BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 268 Martes 9 de noviembre de 2021 Sec. TC.   Pág. 138655
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
18374 Pleno. Sentencia 171/2021, de 7 de octubre de 2021. Recurso de amparo 
5382-2019. Promovido por don Carles Puigdemont i Casamajó respecto de 
los autos dictados por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo comunicando 
a la mesa del Parlamento de Cataluña su suspensión en los cargos públicos 
que venía desempeñando. Supuesta vulneración de los derechos al ejercicio 
de los cargos representativos, a la presunción de inocencia y a la legalidad 
penal:  resoluciones  judiciales  que  adoptaron,  de  manera  suficientemente 
razonada  y  proporcionada,  una  medida  cautelar  suspensiva  del  cargo 
parlamentario (STC 11/2020).
ECLI:ES:TC:2021:171
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por el magistrado don Juan José 
González  Rivas,  presidente;  la  magistrada  doña  Encarnación  Roca  Trías;  los 
magistrados don Andrés Ollero Tassara, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan 
Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Ricardo Enríquez 
Sancho, y la magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 5382-2019, promovido por don Carles Puigdemont i 
Casamajó, representado por el procurador de los tribunales don Carlos Ricardo Estévez 
Sanz y defendido por el letrado don Jaume Alonso-Cuevillas i Sayrol, contra el auto 
de 10 de julio de 2019 de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en la causa especial 
núm. 20907-2017, por el que se desestima el recurso de apelación contra el auto de 
fecha 20 de febrero de 2019, desestimatorio del recurso de reforma planteado contra el 
auto de fecha 9 de julio de 2018. Han sido parte el partido político Vox, representado 
procesalmente por la procuradora de los tribunales doña María del Pilar Hidalgo López y 
asistido por la letrada doña Marta Asunción Castro Fuentes, y el abogado del Estado. Ha 
intervenido  el  Ministerio  Fiscal.  Ha  sido  ponente  la  magistrada  doña  María  Luisa 
Balaguer Callejón.
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito registrado en este Tribunal el 23 de septiembre de 2019, el 
procurador  de  los  tribunales  don  Carlos  Ricardo  Estévez  Sanz,  en  nombre  y 
representación de don Carles Puigdemont i Casamajó, interpuso recurso de amparo 
contra las resoluciones referidas en el encabezamiento.
2.  Los hechos en que se fundamenta la demanda de amparo son, sucintamente  o
expuestos, los siguientes: 374www.
públaic) osS ye  dseigsuoeb ecdaiuesnac ipae annatle p loar  Sdaellaito dse d leo  rPebeenlaiól nd,e sl eTdriicbiuónna, lm Saulvperersmaoc,i óenn d veir ctuadu ddael elas 
qaucceiróenll ap einniacila flu per easdemnittaiddaa  ae lt r3á0m ditee  mocetduibarnet ed ea u2t0o1 d7e p 3o1r  edle f ioscctaulb gree ndeer a2l 0d1e7l , Epsotra deol .q uLea   BOE-A-cable e
la Sala se declaró competente para el conocimiento de la causa (en aplicación del 
art. 57.2 del Estatuto de Autonomía de Cataluña) designándose magistrado instructor 
para la investigación de los hechos denunciados conforme al turno establecido. Se forma 
así la causa especial núm. 20907-2017.
b)  Por auto de 24 de noviembre de 2017 el magistrado instructor extendió la 
investigación  a  los  presidentes  de  las  asociaciones  Òmnium  Cultural  y  Asamblea 
Nacional Catalana (ANC) y a los miembros del Gobierno de la Generalitat de Cataluña, 
entre ellos al recurrente, don Carles Puigdemont i Casamajó. En la misma resolución, se 
reclamó al Juzgado Central de Instrucción núm. 3 de la Audiencia Nacional la remisión 
de  las  actuaciones  originales  o  testimoniadas  que,  en  relación  con  los  hechos 
investigados  y  las  personas  sometidas  a  investigación  en  la  causa  especial,  se 
estuvieran siguiendo en dicho juzgado en las diligencias previas núm. 82-2017 (incoadas 
por auto de 27 de septiembre de 2017).
c)  Mediante auto de fecha 21 de marzo de 2018, ratificado en reforma y apelación 
por  autos  de  9  de  mayo  y  26  de  junio  de  2018,  el  magistrado  instructor  declaró 
procesados, entre otros, a don Carles Puigdemont i Casamajó como presunto autor de 
los delitos de rebelión [art. 472 y concordantes del Código penal (CP)] y de malversación 
de caudales públicos (art. 432 CP, en relación con el art. 252 CP), tras apreciar en la 
causa la concurrencia de indicios racionales de criminalidad.
d)  Tras decretar su procesamiento, el magistrado instructor libró orden europea de 
detención y entrega de don Carles Puigdemont i Casamajó, mediante resolución fechada 
el  23  de  marzo  de  2018.  Por  resolución  de  27  de  marzo  de  2018,  autorizó  su 
personación  en  las  actuaciones  sumariales  seguidas  en  la  causa  especial  núm. 
20907-2017.
e)  Por auto de 9 de julio de 2018, se declaró concluso el sumario en la causa 
especial, remitiendo los autos al Tribunal Supremo. En esta resolución, el magistrado 
instructor acordó comunicar a la mesa del Parlamento de Cataluña que los procesados, 
entre  ellos  el  aquí  recurrente,  «han  quedado  suspendidos  –automáticamente  y  por 
imperio del artículo 384 bis de la LECrim– en las funciones y cargos públicos que 
estaban desempeñando, habiendo de proceder la mesa del Parlamento a adoptar las 
medidas precisas para la plena efectividad de la previsión legal». También se comunica a 
la mesa del Parlamento de Cataluña que «cualquier alteración procesal que suponga la 
desaparición de alguno de los presupuestos normativos determinantes de la suspensión 
de  estos  procesados,  se  participará  a  la  cámara  legislativa,  también  a  los  efectos 
oportunos». Por último, y en lo que hace a la suspensión, el auto participa a la mesa que 
«no  existe  impedimento  procesal  para  que  los  cargos  y  funciones  públicas  que 
corresponden a los procesados puedan ser ejercidos de manera plena, pero limitada al 
tiempo de la eventual suspensión, por otros integrantes de sus respectivas candidaturas, 
si el Parlamento contemplara adoptar tal decisión».
Este  mismo  auto  suspende  el  curso  de  la  causa  respecto  de  los  procesados 
rebeldes, uno de los cuales es el ahora recurrente en amparo, sin perjuicio de las 
actuaciones que puedan resultar precisas en el futuro para concluir el procedimiento 
respecto de ellos.
f)  El 12 de julio de 2018, la representación procesal de don Carles Puigdemont i 
Casamajó interpuso en tiempo y forma, recurso de reforma y subsidiario de apelación, 
contra el auto de 9 de julio de 2018, interesando la nulidad de las actuaciones y, 
subsidiariamente,  que  se  dejase  sin  efecto  el  pronunciamiento  en  lo  relativo  a  la 
suspensión en las funciones y cargos públicos del Sr. Puigdemont. La resolución del  s
recurso quedó pospuesta al conocimiento de la recusación del instructor formulada en su  oe.
día por los procesados doña Meritxell Serret Aleu y don Antoni Comín Oliveres. w.
g)  El 10 de septiembre de 2018, se interpuso recurso de amparo simultáneamente  374ww
rceofnotrrma ae ly  aauptoe ladcei ópnr oecl e9s adme imenatyoo d dee 2 210 1d8e  ym ealr z2o6  ddee  2ju0n1i8o  d(ye  c2o0n1f8ir,m raetsopreiocst ivdaem eesntete )e ny 
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tramitó con el núm. 4706-2018, y fue resuelto el 26 de febrero de 2019 mediante la 
STC 27/2019, que falla sobre su inadmisión a trámite por falta de agotamiento de la vía 
judicial previa ex art. 50.1 a) en relación con el art. 44.1 a), ambos de la Ley Orgánica del 
Tribunal Constitucional (LOTC). El Pleno del Tribunal atribuyó carácter prematuro a todas 
las pretensiones planteadas en el recurso.
h)  Tras  el  oportuno  requerimiento  del  Tribunal  Constitucional,  fechado  el  2  de 
octubre de 2018, se formuló demanda de amparo separada contra el auto de 9 de julio 
de 2018, registrándose dicha demanda el 23 de octubre de 2018. Esta última dio lugar al 
recurso de amparo núm. 5488-2018, que fue admitido a trámite por providencia de 15 de 
enero de 2019. Posteriormente, mediante el ATC 16/2019, de 12 de marzo de 2019, el 
Pleno denegó la petición de suspensión de la resolución judicial impugnada, siendo 
definitivamente inadmitido el recurso por la STC 12/2020, de 28 de enero, que consideró 
prematuro el recurso de amparo.
i)  El  20  de  febrero  de  2019,  mediante  auto  del  magistrado  instructor,  fue 
desestimado el recurso de reforma planteado contra el auto de 9 de julio de 2018.
Por lo que hace a la impugnación de la parte del auto que se declara concluso el 
sumario, la resolución recuerda que, de conformidad con el art. 623 LECrim, una vez 
declarado el recurrente en rebeldía por el mismo auto impugnado, la causa se dividió, 
resultando  que  la  conclusión  del  sumario,  decisión  a  la  que  el  recurrente  imputa 
indefensión, únicamente afecta a los procesados presentes, no habiéndose acordado en 
modo alguno la conclusión del sumario respecto del recurrente.
Respecto  de  la  proyección  del  art.  384  bis  LECrim  a  la  situación  procesal  del 
recurrente, el auto sostiene que le es aplicable como medida cautelar que tiene por 
objeto preservar el orden constitucional, impidiendo que personas que ofrecen «indicios 
racionales  de  haber  desafiado  y  atacado  de  forma  grave  el  orden  de  convivencia 
democrática  mediante  determinados  comportamientos  delictivos,  entre  los  que  se 
encuentra el delito de rebelión, puedan continuar en el desempeño de una función 
pública de riesgo para la colectividad cuando concurren además en ellos los elementos 
que  justifican  constitucionalmente  su  privación  de  libertad».  Complementa  este 
argumento la negativa a interpretar el art. 25.1 del Reglamento del Parlamento de 
Cataluña como una regla de especialidad que venga a modificar la norma de orden 
público con proyección general contenida en la ley procesal.
El auto rechaza también los argumentos relativos a que la suspensión del recurrente 
en su condición de diputado autonómico no satisfacía las exigencias del art. 384 bis 
LECrim. En primer lugar, se afirma que el auto de procesamiento es firme para el 
recurrente, aunque existieran recursos pendientes de otros procesados en rebeldía. En 
segundo  término,  concurre  el  supuesto  al  que  resulta  de  aplicación  la  medida  de 
suspensión, al haber sido investigado el recurrente por la comisión de un delito de 
rebelión. El instructor afirma que en «modo alguno se condiciona la aplicación de la 
medida al empleo de armas en la comisión del delito, cumpliéndose las exigencias 
normativas con la presunta satisfacción de los elementos típicos correspondientes a 
cada una de las figuras delictivas que el artículo 384 bis contempla». Por último, el auto 
afirma que la ley no exige la materialización de la privación de libertad para la aplicación 
del precepto. La norma procesal es clara al establecer las exigencias para que opere la 
medida cautelar de una manera automática, requiriendo que se haya decretado la prisión 
provisional contra el procesado por rebeldía, pero no que se haya materializado el 
internamiento.
j)  El 10 de julio de 2019, la Sala Penal del Tribunal Supremo desestimó mediante  s
auto el recurso de apelación presentado contra el de 20 de febrero de 2019, confirmando  oe.
así la suspensión del recurrente como diputado del Parlamento de Cataluña. w.
Los argumentos que sustentan su decisión son, esencialmente, los que siguen: 374ww
1)  La medida de suspensión ha de afectar a los procesados que lo hayan sido por
adpea rreebceelrió rne)l.acionados con rebeldes (en el sentido de presuntos partícipes en un delito
2)  Se justifica en este marco una medida provisional como la de suspensión dirigida 
frente a quienes hayan sido objeto de acto firme de procesamiento.
3)  El supuesto contemplado en el art. 384 bis LECrim, puede ser visto por el 
legislador, como inconciliable con la permanencia del procesado por estos delitos en el 
desempeño de funciones o cargos públicos.
4)  El artículo 384 bis LECrim no vulnera el derecho a la presunción de inocencia 
reconocido en el artículo 24.2 CE.
5)  El derecho a la permanencia en el cargo público lo es mientras no aparezcan 
elementos o circunstancias que hacen decaer este derecho, como aquí ocurre con las 
consecuencias legales del art. 384 bis LECrim.
6)  No existe impedimento procesal para que los cargos y funciones públicas que 
corresponden a los procesados puedan ser ejercidos de manera plena, pero temporal, 
por otros integrantes de sus respectivas candidaturas, si tal decisión se contemplara por 
el parlamento.
7)  Existe auto de procesamiento firme de 21 de marzo de 2018 por delito de 
rebelión, ya que la sala de apelación confirmó el auto de procesamiento el 26 de junio 
de 2018.
8)  No se formula en la resolución recurrida un alcance extensivo del art. 384 bis 
LECrim, porque no se condiciona la aplicación de la medida al empleo de armas en la 
comisión del delito, cumpliéndose las exigencias normativas con la presunta satisfacción 
de los elementos típicos correspondientes a cada una de las figuras delictivas que el 
artículo 384 bis LECrim contempla.
