BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 197 Miércoles 18 de agosto de 2021 Sec. I.   Pág. 101050
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
14011 Decreto-ley 9/2021, de 28 de junio, por el que se regula la concesión de 
subvenciones  directas  a  las  personas  trabajadoras  por  cuenta  ajena 
afectadas por expedientes de regulación temporal de empleo a causa de la 
COVID-19.
Sea notorio a todos los ciudadanos y ciudadanas que el Gobierno de Canarias ha 
aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 47.1 
del Estatuto de Autonomía de Canarias, promulgo y ordeno la publicación del Decreto-
ley 9/2021, de 28 de junio, por el que se regula la concesión de subvenciones directas a 
las personas trabajadoras por cuenta ajena afectadas por expedientes de regulación 
temporal de empleo a causa de la COVID-19, ordenando a la ciudadanía y a las 
autoridades que lo cumplan y lo hagan cumplir.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
La Organización Mundial de la Salud elevó el 11 de marzo de 2020 la situación de 
emergencia de salud pública ocasionada por la COVID-19 a pandemia internacional. La 
rapidez en la evolución de los hechos, a escala nacional e internacional, requirió la 
adopción de medidas inmediatas y eficaces para hacer frente a esta coyuntura. Las 
circunstancias extraordinarias que concurrieron dieron lugar a una crisis sanitaria sin 
precedentes y de enorme magnitud tanto por el muy elevado número de personas 
afectadas como por el extraordinario riesgo para sus derechos.
En este contexto tanto el Gobierno de España como el de la Comunidad Autónoma 
de Canarias han venido adoptando una serie de medidas urgentes orientadas tanto a 
frenar el avance de la pandemia, como a mitigar los profundos efectos económicos y 
sociales que la crisis sanitaria está generando en nuestro país.
Uno de los sectores más afectados por las consecuencias de esta pandemia es el 
laboral, habiéndose producido un importante incremento del desempleo total y parcial. 
Así, se ha producido un considerable aumento de las suspensiones de contratos de 
trabajo y reducciones de jornada derivadas de fuerza mayor (Expedientes de Regulación 
Temporal  de  Empleo  –ERTE–),  con  la  consiguiente  disminución  de  ingresos  que 
determina la necesidad de establecer unas subvenciones urgentes y extraordinarias para 
paliar  dicha  disminución  con  miras  siempre  a  poder  alcanzar  el  salario  mínimo 
interprofesional, y que sirva como mecanismo de mantenimiento y protección del empleo 
y los derechos laborales de las personas trabajadoras.
Ante esta situación de gravedad creada por el impacto de la COVID-19 sobre el 
empleo, con la publicación del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas 
urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, 
se vinieron a adoptar medidas excepcionales en relación con los procedimientos de 
suspensión de contratos y reducción de jornada por causa de fuerza mayor (artículo 22), 
que ha sido objeto de prórroga hasta el 30 de septiembre de 2021 mediante Real  e.
Decreto-ley 11/2021, de 27 de mayo, sobre medidas urgentes para la defensa del  w.b
empleo, la reactivación económica y la protección de los trabajadores autónomos. 011ww
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de 4 de febrero; importe que se ha mantenido igual en 2021, al haberse prorrogado la
vigencia del Real Decreto 231/2020 por la disposición adicional sexta del Real Decreto-
ley 38/2020, de 29 de diciembre, por el que se adoptan medidas de adaptación a la 
situación de Estado tercero del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte tras la 
finalización del periodo transitorio previsto en el Acuerdo sobre la retirada del Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad 
Europea de la Energía Atómica, de 31 de enero de 2020.
Según los datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, Canarias 
es  una  de  las  Comunidades  Autónomas  más  afectadas  por  los  Expedientes  de 
Regulación Temporal de Empleo causados por fuerza mayor a causa de la COVID-19, 
reflejando unas cifras de personas trabajadoras en ERTE al inicio de la pandemia 
de 196.032 (mayo de 2020), 147.283 (junio de 2020) y 107.244 (julio 2020), datos que 
demuestran el impacto negativo de la pandemia en el empleo.
Las medidas adoptadas en materia de suspensión temporal de contratos y reducción 
temporal de la jornada persiguen evitar que una situación coyuntural como la actual 
tenga un efecto negativo de carácter estructural sobre el empleo. Desde la Comunidad 
Autónoma  de  Canarias  se  pretende  coadyuvar  en  este  marco  de  medidas,  con  la 
finalidad  de  reducir  los  efectos  negativos  que  las  suspensiones  temporales  de  los 
contratos  tienen  sobre  las  personas  trabajadoras  de  esta  Comunidad  Autónoma, 
mediante  el  establecimiento  de  unas  subvenciones  para  las  personas  trabajadoras 
afectadas por ERTE a causa de la COVID-19 por un tiempo superior a 90 días por ser el 
colectivo más vulnerable.
Estas medidas han sido objeto de diálogo social con las organizaciones sindicales 
más representativas en la Comunidad Autónoma de Canarias, en el que se establece 
como objetivo prioritario la protección de las personas trabajadoras y desempleadas y 
sus  familias,  contemplándose  para  ello  el  establecimiento  de  subvenciones  con  la 
finalidad de reducir los efectos negativos que los Expedientes de Regulación Temporal 
de  Empleo  tienen  sobre  las  personas  trabajadoras  con  rentas  más  bajas  y  como 
mecanismo de mantenimiento y protección del empleo y los derechos laborales de las 
personas trabajadoras.
