BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 182 Sábado 31 de julio de 2021 Sec. TC.   Pág. 93535
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
13029 Sala Segunda. Sentencia 145/2021, de 12 de julio de 2021. Recurso de 
amparo 2205-2020. Promovido por don Juan Manuel Bermejo Pérez respecto 
de  las  resoluciones  dictadas  por  un  juzgado  de  primera  instancia  e 
instrucción de Tarancón (Cuenca) en procedimiento de ejecución hipotecaria. 
Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: emplazamiento 
mediante edictos del demandado sin agotar las posibilidades de notificación 
personal (STC 122/2013).
ECLI:ES:TC:2021:145
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional compuesta por la magistrada doña 
Encarnación Roca Trías, presidenta; los magistrados don Juan Antonio Xiol Ríos, don 
Pedro González-Trevijano Sánchez, don  Antonio  Narváez Rodríguez y don Ricardo 
Enríquez Sancho, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 2205-2020, interpuesto por don Juan Manuel Bermejo 
Pérez, contra el auto de 26 de febrero de 2020, dictado por el Juzgado de Primera 
Instancia  e  Instrucción  núm.  2  de  Tarancón  (Cuenca),  que  desestimó  el  incidente 
extraordinario de nulidad de actuaciones promovido en el procedimiento de ejecución 
hipotecaria núm. 132-2011 instado por la entidad Abanca Corporación Bancaria, S.A. Ha 
intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido ponente el magistrado don Antonio Narváez 
Rodríguez.
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito presentado en el registro general de este tribunal el día 26 de 
mayo de 2020, la procuradora de los tribunales doña Yolanda Ortiz Alfonso, actuando en 
nombre y representación de don Juan Manuel Bermejo Pérez, bajo la defensa del letrado 
don Rodrigo Royo López, ha interpuesto recurso de amparo contra la resolución arriba 
mencionada.
2.  Los hechos con relevancia para la resolución del presente recurso de amparo y a 
los que se refiere la demanda presentada, son los siguientes:
a)  En fecha 24 de marzo de 2011, la entidad Caixa de Aforros de Galicia, Vigo, 
Ourense y Pontevedra (luego denominada como Nova Caixa Galicia, y ahora como 
Abanca  Corporación  Bancaria,  S.A.),  interpuso  demanda  ejecutiva  contra  el  ahora  s
recurrente, don Juan Manuel Bermejo Pérez y la entidad Sublime Grupo Inversor, S.L.,  e.
en reclamación de un determinado importe por impago de un préstamo garantizado con  w.
hipoteca sobre un bien inmueble ubicado en el sitio conocido como Casalonga, en el  029ww
térmJiunnot om ucnoicni palal  ddee Vmilalanrd dae  sCea ñaapso (rCtaubeannc,a )c.omo  documentos  números  6  y  7,  dos
comunicaciones  dirigidas  al  demandado,  por  las  que  se  formalizaba  la  previa
reclamación de la cantidad impagada del préstamo, con su correspondiente liquidación 
de intereses y gastos.
La  primera  comunicación  se  realizó  en  el  domicilio  correspondiente  a  la  finca 
hipotecada,  resultando  negativa,  por  encontrarse  cerrado,  dejando  aviso  postal  no 
retirado.
La segunda comunicación se realizó en el domicilio personal del ejecutado, ubicado 
en el municipio de Parla (Madrid). Esta comunicación fue positiva, con entrega personal 
a su destinatario, en fecha 18 de enero de 2011.
