseguradora o reaseguradora el juez nombrará 
administrador concursal al Consorcio de Compensación de Seguros.
3.  En el concurso de una entidad sometida a la supervisión de la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores el juez nombrará administrador concursal de entre las personas 
propuestas en terna por esa Comisión.
Artículo 575.  Incompatibilidades y prohibiciones.
1.  Las normas establecidas en esta ley sobre incompatibilidades y prohibiciones para 
ser nombrado administrador concursal serán de aplicación a las personas nombradas por 
el juez del concurso a propuesta del FROB, del Consorcio de Compensación de Seguros 
o de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
2.  Se exceptúan de lo establecido en el apartado anterior, las prohibiciones por razón 
del cargo o función pública que tuviera o hubiera tenido el nombrado; o, en caso de 
administración concursal dual, de las incompatibilidades por razón de la vinculación 
personal o profesional entre los miembros de la administración concursal.
Artículo 576.  Aceptación del nombrado.
1.  Cuando el nombramiento de la administración concursal recaiga en cualquiera de 
las personas propuestas por el FROB, el Consorcio de Compensación de Seguros o la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores no será necesaria la aceptación del nombrado.
2.  Dentro del plazo de cinco días siguientes a la notificación del nombramiento, el 
nombrado comunicará al juzgado las direcciones postal y electrónica en las que efectuar 
la comunicación de créditos, así como cualquier otra notificación.
La dirección electrónica que se señale deberá cumplir las condiciones técnicas de 
seguridad de las comunicaciones electrónicas en lo relativo a la constancia de la 
transmisión y recepción, de sus fechas y del contenido íntegro de las comunicaciones. s
Artículo 577.  Carácter gratuito del cargo. w.
o la SCio lmasis pióenrs Noancaiso nparol dpeule Mstearsc apdoor  edle F VRaOloBre, se lp Caroan eslo ercjeiorc diceio C doeml cpaerngsoa dceió nad dmei nSisetgraudroosr 
cao lnac murassaal  faocrmtivaar.an parte de estos organismos, no tendrán derecho a retribución con cargo
Sección 3.ª  De las especialidades del concurso de entidades de crédito, de empresas de 
servicios de inversión, de entidades aseguradoras, de entidades que sean miembros de 
mercados regulados y de entidades participantes en los sistemas de compensación y 
liquidación de valores
Artículo 578.  Régimen especial del concurso de acreedores.
1.  En los concursos de entidades de crédito o entidades legalmente asimiladas a 
ellas, empresas de servicios de inversión y entidades aseguradoras, así como de entidades 
miembros de mercados oficiales de valores y entidades participantes en los sistemas de 
compensación y liquidación de valores, se aplicarán las especialidades que para el 
concurso de acreedores se hallen establecidas en su legislación específica.
2.  Se considera legislación especial, a los efectos de la aplicación del apartado 
anterior, la contenida en las siguientes normas:
1.º  Los artículos 10, 14 y 15 de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del 
mercado hipotecario, así como las normas reguladoras de otros valores o instrumentos a 
los que legalmente se atribuya el mismo régimen de solvencia que el aplicable a las 
cédulas hipotecarias.
2.º  La disposición adicional quinta de la Ley 3/1994, de 14 de abril, por la que se 
adapta la legislación española en materia de entidades de crédito a la Segunda Directiva 
de Coordinación Bancaria y se introducen otras modificaciones relativas al sistema 
financiero.
3.º  La Ley 13/1994, de 1 de junio, de autonomía del Banco de España, por lo que 
respecta al régimen aplicable a las garantías constituidas a favor del Banco de España, del 
Banco Central Europeo o de otros Bancos Centrales Nacionales de la Unión Europea, en 
el ejercicio de sus funciones.
4.º  La disposición adicional tercera de la Ley 1/1999, de 5 de enero, reguladora de 
las entidades de capital-riesgo y de sus sociedades gestoras.
5.º  La Ley 41/1999, de 12 de noviembre, sobre sistemas de pagos y de liquidación 
de valores.
6.º  El texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre.
7.º  La Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva.
8.º  El texto refundido del Estatuto Legal del Consorcio de Compensación de Seguros, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2004, de 29 de octubre.
9.º  El capítulo II del título I del Real Decreto-ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas 
urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la contratación pública.
10.º  La Ley 6/2005, de 22 de abril, sobre saneamiento y liquidación de las entidades 
de crédito.
11.º  El artículo 34 de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los 
emprendedores y su internacionalización.
12.º  La Ley 22/2014, de 12 de noviembre, por la que se regulan las entidades de 
capital-riesgo, otras entidades de inversión colectiva de tipo cerrado y las sociedades 
gestoras de entidades de inversión colectiva de tipo cerrado, y por la que se modifica la 
Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva.
13.º  El artículo 16.4 y la disposición adicional cuarta, punto 7, de la Ley 5/2015, de 27 de 
abril, de fomento de la financiación empresarial.
14.º  La Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de entidades de  e.e
crédito y empresas de servicios de inversión. b
15.º  Los títulos VI y VII de la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión  59ww
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Legi1s7la.ºti voE 4l /R20e1a5l ,D deec r2e3t od e2 1o7c/t2u0b0re8,,  yd seu 1 n5o rdme afteivbare dreo ,d seosbarrero ellol .régimen jurídico de las
empresas de servicios de inversión y de las demás entidades que prestan servicios de
inversión y por el que se modifica parcialmente el Reglamento de la Ley 35/2003, de 4 de 
noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, aprobado por el Real Decreto 1309/2005, 
de 4 de noviembre.
18.º  El Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de desarrollo de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de instituciones de inversión colectiva.
3.  Las normas legales enumeradas en el apartado anterior se aplicarán con el 
alcance subjetivo y objetivo previsto en las mismas a las operaciones o contratos que en 
ella se contemplan.
Sección 4.ª  De las especialidades del concurso de empresas concesionarias de obras 
y servicios públicos o contratistas de las administraciones públicas
Artículo 579.  Concurso de concesionarias de obras y servicios públicos o contratistas de 
las administraciones públicas.
En los concursos de empresas concesionarias de obras y servicios públicos o 
contratistas de las administraciones públicas se aplicarán las especialidades establecidas 
en la legislación de contratos del sector público y en la legislación específica reguladora de 
cada tipo de contrato administrativo.
Artículo 580.  Legitimación adicional para presentar propuesta de convenio.
En los concursos de empresas concesionarias de obras y servicios públicos o 
contratistas de las administraciones públicas, además de los legitimados con carácter 
general para presentar propuesta de convenio, podrán presentarla las administraciones 
públicas, incluidos los organismos, entidades y sociedades mercantiles vinculadas o 
dependientes de ellas, aunque no sean acreedores, en las mismas condiciones de tiempo, 
forma y contenido establecidas en esta ley.
Artículo 581.  De la acumulación de concursos de concesionarias de obras y servicios 
públicos o contratistas de las administraciones públicas.
1.  Cuando en los concursos de dos o más empresas concesionarias de obras y 
servicios públicos o contratistas de las administraciones públicas se presenten propuestas 
de convenio que afecten a todas ellas, procederá la acumulación de los procedimientos en 
tramitación, cualquiera que sea la fase en que se encuentren, aunque la eficacia de los 
respectivos convenios no esté condicionada a la eficacia de los demás.
2.  La acumulación procederá aunque los concursos hayan sido declarados por 
diferentes juzgados. En este caso, la competencia para la tramitación de los concursos 
acumulados corresponderá al juez que estuviera conociendo del concurso de la 
concesionaria o de la contratista con mayor pasivo en el momento de la presentación de 
la solicitud de concurso.
Sección 5.ª  De las especialidades del concurso de entidades deportivas
Artículo 582.  Concurso de entidades deportivas.
1.  En los concursos de entidades deportivas que participen en competiciones  s
oficiales, se aplicarán las especialidades que para el concurso de acreedores prevea la  e.
legislación estatal del deporte y sus normas de desarrollo. w.
2.  La declaración judicial de concurso de una entidad deportiva no interrumpirá la  59ww
creognutilnaudaocraió nd ed ela l ap aarctticivipidaacdió qnu dee v iensiear ae netjiedracdie ennd ola n ci oimmppeedtiircáió lna. aplicación de la normativa
LIBRO SEGUNDO
Del derecho preconcursal
TÍTULO I
De la comunicación de la apertura de negociaciones con los acreedores
CAPÍTULO I
De la comunicación de apertura de negociaciones con los acreedores
Artículo 583.  Comunicación de la apertura de negociaciones.
1.  El deudor, persona natural o jurídica, en situación de insolvencia actual o 
inminente, que no hubiera sido declarado en concurso podrá poner en conocimiento del 
juzgado competente para la declaración del propio concurso la apertura de negociaciones 
con los acreedores para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio o 
para alcanzar un acuerdo de refinanciación que reúna los requisitos establecidos en esta 
ley, siempre que no sea singular.
2.  Si el deudor hubiera solicitado el nombramiento de un mediador concursal para 
tratar de alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos, el notario, el registrador mercantil o 
la cámara ante los que se hubiera presentado la solicitud, una vez aceptado el 
nombramiento por el mediador, comunicará al juzgado competente para la declaración del 
concurso la apertura de negociaciones con los acreedores para alcanzar un acuerdo 
extrajudicial de pagos, indicando la identidad del mediador.
3.  En la comunicación se indicará qué ejecuciones se siguen contra el patrimonio del 
deudor y cuáles de ellas recaen sobre bienes o derechos que se consideran necesarios 
para la continuidad de la actividad profesional o empresarial.
4.  Una vez formulada la comunicación, no podrá presentarse otra por el mismo 
deudor en el plazo de un año.
Artículo 584.  Momento de la comunicación.
Si el deudor se encontrara en situación de insolvencia actual, la comunicación solo 
podrá realizarse antes del vencimiento del plazo legalmente establecido para el 
cumplimiento del deber de solicitar el concurso.
Artículo 585.  Publicación de la comunicación.
1.  El mismo día de la recepción de la comunicación, el Letrado de la Administración 
de Justicia dictará decreto dejando constancia de esa comunicación, en la que ordenará la 
publicación en el Registro público concursal de edicto conteniendo extracto de esa 
resolución.
2.  En el decreto se harán constar las ejecuciones que se encuentran en curso sobre 
bienes o derechos que, según la solicitud, fuesen necesarios para la continuidad de la 
actividad profesional o empresarial del deudor. En caso de controversia sobre el carácter 
necesario del bien o del derecho quien ostente interés legítimo podrá interponer recurso 
de revisión.
3.  Si en el escrito de comunicación constara la solicitud del carácter reservado de la  e.e
comunicación, el Letrado de la Administración de Justicia no ordenará la publicación del  w.b
edicto. El deudor podrá solicitar en cualquier momento el levantamiento del carácter  59ww
reservado de la comunicación.
CAPÍTULO II
De los efectos de la comunicación
Sección 1.ª  De los efectos de la comunicación sobre los créditos
Artículo 586.  Efectos de la comunicación sobre los créditos a plazo.
La comunicación de la apertura de negociaciones con los acreedores no producirá por 
si sola el vencimiento anticipado de los créditos aplazados.
Artículo 587.  Efectos de la comunicación sobre las garantías personales.
1.  La comunicación de la apertura de negociaciones con los acreedores no impedirá 
que el acreedor que disponga de garantía personal de un tercero para la satisfacción del 
crédito pueda hacerla efectiva si el crédito garantizado hubiera vencido.
2.  Los garantes no podrán invocar la comunicación de la apertura de negociaciones 
en perjuicio del acreedor, incluso aunque este participe en esas negociaciones.
Sección 2.ª  De los efectos de la comunicación sobre las acciones y sobre los procedimientos 
ejecutivos
Artículo 588.  Prohibición de iniciación de ejecuciones.
1.  Hasta que transcurran tres meses a contar desde la fecha de presentación de la 
comunicación de la apertura de negociaciones para tratar de alcanzar un acuerdo 
extrajudicial de pagos, los acreedores no podrán iniciar ejecuciones judiciales o 
extrajudiciales sobre los bienes y derechos integrados en el patrimonio del deudor.
2.  Hasta que transcurran tres meses a contar desde la fecha de presentación de la 
comunicación de la apertura de negociaciones para obtener adhesiones a una propuesta 
anticipada de convenio o para alcanzar un acuerdo de refinanciación, los acreedores no 
podrán iniciar ejecuciones judiciales o extrajudiciales en las que soliciten el embargo de 
bienes o derechos necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial 
del deudor.
3.  El plazo será de dos meses si el deudor fuera persona natural que no tuviera la 
condición de empresario.
Artículo 589.  Suspensión de las ejecuciones en tramitación.
Las ejecuciones sobre los bienes o derechos a que se refiere el artículo anterior que 
estén en tramitación se suspenderán por el juez que estuviere conociendo de las mismas.
Artículo 590.  Ejecuciones de créditos de pasivos financieros.
No podrán iniciarse y, si se hubieran iniciado, se suspenderán las ejecuciones 
singulares, judiciales o extrajudiciales, promovidas por los acreedores de pasivos 
financieros sobre cualesquiera otros bienes o derechos integrados en el patrimonio del 
deudor si se acreditara documentalmente que, al menos, el cincuenta y uno por ciento del 
pasivo financiero total ha apoyado expresamente la apertura de las negociaciones para la 
suscripción del acuerdo de refinanciación, con compromiso expreso a no iniciar o continuar  s
ejecuciones individuales frente al deudor en tanto tengan lugar las negociaciones. oe.
Artíc1u. lo N59o1 o. bsDtaen tlea sla e cjeocmucuinoinceasc iódne  gdaer laan atípaesr rtueraale dse. negociaciones con los acreedores  2020-4859n https://ww
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sobre los bienes o derechos sobre los que se hubiera constituido la garantía. Si la garantía
recayera sobre bienes o derechos necesarios para la continuidad de la actividad 
profesional o empresarial del deudor, una vez iniciado el procedimiento de ejecución, se 
suspenderá por el juez que esté conociendo del mismo hasta que transcurran tres meses 
a contar desde la fecha de presentación de la comunicación de la apertura de 
negociaciones con los acreedores para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de 
convenio o para alcanzar un acuerdo de refinanciación.
2.  No obstante la comunicación de la apertura de negociaciones con los acreedores 
para tratar de alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos, los acreedores con garantía real 
podrán iniciar ejecuciones sobre los bienes o derechos sobre los que se hubiera constituido 
la garantía. Si la garantía recayera sobre la vivienda habitual del deudor o sobre bienes o 
derechos necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del 
deudor, una vez iniciado el procedimiento, la ejecución sobre esos bienes o derechos se 
suspenderá por el juez que estuviere conociendo de las mismas hasta que transcurran tres 
meses a contar desde la fecha de la comunicación de la apertura de negociaciones con los 
acreedores o dos meses si el deudor fuera persona natural que no tuviera la condición de 
empresario.
3.  Practicada en los registros públicos de bienes y derechos la anotación de la 
apertura de negociaciones con los acreedores, no podrán anotarse respecto de los bienes 
y derechos del deudor embargos o secuestros posteriores a la presentación de la solicitud 
del nombramiento de mediador concursal.
Artículo 592.  Créditos de derecho público.
Lo dispuesto en esta sección no será de aplicación a los procedimientos de ejecución 
que tengan por objeto hacer efectivos créditos de derecho público.
Artículo 593.  Posibilidad de iniciar o reanudar ejecuciones.
1.  Las ejecuciones no iniciadas o suspendidas podrán iniciarse o reanudarse si el 
juez competente para la declaración de concurso resolviera que los bienes o derechos no 
son necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor.
