BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 18 Viernes 21 de enero de 2022 Sec. I.   Pág. 6623
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
954 Decreto-ley 26/2021, de 30 de noviembre, de modificación del libro segundo 
del Código civil de Cataluña en relación con la violencia vicaria.
EL PRESIDENTE DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA,
El artículo 67.6.a del Estatuto prevé que los decretos ley sean promulgados, en 
nombre del Rey, por el Presidente o Presidenta de la Generalitat.
De acuerdo con ello, promulgo el siguiente decreto-ley,
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
La Ley 5/2008, de 24 de abril, del derecho de las mujeres a erradicar la violencia 
machista, modificada por la Ley 17/2020, de 22 diciembre, dispone en el artículo 4 que la 
violencia vicaria «consiste en cualquier tipo de violencia machista ejercida contra los 
hijos e hijas con la finalidad de provocar daño psicológico a la madre». En el ámbito de 
las relaciones parentales, esta es la máxima expresión, y la más cruel, de la violencia 
contra los niños y los adolescentes.
La Ley también reconoce en su artículo 4.3 que las diversas formas de violencia 
machista son también violencia contra la mujer cuando se ejerzan con la amenaza o la 
causación de violencia física o psicológica contra su entorno afectivo, especialmente 
contra los hijos e hijas u otros familiares, con la voluntad de afligir a la mujer.
La  realidad  es  que  la  violencia  vicaria  sigue  provocando  víctimas,  sin  que  los 
mecanismos y las medidas establecidas hasta ahora se hayan mostrado lo bastante 
efectivos. En particular, estas conductas suceden cuando la pareja se ha disuelto o está 
separada, durante el régimen de estancias con el padre, que no tiene la guarda, por lo 
que hay que introducir cambios legales para evitar los casos de niños que mueren a 
manos del padre. Asimismo, la realidad nos muestra que existen casos de feminicidios o 
tentativas de feminicidio u otros delitos parecidos, y que esta situación puede tener 
graves impactos en la vida de las criaturas, que se deben evitar con la supresión de todo 
contacto con el padre, que ha cometido el delito.
La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra 
las Mujeres (CEDAW) y el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha 
contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul) se 
inscriben  en  nuestro  ordenamiento  jurídico.  Este  último  convenio  explicita  en  su 
artículo 5.2 que las partes tienen que adoptar las medidas legislativas y otras medidas 
necesarias para actuar con la diligencia debida con el fin de prevenir, investigar, castigar 
y conceder una indemnización por los actos de violencia.
El libro segundo del Código civil de Cataluña, en el año 2010, teniendo en cuenta la 
situación de violencia, ya estableció la exclusión de toda participación en la guarda del 
progenitor contra el cual hay sentencia firme o mientras haya indicios fundamentados de 
violencia  familiar  o  machista  (artículo  233-11.3);  también  dispuso  explícitamente  la  e.e
supervisión de las relaciones personales en situaciones de riesgo (artículo 233-13.2) y,  b
asimismo, en las medidas provisionales (artículo 233-1.2), impuso a la autoridad judicial,  w
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macAh ispteas.ar de esta regulación, el hecho es que ninguna norma relativa a las medidas,
ya sean provisionales o definitivas, prohíbe expresamente que se establezca el régimen
de estancias y comunicaciones con el progenitor violento. También hay que tener en 
cuenta que la aplicación que hacen los tribunales de la regulación vigente a menudo 
prioriza que las relaciones personales entre los progenitores y los hijos e hijas no se 
rompan. El modelo del que parten es que, con fundamento en el principio del mejor 
interés de la persona menor, hay que mantener las relaciones personales con el padre 
incluso en los casos de violencia machista. Este es un criterio basado en estereotipos, 
como ha señalado el Comité CEDAW en su decisión sobre el caso González Carreño v. 
España, que considera la bondad del vínculo filial prescindiendo de valorar la adecuación 
de la persona para cumplir sus responsabilidades parentales, que elude su conducta 
violenta,  psicológicamente  y  físicamente,  hacia  la  madre  y  no  tiene  en  cuenta  su 
comportamiento, lo que no se puede admitir en ningún caso y, en especial, en los 
supuestos de violencia machista.
La realidad ha demostrado que esta violencia deriva, indefectiblemente, hacia las 
hijas y los hijos en la violencia vicaria, de manera que los pone en situación de peligro o 
de riesgo para su vida. Es esta constatación, entre otras, la que ha impulsado la 
modificación de la Ley 5/2008, de 24 de abril, para reforzar la protección de las mujeres y 
otras personas de su entorno que sufren violencia.
Además de lo que se ha expresado, en el derecho vigente, la suspensión del 
régimen de estancias en situaciones de violencia familiar o de violencia machista es solo 
una posibilidad a valorar por la autoridad judicial que no determina la privación del 
régimen de estancias.
