BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 230 Sábado 25 de septiembre de 2021 Sec. III.   Pág. 117215
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030
15567 Resolución de 17 de septiembre de 2021, del Instituto de Mayores y Servicios 
Sociales, por la que se publica el Convenio con el Ministerio de Derechos 
Sociales y Agenda 2030 y y la Comunidad Autónoma de Canarias, para el 
desarrollo del marco de cooperación interadministrativa previsto en la Ley 
39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención  a  las  Personas  en  situación  de  dependencia  y  para  el 
establecimiento  y  financiación  del  nivel  de  protección  acordado  para  el 
ejercicio 2021.
Con  fecha  11  de  septiembre  de  2021  se  ha  suscrito  el  Convenio  entre  la 
Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de Canarias para el 
desarrollo del Marco de Cooperación Interadministrativa previsto en la Ley 39/2006, 
de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas 
en  situación  de  dependencia  y  para  el  establecimiento  y  financiación  del  nivel  de 
protección acordado para el ejercicio 2021.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, una vez inscrito en el Registro Electrónico Estatal de 
Órganos e Instrumentos de Cooperación, procede la publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado» de dicho Convenio, que figura como anexo a esta Resolución.
Madrid, 17 de septiembre de 2021.–El Director General del Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales, Luis Alberto Barriga Martín.
ANEXO
Convenio entre la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de 
Canarias para el desarrollo del marco de cooperación interadministrativa previsto 
en la ley 39/2006, de 14 de diciembre de Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a las Personas en situación de dependencia y para el establecimiento y 
financiación del nivel de protección acordado para el ejercicio 2021
REUNIDAS
Doña  Ione  Belarra  Urteaga,  Ministra  de  Derechos  Sociales  y  Agenda  2030, 
nombrada por Real Decreto 235/2021, de 30 de marzo (BOE de 31 de marzo), en 
nombre y representación del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.
Don Luis Alberto Barriga Martín, como Director General del Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales (Imserso), nombrado por Real Decreto 207/2020, de 29 de enero 
(BOE de 30 de enero), en nombre y representación del Instituto de Mayores y Servicios 
Sociales (Imserso).
Doña Noemí Santana Perera, Consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad 
y Juventud de la Comunidad Autónoma de Canarias, en nombre y representación de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, en virtud de lo dispuesto en la Ley 1/1983, de 14 de  s
abril, del Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, y de  oe.
conformidad con el Decreto 121/2019, de 17 de julio. 567www.
AdmLiansis trapcairotnees,s  Pinútbelricvaiesn, eenn  eejne rcincoiom dbere l asy  cormeppreetseennctiaacsi óqnu e dlees  essutsá n rleesgpaelmcteivnates 
atribuidas y se reconocen mutua y recíprocamente legitimidad y capacidad suficiente
para obligarse mediante el presente Convenio en los términos que en él se contienen, y 
al efecto,
EXPONEN
I.  Que por Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, por el que se reestructuran los 
departamentos ministeriales, corresponde al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 
la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de bienestar social, de familia, 
de  protección  del  menor,  de  cohesión  y  de  atención  a  las  personas  en  situación  de 
dependencia o con discapacidad. Asimismo, en dicha norma se dispone como órgano 
superior la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, a la que se adscribe el Instituto de 
Mayores y Servicios Sociales (en adelante Imserso), entidad gestora de la Seguridad Social, 
según recoge el artículo 2.5 del Real Decreto 452/2020, de 10 de marzo, por el que se 
desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, y 
se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura 
orgánica básica de los departamentos ministeriales.
Que el Real Decreto 1226/2005, de 13 de octubre, por el que se establece la 
estructura orgánica y funciones del Instituto de Mayores y Servicios Sociales atribuye a 
éste la gestión de los Servicios Sociales complementarios del Sistema de la Seguridad 
Social, así como la gestión de los planes, programas y servicios de ámbito estatal para 
personas mayores y personas en situación de dependencia.
II.  Que la Comunidad Autónoma de Canarias, de conformidad con su Estatuto de 
Autonomía, es competente en materia de servicios sociales y, en virtud de ello, ha desarrollado 
proyectos de atención y cuidado de las personas mayores y personas con discapacidad en 
situación de dependencia y ha creado recursos e infraestructuras para ello en colaboración con 
la Administración General del Estado, con el fin de mejorar la atención de las personas que 
precisan del apoyo de otra u otras personas o ayudas importantes para realizar actividades 
básicas de la vida diaria y mantener un determinado nivel de calidad de vida.