2.  Las ejecuciones no iniciadas o suspendidas podrán iniciarse o reanudarse una vez 
transcurridos tres meses desde la comunicación al juzgado de la apertura de negociaciones 
con los acreedores, o dos meses si el deudor fuera persona natural que no tuviera la 
condición de empresario.
Sección 3.ª  De los efectos sobre las solicitudes de concurso
Artículo 594.  Efectos de la comunicación sobre la solicitud de concurso a instancia de 
legitimados distintos del deudor.
1.  Las solicitudes de concurso presentadas después de la comunicación de la 
apertura de negociaciones por otros legitimados distintos del deudor o, en el acuerdo 
extrajudicial de pagos, distintos del deudor o del mediador concursal no se admitirán a 
trámite mientras no transcurra el plazo de tres meses a contar desde la fecha de esa 
comunicación o de dos meses si el deudor fuera persona natural que no tuviera la 
condición de empresario. Las presentadas antes de la comunicación, aunque aún no 
hubieran sido admitidas a trámite, continuarán su tramitación.
2.  Las solicitudes que se presenten con posterioridad a la expiración de ese plazo  es
solo se proveerán cuando haya vencido el plazo de un mes hábil sin que el deudor hubiera  bo
solicitado la declaración de concurso. Si el deudor solicita la declaración de concurso  59ww
dddeeenu latdr oodr e,d lel ad see ssueod lmoicrei tssue,d  eeussnt iaqrá usnee  a str elao mhsu iatbauiretáor ase,nn t  eppnrreiimesneednr otlua pgdoaorr  .ac Dnotemecspl aayr raleadcsoi d qeouls ec  aos neloc psu rrsesoosle iacn ititnaesnntt aednsec.sipau déesl   OE-A-2020-48able en https://
CAPÍTULO III
De la exigibilidad del deber legal de solicitar el concurso
Artículo 595.  Exigibilidad del deber legal.
El deudor que, dentro de los tres meses a contar desde la comunicación al juzgado de 
la apertura de negociaciones con los acreedores o dos meses si fuera persona natural que 
no tuviera la condición de empresario, no hubiera alcanzado un acuerdo de refinanciación 
o un acuerdo extrajudicial de pagos o adhesiones suficientes a la propuesta anticipada de 
convenio, deberá solicitar la declaración de concurso dentro del mes hábil siguiente si se 
encontrara en estado de insolvencia actual, a menos que ya la hubiera solicitado el 
mediador concursal.
TÍTULO II
De los acuerdos de refinanciación
CAPÍTULO I
De los acuerdos de refinanciación
Sección 1.ª  De las clases de acuerdos de refinanciación
Artículo 596.  Clases de acuerdos de refinanciación.
Se consideran acuerdos de refinanciación:
1.º  Los acuerdos colectivos de refinanciación, estipulados por el deudor con sus 
acreedores, con o sin homologación judicial.
2.º  Los acuerdos singulares de refinanciación, estipulados por el deudor bien con 
uno, bien con varios acreedores, siempre que reúnan los requisitos establecidos en la 
sección 3.ª de este capítulo, que en ningún caso podrán ser homologados por el juez.
Sección 2.ª  De los acuerdos colectivos de refinanciación
Artículo 597.  Acuerdos de refinanciación.
El deudor, persona natural o jurídica, en situación de insolvencia actual o inminente, 
que no hubiera sido declarado en concurso, podrá alcanzar en cualquier momento un 
acuerdo de refinanciación con sus acreedores. Si hubiera efectuado comunicación al 
juzgado competente del inicio de negociaciones con los acreedores, el acuerdo de 
refinanciación deberá alcanzarse dentro de los tres meses siguientes a la fecha de esa 
comunicación.
Artículo 598.  Requisitos de los acuerdos colectivos de refinanciación.
1.  A los efectos de lo establecido en esta ley, los acuerdos colectivos de refinanciación 
deberán reunir los siguientes requisitos:
1.º  Que el acuerdo responda a un plan de viabilidad que permita la continuidad de la  e.e
actividad profesional o empresarial del deudor a corto y a medio plazo. w.b
2.º  Que el acuerdo tenga como objeto, al menos, la ampliación significativa del  59ww
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nuev3a.ºs  oQbluigea ecli oanceues redno  shuasytait uscidióon s udsec ariqtou epollar se lq dueeu sdeo re yx tpinogr aancr.eedores que representen,
en la fecha en que se hubiera adoptado, al menos, las tres quintas partes del pasivo del
deudor, computado conforme a lo establecido en esta ley, según certificación emitida por 
el auditor de cuentas del deudor.
Si el deudor o las sociedades del grupo no tuvieran la obligación de someter las 
cuentas anuales a auditoría, el auditor que emita la certificación será el nombrado a este 
efecto por el registrador mercantil del domicilio del deudor y, en los casos de acuerdos de 
grupo o de subgrupo de sociedades, el de la sociedad dominante.
4.º  Que el acuerdo se haya formalizado en instrumento público por todos los que lo 
hubieran suscrito.
2.  Al instrumento público se incorporarán como anejo el plan de viabilidad, la 
certificación del auditor y cuantos documentos justifiquen la concurrencia a la fecha del 
acuerdo de los requisitos exigidos por la ley según la clase de acuerdo de que se trate. Si 
el plan de viabilidad hubiera sido sometido a informe de experto independiente, el informe 
se incorporará también como anejo a la escritura.
3.  El instrumento público en que se formalice el acuerdo colectivo de refinanciación 
tendrá la consideración de documento sin cuantía a los efectos de determinación de los 
honorarios del notario que lo autorice. Los folios de la matriz y de las primeras copias que 
se expidan no devengarán cantidad alguna a partir del décimo folio inclusive.
Artículo 599.  Reglas de cómputo de la mayoría.
1.  En el cómputo del porcentaje del pasivo se deducirán del total los pasivos 
titularidad de acreedores que fueran personas especialmente relacionadas con el deudor.
2.  En caso de pasivo sujeto a un régimen o pacto de sindicación, se entenderá que 
acepta el acuerdo colectivo de refinanciación la totalidad de los acreedores sindicados 
cuando quienes suscriban el acuerdo representen, al menos, el setenta y cinco por ciento 
del pasivo sindicado. Si en el régimen o en el pacto de sindicación se hubiera establecido 
una mayoría inferior, será de aplicación esta última.
3.  En el caso de acuerdo colectivo de refinanciación de grupo o subgrupo, el 
porcentaje del pasivo se calculará tanto en base individual, en relación con todas y cada 
una de las sociedades afectadas, como en base consolidada, en relación con los créditos 
de cada grupo o subgrupo afectados, con exclusión en ambos casos de los prestamos y 
créditos concedidos por sociedades del grupo.
Artículo 600.  Nombramiento de experto independiente para emitir informe sobre el plan 
de viabilidad.
1.  Tanto el deudor como los acreedores podrán solicitar del registrador mercantil del 
domicilio del deudor el nombramiento de un experto independiente para que informe sobre 
el plan de viabilidad.
2.  Si el acuerdo colectivo de refinanciación afectara a distintas sociedades de un 
mismo grupo, el informe podrá ser elaborado por un solo experto, designado por el 
registrador del domicilio de la sociedad dominante, si estuviera afectada por el acuerdo, en 
su defecto, por el del domicilio de cualquiera de las sociedades de ese grupo.
3.  Para la emisión del informe el registrador mercantil designará como experto a 
profesional que considere idóneo. Será de aplicación al experto el régimen de 
incompatibilidades y prohibiciones establecidas en esta ley para ser nombrado 
administrador concursal así como el régimen de incompatibilidades establecidas para ser 
nombrado auditor de cuentas. es
Artículo 601.  Contenido del informe del experto. 59www.
plan1 .d e Evnia ebli liindfaodrm, seo ebl reex plae rptoro speo rpcrioonnuanlicdiaadrá,  scoobnrfeo reml eca ará lcatse rc roanzdonicaiobnlee sy  rneoarlmizaableles  ddeel 
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caso, prevea la normativa que resulte aplicable.
2.  Cuando el informe contuviera reservas o limitaciones de cualquier clase, las partes 
del acuerdo deberán valorar expresamente en el instrumento público en que se formalice 
el acuerdo colectivo de refinanciación la incidencia que el contenido de esas reservas o 
limitaciones pudiera tener en el plan de viabilidad.
Artículo 602.  Eficacia del acuerdo colectivo de refinanciación.
1.  El contenido del acuerdo colectivo de refinanciación vinculará al deudor, a los 
acreedores que lo hayan suscrito y, en caso de pasivo sujeto a un régimen o pacto de 
sindicación, a todos los acreedores sindicados cuando quienes suscriban el acuerdo 
representen el porcentaje del pasivo sindicado que resulte exigible.
2.  Salvo que en el propio acuerdo colectivo de refinanciación se establezca otra 
cosa, el acuerdo adquirirá eficacia desde la fecha del instrumento público en que se 
hubiera formalizado.
Artículo 603.  Acuerdos de refinanciación de grupo.
En los casos de acuerdos colectivos de refinanciación de grupo o de subgrupo, las 
referencias al deudor que se contienen en los artículos anteriores se entenderán realizadas 
a aquellas sociedades del mismo grupo que estipulen el acuerdo.
Sección 3.ª  De los acuerdos singulares de refinanciación
Artículo 604.  Acuerdos singulares de refinanciación.
1.  A los efectos de lo establecido en esta ley, son acuerdos singulares de 
refinanciación los estipulados por el deudor, persona natural o jurídica, en situación de 
insolvencia actual o inminente, que no hubiera sido declarado en concurso, con uno o 
varios acreedores que, individualmente considerados o conjuntamente con los que se 
hubieran estipulado en ejecución de lo acordado, reúnan los siguientes requisitos:
1.º  Que el acuerdo responda a un plan de viabilidad que permita la continuidad de la 
actividad profesional o empresarial del deudor a corto y a medio plazo.
2.º  Que incremente la previa proporción de activo sobre pasivo existente en la fecha 
de adopción del acuerdo.
3.º  Que el activo corriente resultante sea igual o superior al pasivo corriente.
4.º  Que la proporción de los créditos con garantías personales o reales de los 
acreedores que suscriban el acuerdo no sea superior a la existente antes del acuerdo, ni 
superior al noventa por ciento del pasivo total afectado por el acuerdo. En el caso de 
garantías reales, el valor de la garantía se determinará conforme a lo establecido en el 
título VI del libro I de esta ley.
5.º  Que el tipo de interés aplicable a los créditos subsistentes o resultantes del 
acuerdo a favor del o de los acreedores intervinientes no exceda en más de un tercio a la 
media de los intereses aplicables a los créditos antes del acuerdo.
6.º  Que el acuerdo se haya formalizado en escritura pública otorgada por el deudor 
y por todos los acreedores intervinientes en el mismo, por si o por medio de representante. 
En la escritura deberán hacerse constar las razones que, desde el punto de vista 
económico, justifiquen el acuerdo, así como los diversos actos y negocios realizados entre 
el deudor y los acreedores que suscriban el acuerdo, y se acompañarán a ella cuantos  s
documentos justifiquen la concurrencia a la fecha del otorgamiento de los requisitos a que  oe.
se refieren los números anteriores. w.
del 2a.p aPrtaardao v earniftiecariro er,l  csuem tpelnimdireánnt oe dne  clouse nretaqu tiosidtoass  elsatsa bcleocnidseosc ueenn lcoisa nsú dmee rnoast u1r.ºa yle 2z.aº 
evecnocniómmieicnato,  paanttricimipoandioa lp ore feinxaisntecnieteras,  oin qculueid saes  elassti pfuislecanl eys c, uaaslíe scqoumieor ala ost rcalsá ussimulialasr edse, 
derivadas de los actos que se lleven a cabo aun cuando se produzcan con respecto a 
acreedores no intervinientes.
CAPÍTULO II
De la homologación de los acuerdos de refinanciación
Sección 1.ª  De los requisitos de la homologación
Artículo 605.  Acuerdos homologables.
1.  El deudor, persona natural o jurídica, en situación de insolvencia actual o 
inminente, que no hubiera sido declarado en concurso, podrá solicitar en cualquier 
momento la homologación judicial del acuerdo de refinanciación que hubiera alcanzado 
con sus acreedores. Si hubiera efectuado comunicación al juzgado competente del inicio 
de negociaciones con los acreedores, la solicitud deberá presentarse dentro de los tres 
meses siguientes.
2.  Los acuerdos singulares de refinanciación no podrán ser objeto de homologación.
Artículo 606.  Requisitos de la homologación.
1.  A los efectos de lo establecido en esta ley, los acuerdos de refinanciación, para ser 
homologados, deberán reunir los siguientes requisitos:
1.º  Que el acuerdo responda a un plan de viabilidad que permita la continuidad de la 
actividad profesional o empresarial del deudor a corto y a medio plazo.
2.º  Que el acuerdo tenga como objeto, al menos, la ampliación significativa del 
crédito disponible o la modificación o la extinción de las obligaciones del deudor, bien 
mediante la prórroga de la fecha de vencimiento, bien mediante el establecimiento de 
nuevas obligaciones en sustitución de aquellas que se extingan.
3.º  Que el acuerdo haya sido suscrito por acreedores que representen, en el 
momento de su adopción, al menos, el cincuenta y uno por ciento del pasivo financiero, 
computado conforme a lo establecido en esta ley, según certificación emitida por el auditor 
de cuentas del deudor.
Si el deudor o las sociedades del grupo no tuvieran la obligación de someter las 
cuentas anuales a auditoría, el auditor que emita la certificación será el nombrado a este 
efecto por el registrador mercantil del domicilio del deudor y, en los casos de acuerdos de 
grupo o de subgrupo de sociedades, el de la sociedad dominante.
4.º  Que el acuerdo se haya formalizado en instrumento público por todos los que lo 
hubieran suscrito.
2.  A los efectos de lo establecido en el apartado anterior, se consideran créditos 
financieros los procedentes de cualquier endeudamiento financiero por parte del deudor, 
con independencia de que los titulares de esos créditos estén o no sometidos a supervisión 
financiera. En ningún caso tendrán la consideración de créditos financieros los créditos de 
derecho público, los créditos laborales y los acreedores por operaciones comerciales, 
aunque cualquiera de ellos tuviera aplazada la exigibilidad del crédito.
3.  Al instrumento público se incorporarán como anejo el plan de viabilidad, la 
certificación del auditor y cuantos documentos justifiquen la concurrencia a la fecha del 
acuerdo de los requisitos exigidos por la ley según la clase de acuerdo de que se trate. Si  e.e
el plan de viabilidad hubiera sido sometido a informe de experto independiente, el informe  b
se incorporará también como anejo a la escritura. 59ww
Artículo 607.  Reglas de cómputo de la mayoría del pasivo financiero.
1.  En el cómputo del porcentaje del pasivo financiero no podrán tomarse en 
consideración la suscripción del acuerdo de refinanciación o la adhesión al mismo por 
acreedores que no sean titulares de esa clase de pasivo.
2.  Los créditos financieros expresados en otra moneda se computarán en la de curso 
legal según el tipo de cambio oficial en la fecha del instrumento público en que se hubiera 
formalizado.
3.  En el cómputo del porcentaje del pasivo financiero se deducirán del total los 
pasivos financieros titularidad de acreedores que fueran personas especialmente 
relacionadas con el deudor, quienes, no obstante, podrán quedar afectados por la 
extensión de la eficacia del acuerdo homologado de refinanciación.
