BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 322 Jueves 10 de diciembre de 2020 Sec. I.   Pág. 112762
I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD
Y AGENDA URBANA
15870 Real Decreto 1084/2020, de 9 de diciembre, por el que se modifica el Real 
Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan Estatal de 
Vivienda 2018-2021 y la Orden TMA/378/2020, de 30 de abril, por la que se 
definen los criterios y requisitos de los arrendatarios de vivienda habitual que 
pueden acceder a las ayudas transitorias de financiación establecidas en el 
artículo 9 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se 
adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico 
para hacer frente al COVID-19.
I
El artículo 12 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan 
medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al 
COVID-19,  señala  que  mediante  Orden  del  Ministerio  de  Transportes,  Movilidad  y 
Agenda Urbana se modificará el programa de fomento del parque de vivienda en alquiler 
del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, respetando en su integridad el programa hasta 
ese momento existente, pero incorporando un nuevo supuesto que posibilite destinar las 
ayudas  a  la  compra  de  viviendas  con  objeto  de  incrementar  el  parque  público  de 
viviendas.
La Orden TMA/336/2020, de 9 de abril, por la que se incorpora, sustituye y modifican 
sendos programas de ayuda del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, en cumplimiento de 
lo dispuesto en los artículos 10, 11 y 12 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, 
por  el  que  se  adoptan  medidas  urgentes  complementarias  en  el  ámbito  social  y 
económico para hacer frente al COVID-19, modifica dicho programa en su artículo 5.
Esta modificación mantiene la exigencia de la suscripción de un Acuerdo en el seno 
de la Comisión Bilateral de Seguimiento, entre el Ministerio, la Comunidad Autónoma y el 
Ayuntamiento correspondientes, con carácter previo a la financiación de las actuaciones 
o adquisiciones objeto del programa de ayuda.
Con objeto de agilizar las gestiones para la adquisición de viviendas que incrementen 
el parque público parece recomendable que esta exigencia se convierta en opción a 
criterio de las comunidades autónomas. Su mantenimiento tiene fundamento para el 
caso  en  que  los  ayuntamientos  puedan  colaborar  en  la  financiación  para  dichas 
adquisiciones,  si  bien  en  caso  contrario  constituye  un  trámite  más,  absolutamente 
innecesario.
Se regula en este real decreto la supresión de dicha exigencia y el mantenimiento de 
la correspondiente opción.
II
En el apartado II del preámbulo del Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el 
que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, se hace referencia a la orientación  e.e
del Plan de forma particularizada a los jóvenes. w.b
Incluye, a tal efecto, un programa cuyo objeto es ayudar a los jóvenes al acceso a  870ww
duensap voibvliaecnidóan ,q suee ,c oennc reel tasu epnu eusntao  adyeu daad qduiriseicctiaó na  yla e and qcounissicoinóann scii ala c monis mlaa l usceh par opdour clea 
heanb «itmanutneisc iepniocso ndterá pnedqousee ñlao  mtaamyoarñíoa» e, ne enlt eánmdbieitnod rou rcaol.mo tales los de menos de 5.000
El  término  «municipios  de  pequeño  tamaño»  así  definido  está  limitando  la 
potencialidad del programa en la medida en que excluye a los núcleos de población, 
entes  de  ámbito  territorial  inferior  al  municipio,  y  a  otras  formas  de  organización 
desconcentrada como caseríos, concejos, parroquias, aldeas, pedanías, lugares anejos 
y  otros  análogos  que  posean  una  población  que,  sin  superar  el  límite  de  5.000 
habitantes, se encuentran incursos en municipios extensos en los que en su conjunto 
sus núcleos de población suman más de 5.000 habitantes.
No era intención del regulador dejar sin esta ayuda a estos pequeños núcleos de 
población que precisan fijar población en idéntica situación que los municipios en sí de 
menos de 5.000 habitantes.
Se  hace  preciso,  por  tanto,  y  es  objeto  de  este  real  decreto  solventar  esa 
discriminación no deseada y extender la aplicación a los núcleos de población de menos 
de 5.000 habitantes en los que la mayoría se encuentren en el ámbito rural.
Para ello se modifica el capítulo IX del Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, que 
regula el programa de ayuda a los jóvenes en los términos que se propone en este real 
decreto.
III
La  disposición  adicional  segunda  del  Real  Decreto  106/2018,  de  9  de  marzo, 
establece la limitación temporal para que las comunidades autónomas y las ciudades de 
Ceuta y Melilla concedan las ayudas estatales del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 en 
el día 31 de diciembre de 2021.
Exceptúa  de  esta  limitación  las  que  se  reconozcan  con  cargo  a  los  fondos 
transferidos  por  el  Ministerio  en  el  ejercicio  2021  o  anteriores  y  se  refieran  a  los 
programas de: fomento del parque de vivienda en alquiler, fomento de la regeneración y 
renovación urbana y rural y fomento de viviendas para personas mayores y personas 
con discapacidad. Si bien, en todo caso, el reconocimiento de las ayudas no podrá 
realizarse más allá del 30 de junio de 2025.
Las  circunstancias  excepcionales  derivadas  de  la  crisis  económica  y  social 
provocada por la pandemia del COVID-19 hacen recomendable facilitar y flexibilizar en lo 
posible la gestión del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 para que las comunidades 
autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, que son las competentes para su gestión, 
puedan optimizar los recursos disponibles e incrementar la eficiencia de estas ayudas, 
tan necesarias para la ciudadanía, especialmente para los más vulnerables.
Así, este real decreto modifica dicha disposición adicional segunda con objeto de 
ampliar el plazo general para la concesión de las ayudas hasta el 31 de diciembre 
de  2022,  manteniendo  las  excepciones  ya  reguladas  en  la  propia  disposición  y 
condicionándolo a que, en todo caso, la concesión de las ayudas se realice con cargo a 
los fondos transferidos por el Ministerio en el ejercicio 2021 o anteriores.
Se trata de una ampliación de plazo que no genera incremento presupuestario y que 
posibilita,  por  ejemplo,  que  las  ayudas  al  alquiler  de  vivienda  convocadas  por  las 
comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla en el ejercicio 2021 puedan 
resolverse durante el ejercicio 2022, sin que los obstáculos que puedan sobrevenir en la 
gestión de estas desvirtúen el objetivo final de que las ayudas lleguen a los ciudadanos.
IV
Los Convenios para la ejecución del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, suscritos  e.
por el Ministerio de Fomento, hoy Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana,  w.b
y  las  comunidades  autónomas  y  ciudades  de  Ceuta  y  Melilla,  establecen  que  la  870ww
Sdoecguumimeinetnatcoi óqnu ee xmigaidtear iaplaicrea  llaa  asduqsucirsipicciióónn  ddeel  cuonm Apcroumeridsoo  fdinea nCcoiemrois iaósnu mBiildaote rpaol r dlea 
qcoume uansiíd laod r eaquutióenraonm, as eoa  preomr Citieduat aa l oM Miniesltiellari,o  eann taeqsu deelllo 1s  dpero ogcrtaumbraes  ddeel  aañyou dean  cduerls Po.lan
Si la remisión es posterior, señalan los Convenios, no podrán tramitarse con fondos 
del año en curso, pero sí con fondos de ejercicios siguientes, sin superar en ningún caso 
el ejercicio 2021.
La limitación del 1 de octubre se fundamenta en que el Ministerio no podía transferir 
fondos a las comunidades autónomas ni a Ceuta o Melilla más allá de la segunda 
quincena posterior a cada trimestre natural. Es decir, que el último día de cada ejercicio 
para transferir fondos era el 31 de octubre del respectivo ejercicio.
El artículo 13 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, ha modificado el 
sistema de transferencias de fondos del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 a las 
comunidades autónomas y a Ceuta y Melilla, regulando simplemente la transferencia 
urgente de los fondos de cada ejercicio sin esperar a la adquisición de compromiso 
financiero por éstas ni a ningún otro condicionante establecido en los Convenios.
Pierde sentido la limitación del 1 de octubre y con objeto de facilitar y optimizar la 
gestión de las comunidades autónomas y de Ceuta y Melilla es recomendable posibilitar 
y regular que la remisión de la documentación referida y la adquisición del compromiso 
financiero por las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla en la 
ejecución  de  cualquier  ayuda  del  Plan  Estatal  de  Vivienda  2018-2021,  en  los 
ejercicios 2020 y 2021, pueda realizarse hasta el 31 de diciembre de 2020 y hasta el 31 
de diciembre de 2021, respectivamente. Se regula así en el apartado ocho del artículo 
primero de este real decreto.
V
El apartado IV del preámbulo del Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, señala que 
su disposición transitoria primera establece la posible ampliación del plazo de ejecución 
de las actuaciones de fomento del parque público de vivienda en alquiler y de fomento 
de  la  regeneración  y  renovación  urbanas,  articuladas  al  amparo  del  Plan 
Estatal  2013-2016,  hasta  el  31  de  diciembre  de  2019.  Ello,  continúa,  no  supone 
incremento presupuestario y facilita la compleja gestión de estas actuaciones.
En efecto, la disposición transitoria primera posibilita la ampliación del plazo de estas 
actuaciones  hasta  el  31  de  diciembre  de  2019,  si  bien,  exige  su  solicitud  por  la 
comunidad autónoma o ciudades de Ceuta y Melilla y que sea suscrita en una adenda al 
correspondiente Acuerdo de Comisión Bilateral de Seguimiento de los correspondientes 
Convenios  de  colaboración  para  la  ejecución  del  Plan  Estatal  2013-2016  y  de  su 
prórroga.
En el año 2019 se tramitó una modificación de esta disposición transitoria primera en 
la  que  se  regulaba  la  ampliación  de  las  actuaciones  suscritas  al  amparo  del  Plan 
Estatal 2013-2016 y su prórroga, en los programas de fomento del parque público de 
vivienda en alquiler y de fomento de la regeneración y renovación urbanas, hasta el 31 
de diciembre de 2022.
La  propuesta  del  real  decreto  que  regulaba  dicha  modificación  fue  sometida  a 
examen de la Abogacía del Estado del Ministerio de Fomento, actualmente Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que acotó su eficacia a un plazo de un año de 
acuerdo con lo manifestado en sentencia del Tribunal Supremo («… el Gobierno en 
funciones ha de continuar ejerciendo sus tareas sin introducir nuevas directrices políticas 
ni, desde luego, condicionar, comprometer o impedir las que deba trazar el que lo 
sustituya».).
El fundamento para establecer un plazo tan corto, cuando se había solicitado una  s
ampliación  por  tres  años  para  poder  finalizar  las  actuaciones,  era  que  al  estar  el  e.
Gobierno en funciones, se estimaba que una medida adoptada para un plazo de tres  w.
años excedía del «despacho ordinario» de asuntos y por ello, debía reducirse ese plazo  870ww
auln atie vmepzo e nl eGcoebsiaerrinoo p adreaja qrau ed en oe sstea rin etenr rfuumncpiioenrae se, l ppurdoigerraam eas tdee  toamyuadra lsa;  ad efcinis idóen  qquuee, 
estimara oportuna sobre la continuidad o no de los programas.
Así, con fecha de 17 de diciembre de 2019 se publicó en el «Boletín Oficial del 
Estado» el Real Decreto 725/2019, de 13 de diciembre, por el que se modifica la 
disposición transitoria primera del Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se 
regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, ampliando en un año el plazo establecido 
en dicha disposición transitoria primera.
Actualmente con un Gobierno en plenitud de funciones, es el momento de replantear 
la ampliación inicialmente considerada hasta el 31 de diciembre de 2022.
Como ya constaba en la modificación tramitada en 2019, esta ampliación de plazo 
viene  siendo  solicitada  de  forma  reiterada  por  las  comunidades  autónomas  y 
ayuntamientos afectos en cada caso.
Se trata, por otra parte, de actuaciones que tienen como objetivo mejorar la calidad 
de vida de los ciudadanos y cuentan con un interés público incuestionable tanto en 
términos de mejora de la calidad de las viviendas y de los entornos urbanos y rurales 
como en términos de generación y mantenimiento de actividad económica y de puestos 
de trabajo.
VI
El Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, regula una serie de medidas dirigidas a 
familias y colectivos vulnerables y entre ellas, en su artículo 9, establece la aprobación 
de una línea de avales para la cobertura por cuenta del Estado de la financiación a 
arrendatarios en situación de vulnerabilidad social y económica como consecuencia de la 
expansión del COVID-19.
Autoriza,  asimismo,  al  Ministerio  de  Transportes,  Movilidad  y  Agenda  Urbana, 
mediante Convenio con el ICO por un plazo de hasta catorce años, a desarrollar dicha 
línea de avales, para que las entidades de crédito puedan ofrecer ayudas transitorias de 
financiación a los arrendatarios de vivienda habitual que se encuentren en la referida 
situación de vulnerabilidad, en la modalidad de préstamos avalados y subvencionados 
por  el  Estado,  con  un  plazo  de  devolución  de  hasta  seis  años,  prorrogable 
excepcionalmente por otros cuatro y sin que, en ningún caso, devengue ningún tipo de 
gastos e intereses para el solicitante.
La subvención de estos préstamos consistirá en la cobertura por el Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de los gastos e intereses inherentes a los 
mismos cuyo importe no superará, en ningún caso, el resultante de aplicar una TAE 
del 1,5 %.
Por su parte, la Orden TMA/378/2020, de 30 de abril, define los criterios y requisitos 
de los arrendatarios de vivienda habitual que pueden acceder a las ayudas transitorias 
de financiación, préstamos avalados y subvencionados por el Estado, establecidas en 
dicho artículo 9 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo.
Dado el elevado número de préstamos a comprobar, que se trata de un proceso 
masificado vinculado a una situación de emergencia nacional y con reducido plazo para 
la comprobación, que la cuantía media de la subvención que recibirá cada beneficiario 
no  superará  el  importe  de  1.000  euros,  y  que  el  coste  de  las  actuaciones  de 
comprobación y verificación por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana  sería  no  eficiente,  es  necesario  regular  un  proceso  de  verificación  y 
comprobación eficiente y que razonablemente pueda garantizar la correcta aplicación de 
estas ayudas. A tal efecto en el artículo segundo se incorpora un artículo 10 bis a la 
Orden TMA/378/2020, de 30 de abril, con dicha regulación. s
VII 870www.
de lDa ep claonniffiocramciidóand g ceonne reall  adretí clual oa c1t4iv9id.1a.d1 3e.ªc odneó lma icCao»n setli tuEcsiótand o« beass ecso my pceotoerndtien apcaiórna 
dirigir la política económica general relativa a la vivienda y para definir las actuaciones
protegibles (merecedoras de ayudas) con fondos estatales, sin perjuicio de posibles 
ayudas complementarias que adopten las comunidades autónomas.
Se aprueba en este real decreto:
a)  La supresión de la exigencia de la suscripción de un Acuerdo en el seno de la 
Comisión Bilateral de Seguimiento entre el Ministerio, la Comunidad Autónoma y el 
Ayuntamiento  correspondientes,  con  carácter  previo  a  la  financiación  de  las 
adquisiciones de vivienda con ayudas del programa de fomento del parque de vivienda 
en  alquiler,  salvo  que  el  Ayuntamiento  participe  en  la  financiación  de  dichas 
adquisiciones.
b)  Una modificación del capítulo IX del Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, en 
concreto, del programa de ayuda a los jóvenes, que aclara la voluntad del regulador 
posibilitando la recepción de la ayuda a la adquisición de vivienda a los jóvenes, no solo 
en municipios de menos de 5.000 habitantes sino también en núcleos de población de 
menos de 5.000 habitantes.
c)  Una modificación de la disposición adicional segunda del Real Decreto 106/2018, 
de 9 de marzo, por la que se extiende el plazo de concesión de las ayudas del Plan 
Estatal de Vivienda 2018-2021 hasta el 31 de diciembre de 2022 con carácter general, 
manteniendo las excepciones que ya estaban reguladas, y siempre que se realicen con 
cargo a los fondos transferidos por el Ministerio en el ejercicio 2021 o anteriores.
d)  La  incorporación  de  una  disposición  adicional  cuarta  en  el  Real 
Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por la que la adquisición del compromiso financiero 
por las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla en la ejecución de 
cualquier  ayuda  del  Plan  Estatal  de  Vivienda  2018-2021,  con  cargo  a  los  fondos 
comprometidos por el Ministerio en los ejercicios 2020 y 2021, podrá realizarse hasta 
el 31 de diciembre de 2020 y hasta el 31 de diciembre de 2021, respectivamente.
e)  Una  modificación  de  la  disposición  transitoria  primera  del  Real 
Decreto 106/2018, de 9 de marzo, que implica la ampliación del plazo de ejecución de 
las actuaciones de fomento del parque público de vivienda en alquiler y de fomento de la 
regeneración y renovación urbanas, articuladas al amparo del Plan Estatal 2013-2016 y 
su prórroga, en dos años, hasta el 31 de diciembre de 2022, con la obligación en todo 
caso y una vez más, de su solicitud por la comunidad autónoma o ciudades de Ceuta y 
Melilla y su suscripción en una adenda al correspondiente acuerdo de comisión bilateral 
de seguimiento del Convenio correspondiente.
f)  La regulación de un proceso de verificación y comprobación razonablemente 
eficiente y que garantice la correcta aplicación de las ayudas transitorias de financiación 
aprobadas en el artículo 9 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo.
El real decreto asegura, además, la aplicación de los principios de buena regulación 
previstos en el artículo 129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas:  necesidad,  eficacia, 
proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.
Respecto al principio de necesidad, la norma se adecúa a un objetivo de interés 
general, como es el de mejorar la calidad de vida de ciudadanos con menos ingresos. 
Gracias a la consideración de los núcleos de población de pequeño tamaño y a la 
ampliación de determinados plazos, algunos ciudadanos experimentarán una sustancial 
mejora en las condiciones de habitabilidad de sus viviendas y sus barrios y podrán 
acceder o mantener el disfrute de una vivienda.
Respecto del principio de eficacia, se estima que el real decreto es el instrumento  e
jurídico adecuado y necesario para la referida consideración de los núcleos de población  bo
de pequeño tamaño y para prolongar determinados plazos, favoreciendo el cumplimiento  870ww
dreeo rlioesn toabcjieótniv oys  aredcaopgtaidcoiósn e na  elol sP larenc iEesnttaetsa l adceo nVtievcieimndiean t2o0s1 8s-o2c0ia2l1e sy  ya fiaencozannódmoic sous 
provocados por la pandemia del COVID-19.
Es  también  el  instrumento  jurídico  adecuado  para  racionalizar  el  proceso  de 
verificación y comprobación de las ayudas financieras transitorias del artículo 9 del Real 
Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo.
Es coherente, por otra parte, con el principio de proporcionalidad, al tratarse del 
medio necesario y suficiente para desarrollar estos mandatos legales.
En cuanto a los principios de seguridad jurídica, de eficiencia y transparencia, este 
real decreto afianza conceptos, amplía plazos, optimiza recursos públicos y racionaliza 
procesos de verificación y comprobación, solventando dudas interpretativas.
El texto se ha sometido al trámite de información pública, con expresa invitación a 
participar dirigida a las comunidades autónomas y a Ceuta y Melilla así como a la 
Federación Española de Municipios y Provincias, y cuenta con informe de la Intervención 
Delegada, de la Abogacía del Estado, y de la Dirección General de Programación 
Económica y Presupuestos del Departamento, así como del Ministerio de la Presidencia, 
Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, del Ministerio de Hacienda y del 
Ministerio de Política Territorial y Función Pública.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, 
con la aprobación previa de la Ministra de Política Territorial y Función Pública, y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 9 de diciembre de 2020,
DISPONGO:
Artículo primero.  Modificación del Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se 
regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021.
El Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, queda modificado como sigue:
Uno.  El artículo 27 queda redactado de la siguiente manera:
«Artículo 27.  Gestión.
La financiación de este programa exige la suscripción de un Acuerdo en el 
seno  de  las  Comisiones  Bilaterales  de  Seguimiento  entre  el  Ministerio  de 
Transportes,  Movilidad  y  Agenda  Urbana,  las  Comunidades  Autónomas  y  el 
Ayuntamiento correspondiente, salvo en el caso de las Ciudades de Ceuta y 
Melilla en que se suscribirá solamente por el Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana y la ciudad de que se trate.
Con carácter previo al Acuerdo de la Comisión Bilateral de Seguimiento, las 
Comunidades  Autónomas  y  Ciudades  de  Ceuta  y  Melilla  deberán  remitir  al 
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana las previsiones de las 
actuaciones o adquisiciones acompañadas de una memoria-programa, que defina 
cada actuación o adquisición en todos sus extremos y justifique su viabilidad 
económica.
No será exigible este Acuerdo, y por tanto será opcional a criterio de la 
comunidad autónoma correspondiente, cuando la financiación de este programa 
sea para la adquisición de viviendas referida en el último párrafo del artículo 25, 
salvo  que  el  ayuntamiento  correspondiente  colabore  en  la  financiación  de  la 
adquisición, en cuyo caso seguirá siendo exigible.»
Dos.  El artículo 55 queda redactado de la siguiente manera: s
«Artículo 55.  Objeto del programa. w.
vivie1n. daE dstigen ap royg raadmecau atidean ee np orré goimbjeento  dfea caililtqauri leerl  aa clcoess ojó vaeln edsis fcruotne  edsec ausnoas 
mfaecidliitoasr  ae cloosn ójómveicnoess,  eml eadcicaensteo  ae l uontao rvgiavimeniednat oe nd eré agyimudeans d ed irpercotpaise daal di nloqcuailliinzoa,d ao 
en un municipio o núcleo de población de pequeño tamaño, mediante la concesión 
de una subvención directa para su adquisición.
2.  A los efectos de este Plan, se entiende por municipio de pequeño tamaño 
el que posea una población residente inferior a los 5.000 habitantes, de los cuales, 
la mayoría se encuentren integrados en el medio rural.
Asimismo a los efectos de este Plan, se entiende por núcleo de población de 
pequeño tamaño, los entes de ámbito territorial inferior al municipio, y otras formas 
de organización desconcentrada como caseríos, concejos, parroquias, aldeas, 
pedanías, lugares anejos y otros análogos que posean una población residente 
inferior a los 5.000 habitantes, de los cuales, la mayoría se encuentren integrados 
en el medio rural, aun cuando aquellos formen parte de municipios que posean 
una población residente superior a los 5.000 habitantes.
3.  Asimismo, tiene por objeto incrementar las ayudas de los programas de 
fomento de mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad en viviendas, de 
fomento de la conservación, de la mejora de la seguridad de utilización y de la 
accesibilidad en viviendas y de fomento de la regeneración y renovación urbana y 
rural cuando los beneficiarios sean personas mayores de edad y menores de 
treinta y cinco años y las actuaciones se realicen en municipios o núcleos de 
población de pequeño tamaño de menos de 5.000 habitantes.»
Tres.  El apartado 2 del artículo 56 queda redactado de la siguiente manera:
«2.  Ayuda para la adquisición de vivienda habitual y permanente localizada 
en un municipio o núcleo de población de pequeño tamaño.»
Cuatro.  El párrafo primero del artículo 57.2.a) queda redactado de la siguiente 
manera:
«a)  Estar  en  condiciones  de  suscribir  un  contrato  público  o  privado  de 
adquisición de vivienda localizada en un municipio o núcleo de población de 
pequeño tamaño, incluido el supuesto de vivienda edificada o a edificar sobre un 
derecho de superficie cuya titularidad recaiga en un tercero, y disponer de unos 
ingresos anuales iguales o inferiores a tres veces el IPREM.»
Cinco.  El segundo párrafo del artículo 59 queda redactado de la siguiente manera:
«La ayuda a la adquisición de vivienda del apartado 2 del artículo 56 deberá 
destinarse obligatoriamente a la adquisición de vivienda habitual y permanente 
localizada en un municipio o núcleo de población de pequeño tamaño y será 
compatible con cualquier otra ayuda para el mismo objeto que otorgue cualquier 
otra institución pública o privada.»
Seis.  El artículo 61 queda redactado de la siguiente manera:
«Artículo 61.  Incremento de cuantía de la ayuda para jóvenes en los programas 
de fomento de mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad en viviendas, 
de fomento de la conservación, de la mejora de la seguridad de utilización y de 
la accesibilidad en viviendas y de fomento de la regeneración y renovación 
urbana y rural.
Se incrementarán en un 25 % las ayudas unitarias reguladas en los programas  e.e
de fomento de mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad en viviendas, de  w.b
fomento de la conservación, de la mejora de la seguridad de utilización y de la  870ww
raucrcael scibuialinddaod  esen  voitvoiregnudeans  ay  dbee nfeofmiceianrtioo sd eq ulae  rseegaenn eprearcsioónna ys  rmenaoyvoarceisó nd eu rebdaanda  yy 
rmeeanlicoerens e dne m trueninictaip iyo sc inoc noú aclñeooss  edne  eplo mbloamcieónnt od ed ep elaq useoñlioci ttuadm ya ñlaos.» actuaciones se
Siete.  La disposición adicional segunda queda redactada de la siguiente manera:
«Disposición  adicional  segunda.  Límites  temporales  a  la  concesión  de 
subvenciones.
Las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla podrán conceder 
las ayudas recogidas en este real decreto hasta el 31 de diciembre de 2022 
siempre que la concesión se realice con cargo a los fondos transferidos por el 
Ministerio en el ejercicio 2021 o anteriores.
Con posterioridad al 31 de diciembre de 2022 las Comunidades Autónomas y 
Ciudades de Ceuta y Melilla no podrán conceder ninguna ayuda de las recogidas 
en  este  Real  Decreto,  salvo  que  se  reconozcan  con  cargo  a  los  fondos 
transferidos por el Ministerio en el ejercicio 2021 o anteriores y se refieran a los 
programas  de:  fomento  del  parque  de  vivienda  en  alquiler,  fomento  de  la 
regeneración y renovación urbana y rural y fomento de viviendas para personas 
mayores y personas con discapacidad. En todo caso, el reconocimiento de las 
ayudas no podrá realizarse más allá del 30 de junio de 2025.
Asimismo, la concesión de las ayudas por las Comunidades Autónomas y 
Ciudades de Ceuta y Melilla deberá ser notificada al Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana con anterioridad al 31 de diciembre de 2022, salvo 
que sean concedidas con posterioridad conforme a lo establecido en el párrafo 
anterior en cuyo caso deberán ser notificadas en el plazo máximo de un mes 
desde su concesión.»
Ocho.  Se añade la disposición adicional cuarta con la siguiente redacción:
«Disposición  adicional  cuarta.  Extensión  de  plazos  para  la  adquisición  de 
compromiso financiero por las Comunidades Autónomas y las Ciudades de 
Ceuta y Melilla.
La adquisición del compromiso financiero por las Comunidades Autónomas y 
las Ciudades de Ceuta y Melilla en los convenios suscritos para la ejecución del 
Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, con cargo a los fondos comprometidos por el 
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en los ejercicios 2020 
y 2021, podrá realizarse hasta el 31 de diciembre de 2020 y hasta el 31 de 
diciembre de 2021, respectivamente.
En el caso de los Acuerdos de Comisión Bilateral de Seguimiento para la 
ejecución de los programas de fomento del parque de vivienda en alquiler, de 
fomento de la regeneración y renovación urbana y rural y de fomento de viviendas 
para personas mayores y personas con discapacidad, los plazos de remisión de la 
documentación requerida en los artículos 27, 49 y 68 se podrán extender hasta 
el 10 de diciembre del correspondiente ejercicio y excepcionalmente, siempre que 
la Comisión Bilateral de Seguimiento así lo acuerde, hasta final del mismo cuando 
se trate de subsanaciones.»
Nueve.  La disposición transitoria primera queda redactada de la siguiente manera:
«Disposición transitoria primera.  Ampliación del plazo para la ejecución de las 
actuaciones de los programas de fomento del parque público de vivienda en 
alquiler  y  de  fomento  de  la  regeneración  y  renovación  urbanas  del  Plan  e.
Estatal 2013-2016. w.b
rpBeainlaroqtEevulare apc lil ópadnúzeo b  luicSdrboeea  gneduajeiems c,iu veciqnviuóiteoenn   ddsdaeee    eelloanjess   caaucclotqetnuunvai leecanrilo i onyase m sddp eeda  erof co loomdlsaee b npoutrroona g crdAiaóecmn u aleassru d srdoece rg ditefoeons me Creeaonncmttioóries n id óeenyll     OE-A-2020-15able en https://
Ministerio  de  Transportes,  Movilidad  y  Agenda  Urbana  y  cada  Comunidad
Autónoma o Ciudad de Ceuta o Melilla para la ejecución, incluida su prórroga, del 
Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la 
regeneración y renovación urbanas, 2013-2016, será ampliable hasta el 31 de 
diciembre de 2022, incluso en los supuestos en que se supere el plazo máximo de 
tres  años  inicialmente  establecido  en  el  Plan  Estatal  2013-2016  o  hubiera 
finalizado el plazo inicialmente acordado con anterioridad a la entrada en vigor de 
este real decreto. En estas actuaciones las Comunidades Autónomas y Ciudades 
de Ceuta y Melilla podrán resolver la concesión de ayudas hasta el 1 de octubre 
de 2022.
Esta ampliación habrá de ser solicitada por la Comunidad Autónoma o Ciudad 
de Ceuta o Melilla y suscrita en una adenda al correspondiente Acuerdo de 
Comisión Bilateral.
Las Comunidades Autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla dispondrán de 
un plazo de tres meses, desde la fecha de finalización que se determine en la 
adenda, para remitir al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana las 
correspondientes  justificaciones  de  inversión  realizada.  Finalizado  este  plazo, 
deberán remitir las correspondientes justificaciones de pago de las subvenciones 
en otro plazo de tres meses.»
Artículo segundo.  Modificación de la Orden TMA/378/2020, de 30 de abril, por la que se 
definen los criterios y requisitos de los arrendatarios de vivienda habitual que pueden 
acceder a las ayudas transitorias de financiación establecidas en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.
Uno.  Se añade el artículo 10 bis, con la siguiente redacción:
«Artículo 10 bis.  Verificación y control de las ayudas.
Para la verificación y comprobación de las ayudas reguladas en esta orden se 
aplicará lo siguiente:
a)  Se realizará mediante muestreo aleatorio una comprobación de que la 
documentación presentada por los beneficiarios de las ayudas es la exigida por el 
artículo 5.
b)  Si se aprecian errores o incoherencias en la documentación, o falsedad, 
ocultación o inexactitud irrelevante de los expedientes comprobados se dará por 
terminada la verificación y comprobación de la totalidad de los expedientes y si 
fuera elevada se realizará una nueva comprobación que comprenda una muestra 
representativa de los restantes expedientes hasta alcanzar un índice de errores o 
incoherencias irrelevante.
El  muestreo  aleatorio  se  realizará  por  sorteo,  bajo  la  supervisión  de  la 
Dirección General de Vivienda y Suelo del Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda  Urbana,  en  el  que  se  determine  una  fecha  de  suscripción  de  los 
préstamos a partir de la cual serán examinados los expedientes o mediante otro 
criterio objetivo determinado por dicha Dirección General.
En todo caso, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana podrá 
verificar  y  comprobar  cualquier  otro  expediente  si  ello  fuera  preciso  para  un 
adecuado control de las ayudas.» e.
Dos.  Se modifica el apartado 6 del artículo 11, quedando redactado de la siguiente  870ww
manera: «En el MITMA, corresponderá a la Dirección General de Vivienda y Suelo
realizar las actuaciones de verificación, comprobación y reintegro a que se refiere
este precepto.
Para el reintegro se aplicará la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.»
Tres.  Se añade una disposición adicional única, con la siguiente redacción:
«Disposición adicional única.
Lo dispuesto en esta orden podrá ser desarrollado o modificado por orden del 
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.»
Disposición final única.  Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 9 de diciembre de 2020.
FELIPE R.
El Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana,
JOSÉ LUIS ÁBALOS MECO