BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 289 Lunes 2 de noviembre de 2020 Sec. TC.   Pág. 95372
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
13435 Sala Primera. Sentencia 106/2020, de 21 de septiembre de 2020. Recurso de 
amparo 5906-2018. Promovido por la Junta de Extremadura respecto de las 
resoluciones  de  la  Sala  de  lo  Contencioso-Administrativo  del  Tribunal 
Superior de Justicia de Extremadura que inadmitieron su recurso de casación 
por  infracción  de  normativa  autonómica  en  procedimiento  abreviado  en 
materia de personal. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva 
(acceso al recurso): STC 99/2020 (resoluciones judiciales que inadmiten, sin 
causa legal para ello, un recurso de casación basado en infracción de normas 
autonómicas).
ECLI:ES:TC:2020:106
La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por el magistrado don Juan 
José  González  Rivas,  presidente;  los  magistrados  don  Andrés  Ollero  Tassara,  don 
Santiago Martínez-Vares García, don Alfredo Montoya Melgar, don Cándido Conde-
Pumpido Tourón; y la magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 5906-2018, promovido por la representación procesal 
de  la  Junta  de  Extremadura  contra  la  providencia  de  la  Sala  de  lo  Contencioso-
Administrativo  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Extremadura  de  11  de  octubre 
de 2018, por la que se inadmite el incidente de nulidad de actuaciones interpuesto contra 
el auto de 10 de septiembre de 2018, que inadmitió el recurso de casación autonómico 
núm.  7-2018,  interpuesto  contra  la  sentencia  del  Juzgado  de  lo  Contencioso-
Administrativo  núm.  1  de  Mérida  de  2  de  marzo  de  2018,  pronunciada  en  el 
procedimiento abreviado núm. 152-2017. Ha sido parte doña Manuela Coronado Portillo, 
representada por el procurador de los tribunales don Luis Mena Velasco y defendida por 
el letrado don Diego Castillo Guijarro, y ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido 
ponente el presidente don Juan José González Rivas.
I.  Antecedentes
1.  La Junta de Extremadura, representada por la procuradora de los tribunales 
doña Aurora Gómez-Billaboa Mandri y bajo la asistencia de la letrada doña Ana Cristina 
Sánchez-Barriga Leitón, interpuso recurso de amparo contra las resoluciones judiciales 
que se mencionan en el encabezamiento de esta sentencia mediante escrito registrado 
en este tribunal el 12 de noviembre de 2018.
2.  El recurso tiene su origen en los siguientes antecedentes: o
a)  La sentencia del Juzgado de lo Contencioso-administrativo núm. 1 de Mérida  435ww
n1ú5m2-.2 3001/72,0 e1s8t,i mdeó  2e ld ere mcuarrszoo  cdoen 2te0n1c8io, sporo-andumnciniaisdtara etinv oe li nptreorcpeudeismtoie nptoor  adboreñvai aMdoa nnuúemla. 
CSeorrvoincaiod oE xPtroermtilleoñ oc odnetr aS alalu dd edsee sstium arceicólna mparceisóunn, tap repsoer ntlaad aD ireelc c3i0ó n deG esreepntcieiam bdreel   BOE-A-cable e
de 2016, de abono del complemento de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
establecido como retribución complementaria para el personal estatutario sanitario del 
grupo A1, reconociéndose a la actora el derecho a la percepción de ese complemento 
salarial.
b)  La  Junta  de  Extremadura  interpuso  recurso  de  casación  por  infracción  de 
normativa autonómica de acuerdo con el art. 86.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa (LJCA), que fue tramitado con el 
núm. 7-2018 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Extremadura.
