BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 97 Viernes 23 de abril de 2021 Sec. I.   Pág. 46425
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
6468 Ley  1/2021,  de  12  de  febrero,  de  Simplificación  Urbanística  y  Medidas 
Administrativas.
Las Cortes de Castilla-La Mancha, han aprobado y yo, en nombre del Rey, promulgo 
la siguiente Ley.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
La vigente normativa de ordenación territorial y urbanística de nuestra región supera 
las dos décadas de vigencia, periodo en el cual ha servido como instrumento idóneo 
para la articulación de las políticas de suelo y vivienda de las distintas administraciones 
con  competencias  en  la  materia,  ordenando  nuestro  territorio  e  informando  las 
actuaciones de toda índole que se han planteado sobre el mismo.
Esta regulación normativa, completada en nuestra Comunidad Autónoma a nivel 
reglamentario en el año 2011, ha sido objeto de diversas innovaciones con el objetivo de 
adecuar aquella a las necesidades, cambiantes y de todo orden, que las citadas políticas 
han ido reclamando a lo largo del tiempo. A la par, se ha tratado de recoger las 
innovaciones  normativas  de  escala  superior,  europea  y  nacional,  que  han  ido 
sucediéndose y que han informado no sólo a las normas autonómicas sobre la materia 
sino también a la materialización práctica de las mismas por parte de las distintas 
administraciones, y entre ellas, como protagonista, la municipal.
Hoy,  este  objetivo  común,  cambiante,  pero  a  la  vez  constante  en  el  tiempo, 
consistente en dar respuesta adecuada a las necesidades que en materia de ordenación 
territorial y urbanística se suscitan a diario por parte de la ciudadanía y que alcanza a 
todos los órdenes de la vida de esta, se ha visto acentuado por una especial situación 
derivada de los efectos sanitarios, sociales y económicos originados por la pandemia del 
COVID-19. Ante esta realidad sobrevenida, procede fijar como objetivo la más pronta 
articulación de respuestas efectivas en todos los ámbitos, también en el normativo, que 
fomenten la minoración de los perniciosos efectos de la pandemia, así como la procura 
de  las  mejores  condiciones  para  el  establecimiento  y  desarrollo  de  actividades 
económicas en todo nuestro territorio, y muy particularmente, en sus ámbitos rurales.
II
Una primera línea de acción en la presente ley es la implantación en la normativa de 
ordenación territorial y urbanísticos una serie de principios de desarrollo sostenible que 
recogen postulados de textos tan fundamentales como, entre otros, los objetivos de 
desarrollo sostenible de la Agenda 2030 y las Agendas urbanas europea y española, 
cuyos objetivos son seguidos como referencia por la presente ley: se trata de ordenar el 
territorio, haciendo un uso racional del suelo en pos de su conservación y protección; 
evitar la dispersión urbana y revitalizar la ciudad existente; prevenir y reducir los efectos  e.e
del cambio climático y mejorar la resiliencia; hacer una gestión sostenible de los recursos  b
y favorecer la economía circular; favorecer la proximidad y la movilidad sostenible;  68ww
faodmeecunatadra l;a l icdoehraers iyó nfo smoecniatla yr  llaa  ienqnuoivdaacdió, ng adriagnittaizl ayn deol  treál nascitcoe sao u an  ucnoan svuivmieon dean edriggéntaic oy 
dgeorbivearndaon zdae.  fuentes  renovables;  y  mejorar  los  instrumentos  de  intervención  y  la
En definitiva, se postula la práctica de un urbanismo más racional, centrado en la 
realización del interés general que le es intrínseco, que se debe a la ciudadanía, y que 
ha de estar dirigido fundamentalmente a la conservación de nuestros recursos naturales 
–el suelo entre ellos– y, por ende, la regeneración y renovación de los tejidos urbanos 
existentes,  virando  definitivamente  derroteros  de  otros  tiempos  que  en  no  pocas 
ocasiones  generaron  crecimientos  dispersos,  difícilmente  sostenibles  e  incluso,  en 
muchos casos, escasamente conjugables con un real y efectivo interés público.
La ciudad existente se hace protagonista en la ley de la mano de sus habitantes de 
una manera definitiva, y para ello son fundamentales estos principios informadores de la 
acción  pública  que  se  posicionan  en  favor  de  una  mayor  y  mejor  habitabilidad  y 
sostenibilidad  de  nuestros  pueblos  y  ciudades.  Ello  se  traduce  en  paradigmas 
expresados en la ley como mandatos al conjunto de los operadores urbanísticos como el 
de procurar diseños urbanos que eviten, en la medida de lo posible, desplazamientos 
superiores a quince minutos a pie o en bicicleta; o también una genérica interacción 
entre los ámbitos rural y urbano, algo que en la ley se concreta también en medidas 
novedosas basadas en el redimensionamiento territorial de principios y técnicas clásicas 
de la materia urbanística como es, entre otras, la relativa a la equidistribución y el justo 
reparto de las plusvalías generadas por la acción urbanística; y finalmente asienta la idea 
de convertir a nuestras ciudades medias en referencia de unos territorios más amplios 
que es preciso comenzar a ordenar ya a una escala territorial que tenga como referencia 
ámbitos de escala supralocal en el marco de una sociedad cada vez más globalizada.
En este contexto son guía y garantía los objetivos de la Agenda 2030 y, entre estos, 
principalmente los que se refieren de una manera fundamental a la sostenibilidad, el 
clima, los ecosistemas y las energías renovables. Así, desde la ley, aparte de acciones 
en pos del fomento del uso de vehículos eléctricos y del empleo de energías renovables 
en el ámbito residencial, se lanza una decidida apuesta en pos de la implantación y 
desarrollo de los edificios de consumo casi nulo a través de innovaciones que sitúan a 
estos como referencia no solo de los objetivos de sostenibilidad y acción por el clima, 
sino también de una mejor calidad de vida y salud de la ciudadanía que los habita, algo a 
lo que se refiere de manera positiva nuestro texto constitucional. A esta finalidad se 
suman  otra  serie  de  innovaciones  en  la  presente  ley  que  fomentan  este  tipo  de 
edificaciones  mediante  la  regulación  de  aspectos  tales  como  los  parámetros  de 
edificabilidad, las envolventes y otras instalaciones propias de aquellas.
Todo ello sin olvidar el principio de igualdad, en su vertiente inclusiva y de cohesión, 
que inspira el conjunto del texto en el marco de una decidida acción social. Siguiendo 
estos objetivos, el fomento de la accesibilidad universal y de un mejor diseño urbano y 
de espacios públicos desde la perspectiva de género son referencias que deberá cumplir 
cada instrumento urbanístico, por más que tienen estos en la ciudadanía y en la procura 
de su mejor calidad de vida su razón de ser; y aquí son protagonistas principales tanto 
las personas con diversidad funcional, como los niños y niñas de nuestra región –de los 
que tanto tenemos que aprender– como también nuestras personas mayores –que tanto 
nos han enseñado– y a los que el conjunto de la sociedad, sus poderes públicos en 
general, y el urbanismo, en particular, como instrumento para la mejor satisfacción de 
sus necesidades y aspiraciones, han de atender y servir.
III
La agilización de los procedimientos que sirven para la implantación y actividades  s
productivas en el territorio y, en particular, los urbanísticos relacionados con estas, es  e.
una demanda constante que la presente ley tiene como objetivo principal. Se trata, por  w.
otra parte, de una demanda que se fusiona con los propios fines de desarrollo del medio  68ww
sruernatli dyo sd,e  elno sn pueeqsutreañ Coso mmuunniidcaipdi oAs uqtóuneo tmana . nUumn eorbojseotisv oy  qreulee vaadnetemsá ss oonb, eedne ctoed oas  ulnoas 
necesaria adecuación a las necesidades de nuestra sociedad, cambiantes cada día a
mayor velocidad, y también, en particular, a las hoy sobrevenidas como han sido las 
causadas por los efectos de todo tipo generados por la pandemia del COVID-19.
Con este conjunto de objetivos, la presente ley profundiza en medidas que siguen a 
otras de mejora y agilización de los procedimientos urbanísticos ya puestas en marcha 
en nuestra región y de las que es referente la Ley 5/2020, de 24 de julio, de medidas 
urgentes  para  la  declaración  de  proyectos  prioritarios  en  Castilla-La  Mancha,  que 
además  de  regular  estos  en  sus  perspectivas  sustantiva  y  procedimental, 
comprendiendo dentro de estas la urbanística, introduce una serie de innovaciones en 
diversos textos normativos autonómicos, en particular en el Texto refundido de la Ley de 
Ordenación del Territorio y la Actividad Urbanística; innovaciones a las que hoy siguen 
las contenidas en la presente ley en el ánimo común de procurar una mejora en la 
regulación de la materia que beneficie al destinatario de esta, la ciudadanía de nuestra 
región y a su vez a la más ágil generación de actividad económica en su territorio.
Entre una y otra ley suman setenta innovaciones a dicho texto normativo, y dentro de 
ellas,  como  se  ha  dicho,  la  agilización  procedimental  y  la  supresión  de  trámites 
superfluos, enmarcada dentro del objetivo de apoyo y dinamización de la actividad 
económica de nuestra región, constituye el objetivo común que se ha perseguido de 
manera decidida, pero siempre con la cautela de no minimizar en modo alguno las 
garantías  intrínsecas  a  dichos  procedimientos  ni  tampoco  la  participación  de  la 
ciudadanía en la formación de toda decisión pública urbanística, considerando que dicha 
participación constituye un paradigma en pos de su mejor adecuación al interés público 
que ha de recabar siempre este tipo de actuaciones.
Como  medidas  contempladas  en  esta  línea  de  actuación,  la  ley  establece  una 
profunda flexibilización de los contenidos y requisitos de figuras urbanísticas, tanto de 
planeamiento, tales como planes parciales y planes especiales de infraestructuras, como 
complementarias,  estudios  de  detalle,  y  de  ejecución,  como  son  los  programas  de 
actuación  urbanizadora.  En  particular  para  estos,  las  dinámicas  de  mercado  más 
recientes han venido reclamando una mejora del régimen existente que regulaba su 
eventual innovación. Con ello se posibilitará, siempre en el marco del preponderante 
interés público, una mejor regulación de esta capital figura urbanística a fin de conseguir 
su más correcta adecuación a las necesidades y demandas que pueden sobrevenir 
durante su ejecución; procurando siempre con ello alcanzar la más adecuada realización 
de esta dentro de un marco de firmes garantías a favor de los propietarios de terrenos 
afectados y demás sujetos afectados por este tipo de actuaciones.
Importante resulta también la adecuación que realiza la ley respecto de la regulación 
de  la  reserva  de  suelo  para  viviendas  sujetas  a  algún  tipo  de  protección  pública, 
necesaria no sólo por las circunstancias económicas que sobrevienen hoy al mercado 
inmobiliario sino también por los efectos que ha tenido sobre este tipo de viviendas la 
supresión de las ayudas a su promoción y adquisición operada entre los años 2012 
y 2013; circunstancias a las que se suma la realidad tan diversa que ofrece nuestro 
territorio junto a la pluralidad y diversidad de sus municipios, muy diferente en unos 
casos de otros también en esta cuestión. A todo ello obedece un cambio en la regulación 
de esta cuestión que, por un lado, considera las especialidades de nuestros pequeños 
municipios,  la  mayoría  en  regresión  demográfica,  y,  por  otro,  busca  una  necesaria 
correspondencia entre demanda y oferta en la regulación de estos suelos a fin de evitar 
situaciones perniciosas en que su reserva pueda resultar sine die, creando solares faltos 
de edificación e incluso, antes, constituyendo una cortapisa efectiva al desarrollo de otra 
serie de actuaciones propias del ámbito rural, tales como pueden ser las de carácter  s
estacional  y  las  turísticas,  sectores  impulsores  de  la  actividad  económica  de  los  oe.
municipios en él ubicados. A su vez, esta innovación se hace extensiva a los suelos  w.
públicos incluidos en los patrimonios públicos de suelo a fin de que estos realmente  68ww
msiruvnainci ppioasra  daete nndueers ltaras  dreegmióann,d apsr inrecaipleaslm qeunete e ne nc aldoas  mdoem  menetnoo sr e tapmreasñeon,t ene veitna nldoos 
rseitaulaizcaiocnióens  efdeec tiveas tya núcltaimmaie dneto s ud dee setsintoos.  suelos  y,  por  ende,  de  frustración  de  la  BOE-A-cable e
En el ámbito del tejido productivo de nuestra región, y en particular de las zonas de 
uso industrial ubicadas en la misma y, más concretamente, de las logísticas que hoy por 
hoy están propiciando la implantación de nuevas actividades económicas en nuestro 
territorio que tienen por referencia la excelente situación geográfica y las infraestructuras 
de este, la ley procede a establecer dos innovaciones ampliamente demandadas por los 
operadores de estos sectores: por un lado, se innova la regulación de los aparcamientos 
exigidos de manera unívoca hasta ahora por la normativa vigente, a fin de que cada 
actuación atienda esta cuestión en virtud a sus particulares y especiales características, 
las cuales vienen condicionadas de manera intensa por las necesidades de las concretas 
actividades productivas que buscan su implantación en estos ámbitos. En paralelo, para 
actuaciones de carácter aislado, se flexibiliza el régimen de las zonas verdes con el fin 
de  evitar  realidades  anteriores  como  la  existencia  de  estas  dotaciones  en  ámbitos 
alejados de la población a la que han de servir. Para ello, se plantea también un diseño 
particularizado de cada actuación, de manera que se evalúe la idoneidad de la concreta 
ubicación de estos espacios, la cual podrá tener lugar tanto en el propio ámbito de la 
actuación, como en otros más idóneos, incluso ajenos a aquel, siempre bajo el prisma de 
un interés público que habrá de evaluar en cada caso la administración urbanística 
correspondiente.
También dentro de los objetivos de dinamización de la actividad económica, se 
plantea la regulación de dos figuras de gran utilidad práctica en orden al establecimiento 
de diversas instalaciones de esta naturaleza, como son las relativas a las autorizaciones 
provisionales y al régimen de fuera de ordenación. En los dos supuestos la ley procura 
flexibilizar su régimen y hacer útiles desde la perspectiva urbanística, y con el objetivo de 
cumplir una evidente finalidad económica, instalaciones y ubicaciones ya existentes que 
resulten compatibles tanto con la ordenación como con el eventual desarrollo urbanístico 
de los suelos sobre los que se ubican.
Protagonista en la aplicación práctica de esta ley serán las innovaciones que la 
misma procura respecto de la comunicación previa y la declaración responsable, las 
cuales, en un primer término, se deslindan entre sí respecto a su actual regulación, y 
además se produce una ampliación de su ámbito de aplicación, refiriendo así la figura de 
la declaración responsable a nuevos escenarios como son, entre otros, los relativos a la 
primera ocupación, los cambios de usos permitidos por el planeamiento y la instalación 
de  ciertas  instalaciones  de  energías  renovables,  como  las  fotovoltaicas  «de  uso 
doméstico» y las de recarga de vehículos eléctricos.
Ligando con el siguiente objetivo de la ley, relativo a la mejora y desarrollo del medio 
rural y el de los pequeños municipios que lo conforman, la norma procura una importante 
ampliación de los fines de los patrimonios públicos de suelo, posibilitando que se refieran 
estos  también  a  nuevas  actuaciones  demandadas  principalmente  desde  el  ámbito 
municipal: ejecución de sistemas locales, la regeneración y renovación urbana, y el 
cumplimiento  de  objetivos  de  desarrollo  sostenible,  como  los  que  se  concretan  en 
medidas de fomento de la eficiencia energética, pero también en la lucha contra la 
despoblación y la mejora de todo el conjunto del medio rural, no únicamente del que 
estuviera considerado como protegido como rezaba hasta ahora la vigente normativa 
urbanística.
Además de lo anterior, y con igual ánimo, la ley, siguiendo la senda ya transitada por 
la citada Ley 5/2020, de 24 de julio, propicia una serie de innovaciones en la tramitación 
de proyectos en suelo rústico a través de la figura de la calificación urbanística, tales 
como  el  que  se  exima  de  esta  a  pequeñas  actuaciones  de  mera  conservación  y  s
mantenimiento de edificaciones existentes, cuyo control seguirá siendo ejercido en todo  oe.
caso por medio de la licencia municipal, con lo que se agiliza notablemente la tramitación  w.
de estas actuaciones; el ajuste en las cuantías y determinación del canon urbanístico  68ww
edne vepnrogcaeddoim pioern ctoiesr tausrb aacntíusaticcioosn eys  eontr ossu eploa rraúlestloicso ; cyo mla os uppureedsieónn  dseer ,t rápmori teesje rmeiptelora, dlooss 
taomdboise nlotsa lceosn; theancidieonsd doe q luoes  bdaisstitnet ossu  preroacliezdaicmióienn etons u enno  cduee setlilóons .siempre que se refiera a  BOE-A-cable e
IV
Cerca del noventa y ocho por ciento de los 919 municipios de Castilla-La Mancha 
tienen menos de 15.000 habitantes según los últimos datos del INE, y muchos de ellos 
llevan sufriendo un proceso constante de pérdida de población que se enmarca en una 
tónica compartida por otros territorios vecinos a nuestra Comunidad consecuencia de un 
proceso social y económico que arranca en la mitad del pasado siglo y que ha dado para 
llenar páginas y páginas tanto de obras literarias (Delibes, Llamazares, o Santiago 
Lorenzo  más  recientemente)  como  de  ensayos  (Del  Molino  y  Guiu,  entre  otros)  y 
estudios (de referencia es el reciente de Fernando Collantes y Vicente Pinilla). Un 
proceso que avanza día a día y frente al cual es preciso pasar de voces que se limitan a 
referir o denunciar su existencia, a acciones concretas que traten de revertir la situación 
presente y sus efectos futuros.
En efecto, esta conciencia, más o menos reciente, precisa hacerse efectiva por parte 
de todos, pero en primer término de los poderes públicos, en acciones concretas y 
positivas que inviertan la tendencia de pérdida de población que avanza desde hace 
años en el medio rural de nuestro país. En este sentido la acción ha de ser plural y 
conjunta, e ir desde una adecuada dotación de infraestructuras que vertebren el territorio 
y garanticen tanto la movilidad como una adecuada telecomunicación en el mismo, hasta 
medidas positivas de fomento de la actividad económica y poblacional en estos ámbitos 
rurales de los que son muestra, entre otras, políticas como las referidas a las Inversiones 
Territoriales  Integradas  puestas  en  marcha  en  nuestro  territorio  y  las  innovaciones 
normativas que tienen en el medio rural y en las actividades con potencial desarrollo en 
el mismo su centro principal, pudiendo referir respecto a estas, y dentro del ámbito de la 
ordenación  territorial  y  urbanística  a  la  Instrucción  Técnica  de  Planeamiento  sobre 
determinados requisitos sustantivos que deberán cumplir las obras, construcciones e 
instalaciones en suelo rústico, aprobada a principios de 2020 y que ha servido para 
facilitar la instalación de numerosas actividades productivas en el ámbito rural y los 
pequeños municipios de nuestra Comunidad Autónoma.
En la presente ley son protagonistas las innovaciones que tienen en el ámbito rural 
su motivación de mejora y que presentan el ánimo de constituir un instrumento idóneo 
para coadyuvar a su desarrollo efectivo. Pero, con todo, la principal novedad práctica 
pudiera  ser  la  que  procura  la  materialización  de  un  ideal  de  un  urbanismo  que, 
superando su tradicional y exclusivo ámbito local, alcance de manera efectiva una escala 
territorial más acorde con los tiempos actuales en que la globalización y el intercambio 
de activos entre territorios, distantes muchos de ellos, es tendencia común y creciente. 
