BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 259 Miércoles 30 de septiembre de 2020 Sec. I.   Pág. 82254
I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DEL INTERIOR
11420 Real  Decreto  865/2020,  de  29  de  septiembre,  por  el  que  se  regula  la 
concesión directa de subvenciones en determinados ámbitos de actuación 
del Ministerio del Interior.
I
Cruz Roja Española, como entidad colaboradora del Sistema Nacional de Protección 
Civil, viene cooperando con el Ministerio del Interior mediante la realización de acciones 
en el marco de la Operación Paso del Estrecho y otras actividades de protección civil. En 
particular, durante las fases de salida y retorno de la operación aporta recursos humanos 
y medios materiales a fin de prestar soporte de información y orientación como apoyo al 
módulo  de  asistencia  social  establecido  por  Protección  Civil,  la  atención  urgente 
mediante  la  aplicación  de  técnicas  de  primeros  auxilios  en  apoyo  a  los  módulos 
sanitarios,  o  el  transporte  de  personas,  incluido  el  sanitario,  entre  otras  acciones. 
Asimismo participa en operaciones de prevención y actividades de carácter operativo en 
materia de protección civil, tales como la instalación y gestión de áreas de albergue 
provisional y asistencia social, el establecimiento de puntos de distribución de alimentos 
y productos básicos de abrigo e higiene a favor de personas afectadas por situaciones 
de  emergencia  de  ámbito  nacional,  la  organización  de  dispositivos  de  atención 
psicosocial a los afectados por situaciones de emergencia, o la participación en las 
tareas  de  evaluación  y  coordinación  de  emergencias  de  la  Dirección  General  de 
Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior.
Asimismo, Cruz Roja Española, de acuerdo con las previsiones del Reglamento de 
funcionamiento y régimen interior de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), 
aprobado por el Real Decreto 162/2014, de 14 de marzo, también desarrolla programas 
asistenciales en los CIE dirigidos a las personas internas en estos centros, como la 
interpretación de lenguas, la tramitación de documentos, el restablecimiento del contacto 
familiar en España y con los países de origen de los internos, la mediación social para 
favorecer el diálogo y la comprensión mutua entre los internos y las autoridades, la 
información sobre los requisitos para solicitar protección internacional, así como servir de 
agentes colaboradores en todas aquellas labores de planificación y desarrollo de todo 
tipo de actividades y gestiones.
II
Por otra parte, con el fin de garantizar a los internos en centros penitenciarios el 
ejercicio del derecho fundamental a la educación superior que reconoce el artículo 27 de 
la Constitución Española, el artículo 56 de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, 
General  Penitenciaria,  dispone  que  la  Administración  penitenciaria  suscriba  con 
universidades públicas los oportunos convenios, que garantizarán que la enseñanza se 
imparte en las condiciones y con el rigor y la calidad inherentes a este tipo de estudios, 
adaptando,  en  lo  que  sea  preciso,  la  metodología  pedagógica  a  las  especiales 
circunstancias que concurren en el ámbito penitenciario. A tal efecto, en atención a la  e.
movilidad de la población reclusa y a la naturaleza no presencial de sus estudios  w.
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distancia para hacer posible el acceso de los internos a las enseñanzas universitarias, 
gestiona las matrículas y el material didáctico, así como la realización de los exámenes, 
y selecciona a los asesores, profesores, tutores y miembros de tribunales que van a 
desempeñar su función docente en los centros penitenciarios.
III
Asimismo,  con  el  objeto  de  facilitar  a  los  internos  en  centros  penitenciarios  el 
ejercicio de la libertad religiosa y de culto que reconoce el artículo 16 de la Constitución 
Española,  el  Ministerio  del  Interior  mantiene  relaciones  de  cooperación  con  la 
Conferencia Episcopal Española y con la Comisión Islámica de España.
