BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 184 Sábado 4 de julio de 2020 Sec. III.   Pág. 47658
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA,
RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
7299 Resolución de 2 de julio de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica el 
Convenio  entre  la  Universidad  Nacional  de  Educación  a  Distancia  y  el 
Ministerio de Justicia, para el diseño e implantación de las pruebas de acceso 
a la abogacía y a la procura online.
El  Ministro  de  Justicia  y  el  Rector  de  la  Universidad  Nacional  de  Educación  a 
Distancia han suscrito un Convenio para el diseño e implantación de las pruebas de 
acceso a la abogacía y a la procura online.
Para general conocimiento, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 48.8 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, dispongo la 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del referido Convenio como anexo a la 
presente Resolución.
Madrid, 2 de julio de 2020.–El Subsecretario de la Presidencia, Relaciones con las 
Cortes y Memoria Democrática, Antonio J. Hidalgo López.
ANEXO
Convenio entre la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y el 
Ministerio de Justicia para el diseño e implantación de las pruebas de acceso a la 
abogacía y a la procura online
En Madrid, a 30 de junio de 2020.
REUNIDOS
De una parte, don Juan Carlos Campo Moreno, nombrado por Real Decreto 8/2020, 
de  12  de  enero  (BOE  del  13),  y  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  el  Real 
Decreto 453/2020, de 10 de marzo, por el que se regula estructura orgánica básica del 
Ministerio  de  Justicia,  actuando  en  representación  del  mismo  y  en  base  a  las 
competencias  que  le  corresponden  en  virtud  de  los  artículos  48.2  y  61.k)  de  la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Y, de otra, don Ricardo Mairal Usón, Rector de la Universidad Nacional de Educación 
a Distancia, en adelante «UNED», que interviene en nombre y representación de dicha 
Universidad en su calidad de máxima autoridad académica y representante legal de la 
misma, en virtud de lo establecido en el artículo 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre,  de  Universidades;  el  artículo  99  de  sus  Estatutos,  aprobados  por  Real 
Decreto 1239/2011, de 8 de septiembre (BOE del 22), y el Real Decreto 1438/2018, de 7 
de diciembre (BOE del 8), relativo a su nombramiento.
Ambas  partes  comparecientes,  en  la  calidad  en  que  cada  una  interviene,  se 
reconocen mutua y recíprocamente legitimidad y capacidad suficiente para otorgar el  s
presente Convenio, y a tal efecto, oe.
1.  Que de conformidad con lo dispEuXePstOoN eEnN la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre
aerl tíacuccloe s1o8  dae  lsaus  Rpergolfaemsioennetos,  adper oAbabdoog apdoor  eyl  RPeraolc uDreacdroert o d7e7 5lo/2s0 1T1r,i bduen a3l edse  jyu neion,  eesl   BOE-A-cable e
competencia  de  los  Ministerios  de  Justicia  y  de  Educación  convocar  la  prueba  de 
evaluación de aptitud para el ejercicio de la profesión de la Abogacía y a la Procura.
2.  Sin  perjuicio  de  lo  anterior,  y  a  tenor  de  lo  establecido  en  el  Real 
Decreto 595/2018, de 22 de junio, por el que se establece la estructura orgánica básica 
de los departamentos ministeriales, la competencia en materia universitaria competía al 
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, a través de la Secretaría General de 
Universidades.
3.  Y a tenor de lo establecido en el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el 
que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales y en el 
Real Decreto 431/2020, de 3 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica 
básica del Ministerio de Universidades, en la actualidad, la competencia en materia 
universitaria se atribuye al Ministerio de Universidades, a través de la Secretaría General 
de Universidades.
4.  Que a propuesta conjunta de los Ministerios de Justicia y Ciencia, Innovación y 
Universidades, se dictó por la Ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e 
Igualdad, la Orden PCI/1261/2019, de 26 de diciembre, por la que se convocaba la 
prueba  de  evaluación  de  aptitud  profesional  para  el  ejercicio  de  la  profesión  de 
Abogado/a para el año 2020 (BOE de 28 de diciembre de 2019).
