BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 181 Viernes 30 de julio de 2021 Sec. III.   Pág. 92533
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
12898 Resolución de 16 de julio de 2021, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación 
de la registradora de la propiedad de Madrid n.º 12, por la que se deniega la 
expedición de una certificación.
En el recurso interpuesto por don J. F. C. contra la nota de calificación extendida por 
la registradora de la Propiedad de Madrid número 12, doña María de la Concepción 
López-Jurado  Romero  de  la  Cruz,  por  la  que  se  deniega  la  expedición  de  una 
certificación.
Hechos
I
El día 12 de marzo de 2021, don J. F. C. solicitó al Registro de la Propiedad de 
Madrid  número  12,  certificación  relativa  a  la  finca  registral  número  26.608  de  la 
demarcación del citado Registro. El solicitante manifestó como interés legítimo «conocer 
actualmente la situación de la finca». Respondiendo a la anterior solicitud, se expidió 
certificación literal y se entregó al solicitante. En la citada certificación, se anularon las 
referencias de datos protegidos por la Ley de Protección de Datos Personales, como 
domicilios, precios y formas de pago que constaban en las distintas inscripciones del 
historial de la finca. El día 5 de abril de 2021, el solicitante de la certificación reclamó la 
expedición de la certificación completa al haberse «omitido en la misma la cantidad de 
dinero en que se subroga, D.ª M. F. C. (…) la cantidad monetaria que la Cooperativa de 
Viviendas confiesa haber recibido por la vivienda, incluido el precio de la participación 
indivisa (…) la cantidad de dinero, del precio global de la compraventa, y del precio (…) 
que se reservó la parte compradora para el pago de la hipoteca y (…) el resto de la 
cantidad de dinero, que la parte vendedora recibe de la parte compradora» estimando 
que son aspectos esenciales de una certificación literal.
II
La registradora de la Propiedad de Madrid número 12 denegó la expedición de la 
certificación conteniendo los datos omitidos, expidiendo la siguiente nota de calificación:
«Concepción López-Jurado Romero de la Cruz, registradora titular del Registro 12 de 
Madrid, emite el siguiente informe:
Documento calificado: Reclamación por parte de Don J. F. C. presentada en el 
Registro el día 5 de abril de 2021. Número de entrada 52.385.
Hechos.
El día 12 de marzo pasado, Don J. F. C. solicitó certificación relativa a la finca 26.608  e
de  la  demarcación  de  este  Registro.  Manifestó  como  interés  legítimo  “conocer  bo
actualmente la situación de la finca”. 898ww
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El 5 de abril pasado, el solicitante de la certificación presentó reclamación ante esta 
registradora por haber “omitido en la misma la cantidad de dinero en que se suroga [sic] 
D.ª M. F. C.”, “la cantidad monetaria que la Cooperativa de Viviendas confiesa haber 
recibido por la vivienda, incluido el precio de la participación indivisa...” “la cantidad de 
dinero  del  precio  global  de  la  compraventa  y  del  precio  que  se  reservó  la  parte 
compradora para el pago de la hipoteca y el resto de la cantidad de dinero que fa parte 
vendedora recibe de la parte compradora”.
En la actualidad la finca de la que se certificó figura inscrita a favor de don B. F. G. B. 
y doña M. C. B. Z.
Fundamentos de Derecho.
Ante una solicitud de publicidad formal, el registrador debe calificar en primer lugar, si 
procede o no expedir la información o publicidad formal respecto de la finca o derecho 
que se solicita, atendiendo a la causa o finalidad alegada; en segundo lugar, deberá 
valorar la existencia de un interés legítimo, y en tercer lugar, qué datos y circunstancias 
de los incluidos en el folio registral correspondiente puede incluir o debe excluir de dicha 
información.  En  relación  con  el  interés  legítimo,  sostiene  la  Dirección  General  (cfr. 
Resolución sobre la materia de fecha 25 de noviembre de 2016) que debe ser conocido, 
directo y legítimo. Tal interés legítimo, en el ámbito del Registro de la Propiedad, ha de 
probarse  a  satisfacción  del  registrador  de  acuerdo  con  el  sentido  y  función  de  la 
institución registral.