c)  El recurso de casación por infracción de normativa autonómica fue inadmitido por 
auto núm. 7/2018, de 10 de septiembre de 2018, al considerar que concurre la causa de 
inadmisión prevista en el artículo 90.4 a) LJCA, por no ser recurrible en casación la 
sentencia  impugnada,  ya  que,  en  el  orden  contencioso-administrativo,  tras  la  Ley 
Orgánica 7/2015, de 21 de julio, «ni la LOPJ ni la LJCA contienen norma que atribuya 
competencia a las salas de lo contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de 
Justicia para enjuiciar recursos de casación por infracción de norma autonómica». A 
esos efectos, argumenta que (i) el art. 86.1 LJCA únicamente admite la procedencia del 
recurso de casación y su conocimiento por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Supremo «frente a las sentencias dictadas en única instancia por los juzgados 
de lo contencioso-administrativo»; (ii) los arts. 99 y 101 LJCA, que, respectivamente, 
regulaban los recursos de casación para unificación de doctrina y en interés de la Ley, 
han sido derogados por la Ley Orgánica 7/2015, por lo que tales recursos «no existen 
actualmente»; (iii) el art. 86.3, párrafo segundo, LJCA, que es el que regula el recurso de 
casación por infracción de normativa autonómica, «por un lado, no menciona como 
susceptibles  de  ser  recurridas  en  casación  las  sentencias  de  los  juzgados  de  lo 
contencioso-administrativo» y, «por otro, el precepto ha sido redactado por la disposición 
final tercera de la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio», por la que se modifica la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, sin que dicha disposición adicional tenga rango de ley 
orgánica  sino  de  ley  ordinaria,  según  prevé  la  disposición  final  quinta  de  la  Ley 
Orgánica 7/2015; y, (iv) salvo la mención que se hace en el art. 86.3 LJCA, no existe 
ninguna otra referencia al procedimiento del recurso de casación por infracción de 
normativa autonómica, dado que el «trámite procedimental de la LJCA está previsto en 
su integridad para la tramitación del recurso de casación ante la Sala Tercera del 
Tribunal Supremo, sin que exista regulación alguna» de la tramitación de este recurso 
ante las salas de lo contencioso-administrativo de los tribunales superiores de justicia 
autonómicos.
d)  La Junta de Extremadura formuló incidente de nulidad de actuaciones aduciendo 
la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), desde la perspectiva 
del derecho de acceso al recurso y de una resolución motivada en derecho en cuanto a 
la procedencia del recurso de casación, y del derecho a la igualdad en la aplicación de la 
ley  (art.  14  CE),  ya  que  otros  tribunales  superiores  de  justicia  autonómicos  han 
alcanzado soluciones distintas en cuanto a la procedencia de dicho recurso de casación 
por infracción de la normativa autonómica.
El incidente fue inadmitido por providencia de 11 de octubre de 2018, insistiendo en 
que  «se  trata  de  un  recurso  que  no  está  previsto  en  la  LJCA  al  no  indicarse 
expresamente  que  las  sentencias  de  los  juzgados  de  lo  contencioso-administrativo 
puedan ser objeto de recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura […]. Respetando las decisiones de  s
otros Tribunales Superiores de Justicia, no es posible que un recurso de casación pueda  oe.
admitirse, decidirse en qué supuestos cabe, y tramitarse, cuando existe una absoluta  w.
falta de regulación en la LJCA» y en la Ley Orgánica del Poder Judicial. 435ww
3.  La demanda solicita que se estime el amparo por vulneración del derecho a la
tduictetalad ajsu dpiocria lla  eSfaelcat idvea  lo(a Crto. n2te4n.1c ioCsoE-)A, ddmeicnliasrtárantdivoos ed ell aT rinbuulnidaal dS udpee rliaosr  dree Jsuosluticciioan dees 
Extremadura.
