BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 220 Sábado 15 de agosto de 2020 Sec. TC.   Pág. 70703
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
9782 Sala  Primera.  Sentencia  94/2020,  de  20  de  julio  de  2020.  Recursos  de 
amparo  3538-2019  y  3539-2019  (acumulados).  Promovidos, 
respectivamente,  por  Penrei  Inversiones,  S.L.,  y  Euroinversiones 
Inmobiliarias Costa Sur, S.L., en relación con las resoluciones dictadas por un 
juzgado de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de 
ejecución hipotecaria. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: 
STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada 
como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 
6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la 
confusión  del  deber  de  las  personas  jurídicas  de  relacionarse  con  la 
administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la 
regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles].
ECLI:ES:TC:2020:94
La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por don Juan José González 
Rivas, presidente; los magistrados don Andrés Ollero Tassara, don Santiago Martínez-
Vares García, don Alfredo Montoya Melgar, y don Cándido Conde-Pumpido Tourón, ha 
pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En los recursos de amparo acumulados núms.3538-2019 y 3539-2019, promovidos, 
respectivamente por Penrei Inversiones, S.L., representada por la procuradora de los 
tribunales doña Blanca Berriatua Horta y bajo la dirección de la letrada doña Anju 
Nirmala  Benavent  Rodríguez  y  Euroinversiones  Inmobiliarias  Costa  Sur,  S.L., 
representada por la procuradora de los tribunales doña Blanca Berriatua Horta y bajo la 
dirección del letrado don Marcelino Gilabert García, contra los autos dictados por el 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 5 de Lorca en el procedimiento de 
ejecución hipotecaria núm. 392-2018 en fechas 21 de septiembre de 2018 y 23 de abril 
de 2019 por los que, respectivamente, se inadmiten por extemporáneas las oposiciones 
a la ejecución hipotecaria y se confirman estas últimas decisiones al desestimarse los 
recursos de reposición interpuestos frente a ellas. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha 
sido parte la entidad Pera Assets Designated Activity Company, actuando como sucesora 
procesal del banco ejecutante. Ha sido ponente el magistrado don Santiago Martínez-
Vares García.
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito registrado en este tribunal el 6 de junio de 2019, la entidad  bo
Penrei Inversiones, S.L., representada por la procuradora de los tribunales doña Blanca  82ww
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2.  Mediante escrito registrado en este tribunal el 6 de junio de 2019, la entidad 
Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., representada por la procuradora de los 
Tribunales doña Blanca Berriatua Horta y bajo la dirección del letrado don Marcelino 
Gilabert García, interpuso recurso de amparo contra las resoluciones referidas en el 
encabezamiento. La presentación de dicho escrito dio lugar al recurso de amparo núm. 
3539-2019, cuyo conocimiento correspondió a la Sección Segunda de este tribunal.
3.  Los  hechos  relevantes  para  la  resolución  de  los  recursos  de  amparo  son, 
sucintamente expuestos, los siguientes:
a)  En el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 5 de Lorca se sigue 
procedimiento de ejecución hipotecaria núm. 392-2019 promovido por la entidad Banco 
de Sabadell, S.A., frente a las sociedades Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., 
en calidad de prestataria e hipotecante, y Penrei Inversiones, S.L., en calidad de titular 
registral de un derecho de uso sobre el inmueble hipotecado.
b)  Por auto de 6  de junio  de  2018  se  acordó  despachar ejecución frente las 
sociedades demandadas. El citado auto y el decreto de la misma fecha que le sigue 
fueron comunicados a las citadas entidades a través de la sede judicial electrónica el 
día 13 de junio de 2018.
c)  Las entidades Penrei Inversiones, S.L., y Euroinversiones Inmobiliarias Costa 
Sur, S.L. presentaron sendos escritos de oposición a la ejecución despachada con 
fecha  31  de  julio  de  2018.  Por  auto  de  21  de  septiembre  de  2018  se  acordó  su 
inadmisión por presentación extemporánea, tomando como fecha de notificación el 13 de 
junio de 2018. Al pie de dicho auto figuraba la indicación de que podía impugnarse por 
medio de recuro de reposición.
