BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 132 Jueves 3 de junio de 2021 Sec. I.   Pág. 68009
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
9238 Ley Foral 6/2021, de 10 de mayo, por la que se modifica el artículo 68 de la 
Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de Navarra y de su 
Presidenta o Presidente.
LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente Ley Foral por la 
que se modifica el artículo 68 de la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno 
de Navarra y de su Presidenta o Presidente.
PREÁMBULO
La presente ley foral modifica el artículo 68 de la Ley Foral 14/2004, de 3 de 
diciembre, del Gobierno de Navarra y de su Presidenta o Presidente, que requiere para 
su  aprobación  la  mayoría  absoluta  de  los  miembros  del  Parlamento  de  Navarra, 
conforme a lo previsto en los artículos 20.2 y 25 de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de 
agosto,  de  reintegración  y  amejoramiento  del  Régimen  Foral  de  Navarra  y  en  los 
artículos 152 y 153 del Reglamento del Parlamento de Navarra.
El artículo 68 de la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de Navarra y 
de su Presidenta o Presidente, tiene la siguiente redacción:
«Artículo 68.  Investigados por delitos de corrupción.
1.  En el momento en que un cargo público electo o sujeto a nombramiento de libre 
designación conozca, de forma fehaciente, que un Juzgado o tribunal competente ha 
adoptado un auto estableciendo su situación procesal de investigado o figura legal 
equivalente por la presunta comisión de los delitos contemplados en los artículos 404 
a 444 o 472 a 509 del Código Penal actualmente vigente, entenderá que su permanencia 
en el cargo es incompatible con la confianza que se debe trasladar a la ciudadanía sobre 
la vigencia de los principios éticos y con la obligación de preservar el prestigio de las 
instituciones.
2.  Así lo entenderá también, en el caso de los altos cargos sujetos a nombramiento 
de libre designación, quien tenga la potestad de relevarlo.»
El título V «De la ética y la transparencia» de la actual Ley Foral 14/2004, de 3 de 
diciembre, del Gobierno de Navarra y de su Presidenta o Presidente, fue introducido 
como novedad (artículos 64 a 68) mediante la Ley Foral 6/2018, de 17 de mayo, por la 
que se modifican la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de Navarra y de 
su  Presidenta  o  Presidente,  la  Ley  Foral  19/1996,  de  4  de  noviembre,  de 
incompatibilidades  de  los  miembros  del  Gobierno  y  de  los  altos  cargos  de  la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra, y la Ley Foral 4/2000, de 3 de julio, 
del Defensor del Pueblo de Navarra.
La redacción de este artículo 68 ha generado problemas de interpretación y puede  es
generar circunstancias injustas en lo que se refiere a su correlación con los procesos  o
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Es de gran interés analizar la exposición de motivos de esta ley orgánica y, en 
concreto, la justificación de este cambio. En concreto se señala lo siguiente:
«Por esta razón, se modifica el actual artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal, en el que se regula el derecho de defensa, reconociéndose de forma clara y 
precisa que toda persona a la que se atribuya la comisión de un acto punible podrá 
ejercitar  su  derecho  de  defensa,  sin  más  limitaciones  que  las  previstas  en  la  ley, 
fijándose como marco temporal para el ejercicio de este derecho desde la atribución del 
hecho punible investigado hasta la misma extinción de la pena. Es contenido esencial del 
derecho de defensa la asistencia de un abogado de libre designación o, en su defecto, 
de un abogado de oficio, con el que podrá comunicarse y entrevistarse reservadamente 
en cualquier momento desde que se le atribuya la realización de un hecho punible y que 
estará presente en todas sus declaraciones y en cuantas diligencias de reconocimiento, 
careo o reconstrucción de hecho se practiquen.»
«Todos  los  derechos  del  investigado  o  encausado  se  facilitarán  en  lenguaje 
comprensible y adaptado a las circunstancias personales del destinatario, teniendo en 
cuenta la edad, grado de madurez o discapacidad.»
«A tal fin se convocó la Comisión para la Claridad del Lenguaje Jurídico, cuyas 
recomendaciones fueron tenidas en cuenta en la redacción de los preceptos de esta ley. 
