BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 48 Viernes 25 de febrero de 2022 Sec. I.   Pág. 22371
I. DISPOSICIONES GENERALES
JEFATURA DEL ESTADO
2977 Ley 2/2022, de 24 de febrero, de medidas financieras de apoyo social y 
económico y de cumplimiento de la ejecución de sentencias.
FELIPE VI
REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed:  Que  las  Cortes  Generales  han  aprobado  y  Yo  vengo  en  sancionar  la 
siguiente ley.
PREÁMBULO
I
La situación de emergencia económica y social ocasionada por la pandemia sigue 
exigiendo la adopción de medidas sociales y económicas de apoyo que se suman a las 
situaciones de urgencia que surgen derivadas de circunstancias jurídicas imprevistas 
como  el  adecuado  cumplimiento  de  sentencias  judiciales  que  puedan  tener 
repercusiones económicas que den lugar a cambios legislativos urgentes.
Con el objetivo de atender a estas circunstancias descritas se adopta un conjunto de 
medidas sociales y económicas que a continuación se detallan.
Con la finalidad de reducir la fiscalidad de los beneficiarios del ingreso mínimo vital 
se declara su exención en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en los 
mismos términos que las prestaciones económicas establecidas por las comunidades 
autónomas  en  concepto  de  renta  mínima  de  inserción  para  garantizar  recursos 
económicos de subsistencia a las personas que carezcan de ellos, así como las demás 
ayudas establecidas por estas o por entidades locales para atender, con arreglo a su 
normativa, a colectivos en riesgo de exclusión social, situaciones de emergencia social, 
necesidades habitacionales de personas sin recursos o necesidades de alimentación, 
escolarización y demás necesidades básicas de menores o personas con discapacidad 
cuando ellos y las personas a su cargo, carezcan de medios económicos suficientes, de 
modo que el ingreso mínimo vital junto con dichas prestaciones y ayudas se consideren 
exentas hasta un importe máximo anual conjunto de 1,5 veces el indicador público de 
rentas de efectos múltiples.
Por otra parte, en virtud del Real Decreto 855/2008, de 16 de mayo, se otorgó a 
«ESCAL UGS, S.L.», la concesión de explotación para el almacenamiento subterráneo 
de gas natural denominado «Castor». En el artículo 14 del citado Real Decreto 855/2008, 
de 16 de mayo, se preveía la compensación a la empresa concesionaria por el valor neto 
contable de las instalaciones afectas al almacenamiento subterráneo, siempre que estas 
continuaran operativas.
El Real Decreto-ley 13/2014, de 3 de octubre, por el que se adoptan medidas 
urgentes en relación con el sistema gasista y la titularidad de centrales nucleares,  e
determinó  la  extinción  de  la  concesión  del  almacenamiento  «Castor»  y  otorgó  su  bo
administración a ENAGAS. Las inversiones realizadas por ESCAL en el almacenamiento  77ww
se vEall oRraeraol nD eenc r1e.t3o5-l0e.y7 2re9c moniloecsi ód ea  eEuNroAsG, AquSe u fnu edreorne cahboo ndaed caosb proo rp EorN dAicGhAaSs  caa EnStidCaAdLe.s
sduujreatnotse  d3e0l  saiñsotesm, aa udtoer ilziqauniddaoc sioun eces sdióenl  sais tteermcear ogsa,s iesnta ,c ucyoon  cparisoori deasdto sso pbares aerlí arens ato  sdeer 
pagos del sistema.
La Sentencia del Tribunal Constitucional 152/2017, de 21 de diciembre, declaró 
inconstitucionales y nulos los artículos 4 a 6, el artículo 2.2, la disposición adicional 
primera y la disposición transitoria primera del citado Real Decreto-ley 13/2014, de 3 de 
octubre, que, entre otros aspectos, recogía los derechos de cobro de ENAGAS.