9)  A pesar de la expresión «mientras dure la situación de prisión» del art. 384 bis 
LECrim, ello no supone la exigencia de que se haya materializado la privación de libertad 
para la aplicación del precepto.
10)  La medida de suspensión no es una pena de inhabilitación absoluta anticipada, 
sino una medida cautelar que no supone la privación indefinida del cargo público, sino 
recuperable en tanto en cuanto se alce la medida o se dicte la absolución, y que ello sea 
o no posible en este caso, tiene que ver con la conducta del recurrente.
11)  La norma aplicable al caso es el art. 384 bis LECrim y no la normativa del 
Parlamento de Cataluña que como norma administrativa, no puede posicionarse como 
ley especial desplazando la norma procesal penal y en clara oposición interpretativa a la 
misma.
12)  La STC 71/1994, de 3 de marzo ya determinó que el art. 384 bis LECrim no 
suponía  vulneración  del  derecho  de  acceso,  «en  condiciones  de  igualdad,  a  las 
funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes» reconocido en el 
art. 23.2 CE.
13)  La medida de suspensión opera ex lege, pero no por ello es desproporcionada, 
porque la proporcionalidad de la medida se cohonesta con la gravedad de los hechos 
que constan en el procedimiento, así como con las circunstancias específicas del caso 
que rodean al recurrente en amparo, en particular su posición de rebeldía procesal.
k)  El día 23 de septiembre de 2019 se formaliza el presente recurso de amparo. 
Con posterioridad a la interposición del recurso, pero antes de su admisión a trámite, y 
mediante auto fechado el 14 de octubre de 2019, el magistrado instructor de la causa 
especial núm. 20907-2017, dejó sin efecto la aplicación al recurrente del art. 384 bis 
LECrim, en atención al contenido de la sentencia de la Sala Segunda del Tribunal 
Supremo núm. 459/2019, de 14 de octubre de 2019. Se aplica así lo previsto en auto 
de 9 de julio de 2018, aquí impugnado, cuando previó en su momento comunicar a la  e.
mesa del Parlamento de Cataluña que «cualquier alteración procesal que suponga la  w.b
desaparición de alguno de los presupuestos normativos determinantes de la suspensión  374ww
odpeo retsutnooss »p.r oPcoers taadnotos,,  lase s upsapretincispióanrá  deal  rlae ccuárrmenatrea  elne gsisul actaivrag,o  tdaem pbaiérnla mae nlotsa rieof eecnt oesl 
Parlamento de Cataluña cesó el 14 de octubre de 2019.
3.  En la demanda de amparo el recurrente aduce, con carácter principal, que se ha 
producido una vulneración del derecho fundamental reconocido en el artículo 23.2 CE, 
en conexión con los arts. 9.3, 16.1 20.1, 23.1, 24.1 y 2, y 25, también de la Constitución, 
y con los arts. 6.2 del Convenio para la protección de los derechos humanos y de las 
libertades fundamentales, 3 del Protocolo adicional núm. 1 al Convenio europeo de 
derechos humanos (CEDH), 14.2 del Pacto internacional de derechos civiles y políticos 
(PIDCYP), y 48.1 de la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea 
(CDFUE).
La  demanda  entiende  que  la  especial  trascendencia  del  recurso  de  amparo  fue 
reconocida por la providencia del Pleno de 15 de enero de 2019, relativa al recurso de 
amparo núm. 5488-2018, refiriéndose como motivo a la inexistencia de jurisprudencia 
constitucional  en  torno  a  la  suspensión  de  un  diputado  electo,  sobre  la  base  del 
artículo 384 bis LECrim. Adicionalmente se alega como causa de especial trascendencia 
el supuesto g) de los establecidos en el fundamento jurídico 2 de la STC 155/2009, en la 
medida en que los autos impugnados afectan al ejercicio del ius in officium del diputado 
recurrente, así como al derecho de los ciudadanos a los que representa de participar en 
los asuntos públicos a través de sus representantes. Por último, se añade el argumento de 
que concurre especial trascendencia constitucional vinculada a la incidencia del art. 48.1 
de la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea y de la Directiva (UE) 
2016/343 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2016, sobre el derecho 
a estar presente en juicio y a la presunción de inocencia del art. 24.2 CE.
Los  argumentos  que  sustentan  las  quejas  de  vulneración  de  los  derechos 
fundamentales invocados son, sucintamente expuestos, los siguientes:
A)  La argumentación de la demanda de amparo parte de algunas consideraciones 
sobre los efectos en el presente recurso de la STC 27/2019, de 26 de febrero. Esta 
inadmitió por prematuro el recurso de amparo promovido, entre otros, frente a los autos 
de 21 de marzo, 9 de mayo y 26 de junio de 2018, relativos al procesamiento del 
recurrente. Aquel recurso de amparo ya denunciaba la vulneración del art. 23 CE, 
alegando que el auto de procesamiento impugnado era presupuesto necesario para la 
vulneración  del  derecho  de  participación  política.  Según  esta  parte  la  decisión  de 
inadmisión referida, unida al requerimiento para presentar recurso de amparo autónomo 
frente al auto de 9 de julio de 2018, sitúa a esta parte en una situación de indefensión al 
impugnar los autos objeto del presente recurso, pues la eventual vulneración de los 
derechos  del  recurrente  en  amparo  por  parte  del  auto  de  procesamiento  y  las 
resoluciones que lo confirman daría lugar a la vulneración que se imputa al auto de 9 de 
julio de 2018 y a los que sucesivamente confirman aquel. Por estas razones, entiende el 
recurrente que solo la revisión del auto de procesamiento y de las resoluciones judiciales 
que lo confirman permitiría analizar si la aplicación del art. 384 bis LECrim vulnera los 
derechos del recurrente y de los ciudadanos a los que representa, y por eso se reiteran 
en la presente demanda los argumentos esgrimidos en recursos previos contra el auto 
de procesamiento y las resoluciones judiciales que lo confirman.
a)  Derecho al juez ordinario predeterminado por la ley (artículos 24 CE, 47 y 48 
CDFUE, 6 CEDH y 14 PIDCYP). A partir de la dicción de los artículos 57.2 y 70.2 del 
Estatuto de Autonomía de Cataluña, puestos en relación con los elementos objetivos de 
los tipos penales imputados al recurrente en el auto de procesamiento, en la demanda se 
afirma que la competencia para la investigación y enjuiciamiento de los hechos por los 
que han sido procesados corresponde al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, por  e
lo que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo no es el tribunal predeterminado por la  bo
ley. En apoyo de tal alegación se analiza más detalladamente el tipo penal de rebelión  374ww
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de 2017, «con motivo de la celebración del referéndum de autodeterminación». Concluye
la demanda señalando que «de la instrucción realizada hasta el presente momento, no 
existe indicio racional alguno que los elementos del tipo del art. 472 del Código Penal se 
hayan ejecutado en otro territorio que no sea el de Cataluña por lo que el Tribunal 
competente para la instrucción de la presente causa debe ser, inexorablemente, el 
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña», por lo que la atribución de la competencia a 
la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en cuanto prevé un proceso en única instancia, 
estaría limitando indebidamente, también, el derecho a la doble instancia penal.
b)  En el segundo motivo de amparo se afirma la vulneración del derecho a la tutela 
judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE, en relación con los arts. 47 y 48 CDFUE, 
art. 6 CEDH, art. 14 PIDCYP y art. 10 de la Declaración universal de derechos humanos) 
como consecuencia de haberse dificultado la defensa técnica del recurrente en la fase 
inicial de la instrucción.
Se denuncia que las peticiones de personación en la causa y de ejercicio del derecho 
a la defensa efectuadas tanto en el proceso judicial previo, ante el Juzgado Central de 
Instrucción núm. 3, como ante el magistrado instructor del Tribunal Supremo, o bien han 
merecido una negativa escueta (caso del juzgado central núm. 3) o bien el más absoluto 
silencio como respuesta. Tal situación se ha prolongado durante más de cuatro meses 
(desde el 3 de noviembre de 2017 hasta el 27 de marzo de 2018) período en el cual la 
investigación ha avanzado con celeridad sin que los recurrentes hubieran podido hacer 
otra cosa que informarse puntualmente de ello por las noticias aparecidas en la prensa. 
Entienden que la tardía admisión de su comparecencia en la causa no subsana la lesión 
de  su  derecho  a  la  defensa  técnica  desde  el  día  en  que  intentaron  su  primera 
personación (3 de noviembre de 2017), por lo que consideran que procede decretar la 
nulidad de todo lo actuado en fase sumarial desde la referida fecha.
c)  Se alega también la vulneración durante la instrucción de su derecho a un juez 
imparcial y a un proceso con todas las garantías, que formulan como manifestación del 
derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24 CE). Se afirma que el auto de procesamiento 
pone de relieve que el magistrado instructor ha orillado lo establecido en el artículo 2 
LECrim, al no consignar las circunstancias favorables a los investigados, limitándose a 
establecer en el auto de procesamiento las evidencias dirigidas a verificar y reforzar el 
relato inicial de la querella del Ministerio Fiscal. Así lo pone de manifiesto la constatación 
de que la instrucción se apoya en la actividad parcial de la policía judicial, cuyo relato ha 
sido asumido acríticamente pese a que dicha policía ha tenido una relevante actuación 
en los hechos objeto de la causa. Se afirma que la policía judicial ha incumplido las 
instrucciones de la Secretaría de Estado para la Seguridad dirigidas a garantizar la 
neutralidad e imparcialidad de los atestados policiales, lo que se deduce del propio 
contenido de los informes incorporados a la causa, en los que aparecen opiniones, 
suposiciones  e  hipótesis  y  donde  no  aparecen  identificados  los  agentes  que  han 
intervenido  en  cada  diligencia,  consignándose  hechos  que  aparecen  en  otros 
procedimientos sin autorización del juez instructor de esas otras causas. Consideran 
también que el instructor incorpora un relato fáctico que, en aspectos cruciales, es 
parcial e inexacto en perjuicio de los investigados. Concluyen señalando que la causa ha 
sido instruida «con absoluta parcialidad, minorando el derecho de defensa de las partes 
y  con  una  clara  voluntad  inculpatoria  preconstituida»,  de  forma  que  solo  han  sido 
documentadas aquellas actuaciones que se han considerado de relieve para sustentar la 
acusación formulada en la querella inicial formulada por la Fiscalía General del Estado.
d)  Por  último,  el  recurrente  considera  que  ha  sido  vulnerado  el  derecho  a  la 
legalidad de las infracciones penales (art. 25.1 CE), por falta de relevancia penal de los  s
hechos objeto de enjuiciamiento. A través de esta queja se cuestiona la calificación  oe.
provisional de los hechos investigados contenida en el auto de procesamiento de 21 de  w.
marzo  de  2018  (presuntos  delitos  de  rebelión,  desobediencia  y  malversación  de  374ww
ecanu adnaalelosg píaú binlic omsa) laemxp rpeasratenmdo  eqnu elo  dqicuhea  sseu bresufienrceió anl  edse ilritroa zdoen arebblee, liaórnb,i tirnacriuar reie inndcou resan 
quiebras lógicas que no son acordes con los modelos de argumentación aceptados por
la comunidad jurídica e infringiendo las pautas valorativas que informan el ordenamiento 
constitucional español.
Se afirma en la demanda que los hechos acaecidos en Cataluña, durante lo que 
denominan «proceso soberanista», no pueden subsumirse lógicamente en ninguno de 
los tipos delictivos indicados. Consideran que, en realidad, «para neutralizar la demanda 
de una parte relevante, prácticamente mayoritaria, de la ciudadanía catalana favorable a 
la  creación  de  un  nuevo  Estado,  el  Poder  judicial  del  Estado  español  ha  operado 
modificando de facto unos determinados tipos penales que no le resultaban idóneos para 
la  finalidad  propuesta».  Entienden,  por  ello,  que  se  ha  vulnerado  el  derecho  a  la 
legalidad penal, conforme a una doctrina constitucional referida a procesos penales 
conclusos con sentencia condenatoria, que consideran plenamente aplicable a su caso, 
dado que del auto de procesamiento, por la gravedad de las penas imputadas, se 
derivan consecuencias tan lesivas como la pérdida de la libertad personal (pues la 
totalidad  de  los  procesados  acusados  de  rebelión  o  están  en  situación  de  prisión 
preventiva, o declarados en rebeldía). A partir de esta consideración general expresada 
en  la  demanda,  los  recurrentes  exponen  las  razones  de  su  discrepancia  con  la 
calificación  jurídica  de  los  hechos  contenida  en  el  auto  de  procesamiento.  Una 
exposición detallada del contenido de esas razones se recoge en el antecedente 2 d) de 
la STC 27/2019, de 26 de febrero, a la que se hace ahora remisión expresa.
B)  Centrándose en las vulneraciones que se imputan al auto de 9 de julio de 2018, 
y a los que vienen a confirmarlo sucesivamente, la demanda desarrolla los siguientes 
argumentos respecto de cada uno de los derechos invocados:
a)  Derecho a ejercer dichos cargos públicos representativos sin perturbaciones 
ilegítimas (art. 23.2 CE, en relación con los arts. 3 del protocolo adicional al CEDH, y 25 
PIDCYP), que se conecta con el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos 
públicos por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por 
sufragio universal (art. 23.1 CE). Estos derechos vienen limitados por la decisión de 
suspender  al  recurrente  como  diputado  del  Parlamento  de  Cataluña  fuera  de  los 
supuestos previstos en la ley. Entiende el recurrente que el auto de procesamiento y las 
resoluciones que lo confirman son nulas por vulneración de los derechos fundamentales 
previamente  invocados,  por  lo  que  no  puede  servir  de  sustento  a  la  suspensión 
pretendida al amparo del art. 384 bis LECrim, precepto que requiere, para su aplicación, 
de tres requisitos cumulativos, siendo el primero que el auto de procesamiento sea firme. 
