BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 145 Sábado 23 de mayo de 2020 Sec. I.   Pág. 34028
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
5248 Decreto-ley 7/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes en materia de 
contratación  pública,  de  salud  y  gestión  de  residuos  sanitarios,  de 
transparencia, de transporte público y en materia tributaria y económica.
EL PRESIDENTE DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA
El artículo 67.6.a) del Estatuto prevé que los decretos-ley son promulgados, en 
nombre del Rey, por el Presidente o Presidenta de la Generalitat.
De acuerdo con el anterior, promulgo el siguiente Decreto-ley.
Mediante el Decreto-ley 6/2020 de 12 de marzo, de medidas urgentes en materia 
asistencial, presupuestaria, financiera, fiscal y de contratación pública, con el fin de paliar 
los efectos de la pandemia generada por el coronavirus COVID-19, se acordaron por el 
Gobierno de la Generalidad una serie de actuaciones con el fin luchar contra los efectos 
económicos producidos y que se pudieran producir como consecuencia de la pandemia. 
Posteriormente, el Real decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el 
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19,  ha  declarado  el  estado  de  alarma,  lo  que  permite,  de  acuerdo  con  su 
contenido y respecto a las competencias de la Generalidad de Cataluña, adoptar una 
serie de medidas de tipo indirecto que complementen las adoptadas por el Decreto-
ley 6/2020, de 12 de marzo.
Es por ello, que este decreto-ley, de acuerdo y en marco del Real decreto 463/2020, 
de 14 de marzo, contiene determinadas previsiones en materia de contratación pública, 
transporte, gestión tributaria, tratamiento de residuos hospitalarios y transparencia. En 
relación  con  la  contratación  pública,  a  pesar  de  la  suspensión  de  los  trámites 
administrativos en los términos del Real decreto 463/2020, de 14 de marzo, se hace 
necesario  adoptar  determinadas  medidas  en  relación  con  el  cumplimiento  de 
determinados contratos actualmente vigentes en sectores de actividad muy afectados 
por la situación generada. En concreto, en materia de limpieza, transporte escolar, 
centros especiales de enseñanza y vigilancia, así como en relación con aquellos que 
afectan  el  control  de  las  obras  que  han  sido  licitadas  por  la  Administración  de  la 
Generalidad de Cataluña.
Igualmente, se prevé la posibilidad de implementar mesas de contratación que se 
reúnan  sin  la  asistencia  presencial,  respetando  la  publicidad  y  por  lo  tanto  la 
transparencia  exigible  por  la  normativa  de  la  Ley  de  contratos  del  sector  público. 
Igualmente, y en virtud de las competencias que tiene la Generalidad de Cataluña en 
relación con los entes locales, se autoriza, en determinados supuestos, a utilizar la 
tramitación de emergencia que lleven a cabo los mencionados entes territoriales.
Finalmente,  también  en  materia  de  contratación  se  autoriza  al  Centro  de 
Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalidad de Cataluña a 
utilizar los procedimientos de emergencia en una serie de servicios y suministros de tipo 
esencial. En relación con el transporte público, se prevé la necesidad de valorar el 
impacto que la disminución de los ingresos tarifarios tendrá en el sistema de transporte y  e.e
las obligaciones de cuantificación que corresponden en este sentido a los operadores,  b
prestatarios del servicio de transporte público afectado. En el ámbito de materia tributaria  48ww
ys ee nh alac elí nceoan  prerespviesctato c ao ntr icbaurtáocst eprr ogpeinoesr auln pao pr reelv Riseióanl  dpeacrreectiod a4 6a3 l/a2 0p2re0v, idseta 1 c4o nd ec amráacrzteor, 
geneErna le rle áspmebcittoo  adle s itsratenmspaa trreibnuctiaar ioy , cpoanr ae gl afirna ndteiz agra eral nptriiznacri peiol  ddeer escehgou rdidea da cjucreídsoic aa. la
información pública de los ciudadanos haciendo-lo compatible con la situación del estado
de alarma, se prevé que las solicitudes de acceso a la información pública únicamente 
se podrán presentar por los medios electrónicos habilitados.
