BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 48 Jueves 25 de febrero de 2021 Sec. III.   Pág. 23128
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
2952 Resolución de 11 de febrero de 2021, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la calificación del 
registrador de la propiedad de Palma de Mallorca n.º 3, por la que se practicó 
la inscripción de un acta de incorporación de referencia catastral.
En el recurso interpuesto por el notario de Palma de Mallorca, don Jesús María 
Morote Mendoza, contra la calificación del registrador de la propiedad de Palma de 
Mallorca número 3, don Jesús Sieira Gil, por la que se practicó la inscripción de un acta 
de incorporación de referencia catastral.
Hechos
I
Mediante acta otorgada el 27 de agosto de 2020 ante el notario de Palma de 
Mallorca, don Jesús María Morote Mendoza, número 673 de protocolo, don S. P. G. 
como titular de la finca 25.957 de Palma de Mallorca manifiesta que la misma se 
corresponde con tres referencias catastrales. Asimismo, se manifiesta que «esta finca 
forma parte de un edificio en régimen de Propiedad Horizontal anterior a la entrada en 
vigor de la Ley 49/1960, rigiéndose por lo dispuesto en el artículo segundo, letra b), de 
dicha Ley».
II
Dicha escritura se presentó en el Registro de la Propiedad de Palma de Mallorca 
número 3 y se practicó la inscripción por el registrador, don Jesús Sieira Gil, el 27 de 
octubre de 2020, con nota de despacho en la que expresa lo siguiente: «Inscrito el 
precedente documento, previa su calificación, al folio 43 del tomo 6.193 del archivo, 
libro 650 de la Sección I de Palma, finca n.º 25.957, causante de la inscripción 3.ª; a 
favor de don S.P.G. su título de nueva descripción sobre la relacionada finca, en los 
términos expresados.
(...)
Respecto a la incorporación de la referencia catastral de la/s finca/s, Certifico que:
– La finca registral n.º 25.957 consta catastrada bajo el/los números consignados en 
la certificación/nes catastral/es descriptiva/s y gráfica/s protocolizada/s en la presente, y 
que la misma es coincidente en los términos exigidos por el artículo 45 del Texto 
Refundido de la Ley del Catastro.
Los asientos practicados quedan bajo la salvaguardia de los Tribunales, con los 
efectos derivados de los principios hipotecarios. (...)
Palma, a veintisiete de octubre del año dos mil veinte.–El Registrador, Fdo. Jesús 
Sieira Gil». e.
III 52ww
Don Jesús María Morote Mendoza, notario de Palma de Mallorca, interpuso recurso
tcuovnot rae nlatr aadnat eerino r ecl acliiftiacdaoci óRne mgiestdrioa netle  mesiscmritoo  ddíea , feecnh ae l 1q2u dee a nleogvaie mlob sreig udiee n2t0e2: 0« Cqoune 
fecha 27 de octubre de 2020, el Registrador comunicó por vía telemática al notario 
autorizante del documento la inscripción del mismo, con el siguiente texto:
"Inscrito el precedente documento, previa su calificación, (...) a favor de Don XXX su 
título de nueva descripción sobre la mencionada finca, en los términos expresados".
Sin  embargo,  algunos  días  después,  cuando  el  propietario  retiró  su  título  del 
Registro, hizo llegar al notario la nota simple registral incorporada al mismo en la que se 
observa que la descripción inscrita no se corresponde con la que contenía el Acta. Ese 
extremo ha sido confirmado por el notario que suscribe mediante obtención de otra nota 
simple  del  Registro  (copia  de  la  cual  se  adjunta  el  presente  recurso)  así  como 
obteniendo confirmación telefónica de que no hay error en la nota y que, efectivamente, 
se habían omitido menciones en la descripción de la finca cuya inscripción se solicitó.
En  consecuencia,  no  cabe  sino  entender  que  el  Registrador  ha  calificado 
negativamente, de forma tácita, la inscripción de dichas menciones, aunque no ha 
motivado su negativa a inscribirlas, ni lo ha comunicado al notario autorizante para que 
este ejerza su derecho a recurrir dicha calificación negativa. Por eso se formula ahora el 
presente recurso contra dicha calificación negativa tácita.