Teniendo en cuenta los vicios de constitucionalidad ya expuestos en relación con el auto 
de procesamiento, la demanda sostiene que no concurre la exigencia de que el auto de 
procesamiento  sea  firme,  lo  que  se  interpreta  como  equivalente  a  que  el  auto  de 
procesamiento sea válido.
A ello añade, que:
(i)  la consideración del recurrente como individuo autor del delito de rebelión es 
contraria a la jurisprudencia constitucional, ya que la STC 199/1987, de 16 de diciembre, 
que enjuició la conformidad con el art. 55.2 CE, de la Ley Orgánica 9/1984, de 26 de 
diciembre,  «contra  la  actuación  de  bandas  armadas  y  elementos  terroristas  y  de 
desarrollo  del  artículo  55.2  de  la  Constitución»,  precedente  del  actual  art.  384  bis 
LECrim, declaró que la figura penal de la rebelión, por definición, se realiza por un grupo 
que tiene el propósito de uso ilegítimo de armas de guerra o explosivos, con una 
finalidad  de  producir  la  destrucción  o  eversión  del  orden  constitucional.  De  esta  s
consideración deduce el recurrente que el art. 384 bis LECrim no se puede aplicar a  oe.
«cdcuodipaneulcbeteaespdmqtouoosi se d raaeref  epcbcroaotrancdddeaoasrs a  adloropm sor arep dsoaluro, e sel ltlo oda  equplutiooteors    deeresle   crTeeuvrbriibrediudleinóonanstel ,   sedqinneu o e S aúnmcnohipc leaassrmuowce. eigndT-teeHa  moael sbnloti eésrine nq l audqceeui óseinnt,at  eccegaonr ne  nqsl uuoeessl     2021-18374n https://www.
resoluciones de 5 de abril de 2018, 22 de mayo de 2018, y 12 de julio de 2018, apuntó y
reiteró sucesivamente, la inexistencia del elemento de violencia en los actos imputados a
mi defendido y que fundamentan la acusación de rebelión», reproduciendo párrafos de la 
última de esas resoluciones;
(ii)  no concurre en el recurrente la situación de prisión provisional, ya que pese a 
existir una orden de ingreso en prisión, esta no ha sido ejecutada porque fue rechazada 
la orden europea de detención, paso previo a la posible decisión sobre la medida 
cautelar de prisión provisional, estando actualmente en situación de libertad, sin que 
quepa la construcción de un novedoso concepto de «situación de prisión procesal»;
(iii)  esta suspensión pretende convertirse en una pena de inhabilitación anticipada 
prescindiendo de lo dispuesto en el art. 25.1 a) del Reglamento del Parlamento de 
Cataluña, potencialmente ilimitada en atención a la situación del recurrente (con cita de 
la STEDH de 20 de noviembre de 2018, asunto Selahattin Demirtaş c. Turquía). Además, 
se incide en la idea de que también se vulnera el art. 23 CE porque se trata de una 
medida desproporcionada, que altera la composición del Parlament, no quedando ello 
remediado por la posibilidad de que sus funciones representativas pudieran ser ejercidas 
por otros diputados, tal y como afirman, excediendo de sus propias funciones e alterando 
el principio de división de poderes, las resoluciones impugnadas.
b)  Derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE) y a la legalidad penal 
(art. 25.1 CE). El recurrente afirma que si bien la STC 71/1994 estableció que el art. 384 
bis  LECrim  no  vulnera  el  art.  24.2  CE,  esa  concepción  está  ya  superada  por  la 
jurisprudencia  del  Tribunal  de  Justicia  de  la  Unión  Europea,  así  como  por  la 
jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que han reconocido una 
dimensión extraprocesal a la presunción de inocencia. Incluso la jurisprudencia posterior 
del Tribunal Constitucional reconoce que la presunción de inocencia se configura como 
derecho del acusado a no sufrir una condena a menos que la culpabilidad haya quedado 
establecida más allá de toda duda razonable (con cita de la STC 185/2014), siendo esta 
apreciación  contraria  al  contenido  del  art.  384  bis  LECrim,  que  contiene  todos  los 
elementos de una sanción anticipada.
Estima la demanda que el propio magistrado instructor en su auto de 9 de julio 
de 2018, sostiene que la medida cautelar del artículo 384 bis LECrim no tiene por objeto 
ninguna finalidad asociada a garantizar el proceso penal en el marco del cual se adopta, 
por lo que se trata de una sanción que, como tal, vulnera el derecho a la presunción de 
inocencia, el derecho a un proceso con todas las garantías y el derecho a la legalidad 
penal. La suspensión automática del cargo público tampoco respetaría los requisitos 
establecidos por la jurisprudencia del Tribunal General de la Unión Europea para que las 
medidas cautelares sean compatibles con el derecho a la presunción de inocencia que 
reconocen el art. 6.2 CEDH, el art. 48.1 CDFUE, y el art. 3 de la Directiva 2016/343 (con 
cita, entre otras, de la sentencia de 20 de julio de 2017, Badica y Kardiam/Consejo, 
T-619/15, apartado 72). Por último, se insiste en que la medida cautelar no fue adoptada 
por la autoridad competente que era el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y en el 
hecho de que la suspensión no se encuentra delimitada temporalmente, debido a la 
ausencia de previsión de un eventual juicio en rebeldía del recurrente en amparo.
Como argumento complementario, la demanda afirma que la suspensión decretada 
vulnera los principios de necesidad y proporcionalidad, privando de contenido esencial al 
derecho de sufragio del recurrente y de sus electores. Desde el punto de vista de la 
actividad parlamentaria, la situación creada por la suspensión amenaza con introducir 
una distorsión desproporcionada, impropia de una democracia, alterando la composición 
del Parlamento de Cataluña. Se afirma también que el auto de 9 de julio de 2018, en la 
medida en que indica a la mesa del Parlamento autonómico como debe actuar para  e.
aplicar la suspensión, atenta contra el principio de autonomía parlamentaria contemplado  w.b
en la STC 139/2017. No hay norma que prevea la sustitución temporal de diputados  374ww
csiuusdpaednadnidoos,s  epno rl ausn ae ldeeccciiosinóens d aell  Pjuaerzla pmeennatlo,  ndi ee sCtaa teaslu ñcoan dceili a2b1l ed ceo dni claie dmebcries iódne  d2e0 1lo7s, 
dmeo deole qguire a l alo asf idrmipauctaiódno sfo armfeucltaaddao sp opro er l loasu toa uimtops urgencaudrroid does  qpuaera n roe perxeissteen itmarploesd,i mdee nttaol 
procesal para tal sustitución, no subsana el carácter claramente desproporcionado que el 
propio magistrado instructor trata de salvar en su auto de 9 de julio de 2018.
c)  Derecho a las libertades ideológica, de expresión y de asociación. El recurrente 
argumenta  que  los  razonamientos  utilizados  para  justificar  la  situación  de  prisión 
provisional traen causa de la vulneración de los derechos a la libertad ideológica, de 
expresión y de asociación, y trae en apoyo de su argumentación las conclusiones del 
grupo de trabajo sobre la detención arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de 
Naciones Unidas.
C)  Adicionalmente el recurrente solicita: (i) que se acumule el presente recurso de 
amparo al recurso de amparo núm. 5488-2018; (ii) que, para el caso en que no se estimara 
directamente la demanda de amparo, se plantee cuestión prejudicial en relación con la 
afectación a la presunción de inocencia de la medida del art. 384 bis LECrim, y ello porque 
nos hallamos en un ámbito material en que resulta de aplicación el Derecho de la Unión, de 
conformidad con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 6 de octubre 
de 1982 en el asunto Cilfit (asunto C-283/81). La cuestión prejudicial cuya elevación se 
pretende  sería  la  siguiente:  «¿Se  opone  el  derecho  a  la  presunción  de  inocencia, 
reconocido por el artículo 48.1 de la Carta de los derechos fundamentales de la Unión 
Europea, así como en la Directiva 2016/343 (UE) del Parlamento Europeo y del Consejo, a 
la suspensión temporal de un parlamentario sometido a un proceso penal, antes de que se 
haya dictado sentencia, que en la práctica tiene el mismo efecto que una eventual pena de 
inhabilitación resultante de una eventual condena penal, pues prohíbe absolutamente el 
desempeño del cargo público del diputado?».
4.  Mediante escrito registrado el 10 de febrero de 2020, el procurador de los 
tribunales don Carlos Estévez Sanz, en nombre y representación del recurrente en 
amparo, viene a presentar escrito de alegaciones complementarias a la vista del auto 
de 14 de octubre de 2019, dictado por el magistrado instructor de la Sala de lo Penal. 
Este auto comunica a la mesa del Parlamento de Cataluña que ya no le resultaba 
aplicable al recurrente en amparo la suspensión del artículo 384 bis LECrim.
El escrito de alegaciones sostiene que  el auto de  14 de octubre desmiente el 
argumento  utilizado  por  el  Tribunal  Constitucional  en  los  AATC  128/2018,  12/2019, 
13/2019 y 16/2019 al afirmar que era imposible la suspensión cautelar del auto de 9 de 
julio de 2018, porque ello «supondría inaplicar temporalmente una norma de rango legal, 
el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal», así como en la sentencia de 28 
de enero de 2020. El auto levanta la suspensión con los argumentos contenidos en el 
fundamento undécimo: «Considerando el principio de provisionalidad que rige la medida 
de  aseguramiento  legal  prevista  en  el  artículo  384  bis  de  la  LECrim,  así  como  el 
contenido de la sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo en lo que hace 
referencia a la subsunción de los hechos en el delito de sedición, de indudable incidencia 
respecto del pronóstico de responsabilidad atribuible a los fugados y sin perjuicio de su 
proyección en una eventual revisión de su procesamiento, comuníquese a la Mesa del 
Parlamento  autonómico  de  Cataluña,  que  a  los  procesados  y  miembros  de  ese 
Parlamento Carles Puigdemont i Casamajó y Antonio (sic) Comín i Oliveres, no les 
resulta aplicable la suspensión del artículo 384 bis de la LECrim».
Insiste el escrito en la idea de que cualquier suspensión requiere de un juicio de 
ponderación que en su día no tuvo lugar, lo que ha provocado una vulneración palmaria 
de los derechos políticos del recurrente, así como de los ciudadanos y ciudadanas que lo 
habían elegido como diputado al Parlamento de Cataluña. Adicionalmente se argumenta  e
que  el  Tribunal  Constitucional,  lejos  de  amparar  el  ejercicio  de  los  derechos  de  bo
participación y representación políticas por parte de unos diputados democráticamente  374ww
reelesguildtao sb upeonr ala ms ucieusdtarad aenl aAsT yC  lo1s6 /c2i0u1d9a)d,a hnao sa dmep aCraatdaolu ñuan,a c aocnt usauc iaócnt uialecgióanl  e(d iele lgaí tqimuae 
lqou eel ihgaie rvounln ceormadoo d liopsu tdaedroe cahl oPsa drlealm reencutor rdeen tCe ayt alolusñ dae. las ciudadanas y ciudadanos que
5.  A propuesta de la Sala Primera, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 10.1 
n) LOTC, el Pleno de este tribunal acordó, por providencia de 14 de julio de 2020, 
recabar para sí el conocimiento del recurso de amparo y admitirlo a trámite, apreciando 
que concurre especial trascendencia constitucional (art. 50.1 LOTC) porque el recurso 
plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no 
hay doctrina de este tribunal [STC 155/2009, de 28 de julio, FJ 2 a)]. Se decide asimismo 
dirigir atenta comunicación a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo a fin de que, en 
plazo que no exceda de diez días, remita certificación o fotocopia adverada de las 
actuaciones  correspondientes  a  la  causa  especial  núm.  20907-2017,  debiendo 
previamente emplazarse a quienes hubieran sido parte en el procedimiento reseñado, 
excepto a la parte recurrente en amparo, para que en el plazo de diez días pudieran 
comparecer en el recurso de amparo (art. 51 LOTC).
6.  Mediante  escrito  registrado  el  14  de  agosto  de  2020,  doña  Maria  del  Pilar 
Hidalgo López, procuradora de los tribunales y del partido político Vox, solicita que se 
reconozca su personación en el procedimiento de amparo bajo la dirección letrada de 
doña Marta Castro Fuentes.
7.  Por escrito de la abogacía del Estado registrado el 9 de septiembre de 2020, se 
solicita asimismo la personación de esta en el procedimiento.
8.  Por  diligencia  de  ordenación  de  la  secretaria  de  justicia  del  Pleno  de  este 
tribunal, de fecha 14 de septiembre de 2020, se acordó tener por recibido el testimonio 
de las actuaciones solicitadas, por personados y parte en el procedimiento al Abogado 
del Estado y a la procuradora doña María del Pilar Hidalgo López, en representación del 
partido político Vox y, con arreglo al art. 52 LOTC, conceder a las partes personadas y al 
Ministerio Fiscal el plazo común de veinte días para que, a la vista de las actuaciones, 
formulasen alegaciones.
