BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 35 Jueves 10 de febrero de 2022 Sec. III.   Pág. 17596
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
2148 Resolución de 5 de enero de 2022, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación 
del registrador de la propiedad de Palma n.º 8, por la que se deniega la 
cancelación de una prohibición de disponer solicitada en instancia privada.
En el recurso interpuesto por don A. J. P. contra la nota de calificación del registrador 
de la Propiedad de Palma número 8, don Antonio Coll Orvay, por la que se deniega la 
cancelación de una prohibición de disponer solicitada en instancia privada.
Hechos
I
Don A. J. P., por instancia privada de fecha 13 de septiembre de 2021, con firma 
legitimada el 14 de septiembre 2021 por el notario de Palma de Mallorca, don Antonio 
Roca Arañó; en unión de la escritura de herencia de fecha 17 de diciembre de 1992 ante 
el notario de Palma de Mallorca, don José Marta Feliu Bauzá, de certificado de defunción 
y de Últimas Voluntades de don A. P. y testamento otorgado por el mismo en fecha 12 de 
agosto de 1991 ante el citado notario de Palma de Mallorca, don José María Feliu 
Bauzá, solicita la cancelación de una prohibición de disponer sobre la mitad indivisa de la 
registral 3.463, de la Sección Segunda de Palma número 8.
II
Presentada dicha instancia en el Registro de la propiedad de Palma número 8 fue 
objeto de la siguiente nota de calificación:
«Fecha de calificación: seis de octubre de dos mil veintiuno (…)
1. Con fecha quince de septiembre de dos mil veintiuno, ha sido presentada en este 
Registro, una instancia suscrita por don A. J. P. en fecha 13 de septiembre de 2021, cuya 
firma ha sido legitimada en fecha 14 de septiembre 2021 por el Notario de Palma de 
Mallorca don Antonio Roca Arañó; en unión de la escritura de herencia de fecha 17 de 
diciembre de 1992 ante el Notario de Palma de Mallorca don José Marta Feliu Bauzá, de 
certificado de defunción y de últimas voluntades de don A. P. y testamento otorgado por 
el mismo en fecha 12 de agosto de 1991 ante el citado Notario de Palma de Mallorca 
don José María Feliu Bauzá.
2. Se  suspende  la  inscripción  del  precedente  documento  por  cuanto,  no  han 
transcurrido cinco años desde el fallecimiento de doña C. M. P.
Según resulta de la inscripción 3 de la finca 3.463 de Palma, Sección II, el causante 
don A. P. en la cláusula cuarta de su testamento hizo constar que su hijo don A. J. P. no 
podrá vender, gravar ni enajenar ni transmitir por actos Inter vivos la mitad indivisa de 
dicha finca hasta transcurridos cinco años del fallecimiento de don A. P. y del de su  es
esposa doña C. M. P.; y según resulta de la inscripción 4 de dicha finca 3.463 la esposa  o
doña2E .sC1t a.  MnAo.r ttPíac.  usfaleol lsee xc2ti6óie  yne dn2e 7P  cadolemn lfaao  reLmle edy í aaH  ilvpoeosi ntsetiicguaunrioiea nd.tee sm fauynod adme ednotso sm dile v edienrteec.ho: 2022-2148n https://www.
Contra esta calificación (…)
El Registrador Este documento ha sido firmado digitalmente por el registrador: don 
Antonio Coll Orvay con firma electrónica reconocida».
III
Contra la anterior nota de calificación, don A. J. P. interpone recurso en virtud de 
escrito  de  fecha  29  de  octubre  de  2021  en  base,  entre  otros,  a  los  siguientes 
argumentos:
«1.º Que  he  sido  notificado  en  fecha  18/10/2021  de  la  negativa  del  Ilmo.  Sr. 
