BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 31 Viernes 5 de febrero de 2021 Sec. I.   Pág. 13159
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
1664 Ley 1/2021, de 22 de enero, por la que se articula un periodo transitorio para 
garantizar la prestación del servicio de Televisión Digital Terrestre de ámbito 
local en Andalucía gestionado por particulares.
El Presidente de la Junta de Andalucía a todos los que la presente vieren, sabed: 
Que el Parlamento de Andalucía ha aprobado y yo, en nombre del Rey y por la autoridad 
que me confieren la Constitución y el Estatuto de Autonomía, promulgo y ordeno la 
publicación  de  la  siguiente  Ley  por  la  que  se  articula  un  periodo  transitorio  para 
garantizar la prestación del servicio de Televisión Digital Terrestre de ámbito local en 
Andalucía gestionado por particulares.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
El Parlamento de Andalucía aprobó la Ley 7/2016, de 20 de septiembre, por la que 
se articula un periodo transitorio para garantizar la prestación del servicio de televisión 
digital terrestre de ámbito local en Andalucía gestionado por particulares, con el objetivo 
de defender el derecho fundamental de los ciudadanos a la libertad de comunicación, 
que garantizan los apartados a) y d) del artículo 20.1 de la Constitución española, así 
como el propio interés público y de proporcionar seguridad jurídica al sector de la 
comunicación audiovisual en Andalucía.
El objeto de dicha ley era garantizar la continuidad en la prestación del servicio de 
televisión digital terrestre de ámbito local en las demarcaciones territoriales afectadas por 
la anulación judicial de las licencias otorgadas en virtud del Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de 29 de julio de 2008, que resolvió el concurso convocado el 18 de abril 
de 2006, para lo que se habilitaba un régimen provisional, de carácter transitorio, que 
duraría  hasta  que  se  produjera  la  resolución  del  correspondiente  proceso  de 
adjudicación  de  licencias  que  habría  de  convocarse  por  acuerdo  del  Consejo  de 
Gobierno.
Y  fue,  precisamente,  en  virtud  de  la  disposición  adicional  única  de  la  citada 
Ley 7/2016, de 20 de septiembre, por lo que, mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno 
de 2 de agosto de 2016, publicado en el BOJA número 152, de 9 de agosto, se convocó 
un  nuevo  concurso  público  para  la  adjudicación,  en  régimen  de  concurrencia,  de 
licencias para la prestación del servicio de comunicación audiovisual televisivo privado 
de carácter comercial de ámbito local en Andalucía, que fue resuelto mediante Acuerdo 
del Consejo de Gobierno de 19 de junio de 2018, publicado en el BOJA número 122, 
de 26 de junio.
No obstante, también las bases reguladoras del concurso público convocado el 2 de 
agosto de 2016 fueron objeto de diversos recursos presentados ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, entre ellos los 
números 937/2016, 818/2017, 999/2016 y 1.028/2016.
Con fechas 4 de octubre, 15 de noviembre y 20 de diciembre de 2018, la Sala de lo  e.
Contencioso-Administrativo de Granada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dictó  w.b
sentencias en los citados recursos, por las que, estimando parcialmente las pretensiones de  64ww
dloes  rbeacsuerrse nqteuse,  arniguelanb ae lv acroionsc ucrrsitoe,r iocso dnecr veatalomraecnitóen  deel l carpitaerrtioa do2 .6a )d, er elala btiavsoe  a1l1 .eª sdteuld pioli edgeo 
approadrutacdcoiósn c )o yp edr)a dtievol c; reitel rciori t6e,r iroe l5a,t ivroesla ativ loa sa a slao ceiaxcpieornieensc ciao ne lna se ql usee csteo rh aabuídaio cvoislaubaol,r ayd olo ys 
los apoyos expresos de entidades locales, respectivamente.
Mediante diversas diligencias de ordenación, entre el 27 de septiembre y el 17 de 
octubre  de  2019,  el  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Andalucía  declaró  firmes  las 
referidas sentencias, por lo que, en ejecución de las mismas, el Consejo de Gobierno 
acordó, en sesión celebrada el 17 de diciembre de 2019, el cumplimiento de las referidas 
sentencias que anulaban ciertos criterios de valoración del concurso, retrotrayendo el 
procedimiento previsto en las bases del concurso al momento de valoración por la Mesa 
de los proyectos audiovisuales presentados, con anulación de la adjudicación acordada 
el 19 de junio de 2018.