9.  Mediante escrito presentado el 6 de octubre de 2020 por el procurador don Carlos 
Ricardo Estévez Sanz, en representación de don Carles Puigdemont i Casamajó, se 
formula incidente de recusación respecto del magistrado don Antonio Narváez Rodríguez.
10.  El 14 de octubre de 2020 tienen entrada en el registro general del Tribunal 
Constitucional las alegaciones de la Abogacía General del Estado respecto del recurso 
de amparo, interesando la inadmisión parcial del mismo en relación con las denuncias 
relativas a la vulneración del derecho al juez predeterminado por la ley y del derecho a la 
tutela judicial efectiva sin indefensión, y la desestimación íntegra de las demás quejas.
La invocación del derecho al juez predeterminado por la ley y a la tutela judicial 
efectiva sin indefensión son, según el abogado del Estado, reiteración de las quejas 
formuladas  en  el  recurso  de  amparo  núm.  4706-2018,  e  incurren  en  el  óbice  de 
admisibilidad apreciado por los fundamentos jurídicos 6 y 7 de la STC 27/2019, por lo 
que se solicita la declaración de su inadmisibilidad por los fundamentos expuestos allí.
Por su parte, la abogacía del Estado descarta la lesión del art. 23.2 CE, por indebida 
aplicación del art. 384 bis LECrim. Frente a la alegación del recurrente de que el 
magistrado instructor ha efectuado una aplicación errónea del art. 384 bis LECrim, al 
faltar claramente la condición de rebeldes armados en los procesados, esta parte opone 
el argumento de que el órgano judicial no confunde los tipos penales de actuación de 
bandas armadas o terroristas (arts. 571 y ss. CP) y de rebeldía (art. 472 CP), limitándose 
el recurrente a generar confusión al invocar la doctrina constitucional establecida en la  e.e
STC  199/1987,  emanada  al  enjuiciar  otros  preceptos  de  la  Ley  Orgánica  9/1984  b
diferentes del que regulaba la suspensión de cargos públicos. 374ww
OrgáAnsiucma ie9n/1d9o8 4q,u ee l eal bporgeaceddoe ndteel  dEeslt aadrot.  n3i8e4g ab isq uLeE Cesritme , peres ceelp taor t.t ra2i2g.a1  cdaeu slaa  Ldeeyl 
asurts. p5e5n.2si óCnE d, ee nlo sla  dmereedcidhao sq rueec olan oscuisdpoesn esnió nlo sd ealr tesj.e r1c7ic, ioa pdaert acdaorg 2o,s  yp ú1b8l,i caopsa nrtoa deoss  la2 
y 3 CE. Por ello el art. 22.1 de la Ley Orgánica 9/1984 no estaba comprendido en el
objeto del recurso de inconstitucionalidad que se resuelve en la STC 199/1987, cuyo 
fundamento jurídico 4 circunscribe el objeto del recurso dejando fuera el art. 22.1 que, 
por lo demás, había perdido su vigencia el 4 de enero de 1987, en aplicación de la 
disposición final segunda de la Ley Orgánica 9/1984 (en este sentido se cita el FJ 3 de la 
STC  199/1987).  En  definitiva,  la  abogacía  del  Estado  sostiene  que  el  argumento 
expuesto  por  el  recurrente  en  este  punto  decae  al  asociarse  a  un  error  en  la 
interpretación de la STC 199/1987, pronunciándose en este mismo sentido el auto del 
Tribunal Supremo de 30 de julio de 2018, en su fundamento jurídico segundo.
Entiende esta parte que lo decisivo para determinar si el art. 384 bis LECrim ha de 
ser aplicado o no a los procesados por rebeldía no integrados en bandas armadas, debe 
ser el pronunciamiento expreso del Tribunal Constitucional sobre el precepto, contenido 
en  la  STC  71/1994,  que  declara  la  compatibilidad  del  artículo  en  cuestión  con  la 
Constitución, y más específicamente con el derecho garantizado por el art. 23.2 CE. Los 
autos de 9 de julio de 2018, 20 de febrero de 2019 y 30 de julio de 2018, sobre la base 
de la doctrina constitucional emanada expresamente en relación con el art. 384 bis 
LECrim, niega la tesis sostenida por el recurrente de que este precepto solo puede ser 
aplicado a los delitos del terrorismo, pero no de rebelión del art. 472 CP. Y lo mismo 
entiende el Tribunal Constitucional en el fundamento jurídico 6 b) de la STC 97/2020.
También  niega  el  abogado  del  Estado  que  se  haya  producido  una  interpretación 
extensiva del artículo 384 bis LECrim al recurrente en amparo, en la medida en que este no 
se encuentra en prisión provisional, al hallarse fugado. Sostiene esta parte que la alegación 
es insostenible, al resultar evidente que el artículo 384 bis no puede entenderse como un 
precepto que distingue entre el preso provisional y el fugado, para favorecer al segundo 
cuando incumple su deber de sujeción al proceso. El artículo 384 bis LECrim establece dos 
presupuestos  para  la  aplicación  de  la  medida.  El  primero  es  la  firmeza  del  auto  de 
procesamiento, no discutida por el recurrente. El segundo es que la prisión provisional esté 
«decretada» y no que se haya materializado el ingreso en prisión, porque efectivamente se 
haya cumplido la orden. La interpretación que realiza a este respecto el auto de 9 de julio es 
una interpretación literal y no una interpretación extensiva.
Por lo que hace a la denunciada vulneración de la presunción de inocencia, el escrito 
de  alegaciones  de  la  abogacía  del  Estado  la  niega  refiriéndose  íntegramente  al 
fundamento jurídico 5 C) de la STC 97/2020, al que se remite.
11.  La representación procesal del recurrente en amparo registró el 15 de octubre 
su  escrito  de  alegaciones,  en  respuesta  a  la  diligencia  de  ordenación  de  14  de 
septiembre de 2020. En dicho escrito se remite, en todos sus términos, a las alegaciones 
formuladas  en  el  escrito  de  interposición  del  recurso  de  amparo,  completadas 
posteriormente por el escrito fechado el 10 de febrero 2020.
Más allá de la remisión, el recurrente en amparo insiste en que la interpretación del 
art. 384 bis LECrim que realiza en Tribunal Constitucional a partir de la STC 11/2020, de 28 
de enero, resulta más restrictiva que la que formula el propio magistrado instructor de la 
Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, desde el momento en que levanta la suspensión al 
recurrente en amparo, pese a subsistir el auto de procesamiento de 21 de marzo de 2018 
por delito de rebelión. Esta insostenible interpretación, en palabras del recurrente, está 
vinculada  a  la  participación  en  la  toma  de  decisiones  del  Tribunal  Constitucional  del 
magistrado Antonio Narváez, que ha sido objeto de recusación. Se reitera asimismo el 
argumento de que la validez del auto de procesamiento es presupuesto de aplicabilidad del 
art. 384 bis LECrim y que, por tanto, si el auto de procesamiento fuera nulo, como insiste 
esta parte, la aplicación del art. 384 bis LECrim también lo habría sido. En este sentido se  e.
cita la STJUE de 12 de marzo de 2020, referida al derecho de defensa en los supuestos de  w.b
incomparecencia del sospechoso o acusado. 374ww
12.  Mediante escrito registrado el 16 de octubre de 2020, la procuradora de los
tproiblíutincaol eVso xd,o pñrae sMenatróía s uPsi laarle gHaidcaiolgnoe s Linótpeerze,s aennd on olam ibnraed my isrieópnr edseel nretaccuiórsno  ddeel  apmaprtaidroo 
y, subsidiariamente su desestimación.
En relación con el cumplimiento de las exigencias procesales de cara a la admisión a 
trámite, esta parte alega el incumplimiento del agotamiento de la vía judicial previa en 
relación con algunas invocaciones, trayendo al escrito los criterios contenidos en la 
STC  27/2019,  de  26  de  febrero,  y  extrayendo  de  la  mera  cita  literal  de  sus 
fundamentos 6 y 7 la conclusión de que «no procede la admisión del recurso de amparo, 
como  ya  pronunció  el  Tribunal  Constitucional  en  anteriores  ocasiones».  Además, 
respecto del derecho al juez imparcial, se tiene por prematura la invocación (con cita de 
la STC 38/2020, de 25 de febrero) porque el recurrente tiene la opción de presentar un 
incidente de recusación (según lo dispuesto en el art. 216 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial), o incluso presentar el correspondiente recurso de apelación para subsanar lo 
ocurrido.
También se niega la concurrencia de especial trascendencia constitucional en el 
recurso, habida cuenta del contenido del auto del instructor fechado el 10 de enero 
de  2020,  que  reconoce  que  la  sentencia  condenatoria  de  una  parte  del  resto  de 
procesados permitió una nueva lectura de la dimensión penal de los hechos, que (sin 
perjuicio de lo que las partes contemplen y sostengan) llevó al instructor a la inmediata 
desactivación  de  la  medida  de  suspensión  prevista  en  el  artículo  384  bis  LECrim. 
Argumenta igualmente esta parte que el procesado ha podido acceder a su acta de 
diputado en el Parlamento Europeo y por tanto ejercer en condiciones de igualdad su 
cargo público en el mismo, sin que se le haya impedido el ejercicio de su libertad de 
expresión. Así, la falta de conexión entre la causa de especial trascendencia alegada, la 
decisión que es objeto de la impugnación y los derechos de los que supuestamente se 
ve privados el procesado, constituye un óbice de admisibilidad de la demanda formulada.
Esta parte sostiene, además, que el auto de procesamiento no ha sido objeto del 
recurso, por lo que no podría ser susceptible de pronunciamiento en este momento. Un 
pronunciamiento sobre las alegaciones relativas al auto de procesamiento supondría una 
extensión indebida de la flexibilidad que permite al Tribunal la subsanación de oficio de 
cualquier  imprecisión  de  la  demanda,  variando  directamente  el  motivo  del  amparo 
solicitado.
Restringiendo pues el objeto de examen a la eventual vulneración de derechos 
derivada  de  la  aplicación  del  artículo  384  bis  LECrim,  esta  parte  acude  al 
pronunciamiento contenido en la STC 97/2020, de 21 de julio, para descartar las lesiones 
denunciadas.
Se niega asimismo la lesión de los derechos: (i) al juez predeterminado por la ley, 
que es la Sala Segunda del Tribunal Supremo tal y como se deduce del art. 57 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial y se deriva del hecho de que los delitos cometidos afectan a 
todo el territorio nacional; (ii) al derecho de defensa, puesto que al encontrarse huido el 
recurrente no ha sido condenado, y por tanto no existe la vulneración denunciada; (iii) al 
principio de legalidad penal (con cita de las SSTC 283/2006, de 9 de octubre; 185/2014, 
de  6  de  noviembre),  porque  todas  las  resoluciones  que  se  han  dictado  en  el 
procedimiento encuentran su fundamento en algún precepto legal, no careciendo de 
relevancia penal los hechos que se imputan al recurrente en amparo, ni pudiendo 
entenderse aplicada al caso una analogía in malam partem (con cita de la STC 27/2019, 
de 26 de febrero); y (iv) al derecho a la presunción de inocencia porque, tal y como 
señala la STC 71/1994, de 3 de marzo, el recurrente aún no se encuentra condenado, 
por lo que goza del derecho a la presunción de inocencia igual que cualquier otra 
persona.
En relación con la suspensión del acta de diputado, esta parte hace remisión expresa  s
al contenido de la STC 38/2020, de 25 de febrero, sosteniendo que, puesto que el auto  oe.
de procesamiento se realiza con todas las garantías y el Reglamento del Parlamento de  w.
Cataluña prevé la posibilidad de suspensión de la condición de diputado, la decisión del  374ww
TribuPnoar l úSltuimproe,m yo r eessp ceocmtop dleet alam seonltiec itaujuds dtaed pal aan dteearemciheon.to de la cuestión prejudicial, con
caintate  liutenr aslu pduee lsat oS eTnC  q3u7e/ 2n0o1 s9e,  dpela n2t6e ad en inmgaurnzao ,d eusdtaa  spoabrrtee  laal eagpali cqauceió nno dse  elan cnoonrtmraamtivoas   BOE-A-cable e
interna en coordinación con la europea por cuanto, de una parte, la interpretación 
realizada respecto de la aplicabilidad constitucional del art. 384 bis LECrim resulta 
incuestionable a tenor de los distintos pronunciamiento habidos hasta la fecha, lo que 
impide que pueda surgir «duda objetiva, clara y terminante» en el sentido expresado por 
el Tribunal Constitucional; y de otra parte, no causa lesión a derecho fundamental alguno 
una decisión judicial que no se ha llevado a cabo por causa imputable al afectado –en 
este  caso  los  procesados  fugados–,  por  cuanto  la  orden  nacional  de  búsqueda, 
detención e ingreso en prisión no ha sido ejecutada al encontrarse los procesados 
huidos fuera del territorio nacional, quedando la citada orden como un mero instrumento 
anticipativo de los posibles efectos que pudiera surtir su aplicación en el caso de que se 
dieran las condiciones para ello, a saber, la entrada en territorio nacional del procesado 
huido, lo que no es previsible a tenor de su condición actual de europarlamentario.
