BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 14 Jueves 16 de enero de 2020 Sec. I.   Pág. 3994
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
615 Ley 11/2019, de 20 de diciembre, de Cooperativas de Euskadi.
Se hace saber a todos los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi que el Parlamento 
Vasco ha aprobado la Ley 11/2019, de 20 de diciembre, de Cooperativas de Euskadi
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I.  Antecedentes  y  justificación  general  de  la  modificación  y  refundición  de  la 
legislación cooperativa de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
El poder legislativo vasco, urgido por el desarrollo, la creciente complejidad y, sobre 
todo, la potencialidad del cooperativismo vasco protagonizado por las cooperativas de 
trabajo asociado, fue tempranamente sensible a dotarlo de un instrumento jurídico propio 
y ajustado, una legislación adecuada a la que impele el artículo 129.2 de la Constitución 
española  a  los  poderes  públicos  como  medida  de  fomento  de  las  sociedades 
cooperativas, desarrollando la competencia que con carácter de exclusiva le atribuía el 
artículo 10.23 del Estatuto de Autonomía para la Comunidad Autónoma de Euskadi, 
aprobada por la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre.
Conviene tener presentes los valores y principios cooperativos que establece la 
Alianza Cooperativa Internacional (ACI), organización de carácter consultivo de ONU e 
institución que une y representa a todas las cooperativas del mundo.
Los principios cooperativos son las directrices mediante las que las cooperativas 
ponen  en  práctica  sus  valores,  que  son:  asociación  voluntaria  y  abierta;  control 
democrático de las personas miembros; participación económica de las personas socias; 
autonomía  e  independencia;  educación,  formación  e  información;  cooperación  entre 
cooperativas, y sentimiento de comunidad.
Los principios y valores del cooperativismo deben ser destacados en el marco o 
dentro del concepto más amplio de la economía social, que no es un concepto solo 
teórico, sino toda una realidad constatada en su cuantificación, excelencia empresarial e 
indiscutible y esperanzadora utilidad social.
La economía social, entendida bajo los dictados de la Ley 5/2011, de 29 de marzo, 
de Economía Social y los pronunciamientos de las distintas instituciones de la Unión 
Europea –tanto Parlamento como Consejo, Comisión y Consejo Económico y Social– 
engloba empresas y entidades que se definen o en las que concurren una serie de 
principios y valores que anclan su origen en los principios históricos del cooperativismo.
La Ley 1/1982, de 11 de febrero, sobre Cooperativas, cumplió con esta finalidad, 
permitiendo bajo una configuración jurídica cooperativa el desarrollo de importantes 
proyectos empresariales, así como la consolidación y creación de numerosos puestos de 
trabajo, además de dotar de seguridad jurídica a todo el sistema.
La  Ley  4/1993,  de  24  de  junio,  de  Cooperativas  de  Euskadi  (en  adelante, 
Ley 4/1993), durante los veintiséis años de su vigencia, ha significado un paso decisivo 
en  la  consolidación  de  un  modelo  jurídico  cooperativo  ajustado  a  las  necesidades  s
contemporáneas  de  las  cooperativas  vascas,  a  la  par  que  ha  posibilitado  nuevos  e.
desarrollos necesarios para su afianzamiento en mercados cada vez más globalizados  w.
en que han de competir. 5w
legisLlaa tiveax.ig Penocr iae lldoe,  lau nLae yle g4i/s1l9a9c3ió nh aa dseidcou amdao doifibclaigdaa  ae nu naas ppeectromsa neesnpteec ífaicdoesc uya, cpióonr 
draez ómno ddeifi cuargcieónnc idae,  elan  Ldeivye drsea sC ooocapseiroantievsa se nd ed iEchuos kpaedrii;o Ldeoy:  L8e/2y0 10/62,0 d0e0 , 1d ed e2 9d idciee mjubnrioe,,   BOE-A-cable e
de segunda modificación de la Ley de Cooperativas de Euskadi; y disposición adicional 
cuarta de la Ley 6/2008, de 25 de junio, de la Sociedad Cooperativa Pequeña de 
Euskadi, por la que se modifican los artículos 67 y 68 de la Ley 4/1993.
Además, se ha aprobado y publicado un reglamento de desarrollo general de la ley, 
aprobado por el Decreto 58/2005, de 29 de marzo (además de otros, como son el de 
organización y funcionamiento del Registro de Cooperativas de Euskadi, aprobado por 
Decreto 59/2005, de 29 de marzo; Decreto 64/1999, de 2 de febrero, por el que se 
aprueba el Reglamento sobre procedimiento y requisitos relativos a las sociedades 
cooperativas de utilidad pública; y Decreto 61/2000, de 4 de abril, por el que se regulan 
las  Cooperativas  de  Iniciativa  Social),  cuyo  contenido,  en  determinados  aspectos, 
merece su fijación por ley.
La razón del presente texto legislativo trae causa de la necesidad de refundición de 
los mencionados textos legales que han modificado la Ley 4/1993 sucesivamente en el 
tiempo y de la aprobación de la Ley 6/2008, de 25 de junio, de la Sociedad Cooperativa 
Pequeña de Euskadi, y ello por razones de sistematicidad y facilidad en la identificación 
y aplicación de la norma en vigor; esto es, para la seguridad jurídica necesaria en la 
interpretación y aplicación de la norma cooperativa.
La aprobación de un texto único en el que se incluyan todas las disposiciones 
aplicables a las cooperativas sujetas a la legislación autonómica vasca excede de la 
mera consideración compiladora de dicha tarea y precisa de una labor añadida de 
armonización,  fundamentalmente  terminológica  y  de  identidad  de  razón  y  solución 
jurídicas, en unos casos, y, en otros, de aclaración respecto de aquellos elementos 
normativos que pudieren adolecer de inconcreción o suscitar duda en su aplicación. 
Dicha tarea aclaratoria ha precisado puntualmente el añadido propositivo necesario para 
su correcta interpretación sin que ello haya supuesto variación alguna del sentido y 
finalidad originarios.
La sistematicidad de un texto único se justifica tanto más cuanto en este momento de 
la evolución de la legislación cooperativa vasca se hace preciso introducir determinados 
desarrollos  normativos  que,  sin  alterar  la  base  normativa  originaria  de  mínimos, 
encauzan  el  desarrollo  de  sociedades  cooperativas,  singularmente  respecto  de 
determinadas clases de cooperativas.
Así  mismo,  entre  los  elementos  objeto  de  modificación  se  ha  de  destacar  la 
actualización  del  modo  y  la  intensidad  de  la  actuación  administrativa  respecto  del 
fomento cooperativo, por una parte, así como sobre el control del cumplimiento de la 
legalidad cooperativa, por otra.
En efecto, las soluciones normativas adoptadas pretenden solventar la obsolescencia 
de determinados elementos, el coste y dificultad de su aplicación; reforzar la autonomía 
de  regulación  adaptada  a  cada  proyecto  cooperativo,  compatibilizándolo  con  el 
mantenimiento de las líneas definitorias de una sociedad como cooperativa; garantizar 
su funcionamiento democrático y participativo, a la par que su gestión y control eficaces; 
así como el reforzamiento de la colaboración público privada y, en definitiva, agregar un 
nivel de seguridad jurídica, tanto en las relaciones internas como respecto de terceras 
personas no socias, que hagan de la legislación vasca de cooperativas un instrumento 
certero para fijar las relaciones intracooperativas y el tráfico jurídico externo.
Todo ello se inserta en la estructura normativa vigente, cuyo contenido, en su mayor 
parte, se mantiene en sus términos y cohonesta con las líneas maestras de diseño 
normativo:  profesionalización  del  órgano  de  gestión,  agilización  en  la  toma  de 
decisiones,  reforzamiento  de  los  recursos  financieros  y  potenciación  de  la  s
intercooperación; con la finalidad de garantizar la competencia empresarial con idénticas  oe.
posibilidades, no obstante conservar la identidad cooperativa de la sociedad, garantizar  w.
su funcionamiento democrático e impulsar su responsabilidad social. 5w
normPaatriav a esetne  mobajteetriivao  msee rchaan title, neidno  geenn ecraule, njtuan teol  ceosnta dloos  adcetusaalr royl loesv oylu csioólnu cdioen elas 
ecomoppreernadtievra sd e dreelc iednetree cihmop lacnotmacpiaórna,d yo ,s ea shía  cpormocou raladso  mune dreidsauslt aed o inesqturuilmibreandtoos c opna rlaa   BOE-A-cable e
autonomía de la cooperativa para autoorganizarse, de conformidad con la tradición, 
principios y parámetros generalmente admitidos.
Integrado  cuanto  antecede,  cabe  concluir  que  la  presente  regulación  resulta  la 
mínima imprescindible necesaria para conseguir los objetivos indicados, sin que se haya 
evidenciado  ningún  instrumento  alternativo  más  adecuado  para  su  logro;  evita 
innecesarias cargas administrativas no claramente garantes de los intereses en juego a 
proteger;  y,  finalmente,  mantiene  la  estabilidad  de  los  aspectos  básicos  del  marco 
normativo cooperativo aplicable en la Comunidad Autónoma de Euskadi, al que se dota 
de una mayor seguridad jurídica. Por todo lo cual, la norma se adecua a los principios de 
buena regulación establecidos por el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
La presente ley consta de 165 artículos, 9 disposiciones adicionales, 2 disposiciones 
transitorias, una derogatoria y 5 disposiciones finales, estructurados en 4 títulos y 16 
capítulos.
Se dicta al amparo del artículo 10.23 de la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, 
de Estatuto de Autonomía para el País Vasco que atribuye competencia exclusiva a la 
Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de cooperativas, mutualidades no 
integradas en la Seguridad Social y pósitos, conforme a la legislación general en materia 
mercantil. De otro lado, el artículo 10.5 del Estatuto atribuye competencia exclusiva a la 
Comunidad Autónoma del País Vasco para la conservación, modificación y desarrollo del 
derecho  civil,  foral  y  especial,  escrito  o  consuetudinario,  propio  de  los  territorios 
históricos que integran el País Vasco y la fijación del ámbito territorial de su vigencia.
II.  Disposiciones generales.
Sin  perjuicio  del  mantenimiento  de  la  formulación  del  concepto  de  sociedad 
cooperativa fijado en 1993 y de su garantía normativa que la norma pretende, se ha 
entendido conveniente, en el momento actual, introducir la referencia expresa a los 
principios cooperativos formulados por la Alianza Cooperativa Internacional, para una 
mayor precisión y comprensión del mismo, además de una más certera interpretación y 
aplicación normativa ajustada a aquellos.
Respecto  de  las  secciones,  aspecto  que  había  sido  ya  objeto  de  adecuación 
importante, insistiéndose en el carácter unitario de la responsabilidad de la cooperativa y 
en la prioridad de sus órganos en relación con la derivada de la estructura de las 
secciones, se flexibiliza ahora su operatoria interna, sin perjuicio del mantenimiento de 
dicho carácter, fundamentalmente respecto de las relaciones con terceras personas no 
socias.
Se mantiene, así mismo, la regulación general de operaciones con terceras personas 
no socias, pero deberán prevalecer las transacciones cooperativas con las personas 
socias –no obstante haberse flexibilizado en las cooperativas agrarias y alimentarias con 
la motivación y cautelas reguladas específicamente para las mismas–, así como el 
importe del capital social mínimo, propio de toda sociedad que soporta una empresa a la 
vez que asequible para toda clase de emprendimientos.
III.  Constitución de las cooperativas.
La regulación sobre constitución cooperativa se altera exclusivamente respecto del 
contenido mínimo estatutario, como consecuencia de la inclusión de aspectos referidos 
al derecho de información de las personas socias, al modelo de prevención de delitos de 
la sociedad cooperativa y a la garantía en su seno de un ámbito libre de violencia  e.
sexista. A su vez, se incluyen ajustes técnicos de armonización: especificación de que el  w.
reembolso  no  constituye  un  derecho  en  todo  caso;  la  no  obligatoriedad  legal  de  5w
dreeftuenrmdidinoa ddoes  ólarg aLneoys ; dlae  reSmocisieiódna dae sla  dLee y Cdaep iStaol,c ieadparodbeasd doe  pCoar pietal l Rviegaeln teD e(cterexttoo 
Legislativo 1/2010, de 2 de julio), en sustitución de la referencia a la Ley de Sociedades
Anónimas, o al departamento del Gobierno Vasco competente en materia de trabajo, en 
lugar del nombre concreto, que en cada legislatura varía ordinariamente.
IV.  Registro de Cooperativas de Euskadi.
No resultan modificados la eficacia y los principios de publicidad material y formal, 
legalidad, legitimación, prioridad y tracto sucesivo por los que se rige el Registro de 
Cooperativas de Euskadi. Únicamente se aclara la materia de la que traiga causa la 
impugnación en vía judicial mercantil, prevista originariamente, con diferenciación de la 
vía contencioso administrativa. Y se agrega, a efectos prácticos, la consideración como 
fecha de inscripción la causada por la presentación del título correspondiente, solo para 
los supuestos de inscripción constitutiva.
Asimismo, se prevé expresamente la utilización de medios electrónicos, informáticos 
y telemáticos para facilitar los procesos de inscripción.
V.  Las personas socias.
La regulación de la posición jurídica de las personas socias se mantiene en los 
términos  vigentes;  singularmente,  la  obligación  estatutaria  de  fijar  los  criterios  de 
participación de las personas socias de trabajo. Se aclara la posibilidad de hacerla 
efectiva en otras entidades con las que la cooperativa coopere o participe, siempre con 
carácter minoritario, salvo en situaciones de necesidad empresarial, aspecto que ya 
había sido desarrollado reglamentariamente, y que pueden tener carácter estructural o 
coyuntural.
No sufre alteración alguna el derecho de información de las personas socias: su 
acceso  a  la  documentación  social  más  relevante,  los  límites  en  caso  de  resultar 
gravemente lesiva para los intereses de la cooperativa o claramente abusiva por parte de 
las personas socias, el carácter motivado, y el de su denegación, así como, en todo 
caso, la decisión última por la asamblea general. Tampoco varía la obligación de toda 
persona socia de guardar secreto para no lesionar los intereses sociales ni el derecho a 
formular propuestas.
Ahora bien, se amplía el derecho de las personas socias a examinar el informe, no 
preceptivo, que sobre las cuentas anuales auditadas de la cooperativa emita la comisión 
de vigilancia.
Permanecen sin modificación, así mismo, el número mínimo de tres personas socias 
para la constitución de la cooperativa; la materia de admisión, su impugnación y efectos; 
el periodo de prueba y baja, con su requisito de plazo de preaviso para las personas 
jurídicas; el periodo mínimo de permanencia; el derecho de la cooperativa a exigir a la 
persona socia separada el cumplimiento de una serie de obligaciones preexistentes; la 
diferenciación legal entre bajas justificadas y no justificadas, así como los supuestos en 
que la baja deviene obligatoria.
Respecto a las bajas, se establecen un máximo de tres meses para su formalización 
y los efectos del silencio.
Se realizan los siguientes ajustes técnicos en el régimen de disciplina social: el 
primero de ellos, sobre la exclusiva inclusión en estatutos de la tipificación de faltas; el 
segundo, el inicio del cómputo de la prescripción de las infracciones.
Quedan inalterados los tipos de sanción; la prescripción de las faltas y las normas de 
procedimiento; la suspensión de derechos de las personas socias; el plazo para resolver, 
y el momento concreto de su tratamiento durante el desarrollo de la asamblea general.
Se han incorporado, a efectos sistemáticos, en el primero de los artículos que  e.
introduce el capítulo, la relación y definición de las distintas modalidades societarias,  w.
hasta  ahora  dispersas  en  el  texto  legal,  tal  como  se  había  anticipado  5w
rreeglalacimoneensta srioacmieetnatreia.s A dl ere dsupreacctoió,n p rdoecteedrme isniagdnaif iceanr  slau sc oténrtminiuniodsa,d p doer  lhaa rbeegruslea caicórne ddieta ldaos 
necesarias en la práctica y coherentes con la naturaleza cooperativa de la sociedad
cooperativa para cubrir necesidades económicas coyunturales, así como el periodo y 
procedimiento para adquirir la condición de persona socia de duración indefinida.
Se mantienen las personas socias inactivas o no usuarias, limitados sus votos a la 
quinta parte del total de votos sociales, y se prevé, como novedad, la posibilidad de la 
persona socia en excedencia, remitiendo a la regulación estatutaria sus derechos y 
obligaciones.
Finalmente,  se  regula  expresamente  que  los  supuestos  de  suspensión  y  baja 
obligatoria de las personas socias trabajadoras en las cooperativas de trabajo asociado 
son de aplicación también para las personas socias de trabajo de las cooperativas de 
otra clase, para lo que se ajusta la terminología y se traslada su regulación originaria 
para ubicarla sistemáticamente en este capítulo, con los siguientes ajustes técnicos: 
flexibilización del órgano competente para adoptar la decisión pertinente, extendiéndolo 
al consejo rector, siempre y cuando así esté previsto en los estatutos sociales; regulación 
del plazo para devolución de las aportaciones al capital en función de su naturaleza en 
los supuestos de baja obligatoria por causas económicas, técnicas, organizativas, de 
producción o fuerza mayor, de forma que se pueda proceder a la devolución de la 
aportación  en  el  plazo  máximo  de  2  años  (periodificado)  para  las  aportaciones 
obligatorias y con carácter inmediato para las aportaciones voluntarias.
VI.  Los órganos sociales.
Las novedades que se introducen en el régimen de los órganos sociales son, con 
carácter general, desarrollos concretos de aspectos específicos. Se significa la nueva 
regulación del órgano de administración y gestión, donde los desarrollos normativos han 
sido mayores.
De esta forma, con carácter introductorio y a efectos sistemáticos, se identifican los 
órganos de la cooperativa, previamente a su regulación individualizada, y se deja a la 
autorregulación  el  preciso  y  concreto  complemento  de  organización  para  el  más 
adecuado funcionamiento de la sociedad.
Respecto de la asamblea general, se mantienen su configuración y delimitación 
funcionales en relación con el resto de órganos, lo que responde a la misma finalidad de 
eficaz  y  eficiente  gestión  empresarial,  además  de  seguridad  jurídica;  así  como  su 
régimen jurídico innovado en  1993 en  relación  con la publicidad reforzada para la 
convocatoria en cooperativas de gran número de personas socias; reducción de los 
supuestos  de  mayoría  reforzada  de  dos  tercios  para  la  adopción  de  determinados 
acuerdos; posibilidad de voto plural respecto de específicas personas jurídicas; límite al 
derecho de voto de las personas socias que no realicen de manera plena la actividad 
cooperativizada; regulación del conflicto de intereses y sus efectos, y aspectos formales 
como la redacción del acta y su aprobación.
Es novedad la obligación de celebrar la asamblea general ordinaria en los seis 
primeros meses desde el cierre del ejercicio social, en lugar de referir dicho plazo a la 
convocatoria  de  la  misma,  en  línea  con  la  legislación  mercantil  y  para  una  mayor 
precisión temporal de celebración de la reunión asamblearia.
También  se  innova  respecto  de  la  válida  celebración  de  asamblea  en  tercera 
convocatoria para las cooperativas de enseñanza, que ya había sido permitida para las 
cooperativas de consumo y agrarias y alimentarias, modificando la regulación inicial de 
obtener un quorum de asistencia en segunda convocatoria, en las mismas condiciones 
de  intentar  previamente  la  celebración  en  segunda  convocatoria  sin  resultado.  Las 
razones que lo justifican responden a la misma lógica participativa y realidad sociológica  e
contrastada que justificaron la inclusión de la primera modificación referida. bo
Así mismo, se ha introducido la posibilidad de utilización de las nuevas tecnologías  w
dgee nlear ailn pfoarrma afaccióilnit ayr  lala p acrotmiciupnaicciaócni ósno crieestapreiac teon  dlae  aldaos pccoiónnv odcea atocruiaesrd odse,  glaa raasnatimzabnledao 
la inFfoinrmalamceiónnte s, ucfiocmienot eo.tro aspecto innovador, cabe señalar que se ha adoptado el
criterio  establecido  en  la  reciente  regulación  de  sociedades  de  capital  para  la
impugnación de acuerdos: supuestos, legitimación, plazos y caducidad; en favor de la 
seguridad jurídica del tráfico de las empresas cooperativas y considerando que ello no 
compromete ninguna especificidad cooperativa.
En lo que se refiere a la administración y representación de la cooperativa, se 
mantienen el régimen, con carácter exclusivo, de sus funciones y los efectos de su 
ejercicio respecto de terceras personas no socias de buena fe en relación con el objeto 
social; así como su conformación colegiada o unipersonal y la participación limitada de 
personas no socias para facilitar su profesionalización; las mayorías reforzadas para la 
adopción de acuerdos de especial trascendencia, y la posibilidad de designar comisiones 
ejecutivas o nombrar consejeras o consejeros delegados. Se profundiza en el régimen 
de incapacidades y prohibiciones.
Se han introducido modificaciones graduales o de flexibilización, según acuerdos 
adoptados por cada cooperativa ajustados a su realidad y necesidades, de aspectos 
operativos respecto de la posibilidad de regular estatutariamente un número máximo y 
mínimo de miembros del órgano colegiado, correspondiendo a la asamblea general 
fijarlos en cada caso; la elevación, hasta una tercera parte, del límite de participación de 
personas  no  socias  en  la  composición  de  dicho  órgano,  propiciando  una  mayor 
profesionalidad; la posibilidad de que la función de secretario o secretaria recaiga en 
profesional no consejero o consejera; la posibilidad de cooptar temporalmente, mientras 
no se nombre por la asamblea general, y en ausencia de suplente, al sustituto o sustituta 
de la consejera o consejero que cesa por el propio consejo rector; la obligación de 
motivar la renuncia por las personas consejeras y regular su calificación por el órgano de 
administración, procedimiento y efectos; la introducción de las nuevas tecnologías de la 
información  y  la  comunicación  en  su  funcionamiento,  garantizando  la  efectiva 
participación, y, finalmente, la aclaración del régimen de cómputo de votos siguiendo el 
mismo criterio que en el supuesto de la asamblea general.
Sin embargo, donde mayores innovaciones se han producido es en la regulación de 
los deberes de las personas administradoras de diligencia y lealtad y su correlativa 
responsabilidad, y las acciones para su exigencia, en línea con las actuales tendencias 
legislativas en la materia en régimen de sociedades. En coherencia con dichas materias, 
se ha regulado también la remuneración, si el cargo fuera retribuido por decisión de la 
propia cooperativa, residenciando en la asamblea general la competencia para fijar su 
importe, vinculado, en todo caso, a la situación económica de la cooperativa y a la 
efectiva prestación, y obligando a su carácter transparente.
Se mantiene la regulación de la comisión de vigilancia, por su carácter democrático y 
de enlace entre el órgano de administración y las reuniones de la asamblea general, sin 
que sea un obstáculo para la eficiente gestión del órgano a quien corresponde la 
administración. La modificación ahora introducida se limita a ajustar su composición a su 
naturaleza societaria, no laboral, así como su función y efectos de la emisión de informe 
sobre las cuentas de la cooperativa en el caso de concurrencia con auditoría externa.
Respecto del consejo social, se constata la utilidad de dicho órgano en la experiencia 
del cooperativismo vasco, y se amplía la posibilidad de su existencia con carácter 
potestativo a toda cooperativa independientemente de su dimensión cuantitativa.
El  comité  de  recursos  mantiene  su  organización  democrática,  naturaleza  de 
autocontrol cooperativa, así como la justificación de su existencia, también potestativa, 
por razón de eficacia, sin que se varíen los términos de su regulación.
VII.  Régimen económico.
Se aclara y delimita con mayor precisión la responsabilidad de la sociedad y de las  bo
personas  socias  frente  a  terceras  personas  no  socias,  así  como  el  régimen  de  w
ilmímpituet adceió nla d eim lapsu tpaécridóind aasl  eFno enld soe ndoe  dRee lsae crvoao pOerbalitgivaat,o yri os,e  aflle xqiubeil izsae,  eimn peusttaer ác acsoom, eol 
úmltáimxiomso  ceinl cpoo rcaeñnotsa jdee m eexdcioe ddeen tleos d peostsinitiavdoos ,a o l odse fsodned ossu  lecgoanlsmtiteunctieó no bslii geastotari onso e fnu eloras 
anterior  a  dichos  cinco  años.  No  obstante,  en  caso  de  que  el  Fondo  de  Reserva
Obligatorio supere el cincuenta por ciento del capital social de la cooperativa, el importe 
que exceda de dicho porcentaje se podrá también emplear para compensar las pérdidas.
Se remiten, en cualquier caso, a la normativa concursal los supuestos y efectos de la 
insolvencia empresarial.
Además, se han introducido sendos ajustes técnicos: uno, se amplía a un año el 
periodo  que  dispone  la  persona  socia  para  hacer  frente  a  las  pérdidas  que  le 
correspondan, facilitándole el cumplimiento de su obligación para con la cooperativa; y 
otro,  para  recoger  expresamente  la  posibilidad  no  solo  de  nuevas  aportaciones 
acordadas por la asamblea general, sino también de aportaciones ya establecidas al 
tener fijada la cooperativa un importe mínimo de aportación a capital para mantener la 
condición de persona socia.
La responsabilidad es limitada, tal y como lo ha sido desde 1993.
Se mantiene la regulación del régimen económico de la cooperativa con las diversas 
posibilidades de financiación distintas a las aportaciones a capital social previstas en la 
ley de 1993 para facilitar el desarrollo de los proyectos empresariales cooperativos, en 
correlación con los instrumentos financieros utilizados por las sociedades de capital; si 
bien, se ha optado por prever su existencia en sede cooperativa con carácter general y 
remitir el desarrollo concreto a su regulación específica.
Siguiendo  el  espíritu  de  protección  de  personas  inversoras  y  consumidoras  en 
materia de inversión financiera que vienen recogiendo distintas normas del ordenamiento 
jurídico, y en particular las reguladoras del sector financiero, se ha introducido en la 
presente ley un recordatorio sobre la necesidad de que exista una obligación de entregar 
una información suficiente, clara y comprensible a las consumidoras o consumidores 
inversores  en  productos  financieros.  En  el  caso  de  aportaciones  financieras 
subordinadas reguladas en la presente ley que se encuentren sometidas a la autoridad 
financiera competente, se recuerda que para su suscripción se deberán cumplir con las 
exigencias  vigentes,  garantizando  información  suficiente,  clara  y  comprensible. 
Obligación  de  información  que  deberán  observar  aquellas  entidades  que  presten 
servicios de inversión a fin de cumplir con los requerimientos de transparencia y rigor 
informativo  a  las  personas  consumidoras  que  deseen  adquirir  dichos  instrumentos 
financieros.
Respecto del capital social, se mantiene su regulación con carácter general, si bien 
se  introducen  tres  variaciones.  En  primer  lugar,  una  variación  operativa  para  los 
supuestos de reembolso: se posibilita una retribución mayor al del interés legal del dinero 
para los casos de no liquidación. En segundo lugar, la identificación de supuestos 
específicos de los que derive, como son los casos de reducción de capital o de la 
actividad  cooperativizada.  Finalmente,  sendos  ajustes  técnicos  a  efectos  de  mayor 
seguridad jurídica: se exige, por una parte, una modificación estatutaria en el supuesto 
de transformación obligatoria entre aportaciones con derecho de reembolso y aquellas 
cuyo  reembolso  pueda  ser  rehusado  incondicionalmente,  y,  por  otra,  se  vincula, 
potestativamente por remisión a los estatutos sociales, el rehúse del reembolso de las 
aportaciones a un criterio objetivo de carácter económico relacionado con la evolución de 
la actividad empresarial.
En  cuanto  a  la  aplicación  de  los  excedentes  respecto  al  Fondo  de  Reserva 
Obligatorio y a la contribución para la educación y promoción cooperativa y otros fines de 
interés público, se mantiene la regulación introducida en 2008 en relación con la citada 
contribución, con la novedad de su aplicación para la formación y educación de las 
personas socias y trabajadoras con el fin de avanzar en la igualdad de mujeres y  s
hombres. oe.
VIII.  Documentación social y contabilidad. 5w
En la regulación de la contabilidad de la cooperativa, se agrega la referencia al
easctoamdood daerl ocsa am blaio sn odrme aptiavtari mcoonnitoa bnlee;t op eyr oe ls ed em falunjtoiesn ed el ae freecgtuivlaoc, ióenn  esnu  vcigaosor , spoabrrae 
documentación social, auditoría de cuentas y contabilidad, que deberá ajustarse al Plan
General  de  Contabilidad,  a  las  normas  contables  específicas  de  las  sociedades 
cooperativas, a las normas de obligado cumplimiento aprobadas por el Instituto de 
Contabilidad y de Auditoría de Cuentas en desarrollo del Plan General de Contabilidad, 
así como al resto de normativa contable que le sea de aplicación.
Así  mismo,  se  han  especificado  diversos  extremos  de  carácter  técnico,  en 
consonancia con la legislación mercantil general, como son, de un lado, la definición del 
marco normativo de información financiera que debe aplicar una cooperativa en la 
formulación de las cuentas anuales y, de otro, la determinación de un plazo desde el 
cierre del ejercicio para formular las cuentas anuales por el órgano de gobierno de la 
cooperativa.
La definición del contenido del informe de gestión en los términos del artículo 262 del 
texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/2010, de 2 de julio, se entiende innecesario en cuanto que se considera 
subsumido en la remisión que se realiza a la legislación mercantil, aunque se deba 
considerar la posibilidad, en su caso, de incluir el estado de información no financiera, 
cuyo contenido se define en el texto de la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, por la que se 
modifica el Código de Comercio, en el texto refundido de la Ley de Sociedades de 
Capital  aprobado  por  el  Real  Decreto  Legislativo  1/2010,  de  2  de  julio,  y  en  la 
Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de información no 
financiera y diversidad. Sucede algo similar con la especificación del plazo para la 
aprobación  de  las  cuentas  anuales  por  la  asamblea  general,  por  la  aplicación  del 
artículo 34 en relación con el artículo 35.1 de la ley.
Por el contrario, sí conviene aclarar cuándo una cooperativa está obligada a auditar 
por razón del tamaño.
De esta forma, se adaptan las últimas modificaciones que se han producido en esta 
materia y se ajusta la referencia a cuándo ha de formularse el informe de gestión.
IX.  Modificación de estatutos, fusión y escisión de cooperativas.
En materia de modificación, fusión y escisión, además de aspectos técnicos de 
carácter operativo, se introduce la previsión expresa, respecto de fusiones especiales, de 
la posibilidad de que las sociedades cooperativas se fusionen con cualquier otro tipo 
societario,  civil  o  mercantil,  siempre  que  no  exista  precepto  legal  que  lo  prohíba 
expresamente, como ya estaba fijado como criterio. En línea con las modificaciones 
propuestas para el supuesto de transformación de cooperativa, se prevé el mismo 
tratamiento para los fondos contemplados en el artículo 89.4 cuando se trate de la fusión 
de una sociedad cooperativa por una sociedad no cooperativa.
En el mismo sentido, se regulan expresamente no solo las fusiones especiales en los 
términos  mencionados,  sino  también  la  escisión  o  segregación  de  una  sociedad 
cooperativa en favor de una entidad no cooperativa, posibilidad que en la práctica 
cooperativa se ha advertido necesaria, por lo que la norma societaria debe posibilitarla, 
como sucede en la legislación cooperativa autonómica y en la normativa mercantil.
Permanecen inalteradas las diversas innovaciones instauradas en 1993 respecto de 
la modificación de los estatutos: su publicidad, el derecho de las personas socias a 
examinar y obtener la documentación y la publicidad especial, o el derecho de las 
personas socias a causar baja justificada; la fusión, la necesidad del previo acuerdo, los 
plazos y cautelas para su realización, la publicidad reforzada, el derecho de información 
de las personas socias y de los acreedores o el mecanismo para inscripción y efectos 
para las cooperativas implicadas; así como respecto de la escisión, los supuestos en que  e
puede producirse, la exigencia de un proyecto suscrito por las personas administradoras  bo
de  las  cooperativas  participantes  o  estableciéndose  la  responsabilidad  solidaria  y  w
limitada de las sociedades beneficiarias de la escisión.
X.  Transformación.
Los procesos de reestructuración societaria a través de las vías reconversoras de 
tipos societarios, que cautelan la desnaturalización de la esencia cooperativista de las 
cooperativas intervinientes a la vez que aprovechan las técnicas normativas del derecho 
de sociedades, se mantienen formulados en los términos legales vigentes, excepto en lo 
que afecta a la intervención del Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi en el 
proceso transformador y, en su caso, a la intervención de la comisión de vigilancia en el 
mismo.
En este sentido, en línea con la regulación de las distintas leyes autonómicas sobre 
cooperativas  al  respecto,  se  han  revisado  la  causa  y  finalidad  de  la  función  de 
homologación atribuida al Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi, así como el 
carácter y cuantía del patrimonio que se debe acreditar a dicho órgano como cuentas en 
participación.
De su resultado deriva una nueva opción legislativa que elimina, como requisito para 
la transformación, la homologación referida, por entender que, si bien la Ley 4/1993, 
de 24 de junio, de Cooperativas de Euskadi fue pionera en regular la transformación de 
la sociedad cooperativa, la condicionó a determinados requisitos que con el paso de 
tiempo  han  devenido  en  excesivos  como  cautelas.  Así,  además  de  sustituir  la 
homologación por información al mencionado órgano, se flexibiliza el modo operativo de 
transferencia de los fondos irrepartibles al mismo; se aclara que no integran el patrimonio 
cooperativo  a  retener  dentro  del  movimiento  cooperativo  para  su  fomento  aquellas 
reservas finalistas que se hallen sujetas a aplicaciones concretas; y, por otra parte, se 
ajusta el valor real de dichos fondos en relación con las pérdidas afloradas en el balance 
pendientes de compensar, como posibles minusvalías sobre los elementos del activo 
derivadas de informe de experto independiente.
Así mismo, sobre la previsión de posible intervención de la comisión de vigilancia, es 
una previsión legal que desde su regulación ha resultado inédita, por lo que en favor de 
una técnica normativa adecuada se considera conveniente su eliminación.
XI.  Disolución y liquidación.
Se mantiene inalterada la regulación de las causas de disolución, con la única 
novedad de la necesaria acomodación a la actual regulación concursal, de la que deriva 
del supuesto de insolvencia, así como la posibilidad de reactivación.
Por  el  contrario,  el  régimen  legal  de  las  liquidadoras  o  liquidadores  varía 
significativamente respecto de la anterior regulación, en que era necesario ostentar la 
condición de persona socia para ser nombrada persona liquidadora. Ahora, puede ser 
nombrada o nombrado quien no tenga tal condición, para supuestos especiales de 
cooperativas totalmente desestructuradas, con falta de personas socias, incapacidad o 
negativa de las mismas, y a efectos de posibilitar la liquidación y extinción ordenadas de 
la sociedad. En el mismo sentido, se faculta a la asamblea general la determinación de 
su régimen de funcionamiento aplicable.
Por su parte, la adjudicación del haber social y publicidad de la aprobación del 
balance final y del proyecto de distribución continúan con su regulación originaria. Si 
bien, se incluye, a efectos de seguridad jurídica, un plazo de impugnación específico, 
similar al establecido en el derecho cooperativo comparado, con los efectos anudados al 
mismo.
Finalmente, en el régimen de cancelación registral, se ha flexibilizado, como pura  s
cuestión formal, la posibilidad de conservación de los libros y demás documentación  oe.
cooperativa durante el periodo de seis años por las propias personas liquidadoras. w.
XII.  Clases de cooperativas.
abieCrtoan  ecna rfáucntceiró ng edneelr aolb, jleat oc lays ilfaic apcoisóinci ódne  jluarsí dcicoao pdeera ltaivsa sp esrisgounea tse nsioecnidaos , nya tusroanle dzea 
aplicación  prioritaria  las  reglas  especiales  de  cada  clase  de  cooperativa  sobre  las 
normas generales que las integran en lo no regulado específicamente.
En las cooperativas de trabajo asociado se mantiene su capacidad de determinar 
autogestionariamente  el  régimen  de  trabajo  –que  podrá  establecerse  también  en 
reglamento  de  régimen  interno–  y  el  disciplinario.  Se  recalca,  así,  su  naturaleza 
societaria y no laboral, aunque se mantiene la previsión de un anticipo laboral mínimo.
Respecto de las personas trabajadoras por cuenta ajena, se recalca expresamente la 
finalidad de la cooperativa de proporcionar empleo a las personas socias trabajadoras, 
por ser esa la finalidad fundacional de las cooperativas de trabajo asociado, sin perjuicio 
de mantener la posibilidad de contratar personas trabajadoras por cuenta ajena, cuando 
las circunstancias de la empresa cooperativa así lo requieran, y se eleva el límite de la 
contratación  al  treinta  por  ciento  respecto  de  las  personas  socias  trabajadoras,  en 
cómputo de horas/año, por razones operativas.
De la base para el cómputo del referido límite se exceptúan determinados supuestos 
específicos que se han incrementado, dada la experiencia acumulada que evidencia la 
necesidad de extenderlo a supuestos de discapacidad, contratos en prácticas y para la 
formación, o personas contratadas por cualquier contrato por cooperativas educativas 
con finalidad de integración, conciliación familiar, o supuestos de personas trabajadoras 
contratadas para ser puestos a disposición de empresas usuarias cuando la cooperativa 
actúe como empresa de trabajo temporal.
En el procedimiento para el acceso a la condición de socio o socia, en favor de la 
seguridad  jurídica,  se  ajusta  el  periodo  de  tiempo  de  antigüedad  como  persona 
trabajadora  asalariada  y  se  evita  el  acceso  automático.  Dicho  acceso  deberá  ser 
solicitado expresamente en el plazo de doce meses.
Así  mismo,  la  cooperativa  que  opte  por  encuadrar  a  sus  personas  socias 
trabajadoras en el régimen especial de trabajadoras y trabajadores autónomos puede 
asumir, de forma expresa en sus estatutos, el compromiso de abono a la Seguridad 
Social  de  las  cuotas  de  la  persona  trabajadora,  facilitando  el  cumplimiento  de  las 
obligaciones  societarias,  sin  perjuicio  del  sometimiento  a  normativa  sectorial 
correspondiente,  adquiriendo  rango  legal  la  regulación  reglamentaria  que  lo  había 
previsto. Se deja constancia de que tales pagos, en dicho supuesto, no forman parte del 
anticipo laboral y tienen la consideración de partida deducible para la determinación del 
excedente neto.
Se ha considerado necesario realizar sendas matizaciones expresas, con carácter 
meramente aclaratorio: el régimen a tiempo parcial o completo de las personas socias 
que prestan su trabajo en la cooperativa y la aplicación de las normas generales de 
prevención de riesgos laborales. También se ha adecuado la nomenclatura anterior de 
seguridad e higiene en el trabajo.
También  en  las  cooperativas  agrarias  y  alimentarias  se  realizan  determinados 
ajustes, además del de la propia denominación, relativos a la realización de labores 
agrarias para las personas socias, en sustitución temporal, con los propios medios de las 
cooperativas, así como a la aclaración de la situación jurídica de las personas socias que 
sean entidades de titularidad compartida o cualquier entidad sin personalidad jurídica, 
frecuente en el sector, así como su relación con la cooperativa, a efectos de seguridad 
jurídica. Con ello se pretende ofrecer una respuesta más adecuada a la concepción 
comunitaria ya prevista respecto de este tipo de cooperativa como entidad al servicio del 
medio rural, con un claro componente de responsabilidad social comunitaria. En el 
mismo  sentido,  respecto  de  las  operaciones  con  terceras  personas  no  socias,  se  s
pretende cohonestar su regulación, limitada mayoritariamente a las personas socias, de  oe.
tal  forma  que,  si  lo  prevén  los  estatutos,  el  porcentaje  máximo  en  cada  ejercicio  w.
económico podrá llegar hasta el cuarenta y nueve por ciento, con las disposiciones  5w
econm euxnpiltoatraiacsio nseecst oargiaralersia se slpae pcríoficdausc,c iqóune  deen  tcearcdear acsa spoe resxoisntaiesr enno,  sqouceia psr,o yc uar alno si nqteuger alar 
cooperativa agraria y alimentaria quiera adherirse, superando dicho porcentaje.
Por lo demás, en la tipología clasificatoria cooperativa donde más se ha innovado es 
respecto de las cooperativas de viviendas, de transporte y de las denominadas «junior 
cooperativas».
En efecto, respecto de las cooperativas de viviendas, manteniendo la estructura 
básica de diseño legislativo del cooperativismo de viviendas regulado actualmente y 
compartido con el resto de la legislación autonómica y estatal respecto de este tipo de 
cooperativas, con la modificación se trata de asegurar que las decisiones básicas de la 
construcción  y  gestión  se  adopten  por  las  propias  personas  cooperativistas, 
democráticamente, desde su constitución. Y ello, con independencia de que, por la 
profesionalidad que requiere la promoción inmobiliaria y dada la forma de unirse las 
personas  socias  de  la  cooperativa  (personas  socias  que  se  desconocen  entre  sí 
habitualmente) y su cuantía, sea necesaria la contratación de una entidad gestora que 
asesore sobre la construcción y financiación de la cooperativa.
Ha de asegurarse, además, en todo caso, la información y transparencia de todas las 
operaciones, delegadas o no, de gestión.
Asimismo, se permiten las operaciones con terceras personas no socias, hasta un 
límite del treinta por ciento, respecto de las viviendas, en coherencia con la regulación 
existente  para  las  otras  clases  de  cooperativas  reguladas  por  la  Ley  4/1993.  Esta 
limitación lo será con independencia de posibles actuaciones de realojo.
Se mantiene la obligatoriedad de la auditoría de cuentas y se introduce la del letrado 
o letrada asesora que asegure el referido objetivo de participación efectiva y gestión 
democrática, al precisar de su dictamen respecto de las operaciones jurídico-económicas 
fundamentales.
