BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 46 Martes 23 de febrero de 2021 Sec. TC.   Pág. 21818
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
2822 Sala Segunda. Sentencia 3/2021, de 25 de enero de 2021. Recurso de 
amparo 469-2019. Promovido por don Radostin Mitkov Mitev respecto de las 
resoluciones de la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de 
Justicia  de  las  Illes  Balears  que  inadmitieron  el  recurso  de  apelación 
presentado  frente  a  la  sentencia  condenatoria  dictada  por  la  Audiencia 
Provincial. Vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías: 
resoluciones judiciales que, al anular la revisión de la incorrecta indicación de 
recursos  y  declarar  la  firmeza  de  la  sentencia  condenatoria,  impiden  el 
ejercicio del derecho a la segunda instancia penal.
ECLI:ES:TC:2021:3
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por la magistrada doña 
Encarnación Roca Trías, presidenta, y los magistrados don Juan Antonio Xiol Ríos, don 
Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez y don Ricardo 
Enríquez Sancho, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 469-2019, promovido por don Radostin Mitkov Mitev, 
representado por el procurador de los tribunales don Pedro Antonio González Sánchez y 
bajo la dirección del letrado don Carlos Enrique Portalo Prada, contra el auto de la Sala 
de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears de 26 de 
octubre  de  2018,  por  el  que  se  desestima  el  incidente  de  nulidad  de  actuaciones 
formulado  contra  el  auto  de  1  de  octubre  de  2018,  pronunciado  en  el  rollo  de 
apelación 7-2018. Ha comparecido don Rusi Ventsislavov Ivanov, representado por el 
procurador de los tribunales don José Francisco Rodríguez Rincón y bajo la dirección del 
letrado don Ignacio Gonzalo Márquez Díaz. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido 
ponente la magistrada doña Encarnación Roca Trías.
I. Antecedentes
1.  Don Radostin Mitkov Mitev, representado por el procurador de los tribunales don 
Pedro Antonio González Sánchez y bajo la dirección del letrado don Carlos Enrique 
Portalo Prada, interpuso demanda de amparo contra las resoluciones judiciales que se 
citan en el encabezamiento mediante escrito registrado en este tribunal el 22 de enero 
de 2019.
2.  El recurso tiene su origen en los siguientes antecedentes: es
a)  El  recurrente  fue  condenado  por  sentencia  de  la  Sección  Segunda  de  la  w.
Audiencia Provincial de Palma de Mallorca 359/2017, de 1 de septiembre de 2017,  22ww
edsicttaa dsean etenn ecli ar oclalob ed er escaulars on údme .c 4a5s-a2c0ió1n7». .En el pie de recurso se establece que «contra
prepba)r adEol  rreeccuurrsreon dtee,  cmaseadciaiónnte c oensctrrait od icdhea 1 s1e ndtee nsceipat,i eam lob rqeu ed es e2 0a1cc7e, dsioól ipcoitór  atuetnoe dr ep olar   BOE-A-cable e
Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca de 23 de octubre 
de 2017, siendo tramitado con el núm. 10750-2017 por la Sala de lo Penal del Tribunal 
Supremo, quien, admitiendo la causa de oposición alegada por el Ministerio Fiscal, por 
sentencia 187/2018, de 17 de abril de 2018, declaró no haber lugar al recurso con el 
argumento de que «tratándose de una sentencia dictada en primera instancia por una 
Audiencia Provincial, el recurso procedente sería el de apelación ante la Sala de lo Civil 
y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia, de conformidad con lo dispuesto en el 
art.  486  ter.1  LECrim  al  estar  ya  en  pleno  vigor  la  reforma  de  la  norma  procesal 
efectuada por la Ley 41/2015, de 5 de octubre».
c)  El recurrente, mediante escrito de 23 de abril de 2018, solicitó la nulidad de 
actuaciones contra la sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de 
Palma de Mallorca 359/2017, de 1 de septiembre de 2017, en el extremo relativo a la 
errónea indicación de recursos o que «se le permita formalizar recurso de apelación ante 
el Tribunal Superior de Justicia sin que se declare la extemporaneidad del mismo si lo 
hiciere en el plazo legalmente previsto». La Sección Segunda de la Audiencia Provincial 
de Palma de Mallorca, por providencia de 9 de mayo de 2018 acordó conferir «el plazo 
de diez días para interponer recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del 
Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares en los términos de los arts. 846 ter, 
790, 791 y 792 LECrim». La providencia devino firme al no ser impugnada por ninguna 
de las partes personadas, incluyendo al Ministerio Fiscal.