El  Tribunal  Supremo,  en  Sentencia  1404/2020  de  la  Sala  de  lo  Contencioso-
Administrativo, ha reconocido el derecho del Banco Santander, S.A., CaixaBank, S.A. y 
Bankia, S.A., a ser indemnizados por el Estado con 1.350,729 millones de euros, cuantía 
que  las  tres  entidades  adelantaron  a  ENAGAS  para  facilitar  el  cierre  del  almacén 
submarino de gas Castor. A dicha cantidad hay que añadir los intereses compensatorios 
desde la fecha de la presentación de la reclamación hasta la fecha de notificación de la 
sentencia, sin perjuicio de los intereses legales que pudieran corresponder a partir de la 
citada notificación de conformidad con la normativa vigente.
En su sentencia, el Alto Tribunal estima parcialmente el recurso de las tres entidades, 
que en abril de 2018 presentaron ante el Ejecutivo una «reclamación de responsabilidad 
del Estado legislador» en la que le instaban a la devolución del dinero aportado para 
indemnizar a la ex concesionaria de Castor por la paralización del almacén de gas.
La ejecución de la citada sentencia se llevará a cabo por el Ministerio de Hacienda al 
que, para poder proceder al pago de la misma, se le concede una ampliación del crédito 
destinado al pago de sentencias de responsabilidad patrimonial del Estado legislador.
Para la obtención de la financiación necesaria para atender a su pago, dado el 
elevado importe fijado en la sentencia y las necesidades que el Estado ha tenido que 
afrontar para paliar los efectos económicos, sociales y sanitarios provocados por el 
COVID-19, se hace necesario acudir en parte al endeudamiento al no disponer el Fondo 
de Contingencia de recursos suficientes para financiarlo.
En las disposiciones finales se modifica la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de 
Medidas fiscales, administrativas y del orden social, ya que, en la coyuntura actual, en la 
que la pandemia de la COVID-19 ha generado una crisis global sin precedentes, las 
contribuciones de España a las instituciones financieras multilaterales cobran especial 
importancia.
En estas instituciones es recurrente que tanto en la suscripción de acciones como en 
la reposición de fondos el plazo para formalizar el instrumento jurídico por el que se 
adquiere el compromiso finalice en el último mes del año natural y el plazo para realizar 
el primer desembolso comience en el año siguiente. El objetivo es habilitar de forma 
urgente el mecanismo para adaptar la tramitación de los expedientes de gasto de 
aquellas  contribuciones  en  las  que  los  calendarios  establecidos  internacionalmente 
determinen que el primer desembolso de una contribución se realice en un año natural 
distinto (lo habitual, en el siguiente) a aquél en el que se adquirió el compromiso, 
atendiendo a lo establecido en el artículo 47.6 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, 
General Presupuestaria.
Se  considera  que  habilitar  este  mecanismo  es  una  medida  de  extraordinaria  y 
urgente necesidad para que España pueda integrarse en tiempo y en forma en los 
instrumentos que las instituciones financieras multilaterales ponen en marcha para dar 
una respuesta global a la crisis de la COVID-19. La pandemia supone una crisis global, 
en la que un enfoque país a país resulta ineficiente y en la que los instrumentos 
multilaterales son la principal herramienta para canalizar financiación a las economías 
más débiles afectadas por el virus y para asegurar tanto el fortalecimiento de sistemas 
sanitarios como la compra de vacunas de forma equitativa en los países más pobres. 
España  ha  de  estar  en  disposición  de  poder  comprometer  recursos  en  los  plazos  es
establecidos internacionalmente y con esta propuesta se asegura la implementación del  o
mEombceatocteeAnanrósniidamiimsoliimzscisa oomec  ninyoó  e,pn Fce siersedísc oeaamd rloi oloadsd   peiifrma iecCrpasaaeo  enlrsavlail taoriLvi .aeopsysa,   ir1npa9ia c/r1iiaan9 dv9aoe4msr,s  peidolniena  eer6 sl e  adnñee on u  jnu2C l0iaoa1ñ,n6 oad y rel ioa lamss   dopdodloatiaftziaccoaidósca ni pó aacn or dadni ce ehlb faeRe cnréetegusfiaiemcrri eovlaans     OE-A-2022-2977able en https://www.
relativa  a  las  inversiones  anticipadas  realizadas  en  2017  y  consideradas  como
materialización de la misma, por los graves efectos que la pandemia ha producido en la 
realización de las inversiones y los resultados económicos en el año 2020.
