BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 74 Sábado 27 de marzo de 2021 Sec. I.   Pág. 35626
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
4805 Decreto-ley  1/2021,  de  25  de  enero,  por  el  que  se  aprueban  medidas 
excepcionales y urgentes en el ámbito del impuesto sobre estancias turísticas 
en las Illes Balears para el ejercicio fiscal de 2021, del impuesto sobre 
transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, en materia de 
renta social garantizada y en otros sectores de la actividad administrativa.
I
Desgraciadamente, la situación de emergencia sanitaria declarada en 2020 por la 
Organización Mundial de la Salud no ha finalizado y, dado que en España, como también 
en la mayoría de países europeos, después de la primera ola de la pandemia, no se ha 
conseguido reducir suficientemente el impacto del SARS-CoV-2, con incidencias de las 
nuevas olas que sitúan gran parte de los territorios en un nivel de riesgo alto o muy alto 
de acuerdo con los estándares internacionales y nacionales, el Gobierno del Estado, al 
amparo de lo que disponen el artículo 116 de la Constitución y las letras b) y d) del 
artículo 4 de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los Estados de Alarma, Excepción 
y  Sitio,  declaró  nuevamente  el  estado  de  alarma  para  contener  la  propagación  de 
infecciones causadas por el SARS-CoV-2, en todo el territorio español, mediante el Real 
Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para 
contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, con una duración 
prevista desde el día 9 de noviembre de 2020 hasta el día 9 de mayo de 2021.
Pues  bien,  las  limitaciones  inherentes  a  las  medidas  que  prevé  el  Real 
Decreto 926/2020 mencionado, como también las que resultan de aplicar las previsiones 
en materia de riesgo para la salud pública que contienen los artículos 2 y 3 de la 
Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de medidas especiales en materia de salud pública; 
los artículos 26 y 28 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad; el artículo 51 
de la Ley 5/2003, de 4 de abril, de salud de las Illes Balears, y los artículos 39 a 41, 44 
a 46 y 49.2 de la Ley 16/2010, de 28 de diciembre, de salud pública de las Illes Balears, 
y  que  se  concretan  en  las  diversas  restricciones  que  pueden  acordar  los  órganos 
competentes del Gobierno de las Illes Balears en el marco de todas estas normas 
respecto  de  la  movilidad  de  las  personas  y  el  ejercicio  efectivo  de  determinadas 
actividades empresariales, afectan y continuarán afectando inevitablemente la actividad 
económica y, en particular, la actividad turística del año 2021, incluso en un contexto de 
vacunación masiva, al menos durante una parte de este año.
En este contexto, el Gobierno de las Illes Balears considera que es imprescindible 
aprobar con carácter de urgencia diversas medidas legales en el impuesto sobre las 
estancias turísticas en las Illes Balears, en el sentido, por un lado, y como ya se hizo 
para el año 2020, de suprimir en el ejercicio de 2021 el ingreso a cuenta que la 
normativa general del impuesto prevé para los sujetos pasivos sustitutos en régimen de 
estimación objetiva, y, por el otro, de habilitar un régimen excepcional de renuncia a este 
régimen de estimación objetiva, con la aplicación consiguiente del régimen de estimación 
directa para los sustitutos que lo decidan, limitado en principio al ejercicio de 2021, sin  s
que, por lo tanto, esta eventual renuncia tenga que desplegar efectos necesariamente  e.
durante dos ejercicios consecutivos como mínimo (es decir, los ejercicios de 2021 y  w.
de 2022), tal como prevé en principio la normativa general del impuesto. 05ww
ConYse ejellroía  sdine  pHearcjuieicnidoa d ye  Rqeulea,c ioandeesm Eásx,t eyr ioar elso  plauregdoa  daeplr opbriamr eurn atr imoredsetnre p odre  la2 0q2u1e,  slea 
orebdjeutzivcaa np aloras  esli genjeorsc,i cloios  fiísncdaicl edse  o2 0lo2s0 ,m eónd eull omsa arcpoli cdaeb lleos q ueen  deils préogniemne ne l daert íecsutliom 3a4c iódne   BOE-A-cable e
la Ley 2/2020, de 15 de octubre, de medidas urgentes y extraordinarias para el impulso 
de  la  actividad  económica  y  la  simplificación  administrativa  en  el  ámbito  de  las 
administraciones  públicas  de  las  Illes  Balears  para  paliar  los  efectos  de  la  crisis 
ocasionada por la COVID-19, y el artículo 14.3 del Decreto 35/2016, de 23 de junio, por 
el que se desarrolla la Ley del impuesto sobre estancias turísticas y de medidas de 
impulso del turismo sostenible, lo cual también se podrá hacer evidentemente en el 
futuro, en el primer trimestre de 2022, respecto del ejercicio fiscal de 2021, en el marco 
de estas mismas disposiciones normativas, en función de la evolución de la actividad 
turística a lo largo de todo el año 2021.
Justamente por eso, y con objeto de permitir también el cambio de régimen de 
estimación de la base imponible del tributo a los sujetos pasivos sustitutos que, por razón 
de haber renunciado antes del 1 de enero de 2021 al régimen de estimación objetiva, 
tienen que aplicar el régimen de estimación directa en el ejercicio fiscal de 2021, se 
otorga la posibilidad excepcional de revocar la renuncia declarada en su día, con la 
consiguiente aplicación del régimen de estimación objetiva en 2021, en lugar del régimen 
de estimación directa, para los sustitutos que lo quieran.
