BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 207 Viernes 31 de julio de 2020 Sec. TC.   Pág. 62292
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
8951 Sala Primera. Sentencia 70/2020, de 29 de junio de 2020. Recursos de 
amparo  6022-2018  y  6033-2018  (acumulados).  Promovidos, 
respectivamente, por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., y Penrei 
Inversiones, S.L., en relación con las resoluciones dictadas por un juzgado de 
primera  instancia  e  instrucción  de  Lorca  en  procedimiento  de  ejecución 
hipotecaria. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 
[inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de 
comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e 
inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber 
de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por 
medio  de  comunicaciones  electrónicas  con  la  regulación  del  primer 
emplazamiento en los procesos civiles].
ECLI:ES:TC:2020:70
La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por el magistrado don Juan 
José González Rivas, presidente, y por los magistrados don Andrés Ollero Tassara, don 
Santiago Martínez-Vares García, don Alfredo Montoya Melgar y don Cándido Conde-
Pumpido Tourón, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En los recursos de amparo núms. 6022-2018 y 6033-2018 (acumulados), promovidos 
por  Euroinversiones  Inmobiliarias  Costa  Sur,  S.L.,  y  Penrei  Inversiones,  S.L., 
respectivamente,  representados  por  la  procuradora  de  los  tribunales  doña  Blanca 
Berriatua Horta y bajo la dirección del letrado don Marcelino Gilabert García, el primero, y 
de la letrada doña Anju Nirmalia Benavent Rodríguez, el segundo, contra el auto de 3 de 
septiembre de 2018 del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 3 de Lorca 
dictado en el procedimiento de ejecución hipotecaria 90-2018, y contra el auto de 28 de 
septiembre de 2018, del mismo órgano judicial, por el que se desestimó el recurso de 
reposición interpuesto contra el anterior. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido 
ponente el magistrado don Alfredo Montoya Melgar.
I. Antecedentes
1.  La procuradora de los tribunales doña Blanca Berriatua Horta, en nombre y 
representación de Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., y bajo la dirección del 
letrado  don  Marcelino  Gilabert  García,  interpuso  demanda  de  amparo  contra  las 
resoluciones que se mencionan en el encabezamiento de esta sentencia, mediante  e
escrito registrado en este Tribunal el 15 de noviembre de 2018, dando lugar al recurso de  bo
amparo 6022-2018. 51ww
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Nirmaia Benavent Rodríguez, interpuso demanda de amparo contra las resoluciones que
se mencionan en el encabezamiento de esta sentencia mediante escrito registrado en 
este tribunal el 16 de noviembre de 2018, dando lugar al recurso de amparo 6033-2018.
3.  Los hechos relevantes para el examen de ambos recursos de amparo son, 
sucintamente expuestos, los siguientes:
a)  La entidad Banco de Sabadell, S.A., interpuso demanda de ejecución sobre 
bienes hipotecados contra las mercantiles Euro Inversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., 
y  Penrei  Inversiones,  S.L.,  resultando  la  primera  de  las  demandadas  la  deudora 
hipotecaria, y la segunda titular de un derecho de uso y disfrute sobre dicho inmueble.
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 3 de Lorca, al que correspondió 
el conocimiento de la causa, dictó auto el 23 de abril de 2018, por el que acordó el 
despacho  de  ejecución  (procedimiento  de  ejecución  hipotecaria  núm.  90-2018), 
requiriendo de pago a las ejecutadas y alternativo derecho a oponerse a la ejecución en 
el plazo de diez días.
b)  Con fecha 24 de mayo de 2018, el servicio de notificaciones electrónicas de la 
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre remitió al buzón de la dirección electrónica 
habilitada de Penrei Inversiones, S.L., y de Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., 
un correo avisándoles que tenían una notificación del Juzgado de Primera Instancia núm. 
