BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 17  Miércoles 20 de enero de 2021  Sec. I.   Pág. 4782
I. DISPOSICIONES GENERALES
JEFATURA DEL ESTADO
793 Real Decreto-ley 1/2021, de 19 de enero, de protección de los consumidores 
y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica.
I
El artículo 51.1 de la Constitución Española establece que los poderes públicos 
garantizarán la defensa de las personas consumidoras y usuarias, protegiendo, mediante 
procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de 
los mismos.
Para el efectivo cumplimiento de dicho mandato, se han de considerar las 
consecuencias provocadas en el ámbito social y económico por la pandemia del COVID-19, 
con graves repercusiones en diferentes ámbitos sectoriales, que han afectado 
especialmente a las relaciones de consumo y, en consecuencia, a la protección de las 
personas consumidoras y usuarias, cuya garantía en estas condiciones incumbe 
prioritariamente a los poderes públicos y obliga a la adopción de actuaciones específicas.
En tal sentido resulta urgente considerar el concepto de persona consumidora 
vulnerable en la normativa estatal de defensa de las personas consumidoras y usuarias, 
atendiendo a este mandato constitucional, en el sentido de garantizar con un grado mayor 
de protección a los derechos en determinados supuestos en los que la persona 
consumidora se ve afectada por una especial situación de vulnerabilidad que puede incidir 
en su toma de decisiones e, incluso, forzarla a aceptar ciertas condiciones contractuales 
que en otra situación no aceptaría. Esta figura ya ha sido recogida en la normativa 
autonómica y, si bien esta necesidad ya era patente antes de que aconteciera esta crisis 
sanitaria mundial, la actual situación ha ahondado en la urgente necesidad de protección 
de estas personas que puedan encontrarse en especial situación de vulnerabilidad en una 
relación de consumo.
Por tanto, se incluye por primera vez en la normativa estatal de defensa de las 
personas consumidoras la figura de la persona consumidora vulnerable, que deberá ser 
objeto de especial atención tanto por parte de autoridades públicas como de empresas 
privadas en las relaciones de consumo. Más allá de la tradicional alusión a la situación 
económica de las personas consumidoras a la hora de determinar su situación de 
vulnerabilidad, se constatan diversas situaciones en las que, agravadas por la actual 
situación de crisis sanitaria, las circunstancias sociales o personales hacen que se 
encuentren en una especial situación de subordinación, indefensión o desprotección en 
sus relaciones de consumo, tal como ha recordado recientemente la Comisión Europea 
con la publicación de la Comunicación, de 13 de noviembre de 2020, sobre la Nueva 
Agenda del Consumidor: «Reforzar la resiliencia del consumidor para una recuperación 
sostenible». Por consiguiente, es necesario que la normativa estatal recoja de forma 
urgente la previsión de las circunstancias que generan que los derechos de estas personas 
consumidoras necesiten una protección reforzada.
La Nueva Agenda del Consumidor presenta la visión de la política europea de consumo 
para el periodo 2020-2025. Entre sus finalidades, además de abordar las necesidades 
actuales de las personas consumidoras ante la pandemia, se subraya la promoción de  e.
medidas para un mercado único más ecológico, digital y justo, fortaleciendo la confianza y  w.
toma de decisiones de los consumidores, así como la protección eficaz de sus intereses  3w
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Para alcanzar sus objetivos, la Agenda cubre cinco ámbitos prioritarios: a) la transición 
ecológica; b) la transformación digital; c) la tutela y defensa de los derechos de los 
consumidores; d) las necesidades específicas de determinados grupos de consumidores; y 
e) la cooperación internacional. Entre ellos, el tercero y el cuarto son los que establecen el 
marco adecuado para la modificación urgente del texto refundido de la Ley General para la 
Defensa de los Consumidores y Usuarios, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, 
de 16 de noviembre.
La tutela eficaz de los derechos de las personas consumidoras se ha vuelto más 
acuciante tras el impacto social y económico que la pandemia de la COVID-19 ha tenido 
sobre las prácticas de consumo. La Comisión Europea alerta en su Comunicación sobre el 
aumento de prácticas comerciales desleales, lo que motiva la necesidad de implantar 
medidas coordinadas con los Estados miembros para garantizar la protección de los 
derechos de los consumidores en un entorno cada vez más digital. En esta línea, la Nueva 
Agenda del Consumidor subraya la necesidad de abordar las necesidades específicas de 
consumidores que, por sus características o circunstancias, requieran una mayor 
protección para garantizar la toma de decisiones en las relaciones concretas de consumo 
acorde con sus intereses.
Entre ellas, en la Agenda se destacan las siguientes: la necesidad de garantizar tanto 
la asequibilidad de los productos, bienes y servicios, como la disponibilidad de un 
información clara, accesible y fácil de manejar sobre ellos; la adopción de un enfoque justo 
y no discriminatorio en la transformación digital; la educación permanente, la sensibilización 
y la formación, especialmente a niños, niñas y menores de edad; o la protección frente a 
prácticas discriminatorias por razón de género. En suma, la Nueva Agenda del Consumidor 
coloca en el centro de sus políticas y medidas la protección de las personas consumidoras 
que, por encontrarse en una situación de vulnerabilidad, no puedan adoptar una decisión 
acorde con sus intereses en una relación de consumo.
El concepto de consumidor vulnerable recogido en la Nueva Agenda del Consumidor 
se fundamenta en los estudios teóricos e investigaciones empíricas desarrolladas en los 
últimos años sobre la vulnerabilidad específicamente referida al ámbito del consumo. 
Dichos avances en el plano académico y en la literatura utilizada por las instituciones 
internacionales confluyen en una noción de vulnerabilidad en consumo entendida como la 
probabilidad ex ante de que una determinada persona obtenga un posible resultado 
negativo en su relación de consumo.
En particular, la probabilidad de que una persona consumidora obtenga resultados 
negativos en sus relaciones de consumo vendrá condicionada por aspectos tales como la 
dificultad para obtener o asimilar información, una menor capacidad para comprar, elegir o 
acceder a productos adecuados, o una mayor susceptibilidad a dejarse influir por prácticas 
comerciales. Dado que la clave para que las políticas de protección a las personas 
consumidoras vulnerables sean eficaces reside en su capacidad de actuar de forma 
preventiva, identificando a las personas o colectivos que tienen mayor probabilidad de 
verse afectados por esas contingencias antes de que el posible resultado negativo se 
produzca, gran parte de la literatura especializada se ha centrado en la identificación de 
los factores que determinan dicha vulnerabilidad.
Aunque la identificación de los factores de vulnerabilidad de consumo ha dado lugar a 
múltiples tipologías, existen algunos consensos básicos dentro del mundo académico.
En primer lugar, se asume que la situación de vulnerabilidad no se deriva de 
circunstancias estrictamente personales, sino que hay que considerar aspectos de origen 
demográfico, social e, incluso, relacionados con cada entorno de mercado concreto. es
En segundo lugar, y relacionado con lo anterior, hay consenso general en que las  o
condiciones que predisponen a la vulnerabilidad en las relaciones de consumo exceden el  ww.
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En estos casos se evidenciaba con nitidez cómo factores tanto de índole biológico como
cultural tenían una importancia crucial para estimar la vulnerabilidad en sus relaciones de 
consumo de ciertos individuos o colectivos.
Posteriores investigaciones han venido confirmando que la multidimensionalidad de la 
vulnerabilidad de consumo, es decir, su relación con factores de distintas dimensiones, 
afecta a todos los ámbitos de consumo, siendo especialmente patentes en algunos 
sectores de consumo específicos como el financiero, el energético o el de comercio 
electrónico.
En tercer lugar, los estudios académicos conciben la vulnerabilidad en el ámbito del 
consumo como un concepto dinámico, en el sentido de que no define a las personas o a 
los colectivos como vulnerables de una forma estructural ni permanente. De esta forma, 
una persona puede ser considerada vulnerable en un determinado ámbito de consumo, 
pero no en otros. Además, esa condición de vulnerabilidad podrá variar a lo largo del 
tiempo según puedan hacerlo las condiciones que la determinan, tanto las de tipo personal 
como las sociales o de contexto. En definitiva, las investigaciones especializadas confirman 
que cualquier persona puede ser vulnerable en algún momento de su vida respecto de 
alguna relación de consumo específica.
En consonancia con esta aproximación teórica y conceptual, se significa que la 
normativa europea conmina a proteger a las personas consumidoras vulnerables, no 
solo en relación con aspectos económicos, como tradicionalmente se ha hecho en la 
normativa sectorial, sino también en relación con aquellas otras circunstancias, tales 
como por ejemplo la edad, sexo, origen nacional o étnico, lugar de procedencia, las 
personas alérgicas o con algún tipo de intolerancia alimenticia, las víctimas de violencia 
de género, las familias monoparentales, las personas desempleadas, las personas con 
algún tipo de discapacidad, las personas enfermas, las minorías étnicas o lingüísticas, 
las personas desplazadas temporalmente de su residencia habitual, la población 
migrante o solicitante de protección internacional, así como las personas con carencias 
económicas o en riesgo de exclusión, o cualesquiera otras circunstancias que puedan 
incidir, generando desventaja, en sus relaciones de consumo. En este sentido ya se 
pronunció el Parlamento Europeo, en su Resolución de 22 de mayo de 2012 sobre una 
estrategia de refuerzo de los derechos de los consumidores vulnerables, o, junto con el 
Consejo, en el Reglamento 254/2014, de 26 de febrero de 2014, sobre el Programa 
plurianual de Consumidores para el período 2014-2020, que apuesta claramente por la 
protección de las personas consumidoras vulnerables a través de la inclusión de 
previsiones legislativas especiales.