d)  El recurrente, mediante escrito de 24 de mayo de 2018, interpuso recurso de 
apelación, que se tuvo por admitido mediante diligencia de ordenación del letrado de la 
administración de justicia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma de 
Mallorca de 18 de junio de 2018, dando lugar al rollo de apelación núm. 7-2018, que se 
tramitó ante la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de las Illes 
Balears. El Ministerio Fiscal se opuso al recurso alegando su extemporaneidad.
e)  La Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de las Illes 
Balears, por providencia de 11 de septiembre de 2018, confirió un plazo de diez días a 
las partes personadas para que pudieran alegar respecto de la eventual existencia de 
una nulidad de actuaciones desde la providencia de la Sección Segunda de la Audiencia 
Provincial de Palma de Mallorca de 9 de mayo de 2018, en la que se abrió plazo de diez 
días para interponer recurso de apelación, por carecer de competencia para dictarla.
Por auto de 1 de octubre de 2018 se acordó declarar la nulidad de todo lo actuado en 
el  procedimiento  por  la  Sección  Segunda  de  la  Audiencia  Provincial  de  Palma  de 
Mallorca desde su providencia de 9 de mayo de 2018, argumentando que dicho órgano 
judicial carecía de competencia para acordar un nuevo plazo de presentación del recurso 
de apelación tras la sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que acordó 
no haber lugar al previo recurso de casación y solo le cabía «acordar la firmeza de su 
sentencia y ejecutarla».
f)  El  recurrente,  mediante  escrito  de  2  de  noviembre  de  2018,  interpuso  un 
incidente de nulidad de actuaciones, invocando la vulneración de los derechos a la tutela 
judicial efectiva (art. 24.1 CE) y a un proceso con todas garantías y a la defensa 
(art. 24.2 CE) al haber sido privado de una doble instancia penal revisora en virtud de 
una errónea indicación de recursos. El incidente fue desestimado por auto de 26 de 
noviembre de 2018, por remisión a los razonamientos expuestos en el auto impugnado.
3.  El recurrente solicita que se estime el recurso de amparo por vulneración del 
derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), declarándose la nulidad de los autos 
impugnados y que es conforme a derecho la providencia de la Sección Segunda de la  e.
Audiencia Provincial de Palma de Mallorca de 9 de mayo de 2018. w.b
El recurrente fundamenta la invocación del derecho a la tutela judicial efectiva en que  22ww
dlaes  raepseolaluccióionn,e hs aimn pimugpneaddidaos , laal  apnousliabril ildaa pdr odveid eqnucei as qeu hea pgoas ibeifleitcót ifvoor msaul izdaerr eecl hreoc uar sloa 
sceognusinddeara icnisótna,n ccoian tprae nloa l efsretanbtele cai dloa se nse lnat ejunrcisiapsru cdoenndceian actoonrsiatistu, cailo nnaol ,h qaubee rl at osmenatdeon ceina 
condenatoria incurrió en una errónea identificación del recurso procedente, lo que fue 
determinante de la declaración de no haber lugar al recurso de casación.
El recurrente expone, entre otras razones, que la demanda de amparo tiene especial 
transcendencia constitucional, conforme a lo establecido en la STC 155/2009, de 25 de 
junio, ya que vienen a suscitarse algunas novedosas cuestiones sobre determinadas 
facetas del derecho fundamental, referidas a la influencia que puede tener en el derecho 
de acceso al recurso penal, los habituales errores de notificación padecidos por los 
órganos judiciales en relación con la procedencia del recurso de casación tras la entrada 
en vigor de la Ley 41/2015, de 5 de octubre.
4.  La  Sección  Tercera  de  este  tribunal,  por  providencia  de  25  de  noviembre 
de 2019, acordó la admisión a trámite del recurso de amparo, apreciando que concurre 
una especial trascendencia constitucional porque el recurso puede dar ocasión al tribunal 
para aclarar o cambiar su doctrina, como consecuencia de un proceso de reflexión 
interna [STC 155/2009, FJ 2 b)]; y, en aplicación de lo dispuesto por el art. 51 de la Ley 
Orgánica del Tribunal Constitucional, requerir atentamente de los órganos judiciales la 
remisión de las actuaciones y el emplazamiento de quienes hubieran sido parte en el 
procedimiento, a excepción de la recurrente, para que pudiesen comparecer en el plazo 
de diez días en el citado proceso de amparo.