Del mismo modo, también hay que aprobar otra medida urgente de apoyo a la 
liquidez y la solvencia empresarial con objeto de reducir en un 95 %, desde la entrada 
en vigor de este Decreto-ley y hasta el 31 de diciembre de 2021, el coste que supone la 
sujeción al impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, 
en la modalidad correspondiente a los actos jurídicos documentados, de la formalización 
de  escrituras  públicas  con  garantías  hipotecarias  susceptibles  de  inscripción  en  el 
Registro de la Propiedad que resulten de la extensión de los plazos de vencimiento o de 
carencia, entre otras posibles modificaciones, de los créditos o préstamos concedidos 
por entidades de crédito en el marco de operaciones de financiación de empresas que 
han recibido aval público a través del Instituto de Crédito Oficial o de la entidad de 
garantía recíproca ISBA, SGR, en el marco de los respectivos programas públicos o 
líneas  de  aval,  cuando  esta  sujeción  no  se  considere  exenta  de  acuerdo  con  la 
legislación estatal, y, finalmente, otras medidas puntuales en el ámbito de otros sectores 
de la actividad administrativa.
II
Todas estas medidas requieren ciertamente la aprobación de las correspondientes 
normas de rango legal. Así, en primer lugar, y en cuanto al impuesto sobre estancias 
turísticas en las Illes Balears, se tiene que tener en cuenta que, a pesar de que el 
porcentaje concreto del ingreso anual por anticipado en régimen de estimación objetiva 
del impuesto se encuentra fijado en el artículo 31.4 del Decreto 35/2016 mencionado, el 
artículo 14.3, segundo párrafo, de la Ley 2/2016, de 30 de marzo, del impuesto sobre 
estancias turísticas en las Illes Balears y de medidas de impulso del turismo sostenible, 
impone la fijación por reglamento de un determinado ingreso a cuenta cada año, con el 
límite máximo del 60% de la cuota que resulte de aplicar los signos, los índices o los 
módulos correspondientes. Así pues, la voluntad del legislador es clara respecto de la 
necesidad de un ingreso a cuenta cada año, de forma que la supresión de este ingreso a 
cuenta no se puede hacer por reglamento, sino que requiere una norma de rango legal, 
del mismo modo que ya se hizo, para el año 2020, por medio del artículo 34 de la 
Ley 2/2020 antes mencionada, resultante de la tramitación como proyecto de ley del 
Decreto-ley 8/2020. A su vez, la urgencia en la supresión, también para el año 2021, de  s
este ingreso a cuenta viene motivada por la necesidad de ofrecer a los destinatarios de  e.
la norma un entorno de previsibilidad normativa, incluidas las perspectivas de liquidez  w.
inherentes a la exigencia o no de un ingreso a cuenta, que les permita tomar las  05ww
dlae scuisjieocnióens  aelm imprpeuseasritaol,e es sqteu ee jecorcnicsiiod efrisecna lm dáes  2a0d2e1c,u eand arésg, ipmaerntic duela ermsteimntaec ieónn  cduiraencttoa  oa 
en régimen de estimación objetiva.
Lo  mismo  hay  que  decir  evidentemente  en  cuanto  a  la  apertura  de  un  plazo 
excepcional  para  la  renuncia  al  régimen  de  estimación  objetiva  y  la  consiguiente 
aplicación únicamente para el ejercicio fiscal de 2021 del régimen de estimación directa 
para los empresarios que se quieran acoger a esta posibilidad, o, si procede, en un 
sentido contrario, a la revocación de la renuncia declarada en su día en ejercicios 
fiscales anteriores al 2021 que permita, para los otros empresarios que así lo decidan, la 
aplicación del régimen de estimación objetiva el ejercicio fiscal de 2021. En efecto, la 
urgencia de ambas medidas paralelas resulta no tan sólo de su íntima conexión, para la 
adecuada toma de decisiones, con la supresión del ingreso a cuenta del impuesto para 
los sustitutos que acaben aplicando el régimen de estimación objetiva en 2021, sino 
también en la necesidad de permitir cuanto antes mejor el ejercicio excepcional de esta 
opción teniendo en cuenta que el régimen de estimación directa, a diferencia del régimen 
de estimación objetiva, requiere el cumplimiento por parte del sustituto del contribuyente 
de toda una serie de obligaciones formales que se tienen que poder verificar para 
cualquier estancia que se produzca desde el 1 de enero de 2021.
Y la íntima conexión de estas medidas relativas a la sujeción a un régimen de 
estimación o a otro con la primera medida de rango legal antes mencionada, consistente 
en la supresión del ingreso a cuenta en 2021 en el régimen de estimación objetiva, 
justifica así mismo el rango legal de estas otras dos medidas, junto con su carácter 
absolutamente excepcional respecto del régimen general sobre los plazos máximos y los 
efectos  de  las  renuncias  y  de  las  revocaciones  a  las  renuncias  que  contiene  el 
Decreto 35/2016 dictado en desarrollo ordinario de la Ley 2/2016, y juntamente también 
con su marcado carácter ad extra, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional 
en esta materia.