Por otra parte, por la concurrencia con la normativa sobre edificación y, en su caso, 
de  promoción  de  viviendas  de  protección  pública,  la  regulación  legal  deberá  ser 
desarrollada reglamentariamente.
En  cualquier  caso,  se  dispone  que  la  normativa  reguladora  de  viviendas  de 
protección pública será de aplicación prioritaria respecto de la regulación cooperativa, la 
cual, a su vez, establece diversas especificidades respecto de la promoción privada de 
viviendas, acomodadas a su naturaleza y aspectos procedimentales.
Ha de destacarse, por otra parte, la regulación precisa, que mejora sustantivamente 
la mera posibilidad sugerida en la norma derogada, de las cooperativa de viviendas de 
cesión de uso como alternativa a la adjudicación en propiedad.
Finalmente, cabe mencionar en relación con la responsabilidad de las personas 
socias, la regulación de su carácter mancomunado simple, referido, además de a sus 
aportaciones a capital, a las cantidades entregadas para la edificación y a las entregadas 
para cubrir el precio de adjudicación de la vivienda o local.
Por su parte, respecto de las cooperativas de transporte, se prevé expresamente su 
constitución como cooperativa de servicios, en línea con lo que ya se preveía en la 
regulación de las cooperativas de servicios empresariales, o como cooperativas de 
trabajo  asociado.  En  todo  caso,  la  regulación  propuesta  pretende  mantener  una 
estructura  y  un  régimen  jurídico  diferenciados,  de  forma  que  no  se  produzca  una 
mixtificación de ambos con los problemas de aplicación y conflictividad que en la práctica 
se han evidenciado. Todo ello sin perjuicio de la integración de clases de cooperativas 
que con carácter general se reconoce, pero que, en todo caso, deberá atenerse a una 
regulación concreta estatutaria que garantice la identidad cooperativa de la sociedad 
cooperativa de transporte integrada.
Las cooperativas junior son un nuevo tipo de cooperativa, que merece identificación y  s
regulación específicas, definido por la finalidad del contrato societario que es de carácter  oe.
educativo: la adquisición de conocimientos exigidos por una titulación académica a  w.
través de la constitución y puesta en marcha de una cooperativa. Ello implica el carácter  5w
toermdipnoarraial .limitado de la sociedad y su transformación, en su caso, en una cooperativa
su tFriipnlael mmeondtea,l ildaasd c oyo preegrautliavcaisó nd ef leexnisbeleñ aanuztao nmoarmntaiednae, na sdue mcoánsf igduer alcai ópno jsuirbídiliidcaad,  cdoen   BOE-A-cable e
personas socias de naturaleza o utilidad públicas, con la única modificación de que 
cuando asocien a personal docente y personal no docente se les aplicará las normas 
reguladoras  de  las  cooperativas  de  trabajo  asociado,  excepto  lo  regulado  por  el 
artículo 30. Dicha excepción se justifica por las singulares características de esta clase 
de cooperativas, que desarrollan proyectos educativos y donde predomina el aspecto 
social –se trata de entidades que han sido declaradas de utilidad pública, en su práctica 
totalidad, sin ánimo de lucro–, que hacen que los aspectos de la prestación de trabajo en 
ellas  desarrollado  revistan  también  especificidades  propias,  no  asimilables  en  su 
totalidad, al menos en el momento actual de evolución empresarial de este tipo de 
cooperativas, al prestado por las personas socias trabajadoras o de trabajo en otras 
clases de cooperativas.
Respecto  de  las  cooperativas  de  integración  social,  se  incluye,  junto  con  las 
personas con discapacidad, a aquellas que se encuentran en situación de riesgo de 
exclusión social.
Finalmente, se incluye una nueva clase de cooperativa de fomento empresarial, 
como respuesta del cooperativismo al apoyo a la creación y crecimiento de actividades 
económicas y sociales desarrolladas por nuevos emprendedores o emprendedoras.
La regulación del resto de las clases de cooperativas no ha sido objeto de alteración 
normativa por modificación de la existente o por complemento o agregación. Así, las 
cooperativas  de  consumo,  que  mantienen  el  régimen  abierto  de  operaciones  con 
personas no socias; las cooperativas de servicios profesionales o empresariales, como 
entidades de coordinación, centro societario común; las cooperativas financieras, cuya 
regulación básica corresponde al Estado; las aún en la práctica inéditas cooperativas 
sanitarias, como opción societaria cooperativa de futuro; las cooperativas de carácter 
comunitario, y las de integración social.
XIII.  Integración y agrupación cooperativa.
La configuración dada a las cooperativas de segundo o de ulterior grado ha supuesto 
un  cauce  normativo  realista  para  los  fenómenos  de  agrupación  intercooperativa, 
necesitados de un marco para una colaboración empresarial efectiva con estructura 
genuinamente cooperativa y con el grado de integración autorregulado por quienes 
intervienen en el mismo, no solo cooperativas, aunque sí mayoritariamente.
De idéntica forma, respecto de otras modalidades de colaboración económica de 
carácter  más  instrumental,  la  posibilidad  de  participar  en  instrumentos  y  vínculos 
contractuales o personificados, como para incorporarse a los ya constituidos, reconocida 
jurídicamente y aplicada en la práctica, continúa regulada en los términos más amplios 
posibles, para ajustarse a las necesidades reales y coyunturales de las cooperativas 
intervinientes.
Por ello, se ha estimado conveniente, en este momento de evolución del desarrollo 
cooperativo,  suprimir  la  concreta  regulación  de  las  denominadas  corporaciones 
cooperativas, basada en la aplicación de un sistema dualista de administración, que ha 
demostrado su utilidad, pero que actualmente puede resultar constrictivo o innecesario.
Por el contrario, y para dotarlos de mayor seguridad jurídica, se ha incorporado a 
nivel legal el desarrollo reglamentario de los grupos cooperativos, por consistir en un 
instrumento  de  intercooperación  singularmente  adecuado  para  poder  intervenir 
eficazmente en los mercados.
Por último, respecto de las cooperativas mixtas, calificación que puede atribuirse a 
cualquier clase de las reguladas por la ley, su regulación constituyó una importante  e
innovación, incorporada en 1993, que ha sido desarrollada posteriormente de forma  bo
reglamentaria con la finalidad de facilitar la financiación de proyectos empresariales  w
cooperativos.
XIV.  Las cooperativas y la Administración pública.
Los dos aspectos en que se manifiesta y justifica la actividad administrativa en 
materia de cooperativas corresponden a la actividad de fomento, por una parte, y de 
garante del cumplimiento de la legalidad cooperativa, por otra.
En el primero de dichos ámbitos, además de complementar determinados aspectos 
sectoriales de colaboración público-privada, añadidos a los ya previstos respecto de las 
cooperativas de trabajo asociado, consumo, agrarias y alimentarias, o de viviendas, 
como son los relativos a la materia educativa, desarrollo rural, dependencia e integración 
social,  se  incide  en  la  representatividad  institucional  del  movimiento  cooperativo, 
propiciando la presencia e interlocución del cooperativismo en los diversos ámbitos de 
consulta y decisión y en los organismos de representación institucional correspondientes, 
en sintonía con los alineamientos de la Ley 5/2011, de Economía Social.
En el segundo de los referidos ámbitos de actividad administrativa, se suscita, en el 
momento actual de desarrollo de las cooperativas vascas, la necesidad de innovar 
aspectos que han quedado en cierta manera obsoletos. Uno de ellos, importante por el 
papel de «policía» que desempeña la Administración, es el referido a las infracciones –
con la correspondiente función de inspección– y sanciones, por contravenir la legislación 
cooperativa sustantiva vasca.
Con este objetivo, se preveía en 1993 la necesidad de regular un procedimiento 
sancionador específico, que, sin embargo, hasta el día de hoy no se ha producido.
Cuanto antecede exige abordar el régimen de infracciones y sanciones actualmente 
previsto en los artículos 139 y 140 de la Ley 4/1993, no ya para su desarrollo, sino para 
su revisión, como política legislativa en esta materia, después de la prolongada vigencia 
de la Ley 4/1993; sobre todo, teniendo en cuenta la evolución empresarial y societaria de 
las cooperativas vascas durante dicho periodo, por una parte y por otra, que la actual 
tipificación de infracciones y correspondientes sanciones, es tributaria de una regulación 
anclada en una visión de tutela y supervisión administrativas que se entiende necesario 
revisar.
Se considera que el papel de la Administración ha de focalizarse en los aspectos 
fundamentalmente cooperativos, como son la participación de las personas socias o la 
adopción de acuerdos –ejercicio real de la democracia cooperativa–, y la solidaridad –
fondos  irrepartibles  o  aplicaciones–,  y  desprenderse  de  otros  aspectos  puramente 
formales u operativos –comunes, por otra parte, con el resto de sociedades que operan 
en el mercado– que no se hallen vinculados directamente con aquellas cuestiones que 
son sustanciales de la cooperativa y la hacen diferente del resto de sociedades. Es decir, 
aquellas aspectos que hacen a este tipo de empresas de «interés social», que es lo que 
legitima la intervención pública.
XV.  Asociacionismo cooperativo.
Se mantiene la regulación de mínimos, en favor de la libertad asociativa, de las 
asociaciones de cooperativas, y del llamamiento a los poderes públicos de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco para que fomenten las relaciones intercooperativas, así como 
los criterios de reconocimiento de representatividad y su reflejo nominal.
Únicamente se acomoda, por adaptación del grado de desarrollo asociativo del 
cooperativismo vasco, el número mínimo de cooperativas para que su federación pueda 
incluir en su denominación social las palabras «de Euskadi». A su vez, se agrega la 
especificación de las obligaciones contables y de auditoría de cuentas, y se completa,  s
por otra parte, el régimen de fuentes de derecho aplicables a uniones, federaciones y  oe.
confederaciones de cooperativas a efectos de seguridad jurídica. w.
nleogramEl anlt airv eonla edcceióe insni fdcoaormdn  aedcle ióC nofo nfrinsmeaujnolca iSre ursapu eqsru ioecr u rdeeesn utCaltsoe o dapene uraaaptllieivcsaa scd idóeen  .cEounsfokarmdii,d saed  accolanr ae el nm saerdceo   2020-615n https://w
Respecto de los aspectos orgánicos, presencia del Gobierno Vasco, de las entidades 
de integración asociativa cooperativa y de las universidades del País Vasco, se añade la 
participación de las diputaciones forales.
En  relación  con  sus  funciones,  se  agrega,  respecto  de  la  función  arbitral,  la 
obligación  de  agotar  la  vía  cooperativa  interna,  regulada  estatutariamente,  en  los 
supuestos  de  conflicto  de  la  cooperativa  con  sus  personas  socias,  como  una 
manifestación de la autocomposición de intereses, sin perjuicio del acceso posterior a la 
vía arbitral.
XVI.  Disposiciones adicionales, transitorias, derogatoria y finales.
Entre las disposiciones de cierre de la norma, cabe destacar las siguientes:
– Disposición adicional séptima, sobre adopción de acuerdos sobre previsión social.
– Disposición adicional novena, sobre articulación del movimiento cooperativo.
– Disposición transitoria segunda, relativa al proceso de adaptación estatutaria, en la 
que se explicitan tanto el plazo para llevarlo a cabo como los efectos jurídicos de su no 
realización.
– Disposición final tercera, que pretende equiparar las fundaciones y asociaciones 
declaradas de utilidad pública con las cooperativas que tengan declarado tal carácter, en 
relación con los actos de disposición gratuita sobre bienes o derechos regulados por el 
Texto Refundido de la Ley de Patrimonio de Euskadi. Así mismo, y con los mismos fines, 
a favor de sociedades cooperativas de viviendas declaradas de utilidad pública en el 
caso de terrenos destinados a la construcción de viviendas para las personas socias.
TÍTULO I
De la sociedad cooperativa
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1.  Concepto.
1.  La cooperativa es aquella sociedad que desarrolla una empresa que tiene por 
objeto prioritario la promoción de las actividades económicas y sociales de sus miembros 
y  la  satisfacción  de  sus  necesidades  con  la  participación  activa  de  los  mismos, 
observando los principios del cooperativismo y atendiendo a la comunidad de su entorno.
2.  La cooperativa deberá ajustar su estructura y funcionamiento a los principios 
cooperativos de la Alianza Cooperativa Internacional, que serán aplicados en el marco 
de la presente ley.
Dentro  de  esta,  actuará  con  plena  autonomía  e  independencia  respecto  de 
cualesquiera organizaciones y entidades, públicas o privadas.
3.  Las cooperativas pueden realizar cualquier actividad económica o social, salvo 
expresa prohibición legal basada en la incompatibilidad con las exigencias y principios 
básicos del cooperativismo.
Artículo 2.  Denominación.
1.  Las cooperativas incluirán necesariamente en su denominación las palabras  o
«sociedad cooperativa» o su abreviatura «S. coop.». ww.
fporreme2ax.i rs ltaeN ndote en.s oemR  eipngoaldacrmióáne  nastodacoriipaatmla vreá nliutdena a. poddernáonm  iensatcaibólne ceidrséen ticrae quai siltao s dea diocitoran alseosc iepdaarda   OE-A-2020-61able en https://
3.  Ninguna otra entidad, sea cual fuere su clase y naturaleza, pública o privada, 
podrá  utilizar  el  término  «cooperativa»,  o  la  abreviatura  «coop.»,  salvo  que  una 
disposición le obligue o le autorice expresamente a ello.
Artículo 3.  Domicilio social.
La cooperativa tendrá su domicilio social, dentro del territorio de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco, en el lugar donde realice preferentemente las actividades con 
sus  personas  socias  o  donde  centralice  la  gestión  administrativa  y  la  dirección 
empresarial.
Artículo 4.  Capital social mínimo.
El capital social mínimo no será inferior a tres mil euros (3.000 euros) y se expresará 
en esta moneda. En la cuantía correspondiente a dicho mínimo legal, el capital deberá 
hallarse íntegramente desembolsado desde la constitución de la cooperativa.
Artículo 5.  Operaciones con terceras personas no socias.
1.  Las cooperativas podrán realizar su actividad cooperativa con personas que no 
tengan la condición de socias sin más limitaciones que las establecidas por la ley y los 
estatutos.
2.  Cuando, por circunstancias no imputables a la cooperativa, las operaciones de 
esta con sus personas socias y con personas que no tengan la condición de socias, 
dentro de los supuestos o límites legales, supongan una disminución o deterioro de la 
actividad empresarial que ponga en peligro la viabilidad económica de la cooperativa, 
esta podrá ser autorizada para iniciar o aumentar actividades y servicios con terceras 
personas no socias por el plazo y hasta la cuantía que fije la autorización en función de 
las circunstancias que concurran. La citada autorización se entenderá concedida si en el 
plazo de un mes desde la presentación de la solicitud no resuelve expresamente el 
departamento del Gobierno Vasco competente en materia de trabajo.
3.  En todo caso, las cooperativas de crédito y las de seguros habrán de cumplir en 
sus operaciones con personas que no tengan la condición de socias los requisitos y 
limitaciones de la regulación aplicable a su respectiva actividad financiera y aseguradora.
Artículo 6.  Secciones.
1.  Los estatutos podrán regular la existencia y el funcionamiento de secciones que 
desarrollen, dentro del objeto social, actividades económico-sociales específicas con 
autonomía  de  gestión,  sin  perjuicio  de  la  responsabilidad  general  y  unitaria  de  la 
cooperativa. En todo caso, será necesario que lleven contabilidad independiente, sin 
perjuicio de la general que corresponde a la cooperativa.
2.  En los estatutos se definirán:
a)  Las áreas o actividades afectadas por la inclusión dentro de la sección.
b)  La duración prevista para el funcionamiento diferenciado de la sección, en caso 
de ser dicha duración limitada.
c)  Los criterios para definir la asignación patrimonial que corresponda a dicha 
sección.
d)  En su caso, los criterios de contabilización diferenciada que procedan. es
e)  Los criterios para la medición de la actividad cooperativizada que se utilizarán,  bo
en su caso, para la distribución diferenciada de excedentes positivos y negativos en la  w
asedcmcfi)inó insE tqrla udero ésrgaeis mc doeenn s lati tocuroygoeáp.neicraot ivya . la  relación  de  sus  órganos  con  las  personas  OE-A-2020-61able en https://
3.  En su caso, los estatutos podrán limitar el porcentaje de los excedentes sujetos a 
distribución diferenciada por secciones.
4.  La  regulación  de  la  respectiva  sección  podrá  también  establecer  políticas 
diferenciadas a efectos de intereses del capital, anticipos laborales o precios de las 
operaciones con las personas socias.
5.  La asamblea general podrá acordar la suspensión inmediata de los acuerdos de 
la junta de personas socias de una sección, haciendo constar los motivos por los que los 
considera ilegales, antiestatutarios o contrarios al interés general de la cooperativa. Sin 
perjuicio de ello, los acuerdos de la junta de personas socias podrán ser impugnados 
según lo previsto en el artículo 41 de la presente ley.
La existencia de una o varias secciones no altera el régimen de facultades propias de 
las  personas  administradoras,  aunque  puedan  designarse  directoras,  directores, 
apoderadas o apoderados de la sección que se encarguen del giro y tráfico de la misma. 
Las personas administradoras de la cooperativa podrán acordar la suspensión inmediata 
de los acuerdos de la sección, en términos equivalentes a lo previsto para los acuerdos 
de la junta de personas socias.
Los estatutos o el reglamento de régimen interno regularán la relación entre la junta 
de personas socias de una sección y las personas administradoras de la cooperativa.
6.  Se exigirá auditoría de cuentas a las cooperativas con sección de crédito o con 
secciones de otro tipo, en defensa de quienes contraten con las mismas.
CAPÍTULO II
Constitución de la cooperativa
Artículo 7.  La asamblea constituyente.
1.  La asamblea constituyente, integrada por las personas promotoras, aprobará los 
estatutos de la cooperativa y adoptará los demás acuerdos que sean necesarios para la 
constitución de la cooperativa.
Las personas promotoras deberán reunir los requisitos exigidos para adquirir la 
condición de persona socia de la cooperativa de la clase de que se trate.
2.  Los cargos de presidencia y secretaría de la asamblea constituyente serán 
elegidos entre las personas promotoras asistentes.
3.  El acta de la asamblea constituyente deberá expresar, al menos, el lugar y fecha 
de la reunión, la lista de asistentes, un resumen de las deliberaciones, los resultados de 
las votaciones y el texto de los acuerdos adoptados.
4.  La certificación del acta será expedida por la persona promotora que ejerza las 
funciones  de  secretaría  de  la  asamblea  constituyente,  con  el  visto  bueno  de  la 
presidencia de la misma.
Artículo 8.  La cooperativa en constitución.
1.  Las personas promotoras de la cooperativa en constitución, o las personas 
gestoras designadas de entre aquellas en la asamblea constituyente, celebrarán, en 
nombre de la sociedad, los actos y contratos indispensables para su constitución, así 
como los que la asamblea constituyente les encomiende expresamente. También estarán 
habilitadas  para  actuar  en  nombre  de  la  sociedad  durante  esta  fase  las  personas 
designadas y con mandato específico para ello. es
2.  De los actos y contratos celebrados en nombre de la sociedad antes de su  o
inscripción  en  el  Registro  de  Cooperativas  de  Euskadi  responderán  solidariamente  ww.
qlcaou oiienp3nse.e crsari Dtpliovceasi ól .onhs u yba,ic etesones n ys  ucce oclenabtsrraoat,do osa , d sleaas lcvprooit soqtseu reeio nsr  uea l esafupicnaacrcitóaiand  ohd u1eb  dieleos see  smqteuis eamdratoídcsuo lp oco orren spdpaicoritonend aeddreáa   llaaa    OE-A-2020-615able en https://w
sociedad en constitución con el patrimonio formado por las aportaciones de las personas
socias.  Las  personas  socias  responderán  personalmente  hasta  el  límite  de  las 
aportaciones que se hubiesen obligado a desembolsar.
4.  Inscrita la cooperativa, esta quedará obligada por los actos y contratos a que se 
refiere el apartado precedente. También quedará obligada por aquellos actos y contratos 
que acepte dentro del plazo de tres meses desde su inscripción. En ambos supuestos 
cesará la responsabilidad solidaria de las personas promotoras, gestoras o mandatarias.
5.  En el supuesto de que el valor del patrimonio social, sumado el importe de los 
gastos indispensables para la inscripción de la cooperativa, fuese inferior a la cifra del 
capital social, las personas socias estarán obligadas a cubrir la diferencia.
6.  Hasta que no se produzca la inscripción en el Registro de Cooperativas de 
Euskadi la sociedad deberá añadir a su denominación las palabras «en constitución».
Artículo 9.  Calificación previa del proyecto de estatutos.
1.  Las personas gestoras, salvo acuerdo en contrario de la asamblea constituyente, 
podrán solicitar del Registro de Cooperativas de Euskadi, que deberá resolver en el 
plazo de treinta días desde la solicitud, la calificación previa del proyecto de estatutos, 
anticipadamente al otorgamiento de la escritura de constitución.
2.  Si el Registro de Cooperativas de Euskadi apreciara defectos subsanables, los 
comunicará a las personas gestoras, quienes estarán autorizadas, salvo acuerdo en 
contrario de la asamblea constituyente, para subsanarlos en el plazo de un mes.
Artículo 10.  Cooperativa irregular.
1.  Verificada la voluntad de no inscribir la sociedad en el Registro de Cooperativas 
de Euskadi y, en cualquier caso, transcurrido un año desde el otorgamiento de la 
escritura sin que se haya solicitado su inscripción, cualquier persona socia podrá instar a 
la disolución de la cooperativa en constitución y exigir, previa liquidación del patrimonio 
social, la restitución de sus aportaciones.
2.  En tales circunstancias, si la cooperativa ha iniciado o continúa sus operaciones, 
se aplicarán las normas de la sociedad colectiva o, en su caso, las de la sociedad civil. El 
artículo 8.4 no será aplicable a la posterior inscripción de la cooperativa.
Artículo 11.  Constitución.
1.  La cooperativa se constituirá mediante escritura pública, que deberá otorgarse 
en el plazo de dos meses a contar desde la fecha de la asamblea constituyente o, en su 
caso, desde la calificación previa del proyecto de estatutos sociales, y se inscribirá en el 
Registro de Cooperativas de Euskadi, momento a partir de cual adquirirá personalidad 
jurídica.
2.  La inscripción de la escritura de constitución y la de todos los demás actos 
relativos a la cooperativa podrá practicarse previa justificación de que ha sido solicitada o 
realizada la liquidación de los impuestos correspondientes al acto inscribible.
Artículo 12.  Escritura de constitución.
1.  La escritura pública de constitución, salvo que sea otorgada por la totalidad de 
las personas promotoras, deberá serlo por las personas designadas en la asamblea 
constituyente, con sujeción a los acuerdos adoptados por la misma.
2.  La escritura pública de constitución, que incluirá, en su caso, el acta de la  e.e
asamblea constituyente, deberá contener los siguientes extremos: w.b
ysc olapcseiaaer)l s, d oesnLi  paofeuss re snpsooreonmnma b posreeotorscsr,iao aasn.p,a essl liij dueorsísdt,ai cesad sfau,d ey,r  paernno  fpaeemsrióbsnoo nsy a cesas stfaíosdsico la acs i,nv iaol cd ileoa n laadslei dnpaoedmr,s ioennla adcsioó mont iocorigl ioraa nyzt óelnas    OE-A-2020-61able en https://
b)  La voluntad de fundar una cooperativa de la clase de que se trate.
c)  Manifestación de las personas otorgantes de que cada una de las personas 
promotoras  ha  desembolsado,  al  menos,  el  veinticinco  por  ciento  de  la  aportación 
obligatoria mínima para ser persona socia fijada por los estatutos, o, en su caso, la 
fracción superior necesaria para cubrir el capital mínimo fijado en el artículo 4, y, en su 
caso, la forma y plazos en que se deberá desembolsar el resto de dicha aportación, si se 
hubiere diferido.
d)  Los estatutos sociales.
e)  Los  nombres,  apellidos,  profesión  y  edad  de  las  personas  físicas,  o  la 
denominación o razón social si fueran personas jurídicas, designadas para ocupar los 
cargos de los órganos sociales necesarios y, en ambos supuestos, su nacionalidad y 
domicilio, y, en su caso, los datos correspondientes a las personas auditoras de cuentas.
f)  Declaración  de  que  no  existe  otra  cooperativa  con  idéntica  denominación, 
adjuntándose para su incorporación al instrumento público las certificaciones originales 
sobre  denominación  no  coincidente  expedidas  por  el  registro  de  cooperativas  del 
ministerio  competente  en  materia  de  trabajo  y  por  el  Registro  de  Cooperativas  de 
Euskadi.
g)  Valor asignado a las aportaciones no dinerarias, si las hubiese, con descripción 
suficiente de las mismas y detalle de las que realice o se obligue a realizar cada una de 
las personas promotoras.
h)  La cuantía aproximada de los gastos de constitución de la cooperativa, tanto de 
los efectuados como de los que se hayan previsto hasta que aquella quede inscrita.
3.  En la escritura pública de constitución podrán incluirse además todos los pactos 
y  condiciones  que  las  personas  promotoras  hubiesen  acordado  en  la  asamblea 
constituyente, siempre que no se opongan a las leyes ni contradigan los principios 
configuradores de la sociedad cooperativa.
Artículo 13.  Contenido mínimo de los estatutos.
1.  Los estatutos que han de regir el funcionamiento de la cooperativa harán constar 
como mínimo los siguientes extremos:
a)  La denominación de la misma.
b)  El domicilio social.
c)  La actividad que constituya su objeto social.
d)  Su duración.
e)  Ámbito territorial de la actividad cooperativa principal.
f)   Requisitos para la admisión y baja de las personas socias.
g)  Derechos y obligaciones de las personas socias, indicando el compromiso o la 
participación mínima de aquellas en las actividades de la cooperativa.
h)  Normas de disciplina social, tipificación de las faltas y sanciones, procedimientos 
sancionadores y recursos.
i)    Capital  social  mínimo  de  la  cooperativa  y  determinación  de  la  aportación 
obligatoria inicial de las distintas personas socias que tenga la sociedad.
j)   Reembolso de las aportaciones de las personas socias, así como régimen de 
transmisión de las mismas.
k)  Criterios de distribución de excedentes, con determinación de los porcentajes 
mínimos a destinar al Fondo de Reserva Obligatorio y a la contribución para la educación 
y promoción cooperativa y otros fines de interés público. s
l)   Forma de publicidad y plazo para convocar la asamblea general, ordinaria o  oe.
extraordinaria, en primera o segunda convocatoria, o bien en tercera convocatoria para  w.
eey ll  3cr éadgseio me dsetena   ldlaeesy  .caodooppecrióantiv daes  daecu ceorndsousm, toa,l  ecnosmeoñ asnez are yc,o agger aernia se l ya artlíicmuelon t3a6ri aasp, aarstaí dcoosm 2o   2020-615n https://w
m)  La estructura del órgano al que se confía la administración de la cooperativa, así
como su régimen de actuación. Bc
n)  Composición y funciones, si fuesen preceptivos o se prevean estatutariamente, 
de la comisión de vigilancia y, en su caso, del comité de recursos y del consejo social.
o)  Garantías y órganos establecidos para respetar el derecho a la información de 
las personas socias, en los términos establecidos en los artículos 24 y 25 de la presente 
ley.
p)  Causas de disolución de la cooperativa.
q)  Las sociedades cooperativas de más de 50 personas socias elaborarán un 
modelo  de  prevención  de  delitos  de  la  cooperativa,  así  como  establecerán  los 
mecanismos para su seguimiento. Igualmente, habrán de incorporar medios específicos 
para que la cooperativa sea un ámbito libre de violencias sexistas.
r)  Los demás supuestos obligatorios en aplicación de la presente ley.
2.  Podrán dictarse, para el desarrollo de determinados aspectos de funcionamiento 
de la cooperativa, reglamentos de régimen interno, sin que, en ningún caso, resulten 
contrarios o puedan vulnerar lo dispuesto en sus estatutos.
Artículo 14.  Nulidad de la cooperativa.
Una vez inscrita la cooperativa, la acción de nulidad solo podrá ejercitarse por las 
causas y con los efectos establecidos en la Ley de Sociedades de Capital, con la 
salvedad de que la concurrencia en el acto constitutivo de la voluntad efectiva de dos 
personas socias fundadoras queda sustituida por la del número mínimo de personas 
socias establecido por la presente ley.
CAPÍTULO III
Registro de cooperativas de Euskadi
Artículo 15.  Organización.
El  Registro  de  Cooperativas  de  Euskadi  es  un  registro  público,  con  estructura 
orgánica unitaria, adscrito al departamento del Gobierno Vasco competente en materia 
de trabajo.
Artículo 16.  Eficacia del registro.
1.  La eficacia del registro está definida por los principios de publicidad material y 
formal, legalidad, legitimación, prioridad y tracto sucesivo.
2.  La inscripción de la constitución, fusión, escisión, disolución y reactivación de las 
cooperativas, así como la de transformación en sociedades de esta naturaleza, tendrá 
carácter constitutivo, considerándose como fecha de inscripción la fecha de presentación 
de la documentación. En los demás casos será declarativo.
3.  El Registro de Cooperativas de Euskadi promoverá, en sus relaciones con las 
ciudadanas y ciudadanos y con las entidades interesadas en acceder al mismo, la 
utilización de medios electrónicos, informáticos y telemáticos a los efectos de facilitar 
dichas relaciones, especialmente la inscripción y depósito de los actos sujetos al mismo, 
así como la resolución de consultas y expedición de certificados.
Artículo 17.  Funciones.
El Registro de Cooperativas de Euskadi tendrá las siguientes funciones: o
a)  Calificar, inscribir y certificar los actos que según la normativa vigente deban  5w
garcacdeod,e ar  au ndioicnheos  rye gfeisdterora, cqiounee sse d ree fcieoroapne raa tcivoaosp,e ara atisvoacsi adceio nperism deero d, iscehgausn fdeod eora uclitoenrieosr 
loa  ap roetsraesn teen lteidy.ades jurídicas que agrupen mayoritariamente a cooperativas reguladas en  BOE-A-cable e
b)  Habilitar y legalizar los libros obligatorios.
c)  Recibir el depósito de las cuentas anuales y la certificación de los acuerdos 
correspondientes  de  las  cooperativas  a  que  se  refiere  el  apartado  a)  del  presente 
artículo, limitándose a calificar si los documentos presentados son los exigidos por la ley, 
si están debidamente aprobados por la asamblea general y si constan las preceptivas 
firmas.
d)  Expedir certificaciones sobre la denominación de las entidades cooperativas.
e)  Resolver las consultas que sean de su competencia.
f)   Cualquier otra atribuida por esta ley o por sus normas de desarrollo.
Artículo 18.  Normas supletorias.
1.  En cuanto a plazos, personación en el expediente, representación y demás 
materias  formales  referidas  al  Registro  de  Cooperativas  de  Euskadi  no  reguladas 
expresamente en esta ley o en sus normas de desarrollo, serán de aplicación las normas 
del procedimiento administrativo.
2.  La demanda judicial contra actos dictados en aplicación del derecho sustantivo 
cooperativo se interpondrá ante los juzgados y tribunales mercantiles, de conformidad 
con la Ley Orgánica del Poder Judicial y normativa procesal aplicable.
CAPÍTULO IV
De las personas socias
Artículo 19.  Personas que pueden ser socios o socias.
1.  Pueden  ser  socios  o  socias  de  las  cooperativas  de  primer  grado  tanto  las 
personas físicas como las jurídicas, públicas o privadas, con las salvedades establecidas 
en el título II de la presente ley.
En las cooperativas de segundo o ulterior grado se estará a lo dispuesto en el 
artículo 147.
En el momento de la constitución, las cooperativas de primer grado habrán de estar 
integradas, al menos, por tres personas socias de la clase de la cooperativa que se 
constituye. Las de segundo o ulterior grado deberán contar entre sus personas socias 
fundadoras con dos sociedades cooperativas como mínimo.
2.  Las personas socias de las cooperativas se encuadrarán en alguna de las 
siguientes modalidades:
a)  Personas socias cooperadoras.
b)  Personas socias inactivas o no usuarias y personas socias en excedencia.
c)  Personas socias colaboradoras.
d)  En las cooperativas mixtas, las personas socias titulares de partes sociales con 
voto.
3.  Son  personas  socias  cooperadoras  las  personas  físicas  o  jurídicas  cuya 
condición de persona socia está directamente relacionada con la participación efectiva 
en la actividad de la cooperativa, sea como trabajador o trabajadora, o como usuario o 
usuaria.
4.  Son personas socias inactivas o no usuarias y personas socias en excedencia 
las así consideradas en el artículo 31 de esta ley. e.e
5.  Podrán  adquirir  la  condición  de  personas  socias,  que  se  denominarán  w.b
colaboradoras, aquellas personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que, sin poder  5ww
rmeiaslmizoa.r  Spluesn admereenctheo es l yo bojbeltigoa scoiocniael sc oseo preergautliavorá, np upeodr alon  dcioslpaubeosrator  eenn  lloas c eosntsaetuctuocsió, ny,  deenl 
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de los votos ni en la asamblea general ni en el consejo rector.
Las personas socias colaboradoras, en función de su participación en la actividad 
cooperativizada, tendrán derecho a participar en los resultados de la cooperativa, si así 
lo prevén expresamente los estatutos o bien lo acuerda la asamblea general y el consejo 
rector lo formaliza de forma expresa.
Las personas socias colaboradoras tendrán la consideración de personas socias 
cooperadoras exclusivamente en relación con las cooperativas mixtas.
6.  Son titulares de partes sociales con voto las personas socias minoritarias en las 
cooperativas mixtas.
7.  Las administraciones públicas y sus entes instrumentales dependientes podrán 
ser socias cuando el objeto de la cooperativa sea prestar servicios o realizar actividades 
relacionadas con las encomendadas a dichas entidades, siempre que tales prestaciones 
no supongan ni requieran el ejercicio de autoridad pública.
Artículo 20.  Admisión.
1.  Los estatutos establecerán los requisitos necesarios para la adquisición de la 
condición de persona socia de acuerdo con lo establecido en la presente ley.
2.  La aceptación o denegación de la admisión no podrán producirse por causas que 
supongan cualquier tipo de discriminación en relación con el objeto social.
3.  La solicitud de admisión se formulará por escrito a las personas administradoras, 
que resolverán en un plazo no superior a sesenta días a contar desde la recepción de 
aquella.  Transcurrido  dicho  plazo  sin  resolución  expresa  se  entenderá  aprobada  la 
admisión. La decisión desfavorable a la admisión deberá ser motivada
4.  Denegada la admisión, la persona solicitante podrá recurrir ante el comité de 
recursos o, en su defecto, ante la asamblea general, en el plazo de veinte días desde la 
notificación de la decisión denegatoria.
El recurso deberá ser resuelto por el comité de recursos en el plazo de treinta días o, 
en su caso, por la primera asamblea general que se celebre, mediante votación secreta. 
En ambos supuestos será preceptiva la audiencia previa de la persona interesada.
5.  El acuerdo de admisión podrá ser recurrido ante el comité de recursos o, en su 
defecto, ante la primera asamblea general que se celebre, a instancia del número de 
personas socias que fijen los estatutos, que deberán establecer el plazo para recurrir, el 
cual no podrá ser superior a veinte días desde la notificación del acuerdo de admisión.
La adquisición de la condición de persona socia quedará en suspenso hasta que 
haya transcurrido el plazo para recurrir la admisión o, si esta fuese recurrida, hasta que 
resuelva el comité de recursos o, en su caso, la asamblea general. El comité de recursos 
deberá resolver en el plazo de treinta días, y la asamblea general, en la primera reunión 
que  celebre,  mediante  votación  secreta.  En  ambos  supuestos  será  preceptiva  la 
audiencia previa de la persona interesada.
Artículo 21.  Personas socias de trabajo.
1.  En las cooperativas de primer grado que no sean de trabajo asociado, y en las 
de segundo o ulterior grado, los estatutos podrán prever los requisitos por los cuales las 
personas  trabajadoras  podrán  adquirir  la  cualidad  de  personas  socias  de  trabajo, 
consistiendo su actividad cooperativa en la prestación de su trabajo personal en la 
cooperativa.
2.  Serán de aplicación a las personas socias de trabajo las normas establecidas en 
esta ley para las personas socias trabajadoras de las cooperativas de trabajo asociado,  es
con las salvedades establecidas en este artículo. bo
3.  Los  estatutos  deberán  fijar  los  criterios  para  una  participación  equitativa  y  w
cspooomcnid4aoe.s  rt radaEdebna at  rdejaaelb dc aolaajrossa,o   ppe deosertrse  oqc nunuoeae ns pl torsaoso  caceejiseadtnsaea trduá, et eos tlsir  at liapeb rmanejuvopee oeav nqan u  lpuaeen  crc ospoooernrpreiaeos rdpsaooot icnvdiadea.a  pl learuvl eapbseaeri  opedanor al ad  leac osp oprpueeerrsbaoatni.v aSas,i    OE-A-2020-61able en https://
procediese dicho periodo y la relación fuera resuelta por decisión unilateral de cualquiera
de las partes, la relación jurídico-laboral que no se hubiese extinguido con anterioridad al 
periodo de prueba por transcurso de su plazo se entenderá renovada en las condiciones 
existentes al inicio de dicha fase de prueba.
Artículo 22.  Obligaciones de las personas socias.
Las personas socias estarán obligadas a:
a)  Asistir a las reuniones de las asambleas generales y demás órganos a las que 
fuesen convocadas.
b)  Aceptar los cargos para las que fueran elegidas, salvo justa causa de excusa.
c)  Participar en las actividades que constituyen el objeto de la cooperativa. A estos 
efectos,  los  estatutos  señalarán  los  módulos  o  normas  mínimas  de  participación. 
Igualmente,  las  personas  administradoras  podrán,  cuando  exista  causa  justificada, 
liberar de esta obligación a la persona socia en la medida que proceda.
La participación mínima o compromiso de las personas socias en las actividades de 
la  cooperativa  podrá  hacerse  efectiva  mediante  su  participación  directa  en  las 
actividades de la propia cooperativa o bien, siempre que así se prevea en los estatutos, 
en otras entidades con las que la cooperativa coopere o participe y en las que esta tenga 
un interés especial vinculado al objeto social. Las personas socias que participen en 
estas otras entidades tendrán carácter minoritario en la cooperativa de origen, salvo en 
situaciones de necesidad empresarial por causas económicas, técnicas, organizativas o 
de producción, o de fuerza mayor.
d)  No  realizar  actividades  competitivas  con  el  objeto  social  que  desarrolle  la 
cooperativa ni colaborar con quien las realice, salvo que sean autorizadas expresamente 
por las personas administradoras.
e)  Guardar  secreto  sobre  actividades  y  datos  de  la  cooperativa  cuando  su 
divulgación pueda perjudicar los intereses sociales.
f)   Desembolsar sus aportaciones al capital social en las condiciones previstas.
g)  Asumir la imputación de las pérdidas en la cuantía acordada por la asamblea 
general.
h)  Cumplir los demás deberes que resulten de las normas legales y estatutarias, así 
como  los  que  deriven  de  acuerdos  válidamente  adoptados  por  los  órganos  de  la 
cooperativa.
Artículo 23.  Derechos de las personas socias.
1.  Las personas socias tendrán derecho a:
a)  Elegir y ser elegidas para los cargos de los órganos de la cooperativa.
b)  Formular propuestas y participar con voz y voto en la adopción de todos los 
acuerdos de la asamblea general y de los demás órganos de los que formen parte.
c)  Participar en todas las actividades de la cooperativa, sin discriminación.
d)  Recibir  la  información  necesaria  para  el  ejercicio  de  sus  derechos  y  el 
cumplimiento de sus obligaciones.
e)  La actualización y devolución, cuando proceda, de las aportaciones al capital 
social, así como, en su caso, percibir intereses por las mismas.
f)   El retorno cooperativo, en su caso.
g)  Los demás que resulten de las leyes y de los estatutos.
2.  Las personas socias deberán ejercitar sus derechos de conformidad con las  bo
normas legales y estatutarias, y los acuerdos válidamente adoptados por los órganos de  w
la cooperativa.
Artículo 24.  Derecho de información.
1.  Las personas socias podrán ejercitar el derecho de información en los términos 
previstos en esta ley, en los estatutos o en los acuerdos de la asamblea general, que 
podrán establecer los cauces que consideren oportunos para facilitar y hacer efectivo 
este derecho.
2.  Toda persona socia tendrá derecho a:
a)  Solicitar  una  copia  de  los  estatutos  de  la  cooperativa  y,  en  su  caso,  del 
reglamento de régimen interno.
b)  Examinar el libro registro de personas socias de la cooperativa y el libro de actas 
de  la  asamblea  general,  y,  si  lo  solicita,  las  personas  administradoras  deberán 
proporcionarle copia certificada del acta y de los acuerdos adoptados en la asamblea 
general, y certificación de las inscripciones en el libro registro de personas socias previa 
solicitud motivada.
c)  Solicitar copia certificada de los acuerdos de las personas administradoras que le 
afecten individualmente.
d)  Ser informada por las personas administradoras, y en el plazo máximo de un 
mes desde que lo solicite, sobre su situación económica en relación con la cooperativa.
3.  Toda persona socia podrá solicitar por escrito a las personas administradoras las 
aclaraciones  o  informes  que  considere  necesarios  sobre  cualquier  aspecto  del 
funcionamiento o de los resultados de la cooperativa, que deberán ser proporcionados 
en  la  primera  asamblea  general  que  se  celebre  pasados  quince  días  desde  la 
presentación del escrito.