En el presente caso, en la solicitud inicial de publicidad únicamente se indica que la 
certificación se solicita para conocer actualmente la situación de la finca. Del contenido 
de la certificación resulta perfectamente claro cuál es la situación actual. Pero a juicio de 
la registradora, no se acredita interés legítimo para conocer los datos protegidos por la 
Ley de Protección de Datos (artículos 1 a 5 de la Ley 3/2018, de 5 de diciembre).
Contra esta calificación (…)
Madrid, 8 de abril de 2021 La registradora (firma ilegible y sello del Registro con el 
nombre y apellidos de la registradora).»
III
Contra la anterior nota de calificación, don J. F. C., interpuso recurso el día 4 de 
mayo de 2021 mediante escrito con el siguiente contenido:
«Antecedentes de hecho.
Primero.–1.º  Que dado que tenía la Certificación Literal completa del año 2000 de 
la finca 26608, incluido garaje (parte indivisa) y trastero (…) y la empresa tasadora de la 
finca la necesitaba actualizada, me pidió la misma, Nota simple actualizada de la finca, 
por lo que con fecha 12 de marzo de 2021, solicité verbalmente del Registro Número 12 
de Madrid, Nota Simple actualizada de la finca n.º 26608, (…) que se me expidió en el 
momento, pero dado que no estaba incluido la parte indivisa o garaje, anejo a la misma, 
que sí figuraba en la certificación Literal del año 2000, (…) es por lo que, minutos más 
tarde solicito Certificación Literal de la finca, y pago 3,64 euros, por nada, pues se mutila 
la parte indivisa o garaje, que se excluye, (…) para conocer actualmente la situación de 
la finca, con la esperanza de que estuviera completa, pues se solicita literal, incluida en 
la misma la parte indivisa o garaje, pero me encuentro con la sorpresa de que me 
entregan una certificación, que me cuesta 43,56 euros, (…) en la que se tachan con  e.
rotulador negro los aspectos económicos de las transacciones económicas, aspecto que  w.b
dificulta enormemente hacer la tasación de una vivienda de Protección Oficial. Por ello  898ww
isnoslcicriitpoc pioonre ess 1c.rºit,o 2 d.ªe,  35. ªd, e4 .aªb, r5il. ªd ye  62.0ª 2s1in n quueev afi gcuerretinfic taaccihóand laitse rlaals,  (c…an) tdidea dlae sfi nmcao n2e6t.a6r0ia8s, 
sduep roenfegrae ntecniae rd eq ulae  mvoislvmear , as epgaúgna rs e2  hvae ceexsp lpicoard loo  emn iseml cou, eprupeos d en oe sstoey  ersecsrpitoon ys asbinle q duee 
dichas tachaduras en la certificación literal emitida.
Segundo.–Co [sic] fecha 16 de abril de 2021 realicé la queja ante el Decanato del 
Colegio de Procuradores para que intervenga en la justa solución del caso planteado, de 
la que no he recibido respuesta y que no interrumpe el plazo de interposición de este 
Recurso Gubernativo.
Tercero.–Que con fecha 15 de abril de 2021, he recibido la Resolución o Calificación 
de 8 de abril de 2021, (…) denegatoria de lo solicitado, la certificación literal sin que 
aparezcan  tachados  los  aspectos  económicos  citados  en  mi  escrito  de  5  de  abril 
de 2021, que me devuelve la certificación incompleta con las tachaduras indicadas, que 
se basa:
– Que no tengo interés legítimo.
– Que dichos datos (los tachados en la Certificación emitida están protegidos por la 
Ley de Protección de Datos, (artículos 1 al 5 de la Ley 3/2018, de 5 de diciembre).
No estando conforme con dicha Resolución o Calificación de la Registradora es por 
lo que impugno la misma.
A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes,
Fundamentos de Derecho.
Primero.–Procede  este  recurso  en  virtud  de  los  artículos  323  a  328  de  la  Ley 
Hipotecaria citados y en virtud de la propia resolución de la Sra. Registradora de 8 de 
abril del corriente, notificada el 15 de abril del mismo, in fine.
Segundo.–Ostento legitimación activa para la presentación de este recurso conforme 
al  artículo  325  a)  de  la  Ley  Hipotecaria  y  por  tener  la  condición  de  legitimado;  e 
interesado en el procedimiento en virtud del art. 4.1. de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Tercero.–El escrito de calificación de la Registradora de 8 de abril de 2021, dicho con 
todos los respetos y en términos de absoluta defensa, infringe el artículo 325 de la Ley 
Hipotecaria, pues estoy legitimado para obtener la certificación pedida en mi escrito de 5 
de  abril  de  2021,  en  mi  condición  de  legitimado  e  interesado  y  así  lo  estima  la 
Registradora en el propio acto de concederme la Certificación Literal de la finca 26.608.