La Junta de Extremadura invoca el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), 
con  fundamento  en  que  (i)  se  ha  vulnerado  el  derecho  de  acceso  al  recurso,  al 
denegarse la posibilidad de entablar un recurso de casación configurado legalmente, en 
contra de reiterada jurisprudencia constitucional; (ii) se ha vulnerado el art. 24.1, en 
relación con el art. 117.1 de la CE, «en tanto que el 24 CE no solo comporta para el 
justiciable  la  garantía  de  obtener  una  resolución  fundada  en  Derecho,  sino  que, 
correlativamente, impone a los jueces, en el ejercicio de su potestad jurisdiccional, el 
sometimiento al imperio de la ley (SSTC 173/2002, de 9 de octubre, FJ 8, y 66/2011, 
de 16 de mayo, FJ 5)», destacando que en este caso se ha inaplicado el art. 86.3 LJCA, 
que da la posibilidad de plantear el mencionado recurso; y (iii) también se ha lesionado el 
derecho a la tutela judicial efectiva en relación con el principio de seguridad jurídica 
(art. 9.3 CE), «habida cuenta que el requisito cuyo incumplimiento ha determinado la 
inadmisión del recurso no está expresamente contemplado por la ley» y se ha llegado al 
mismo con una interpretación contraria a la mayor efectividad del derecho fundamental al 
recurso.
La demandante invoca el derecho a la igualdad en la aplicación de la ley (art. 14 CE), 
en relación con el art. 24.1 CE, por la indefensión causada por la no admisión del recurso 
«al no entrar a valorarlo en comparación con las soluciones contempladas en otras 
comunidades autónomas, que han puesto soluciones a la falta de regulación normativa».
Afirma que el recurso de amparo tiene especial transcendencia constitucional, conforme 
a lo establecido en la STC 155/2009, de 25 de junio, ya que la vulneración del derecho 
constitucional que se denuncia proviene de la ley, pues a ello conduce la interpretación que 
postula el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, y porque transciende el caso 
concreto por plantear una cuestión jurídica de relevante y general repercusión social, en la 
medida en que no se trata de la inadmisión de un recurso en particular, concreto, sino 
negación con carácter general de la posibilidad de aplicación en el ámbito del Tribunal 
Superior de Justicia de Extremadura de un recurso regulado en la ley.
4.  La Sección Primera de este tribunal, por providencia de 6 de mayo de 2019, 
acordó la admisión a trámite del presente recurso, apreciando que concurre en el mismo 
una especial trascendencia constitucional (art. 50.1 LOTC) porque el asunto suscitado 
transciende el caso concreto porque plantea una cuestión jurídica de relevante y general 
repercusión social o económica [STC 155/2009, FJ 2 g)]; dirigir atenta comunicación al 
órgano judicial para que remita certificación o fotocopia adverada de las actuaciones y 
emplazamiento  para  que  puedan  comparecer  en  los  recursos  de  amparo  quienes 
hubieran sido parte en el procedimiento; y la formación de pieza separada para la 
tramitación  del  incidente  sobre  la  suspensión  solicitada,  que  fue  denegada  por 
ATC 61/2019, de 17 de junio.
5.  La secretaría de Justicia de la Sala Primera de este tribunal, por diligencia de 
ordenación de 6 de junio de 2019, acordó tener por recibidas las actuaciones solicitadas, 
por personada a doña Manuela Coronado Portillo, representada por el procurador de los 
tribunales don Luis Felipe Mena Velasco, y, a tenor de lo dispuesto en el art. 52 LOTC, 
dar vista de todas las actuaciones del presente recurso de amparo al Ministerio Fiscal y a 
las partes personadas por plazo común de veinte días, para que dentro de dicho término 
pudieran presentar alegaciones.
6.  Por escrito registrado en este tribunal el 26 de junio de 2019, la letrada de la 
Junta  de  Extremadura  se  ratificó  en  todo  el  contenido  de  la  demanda  de  amparo  s
presentada, que reproduce de nuevo literalmente. oe.