A su vez, la reducción del tipo de gravamen general aplicable a la cuota gradual de la 
modalidad correspondiente a los actos jurídicos documentados en el impuesto sobre 
transmisiones  patrimoniales  y  actos  jurídicos  documentados,  aunque  se  haga  con 
carácter  excepcional  y  limitado  en  el  tiempo,  y  para  determinados  supuestos  muy 
concretos relacionados directamente con la financiación de empresas en el marco de los 
programas públicos y las líneas de aval canalizados a través del Instituto de Crédito 
Oficial o de la entidad de garantía recíproca ISBA, SGR, afecta normas de rango legal 
vigentes, como son los artículos 15 y 16 del Texto refundido de las disposiciones legales 
de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears en materia de tributos cedidos por el 
Estado, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2014, de 6 de junio, relativos al tipo de 
gravamen general y al tipo de gravamen reducido aplicable a las escrituras notariales 
que documentan la constitución de préstamos y créditos hipotecarios a favor de una 
sociedad de garantía recíproca con domicilio fiscal en el territorio de las Illes Balears, 
que se establecen en el 1,5 % y en el 0,1 %, y que, con la reducción que se aprueba, 
pasarían a ser del 0,075 % y del 0,005 %, respectivamente, hasta el 31 de diciembre 
de 2021 como máximo.
Lo mismo hay que decir en cuanto al resto de medidas administrativas sectoriales, en 
la medida que implican la modificación puntual de normas preexistentes de rango legal, 
por medio de las respectivas disposiciones finales.
Así pues, este decreto ley se estructura en cuatro artículos, uno para cada una de las 
medidas excepcionales y urgentes mencionadas, junto con una disposición derogatoria 
que incluye la habitual cláusula de estilo por la que se dispone la derogación de todas las 
normas de rango igual o inferior que se opongan a las normas que se aprueban por 
medio del Decreto-ley, y siete disposiciones finales, por las que se llevan a cabo las  s
modificaciones  legislativas  correspondientes  y  se  establece  la  entrada  en  vigor  del  oe.
Decreto-ley desde su publicación en el «Boletín Oficial de las Illes Balears». w.
En efecto, a pesar de que el objeto esencial de este Decreto-ley se predica de las  05ww
nimoprmueasst ot ribsuotbarreia sl aesx ceesptcainocniaalse s tuyr ístetimcapso rayl esc oqnu ee l seim appureusetboa ns oebnr er etlaracniósnm icsoionn eesl 
tpaamtrbimiéonn aialgleusn ays  aoctrtaoss  mjuordídifiiccoasc iodnoecsu mleegnistlaadtiovsa,s  rdees uclatará cnteecr esseacrtioor iayl .urgente acometer  BOE-A-cable e
Así, en primer lugar, se modifica puntualmente la Ley 2/2020, de 15 de octubre, de 
medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de la actividad económica y la 
simplificación administrativa en el ámbito de las administraciones públicas de las Illes 
Balears para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19. En concreto, se 
introducen unos criterios comunes para la selección de las personas participantes en 
programas temporales promovidos por el Servicio de Empleo de las Illes Balears, y 
también un régimen especial para la cobertura excepcional de las guardias en el ámbito 
del Servicio de Salud de las Illes Balears. Finalmente, en relación con la actividad 
subvencional, por un lado, dada la necesidad extraordinaria y urgente de agilizar el pago 
de determinadas ayudas a los sectores de actividad más afectados por las restricciones 
de movilidad y de actividad empresarial, se amplía el umbral de la cuantía que permite 
que la justificación de los gastos se haga por medio de una declaración responsable, que 
pasa de tres mil euros a seis mil euros, y, por otro lado, se clarifica la redacción del 
régimen de promoción del desarrollo económico municipal e insular.
Directamente relacionada con la aprobación de la Ley 2/2020, razones de seguridad 
jurídica exigen que se vuelva a introducir en la Ley 5/2005, de 25 de mayo, para la 
conservación  de  los  espacios  de  relevancia  ambiental  (LECO),  la  aplicación  del 
procedimiento simplificado propio de las modificaciones puntuales de los planes de 
ordenación  de  los  recursos  naturales  a  la  aprobación  también  de  modificaciones 
puntuales de los planes rectores de uso y gestión de los espacios naturales protegidos y 
de los planes de gestión Natura 2000, norma esta última que se introdujo por medio del 
Decreto Ley 9/2020, que completaba en este punto el Decreto Ley 8/2020 anterior, pero 
que decayó con la aprobación de la Ley 2/2020, posterior al Decreto-ley 9/2020, como 
consecuencia de la tramitación del Decreto-ley 8/2020 como proyecto de ley.
Por otro lado, se modifica el Decreto-ley 10/2020, de 12 de junio, de prestaciones 
sociales de carácter económico de las Illes Balears, para incluir un régimen transitorio 
excepcional con el fin de agilizar el abono de la renta social garantizada durante el 
año 2021, en el sentido de simplificar la tramitación del procedimiento de reconocimiento 
de las solicitudes y acelerar de este modo la resolución de concesión, y ello sin renunciar 
evidentemente a la posibilidad de exigir los reintegros que correspondan en caso de que 
en la revisión posterior de los requisitos de acceso se detecten incumplimientos o 
falsedades.  En  esta  misma  línea  de  agilizar  y  acelerar  la  tramitación  ordenada  y 
cronológica  en  este  caso  del  Plan  de  Financiación  de  los  Servicios  Sociales 
Comunitarios que se tiene que elaborar con la colaboración de los consejos insulares en 
el marco de la Conferencia Sectorial de Servicios Sociales, se considera imprescindible 
modificar el apartado 5 del artículo 70 de la Ley 4/2009, de 11 de junio, de servicios 
sociales  de  las  Illes  Balears,  de  forma  que  se  acuerda  en  el  espacio  sectorial 
mencionado el contenido del Plan y se aprueba en el Consejo de Gobierno.
