BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 59 Jueves 10 de marzo de 2022 Sec. III.   Pág. 28549
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DEL INTERIOR
3780 Resolución de 8 de marzo de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la 
que  se  publica  el  Convenio  entre  la  Secretaría  General  de  Instituciones 
Penitenciarias y la Fundación El Buen Samaritano, para el desarrollo de 
programas y talleres de intervención en el medio abierto y en el ámbito de las 
penas y medidas alternativas.
Habiéndose suscrito el 23 de febrero de 2022 el Convenio entre el Ministerio del 
Interior, a través de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, y la Fundación 
El Buen Samaritano para el desarrollo de programas y talleres de intervención en el 
medio abierto y en el ámbito de las penas y medidas alternativas, procede la publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado» de dicho Convenio que figura como anexo a esta 
Resolución,
Madrid,  8  de  marzo  de  2022.–El  Secretario  General  Técnico,  Juan  Antonio 
Puigserver Martínez.
ANEXO
Convenio entre el Ministerio del Interior, a Través de la Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias, y la Fundación el Buen Samaritano para el desarrollo 
de programas y talleres de intervención en el medio abierto y en el ámbito de las 
penas y medidas alternativas
Madrid, a 23 de febrero de 2022.
REUNIDOS
De una parte, don Ángel Luis Ortiz González, Secretario General de Instituciones 
Penitenciarias del Ministerio del Interior, nombrado por Real Decreto 504/2018, de 18 de 
junio, actuando por delegación de competencias del Secretario de Estado de Seguridad, 
según lo previsto en el apartado noveno, subapartado 2.3 de la Orden INT/985/2005, 
de 7 de abril, por la que se delegan determinadas atribuciones y se aprueban las 
delegaciones efectuadas por otras autoridades, en relación con el artículo 62.2g) de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y con domicilio a 
los efectos del presente Convenio en la calle Alcalá, 38-40, 28014 de Madrid.
Y  de  otra  parte,  don  Diego  Pulido  Valero,  en  nombre  y  representación  de  la 
Fundación El Buen Samaritano (en adelante la Fundación), como Apoderado, elegido 
por la Asamblea de fecha 13 de julio de 2021 y facultado para este acto en virtud de las 
atribuciones que tiene conferidas como Apoderado según los Estatutos de la Fundación 
y mediante poder otorgado en Madrid ante el Notario Álvaro Fernández Piera. Inscrita en 
el Registro Nacional de Fundaciones con número 167SE/F, y con domicilio a los efectos 
del presente Convenio en calle Matilde Hernández, 97-99 28025 (Madrid).
Ambas  partes,  que  actúan  en  razón  de  sus  respectivos  cargos,  declaran  que 
intervienen con capacidad legal necesaria y competencia suficiente para suscribir el 
presente Convenio y, a tal efecto,
EXPONEN
Primero.
Que la Constitución Española establece en sus artículos 10 y 14 el derecho a la 
dignidad de la persona, los derechos fundamentales de conformidad con la Declaración 
Universal de Derechos Humanos y la igualdad ante la ley, sin que pueda prevalecer 
discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier 
otra condición o circunstancia personal o social.
Segundo.
Que la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, introduce en 
nuestro sistema penal, dentro de las penas privativas de derechos, las penas de trabajos 
en beneficio de la comunidad. En particular, los artículos 39, 40 y 49, en su redacción 
dada por la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modifica la 
anterior, remiten las circunstancias de ejecución de esta pena a la vía penitenciaria, 
estableciéndose en el citado artículo 49 que los trabajos en beneficio de la comunidad -
que no podrán imponerse sin el consentimiento del penado- le obligan a prestar su 
cooperación  no  retribuida  en  determinadas  actividades  de  utilidad  pública.  Estas 
circunstancias de ejecución se mantuvieron por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, 
desarrollada reglamentariamente por el Real Decreto 840/2011, de 17 de junio, y por la 
Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, ambas modificativas del Código Penal.
Tercero.
Que la citada Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica el Código 
Penal,  introduce  una  nueva  regulación  en  materia  de  suspensiones  de  condena. 