13.  Mediante providencia fechada el día 20 de octubre de 2020, el Pleno acuerda 
unir a las actuaciones el escrito presentado el 6 de octubre de 2020 formulando incidente 
de recusación respecto del magistrado don Antonio Narváez Rodríguez. Se forma pieza 
separada de recusación, con suspensión de las actuaciones correspondientes al recurso 
de amparo núm. 5382-2019, designándose magistrado instructor al Excmo. Sr. don 
Andrés Ollero Tassara. Se da traslado del escrito al Ministerio Fiscal y demás partes 
personadas para la formulación de alegaciones en el plazo de tres días y, pasado este, al 
magistrado Excmo. Sr. don Antonio Narváez Rodríguez, para que alegue lo que estime 
conveniente.
Mediante  el  ATC  17/2021,  fechado  el  16  de  febrero,  el  Pleno  del  Tribunal 
Constitucional archiva la pieza separada de recusación del recurso de amparo núm. 
5382-2019,  acordando  simultáneamente  aceptar  la  abstención  formulada  por  el 
magistrado don Antonio Narváez Rodríguez, apartándole definitivamente del referido 
recurso y de todas sus incidencias.
14.  El Ministerio Fiscal presenta su escrito de alegaciones el 26 de noviembre 
de 2020, interesando la desestimación de las quejas principales relativas a los arts. 23 
y 24.2 CE y la inadmisión de las invocaciones asociadas a los derechos fundamentales 
al juez ordinario predeterminado por la ley (art. 24.2 CE), a la tutela judicial efectiva sin 
indefensión en relación con el derecho de asistencia letrada (art. 24.2 CE), a un proceso 
con todas las garantías, en cuanto garantiza la imparcialidad del juez instructor (art. 24.2 
CE) y del derecho a la legalidad de las infracciones y sanciones (art. 25.1 CE) vertidas 
en relación con el auto de procesamiento de 21 de marzo de 2018; así como las 
referidas a los derechos fundamentales a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 
CE) y a la legalidad penal (art. 25.1 CE), a la libertad ideológica (art. 16.1 CE), la libertad 
de expresión (art. 20.1 CE), el derecho de asociación (art. 22 CE), en relación con el 
auto de 9 de julio de 2018.
Tras resumir los antecedentes y las quejas de la demanda de amparo, la Fiscalía 
ante el Tribunal Constitucional apunta que los autos de 14 de octubre de 2019 y de 10 de 
enero de 2020, ambos del magistrado instructor de la causa especial núm. 20907-2017, 
inciden en la situación personal del demandante. El primero de ellos deja sin efecto la 
aplicación al recurrente del art. 384 bis LECrim, en atención a la STS núm. 459/2019 de 
la Sala de lo Penal. El segundo reconoce la prerrogativa parlamentaria europea de 
inmunidad de jurisdicción como consecuencia y en proyección de la STJUE de 19 de 
diciembre de 2019, dictada en la cuestión prejudicial C-502/19, planteada por la Sala de 
lo Penal del Tribunal Supremo. Reconocimiento que no supuso dejar sin efecto las  e
órdenes de busca, captura e ingreso en prisión nacionales en aplicación de la doctrina  bo
expresada en el auto de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 14 de mayo  374ww
ddee  j2u0ri1s9d,i cccoiónnd udceile dnedmo aan dsoalnicteit.ar al Parlamento Europeo la suspensión de la inmunidad
paraA  lap epséarrd iddea  deest aosb jeotbos enriv parcivioanceiósn,  edle M siennistitdeori oa lF pisrceasle nctoen spirdoecreas oq uceo nnsot ithuaciyo ncaalu esna 
atención al tiempo en que la medida de suspensión acordada en aplicación del art. 384
bis LECrim ha desplegado efectos durante el periodo transcurrido desde su adopción 
hasta que fue dejada sin efecto. A partir de aquí, esta parte alega lo siguiente en relación 
con cada una de las quejas contenidas en la demanda de amparo:
a)  Sobre la vulneración del derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, el 
derecho de asistencia letrada, el derecho al juez imparcial y el derecho a la legalidad 
penal, el Ministerio Fiscal sostiene, frente a la alegación de que no cabe la aplicación del 
art. 384 bis LECrim en este caso al no existir auto de procesamiento firme y válido 
respecto del recurrente en amparo, que esta alegación no cumple con la carga alegatoria 
mínima  para  fundamentar  sus  pretensiones  que,  en  cualquier  caso,  ya  han  sido 
abordadas en el FJ 9 A) de la STC 11/2020, de 28 de enero.
Respecto de la alegación relativa a la invalidez del auto de procesamiento, que 
provendría según la demanda de la lesión provocada por el auto de 21 de marzo 
de 2018 al derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, a la tutela judicial efectiva 
sin indefensión en relación con el derecho de asistencia letrada, a un proceso con todas 
las garantías en cuanto asegura la imparcialidad del juez instructor (art. 24.1 y 2 CE) y al 
derecho a la legalidad en infracciones y sanciones (art. 25.1 CE), la Fiscalía invoca el 
contenido de la STC 27/2019, de 19 de febrero, que resuelve todas estas quejas en 
relación con el auto de 21 de marzo, y en respuesta al recurso de amparo núm. 
4706-2018. La STC 27/2019, aprecia la concurrencia del óbice procesal de falta de 
agotamiento de la vía judicial previa ex art. 50.1 a) en relación con el artículo 44.1 a), 
ambos de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, en atención al carácter prematuro 
de todas las pretensiones planteadas. Si bien esta parte reconoce que la situación 
procesal del demandante en amparo ha variado desde el momento en que efectuó las 
alegaciones referidas, sostiene que las afirmaciones contenidas en los fundamentos 
jurídicos 6 y 7 de la STC 27/2019 valen para reafirmar el mismo carácter de prematuras 
de las pretensiones articuladas en el presente recurso.
b)  Sobre la indebida aplicación del art. 384 bis LECrim, el Ministerio Fiscal entiende 
que se ha dado respuesta a las alegaciones del demandante a este respecto en la 
STC 11/2020, de 28 de enero, a cuyos fundamentos jurídicos 7, 8 y 9 remite la Fiscalía. 
También se citan, por su coincidencia con la anterior, el FJ 6 de la STC 38/2020, de 25 
de  febrero  y  el  FJ  6  b)  de  la  STC  97/2020.  Afirma  esta  parte  que  dichos 
pronunciamientos son plenamente aplicables a las resoluciones judiciales impugnadas 
en  este  procedimiento,  dándose  la  circunstancia  de  que  la  resolución  inicial  es 
exactamente la misma, es decir el auto de 9 de julio de 2018, en la medida en que el 
auto de 10 de julio de 2019 de la Sala de Recursos de la Sala de lo Penal del Tribunal 
Supremo en la causa especial núm. 20907-2017, viene a pronunciarse en términos 
sustancialmente idénticos al auto de la sala de recursos de la Sala de lo Penal del 
Tribunal  Supremo  de  30  de  julio  de  2018,  que  desestimó  el  recurso  de  apelación 
interpuesto contra el auto de 9 de julio de 2018, objeto este de los recursos de amparo 
núms. 4855-2018 y 5222-2018, en los que se dictaron las SSTC 11/2020, de 28 de 
enero, y 38/2020, de 25 de febrero. En síntesis, esta parte afirma que la interpretación 
que pretende imponer el demandante en relación con el art. 384 bis LECrim, es una 
exégesis propia que se opone a la sostenida por el Tribunal Supremo, en el ámbito que 
le está reservado constitucionalmente según los arts. 117.3 y 123 CE. La única diferencia 
entre supuestos se refiere a que los recurrentes de los recursos de amparo núms. 
4855-2018 y 5222-2018 estaban materialmente en prisión, por lo que no se daba en ellos 
la circunstancia concurrente en el demandante de este procedimiento de no encontrarse 
confinado como preso provisional en un centro penitenciario al haber huido para eludir la  e.
acción de la justicia. w.b
c)  Sobre la situación de prisión decretada, y frente al alegado relativo a que no se  374ww
LeEncCureimnt rdae m qautee rihaalmyae nstied oe nd epcrirseitóand ap ourn lao  oqrudee nn od eco inncgurerrseo  eel nre pqruisisióitno  dperol vaisrti.o n3a8l4  qbuies 
ehna yeal  saipdaor teajedcou it)a ddae,l  eful nMdianmisetenrtioo  dFeis cdaelr escohsotie únnei cqou ed elal  ainutteor pdree t1a0ci ódne  djualdioa  dael  p2r0e1c9e petos 
suficiente, razonada y razonable, ausente de quiebras lógicas, de arbitrariedad y de
error. Además, es la más ajustada a la significación literal, al sentido teleológico y a la 
orientación material de la norma que contempla un supuesto visto por el legislador como 
inconciliable con la permanencia del procesado por estos delitos en el desempeño de 
funciones o cargos públicos, estando justificada por la excepcional amenaza que esta 
actividad criminal conlleva para el estado democrático de derecho. El auto impugnado 
sostiene  que  la  ley  no  exige,  frente  a  lo  que  alega  el  recurrente  en  amparo,  la 
materialización de la privación de libertad para la aplicación del precepto, siendo clara la 
norma procesal al establecer las exigencias para que opere la medida cautelar de una 
manera automática, esto es que se haya decretado la prisión provisional contra el 
procesado por rebeldía, haya sido o no materializada dicha situación de prisión.
d)  Sobre las alegaciones relativas a la desproporción, fin ilegítimo, pena anticipada, 
proceso  con  todas  las  garantías,  legalidad  penal,  presunción  de  inocencia  y 
planteamiento de cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en 
relación con el art. 384 LECrim, la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional rechaza entrar 
al examen de una parte de las alegaciones al entender que las conculcaciones apenas 
se enuncian sin ofrecer razonamiento jurídico o desarrollo argumental alguno. Este es el 
caso de la cita de los derechos a la legalidad penal y a un proceso con todas las 
garantías (arts. 25.1 y 24.2 CE).
Por  lo  que  hace  al  resto  de  planteamientos,  se  sostiene  que  estos  han  sido 
respondidos ya por el Tribunal en las SSTC 11/2020, 38/2020 y 97/2020, cuya doctrina 
se sintetiza como sigue:
(i)  La  regla  enjuiciada  prescribe  en  negativo  uno  de  los  requisitos  para  el 
mantenimiento  de  una  función  o  cargo  público,  concretamente  no  encontrarse  en 
situación de prisión provisional como consecuencia del procesamiento por los delitos que 
precisa la norma procesal.
(ii)  La suspensión del ejercicio del cargo público surge ex lege una vez concurre 
auto de procesamiento firme y prisión provisional decretada por los delitos que señala la 
norma, sin que los órganos llamados a aplicarla puedan modular su aplicación, no 
quedando margen alguno a su aplicación más allá de la verificación de la concurrencia 
de los presupuestos previstos en la ley.
(iii)  La  medida  es  provisional,  al  estar  vinculada  a  las  resoluciones  de 
procesamiento y prisión provisional y su mantenimiento. En este caso en concreto, 
además, el devenir procesal ha acreditado que la medida no era indefinida una vez que 
ya no se encuentra vigente, puesto que mediante auto de 14 de octubre de 2020 se dejó 
sin efecto la aplicación al recurrente del art. 384 bis LECrim.
(iv)  El precepto legal no es norma punitiva, sino establecedora de una medida 
provisional vinculada a otras que adopta la autoridad judicial.
(v)  La exigencia de proporcionalidad se cumple en la configuración legal de los 
supuestos ante los que se hace la restricción, de modo que la medida nace ope legis 
adecuada proporcionalmente a la finalidad perseguida por el legislador.
(vi)  La  medida  no  vulnera  ninguna  de  las  dimensiones  de  la  presunción  de 
inocencia y no priva del derecho de sufragio pasivo del art. 23.2 CE.
Por  lo  que  hace  a  la  aducida  conculcación  del  derecho  del  recurrente  a  la 
presunción de inocencia (art. 24.2 CE) y la invocación del art. 48.1 CDFUE y la 
Directiva 2016/343/UE, del Parlamento y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, como 
sustento para el planteamiento de una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea, el Ministerio Fiscal remite al contenido del fundamento jurídico 5  e
de la STC 97/2020 para rechazar esta pretensión. bo
e)  En relación con la invocación de las libertades ideológica, de expresión y de  374ww
qausoec niaoc isóonn,  eolb jMetion isdteelr ipor eFsisecnatel  sroesctuiersnoe  dqeu ea mesptaar oq:u leojsa  asuet ossu sdtee n6t ad ee nfe dboresr ore ys odluec 2io3n dees 
mdea rqzuoie dne r e2c0u1r8re. ,S rea zaófnir mpao r qlau ec utaalle esl  daeuctois idoenle ms asgei satrdaodpot ainrosntr uecnt oar tednec 9ió dne a j ulalio i ddeeo 2lo0g1ía8 
perseguía  una  finalidad  de  tipo  político,  al  comunicar  a  la  mesa  de  la  Cámara
autonómica que el recurrente había quedado suspendido en su cargo de diputado por 
imperio  del  art.  384  bis  LECrim.  A  esto  responde  la  Fiscalía  ante  el  Tribunal 
Constitucional alegando que ni los arts. 16.1, 20.1 a) o 22 CE fueron en su día invocados 
en el recurso de apelación, ni las resoluciones precedentes a las que se atribuye la 
vulneración originaria constituyen objeto del presente recurso de amparo, ni han sido 
suficientemente fundamentadas las alegaciones genéricas que apoyan la queja. Por 
consiguiente, resulta pertinente inadmitir el recurso de amparo en relación con estos 
motivos, ex art. 50.1 a) LOTC.
15.  Por  providencia  de  5  de  octubre  de  2021,  se  señaló  para  deliberación  y 
votación de la presente sentencia el día 7 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Objeto del recurso de amparo.