4.  Cuando en la asamblea general, de acuerdo con el orden del día, haya de 
deliberarse  sobre  las  cuentas  del  ejercicio  o  cualquier  propuesta  económica,  los 
documentos que reflejen las cuentas anuales, la propuesta de aplicación de resultados y, 
en su caso, el informe de gestión realizado por el consejo rector, y la auditoría externa de 
cuentas  deberán  estar  a  disposición  de  las  personas  socias  en  el  domicilio  de  la 
cooperativa para que puedan ser examinados por los mismos durante el plazo de 
convocatoria. Asimismo, deberá estar a disposición de las personas socias, en su caso, 
el informe de la comisión de vigilancia que contempla el artículo 56.
Durante este plazo, las personas socias podrán solicitar por escrito, al menos con 
cinco  días  de  antelación  a  la  celebración  de  la  asamblea,  las  explicaciones  y 
aclaraciones referidas a aquella documentación económica para que sean contestadas 
en el acto de la asamblea.
5.  Sin perjuicio del derecho establecido en el apartado anterior, las personas socias 
que representen al menos el diez por ciento del total de los votos sociales podrán 
solicitar por escrito, en todo momento, la información que consideren necesaria. Las 
personas administradoras deberán proporcionar por escrito la información solicitada, en 
un plazo no superior a treinta días.
6.  En todo caso, las personas administradoras deberán informar a las personas 
socias o a los órganos que las representen, trimestralmente, al menos, y por el cauce 
que  estimen  conveniente,  de  las  principales  variables  socioeconómicas  de  la 
cooperativa.
Artículo 25.  Límites y garantías del derecho de información.
1.  Las  personas  administradoras  solo  podrán  denegar,  motivadamente,  la  e.
información cuando la solicitud resulte temeraria u obstruccionista, o el proporcionarla  w.b
ponga  en  grave  peligro  los  intereses  legítimos  de  la  cooperativa.  No  obstante,  no  5w
parcotoc eddee rláa  easstaam ebxcleeap cgieónne cruaal nyd loa  las oinlicfoitrumda dcieó nin dfoernmeagcaidóan  hsaeyaa  adpeo pyraodpao rpcoior nmarásse  deen  elal 
mitad de los votos presentes y representados y, en los demás supuestos, cuando así lo
acuerde el comité de recursos o, en su defecto, la asamblea como consecuencia del 
recurso que las personas socias solicitantes de la información hayan interpuesto.
En todo caso, la negativa de las personas administradoras podrá ser impugnada por 
las  personas  solicitantes,  de  conformidad  con  el  procedimiento  establecido  en  el 
artículo 51 de esta ley, quienes, además, respecto a los supuestos del apartado 2 de 
este artículo, podrán acudir al procedimiento previsto en el artículo 256 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil.
2.  Los estatutos, para evitar arbitrariedades y perjuicios tanto en la solicitud como 
en la aportación o la denegación de información, podrán establecer un sistema de 
garantías  que  tenga  en  cuenta  las  particularidades  de  la  cooperativa  y  la  efectiva 
situación de la persona socia tanto en la actividad cooperativa como en sus derechos y 
obligaciones.
Artículo 26.  Baja voluntaria.
1.  La persona socia podrá darse de baja voluntariamente en la cooperativa en todo 
momento, mediante preaviso por escrito a las personas administradoras en el plazo que 
fijen los estatutos, que no podrá ser superior a tres meses para las personas físicas y a 
un año para las personas jurídicas.
2.  La pertenencia de la persona socia a la cooperativa tendrá carácter indefinido.
No obstante, si lo prevén los estatutos y se acuerda en el momento de la admisión, 
podrán  establecerse  vínculos  sociales  de  duración  determinada.  Los  derechos  y 
obligaciones propios de tales vínculos serán equivalentes a los de las demás personas 
socias y serán regulados en los estatutos. El conjunto de estas personas socias no podrá 
ser superior a la quinta parte de las personas socias de carácter indefinido de la clase de 
que se trate ni de los votos de estas últimas en la asamblea general, salvo en las 
cooperativas de trabajo asociado o en las que, siendo de otra clase, tengan personas 
socias de trabajo, que podrán superar dichas proporciones siempre que el número de 
horas/año  de  trabajo  realizadas  en  conjunto  por  las  personas  socias  de  duración 
determinada y las personas trabajadoras por cuenta ajena no llegue al cincuenta por 
ciento del total de horas/año realizadas por las personas socias trabajadoras o de trabajo 
de carácter indefinido.
Las personas socias trabajadoras o de trabajo titulares de contratos societarios de 
duración determinada que acumulen un periodo de tres años en esa situación tendrán la 
opción de adquirir la condición de persona socia de duración indefinida, y si dicho 
periodo alcanza cinco años, la adquirirán en todo caso, para lo que deberán cumplir los 
demás requisitos estatutariamente establecidos para las personas socias de duración 
indefinida.
3.  Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 1 de este artículo, los estatutos 
pueden  exigir  la  permanencia  de  las  personas  socias  hasta  el  final  del  ejercicio 
económico o por un tiempo mínimo que no podrá ser superior a cinco años.
4.  El incumplimiento del plazo de preaviso, así como las bajas que dentro de los 
plazos mínimos de permanencia se produjeran, tendrán la consideración de bajas no 
justificadas, salvo que las personas administradoras de la cooperativa, atendiendo a las 
circunstancias del caso, acordaran lo contrario. Todo ello sin perjuicio de que pueda 
exigirse a la persona socia, además, el cumplimiento de las actividades y servicios 
cooperativos en los términos en que venía obligado y, en su caso, la correspondiente 
indemnización de daños y perjuicios.
5.  Además de lo establecido en el apartado anterior, se considerará que la baja  e.
voluntaria es no justificada: w.b
coopabe))  raCEtivnua al.onsd od elam ápse rssuopnuae ssotocsia p rveavyiast oas  reena lliozas re asctatitvuitdoasd.es competitivas con las de la  OE-A-2020-61able en https://
6.  La calificación de la baja como justificada o injustificada será competencia de las 
personas administradoras, que deberán formalizarla en un plazo máximo de tres meses 
a contar desde la notificación del preaviso a que hace referencia el apartado 1 de este 
artículo.  La  calificación  se  notificará  por  escrito  a  la  persona  socia  interesada. 
Transcurrido dicho plazo sin que las personas administradoras la hubieran notificado, la 
baja se considerará justificada.
7.  Cuando se produzca la prórroga de la actividad de la cooperativa, su fusión o 
escisión, el cambio de clase o la alteración sustancial del objeto social de aquella, o la 
exigencia de nuevas aportaciones obligatorias al capital, se considerará justificada la 
baja de cualquier persona socia que haya votado en contra del acuerdo correspondiente 
o que, no habiendo asistido a la asamblea general en la que se adoptó dicho acuerdo, 
exprese su disconformidad con el mismo. En el caso de transformación se estará a lo 
previsto en el artículo 89.
Artículo 27.  Baja obligatoria.
1.  Causarán baja obligatoria las personas socias que pierdan los requisitos exigidos 
para serlo según esta ley o los estatutos de la cooperativa.
2.  La baja obligatoria será acordada, previa audiencia de la persona interesada, por 
las personas administradoras, de oficio, a petición de cualquier otra persona socia o de 
la propia persona afectada, en el plazo y con los efectos previstos en el artículo 26.6 de 
esta ley.
3.  El  acuerdo  de  las  personas  administradoras  será  ejecutivo  desde  que  sea 
notificada la ratificación del comité de recursos o, en su defecto, de la asamblea general, 
o haya transcurrido el plazo previsto en estatutos para recurrir ante los mismos. No 
obstante, el acuerdo podrá establecer con carácter inmediato la suspensión cautelar de 
derechos y obligaciones de la persona socia hasta que el acuerdo sea ejecutivo si así lo 
prevén  los  estatutos,  que  deberán  determinar  el  alcance  de  dicha  suspensión.  La 
persona  socia  conservará  su  derecho  de  voto  en  la  asamblea  general  mientras  el 
acuerdo no sea ejecutivo.
4.  La baja obligatoria tendrá la consideración de justificada cuando la pérdida de los 
requisitos para ser persona socia no sea consecuencia de la voluntad de la persona 
socia de incumplir sus obligaciones con la cooperativa o de beneficiarse indebidamente 
con su baja obligatoria.
Será  de  aplicación  a  la  baja  obligatoria  no  justificada  lo  establecido  en  los 
apartados 3 y 4 del artículo precedente.
5.  La persona socia disconforme con la decisión de las personas administradoras 
sobre la calificación o efectos tanto de su baja voluntaria como de la obligatoria podrá 
recurrir; siendo de aplicación al efecto lo establecido en los apartados 2 y 4 del artículo 
siguiente.
Artículo 28.  Expulsión.
1.  La expulsión de las personas socias solo podrá ser acordada por las personas 
administradoras por falta muy grave tipificada en los estatutos, mediante expediente 
instruido al efecto y con audiencia de la persona interesada.
2.  Contra el acuerdo de expulsión, la persona socia podrá recurrir, en el plazo de 
treinta días desde la notificación del mismo, ante el comité de recursos o, en su defecto, 
ante la asamblea general. es
El recurso ante el comité de recursos deberá ser resuelto, con audiencia de la  bo
persona  interesada,  en  un  plazo  máximo  de  tres  meses  desde  la  fecha  de  su  w
plqaru eeps Ereeimlnl  rrteeaercccauiu órqrsnsuo.o e T a hrsnaaet ne ssc ildcoaoun a rversoisdaqtomium ebda liecdyha oso .ge pe rlnaeezsrooa llvs deiner ábh eaprboáer  irnv scoiltduaoicr siróeen sc usoeemlctoore  pytau n,n optotrif eidcveaiald  ooar,du sedenie  endnceitlae d ndídaee  drleáa    OE-A-2020-61able en https://
propia persona interesada.
3.  El acuerdo de expulsión será ejecutivo desde que sea notificada la ratificación 
del comité de recursos o, en su defecto, de la asamblea general, o haya transcurrido el 
plazo para recurrir ante los mismos.
4.  El acuerdo de expulsión, una vez ratificado por el comité de recursos o la 
asamblea  general,  podrá  ser  impugnado,  en  el  plazo  de  dos  meses  desde  su 
notificación, por el cauce procesal a que se refiere el artículo 41.
Artículo 29.  Normas de disciplina social.
1.  Los estatutos de cada cooperativa fijarán las normas de disciplina social. Las 
personas socias solo pueden ser sancionadas en virtud de infracciones previamente 
tipificadas en los estatutos. Las sanciones que pueden ser impuestas a las personas 
socias  por  cada  clase  de  falta  serán  igualmente  fijadas  en  los  estatutos  y  podrán 
consistir  en  amonestación,  económicas,  de  suspensión  de  derechos  sociales,  o  de 
expulsión.
2.  Las infracciones leves prescriben al mes; las graves, a los dos meses, y las muy 
graves, a los tres meses.
El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día en 
que  la  infracción  se  hubiera  cometido.  En  el  caso  de  infracciones  continuadas  o 
permanentes, el plazo comenzará a correr desde que finalizó la conducta infractora.
Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento de la persona interesada, 
de un procedimiento de naturaleza sancionadora, y se reiniciará el plazo de prescripción 
si el expediente sancionador estuviera paralizado, por causa no imputable a la persona 
presuntamente responsable, sin dictar ni notificar resolución alguna, durante más de 
cuatro meses.
3.  Los  estatutos  fijarán  los  procedimientos  sancionadores  y  los  recursos  que 
correspondan, respetando en cualquier caso las siguientes normas:
a)  La  facultad  sancionadora  es  competencia  indelegable  de  las  personas 
administradoras.
b)  Es preceptiva la audiencia previa de la persona interesada.
c)  Las sanciones por faltas graves o muy graves son recurribles ante el comité de 
recursos o, si no lo hubiere, ante la asamblea general en el plazo de treinta días desde la 
notificación de la sanción.
d)  El  acuerdo  de  sanción  puede  ser  impugnado  según  el  trámite  procesal 
establecido en el artículo 52. En su caso, la ratificación por el comité de recursos o por la 
asamblea general puede ser impugnada en el plazo de un mes desde la notificación, por 
el trámite procesal de impugnación establecido en el artículo 41.
4.  El  alcance  de  la  suspensión  de  los  derechos  de  la  persona  socia  vendrá 
determinado necesariamente por los estatutos sociales.
Artículo 30.  Suspensión o baja obligatoria de la persona socia trabajadora o de trabajo 
por causas económicas, técnicas, organizativas, de producción o de fuerza mayor.
1.  Cuando  se  produzcan  causas  económicas,  técnicas,  organizativas,  de 
producción  o  de  fuerza  mayor  que  así  lo  hagan  necesario,  se  podrá  suspender 
temporalmente la obligación y el derecho de la persona socia trabajadora o de trabajo a 
prestar su trabajo, con pérdida de los derechos y obligaciones económicos de dicha 
prestación, conservando el resto de sus derechos y obligaciones de persona socia. e.
Para ello, la asamblea general o, en su caso, el consejo rector si así lo establecen los  w.b
estatutos, deberá declarar la necesidad de que, por alguna de las mencionadas causas,  5w
tpraasbeanja dao ralas  os itduea ctiróanb adjoe  qsuues pinetnesgiróann  llaa  ctootoapliedraadti voa , paasrí tec odmeo  leals  tiepmerpsoo nqause  shoac idaes 
dtruarbaarj adlao rassu sop deen stiróanb,a joy  qduees higanna dr,e  qjuusetidfiacra deanm sietunatec,i ónla ds e csounscpreentassió np.ersonas  socias
Al  cesar  las  causas  de  suspensión,  la  persona  socia  trabajadora  o  de  trabajo 
recobrará plenamente sus derechos y obligaciones.
2.  Cuando por gravedad de las causas económicas, técnicas, organizativas, de 
producción o de fuerza mayor que concurran sea necesario, para mantener la viabilidad 
económica de la cooperativa, reducir con carácter definitivo el número global de puestos 
de trabajo o el de determinados colectivos o grupos profesionales, la asamblea general 
o, en su caso, el consejo rector si así lo establecen los estatutos, deberá determinar el 
número e identidad de las personas socias trabajadoras o de trabajo que habrán de 
causar  baja  en  la  cooperativa.  La  baja,  en  estos  casos,  tendrá  consideración  de 
obligatoria justificada, y las personas socias cesantes tendrán derecho a la devolución 
inmediata de sus aportaciones voluntarias al capital social y a la devolución en el plazo 
de hasta dos años de sus aportaciones obligatorias periodificadas de forma mensual, y 
conservarán un derecho preferente al reingreso, si se crean nuevos puestos de trabajo 
de contenido similar al que ocupaban, en los dos años siguientes a la baja. No obstante, 
cuando  la  cooperativa  tenga  disponibilidad  de  recursos  económicos  objetivables,  la 
devolución de las aportaciones obligatorias deberá realizarse en el ejercicio económico 
en curso.
En  caso  de  que  las  personas  socias  cesantes  sean  titulares  de  aportaciones 
previstas en el artículo 60.1.b y la cooperativa no acuerde su devolución inmediata, las 
personas socias que permanezcan en la cooperativa deberán adquirir estas aportaciones 
inmediatamente en los términos que acuerde la asamblea general.
Artículo 31.  Personas socias inactivas o no usuarias y personas socias en excedencia.
1.  Los estatutos de la cooperativa podrán prever que las personas socias que, por 
cualquier causa justificada, y con la antigüedad mínima que aquellos establezcan, dejen 
de utilizar los servicios prestados por la misma o de realizar la actividad cooperativa 
puedan ser autorizadas para mantener su cualidad de personas socias pasando a la 
condición de persona socia inactiva o no usuaria.
2.  Tales personas socias tendrán los derechos y obligaciones que resulten de lo 
establecido en los estatutos, si bien el conjunto de sus votos no podrá ser superior a la 
quinta parte del total de votos sociales.
3.  Si la inactividad estuviera provocada por la jubilación de la persona socia, el 
interés abonable a su aportación al capital social podrá ser superior al de las personas 
socias en activo, respetando el límite señalado en el artículo 63.
4.  Los estatutos podrán regular, estableciendo sus derechos y obligaciones, la 
situación de la persona socia en excedencia que ha dejado de realizar temporalmente la 
actividad.
CAPÍTULO V
Los órganos de la cooperativa
Artículo 32.  Clases de órganos.
1.  Son órganos necesarios en la cooperativa:
a)  La asamblea general.
b)  El órgano de administración. s
2.  Los estatutos podrán regular la creación y funcionamiento de la comisión de  w.b
vigilancia, el consejo social y el comité de recursos en los términos previstos en esta ley,  5ww
scionm  ppeetrejunicciioa s daetr ibeusitdaabsle ac elor s octirtaods,o sq óureg aenno s nsioncgiúanle sc.aso  desempeñarán  funciones  y
com3p.l emLeons taódrag apnoors  lodse  elas tactuotoopse rsaoticviaa lesse,   aresgí ircáonm  op orp olro  edl isrpeugelasmtoe neton  ienstetarn ole yo, 
cualquier  acuerdo  válidamente  adoptado  que  se  apruebe  con  el  fin  de  organizar 
adecuadamente su funcionamiento.
4.  Las  sociedades  cooperativas  y  sus  estructuras  asociativas  procurarán  la 
presencia equilibrada de las personas socias en los órganos de que dispongan, así como 
el establecimiento de medidas de igualdad de género, especialmente, las dirigidas a la 
conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
Sección 1.ª De la asamblea general
Artículo 33.  La asamblea general. Concepto y competencias.
1.  La asamblea general de la cooperativa es la reunión de las personas socias, 
constituida para deliberar y tomar acuerdos en las materias propias de su competencia.
2.  Los acuerdos de la asamblea general obligan a todas las personas socias.
3.  Corresponde en exclusiva a la asamblea general la adopción de los siguientes 
acuerdos:
a)  Nombramiento  y  revocación,  por  votación  secreta,  de  las  personas 
administradoras,  de  las  personas  miembros  de  la  comisión  de  vigilancia  y  de  las 
liquidadoras o liquidadores, así como, en su caso, de quienes sean miembros del comité 
de recursos y del consejo social. Y el ejercicio de la acción de responsabilidad contra las 
mismas.
b)  Nombramiento y revocación, que solo cabrá cuando exista justa causa, de las 
personas auditoras de cuentas.
c)  Examen  de  la  gestión  social,  aprobación  de  las  cuentas  anuales  y  de  la 
distribución de excedentes o imputación de pérdidas.
d)  Establecimiento de nuevas aportaciones obligatorias, del interés que devengarán 
las aportaciones a capital y de las cuotas de ingreso o periódicas.
e)  Emisión de obligaciones, de títulos participativos y de participaciones especiales, 
u otras formas de financiación previstas en el artículo 68, sin perjuicio de lo establecido 
en el artículo 62.2.
f)   Modificación de los estatutos sociales.
g)  Constitución de cooperativas de segundo o ulterior grado, grupos cooperativos y 
entidades similares, así como adhesión y separación de las mismas.
h)  Fusión, escisión, transformación y disolución de la sociedad.
i)   Toda decisión que suponga, según los estatutos, una modificación sustancial en 
la estructura económica, organizativa o funcional de la cooperativa.
j)   Aprobación o modificación del reglamento interno de la cooperativa.
k)  Todos los demás acuerdos en que así lo establezca la ley.
4.  Asimismo, podrá debatir la asamblea sobre cuantos asuntos sean de interés 
para la cooperativa, pero únicamente podrá tomar acuerdos obligatorios en materias que 
esta ley no considere competencia exclusiva de otro órgano social.
5.  La competencia de la asamblea general sobre los actos en que su acuerdo es 
preceptivo en virtud de norma legal tiene carácter indelegable, salvo lo previsto para los 
procesos de integración cooperativa, señalado en el apartado 3.g del presente artículo.
Artículo 34.  Clases de asambleas generales.
Las asambleas generales pueden ser ordinarias y extraordinarias. La asamblea  e.
general ordinaria tiene por objeto principal el examen de la gestión social, aprobar, si  w.
procede,  las  cuentas  anuales  y,  en  su  caso,  resolver  sobre  la  distribución  de  los  5w
ecuxcaelqdueienrt eso toro l aa ismupnutota cpióronp dioe  dlaes  plaé rdcoidmasp.e Pteondcriáa,  adsei mlais maosa, minbcllueiar . enTo sdua so rdlaesn  ddeelm dáías 
asambleas tienen el carácter de extraordinarias.
Artículo 35.  Convocatoria.
1.  La asamblea general será convocada por las personas administradoras.
2.  La asamblea general ordinaria se reunirá necesariamente dentro de los seis 
primeros meses siguientes a la fecha de cierre del ejercicio social. Si transcurre dicho 
plazo sin que se haya celebrado ni convocado, cualquier persona socia podrá requerir, 
notarialmente o por otro medio fehaciente, a las personas administradoras para que 
procedan a convocarla. Si estas no la convocan en el plazo de quince días, a contar 
desde  la  recepción  del  requerimiento,  cualquier  persona  socia  la  podrá  solicitar  al 
juzgado  de  lo  mercantil  del  domicilio  social,  que  deberá  convocar  la  asamblea,  y 
designar a quien haya de presidirla. Esta asamblea general, aun convocada fuera de 
plazo, no perderá su condición de ordinaria.
3.  La  asamblea  general  extraordinaria  se  reunirá,  en  cualquier  momento,  por 
iniciativa propia de las personas administradoras, a petición de la comisión de vigilancia, 
o a petición de personas socias que representen al menos el veinte por ciento del total 
de  votos,  efectuada  por  medio  de  un  requerimiento  fehaciente  a  las  personas 
administradoras que incluya un orden del día con los asuntos y propuestas a debate. Si 
la asamblea general no fuera convocada en el plazo de treinta días a contar desde la 
recepción de la solicitud, se podrá solicitar convocatoria judicial, conforme a lo previsto 
en el número anterior.
4.  Las personas socias que representen más del diez por ciento del total de votos 
podrán solicitar, en escrito dirigido a las personas administradoras y en los cinco días 
siguientes al anuncio de convocatoria, la introducción de uno o más asuntos en el orden 
del día. Las personas administradoras deberán incluirlos, publicando el nuevo orden del 
día con, al menos, la publicidad exigida legalmente y con una antelación mínima de 
cuatro días a la fecha de celebración de la asamblea, que en ningún caso podrá 
posponerse.
5.  La  asamblea  general  se  convocará  siempre  mediante  anuncio  expuesto 
públicamente de forma destacada en el domicilio social y en cada uno de los demás 
centros en que la cooperativa desarrolle su actividad, así como mediante cualquier 
procedimiento de comunicación individual y escrito previsto, en su caso, en los estatutos.
Cuando la cooperativa tenga más de quinientas personas socias, o si así lo exigen 
los estatutos, la convocatoria se anunciará también en uno de los periódicos, escritos o 
digitales, de gran circulación en el territorio histórico del domicilio social.
Si  la  cooperativa  tiene  una  página  web  corporativa,  la  asamblea  general  será 
convocada mediante anuncio publicado en la página web de la sociedad, siempre que la 
creación de dicha página se hubiera acordado por la asamblea general y el acuerdo de 
dicha creación se hubiera hecho constar en la hoja abierta para la cooperativa en el 
Registro  de  Cooperativas  de  Euskadi.  En  este  supuesto,  no  será  de  aplicación  la 
obligación establecida en el párrafo anterior.
Los  estatutos  podrán  establecer  mecanismos  adicionales  de  publicidad  a  los 
previstos en la ley, de modo que se garantice la comunicación de la convocatoria a todas 
las personas socias, e imponer a la sociedad la gestión telemática de un sistema de 
alerta a las personas socias de los anuncios de convocatoria insertados en la web de la 
sociedad.
6.  La convocatoria se hará pública con una antelación mínima de diez días y 
máxima de sesenta días a la fecha en que haya de celebrarse.
7.  La convocatoria indicará, al menos, la fecha, la hora y el lugar de la reunión, en 
primera y segunda convocatoria –entre las cuales deberá transcurrir como mínimo media  e.
hora–, y expresará con claridad, precisión y suficiente detalle los asuntos que componen  w.b
el orden del día. 5w
persAodneams ásso,c eians  eal  eaxnaumncinioa rd ee nl ae lc odnovmoiccailitoo rsiao csiea l,h ay ráe nc olan sintatrra enle td edree clah os odceie tdoadda ss il alas 
hubi8e.s e,N loa  doobcsutamneten tlaoc dióisnp cuoersretos peonn dloies natep aar tlaodso psu anntotesr dioerle osr ddeenl  pdreels deínat.e artículo, será
válida la reunión sin necesidad de convocatoria siempre que, estando presentes o
representadas  todas  las  personas  socias,  decidan  por  unanimidad  constituirse  en 
asamblea general universal, aprobando y firmando todas el orden del día y la lista de 
asistentes, sin que sea necesaria la permanencia de la totalidad de las personas socias 
con posterioridad.
Artículo 36.  Funcionamiento.
1.  La asamblea general, salvo que tenga el carácter de universal, se celebrará en la 
localidad donde radique el domicilio social. Los estatutos, en los casos en que exista 
causa que lo justifique, podrán fijar con carácter general otros lugares de reunión, o los 
criterios a seguir por las personas administradoras para la determinación del lugar de 
celebración de la misma.
Los  estatutos  podrán  posibilitar  que  las  personas  socias  que  se  encuentren 
geográficamente distantes participen y manifiesten su voluntad para adoptar válidamente 
acuerdos  a  través  de  videoconferencia  u  otro  sistema  similar  que  permita  la 
comunicación bidireccional y simultánea de la imagen y el sonido, y la interacción visual, 
auditiva y verbal.
Cuando alguna persona socia participe en la asamblea general y manifieste su 
voluntad en la forma señalada en el párrafo anterior, el secretario o secretaria que lo sea 
de la asamblea dejará constancia expresa en el acta de la misma, de la identidad de la 
persona socia y del medio utilizado para ello, junto con el resto de condiciones exigidas 
para la adopción válida de los acuerdos.
2.  La asamblea general quedará válidamente constituida, en primera convocatoria, 
cuando  estén  presentes  o  representados  la  mayoría  de  votos,  y  en  segunda 
convocatoria, cuando estén presentes o representados al menos personas socias que 
ostenten el diez por ciento de los votos o cien votos. Salvo previsión estatutaria en 
contra, basta alcanzar dicho quorum al inicio de la sesión. No obstante, los estatutos de 
las cooperativas de consumo, enseñanza, y agrarias y alimentarias, exclusivamente, 
podrán prever una tercera convocatoria por la que la asamblea general podrá celebrarse 
cualquiera que sea el número de votos presentes o representados, si bien deberá mediar 
al  menos,  entre  la  segunda  y  tercera  convocatoria,  el  intervalo  que  se  fije  en  los 
estatutos sociales.
3.  Tendrán derecho de asistencia las personas socias que lo sean a la fecha en la 
que se acordó la convocatoria de la asamblea general.
4.  Salvo que los estatutos exijan su asistencia personal, las personas socias podrán 
hacerse representar por otras personas socias mediante autorización por escrito con 
carácter especial para cada asamblea. En el caso de asamblea universal, el escrito en 
que se acredite la representación deberá contener el orden del día previsto.
Ninguna persona socia podrá ostentar más de dos representaciones, además de la 
suya. La representación es revocable. La asistencia personal a la asamblea general de 
la persona representada tendrá valor de revocación.
5.  Si  los  estatutos  lo  prevén,  en  las  cooperativas  de  consumo,  de  viviendas, 
enseñanza, agrarias y alimentarias, y en cualesquiera otras dirigidas a la satisfacción de 
necesidades familiares, las personas socias podrán hacerse representar en la asamblea 
general por su cónyuge u otro familiar, hasta el grado de parentesco que admitan los 
estatutos, o tutor o tutora legal con plena capacidad de obrar. También determinarán si 
se exigirá poder especial para cada sesión asamblearia o si el escrito de representación 
tendrá validez durante el periodo que aquellos señalen.
6.  Presidirá la asamblea general la persona designada por los estatutos. En su  e.
defecto, quien presida el órgano de administración. Y, a falta de esta, la persona socia  w.b
que elija la asamblea. Corresponde a la presidenta o presidente dirigir las deliberaciones,  5ww
fmoarmntaelindeard eels  olerdgeanle se.n el desarrollo de la asamblea y velar por el cumplimiento de las
desi7g.n adLoa  tapmrebsiiédne nptoar  loo s persetsaitduetonste o  epsotra lraás  paesrisstoidnoa s psoorc iausn aa sissetecnretetasr iaa  lao a ssaemcrbelteaari.o
8.  La  votación  será  secreta  en  los  supuestos  previstos  en  esta  ley  o  en  los 
estatutos, y, en todo caso, a solicitud de personas socias que representen el diez por 
ciento de las personas socias presentes y representadas.
9.  Serán nulos los acuerdos sobre asuntos que no consten en el orden del día, 
salvo que esta ley expresamente autorice su adopción.
10.  Las personas administradoras deberán asistir a las asambleas generales. Los 
estatutos podrán autorizar u ordenar la asistencia de directoras, directores, gerentes, 
técnicas, técnicos y demás personas que tengan interés en la buena marcha de los 
asuntos sociales. La asamblea general podrá autorizar la presencia de cualquier otra 
persona.
Artículo 37.  Derecho de voto.
1.  En las cooperativas cada persona socia tendrá un voto.
2.  No obstante, en las cooperativas de primer grado los estatutos pueden prever 
que  el  derecho  de  voto  de  las  personas  jurídicas  socias  que  sean  cooperativas, 
sociedades controladas por estas y entidades públicas sea proporcional a la actividad 
cooperativa con la sociedad o a las prestaciones complementarias a esta actividad en el 
marco de la intercooperación.
En  este  supuesto  los  estatutos  deberán  fijar  con  claridad  los  criterios  de 
proporcionalidad del derecho de voto.
El número de votos de una persona socia que no sea una sociedad cooperativa no 
podrá ser superior al tercio de los votos totales de la cooperativa.
3.  En las cooperativas de segundo o ulterior grado se estará a lo previsto en el 
artículo 149.
En las de crédito se aplicará lo establecido en la normativa especial aplicable a estas 
entidades.
4.  El número total de votos de las personas socias colaboradoras, las inactivas o no 
usuarias, las personas socias en excedencia y las de vínculo de duración determinada 
no podrá alcanzar, en ningún caso, la mitad de los votos totales de la cooperativa.
5.  Los estatutos deberán establecer los supuestos en los que, por conflicto de 
intereses, la persona socia deba abstenerse de votar.
6.  Los estatutos podrán establecer el procedimiento, las condiciones y los requisitos 
para efectuar las votaciones mediante procedimientos telemáticos, que, en su caso, 
deben garantizar la confidencialidad del voto.
Artículo 38.  Régimen de mayorías.
1.  Los acuerdos de la asamblea general se adoptarán por más de la mitad de los 
votos válidamente emitidos. A estos efectos, no se computarán los votos en blanco ni las 
abstenciones. Se exceptuarán los supuestos en que esta ley o los estatutos establezcan 
una mayoría reforzada.
2.  Será necesaria mayoría de dos tercios de los votos válidamente emitidos por las 
personas socias presentes o representadas para acordar la transformación, la fusión, la 
escisión y la disolución de la cooperativa, siempre que el número de votos presentes y 
representados  sea  inferior  al  setenta  y  cinco  por  ciento  del  total  de  votos  de  la 
cooperativa.
Artículo 39.  Acta de asamblea general. es
1.  Los acuerdos de la asamblea general se consignarán en acta, que redactará el  w.
secretario o secretaria, y transcribirá en el libro de actas, con expresión de las siguientes  5w
circunstancias:
ba))   FFeecchhaa  yy  lmugoadro d ee nla q rueeu nsieó nh.ubiera efectuado la convocatoria, salvo que se trate
de asamblea universal.
c)  Texto íntegro de la convocatoria.
d)  El  número  de  personas  socias  concurrentes,  indicando  cuántas  lo  hacen 
personalmente y cuántas asisten por representación, y si se celebra la asamblea en 
primera, segunda o tercera convocatoria.
e)  Un resumen de los asuntos debatidos y de las intervenciones de las que se haya 
solicitado constancia.
f)   El contenido de los acuerdos adoptados.
g)  El resultado de las votaciones, expresando las mayorías con que se hubiera 
adoptado cada uno de los acuerdos. Siempre que lo solicite quien haya votado en 
contra, se hará constar su oposición a los acuerdos.
h)  La aprobación del acta, cuando se hubiera producido al finalizar la reunión.
2.  La lista de personas asistentes figurará al comienzo de la propia acta o se 
adjuntará a ella por medio de anexo firmado por el secretario o secretaria con el visto 
bueno del presidente o presidenta. La lista de personas asistentes podrá formarse 
también  mediante  fichero  o  incorporarse  a  soporte  informático,  con  los  requisitos 
establecidos  en  el  reglamento  del  registro  mercantil  para  las  sociedades  de  esta 
naturaleza.
3.  El acta podrá ser aprobada por la propia asamblea a continuación de haberse 
celebrado esta o, en su defecto y necesariamente, dentro del plazo de quince días, por el 
presidente o presidenta y dos personas socias, designadas por la asamblea, quienes la 
firmarán, además del secretario o secretaria.
4.  Cualquier  persona  asistente  a  la  asamblea  tendrá  derecho  a  solicitar 
certificaciones  del  texto  íntegro  del  acta  o  de  los  acuerdos  adoptados,  que  serán 
expedidas por quien sea secretario o secretaria a la fecha de la expedición, con el visto 
bueno del presidente o presidenta o, en su caso, por el administrador o administradora 
única.
5.  Los acuerdos producirán los efectos a ellos inherentes desde el momento en que 
hayan sido adoptados.
6.  Los acuerdos inscribibles deberán presentarse en el Registro de Cooperativas de 
Euskadi dentro de los treinta días siguientes al de la aprobación del acta.
Artículo 40.  Asamblea de delegadas y delegados.
1.  Los estatutos podrán establecer que la asamblea general se constituya como 
asamblea de delegadas o delegados de las personas socias, elegidas o elegidos en 
juntas  preparatorias,  en  los  casos  en  que  la  cooperativa  tenga  más  de  quinientas 
personas socias o concurran circunstancias que dificulten de forma grave y permanente 
la presencia de todas las personas socias en la asamblea general.
2.  Los estatutos deberán regular expresamente los criterios de adscripción de las 
personas socias a cada junta preparatoria, el régimen de convocatoria y constitución de 
estas, las normas para la elección de delegadas o delegados, que deberán ser siempre 
personas socias, el número de votos que podrá ostentar cada delegada o delegado en la 
asamblea y el carácter y duración del mandato que se les confiera.
3.  Para  regular  el  número  de  delegadas  o  delegados  a  elegir  por  cada  junta 
preparatoria y el número de votos que ostenten en la asamblea general, los estatutos 
deberán atenerse necesariamente a criterios de proporcionalidad.
4.  En lo no previsto en el presente artículo y en los estatutos sobre las juntas 
preparatorias, se observarán, en cuanto sean aplicables, las normas establecidas para la  e
asamblea general. bo
Artíc1u. lo P4o1d. ráInm psuegrn aimcipóung dnea daocus erldoos s adceu lear adsoasm  dbele al ag eansearaml.blea  general  que  sean
contrarios a la ley, se opongan a los estatutos o lesionen, en beneficio de una o varias
personas socias o de terceras personas no socias, los intereses de la cooperativa. Bc
2.  No procederá la impugnación de un acuerdo que haya sido dejado sin efecto o 
sustituido válidamente por otro en los términos de la Ley de Sociedades de Capital ni en 
los demás supuestos que dicha norma prevé. Si fuera posible eliminar la causa de 
impugnación, el juzgado de lo mercantil otorgará un plazo razonable para que aquella 
pueda ser subsanada.
3.  La acción de impugnación podrá ser ejercitada por todas las personas socias, las 
personas  administradoras,  las  personas  miembros  de  la  comisión  de  vigilancia  y 
cualquier persona tercera no socia con interés legítimo, y caducará en el plazo de un 
año, con excepción de los acuerdos que, por su causa o contenido, resulten contrarios al 
orden público.
4.  El plazo de caducidad para el ejercicio de la acción de impugnación prevista en 
el apartado anterior de este artículo se computará desde la fecha de adopción del 
acuerdo o, si fuera inscribible, desde la fecha de su inscripción en el Registro de 
Cooperativas de Euskadi.
5.  Con carácter general el procedimiento de impugnación se acomodará a las 
normas establecidas en la Ley de Sociedades de Capital, con la salvedad de que para 
solicitar en el escrito de demanda la suspensión del acuerdo impugnado se exigirá que 
quien demande sea la Comisión de Vigilancia o personas socias que representen al 
menos un 10 % del número de votos en cooperativas de más de 50 personas socias, 
un 15 % en las cooperativas de entre 10 y 50 personas socias y el 20 % en cooperativas 
de menos de 10 personas socias.
6.  La sentencia estimatoria de la acción de impugnación producirá efectos frente a 
todas las personas socias, pero no afectará a los derechos adquiridos por terceras 
personas no socias de buena fe a consecuencia del acuerdo impugnado. En el caso de 
que el acuerdo impugnado estuviese inscrito en el Registro de Cooperativas de Euskadi, 
la sentencia determinará su cancelación.
Sección 2.ª De la administración y representación de la cooperativa
Artículo 42.  Las personas administradoras. Naturaleza y competencias.
1.  Las personas administradoras son el órgano al que corresponde en exclusiva la 
gestión y representación de la cooperativa, y ejercen además todas las facultades que 
no estén expresamente reservadas por la ley o los estatutos a otros órganos sociales.
2.  Los estatutos deberán determinar el modo en que se ejerza la representación 
atribuida a las personas administradoras, que se extenderá, en juicio o fuera de él, a 
todos los actos comprendidos en el objeto social. Cualquier limitación estatutaria de las 
facultades  representativas  de  las  personas  administradoras  será  ineficaz  frente  a 
terceras personas no socias. La cooperativa quedará obligada frente a terceras personas 
no socias que hayan obrado de buena fe y sin culpa grave, aunque se desprenda de los 
estatutos que el acto no está comprendido en el objeto social.
Artículo 43.  Elección de las personas administradoras.
1.  Las personas administradoras se configuran como un órgano colegiado con el 
nombre de consejo rector. No obstante, cuando el número de personas socias de la 
cooperativa  no  sea  superior  a  diez,  los  estatutos  podrán  prever  la  existencia  de 
administrador o administradora única.
Los estatutos fijarán el número de personas administradoras o, al menos, su número  e.e
máximo y mínimo, en cuyo caso será la asamblea general la que lo precise. b
2.  El administrador o administradora única deberá ser persona socia cooperadora.  w
pEenr seoln acso nnsoe sjoo criaesc,t osra, lvuon ap rotehribciecriaó n peaxrptere sdae  dseu lso s mesietamtubtrooss.  podrá  ser  elegida  entre
may3o.r  nLúamse rpoe drseo vnoatso sa dvámliidnaismtreandtoer aesm siteidroásn  eenle vgoidtaacsió pno sre lcar eatas.amblea general, por el
Cuando en el consejo rector de la cooperativa se hayan establecido reservas de 
puestos conforme a lo previsto en el artículo 47.6, salvo disposición contraria de los 
estatutos,  cada  colectivo  de  personas  socias  afectado  tendrá  derecho  a  elegir 
directamente en la asamblea el número de consejeros o consejeras que le corresponda, 
sin intervenir en la elección de las restantes personas miembros del consejo.
4.  En caso de ser designada administradora una persona jurídica, esta deberá 
nombrar a una persona física para el ejercicio de las funciones propias del cargo.
5.  El  nombramiento  de  las  personas  administradoras  surtirá  efecto  desde  el 
momento de su aceptación, y deberá ser presentado a inscripción en el Registro de 
Cooperativas de Euskadi dentro de los 30 días siguientes a la fecha de aquella.
6.  El órgano de administración podrá conferir y revocar apoderamientos generales 
a una o varias personas responsables de la dirección o gerencia, cuyas facultades serán 
las otorgadas en la escritura de poder, que solo podrá referirse al tráfico ordinario de la 
cooperativa. Tanto el nombramiento como el apoderamiento y su revocación deberán 
inscribirse en el Registro de Cooperativas de Euskadi. El órgano de administración 
también podrá conferir apoderamientos singulares a cualquier persona.
7.  Si durante el plazo para el que fueron elegidas consejeras o consejeros se 
produjesen vacantes en número minoritario, sin que existieran suplentes, el consejo 
rector podrá designar entre las personas socias la persona que haya de ocupar la 
vacante hasta que se reúna la primera asamblea general.
Artículo 44.  Incapacidad y prohibiciones.
1.  No podrán ser administradoras las siguientes personas:
a)  Las menores de edad no emancipadas, las judicialmente incapacitadas, las 
personas inhabilitadas conforme a la Ley Concursal, mientras no haya concluido el 
periodo  de  inhabilitación  fijado  en  la  sentencia  de  calificación  del  concurso,  y  las 
condenadas  por  delitos  contra  la  libertad,  contra  el  patrimonio  o  contra  el  orden 
socioeconómico, contra la seguridad colectiva, contra la Administración de Justicia, o por 
cualquier clase de falsedad, así como aquellas que por razón de su cargo no puedan 
ejercer el comercio.
b)  El personal funcionario o al servicio de la Administración pública con funciones a 
su cargo que se relacionen con las actividades propias de las sociedades de que se 
trate, los jueces, juezas, magistrados o magistradas y las demás personas afectadas por 
una incompatibilidad legal.
c)  Las  que  desempeñen  o  ejerzan  por  cuenta  propia  o  ajena  actividades 
competitivas  a  las  de  la  cooperativa,  o  que  bajo  cualquier  forma  tengan  intereses 
opuestos a los de la misma, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 49.4 de esta ley.
d)  Las que sean miembros de la comisión de vigilancia y del comité de recursos, y 
las personas directoras gerentes.
e)  Las incursas en los supuestos estatutariamente previstos.