Por una parte, con fecha 20 de mayo de 1993 y en aplicación de lo dispuesto en el 
artículo IV del Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede, de 3 de enero de 1979, 
sobre Asuntos Jurídicos, se firmó el Acuerdo sobre asistencia religiosa católica en los 
establecimientos  penitenciarios  entre  el  Ministro  de  Justicia  y  el  Presidente  de  la 
Conferencia Episcopal Española. En virtud de dicho acuerdo, la Conferencia Episcopal 
viene  asumiendo  la  asistencia  religiosa  católica  en  los  centros  penitenciarios,  que 
comprende,  entre  otras  actividades,  la  celebración  de  los  actos  de  culto  y  la 
administración de los sacramentos, la formación religiosa, la visita a los internos por 
parte del sacerdote encargado de la asistencia religiosa, o el asesoramiento a aquéllos 
en cuestiones religiosas y morales, entre otras.
Igualmente la Comisión Islámica de España viene colaborando en este ámbito con el 
Ministerio del Interior, en virtud de convenios suscritos al efecto al amparo del artículo 9 
del Acuerdo de Cooperación del Estado con la Comisión Islámica de España, aprobado 
por la Ley 26/1992, de 10 de noviembre, que garantiza el ejercicio del derecho a la 
asistencia religiosa de los internos en centros penitenciarios, proporcionada por los 
imanes o personas designadas por las comunidades, que deberán ser autorizados por 
los organismos administrativos competentes. Estas previsiones se han desarrollado por 
el Real Decreto 710/2006, de 9 de junio, de desarrollo de los Acuerdos de Cooperación 
firmados  por  el  Estado  con  la  Federación  de  Entidades  Religiosas  Evangélicas  de 
España, la Federación de Comunidades Judías de España y la Comisión Islámica de 
España, en el ámbito de la asistencia religiosa penitenciaria.
IV
En otro orden de cosas, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) 
presta su colaboración al Ministerio del Interior para el cumplimiento de la pena de 
trabajos en beneficio de la comunidad en los términos del artículo 49 del Código Penal, 
aprobado por la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre. Así, el artículo 4 del Real 
Decreto  840/2011,  de  17  de  junio,  por  el  que  se  establecen  las  circunstancias  de 
ejecución de las penas de trabajo en beneficio de la comunidad y de localización 
permanente en centro penitenciario, de determinadas medidas de seguridad, así como 
de la suspensión de la ejecución de la penas privativas de libertad y sustitución de 
penas, establece que el trabajo en beneficio de la comunidad será facilitado por la 
administración  estatal,  autonómica  o  local,  que  podrán  establecer  los  oportunos 
convenios. En virtud de los convenios que el Ministerio del Interior viene suscribiendo 
con la FEMP, ésta se compromete a difundir entre las entidades locales federadas la 
oportunidad de ofertar plazas a penados a trabajos en beneficio de la comunidad, 
realizar las gestiones oportunas ante las entidades locales interesadas, informar a las  e.
que participen del compromiso que asumen de impartir los conocimientos necesarios  w.b
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entre otras.
V
Por otra parte, con Cruz Roja Española y con Cáritas Española también se viene 
manteniendo una colaboración orientada a la oferta de plazas para el cumplimiento de la 
pena  de  trabajos  en  beneficio  de  la  comunidad  y  en  general  en  la  aplicación  de 
programas con personas sentenciadas a penas no privativas de libertad. El destino de 
ambas  subvenciones  abarca  tanto  el  desarrollo  de  programas  de  intervención 
tratamental, como talleres, así como para las derivaciones de penados a las distintas 
sedes provinciales de Cruz Roja o de Cáritas Diocesanas para el cumplimiento de sus 
tareas de utilidad pública correspondientes.
VI
Asimismo,  la  Comisión  Europea  adoptó,  el  15  de  febrero  de  2007,  la 
Decisión 2007/116/CE relativa a la reserva en todos los Estados miembros del rango de 
numeración telefónica 116 para la prestación de servicios armonizados de interés social, 
según una lista de servicios que se recogen en su anexo. Entre ellos se encuentra la 
línea  directa  para  casos  de  niños  desaparecidos,  para  la  que  se  reserva  el 
número  116-000.  Y  mediante  Resolución  de  la  Secretaría  de  Estado  de 
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, de 31 de marzo de 2010, se 
dispuso que la Fundación ANAR fuera la entidad prestadora del servicio de línea directa 
para  casos  de  niños  desaparecidos,  a  través  del  número  116-000,  valorando  su 
experiencia y su colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad en el ámbito de la 
protección a los menores.
