BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 19 Viernes 22 de enero de 2021 Sec. III.   Pág. 6409
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
939 Resolución  de  23  de  diciembre  de  2020,  de  la  Dirección  General  de 
Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de 
calificación del registrador de la propiedad de Palma n.º 6, por la que se 
suspende  la  inscripción  de  un  mandamiento  por  el  que  se  solicita  la 
rectificación de una inscripción.
En  el  recurso  interpuesto  por  doña  J.M.S.L.,  Procuradora  de  los  Tribunales, 
interviniendo en nombre de doña M. de las M. M. N. contra la nota de calificación del 
registrador de la Propiedad de Palma n.º 6, don José Pablo Bolado Rodrigo, por la que 
se suspende la inscripción de un mandamiento por el que se solicita la rectificación de 
una inscripción
Hechos
I
Mediante mandamiento y testimonio de la Sentencia, dictada el día 14 de febrero 
de 2020 del Juzgado de Primera Instancia número 23 de Palma I expresando en su parte 
dispositiva que declaro que la actora, D.ª M. de las M. M. N. es la propietaria real de la 
finca registral 9.953 de Palma y se acuerda la rectificación de la vigente titularidad 
dominical registral del citado bien inmueble, que figura a nombre de doña P. M. S. M., al 
objeto de que se inscriba a nombre de su auténtica propietaria doña M. de las M. M. N..''
II
Presentado dicho documento en el Registro de la Propiedad de Palma n.º 6, fue 
objeto de la siguiente nota de calificación de fecha 25 de septiembre de 2020:
«Calificado este mandamiento del Juzgado de Primera Instancia n.º 23 de Palma de 
Mallorca, Procedimiento Ordinario 446/2019 sec. 2, el registrador que suscribe suspende 
su inscripción sobre la base de los siguientes defectos subsanables:
Hechos:
1.  Plusvalía. No se acredita, conforme a lo previsto en el artículo 254 de la Ley 
Hipotecaria,  haber  presentado  la  autoliquidación  o,  en  su  caso,  la  declaración  del, 
impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), o 
la comunicación a que se refiere la letra b) del apartado 6 del artículo 110 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), aprobado por el 
Real Decreto Legislativo, 2/2004 de 5 de marzo, según contempla el quinto párrafo del 
artículo 254 de la Ley Hipotecaria. El párrafo 5.º fue añadido por la Ley 16/2012, de 27 
de diciembre.
2.  Circunstancias personales. No consta en el título:
a)  Si  la  adjudicataria  es  soltera,  casada,  viuda,  separada  "judicialmente"  o  e.
divorciada y de ser casada y afectar al acto o contrato que se inscriba a los derechos  w.b
presentes o futuros de la sociedad conyugal, el régimen económico matrimonial y el  9w
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transmitan, graven> modifiquen o extingan el dominio y los demás derechos reales sobre
bienes  inmuebles,  o  a  cualesquiera  otros  con  trascendencia  tributada,  cuando  no 
consten en aquellos todos los números de identificación fiscal de los comparecientes y, 
en su caso, de las personas o entidades en cuya representación actúen," (art. 254 LH)
Defecto  subsanable  mediante  la  declaración  realizada  por  el  nuevo  propietario 
(rematante o adjudicatario), bien en las actuaciones judiciales, bien ante Notario, bien en 
instancia con la firma del que suscribe legitimada ante Notario, bien en instancia firmada 
o ratificada ante el Registrador de la Propiedad.
Referencia catastral. A los efectos de lo dispuesto en el artículo 44.1 del Real 
Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, se hace constar que NO ha sido cumplida la 
obligación de aportar la referencia catastral de esta finca. A diferencia de las anteriores 
esta falta no impide la inscripción de este título.
Fundamentos de Derecho: artículos 3, 9, 18, 254 LH; artículos 51, 100- RH.
(…)
Palma, a 25 de septiembre de 2020. El registrador José Pablo Bolado Rodrigo
III
Contra la anterior nota de calificación, doña J.M.S.L., Procuradora de los Tribunales, 
interviniendo en nombre de doña M. de las M. M. N., interpone recurso en virtud de 
escrito de fecha 29 de octubre de 2020 en el que resumidamente señala lo siguiente:
«En cuanto al defecto nominado como plusvalía, esta parte se muestra disconforme 
con tal calificación y, por este motivo, se plantea este recurso gubernativo frente a la 
misma en relación al meritado defecto.
