BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 309 Miércoles 25 de noviembre de 2020 Sec. III.   Pág. 104567
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
14904 Resolución de 29 de octubre de 2020, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica  y  Fe  Pública,  en  el  recurso  interpuesto  contra  la  negativa  del 
registrador de la propiedad de Lloret de Mar n.º 1 a inscribir una escritura de 
compraventa.
En el recurso interpuesto por don Joan Berná Xirgo, notario de Vidreres, contra la 
negativa del registrador de la propiedad de Lloret de Mar número 1, don Edgar José 
Cascón Blanco, a inscribir una escritura de compraventa.
Hechos
I
Mediante escritura otorgada ante el notario de Vidreres Joan Berná Xirgo el día 18 de 
mayo de 2020, con número 372 de protocolo, don D. I. B. R., de nacionalidad española y 
su esposa doña K. B., de nacionalidad bielorrusa, compraron por mitad pro indiviso una 
finca urbana. En la escritura consta que están «casados en régimen de separación de 
bienes» y que tiene su domicilio en la vivienda que se indica en término municipal de 
Lloret de Mar.
II
Presentada dicha escritura en el Registro de la Propiedad de Lloret de Mar número 1, 
fue objeto de la calificación siguiente:
«En relación a la escritura autorizada el día 18/05/2020, por el Notario de Vidreres, 
Joan Berná Xirgo, número 372/2020 de protocolo, presentada por INDRA BMB que ha 
motivado el asiento de presentación número 546 del diario 113 de fecha 18/05/2020, se 
califica por razón de los siguientes:
Hechos.
Comparecen como compradores, Don D. I. B. R., de nacionalidad española y Doña 
K. B., de nacionalidad bielorrusa, y casados en régimen de separación de bienes, sin 
especificar a qué país corresponde dicho régimen, siendo indispensable, por ser los 
cónyuges de distinta nacionalidad.
Fundamentos de derecho:
Artículo 9 de la Ley Hipotecaria, 51, 92 y concordantes del Reglamento Hipotecario.
Resolución.
En consecuencia, este registrador ha acordado suspender la inscripción solicitada de 
conformidad con los expresados hechos y fundamentos de Derecho. e.e
Es defecto subsanable y no se extiende anotación preventiva por no solicitarse. Esta  b
resolución se notificará al Notario autorizante por telecopia y al presentante. 904ww
por Leal p plarezose qnutee  sceañlifaiclaa ceiló anr tníceuglaot i3v2a3 d.1e°t edrem lian aL elay  Hprióprortoegcaa rdiae,l  daes iseensteon dtae  6p0re as epnatraticr idóen 
la notificación.
Contra el presente acuerdo de calificación del Registrador los interesados podrán 
(…)
Este documento ha sido firmado con firma electrónica cualificada por Edgar José 
Cascón Blanco registrador/a de Registro Propiedad de Lloret de Mar 1 a día uno de Julio 
del año dos mil veinte».
III
El notario autorizante de la escritura, don Joan Berná Xirgo, interpuso recurso contra 
la calificación mediante escrito presentado en el citado Registro de la Propiedad el 4 de 
agosto de 2020, en el que afirma que el día 6 de julio de 2020 recibió, mediante 
comunicación  telemática,  la  notificación  de  dicha  calificación  y  alega  los  siguientes 
fundamentos jurídicos:
«Primero.  El artículo 51.9 del Reglamento Hipotecario establece, en cuanto a las 
circunstancias generales a consignar en las inscripciones "en cuanto a persona física, de 
ser casado y afectar el acto o contrato que se inscriba a los derechos presentes o futuros 
de la sociedad conyugal, el régimen económico matrimonial y el nombre y apellidos y 
domicilio del otro cónyuge."
Como circunstancias especiales de los bienes de los cónyuges y de la sociedad 
conyugal,  en  su  caso,  hay  que  atender  a  varios  preceptos  singulares  del  mismo 
Reglamento Hipotecario
– primer precepto: el artículo 90, según el cual:
"1.  Los bienes que con arreglo al Derecho foral o especial aplicable correspondan a 
una comunidad matrimonial, se inscribirán a nombre del cónyuge o de los cónyuges 
adquirentes,  expresándose,  cuando  proceda,  el  carácter  común  y,  en  su  caso,  la 
denominación que aquélla tenga.
Si los bienes estuvieren inscritos a favor de uno de los cónyuges y procediera 
legalmente, de acuerdo con la naturaleza del régimen matrimonial, la incorporación o 
integración de los mismos a la comunidad podrá hacerse constar esta circunstancia por 
nota marginal.
