BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 228 Jueves 23 de septiembre de 2021 Sec. III.   Pág. 116119
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
15399 Resolución de 10 de septiembre de 2021, de la Secretaría de Estado de 
Educación, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de 
Educación de 21 de julio de 2021, por el que se aprueba la propuesta de 
distribución territorial y los criterios de reparto de los créditos gestionados por 
Comunidades  Autónomas  destinados  al  Programa  para  la  mejora  de  la 
competencia digital educativa #CompDigEdu, en el ejercicio presupuestario 
2021,  en  el  marco  del  componente  19  «Plan  Nacional  de  Capacidades 
Digitales» del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
La Conferencia Sectorial de Educación, en su reunión de 21 de julio de 2021, ha 
aprobado el Acuerdo por el que se aprueba la propuesta de distribución territorial y los 
criterios de reparto de los créditos gestionados por Comunidades Autónomas destinados 
al Programa para la mejora de la competencia digital educativa #CompDigEdu, en el 
ejercicio  presupuestario  2021,  en  el  marco  del  componente  19  «Plan  nacional  de 
capacidades digitales» del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), por importe 
de 11.947.200,00 euros.
Para general conocimiento, esta Secretaría de Estado de Educación dispone la 
publicación del citado Acuerdo como Anexo a la presente Resolución.
Madrid, 10 de septiembre de 2021.–El Secretario de Estado de Educación, Alejandro 
Tiana Ferrer.
ANEXO
Acuerdo de 21 de julio de 2021, de la Conferencia Sectorial, por el que se aprueba 
la propuesta de distribución territorial y los criterios de reparto de los créditos 
gestionados por Comunidades Autónomas destinados al Programa para la mejora 
de la competencia digital educativa #CompDigEdu, en el ejercicio 
presupuestario 2021, en el marco del componente 19 «Plan nacional de 
capacidades digitales» del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), por 
importe de 11.947.200,00 euros
El nuevo instrumento financiero  Next Generation  EU,  aprobado en 2020 por el 
Consejo Europeo, incluye, como elemento central, un Mecanismo para la Recuperación 
y la Resiliencia (MRR) cuya finalidad es apoyar la inversión y las reformas en los Estados 
Miembros  para  lograr  una  recuperación  sostenible  y  resiliente,  al  tiempo  que  se 
promueven las prioridades ecológicas y digitales de la Unión.
El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se convierte en uno de los 
referentes básicos para la planificación y desarrollo de las actuaciones que acometerá el 
Ministerio de Educación y Formación Profesional en los próximos años; el plan permitirá 
implementar un conjunto de acciones que contribuirán de forma eficaz a promover el 
impulso  de  la  educación  y  conocimiento,  formación  continua  y  desarrollo  de 
capacidades. e
En este sentido, desde el Ministerio se han diseñado proyectos de reformas e  bo
inversiones dirigidas al refuerzo del capital humano que es fundamental para que el Plan  399ww
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palanca VII, referida a la educación y conocimiento, formación continua y desarrollo de
capacidades, se incluye el Componente 19: Plan Nacional de Competencias Digitales 
(digital  skills),  en  cuyo  marco,  el  Ministerio  de  Educación  y  Formación  Profesional 
(MEFP) va a desarrollar el programa de cooperación territorial para la Mejora de la 
Competencia Digital Educativa.
La  ejecución  y  desarrollo  de  este  programa  y  las  actuaciones  que  lo  definen 
corresponden, en función a las competencias asumidas, a las Comunidades Autónomas. 
Este protagonismo de dichas administraciones territoriales es además coherente con el 
espíritu de cogobernanza que inspira la ejecución de los fondos de la UE; sin perjuicio de 
ello  las  Comunidades  Autónomas  precisan,  lógicamente,  disponer  de  los  recursos 
financieros para poder desarrollar con éxito las actuaciones contempladas.
La ejecución del crédito consignado en la actuación de financiación citada queda 
sujeta a lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 
Presupuestaria (BOE del 27 de noviembre), que regula los créditos gestionados por las 
comunidades autónomas.
El artículo 86.2 regla Segunda de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 
Presupuestaria (BOE del 27 de noviembre), establece que «Los criterios objetivos que 
sirvan de base para la distribución territorial de los créditos presupuestarios, así como su 
distribución, se fijarán por la Conferencia Sectorial correspondiente al comienzo del 
ejercicio económico».
Igualmente, el artículo 148.2.f) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, dispone que, en el seno de la Conferencia Sectorial de 
Educación,  se  fijarán  los  criterios  de  reparto  y  la  distribución  resultante  entre  las 
Comunidades Autónomas.
De conformidad con lo previsto en el citado artículo 86, apartado 2, regla segunda, 
letra a), y en los términos que se establecen en los siguientes apartados, se aprueba la 
propuesta de distribución territorial, por un importe total de 11.947.200,00 euros, para la 
ejecución del crédito presupuestario 18.50.320N.452.40 del Presupuesto de Gastos del 
Ministerio  de  Educación  y  Formación  Profesional,  correspondiente  al  ejercicio 
económico  2021,  destinado  a  la  realización  del  Programa  para  la  Mejora  de  la 
Competencia Digital Educativa #CompDigEdu.
El Ministerio de Educación y Formación Profesional realizará el seguimiento y control 
de la aplicación de los créditos, con objeto de comprobar el destino específico para el 
que fueron transferidos y su adecuada ejecución, según los mecanismos que, a tal 
efecto, se incluyen en el presente Acuerdo de la Conferencia Sectorial por el que se fijan 
los criterios objetivos que sirven de base para la distribución territorial de los créditos 
presupuestarios, así como la distribución resultante.
Respecto a la tramitación de este acuerdo, cabe señalar que, según lo dispuesto en 
la disposición adicional primera, apartado quinto, de la Ley 11/2020 de 30 de diciembre, 
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, con carácter previo al acuerdo 
de Conferencia Sectorial sobre distribución de créditos regulado en el artículo 86.2 de la 
Ley  47/2003,  de  26  de  noviembre,  General  Presupuestaria  se  ha  realizado  la 
comunicación preceptiva y previa al Ministerio de Hacienda, a través de la Secretaría de 
Estado de Presupuestos y Gastos, a la que se ha incorporado la información relativa a la 
actuación a realizar.