En este contexto, la adopción de medidas de este tipo mediante decreto-ley ha sido 
avalada por el Tribunal Constitucional (artículo 86 de la Constitución española), siempre 
que concurra una motivación explícita y razonada de la necesidad –entendiendo por tal 
que la coyuntura económica exige una rápida respuesta– y la urgencia– asumiendo 
como tal que la dilación en el tiempo de la adopción de la medida de que se trate 
mediante una tramitación por el cauce normativo ordinario podría generar algún perjuicio.
Las subvenciones objeto del presente decreto-ley serán cofinanciadas por la Unión 
Europea a través del Programa Operativo CANARIAS FSE 2014-2020 (Fondo Social 
Europeo), mediante el objetivo específico REACT-UE 1 relativo a «apoyar el acceso al 
mercado de trabajo, la creación de puestos de trabajo y el empleo de calidad, así como 
el mantenimiento del empleo, incluido el empleo juvenil, y el apoyo a los trabajadores por 
cuenta propia y a los emprendedores».
En este sentido, es el propio Reglamento (UE) 2020/2221, del Parlamento Europeo y 
del Consejo de 23 de diciembre de 2020, por el que se modifica el Reglamento (UE) 
n.º 1303/2013 en lo que respecta a los recursos adicionales y las disposiciones de 
ejecución a fin de prestar asistencia para favorecer la reparación de la crisis en el 
contexto de la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias sociales y para preparar una 
recuperación verde, digital y resiliente de la economía (REACT UE), el que justifica la 
subvención objeto del presente decreto-ley en el considerando 12, que establece lo  s
siguiente: oe.
«En  el  caso  del  FSE,  los  Estados  miembros  deben  utilizar  principalmente  los  011ww
sreoccuiarsleoss,  gRaEraAnCtiTz-aUnEd o pealr am aanptoeynaimr ieenl toa cdceels oe mapl lemo,e recna dpoa rtdiceu ltarra bmaejod iayn tleo sr esgiísmteemneass 
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creativos. Los regímenes de reducción del tiempo de trabajo y medidas similares, en
particular para los trabajadores por cuenta propia, tienen por objeto proteger a los 
trabajadores por cuenta propia y ajena contra el riesgo de desempleo, manteniendo el 
mismo nivel de condiciones de trabajo y empleo y, en el caso de los trabajadores por 
cuenta ajena, los salarios. Los recursos REACT-UE asignados a estos regímenes se 
deben utilizar exclusivamente para apoyar a los trabajadores. En el contexto de las 
actuales circunstancias excepcionales ocasionadas por la pandemia de COVID-19, debe 
existir la posibilidad de prestar apoyo a regímenes de reducción del tiempo de trabajo 
para los trabajadores por cuenta propia y ajena, incluso cuando dicho apoyo no se 
combine con medidas activas del mercado laboral, a menos que tales medidas vengan 
impuestas  por  el  Derecho  nacional.  Esa  regla  también  debe  aplicarse  de  manera 
uniforme a los regímenes de reducción del tiempo de trabajo que hayan recibido apoyo 
de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 1303/2013, en su versión modificada por los 
Reglamentos (UE) 2020/460 y (UE) 2020/558 a raíz de la crisis de la COVID-19, y que 
sigan recibiéndolo en el marco de la prioridad de inversión específica "Favorecer la 
reparación de la crisis en el contexto de la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias 
sociales y preparar una recuperación verde, digital y resiliente de la economía". El apoyo 
de la Unión a esos regímenes de reducción del tiempo de trabajo debe estar limitado en 
el tiempo».
II
El apartado 1 del artículo 46 del Estatuto de Autonomía de Canarias, reformado 
mediante  la  Ley  Orgánica  1/2018,  de  5  de  noviembre,  dispone  que,  en  caso  de 
extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar normas con rango de ley, 
que recibirán el nombre de decretos-leyes.
Concurren de manera evidente en la presente situación las circunstancias necesarias 
que habilitan acudir a la medida legislativa aprobada por el Gobierno: la extraordinaria y 
urgente necesidad derivada de la extensión de la crisis sanitaria y que ha determinado la 
declaración de uno de los estados de emergencia previstos en el artículo 116 de la 
Constitución.
La extraordinaria y urgente necesidad que fundamenta el establecimiento de las 
medidas de subvención establecidas en el presente decreto-ley viene constituida con la 
finalidad de reducir los efectos negativos que los Expedientes de Regulación Temporal 
de Empleo tienen sobre las personas trabajadoras con rentas más bajas.
El Decreto-ley, tras la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, se constituye 
como  un  instrumento  estatutariamente  válido  y  lícito,  siempre  que,  tal  como 
reiteradamente ha exigido el Tribunal Constitucional (sentencias 6/1983, de 4 de febrero, 
F. 5; 11/2002, de 17 de enero, F. 4, 137/2003, de 3 de julio, F. 3, y 189/2005, de 7 julio, 
F. 3; 68/2007, de 28 de marzo, F. 10; y 137/2011, de 14 de septiembre, F. 7), el fin que 
justifica la legislación de urgencia sea subvenir a una situación concreta, dentro de los 
objetivos gubernamentales, que por razones difíciles de prever requiere una acción 
normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía normal o por el 
procedimiento  de  urgencia  para  la  tramitación  parlamentaria  de  las  leyes,  máxime 
cuando la determinación de dicho procedimiento no depende del Gobierno.
