BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 77 Miércoles 31 de marzo de 2021 Sec. TC.   Pág. 37384
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
5126 Sala Segunda. Sentencia 44/2021, de 3 de marzo de 2021. Recurso de 
amparo 2535-2019. Promovido por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, 
S.L.,  respecto  de  las  resoluciones  dictadas  por  un  juzgado  de  primera 
instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria. 
Vulneración  del  derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva:  STC  40/2020 
[inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de 
comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e 
inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber 
de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por 
medio  de  comunicaciones  electrónicas  con  la  regulación  del  primer 
emplazamiento en los procesos civiles].
ECLI:ES:TC:2021:44
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por la magistrada doña 
Encarnación Roca Trías, presidenta; los magistrados don Juan Antonio Xiol Ríos, don 
Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez y don Ricardo 
Enríquez Sancho, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En  el  recurso  de  amparo  núm.  2535-2019,  promovido  por  Euroinversiones 
Inmobiliarias Costa Sur, S.L., representada por la procuradora de los tribunales doña 
Blanca Berriatua Horta y bajo la dirección del letrado don Marcelino Gilabert García, 
contra los autos de 27 de febrero de 2019 y 21 de septiembre de 2018 dictados por el 
Juzgado de Primera Instancia núm. 5 de Lorca en el proceso de ejecución hipotecaria 
núm. 362-2018. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido ponente la magistrada doña 
Encarnación Roca Trías.
I. Antecedentes
1.  El  22  de  abril  de  2019,  Euroinversiones  Inmobiliarias  Costa  Sur,  S.L., 
representada por la procuradora de los tribunales doña Blanca Berriatua Horta y bajo la 
dirección  del  letrado  don  Marcelino  Gilabert  García,  interpone  recurso  contra  las 
resoluciones mencionadas en el encabezamiento de esta sentencia.
2.  Los hechos relevantes para resolver el presente recurso de amparo son los 
siguientes:
a)  En el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 5 de Lorca, a instancias de  e.
la entidad Banco de Sabadell, S.A., se sigue procedimiento de ejecución núm. 362-2018  w.
frente a la sociedad Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., en calidad de prestataria  26ww
e hipbo) tecDaenstep ayc Pheandrae i Ienjveecruscioiónne s,p So.rL .auto  de  8  de  junio  de  2018,  el  servicio  de
anmotpifiacraoc, ioan terasv édse  dlae  lFaá dbirrieccac iNóna ceiolencatrl ódneic aM hoanbeidliata dy aT, iumnb arev isreom diete n oat ilfaic adceimóna.ndante de  BOE-A-cable e
c)  Con fecha de 24 de julio de 2018, dentro del plazo concedido para acceder a la 
notificación,  la  demandante  de  amparo  accedió  a  la  página  web  indicada  teniendo 
acceso a la notificación y a los documentos que la acompañaban, en concreto, al auto de 
despacho de la ejecución, el decreto dictado por el letrado de la administración de 
justicia y a la copia de la demanda. En la misma fecha el servicio de notificaciones emitió 
un certificado en el que consta la aceptación de la notificación por su destinatario.
d)  El  31  de  julio  de  2018,  la  demandante  de  amparo  formuló  oposición  a  la 
ejecución despachada. Por auto de 21 de septiembre de 2018, el juzgado tiene por 
efectuada la notificación el 13 de junio anterior e inadmite el escrito de oposición por 
extemporáneo. En el antecedente de hecho segundo se dice que «en fecha de 13 de 
junio de 2018 se notificó y requirió en legal forma a través de la sede judicial electrónica 
a  ambas  ejecutadas,  y  en  fecha  31-07-18  se  ha  presentado  por  Euroinversiones 
Inmobiliarias Costa Sur, S.L., oposición a la ejecución hipotecaria».
e)  La mercantil solicitante de amparo interpuso recurso de reposición. Alegaba que 
las diligencias de notificación y requerimiento no habían sido realizadas el día 13 de junio 
de 2018, sino el 31 de julio de 2018 y que la comunicación remitida a través de la 
dirección electrónica habilitada no podía entenderse más que como aviso de puesta a 
disposición o descarga de su contenido durante un plazo determinado (en el caso desde 
el 13 de junio al 29 de julio de 2018) y entenderlo de otro modo, además de infringir los 
arts. 135, 152, 160, 162 de la Ley de enjuiciamiento civil (LEC), vulneraba el art. 24 CE.