III.  Que  la  Ley  39/2006,  de  14  de  diciembre,  de  Promoción  de  la  Autonomía 
Personal  y  Atención  a  las  personas  en  situación  de  dependencia,  al  configurar  el 
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) establece tres niveles 
de protección, correspondiendo la financiación del nivel mínimo a la Administración 
General del Estado, y la financiación del nivel acordado a la Administración General del 
Estado y a la Administración de cada una de las comunidades autónomas, a través de 
los Convenios a que se refiere el artículo 10 de dicha Ley.
De esta forma, los citados Convenios se configuran como el instrumento a través del 
cual  las  Administraciones  Públicas  intervinientes  acuerdan  los  objetivos,  medios  y 
recursos en desarrollo del Marco de Cooperación Interadministrativa acordado en el 
Consejo Territorial de Servicios Sociales y del SAAD.
IV.  Que el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía 
y Atención a la Dependencia (SAAD) aprobó en fecha de 15 de enero de 2021 el 
«Acuerdo para la Puesta en Marcha del Plan de Choque para el Impulso del Sistema 
para la Autonomía y la Atención a la Dependencia». En dicho Acuerdo se dispone que, 
para  hacer  efectiva  la  entrega  de  la  financiación  asociada  al  nivel  acordado  de 
protección, considerando  los criterios  establecidos  para su reparto, el Ministerio de 
Derechos Sociales y Agenda 2030 iniciará de inmediato los trámites para formalizar el 
oportuno Marco de Cooperación Interadministrativa y los Convenios a suscribir entre 
cada  comunidad  autónoma  y  el  Ministerio  de  Derechos  Sociales  y  Agenda  2030,  s
recogidos en el artículo 10 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre. e.
En tales Convenios se incluirá la concreción para cada comunidad autónoma de los  w.
objetivos, medios y recursos para la mejora de los servicios y prestaciones del sistema,  567ww
eCnh olíqnueea» c, oans í locos mdoe sincrditicoasd eonre esl  qcuitea dpoe r«mAictaune rvdeor ifpicaarra  slua  cPuumesptlaim eienn Mtoa. rAc hloas  dcerilt ePrliaons  ddee 
reparto del Nivel Acordado que corresponda a 2022 se podrán añadir nuevos criterios
referidos al grado de cumplimiento de los objetivos señalados en dichos Convenios en el 
año anterior.
V.  Que el Consejo de Ministros de fecha de 30 de marzo de 2021 autorizó la 
propuesta de distribución territorial entre las comunidades autónomas y los criterios de 
reparto de los créditos de la Administración General del Estado para la financiación 
durante 2021 del nivel acordado, para su posterior aprobación en Consejo Territorial, en 
cumplimiento de lo previsto en el artículo 86.2 Segunda de la Ley 47/2003, de 26 de 
noviembre, General Presupuestaria.
Que posteriormente el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la 
Autonomía y Atención a la Dependencia, en el uso de las funciones que le atribuye el 
artículo 8.2 a) de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, ha acordado, en su reunión del 
día 30 de abril de 2021, el Marco de Cooperación Interadministrativa que es necesario 
desarrollar a través de los correspondientes Convenios con las comunidades autónomas, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 de dicha Ley.
El desarrollo del citado Marco comporta la concreción de las obligaciones asumidas 
por la Administración General del Estado y por la Administración de las comunidades 
autónomas, para la financiación de las prestaciones y servicios del Sistema, a cuyo 
efecto los Convenios deben incorporar diferentes criterios de reparto en función de 
diferentes factores (tales como la población dependiente, la dispersión geográfica o la 
insularidad, entre otros), de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32.3 de la citada Ley.
VI.  Que la Administración General del Estado ha incluido en la Ley 11/2020, de 30 
de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, los créditos para 
participar en la financiación del nivel acordado mediante la celebración de Convenios con 
las Administraciones de las comunidades autónomas.
Asimismo, dicha Ley 11/2020, de 30 de diciembre, establece las cantidades que la 
Administración  General  del  Estado  aporta  para  la  financiación  del  nivel  mínimo  de 
protección en el ejercicio de 2021.
Que, por su parte, la Comunidad Autónoma de Canarias, ha dispuesto, en sus 
presupuestos correspondientes al año 2021, créditos para la atención a las personas en 
situación de dependencia en aplicación de lo previsto en el artículo 32 de la Ley 39/2006, 
de 14 de diciembre.
Por todo ello, las partes acuerdan libremente suscribir el presente Convenio de 
conformidad con las siguientes
CLÁUSULAS
Primera.  Objeto.