Asimismo, se ha realizado la correspondiente aprobación del gasto con carácter 
previo a la celebración de la Conferencia Sectorial.
Una vez aprobada la distribución de los créditos por la Conferencia Sectorial, la 
concesión correspondiente a cada Comunidad Autónoma se realizará por resolución del  s
Ministerio de Educación y Formación Profesional. oe.
En su virtud, el Ministerio de Educación y Formación Profesional y las Comunidades  w.
Autónomas acuerdan aprobar el programa de cooperación territorial para la mejora de la  399ww
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ANEXO
Programa de cooperación territorial para la mejora de la competencia digital 
educativa #CompDigEdu
1.  Normativa aplicable:
– Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
– Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2021.
– Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas 
urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
– Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
– Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
– Reglamento (UE) 2021/241, del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de 
febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
– Ley  Orgánica  3/2020,  de  29  de  diciembre,  por  la  que  se  modifica  la  Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación.
2.  Contexto y justificación:
El  presente  Programa  de  Cooperación  Territorial  (PCT)  para  la  Mejora  de  la 
Competencia Digital Educativa #CompDigEdu (2021-2024) y las actuaciones que incluye 
se  enmarcan  en  el  Plan  de  Digitalización  y  Competencias  Digitales  del  Sistema 
Educativo (#DigEdu) del Ministerio de Educación y Formación Profesional, que tiene 
como objetivo avanzar y mejorar en las competencias digitales en el ámbito educativo, 
tanto en lo relativo a los medios tecnológicos disponibles por parte de la comunidad 
educativa, como en la integración efectiva y eficaz de las tecnologías en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje.
Este Plan se articula en torno a los siguientes ejes:
– Línea 1: Competencia Digital Educativa del alumnado, del profesorado y de los 
centros educativos
– Línea 2: Digitalización de los Centros Educativos
– Línea 3: Creación de Recursos Educativos Abiertos (REA) en formato digital
– Línea 4: Metodologías y competencias digitales avanzadas
El  Plan  de  Digitalización  y  Competencias  Digitales  del  Sistema  Educativo  está 
alineado con las recientes iniciativas presentadas por la Comisión Europea: el Plan de 
Acción de Educación Digital (2021-2027)(1) y el Espacio Europeo de Educación(2).  A su 
vez,  está  contextualizado  en  una  agenda  estratégica  de  amplio  alcance  para  la 
transformación digital: España Digital 2025(3). El tercer eje estratégico de esta agenda –
reforzar las competencias digitales de los trabajadores y del conjunto de la ciudadanía– 
fija para el sistema educativo el siguiente objetivo específico: dotar al alumnado de 
competencias digitales avanzadas y de la capacidad para mantenerlas actualizadas, 
desde una perspectiva inclusiva que garantice su desarrollo en todos los colectivos, así 
como fomentar vocaciones digitales prestando especial atención a la eliminación de la 
brecha de género. s
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Docu(3m) enGtso/b2i0e2rn0o/2 3d0e7 2E0-sEpsapñaa%. CE3s%paBñ1aa DDigigitiatal_l 2022052.5p:d fhttps://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/
Estas competencias son las recogidas en el Marco de Competencia Digital de la 
Ciudadanía (DigComp) publicado por el Centro Común de Investigación (JRC, en sus 
siglas en inglés) de la Comisión Europea, que sirve de base a la descripción ofrecida en 
la Recomendación del Consejo de 22 de mayo de 2018 relativa a las competencias clave 
para el aprendizaje permanente. La importancia de la competencia digital y su desarrollo 
para una educación digital de calidad, inclusiva y accesible se hace patente, del mismo 
modo,  en  el  Plan  de  Acción  de  Educación  Digital  2021-2027  de  la  Comisión,  que 
establece dos prioridades: fomentar el desarrollo de un ecosistema educativo digital de 
alto  rendimiento  y  perfeccionar  competencias  y  capacidades  digitales  para  la 
transformación digital. Estas prioridades marcan las acciones que los estados miembros 
abordan para mejorar la educación y adecuarla a la sociedad actual y a los procesos 
globales  de  digitalización  que  se  están  experimentando  además  de  contribuir  a 
garantizar, por parte del sistema educativo, el derecho a la educación digital recogido en 
el artículo 83 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales. No obstante, la perspectiva debe ser 
flexible y estar abierta a la continua evolución de estas tecnologías. En este mismo 
sentido, se ha de considerar que la competencia digital es, actualmente, además de un 
objeto de conocimiento y desarrollo competencial, un medio insustituible para promover 
el  aprendizaje  en  cualquier  ámbito.  Asimismo,  la  pandemia  del  SARS-CoV-2  ha 
extendido la ya creciente implantación de modalidades de aprendizaje en línea y mixtas.
Las actuaciones correspondientes a los objetivos del tercer eje estratégico de la 
Agenda  España  2025  son  desarrolladas,  entre  otros,  en  el  Plan  Nacional  de 
Competencias Digitales(4) en el que se incardina, como una de las medidas de la tercera 
línea de actuación, el mencionado Plan de Digitalización y Competencias Digitales del 
Sistema Educativo. Como se señala en la descripción de esta misma línea de actuación, 
las competencias educativas están transferidas a las comunidades autónomas, por lo 
que la fórmula idónea para llevar a cabo estas actuaciones es el desarrollo de programas 
de cooperación territorial que faciliten la coordinación y colaboración entre el Ministerio 
de Educación y Formación Profesional y las administraciones educativas de las CCAA.