4.  En caso de pasivo financiero sujeto a un régimen o pacto de sindicación, se 
entenderá que suscribe el acuerdo de refinanciación la totalidad de los acreedores 
sindicados cuando quienes suscriban el acuerdo representen, al menos, el setenta y cinco 
por ciento del pasivo sindicado. Si en el régimen o en el pacto de sindicación se hubiera 
establecido una mayoría inferior, será de aplicación esta última.
5.  En caso de pasivo financiero especialmente privilegiado, para determinar el límite 
del privilegio se estará a lo establecido en el título V del libro I de esta ley. Las certificaciones 
emitidas por la sociedad rectora del mercado secundario oficial o del mercado secundario 
de que se trate, en caso de garantías sobre valores mobiliarios cotizados, o por una 
sociedad de tasación homologada e inscrita en el registro especial del Banco de España, 
en caso de bienes inmuebles, se unirán a la escritura pública como anejo.
Artículo 608.  Reglas de cómputo de la mayoría en caso de acuerdos de grupo o de 
subgrupo.
En el caso de acuerdo de refinanciación de grupo o subgrupo, el porcentaje del pasivo 
financiero se calculará tanto en base individual, en relación con todas y cada una de las 
sociedades afectadas, como en base consolidada, en relación con los créditos de cada 
grupo o subgrupo afectados, con exclusión en ambos casos de los prestamos y créditos 
concedidos por sociedades del grupo.
Sección 2.ª  De la homologación judicial
Subsección 1.ª  Del procedimiento de homologación
Artículo 609.  Competencia para la homologación.
1.  Los acuerdos de refinanciación podrán ser homologados por el juez que fuera 
competente para la declaración, en su caso, del concurso de acreedores del deudor que 
lo hubiera suscrito.
2.  En el caso de acuerdo de refinanciación de grupo o subgrupo será competente 
para la homologación el juez que fuera competente para la declaración de concurso de 
acreedores de la sociedad dominante o, cuando esta no hubiera suscrito el acuerdo, el de 
la sociedad del grupo con mayor pasivo financiero que participe en el acuerdo.
Artículo 610.  Solicitud de homologación.
1.  La solicitud de homologación del acuerdo de refinanciación podrá ser formulada  e.
por el deudor o por cualquier acreedor que lo haya suscrito. w.b
2.  A la solicitud se acompañará una copia íntegra del instrumento público. 59ww
Artículo 611.  Admisión a trámite.
Si el acuerdo reúne los requisitos establecidos en el artículo 606 de esta ley, el juez
dictará providencia admitiéndola a trámite, y en esa misma providencia decretará que la
paralización de las ejecuciones singulares continúe hasta que acuerde o deniegue la 
homologación solicitada.
Artículo 612.  Publicación de la providencia.
El Letrado de la Administración de Justicia ordenará la publicación de la providencia en 
el Registro público concursal por medio de un anuncio que contendrá los datos que 
identifiquen el deudor, el juez competente, el número del procedimiento judicial de 
homologación, la fecha del acuerdo de refinanciación y los efectos de aquellas medidas 
que en el mismo se contienen, con la indicación de que el acuerdo está a disposición de 
los acreedores afectados por el acuerdo en el juzgado competente para conocer de la 
homologación, con posibilidad de acceder a su contenido por medios telemáticos.
Artículo 613.  Auto de homologación.
1.  Dentro de los quince días siguientes a la publicación de la providencia de admisión 
a trámite de la solicitud en el Registro público concursal, el juez, mediante auto, homologará 
el acuerdo de refinanciación que reúna los requisitos establecidos en el artículo 606 de 
esta ley.
2.  En el auto de homologación el juez declarará que el contenido del acuerdo de 
refinanciación vincula al deudor, a los acreedores que lo hayan suscrito, a los acreedores 
sindicados, en caso de pasivo sujeto a un régimen o pacto de sindicación, cuando quienes 
suscriban el acuerdo representen el porcentaje del pasivo sindicado que resulte exigible, 
y a aquellos acreedores a los que, aunque no hubieran suscrito el acuerdo de homologación 
o hubiesen mostrado su disconformidad al mismo, esta ley extiende la eficacia del acuerdo.
3.  En el auto de homologación, el juez decretará la finalización de las ejecuciones 
singulares que hubieran quedado paralizadas, con archivo de las actuaciones. Una vez 
firme el auto de homologación, el juez podrá ordenar la cancelación de los embargos que 
se hubieran practicado en los procedimientos de ejecución por créditos afectados por el 
acuerdo de refinanciación del pasivo financiero.
Artículo 614.  Eficacia del auto de homologación.
El acuerdo producirá sus efectos de inmediato y tendrá fuerza ejecutiva, aunque no 
sea firme.
Artículo 615.  Publicidad del auto de homologación.
El auto de homologación del acuerdo de refinanciación del pasivo financiero se 
publicará de inmediato en el Registro público concursal y mediante edicto en el «Boletín 
Oficial del Estado». El edicto contendrá los datos que identifiquen el deudor, el juez 
competente, el número del procedimiento judicial de homologación, la fecha del acuerdo 
de refinanciación, la fecha del auto de homologación y los acreedores a los que se extiende 
la eficacia del acuerdo de refinanciación.
Artículo 616.  Adhesión a un acuerdo homologado de refinanciación del pasivo financiero.
1.  Salvo que se trate de titulares de créditos de derecho público, los acreedores que 
no lo sean de pasivos financieros podrán adherirse al acuerdo homologado de 
refinanciación. e
2.  A los acreedores adheridos se les extenderá el contenido del acuerdo homologado. b
3.  Estas adhesiones no se tendrán en cuenta a los efectos del cómputo de los  59ww
plao ercxetenntasjieósn  ddee  peafescivtoo sfi ndaenl caiceuroe redxoi ghiodmoso ploogra edsota. ley para la adopción del acuerdo o para
Artículo 617.  Prohibición temporal de nuevas solicitudes de homologación.
Una vez solicitada la homologación de un acuerdo de refinanciación por el propio 
deudor o por alguno de sus acreedores, no podrá solicitarse otra respecto del mismo 
deudor hasta que transcurra un año.
Subsección 2.ª  De la impugnación de la homologación
Artículo 618.  Impugnación de la homologación.
1.  Dentro de los quince días siguientes a la publicación de la homologación en el 
«Boletín Oficial del Estado» los acreedores de pasivos financieros afectados por la 
homologación judicial que no hubieran suscrito el acuerdo de refinanciación o que 
hubiesen mostrado su disconformidad al mismo podrán impugnar la homologación ante el 
mismo juez que hubiera homologado el acuerdo.
2.  La impugnación no suspenderá la ejecución del acuerdo.
Artículo 619.  Motivos de impugnación de la homologación.
1.  La impugnación solo podrá fundarse en los siguientes motivos:
1.º  En no haber adoptado el acuerdo con las mayorías exigidas por esta ley.
2.º  En el carácter desproporcionado del sacrificio exigido al acreedor o acreedores 
que impugnen la homologación.
2.  Para determinar si el sacrificio es o no desproporcionado el juez deberá tener en 
cuenta todas las circunstancias concurrentes.
3.  En todo caso, se considera desproporcionado el sacrificio si fuera diferente para 
acreedores iguales o semejantes así como si el acreedor que no goce de garantía real 
pudiera obtener en la liquidación de la masa activa una mayor cuota de satisfacción que la 
prevista en el acuerdo de refinanciación.
Artículo 620.  Tramitación de la impugnación.
1.  Todas las impugnaciones se tramitarán conjuntamente por los cauces del incidente 
concursal.
2.  De las impugnaciones presentadas se dará traslado al deudor y a los acreedores 
afectados por la homologación del acuerdo de refinanciación del pasivo financiero para 
que puedan formular oposición.
Artículo 621.  Sentencia.
1.  La sentencia que resuelva la impugnación de la homologación deberá dictarse 
dentro de los treinta días siguientes a aquel en que hubiera finalizado la tramitación del 
incidente. La estimación de la impugnación por el carácter desproporcionado del sacrificio 
exigido a uno o varios de los acreedores, no impedirá la homologación del acuerdo 
respecto de los demás.
2.  La sentencia que resuelva la impugnación tendrá la misma publicidad que el auto 
de homologación.
3.  La sentencia que resuelva la impugnación no será susceptible de recurso de  s
apelación. oe.
ArtícLuolos  6e2fe2c. tosM odme elan tos ednet eenficciaac iqau dee  rleas sueenlvtean lcaia i.mpugnación de la homologación se  2020-4859n https://ww
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Sección 3.ª  De la extensión de la eficacia del acuerdo homologado de refinanciación
Subsección 1.ª  De la extensión a los créditos sin garantía real
Artículo 623.  Extensión a los créditos sin garantía real.
Homologado el acuerdo de refinanciación de un deudor, se extenderán a los 
acreedores de pasivos financieros, cuyos créditos no gocen de garantía real o por la parte 
de los créditos que exceda del valor de esa garantía que no hayan suscrito el acuerdo de 
refinanciación o que hubieran mostrado su disconformidad al mismo, los siguientes 
efectos:
1.º  Las esperas por plazo no superior a cinco años, ya sean de principal, de intereses 
o de cualquiera otra cantidad adeudada, y la conversión de los créditos en créditos 
participativos durante el mismo plazo, si el acuerdo hubiera sido suscrito por acreedores 
que representen, al menos, el sesenta por ciento del pasivo financiero total.
2.º  Las esperas por plazo superior a cinco años y no superior a diez, las quitas, la 
conversión de los créditos en acciones o participaciones de la sociedad deudora o de otra 
sociedad, la conversión de los créditos en créditos participativos por período superior a 
cinco años y no superior a diez, en obligaciones convertibles, en créditos subordinados, en 
créditos con intereses capitalizables o en cualquier otro instrumento financiero con 
características, rango o vencimiento distintos de aquellos que tuvieran los créditos 
originarios, y la cesión de bienes o derechos a los acreedores en pago o para pago de la 
totalidad o parte de la deuda, si el acuerdo hubiera sido suscrito por acreedores que 
representen, al menos, el setenta y cinco por ciento del pasivo financiero total.
Artículo 624.  Régimen especial de la conversión en acciones o participaciones sociales.
1.  La conversión de créditos en acciones o participaciones sociales, con o sin prima, 
en ejecución de un plan homologado de refinanciación del pasivo financiero podrá 
realizarse aunque los créditos a compensar no sean líquidos, no estén vencidos o no sean 
exigibles.
2.  Para la adopción por la junta general de socios del acuerdo de aumentar el capital 
social por conversión de los créditos en acciones o participaciones sociales no será 
necesaria la mayoría reforzada establecida por la ley o por los estatutos sociales.
Artículo 625.  Derecho de opción en caso de conversión en acciones o participaciones 
sociales.
1.  Dentro del plazo de un mes a contar de la eficacia de la homologación, los 
acreedores por pasivos financieros podrán optar entre la conversión del crédito en capital 
o una quita equivalente al importe del nominal de las acciones o participaciones que les 
correspondería suscribir o asumir y, en su caso, de la correspondiente prima de emisión o 
de asunción.
2.  En caso de falta de ejercicio de la facultad de elección, se entenderá que los 
acreedores optan por la quita.
Subsección 2.ª  De la extensión a los créditos con garantía real
Artículo 626.  Extensión a los créditos con garantía real. e.
1.  Homologado el acuerdo de refinanciación de un deudor, se extenderán a los  59ww
acreedores de pasivos financieros cuyo crédito no exceda del valor de la garantía real que
no hayan suscrito el acuerdo de refinanciación o que, antes o después de la homologación, 
hubieran mostrado su disconformidad al mismo, los siguientes efectos:
1.º  Las esperas por plazo no superior a cinco años, ya sean de principal, de intereses 
o de cualquiera otra cantidad adeudada, y la conversión de los créditos en créditos 
participativos durante el mismo plazo, si ese efecto hubiera sido acordado por acreedores 
que representen, al menos, el sesenta y cinco por ciento del pasivo financiero con privilegio 
especial por razón del valor de la garantía real calculado conforme a lo establecido en el 
título V del libro I de esta ley.
2.º  Las esperas por plazo superior a cinco años y no superior a diez, las quitas, la 
conversión de los créditos en acciones o participaciones de la sociedad deudora o de otra 
sociedad, la conversión de los créditos en créditos participativos por período superior a 
cinco años y no superior a diez, en obligaciones convertibles, en créditos subordinados, en 
créditos con intereses capitalizables o en cualquier otro instrumento financiero con 
características, rango o vencimiento distintos de aquellos que tuvieran los créditos 
originarios, y la cesión de bienes o derechos a los acreedores en pago o para pago de la 
totalidad o parte de la deuda, si ese específico efecto hubiera sido acordado por acreedores 
que representen, al menos, el ochenta por ciento del pasivo financiero con privilegio 
especial por razón del valor de la garantía real calculado conforme a lo establecido en el 
título V del libro I de esta ley.
2.  A la conversión del crédito en acciones o participaciones sociales será de 
aplicación lo establecido en los dos artículos anteriores.
Subsección 3.ª  De la conservación de las garantías personales
Artículo 627.  Conservación de las garantías personales.
1.  Los acreedores de pasivos financieros que no hubieran suscrito el acuerdo de 
homologación o que hubiesen mostrado su disconformidad al mismo a los que, por efecto 
de la homologación, se extiendan los efectos del acuerdo de refinanciación del pasivo 
financiero mantendrán sus derechos frente a los obligados solidariamente con el deudor y 
frente a sus fiadores o avalistas, quienes no podrán invocar ni la aprobación del acuerdo 
de refinanciación ni los efectos de la homologación en perjuicio de aquellos.
2.  Respecto de los acreedores financieros que hayan suscrito el acuerdo de 
refinanciación, el mantenimiento de sus derechos frente a los demás obligados, fiadores o 
avalistas, dependerá de lo que se hubiera acordado en la respectiva relación jurídica.
CAPÍTULO III
Del incumplimiento del acuerdo de refinanciación
Artículo 628.  Incumplimiento del acuerdo de refinanciación.
1.  En caso de no cumplir el deudor los términos del acuerdo de refinanciación, 
cualquier acreedor afectado por el acuerdo podrá solicitar la declaración de incumplimiento.
2.  Será juez competente para conocer de la solicitud el que lo hubiera homologado y, 
en defecto de homologación, el que fuera competente para la declaración de concurso de 
acreedores del deudor. s
3.  La solicitud se sustanciará por los trámites del incidente concursal. De la solicitud  oe.
se dará traslado al deudor y a todos los acreedores que comparezcan y, en caso de  w.
homologación, a los que hubieran comparecido en el incidente de impugnación de la  59ww
hom4o.l ogLaac sióenn tpeanrcai aq quuee p rueesduaenlv aad ehl einricrisdee nut eo pnoon seerrsáe  sau slac empitsibmlea .de recurso de apelación.
Artículo 629.  Efectos de la declaración de incumplimiento.
1.  La declaración de incumplimiento del acuerdo de refinanciación supondrá la 
resolución de este y la desaparición de los efectos sobre los créditos.
2.  Declarado el incumplimiento, los acreedores podrán instar la declaración de 
concurso de acreedores o iniciar las ejecuciones singulares.
3.  Las ejecuciones de las garantías reales no podrán iniciarse si en el acuerdo de 
refinanciación se hubiese pactado, para el caso de incumplimiento, la extinción de las 
garantías preexistentes o de las constituidas en ejecución de ese acuerdo.
Artículo 630.  Incumplimiento del acuerdo de refinanciación y ejecución de garantías 
reales.
Incumplido el acuerdo de refinanciación del pasivo financiero, serán de aplicación a las 
ejecuciones de las garantías reales las siguientes reglas:
1.ª  Si el importe obtenido en la ejecución excediese del de la deuda originaria o del 
saldo pendiente de la misma de no haberse producido el acuerdo, se considerará sobrante 
la diferencia entre el primer y el segundo importe a los efectos de lo establecido en la 
Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, y en la legislación hipotecaria.