d)  Las  sociedades  mercantiles  recurrentes  interpusieron  recurso  de  reposición 
contra los autos de inadmisión alegando, en síntesis, que las actuaciones de notificación 
y requerimiento no habían sido realizadas el día 13 de junio de 2018 sino el 24 de julio 
de 2018 y que la comunicación remitida a través de la dirección electrónica habilitada no 
puede entenderse más que un aviso de puesta a disposición o descarga de su contenido 
durante un plazo determinado (en el caso desde el 13 de junio al 24 de julio de 2018) y 
entenderlo de otro modo, además de infringir los arts. 135, 152, 160, 162 de la Ley de 
enjuiciamiento civil (LEC), vulnera el art. 24 CE.
e)  Tras su tramitación, los recursos fueron desestimados por auto de 23 de abril 
de 2019. Según esta resolución las recurrentes tienen la condición de persona jurídica y, 
por tanto, «están obligadas a relacionarse con la administración de justicia por medios 
electrónicos (art. 14.2 a) de la Ley 39/2015 LPAAP y art. 273.3 a) LEC)» (sic). Según el 
auto, si bien «consta que la notificación se puso a disposición de las recurrentes en 
fecha 13 de junio de 2018 no accediendo al contenido hasta el día 24 de julio de 2018 
(fuera de los tres días que establece la normativa procesal), presentando los escritos de 
oposición a la ejecución en fecha 31 de julio de 2018 claramente fuera del plazo 
legalmente establecido en el art. 556.1 LEC (dentro de los diez días siguientes al de la 
notificación del auto despachando ejecución) y siendo que conforme al art. 136 LEC 
transcurrido o pasado el término señalado para la realización de un acto procesal de 
parte se producirá la preclusión y se perderá la oportunidad de realizar el acto de que se 
trate, es claro que dichas oposiciones son extemporáneas siendo la consecuencia legal 
la inadmisión» (sic).
4.  Las  entidades  recurrentes  aducen  en  sus  demandas  de  amparo  que  las  s
resoluciones impugnadas vulneran su derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión  oe.
(art. 24.1 CE) en su vertiente de acceso al proceso. En síntesis, argumentan que la  w.
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recurrentes del derecho a formular oposición en un proceso de ejecución hipotecaria. A
tal fin, aducen que siguieron la literalidad de las instrucciones contenidas en sendos
correos  electrónicos  que  recibieron  procedente  del  servicio  de  notificaciones 
electrónicas, accediendo al contenido de la notificación dentro del plazo establecido en el 
mismo. Los citados correos tienen el siguiente contenido:
«Ha recibido una Notificación del órgano emisor Juzgados y Tribunales (SGAJ) en la 
Dirección Electrónica Habilitada del titular […]
La Notificación estará disponible en su Dirección Electrónica Habilitada única desde 
el 13-06-2018 hasta el 29-07-2018. Si no procediera a su lectura en el plazo indicado se 
producirán los efectos correspondientes, según la normativa aplicable.
Para que conste como leída, por favor acceda a http://notificaciones060.es
Asunto: ‘JDO. 1 INST. E INSTR. N 5 DE LORCA EJH/000000392/2018’».
Concluyen la entidades recurrentes afirmando que las resoluciones impugnadas no 
han «dado cumplimiento a las exigencias constitucionales reconocidas para los actos de 
notificación  procesal,  donde  los  órganos  judiciales  no  han  de  limitarse  al  formal 
cumplimiento de los requisitos legales, sino que para asegurar la efectividad del derecho 
fundamental,  la  interpretación  de  las  normas  reguladoras  del  emplazamiento  debe 
hacerse  tratando  de  asegurar  que  el  acto  de  comunicación  cumple  su  finalidad 
constitucional, es decir, la efectividad real del emplazamiento, pues el artículo 24.1 de la 
Constitución Española contiene un mandato no solo dirigido al legislador, sino también al 
intérprete,  obligándole  a  promover  la  defensa  mediante  la  correspondiente 
contradicción».
En las demandas se solicita por medio de otrosí la suspensión del procedimiento de 
ejecución hipotecaria alegando que la continuación de la ejecución «con la celebración 
de subasta y la eventual adjudicación a terceros, pueden hacer perder al recurso de 
amparo su finalidad».