5.  La secretaría de justicia de la Sala Segunda de este tribunal, por diligencia de 
ordenación de 14 de enero de 2020, acordó tener por personado a don Rusi Ventsislavov 
Ivanov, representado por el procurador de los tribunales don José Francisco Rodríguez 
Rincón, y dar vista de las actuaciones al Ministerio Fiscal y a las partes personadas por 
un  plazo  común  de  veinte  días  para  presentar  las  alegaciones  que  estimasen 
pertinentes.
6.  El Ministerio Fiscal, por escrito registrado el 5 de febrero de 2020, formuló 
alegaciones  interesando  la  estimación  del  recurso  de  amparo  por  vulneración  del 
derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE), con anulación de las 
resoluciones judiciales impugnadas y retroacción de actuaciones para que se pronuncie 
una resolución respetuosa con el derecho fundamental reconocido.
A  esos  efectos,  el  Ministerio  Fiscal  argumenta,  con  cita  de  la  jurisprudencia 
constitucional sobre la relevancia de la doble instancia penal revisora y la influencia que 
sobre esa garantía puede tener la errónea indicación de recursos, que en el presente 
caso se ha vulnerado el derecho invocado una vez constatado que existió una errónea 
indicación de recursos en la sentencia condenatoria de instancia y que, a consecuencia 
de haberse seguido dicha indicación, se ha perdido la posibilidad de que la condena 
hubiera  podido  ser  revisada  en  virtud  de  una  sucesión  de  resoluciones  judiciales 
dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears que han hecho una 
interpretación rigorista y desproporcionada de la normativa procesal.
7.  El  demandante  de  amparo,  por  escrito  de  17  de  febrero  de  2020,  formuló 
alegaciones ratificándose en lo alegado en su demanda de amparo.
8.  Por providencia de 21 de enero de 2021 se señaló para deliberación y votación 
de la presente sentencia el día 25 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  El objeto del recurso. bo
(vaurltn.E e2lr a4od.b2oj e eCtolE  dd)e,e r aeelcs htheoa  rbdeeecrlu  drimseomp oeassni bddiaelinttaetedrm od ienq auarem s pip aluardsoi  edare auc nihs aipocrneoercs e esjufoed ccictoiivanol e tose dli madspe ulraegscn hagoda araas n uhtínaaans    2021-2822n https://ww
segunda instancia penal revisora de su condena, a pesar de su actitud diligente de haber
seguido la indicación de recursos efectuada en la sentencia condenatoria de instancia.
2.  La especial transcendencia constitucional de la demanda.
La presente demanda de amparo, como ya se indicó en la providencia de admisión, 
tiene especial transcendencia constitucional porque el recurso puede dar ocasión al 
Tribunal para aclarar o cambiar su doctrina, como consecuencia de un proceso de 
reflexión interna [STC 155/2009, FJ 2 b)].
La  jurisprudencia  constitucional  ya  ha  abordado  en  diversas  ocasiones  tanto  la 
configuración del derecho a una segunda instancia penal revisora de una declaración de 
culpabilidad, como una de las dimensiones configuradoras del derecho a un proceso con 
todas las garantías (art. 24.2 CE), como la relevancia constitucional que puede adquirir 
seguir una eventual errónea indicación de recursos en las decisiones judiciales. El 
presente recurso otorga a este tribunal la posibilidad de que se pronuncie y aclare la 
proyección que podría tener el seguir la errónea indicación de recursos sobre el derecho 
a la segunda instancia penal revisora de una declaración de culpabilidad en el contexto 
creado por la nueva regulación del sistema de recursos penales y su régimen transitorio 
establecidos  por  la  Ley  41/2015,  de  5  de  octubre,  de  modificación  de  la  Ley  de 
enjuiciamiento criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las 
garantías procesales.
3.  La jurisprudencia constitucional sobre el derecho a la doble instancia penal 
revisora de una declaración de culpabilidad y sobre la errónea indicación de recursos.