Finalmente, se modifica la Ley 10/2019, de 22 de febrero, de cambio climático y 
transición energética, para dar un impulso definitivo a un sector económico capital como 
es el de las energías renovables, de forma que, para asegurar que no se encarece el 
coste  de  la  inversión  de  estas  en  las  Illes  Balears,  se  exceptúa  la  aplicación  del 
artículo 17 de la Ley 6/1997, de 8 de julio, del suelo rústico de las Illes Balears, relativo a 
la prestación compensatoria por usos y aprovechamientos excepcionales. A su vez, y 
también por razones de seguridad jurídica, se modifica en dos puntos muy concretos la 
Ley 7/1998, de 12 de noviembre, de ordenación farmacéutica de las Illes Balears, con 
objeto de asegurar una aplicación jurídica uniforme y más ágil de las disposiciones 
afectadas. s
III 05www.
las CIllieesrt aBmaelenaters,  eal  Dimecargeeton- ledye,  rleog uplraedvois eton  eeln a retlí caurlotí c4u9lo d e8l6 E sdtealt utteox tdoe  cAountosntitoumciíoan dael, 
hcoancestri tfureyen teu na  sinitsutarucmioneensto d ee nn emceasniodsa dd eexl tGraoobrdieinrnaori ad ye  ulrag eCnotem, uanuindqaude  Acuotnó neol mlíma itpea drae   BOE-A-cable e
no  poder  afectar  determinadas  materias.  Como  disposición  legislativa  de  carácter 
provisional que es, la permanencia del decreto ley en el ordenamiento jurídico está 
condicionada a la ratificación parlamentaria correspondiente, mediante la denominada 
convalidación. Pues bien, de acuerdo con lo expuesto anteriormente, y en este difícil 
contexto  de  crisis  sanitaria,  social  y  económica  que  están  afrontando  todas  las 
administraciones públicas, el Gobierno de las Illes Balears considera adecuado el uso 
del decreto ley para dar cobertura a todas estas medidas.
En efecto, el Decreto-ley autonómico constituye una figura inspirada en la que prevé 
el artículo 86 de la Constitución respecto del Gobierno del Estado, el uso de la cual ha 
producido una jurisprudencia extensa del Tribunal Constitucional. Así, este alto tribunal 
ha  declarado  que  la  definición,  por  los  órganos  políticos,  de  una  situación  de 
extraordinaria y urgente necesidad requiere ser explícita y razonada, y que tiene que 
haber una conexión de sentido o relación de adecuación entre la situación excepcional y 
las medidas que se pretenden adoptar, las cuales tienen que ser idóneas, concretas y de 
eficacia inmediata; todo ello en un plazo más breve que el requerido por la vía ordinaria o 
por  los  procedimientos  de  urgencia  para  la  tramitación  parlamentaria  de  las  leyes, 
teniendo en cuenta que la aplicación en cada caso de estos procedimientos legislativos 
no depende del Gobierno. Así mismo, el Tribunal Constitucional ha dicho que no hay que 
confundir la eficacia inmediata de la norma provisional con su ejecución instantánea, y, 
por lo tanto, se debe permitir que las medidas adoptadas con carácter de urgencia 
incluyan  posteriores  desarrollos  reglamentarios  o  actuaciones  administrativas  de 
ejecución de estas medidas o normas de rango legal.
Para acabar, y desde el punto de vista de las competencias por razón de la materia 
de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, hay que añadir que el presente decreto 
ley encuentra anclaje, desde este punto de vista sustantivo, y en cuanto a las medidas 
de carácter tributario y de hacienda, y de fomento de la actividad económica, en los 
puntos 21 y 28 del artículo 30, y también en el artículo 129.4, del Estatuto de Autonomía 
de las Illes Balears; además del punto 36 del artículo 30, relativo al procedimiento 
administrativo derivado de las especialidades de la organización propia, y del resto de 
puntos de este mismo artículo 30 y del artículo 31 subsiguiente, respecto de los otros 
ámbitos  materiales  de  actividad  afectados  por  este  decreto  ley,  que  recogen  los 
diferentes títulos competenciales de carácter sectorial en los que puede intervenir el 
legislador autonómico y que, a su vez, legitimaron la aprobación de las respectivas 
normas de rango legal objeto ahora de incidencia o modificación.
Por todo ello, al amparo del artículo 49 del Estatuto de Autonomía, a propuesta del 
Consejero  de  Transición  Energética  y  Sectores  Productivos,  de  la  Consejera  de 
Hacienda y Relaciones Exteriores, del Consejero de Modelo Económico, Turismo y 
Trabajo, de la Consejera de Asuntos Sociales y Deportes, de la Consejera de Salud y 
Consumo y del Consejero de Medio Ambiente y Territorio, y habiéndolo considerado el 
Consejo de Gobierno en la sesión de día 25 de enero de 2021, se aprueba el siguiente 
Decreto-ley.
