BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 112 Miércoles 22 de abril de 2020 Sec. I.   Pág. 29549
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
4558 Decreto-ley  3/2020,  de  25  de  marzo,  por  el  que  se  aprueban  medidas 
urgentes  y  extraordinarias  en  el  ámbito  administrativo  para  responder  al 
impacto de la crisis ocasionada por el COVID-19.
I
La Organización Mundial de la Salud elevó el pasado 11 de marzo de 2020 la 
situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 a pandemia 
internacional,  ya  que  su  propagación  internacional  supone  un  riesgo  para  la  salud 
pública de los países y exige una respuesta internacional coordinada.
En el ámbito nacional, el Consejo de Ministros en su sesión celebrada el 14 de marzo 
de 2020 aprobó el Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, por el que se declara el 
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionado por el 
COVID-19. El citado Real Decreto 463/2020 establece en su artículo 4 que la autoridad 
competente a efectos del estado de alarma será el Gobierno y, en sus respectivas áreas 
de  responsabilidad,  las  personas  titulares  de  los  Ministerios  de  Sanidad,  Defensa, 
Interior, Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. No obstante, de conformidad con el 
artículo 6 del citado Real Decreto cada Administración conserva las competencias que le 
otorga la legislación vigente en la gestión ordinaria de sus servicios para adoptar las 
medidas que estime necesarias, en el marco de las órdenes directas de la autoridad 
correspondiente. A esta medida, le han seguido una cascada de medidas adoptadas por 
las distintas Administraciones, que intentan actuar en todos los ámbitos en los que se ha 
producido una importante afectación por razón de las circunstancias tanto sociales como 
económicas que ha generado la situación. Así, en Extremadura se han dictado ya 
medidas en los ámbitos sanitario, educativo, comercial, del empleo, de los servicios 
sociales, de la función pública y de los servicios públicos básicos.
En esta línea, y tratándose de una situación excepcional, la Junta de Extremadura 
considera ineludible seguir arbitrando medidas excepcionales y en este sentido, además 
de todas las medidas adoptadas desde el inicio de la situación, corresponde adoptar más 
medidas que, desde el ámbito de la gestión administrativa, pretenden paliar las diversas 
situaciones de necesidad que puedan darse.
II
Las medidas adoptadas en el presente Decreto-ley afectan a diversos ámbitos de la 
Administración y producirán, de manera automática, efecto sobre la actuación administrativa, 
de tal manera que se logre una actuación mucho más rápida y ágil. Se trata de establecer un 
equilibrio entre una actuación completamente respetuosa de la legalidad y el ordenamiento 
vigente, pero lo más rápida posible, evitando así cualquier régimen de autorizaciones que 
pueda existir sobre un determinado ámbito y que pueda ralentizar la adopción de la misma.
Así, en materia económico presupuestaria, se introducen modificaciones temporales en la 
Ley 5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda Púbica de Extremadura, de tal manera que, 
por un lado, se gane en agilidad en la disponibilidad de los créditos, al eliminar, como hemos  e.
indicado, la necesidad de autorización de dichas operaciones por Consejo de Gobierno.  w.b
Además, con carácter temporal y cuando sea imprescindible, se habilita a la Intervención  58ww
cGoenntreorla fli npaanrac ieacroo rpdearrm loasn esnutpeu, easfteocst aennd loo,s p qour eta sneto p, oad lroá  rseugsutliatudiro l ae nfu lnocsi óanrt íicnutelorvse 1n5to2r.a6  py o1r4 e5l 
a 148 de la Ley 5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda Pública de Extremadura.
En otro ámbito de gran trascendencia en la actuación administrativa, la actividad de 
fomento, se adoptan también medidas importantes, encaminadas a lograr los fines antes 
expuestos. Así, en materia de subvenciones, y atendiendo a que la declaración del 
estado de alarma por la emergencia sanitaria provocada por el COVD-19 va a tener una 
incidencia evidente sobre la ejecución de buena parte de las actividades y los proyectos 
subvencionados que se encontraban en ejecución, es necesario adoptar las medidas 
oportunas. Dicha incidencia será mayor en el caso de que tales actividades y proyectos 
tuvieran relación directa con los sectores afectados y las actividades suspendidas por los 
artículos 9 y 10 el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, así como por las sucesivas 
decisiones  adoptadas  en  sus  respectivos  ámbitos  por  las  autoridades  competentes 
delegadas. Pero es indudable que también en otros sectores en principio no suspendidos 
la ejecución de la actividad o el proyecto subvencionado en sus propios términos puede 
resultar muy difícil, o incluso haber devenido imposible, tanto a consecuencia de las 
suspensiones de la actividad de aquellos otros sectores, como por las limitaciones a la 
movilidad de personas y de mercancías, a nivel nacional e internacional, o incluso por las 
precauciones que para evitar la difusión de la enfermedad han tenido que adoptar el 
sector privado y las propias Administraciones Públicas, y que han supuesto, por ejemplo, 
la reducción de la atención presencial, de la jornada laboral o del personal presente en 
los centros de trabajo de forma simultánea. Todas estas limitaciones pueden provocar no 
solo que se dificulte o impida la ejecución de las actividades subvencionadas en los 
términos  previstos  en  la  resolución  de  concesión  o  el  convenio,  sino  también  la 
acreditación del destino dado a las ayudas.