2.  El administrador o administradora que estuviese incurso en cualquiera de las 
incapacidades  o  prohibiciones  de  este  artículo  deberá  dimitir  inmediatamente.  No 
obstante, podrá ser suspendido temporalmente en el ejercicio de su cargo, hasta la 
celebración de la siguiente asamblea general, por la comisión de vigilancia, y si no la 
hubiera por el consejo rector. La asamblea general, siempre que se haya producido la 
suspensión cautelar o a petición de cualquier persona socia, procederá a la destitución  s
del administrador o administradora, a excepción del caso previsto en el apartado c), en  oe.
que la asamblea general decidirá libremente su cese o continuidad. w.
Artículo 45.  Remuneración.
rem1u.n erEald oc arsgioe mdper ea dqmuien isatrsaíd osr eo  aaudtmoriincies traedxoprrae ssaemráe ngter ateunito . loNso  eosbtasttauntotes,,  sqeuráe 
establecerán, además, los criterios para la fijación de las remuneraciones a las personas
administradoras.  Corresponderá  a  la  asamblea  general  fijar  el  importe  anual  de  la 
remuneración.
En todo caso, la remuneración deberá guardar una proporción razonable con la 
importancia de la cooperativa, con la situación económica que tuviera en cada momento 
y, sobre todo, con las prestaciones efectivas realizadas por las personas administradoras 
en el desempeño del cargo.
Todo ello deberá figurar en la memoria anual.
2.  En cualquier caso, serán resarcidas de los gastos que el cargo les origine.
Artículo 46.  Duración y cese.
1.  Las personas administradoras serán elegidas por un periodo que fijarán los 
estatutos –entre dos y cinco años–. Podrán ser reelegidas –por iguales plazos–, salvo 
que los estatutos establezcan lo contrario. Transcurrido el plazo para el que fueron 
nombradas, las personas administradoras continuarán provisionalmente en su cargo 
hasta que se celebre la próxima asamblea general.
2.  La asamblea general podrá, sin necesidad de su constancia en el orden del día, 
decidir la destitución de las personas administradoras. Cuando no figure en el orden del 
día, deberán votar a favor de la destitución las dos terceras partes de los votos presentes 
y representados.
3.  Cuando algún administrador o administradora sea destituida, se procederá en la 
misma  sesión  a  la  elección  de  nuevas  personas  administradoras  por  la  asamblea 
general, aunque no figure en el orden del día.
4.  El cese por cualquier causa de las personas administradoras solo surtirá efectos 
frente a terceras personas no socias desde su inscripción en el Registro de Cooperativas 
de Euskadi.
Artículo 47.  Composición y renovación del consejo rector.
1.  Los estatutos establecerán la composición del consejo rector, cuyo número de 
miembros no podrá ser inferior a tres. Si estableciesen la existencia de suplentes para 
sustituir a las personas miembros titulares en caso de vacante definitiva, determinarán su 
número y el sistema de elección y sustitución.
2.  Salvo que los estatutos prevean su elección por la asamblea general, el consejo 
rector elegirá entre sus miembros los cargos de presidente o presidenta y secretario o 
secretaria. También podrán prever los estatutos que la figura del secretario o secretaria 
no ostente la condición de persona socia o consejera de la cooperativa.
3.  La renuncia de un consejero o consejera deberá ser motivada y comunicada por 
escrito al consejo rector, el cual deberá determinar si la causa alegada para renunciar es 
justificada o no y comunicarla por escrito al interesado.
La calificación de la renuncia podrá ser recurrida ante la asamblea general o comité 
de recursos en las mismas condiciones y plazos que las establecidas para la baja 
obligatoria.
La fecha de efectos de la renuncia será la que fije en su notificación el consejero o 
consejera  renunciante,  que,  en  ningún  caso,  podrá  ser  de  fecha  anterior  a  la  de 
notificación.
En el caso de que la cooperativa considerara no justificada la renuncia, podrá 
exigirse, en su caso, al administrador o administradora la correspondiente indemnización 
de daños y perjuicios. es
4.  El consejo rector se renovará parcialmente, salvo que los estatutos establezcan  bo
la renovación simultánea. w
olotsra e56ss ..  tactiLLrucaotuossns  ec sesotastnatnsatcuebitjaleoesrsz,a  cspas onoud   lrocád oncins opstniernterjteaavre roirois m.q pupoelad nlratáa ncc oiósmenpr  orgseeiecoliegógrnái dfdiocesal  ,c inoldanessf einjdoidi vraeemcrsteoanrs t ere,a flcsetajievlvi,do ea nqdtuerees    OE-A-2020-61able en https://
desarrolladas por la cooperativa, las diferentes clases de personas socias y la proporción
existente entre ellas, estableciendo las correspondientes reservas de puestos y una 
representación equilibrada de mujeres y hombres.
Artículo 48.  Funcionamiento del consejo rector.
1.  Los estatutos regularán el funcionamiento interno del consejo rector. En lo no 
previsto por estos, el consejo rector podrá regular su propio funcionamiento.
2.  El consejo rector, que será convocado por el presidente o presidenta, quedará 
válidamente  constituido  cuando  concurran  a  la  reunión  más  de  la  mitad  de  sus 
componentes. La asistencia a las reuniones del consejo será personal e indelegable.
Los estatutos podrán posibilitar que las personas miembros del consejo rector que se 
encuentren geográficamente distantes participen y manifiesten su voluntad para adoptar 
válidamente acuerdos a través de videoconferencia u otro sistema similar que permita la 
comunicación bidireccional y simultánea de la imagen y el sonido y la interacción visual, 
auditiva y verbal.
Cuando alguna persona miembro del consejo rector participe en las reuniones de 
dicho órgano y manifieste su voluntad de la forma señalada en el párrafo anterior, el 
secretario o secretaria dejará constancia expresa en el acta de la identidad de aquella y 
del medio utilizado para ello, junto con el resto de condiciones exigidas para la adopción 
válida de los acuerdos.
3.  Los acuerdos se adoptarán por más de la mitad de votos de las personas 
asistentes, salvo que la ley o los estatutos dispongan otra cosa, y cada consejero o 
consejera tendrá un voto. A estos efectos, no se computarán los votos en blanco ni las 
abstenciones.
El consejo rector necesitará el voto favorable de al menos dos tercios de los votos 
emitidos de conformidad con el párrafo anterior, para adoptar los siguientes acuerdos:
a)  Cierre o traslado de un centro principal de actividad o de una parte significativa 
del mismo.
b)  Restricción,  ampliación  o  modificación  sustanciales  de  la  actividad  de  la 
cooperativa.
c)  Cambios de trascendencia en la organización de la cooperativa.
d)  Establecimiento o extinción de vínculos con otras entidades, cooperativas o no, 
que supongan una relación de colaboración permanente y valiosa para la cooperativa.
e)  Cuando así lo establezca la ley.
El voto del presidente o presidenta dirimirá los empates.
4.  Los acuerdos del consejo serán llevados a un libro de actas. El acta de la 
reunión, firmada por el presidente o presidenta y el secretario o secretaria, recogerá los 
debates, en forma sucinta, el texto de los acuerdos, así como los resultados de las 
votaciones.
5.  Cuando los estatutos de la sociedad cooperativa no dispusieran otra cosa, el 
consejo  rector  podrá  designar  de  su  seno  una  comisión  ejecutiva  o  una  o  más 
consejeras o consejeros delegados.
En  ningún  caso  podrán  ser  objeto  de  delegación  la  rendición  de  cuentas  y  la 
presentación de cuentas anuales a la asamblea general ni las facultades que esta 
conceda al consejo rector, salvo que fuese expresamente autorizado por ella.
La delegación permanente de alguna facultad del consejo rector en la comisión 
ejecutiva o en un consejero o consejera delegada y la designación de las personas  s
miembros del consejo que hayan de ocupar tales cargos requerirán para su validez el  oe.
voto favorable de las dos terceras partes de las personas que componen el consejo  w.
rinescctorirp cdióen a ecnu eerl dRoe gciosntr olo d ep rCeovoisptoe raetniv aesl  dneú mEeursok a3d i.y no producirán efectos hasta su  2020-615n https://w
Artículo 49.  Deberes de las personas administradoras.
1.  Las  personas  administradoras  deberán  desempeñar  su  cargo  y  cumplir  los 
deberes impuestos por las leyes y los estatutos sociales con la diligencia de un ordenado 
empresario o empresaria, teniendo en cuenta la naturaleza del cargo y las funciones 
atribuidas a cada una de ellas; adoptando las medidas precisas para la correcta gestión 
y representación de la cooperativa.
2.  Asimismo, las personas administradoras desempeñaran su cargo con la lealtad 
de  una  o  un  representante  fiel,  obrando  de  buena  fe  en  el  mejor  interés  de  la 
cooperativa, sin que ejerciten sus facultades con fines distintos de aquellos para los que 
le han sido concedidas.
3.  Las personas administradoras deben guardar secreto sobre los datos que tengan 
carácter confidencial, aun después de cesar en sus funciones, salvo en los casos en que 
la ley lo permita o requiera.
4.  Las  personas  administradoras  se  abstendrán  de  desarrollar  actividades  por 
cuenta propia o ajena que entrañen una competencia con la cooperativa o que, de 
cualquier otro modo, supongan un conflicto con los intereses de la cooperativa.
No  obstante,  la  cooperativa,  mediante  previo  acuerdo  expreso  de  la  asamblea 
general, podrá dispensar las prohibiciones contenidas en el apartado anterior en casos 
singulares.
El administrador o administradora incurso en estas situaciones de conflicto, que en 
todo caso deberá comunicar al consejo rector o a la asamblea general cuando sea 
administrador  o  administradora  única,  no  podrá  tomar  parte  en  la  correspondiente 
votación.
Los actos, contratos u operaciones realizados sin la mencionada autorización podrán 
ser anulados, quedando a salvo los derechos adquiridos por terceras personas no socias 
de buena fe.
5.  En  el  ámbito  de  las  decisiones  estratégicas  y  de  negocio,  sujetas  a  la 
discrecionalidad empresarial, el estándar de diligencia de un ordenado empresario o 
empresaria  se  entenderá  cumplido  cuando  el  administrador  o  administradora  haya 
actuado  de  buena  fe,  sin  interés  personal  en  el  asunto  objeto  de  decisión,  con 
información suficiente y en el marco de un funcionamiento adecuado.
No  se  entenderán  incluidas  dentro  del  ámbito  de  discrecionalidad  empresarial 
aquellas  decisiones  en  que  exista  o  pueda  existir  un  conflicto  de  intereses  con  la 
cooperativa.
Artículo 50.  Responsabilidad de las personas administradoras.
1.  Las personas administradoras responderán, siempre que haya intervenido dolo o 
culpa, de los daños que causen por actos contrarios a la ley o a los estatutos sociales, o 
por los realizados incumpliendo los deberes inherentes al cargo.
2.  Responderán  solidariamente  todas  las  personas  miembros  del  órgano  que 
realizó el acto o adoptó el acuerdo lesivo, salvo las que prueben que, no habiendo 
intervenido  en  su  adopción  o  ejecución,  desconocían  su  existencia  o,  en  caso  de 
conocerla,  hicieron  todo  lo  posible  para  evitar  el  daño  o,  al  menos,  se  opusieron 
expresamente a aquel.
3.  No exonerará de responsabilidad el hecho de que el acto o acuerdo lesivo haya 
sido adoptado, autorizado o ratificado por la asamblea general.
4.  La responsabilidad de las personas administradoras se extiende igualmente a las  e
personas administradoras de hecho. A tal fin, tendrá la consideración de administrador o  bo
administradora de hecho tanto la persona que, sin haber sido nombrada administradora,  w
dbaeacrsjoeeN emcodu poytereaañns ed qi nruáese ftelr aucp ctcricveoiasonmtnsaeie dsnae tpareaoc ctylúaioóes nn f fi dnulaeans nc aipcodieenmrresoison  niaspat rrsolaa pad idoacmrso  ooindp ieaseldt rramcatadiivnrogairso at ersacs dodtaemob rloalae,   csdeioeenc n hideseoduc a hcudoan. salao  ,s peaerqriesuo ednllaea    OE-A-2020-61able en https://
condiciones o requerimientos, salvo prueba en contrario.
Artículo 51.  Acciones de responsabilidad contra las personas administradoras.
1.  La acción social de responsabilidad contra las personas administradoras podrá 
ser ejercitada por la cooperativa, previo acuerdo de la asamblea general, por mayoría 
ordinaria, que podrá ser adoptado aunque no figure en el orden del día. En cualquier 
momento la asamblea general podrá transigir o renunciar al ejercicio de la acción.
Cuando no estuviera incluido en el orden del día, deberán votar a favor las dos 
terceras partes de los votos presentes y representados, excluidos los votos en blanco y 
nulos.
2.  El acuerdo de la asamblea general de promover la acción o transigir sobre ella 
implica la destitución automática de las personas administradoras afectadas.
3.  Cuando la cooperativa no entable la acción de responsabilidad, dentro del plazo 
de tres meses contados desde la fecha de adopción del correspondiente acuerdo, podrá 
ejercitarla cualquier persona socia. Asimismo, las personas socias que representen al 
menos  el  veinte  por  ciento  de  los  votos  podrán  también  entablar  la  acción  de 
responsabilidad en defensa del interés social cuando las personas administradoras no 
convocasen la asamblea general solicitada a tal fin.
4.  Transcurrido el plazo de seis meses a partir de la producción del daño sin que la 
acción hubiera sido ejercitada por la asamblea o por las personas socias, podrá entablar 
la acción de responsabilidad cualquier acreedor social a los solos efectos de reconstituir 
el patrimonio de la cooperativa.
5.  En todo caso, la acción prescribirá a los dos años de producirse los actos que 
hayan originado dicha responsabilidad o desde su conocimiento.
6.  No  obstante  lo  dispuesto  en  los  números  precedentes,  quedan  a  salvo  las 
acciones individuales que puedan corresponder a las personas socias y a terceras 
personas  no  socias  por  actos  de  las  personas  administradoras  que  lesionen 
directamente sus intereses.
7.  La  infracción  del  deber  de  lealtad  determinará  no  solo  la  obligación  de 
indemnizar el daño causado al patrimonio social, sino también la de devolver a la 
cooperativa el enriquecimiento injusto.
Artículo 52.  Impugnación de acuerdos de las personas administradoras.
1.  Podrán  ser  impugnados  los  acuerdos  del  consejo  rector  o  de  la  comisión 
ejecutiva, en su caso, que sean contrarios a la ley o a los estatutos sociales, o que 
lesionen, en beneficio de una o varias personas socias o de personas no socias, los 
intereses de la cooperativa.
2.  Las  personas  administradoras  y  la  comisión  de  vigilancia  podrán  impugnar 
dichos acuerdos en el plazo de sesenta días desde su adopción.
3.  También podrá impugnar los acuerdos cualquier persona socia, en el plazo de 
sesenta  días  desde  que  tuvo  conocimiento  del  acuerdo  y  siempre  que  no  haya 
transcurrido un año desde su adopción.
4.  La impugnación producirá los efectos previstos y se tramitará con arreglo a lo 
establecido para la impugnación de los acuerdos de la asamblea general.
Sección 3.ª Comisión de Vigilancia
Artículo 53.  Composición, mandato y nombramiento.
1.  Los  estatutos  fijarán  el  número  de  miembros  titulares  de  la  comisión  de  o
vigilancia, que no podrá ser inferior a tres, así como, en su caso, el de suplentes y el  ww.
apindefemriroNiinodoiros  a tsr eadcrdieáeo  nro.adbsul.irgaactioórnia  ddeicl ham acnodmaistoió, n qcuuea ndnoo  ecl oninúcmideirráo  dceo np eresl ondaes  slaosc iapse rrseosnualtes   OE-A-2020-615able en https://w
2.  Solo las personas socias podrán ser miembros de la comisión de vigilancia, salvo 
que  los  estatutos  prevean  la  designación  de  personas  no  socias  que  reúnan  los 
requisitos de honorabilidad, cualificación profesional y experiencia técnica o empresarial 
adecuados en relación con las funciones de aquel órgano, y siempre que el número de 
dichos miembros personas no socias no exceda de la mitad del total de los de la 
comisión, calculada por defecto.
Si la cooperativa tiene más de cincuenta personas trabajadoras con contrato laboral, 
un o una representante de estas podrá formar parte de la comisión de vigilancia si los 
estatutos lo prevén.
3.  Las personas miembros de la comisión serán elegidas y revocadas, siempre 
mediante votación secreta, por el mayor número de votos válidamente emitidos en la 
asamblea general; son reelegibles, salvo limitación estatutaria, y quedan sometidas a las 
normas  de  la  presente  ley  sobre  responsabilidad,  remuneración,  incapacidad, 
prohibiciones e inscripciones registrales establecidas para las personas administradoras.
Artículo 54.  Facultades de información.
1.  Las personas administradoras deben informar a la comisión de vigilancia, al 
menos una vez al trimestre, de las actividades y evolución previsible de la cooperativa.
2.  La comisión tiene derecho a realizar todas las comprobaciones necesarias para 
el cumplimiento de su misión y puede confiar esta tarea a una o varias de las personas 
miembros de la misma o solicitar la asistencia de personas expertas, si ninguno de 
aquellas lo fuere.
3.  Cada  miembro  de  la  comisión  tendrá  acceso  a  todas  las  informaciones 
comunicadas o recibidas, pero no podrá revelar fuera de los cauces estatutarios, ni aun a 
miembros de la cooperativa, el resultado de las investigaciones producidas o de las 
informaciones obtenidas.
Artículo 55.  Ámbito de actuación.
La comisión de vigilancia ejercerá las funciones que señala la presente ley, pero no 
podrá intervenir directamente en la gestión de la cooperativa ni representar a esta ante 
terceras personas no socias; sin embargo, la representará ante el propio órgano de 
administración, o cualquiera de sus miembros, en caso de impugnaciones judiciales 
contra dicho órgano o de conclusión de contratos con sus miembros.
Artículo 56.  Competencias y funcionamiento.
1.  La comisión de vigilancia está facultada para realizar las siguientes funciones:
a)  Revisar las cuentas anuales y emitir un informe preceptivo sobre las mismas y 
sobre la propuesta de distribución de excedentes o de imputación de pérdidas antes de 
que sean presentadas a la asamblea general, salvo que la cooperativa viniese obligada a 
someter sus estados financieros a una auditoría de cuentas.
b)  Revisar los libros de la cooperativa.
c)  Convocar  asamblea  general  cuando  lo  estime  necesario  en  interés  de  la 
cooperativa  y  las  personas  administradoras  hubiesen  desatendido,  en  los  plazos 
establecidos, la petición previamente dirigida a las mismas por las personas socias a 
tenor de lo dispuesto en los apartados 2 y 3 del artículo 35.
d)  Supervisar  y  calificar  la  idoneidad  de  los  escritos  de  representación  y,  en  e.
general, resolver las dudas o incidencias sobre el derecho de acceso a las asambleas. w.b
e)  Impugnar los acuerdos sociales en los casos previstos en la presente ley. 5w
concf)r eta sIn qfourem laa rm  ias mlaa  lea shaumbibelseea  sogmeneetirdaol .sobre  aquellas  situaciones  o  cuestiones
persgo)n aVs imgiileamr berl opsr odcee lsoos  rdees taenletecsc ióónrg ayn odse.signación por la asamblea general de las
h)  Suspender a las personas administradoras que incurran en alguna de las causas 
de  incapacidad  o  prohibición  del  artículo  44  y  adoptar,  en  su  caso,  las  medidas 
imprescindibles hasta la celebración de la asamblea general.
i)   Las demás funciones que le encomiende expresamente la presente ley.
2.  Cuando la cooperativa esté obligada a auditar sus estados financieros, si lo 
consideran conveniente sus integrantes, la comisión de vigilancia podrá examinar los 
diferentes soportes contables y, en su caso, emitir un informe sobre los mismos, si bien 
dicho informe no tendrá carácter preceptivo para la aprobación de las cuentas anuales 
auditadas de la cooperativa.
Así mismo, aun cuando se auditen las cuentas anuales, la comisión de vigilancia 
podrá  emitir  un  informe  sobre  la  propuesta  de  distribución  de  excedentes  o  de 
imputación de pérdidas.
En ambos supuestos, la comisión de vigilancia deberá comunicar a las personas 
administradoras su intención de presentar un informe no preceptivo sobre las cuentas 
anuales de la cooperativa y sobre la propuesta de distribución de excedentes o de la 
imputación de pérdidas, para que las personas socias puedan examinarlo en el mismo 
momento en que se publique la convocatoria de la asamblea general ordinaria.
3.  El régimen de funcionamiento de la comisión de vigilancia se ajustará a lo 
previsto por los estatutos o, en su caso, por el reglamento interno. No obstante, cualquier 
administrador o administradora o miembro de la propia comisión puede solicitar por 
escrito al presidente o presidenta de este órgano la convocatoria del mismo, indicando 
los motivos de la petición. Cuando esta solicitud proceda de un tercio al menos de las 
personas  miembros  del  consejo  rector  o  de  la  propia  comisión  y  esta  no  fuese 
convocada en el plazo de un mes, cualquiera de los grupos solicitantes podrá efectuar la 
convocatoria.
4.  Durante el periodo de liquidación, la comisión de vigilancia solo ejercerá aquellas 
funciones de las señaladas en este artículo que resulten procedentes en dicho periodo.
Sección 4.ª Otros órganos
Artículo 57.  El consejo social. Naturaleza y funciones.
1.  Los estatutos podrán prever la existencia de un consejo social que, como órgano 
representativo de las personas socias cooperativistas, tenga como funciones básicas las 
de información, asesoramiento y consulta de las personas administradoras en todos 
aquellos aspectos que afectan a la relación de trabajo; el consejo social deberá, además, 
emitir informe preceptivo sobre los mismos, y, especialmente, sobre los señalados en los 
artículos 30 y 105.2.
2.  Asimismo, en aquellas cooperativas que lo recojan en sus estatutos, el consejo 
social será consultado preceptivamente en todos los aspectos que afectan a la relación 
de trabajo con las personas asalariadas no socias.
3.  El  consejo  social  estará  integrado  en  su  totalidad  por  personas  socias 
trabajadoras o personas socias de trabajo. Los estatutos establecerán su composición, 
duración, cese y funcionamiento, así como la posibilidad de que participen en sus 
reuniones las personas administradoras.
Artículo 58.  Comité de recursos. Composición y funciones.
1.  Los  estatutos  de  la  cooperativa  podrán  regular  un  comité  de  recursos  con  o
competencia revisora y, siempre a solicitud de la persona afectada, de los acuerdos  ww.
cgssoaoramncvicaietiolésen  slao.od som rauecysu  eagrdrdaoovpset asnd ood sed  eilsnac sipp rlpiimnearesrriooans ia nscs utasanonccdiioaa  sea. nsT íe allmo s bepinéreonv  deseae nrláa n ee snrteatic dulaerdyr i bpoloe rsl o insaf nreatsect caditouicnthoeoss    OE-A-2020-615able en https://w
2.  Solo podrán ser miembros de este órgano las personas socias de pleno derecho 
que  reúnan  los  requisitos  de  antigüedad,  experiencia  cooperativa  e  idoneidad 
estatutariamente exigidos. Las personas miembros titulares y, en su caso, las suplentes 
serán  elegidas,  en  el  número  que  señalen  los  estatutos,  por  la  asamblea  general 
mediante votación secreta y entre aquellas personas socias que, además, no ostenten 
cargo social alguno ni sean personas asalariadas de la cooperativa. Su mandato, no 
inferior a tres años, podrá ser renovado.
3.  El comité de recursos deliberará válidamente cuando asistan a la sesión más de 
la mitad de sus componentes, sin que sea válida la delegación de voto, y sus acuerdos 
se decidirán por la mayoría que señalen los estatutos. Para adoptar resoluciones sobre 
materia disciplinaria, la votación será siempre secreta y no existirá voto de calidad.
4.  No  podrán  tomar  parte  en  la  tramitación  y  resolución  de  los  recursos  las 
personas  miembros  del  comité  que  tengan,  respecto  a  la  persona  socia  afectada, 
parentesco de consanguinidad o de afinidad dentro del segundo grado, o que mantengan 
con ella vínculos que impliquen subordinación a la persona expedientada, amistad íntima 
o enemistad manifiesta.
5.  Los  acuerdos  del  comité  de  recursos  serán  inmediatamente  ejecutivos  y 
definitivos, como expresión de la voluntad social, y podrán ser impugnados, como si 
hubieran sido adoptados por la asamblea general, conforme a lo establecido en el 
artículo 41.
6.  En lo no previsto por los números anteriores de este artículo se estará a lo que 
dispongan los estatutos de la cooperativa.
CAPÍTULO VI
Régimen económico
Artículo 59.  Responsabilidad.
1.  La  cooperativa  responderá  por  las  deudas  sociales  con  todo  su  patrimonio 
presente y futuro, excepto el correspondiente a la contribución para la educación y 
promoción cooperativa y otros fines de interés público, que solo responderá de las 
obligaciones contraídas para el cumplimiento de sus fines.
2.  Las personas socias no responderán personalmente de las deudas sociales. Su 
responsabilidad por dichas deudas estará limitada a las aportaciones al capital social que 
hubieran suscrito.
3.  Una vez fijado el importe de las aportaciones a reembolsar, las personas socias 
que  causen  baja  no  tendrán  responsabilidad  alguna  por  las  deudas  que  hubiese 
contraído la cooperativa con anterioridad a su baja.
4.  Las personas socias que hubieran, expresa y específicamente, suscrito contratos 
o asumido obligaciones con la sociedad cooperativa y que, por su naturaleza, no se 
extinguen  con  la  pérdida  de  la  condición  de  persona  socia  responderán  de  su 
cumplimiento aún después de causar baja.
Artículo 60.  Capital social.
1.  El capital social de la cooperativa estará constituido por las aportaciones de 
naturaleza patrimonial realizadas al mismo por las personas socias, ya sean obligatorias 
o voluntarias, que podrán ser: es
a)  Aportaciones con derecho de reembolso en caso de baja. w.
b)  Aportaciones cuyo reembolso puede ser rehusado incondicionalmente por la  5w
asamblea o el consejo rector, según se prevea en los estatutos.
bajaL ae ntr aanpsofortramciaocnióens  ocbulyigoa troereiam dbeo laspoo prtuaecdioen esse rc orne hduesraedcoh oi ndceo nredeicmiobnoalslmo eennt ec apsoor  dlae 
cooperativa, o la transformación inversa, requerirá el acuerdo de modificación de los
estatutos. La persona socia disconforme podrá darse de baja, que será calificada como 
justificada.
2.  Los estatutos podrán prever que, cuando en un ejercicio económico el importe de 
la devolución de las aportaciones supere el porcentaje de capital social que en ellos se 
establezca, los nuevos reembolsos estén condicionados al acuerdo favorable del consejo 
rector.
La  persona  socia  disconforme  con  el  establecimiento  o  disminución  de  este 
porcentaje podrá darse de baja, que será calificada como justificada.
En este supuesto, también serán de aplicación el artículo 63.4, el artículo 65.1 y el 
artículo 98.3.
Así mismo, los estatutos podrán prever específicamente el deber de rehúse del 
reembolso  de  las  aportaciones  del  apartado  1.b  anterior  cuando  ocasione  a  la 
cooperativa una cobertura insuficiente del ratio o referencia que en ellos se establezca.
3.  Las aportaciones al capital social se acreditarán mediante títulos nominativos, 
que no tendrán la consideración de títulos valores, o mediante libretas o cartillas de 
participación  nominativas  que  reflejarán,  en  su  caso,  las  sucesivas  aportaciones  o 
actualizaciones y las deducciones practicadas por pérdidas imputadas a la persona 
socia.
4.  Las aportaciones se realizarán en moneda de curso legal. Si lo autorizan los 
estatutos sociales o lo acuerda la asamblea general, pueden consistir también en bienes 
o derechos. En dicho caso, las personas administradoras fijarán su valor, previo informe 
de una o varias personas expertas independientes, designadas por dichas personas 
administradoras, realizado bajo la responsabilidad de tales personas expertas, sobre las 
características y el valor de la aportación y los criterios utilizados para calcularlo. No 
obstante, si los estatutos lo establecieran, la valoración realizada por las personas 
administradoras deberá ser aprobada por la asamblea general.
5.  El importe total de las aportaciones de cada persona socia en las cooperativas 
de primer grado, salvo que se trate de sociedades cooperativas o personas socias 
colaboradoras, no puede exceder del tercio del capital social. No estarán sujetas a esta 
limitación las cooperativas cuyo número de personas socias no sea superior a diez.
6.  Se consideran financiaciones subordinadas las recibidas por las cooperativas 
que,  a  efectos  de  prelación  de  créditos,  se  sitúen  detrás  de  todos  los  acreedores 
comunes.
Independientemente  de  su  denominación  o  formalización  jurídica,  tendrá  la 
consideración de capital social cualquier aportación financiera subordinada contratada 
por la cooperativa con personas socias o terceras personas no socias cuyo vencimiento 
no tenga lugar hasta la aprobación de la liquidación de la misma, sin que le sea de 
aplicación, salvo pacto en contrario, lo dispuesto en los artículos 62 a 66 de esta ley. 
Dichas aportaciones o participaciones podrán ser reembolsables o adquiridas en cartera 
mediante mecanismos financieros de garantía equivalentes a los establecidos para las 
participaciones  o  acciones  en  las  sociedades  de  capital,  incluyendo  las  opciones 
previstas en la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre Modificaciones Estructurales de las 
Sociedades Mercantiles, o en los términos que reglamentariamente se establezcan.
Estas  aportaciones,  cuya  retribución  podrá  ser  fija,  variable  o  participativa,  se 
representarán  por  medio  de  títulos  o  anotaciones  en  cuenta,  que  podrán  tener  la 
consideración de valores mobiliarios si así se prevé en el acuerdo de emisión, en cuyo 
caso su régimen jurídico se ajustará a la normativa aplicable a estos activos financieros.
Estas aportaciones en ningún caso atribuirán derechos de voto en la asamblea  s
general ni de participación en el órgano de administración. oe.
La emisión o contratación de estas aportaciones deberá ser ofrecida, en cuantía no  w.
inferior  al  cincuenta  por  ciento,  a  las  personas  socias  y  personas  trabajadoras  5w
aosfearltaar iatdeansd rád e plau bcliociodpaedr ateivqau ivaanlteenst ed ea  oflrae ceesrstaeb lae ctiedrac ereans  plae rscoonoapse rnaoti vsao cpiaasra.  Tlaal 
convocatoria de las asambleas generales.
Una  vez  la  información  suficiente  haya  sido  supervisada  y  aprobada  por  las 
autoridades  económicas  competentes  para  autorizar  su  emisión,  las  entidades 
responsables  que  así  establezca  el  órgano  supervisor  competente  garantizarán  la 
recepción de dicha información por parte de los adquirentes terceras personas no socias.
7.  Lo establecido en los apartados 1 a 5 de este artículo será aplicable a las 
cooperativas de crédito y de seguros solo cuando la normativa sectorial sobre unas u 
otras no lo impida.
Artículo 61.  Aportaciones obligatorias al capital social.
1.  Los estatutos fijarán la aportación obligatoria inicial para adquirir la condición de 
persona socia, que podrá ser diferente para los distintos tipos de personas socias 
previstas en esta ley o en función de su naturaleza física o jurídica, o para cada persona 
socia, en proporción al compromiso o uso potencial que cada una de ellas asuma de la 
actividad cooperativa.
2.  La  aportación  obligatoria  inicial  para  adquirir  la  condición  de  persona  socia 
deberá desembolsarse, al menos, en un veinticinco por ciento en el momento de la 
suscripción, y el resto en el plazo que se establezca por los estatutos o la asamblea 
general, que como máximo será de cuatro años.
3.  Si por la imputación de pérdidas de la cooperativa a las personas socias o por 
sanción económica prevista estatutariamente la aportación al capital social de alguna o 
algunas de ellas quedara por debajo del importe mínimo que a estos efectos señalen los 
estatutos o, en su defecto, la asamblea general, la persona socia afectada deberá 
realizar la aportación necesaria hasta alcanzar dicho importe para mantener su condición 
de persona socia, para lo cual será inmediatamente requerido. Dicha aportación deberá 
desembolsarse en el plazo que fijen al efecto los estatutos o, en su defecto, la asamblea 
general, que no podrá exceder de un año desde el requerimiento.
4.  La asamblea general fijará anualmente la cuantía de la aportación obligatoria 
inicial  para  las  nuevas  personas  socias  y  podrá  acordar  la  exigencia  de  nuevas 
aportaciones obligatorias, fijando la cuantía, que podrá ser diferente para las distintas 
personas socias en función de los criterios señalados en el número 1, así como los 
plazos y condiciones en que habrán de desembolsarse. La persona socia disconforme 
con  la  ampliación  obligatoria  de  capital  podrá  darse  de  baja,  que  se  considerará 
justificada.
Las  aportaciones  voluntarias  preexistentes  podrán  servir  para  cubrir  nuevas 
aportaciones obligatorias.
5.  La persona socia que incurra en mora en el desembolso de las aportaciones 
exigibles, a tenor de lo establecido en los apartados precedentes, deberá abonar a la 
cooperativa el interés legal y resarcirla de los daños y perjuicios causados por su 
morosidad. La persona socia que no normalice su situación en el plazo de sesenta días 
desde que fuera requerido:
a)  Podrá ser dada de baja obligatoria si se trata de la aportación obligatoria inicial 
para ser persona socia o al importe mínimo al que se refiere el apartado 3.
b)  Ser expulsada de la cooperativa en los demás supuestos.
Artículo 62.  Aportaciones voluntarias al capital social.
1.  La asamblea general podrá acordar la admisión de aportaciones voluntarias al  s
capital social realizadas por las personas socias y fijar las condiciones de las mismas. oe.
2.  Las personas administradoras podrán aceptar en todo momento aportaciones  w.
nvpoool ru plnaot daarrsáiaa sms edbrel es alua pgse eprnieoerrrs aoal n olaa, s e dnseo s cluaia sds e úafletli cmctaoap,s ia taa llap s odoretca ilcaailso,  nsaeip sbo irevtaoncl uliaon ntraeerstira iobsb ualcigli óacntao pqriiutaaesl  .easctoarbdlaedzcaas   2020-615n https://w
Artículo 63.  Interés de las aportaciones.
1.  Las aportaciones al capital social podrán devengar un interés en la cuantía que 
previamente  establezca  la  asamblea  general,  sin  perjuicio  de  lo  establecido  en  el 
apartado 2 del artículo precedente.
2.  El interés no podrá exceder del interés legal del dinero más seis puntos.
3.  La retribución de las aportaciones a capital estará condicionada a la existencia 
de excedentes netos o reservas de libre disposición suficiente para satisfacerla.
4.  Si  la  asamblea  general  acuerda  devengar  un  interés  a  las  aportaciones  o 
destinar excedentes disponibles a retornos o a reservas repartibles, las aportaciones 
previstas en el artículo 60.1.b cuyo reembolso hubiera sido rehusado por la cooperativa y 
cuyos titulares hubieran causado baja, tendrán una remuneración preferente que se 
establecerá en los estatutos sociales.
Artículo 64.  Actualización de las aportaciones.
1.  El balance de la cooperativa podrá ser regularizado en los mismos términos y 
con los mismos beneficios previstos para las sociedades de derecho común, sin perjuicio 
del destino establecido por esta ley para la plusvalía resultante de la regularización del 
balance.
2.  La plusvalía citada se destinará por la cooperativa, en uno o más ejercicios, a la 
actualización del capital o al incremento de las reservas, obligatorias o voluntarias, en la 
proporción que aquella estime conveniente. No obstante, cuando la cooperativa tenga 
pérdidas sin compensar, la plusvalía de la regularización se destinará en primer lugar a 
la compensación de las mismas, y el resto a los destinos señalados anteriormente.
Artículo 65.  Transmisión de las aportaciones.
Las aportaciones podrán transmitirse:
1.  Por actos inter vivos entre personas socias y entre quienes se comprometan a 
serlo en los tres meses siguientes y en los términos fijados en estatutos.
Los estatutos podrán prever que las aportaciones obligatorias iniciales de las nuevas 
personas socias deban efectuarse mediante la adquisición de las aportaciones previstas 
en el artículo 60.1.b cuyo reembolso hubiese sido rehusado por la cooperativa tras la 
baja de sus titulares. Esta transmisión se producirá por orden de antigüedad de las 
solicitudes de reembolso de este tipo de aportaciones. En caso de solicitudes de igual 
fecha, se distribuirá en proporción al importe de las aportaciones.
2.  Por sucesión mortis causa, a los y las causahabientes, si fueran personas socias 
y así lo soliciten, o, si no lo fueran, previa admisión como tales realizada de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 20, que habrá de solicitarse en el plazo de tres meses 
desde  el  fallecimiento.  En  otro  caso,  tendrán  derecho  a  la  liquidación  del  crédito 
correspondiente a la aportación social en los términos previstos en el artículo siguiente.
Los acreedores personales de las personas socias no tendrán derecho alguno sobre 
los bienes de las cooperativas ni sobre las aportaciones de las personas socias al capital 
social, que son inembargables. Todo ello, sin menoscabo de los derechos que pueda 
ejercer  el  acreedor  o  acreedora  sobre  los  reembolsos,  intereses  y  retornos  que 
correspondan a la persona socia.
Artículo 66.  Reembolso de las aportaciones. e.
1.  Los estatutos regularán el reembolso de las aportaciones al capital social. Se  w
spdeoerd ábrnaá jnas  unepose tjrauiobsrlteeifcsice aar dl dtare.edinutcac pioonr ecsie ntaton  esno lcoa ssoo bdree  elxapsu laspióonr tnaic aiol nveesin toeb pligoar tcoierinatso,  eqnu ec ansoo   OE-A-2020-61able en https://
Los  estatutos  podrán  prever  que,  en  caso  de  incumplimiento  del  periodo  de 
permanencia mínimo pactado, los porcentajes de deducción para la baja no justificada 
puedan incrementarse hasta en diez puntos porcentuales.
2.  La  decisión  sobre  el  porcentaje  de  deducción  aplicable  en  cada  caso  será 
competencia  de  las  personas  administradoras,  que  deberán  respetar  los  límites 
contemplados en los estatutos.
3.  Sin perjuicio de las posibles deducciones antes citadas, se computarán, en todo 
caso y a efectos del oportuno descuento de la aportación a devolver a la persona socia 
que causa baja, las pérdidas reflejadas en el balance de cierre del ejercicio en que se 
produzca la baja, ya correspondan a dicho ejercicio, ya provengan de otros anteriores o 
estén sin compensar, hasta el límite de las aportaciones de capital social.
4.  El plazo de reembolso no podrá exceder de cinco años a partir de la fecha de la 
baja.  En  caso  de  fallecimiento  de  la  persona  socia,  el  reembolso  a  los  y  las 
causahabientes deberá realizarse en un plazo no superior a un año desde el hecho 
causante.
Para las aportaciones previstas en el artículo 60.1.b, los plazos señalados en el 
párrafo anterior se computarán a partir de la fecha en la que la cooperativa acuerde el 
reembolso.
5.  En las aportaciones cuyo reembolso haya sido acordado por la cooperativa, las 
cantidades pendientes de reembolso no serán susceptibles de actualización, pero darán 
derecho a percibir como mínimo el interés legal del dinero.
6.  Sin perjuicio de lo establecido en los apartados anteriores, el reembolso de las 
aportaciones  también  se  podrá  producir  por  acuerdo  de  la  asamblea  general  de 
reducción de capital social, o por reducción de la actividad cooperativizada de la persona 
socia en su caso, en los términos que se fijen estatutariamente.
Artículo 67.  Participaciones especiales.
1.  Serán participaciones especiales las financiaciones subordinadas expresamente 
acogidas a la regulación establecida en este artículo, en las que las suscriptoras, salvo lo 
previsto  en  el  apartado  4  de  este  artículo,  sean  necesariamente  entidades  no 
cooperativas, el reembolso no tenga lugar hasta que transcurran al menos cinco años 
desde la emisión y la remuneración se establezca en función de los resultados de la 
cooperativa.
2.  Las  restantes  características  de  estas  participaciones  serán  establecidas 
libremente en el momento de su emisión, sin que en ningún caso atribuyan derechos de 
voto en la asamblea general ni de participación en el órgano de administración.
3.  Lo establecido en este artículo solo será de aplicación a las cooperativas de 
crédito y seguros cuando la normativa sectorial sobre unas u otras no lo impida.
4.  La emisión o contratación de las participaciones especiales deberá ser ofrecida, 
en  cuantía  no  inferior  al  cincuenta  por  ciento,  a  las  personas  socias  y  personas 
trabajadoras asalariadas de la cooperativa antes de ofrecerse a terceras personas no 
socias. Tal oferta tendrá publicidad equivalente a la establecida en la cooperativa para la 
convocatoria de las asambleas generales.
5.  Independientemente de su denominación, las participaciones que no se sometan 
expresamente a la regulación de este artículo se regirán por el libre pacto y por lo 
dispuesto para el capital social en el artículo 60 o para otras financiaciones en el 
artículo 68.
Artículo 68.  Otras financiaciones. b
licenuygo,r te1oas. s oe p nLyo o fdusprn áeecnrsii óótsadneti rcud atdeosi fs el aqro eu,nne aet etnnus or sa puilane rtzcaeaa g lsorfoaíss,r  iádclanias   taeoinsl  tajoucmsarí pbdtiiliptecaoaals    dsgdoeeec n lipeoaersl a rnslm iop inssomaedsrroáá ssnno,   croeei saipntsaat ebpraglree rcacveaibsrdlt eoacss u.p  oeDetnari scseoh sdnateaas     OE-A-2020-61able en https://
socia,  en  proporción  a  su  respectivo  compromiso  o  uso  potencial  de  actividad 
cooperativa.