Registrador del Distrito Hipotecario 8 de Palma a practicar la inscripción de la escritura 
de Manifestación Aceptación y Adjudicación por la que el recurrente solicitaba -junto con 
el resto de los herederos- la cancelación de la carga del inmueble número de finca 
registral 3463, sección II, Tomo 4926 del Archivo, Libro 183 y Folio 4.
2.º Que entendiendo dicha calificación lesiva para mis intereses y no ajustada a 
derecho, en términos de defensa, mediante el presente escrito y al amparo del art. 324 
de  la  Ley  Hipotecaria,  formulo  recurso  gubernativo  ante  la  Dirección  General  de 
Registros y del Notariado en base a los siguientes
Hechos y fundamentos
Primero. En fecha 12 de agosto de 1991, D. A. P. –fallecido en 25/06/1992– otorgó 
testamento  ante  notario  que  fue  de  esta  ciudad  D.  Salvador  Balle  Oliver,  con  el 
número 1790 de su protocolo (…)
Segundo. En dicho testamento, en su cláusula cuarta, textualmente se cita:
“Mi hijo A. J., no podrá vender, gravar ni enajenar ni transmitir por actos Intervivos, 
dicha mitad indivisa del piso (…), hasta transcurridos cinco años de mi fallecimiento y del 
de mi esposa D.ª C. M. P.”
Asimismo, mis hijos E. E. y A. J., no podrán vender la propiedad de (…), de Palma, 
que respectivamente les he asignado, mientras subsista el negocio legado a su favor y a 
favor de mi esposa, en la cláusula tercera de este testamento.»
Tercero. Todo lo anterior se contiene en la misma Escritura de Aceptación de 
Herencia. En este mismo documento público en el apartado cuarto del otorgamiento 
segundo, Doña C. M. P., a cuyo beneficio se estableció dicha carga, junto con sus hijos 
aceptan, se adjudican la herencia y al mismo tiempo resuelven las cargas por los 
motivos siguientes y de importancia:
i. El mantenimiento de la prohibición de enajenar iría en perjuicio de la propia viuda.
ii. Las circunstancias y motivos que impulsaron dicha prohibición de enajenar, han 
desaparecido en la actualidad.
Cuarto. Que  habiéndose  solicitado  la  cancelación  de  la  carga  (prohibición  de 
disponer) sobre la vivienda y por medio de la Escritura Pública n.º protocolo 3007 del 
notario José María Feliu Bauzá de 1992 en su capítulo segundo apartado cuarto del 
otorgamiento,  los  comparecientes  deciden  de  mutuo  acuerdo  resolver  dicha  carga. 
Entendemos por tanto que debe cancelarse dicha carga sobre este inmueble ex art. 82 
de la Ley Hipotecaria.
«Las inscripciones o anotaciones preventivas hechas en virtud de escritura pública,  b
no se cancelarán sino por sentencia contra la cual no se halle pendiente recurso de  48ww
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sus causahabientes o representantes legítimos».
Quinto. Interesa destacar que actualmente y según se detalla en la nota registral 
adjunta, la finca n.º 18506 del Registro de la Propiedad n.º 11 de Palma la cual también 
estaría afectada por dicha prohibición, no tiene anotada ningún tipo de carga.
Sexto. En consecuencia, y habida cuenta que la negativa a la calificación está 
asentada en un extremo erróneo, solicito que se revoque la calificación, acordando la 
inscripción conforme a lo expuesto.
IV
El registrador emitió informe el día 15 de noviembre de 2021, mantuvo la nota de 
calificación y elevó el expediente a este Centro Directivo.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 1, 18, 26 y 27 de la Ley Hipotecaria; 348, 675 y 785 del Código 
Civil, y las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 20 
de diciembre de 1929 y 27 de febrero, 8 y 9 de agosto, 3 y 23 de septiembre y 8 de 
noviembre de 2019.
1. En el testamento otorgado por don A. P. con fecha de 12 de agosto de 1991, en 
su cláusula cuarta textualmente se expresa: «Mi hijo A. J., no podrá vender, gravar ni 
enajenar ni transmitir por actos intervivos, dicha mitad indivisa del piso (…), hasta 
transcurridos cinco años de mi fallecimiento y del de mi esposa D.ª C. M. P.».