Igualmente, la extraordinaria y urgente necesidad de aprobar las medidas que se 
incluyen  este  decreto-ley  se  inscribe  en  el  juicio  político  o  de  oportunidad  que 
corresponde al Gobierno (SSTC 61/2018, de 7 de junio, FJ 4; 142/2014, de 11 de 
septiembre, FJ 3) y esta decisión, sin duda, supone una ordenación de prioridades  s
políticas de actuación (STC 14/2020, de 28 de enero), y que son medidas de naturaleza  e.
económica  que  persiguen  atenuar  los  efectos  de  la  crisis  y  habilitar  medios  para  w.
afrontarlos de la mejor manera posible, de manera que no existe un uso abusivo o  011ww
adreb mitraayrioo,  dFeJ  e8s; t2e3 i7n/s2t0ru1m2,e dneto 1 n3o drme adticivieom (SbSreT, CF J6 41 /y2 03198/2, 0d1e3 7,  ddee 1 j4u ndioe,  feFbJr e4r; o1, 0F0J/ 250)1.2, de 8
efecLtoass  nmeegdaitdivaoss  aqduoep tloasd aEsx ppeodr ieenl tperse sdeen Rtee gduelcarceitóon-l eTye,m cpoonr alal  dfein aElmidapdle od eti erneednu csiro blores   BOE-A-cable e
las personas trabajadoras con rentas más bajas, quedan enmarcadas dentro de la 
competencia sobre asistencia social, ahora englobada esta materia dentro de la más 
amplia  materia  de  los  servicios  sociales,  competencia  exclusiva  reconocida  a  la 
Comunidad Autónoma de Canarias en el artículo 142 de la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de 
noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, que incluye, en todo 
caso, la regulación y la ordenación de los servicios sociales, las prestaciones técnicas y 
económicas con finalidad asistencial o complementaria de otros sistemas de previsión 
pública, así como de los planes y los programas específicos dirigidos a personas y 
colectivos en situación de pobreza o de necesidad social.
Asimismo, como complemento del título habilitante anterior, el artículo 139.1.a) del 
Estatuto de Autonomía de Canarias atribuye a la Comunidad Autónoma, en el marco de 
la legislación del Estado, las competencias ejecutivas en materia de empleo y relaciones 
laborales que incluyen «Las políticas activas de empleo, que comprenderán la formación 
de los demandantes de empleo y de los trabajadores en activo, así como la gestión de 
las subvenciones correspondientes; la intermediación laboral y el fomento del empleo».
El artículo 41 de la Constitución española exige a la Seguridad Social que garantice 
la  asistencia  y  prestaciones  sociales  suficientes  ante  situaciones  de  necesidad 
especialmente  en  caso  de  desempleo.  Y  el  Tribunal  Constitucional  ha  venido 
entendiendo la asistencia social como las acciones y técnicas externas al sistema de 
Seguridad Social al margen de toda obligación contributiva desde su STC 76/1986. 
Importa ahora consignar su doctrina, de la que es buena muestra la STC 239/2002, 
de 11 de diciembre:
«Asimismo, debe recordarse que en relación con la noción material de "asistencia 
social" hemos declarado que "no está precisada en el Texto constitucional, por lo que ha 
de entenderse remitida a conceptos elaborados en el plano de la legislación general, que 
no han dejado de ser tenidos en cuenta por el constituyente. De la legislación vigente se 
deduce la existencia de una asistencia social externa al Sistema de Seguridad Social y 
no integrada en él, a la que ha de entenderse hecha la remisión contenida en el 
artículo 148.1.20.ª de la CE, y, por tanto, competencia posible de las Comunidades 
Autónomas  (...)  Esta  asistencia  social  aparece  como  un  mecanismo  protector  de 
situaciones de necesidad específicas, sentidas por grupos de población a los que no 
alcanza aquel sistema y que opera mediante técnicas distintas de las propias de la 
Seguridad Social. En el momento actual –con independencia de que la evolución del 
Sistema de Seguridad Social pueda ir en la misma dirección– es característica de la 
asistencia social su sostenimiento al margen de toda obligación contributiva o previa 
colaboración económica de los destinatarios o beneficiarios" (STC 76/1986, de 5 Jun., 
FJ 7)».