Cuarto.–El escrito de calificación de la Registradora de 8 de abril de 2021, infringe el 
artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, que indica 1 a) Se consideran interesados, quienes los 
promuevan como titulares de derechos legítimos individuales o colectivos. En este caso 
se pide para conocer actualmente la situación de la finca porque me lo pide una empresa 
para hacer la tasación de la finca de referencia.
Quinto.–El escrito de calificación de la Registradora de 8 de abril de 2021, dice que 
en la solicitud inicial (de 12 de marzo de 2021) no se acredita el interés legítimo para 
conocer los datos protegidos por la Ley de Protección de Datos (artículos 1 a 5 de la 
ley 3/2018, de 5 de diciembre), dicha afirmación infringe el artículo 68 de la Ley 39/2015, 
de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones 
Públicas, que indica que en el caso de que la solicitud del interesado, adoleciese de 
algún defecto, en el plazo de 10 días, el Registro n.º 12 debería haberse dirigido al 
interesado para que subsanase el defecto y no ha sido así, por lo que no debe a 
posteriori basar la Resolución o calificación de 8 de abril en un defecto del propio 
Registro al no dar la oportunidad de subsanación de la solicitud en el plazo de 10 días, y 
también infringe la propia Ley de Protección de Datos (artículos 1 a 5 de la ley 3/2018, 
de 5 de diciembre), por interpretación errónea de la misma, pues para realizar la tasación  e.
de una vivienda de Protección Oficial es necesario conocer los aspectos económicos de  w.
las transacciones de la finca 26.608, de la que se solicita la tasación, que la calificación  898ww
droet u8la ddoer  naebgrirl od, era t2if0ic2a1n, ddoi cyt ammainnate nqiueen ddoe, baesní,  lsae gcueirrt ifeicsatacinódno  Loitecuraltla, sd,e  ta2c4h addea ms acrozon 
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realización de una certificación literal de una finca por un Registro Público en la que 
consten los aspectos económicos de compra y de venta incluidos en la certificación 
literal y menos que deban ser tachados para realizar la tasación de la finca.
Sexto.–El escrito de calificación de la Registradora de 8 de abril de 2021, dice que no 
se acredita el interés legítimo para conocer los datos protegidos por la Ley de Protección 
de Datos (artículos 1 a 5 de la ley 3/2018, de 5 de diciembre), por lo que también infringe 
el artículo 14 de la Constitución Española, que establece, que los españoles son iguales 
ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, 
raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, 
en este caso se produce una grave discriminación pues en la misma circunstancia 
solicito una tasación de la finca 26.608, de c/ (…), de Madrid, a través de una sociedad 
de tasación el 28 de septiembre de 2011, y el Registro emite nota simple (en que figura 
la literal completa), sin ningún tipo de tachaduras, (…) y ahora, dado que han pasado 
varios  años  y  para  hacer  la  tasación  actualizada,  y  entregarla  a  una  empresa  de 
tasación, solicito 1.º, Nota Simple, y me quitan de la misma la parte indivisa o garaje, y 
pido la certificación literal, en su lugar, y me tachan los aspectos económicos, (…) 
mientras que si lo solicito a través de una sociedad de tasación me facilitan una nota 
simple  o  certificación  registral  sin  tachaduras  de  los  aspectos  económicos  de  las 
compraventas. Hay que señalar que en el año 2011 también existía la Ley de Protección 
de Datos, muy parecida a la actual, Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, artículos 1 al 7 de la misma, que están en la 
misma dirección que la actual, y se aplicó por el Registro en el sentido de no tachar los 
datos de las compraventas de las viviendas de Protección Oficial.»
IV
La registradora de la Propiedad emitió informe confirmando su calificación y formó 
expediente que elevó a esta Dirección General.