La finca se inscribió a nombre de don A. J. P. con la citada prohibición de disponer.
Ahora por instancia privada se solicita la cancelación de la carga. El registrador 
deniega la cancelación de la prohibición de disponer por no haber transcurrido cinco 
años desde el fallecimiento de doña C. M. P. Según resulta de la inscripción 4.ª de dicha 
finca la esposa, doña C. M. P., falleció en Palma el día 21 de mayo de 2020.
El recurrente argumenta que la viuda, doña C. M. P., a cuyo beneficio se estableció 
dicha  carga,  consintió  la  adjudicación  de  la  herencia  sin  dicha  carga  y  que  las 
circunstancias  y  motivos  que  impulsaron  dicha  prohibición  de  enajenar,  han 
desaparecido en la actualidad.
2. La nota de calificación debe ser confirmada.
Con carácter general, cabe recordar la doctrina sobre la configuración registral de las 
prohibiciones  de  disponer  que  este  Centro  Directivo  ha  establecido  en  diversas 
ocasiones desde la clásica Resolución de 20 de diciembre de 1929 hasta las más 
recientes de 27 de febrero y 26 de noviembre de 2019.
Conforme a esta doctrina, cabe afirmar que las prohibiciones de disponer no son 
verdaderos derechos reales cuya inscripción perjudique a terceros adquirentes, sino 
restricciones que, sin atribuir un correlativo derecho al beneficiado por ellas, limitan el 
ejercicio de la facultad dispositiva («ius disponendi») de su titular.
3. Como ya señalara la Resolución de 13 de octubre de 2005 las prohibiciones de 
disponer impuestas en actos «mortis causa» no implican un llamamiento sucesivo y de 
ahí  que  no  pueda  ser  asimilada  a  las  sustituciones  fideicomisarias  (confróntese  el 
contenido de los dos primeros números del artículo 785 del Código Civil o el distinto 
régimen que, en sede de donaciones, otorga el legislador a la donación con reserva de 
disponer y a la donación con sustitución fideicomisaria en los artículos 639 y 640 del  s
propio Código). Y es que hay todo un catálogo de prohibiciones de disponer que no  oe.
llevan  aparejado  un  llamamiento  sucesivo  sin  que  ello  implique  que  no  exista  un  w.
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restricciones impuestas a un titular sin atribución de un correlativo derecho a otras
personas. La legislación hipotecaria refleja estas diferencias al regular de forma distinta  Bc
la inscripción de la sustitución fideicomisaria y la de la prohibición de disponer (cfr. 
artículos 13 y 26 de la Ley Hipotecaria y artículo 7 en relación al 82 y 145 de su 
Reglamento) sin confundir una y otra.
Al  no  atribuir  derecho  alguno  al  beneficiado  por  las  restricciones  dispositivas 
impuestas por el causante, no cabe cancelación por renuncia de aquél y debe respetarse 
la voluntad del causante que es la ley por la que se rige la sucesión (artículo 675 del 
Código Civil).
5. Esto no impide que el afectado por la prohibición de disponer puede solicitar 
autorización judicial para disponer si concurre una causa justa sobrevenida (como en el 
ámbito del derecho civil catalán contempla expresamente el artículo 428-6, apartado 5, 
del Libro IV del Código civil de Cataluña).
Pero entretanto la inscripción de la prohibición de disponer impuesta por el testador 
en  su  testamento  despliega  todos  sus  efectos  jurídico  reales  y  queda  bajo  la 
salvaguardia de los tribunales (artículos 1 y 26 de la Ley Hipotecaria).
Esta Dirección General ha acordado la desestimación del recurso interpuesto y la 
confirmación de la nota de calificación registral.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el 
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las 
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de 
la Ley Hipotecaria.
Madrid, 5 de enero de 2022.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.