3 de Lorca relativa al proceso «EJH/000090/2018»; notificación a la que podían acceder 
entre los días 24 de mayo a 9 de julio de 2018, a través de un enlace electrónico que 
también indicaba.
c)  Sin que conste que se hubiere accedido al enlace habilitado en el anterior 
mensaje,  con  fecha  8  de  julio  de  2018  el  servicio  de  notificaciones  electrónicas 
mencionado remitió un nuevo correo al buzón de la dirección electrónica habilitada de los 
recurrentes en amparo, recordándoles el anterior aviso y la posibilidad de acceder a la 
notificación en el enlace indicado, hasta las 23:59 horas del día 9 de julio de 2018.
d)  El 9 de julio de 2018, Penrei Inversiones, S.L., y Euroinversiones Inmobiliarias 
Costa Sur, S.L., accedieron a la página web indicada teniendo acceso a la notificación y 
los documentos que le acompañaban, en concreto el auto por el que se despacha 
ejecución, el decreto dictado por la administración de justicia y la copia de la propia 
demanda.
e)  El 24 de julio de 2018, las sociedades recurrentes en amparo formalizaron ante 
el juzgado a quo el escrito de oposición al despacho de ejecución.
f)  Por  auto  de  3  de  septiembre  de  2018,  el  Juzgado  de  Primera  Instancia  e 
Instrucción núm. 3 de Lorca acordó inadmitir la oposición por haberse presentado fuera 
de plazo.
g)  Las  representaciones  procesales  de  Penrei  Inversiones,  S.L.,  y  de 
Euroinversiones  Inmobiliarias  Costa  Sur,  S.L.,  interpusieron  recursos  de  reposición 
contra el anterior auto, basándose en la infracción de los arts. 135, 152, 160 y 162 LEC y 
del art. 24 CE.
h)  Dichos recursos fueron desestimados por auto de 28 de septiembre de 2018. En 
el fundamento jurídico segundo, el juzgado señala que, siendo indiscutible la condición 
de personas jurídicas de las recurrentes, las mismas desde el 1 de enero de 2017 
[disposición transitoria cuarta de la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 
de enjuiciamiento civil (LEC)] están obligadas a relacionarse con la Administración de 
Justicia por medios electrónicos [art. 14.2 a) de la Ley 39/2015 y art. 273.3 a) LEC], y 
añade que «es cierto que la notificación por medios electrónicos efectivamente se realiza 
cuando el destinatario accede a su contenido, pero por aplicación del art. 43.2 de la  e
Ley 39/2015 citada, el plazo para el cómputo de los diez días comienza el día en que se  bo
puso a su disposición la notificación, esto es el día 24 de mayo de 2018». 51ww
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sola finalidad de solicitar la suspensión de la ejecución de la subasta, alegando estar en
plazo para la interposición del recurso de amparo y el perjuicio de imposible reparación 
que se le causaría de seguir adelante y ser adjudicados los bienes a terceros, lo que 
haría perder la finalidad del amparo. Por auto de 27 de marzo de 2019 se desestimó 
íntegramente  el  recurso  de  revisión  acordando  la  continuación  de  la  ejecución 
hipotecaria por sus trámites.
4.  La  demanda  presentada  en  el  recurso  de  amparo  6022-2018  coincide 
literalmente con la presentada en el recurso de amparo 6033-2018. Alegan las entidades 
recurrentes que las resoluciones judiciales impugnadas causaron, en primer lugar, la 
vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) y a un proceso con 
todas  las  garantías  (art.  24.2  CE),  al  haberse  efectuado  su  emplazamiento  como 
ejecutadas  en  el  procedimiento  hipotecario  de  referencia  a  través  de  un  correo 
electrónico remitido por un servicio de notificaciones electrónicas, y no mediante entrega 
de  la  documentación  correspondiente  en  papel  en  la  sede  de  su  domicilio  social, 
tratándose de su primer emplazamiento judicial en la causa, como establece el art. 273 
LEC, en relación con los arts. 135, 152, 162 y en especial el art. 155.1 de esta ley, 
objetando también que el juzgado haya hecho el cómputo del plazo para oponerse, 
desde la fecha del envío del correo a la dirección electrónica habilitada y no desde la 
fecha de acceso a la notificación, inadmitiendo así su escrito.
Sobre el auto de 28 de septiembre de 2018 que desestimó el recurso de reposición 
promovido contra el auto de inadmisión de la oposición a la ejecución –y del que se 
resumen sus argumentos–, se rechaza que el juzgado haya fundamentado su segunda 
decisión  en  la  «Ley  de  procedimiento  administrativo  común,  que  consideramos 
inaplicable al ámbito procesal civil, puesto que además de existir normas concretas al 
respecto, no se dan en uno y otro ámbito las mismas garantías procedimentales». 
Precisan que en materia de notificación de actos procesales existe su propia normativa 
tanto en la Ley de enjuiciamiento civil, como en el haz de garantías que se derivan del 
art. 24 CE.