Artículo 1.  Supresión del ingreso a cuenta en el régimen de estimación objetiva del 
impuesto  sobre  estancias  turísticas  en  las  Illes  Balears  para  el  ejercicio  fiscal 
de 2021.
Excepcionalmente, para el ejercicio fiscal de 2021, se suprime el ingreso a cuenta a 
que hacen referencia el artículo 14.3, segundo párrafo, de la Ley 2/2016, de 30 de 
marzo, del impuesto sobre estancias turísticas en las Illes Balears y de medidas de  e.
impulso del turismo sostenible, y el artículo 31.4 del Decreto 35/2016, de 23 de junio, por  w.b
el que se desarrolla la Ley del impuesto sobre estancias turísticas y de medidas de  05ww
iinmgpruelssoo  ddee ll at uariustmoloiq usiodsatceinóinb led,e  slain  cpueortjau icqiuoe d see  lam eorbitleig aac ilóon l adreg ol ad ep rteosdeon tealc eiójenr cyi ceiol 
de 2021, de acuerdo con el artículo 30.4 del mismo Decreto 35/2016.
Artículo 2.  Régimen excepcional de renuncia al régimen de estimación objetiva en el 
impuesto  sobre  estancias  turísticas  en  las  Illes  Balears  para  el  ejercicio  fiscal 
de 2021.
1.  Excepcionalmente,  para  el  ejercicio  fiscal  de  2021,  los  sustitutos  del 
contribuyente pueden renunciar a la aplicación del régimen de estimación objetiva en el 
impuesto sobre estancias turísticas de las Illes Balears desde la entrada en vigor de este 
decreto ley y hasta el 31 de marzo de 2021, siempre que, en caso de actividad a partir 
del  1  de  enero  de  2021,  el  sustituto  cumpla  con  las  obligaciones  documentales  y 
registrales propias del régimen de estimación directa que establecen los artículos 16 
a 21 y el resto de disposiciones concordantes del Decreto 35/2016, de 23 de junio, por el 
que se desarrolla la Ley del impuesto sobre estancias turísticas y de medidas de impulso 
del turismo sostenible.
2.  La  posible  renuncia  al  régimen  de  estimación  objetiva  a  que  se  refiere  el 
apartado anterior determina la inclusión en el régimen de estimación directa únicamente 
durante el ejercicio fiscal de 2021, sin necesidad de revocación y sin que se entienda 
prorrogada tácitamente para los ejercicios fiscales siguientes.
El mismo régimen se tiene que aplicar a los sustitutos que hayan renunciado al 
régimen de estimación objetiva a lo largo del mes de diciembre de 2020, salvo que 
revoquen su renuncia en los términos que prevé el artículo 3 siguiente.
Artículo 3.  Régimen excepcional de revocación de la renuncia al régimen de estimación 
objetiva en el impuesto sobre estancias turísticas en las Illes Balears para el ejercicio 
fiscal de 2021.
1.  Excepcionalmente,  para  el  ejercicio  fiscal  de  2021,  los  sustitutos  del 
contribuyente  que  durante  el  ejercicio  de  2021  tengan  que  aplicar  el  régimen  de 
estimación directa en el impuesto sobre estancias turísticas de las Illes Balears, por 
razón de haber renunciado antes del 1 de enero de 2021 a la aplicación del régimen de 
estimación objetiva, pueden revocar su renuncia desde la entrada en vigor de este 
decreto ley y hasta el 31 de marzo de 2021.
2.  La posible revocación de la renuncia al régimen de estimación objetiva a que se 
refiere el apartado anterior determina la inclusión en el régimen de estimación objetiva 
durante el ejercicio fiscal de 2021 y los siguientes, sin perjuicio de que, en su caso, se 
vuelva  a  renunciar  al  régimen  de  estimación  objetiva  de  acuerdo  con  las  reglas 
generales que contiene el artículo 12 del Decreto 35/2016, de 23 de junio, por el que se 
desarrolla la Ley del impuesto sobre estancias turísticas y de medidas de impulso del 
turismo sostenible.
Artículo 4.  Reducción excepcional y temporal del tipo de gravamen aplicable a la 
formalización en documento notarial de determinadas operaciones de financiación 
empresariales sujetas y no exentas al impuesto sobre actos jurídicos documentados.
Desde la entrada en vigor de este decreto ley y hasta el 31 de diciembre de 2021, se 
reducen en un 95% los tipos de gravamen que, de acuerdo con lo que establecen los 
artículos 15 y 16 del texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad 
Autónoma de las Illes Balears en materia de tributos cedidos por el Estado, aprobado por 
el Decreto Legislativo 1/2014, de 6 de junio, sean aplicables a la formalización de 
documentos notariales que contengan la ampliación de los plazos de carencia o de  s
reintegro de préstamos o créditos con garantía hipotecaria, o cualquier otra modificación  oe.
evaluable económicamente de las condiciones de estos, subscritos por empresarios,  w.