B)  Fundamentos de Derecho.
Primero.
Como es de ver en el documento público notarial llevado a inscribir, había en el 
mismo dos aspectos que interesaba al propietario que constaran en el Registro:
1.º)  Que se sustituyera la referencia catastral de constancia registral por las nuevas 
resultantes de ciertas modificaciones en el Catastro.
2.º)  Que se hiciera constar en la descripción registral de la finca lo siguiente: "Esta 
finca forma parte de un edificio en régimen de Propiedad Horizontal anterior a la entrada 
en vigor de la Ley 49/1960, rigiéndose por lo dispuesto en el artículo segundo, letra b), 
de dicha Ley". Esta mención figuraba en el documento público subrayada, dando así 
noticia de lo importante que esta mención resultaba para el propietario requirente del 
Acta notarial.
El primer aspecto logró acceder finalmente al Registro, aunque no sin que antes el 
Registrador formulara una calificación [sic] negativa al respecto, lo que motivó que el 
notario presentara un recurso gubernativo, a la vista de cuyos argumentos el registrador 
se allanó y procedió a inscribir las nuevas referencias catastrales.
Pero  nada  dijo  nunca  sobre  el  segundo  de  los  mencionados  aspectos  cuya 
constancia registral interesa al propietario.
Segundo.
La expresión registral de que la ''finca forma parte de un edificio en régimen de 
Propiedad Horizontal anterior a la entrada en vigor de la Ley 49/1960, rigiéndose por lo 
dispuesto  en  el  artículo  segundo,  letra  b),  de  dicha  Ley"  es  importante  e  incluso 
obligatoria a la vista del artículo 9 de la Ley Hipotecaria:
«El folio real de cada finca incorporará necesariamente el código registral único de 
aquélla. Los asientos del Registro contendrán la expresión de las circunstancias relativas 
al sujeto, objeto y contenido de los derechos inscribibles según resulten del título y los  e
asientos del registro, previa calificación del Registrador. A tal fin, la inscripción contendrá  bo
las circunstancias siguientes: 52ww
datoas)  reDlaetsivcorisp caió ns due  nlaa tfuinracale zoab,j etlion ddeer oinss, crsipucpieórnfi,c cieo ny s, ut rsaittuáancdioósne f ísdicea  eddeitfaicllaacdioan, eloss, 
expresión del archivo registral del libro del edificio, salvo que por su antigüedad no les
fuera exigible. Igualmente se incluirá la referencia catastral del inmueble o inmuebles que  Bc
la integren y el hecho de estar o no la finca coordinada gráficamente con el Catastro en 
los términos del artículo 10. (...).
c)  La  naturaleza,  extensión  y  condiciones,  suspensivas  o  resolutorias,  si  las 
hubiere, del derecho que se inscriba, y su valor cuando constare en el título.
Es pacífico (porque así lo reconoce el propio titular del derecho, el, registrador y la 
misma Dirección General, mediante Rs. de 2 de junio de 2020) que la finca cuya 
descripción se pretende modificar se halla en el régimen de “propiedad horizontal de 
hecho" y le es de aplicación lo dispuesto en el artículo 2.b) y la Disposición Transitoria 
Primera de la vigente Ley de Propiedad Horizontal.
Y resulta evidente que la aplicación de dicha ley es un dato relevante del contenido y 
naturaleza de los derechos inscritos, por lo que es obligatoria su constancia registral y es 
legítimo el interés del titular de dichos derechos en que así sea. A título de ejemplo, y sin 
entrar  a  considerar  las  diferentes  consecuencias  en  el  ámbito  de  obligaciones 
meramente de carácter personal, al estar la finca en régimen de Propiedad Horizontal 
(aunque sea esta de hecho o impropia, acogida al artículo 2.b y la [sic] Disposición 
Transitoria Primera de la LPH) le será de aplicación a la finca:
– La imposibilidad de dividir las zonas comunes o de enajenarlas o gravarlas de 
forma separada de las zonas privativas.
– La inexistencia del derecho de tanteo y retracto de los comuneros.
– La imposibilidad de ejercitar la acción de división de la cosa común.