Dado que, una vez dictada la resolución de concesión, para variar las condiciones 
impuestas al beneficiario es precisa la modificación de dicha resolución, a tal fin en las 
bases reguladoras se prevén normalmente las circunstancias que, como consecuencia 
de la alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, 
podrán dar lugar a la modificación de la resolución. No obstante, las circunstancias 
desencadenantes del estado de alarma eran difícilmente previsibles, por lo que es 
posible  que  los  supuestos  establecidos  en  las  bases  reguladoras  no  amparen  la 
modificación que ahora pudiera resultar necesaria.
Es por ello que en el artículo 5 del presente decreto-ley se establecen una serie de 
medidas excepcionales en este ámbito, con la finalidad última de facilitar a las personas 
beneficiarias tanto la ejecución de la actividad o el proyecto subvencionado como la 
justificación del destino dado a la subvención, evitando que la situación de emergencia 
en que nos encontramos derive en incumplimientos de las condiciones establecidas y, en 
consecuencia, en la necesidad de exigir el reintegro de la ayuda. No obstante, estas 
medidas excepcionales deberán tener el menor impacto posible sobre el empleo de 
nuestra  región,  de  modo  que  en  aquellas  actividades  o  proyectos  que  exigían  la 
contratación de personal deberá procurarse que las modificaciones que se acuerden 
estén condicionadas al mantenimiento de las contrataciones.
Así,  en  primer  lugar,  se  habilita  a  los  distintos  Departamentos  para  que,  en 
determinadas condiciones, procedan a la modificación de aquellos requisitos o condiciones 
de ejecución afectados en el caso de subvenciones concedidas a través de procedimientos 
con  convocatoria.  Dado  que  dichos  procedimientos  cuentan  con  bases  reguladoras 
establecidas por disposiciones reglamentarias, será preciso acometer la modificación de los 
extremos necesarios de las mismas mediante Orden o Decreto del Presidente.
En el caso de las subvenciones concedidas mediante procedimientos de concesión 
directa sin convocatoria, se habilita directamente al órgano concedente para adoptar las  s
decisiones que sean precisas a los mismos efectos. oe.
Por otra parte, se dispone que durante el periodo de vigencia del estado de alarma  w.
podrán canalizarse a través de procedimientos de concesión directa sin convocatoria  58ww
rpeúlabclicioan aadqaus eclloans  las ulbuvcehnac iyo nperse veqnuceió ns efr endtieri jaanl  CaO VlaID -1re9a, liczuaacniódno  ldaes  baecntueaficciioanrieass 
ssuebavne ennctiiodnaedse su npaú btrlaicmasit aoc ipórniv saidmapsl ifsicina dáan.imo de lucro. Se establece también para estas  BOE-A-cable e
Finalmente, para todos estos supuestos excepcionales se exime de la realización de 
algunos  de  los  trámites  que  normalmente  exige  la  Ley  de  Subvenciones  de  la 
Comunidad Autónoma de Extremadura o la restante normativa de aplicación, en orden a 
facilitar su implementación en el menor tiempo posible, y se prevé la posibilidad de 
retrotraer la efectividad de las medidas a la fecha de declaración del estado de alarma, 
de modo que los incumplimientos de condiciones que hubieran podido producirse en los 
últimos días no queden sin amparo.
También  se  establece  en  el  artículo  6  un  supuesto  excepcional  en  materia  de 
convenios, con la finalidad de habilitar el uso de esta figura durante la gestión de la 
emergencia sanitaria causada por el COVID-19.