Este objetivo, que parte del principio, ya asentado en normas como la Ley 45/2007, 
de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural, de que todo desarrollo 
de este constituye una política de ordenación territorial; directriz que se materializa en 
esta  norma  en  medidas  como  la  redistribución  de  las  plusvalías  generadas  en 
desarrollos urbanísticos de ciertas dimensiones en los «mayores» municipios de nuestra 
Comunidad en favor de políticas que tengan al ámbito rural y a los pequeños municipios 
como especiales beneficiarios de aquellas, y ello por medio de instrumentos como el 
patrimonio  público  de  suelo  autonómico  que,  finalmente,  cobra  efectiva  carta  de 
naturaleza en nuestra normativa.
Otras medidas que plantea la norma muestran un decidido apoyo a la labor diaria 
que en la materia desarrollan los municipios de nuestra región, un reto del que la ley 
hace copartícipes tanto a la Administración Regional como a las Diputaciones, haciendo 
patente en la norma urbanística su condición de «Ayuntamiento de ayuntamientos» que  e.
les otorga ya la normativa de régimen local y que se traduce, entre otras medidas, en el  w.b
reconocimiento que realiza la ley de su posible cualidad como administración actuante  68ww
Cjuanstoti llaa -cLaad aM uannoch dae.  lCoos nm eusntiec ipmioissm doe  olab jreetigvioó ns ey  ain tlaro dpurocpei ae Jnu lnat af igduer aC odme ulansid aNdoersm daes 
Turébcannicísatsic adse  y Polradneenaamnizeanst ot iplao  pfianraal idraedg uldaer  laq ueed ifsiciravcaiónn  cyo musoo sm doedle lsou edloe  enno remsoass 
pequeños municipios; algo que se completa a favor de estos con la previsión de que los
planes territoriales puedan, entre otros fines, completar normativamente a los planes 
municipales  y  regular  aspectos  de  los  mismos  como  los  relativos  a  los  suelos 
merecedores de una especial protección por sus valores ambientales, patrimoniales, 
etc., haciendo más sencilla no solo el contenido y la redacción de estos sino también, por 
ende, su tramitación.
El apoyo a los pequeños municipios por parte del resto de las administraciones y 
también de instituciones tan fundamentales como son los Colegios profesionales de 
nuestra región, se materializa en la ley mediante el apoyo técnico que estos, junto, 
nuevamente, con las Diputaciones provinciales, pueden otorgar a aquellos en orden a la 
realización de los informes preceptivos para el otorgamiento de licencias urbanísticas, 
paliando así la carencia de recursos humanos de que muchas veces puedan adolecer 
muchos de nuestros ayuntamientos. Por otro lado, desde la Administración Regional, 
este apoyo se materializa en la posibilidad de que esta acuerde la colaboración en la 
redacción de instrumentos de planeamiento general que corresponden a los municipios, 
actuación novedosa en términos colaborativos interadministrativos y cuya puesta en 
marcha deberá ir unida a la ya referida de apoyo a dichas labores de planeamiento 
desde figuras territoriales como son los planes de ordenación del territorio.
También dentro del ámbito del planeamiento general de los pequeños municipios, la 
ley innova en favor de estos, la regulación de las reservas de suelo dotacional de los 
planes  de  delimitación  de  suelo  urbano  que  pasa  de  ser  unívoca  en  términos 
cuantitativos  a  flexibilizarse  profundamente  al  determinarse  en  función  de  las  que 
resulten  adecuadas  para  cubrir  en  cada  caso  las  necesidades  de  la  población  en 
cuestión. De igual modo, la ley establece medidas de flexibilización para municipios que 
aún no cuentan con un instrumento de planeamiento general, como es la que permite 
parcelaciones  urbanísticas  en  suelo  urbano  cuando  formen  parte  de  operaciones 
sucesorias mortis causa, atendiendo así una demanda constante en diversos pequeños 
municipios de nuestra región.
Especialmente novedosa es la definición y regulación que realiza la ley respecto a la 
figura de los núcleos rurales tradicionales no irregulares resolviendo un vacío que dejaba 
a estos, nuestras tradicionales aldeas, en una especie de «limbo urbanístico» al que no 
podían responder hasta ahora los instrumentos urbanísticos vigentes con el consiguiente 
perjuicio  que  ello  acarreaba  tanto  a  la  preservación  como  al  desarrollo  de  estos 
importantes asentamientos, típicos de nuestro territorio y de nuestra cultura.
Por otro lado, la ley también procura otras medidas para poner en valor el medio 
rural, con especial reconocimiento a la materia de paisaje a la que, sin perjuicio de un 
desarrollo normativo más amplio, se liga de manera indisoluble ya al urbanismo; así 
como  otras,  más  puntuales  pero  igualmente  trascendentes,  como  es  la  regulación 
urbanística, hasta ahora carente, de los polígonos ganaderos existentes en nuestra 
región y cuya ordenación y desarrollo facilita la norma.
Finalmente, la ley introduce otra serie de innovaciones referidas a la regulación de 
los complejos inmobiliarios urbanísticos; la memoria de viabilidad económica, figura 
fundamental  para  asegurar  la  sostenibilidad  de  las  previsiones  contenidas  en  los 
instrumentos de planeamiento; la mejor regulación de ciertos aspectos relativos a las 
expropiaciones urbanísticas así como de la figura del Jurado Regional de Valoraciones; o 
la ampliación, en pos a una mayor seguridad jurídica, del plazo máximo de duración de 
procedimientos administrativos tales como los relativos a declaraciones de ruina, el 
ejercicio  de  la  acción  para  la  restauración  de  la  legalidad  urbanística,  y  los 
procedimientos sancionadores. s
Artículo uno.  Modificaciones del texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio  w.
y  de  la  Actividad  Urbanística  de  Castilla-La  Mancha,  aprobado  por  el  Decreto  68ww
Legislativo 1/2010, de 18 de mayo.
UrbaSneí smticoad idficea C eal stteilxlato-L rae fMunadnicdhoa d, ea plaro Lbeayd od ep oOrr deel nDaecciróent od eLle Tgeisrlraittoivroio  1y/ 2d0e1 l0a,  Adcet i1v8id daed 
mayo, en los términos que se recogen a continuación.
Uno.  Se modifican los apartados 1, 2.2 y 2.5 de la disposición preliminar del texto 
refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, que 
quedan con la siguiente redacción:
«1.  Suelo: El recurso natural, tierra o terreno utilizado y el artificial, construido 
para la materialización del aprovechamiento urbanístico. En cuanto objeto de 
ordenación  y  aprovechamiento,  el  suelo  comprende  siempre,  junto  con  la 
superficie, el suelo y el subsuelo precisos para realizar dicho aprovechamiento o 
proceder a su uso. Cuando la ordenación territorial y urbanística no atribuya 
aprovechamiento urbanístico al subsuelo, este se presume público, y cuando no lo 
prohíba expresamente, la rasante, el vuelo y el subsuelo, como unidad de suelo o 
de  edificación,  podrán  atribuirse  a  propietarios  diferentes,  pudiendo  incluso 
albergar  usos  públicos  y  privados  bajo  la  figura  del  complejo  inmobiliario 
urbanístico.»
«2.2  Parcela: El suelo, tanto en la rasante como en el vuelo o el subsuelo, 
perteneciente  a  las  clases  de  suelo  urbanizable  o  urbano,  de  dimensiones 
mínimas y características típicas, susceptible de ser soporte de aprovechamiento 
urbanístico en suelo urbano y urbanizable y vinculado dicho aprovechamiento a 
todos los efectos, conforme a la ordenación territorial y urbanística. Cuando no se 
establezca expresamente otra cosa, el suelo comprende tanto la rasante como el 
vuelo y el subsuelo.»
«2.5  Finca: La unidad de suelo o de edificación, que puede situarse en la 
rasante, en el vuelo o en el subsuelo, a los exclusivos efectos jurídico-privados y 
del Registro de la Propiedad, referible, en su caso, a un solar, una parcela o una 
unidad rústica apta para la edificación.»
Dos.  Se añaden cinco nuevos apartados, 16, 17, 18, 19 y 20, a la disposición 
preliminar del texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad 
Urbanística, con la siguiente redacción:
«16.  Administración  actuante:  En  aquellas  actuaciones  desarrolladas  en 
régimen de gestión directa, tendrá la consideración de administración actuante 
aquella o aquellas con competencias en la materia de ordenación territorial y 
urbanística que, de un modo individual o conjunto, promuevan una actuación 
urbanística, incoando e impulsando los procedimientos administrativos precisos 
para su aprobación y corriendo con los costes derivados de esta, sin perjuicio de 
su repercusión cuando ello corresponda en los términos de la presente ley.
Cuando la actuación se realice en régimen de gestión indirecta, se considerará 
administración actuante a aquella que ostente las competencias en la materia de 
ordenación territorial y urbanística y a la que le corresponda instruir y aprobar 
conforme a la presente ley aquellos procedimientos conducentes a la aprobación 
del instrumento territorial o urbanístico correspondiente.
17.  Núcleo  rural  tradicional:  Conjunto  de  edificaciones  no  irregulares 
mayoritariamente de uso residencial, tales como aldeas, poblados, caseríos, etc., 
localizado en suelo rústico, que pudiendo ser considerado núcleo de población no 
puedan ser clasificados como suelo urbano o urbanizable por el planeamiento 
municipal por carecer de las condiciones propias de estas clases de suelo.
18.  Superficie  construida:  Se  entiende  por  superficie  construida  de  una  e.e
edificación la suma de cada una de las plantas del edificio medida dentro de los  b
límites definidos por las líneas perimetrales de las fachadas, tanto exteriores como  68ww
binatelcroionreess , oy  telorrsa zeajse sq udee  elassté nm ecduibaineertroass , poern  osturo sc aesloe.m  eLnotso sc uaenráploosg ovso loa dpoosr, 
ltiemjaitdaidllooss  ola tceorbaelmrteiznotse,  pfoorrm paarráend epsa; reten  dcea slao  scuopnetrrafircioie,  sceo ncsotmrupiduata cruáa únndioca smee hnatelle enl 
cincuenta por ciento de su superficie, medida de la misma forma. Del cómputo de
la superficie construida quedan excluidos los patios y vacíos no cubiertos en cada 
planta.
Para  el  cálculo  de  la  edificabilidad  y  el  aprovechamiento  urbanístico 
consumidos por una edificación residencial, para la que se certifique la calificación 
energética A, según las condiciones establecidas en el Código Técnico de la 
Edificación, que regula las condiciones de Edificios de Consumo Casi Nulo, podrá 
incrementarse la superficie construida un cinco por ciento respecto de la permitida 
por el planeamiento, calculada de la forma expuesta en el párrafo anterior, cuando 
no se incumpla con ello el resto de parámetros de la ordenanza. De igual forma, 
para  las  edificaciones  residenciales  que  garanticen  mediante  certificación  de 
organismo independiente especializado, la obtención de un estándar de mínima 
demanda energética superior a la normativa nacional, podrá incrementarse la 
superficie  construida  un  diez  por  ciento  respecto  de  la  permitida  por  el 
planeamiento, calculada de la forma expuesta en el párrafo anterior, cuando no se 
incumpla con ello el resto de parámetros de la ordenanza.
19.  Superficie  del  vuelo:  Se  entiende  por  superficie  del  vuelo  de  una 
edificación  la  superficie  comprendida  dentro  del  perímetro  formado  por  la 
proyección  de  sus  planos  sobre  un  plano  horizontal,  incluyendo  todos  los 
elementos volados que resulten transitables.
20.  Informe  de  sostenibilidad  económica:  El  informe  de  sostenibilidad 
económica  ponderará  el  impacto  de  las  actuaciones  urbanizadoras  en  las 
haciendas públicas afectadas mediante un análisis comparado entre los costes 
ocasionados por la implantación y el mantenimiento de los suelos dotacionales 
públicos, las infraestructuras necesarias o la puesta en marcha y la prestación de 
los servicios resultantes en relación con los ingresos públicos derivados de la 
ejecución  de  la  actuación  urbanizadora  y  edificatoria  que  las  actuaciones 
proporcionan, así como la suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos 
productivos.»
Tres.  Se introduce un nuevo artículo 14 bis en el texto refundido de la Ley de 
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, con la siguiente redacción:
«Artículo 14 bis.  Determinaciones sobre desarrollo sostenible.
Los  instrumentos  de  ordenación  territorial  y  urbanística  regulados  en  la 
presente ley deberán cumplir el principio general de preservar el conjunto de los 
recursos de la tierra, así como el resto de los principios y objetivos contenidos en 
la Ley 7/2019, de 29 de noviembre, de Economía Circular de Castilla-La Mancha, 
y, dentro de su respectiva competencia, tendrán los siguientes objetivos:
1.  Fomentar el crecimiento compacto de los núcleos de población, y a tal 
efecto:
a)  El  crecimiento  urbano  se  orientará  a  completar  las  tramas  urbanas 
existentes, con prioridad sobre los procesos de extensión discontinua o exterior a 
los núcleos especialmente en lo que se refiere a los ámbitos residenciales.
b)  Se  priorizará  la  consolidación  de  los  núcleos  urbanos  existentes, 
planificando actuaciones de rehabilitación y de regeneración y renovación urbana, 
con especial atención a la cohesión social, a los espacios urbanos degradados y 
vulnerables y a la recuperación de los espacios vacíos insertos en la trama urbana  e.
y  a  la  rehabilitación,  reutilización  y  puesta  en  actividad  de  los  inmuebles  w.b
abandonados o infrautilizados. 68ww
despcl)a zaSme iepnrotopsic iasruápne rdioisreeñso sa  uqrbuainncoes  qmuineu etoviste na,  epnie  lao m  eend idbaic dicele ltoa  pdoessibdlee , lloass 
nuevas  áreas  residenciales  a  los  servicios  y  dotaciones  básicas,  públicas  y
privadas, entendiendo por estos los destinados a educación obligatoria, atención 
sanitaria primaria, mercados, comercios generalistas, etc.
2.  Lograr la mejor interacción entre los ámbitos urbano y rural, y dentro de 
este procurar su más amplio desarrollo fomentando la implantación de actividades 
acordes con su naturaleza y características como las destinadas al sector primario, 
al turismo rural o a la generación de energías renovables, entre otras.
3.  Favorecer la protección, gestión, ordenación y fomento del paisaje en los 
términos establecidos en cada momento en la normativa vigente.
4.  Diseñar las actuaciones de mejora de la eficiencia energética, y a tal 
efecto se fomentará en el marco de los principios de la economía circular:
a)  El uso de las energías renovables técnica y económicamente viables y el 
correcto tratamiento de los aspectos bioclimáticos, así como la mejora de los 
espacios públicos a bajo coste, dando prioridad al uso de flora local e implantando 
estrategias de ahorro en materia de riego y mantenimiento.
b)  La introducción de instalaciones de energías renovables, equilibrando y 
rediciendo el impacto de las fuentes de energías no renovables.
c)  En las nuevas construcciones, se procurará la correcta orientación para 
beneficiarse de factores naturales como los efectos del soleamiento y el régimen 
de los vientos.
d)  En las actuaciones de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas 
se fomentarán las intervenciones de mejora de la envolvente que reduzcan la 
demanda energética. Los aumentos de volumen o superficie construida, afectando 
incluso a regulaciones tales como las relativas a alineaciones, fondo edificable, 
etc., así como las ocupaciones de cubiertas y otros elementos comunes de la 
edificación que deriven de la realización de obras de mejora energética, no se 
tendrán en cuenta en relación con los límites máximos aplicables a los citados 
parámetros.
5.  Establecer determinaciones sobre el mejor diseño urbano y de espacios 
públicos, en pos de una mayor y más eficiente movilidad sostenible y con especial 
atención a la diversidad funcional. A tal efecto, el planeamiento urbanístico tendrá 
como especiales destinatarios tanto a los menores como a las personas de la 
tercera  edad,  integrará  la  perspectiva  de  género  y  establecerá  políticas  de 
movilidad sostenible comprendiendo criterios de movilidad peatonal y ciclista, el 
concepto de seguridad vial en el diseño de los espacios públicos, así como una 
adecuada  accesibilidad  de  los  ciudadanos  al  transporte  público  y  colectivo  y 
demás sistemas de transporte de bajo impacto.
6.  Favorecer la accesibilidad universal, y a tal efecto:
a)  El planeamiento urbanístico general procurará mejorar la accesibilidad en 
construcciones  y  espacios  públicos,  mediante  la  supresión  de  barreras 
arquitectónicas y la instalación de ascensores, rampas, aparcamientos adaptados 
y otros servicios comunes.
b)  La ocupación de superficies de dominio público, espacios libres u otras 
dotaciones públicas, cuando sea indispensable para la instalación de ascensores, 
rampas, aparcamientos adaptados u otros servicios comunes legalmente exigibles 
o previstos en actuaciones de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, 
será causa de utilidad pública para cambiar su clasificación y calificación, así  e.
como, en su caso, para su desafectación y posterior enajenación a la comunidad  w.
de propietarios o, en su caso, a la agrupación de comunidades, siempre que se  68ww
oqbusetdaen tea,s leag audramdian isltar acfuiónnc iqounea lildoa hdu bdiee ral odse seasfpeactcaiodso  speúrbál itcitousla rr edseu lutann dteesr.e cNhoo 
dfinec are voe frisnicóans  aqlu deo rmeqinuioir iepsúebnli clao ,o ccounp aoccióans iódne  ldae s ulap esrufisctiietu dcieó nd oemdiinficioa tpoúribal icdoe  elan   BOE-A-cable e
el caso de que hubiera desaparecido dicha necesidad. Dicho derecho de reversión 
se hará constar en el Registro de la Propiedad de acuerdo con la legislación 
hipotecaria.
c)  La  ocupación  de  suelo,  subsuelo  y  vuelo  por  ascensores,  rampas, 
aparcamientos  adaptados  u  otras  actuaciones  vinculadas  a  la  accesibilidad  y 
supresión  de  barreras  legalmente  exigibles  o  previstas  en  actuaciones  de 
rehabilitación, regeneración y renovación urbanas no será tenida en cuenta a 
efectos del cumplimiento de las limitaciones de edificabilidad, altura, volumen, 
alineaciones, fondo edificable o distancias mínimas.»
Cuatro.  Se introduce una nueva letra d) en el apartado 1 del artículo 15 del texto 
refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, con la 
siguiente redacción:
«d)  La elaboración de modelos de normas urbanísticas y ordenanzas tipo 
para regular la edificación y usos del suelo.»
Cinco.  Se modifica el título y la letra A) del apartado 1 del artículo 17 del texto 
refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, que 
quedan redactados en los siguientes términos:
«Artículo  17.  Los  Planes  de  Ordenación  Territorial  y  Urbanística  y  los 
instrumentos de apoyo a estos.
1.  Los Planes de ordenación territorial y urbanística pueden ser:
A)  Supramunicipales:
a)  Los Planes de Ordenación del Territorio, de carácter integral o sectorial, 
que establecen directrices de coordinación territorial para la formulación de los 
diferentes instrumentos de ámbito espacial menor, en la totalidad del territorio de 
la Región o en parte de este.
b)  Los Planes de Singular Interés, que tienen por objeto la ordenación y 
transformación del suelo en actuaciones de iniciativa pública de relevante interés 
social o económico en el ámbito regional.
c)  Los Planes de Ordenación Municipal, en el caso de que tengan por objeto 
más de un término municipal.»