2.  Las cuotas de ingreso no podrán ser superiores al veinticinco por ciento de la 
aportación  obligatoria  al  capital  social  vigente  en  cada  momento  para  adquirir  la 
condición de persona socia.
3.  La entrega por las personas socias de cualquier tipo de bienes o la prestación de 
servicios para la gestión cooperativa y, en general, los pagos para la obtención de los 
servicios cooperativos no integran el capital social y están sujetos a las condiciones 
fijadas y contratadas con la cooperativa. Aquellas entregas no integran el patrimonio de 
la cooperativa, y no podrán ser embargadas por los acreedores sociales.
4.  La cooperativa podrá acordar la emisión de obligaciones, títulos participativos, 
cuentas en participación y financiación voluntaria de personas socias o de terceras 
personas  no  socias  bajo  cualquier  modalidad  jurídica,  sin  derecho  de  voto,  cuya 
retribución podrá ser fijada total o parcialmente en función de los resultados de la 
cooperativa y con el plazo y condiciones que se establezcan.
Artículo 69.  Determinación de excedentes netos.
1.  Para  la  determinación  de  los  excedentes  netos  se  aplicarán  las  normas  y 
criterios contables establecidos para las sociedades mercantiles, salvo que se regulen de 
forma específica para las sociedades cooperativas.
2.  No obstante, se considerarán partidas deducibles para la determinación de los 
excedentes netos las siguientes:
a)  El importe de los bienes entregados para la gestión cooperativa, en valoración 
no superior a los precios de mercado, así como el importe de los anticipos laborales de 
las personas socias trabajadoras y de trabajo, en cuantía global no superior a las 
retribuciones normales en la zona para el sector de actividad correspondiente.
b)  Los intereses debidos por las aportaciones al capital social regulados en el 
artículo 60 de esta ley y por las prestaciones y financiaciones no integradas en el capital 
social.
Artículo 70.  Distribución de excedentes.
1.  Los excedentes netos, una vez deducidas las cantidades que se destinen a 
compensar  pérdidas  de  ejercicios  anteriores  y  a  atender  los  impuestos  exigibles, 
constituirán los excedentes disponibles.
2.  Anualmente, de los excedentes disponibles se destinará:
a)  Al  Fondo  de  Reserva  Obligatorio  y  a  la  contribución  para  la  educación  y 
promoción cooperativa y otros fines de interés público una cuantía global del treinta por 
ciento, al menos, destinándose, como mínimo, un diez por ciento a la contribución para 
la educación y promoción cooperativa y otros fines de interés público y un veinte por 
ciento al Fondo de Reserva Obligatorio.
b)  El resto estará a disposición de la asamblea general, que podrá distribuirlo en la 
forma siguiente: retorno a las personas socias; dotación a fondos de reserva voluntarios, 
con el carácter irrepartible o repartible que establezcan los estatutos o, en su defecto, la 
asamblea general; y, en su caso, participación de las personas trabajadoras asalariadas 
en los resultados de la cooperativa, sin perjuicio de su tratamiento contable como gasto.
3.  En tanto que el Fondo de Reserva Obligatorio no alcance un importe igual al  bo
cincuenta por ciento del capital social, la dotación mínima establecida en favor de la  w
cpoondtrráib ruecdióunci rpsaer aa  llaa  medituacda.ción y promoción cooperativa y otros fines de interés público
oper4a. cioLnoess , resteorrvniocsio ss eo  aadcjutidviicdaardáens  ar ealalisz adpaesrs opnoars  csaodcaia sp eernso nparo psoorcciiaó n coan  lalas 
cooperativa.
5.  La cooperativa podrá reconocer y concretar en sus estatutos, o por acuerdo de la 
asamblea general, el derecho de su personal trabajador asalariado a participar en los 
excedentes  disponibles.  Esta  participación  tendrá  carácter  salarial  y  sustituirá  al 
complemento de similar naturaleza establecido, en su caso, en la normativa laboral 
aplicable, salvo que fuese inferior a dicho complemento, en cuyo caso se aplicará este 
último.
Artículo 71.  Fondo de Reserva Obligatorio.
1.  El Fondo de Reserva Obligatorio, destinado a la consolidación, desarrollo y 
garantía de la cooperativa, es irrepartible entre las personas socias, excepto en los 
supuestos expresamente previstos en esta ley.
2.  Al Fondo de Reserva Obligatorio se destinarán necesariamente:
a)  El porcentaje de los excedentes disponibles que establezca la asamblea general, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo precedente.
b)  Las deducciones sobre las aportaciones obligatorias al capital social en caso de 
baja de personas socias.
c)  Las cuotas de ingreso.
Artículo 72.  Contribución para la educación y promoción cooperativa y otros fines de 
interés público.
1.  La  contribución  obligatoria  impuesta  sobre  los  excedentes  citada  en  el 
artículo 70.2.a) se destinará, en aplicación de las líneas básicas fijadas por los estatutos 
o la asamblea general, a alguna de las siguientes finalidades de interés público:
a)  La formación y educación de sus personas socias y personas trabajadoras sobre 
el cooperativismo, actividades cooperativas y otras materias no relacionadas con el 
puesto de trabajo.
b)  La promoción de las relaciones intercooperativas, incluyendo la cobertura de 
gastos por la participación en entidades creadas para la promoción, asistencia, dirección 
común o actividades de apoyo entre cooperativas.
c)  La promoción educativa, cultural, profesional y asistencial, así como la difusión 
de las características del cooperativismo en el entorno social en que se desenvuelva la 
cooperativa y en la sociedad en general.
d)  La promoción del uso del euskera.
e)  La  promoción  de  nuevas  empresas  cooperativas  mediante  aportaciones 
dinerarias a una entidad sin ánimo de lucro promovida por el movimiento cooperativo 
vasco.
f)  La formación y educación de las personas socias y trabajadoras para el fomento 
en las sociedades cooperativas de una política efectiva para avanzar hacia la igualdad 
de mujeres y hombres.
2.  El destino de esta contribución obligatoria podrá canalizarse, para las finalidades 
indicadas en el apartado anterior, a través de aportaciones dinerarias a entidades sin 
ánimo  de  lucro  o  a  alguna  de  las  entidades  de  intercooperación  citadas  en  el 
apartado 1.b anterior.
Esta entrega a entidades intermediarias estará condicionada a su destino a las 
finalidades de interés público indicadas, a través de actuaciones de la propia entidad  e
intermediaria o de otras personas físicas o jurídicas a las que dicha entidad destine los  bo
recursos recibidos. w
dest3in. arLlaa  ac olaosp efinraatliivdaa dneos t ideen ein pteordéesr  pdúeb dliicsop oinsdiciicóand saosb, rpeo re slota q cuoen etrsib, uecnió cno, nmsáesc uaellnác diae, 
inem4b. arAga bloles  y fdineebse  fpigreuvraisrt oesn  epl apraas iveos tdae l cboanlatrnibcuec.ión  se  destinarán  las  sanciones
económicas que imponga la cooperativa a sus personas socias.
5.  El importe de la referida contribución que no se haya destinado a las finalidades 
de interés público indicadas por la propia cooperativa deberá entregarse, dentro del 
ejercicio económico siguiente a aquel en el que se aprobó la distribución del excedente, 
a entidades sin ánimo de lucro para su destino a las finalidades de interés público 
establecidas para esta contribución.
Artículo 73.  Imputación de pérdidas.
1.  Los estatutos deberán fijar los criterios para la compensación de las pérdidas, 
que en todo caso deberán sujetarse a las siguientes reglas:
a)  Se podrán imputar a los fondos de reserva voluntarios, si estos existiesen, la 
totalidad de las pérdidas.
b)  Al Fondo de Reserva Obligatorio se imputará, como máximo, el porcentaje medio 
de lo destinado a los fondos legalmente obligatorios en los últimos cinco años de 
excedentes positivos, o desde su constitución si esta no fuera anterior a dichos cinco 
años. No obstante, en caso de que el Fondo de Reserva Obligatorio supere el cincuenta 
por ciento del capital social de la cooperativa, el importe que exceda de dicho porcentaje 
se podrá también emplear para compensar las pérdidas.
c)  La cuantía no compensada con los fondos obligatorios y voluntarios se imputará 
a las personas socias en proporción a las operaciones, servicios o actividades realizadas 
por cada una de ellas con la cooperativa. Si estos servicios u operaciones realizados 
fueran inferiores a los que, como mínimo, está obligada a realizar cada persona socia, la 
imputación  de  las  pérdidas  mencionadas  ha  de  efectuarse  proporcionalmente  a  la 
actividad cooperativizada mínima obligatoria.
2.  Las pérdidas imputadas a cada persona socia se satisfarán de alguna de las 
formas siguientes, según acuerde la asamblea general:
a)  Directamente o mediante deducciones en sus aportaciones al capital social o, en 
su caso, en cualquier inversión financiera de la persona socia en la cooperativa que 
permita esta imputación, dentro del ejercicio siguiente a aquel en que se hubieran 
producido.
b)  Con cargo a los retornos que puedan corresponder a la persona socia en los 
cinco  años  siguientes.  Si  quedasen  pérdidas  sin  compensar,  estas  deberán  ser 
satisfechas por la persona socia en el plazo máximo de un año.
3.  Será válido imputar las pérdidas a una cuenta especial para su amortización con 
cargo a futuros resultados positivos dentro del plazo máximo de cinco años. Las pérdidas 
que, transcurrido este plazo, queden sin compensar se satisfarán de conformidad con lo 
establecido en las letras a), b) y c) del apartado 1 del presente artículo; y deberán ser 
satisfechas, en el último caso, en el plazo de un año.
4.  Si, transcurridos todos los plazos señalados en los números anteriores, quedaren 
aún pérdidas sin compensar, estas serán satisfechas mediante nuevas aportaciones 
acordadas  por  la  asamblea  general  o  mediante  las  nuevas  aportaciones  que  sean 
necesarias para mantener la condición de persona socia en la cooperativa. Así mismo, la 
persona socia deberá causar baja cuando sus aportaciones queden por debajo del 
mínimo estatutariamente establecido y no realice estas nuevas aportaciones. Todo ello 
con independencia de que la cooperativa deba instar el concurso conforme a la ley 
concursal. e.e
CAPÍTULO VII
Documentación social y contabilidad
Artículo 74.  Documentación social.
1.  Las cooperativas llevarán, en orden y al día, los siguientes libros:
a)  Registro de personas socias.
b)  Registro de aportaciones al capital social.
c)  Libro de actas de la asamblea general, del consejo rector y, en su caso, de la 
comisión de vigilancia, del comité de recursos y de las juntas preparatorias.
d)  Libro de inventarios y balances y libro diario.
e)  Cualesquiera otros que vengan exigidos por otras disposiciones legales.
2.  Los libros y los demás registros contables irán encuadernados y foliados.
3.  También  son  válidos  los  asientos  y  las  anotaciones  realizados  por 
procedimientos informáticos o electrónicos para formar los libros obligatorios.
Dichos libros, en soporte electrónico o en papel, serán legalizados por el Registro de 
Cooperativas  de  Euskadi  en  el  plazo  de  seis  meses  desde  la  fecha  de  cierre  del 
ejercicio.
En tanto no estén legalizados los libros señalados en el número 1.c, habrá de 
remitirse al Registro de Cooperativas de Euskadi una copia certificada de las actas 
correspondientes en el plazo de dos meses desde sus respectivas aprobaciones.
Artículo 75.  Contabilidad.
1.  Las  cooperativas  deben  llevar  una  contabilidad  ordenada  y  adecuada  a  su 
actividad con arreglo a la legislación mercantil, salvo regulación específica para las 
cooperativas. Se respetarán, en todo caso, las peculiaridades del régimen económico de 
la cooperativa.
2.  Al cierre del ejercicio, las personas administradoras deberán formular las cuentas 
anuales de la cooperativa, que comprenderán el  balance, la cuenta de pérdidas y 
ganancias, la memoria y, en su caso, el estado de cambios en el patrimonio neto y el 
estado de flujos de efectivo, de conformidad con el marco normativo de información 
financiero que le resulta de aplicación y en un plazo que no exceda de tres meses desde 
el cierre del ejercicio social.
Las personas administradoras incluirán el correspondiente informe de gestión junto 
con las cuentas anuales de acuerdo con la legislación mercantil y, en su caso, el estado 
de información no financiera, incluido en el informe de gestión o en un informe separado.
3.  Las personas administradoras presentarán para su depósito en el Registro de 
Cooperativas de Euskadi, en el plazo de un mes desde su aprobación, las cuentas 
anuales y, en su caso, el informe de gestión y el de las personas auditoras de cuentas. 
Dichas cuentas anuales y el informe de gestión deberán ser firmados por todas las 
personas administradoras, y si faltare la firma de alguna, se señalará con expresa 
indicación de la causa.
Artículo 76.  Auditoría de cuentas.
1.  Las  cooperativas  deberán  someter  a  auditoría  externa,  en  los  términos  s
establecidos por la Ley de Auditoría de Cuentas y sus normas de desarrollo, las cuentas  oe.
anuales  y  el  informe  de  gestión  del  ejercicio  cuando  se  produzca  alguno  de  los  w.
siguaie) nteCsu saunpduoe sstuopse:re los límites que reglamentariamente se fijen. Dichos límites se  2020-615n https://w
nreúfmereirráon m, aeld mioe dneo se,m ap lleao csi fqrau ed ere nsuelgteo cdioes l,a  acli tiamdpao lretey  oto dtael  sdues  ancotirvmoa sse dgeú nd ebsaalarrnoclleo .y al  BOE-A-cable e
b)  Cuando lo solicite una minoría de personas socias suficiente para exigir la 
convocatoria de la asamblea general y siempre que los solicitantes hagan frente a sus 
costos,  sin  perjuicio  de  su  reembolso  si  se  detectaran  vicios  o  irregularidades 
sustanciales en la contabilidad.
c)  Cuando lo prevean los estatutos o lo acuerde la asamblea general o el consejo 
rector o la comisión de vigilancia.
2.  Las personas auditoras de cuentas serán nombradas por la asamblea general. 
No obstante, cuando el nombramiento por la asamblea general no se haya hecho 
oportunamente  o  las  personas  nombradas  no  puedan  cumplir  sus  funciones,  las 
personas administradoras podrán proceder a dicho nombramiento y darán cuenta a la 
primera asamblea general que se celebre.
Artículo 77.  Letrado o letrada asesora.
1.  Las cooperativas que, en virtud de lo establecido por la Ley de Auditoría de 
Cuentas o de sus normas de desarrollo, estén obligadas a someter a auditoría externa 
sus cuentas anuales deberán designar, por decisión de las personas administradoras, un 
letrado o letrada asesora.
2.  El letrado o letrada asesora firmará, dictaminando si son ajustados a derecho, los 
acuerdos adoptados por la asamblea general o el consejo rector que sean inscribibles en 
el Registro de Cooperativas de Euskadi.
Las certificaciones de tales acuerdos llevarán la constancia de que en el libro de 
actas figuran dichos acuerdos dictaminados por el letrado o letrada asesora.
3.  El  letrado  o  letrada  asesora  responderá  civilmente  en  caso  de  negligencia 
profesional frente a la cooperativa, sus personas socias y las terceras personas no 
socias.
4.  El  ejercicio  de  esta  función  será  incompatible  con  la  condición  de  director-
gerente o directora-gerente, administrador o administradora, o miembro del comité de 
recursos o de la comisión de vigilancia.
5.  La relación entre la cooperativa y el letrado o letrada asesora podrá ser de 
arrendamiento de servicios como profesional liberal, de contrato laboral o societaria 
como persona socia trabajadora o de trabajo de la cooperativa.
Las uniones o federaciones de cooperativas, así como otras cooperativas, podrán 
prestar este servicio si cuentan con abogadas o abogados, a los que corresponderá la 
ejecución y responsabilidad profesional del dictamen. Si las relaciones entre dichos 
abogados  y  abogadas  y  las  entidades  mencionadas  no  son  de  arrendamiento  de 
servicios como profesional liberal, las referidas entidades responderán civilmente junto 
con el abogado o abogada de los perjuicios que se produzcan a la cooperativa en el 
ejercicio del cargo de letrado o letrada asesora.
CAPÍTULO VIII
De la modificación de los estatutos sociales
Artículo 78.  Modificación de estatutos.
1.  Cualquier modificación de los estatutos sociales deberá ser adoptada por la 
asamblea general y exigirá la concurrencia de los siguientes requisitos: s
a)  Que las personas autoras de la propuesta formulen un informe escrito con la  w.b
justificación de la misma. 5ww
hayabn)  deQ umeo dsiefi ceaxrpsere.sen en la convocatoria, con la debida claridad, los extremos que
de tco)d asQ ulaes  epne ersl oannausn csiooc diaes  lad ec oenxvaomcaintaorr iae ns ee lh adgoam cicoilnios tsaor ceiaxpl reels taemxteon tíen teegl rdoe rdeec hloa 
modificación propuesta y del informe justificativo de la misma y de pedir la entrega o 
envío gratuito de dichos documentos.
2.  Dicho acuerdo se elevará a escritura pública que se inscribirá en el Registro de 
Cooperativas de Euskadi.
3.  Además, el acuerdo de cambio de denominación, de cambio de domicilio o de 
modificación del objeto social se anunciarán en un periódico de gran circulación en el 
territorio histórico del domicilio social, de manera previa a su inscripción.
4.  Cuando la modificación consista en el cambio de clase de la cooperativa o en la 
modificación sustancial del objeto social, las personas socias que hayan votado en 
contra o las que, no habiendo asistido a la asamblea, expresen su disconformidad por 
escrito dirigido a las personas administradoras en el plazo de cuarenta días a contar 
desde la inscripción del acuerdo en el Registro de Cooperativas de Euskadi, tendrán 
derecho a separarse de la cooperativa. En tales casos, su baja será considerada como 
justificada.
Artículo 79.  Cambio de domicilio social.
Salvo que los estatutos dispongan otra cosa, el cambio de domicilio social dentro del 
mismo término municipal no exigirá acuerdo de la asamblea general, se podrá acordar 
por las personas administradoras y deberá constar en escritura pública que se inscribirá 
en el Registro de Cooperativas de Euskadi.
CAPÍTULO IX
Fusión y escisión de la cooperativa
Artículo 80.  Modalidades y efectos de la fusión.
1.  La cooperativa podrá fusionarse, sea mediante la fusión de varias cooperativas 
para constituir una nueva, sea por absorción de una o más cooperativas por otra ya 
existente.
2.  Las cooperativas que se fusionen en una nueva o que sean absorbidas se 
disolverán, aunque no entrarán en liquidación, y sus patrimonios sociales se transmitirán 
en bloque a la cooperativa nueva o a la absorbente, que asumirán los derechos y 
obligaciones de las que se extingan. Igualmente, las personas socias de las cooperativas 
que se extingan como consecuencia de la fusión se incorporarán a la cooperativa nueva 
o absorbente.
3.  La totalidad de los fondos sociales obligatorios  de las cooperativas que se 
extingan como consecuencia de la fusión pasarán a integrarse en los de la cooperativa 
nueva o absorbente.
Artículo 81.  Proyecto de fusión.
1.  Las personas administradoras de las cooperativas que participen en la fusión 
habrán de redactar un proyecto de fusión, que deberán suscribir como convenio previo.
2.  El proyecto de fusión contendrá, al menos, las menciones siguientes:
a)  La denominación, clase y domicilio de las cooperativas que participen en la 
fusión, y de la nueva cooperativa en su caso, así como los datos identificadores de la  es
inscripción de aquellas en el Registro de Cooperativas de Euskadi. o
b)  El sistema para fijar la cuantía que se reconoce a cada persona socia de las  w
accooboosoppcree)b rreaaLnttiiovvteaas, s  ecd xoqetmurineepgc uuhstioeads na ed yexo nt,io  nclbagul uiacgeonanodc poioce noeremxaistsoi vt aqaanu pn,e oul arestsvae acr e rióoesn cea orbvansalo oszcr cbavaoepnlniut atneal t. adlraeias s lap d eecro scooapnreaársca tetsirvo arce iapnsau retdivbeal e lao.   OE-A-2020-61able en https://
d)  La fecha a partir de la cual las operaciones de las cooperativas que se extingan 
habrán de considerarse realizadas, a efectos contables, por cuenta de la cooperativa 
nueva o absorbente.
e)  Los derechos que correspondan a titulares de participaciones especiales, títulos 
participativos  u  otros  títulos  asimilables  de  las  cooperativas  que  se  extingan  en  la 
cooperativa nueva o absorbente.
3.  Aprobado  el  proyecto  de  fusión,  las  personas  administradoras  de  las 
cooperativas  que  se  fusionen  se  abstendrán  de  realizar  cualquier  acto  o  celebrar 
cualquier  contrato  que  pudiera  obstaculizar  la  aprobación  del  proyecto  o  modificar 
sustancialmente  la  proporción  de  la  participación  de  las  personas  socias  de  las 
cooperativas extinguidas en la nueva o absorbente.
4.  El proyecto quedará sin efecto si la fusión no queda aprobada por todas las 
cooperativas que participen en ella en un plazo de seis meses desde la fecha del 
proyecto.
Artículo 82.  Información sobre la fusión.
Al publicar la convocatoria de la asamblea general que deba aprobar la fusión, 
deberán  ponerse  a  disposición  de  las  personas  socias,  en  el  domicilio  social,  los 
siguientes documentos:
a)  El proyecto de fusión.
b)  Los informes, redactados por las personas administradoras de cada una de las 
cooperativas, sobre la conveniencia y efectos de la fusión proyectada.
c)  Las  cuentas  anuales  de  los  tres  últimos  ejercicios  de  las  cooperativas  que 
participen en la fusión y, en su caso, los informes de gestión y de las personas auditoras 
de cuentas.
d)  El balance de fusión de cada una de las cooperativas cuando sea distinto del 
último anual aprobado. Podrá considerarse balance de fusión el último balance anual 
aprobado siempre que hubiera sido cerrado dentro de los seis meses anteriores a la 
fecha de aprobación del proyecto de fusión.
e)  El proyecto de estatutos de la nueva cooperativa o el texto íntegro de las 
modificaciones que hayan de introducirse en los estatutos de la cooperativa absorbente.
f)   Los estatutos vigentes de todas las cooperativas que participen en la fusión.
g)  La  relación  de  nombres,  apellidos,  edad,  si  fueran  personas  físicas,  o  la 
denominación  o  razón  social,  si  fueran  personas  jurídicas,  y,  en  ambos  casos,  la 
nacionalidad  y  domicilio  de  las  personas  administradoras  de  las  sociedades  que 
participan en la fusión y la fecha desde la que desempeñan sus cargos, y, en su caso, las 
mismas indicaciones de quienes vayan a ser propuestas como personas administradoras 
como consecuencia de la fusión.
Artículo 83.  El acuerdo de fusión.
1.  El acuerdo de fusión habrá de ser adoptado por las asambleas generales de 
cada una de las cooperativas que participen en ella, de conformidad con el proyecto de 
fusión.
2.  La convocatoria de la asamblea general, que se ajustará a las normas legales y 
estatutarias previstas para la modificación de estatutos, deberá indicar que el proyecto 
de fusión se halla depositado en el Registro de Cooperativas de Euskadi y hará constar  e.
el  derecho  de  todos  las  personas  socias  a  examinar  en  el  domicilio  social  los  w.b
documentos indicados en el artículo anterior, así como a solicitar y obtener la entrega o  5w
enví3o.  grEatl uaitcou edredl ote dxeto f uínstieógnr od edbee lroás a mprisombaorss.e por la mayoría prevista en el artículo 38.2
y no podrá modificar el proyecto de fusión pactado.
4.  El acuerdo de fusión deberá incluir las menciones legalmente exigidas para 
constituir  una  nueva  cooperativa  o,  para  el  caso  de  que  exista  una  cooperativa 
absorbente, aprobar las modificaciones estatutarias precisas.
5.  Desde el momento en que  el proyecto queda aprobado por las asambleas 
generales de las cooperativas intervinientes, estas quedan obligadas a continuar el 
procedimiento de fusión.
6.  El acuerdo de fusión, una vez adoptado, se publicará en el Boletín Oficial del 
País Vasco y en dos periódicos de gran circulación en el territorio histórico en que tenga 
el domicilio social cada una de las cooperativas participantes en la fusión.
Artículo 84.  Derecho de separación de la persona socia.
1.  Las personas socias de todas las cooperativas participantes en la fusión que 
hayan votado en contra de la misma o las que, no habiendo asistido a la asamblea, 
expresen su disconformidad mediante escrito dirigido a las personas administradoras, en 
el plazo de cuarenta días desde el último de los anuncios del acuerdo de fusión, tendrán 
derecho a separarse de la cooperativa.
2.  En caso de ejercer este derecho, la baja de la persona socia se entenderá 
justificada. La devolución de su aportación, para el caso de las personas socias de las 
cooperativas que se extingan como consecuencia de la fusión, será obligación de la 
cooperativa nueva o absorbente.
Artículo 85.  Derecho de oposición de los acreedores.
1.  La fusión no podrá ser realizada antes de que transcurra un mes desde el último 
de los anuncios previstos en el artículo 83.6. Si durante este plazo alguna acreedora o 
acreedor de cualquiera de las cooperativas participantes en la fusión se opusiera por 
escrito a esta, no podrá llevarse a efecto si sus créditos no son enteramente satisfechos 
o si la sociedad deudora o la cooperativa resultante de la fusión no aporta garantía 
suficiente.
2.  Los acreedores no podrán oponerse al pago aunque se trate de créditos no 
vencidos.
3.  En el anuncio del acuerdo de fusión deberá mencionarse expresamente este 
derecho de oposición de los acreedores.
Artículo 86.  Escritura e inscripción de la fusión.
1.  Los acuerdos de fusión se formalizarán en escritura pública única, en la que 
constará el acuerdo de fusión aprobado por las respectivas asambleas generales de las 
cooperativas  que  se  fusionan  y  el  balance  de  fusión  de  las  cooperativas  que  se 
extinguen.
2.  En caso de crearse una nueva cooperativa como consecuencia de la fusión, la 
escritura  deberá  contener,  además,  las  menciones  legalmente  exigidas  para  su 
constitución.  En  el  caso  de  fusión  por  absorción,  contendrá  las  modificaciones 
estatutarias que se hubieran acordado por la cooperativa absorbente.
3.  La  eficacia  de  la  fusión  quedará  supeditada  a  la  inscripción  de  la  nueva 
cooperativa o, en su caso, a la inscripción de la absorción. Una vez inscrita en el 
Registro  de  Cooperativas  de  Euskadi  la  escritura  de  constitución  por  fusión,  o  de 
absorción, se cancelarán los asientos registrales de las cooperativas extinguidas. s
Artículo 87.  Fusiones especiales. w.
soci1e.d adSeiesm cpivriele sq, umee rncoa nteilxeiss toa  epnrteidcaedpetos  dlee gcaula lqquueie r loot rop rtoiphoíb pao derxápnr efussaimoneanrtsee,  cloans 
scoocoipeedraadti.v Easn  eml esduipaunetes tloa  daeb fsuosricóinó np odre a abqsoureclliaósn  dpeo ru neast acso oop ecroantisvtait upyoer nudnoa  uennati dnaude dvae 
otro  tipo,  se  aplicará  lo  regulado  en  el  artículo  89.4  de  esta  ley  respecto  de  la 
transformación, en relación con los fondos a que se refiere el mismo.
En estas fusiones serán de aplicación las respectivas normas reguladoras de las 
sociedades que se fusionan.
2.  Lo dispuesto en el número anterior se aplicará a las fusiones que se produzcan 
entre cooperativas agrarias y alimentarias y sociedades agrarias de transformación.
Artículo 88.  Escisión de la cooperativa.
1.  Podrá escindirse la cooperativa mediante:
a)  Su  extinción,  sin  liquidación  previa,  distribuyendo  a  sus  personas  socias  y 
dividiendo su patrimonio en dos o más partes, las cuales se traspasan en bloque a otra u 
otras cooperativas o entidades no cooperativas de nueva creación, o son absorbidas por 
otra u otras cooperativas o entidades no cooperativas ya existentes, a las que se 
adscriben aquellas.
b)  La segregación de una o varias partes del patrimonio y de las personas socias 
de la cooperativa, sin extinguirse, traspasando en bloque lo segregado y adscribiendo las 
personas socias a una o varias cooperativas u otras entidades de nueva creación o ya 
existentes.
c)  La segregación de una o varias partes del patrimonio de la cooperativa, sin 
extinguirse, traspasando en bloque lo segregado a una o varias cooperativas o entidades 
no cooperativas de nueva creación o ya existentes.
2.  El  proyecto  de  escisión  suscrito  por  las  personas  administradoras  de  las 
entidades  participantes  deberá  contener  una  propuesta  detallada  de  la  parte  del 
patrimonio y, en su caso, de las personas socias que vayan a transferirse a las entidades 
resultantes o absorbentes.
3.  En  defecto  de  cumplimiento  por  una  entidad  beneficiaria  de  una  obligación 
asumida por ella, en virtud de la escisión responderán solidariamente del cumplimiento 
de  la  misma  las  restantes  entidades  beneficiarias  hasta  el  importe  del  activo  neto 
atribuido en la escisión a cada una de ellas. Si la sociedad escindida no ha dejado de 
existir como consecuencia de la escisión, será responsable la propia sociedad escindida 
por la totalidad de la obligación.
4.  La escisión de cooperativas se regirá, con las salvedades contenidas en los 
números anteriores, por las normas reguladoras de la fusión, en lo que fueran aplicables, 
y las personas socias y acreedores o acreedoras de las cooperativas participantes 
podrán ejercer los mismos derechos.
5.  En aquellos supuestos en los que se segrega el patrimonio y/o las personas 
socias de la cooperativa en favor de una entidad no cooperativa y, adicionalmente, como 
consecuencia de la ejecución de la segregación, se transfieren total o parcialmente los 
fondos a que se refiere el artículo 89.4 de esta ley para la transformación, registrados en 
el pasivo del balance de la cooperativa, se aplicarán las reglas previstas en dicho 
artículo.
CAPÍTULO X
Transformación
Artículo 89.  Transformación de cooperativas. e.
1.  Las cooperativas podrán transformarse en sociedades civiles o mercantiles de  5ww
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personas administradoras, quienes elaborarán un informe al respecto. Dicho informe,
que se incorporará a la escritura pública de transformación, se comunicará, con carácter 
previo  al  acuerdo  a  que  se  refiere  la  letra  b)  siguiente,  al  Consejo  Superior  de 
Cooperativas de Euskadi.
b)  Habrá de recaer acuerdo, expreso y favorable, de la asamblea general, adoptado 
con los requisitos establecidos para modificar los estatutos.
c)  El acuerdo de la asamblea deberá publicarse en el Boletín Oficial del País Vasco 
y en dos periódicos de gran circulación en el territorio histórico en que la cooperativa 
tenga su domicilio.
d)  La  escritura  pública  de  transformación  incluirá  todas  las  menciones  legal  y 
reglamentariamente exigidas para la constitución de la entidad cuya forma se adopte y 
respetará  lo  dispuesto  en  la  presente  ley.  El  informe  de  las  personas  expertas 
independientes sobre el patrimonio social no dinerario previsto en la legislación mercantil 
se incorporará, en su caso, a dicha escritura.
e)  Dicha escritura pública habrá de ser presentada, sucesivamente, tanto en el 
Registro de Cooperativas de Euskadi, para inscribir la baja correspondiente, como, en su 
caso, en el registro mercantil o en el registro competente para la inscripción primera de la 
entidad cuya forma se adopte. Dicha escritura irá acompañada del balance cerrado el día 
anterior al del acuerdo de transformación, o bien al finalizar el último ejercicio si hubieren 
transcurrido menos de seis meses desde el cierre del mismo y hubiese sido depositado 
en el domicilio social y puesto a disposición de las personas socias desde el mismo día 
en que se cursó la convocatoria de la asamblea general.
f)  La inscripción de la transformación de la cooperativa no puede llevarse a cabo 
hasta que se acredite ante el Registro de Cooperativas de Euskadi el cumplimiento de lo 
regulado en el párrafo 4 siguiente en relación con lo dispuesto en el artículo 98.2.d) de 
esta ley.
También se relacionarán las personas socias que hayan ejercitado el derecho de 
separación y el capital que representen, así como el balance final elaborado por las 
personas administradoras y cerrado el día anterior al otorgamiento de la escritura.
2.  La  transformación  no  afecta  a  la  personalidad  jurídica  de  la  cooperativa 
transformada, que continuará subsistiendo bajo su nueva forma.
3.  Tendrán derecho de separación las personas socias que hayan votado en contra 
en el acto de la asamblea, o las que, no habiendo asistido a la asamblea, expresen su 
disconformidad mediante escrito dirigido a las personas administradoras en el plazo de 
cuarenta días desde la publicación del último anuncio del acuerdo. Tales personas socias 
tendrán derecho al reembolso de sus aportaciones al capital en el plazo que, sin exceder 
del previsto en el artículo 66 y desde la fecha del acuerdo de transformación, determinen 
los estatutos o acuerde la asamblea, y percibirán el interés legal del dinero por las 
cantidades aplazadas.
4.  El valor de las dotaciones del Fondo de Reserva Obligatorio y, en su caso, los 
fondos de reserva voluntarios que estatutariamente tengan el carácter de irrepartibles y 
los que con tal carácter se hayan acordado expresamente por la asamblea general se 
pondrán a disposición del Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi. En cualquier 
caso, los fondos de reserva voluntarios respecto de los cuales se haya fijado una 
aplicación o destino concretos se excluirán de la puesta a disposición mencionada.
Para calcular el valor de los fondos a que se refiere el párrafo anterior, que se 
pondrán a disposición del Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi, se deducirán 
de su valor nominal las pérdidas pendientes de compensación que consten en el balance 
de transformación aprobado por la asamblea general. e.
No obstante, en caso de que la legislación aplicable exija el informe de personas  w.b
expertas independientes y hubiera que registrar una minusvaloración de activos en el  5w
bpauleasntcoes  dae  dlais npuoesivcaió sno cdieeld aCdo, ndsicehjoa  Smuinpuesrivoarl odraec iCóno ospee raaptilvicaasr ád ael  vEaulosrk addei , losse gfoúnnd olas 
proporción que tengan dichos fondos sobre el patrimonio neto total.
La contribución para la educación y promoción cooperativa y otros fines de interés 
público tendrá la aplicación estatutariamente prevista y, en su defecto, la establecida en 
el artículo 98.2.a) para el supuesto de liquidación de la cooperativa.
5.  Al aprobar la transformación, la asamblea general podrá optar por convertir las 
aportaciones al capital social en participaciones económicas de la nueva entidad, en 
proporción  directa  al  capital  que  tuviere  desembolsado  cada  persona  socia  en  la 
cooperativa,  al  derecho  de  voto  que  ostentaba  en  la  misma  cooperativa  o  bien 
combinando ambos criterios.
Artículo 90.  Transformación en cooperativas.
1.  Cualquier sociedad civil, mercantil, asociación, agrupación u otro tipo de entidad 
de carácter no cooperativo podrá transformarse en cooperativa de alguna de las clases 
reguladas en la presente ley siempre que no exista precepto legal que lo prohíba 
expresamente.
2.  La transformación será acordada por la junta general, o mediante el sistema 
válido  equivalente  para  expresar  la  voluntad  social,  con  la  mayoría  exigida  por  la 
legislación aplicable, no afectará la personalidad jurídica de la entidad transformada y se 
hará constar en escritura pública, que expresará necesariamente todas las menciones 
previstas en esta ley para la constitución de una cooperativa.
3.  La escritura pública de transformación, a la que se incorporará, en su caso, el 
informe de las personas expertas independientes sobre el patrimonio social no dinerario, 
se presentará para su inscripción en el registro mercantil y demás procedentes, en su 
caso, y siempre en el de cooperativas, acompañada del balance cerrado el día anterior al 
del acuerdo de transformación.
4.  La  transformación  en  cooperativa  no  altera  el  anterior  régimen  de 
responsabilidad de las personas socias de la entidad transformada por las deudas 
sociales contraídas con anterioridad a la transformación de la entidad, a no ser que los 
acreedores hayan consentido expresamente la transformación.
CAPÍTULO XI
Disolución y liquidación
Artículo 91.  Causas de disolución.
Serán causas de disolución de la cooperativa:
1.  El cumplimiento del término fijado en los estatutos.
2.  La conclusión del objeto social o la imposibilidad manifiesta de realizarlo.
3.  La paralización o inactividad de los órganos sociales o la interrupción sin causa 
justificada de la actividad cooperativa, en ambos casos durante dos años consecutivos.
4.  La reducción del número de personas socias por debajo del mínimo legalmente 
necesario para constituir la cooperativa, si se mantiene durante más de doce meses.
5.  La reducción del capital social a una cantidad inferior a la cifra de capital social 
mínimo establecido en los estatutos, sin que se restablezca en el plazo de doce meses.
6.  La fusión o la escisión total.
7.  La apertura de la fase de liquidación de la cooperativa en el procedimiento 
concursal. s
8.  El acuerdo de la asamblea general, adoptado por la mayoría prevista en el  e.
artículo 38.2. w.
9.  Cualquier otra causa establecida en las leyes o en los estatutos sociales. 5w
Artículo 92.  Eficacia de las causas de disolución.
1.  El transcurso del plazo fijado operará de pleno derecho, a no ser que con
anterioridad hubiese sido expresamente prorrogado mediante acuerdo adoptado en la
asamblea general por la mayoría prevista en el artículo 38.2 e inscrita dicha prórroga en 
el Registro de Cooperativas de Euskadi. El acuerdo que consista en la ampliación del 
plazo de duración dará lugar a que, en caso de separación, la baja de la persona socia 
sea considerada como justificada, derecho que será reconocido en los términos previstos 
en el artículo 78.4.
2.  Las restantes causas requerirán acuerdo de la asamblea general tomado por 
mayoría ordinaria, salvo en los supuestos previstos en los apartados 6 y 8 del artículo 
anterior.  Producida  cualquiera  de  aquellas  causas,  las  personas  administradoras 
deberán convocar la asamblea general en el plazo de dos meses. La comisión de 
vigilancia o cualquier persona socia podrá requerir a las personas administradoras para 
que procedan a la convocatoria.
3.  Si  dicha  asamblea  no  fuera  convocada,  no  se  reuniese  en  el  plazo 
estatutariamente establecido o reunida no pudiera adoptarse tal acuerdo o se adoptase 
un acuerdo contrario a declarar la disolución, las personas administradoras deberán, y 
cualquier persona interesada podrá, solicitar la disolución judicial de la cooperativa. En 
todo caso, tendrán condición de partes interesadas el departamento del Gobierno Vasco 
competente en materia de trabajo, el Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi, y 
las federaciones más representativas en cuanto a sus asociadas y, en su caso, la 
Confederación de Cooperativas de Euskadi.
4.  El acuerdo de disolución o la resolución judicial que la declare deberá inscribirse 
en el Registro de Cooperativas de Euskadi, y deberá publicarse en el Boletín Oficial del 
País Vasco y en un periódico de gran circulación en el territorio histórico del domicilio 
social.
5.  La cooperativa disuelta podrá ser reactivada siempre que se elimine la causa 
que motivó la disolución y no haya comenzado el reembolso de las aportaciones a las 
personas socias.
Para ello se precisará acuerdo de la asamblea general adoptado por la mayoría 
prevista en el artículo 38.2. Dicho acuerdo no producirá efectos hasta su inscripción en el 
Registro de Cooperativas de Euskadi.
En caso de procedimiento concursal, y siempre que se hubiera iniciado la fase de 
liquidación, la reactivación solo podrá ser acordada si la cooperativa llega a un convenio 
con sus acreedores.
Artículo 93.  Proceso de liquidación.
1.  Disuelta  la  cooperativa,  se  abrirá  el  periodo  de  liquidación,  salvo  en  los 
supuestos de fusión o escisión total. La cooperativa conservará su personalidad jurídica, 
pero  deberá  añadir  a  su  denominación,  durante  este  periodo,  la  expresión  «en 
liquidación».
2.  Durante el periodo de liquidación se observarán las normas legales y estatutarias 
aplicables  sobre  régimen  de  asambleas  generales,  que  serán  convocadas  por  las 
personas administradoras, quienes las presidirán y a las que darán cuenta de la marcha 
de la liquidación para que acuerden lo que convenga al interés común.
Artículo 94.  Nombramiento de liquidadoras o liquidadores.
1.  La  asamblea  general  elegirá  una  o  más  liquidadoras  o  liquidadores, 
preferentemente entre las personas socias de la cooperativa, en número necesariamente 
impar. En caso de que ninguna de las personas socias, acreditando justa causa de  es
excusa, quiera aceptar el cargo, habrá de ser nombrado o nombrada entre personas  bo
físicas o jurídicas que no sean socias de la cooperativa. Las liquidadoras o liquidadores  w
pinosdcr2Erái.pl n cn isSoóemni r  tberrernaat nremisbl ciuReuinderrtogoesi ns.nt rodo o sdsue r mtCireoáso eepsfee rcadtteoivssad sfer  edlneat  eEd uiass oktleaurdccii.eórna ss ipne rqsuoen asse  nhoa ysao ceiafse chtuaasdtao  seul   OE-A-2020-61able en https://
nombramiento  y  la  aceptación  consiguiente,  las  personas  administradoras  deberán
solicitar al juzgado de lo mercantil del domicilio social el nombramiento de liquidadores o 
liquidadoras, que podrán ser personas no socias de la cooperativa.
También está legitimada para formular esa solicitud cualquier persona interesada, 
con la precisión señalada en el artículo 92.3.
Artículo 95.  Transmisión de funciones.