(4)  España. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Plan Nacional de Competencias 
Digitales: https://portal.mineco.gob.es/RecursosNoticia/mineco/prensa/noticias/2021/210127_np_digital.pdf
Finalmente, debe tenerse en cuenta que este objetivo solo puede ser alcanzado a 
medio plazo, por lo que este PCT tendrá un carácter plurianual. En él se abordarán 
factores considerados clave para el éxito de la mencionada medida: el desarrollo de la 
competencia  digital  del  profesorado  -entendida  como  parte  consustancial  a  sus 
actuaciones  pedagógicas  y  didácticas  y  a  las  funciones  docentes-  y  el  diseño  e 
implementación  en  todos  los  centros  de  un  Plan  Digital  integrado  en  su  Proyecto 
Educativo.  Se  podrá  comenzar  con  la  creación  de  una  estructura  dentro  de  las 
administraciones educativas que permita coordinar a los centros en la mejora de la 
competencia  digital.  En  segundo  lugar,  debe  tener  lugar  la  formación  del  personal 
docente que habrá de liderar los Planes Digitales de Centro con vistas a iniciar su 
diseño,  para  continuar,  con  actuaciones  orientadas  al  desarrollo  individual  de  la 
competencia digital de todos los docentes. Con ello se logrará el propósito de que 
puedan  adaptar,  de  forma  rápida  y  adecuada,  su  desempeño  al  centro  en  el  que 
impartan docencia, adoptando las pautas del Proyecto Educativo y del Plan Digital en la 
enseñanza-aprendizaje con su alumnado, en la comunicación con los agentes de la 
comunidad  educativa,  especialmente  las  familias,  en  la  coordinación  con  el  equipo  e.
docente al que pertenecen y en lo relativo a los aspectos organizativos del centro. w.b
Para orientar las actuaciones recogidas en este PCT, se emplearán: 399ww
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autorreflexión de los centros educativos en relación con la integración de las tecnologías 
educativas en los procesos de enseñanza-aprendizaje.
(5)  https://sede.educacion.gob.es/publiventa/promocion-de-un-aprendizaje-eficaz-en-la-era-digital-un-
marco-europeo-para-organizaciones-educativas-digitalmente-competentes/ensenanza-recursos-digitales/21199
(6)  https://intef.es/Noticias/el-plan-digital-de-centro-un-marco-para-la-integracion-de-las-tecnologias/
(7)  https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_es
– Con respecto al profesorado, el Marco de Referencia de la Competencia Digital 
Docente acordado el 14 de mayo de 2020 por la Conferencia Sectorial de Educación y 
publicado mediante Resolución de 2 de julio de 2020 en el BOE de 13 de julio(8).  Debe 
tenerse presente que el Acuerdo sobre el Marco de Referencia de la Competencia Digital 
Docente recoge que dicho documento «se debe someter a una evolución y adaptación 
continua y, por tanto, estará sujeto a revisiones periódicas».
(8)  https://www.boe.es/eli/es/res/2020/07/02/(2)
3.  Objetivos del programa:
La finalidad última de la puesta en marcha de este plan es la de mejorar el desarrollo 
de la competencia digital del alumnado y el uso de las tecnologías digitales en el 
aprendizaje a través del desarrollo de la competencia digital del profesorado -tanto 
individual como colegiada- y de la transformación de los centros en organizaciones 
educativas digitalmente competentes.
Los objetivos finales del PCT para la Mejora de la Competencia Digital Educativa 
#CompDigEdu  que  suscribirían  todas  las  administraciones  educativas  (MEFP  y 
administraciones educativas en las CCAA), para cuya consecución está previsto un 
plazo de 3 años, son los siguientes:
– Lograr que todos los centros dispongan de un Plan Digital integrado en su Proyecto 
Educativo que estructure las estrategias organizativas y académicas emprendidas de 
forma  colectiva  para  la  transformación  del  centro  en  una  organización  educativa 
digitalmente competente.
– Facilitar que el profesorado alcance, al menos, un nivel intermedio en el desarrollo 
de su competencia digital y un nivel avanzado para los miembros del equipo responsable 
de los Planes Digitales de Centro. La denominación de estos niveles es genérica y será 
concretada o sustituida por la que se establezcan en el marco actualizado.
– Certificar el grado de competencia digital del profesorado.
4.  Destinatarios:
El presente PCT se dirige a los docentes de enseñanzas reguladas en la Ley 
Orgánica 3/2006, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 3/2020 (LOMLOE) y a 
centros educativos sostenidos con fondos públicos.
5.  Financiación:
El Programa de Cooperación Territorial para la Mejora de la Competencia Digital 
Educativa #CompDigEdu (2021-2024), dispone de un crédito con cargo a la aplicación 
presupuestaria 18.50.320N.452.40, de 11.947.200,00 € para el ejercicio 2021, y está 
prevista una cuantía de 284.741.600,00 € para el ejercicio 2022. e
La concesión se efectuará por resolución del Ministerio de Educación y Formación  bo
Profesional y se abonará con carácter anticipado para la financiación de las actuaciones,  399ww
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Decreto 887/2006, de 21 de julio.
La transferencia de crédito a las comunidades autónomas se realizará con cargo a la 
aplicación presupuestaria anteriormente citada y podrá librarse en su totalidad a cada 
comunidad autónoma de una sola vez.
6.  Criterios de distribución:
El Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) aporta los fondos en 
función de los siguientes criterios:
Dichos criterios son los siguientes:
– N.º  de  profesores  y  profesoras:  enseñanzas  no  universitarias/estadística  del 
profesorado  y  otro  personal/curso  2018-2019.  (Estadística  de  las  Enseñanzas  no 
universitarias.  Subdirección  General  de  Estadística  y  Estudios  del  Ministerio  de 
Educación y Formación Profesional). Ponderación 70%.
– N.º  de  centros:  enseñanzas  no  universitarias/centros  y  servicios  educativos/
curso 2018-2019. (estadística de las enseñanzas no universitarias. Subdirección General 
de  Estadística  y  Estudios  del  Ministerio  de  Educación  y  Formación  Profesional). 
Ponderación 25%
– Dispersión de la población e insularidad, según las cifras oficiales de población de 
los municipios españoles: Revisión del Padrón Municipal a 1 de enero de 2020 y del 
Nomenclátor: Población del Padrón Continuo por unidad poblacional, a la misma fecha 
del Instituto Nacional de Estadística. Porcentaje de población en entidades singulares de 
poblaciones menores de 5.000 habitantes, se incluye la población completa de las 
siguientes islas: Ibiza, Formentera, Menorca, Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera, EL 
Hierro y La Palma. Ponderación 5%.