VII
La Fundación Huérfanos de la Dirección General de la Policía tiene entre sus fines 
estatutarios la realización de programas educativos, de integración y de asistencia y 
prestaciones sociales destinados a los huérfanos de miembros de la Policía Nacional, 
velando por su formación integral y colaborando en el diseño, apoyo y contribución a la 
implantación de programas de todo tipo de actividades de acción social, relacionados 
con tales fines. La Dirección General de la Policía está directamente vinculada con dicha 
fundación, formando parte de sus órganos de gobierno, colaborando en la ejecución de 
los programas desarrollados por ella, participando en su financiación y estableciendo 
líneas de colaboración entre las dos instituciones.
A su vez, la Agrupación Deportiva de Policía Nacional es una asociación oficial 
promovida por la Dirección General de la Policía, con personalidad jurídica propia y sin 
ánimo de lucro, que tiene entre sus fines estatutarios desarrollar actividades físico-
deportivas, fomentar, promocionar y divulgar el ejercicio físico y el deporte en general 
como medio de desarrollo personal y perfeccionar la capacidad profesional del colectivo 
policial, desarrollando las relaciones sociales entre sus miembros. Para ello cuenta, entre 
otros medios de financiación, con las subvenciones que le conceda el Estado y demás 
entidades públicas o privadas, territoriales e institucionales.
VIII
Por su parte, la Fundación Guardia Civil es una entidad sin ánimo de lucro que viene 
colaborando activamente con el Ministerio del Interior desde el 2003, dando apoyo a los  e
miembros del Cuerpo de la Guardia Civil y a sus familiares. Los convenios que se vienen  bo
suscribiendo entre ambas instituciones suponen un soporte a su fin principal, que es  0w
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La Asociación Pro-Huérfanos de la Guardia Civil viene atendiendo, acogiendo y, 
sobre todo, proporcionando educación a los huérfanos de los guardias civiles fallecidos 
desde 1879. El Colegio de Huérfanos, que pertenece a la Asociación, proporciona esa 
educación e instrucción a los hijos de los guardias civiles, siendo el grupo preferente los 
huérfanos de la Institución a los que acoge en régimen de internado.
Los  créditos  para  subvenciones  nominativas  que  anualmente  se  asignan  a  la 
Dirección General de la Guardia Civil suponen un apoyo a los fines asistenciales que 
ambas instituciones vienen desarrollando entre los miembros de la Guardia Civil y sus 
familiares.
IX
Finalmente, otra de las políticas públicas encomendadas al citado Departamento es 
la atención integral a las víctimas de atentados terroristas y a sus familiares, conforme a 
lo dispuesto en la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección 
Integral a las Víctimas del Terrorismo.
El Ministerio del Interior, al que se adscribe el Centro para la Memoria de las Víctimas 
del Terrorismo, fundación del sector público estatal con sede en Vitoria-Gasteiz (Álava), 
suscribió  el  22  de  noviembre  de  2018  con  el  Ayuntamiento  de  Vitoria-Gasteiz  un 
protocolo general de actuación por el que se manifiesta el compromiso de ambas partes 
para impulsar las políticas de reconocimiento a las víctimas del terrorismo, y propiciar 
una mejor integración de la sede de la fundación en el entramado urbano, mejorando el 
entorno y promoviendo actuaciones que favorezcan los accesos al espacio museístico y 
su conocimiento por parte de los vecinos y visitantes de la ciudad, a cuyo fin el Ministerio 
del Interior asumió el compromiso de cooperar en la financiación del citado proyecto 
urbanístico.