Igualmente, vista la situación de alarma, se hace necesario regular con urgencia el 
régimen  jurídico  de  los  residuos  sanitarios  haciendo  modificaciones  puntuales  y 
temporales en la normativa actualmente reguladora de esos residuos, a los efectos de 
garantizar adecuadamente su tratamiento y la no afectación en la población, así como 
regular de forma transitoria determinados supuestos de compatibilidad en relación con el 
personal sanitario, que es objeto de regulación en la disposición transitoria.
En el ámbito de las ayudas se prevé, bajo determinadas condiciones, una ayuda 
máxima de 2.000 euros a los trabajadores autónomos para paliar el efecto en dicho 
sector de la pandemia, con la consiguiente reducción en la actividad económica.
Finalmente,  se  establecen  en  sendas  disposiciones  adicionales,  un  conjunto  de 
habilitaciones para implementar las mediadas a las que se refieren tanto el propio 
Decreto-ley como las que se derivan del Real decreto 463/2020, de 14 de marzo, así 
como, visto que en casos de fuerza mayor o por preservar valores superiores, se debe 
posibilitar que las sesiones de los órganos colegiados de las administraciones locales de 
Cataluña y de los órganos de asistencia y apoyo se puedan celebrar a distancia, con 
sujeción en todo caso a estrictas reglas que garanticen el ejercicio de las funciones que 
les corresponden, lo que, vista la situación de pandemia declarada por la Organización 
Mundial de Salud en relación con el coronavirus causante del COVID-19, obliga, como 
situación de extraordinaria y urgente necesidad, a introducir una regulación que permita 
que las reuniones de los órganos colegiados de las administraciones locales se puedan 
celebrar a distancia, en situaciones excepcionales que, preservando la no puesta en 
riesgo de la salud de las personas, permitan que los órganos de Gobierno y de apoyo y 
asistencia de los municipios que le son propios puedan funcionar ordinariamente.
En el presente supuesto, el carácter extraordinario y excepcional de la situación 
deriva de la declaración del estado de alarma provocada por la situación sanitaria que 
requiere la adopción con urgencia de medidas que palíen, en la medida de lo posible, la 
situación creada y que no puedan aplazarse, incluso mediante la utilización de medios 
legislativos de urgencia, a un momento posterior.
Vista la situación planteada y, de acuerdo con artículo 38 de la Ley 13/2008, del 5 de 
noviembre, de la presidencia de la Generalidad y del Gobierno, el Gobierno puede dictar 
disposiciones legislativas provisionales, bajo la forma de decreto-ley, en los términos del 
artículo 64 del Estatuto de autonomía de Cataluña.
La norma del decreto-ley es un recurso extraordinario del Gobierno y, por lo tanto, se 
debe hacer un uso de él prudente y limitado a las situaciones que realmente merecen la 
consideración urgentes y convenientes.
Este  decreto-ley  contiene  seis  capítulos,  quince  artículos,  tres  disposiciones 
adicionales y dos disposiciones finales.
A propuesta del Vicepresidente del Gobierno y Consejero de Economía y Hacienda y 
con la deliberación previa del Gobierno, decreto:
CAPÍTULO I
Previsiones en materia de contratación
Artículo  1.  Suspensión  de  la  ejecución  de  determinados  contratos  de  centros 
educativos y edificios, instalaciones y equipamientos públicos de Cataluña.
1.1  Dado que el cierre de los centros educativos de Cataluña, establecido a partir  b
del 13 de marzo de 2020, comporta la imposibilidad de ejecutar las prestaciones de  48ww
Ddeetpearmrtainmaednotso  cdoen tEradtuocsa csiuósnc, ridtoes  lopso rc olonss eójorsg acnooms adrcea lecso nytr adtea clioósn  ecnotmesp elotecnatleess ; dseel 
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análogos, gestión de unidades de escolarización compartida, traducción de lenguaje de
signos, comedor escolar y transporte escolar de los jardines de infancia, escuelas de 
educación infantil y primaria, institutos de ESO, bachillerato y formación profesional, 
escuelas de arte y diseño, escuelas de adultos, escuelas oficiales de idiomas, centros de 
educación especial, escuelas de música, escuelas de danza, conservatorios, centros de 
títulos propios, y centros de enseñanzas artísticas superiores.