Todo ello con clara trascendencia real. Por tanto, la mención a hallarse la finca en 
este  régimen  jurídico  de  propiedad  horizontal,  circunstancia  que  define  con  mayor 
exactitud las circunstancias relativas al objeto y el contenido de los derechos inscribibles, 
así como la naturaleza del derecho inscrito, debe incorporarse a la descripción registral 
de la finca, sin ningún género de duda.
C)  Solicitud.–Y solicita a la Dirección General admita este recurso y disponga, si 
procede, la revocación de la calificación tácita objeto del mismo, ordenando que se 
incorpore al Registro la descripción completa de la finca, tal y como está contenida en el 
documento notarial presentado el mismo».
IV
El registrador de la propiedad de Palma de Mallorca número 3, emitió informe 
ratificando la calificación en todos sus extremos y elevó el expediente a esta Dirección 
General. En dicho informe manifiesta que la circunstancia que pretende hacerse constar 
es una mención relativa a derechos no son objeto de reflejo en los asientos registrales 
conforme determina el artículo 98 de la Ley Hipotecaria; que no es una circunstancia 
relativa a la descripción de la finca; y que, además, en este caso concreto, existe un 
previo pronunciamiento en la Resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública de 24 de julio de 2020.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 1, 18, 19 bis, 40 y 322 y siguientes de la Ley Hipotecaria; la 
Sentencia  del  Tribunal  Supremo  (Sala  Tercera)  de  22  de  mayo  de  2000,  y  las 
Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 2 de octubre  s
de 1998; 22 de marzo de 2001; 25 de octubre de 2007; 14 de abril de 2010; 26 de enero  e.
de 2011; 28 de enero, 28 de febrero y 20 de julio de 2012; 28 de octubre de 2013; 18 de  w.
febrero, 13 de marzo, 28 de julio y 14 de octubre de 2014; 7 y 29 de julio de 2016; 6 de  52ww
Gjuennioe drael  d2e0 1S7e; g1u8r iddaed a Jburirlí ddiec a2 0y1 F8e y P 2ú bdleic ae ndeer o2  ddee  2ju0n1io9  dye l a2 0R2e0s.olución de la Dirección
1.  Para decidir sobre la cuestión planteada en este recurso son relevantes las 
siguientes circunstancias:
Mediante  acta  otorgada  por  el  titular  registral  de  la  finca  25.957  de  Palma  de 
Mallorca, se manifiesta que la misma se corresponde con tres referencias catastrales 
distintas.
Asimismo, se expresa en la descripción de la finca, que «esta finca forma parte de un 
edificio  en  régimen  de  propiedad  horizontal  anterior  a  la  entrada  en  vigor  de  la 
Ley 49/1960, rigiéndose por lo dispuesto en el artículo segundo, letra b), de dicha Ley».
El  registrador  practica  la  inscripción  solicitada,  haciendo  constar  las  referencias 
catastrales, el 27 de octubre de 2020, con la nota de despacho que se transcribe en los 
«Hechos» de la presente resolución. Y, según afirma en su informe, inscribió el título en 
los términos recogidos en éste, sin expresar la existencia de una propiedad horizontal de 
hecho que figura en el título, por tratarse de una mención.
El recurrente alega, en síntesis, lo siguiente:
Que la existencia de una propiedad horizontal de hecho es un dato relativo a la 
naturaleza de la finca, conforme al artículo 9 a) de la Ley Hipotecaria.
Que se refiere a la naturaleza, extensión y condiciones del derecho que se inscriba, 
conforme al artículo 9 c).
Que al estar la finca en régimen de Propiedad Horizontal es un dato relevante del 
contenido y naturaleza de los derechos inscritos, por lo que es obligatoria su constancia 
registral, y que tiene trascendencia real.
Que «esta mención figuraba en el documento público subrayada, dando así noticia 
de lo importante que esta mención resultaba para el propietario requirente del Acta 
notarial».
Que entiende que el Registrador ha calificado negativamente, de forma tácita, la 
inscripción de dichas menciones, sin motivar su negativa a inscribirlas, y sin comunicarlo 
al  notario  autorizante  para  que  este  ejerza  su  derecho  a  recurrir  dicha  calificación 
negativa.