Por consiguiente, es preciso tener en cuenta que son diversas las causas que 
determinan la posible situación de vulnerabilidad de las personas consumidoras y usuarias 
en atención a las específicas relaciones de consumo que les afecten. Es importante 
señalar que las relaciones de consumo están diseñadas sin tener en cuenta las 
necesidades y circunstancias de determinados colectivos de personas que enfrentan 
especiales obstáculos a la hora de desenvolverse y ejercer sus derechos en condiciones 
de igualdad. Así, el impacto de determinadas variables psicosociales en las relaciones de 
consumo (tales como la edad, sexo, origen nacional o étnico, lugar de procedencia o 
discapacidad, entre otras) coloca a las personas consumidoras en una situación de 
especial vulnerabilidad que reclama una protección reforzada de sus derechos. Asimismo, 
es preciso atender a circunstancias como el desconocimiento del idioma, el nivel de 
formación (bien sea general o específica de un sector del mercado), el lugar de residencia, 
la situación social, económica y financiera o, incluso, problemas asociados al uso de las 
nuevas tecnologías como instrumento o vía de acceso normalizado al mercado de bienes  es
y servicios. Además, es importante tener en cuenta que varias causas o factores de los  o
mencionados pueden operar simultáneamente o interaccionar entre sí, incrementando en  ww.
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Las personas mayores son uno de los grupos más numerosos de consumidores en 
España. Según los datos provisionales del Instituto Nacional de Estadística (INE) de 
enero de 2020, hay 9.278.923 personas de 65 o más años para un total de población 
española de 47.332.614, lo que supone un 19,6 % del total de la población. En muchas 
ocasiones, factores que pueden estar asociados a la edad, como el estado de salud, el 
desfase generacional o el nivel sociocultural, influyen en la posibilidad de las personas 
mayores para desenvolverse como personas consumidoras en igualdad de condiciones, 
principalmente en la sociedad de la información actual. Además, las personas mayores 
enfrentan en ocasiones barreras relacionadas con la forma en que se genera o 
proporciona la información en las relaciones de consumo, incrementándose el riesgo de 
que puedan ser inducidas a error, así como barreras relacionadas con prejuicios y 
estereotipos asociados a la edad. Este desfase generacional que puede afectar a sus 
relaciones de consumo se observa, por ejemplo, respecto al consumo on line, puesto que 
el uso de internet de forma frecuente por personas de entre 65 y 74 años se sitúa por 
debajo del 60 %, muy lejos del 83,1 % del total de la población mayor de 16 años, de 
acuerdo con datos del INE.
Asimismo, se visibiliza cómo la vulnerabilidad también tiene un componente transversal 
de género, puesto que en España las mujeres cuya edad está comprendida entre los 65 y 
los 99 años constituyen el 57 % frente a los hombres. Además, de acuerdo con información 
proporcionada por el Instituto de las Mujeres, las mujeres de edad avanzada viven solas 
con más frecuencia que los hombres, tienen ingresos más bajos, sufren, en mayor medida, 
enfermedades crónicas, y tienen peor percepción subjetiva de su salud y calidad de vida.
Entre otros obstáculos que impiden o dificultan el desarrollo en condiciones de 
igualdad en las relaciones de consumo, la cuestión del género bien puede entenderse 
como otro de los factores de vulnerabilidad. Por ejemplo, de acuerdo con datos del INE, 
las compras por internet por parte de las mujeres son 0,9 puntos porcentuales inferiores 
a las de los hombres. El hecho de que el género sea un factor estructural que posiciona 
en condición de subordinación en el ámbito económico se aprecia con claridad en los 
indicadores de capacidad económica, puesto que la renta neta anual media en los 
hogares es mayor en aquellos en los que la persona de referencia es un hombre (30.531 
euros) que en los que lo es una mujer (25.198 euros). En relación con las pensiones, por 
ejemplo, y de acuerdo con datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones, la pensión media de las mujeres en octubre de 2020 ascendió a 813,52 
euros por 1.235,18 euros de los hombres.
Asimismo, entre las dificultades que impiden el desarrollo en condiciones de igualdad 
en las relaciones de consumo por cuestiones de género, la violencia de género y la trata 
de mujeres y niñas con fines de explotación sexual han de ser contempladas en razón de 
su especial incidencia. La violencia de género sitúa a las mujeres en riesgo de exclusión 
social, frustrando sus posibilidades de inserción en el mundo laboral o sus expectativas de 
independencia económica, todo ello como consecuencia del control que ejerce el agresor 
sobre las víctimas mujeres. Según datos de la Cruz Roja, el 84 % de las mujeres víctimas 
de violencia de género están en riesgo de pobreza y exclusión social, lo que afecta de una 
forma directa a sus relaciones de consumo.
Adicionalmente, y en el ámbito de la cuestión de género, se encuentran las familias 
monoparentales. Estos colectivos, encabezados por mujeres en un 81 % de los casos, 
afrontan necesidades que los sitúan en una posición de desigualdad en las relaciones de 
consumo. El 46,8 % de estos hogares se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión 
social y tienen una tasa de pobreza infantil quince veces superior a la media. Asimismo,  es
las mujeres que encabezan estos hogares han de enfrentarse a situaciones de  o
empleabilidad inestables, debido a las escasas posibilidades de conciliación que ofrecen  ww.
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siendo los menores de 16 años el colectivo más afectado por el riesgo de pobreza relativa
según la encuesta de condiciones de vida. En sus relaciones de consumo, los niños, niñas 
y adolescentes, por ejemplo, presentan una mayor sensibilidad a la publicidad y a las 
prácticas comerciales agresivas, disponen de menor capacidad para reconocer el peligro, 
pueden sentirse atraídos por la apariencia de productos que entrañen riesgos para su 
salud o seguridad, o pueden presentar mayor sensibilidad frente a la toxicidad de 
determinadas sustancias químicas. Requieren, como la Nueva Agenda del Consumidor 
advierte, medidas de educación permanente, formación y sensibilización.
Igualmente es necesario hacer alusión a las personas con discapacidad y cómo puede 
afectar esta situación a sus relaciones de consumo. De acuerdo con la Encuesta de 
Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia, elaborada por el INE 
en 2008 (último informe disponible), el número de personas con alguna discapacidad se 
elevaba a 3.847.900 personas, de las cuales 1.600.000 aproximadamente son menores 
de 65 años.
Estas personas se pueden encontrar en diferentes situaciones de vulnerabilidad a la 
hora de desenvolverse en las relaciones de consumo dependiendo de la capacidad de 
respuesta. En tal sentido, estas personas están más expuestas a la quiebra y vulneración 
de sus derechos como personas consumidoras, por cuanto en muchas ocasiones el 
mercado de bienes, productos y servicios carece de   condiciones  de  accesibilidad 
universal, dificultando su desempeño como consumidores protegidos. Por ejemplo, las 
personas con discapacidad visual pueden ver impedido el acceso a la información que 
incorporan las etiquetas de los productos de uso cotidiano.
Por otro lado, entre los factores que pueden afectar a la población en general, pero 
que son susceptibles de hacerlo especialmente a los colectivos que se han identificado 
previamente como en situación de particular vulnerabilidad, cabe aludir en primer lugar al 
nivel de renta de las personas consumidoras. En concreto, y según la Encuesta de 
Condiciones de Vida del INE en el año 2019, la población en riesgo de pobreza o exclusión 
social (tasa AROPE) se situó en España en el 25,3 %. Un dato que todavía no tenía en 
cuenta el impacto de la crisis económica debida a la COVID-19. Impacto que sí tiene en 
cuenta la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y Exclusión Social (EAPN), cuando 
calcula que un 9,2 % de la población, más de cuatro millones de personas, sufre «pobreza 
severa», dato coincidente con los estudios de las asociaciones de consumidores, como 
OCU, que desvelan que un 10 % de las familias no llegan a fin de mes en 2020.
El nivel formativo y cultural también puede incidir de forma importante en las relaciones 
de consumo, situando en posiciones de vulnerabilidad a aquellas personas consumidoras 
que cuentan con menores niveles de estudios. Es preciso tener en cuenta que, 
actualmente, hay en España en torno a 577.600 personas analfabetas funcionales, según 
el último dato de la Encuesta de Población Activa, lo que incide de forma directa, por 
ejemplo, en su capacidad para poder entender de forma precisa la información que se les 
facilita en sus relaciones de consumo.
Otro factor que cobra especial importancia es la brecha digital en las relaciones de 
consumo en la era digital. Si bien el avance tecnológico ha supuesto en muchos aspectos 
una apertura a nuevas oportunidades de consumo, puede situar en una situación de 
vulnerabilidad al 4,7 % de la población que no tiene conexión a internet. Pero no solo poder 
acceder a estos servicios es importante para poder desenvolverse en situaciones de 
igualdad en las relaciones de consumo, sino que adquirir habilidades y conocimientos 
tecnológicos es imprescindible para operar de forma adecuada en el comercio on line, 
aspecto que también tiene un importante componente de edad, pues solo el 17,1 % de la 
población mayor de 74 años hace uso diario de internet, de acuerdo con datos del INE. es
De igual modo, el lugar de residencia también puede ser una causa de vulnerabilidad  o
en las relaciones de consumo. Aparte de la ya mencionada dificultad de acceso a servicios  ww.
