BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 265 Miércoles 7 de octubre de 2020 Sec. III.   Pág. 85290
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE HACIENDA
11927 Resolución de 29 de septiembre de 2020, de la Intervención General de la 
Administración  del  Estado,  por  la  que  se  publica  el  Convenio  con  la 
Universidad Rey Juan Carlos, para la realización de prácticas académicas 
externas.
El Interventor General de la Administración del Estado y el Rector Magnífico de la 
Universidad Rey Juan Carlos han suscrito, con fecha 28 de septiembre de 2020, un 
Convenio  entre  la  Universidad  Rey  Juan  Carlos  y  la  Intervención  General  de  la 
Administración del Estado para la realización de prácticas académicas externas.
Para general conocimiento y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 48.8 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, se dispone la 
publicación del referido Convenio. Como anejo a la presente Resolución.
Madrid, 29 de septiembre de 2020.–El Interventor General de la Administración del 
Estado, Pablo Arellano Pardo.
ANEJO
Convenio entre la Universidad Rey Juan Carlos y la Intervención General de la 
Administración del Estado para la realización de prácticas académicas externas
En Madrid, a 28 de septiembre de 2020.
REUNIDOS
De una parte, don Pablo Arellano Pardo, en su condición de Interventor General de la 
Administración  del  Estado,  cargo  para  el  que  fue  nombrado  por  el  Real 
Decreto 618/2018, de 22 de junio de 2018 (BOE n.º 152, del 23); que actúa, por 
delegación en virtud del artículo 7.2 de la Orden HAC/316/2019, de 12 de marzo, de 
delegación de competencias y por la que se fijan los límites de las competencias de 
gestión presupuestaria y concesión de subvenciones y ayudas de los titulares de las 
Secretarías  de  Estado,  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  61.k)  de  la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
De otra parte, don Javier Ramos López, Rector Magnífico de la Universidad Rey 
Juan Carlos, en adelante URJC, nombrado mediante Decreto 22/2017, de 28 de febrero, 
del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid (BOCM de 2 de marzo), en nombre 
y representación de la misma, según las competencias que tiene atribuidas por el 
artículo 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades y por los 
Estatutos de la citada Universidad, aprobados por Decreto 22/2003, de 27 de febrero, del 
Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid (BOCM núm. 54, de 5 de marzo), y 
modificados por Decreto 28/2010, de 20 de mayo, del citado Consejo de Gobierno 
(BOCM núm. 137, de 10 de junio), domiciliada en Móstoles (Madrid), CP 28933, calle 
Tulipán, s/n, y con C.I.F. Q2803011B. es
Ambas partes en la representación que ostentan suscriben el presente Convenio, al  w.
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de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficacia y de conformidad
con la ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector público y otras 
normas que puedan resultar de aplicación y
MANIFIESTAN
Que la Universidad tiene entre sus fines el acercar la formación universitaria a la 
realidad  social  y  profesional  de  nuestro  entorno,  mediante  el  establecimiento  de 
relaciones con entidades que permitan completar el proceso formativo con una puesta en 
práctica de los conocimientos teóricos adquiridos, mediante la realización de prácticas 
externas, que faciliten la posterior incorporación al mundo laboral.
Por su parte, el interés de la Intervención General de la Administración del Estado en 
la suscripción del presente Convenio se basa en el convencimiento de que la acogida de 
los estudiantes supondrá una experiencia enriquecedora para los estudiantes en lo que 
se refiere a su preparación profesional y para los empleados públicos que podrán 
compartir experiencias laborales con el mundo universitario.
En función de lo anterior:
1.  La Universidad Rey Juan Carlos tiene interés en el desarrollo de un Programa de 
Cooperación Educativa a través del cual se canaliza el interés de participación de 
empresas y Administraciones Públicas.
2.  Tal es el caso de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), 
que asume como finalidad de las prácticas logros tales como:
a)  Contribuir  a  la  formación  integral  de  los  estudiantes  complementando  su 
aprendizaje teórico y práctico.
b)  Facilitar  el  conocimiento  y  metodología  de  trabajo  adecuados  a  la  realidad 
profesional  en  que  los  estudiantes  habrán  de  operar,  contrastando  y  aplicando  los 
conocimientos adquiridos.
c)  Favorecer el desarrollo de competencias técnicas, metodológicas, personales y 
participativas.
d)  Obtener una experiencia práctica que facilite la inserción en el mercado de 
trabajo y mejore su empleabilidad futura.
e)  Favorecer los valores de innovación, la creatividad y el emprendimiento.