f)  El recurso fue desestimado por auto de 27 de febrero de 2019. El órgano judicial, tras 
razonar que es indiscutible que la recurrente reúne la condición de persona jurídica obligada a 
relacionarse telemáticamente con la administración de justicia, de conformidad con lo previsto 
en la disposición transitoria cuarta de la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la 
Ley 1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento civil así como en los arts. 14.2 Ley 39/2015 y del 
art. 373.3 LEC, señala que la recurrente «yerra en el plazo en el que puede acceder a su 
contenido a efectos de la práctica de la notificación el cual es de diez días naturales desde el 
puesta a su disposición y ello por imperativo del art. 43 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas», que reproduce.
3.  La demanda de amparo atribuye a los autos impugnados la vulneración del 
derecho fundamental de la sociedad recurrente al proceso «al darle conocimiento de la 
existencia del procedimiento a través de un correo electrónico al que se le da el carácter 
de  emplazamiento  y  primera  notificación  para  personarse  en  unas  actuaciones  sin 
constatar la existencia misma de su recepción íntegra y del acceso de mi representada al 
contenido de los documentos que se pretendían notificar mediante el emplazamiento por 
vía telemática y, a pesar de ello, no se realiza otro tipo de gestión para dejar constancia 
en las actuaciones de la efectiva recepción de la notificación por el destinatario de 
misma». Considera que la interpretación ofrecida en el auto objeto de impugnación, que 
se apoya en la Ley de procedimiento administrativo eludiendo las garantías de un 
proceso judicial, cercena el derecho a la tutela judicial efectiva al privar a la recurrente 
del derecho a formular oposición en un proceso de ejecución hipotecaria.
Igualmente precisa que, en efecto, recibió un correo de la Fábrica Nacional de Moneda 
y Timbre en el que se indica que ha recibido una notificación del órgano emisor juzgados y 
tribunales (Secretaría General de la Administración de Justicia) en la dirección electrónica 
habilitada del titular Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., NIF B73258006 en los 
siguientes  términos:  «La  notificación  estará  disponible  en  su  dirección  electrónica 
habilitada única desde el 13-06-2018 hasta el 29-07-2018. Si no procediera a su lectura en 
el plazo indicado se producirán los efectos correspondientes, según la normativa aplicable.  e.
Para que conste como leída, por favor acceda a http://notificaciones060.es Asunto: «JDO.  w.b
1 INST. E INSTR. N 5 DE LORCA EHJ/00000362/2018». 26ww
comSuunbicraarysae  qtueele,m dáeti ccaomnefonrtme idcaodn  clao n aedlm ainrtis. tr2a7c3ió nL EdCe,  jsuus tipcriae tennod idnaa coeb lhigaasctaió ns indoe 
ddeicshpau éasd mdeinl ipsrtrimaceiór ne,m lpol aqzuaem vieienntoe  pauveasl,a dhoa sptao re nutnoan cienste, rnpirnegtuanciaó nre lsaisctióenm áhtaic tae ndideo  ecsoten 
precepto con los arts. 152, 155, 160 y 162 LEC.
La  demandante  de  amparo  solicita,  en  consecuencia,  la  anulación  de  las 
resoluciones indicadas, así como la retroacción al momento procesal oportuno, previo al 
dictado del auto de 21 de septiembre de 2018, a fin de que el juzgado admita a trámite 
su oposición al despacho de ejecución. El recurso pide también por otrosí la suspensión 
del proceso de ejecución.
4.  Mediante providencia de 28 de octubre de 2019, la Sección Tercera de este 
tribunal  acuerda  admitir  a  trámite  el  recurso,  apreciando  que  reviste  especial 
trascendencia constitucional (art. 50.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional), 
toda vez que plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental 
sobre el que no hay doctrina de este tribunal [STC 155/2009, FJ 2 a)] y puede dar 
ocasión al tribunal para aclarar o cambiar su doctrina, como consecuencia de cambios 
normativos  relevantes  para  la  configuración  del  contenido  del  derecho  fundamental 
[STC 155/2009, FJ 2 b)]. Acuerda igualmente dirigir atenta comunicación al Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción núm. 5 de Lorca, a fin de que, en el plazo de diez días, 
remita certificación o fotocopia adveradas de las actuaciones correspondientes a la 
ejecución hipotecaria núm. 57-2018 y emplace a quienes hubieran sido parte en el 
proceso del que trae causa el presente recurso de amparo.