7.  Don  Luis  Mena  Velasco,  en  nombre  y  representación  de  doña  Manuela  435ww
Csoolricointaa dlao  Pdoersteillsot,i mparecsióenn tód esl ur eecsucrrsitoo  ddee  aalemgpaacrioon epso re ln o1 2h daeb ejurslieo  dveu ln2e0r1a9d,o e nd eerle qchuoe 
faucnodrdaóm epnotra lla a slgaulan ola  dineal dSmeirsviiócnio  dEex utrne mreecñuors doe d eS aclausda. cCióonn spiodre rnao  qvueen ire nco enstetem cpalasdoa  slae   BOE-A-cable e
posibilidad  de  entablar  dicho  recurso  en  la  legislación  procesal,  ni  ordinaria  ni 
extraordinaria, y ello sin emplear criterios interpretativos restrictivos del cumplimiento de 
los requisitos de recurribilidad.
8.  El Ministerio Fiscal, por escrito registrado en este tribunal el 19 de julio de 2019, 
interesa que se estime el recurso por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva 
(art. 24.1 CE), en su concreta dimensión de derecho de acceso al recurso, anulándose 
las resoluciones impugnadas con retroacción de actuaciones para que se pronuncie otra 
respetuosa con el derecho fundamental vulnerado.
Expone el fiscal ante el Tribunal Constitucional que la triple invocación del derecho a 
la  tutela  judicial  efectiva  debe  quedar  reconducida  a  la  vulneración  del  derecho  al 
recurso. A esos efectos, tras resumir la jurisprudencia constitucional en la materia y la 
concretamente referida a la nueva configuración del recurso de casación por infracción 
de normativa autonómica (ATC 41/2018, de 16 de abril, y STC 128/2018, de 29 de 
noviembre), argumenta que la normativa introducida por la Ley Orgánica 7/2015 ha 
establecido una doble vía casacional según la normativa que resulte aplicable a cada 
caso, de tal modo que corresponde a las salas de lo contencioso-administrativo de los 
Tribunales Superiores de Justicia el conocimiento de los recursos de casación cuando se 
denuncie la infracción de normativa autonómica, por lo que, si esta vía impugnativa debe 
cumplir su genuina función unificadora del Derecho y a través de una interpretación 
sistemática de las normas propias de la casación estatal es posible integrar los vacíos 
normativos que presenta la actual regulación de la casación autonómica, entonces habrá 
que concluir que (i) el recurso de casación autonómico tiene un régimen jurídico paralelo 
al estatal y (ii) el órgano judicial encargado de resolverlo, en las mismas condiciones que 
el Tribunal Supremo, será el correspondiente Tribunal Superior de Justicia.
Así, el Ministerio Fiscal considera que las resoluciones judiciales impugnadas han 
vulnerado  el  derecho  de  acceso  al  recurso,  ya  que  «la  interpretación  del  Tribunal 
Superior de Justicia de Extremadura excluyendo radicalmente la posibilidad de recurso 
de casación autonómico respecto del juzgado de lo contencioso-administrativo elimina la 
posibilidad  de  esta  perspectiva  de  unificación  de  la  aplicación  de  la  normativa 
autonómica atribuida al Tribunal Superior de Justicia, produciendo, desde esta óptica, un 
vacío  respecto  de  esta  legislación,  incoherente  con  el  sistema  establecido  para  la 
normativa  estatal  y  europea  atribuida  al  Tribunal  Supremo  […]  sin  que  exista  una 
explicación  de  esa  exclusión  ni  una  concreta  cobertura  legal,  que  responde  a  la 
culminación de la organización judicial tanto en el ámbito nacional (Tribunal Supremo) 
como en el ámbito autonómico (Tribunal Superior de Justicia)».
Por otra parte, respecto de la invocación del derecho a la igualdad (art. 14 CE), el 
Ministerio Fiscal concluye que no se ha producido su vulneración porque la demanda no 
ha proporcionado un término de comparación, «en relación con el mismo órgano judicial 
del que se derive un cambio arbitrario e injustificado del criterio aplicado en otros 
supuestos con los que exista identidad».