Evaluados  los  proyectos  audiovisuales  y  elevada  por  la  Mesa  de  valoración  la 
correspondiente propuesta de adjudicación de las licencias ofertadas, el concurso fue 
finalmente resuelto por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 28 de julio de 2020, siendo 
publicado en el BOJA extraordinario número 46, de 29 de julio.
Instada por la parte demandante la ejecución de la Sentencia dictada el 4 de octubre 
de  2018,  en  Recurso  Contencioso-Administrativo  número  818/2017,  la  Sala  de  lo 
Contencioso-Administrativo de Granada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 
resolviendo el incidente planteado, dictó Auto de 28 de mayo de 2020, que, estimando 
íntegramente el incidente de ejecución de sentencia, acuerda lo siguiente:
1.  Imponer a la Administración andaluza la convocatoria de un nuevo concurso 
público para la adjudicación, en régimen de concurrencia, de licencias para la prestación 
del servicio de comunicación audiovisual televisivo privado de carácter comercial de 
ámbito local en Andalucía.
2.  Anular los contratos administrativos formalizados por la Junta de Andalucía con 
base en el concurso público anterior.
3.  Anular el Acuerdo de 17 de diciembre de 2019, del Consejo de Gobierno.
Este  auto  fue  recurrido  en  reposición  por  el  Gabinete  Jurídico  de  la  Junta  de 
Andalucía, y desestimado mediante auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de fecha 5 de octubre de 2020, informando el 
Gabinete Jurídico la ausencia de interés casacional, por lo que, transcurrido el plazo 
para que cualquier otra parte personada interpusiera dicho recurso, el Auto de 28 de 
mayo de 2020 deviene firme, por lo que procede su ejecución mediante acuerdo del 
Consejo de Gobierno.
Visto lo anterior, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, en cumplimiento 
del Auto firme de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía de 8 de mayo de 2020, en sesión celebrada el día 17 
de noviembre de 2020, acuerda dejar sin efecto el Acuerdo de 17 de diciembre de 2019, 
del Consejo de Gobierno, publicado en el BOJA número 243, de 19 de diciembre, por el 
que se dispone el cumplimiento de las Sentencias números 1.704/2018 y 1.705/2018, 
de 4 de octubre, número 2.037/2018, de 15 de noviembre, y número 2.456/2018, de 20 
de diciembre, dictadas por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada del 
Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Andalucía,  en  los  recursos  números  937/2016, 
818/2017, 999/2016 y 1.028/2016, respectivamente; el Acuerdo de 2 de agosto de 2016, 
del Consejo de Gobierno, publicado en el BOJA número 152, de 9 de agosto, por el que 
se convoca concurso público para la adjudicación, en régimen de concurrencia, de 
licencias para la prestación del servicio de comunicación audiovisual televisivo privado 
de carácter comercial de ámbito local en Andalucía y se aprueba el pliego de bases que 
ha de regir el mismo; los documentos administrativos de formalización de las licencias 
adjudicadas por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de junio de 2018, publicado en  e
el BOJA número 122, el 26 de junio, y la adjudicación acordada mediante Acuerdo del  bo
Consejo de Gobierno de 28 de julio de 2020, publicado en el BOJA extraordinario  64ww
número 46, de 29 de julio.
II
En esta tesitura, resulta evidente el perjuicio que se causaría a los ciudadanos y 
ciudadanas  residentes  en  las  demarcaciones  afectadas  por  un  hipotético  cese  de 
emisiones, partiendo de la consideración de servicio público de la prestación de la 
actividad audiovisual, conforme a lo dispuesto en la Ley 10/2018, de 9 de octubre, 
Audiovisual  de  Andalucía,  y  en  la  Ley  7/2010,  de  31  de  marzo,  General  de  la 
Comunicación Audiovisual, según la cual, los servicios de comunicación audiovisual 
televisivos son servicios de interés general que se prestan «en el ejercicio del derecho a 
la libre expresión de ideas, del derecho a comunicar y recibir información, del derecho a 
la participación en la vida política y social, y del derecho a la libertad de empresa y 
dentro  del  fomento  de  la  igualdad,  la  pluralidad  y  los  valores  democráticos».  En 
consecuencia,  el  legislador  estatal  ha  vinculado  directamente  los  servicios  de 
comunicación audiovisual con el ejercicio de derechos fundamentales por parte de la 
ciudadanía, por lo que su observancia debe orientar necesariamente la actuación de los 
poderes públicos por los que se encuentran vinculados (artículo 53.1 de la Constitución 
española).