7.  Distribución resultante:
Las  Administraciones  de  las  comunidades  autónomas,  en  el  ejercicio  de  sus 
competencias,  gestionarán  los  fondos  que  le  correspondan  para  implementar  las 
actuaciones de este programa, de acuerdo con la siguiente distribución:
Comunidad Autónoma Año 2021 Año 2022
Andalucía. 2.211.065,00 52.697.039,00
Aragón. 358.943,00 8.554.813,00
Asturias (Principado de). 234.828,00 5.596.731,00
Baleares. 299.922,00 7.148.148,00
Canarias. 535.349,00 12.759.142,00
Cantabria. 171.637,00 4.090.671,00
Castilla y León. 657.713,00 15.675.491,00
Castilla-La Mancha. 601.267,00 14.330.204,00
Cataluña. 1.916.531,00 45.677.319,00
Comunidad Valenciana. 1.222.054,00 29.125.646,00
Extremadura. 392.881,00 9.363.666,00 s
Galicia. 727.558,00 17.340.142,00 bo
Madrid (Comunidad de). 1.330.111,00 31.700.973,00 399ww
Murcia (Región de). 416.566,00 9.928.156,00
Navarra (Comunidad Foral de). 201.531,00 4.803.144,00
País Vasco. 583.337,00 13.902.862,00 Bc
Comunidad Autónoma Año 2021 Año 2022
Rioja (La). 85.907,00 2.047.453,00
  Totales. 11.947.200,00 284.741.600,00
8.  Plazo de ejecución:
El plazo de ejecución para este PCT será desde 1 de enero de 2021 hasta 31 de 
marzo de 2024.
9.  Actuaciones del programa:
Este PCT se engloba dentro de un plan de digitalización educativa con objetivos más 
ambiciosos y que contemplará actuaciones de diferente índole cuyo desarrollo irá más 
allá del plazo de tiempo al que se circunscribe el presente documento, que finaliza 
en 2024.
En lo que respecta al PCT que aquí se desarrolla, las actuaciones serán las que se 
recogen a continuación:
Creación de la red de responsables #CompDigEdu.
a.  Selección y formación de un equipo de responsables del #CompDigEdu de 
referencia para un determinado territorio.
Se tendrá en cuenta la situación en la que se encuentre, a este respecto, cada 
Administración educativa, así como las necesidades que se detecten por su parte.
Entre sus funciones podrán encontrarse las siguientes:
– Actuar como mentores de los centros educativos en el desarrollo de los Planes 
Digitales de Centro.
– Organizar la formación sobre competencia digital educativa de los representantes 
de los centros educativos, mencionados en la actuación 1.b.
– Coordinarse con las distintas unidades de la Administración educativa a la que 
pertenece.
– Recabar los datos necesarios y elaborar los informes pertinentes.
Los equipos responsables recibirán formación referida a sus funciones.
b.  Selección de un/a responsable del #CompDigEdu en cada centro educativo.
Entre las funciones asumidas, estarían las siguientes:
– Coordinar el desarrollo del #CompDigEdu en el centro.
–  Colaborar  con  el  equipo  responsable  del  #CompDigEdu  de  referencia  en  su 
territorio.
– Coordinar las acciones que se lleven a cabo de cara a la elaboración y/o revisión 
del Plan Digital del centro.
Impulso de la competencia digital en los centros educativos: Plan Digital de Centro.
Como parte de la mejora de la competencia digital educativa, es esencial impulsar 
medidas que logren transformar los centros en organizaciones educativas digitalmente  e.
competentes. w.b
Dentro de esta actuación se contemplan las siguientes medidas: 399ww
a.  Fase 1. Formación. Oferta y desarrollo de formación sobre competencia digital
educativa dirigida a los agentes clave de los centros educativos.
Como  fase  inicial  en  el  plan  de  mejora  de  la  competencia  digital,  tanto  del 
profesorado como de los propios centros educativos, se podrá desarrollar una formación 
en todos los centros, dirigida a las tres personas de cada centro consideradas clave en 
este proceso:
– Un representante del equipo directivo.
– La/el responsable del #CompDigEdu en el centro.
– La/el responsable de las TIC.
La formación podrá incluir algunos de los aspectos del siguiente listado:
– Contenido sobre las distintas áreas y descriptores de los dos marcos de referencia 
en esta materia:
• Marco de Organizaciones Educativas Digitalmente Competentes (DigCompOrg) o 
la adaptación que de él haya hecho la Administración educativa correspondiente.
• Marco de Referencia de Competencia Digital Docente o equivalente.
– Uso de la herramienta SELFIE (Self-reflection on Effective Learning by Fostering 
the use of Innovative Educational technologies).
– Orientaciones sobre el procedimiento a seguir para el diagnóstico de la situación de 
partida  del  centro  educativo  y  del  diseño  del  Plan  Digital  de  Centro,  así  como  su 
integración en el Proyecto Educativo.
– Evaluación y definición de indicadores para el Plan Digital de Centro.
– Estrategias pedagógicas y didácticas en el uso de tecnologías digitales.
– Seguridad y protección de datos, privacidad y garantía de los derechos digitales en 
los entornos virtuales y en el uso de herramientas digitales.
– Herramientas de coordinación docente y de comunicación y colaboración entre los 
miembros de la comunidad educativa.
– Configuración, gestión y uso de entornos virtuales y herramientas de aprendizaje.
b.  Fase 2 Diagnóstico. Diagnóstico de la situación de los centros educativos en 
cuanto a la competencia digital.
Esta actuación podrá contemplar la evaluación de la competencia digital del centro 
coordinada por los equipos responsables del #CompDigEdu en los distintos territorios, la 
cual  incluiría  una  estimación  del  grado  de  desarrollo  de  la  competencia  digital  del 
profesorado del centro.
Se contemplan dos acciones:
– Diagnóstico con herramienta de reflexión y autoevaluación conjunta y obtención 
del informe (SELFIE).
– Análisis de los resultados por parte de los agentes clave mencionados en la fase 
anterior, con la implicación del equipo responsable del #CompDigEdu de referencia en el 
territorio en el que se encuentra el centro. Presentación de resultados y conclusiones al 
resto de personal del centro.