X
Las actividades de colaboración realizadas por estas entidades, en la medida en que 
contribuyen al ejercicio de las competencias de la Administración General del Estado en 
materia de protección civil y de internamiento de extranjeros en los CIE; de garantía del 
ejercicio de la libertad religiosa y de culto; del derecho de acceder a la educación 
superior  por  parte  de  los  internos  en  establecimientos  penitenciarios,  así  como  de 
garantizar el cumplimiento de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad y otras 
penas no privativas de libertad; la protección de la seguridad, la integridad y los derechos 
de los menores; de protección social y, en especial, a los colectivos más vulnerables 
como menores, huérfanos y víctimas del terrorismo, acreditan la concurrencia de razones 
de  interés  público,  social  y  humanitario  que  justifican  la  concesión  directa  de  una 
subvención a dichas entidades al amparo del artículo 22.2.c), en relación con el 28.3, de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y del artículo 67 de su 
Reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
XI
El  real  decreto  es  conforme  con  los  principios  de  necesidad,  eficacia, 
proporcionalidad,  seguridad  jurídica,  transparencia  y  eficiencia  recogidos  en  el 
artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas. En este sentido, esta norma es necesaria y eficaz para  e.
poder  desarrollar  las  referidas  actuaciones  pues  es  necesaria  para  garantizar  la  w.b
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ordenamiento  jurídico.  En  aplicación  del  principio  de  transparencia  se  han  definido
claramente el alcance y objetivo, no solo de esta norma sino de las propias dotaciones 
presupuestarias con las que se financia la aportación del Estado y atiende al principio de 
eficiencia, pues no supone cargas administrativas accesorias y contribuye a la gestión 
racional  de  los  recursos  públicos  existentes  y  no  compromete  los  principios  de 
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
El gasto correspondiente a estas subvenciones figura incluido en el calendario de 
actuaciones del Ministerio del Interior correspondiente al primer semestre de 2020, 
aprobado por la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos del Ministerio de 
Hacienda, de acuerdo con lo establecido en el apartado octavo del Acuerdo de Consejo 
de Ministros de 27 de diciembre de 2019, por el que se establecen los criterios de 
aplicación de la prórroga para 2020 de los Presupuestos Generales del Estado vigentes 
en el año 2019, se formaliza la distribución por secciones y se aprueban medidas para 
reforzar el control del gasto público.
En la tramitación de este real decreto se ha recabado el informe del Ministerio de 
Hacienda, de conformidad con el artículo 28.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.2.ª, 6 y 29.ª 
de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia 
de extranjería e inmigración, de legislación penitenciaria y de seguridad pública.
En su virtud, a propuesta de Ministro del Interior, previo informe del Ministerio de 
Hacienda y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 29 de 
septiembre de 2020,
DISPONGO:
Artículo 1.  Objeto.
Este  real  decreto  tiene  por  objeto  regular  la  concesión  directa,  con  carácter 
excepcional,  de  subvenciones  destinadas  a  entidades  de  diversa  naturaleza,  en 
determinados ámbitos de actuación del Ministerio del Interior.
Artículo 2.  Régimen jurídico aplicable.
Estas subvenciones se regirán, además de por lo particularmente dispuesto en este 
real  decreto,  por  lo  previsto  en  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de 
Subvenciones,  y  en  su  Reglamento  de  desarrollo,  aprobado  por  el  Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio, salvo en lo que afecte a los principios de publicidad y 
concurrencia, así como por lo previsto en la demás disposiciones aplicables.
Artículo 3.  Procedimiento de concesión.
1.  Se autoriza la concesión directa de las subvenciones objeto de este real decreto, 
atendiendo a la concurrencia de razones de interés público, social y humanitario que 
determinan la improcedencia de su convocatoria pública, al amparo de lo previsto en el 
artículo 22.2.c), en relación con el artículo 28.2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre.
2.  El procedimiento de concesión se iniciará mediante solicitud de cada entidad 
beneficiaria, que deberán presentarla en el plazo de un mes desde la entrada en vigor 
del presente real decreto, y a la que deberán acompañar la documentación que acredite, 
conforme a los requisitos previstos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de  e.
noviembre, y en los artículos 18 a 29 de su Reglamento de desarrollo: w.