Paralelamente, esta situación es perjudicial para decenas de personas y empresas 
privadas que, ajenas a las causas que han motivado la anulación de las concesiones que 
efectuaba el acuerdo, resultaron adjudicatarias y cuya viabilidad económica queda ahora 
seriamente  en  entredicho.  De  este  modo,  deberían  seguir  asumiendo  todas  las 
obligaciones contraídas conforme a derecho hasta el momento; sin embargo, se verían 
privadas del objeto de negocio que les reportara los recursos suficientes para poder 
satisfacerlas, lo que conduciría presumiblemente al cierre de muchas de estas empresas 
y la consiguiente afectación de manera directa del empleo en el sector, sin olvidar el 
contagio directo al resto de empresas auxiliares asociadas al mismo (en particular, las de 
producción audiovisual), sobre cuya viabilidad también tendría una incidencia decisiva la 
misma problemática.
Perjuicios que vendrían a sumarse al que ya representaría de por sí la privación de la 
licencia para aquellos que, no resultando en principio adjudicatarios en el concurso, 
posteriormente, y en virtud de la posibilidad legalmente prevista en el artículo 29 de la 
LGCA, la hubieran adquirido a través de negocio jurídico válido, previa acreditación ante 
esta Administración, como autoridad audiovisual competente, de todas las prescripciones 
que impone la ley.
A mayor abundamiento, los efectos colaterales de la problemática reseñada también 
alcanzarían a otros sectores vinculados con el audiovisual, como el publicitario, que vería 
reducido su ámbito de negocio con el cierre de las emisoras de televisión digital terrestre 
de ámbito local de Andalucía, lo que agravaría la realidad de un sector ya de por sí 
afectado por la crisis acentuada como consecuencia de la persistencia de los efectos del 
COVID-19 y su repercusión sobre la economía, que ha visto reducido significativamente 
sus fuentes de financiación, mermando paulatinamente los ingresos por este concepto. 
Igualmente, también se vería seriamente cercenada la posibilidad de acceso a cualquier 
tipo de subvenciones o incentivos, así como la de celebrar contratos o tener acceso a 
publicidad institucional, ya que jurídicamente los licenciatarios habrían dejado de serlo y 
carecerían de cualquier legitimación para intervenir en su condición de tales en los 
mismos.
Por otra parte, tampoco podemos olvidar las consecuencias perniciosas para los 
prestadores públicos que operan en el canal múltiple y que amenazarían la propia 
viabilidad de las televisiones locales públicas. De acuerdo con el modelo creado a partir  e.
del plan técnico nacional de la televisión digital local, y que se concretó en el ámbito  w.b
competencial andaluz a partir del Decreto 1/2006, en el respectivo canal múltiple de cada  64ww
dperomgararcmaacsió np rcivoandvoivse, ns, ineon  ttaémrmbiinéons  ugne nceuraarletos , pnreos tsaódloo r lodse  liccaernácciatetar ripoúsb ldiceo :l oes l trdeesl 
mgeusntiiócinp icoo on jucnotnaj udneto e sdee  mmiusnmicoi ppiorosg draem caa d(sai  sdoenm avracraiocsió, nm qeudeia nptued liae racrne aaccicóend deer  au nlaa 
entidad pública de gestión, de acuerdo con lo que dispone el mencionado decreto). En
este sentido, el artículo 10 del Decreto 1/2006 determina que la gestión del canal múltiple 
corresponderá a un órgano interno (el denominado órgano de gestión conjunta del 
múltiple), sobre el que dicho artículo hace recaer una serie de obligaciones que podrían 
resumirse en la capacidad de adoptar los acuerdos necesarios para la adecuada gestión 
conjunta del múltiple. Al mismo tiempo, todas las personas concesionarias participarán 
en los gastos que procedan de forma proporcional al número de programas de que son 
adjudicatarios.
De acuerdo con ello, el cese de las emisiones dejaría sin efecto los tres programas 
privados, eliminando la presencia en el órgano de gestión conjunta del múltiple de los 
tres licenciatarios privados y abandonando a su suerte al concesionario municipal. Sin 
embargo,  los  gastos  que  antes  se  repartían  proporcionalmente  para  el  ordinario 
funcionamiento del múltiple tendrían que ser asumidos ahora en su integridad por este 
último  y,  en  definitiva,  acabarían  siendo  repercutidos  a  la  ciudadanía  de  dichos 
municipios.  Huelga  decir  que  esto  haría  el  modelo  insostenible  ante  unas  arcas 
municipales de por sí maltrechas y que se encuentran sometidas a una importante 
racionalización para el control de su gasto en los últimos tiempos.