El Consejo Consultivo de Canarias también ha tenido oportunidad de manifestarse 
en diversas ocasiones (por todos, DCCC 49/2020 y 52/2017, de 13 de febrero) en 
relación con el alcance de la competencia en «asistencia social»:
«La  Comunidad  Autónoma  de  Canarias  posee  competencia  exclusiva  sobre  la 
materia "asistencia social" según el artículo 30.13 del Estatuto de Autonomía (ahora 142 
EAC). Esta materia incluye la regulación de ayudas económicas públicas, periódicas o 
puntuales, a personas que se encuentren en situación de necesidad. El hecho de que 
sean  justamente  pensiones  asistenciales  permite  concluir  que  no  se  invade  la 
competencia exclusiva del Estado ex artículo 149.1.17.ª de la Constitución, porque su 
financiación es a cargo exclusivamente de los presupuestos autonómicos, es decir, no  e
interfieren ni quebrantan el régimen económico unitario de la Seguridad Social [...]». bo
A(SuTtóCPn oo1rm 3ú/a1l t9ipm9a2ora , – e cRlaebTgeCir   sh1ua9sc9 e2«r,o  b1aj3leu–tsi vi óoFns.  7pa),o  llíloati c qoausue,t o apndeomrmminíiaitse t rfai«nteaivjneocrsci,ee rsra o scidinae le cose nsodta ice icoCononamómmuineicindotaosd»s    2021-14011n https://ww
indebidos y en toda su extensión, las competencias propias, en especial las que figuran
como  exclusivas»  (STC  201/1998  –RTC  1998,  201  –  F.4),  pues  dicha  autonomía
financiera «no entraña solo la libertad de sus órganos de gobierno en cuanto a la fijación 
del  destino  y  orientación  del  gasto  público,  sino  también  para  la  cuantificación  y 
distribución del mismo dentro del marco de sus competencias» STC 127/1999, de 1 de 
julio –RTC 1999, 127 – F.8, con cita de la STC 13/1992, de 6 de febrero –RTC 1992, 
13–).
Es decir, la Comunidad Autónoma de Canarias puede libremente, en virtud de su 
competencia exclusiva en materia de «servicios sociales» (artículo 142 del Estatuto de 
Autonomía de Canarias) y de su autonomía financiera (artículo 171 del Estatuto de 
Autonomía de Canarias), dedicar fondos de su presupuesto a la finalidad de ayudar a 
paliar las necesidades económicas ocasionadas en las personas trabajadoras como 
consecuencia de la situación laboral (ERTE) que les ha generado los efectos del impacto 
económico de la crisis sanitaria en las que, como consecuencia de la declaración del 
estado de alarma y de las medidas acordadas, nos encontramos, y al hacerlo, realiza 
una opción, que está en consonancia con el principio de autonomía política reconocido 
en el artículo 2 de la Constitución española.
III
En cuanto al objeto, lo constituye el de reducir el impacto económico, compensando 
a  las  personas  trabajadoras  por  cuenta  ajena  con  rentas  bajas  afectadas  por 
expedientes de regulación de empleo, de suspensión de contratos de trabajo, resueltos a 
causa de la COVID-19, como mecanismo de mantenimiento y protección del empleo y 
los derechos laborales de las personas trabajadoras. En cuanto al ámbito territorial, es la 
Comunidad Autónoma de Canarias.
Considerando que las subvenciones directas pueden ser impuestas por una norma 
de  rango  legal,  como  así  se  recoge  expresamente  en  el  artículo  22.2.b)  de  la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el artículo 21.1.c) del 
Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de 
subvenciones  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias,  el  otorgamiento  de  estas 
subvenciones se realizará en régimen de concesión directa.
En cuanto al procedimiento de tramitación, el reconocimiento de estas subvenciones 
requiere,  tras  la  entrada  en  vigor  del  presente  decreto-ley,  la  tramitación  de  un 
procedimiento, que de acuerdo con la regulación contenida en esta norma, se iniciará y 
se impulsará de oficio en todos sus trámites, sin que sea necesaria la presentación de 
solicitud ni documentación por parte de las personas beneficiarias para la concesión de 
la subvención. A tal efecto, el Servicio Canario de Empleo obtendrá los datos necesarios 
del  Servicio  de  Empleo  Estatal  de  aquellas  personas  que  cumplan  los  requisitos 
establecidos para percibir las subvenciones.
Completada  la  información,  el  Servicio  Canario  de  Empleo,  organismo  al  que 
corresponderá  la  concesión  de  subvenciones,  emitirá  resolución  de  concesión,  que 
podrá realizarla en un solo acto o en varios por lotes sucesivos, según sea necesario 
para agilizar la concesión y pago.
Atendiendo al carácter social de la subvención, al reducido importe individual de la 
subvención, al elevado número de las posibles personas beneficiarias y a la condición de 
trabajadores  o  trabajadoras  por  cuenta  ajena,  se  exceptúa  la  aplicación  de  las 
prohibiciones establecidas en el apartado 2 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre.
Finalmente, el conjunto de trámites que deberán realizarse para hacer efectivas  s
estas subvenciones exige el tratamiento de datos de carácter personal entre diferentes  e.
órganos de las Administraciones Públicas. Las comunicaciones de datos que resulten  w.
necesarias para su tramitación se consideran fundadas en el cumplimiento de una misión  011ww
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del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de 
las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento 
general de protección de datos).
IV
El presente decreto-ley se estructura en cuatro capítulos, con veintiún artículos, tres 
disposiciones adicionales y una disposición final.
El  capítulo  I,  dedicado  a  las  disposiciones  generales,  regula  el  objeto  de  la 
subvención y ámbito, las personas beneficiarias y sus requisitos, su régimen jurídico, así 
como la entidad colaboradora.