El presente Convenio desarrolla el Marco de Cooperación Interadministrativa aprobado 
por el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a 
la Dependencia en fecha 30 de abril de 2021, con la finalidad de acordar los objetivos, medios 
y recursos para la aplicación de los servicios y prestaciones previstos en el capítulo II del título 
I de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención 
a las personas en situación de dependencia.
El objeto del Convenio es, por tanto, determinar las obligaciones asumidas por cada 
una de las partes intervinientes para la financiación del nivel de protección acordado 
previsto en el artículo 7.2.º de la citada Ley. es
Asimismo,  el  presente  Convenio  tiene  por  objeto  financiar,  mediante  el  o
establecimiento de una cantidad específica para esta finalidad, los gastos de inversión y  567ww
dfmcuaisenlmidcdiiaiodndnau ascd miecó oinelon nstdte oesn e iddlrivaesitslc a iS oedsnis e yte e ldem Pesal pal,ae nsrs a dicn eogy nu cdhmlaiocreqmiojounereean s tae dcl aeolbo rdoslaar  addaloeirg sipgi liodiddreao  edslal   sCaa dp omelnars isneiomijsontp arTalseet mirqvruaieteo;n  rttmiaraacle bidjóoaenrjala  nS d deAee An l aDleas:l     OE-A-2021-15able en https://
SAAD y mejora de las intensidades de los servicios y prestaciones.
Segunda.  Desarrollo del Marco de Cooperación Interadministrativa: objetivos, medios y 
recursos.
1.  La  Administración  General  del  Estado,  de  conformidad  con  el  Acuerdo  del 
Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la 
Dependencia de fecha 30 de abril, por el que se aprueba el Marco de Cooperación 
Interadministrativa y los criterios de reparto de los créditos de la Administración General 
del Estado para la financiación del nivel acordado, previsto en la Ley 39/2006, de 14 de 
diciembre,  colaborará  con  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias  mediante  la 
participación en la financiación de la aplicación y desarrollo del nivel acordado del SAAD 
en esta Comunidad.
La Administración General del Estado, a través del Imserso, aportará como cuantía 
máxima nueve millones doscientos doce mil trescientos sesenta y tres euros con quince 
céntimos  (9.212.363,15  €)  con  cargo  a  la  aplicación  económica  31.34.451.2,  de 
conformidad  con  los  criterios  de  reparto  (población  potencialmente  dependiente, 
resoluciones de grado y nivel, personas beneficiarias con prestación, prestaciones de 
servicio efectivas, inversión autonómica en el SAAD, empleo relacionado con el SAAD, 
superficie, dispersión, insularidad, coste de los servicios, capacidad económica, agilidad 
administrativa, personas pendientes de resolución y reducción de la lista de espera) 
recogidos en el citado Marco de Cooperación Interadministrativa.
La  Comunidad  Autónoma  de  Canarias  aportará,  para  la  financiación  del  presente 
Convenio, con cargo a sus propios presupuestos, la cantidad total de cuarenta y dos millones 
ciento treinta y ocho mil quinientos seis con treinta y un euros (42.138.506,31 €), con cargo a 
las aplicaciones:
23.08.231M.48001 L.A. 23499920 Prestaciones económicas sistema Canario de la 
dependencia. Crédito 34.788.141,00 euros
23.08.231M.46003 L.A. 234G0173 Prestaciones sistema dependencia. SAD La Palma. 
Crédito 3.774.960,00 euros
23.08.231M.6402010  P.I.  21660219  Programa  temporal  I.  Atención  Temprana 
Dependencia. Crédito 3.575.405,31 euros
2.  Todo ello sin perjuicio de la necesidad del cumplimiento de la obligación, por 
parte  de  la  Comunidad  Autónoma,  de  que  su  aportación  sea  al  menos  igual  a  la 
realizada por la Administración General del Estado para la financiación del nivel mínimo 
y del nivel acordado de protección del Sistema para la Autonomía y Atención a la 
Dependencia (en adelante, SAAD) en el territorio de aquella, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 32.3 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre.
3.  Dichas aportaciones se realizarán según los términos y condiciones que se 
regulan en las cláusulas siguientes.
Tercera.  Servicios y prestaciones del SAAD.