La jurisprudencia constitucional ha reiterado dos ideas esenciales en relación con el 
derecho a la doble instancia penal revisora de una declaración de culpabilidad (por 
ejemplo, SSTC 7/2015, 22 de enero, FJ 3; 194/2015, de 21 de septiembre, FJ 5, 
o 124/2019, de 28 de octubre, FJ 3):
a)  Este derecho, aunque no esté expresamente recogido en el art. 24.2 CE, es una 
de las garantías del proceso penal, que también está reconocido tanto en el art. 14.5 del 
Pacto internacional de derechos civiles y políticos de 1966 («Toda persona declarada 
culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya 
impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley»), 
como en el art. 2.1 del Protocolo núm. 7 del Convenio europeo para la protección de los 
derechos humanos y de las libertades fundamentales («Toda persona declarada culpable 
de  una  infracción  penal  por  un  tribunal  tendrá  derecho  a  que  la  declaración  de 
culpabilidad o la condena sea examinada por una jurisdicción superior. El ejercicio de 
ese derecho, incluidos los motivos por los cuales pueda ser ejercitado, se regularán por 
ley»).
b)  Este derecho, en tanto que garantía constitucionalizada, tiene en el ámbito 
sancionador y respecto de sentencias condenatorias un diferente alcance que el derecho 
al recurso en otros órdenes jurisdiccionales no sancionatorios, siendo más cercano al 
derecho de acceso a la jurisdicción en la medida en que incluye también la utilización del 
principio  pro  actione.  De  ese  modo,  también  en  este  ámbito  quedan 
constitucionalmente proscritas aquellas decisiones judiciales impeditivas de una efectiva 
revisión de una declaración de culpabilidad que por su rigorismo, por su formalismo 
excesivo o por cualquier otra razón revelen una clara desproporción entre los fines que 
se intentan preservar y los intereses que se sacrifican o que supongan interpretaciones o 
aplicaciones de las reglas disciplinadoras de los requisitos y formas de las secuencias 
procesales en sentidos que, aunque puedan aparecer acomodados al tenor literal del 
texto en que se encierra la norma, son contrarios al espíritu y a la finalidad de esta. e.
Por su parte, la jurisprudencia constitucional también ha establecido de manera  22ww
lroesit eórragdaan oqsu eju ldai ciniasletrsu,c cdiaódna o l ain afourcmtoarcitiaósn  qeurreó nceoar reascpeorcnad ed ea  loqsu ierenc ulars hoisz ofa ccoilintasdtaar , peosr 
esuxcsucesapbtiblele d daed ain ldau caiur tao ruidna edr rqoure a  nlae cpeasrateri alitmigeannttee ,h qau dee h amye qreucee cr olan sdideecrisairó enn j utoddicoia cl,a syoa 
que  si  se  han  ofrecido  indicaciones  equivocadas  sobre  los  recursos  utilizables,  el
interesado, aun estando asistido por expertos en la materia, podría entender por la 
autoridad inherente a la decisión judicial, que tales indicaciones fueran ciertas y obrar en 
consecuencia (así, por ejemplo, SSTC 112/2009, de 11 de mayo, FJ 2; 47/2014, 7 de 
abril, FJ 4, o 60/2017, de 22 de mayo, FJ 5).
La confluencia de ambos criterios jurisprudenciales determina que este tribunal deba 
concluir  que,  desde  la  perspectiva  del  derecho  a  un  proceso  con  todas  garantías 
(art. 24.2 CE), en su concreta dimensión del derecho a una segunda instancia penal 
revisora de una declaración de culpabilidad, es preciso que en vía judicial se pondere 
adecuadamente, por las exigencias propias del principio pro actione aplicable a este 
derecho, la circunstancia de que la vía legal impugnatoria seleccionada por el condenado 
sea  el  resultado  de  haber  seguido  las  indicaciones  contenidas  en  la  resolución 
condenatoria con el fin de que no quede frustrada la efectividad de este derecho cuando 
dicha indicación pudiera haber resultado errónea.