Por lo tanto, la finalidad última de la presente ley es paliar la difícil situación por la 
que  atraviesan  los  prestadores  del  servicio  de  comunicación  audiovisual  televisivo 
privado de carácter comercial y ámbito local prestado mediante televisión digital terrestre 
en Andalucía tras la anulación judicial de sus licencias, mediante la articulación de una 
habilitación provisional, de carácter transitorio, que al igual que hizo la Ley 7/2016, de 20 
de septiembre, aprobada por unanimidad en este Parlamento, garantice la continuidad 
en la prestación por parte de las personas físicas y jurídicas que con carácter previo a la 
anulación judicial se encontrasen en posesión de las licencias adjudicadas en virtud del 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 28 de julio de 2020.
Desde el punto de vista sistemático, la ley se estructura en cuatro artículos, dos 
disposiciones adicionales, una transitoria, una derogatoria y dos finales.
La disposición adicional primera ordena la publicación en el plazo máximo de tres 
meses desde la entrada en vigor de la presente ley de la convocatoria por el Consejo de 
Gobierno de la Junta de Andalucía, conforme a lo dispuesto en el artículo 60 de la 
Ley 10/2018, de 9 de octubre, Audiovisual de Andalucía, de un nuevo concurso público 
para la adjudicación, en régimen de concurrencia, de licencias para la prestación del 
servicio de comunicación audiovisual televisivo privado de carácter comercial de ámbito 
local  en  Andalucía  para  la  emisión  de  programación  en  abierto,  en  aquellas 
demarcaciones  territoriales  andaluzas  donde  las  licencias  adjudicadas  en  virtud  del 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 28 de julio de 2020 fueron anuladas judicialmente, 
así como en aquellas demarcaciones donde las licencias estuvieran vacantes en el 
momento de adopción de la convocatoria.
Con el nuevo concurso que se convocará en 2021 se pretende dar seguridad jurídica 
al sector de la TDT local en Andalucía y contribuir a fortalecer la oferta informativa en 
Andalucía, consolidando los proyectos audiovisuales de carácter local.
El artículo 133 del Estatuto de Autonomía para Andalucía contiene los principios de 
actuación y gestión de competencias de la Administración de la Junta de Andalucía, 
siendo de destacar los de eficacia, eficiencia, racionalidad organizativa y simplificación 
de procedimientos. En tal sentido, el artículo 7 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la 
Administración de la Junta de Andalucía, dispuso que la aplicación de las tecnologías de 
la información a la Administración estará orientada a mejorar su eficacia, aproximarla a la 
ciudadanía  y agilizar la gestión  administrativa, estableciendo los principios y reglas  s
básicos aplicables a la implantación y régimen jurídico de la Administración electrónica. oe.
Es por ello que la disposición adicional segunda, partiendo de la habilitación del  w.
artículo14.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común  64ww
edlee ctrlóansi caAmdemntinei sctoranc liao nAedsm  inPisútbraliccaiósn,  dee slata Jbulenctae  dela A ndoablluigcaíac iódne  aqduee llarse lpaecriosnoanrasse, 
fáísmicbaitso  coo mjupríedtiecnacsi,a lp drees tlaa dJournatsa  ddee  Asenrdvaicluiocsía ,d aes íc ocommuon icdaec iaóqnu ealuladsi oqvuiseu apla rstiucjiepteans  eanl   BOE-A-cable e
los  procedimientos  de  otorgamiento  de  licencias  para  prestar  dichos  servicios, 
considerando el sector económico de que se trata, y de acuerdo con la capacidad 
técnica que se les presupone, conforme a lo indicado en el artículo 6 de la Ley 7/2010, 
de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, y en el artículo 39 del 
Decreto 622/2019, de 27 de diciembre, de Administración electrónica, simplificación de 
procedimientos y racionalización organizativa de la Junta de Andalucía.
Artículo 1.  Objeto.
El objeto de la presente ley es la articulación de un período transitorio para garantizar 
la  continuidad  en  la  prestación  del  servicio  de  comunicación  audiovisual  televisivo 
privado comercial de ámbito local, a través de televisión digital terrestre en Andalucía, en 
adelante, el servicio.