Disuelta la cooperativa, las personas administradoras continuarán en sus funciones 
de representación y gestión, a los solos efectos de evitar posibles perjuicios, y cesarán 
en ellas una vez nombradas las liquidadoras o liquidadores, con quienes suscribirán un 
inventario  y  balance  de  la  cooperativa,  con  referencia  al  día  en  que  se  inicie  la 
liquidación y con carácter previo a que las liquidadoras o liquidadores comiencen a 
desempeñar sus funciones.
Además,  si  fueran  requeridas  para  ello,  las  personas  administradoras  deberán 
proporcionar la información y antecedentes que soliciten las liquidadoras o liquidadores 
para la práctica de las operaciones de la liquidación.
Artículo 96.  Funciones de las liquidadoras o liquidadores.
1.  Cuando  sean  varias  las  liquidadoras  o  liquidadores,  la  asamblea  general 
determinará el régimen aplicable.
2.  Las  liquidadoras  o  liquidadores  estarán  facultados  para  realizar  cuantas 
operaciones sean necesarias para la liquidación. Para el cumplimiento de las funciones 
que se les encomiendan, ostentarán la representación de la cooperativa en juicio y fuera 
de él, obligando a la sociedad frente a terceras personas no socias en los mismos 
términos que los establecidos para el órgano de administración de la cooperativa.
En particular, deberán:
a)  Suscribir el inventario y balance inicial aludido en el artículo anterior.
b)  Llevar y custodiar los libros y correspondencia de la cooperativa y velar por la 
integridad de su patrimonio.
c)  Realizar  las  operaciones  pendientes  y  las  nuevas  que  sean  necesarias  o 
convenientes para la liquidación de la cooperativa.
d)  Enajenar los bienes sociales.
e)  Reclamar y percibir los créditos pendientes, sea contra terceras personas no 
socias o contra las personas socias.
f)    Concertar  transacciones  y  arbitrajes  cuando  así  convenga  a  los  intereses 
sociales.
g)  Pagar a los acreedores y a las personas socias y transferir el remanente de la 
cooperativa conforme a lo establecido en el artículo 98.
3.  Las liquidadoras o liquidadores terminan sus funciones por haberse realizado la 
liquidación,  por  revocación  acordada  en  asamblea  general  o  por  decisión  judicial 
mediante justa causa a petición de un grupo de personas socias que represente el veinte 
por ciento de los votos. Las liquidadoras o liquidadores responderán en los mismos 
términos establecidos para las personas administradoras.
Artículo 97.  Intervención de la liquidación.
1.  El veinte por ciento de las personas socias podrá solicitar del juzgado de lo  e
mercantil  del  domicilio  social  de  la  cooperativa  la  designación  de  una  o  varias  bo
interventoras o interventores que fiscalicen las operaciones de la liquidación. w
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designar una o varias personas que se encarguen de intervenir la liquidación y de velar 
por el cumplimiento de las leyes y los estatutos sociales.
3.  No tendrán validez los actos de las liquidadoras o liquidadores efectuados sin la 
participación de las personas interventoras.
Artículo 98.  Adjudicación del haber social.
1.  No  se  podrá  adjudicar  ni  repartir  el  haber  social  hasta  que  no  se  hayan 
satisfecho íntegramente las deudas sociales, se haya procedido a su consignación o se 
haya asegurado el pago de los créditos no vencidos.
2.  Satisfechas  dichas  deudas,  el  resto  del  haber  social  se  adjudicará  por  el 
siguiente orden:
a)  La contribución para la educación y promoción cooperativa y otros fines de 
interés  público  se  pondrá  a  disposición  del  Consejo  Superior  de  Cooperativas  de 
Euskadi.
b)  Se reintegrará a las personas socias el importe de las aportaciones que tuvieran 
al capital social, actualizadas en su caso, comenzando por las aportaciones voluntarias y 
siguiendo con las aportaciones obligatorias.
c)  Se reintegrará a las personas socias su participación en los fondos de reserva 
voluntarios que tengan carácter repartible por disposición estatutaria o por acuerdo de la 
asamblea  general,  distribuyéndose  los  mismos  de  conformidad  con  las  reglas 
establecidas en estatutos o en dicho acuerdo y, en su defecto, en proporción a las 
operaciones, servicios o actividades realizadas por cada una de las personas socias con 
la cooperativa durante los últimos cinco años o, para las cooperativas cuya duración 
hubiese sido inferior a este plazo, desde su constitución.
d)  El sobrante, si lo hubiera, tanto del Fondo de Reserva Obligatorio como del 
haber  líquido  de  la  cooperativa,  se  pondrá  a  disposición  del  Consejo  Superior  de 
Cooperativas de Euskadi, salvo lo dispuesto en el artículo 150 para las cooperativas de 
segundo o ulterior grado.
3.  Mientras no se reembolsen las aportaciones previstas en el artículo 60.1.b, las 
personas  titulares  que  hubieran  causado  baja  y  a  las  que  la  cooperativa  hubiera 
rehusado el reembolso participarán en la adjudicación del haber social, después de la 
contribución para la educación y promoción cooperativa y otros fines de interés público y, 
salvo  que  los  estatutos  prevean  lo  contrario,  antes  del  reintegro  de  las  demás 
aportaciones.
Artículo 99.  Balance final.
1.  Satisfecha la totalidad de las deudas sociales, las liquidadoras o liquidadores 
confeccionarán un balance final del estado patrimonial de la cooperativa y un proyecto 
de distribución del haber social elaborado conforme a lo establecido en el artículo 
anterior.
2.  El balance final y el proyecto de distribución del haber social se someterán a la 
aprobación de la asamblea general previo informe de la comisión de vigilancia o, en su 
caso, de las personas auditoras y de las interventoras o interventores. Dicha aprobación 
deberá publicarse en el «Boletín Oficial del País Vasco» y en un periódico de gran 
circulación en el territorio histórico del domicilio social, haciéndose constar en el anuncio 
que  la  documentación  relativa  a  aquellos  acuerdos  se  encuentra  depositada  en  el  e.
domicilio social a disposición de las personas interesadas. w.b
3.  El acuerdo de aprobación podrá ser impugnado en el plazo de cuarenta días, a  5w
cimopnutagrn adceiósnd ed e slous  apcuubelircdaocsió dne,  lay  ascaomnfbolremae g eanle raplr opcoer dciumaileqnutioe r peestrasbolneac isdooc iap aqruae  slea 
sgiaernatnat izaagdraovsi.ada y por los acreedores cuyos créditos no hubieran sido satisfechos o
4.  En tanto no haya transcurrido el plazo para su impugnación o resueltas por 
sentencia firme las reclamaciones interpuestas, no podrá procederse al reparto del activo 
resultante. No obstante, las liquidadoras o liquidadores podrán proceder a realizar pagos 
a cuenta del haber social siempre que por su cuantía no hayan de verse afectados por el 
resultado de aquellas reclamaciones.
Artículo 100.  Cancelación registral.
Finalizada la liquidación y distribuido el haber social conforme a lo estipulado en los 
artículos  anteriores,  las  liquidadoras  o  liquidadores,  en  escritura  que  incorporará  la 
aprobación del balance final y las operaciones de aquella, deberán solicitar del Registro 
de Cooperativas de Euskadi la cancelación de los asientos referentes a la cooperativa y 
depositar los libros de comercio, la correspondencia, la documentación y los justificantes 
concernientes al tráfico de la sociedad, salvo que en dicha escritura las liquidadoras o 
liquidadores hubieran asumido el deber de conservación de dichos libros y documentos 
durante el plazo de seis años, a contar desde la fecha del asiento de cancelación de la 
sociedad, o manifestado que la sociedad carece de ellos.
Dicho depósito documental podrá realizarse, en su caso, en soporte electrónico o 
mediante medios electrónicos.
Artículo 101.  Concurso de la cooperativa.
A las cooperativas les será aplicable la legislación concursal, y deberán inscribirse en 
el Registro de Cooperativas de Euskadi las resoluciones judiciales de publicidad registral 
que se dicten.
TÍTULO II
Disposiciones especiales
CAPÍTULO I
Clases de cooperativas
Sección 1.ª Normas comunes
Artículo 102.  Clasificación y normativa aplicable.
1.  Las cooperativas pueden constituirse acogiéndose a cualquiera de las clases 
reguladas en el presente capítulo. Esa clasificación no obstará a la libre configuración 
estatutaria de otras cooperativas, con tal de que quede claramente determinada la 
correspondiente actividad cooperativa y la posición jurídica de las personas socias que 
deben participar en ella, en cuyo caso el registro y las personas interesadas aplicarán la 
normativa legalmente prevista para la clase de entidades con las que aquellas guarden 
mayor analogía.
2.  La  delimitación  legal  de  cada  clase  o  tipo  de  cooperativa  solo  impedirá  la 
constitución de  una entidad de segundo grado,  de  la clase respectiva, cuando las 
personas  socias  cooperadoras  tengan  que  ser,  necesariamente  y  en  su  mayoría, 
personas físicas. s
3.  Cada cooperativa, además de ajustarse a los principios configuradores de esta  e.
sociedad en el marco de la presente ley, se regirá por las disposiciones especiales  w.
aplicables a la clase respectiva y, en lo no previsto en la sección correspondiente, por las  5w
normas de carácter general.
Sección 2.ª Cooperativas de trabajo asociado
Artículo 103.  Objeto y normas generales.
1.  Son cooperativas de trabajo asociado las que asocian principalmente a personas 
físicas que, mediante su trabajo, a tiempo parcial o completo, realizan cualquier actividad 
económica  o  profesional  para  producir  en  común  bienes  y  servicios  para  terceras 
personas no socias.
La relación de la persona socia trabajadora con la cooperativa es una relación 
societaria.
2.  Podrán ser personas socias trabajadoras quienes legalmente tengan capacidad 
para contratar la prestación de su trabajo. Las personas extranjeras podrán ser personas 
socias trabajadoras de acuerdo con lo previsto en la legislación específica sobre su 
prestación de trabajo en el estado español.
3.  La pérdida de la condición de persona socia trabajadora provocará el cese 
definitivo de la prestación de trabajo en la cooperativa.
4.  Aun  cuando  la  finalidad  de  las  cooperativas  de  trabajo  asociado  es  la  de 
prestación del trabajo de las personas socias, proporcionándoles empleo, podrán realizar 
contratos de trabajo por cuenta ajena, cuyo número de horas/año no podrá ser superior 
al treinta por ciento del total de horas/año de trabajo realizadas por las personas socias 
trabajadoras.  Si  las  necesidades  objetivas  de  la  empresa  obligaran  a  superar  este 
porcentaje, ello será válido para un periodo que no exceda de tres meses. Para superar 
dicho plazo deberá solicitarse autorización motivada al departamento del Gobierno Vasco 
competente en materia de trabajo, que ha de resolver en un plazo de quince días. En 
caso de silencio, se entenderá concedida la autorización.
No se computarán en este porcentaje:
a)  Las horas/año de trabajo realizadas en centros y unidades de trabajo de carácter 
subordinado o accesorio.
Se entenderá, en todo caso, como trabajo prestado en centro de trabajo subordinado 
o accesorio el prestado por las personas trabajadoras por cuenta ajena que contraten las 
cooperativas para prestar servicios de duración determinada en los locales del cliente o 
su beneficiario y para la Administración pública. También aquellas actividades que deba 
realizar la cooperativa en obras, montajes o actividades auxiliares, siempre que estas no 
constituyan el objeto social principal de la cooperativa y que se presten fuera de los 
locales de la cooperativa por exigencias propias de la actividad, y siempre que la relación 
con la cooperativa no tenga carácter claramente estable y de duración indefinida.
b)  El trabajo realizado por las personas trabajadoras por cuenta ajena integradas 
en las cooperativas por subrogación legal, así como por aquellas que se incorporen en 
actividades sometidas a estas subrogaciones.
c)  El  trabajo  desempeñado  por  las  personas  trabajadoras  que  sustituyan  a 
personas socias trabajadoras o asalariadas en situación de excedencia e incapacidad 
temporal, baja por maternidad, adopción o acogimiento, o por conciliación familiar.
d)  El  trabajo  desempeñado  por  personas  trabajadoras  que  se  negasen 
explícitamente a ser personas socias trabajadoras.
e)  El trabajo realizado por las personas trabajadoras contratadas para ser puestas 
a disposición de empresas usuarias cuando la cooperativa actúa como empresa de 
trabajo temporal.
f)  El trabajo realizado por el alumnado de cooperativas dedicadas a la formación,  e
orientación e intermediación laboral en programas de empleo y formación. bo
g)  El trabajo realizado por personas trabajadoras con contratos en prácticas y para  w
cslaoe onfopshroem) rriaaaEctlieivló satn rsa.r edbceao jotnr aodbceaisdjeoam sa,p secooñcmiaaddooo   mpqoíunre imp heoar,sy oadnnea ls sitd rcoeo incnta adli ifsiycc aatdrpeaassc  iydp aoredr cecosine fonísctoiicd,a ases,x  cpcoesmípqtouo i cceeanns  tryloa/oss    OE-A-2020-61able en https://
especiales de empleo.
i)  El  trabajo  realizado  por  las  personas  trabajadoras  incorporadas  como 
consecuencia de un contrato de la cooperativa con la Administración o con empresas, 
consorcios,  fundaciones  y  demás  entidades  participadas  mayoritariamente  por  las 
administraciones públicas.
No obstante lo dispuesto en este número, las cooperativas con menos de ocho 
personas  socias  trabajadoras  podrán  emplear  hasta  un  máximo  de  dos  personas 
trabajadoras con contrato de trabajo por cuenta ajena.
5.  Los estatutos podrán fijar el procedimiento por el que las personas trabajadoras 
asalariadas pueden acceder a la condición de personas socias. En las cooperativas 
reguladas en este artículo que rebasen el límite de trabajo asalariado establecido, la 
persona trabajadora con contrato de trabajo por tiempo indefinido y más de un año de 
antigüedad en la cooperativa deberá ser admitida como persona socia trabajadora, sin 
periodo de prueba, si reúne los demás requisitos y así lo solicita en el plazo de los doce 
meses siguientes desde que pudo ejercitar tal derecho.
Las personas asalariadas que no tengan opción a ser personas socias, o mientras no 
puedan ejercitarla, participarán en los resultados de la cooperativa, cuando estos fueran 
positivos, en la proporción que han de definir los estatutos, que en ningún caso será 
inferior al veinticinco por ciento del retorno cooperativo reconocido a las personas socias 
de igual o equivalente clasificación profesional. Cuando el asalariado o asalariada cause 
baja, dicha participación podrá calcularse sobre las últimas cuentas anuales aprobadas 
por la asamblea general. Esta participación en resultados tendrá el carácter que señala 
el artículo 70.5 de esta ley.
6.  Las personas socias trabajadoras, por la prestación de su trabajo, tienen derecho 
a percibir periódicamente, en plazo no superior a un mes, anticipos laborales en cuantía 
no inferior al salario mínimo interprofesional en cómputo anual.
7.  Serán de aplicación a los centros de trabajo de estas cooperativas y a sus 
personas socias las normas generales sobre prevención de riesgos laborales.
Asimismo, las personas socias trabajadoras menores de dieciocho años estarán 
sujetas a las limitaciones para trabajos nocturnos o para trabajos insalubres, penosos, 
nocivos o peligrosos que establezca la legislación laboral para personas trabajadoras 
menores de 18 años.
8.  A  efectos  de  la  Seguridad  Social,  las  personas  socias  trabajadoras  están 
asimiladas  a  personas  trabajadoras  por  cuenta  ajena  o  a  personas  trabajadoras 
autónomas. Los estatutos optarán por uno u otro régimen.
Las cooperativas de trabajo asociado que, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 14 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por 
Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, hubieran optado en sus estatutos por 
asimilar a sus personas socias trabajadoras a trabajadoras o trabajadores autónomos del 
régimen  especial  correspondiente,  asumirán,  en  el  caso  de  que  así  se  hubiera 
establecido en sus estatutos, la obligación del pago de las cuotas y obligaciones de las 
personas socias trabajadoras durante su periodo activo en las cooperativas, sin perjuicio 
del sometimiento a la normativa rectora del régimen correspondiente de la Seguridad 
Social. Las cuantías abonadas no formarán parte del anticipo y tendrán la consideración 
de partida deducible para la determinación del excedente neto definido en el artículo 69 
de la ley.
9.  De conformidad con lo establecido en el artículo 86.2 de la Ley 27/1999, de 16 
de julio, de Cooperativas, cuando una cooperativa de trabajo asociado cese, por causas 
no imputables a la misma, en una contrata de servicios o concesión administrativa y un  e.
nuevo  empresario  o  empresaria  se  hiciese  cargo  de  esta,  las  personas  socias  w.b
trabajadoras que vinieran desarrollando su actividad en la misma tendrán los mismos  5w
vdiegreenctheo, ss i yh udbeibeerarens p rqeuseta dleos  suh utbraiebraajno  ecno rrlae scpooonpdeidraot,i vad ee na clau ecrodnod iccoiónn  ldae  npoerrmsoantiavas 
trabLaajasd oprearss poonra sc uetrnatbaa ajajednoara.s  que  se  hallaran  en  la  situación  del  párrafo  anterior
tendrán,  durante  un  plazo  de  cinco  años,  derecho  preferente  de  reingreso  en  su
cooperativa de origen si en esta se crearan nuevos puestos de trabajo de contenido 
similar al que ocupaban.
Artículo 104.  Periodo de prueba.
1.  Los estatutos podrán establecer un periodo de prueba como requisito para la 
admisión como persona socia.
El periodo de prueba no excederá de seis meses. No obstante, para ocupar los 
puestos de trabajo que fijen las personas administradoras, salvo atribución estatutaria 
expresa de esta facultad a la asamblea general, cuyo desempeño exija especiales 
condiciones profesionales, el periodo de prueba podrá ser de hasta dieciocho meses. El 
número de los referidos puestos de trabajo no podrá exceder del veinte por ciento del 
total de los de la cooperativa.
2.  Los  o  las  aspirantes  a  socias  trabajadoras,  durante  el  periodo  en  que  se 
encuentren en situación de prueba, tendrán los mismos derechos y obligaciones que las 
demás personas socias, con las siguientes particularidades:
a)  Podrán resolver la relación por libre decisión unilateral, facultad que también se 
reconoce a las personas administradoras de la cooperativa.
b)  No podrán ser elegidas para los cargos de los órganos de la sociedad.
c)  No estarán obligadas ni facultadas para hacer aportaciones al capital social ni 
para desembolsar la cuota de entrada.
d)  No  les  alcanzará  la  imputación  de  las  pérdidas  que  se  produzcan  en  la 
cooperativa durante el periodo de prueba ni tendrán derecho al retorno cooperativo, sin 
perjuicio de su derecho a percibir de los resultados positivos la misma cuantía que se 
reconozca a las personas asalariadas.
3.  No procederá el periodo de prueba si la persona trabajadora ya hubiera estado 
en situación de prueba y la hubiera superado sin incorporarse como socia desde que se 
resolvió la relación
Artículo 105.  Régimen de trabajo.
1.  Los estatutos, el reglamento de régimen interno o, en su defecto, la asamblea 
general establecerán el marco básico de régimen de trabajo de las personas socias 
trabajadoras.
2.  Podrán regularse como materias de dicho régimen la organización del trabajo, 
las  jornadas,  el  descanso  semanal,  las  fiestas,  las  vacaciones,  los  permisos,  la 
clasificación profesional, la movilidad funcional y geográfica, las excedencias o cualquier 
otra causa de suspensión o extinción de la relación de trabajo cooperativo, y, en general, 
cualquier otra materia directamente vinculada con los derechos y obligaciones derivados 
de la prestación del trabajo por la persona socia trabajadora.
3.  En  cualquier  caso,  la  cooperativa  respetará  los  regímenes  laborales 
determinados por ella misma, condiciones laborales dignas y los estándares laborales 
mínimos establecidos por la Organización Internacional del Trabajo.
Artículo 106.  Régimen disciplinario.
1.  Los estatutos, el reglamento de régimen interno o, en su defecto, la asamblea 
general establecerán el marco básico del régimen disciplinario de las personas socias  e
trabajadoras. bo
2.  El régimen disciplinario regulará los tipos de faltas que puedan producirse en la  w
spptrareáenrmssctoiitaoencnsaiaó,s dn roe srcoaducseria sl dos estr leaeyxbg papaejldoada,zi eso,nsl at.ya s Rd laoessssa, p npeacrt oiaoctrnráeae,dv sieém, nsi  eltodnosetdo  ossó  cursgasaas nonpc,oli ioeslan gsaoy dsg o arpdreaeesnr ,s tdíocaenossan csd a eerg xcdopoesrnef, e snaifósaunacd  uidedltenea c dillaoaessss     OE-A-2020-61able en https://
preceptivas previas, y su revisión, en el caso de faltas graves o muy graves, siempre que
medie recurso, por parte del comité de recursos o, en su defecto, por la asamblea 
general.
3.  La expulsión de las personas socias trabajadoras solo podrá ser acordada por 
las personas administradoras, contra cuya decisión la persona socia podrá recurrir, en el 
plazo de quince días desde la notificación del mismo, ante el comité de recursos o, en su 
defecto, ante la asamblea general. Aunque el acuerdo de expulsión solo será ejecutivo 
desde que sea ratificado por el correspondiente órgano o haya transcurrido el plazo para 
recurrir ante el mismo, la cooperativa podrá suspender a la persona socia trabajadora en 
su empleo, conservando esta, provisionalmente, su derecho al anticipo laboral como si 
estuviera prestando trabajo.
Artículo 107.  Cuestiones contenciosas.
1.  Los órganos jurisdiccionales de orden social conocen de las cuestiones litigiosas 
que se promuevan entre las cooperativas de trabajo asociado y sus personas socias 
trabajadoras por su condición de tales. En consecuencia, los conflictos no basados en 
este especial vínculo sociolaboral y que sean análogos a los que puedan surgir entre 
cualquier  persona  socia  y  las  cooperativas  de  otras  clases  siguen  sometidos  a  la 
jurisdicción de los juzgados y tribunales mercantiles.
2.  A estos efectos, se considerarán materias que afectan exclusivamente a la 
relación  típica  entre  la  cooperativa  de  trabajo  asociado  y  sus  personas  socias 
trabajadoras las relativas a:
a)  La percepción de los anticipos laborales o de las prestaciones complementarias 
o sustitutivas de los mismos en la medida que sean exigibles.
b)  Los recursos por sanciones impuestas por infracción de normas de disciplina 
sociolaboral, incluida la de expulsión por tal motivo.
c)  Las situaciones de suspensión del trabajo y excedencias.
d)  Materias de Seguridad Social.
e)  El acceso de la persona trabajadora asalariada a la condición de persona socia 
trabajadora.
f)   En general, a los derechos y obligaciones derivados precisamente de las normas 
internas de régimen del trabajo cooperativo.
3.  En todo caso, estas cuestiones litigiosas se resolverán aplicando esta ley, los 
estatutos  sociales  y  demás  acuerdos  internos  de  la  cooperativa  y,  en  general,  los 
principios cooperativos. Solo en su defecto, se aplicarán por analogía las disposiciones 
de la legislación laboral.
Sección 3.ª Cooperativas de consumo
Artículo 108.  Objeto y función social.
1.  Las cooperativas de consumo tienen como objeto procurar bienes o prestar 
servicios para el uso o consumo de las personas socias y de quienes con ellas conviven, 
así como la defensa y promoción de los derechos e intereses legítimos de las personas 
consumidoras  y  usuarias.  Pueden  ser  personas  socias  de  estas  cooperativas  las 
personas físicas y las entidades u organizaciones que tengan el carácter de destinatarios 
finales. s
2.  Las cooperativas de consumo podrán suministrar dentro de su ámbito territorial  e.
bienes o servicios a personas o entidades no socias cuando lo prevean los estatutos. w.
Sección 4.ª Cooperativas de enseñanza
Artículo 109.  Objeto y modalidades.
1.  Son cooperativas de enseñanza las que desarrollan actividades docentes en sus 
distintos niveles, etapas, ciclos, grados y modalidades, en cualesquiera ramas del saber 
o de la formación. Podrán realizar también actividades extraescolares y conexas, así 
como prestar servicios escolares complementarios y cuantos faciliten las actividades 
docentes.
2.  Cuando asocien a padres o madres de alumnos o alumnas, a sus representantes 
legales o al propio alumnado, les serán de aplicación las normas de la presente ley sobre 
cooperativas de consumo, además de lo recogido en el artículo 36.2. El profesorado y 
restante personal del centro podrán incorporarse, bien como personas socias de trabajo, 
bien  como  personas  socias  colaboradoras.  Esta  última  posición  también  podrán 
asumirla, entre otras personas interesadas, los exalumnos o exalumnas.
3.  Cuando la cooperativa de enseñanza asocie al profesorado y a personal no 
docente y de servicios, se aplicarán, además de lo recogido en el artículo 36.2, las 
normas de esta ley reguladoras de las cooperativas de trabajo asociado, excluido lo 
regulado  por  el  artículo  30,  y  podrán  asumir  la  posición  de  personas  socias 
colaboradoras, entre otras personas interesadas, los alumnos o alumnas, sus padres o 
madres o sus representantes legales, así como los exalumnos o exalumnas.
4.  La cooperativa de enseñanza, si lo prevén los estatutos, podrá tener carácter 
integral o intersectorial cuando, como mínimo, agrupe a la mayoría de quienes imparten 
la enseñanza y del personal no docente, por un lado, y a la mayoría de quienes reciben 
las prestaciones docentes o representan a los alumnos o alumnas, por otro, o bien 
cuando, sin concurrir esas mayorías, se alcance un número de personas socias de 
ambos  colectivos  que  sea  suficiente,  según  los  estatutos,  para  configurar  esta 
modalidad.
Artículo 110.  Especialidades de las cooperativas de enseñanza integrales.
1.  En relación con las cooperativas a que se refiere el apartado 4 del artículo 
anterior, además de lo recogido en el artículo 36.2, los estatutos podrán:
a)  Establecer periodos de prueba, para las personas socias de los dos colectivos 
integrados, por un periodo máximo de hasta un curso escolar.
b)  Prever el funcionamiento de cada uno de los órganos sociales necesarios por 
mayorías  reforzadas  que  no  excedan  de  las  tres  cuartas  partes  del  quorum  de 
constitución respectivo.
c)  Para el caso de que no se alcance la mayoría reforzada prevista para adoptar 
acuerdos, o con carácter independiente de ello, fijar de modo general el número máximo 
de consejeras o consejeros y el de votos en la asamblea general que, respectivamente, 
podrán atribuirse al colectivo de personas socias usuarias, con objeto de evitar una 
situación de desequilibrio insalvable respecto a las personas socias de trabajo.
d)  Regular,  con  o  sin  medidas  equilibradoras,  el  ejercicio  de  los  derechos  de 
asistencia y voz en las asambleas, incluso mediante la previa celebración de una o 
varias  juntas  especiales  de  personas  socias  usuarias  para  que  estas  elijan  a  sus 
representantes en la asamblea general inmediata y, en su caso, en las sucesivas que se 
celebren dentro del plazo que también señalen los estatutos. s
e)  Prever presidencias rotatorias de forma que, por periodos de igual duración, las  oe.
presidencias de cada órgano colegiado sean ocupadas, alternativamente, por personas  w.
dsoec pifae) sr spRoeneratgesun leaexrc piueennrattae csso,  amp caisariadó anre  udsnioroilmv deeern  stloeitsu,  addceoi osc nocemoslpe docetsi viceoimósn pe apxtiaesrstiet annrotiea ss yu e pcneo rlnaa  dpcooosso ipebenler  aeatlsi vsisaet.neon cdiea   2020-615n https://w
los órganos necesarios, a cuyo fin estos podrán delegar en dicha comisión la facultad de
decidir sobre aquellas materias, sea cual fuere su contenido, en que no fue posible el 
acuerdo del órgano ordinario correspondiente.
2.  Las medidas enunciadas en el número precedente tendrán carácter alternativo o 
acumulativo, siempre que ello sea posible, según señalen los estatutos. Estos también 
podrán establecer, en su caso, reglas especiales para la adecuada participación de las 
personas socias colaboradoras.
3.  Los estatutos podrán, asimismo, determinar las pautas o criterios básicos para 
decidir cuándo, por la imposición sistemática de un colectivo de personas socias sobre el 
otro, por la parálisis o entorpecimiento notable y frecuente de los órganos sociales o por 
otras causas debidamente fundadas, procederá reconducir la cooperativa a una de las 
modalidades reguladas en los números 2 y 3 del artículo anterior, con o sin escisión 
societaria.
Artículo 111.  Socias o socios de naturaleza o de utilidad pública.
1.  Las entidades e instituciones públicas y las privadas de utilidad pública, sin 
perjuicio de su eventual admisión como socias colaboradoras, podrán asumir, incluso 
simultáneamente, la condición de socias usuarias cuando ejerzan la guarda y protección 
legal de escolares menores o incapaces o cuando representen a alumnos o alumnas 
adultas que, estando acogidas en centros, residencias o establecimientos regidos por 
aquellas, les hayan otorgado expresamente su representación.
Las consecuencias de la eventual acumulación de la cualidad de socio o socia 
colaboradora y de socio o socia usuaria serán objeto de expresa regulación estatutaria 
dentro del marco de la presente ley y de las disposiciones vigentes sobre el sistema 
educativo.
2.  Tales  entidades  e  instituciones  podrán  realizar,  por  cualquier  título  jurídico, 
aportaciones patrimoniales de toda clase, incluida la cesión de terrenos, edificios y otros 
bienes inmuebles, equipados o no, que sean necesarios para el establecimiento o el 
adecuado desarrollo de la cooperativa.
3.  Si  los  estatutos  lo  prevén,  dichos  socios  o  socias  institucionales  tendrán 
reservados puestos en el consejo rector, y, en su condición de usuarias, podrán asistir a 
las asambleas generales con un número de votos proporcional al de alumnos o alumnas 
que representen, sin las limitaciones señaladas en el artículo 37.2.
Sección 5.ª Cooperativas agrarias y alimentarias
Artículo 112.  Objeto y actividades.
1.  Son  cooperativas  agrarias  y  alimentarias  las  que  asocian  a  titulares  de 
explotaciones  agrícolas,  forestales,  ganaderas  o  mixtas  y  que  tienen  por  objeto 
comercializar,  proporcionar  suministros,  equipos  productivos  y  servicios  o  realizar 
operaciones encaminadas a la mejora, en cualquier área o vertiente económico-social, 
de las explotaciones de las personas socias, de sus elementos o componentes, de la 
propia cooperativa o de la vida en el medio rural, entre otras, la prestación de servicios 
por la cooperativa y con su propio personal que consista en la realización de labores 
agrarias u otras análogas en las mencionadas explotaciones y a favor de las personas 
socias de la misma.
En el caso de titularidad compartida que cumpla los requisitos de la legislación que  es
regula dicha institución, ostentará la condición de persona socia la propia entidad de  o
titularidad compartida, inscrita en el registro específico, y podrá ser representada por  ww.
ccpeuarartaliAqf ioscuiacimeucriipasóa mnrd  odeu,e  nle  lamcnsa i sergmpl oeco rad.sseooln  óadrseg  aiqnnutoee g durean naat deemsn itndidiesa tdrlaa cd ieóm ntis,it mulalaa er, indmtaiddea ddciao dnmetep  taitsrutuilda arai dcsareedad  citdoaemcsiópignan ratpiddoaar    OE-A-2020-615able en https://w
deberá comunicar mediante certificación cuál de las personas integrantes será quien
desempeñe las funciones propias del cargo en el órgano de administración. Este último 
requisito  deberá  ser  satisfecho,  igualmente,  en  el  caso  de  sociedades  civiles  y 
comunidades de bienes y cualquier otra entidad sin personalidad jurídica.
Los  estatutos  de  la  cooperativa  podrán  exigir,  como  requisito  para  adquirir  y 
conservar  la  condición  de  persona  socia,  un  compromiso  de  actividad  exclusiva 
correspondiente a su objeto social.
2.  Para el cumplimiento de su objeto social, las cooperativas agrarias y alimentarias 
podrán desarrollar, además de las actividades propias de aquel, determinadas en los 
estatutos,  aquellas  otras  que  sean  presupuesto,  consecuencia,  complemento  o 
instrumento  para  la  mejora  económica,  técnica,  laboral,  ecológica  o  social  de  la 
cooperativa, de las explotaciones de las personas socias, de los elementos de estas o 
del medio rural.
Artículo 113.  Operaciones con terceras personas no socias.
1.  Las cooperativas agrarias y alimentarias, sean polivalentes o especializadas, con 
actividad  comercializadora  podrán  desarrollar  esta  actividad  y  las  conexas  a  ella, 
llegando incluso directamente al consumidor o consumidora, con productos agrarios que 
no procedan de las explotaciones de la cooperativa o de sus personas socias en los 
siguientes casos:
a)  En  cada  ejercicio  económico,  hasta  un  cinco  por  ciento,  cuantificado  dicho 
porcentaje independientemente para cada una de las actividades en que la cooperativa 
utilice productos agrarios de terceras personas no socias.
b)  Si lo prevén los estatutos, el porcentaje máximo en cada ejercicio económico 
podrá llegar hasta el cuarenta y nueve por ciento.
c)  Cuando, por circunstancias no imputables a la cooperativa, esta pueda rebasar 
los límites anteriores por haber obtenido la autorización prevista en el artículo 5 de la 
presente ley.
Cuando existan normativas sectoriales específicas, u otras dictadas en aplicación de 
aquellas, que sean aplicables a la cooperativa por razón del sector de su actividad 
agroalimentaria, y que establezcan o permitan límites más elevados de porcentajes de 
producciones  de  terceras  personas  no  socias  que  los  anteriormente  indicados,  la 
cooperativa podrá reflejar en los estatutos dichos límites sin necesidad de requerir la 
autorización prevista en el apartado anterior, pero deberá hacer constar expresamente 
en los estatutos la disposición que legitima dicho porcentaje.
2.  Las cooperativas agrarias y alimentarias con actividad suministradora, única o 
diferenciada, dirigida a sus explotaciones o a las de sus miembros, podrán ceder a 
terceras  personas  no  socias  productos  o  servicios  dentro  de  los  límites  y  en  los 
supuestos equivalentes a los apartados a) y b) del número anterior, sin perjuicio de poder 
hacerlo en todo caso cuando se trate de los remanentes ordinarios de la actividad 
cooperativa.
Sección 6.ª Cooperativas de explotación comunitaria
Artículo 114.  Objeto y ámbito.
1.  Estas cooperativas asocian a titulares de derechos de uso y aprovechamiento de  s
bienes  susceptibles  de  explotación  agraria  que  ceden  tales  derechos,  prestando,  e.
además, o no, su trabajo personal, así como a quienes, sin ceder derechos de disfrute,  w.
van a trabajar en la entidad. Tienen por objeto poner en común tierras u otros medios de  5w
tparmodbuiécnc iópno dpráanra i nctreegarra rys eg ebsietinoensa rq uuen ap oúsneicaa l ae cmoporpeesraa toiv ae xppolro ctaucaiólqnu iaegr rtaítruialo,. en la que
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operaciones  preparatorias  que  tengan  por  finalidad  constituir  o  perfeccionar  la 
explotación en todos sus elementos, funciones y procesos, así como las de recolección y 
distribución y las conexas y complementarias, y, en general, cuantas resulten propias de 
la actividad agraria o sean antecedente, complemento o consecuencia directa de la 
misma.
2.  La  actividad  cooperativa  de  comercialización  de  productos  procedentes  de 
terceras  personas  no  socias  se  regirá  por  lo  previsto  en  la  presente  ley  para  las 
cooperativas agrarias y alimentarias. El número de personas trabajadoras con contrato 
laboral no podrá ser superior al treinta por ciento del total de personas socias de trabajo 
de la cooperativa.
3.  En estas cooperativas, su ámbito estatutario determina el espacio geográfico en 
el que las personas socias de trabajo pueden desarrollar habitualmente su actividad 
cooperativa y dentro del cual también han de estar situados la mayor parte de los bienes 
inmuebles integrantes de la explotación.
Artículo 115.  Régimen de las personas socias.
1.  La eventual acumulación de la doble cualidad de persona socia de trabajo y 
persona  socia  cedente  del  uso  y  aprovechamiento  de  bienes  a  la  cooperativa  no 
permitirá atribuir más de un voto.
2.  Serán de aplicación a las personas socias de trabajo las normas establecidas en 
la presente ley para las personas socias trabajadoras de las cooperativas de trabajo 
asociado, con las salvedades contenidas en esta sección.
3.  Los estatutos establecerán el tiempo mínimo de permanencia en la cooperativa 
de las personas socias en su condición de cedentes del uso y aprovechamiento de 
bienes, sin exceder de quince años, así como las normas sobre transmisión de los 
derechos de sus respectivos titulares a la sociedad.
4.  Las personas arrendatarias y demás titulares de un derecho de goce podrán 
ceder el uso y aprovechamiento de los bienes por el plazo máximo de duración de su 
contrato o título jurídico sin que ello sea causa de desahucio o resolución del mismo.
En  tales  supuestos,  la  cooperativa  podrá  dispensar  del  cumplimiento  del  plazo 
estatutario de permanencia obligatoria, siempre que la persona titular de los derechos de 
uso y aprovechamiento se comprometa a cederlos por todo el tiempo de duración del 
vínculo jurídico correspondiente.
Artículo 116.  Estructura económica.
1.  Se  diferenciarán  las  aportaciones  patrimoniales  efectivas,  dinerarias  o  no 
dinerarias,  que  integrarán  el  capital  social  de  las  prestaciones  consistentes  en  la 
obligación de aportar trabajo, servicios o asistencia técnica, que no podrán integrar el 
capital social.
2.  Las rentas por la cesión del uso de los bienes y los anticipos por el trabajo serán 
análogas al nivel de rentas y de retribuciones salariales usuales en la zona.
Los retornos se acreditarán a las personas socias, según su respectiva actividad con 
la cooperativa, en proporción a los anticipos laborales y a las rentas que deba abonar 
aquella por la cesión del uso de los bienes.
3.  La imputación de las pérdidas a las personas socias se realizará aplicando los 
criterios utilizados para acreditar los retornos, pero los estatutos o la asamblea general 
determinarán  lo  necesario  para  garantizar  a  las  personas  socias  de  trabajo  una  es
compensación mínima igual al setenta por ciento de las retribuciones satisfechas en la  bo
zona  por  igual  trabajo  y,  en  todo  caso,  no  inferior  al  importe  del  salario  mínimo  w
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de explotación comunitaria de los mismos. También podrán establecer normas por las
que las personas socias que hayan cedido a la cooperativa el uso y aprovechamiento de 
bienes queden obligadas a no transmitir a terceras personas no socias derechos sobre 
dichos bienes que impidan el uso y aprovechamiento de los mismos por la cooperativa 
durante el tiempo de permanencia obligatoria de la persona socia en la misma.
Sección 7.ª Cooperativas de viviendas
Artículo 117.  Objeto, operaciones y ámbito.
1.  Las cooperativas de viviendas tienen por objeto procurar a sus personas socias 
viviendas o locales, edificaciones e instalaciones complementarias; mejorar, conservar y 
administrar dichos inmuebles y los elementos, zonas o edificaciones comunes; crear y 
prestar  los  servicios  correspondientes,  así  como  rehabilitar  viviendas,  locales  y 
edificaciones e instalaciones destinadas a las personas socias.
En todo caso, el objeto social habrá de ser desarrollado, al menos en los aspectos 
básicos, directamente por la propia cooperativa, sin perjuicio de que pueda ser facilitado 
o complementado de cualquier forma por terceras personas no socias con las que 
aquella  contrate.  Dichos  contratos  deberán  ser  dictaminados  favorablemente  por  el 
letrado o letrada asesora de la cooperativa.
2.  Podrán adquirir, parcelar y urbanizar terrenos y, en general, desarrollar cuantas 
actividades y trabajos sean necesarios para el cumplimiento de su objeto social.
Asimismo,  y  siempre  que  lo  acuerde  la  asamblea  general,  podrán  enajenar  o 
arrendar  a  terceras  personas  no  socias  los  locales  comerciales  y  los  terrenos,  las 
instalaciones y edificaciones complementarios de su propiedad que sean disponibles una 
vez cubiertas las necesidades de la cooperativa.
También  podrán  las  cooperativas  enajenar  a  terceras  personas  no  socias  las 
viviendas promovidas, cuando ello sea necesario para la financiación de la promoción 
cooperativa, una vez que la totalidad de las personas socias tenga garantizado su 
acceso a la vivienda. En este caso, al menos el setenta por ciento de las viviendas 
promovidas se adjudicará a las personas socias. La enajenación del resto de viviendas a 
terceras personas no socias requerirá la homologación por el Consejo Superior de 
Cooperativas de Euskadi que verifique dicha necesidad.
3.  Las cooperativas de viviendas solo podrán realizar la promoción de viviendas y 
locales, que en todo caso será única por cada cooperativa, en el territorio a que alcance 
el  ámbito  de  las  mismas  establecido  estatutariamente.  Dentro  del  mismo  residirán 
habitualmente la mayoría de las personas socias, salvo que la cooperativa estuviese 
orientada al servicio exclusivo o preferente de personas socias de la tercera edad o a la 
promoción de una segunda residencia. En estos casos, la convocatoria de las asambleas 
generales se cursará por correo certificado con acuse de recibo al domicilio que hayan 
señalado a tal efecto las personas socias.
Artículo 118.  Régimen de adjudicación o cesión.
1.  La propiedad o el uso y disfrute, habitual o por temporadas, de las viviendas y 
locales podrán ser adjudicados o cedidos a las personas socias mediante cualquier título 
admitido en derecho.