En la comunicación de calificación negativa se dispone lo siguiente:
"1.  Plusvalía.  No  se  acredita.  conforme  a  lo  previsto  en  el  artículo  de  la  Ley 
Hipotecaria,  haber  presentado  la  autoliquidación  o,  en  su  caso,  la  declaración  del 
impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), o 
la comunicación a que se refiere la letra b) del apartado 6 del artículo 110 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), aprobado por el 
Real Decreto Legislativo, 2/2004, de 5 de Marzo, según contempla el quinto párrafo del 
artículo 254 de la ley Hipotecaria. El párrafo 59 fue añadido por la Ley 16/2012, de 27 de 
diciembre".
En relación a lo expuesto es necesario hacer referencia a Sentencia de la que trae 
causa  el  mandamiento  de  inscripción  que  esta  parte  pretende.  En  virtud  de  esta 
mencionada resolución, que ha sido aportada al Registro de la propiedad de Palma n.º 6, 
queda acreditado que el cambio de titularidad que se solicita no lo es en virtud de una 
transmisión onerosa, sino que lo es en función de una resolución judicial que adapta la 
realidad jurídica a la situación existente "de facto".
En este sentido, resulta palmario que no se devenga plusvalía alguna en la línea 
establecida  por  nuestro  Tribunal  Constitucional,  en  su  Sentencia  de  31  de  octubre 
de 2019, en la que declara la inconstitucionalidad del art. 107.4 del Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado el 5 de marzo de 2004.
En esta sentencia se argumenta que cuando existe un incremento de la transmisión y 
la cuota que sale a pagar es mayor al incremento realmente obtenido por el ciudadano, 
se estaría tributando por una renta inexistente, virtual o ficticia, produciendo un exceso 
de tributación contrario a los principios constitucionales de capacidad económica y no  s
confiscatoriedad (art. 31.1 CE). oe.
Por lo tanto, se declara la nulidad de este impuesto en los casos que se deba pagar  w.
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onerosa, no existe un importe de ganancia en concepto de venta y, por ende, cualquier
valoración  q  e  se  haga  será  superior  a  la  ganancia  obtenida  dado  que  ésta  es 
inexistente.
Por tanto, solicito que se revoque la calificación, acordando la inscripción, puesto que 
la declaración judicial en el expediente es clara e indubitada en el sentido de que adapta 
la  realidad  jurídica  a  la  realidad  de  hecho  sin  que  medie  transmisión  onerosa.  El 
Registrador debe atenerse al pronunciamiento judicial, procediendo a su inscripción.
IV
El registrador suscribió informe el 10 de octubre de 2020 y elevó el expediente a este 
Centro Directivo.
Fundamentos de Derecho
Vistos  los  artículos  3,  9  y  254.5  de  la  Ley  Hipotecaria;  51  del  Reglamento 
Hipotecario; 104 y 110.6.b) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y las 
Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 22 de febrero 
de 2006, 5 de diciembre de 2011, 30 de enero, 3 y 10 de octubre y 27 de noviembre 
de 2014, 5 de marzo, 17 de julio y 28 de agosto de 2015 y 7 de enero de 2016, 3 de abril 
de 2018 y 9 de enero de 2020 y 10 de agosto 2020.
1.  En el presente expediente se presenta a inscripción un mandamiento judicial. En 
su  parte  dispositiva  se  declaró  que  la  actora  es  la  propietaria  real  de  la  finca 
registral 9.953 de Palma y se acuerda la rectificación de la vigente titularidad dominical 
registral del citado bien inmueble, que figura a nombre de la demandada.
El registrador señala dos defectos de los que sólo uno de ellos ha sido objeto de 
recurso, el no acreditarse, conforme a lo previsto en el artículo 254 de la Ley Hipotecaria, 
haber presentado la autoliquidación o, en su caso, la declaración del impuesto sobre el 
Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), o la comunicación 
a que se refiere la letra b) del apartado 6 del artículo 110 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales.
2.  Este Centro Directivo (vid. Resoluciones recogidas en los «Vistos») ha analizado 
el  alcance  del  denominado  cierre  registral  por  no  acreditar  el  cumplimiento  de  las 
obligaciones  fiscales,  tanto  en  relación  con  los  Impuestos  de  Transmisiones 
Patrimoniales  Onerosas  y  Actos  Jurídicos  Documentados  y  de  Sucesiones  y 
Donaciones, como respecto al Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana (Plusvalía).
El artículo 254.1 de la Ley Hipotecaria dispone: «Ninguna inscripción se hará en el 
Registro de la Propiedad sin que se acredite previamente el pago de los impuestos 
establecidos o que se establecieren por las leyes, si los devengare el acto o contrato que 
se pretenda inscribir».