Desde las distintas Administraciones educativas se recabarán los datos y se harán 
los informes pertinentes.
c.  Fase 3. Diseño. s
Orientaciones y acompañamiento para el desarrollo de los diferentes elementos del  w.
Plan Digital a partir de los resultados del informe: 399ww
– Objetivos a corto y medio plazo.
indic–a dEosrteasb ldeec iemviaelnutaoc iódne,  etacc.ciones  concretas  con  responsables,  temporalización,
– Diseño de estructuras de liderazgo distribuido y de acompañamiento dentro del 
proyecto de transformación.
– Orientaciones  para  el  diseño  de  la  formación  de  los  aspectos  de  mejora, 
diagnosticados y a transformar.
d.  Fase 4. Implementación y evaluación.
Contemplará las siguientes actuaciones:
– Actuar como mentores y acompañar en el desarrollo y evaluación de las distintas 
acciones del plan digital.
– Actuar como mentores para seguir un ciclo de evaluación y mejora continua.
Formación para la mejora de la competencia digital docente.
En relación a la competencia digital de los docentes, la formación se hará sobre el 
Marco  de  Referencia  de  Competencia  Digital  Docente  (MRCDD)  acordado  en  la 
Conferencia Sectorial del 14 de mayo de 2020, la actualización que de él se haya 
realizado o aquel otro que esté empleando la Administración educativa correspondiente 
en su ámbito de actuación y del cual se habrá establecido un mapa de correspondencias 
con el MRCDD.
Oferta y desarrollo de actividades formativas en los distintos niveles y áreas para 
todo el profesorado.
Se ofertarán diversos cursos y acciones formativas dirigidas a todo el profesorado, 
conforme a los niveles establecidos en el citado MRCDD. Esta acción podría incluir, 
entre otras, las siguientes actividades:
– Cursos de formación en distintas modalidades.
– Programas de formación en centros educativos.
– Estancias profesionales o intercambios.
– Jornadas de difusión de buenas prácticas.
– Programas de innovación e investigación.
Los  cursos  de  formación  tendrán  como  objetivo  la  formación  individual  de  los 
docentes,  mientras  que  las  opciones  restantes  servirán  de  nexo  para  articular  el 
desarrollo de la competencia digital del profesorado con la transformación de los centros 
en organizaciones educativas digitalmente competentes. De este modo, se pretende que 
el profesorado alcance al menos un nivel intermedio de competencia digital, y que 
aquellos que ocupan cargos específicos (equipos directivos, responsable TIC del centro, 
responsable de los Planes Digitales, etc.) alcancen un nivel avanzado de competencia, 
que todos los centros educativos desarrollen un programa de formación en centro sobre 
competencia digital para el desarrollo del Plan Digital de Centro y que todos los centros 
incorporen en su plan de formación aquellas acciones formativas necesarias para su 
claustro, contextualizando así las necesidades de formación docente.
10.  Compromisos del Ministerio de Educación y Formación Profesional y de las 
Comunidades Autónomas:
Los compromisos adquiridos por las partes, junto a los establecidos en los apartados 
relativos a Evaluación y Seguimiento y Justificación y Verificación, son los siguientes: e.
El Ministerio de Educación y Formación Profesional se compromete a: 399ww
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– Aportar los fondos comprometidos que serán distribuidos anualmente en función 
de los criterios aprobados en el seno de la Conferencia Sectorial.
– Mantener  una  estructura  de  coordinación  que  colaborará  con  el  equipo 
responsable  de  cada  Comunidad  Autónoma  en  el  apoyo  y  seguimiento  de  este 
programa.
– En todas las actuaciones de comunicación, convocatoria, publicidad, resolución y 
notificación sobre el programa, el MEFP deberá hacer constar la mención expresa 
siguiente: Programa financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y 
el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, así como la mención expresa de Programa 
financiado por la Unión Europea en el marco de dicho Mecanismo y el emblema de la 
Unión Europea.
– Realizar el seguimiento de las actuaciones del programa en cada Comunidad 
Autónoma, en colaboración con el equipo responsable del mismo designado al efecto.
– De acuerdo y en colaboración con las Comunidades Autónomas, el Ministerio de 
Educación y Formación Profesional se compromete a:
• Mantener reuniones con los equipos técnicos de las Comunidades Autónomas 
sobre aquellas cuestiones que se acuerden.
• Realizar una evaluación global de la aplicación del programa al final de cada curso.
• Llevar a cabo todas aquellas actuaciones que se acuerden entre el MEFP y las 
Comunidades Autónomas.
Cada Comunidad Autónoma se compromete a:
– Adquirir un compromiso con el Ministerio de Educación y Formación Profesional 
para la aplicación y financiación del programa de Competencia Digital Educativa para los 
cursos 2021-2022 y 2022-2023.
– Destinar toda la financiación recibida del MEFP a la aplicación del programa de 
Competencia Digital Educativa cuyas actuaciones deberán realizarse de acuerdo con el 
contenido del programa y la dotación presupuestaria asignada, y a cofinanciar, en su 
caso, el programa en los términos que se acuerden.
– Designar un equipo técnico de referencia para llevar a cabo el seguimiento y 
evaluación  del  programa,  informando  al  Ministerio  de  Educación  y  Formación 
Profesional, cuando sea preciso, de las actuaciones que se desarrollan, proporcionando 
información específica acerca de sus objetivos, población a la que se dirige, impacto 
esperado, forma de ejecución y distribución territorial.
– Facilitar  al  Ministerio  de  Educación  y  Formación  Profesional  todos  los  datos 
necesarios para el seguimiento y evaluación del programa y el cumplimiento con la 
información requerida por la normativa correspondiente, así como la precisa para la 
elaboración de las estadísticas e informes generales.
– En todas las actuaciones de comunicación, convocatoria, publicidad, resolución y 
notificación  sobre  el  programa,  la  comunidad  autónoma  deberá  hacer  constar  la 
colaboración del MEFP a través de la mención expresa siguiente: Programa financiado 
por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y el Mecanismo de Recuperación 
y  Resiliencia,  así  como  la  mención  expresa  de  Programa  financiado  por  la  Unión 
Europea en el marco de dicho Mecanismo y el emblema de la Unión Europea.