9.  Por providencia de 17 de septiembre de 2020 se señaló para la deliberación y 
votación de la presente sentencia el día 21 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Objeto de impugnación y posiciones de las partes.
El recurso de amparo se dirige contra la providencia de la Sala de lo Contencioso- oe.
Administrativo  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Extremadura  de  11  de  octubre  w.
ednleú  ma2u.0 t1o78 d-, 2ep0 o11r08 l a,d  eqi nusteee prspetiue iemnsabtdorme  icdteoe n e2tlr 0ain1 c8li,ad  qeunsetee n idnteean dncmuiailti díaad dee lld  reeJ cauuczrtgsuaoad cdoioe n cdeaess  ianlcotei órnpC uaoeunstttoeonn cócoimonsitcroao-   2020-13435n https://ww
Administrativo  núm.  1  de  Mérida  de  2  de  marzo  de  2018,  pronunciada  en  el
procedimiento abreviado núm. 152-2017. Bc
En  estas  resoluciones  de  la  Sala  de  lo  Contencioso-Administrativo  del  Tribunal 
Superior  de  Justicia  de  Extremadura,  respectivamente,  se  inadmitía  el  recurso  de 
casación autonómico interpuesto contra una sentencia dictada en única instancia por el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Mérida, de 2 de marzo de 2018, y 
se rechazaba, también liminarmente, el incidente de nulidad de actuaciones promovido 
contra aquella primera resolución.
A juicio de la parte recurrente, la decisión judicial según la cual, de conformidad con 
la establecido en el art. 86.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
jurisdicción  contencioso-administrativa  (LJCA),  tras  la  reforma  operada  por  la  Ley 
Orgánica 7/2015, de 21 de julio, no cabe interponer el recurso de casación por infracción 
de normativa autonómica contra las resoluciones dictadas en única instancia por los 
juzgados  de  lo  contencioso-administrativo,  vulnera  los  derechos  a  la  tutela  judicial 
efectiva (art. 24.1 CE), desde la perspectiva del derecho de acceso al recurso, y a la 
igualdad en la aplicación de la ley (art. 14 CE).
El Ministerio Fiscal solicita la estimación del recurso, por vulneración del art. 24.1 CE.
2.  Aplicación de la doctrina sentada por la STC 99/2020, de 22 de julio.
El objeto de este recurso coincide con el resuelto por la STC 99/2020, de 22 de julio, 
en la que se concluye que las resoluciones judiciales impugnadas han vulnerado el 
derecho de la demandante de amparo a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), desde la 
perspectiva del derecho de acceso al recurso. Descartada en este caso la concurrencia 
de algún elemento distintivo que obligue a una fundamentación o resultado distinto a lo 
declarado entonces, procede por tanto que hagamos aplicación de la citada sentencia, a 
la que nos remitimos y damos por reproducida en sus fundamentos jurídicos.
En  el  fundamento  jurídico  3,  la  STC  99/2020  se  remite  a  lo  dispuesto  en  la 
STC 128/2018 al enjuiciar la constitucionalidad del art. 86.3 LJCA. Así, recuerda que 
«este tribunal ha considerado que el art. 86.3 LJCA no contraviene ni el rango de ley 
orgánica ni tampoco el art. 122.1 CE, ya que (i) la composición de las secciones de 
casación  debe  ser  conceptuada  como  referida  a  secciones  ‘‘funcionales’’  y  ‘‘no 
orgánicas’’, de modo que ‘‘no constituyen órganos judiciales distintos a los efectos de 
nuestra doctrina constitucional sobre el alcance de la reserva de ley orgánica que deriva 
del artículo 122.1 CE’’ [FJ 4 b)]; y (ii) no se trata de una novedad en la normativa 
procesal, pues la composición de las secciones de casación del art. 86.3 LJCA sigue 
siendo la misma que la que el art. 16.4 LJCA, que continúa en vigor, preveía para los 
desaparecidos recursos de casación en interés de la ley y para la unificación de la 
doctrina [FJ 4 b)].