Más específicamente el mismo artículo establece en su punto 5: «El Registro de la 
Propiedad  no  practicará  la  inscripción  correspondiente  de  ningún  documento  que 
contenga acto o contrato determinante de las obligaciones tributarias por el Impuesto 
sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, sin que se acredite 
previamente haber presentado la autoliquidación o, en su caso, la declaración, del 
impuesto, o la comunicación a que se refiere la letra b) del apartado 6 del artículo 110 del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real  e.e
Decreto Legislativo, 2/2004, de 5 de marzo». b
A los efectos de aclarar en qué consiste este cierre registral, el artículo 255, párrafo  w
perxitmenedroe,r sdee  elal  masisiemnato l edye e psrteasbelenctea:c i«óNno a onbtessta dnete  qlou ep rseev isvteor iefinq ueel  aerlt ípcaugloo  adnetel riimorp, upeosdtroá; 
mdeávso levne rtáa le cl atístuol os ea ls quusep elon dhearyáa  lpar ecaselifnictaadcioó,n a y f inla  dines qcuriep csieó ns aut isofpaegraa cdiiócnh os oimlicpituaedsato y» .se
3.  La  doctrina  mantenida  por  este  Centro  Directivo  ha  establecido  que  el 
registrador, ante cualquier operación jurídica cuya registración se solicite, no sólo ha de 
calificar su validez y licitud, sino decidir también si se halla sujeto o no a los impuestos 
señalados; la valoración que haga de este último aspecto no será definitiva en el plano 
fiscal, pues no le corresponde la competencia liquidadora respecto de los diversos 
tributos;  no  obstante,  será  suficiente  bien  para  acceder,  en  caso  afirmativo,  a  la 
inscripción sin necesidad de que la administración fiscal ratifique la no sujeción, bien 
para suspenderla en caso negativo, en tanto no se acredite adecuadamente el pago, 
exención,  prescripción  o  incluso  la  no  sujeción  respecto  del  impuesto  que  aquel 
consideró aplicable, de modo que el registrador, al sólo efecto de decidir la inscripción, 
puede apreciar por sí la no sujeción fiscal del acto inscribible, evitando una multiplicación 
injustificada  de  los  trámites  pertinentes  para  el  adecuado  desenvolvimiento  de  la 
actividad jurídica registral.
4.  En el supuesto de este expediente, afirma el interesado en el recurso que con 
relación a lo expuesto es necesario hacer referencia a la sentencia de la que trae causa 
el mandamiento de inscripción que esta parte pretende.
En virtud de esta mencionada resolución, que ha sido aportada al Registro de la 
Propiedad de Palma n.º 6, queda acreditado que el cambio de titularidad que se solicita 
no lo es en virtud de una transmisión onerosa, sino que lo es en función de una 
resolución judicial que adapta la realidad jurídica a la situación existente «de facto».
Sin embargo, como tiene declarado la Dirección General de los Registros y del 
Notariado,  no  concurriendo  circunstancias  de  realización  de  especial  tarea  de 
cooperación con la Administración de Justicia (Resolución de 21 de diciembre de 1987) 
ni  resultando  supuestos  de  expresa  no  sujeción  al  Impuesto  (apartados  2  a  4  del 
artículo 104 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales) o de 
clara causa legal de exención fiscal (art. 105) –como ocurre en la aceptación de una 
hipoteca  unilateral  efectuada  por  la  Tesorería  General  de  la  Seguridad  Social 
(Resolución de 23 de abril de 2007)–, imponer al registrador la calificación de la sujeción 
o no al Impuesto de ciertos actos contenidos en la escritura supondría obligarle a realizar 
inevitablemente declaraciones tributarias que (aunque sea con los limitados efectos de 
facilitar  el  acceso  al  Registro  de  la  Propiedad)  quedan  fuera  del  ámbito  de  la 
competencia reconocida a este Centro Directivo.
Aunque es posible que el registrador aprecie la no sujeción de determinado acto a 
las obligaciones fiscales, si por tener dudas de su sujeción o no y para salvar su 
responsabilidad, exigiere la correspondiente nota de pago, exención, prescripción o no 
sujeción, habrán de ser los órganos tributarios competentes –en este caso, municipales– 
los que podrán manifestarse al respecto al recibir la comunicación impuesta por Ley, sin 
que  corresponda  a  esta  Dirección  General  el  pronunciarse,  a  no  existir  razones 
superiores para ello (por ejemplo, cfr. artículo 118 de la Constitución) o tratarse de un 
supuesto en el que se esté incurriendo en la exigencia de un trámite desproporcionado 
que pueda producir una dilación indebida.
En  consecuencia,  esta  Dirección  General  ha  acordado  desestimar  el  recurso  y 
confirmar la nota de calificación del registrador en los términos vistos.
Contra  esta  Resolución  los  legalmente  legitimados  pueden  recurrir  mediante 
demanda ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica 
el inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las 
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de  e
la Ley Hipotecaria. bo
PúbMlicaad, rSido, fí2a3 P duee ndtiec ieSmanbtriea gdoe. 2020.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe  2021-939n https://w