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Todas estas situaciones, además, se han visto acrecentadas con la situación de crisis
sanitaria derivada del COVID-19, que ha traído aparejado un aumento del número de 
personas consumidoras en situación de vulnerabilidad económica. Así, desde que se 
pusieron en marcha por el Gobierno de España las distintas moratorias para tratar de 
paliar los efectos de la crisis sanitaria en la población económicamente más vulnerable y 
hasta el 30 de septiembre, de acuerdo con la información del Banco de España, se han 
concedido 226.000 moratorias legales hipotecarias y 366.000 moratorias de créditos al 
consumo. Asimismo, se han concedido 793.000 moratorias entre hipotecarias y no 
hipotecarias al amparo de un acuerdo marco sectorial bancario.
Por tanto, se ve cómo son numerosas las causas tanto endógenas como exógenas 
que pueden situar a una persona en situación de vulnerabilidad en sus relaciones de 
consumo, no únicamente sus circunstancias económicas, como tradicionalmente se ha 
enfocado este asunto a nivel sectorial.
En consideración a cuanto ha quedado expuesto, los artículos del presente real 
decreto-ley se refieren a las medidas urgentes adoptadas para hacer frente a determinadas 
situaciones de vulnerabilidad que afectan a las personas consumidoras y usuarias.
Así, en su artículo primero se procede a modificar el texto refundido de la Ley General para 
la Defensa de los Consumidores y Usuarios, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, 
de 16 de noviembre.
La modificación esencial del texto refundido es la que afecta al artículo 3, en relación 
al concepto general de consumidor y usuario, con la finalidad de incluir la definición de 
persona consumidora vulnerable.
Así, se determina que a los efectos de esta norma y sin perjuicio de la normativa 
sectorial que en cada caso resulte de aplicación, tienen la consideración de personas 
consumidoras vulnerables respecto de relaciones concretas de consumo, aquellas 
personas físicas que, de forma individual o colectiva, por sus características, necesidades 
o circunstancias personales, económicas, educativas o sociales, se encuentran, aunque 
sea territorial, sectorial o temporalmente, en una especial situación de subordinación, 
indefensión o desprotección que les impide el ejercicio de sus derechos como personas 
consumidoras en condiciones de igualdad.
Como consecuencia de esta previsión, de carácter esencial en el texto refundido al 
determinarse el concepto de persona consumidora vulnerable, se procede a modificar 
diversos artículos de dicho texto con la finalidad de adecuar el régimen de derechos de las 
personas consumidoras vulnerables en el ámbito de aplicación del texto refundido de la 
Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.
Con tal finalidad se incorpora la previsión de esta categoría, la de persona consumidora 
vulnerable, en los siguientes preceptos:
En el artículo 8, sobre derechos básicos de los consumidores y usuarios, del que se 
procede a modificar su redacción al objeto de prever lo relativo a los derechos de las 
personas consumidoras vulnerables.
Se introduce un nuevo apartado 3 en el artículo 17, relativo al derecho a la información, 
formación y educación de los consumidores y usuarios, con la finalidad de considerar la 
referencia a las personas consumidoras vulnerables, de forma que se dispone que se 
prestará especial atención a aquellos sectores que, debido a su complejidad o 
características propias, cuenten con mayor proporción de personas consumidoras 
vulnerables entre sus clientes o usuarios, atendiendo de forma precisa a las circunstancias 
que generan la situación de concreta vulnerabilidad.
Se modifica el apartado 2 del artículo 18, dedicado al etiquetado y presentación de los  s
bienes y servicios, al objeto de determinar que, sin perjuicio de las exigencias concretas  e.
que se establezcan reglamentariamente y de la normativa sectorial que en cada caso  w.
resulte de aplicación, que prestarán especial atención a las personas consumidoras  3w
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Con el mismo objeto se da nueva redacción al artículo 19, relativo a las prácticas 
comerciales, de especial relevancia al objeto pretendido por el real decreto-ley, al 
disponerse que los legítimos intereses económicos y sociales de los consumidores y 
usuarios deberán ser respetados en los términos establecidos en esta norma, aplicándose, 
además, lo previsto en las normas civiles y mercantiles, en las regulaciones sectoriales de 
ámbito estatal, así como lo previsto en la normativa comunitaria y autonómica que resulten 
de aplicación, incorporándose al texto refundido la referencia a que las prácticas 
comerciales de los empresarios quedan sujetas a lo dispuesto en el texto refundido, en la 
Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, y en la Ley 7/1996, de 15 de enero, 
de Ordenación del Comercio Minorista, no obstante la normativa sectorial que en cada 
caso resulte de aplicación.
Al efecto se prevé que respecto a las prácticas comerciales relativas a servicios 
financieros y bienes inmuebles, o en el ámbito de las telecomunicaciones o energético, 
podrán establecerse normas legales o reglamentarias que ofrezcan una mayor protección 
al consumidor o usuario. Y que las políticas públicas que inciden en el ámbito del consumo 
y las prácticas comerciales orientadas a las personas consumidoras vulnerables estarán 
destinadas dentro del ámbito de las relaciones entre consumidores o usuarios y 
empresarios a prever y remover las circunstancias que generan la situación de 
vulnerabilidad, así como a paliar sus efectos, en particular en relación con las 
comunicaciones comerciales o información precontractual facilitada, la atención post 
contractual o el acceso a bienes o servicios básicos.
Con la misma finalidad, se modifica el artículo 20, relativo a la información necesaria 
en la oferta comercial de bienes y servicios, al objeto de precisar que, sin perjuicio de la 
normativa sectorial que en su caso resulte de aplicación, la información necesaria a incluir 
en la oferta comercial deberá facilitarse a los consumidores o usuarios, principalmente 
cuando se trate de personas consumidoras vulnerables, en términos claros, comprensibles, 
veraces y en un formato fácilmente accesible, de forma que aseguren su adecuada 
comprensión y permitan la toma de decisiones óptimas para sus intereses.
Asimismo, se procede a modificar el artículo 43, relativo a cooperación en materia de 
control de calidad, con la finalidad de dotar al texto de coherencia semántica y gramatical 
en relación con la nueva figura de persona consumidora vulnerable.
Finalmente, se modifica el apartado 1 del artículo 60, sobre información previa al 
contrato, con la finalidad de prever de manera expresa lo relativo a la información a las 
personas consumidoras vulnerables, concretándose que el empresario deberá facilitarle 
de forma clara y comprensible, la información relevante, veraz y suficiente sobre las 
características principales del contrato, en particular sobre sus condiciones jurídicas y 
económicas, y estableciéndose, sin perjuicio de la normativa sectorial que en su caso 
resulte de aplicación, los términos y formato en que deba ser suministrada dicha 
información, principalmente cuando se trate de personas consumidoras vulnerables, para 
garantizar su adecuada comprensión y que les permita la toma de decisiones óptimas para 
sus intereses.
Por su parte, mediante el artículo segundo, se procede a modificar la disposición final 
primera del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras 
leyes complementarias, relativa al título competencial, al objeto de adecuar su contenido 
en coherencia con las modificaciones operadas en el texto refundido vinculadas al carácter 
de normativa básica estatal de los preceptos que son objeto de modificación.
Las anteriores modificaciones se dictan al amparo de la competencia exclusiva  e.
atribuida al Estado por la regla 13.ª del artículo 149.1 de la Constitución Española, que  w.
atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre bases y coordinación de la planificación  3w
geneYr aell ldoe  alate ancdtiievniddaod  ae cqouneó mlai ccao.mpetencia estatal sobre la ordenación general de la
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de febrero, FJ 4.b)] ha situado el de incidir en principios rectores de la política económica
y social (SSTC 95/2002, FFJJ 7 y 11, seguida por las SSTC 190/2002, de 17 de octubre; 
228/2003 y 230/2003, ambas de 18 de diciembre), habiéndose asimismo concretado que 
la competencia estatal sobre las bases y la coordinación de la planificación general de la 
actividad económica comprende no sólo la ordenación del conjunto de la economía sino 
también la ordenación de cada sector o subsector de la actividad económica, y el Estado 
podría así actuar en sectores muy específicos de la actividad económica sobre los que las 
comunidades autónomas tienen atribuidas competencias, conforme ha afirmado 
reiteradamente el Tribunal en relación con múltiples sectores y subsectores económicos 
(SSTC 225/1993, de 8 de julio, 16/2018, de 22 de febrero; 32/2018, de 12 de abril; 43/2018, 
de 26 de abril; 63/2018, de 7 de junio; 80/2018, de 5 de julio; 97/2018, de 19 de 
septiembre;102/2018, de 4 de octubre; 85/2015, de 30 de abril,).
II
Además, el real decreto-ley incorpora determinadas modificaciones urgentes mediante 
sus disposiciones finales primera a cuarta.
La disposición final primera procede a modificar el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de 
marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y 
económico para hacer frente al COVID-19.