En la demanda, la entidad ejecutante fijó como domicilio del ejecutado el ubicado en 
la finca hipotecada.
b)  La  demanda  correspondió  por  turno  al  Juzgado  de  Primera  Instancia  e 
Instrucción núm. 2 de Tarancón (Cuenca). En fecha 1 de septiembre de 2011, en el 
marco del procedimiento registrado como ejecución hipotecaria núm. 132-2011, se dictó 
auto por el que se acordó despachar ejecución contra el ahora demandante de amparo, 
así como requerirle al pago de las cantidades reclamadas. En su parte dispositiva se 
indicaba que la notificación se realizaría en los términos del art. 553 de la Ley de 
enjuiciamiento  civil  (LEC).  Mediante  decreto  de  la  misma  fecha,  el  letrado  de  la 
administración de justicia dispuso la notificación «en el domicilio que resulte vigente en el 
registro conforme lo previsto en el artículo 686.2 LEC», señalando a continuación que la 
notificación  se  llevaría  a  efecto  «en  la  forma  dispuesta  en  el  auto  de  autoriza  la 
ejecución».
c)  La notificación y requerimiento de pago se intentó efectuar, por exhorto dirigido a 
la agrupación de juzgados de paz de Belmonte, el día 25 de octubre de 2011, dando 
resultado negativo. En la diligencia se hizo constar expresamente lo siguiente: «[…] 
encontrándose la casa totalmente abandonada con la puerta y todas las ventanas rotas y 
comprobando que allí no vive nadie, no hallando a ningún vecino; igualmente según 
información  obtenida  del  Ayuntamiento  […]  el  Sr.  Bermejo  Pérez  no  se  encuentra 
empadronado en esta localidad (Villar de Cañas)».
d)  A la vista del resultado del exhorto, por diligencia de ordenación del letrado de la 
administración de Justicia se dio traslado a la parte ejecutante, a fin de que instara lo que 
estimara oportuno. Mediante escrito fechado el 24 de noviembre de 2011, la entidad 
bancaria interesó que la notificación y requerimiento de pago se efectuaran por medio de 
edictos, lo que fue acordado por diligencia de ordenación de 12 de enero de 2012. El 
edicto fue retirado del tablón de anuncios del juzgado en fecha 1 de marzo de 2012, 
dándose por requerido y notificado al ahora recurrente.
e)  En fecha 17 de julio de 2012, a instancia de la entidad ejecutante, se acordó la 
celebración de la subasta de los bienes hipotecados, que fue fijada para el día 5 de 
octubre de 2012. En la diligencia de ordenación se hacía constar que la notificación al 
deudor se realizaría en el «domicilio que consta en el registro o, en su caso, en la forma 
en que se haya practicado el requerimiento conforme a la previsto en el artículo 686 
LEC».  La  subasta  fue  notificada  a  la  parte  ejecutada  por  medio  de  edicto.  No 
compareciendo ningún licitador, la finca fue adjudicada a la entidad ejecutante por medio 
del decreto de fecha 25 de octubre de 2012, notificado igualmente por edictos. Tras la 
inscripción registral correspondiente, se acordó la puesta en posesión del inmueble en 
favor de la parte ejecutante, a través de diligencia de ordenación de 24 de marzo 
de 2014, notificada también por edictos.
f)  En fecha 8 de febrero de 2019, el recurrente se personó en el procedimiento 
judicial, formulando incidente extraordinario de nulidad de actuaciones [art. 241 de la Ley  s
Orgánica del Poder Judicial (LOPJ)]. oe.
En su escrito alegó la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE),  w.
interesando la reposición de las actuaciones al momento de dictarse el auto y decreto de  029ww
hnioztoif icuancaió enx yp rreesqau einrvimocieanctioó nd ed ep alag od.o Tcrtarisn are dsee ñeasrt elo tsr iabnutneacle (dceonnt ecsit aq udee  claosn sSidSeTrCó  d2e1 9in/1te9r9é9s,, 
d1e8 2/c2o0m0u0n, i2c6a8c/i2ó0n0 0o,r d4in0a/2r0io0s5, , a3n0t/e2s0 1d4e y  a1c8u1d/2ir0 1a5 )l,a s onborteifi claa cnióence seiddiacdta dl. eM aágso taern l ocso mncerdeitoos,   BOE-A-cable e
consideraba que se había infringido lo dispuesto en los arts. 155, 156 y 166 LEC, en el 
sentido de que el juzgado y la parte actora no habían realizado las gestiones necesarias para 
utilizar otros medios disponibles para su citación, con omisión de la notificación de la 
demanda al recurrente, y la consiguiente indefensión, al no haberse podido personar en la 
causa y formular la oposición a la ejecución instada de contrario.