Seis.  Se modifica la letra a) y se añade una nueva letra d) al apartado 3 del 
artículo 18 de texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad 
Urbanística, que quedan redactadas en los siguientes términos:
«a)  Establecer los objetivos, criterios y normas de coordinación general para 
la formulación del planeamiento municipal.»
«d)  Determinar e identificar los ámbitos territoriales que deban ser protegidos 
por razón de los valores de carácter ambiental, natural, cultural o paisajístico que 
los integren, por su carácter estructural o por resultar necesaria la protección de 
infraestructuras y equipamientos.»
Siete.  Se modifica la letra d) del apartado 2 del artículo 24 del texto refundido de la  s
Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, que queda redactada en  oe.
los siguientes términos: w.
qued«edn)  eEn ls irtuéagcimióenn d ed efu elaras  dceo onrsdteruncaccioiónne as  lay  eendtriaficdaac eionn veisg opr rdeeel xpislatennetaems ieqnuteo 
paourto troiztaalr áon  plaasr coiablr ainsc ao mqupea tsibei lrideafiedr ec oenl  asrutísc udloe t4e2rm biinsa dceio lnae psr,e esne nltaes  leqyu.»e sólo se
Ocho.  Se modifica el apartado 3 del artículo 24 del texto refundido de la Ley de 
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, que queda redactado en los 
siguientes términos:
«3.  Los Planes de Ordenación Municipal de municipios de más de 5.000 
habitantes  de  derecho  deberán  establecer  las  determinaciones  precisas  para 
garantizar que se destine a la construcción de viviendas sujetas a un régimen de 
protección pública que, al menos, permita establecer su precio máximo en venta, 
alquiler u otras formas de acceso a la vivienda, el suelo suficiente para cubrir las 
necesidades previsibles durante el periodo de vigencia del plan.
A estos efectos, los Planes de Ordenación Municipal y, de acuerdo con ellos, 
los  instrumentos  de  planeamiento  para  su  desarrollo,  deberán  establecer  las 
reservas de terrenos para la construcción de viviendas protegidas que garanticen 
una distribución de su localización respetuosa con el principio de cohesión social y 
que comprenda, como mínimo:
a)  En municipios que cuenten con 50.000 habitantes de derecho o más: los 
terrenos  necesarios  para  realizar  el  treinta  por  ciento  de  la  edificabilidad 
residencial  prevista  por  la  ordenación  urbanística  en  actuaciones  de  nueva 
urbanización y el diez por ciento en el suelo urbanizado que deba someterse a 
actuaciones de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana, siempre que 
tengan la naturaleza de actuaciones urbanizadoras.
Mediante orden de la persona titular de la consejería, emitida a petición del 
Pleno del municipio correspondiente y previo informe de la Comisión Regional de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo, podrá eximirse de esta obligación por 
periodo de dos años a aquellos municipios que en, al menos, tres de los últimos 
cuatro años presenten disminución de su población o cuando presenten pérdida 
de población en el acumulado de los seis últimos años, y en dicho periodo cada 
incremento anual que pudiera concurrir sean inferior al uno por ciento respecto a 
la cifra de población del año anterior y, en cualquier caso, siempre que no existan 
demandantes  de  vivienda  protegida  en  el  municipio  inscritos  en  el  registro 
administrativo correspondiente.
b)  En municipios con más de 5.000 habitantes y menos de 50.000 habitantes 
de derecho: se determinará para cada actuación, siempre que exista demanda 
acreditada y suficiente en los registros administrativos correspondientes en el 
momento de su aprobación, los terrenos necesarios para atender dicha demanda 
y con el límite del treinta por ciento de la edificabilidad residencial prevista por la 
ordenación urbanística en actuaciones de nueva urbanización.»
Nueve.  Se modifica la letra a) del apartado 2 del artículo 26 del texto refundido de 
la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, que queda redactada en 
los siguientes términos:
«2.  Los Planes Parciales contendrán las siguientes determinaciones:
a)  El  trazado  de  la  red  de  comunicaciones  propias  del  sector  y  sus 
conexiones con el sistema general de comunicaciones previsto en el Plan de 
Ordenación Municipal, de acuerdo a la secuencia lógica de su desarrollo prevista 
en la letra c) del número 1 del artículo 24. En dicho trazado se detallarán sus 
alineaciones y se señalarán de manera preliminar sus rasantes, cuya definición  e.e
será objeto propio del correspondiente proyecto de urbanización.» b
Diez.  Se modifica el artículo 28 del texto refundido de la Ley de Ordenación del 
Territorio y de la Actividad Urbanística, que queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 28.  Los Estudios de Detalle.
1.  Los Estudios de Detalle comprenderán, como máximo, una manzana o 
unidad  urbana  equivalente  completa,  justificarán  su  integración  en  el  paisaje 
urbano y tendrán por objeto la previsión o el reajuste, según proceda, de:
a)  Las alineaciones y las rasantes.
b)  La ordenación de volúmenes de acuerdo a las especificaciones del plan 
correspondiente.
2.  Los Estudios de Detalle no podrán alterar la calificación del suelo, salvo 
para  la  ampliación  de  viales  u  otras  dotaciones  públicas  que  precisare  la 
remodelación tipológica o morfológica del volumen ordenado, pero sin alterar la 
funcionalidad de los previstos en el plan que desarrollen. Tampoco podrán ni 
aumentar su aprovechamiento urbanístico, ni incumplir las normas que para su 
redacción pudiera haber previsto dicho planeamiento.»
Once.  Se modifica el artículo 29 del texto refundido de la Ley de Ordenación del 
Territorio y de la Actividad Urbanística, que queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 29.  Los Planes Especiales.
1.  En  desarrollo,  complemento  o  mejora  de  los  Planes  de  Ordenación 
Municipal, podrán formularse Planes Especiales con cualquiera de las siguientes 
finalidades:
a)  Crear o ampliar reservas de suelo dotacional.
b)  Definir  o  proteger  las  infraestructuras,  las  vías  de  comunicación  o  el 
paisaje
c)  Ordenar  y,  en  su  caso,  proteger  el  medio  natural  y  rural,  regulando 
aspectos tales como el tratamiento de las edificaciones existentes, o su relación 
con los ámbitos urbanos próximos.
d)  Adoptar medidas para la mejor conservación de los inmuebles, conjuntos 
o jardines de interés cultural o arquitectónico.
e)  La  creación  y  ampliación  de  redes  de  infraestructuras,  pudiendo 
contemplar los aspectos relativos a su efectiva ejecución y funcionamiento o bien 
diferir estos al correspondiente proyecto de urbanización.
f)  Vincular áreas o parcelas de suelo urbano o urbanizable a la construcción 
o rehabilitación de viviendas u otros usos sociales sometidos a algún régimen de 
protección oficial o pública.
2.  Con las mismas finalidades señaladas en el número anterior y también, 
con las de realizar operaciones de renovación urbana o, en su caso, gestionar 
áreas  de  rehabilitación  preferente,  podrán  formularse  Planes  Especiales  de 
Reforma Interior para áreas concretas de suelo urbano, debiendo diferenciar los 
terrenos que han de quedar sujetos al régimen de actuaciones de urbanización de 
los que se sometan al régimen de actuaciones de edificación.
3.  Los Planes Especiales deberán redactarse con el mismo grado de detalle  e.
y contendrán las mismas determinaciones que los instrumentos de planeamiento  w.
que  complementen  o  modifiquen.  En  particular,  la  aprobación  de  los  Planes  68ww
Elesgpiteimciaarláe s laa  eqfeucet ivsae  yr ecfoiemrep lelata  leetjreac uec)ió nd edl ea plaasr taodbora s1  ad elal sp rqeusee nstee  raerftiíecrualon 
siempre que comprendan los aspectos necesarios para tal fin con la precisión
suficiente para poder ser ejecutados bajo la dirección de técnico distinto a su 
redactor.»
Doce.  Se modifica el primer párrafo de la regla 6.ª del artículo 30 del texto refundido 
de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, que queda redactado 
en los siguientes términos:
«6.ª  Los planos y la documentación gráfica correspondientes deberán definir 
con  claridad  la  información  y  la  ordenación  que  expresen  y  deberán 
confeccionarse a la escala y con el grado de definición adecuados a la finalidad 
que persigan, así como debidamente georreferenciados y metadatados en los 
términos en que reglamentariamente se determine.»
Trece.  Se modifica la letra d) y se añade una nueva letra e) al apartado 1 del 
artículo 31 del texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad 
Urbanística, que quedan redactadas en los siguientes términos:
«d)  De acuerdo con lo que se determine reglamentariamente, en zonas de 
uso global residencial, deberá preverse una plaza de aparcamiento, como mínimo 
por cada 100 metros cuadrados de techo residencial.
e)  En  zonas  de  uso  global  no  residencial,  la  proporción  de  plazas  de 
aparcamiento  será  de,  al  menos,  una  plaza  por  cada  200  metros  de  techo 
potencialmente edificable del uso no residencial concreto previsto. No obstante, el 
plan que establezca la ordenación detallada, tras el análisis previo de la movilidad 
y necesidades de la población y/o la actividad, podrá justificadamente:
1.  Establecer la ubicación de dichas plazas en espacios públicos y/o en el 
interior de los solares resultantes.
2.  Adecuar el diseño y dimensiones de los aparcamientos a las especiales 
características de los vehículos a los que se destinan.
3.  Minorar como máximo a la mitad su número en atención a la demanda de 
aparcamiento que requieran las actividades a implantar y el flujo de personas y 
mercancías generado por estas.»
Catorce.  Se modifica el apartado 2 del artículo 31 del texto refundido de la Ley de 
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, que queda redactado en los 
siguientes términos:
«2.  Previo informe de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo y acuerdo del Pleno del municipio, se podrán minorar los límites fijados 
en la letra c) del número anterior siempre que se trate de sectores autónomos 
cuyo destino sea el turístico o de ocupación estacional, de tipología residencial 
unifamiliar y con densidad inferior a 15 viviendas por hectárea o de sectores 
industriales, terciarios o dotacionales aislados con las siguientes condiciones:
a)  En sectores y en los ámbitos de actuaciones urbanizadoras irregulares de 
uso  residencial  a  que  se  refiere  el  apartado  siguiente,  siempre  que  queden 
provistos de servicios y dotaciones privadas de superficies equivalentes y sin que 
la modulación de los límites en ningún caso pueda suponer una disminución de las 
reservas dotacionales públicas superior al cincuenta por ciento.
b)  En sectores de uso industrial, terciario o dotacional aislados, se podrá  e.
ubicar la superficie de suelo correspondiente a dotaciones en otras localizaciones  w.b
más idóneas, creando incluso ámbitos discontinuos, siempre que se asegure la  68ww
coordheenreanccióian  tceornri toerli aml yo duerlboa ndíes tiocrad eyn acocinó ne l epsrtianbcliepcioid od ep ocor hleossi óinn sstroucmiael;n too sb ideen 
sustituir en todo o en parte dicha superficie por su equivalente económico, con las 
siguientes reglas:
1)  El sustitutivo económico tendrá la consideración de costes de urbanización 
en los términos del artículo 115 de esta ley y se integrará en el correspondiente 
patrimonio público de suelo con destino a la obtención y ejecución de dotaciones a 
la mejora de infraestructuras urbanas o de zonas verdes.
2)  La determinación del equivalente económico a que se refiere el presente 
apartado  se  realizará  mediante  valoración  realizada  en  los  términos  del 
artículo 70.4 de esta ley y requerirá informe favorable previo de los servicios 
técnicos municipales.»
Quince.  Se modifica el primer párrafo del apartado 1 del artículo 34 del texto 
refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, que queda 
redactado en los siguientes términos:
«1.  Corresponde a los Municipios, por si mismos, en colaboración con otras 
administraciones,  o  en  base  a  propuesta  formulada  por  persona  interesada, 
elaborar, modificar y revisar sus respectivos Planes de Ordenación Municipal, o en 
su caso, Planes de Delimitación de Suelo Urbano.»
Dieciséis.  Se modifican los apartados 3 y 5 del artículo 39 del texto refundido de la 
Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, que quedan redactados en 
los siguientes términos:
«3.  La  innovación  de  un  Plan  que  comporte  una  diferente  calificación, 
zonificación o uso urbanístico de las zonas verdes o espacios libres anteriormente 
previstos,  requerirá  previo  informe  favorable  de  la  Comisión  Regional  de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo, el cual se referirá a su vez a todos los 
contenidos que deban ser objeto de informe por la consejería competente en 
materia de ordenación territorial y urbanística, así como dictamen del Consejo 
Consultivo de Castilla-La Mancha.
En estos supuestos, cuando la aprobación del citado instrumento urbanístico 
estuviese otorgada a las Comisiones Provinciales de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo, se entenderá que corresponde a la citada Comisión Regional.»
«5.  La  innovación  de  los  Planes  que  legalice  actuaciones  urbanizadoras 
irregulares deberá satisfacer los principios rectores de la actividad urbanística y 
cumplir los estándares legales de calidad de la ordenación, requiriendo en todo 
caso  previo  informe  favorable  de  la  Comisión  Regional  de  Ordenación  del 
Territorio y Urbanismo, el cual se referirá a su vez a todos los contenidos que 
deban  ser  objeto  de  informe  por  la  consejería  competente  en  materia  de 
ordenación territorial y urbanística.
En estos supuestos, cuando la aprobación del citado instrumento urbanístico 
estuviese otorgada a las Comisiones Provinciales de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo, se entenderá que corresponde a la citada Comisión Regional.
En el supuesto de actuaciones irregulares, autónomas, de carácter aislado y 
cuyo destino sea el turístico o de ocupación estacional y tipología predominante 
residencial unifamiliar de baja o muy baja densidad, las reservas mínimas de suelo 
con destino dotacional público previstas en la letra c) del número 1 del artículo 31  es
podrán ubicarse mediante la delimitación de ámbitos discontinuos siempre que se  o
den las condiciones establecidas en el número 3 del mismo artículo.» 68ww
Diecisiete.  Se modifica el apartado 1 del artículo 42 del texto refundido de la Ley de 
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, que queda redactado en los 
siguientes términos:
«Artículo 42.  Los efectos de la aprobación de los planes y otros instrumentos de 
ordenación territorial y urbanística o, en su caso, de la resolución que ponga 
fin al correspondiente procedimiento. Publicación y vigencia.
1.  La aprobación de los Planes de ordenación territorial y urbanística y de los 
Planes o Proyectos de Singular Interés o, en su caso, la resolución que ponga fin 
al pertinente procedimiento producirá, de conformidad con su contenido:
a)  La vinculación de los terrenos, las instalaciones, las construcciones y las 
edificaciones al destino que resulte de su clasificación y calificación y al régimen 
urbanístico que consecuentemente les sea de aplicación.
b)  La  declaración  en  situación  de  fuera  de  ordenación,  con  las 
consecuencias  previstas  en  la  presente  ley  y  las  demás  que  se  determinen 
reglamentariamente, de las instalaciones, construcciones y edificaciones erigidas 
con anterioridad que resulten disconformes con la nueva ordenación.
c)  La obligatoriedad del cumplimiento de sus disposiciones por todos los 
sujetos, públicos y privados, siendo nulas cualesquiera reservas de dispensación.
d)  La ejecutividad de sus determinaciones a los efectos de la aplicación por 
la Administración Pública de cualesquiera medios de ejecución forzosa.
e)  La declaración de la utilidad pública y la necesidad de ocupación de los 
terrenos,  las  instalaciones,  las  construcciones  y  las  edificaciones 
correspondientes,  cuando  prevean  obras  públicas  ordinarias  cuya  realización 
precise la expropiación forzosa o delimiten unidades de actuación a ejecutar por el 
sistema de expropiación. En el caso de los Planes o Proyectos de Singular Interés, 
en dichos terrenos se entenderán incluidos en todo caso los precisos para las 
conexiones  exteriores  con  las  redes,  sistemas  de  infraestructuras  y  servicios 
generales. En este último caso, podrán ser beneficiarios de la expropiación tanto 
los organismos y entes públicos, incluso de carácter consorcial, así como las 
sociedades  públicas  que  sean  directamente  promotores  o  reciban  de  la 
administración promotora la encomienda de la ejecución, como los particulares 
promotores y las entidades urbanísticas colaboradoras constituidas entre estos y 
la administración actuante.
Además,  en  el  supuesto  de  Proyectos  de  Singular  Interés  de  promoción 
pública  su  aprobación  definitiva  producirá  la  declaración  de  urgencia  de  la 
ocupación cuando dicho Proyecto establezca la expropiación como procedimiento 
de ejecución, delimite el correspondiente ámbito e incorpore una relación de los 
propietarios existentes en el mismo, con la descripción de los bienes y derechos 
afectados, que deberá haberse sometido a información pública con el propio 
Proyecto y respetando lo dispuesto al efecto en la legislación de expropiación 
forzosa.
f)  La publicidad de su entero contenido, teniendo derecho cualquier persona 
a consultar su documentación.
g)  En el caso de los Proyectos de Singular Interés, además, la obligación de 
la  inmediata  realización  y  formalización  de  las  cesiones  de  suelo  y 
aprovechamiento  urbanístico,  así  como  del  cumplimiento  y,  en  su  caso,  el  e
levantamiento de los demás deberes y cargas urbanísticos previos al comienzo de  bo
la ejecución a que los referidos Proyectos den lugar conforme a sus propias  68ww
dluuaerr bbteaaardnnmmííssinttiniiccaioosct .iroaonc eicóson. m Todpdeeosntssin aeacstiatóornsia  ,de enmb eemrdeeiastán ylti ecco a eregnqatruse igvpaao ldedrnáetne   scuauelm locp olirorrs eesa,p psorio navdseieíc nhlotae am civeeapnlottaor    OE-A-2021-64able en https://
Los  Municipios  y  la  Administración  de  la  Junta  de  Comunidades,  en  los 
términos de la presente ley y para sus respectivos patrimonios públicos de suelo, 
serán beneficiarios, en todo caso y con cargo a los terrenos comprendidos en el 
ámbito del correspondiente Proyecto de Singular Interés, de cesiones de suelo y 
aprovechamiento  urbanístico  equivalentes  a  los  previstos  en  el  planeamiento 
municipal vigente al tiempo de la aprobación definitiva de dicho Proyecto o, en su 
defecto, los correspondientes al régimen legal urbanístico de la clase de suelo de 
que se trate.»
Dieciocho.  Se añade un nuevo artículo 42 bis al texto refundido de la Ley de 
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, con la siguiente redacción.
«Artículo 42 bis.  Fuera de ordenación.
1.  Los planes expresarán qué edificaciones erigidas con anterioridad a su 
entrada en vigor han de quedar en situación de fuera de ordenación total, por 
manifiesta  incompatibilidad  con  sus  determinaciones,  en  las  que  solo  se 
autorizarán  obras  de  mera  conservación  dirigidas  a  satisfacer  los  requisitos 
básicos  de  funcionalidad,  mejora  de  la  eficiencia  energética,  seguridad  y 
habitabilidad de la edificación en los términos establecidos en la normativa de 
ordenación  de  la  edificación,  siendo  posible  la  implantación  de  nuevos  usos 
siempre que no sean contrarios con la ordenación territorial y urbanística vigente.
2.  Asimismo,  los  planes  deben  establecer  el  régimen  transitorio  para  la 
realización  de  obras  y  actividades  en  edificaciones  en  situación  de  fuera  de 
ordenación parcial que no sean totalmente compatibles con sus determinaciones, 
y  en  los  que,  además  de  las  indicadas  en  el  apartado  precedente,  pueden 
admitirse obras de reforma y de mejora y cambios de actividad, siempre que la 
nueva obra o actividad no acentúe la inadecuación al planeamiento vigente ni 
suponga la reconstrucción de elementos disconformes con el planeamiento.