Desaparece la dualidad suspensión/sustitución de condena y, como señala el nuevo 
texto en su exposición de motivos: «(…) el tradicional régimen de sustitución de la pena 
pasa  a  ser  regulado  como  una  modalidad  de  suspensión  (…)»,  desapareciendo  el 
artículo 88. Igualmente se modifica el contenido del artículo 83 relativo a los deberes y 
prohibiciones que pueden condicionar las suspensiones de condena. En concreto, el 
artículo 83.1 6.º establece la obligación de participar en programas formativos, laborales, 
culturales, de educación vial, sexual, de defensa del medio ambiente, de protección de 
los animales, de igualdad de trato y no discriminación y otros similares cuando sean 
cometidos sobre la mujer, por quien sea o haya sido su cónyuge, o por quien esté o haya 
estado ligado a ella por una relación similar de afectividad, aun sin convivencia. Por su 
parte, en su apartado 7.º se establece la posibilidad de participar en programas de 
deshabituación al consumo de alcohol, drogas tóxicas o sustancias estupefacientes o de 
tratamiento de otros comportamientos adictivos.
Cuarto.
Que el artículo 149.1.6.ª de la Constitución Española establece que el Estado tiene  s
competencia exclusiva sobre la legislación penitenciaria. oe.
Asimismo, le corresponde a la Administración General del Estado, a través de la  w.
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior, el ejercicio  80ww
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Reglamento Penitenciario, aprobado por el Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero.
Quinto.
Que  la  Fundación  El  Buen  Samaritano  tiene  entre  sus  fines  la  atención  a  las 
personas  especialmente  desfavorecidas:  la  rehabilitación  psicosocial  y  laboral  de 
personas con enfermedad mental grave y duradera.
Sexto.
Que  según  el  artículo  49  del  Código  Penal,  los  trabajos  en  beneficio  de  la 
comunidad, que no podrán imponerse sin el consentimiento del penado, le obligan a 
prestar su cooperación no retribuida en determinadas actividades de utilidad pública, que 
podrán consistir, en relación con delitos de similar naturaleza al cometido por el penado, 
en labores de reparación de los daños causados o de apoyo o asistencia a las víctimas, 
así  como  en  la  participación  del  penado  en  talleres  o  programas  formativos  o  de 
reeducación, laborales, culturales, de educación vial, sexual y otros similares.
Séptimo.
Que las nuevas figuras penales surgidas como consecuencia de una nueva realidad 
social ponen de relieve que este tipo de conductas constituyen un problema social de 
enorme trascendencia, por el daño que producen, por su extensión, y por el significado 
que  guarda  su  naturaleza.  Todo  ello  hace  necesario  que  las  instituciones  deban 
coordinarse para contribuir a su erradicación.
Octavo.
Que la sujeción a programas específicos de reeducación y tratamiento tiene como 
finalidad incidir en el comportamiento del penado, tratando de evitar la repetición de 
iguales o parecidas conductas en un futuro y detener una posible espiral de agresiones y 
violencia. En definitiva, es una cuestión de suma importancia social en la que ha de 
implicarse toda la sociedad y, especialmente, las Administraciones Públicas.
Noveno.
Que a su vez, para el contexto de internos condenados a privación de libertad, tanto 
en segundo grado de tratamiento, como terceros grados o régimen de semilibertad, el 
artículo 59 de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, determina que: «1. El 
tratamiento penitenciario consiste en el conjunto de actividades directamente dirigidas a 
la consecución de la reeducación y reinserción social de los penados. 2. El tratamiento 
pretende  hacer  del  interno  una  persona  con  la  intención  y  la  capacidad  de  vivir 
respetando la Ley penal, así como de subvenir a sus necesidades. A tal fin, se procurará, 
en la medida de lo posible, desarrollar en ellos una actitud de respeto a sí mismos y de 
responsabilidad individual y social con respecto a su familia, al prójimo y a la sociedad en 
general».
En consonancia con lo anterior, el artículo 65.2 del mismo texto normativo establece 
que: «La progresión en el tratamiento dependerá de la modificación de aquellos sectores 
o rasgos de la personalidad directamente relacionados con la actividad delictiva; se 
manifestará en la conducta global del interno y entrañará un acrecentamiento de la 
confianza depositada en el mismo y la atribución de responsabilidades, cada vez más 
importantes, que implicarán una mayor libertad». e.e
Por todo ello, es fundamental desarrollar programas de intervención específicos con  b
los penados cuya situación penal y penitenciaria así lo requiera. 80ww
Por lo expuesto, se acuerda suscribir el presente Convenio que se regirá por las 
siguientes:
CLÁUSULAS
Primera. Objeto del Convenio.