Dado que es necesario detener el número de víctimas de la violencia vicaria, hay que 
abordar con urgencia la reforma del Código civil de Cataluña con el fin de revertir la 
situación actual y establecer mecanismos que tengan efectos de forma inmediata y 
contribuyan a la resolución del problema. A día de hoy, los hijos e hijas menores, de 
acuerdo con su situación personal, pueden ser víctimas de la violencia vicaria. Por este 
motivo, es necesario establecer medidas que los beneficien de una manera efectiva y 
que  permitan  la  disminución  del  riesgo  o  peligro  hacia  su  persona,  por  medio  de 
resoluciones judiciales que prohíban las estancias con el padre que ejerce la violencia 
vicaria.
Es necesario que se emprenda una reforma legal urgente que adapte y revise el 
Código civil de Cataluña con la introducción de un nuevo modelo en el que prevalezca la 
seguridad del hijo y la hija menores y supere las carencias del sistema actual, al amparo 
del principio del interés superior de la persona menor. Debido a la situación de urgencia 
mencionada,  no  es  posible  encajar  esta  reforma  en  alguna  de  las  iniciativas  de 
actualización, modificación y compleción del Código civil de Cataluña que actualmente 
se tramitan. Los diversos instrumentos legislativos de urgencia o tramitación rápida, 
como las tramitaciones urgentes o la tramitación por lectura única, tampoco permiten que 
la modificación legal se pueda aprobar y pueda entrar en vigor en un plazo breve. El 
único instrumento que permite la celeridad requerida es el decreto ley. La aprobación 
urgente de las modificaciones de los preceptos del Código civil de Cataluña que se 
proponen es de vital importancia, dada la necesidad de impedir los casos de niños que 
mueren a manos del padre.
La medida de prohibir el régimen de estancias con el padre violento se debe poder 
aplicar  con  carácter  inmediato.  Es  necesario  que  esta  prohibición  se  integre  como 
principio en el régimen de la potestad parental. Mientras se demore la entrada en vigor 
de este decreto ley las situaciones de violencia contra las hijas y los hijos se seguirán 
produciendo sin que se puedan evitar. Es por ello que se debe aprobar la norma con la  s
máxima urgencia. oe.
Las modificaciones de los preceptos del Código civil de Cataluña que se hacen en  w.
este decreto ley se dirigen a prohibir la atribución de la guarda, las estancias, las  4w
rveiolalecniocniae sv icya rliaas m caocmhiusntaic.aciones entre los hijos e hijas y el padre en los casos de
prevEenn cicóunm  yp limluicehnato  codnetlr aa rltaíc uvlioo le3n1c iad ehl acCiao nvlaesn iom udjeerl esC oyn sleaj ov iodlee ncEiuar odpoam  éssotbicrae   BOE-A-cable e
(Estambul, 2011), igualmente se cree necesario prohibir, en términos generales, las 
estancias y comunicaciones entre los hijos e hijas y el padre o la madre que maltrata en 
los casos de violencia familiar.
ll
Los  preceptos  afectados  son  el  artículo  233-11  (del  título  III,  del  capítulo  III, 
disposiciones  generales  de  los  efectos  de  la  nulidad,  separación  y  divorcio),  cuyo 
apartado 3 se vuelve a redactar, al que se añade un apartado 4, el artículo 236-5 
(situado entre las disposiciones generales de la potestad parental, capítulo IV del título 
III), al que se añade un apartado 3, y el artículo 236-8, a cuyo apartado 2.d se da una 
nueva redacción.
En el artículo 233-11 se elimina del apartado 3 la actual mención a que «los hijos 
hayan sido o puedan ser víctimas directas o indirectas», porque, conforme a la situación 
que existe en este estado de violencia, las hijas y los hijos siempre son víctimas directas 
o indirectas. Asimismo, se detallan más los delitos, aparte del de violencia doméstica y 
de género, en la línea en la que fue modificado hace unos meses el artículo 236-8.2.d, 
por la Ley 14/2020, de 25 de noviembre, de modificación del libro segundo del Código 
civil de Cataluña, relativo a la persona y la familia. También se ha sustituido la mención 
«contra el cual hay sentencia firme por actos de violencia familiar o machista» por 
«cuando haya indicios fundamentados que ha cometido actos de violencia familiar o 
machista», ya que para proteger de manera más efectiva y a tiempo a la hija y el hijo, no 
hace falta esperar a la sentencia para adoptar la medida. Se hace referencia expresa a 
las comunicaciones, además de las estancias. Con la prohibición de las comunicaciones 
se va más allá de la protección física de las personas menores de edad, ya que se parte 
del criterio de que las comunicaciones también perjudican a los niños y los adolescentes.