1.  La provisión de los servicios y prestaciones del Sistema para la Autonomía y 
Atención a la Dependencia gestionados por la Comunidad Autónoma de Canarias se 
ajustará a los acuerdos adoptados, a la fecha de la firma del presente Convenio, por el 
Consejo Territorial y, en particular, a lo establecido en el «Acuerdo para la Puesta en 
Marcha del Plan de Choque para el Impulso del Sistema para la Autonomía y la Atención 
a la Dependencia», aprobado por Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y 
del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) en fecha de 15 de  e.
enero de 2021. w.b
2.  Con cargo al presente Convenio, podrán ser financiadas las prestaciones y  567ww
psearrvai chioasc erre cforegnidteo sa  elna  eclo bcaeprtíuturalo  dIeI  dlaesl  tníteucloe sI iddaed elas  Ldeey  a3t9e/n2c0i0ó6n,  ddee 1la4s  dpee drsicoineamsb reen, 
situación de dependencia.
3.  Las cantidades a que se refiere la cláusula segunda, relativas a la aportación de 
la Administración General del Estado para la financiación del nivel acordado, podrán 
también destinarse a contribuir a la financiación de los gastos derivados del proceso de 
valoración de la situación de dependencia, así como de los derivados de la gestión y 
sistemas para el reconocimiento y provisión de las prestaciones de dependencia.
4.  De conformidad con lo establecido en la disposición adicional tercera de la 
Ley 39/2006, de 14 de diciembre, también se podrán financiar con cargo a los créditos a 
que se refiere la cláusula segunda, en lo relativo a la aportación de la Comunidad 
Autónoma a la financiación del nivel acordado, ayudas económicas a las personas en 
situación de dependencia para facilitar su autonomía personal.
Cuarta.  Objetivos a cumplir por la Comunidad Autónoma de Canarias.
1.  En cumplimiento de lo recogido en el «Acuerdo para la Puesta en Marcha del 
Plan de Choque para el Impulso del Sistema para la Autonomía y la Atención a la 
Dependencia», adoptado en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema 
para la Autonomía y Atención a la Dependencia, los Convenios de desarrollo del Marco 
de Cooperación Interadministrativa recogerán los objetivos, medios y recursos para la 
mejora  de  los  servicios  y  prestaciones  del  Sistema,  así  como  los  indicadores  que 
resulten necesarios que permitan verificar su cumplimiento.
2.  En el anexo I del presente Convenio se recogen los objetivos y las actuaciones 
que  componen  el  compromiso  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias  para  el 
año 2021, así como los indicadores de verificación del cumplimiento de los mismos.
3.  El grado de cumplimiento de los citados objetivos, podrá constituir un criterio de 
reparto de la asignación relativa al nivel acordado correspondiente al ejercicio 2022, de 
acuerdo con las previsiones al respecto del Marco de Cooperación Interadministrativa 
que sea aprobado en dicho ejercicio y previo acuerdo del Consejo Territorial.
Quinta.  Pago  de  las  aportaciones  de  la  Administración  General  del  Estado 
correspondientes al nivel acordado de financiación del SAAD.
El pago de las aportaciones que corresponden a la Administración General del 
Estado, con el objeto de financiar la aplicación y desarrollo del nivel acordado en la 
Comunidad Autónoma de Canarias correspondiente al año 2021, se llevará a cabo a la 
firma del presente Convenio, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero de la 
regla quinta del artículo 86.2 de la Ley General Presupuestaria.
Sexta.  Justificación de gastos por la Comunidad Autónoma.
1.  La Comunidad Autónoma de Canarias se compromete a acreditar la correcta 
aplicación de la totalidad de las aportaciones recibidas de la Administración General del 
Estado en el plazo máximo de tres meses a contar desde la finalización de la vigencia 
del  presente  Convenio,  mediante  la  cumplimentación  del  certificado  recogido  como 
anexo II del presente Convenio.
2.  De  conformidad  con  lo  establecido  en  la  regla  séptima  del  apartado  2  del 
artículo  86  de  la  Ley  47/2003,  de  26  de  noviembre,  General  Presupuestaria,  la 
Comunidad  Autónoma  de  Canarias  remitirá  al  Ministerio  de  Derechos  Sociales  y 
Agenda 2030 un estado de ejecución del ejercicio, indicando las cuantías totales de 
compromisos  de  créditos,  obligaciones  reconocidas  y  pagos  realizados  en  el  año,  s
detallado por cada una de las aplicaciones presupuestarias del Presupuesto de Gastos  oe.
del Estado desde las que se realizaron las transferencias de crédito. El citado estado de  w.