El presente Convenio tiene por objeto la efectiva puesta en marcha de Talleres y 
Programas de Intervención, que podrá estar dirigido tanto a condenados a privación de 
libertad en régimen de tercer grado, como a aquellos condenados a penas y medidas 
alternativas.
Segunda. Compromisos  que  asume  la  Secretaría  General  de  Instituciones 
Penitenciarias.
La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, a través de la Subdirección 
General de Medio Abierto y Penas y Medidas Alternativas, se compromete a:
1. Posibilitar  el  desarrollo  del  taller  o  programa  de  intervención,  mediante  la 
derivación de los casos de penados con sometimiento a esta regla de conducta, por 
condenas a medidas y penas alternativas, y aquellos internos condenados a privación de 
libertad que así lo requieran.
2. Colaborar en la formación de los especialistas necesarios para la adecuada 
aplicación del taller o programa de intervención a desarrollar.
3. Facilitar el material de trabajo, la metodología de aplicación y los instrumentos 
necesarios para el desarrollo del taller o programa.
4. Establecer un plan de seguimiento, evaluación y control de la calidad del taller o 
programa.
5. Coordinar  e  integrar  todas  las  actuaciones  realizadas,  a  fin  de  dar  fiel 
cumplimiento del taller o programa a los destinatarios del mismo.
6. Adoptar las medidas de seguridad oportunas cuando el programa o taller se 
desarrolle en un Centro de Inserción Social.
Tercera. Compromisos que asume la Fundación.
La Fundación se compromete a:
1. Desarrollar los Talleres y Programas conforme al modelo y programa marco 
establecido por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
2. Aportar a los profesionales adecuados y necesarios para el desarrollo del Taller/
Programa objeto del presente Convenio.
Cuarta. Obligaciones económicas o contractuales.
Del presente Convenio no se generarán obligaciones de carácter económico para 
ninguna de las partes.
Asimismo, en ningún caso se derivarán relaciones de naturaleza laboral, contractual, 
funcionarial o estatuaria entre los profesionales que realicen los talleres o programas y la 
Administración Penitenciaria.
Quinta. Recursos humanos. bo
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Sexta. Confidencialidad y protección de datos.
1. La  Fundación  se  compromete  a  mantener  en  secreto  todos  los  datos  e 
informaciones facilitados por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y que 
sean concernientes a la ejecución del objeto del presente Convenio. En particular, será 
considerado como información confidencial todos los datos relativos al penado, debiendo 
la Fundación mantener dicha información en reserva y secreto y no revelarla de ninguna 
forma, en todo o en parte, a ninguna persona física o jurídica que no sea parte del 
presente Convenio.
2. Las partes se obligan al cumplimiento de lo previsto en la normativa vigente en 
materia de protección de datos, en concreto, a lo dispuesto en la Ley Orgánica 7/2021, 
de 26 de mayo, de protección de datos personales tratados para fines de prevención, 
detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de 
sanciones penales, y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
Datos Personales y garantía de los derechos digitales y en el Reglamento General de 
Protección de Datos en lo que resulten de aplicación.
A estos efectos, las entidades firmantes del Convenio tendrán la consideración de 
responsables de los tratamientos propios en los que se incorporen datos de carácter 
personal  respectivamente  recabados  en  el  ámbito  del  trabajo  en  beneficio  de  la 
comunidad. El acceso a los datos por parte de una de las entidades al tratamiento de la 
otra  parte,  se  realizará  con  la  condición  de  encargado  de  tratamiento,  única  y 
exclusivamente con la finalidad derivada de la realización de las actividades objeto del 
Convenio. Los datos de carácter personal no serán cedidos ni comunicados a terceros, 
salvo cuando se cedan a encargados de tratamiento legitimados o cuando se cedan a 
otras Administraciones Públicas conforme a lo previsto legalmente.