2.  Los tres primeros párrafos del artículo 19 bis de la Ley Hipotecaria disponen lo 
siguiente: «Si la calificación es positiva, el Registrador inscribirá y expresará en la nota 
de  despacho,  al  pie  del  título,  los  datos  identificadores  del  asiento,  así  como  las 
afecciones o derechos cancelados con ocasión de su práctica. Si el estado registral de 
titularidad o cargas fuere discordante con el reflejado en el título, librará nota simple 
informativa»; «La calificación negativa, incluso cuando se trate de inscripción parcial en 
virtud de solicitud del interesado, deberá ser firmada por el Registrador, y en ella habrán 
de constar las causas impeditivas, suspensivas o denegatorias y la motivación jurídica 
de las mismas, ordenada en hechos y fundamentos de derecho, con expresa indicación 
de  los  medios  de  impugnación,  órgano  ante  el  que  debe  recurrirse  y  plazo  para 
interponerlo, sin perjuicio de que el interesado ejercite, en su caso, cualquier otro que 
entienda procedente»; «Si el registrador califica negativamente el título, sea total o 
parcialmente, dentro o fuera del plazo a que se refiere el artículo 18 de la Ley, el 
interesado podrá recurrir ante la Dirección General de los Registros y del Notariado o 
bien instar la aplicación del cuadro de sustituciones previsto en el artículo 275 bis de la 
Ley».
Es indudable que, con base en lo expuesto, solo cabe interponer recurso ante esta 
Dirección General cuando el registrador califica negativamente el título, sea total o  e.
parcialmente. w.
En este mismo sentido el artículo 324 de la Ley Hipotecaria comienza señalando que  52ww
D«liaresc ccaiólinfi cGaceinoenreasl  ndeeg laotsiv aRse gdieslt rroesg iys trdaedlo Nr optoadriraádno r eecnu rlrair sfoer mpoat eys tsaetigvaúmn elonste  traánmteit elas 
dperebveisráto sr eecna elor s eaxrctlíucsuilvoasm seignuteie nsteosb re(…  l)a»s,  acñuaedsiteionndeos  elq uaert ícsuelo  r3e2la6c iqounee n« edl irreecctuar soe   BOE-A-cable e
inmediatamente  con  la  calificación  del  Registrador,  rechazándose  cualquier  otra 
pretensión basada en otros motivos o en documentos no presentados en tiempo y 
forma».
Según la reiterada doctrina de esta Dirección General, basada en el contenido del 
artículo  326  de  la  Ley  Hipotecaria  y  en  la  doctrina  de  nuestro  Tribunal  Supremo, 
Sentencia de 22 de mayo de 2000 (vid., por todas, la Resolución de 18 de abril de 2018), 
el objeto del expediente de recurso contra calificaciones de registradores de la Propiedad 
es exclusivamente la determinación de si la calificación es o no ajustada a Derecho. No 
tiene  en  consecuencia  por  objeto  cualquier  otra  pretensión  de  la  parte  recurrente, 
señaladamente, por lo que atañe al presente caso, la forma en la que se ha practicado 
un asiento.
De acuerdo con lo anterior, es igualmente doctrina reiterada que, una vez practicado 
un asiento, el mismo se encuentra bajo la salvaguardia de los tribunales, produciendo 
todos sus efectos en tanto no se declare su inexactitud, bien por la parte interesada, bien 
por los tribunales de Justicia de acuerdo con los procedimientos legalmente establecidos 
(artículos 1, 38, 40 y 82 de la Ley Hipotecaria).
Por  tanto,  conforme  a  esta  reiterada  doctrina,  el  recurso  contra  la  calificación 
negativa del registrador no es cauce hábil para acordar la cancelación o rectificación de 
asientos ya practicados.
3.  Indudablemente, cabe en el expediente de recurso analizar si la calificación 
registral negativa es sustantiva y formalmente correcta.