5.  Que con fecha 28 de febrero de 2020 se publicó en la página web del Ministerio 
de Justicia la Resolución de la Dirección General para el Servicio Público de Justicia 
convocando a los aspirantes para realizar la prueba de aptitud para la profesión de la 
Abogacía, el sábado 28 de marzo de 2020, a las 9:30 horas, en las diferentes sedes.
6.  Que con fecha 10 de marzo de 2020 se dictó Resolución por la Dirección 
General para el Servicio Público de Justicia, acordando el aplazamiento de la realización 
de la prueba de acceso a la Abogacía, atendiendo a la incidencia que estaba teniendo en 
la población el contagio del coronavirus y el número de solicitantes que se desplazarían 
a España, provenientes de determinados países en los que la difusión del COVID-19 ha 
obligado a adoptar medidas extraordinarias de contención, con objeto de evitar riesgos 
innecesarios.
7.  Con fecha 14 de marzo se publicó en el «Boletín Oficial del Estado», el Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el estado de alarma para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, que ha sido 
objeto de cinco prórrogas, la última, por Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, hasta 
las 00:00 horas del día 7 de junio de 2020; y, en este sentido, la evolución de la crisis 
sanitaria  que  se  desarrolla  en  el  marco  del  estado  de  alarma,  obliga  a  adaptar  y 
concretar de manera continua las medidas adoptadas, para asegurar la eficiencia en la 
gestión de la crisis.
Las limitaciones que son consecuencia de la declaración del estado de alarma 
determinan la imposibilidad de realizar la prueba de evaluación en los términos en los 
que estaba previsto y en estos momentos no es posible determinar una fecha para su 
celebración de manera presencial por el carácter dinámico y el contexto de elevada 
incertidumbre que caracteriza la evolución de esta crisis sanitaria mundial, lo que obliga 
a extremar la prudencia. En el momento en que la evolución de la crisis sanitaria lo 
permita, se levantará del estado de alarma y atendiendo a lo manifestado por las 
autoridades sanitarias nacionales e internacionales, es previsible que las medidas de 
distanciamiento social hayan de mantenerse incluso con posterioridad a la eliminación de 
las restricciones a la movilidad.
8.  Con fecha 11 de mayo de 2020 se dictó Resolución por la Dirección General  s
para el Servicio Público de Justicia para alzar la suspensión de la celebración de la  oe.
prueba de evaluación de aptitud profesional para el ejercicio de la profesión de la  w.
Abogacía para el año 2020 y se ha convocado para el día 4 de julio de 2020 de manera  99ww
onlin9e. . Para la celebración de la prueba de evaluación de la aptitud profesional para el
enjeecrecisciitoa  udnea  lap laptraoffoersmióan a ddee cluaa dAab opgaarac ísau,  dreea lmizaancieórna.  Yon elisntea,  pelal tMafionrimstear itoa mdbei éJnu sptoicdiraá,   BOE-A-cable e
utilizarse para la segunda prueba de acceso a la Abogacia y la prueba de acceso a la 
Procura previstas para el último cuatrimestre de este año, pues en el contexto de la 
situación de crisis sanitaria y ante la posibilidad de que se produzca un nuevo brote de la 
epidemia en otoño, se considera prudente incluir en este Convenio, la celebración de la 
segunda prueba de acceso a la Abogacia y la prueba de acceso a la Procura para evitar 
nuevos aplazamientos de las convocatorias, pues en años anteriores se han celebrado 
de manera presencial.