ejecución se materializará en un Certificado firmado por el titular del centro directivo que  567ww
cgoensftoiornmei dlaods  ccorné deilt omso dineclolu rideocos giedno  ceosmteo  Canoenxvoe nIIioI  dey l pardevseernatdeo C  poonrv eenl ioi.nterventor,  de
con Dreel alaci ómni saml aP lafonr mdea  csheo pqruees,e cnutamráp liumniean mtoe dmeo roiab jetéticvnoisc ae  dined ilcaasd moreedsi ddaes  vaedriofipctaacdióans   BOE-A-cable e
previstos, suscrita por el titular del centro directivo que gestione los créditos incluidos en 
este Convenio, donde se recoja el grado de cumplimiento y ejecución de las actuaciones 
recogidas en el anexo I del presente Convenio, e indicando asimismo la asignación 
presupuestaria final de cada una de las mismas.
Asimismo, dicha memoria contendrá referencias expresas al cumplimiento de las 
ratios de personal efectivas en relación con los mínimos exigibles, según el Acuerdo 
sobre criterios comunes de acreditación para garantizar la calidad de los centros y 
servicios del SAAD de 27 de noviembre de 2008; al impulso y materialización de las 
transposiciones normativas necesarias y -en su caso- a las medidas adoptadas relativas 
a la inclusión en los pliegos de concierto de los servicios ligados al SAAD, de garantías 
de cumplimiento del Convenio colectivo sectorial de aplicación en cada ámbito y/o 
vinculación del incremento de los precios de concierto a la mejora de los estándares de 
calidad en el empleo (estabilidad en el empleo; menor parcialidad, etc…)
Esta información será puesta en conocimiento del Consejo Territorial de Servicios 
Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
3.  De acuerdo con la regla sexta del artículo 86.2 de la Ley General Presupuestaria, 
los remanentes de fondos no comprometidos resultantes al finalizar el ejercicio, que se 
encuentren  en  poder  de  la  comunidad  autónoma,  seguirán  manteniendo  el  destino 
específico para el que fueron transferidos y se utilizarán en el siguiente ejercicio como 
situación de tesorería en el origen como remanentes que serán descontados de la 
cantidad que corresponda transferir a la comunidad autónoma, tal como se establece en 
la regla quinta del número dos del artículo 86 de la citada Ley General Presupuestaria.
4.  De  conformidad  con  la  regla  octava  del  artículo  86.2  de  la  Ley  General 
Presupuestaria, la Comunidad Autónoma de Canarias, en cuanto gestora de los créditos 
a que se refiere el presente Convenio, deberá proceder a un adecuado control de los 
fondos recibidos que asegure la correcta obtención, disfrute y destino de los mismos.
Séptima.  Información y estadística.
Ambas partes acuerdan facilitar la información que sea necesaria para la aplicación 
del presente Convenio en la Comunidad Autónoma, que en todo caso deberá ajustarse a 
los  objetivos  y  contenidos  de  la  información  que  acuerde  el  Consejo  Territorial  de 
Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, y a los 
datos esenciales a que se refiere el Artículo 37.2 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre.
Octava.  Comisión de Seguimiento, vigilancia y control.
1.  La  organización  y  supervisión  de  las  actividades  correspondientes  al  presente 
Convenio, son competencia de la Comunidad Autónoma de Canarias, la cual, a los efectos 
de lo establecido en el apartado siguiente, informará de sus actuaciones a un equipo 
designado por la Administración General del Estado y por la Comunidad Autónoma.
2.  Dicho equipo actuará como Comisión de Seguimiento del Convenio con funciones de 
vigilancia, interpretación y control de lo pactado, y le corresponderá concretar las actuaciones 
de cooperación que se vayan a llevar a cabo de entre las previstas en este Convenio, así 
como velar por el adecuado cumplimiento de los objetivos comunes perseguidos por ambas 
partes, y resolver los problemas de interpretación y cumplimiento que puedan plantearse. 
Además, llevará a cabo un seguimiento y evaluación del cumplimiento de los compromisos 
asumidos  por  las  partes  firmantes,  en  especial  del  cumplimiento  de  los  compromisos 
recogidos en el anexo I de este Convenio. es
3.  La Comisión, que se deberá reunir al menos una vez durante la vigencia del  bo
Convenio, se regirá en su funcionamiento por lo previsto en el presente Convenio y  567ww
pseurseptalliemrátoi nirnaiatrem gderean dtleaa   pLpoeoryr  l o4lso0  s/2ieg0su1tiiep5nu, tlaeddse o m1 i eednme  bloaroc stsu:ebcreci óyn  stue rccoemrap, odsiecli ócna, pqítuuelo s eIIr,á  dpeal rittaítruialo,   OE-A-2021-15able en https://
Por parte del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030:
– Un representante designado por la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, 
que actuará como Presidente.