Así, se modifica el artículo 1 bis introducido en el Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de 
diciembre, de medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad 
social y económica en el ámbito de la vivienda y en materia de transportes, con objeto de 
dar cobertura a las situaciones en las que los procedimientos de desahucio y lanzamiento 
afecten a personas económicamente vulnerables sin alternativa habitacional, incluso en 
las causas penales en las que el lanzamiento afecte a personas que carezcan de título 
para habitar una vivienda.
Esta modificación se ampara en la competencia exclusiva del Estado atribuida por la 
regla 6.ª del artículo 149.1 de la Constitución Española, que atribuye al Estado competencia 
exclusiva en materia de legislación procesal.
La disposición final segunda modifica la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, de una parte, a efectos de derogar 
la disposición adicional sexta, y, de otra parte, modificar el anexo XII. Bonificaciones 
Portuarias.
Se procede a la derogación de la disposición adicional sexta de la Ley 11/2020, de 30 
de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, en materia de 
absorción del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, habida cuenta de la existencia de 
una regulación parcialmente coincidente de la absorción de la financiación procedente de 
la Unión Europea por parte de la Agencia Estatal de Investigación y el Centro para el 
Desarrollo Tecnológico Industrial, organismos públicos adscritos al Ministerio de Ciencia e 
Innovación, en la Disposición adicional sexta del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de 
diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la 
Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia. De esta manera, queda claro que la normativa aplicable en dicha materia será 
la contenida en el referido real decreto-ley.
Ello al amparo de la regla 16.ª del artículo 149.1 de la Constitución Española, que 
atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de fomento y coordinación general 
de la investigación científica y técnica.
De otra parte, se modifica el anexo XII. Bonificaciones Portuarias, de la Ley 11/2020,  s
de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, con la  oe.
finalidad de subsanar determinados errores de omisión en los cuadros de diferentes  w.
amejueotrdocirifciicdioaa cd2ioe0n2se1 s.p onrotu saerriaías  pyo ssibules  ucnoar rceosrpreocntdai elinqtueidsa cteióxnto dse  alal sp tiaes, aps oproqrutuea rsiains  pdaicrah aesl   2021-793n https://w
Las modificaciones introducidas se refieren a:
– La inclusión de un cuadro de las bonificaciones portuarias del artículo 245.3, de la 
Autoridad Portuaria de Santander (que figura como anexo de este real decreto-ley).
– La inclusión de determinadas frases finales en las bonificaciones del artículo 245.3 
bis, de las Autoridades Portuarias de Barcelona, Motril y Vilagarcía; y del artículo 182, de 
la Autoridad Portuaria de Las Palmas.
Se trata de una modificación urgente con el objetivo de que las bonificaciones que no 
están recogidas en el texto actual de dicha ley entren en vigor en menor plazo posible y 
puedan ser aplicadas de forma inmediata, coincidiendo con el ejercicio anual, y con ello 
sea posible una correcta liquidación de las tasas portuarias para este ejercicio 2021.
La modificación del anexo XII de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2021, se dicta de acuerdo con la regla 20.ª del 
artículo 149.1 de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva 
en materia de puertos de interés general.
La disposición final tercera se refiere a la habilitación para modificaciones de 
determinados preceptos del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba 
el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V, 
VI, VII y VIII del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/2001, de 20 de julio.
Conforme a ello, las modificaciones del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el 
que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los títulos 
preliminar, I, IV, V, VI y VII del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, aprobadas mediante la disposición final quinta 
de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2021, que afectan al último párrafo del apartado a) del artículo 300, al primer párrafo 
del artículo 303, al último párrafo del apartado a) del artículo 307 y al primer párrafo del 
artículo 310, podrán efectuarse mediante disposición con rango de real decreto.
Se trata de salvaguardar el rango reglamentario de las disposiciones del Real Decreto 
849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público 
Hidráulico, que desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V, VI y VII, del texto refundido de la 
Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, que se han 
modificado mediante la disposición final quinta de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2021: último párrafo del apartado a) del 
artículo 300, al primer párrafo del artículo 303, al último párrafo del apartado a) del 
artículo 307 y al primer párrafo del artículo 310.
La disposición final cuarta modifica los precios básicos del canon de control de vertidos 
del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto legislativo 1/2001, 
de 20 de julio.
Tiene por objeto modificar los precios básicos del canon de control de vertidos del 
segundo párrafo del artículo 113.3 del texto refundido de la Ley de Aguas. El canon de 
control de vertidos se configura como un ingreso de los organismos de cuenca destinado 
al estudio, control, protección y mejora del medio receptor. Asimismo, su finalidad ambiental 
de protección de la calidad de las aguas del dominio público hidráulico, aconseja armonizar 
su cuantificación con la fijada por la disposición adicional nonagésima novena de la 
Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021.
Todo ello atendiendo que la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2021 contiene dos preceptos que regulan los mismos  e.e
cánones con cuantificaciones diferenciadas: w.b
precPioosr  buánsaic opsa rdtee,l  claa ndoinsp does iccoiónntr oal ddiec ivoenratild noos,n easgtéasbilmecae  nloo vseignuaie. nAtect:ualización de los
«Con efectos de 1 de enero de 2021 y vigencia indefinida, de conformidad con lo
previsto en el párrafo segundo del apartado 3 del artículo 113 del texto refundido de la Ley  Bc
de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, el precio básico
por metro cúbico se fija en 0,01751 euros para el agua residual urbana y en 0,04377 euros 
para el agua residual industrial».
Por su parte, el apartado dos de la disposición final novena establece lo siguiente:
«Dos.  Se da nueva redacción al párrafo segundo del apartado 3 del artículo 113, que 
queda redactado como sigue:
“El precio básico por metro cúbico se fija en 0,01808 euros para el agua residual 
urbana y en 0,04520 euros para el agua residual industrial. Estos precios básicos podrán 
revisarse periódicamente en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.”»
A fin de evitar las dificultades interpretativas y aplicativas, con los consiguientes 
problemas de recaudación y jurisdiccionales, se propone introducir esta disposición final 
que modifique el párrafo segundo del apartado 3 del artículo 113 del texto refundido de la 
Ley de Aguas, fijando en el mismo la cuantía del precio básico para aguas residuales 
urbanas e industriales, respectivamente, y por otra parte, establecer de manera expresa 
que quedan sin efecto a partir de 1 de enero de 2021 las cuantificaciones de los precios 
básicos que difieran de lo previsto en esta redacción.
Las referidas disposiciones finales tercera y cuarta se dictan al amparo de las reglas 22.ª 
y 23.ª del artículo 149.1 de la Constitución Española, que atribuyen al Estado la 
competencia exclusiva en materia de legislación, ordenación y concesión de recursos y 
aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una comunidad 
autónoma y de legislación básica sobre protección del medio ambiente, respectivamente.
III
El presente real decreto-ley se estructura en dos artículos, cinco disposiciones finales 
y un anexo.
En el articulado se realizan las modificaciones precisas en el texto refundido de la Ley 
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, así como en el real decreto-legislativo aprobatorio 
de dicho texto.
Y por lo que se refiere a las disposiciones finales, se significa que:
La disposición final primera procede a modificar el artículo 1 bis del Real Decreto-ley 
11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el 
ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.
La disposición final segunda modifica la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2021.
La disposición final tercera se refiere a la habilitación para modificaciones de 
determinados preceptos del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba 
el Reglamento del Dominio Público Hidráulico que desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V, 
VI, VII y VIII del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/2001, de 20 de julio.
Por su parte, la disposición final cuarta modifica los precios básicos del canon de 
control de vertidos del segundo párrafo del artículo 113.3 del texto refundido de la Ley de 
Aguas, aprobado por Real Decreto legislativo 1/2001, de 20 de julio.
La disposición final quinta se refiere a la entrada en vigor, estableciendo su entrada en 
vigor para el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». e.e
El anexo se refiere al cuadro de las bonificaciones portuarias de la Autoridad Portuaria  w.b
de Santander. 3ww
IV
El Tribunal Constitucional ha avalado de manera reiterada la adopción de medidas con
impacto social en situaciones excepcionales y de urgente necesidad. Dicho aval demanda
la concurrencia material de una motivación explícita y razonada de la necesidad y también 
formal, vinculada con la urgencia que impide acudir a la tramitación ordinaria de los textos 
normativos. Este real decreto-ley cumple aquella doctrina reiterada del Tribunal 
Constitucional contenida en múltiples sentencias entre las que cabría citar la 6/1983, de 4 
de febrero, F 5; la 11/2002, de 17 de enero, F 4, la 137/2003, de 3 de julio, F 3 y la 
189/2005, de 7 julio, F 3), entre otras muchas.
Su motivación material deriva de la necesidad de poder afrontar las graves 
consecuencias del empeoramiento de la vulnerabilidad de muchas personas consumidoras 
atendiendo a la actual coyuntura económica y social. Y la extraordinaria y urgente 
necesidad forma parte del juicio político y de oportunidad que corresponde al Gobierno 
(nuevamente SSTC 61/2018, de 7 de junio, FJ 4; 142/2014, de 11 de septiembre, FJ 3).