Artículo 2.  Habilitación provisional.
1.  Las personas físicas y jurídicas que fueron adjudicatarias de licencia en virtud del 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de 28 de julio de 2020, por el 
que se resolvía el concurso público de 2 de agosto de 2016, para la adjudicación de 
licencias de prestación del servicio de comunicación audiovisual televisivo privado, de 
carácter comercial de ámbito local, podrán ser habilitadas, con carácter transitorio, para 
la explotación de dicho servicio en la demarcación en la que hubieran obtenido licencia, 
conforme al régimen establecido en la presente ley.
2. La habilitación provisional se concederá en virtud de resolución de la Dirección 
General de Comunicación Social, previa solicitud presentada por las personas físicas y 
jurídicas a las que se refiere el apartado 1, dirigida al mencionado órgano directivo a 
través del Registro Electrónico Único de la Administración de la Junta de Andalucía, en 
la  que  dichas  personas  manifiesten  la  decisión  de  acogerse  a  dicha  habilitación  y 
concreten  la  demarcación  en  la  que  se  va  a  proceder  al  ejercicio  efectivo  de  la 
habilitación, pudiendo hacerlo en todas aquellas demarcaciones en las que hubieran 
obtenido licencia.
Artículo 3.  Solicitud y procedimiento de habilitación.
1. En la solicitud se identificará el titular del servicio, el nombre comercial y los datos 
de contacto para la remisión de notificaciones telemáticas, acompañándose de una 
declaración  responsable  por  la  que  la  persona  habilitada  declara  reunir  todos  los 
requisitos exigidos por la normativa aplicable, específicamente en materia audiovisual, ya 
sea de carácter estatal o de la Comunidad Autónoma de Andalucía, para la prestación 
del servicio, así como el compromiso expreso de estricto cumplimiento de todo aquello 
que prescribe la misma durante la vigencia de la habilitación.
2.  Si, en el plazo de cinco días hábiles desde que se presente la solicitud, el órgano 
directivo competente en materia de medios de comunicación social observara defectos u 
omisiones subsanables, requerirá a quien haya realizado la solicitud para que, en el 
plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con 
indicación de que, si así no lo hiciera, la misma no producirá ningún efecto.
3.  Las  solicitudes  para  acogerse  a  la  habilitación  provisional  regulada  en  la 
presente ley se presentarán en el plazo de un mes a contar desde la fecha de entrada en 
vigor de la presente ley. s
4.  El procedimiento administrativo para la concesión de la habilitación provisional,  oe.
regulado en la presente ley, se resolverá y notificará en un plazo máximo de un mes a  w.
contar desde la fecha de presentación de la solicitud para acogerse a la habilitación. 64ww
expr5e.s oL, an ore spouludcieiónnd oa, dmenin isntirnagtiúvna   dcaes oc,o nscuepsoiónne r dee l lar ehcoanboilictaimciióenn tote ndder á dcearerácchtoesr 
adicionales ni la asunción de obligaciones distintas a las que motiva su otorgamiento.
Artículo 4.  Eficacia y extinción de la habilitación provisional.
1.  La eficacia de la habilitación provisional, a la que se refiere el artículo 2 de la 
presente ley, queda condicionada al estricto cumplimiento de todo aquello que prescribe 
la  presente  norma  y  el  resto  de  normativa  aplicable,  específicamente  en  materia 
audiovisual, ya sea de carácter estatal o de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
2.  No se podrá realizar ni autorizar ningún tipo de negocio jurídico con dicha 
habilitación provisional, permitiendo ésta, únicamente, la prestación efectiva del servicio, 
lo que incluye el derecho a incorporarse al órgano de coordinación de canal múltiple.
3.  Son causas de extinción de la habilitación provisional:
a)  El inicio efectivo de la prestación de dicho servicio por parte de las nuevas 
personas  licenciatarias  tras  la  adjudicación  y  formalización  de  las  correspondientes 
licencias otorgadas por acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se resuelva el 
correspondiente proceso de adjudicación al que se refiere la disposición adicional única.
b)  La renuncia expresa por parte de la persona habilitada.
c)  La revocación de la habilitación provisional por incumplimiento reiterado de las 
condiciones establecidas en la normativa vigente, previo expediente tramitado al efecto.
4.  La habilitación provisional que establece la presente ley permitirá la prestación 
del servicio hasta que se produzca el inicio efectivo de la prestación del mismo por parte 
de los nuevos adjudicatarios del concurso referido en la disposición adicional primera.