Fundamentos de Derecho
Vistos el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se 
deroga  la  Directiva  95/46/CE  (Reglamento  general  de  protección  de  datos);  los 
artículos 2.3 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales; 607 del Código Civil; 221 y siguientes de 
la Ley Hipotecaria; 332 y siguientes del Reglamento Hipotecario; las Sentencias del 
Tribunal  Constitucional  de  30  de  noviembre  de  2000  y  31  de  enero  de  2013;  las 
Sentencias del Tribunal Supremo, Sala Tercera, de 12 de diciembre de 2000 y 31 de 
enero, 9 de abril y 7 de junio de 2001; las Resoluciones-Circulares de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado de 8 de abril de 1983 y 12 de junio de 1985; las 
Instrucciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 5 de febrero 
de 1987, 29 de octubre de 1996 y 17 de febrero de 1998; las Resoluciones de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado de 11 de septiembre de 2009, 29 de 
julio y 3 de diciembre de 2010, 16 de septiembre de 2011, 14 de septiembre, 19 y 20 de 
noviembre y 12 de diciembre de 2012, 24 de enero, 26 de febrero, 1 de abril, 4 de julio 
y 20 de septiembre de 2013, 3 de febrero, 30 de mayo, 18 de septiembre y 12 de 
diciembre de 2014, 12 de diciembre de 2015, 19 de abril, 21 de junio, 25 de noviembre  e.
y 19 de diciembre de 2016, 9 de enero, 27 de febrero, 17 de mayo y 27 de junio de 2018,  w.b
14 de marzo de 2019 y 9 de enero de 2020, y la Resolución de la Dirección General de  898ww
Seguridad Jurídica y Fe Pública de 5 de noviembre de 2020.
histo1r.i al Sree gdisetrbaal ted ee dne teel rmprineasednat efi nrceac uinrscolu ysei npdroo ceel dceo netxepneiddoir  rceelarttiivfioca ac iólons  liatesrpael ctdoesl 
económicos de las transacciones operadas en la finca. A juicio de la registradora no
procede, por no haberse acreditado un interés legítimo que justifique la expedición de la 
certificación  con  inclusión  de  datos  que  deben  ser  objeto  de  protección.  Estima  la 
registradora que el interés indicado en la instancia de solicitud, «conocer actualmente la 
situación  de  la  finca»  se  cubre  suficientemente  con  los  datos  contenidos  en  la 
certificación emitida.
El recurrente entiende que el Registro es público, y que existe un interés lícito ya que 
la Ley de Protección de Datos (artículos 1 a 5 de la Ley 3/2018, de 5 de diciembre), no 
prohíbe la realización de una certificación literal de una finca por un registro público en la 
que consten los aspectos económicos de compra y de venta incluidos en la certificación 
literal y menos que deban ser tachados para realizar la tasación de la finca.
2.  Como cuestión preliminar previa, el recurrente hace referencia a la posibilidad de 
subsanación contemplada en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. que contempla la 
denominada subsanación de la solicitud, de forma que en caso de que la misma no 
reúna los requisitos formales previstos en el artículo anterior, «se requerirá al interesado 
para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos 
preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su 
petición».
Ahora bien, este precepto no es extrapolable al ámbito de la calificación registral, 
pues la citada ley no es la norma rectora del procedimiento registral.
En efecto, según reiterada doctrina de esta Dirección General (cfr., por todas la 
Resolución de 14 enero de 2012, con criterio confirmado por otras posteriores, como las 
de 16 de mayo y 7 de diciembre de 2012, 20 de noviembre de 2013 y 17 de febrero 
de 2014), respecto de la naturaleza jurídica especial del procedimiento registral y el 
régimen legal a que queda sujeto resulta particularmente relevante la doctrina legal fijada 
por la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, de 3 de enero de 2011.
De la citada Sentencia, en lo que aquí interesa, resultan los siguientes criterios:
– La  función  de  la  calificación  registral  presenta  particularidades  de  notoria 
importancia respecto del régimen de las actividades de las Administraciones Públicas. 