1.2  La suspensión de la ejecución de estos contratos, en el marco de lo que 
establece el artículo 208 de la Ley 9/2017 de contratos del sector público, comportará el 
abono  al  contratista,  por  parte  de  la  Administración  contratante,  de  los  importes 
correspondientes a los gastos salariales del personal adscrito al contrato, los gastos 
correspondientes al mantenimiento de la garantía definitiva y de las pólizas de seguros 
que  se  hubieran  suscrito  por  obligación  contractual,  si  procede,  y  del  importe 
correspondiente a un 3 % del precio de las prestaciones que se tendrían que haber 
ejecutado durante el periodo de la suspensión. Estos abonos tienen como finalidad 
última el mantenimiento de los puestos de trabajo adscritos a los mencionados contratos, 
con el objetivo de no afectar, con carácter general la actividad económica y la estabilidad 
de los puestos de trabajo.
1.3  El abono de los gastos mencionados se llevará a cabo a partir de la entrada en 
vigor de este Decreto-ley, y con la misma periodicidad que para cada contrato se 
establezca en los correspondientes pliegos o documentos contractuales.
1.4  La duración de la suspensión de la ejecución de los contratos se establece 
desde el día 14 de marzo de 2020 hasta la fecha en que se levante la orden de cierre de 
los centros educativos mencionados.
1.5  En caso de que se levante el acta de suspensión de la ejecución de los 
contratos que prevé el artículo 208.1 de la Ley 9/2017, de contratos del sector público, se 
considerará suficientemente motivada con la referencia a este decreto-ley.
1.6  Visto que en el marco de las medidas para hacer frente a la pandemia del 
COVID-19, la Instrucción de la Secretaría de Administración y Función Pública, 3/2020, 
de 13 de marzo, sobre medidas preventivas, de protección y organizativas de aplicación 
al personal al servicio de la Administración de la Generalidad de Cataluña con motivo del 
coranovirus SARS-CoV-2, los departamentos de la Generalidad y el sector público han 
establecido planes de contingencia para restringir la prestación presencial de servicios a 
los servicios básicos o estratégicos Dado que estas medidas comportan la imposibilidad 
de  prestación  de  determinados  contratos  vinculados  a  edificios,  instalaciones  y 
equipamientos  públicos,  como  los  de  seguridad  y  vigilancia  o  de  limpieza  o 
mantenimiento, se declara con efectos del día 16 de marzo de 2020 la suspensión de 
ejecución de estos contratos con los mismos efectos previstos en los puntos 2 a 5 del 
artículo anterior. En caso que a causa de las medidas adoptadas se produzca una 
reducción de las prestaciones objeto del contrato, el órgano de contratación podrá 
determinar las prestaciones que se continúen realizando, si bien en el caso que la 
prestación  objeto  del  contrato  resulte  innecesaria,  tal  y  como  se  ha  indicado,  se 
producirá la suspensión total.
Artículo 2.  Suspensión de la ejecución de otros contratos de los entes locales.
Los órganos competentes de los entes locales de Cataluña podrán dictar normas o 
actos  administrativos  de  suspensión  de  la  ejecución  de  contratos,  en  los  mismos 
términos y por las mismas circunstancias que se establecen en el artículo anterior.
Artículo 3.  Mantenimiento de puestos de trabajo afectados. e.e
La suspensión de la ejecución de los contratos por aplicación de este decreto-ley en  48ww
nreingguúlanc iócna sdoe  esme ppleood.rá  considerar  un  motivo  para  la  aplicación  de  expedientes  de
Artículo 4.  Mesas de contratación.
De conformidad con las medidas de prevención y de contingencia requeridas ante la 
situación actual, las mesas de contratación que se convoquen durante este periodo para 
la apertura de ofertas económicas y/o de otros criterios evaluables automáticamente a 
través  de  la  herramienta  del  Sobre  Digital  2.0,  en  aquellos  procedimientos  de 
contratación promovidos por los diferentes departamentos de la Administración de la 
Generalidad de Cataluña y su sector público, así como para los entes locales, podrán 
desarrollarse sin la asistencia presencial de los miembros de las mesas y el resto de 
personas  interesadas.  De  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  artículo  157.4  de  la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, si bien la herramienta 
del Sobre Digital 2.0 ofrece las garantías de transparencia y publicidad exigibles en el 
marco de la contratación pública, es recomendable que en estas aperturas se utilice 
cualquiera de los medios electrónicos existentes que aseguren el seguimiento telemático 
en directo por parte del resto de miembros de la mesa de contratación y las personas 
interesadas. A tales efectos, el órgano de contratación tendrá que proporcionar un 
enlace que permita hacer este seguimiento.