5.  Por providencia de la misma fecha, la Sección acuerda formar la oportuna pieza 
para la tramitación del incidente de suspensión. Seguidos los trámites correspondientes, 
la Sala Segunda de este tribunal, mediante el ATC 177/2019, de 16 de diciembre, 
deniega  la  suspensión  cautelar  solicitada  y  ordena  la  anotación  preventiva  de  la 
demanda de amparo en el registro de la propiedad.
6.  Mediante diligencia de ordenación de 14 de diciembre de 2019, el secretario de 
justicia de la Sala Segunda acuerda unir a las actuaciones las resoluciones de 6 de 
marzo de 2020, 30 de septiembre de 2020 y 24 de noviembre de 2020, dictados por el 
Juzgado  de  Primera  Instancia  e  Instrucción  núm.  5  de  Lorca  en  la  ejecución 
hipotecaria 362-2018 y, a la vista de lo dictaminado en este último, dar vista de las 
actuaciones a la parte recurrente y al Ministerio Fiscal por plazo común de veinte días, 
para que puedan presentar las alegaciones que estimen pertinentes, conforme determina 
el art. 52.1 de la Ley Orgánica de este tribunal.
7.  El 20 de enero de 2020 tiene entrada en el registro de este tribunal escrito de la 
recurrente en amparo, que ratifica las alegaciones expuestas en la demanda y trascribe 
en parte los fundamentos jurídicos de la STC 40/2020, de 27 de febrero, en las que el 
Pleno de este tribunal ha resuelto un recurso de amparo casi idéntico señalando que, el 
primer  emplazamiento  o  citación  al  demandado,  ha  de  efectuarse  en  papel  en  el 
domicilio del litigante como impone el art. 155.1 LEC, pues de lo contrario, se estaría 
vulnerando el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión del art. 24 CE.
8.  El Ministerio Fiscal presentó su escrito de alegaciones en este tribunal el 19 de 
enero de 2020. Solicita el otorgamiento del amparo, el reconocimiento de la vulneración del 
derecho de la recurrente a la tutela judicial efectiva sin indefensión y la nulidad de todo lo 
actuado  desde  la  notificación  electrónica  del  auto  de  despacho  de  la  ejecución,  con 
retroacción de las actuaciones al momento anterior. De acuerdo con la STC 40/2020, cuyos 
fundamentos jurídicos transcribe parcialmente, el art. 155 LEC contempla una especialidad: 
cuando  se  trata  del  primer  emplazamiento  o  citación  del  demandado,  los  actos  de 
comunicación se harán por remisión al domicilio de los litigantes. Se regula una excepción al  e.e
régimen general de las notificaciones telemáticas, sin distinguir entre obligados y optantes.  b
Esta interpretación se correspondería con el apartado segundo del art. 273.4 LEC, que  26ww
eeslepcetrcóifnicicaa  qquuee  «dúenni cluagmaer natel p lroims eers ecrmitopsla zya dmoiceunmtoe, nctitoasc iqóune o  sree qpureersimenietennto v díae l tdeelemmaántdicaad oo 
loit eerjaelceust acduoa,n staes d seebaenr álans a optorartsa rp eanrt esso»p.o Crtoem poa pinedl,i cean  llao sS TtrCes 4 d0í/a2s0 2si0g,u FieJn 4te, sla,  tfainnatalisd acdo pqiuaes 
racionalmente  se  infiere  de  ese  mandato  no  es  otra  que  la  de  trasladar  al  referido
demandado las copias presentadas en papel. A la vista de tales preceptos y de la referida 
STC 40/2020, así como las emitidas por este tribunal resolviendo otras demandas de 
amparo idénticas promovidas por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., la fiscal 
concluye que el juzgado no debió prescindir de la notificación personal. La omisión de la 
notificación personal habría vulnerado el art. 24.1 CE.
