BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 178 Martes 27 de julio de 2021 Sec. III.   Pág. 90576
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA
Y COOPERACIÓN
12587 Resolución de 13 de julio de 2021, de la Dirección de la Agencia Española de 
Cooperación  Internacional  para  el  Desarrollo,  por  la  que  se  regula  el 
procedimiento a seguir cuando existan impagos del seguro del cooperante.
El Estatuto del Cooperante, aprobado por Real Decreto 519/2006, de 28 de abril, 
reguló por primera vez en su artículo 10.1 los derechos de los cooperantes. Entre ellos, 
el apartado e) reconoce el derecho a estar cubiertos por un seguro de vida y salud. Este 
derecho de los cooperantes a tener una previsión social es una obligación para las 
entidades que los contratan. En su artículo 12 indica que «La Agencia Española de 
Cooperación Internacional podrá concertar un seguro colectivo, que cubra los riesgos 
que le corresponda contemplados en el artículo 10.1.e) de este real decreto. Asimismo, 
las entidades promotoras de la cooperación para el desarrollo o la acción humanitaria 
abonarán la parte que les corresponda para cubrir las contingencias de sus cooperantes 
contempladas en el citado artículo.»
Por ello, desde 2007 el aseguramiento de los cooperantes corre a cargo de las 
partidas  correspondientes  del  presupuesto  ordinario  de  gastos  de  la  AECID,  que 
gestiona  un  seguro  colectivo  de  vida  y  otro  de  salud  al  que  pueden  adherirse 
voluntariamente las entidades que lo deseen, beneficiándose del pago por parte de 
la AECID del 50% del coste de la póliza de cada uno de los cooperantes.
En este sentido, la disposición adicional quincuagésima de la Ley 42/2006, de 28 de 
diciembre,  de  Presupuestos  Generales  del  Estado  para  el  año  2007,  dispuso  la 
constitución del Fondo para el Aseguramiento Colectivo de los Cooperantes (FACC), 
mandato que no se ha cumplido.
En junio de 2015 el Tribunal de Cuentas aprobó una Nota sobre el Fondo para 
aseguramiento  colectivo  de  los  cooperantes  (FACC),  en  la  que  recomienda  la  no 
inclusión del citado fondo en los Presupuestos Generales del Estado, dada su falta de 
dotación. En consecuencia, la disposición final decimosexta de la Ley 3/2017, de 27 
de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 (BOE 28 de junio 
de 2017) decretó su supresión.
Así  mismo,  siguiendo  las  recomendaciones  de  la  citada  Nota  del  Tribunal  de 
Cuentas, se formalizó un nuevo contrato, en vigor desde el 1 de enero de 2018, para los 
seguros  de  vida  y  salud,  contemplando  un  doble  sistema  de  facturación  directa  a 
la AECID y a las Entidades Promotoras de Cooperacion.
Además, se ha de tener en cuenta que las organizaciones no gubernamentales de 
desarrollo deben estar registradas en el Registro de ONGD tal y como se indica en el 
artículo 2 apartado 3 del Real Decreto 519/2006, de 28 de abril, para poderse adherir al 
seguro voluntario contratado por la AECID.
Con el fin de otorgar seguridad jurídica al cooperante en el caso de incumplimiento 
de pago del seguro voluntario contratado por la AECID correspondiente por parte de las 
Entidades Promotoras de la Cooperación y fijar el porcentaje de la cofinanciación tal y  s
como solicita del Tribunal de Cuentas, de conformidad con lo estipulado en el artículo 12  e.
del Real Decreto 519/2006, de 28 de abril, se aprueba la siguiente, resolución: w.
Primero.  Porcentaje de cofinanciación.
Dec1re. to C5o1n9f/o2r0m0e6 , dae  2lo8  dien daicbaridl,o s e efnija  eell  poarpcaerntatadjoe  d5e  cdoefinl anacrtiíaccuiólon  e1n2  50d%el  deR elaasl 
primas  del  seguro  de  vida  y  salud  a  las  Organizaciones  no  gubernamentales  de 
Desarrollo.
2.  El  mismo  artículo  indica  que,  en  lo  que  respecta  a  la  aportación  de  las 
comunidades autónomas u otras Administraciones públicas interesadas en adherirse a 
este seguro colectivo, se estará a lo que se establezca en los respectivos convenios de 
colaboración por lo que, hasta que no se formalice el correspondiente convenio, la 
cofinanciación de los cooperantes de dichas administraciones o entidades públicas por 
parte de la AECID será del 0%.
Segundo.  Abono de prima del seguro e impago.
1.  La AECID abonará el 50% de la prima del seguro voluntario y el otro 50% de la 
prima será facturada a cada una de las Entidades Promotoras de Cooperación por 
domiciliación bancaria a la cuenta facilitada en documento de solicitud.
2.  En  caso  de  impago,  la  AECID,  como  tomador  del  seguro,  cubrirá  el 
aseguramiento  del  cooperante  durante  seis  meses.  La  entidad  aseguradora  deberá 
remitir factura independiente de dicho impago para proceder a su reintegro, así como a 
informar a la persona cooperante de la situación existente, que deberá resolverse en tres 
meses desde la entrada por registro electrónico de la factura correspondiente.
3.  En el caso de incumplimiento del pago, la Entidad Promotora de Cooperación 
incurrirá en deuda con la administración. El procedimiento a seguir en caso de impago 
de la prima del seguro por parte de la entidad será el previsto por la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
Cuando dicha deuda sea firme inhabilitará a la entidad a recibir subvenciones conforme 
a lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
4.  La  Entidades  Promotoras  de  Cooperación  causarán  baja  del  seguro  del 
cooperante durante tres años desde la infracción.
5.  En el caso que la AECID tenga constancia de la existencia de cooperantes sin 
seguro,  al  ser  una  infracción  del  Estatuto  del  Cooperante,  la  entidad  podrá  ser 
penalizada causando baja de forma inmediata del seguro, por lo que se perdería la 
cofinanciación del seguro de todos los cooperantes, independientemente de las acciones 
jurídicas que se consideren conveniente.
Tercero.
La presente resolución se publicará en el «Boletín Oficial del Estado», surtiendo 
efectos a partir del día siguiente al de su publicación conforme a lo establecido en el 
artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
La  presente  resolución  pone  fin  a  la  vía  administrativa  y  contra  ella  se  podrá 
interponer recurso potestativo de reposición ante el órgano que la dictó en el plazo de un 
mes, contado a partir del día siguiente al de su notificación, conforme a lo establecido en 
los  artículos  123  y  124  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas o bien puede ser impugnado 
directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, ante los Juzgados 
Centrales de lo Contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el 
día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo previsto en los artículos 9, 46 y 
concordantes  de  la  Ley  29/1998,  de  13  de  julio,  reguladora  de  la  Jurisdicción 
Contencioso-administrativa, no pudiendo interponerse simultáneamente ambos recursos. s
Madrid, 13 de julio de 2021.–El Director de la Agencia Española de Cooperación  w.b
Internacional para el Desarrollo, Magdy Esteban Martínez Solimán. 587ww