En el caso excepcional en que no se pueda garantizar el seguimiento telemático en 
directo por parte de los miembros de la mesa y las terceras personas interesadas en el 
procedimiento de licitación, habrá que certificar que la apertura de las proposiciones 
económicas y/o de otros criterios evaluables automáticamente se ha realizado con todas 
las garantías y, en cualquier caso, se notificará a los interesados el acta de la sesión, lo 
más pronto posible.
Artículo 5.  Tramitación por emergencia.
5.1  La adopción de cualquier tipo de medida directa o indirecta por parte de los 
órganos  de  la  Administración  de  la  Generalidad  de  Cataluña,  entidades  públicas 
adscritas, vinculadas o dependientes y de las entidades locales situadas dentro del 
ámbito territorial de Cataluña para hacer frente al COVID-19 justificará la necesidad de 
actuar de manera inmediata, al amparo de lo que prevé el artículo 120 de la Ley 9/2017, 
de 8 de noviembre, de contratos de sector público.
5.2  De acuerdo con la previsión establecida en el párrafo anterior, en todos los 
contratos que se deban celebrar por la Administración de la Generalidad de Cataluña, 
entidades adscritas, vinculadas o dependientes de su sector público y las entidades 
locales  situadas  en  el  ámbito  territorial  de  Cataluña  para  atender  las  necesidades 
derivadas de la protección de las personas y otras medidas adoptadas por el Gobierno o 
por  los  diferentes  departamentos  para  hacer  frente  al  COVID-19,  les  resultará  de 
aplicación la tramitación de emergencia.
Artículo 6.  Suspensión de los contratos de obra y servicios o asistencias vinculados, 
contratados por la Administración de la Generalitat o su sector público.
6.1  Los contratos de obra y de servicios o asistencias vinculados, contratados por 
la Administración de la Generalitat o su sector público se declaran suspendidos, salvo 
aquellos vigentes contratados por emergencia o aquellos que por su carácter básico o 
estratégico el órgano de contratación decida mantener su ejecución, aunque sea parcial. 
La  suspensión  de  las  obras  deberá  ir  acompañada  de  las  medidas  de  seguridad 
oportunas. s
6.2  Para garantizar el mantenimiento de los puestos de trabajo adscritos a dichos  oe.
contratos, con el objetivo de no afectar, con carácter general, la actividad económica y la  w.
ieags uataablbo ainlilda dar ede  lnda e cú ollotnismc epapu cteoes rtdtoiefsic  pdaaecgi ótorna  abdnaetj oico,ib peraal dG ooo , fbaaice ctrunuroea n adtaue tlod creiozl napt rraae tclooio sd  deóe rsgl eacrnovonicstir oad teoo  ,ca ousninst trieamntapccoiairó tane    2020-5248n https://ww
la obra. Este pago, en todo caso, deberá garantizar los importes correspondientes a los
gastos salariales del personal adscrito al contrato y no podrá superar el precio final del  Bc
contrato.  Una  vez  levantada  la  suspensión  del  contrato,  el  importe  de  este  pago 
anticipado se deducirá de los pagos siguientes, de forma prorrateada en proporción al 
plazo pendiente de ejecución del contrato.
6.3  La aceptación de este pago por parte de los contratistas, supondrá su renuncia 
a  percibir  cualquier  otro  importe  en  concepto  de  indemnización  derivado  de  la 
suspensión del contrato en aplicación de este Decreto-ley.
6.4  La duración de la suspensión de la ejecución de los contratos se establece 
desde la entrada en vigor de este Decreto-ley hasta la fecha en que se dé la orden de 
levantar la suspensión.