3.  En los supuestos de los números anteriores, serán autorizables en todo 
caso medidas que permitan corregir los efectos adversos sobre el medio ambiente 
de edificios e instalaciones existentes en situación de fuera de ordenación.
4.  No obstante lo señalado en los apartados anteriores, si algún edificio o 
instalación  resultara  disconforme  con  las  previsiones  del  planeamiento  y  no 
apareciera  en  la  relación  expresa  de  construcciones  calificadas  fuera  de 
ordenación, el Ayuntamiento resolverá expresamente, de oficio o a instancia de 
parte, sobre su situación jurídica, previa audiencia al interesado, bien declarando 
el edificio en régimen de fuera de ordenación o bien ordenando la adecuación de 
las previsiones del planeamiento por el procedimiento correspondiente.
5.  Las  actuaciones  permitidas  en  edificaciones  en  régimen  de  fuera  de 
ordenación en base a lo dispuesto en los apartados anteriores no supondrán en 
caso alguno aumento de su valor a efectos expropiatorios ni de ejecución del 
planeamiento.
6.  La declaración de edificaciones en régimen de fuera de ordenación, tanto 
plena como parcial, se hará constar en el Registro de la propiedad de acuerdo con 
la normativa que regula este.»
Diecinueve.  Se modifica el apartado 2 del artículo 48 del texto refundido de la Ley 
de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, que queda con la siguiente  s
redacción: oe.
«2.  En estos Municipios deberá adscribirse: 68ww
A)  Al suelo urbano:
a)  Los terrenos de cualquiera de los núcleos de población existentes en el
correspondiente término que estén ya urbanizados, contando, como mínimo y en
los términos que se precisen en las correspondientes Instrucciones Técnicas del 
Planeamiento, con los servicios legalmente precisos para la condición de solar. 
Estos terrenos se clasificarán como suelo urbano consolidado.
b)  Los  terrenos  inmediatamente  contiguos  a  los  anteriores,  que  estén 
servidos por las redes de los servicios a que se refiere la letra anterior y queden 
comprendidos en áreas de tamaño análogo al medio de las manzanas del suelo 
urbano consolidado colindante, cuya delimitación, además de evitar en lo posible 
la  formación  de  travesías  en  las  carreteras,  deberá  ser  proporcionada  a  la 
dinámica urbanística del Municipio que haya motivado su exención del deber de 
contar con Plan de Ordenación.
Estos terrenos deberán clasificarse como suelo urbano de reserva, quedando 
sujetos al deber de su urbanización, con sujeción al régimen establecido en el 
apartado 2.2 del artículo 69 de esta ley.
c)  Los  terrenos  que  por  sus  características  puedan  ser  objeto  de 
transformación mediante su urbanización, y que sean necesarios para acoger los 
desarrollos de uso industrial o terciario que no deban situarse en colindancia con 
los núcleos urbanos.
Estos terrenos deberán clasificarse como suelo urbano de reserva, quedando 
sujetos al deber de su urbanización, con sujeción al régimen establecido en el 
apartado 2.2 del artículo 69 de esta ley.
B)  Al suelo rústico, todos los restantes terrenos.
A la clasificación de este suelo se aplicará la diferenciación de las categorías 
de suelo rústico según lo dispuesto en el número 2 del artículo anterior.
En todo caso los actos de edificación de vivienda o los sujetos a calificación 
urbanística no podrán superar los límites de 50 viviendas por año o 5.000 metros 
cuadrados construidos, de cualquier uso, por año establecidos en el número 5 del 
artículo 24 o los que, en su caso, se fijen reglamentariamente.»
Veinte.  Se modifica el ordinal 2.º del apartado 1 del artículo 54 del texto refundido 
de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, que queda con la 
siguiente redacción:
«2.º  Los permitidos por el planeamiento territorial y urbanístico, de entre los 
siguientes:
a)  Los que comporten la división de fincas o la segregación de terrenos, 
siempre que, además de los requisitos previstos en el apartado 2 del artículo 63 
de  esta  ley,  cumplan  los  mínimos  establecidos  en  la  ordenación  territorial  y 
urbanística y, en su caso, la legislación agraria de aplicación.
b)  Los relativos a instalaciones desmontables para la mejora del cultivo o de 
la producción agropecuaria, que no impliquen movimiento de tierras.
c)  Los vallados y cerramientos de parcelas.
d)  La  reforma  o  rehabilitación  de  edificaciones  existentes  dirigidas  a  su 
conservación y mantenimiento, siempre que no exijan la redacción de proyecto 
conforme a la normativa de ordenación de la edificación. Las limitaciones que en 
este apartado se establecen para la reforma o rehabilitación de edificaciones 
existentes, no serán aplicables a las edificaciones que estén en los supuestos y 
cumplan los requisitos establecidos en los siguientes apartados e) y f). e.e
e)  Las  edificaciones  adscritas  al  sector  primario,  tales  como  almacenes,  b
granjas y en general instalaciones agrícolas, ganaderas, forestales, cinegéticas,  68ww
piscfí)c olLaas  ov ivsiiemnildaare fsa mquiliea rg uaaisrldaedna  reenla ácrióena sc otenr reitlo drieasletisn od oy nndaetu nroa leezxais tdae  rliae sfignoc ad.e
fnoor maecxióisnti rd e innúsctalelaoc dioen peos blaoc ións,e nrvi ipcuioesd a pnreecseusmaririosse  finpaalirdaa d luar bafninizaaliddoarda , pdoer 
aprovechamiento urbanístico.»
Veintiuno.  Se modifica el apartado 1 del artículo 64 del texto refundido de la Ley de 
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, que queda con la siguiente 
redacción:
«1.  Todos los actos enumerados en el número 1 del artículo 54 que vayan a 
realizarse en suelo rústico, de reserva o no urbanizable de especial protección, 
precisarán  para  su  legitimación  licencia  municipal,  excepto  los  actos  no 
constructivos precisos para la utilización y explotación agrícola, ganadera, forestal, 
cinegética o análoga a la que los terrenos estén destinados.
En el suelo rústico de reserva requerirán, además, calificación urbanística 
previa  a  la  licencia  los  actos  previstos  en  el  apartado  3.º  del  número  1  del 
artículo 54.
En el suelo rústico no urbanizable de especial protección requerirán, además, 
calificación urbanística previa a la licencia todos los actos previstos en el número 1 
del artículo 54, con la excepción de los enumerados en su apartado 1.º y en la 
letra  a)  del  apartado  2.º,  así  como  las  obras  de  mera  conservación  y 
mantenimiento, siempre que no exijan la redacción de proyecto conforme a la 
normativa de ordenación de la edificación.
En  todos  los  casos  se  requerirán  los  informes  sectoriales  legalmente 
preceptivos, de acuerdo con lo previsto en la letra a) del apartado 1.2.º del 
artículo 63.»
Veintidós.  Se modifica el apartado 3 del artículo 64 del texto refundido de la Ley de 
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, que queda con la siguiente 
redacción:
«3.  Para los actos previstos en la letra b) del apartado 3.º del número 1 del 
artículo 54, la resolución autonómica o municipal que los autorice deberá, o bien 
fijar el importe que deba satisfacerse en concepto de canon de participación 
pública en el uso o aprovechamiento atribuido por la calificación o, cuando así lo 
haya  aceptado  la  administración  actuante,  determinar  la  superficie  de  suelo 
sustitutiva de valor equivalente, materializable en cualquier clase de suelo.
La cuantía del canon será:
a)  Del dos por ciento del coste real y efectivo de la construcción, instalación u 
obra a realizar, cuando este sea inferior a 500.000 euros, correspondiendo al 
municipio en cuyo término municipal se desarrolle la actuación.
b)  Del tres por ciento del coste real y efectivo de la construcción, instalación 
u  obra  a  realizar,  cuando  este  sea  superior  a  500.000  euros,  en  cuyo  caso 
corresponderá  un  dos  por  ciento  al  municipio  en  cuyo  término  municipal  se 
desarrolle  la  actuación  y  el  resto  a  la  Junta  de  Comunidades  de  Castilla-La 
Mancha.
c)  Del  cuatro  por  ciento  del  coste  real  y  efectivo  de  la  construcción, 
instalación  u  obra  a  realizar,  cuando  la  actuación  se  articule  por  medio  de 
instrumentos supramunicipales, en cuyo caso corresponderá por mitad a la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha y al municipio o municipios en cuyos 
términos municipales se desarrolle la actuación.
d)  En los supuestos del artículo 62 de esta ley, y salvo que se actúe por 
medio de instrumentos supramunicipales, en cuyo caso se estará a lo dispuesto 
en la letra anterior, el canon devengado será del tres por ciento del coste real y  e.
efectivo de la construcción, instalación u obra a realizar, correspondiendo un dos  w.
por  ciento  a  los  municipios  en  cuyos  términos  municipales  se  desarrolle  la  68ww
acactduaa cuinóon ,d qeu eel losse,  yre epla rretisráta netnet ruen eos ptoosr  ceine nftuon ac iólan  Addem lian issturapceirófinc idee a lfae cJtuandtaa  deen 
Comunidades de Castilla-La Mancha.
e)  En  los  supuestos  de  actuaciones  en  núcleos  rurales  tradicionales  no 
irregulares regulados en la disposición adicional séptima de la presente ley, el 
canon  devengado  será  del  tres  por  ciento  del  coste  real  y  efectivo  de  la 
construcción, instalación u obra a realizar, correspondiendo al municipio en cuyo 
término municipal se desarrolle la actuación.
Se entiende a estos efectos por coste real y efectivo de la construcción, 
instalación u obra, el coste de ejecución material de aquella.
El  canon  tendrá  como  destino  el  patrimonio  público  de  suelo  de  cada 
administración y se devengará con el otorgamiento por esta de la correspondiente 
autorización administrativa, practicándose una liquidación provisional o a cuenta.
Si  la  ejecución  de  la  actuación  se  autorizase  por  fases  diferenciadas 
requiriendo cada una de ellas una autorización administrativa específica para su 
ejecución material, el abono del canon se concretará en su devengo y cuantía en 
cada una de dichas autorizaciones.
Una vez finalizada la construcción, instalación u obra y teniendo, tras su 
ejecución, en cuenta el importe real de la inversión en obras, construcciones e 
instalaciones,  la  administración,  mediante  la  oportuna  comprobación 
administrativa, practicará la correspondiente liquidación definitiva, exigiendo del 
interesado o reintegrándole, en su caso, la cantidad que corresponda.
En los casos y con los requisitos que reglamentariamente se determinen 
podrán establecerse exenciones o reducciones de este canon.»
Veintitrés.  Se modifica el apartado 5 del artículo 64 del texto refundido de la Ley de 
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, que queda con la siguiente 
redacción:
«5.  En los supuestos en los que la calificación corresponda a la consejería 
competente en materia de ordenación territorial y urbanística se regirá por las 
siguientes reglas:
a)  Para los proyectos contemplados en la Ley 5/2020, de 24 de julio, de 
Medidas Urgentes para la declaración de proyectos prioritarios en Castilla-La 
Mancha, se estará a lo dispuesto en la misma.
b)  Para el resto de proyectos se determinará reglamentariamente, si bien la 
calificación, salvo en los supuestos del artículo 62 de esta ley, se interesará por el 
Municipio ante el que se hubiera solicitado la licencia, el cual efectuará el trámite 
de información pública, que en todo caso deberá tener lugar por plazo mínimo de 
veinte días, y remitirá a la consejería el resultado de este trámite junto con una 
copia del expediente y de la documentación exigible conforme al artículo 63 de 
esta  ley,  suspendiéndose  el  transcurso  del  plazo  máximo  legal  para  el 
otorgamiento expreso de la licencia durante los tres meses siguientes a su registro 
de entrada en la consejería o hasta la comunicación de resolución expresa si esta 
fuera anterior. El transcurso del plazo señalado sin notificación de resolución 
alguna sólo podrá entenderse en sentido desestimatorio.
c)  En todo caso, la competencia para otorgar la calificación por los órganos 
autonómicos se determinará de acuerdo con la norma reglamentaria de regulación 
de competencias de estos.
d)  Será  innecesario  reiterar  el  trámite  de  información  pública  en  el 
procedimiento de calificación urbanística cuando se acredite que: s
1)  El proyecto ya ha sido sometido a similar trámite en otro procedimiento  w.
administrativo. 68ww
tres 2m) esQeus ed ed ilcah soo tlriácimtuidte d hea l as icdaol irfiecaalcizióand ou rebna nuíns tpicear iaondtoe  neol  óqrugea nnoo  cdoismtep emteánst ede
total3id) adY d eq uloes  adsicpheac toinsf ourrmbaancíisótnic opsú bdleic laa  ascet uhaaci órne.f»erido  y  ha  comprendido  la  BOE-A-cable e
Veinticuatro.  Se modifica el apartado 2) de la letra b) del artículo 68 del texto 
refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, que queda 
con la siguiente redacción:
«2)  La superficie de suelo urbanizado con aprovechamiento lucrativo, capaz 
para materializar el porcentaje del aprovechamiento tipo del área de reparto en la 
que se integra el sector fijado, que corresponda de entre los siguientes:
a)  En municipios con población hasta 10.000 habitantes de derecho: un 
porcentaje entre el cinco y el diez por ciento, que se concretará por el municipio en 
atención a la memoria de viabilidad económica de la actuación, y que tendrá como 
destino su patrimonio público de suelo.
b)  En municipios con población con más de 10.000 habitantes y hasta 30.000 
habitantes de derecho: el diez por ciento con destino a su patrimonio público de 
suelo, salvo para aquellos programas de actuación urbanizadora de uso global 
residencial cuya población potencial supere el treinta por ciento del incremento 
acumulado de población del municipio de los últimos seis años, en cuyo caso el 
porcentaje de participación será del quince por ciento, correspondiendo dos tercios 
de este al patrimonio público de suelo municipal y el resto al autonómico.
c)  En municipios con población de más de 30.000 habitantes de derecho, o 
de más de 20.000 habitantes siempre que en los últimos cuatro años presenten un 
incremento acumulado de población igual o superior al cinco por ciento: el diez por 
ciento con destino al patrimonio público de suelo municipal, salvo en sectores de 
uso mayoritario residencial para vivienda libre o terciario comercial en cuyo caso 
será el quince por ciento, correspondiendo dos tercios de este al patrimonio 
público de suelo municipal y el resto al autonómico.
Esta  cesión  de  aprovechamiento,  cuando  no  deba  cumplirse  con  suelo 
destinado a vivienda sujeta a algún tipo de protección pública, podrá ser sustituida 
por el abono en dinero a la administración actuante de su valor máximo legal fijado 
por esta. El importe obtenido deberá ser ingresado en todo caso en el patrimonio 
público de suelo conforme a lo dispuesto en el artículo 77.»
Veinticinco.  Se  modifica  la  letra  c)  del  apartado  1.2  del  artículo  69  del  texto 
refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística que queda 
con la siguiente redacción:
«c)  En el caso de terrenos incluidos en unidades de actuación urbanizadora 
previsto en el apartado B) del número 3 del artículo 45, las cesiones de terrenos 
destinados  a  dotaciones  públicas  serán  las  definidas  en  el  art.  68.b.1,  y  las 
cesiones de la superficie de suelo urbanizado con aprovechamiento lucrativo, 
capaz para materializar el porcentaje del aprovechamiento tipo del área de reparto 
en la que se integra dicha unidad de actuación, serán las que corresponda de 
entre los siguientes:
a)  En municipios con población hasta 10.000 habitantes de derecho: un 
porcentaje entre el cinco y el diez por ciento, que se concretará por el municipio en 
atención a la memoria de viabilidad económica de la actuación, y que tendrá como 
destino su patrimonio público de suelo.
b)  En municipios con población con más de 10.000 habitantes de derecho: el  es
diez por ciento con destino al patrimonio público de suelo municipal. o
Esta cesión podrá ser sustituida por el abono en dinero a la administración  68ww
eanctaujeannatec idóen  psrue vviasltoors,  etans aedl aor tpícour loe s7t9a. 3d.e conformidad con los procedimientos de
públEicl o imdep osurteel oo cbotennfoidrmo ed ae bloe rdáis psueer sitnog erens eald aor tíecnu lot o7d7o.»  caso  en  el  patrimonio  BOE-A-cable e
Veintiséis.  Se modifica el apartado 1.3 del artículo 69 del texto refundido de la Ley 
de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística que queda con la siguiente 
redacción:
«1.3  En los casos en que exista imposibilidad física de materialización de las 
cesiones de suelo dotacional público previstas en las letras a) y b) del punto 1.2 
anterior en solares o parcelas urbanizados del ámbito correspondiente, el deber de 
cesión de estos podrá sustituirse, motivadamente y siempre que se asegure la 
identidad en su valoración, por la entrega a la administración de una superficie 
edificada equivalente dentro de un complejo inmobiliario urbanístico ubicado en el 
ámbito.  Esta  superficie  se  recogerá  en  el  instrumento  correspondiente  como 
edificabilidad no lucrativa y deberá calificarse expresamente como bien dotacional 
público.
Excepcionalmente, en el caso de que tampoco fuera posible materializar el 
deber  de  cesión  en  los  términos  referidos  en  el  párrafo  anterior,  este  podrá 
sustituirse motivadamente, y previo informe favorable de la Comisión Regional de 
Ordenación  del  Territorio  y  Urbanismo,  por  la  entrega  de  su  equivalente 
económico. La cantidad así obtenida deberá integrarse en el correspondiente 
patrimonio público de suelo y destinarse a la obtención y ejecución de suelo para 
dotaciones o bien a la mejora de infraestructuras urbanas.
Las valoraciones a que se refiere el presente apartado se realizarán en los 
términos del artículo 70.4 de esta ley y requerirán informe favorable previo de los 
servicios técnicos municipales.
En los supuestos de sustitución previstos en este apartado para actuaciones 
urbanizadoras, esta tendrá la consideración de costes de urbanización en los 
términos del artículo 115 de la presente ley.»
Veintisiete.  Se modifica el apartado 1.4 del artículo 69 del texto refundido de la Ley 
de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística que queda con la siguiente 
redacción:
«1.4  Las cesiones previstas en el presente artículo podrán ser sustituidas 
motivadamente, previo informe favorable de la Comisión Regional de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo, por la entrega de su equivalente económico en los 
términos  del  apartado  1.3  del  artículo  69.1  de  esta  ley,  en  los  siguientes 
supuestos:
a)  Las cesiones de suelo con aprovechamiento lucrativo previstas en este 
artículo cuando no deba cumplirse su destino para vivienda sujeta a algún tipo de 
protección pública.
b)  Cuando  se  trate  de  terrenos  incluidos  en  unidades  de  actuación 
urbanizadora  previstos  en  el  apartado  B)  del  número  3,  del  artículo  45,  sea 
imposible la cesión en terrenos en el propio ámbito de estas y no sea posible 
sustituir esta por la entrega de una superficie edificada integrada en el seno de 
dicho  ámbito,  de  valor  equivalente  al  valor  legal  del  suelo  sustituido  o  del 
aprovechamiento adicional atribuido.»