Para agilizar la tramitación de convenios con este objeto se exime de la elaboración de 
la memoria justificativa prevista la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público –en línea con 
lo establecido en el artículo 39 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas 
urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19– y 
de la necesidad de obtener la autorización del Consejo de Gobierno. Además, se sustituye 
el informe preceptivo de la Abogacía General de la Junta de Extremadura por el que emita 
al efecto el Servicio Jurídico de la propia Consejería interesada.
Por último, y en otro sector de gran trascendencia en la actividad administrativa, en 
materia de contratación pública, también se adoptan medidas que se recogen en el 
artículo 7. En este ámbito, el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español 
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 
febrero de 2014, establece la tramitación de emergencia como mecanismo para actuar 
de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones que 
supongan grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional. Este 
régimen excepcional en la contratación pública encaja a la perfección en la situación 
actual para hacer frente al COVID-19.
El artículo 16 del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan 
medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19, determina la 
tramitación de emergencia para la contratación de todo tipo de bienes o servicios que 
precise la Administración General del Estado para la ejecución de cualesquiera medidas 
para hacer frente al COVID-19. El alcance de dicha medida se limita la Administración 
General del Estado.
Las  circunstancias  antes  descritas  también  exigen  la  adaptación  de  las  normas 
autonómicas para adecuarlas a la situación de grave peligro para la salud de la población.
Así,  en  lo  que  respecta  al  presente  decreto-ley  se  determina  la  tramitación  de 
emergencia para cualquier tipo de contratación que precisen los órganos de contratación de 
Administración de la Junta de Extremadura y de su sector público para la ejecución de 
cualquier medida para hacer frente al COVID-19. Por ello, mediante este decreto-ley, con la 
finalidad de lograr una gestión eficiente e inmediata de las necesidades que surjan como 
consecuencia de esta emergencia sanitaria, se determina la tramitación de emergencia de 
las contrataciones de todo tipo de bienes y servicios que se precisen para la lucha contra el 
COVID-19, en el ámbito de la Junta de Extremadura y su sector público.
En otro ámbito de actuación, en el ámbito del transporte escolar, se adoptan medidas 
extraordinarias destinadas a optimizar la gestión de los recursos disponibles, de manera 
que  se  consigue  gestionar  recursos  de  manera  más  eficiente,  procediendo  a  una 
reasignación de los mismos, al tiempo que, de forma simultánea, permitirá el mantenimiento 
de los contratos vigentes en el sector, con las consecuencias favorables que se derivan de  s
dicha medida, tanto para el sector en sí como para la economía en general. oe.
Por último, y en el ámbito del patrimonio público del suelo, con relación a las  w.
viviendas  protegidas  de  promoción  pública,  se  adoptan  medidas  extraordinarias  58ww
deextsrteinmaedñaas,   ad e lam  apnroetreac cqióune  dloes  loasd jusdeiccatotareriso sm  dáes   edsetsafsa vovriveiceinddoass  dgeo clean  sdoeci eudnaad 
exoneración temporal del pago de la renta de alquiler.
Finalmente, y en disposición adicional de este Decreto-ley, se efectúan previsiones 
para convocatoria, constitución y régimen de las sesiones de los órganos colegiados 
representativos y de Gobierno de las entidades que forman la Administración local de la 
Comunidad  Autónoma  de  Extremadura,  de  tal  manera  que  puedan  efectuarse  por 
medios telemáticos en situaciones de crisis.
Las  actuales  tecnologías  de  la  información  y  de  las  telecomunicaciones  hacen 
posible que la conformación de la voluntad de los órganos colegiados pueda realizarse 
de modo remoto con plenas garantías de seguridad, inmediación y confidencialidad. Es 
precisamente  en  situaciones  de  crisis,  en  las  que  resulta  difícil  o  incluso 
contraproducente las reuniones presenciales, cuando cobran mayor relieve las reglas 
que permiten la celebración de sesiones por medios telemáticos, con el fin de obtener la 
máxima eficiencia y celeridad en la toma de decisiones de órganos colegiados políticos y 
administrativos.
En el ámbito de las entidades que conforman la Administración local, el artículo 46 de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, establece el 
régimen de funcionamiento de los órganos colegiados representativos y de gobierno de 
las entidades locales, fijando la periodicidad y tipicidad de sus sesiones. Sin embargo 
nada  prevé  expresamente  la  legislación  básica  de  régimen  local  respecto  a  la 
celebración de sesiones telemáticas de dichos órganos. El mismo vacío normativo de 
regulación específica encontramos en el Reglamento orgánico municipal, y no parece 
adecuado  aplicar  analógicamente  la  previsión  contenida  en  el  artículo  17  de  la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, por cuanto está diseñada para los órganos administrativos 
y no políticos o representativos.