Por lo expuesto, las partes acuerdan suscribir el presente Convenio, que se regirá 
por las siguientes
CLÁUSULAS
Primera.  Objeto.
El presente Convenio tiene por objeto regular las condiciones en que estudiantes de 
la Universidad Rey Juan Carlos realicen una formación práctica, tanto curricular como 
extracurricular, en la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).
Segunda.  Obligaciones de la Universidad Rey Juan Carlos.
La Universidad Rey Juan Carlos. impartirá las enseñanzas oficiales de los Grados en 
Áreas Económicas y Jurídicas, así como estudios de máster en Áreas Económicas y 
Jurídicas según su Plan de Estudios vigente. e.e
A  tal  fin,  dedicará  el  personal  docente  necesario,  desarrollará  la  estructura  b
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Tercera.  Obligaciones de la Intervención General de la Administración del Estado.
La  Intervención  General  de  la  Administración  del  Estado  (IGAE)  recibirá  a  los 
estudiantes  durante  el  curso  académico  por  periodos  de  hasta  6  meses, 
responsabilizándose  de  su  formación  durante  esos  períodos  y  designando  un 
responsable que actuará como tutor de los alumnos a ella confiados. Dicho tutor será un 
funcionario de Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado, con experiencia 
profesional  y  conocimientos  necesarios  para  realizar  una  tutela  efectiva,  y  será 
interlocutor con el estudiante, el tutor académico y la unidad de prácticas externas. Dicha 
labor será reconocida por la Universidad Rey Juan Carlos según lo previsto en el Real 
Decreto 592/2014, de 11 de julio.
Cuarta.  Tutoría de las prácticas y seguimiento de la ejecución del Convenio.
Ambos  tutores,  académico  y  de  la  IGAE,  actuarán  coordinadamente,  en  el 
desempeño de sus cometidos, a fin de seguir y evaluar el cumplimiento del Programa y 
de sugerir, en él y en los Planes de Estudios, las adaptaciones y mejoras necesarias, 
según resulte de la experiencia.
Asimismo, ambos tutores serán responsables del seguimiento, vigilancia y control de 
la ejecución del Convenio, así como de resolver los problemas de interpretación y 
cumplimiento que puedan plantearse respecto del Convenio.
El tutor designado por la IGAE fijará el plan de trabajo del estudiante, le orientará en 
sus dudas y dificultades, y evaluará la estancia del mismo, cooperando con el tutor 
académico en la redacción del informe final a la Universidad.
Quinta.  Condiciones de las prácticas.
La selección de los estudiantes se hará por mutuo acuerdo de las partes.
La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) acordará con la 
Universidad las funciones que los estudiantes habrán de realizar durante su estancia en 
la  IGAE  que  se  establecerán  y  describirán  de  conformidad  con  el  Anexo,  y  las 
competencias asignadas a los mismos, competencias que deberán ser tenidas en cuenta 
al efectuar la Universidad la elección del estudiante.
La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) permitirá el acceso 
de los alumnos a sus instalaciones, otorgando para ello las acreditaciones que resultaren 
pertinentes.  Así  mismo,  los  alumnos  tienen  derecho  a  cumplir  con  su  actividad 
académica, formativa y de reorientación y participación, concediéndosele los permisos 
necesarios, previa comunicación con antelación suficiente.
Los periodos y horarios de realización de las prácticas se compaginarán con la 
organización  y  funcionamiento  de  la  Intervención  General  de  la  Administración  del 
Estado  (IGAE).  El  alumno  se  aplicará  con  toda  diligencia  a  las  tareas  que  se  le 
encomienden y mantendrá contacto con sus tutores, académico y de la IGAE, en la 
forma que éstos le indiquen.