El presente recurso de amparo tiene por objeto el auto de fecha 9 de julio de 2018 
dictado  por  la  Sala  de  lo  Penal  del  Tribunal  Supremo  en  la  causa  especial  núm. 
20907-2017, y los autos de 20 de febrero de 2019 y de 10 de julio de 2019, que 
confirman el primero en reforma y en apelación respectivamente. El mismo auto de 9 de 
julio de 2018 fue objeto del recurso de amparo núm. 5488-2018, que resultó inadmitido a 
trámite por la STC 12/2020, de 28 de enero, que lo consideró prematuro. Una vez 
resueltos los oportunos recursos de alzada y de apelación contra el citado auto, el 
recurrente  vuelve  de  nuevo  a  acudir  en  amparo  frente  a  la  citada  resolución, 
generándose el procedimiento que viene a resolver esta sentencia.
En la demanda el recurrente aduce, con carácter principal, que el auto impugnado en 
primer término, y aquellos que lo confirman, han provocado una vulneración del derecho 
fundamental  que  se  le  reconoce  en  el  art.  23.2  CE,  por  cuanto  ha  supuesto  la 
suspensión del ejercicio del cargo de parlamentario autonómico en aplicación de las 
previsiones del art. 384 bis LECrim. Esta lesión se proyecta también, por cuanto se 
conecta con la principal, a la vulneración de los arts. 9.3, 16.1, 20.1, 23.1, 24.1 y 2, y 25 
CE, y a los arts. 6.2 del Convenio para la protección de los derechos humanos y de las 
libertades fundamentales, 3 del Protocolo adicional núm. 1 al CEDH, 14.2 del Pacto 
internacional  de  derechos  civiles  y  políticos,  y  48.1  de  la  Carta  de  los  derechos 
fundamentales de la Unión Europea.
La abogacía del estado interesa la inadmisión parcial del recurso en relación con las 
denuncias relativas a la vulneración del derecho al juez predeterminado por la ley y del 
derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión, y la desestimación íntegra de las 
demás quejas. El partido político Vox, en cuanto interviniente en el procedimiento de 
instancia, actúa en el recurso de amparo como parte interesada solicitando la inadmisión 
de este y, subsidiariamente su desestimación. Por último, el Ministerio Fiscal sostiene 
que la totalidad de las alegaciones en las que podría entrarse por no concurrir óbice de 
admisibilidad alguno, han sido ya resueltas por las SSTC 11/2020, de 28 de enero; 
38/2020, de 25 de febrero, o 97/2020, de 21 de julio, en función del derecho invocado o 
la pretensión deducida.
2.  Cuestiones procesales previas. Delimitación del objeto del pronunciamiento.
La  demanda  de  amparo,  de  la  que  ha  quedado  constancia  detallada  en  los 
antecedentes de esta sentencia, contiene una serie de consideraciones sobre los autos  e.
de 21 de marzo, 9 de mayo y 26 de junio de 2018, relativos al procesamiento del  w.b
recurrente, y objeto del recurso que resolvió el 26 de febrero de 2019 la STC 27/2019. A  374ww
epsretadse terermsoinluacdioo npeos r slea  liemyp u(atar tíclau lovsu ln2e4r adceió nla  dCeE  l,o s4 7d ey re4c8h oCsD: F(iU) Ea, l 6ju eCzE DoHrd iny a1ri4o 
aPrItDs.C 4Y7P )y;  4(i8i)  Ca DlaF tUuEte,l aa rjtu. d6ic CiaEl DefHec, taivrat.  s1i4n  PinIdDeCfeYnPs iyó na r(ta. r1t.0 2 d4e.1  laC ED,e ecnla rraeclaiócnió nu nciovenr lsoasl 
de derechos humanos); (iii) a un juez imparcial y a un proceso con todas las garantías
(art. 24 CE), y (iv) a la legalidad de las infracciones penales (art. 25.1 CE), por falta de 
relevancia penal de los hechos objeto de enjuiciamiento.
Pero a pesar de este contenido de la demanda, es preciso excluir del conocimiento 
del Tribunal todas estas alegaciones.
El presente recurso de amparo tiene por objeto único el auto de 9 de julio de 2018 
dictado  por  la  Sala  de  lo  Penal  del  Tribunal  Supremo  en  la  causa  especial  núm. 
20907-2017, y los autos de 20 de febrero de 2019 y de 10 de julio de 2019, que 
confirman el primero, tal y como se deduce de la providencia del 2 de octubre de 2018, 
en que el Tribunal Constitucional formuló requerimiento al recurrente en amparo para 
que  formulase  demanda  separada  contra  los  autos  relativos  a  la  decisión  de 
procesamiento (autos de 21 de marzo, 9 de mayo y 26 de junio de 2018) y el que 
entonces era el único pronunciamiento relativo a la suspensión del acta de diputado en 
aplicación del art. 384 bis LECrim, el auto de 9 de julio de 2018.
La providencia de 2 de octubre de 2018, estableció lo siguiente: «Una vez apreciado 
que en la misma demanda se acumulan la impugnación, de una parte, del auto de 
procesamiento de fecha 21 de marzo de 2018, ratificado en reforma por otro de 9 de 
mayo siguiente y, en apelación, por auto de 26 de junio de 2018, dictado por la Sala de 
Recursos de lo Penal del Tribunal Supremo y, de otra parte, del auto de 9 de julio 
de 2018 que acordó la suspensión de las funciones y cargos públicos que venían 
desempeñando varios procesados por delito de rebelión, el Pleno acuerda conceder a 
los  demandantes  de  amparo  el  plazo  de  diez  días  para  que  presenten  demanda 
separada respecto del reseñado auto de 9 de julio de 2018. En consecuencia, se 
acuerda la admisión a trámite del presente recurso de amparo únicamente en cuanto 
impugna el auto de procesamiento de fecha 21 de marzo de 2018, ratificado en reforma 
por auto de 9 de mayo siguiente (del magistrado instructor) y, en apelación, por auto 
de 26 de junio de 2018, dictado por la Sala de recursos de lo Penal del Tribunal 
Supremo,  por  apreciar  que  concurre  en  el  mismo  una  especial  trascendencia 
constitucional (art. 50.1 LOTC) porque el recurso plantea un problema o afecta a una 
faceta  de  un  derecho  fundamental  sobre  el  que  no  hay  doctrina  de  este  Tribunal 
[STC 155/2009, FJ 2 a)]».
De lo anterior se deduce claramente que el Tribunal ha optado por tratar de forma 
independiente la impugnación de los autos de procesamiento y la relativa a los autos de 
medidas cautelares, entre otras razones porque un tratamiento unificado podría haber 
supuesto la inadmisión de las pretensiones de amparo en relación con ambos grupos de 
autos. Prueba de ello es que el recurso de amparo en el que se analizaron las quejas 
proyectadas  contra  el  auto  de  procesamiento  y  los  que  confirmaron  este,  resultó 
inadmitido  a  trámite  por  prematuridad  del  planteamiento  de  las  pretensiones  allí 
deducidas, mediante la STC 27/2019, de 26 de febrero.
Por su parte, el recurso de amparo planteado sucesivamente contra el auto de 9 de 
julio  (recurso  de  amparo  núm.  5488-2018)  también  fue  inadmitido  a  trámite  por  la 
STC 12/2020, de 28 de enero, que consideró prematuro el recurso de amparo. En el 
momento en que se formalizó aquel recurso de amparo separado, el día 23 de octubre 
de 2018, «el referido auto aún no había adquirido firmeza, toda vez que el recurso de 
reforma que contra el mismo se entabló fue desestimado por auto de fecha 20 de febrero 
de 2019, mientras que el recurso de apelación deducido contra esta última resolución fue 
desestimado por auto de fecha 10 de julio de 2019. Así pues, queda constatado que al 
tiempo de ser interpuesta la demanda de amparo aún pendían de resolver, en sede 
judicial, los recursos interpuestos contra el auto que es objeto de impugnación en el  s
presente recurso». oe.
Pero, en el momento en que se formaliza el actual recurso de amparo, el óbice  w.
procesal identificado en la STC 12/2020 ha desaparecido, y debe entenderse que el  374ww
rneúcmur. s5o4 d8e8 -2a0m1p8a. roD en úmmo. d5o3 8ta2l- 2q0u1e9 ,s ie sa qcuoenlt infuuea crieósnu lmtaadtoe ridael  duenl  rreecquuresroim dieen atom ppaarroa 
aduetsoa gdree gsaurs eple onbsijóento  ddee ll are ccounrsdoic iiónnte rdpeu edsiptou tcaodnot raau etol naóumtoi cdoe  dperlo creecsuarmreiennteto e yn  caomnptraar oe,l   BOE-A-cable e
ningún sentido tendría admitir ahora la reunificación de ambos objetos y la reapertura de 
un  recurso  de  amparo  que,  por  lo  demás  ha  quedado  resuelto  en  la  ya  citada 
STC 27/2019.
En  suma,  debe  quedar  excluida  del  presente  pronunciamiento  cualquier 
consideración respecto de los autos de 21 de marzo, 9 de mayo y 26 de junio de 2018, 
todos ellos relativos a la decisión de procesamiento del recurrente en amparo, debiendo 
centrarse nuestro juicio exclusivamente en las quejas relativas al auto de 9 de julio 
de 2018, y a los que vienen a confirmarlo sucesivamente.
Y respecto de estas últimas tampoco se formulará juicio alguno en relación con las 
invocaciones a las libertades ideológica, de expresión y de asociación porque, tal y como 
afirma  el  Ministerio  Fiscal,  respecto  de  las  mismas,  entre  otros  óbices,  no  se  ha 
levantado siquiera la carga de alegar de manera suficiente respecto de la lesión de los 
derechos fundamentales cuya vulneración se denuncia. La jurisprudencia constitucional 
ha advertido reiteradamente que no puede exigirse al Tribunal Constitucional que integre 
los defectos argumentales de la demanda de amparo (por todas, STC 143/1994, de 9 de 
mayo, FJ 5), «toda vez que quien impetra el amparo constitucional no solamente ha de 
abrir la vía para que este Tribunal pueda pronunciarse sobre las vulneraciones de la 
Constitución que se aleguen, sino que además ha de proporcionar la fundamentación 
fáctica y jurídica que razonablemente cabe esperar, y que se integra en el deber de 
colaborar con la jurisdicción constitucional, sin que le corresponda a este Tribunal suplir 
los  razonamientos  de  las  partes,  ni  reconstruir  la  demanda  de  oficio  cuando  el 
demandante ha desatendido la carga de argumentación que pesa sobre él» (por todas, 
STC 76/2007, de 16 de abril, FJ 5).
En el mismo sentido se ha pronunciado la más reciente STC 97/2020, de 21 de julio, 
FJ 3 A), recordando que no le corresponde a «esta jurisdicción suplir o reconstruir las 
razones  de  los  recurrentes  en  amparo  cuando  estas  no  se  aportan  al  recurso 
(SSTC 13/2016, de 1 de febrero, y 9/2020, de 28 de enero, FJ 1 de una y otra), y se 
incumple con ello la carga procesal de quien debe proporcionar la fundamentación 
fáctica y jurídica que es de esperar y que se integra en el deber de colaborar con la 
justicia del Tribunal Constitucional».
3.  Sobre la eventual pérdida sobrevenida del objeto del recurso tras el auto de 14 
de octubre de 2019, dictado por el magistrado instructor de la Sala de lo Penal.
Tal  y  como  se  ha  expuesto  en  el  antecedente  2  k)  de  esta  sentencia,  con 
posterioridad a la interposición del recurso, pero antes de su admisión a trámite, y 
mediante auto fechado el 14 de octubre de 2019, el magistrado instructor de la causa 
especial núm. 20907-2017, dejó sin efecto la aplicación al recurrente del art. 384 bis 
LECrim, en atención al contenido de la sentencia de la Sala Segunda del Tribunal 
Supremo núm. 459/2019, de 14 de octubre de 2019. Esto supone que la suspensión del 
recurrente en su cargo de parlamentario en el Parlamento de Cataluña comenzó el 9 de 
julio de 2018 y cesó el 14 de octubre de 2019.
Si bien ninguna de las partes que han comparecido en el presente procedimiento de 
amparo han entendido que hubiera que estimar la pérdida sobrevenida del objeto del 
recurso de amparo, por no estar la suspensión del cargo de diputado autonómico en 
vigor  al  momento  de  dictarse  sentencia,  el  Ministerio  Fiscal  se  ha  manifestado  al 
respecto considerando que no hay causa para la pérdida de objeto en atención al tiempo 
en que la medida de suspensión acordada en aplicación del art. 384 bis LECrim estuvo 
desplegando efectos y este tribunal también lo entiende de este modo. Por esta razón se  e
considera adecuado confirmar esta posición, que es la misma que sostuvo el tribunal al  bo
dictar la STC 11/2020, de 28 de enero, en cuyo fundamento jurídico 1 se estableció  374ww
edxep orectsuabmree ndtee  2q0u1e9 s, i dbiicetna dlaa  seenn ltae nccitiaad dae c laau Ssaal ae sdpee lcoi aPl ennúaml .d e2l0 T9r0ib7u-2n0a1l 7S,u hparebmíao d deeja 1d4o 
ssionb reef eecl taoust ola d em 1e4d iddae  occatuutberlea rd, ee n2 0e1l9 c, aeslloo  nqou ep raohvoocraa  lnao esx otincucipóan  pdoerl  psruo ceefdeicmtoie nretofl eejon 
causa por pérdida sobrevenida de su objeto, siendo la razón que «la citada sentencia no
ha supuesto la reparación por el propio órgano judicial de los derechos fundamentales 
que se invocan como vulnerados en amparo. Nuestro enjuiciamiento se concreta al 
momento  temporal  de  formulación  de  la  demanda  de  amparo,  atendiendo  a  las 
circunstancias concurrentes en esa ocasión a efectos de dilucidar si existió vulneración 
de tales derechos fundamentales (por todas, STC 83/2019, de 17 de junio, FJ 8, con cita 
de la STC 167/2005, de 20 de junio)».