De  esta  manera,  debe  la  Comunidad  Autónoma  de  Extremadura,  abordar  la 
normativa con rango legal que dé cobertura a esta importante y necesaria cuestión. Y 
ello se aborda a través de la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma en 
materia de entidades locales prevista en el artículo 9.1.3 del Estatuto de Autonomía de 
Extremadura,  y  en  el  marco  de  lo  previsto  en  el  artículo  53.2  de  nuestra  norma 
institucional básica, que prevé que en el marco de la legislación básica del Estado, la 
Comunidad  Autónoma  regulará  el  régimen  jurídico  de  las  entidades  locales  de 
Extremadura, teniendo en consideración las diferentes características de las mismas y 
su diversa capacidad de gestión competencial.
Así, la presente norma regula la convocatoria, constitución y régimen de las sesiones 
de los órganos colegiados representativos y de Gobierno de las entidades que forman la 
Administración local de la Comunidad Autónoma de Extremadura por medios telemáticos 
en situaciones de crisis y la posibilidad de quedar constituidos y celebrar sesiones por 
esta vía de manera permanente en estos períodos de crisis.
III
El artículo 33 de la Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, de modificación del 
Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura faculta a la Junta de 
Extremadura en caso de extraordinaria y urgente necesidad, para dictar disposiciones 
legislativas provisionales bajo la forma de Decreto-ley. Atendiendo a la especial gravedad 
de la situación en la que nos encontramos, nadie duda de la extraordinaria necesidad de 
recurrir a la adopción de medidas de todo tipo que vengan a paliar y a contener la 
situación en la que nos encontramos, y en esta especial gravedad, además, es necesario 
una rápida actuación. En el ámbito legislativo, el instrumento constitucionalmente lícito  s
que permite una actuación de urgencia es el Decreto-ley, figura a la que se recurre, en  e.
cuanto  las  circunstancias  en  las  que  se  adoptan  y  que  han  sido  enunciadas  w.
anteriormente  vienen  a  justificar  la  extraordinaria  y  urgente  necesidad  de  que  las  58ww
emsepdeidraars  aa quuní ap rteravimstiatasc eiónnt repna relanm veignotar rciao np ulae smtoa yqour ec elloesri deafde cptooss ibsloeb, rsein  laq ucei upduaddiearnaína 
smeisrímana sd.emasiado gravosos y perdería su esperada eficacia en el fin último de las  BOE-A-cable e
Por tanto, en el presente supuesto, el carácter extraordinario y excepcional de la 
situación deriva de la declaración del estado de alarma provocada por la situación 
sanitaria, que requiere la adopción con urgencia de medidas que palíen, en la medida de 
lo posible, la situación creada y que no puedan aplazarse, incluso mediante la utilización 
de medios legislativos de urgencia, a un momento posterior. Cumpliendo así la presente 
norma los requerimientos fijados tanto por el citado artículo 33 como por la numerosa 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional en la materia (por todas, STC 61/2018, de 7 de 
junio de 2018, FJ 4, en lo que se refiere a la extraordinaria y urgente necesidad, y las 
SSTC 31/2011, de 17 de marzo, FJ 4; 137/2011, de 14 de septiembre, FJ 6, y 100/2012, 
de 8 de mayo, en lo relativo a «situaciones concretas de los objetivos gubernamentales 
que por razones difíciles de prever requieran una acción normativa inmediata en un 
plazo más breve que el requerido por la vía normal o por el procedimiento de urgencia 
para la tramitación parlamentaria de las leyes»).
Este decreto-ley es coherente con los principios de buena regulación establecidos en 
el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. De lo expuesto en los párrafos anteriores se 
pone de manifiesto el cumplimiento de los principios de necesidad y eficacia. El decreto-
ley es acorde al principio de proporcionalidad, al contener la regulación imprescindible 
para la consecución de los objetivos previamente mencionados, e igualmente se ajusta 
al principio de seguridad jurídica. Por último, con respecto al principio de eficiencia, 
queda  garantizado  porque  si  bien  puede  implicar  un  aumento  de  las  cargas 
administrativas posteriormente cuando finalice su vigencia, éstas son imprescindibles y 
en ningún caso innecesarias.
Por todo ello, haciendo uso de la autorización contenida en el artículo 33 de la Ley 
Orgánica 1/2011 de 28 de enero, de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, a propuesta de la Vicepresidenta Primera y Consejera de 
Hacienda y de Administración Pública y previa deliberación del Consejo de Gobierno en 
su reunión del día 25 de marzo de 2020, dispongo:
Artículo 1.  Objeto.