– Un representante designado por el Imserso, que actuará como Secretario.
Por parte de la Comunidad Autónoma de Canarias:
– Dos representantes designados por la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, 
Diversidad y Juventud
En ambos casos, se designarán a las personas que puedan actuar como suplentes 
en caso de ausencia de las personas titulares.
Para la válida constitución de esta Comisión, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 17 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público, a 
efectos de la celebración de las sesiones, en primera convocatoria, se requerirá como 
mínimo la asistencia del Presidente, el Secretario o en su caso, de quienes le suplan, y 
de la totalidad de los miembros que representen a la Comunidad Autónoma.
En segunda convocatoria el número de miembros necesarios para estar válidamente 
constituida la Comisión será el Presidente y Secretario o persona que les sustituya, y al 
menos uno de los representantes de la Comunidad Autónoma.
4.  Las funciones asignadas a la Comisión de Seguimiento se entienden sin perjuicio 
de las competencias del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, y de la 
Comunidad Autónoma en la ejecución de lo establecido en el presente Convenio.
Novena.  Publicidad y difusión.
La Comunidad Autónoma de Canarias se compromete a destacar expresamente, en 
cuantas  actividades  realice  para  la  difusión  de  las  acciones  previstas  en  el  presente 
Convenio, la financiación efectuada por la Administración General del Estado, así como 
hacerlo constar en cuantos materiales se reproduzcan y utilicen para la difusión o publicidad 
de los servicios y prestaciones financiados de acuerdo con lo establecido en la disposición 
adicional  segunda  del  Real  Decreto  1465/1999,  de  17  de  septiembre,  por  el  que  se 
establecen criterios de imagen institucional y se regula la producción documental y el material 
impreso de la Administración General del Estado (BOE del 25 de septiembre).
Décima.  Vigencia.
El presente Convenio se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2021, dado que las 
dotaciones  presupuestarias  de  que  cada  parte  dispone  para  su  financiación  se 
encuentran referidas al ejercicio 2021.
Conforme a lo indicado en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, este Convenio resultará eficaz una vez inscrito, en 
el plazo de 5 días hábiles desde su formalización, en el Registro Electrónico estatal de 
Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal, al que se refiere la 
disposición adicional séptima. Asimismo, será publicado en el plazo de 10 días hábiles 
desde su formalización en el «Boletín Oficial del Estado», sin perjuicio de su publicación 
facultativa en el Boletín Oficial de la comunidad autónoma.
Undécima.  Extinción y resolución. s
El presente Convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que  w.
constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución y en concreto, por las causas  567ww
estaNbole coidbassta ennte e, l asrit íccuulaon 5d1o  deco lan cLueryra 4 0c/u2a0l1q5u,i edrea  1 ddee  olacstu bcraeu.sas  de  resolución  del
Cproonpvueensitoa  edxei sltae nC oamctiusaiócnio ndees  Sqeugeu imeine netos,e  Vmigoilamnecniato  y eCstoénnt roinl icdieald aCso,n vlaesn iop,a rptoeds,r ána   BOE-A-cable e
acordar su continuación hasta la finalización del plazo convenido para su ejecución, 
conforme a lo establecido en el art. 52.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público.
En  caso  de  resolución  del  Convenio  por  incumplimiento  total  o  parcial  de  sus 
obligaciones por parte de la Comunidad Autónoma de Canarias, ésta deberá reintegrar al 
Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 las cantidades que hubiera percibido 
como aportación económica del mismo, siendo a cargo de la citada Administración la 
financiación de las actividades que, en su caso, se hallen en curso.
Duodécima.  Modificación.
La modificación del presente Convenio requerirá acuerdo unánime expreso de los 
firmantes, según el artículo 49. g) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico  del  Sector  Público  y  se  tramitará  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el 
artículo 50 de la citada Ley, siguiendo la misma tramitación que para su suscripción.
Decimotercera.  Protección de datos.
Ambas partes se comprometen a cumplir las exigencias previstas en el Reglamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a 
la  protección  de  las  personas  físicas  en  lo  que  respecta  al  tratamiento  de  datos 
personales y a la libre circulación de estos datos, en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y en 
el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo de la LOPD. La citada obligación subsistirá aun después de terminado el 
proyecto.  Asimismo,  vendrán  obligados  al  cumplimiento  de  lo  establecido  en  la 
Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de 
derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.
Decimocuarta.  Régimen jurídico y jurisdicción competente.