II
Esta ley consta de una parte expositiva y de una parte dispositiva integrada por dos 
artículos,  divididos  en  dos  capítulos,  una  disposición  derogatoria  única,  y  seis 
disposiciones finales.
El artículo 1 tiene como objetivo declarar exento el ingreso mínimo vital en las 
mismas condiciones que el resto de las prestaciones monetarias públicas de carácter 
social,  sin  perjuicio  de  la  obligación  de  declarar  el  impuesto  que  incumbe  a  sus 
perceptores.  Dicha  medida  debe  adoptarse  con  carácter  urgente  para  que  puedan 
beneficiarse cuanto antes de sus efectos sociales y económicos dichos colectivos.
El  artículo  2  tiene  como  objetivo  dar  adecuado  y  urgente  cumplimiento  a  la 
Sentencia 1404/2020 del Tribunal Supremo que es de obligada ejecución en plazo.
La disposición derogatoria única incorpora una cláusula general de derogación de 
cuantas normas de igual o inferior rango se opongan o contradigan lo dispuesto en la ley 
proyectada.
La disposición final primera recoge la modificación de la Ley 14/2000, de 29 de 
diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social, cuya modificación 
resulta urgente ante la situación ocasionada por la pandemia de la COVID-19 que ha 
generado  una  crisis  global  sin  precedentes,  y  las  contribuciones  de  España  a  las 
instituciones financieras multilaterales cobran una especial importancia para paliar sus 
consecuencias.
La disposición final segunda modifica la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación 
del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, para ampliar en un año los plazos para 
efectuar  la  materialización  de  la  reserva  para  inversiones  en  Canarias  dotada  con 
beneficios obtenidos en períodos impositivos iniciados en el año 2016 y la dotación a 
dicha reserva relativa a las inversiones anticipadas realizadas en 2017 y consideradas 
como materialización de la misma, por los graves efectos que la pandemia ha producido 
en la realización de las inversiones y los resultados económicos en el año 2020, lo que 
requiere una repuesta inmediata y urgente.
Además, la disposición final tercera modifica el Impuesto General Indirecto Canario 
en lo relativo a las reglas de localización de determinadas prestaciones de servicios, 
para  evitar  supuestos  de  doble  imposición  y  coordinar  su  regulación  con  lo  ya 
establecido en la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.
Las tres últimas disposiciones finales se refieren al título competencial, la habilitación 
normativa, y la entrada en vigor, respectivamente.
III
En el conjunto y en cada una de las medidas que se adoptan, concurren, por su 
naturaleza y finalidad, las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad que exige 
el  artículo  86  de  la  Constitución  Española  como  presupuestos  habilitantes  para  la 
aprobación de un real decreto-ley.
El artículo 86 de la Constitución Española permite al Gobierno dictar decretos-leyes 
«en  caso  de  urgente  y  extraordinaria  necesidad»,  siempre  que  no  afecten  al 
ordenamiento  de  las  instituciones  básicas  del  Estado,  a  los  derechos,  deberes  y  s
libertades de los ciudadanos regulados en el Título I de la Constitución, al régimen de las  oe.
comunidades autónomas ni al Derecho electoral general. w.