2.  Los bienes adquiridos por ambos cónyuges, sujetos a cualquier régimen de 
separación o participación, se inscribirán a nombre de uno y otro, en la proporción 
indivisa en que adquieran conforme al artículo 54 de este Reglamento.
3.  Si el régimen económico-matrimonial vigente fuera el de participación se hará 
constar  el  consentimiento  del  cónyuge  del  disponente  si  resultare  del  título  y  la 
disposición fuera a título gratuito».
– segundo  precepto:  el  artículo  92,  que  establece  que  "cuando  el  régimen 
económico-matrimonial  del  adquirente  o  adquirentes  casados  estuviere  sometido  a 
legislación extranjera, la inscripción se practicará a favor de aquél o aquéllos haciéndose 
constar en ella que se verifica con sujeción a su régimen matrimonial, con indicación de 
éste, si constare."
– tercer grupo de preceptos, relativos a la sociedad de gananciales, constituido por 
los artículos 93 a 96, el último de los cuales salva de la aplicación de las reglas 
generales,  aquellos  casos  en  que  haya  que  aplicar  lo  válidamente  establecido  en 
capitulaciones matrimoniales.
Es decir, desde el punto de vista de la inscripción de un bien conforme al régimen  bo
matrimonial de los adquirentes, sean españoles o extranjeros, al Reglamento le basta  904ww
ccoonn sltaa rm  adneitfeersmtainciaódno-e, xepnre svióanri odse  lsousp mueissmtooss:  sao)b rceo dmicuhnoid raédg immeantr, impuodniieanl ddoe in cdleurseoc nhoo 
epsaprteiccipiaal cisóinn  sdine nsoinmgiunlaacriizóanc iódne fdineid lae,g isalraticciuólno  a9p0lic.1a;b leb,)  darédgai mlae ne xdpere ssióenp a"rcaucaiólqnu ieor 
régimen" del articulo 90.2; c) si se sujeta a una legislación extranjera y no se conoce bien
cuál régimen deber regir, conclusión a la que conduce la expresión "si constare" del 
artículo 92.
Y del artículo 96 se deduce que la prevalencia de lo pactado en capitulaciones, cuyo 
otorgamiento no presume, es una excepción a la regla general de la manifestación.
En consecuencia, ninguno de los artículos alegados por el Registrador en su nota 
obliga a la singularización de un régimen de separación.
Segundo.  La verdadera limitación de efectos a la mera expresión del régimen se 
contiene en el artículo 159 del Reglamento Notarial, que el Registrador no cita, cuyo 
apartado quinto, en redacción debida al Real Decreto 45/2007, de 19 de enero, señala 
que: "se expresará, en todo caso, el régimen económico de los casados no separados 
judicialmente.  Si  fuere  el  legal  bastará  la  declaración  del  otorgante.  Si  fuese  el 
establecido en capitulaciones matrimoniales será suficiente, que se le acredite al notario 
su otorgamiento en forma auténtica. El notario identificará la escritura de capitulaciones y 
en su caso, su constancia registra', y testimoniará, el régimen acreditado, salvo que fuere 
alguno de los regulados en la ley, en que bastará con hacer constar cuál de ellos es."
De acuerdo con este párrafo normativo, si el régimen es el legal supletorio (en el 
territorio de otorgamiento de la escritura) la única precisión requerida al notario es la 
consignación de la denominación del régimen, no de si es el legal o no. Es para el 
supuesto de existencia de un régimen convencional en que se exige la expresión de las 
capitulaciones matrimoniales que alteren la previsión de régimen legal supletorio. En el 
supuesto de la escritura calificada, un hipotético régimen de separación de bienes sujeto 
a la legislación bielorrusa, o a cualquier otra distinta a la catalana, debería estar avalado 
por la acreditación de su convención en capítulos.
Por tanto, si no se expresa en la escritura el documento de capitulaciones, la única 
posibilidad contemplada es que el régimen sea el legal, en este caso el régimen catalán 
de separación de bienes previsto, en defecto de capítulos, en el artículo 231-10 de la 
Ley 25/2010, de 29 de julio, que aprueba el libro segundo del Código civil catalán, 
relativo a la persona y la familia, sin que esta conclusión quede desvirtuada por la 
aplicación de las normas de derecho internacional privado español, ex artículo 9.2 del 
Código civil español, antes bien confirmada. Sólo se excepcionaría el caso de un lugar 
de residencia común inmediatamente posterior a la celebración del matrimonio distinto a 
Cataluña, hecho que habría que probar por cuanto la resolución de la Dirección General 
de 19 de junio de 2000, entre otras, aclara que debe presumirse el régimen económico 
matrimonial del otorgamiento de la escritura correspondiente
Tercero.  La jurisprudencia de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública (anteriormente, Dirección General de los Registros y del Notariado) ha realizado 
algunas puntualizaciones significativas:
– la  resolución  de  19  de  noviembre  de  2003  señala  que  no  puede  exigirse 
justificación del régimen legal de separación (la reforma de 2007 sólo desvirtúa esta 
doctrina si hubiera capítulos).