pdlaeesr  slIalol enAsad sBm afíilnseiicasatrrssa  dcoie ój unar píddoeiycl oaE sas c tlaoadn fo ien naotn iddceaia dclaeió sAn f didnmea ninecimsietprraarecssi óeanns   edcleo m nl aaa rvCcaool  mddeeu ln pIinrdosagtdirt auAmtoua tdósen p oCúmbréalidc doiteos    2021-4805n https://ww
Oficial o de la sociedad de garantía recíproca ISBA, SGR, salvo que las operaciones
mencionadas  se  tengan  que  considerar  exentas  del  impuesto  de  actos  jurídicos  Bc
documentados de conformidad con la legislación estatal y, en particular, de acuerdo con 
los puntos 29 y 30 de la letra B) del apartado 1 del artículo 45 del texto refundido de la 
Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, o de acuerdo con 
el artículo 9 de la Ley 2/1994, de 30 de marzo, sobre subrogación y modificación de 
préstamos hipotecarios.
Disposición derogatoria única.  Normas que se derogan.
Quedan derogadas todas las disposiciones de rango igual o inferior que se opongan 
a lo que dispone este Decreto-ley, lo contradigan o resulten incompatibles.
Disposición  final  primera.  Modificaciones  de  la  Ley  2/2020,  de  15  de  octubre,  de 
medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de la actividad económica y la 
simplificación administrativa en el ámbito de las administraciones públicas de las Illes 
Balears para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19.
1.  Se añade un nuevo artículo, el artículo 11 bis, en la Ley 2/2020 mencionada, con 
la redacción siguiente:
«Artículo  11  bis.  Criterios  para  la  selección  de  personas  participantes  en 
programas promovidos por el Servicio de Empleo de las Illes Balears.
1.  En los programas temporales de duración determinada en el tiempo del 
Servicio de Empleo de la Illes Balears (SOIB) que tengan como destinatarios 
colectivos  que  presenten  más  dificultades  de  integración  laboral,  un  nivel  de 
formación  más  bajo,  o  cuando  existan  necesidades  sociales  que  justifiquen 
programas temporales del SOIB, la selección o preselección de los candidatos se 
tiene que llevar a cabo de acuerdo con los principios de actuación y objetivos 
estratégicos y estructurales establecidos en materia de políticas de activación para 
el empleo previstos en la Estrategia Española de Activación para el Empleo y el 
Plan Anual de Políticas de Empleo, y de acuerdo con los colectivos prioritarios 
establecidos en el artículo 30 del Texto refundido de la Ley de Empleo, aprobado 
por  el  Real  Decreto  Legislativo  3/2015,  de  23  de  octubre,  o  aquellos  otros 
colectivos que se determinen como prioritarios respecto a su inserción en el 
mercado laboral.
A  estos  efectos,  se  debe  considerar  de  manera  preferente  el  enfoque 
preventivo ante la situación de paro, especialmente de larga duración, la atención 
individualizada  a  las  personas  demandantes  de  empleo  y  servicios  mediante 
acciones integradas de políticas activas de empleo que mejoren la empleabilidad, 
articuladas  con  un  itinerario  individual  y  personalizado  de  empleo,  así  como 
asegurar políticas adecuadas de integración laboral dirigidas a aquellos colectivos 
que presenten mayores dificultades de integración laboral.
2.  En estos programas, cualquiera que sea el sistema utilizado de selección 
de  los  participantes,  se  deben  seguir  los  criterios  y  los  procedimientos 
establecidos por el SOIB para la cobertura de ofertas de empleo temporal, por lo 
que no es de aplicación la normativa establecida para los procedimientos de 
selección de personal de las distintas administraciones públicas, aunque la entidad 
beneficiaria  sea  una  entidad  u  organismo  público.  En  este  caso,  el  personal  s
destinatario  seleccionado  no  se  tiene  que  considerar  incluido  en  las  oe.
correspondientes plantillas o relaciones de puestos de trabajo.» w.
2.  Se añade un nuevo artículo, el artículo 23 bis, en la Ley 2/2020 mencionada, con 
la redacción siguiente:
«Artículo 23 bis.  Cobertura excepcional de las guardias del Servicio de Salud de 
las Illes Balears.
1.  Con carácter excepcional, todo el personal del Servicio de Salud de las 
Illes Balears, con independencia de su vinculación jurídica y de su categoría 
profesional,  puede  realizar  guardias  propias  de  su  titulación  académica,  para 
garantizar la atención permanente y continuada.
Cada gerencia puede organizar las guardias extraordinarias que se precisen por 
causa de especial necesidad, con objeto de garantizar la continuidad asistencial.
2.  La retribución por el concepto de guardias con carácter excepcional debe 
realizarse con cargo a los importes del complemento de atención continuada, de la 
categoría o especialidad profesional de personal estatutario que tiene atribuidas estas 
funciones, y la retribución no debe suponer ningún incremento respecto de la cuantía 
que perciben los profesionales que cubren las guardias con carácter ordinario.»
3.  La letra f) del apartado 3 del artículo 25 de la Ley 2/2020 mencionada, queda 
modificada de la manera siguiente:
«f)  Permitir la justificación de gastos inferiores a seis mil euros mediante una 
declaración  formal  de  la  persona  o  entidad  beneficiaria,  sin  perjuicio  de  las 
actuaciones posteriores de comprobación y control.»