Este Convenio tiene naturaleza interadministrativa, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 47.2.a) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público y su régimen jurídico está regulado en los artículos 47 a 53 de la Ley referida 
anteriormente.
Sin  perjuicio  de  lo  establecido  en  la  Cláusula  octava  de  este  Convenio,  las 
controversias no resueltas por la Comisión de Seguimiento que se pudieran suscitar 
durante  la  vigencia  del  mismo  será  la  Jurisdicción  Contencioso-Administrativa  la 
competente para resolver las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse entre las 
partes, de acuerdo con las previsiones de los artículos 11.1.c) y 88 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Y, en prueba de conformidad y para la debida constancia de todo lo convenido, las partes 
firman  el  presente  Convenio  digitalmente,  tomándose  como  fecha  de  formalización  del 
presente documento la fecha del último firmante.–Por el Ministerio de Derechos Sociales y 
Agenda 2030, la Ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra Urteaga.–Por el 
Instituto de Mayores y Servicios Sociales, el Director General del Imserso, Luis Alberto Barriga 
Martín.–Por  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias,  la  Consejera  de  Derechos  Sociales, 
Igualdad, Diversidad y Juventud, Noemí Santana Perera.
ANEXO I
Al Convenio entre la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma 
de Canarias, para el desarrollo del marco de cooperación interadministrativa 
previsto en la ley 39/2006, de 14 de diciembre de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las Personas en situación de dependencia y para el 
establecimiento y financiación del nivel de protección acordado para el 
ejercicio 2021
Se deberán cumplimentar tantas fichas como actuaciones se vayan a incorporar 
como objetivos:
Objetivo 1. Disminución de la lista de espera
Acción n.º 1: Incremento de personal (tanto personal técnico como administrativo) a través de un contrato programa temporal y encomienda de gestión
Impacto previsto para 2021. 5.000 Altas.
– Contratación a lo largo de los meses febrero, marzo y abril.
Hitos.
– Formación a lo largo de los meses marzo, abril y mayo.
Indicadores de verificación  – Contratación efectiva del citado personal.
de cumplimiento. – Estadísticas Imserso, enero de 2022.
Acción n.º 2: Adaptación e implantación de una solución software para el sistema de información de la gestión en materia de dependencia competencia de 
la consejería de derechos sociales, igualdad, diversidad y juventud
Impacto previsto para 2021. Reducción del tiempo invertido en tramitar cada expediente.
– Segundo semestre: migración de la información actualmente dispersa y alojada en varias fuentes y ubicaciones.
– 2022: implantación paulatina, por módulos (sin ánimo de exhaustividad: gestión de solicitudes, gestión de personas 
Hitos. y roles, gestión de reconocimiento de la situación de dependencia, gestión del Programa Individual de Atención (PIA), 
gestión de requerimientos, gestión de expedientes, traslados, notificaciones, archivos, prestaciones, lista de espera, 
etc.).
Indicadores de verificación 
A través de los mecanismos de seguimiento y control de la ejecución del contrato previstos en los pliegos.
de cumplimiento.
Acción n.º 3: Mejora de la interoperabilidad y acceso a la documentación preceptiva a aportar por las personas interesadas
Impacto previsto para 2021. Acceso a la información imprescindible en manos de otras Administraciones Públicas (AAPP).
– Primer semestre: solicitar acceso a las distintas AAPP.
Hitos.
– Segundo semestre: mejorar la interconexión con las AAPP.
Indicadores de verificación  – Reducción de tiempos medios de tramitación (Imserso).
de cumplimiento. – Número de AAPP con las que interconectamos.
Objetivo 3. Introducir mejoras en los servicios y prestaciones para garantizar la 
atención adecuada de las personas dependientes, preferiblemente mediante servicios 
profesionales de calidad
Acción n.º 1: Desarrollo de la cartera de prestaciones de servicio previstas en la ley de dependencia o
IHmitpoasc.to previsto para 2021. 1T2e.00r0c0 e0pr e ptrresimorsneoasnstar ceso :b nfeitrrnmaetaafi cddiaeas rdi apifsae rrdaee nl atSe epsrr vCeiscotinaovc deióenn iAo dsye uyld  Saaed arev nDicdoiaoms..icilio (SAD). 2021-15567n https://ww
Indicadores de verificación  Estadísticas Imserso. BOE-A-cable e
de cumplimiento.