Por lo que respecta al primer aspecto, el empleo de este instrumento normativo con  77ww
rraanzognoe ds ed ilfeícyi leess tdáe  cpornedveicri,o rneaqduoie rae  ldae  euxnisat eanccciiaó nd en ocrmircautinvsat ainnmciaesd iactoan ecnre utans  pqlauzeo  «mpáosr 
tbrraemveita qcuióen  epla rrleaqmueenritdaori ap doer  lleay evísa»  n(SoTrmCa 6l /1o9 p8o3r,  deel  4p rdoec efedbimreieron)t.o de urgencia para la  BOE-A-cable e
El Tribunal Constitucional ha declarado que esa situación de extraordinaria y urgente 
necesidad puede deducirse «de una pluralidad de elementos», entre ellos, «los que 
quedan reflejados en la exposición de motivos de la norma» (Sentencia del Tribunal 
Constitucional 6/1983, de 4 de febrero). Por su parte, entre la situación de extraordinaria 
y urgente necesidad que habilita el empleo del real decreto-ley y las medidas contenidas 
en  él  debe  existir  una  «relación  directa  o  de  congruencia».  Por  tanto,  para  la 
concurrencia del presupuesto de la extraordinaria y urgente necesidad, la Sentencia del 
Tribunal  Constitucional  61/2018,  de  7  de  junio,  (FJ  4),  exige,  por  un  lado,  «la 
presentación explícita y razonada de los motivos que han sido tenidos en cuenta por el 
Gobierno para su aprobación», es decir, lo que ha venido a denominarse la situación de 
urgencia; y, por otro, «la existencia de una necesaria conexión entre la situación de 
urgencia definida y la medida concreta adoptada para subvenir a ella».
El real decreto-ley constituye un instrumento constitucionalmente lícito, siempre que 
el fin que justifica la legislación de urgencia, sea, tal como reiteradamente ha exigido 
nuestro Tribunal Constitucional (Sentencias 6/1983, de 4 de febrero, F. 5; 11/2002, de 17 
de enero, F. 4, 137/2003, de 3 de julio, F. 3 y 189/2005, de 7 julio, F. 3), subvenir a una 
situación concreta, dentro de los objetivos gubernamentales, que por razones difíciles de 
prever requiere una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido 
por la vía normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de 
las leyes, máxime cuando la determinación de dicho procedimiento no depende del 
Gobierno.
La extraordinaria y urgente necesidad de aprobar esta ley se inscribe en el juicio 
político o de oportunidad que corresponde al Gobierno (SSTC 61/2018, de 7 de junio, 
FJ 4; 142/2014, de 11 de septiembre, FJ 3) y esta decisión, sin duda, supone una 
ordenación de prioridades políticas de actuación (STC de 30 de enero de 2019, Recurso 
de Inconstitucionalidad núm. 2208-2019), centradas en el cumplimiento de la seguridad 
jurídica  y  la  salud  pública.  Los  motivos  de  oportunidad  que  acaban  de  exponerse 
demuestran que, en ningún caso, la presente ley constituye un supuesto de uso abusivo 
o arbitrario de este instrumento constitucional (SSTC 61/2018, de 7 de junio, FJ 4; 
100/2012, de 8 de mayo, FJ 8; 237/2012, de 13 de diciembre, FJ 4; 39/2013, de 14 de 
febrero,  FJ  5).  Al  contrario,  todas  las  razones  expuestas  justifican  amplia  y 
razonadamente la adopción de la presente norma (SSTC 29/1982, de 31 de mayo, 
FJ 3; 111/1983, de 2 de diciembre, FJ 5; 182/1997, de 20 de octubre, FJ 3).
Debe señalarse también que esta ley no afecta al ordenamiento de las instituciones 
básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en 
el Título I de la Constitución, al régimen de las comunidades autónomas ni al Derecho 
electoral general.