4.  La letra e) del artículo 29 de la Ley 2/2020 mencionada, queda modificada de la 
manera siguiente:
«e)  Admitir, para la justificación de gastos inferiores a seis mil euros, una 
declaración formal de la persona física o de la entidad beneficiaria, sin perjuicio de 
las actuaciones posteriores de comprobación y control.»
5.  El artículo 32 de la Ley 2/2020 mencionada, queda modificado de la manera 
siguiente:
«Artículo 32.  Promoción del desarrollo económico municipal e insular.
1.  De acuerdo con la letra t) del artículo 29.2 de la Ley 20/2006, de 15 de 
diciembre, municipal y de régimen local de las Illes Balears, en relación con los 
apartados 1 y 5 del artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases del régimen local, los municipios de las Illes Balears pueden hacer uso de 
los  instrumentos  de  fomento  previstos  en  esta  ley,  como  manifestación  del 
ejercicio de su propia competencia.
2.  Así mismo, en virtud de lo que dispone la letra d) del artículo 36.1 de la 
Ley 7/1985 mencionada, y en el ámbito de los territorios insulares respectivos, los 
consejos insulares pueden cooperar en el fomento del desarrollo económico y 
social y en la planificación en el territorio, de acuerdo con las competencias de las 
otras administraciones públicas en este ámbito.
3.  De  acuerdo  con  los  dos  apartados  anteriores,  los  municipios  y  los 
consejos  insulares,  y  también  los  entes  instrumentales  o  dependientes 
respectivos, sin perjuicio del ejercicio, en cualquier momento, de las competencias  e.
mencionadas y del resto de competencias que les son propias de acuerdo con la  w.
normativa  local,  pueden  otorgar  ayudas  o  subvenciones  a  las  personas  o  05ww
eensttiimdaedne sp eartfiencetnatdeass  cyo,n e enl  gfine ndeera cl,o aadcoyurdvaarr  tao dlaa sr elcausp aecraccioiónne se cdoen ófommicean teon  qluoes 
territorios municipales e insulares respectivos.»
Disposición final segunda.  Modificación del Decreto-ley 10/2020, de 12 de junio, de 
prestaciones sociales de carácter económico de las Illes Balears.
Se añade una nueva disposición transitoria, la disposición transitoria cuarta, en el 
Decreto-ley 10/2020, de 12 de junio, de prestaciones sociales de carácter económico de 
las Illes Balears, con la redacción siguiente:
«Disposición transitoria cuarta.  Régimen excepcional para el año 2021.
Excepcionalmente, durante el año 2021 y también respecto a las solicitudes 
presentadas  previamente  y  no  resueltas,  se  suspende  la  aplicación  de  la 
comprobación previa de requisitos del artículo 29 de este Decreto-ley, de forma 
que  el  órgano  instructor,  una  vez  revisada  la  solicitud  de  acuerdo  con  el 
artículo 28, debe elevar la propuesta de resolución a la consejera, siempre y 
cuando la documentación aportada por la persona interesada acredite fielmente el 
cumplimiento de los requisitos del artículo 20. Posteriormente, el órgano instructor 
tiene que llevar a cabo esta comprobación.
En  todo  caso,  las  personas  que  obtengan  la  prestación  sin  cumplir  los 
requisitos para ser beneficiarias tienen que reintegrar en todo o en parte las 
cuantías percibidas indebidamente, de acuerdo con el artículo 8, y pueden ser 
sancionadas, previa tramitación del expediente correspondiente.»
Disposición final tercera.  Modificación de la Ley 4/2009, de 11 de junio, de servicios 
sociales de las Illes Balears.
El apartado 5 del artículo 70 de la Ley 4/2009, de 11 de junio, de servicios sociales 
de las Illes Balears, queda modificado de la manera siguiente:
«5.  El  importe  y  la  distribución  de  los  créditos  que  ha  de  satisfacer  la 
consejería competente en materia de servicios sociales, tanto en concepto de 
cofinanciación como de los fondos que se vayan creando, deben establecerse en 
el Plan de Financiación de los Servicios Sociales Comunitarios que se acuerda en 
la Conferencia Sectorial de Servicios Sociales y se aprueba por acuerdo del 
Consejo de Gobierno.»
Disposición final cuarta.  Modificación de la Ley 10/2019, de 22 de febrero, de cambio 
climático y transición energética.
La disposición adicional décima de la Ley 10/2019, de 22 de febrero, de cambio 
climático y transición energética, queda modificada de la manera siguiente:
«Disposición adicional décima.  Declaración de utilidad pública.
La  declaración  de  utilidad  pública  a  que  hacen  referencia  esta  ley  y  la 
Ley  13/2012,  de  20  de  noviembre,  de  medidas  urgentes  para  la  activación 
económica en materia de industria y energía, nuevas tecnologías, residuos, aguas, 
otras  actividades  y  medidas  tributarias,  debe  seguir  el  procedimiento  de 
declaración de utilidad pública que regula el artículo 3 de la Ley 13/2012, de 20 de 
noviembre, e implica los efectos siguientes: 
1.º  La declaración de interés general en los términos que prevé el apartado 2  e.
del artículo 24 de la Ley 6/1997, de 8 de julio, del suelo rústico de las Illes Balears,  w.b
sin que, en caso de inversiones en materia de energías renovables, sea aplicable  05ww
lrae cporgees tealc aiórtníc ucloom 1p7e dnes alato Lrieay  pmoer nucisoonsa dya .aprovechamientos excepcionales, que
Plan2 .ºD  irLeocsto mr isSmeocsto erifaelc toEsn eqrugeé tliocso  qudee  relagsu laInll eloss  aBratílceualross,  2a5p, r2o6b.a5d yo  26p.o6r  deell 
Decreto 96/2005, de 23 de septiembre, por el que se aprueba definitivamente la 
revisión del Plan Director Sectorial Energético de las Illes Balears.»