Es objeto del presente Decreto-ley adoptar en las medidas urgentes y extraordinarias 
en el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 
responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19).
CAPÍTULO I
Medidas de gestión económico-financiera
Artículo 2.  Medidas excepcionales en la gestión del gasto.
Corresponden a la persona titular de la Consejería de Hacienda y Administración 
Pública las siguientes competencias previstas en la Ley 5/2007, de 19 de abril, General 
de Hacienda de Extremadura:
a)  las autorizaciones previstas en el artículo 79.1, letra a), y en el artículo 79.2, 
hasta el 31 de agosto de 2020.
b)  el  ejercicio  de  la  competencia  prevista  en  el  artículo  94.1,  hasta  el  31  de 
diciembre de 2020. s
Artículo 3.  Medidas excepcionales en relación a los créditos ampliables. w.
Ley S5e/2 0co0n7s, iddee r1a9rá nd ea ambprilli,a bGleesn,e reanl  dceu mHpalcimieinednato  Pyú bcloicna  ldaes  Eexxitgreemncaidaus rap rye vdiset aasc ueenr dloa 
cCoonm euln iadratídc uAlou tó7n doem ala  dLee Ey x1tr/e2m02a0d,u drae  p3a1r ad 2e0 e2n0e, rhoa,s dtae  ePl rlíemsuitep udees tlaoss  oGbelingearcaiolense sd eq ulae 
se reconozcan en el ejercicio corriente o de las necesidades que debiendo atenderse
durante el mismo superen la dotación asignada al crédito correspondiente, los créditos 
que sean necesarios para atender cualesquier gasto derivado de la adopción de actos o 
medidas derivadas de la situación de emergencia sanitaria provocada por la COVID-19.
Artículo 4.  Medidas excepcionales en la función interventora.
1.  Durante la vigencia del estado de alarma y hasta tanto se restablezca el normal 
funcionamiento  de  los  servicios,  mediante  resolución  de  la  persona  titular  de  la 
Intervención General, podrá acordarse la sustitución de la función interventora por la 
aplicación del control financiero permanente, respecto de determinados expedientes de 
gastos, organismos, entes de derecho público, órganos o áreas de gestión, concretando 
el ámbito subjetivo, objetivo y temporal de la sustitución, todo ello con el fin de que afecte 
sólo a aquellos supuestos en los que sea imprescindible.
2.  De dicha resolución se dará cuenta al Consejo de Gobierno y a los órganos 
controlados a los que afecte. Asimismo, finalizada la situación de excepcionalidad y 
restablecido el normal funcionamiento de los servicios, deberá resolverse por la persona 
titular de la Intervención General la perdida de vigencia y efectos de estas resoluciones.
CAPÍTULO II
Medidas de agilización de la gestión administrativa y de los pagos
Artículo 5.  Medidas excepcionales en materia de subvenciones.
1.  Respecto a las subvenciones ya concedidas en virtud de convocatoria pública, 
mediante Decreto del Presidente u Orden de la Consejería competente por razón de la 
materia se podrán establecer reglas para efectuar las modificaciones precisas en el 
cumplimiento y acreditación de aquellos requisitos y condiciones previstos en las bases 
reguladoras y las convocatorias e impuestos en las resoluciones de concesión, incluida 
la posibilidad de suspender o prorrogar los plazos establecidos para la realización de la 
actividad o el desarrollo del proyecto subvencionado, cuya ejecución, a consecuencia de 
la emergencia sanitaria causada por el COVID-19 y el estado de alarma declarado, 
resulte imposible o no pueda llevarse a cabo en sus propios términos, pudiendo ello 
causar un grave perjuicio a los derechos o intereses de las personas beneficiarias. 
Dichas modificaciones no podrán conllevar en ningún caso la percepción de una cuantía 
mayor a la inicialmente reconocida, ni contradecir la normativa básica o la normativa de 
la Unión Europea que pueda resultar de aplicación.
De la misma forma y por las mismas razones se podrá establecer que, respecto a las 
convocatorias de subvenciones efectuadas y pendientes de resolver a la entrada en 
vigor del estado de alarma, se pueda eximir a los solicitantes del cumplimiento de 
algunos requisitos o se puedan modificar determinadas condiciones de ejecución de la 
actividad o el proyecto a subvencionar.