Veintiocho.  Se modifican las letras a) y b) del apartado 2.2 del artículo 69 del texto 
refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística que queda 
con la siguiente redacción: e.e
«2.2  En el suelo urbano de reserva, los terrenos quedarán vinculados al  68ww
prqqéruuogeecim  epcoesreornrc  eiddsseeep   ooeubnlr brdpaaalasnn ni pzedúaaebcm lieiócinenatn rsyet o o el.roddsii fnipcarareicavisiós,nt os csieo nendnfoo lr odmse ea  araptí lcliocua lodcsiisó p5nu0 le oyss t 5od1 e eryne e cehnlo  lasor syt .  tdé1er2mb9ei,n reeonss    OE-A-2021-64able en https://
A estos efectos:
a)  Las  cesiones  de  suelo  consistirán  en  la  reserva  de  las  superficies 
adecuadas para cubrir las necesidades de la población y ordenación previstas, 
debiendo justificarse expresamente los equipamientos y zonas verdes necesarios, 
determinando en el planeamiento la forma y el régimen de obtención de los 
terrenos dotacionales. Además, se cederá el suelo necesario para materializar el 
aprovechamiento lucrativo a que se refiere la letra c) del art. 69.1.2.
b)  Podrá eximirse de la cesión del porcentaje de aprovechamiento cuando el 
municipio estime acreditada suficientemente la no generación de plusvalías por el 
desarrollo de la actuación correspondiente.»
Veintinueve.  Se modifica el artículo 76 del texto refundido de la Ley de Ordenación 
del Territorio y de la Actividad Urbanística que queda con la siguiente redacción:
«Artículo 76.  La constitución con el carácter de patrimonios separados y su 
gestión.
1.  La Administración de la Junta de Comunidades y los Municipios, de forma 
independiente o mancomunada o consorciada, deberán constituir sus respectivos 
patrimonios públicos de suelo con la finalidad de crear reservas para actuaciones 
públicas y de facilitar el planeamiento territorial y urbanístico y su ejecución en el 
marco de sus correspondientes competencias.
A  los  efectos  del  párrafo  anterior  los  presupuestos  anuales  de  las 
correspondientes administraciones deberán consignar una cantidad equivalente, 
como mínimo, al 5 por cien del presupuesto de inversiones.
2.  Cada patrimonio público de suelo integrará un patrimonio independiente, 
separado del restante patrimonio de la administración titular.
Los ingresos obtenidos mediante enajenación de terrenos incluidos en los 
patrimonios públicos de suelo o sustitución por su equivalente económico de la 
cesión  relativa  a  la  parte  de  aprovechamiento  urbanístico  perteneciente  a  la 
administración  deberán  aplicarse  a  la  conservación  y  ampliación  de  dichos 
patrimonios.
3.  Las administraciones titulares de patrimonios públicos de suelo deberán 
documentar,  en  los  términos  que  se  precisen  reglamentariamente,  los  bienes 
integrantes y depósitos en metálico, las enajenaciones de bienes y el destino final 
de estos. La gestión anual de la explotación se acompañará a la liquidación de las 
cuentas correspondiente a la ejecución de los presupuestos anuales y será objeto 
de control en los mismos términos que dicha liquidación.
4.  Los patrimonios públicos de suelo constituirán el medio principal para el 
desarrollo del servicio público de intervención en el mercado de suelo y de la 
política de vivienda y tendrán el carácter de patrimonio separado y circular, de 
manera que los ingresos obtenidos de la enajenación de sus bienes revertirán 
íntegramente a este.
Las administraciones titulares podrán gestionar dicho patrimonio en cualquiera 
de las formas permitidas por su legislación reguladora, la normativa patrimonial y 
demás de pertinente aplicación.
5.  El patrimonio público de suelo de la Junta de Comunidades se regirá por 
las disposiciones del presente Capítulo sin perjuicio de las especialidades propias  s
de su normativa específica y estará adscrito a la consejería competente en materia  oe.
de ordenación territorial y urbanística. w.
sCieonmEdulo n dipderaesdfteienrsoe  nstdeeersá   tlaocnsu taobl qileounsie errsea f eddreeidl  olopssa a tre ipmsotaolíbntiliceoac sipd dúoebs l ivceiovni  eednle d aasr tcuícoeumloloo   da7e 9m  ldaee d iJdeuasnstta ap  laedryae,    2021-6468n https://ww
el desarrollo y la lucha contra la despoblación en pequeños municipios de carácter
rural de nuestra Región.» Bc
Treinta.  Se modifica el artículo 77 del texto refundido de la Ley de Ordenación del 
Territorio y de la Actividad Urbanística, que queda con la siguiente redacción:
«Artículo 77.  Los bienes integrantes de los patrimonios.
Integran los patrimonios públicos de suelo:
a)  Los bienes patrimoniales de la administración a los que una disposición 
legal  o  reglamentaria  o  el  planeamiento  territorial  o  urbanístico  asigne 
expresamente tal destino, vincule a la construcción o rehabilitación de viviendas 
con sujeción a algún régimen de protección pública o atribuya cualquier otro uso 
de interés social.
b)  Los  terrenos  y  construcciones  obtenidos  en  virtud  de  las  cesiones 
correspondientes a la participación de la administración en el aprovechamiento 
urbanístico y los adquiridos con los ingresos derivados de la sustitución de tales 
cesiones con pagos en dinero.
c)  Los  derechos  de  aprovechamiento  urbanístico,  los  terrenos  y 
construcciones adquiridos, en virtud de cualquier título y, en especial, mediante 
expropiación,  por  la  administración  titular  con  el  fin  de  su  incorporación  al 
correspondiente  patrimonio  de  suelo  y,  en  todo  caso,  los  que  lo  sean  como 
consecuencia del ejercicio de los derechos de tanteo y retracto previstos en esta 
ley.
d)  El canon de participación pública en el suelo rústico, así como las cuantías 
que puedan obtenerse en sustitución de las labores de replantación conforme al 
artículo 64 de esta ley.
e)  Los recursos obtenidos por cada administración derivados de infracciones 
urbanísticas y en sustitución de su participación en el aprovechamiento urbanístico 
o  de  las  cesiones  obligatorias  en  los  casos  y  con  los  destinos  legalmente 
previstos.»
Treinta  y  uno.  Se  modifica  el  artículo  79  del  texto  refundido  de  la  Ley  de 
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, que queda con la siguiente 
redacción:
«Artículo 79.  El destino de los bienes integrantes de los patrimonios públicos de 
suelo.
1.  Los bienes de los patrimonios públicos de suelo deberán ser destinados a:
a)  Construcción o rehabilitación de viviendas sujetas a algún régimen de 
protección pública, siempre que dicho fin sea compatible con las determinaciones 
del planeamiento urbanístico y exista demanda acreditada y suficiente en los 
registros administrativos correspondientes.
b)  Usos de conservación y mejora del medio ambiente, incluyéndose tanto el 
medio  natural  como  el  urbano,  así  como  la  protección  del  patrimonio 
arquitectónico, cultural y del paisaje rústico y urbano.
c)  La  gestión  pública  del  suelo  incluyendo  la  adquisición,  posesión, 
reivindicación, administración, gravamen y enajenación de toda clase de bienes, 
así como la asunción de facultades fiduciarias de disposición.
2.  Además podrán destinarse a los siguientes usos de interés social: o
a)  Creación y promoción de suelo para el ejercicio de nuevas actividades  68ww
eemmpprleeos ayr isaeleasn  coo mampaptliibalceisó nc odne e l ldaes saerxriosltleon steoss,t eqnuibele .en  ambos  casos  generen
locable) s eOnb srause lod eu rbuarnboa.nización y ejecución de sistemas generales y sistemas  BOE-A-cable e
c)  Construcción de equipamientos colectivos y otras instalaciones de uso 
público  municipal,  siempre  que  sean  promovidos  por  las  Administraciones 
Públicas o sus sociedades instrumentales.
d)  Operaciones de iniciativa pública de rehabilitación de viviendas, mejora de 
la accesibilidad universal, de eficiencia energética o, en general, de regeneración y 
renovación urbana.
e)  Rehabilitación del Patrimonio Histórico Cultural.
f)  Mejora de la movilidad del medio urbano, de sus espacios públicos, de la 
accesibilidad y de la seguridad de los barrios y pedanías o núcleos urbanos, así 
como del medio rural y la lucha contra la despoblación en este.
g)  Creación y mejora de la configuración de las zonas verdes y espacios 
libres.
h)  Operaciones de conservación, protección o recuperación del medio físico 
natural.
i)  Planificación territorial y gestión del Patrimonio Municipal del Suelo, así 
como  todo  aquello  que  afecte  a  la  catalogación,  programación  y  actuación 
permanente del inventario de dicho patrimonio.
j)  La protección, gestión, ordenación y fomento del paisaje.
k)  Aportaciones a capital de sociedades urbanísticas.
l)  Conservación, mejora y ampliación del Patrimonio Municipal del Suelo.
3.  Los bienes integrados en los patrimonios públicos de suelo podrán ser:
a)  Enajenados mediante concurso, por precio que, cuando deban destinarse 
a viviendas sujetas a algún tipo de protección pública, no podrá superar el de su 
valor legalmente establecido. El pliego de condiciones justificará, en función de la 
demanda  real  que  resulte  del  Registro  de  Demandantes  de  Vivienda  con 
Protección  Pública,  el  concreto  tipo  de  protección  pública  a  que  se  deberán 
destinar las viviendas y fijará los plazos máximos para la ejecución de las obras de 
urbanización y edificación pendientes, así como los precios máximos de venta o 
arrendamiento de las edificaciones.
La sustitución de los aprovechamientos que correspondan a la administración 
actuante  conforme  a  los  artículos  68  y  69  de  esta  ley  seguirá  la  regulación 
establecida en estos.
b)  Cedidos gratuitamente o por precio igual a su valor legalmente establecido 
cuando se destinen a viviendas sujetas a algún tipo de protección pública o a 
programas de conservación o mejora medioambiental, bien a cualquiera de las 
otras Administraciones Públicas territoriales o, en general, a cualquier persona 
jurídica de derecho público o privado perteneciente al sector público, mediante 
convenio suscrito a tal fin, bien a entidades cooperativas o de carácter benéfico o 
social sin ánimo de lucro mediante concurso.
Cuando los concursos a que se refieren las letras a) y b) queden desiertos, la 
administración actuante podrá enajenar directamente los bienes, con sujeción a 
los pliegos o bases de unos y otros.
c)  Cedidos gratuitamente, mediante convenio suscrito a tal fin, a cualquiera 
de las restantes administraciones territoriales o, en general, a cualquier persona 
jurídica de derecho público o privado perteneciente al sector público, para la 
ejecución de equipamientos públicos o de otras instalaciones de utilidad pública o 
interés social. e
d)  Permutados directamente por otros bienes inmuebles de conformidad con  bo
la normativa de patrimonio de la administración titular del patrimonio público de  68ww
svuiveielon,d eans  seul jceatasso  ad ael goúpne rtaipcoio dnee sp rdoete crecaiólonj op,ú rbelincoav.ación urbana, o promoción de
dereAc hloo sp reivfeacdtoo sp edretel nperceiseenntete  aal rstíeccutloor,  pseú belicnote nlad esroác ipeodra dp emrseorcnaan tjiul ríednic ac udyoe 
capital  sea  mayoritaria  la  participación  directa  o  indirecta  de  una  o  varias 
Administraciones Públicas o personas jurídicas de Derecho público.
e)  Los  terrenos  destinados  a  sistemas  generales  o  dotaciones  públicas 
locales  no  incluidos  o  adscritos  a  sectores  o  unidades  de  actuación  podrán 
obtenerse mediante permuta con terrenos pertenecientes al patrimonio público de 
suelo  y  que  sean  de  características  adecuadas  para  servir  de  soporte  al 
aprovechamiento urbanístico que corresponda subjetivamente a su propietario.
La permuta de terrenos se llevará a cabo por el procedimiento previsto en el 
artículo 128 y requerirá que previamente se haya determinado el aprovechamiento 
urbanístico que corresponde al propietario afectado y los terrenos pertenecientes 
al patrimonio público de suelo que van a ser permutados.
4.  Son condiciones de las enajenaciones de bienes del patrimonio público de 
suelo:
a)  El sometimiento al derecho de tanteo y retracto regulado en el artículo 83 
de esta ley.
b)  La vinculación, cuando su destino sea residencial en los términos de la 
letra a) del número 1 de este artículo, a la construcción de viviendas sujetas a 
algún tipo de protección pública, si bien de promoción privada por el adquirente.
c)  La  enajenación,  permuta  o  cesión  de  los  bienes  de  los  patrimonios 
públicos  de  suelo  deberá  efectuarse  en  condiciones  que  aseguren,  cuando 
proceda, los plazos máximos de urbanización y edificación y los precios finales de 
las viviendas e impidan, en todo caso, a los adquirentes tanto de aquellos como de 
estas  la  ulterior  enajenación  por  precio  superior  al  de  adquisición  con  el 
incremento derivado de los índices pertinentes.
d)  Los  bienes  del  patrimonio  público  de  suelo  no  podrán  enajenarse, 
gravarse ni permutarse sin autorización del órgano competente de la Comunidad 
Autónoma, cuando su valor exceda del veinticinco por ciento de los recursos 
ordinarios del presupuesto anual del Municipio. No obstante, se dará cuenta al 
órgano competente de la Comunidad Autónoma de toda enajenación de bienes 
que se produzca.
e)  Las condiciones recogidas en las letras a), b) y c) anteriores se harán 
constar en el Registro de la Propiedad de acuerdo con la legislación hipotecaria.»
Treinta y dos.  Se modifica el apartado 1 del artículo 91 del texto refundido de la Ley 
de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística que queda con la siguiente 
redacción:
«1.  No  se  podrán  efectuar  parcelaciones  urbanísticas  en  suelo  urbano 
mientras no se haya aprobado el correspondiente Plan de Ordenación Municipal o, 
en su caso, Plan de Delimitación de Suelo Urbano y en suelo urbanizable mientras 
no  se  encuentre  aprobado  el  correspondiente  Programa  de  Actuación 
Urbanizadora.
Se exceptúan de la regla anterior las parcelaciones que tengan su origen y se 
integren en operaciones jurídicas de sucesión mortis causa, siempre y cuando se 
legitimen  por  la  correspondiente  licencia  urbanística  otorgada  conforme  a  las 
determinaciones del ordenamiento territorial y urbanístico vigente o, en su defecto, 
mediante ordenanza municipal que deberá ser objeto de informe preceptivo y 
vinculante por parte de la correspondiente Comisión Provincial de Ordenación del  e.
Territorio y Urbanismo.» w.
Treinta y tres.  Se modifica el apartado 1 del artículo 105 del texto refundido de la 
Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, que queda con la siguiente 
redacción:
«1.  La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y los Municipios, con la 
cooperación con estos, en su caso, de las Diputaciones provinciales, podrán 
utilizar,  para  la  gestión  directa  de  la  actividad  de  ejecución  que  sea  de  su 
respectiva  competencia  todas  las  formas  o  modalidades  admitidas  por  la 
legislación de régimen jurídico y de contratación del sector público y de Régimen 
Local.  En  particular,  todas  ellas  estarán  habilitadas  para  crear  Organismos 
Autónomos y entidades mercantiles de capital íntegramente público o mixto, de 
duración limitada o por tiempo indefinido y con carácter general o sólo para 
determinadas actuaciones.
Cuando  dichos  entes  sean  de  capital  íntegramente  público  y  hayan  sido 
creadas específicamente para el desarrollo de las funciones contenidas en el 
último párrafo del apartado 2 del artículo 7 de esta ley, tendrán la consideración de 
entes instrumentales para la gestión directa de servicios públicos para los que han 
sido constituidos y, en su caso, de medio propio de la administración, para la 
ejecución de actuaciones específicas que se le encarguen siendo su régimen el 
establecido al efecto en la legislación de contratos del sector público.»
Treinta  y  cuatro.  Se  incorpora  un  nuevo  apartado  6  al  artículo  110  del  texto 
refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, con la 
siguiente redacción:
«6.  Cuando  lo  requiera  el  interés  general  y  sirva  a  su  ejecución,  los 
Programas  de  Actuación  Urbanizadora  podrán,  de  forma  motivada,  ser 
modificados  mediante  la  introducción  de  las  variaciones  necesarias  para 
responder a tal fin en los términos de los artículos 125 bis y 125 ter de esta ley.»
Treinta y cinco.  Se modifica el apartado 2 del artículo 123 del texto refundido de la 
Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, que queda con la siguiente 
redacción:
«2.  A  fin  de  determinar  la  alternativa  técnica  y  la  proposición  jurídico-
económica elegidas en la aprobación de un Programa de Actuación Urbanizadora, 
se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
A)  En relación con la alternativa técnica se preferirá:
a)  La  que  proponga  un  ámbito  de  actuación  más  idóneo  u  obras  de 
urbanización más convenientes.
b)  La que concrete y asuma las más adecuadas calidades de obra para su 
ejecución y, en particular, las realizables con los criterios de eficiencia ecológica 
que reglamentariamente se determinen.
B)  En relación, con la Proposición Jurídico-Económica se preferirá:
a)  La que se obligue a plazos de desarrollo más breves o a compromisos 
más rigurosos.
b)  La que preste mayores garantías efectivas de cumplimiento. e
c)  La que comprometa su realización asumiendo, expresa y razonadamente,  bo
un beneficio empresarial más proporcionado por la promoción y gestión de la  68ww
amcátuxdiam)c oió Lnpa.a rqau eef epcretuvaerala jsu sstiinfi cmaednagmuean dtee,  spua rcaa ulidnaads .mismas obras, un menor precio  OE-A-2021-64able en https://
e)  La formulada por el agente urbanizador que haya actuado en la ejecución 
anticipada de alguno de los sistemas generales incluidos o adscritos al ámbito de 
actuación.
f)  Complementariamente  se  preferirá  la  proposición  que  oferte  más 
incentivos, garantías o posibilidades de colaboración de los propietarios afectados 
por la actuación, para facilitar o asegurar su desarrollo, salvo que aquellos se 
pretendan arbitrar a costa del interés público.»
Treinta y seis.  Se incorpora un nuevo artículo 125 bis del texto refundido de la Ley 
de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, con la siguiente redacción:
«Artículo 125 bis.  Modificación de programas de actuación urbanizadora.
1.  La administración, de oficio o a instancia de persona interesada, podrá 
acordar la modificación de los programas de actuación urbanizadora ante razones 
de interés público cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguna 
de las siguientes circunstancias:
a)  Inadecuación de la prestación contratada para satisfacer los objetivos de 
la programación, debido a errores u omisiones padecidos en la redacción de los 
documentos técnicos, ocasionados por una deficiente o insuficiente información 
facilitada por las Administraciones Públicas o empresas de servicios.
b)  Inadecuación  del  programa  de  actuación  urbanizadora  por  causas 
objetivas que determinen su falta de idoneidad, consistentes en circunstancias de 
tipo  geológico,  hídrico,  arqueológico,  medioambiental  o  similares,  puestas  de 
manifiesto con posterioridad a la adjudicación del programa de actuación y que no 
fuesen  previsibles  con  anterioridad  aplicando  toda  la  diligencia  requerida  de 
acuerdo con una buena práctica profesional en la elaboración del proyecto de 
urbanización.
c)  Fuerza mayor o caso fortuito, que hiciesen imposible la ejecución del 
programa de actuación en los términos inicialmente definidos.
d)  Necesidad de ajustar las determinaciones del programa a especificaciones 
técnicas,  medioambientales,  urbanísticas,  de  seguridad  o  de  accesibilidad 
surgidas con posterioridad a su adjudicación.
e)  Cambio de planeamiento o suspensión de licencias por causa justificada 
de interés público, entendiendo como tal una nueva ordenación que responda a 
necesidades sobrevenidas de los usos y actividades a implantar.
f)  Conveniencia de la división en fases de la obra de urbanización para 
facilitar la recepción y entrada en servicio anticipada de una parte de las mismas.