2.ª  Si la cantidad obtenida en la ejecución fuese menor que la deuda originaria o del 
saldo pendiente de la misma de no haberse producido el acuerdo, pero mayor del valor de 
la garantía calculado conforme a lo establecido en el título VI del libro I de esta ley, se 
considerará que no hay sobrante de la ejecución ni remanente del crédito, haciendo el 
acreedor suya toda la cantidad resultante de la ejecución.
3.ª  Si la cantidad resultante de la ejecución fuese inferior al valor de la garantía 
calculado conforme a lo establecido en el título VI del libro I de esta ley, se considerará 
como parte remanente del crédito la diferencia entre el importe de ese crédito y la cantidad 
resultante de la ejecución.
TÍTULO III
Del acuerdo extrajudicial de pagos
CAPÍTULO I
De los presupuestos
Artículo 631.  Presupuesto general.
1.  El deudor, persona natural o jurídica, en situación de insolvencia actual o 
inminente, que no hubiera sido declarado en concurso, podrá solicitar el nombramiento de 
un mediador concursal para tratar de alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos con sus 
acreedores.
2.  Si el deudor fuera persona jurídica, será competente para decidir sobre la solicitud 
el órgano de administración o de liquidación.
Artículo 632.  Presupuesto especial para el deudor persona natural.
Si el deudor fuera persona natural, será necesario que la estimación inicial del valor del  es
pasivo no sea superior a cinco millones de euros. bo
ArtícSui loe l6 d3e3u. doPr rfeuseurap upeesrtsoo ensap jeucríiadli cpaa, rsae erál d neeucdeosra prieor sqounea  laju reídsticima.ación inicial del valor
del activo o del importe del pasivo no sea superior a cinco millones de euros, o que tenga
menos de cincuenta acreedores, siempre que, en todo caso, acredite disponer de activos  Bc
suficientes para pagar los gastos propios de la tramitación del expediente.
Artículo 634.  Prohibiciones.
No podrán solicitar el nombramiento de un mediador concursal:
1.º  Las personas que, dentro de los diez años anteriores a la solicitud, hubieran sido 
condenadas en sentencia firme por delito contra el patrimonio, contra el orden 
socioeconómico, de falsedad documental, contra la Hacienda Pública, la Seguridad Social 
o contra los derechos de los trabajadores.
2.º  Las personas que, dentro de los cinco años anteriores a la solicitud, hubieran 
alcanzado un acuerdo extrajudicial de pagos con los acreedores, hubieran obtenido la 
homologación judicial de un acuerdo de refinanciación o hubieran sido declaradas en 
concurso de acreedores.
El cómputo de este plazo comenzará a contar, respectivamente, desde la publicación 
en el Registro público concursal de la aceptación del acuerdo extrajudicial de pagos, de la 
resolución judicial que homologue el acuerdo de refinanciación o del auto que declare la 
conclusión del concurso.
3.º  Las personas que se encuentren negociando con sus acreedores un acuerdo de 
refinanciación.
4.º  Las personas cuya solicitud de concurso hubiera sido admitida a trámite.
CAPÍTULO II
Del nombramiento de mediador concursal
Sección 1.ª  De la solicitud de nombramiento de mediador concursal
Artículo 635.  Solicitud de nombramiento.
1.  La solicitud de nombramiento de mediador concursal se hará mediante formulario 
normalizado firmado por el deudor, al que acompañará el inventario de bienes y derechos 
y la lista de acreedores. El contenido de los formularios normalizados de solicitud, del 
inventario y de lista de acreedores, se determinará mediante orden del Ministerio de 
Justicia.
2.  Si el deudor fuera persona casada en régimen de gananciales o cualquier otro de 
comunidad de bienes, indicará en la solicitud la identidad del cónyuge, con expresión del 
régimen económico del matrimonio. Si los cónyuges fueran propietarios de la vivienda 
familiar y esta pudiera quedar afectada por el acuerdo extrajudicial de pagos, la solicitud 
deberá firmarse necesariamente por ambos cónyuges o presentarse por uno con el 
consentimiento del otro.
Artículo 636.  Documentos generales.
1.  En el inventario figurarán los bienes y derechos de que sea titular, con expresión 
de la naturaleza que tuvieran, las características, el lugar en que se encuentren y, si 
estuvieran inscritos en un Registro público, los datos de identificación registral de cada uno 
de los bienes y derechos relacionados, el valor de adquisición, las correcciones valorativas 
que procedan y la estimación del valor actual. Se indicarán también en el inventario los 
gravámenes, trabas y cargas que afecten a estos bienes y derechos, con expresión de la 
naturaleza de los mismos y, en su caso, de los datos de identificación registral. En anejo 
del inventario se especificarán el efectivo y los activos líquidos de que disponga, así como  e.e
una relación de los ingresos regulares previstos. b
2.  En la lista de acreedores figurarán, por orden alfabético, los que tenga el  59ww
slao ldiciriteacnctieó,n i neclleucidtroósn ilcoas,  dsei  ldae truevciheore p, údbel iccoa,d cao unn eox pdree seilólons d, ea ssíu c iodmenot iddaed l,a e cl udaonmtíiac ilyio  eyl 
vcoennsctimituiiednatso  ad efa vloosr  drees cpueacltqivuoiesr  carcérdeietodso ry o l adse  gtearrcaenrtoía. sA  ploesr seofencatloess  dper elast addetaesr moi nreaacilóens 
del valor de la garantía se estará a lo establecido en esta ley respecto de los créditos con 
privilegio especial.
Si existieran ejecuciones contra el patrimonio del deudor se indicará en la lista de 
acreedores la identidad del ejecutante, el juzgado en el que se estuvieran tramitando y el 
número de autos, con expresión de cuáles de esas ejecuciones recaen sobre bienes o 
derechos que el solicitante considere necesarios para la continuidad de la actividad 
profesional o empresarial.
En anejo de la lista se incluirá una relación de los contratos vigentes y una relación de 
los gastos mensuales previstos.
3.  Si tuviera trabajadores acompañará el solicitante una relación de los que tuviera, 
con expresión de la identidad y dirección de sus representantes.
Artículo 637.  Documentos contables.
Si el deudor estuviera legalmente obligado a la llevanza de contabilidad, acompañará 
las cuentas anuales correspondientes a los tres últimos ejercicios. Si fuera empresario, 
acompañará, además, un balance actualizado.
Artículo 638.  De la presentación de la solicitud.
1.  Si el deudor persona natural no fuera empresario o el deudor persona jurídica no 
fuera entidad inscribible en el Registro mercantil, la solicitud se presentará ante notario del 
domicilio del deudor.
2.  Si el deudor persona natural fuera empresario o el deudor persona jurídica fuera 
entidad inscribible en el Registro mercantil, aunque no estén inscritos, la solicitud se 
presentará o se remitirá telemáticamente al registrador mercantil correspondiente al 
domicilio del deudor.
3.  Si el deudor persona natural fuera empresario o si tuviera la condición de persona 
jurídica, la solicitud también podrá presentarse ante la Cámara Oficial de Comercio, 
Industria, Servicios y Navegación de España o ante cualquier Cámara Oficial de Comercio, 
Industria, Servicios y Navegación que, de conformidad con la normativa por la que se rija, 
haya asumido funciones de mediación.
4.  A los efectos de lo establecido en este título, serán consideradas empresarios no 
solamente las personas naturales que tengan tal condición, sea conforme a la legislación 
mercantil, sea conforme a la legislación de la seguridad social, sino también aquellas que 
ejerzan actividades profesionales, así como los trabajadores autónomos.
Artículo 639.  De los efectos de la presentación de la solicitud.
Solicitado el nombramiento de mediador concursal, el deudor podrá continuar con su 
actividad profesional, empresarial o laboral, pero se abstendrá de realizar cualquier acto 
de administración y disposición que exceda de los actos u operaciones propias del giro o 
tráfico de su actividad.
Artículo 640.  De la tramitación de la solicitud.
1.  El receptor de la solicitud, si fuera competente, procederá a la apertura de 
expediente y comprobará si el deudor reúne los requisitos legales exigidos y si los datos 
que constan en el formulario y la documentación que la acompaña no contienen defecto 
alguno y son suficientes. Si estimara que la solicitud o la documentación adjunta adolecen  e.
de algún defecto o que esta es insuficiente para acreditar el cumplimiento de los requisitos  w.
legales, señalará al solicitante un único plazo de subsanación, que no podrá exceder de  59ww
cinc2o.  díaSsi .la solicitud no tuviera defectos y la documentación fuera completa, procederá a
nreogmisbtrraadro ar lm merecdainatdil ocro mcopnecteunrstea, le. sStei , laan steosli cdietu ndo mseb rahru abli emraed piardeosre cnotandcuor soa lr, epmroictieddoe raál   BOE-A-cable e
a la apertura de la hoja correspondiente, en caso de que no figurase inscrito.
3.  La solicitud se inadmitirá cuando el deudor no justifique que reúne los requisitos 
legales exigidos. En caso de inadmisión por falta de justificación o de subsanación, el 
solicitante podrá presentar nueva solicitud cuando concurriesen o pudiera acreditarse la 
concurrencia de esos requisitos.
Sección 2.ª  Del nombramiento de mediador concursal
Subsección 1.ª  Del nombramiento
Artículo 641.  Instancia competente.
1.  La competencia para el nombramiento de mediador concursal corresponde al 
receptor de la solicitud.
2.  El nombramiento del mediador concursal deberá realizarse dentro de los cinco 
días siguientes a la recepción de la solicitud.
3.  Si el nombramiento se efectuara por notario deberá constar en acta autorizada por 
el mismo fedatario; si se efectuara por registrador mercantil, la resolución que dicte se 
anotará en la hoja abierta al solicitante; y si se efectuara por Cámara Oficial deberá constar 
en acta del órgano que sea competente, de la que el secretario expedirá certificación.
Artículo 642.  Requisitos generales del mediador.
1.  El mediador concursal, sea persona natural o jurídica, deberá tener la condición de 
mediador en asuntos civiles y mercantiles, y estar inscrito en la lista oficial confeccionada 
por el Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación del Ministerio de Justicia. La 
lista oficial figurará en el portal correspondiente del «Boletín Oficial del Estado».
2.  Cuando el deudor fuera persona natural no empresario, el notario receptor de la 
solicitud  podrá  asumir  la  condición  de  mediador,  salvo  oposición  del  deudor. 
Reglamentariamente se determinará el régimen de responsabilidad de los notarios que 
intervengan como mediadores en los acuerdos extrajudiciales de pagos.
Artículo 643.  Sistema de nombramiento.
El nombramiento de mediador concursal habrá de recaer en la persona a la que, 
dentro de la lista a que se refiere el artículo anterior, de forma secuencial le corresponda.
Artículo 644.  Supuestos especiales.
1.  Si el deudor persona natural empresario o la persona jurídica deudora hubiera 
presentado la solicitud ante una Cámara Oficial, la propia Cámara asumirá las funciones 
de mediación.
El sistema de mediación desarrollado por las Cámaras deberá ser transparente y se 
deberá garantizar la inexistencia de conflicto de intereses. A tal efecto podrá constituirse 
una subcomisión de sobreendeudamiento u órgano equivalente, que deberá estar 
compuesto por, al menos, una persona que reúna los requisitos para ser nombrada 
mediadora concursal.
2.  Si el deudor fuera una entidad aseguradora o reaseguradora, deberá ser nombrado 
mediador el Consorcio de Compensación de Seguros.
Artículo 645.  Remuneración del mediador concursal. e.e
1.  La cuantía de la retribución se fijará en la resolución en la que se le nombre. 59ww
ddeeul d2mo. er,d Rdiaeed gsoluar  mpcaoesnnictvauorr iasy amal.ce tnEivtneo   tsyoe dd eodle  céteaxrsitmoo i,na lalacr aárnenz trlaaibdsuo rc eeiógnnl al asa  m ppaeerdraica iebclii órc nád.lecpuelon ddeer ála  dreetl ritbipuoc iódne   OE-A-2020-48able en https://
Subsección 2.ª  De la aceptación
Artículo 646.  Requisitos de la aceptación.
Al aceptar el cargo, el nombrado deberá facilitar al notario, al registrador o a la Cámara 
una dirección electrónica a la que los acreedores puedan remitir cualquier comunicación o 
notificación. La dirección electrónica deberá cumplir las condiciones técnicas de seguridad 
de las comunicaciones electrónicas en lo relativo a la constancia de la transmisión y 
recepción, de sus fechas y del contenido íntegro de las comunicaciones.
Artículo 647.  Plazo para la aceptación.
1.  La aceptación del mediador concursal deberá tener lugar dentro de los cinco días 
siguientes al de recibo de la resolución de nombramiento.
2.  La falta de aceptación dentro de plazo determinará la caducidad del nombramiento.
Sección 3.ª  De la comunicación del nombramiento
Artículo 648.  Comunicación al juzgado.
Aceptado el cargo por el mediador, el notario, el registrador o la Cámara Oficial 
comunicará al juzgado competente para la declaración de concurso del solicitante el 
propósito del deudor de negociar con los acreedores un acuerdo extrajudicial de pagos, 
acompañando, según proceda, copia auténtica del acta o certificación del asiento o del 
acuerdo de nombramiento, con expresión de la fecha en que el nombrado haya aceptado 
el cargo.
Artículo 649.  Comunicaciones a los Registros públicos.
Aceptado el cargo por el mediador, el notario, el registrador o la Cámara Oficial, 
remitirá, según proceda, copia auténtica del acta o, certificación del asiento o del acuerdo 
de nombramiento, a los Registros públicos de personas en que figure inscrito el solicitante 
y a los Registros públicos de bienes o derechos en que este tuviera inscritos bienes o 
derechos de su propiedad, con expresión de la fecha en que el nombrado haya aceptado 
el cargo. Una vez recibida la documentación, el responsable del registro practicará 
anotación preventiva en la hoja en que figurase inscrito el deudor o sus bienes y derechos.
Artículo 650.  Comunicación al Registro público concursal.
1.  Aceptado el cargo por el mediador, el notario, el registrador o la Cámara Oficial, 
remitirá, según proceda, copia auténtica del acta o, certificación del asiento o del acuerdo 
de nombramiento, al Registro público concursal.
2.  La comunicación contendrá la identidad del deudor, incluyendo el número de 
identificación fiscal; el notario, el registrador o la Cámara Oficial ante el que se hubiera 
presentado la solicitud; el número del expediente que se hubiera incoado; y la identidad del 
mediador concursal, incluyendo el número de identificación fiscal.
Artículo 651.  Comunicaciones a organismos públicos.
1.  Aceptado el cargo por el mediador, el notario, el registrador o la Cámara Oficial,  es
remitirá, según proceda, copia auténtica del acta o, certificación del asiento o del acuerdo  bo
de nombramiento a la Agencia Estatal de Administración Tributaria y a la Tesorería General  59ww
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identificación fiscal que tuviera; la identidad del mediador y el número de identificación
fiscal que tuviera, la fecha de aceptación del cargo y dirección electrónica que hubiera 
facilitado.
Artículo 652.  Comunicación a la representación de los trabajadores.
Aceptado el cargo por el mediador, el notario, el registrador o la Cámara Oficial, 
remitirá, según proceda, copia auténtica del acta o, certificación del asiento o del acuerdo 
de nombramiento a la representación de los trabajadores, si la hubiere, haciéndoles saber 
de su derecho a personarse en las actuaciones.
Artículo 653.  Actuaciones notariales y registrales.