10.  La UNED es una universidad pública de ámbito nacional que, fiel a los fines 
para los que fue creada, es pionera en el diseño y puesta a disposición de entidades 
públicas y privadas, de diversos recursos tecnológicos para la enseñanza y evaluación a 
distancia. Las pruebas de acceso a la Abogacía y a la Procura se realizarán a través de 
la Plataforma AVEX que es una aplicación para la realización de exámenes tanto de tipo 
test como de desarrollo o mixtos, sin necesidad de instalación de software, compatible 
con todos los sistemas operativos, accesible desde cualquier navegador web actualizado 
y ejecutable desde todo tipo de dispositivos electrónicos conectados a la red. De este 
convenio  surgirán  sinergias  para  ambas  entidades,  pues  el  Ministerio  de  Justicia 
necesita contar con la infraestructura y los recursos tecnológicos que la UNED pone a su 
disposición para celebrar de manera no presencial las pruebas de acceso a la Abogacía 
y a la Procura que se convocan anualmente y la UNED, diversificará el uso de la 
plataforma e iniciará vías de colaboración con otras entidades integradas en el sector 
público.
11.  Que el Ministerio de Justicia y la UNED han suscrito un Protocolo General de 
Actuación  para  el  establecimiento  de  un  espacio  de  colaboración  entre  ambas 
instituciones en lo que se refiere al desarrollo de proyectos y actividades de enseñanza, 
investigación y extensión universitaria, que redunden en beneficio del cumplimiento de 
sus respectivos fines.
12.  Que  en  la  cláusula  primera  del  mencionado  Protocolo  se  establece  que: 
«Cuando  la  naturaleza  de  las  actividades  de  colaboración  u  otras  circunstancias 
concurrentes así lo requieran, se elaborará el correspondiente convenio entre las partes 
en el que se concretarán, entre otros aspectos, el objeto del convenio, las actuaciones a 
realizar, los mecanismos de seguimiento, así como las obligaciones y compromisos 
asumidos por las partes y cuantos otros aspectos se consideren necesarios para el 
correcto cumplimiento de sus fines».
De conformidad con lo manifestado anteriormente las partes formalizan el presente 
Convenio con sujeción a las siguientes
CLÁUSULAS
Primera.  Objeto.
El objeto del presente convenio es establecer de manera específica las condiciones 
de  la  colaboración  entre  el  Ministerio  de  Justicia  y  la  UNED,  para  el  diseño  e 
implementación de las pruebas de evaluación online de aptitud profesional para el 
ejercicio de la profesión de Abogado/a y Procurador/a en el año 2020, a través de la 
plataforma AVEX de la UNED.
Segunda.  Compromisos.
Con el fin común de colaborar en el diseño y desarrollo de las pruebas citadas en la  o
cláusula anterior, se acuerdan los siguientes compromisos para cada una de las partes: 99www.
– La UNED se compromete a:
eval•u aRceióanli zdaer  aepl tidtuisde ñporo fye scioonoardl ipnaarcaió enl  edjee rclaic ioce dleeb rlaa cpióronf eosniólinn ed ed ea bloagsa dporu/ae beans  sdues 
dos convocatorias y el diseño y coordinación de la celebración online de la prueba de 
acceso a la procura.
•  Poner  a  disposición  del  Ministerio  de  Justicia  la  infraestructura  y  los  medios 
técnicos,  materiales  y  humanos  necesarios  para  el  buen  funcionamiento  de  las 
actividades objeto del convenio.
– El Ministerio de Justicia se compromete a:
• Velar y prestar el apoyo necesario por el adecuado cumplimiento del diseño y 
puesta en práctica del sistema de evaluación realizado por la UNED.
• Poner a disposición de la UNED el contenido de las pruebas a realizar, el idioma 
elegido, la lista definitiva de aspirantes admitidos, la plantilla provisional y definitiva de 
respuestas que han de regir la evaluación online en orden a determinar la correcta 
superación de las materias y competencias necesarias para el acceso a la Abogacía y a 
la Procura.