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medbia) nteQ ulae a peostráta cailó nc odreri eunntae  ddeec lalarasc ioóbnl irgeascpioonnessa btlreib.utarias y frente a la Seguridad
Social, mediante la aportación de los correspondientes certificados.
A estos efectos, las entidades beneficiarias podrán autorizar al órgano instructor para 
consultar a la Agencia Estatal de Administración Tributaria y a la Seguridad Social si se 
encuentran  al  corriente  de  dichas  obligaciones.  En  caso  de  que  no  se  autorice  la 
consulta, se deberá presentar el correspondiente certificado
c)  Que no es deudora por resolución de procedencia de reintegro, mediante la 
aportación de una declaración responsable.
3.  Actuará  como  órgano  instructor  del  procedimiento,  correspondiéndoles 
comprobar los datos en virtud de los cuales deban formular las propuestas de resolución, 
los siguientes:
a)  La Secretaría de Estado de Seguridad para las solicitudes presentadas por la 
Fundación  ANAR  y  por  Cruz  Roja  Española  por  la  realización  de  programas 
asistenciales CIE.
b)  La  Secretaría  General  de  Instituciones  Penitenciarias  para  las  solicitudes 
presentadas por la UNED, por impartir estudios universitarios a los reclusos; por la 
Conferencia Episcopal Española y por la Comisión Islámica de España, por la atención 
del culto en centros penitenciarios; por la FEMP y por Cruz Roja Española por la 
colaboración en el cumplimiento de penas de trabajo en beneficio de la comunidad; y por 
Cáritas Española, por facilitar la aplicación de los programas con personas sentenciadas 
a penas no privativas de libertad.
c)  La Dirección General de Protección Civil y Emergencias para las solicitudes 
presentadas por Cruz Roja Española por su participación en la Operación Paso del 
Estrecho y en otras actividades de protección civil.
d)  La  Dirección  General  de  la  Policía  para  las  solicitudes  presentadas  por  la 
Fundación de Huérfanos de la Dirección General de la Policía y por la Agrupación 
Deportiva de la Policía Nacional.
e)  La Dirección General de la Guardia Civil para las solicitudes presentadas por el 
Colegio de Huérfanos de la Guardia Civil y por la Fundación Guardia Civil.
f)  La Subsecretaría del Interior para la solicitud presentada por el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz.
4.  Corresponde al Ministro del Interior, mediante orden, resolver el procedimiento.
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de un mes a partir del 
momento en que la entidad beneficiaria presente la documentación a la que se refiere el 
apartado 2.
El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución, legitima a la 
entidad beneficiaria para entender desestimada por silencio administrativo su solicitud de 
concesión de la subvención.
La resolución pondrá fin a la vía administrativa, pudiendo ser recurrida en reposición 
en el plazo de un mes ante el órgano concedente, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de  las  Administraciones  Públicas,  o  directamente  en  vía  contencioso-administrativa, 
mediante  la  interposición  de  recurso  contencioso-administrativo  en  el  plazo  de  dos 
meses a contar desde el día siguiente a la fecha de su notificación, de acuerdo con lo 
dispuesto  en  el  artículo  46.1  de  la  Ley  29/1998,  de  13  de  julio,  reguladora  de  la 
Jurisdicción Contencioso-administrativa.
5.  Tras  la  resolución  de  concesión,  la  información  sobre  la  subvención  será 
comunicada a la Base de Datos Nacional de Subvenciones en los términos y a los  s
efectos previstos en los artículos 18 y 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y en el  oe.
Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional  0ww.
de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas. 2020-1142n https://w
Artículo 4.  Beneficiarios y actividades subvencionadas.