En este sentido, y en relación con la prohibición de afectación a los derechos, 
deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I de la Constitución 
Española, la consolidada doctrina constitucional, que resume la STC 139/2016, de 31 de 
julio (FJ 6), «1.º) (…) este Tribunal ha rechazado una interpretación extensiva de dicho 
límite que supondría el vaciamiento de la figura del decreto-ley, haciéndolo «inservible 
para regular con mayor o menor incidencia cualquier aspecto concerniente a las materias 
incluidas en el Título I de la Constitución»; 2.º) La cláusula restrictiva debe ser entendida 
de modo que no se reduzca a la nada la figura del decreto-ley, de suerte que lo que se 
prohíbe constitucionalmente es que se regule un régimen general de estos derechos, 
deberes y libertades o que vaya en contra del contenido o elementos esenciales de 
algunos de tales derechos (STC 111/1983, de 2 de diciembre, FJ 8, confirmada por otras  es
posteriores); 3.º) El Tribunal no debe fijarse únicamente en el modo en que se manifiesta  o
scseeioill s  nhpTtesaríimtt nuietcáulxoitcpi isciiIoot aindd  daeoeeln    ‘ld araeeef elslC  ctedeotreaxvnrctaseoi tóc idtcnhueo’oc  nlp,ie ósodyntrei t  ebueEnecls  irduop oenna caañlir lobe dyletaeo r,tlt-a ealle rodnmy  a aqidntfuueeaerc da utaelaen xdzm idogaae i erytráene  ar citclaheca,ona ds,en airdcn  ceeoea b ndmse eocrá   usloeae   b ilncniibteocaennl ur clthsaaroa edc  t sdaoruee nr g feueiuggbxluuaiacrldmaaaoccci niiióeóóannnnr      OE-A-2022-2977able en https://www.
de que se trate (…)».
IV
Esta ley responde a los principios de  buena regulación de necesidad, eficacia, 
proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia, de conformidad con el 
artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas.
A  estos  efectos,  se  pone  de  manifiesto  el  cumplimiento  de  los  principios  de 
necesidad y eficacia dado el interés general en el que se fundamenta la medida que se 
establece, siendo el real decreto-ley el instrumento más inmediato para garantizar su 
consecución. La norma es acorde con el principio de proporcionalidad, al contener la 
regulación  imprescindible  para  la  consecución  de  los  objetivos  previamente 
mencionados. Igualmente, se ajusta al principio de seguridad jurídica, siendo coherente 
con el resto del ordenamiento jurídico. En cuanto al principio de transparencia, la norma 
está exenta de los trámites de consulta pública, audiencia e información pública que no 
son aplicables a la tramitación y aprobación de decretos-leyes. Por último, en relación 
con el principio de eficiencia, en esta ley se ha procurado que la norma genere las 
menores cargas administrativas para los ciudadanos.
Esta  ley  se  dicta  al  amparo  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  149.1.14.ª  de  la 
Constitución Española, que atribuye al Estado competencia exclusiva en materia de 
hacienda general.
CAPÍTULO I
Medidas sociales
Artículo 1. Tratamiento en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del 
ingreso mínimo vital.
Con efectos desde la fecha de entrada en vigor del Real Decreto-ley 20/2020, de 29 
de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital, se modifica la letra y) del 
artículo 7 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas  Físicas  y  de  modificación  parcial  de  las  leyes  de  los  Impuestos  sobre 
Sociedades,  sobre  la  Renta  de  no  Residentes  y  sobre  el  Patrimonio,  que  queda 
redactada de la siguiente forma:
«y) La  prestación  de  la  Seguridad  Social  del  Ingreso  Mínimo  Vital,  las 
prestaciones  económicas  establecidas  por  las  Comunidades  Autónomas  en 
concepto de renta mínima de inserción para garantizar recursos económicos de 
subsistencia a las personas que carezcan de ellos, así como las demás ayudas 
establecidas por estas o por entidades locales para atender, con arreglo a su 
normativa, a colectivos en riesgo de exclusión social, situaciones de emergencia 
social, necesidades habitacionales de personas sin recursos o necesidades de 
alimentación,  escolarización  y  demás  necesidades  básicas  de  menores  o 
personas con discapacidad cuando ellos y las personas a su cargo, carezcan de 
medios económicos suficientes, hasta un importe máximo anual conjunto de 1,5 
veces el indicador público de rentas de efectos múltiples.