3. En relación con los datos personales necesarios para el cumplimiento del objeto 
del  presente  Convenio,  actuarán  como  responsables  del  tratamiento  la  Secretaría 
General de Instituciones Penitenciarias y la Fundación. Los datos objeto de tratamiento 
tendrán  por  finalidad  la  ejecución  de  sanciones  penales,  al  amparo  de  la  Ley 
Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, introduce en nuestro sistema 
penal, y se clasificarán en las siguientes categorías: nombre y apellidos del penado, DNI 
y copia de los hechos probados del testimonio de sentencia.
4. Las  partes  firmantes  están  obligadas  a  implantar  medidas  técnicas  y 
organizativas  necesarias  que  garanticen  la  seguridad  e  integridad  de  los  datos  de 
carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.
5. Las  partes  firmantes  del  Convenio  quedan  exoneradas  de  cualquier 
responsabilidad  que  se  pudiera  generar  por  incumplimiento  de  las  obligaciones 
anteriores efectuada por cualquiera otra parte. En caso de quebrantamiento de las 
obligaciones  asumidas,  la  entidad  que  las  hubiera  cometido  responderá  de  las 
infracciones en que hubiera incurrido
Séptima. Financiación del Convenio.
El presente Convenio no conlleva coste para ninguna de las partes que lo suscriben.
Octava. Comisión de Seguimiento.
1. Se establece una Comisión de Seguimiento del presente Convenio, constituida 
por dos representantes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y por dos  es
representantes de la Fundación que serán nombrados por el Secretario General de  o
Instituciones Penitenciarias y por su Presidente/Presidenta, respectivamente. 80www.
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actuará con voz, pero sin voto.
4. La  Comisión  de  Seguimiento  resolverá  los  problemas  de  interpretación  y 
cumplimiento que se deriven del presente Convenio.
5. El funcionamiento de la Comisión de Seguimiento se adecuará en lo previsto, 
para los órganos colegiados, en los artículos 15 a 22 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público.
Novena. Régimen de modificación del Convenio.
El Convenio podrá ser modificado por acuerdo unánime de la Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias y la Fundación.
Los  acuerdos  de  modificación,  prórroga  y  resolución  del  Convenio  deberán  ser 
tramitados de acuerdo con lo previsto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, e inscritos en 
el Registro Electrónico Estatal de órganos e instrumentos de cooperación del Sector 
Público Estatal y publicados en el «Boletín Oficial del Estado».
Décima. Legislación aplicable.
Este Convenio queda sometido al régimen jurídico de los convenios, previsto en el 
Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, teniendo naturaleza 
administrativa.
Las  dudas  o  controversias  que  surjan  entre  las  partes  sobre  los  efectos, 
interpretación, modificación o resolución del Convenio que no puedan resolverse por 
conciliación  en  la  Comisión  de  Seguimiento  serán  sometidas  a  los  tribunales 
competentes de la jurisdicción contencioso-administrativa, de acuerdo con lo previsto en 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Undécima. Vigencia y entrada en vigor.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, modificado por Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, el presente 
Convenio se perfecciona por el consentimiento prestado por las partes y resultará eficaz 
una vez inscrito, en el plazo de 5 días hábiles, en el Registro Electrónico Estatal de 
órganos e instrumentos de cooperación del Sector Público Estatal. Asimismo, serán 
publicados en el plazo de 10 días hábiles desde su formalización en el «Boletín Oficial 
del Estado».
La vigencia de este Convenio será de cuatro años. Antes de la finalización de la 
vigencia  del  Convenio,  la  Secretaría  General  de  Instituciones  Penitenciarias  y  la 
Fundación podrán acordar, expresamente y por escrito, su prórroga por hasta otros 
cuatro años adicionales.
Duodécima. Causas de extinción.
Son causas de extinción del presente Convenio las establecidas en el artículo 51 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Las partes garantizarán la continuidad, hasta su conclusión, de aquellas actuaciones 
que  se  encuentren  en  ejecución  en  el  momento  de  la  resolución  del  Convenio 
estableciendo un plazo improrrogable para su finalización.
Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, firman el presente Convenio en 
dos ejemplares originales, igualmente válidos, en lugar y fecha arriba indicados.–El  e.e
Secretario  General  de  Instituciones  Penitenciarias,  Ángel  Luis  Ortiz  González.–El  b
Apoderado de la Fundación el Buen Samaritano, Diego Pulido Valero. 80ww