g)  El incidente fue desestimado por medio de auto de 26 de febrero de 2020. En el 
fundamento  jurídico  segundo  se  hacía  referencia  a  los  datos  fácticos  que  se 
consideraban de interés. En concreto, sobre los documentos 6 y 7 aportados con la 
demanda  ejecutiva,  que  ya  han  sido  reseñados,  así  como  el  intento  negativo  de 
notificación de la demanda y requerimiento de pago. Para el juzgado, la notificación por 
edictos venía impuesta por la redacción entonces vigente del art. 686.3 LEC (que fue 
modificada por Ley 19/2015, de 13 de julio). Conforme a esa redacción, «intentado sin 
efecto el requerimiento en el domicilio que resulte del registro, no pudiendo ser realizado 
el mismo con las personas a las que se refiere el apartado anterior, se procederá a 
ordenar la publicación de edictos en la forma prevista en el artículo 164 de esta ley». 
Según  el  órgano  judicial,  «habiéndose  observado  las  prescripciones  legales,  debe 
desestimarse la nulidad interesada». En el auto no se hacía referencia alguna a las 
sentencias de este tribunal invocadas por el ahora recurrente.
3.  En la demanda de amparo se alega la vulneración del art. 24.1 CE, en su 
vertiente  del  derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva  sin  indefensión,  porque  no  tuvo 
conocimiento de la tramitación del juicio ejecutivo, lo que le impidió ejercer los derechos 
que hubiera tenido por convenientes. Ante la diligencia negativa de notificación de la 
demanda, el ejecutante no propuso un nuevo domicilio, ni el órgano judicial realizó 
averiguación alguna de su domicilio real antes de acudir a la notificación edictal. No 
obstante, en los propios autos constaba, junto con la demanda ejecutiva, la notificación 
personal de la reclamación previa a la vía judicial, por lo que la entidad ejecutante 
conocía  el  domicilio  real  del  recurrente  y  el  órgano  judicial  tenía  la  posibilidad  de 
conocerlo.
El demandante alega que tuvo constancia de la existencia del procedimiento por el 
embargo realizado a un familiar que se encontraba en su misma situación. Tras plantear 
el correspondiente incidente de nulidad de actuaciones, con expresa invocación de la 
doctrina de este tribunal, fue desestimado por el órgano judicial.
En la demanda también se invoca la vulneración del art. 14 CE, por la diferencia de 
trato observada respecto del otro codemandado en el procedimiento judicial de origen, a 
quien se intentó notificar en dos domicilios distintos y en otro partido judicial diferente al 
que estaba conociendo de los autos.
El recurrente considera que el asunto tiene especial trascendencia constitucional 
porque,  entre  otros  motivos,  el  órgano  judicial  pudiera  haber  incurrido  en  un 
incumplimiento  de  la  jurisprudencia  constitucional  y  en  una  negativa  del  deber  de 
acatamiento de la doctrina de este tribunal.
Con expresa reseña de la doctrina contenida en la STC 122/2013, de 20 de mayo, el 
recurrente interesa la estimación de la demanda, con la declaración de la vulneración de 
los derechos fundamentales alegados, su restablecimiento mediante la nulidad del auto 
de 26 de febrero de 2020, y la consiguiente retroacción de las actuaciones al momento 
inmediatamente anterior a la notificación edictal.