– la resolución de 7 de marzo de 2007 expresa que hay que indicar el régimen en el 
caso de matrimonio mixto entre español y extranjera, cual es el caso, habiendo de estar 
a las normas del artículo 9.2 del Código civil y a la necesidad de acreditación documental 
del régimen, en este último supuesto exclusivamente si derivara de un pacto capitular.
– la resolución de 15 de junio de 2009 matiza que habría que indicar que el régimen 
alegado es el supletorio sólo si se otorga en territorio con otro régimen legal». s
IV 904ww
de 2E0l2 r0e,g ais etrsatdeo Cr ednet rola D pirreocptiievdoa.d elevó el expediente, con su informe, de 5 de agosto
En dicho informe alega los siguiente: «Como cuestión preliminar, es de señalar que,
consultados los sistemas informáticos del Registro, la nota de calificación fue firmada y  Bc
enviada telemáticamente el día 1 de julio de 2020, constando como recibida por el 
destinatario ese mismo día, según es de ver en justificante adjunto. Por lo tanto, el 
recurso parecería haberse presentado fuera de plazo, a pesar de la manifestación del 
notario».
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 9 –apartados 1, 2 y 3–, 10.1, 12 –apartados 1, 4 y 6– del Código 
Civil; 3, 18, 21, 38 y 326 de la Ley Hipotecaria; 30 –apartados 4 y 5– y 43.2 de la 
Ley  39/2015  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 
Administraciones Públicas, 53 de la Ley del Notariado; 77 de la Ley del Registro Civil; 20, 
21, 22, 26, 28 y 69 del Reglamento (UE) n.º 2016/1103, de 24 de junio de 2016, por el 
que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la competencia, la ley 
aplicable, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia de regímenes 
económicos matrimoniales; 33, 34, 35, 36, 51.6.ª y 9.ª, 54, 90 y 92 a 96 del Reglamento 
Hipotecario; 159, 161 y 168.4 del Reglamento Notarial; y las Resoluciones de esta 
Dirección General de los Registros y del Notariado de 20 de enero de 1983, 28 de 
noviembre de 1988, 21 de mayo de 1998, 5 de marzo y 18 de octubre de 1999, 7 de 
diciembre de 2000, 13 de octubre y 19 de diciembre de 2003, 10 de enero y 4 y 12 de 
febrero de 2004, 14 de febrero y 10 de octubre de 2005, 11 de octubre de 2006, 5 y 7 de 
marzo de 2007, 15 de junio de 2009, 5 de marzo y 2 de junio de 2010, 20 de diciembre 
de 2011, 13 de agosto de 2014, 20 de julio y 4 de diciembre de 2015, 15 de febrero 
de 2016, 5 de enero, 2 de febrero, 17 de abril, 25 de julio y 31 de agosto de 2017, 5 de 
marzo, 2 de abril y 7 y 10 de septiembre, 19 de octubre y 18 de diciembre de 2018, 27 de 
febrero, 1 de marzo y 7 de noviembre de 2019 y 10 de junio, 28 de julio y 28 de 
septiembre de 2020.
1.  El título cuya calificación ha sido impugnada en este recurso es una escritura de 
compraventa otorgada en Vidreres en la que se expresa que los compradores, de 
nacionalidad española el marido y bielorrusa la esposa, tienen domicilio en Lloret de Mar 
y están «casados en régimen de separación de bienes».
El  registrador  suspende  la  inscripción  solicitada  porque,  a  su  juicio,  al  ser  los 
cónyuges de distinta nacionalidad, debe especificarse a qué país corresponde dicho 
régimen de separación.
El notario recurrente alega, en síntesis:
– Que los artículos 51.9, 90 y 92 a 96 del Reglamento Hipotecario resulta que 
«desde el punto de vista de la inscripción de un bien conforme al régimen matrimonial de 
los  adquirentes,  sean  españoles  o  extranjeros,  al  Reglamento  le  basta  con  la 
manifestación-expresión  de  los  mismos  sobre  dicho  régimen,  pudiendo  incluso  no 
constar  determinado,  en  varios  supuestos:  a)  comunidad  matrimonial  de  derecho 
especial  sin  denominación  definida,  articulo  90.1;  b)  régimen  de  separación  o 
participación sin singularización de legislación aplicable, dada la expresión "cualquier 
régimen" del articulo 90.2; c) si se sujeta a una legislación extranjera y no se conoce bien 
cuál régimen deber regir, conclusión a la que conduce la expresión "si constare" del 
artículo  92.  Y  del  artículo  96  se  deduce  que  la  prevalencia  de  lo  pactado  en 
capitulaciones, cuyo otorgamiento no presume, es una excepción a la regla general de la 
manifestación».