9.  Por providencia de 25 de febrero de 2021 se señala para votación y fallo del 
presente recurso el día 3 de marzo del mismo año.
II. Fundamentos jurídicos
Único.
El presente recurso de amparo tiene por objeto la impugnación de los autos de 27 de 
febrero de 2019 y 21 de septiembre de 2018, dictados por el Juzgado de Primera Instancia 
núm. 5 de Lorca en el proceso de ejecución hipotecaria núm. 362-2018. Según la entidad 
mercantil demandante de amparo, una interpretación irrazonable de la legislación procesal le 
habría privado injustamente de su derecho a formular oposición a la ejecución hipotecaria. 
Tratándose de un primer emplazamiento, el requerimiento de pago y alternativo derecho a 
oponerse a la demanda ejecutiva debió realizarse de manera personal en su domicilio social, 
con entrega en papel de la documentación, y no mediante el servicio de notificaciones 
electrónicas y de dirección electrónica habilitada de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. 
El órgano judicial habría incumplido su obligación de asegurar, no ya la legalidad formal de 
los actos de comunicación, sino el cumplimiento efectivo de su finalidad constitucional. Todo 
ello constituiría una vulneración del derecho fundamental de la demandante de amparo a la 
tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24 CE). Solicita, en consecuencia, la anulación de 
las resoluciones indicadas, así como la retroacción al momento procesal oportuno, previo al 
dictado del auto de 21 de septiembre de 2018, a fin de que el juzgado admita a trámite su 
oposición al despacho de ejecución.
El Ministerio Fiscal solicita la estimación de la demanda de amparo y la nulidad de 
todo lo actuado desde la notificación electrónica del auto de despacho de la ejecución 
con retroacción de las actuaciones al momento anterior. En tal sentido, subraya que la 
STC 40/2020, de 27 de febrero, del Pleno, ha estimado un recurso de amparo basado en 
los mismos motivos, interpuesto por la misma entidad mercantil y dirigido contra autos de 
contenido muy similar de otro juzgado de lo contencioso-administrativo de Lorca.
Corresponde, en consecuencia, dar por reproducidos los fundamentos jurídicos de 
aquella sentencia y, declarar que los autos de 27 de febrero de 2019 y 21 de septiembre 
de 2018 del Juzgado de Primera Instancia núm. 5 de Lorca han vulnerado el derecho a 
la tutela judicial efectiva de la recurrente en amparo (art. 24.1 CE). Como en aquel caso, 
la estimación del amparo trae consigo la nulidad de los autos recurridos, así como de 
todo lo actuado en el procedimiento hipotecario a quo desde el momento en que se 
proveyó al emplazamiento de la entidad mercantil solicitante de amparo a través de la 
dirección electrónica habilitada.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido w.b
InmoEbsitliimaraiar s Celo srteac Suursr,o S  .dLe.,  y,a emnp sauro v iritnutde:rpuesto  por  la  mercantil  Euroinversiones
1.º  Declarar que ha sido vulnerado el derecho fundamental de la recurrente en
amparo a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE). Bc
2.º  Restablecerla en su derecho y, en consecuencia, declarar la nulidad de los 
autos de 27 de febrero de 2019 y 21 de septiembre de 2018 dictados por el Juzgado de 
Primera  Instancia  núm.  5  de  Lorca  en  el  proceso  de  ejecución  hipotecaria  núm. 
362-2018, así como la nulidad de las actuaciones realizadas a partir del emplazamiento 
de la entidad recurrente a través de la dirección electrónica habilitada.
3.º  Retrotraer  el  procedimiento  al  momento  inmediatamente  anterior  al  de 
efectuarse el emplazamiento de la demandada, debiendo llevarse a cabo de nuevo este 
último  por  el  juzgado  ejecutor  de  forma  que  resulte  respetuoso  con  el  derecho 
fundamental reconocido.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a tres de marzo de dos mil veintiuno.–Encarnación Roca Trías.–
Juan  Antonio  Xiol  Ríos.–Pedro  José  González-Trevijano  Sánchez.–Antonio  Narváez 
Rodríguez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Firmado y rubricado.