Por medio de un «segundo otrosí digo», los escritos de demanda argumentaron «que 
la continuación de la ejecución derivada de los pronunciamientos judiciales que han sido 
objeto de impugnación, con la celebración de subasta y la eventual adjudicación a 
terceros, pueden hacer perder al recurso de amparo su finalidad». Por ello solicitaron la 
suspensión  de  la  continuación  del  procedimiento  de  ejecución  hipotecaria  90-2018 
seguido ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 3 de Lorca, hasta tanto 
sea resuelto el presente recurso de amparo, poniéndolo en conocimiento del órgano 
judicial».
5.  La Sección Primera de este Tribunal, por sendas providencias de 17 de junio 
de 2019, acordó: (i) la admisión a trámite de los recursos, apreciando que concurre en 
los mismos una especial trascendencia constitucional [art. 50.1 de la Ley Orgánica del 
Tribunal Constitucional (LOTC)] porque plantean un problema o afectan a una faceta de 
un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina de este Tribunal [STC 155/2009, 
FJ 2, a)]; (ii) requerir al juzgado a quo para que en plazo no superior a diez días remitiera 
certificación o fotocopia adverada de las actuaciones del procedimiento de ejecución 
hipotecaria núm. 90-2018; (iii) previamente emplazara a quienes hubieran sido parte en 
éste, excepto a las recurrentes en amparo, para poder comparecer en el presente 
proceso constitucional en el plazo de diez días, a efecto de formular alegaciones; y (iv) 
formar la correspondiente pieza separada de suspensión.
6.  Mediante diligencia de ordenación del secretario de Justicia de la Sala Primera,  oe.
Sección Primera, de este Tribunal, de 21 de junio de 2019, en ambos recursos se  w.
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principales o en alguna pieza separada en el procedimiento de ejecución hipotecaria
seguido en ese juzgado con el número 90-2018, y si ha recaído resolución se certifique 
sobre el contenido de la misma».
Con  fecha  17  de  julio  de  2019,  se  recibió  en  el  registro  de  este  tribunal  la 
correspondiente certificación del juzgado a quo fechada el 4 de julio de 2019, en la que 
se hizo constar «que en los presentes autos no se han interpuesto ni en el procedimiento 
principal ni en las piezas correspondientes al mismo, recurso de apelación por ninguna 
de las partes personadas en el procedimiento».
7.  En ambos recursos, por diligencia de ordenación del secretario de Justicia de la 
Sala Primera de 24 de julio de 2019, «se tienen por recibidas las actuaciones remitidas 
por  el  Juzgado  de  Primera  Instancia  e  Instrucción  núm.  3  de  Lorca,  así  como  la 
certificación requerida en su día y escrito de la procuradora doña Blanca María Grande 
Pesquero, a quien se tiene por personada y parte en nombre y representación del Banco 
de Sabadell, S.A., con quien se entenderán la presente y sucesivas diligencias, (a los 
solos efectos de evacuar el trámite de alegaciones del art. 52 LOTC). A tenor de lo 
dispuesto en el art. 52 LOTC, se da vista de todas las actuaciones de los presentes 
recursos de amparo, en la secretaría de esta Sala, por un plazo común de veinte días, al 
Ministerio Fiscal y a las partes personadas, para que dentro de dicho término puedan 
presentar las alegaciones que a su derecho convenga».
8.  En ambos recursos, por diligencia de ordenación del secretario de Justicia de la 
Sala Primera de 10 de octubre de 2019, se tiene por personada a la procuradora doña 
Blanca María Grande Pesquero en nombre y representación de Pera Assets Disignated 
Activity Company en sustitución del Banco de Sabadell, en virtud de las escrituras 
públicas aportadas.
9.  En  el  recurso  de  amparo  6022-2018,  la  representante  procesal  de 
Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., presentó su escrito de alegaciones el 23 
de septiembre de 2019, por el que interesó se dictara resolución estimatoria del recurso 
de amparo, haciendo mención a la STC 47/2019, de 8 de abril, que, a su parecer, 
respalda los argumentos que presenta en este recurso, en torno a la necesidad de que el 
primer emplazamiento o citación al demandado se efectúe en su domicilio, como impone 
el artículo 155.1 LEC.
En  el  recurso  de  amparo  6033-2018,  la  representación  procesal  de  Penrei 
Inversiones, S.L., presentó su escrito de alegaciones el 23 de septiembre de 2019, en el 
que tras reproducir el contenido de la STC 47/2019, de 8 de abril, solicitó la estimación 
del recurso de amparo.