– Que, por aplicación de lo dispuesto en el párrafo quinto del artículo 159 del  es
Reglamento Notarial, «si el régimen es el legal supletorio en el territorio de otorgamiento  bo
de  la  escritura,  la  única  precisión  requerida  al  notario  es  la  consignación  de  la  904ww
dmdeeesacn trrouiitmmnu roianrn aéciacgailióelmifnsiec  qdnaue delac  r,o aénulgtvneiem rhneeicpnnio o,l tanén atopilc  redoeve nri és sgiióq imneu seed  nees l  derléee gg esiamxeli pgeoaen r n aloelca.gi  óaEnels  xsd ppuerap ebrlseaieit óonenreli  ossd. u seEpu unjele aetssolt   osac u dalpaepu  ilteeeusxglatiisosctl eaidoncenic óeilaans     OE-A-2020-14able en https://
bielorrusa,  o  a  cualquier  otra  distinta  a  la  catalana,  debería  estar  avalado  por  la
acreditación de su convención en capítulos». Por ello –añade– si no se expresa en la 
escritura el documento de capitulaciones, la única posibilidad contemplada es que el 
régimen sea el legal, en este caso el régimen catalán de separación de bienes, sin que 
esta  conclusión  quede  desvirtuada  por  la  aplicación  de  las  normas  de  derecho 
internacional  privado  español,  ex  artículo  9.2  del  Código  civil  español,  antes  bien 
confirmada;  y  sólo  se  excepcionaría  el  caso  de  un  lugar  de  residencia  común 
inmediatamente posterior a la celebración del matrimonio distinto a Cataluña, hecho que 
habría que probar por cuanto la Resolución de este Centro Directivo de 19 de junio 
de 2000 [sic], entre otras, aclara que debe presumirse el régimen económico matrimonial 
del lugar del otorgamiento de la escritura correspondiente.
– Que, según la doctrina de esta Dirección General, no puede exigirse justificación 
del régimen legal de separación (Resolución de 19 de noviembre de 2003); sólo es 
necesaria la acreditación documental del régimen si derivara de un pacto capitular 
(Resolución de 7 de marzo de 2007); y hay que indicar que el régimen alegado es el 
supletorio sólo si se otorga en territorio con otro régimen legal (Resolución de 15 de junio 
de 2009).
2.  Como  cuestión  previa,  de  índole  procedimental,  deben  analizarse  las 
afirmaciones que vierte el registrador en su preceptivo informe según las cuales el 
recurso –interpuesto el 4 de agosto de 2020– «parecería haberse presentado fuera de 
plazo» porque, aun cuando el notario afirme en su escrito de impugnación que fue el 
día 6 de julio de 2020 cuando recibió, mediante comunicación telemática, la notificación 
de  dicha  calificación,  manifiesta  el  registrador  que  «consultados  los  sistemas 
informáticos del Registro, la nota de calificación fue firmada y enviada telemáticamente el 
día 1 de julio de 2020, constando como recibida por el destinatario ese mismo día».
El artículo 326 de la Ley Hipotecaria determina que el plazo para la interposición de 
recurso es de un mes computado desde la fecha de la notificación de la calificación. El 
apartado último del mismo artículo determina que «El cómputo de los plazos a los que se 
refiere el presente capítulo se hará de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 
de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del 
Procedimiento Administrativo Común».
Actualmente, el artículo 30, apartados 4 y 5, de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del 
Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,  dispone  lo 
siguiente:
«4.  Si el plazo se fija en meses o años, éstos se computarán a partir del día 
siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, 
o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o desestimación por 
silencio administrativo.
El plazo concluirá el mismo día en que se produjo la notificación, publicación o 
silencio administrativo en el mes o el año de vencimiento. Si en el mes de vencimiento 
no hubiera día equivalente a aquel en que comienza el cómputo, se entenderá que el 
plazo expira el último día del mes.
5.  Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer día 
hábil siguiente».