6.5  Este Decreto-ley se considera suficiente para que los efectos de la suspensión 
de los contratos se hagan efectiva, sin necesidad de levantar acta de suspensión. En el 
caso  que  se  decida  levantar  acta  de  suspensión  de  la  ejecución  del  contrato,  se 
considerará  suficientemente  motivada  con  la  referencia  a  este  decreto-ley.  Con  la 
suspensión de las obras se adoptarán las medidas de seguridad necesarias.
Artículo  7.  Centro  de  Telecomunicaciones  y  Tecnologías  de  la  Información  de  la 
Generalidad de Cataluña.
El Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalidad 
de Cataluña podrá contratar por el procedimiento de emergencia los siguientes servicios 
y  suministros:  ordenadores  portátiles,  licencias  de  software,  ampliación  de  las 
infraestructuras de red corporativas, desarrollo y evolución de aplicaciones móviles de 
servicio a la ciudadanía, canales de provisión de servicios y soluciones TIC urgentes, 
servicios de soporte en el espacio BITAL y otros servicios y suministros que sean 
necesarios para garantizar la prestación de los servicios de la Generalidad y de su sector 
público mientras dure la situación de excepcionalidad.
CAPÍTULO II
Previsiones en materia de salud
Artículo 8.  Modificación del Decreto 203/2015, de 15 de septiembre, por el que se crea 
la Red de Vigilancia Epidemiológica y se regulan los sistemas de notificación de 
enfermedades de declaración obligatoria y brotes epidémicos.
Se modifica el apartado 1 del artículo 18 del Decreto 203/2015, de 15 de septiembre, 
por el que se crea la Red de Vigilancia Epidemiológica y se regulan los sistemas de 
notificación de enfermedades de declaración obligatoria y brotes epidémicos, que queda 
redactado de la manera siguiente:
«18.1  El Servicio de Urgencias de Vigilancia Epidemiológica de Cataluña 
funciona mediante un servicio de guardias que se asignan, según un sistema de 
rotación, a los médicos y personal de enfermería adscrito a la Secretaría de Salud 
Pública.»
Artículo 9.  Gestión de los residuos sanitarios de riesgo procedentes de la actividad 
asistencial en pacientes diagnosticados o sospechosos de sufrir el COVID-19.
9.1  Durante el plazo que dure el periodo de alarma y emergencia sanitaria, los 
residuos  sanitarios  generados  en  hospitales  y  centros  sanitarios  procedentes  de  la  e.e
actividad asistencial en pacientes diagnosticados o sospechosos de sufrir el COVID-19, y  b
que  tienen  la  consideración  de  residuos  de  riesgo,  Grupo  III,  se  segregarán  y  48ww
gseecsrtaeio)c nioaLnráoenss  ,d sreee ls adid esubigoeusni e rnectoceor tmgaenartn eeesnr, a e:pnuvnazsaens tdees,  30q uy e6 0 cliotrnotse nyg caonn telínqeudidoores s dbeioblóidgaicmoesn tey   OE-A-2020-52able en https://
acreditados.
b)  El resto de residuos procedentes de la atención sanitaria a estos pacientes como 
son:  los  equipos  EPI,  materiales  de  cura,  gasas,  sondas,  bolsas  de  suero  vacías, 
tubuladuras y otros, se recogerán en doble bolsa de galga 220, de capacidad hasta 240 
litros y con cierre de seguridad.
9.2  Todos estos residuos se gestionarán tanto en el centro sanitario como en su 
transporte exterior y el tratamiento, como residuos sanitarios del grupo 3 (bio-sanitarios).
Artículo 10.
Se incorpora la infección por COVID-19 en el anexo del Decreto 27/1999, de 9 de 
febrero,  de  la  gestión  de  residuos  sanitarios,  que  contiene  la  relación  de  residuos 
capaces de transmitir las infecciones que generan los residuos sanitarios específicos.
Artículo 11.  Declaración de interés público y compatibilidad del desarrollo, por parte del 
personal sanitario del sistema público, de otras actividades públicas sanitarias.