El capítulo II regula las medidas para la concesión de subvenciones a las personas 
trabajadoras por cuenta ajena con rentas bajas afectadas por expedientes de regulación 
temporal de empleo a causa de la COVID-19, estableciendo la cuantía de la subvención, 
las  obligaciones  de  las  personas  beneficiarias,  así  como  la  compatibilidad  de  las 
subvenciones.
El capítulo III regula el procedimiento de gestión de las subvenciones, estableciendo 
el  procedimiento  de  concesión,  la  instrucción,  resolución  y  recurso,  publicación, 
aceptación, así como el pago de las subvenciones.
El capítulo IV, dedicado a la justificación y control de las subvenciones, regula el 
procedimiento  de  justificación,  el  procedimiento  de  comprobación,  el  reintegro  de 
subvenciones, la información y publicidad, protección de datos, medidas antifraude y no 
discriminación.
En  las  disposiciones  adicionales  primera,  segunda  y  tercera  se  incorporan  la 
financiación,  el  plan  estratégico  de  subvenciones  y  las  facultades  de  desarrollo, 
respectivamente. Y, por último, la disposición final única regula la entrada en vigor del 
presente decreto-ley.
En su virtud, en uso de la autorización contenida en el artículo 46 del Estatuto de 
Autonomía de Canarias, a propuesta de la Consejera de Economía, Conocimiento y 
Empleo, previa deliberación del Gobierno en su reunión extraordinaria celebrada el 
día 28 de junio de 2021, dispongo:
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1.  Objeto de la subvención y ámbito.
1.  Las subvenciones directas reguladas en el presente decreto-ley tienen por objeto 
reducir  el  impacto  económico,  con  la  finalidad  de  coadyuvar  al  mantenimiento  y 
protección del empleo y de los derechos laborales de las personas trabajadoras por 
cuenta ajena que sean perceptoras de prestación contributiva por desempleo por debajo 
del salario mínimo interprofesional, como consecuencia de la suspensión temporal del 
contrato de trabajo resuelto a causa de la COVID-19.
2.  El ámbito de aplicación territorial de la subvención será la Comunidad Autónoma 
de Canarias.
Artículo 2.  Personas beneficiarias. e
Podrán ser beneficiarias las personas trabajadoras por cuenta ajena perceptoras de  w.
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tiempo superior a 90 días.
Artículo 3.  Requisitos de las personas beneficiarias.
1.  Las personas beneficiarias de esta subvención deberán cumplir los siguientes 
requisitos:
a)  Encontrarse o haber estado afectada por la suspensión temporal de su contrato 
de trabajo como consecuencia de un expediente de regulación de empleo por causas de 
fuerza mayor derivadas de la COVID-19, por un tiempo superior a 90 días en el periodo 
comprendido entre el 14 de marzo de 2020, fecha de declaración del estado de alarma, 
hasta la fecha de aprobación del presente decreto-ley.
b)  Percibir o haber percibido una prestación contributiva máxima por desempleo por 
debajo del salario mínimo interprofesional como consecuencia de un expediente de 
regulación de empleo por causas de fuerza mayor derivadas de la COVID-19.
c)  Que el código de cuenta de cotización a la Seguridad Social del centro de trabajo 
donde presten sus servicios corresponda al código de una provincia en la Comunidad 
Autónoma de Canarias.
2.  Atendiendo al carácter social de la subvención, al reducido importe individual de 
la subvención, al elevado número de las posibles personas beneficiarias y a la condición 
de  personas  trabajadoras  por  cuenta  ajena,  se  exceptúa  la  aplicación  de  las 
prohibiciones establecidas en el apartado 2 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones.
Artículo 4.  Régimen jurídico.
Las subvenciones previstas en el presente decreto-ley se regirán, además de por lo 
dispuesto en el mismo, por lo establecido en las siguientes disposiciones normativas:
1.  En el ámbito de la legislación estatal:
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en lo referente a sus 
preceptos básicos.
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, en lo referente a sus preceptos 
básicos.
Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 
Administraciones Públicas (en adelante Ley 39/2015, de 1 de octubre).
Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para 
hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.
Real Decreto-ley 11/2021, de 27 de mayo, sobre medidas urgentes para la defensa 
del empleo, la reactivación económica y la protección de los trabajadores autónomos.
Real  Decreto  231/2020,  de  4  de  febrero,  por  el  que  se  fija  el  salario  mínimo 
interprofesional para 2020.
Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido  de  la  Ley  General  de  la  Seguridad  Social  (en  adelante  Real  Decreto 
Legislativo 8/2015, de 30 de octubre).
2.  En el ámbito de la normativa autonómica:
Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria.
Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de  e.e
subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias (en adelante Decreto 36/2009,  w.b
de 31 de marzo). 011ww
3.  Por el carácter cofinanciado de la subvención con fondos estructurales:
Reglamento (UE) n.º 1303/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de
diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo  Bc
Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, 
y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo 
Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.º 1083/2006, del Consejo.
Reglamento de Ejecución (UE) n.º 821/2014, de la Comisión, de 28 de julio de 2014, 
por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) n.º 1303/2013, 
del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que se refiere a las modalidades concretas 
de  transferencia  y  gestión  de  las  contribuciones  del  programa,  la  presentación  de 
información  sobre  los  instrumentos  financieros,  las  características  técnicas  de  las 
medidas de información y comunicación de las operaciones, y el sistema para el registro 
y el almacenamiento de datos.