10.  La fiscal ante este Tribunal Constitucional presentó escrito de alegaciones, con 
el mismo contenido en ambos recursos, el 4 de octubre de 2019, por el que interesó de 
este tribunal que dictara sentencia otorgando el amparo a las entidades recurrentes, con 
reconocimiento  de  la  vulneración  de  su  derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva  sin 
indefensión (art. 24.1 CE), nulidad de «todo lo actuado desde la notificación efectuada 
electrónicamente del auto despachando ejecución acordado por el Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción núm. 3 de Lorca, en el juicio de ejecución hipotecaria 90-2018», y 
retroacción de las actuaciones al momento inmediato anterior a aquella notificación, 
«para que se le dé al recurrente posibilidad de formular oposición a la ejecución». Basó 
esta petición en los siguientes argumentos:
a)  Previo a formular las alegaciones de fondo de los recursos, la fiscal expuso sus  e.e
razones para considerar correctamente agotada la vía judicial previa al amparo por parte  b
de las recurrentes [art. 44.1 a) LOTC], al no ser necesario interponer incidente de nulidad  51ww
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fdinea alimzapcaióron  edse pl rpermocaetsuora e pjeocr uintitveor,p oanteenrsdeid tar alas  edlo scetrginuan ddoe  dees etes otrsib auuntaols ,p sairna  essitpuearcairo an elas 
similares.
b)  En cuanto al fondo, la alegada vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva 
(art.  24.1  CE)  por  haberse  inadmitido  a  trámite,  por  extemporáneo,  el  escrito  de 
oposición a la ejecución de las recurrentes, considera la fiscal sobre todo que procede 
hacer aplicación de la doctrina sentada por la STC 47/2019, de 8 de abril, en un 
supuesto  similar,  referido  a  un  proceso  laboral,  pero  donde  resultan  de  aplicación 
subsidiaria las normas de la Ley de enjuiciamiento civil, en especial los arts. 155 y 273.4, 
segundo párrafo, de los que se deriva la obligatoriedad de que el primer emplazamiento 
se realice de manera personal y con entrega en papel de la documentación. El resultado 
es que ambas resoluciones del juzgado sumieron a las recurrentes en indefensión 
prohibida  por  el  art.  24.1  CE,  pero  además  conculcaron  el  canon  exigible  de 
razonabilidad, ante tal errónea selección de las normas.
11.  Por escrito registrado el 24 de septiembre de 2019, la procuradora de los 
tribunales doña Blanca María Grande Pesquero, en nombre y representación de Pera 
Assets  Designated  Activity  Company,  formuló  su  oposición  a  sendos  recursos  de 
amparo. Considera que las entidades recurrentes presentaron su escrito de oposición a 
la ejecución fuera del plazo legalmente establecido en el art. 556.1 LEC y ello con 
remisión al acuerdo no jurisdiccional del Pleno de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo 
de 6 de julio de 2016, según el cual «cuando hay constancia de la correcta remisión del 
acto de comunicación y transcurran tres días hábiles sin que el destinatario acceda a su 
contenido, se entenderá que la comunicación ha sido efectuada con plenos efectos 
procesales».
12.  Respecto  de  la  solicitud  de  suspensión  formulada  por  las  recurrentes  en 
amparo mediante otrosí de su escritos de demanda, por autos 86/2019 y 87/2019, de 15 
de julio, de la Sala Primera de este tribunal, se acordó denegar la suspensión cautelar 
solicitada y ordenar la anotación preventiva de las demandas de amparo en el registro de 
la propiedad.
13.  La Sala Primera de este tribunal, por auto 150/2019, de 25 de noviembre, 
acordó  la  acumulación  del  recurso  de  amparo  6033-2018  al  recurso  de 
amparo 6022-2018, para que siguieran una misma tramitación hasta su resolución, 
también única, desde el común estado procesal en que se hallan.
14.  Por providencia de 25 de junio de 2020, se señaló para la deliberación y 
votación de la presente sentencia el día 29 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
Único.  Aplicación de la doctrina sentada por las SSTC 6/2019, 47/2019 y 40/2020:
El objeto de los presentes recursos de amparo acumulados es determinar si las 
resoluciones impugnadas han vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 
CE)  de  las  entidades  recurrentes,  por  haber  optado  el  juzgado  por  la  notificación 
electrónica a través de la dirección electrónica habilitada y no a través de la notificación 
personal en el domicilio de la sociedad de conformidad con el art. 155.1 LEC, y por la 
errónea  aplicación  de  las  normas  de  procedimiento  administrativo,  que  habría 
determinado la inadmisión a trámite de los escritos de oposición a la ejecución al 
considerarlos extemporáneos.