Si el deudor fuera persona natural no empresario, las actuaciones notariales o 
registrales descritas en este capítulo no devengarán retribución arancelaria alguna.
Sección 4.ª  Del régimen supletorio
Artículo 654.  Régimen supletorio.
En todo lo no previsto en esta ley en cuanto al nombramiento y a la aceptación del 
mediador concursal, se estará a lo dispuesto para el nombramiento de expertos 
independientes.
Sección 5.ª  Del deber de solicitar aplazamiento o fraccionamiento de la obligación 
de pago de los créditos de derecho público
Artículo 655.  El deber de solicitar aplazamiento o fraccionamiento de los créditos de 
derecho público.
1.  Una vez nombrado el mediador concursal, el deudor que tuviera deudas tributarias 
o de seguridad social para cuya gestión recaudatoria resulte de aplicación lo dispuesto en 
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en la Ley 47/2003, de 26 de 
noviembre, General Presupuestaria, o en el texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio, deberá 
solicitar de la administración pública competente el aplazamiento o el fraccionamiento de 
pago de aquellas que, a la fecha del nombramiento del mediador, se encontrasen 
pendientes de ingreso, salvo que tuviera previsto y pudiera efectuar el pago de dichas 
deudas en el plazo establecido en la normativa que resulte de aplicación.
2.  A la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento se acompañará la relación de 
aquellas otras deudas de derecho público que a la fecha de presentación estuvieran 
incluidas en solicitudes pendientes de resolución.
Artículo 656.  Régimen aplicable al aplazamiento o fraccionamiento.
1.  La tramitación de las solicitudes de aplazamiento o de fraccionamiento de las 
deudas tributarias se regirá por lo establecido en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, y en 
la normativa que la desarrolla.
2.  La tramitación de las solicitudes de aplazamiento o de fraccionamiento de las 
deudas de seguridad social se regirá por lo establecido en el texto refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 de  e.
junio, y en la normativa que la desarrolla. w.
Artículo 657.  Resolución sobre la solicitud.
tribu1ta. riaEsl  oa cduee rsdeog udreid areds soolucciaiól ns odloe lp aopdlraáz daimctiaernsteo  cou afrnadcoc ieoln aacmuieerndtoo  edxet ralajusd diceiauld daes 
pagos haya sido formalizado. No obstante, la administración pública competente podrá
resolver antes la solicitud si hubieran transcurrido tres meses desde que se hubiera 
presentado sin que se haya publicado en el Registro público concursal el acuerdo 
extrajudicial de pagos o si el deudor hubiera sido declarado en concurso de acreedores.
2.  Salvo que razones de cuantía, discrecionalmente apreciadas por la administración 
pública  determinen  lo  contrario,  el  acuerdo  de  concesión  del  aplazamiento  o 
fraccionamiento, tendrá como referencia temporal máxima la contemplada en el acuerdo 
extrajudicial de pagos, si bien la periodicidad de los plazos podrá ser diferente.
Artículo 658.  Aplazamientos o fraccionamientos anteriores.
1.  Los aplazamientos y fraccionamientos de pago de las deudas tributarias o de 
seguridad social en su día concedidos y vigentes a la fecha de presentación de la solicitud 
continuarán surtiendo plenos efectos.
2.  En el caso de que, junto con el aplazamiento o del fraccionamiento de las nuevas 
deudas, se solicitase la modificación de las condiciones de los ya concedidos, la solicitud 
se tramitará conjuntamente.
CAPÍTULO III
De los deberes de comprobación
Artículo 659.  Deber de comprobación de la solicitud y de la documentación.
1.  Dentro de los diez días siguientes al de la aceptación del cargo, el mediador 
concursal deberá comprobar la realidad y exactitud de los datos que figuren en la solicitud 
y la documentación que la acompañe.
2.  El mediador concursal podrá requerir al deudor para que complemente o subsane 
lo que proceda, así como instarle a la corrección de cuantos errores pueda haber en la 
solicitud o en la documentación.
Artículo 660.  Deber de comprobación de los créditos.
Dentro de los diez días siguientes al de la aceptación del cargo, el mediador concursal, 
con los antecedentes documentales con que cuente el deudor y con los demás medios que 
considere oportunos, deberá comprobar la existencia y la cuantía de los créditos de 
quienes figuren en la lista de acreedores. Si el deudor fuera persona natural que no tuviera 
la condición de empresario y el mediador fuera el propio notario, el plazo será de quince 
días a contar desde la presentación al notario de la solicitud de nombramiento de mediador.
Artículo 661.  Direcciones electrónicas.
Desde que el acreedor hubiera facilitado al mediador concursal una dirección 
electrónica, las comunicaciones con el mediador concursal deberán realizarse a la citada 
dirección electrónica.
CAPÍTULO IV
Del acuerdo extrajudicial de pagos
Sección 1.ª  De la convocatoria a los acreedores es
Artículo 662.  Convocatoria a los acreedores. 59ww
conc1u. rsaDl ecnotnrov odcea rláo sa l ddieeuz ddoíra ys  as ilgousi eanctreese daol redse  qlau ea fcigeuprteanc ióenn  ldae lli sctaa rqguoe,  aecl ommepdaiañdeo ar 
lean s loal icloitcuadli doa dde  ecnu ylaa  qeuxies teeln dceiau pdoorr  cteunaglqau sieur  odtormo imcielidoi.o S tie enlg dae cuodnoorc fiumeieran tpoe ars uonnaa  rneautnuióranl   BOE-A-cable e
que no tuviera la condición de empresario y el mediador fuera el propio notario, el plazo
para la convocatoria será de quince días a contar desde la presentación al notario de la 
solicitud de nombramiento de mediador.
2.  Los acreedores públicos no serán convocados a la reunión.
3.  La convocatoria deberá expresar el lugar, día y hora de la reunión, la finalidad de 
alcanzar un acuerdo extrajudicial de pago y la identidad de cada uno de los acreedores 
convocados, con expresión de la cuantía del crédito, la fecha de concesión y de 
vencimiento y las garantías personales o reales constituidas.
4.  La reunión deberá celebrarse dentro de los dos meses siguientes a la fecha de la 
aceptación o dentro de los treinta días si el deudor fuera persona natural que no tuviera la 
condición de empresario.
Artículo 663.  Forma de la convocatoria.
Si constara al mediador la dirección electrónica de acreedor por haberla aportado el 
deudor o facilitado el acreedor, la convocatoria deberá realizarse a esa dirección 
electrónica. En los demás casos, la convocatoria se realizará por conducto notarial o por 
cualquier medio de comunicación, individual y escrita, que asegure la recepción.
Artículo 664.  Deber de abstención.
1.  Desde la comunicación de la apertura de las negociaciones al juzgado competente 
para la declaración del concurso, los acreedores deberán abstenerse de realizar acto 
alguno dirigido a mejorar la situación en que se encuentren respecto del deudor.
2.  Los actos de mejora que se realicen no producirán efecto alguno.
Artículo 665.  Suspensión del devengo de intereses.
Durante el plazo de negociación del acuerdo, se suspenderá el devengo de los 
intereses, legales o convencionales, de los créditos que pudieran verse afectados por el 
mismo, sin más excepciones que las establecidas para el caso de concurso de acreedores.
Sección 2.ª  De la propuesta de acuerdo extrajudicial de pagos
Subsección 1.ª  De la propuesta
Artículo 666.  Remisión de la propuesta.
Con una antelación mínima de veinte días naturales a la fecha prevista para la 
celebración de la reunión o, de quince si el deudor fuera persona natural que no tuviera la 
condición de empresario, el mediador concursal remitirá a los acreedores, con el 
consentimiento del deudor, una propuesta de acuerdo extrajudicial de pagos sobre los 
créditos pendientes de pago a la fecha de la solicitud.
Artículo 667.  Contenido de la propuesta de acuerdo.
1.  La propuesta podrá contener cualquiera de las siguientes medidas:
1.ª  Esperas por un plazo no superior a diez años.
2.ª  Quitas.
3.ª  La conversión de los créditos en acciones o participaciones de la sociedad  s
deudora o de otra sociedad, la conversión de los créditos en créditos participativos por  oe.
período no superior a diez años, en obligaciones convertibles, en créditos subordinados,  w.
ecoarnirg acinrcéatedririotíossst.i ccaosn,  irnatnegreos eos  vceanpcitimaliizeanbtole sd iost iennto csu daleq uaieqru eoltlroos  inqsuteru mtuevnietora fnin laonsc icerréod citoons   2020-4859n https://ww
4.ª  La cesión de bienes o derechos a los acreedores en pago o para pago de la
totalidad o parte de sus créditos. Bc
2.  Si el deudor fuera persona natural que no tuviera la condición de empresario, la 
propuesta únicamente podrá contener esperas, quitas y cesión de bienes o derechos a los 
acreedores en pago o para pago de totalidad o parte de sus créditos.
Artículo 668.  Régimen especial de la conversión en acciones o participaciones sociales.
1.  La conversión de créditos en acciones o participaciones sociales, con o sin prima 
podrá realizarse aunque los créditos a compensar no sean líquidos, no estén vencidos o 
no sean exigibles.
2.  Para la adopción por la junta general de socios del acuerdo de aumentar el capital 
social por conversión de los créditos en acciones o participaciones sociales no será 
necesaria la mayoría reforzada establecida por la ley o por los estatutos sociales.
Artículo 669.  Límites de los acuerdos de cesión de bienes.
1.  La cesión en pago de bienes y derechos a los acreedores solo podrá tener por 
objeto bienes o derechos que no resulten necesarios para la continuación de la actividad 
profesional o empresarial.
2.  La cesión de los bienes y derechos deberá realizarse por el valor razonable que 
tuvieran, calculado conforme a lo establecido en la sección 2.ª del capítulo III del título V 
del libro I de esta ley. Si el valor fuera igual o inferior al importe del crédito, este se 
extinguirá una vez realizada la cesión. Si fuera superior, la diferencia se deberá integrar en 
el patrimonio del deudor.
3.  Si los bienes objeto de cesión estuvieran afectos a garantía real, será de aplicación 
lo establecido en el capítulo III del título IV del libro I de esta ley, siendo competencia del 
juez al que se hubiera comunicado el propósito del deudor de negociar con los acreedores 
un acuerdo extrajudicial de pagos y el nombramiento del mediador concursal conceder o 
denegar las autorizaciones exigidas en dicho capítulo.
Artículo 670.  Prohibiciones.
1.  En ningún caso la propuesta de acuerdo extrajudicial de pagos podrá alterar el 
orden de prelación de pagos establecido para el concurso de acreedores, salvo que los 
acreedores postergados consientan expresamente.
2.  En ningún caso la propuesta podrá consistir en la liquidación global del patrimonio 
del deudor para satisfacción de los créditos.
Subsección 2.ª  De los documentos adjuntos a la propuesta
Artículo 671.  Plan de pagos.
1.  La propuesta deberá presentarse acompañada de un plan de pagos de los créditos 
pendientes de pago, con determinación de los recursos previstos para satisfacerlos, así 
como de los nuevos créditos, entre los que se incluirán los que se devenguen en concepto 
de derecho de alimentos para el deudor y su familia.
2.  A la propuesta se acompañará copia de la solicitud de aplazamiento del pago de 
los créditos de derecho público o de la resolución que se hubiera dictado. En otro caso, se 
indicarán las fechas de pago de los mismos, si no fueran a satisfacerse en los respectivos 
plazos de vencimiento. s
Artículo 672.  Plan de viabilidad. w.
queC gueannedroe  plaa rcao antteinnudaecr iaóln c, utomtpalli mo iepnatroc idael,l  daecul eerjdeorc siceio p rdeev elaa  acoctnivtaidr acdo np rloosfe rseicounraslo os 
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de su obtención.
Artículo 673.  Propuestas alternativas y propuestas de modificación.
Dentro de los diez días naturales posteriores al envío de la propuesta de acuerdo por 
el mediador concursal a los acreedores, estos podrán presentar propuestas alternativas o 
propuestas de modificación.
Artículo 674.  Propuesta final.
Transcurrido el plazo citado en el artículo anterior, el mediador concursal remitirá a los 
acreedores la propuesta final aceptada por el deudor.
Artículo 675.  Modificación del plan de pagos.
1.  El plan de pagos y el plan de viabilidad podrán ser modificados en la reunión del 
deudor con los acreedores.
2.  En ningún caso podrán modificarse las condiciones de pago de aquellos 
acreedores que, habiendo manifestado la aceptación de la propuesta dentro de los diez 
días naturales anteriores a la reunión, no hubieran asistido a ella.
Sección 3.ª  De la aceptación de la propuesta
Subsección 1.ª  Del deber de asistencia
Artículo 676.  Deber de asistencia.
Los acreedores convocados deberán asistir a la reunión, salvo que, dentro de los diez 
días naturales anteriores a la fecha prevista, hubieran aceptado la propuesta o hubiera 
formulado oposición a la misma.
Subsección 2.ª  De las mayorías
Artículo 677.  Determinación del pasivo computable para la adopción del acuerdo.
1.  El pasivo computable para la adopción del acuerdo comprenderá la suma del 
importe de los créditos que no gocen de garantía real, el importe de los créditos que 
exceda del valor de esa garantía calculado conforme a lo establecido en el título V del 
libro I de esta ley y el importe de los créditos con garantía real que hubieran aceptado la 
propuesta.
2.  En ningún caso integrarán el pasivo computable los importes correspondientes a 
los créditos de derecho público.
Artículo 678.  Mayorías requeridas para la adopción del acuerdo.
1.  Cuando la propuesta de acuerdo contenga esperas, ya sean de principal, de 
intereses o de cualquier otra cantidad adeudada, por un plazo no superior a cinco años o 
la conversión de los créditos en créditos participativos durante el mismo plazo, o quitas no 
superiores al veinticinco por ciento del importe de los créditos será necesario el sesenta 
por ciento del pasivo computable para la adopción del acuerdo.
2.  Cuando la propuesta de acuerdo tuviera cualquier otro contenido, será necesario 
el setenta y cinco por ciento del pasivo computable. es
Sección 4.ª  De la formalización del acuerdo 59ww
Artículo 679.  Elevación a escritura pública.
1.  Si la propuesta fuera aceptada por los acreedores, el acuerdo se elevará
inmediatamente a escritura pública que otorgará el mediador concursal. Bc
2.  Si el mediador hubiera sido nombrado por el notario, en la misma escritura el 
notario, mediante diligencia, cerrará el expediente. Si el mediador hubiera sido nombrado 
por el registrador mercantil o por la Cámara, la escritura se presentará en el propio registro, 
el cual procederá a cerrar el expediente.
Artículo 680.  Comunicación al juzgado competente.
El profesional, el funcionario o la entidad que hubiera realizado el nombramiento del 
mediador concursal comunicará el cierre del expediente al juzgado competente para la 
declaración del concurso del deudor.
Artículo 681.  Comunicación a los Registros públicos.
1.  El profesional, el funcionario o la entidad que hubiera realizado el nombramiento 
del mediador concursal comunicará el cierre del expediente a los registros públicos de 
personas o de bienes en los que se hubiera anotado el nombramiento de mediador 
concursal a fin de que procedan a la cancelación de las anotaciones practicadas.
2.  Si el mediador concursal hubiera sido nombrado por el notario, la comunicación se 
efectuará por medio de copia de la escritura pública. Si hubiera sido nombrado por el 
registrador mercantil, la comunicación se efectuará por medio de certificación del contenido 
del asiento. Si hubiera sido nombrado por cámara, la comunicación se efectuará mediante 
certificación expedida por el secretario de la cámara.
Artículo 682.  Publicación en el Registro público concursal.