4.  La  Sala  Segunda,  Sección  Cuarta,  de  este  Tribunal  Constitucional  dictó 
providencia el día 15 de marzo de 2021, del siguiente tenor: e
(turanáramt. « i5tLne0ae,.  g1aSa pLetriOcvecaTci ióCamnn)  dacConou imfqaieourts eact  aoch noadsn eecelcux uradremeen biceneinaar d  edodle  eme  qli uasrecmea ceotual  ruómsnroigae a dnenetsoo p a jemducedpi iacalli raator l  apdysu ochdceatiner idarnaeca no hcraddibeaae  dcreoo is nntacesdut imtrturriiictdbiirooulo nne aaanll     2021-13029n https://www.
[STC 155/2009, FJ 2 f)].
Por ello, en aplicación de lo dispuesto en el art. 51 LOTC, obrando ya en esta Sala 
testimonio de las correspondientes actuaciones jurisdiccionales, diríjase comunicación al 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 2 de Tarancón, a fin de que, en plazo 
que no exceda de diez días, se proceda a emplazar a quienes hubieran sido parte en el 
procedimiento, excepto la parte recurrente en amparo, para que en el plazo de diez días 
puedan comparecer, si lo desean, en el presente recurso de amparo».
5.  Mediante diligencia de ordenación de fecha 21 de abril de 2021, la secretaria de 
Justicia de la Sala Segunda de este tribunal acordó tener por personado y parte en el 
procedimiento  al  procurador  don  Javier  González  Fernández,  en  nombre  y 
representación  de  Abanca  Corporación  Bancaria,  S.A.,  que  había  solicitado  su 
personación en fecha 8 de abril.
Igualmente, en esta resolución se acordó dar vista de las actuaciones a las partes 
personadas y al Ministerio Fiscal, por plazo común de veinte días, a fin de que pudieran 
presentar las alegaciones que estimasen pertinentes, conforme con lo previsto en el 
art. 52.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC).
6.  La fiscal ante el Tribunal Constitucional presentó su escrito de alegaciones el 
día 11 de mayo de 2021.
Tras exponer los antecedentes fácticos que consideró más relevantes, señala que el 
objeto de la demanda coincide con el que fue objeto de resolución en las SSTC 30/2014 
y 181/2015, para centrarse en el precedente recogido en la STC 187/2020, FJ 3, que 
recuerda la doctrina expuesta en la STC 122/2013, de 20 de mayo.
A juicio del Ministerio Fiscal, «se procedió a la citación edictal sin realizar ninguna 
actividad tendente a localizar al ejecutado y a garantizar la adecuada constitución de la 
relación jurídico procesal […] a pesar de que en las actuaciones constaba otro domicilio 
en  el  que  poder  efectuar  tales  comunicaciones,  dado  que  por  la  entidad  bancaria 
recurrente  se  había  remitido  en  fecha  18  de  enero  de  2011  un  burofax  al  hoy 
demandante de amparo en otro domicilio sito en la localidad de Parla, con resultado 
positivo». Para la fiscal, la redacción entonces vigente del art. 686.3 LEC no impide la 
aplicación de la doctrina de este tribunal, plasmada en la STC 122/2013, en la que 
expresamente  se  señala  que  «todos  los  preceptos  relativos  a  la  notificación  del 
despacho de la ejecución y del requerimiento de pago han de ser interpretados en 
coherencia con la jurisprudencia de este tribunal». Conforme a esa doctrina, el art. 686.3 
LEC debe ser interpretado de forma sistemática con el art. 553 LEC, «precepto rector de 
la llamada al proceso de ejecución hipotecaria, y con la doctrina de este tribunal en 
cuanto a la subsidiariedad de la comunicación edictal, la cual tiene su fuente directa en el 
derecho de acceso al proceso del art. 24.1 CE, de manera que la comunicación edictal 
en el procedimiento de ejecución hipotecaria solo puede utilizarse cuando se hayan 
agotado los medios de averiguación del domicilio del deudor o ejecutado». De esta 
forma, según la fiscal, el órgano judicial no actuó «con la diligencia que le era debida y 
exigible […] para asegurar […] el emplazamiento del demandante de amparo y su 
acceso al procedimiento, […] primero, al acordar la citación por edictos sin agotar las 
posibilidades de notificación y, segundo, al desestimar mediante el auto de 26 de febrero 
de  2020  el  incidente  de  nulidad  de  actuaciones,  perpetuando  así  la  vulneración 
ocasionada».