2.  Adjudicada  la  propiedad  de  viviendas  y  locales  promovidos,  la  cooperativa 
deberá disolverse, pero siempre y cuando haya transcurrido el plazo de garantía y el 
legal previsto para responder de los vicios ocultos como entidad promotora, a contar  e.e
desde la fecha de su adjudicación, salvo que los estatutos o convenios de colaboración  b
suscritos con entidades públicas establezcan un plazo superior. w
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En tal caso, las personas socias cooperadoras ostentarán un derecho de uso sobre 
la vivienda y locales que les sean adjudicados por la cooperativa conforme a sus 
estatutos y normas de organización interna que regularán sus derechos y obligaciones.
En este tipo de cooperativas de cesión de uso, para adquirir la condición de persona 
socia habrá de suscribirse una aportación al capital, que tendrá como importe máximo el 
que le corresponda en función de los costes de promoción o adquisición del inmueble. 
Las personas socias abonarán, además, las cuotas periódicas que fijen los órganos de la 
cooperativa para el mantenimiento, mejora y conceptos asimilables correspondientes al 
inmueble residencial.
En caso de baja de la persona socia, su derecho de uso se pondrá a disposición del 
consejo rector, que lo adjudicará a una nueva persona socia. El derecho de uso es 
transmisible mortis causa a quienes sean causahabientes de la persona socia fallecida, 
previa su admisión como personas socias, de conformidad con los requisitos generales, 
si así lo solicitaren en el plazo de tres meses. En otro caso, tendrán derecho a la 
liquidación del crédito correspondiente.
4.  Será de aplicación al importe de reembolso lo regulado en el artículo 119.6 de la 
presente ley.
Artículo 119.  Régimen de las personas socias.
1.  Las cooperativas de viviendas se constituirán por, al menos, el cincuenta por 
ciento del total de las personas socias a las que se refiere el artículo 117.1 precedente, 
en función del proyecto promovido que deberá contener la escritura de constitución.
Este porcentaje no será exigible para las cooperativas de viviendas que vayan a:
a)  Realizar una promoción concertada impulsada por la Comunidad Autónoma del 
País Vasco.
b)  Realizar  una  promoción  convenida  con  una  o  varias  administraciones  o 
entidades con participación pública.
c)  Adquirir  terrenos  de  dichas  administraciones  o  entidades  con  participación 
pública, bien por enajenación directa, bien por concurso.
2.  En el momento de la constitución, a efectos de lo regulado en el párrafo tercero 
del  artículo  19.1  de  la  presente  ley,  podrán  computarse  las  personas  socias 
colaboradoras,  sin  perjuicio  de  la  posterior  incorporación  de  las  personas  socias 
adjudicatarias o cesionarias de las viviendas, de conformidad con las normas vigentes en 
materia de promoción de viviendas de protección pública.
Las personas socias que promuevan una cooperativa de viviendas de protección 
pública únicamente podrán adoptar los acuerdos que resulten estrictamente necesarios 
hasta la calificación provisional de la promoción; si bien los acuerdos a que se refiere el 
artículo 121.2 de esta ley serán adoptados cuando la cooperativa esté conformada por 
las personas socias adjudicatarias o cesionarias del proyecto promovido.
3.  Las cooperativas de vivienda asociarán mayoritariamente a personas físicas y a 
entidades cooperativas. El cumplimiento de los requisitos para adquirir la condición de 
socia o socio deberá ser dictaminado favorablemente por el letrado o letrada asesora, 
excepto en las promociones de viviendas de protección pública.
4.  En  el  supuesto  de  que  se  solicite  por  parte  de  la  cooperativa  cantidades 
anticipadas  a  cuenta  de  edificación  a  las  personas  adjudicatarias,  las  referidas 
cantidades deberán estar garantizadas mediante el correspondiente contrato de aval o  s
seguro que indemnice en caso de incumplimiento de contrato, de conformidad con la  oe.
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. w.
rpeocdor5ná.o  sceEidrno  tsilt auasl al arc sod foeap memirláaiastis v danesu  mdeoensr o qvsuiavesi e.sned aasd jeund icréag ilma epnr ocpoieodpaedra, tinvion,g usanlav op elorss odnear efcíshiocas   2020-615n https://w
6.  En caso de baja de la persona socia, si lo prevén los estatutos, podrán aplicarse
a las cantidades entregadas por esta para financiar el pago de las viviendas y locales las  Bc
deducciones a que se refiere el artículo 66.1 hasta un máximo del cincuenta por ciento 
de los porcentajes que en el mismo se establecen.
Las cantidades a que se refiere el párrafo anterior, así como las aportaciones de 
persona socia al capital social, deberán reembolsarse a esta en el momento en que sea 
sustituida en sus derechos y obligaciones por otra persona socia o por tercera persona 
no socia.
La persona socia que cause baja de la cooperativa antes de la formalización de la 
adjudicación de su vivienda o local deberá seguir haciendo frente a los compromisos 
asumidos para su edificación, con el límite máximo que resulte del precio final para su 
adjudicación. Todo ello hasta que no sea sustituida en sus derechos y obligaciones por 
persona  socia  o  por  tercera  persona  no  socia  en  la  vivienda  o  local  que  tuviese 
adjudicado, pero mantendrá sus obligaciones cuando se incorporase una nueva persona 
socia o una tercera persona no socia a la que se le asignase otra vivienda o local 
diferente al suyo.
7.  La responsabilidad de las personas socias de las cooperativas de viviendas es 
de carácter mancomunado simple, siendo su límite máximo el que se corresponda con el 
importe de sus aportaciones obligatorias y voluntarias al capital social, así como las 
cantidades entregadas a cuenta para hacer frente a la edificación y las que tuviese que 
realizar para cubrir el precio de adjudicación de su vivienda o local, salvo que tuviese un 
precio  máximo  fijado  por  la  Administración,  en  cuyo  caso  ese  será  su  límite  de 
responsabilidad a todos los efectos ante la cooperativa, sus personas socias y terceras 
personas no socias.
Artículo 120.  Consejo rector.
1.  Ninguna persona podrá desempeñar simultáneamente el cargo de administrador 
o administradora en más de una cooperativa de viviendas, salvo que los estatutos lo 
admitan de modo expreso.
Las  personas  titulares  de  dichos  cargos  en  ningún  caso  podrán  percibir 
remuneraciones por el desempeño de su función, sin perjuicio de su derecho a ser 
resarcidas de los gastos que ello les origine.
2.  El consejo rector podrá delegar u otorgar los apoderamientos necesarios para 
facilitar el cumplimiento del objeto social, que en ningún caso se extenderán a actos o 
contratos que abarquen la totalidad del mismo ni las decisiones básicas sobre edificación 
y financiación y contratos con terceras personas no socias. Dichos poderes deberán 
inscribirse en el Registro de Cooperativas de Euskadi, previo dictamen favorable de 
letrado o letrada asesora.
Artículo 121.  Obligación de auditar las cuentas y de disponer de letrado o letrada 
asesora.
1.  Las cooperativas de viviendas, antes de presentar sus cuentas anuales a la 
asamblea general ordinaria para su estudio y aprobación, han de someterlas a una 
auditoría  de  cuentas.  Esta  obligación  legal  subsistirá  en  tanto  no  se  produzca  la 
adjudicación o cesión a las personas socias de las viviendas o locales.
2.  Las cooperativas de viviendas deberán disponer de un letrado o letrada asesora, 
que dictaminará, al menos, sobre los acuerdos a los que se refieren los artículos 117, 
118 y 119, así como sobre los acuerdos siguientes:
a)  De admisión de personas socias o de adhesión. oe.
b)  De sustitución de personas exsocias por nuevas personas socias o por personas  w.
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e)  Los que se fijen en los estatutos de las cooperativas de viviendas.
Artículo 122.  Promoción de viviendas de protección pública y transmisión de derechos.
1.  Cuando la cooperativa de viviendas promueva viviendas de protección pública, 
se sujetará, en todo caso, a la normativa reguladora de este tipo de viviendas.
2.  La transmisión inter vivos de la vivienda o local de las personas socias estará 
sujeta  a  las  limitaciones  y  derechos  de  adquisición  preferente  previstos  en  el 
correspondiente  régimen  administrativo  y,  en  su  defecto,  por  la  normativa  general 
supletoria sobre cooperativas de dicha clase.
Para las cooperativas de viviendas no incluidas en el párrafo anterior, los estatutos o 
el reglamento de régimen interno determinarán las condiciones y límites para enajenar o 
arrendar  la  vivienda  o  local  de  una  persona  socia,  así  como  los  derechos  de  las 
personas socias expectantes.
Sección 8.ª Cooperativas financieras
Artículo 123.  Cooperativas de crédito.
1.  Son cooperativas de crédito aquellas que tienen por objeto social servir las 
necesidades financieras activas y pasivas de sus personas socias, y pueden también 
actuar con terceras personas no socias, mediante el ejercicio de las actividades y 
servicios propios de las entidades de crédito de ámbito operativo general.
2.  Podrán  utilizar  la  expresión  «caja  rural»  aquellas  cooperativas  crediticias 
orientadas, tanto estatutaria como operativamente, hacia el servicio preferente al medio 
rural y a sus moradores y moradoras.
3.  Las  entidades  reguladas  en  este  artículo  se  ajustarán  en  su  constitución, 
estructura, funcionamiento y actividad a la normativa sobre cooperativas de crédito y 
demás legislación sectorial sobre entidades crediticias.
4.  El departamento del Gobierno Vasco competente en materia de hacienda y 
finanzas  ejercerá  las  funciones  de  propuesta,  regulación,  información,  estadística, 
inspección  y  disciplina  que  le  corresponden  sobre  cooperativas  de  crédito,  de 
conformidad con la legislación vigente.
Artículo 124.  Cooperativas de seguros.
1.  Son cooperativas de seguros las que tienen por objeto el ejercicio de la actividad 
aseguradora  en  cualquiera  de  sus  ramos,  pudiendo  organizarse  y  funcionar  como 
entidades a prima fija, a prima variable o de trabajo asociado.
2.  Estas  cooperativas,  en  cuanto  entidades  aseguradoras,  se  regirán  por  la 
normativa ordenadora del seguro privado que tenga carácter básico y por la regulación 
de desarrollo que apruebe la Comunidad Autónoma del País Vasco. La presente ley 
tendrá carácter supletorio.
3.  El departamento del Gobierno Vasco competente en materia de hacienda y 
finanzas ejercerá, respecto de las cooperativas de seguros, las funciones previstas en el 
artículo 123.4.
Sección 9.ª Cooperativas sanitarias
Artículo 125.  Cooperativas de asistencia sanitaria.
1.  Son aquellas cooperativas de seguros cuya actividad empresarial consiste en  oe.
cubrir riesgos relativos a la salud de sus personas socias o de las personas aseguradas  w.
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las normas establecidas para las cooperativas de seguros a prima fija.
3.  Cuando  la  cooperativa  asocie  a  profesionales  de  la  salud  y  a  personal  no 
sanitario, para atender a terceras personas no socias aseguradas, se aplicarán las 
normas reguladoras de las cooperativas de seguros de trabajo asociado.
Artículo 126.  Cooperativas de instalaciones sanitarias.
1.  Son  también  cooperativas  sanitarias,  a  efectos  de  la  presente  ley,  las 
constituidas por personas físicas y jurídicas a fin de promover, equipar, administrar, 
sostener  y  gestionar  hospitales,  clínicas  y  establecimientos  análogos  destinados  a 
prestar asistencia sanitaria a sus personas socias beneficiarias y familiares y, en su caso, 
a sus personas trabajadoras.
2.  Se  aplica  a  estas  cooperativas,  además  de  la  legislación  hospitalaria,  la 
normativa sobre las cooperativas de consumo, con las adaptaciones que, en su caso, 
puedan fijarse reglamentariamente atendiendo a la especialidad del servicio que prestan 
y al sector en el que actúan.
Sección 10.ª Cooperativas de servicios
Artículo 127.  Cooperativas de servicios profesionales.
1.  Son cooperativas de servicios profesionales las que, estando constituidas por 
artesanos, artesanas, profesionales o artistas que desarrollan su actividad respectiva por 
cuenta propia, tienen por objeto proporcionar suministros, servicios y prestaciones o 
realizar operaciones que faciliten, garanticen o complementen dichas actividades de las 
personas socias o los resultados de las mismas en la vertiente económica, técnica, 
laboral, ecológica, organizativa o funcional.
2.  Cuando las personas socias sean profesionales liberales o artistas, la formación 
de una cooperativa de la clase regulada en el presente artículo no afectará al régimen de 
ejecución y de responsabilidad de los proyectos o tareas correspondientes, que se 
desarrollará de acuerdo con las normas aplicables a la profesión respectiva.
Artículo 128.  Cooperativas de servicios empresariales.
1.  Son aquellas cooperativas que, con un objeto social análogo al regulado en el 
artículo 127.1, asocian a empresarios o empresarias individuales o sociales de los 
sectores pesquero, industrial, comercial o de servicios, sea cual fuere su respectiva 
forma jurídica, en orden a facilitar, garantizar o completar las funciones empresariales, la 
actividad o los resultados de las explotaciones de las personas socias.
2.  Podrán acogerse a lo previsto en el número anterior las comunidades de bienes 
o de derechos, y otras organizaciones sin personalidad jurídica, siempre que tengan 
aptitud para ser centro de imputación de derechos y obligaciones y hayan designado un 
o una representante de sus respectivos miembros en la cooperativa.
Artículo 129.  Cooperativas de transportes.
1.  Son cooperativas de transportes las que tienen por objeto organizar y/o prestar 
servicios de transporte o bien realizar actividades que hagan posible dicho objeto.
2.  Podrán adoptar las formas siguientes:
a)  Cooperativa de transporte de trabajo asociado o de transportes propiamente  e.e
dicha  que  asocian  a  transportistas,  conductores,  conductoras  u  otro  personal  que  b
mediante la aportación de su trabajo en común prestan servicios de transporte. w
trabAaj oe astsaosc iacodoop ceurayativsa pse rlesos nsaesr ás odceia sa ptrlaicbaacjiaódno rlaas  rneog uslaecráiónn t itduela lraess  dcoeo epmerparteivsaass  ddee 
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b)  Cooperativa de transportistas que asocia a titulares de empresas del transporte 
que puedan ejercer la actividad de transportistas y tiene por objeto facilitar la actividad 
empresarial  de  sus  personas  socias,  prestando  servicios  y  suministros,  así  como 
cualquier  operación  encaminada  al  mejoramiento  económico  y  técnico  de  las 
explotaciones de aquellos.
Artículo 130.  Cooperativas de servicios institucionales.
Las corporaciones y los organismos públicos, las fundaciones, los sindicatos y las 
asociaciones de toda índole pueden constituir cooperativas de esta clase para resolver, 
en pie de igualdad, cualesquiera problemas o necesidades organizativas o funcionales, 
sin afectar a la respectiva autonomía y peculiaridad institucional de cada persona socia.
Artículo 131.  Normas complementarias.
1.  No podrán constituirse cooperativas de servicios para actuar en sectores o para 
alcanzar fines económicos que sean propios de cooperativas de otras clases según la 
presente ley.
2.  Los estatutos determinarán el nivel de colaboración exigible a las personas 
socias y el alcance e intensidad de las facultades coordinadoras reconocidas en favor de 
la cooperativa; asimismo establecerán si esta puede participar financieramente en las 
actividades, empresas o explotaciones de las personas socias.
3.  Las cooperativas pertenecientes a cualquiera de las clases reguladas en esta 
sección  pueden  incluir  en  su  denominación  términos  alusivos  al  sector,  actividad 
profesional o rama económica en que actúan las personas socias o a la naturaleza de 
estos.
Sección 11.ª Junior cooperativas
Artículo 132.  Junior cooperativas.
1.  Son junior cooperativas las promovidas por estudiantes que tienen por objeto la 
aplicación práctica de las habilidades y conocimientos adquiridos en los centros de 
enseñanza en los que se encuentran matriculados o matriculadas, mediante el desarrollo 
de  actividades  económicas  destinadas  a  la  producción  de  bienes  o  prestación  de 
servicios.
2.  La duración de la cooperativa tendrá carácter indefinido. No obstante, cuando de 
todas sus personas socias únicamente dos cumplan el requisito de ser estudiantes, la 
cooperativa perderá su consideración de junior sociedad cooperativa. Una vez producida 
esta circunstancia, se comunicará en un plazo máximo de 30 días, a contar desde el 
siguiente en que se produzca, al Registro de Cooperativas de Euskadi a los efectos de 
su clasificación.
Sección 12.ª Cooperativas de integración social
Artículo 133.  Cooperativas de integración social.
Las  cooperativas  de  integración  social  estarán  constituidas,  al  menos 
mayoritariamente, por personas afectadas por discapacidad física, psíquica y/o sensorial,  s
así como por personas en situación de exclusión social, y podrán basarse en el trabajo  oe.
asociado para organizar, canalizar y comercializar los productos y servicios del trabajo  w.
de las personas socias o ir dirigidas a facilitar la provisión de bienes y servicios de  5w
consumo general o específicos.
Artículo 134.  Régimen de las personas socias.
1.  En  las  cooperativas  de  integración  social  podrán  participar  como  socias 
entidades públicas responsables de la prestación de cualesquiera servicios sociales 
mediante la correspondiente aportación y la designación de una persona representante 
de las entidades públicas. Esta representante prestará su trabajo personal de asistencia 
técnica, profesional y social junto a las personas socias de la cooperativa y asistirá con 
voz a las reuniones de todos los órganos sociales.
2.  Las cooperativas de integración social podrán realizar contrataciones por cuenta 
ajena con los colectivos que le otorgan su carácter, en las mismas condiciones que otras 
empresas, sin que les sea de aplicación los límites que establece el párrafo primero del 
artículo 103.4 de la presente ley respecto a dichas personas trabajadoras.
Sección 13.ª Cooperativas de fomento empresarial
Artículo 135.  Cooperativas de fomento empresarial.
1.  Las cooperativas de fomento empresarial son las que tienen por objeto social el 
apoyo a la creación y al crecimiento de actividades económicas y sociales desarrolladas 
por nuevos emprendedores y emprendedoras.
2.  Las cooperativas de fomento empresarial deben fijar como prioridad, en el marco 
de la actividad cooperativizada, la iniciativa emprendedora de los socios y socias y 
promover, por medio de actividades como la orientación profesional, la facilitación de 
habilidades empresariales precisas para el desarrollo de cada una de sus actividades y 
la tutorización de estas actividades en los primeros años de ejercicio.
CAPÍTULO II
Sociedad cooperativa pequeña
Sección 1.ª Disposiciones generales
Artículo 136.  Concepto.
1.  La sociedad cooperativa pequeña es aquella sociedad cooperativa de primer 
grado perteneciente a la clase de las de trabajo asociado o de explotación comunitaria, 
cuyo régimen jurídico se regula mediante el presente capítulo como especialidad de la 
sociedad cooperativa.
2.  La constitución de una sociedad cooperativa pequeña, la adaptación de los 
estatutos sociales de una sociedad cooperativa constituida conforme a la presente ley o 
la transformación de una sociedad no cooperativa en una sociedad cooperativa pequeña 
requerirán la expresa atribución por parte de las personas promotoras o del órgano 
social correspondiente de la cualidad de sociedad cooperativa pequeña.
3.  La sociedad cooperativa pequeña estará integrada por un mínimo de dos y un 
máximo de diez personas socias trabajadoras o socias de trabajo de duración indefinida.
4.  Las sociedades cooperativas pequeñas se regularán por lo dispuesto en este 
capítulo y, supletoriamente, por la presente ley y sus normas de desarrollo.
Artículo 137.  Constitución. es
1.  La constitución de la sociedad cooperativa pequeña requerirá escritura pública e  w.
inscripción en el Registro de Cooperativas de Euskadi. En virtud de su inscripción  5w
adqu2i.r iráE lna  eslo Rcieegdiasdtr oc odoep eCraotoivpae rpaetiqvuaesñ dae s Eu upsekrasdoin aselid laledv ajurráíd uicna .libro de inscripción de
sociedades cooperativas pequeñas en el que se inscribirán aquellas sociedades que
hubieran adquirido la condición de sociedad cooperativa pequeña, con independencia de 
la forma jurídica originaria.
3.  La escritura de constitución de la sociedad cooperativa pequeña reunirá los 
extremos a que se refiere el artículo 13.1 de esta ley.
4.  El plazo de calificación e inscripción de la escritura de constitución y de los 
Estatutos sociales no será superior a los diez días, a contar desde la presentación de la 
solicitud,  plazo  que  se  reducirá  a  cinco  días  en  el  supuesto  de  que  los  Estatutos 
correspondan al modelo previsto en el apartado 3 de la disposición adicional octava de 
esta ley.
5.  La  denominación  de  estas  entidades  incluirá  necesariamente  la  expresión 
«sociedad cooperativa pequeña» o su abreviatura «S. coop. pequeña».
Sección 2.ª De la contratación de personas trabajadoras por cuenta ajena y de 
personas socias trabajadoras o socias de trabajo de duración determinada y de la 
delimitación de las aportaciones obligatorias iniciales
Artículo 138.  Límites a la contratación de personas trabajadoras por cuenta ajena y de 
personas socias trabajadoras o socias de trabajo de duración determinada.
1.  Las sociedades cooperativas pequeñas, durante un plazo máximo de cinco años, 
a contar desde la fecha de su constitución, podrán contratar personas trabajadoras por 
cuenta ajena en cualquiera de sus modalidades y personas socias trabajadoras o socias 
de trabajo de duración determinada, en un número que en conjunto no sea superior al de 
aquellas personas socias trabajadoras de duración indefinida, a jornada completa o a 
tiempo parcial.
2.  En cualquier caso, el número de personas trabajadoras por cuenta ajena a 
contratar por la sociedad cooperativa pequeña no podrá exceder de cinco.
3.  Durante  el  plazo  máximo  de  cinco  años,  a  contar  desde  la  fecha  de  su 
constitución,  las  sociedades  cooperativas  pequeñas  con  cinco  o  menos  de  cinco 
personas socias trabajadoras o socias de trabajo de duración indefinida, lo sean a 
jomada completa o a tiempo parcial, podrán contratar hasta cinco personas trabajadoras 
por cuenta ajena y hasta cinco personas socias trabajadoras o de trabajo de duración 
determinada, sea a jomada completa o a tiempo parcial.
4.  Transcurridos los cinco años a los que se alude en los apartados precedentes, 
los límites a la contratación de personas trabajadoras por cuenta ajena y personas 
socias  trabajadoras  o  socias  de  trabajo  de  duración  determinada  por  parte  de  la 
sociedad cooperativa pequeña serán los que se determinan en la presente ley.
Artículo 139.  Delimitación de las aportaciones obligatorias iniciales.
Las aportaciones obligatorias iniciales que las sociedades cooperativas pequeñas 
pueden exigir a las personas trabajadoras por cuenta ajena para incorporarse como 
personas socias trabajadoras o socias de trabajo de duración indefinida o personas 
socias de duración determinada serán, como máximo, equivalentes, para cada una de 
estas clases de personas socias, al total de las aportaciones obligatorias efectuadas por 
la última socia o socio de la clase correspondiente incorporado a la entidad, con las 
oportunas actualizaciones. En todo caso, estas actualizaciones no podrán ser superiores 
a las que resulten de la aplicación de los índices de precios al consumo publicados por el 
Instituto Nacional de Estadística desde que dichas aportaciones fueron realizadas. e.e
Sección 3.ª Órganos sociales 5w
Artículo 140.  Órganos sociales.
1.  Los órganos sociales de la sociedad cooperativa pequeña son la asamblea
general de la cooperativa –que será el órgano social más importante– y el órgano de
administración  y  representación  –sea  unipersonal  (persona  administradora  única), 
pluripersonal  (personas  administradoras  solidarias  o  mancomunadas)  o  colegiado 
(consejo rector)–.
2.  La regulación de la asamblea general, en lo no previsto en este capítulo, es la 
establecida en la presente ley.
3.  El  órgano  de  administración  y  representación  estará  siempre  formado  por 
personas socias trabajadoras o de trabajo de la sociedad cooperativa pequeña y se 
regulará por las disposiciones establecidas por la presente ley, con las especificidades 
previstas en este capítulo.
4.  Cuando se hubiera optado por un órgano de administración y representación 
unipersonal –persona administradora única– o pluripersonal –personas administradoras 
solidarias o mancomunadas–, y en el supuesto regulado en el apartado siguiente de este 
artículo, el plazo de duración del cargo será de cinco años. Transcurrido dicho periodo 
deberá procederse a la reelección o a un nuevo nombramiento.
5.  El órgano de administración y representación de las sociedades cooperativas 
pequeñas, cuando se opte por la modalidad de «consejo rector», estará integrado, como 
mínimo, por dos personas, en cuyo caso tendrán los cargos de presidenta o presidente y 
secretaria o secretario, respectivamente.
6.  El consejo rector de las sociedades cooperativas pequeñas deberá reunirse con 
la periodicidad que se fije en los estatutos sociales. No obstante, la periodicidad de las 
reuniones de este órgano será de, al menos, una vez por trimestre.
Los acuerdos del consejo rector, salvo los que requieran de mayoría cualificada por 
previsión legal o estatutaria, se adoptarán por la mayoría de los votos válidamente 
emitidos, no computándose como tales las abstenciones de las personas consejeras 
asistentes a la sesión.
El voto de quien ocupe la presidencia dirimirá los empates, excepto cuando el 
consejo rector esté integrado por dos personas consejeras, salvo que los estatutos 
sociales de la sociedad cooperativa pequeña establezcan lo contrario.
7.  En el supuesto contemplado en el apartado 5 de este artículo, la persona que 
ocupe  la  secretaría  del  consejo  rector  de  la  sociedad  cooperativa  pequeña  podrá 
convocar a la asamblea general si su presidente o presidenta no la hubiese convocado 
en el plazo de 20 días desde la recepción de la solicitud presentada por personas socias 
que representen al menos el veinte por ciento del total de votos, todo ello sin perjuicio de 
la acción de responsabilidad que se podrá ejercitar contra la presidencia.
Sección 4.ª Régimen económico
Artículo 141.  Deducciones de las aportaciones al capital.
Los  estatutos  sociales  podrán  establecer  deducciones  sobre  las  aportaciones 
obligatorias en los supuestos de baja obligatoria y expulsión que se regulan en los 
artículos 27 y 28 de la presente ley, excluyendo las capitalizaciones de los retornos.
Sección 5.ª Disposiciones referidas a la adaptación y disolución
Artículo 142.  Adaptación de estatutos sociales.
1.  Si la sociedad cooperativa pequeña superase el número máximo de personas 
socias trabajadoras o socias de trabajo de duración indefinida, deberá adaptar sus  e.
estatutos sociales. w.b
2.  Igualmente,  las  sociedades  cooperativas  ya  constituidas  que,  reuniendo  los  5w
dreeqbueisráitno sa deaspttaabr lesucisd oess tadtuetsoese sno caidaolepst aar  lalas  pfroersmcari pdcieo nseosc dieedl apdre sceonotpee craatpivítau lop.equeña
Artículo 143.  Supuestos de disolución.
1.  Será causa de disolución de la sociedad cooperativa pequeña, además de las 
previstas en el artículo 91 de la presente ley, la reducción del número de socias y socios 
por debajo del mínimo legalmente necesario para constituir la sociedad cooperativa 
pequeña, si se mantiene durante un año de forma continuada.
2.  Asimismo, será causa de disolución de la sociedad cooperativa pequeña la 
paralización o inactividad de los órganos sociales o la interrupción, sin causa justificada, 
de la actividad cooperativa si se mantiene, en ambos casos, durante un año de forma 
continuada.
Sección 6.ª Disposiciones referidas al depósito de cuentas anuales y a la auditoría de 
cuentas
Artículo 144.  Documentación a depositar junto con las cuentas anuales.
Con la finalidad de facilitar la presentación de los documentos que acompañan a las 
cuentas  anuales  de  las  sociedades  cooperativas  pequeñas  para  su  depósito  en  el 
Registro de Cooperativas de Euskadi, dichos documentos se sujetarán a los modelos de 
solicitud  y  de  certificación  del  órgano  de  administración  y  representación  que  se 
aprueben mediante Orden de la persona titular del departamento del Gobierno Vasco 
competente en materia de trabajo.
Artículo 145.  Auditoría de cuentas.
Las sociedades cooperativas pequeñas deberán someter a auditoría externa las 
cuentas anuales y el informe de gestión en los términos establecidos por la Ley de 
Auditoría de Cuentas y sus normas de desarrollo.
En los demás casos, la sociedad cooperativa pequeña deberá auditar sus cuentas 
cuando lo acuerde la asamblea general por mayoría de las personas socias presentes y 
representadas o siempre que lo solicite una persona socia. En este último supuesto, los 
gastos originados como consecuencia de la citada auditoría serán sufragados según la 
regulación estatutaria.
CAPÍTULO III
Integración y agrupación cooperativa
Sección 1.ª Cooperativas de segundo o ulterior grado
Artículo 146.  Objeto y características.
1.  La  cooperativa  de  segundo  o  de  ulterior  grado  tiene  por  objeto  completar, 
promover,  coordinar,  reforzar  o  integrar  la  actividad  económica  de  las  entidades 
miembros  y  del  grupo  resultante  en  el  sentido  y  con  la  extensión  o  alcance  que 
establezcan los estatutos.
Los estatutos deberán incluir la enumeración de las facultades esenciales que, por 
ser precisas para el desarrollo de aquel objeto, quedan transferidas a los órganos de 
dicha cooperativa. Tales facultades tendrán la misma permanencia que el propio objeto  s
social,  y  su  ejercicio  no  podrá  ser  revisado  ante  los  órganos  de  las  sociedades  e.
integradas, sin perjuicio de la tutela judicial que, en su caso, proceda. w.
Cuando  la  cooperativa  se  constituya  con  fines  de  integración  empresarial,  los  5w
eejsetractiuctioos d dee ltae rdmireincacriáónn  ulansi taárrieaa dse dl eg raucptoiv yid laads  ecamrparcetesraírsitaicl ainst edger aedsates., las bases para el
prop2u. esLtaoss  dees talatus toesn triedgaudleasr áans, oacdiaedmaáss ,s elarsá nm mateerraiams eon átere iansd irceastpiveacst,o  yd en ola vsi nccuuallaenst elass,   BOE-A-cable e
para la cooperativa de segundo o ulterior grado. En caso de duda al respecto, se 
presumen transferidas a esta cooperativa todas las facultades directamente relacionadas 
con su objeto social, teniendo prioridad los acuerdos e instrucciones de la misma frente a 
las decisiones de cada una de las entidades agrupadas.
Artículo 147.  Capacidad, ingreso y baja de personas socias.
1.  Podrán ser miembros de pleno derecho de estas sociedades, además de las 
cooperativas de grado inferior y las personas socias de trabajo, cualesquiera entidades y 
personas jurídicas, de naturaleza pública o privada, siempre que exista la necesaria 
convergencia de intereses o necesidades y que el estatuto no lo prohíba. En ningún caso 
el conjunto de estas últimas entidades podrá ostentar más de la mitad del total de los 
votos existentes en la cooperativa de segundo o ulterior grado. Los estatutos podrán 
establecer un límite inferior.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, tales cooperativas podrán admitir 
personas socias colaboradoras con arreglo al artículo 19.5 de esta ley.
2.  La admisión de cualquier persona jurídica como persona socia requerirá acuerdo 
favorable del consejo rector por mayoría de, al menos, dos tercios de los votos presentes 
y representados, salvo previsión de otra mayoría en los estatutos, que también podrán 
atribuir la decisión sobre la admisión a la asamblea general. Asimismo, se podrán 
regular, estatutariamente, periodos de vinculación provisional o a prueba de hasta dos 
años.
3.  La persona jurídica socia que pretenda darse de baja habrá de cursar, salvo 
exoneración del consejo rector, un preaviso de al menos un año, y antes de su efectiva 
separación estará obligada a cumplir las obligaciones contraídas con la cooperativa de 
segundo o ulterior grado o a resarcirla económicamente si así lo decide el consejo rector 
de esta. Asimismo, salvo previsión estatutaria en contra, la entidad separada deberá 
continuar desarrollando, durante un plazo no inferior a dos años, los compromisos que 
hubiera asumido con anterioridad a la fecha de la baja.
Artículo 148.  Régimen económico.
1.  Las aportaciones obligatorias al capital social de una cooperativa de segundo o 
ulterior grado se realizarán en función de la actividad cooperativa comprometida con 
aquella por cada persona socia, conforme establezcan los estatutos, bien en razón del 
número  de  personas  socias,  bien  conforme  a  los  criterios  establecidos  para  las 
cooperativas de primer grado en el artículo 61.1 de esta ley.
2.  La distribución de resultados, tanto si son positivos como si registran pérdidas, 
se  acordará  en  función  de  la  actividad  cooperativa  comprometida  estatutariamente, 
después de haber realizado la imputación que proceda a los fondos de reserva y, en su 
caso, a la contribución para la educación y promoción cooperativa y otros fines de interés 
público.
3.  Los estatutos fijarán los criterios o módulos que definen la actividad cooperativa.
Artículo 149.  Estructura orgánica y derecho de voto.
1.  La asamblea general estará formada por un número de representantes de las 
personas jurídicas socias proporcional al derecho de voto de cada entidad socia y, en su 
caso, por quienes representen a las personas socias de trabajo. A su vez los estatutos  s
podrán fijar límites máximos y mínimos. El número de votos de una entidad que no sea  oe.
sociedad cooperativa no podrá ser superior a un tercio de los votos sociales, salvo que  w.
hubiese menos de cuatro personas socias. 5w
cons2e. jo Lraesc tocro, oqpueer atetinvdarsá , dsea lvsoe gpurnedvios ióon  eusltteartiuotra rgiara edno  csoenrtáran,  uand mnúinmisetrraod masá xpimoro  udne 
eqnutinidcaed emsi esmocbiraoss.,  Eyn  eenl  céal seos dtaer áqnu ere eplr ensúemnetarod adse,  deinretidctaad eos  isnodcirieacst asmupeenrtee , etlo mdaásx imlaos   BOE-A-cable e
legal  o  estatutario  de  miembros,  las  que  tengan  menor  número  de  votos  podrán 
agruparse  a  efectos  de  designar  sus  representantes,  observando  las  previsiones 
estatutarias o reglamentarias internas al respecto.
El derecho de voto en el seno del consejo podrá ser proporcional a la actividad 
cooperativa  o  al  número  de  personas  socias  de  la  entidad  o  entidades  a  las  que 
representan  las  consejeras  o  consejeros,  con  el  límite  señalado  para  la  asamblea 
general.
Los estatutos podrán prever que hasta un tercio de las personas miembros del 
consejo rector puedan ser designadas por las rectoras y rectores electos entre personas 
capacitadas, que podrán ser o no miembros de alguna cooperativa del grupo.
Artículo 150.  Liquidación.
En caso de disolución con liquidación de una cooperativa de segundo o ulterior 
grado, el activo sobrante será distribuido entre las personas socias en proporción al 
importe del retorno percibido en los últimos cinco años o, para las cooperativas cuya 
duración hubiese sido inferior a este plazo, desde su constitución. En su defecto, se 
distribuirá  en  proporción  a  la  participación  de  cada  persona  socia  en  la  actividad 
cooperativa o, en su caso, al número de miembros de cada entidad agrupada en aquella 
cooperativa.
Artículo 151.  Normativa supletoria.
En  lo  no  previsto  por  los  artículos  anteriores  de  esta  sección,  se  estará  a  lo 
establecido en los estatutos y en el reglamento de régimen interno; en su defecto, en 
cuanto lo permita la específica función y naturaleza de las cooperativas de segundo o 
ulterior grado, a lo establecido en la presente ley sobre cooperativas de primer grado.
Sección 2.ª Otras modalidades de colaboración económica
Artículo 152.  Agrupaciones empresariales.
1.  Con independencia de las formas de integración reguladas en la sección anterior, 
las cooperativas de cualquier clase y nivel podrán constituir sociedades, asociaciones, 
agrupaciones, consorcios y uniones de empresas, de cualquier clase, entre sí o con 
otras personas físicas o jurídicas, privadas o públicas.
2.  Asimismo, las cooperativas podrán poseer participaciones en cualquiera de las 
entidades mencionadas en el número anterior, para el mejor cumplimiento, desarrollo o 
garantía de su objeto social.
3.  Las cooperativas de crédito y de seguros, para realizar las operaciones previstas 
en el presente artículo, respetarán, ante todo, la normativa que les es aplicable.
Artículo 153.  Acuerdos intercooperativos.
Las cooperativas podrán suscribir con otras acuerdos intercooperativos en orden al 
cumplimiento de sus objetos sociales. En virtud de los mismos, la cooperativa y sus 
personas socias podrán realizar operaciones de suministro, entregas de productos o 
servicios en las otras cooperativas firmantes del acuerdo, teniendo tales hechos la 
misma consideración que las operaciones cooperativizadas con las propias personas 
socias. e.
Artículo 154.  Grupos cooperativos. 5w
1.  Se entiende por grupo cooperativo, a los efectos de esta ley, el conjunto formado
pgorur pvoa,r iqause s oecjeiercdiatad efasc cuoltoapdeersa toiv aesm, icteu ainlqsutrieurcac iqounee ss edae  soub cliglaasdeo,  yc ulam epnlitmidiaedn toca pbaerzaa  ldaes 
cooperativas agrupadas, de forma que se produce una unidad de decisión en el ámbito
de  dichas  facultades.  El  grupo  deberá  ajustar  su  funcionamiento  a  los  principios 
cooperativos, de conformidad con lo previsto en el artículo 1.2 de la presente ley.
2.  En función del grado de integración económica, los grupos cooperativos se 
clasificarán  en  grupos  cooperativos  por  integración  y  grupos  cooperativos  por 
colaboración.
Se  entenderá  por  grupos  cooperativos  por  integración  aquellos  en  los  que  se 
cumplan estos dos requisitos:
a)  Que el grupo cooperativo en su conjunto disponga de una dirección general 
común.
b)  Que el nivel de centralización efectiva de las facultades de gestión económica 
permita  entender  que,  a  pesar  del  mantenimiento  de  las  entidades  jurídicamente 
diferenciadas, nos encontramos ante una verdadera unidad económica.
En otro caso, se entenderá que el conjunto de entidades constituye un grupo por 
colaboración.
3.  Se presumirá que existe unidad económica cuando, junto a la dirección general 
común, se cumpla alguno de los siguientes supuestos:
a)  Existencia de relaciones de hecho comerciales, financieras o patrimoniales que 
supongan una dependencia efectiva de alguna de las entidades del grupo.
b)  Existencia de un acuerdo de responsabilidad solidaria frente al exterior por 
operaciones que realicen directamente con terceras personas no socias las sociedades 
cooperativas integradas en el grupo, siempre que tengan carácter de permanencia y que 
se trate de operaciones necesarias y no auxiliares para la realización de su actividad 
empresarial.
c)  Existencia de compromisos de aportación periódica de recursos calculados en 
función de la cuenta de resultados de la respectiva cooperativa, cuando las cuantías a 
aportar  superen  el  cincuenta  por  ciento  de  los  excedentes  netos  previos  de  cada 
cooperativa.
d)  Existencia, entre dos o más sociedades del grupo cooperativo, de relaciones que 
cumplan los requisitos que generan la obligación de consolidar cuentas, tal como se 
regulan en los artículos 42.1 y 43 del Código de Comercio.
Cuando alguno de estos supuestos se produjese únicamente con respecto a algunas 
de las cooperativas integradas en el grupo, serán exclusivamente estas sociedades 
cooperativas  las  que  se  considerarán  como  parte  de  un  grupo  cooperativo  de 
integración.
4.  El régimen de grupos cooperativos previsto en el presente artículo será efectivo 
desde el momento en que se cumplan los requisitos previstos en el mismo.
La pertenencia a un grupo, y la separación del mismo, se anotarán en la hoja 
correspondiente  a  cada  sociedad  cooperativa  en  el  Registro  de  Cooperativas  de 
Euskadi.
La anotación de la pertenencia o separación a un grupo cooperativo se realizará a 
petición de la cooperativa interesada. La ausencia de dicha inscripción no afectará a la 
plena vigencia y efectividad de este precepto.
5.  La  emisión  de  instrucciones  podrá  afectar  a  distintos  ámbitos  de  gestión, 
administración o gobierno, entre los que podrán incluirse:
a)  El  establecimiento  en  las  cooperativas  de  base  de  normas  estatutarias  y  e.e
reglamentarias comunes. b
b)  El establecimiento de relaciones asociativas entre las entidades de base. w
respce)c tivCao mevporloumciiósno se mdep raepsoarrtiaalc oió ncu peenrtiaó ddiec ar edseu lrtaedcuorss.os, calculados en función de su
a ejeNroc eorb dsetabnetreá,  teel ncearr ásoctpeorr toeb leigna ltoosri oc odme plarosm inissotrsu cgceinoenreasle esm aistiudmasid oo sd ea nlates  efal cgurultapdoe ys, 
en cualquier caso, no podrán ser exigibles en caso de que una o varias cooperativas del
grupo hayan sido expresamente exoneradas del sometimiento a determinadas normas o 
compromisos.
6.  La aprobación de la incorporación al grupo cooperativo precisará el acuerdo 
inicial  de  cada  una  de  las  entidades  de  base  conforme  a  sus  propias  reglas  de 
competencia y funcionamiento.
7.  Los compromisos generales asumidos ante el grupo deberán formalizarse por 
escrito en los estatutos de la entidad cabeza de grupo, si es sociedad cooperativa, o 
mediante otro documento contractual, si no lo es, formalizado en escritura pública, que 
necesariamente  deberán  incluir  la  duración  del  mismo,  caso  de  ser  limitada,  el 
procedimiento  para  su  modificación,  el  procedimiento  para  la  separación  de  una 
sociedad cooperativa y las facultades cuyo ejercicio se acuerda atribuir a la entidad 
cabeza de grupo. La modificación, ampliación o resolución de los compromisos indicados 
podrá efectuarse, si así se ha establecido, mediante acuerdo del órgano máximo de la 
entidad cabeza de grupo.