Las medidas adoptadas se consideran, además, las necesarias con carácter 
imprescindible para atender a los intereses generales afectados, existiendo (STC 139/2016 
de 21 julio, FJ 3) «una conexión de sentido o relación de adecuación entre la situación 
definida que constituye el presupuesto habilitante y las medidas que en el decreto-ley se 
adoptan» (así, desde un principio, STC 29/1982, de 31 de mayo (RTC 1982, 29), FJ 3, 
hasta las más recientes SSTC 96/2014, de 12 de junio (RTC 2014, 96), FJ 5, y 183/2014, 
de 6 de noviembre (RTC 2014, 183), FJ 4).
Este real decreto-ley no afecta al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, 
a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I de la 
Constitución, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general.
En relación con ello, mediante las modificaciones que se operan del texto refundido de 
la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes 
complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, se 
pretende reforzar la garantía de la defensa de las personas consumidoras y usuarias, en 
orden a proteger más eficazmente los legítimos intereses de aquellos que se encuentran 
en una situación de vulnerabilidad, para el adecuado cumplimiento del mandato que a los 
poderes públicos encomienda el artículo 51.1 de la Constitución.
A tales efectos, la inclusión de la figura de la persona consumidora vulnerable en la 
normativa estatal de defensa de las personas consumidoras y usuarias no afecta al 
régimen general del principio rector recogido en el artículo 51 de la Constitución, sino que, 
siguiendo dicho mandato constitucional, incorpora de forma expresa algunos elementos 
para la necesaria protección de personas y colectivos que, aunque ya se infería de la 
normativa vigente, en determinadas ocasiones podía no estar positivizada de tal forma que 
resultase efectiva, máxime en el marco de las extraordinarias circunstancias que se 
derivan del COVID-19.
En consecuencia, el objetivo pretendido es el de ampliar en todo caso la garantía de la 
debida protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarias en situación 
de vulnerabilidad, y ello en el marco general del texto refundido de la Ley General para la 
Defensa de los Consumidores y Usuarios, que recoge la definición de consumidor y 
usuario con carácter general.
Se estima urgente y prioritario el poder hacerlo, en atención a las circunstancias 
actuales derivadas en particular de la pandemia, con la importante incidencia que está 
teniendo en las diversas relaciones de consumo o de servicio en la que se encuentran 
consumidores y usuarios, y considerando, además, que se actúa para el adecuado 
cumplimiento de los pronunciamientos de las instituciones comunitarias, que hacen 
expresa referencia a otros factores y circunstancias específicas más allá de la situación 
económica en la que se encuentran las personas consumidoras y usuarias como causas  es
específicas de su vulnerabilidad. o
Como ha señalado recientemente la Comisión Europea en la Nueva Agenda del  ww.
Chlfoinaosna ni mnsvcuipsimeatocrida teoosxsr a, q dcdueeee rl ab 1e ap3xda idansestdí  eapnmnoor vi adliae es msaodcbbterruee a  aldol npest a ec2nso0d n2des0emu, m illaaai.ds  Dop vraeeu nshlnd e«eeclramha oebiax,i l pildaploa eptdrareoocs pióq iadnu e eCd  eloos mlsea  sicsh ovióaunnnlsn  usevemruñaiedbaloiltlaoird e eamsnd tásereess     OE-A-2021-793able en https://w
acuciantes». Y esto es así porque, como se recoge expresamente, «la pandemia ha
planteado retos significativos que afectan la vida cotidiana de los consumidores, sobre 
todo, en relación con la disponibilidad y la accesibilidad de productos y servicios, así como 
los viajes hacia, desde y dentro de la UE». Como punto importante derivado de la 
pandemia, la Comisión también llama la atención sobre «el aumento de las estafas a los 
consumidores, las técnicas de comercialización engañosas y el fraude en las compras en 
línea, de los que han sido y siguen siendo víctima un número creciente de consumidores».
Por lo tanto, resulta urgente adecuar la normativa básica estatal a tales requerimientos 
para así además evitar la apertura de procedimientos por incumplimientos del Estado en 
esta materia que pudieran verse instados por las propias instituciones comunitarias o 
como consecuencia de demandas de las personas consumidoras y usuarias vulnerables 
afectadas, si se considerase que no están adecuadamente protegidas.
Por otra parte, la urgencia deriva de la necesidad de garantizar un trato igualitario en 
la protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarias que se encuentren 
en situación de vulnerabilidad en relación con las relaciones de consumo que les afecten 
de manera particular. En tal sentido, se considera preciso con urgencia llevar a cabo la 
modificación del artículo 3 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios, que tiene carácter de normativa básica estatal, por lo cual 
resultará vinculante para las comunidades autónomas, en aras de determinar un mínimo 
común de protección en todo el territorio de Estado de estas personas que precisan de una 
especial protección, sin perjuicio de que las comunidades autónomas, en ejercicio de sus 
competencias, puedan prever en su normativa propia regulaciones que resulten más 
favorables para las personas consumidoras y usuarias en situación de vulnerabilidad, pero 
no disminuir la protección que se les otorgue a las mismas en virtud el texto refundido.
Con la incorporación de esta definición al artículo 3 del texto refundido, que tiene 
carácter básico, se da homogeneidad a la normativa horizontal de protección a las 
personas consumidoras, en línea con los textos aprobados por las instituciones europeas, 
además de clarificarse su naturaleza no estructural, sino referida a relaciones de consumo 
específicas. Asimismo, se evita la confusión y falta de seguridad jurídica que pueda 
provocar el uso de diferentes términos en la normativa estatal y autonómica para referirse 
a una misma realidad.
En la actualidad, el hecho de no contar con un cuerpo normativo a nivel nacional que 
proteja a las personas consumidoras vulnerables ante las infracciones de la normativa de 
consumo pone en una situación de especial desprotección a estas personas ante la actual 
pandemia, puesto que no se dispone de habilitaciones legales -más allá de la figura del 
real decreto-ley- para poder desarrollar la normativa de protección de las personas 
consumidoras en aspectos tan importantes como la información precontractual a facilitar 
en la contratación a distancia, la toma en cuenta de situaciones de vulnerabilidad en la 
interposición de reclamaciones ante incumplimientos contractuales o la información 
concreta a facilitar respecto determinados productos de protección frente a la COVID-19 
cuando vayan destinados a determinados colectivos vulnerables.
De ahí la urgencia de incorporar la figura de la persona consumidora vulnerable en el 
texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, puesto 
que con ello se palía una laguna de nuestra normativa que podía suponer una clara 
desprotección de las personas consumidoras vulnerables ante los efectos de la actual 
pandemia.
Asimismo, esta modificación por la vía de urgencia es óptima desde el punto de vista 
de técnica normativa, porque ampara desarrollos más rápidos y eficaces de la ley para 
materias que no tienen rango de ley, sin tener que recurrir a la vía del real decreto-ley. es
Por su parte, la urgente necesidad de incorporar al presente real decreto-ley las  o
modificaciones incluidas en las disposiciones finales primera a cuarta se detalla a  ww.
cmeocanortnEzinóonum,  acpiccuooiaór  nnpet.alo r qaau  helaa s cmee roa fddreiofnipcttaeac naió l mnC eOddeVidlI Daas-r1t íu9cru,g lqeoun e1te  fbsu iesc  oidnmetrplo lRdeumecaeidln oDta emricaersed itaeonn 1t ee1 l/e 2ál0 mR2eb0ai,t old D ese o3cc1riea tdl oey-   OE-A-2021-793able en https://w
ley 37/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes para hacer frente a las situaciones
de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda y en materia de 
transportes, deriva de la necesidad de dar cobertura inmediata a las situaciones en las que 
los procedimientos de desahucio y lanzamiento afecten a personas económicamente 
vulnerables sin alternativa habitacional, incluso en las causas penales en las que el 
lanzamiento afecte a personas que carezcan de título para habitar una vivienda.
Respecto a la urgencia de modificar la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, de una parte, a efectos de derogar 
la disposición adicional sexta, se significa que la urgencia queda justificada habida cuenta 
de la existencia de una regulación parcialmente coincidente de la absorción de la 
financiación procedente de la Unión Europea por parte de la Agencia Estatal de 
Investigación y el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, en la disposición 
adicional sexta del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban 
medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución 
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, por lo que se precisa que la 
normativa aplicable será la contenida en el referido real decreto-ley.
De otra parte, es muy urgente proceder a la modificación de las bonificaciones 
portuarias para permitir que las bonificaciones que no están recogidas en el texto actual de 
dicha ley entren en vigor cuanto antes, con el fin de que se puedan aplicar de forma 
inmediata, coincidiendo con el ejercicio anual, y con ello sea posible una correcta 
liquidación de las tasas portuarias para este ejercicio 2021.
Por lo que se refiere a las modificaciones a las que se refieren las disposiciones 
finales tercera y cuarta se significa que la extraordinaria y urgente necesidad de la 
modificación de los precios básicos del canon de control de vertidos se justifica en 
proporcionar seguridad jurídica a sus destinatarios, así como en atención a la actual 
coyuntura económica, la cual requiere favorecer la actividad de los operadores 
afectados, en equilibrio con la política de protección de la calidad de las aguas del 
dominio público hidráulico (como señala por todas, el FJ 4.f) de la ya citada STC 
61/2018, de 13 de junio).