5.  Mediante providencias de 27 de enero de 2020 la Sección Segunda de este 
tribunal acordó admitir a trámite los recursos de amparo apreciando que concurre en los 
mismos especial trascendencia constitucional [art. 50.1 de la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional (LOTC)] toda vez que el recurso puede dar ocasión al tribunal para aclarar 
o cambiar su doctrina, como consecuencia de cambios normativos relevantes para la 
configuración del contenido del derecho fundamental [STC 155/2009, FJ 2 b)], y, de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 51 LOTC, dirigir comunicación al Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción núm. 5 de Lorca, a fin de que emplazara a quienes 
hubieran sido parte en el procedimiento de ejecución hipotecaria núm. 392-2018, para 
que en el plazo de diez días puedan, si lo desean, comparecer en el presente recurso de 
amparo. La Sección acordó formar las oportunas piezas para la tramitación del incidente 
de suspensión y, conforme a lo dispuesto en el art. 56 LOTC, concedió un plazo común 
de tres días a las partes recurrentes y al Ministerio Fiscal para que alegaran lo que 
estimasen pertinente sobre dicha suspensión. Por AATC 26 y 27/2020, de 24 de febrero, 
se acordó denegar la suspensión cautelar solicitada y ordenar la anotación preventiva de 
las demandas de amparo en el registro de la propiedad.
6.  Por escritos remitidos al registro electrónico de este tribunal el 25 de marzo 
de 2020, la procuradora de los tribunales doña María Claudia Munteanu, actuando en 
nombre y representación de la entidad Pera Assets Designated Activity Company y 
asistida del letrado don Alejandro Ingram Solís, manifestó ser cesionaria a título oneroso 
de determinados créditos hipotecarios de los que era titular Banco de Sabadell, S.A. 
(entre ellos el que grava la finca hipotecada que es objeto del proceso judicial previo), así  e.
como haber sido emplazada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 5 de  w.
Lorca para comparecer ante este tribunal en los dos recursos de amparo indicados, por  82ww
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7.  Por diligencias de ordenación del secretario de justicia de la Sección Segunda de
este  tribunal  de  fecha  25  de  mayo  de  2020  se  acordó  tener  por  recibidos  los
emplazamientos de las partes personadas en la vía judicial previa, así como el escrito de 
la procuradora de los tribunales doña María Claudia Munteanu en representación de 
Pera Assets Designated Activity Company, a quien se la tuvo por personada y parte en la 
representación indicada. También se resolvió, con arreglo al art. 52 LOTC, conceder a 
las partes personadas y al Ministerio Fiscal el plazo común de diez días para que 
formulen alegaciones sobre la posible acumulación al presente recurso de amparo del 
seguido bajo el núm. 3539-2019 y de veinte días para que, con vista de las actuaciones, 
formulasen alegaciones.
8.  La representación de Penrei Inversiones, S.L., mediante escrito de 9 de junio 
de 2020, formuló alegaciones en relación con la acumulación declarando su voluntad de 
dejar la decisión a criterio del tribunal. No consta presentado dentro del plazo concedido, 
ningún escrito de alegaciones de las demás partes en relación con la acumulación.
9.  En fecha 19 de junio de 2020, el Ministerio Fiscal presentó sus escritos de 
alegaciones  en  los  que  termina  solicitando  que  se  estime  el  recurso,  se  declare 
vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (at. 24.1 CE) de las 
demandantes, se declare la nulidad de todo lo actuado desde la notificación efectuada 
electrónicamente del auto despachando ejecución, y se ordene retrotraer las actuaciones 
al  momento  inmediatamente  anterior  a  dicha  notificación  para  que  se  dé  a  las 
recurrentes posibilidad de formular oposición.
Tras relatar los antecedentes fácticos y resumir las alegaciones formuladas por las 
partes  recurrentes,  argumenta  el  fiscal  ante  el  Tribunal  Constitucional  que  las 
resoluciones  judiciales  impugnadas  vulneran  el  derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva 
(art. 24.1 CE) de las demandantes de amparo. Con cita de la STC 40/2020, cuyo 
contenido es parcialmente trascrito, efectúa un exhaustivo repaso por la doctrina del 
Tribunal Constitucional sobre los actos de comunicación procesal con expresa referencia 
a las SSTC 6/2019, de 17 de enero; 32/2019, de 28 de febrero; 47/2019, de 8 de abril, 
y 19/2020, de 10 de febrero, de la que también transcribe parte de su fundamento 
jurídico 2, para concluir solicitando el otorgamiento del amparo en los términos indicados.
10.  En  fecha  6  de  julio  de  2020  Penrei  Inversiones,  S.L.,  por  medio  de  su 
representación  procesal,  presentó  escrito  en  el  que  además  de  remitirse  a  las 
alegaciones formuladas en el recurso de amparo presentado, reproduce parte de la 
fundamentación de la STC 40/2020, de 27 de febrero, a la que identifica mediante el 
recurso de amparo núm. 5377-2018, de la que trae causa.