Reglamento Delegado (UE) n.º 480/2014, de la Comisión, de 3 de marzo de 2014, 
que complementa el Reglamento (UE) n.º 1303/2013, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se 
establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, 
al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la 
Pesca.
Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 
de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la 
Unión, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1296/2013, (UE) n.º 1301/2013, 
(UE) n.º 1303/2013, (UE) n.º 1304/2013, (UE) n.º 1309/2013, (UE) n.º 1316/2013, (UE) 
n.º 223/2014 y (UE) n.º 283/2014 y la Decisión n.º 541/2014/UE y por el que se deroga el 
Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012.
Reglamento (UE) n.º 1304/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de 
diciembre  de  2013,  relativo  al  Fondo  Social  Europeo  y  por  el  que  se  deroga  el 
Reglamento (CE) n.º 1081/2006 del Consejo.
Reglamento (UE) n.º 2020/558, del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril 
de  2020,  por  el  que  se  modifican  los  Reglamentos  (UE)  n.º  1301/2013  y  (UE) 
n.º 1303/2013 en lo que respecta a medidas específicas para ofrecer una flexibilidad 
excepcional en el uso de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos en respuesta 
al brote de COVID-19.
Reglamento (UE) n.º 2020/2221, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de 
diciembre de 2020, por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 1303/2013 en lo que 
respecta a los recursos adicionales y las disposiciones de ejecución a fin de prestar 
asistencia para favorecer la reparación de la crisis en el contexto de la pandemia 
de COVID-19 y sus consecuencias sociales y para preparar una recuperación verde, 
digital y resiliente de la economía (REACT UE).
Artículo 5.  Entidad colaboradora.
1.  Se designa a la Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo (FUNCATRA) 
como  entidad  colaboradora  del  Servicio  Canario  de  Empleo  para  la  gestión  de  la 
subvención,  así  como,  en  su  caso,  el  pago  de  las  subvenciones  a  las  personas 
beneficiarias, para cuya efectividad se suscribirá el oportuno convenio de colaboración.
A tal efecto queda exceptuado el informe del Consejo General de Empleo previsto en 
el artículo 8.1, letra d), de la Ley 12/2003, de 4 de abril, del Servicio Canario de Empleo. e.
2.  La  entidad  colaboradora  deberá  acreditar  el  cumplimiento  de  los  requisitos  w.b
establecidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como los de  011ww
Csoolnvesenjceiarí ay  deefi caEccioan eosmtaíab leyc idHoasc ieenn dlaa,  Oprodre nla d eq u1e0  sdee  mesatrazbole dceen 1 9lo9s5 , rdeeq ulias iteoxst indtae 
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3.  La entidad colaboradora, en los términos que se determinen en el convenio, 
podrá tener derecho a percibir un anticipo por las operaciones preparatorias que resulten 
necesarias para realizar las actuaciones financiadas hasta un límite máximo del 50 por 
ciento de la cantidad total a percibir.
4.  El Servicio Canario de Empleo podrá revocar libremente, en cualquier momento, 
la designación efectuada a la entidad colaboradora.
CAPÍTULO II
Medidas para la concesión de subvenciones
Artículo 6.  Cuantía de la subvención.
1.  La subvención objeto del presente decreto-ley consiste en una cuantía, mediante 
pago  único,  que  será  mayor  en  aquellas  personas  beneficiarias  con  una  menor 
prestación contributiva por desempleo por debajo del salario mínimo interprofesional.
2.  El importe de dicha subvención se realizará por persona beneficiaria, atendiendo 
a los siguientes tramos:
a)  1.er  tramo:  personas  que  perciban  prestación  contributiva  por  desempleo 
mensual bruta inferior a 395,50 euros, el importe de la subvención será de 1.100 euros.
b)  2.º tramo: personas que perciban prestación contributiva por desempleo mensual 
bruta entre 395,50 y 560 euros, el importe de la subvención será de 550 euros.
c)  3.er tramo: personas que perciban prestación contributiva mensual bruta por 
desempleo superior a 560 y hasta 950 euros, el importe de la subvención será de 300 
euros.
3.  El cómputo total de la prestación contributiva máxima por desempleo mensual 
bruta y del importe de la subvención que le corresponda prorrateada mensualmente, no 
podrá ser superior al salario mínimo interprofesional, ni al salario correspondiente neto 
previo al ERTE percibido por la persona trabajadora.
4.  Para  determinar  las  cuantías  establecidas  en  el  apartado  2  se  atenderá  al 
importe máximo mensual de prestación contributiva por desempleo percibida por la 
persona trabajadora durante el periodo en ERTE, establecido en el artículo 3.1.a) del 
presente decreto-ley.
Artículo 7.  Obligaciones de las personas beneficiarias.
1.  Son obligaciones de las personas beneficiarias:
a)  Facilitar cuantos datos e información relacionados con la subvención concedida 
les sean requeridos por el Servicio Canario de Empleo.
b)  Comunicar al Servicio Canario de Empleo cualquier incidencia que se produzca 
en relación con la suspensión de su contrato de trabajo o con el ERTE en el que se 
encuentren incluidas.
c)  En su caso, proceder al reintegro de los fondos percibidos.
d)  Someterse a las actuaciones de control financiero a que hace referencia el 
Decreto 36/2009, de 31 marzo.