Por su parte, la coherencia del ordenamiento jurídico respecto de la salvaguarda del 
rango reglamentario de las modificaciones del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 
se justifica en la necesidad de su concreción «en un plazo más breve que el requerido por la 
vía normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes» 
(SSTC 31/2011, de 17 de marzo, FJ 4; 137/2011, de 14 de septiembre, FJ 6, y 100/2012, 
de 8 de mayo, FJ 8).
El real decreto-ley responde, asimismo, a los principios de necesidad, eficacia, 
proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia, tal y como exige la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. La necesidad y eficacia se apoyan en el interés general en el que se 
fundamentan las medidas de protección que se establecen para quienes son más 
vulnerables en el ámbito de los consumidores y usuarios, de modo que pueda garantizarse 
en el contexto de la situación actual, la adecuada defensa de sus derechos como 
personas consumidoras vulnerables que son objeto de especial protección. Asimismo, las 
modificaciones que el real decreto-ley incorpora en los demás ámbitos objeto de 
regulación se consideran necesarias dada la urgencia que presenta dar solución a las 
cuestiones puestas de manifiesto en cada caso. Se da cumplimiento también el principio 
de proporcionalidad, porque contiene las medidas que se consideran imprescindibles 
para la consecución de los objetivos previamente mencionados (STC 139/2016 de 21 
julio). Es coherente con el vigente ordenamiento jurídico, en tanto que se procede a su  es
modificación considerando las motivaciones manifestadas, ajustándose, por ello, al  o
principio de seguridad jurídica y, por último, en cuanto al principio de transparencia, esta  ww.
npoorrm traa teasrstáe  deexe unnta r edael  dloesc rterátom-lieteys. de consulta pública, audiencia e información pública  2021-793n https://w
En su virtud, haciendo uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la 
Constitución Española, a propuesta del Ministro de Consumo, y previa deliberación del 
Consejo de Ministros en su reunión del día 19 de enero de 2021,
DISPONGO:
Artículo primero.  Modificación del texto refundido de la Ley General para la Defensa de 
los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre.
El texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios 
y otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de 
noviembre, queda modificado como sigue:
Uno.  Se modifica el artículo 3, que queda redactado de la siguiente manera:
«Artículo 3.  Conceptos de consumidor y usuario y de persona consumidora 
vulnerable.
1.  A efectos de esta ley, y sin perjuicio de lo dispuesto expresamente en sus 
libros tercero y cuarto, son consumidores o usuarios las personas físicas que actúen 
con un propósito ajeno a su actividad comercial, empresarial, oficio o profesión.
Son también consumidores a efectos de esta norma las personas jurídicas y las 
entidades sin personalidad jurídica que actúen sin ánimo de lucro en un ámbito 
ajeno a una actividad comercial o empresarial.
2.  Asimismo, a los efectos de esta ley y sin perjuicio de la normativa sectorial 
que en cada caso resulte de aplicación, tienen la consideración de personas 
consumidoras vulnerables respecto de relaciones concretas de consumo, aquellas 
personas físicas que, de forma individual o colectiva, por sus características, 
necesidades o circunstancias personales, económicas, educativas o sociales, se 
encuentran, aunque sea territorial, sectorial o temporalmente, en una especial 
situación de subordinación, indefensión o desprotección que les impide el ejercicio 
de sus derechos como personas consumidoras en condiciones de igualdad.»
Dos.  Se modifica el artículo 8, que queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 8.  Derechos básicos de los consumidores y usuarios.
1.  Son derechos básicos de los consumidores y usuarios y de las personas 
consumidoras vulnerables:
a)  La protección contra los riesgos que puedan afectar su salud o seguridad.
b)  La protección de sus legítimos intereses económicos y sociales; en 
particular frente a las prácticas comerciales desleales y la inclusión de cláusulas 
abusivas en los contratos.
c)  La indemnización de los daños y la reparación de los perjuicios sufridos.
d)  La información correcta sobre los diferentes bienes o servicios y la 
educación y divulgación para facilitar el conocimiento sobre su adecuado uso, 
consumo o disfrute.
e)  La audiencia en consulta, la participación en el procedimiento de elaboración  s
de las disposiciones generales que les afectan directamente y la representación de  oe.
sus intereses, a través de las asociaciones, agrupaciones, federaciones o  w.
confederaciones de consumidores y usuarios legalmente constituidas. 3w
espef)c ial eLna r eplaroctieócnc cióonn  ldaes  psuerss odnearesc choonss ummeiddioarnatse  vpurlnoecreadbimlesie.ntos eficaces, en
2.  Los derechos de las personas consumidoras vulnerables gozarán de una
especial atención, que será recogida reglamentariamente y por la normativa sectorial
que resulte de aplicación en cada caso. Los poderes públicos promocionarán 
políticas y actuaciones tendentes a garantizar sus derechos en condiciones de 
igualdad, con arreglo a la concreta situación de vulnerabilidad en la que se 
encuentren, tratando de evitar, en cualquier caso, trámites que puedan dificultar el 
ejercicio de los mismos.»
Tres.  Se introduce un apartado 3 en el artículo 17 con la siguiente redacción:
«3.  En el cumplimiento de lo dispuesto en los apartados anteriores, se prestará 
especial atención a aquellos sectores que, debido a su complejidad o características 
propias, cuenten con mayor proporción de personas consumidoras vulnerables 
entre sus clientes o usuarios, atendiendo de forma precisa a las circunstancias que 
generan la situación de concreta vulnerabilidad.»
Cuatro.  Se modifica el apartado 2 del artículo 18, que queda redactado en los 
siguientes términos:
«2.  Sin  perjuicio  de  las  exigencias  concretas  que  se  establezcan 
reglamentariamente y de la normativa sectorial que en cada caso resulte de 
aplicación, que prestarán especial atención a las personas consumidoras 
vulnerables, todos los bienes y servicios puestos a disposición de los consumidores 
y usuarios deberán ser de fácil acceso y comprensión y, en todo caso, incorporar, 
acompañar o, en último caso, permitir obtener de forma clara y comprensible, 
información veraz, eficaz y suficiente sobre sus características esenciales, en 
particular sobre las siguientes:
a)  Nombre y dirección completa del productor.
b)  Naturaleza, composición y finalidad.
c)  Calidad, cantidad, categoría o denominación usual o comercial, si la tienen.
d)  Fecha  de  producción  o  suministro  y  lote,  cuando  sea  exigible 
reglamentariamente, plazo recomendado para el uso o consumo o fecha de 
caducidad.
e)  Instrucciones o indicaciones para su correcto uso o consumo, así como la 
correcta gestión de sus residuos, advertencias y riesgos previsibles.»
Cinco.  Se modifica el artículo 19, que queda redactado de la siguiente manera:
«Artículo 19.  Principio general y prácticas comerciales.
1.  Los legítimos intereses económicos y sociales de los consumidores y 
usuarios deberán ser respetados en los términos establecidos en esta norma, 
aplicándose, además, lo previsto en las normas civiles y mercantiles, en las 
regulaciones sectoriales de ámbito estatal, así como en la normativa comunitaria y 
autonómica que resulten de aplicación.
2.  Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados siguientes, para la protección 
de los legítimos intereses económicos y sociales de los consumidores y usuarios, 
las prácticas comerciales de los empresarios dirigidas a ellos están sujetas a lo 
dispuesto en esta ley, en la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, y 
en la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista, no 
obstante la normativa sectorial que en cada caso resulte de aplicación. A estos  s
efectos, se consideran prácticas comerciales de los empresarios con los  e.
consumidores  y  usuarios  todo  acto,  omisión,  conducta,  manifestación  o  w.
comunicación comercial, incluida la publicidad y la comercialización, directamente  3w
rineclaluciidoonsa dlao sc obnie lnae sp roinmmouceióbnle, sl,a  avseín tcao mo oe ll ossu mdienriesctrhoo ds ey  boiebnliegsa coi osneersv,i ccioosn, 
icnodmeeprecniadle.ncia de que sea realizada antes, durante o después de una operación  BOE-A-cable e
No tienen la consideración de prácticas comerciales las relaciones de naturaleza 
contractual, que se regirán conforme a lo previsto en el artículo 59.
3.  Lo dispuesto en el apartado anterior no obsta la aplicación de:
a)  Las normas que regulen las prácticas comerciales que puedan afectar a la 
salud y seguridad de los consumidores y usuarios, incluidas las relativas a la 
seguridad de bienes y servicios.
b)  Las normas sobre certificación y grado de pureza de los objetos fabricados 
con metales preciosos.
4.  Las normas previstas en esta ley en materia de prácticas comerciales y las 
que regulan las prácticas comerciales en materia de medicamentos, etiquetado, 
presentación y publicidad de los productos, indicación de precios, aprovechamiento 
por turno de bienes inmuebles, crédito al consumo, comercialización a distancia de 
servicios financieros destinados a los consumidores y usuarios, comercio 
electrónico, inversión colectiva en valores mobiliarios, normas de conducta en 
materia de servicios de inversión, oferta pública o admisión de cotización de valores 
y seguros, incluida la mediación y cualesquiera otras normas de carácter sectorial 
que regulen aspectos concretos de las prácticas comerciales desleales previstos en 
normas comunitarias prevalecerán en caso de conflicto sobre la legislación de 
carácter general aplicable a las prácticas comerciales desleales.