Del  mismo  modo,  en  la  STC  128/2018  se  ha  declarado  que  (i)  ‘‘la  regulación 
contenida en los preceptos cuestionados […] [art. 86.3, párrafos segundo y tercero, 
LJCA] no impide una interpretación lógica y coherente que proporcione un sentido útil a 
la  casación  autonómica’’,  cumpliendo  una  función  nomofiláctica  y  unificadora  del 
Derecho autonómico [FJ 7 a)] y (ii) el recurso de casación por infracción de normativa 
autonómica se conforma como ‘‘un recurso de casación paralelo’’ al establecido en el 
Tribunal Supremo respecto de la denunciada infracción del Derecho estatal o de la Unión 
Europea, además de afirmar que a su ‘‘regulación se remite implícitamente’’ [FJ 7 a)]».
Una  vez  descartada,  por  las  razones  señaladas  en  la  STC  128/2018  la 
inconstitucionalidad  de  los  párrafos  segundo  y  tercero  del  art.  86.3  LJCA,  la 
STC 99/2020 considera que «el órgano judicial, al inadmitir el recurso de casación en 
virtud  de  una  interpretación  literal  del  art.  86.3  LJCA  ha  llegado  a  un  resultado  e
materialmente contrario al derecho de acceso al recurso que consagra el art. 24.1 CE. bo
En efecto, la decisión adoptada, al no tomar en consideración que el art. 86.3 LJCA,  435ww
arel gruelagcuilóanr  edle l rereccuursrsoo  ddee  ccaassaacciióónn  paourto vnuólmneicraoc, iócno ndtieeln De eurencah or eemsitsaitóanl  oim dpelí claita U  an iólan 
rEeusroolpueciao n(SeTs Cd e1 2lo8s/2 0ju1z8g,a FdFoJsJ d 6e  ylo 7 )c oyn etexnclcuioirs doe-al dremciunrissotr adteiv oc aesna clioósn  sauuptouneósmtoisc oe na  llaoss 
que,  de  acuerdo  con  lo  previsto  en  el  art.  86.1,  apartado  segundo,  LJCA,  serían
susceptibles de casación, está inadmitiendo este recurso sin que exista una causa legal 
en la que se prevea esta consecuencia, lo que, de acuerdo con la jurisprudencia de este 
tribunal, determina la vulneración del derecho que garantiza el art. 24.1 CE».
3.  Conclusión.
Los razonamientos expuestos conducen a la estimación del presente recurso de 
amparo, lo que hace innecesario el análisis de la invocación del art. 14 CE y determina la 
nulidad de las resoluciones judiciales impugnadas y la retroacción de actuaciones para 
que  se  pronuncie  una  nueva  resolución  respetuosa  con  el  derecho  fundamental 
vulnerado.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar el recurso de amparo interpuesto por la representación procesal de la Junta 
de Extremadura y, en su virtud:
1.º  Declarar que ha sido vulnerado el derecho fundamental de la demandante de 
amparo a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE).
2.º  Restablecerle en su derecho y, a tal fin, declarar la nulidad del auto de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura núm. 
7/2018, de 10 de septiembre de 2018, y la providencia de 11 de octubre de 2018, 
pronunciados en el recurso de casación autonómico núm. 7-2018.
3.º  Retrotraer  las  actuaciones  al  momento  inmediatamente  anterior  al 
pronunciamiento de la primera de las resoluciones anuladas para que el órgano judicial 
pronuncie una nueva respetuosa con el derecho fundamental vulnerado.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a veintiuno de septiembre de dos mil veinte.–Juan José González 
Rivas.–Andrés  Ollero  Tassara.–Santiago  Martínez-Vares  García.–Alfredo  Montoya 
Melgar.–Cándido Conde-Pumpido Tourón.–María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y 
rubricado.