– Presentar  una  memoria  evaluativa  por  curso  que  incluya  como  mínimo  las 
actuaciones realizadas y los resultados e impacto obtenidos.
– Observar,  en  todo  momento,  por  parte  de  la  Comunidad  Autónoma,  el  s
cumplimiento de la normativa nacional y europea en la que se enmarca el MRR. oe.
11.  Incompatibilidad de las ayudas: 399ww
La financiación aportada por estas ayudas no es compatible con la cofinanciación por
otros fondos estructurales de la Unión Europea.
12.  Hitos, objetivos, indicadores, coste y calendario:
El PCT para la Mejora de la Competencia Digital Educativa #CompDigEdu es una 
medida de inversión, referida a la Inversión 2 «Transformación Digital de la Educación», 
que se enmarca en el componente 19 del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, 
denominado Plan Nacional de Competencias Digitales, uno de cuyos objetivos generales 
es garantizar la adquisición de competencias digitales de docentes y estudiantes en 
todos los niveles del sistema educativo.
El hito establecido en dicho Componente 19 es la realización de acciones para la 
transformación digital de la educación a través de la certificación de las competencias 
digitales de, al menos, el 80% de 700.000 docentes y el desarrollo y revisión de los 
Planes Digitales de Centro de, al menos, 22.000 centros. El indicador de cumplimiento 
será  el  número  de  docentes  certificados  por  las  comunidades  autónomas  en  un 
determinado nivel y de número de centros con Plan Digital de Centro.
La información que se señala en el párrafo anterior, de carácter general, se desglosa 
por comunidades autónomas para el período 2021-2024 en la siguiente tabla, indicando 
que las comunidades autónomas quedan obligadas al cumplimiento de los objetivos e 
hitos, así como a fijar el coste y el calendario previsto, en tanto que su cumplimiento 
satisfactorio  será  lo  que  determine  el  pago  por  parte  de  la  Comisión  de  la 
correspondiente ayuda y cuyo cumplimiento es obligatorio para que las comunidades 
autónomas puedan retener finalmente los fondos transferidos. En la tabla se indican:
– El número mínimo de centros que cada comunidad autónoma debe certificar que 
ha implementado su Plan Digital de Centro.
– El número mínimo de profesores que cada comunidad autónoma debe certificar 
que alcanzado el nivel intermedio de competencia digital docente.
#CompDigEdu (MRR)
Comunidad Autónoma
N.º Centros N.º Profesores
Andalucía. 4.578 102.388
Aragón. 645 17.158
Asturias (Principado de). 409 10.937
Baleares. 456 14.476
Canarias. 993 23.622
Cantabria. 286 8.128
Castilla y León. 1.313 29.056
Castilla-La Mancha. 1.230 26.806
Cataluña. 3.541 92.868
Comunidad Valenciana. 2.102 61.061
Extremadura. 1.104 14.923
Galicia. 1.393 30.930
Madrid (Comunidad de). 1.931 71.447
Murcia (Región de). 667 20.789 e.
Navarra (Comunidad Foral de). 376 9.348 399ww
PR  aioTíjosa t Va(aLlesasc)..o. 22.091915482 526497...167554084 OE-A-2021-15able en https://
Dado que el PCT para la Mejora de la Competencia Digital Educativa #CompDigEdu 
está incluido dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRR) está 
sujeto, en todo caso, al cumplimiento, ejecución y realización de los objetivos fijados en 
dicho Plan, y a la plena aplicación de los mecanismos de gestión y control que se 
establezcan para el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la UE y a la 
normativa de la Unión Europea aplicable a la gestión, seguimiento y control que se 
establezca para el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como las 
específicas relativas a la información y publicidad, verificación y demás impuestas por la 
normativa de la Unión Europea, cuya aplicación será de obligado cumplimiento.
El importe del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia enviado a la 
Unión Europea es de 69.528 millones de euros, alcanzando su horizonte temporal de 
ejecución hasta 2026.
Se han considerado en la redacción del presente Acuerdo las «Orientaciones para la 
transferencia de fondos a las comunidades autónomas para financiar medidas con el 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia a través de Conferencia Sectorial o mediante 
ayudas  convocadas  por  el  Estado  y  gestionadas  por  aquellas  como  entidades 
colaboradoras» del Ministerio de Hacienda de 11 de febrero de 2021.
Asimismo, de conformidad con el artículo 44 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de 
diciembre,  por  el  que  se  aprueban  medidas  urgentes  para  la  modernización  de  la 
Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia (BOE del 3), la ejecución del crédito queda sujeta a lo dispuesto en el 
artículo 86. 2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, con las 
especialidades en él recogidas.
La comunidad autónoma asume la responsabilidad en cuanto al seguimiento de la 
ejecución del coste estimado a través del seguimiento de la ejecución contable de los 
gastos imputados a proyectos o iniciativas del PRR (artículo 46 RD-L36/2020).
Tanto  el  artículo  7  de  la  Ley  de  Presupuestos  Generales  del  Estado  como  el 
artículo  37  del  Real  Decreto  Ley  36/2020  prevén  la  obligación  que  tienen  las 
comunidades autónomas de reembolsar de forma total o parcial los fondos transferidos 
en el caso de incumplimiento total o parcial de los objetivos previstos a través del 
procedimiento de reintegro que se determine por Orden de la Ministra de Hacienda.
Si procede, los hitos y objetivos deberán ajustarse en función de la revisión del coste 
estimado, antes mencionada.
Si  la  comunidad  autónoma  necesitara  realizar  reprogramaciones  de  hitos  y/u 
objetivos, se habría de valorar si tal reprogramación afectaría al coste estimado de la 
medida. Si el coste se viera afectado, el ajuste habría de realizarse consecuentemente. 
En todo caso, se seguirá el procedimiento que para la posible modificación del PRR se 
determine por parte de la AGE.