ANEXO II
Modelo de certificado justificativo de las aportaciones recogidas en el Convenio 
entre la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de Canarias 
para el desarrollo del Marco de cooperación interadministrativa previsto en la 
Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a las personas en situación de dependencia y para el establecimiento y 
financiación del nivel de protección acordado para el ejercicio 2021
A los efectos de lo recogido en la Cláusula 6.ª del Convenio entre la Administración 
General del Estado y la Comunidad Autónoma de Canarias para el desarrollo del Marco 
de cooperación interadministrativa previsto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de 
Promoción  de  la  Autonomía  Personal  y  Atención  a  las  personas  en  situación  de 
dependencia y para el establecimiento y financiación del nivel de protección acordado 
para el ejercicio 2021, la aplicación de los créditos aportados por ambas partes a la 
financiación de dicho Convenio en la Comunidad Autónoma de Canarias a lo largo del 
ejercicio 2021 ha seguido la siguiente distribución:
Programa/ Clasificación 
Tipo de gasto Subprograma económica Euros
presupuestario presupuestaria
Capítulo.  
  Capítulo.  
Capítulo.  
Capítulo.  
  Capítulo.  
I.  Gasto en servicios del Catálogo de la Ley 
39/2006.
Capítulo.  
Capítulo.  
  Capítulo.  
Capítulo.  
    Total.  
Capítulo.  
  Capítulo.  
Capítulo.  
Capítulo.  
  Capítulo.  
II.  Gastos en prestaciones económicas de la 
Ley 39/2006.
Capítulo.  
Capítulo.  
  Capítulo.  
Capítulo.  
    Total.   e.e
Programa/ Clasificación 
Tipo de gasto Subprograma económica Euros
presupuestario presupuestaria
Capítulo.  
  Capítulo.  
Capítulo.  
Capítulo.  
  Capítulo.  
III.  Otros gastos asociados a los objetivos del 
anexo I.
Capítulo.  
Capítulo.  
  Capítulo.  
Capítulo.  
    Total.  
          Total.  
Y para que así conste, se expide el siguiente certificado en XXXXXXX, a XX de XX 
de 2022.
V.º B.º y conforme del Interventor La/el Consejera/a
   
Fdo. Fdo.
ANEXO III
Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a las Personas en situación de dependencia - Estado de ejecución del 
ejercicio 2021
Compromisos derivados del Convenio entre la Administración General del Estado y 
la Comunidad Autónoma de Canarias, para el desarrollo del marco de cooperación 
interadministrativa previsto en la ley 39/2006, de 14 de diciembre de Promoción de la 
Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia y para el 
establecimiento y financiación del nivel de protección acordado para el ejercicio 2021
D./D.ª.………………………………..……….................................  Director/a  General 
de................................................................ de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Certifica:
Que, según consta en los archivos de esta Comunidad Autónoma, se ha recibido de 
los Presupuestos Generales del Estado del año 2021 del Imserso, una aportación por 
importe total de nueve millones doscientos doce mil trescientos sesenta y tres euros con 
quince céntimos (9.212.363,15 €), con cargo a la aplicación económica 31.34.451.2,  e
siendo el estado de ejecución del ejercicio 2021 el que se especifica a continuación: bo
Aportaciones del Instituto de Mayores y Servicios Sociales en concepto de nivel 
acordado: 9.212.363,15 euros
Obligaciones 
Aplicación  Asignación  Compromiso  Obligaciones  Pagos 
Remanentes pendientes de 
económica  (Euros) de crédito reconocidas realizados
(1-2) pago
del PGE (1) (2) (3) (4)
(3-4)
31.34.451.2            
Aportaciones del Instituto de Mayores y Servicios Sociales en concepto de nivel mínimo 
(aplicac. econ. 31.34.451.1): ________________ euros
Que la aportación de la Comunidad Autónoma de Canarias para la financiación del 
SAAD en el territorio de su competencia, en cumplimiento de lo establecido en el art. 32 
de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, ha sido al menos igual a la aportación total de la 
Administración General del Estado, de conformidad con lo establecido en el Convenio 
suscrito con fecha ___________, para los fines previstos en el mismo, y de conformidad 
con lo previsto en el Real Decreto 1050/2013, de 27 de diciembre, por el que se regula el 
nivel mínimo de protección establecido en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de 
Promoción  de  la  Autonomía  Personal  y  Atención  a  las  personas  en  situación  de 
dependencia.
Lugar y fecha: _______________ a 30 de abril de 2022
V.º B.º  Interventor La/el Consejera/o
   
Fdo.: (Nombre y apellidos) Fdo.: (Nombre y apellidos)
(Firma y sello) (Firma y sello)