• Realizar una aportación económica a modo de compensación del coste de las 
actividades objeto del convenio que serán asumidas por la UNED que se cuantifica en un 
máximo de 75.000 € (sin IVA), con arreglo al siguiente desglose:
a)  Para la compensación del coste correspondiente a la realización del diseño 
técnico de las pruebas de evaluación de aptitud profesional para el ejercicio de la 
profesión de Abogado/a y Procurador/a, así como la ejecución de todas las tareas 
previas  necesarias  que  permitan  su  posterior  y  efectiva  celebración  online  (30.000 
euros).
b)  Para la compensación del coste correspondiente a la puesta a disposición del 
Ministerio de Justicia de la infraestructura y los medios técnicos, materiales y humanos 
necesarios para la efectiva realización online de la primera prueba de acceso a la 
Abogacía,  así  como  los  trabajos  necesarios  para  su  evaluación  y  presentación  de 
resultados y estadísticas (30.000 euros).
c)  Para la compensación del coste correspondiente a la puesta a disposición del 
Ministerio de Justicia de la infraestructura y los medios técnicos, materiales y humanos 
necesarios para la efectiva realización online de la segunda prueba de acceso a la 
Abogacía,  así  como  los  trabajos  necesarios  para  su  evaluación  y  presentación  de 
resultados y estadísticas (10.000 euros).
d)  Para la compensación del coste correspondiente a la puesta a disposición del 
Ministerio de Justicia de la infraestructura y los medios técnicos, materiales y humanos 
necesarios para la efectiva realización de la prueba de acceso a la Procura, así como los 
trabajos necesarios para su evaluación y presentación de resultados y estadísticas 
(5.000 euros).
Cada una de estas compensaciones se abonará previa justificación por la UNED y 
certificación correspondiente, por parte del órgano correspondiente del Ministerio de 
Justicia, de que se ha realizado la actividad.
Los gastos derivados de la celebración del presente Convenio serán financiados con 
cargo a la rúbrica presupuestaria 13.02.112A.226.07, «Celebración de oposiciones y 
pruebas selectivas».
Tercera.  Comisión de Seguimiento, Vigilancia y Control.
Para  el  adecuado  seguimiento,  coordinación,  control  e  interpretación  de  lo  e.e
establecido en el presente convenio, se crea una Comisión de Seguimiento, Vigilancia y  b
Control  paritaria  integrada  por  dos  miembros  designados  por  cada  una  de  las  99ww
instiLtuac iCoonmesis.ión se regirá, en cuanto a su funcionamiento, periodicidad de las reuniones
yL evyin 4c0u/l2a0c1ió5n,  ddee  1s udse  aoccutuebrdreo,s ,d ep oRr élog imdisepnu Jeusrtíod iecon  dmeal tSeericat odre P óúrbglaicnoo,s y ,c eonle gsiua dcoass oe, np olar 
la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 
Administraciones Públicas.
Cuarta.  Duración.
El presente Convenio surtirá efectos desde su publicación en el Boletín Oficial del 
Estado, una vez inscrito en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de 
Cooperación del sector público estatal, en los términos previstos en el artículo 48.8 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y tendrá una 
vigencia de un año. No obstante, en cualquier momento, antes de la finalización del 
plazo  de  un  año  antes  referido,  cualquiera  de  las  partes  podrá  denunciarlo  previa 
comunicación a la otra parte con un plazo mínimo de treinta días de antelación a la fecha 
en que se pretenda dar por finalizado.
En cualquier momento antes de la finalización del plazo de un año anteriormente 
señalado, las partes podrán acordar unánimemente su prórroga expresa por un periodo 
de hasta cuatro años adicionales de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 49.h).2.º de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Quinta.  Modificación del Convenio.
El presente Convenio podrá ser objeto de modificación por mutuo acuerdo de las 
partes, mediante la formalización de la correspondiente adenda.
Sexta.  Causas de extinción del convenio.
Serán causas de resolución de este Convenio las previstas en la legislación vigente 
y, en particular:
a)  El cumplimiento de las obligaciones que constituyen su objeto.
b)  El transcurso del plazo de vigencia sin haberse acordado prórroga del mismo.
c)  El acuerdo unánime de los firmantes, o por decisión unilateral de una de las 
partes, debiendo, en este caso, motivar las causas y notificar a la otra parte esta decisión 
en un plazo mínimo de treinta días de antelación a la fecha de finalización del convenio.
d)  El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de 
alguno de los firmantes.