El profesional, el funcionario o la entidad que hubiera realizado el nombramiento del 
mediador concursal publicará la existencia del acuerdo extrajudicial de pagos en el 
Registro público concursal, con la indicación de que el expediente está a disposición de los 
acreedores interesados en la notaria, el registro o la cámara para el conocimiento de su 
contenido.
CAPÍTULO V
De la eficacia del acuerdo
Artículo 683.  Extensión necesaria del acuerdo.
1.  El contenido del acuerdo extrajudicial vinculará al deudor y a los acreedores cuyos 
créditos no gocen de garantía real o por la parte de los créditos que exceda del valor de la 
garantía real, a excepción de los créditos públicos.
2.  En ningún caso, los créditos públicos, gocen o no de garantía real, podrán verse 
afectados por el acuerdo extrajudicial de pagos.
Artículo 684.  Extensión del acuerdo a los créditos con garantía real.
1.  Los acreedores con garantía real, por la parte del crédito que no exceda del valor 
de la garantía, únicamente quedarán vinculados por el acuerdo si hubieran manifestado la 
voluntad de aceptarlo.
2.  Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, los acreedores con garantía 
real que no hayan aceptado el acuerdo, por la parte de sus créditos que no exceda del  es
valor de la garantía, quedarán también vinculados a dicho acuerdo, con el alcance que se  bo
convenga, cuando se obtengan las siguientes mayorías, calculadas en función de la  59ww
potroorpgoardcaiósn: del valor de las garantías aceptantes sobre el valor total de las garantías
1.º  El sesenta y cinco por ciento cuando el acuerdo contenga esperas, ya sean de
principal, de intereses o de cualquier otra cantidad adeudada, con un plazo no superior a  Bc
cinco años o la conversión de los créditos en créditos participativos durante el mismo 
plazo, o quitas no superiores al veinticinco por ciento del importe de los créditos.
2.º  El ochenta por ciento cuando el acuerdo tuviera cualquier otro contenido.
Artículo 685.  Eficacia objetiva del acuerdo.
1.  Los créditos a los que se extienda la eficacia del acuerdo quedarán extinguidos en 
la parte a que alcance la quita, aplazados en su exigibilidad por el tiempo de espera y, en 
general, afectados por el contenido del acuerdo.
2.  Ningún acreedor podrá iniciar o continuar ejecuciones contra el deudor por deudas 
anteriores a la comunicación de la apertura del procedimiento con fundamento en créditos 
a los que se extienda la eficacia del acuerdo.
El deudor podrá solicitar la cancelación de los correspondientes embargos del juez que 
los hubiera ordenado.
Artículo 686.  Conservación de derechos.
1.  El acuerdo no producirá efectos respecto de los derechos de los acreedores frente 
a los obligados solidarios con el deudor, ni frente a los fiadores o avalistas, salvo que esos 
acreedores hubiesen mostrado su conformidad con el acuerdo. Los obligados solidarios, 
los fiadores y los avalistas no podrán invocar la aprobación del acuerdo ni el contenido de 
este en perjuicio de aquellos.
2.  La responsabilidad de los obligados solidarios, fiadores o avalistas del deudor 
frente a los acreedores que hubiesen aceptado el acuerdo se regirá por los pactos que 
sobre el particular hubieran establecido y, en su defecto, por las normas legales aplicables 
a la obligación que hubieren contraído.
CAPÍTULO VI
De la impugnación del acuerdo
Artículo 687.  Motivos de impugnación.
La impugnación del acuerdo solo podrá fundarse en los siguientes motivos:
1.º  En la falta de concurrencia de las mayorías exigidas para la adopción del acuerdo 
teniendo en cuenta, en su caso, a los acreedores que, debiendo concurrir, no hubieran 
sido convocados.
2.º  En la infracción de las normas previstas en este título sobre el contenido de la 
propuesta.
3.º  En la desproporción de las medidas acordadas.
Artículo 688.  Legitimación activa.
La legitimación activa para la impugnación del acuerdo corresponde al acreedor que, 
ostentando derecho a ello, no hubiera sido convocado a la junta de acreedores y al que no 
hubiera aceptado el acuerdo, siempre que, en este caso, la eficacia del acuerdo se 
extienda a los créditos de los que sea titular.
Artículo 689.  Presentación de la impugnación. es
1.  La impugnación se presentará ante el juzgado que fuera competente para conocer  w.
deel Rl c2eo.g niscLturaors  ipomú dpbeulilgc dnoea cucodiónoncr u ndroes ansltu.ros pdeen ldoesr dái elaz  edjíeacsu sciigóuni ednetle asc au elard pou.blicación del acuerdo en  2020-4859n https://ww
Artículo 690.  Procedimiento.
Todas las impugnaciones se tramitarán conjuntamente por el procedimiento del 
incidente concursal.
Artículo 691.  Sentencia.
1.  Una vez tramitado el incidente, la sentencia que resuelva sobre la impugnación 
deberá dictarse en el plazo de diez días.
2.  La sentencia que se dicte será susceptible de recurso de apelación de tramitación 
preferente.
Artículo 692.  Publicidad de la sentencia.
Una vez firme, la sentencia, sea estimatoria o desestimatoria de la impugnación, se 
publicará en el Registro público concursal.
CAPÍTULO VII
Del cumplimiento del acuerdo
Artículo 693.  Supervisión del cumplimiento.
El mediador concursal supervisará el cumplimiento del acuerdo.
Artículo 694.  Constancia del cumplimiento.
Si el acuerdo extrajudicial de pagos fuera íntegramente cumplido, el mediador 
concursal lo hará constar en acta notarial que se publicará en el Registro público concursal.
TÍTULO IV
De las especialidades del concurso consecutivo
CAPÍTULO I
Del concurso consecutivo
Artículo 695.  Concurso consecutivo.
Se consideran concursos consecutivos:
a)  El del deudor insolvente que, en caso de no haber alcanzado un acuerdo un 
acuerdo de refinanciación o de un acuerdo extrajudicial de pagos tipificados en esta ley, se 
declare a solicitud del propio deudor, de acreedor o, en el caso de un acuerdo extrajudicial 
de pagos, también a solicitud del mediador.
b)  El del deudor insolvente que se declare a solicitud del deudor que manifieste no 
poder cumplir el acuerdo de refinanciación o el acuerdo extrajudicial de pagos que hubiera 
alcanzado con los acreedores, así como el que se declare a solicitud del propio deudor o 
de acreedor, anterior o posterior a cualquiera de estos acuerdos, en caso de incumplimiento 
del que se hubiera alcanzado. e.e
c)  El del deudor insolvente que, en caso de declaración judicial de nulidad o de  b
ineficacia del acuerdo alcanzado, se declare a solicitud del deudor o de acreedor anterior  59ww
o posterior al acuerdo anulado o declarado ineficaz.
Artículo 696.  Competencia para declarar el concurso consecutivo.
Será juez competente para declarar el concurso consecutivo el que hubiera declarado 
la nulidad o la ineficacia del acuerdo o lo hubiera declarado incumplido o, en el caso de los 
acuerdos de refinanciación homologados, el que lo hubiera homologado. En los demás 
casos será juez competente el que conforme a las normas generales lo fuera para la 
declaración del concurso.
CAPÍTULO II
De las normas comunes en materia de concurso consecutivo
Sección 1.ª  De las especialidades en materia de reintegración de la masa activa
Artículo 697.  Acciones de reintegración.
1.  Declarado el concurso consecutivo a un acuerdo de refinanciación que hubiera 
sido declarado nulo serán rescindibles los actos perjudiciales para la masa activa 
realizados por el deudor dentro de los dos años anteriores a la fecha de la declaración de 
concurso, así como los realizados durante la fase de cumplimiento de ese acuerdo.
2.  Declarado el concurso consecutivo a un acuerdo extrajudicial de pagos que 
hubiera sido o fuera declarado nulo o que no reúna los requisitos establecidos en esta ley 
serán rescindibles los actos perjudiciales para la masa activa realizados por el deudor 
desde la solicitud de nombramiento de mediador concursal.
3.  Declarado el concurso consecutivo también podrán impugnarse, mediante el 
ejercicio de cualesquiera otras acciones que procedan conforme al derecho general, los 
actos del deudor anteriores a la declaración, así como los realizados durante la fase de 
cumplimiento del acuerdo.
Artículo 698.  Especialidades en materia de rescisión concursal.
En caso de concurso consecutivo no podrán ejercitarse acciones de rescisión 
concursal de los acuerdos de refinanciación homologados ni de los acuerdos de 
refinanciación que, aun no habiendo sido homologados, reúnan los requisitos establecidos 
en esta ley, de los acuerdos extrajudiciales de pago, así como tampoco de los actos, los 
negocios jurídicos y los pagos que se hubieran realizado en ejecución de esos acuerdos, 
cualquiera que fuera la naturaleza que tuvieran y la forma en la que consten, ni de las 
garantías que se hubieran prestado o constituido conforme a lo pactado en ellos.
Artículo 699.  Especialidades de la legitimación para el ejercicio de las acciones de 
reintegración.
1.  En caso de concurso consecutivo, la legitimación para el ejercicio de las acciones 
rescisorias concursales o cualesquiera otras acciones de impugnación de los acuerdos de 
refinanciación y de los acuerdos extrajudiciales de pago corresponderá en exclusiva a la 
administración concursal. En ningún caso la acción podrá ser ejercitada por los acreedores.
2.  En caso de ejercicio de acciones rescisorias concursales contra acuerdos de 
refinanciación no homologados corresponde a la administración concursal acreditar que el 
acuerdo no reúne los requisitos establecidos en esta ley.
Sección 2.ª  De las especialidades en materia de calificación del concurso w.b
Asirntí cc1ua. luos E7al0  rc0ao.z nocnPuarrebssoleu c,n olconisós nea cddumet iivcnoois nstcreau dprsoreores cusu mlspeea  bchuluelbp.iaebsleen,  snaelvgoa dporu ae bparo epno ncoenr tora lroios,  scoucaionsd oa,   OE-A-2020-48able en https://
acordar la capitalización de créditos o una emisión de valores o instrumentos convertibles
y esa negativa hubiera frustrado la consecución de un acuerdo de refinanciación o un 
acuerdo extrajudicial de pagos.
2.  Se presumirá que la capitalización obedece a una causa razonable cuando así 
resulte del informe emitido, con anterioridad a la negativa, por experto independiente 
nombrado por el registrador mercantil del domicilio del deudor. En los casos de concurso 
acumulados de grupo o de subgrupo, si hubiere más de un informe, deberán coincidir en 
tal apreciación la mayoría de los informes emitidos.
3.  La presunción no será de aplicación a los administradores que, antes o durante la 
junta general, hubieran recomendado la adopción del acuerdo de capitalización o la 
emisión de valores o instrumentos convertibles, aun cuando la propuesta hubiera sido 
posteriormente rechazada por los socios o por la junta.
4.  En todo caso, para que la negativa de los socios a acordar la capitalización de 
créditos o una emisión de valores o instrumentos convertibles determine la culpabilidad del 
concurso, el acuerdo propuesto a la junta general deberá reconocer en favor de los socios 
de la sociedad deudora un derecho de adquisición preferente en caso de enajenación de 
las acciones, participaciones, valores o instrumentos convertibles por los acreedores que 
los hubieran suscrito o a los que se hubieran adjudicado como consecuencia de ese 
acuerdo.
No obstante lo establecido en el párrafo anterior, el acuerdo propuesto podrá excluir el 
derecho de adquisición preferente en las transmisiones realizadas por el acreedor a una 
sociedad de su mismo grupo o a cualquier otra entidad que tenga por objeto la tenencia y 
administración de participaciones en el capital de otras entidades con tal de que esté 
participada por el acreedor.
5.  En cualquier caso, se entenderá por enajenación la realizada en favor de un 
tercero por el propio acreedor o por las sociedades o entidades a que se refiere el apartado 
anterior.
Artículo 701.  Personas afectadas por la calificación del concurso.
1.  En el concurso consecutivo, en caso de persona jurídica podrán ser consideradas 
personas afectadas por la calificación, además de las establecidas en esta ley, los socios 
que, sin causa razonable, se hubieran negado a acordar la capitalización de los créditos o 
a una emisión de valores o instrumentos convertibles o hubieran votado en contra de la 
propuesta. La calificación de los socios como personas afectadas por la calificación se 
realizará en función del grado de contribución que hubieran tenido en la formación de la 
mayoría necesaria para el rechazo del acuerdo.
2.  En el concurso consecutivo, no tendrán la consideración de administradores de 
hecho los acreedores que, en virtud de lo pactado en un acuerdo de refinanciación no 
rescindible o en un acuerdo extrajudicial de pagos tuvieran derechos especiales de 
información, de autorización de determinadas operaciones del deudor o cualesquiera otras 
de vigilancia o control sobre el cumplimiento el plan de viabilidad, salvo que se acreditara 
la existencia de alguna circunstancia de distinta naturaleza que pudiera justificar la 
atribución de esa condición.
Artículo 702.  Especialidades en materia de condena a la cobertura del déficit.
1.  En el concurso consecutivo, cuando la sección de calificación hubiera sido formada 
o reabierta como consecuencia de la apertura de la fase de liquidación, el juez podrá 
condenar a la cobertura, total o parcial, del déficit, a todos o a algunos de los  e.e
administradores, liquidadores, de derecho o de hecho, o directores generales, de la  b
persona jurídica concursada, así como a los administradores y a los socios que se hayan  59ww
neemgisaidóon  sdien  vcaaluosrae sr aoz oinnsatbrulem ae nptorosp coonnevr eor tiab laecso, rsdiaerm lpar ec aqpuitea lhizuabciieórna nd es icdroé ddietocsla ora udnoas 
pers2o.n aLs aa fceocntaddeansa p ao r lolas c saolifcicioasc iaón l.a cobertura se realizará en función del grado de
contribución que hubieran tenido en la formación de la mayoría necesaria para el rechazo
del acuerdo y solo procederá en la medida que esa negativa hubiera determinado la 
calificación del concurso como culpable por agravación de la insolvencia.
CAPÍTULO III
De las especialidades del concurso consecutivo a un acuerdo de refinanciación
Artículo 703.  Prohibición especial para el nombramiento de administrador concursal.
En caso de concurso consecutivo, el experto independiente que hubiera sido nombrado 
por el Registrador mercantil para la evaluación del plan de viabilidad de un acuerdo de 
refinanciación no podrá ser nombrado administrador concursal ni auxiliar delegado.
Artículo 704.  De los créditos por generación de nuevos ingresos de tesorería.
1.  En caso de concurso consecutivo a un acuerdo de refinanciación tendrá la 
consideración de créditos contra la masa el cincuenta por ciento del importe de los créditos 
concedidos por acreedores o por terceros en ejecución de un acuerdo de refinanciación no 
rescindible que hubieran generado nuevos ingresos de tesorería.
2.  La parte del crédito que no tenga la consideración de crédito contra la masa tendrá 
la consideración de crédito con privilegio general.
3.  En ningún caso tendrán la consideración de créditos contra la masa o créditos con 
privilegio general los créditos de que fuera o hubiera sido titular cualquiera de las personas 
relacionadas con el deudor como consecuencia de prestamos o contratos de análoga 
finalidad o como consecuencia de aportaciones dinerarias realizadas en operaciones de 
aumento del capital de la sociedad deudora, aunque el aumento hubiera quedado sin 
efecto.
CAPÍTULO IV
De las especialidades del concurso consecutivo a un acuerdo extrajudicial 
de pagos
Sección 1.ª  De la solicitud de concurso consecutivo
Artículo 705.  Deber especial de solicitar el concurso consecutivo de acreedores.