13.  Evaluación y seguimiento:
Las actuaciones estarán sometidas al seguimiento y control que se establezca para 
el  Plan  de  Recuperación,  Trasformación  y  Resiliencia,  así  como  las  obligaciones 
específicas relativas a la información y publicidad, control, verificación, seguimiento y 
demás obligaciones impuestas por la normativa interna y de la Unión Europea que para 
el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la UE se establezcan y cuya aplicación 
será de obligado cumplimiento.
Se realizará una evaluación cuantitativa qué permita conocer el alcance de mejora de 
la competencia digital educativa resultante de las actuaciones implementadas en este  e
Programa. Esta evaluación incluirá, entre otros, los siguientes indicadores: bo
–––   NNNúúúmmmeeerrrooo   dddeee   ecaeqcnuctipriooonss e crsoe nsfop Promlnasanat iDbvailgesist a ddl ierdi ge#i CdCaoesmn tparoD  liiagm Empdleeumj oforearnm tdaaedd ool.sa. competencia digital  2021-15399n https://ww
docente y el número de profesores que reciben dicha formación.
– Número de profesores con certificación de la competencia digital docente por 
niveles.
Es responsabilidad de la comunidad autónoma en relación con la fiabilidad y el 
seguimiento de tales indicadores, el permitir conocer en todo momento el nivel de 
consecución de los hitos y de los objetivos, única herramienta para poder detectar las 
desviaciones producidas y adoptar las medidas necesarias en caso de situaciones que 
puedan comprometer el retorno de fondos por insuficiente cumplimiento de tales hitos y 
objetivos.
Si las comunidades autónomas, en la ejecución de líneas de medida o proyectos 
integrados  en  el  PRR  deben  otorgar  financiación  a  destinarios  finales,  públicos  o 
privados, deberán establecer mecanismos que aseguren que las medidas a desarrollar 
por  estos  últimos  contribuyen  al  logro  de  los  objetivos  previstos  y  que  aportan  la 
información que, en su caso, fuera necesaria para determinar el valor de los indicadores. 
La financiación a terceros debe vincularse al logro de los objetivos que se persiguen.
Las  comunidades  autónomas  velarán  por  que  los  proyectos  adjudicados  sean 
ejecutados conforme a los requisitos exigibles. Para ello, en el caso de ejecución directa, 
por  convenios  o  por  ayudas,  solicitarán  a  los  adjudicatarios  la  documentación  e 
información necesaria, a efectos de realizar un adecuado seguimiento de la ejecución de 
los proyectos, lo cual deberá estar contemplado en los pliegos, convenios o bases.
En  todo  caso,  aprobado  el  programa  y  una  vez  recibidos  los  fondos  para  la 
financiación del mismo, la comunidad autónoma enviará al MEFP un informe inicial con 
la identificación de las actuaciones a realizar y el calendario de ejecución de las mismas, 
los objetivos a conseguir (n.º de actuaciones y población beneficiada) y la financiación 
concedida, incluyendo certificado de que no disponen de otros fondos.
Cada seis meses remitirán informe justificativo sobre el grado de ejecución del gasto 
y del avance de cumplimiento en los hitos y objetivos establecidos.
Los contenidos y las fechas de presentación de dichos informes se establecerán de 
manera que permitan el cumplimiento de las obligaciones impuestas por la normativa 
interna y de la Unión Europea para el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la 
UE, así como la verificación de los hitos de ejecución establecidos
14.  Justificación y verificación:
A  los  efectos  de  la  justificación  del  libramiento,  las  comunidades  autónomas 
custodiarán y, a su vez, remitirán al Ministerio de Educación y Formación Profesional el 
estado de ejecución y certificación de control de fondos, en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 86.2, de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, así 
como la documentación justificativa establecida en la normativa nacional aplicable a los 
créditos transferidos.
Asimismo, las comunidades autónomas se comprometen a custodiar y a facilitar al 
MEFP, en los plazos establecidos, la documentación e información necesaria para la 
justificación  de  los  fondos  recibidos  en  el  marco  del  Mecanismo  Europeo  de 
Recuperación y Resiliencia para la financiación de las actuaciones de este programa, en 
los términos establecidos en el apartado 15 de este acuerdo.
Esta justificación de las acciones del PCT deberá ser presentada en los tres meses 
siguientes a la finalización del plazo para la realización de las actuaciones, es decir, 
antes de 30 de junio de 2024.
El Ministerio de Educación y Formación Profesional se compromete a recoger la  s
documentación aportada por las comunidades autónomas para la justificación de las  oe.
RpinaevrcecLuriasapil oe dnnraeoec  sliapó r rneea asyyleu iRzndaetaads caailiisdóe jnnuq cdudiieace .a pdleoars.m  Siitneafrnoá rnsm ulea pss o cjsuotsemtriifuoicnra idjtuiavsdotiesfi scc aaocuniótlólnen vaoalm rMáa esl acla adns eisrvemosolpu ocEnióusnrao bptloeetosa  ldd oee    2021-15399n https://www.
la recopilación y valoración de los informes presentados por los beneficiarios, para
comprobar la adecuación de los proyectos a las condiciones de financiación, así como 
de la elaboración y del envío de los informes justificativos parciales y finales al MEFP.
15.  Obligación de información y de rendición de cuentas de la utilización de las 
cantidades recibidas por conferencia sectorial y condiciones para su rendición:
Corresponderá a cada comunidad autónoma asegurar el cumplimiento de:
1.  Las condiciones de suministro y publicación periódica de información relativa a 
indicadores, en los términos en los que se establezca por el Ministerio de Hacienda de 
conformidad con la normativa nacional y comunitaria.
2.  Las condiciones de suministro y publicación periódica de información en cuanto a 
ejecución del gasto en proyectos y medidas en relación al coste estimado, en los 
términos en los que se establezca por el Ministerio de Hacienda de conformidad con la 
normativa nacional y comunitaria.
3.  El mantenimiento de la adecuada pista de auditoría relativa a la medición de los 
indicadores y de conservación de la documentación soporte conforme a lo estipulado en 
el artículo 132 del Reglamento Financiero.