Disposición  adicional  primera.  Concurso  para  la  adjudicación,  en  régimen  de 
concurrencia,  de  licencias  para  la  prestación  del  servicio  de  comunicación 
audiovisual televisivo privado de carácter comercial de ámbito local en Andalucía.
1.  En el plazo máximo de tres meses desde la entrada en vigor de la presente ley, 
por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 14 y 60 de la Ley 10/2018, de 9 de octubre, Audiovisual de Andalucía, se 
convocará  concurso  público  para  la  adjudicación,  en  régimen  de  concurrencia,  de 
licencias para la prestación del servicio de comunicación audiovisual televisivo privado 
de carácter comercial y ámbito local en Andalucía para la emisión de programación en 
abierto, en aquellas demarcaciones territoriales andaluzas donde la adjudicación por 
Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 28 de julio de 2020, fue anulada judicialmente, así 
como de aquellas licencias para prestar dicho servicio que estuvieran vacantes en el 
momento de la convocatoria.
2.  Sin perjuicio de lo dispuesto en las bases reguladoras de dicho concurso, el 
otorgamiento de licencias se regirá por la normativa básica estatal, la Ley Audiovisual de 
Andalucía, y supletoriamente por la legislación patrimonial del Estado y la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.
Disposición  adicional  segunda.  Obligación  de  relacionarse  electrónicamente  con  la 
Junta de Andalucía.
Las personas prestadoras de servicios de comunicación audiovisual sujetas al ámbito 
competencial  de  la  Junta  de  Andalucía,  así  como  aquellas  que  participen  en  los 
procedimientos de otorgamiento de licencias para prestar dichos servicios, ya sean 
personas  físicas  o  jurídicas,  están  obligadas  a  relacionarse  a  través  de  medios 
electrónicos con la Administración de la Junta de Andalucía, conforme establece el  e
artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común  bo
de las Administraciones Públicas, considerando el sector económico de que se trata, y  64ww
edle a artcíucuelrod o6  cdoen l ala L ceayp 7a/c2i0d1a0d,  tdéec n3ic1a d qeu me asrez ole, sG perneesruapl odnee l,a  cCoonmfourmniec aac ilóon d Aisupduioevsitsou eanl, 
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de Andalucía.
Disposición transitoria única.  Habilitación complementaria.
1.  Los prestadores actuales amparados por la Ley 7/2016, de 20 de septiembre, por 
la que se articula un período transitorio para garantizar la prestación del servicio de 
televisión digital terrestre de ámbito local en Andalucía gestionado por particulares, 
podrán continuar en el servicio hasta que se resuelvan los procedimientos regulados en 
la presente ley.
2.  En el caso de que las personas a las que se refiere el artículo 3 no iniciaran la 
prestación efectiva del servicio en una o varias demarcaciones en el plazo de un mes 
desde la notificación de la resolución expresa de la habilitación provisional o hubieran 
optado por no acogerse en el plazo establecido a la habilitación provisional, la Dirección 
General de Comunicación Social de la Consejería de la Presidencia, Administración 
Pública  e  Interior  comunicará  a  los  prestadores  actuales  de  dichas  demarcaciones 
amparados por la Ley 7/2016, de 20 de septiembre, siguiendo el orden de antigüedad en 
la prestación efectiva del servicio de comunicación audiovisual televisivo de ámbito local 
gestionado por particulares, la posibilidad de que puedan solicitar, en el plazo de un mes 
desde la notificación, su incorporación a dicho régimen provisional.
3.  A las solicitudes formuladas en virtud de esta disposición transitoria les será de 
aplicación el régimen jurídico de habilitación provisional establecido en la presente ley.
Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
Queda derogada la Ley 7/2016, de 20 de septiembre, por la que se articula un 
periodo transitorio para garantizar la prestación del servicio de televisión digital terrestre 
de ámbito local en Andalucía gestionado por particulares, sin perjuicio de lo establecido 
en la disposición transitoria única.1.
Disposición final primera.  Desarrollo normativo.
El Gobierno, en el ámbito de sus competencias, dictará cuantas disposiciones sean 
necesarias para el desarrollo y aplicación de esta ley.
Disposición final segunda.  Entrada en vigor.
Esta ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía».
Sevilla, 22 de enero de 2021.–El Presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel 
Moreno Bonilla.
(Publicada en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 16, de 26 de enero de 2021)