1.  El mediador concursal deberá solicitar de inmediato la declaración de concurso 
consecutivo de acreedores del deudor que fuera insolvente en los siguientes casos:
1.º  Si, dentro de los diez días naturales a contar desde el envío de la propuesta de 
acuerdo, acreedores que representen, al menos, la mayoría del pasivo que pueda verse 
afectada por ese acuerdo decidiesen no iniciar o no continuar las negociaciones.
2.º  Si la propuesta de acuerdo extrajudicial de pagos no fuera aceptada por los 
acreedores.
3.º  Si el acuerdo extrajudicial de pagos fuera anulado por el juez o fuera incumplido 
por el deudor.
2.  Cuando el deudor fuera persona natural que no tenga la condición de empresario, 
transcurridos dos meses a contar desde la comunicación de la apertura de negociaciones  s
con los acreedores, si el notario o, en su caso, el mediador concursal considerase que no  oe.
es posible alcanzar un acuerdo, deberá solicitar la declaración de concurso consecutivo  w.
dexepnl3tirc.o a tdiEveon   ldlooess   edcsaieasz oi msd píaao sqs uisbeiig lsidueai erdne dftieeesr a.e cnAo  lorlads a sdro.olsic aitpuadr taacdooms paanñtearrioár eesl ,s eol ldiceitbaenrt ed eu sno ilnicfiotarmr lae   2020-4859n https://ww
declaración de concurso consecutivo de acreedores no existirá si el deudor no se
encontrara en estado de insolvencia actual o inminente. Bc
4.  En caso de insuficiencia de la masa activa para la satisfacción de los créditos 
contra la masa, a la solicitud de declaración de concurso consecutivo se acumulará la de 
conclusión del procedimiento.
Artículo 706.  Solicitud de concurso consecutivo por el deudor o por el mediador 
concursal.
1.  Si la solicitud de concurso la formulare el deudor o el mediador concursal, deberá 
acompañarse de una propuesta anticipada de convenio o de un plan de liquidación, que 
se regirán, respectivamente, por lo dispuesto en los títulos VII y VIII del libro I de esta ley. 
Si el deudor fuera persona natural que no tuviera la condición de empresario, la solicitud 
de concurso deberá ir acompañada de un plan de liquidación de la masa activa.
2.  A la solicitud formulada por el mediador concursal se acompañará, además, un 
informe elaborado por el propio mediador concursal con el contenido establecido para el 
informe a que se refiere el título VI del libro I de esta ley, con el inventario de la masa 
activa, la lista de acreedores y demás documentos legalmente exigidos.
3.  En la solicitud el mediador concursal deberá pronunciarse sobre la concurrencia 
de los requisitos establecidos legalmente para la concesión del beneficio de la exoneración 
del pasivo insatisfecho y, en caso de que proceda, sobre la procedencia de la apertura de 
la sección de calificación.
Sección 2.ª  Del régimen del concurso consecutivo
Artículo 707.  Régimen del concurso consecutivo.
El concurso consecutivo a un acuerdo extrajudicial de pagos se tramitará como 
procedimiento abreviado con las especialidades establecidas en los artículos siguientes.
Artículo 708.  Derechos del concursado en caso de concurso consecutivo declarado a 
solicitud de acreedor.
Si el concurso se hubiera declarado a solicitud de acreedor, el concursado podrá 
presentar una propuesta anticipada de convenio o un plan de liquidación dentro de los 
quince días siguientes a la fecha en que le hubiera sido notificada esa declaración. Si el 
concursado fuera persona natural que no tuviera la condición de empresario, solo podrá 
presentar un plan de liquidación de la masa activa.
Artículo 709.  Administración concursal en caso de concurso consecutivo.
1.  En el auto de declaración de concurso el juez nombrará administrador del concurso 
al mediador concursal, que reúna las condiciones establecidas para ese nombramiento, 
salvo que concurra justa causa.
2.  En el concurso consecutivo no regirá la regla de la confidencialidad del mediador 
concursal que hubiera sido nombrado administrador concursal.
3.  El mediador concursal nombrado administrador concursal en el concurso 
consecutivo no podrá percibir por el ejercicio del cargo más retribución que la que le 
hubiera sido fijada en el expediente de mediación extrajudicial.
Artículo 710.  Comunicación de los créditos. s
Los titulares de créditos que hubieran suscrito el acuerdo extrajudicial de pagos no  w.b
necesitarán comunicar la existencia de esos créditos ni solicitar el reconocimiento de los  59ww
mismos.
Artículo 711.  Informe de la administración concursal.
Si la solicitud de concurso se hubiera presentado por el deudor o por un acreedor o si 
el cargo de administrador concursal recayera en persona distinta del mediador concursal, 
el informe de la administración concursal deberá presentarse en los diez días siguientes al 
transcurso del plazo de comunicación de créditos.
Artículo 712.  Créditos subordinados especiales.
1.  En caso de concurso consecutivo los créditos de que fuera titular el acreedor que, 
habiendo recibido la convocatoria realizada por el mediador concursal, no hubiera asistido 
a la reunión con los demás acreedores se calificarán como subordinados, salvo que el 
acreedor hubiese manifestado bien la aceptación de la propuesta de acuerdo, bien la 
oposición a la misma dentro de los diez días naturales anteriores al previsto para la 
reunión.
2.  La subordinación no procederá si el crédito tuviera la condición de privilegiado 
especial por tener constituida garantía real sobre bienes o derechos de la masa activa. 
Para determinar el límite del privilegio se estará a lo establecido en el título V del libro I de 
esta ley.
Artículo 713.  Impugnación del inventario y de la lista de acreedores.
1.  Dentro del plazo de diez días las partes personadas en el concurso consecutivo de 
acreedores podrán impugnar el inventario y la lista de acreedores.
2.  El plazo para impugnar para quienes hubieran recibido la notificación del juzgado 
de la presentación del informe se contará desde la recepción de esa notificación. Para los 
demás legitimados interesados el plazo de diez días se computará desde la última 
publicación de entre las establecidas por la ley o, en su caso, acordadas por el juez.
3.  La impugnación se tramitará con arreglo a lo establecido para las impugnaciones 
en el procedimiento abreviado.
Artículo 714.  Presentación de los textos definitivos y remisión a los acreedores.
1.  Una vez modificados el inventario y la lista de acreedores por aceptación por la 
administración concursal de la pretensión deducida por los respectivos impugnantes o 
como consecuencia de las sentencias que se dicten por el juez del concurso al resolver el 
correspondiente incidente, los textos definitivos y la documentación complementaria 
quedarán de manifiesto en la oficina judicial.
2.  El  mismo  día  de  la  presentación,  la  administración  concursal  remitirá 
telemáticamente copia de estos textos con la documentación complementaria a los 
acreedores reconocidos de cuya dirección electrónica tenga constancia.
Artículo 715.  Créditos contra la masa.
En caso de concurso consecutivo a un acuerdo extrajudicial de pagos tendrán la 
consideración de créditos contra la masa, además de los establecidos con carácter general 
en esta ley, los gastos del expediente extrajudicial y los demás créditos generados durante 
la tramitación de ese expediente que hubieran tenido tal consideración si, en lugar de un 
acuerdo extrajudicial de pagos, se hubiera tramitado un concurso de acreedores, siempre 
que todavía no hubieran sido satisfechos. e.e
Artículo 716.  El convenio en caso de concurso consecutivo. 59ww
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inmediato. Una vez admitida a trámite, la tramitación de la propuesta anticipada de 
convenio será la establecida para el procedimiento abreviado.
Artículo 717.  La liquidación de la masa activa.
1.  En los casos de falta de presentación o de inadmisión a trámite de la propuesta 
anticipada de convenio, de la falta de aprobación del convenio, y de incumplimiento del 
convenio aprobado, el juez acordará la apertura de la fase de liquidación de la masa 
activa. El juez acordará la apertura de la fase de liquidación en la misma resolución por la 
que inadmita a trámite la propuesta anticipada de convenio, en la que no apruebe el 
convenio o en la que lo declare incumplido.
2.  Si el deudor o el mediador concursal hubieran solicitado la liquidación de la masa 
activa, el juez acordará de inmediato la apertura de la fase de liquidación.
3.  En caso de concurso consecutivo de una persona natural que no tenga la 
consideración legal de empresario, en el auto de declaración de concurso el juez acordará 
la apertura de la fase de liquidación.
Artículo 718.  El plan de liquidación de la masa activa.
1.  El plan de liquidación será presentado al juzgado por el administrador concursal 
dentro de los diez días siguientes a la fecha de apertura de la fase de liquidación, salvo 
que se hubiera acompañado por el deudor o por el mediador concursal a la propia solicitud 
de apertura de esa fase.
2.  Dentro del plazo para formular observaciones o propuestas de modificación del 
plan de liquidación, el concursado y los acreedores podrán formular también observaciones 
sobre la concurrencia de los requisitos exigidos para acordar el beneficio de la exoneración 
del pasivo insatisfecho si el concursado fuera persona natural.
Artículo 719.  Calificación del concurso consecutivo a un acuerdo extrajudicial de pagos.
1.  Dentro del plazo para formular observaciones o propuestas de modificación del 
plan de liquidación, los acreedores, mediante escrito razonado, podrán solicitar la apertura 
de la sección de calificación.
2.  En el caso de deudor persona natural, si el concurso se calificara como fortuito, el 
juez, cuando concurran los presupuestos legales, declarará en el mismo auto de conclusión 
de concurso la exoneración del pasivo insatisfecho, con los efectos establecidos en esta 
ley.
Artículo 720.  Presunción de concurso culpable.
En todo caso, el concurso consecutivo se presume culpable cuando el deudor hubiera 
cometido inexactitud grave en cualquiera de los documentos acompañados a la solicitud 
de nombramiento de mediador concursal o presentados durante la tramitación del 
expediente, o hubiera acompañado o presentado documentos falsos.
LIBRO TERCERO
De las normas de derecho internacional privado
TÍTULO I e.
Disposiciones generales 59ww
Artículo 721.  De las relaciones entre ordenamientos.
1.  Las normas de este libro se aplicarán sin perjuicio de lo establecido en el
Reglamento (UE) 2015/848, del Parlamento y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, sobre
procedimientos de insolvencia y demás normas de la Unión Europea o convencionales que 
regulen la materia.
2.  A falta de reciprocidad o cuando se produzca una falta sistemática a la cooperación 
por las autoridades de un Estado extranjero, no se aplicarán respecto de los procedimientos 
seguidos en dicho Estado, los títulos III y IV de este libro.
Artículo 722.  Regla general.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos siguientes, la ley española determinará los 
presupuestos y efectos del concurso declarado en España, su desarrollo y su conclusión.
TÍTULO II
De la ley aplicable
CAPÍTULO I
Del procedimiento principal
Artículo 723.  Derechos reales y reservas de dominio.
1.  Los efectos de la declaración de concurso sobre derechos reales de un acreedor 
o de un tercero que recaigan en bienes o derechos de cualquier clase de la masa activa, 
comprendidos los conjuntos de bienes y derechos cuya composición pueda variar en el 
tiempo, y que en el momento de declaración del concurso se encuentren en el territorio de 
otro Estado se regirán exclusivamente por ley de este.
La misma regla se aplicará a los derechos del vendedor respecto de los bienes 
vendidos al concursado con reserva de dominio.
2.  La declaración de concurso del vendedor de un bien con reserva de dominio que 
ya haya sido entregado y que al momento de la declaración se encuentre en el territorio de 
otro Estado no constituye, por sí sola, causa de resolución ni de rescisión de la venta y no 
impedirá al comprador la adquisición de su propiedad.
3.  Lo dispuesto en los apartados anteriores se entiende sin perjuicio de las acciones 
de reintegración que en su caso procedan.
Artículo 724.  Derechos del deudor sometidos a registro.
Los efectos de la declaración de concurso sobre derechos del deudor que recaigan en 
bienes inmuebles, buques o aeronaves sujetos a inscripción en registro público se 
acomodarán a lo dispuesto en la ley del Estado bajo cuya autoridad se lleve el registro.
Artículo 725.  Terceros adquirentes.
La validez de los actos de disposición a título oneroso del deudor sobre bienes 
inmuebles o sobre buques o aeronaves que estén sujetos a inscripción en registro público, 
realizados con posterioridad a la declaración de concurso, se regirán, respectivamente, 
por la ley del Estado en cuyo territorio se encuentre el bien inmueble o por la de aquel bajo 
cuya autoridad se lleve el Registro de buques o aeronaves.
Artículo 726.  Derechos sobre valores y sistemas de pagos y mercados financieros. e.e
Los efectos de la declaración de concurso sobre derechos que recaigan en valores  59ww
nEcfiunesaagtalnoqdccuoiieia erdbra elsrele  ssrg euirsgjeetiprstoart ersdo sae ed  nsvoutanapldodeerore vsdsi s imclieóhegnoda slilea mvgneaatenllo.t reae nsreo ectaoscntuioovcnieiedrsoe ,n ei nnac ncluouitdeaondstoa sl o.s seE  lslreteavg anidroáornsm  ppaoo crr  oelamn tpliedryea ndddeeesl    OE-A-2020-48able en https://
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 723, los efectos del concurso sobre los 
derechos y obligaciones de los participantes en un sistema de pago o compensación o en 
un mercado financiero se regirán exclusivamente por la ley del Estado aplicable a dicho 
sistema o mercado.
Artículo 727.  Compensación.
1.  La declaración de concurso no afectará al derecho de un acreedor a compensar 
su crédito cuando la ley que rija el crédito recíproco del concursado lo permita en 
situaciones de insolvencia.
2.  Lo dispuesto en el apartado anterior se entiende sin perjuicio de las acciones de 
reintegración que en su caso procedan.
Artículo 728.  Contratos sobre inmuebles.
Los efectos del concurso sobre los contratos que tengan por objeto la atribución de un 
derecho al uso o a la adquisición de un bien inmueble se regirán exclusivamente por la ley 
del Estado donde se halle.
Artículo 729.  Contratos de trabajo.
Los efectos del concurso sobre el contrato de trabajo y sobre las relaciones laborales 
se regirán exclusivamente por la ley del Estado aplicable al contrato.
Artículo 730.  Acciones de reintegración.
El ejercicio de acciones de reintegración al amparo de esta ley no procederá cuando 
el beneficiado por el acto perjudicial para la masa activa pruebe que dicho acto está sujeto 
a la ley de otro Estado que no permite en ningún caso su impugnación.
Artículo 731.  Juicios declarativos pendientes.
Los efectos de la declaración de concurso sobre los juicios declarativos pendientes 
que se refieran a un bien o a un derecho de la masa activa se regirán exclusivamente por 
la ley del Estado en el que estén en curso.
CAPÍTULO II
Del procedimiento territorial
Artículo 732.  Regla general.
Excepto en lo previsto en este capítulo, el concurso territorial se regirá por las mismas 
normas que el concurso principal.
Artículo 733.  Presupuestos del concurso.
El reconocimiento de un procedimiento extranjero principal permitirá abrir en España 
un concurso territorial sin necesidad de examinar la insolvencia del deudor.
Artículo 734.  Legitimación. e.e
Están legitimados para solicitar la declaración de un concurso territorial: 59ww
a es1ta.º  leyC.ualquier persona legitimada para solicitar la declaración de concurso con arreglo
2.º  El representante del procedimiento extranjero principal.
Artículo 735.  Alcance de un convenio con los acreedores.
Las limitaciones de los derechos de los acreedores derivadas de un convenio aprobado 
en el concurso territorial, tales como la quita y la espera, solo producirán efectos con 
respecto a los bienes y derechos de la masa activa no comprendidos en este concurso si 
hay conformidad de todos los acreedores interesados.