En el aspecto formal, cabe recordar que, según la reiterada doctrina de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado (por todas la Resolución de 18 de febrero 
de 2014), cuando la calificación del registrador sea desfavorable es exigible, según los 
principios básicos de todo procedimiento y conforme a la normativa vigente, que al 
consignarse los defectos que, a su juicio, se oponen a la inscripción pretendida, aquélla 
exprese también una motivación suficiente de los mismos, con el desarrollo necesario 
para  que  el  interesado  pueda  conocer  con  claridad  los  defectos  aducidos  y  con 
suficiencia  los  fundamentos  jurídicos  en  los  que  se  basa  dicha  calificación  (cfr. 
artículo 19 bis de la Ley Hipotecaria y Resoluciones de 2 de octubre de 1998, 22 de 
marzo de 2001, 14 de abril de 2010, 26 de enero de 2011 y 20 de julio de 2012, entre 
otras muchas).
Es  indudable  que,  de  este  modo,  serán  efectivas  las  garantías  del  interesado 
recurrente, quien al conocer en el momento inicial los argumentos en que el registrador 
funda jurídicamente su negativa a la inscripción solicitada podrá alegar los fundamentos 
de Derecho en los que apoye su tesis impugnatoria, a la vista ya de los hechos y 
razonamientos aducidos por el registrador que pudieran ser relevantes para la resolución 
del recurso.
También ha mantenido la Dirección General de los Registros y del Notariado (vid. la 
Resolución de 25 de octubre de 2007, cuya doctrina confirman las más recientes de 28 
de febrero y de 20 de julio de 2012) que no basta con la mera cita rutinaria de un 
precepto legal (o de Resoluciones de esta Dirección General), sino que es preciso 
justificar  la  razón  por  la  que  el  precepto  de  que  se  trate  es  de  aplicación  y  la 
interpretación que del mismo ha de efectuarse (y lo mismo debe entenderse respecto de 
las citadas Resoluciones), ya que sólo de ese modo se podrá combatir la calificación 
dictada para el supuesto de que no se considere adecuada la misma.
En los casos en que la nota de calificación es totalmente insuficiente, puede ser 
revocada por este Centro Directivo, lo que no obsta a que se pueda emitir una nueva  e.
nota de calificación con los debidos requisitos formales, sin perjuicio de la eventual  w.b
responsabilidad en que pudiera incurrirse por contradecir la exigencia legal de que la  52ww
pcaolri fticoadcaisó nla s Reeas golloubcaiól,n u dneit a7r idae y j umlioo tdivea d2a0 1–6a)r.tículos 19 bis y 258 Ley Hipotecaria– (vid.,
4.  Lo que ocurre en el presente caso es que no existe calificación registral negativa,
pues, como indica el registrador en su informe, se ha inscrito el título en los términos
recogidos en el mismo, sin hacer constar una mención de derechos susceptible de 
inscripción separada.
Como se expone en la Resolución de 28 de octubre de 2013, dispone el artículo 29 
de la Ley Hipotecaria que «la fe pública del Registro no se extenderá a la mención de 
derechos susceptibles de inscripción separada y especial».
Queda claro pues que, a los efectos de la protección que dispensa el Registro de la 
Propiedad, la simple mención, indicación o reseña de derechos que, por su naturaleza, 
podrían ser inscritos separadamente no ha de tener trascendencia alguna; de ahí que 
disponga el artículo 98 de la misma Ley que las menciones no tendrán la consideración 
de gravámenes y serán canceladas por el registrador a instancia de parte interesada; 
cancelación que, a su vez, se encuentra enormemente facilitada por el artículo 353.3 del 
Reglamento Hipotecario, que, a los efectos del cumplimiento del principio de rogación, 
entiende prestada la conformidad del interesado cuando se solicita una certificación o 
cuando se presenta algún documento a inscripción sobre la finca registral en la que 
conste la mención, disponiendo al efecto que las menciones (además de los derechos 
personales, legados, anotaciones preventivas, inscripciones de hipotecas) y cualesquiera 
otros derechos que deban cancelarse o hayan caducado con arreglo a lo dispuesto en la 
Ley Hipotecaria, no se comprenderán en la certificación, y que «a este efecto, se 
entenderá también solicitada la cancelación que proceda por el solo hecho de pedirse la 
certificación, y se practicará mediante extensión de la correspondiente nota marginal 
cancelatoria, antes de expedirse aquélla. Del mismo modo podrá procederse cuando se 
practique cualquier asiento relativo a la finca o derecho afectado».