Asimismo, se compromete a respetar los horarios y normas de funcionamiento de la 
IGAE, guardar secreto profesional sobre su trabajo durante su estancia y sobre los datos 
de carácter personal a los que tenga acceso en la realización de las prácticas externas, 
así como las limitaciones en su uso y transmisión impuestas por la Ley Orgánica 3/2018, 
de 5 de diciembre, de Protección de Datos personales y Garantías de los Derechos 
Digitales y del Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 relativo a la protección  s
de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre  oe.
circulación  de  esos  datos  y  por  el  que  se  deroga  la  Directiva  95/46/CE,  y  demás  w.
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estudiante prestará su expreso consentimiento.
Sexta.  Obligaciones y compromisos de ambas partes.
La Universidad Rey Juan Carlos y la Intervención General de la Administración del 
Estado  (IGAE)  no  adquirirán  otras  obligaciones  ni  compromisos  que  los  que  este 
documento refleja. En particular, no derivará para las partes firmantes, obligación alguna 
de contrato laboral al carecer de esa condición la relación que se establece.
En relación con las obligaciones contempladas en la disposición adicional quinta del 
Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre para la revalorización de las pensiones 
públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo, dado que 
todavía no se ha producido el desarrollo reglamentario para su efectiva aplicación, 
ambas partes se comprometen a firmar una adenda en caso de ser necesario, en la que 
se contemplen las obligaciones que asumirían para dar cumplimiento a la normativa de 
desarrollo del citado real decreto-ley.
Séptima.  Contingencias.
Las contingencias de enfermedad o accidente de los estudiantes quedarán cubiertas 
por el Seguro Escolar durante el periodo de la práctica.
Octava.  Régimen jurídico y jurisdicción.
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y se regirá por lo establecido en 
el del Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
La existencia de cualquier tipo de discrepancia entre las partes en relación con la 
interpretación o ejecución de lo establecido en el presente Convenio, se resolverá por los 
órganos del orden jurisdiccional contencioso-administrativo, con arreglo a lo dispuesto en 
su legislación reguladora.
Novena.  Extinción del Convenio.
El Convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su 
objeto o por incurrir en alguna de las causas de resolución previstas en el artículo 51.2 
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Asimismo, ambas partes se reservan la facultad de resolver, unilateralmente, este 
Convenio en cualquier momento, con un preaviso de, al menos, veinticuatro horas, si 
media causa justificada y suficiente.
Si a la fecha de resolución del Convenio instada por una de las partes, hubiera 
estudiantes realizando ya sus prácticas, las partes se comprometen a continuar con el 
Convenio hasta la completa finalización de las mismas, con un plazo máximo de tres 
meses, con el fin de que la resolución del Convenio no perjudique a los estudiantes. Una 
vez concluido el periodo de prácticas, el Convenio será objeto de liquidación en los 
términos previstos en el artículo 52 de la Ley 40/2015.
Décima.  Vigencia y modificación.
El presente Convenio se perfeccionará por la prestación del consentimiento de las 
partes mediante su firma. Tendrá una vigencia de 4 años contados a partir de su 
publicación  en  el  «Boletín  Oficial  del  Estado»  previa  inscripción  en  el  Registro 
Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal.
En cualquier momento antes de la finalización del plazo previsto anteriormente, los  es
firmantes podrán acordar unánimemente su prórroga por un periodo de hasta cuatro  bo
años adicionales o su extinción. 7w
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Por su parte, la modificación del contenido del Convenio requerirá acuerdo unánime 
de las partes.
En Madrid y fecha arriba indicada.–Por la Intervención General de la Administración 
del Estado, Pablo Arellano Pardo.–Por la Universidad de Rey Juan Carlos, Fernando 
Enrique García Muiña.
ANEXO
Funciones a realizar en la Intervención General de la Administración
Alumno:
Tutor:
Como  consecuencia  de  la  participación  en  las  actividades  de  propias  de  la 
Intervención General de la Administración del Estado se prevé de forma orientativa que 
el  alumno  desarrolle  las  actividades  que  constituyen  dichas  funciones  según  la 
Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, de forma parcial o total y en 
lo que respecto a la auditoría y al control financiero, tomando en consideración aquellas 
auditorías y controles que estén iniciados y que mejor se adapten al proceso formativo.
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