Las entidades que podrán ser beneficiarias de estas subvenciones y las actividades 
subvencionadas serán:
a)  Cruz  Roja  Española,  en  su  condición  de  entidad  colaboradora  de  la 
Administración tanto en la prestación de servicios de asistencia social a los internos en 
los CIE, encaminados a atender las necesidades de esa naturaleza de los internos en 
dichos centros, de acuerdo con las previsiones del Reglamento de funcionamiento y 
régimen interior de los CIE, aprobado por el Real Decreto 162/2014, de 14 de marzo; 
como  por  su  participación  en  labores  asistenciales  durante  la  Operación  Paso  del 
Estrecho y en otras actividades de protección civil; así como por su colaboración en el 
cumplimiento de penas de trabajo en beneficio de la comunidad.
b)  La UNED, con objeto de garantizar a los internos en centros penitenciarios 
dependientes de la Administración General del Estado el acceso al servicio público de la 
educación superior, integrante del derecho fundamental a la educación.
c)  La Conferencia Episcopal Española, por garantizar a los internos en centros 
penitenciarios dependientes de la Administración General del Estado el ejercicio de la 
libertad religiosa y de culto, a través de la asistencia religiosa católica.
d)  La  Comisión  Islámica  de  España,  por  garantizar  a  los  internos  en  centros 
penitenciarios dependientes de la Administración General del Estado el ejercicio de la 
libertad religiosa y de culto, a través de la asistencia religiosa islámica.
e)  La  FEMP,  por  la  colaboración  en  el  cumplimiento  de  penas  de  trabajo  en 
beneficio de la comunidad.
f)  Cáritas Española, por su colaboración en la aplicación de los programas con 
personas sentenciadas a penas no privativas de libertad.
g)  La  Fundación  ANAR,  por  apoyar  el  desarrollo  del  servicio  de  atención 
telefónica  116-000  «Línea  Directa  para  Casos  de  Niños  Desaparecidos»,  servicio 
armonizado de interés social de la Unión Europea, incluida la contribución a la denuncia 
y la colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en estos supuestos.
h)  La Fundación de Huérfanos de la Dirección General de la Policía, por apoyar la 
formación de los huérfanos de funcionarios de la Policía Nacional.
i)  La  Agrupación  Deportiva  de  la  Policía  Nacional,  por  fomentar  actividades  y 
equipamientos deportivos entre el citado colectivo.
j)  El Colegio de Huérfanos de la Guardia Civil, por apoyar la formación educativa y 
protección social de los huérfanos de los socios fallecidos.
k)  La Fundación Guardia Civil, por fomentar el refuerzo de la imagen institucional y 
la sensibilización social en el ámbito de la Guardia Civil.
l)  El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, por su colaboración en la regeneración de la 
zona limítrofe con la sede del Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo.
Artículo 5.  Cuantía y financiación.
El importe máximo de las subvenciones a conceder a los beneficiarios será el 
siguiente:
a)  A  Cruz  Roja  Española,  1.125.miles  de  euros,  con  cargo  a  la  aplicación 
presupuestaria 16.02.132A.482.
b)  A  Cruz  Roja  Española,  341.40  miles  euros,  con  cargo  a  la  aplicación 
presupuestaria 16.01.134M.489. e.
c)  A  Cruz  Roja  Española,  96,00  miles  de  euros,  con  cargo  a  la  aplicación  w.b
pprreessduu)pp uuAeess ttaalrraiiaa   11U66..N00E55.D.11,33 33AA6..344248,187..0  miles  de  euros,  con  cargo  a  la  aplicación  2020-1142n https://w
aplicea) cióAn  plar eCsuopnufeersetnacriiaa  1E6p.0is5c.o1p3a3lA E.4s8p1a.ñola, 608,50 miles de euros, con cargo a la
f)  A  la  Comisión  Islámica  de  España,  21,00  miles  de  euros,  con  cargo  a  la 
aplicación presupuestaria 16.05.133A.487.
g)  A la Federación Española de Municipios y Provincias, 16,00 miles de euros, con 
cargo a la aplicación presupuestaria 16.05.133A.484.
h)  A  Cáritas  Española,  54,00  miles  de  euros,  con  cargo  a  la  aplicación 
presupuestaria 16.05.133A.489.
i)  A  la  Fundación  ANAR,  150  miles  de  euros,  con  cargo  a  la  aplicación 
presupuestaria 16.02.132A.483.
j)  A la Fundación de Huérfanos de la Dirección General de la Policía, 9,23 miles de 
euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 16.03.132A.481.