Según el artículo 43, apartado 2, de la Ley 39/2015, las notificaciones por medios 
electrónicos se entenderán practicadas en el momento en que se produzca el acceso a 
su contenido; y cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio 
–como  acontece  en  el  presente  caso–  se  entenderá  rechazada  cuando  hayan  e
transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que  bo
se acceda a su contenido. 904ww
acreAd itlaad ov iqstuae  deel  neostatoriso  hpareycae apctocse dliedgoa alel sc, oyn tednaiddoo  dqeu ela  enno tieficl aecxiópne ddieen ltae  cnaolif icsaec ióhna 
palnatzeos  ldeegla ldmíae n6te d ees tjaubliole, cdideob.e entenderse que el recurso se ha interpuesto dentro del
3.  Respecto del fondo del recurso, como ha puesto de relieve reiteradamente este 
Centro Directivo (cfr. Resoluciones de 25 de julio y 31 de agosto de 2017, 2 de abril y 7 
y 10 de septiembre y 19 de octubre de 2018, 1 de marzo y 7 de noviembre de 2019 y 10 
de junio y 28 de septiembre de 2020) «(…) tanto registradores de la propiedad como 
notarios, complementariamente, desempeñan un papel fundamental en la seguridad 
jurídica preventiva, por lo que el instrumento público así como la inscripción deben 
procurar reflejar de forma cierta todas aquellas circunstancias referentes a la capacidad 
de los otorgantes, como edad o circunstancias modificativas de la capacidad, estado 
civil, nacionalidad, vecindad civil, o régimen  económico matrimonial que incidan de 
presente o de futuro en la validez del negocio jurídico o de la relación jurídico real 
constituida (…)».
El sistema español de seguridad jurídica preventiva tiene como uno de sus pilares 
básicos la publicidad de la titularidad del dominio y demás derechos reales sobre bienes 
inmuebles. Por ello la determinación de la titularidad debe quedar reflejada en los 
asientos del Registro de la Propiedad. Tratándose de personas casadas, la titularidad 
queda  afectada  por  la  existencia  convencional  o  legal  de  un  régimen  económico 
matrimonial  que  determina  el  ejercicio  y  extensión  del  derecho.  Para  que  dichas 
circunstancias puedan ser conocidas por terceros el Registro debe publicarlas, por lo que 
se exige la debida constancia de cuál sea el régimen económico matrimonial aplicable al 
titular registral.
Conforme al artículo 159 del Reglamento Notarial, el notario autorizante debe indagar 
la situación de los otorgantes a fin de averiguar, de estar casados entre sí, si existen 
capítulos  o  contrato  matrimonial  para  proceder,  tal  y  como  exige  dicho  precepto, 
testimoniando, en su caso, los aspectos particulares que puedan ser relevantes al efecto. 
Como expresó este Centro Directivo en Resolución de 15 de junio de 2009, con criterio 
reiterado por otras posteriores (5 de marzo de 2010 y 20 de diciembre de 2011), «… si 
bien es cierto que en muchos casos no es tarea sencilla el determinar cuál es el régimen 
legal supletorio, es necesario que el notario, en cumplimiento de su deber genérico de 
control de legalidad de los actos y negocios que autoriza, a la hora de redactar el 
instrumento  público  conforme  a  la  voluntad  común  de  los  otorgantes  –que  deberá 
indagar, interpretar y adecuar al ordenamiento jurídico–, despliegue la mayor diligencia al 
reflejar en el documento autorizado cuál es el régimen económico matrimonial que rige 
entre los esposos. En tal sentido, establece el artículo 159 del Reglamento Notarial que 
si dicho régimen fuere el legal bastará la declaración del otorgante, lo cual ha de 
entenderse  en  el  sentido  de  que  el  Notario,  tras  haber  informado  y  asesorado  en 
Derecho  a  los  otorgantes,  y  con  base  en  las  manifestaciones  de  éstos  (que 
primordialmente versan sobre datos fácticos como su nacionalidad o vecindad civil al 
tiempo de contraer matrimonio, su lugar de celebración o el de la residencia habitual y la 
ausencia de capítulos –cfr. artículos 9.2 y 16.3 del Código Civil–), concluirá que su 
régimen económico matrimonial, en defecto de capítulos, será el legal supletorio que 
corresponda, debiendo por tanto hacer referencia expresa a tal circunstancia –el carácter 
legal de dicho régimen– al recoger la manifestación de los otorgantes en el instrumento 
público de que se trate»). De este modo, quedan suficientemente cubiertas, fuera del 
proceso, las necesidades del tráfico jurídico.
Pretende el recurrente que, al tener los compradores su domicilio en Lloret de Mar 
(Gerona) y manifestar que están casados en régimen de separación de bienes, debe 
entenderse que este es el legal supletorio en Cataluña.