Entre sus conclusiones se encuentra la necesidad de evitar las connotaciones negativas 
y estigmatizadoras de esa expresión, acomodando el lenguaje a la realidad de lo que 
acontece en cada una de las fases del proceso penal, razones que han de llevarnos a la 
sustitución del vocablo imputado por otros más adecuados, como son investigado y 
encausado, según la fase procesal. La reforma ha hecho suyas esas conclusiones. Y 
así,  el  primero  de  esos  términos  servirá  para  identificar  a  la  persona  sometida  a 
investigación por su relación con un delito; mientras que con el término encausado se 
designará, de manera general, a aquel a quien la autoridad judicial, una vez concluida la 
instrucción de la causa, imputa formalmente el haber participado en la comisión de un 
hecho delictivo concreto.»
El artículo 68 produce sus efectos cuando una persona es declarada investigada en 
un proceso penal por unos concretos delitos, pero esta figura de investigado se introdujo 
en el código penal como una figura que otorga derechos, en concreto el derecho de 
defensa.
Además, no es equiparable el término imputado a investigado porque aquel se ha 
desdoblado en dos: investigado y encausado. Es decir, la redacción actual del artículo 68 
despliega unos efectos negativos sobre una persona en el momento en el que, a esa 
persona, en el ámbito penal, se le comunican sus derechos.
Otro  de  los  problemas  de  la  actual  redacción  es  que  no  existe  en  la  Ley  de 
Enjuiciamiento Criminal una regulación clara de a partir de qué momento una persona 
pasa a tener la condición de investigado, por lo que se pueden generar problemas con la 
aplicación del actual artículo 68, por lo que procede fijar, por seguridad jurídica, un 
momento claro en el proceso penal que no pueda dar lugar a distintas interpretaciones.
La actual redacción es confusa y puede dar lugar a interpretaciones, también, sobre 
la obligatoriedad o no de dimitir en el caso de que una persona tenga la condición de 
investigado, ya que se habla de «...entenderá que su permanencia en el cargo es 
incompatible con la confianza que debe trasladar a la ciudadanía...».
Por último, a pesar de que el artículo habla de «delitos de corrupción», en el código 
penal no se cita textualmente a los delitos recogidos en él como delitos de corrupción. e
En un mundo donde la confianza ciudadana tanto en las Administraciones Públicas  bo
como, y sobre todo, en la política están muy dañadas es correcto tener conductas de  38ww
éticaN eo  ionbtesgtarindtaed,  pqruoec eadsee,g uproern l au neax peejerimenpclaiari ddaed l.os últimos años, hacer una revisión de
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como  cambios  una  nueva  redacción  del  título,  estableciendo  lo  que  es,  un  código
conducta, dejando claro el momento procesal desde que se producen los efectos, los 
delitos que originan su funcionamiento, la obligatoriedad del cese (y no mera voluntad) y, 
por último, pero no menos importante, plazos.
Artículo único.
Se modifica el artículo 68 de la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno 
de Navarra y de su Presidenta o Presidente, en los términos siguientes:
«Artículo 68.  Código de conducta en relación con delitos contra la Administración 
Pública.
1.  En el momento en que a un alto cargo o sujeto a nombramiento de libre 
designación se le notifique la apertura de juicio oral o la adopción de la medida 
cautelar de prisión provisional por la presunta comisión de alguno de los delitos 
contra la Administración Pública previstos en el Código Penal, entenderá que su 
permanencia en el cargo es incompatible con la confianza que se debe trasladar a 
la ciudadanía sobre la vigencia de los principios éticos y con la obligación de 
preservar el prestigio de las instituciones, por lo que deberá presentar su renuncia 
al cargo.
2.  La citada renuncia deberá presentarse ante quien le nombró de forma 
inmediata.
3.  Si no presentase su renuncia la persona que le nombró deberá cesarle en 
un plazo de tres días naturales.»
Disposición final única.  Entrada en vigor.
La presente ley foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial de Navarra».
Yo,  en  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  22  de  la  Ley  Orgánica  de 
Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, promulgo, en nombre de 
S.M. el Rey, esta Ley Foral, ordeno su inmediata publicación en el «Boletín Oficial de 
Navarra» y su remisión al «Boletín Oficial del Estado» y mando a los ciudadanos y a las 
autoridades que la cumplan y la hagan cumplir.
Pamplona, 10 de mayo de 2021.–La Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra, 
María Chivite Navascués.
(Publicada en el «Boletín Oficial de Navarra» número 117, de 20 de mayo de 2021)