k)  A  la  Agrupación  Deportiva  de  la  Policía  Nacional,  para  actividades  y 
equipamientos  deportivos,  20  miles  de  euros,  con  cargo  a  la  aplicación 
presupuestaria 16.03.132A.485.
l)  Al Colegio de Huérfanos de la Guardia Civil, 5 miles de euros, con cargo a la 
aplicación presupuestaria 16.04.132A.482.
m)  A la Fundación Guardia Civil, 19 miles de euros, con cargo a la aplicación 
presupuestaria 16.04.132A.485.
n)  Al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 800 miles de euros, con cargo a la aplicación 
presupuestaria 16.01.131M.763.
Artículo 6.  Compatibilidad de las subvenciones.
Estas subvenciones serán compatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos  que  puedan  percibir  las  entidades  beneficiarias  con  la  misma  finalidad, 
procedentes de cualquier administración o ente público o privado, ya sea nacional, de la 
Unión Europea o de organismos internacionales.
El  importe  de  la  subvención  en  ningún  caso  podrá  ser  de  tal  cuantía  que, 
aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, 
supere el coste de la actividad subvencionada.
Artículo 7.  Pago de las subvenciones.
El pago de las subvenciones se hará efectivo dentro del mes siguiente a la resolución 
de  concesión,  de  conformidad  con  el  artículo  34.4  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de 
noviembre, y se hará sin necesidad de constitución de fianza o garantía.
Artículo 8.  Gastos subvencionables.
1.  Tendrán la consideración de gastos financiables mediante estas subvenciones 
únicamente aquellos que estén directamente vinculados con el objeto de la subvención. 
En concreto, incluirán los gastos corrientes derivados de gastos de funcionamiento, 
gastos de actividades estatutarias, los derivados de la prestación de servicios y, en 
general, de actuaciones directamente vinculadas al cumplimiento de la finalidad de la 
subvención
2.  El  período  de  ejecución  de  las  actividades  y  actuaciones  financiables 
comprenderá desde el 1 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020.
3.  Los  gastos  a  subvencionar  deberán  traer  causa  de  dichas  actividades  y 
actuaciones  y  deberán  haber  sido  efectivamente  pagados  con  anterioridad  a  la 
finalización del periodo de justificación de la subvención establecido en el artículo 12. s
Artículo 9.  Obligaciones de las entidades beneficiarias. w.
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2.  Asimismo, deberán dar cumplimiento a las obligaciones previstas en este real 
decreto y, en particular, a las siguientes
a)  Realizar la actividad en consideración a la cual se concede la subvención en la 
forma, condiciones y plazo establecidos en la resolución de concesión, aportando los 
datos cuantitativos necesarios para su correcta evaluación.
b)  Someterse a las actuaciones de control y seguimiento de la aplicación de los 
fondos  recibidos,  así  como  al  control  financiero  de  los  mismos  por  la  Intervención 
General de la Administración del Estado y el Tribunal de Cuentas.
c)  Conservar toda la documentación original justificativa de la aplicación de los fondos 
recibidos, en tanto pueda ser objeto de las actividades de comprobación y control.
d)  Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas, 
ingresos o recursos que financian las actividades subvencionadas.
3.  La  resolución  de  concesión  detallará,  si  procede,  el  modo  en  que  se  dará 
cumplimiento a dichas obligaciones
Artículo 10.  Posibilidad de subcontratación.
1.  Las entidades beneficiarias podrán subcontratar, total o parcialmente, la gestión 
de las actividades objeto de las subvenciones.
2.  Lo  dispuesto  en  el  apartado  anterior  no  será  aplicable  a  los  siguientes 
beneficiarios: Fundación ANAR, Fundación de Huérfanos de la Dirección General de la 
Policía, Agrupación Deportiva de la Policía Nacional, Colegio de Huérfanos de la Guardia 
Civil, Fundación Guardia Civil, y Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, los cuales no podrán 
subcontratar, ni total ni parcialmente, la gestión de las actividades subvencionadas.
Artículo 11.  Publicidad de la subvención.