Pero esta pretensión no puede admitirse, ni siquiera en el caso de que ambos  s
cónyuges fueran españoles. Como puso de relieve este Centro Directivo en Resolución  oe.
de 2 de junio de 2010, hay que recordar que el artículo 161 del Reglamento Notarial,  w.
redactado por el Real Decreto 45/2007, de 19 de enero, estableció que, respecto de los  904ww
mesapnaifñieosletes , seel  dinetteerremsaindaor íao tsrua  «cvoescain»d, add ec ivdilo npdoer  esl elu gcaorl edgeirl íao todrgeal mcioennjtuon, tsoa lvdoe  qluaes 
cciirvcilu dnes talonsc ioatso rignadnictaeds ahsa cborínat edneid eanst eennd elar sees cqruiteu rear ae nlato cnacteasla cnaal ifaicl ahdaab eqrusee  loat ovregcaidnod alda   BOE-A-cable e
escritura en Cataluña, con las consecuencias que de ello se derivarían en orden a la 
determinación, a falta de pactos o capitulaciones en contrario, del régimen económico 
matrimonial  de  los  adquirentes.  Sin  embargo,  el  citado  inciso  del  artículo  161  del 
Reglamento  Notarial  («y  la  vecindad  civil  por  el  lugar  del  otorgamiento,  salvo  que 
manifieste el interesado otra cosa») fue declarado nulo por la Sentencia del Tribunal 
Supremo –Sala de lo Contencioso-Administrativo– de 20 de mayo de 2008, por entender 
que la presunción de conexión del lugar del otorgamiento del documento público con la 
acreditación  de  una  determinada  vecindad  civil  es  contraria  a  las  previsiones  del 
artículo 14 del Código Civil, sin que guarde relación alguna con las formas de adquisición 
de una concreta vecindad civil, que tampoco resulta de la simple manifestación del 
interesado. Argumenta el Tribunal su declaración de nulidad afirmando que la «forma de 
acreditación de la vecindad civil, por el lugar del otorgamiento, salvo que manifieste el 
interesado otra cosa» supone el estableciendo reglamentariamente «una presunción 
sobre la realidad de tal vecindad civil que no se corresponde con la regulación de la 
adquisición de la misma, establecida en el artículo 14 del Código Civil», añadiendo que 
«la acreditación supone entender justificada la realidad de tal circunstancia, de manera 
que debe corresponder con la adquisición de la misma según las previsiones legales, no 
cabe  entender  acreditada  una  determinada  vecindad  civil  que  no  responde  a  las 
previsiones legales que permiten obtenerla y hacerla valer. Y es lo cierto que ello no 
sucede en este artículo 14 del Código Civil la vecindad civil se adquiere de diversos 
modos, nacimiento, residencia…, que puede mantenerse después de mudar el domicilio 
a territorio con distinto régimen civil, a lo que se unen factores como la libertad de 
elección de Notario, que puede no corresponder con el territorio de residencia del 
interesado».
4.  Debe añadirse a tales razonamientos que, tratándose de adquisiciones llevadas 
a  cabo  por  personas  cuyo  régimen  económico  matrimonial  esté  sujeto  a  una  ley 
extranjera, la finalidad de publicar una situación jurídica cierta no se ve modificada por 
dicha circunstancia. La cuestión, sin embargo, es más compleja pues la determinación 
de cuál sea el régimen aplicable implica el conocimiento del Derecho extranjero, lo que 
no es obligado para los funcionarios españoles. Esta oposición entre la exigencia legal 
de publicar en toda su extensión el derecho adquirido y las dificultades para determinar 
cuál  ha  de  ser  el  régimen  matrimonial  legalmente  aplicable  ha  sido  cuestión  de 
preocupación ya desde antiguo para nuestra jurisprudencia y para este Centro Directivo. 
A esta dificultad pretende dar respuesta el artículo 92 del Reglamento Hipotecario.
Así, frente a la regla general de nuestro sistema registral, que exige que esté 
claramente determinada la extensión de los derechos inscritos en el Registro de la 
Propiedad (artículo 51.6.ª del Reglamento Hipotecario), y aunque, desde un punto de 
vista estrictamente dogmático, para la adquisición de un bien por extranjero casado 
debería acreditarse el régimen económico en ese momento, a fin de inscribir dicho bien 
según la determinación de dicho régimen, tal y como preceptúa el artículo 51.9.ª, a), del 
Reglamento Hipotecario, lo cierto es que tales reglas están ciertamente flexibilizadas 
para los supuestos de inscripción de bienes a favor de adquirentes casados sometidos a 
legislación extranjera, pues no se exige la acreditación «a priori» del régimen económico 
matrimonial,  bastando  que  la  inscripción  se  practique  a  favor  del  adquirente  o 
adquirentes casados, haciéndose constar en la inscripción que se verificará con sujeción 
a su régimen matrimonial (artículo 92 Reglamento Hipotecario). En efecto, teniendo en 
cuenta, por un lado, la problemática que plantea la prueba del régimen económico 
matrimonial de los sujetos a legislación extranjera, y, por otro, que lo determinante será  e.
