BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 311 Viernes 27 de noviembre de 2020 Sec. I.   Pág. 105603
I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
15063 Orden TES/1109/2020, de 25 de noviembre, por la que se modifica la Orden 
TMS/368/2019, de 28 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 
694/2017, de 3 de julio, por el que se desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de 
septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el 
Empleo  en  el  ámbito  laboral,  en  relación  con  la  oferta  formativa  de  las 
administraciones competentes y su financiación, y se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones públicas destinadas a su 
financiación.
La Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación 
Profesional para el Empleo en el ámbito laboral, ha acometido una reforma integral del 
sistema que garantiza el interés general y la necesaria estabilidad y coherencia que el 
sistema precisa.
Dicha  Ley  30/2015,  de  9  de  septiembre,  ha  sido  desarrollada  por  el  Real 
Decreto 694/2017, de 3 de julio, que ha establecido la regulación de las iniciativas y 
programas de formación profesional para el empleo, los requisitos y límites de las 
acciones formativas, sus destinatarios y la forma de acreditación de las competencias 
adquiridas por los trabajadores, así como los instrumentos del sistema integrado de 
información y el régimen de funcionamiento del sistema de formación profesional para el 
empleo.
El  mencionado  Real  Decreto  694/2017,  de  3  de  julio,  no  agota  el  desarrollo 
reglamentario de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, pues para determinados aspectos, 
como indica su preámbulo, se considera más adecuada su regulación mediante las 
correspondientes órdenes ministeriales, a las que se remite para su desarrollo esta 
norma.
En cumplimiento del mandato de desarrollo previsto en dicho real decreto, se ha 
dictado la Orden TMS/368/2019, de 28 de marzo, por la que se desarrolla el Real 
Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de 
septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo en 
el  ámbito  laboral,  en  relación  con  la  oferta  formativa  de  las  administraciones 
competentes y su financiación, y se establecen las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones públicas destinadas a su financiación.
Por otro lado, en el apartado 1 de la disposición adicional tercera del Real Decreto-
ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo, se 
establece que las personas trabajadoras que se encuentren en situación de suspensión 
de  contrato  o  de  reducción  de  jornada  como  consecuencia  de  un  expediente  de 
regulación temporal de empleo de los referidos en esta norma, tendrán la consideración 
de colectivo prioritario para el acceso a las iniciativas de formación del sistema de 
formación profesional para el empleo en el ámbito laboral.
Asimismo, en su apartado 2, establece que en el plazo de tres meses desde su 
entrada en vigor se adoptará entre otras medidas la adaptación, para su flexibilización, 
de la normativa reguladora, particularmente la Orden TMS/368/2019, de 28 de marzo,  s
por la que se desarrolla el Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se desarrolla  oe.
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A  su  vez,  el  artículo  47.4  del  texto  refundido  de  la  Ley  del  Estatuto  de  los
Trabajadores,  aprobado  por  Real  Decreto  Legislativo  2/2015,  de  23  de  octubre,  Bc
establece que durante las suspensiones de contratos o las reducciones de jornada se 
promoverá el desarrollo de acciones formativas vinculadas a la actividad profesional de 
las  personas  trabajadoras  afectadas  cuyo  objetivo  sea  aumentar  su  polivalencia  o 
incrementar su empleabilidad.
En este sentido, la normativa de formación profesional para el empleo no siempre 
contempla la posibilidad de participación de estas personas trabajadoras en las distintas 
iniciativas, o establece límites a dicha participación, lo que puede dificultar o impedir el 
acceso a las acciones formativas a un colectivo que especialmente requiere de las 
mismas.
Ello se está poniendo particularmente de manifiesto por el notable incremento de 
empresas afectadas por expedientes de regulación temporal de empleo derivados de la 
incidencia sanitaria y social de la COVID-19 y contemplados en las medidas aprobadas 
por el Gobierno para paliar sus efectos, con el consiguiente incremento de las personas 
trabajadoras en situación de suspensión de sus contratos o reducción de jornada.