Excepcionalmente, en el apartado 4 de este artículo 233-11 se posibilita que, de 
forma motivada, la autoridad judicial pueda acordar que se puedan hacer estancias o 
comunicaciones en interés superior del niño. Se considera que no se entendería que se 
excluyan de forma general, sin posibilidad de excepción. En todo caso, se debe escuchar 
al niño o adolescente, si tiene capacidad natural suficiente, y la justificación se debe 
tomar en interés de la persona menor.
En el artículo 236-5 se ha incluido una prohibición genérica en la misma línea, en el 
contexto de la potestad parental. Esta modificación era obligada, pues es en sede de la 
potestad parental donde se encuentran el cimiento y las reglas generales de la función y 
responsabilidad  atribuida  a  las  madres  y  los  padres  (artículo  235-2.2  [«La  filiación 
determina  la  potestad  parental  […]  y  comporta  la  asunción  de  responsabilidades 
parentales […]»).
Asimismo, siguiendo la misma línea que en el artículo 233-11.4, se ha previsto un 
apartado cuarto en el artículo 236-5 que permite que, excepcionalmente, la autoridad 
judicial  pueda  establecer,  de  forma  motivada,  un  régimen  de  estancias,  relación  o 
comunicaciones en interés de la persona menor, una vez escuchada, si tiene capacidad 
natural suficiente.
Finalmente,  se  da  una  nueva  redacción  al  artículo  236-8.2.d.,  que  amplía  los 
supuestos en que no es necesario el consentimiento del progenitor violento para que los 
hijos  e  hijas  puedan  recibir  atención  y  asistencia  psicológicas,  dado  el  mandato 
parlamentario recogido por la disposición final de la Ley 17/2020, del 22 de diciembre, de 
modificación de la Ley 5/2008, del derecho de las mujeres a erradicar la violencia  s
machista, que establece que el Gobierno debe presentar, en el plazo de nueve meses,  e.
un proyecto de ley para adaptar el ordenamiento jurídico a la necesaria garantía de  w.
atención a los hijos e hijas de mujeres víctimas de violencia machista sin necesidad de  4w
py rodcieecdisiméiise natoñso sju, deicnia lloe sq aubeie rretossp,e yc ttaa mabl iécno,n esne netilm caiesnot od ed ela slo ms epnroorgeesn diteo reenst reo  ctauttoorrcees 
legales.
Vista la necesidad extraordinaria y urgente a que habilita la figura del decreto ley, en 
los términos que prevé el artículo 38 de la Ley 13/2008, del 5 de noviembre, de la 
presidencia de la Generalitat y del Gobierno;
En uso de la autorización que me confiere el artículo 64 del Estatuto de autonomía 
de Cataluña, a propuesta de la consejera de Justicia, y con la deliberación previa del 
Gobierno, decreto:
Artículo único.  Modificación de los artículos 233-11, 236-5 y 236-8 del libro segundo 
del Código civil de Cataluña.
1.  Se modifica el artículo 233-11 del libro segundo del Código civil de Cataluña, que 
queda redactado de la siguiente manera:
«Artículo 233-11.  Criterios para determinar el régimen y la manera de ejercer la 
guarda.
1.  Para determinar el régimen y la manera de ejercer la guarda, hay que 
tener en cuenta las propuestas de plan de parentalidad y, en particular, los criterios 
y las circunstancias siguientes ponderados conjuntamente:
a)  La  vinculación  afectiva  entre  los  hijos  e  hijas  y  cada  uno  de  los 
progenitores, y también las relaciones con las otras personas que conviven en los 
hogares respectivos.
b)  La aptitud de los progenitores para garantizar el bienestar de los hijos e 
hijas y la posibilidad de procurarles un entorno adecuado, de acuerdo con su 
edad.
c)  La actitud de cada uno de los progenitores para cooperar con el otro con el 
fin de asegurar la máxima estabilidad a los hijos e hijas, especialmente para 
garantizar adecuadamente las relaciones de estos con los dos progenitores.
d)  El tiempo que cada uno de los progenitores había dedicado a la atención 
de los hijos e hijas antes de la ruptura y las tareas que efectivamente ejercía para 
procurarles el bienestar.
e)  La opinión expresada por los hijos e hijas.
f)  Los acuerdos en previsión de la ruptura o adoptados fuera de convenio 
antes de iniciarse el procedimiento.
g)  La situación de los domicilios de los progenitores, y los horarios y las 
actividades de los hijos e hijas y de los progenitores.
2.  En la atribución de la guarda, no se pueden separar los hermanos y las 
hermanas, a menos que las circunstancias lo justifiquen.