observar, en el momento de la disposición del bien, las normas y pactos que como  w.b
consecuencia del régimen económico matrimonial sean aplicables respecto de dicho  904ww
b(dieens,d ee sltae  rCefeonrmtroa  Ddeir e1c9t8iv2o) ,p arismuemrioe ryo ne lq auretí clau lsoo 9lu2c idóenl  mReágs laamceerntatod aH cipoontseisctaer ieon d aepsplauzéasr 
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éste, si constare» expresa la disposición «in fine» de ese precepto reglamentario),
difiriendo la prueba para el momento de la enajenación posterior, pues dicha expresión 
de régimen podía obviarse si después la enajenación o el gravamen se hacía contando 
con el consentimiento de ambos (enajenación voluntaria), o demandando a los dos 
(enajenación forzosa). Por ello, el artículo 92 del Reglamento Hipotecario se limita a 
exigir, en este caso, que se exprese en la inscripción que el bien se adquiere «con 
sujeción a su régimen matrimonial».
Por otra parte, como ha expresado esta Dirección General en reiteradas ocasiones 
(vid. Resoluciones de 19 de diciembre de 2003, 10 de enero y 4 y 12 de febrero de 2004, 
31 de agosto de 2017 y 2 de abril de 2018, entre otras) la aplicación del artículo 92 del 
Reglamento Hipotecario no tiene un carácter preferente respecto del conocimiento que 
pueda tener el registrador de la legislación extranjera. Por ello, en casos en los que la 
escritura se limite a expresar que los cónyuges extranjeros adquieren con sujeción a su 
régimen económico matrimonial sin que conste cuál sea este, si el registrador tiene 
conocimiento del mismo y, por ejemplo, es un régimen de separación, se considera 
justificada  su  exigencia  sobre  la  constancia  en  dicha  escritura  de  la  cuota  que 
corresponde a cada uno de los adquirientes del bien objeto de inscripción, conforme al 
artículo 54 del Reglamento Hipotecario.
5.  De otro lado, el notario español está obligado a aplicar la norma de conflicto 
española (artículo 12.6 del Código Civil) y a determinar, conforme a dicha norma, la ley 
material que resulte aplicable al régimen económico de los cónyuges. Así, aunque el 
notario desconozca el contenido de la ley material extranjera, reflejará debidamente en la 
comparecencia del instrumento público cuál ha de ser la norma aplicable a las relaciones 
patrimoniales entre cónyuges. En definitiva, no debe confundirse la falta de obligación de 
conocer  el  Derecho  extranjero  con  el  deber  de  determinar  cuál  es  la  legislación 
extranjera aplicable.
Por lo demás, como ha puesto de relieve este Centro Directivo (vid., entre otras las 
Resoluciones de 5 de marzo de 2007 y 4 de diciembre de 2015), el artículo 92 del 
Reglamento Hipotecario, que no necesita de mayor aclaración en el caso de tratarse de 
dos  cónyuges  extranjeros  de  la  misma  nacionalidad,  pues  su  régimen  económico 
matrimonial, a falta de pacto, será el régimen legal correspondiente a su ley nacional 
común, necesita, en el caso de tratarse de dos esposos de distinta nacionalidad, la 
determinación de cuál sea la ley aplicable a su régimen económico matrimonial, de 
acuerdo con los criterios de conexión que determinan las normas de conflicto de derecho 
internacional privado español.
Tales normas de conflicto, si el matrimonio se contrajo antes del día 29 de enero 
de 2019 –fecha de entrada en vigor del Reglamento (UE) n.º 2016/1103–, son las 
contenidas en el artículo 9.2 del Código Civil que dispone: «Los efectos del matrimonio 
se regirán por la ley personal común de los cónyuges al tiempo de contraerlo; en defecto 
de esta ley, por la ley personal o de la residencia habitual de cualquiera de ellos, elegida 
por ambos en documento auténtico otorgado antes de la celebración del matrimonio; a 
falta  de  esta  elección,  por  la  ley  de  la  residencia  habitual  común  inmediatamente 
posterior a la celebración, y, a falta de dicha residencia, por la del lugar de celebración 
del  matrimonio».  De  esa  manera  podrá  saberse,  si  la  ley  aplicable  a  su  régimen 
económico matrimonial será una ley extranjera, lo que posibilitará que de acuerdo con el 
artículo 92 del Reglamento Hipotecario la finca se inscriba con sujeción al régimen 
matrimonial de esa ley nacional, sin necesidad de especificar cuál sea aquél, o por el 
contrario, el régimen económico matrimonial se rige por la legislación española, por lo 
que, conforme al artículo 51.9 del Reglamento Hipotecario, habría que manifestar y, en  e.