Estas particularidades justifican secularmente su tratamiento específico desde el punto 
de vista científico, normativo y jurisdiccional. Desde este último punto de vista, la revisión 
de la actividad registral inmobiliaria no corresponde al orden jurisdiccional contencioso-
administrativo, sino que es una de las expresamente atribuidas al orden jurisdiccional 
civil por razón de la naturaleza privada y patrimonial de los derechos que constituyen su 
objeto –artículo 3.a) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-administrativa–;
– Por ello la aplicación supletoria de las normas de procedimiento administrativo al 
ámbito de la calificación registral no puede aceptarse con carácter general ni de manera 
abstracta;
– Lo anterior no excluye la aplicabilidad del régimen administrativo cuando haya una 
remisión específica de la legislación hipotecaria a los aspectos de dicho régimen que 
considere aplicables a la función registral, o cuando se trate de normas administrativas 
que respondan a los principios generales materiales o de procedimiento propios de todo 
el ordenamiento;
Esta doctrina ha sido lógicamente asumida por la oficial de este Centro Directivo, y 
nuevamente confirmada por las Sentencias de la Sala Primera del Tribunal Supremo 
número  959/2011,  de  10  febrero,  334/2011,  de  18  mayo,  373/2011,  de  31  mayo,  e
517/2011, de 1 julio, y, más recientemente, por la número 730/2013, de 21 de noviembre,  bo
todas ellas en el idéntico sentido. 898ww
alterEanr  ceoln spercouceendcimiai,e snatolv o rreegmisitsriaóln  easbprieecnidfioca  tdreá mlai tleesg isdlaec iósnu bhsipaontaecciaórnia, , ntroa sslea dpou eddee 
(dqouceu mpuednitearcaiónn s uop doen earl esguacceiosinveass  dinistetirnvteons cdioen easq udeell oloss q iunete eresstéand opsr,e lvois qtouse ,e and leam máiss mdea 
no estar previsto legalmente, convertiría el procedimiento registral en una suerte de 
procedimiento contencioso que desvirtuaría su naturaleza).
Conforme el articulo 19 y 19 bis de la Ley Hipotecaria, cuando la calificación es 
negativa el registrador la manifestará a los que pretendan la inscripción, para que, si 
quieren, recojan el documento y subsanen la falta durante la vigencia del asiento de 
presentación. Deberá contener, entre otros extremos, expresa indicación de los medios 
de  impugnación,  órgano  ante  el  que  debe  recurrirse  y  plazo  para  interponerlo,  sin 
perjuicio  de  que  el  interesado  ejercite,  en  su  caso,  cualquier  otro  que  entienda 
procedente. Esta es la normativa que resulta de aplicación y así se ha hecho en este 
caso.
3.  Entrando en el fondo del recurso, es doctrina reiterada de este Centro Directivo 
(cfr. Resoluciones de 6 de noviembre y 11 de diciembre de 2017 y 14 marzo de 2019, 
entre otras), con arreglo a lo dispuesto en los artículos 221 y 222 de la Ley Hipotecaria 
y 332 de su Reglamento, que el contenido del Registro sólo se ha de poner de manifiesto 
a quienes tengan interés en conocer el estado de los bienes y derechos inscritos y, por 
tanto, este interés se ha de justificar ante el registrador.
En consecuencia, ante una solicitud de publicidad formal, el registrador, debe calificar 
en primer lugar, si procede o no expedir la información o publicidad formal respecto de la 
finca o derecho que se solicita, atendiendo a la causa o finalidad alegada; en segundo 
lugar, deberá valorar la existencia de un interés legítimo y, en tercer lugar, que datos y 
circunstancias de los incluidos en el folio registral correspondiente puede incluir o debe 
excluir de dicha información.
La publicidad ha de ser para finalidades propias de la institución registral como la 
investigación, jurídica, en sentido amplio, patrimonial y económica (crédito, solvencia y 
responsabilidad),  así  como  la  investigación  estrictamente  jurídica  encaminada  a  la 
contratación o a la interposición de acciones judiciales o administrativas. No cabe para la 
investigación privada de datos no patrimoniales si no es cumpliendo estrictamente con la 
normativa de protección de datos.
En relación con el interés legítimo, sostiene la Dirección General (cfr. Resolución 
de 25 de noviembre de 2016, entre otras muchas) que debe ser: a) un interés conocido, 
en el sentido de acreditado o justificado (a excepción de los casos de autoridades, 
empleados o funcionarios públicos que actúen por razón de su oficio a los que la 
legislación hipotecaria presume dicho interés); b) ha de ser un interés directo o acreditar 
debidamente el encargo sin perjuicio de la dispensa del artículo 332.3 del Reglamento 
Hipotecario, y c) ha de ser legítimo. Este concepto de interés legítimo es un concepto 
más amplio que el de «interés directo», pues alcanza a cualquier tipo de interés licito. En 
este sentido la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera, de 24 de febrero de 2000, 
estableció que dicha exigencia reglamentaria de interés legítimo parece amparada por el 
artículo 222.7 de la Ley Hipotecaria que se refiere expresamente a los «fines lícitos» que 
se proponga quien solicite la información registral, fines lícitos que implican un interés 
legítimo en cuanto no contrario a derecho.