4.  Sobre el planteamiento de la cuestión prejudicial.
Por  lo  que  hace  a  la  solicitud  de  la  demanda  de  amparo,  relativa  al  eventual 
planteamiento de una cuestión prejudicial en relación con la afectación a la presunción 
de inocencia de la medida del art. 384 bis LECrim, este tribunal considera improcedente 
tal planteamiento, al no albergar dudas sobre la compatibilidad del art. 384 bis LECrim 
con el art. 24.2 CE, incluso interpretado a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea que invoca el recurrente en amparo. El tema quedó resuelto 
en la STC 97/2020, a cuyo fundamento jurídico 5 se hace referencia expresa en este 
punto, sin perjuicio de lo que se dirá sucesivamente en relación con la denuncia de la 
vulneración del art. 24.2 CE por los autos que conforman el objeto del presente recurso 
de amparo.
5.  Especial trascendencia constitucional.
El partido político Vox niega la concurrencia de especial trascendencia constitucional 
en el recurso, al no estar vigente la medida cautelar adoptada en su momento a partir del 
dictado del auto de 14 de octubre de 2019, y además al haber podido acceder el 
recurrente en amparo a su acta de diputado en el Parlamento Europeo y, por tanto, 
ejercer en condiciones de igualdad su cargo público en el mismo. Argumenta esta parte 
que «la falta de conexión entre la causa de especial trascendencia alegada, la decisión 
que es objeto de la impugnación y los derechos de los que supuestamente se ve 
privados el procesado, constituye un óbice de admisibilidad de la demanda formulada». 
En relación con esta cuestión, si bien las alegaciones referidas se vinculan a la falta de 
especial  trascendencia  constitucional  del  recurso  de  amparo,  en  realidad  la 
argumentación hace alusión a la pérdida sobrevenida del objeto del recurso de amparo, 
con lo cual cumple reiterar la apreciación formulada en el fundamento jurídico tercero de 
esta sentencia. Asimismo cabe recordar la doctrina de que es el Tribunal Constitucional 
quien posee la facultad de apreciación discrecional respecto de la concurrencia de la 
especial trascendencia constitucional (por todas, STC 122/2019, de 28 de octubre, FJ 2, 
y jurisprudencia allí citada), habiéndose entendido concurrente, en este caso, porque el 
recurso plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el 
que no hay doctrina de este tribunal [STC 155/2009, de 28 de julio, FJ 2 a)].
6.  Derecho a ejercer dichos cargos públicos representativos sin perturbaciones 
ilegítimas (art. 23.2 CE), en relación con el derecho de los ciudadanos a participar en los 
asuntos  públicos  por  medio  de  representantes,  libremente  elegidos  en  elecciones 
periódicas por sufragio universal (artículo 23.1 CE). Remisión a la STC 11/2020.
La demanda de amparo entiende que los derechos contemplados en el art. 23 CE 
vienen  limitados  por  la  decisión  de  suspender  al  recurrente  como  diputado  del 
Parlamento de Cataluña fuera de los supuestos previstos en la ley, esto es, en el art. 384 
bis LECrim. No se cuestiona en el recurso, por tanto, la inconstitucionalidad del precepto  es
citado, asunto por lo demás solventado en favor de la constitucionalidad de la disposición  o
en la STC 71/1994, de 3 de marzo. Se denuncia, en cambio, una inadecuada aplicación  374ww
cidsmoietupn eaussictdaeióed pnraar sedr sceeae  lpp crtroioes mciqóuunore  rep apnruortoetvoci s edidofeirenlm raítleai,p ,  ydo e ((ilidi )vh e)e  ddcreeeh blo leah dl eieócin nhqc,ou o e(ndi ivei()ie  )c ndeoieeln  navltuaeet r otfi arad pleltalai c p mardoceeicód enicds oaanam c ciualearunrstete onlc acnorioa ne  dpnduu eceu tdnaleaas     OE-A-2021-18able en https://
pena de inhabilitación anticipada inaplicando lo previsto en el art. 25.1 a) del Reglamento 
del Parlamento de Cataluña.
Asumiendo que la aplicación del art. 384 bis LECrim implica la restricción de un 
derecho fundamental sustantivo, se exige un deber reforzado de motivación que incluya, 
además de una fundamentación razonable, no arbitraria ni incursa en error patente, un 
juicio de adecuación al fin perseguido por la medida. El fundamento jurídico 8 de la 
STC 11/2020, deduce de lo anterior que se haya venido exigiendo «ese deber específico 
de  motivación  en  relación  con  las  limitaciones  del  ejercicio  de  cargos  públicos 
representativos (ius in officium, ex art. 23.2 CE)».
Ahora bien, habida cuenta de que la medida cautelar contenida en el art. 384 bis 
LECrim surge automáticamente ex lege, sin dejar margen alguno en su aplicación más 
allá de la verificación de la concurrencia de los presupuestos a los que la norma liga tal 
medida, es sobre esta verificación que cabe proyectar el canon de control de motivación 
reforzada por parte del Tribunal Constitucional. En la STC 11/2020, se afirmaba en este 
sentido que «en el caso del art. 384 bis LECrim, la limitación del ejercicio del cargo 
público que implica la suspensión aparece indeclinablemente unida a la concurrencia de 
la situación definida: procesamiento firme y prisión provisional por razón de los delitos 
señalados. De ello se sigue que la exigencia de motivación de los actos aplicativos se 
proyecta únicamente sobre el juicio relativo a la existencia de dichos presupuestos 
legales» (FJ 6).
Y  el  control  que  puede  realizar  en  este  punto  el  Tribunal  Constitucional  «es 
meramente externo, limitado, por la razón antes señalada, a la comprobación de si la 
motivación existe, es suficiente y no incurre en error material patente, en arbitrariedad o 
en manifiesta irrazonabilidad» (STC 11/2020, FJ 8).
La aplicación de este canon al supuesto de hecho que plantea el recurrente en 
amparo supone verificar si las resoluciones judiciales impugnadas constatan o no la 
concurrencia de los presupuestos legales de la norma aplicada, esto es, la firmeza del 
procesamiento por un delito de los previstos en la norma y la situación de prisión 
provisional del recurrente.
(i)  A  la  cuestión  relativa  a  la  falta  de  firmeza  del  auto  de  procesamiento  ya 
respondió el FJ 9 de la STC 11/2020, a cuya argumentación se hace remisión expresa. 
En aquel momento se dio por ajustada a la Constitución la respuesta ofrecida por el 
Tribunal Supremo en relación con este extremo, considerándola suficiente, objetiva y 
razonable. Y el mismo juicio cabe formular en este caso, porque la argumentación del 
Tribunal Supremo es sustancialmente la misma, cuando considera que «en auto de 
fecha  26  de  junio  de  2018,  desestimó  los  recursos  interpuestos  y  confirmó  el 
procesamiento por este delito de los encausados anteriormente señalados, ganando de 
este modo firmeza la resolución […] Concretamente, en auto de fecha 3 de noviembre 
de 2017 se acordó la prisión provisional de Carles Puigdemont, Antonio Comín y Clara 
Ponsatí, adoptándose igual decisión respecto de Marta Rovira i Vergés en auto de 23 de 
marzo  de  2018,  pese  a  que  tales  procesados  no  se  encuentren  materialmente 
confinados todavía en ningún centro penitenciario al haber eludido la acción de la 
Justicia y haber buscado refugio en terceros países».
Entiende  este  tribunal,  y  así  se  reitera  ahora,  que  la  naturaleza  del  auto  de 
procesamiento, por un lado, y de la propia medida cautelar de suspensión evidencia que 
la noción de firmeza que trata de hacer valer el recurrente en amparo no se adecúa a la 
característica de provisionalidad que es predicable del contenido de tales decisiones 
judiciales. La firmeza exigida por el art. 384 bis LECrim, no tiene el significado de  e.
invariabilidad material de la calificación jurídica que está en la base de la adopción de la  w.b
medida cautelar, sino que equivale a imposibilidad formal de interponer recurso frente a  374ww
perlloav. iLsiao nSaTliCda 1d1,/ 2q0u2e0 d, edfien e2 8la d me eednidearo p, rleov eisxtpar eesna e dl ea ret.s 3te8 4m boids oL EenC rsimu ,F aJp 9a:r e«cLea  tnaomtab iédne 
epnro vloissio nparel,s mupeudeidsato sc apraroctceersizaaledsa  pqoure  sud emteordmifiincaanb ilsidua dv i[gpeonrc tioad: alsa,  SsiTtuCa c2ió9n/2 0d1e9 ,p dries ió2n8 
de febrero, FJ 3 a)] y la calificación jurídica expresada en la imputación precisa y formal
en que el procesamiento consiste, susceptible de ser revisada durante todo el curso de 
la causa hasta el dictado de la sentencia firme (STC 27/2019, FJ 7, antes citada). En 
conclusión,  la  provisionalidad  de  la  calificación  jurídica  contenida  en  el  auto  de 
procesamiento no contradice la noción de firmeza, en cuanto este concepto cobra todo 
su sentido al hacerse equivalente a inimpugnabilidad formal de tal resolución judicial, 
cuando contra ella no cabe recurso alguno, bien por haber dejado trascurrir el plazo para 
recurrir bien por haberse rechazado el último recurso disponible según la legislación 
procesal».
Por tanto, el auto de procesamiento era firme, y ello justificaba la adopción de la 
medida cautelar.
(ii)  Para pronunciarnos sobre la inconveniente aplicación a las conductas imputadas 
al recurrente del tipo de rebelión cabe remitirse al fundamento jurídico 9 B) de la 
STC 11/2020, que se detiene en una queja equivalente a la que se plantea en el recurso 
de amparo que ahora nos ocupa. Si aquella sentencia resolvía el recurso contra, entre 
otros, el auto de 9 de julio de 2018, en que se comunicaba a la mesa del Parlamento de 
Cataluña de los allí recurrentes en amparo, en esta se resuelve el recurso equivalente al 
auto de 10 de julio de 2019, que se remite en su argumentación al de 9 de julio del 2018.
En aquel caso, como en este, se cuestionaba que concurriese el presupuesto legal 
consistente en que el procesamiento y la prisión provisional tengan su causa en la 
imputación de un «delito cometido por persona integrada o relacionada con bandas 
armadas  o  individuos  terroristas  o  rebeldes».  Y  en  aquel  pronunciamiento,  que 
reiteramos ahora, se concluye que la argumentación de las resoluciones impugnadas 
para justificar que efectivamente se habían cometido los delitos a que podía asociarse la 
imposición de la medida cautelar, había sido suficiente, razonada y razonable. Partiendo 
de que no se cuestiona la concurrencia de los extremos fácticos que sustentan las 
decisiones de procesamiento y de adopción de las medidas cautelares y de que no es 
posible pronunciarse sobre la calificación jurídica provisional de los hechos, al amparo 
del principio de legalidad penal (art. 25.1 CE), porque esto supondría adelantar un juicio 
que no corresponde realizar en este momento por resultar prematuro, es preciso concluir 
que  la  interpretación  formulada  por  el  Tribunal  Supremo  respecto  de  la  expresión 
“individuos rebeldes” contenida en el art. 384 bis LECrim, supera el canon de control 
constitucional aplicable.
Respecto de la conexión de la aplicación del art. 384 bis LECrim a los procesados 
por rebeldía, el auto de 10 de julio dice literalmente, y tras formular una remisión expresa 
a los pronunciamientos básicos del auto de fecha 9 de julio de 2018: «La medida de 
suspensión ha de afectar, precisa y exclusivamente, a los procesados y presos que lo 
hayan sido por aparecer –sin perjuicio de lo que resulte del juicio oral– como integrados 
o relacionados "con rebeldes", es decir, previa la "imputación formal y provisional de 
criminalidad"  (STC  218/1989,  fundamento  jurídico  4)  por  delitos  que  conllevan  "un 
desafío mismo a la esencia del Estado democrático" (STC 89/1993)». Y añade: «en lo 
que respecta a los supuestos para los que resulta aplicable la medida de suspensión, 
aun cuando el recurrente ha sido también declarado en rebeldía, la expresión rebeldes 
contenida en el artículo 384 bis de la LECrim hace referencia a los presuntos partícipes 
en  un  delito  de  rebelión,  esto  es,  en  los  términos  del  Tribunal  Constitucional 
anteriormente destacados, "previa la imputación formal y provisional de criminalidad, por 
delitos que conllevan un desafío mismo a la esencia del Estado democrático". En modo 
alguno se condiciona la aplicación de la medida al empleo de armas en la comisión del 
delito,  cumpliéndose  las  exigencias  normativas  con  la  presunta  satisfacción  de  los  s
elementos  típicos  correspondientes  a  cada  una  de  las  figuras  delictivas  que  el  oe.
artículo 384 bis contempla». w.