En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un 
requerimiento  para  que  cumpla  en  un  determinado  plazo  con  las  obligaciones  o 
compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado a los 
miembros  de  la  comisión  de  seguimiento,  vigilancia  y  control  de  la  ejecución  del 
Convenio.
Si transcurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la 
parte que lo dirigió, notificará a la parte incumplidora y a los miembros de la comisión de 
seguimiento,  vigilancia  y  control  la  concurrencia  de  la  causa  de  resolución  y  se 
entenderá resuelto el convenio.
d)  La decisión judicial declaratoria de la nulidad del Convenio.
En caso de resolución anticipada, las actuaciones previstas en la cláusula segunda 
que  se  encontraran  en  curso  de  ejecución,  deberán  ser  finalizadas  en  el  plazo 
improrrogable que fijen las partes en el momento de la resolución.
Las partes quedan liberadas del cumplimiento de sus recíprocas obligaciones en  e
caso fortuito o de fuerza mayor. Se entenderá, en todo caso, como supuesto de fuerza  bo
mayor,  sucesos  como  incendios,  inundaciones,  guerras,  actos  vandálicos  o  de  99ww
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Séptima.  Naturaleza del convenio y resolución de conflictos.
El presente Convenio tiene naturaleza jurídico-administrativa, quedando sometido al 
régimen jurídico previsto en el capítulo VI del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Las partes firmantes colaborarán en todo momento, de acuerdo con los principios de 
buena fe y eficacia, para asegurar la correcta ejecución de lo pactado.
Las  controversias  sobre  la  interpretación,  ejecución,  modificación,  resolución  y 
efectos  que  pudieran  derivarse  de  la  aplicación  del  presente  Convenio  deberán 
solventarse de mutuo acuerdo de las partes en el seno de la Comisión de Seguimiento, 
Vigilancia y Control constituida. Si dichas controversias no pudieran ser resueltas en 
dicha Comisión, se someterá a la Abogacía General del Estado-Dirección General del 
Servicio Jurídico del Estado en los términos previstos en el artículo 5 de la Ley 52/1997, 
de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica del Estado e Instituciones Públicas.
Octava.  Transparencia.
Con el fin de garantizar el derecho del acceso a la información pública que asiste a 
todas las personas, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 8.1.b) de la Ley 19/2013, 
de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso y Buen Gobierno, el presente Convenio 
será publicado en el Portal de la Transparencia del Gobierno de España.
Novena.  Protección de datos.
Las partes manifiestan que conocen, cumplen y se someten de forma expresa a la 
normativa  vigente  en  materia  de  protección  de  datos  de  carácter  personal, 
comprometiéndose a dar un uso debido a los datos de tal naturaleza que obtengan como 
consecuencia del desarrollo del presente Convenio. A tal fin cumplirán lo previsto en la 
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía 
de  los  derechos  digitales,  así  como  el  Reglamento  (UE)  2016/679  del  Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 
estos datos (Reglamento general de protección de datos) y a las disposiciones que en 
materia de protección de datos se encuentren en vigor a la firma del mismo o que 
puedan estarlo durante su vigencia. Ambas partes consienten que los datos personales 
derivados  del  contenido  del  presente  Convenio  puedan  incorporarse  a  ficheros  de 
titularidad de cada una de ellas con la única finalidad de proceder a la gestión adecuada 
del mismo.
Y de conformidad con cuanto antecede, en ejercicio de las facultades que legalmente 
corresponden a cada uno de los firmantes y obligando a las partes que cada cual 
representan, se suscribe el presente Convenio, por duplicado y a un solo efecto, en el 
lugar y fecha indicados.–El Ministro de Justicia, Juan Carlos Campo Moreno.–El Rector 
de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, Ricardo Mairal Usón.