4.  Aplicación de la jurisprudencia constitucional al supuesto enjuiciado.
En  el  presente  caso,  como  ha  sido  desarrollado  más  detenidamente  en  los 
antecedentes,  han  quedado  acreditado  los  siguientes  extremos:  a)  la  resolución 
condenatoria  de  instancia  indicó  al  demandante  de  amparo  que  su  declaración  de 
culpabilidad era impugnable mediante la interposición del recurso de casación; b) el 
demandante de amparo, siguiendo esa indicación, anunció y formalizó el recurso de 
casación que, tras su completa sustanciación, finalizó en una sentencia desestimatoria 
que no permitía hacer efectivo la revisión de la condena por considerar el órgano judicial 
de casación que el recurso procedente era el de apelación ante la Sala de lo Civil y lo 
Penal del Tribunal Superior de Justicia; c) el demandante de amparo instó ante el órgano 
judicial de instancia la nulidad de la sentencia condenatoria en el extremo relativo a la 
errónea indicación de la vía impugnatoria con la finalidad de poder hacer efectiva la 
revisión de su condena; d) el órgano judicial de instancia acordó conferir al demandante 
de amparo un plazo de diez días para interponer recurso de apelación ante la Sala de lo 
Civil  y  Penal  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  las  Illes  Balears;  y  e)  una  vez 
formalizado el recurso de apelación, el órgano judicial competente para su resolución 
acordó la nulidad de la decisión del órgano judicial de instancia que había otorgado 
nuevo plazo para la interposición del recurso de apelación argumentando su falta de 
competencia para ese particular y que solo le cabía «acordar la firmeza de su sentencia 
y ejecutarla», una vez que se había declarado no haber lugar al recurso de casación.
En atención a lo expuesto, y tal como también interesa el Ministerio Fiscal, este 
tribunal tiene que concluir que se ha vulnerado el derecho del demandante de amparo a 
un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE). La decisión de la Sala de lo Civil y lo 
Penal del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears de anular la previa decisión de 
la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca de salvar su errónea indicación del recurso 
procedente para impugnar la condena del demandante de amparo otorgándole un nuevo 
plazo para presentar el procedente recurso de apelación y considerar que solo cabía la 
declaración de firmeza y la ejecución de la sentencia condenatoria no resulta conforme 
con el contenido constitucional del derecho a una segunda instancia penal revisora de 
una declaración de culpabilidad. Esa decisión resulta en exceso rigorista y es contraria a 
las  exigencias  derivadas  del  principio  pro  actione,  ya  que  no  ha  ponderado 
adecuadamente,  por  un  lado,  que  la  frustración  de  la  vía  impugnatoria  casacional 
seleccionada  por  el  condenado  traía  causa  directa  de  haber  seguido  fielmente  la 
indicación de la sentencia condenatoria de instancia y, por otro, que la anulación de la  e
decisión de la audiencia provincial de permitir la interposición del recurso de apelación  bo
impedía al demandante de amparo de manera definitiva la posibilidad de someter la  22ww
dseegcluairdaoc ilóan a ucotonrdideanda tinohriear ae nlate r eav uisniaó nd edcei suinó ntr jiubduincaial ls.uperior por el mero hecho de haber
deteLram ivnual nlae radceicólna radceiló nd edreec hnou liad audn d per olacse sroe scoolunc itoondeass  juladsi cgiaalerasn timíaps u(ganrat.d a2s4,. 2e nC Ee)l 
exclusivo extremo referido a la declaración de nulidad de todo lo actuado desde la
providencia de 9 de mayo de 2018 en la medida en que confirió al demandante de 
amparo el plazo de diez días para interponer recurso de apelación, y que se acuerde la 
retroacción de actuaciones para que se pronuncie una nueva resolución respetuosa con 
el derecho fundamental que se declarada vulnerado respecto de ese particular.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Otorgar el amparo a don Radostin Mitkov Mitev y, en su virtud:
1.º  Declarar que ha sido vulnerado el derecho del demandante de amparo a un 
proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE), en su dimensión del derecho a una 
segunda instancia penal revisora de una declaración de culpabilidad.
2.º  Restablecerle en su derecho y, en consecuencia, declarar la nulidad de los 
autos de la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de las Illes 
Balears de 1 de octubre de 2018 y de 26 de octubre de 2018, pronunciados en el rollo de 
apelación 7-2018, en el extremo relativo a la declaración de nulidad del plazo otorgado 
para la interposición del recurso de apelación respecto del demandante de amparo.
3.º  Retrotraer  las  actuaciones  al  momento  inmediatamente  anterior  al 
pronunciamiento del primero de los autos anulados, a fin de que se pronuncie una nueva 
resolución respetuosa con el derecho fundamental vulnerado.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a veinticinco de enero de dos mil veintiuno.–Encarnación Roca 
Trías.–Juan  Antonio  Xiol  Ríos.–Pedro  José  González-Trevijano  Sánchez.–Antonio 
Narváez Rodríguez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Firmado y rubricado.