Haciendo  remisión  expresa  y  completa  al  fundamento  jurídico  9  B)  de  la  374ww
ScoTnCc lu1i1rs/2e0 2q0u,e  y« ltara ayergnudmo eanlt aecnijóunic ieammpielenatod ap rseosbernet ee setel  qpuree ssuep ureeastlioz óle egnatl,o nrecleasti,v oh aa  dlae 
ncaautusraa leoz ara ez óinm pdoerlt apnrcoiace dsealm dieenlittoo , erne sepl ectao nltae xltiote rdaeli dcaudy ad pee rlas encuocrmióan  sye  aitniesnedrtea  eas tlaa   BOE-A-cable e
medida provisional, delito que conlleva "un desafío mismo a la esencia del Estado 
democrático" (STC 71/1994, FJ 6), que era imputado a algunas de las personas que 
ostentaban los más altos cargos públicos en la Comunidad Autónoma de Cataluña y 
cuya lesividad ha sido destacada en múltiples resoluciones a las que se remite el propio 
Tribunal Supremo, lo que cumple con el canon constitucional que resulta aplicable».
(iii)  En relación con la falta de concurrencia de la situación de prisión provisional, ha 
de entenderse que la interpretación del art. 384 bis LECrim efectuada por el Tribunal 
Supremo en el auto de 10 de julio de 2019 es suficiente, razonada y razonable, ausente 
de quiebras lógicas, de arbitrariedad y de error.
El auto impugnado sostiene que «la ley no exige la materialización de la privación de 
libertad para la aplicación del precepto. La norma procesal es clara al establecer las 
exigencias para que opere la medida cautelar de una manera automática, exigiendo que 
se haya decretado la prisión provisional contra el procesado por rebeldía. El inciso último 
del  artículo  que  se  analiza  no  modifica  el  contenido  sustantivo  de  los  requisitos, 
resultando evidente que la concreta redacción de la acotación descansa en lo insólito 
que resulta que una persona procesada por un delito de rebelión, y que se encuentra en 
situación de rebeldía por haberse sustraído a la acción de la Justicia, eludiendo al tiempo 
la decisión de prisión, pueda pretender el ejercicio de funciones públicas en el ámbito de 
jurisdicción de nuestros Tribunales. No existe razón ninguna que justifique que puedan 
ejercer funciones públicas quienes se encuentran en la situación procesal contemplada 
en el artículo 384 bis.  La situación de prisión a la que se refiere el art. 384 bis LECrim 
se refiere a la procesal, que en este caso ya está adoptada, no a la material, que no 
puede adoptarse ante la huida de los recurrentes de la acción de la justicia, pero la 
situación del acuerdo de prisión está adoptada. Cuestión distinta es que no pueda 
ejecutarse por la situación voluntaria de fuga de los recurrentes».
Y  continúa:  «Frente  a  lo  que  el  recurrente  sostiene  la  inexistencia  de  la 
materialización de la situación de prisión provocada por el propio recurrente no puede 
ser una situación planteada que pretenda beneficiarle por ser contradictio in terminis, por 
alegar  una  situación  buscada  de  propósito,  y  que  no  es  obstáculo  para  aplicar 
consecuencias relacionadas con una medida de prisión provisional, que el recurrente 
elude por no comparecer y ponerse a disposición del Tribunal. Pretender no aplicar el 
recurrente una medida ex lege del art. 384 bis LECrim por una obstrucción del mismo a 
su obligatoria comparecencia es un alegato que provoca un rechazo en sí mismo, por ser 
una auto obstaculización del recurrente a la orden judicial de comparecencia. En la 
literatura griega se llama Oxímoron, que consiste en usar dos conceptos de significado 
opuesto en una sola expresión, y ello es lo que ocurre con el recurso en este caso. La 
prisión preventiva es una situación procesal en los casos en los que, como el presente, 
no se han llevado a cabo por sustraerse el recurrente a la acción de la justicia. La 
situación de prisión conlleva una determinación automática de la suspensión del empleo 
o cargo público, y no optativa en su decisión del instructor. La ratio essendi de la norma 
está clara, porque, por un lado, el funcionario en prisión provisional no puede ostentar en 
ese  periodo  cargo  público,  sin  perjuicio  de  su  recuperación  cuando  se  adopten  la 
recuperación de su estatus, en su caso, por el instructor. Y es su incomparecencia lo 
que, además, no permite modificar su situación procesal de prisión. Una cosa es la 
materialización física de la medida de prisión, y otra la situación procesal de la misma. Y 
el art. 384 bis LECrim no puede entenderse aplicable solo a los que se encuentran solo 
en prisión física y no procesal, y "en beneficio" de los que están en situación de rebeldía, 
ya que de ser así provocaría un beneficio la fuga y no ponerse a disposición del tribunal,  s
y un perjuicio hacerlo. La norma no puede otorgar en este caso un distinto tratamiento en  oe.
la medida de suspensión del cargo público». w.
Pues bien, de la lectura de los párrafos transcritos se deduce que la interpretación  374ww
froersmulutala rdaaz opnoarb elel , Tproibrquunea lc oSluopcare emno  idnéon tpicuae pdoes isceiór nt,a rcehsapdeac tod ed ea rlab itmraerdiaid ao  cearurótenleaar ,d ey 
saucscpióenn sdieó nla,  aju sqtuicieian,e esn htraann ddoe cloidsi dpor imsuejreotas resen  yp rais iqóuni epnaeras  chuamn pdleirc liad imdoe dsiudsat rpareervseen ati vlaa   BOE-A-cable e
vinculada a la suspensión y huyendo los segundos de esa eventualidad. Lo que no 
hubiera tenido sentido alguno, es negar esta aplicación equivalente, a través de una 
interpretación extravagante de la norma, colocando en mejor posición a quien no cumple 
la medida provisional de privación de libertad que a quien si lo hace. Como afirma el 
Ministerio  Fiscal,  el  artículo  384  bis  no  puede  entenderse  como  un  precepto  que 
distingue entre el preso provisional y el fugado, para favorecer al segundo cuando 
incumple su deber de sujeción al proceso. Lo que el art. 384 bis LECrim establece es 
que la prisión provisional esté «decretada» y no que se haya materializado el ingreso en 
prisión, porque efectivamente se haya cumplido la orden.
Por tanto, tampoco esta alegación puede ser estimada.
7.  Derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE) y a la legalidad penal 
(art. 25.1 CE).
El recurrente afirma que si bien la STC 71/1994 estableció que el art. 384 bis LECrim 
no vulnera el art. 24.2 CE, esa concepción está ya superada por la jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, así como por la jurisprudencia del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos. También en relación con este derecho, aunque la 
argumentación se contenga en la demanda en el apartado relativo a las alegaciones 
sobre el art. 24.1 CE y la adecuada interpretación del art. 384 bis LECrim, se denuncia 
que  la  aplicación  del  precepto  convierte  a  la  medida  cautelar  en  una  pena  de 
inhabilitación anticipada inaplicando lo previsto en el art. 25.1 a) del Reglamento del 
Parlamento de Cataluña.
La evocación de la doctrina contenida en la STC 71/1994, en la más reciente 
STC 11/2020, de 28 de enero, permite comprender que este tribunal no considera en 
absoluto que aquella haya quedado superada por la jurisprudencia del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea, o por la contenida, entre otras en la STEDH de 20 de 
noviembre  de  2018,  asunto  Selahattin  Demirtaş  c.  Turquía.  La  síntesis  de  la 
jurisprudencia  constitucional  sobre  la  que  debe  construirse  el  juicio  actual  queda 
formulada, en el fundamento jurídico 7 de la STC 11/2020, como sigue:
«a)  El  precepto  legal  no  configura  una  suspensión  del  derecho  fundamental 
reconocido en el art. 23.2 CE en el sentido del art. 55 CE, en cualquiera de sus dos 
apartados. Por el contrario, se engarza directamente en los derechos del art. 23.2 CE 
como derechos de configuración legal ("los requisitos que señalen las leyes"), pues "[e]n 
definitiva,  la  regla  enjuiciada  no  viene  sino  a  prescribir,  en  negativo,  uno  de  los 
‘requisitos’  para  el  mantenimiento  en  el  ejercicio  de  una  función  o  cargo  público, 
concretamente el no encontrarse en situación de prisión provisional como consecuencia 
del procesamiento por delito por persona integrada o relacionada con bandas armadas o 
individuos terroristas o rebeldes".
b)  La medida en cuestión no es autónoma, sino que surge de la confluencia de dos 
factores: la situación de prisión provisional; y el procesamiento por delito cometido por 
persona  integrada  o  relacionada  "con  bandas  armadas  o  individuos  terroristas  o 
rebeldes".
(i)  Respecto del primer elemento, se razona que la medida "se hace depender de 
algo que no es sino, materialmente, una suspensión del goce de la libertad personal". En 
efecto, la suspensión en el ejercicio de la función o cargo público solo tiene lugar una vez 
"decretada la prisión provisional", de tal modo que, además, aquella solo se mantiene 
"mientras dure la situación de prisión". Sin que el derecho a la libertad personal, como tal  e.
derecho fundamental, sea "suspendido", la situación de prisión provisional, legalmente  w.
acordada,  implica  una  medida  cautelar  particularmente  gravosa  para  uno  de  los  374ww
dere(cii)h osR feusnpdeacmtoe ndteall esse gmuánsd op,r escei addicoes:  d"neo la c paebres o[…na] .hacer abstracción de la naturaleza
dsues lpoesn dseiólinto qsu een e enlj uciocniatmexotos  hdae  dceu yaaf epcetarsr,e pcureccióisna  eys teax cmluesdividaam seen tien,s ear tlao.s  Lparo mceesdaiddao sd ey   BOE-A-cable e
presos que lo hayan sido por aparecer –sin perjuicio de lo que resulte del juicio oral– 
como  integrados  o  relacionados  ‘con  bandas  armadas  o  individuos  terroristas  o 
rebeldes’,  es  decir,  previa  la  ‘imputación  formal  y  provisional  de  criminalidad’ 
(STC 218/1989, fundamento jurídico 4) por delitos que conllevan ‘un desafío mismo a la 
esencia del Estado democrático’ (STC 89/1993, fundamento jurídico 3), tal como ha 
encontrado reflejo en el propio texto constitucional. La excepcional amenaza que esta 
actividad criminal conlleva para nuestro Estado democrático de Derecho justifica, sin 
duda, una medida provisional como lo es la prevista en el precepto impugnado, dirigida 
frente a quienes –sin perjuicio de lo que resulte del juicio oral– han sido objeto de un acto 
firme de procesamiento".
(iii)  Finalmente, concluye reconociendo la legitimidad constitucional de la medida en 
función de la conjunción de estos dos elementos o factores. Y señala que "el supuesto 
contemplado en el art. 384 bis LECrim, por tanto, bien puede ser visto por el legislador, 
como inconciliable con la permanencia del procesado por estos delitos en el desempeño 
de  funciones  o  cargos  públicos  o,  más  sencillamente,  como  incompatible  con  la 
concesión de cualquier permiso de salida de prisión para la eventual realización de actos 
concretos que supongan ejercicio de tal función o cargo". El requisito negativo de no 
hallarse en situación de prisión provisional por aquellos delitos es "una condición, en 
suma, cuya legitimidad y proporcionalidad no la hace contraria al contenido de los 
derechos fundamentales reconocidos en el art. 23.2 CE".»
A partir de lo expuesto, la STC 97/2020, de 21 de julio, plenamente aplicable en 
todos sus argumentos al supuesto actual, especifica que ni el artículo 384 bis LECrim 
establece  sanción  o  pena  alguna,  ni  su  aplicación  ha  deparado  la  condena  del 
recurrente, porque el precepto legal no es norma punitiva, sino «establecedora de una 
medida  provisional  vinculada,  de  manera  inmediata  y  necesaria,  a  otras  previas  –
procesamiento firme y prisión provisional– adoptadas por la autoridad judicial» [FJ 5 B)]. 
Pero tampoco ha sufrido el recurrente daño alguno en el derecho fundamental que 
invoca por haber sido tratado como culpable en las resoluciones impugnadas ni por 
conllevar tal trato, objetivamente, la propia disposición que impuso su suspensión como 
diputado. De un lado porque el artículo 384 bis LECrim es de aplicación inmediata y 
necesaria  cuando  concurran  los  presupuestos  en  él  fijados,  y  de  otro  porque  las 
resoluciones  impugnadas  no  hacen  sino  verificar  el  cumplimiento  de  dichos 
presupuestos [STC 97/2020, FJ 5 C)].
Por lo que hace a la compatibilidad de la adopción de esta medida cautelar con la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea el fundamento jurídico 5 D), 
de  la  STC  97/2020,  da  una  respuesta  clara,  que  asume  esa  compatibilidad.  Con 
intención de no repetir literalmente lo allí expuesto, se hace remisión completa al citado 
fundamento.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Desestimar  el  recurso  de  amparo  interpuesto  por  don  Carles  Puigdemont  i 
Casamajó. e.e
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado». 374www.
RivaDsa.–dEan ceanr nMacaidórnid , Rao csaie teT rídaes .–oActnudbrrées  deO lldeoros  mTial svseairnat.i–uSnoa.n–tJiaugaon  JMoasrét ínGeozn-Vzaárleezs 
GEnarrícqíuae.–zJ Suaann chAon.t–oMniaor íaX Lioul isRa íBoas.la–gPueedrr oC aJlloesjóén .–GFoinrmzáaldeoz -yT rreuvbirjaicnaod oS.ánchez.–Ricardo  BOE-A-cable e