Por ello, se considera preciso adaptar y flexibilizar la regulación de las distintas 
iniciativas de formación profesional para el empleo, tanto respecto de la oferta formativa 
de  las  Administraciones  Públicas  para  trabajadores  ocupados  y  desempleados, 
desarrollada  por  la  Orden  TMS/368/2019,  de  28  de  marzo,  como  respecto  de  la 
formación programada por las empresas para sus trabajadores, para permitir y fomentar 
la participación en las mismas de las personas trabajadoras afectadas por expedientes 
de regulación temporal de empleo, dando cumplimiento a su vez a lo previsto al respecto 
en la disposición adicional tercera del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, 
así como en el artículo 47.4 del Estatuto de los Trabajadores.
Por otro lado, se modifica también la Orden TMS/368/2019, de 28 de marzo, para 
adecuar determinados aspectos derivados de la gestión de las iniciativas de formación 
profesional para el empleo que requieren su incorporación, como es la regulación de la 
cuantía de la beca que perciben las personas desempleadas que participan en los 
programas públicos de empleo y formación y la determinación por las administraciones 
competentes de la ayuda a las personas trabajadoras desempleadas por utilización de 
transporte público interurbano para asistir a la formación, dada su diversidad.
Esta orden cumple con los principios de buena regulación, de necesidad, eficacia, 
proporcionalidad,  seguridad  jurídica,  transparencia  y  eficiencia  previstos  en  el 
artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas.
Así, se cumple con los principios de necesidad y eficacia, al estar la iniciativa 
normativa justificada por ser la necesaria para cumplir el objetivo previsto en la misma. 
De  la  misma  manera,  en  cumplimiento  del  principio  de  proporcionalidad,  la  norma 
establece la regulación imprescindible para atender la necesidad a cubrir, que es la de 
adaptar y flexibilizar la regulación de las distintas iniciativas de formación profesional 
para el empleo para permitir y fomentar la participación en las mismas de las personas 
trabajadoras afectadas por expedientes de regulación temporal de empleo, así como 
adecuar determinados aspectos a necesidades de gestión detectadas.
Por otra parte, en virtud del principio de seguridad jurídica, esta orden es coherente 
con el conjunto del ordenamiento normativo en su ámbito de aplicación. Igualmente, se 
ha tenido en cuenta el principio de transparencia, mediante la definición del objeto y 
ámbito de aplicación, así como con la participación de los potenciales destinatarios y de 
las Administraciones competentes en el proceso de tramitación de la norma.
Finalmente,  en  aplicación  del  principio  de  eficiencia,  esta  orden  persigue  una  s
correcta utilización de los recursos públicos, adecuando los destinatarios finales de las  oe.
acciones de formación profesional para el empleo para poder atender a un colectivo que  w.
precisa de ellas, como es el de las personas trabajadores afectadas por expedientes de  063ww
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becas y ayudas de transporte en determinados supuestos.
En el proceso de elaboración de esta orden, ha emitido informe el Consejo General 
del  Sistema  Nacional  de  Empleo,  y  ha  sido  informada  la  Conferencia  Sectorial  de 
Empleo y Asuntos Laborales.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17.1 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, ha emitido informe la Abogacía del Estado en el 
Departamento, así como la Intervención Delegada de la Intervención General de la 
Administración del Estado en el Servicio Público de Empleo Estatal.
En su virtud, dispongo:
Artículo único.  Modificación de la Orden TMS/368/2019, de 28 de marzo, por la que se 
desarrolla el Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se desarrolla la 
Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación 
Profesional para el Empleo en el ámbito laboral, en relación con la oferta formativa 
de las administraciones competentes y su financiación, y se establecen las bases 
reguladoras  para  la  concesión  de  subvenciones  públicas  destinadas  a  su 
financiación.
Se modifica la Orden TMS/368/2019, de 28 de marzo, por la que se desarrolla el 
Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de 
septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo en 
el  ámbito  laboral,  en  relación  con  la  oferta  formativa  de  las  administraciones 
competentes y su financiación, y se establecen las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones públicas destinadas a su financiación, en los siguientes términos:
Uno.  El segundo párrafo del artículo 21.1, queda redactado como sigue:
«Los trabajadores desempleados que utilicen la red de transportes públicos 
urbanos para asistir a la formación, podrán tener derecho a percibir una ayuda, 
cuyo importe máximo se establece en el anexo II. En el caso de que sea precisa la 
utilización de otro transporte público para el desplazamiento, la Administración 
Pública competente para el abono de la ayuda determinará el modo de acceso, su 
cuantía y sistema de justificación.»