La fiscal finaliza interesando que se estime el presente recurso de amparo y que, en 
consecuencia, se reconozca que se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva 
sin indefensión (art. 24.1 CE), y que se le restablezca en su derecho, «acordándose la  e
nulidad  de  todo  lo  actuado  desde  la  notificación  edictal»,  con  retroacción  de  las  bo
actuaciones «al momento inmediatamente anterior a dicha notificación para que se le dé  029ww
ainl terreecsuersre»n.te posibilidad de comparecer en el proceso y actuar en defensa de sus
7.  La representación del recurrente presentó su escrito de alegaciones en fecha 24
de mayo de 2021, ratificando lo expuesto en la demanda inicial.
8.  En fecha 3 de junio de 2021, la entidad Abanca Corporación Bancaria, S.A., 
presentó su escrito de alegaciones, en el que interesó la desestimación de la demanda 
de amparo.
A juicio de la parte ejecutante, la notificación se realizó conforme a la normativa 
vigente en aquel momento, fruto de la redacción dada por la Ley 13/2009, de 3 de 
noviembre, de manera que la notificación se realizó en el domicilio que figuraba en las 
propias escrituras de préstamo y de hipoteca. Como quiera que fue negativa, se acudió a 
la notificación por edictos, según lo dispuesto en el art. 686.3 LEC entonces vigente. No 
obstante, considera que, además de lo anterior, no se ha producido indefensión alguna. 
Con cita de diversas SSTC (entre otras, de 8 de septiembre de 2014 y 26 de junio 
de  2000),  recuerda  que  no  toda  infracción  procesal  genera  indefensión  de  forma 
automática. En el caso concreto, pone en duda que el recurrente tuviera conocimiento 
del procedimiento en el año 2019. En primer lugar, porque en fecha 18 de enero de 2011 
recibió un burofax por el que se le notificaban los saldos deudores y se le advertía del 
inicio de acciones judiciales. En segundo lugar, porque dos de sus hermanas (doña 
Rocío y doña Rosario) se encontraban en la misma situación que el demandante, pero 
se personaron en sus procedimientos y se opusieron a la ejecución correspondiente. 
Para la entidad bancaria, resulta evidente que la petición de nulidad formulada por el 
recurrente en el año 2019 fue extemporánea, incurría en causa de caducidad (ex art. 228 
LOPJ) y, en todo caso, le correspondía acreditar que tuvo conocimiento del asunto en 
ese momento, sin que haya presentado prueba alguna a tal efecto. A su juicio, nos 
encontramos ante una falta de diligencia del recurrente, que no puede recibir amparo de 
este tribunal.
9.  La Secretaría de Justicia ha dictado diligencia el día 4 de junio de 2021, dejando 
constancia de la presentación de los escritos de alegaciones del Ministerio Fiscal y de 
las  partes  personadas,  «quedando  el  presente  recurso  de  amparo  pendiente  para 
deliberación cuando por turno corresponda».
10.  Mediante providencia de fecha 8 de julio de 2021, se señaló para deliberación y 
votación de la presente sentencia el día 12 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Objeto del recurso de amparo y pretensiones de las partes.
La demanda de amparo impugna el auto de 26 de febrero de 2020, dictado por el 
Juzgado  de  Primera  Instancia  e  Instrucción  núm.  2  de  Tarancón  (Cuenca),  que 
desestimó el incidente de nulidad de actuaciones promovido por el ahora recurrente en el 
procedimiento de ejecución hipotecaria núm. 132-2011, instado por la entidad Caixa de 
Aforros de Galicia, Vigo, Ourense y Pontevedra (luego denominada Nova Caixa Galicia, 
y ahora Abanca, Corporación Bancaria, S.A.).