Asimismo, estarán exentas las ayudas concedidas a las víctimas de delitos 
violentos a que se refiere la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y 
asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual, y las  es
ayudas previstas en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de  o
Protección  Integral  contra  la  Violencia  de  Género,  y  demás  ayudas  públicas  w.
satisfechas a víctimas de violencia de género por tal condición.» 2022-2977n https://ww
CAPÍTULO II
Medidas económicas para la ejecución de sentencias
Artículo 2. Concesión de una ampliación de crédito destinada al Ministerio de Hacienda 
y Función Pública.
1. La  ejecución  de  la  sentencia  del  Tribunal  Supremo  1404/2020,  de 
responsabilidad patrimonial del Estado legislador, se llevará a cabo por el Ministerio de 
Hacienda  y  Función  Pública,  atribuyéndose  la  competencia  para  su  ejecución  y  la 
autorización para la aprobación del correspondiente expediente de gasto a la persona 
titular de la Subsecretaría de Hacienda y Función Pública.
2. Al objeto de proceder al pago de la ejecución de la citada sentencia, se concede 
una  ampliación  de  crédito  por  importe  de  638.000.000  de  euros  en  la  aplicación 
presupuestaria 15.01. 923 M.471 «Para pago ejecución Sentencia del Tribunal Supremo 
de 20/11/2013 y otras sentencias de responsabilidad patrimonial del Estado legislador», 
que tiene carácter de ampliable.
3. Esta  ampliación  de  crédito  se  financiará  con  cargo  a  deuda  pública,  de 
conformidad con lo señalado en el artículo 46 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.
4. Este crédito se ampliará hasta el importe total de la sentencia, financiándose su 
importe  con  baja  en  otros  créditos  del  presupuesto  del  Estado,  no  resultando  de 
aplicación las limitaciones contenidas en el apartado 4 del artículo 54 de la Ley 47/2003, 
de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
5. Los expedientes de gasto y documentos contables asociados con la ejecución de 
este crédito quedarán exceptuados de los plazos recogidos en la Orden HAC/1074/2020, 
de 16 de noviembre, por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 2020 
relativas al presupuesto de gastos y operaciones no presupuestarias.
Asimismo, quedarán exceptuados de lo dispuesto en los apartados sexto y séptimo 
del Acuerdo de Consejo de Ministros, de 27 de diciembre de 2019, por el que se 
establecen los criterios de aplicación de la prórroga para 2020 de los Presupuestos 
Generales del Estado vigentes en el año 2019, se formaliza la distribución por secciones 
y se aprueban medidas para reforzar el control del gasto público.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo 
dispuesto en esta ley.
Disposición final primera. Modificación de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de 
Medidas fiscales, administrativas y del orden social.
Con efectos desde la entrada en vigor de esta ley y vigencia indefinida se modifica la 
Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social, 
como sigue:
Uno. Se modifica el artículo 45 de la Ley 14/2000, que queda redactado en los 
siguientes términos:
«Artículo 45. Actos de suscripción de acciones y de aportación de fondos a  e.e
instituciones financieras internacionales. b
mdloesur litvó1ilar.a gdtaeoLnrsaoo lsdse e sca  adoccemtou lpseoe rsdtd eqoenus te esd sEue s sdacpemra ipñlpocalsiia ó scnbei aóandn mce do ieesam  ccdcbaeirpo odint eadesles ao  dr oredo reledl ocre eh epo ao,i pnslaosic rtriitoteaunpcceioioossnn iceaeisdós on fpd idnteaea d nffooocsnnie ddprooaosssr     OE-A-2022-29able en https://
en instrumentos multilaterales en los que España ya participa como donante y los
desembolsos económicos que hayan de realizarse para cumplir las obligaciones 
contraídas por el Estado español como consecuencia de aquellos actos, sólo 
necesitarán el previo acuerdo favorable del Consejo de Ministros, a propuesta de 
la persona titular del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, 
siempre que exista crédito adecuado y suficiente en los Presupuestos Generales 
del Estado y, en su caso, se cumplan los límites previstos en el artículo 47 de la 
Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, de acuerdo con el 
calendario de pagos previsto.