Dos.  Se  incluye  una  nueva  disposición  adicional  séptima,  con  la  siguiente 
redacción:
«Disposición  adicional  séptima.  Participación  de  las  personas  trabajadoras 
afectadas por expedientes de regulación temporal de empleo en acciones de 
formación profesional para el empleo.
1.  De acuerdo con lo establecido en la disposición adicional tercera del Real 
Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del 
empleo, así como en el artículo 47.4 del texto refundido de la Ley del Estatuto de 
los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, 
las personas trabajadoras afectadas por expedientes de regulación temporal de 
empleo, suspensiones de los contratos de trabajo o las reducciones de jornada, 
por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o derivadas de 
fuerza  mayor,  podrán  participar  en  las  siguientes  iniciativas  de  formación 
profesional para el empleo:
a)  Formación programada por las empresas para sus personas trabajadoras. o
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artículo 5.1.b), párrafo segundo, del Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, al
mantener vigente su relación laboral con la empresa, aunque se encuentren en 
situación de suspensión de contrato de trabajo o de reducción de jornada.
c)  Oferta  formativa  para  personas  trabajadoras  desempleadas.  En  este 
supuesto,  las  personas  trabajadoras  afectadas  por  expedientes  de  regulación 
temporal  de  empleo  no  computarán  como  ocupadas  a  efectos  del  límite 
establecido en el artículo 18.4 de esta orden.
2.  Asimismo,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  apartado  1  de  la 
disposición adicional tercera del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, 
las  personas  trabajadoras  que  se  encuentren  en  situación  de  suspensión  de 
contrato o de reducción de jornada como consecuencia de un expediente de 
regulación  temporal  de  empleo  de  los  referidos  en  dicha  norma,  tendrán  la 
consideración de colectivo prioritario para el acceso a las iniciativas de formación 
del sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral.»
Tres.  Se incluye una nueva disposición adicional octava, con la siguiente redacción:
«Disposición adicional octava.  Cuantía de la beca en los programas públicos de 
empleo y formación.
La  cuantía  máxima  de  la  beca  que  pueden  percibir  las  personas 
desempleadas que participen en los programas públicos de empleo y formación, 
de acuerdo con lo establecido en su normativa específica, será la establecida en el 
Anexo II.»
Cuatro.  La letra a) del apartado 2 del Anexo II queda redactada como sigue:
«a)  La ayuda en concepto de transporte público urbano tendrá una cuantía 
máxima de 1,5 euros por día de asistencia.»
Disposición  transitoria  primera.  Cuantía  de  las  becas  abonadas  en  los  programas 
públicos de empleo y formación.
Las becas abonadas en los programas públicos de empleo y formación desde la 
entrada en vigor de la Orden TMS/368/2019, de 28 de marzo, mantendrán la cuantía 
abonada.
Disposición  transitoria  segunda.  Aplicación  de  la  participación  de  las  personas 
trabajadoras  afectadas  por  expedientes  de  regulación  temporal  de  empleo  en 
acciones de formación profesional para el empleo.
Lo establecido en la disposición adicional séptima de la Orden TMS/368/2019, de 28 
de marzo, será de aplicación a partir de la entrada en vigor de esta orden, incluyendo las 
convocatorias y acciones formativas en ejecución o aprobadas a dicha fecha.
Disposición final primera.  Título competencial.
Esta orden se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1. 7.ª y 13.ª de la 
Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de legislación 
laboral, sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las Comunidades Autónomas, y 
la  competencia  exclusiva  para  regular  las  bases  y  coordinación  de  la  planificación  e
general de la actividad económica, respectivamente. bo
Disposición final segunda.  Entrada en vigor.
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».
Madrid,  25  de  noviembre  de  2020.–La  Ministra  de  Trabajo  y  Economía  Social, 
Yolanda Díaz Pérez.