Como ya se ha señalado, el contenido del Registro sólo se ha de poner de manifiesto 
a quienes tengan interés en conocer el estado de los bienes o derechos inscritos, interés 
que  ha  de  justificar  ante  el  registrador,  que  es  a  quien  corresponde  apreciar  la 
legitimación del solicitante de la información (cfr. Sentencias del Tribunal Supremo, Sala 
Tercera, de 16 de junio de 1990 y de 7 de junio de 2001).
Esta necesaria calificación del interés concurrente en el solicitante de la información 
registral queda patente, como ha señalado la doctrina, cuando se somete a contraste el  s
contenido  del  artículo  607  del  Código  Civil,  conforme  al  cual:  «El  Registro  de  la  oe.
Propiedad será público para los que tengan interés conocido en averiguar el estado de  w.
los bienes inmuebles o derechos reales anotados o inscritos», con sus antecedentes pre  898ww
l«ecguisallaqtuivieorsa  qquuee  luot ileizxaijbaa»n q ulae  efixgpurreasbiaó ne nm eulc ahrot ícmuálos  1a7m36p ldiae, l rPerfoeyriedcat oa dl eslo Clicóidtaignote ,C idveil 
de 1836 y en el artículo 1885 del Proyecto de Código Civil de 1851, expresión que el
Código  Civil  definitivamente  aprobado,  tomándola  de  la  Ley  Hipotecaria  primitiva, 
sustituye por la exigencia del «interés conocido» (cfr. artículo 607 transcrito).
Por tanto, tal interés legítimo, en el ámbito del Registro de la Propiedad, ha de 
probarse  a  satisfacción  del  registrador  de  acuerdo  con  el  sentido  y  función  de  la 
institución registral.
Ello no significa que el registrador pueda discrecionalmente manifestar el contenido 
de los asientos registrales, sino que queda bajo su responsabilidad la publicidad del 
contenido de los asientos.
Reducida, en nuestro sistema registral, por razones de seguridad, eficacia, eficiencia 
y economía, la investigación jurídica de la propiedad y de las empresas a la mera 
solicitud de publicidad formal, es preciso cohonestar esta simplicidad procedimental con 
la finalidad que le atribuyen sus normas rectoras y conciliarla con los principios que 
inspiran nuestra legislación en materia de protección de datos. Y si bien es cierto que, 
como ha señalado este Centro Directivo (vid. Resolución de 14 de julio de 2016) en los 
casos en que el solicitante de la información sea el propio titular registral de la finca, el 
interés legítimo debe presumirse sin necesidad de más indagaciones respecto de todos 
los asientos relativos a su finca, ello no dispensa de la aplicación de la citada legislación 
en materia de protección de datos, debiendo por ello el registrador, como ha señalado la 
Resolución  de  reciente  cita,  adoptar  las  debidas  cautelas  respecto  de  los  datos 
personales de otras personas incluidos en los citados asientos, respecto de los cuales se 
ha de valorar igualmente la concurrencia de un interés legítimo por parte del solicitante 
en relación con la causa o finalidad a que responda la solicitud.
En  este  sentido  la  Sentencia  del  Tribunal  Supremo,  Sala  de  lo  Contencioso-
Administrativo, de 7 de junio de 2001, recuerda la necesidad de expresar la causa y 
finalidad de la consulta para que el registrador pueda, no sólo calificar la concurrencia de 
interés legítimo, sino también para que pueda velar por el cumplimiento de las normas 
sobre protección de datos de carácter personal. Y para ello resulta fundamental, como 
hemos  visto,  ajustar  la  publicidad  registral  a  la  finalidad  para  la  que  esta 
institucionalmente prevista.