Planteado en estos términos el debate, debe indicarse que el Pleno de este tribunal  e
ha dictado recientemente la STC 40/2020, de 25 de febrero, en la que ha tenido la  bo
oportunidad de resolver el recurso de amparo cabecera de esta serie, promovido contra  51ww
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aplicar la citada sentencia 40/2020.
En el fundamento jurídico 3 de dicha STC 40/2020 se advierte que resulta de 
aplicación al caso la doctrina de este tribunal plasmada en sus SSTC 6/2019, de 8 de 
abril, FJ 4 a), y 47/2019, de 8 de abril, FJ 4 a), «en relación con la garantía de 
emplazamiento personal del demandado o ejecutado en los procesos regidos en esta 
materia por la Ley de enjuiciamiento civil (directa o supletoriamente), como primera 
comunicación con el órgano judicial competente, sin que pueda ser sustituida por una 
comunicación electrónica», como puede ser el caso de la efectuada a través de la 
dirección electrónica habilitada. Tal emplazamiento personal se exige en el art. 155.1 
LEC, y lo complementa la regla del art. 273.4 LEC sobre la presentación en papel de las 
copias de los escritos y documentos para ese primer emplazamiento. El incumplimiento 
de este deber del órgano judicial, «acarrea por tanto la conculcación de aquel derecho 
fundamental», tal y como ya ha declarado este Tribunal en varios recursos de amparo 
referidos a procesos laborales, civiles y concursales, que se especifican en el mismo 
fundamento jurídico 3, precisamente en aplicación de la doctrina de referencia.
Constata la STC 40/2020, FJ 4, como ha de hacerse también ahora, que las dos 
resoluciones judiciales impugnadas vulneraron el derecho a la tutela judicial efectiva de 
la recurrente, al no proceder a su emplazamiento personal en el proceso a quo a efectos 
de requerirla de pago o alternativamente permitirle presentar su oposición a la ejecución, 
optando en cambio el juzgado por un emplazamiento electrónico a través del servicio de 
notificaciones electrónicas y dirección electrónica habilitada de la Fábrica Nacional de 
Moneda y Timbre, no previsto en la normativa procesal y que apenas consistía en un 
aviso  que  remitía  a  un  enlace  de  internet  para  poder  conocer  el  contenido  de  la 
notificación. Además, computó el plazo para presentar el escrito de oposición invocando 
normas del procedimiento administrativo común, que son ajenas al ámbito jurisdiccional 
en el que nos encontramos, en alegal conjunción con el plazo del art. 556 LEC. Todo lo 
cual determina la estimación del amparo por lesión del art. 24.1 CE, en sus vertientes de 
acceso al proceso, a no padecer indefensión, y a una resolución fundada en Derecho.
Procede por ello acordar la nulidad de los autos impugnados y de todo lo actuado en 
el  procedimiento  hipotecario  a  quo  desde  el  momento  en  que  se  proveyó  a  su 
emplazamiento a través de la dirección electrónica habilitada, con retroacción de las 
actuaciones para que el juzgado practique dicho emplazamiento en los términos exigidos 
por la ley (art. 155.1 y 273.4 LEC), de manera respetuosa con el derecho fundamental de 
las demandantes.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
1.º  Estimar los recursos de amparo presentados por Euroinversiones Inmobiliarias 
Costa Sur, S.L., y Penrei Inversiones, S.L., por vulneración de su derecho fundamental a 
la tutela judicial efectiva sin padecer indefensión (art. 24.1 CE), con reconocimiento de tal 
derecho.
2.º  Declarar la nulidad de los autos de 3 de septiembre de 2018 y 28 de septiembre 
de 2018, dictados por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 3 de Lorca en 
el  proceso  de  ejecución  hipotecaria  núm.  90-2018,  así  como  la  nulidad  de  las  e.e
actuaciones realizadas a partir del emplazamiento de la entidad recurrente a través de la  b
dirección electrónica habilitada. 51ww
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erescteo núolctiimdoo. por el juzgado ejecutor, de forma respetuosa con el derecho fundamental
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
En Madrid, a veintinueve de junio de dos mil veinte.–Juan José González Rivas.–
Andrés  Ollero  Tassara.–Santiago  Martínez-Vares  García.–Alfredo  Montoya  Melgar.–
Cándido Conde-Pumpido Tourón.–Firmado y rubricado.