La proscripción registral de las menciones está, por tanto, claramente asentada en la 
Ley.
El empeño del legislador en su eliminación, con el fin de dar mayor precisión a los 
asientos registrales y, por ende, a la protección que dispensa el Registro, experimentó un 
decidido impulso con la reforma hipotecaria de 1944, y así ya lo puso de relieve la 
Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 27 de marzo 
de 1947.
El problema radica en determinar cuándo nos encontramos ante una verdadera 
mención registral, dada la multiplicidad de casos que pueden darse en la práctica, lo cual 
impide que puedan darse reglas generales al respecto, y que haya de estarse a cada 
supuesto concreto para determinar el alcance del dato, referencia o mención que plantea 
la controversia.
5.  En el caso que nos ocupa, la indicación que en la descripción de la finca se hace 
en el título presentado a que pertenece a un régimen de propiedad horizontal que no se 
encuentra constituido ni inscrito, es evidentemente una mención en el sentido técnico-
hipotecario antes expuesto.
A lo que cabe añadir que ya se excluyó en Resolución de este Centro Directivo de 2 
de junio de 2020, referida a esta misma finca, la pretensión de constituir un régimen de 
propiedad horizontal sin los requisitos necesarios para ello. Y el contenido de esta 
Resolución no puede pretender eludirse con la manifestación contenida en el acta.
Por tanto, la omisión en la inscripción viene determinada por la propia Ley y el 
Reglamento Hipotecario, en particular la regla séptima del artículo 51 del Reglamento 
Hipotecario dispone que «en ningún caso se indicarán los derechos expresados en el 
artículo 98 de la Ley, ni los aplazamientos de precio no asegurados especialmente».
Y sin que la circunstancia de estar subrayada la mención en la escritura altere esta 
conclusión. e.
6.  Por todo lo expuesto, si el recurrente considera que no se ha practicado la  52ww
iinnssccrriippcciióónn , scionnof oqrmuee  loasl  intítteurleos, adnoos  pdreobceend ea ciundteirr paol nperro creedciumriseon tos odber er eclati ficfoarcmióan  ddee 
erroLreas p rreogcueldaednoc eian  oe li marptírcoucleod 4e0n cdiea  ldae L deey tHerimpointeacdaar ipaa.rticularidad de una inscripción no
es posible dilucidarla en un recurso, aunque cabría solicitar la rectificación del Registro y,
ante la negativa, recurrir la misma (Resoluciones de 11 de diciembre de 2002 y 28 de 
enero de 2012).
7.  Finalmente, deben desestimarse las alegaciones del recurrente relativas a que la 
pertenencia  a  un  régimen  de  propiedad  horizontal  se  trata  de  una  circunstancia 
descriptiva relativa a la naturaleza de la finca.
Es evidente que no encaja la propiedad horizontal en esta circunstancia prevista en 
el artículo 9 a) de la Ley Hipotecaria.
Como aclara el artículo 51 del Reglamento Hipotecario, «la naturaleza de la finca se 
determinará expresando si es rústica o urbana, el nombre con las que las de su clase 
sean conocidas en la localidad, y en aquéllas, si se dedican a cultivo de secano o de 
regadío y, en su caso, la superficie aproximada destinada a uno y a otro».
Y sin que tampoco encaje en «la naturaleza, extensión y condiciones, suspensivas o 
resolutorias, si las hubiere, del derecho que se inscriba» a que se refiere el artículo 9 c) 
de la Ley, ya que no se trata de la «expresión circunstanciada de todo lo que, según el 
título, determine el mismo derecho o límite las facultades del adquirente, copiándose 
literalmente las condiciones suspensivas resolutorias, o de otro orden» (cfr. artículo 51.6 
Reglamento Hipotecario), sino de un régimen de propiedad específico que conlleva la 
copropiedad  de  elementos  comunes  junto  a  la  propiedad  separada  de  elementos 
independientes que debe ser debidamente constituido e inscrito separadamente, en los 
términos que ya se indicaron en la Resolución de 2 de junio de 2020.
En consecuencia, esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso, en los 
términos que resultan de los Fundamentos de Derecho anteriores.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el 
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las 
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de 
la Ley Hipotecaria.
Madrid, 11 de febrero de 2021.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.