El incumplimiento de las disposiciones a que hace referencia este apartado será 
considerado en todo caso práctica desleal por engañosa, en iguales términos a lo 
dispuesto en el artículo 19.2 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia 
Desleal, en relación con las prácticas engañosas reguladas en los artículos 20 a 27 
de dicha ley.
5.  En relación con las prácticas comerciales relativas a servicios financieros y 
bienes inmuebles, y en el ámbito de las telecomunicaciones o energético, podrán 
establecerse normas legales o reglamentarias que ofrezcan una mayor protección 
al consumidor o usuario.
6.  Las políticas públicas que inciden en el ámbito del consumo y las prácticas 
comerciales orientadas a las personas consumidoras vulnerables estarán 
destinadas, en su caso y siempre dentro del ámbito de las relaciones entre 
consumidores o usuarios y empresarios, a prever y remover, siempre que sea 
posible, las circunstancias que generan la situación de vulnerabilidad, así como a 
paliar sus efectos, en particular en relación con las comunicaciones comerciales o 
información precontractual facilitada, la atención post contractual o el acceso a 
bienes o servicios básicos.»
Seis.  Se modifica el apartado 2 del artículo 20, y se añade un apartado 3, quedando 
redactados del modo siguiente:
«2.  A efectos del cumplimiento de lo previsto en el apartado anterior, y sin 
perjuicio de la normativa sectorial que en su caso resulte de aplicación, la 
información necesaria a incluir en la oferta comercial deberá facilitarse a los 
consumidores o usuarios, principalmente cuando se trate de personas consumidoras 
vulnerables, en términos claros, comprensibles, veraces y en un formato fácilmente 
accesible, de forma que aseguren su adecuada comprensión y permitan la toma de 
decisiones óptimas para sus intereses. s
3.  El incumplimiento de lo dispuesto en los apartados anteriores será  oe.
considerado práctica desleal por engañosa en iguales términos a los que establece  w.
Sieetle a. rtíScuel om 7o ddifeic laa  lLae lye t3ra/1 c9)9 d1e, l daert í1c0u ldoe 4 e3n, eqruoe,  qduee Cdoam repdeatectnacdiaa  Ddeels sleigaul.i»ente modo: 2021-793n https://w
«c)  Los bienes o servicios sobre los que se produzca un mayor número de
reclamaciones o en los que, por el tipo de estas, quepa deducir razonablemente que
existen situaciones especialmente lesivas para los derechos de los consumidores y 
usuarios o que afecten, en particular, a las personas consumidoras vulnerables.»
Ocho.  Se incorpora un segundo párrafo al apartado 1 del artículo 60, quedando 
redactado del modo siguiente:
«1.  Antes de que el consumidor y usuario quede vinculado por un contrato y 
oferta correspondiente, el empresario deberá facilitarle de forma clara y 
comprensible, salvo que resulte manifiesta por el contexto, la información relevante, 
veraz y suficiente sobre las características principales del contrato, en particular 
sobre sus condiciones jurídicas y económicas.
Sin perjuicio de la normativa sectorial que en su caso resulte de aplicación, los 
términos en que se suministre dicha información, principalmente cuando se trate de 
personas consumidoras vulnerables, además de claros, comprensibles, veraces y 
suficientes, se facilitarán en un formato fácilmente accesible, garantizando en su 
caso la asistencia necesaria, de forma que aseguren su adecuada comprensión y 
permitan la toma de decisiones óptimas para sus intereses.»
Artículo segundo.  Modificación del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa 
de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.
Se modifica el apartado 2 de la disposición final primera del Real Decreto Legislativo 
1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General 
para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, que 
queda redactado del modo siguiente:
«2.  Los artículos 8, 9, 17.1 y 3, 18, 23. 1 y 3, 25 y 26; los capítulos III y V del 
título I del libro primero y el título IV del libro primero tienen carácter básico al 
dictarse al amparo de las competencias que corresponden al Estado en el artículo 
149.1.1.ª, 13.ª y 16.ª de la Constitución Española.»
Disposición final primera.  Modificación del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, 
por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y 
económico para hacer frente al COVID-19.
El Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, se 
modifica en los siguientes términos:
Uno.  Se modifica el título y el apartado 1 del artículo 1 bis, que quedan redactados 
de la siguiente manera:
«Artículo 1 bis.  Suspensión durante el estado de alarma del procedimiento de 
desahucio y de los lanzamientos para personas económicamente vulnerables 
sin alternativa habitacional en los supuestos de los apartados 2º, 4º y 7º del 
artículo 250.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, y en 
aquellos otros en los que el desahucio traiga causa de un procedimiento penal.
1.  Desde la entrada en vigor del presente real decreto-ley y hasta la 
finalización del estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de  e.
octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de  w.b
infecciones causadas por el SARS-CoV-2, prorrogado por Real Decreto 956/2020,  3w
ddeem 3a dneda nso av ileams bqruee,  seen  rteofdieorse nl oloss j uaipcaiorsta dveorsb 2a.lºe, s4 .eºn y  l7o.sº  dqeule a srteíc usulos t2a5n0c.i1e nd el alas 
Lpeeny a1le/2s0 e0n0 ,l odse q 7u ed es ee snuesrota, ndceie E enl jluaincizaammieienntoto  Cdiev illa,  yv ievine nadqau ehlalobsit uoatrlo dse p aroqcueeslloass 
personas que la estén habitando sin ningún título habilitante para ello, el Juez tendrá 
la facultad de suspender el lanzamiento hasta la finalización del estado de alarma.
Estas medidas de suspensión que se establecen con carácter extraordinario y 
temporal, dejarán de surtir efecto en todo caso en cuanto finalice el estado de 
alarma declarado por Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, prorrogado por 
Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre.»
Dos.  Se modifican las letras b) y c) del apartado 7 del artículo 1 bis, que quedan 
redactadas del modo siguiente:
«b)  Cuando se haya producido en un inmueble de propiedad de una persona 
física o jurídica que lo tenga cedido por cualquier título válido en derecho a una 
persona física que tuviere en él su domicilio habitual o segunda residencia 
debidamente acreditada.
c)  Cuando la entrada o permanencia en el inmueble se haya producido 
mediando intimidación o violencia sobre las personas.»
Disposición final segunda.  Modificación de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2021.
Con efectos desde el 1 de enero de 2021, la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, queda modificada del siguiente modo:
Uno.  Se deroga la disposición adicional sexta.
Dos.  Se modifica el anexo XII. Bonificaciones Portuarias, de la Ley 11/2020, de 30 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, en el siguiente 
sentido:
1.  En la Autoridad Portuaria de Barcelona, en las bonificaciones 245.3 bis, se 
incluye una última frase: «Las liquidaciones de estas tasas con fecha de devengo a partir 
del día 1 de noviembre de 2020, practicadas antes de la entrada en vigor de esta ley, 
tendrán la consideración de provisionales y podrán revisarse, mediante la aplicación de la 
presente bonificación, a solicitud del sujeto pasivo formulada antes de que transcurra el 
plazo de dos meses a contar desde la entrada en vigor de esta ley.»
2.  En la Autoridad Portuaria de Las Palmas, en las bonificaciones del artículo 182, se 
incluye la frase: «(c) C= Toneladas movidas/metros cuadrados de superficie otorgada en 
concesión. Se aplicará sobre la tasa de ocupación de la superficie otorgada en concesión 
o autorización.»
3.  En la Autoridad Portuaria de Motril, en las bonificaciones 245.3 bis, se incluye una 
última frase: «Estas bonificaciones serán de aplicación a las tasas devengadas a partir 
del 1 de marzo de 2020.»
4.  En la Autoridad Portuaria de Vilagarcía, en la bonificación 245.3 bis, se incluye una 
última frase: «El efecto multiplicativo de las bonificaciones compatibles con las del 
artículo 245.3 no podrá superar el 40 % de bonificación a la cuota de la tasa 
correspondiente.
5.  En la Autoridad Portuaria de Santander, en las bonificaciones 245.3, se incluye un 
primer cuadro completo, el cual figura en el anexo de este real decreto-ley.
Disposición final tercera.  Habilitación para modificaciones de determinados preceptos 
del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del  e.e
Dominio Público Hidráulico que desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V, VI, VII y VIII del  w.b
texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001,  3ww
el RdLeeag sl2a m0m odedeni tfjoiuc ldaioec.li oDnoems idneiol  RPúeballi cDoe Hcriedtroá u8li4c9o/,1 q9u8e6 ,d dees a1r1ro dllea  laobsr itlí,t uploors  eplr eqluime isnea ra, pI,r IuVe,b Va,   OE-A-2021-79able en https://
VI y VII del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/2001, de 20 de julio, aprobadas mediante la disposición final quinta de la Ley 11/2020, 
de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, que afectan 
al último párrafo del apartado a) del artículo 300, al primer párrafo del artículo 303, al 
último párrafo del apartado a) del artículo 307 y al primer párrafo del artículo 310, podrán 
efectuarse mediante disposición con rango de real decreto.
Disposición final cuarta.  Modificación de los precios básicos del canon de control de 
vertidos del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 
1/2001, de 20 de julio.