El acuerdo se elevará al Consejo de Ministros previo informe del Ministerio de 
Hacienda.
2. Los expedientes de suscripción de acciones o de aportaciones de fondos 
en bancos de desarrollo e instituciones financieras multilaterales y de reposición 
de fondos en instrumentos multilaterales, a los que se refiere este artículo, podrán 
ultimarse incluso con la formalización del correspondiente instrumento jurídico, 
aun cuando su ejecución, ya se realice en una o en varias anualidades, deba 
iniciarse en el ejercicio siguiente. A estos efectos podrán comprometerse créditos 
con las limitaciones que se determinen en la normativa presupuestaria aplicable.»
Disposición  final  segunda. Modificación  de  la  Ley  19/1994,  de  6  de  julio,  de 
modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias.
Se introduce una nueva disposición transitoria octava en la Ley 19/1994, de 6 de 
julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, con la siguiente 
redacción:
«Disposición transitoria octava. Ampliación de plazos vinculados a la Reserva 
para Inversiones en Canarias.
1. El  plazo  máximo  a  que  se  refiere  el  apartado  4  del  artículo  27  de  la 
Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de 
Canarias, será de cuatro años para las cantidades destinadas a la reserva para 
inversiones  en  Canarias  dotada,  en  los  términos  señalados  en  su  normativa 
reguladora, con beneficios obtenidos en períodos impositivos iniciados en el año 2016.
2. El plazo a que hace referencia el párrafo primero del apartado 11 del 
artículo  27  de  la  Ley  19/1994,  de  6  de  julio,  será  de  cuatro  años  para  las 
inversiones anticipadas materializadas en 2017.»
Disposición final tercera. Modificación de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación 
de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias.
Se modifica, con efectos desde el 1 de enero de 2021, el apartado Tres.Dos del 
artículo 17 de la Ley 20/1991 de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del 
Régimen Económico Fiscal de Canarias, que queda redactado de la siguiente forma:
«Dos. Asimismo, se considerarán prestados en el territorio de aplicación del 
Impuesto los servicios que se enumeran a continuación cuando, conforme a las 
reglas  de  localización  aplicable  a  estos  servicios,  contenidas  en  el  presente 
artículo, no se entiendan realizados en la Unión Europea, pero su utilización o 
explotación efectivas se realicen en el territorio de aplicación del impuesto: s
1.° Los enunciados en el apartado Uno.3 de este artículo, cuyo destinatario  b
sea un empresario o profesional actuando como tal. 77ww
emp2r.e°s arLioo so  dper omfeesdioiancaiól na cetuna nnodmo bcroem yo p toarl. cuenta ajena cuyo destinatario sea un
34..°°  LLooss  dper aersrteanddoasm  ipeonrt o vdíea  meeldeicotsró dneic tar,a nlsopso rtdee.  telecomunicaciones,  de
radiodifusión y de televisión.»
Disposición final cuarta. Títulos competenciales.
Esta  ley  se  dicta  al  amparo  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  149.1.14.ª  de  la 
Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de 
hacienda general.
Disposición final quinta. Habilitación para la aplicación y el desarrollo y ejecución.
Se habilita al Gobierno y a la persona titular del Ministerio de Hacienda y Función 
Pública, en el ámbito de sus competencias, a dictar las disposiciones y adoptar las 
medidas necesarias para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en esta ley.
Disposición final sexta. Entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado».
Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan 
guardar esta ley.
Madrid, 24 de febrero de 2022.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN