BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 196 Sábado 18 de julio de 2020 Sec. TC.   Pág. 53721
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
8145 Sala Segunda. Sentencia 61/2020, de 15 de junio de 2020. Recurso de 
amparo 6024-2018. Promovido por Penrei Inversiones, S.L., respecto de las 
resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de 
Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración del derecho a 
la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección 
electrónica  habilitada  como  cauce  de  comunicación  del  primer 
emplazamiento  procesal  (SSTC  6/2019  y  47/2019)  e  inadmisión  de  la 
oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas 
jurídicas  de  relacionarse  con  la  administración  de  justicia  por  medio  de 
comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en 
los procesos civiles].
ECLI:ES:TC:2020:61
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por la magistrada doña 
Encarnación Roca Trías, presidenta; los magistrados don Fernando Valdés Dal-Ré, don 
Juan  Antonio  Xiol  Ríos,  don  Pedro  José  González-Trevijano  Sánchez,  don  Antonio 
Narváez Rodríguez y don Ricardo Enríquez Sancho, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 6024-2018, promovido por Penrei Inversiones, S.L., 
contra el auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 3 de Lorca, de 3 de 
septiembre de 2018, que inadmitió la demanda de oposición a la ejecución formulada por 
dicha mercantil, en el procedimiento de ejecución hipotecaria núm. 99-2018 instado por 
la entidad Banco de Sabadell; y contra el auto del mismo juzgado, de 28 de septiembre 
de  2018,  que  desestimó  el  recurso  de  reposición  interpuesto  contra  la  anterior 
resolución. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha formulado alegaciones la entidad Pera 
Assets  Designated  Activity  Company,  actuando  como  sucesora  procesal  del  banco 
ejecutante. Ha sido ponente el magistrado don Ricardo Enríquez Sancho.
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito presentado en el registro general de este Tribunal el 15 de 
noviembre  de  2018,  la  procuradora  de  los  tribunales  doña  Blanca  Berriatua  Horta, 
actuando en nombre y representación de Penrei Inversiones Inmobiliarias, S.L., bajo la 
defensa del letrado doña Anju Nirmala Benavent Rodríguez, interpuso demanda de 
amparo contra las resoluciones arriba mencionadas.
2.  Los hechos con relevancia para la resolución del presente recurso de amparo y a  o
los que se refiere la demanda presentada, son los siguientes: 45www.
bienae)s  hLipao teenctaiddaods  cBoanntrcao  ladse m Searcbaandteillel,s  SE.uAr.o  iInntveerrpsuiosnoe sd eInmmaonbdiali adriea s eCjeocsutac ióSnu r,s Sob.Lre., 
y Penrei Inversiones, S.L., en relación con la finca registral 43.289 sita en el término
municipal de Lorca, resultando la primera de las demandadas la deudora hipotecaria, y la 
segunda titular de un derecho de uso y disfrute sobre dicho inmueble.
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 3 de Lorca, al que correspondió 
el conocimiento del procedimiento, dictó auto el 23 de mayo de 2018 por el que acordó el 
despacho  de  ejecución  (procedimiento  de  ejecución  hipotecaria  núm.  99-2018), 
requiriendo de pago a las ejecutadas y alternativo derecho a oponerse a le ejecución en 
el plazo de diez días.
b)  Con fecha 24 de mayo de 2018 el servicio de notificaciones electrónicas de la 
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre remitió al buzón de la dirección electrónica 
habilitada de la entidad aquí recurrente en amparo, un correo avisándole que tenía una 
notificación del Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de Lorca relativa al proceso «EJH/
0000099/2018»; notificación a la que podía acceder entre los días 24 de mayo a 9 de 
julio de 2018, a través de un enlace electrónico que también indicaba.
c)  Sin que conste que se hubiere accedido al enlace habilitado en el anterior 
mensaje,  con  fecha  8  de  julio  de  2018  el  servicio  de  notificaciones  electrónica 
mencionado remitió un nuevo correo al buzón de la dirección electrónica habilitada de la 
recurrente en amparo, recordándole el anterior aviso y la posibilidad de acceder a la 
notificación en el enlace indicado, hasta las 23:59 horas del día 9 de julio de 2018.
d)  El día 9 de julio de 2018, por personal de la recurrente se accedió al enlace 
remitido por la dirección electrónica habilitada y, con ello, a la notificación enviada por el 
juzgado de primera instancia ejecutor en relación con el procedimiento hipotecario núm. 
99-2018. Ese mismo día, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre emitió un certificado 
electrónico que obra en las actuaciones del proceso (al igual que los anteriores correos), 
dejando constancia de que la notificación había sido «aceptada» en esa fecha.
e)  El 20 de julio de 2018, el representante procesal de la demandante de amparo 
formalizó ante el juzgado a quo el escrito de oposición al despacho de ejecución, 
alegando la excepción de falta de legitimación pasiva, al entender que dicha entidad 
carecía del carácter o representación con el que se le demandaba.
f)  El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 3 de Lorca dictó auto el 3 de 
septiembre de 2018, con esta dispositiva:
«Acuerdo:
1.  Inadmitir  a  trámite  la  oposición  formulada  por  la  parte  ejecutada  Penrei 
Inversiones,  S.L.,  representada  por  el  procurador  don  Antonio  Serrano  Caro  por 
presentación fuera de plazo, contra Banco Sabadell, S.A.
2.  Mandar seguir con la presente ejecución y en los términos ya acordados.»
En cuanto a la inadmisión del escrito de oposición a la ejecución, el auto razonó en 
su fundamento de Derecho único lo que sigue:
«Único.  Se establece en el artículo 134 LEC, la improrrogabilidad de los plazos 
establecidos en la misma, y en el artículo 136 LEC, que transcurrido o pasado el término 
señalado para la realización de un acto procesal de parte se producirá la preclusión y se 
perderá  la  oportunidad  de  realizar  el  acto  de  que  se  trate,  y  previniéndose  en  el 
artículo 695 LEC, que el escrito de oposición a la ejecución deberá ser presentado 
dentro de los diez días siguientes al de la notificación del auto y decreto por el que se 
despacha ejecución y/o de la medida concreta de ejecución, y constando en el presente 
supuesto  que  la  parte  ejecutada  se  ha  opuesto  pasado  que  ha  sido  el  plazo  que 
legalmente  se  le  otorga,  debe  ser  inadmitida  su  oposición  por  extemporánea,  de  e.
conformidad con lo establecido en los preceptos citados.» w.
anteC eosmteo  trpibieu ndael  sreinc uerfesoct,o sse s uosfrpeecnías iv«ores»cu.rso de reposición en el plazo de cinco días
Eurogi)n veProsiro enle sre pInrmesoebniltiaanritaes  pCroocsetasa Sl udre,  lSa. Ld.e, msea nidnatenrtpeu sdiee raomn praercou,r syo es l ddee  rlae peonstiicdióand 
contra el anterior auto. La primera de ellas defendió que la notificación y requerimiento
de pago tuvo lugar cuando accedió al contenido de la notificación electrónica remitida y 
no antes, siendo desde entonces que cabía computar el plazo de diez días del art. 556 
de  la  Ley  de  enjuiciamiento  civil  (LEC).  Con  invocación  también  de  los  arts.  135, 
152.1.2.3, 152.2, 162 y 273 LEC, y doctrina de este Tribunal Constitucional sobre el 
derecho  a  no  padecer  indefensión  y  la  importancia  de  los  actos  de  comunicación 
procesal, afirmó que de no tener el juzgado por formulada su demanda de oposición al 
despacho de ejecución, se vulneraría su derecho a la tutela judicial efectiva y sin 
indefensión, quedando denunciado a esos efectos.
h)  El juzgado ejecutor dictó auto el 28 de septiembre de 2018 en desestimación del 
recurso de reposición, con los argumentos que expuso en su razonamiento jurídico 
segundo:
«El  recurso  debe  ser  desestimado  pues  ninguna  infracción  se  comete  en  la 
resolución recurrida. En el presente caso, siendo indiscutible la condición de personas 
jurídicas de las recurrentes, las mismas desde el 1 de enero de 2017 (Disposición 
Transitoria Cuarta de la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la LEC) están 
obligadas  a  relacionarse  con  la  administración  de  justicia  por  medios  electrónicos 
[art. 14. 2 a) de la Ley 39/2015 LPACAP y art. 273.3 a) LEC].
Interpretan las recurrentes de forma errónea la normativa aplicable. Es cierto que la 
notificación  por  medios  electrónicos  efectivamente  se  realiza  cuando  el  destinatario 
accede a su contenido. Ahora bien, yerran en el plazo en el que puede acceder a su 
contenido a efectos de la práctica de la notificación, el cual es de diez días naturales 
desde la puesta a su disposición y ello por imperativo del art. 43 de la citada LPACAP 
(ley 39/15). Así dice el artículo 43.2 de la citada Ley que "Las notificaciones por medios 
electrónicos se entenderán practicadas en el momento en que se produzca el acceso a 
su contenido. Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, 
o haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando 
hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin 
que se acceda a su contenido."
En  el  presente  caso,  consta  que  la  notificación  se  puso  a  disposición  de  las 
recurrentes en fecha 24 de mayo de 2018 no accediendo al contenido hasta el día 9 de 
julio de 2018 (fuera de los diez días naturales), presentando los escritos de oposición a 
la  ejecución  en  fecha  24  de  julio  de  2018  claramente  fuera  del  plazo  legalmente 
establecido en el art. 556. 1 LEC (dentro de los diez días siguientes al de la notificación 
del auto despachando ejecución,) y siendo que conforme al art. 136 LEC transcurrido o 
pasado el término señalado para la realización de un acto procesal de parte se producirá 
la preclusión y se perderá la oportunidad de realizar el acto de que se trate, es claro que 
dichas oposiciones son extemporáneas siendo la consecuencia legal la inadmisión.»
Como pie de recurso, el auto indicó que dicha resolución «es firme, y contra la misma 
no cabe recurso alguno». Tanto este auto, como el anterior de 3 de septiembre de 2018, 
fueron notificados por el juzgado al procurador de la demandante de amparo a través del 
sistema Lexnet, tal y como obra en las actuaciones.
Notificado así el auto de 28 de septiembre de 2018, por la indicada mercantil se 
interpuso el presente recurso.
3.  La  demanda  de  amparo  alega  que  las  resoluciones  judiciales  impugnadas 
causaron, en primer lugar, la vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva 
(art. 24.1 CE) y a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE) de la entidad  s
recurrente, al haberse efectuado su emplazamiento como ejecutada en el procedimiento  oe.
hipotecario de referencia a través de un correo electrónico remitido por un servicio de  w.
ejnunod tiicfpiicaaapl ceeilon n eleans  c leaal uessceatrd,ó ecn oicdmaeos , s euys  tndaoob mlmeciecedil iioea ln sateort c.e ian2lt7,r 3et grLaaEt ádCne,d  oelasn e dr oedclaeuc misóeunn  tpcaorcinmió elnor s c eoamrrrtepss.la p1zo3an5md, iiee1nn5tt2eo,    2020-8145n https://ww
162 y en especial el art. 155.1 de esta ley, objetando también que el juzgado haya hecho
el cómputo del plazo para oponerse, desde la fecha del envío del correo a la dirección 
electrónica habilitada y no del acceso a la notificación, inadmitiendo así su escrito.
Sobre el auto del 28 de septiembre siguiente que desestimó el recurso de reposición 
promovido contra la anterior resolución —y del que se resumen sus argumentos—, se 
rechaza por la recurrente que el juzgado haya fundamentado su segunda decisión en la 
«Ley de procedimiento administrativo común, que consideramos inaplicable al ámbito 
procesal civil, puesto que además de existir normas concretas al respecto, no se dan en 
uno y otro ámbito las mismas garantías procedimentales». Precisa que en materia de 
notificación  de  actos  procesales  existe  su  propia  normativa  tanto  en  la  Ley  de 
enjuiciamiento civil según ha expuesto, como en el haz de garantías que se derivan del 
art. 24 CE.
Alega también la vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías 
(art. 24.2 CE), en cuanto a un proceso de defensa contradictoria, y del derecho a la 
asistencia letrada (art. 24.2 CE), aunque sin concreción al caso. Y solicita la estimación 
del amparo, con nulidad de los dos autos recurridos y la retroacción de las actuaciones al 
momento previo al dictado de la primera de aquéllas, a fin de que el juzgado a quo 
admita a trámite la oposición al despacho de ejecución formulada.
Por medio de un «segundo otrosí digo», el escrito de demanda argumentó «que la 
continuación de la ejecución derivada de los pronunciamientos judiciales que han sido 
objeto de impugnación, con la celebración de subasta y la eventual adjudicación a 
terceros, pueden hacer perder al recurso de amparo su finalidad, por lo que solicito la 
suspensión  de  la  continuación  del  procedimiento  de  ejecución  hipotecaria  99-2018 
seguido ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 3 de Lorca, hasta tanto 
sea resuelto el presente recurso de amparo, poniéndolo en conocimiento del órgano 
judicial».
4.  Una vez recibidas las actuaciones, la Sección Cuarta de este Tribunal dictó 
providencia el 17 de junio de 2019 por la que acordó: (i) admitir a trámite el recurso, 
«apreciando  que  concurre  en  el  mismo  una  especial  trascendencia  constitucional 
[art. 50.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC)] porque el recurso 
plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no 
hay doctrina de este Tribunal [STC 155/2009, FJ 2, a)]; así como que el recurso puede 
dar ocasión al Tribunal para aclarar o cambiar su doctrina, como consecuencia de 
cambios  normativos  relevantes  para  la  configuración  del  contenido  del  derecho 
fundamental [STC 155/2009, FJ 2, b)]»; (ii) requerir al juzgado a quo para que en plazo 
no superior a diez días remitiera certificación o fotocopia adverada de las actuaciones del 
procedimiento de ejecución hipotecaria núm. 99-2018; (iii) previamente emplazara a 
quienes hubieran sido parte en éste, excepto a la recurrente en amparo, para poder 
comparecer en el presente proceso constitucional en del plazo de diez días, a efecto de 
formular alegaciones; y (iv) formar la correspondiente pieza separada de suspensión».
5.  Mediante providencia de la Sala Segunda, Sección Cuarta, de este Tribunal, 
de 24 de junio de 2019, se acordó oficiar al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm.  3  de  Lorca,  para  que  remitiera,  a  la  mayor  brevedad  posible,  certificación 
acreditativa «de la interposición o no de recurso de apelación contra alguna de las 
resoluciones dictadas en las actuaciones principales o en alguna pieza separada en el 
procedimiento de ejecución hipotecaria seguido en ese juzgado con el número 99-18, y 
si ha recaído resolución se remita a esta Sala testimonio de la misma».
Con  fecha  17  de  julio  de  2019,  se  recibió  en  el  registro  de  este  tribunal  la  e
correspondiente certificación del juzgado a quo fechada el 4 de julio de 2019, en la que  bo
se hizo constar «que en los presentes autos no se han interpuesto ni en el procedimiento  45ww
pdrein lacisp apla rntie se np elarsso pniaedzaass  ecno rerel spproocneddieimntieesn toa»l .mismo, recurso de apelación por ninguna
6.  Por escrito presentado en el registro de este tribunal el 12 de julio de 2019, la
procuradora de los tribunales doña Blanca María Grande Pesquero, actuando en nombre
y representación de la entidad Banco Sabadell, S.A., solicitó se tuviera a esta última 
como  personada  como  parte  recurrida,  entendiéndose  con  dicha  procuradora  las 
actuaciones sucesivas de este proceso.
7.  Con fecha 29 de julio de 2019, la Secretaría de Justicia de la Sala Segunda de 
este tribunal dictó diligencia de ordenación por la que, de un lado, decidió tener por 
personado y parte al Banco de Sabadell a través de la procuradora mencionada, y de 
otro lado acordó dar vista de las actuaciones a las partes personadas y al Ministerio 
Fiscal, por plazo común de veinte días, a fin de que pudieran presentar las alegaciones 
que estimasen pertinentes, conforme con lo previsto en el art. 52.1 LOTC.
8.  La  representante  procesal  de  la  entidad  recurrente  presentó  su  escrito  de 
alegaciones el 26 de septiembre de 2019, por el que interesó se dictara resolución 
estimatoria del recurso de amparo, haciendo mención a la STC 47/2019, de 8 de abril, 
que a su parecer respalda los argumentos que defiende en este recurso, en torno a la 
necesidad de que el primer emplazamiento o citación al demandado se efectúe en su 
domicilio, como impone el artículo 155.1 de la Ley de enjuiciamiento civil.
9.  Con fecha 27 de septiembre de 2019, la procuradora doña Blanca María Grande 
Pesquero, formalizó escrito de alegaciones ante este Tribunal actuando en nombre y 
representación de la entidad Pera Assets Designated Activity Company, y asistida por el 
letrado don Alejandro Ingram Solís, a fin de «formular oposición al recurso de amparo». 
Se interesó en el mismo la denegación del amparo solicitado por la entidad recurrente, y 
que  «se  tenga  por  subrogada  a  mi  representada  Pera  Assets  Designated  Activity 
Company como parte en este procedimiento, en lugar de la actora y a mí como parte 
legítima  en  dicha  representación».  En  dicho  escrito,  la  mercantil  defendió  la 
interpretación que hace el juzgado de las normas citadas en los dos autos impugnados, 
por lo que el escrito de oposición a la ejecución se presentó «claramente fuera del plazo 
legalmente establecido en el artículo 556.1 LEC».
No consta presentado dentro del plazo del art. 52 LOTC, o con posterioridad, ningún 
escrito de alegaciones de la entidad Banco de Sabadell, S.A.
10.  La fiscal ante este Tribunal Constitucional presentó escrito de alegaciones el 4 
de octubre de 2019, por el que interesó de este Tribunal que dictara sentencia otorgando 
el amparo a la recurrente, con reconocimiento de la vulneración de su derecho a la tutela 
judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE), nulidad de «todo lo actuado desde la 
notificación efectuada electrónicamente del auto despachando ejecución acordado por el 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 3 de Lorca, en el juicio de ejecución 
hipotecaria 99-18», y retroacción de las actuaciones al momento inmediato anterior a 
aquella notificación, «para que se le dé al recurrente posibilidad de formular oposición a 
la ejecución». Basó esta petición en los siguientes argumentos:
a)  Previo a formular las alegaciones de fondo del recurso, la fiscal expuso sus 
razones para considerar correctamente agotada la vía judicial previa al amparo por parte 
de la recurrente [art. 44.1 a) LOTC], al no ser necesario interponer incidente de nulidad 
de actuaciones contra el auto desestimatorio de la reposición —el cual no producía en 
origen la lesión—, ni resultar previsiblemente útil de haberse presentado. Tampoco la 
demanda de amparo es prematura por interponerse tras el segundo de esos autos, sin 
esperar a la finalización del proceso ejecutivo, atendida la doctrina de este Tribunal para 
situaciones similares. e.e
b)  En  cuanto  al  fondo,  la  alegada  vulneración  del  derecho  a  la  tutela  judicial  b
efectiva, (art. 24.1 CE) por haberse inadmitido a trámite, por extemporáneo, el escrito de  45ww
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segundo párrafo, de los que se deriva la obligatoriedad de que el primer emplazamiento
se realice de manera personal y con entrega en papel de la documentación. El resultado 
es  que  ambas  resoluciones  del  juzgado  sumieron  a  la  recurrente  en  indefensión 
prohibida  por  el  art.  24.1  CE,  pero  además  conculcaron  el  canon  exigible  de 
razonabilidad, ante tal errónea selección de las normas.
11.  En  relación  con  el  escrito  presentado  por  la  representante  procesal  de  la 
entidad Pera Assets Designated Activity Company, tras haberse recibido del Juzgado de 
Primera Instancia núm. 3 de Lorca una copia del auto dictado en el proceso a quo el 12 
de noviembre de 2019, aceptando la sucesión procesal solicitada, y copia del auto de 12 
de diciembre de 2019, desestimando el recurso de reposición interpuesto contra aquél 
por la entidad Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., el 17 de enero de 2020, la 
Sección Cuarta de este Tribunal dictó providencia acordando «tener por personada como 
parte comparecida en el presente recurso a la entidad Pera Assets Designated Activity 
Company, en virtud de sucesión procesal».
12.  Por la secretaría de justicia se ha dictado diligencia el 4 de febrero de 2020, 
dejando constancia de la presentación de los escritos de alegaciones del Ministerio 
Fiscal y de los representantes procesales de la recurrente en amparo y de la entidad 
comparecida a título de sucesor procesal, quedando el asunto concluso y pendiente para 
deliberación cuando por turno correspondiera.
13.  Respecto de la solicitud de suspensión formulada por la recurrente en amparo 
mediante otrosí de su escrito de demanda, por auto de la Sala Segunda de este Tribunal 
núm. 103/2019, de 16 de septiembre, se acordó: «1.º Denegar la suspensión cautelar 
solicitada […]; 2.º Ordenar la anotación preventiva de la demanda de amparo en el 
registro de la propiedad, a cuyo efecto el referido juzgado ha de expedir el mandamiento 
oportuno, para que pueda practicarse la misma en relación con el inmueble a que se 
refieren las presentes actuaciones».
14.  Mediante providencia de fecha 11 junio de 2020, se señaló para deliberación y 
votación de la presente sentencia el día 15 del mismo mes y año.
II. Fundamentos Jurídicos
Único.  Aplicación de la doctrina sentada por las SSTC 6/2019, 47/2019 y 40/2020.
La presente demanda se integra en la serie de recursos de amparo interpuestos por 
dos entidades, una de ellas la aquí recurrente, demandadas en procesos ejecutivos 
hipotecarios seguidos ante diversos juzgados de primera instancia de Lorca, los cuales, 
tras emplazarlas por vía electrónica a través del servicio de notificaciones electrónicas y 
de dirección electrónica habilitada de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, han 
inadmitido a trámite los escritos de oposición a la ejecución presentados por aquéllas, al 
considerarlos extemporáneos mediante un cómputo de plazo realizado con arreglo a 
normas del procedimiento administrativo común.
En concreto, en el presente recurso la entidad Penrei Inversiones, S.L. impugna los 
autos del Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de Lorca, de 3 de septiembre de 2018 
y 28 de septiembre de 2018, recaídos en el proceso hipotecario núm. 99-2018.
La demanda de amparo alega la vulneración del derecho fundamental a la tutela 
judicial efectiva (art. 24.1 CE), en sus vertientes de derecho a no padecer indefensión y a 
obtener  una  resolución  fundada  en  Derecho,  al  no  haberse  efectuado  aquel  e.
emplazamiento  de  manera  personal  y  con  entrega  en  papel  de  la  documentación  w.b
correspondiente, tal y como establecen las normas de la Ley de enjuiciamiento civil.  45ww
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la entidad comparecida se opone a la demanda en cuanto al fondo, interesando su 
desestimación.
Planteado en estos términos el debate, debe indicarse que el Pleno de este Tribunal 
ha dictado recientemente la STC 40/2020, de 25 de febrero, en la que ha tenido la 
oportunidad de resolver el recurso de amparo cabecera de esta serie, promovido contra 
dos  autos  de  coincidente  contenido  con  los  que  ahora  se  impugnan,  y  donde  dio 
respuesta a los mismos argumentos que defienden aquí las partes, con fallo estimatorio 
de  la  demanda.  Descartada  aquí  la  concurrencia  de  algún  elemento  distintivo  que 
obligue a una fundamentación o resultado distinto a lo declarado entonces, procede por 
tanto que hagamos aplicación de la citada sentencia 40/2020.
En tal sentido, luego de despejar en el fundamento jurídico 2 cualquier posible óbice 
procesal por falta de agotamiento de la vía judicial previa al amparo [art. 44.1 a) LOTC], 
al no caber recurso contra el auto desestimatorio de la reposición y así indicarlo el pie de 
recurso de éste, y no ser tampoco el amparo prematuro por interponerse sin esperar a la 
finalización  del  proceso  ejecutivo  hipotecario  a  quo,  se  aborda  en  el  fundamento 
jurídico 3 el examen de la queja de fondo por lesión del art. 24.1 CE derivada de la 
inadmisión  del  escrito  de  oposición  a  la  ejecución,  advirtiéndose  que  resulta  de 
aplicación al caso la doctrina de este Tribunal plasmada en sus SSTC 6/2019, de 17 de 
enero, FJ 4 a), (iii), dictada en sede de cuestión de inconstitucionalidad, y 47/2019, de 8 
de abril, FJ 4 a), recaída en proceso de amparo, «en relación con la garantía de 
emplazamiento personal del demandado o ejecutado en los procesos regidos en esta 
materia por la Ley de enjuiciamiento civil (directa o supletoriamente), como primera 
comunicación con el órgano judicial competente, sin que pueda ser sustituida por una 
comunicación electrónica», como puede ser el caso de la efectuada a través de la 
dirección electrónica habilitada. Tal emplazamiento personal se exige en el art. 155.1 
LEC, y lo complementa la regla del art. 273.4 LEC sobre la presentación en papel de las 
copias de los escritos y documentos para ese primer emplazamiento. El incumplimiento 
de este deber del órgano judicial, «acarrea por tanto la conculcación de aquel derecho 
fundamental», tal y como ya ha declarado este Tribunal en varios recursos de amparo 
referidos a procesos laborales, civiles y concursales, que se especifican en el mismo 
fundamento jurídico 3, precisamente en aplicación de la doctrina de referencia.
Constata entonces la STC 40/2020, en su FJ 4, como ha de hacerse también ahora, 
que las dos resoluciones judiciales impugnadas vulneraron el derecho a la tutela judicial 
efectiva de la recurrente, al no proceder a su emplazamiento personal en el proceso a 
quo a efectos de requerirla de pago o alternativamente permitirle presentar su oposición 
a la ejecución, optando en cambio el juzgado por un emplazamiento electrónico a través 
del servicio de notificaciones electrónicas y dirección electrónica habilitada de la Fábrica 
Nacional de Moneda y Timbre, no previsto en la normativa procesal y que apenas 
consistía en un aviso remitiendo a un enlace de internet para poder conocer el contenido 
de la notificación. Además, computó el plazo para presentar el escrito de oposición 
invocando normas del procedimiento administrativo común, que son ajenas al ámbito 
jurisdiccional en el que nos encontramos, en alegal conjunción con el plazo del art. 556 
LEC. Todo lo cual determina la estimación del amparo por vulneración de su derecho 
fundamental a la tutela judicial efectiva sin padecer indefensión (art.24. 1 CE), con 
reconocimiento de tal derecho.
Procede por ello acordar la nulidad de los autos impugnados y de todo lo actuado en 
el  procedimiento  hipotecario  a  quo  desde  el  momento  en  que  se  proveyó  a  su 
emplazamiento a través de la dirección electrónica habilitada, con retroacción de las  s
actuaciones para que el juzgado practique dicho emplazamiento en los términos exigidos  oe.
por la ley (art. 155.1 y 273.4 LEC), de manera respetuosa con el derecho fundamental de  w.
la demandante. 45ww
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
1.º  Estimar la demanda presentada por Penrei Inversiones, S.L., por vulneración de 
su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva sin padecer indefensión (art. 24.1 
CE), con reconocimiento de tal derecho.
2.º  Declarar la nulidad de los autos de 3 de septiembre de 2018 y 28 de septiembre 
de 2018, dictados por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 3 de Lorca en 
el  proceso  de  ejecución  hipotecaria  núm.  99-2018,  así  como  la  nulidad  de  las 
actuaciones realizadas a partir del emplazamiento de la entidad recurrente a través de la 
dirección electrónica habilitada.
3.º  Retrotraer  el  procedimiento  al  momento  inmediatamente  anterior  al  de 
efectuarse el emplazamiento de la demandada, debiendo llevarse a cabo de nuevo esta 
última  por  el  juzgado  ejecutor,  de  forma  que  resulte  respetuosa  con  el  derecho 
fundamental reconocido.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a quince de junio de dos mil veinte.–Encarnación Roca Trías.–
Fernando  Valdés  Dal-Ré.–Juan  Antonio  Xiol  Ríos.–Pedro  José  González-Trevijano 
Sánchez.–Antonio Narváez Rodríguez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Firmado y rubricado.