El demandante de amparo denuncia que la resolución impugnada ha vulnerado su 
derecho a la tutela judicial efectiva y a no sufrir indefensión (art. 24.1 CE), así como su 
derecho a la igualdad (art. 14 CE). El órgano judicial ha iniciado, tramitado y resuelto un 
procedimiento de ejecución hipotecaria sin haberle dado conocimiento del mismo, y sin 
que se hayan agotado todos los mecanismos posibles antes de proceder a la notificación 
por edictos. El auto impugnado no le ha restablecido en su derecho, al haberle denegado 
toda posibilidad de rectificación de las irregularidades invocadas. s
El Ministerio Fiscal considera que procede estimar el recurso y declarar que el  oe.
derecho fundamental a la tutela judicial efectiva ha sido vulnerado por las razones ya  w.
apecrxotpucuaeecdsiiótmansi e jundetoinc  iadlleo f suo er aiagnjeutnes ctaeinddtaee nraetles dsae  rldeaec h doee ssvetigase tinmsteean ceitóennn a cqidaue.e l l Lrmeaco umprseaonr,tt eo a yl e, jeeennct uetotnaddnoet erc  aqseuone,   nleoal    2021-13029n https://ww
se ha causado indefensión material alguna.
2.  Doctrina del Tribunal Constitucional sobre los actos de comunicación.
Este tribunal se ha pronunciado en reiteradas ocasiones sobre el problema aquí 
planteado acerca de la comunicación del procedimiento de ejecución hipotecaria en el 
caso de que sea negativa la notificación y el requerimiento de pago en el domicilio que 
consta  en  la  escritura  del  préstamo  o  en  el  registro  de  la  propiedad  y,  más 
concretamente, sobre la necesidad de que el órgano judicial agote las posibilidades de 
averiguación del domicilio real antes de acudir a la notificación por edictos.
Así, con carácter general, ha declarado que «cuando del examen de los autos o de la 
documentación aportada por las partes se deduzca la existencia de un domicilio que 
haga factible practicar de forma personal los actos de comunicación procesal con el 
demandado, debe intentarse esta forma de notificación antes de acudir a la notificación 
por edictos (por todas, SSTC 40/2005, de 28 de febrero, FJ 2; 293/2005, de 21 de 
noviembre, FJ 2, y 245/2006, de 24 de julio, FJ 2)» (STC 122/2013, de 20 de mayo, 
FJ 3).
«Esta  misma  doctrina  la  hemos  aplicado  en  el  procedimiento  de  ejecución 
hipotecaria afirmando que es necesario que el órgano judicial agote los medios que 
tenga a su alcance para notificar al ejecutado la existencia del proceso en su domicilio 
real, de modo que, una vez que surjan dudas razonables de que el domicilio señalado en 
la escritura del préstamo hipotecario y que figura en el registro sea el domicilio real del 
ejecutado, le es exigible que intente, en cumplimiento del deber de diligencia que en 
orden a la realización de los actos de comunicación procesal le impone el art. 24.1 CE, el 
emplazamiento personal del ejecutado en el domicilio que figure en las actuaciones, 
distinto  del  que  consta  en  la  escritura  de  préstamo  hipotecario  y  en  el  registro 
(SSTC 245/2006, de 24 de julio, FJ 4; 104/2008, de 15 de septiembre, FJ 3, y 28/2010, 
de 27 de abril, FJ 4)» (STC 122/2013, de 20 de mayo, FJ 4).