2.  La modificación del programa no podrá realizarse, en ningún caso, con el 
fin de:
a)  Ampliar el objeto del programa de actuación urbanizadora a fin de que 
pueda  cumplir  finalidades  nuevas  no  contempladas  en  la  documentación 
preparatoria del mismo y que no puedan comprenderse en los supuestos del 
apartado anterior.
b)  Alterar las condiciones esenciales de la licitación y adjudicación, debiendo 
limitarse la modificación a introducir las variaciones estrictamente indispensables 
para responder a la causa objetiva que la haga necesaria. Se entenderá que se  e.e
alteran las condiciones esenciales de licitación y adjudicación del contrato en los  b
siguientes casos: 68ww
esen12c))  ialCCesuu aadnneddl oop  rloalga rm amomdoaifd idcifeaic caaiócctniuó anvc airósíenu  pusournbsgataann izcauiadnlo mriaen ncatrpeer molabe anfudtono c.ióon  dyi scmarinauctceióríns ticdaesl   OE-A-2021-64able en https://
aprovechamiento de la actuación que exceda del veinte por ciento del originario.
3)  En cualesquiera otros casos en que pueda presumirse que, de haber sido 
conocida previamente la modificación, hubiesen concurrido al procedimiento de 
adjudicación otros interesados, o que los licitadores que tomaron parte en el 
mismo  hubieran  presentado  alternativas  técnicas  o  proposiciones  jurídico-
económicas sustancialmente diferentes a las formuladas.
3.  Las modificaciones acordadas por la Administración serán obligatorias 
para el urbanizador y los propietarios afectados.
4.  En cualesquiera otros supuestos a los previstos en este artículo, si fuese 
necesario  que  la  actuación  urbanizadora  se  ejecutase  en  forma  distinta  a  la 
programada inicialmente, deberá procederse a la resolución del programa de 
actuación en vigor y a la tramitación de otro bajo las condiciones pertinentes, de 
acuerdo con esta ley.»
Treinta y siete.  Se incorpora un nuevo artículo 125 ter del texto refundido de la Ley 
de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, que queda con la siguiente 
redacción:
«Artículo 125 ter.  Tramitación de las modificaciones de programas de actuación 
urbanizadora.
1.  Las  modificaciones  de  los  programas  de  actuación  urbanizadora  se 
acordarán en el seno del procedimiento que se regulará reglamentariamente y 
que, en todo caso, contendrá los siguientes trámites:
a)  Audiencia al urbanizador y, en su caso, a la entidad avalista, por un plazo 
no  inferior  a  diez  días  ni  superior  a  quince  para  que  pueda  formular  las 
consideraciones que tenga por conveniente. Igual plazo habrá de concederse a las 
personas  propietarias  y  titulares  de  derechos  comprendidos  en  el  ámbito  de 
actuación.
b)  Informe técnico y jurídico de la administración actuante. Si la modificación 
comporta algún compromiso adicional para la administración, deberá obtenerse 
asimismo el correspondiente informe de fiscalización del servicio correspondiente 
de la administración actuante.
c)  Dictamen favorable del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha cuando 
haya oposición a la misma o cuando la cuantía de la modificación, aislada o 
conjuntamente, sea superior, en más o en menos, a un veinte por ciento de la 
inicialmente establecida, tributos excluidos.
2.  Las  modificaciones  del  programa  de  actuación  urbanizadora  deberán 
formalizarse en documento administrativo y serán, en su caso, objeto de traslado a 
los instrumentos urbanísticos de ejecución correspondientes. Dicho documento 
constituirá título suficiente para acceder a cualquier registro público.»
Treinta  y  ocho.  Se  modifica  el  artículo  126  del  texto  refundido  de  la  Ley  de 
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, que queda con la siguiente 
redacción:
«Artículo 126.  Formas de obtención y ejecución de los sistemas generales y 
locales. s
1.  El suelo destinado por el planeamiento territorial o urbanístico a sistemas  w.
generales y locales se obtendrán: 68ww
a)  Cuando estén incluidos o adscritos a un sector o unidad de actuación, en
dviirstturidb udcei ócne sdieó nlo osb bliegnaetofirciaio ys  gy rcaaturgitaas,  ceonn e ojeccauscióiónn d dee l ala r eapctauracceilóanc ióunrb paanrizaa ldao juras.ta
b)  Cuando estando incluidos o adscritos a un sector o unidad de actuación 
sea  necesario  anticipar  su  obtención  al  proceso  de  reparcelación,  mediante 
expropiación u ocupación directa. Efectuada la expropiación, la administración 
expropiante se incorporará a la unidad de actuación que corresponda y por la 
superficie en cada caso obtenida. En el caso de ocupación directa, el titular del 
derecho se integrará en el sector o unidad de actuación correspondiente.
c)  Cuando no estén incluidos o adscritos a un sector o unidad de actuación, 
se obtendrán por expropiación u ocupación directa, así como mediante permuta en 
los supuestos expresados en la letra e) del número 3 del art. 79.
d)  Por convenio urbanístico entre la Administración y el propietario.
2.  Las obras correspondientes a sistemas generales y locales se realizarán 
conforme  a  las  determinaciones  sustantivas,  temporales  y  de  gestión  del 
planeamiento de ordenación territorial y urbanística:
a)  Conjuntamente con las restantes obras de urbanización en el supuesto 
previsto en la letra a) del número anterior o, en su defecto, como obras públicas 
ordinarias. No obstante, por causa justificada, podrá anticiparse la ejecución de 
estos sistemas generales y locales al desarrollo de los ámbitos en los que estén 
incluidos  o  adscritos,  bien  por  la  propia  administración  o  bien  mediante  la 
adjudicación en procedimiento específico a agente urbanizador de la ejecución de 
dichos sistemas generales o locales.
Los  procedimientos  de  programación  de  los  ámbitos  afectados  por  estas 
actuaciones tendrán en consideración la ejecución anticipada de los sistemas 
generales  o  locales  incluidos  o  adscritos  en  ellos,  incluyéndolos  en  su 
programación tanto a efectos jurídicos, como económicos como, en su caso, de 
adjudicación de dicha programación.
b)  Como obras públicas ordinarias, en todos los restantes casos.»
Treinta y nueve.  Se modifica el artículo 127 del texto refundido de la Ley de 
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, que queda con la siguiente 
redacción:
«Artículo  127.  La  expropiación  y  ocupación  del  suelo  destinado  a  sistemas 
generales y locales.
1.  Cuando el planeamiento que legitime la actividad de ejecución prevea la 
obtención  del  suelo  destinado  a  sistemas  generales  y  locales  mediante 
expropiación u ocupación directa, esta deberá tener lugar dentro de los cinco años 
siguientes a su entrada en vigor, salvo que se trate de suelos clasificados como 
rústicos no urbanizables o urbanizables sin programar.
2.  Transcurrido  sin  efecto  el  plazo  previsto  en  el  número  anterior,  el 
procedimiento de expropiación forzosa se entenderá incoado por ministerio de la 
Ley de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150.»
Cuarenta.  Se modifica el artículo 128 del texto refundido de la Ley de Ordenación 
del Territorio y de la Actividad Urbanística, que queda con la siguiente redacción:
«Artículo  128.  La  ocupación  directa  de  los  terrenos  destinados  a  sistemas 
generales y locales. e
1.  Sin perjuicio de lo dispuesto en el número 1 del artículo 126, los terrenos  w.
cddaeem satbinciotau dadocesiól  anr e scuisorbtneaomnciaizmsa idegonertnaoe,  rapa olsedusr  áytin tul oloacbra tleednsee l nrdsoee  raemdcsehcdorii atoans ti enn ties igunr caolurcsiudepo aesc nei ónun n u dnsi reáecmctotabr i taoo    2021-6468n https://ww
unidad de actuación con exceso de aprovechamiento urbanístico objetivo o real.
La ocupación directa requerirá la determinación:
a)  Del aprovechamiento urbanístico que corresponda al propietario afectado.
b)  De  la  unidad  de  actuación  en  la  que  deba  hacerse  efectivo  el 
aprovechamiento anterior.
2.  La  ocupación  directa  se  producirá  por  el  procedimiento 
reglamentariamente establecido, que deberá respetar las siguientes reglas:
a)  Serán preceptivas la publicación de la relación de terrenos y propietarios 
afectados, con indicación de los aprovechamientos urbanísticos correspondientes 
a estos y de las unidades de actuación en las que deben hacerse efectivos, y la 
notificación personal a los propietarios, con un mes de antelación, de la ocupación 
prevista y las demás circunstancias relevantes que en ella concurran.
b)  En el momento de la ocupación deberá levantarse acta haciendo constar 
el lugar y la fecha de otorgamiento y la Administración actuante; la identificación 
de los titulares de los terrenos ocupados y la situación registral de estos; la 
superficie ocupada y los aprovechamientos urbanísticos que les correspondan; y 
la unidad de ejecución en la que deben ser estos hechos efectivos.
c)  Las actuaciones deberán entenderse con el Ministerio Fiscal en lo que se 
refiere  a  propietarios  desconocidos,  no  comparecientes,  incapacitados  sin 
representación y propiedades litigiosas.
d)  Los  propietarios  afectados  por  la  ocupación  tendrán  derecho  a  la 
expedición de certificación administrativa acreditativa de todos los extremos del 
acta levantada.
e)  La  Administración  actuante  remitirá  al  Registro  de  la  Propiedad 
certificación del acta levantada a los efectos de la inscripción que proceda de 
conformidad con la legislación estatal aplicable.
f)  Transcurridos cinco años desde la ocupación directa sin que se haya 
aprobado definitivamente el proyecto de reparcelación de la unidad de actuación 
designada  para  la  materialización  del  aprovechamiento  correspondiente  a  las 
fincas obtenidas por ocupación, las personas propietarias de las mismas pueden 
requerir a la Administración actuante el inicio del expediente de justiprecio, en los 
términos y con los plazos del número 3 del artículo 149.»
Cuarenta y uno.  Se modifica el apartado 2 del artículo 139 del texto refundido de la 
Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, que queda con la siguiente 
redacción:
«2.  Corresponderá al Municipio la declaración de la situación legal de ruina, 
previo procedimiento determinado reglamentariamente, en el que, en todo caso, 
deberá darse audiencia al propietario interesado y los demás titulares de derechos 
afectados. La duración máxima del procedimiento para la declaración legal de 
ruina será de un año desde su iniciación.»
Cuarenta y dos.  Se modifica el apartado 3 del artículo 149 del texto refundido de la 
Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, que queda con la siguiente 
redacción:
«3.  El  procedimiento  de  urgencia  en  la  ocupación  tendrá  los  siguientes  s
requisitos: oe.
a)  Cuando se aplique el procedimiento de tasación conjunta, la ocupación de  68ww
los bbi)e neCsu ya nddeore csheo s asifgeac tadeol s psreo creeadliimzaierán teon  lad efo rmtaasa pcrieósnc ritinad pivoird eusatlaiz aledya.,  la
ddee clEaxrapcroiópnia dceió nu rgFeonrzcoias ae nd leab oecráu paaccoiómnp aa ñqaurese s ed ere fmieerem oerl iaa rtjíucsutliofi c5a2ti vdae  dlae  Llaesy 
razones particulares que motiven la urgencia.»
Cuarenta y tres.  Se modifica el artículo 150 del texto refundido de la Ley de 
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, que queda con la siguiente 
redacción:
«Artículo 150.  Derecho a la expropiación rogada.
1.  Cuando transcurran cinco años desde la entrada en vigor del plan con el 
grado suficiente de detalle para permitir y legitimar su ejecución sin que se lleve a 
efecto la expropiación de terrenos dotacionales que no hayan de ser objeto de 
cesión obligatoria, por no resultar posible la justa distribución de beneficios y 
cargas en el correspondiente ámbito de actuación, continuo o discontinuo, los 
propietarios  podrán  anunciar  a  la  administración  competente  su  propósito  de 
solicitar la iniciación del expediente de justiprecio, que debe llevarse a cabo por 
ministerio de la ley si transcurren otros dos años desde dicho anuncio.
2.  Para solicitar la expropiación rogada, el titular de la propiedad deberá 
justificar la imposibilidad de efectuar la justa distribución de los beneficios y cargas 
en  el  marco  del  planeamiento  vigente.  A  tal  efecto,  los  propietarios  podrán 
presentar  sus  hojas  de  aprecio  y,  transcurridos  tres  meses  sin  que  la 
administración competente notifique su aceptación o remita sus hojas de aprecio 
contradictorias,  los  propietarios  podrán  recurrir  a  la  intervención  del  Jurado 
Regional de Valoraciones. La valoración se entenderá referida al momento del 
inicio del expediente de justiprecio por ministerio de la ley que será el de la 
presentación de las hojas de aprecio antes referidas.
3.  Lo establecido en los apartados anteriores no será aplicable:
a)  A los propietarios de terrenos clasificados como suelo no urbanizable.
b)  A los propietarios de terrenos clasificados como suelo urbanizable, si, en 
el momento de la afectación, los terrenos se dedican a la explotación agrícola, 
ganadera,  forestal  o  cinegética  o,  en  general,  a  actividades  propias  de  su 
naturaleza rústica y compatibles con la clasificación y la afectación mencionadas 
hasta la ejecución de las determinaciones del planeamiento urbanístico.
c)  A los propietarios que hayan obtenido una autorización para usos y obras 
provisionales, o cuando conste la obtención de un rendimiento económico, esté o 
no amparado mediante la correspondiente licencia.
4.  Si, antes de transcurrir los plazos establecidos en este precepto, se ha 
sometido a información pública o concertación interadministrativa una innovación 
del planeamiento que comporte la inclusión del suelo dotacional bien en un área 
de reparto conformada por un sector o una unidad de actuación a los efectos de 
su gestión bien en el ámbito de un complejo inmobiliario urbanístico, los plazos 
quedarán interrumpidos. El cómputo de los plazos se reanudará si transcurren dos 
años sin haberse producido bien su aprobación definitiva o bien su autorización 
administrativa.
5.  El ejercicio del derecho a instar la expropiación por ministerio de la ley 
exige  la  acreditación  fehaciente  por  parte  del  solicitante  de  su  condición  de 
propietario o causahabiente de los correspondientes terrenos dotacionales, así 
como de haber ostentando tal condición durante la totalidad de los plazos a que se 
refieren los apartados primero y segundo del presente artículo, sin cuyo requisito 
no podrá valorarse el bien por el Jurado Regional de Valoraciones. En el caso de  s
producirse la donación o una transmisión onerosa de la propiedad durante el  oe.
transcurso de los referidos plazos, se reiniciará el cómputo de los mismos para el  w.
dnouteav6co.i ó pnLr opapúsi belttiarcaraino es.mn ilsoiso nqeuse  cinotnecru rvraivno sla sd ceo nadqicuieolnloess  ate qrrueen oses  recafielifriec aedl oasp acrtoamdoo   2021-6468n https://ww
primero de este artículo, estarán sujetas a los derechos de tanteo y retracto por
parte de la administración competente para su obtención. Bc
El derecho de tanteo podrá ejercerse dentro del plazo máximo de tres meses 
contados a partir de la notificación fehaciente a la administración, previa a la 
transmisión efectuada por el propietario.
El derecho de retracto podrá ejercerse en el plazo máximo de un año contado 
a partir del momento en que la administración tenga constancia fehaciente de la 
transmisión. A este efecto, los notarios y registradores que autoricen o inscriban, 
respectivamente, escrituras de transmisión de terrenos calificados como dotación 
pública lo pondrán en conocimiento de la administración.
7.  Cuando  se  acredite  que  el  ejercicio  de  la  expropiación  rogada 
comprometiera  seriamente  los  principios  de  estabilidad  presupuestaria, 
sostenibilidad financiera, de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos 
públicos  o  de  responsabilidad,  la  Administración  competente  podrá  declarar 
motivadamente la imposibilidad material de dar cumplimiento a lo previsto en este 
precepto en orden a la materialización de la expropiación de bienes y derechos 
por ministerio de la ley.
Dicha declaración, para ser eficaz, deberá acordarse previa audiencia del 
interesado y producirse antes de trascurrir los plazos previstos en este precepto y, 
en todo caso, antes de la resolución del Jurado Regional de Valoraciones. La 
declaración  comportará  el  derecho  del  titular  a  percibir  los  intereses  legales 
calculados conforme al justiprecio aprobado de los terrenos afectados, hasta una 
efectiva adquisición en el plazo máximo de cinco años.
8.  El régimen de devengo de intereses en esta modalidad de expropiaciones 
será el siguiente:
a)  En la determinación del justiprecio, será fecha inicial aquella en la que el 
propietario presente su hoja de aprecio y fecha final aquella en que se notifique el 
acuerdo  del  Jurado  Regional  de  Valoraciones  a  la  administración  que  sea 
competente de acuerdo con lo establecido en el apartado primero.
Si el jurado incurre en mora por superar el plazo máximo para resolver y 
notificar  el  acuerdo  de  fijación  del  justiprecio  o  para  resolver  el  recurso  de 
reposición que potestativamente interpongan cualquiera de los interesados, será 
responsable del pago durante el plazo que exceda de ese máximo, en los términos 
establecidos en la Ley de expropiación forzosa.
b)  Una vez notificado el acuerdo por el Jurado Regional de Valoraciones será 
de aplicación lo establecido en el artículo 57 de la Ley de expropiación forzosa, 
debiendo la administración competente abonar el justiprecio en el plazo de seis 
meses. Transcurrido dicho plazo se devengarán nuevamente intereses que se 
computarán desde la presentación de la hoja de aprecio hasta que se produzca el 
completo pago del justiprecio, descontando la demora imputable al jurado.»
Cuarenta y cuatro.  Se modifica el artículo 152 del texto refundido de la Ley de 
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, que queda con la siguiente 
redacción:
«1.  El Jurado Regional de Valoraciones es el órgano colegiado y permanente 
de la Administración de la Junta de Comunidades especializado en materia de 
expropiación forzosa. Estará adscrito a la consejería competente en materia de 
hacienda, que le facilitará toda la infraestructura administrativa para su adecuado 
funcionamiento,  y  actuará  en  el  cumplimiento  de  sus  funciones  con  plena  s
autonomía funcional. oe.
2.  El Jurado Regional de Valoraciones actuará con competencia resolutoria  w.
Jdpuerenfictnaioit i dveean ,C  ploaomsn uieenxnipddraood pseiuassc o ioa cncuetoassl,q  ucfiuniea rana d ldaoe  v llaíaa sA  aDddmipmuinintiasisctrtiroaanctieióvsna  ,o e plxoapsrra oM pluaian nfiicjtaeipc iisoóesna.  dlae l djues tlao   2021-6468n https://ww
3.  El  Jurado  Regional  de  Valoraciones  se  compondrá  de  las  siguientes 
personas miembros, designadas por el Consejo de Gobierno:
a)  Presidencia:  será  desempeñada  por  una  persona  que  sea  jurista  de 
reconocido prestigio y con más de diez años de experiencia profesional, propuesta 
por la persona titular de la consejería competente en materia de ordenación 
territorial y urbanística.
b)  Vocalías:
– Dos personas que pertenezcan a la Escala de Letrados de la Comunidad 
Autónoma.
– Dos personas técnicas con titulación competente en la materia, de cualquier 
especialidad, así como una de la especialidad correspondiente a la naturaleza del 
bien objeto de expropiación, al servicio, en todos los casos, de la Comunidad 
Autónoma.