Pero el registrador, como ha señalado la Resolución de 30 de mayo de 2014, en el 
ámbito de su calificación, para considerar justificado ese interés no sólo debe apreciar la 
literalidad de la causa aducida, sino también su congruencia con el resto de datos que se 
le proporcionen al requerir la información, de forma que la mera mención de un motivo, 
aun cuando sea de los considerados ajustados a la finalidad registral, aisladamente 
considerado no podrá dar lugar a la inmediata obtención de la nota simple o certificación 
solicitada, sino que será el análisis conjunto de todas las circunstancias que consten en 
la solicitud, el que determinará tanto la apreciación del interés alegado como la extensión 
de  los  datos  que,  a  su  juicio  y  bajo  su  responsabilidad,  facilite  el  registrador  al 
peticionario de la información.
4.  En el supuesto de este expediente, la registradora estima el interés legítimo del 
solicitante para obtener la información sobre el estado actual de la finca en el Registro, 
pero  no  para  que  dicha  información  incluya  los  precios  de  las  compraventas  o 
subrogaciones llevadas a cabo en la misma.
Como apuntan las Resoluciones de esta Dirección General de 6 de noviembre y 11 
de diciembre de 2017 y 9 de enero y 27 de febrero de 2018, como regla general, el 
registrador, como responsable del Registro y en el ejercicio de su función pública, 
controla la finalidad, contenido y uso del tratamiento de los datos personales, debiendo 
decidir, caso por caso, si procede incluir el precio de la transmisión de un inmueble en la  s
publicidad  registral.  Así  serían  supuestos  admisibles  de  inclusión  del  precio  en  la  oe.
publicidad: a) cuando los precios o valores solicitados lo sean de operaciones jurídico- w.
económicas  en  los  que  sean  parte  únicamente  personas  jurídicas  o  empresarios  898ww
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cesión vendría justificada por la normativa hipotecaria; c) cuando se trate de permitir al 
solicitante el ejercicio de un derecho que tenga reconocido por una norma con rango de 
Ley o en cumplimiento de un deber impuesto por una norma de igual rango, lo cual se 
acredite suficientemente al registrador, y d) en el supuesto de que la petición del precio 
se realice por agencias que actúen por cuenta de entidades financieras, acreditando el 
encargo recibido y la entidad en cuyo nombre actúen, de conformidad con las Circulares 
del Banco de España, referentes a la obligación de cubrir los activos calificados como 
dudosos, previa estimación del deterioro de su valor, para lo cual es necesario conocer 
los datos cuya cesión se pretende.
5.  En el presente recurso, en la solicitud de publicidad se indica que la certificación 
se solicita para «conocer actualmente la situación de la finca». El interés alegado no 
justifica, conforme lo anteriormente expresado, la emisión de la certificación con datos 
protegidos. Por lo tanto, el recurso debe desestimarse.
Es cierto que en el escrito de recurso se añade que la solicitud de información busca 
elaborar una nueva tasación de la finca.
Pero, en este sentido, es doctrina reiterada de este Centro Directivo (cfr. Resolución 
de 25 de julio de 2017), que a tenor de lo señalado en el artículo 326 de nuestra Ley 
Hipotecaria, el recurso sólo puede versar sobre los pronunciamientos señalados por el 
registrador en su nota de calificación y en atención a las circunstancias contenidas en el 
título o los títulos presentados para la calificación, no pudiendo apoyarse en otros 
documentos  ajenos  a  dicha  presentación  y  que  se  incorporen  en  el  trámite  de 
alegaciones, por lo que la motivación alegada en el escrito de recurso no puede ser 
tenida en cuenta por este Centro Directivo a la hora de elaborar esta Resolución. 
Quedando a salvo la posibilidad de solicitar una nueva certificación justificando el interés 
alegado con motivo de la interposición de este recurso para que sea objeto de nueva 
calificación.
Por último, respecto a la alegación de la emisión de publicidad previa conteniendo los 
datos solicitados, es reiterada la doctrina de esta Dirección General que el registrador 
tiene plena autonomía e independencia en el ejercicio de su función calificadora, sin que 
pueda considerarse vinculado por el precedente de calificaciones de otro registrador ni 
siquiera por las propias al practicar asientos del mismo o análogo contenido o al emitir 
publicidad.
En  consecuencia,  esta  Dirección  General  ha  acordado  desestimar  el  recurso  y 
confirmar la nota de calificación de la registradora.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el 
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las 
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de 
la Ley Hipotecaria.
Madrid, 16 de julio de 2021.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.