Para el Tribunal, «desde una estricta perspectiva constitucional, procede realizar una 
interpretación secundum constitutionem del art. 686.3 LEC, integrando su contenido, de 
forma sistemática, con el art. 553 LEC, precepto rector de la llamada al proceso de 
ejecución hipotecaria, y con la doctrina de este tribunal en cuanto a la subsidiariedad de 
la comunicación edictal, la cual tiene su fuente directa en el derecho de acceso al 
proceso del art. 24.1 CE, de manera que la comunicación edictal en el procedimiento de 
ejecución hipotecaria solo puede utilizarse cuando se hayan agotado los medios de 
averiguación del domicilio del deudor o ejecutado» (STC 122/2013, FJ 5).
Esta doctrina ha sido reiterada en pronunciamientos posteriores (SSTC 83/2018, 
de 16 de julio, FJ 4; 29/2020, de 24 de febrero, FJ 3; 62/2020, de 15 de junio, FJ 2, 
y 86/2020, de 20 de julio, FJ 2, entre otras).
3.  Enjuiciamiento del caso.
La resolución de la queja planteada debe partir necesariamente de una aproximación 
detallada a los datos fácticos obrantes en la causa para, seguidamente, verificar si se dio 
cumplimiento a la doctrina de este tribunal sobre la cuestión controvertida.
a)  La demanda de la entidad Abanca, Corporación Bancaria, S.A., fijaba como 
domicilio de la parte ejecutada, a efectos de notificaciones, el sitio conocido como 
Casalonga, en el término municipal de Villar de Cañas (Cuenca). Se trataba del domicilio 
establecido  a  tal  efecto  en  la  escritura  de  constitución  de  la  hipoteca  sobre  dicho 
inmueble, en garantía de la devolución del préstamo concedido por la entidad bancaria al 
ahora recurrente. Sin embargo, el intento de notificación llevado a cabo el día 25 de  e.
octubre  de  2011  en  ese  domicilio  fue  negativo.  En  la  diligencia  se  hizo  constar  w.
expresamente que la casa estaba «totalmente abandonada con la puerta y todas las  029ww
ivgeunatlamneanst er osteags úyn  icnofomrmpraocbiaónnd oob tqeuneid aa ldlíe nl Ao yvuinvtea mnaiednieto,  [n…o]  heal lSlar.n Bdoe rma enjoin Pgúénre zv encoin soe; 
encuentra empadronado en esta localidad (Villar de Cañas)».
Tras ese intento frustrado, a instancias de la parte ejecutante, el órgano judicial 
procedió, sin más trámites, a la notificación edictal, que fue acordada por diligencia de 
ordenación de 12 de enero de 2012. El edicto fue retirado del tablón de anuncios del 
juzgado en fecha 1 de marzo de 2012, continuando la tramitación del procedimiento al 
margen  de  la  entidad  ejecutada.  El  juzgado  no  realizó,  ni  de  oficio,  ni  tampoco  a 
instancia de la ejecutante, ninguna otra actuación indagatoria sobre el domicilio de la 
ejecutada. El resto de notificaciones se realizó de la misma forma.
b)  Este tribunal constata que el órgano judicial de instancia no ha observado la 
diligencia debida y ha incumplido la doctrina constitucional anteriormente expuesta en las 
actuaciones realizadas hasta la terminación del proceso de ejecución. Ante la situación 
descrita,  con  un  intento  infructuoso  de  notificación  personal,  el  juzgado  tenía  la 
obligación de realizar las averiguaciones pertinentes para determinar el domicilio del 
deudor antes de acudir a la comunicación edictal, tal y como dispone la interpretación 
conjunta de los arts. 686.3 y 553 LEC. Más en concreto, el órgano judicial podría haber 
intentado la notificación en el domicilio ubicado en la localidad de Parla, comunicación 
que había resultado positiva con carácter previo a la interposición de la demanda, según 
la propia documentación aportada por la parte ejecutante (documento número 7).