su caso, acreditar (si derivara de un pacto capitular), el régimen económico matrimonial  w.b
concreto, por afectar la adquisición que se inscribe a los derechos futuros de la sociedad  904ww
conySui,g aplo (rc efrl.  acrotnícturaloriso ,9 3la  af e9c6h dae dl eR ecgellaembreanctioó nH idpeolt emcaatrriiom).onio de la compradora fuera
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cooperación reforzada en el ámbito de la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento
y la ejecución de resoluciones en materia de regímenes económicos matrimoniales en el 
que España participa entre diecisiete Estados miembros.
Este Reglamento establece con carácter universal, es decir, aunque la norma de 
conflicto conduzca a la aplicación del Derecho de un tercer estado –sin posibilidad de 
reenvío, por el contrario, al Reglamento (UE) n.º 650/2012– distintas reglas de conflicto 
para los matrimonios que se contraigan con posterioridad al 19 de enero de 2019, sin 
perjuicio de las disposiciones transitorias establecidas en el artículo 69.
Por lo demás, tanto la Ley 20/2011, del Registro Civil (cuando esté en vigor) como el 
artículo 53 de la Ley del Notariado (en la redacción que le ha dado la disposición final 
primera de la Ley 15/2015, de 2 de julio) –en los casos en que resulte aplicable–, tienen 
como objetivo facilitar la certeza de la ley aplicable a los aspectos patrimoniales de la 
relación conyugal, mediante la aplicación de la norma de conflicto que corresponda.
Asimismo,  este  Centro  Directivo  ha  recordado  reiteradamente  (cfr.,  por  todas, 
Resoluciones de 15 de febrero de 2016, 5 de enero y 17 de abril de 2017, 7 de 
septiembre y 18 de diciembre de 2018, 7 de noviembre de 2019 y 28 de julio de 2020) 
tanto a registradores como a notarios la conveniencia de avanzar en el conocimiento de 
los  ordenamientos  jurídicos  más  usuales  en  la  práctica  jurídica  en  España, 
especialmente si forman parte de la Unión Europea, en aras a facilitar la aplicación del 
derecho extranjero en el ámbito extrajudicial, acudiendo no solo a los medios previstos 
en el artículo 36 del Reglamento Hipotecario, y excepcionalmente a los artículos de la 
Ley de cooperación jurídica internacional, sino a los medios que proporciona el entorno 
E-Justicia, en el ámbito europeo, colaborando activamente en la resolución de conflictos 
de derecho internacional privado. El fácil acceso a las bases de datos jurídicas de otros 
Estados  miembros  facilita  tanto  que  los  notarios,  en  ejercicio  de  las  competencias 
atribuidas en la Ley puedan emitir informes relativos al derecho extranjero, como que los 
registradores, puedan motivar adecuadamente su decisión facilitando en ambos casos el 
tráfico jurídico de bienes y servicios en un entorno, como el presente, en el que la 
existencia  de  un  elemento  de  extranjería  es  elemento  normal  del  negocio  jurídico, 
contribuyendo  así  a  afianzar  el  desarrollo  de  uno  de  los  pilares  esenciales  de  la 
construcción europea. En este sentido, no cabe desconocer, por ejemplo, con el valor de 
herramienta informativa, el portal https://e-justice.europa.eu, gestionado por la Comisión 
Europea.
6.  A la vista de las consideraciones precedentes y de la doctrina de este Centro 
Directivo reseñada en los anteriores fundamentos, la calificación objeto del recurso 
interpuesto debe ser mantenida, pues en la escritura calificada no consta, según las 
normas legales y reglamentarias antes citadas, la determinación de cuál sea la ley –
española  o  extranjera–  aplicable  al  régimen  económico  matrimonial  (separación  de 
bienes) de los compradores.
En  consecuencia,  esta  Dirección  General  ha  acordado  desestimar  el  recurso  y 
confirmar la calificación impugnada.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el 
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las 
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de 
la Ley Hipotecaria.
Madrid, 29 de octubre de 2020.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe  e.
Pública, Sofía Puente Santiago. w.