– Tres personas técnicas con titulación competente en la materia, elegidas por 
la Federación de Municipios y Provincias.
– Una persona que sea profesional libre colegiada en representación de los 
Colegios Oficiales con competencias en la materia, dependiendo de la naturaleza 
de los bienes o derechos a expropiar.
– Cuando se trate de expropiaciones provinciales o municipales, una persona 
en representación de la Corporación local interesada, con voz pero sin voto.
c)  Secretaría: actuará realizando esta función, con voz pero sin voto, una 
persona que sea funcionaria del cuerpo superior de la Administración General la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, especialidad jurídica.
4.  Podrán actuar de ponentes a los efectos de la preparación de informes 
propuesta e interviniendo en las deliberaciones del Jurado con voz, pero sin voto, 
salvo que además reúnan la condición de vocal, cualesquiera personas que sean 
funcionarias técnicas con titulación competente en la materia, al servicio de la 
Comunidad Autónoma, las Diputaciones provinciales y los Municipios.
5.  El Jurado podrá reunirse en pleno o secciones.
6.  Reglamentariamente se determinará la organización y el funcionamiento 
del Jurado.»
Cuarenta y cinco.  Se modifica el artículo 153 del texto refundido de la Ley de 
Ordenación  del  Territorio  y  de  la  Actividad  Urbanística  que  queda  con  la  siguiente 
redacción:
«Artículo 153.  Los acuerdos del Jurado Regional de Valoraciones.
1.  Los  acuerdos  del  Jurado  Regional  de  Valoraciones  serán  siempre 
motivados, debiendo contener, en su caso, expresa justificación de los criterios 
empleados  para  la  valoración  a  efectos  de  justiprecio  o  indemnización,  con 
relación a lo dispuesto en la legislación general del Estado y, en su caso, en esta 
ley.
2.  Los acuerdos del Jurado deberán ser inmediatamente notificados tanto a 
la Administración expropiante o, en su caso, a la persona o entidad beneficiaria, 
así como a las personas interesadas en los correspondientes procedimientos  es
administrativos. o
eerAenxdgp miers3oilt.n rp opisia lLtarcdozaieósocln  i óa dJpnceuou  rreota rrm edddsooine  sim s Rdtleaeees rg iefoisiosjo and lciaaeci ló i tlcnaudo  deldne  etyda V.jer uaT  sdlrofateiirjpnasarsdccecieiócou innroer e li dddsdoe eí b daeeej lu rslp ásiglt eaisupxzeirpoeere  ncdadtieedoie  o rnapeetltsn eaod  dleeruoe xcsempi ónyein ttdirn daisoeoditnn iaft ip eqceosuanr ed  d oeelaesll      OE-A-2021-6468able en https://www.
Jurado  Regional  de  Valoraciones  haya  adoptado  su  acuerdo,  se  entenderá
desestimada la pretensión de la persona expropiada reflejada en su hoja de 
aprecio, a los efectos de permitir la interposición de los recursos procedentes.»
Cuarenta y seis.  Se modifica el enunciado de la sección 1.ª, del capítulo II, del título 
VII y el artículo 157 del texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la 
Actividad Urbanística, que quedan con la siguiente redacción:
«Sección 1.ª Las actividades sujetas a declaración responsable o comunicación 
previa
Artículo 157.  Actos sujetos a declaración responsable o comunicación previa.
1.  Están  sujetas  a  declaración  responsable  ante  el  municipio  los  actos 
siguientes, siempre que no se encuentren incluidos en el artículo 165.2:
a)  Las  obras  de  escasa  entidad  constructiva  y  sencillez  técnica  que  no 
requieran proyecto de acuerdo con la legislación vigente en materia de ordenación 
de la edificación en suelo urbano consolidado.
b)  Las obras en edificaciones e instalaciones existentes, en suelo urbano 
consolidado  y  conformes  con  la  ordenación  urbanística,  que  no  alteren  los 
parámetros de ocupación y altura, ni conlleven incrementos en la edificabilidad o el 
número de viviendas que no requieran proyecto de acuerdo con la legislación 
vigente en materia de ordenación de la edificación.
c)  La ocupación o utilización de las obras del apartado anterior, siempre que 
las  edificaciones  e  instalaciones  se  encuentren  terminadas  y  su  destino  sea 
conforme a la normativa de aplicación.
d)  La primera ocupación y utilización de nuevas edificaciones, siempre que 
se encuentren terminadas y su destino sea conforme a la normativa de aplicación 
y con la licencia de obras concedida, cuando no estén sujetas a licencia previa por 
una legislación sectorial.
e)  Las instalaciones para el aprovechamiento de la energía solar mediante 
captadores térmicos o paneles fotovoltaicos en los siguientes casos:
1)  Sobre la cubierta de las edificaciones y otras construcciones auxiliares de 
estas incluidas las pérgolas de los aparcamientos de vehículos.
2)  En los espacios de las parcelas en suelo urbano, no ocupados por las 
edificaciones y otras construcciones auxiliares de estas, cuando las instalaciones 
no comporten un empleo de la parcela superior al cuarenta por ciento de su 
superficie no edificable.
f)  Los  puntos  de  recarga  de  vehículos  eléctricos  situados  dentro  de 
edificaciones, salvo que pudieran suponer un impacto sobre el patrimonio.
2.  Serán objeto de comunicación previa a la Administración cualquier dato 
identificativo  que  deba  ponerse  en  su  conocimiento  para  el  ejercicio  de  un 
derecho, y en particular los siguientes:
a)  Los cambios de titularidad de las licencias y declaraciones responsables. 
La  falta  de  presentación  de  dicha  comunicación  implicará  que  los  titulares 
quedarán sujetos con carácter solidario a las responsabilidades que pudieran  s
derivarse de la actuación que se realice al amparo de dicha licencia. oe.
La comunicación del titular anterior podrá ser sustituida por la aportación del  w.
ddseoe c liuadm epnertonifptioqie updeúa bsdlu icofio cp ioeo nsptereisvmiaóednno td eqe ull aein  almiccuereendbciliteae,   tllaroa ctnraaslmn osi tmsidoiaslai óern,n  s inileatem rcp ovrmiev ouqsnu iocea  mecnioó rneti ls q mcuaiesu mssaoe    2021-6468n https://ww
realice.
b)  El inicio efectivo de las obras objeto de licencia o declaración responsable 
en vigor.
c)  La suspensión de la ejecución de las obras con licencia o declaración 
responsable en vigor.»
Cuarenta y siete.  Se modifica el artículo 158 del texto refundido de la Ley de 
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, que queda con la siguiente 
redacción:
«Artículo 158.  El Procedimiento de declaración responsable y de comunicación 
previa.
1.  El procedimiento de declaración responsable y comunicación previa se 
iniciará  mediante  solicitud  dirigida  al  Ayuntamiento  correspondiente  por  el 
promotor  de  la  actuación  que  pretenda  realizar  cualquiera  de  los  actos, 
operaciones o actividades a las que se refiere el artículo anterior.
2.  Sin  perjuicio  de  lo  establecido  en  el  planeamiento  y  en  las 
correspondientes  Ordenanzas  Municipales,  la  solicitud  deberá  efectuarse,  al 
menos, con quince días de antelación respecto de la fecha en la que se pretenda 
dar inicio a la realización del acto, operación o actividad. La instancia aludida en el 
número  1  del  presente  artículo  deberá  acompañarse,  como  mínimo,  de  los 
siguientes documentos:
a)  Documentación gráfica expresiva de la ubicación del inmueble objeto de la 
actuación a realizar y descripción suficiente de esta.
b)  Proyecto  suscrito  por  técnico  competente  y  visado  por  el  colegio 
profesional correspondiente, cuando fuere preceptivo según la normativa sectorial 
aplicable  para  la  realización  de  la  actuación  edificatoria  o  constructiva 
comunicada.
c)  Justificación  técnica  del  cumplimiento  de  la  legislación  vigente  y 
adecuación a la ordenación territorial y urbanística.
d)  Los permisos y autorizaciones que requiera el acto, la operación o la 
actividad de que se trate y que vengan exigidos por la normativa en cada caso 
aplicable.
e)  Si las obras afectan a un inmueble con actividad en funcionamiento, se 
aportará copia auténtica de las licencias municipales habilitadoras de la actividad 
que se venga desarrollando en el mismo.
f)  Justificante de la liquidación de los tributos y demás ingresos de derecho 
público que correspondan.
3.  En el supuesto que la declaración responsable o comunicación previa 
formulada  presentara  deficiencias  derivadas  del  incumplimiento  o  falta  de 
concreción de alguno de los requisitos establecidos en los preceptos anteriores, o 
bien resultara imprecisa la información aportada para la valoración de la legalidad 
del acto comunicado, se requerirá al promotor la subsanación de aquella. En estos 
casos se interrumpirá el cómputo del plazo establecido, reiniciándose una vez 
cumplimentado el requerimiento.
4.  Transcurrido el plazo de quince días a que se refiere el apartado segundo 
del presente artículo, el promotor podrá realizar el acto, ejecutar la operación o 
desarrollar libremente la actividad. e.
5.  Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, dentro de los veinte  w.b
días  hábiles  siguientes  a  la  presentación  de  la  declaración  responsable  o  68ww
comunicación previa el Municipio podrá:
a)  Dictar resolución denegando la posibilidad de realizar la actuación objeto 
de la comunicación formulada, en el caso de concurrir cualquiera de las siguientes 
circunstancias:
1.  Que la actuación cuya ejecución se pretenda esté sujeta al régimen de 
licencias  o  autorizaciones  especiales,  de  conformidad  con  la  normativa  de 
ordenación territorial y urbanística o sectorial que le resulte de aplicación, en cuyo 
caso, se indicará a la persona interesada la necesidad de solicitar la licencia o 
autorización de que se trate en los términos previstos en dichas normas.
2.  Que la actuación pretendida resulte contraria a la ordenación territorial y 
urbanística.
b)  Ordenar, justificadamente, la suspensión cautelar de la ejecución del acto 
en cuestión.
El transcurso del plazo indicado en los supuestos anteriores sin que se dicte 
por el Municipio la resolución a la que se refiere este número no supondrá en 
ningún caso la convalidación de la actuación de que se trate ni, en su caso, la 
renuncia por parte de aquél a la posibilidad de ejercitar frente a ella la reacción 
que en Derecho proceda.
6.  El Municipio dará traslado a las Administraciones competentes de las 
comunicaciones cuyo objeto les afecte.»
Cuarenta y ocho.  Se modifica el artículo 159 del texto refundido de la Ley de 
Ordenación  del  Territorio  y  de  la  Actividad  Urbanística  que  queda  con  la  siguiente 
redacción:
«Artículo  159.  Los  efectos  del  incumplimiento  del  régimen  de  declaración 
responsable o de comunicación previa.
1.  Conforme a la legislación básica en materia de suelo, en ningún caso se 
entenderán  adquiridas  por  declaración  responsable  o  comunicación  previa 
facultades en contra de la legislación o el planeamiento urbanístico de aplicación. 
Las actuaciones sujetas a declaración responsable que se realicen sin haberse 
presentado la misma, cuando sea preceptiva, o que excedan de las declaradas, se 
considerarán como actuaciones sin licencia a todos los efectos, aplicándoseles el 
mismo régimen de protección de la legalidad y sancionador que a las obras y usos 
clandestinos.
2.  De conformidad con lo previsto en la legislación básica de Procedimiento 
Administrativo Común, por resolución de la Administración Pública competente se 
declarará la imposibilidad de continuar la actuación solicitada, o el cese de la 
ocupación o utilización en su caso, sin perjuicio de las responsabilidades penales, 
civiles o administrativas a que hubiere lugar, desde el momento en que se tenga 
constancia de alguna de las siguientes circunstancias:
a)  La inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial en cualquier dato, 
manifestación  o  documento  que  se  acompañe  o  incorpore  a  la  declaración 
responsable.
b)  La no presentación ante la Administración competente de la declaración 
responsable  de  la  documentación  requerida,  en  su  caso,  para  acreditar  el  es
cumplimento de lo declarado. o
peausctteeodcd  )ca)o  an s uLEoosalc,o   aisi nnsie ocilnoaub n msAeaeplrd rslvmpiemal ainniaezci sonitat etro dard cecedei  óerlsoon ess lion  srsdo e em qar ueedbiqsosuueipetisotnsa,sia t  os liamfsees rp  ánmpu eoerecresde stliosadpas aoo rsnpimo sonsairse  blipcaóleae nn rs aodad reremei a llat soaut silpves aaospr   eaampr pjreeuelildic vccaiiidseobatssolese .,. q  dEdueeenl     OE-A-2021-6468able en https://www.
conformidad con la legislación básica en materia de suelo.»
Cuarenta y nueve.  Se introduce un nuevo apartado 4 al artículo 161 del texto 
refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, con la 
siguiente redacción:
«4.  En  municipios  con  menos  de  10.000  habitantes  de  derecho  y  que 
carezcan  de  servicios  técnicos  adecuados  a  tal  fin,  el  informe  técnico  de  la 
licencia,  declaración  responsable  o  comunicación  previa  podrá  ser  evacuado, 
previa solicitud, por medio de certificado de idoneidad emitido por los Colegios 
profesionales  u  otras  entidades  cualificadas  en  los  términos  en  que 
reglamentariamente se determine.
El certificado de idoneidad se someterá a supervisión mediante informe de la 
Administración que tenga la competencia de prestación de asistencia técnica a los 
municipios conforme a la normativa de régimen local.
El informe referido en el párrafo anterior se emitirá en el plazo de un mes, 
entendiéndose favorable y pudiendo continuarse el procedimiento correspondiente 
en caso de no ser emitido en dicho plazo.»
Cincuenta.  Se modifica el artículo 172 del texto refundido de la Ley de Ordenación 
del Territorio y de la Actividad Urbanística, que queda con la siguiente redacción:
«Artículo 172.  El régimen de autorización provisional de actividades.
1.  Cuando no estén prohibidos por el planeamiento territorial o urbanístico y 
no dificultaren la ejecución de este, podrán autorizarse en el suelo rústico, en el 
urbanizable  y  en  el  urbano  no  consolidado  sujeto  a  actuación  urbanizadora, 
mediante licencia urbanística y previo informe favorable de la Comisión Regional o 
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, usos u obras justificadas de 
carácter provisional y desmontables.
2.  Los usos provisionales autorizados deben cesar y las obras provisionales 
autorizadas deben desmontarse o derribarse cuando lo acuerde la administración 
actuante,  o  cuando  haya  transcurrido  el  plazo  de  vigencia  establecido  en  la 
correspondiente licencia urbanística, sin que en ningún caso los afectados tengan 
derecho a percibir indemnización.
3.  Las actuaciones temporales de carácter periódico, tales como ferias o 
alojamientos para personal temporero, entre otros, podrán autorizarse, a petición 
de su promotor, en un único acto por un periodo máximo de cuatro años, pudiendo 
renovarse por igual plazo mediante nueva solicitud una vez transcurrido el mismo.
4.  Los terrenos de dominio público de las Administraciones públicas pueden 
ser ocupados temporalmente por razón de la ejecución de obras o la prestación de 
servicios  públicos.  También  pueden  ser  utilizados  de  manera  temporal  y 
esporádica para instalar mercados ambulantes o para desarrollar actividades de 
ocio, deportivas, recreativas, culturales, aparcamientos públicos y similares. La 
autorización de dichos usos por la administración titular del dominio público no 
supone el incumplimiento de la obligación de destinar los terrenos a las finalidades 
determinadas por el planeamiento urbanístico.
5.  La  eficacia  de  las  licencias  provisionales  quedará  supeditada  a  la 
aceptación  expresa  y  previa  de  las  condiciones  de  estas  por  parte  de  sus 
destinatarios,  así  como  a  su  constancia  en  el  Registro  de  la  Propiedad  de 
conformidad con su normativa propia.» s
Cincuenta y uno.  Se modifica el apartado 3 del artículo 178 del texto refundido de la  w.b
Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, que queda con la siguiente  68ww
redacción:
pres«e3n.t acLióan A ddem lain issotrlaiccitiuódn  dMeu lneigcaipliazla, cdióenn,t rroe sdoelv elorás  stroebsr em eel sceasr áscitgeur ielengtaelsiz aab llae 
o no de la actuación.
En  el  caso  de  proceder  la  legalización  de  la  actuación  se  seguirán  los 
procedimientos y plazos previstos en la presente ley para la realización de los 
actos  de  control  que  en  cada  caso  sean  aplicables.  Cuando  a  juicio  de  la 
Administración Municipal no procediera la legalización, se ordenará la demolición 
del edificio sin más trámite.
Podrá otorgarse un acto de legalización parcial o sujeto a condición, en el 
plazo de un mes, con las condiciones y requisitos previstos para las licencias 
parciales o sujetas a condición reguladas en el artículo 168, previa verificación de 
los instrumentos de ordenación, proyectos técnicos y demás documentos a que se 
refiere el número 2 de este artículo.
Deberá comunicarse al denunciante, la incoación del expediente así como el 
acto de resolución del mismo.
De la resolución que dé inicio al expediente se tomará razón en el Registro de 
la propiedad mediante anotación preventiva. Dicha anotación se cancelará con el 
traslado de la resolución que ponga fin al expediente, la cual se hará constar junto 
con su contenido mediante nota al margen de la inscripción de dominio de la finca 
en cuestión.»
Cincuenta y dos.  Se modifica el artículo 182 del texto refundido de la Ley de 
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, que queda con la siguiente 
redacción:
«Artículo 182.  Las operaciones de restauración de la ordenación territorial y 
urbanística.
1.  Las operaciones de restauración o recuperación de la ordenación territorial 
y urbanística derivadas de operaciones o actuaciones clandestinas o ilegales 
serán determinadas en la resolución del expediente de legalización tramitado de 
conformidad con lo previsto en el artículo 178 de esta ley, o en la orden de 
ejecución que se adopte al efecto. En la resolución del expediente se señalarán 
los plazos para la realización de las operaciones de restauración o recuperación.
El plazo máximo para emitir la resolución a que se refiere el presente artículo 
será de un año, transcurrido el cual sin haberse producido resolución expresa se 
producirá la caducidad del expediente.
2.  En la determinación de tales operaciones deberán tenerse en cuenta los 
principios y valores consagrados en la presente ley.
3.  Las operaciones de restauración o recuperación del orden territorial y 
urbanístico derivadas de actuaciones clandestinas o ilegales correrán de cuenta 
de los propietarios de los terrenos, inmuebles o actividades, responsables de los 
mismos. La Administración podrá ordenar la ejecución de tales obras con los 
efectos previstos en el artículo 176 para las órdenes de ejecución.
4.  El plazo para el ejercicio de la acción de restauración de la legalidad 
urbanística será, con carácter general, de cinco años desde la total terminación de 
las obras o usos del inmueble realizados sin título urbanístico habilitante o en 
contra de este, salvo en el caso de obras de nueva planta realizados en suelo 
rústico en que dicho plazo será de ocho años desde la total terminación de las 
obras o desde que cesen los usos del inmueble de que se trate.