En las actuaciones que las entidades beneficiarias realicen en ejecución, en todo o en 
parte, de estas subvenciones y que impliquen difusión, ya sea impresa o por cualquier otro 
medio, deberá incorporarse de forma visible el logotipo institucional del «Ministerio del 
Interior» con el fin de identificar el origen de carácter público de la subvención, de acuerdo 
con los criterios establecidos en el Manual de Imagen Institucional de la Administración 
General  del  Estado,  aprobado  en  aplicación  del  Real  Decreto  1465/1999,  de  17  de 
septiembre,  por  el  que  se  establecen  criterios  de  imagen  institucional  y  se  regula  la 
producción documental y el material impreso de la Administración General del Estado.
Artículo 12.  Justificación.
1.  Cada entidad beneficiaria justificará ante el órgano instructor, antes del 31 de 
marzo de 2021, la aplicación de la subvención percibida, presentando al efecto una 
cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto, conforme a lo previsto en el 
artículo 72 del Reglamento de desarrollo de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2.  La cuenta justificativa contendrá la siguiente documentación:
a)  Una Memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones 
impuestas  en  la  concesión  de  la  subvención,  con  indicación  de  las  actuaciones 
realizadas y de los resultados obtenidos.
b)  Una Memoria económica justificativa del coste total de todas las actuaciones  s
realizadas, que contendrá: oe.
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beneficiaria asumiendo el compromiso de custodiar la documentación justificativa original
y de aportarla cuando sea requerida por el órgano instructor para la revisión y control de 
la justificación de la subvención.
3.º En su caso, un certificado de tasador independiente debidamente acreditado e 
inscrito  en  el  correspondiente  registro  oficial,  en  el  caso  de  adquisición  de  bienes 
inmuebles.
4.º En su caso, indicación de los criterios de reparto de los costes generales y/o 
indirectos incorporados en la relación a que se hace referencia en el apartado 1.º
c)  Una relación detallada de otros ingresos, ayudas o subvenciones que hayan 
financiado las actuaciones subvencionadas con indicación de su importe y procedencia, 
en su caso.
d)  En su caso, los tres presupuestos que, en aplicación del apartado tercero del 
artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, deba de haber solicitado el 
beneficiario a contratistas o proveedores de obras, suministros o servicios.
e)  En su caso, la carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no 
aplicados, así como de los intereses de demora derivados de los mismos.
Artículo 13.  Incumplimientos y reintegros.
1.  Procederá  el  reintegro  de  las  cantidades  percibidas  y,  en  su  caso,  de  los 
intereses devengados por la subvención, así como la exigencia del interés de demora 
desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la 
procedencia del reintegro, en los supuestos recogidos en los artículos artículo 36 y 37 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2.  En el supuesto de incumplimiento parcial, la fijación de la cantidad que deba ser 
reintegrada se determinará en aplicación del principio de proporcionalidad, teniendo en 
cuenta  el  hecho  de  que  el  citado  incumplimiento  se  aproxime  significativamente  al 
cumplimiento  total  y  se  acredite  por  la  entidad  beneficiaria  una  actuación 
inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos.
3.  El procedimiento para el reintegro se regirá por lo dispuesto en los artículos 41 
a 43 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el capítulo II del título III de su 
Reglamento de desarrollo.
Artículo 14.  Régimen sancionador.
Las posibles infracciones en materia de subvenciones que pudiesen ser cometidas 
por la entidad beneficiaria se graduarán y sancionarán de acuerdo con lo establecido en 
el título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Disposición final primera.  Título competencial.
Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.2.ª, 6.ª y 29.ª de 
la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de 
extranjería e inmigración, legislación penitenciaria, y seguridad pública, respectivamente.
Disposición final segunda.  Habilitación normativa.
Se faculta al Ministro del Interior para adoptar las disposiciones necesarias para el 
desarrollo y ejecución de este real decreto.
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Disposición final tercera.  Entrada en vigor.
Este real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 29 de septiembre de 2020.
FELIPE R.
El Ministro del Interior,
FERNANDO GRANDE-MARLASKA GÓMEZ
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