Los Decretos del Presidente y las Órdenes de las Consejerías a las que se refiere 
este  apartado  deberán  motivar  adecuadamente  la  concurrencia  de  los  supuestos 
habilitantes anteriores, ponderando los intereses afectados de las personas interesadas 
y  el  interés  público.  En  particular,  se  procurará  que  cuando  las  actividades  o  los 
proyectos subvencionados conlleven la contratación de personal, se mantenga a este, o, 
de no ser posible, se acuda a la figura del expediente de regulación temporal de empleo, 
no considerándose en este caso que la suspensión temporal de la relación laboral a  es
consecuencia de la presente emergencia sanitaria constituya causa de incumplimiento a  o
radee efleaa cln oEstuosnud s sta lrpadáce eimótnr nairste emidóisnein ttda .elecogi srópo nrc e oods nepet érnalratdatsoic dsidóa idns edp d eotelrs a discbeuiaorgejnoece rhtsero anp scar ie laalvas i, fs isntduaaebsl i vczeeoannnc csieóiusónltnt ead,   easp piúelaabm rlsitpcaitardue oap  qcrpeiuóovendi a rsqá,e u d peper r edoasiduocud ionzierdcinagirc eslienaa     OE-A-2020-4558able en https://www.
e información pública y del informe de impacto de género. Tampoco serán precisos los
informes previos de la Abogacía General ni de la Intervención General, siendo suficiente 
a  efectos  de  valorar  su  corrección  jurídica  el  informe  del  Servicio  Jurídico 
correspondiente de la Consejería.
2.  Los  órganos  concedentes  de  subvenciones  de  concesión  directa  sin 
convocatoria podrán acordar lo que resulte preciso, en relación a las resoluciones ya 
dictadas o los convenios suscritos que las articulan, en los mismos supuestos previstos 
en el apartado anterior.
Los actos que se adopten o las adendas que se celebren no precisarán en ningún 
caso la autorización del Consejo de Gobierno, si bien deberán contar con el informe del 
Servicio Jurídico correspondiente de la Consejería.
3.  Durante  el  periodo  de  vigencia  del  estado  de  alarma,  podrán  efectuarse 
mediante  concesión  directa  sin  convocatoria  pública  aquellas  subvenciones  que  se 
dirijan a la realización de actuaciones relacionadas con la lucha y prevención frente al 
COVID-19, cuando las personas beneficiarias sean entidades públicas o privadas sin 
ánimo de lucro.
Los pagos de dichas subvenciones podrán tener el carácter de anticipados o a 
cuenta, sin que sea exigible en ningún caso el informe del artículo 21.1 de la Ley 6/2011, 
de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Las resoluciones o los convenios mediante los que se articule la concesión no 
precisarán en ningún caso la autorización del Consejo de Gobierno ni el informe de la 
Abogacía  General,  si  bien  deberán  contar  con  el  informe  del  Servicio  Jurídico 
correspondiente de la Consejería y de la Intervención Delegada de la misma. Este último 
se ceñirá a comprobar la existencia de dicho informe y los extremos recogidos en las 
letras a) y b) del apartado segundo del Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de 
Extremadura de 21 de mayo de 2019, por el que se da aplicación a la previsión del 
artículo  148.2  de  la  Ley  5/2007,  de  19  de  abril,  General  de  Hacienda  Pública  de 
Extremadura, respecto al ejercicio de la función interventora en régimen de fiscalización 
limitada previa.
4.  Las disposiciones y las resoluciones que se dicten, así como los convenios que, 
en su caso, se celebren, al amparo del presente artículo podrán retrotraer sus efectos a 
la fecha de declaración del estado de alarma.
Artículo 6.  Medidas excepcionales en materia de convenios relacionados con la gestión 
de la emergencia sanitaria por el COVID-19.
Para la tramitación administrativa y la celebración de convenios relacionados con la 
gestión  de  la  emergencia  sanitaria  causada  por  el  COVID-19,  mientras  dure  la 
declaración del estado de alarma no será preciso elaborar la memoria justificativa a que 
se refiere el artículo 50.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector  Público,  ni  obtener  la  previa  autorización  del  Consejo  de  Gobierno  en  los 
supuestos previstos en el artículo 43 de la Ley 1/2020, de 31 de enero, de Presupuestos 
Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2020.
Tampoco será preciso recabar el informe preceptivo de la Abogacía General de la 
Junta de Extremadura, siendo suficiente a tales efectos el emitido por el Servicio Jurídico 
correspondiente de la Consejería. De conllevar gasto, la correspondiente Intervención 
Delegada  emitirá  informe  de  fiscalización  que  se  ceñirá  a  comprobar  los  mismos 
extremos recogidos en el apartado 3 del artículo anterior.