3.  En interés de los hijos e hijas, no se puede atribuir la guarda al progenitor, 
ni se puede establecer ningún régimen de estancias, comunicación o relación, o si 
existen se tienen que suspender, cuando haya indicios fundamentados de que ha 
cometido actos de violencia familiar o machista. Tampoco se puede atribuir la 
guarda  al  progenitor,  ni  se  puede  establecer  ningún  régimen  de  estancias, 
comunicación  o  relación,  o  si  existen  se  tienen  que  suspender,  mientras  se 
encuentre incurso en un proceso penal iniciado por atentar contra la vida, la 
integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad y la indemnidad sexual 
del otro progenitor o sus hijos o hijas, o esté en situación de prisión por estos 
delitos y mientras no se extinga la responsabilidad penal. e.
4.  Excepcionalmente,  la  autoridad  judicial  puede  establecer,  de  forma  w.b
motivada, un régimen de estancias, relación o comunicaciones en interés de la  4w
persona menor, una vez escuchada, si tiene capacidad natural suficiente.»
2.  Se modifica el artículo 236-5 del libro segundo del Código civil de Cataluña, que 
queda redactado de la siguiente manera:
«Artículo  236-5.  Denegación,  suspensión  y  modificación  de  las  relaciones 
personales.
1.  La  autoridad  judicial  puede  denegar  o  suspender  el  derecho  de  los 
progenitores o de las otras personas a que hace referencia el artículo 236-4.2 a 
tener relaciones personales con los hijos o hijas, y también puede variar las 
modalidades de ejercicio del mismo, si incumplen sus deberes o si la relación 
puede perjudicar el interés de los hijos o hijas.
2.  La entidad pública competente puede determinar cómo se tienen que 
hacer  efectivas  las  relaciones  personales  con  las  personas  menores 
desamparadas e, incluso, suspenderlas si conviene al interés de estas.
3.  El  progenitor  y  las  otras  personas  a  que  hace  referencia  el 
artículo 236-4.2, cuando haya indicios fundamentados de que han cometido actos 
de violencia familiar o machista, no tienen derecho a relacionarse personalmente 
con los hijos o hijas. Tampoco pueden establecer relaciones personales con los 
hijos e hijas mientras se encuentren incursos en un proceso penal iniciado por 
atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la 
libertad y la indemnidad sexual del otro progenitor o de sus hijos o hijas, o en 
situación de prisión por estos delitos mientras no se extinga la responsabilidad 
penal.
4.  Excepcionalmente,  la  autoridad  judicial  puede  establecer,  de  forma 
motivada, un régimen de estancias, relación o comunicaciones en interés de la 
persona menor, una vez escuchada, si tiene capacidad natural suficiente.»
3.  Se modifica la letra d del artículo 236-8.2 del libro segundo del Código civil de 
Cataluña, que queda redactado de la siguiente manera:
«d)  Para la atención y la asistencia psicológicas de los hijos e hijas menores 
de edad, no hace falta el consentimiento del progenitor contra el cual se sigue un 
procedimiento penal por haber atentado contra la vida, la integridad física, la 
libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro progenitor o 
de los hijos e hijas comunes menores de edad, o contra el cual se ha dictado una 
sentencia condenatoria, mientras no se extinga la responsabilidad penal. Aunque 
no se haya formulado denuncia previa, el consentimiento tampoco es necesario 
cuando la madre recibe asistencia, acreditada documentalmente, de los servicios 
de atención y recuperación integral para mujeres que sufren violencia machista 
establecidos legalmente. La asistencia psicológica a los hijos e hijas mayores de 
dieciséis años requiere su consentimiento.»
Disposición adicional.  Expedientes y medidas en trámite.
Todas las medidas que se deban acordar que estén en trámite en la fecha de entrada 
en vigor de este decreto ley se tienen que adaptar a la nueva normativa.
Disposición final.  Entrada en vigor.
Este decreto-ley entra en vigor al día siguiente de la publicación en el «Diari Oficial  e
de la Generalitat de Catalunya». bo
Por lo tanto, ordeno que todos los ciudadanos a los cuales se aplique este decreto 
ley cooperen a cumplirlo y que los tribunales y las autoridades a quienes corresponda lo 
hagan cumplir.
Barcelona, 30 de noviembre de 2021.–El Presidente de la Generalitat de Catalunya, 
Pere Aragonès i Garcia.–La Consejera de Justicia, Lourdes Ciuró i Buldó.
(Publicado en el «Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña» número 8556, de 2 de diciembre de 2021. 
Convalidado por Resolución 195/XIV del Parlamento de Catalunya, publicada en el «Diario Oficial de la 
Generalitat de Cataluña» número 8573, de 29 de diciembre de 2021)