CAPÍTULO III
De las reglas comunes a ambos tipos de procedimientos
Artículo 736.  Publicidad y registro en el extranjero.
1.  El juez, de oficio o a instancia de interesado, podrá acordar que se publique el 
contenido esencial del auto de declaración del concurso en cualquier Estado extranjero 
donde convenga a los intereses del concurso, con arreglo a las modalidades de publicación 
previstas en dicho Estado para los procedimientos de insolvencia.
2.  La administración concursal podrá solicitar la publicidad registral en el extranjero 
del auto de declaración y de otros actos del procedimiento cuando así convenga a los 
intereses del concurso.
Artículo 737.  Pago al concursado en el extranjero.
1.  El pago hecho al concursado en el extranjero por un deudor con residencia 
habitual, domicilio o sede en el extranjero, solo liberará a quien lo hiciere si ignorase la 
apertura del concurso en España.
2.  Salvo prueba en contrario, se presumirá que ignoraba la existencia del 
procedimiento quien realizó el pago antes de haberse dado a la apertura del concurso la 
publicidad a que se refiere el apartado primero del artículo anterior.
Artículo 738.  Comunicación a los acreedores en el extranjero.
1.  Declarado el concurso, la administración concursal realizará sin demora una 
comunicación individualizada a cada uno de los acreedores conocidos que tengan su 
residencia habitual, domicilio o sede en el extranjero, si así resultare de los libros y 
documentos del deudor o por cualquier otra razón constare en el concurso.
2.  La información comprenderá la identificación del procedimiento, la fecha del auto 
de declaración, el carácter principal o territorial del concurso, las circunstancias personales 
del concursado, los efectos acordados sobre las facultades de administración y disposición 
respecto de la masa activa, el llamamiento a los acreedores, incluso a aquellos 
garantizados con derecho real, el deber de comunicar los créditos en la forma y dentro del 
plazo establecidos en esta ley y la dirección postal del juzgado.
3.  Cuando conste la dirección electrónica del acreedor, la comunicación se efectuará 
por medios telemáticos, informáticos o electrónicos.
4.  La información se realizará por escrito y mediante envío individualizado, salvo que 
el juez disponga cualquier otra forma por estimarla más adecuada a las circunstancias del 
caso.
Artículo 739.  Comunicación de créditos.
1.  Los acreedores que tengan su residencia habitual, domicilio o sede en el extranjero  bo
comunicarán sus créditos a la administración concursal conforme a lo dispuesto en  59ww
eapsrbotiaec2 erl.ted oyi m.Teoined noEt oas cpdreae ñeinads,o orcl vpoeonnd crináia dc aeobpmieeunrntdoice eannrc  sieaul   ecdrxeét rdaqitnuojee e rnota .eml pbrioécne dloim hieanytao  pprriensciepnatla od toe rerinto ruianl   OE-A-2020-48able en https://
Esta regla incluye, sujetos a condición de reciprocidad, los créditos tributarios y de la 
seguridad social de otros Estados, que en este caso serán admitidos como créditos 
ordinarios.
Artículo 740.  Lenguas.
1.  La comunicación a los acreedores en el extranjero se realizará en castellano y, en 
su caso, en cualquiera de las lenguas oficiales, pero en el encabezamiento de su texto 
figurarán también en inglés y francés los términos «Comunicación para la presentación de 
créditos. Plazos aplicables».
2.  Los acreedores con residencia habitual, domicilio o sede en el extranjero 
comunicarán los créditos en lengua castellana o en otra oficial propia de la comunidad 
autónoma en la que tenga su sede el juez del concurso. Si lo hicieren en lengua distinta, 
la administración concursal podrá exigir posteriormente una traducción al castellano.
Artículo 741.  Restitución e imputación.
1.  El acreedor que, tras la apertura de un concurso principal en España, obtuviera un 
pago total o parcial de su crédito con cargo a bienes y derechos de la masa activa situados 
en el extranjero o por la realización o ejecución de los mismos deberá restituir a la masa lo 
que hubiera obtenido, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 723.
En el caso de que dicho pago se obtuviera en un procedimiento de insolvencia abierto 
en el extranjero, se aplicará la regla de imputación de pagos contenida en el título IV de 
este libro.
2.  Cuando el Estado donde se hallaren los bienes no reconociera el concurso 
declarado en España o las dificultades de localización y realización de esos bienes así lo 
justificaren, el juez podrá autorizar a los acreedores a instar en el extranjero la ejecución 
individual, con aplicación, en todo caso, de la regla de imputación a que se refiere el 
apartado anterior.
TÍTULO III
Del reconocimiento de procedimientos extranjeros de insolvencia
Artículo 742.  Reconocimiento de la resolución de apertura.
1.  Las resoluciones extranjeras que declaren la apertura de un procedimiento de 
insolvencia se reconocerán en España mediante el procedimiento de exequátur regulado 
en la Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en materia civil, si 
reúnen los requisitos siguientes:
1.º  Que la resolución se refiera a un procedimiento colectivo fundado en la insolvencia 
del deudor, en virtud del cual sus bienes y actividades queden sujetos al control o a la 
supervisión de un tribunal o una autoridad extranjera a los efectos de su reorganización o 
liquidación.
2.º  Que la resolución sea definitiva según la ley del Estado de apertura.
3.º  Que la competencia del tribunal o de la autoridad que haya abierto el 
procedimiento de insolvencia esté basada en alguno de los criterios contenidos en esta ley 
o en una conexión razonable de naturaleza equivalente.
4.º  Que la resolución no haya sido pronunciada en rebeldía del deudor o, en otro  e.
caso, que haya sido precedida de entrega o notificación de cédula de emplazamiento o  w.b
documento equivalente, en forma y con tiempo suficiente para oponerse. 59ww
5.º  Que la resolución no sea contraria al orden público español.
2.  El procedimiento de insolvencia extranjero se reconocerá:
1.º  Como procedimiento extranjero principal, si se está tramitando en el Estado 
donde el deudor tenga el centro de sus intereses principales.
2.º  Como procedimiento extranjero territorial, si se está tramitando en un Estado 
donde el deudor tenga un establecimiento o con cuyo territorio exista una conexión 
razonable de naturaleza equivalente, como la presencia de bienes afectos a una actividad 
económica.
3.  El reconocimiento de un procedimiento extranjero principal no impedirá la apertura 
en España de un concurso territorial.
4.  La tramitación del exequátur podrá suspenderse cuando la resolución de apertura 
del procedimiento de insolvencia hubiera sido objeto, en su Estado de origen, de un 
recurso ordinario o cuando el plazo para interponerlo no hubiera expirado.
5.  Lo dispuesto en este artículo no impedirá la modificación o revocación del 
reconocimiento si se demostrase la alteración relevante o la desaparición de los motivos 
por los que se otorga.
Artículo 743.  Administrador o representante extranjero.
1.  Tendrá la condición de administrador o representante del procedimiento extranjero 
la persona u órgano, incluso designado a título provisional, que esté facultado para 
administrar o supervisar la reorganización o la liquidación de los bienes o actividades del 
deudor o para actuar como representante del procedimiento.
2.  El nombramiento del administrador o representante se acreditará mediante copia 
autenticada del original de la resolución por la que se le designe o mediante certificado 
expedido por el tribunal o la autoridad competente, con los requisitos necesarios para 
hacer fe en España.
3.  Una vez reconocido un procedimiento extranjero principal, el administrador o 
representante estará obligado a dar al procedimiento una publicidad equivalente a la 
establecida en esta ley para la declaración de concurso, cuando el deudor tenga un 
establecimiento en España, y a solicitar de los registros públicos correspondientes las 
anotaciones e inscripciones que procedan conforme a lo establecido en esta ley.
Los gastos ocasionados por las medidas de publicidad y registro serán satisfechos por 
el administrador o representante con cargo al procedimiento principal.
4.  Una vez reconocido un procedimiento extranjero principal, su administrador o 
representante podrá ejercer las facultades que le correspondan conforme a la ley del 
Estado de apertura, salvo que resulten incompatibles con los efectos de un concurso 
territorial declarado en España o con las medidas cautelares adoptadas en virtud de una 
solicitud de concurso y, en todo caso, cuando su contenido sea contrario al orden público.
En el ejercicio de sus facultades, el administrador o representante deberá respetar la 
ley española, en particular en lo que respecta a las modalidades de realización de los 
bienes y derechos del deudor.
Artículo 744.  Reconocimiento de otras resoluciones.
1.  Una vez obtenido el exequátur de la resolución de apertura, cualquier otra 
resolución dictada en ese procedimiento de insolvencia y que tenga su fundamento en la 
legislación concursal se reconocerá en España sin necesidad de procedimiento alguno,  s
siempre que reúna los requisitos previstos en el artículo 742. El requisito de la previa  e.
entrega o notificación de cédula de emplazamiento o documento equivalente será exigible,  w.
además, respecto de cualquier persona distinta del deudor que hubiera sido demandada  59ww
eafne cetle pnr.ocedimiento extranjero de insolvencia y en relación con las resoluciones que le
solic2i.t ar Eqnu ec aessot ed es eoap odseiccliaórna daol  rae ctíotunlooc ipmriinecnitpoa, l cpuoarl qeuli eprr opceersdoimnaie nintote rdees aedxae qpuoádturár   BOE-A-cable e
regulado en la Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en 
materia civil.
Si el reconocimiento de la resolución extranjera se invocare como cuestión incidental 
en un proceso en curso, será competente para resolver la cuestión el juez o tribunal que 
conozca del fondo del asunto.
Artículo 745.  Efectos del reconocimiento.
1.  Salvo en los supuestos previstos en el capítulo I del título II de este libro las 
resoluciones extranjeras reconocidas producirán en España los efectos que les atribuya la 
ley del Estado de apertura del procedimiento.
2.  Los efectos de un procedimiento territorial extranjero se limitarán a los bienes y 
derechos que en el momento de su declaración estén situados en el Estado de apertura.
3.  En el caso de declaración de un concurso territorial en España, los efectos del 
procedimiento extranjero se regirán por lo dispuesto en el título IV de este libro.
Artículo 746.  Ejecución.
Las resoluciones extranjeras que tengan carácter ejecutorio según la ley del Estado de 
apertura del procedimiento en el que se hubieren dictado necesitarán previo exequátur 
para su ejecución en España.
Artículo 747.  Cumplimiento a favor del deudor.
1.  El pago hecho en España a un deudor sometido a procedimiento de insolvencia 
abierto en otro Estado y conforme al cual deberá hacerse al administrador o representante 
en él designado solo liberará a quien lo hiciere ignorando la existencia del procedimiento.
2.  Salvo prueba en contrario, se presumirá que ignoraba la existencia del 
procedimiento quien hubiera realizado el pago antes de haberse dado a la apertura del 
procedimiento de insolvencia extranjero la publicidad establecida en esta ley para la 
declaración de concurso.
Artículo 748.  Medidas cautelares.
1.  Las medidas cautelares adoptadas antes de la apertura de un procedimiento 
principal de insolvencia en el extranjero por el tribunal competente para abrirlo podrán ser 
reconocidas y ejecutadas en España previo el correspondiente exequátur.
2.  Antes del reconocimiento de un procedimiento extranjero de insolvencia y a 
instancia de su administrador o representante, podrán adoptarse conforme a la ley 
española medidas cautelares, incluidas las siguientes:
1.ª  La paralización de cualquier medida de ejecución contra bienes y derechos del 
deudor.
2.ª  La atribución al administrador o representante extranjero, o a la persona que se 
designe al adoptar la medida, la administración o la realización de aquellos bienes o 
derechos situados en España que, por su naturaleza o por circunstancias concurrentes, 
sean perecederos, susceptibles de sufrir grave deterioro o de disminuir considerablemente 
su valor.
3.ª  La suspensión del ejercicio de las facultades de disposición, enajenación y 
gravamen de bienes y derechos del deudor. e.e
Si la solicitud de medidas cautelares hubiere precedido a la de reconocimiento de la  59www.
rcveeosinnodtleiuc cdioiíónanas .rdáe s aup seurtbusrias tdeenlc ipar oac elad ipmreiesnetnot adcei óinns doelv eensctaia ú, lltaim rae ssoolulicciitóund  qeune  elal sp laazdoo pdtee   OE-A-2020-48able en https://
TÍTULO IV
De la coordinación entre procedimientos paralelos de insolvencia
Artículo 749.  Obligaciones de cooperación.
1.  Sin perjuicio del respeto de las normas aplicables en cada uno de los 
procedimientos, la administración concursal del concurso declarado en España y el 
administrador o representante de un procedimiento extranjero de insolvencia relativo al 
mismo deudor y reconocido en España están sometidos a un deber de cooperación 
recíproca en el ejercicio de sus funciones, bajo la supervisión de sus respectivos jueces, 
tribunales o autoridades competentes. La negativa a cooperar por parte del administrador 
o representante o del tribunal o autoridad extranjeros liberará de este deber a los 
correspondientes órganos españoles.
2.  La cooperación podrá consistir, en particular, en:
1.º  El intercambio, por cualquier medio que se considere oportuno, de informaciones 
que puedan ser útiles para el otro procedimiento, sin perjuicio del obligado respeto de las 
normas que amparen el secreto o la confidencialidad de los datos objeto de la información 
o que de cualquier modo los protejan.
En todo caso, existirá la obligación de informar de cualquier cambio relevante en la 
situación del procedimiento respectivo, incluido el nombramiento del administrador o 
representante, y de la apertura en otro Estado de un procedimiento de insolvencia respecto 
del mismo deudor.
2.º  La coordinación de la administración y del control o supervisión de los bienes y 
actividades del deudor.
3.º  La aprobación y aplicación por los tribunales o autoridades competentes de 
acuerdos relativos a la coordinación de los procedimientos.
3.  La administración concursal del concurso territorial declarado en España deberá 
permitir al administrador o representante del procedimiento extranjero principal la 
presentación, en tiempo oportuno, de propuestas de convenio, de planes de liquidación o 
de cualquier otra forma de realización de bienes y derechos de la masa activa o de pago 
de los créditos.
La administración concursal del concurso principal declarado en España reclamará 
iguales medidas en cualquier otro procedimiento abierto en el extranjero.
Artículo 750.  Ejercicio de los derechos de los acreedores.
1.  En la medida que así lo permita la ley aplicable al procedimiento extranjero de 
insolvencia, su administrador o representante podrá comunicar en el concurso declarado 
en España, y conforme a lo establecido en esta ley, los créditos reconocidos en aquel. 
Bajo las mismas condiciones, el administrador o representante estará facultado para 
participar en el concurso en nombre de los acreedores cuyos créditos hubiera comunicado.
2.  La administración concursal de un concurso declarado en España podrá presentar 
en un procedimiento extranjero de insolvencia, principal o territorial, los créditos 
reconocidos en la lista definitiva de acreedores, siempre que así lo permita la ley aplicable 
a ese procedimiento. Bajo las mismas condiciones estará facultada la administración 
concursal, o la persona que ella designe, para participar en aquel procedimiento en nombre 
de los acreedores cuyos créditos hubiere presentado. e.e
Artículo 751.  Regla de pago. 59ww
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este una cantidad porcentualmente equivalente.
Artículo 752.  Excedente del activo del procedimiento territorial.
A condición de reciprocidad, el activo remanente a la conclusión de un concurso o 
procedimiento territorial se pondrá a disposición del administrador o representante del 
procedimiento extranjero principal reconocido en España. La administración concursal del 
concurso principal declarado en España reclamará igual medida en cualquier otro 
procedimiento abierto en el extranjero.