4.  La obligación de presentar al final de la ejecución de la medida una cuenta 
justificativa sobre la utilización de los fondos recibidos para la misma, incluyendo:
a)  Grado de cumplimiento de hitos y objetivos respecto de los fijados inicialmente o, 
en su caso, revisados.
b)  Coste real de la medida respecto del coste estimado inicialmente o revisado.
c)  Descripción  de  la  medida  y  la  manera  de  implementación,  mecanismos  de 
control aplicados en su ejecución.
5.  La obligación de presentar una cuenta justificativa final para la liquidación de la 
CS, tanto en lo que respecta a los importes utilizados como a los hitos y objetivos 
conseguidos,  tras  el  cierre  del  MRR,  es  decir,  tras  todos  los  posibles  controles 
nacionales y comunitarios que sobre las medidas financiadas con él puedan recaer.
Ni la realización de las correspondientes reformas e inversiones por parte de las 
comunidades autónomas ni el cumplimiento de los correspondientes hitos y objetivos, 
incluso si se han verificado por la Autoridad de Control nacional, aseguran que se vayan 
a obtener los retornos previstos, puesto que las distintas medidas estarían sujetas a los 
eventuales controles que con posterioridad a la finalización de la medida puedan realizar 
sobre ellas los órganos de control comunitarios (Comisión Europea, Tribunal de Cuentas 
Europeo, Oficina Europea de Lucha contra el Fraude y Fiscalía Europea).
Cualquier ajuste a la baja en la financiación europea derivado de correcciones sobre 
el  coste  estimado  o  sobre  la  contribución  financiera  deberá  ser  asumido  por  las 
comunidades autónomas, mediante la devolución de los créditos implicados.
A estos efectos, en caso de cualquier incumplimiento de la comunidad autónoma 
puesto de manifiesto en el desarrollo de las actuaciones de control de la autoridad 
nacional o de instituciones comunitarias que dé lugar a una merma en el retorno de 
Fondos, este se trasladará a la comunidad autónoma en aplicación de lo señalado en el 
artículo 7 de la Ley General de Subvenciones.
16.  Obligación de sometimiento a las disposiciones comunitarias sobre el MRR.
En tanto que las comunidades autónomas son responsables de la ejecución de las  e.
actuaciones,  quedarán  sometidas  a  la  totalidad  de  la  normativa  reguladora  del  w.b
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y, en particular, en lo relativo a (enumeración  399ww
andoo ep–xc hiOóanbu lsidgtieav acmi)ó:end iddea sa dsierigguidraams iae nptore vdeen irla,  dreetgeucltaarri,d caodm duenli cgaar syto c osrurebgyairc eeln tfera uyd ed ey  llaa   OE-A-2021-15able en https://
corrupción, prevenir el conflicto de interés y la doble financiación.
– En cuanto a la regularidad del gasto, se llama la atención sobre el cumplimiento de 
la normativa sobre Ayudas de Estado en general y, en particular, respecto a los controles 
que  se  han  de  aplicar  para  garantizar  que  el  diseño  de  inversiones  cumple  dicha 
normativa en las medidas que se ejecuten por las comunidades autónomas, con especial 
referencia  a  los  supuestos  en  los  que  vayan  a  participar  varias  administraciones 
públicas, en los que se debe tener especial cuidado con las reglas de acumulación de 
ayudas  y  las  de  incompatibilidad  entre  ayudas  comunitarias,  así  como  con  las 
intensidades máximas, procurando que las categorías de ayudas, en la medida de lo 
posible, no sean concurrentes sino complementarias y que los gastos elegibles no sean 
los mismos.
– Tanto para el propósito de control del cumplimiento de lo anterior como en relación 
con la prevención de la doble financiación, la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
(BDNS) se configura como una herramienta fundamental, por lo que se deberá instar a 
las  comunidades  autónomas  a  su  utilización  como  herramienta  de  consulta  en  el 
procedimiento  de  concesión  de  ayudas  e  insistir  en  la  necesidad  de  cumplir 
adecuadamente, por su parte, con las obligaciones de suministro de información a la 
misma (Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo).
– Contribución a la fiabilidad del sistema en general y del sistema de seguimiento de 
indicadores del cumplimiento de hitos y objetivos y de seguimiento del coste estimado en 
particular.
– Requisitos de pista de auditoría. Es fundamental que se establezca la obligación de 
guardar la trazabilidad de cada una de las medidas y cada uno de los perceptores finales 
de los fondos, así como de disponer de un sistema que permita calcular y seguir los 
objetivos cuyo nivel de consecución cada comunidad autónoma tiene que reportar. Esta 
obligación de pista de auditoría alcanza a la relativa al cumplimiento de hitos y objetivos 
y medición de indicadores.
– Obligaciones de comunicación sobre la financiación comunitaria de las medidas 
incluidas en el PRR.
– Sometimiento a las actuaciones de control de las instituciones comunitarias.
– Sometimiento a las actuaciones de la autoridad de control o de las entidades que 
actúen bajo su coordinación o responsabilidad.
17.  Consecuencias de los posibles incumplimientos por parte de las CC.AA.:
Los créditos trasferidos quedan legalmente afectados a financiar las actuaciones del 
programa integrado en el PRR, previéndose el reintegro total o parcial de los mismos en 
caso de no realizarse el gasto o en caso de incumplimiento total o parcial de los objetivos 
previstos (Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 
para 2021 y artículo 37.4 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que 
se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración pública y 
para la ejecución del Plan de Recuperación y Resiliencia).
Conllevará la devolución total o parcial de la ayuda adjudicada:
– No lograr, en todo o en parte, los objetivos previstos: reintegro al menos cuando el 
incumplimiento impida el retorno de fondos europeos al Tesoro y en el importe del 
retorno no percibido en relación con las medidas responsabilidad de la comunidad 
autónoma.
– No poder acreditar el logro de los objetivos por falta de fiabilidad de los indicadores 
reportados: reintegro al menos cuando el incumplimiento impida el retorno de fondos  s
europeos al Tesoro y en el importe del retorno no percibido en relación con las medidas  oe.
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retorno no percibido en relación con las medidas de la responsabilidad de la comunidad 
autónoma.
– No utilización de las cantidades recibidas para las medidas para las que se 
transfirieron: reintegro de fondos al Estado por el importe indebidamente utilizado.