Artículo 7.  Medidas excepcionales en materia de contratación. e.e
1.  Podrán  tener  la  consideración  de  contratos  de  emergencia  cumpliendo  los  58ww
PlrPoeaúsqrb ulcaliioscmionteo,t rnsapt toodo resE l l uaaqr ruotqeípcu euesol eo s y e1c d e2tel0rela  bdCnreseo pnnlao s pneLaejeorny a 2  a90lal/1 2 o40ar/1d2d7o3e,p/n UdcaEiemó  ny8ie   2ndd0teeo1   nc4jouu/2vraí4ildeq/iUmucoiEbe ,rre e dst,ie ppd ao2eñ 6 dCo delo e nlma ftserea bdtDroiedisrrae od c dedtiilevr eSa 2cse0t ca1dt o4eor,l     OE-A-2020-45able en https://
indirecta por parte de los órganos de contratación de la Administración de la Junta de 
Extremadura y su sector público para hacer frente al COVID-19.
2.  En estos casos, si fuera necesario realizar abonos a cuenta por actuaciones 
preparatorias a realizar por el contratista, no será de aplicación lo dispuesto respecto a 
las garantías en la mencionada Ley 9/2017, de 8 de noviembre, siendo el órgano de 
contratación  quien  determinará  tal  circunstancia  en  función  de  la  naturaleza  de  la 
prestación a contratar y la posibilidad de satisfacer la necesidad por otras vías. De la 
justificación de la decisión adoptada deberá dejarse constancia en el expediente.
3.  El libramiento de los fondos necesarios para hacer frente a los gastos que 
genere la adopción de medidas para la protección de la salud de las personas frente al 
COVID-19 se podrá realizar a justificar sin que sea de aplicación lo establecido respecto 
a las garantías en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre. En casos debidamente justificados 
y  excepcionales,  previa  autorización  del  titular  de  la  Consejería  competente  en  su 
respectivo ámbito, los libramientos podrán alcanzar hasta el 100 % del gasto. Dicha 
autorización  deberá  comunicarse  de  forma  inmediata  al  titular  de  la  Consejería  de 
Hacienda y Administración Pública.
4.  En los expedientes afectados por la tramitación de emergencia no se exigirá la 
constitución de garantía definitiva.
CAPÍTULO III
Medidas en materia de contratos del transporte escolar.
Artículo  8.  Medidas  excepcionales  en  materia  de  contratos  para  la  prestación  del 
servicio del transporte escolar.
1.  Por  ministerio  de  la  ley,  suspendida  la  prestación  efectiva  del  servicio  de 
transporte  escolar  como  consecuencia  del  estado  de  alarma  y  no  encontrándose 
suspendidos  los  contratos  de  los  que  traen  razón,  se  ponen  a  disposición  de  las 
autoridades sanitarias y de movilidad los recursos contratados a través de los vigentes 
contratos derivados del vigente acuerdo marco de servicio de transporte a centros 
docentes de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
2.  A este fin, quedan por ministerio de la ley ampliadas las prestaciones objeto de 
tales contratos administrativos, en cuanto al traslado, dentro del ámbito de la comunidad 
autónoma de personal integrante de colectivos laborales en aquellos supuestos que 
sean estrictamente necesarios para garantizar la prestación laboral en las condiciones 
sanitarias dispuestas por las autoridades competentes. Dicho transporte de viajeros se 
efectuará de tal manera que se eviten las aglomeraciones y en estricta observancia de la 
normativa de excepción dictada por las autoridades competentes.
3.  Los  prestatarios  del  servicio  tendrán  derecho,  durante  el  periodo  que  se 
mantenga la ampliación de funciones, a la percepción de las cuantías resultantes del 
servicio prestado al precio contratado, determinado en términos homogéneos en razón 
de rutas, kilómetros y pasajeros y servicios singulares contratados; así como, a las que 
excedan de tales ratios, cuantificación que se deberá posponer y realizar una vez 
finalizada  la  prestación,  conforme  a  los  mismo  baremos  previstos  en  el  pliego  de 
cláusulas administrativas del expediente de contratación.
4.  Aquellas empresas adjudicatarias que se opongan a la ampliación de prestaciones 
durante el periodo en que esté vigente el estado de alarma deberán comunicarlo en el plazo 
de cinco días naturales a partir de la entrada vigor del presente Decreto-ley, mediante correo  e.e
electrónico autenticado, dirigido al órgano de contratación, entendiéndose iniciado con la  b
manifestación de la oposición la tramitación de la suspensión del contrato. 58ww
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consecuencia de la paralización de la actividad escolar por el estado de alarma.