8.  La responsabilidad derivada de las operaciones que realicen las sociedades 
cooperativas integradas en un grupo directamente con terceras personas no socias no 
alcanzará al grupo ni a las demás sociedades cooperativas que lo integran.
Artículo 155.  Cooperativas mixtas.
1.  Son  cooperativas  mixtas  aquellas  en  las  que  existen  personas  socias 
minoritarias cuyo derecho de voto en la asamblea general se podrá determinar, de modo 
exclusivo o preferente, en función del capital aportado, que estará representado por 
medio de títulos o anotaciones en cuenta, sometidos a la legislación reguladora del 
mercado de valores.
2.  Las  cooperativas  mixtas  deberán  ubicarse  dentro  de  alguna  de  las  clases 
legamente establecidas y, a efectos de los derechos y obligaciones de sus personas 
socias cooperadoras, inactivas o no usuarias, o colaboradoras, se someterán a las 
normas reguladoras de su específica clase de cooperativa en que se encuentren.
3.  En estas cooperativas el derecho de voto en la asamblea general respetará la 
siguiente distribución:
a)  Al menos el cincuenta y uno por ciento de los votos se atribuirá, en la proporción 
que definan los estatutos, a personas socias cooperadoras.
b)  Una cuota máxima, a determinar estatutariamente, del cuarenta y nueve por 
ciento de los votos se distribuirá en partes sociales con voto, que, si los estatutos lo 
prevén, podrán ser libremente negociables en el mercado.
4.  En el caso de las partes sociales con voto, tanto los derechos y obligaciones de 
sus titulares como el régimen de las aportaciones se regularán por los estatutos y, 
supletoriamente, por lo dispuesto en la legislación de sociedades de capital para las 
acciones.
5.  La participación de cada uno de los dos grupos de personas socias en los 
excedentes anuales a distribuir, sean positivos o negativos, se determinará en proporción 
al porcentaje de votos que cada uno de los dos colectivos ostente según lo previsto en el 
apartado 3 de este artículo.
Los  excedentes  imputables  a  los  poseedores  de  partes  sociales  con  voto  se 
distribuirán  entre  ellos  en  proporción  al  capital  desembolsado.  Los  excedentes 
imputables a las restantes personas socias se distribuirán entre estas según los criterios  e.
generales definidos en esta ley para las cooperativas de régimen ordinario. w.b
6.  La validez de cualquier modificación autorreguladora que afecte a los derechos y  5w
coobnligseancitoimneiesn tod em aaylgourintaor iod ed el logsr updoo sc ocrroelespctoivnodsie ndtee,  qpueers opnoadsrá  soobcteianse rsreeq umeerdiriáa nteel 
votación separada en la asamblea general o en junta especial y parcial.
7.  En el momento de la configuración, constitutiva o por modificación, de estas 
cooperativas, el Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi podrá autorizar que los 
estatutos  prevean  la  repartibilidad  del  Fondo  de  Reserva  Obligatorio  en  caso  de 
liquidación, con arreglo a los criterios señalados en el número 4 anterior y respetando las 
demás normas de adjudicación del haber social establecidas en el artículo 98.
TÍTULO III
De las cooperativas y la administración pública
Artículo 156.  Interés social, utilidad pública e iniciativa social.
1.  Los poderes públicos de la Comunidad Autónoma del País Vasco asumen como 
función  de  interés  social  la  promoción,  estímulo  y  desarrollo  de  las  entidades 
cooperativas y sus estructuras de integración empresarial y representativa.
Asimismo,  reconocen  como  agente  social  específico  para  la  interlocución 
representativa  del  conjunto  del  cooperativismo  vasco,  y  sin  perjuicio  de  las  reglas 
vigentes sobre representatividad empresarial, a la entidad que asocie a más del sesenta 
por ciento de las cooperativas inscritas en el Registro de Cooperativas de Euskadi, con 
actividad acreditada ante el mismo, o cuando el número de personas socias de las 
dichas cooperativas sea superior a idéntico porcentaje respecto al total de personas 
socias de las cooperativas activas e inscritas en el citado registro.
El Gobierno Vasco, que recabará al efecto la colaboración del Consejo Superior de 
Cooperativas de Euskadi, fomentará la información sobre las posibilidades aplicativas del 
sistema cooperativo, en especial para generar nuevos empleos y ante los problemas de 
las  pequeñas  y  medianas  empresas  de  Euskadi,  e  impulsará  la  elaboración  de 
programas  divulgativos,  formativos  y  orientadores  en  orden  a  favorecer  aquella 
información ante los diversos interlocutores sociales.
2.  Las entidades cooperativas que contribuyan a la promoción del interés general 
de Euskadi mediante el desarrollo de sus funciones serán reconocidas de utilidad pública 
por el Gobierno Vasco conforme al procedimiento, régimen y requisitos establecidos 
reglamentariamente.
Las sociedades cooperativas que obtengan la declaración de utilidad pública tendrán 
los siguientes derechos:
a)  Utilizar la mención «declarada de utilidad pública» en todos sus documentos a 
continuación del nombre de la entidad.
b)  Ser oídas, a través de las federaciones o confederaciones correspondientes, en 
la elaboración de disposiciones generales relacionadas directamente con las materias de 
su actividad y en la elaboración de programas de trascendencia para las mismas.
c)  Gozar de las exenciones, bonificaciones, subvenciones y demás beneficios de 
carácter económico, fiscal y administrativo que en cada caso se acuerden.
3.  Las entidades cooperativas que, sin ánimo de lucro y con independencia de su 
clase, tengan por objeto social, bien la prestación de servicios asistenciales mediante la 
realización de actividades sanitarias, educativas, culturales u otras de naturaleza social, 
bien el desarrollo de cualquier actividad económica que tenga por finalidad la integración 
laboral de personas que sufran cualquier clase de exclusión social y, en general, la 
satisfacción de necesidades sociales no atendidas por el mercado, se calificarán como  s
cooperativas  de  iniciativa  social  de  conformidad  con  el  procedimiento,  régimen  y  oe.
requisitos establecidos reglamentariamente. w.
4.  El  Gobierno  Vasco  actuará  en  materia  de  cooperativismo  a  través  del  5w
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difusión,  formación,  inspección  y  registral,  sin  perjuicio  de  las  facultades  que  otros
departamentos  tengan  reconocidas  en  relación  al  cumplimiento  de  la  legislación 
específica que les corresponde aplicar.
Artículo 157.  Medidas de fomento y difusión del cooperativismo.
1.  Los poderes públicos de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, promoverán el estudio y difusión de los principios y 
valores propios del cooperativismo y favorecerán entornos sociales y económicos que 
fomenten el desarrollo de actividades económicas a través de cooperativas, facilitando 
su acceso a la innovación tecnológica y organizativa e impulsando las iniciativas que 
surjan desde las propias sociedades cooperativas.
2.  Especialmente, se adoptarán las siguientes medidas de fomento:
a)  Se asegurará la representatividad institucional del movimiento cooperativo vasco 
en los términos a que se refieren los artículos 156.1 y 163.2 de esta ley, propiciando la 
presencia e interlocución del cooperativismo en los diversos ámbitos de consulta y 
decisión y organismos de representación institucional correspondientes y su progresiva 
consolidación normativa.
b)  Las  cooperativas,  independientemente  de  su  calificación  fiscal,  tendrán  la 
condición  de  mayoristas,  por  lo  que  les  serán  aplicables  los  precios  o  tarifas 
correspondientes y podrán detallar como minoristas en la distribución o venta.
No tendrán la consideración de ventas las entregas de bienes y prestaciones de 
servicios que realicen las cooperativas a sus personas socias, sean producidos por ellas 
o adquiridos a terceras personas no socias para el cumplimiento de sus fines sociales.
c)  Las cooperativas que concentren sus empresas, mediante cualquiera de las 
figuras jurídicas reconocidas legalmente, gozarán de todos los beneficios otorgados en la 
legislación sobre agrupación y concentración de empresas.
d)  Las  administraciones  públicas  vascas  y  los  entes  dependientes  de  ellas 
promoverán que, entre los criterios de desempate que se recojan en los pliegos de 
cláusulas administrativas, figure el derecho preferente de las sociedades cooperativas en 
la  adjudicación  de  contratos  convocados  por  las  mismas,  en  los  términos  de  la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
e)  Las  cooperativas  de  consumo,  sin  perjuicio  de  la  condición  de  mayoristas 
prevista en el apartado 2 de este artículo, tendrán también, a todos los efectos, la 
condición de consumidoras directas para su abastecimiento o suministro por terceras 
personas no socias de productos o servicios necesarios para desarrollar sus actividades.
f)  Las operaciones que realicen las cooperativas agrarias y alimentarias y las de 
segundo  o  ulterior  grado  que  las  agrupen,  con  productos  o  materias,  incluso 
suministrados por terceras personas no socias, se considerarán, a todos los efectos, 
actividades cooperativas internas con el carácter de operaciones de transformación 
primaria, siempre que se destinen únicamente a las explotaciones de sus personas 
socias.
g)  Las  cooperativas  de  viviendas  declaradas  de  utilidad  pública,  para  el 
cumplimiento de sus fines sociales, podrán adquirir terrenos de titularidad pública por el 
sistema de adjudicación directa.
h)  En materia educativa, y en el ámbito de su competencia, el Gobierno Vasco 
impulsará la realización de convocatorias específicas para ayudar en la financiación de 
las inversiones realizadas en dichos centros, y la incorporación, mediante la promoción 
de programas educativos, a los currículos educativos de todos los niveles del sistema  e
educativo, desde la educación infantil hasta la formación universitaria, de los valores y  bo
principios propios del cooperativismo. w
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ejercicio de sus competencias.
j)  La Administración pública vasca establecerá, en el marco de los programas de 
fomento de la economía social, medidas de asesoramiento, acompañamiento y apoyo a 
la  viabilidad  de  los  proyectos  cooperativos  que  surjan  de  los  procesos  de  crisis 
empresarial.
3.  Los  poderes  públicos  de  la  Comunidad  Autónoma  del  País  Vasco,  con  la 
finalidad de desarrollar y mejorar los servicios públicos, estimularán la creación de 
cooperativas y su participación en la gestión de los servicios públicos.
En tal sentido, los mencionados poderes podrán prever que la prestación de estos se 
haga mediante la constitución de sociedades cooperativas de servicios públicos, de 
conformidad con las disposiciones de carácter legal y reglamentario que regulan el 
régimen de contratación pública; se excluirán, en todo caso, la prestación de servicios 
públicos que exijan el ejercicio de autoridad pública. En estas sociedades cooperativas 
participarán,  como  personas  socias  promotoras,  la  entidad  o  entidades  públicas 
competentes y, en su caso, y de acuerdo con los principios generales de contratación 
pública, las entidades privadas con experiencia demostrada en el sector; asimismo, 
podrán participar las personas usuarias de los servicios que sean objeto de la sociedad 
cooperativa, así como las personas socias trabajadoras que presten su trabajo personal 
en la sociedad. No obstante, las entidades públicas promotoras conservarán el control en 
cuanto a las condiciones de prestación de los servicios públicos.
Artículo 158.  Inspección cooperativa.
1.  Corresponde al departamento del Gobierno Vasco competente en materia de 
trabajo ejercer la función inspectora en relación con el cumplimiento de la presente ley, 
sin  perjuicio  de  las  funciones  inspectoras  que  correspondan  a  los  distintos 
departamentos del Gobierno Vasco o a otras administraciones públicas conforme a sus 
respectivas competencias.
2.  La función inspectora se realizará preferentemente con carácter preventivo y 
coadyuvante al mejor cumplimiento de esta ley. Cuando las circunstancias de cada 
supuesto así lo aconsejen y siempre que puedan evitarse daños y perjuicios directos a 
titulares  de  derechos  legítimos,  la  inspección  podrá  requerir  con  carácter  previo  a 
cualquier otra actuación.
3.  La subsanación y reparación de la conducta objeto de inspección dará lugar a la 
conclusión del expediente inspector en términos exculpatorios.
Artículo 159.  Infracciones cooperativas.
1.  Son  sujetos  responsables  de  las  acciones  y  omisiones  tipificadas  como 
infracción en la presente ley las sociedades cooperativas, las personas administradoras, 
directoras, directores y gerentes, apoderadas y apoderados, miembros de la comisión de 
vigilancia y liquidadoras o liquidadores en cuanto les sea personalmente imputable.
2.  Son infracciones muy graves:
a)  No destinar al Fondo de Reserva Obligatorio y a la contribución para educación y 
promoción cooperativa y otros fines de interés público los porcentajes mínimos de los 
excedentes disponibles señalados en la presente ley.
b)  No aplicar la contribución para educación y promoción cooperativa y otros fines 
de interés público según las determinaciones de la presente ley.
c)  Repartir entre las personas socias los fondos sociales obligatorios, los fondos de  e.
reserva irrepartibles o el haber líquido resultante de la liquidación vulnerando lo previsto  w.b
en esta ley. 5w
o lad u) tiliLzaa ctiróann signrsetrsuiómne mntaanl iofie fsictati cdiae  ldoes  plar inficgiuprioas c cooooppeeraratitvivao sp arerac oennoccuidborisr  efinn aelisdtaad leesy 
ajenas a las que son propias de estas entidades.
3.  Son infracciones graves:
a)  La  vulneración  generalizada  o  reiterada  de  los  derechos  de  información, 
participación y propuesta de las personas socias.
b)  La vulneración de las disposiciones legales sobre imputación de pérdidas.
c)  El incumplimiento de las normas reguladoras del destino del resultado de la 
regularización del balance de la cooperativa, cuando esta tenga pérdidas sin compensar.
d)  El devengo de un interés a las aportaciones al capital social vulnerando las 
disposiciones legales.
e)  La realización de operaciones con terceras personas no socias en los casos 
expresamente prohibidos por la ley.
f)    La  resistencia  o  la  negativa  a  la  labor  inspectora  acreditada  mediante  el 
correspondiente escrito de denuncia administrativa por obstrucción.
g)  Contratar  personas  trabajadoras  por  cuenta  ajena  excediendo  los  límites 
legalmente regulados.
4.  Son infracciones leves las transgresiones de las prohibiciones establecidas en 
esta ley que no supongan un conflicto entre las partes y no sean susceptibles de 
calificarse como graves o muy graves.
Artículo 160.  Sanciones cooperativas.
1.  Las infracciones leves se sancionarán con multa de 300 euros hasta 1.000 
euros; las graves, con multa de 1.001 euros a 3.000 euros, y las muy graves, con multa 
de 3.001 euros a 30.000 euros y la posibilidad de descalificación de la cooperativa de 
acuerdo con lo regulado en el artículo siguiente.
2.  Las infracciones, ya sean leves, graves o muy graves, se graduarán a efectos de 
aplicarles la correspondiente sanción en grado mínimo, medio o máximo, atendiendo a 
su importancia, a las consecuencias económicas y sociales, a la eventual concurrencia 
de mala fe, falsedad, engaño o reincidencia de las personas infractoras, así como a la 
capacidad económica o volumen de operaciones y número de personas afectadas, 
socias  o  no,  de  la  cooperativa  sancionada.  También  se  tendrá  en  cuenta  para  la 
graduación de la sanción el incumplimiento de las advertencias previas y requerimientos 
correctores de la inspección o de los compromisos incumplidos por la cooperativa en la 
fase inspectora.
3.  En caso de reincidencia podrá calificarse la infracción en un grado superior. Se 
considerará reincidencia la comisión de una infracción de igual o superior gravedad a 
otra  que  haya  sido  previamente  sancionada  en  un  procedimiento  sancionador 
cooperativo y haya adquirido firmeza.
No se considerará reincidente la nueva infracción cometida transcurridos dos años 
desde la firmeza de la sanción antecedente. En todo caso, la persistencia en la infracción 
podrá acarrear una sanción adicional de hasta un veinte por ciento diario del importe de 
la multa que se haya impuesto como sanción principal.
4.  Las infracciones muy graves establecidas en esta ley prescribirán a los dos años; 
las graves, al año, y las leves, a los seis meses. El plazo de prescripción de las 
infracciones  comenzará  a  contarse  desde  el  día  en  que  la  infracción  se  hubiera 
cometido.
5.  Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los dos años; las 
impuestas por faltas graves, al año, y las impuestas por faltas leves, a los seis meses. El  s
plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a  oe.
aquel en que sea ejecutable la resolución por la que se impone la sanción o haya  w.
transcurrido el plazo para recurrirla. 2020-615n https://w
6.  La potestad sancionadora se ejercerá por el departamento del Gobierno Vasco 
competente en materia de trabajo, de conformidad con las siguientes atribuciones:
a)  Corresponde a la persona titular de la dirección competente en materia de 
economía social la imposición de sanciones por infracciones leves y graves.
b)  Corresponde a la persona titular de la viceconsejería de la que dependa la 
dirección competente en materia de economía social la imposición de sanciones por 
infracciones muy graves.
7.  Corresponde al departamento del Gobierno Vasco competente en materia de 
trabajo proponer la aprobación del reglamento que regule el procedimiento de sanción 
cooperativa de conformidad con la legalidad de aplicación sobre régimen sancionador de 
la Administración y sus principios y garantías. En ningún caso podrá imponerse sanción 
de ningún tipo si previamente no se ha instruido el oportuno expediente conforme a 
dichos principios y garantías.
Para la resolución de los expedientes sancionadores por presunta infracción muy 
grave,  será  preceptivo  el  informe  previo  del  Consejo  Superior  de  Cooperativas  de 
Euskadi, que deberá emitirlo en el término de sesenta días desde la solicitud, teniéndose 
por evacuado si no lo hiciese en dicho plazo.
Artículo 161.  Descalificación de la cooperativa.
1.  Podrán ser causas de descalificación de una cooperativa:
a)  La comisión de cualesquiera infracciones de las consideradas como muy graves 
por  el  artículo  159.2  de  esta  ley  cuando  provoquen  o  puedan  provocar  perjuicios 
económicos  o  sociales  o  que  supongan  vulneración  reiterada  y  relevante  de  los 
principios cooperativos.
b)  La inactividad de los órganos sociales necesarios o la no realización del objeto 
social durante más de tres años consecutivos.
c)  En general, la pérdida o incumplimiento de los requisitos necesarios para la 
calificación como cooperativa, salvo que fuese causa de nulidad de esta.
d)  Por resolución firme derivada de expediente sancionador de acuerdo con lo 
señalado en el artículo anterior.
2.  Una vez que el departamento del Gobierno Vasco competente en materia de 
trabajo tenga conocimiento de que una cooperativa incurre en causa de descalificación, 
requerirá a la misma para que lo subsane en un plazo no superior a los seis meses 
desde la notificación o la publicación de dicho requerimiento. El incumplimiento de lo 
requerido originará la incoación del expediente de descalificación.
3.  El  procedimiento  de  descalificación  cooperativa  tendrá  las  siguientes 
especialidades en relación con las normas generales reguladoras del procedimiento 
administrativo común:
a)  Acordará la descalificación la persona titular del departamento del Gobierno 
Vasco competente en materia de trabajo, tras el oportuno procedimiento contradictorio y 
previo informe del Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi, que habrá de emitirlo 
en el plazo de sesenta días desde que se le requiera formalmente, y se tendrá por 
evacuado  si  no  lo  hubiese  emitido  en  plazo.  A  los  efectos  del  procedimiento  de 
descalificación los informes del Consejo Superior de Cooperativas no tendrán carácter  es
vinculante. o
b)  En cumplimiento del preceptivo trámite de audiencia, la cooperativa se personará  ww.
sBeaol o tctlrreiaáatvímsné  instOeo  fd isicenei fa esel rundiosteer l  npaPde aterrsíresoás n V.c aaSussbi  cianeodor tam osl  iemnm ipseetrndroaoidadsun ojeterenas  slead   oocpso,u  mobeclnpiac aassriceuoic ónednene sdcf,e ieaycl   toopcto,or rraur sepn sa tapnrtnoúetnm addseei er eonlna te  duc eona o vppipseeeorrrsi aóeotdnnivi caaeos,l     OE-A-2020-615able en https://w
de gran circulación en la localidad del domicilio social de la cooperativa.
c)  La  resolución  administrativa  de  descalificación  que  ponga  fin  a  la  vía 
administrativa será revisable en vía judicial, y no se podrá ejecutar de ningún modo hasta 
que recaiga sentencia firme confirmatoria.
4.  Una vez firme, la descalificación surtirá efectos registrales de oficio e implicará la 
disolución de la cooperativa o su transformación en el plazo de seis meses desde que 
sea ejecutiva la resolución administrativa. Transcurrido dicho plazo, la descalificación 
implicará la disolución forzosa de la cooperativa. Desde ese momento, las personas 
administradoras, las directoras o directores gerentes y, en su caso, las liquidadoras y 
liquidadores responderán personal y solidariamente entre sí y con la cooperativa de las 
deudas sociales, sin perjuicio de la posible comisión de otro tipo de infracciones de las 
tipificadas en esta ley.
Artículo 162.  Intervención temporal de las cooperativas.
1.  Cuando como consecuencia de irregularidades en el funcionamiento de una 
cooperativa se den circunstancias que aconsejen la adopción de medidas urgentes para 
evitar que puedan lesionarse gravemente intereses de las personas socias o de terceras 
personas no socias, el departamento del Gobierno Vasco competente en materia de 
trabajo  podrá  adoptar,  de  oficio  o  a  petición  razonada  de  cualquier  interesado  o 
interesada, las siguientes medidas de intervención temporal:
a)  Nombrar una o más interventoras o interventores con la facultad de convocar la 
asamblea general, establecer el orden del día de la misma y presidirla.
b)  Nombrar una o más interventoras o interventores para la supervisión y control de 
los órganos de la cooperativa, cuyos acuerdos no tendrán validez y serán nulos de pleno 
derecho si no cuentan con la aprobación de dichas interventoras o interventores.
c)  Suspender  temporalmente  la  capacidad  de  actuación  de  las  personas 
administradoras de la cooperativa, nombrando una o más personas administradoras 
provisionales para que asuman las funciones de aquellas.
2.  Las anteriores medidas se adoptarán previo informe del Consejo Superior de 
Cooperativas de Euskadi, que deberá emitirse en un plazo improrrogable de quince días; 
pasado el mismo se tendrá por evacuado dicho trámite.
3.  La intervención temporal y el levantamiento de tal medida una vez eliminadas 
sus causas serán adoptados por la persona titular del departamento del Gobierno Vasco 
competente en materia de trabajo. Dichos acuerdos serán ejecutivos desde el día de su 
publicación en el «Boletín Oficial del País Vasco».
TÍTULO IV
Del asociacionismo cooperativo
CAPÍTULO I
Asociaciones cooperativas
Artículo 163.  Principios generales.
1.  Para  la  defensa  y  promoción  de  sus  intereses  en  cuanto  sociedades  es
cooperativas, estas podrán asociarse libre y voluntariamente en uniones, federaciones y  o
confederaciones  de  cooperativas,  sin  perjuicio  de  poder  acogerse  a  cualquier  otra  ww.
afCósoromnc2sui.ae lacjo iLó aSanssu.o pcceioariotoivpra ed,r ead tiCev aoasoc,p ueseruarsdt iovu ancsio odnne e lsaE, u lfseekgdaisedlraia, cciinióotnen gegrsae, nny ee rlca oml nrofeevgidmueliareadncotioora nc eodsoe,p l eadrseaí rtiecvcoohm dooe   dleael    OE-A-2020-61able en https://
Comunidad Autónoma del País Vasco.
3.  Los poderes públicos de la Comunidad Autónoma del País Vasco adoptarán las 
medidas necesarias para fomentar el asociacionismo de entidades cooperativas, así 
como  las  relaciones  de  intercooperación,  y  promoverán  programas  de  revisión, 
actualización y depuración técnica de los censos de las cooperativas de la Comunidad 
Autónoma Vasca.
Artículo 164.  Uniones, federaciones y confederaciones de cooperativas.
1.  Dos  o  más  cooperativas  del  mismo  sector  de  actividad  económica  podrán 
constituir una unión de cooperativas.
2.  Las sociedades cooperativas de la misma clase, inscritas o domiciliadas en la 
Comunidad Autónoma del País Vasco, podrán constituir federaciones entre sí o con 
uniones de cooperativas.
Cuando asocien más del cincuenta por ciento de las cooperativas inscritas en el 
Registro de Cooperativas de Euskadi, con actividad acreditada ante el mismo, o cuando 
el  número  de  personas  socias  de  las  entidades  federadas  sea  superior  a  dicho 
porcentaje respecto al total de personas socias de las cooperativas activas e inscritas en 
el citado Registro, deberán añadir a su denominación social las palabras «de Euskadi».
Las federaciones de cooperativas de Euskadi de distintas clases podrán fusionarse 
entre sí para crear federaciones representativas de diversas clases de cooperativas.
3.  Las federaciones de cooperativas podrán constituir confederaciones.
Cuando  una  confederación  agrupe,  al  menos,  al  sesenta  por  ciento  de  las 
federaciones de cooperativas de Euskadi registradas, se denominará «Confederación de 
Cooperativas de Euskadi».
4.  Corresponde a las uniones, federaciones y confederaciones de cooperativas:
a)  Representar a las personas  miembros que asocien de acuerdo con lo que 
establezcan sus estatutos.
b)  Ejercer la conciliación en los conflictos surgidos entre sus entidades asociadas o 
entre estas y sus personas socias.
c)  Organizar servicios de asesoramiento, asistencia jurídica, contable y técnica y 
cuantos sean convenientes a los intereses de sus asociadas.
d)  Fomentar la promoción y formación cooperativa.
e)  Colaborar  con  el  Registro  de  Cooperativas  de  Euskadi  en  las  tareas  de 
actualización y depuración del censo de sociedades inscritas en aquel.
f)  Ejercer cualquier otra actividad de naturaleza análoga.
5.  Las uniones, federaciones y confederaciones de cooperativas constituidas al 
amparo de esta ley deberán depositar en el Registro de Cooperativas de Euskadi, por 
medio de sus promotores, para adquirir personalidad jurídica y plena capacidad de obrar, 
el acta de constitución, que habrá de contener:
a)  Relación de las entidades promotoras.
b)  Certificación del acuerdo de asociación.
c)  Composición de los órganos de representación y gobierno de la entidad.
d)  Certificaciones  del  Registro  de  Cooperativas  del  ministerio  competente  en 
materia de trabajo y del Registro de Cooperativas de Euskadi, de que no existe otra 
entidad con idéntica denominación.
e)  Los estatutos asociativos, que contendrán:
1.  La denominación de la entidad. b
2.  El domicilio y el ámbito territorial y funcional de actuación de la entidad. w
régim3.e nL does  eólregcacnióons  ddee  sreupsr ceasregnotas.ción y administración y su funcionamiento, así como el
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de la entidad.
5.  El régimen económico de la entidad, estableciendo el carácter, procedencia y el 
destino de sus recursos, así como los medios que permitan a las asociadas conocer la 
situación económica.
6.  Las  actuaciones  del  Registro  de  Cooperativas  de  Euskadi  respecto  a  las 
entidades reguladas en este artículo no tendrán carácter constitutivo y se acomodarán al 
régimen registral sobre asociaciones.
7.  Será  de  aplicación  a  las  uniones,  federaciones  y  confederaciones  de 
cooperativas lo regulado en la presente ley sobre contabilidad y auditoría de cuentas. 
Además, en lo no regulado expresamente en los estatutos asociativos, se estará a lo 
dispuesto por la presente ley con carácter general.
CAPÍTULO II
Consejo Superior de cooperativas de Euskadi
Artículo 165.  Naturaleza, composición y funciones.
1.  El Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi, constituido como máximo 
órgano de promoción y difusión del cooperativismo, se configura como una entidad 
pública de carácter consultivo y asesor de las administraciones públicas vascas para 
todos los temas que afecten al cooperativismo.
Gozará de personalidad jurídica propia, distinta de la de la Administración de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco, y plena capacidad de obrar para el cumplimiento 
de sus funciones.
2.  Corresponden al Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi las funciones 
siguientes:
a)  Difundir los principios del movimiento cooperativo; facilitar y colaborar en la 
investigación, planificación y ejecución de los programas de desarrollo y fomento del 
cooperativismo, y promover la educación y formación cooperativa.
b)  Informar,  con  carácter  preceptivo,  los  proyectos  de  disposiciones  legales  y 
reglamentarias que afecten directamente a las cooperativas o a sus organizaciones, así 
como realizar estudios, proposiciones y dictámenes sobre materias de su competencia. 
Informará,  así  mismo,  las  bases  reguladoras  de  las  subvenciones  que  afecten 
directamente a las cooperativas o a sus organizaciones.
c)  Colaborar con la Administración en orden a la difusión y cumplimiento de lo 
previsto en la presente ley y, en especial, de los principios cooperativos. En concreto, 
velará  por  el  cumplimiento  de  los  principios  cooperativos,  especialmente  el  control 
democrático y la participación económica de las personas socias, sin perjuicio de las 
funciones inspectoras que corresponden al Gobierno Vasco o a otras administraciones 
públicas, de conformidad con el artículo 147.1.
d)  Organizar servicios de interés común para las federaciones de cooperativas y, en 
su caso, para estas últimas.
e)  Contribuir al perfeccionamiento del régimen legal e institucional del ordenamiento 
socioeconómico  de  la  Comunidad  Autónoma  del  País  Vasco  y  participar  en  las 
instituciones y organismos existentes para su logro.
f)  Intervenir por vía de arbitraje en las cuestiones litigiosas que se susciten entre las 
cooperativas, entre estas y sus personas socias, o en el seno de las mismas entre 
personas socias, cuando ambas partes lo soliciten o estén obligadas a ello a tenor de  es
sus  estatutos,  reglamento  interno  o  por  cláusula  compromisoria.  En  todo  caso,  la  o
cuestión litigiosa debe recaer sobre materias de libre disposición por las partes conforme  w
anaco urdmdLeiaarre sscp , hpacoeora rss ytuol amna afbreserc esstsoao lryuc  ciuapióssrion msd o eddr edel ai anlsolam stcu eorcnaootlpenee fzlriaaca  ttcoilvoasao  spiqn,e utrceeaur tpaisvrleeqa tu.apiecuiróeand  aqnuy  es asupesliaccia tascurió  nec nladtrseee  , pearllinantsce ipsy i odslea,    OE-A-2020-61able en https://
cooperativa,  derivados  de  su  condición  de  tal,  a  la  jurisdicción  competente  o  a  la
resolución  extrajudicial,  deberán  agotar  previamente  la  vía  interna  cooperativa 
establecida en la presente ley, en sus normas de desarrollo, en los estatutos sociales o 
en las normas internas de la cooperativa.
g)  Las demás que le encomienda la presente ley.
3.  El  Consejo  Superior  de  Cooperativas  de  Euskadi  estará  integrado  por 
representantes de las cooperativas, del Gobierno Vasco, de las diputaciones forales de 
los tres territorios históricos y de las universidades del País Vasco.
La  representación  de  las  cooperativas,  que  será  mayoritaria  en  el  consejo,  se 
realizará a través de la Confederación de Cooperativas de Euskadi.
4.  La estructura, composición y funciones de los órganos del consejo, el sistema de 
elección y atribuciones de la presidencia y de la secretaría general técnica, así como el 
régimen laboral de su personal, se determinarán reglamentariamente.
5.  Bajo el principio de autonomía económico-financiera, el Consejo Superior de 
Cooperativas de Euskadi aprueba y ejecuta su presupuesto, que se financiará con:
a)  Las cantidades que le sean asignadas en los Presupuestos Generales de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi.
b)  Las cantidades definidas en el artículo 98.2, párrafos a) y d), de esta ley.
c)  Las aportaciones del movimiento cooperativo.
d)  Los productos de sus actividades y bienes.
e)  Cualquier otro ingreso que tenga reconocido normativamente o que reciba, sea 
de origen público o privado, a título oneroso o lucrativo.
6.  El Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi someterá a auditoría externa 
las cuentas anuales que apruebe, las cuales habrán sido formuladas de conformidad con 
el marco normativo de información financiera que le resulte de aplicación.
Disposición adicional primera.  Cómputo de plazos.
En los plazos señalados en la presente ley por días se computarán los hábiles, 
excluyéndose los festivos, y en los fijados por meses o años se computarán de fecha a 
fecha.  Cuando  en  el  mes  de  vencimiento  no  hubiera  día  equivalente  al  inicial  del 
cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día del mes.
Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer día 
hábil siguiente.
Disposición adicional segunda.  Cooperativas de transporte de trabajo asociado.
No se aplicará lo previsto en el artículo 129.2.a respecto del reembolso de las 
aportaciones a las cooperativas de transporte de trabajo asociado ya constituidas a la 
entrada en vigor de la presente ley.
Disposición adicional tercera.  Especialidad en el supuesto de descalificación de una 
sociedad cooperativa pequeña.
En el supuesto de descalificación de una sociedad cooperativa pequeña, se aplicará 
supletoriamente el artículo 150 de esta ley con la siguiente especialidad: en el trámite de 
audiencia  que  la  misma  regula  en  su  número  3.b,  en  defecto  de  personas 
administradoras, será suficiente que se persone una persona socia. s
Disposición adicional cuarta.  Programas anuales para el impulso, promoción y fomento  w.
dEel lG cooboipeernraot ivViasmscoo. elaborará y llevará a cabo programas anuales para el impulso,  2020-615n https://w
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Disposición adicional quinta.  Igualdad de trato en materia de fomento y consolidación 
de empleo.
Queda prohibida toda discriminación de las personas socias trabajadoras de las 
cooperativas de trabajo asociado y de las personas socias de trabajo de otra clase de 
cooperativas en la regulación y ejecución de normas sobre incentivos que tengan por 
objeto la creación o consolidación de empleo; serán de aplicación todas las normas e 
incentivos  establecidos  para  las  personas  trabajadoras  por  cuenta  ajena  por  la 
Comunidad Autónoma del País Vasco en el ejercicio de sus competencias con objeto de 
crear y consolidar empleos.
Disposición adicional sexta.  Utilización de las lenguas oficiales.
1.  Se garantiza el ejercicio efectivo del derecho a utilizar la lengua oficial que elijan 
quienes se relacionen con el Gobierno Vasco y con el Consejo Superior de Cooperativas 
de Euskadi en aplicación de la presente norma, así como el correlativo deber de estos de 
atender en la lengua escogida, para lo que adoptarán las medidas necesarias.
2.  Así mismo, el Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi utilizará ambas 
lenguas en sus relaciones con cualquier otra administración pública de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco.
Disposición adicional séptima.  Previsión social voluntaria.
Las  sociedades  cooperativas  podrán  promover  la  adopción  de  acuerdos  sobre 
previsión social voluntaria para las personas socias de las mismas en los términos 
previstos en la Ley 5/2012, de 23 de febrero, sobre Entidades de Previsión Social 
Voluntaria.
Disposición adicional octava.  Sociedades cooperativas pequeñas.
1.  El  departamento  del  Gobierno  Vasco  competente  en  materia  de  trabajo 
simplificará la constitución y puesta en marcha de este tipo de cooperativas mediante la 
utilización de medios electrónicos, informáticos y telemáticos. Se establecerán convenios 
con las instituciones, administraciones y sociedades que puedan colaborar con el mejor 
funcionamiento de las sociedades cooperativas pequeñas.
2.  El departamento del Gobierno Vasco competente en materia de trabajo podrá 
atribuir  la  condición  de  puntos  de  asesoramiento  e  inicio  de  tramitación  de  las 
sociedades cooperativas pequeñas de Euskadi a entidades sin ánimo de lucro con 
ámbito  de  actuación  en  la  Comunidad  Autónoma  del  País  Vasco,  y  fijará  las 
características técnicas y perfil profesional de las personas que atenderán cada uno de 
estos puntos. Todos los servicios del punto de asesoramiento e inicio de tramitación de 
las sociedades cooperativas pequeñas de Euskadi serán gratuitos.
3.  El  departamento  del  Gobierno  Vasco  competente  en  materia  de  trabajo 
dispondrá de un modelo de estatutos sociales que se pondrá a disposición de las 
personas interesadas en la constitución de sociedades cooperativas pequeñas. El citado 
modelo incorporará las distintas variantes por las que, en función de lo previsto en esta 
ley, pueda optarse para la configuración del órgano de administración y representación.
Disposición adicional novena.
No obstante lo previsto en el artículo 153.3 de esta ley, en el supuesto de que se  bo
fusionen federaciones de cooperativas formando una nueva entidad federativa, la misma  w
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Cooperativas de Euskadi, con actividad acreditada ante el mismo, o cuando el número
de  personas  socias  de  dichas  cooperativas  sea  superior  o  de  idéntico  porcentaje  Bc
respecto al total de personas socias de las cooperativas activas e inscritas en el citado 
registro.
2.  No exista otra entidad confederal conformada en los términos de dicho artículo.
Disposición transitoria primera.  Expedientes en tramitación.
Los expedientes en materia de cooperativas iniciados antes de la vigencia de esta 
ley se tramitarán y resolverán con arreglo a las disposiciones hasta esa fecha en vigor.
En los supuestos de expedientes de carácter sancionador, será de aplicación el 
principio  de  norma  más  favorable  para  las  conductas  y  sanciones  pendientes  de 
determinar.
Disposición transitoria segunda.  Aplicación de los actuales estatutos.
El contenido de los estatutos de las sociedades cooperativas calificadas e inscritas al 
amparo de la normativa que ahora se deroga no podrá ser aplicado en oposición a lo 
dispuesto en esta ley.
En el plazo de dos años a contar desde el día siguiente a la entrada en vigor de esta 
ley, las sociedades cooperativas deberán revisar y adaptar sus estatutos a aquellas 
normas de carácter imperativo contenidas en la presente ley.
Transcurrido este plazo, no se inscribirá en el Registro de Cooperativas de Euskadi 
documento  alguno  de  la  sociedad  cooperativa  hasta  que  no  se  haya  inscrito  la 
adaptación de los estatutos sociales. Se exceptúan de la prohibición de inscripción el 
acuerdo de adaptación a la presente ley, los títulos relativos al cese o dimisión de las 
personas que ejerzan de administradores, gerentes, directores generales y liquidadores, 
y la revocación o renuncia de poderes, así como a la transformación de la sociedad o a 
su disolución, nombramiento de liquidadores, liquidación y extinción de la sociedad, y los 
asientos ordenados por la autoridad judicial o administrativa.
Disposición derogatoria.  Derogación de legislación precedente.
Quedan derogadas la Ley 4/1993, de 24 de junio, de Cooperativas de Euskadi, la 
Ley 6/2008, de 25 de junio, de la Sociedad Cooperativa Pequeña de Euskadi, y cuantas 
normas de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en la presente ley.
Disposición final primera.  Ámbito de aplicación.
La presente ley es de aplicación a todas las sociedades cooperativas con domicilio 
social en el territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco que, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 2 A) de la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas, 
desarrollen con carácter principal su actividad cooperativizada en dicho territorio.
Disposición final segunda.  Otras clases de cooperativas.
El Gobierno Vasco, a propuesta de la persona titular del departamento competente 
en materia de trabajo, previo informe preceptivo del Consejo Superior de Cooperativas 
de  Euskadi,  podrá  regular  nuevas  clases  de  cooperativas  y  establecer  las  normas 
especiales  que  vengan  determinadas  por  las  peculiaridades  socioeconómicas  que 
concurran en aquellas, respetando los principios y caracteres establecidos en la presente 
ley. es
Disposición  final  tercera.  Modificación  del  Decreto  Legislativo  2/2007,  de  6  de  ww.
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«a)  Para  fines  de  utilidad  pública  o  interés  público  o  social  a  favor  de 
administraciones  públicas,  otras  entidades  de  naturaleza  jurídico-pública,  entidades 
integrantes del sector público y fundaciones, asociaciones o cooperativas declaradas de 
utilidad pública. Así mismo, y con los mismos fines, a favor de sociedades cooperativas 
de viviendas declaradas de utilidad pública en el caso de terrenos destinados a la 
construcción de viviendas para las personas socias.»
Disposición final cuarta.  Aplicación y desarrollo de la Ley.
1.  El  Gobierno  Vasco,  a  propuesta  de  la  persona  titular  del  departamento 
competente en materia de trabajo, podrá dictar normas para la aplicación y desarrollo de 
la presente ley.
2.  En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la presente ley, el 
Gobierno Vasco aprobará un nuevo reglamento del registro de sociedades cooperativas 
que prevea, expresamente, y regule la tramitación electrónica de expedientes registrales 
y simplifique la operatoria registral, salvaguardando la necesaria seguridad jurídica, a 
efectos de facilitar las relaciones con los interesados e interesadas, especialmente la 
inscripción y depósito de los actos sujetos al mismo, así como la resolución de consultas 
y la publicidad formal.
3.  En el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente ley, el Gobierno 
Vasco aprobará el procedimiento de sanción cooperativa de conformidad con la legalidad 
de  aplicación  sobre  régimen  sancionador  de  la  Administración  y  sus  principios  y 
garantías previsto por el artículo 149 de esta ley.
4.  Los  órganos  competentes  de  la  Administración  vasca  podrán  dictar  normas 
relativas a la petición de datos a las cooperativas a efectos estadísticos, de conformidad 
con lo dispuesto por la legislación en materia de estadística, previa coordinación con el 
Registro de Cooperativas de Euskadi y con el Consejo Superior de Cooperativas de 
Euskadi.
Disposición final quinta.  Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor a los treinta días de su publicación en el «Boletín 
Oficial del País Vasco».
Por  consiguiente,  ordeno  a  todos  los  ciudadanos  y  ciudadanas  de  Euskadi, 
particulares y autoridades, que la guarden y hagan guardar.
Vitoria-Gasteiz, 20 de diciembre de 2019.–El Lehendakari, Iñigo Urkullu Renteria.
(Publicada en el «Boletín Oficial del País Vasco» número 247, de 30 de diciembre de 2019)