Se modifica el párrafo segundo del apartado 3 del artículo 113 del texto refundido de la 
Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto legislativo 1/2001, de 20 de julio, que queda 
redactado de la siguiente forma:
«El precio básico por metro cúbico se fija en 0,01751 euros para el agua residual 
urbana y en 0,04377 euros para el agua residual industrial. Estos precios básicos 
podrán revisarse periódicamente en las Leyes de Presupuestos Generales del 
Estado.»
Disposición final quinta.  Entrada en vigor.
El presente real decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 19 de enero de 2021.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN
ANEXO
Autoridad Portuaria de Santander
Bonificaciones 2021 (art. 245.3) para incentivar tráficos y servicios marítimos que 
coadyuven al desarrollo económico o social
Tráficos y servicios  Tasa del buque Tasa de la mercancía Tasa del pasaje
Códigos 
marítimos, prioritarios o  Condiciones de aplicación específicas
arancelarios
estratégicos Tramo Valor Tramo Valor Tramo Valor
1.ª 
1.ª escala 10% 10%
escala Se aplica en su caso por igual desde la 
primera escala operada a partir de la 
De 2 a 6  De 2 a 6 
25% 25% entrada en vigor de la presente ley de 
Cruceros turísticos escalas escalas
buques de la misma CIA. Naviera, si 
Más de  supera el tráfico mínimo indicado en el 
Más de 6 
40% 6  40% tramo.
escalas
escalas
De 10 a  De 1.000 a  Se aplica en su caso por igual desde la 
20% 20%
20 escalas 2.500 TEU’s primera escala operada a partir de la 
entrada en vigor de la presente ley, si el 
De 21 a  De 2.501 a 
30% 30% servicio marítimo supera el tráfico 
Contenedores entrada/ 40 escalas 5.000 TEU’s
mínimo indicado en el tramo.
salida marítima en 
TEU (Twenty Equivalent Unit). Unidad 
servicio marítimo 
de contenedor equivalente a 20 pies.
regular. Carga y 
Para nuevos servicios, en el caso de 
descarga por elevación 
Más de 40  Más de 5.000  comenzar las operaciones durante el 
(«lift on-lift off» o «lo-lo») 40% 40%
escalas TEU’s año, los intervalos se harán 
proporcionales al tiempo transcurrido 
desde la primera operación hasta final 
de año.
Contenedores vacios, 
Se aplica por igual desde el primer TEU 
entrada /salida marítima 
operado a partir de la entrada en vigor 
en servicio marítimo  Desde el primer 
40% de la presente ley, siempre que los 
regular. Carga y  TEU
contenedores sean transportados en un 
descarga por elevación 
servicio marítimo regular.
(«lift on-lift off» o «lo-lo»)
Se aplica en su caso por igual desde el 
primer TEU operado a partir de la 
entrada en vigor de la presente ley, si el 
servicio marítimo regular supera el 
tráfico mínimo indicado Para nuevos 
Contenedores ro-ro en  Mas de 500  servicios, en el caso de comenzar las 
40%
servicio marítimo regular TEU’s operaciones durante el año, los 
intervalos se harán proporcionales al 
tiempo transcurrido desde la primera 
operación hasta final de año.
Esta bonificación es incompatible con la 
establecida en el artículo 245.3 bis.
Mercancía general en  Entre  De 50.000 a  Se aplica en su caso por igual desde la  boe.
elementos de transporte  80-95  25% 10% w.
100.000 ton. primera escala operada a partir de la  w
no acompañado, en  escalas 3w
sddb«eeeuror  qvtc-rurioacoerni»tsoas  «p mdcoiaosrrttneíat- inrmmoc»oaia  ror,í et eimgnuo la r  Mesácsa ldaes 95  30% Mtoáns. de 100.000  20% esmbeenosírtntnavriiaimfbcidclieooaac   cimeinidóndaan ir vc eíeiatgnismdo  oeiron  ld  ecasenour  tmpleíacelp  uprtarlaorate i emb2slle4 eotn5r .cá t.Eoe3fisn  clbteo aliays  ,.  si el  cve: BOE-A-2021-79Verificable en https://
Tráficos y servicios  Tasa del buque Tasa de la mercancía Tasa del pasaje
Códigos 
marítimos, prioritarios o  Condiciones de aplicación específicas
arancelarios
estratégicos Tramo Valor Tramo Valor Tramo Valor
Pasajeros y vehículos  Entre  Se aplica en su caso por igual desde la 
en régimen de pasaje y  De 150 a  160.000  primera escala operada a partir de la 
De 400.000 a 
Mercancía general en  190  30% 20% y  30% entrada en vigor de la presente ley, si el 
500.000 ton.
elementos de transporte,  escalas 200.000  servicio marítimo supera el tráfico 
en servicio marítimo  pax mínimo indicado en el tramo. Se 
regular de transporte  aplicará tanto a los pasajeros como a 
marítimo de corta  Más de  Más de  los vehículos en régimen de pasaje. 
Más de 500.000 
distancia, en buques  190  40% 30% 200.000  40% Esta bonificación es incompatible con la 
ton.
«ro-pax» o «ferry» escalas pax establecida en el artículo 245.3 bis.
Se aplica en su caso por igual desde la 
primera escala operada a partir de la 
8703E-8703F-
Vehículos en régimen de  entrada en vigor de la presente ley, si el 
8703G-8703H- Más de 80 
mercancía en servicio  10% servicio marítimo supera el tráfico 
8703I-8703J- escalas
marítimo «ro-ro» mínimo indicado en el tramo. Esta 
8703K-8703L
bonificación es incompatible con la 
establecida en el artículo 245.3 bis.
Entre 50.000 ud.  Se aplica en su caso por igual desde la 
5%
y 100.000 ud. primera unidad operada a partir de la 
8703E-8703F- entrada en vigor de la presente ley, de 
Entre 100.001 
Vehículos en régimen de  8703G-8703H- una misma marca o de distintas marcas 
ud. y 150.000  10%
mercancía 8703I-8703J- que pertenezcan a un mismo grupo 
ud.
8703K-8703L destinado a la fabricación de vehículos, 
Más de 150.000  si se supera el tráfico mínimo indicado 
15%
ud. en el tramo.
De 10 a  Se aplica en su caso por igual desde la 
20%
20 escalas primera escala operada a partir de la 
entrada en vigor de la presente ley, si el 
De 21 a 
25% servicio marítimo supera el tráfico 
40 escalas
mínimo indicado en el tramo, y 
Servicio marítimo 
solamente para buques de más de 
«ro-ro» de mercancía 
40.000 GT. Tanto para el cómputo de 
general
escalas, como para la bonificación, 
Más de 40 
30% solamente se tendrán en cuenta las 
escalas
escalas que superen los 40.000 GT. 
Esta bonificación es incompatible con la 
establecida en el artículo 245.3 bis.
Desde el primer 
remolque/
semirremolque/ Se aplica a todas aquellas escalas de 
camión/ servicios marítimos regulares de 
Conectividad marítima I:  contenedor que  transporte marítimo de corta distancia, 
Servicios ro-ro de  cumpla las  de buques ro-ro/con-ro, creados en el 
transporte marítimo de  condiciones  año en curso o en el año anterior.
corta distancia, con  específicas. No  Se considera que se crea un nuevo 
40%
buques roro/conro.  es aplicable a  servicio marítimo regular si se genera 
Creación de nuevos  MAFIs ni  un nuevo servicio de estas  s
servicios marítimos  Cassetes, ni a  características como mínimo dos  e.
regulares roro/conro. (*) vehículos o  frecuencias semanales. w.b
elementos de  Esta bonificación es incompatible con la  w
trmréaegnrimcsapenoncr tídeae .e n  establecida en el artículo 245.3 bis. OE-A-2021-79able en https://
Tráficos y servicios  Tasa del buque Tasa de la mercancía Tasa del pasaje
Códigos 
marítimos, prioritarios o  Condiciones de aplicación específicas
arancelarios
estratégicos Tramo Valor Tramo Valor Tramo Valor
Desde el primer 
remolque/
semirremolque/
Se aplica a todas aquellas escalas de 
camión/
Conectividad marítima  servicios marítimos regulares de 
contenedor que 
II: Servicios ro-ro de  transporte marítimo de corta distancia, 
cumpla las 
transporte marítimo de  de buques ro-ro/con-ro, que mantengan 
condiciones 
corta distancia con  o incrementen el tráfico, medido en 
específicas. No 
buques roro/conro.  40% toneladas, con respecto a la media de 
es aplicable a 
Incremento o  los dos años anteriores Servicios 
MAFIs ni 
mantenimiento de tráfico  marítimos de al menos dos frecuencias 
Cassetes, ni a 
en servicios marítimos  semanales. Esta bonificación es 
vehículos o 
regulares roro/conro incompatible con la establecida en el 
elementos de 
artículo 245.3 bis.
transporte en 
régimen de 
mercancía.
De 15 a  Se aplica en su caso por igual desde la 
5%
25 escalas primera escala operada a partir de la 
entrada en vigor de la presente ley, si el 
servicio marítimo supera el tráfico 
Servicio marítimo de  mínimo indicado en el tramo, y 
graneles sólidos solamente para buques de más de 
Más de 25 
10% 25.000 GT Tanto para el cómputo de 
escalas
escalas, como para la bonificación, 
solamente se tendrán en cuenta las 
escalas que superen los 25.000 GT.