11.  En fecha 8 de julio de 2020 el secretario de justicia de la Sección Segunda de 
este tribunal extendió diligencia indicando que no constaba haberse recibido escrito de 
alegaciones de las demás partes personadas, quedando el presente recurso pendiente 
para la deliberación cuando por turno corresponda.
12.  Por auto de la Sala Primera de 20 de julio, se acordó la acumulación del 
recurso de amparo núm. 3539-2019 al núm. 3538-2019.
13.  Por providencia de 16 de julio de 2020, se señaló para deliberación y votación 
de la presente sentencia el día 20 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
Único.  Los recursos de amparo acumulados tienen por objeto la impugnación de los  o
autos dictados por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 5 de Lorca en el  w.
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ejecución hipotecaria. Tratándose de un primer emplazamiento, el requerimiento de pago
y alternativo derecho a oponerse a la demanda ejecutiva debió realizarse de manera
personal en su domicilio social con entrega en papel de la documentación, y no mediante 
el  servicio  de  notificaciones  electrónicas  y  de  dirección  electrónica  habilitada  de  la 
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. El órgano judicial habría incumplido su obligación 
de  asegurar,  no  ya  la  legalidad  formal  de  los  actos  de  comunicación,  sino  el 
cumplimiento efectivo de su finalidad constitucional ocasionando efectiva indefensión. 
Todo ello constituiría una vulneración del derecho fundamental de las demandantes de 
amparo  a  la  tutela  judicial  efectiva  sin  indefensión  (art.  24  CE).  Solicitan,  en 
consecuencia, la anulación de las resoluciones indicadas, así como la retroacción al 
momento procesal oportuno, previo al dictado del auto de 21 de septiembre de 2018, a 
fin de que el juzgado admita a trámite su oposición al despacho de ejecución.
El Ministerio Fiscal solicita la estimación de la demanda de amparo y la nulidad de 
todo lo actuado desde la notificación electrónica del auto de despacho de la ejecución 
con retroacción de las actuaciones al momento anterior.
La reciente STC 40/2020, de 27 de febrero, ha estimado un recurso de amparo 
basado en los mismos motivos y dirigido contra autos con el mismo contenido de otro de 
los juzgados de primera instancia e instrucción de Lorca. Corresponde, en consecuencia, 
dar por reproducidos los fundamentos jurídicos de aquella sentencia y, en consecuencia, 
declarar que los autos de 21 de septiembre de 2018 y 23 de abril de 2019 del Juzgado 
de Primera Instancia núm. 5 de Lorca han vulnerado el derecho a la tutela judicial 
efectiva de las recurrentes en amparo (art. 24.1 CE). Como en aquel caso, la estimación 
del amparo trae consigo la nulidad de los autos recurridos, así como de todo lo actuado 
en  el  procedimiento  hipotecario  a  quo  desde  el  momento  en  que  se  proveyó  el 
emplazamiento  de  las  entidades  mercantiles  solicitantes  de  amparo  a  través  de  la 
dirección electrónica habilitada.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar los recursos de amparo interpuestos por las mercantiles Penrei Inversiones, 
S.L., y Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., y, en su virtud:
1.º  Declarar que ha sido vulnerado su derecho fundamental a la tutela judicial 
efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE).
2.º  Restablecerles en su derecho y, a tal fin, declarar la nulidad de los autos de 21 
de septiembre de 2018 y 23 de abril de 2019, dictados por el Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción núm. 5 de Lorca en el procedimiento de ejecución hipotecaria 
núm.  392-2018,  así  como  la  nulidad  de  las  actuaciones  realizadas  a  partir  del 
emplazamiento  de  las  entidades  recurrentes  a  través  de  la  dirección  electrónica 
habilitada.
3.º  Retrotraer las actuaciones al momento inmediatamente anterior al de efectuarse 
el emplazamiento de las demandadas para que se les comunique el despacho de 
ejecución en legal forma.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado». e.e
Dada en Madrid, a veinte de julio de dos mil veinte.–Juan José González Rivas.– 82ww
ACnádnrdéids o OClolenrdoe -TPausmsapridao.– TSoaunrtóiang.–oF iMrmaartdínoe yz -rVuabrreicsa dGo.arcía.–Alfredo  Montoya  Melgar.–