2.  Por  el  carácter  cofinanciado  con  cargo  al  Fondo  Social  Europeo  (FSE),  la  s
persona beneficiaria estará a disposición ante cualquier requerimiento de la Dirección  oe.
General de Planificación y Presupuesto, de las Autoridades del Programa (de Gestión,  w.
CAretríctiuficloa c8i.ó n Cyo Amupdaittoibríialid),a dde. la Comisión y del Tribunal de Cuentas Europeo. 2021-14011n https://ww
Las subvenciones recibidas al amparo de este decreto-ley serán compatibles con
otras  subvenciones  públicas  que  hubiesen  percibido  para  la  misma  finalidad,
procedentes  de  cualesquiera  administraciones  o  entes  públicos  o  privados,  locales, 
autonómicos, estatales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.
CAPÍTULO III
Procedimiento de gestión de las subvenciones
Artículo 9.  Procedimiento de concesión.
El procedimiento de concesión de estas subvenciones, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo  22.2.b)  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  y  el  artículo  21.1.c)  del 
Decreto 36/2009, de 31 de marzo, se efectuará en régimen de concesión directa.
Artículo 10.  Instrucción.
1.  El procedimiento se impulsará de oficio en todos sus trámites.
2.  El  Servicio  Canario  de  Empleo  obtendrá  los  datos  necesarios  del  Servicio 
Público de Empleo Estatal de aquellas personas que cumplan los requisitos establecidos 
en el artículo 3 del presente decreto-ley.
3.  El órgano competente para la instrucción del procedimiento de concesión de las 
subvenciones  reguladas  mediante  el  presente  decreto-ley  será  la  Subdirección  de 
Empleo del Servicio Canario de Empleo, la cual, a la vista del expediente, formulará 
propuesta de resolución y la elevará al órgano concedente.
Artículo 11.  Resolución y recursos.
1.  El órgano competente para la resolución del procedimiento de concesión de la 
subvención regulada mediante el presente decreto-ley será la Dirección del Servicio 
Canario de Empleo.
2.  Para la concesión de las subvenciones, la instrucción y resolución de las mismas 
se efectuará ordenando de manera ascendente a las personas trabajadoras atendiendo 
a  la  base  reguladora  a  que  hace  referencia  el  artículo  161  del  Real  Decreto 
Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, de entre la relación de personas facilitadas por el 
Servicio  Público  de  Empleo  Estatal,  que  cumplan  los  requisitos  relacionados  en  el 
artículo 3 de la presente decreto-ley, y hasta fin de disponibilidad presupuestaria.
3.  El plazo para resolver será de tres meses, a contar desde el día siguiente al de la 
publicación de este decreto-ley en el «Boletín Oficial de Canarias». Este plazo podrá ser 
ampliado atendiendo a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
4.  La resolución del procedimiento no agotará la vía administrativa y contra ella 
pondrá interponerse recurso de alzada ante la Presidencia del Servicio Canario de 
Empleo en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su notificación, según lo 
dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Artículo 12.  Publicación.
La resolución de concesión será objeto de publicación en el «Boletín Oficial de 
Canarias».
La publicación a través de este medio sustituirá a la notificación, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 45.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Artículo 13.  Aceptación. bo
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Artículo 14.  Pago de las subvenciones.
1.  El  pago  de  las  subvenciones  se  realizará  mediante  transferencia  a  la 
correspondiente cuenta bancaria que la persona beneficiaria haya indicado al Servicio de 
Empleo Público Estatal.
2.  No será de aplicación en el pago de estas subvenciones el requisito establecido 
en el artículo 37.6 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo.
CAPÍTULO IV
Justificación y control de las subvenciones
Artículo 15.  Justificación.
Resulta  de  aplicación  a  estas  subvenciones  lo  previsto  en  el  apartado  4  del 
artículo 22 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo.
A  estos  efectos,  la  resolución  de  concesión  de  las  subvenciones  declarará  la 
justificación total de las mismas.
Artículo 16.  Procedimiento de comprobación.
Las subvenciones estarán sometidas a las actuaciones de comprobación que pueda 
realizar el órgano concedente, la Intervención General, la Audiencia de Cuentas de 
Canarias o el Tribunal de Cuentas, así como cualesquiera otras de comprobación y 
control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes nacionales 
aportando  cuanta  información  le  sea  requerida  en  el  ejercicio  de  las  actuaciones 
anteriores.
Artículo 17.  Reintegro de las subvenciones.
1.  En materia de causas y procedimiento de reintegro, se estará a lo dispuesto en 
el artículo 37.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en el 
Decreto 36/2009, de 31 de marzo, y en aquellas normas que las complementen o 
desarrollen.
Asimismo,  será  causa  de  reintegro  la  declaración  judicial  de  la  nulidad  de  la 
suspensión  del  contrato  de  trabajo,  que  conllevará  la  devolución  de  la  subvención 
percibida y la exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento del 
pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, o 
la fecha en que la persona deudora ingrese el reintegro si es anterior a esta.
2.  El  criterio  de  graduación  de  posibles  incumplimientos  de  las  condiciones 
impuestas con motivo de la concesión, a los efectos de determinar los importes de 
reintegro, responderá al principio de proporcionalidad, de forma que las cantidades a 
reintegrar  se  determinarán  en  función  del  periodo  de  tiempo  en  que  la  persona 
beneficiaria haya cumplido con las obligaciones inherentes a la subvención concedida.