Disposición final quinta.  Modificaciones de la Ley 7/1998, de 12 de noviembre, de 
ordenación farmacéutica de las Illes Balears.
1.  Los apartados 3 y 4 del artículo 28 de la Ley 7/1998, de 12 de noviembre, de 
ordenación farmacéutica de las Illes Balears, quedan modificados de la manera siguiente:
«3.  No  se  pueden  trasladar  fuera  del  núcleo  de  población  donde  se 
encuentran ubicadas, las oficinas de farmacia autorizadas en núcleos en que, por 
tener el número de habitantes igual o superior a 750, se haya autorizado una 
nueva oficina de farmacia condicionada a que la distancia entre la nueva oficina y 
las más cercanas, ya existentes, sea igual o superior a 1.000 metros, medidos por 
la vía pública más corta.
4.  Tampoco se pueden trasladar fuera del núcleo de población o de la zona que 
para su ubicación acotó la Consejería de Sanidad y Consumo, las oficinas de farmacia 
que, atendiendo a las necesidades de atención farmacéutica del núcleo o de la zona, 
fueron autorizadas computando plazas turísticas o viviendas de segunda residencia.»
2.  El artículo 31 de la Ley 7/1998 mencionada, queda modificado de la manera siguiente:
«Artículo 31.
1.  Será preceptiva la autorización de la Consejería de Sanidad y Consumo 
para proceder al cierre definitivo de una oficina de farmacia, y podrá adoptar, en su 
caso, las medidas provisionales adecuadas que conduzcan a asegurar la atención 
farmacéutica del municipio o núcleo de población afectado por el cierre.
2.  Esta autorización no será necesaria en aquellos supuestos en que el cierre 
de la oficina de farmacia sea consecuencia de la ejecución de una resolución 
judicial  firme.  En  estos  supuestos,  siempre  que  la  resolución  judicial  firme 
mencionada no haya reducido el número de oficinas de farmacia que pueden ser 
autorizadas en la zona farmacéutica a la que pertenece la oficina que se tiene que 
cerrar,  la  persona  titular  de  la  dirección  general  competente  en  materia  de 
farmacia, todo con el objeto de asegurar en todo momento la correcta atención 
farmacéutica a la población de la zona, municipio o núcleo afectado por el cierre 
de la oficina, podrá autorizar la continuación provisional de su actividad, mientras 
se llevan a cabo los trámites administrativos necesarios para llevar a puro efecto 
los  términos  de  aquella  resolución  judicial  y  consecuentemente  para  la 
adjudicación y la apertura de la nueva oficina de farmacia que tiene que sustituir a 
la que se cierra en ejecución de la resolución judicial firme.
En  todo  caso,  esta  oficina  que  se  mantiene  provisionalmente  abierta  se 
considerará inexistente a los efectos de los procedimientos de designación del 
local de la nueva oficina de farmacia que se adjudique y abra en ejecución de 
aquella resolución judicial firme.»
Disposición  final  sexta.  Modificación  de  la  Ley  5/2005,  de  26  de  mayo,  para  la 
conservación de los espacios de relevancia ambiental (LECO).
Se añade un nuevo apartado, el apartado 5, en el artículo 9 de la Ley 5/2005, de 26  e
de mayo, para la conservación de los espacios de relevancia ambiental (LECO), con la  bo
redacción siguiente: 05ww
tamb«i5é.n  eEsl  apprloiccaebdliem aie lnatso  msoimdpifilcifaiccaiodnoe sa  pquunetu aslee sr edfeie lroes  epll aanpeasr traedcoto r4e sa dnete urisoor 
y  gestión  de  los  espacios  naturales  protegidos  y  de  los  planes  de  gestión
Natura 2000.» Bc
Disposición final séptima.  Entrada en vigor.
Este Decreto-ley entrará en vigor desde su publicación en «Boletín Oficial de las Illes 
Balears».
Palma, 25 de enero de 2021.–La Presidenta, Francesca Lluch Armengol i Socias.–El 
Consejero  de  Transición  Energética  y  Sectores  Productivos,  Juan  Pedro  Yllanes 
Suárez.–La Consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores, Rosario Sánchez Grau.–El 
Consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, Iago Negueruela Vázquez.–La 
Consejera de Asuntos Sociales y Deportes, Fina Santiago Rodríguez.–La Consejera de 
Salud y Consumo, Patricia Gómez i Picard.–El Consejero de Medio Ambiente y Territorio, 
Miquel Mir Gual.
(Publicado en el «Boletín Oficial de las Illes Balears» número 11, de 26 de enero de 2021. Convalidado por 
Resolución del Parlamento de las Illes Balears, publicada en el «Boletín Oficial de las Illes Balears» número 31, 
de 4 de marzo de 2021)