El órgano de contratación ejecutara lo dispuesto en esta disposición, dictando las 
instrucciones, por escrito o verbales, precisas para la correcta ejecución de los contratos; 
en el caso que sean verbales, se dejará posterior constancia por escrito de las mismas.
Lo dispuesto en el presente apartado se llevara a cabo, de acuerdo con los principios 
de eficacia y celeridad propios de la contratación de emergencia.
CAPÍTULO IV
Medidas excepcionales en relación a las viviendas protegidas de promoción 
pública
Artículo 9.  Medidas excepcionales en relación al pago de la renta de alquiler a los 
adjudicatarios  de  viviendas  protegidas  de  promoción  pública  de  la  Junta  de 
Extremadura en régimen de arrendamiento o arrendamiento con opción de compra.
1.  Se exonera temporalmente del pago de la renta de alquiler a los adjudicatarios 
de viviendas protegidas de promoción pública de la Junta de Extremadura en régimen de 
arrendamiento o arrendamiento con opción de compra.
2.  Dicha exoneración abarcará el periodo comprendido entre el 1 de abril de 2020 y la 
fecha  en  la  que  finalice  la  vigencia  del  estado  de  alarma  decretado  mediante  Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión 
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Se mantendrá durante la 
vigencia del estado de alarma y, en su caso, de las prórrogas del mismo que pudieran 
acordarse.
3.  Tal exención se realizará de oficio, sin necesidad de previa presentación de 
solicitud por los interesados.
4.  Durante el período de vigencia de esta medida no se podrá resolver el contrato 
de arrendamiento, declarar la pérdida del derecho a la adjudicación de la vivienda ni se 
devengarán intereses por causa de impago de la renta.
5.  Se faculta al titular de la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda para dictar 
las disposiciones que sean necesarias para el desarrollo y ejecución de la medida antedicha.
Disposición adicional única.  Convocatoria, constitución y régimen de las sesiones de 
los órganos colegiados representativos y de Gobierno de las entidades que forman la 
Administración  local  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Extremadura  por  medios 
telemáticos en situaciones de crisis.
1.  Los órganos colegiados representativos y de gobierno de las entidades locales 
de Extremadura, con carácter excepcional y siempre que fuese necesario para garantizar 
el funcionamiento de las instituciones locales podrán, constituirse, convocar y celebrar 
sesiones, adoptar acuerdos y remitir actos a distancia,
2.  Igualmente, cuando concurran situaciones de crisis con grave riesgo colectivo, 
catástrofes,  calamidades  públicas  o  cualquiera  de  las  situaciones  previstas  en  el 
artículo 116 de la Constitución y en la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados 
de alarma, excepción y sitio, dichos órganos podrán constituirse, convocar y celebrar 
sesiones, adoptar acuerdos y remitir actos a distancia, en sesión virtual y extraordinaria 
permanente.  A  estos  efectos,  la  convocatoria  de  las  sesiones  deberá  motivar  la 
concurrencia  o  mantenimiento  de  la  situación  que  justifica  excepcionalmente  la 
celebración a distancia y su carácter de sesión permanente. es
3.  En todos los casos, las sesiones se celebrarán a través de sistemas tecnológicos  o
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y sonido, a decisión de los intervinientes, siempre que el medio elegido resulte idóneo para la
expresión de la voluntad de los miembros y se garantice el contenido de sus manifestaciones 
y el momento en que estas se producen, así como la interactividad e intercomunicación entre 
ellos en tiempo real y la disponibilidad de los medios durante la sesión.
5.  A efecto de garantizar el carácter público de les sesiones se deberá prever su 
difusión por medio de cualquier mecanismo audiovisual o digital.
Disposición final primera.  Desarrollo reglamentario y ejecución.
Se habilita al Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura y a las personas 
titulares  de  las  Consejerías  de  la  Administración  de  la  Comunidad  Autónoma  de 
Extremadura, en el ámbito de sus competencias, a dictar cuantas disposiciones sean 
necesarias para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en este decreto-ley.
Disposición final segunda.  Entrada en vigor.
El presente decreto-ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Diario 
Oficial de Extremadura».
Mérida, 25 de marzo de 2020.–El Presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo 
Fernández Vara.–La Vicepresidenta Primera y Consejera de Hacienda y Administración 
Pública, Pilar Blanco-Morales Limones.
(Publicado en el «Diario Oficial de Extremadura» número 61, de 27 de marzo de 2020)