Artículo 18.  Información y publicidad.
Por parte del Servicio Canario de Empleo se deberá cumplir con las obligaciones 
establecidas por la normativa de aplicación en materia de información y publicidad, 
derivadas de la subvención concedida, establecidas en el artículo 115 y anexo 12 del  es
Reglamento (UE) n.º 1303/2013. o
Asimismo,  dichas  medidas  de  información  y  publicidad  se  completarán  con  la  011www.
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beneficiarias que estas actuaciones serán cofinanciadas con fondos REACT-UE.
Artículo 19.  Protección de datos.
En el tratamiento de los datos de carácter personal derivados del presente decreto-
ley se estará a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y en el vigente Reglamento 
(UE) n.º 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo 
a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales  y  la  libre  circulación  de  estos  datos  y  por  el  que  se  deroga  la 
Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos).
Dicho tratamiento de datos se fundamenta por razones de interés público o en 
ejercicio  de  poderes  públicos,  en  los  términos  previstos  en  el  artículo  6.1  e)  del 
Reglamento (UE) 2016/679 y en el artículo 8 de la citada Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre.
El responsable del tratamiento de datos personales y encargado de su tratamiento 
será el Servicio Canario de Empleo.
Artículo 20.  Medidas antifraude.
Se tendrán en cuenta las medidas antifraude eficaces y proporcionadas en su ámbito 
de gestión, cumplir con la normativa en materia de contratación pública, así como evitar 
la doble financiación, las falsificaciones de documentos y otras prácticas que evidencien 
riesgos de fraude. Asimismo, tiene la obligación de suministrar información para la 
detección de posibles banderas rojas (nivel alcanzado en los indicadores que determinan 
el riesgo de fraude), entre las cuales destaca la contratación amañada, las licitaciones 
colusorias, el conflicto de intereses, la manipulación de ofertas y el fraccionamiento de 
gasto, entre otros.
Artículo 21.  No discriminación.
Se adoptarán medidas destinadas a promover la igualdad entre hombres y mujeres y 
para evitar cualquier discriminación por razón de sexo, raza u origen étnico, religión o 
convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, identidad de género, expresión 
de género o características sexuales.
Disposición adicional primera.  Financiación.
1.  Las subvenciones objeto del presente decreto-ley serán cofinanciadas por la 
Unión Europea a través del Programa Operativo CANARIAS FSE 2014-2020 (Fondo 
Social Europeo), mediante el objetivo específico REACT-UE 1 relativo a «apoyar el 
acceso al mercado de trabajo, la creación de puestos de trabajo y el empleo de calidad, 
así como el mantenimiento del empleo, incluido el empleo juvenil, y el apoyo a los 
trabajadores por cuenta propia y a los emprendedores».
2.  El importe del crédito destinado a la financiación de las subvenciones reguladas por 
el presente decreto-ley asciende a treinta millones de euros (30.000.000,00 euros) del 
presupuesto de gastos del Servicio Canario de Empleo para la anualidad 2021, pudiendo ser 
ampliado siempre que lo permitan las disponibilidades de crédito, con cargo a la aplicación 
presupuestaria 50.71.241H.4800200, fondo 4150006, Elemento PEP 504G1155.
3.  La justificación de estas cantidades a la Comisión Europea se arbitrará a través 
método de costes simplificados conforme a las orientaciones de métodos de costes 
simplificados existentes y las que se emitan en un futuro. e.
Disposición adicional segunda.  Plan estratégico de subvenciones. 011ww
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presente decreto-ley se reducirá a la elaboración de una memoria explicativa de los
objetivos, los costes de realización y sus fuentes de financiación, sin perjuicio de que la 
misma  se  incluya  en  el  Instrumento  de  Planificación  Estratégica  que  se  refiere  el 
artículo 9 y la disposición adicional primera del Decreto-ley 4/2021, de 31 de marzo, de 
medidas urgentes para la agilización administrativa y la planificación, gestión y control de 
los Fondos procedentes del Instrumento Europeo de Recuperación denominado «Next 
Generation EU», en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias y por el que se 
establecen medidas tributarias en el Impuesto General Indirecto Canario para la lucha 
contra la COVID-19.
Disposición adicional tercera.  Facultades de desarrollo.
Se faculta a la persona titular de la Dirección del Servicio Canario de Empleo para 
dictar cuantos actos, resoluciones e instrucciones sean necesarias para el desarrollo, 
interpretación y ejecución de lo dispuesto en el presente decreto-ley.
Disposición final única.  Entrada en vigor.
El presente decreto-ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín 
Oficial de Canarias».
Dado en Canarias, 28 de junio de 2021.–El Presidente del Gobierno, Ángel Víctor 
Torres  Pérez.–La  Consejera  de  Economía,  Conocimiento  y  Empleo,  Elena  Máñez 
Rodríguez.
(Publicado en el «Boletín Oficial de Canarias» número 133, de 30 de junio de 2021. Convalidado 
por Resolución del Parlamento de Canarias, publicada en el «Boletín Oficial de Canarias» número 164, 
de 10 de agosto de 2021)