El  no  ejercicio  de  la  acción  en  dicho  plazo  conllevará  el  que  dichas 
edificaciones  queden  sujetas  al  régimen  de  fuera  de  ordenación  y  cualquier  e
operación que implique aumento de volumen o consolidación requerirá la previa  bo
aprobación de un proyecto de legalización. En dicho proyecto, se contemplarán el  68ww
caaoncntáujluoangctiaóosn .d  Leea nm  Aeldodmsid isanesisr tnvriaecccioieóssn a upriroabdsa rnpáía sartpaicr oolasb ,ar erd ddouitccahccoiióósnn p  ordo eey leimecstionpsaa ccdiióeon so  fdpiceúilob i.lmicpoasc tuo  odter alas   OE-A-2021-64able en https://
5.  Los  plazos  a  que  se  refiere  el  apartado  anterior  no  rigen  para  las 
parcelaciones que se realicen en suelo rústico protegido ni para los actos de 
construcción, edificación o uso del suelo:
a)  Ejecutados  sin  licencia,  autorización  previa  o  calificación  territorial  o 
contraviniendo  las  determinaciones  de  ellas,  cuando  sean  preceptivas,  sobre 
terrenos calificados en el planeamiento como sistemas generales o clasificados 
como  suelo  rústico  de  especial  protección  por  la  ordenación  territorial  y 
urbanística.
b)  Ejecutados en dominio público o en las zonas de servidumbre del mismo.
c)  Que afecten a bienes catalogados o declarados de interés cultural en los 
términos de la legislación sobre el patrimonio histórico, cultural y artístico.»
Cincuenta y tres.  Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 196 del texto 
refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, que 
quedan con la siguiente redacción:
«1.  Sin perjuicio de lo previsto en el número 6 del artículo 185, los Municipios 
serán competentes para instruir y resolver los procedimientos sancionadores, en 
los que la sanción propuesta sea de multa por importe máximo de hasta 60.000 
euros  en  los  Municipios  de  menos  de  10.000  habitantes  de  derecho  y 
hasta 300.000 euros en los restantes.
2.  Sin perjuicio de lo previsto en el apartado 6 del artículo 185, la Comunidad 
Autónoma será competente para:
a)  La resolución de los procedimientos sancionadores que tengan por objeto 
infracciones en las que la sanción propuesta sea multa de importe superior a los 
previstos  en  el  número  anterior.  La  instrucción  de  estos  procedimientos 
corresponderá al Municipio en cuestión.
b)  La  instrucción  y  la  resolución  de  los  procedimientos  sancionadores 
referidos a cualesquiera otras infracciones, siempre que, habiéndose requerido al 
Municipio correspondiente, este no resuelva y notifique al órgano autonómico 
requirente la incoación del pertinente procedimiento en el plazo de dos meses a 
contar desde la recepción de dicho requerimiento.»
Cincuenta y cuatro.  Se modifica el apartado 1 del artículo 197 del texto refundido de 
la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, que queda con la 
siguiente redacción:
«1.  La duración máxima del procedimiento sancionador será de un año a 
contar desde la fecha de su iniciación, realizándose la incoación y tramitación del 
expediente correspondiente por los órganos reglamentariamente previstos.
Se  tramitarán  simultáneamente  los  expedientes  de  legalización,  de 
restauración y de recuperación y el sancionador.»
Cincuenta  y  cinco.  Se  añade  una  nueva  disposición  adicional  sexta  al  texto 
refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, con la 
siguiente redacción:
«Disposición adicional sexta.  Descalificación de suelos con reserva de vivienda  s
sujeta a algún tipo de protección pública. e.
Podrán  ser  objeto  de  descalificación  como  suelo  para  la  construcción  de  68ww
vlaivsi epnadrcae plaros tedgei dsau,e alo sp eutircbiaónni zdaed sous  perno plaiest aqruioe  ahnatbei éenl dmousen icsiopbior ecpoarsreasdpoo nedl ipelnatzeo, 
lpeagraal  pvaivriae neddaifsic asru njeota sse  ah ayaalg úmna tetirpiaol izdaed o veivnie fnodram ap droet eegdidifaic apcrióenv islata  reesne rveal 
artículo 24.3 de esta ley.
La solicitud de descalificación del suelo se someterá a informe de la consejería 
competente en materia de vivienda quien, previa acreditación de ausencia de 
demandantes de vivienda en dicho municipio, inscritos en el registro administrativo 
correspondiente, podrá autorizar la misma.
Es  condición  para  dicha  descalificación,  el  que  el  promotor  ingrese,  con 
destino en el patrimonio público de suelo del municipio, el mayor valor del solar 
descalificado  respecto  al  que  le  correspondería  de  mantener  el  régimen  de 
viviendas sujetas a algún tipo de protección pública, tasado por el municipio del 
mismo  modo  que  en  los  procesos  de  monetización  de  aprovechamiento.  El 
propietario deberá comprometerse a solicitar licencia urbanística de obras en el 
plazo máximo de doce meses desde que, en su caso, se estime su solicitud.
La descalificación deberá hacerse constar en el Registro de la Propiedad 
correspondiente, así como en el Catastro y demás registros públicos.
El incumplimiento de solicitar licencia urbanística, así como el de edificar en el 
plazo establecido en esta, comportará infracción urbanística grave en los términos 
establecidos en la letra d) del artículo 183.2 de esta ley.»
Cincuenta  y  seis.  Se  añade  una  nueva  disposición  adicional  séptima  al  texto 
refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, con la 
siguiente redacción:
«Disposición adicional séptima.  Viviendas en núcleos rurales tradicionales no 
irregulares.
1.  Previa obtención de calificación urbanística, podrán concederse licencias 
para  viviendas  en  suelo  rústico  incluido  en  los  ámbitos  de  núcleos  rurales 
tradicionales no irregulares definidos en el apartado 17 de la disposición preliminar 
de  esta  ley,  así  delimitados  y  ordenados  bien  por  el  planeamiento  general 
municipal, bien por planes especiales, en las condiciones que se determinen por 
estos. En cualquier caso, el planeamiento habrá de preservar la idiosincrasia y los 
caracteres típicos originarios de dicho núcleo, incluyendo ordenanzas específicas 
de la edificación que regulen sus aspectos constructivos, estéticos y paisajísticos 
con prohibición de cualquier uso no acorde con su carácter rural.
2.  Las nuevas viviendas en estos núcleos no podrán superar el número de 
las  previamente  existentes,  entendiéndose  por  estas  las  que,  tomando  como 
referencia los datos del catastro y de otros registros públicos, recoja y ordene el 
planeamiento  tanto  a  efectos  de  su  conservación  como,  en  su  caso,  de  su 
rehabilitación. Las parcelas vinculadas a las edificaciones del núcleo, una vez 
configuradas  como  tales,  no  podrán  ser  objeto  de  ningún  acto  adicional  de 
parcelación o segregación, debiendo constar en la inscripción que se practique la 
vinculación de superficie total de la parcela a la construcción, expresando las 
concretas limitaciones a su divisibilidad y edificabilidad impuestas tanto por la 
calificación como por la correspondiente licencia urbanística.
3.  No  podrán  autorizarse  nuevas  viviendas  en  parcelas  donde  existan 
edificaciones con uso residencial. No obstante, una edificación con uso residencial 
podrá englobar dos unidades de vivienda por parcela cuando entre sus titulares 
exista una relación de parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad o 
afinidad.
4.  Tanto  las  obras  correspondientes  a  elementos  complementarios,  tales  e
como desmontes, taludes y vallados, como las propias de dotaciones de servicios  bo
y el acceso a las viviendas deben ser resueltas por los propietarios de forma  68ww
edaxeuilts óstneuonemtleoas r ,ú sesti nici ona dlytie vrriedasurp aleolitzsaa nvddaaol o lraae ss  pnqaourrtemir  ahsda end  eml apo rtoiavtecaocdcmoi óelnati  ddpaer o dtaeic chclaoiós sn u ieonl forpa.reessterurvcatucrióans   OE-A-2021-64able en https://
5.  En estas nuevas viviendas, a pesar de ubicarse en suelo rústico, no será 
exigible acreditar la inexistencia de riesgo de formación de núcleo de población ni 
siendo exigible superficie mínima aplicable a los usos en suelo rústico.»
Cincuenta y siete.  Se añade una disposición adicional octava al texto refundido de 
la  Ley  de  Ordenación  del  Territorio  y  de  la  Actividad  Urbanística,  con  la  siguiente 
redacción:
«Disposición  adicional  octava.  Regularización  de  los  polígonos  ganaderos 
existentes.
1.  Los polígonos ganaderos existentes a la entrada en vigor de la presente 
ley, promovidos dentro de las obras reguladas en el Decreto 118/1973, de 12 de 
enero, por el que se aprueba el texto de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario y 
demás normativa complementaria, y también aquellos otros de titularidad pública, 
podrán ordenarse urbanísticamente mediante el planeamiento general o un plan 
especial que, a fin de su regularización, deberá cumplir los siguientes requisitos 
mínimos:
a)  Su delimitación se realizará en atención a los planes de construcción, 
demás proyectos y documentos técnicos en su día formulados y a la realidad 
actualmente existente.
b)  Podrá mantenerse la original clasificación de suelo rústico de los terrenos 
que conforman el ámbito del polígono.
c)  Se mantendrá como uso principal el ganadero sin perjuicio de posibilitar 
otros  usos  compatibles  con  el  mismo  y  vinculados  a  su  original  destino 
agropecuario.
d)  Regulará  las  características  de  las  edificaciones  del  ámbito  mediante 
ordenanzas  específicas  que  regulen  sus  aspectos  constructivos,  estéticos  y 
paisajísticos con prohibición de cualquier uso no acorde con los establecidos en la 
letra anterior y, en cualquier caso, con su carácter rural.
e)  Se dotará de un sistema de abastecimiento de agua y de electricidad que 
posibilite las dotaciones mínimas exigibles en función del uso al que se destina, 
debiendo  ajustarse  las  instalaciones  que  conforman  estos  sistemas  a  lo 
establecido en la normativa de aplicación.
Cuando el sistema de abastecimiento de agua sea autosuficiente, realizado 
mediante pozos, aljibes, balsas u otros medios autorizados, estos deberán reunir 
las condiciones exigidas por la normativa de aplicación.
f)  Dispondrá  de  un  sistema  de  evacuación  de  aguas  residuales  que  se 
encuentre  en  buen  estado  de  funcionamiento,  así  como  con  un  sistema  de 
depuración  que  cuente  con  las  garantías  técnicas  necesarias  para  evitar  la 
contaminación del terreno y de las aguas subterráneas o superficiales.
Cuando  el  sistema  de  saneamiento  sea  autosuficiente,  deberá  estar 
homologado y contar con los correspondientes contratos de mantenimiento.
g)  Establecerá el régimen de parcelación en su ámbito, siendo la parcela 
mínima la existente en el momento de la aprobación del plan especial en los casos 
de parcelas que cuenten ya con edificación.
2.  Las  edificaciones  existentes  en  el  ámbito  del  polígono  deberán 
regularizarse de conformidad con las determinaciones del plan especial en el  e.
plazo máximo de dos años desde la entrada en vigor de este, pasando, en otro  w.b
caso, a la situación de fuera de ordenación total.» 68ww
Cincuenta  y  ocho.  Se  añade  una  nueva  disposición  adicional  novena  al  texto 
refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, con la 
siguiente redacción:
«Disposición  adicional  novena.  Contenido  de  la  memoria  de  viabilidad 
económica.
La memoria de viabilidad económica tendrá el siguiente contenido:
a)  Mediante la aplicación del método residual estático realizará un análisis 
comparado entre los valores de repercusión de suelo en situación de origen y en 
la propuesta final, justificado en un estudio de mercado actualizado y acreditado 
por una sociedad de tasación homologada o por un perito tasador especializado 
de reconocido prestigio en valoraciones urbanísticas.
b)  En el caso de actuaciones de rehabilitación, renovación o regeneración 
urbana, el análisis comparado se basará en los parámetros urbanísticos vigentes y 
en  los  eventuales  incrementos  a  atribuir  con  la  finalidad  de  garantizar  la 
rentabilidad de la actuación, considerando el importe total de la inversión a realizar 
así como el importe de las ayudas públicas directas e indirectas que la actuación 
pudiera recibir y las eventuales indemnizaciones que hubiera que asumir, teniendo 
en cuenta el límite del deber legal de conservación.
c)  El análisis referido en la letra anterior hará constar, en su caso, la posible 
participación  de  empresas  en  la  rehabilitación  o  prestadoras  de  servicios 
energéticos, de abastecimiento de agua o telecomunicaciones, cuando asuman el 
compromiso de integrarse en la gestión mediante la financiación de parte de la 
misma, o de la red de infraestructuras que les competa, así como la financiación 
de la operación por medio de ahorros amortizables en el tiempo.»
Cincuenta y nueve.  Se añade una disposición adicional décima al texto refundido 
de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, con la siguiente 
redacción:
«Disposición adicional décima.  Complejos inmobiliarios urbanísticos.
1.  Además  de  los  complejos  inmobiliarios  privados  regulados  en  la 
legislación  estatal,  una  o  varias  fincas  podrán  constituirse  en  complejos 
inmobiliarios  urbanísticos  cuando  superficies  superpuestas  en  la  rasante,  el 
subsuelo o el vuelo se destinen a la edificación o uso privado y al dominio público, 
en el que aquellas y esta tendrán el carácter de fincas especiales de atribución 
privativa,  con  las  limitaciones  y  servidumbres  que  puedan  proceder  para  la 
protección de dicho dominio público. Tales fincas podrán estar constituidas, tanto 
por edificaciones, como por suelos no edificados, integrantes o no del dominio 
público, previa la desafectación si procediera.
2.  La constitución de un complejo inmobiliario urbanístico, que podrá tener 
lugar a través del proyecto de reparcelación en su caso, deberá cumplir los 
requisitos mínimos siguientes:
a)  Que se trate de usos compatibles socialmente, debiendo los usos privados 
respetar el interés general que representan los usos de dominio público.
b)  Que se trate de usos compatibles funcionalmente, cumpliéndose que las  e
instalaciones  técnicas  y  estructurales  de  ambos  usos  coexistan  de  manera  bo
correcta. 68ww
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estándares  correspondientes  al  suelo  dotacional  y  al  porcentaje  público  de
plusvalías  en  función  del  aprovechamiento  derivado  del  uso  lucrativo  privado 
atribuido.
d)  Cuando  sea  imposible  la  cesión  en  terrenos  en  el  propio  ámbito  del 
complejo, se podrán sustituir estas por la entrega de una superficie edificada 
integrada en el seno del mismo de valor equivalente al valor legal del suelo 
sustituido o del aprovechamiento adicional atribuido. Excepcionalmente, en el caso 
de que tampoco fuera posible materializar el deber de cesión en los términos 
referidos en el párrafo anterior, este podrá sustituirse motivadamente, y previo 
informe  favorable  de  la  Comisión  Regional  de  Ordenación  del  Territorio  y 
Urbanismo,  por  la  entrega  de  su  equivalente  económico  en  los  términos  del 
apartado 1.3 del artículo 69.1 de esta ley.»
Sesenta.  Se modifica el apartado primero de la disposición final tercera del texto 
refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, que queda 
con la siguiente redacción:
«Disposición final tercera.  Habilitación reglamentaria.
1.  Se habilita al Consejo de Gobierno, para reglamentariamente, cuando los 
cambios que pudieran producirse en la sociedad de la Comunidad Autónoma, 
exijan la adaptación a las nuevas realidades de la previsión contenida en esta ley, 
modificar:
a)  El  número  de  habitantes  con  arreglo  al  cual  se  calcula  la  densidad 
poblacional.
b)  El número de habitantes y porcentajes que sirven para determinar la 
reserva de suelo destinado a viviendas sujetas a algún tipo de protección pública.»
Artículo dos.  Modificación de la Ley 5/2020, de 24 de julio, de Medidas Urgentes para 
la Declaración de Proyectos Prioritarios en Castilla-La Mancha.
Se modifica el artículo 17 de la Ley 5/2020, de 24 de julio, de Medidas Urgentes para 
la  Declaración  de  Proyectos  Prioritarios  en  Castilla-La  Mancha,  que  queda  con  la 
siguiente redacción:
«Artículo 17.  Implantación en suelo rústico.
1.  Cuando el proyecto prevea su implantación en suelo rústico, la declaración 
como  prioritario  del  mismo  implica  la  obtención  de  la  calificación  urbanística 
prevista en la normativa de ordenación territorial y urbanística, así como, en su 
caso, la autorización para excepcionar los parámetros de ocupación máxima y 
parcela mínima previstos en la Instrucción Técnica de Planeamiento.
A la actuación propuesta se le aplicará el resto del régimen del suelo rústico a 
todos los efectos incluido el devengo del canon que, en su caso, proceda por la 
obtención de la calificación urbanística.
2.  Cuando el proyecto se articule mediante una actuación urbanizadora que 
pretenda  la  reclasificación  de  suelo  rústico,  su  declaración  como  prioritario 
conllevará la aprobación de la consulta previa prevista en el artículo 54.2 del Texto 
refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y la Actividad Urbanística.»
Disposición transitoria primera.  Régimen transitorio. bo
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presente ley.
Disposición transitoria segunda.  Participación en las plusvalías generadas por la acción 
urbanística.
El régimen de participación en las plusvalías generadas por la acción urbanística en 
la  presente  ley  será  de  aplicación  a  aquellas  actuaciones  urbanizadoras  cuyos 
programas, a su entrada en vigor, aún no hayan sido aprobados y adjudicados.
Disposición  transitoria  tercera.  Modificaciones  de  Programas  de  Actuación 
Urbanizadora.
El  régimen  de  modificaciones  de  programas  de  actuación  urbanizadora  será 
aplicable a todos aquellos que, a su entrada en vigor, estén inscritos en el registro 
administrativo de programas de actuación urbanizadora y hayan sobrepasado un tercio 
de su plazo de ejecución.
Disposición transitoria cuarta.  Reserva de suelo destinado a viviendas sujetas a algún 
tipo de protección pública.
El régimen de los suelos con reserva para vivienda sujeta a algún tipo de protección 
pública establecido en la presente ley será de aplicación a aquellos ámbitos de actuación 
urbanizadora respecto de los cuales, a su entrada en vigor, no se haya abierto período 
para la formulación de alternativas técnicas.
Disposición transitoria quinta.  Actuaciones en suelo rústico.
Las determinaciones relativas al régimen del suelo rústico contenidas en la presente 
ley serán de aplicación a aquellas actuaciones que, a su entrada en vigor, no hayan sido 
sometidas a información pública.
Disposición transitoria sexta.  Régimen del suelo de núcleos tradicionales rurales no 
irregulares.
A  los  núcleos  tradicionales  rurales  no  irregulares  se  les  aplicará  el  régimen 
urbanístico  del  suelo  rústico  hasta  la  entrada  en  vigor  de  los  instrumentos  de 
planeamiento que los regulen conforme a las determinaciones de la presente ley.
Disposición derogatoria única.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo 
dispuesto en la presente ley.
Disposición final primera.  Otorgamiento de delegación legislativa.
Se autoriza al Consejo de Gobierno para elaborar y aprobar un texto único del texto 
refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, que 
incorpore  las  modificaciones  introducidas  en  él  por  esta  ley.  La  autorización  de 
refundición, que comprende también la regularización, aclaración y armonización de las 
disposiciones legales objeto de la misma, deberá ejercerse en el plazo de un año a 
contar desde la entrada en vigor de esta ley.
Disposición final segunda.  Desarrollo reglamentario. e.e
Se autoriza al Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La  68ww
dMea nlac hpare pseanrate d liecyta.r las disposiciones que sean necesarias para el desarrollo y ejecución
Disposición final tercera.  Entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el «Diario 
Oficial de Castilla-La Mancha».
Toledo, 12 de febrero de 2021.–El Presidente, Emiliano García-Page Sánchez.
(Publicada en el «Diario Oficial de Castilla-La Mancha» número 38, de 25 de febrero de 2021)