Por el contrario, sin haber agotado las posibilidades de notificación personal se 
acudió al sistema de edictos, generándole al demandante de amparo una real y efectiva 
indefensión, ya que el proceso se tramitó enteramente a sus espaldas. Posteriormente, 
cuando la parte ejecutada puso de manifiesto esta situación a través del instrumento 
procesal adecuado, como es el incidente de nulidad de actuaciones previsto en el 
art. 241 LOPJ, y con expresa invocación de la doctrina de este tribunal, el juzgado 
mantuvo la situación de indefensión sin reparar la lesión alegada. Para ello argumentó la 
vigencia de una redacción anterior de la norma que, sin embargo, fue la que se tomó en 
consideración por este tribunal en los pronunciamientos que le fueron invocados por el 
recurrente, y sobre los que el juzgado omitió toda referencia en la resolución ahora 
impugnada.
A lo anterior no puede oponerse, como señala la parte ejecutante, que el recurrente 
no hubiera probado la temporaneidad de su petición de nulidad de actuaciones. En el 
presente caso, lo que no puede deducirse de las actuaciones es que el recurrente en 
amparo  hubiera  tenido  conocimiento  extraprocesal  del  procedimiento  de  ejecución 
hipotecaria seguido en su contra, más que en el momento inmediatamente anterior a su 
primera comparecencia con solicitud de nulidad de actuaciones. El hecho de que se le 
hubieran notificado los saldos deudores con carácter previo al inicio de acciones legales 
no implica que debiera tener conocimiento de su posterior existencia. Y otro tanto puede 
decirse respecto de que dos de sus hermanas hubieran sido demandadas en otros 
procedimientos por hechos similares, lo que no puede suponer una presunción de su 
conocimiento por parte del recurrente.
En consecuencia, procede la estimación de la demanda.
4.  Alcance de la estimación del amparo.
La estimación del recurso de amparo debe acarrear la nulidad del auto de 26 de 
febrero de 2020, dictado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 2 de 
Tarancón (Cuenca), que desestimó el incidente de nulidad de actuaciones promovido por 
el recurrente en el procedimiento de ejecución hipotecaria núm. 132-2011. Asimismo, 
como medida de restablecimiento del derecho, hemos de acordar la retroacción de las 
actuaciones hasta el momento inmediatamente anterior al del requerimiento de pago, a  e
fin de que se provea por el órgano judicial a la notificación de la demanda ejecutiva y de  bo
dicho requerimiento al recurrente, en términos respetuosos con su derecho fundamental  029ww
a la Ltuat eelas tjiumdaicciiaóln e fdeeclt ivreac suirns oin dpeofre nessitóen  m(aortti.v 2o4 .h1a CceE )i.nnecesario el análisis de la otra
iqguueajlad aindv (oacrat.d 1a4  pCoEr )e.l recurrente, relativa a una eventual vulneración del derecho a la
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar el recurso de amparo interpuesto por don Juan Manuel Bermejo Pérez y, en 
su virtud:
1.º  Declarar que ha sido vulnerado su derecho fundamental a la tutela judicial 
efectiva sin padecer indefensión (art. 24.1 CE), con reconocimiento de tal derecho.
2.º  Restablecerle en su derecho y, a tal fin, declarar la nulidad del auto de 26 de 
febrero de 2020, dictado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 2 de 
Tarancón (Cuenca), en el proceso de ejecución hipotecaria núm. 132-2011, así como la 
nulidad de las actuaciones realizadas a partir del auto de 1 de septiembre de 2011 por el 
que se acordó el despacho de la ejecución y el requerimiento de pago a la parte 
deudora.
3.º  Retrotraer  el  procedimiento  al  momento  inmediatamente  anterior  al 
requerimiento de pago a don Juan Manuel Bermejo Pérez, debiendo llevarse a cabo su 
notificación  a  la  parte  ejecutada  de  forma  que  resulte  respetuosa  con  el  derecho 
fundamental reconocido.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a doce de julio de dos mil veintiuno.–Encarnación Roca Trías.–Juan 
Antonio  Xiol  Ríos.–Pedro  José  González-Trevijano  Sánchez.–Antonio  Narváez 
Rodríguez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Firmado y rubricado.