Con carácter excepcional y transitorio, con la finalidad de afrontar la pandemia 
SARS-CoV-2 y durante la vigencia del presente Decreto-ley, se declara de interés público 
que  el  conjunto  del  personal  sanitario  del  sistema  público  pueda  desarrollar  otras 
actividades públicas sanitarias en los sectores, servicios, empresas públicas, centros y 
unidades que se prevén en los puntos 1 y 2 del Acuerdo GOV183/2013, de 23 de 
diciembre, prorrogado por el Acuerdo del GOV/185/2019, de 17 de diciembre, y en 
consecuencia, se hace compatible el ejercicio de estas actividades públicas.
En este caso, no es necesario obtener la autorización expresa y formal previa al 
ejercicio de la segunda actividad, que será sustituida por una declaración responsable.
CAPÍTULO III
Previsiones en materia de transparencia
Artículo 12.
Durante el tiempo que estén vigentes las disposiciones y medidas de contención 
adoptadas y que se puedan adoptar para hacer frente a la prevención y el control de la 
infección por el SARS-CoV-2, las solicitudes de acceso a la información pública se 
pueden presentar, únicamente, por medios electrónicos.
CAPÍTULO IV
Previsiones en materia de transporte público
Artículo 13.
Con el objetivo de garantizar la adecuada protección de las personas usuarias del 
transporte público, habrá que incluir dentro de las previsiones económicas las posibles 
necesidades  económicas  mayores  resultado  del  incremento  de  los  gastos  de  los 
operadores  de  transporte  público  como  consecuencia  de  mayores  necesidades  de 
recursos materiales y personales, así como del impacto que la previsible disminución de 
los ingresos tarifarios tendrá en el sistema de transporte. Las autoridades de transporte  s
metropolitano  competentes  en  el  territorio  o,  en  defecto  de  autoridad,  las  oe.
administraciones competentes que sean titulares centralizarán toda la información de  w.
vpmeraeriysfiotcaraetars r ionyse  cdceeusla isdneatirdfviecicasi ro e dceeol  ntrócamonniscjpuaonsrt tode e p dúsebu lsic poree tasicfpeieoccntateivdsoo ssp .slaisntteemadaass,  tepnoier ndloos  quoep etrraadmoitraers,   2020-5248n https://ww
CAPÍTULO V
Previsiones en materia tributaria
Artículo 14.  Suspensión de los plazos de presentación e ingreso de tributos.
En el ámbito de aplicación de los tributos propios de la Generalidad de Cataluña y de 
los tributos cedidos se establece la suspensión de la presentación de autoliquidaciones y 
pago de los mencionados tributos hasta que se deje sin efecto el estado de alarma 
establecido en el Real decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado 
de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria provocada por el COVID-19.
CAPÍTULO VI
Previsiones en materia económica
Artículo 15.  Compensación de pérdidas para el trabajo autónomo en Cataluña.
15.1  Se establece una ayuda, en forma de prestación económica única, por un 
importe máximo de hasta 2.000 euros, para las personas físicas que sean trabajadoras 
autónomas en situación de alta al régimen especial de trabajadores autónomos de la 
seguridad social, y con domicilio fiscal en un municipio de Cataluña, que figuren como 
tales en actividades de las que se ha decretado el cierra, de acuerdo con lo previsto en 
el Real decreto 463/2020, de 14 de marzo, y que al mismo tiempo acrediten una 
reducción drástica e involuntaria de su facturación como consecuencia de los efectos del 
coronavirus  en  su  actividad  económica,  y  no  dispongan  de  fuentes  alternativas  de 
ingresos.
15.2  Para acceder a esta ayuda se deberán acreditar pérdidas económicas en el 
mes de marzo del 2020, en comparación con el mismo mes del año anterior. En el caso 
de personas trabajadoras autónomas con una antigüedad al RETA inferior a 1 año, la 
comparación se hará con la media de los beneficios mensuales desde el alta.
15.3  Esta ayuda se otorgará por el procedimiento de concurrencia no competitiva 
hasta  agotamiento  de  la  partida  presupuestaria  destinada  a  estos  efectos  y  será 
incompatible con cualquier otra ayuda, prestación, subsidio o subvención, públicos o 
privados, destinada a la misma finalidad.
15.4  Se faculta al departamento competente en materia de trabajo autónomo para 
dictar  las  instrucciones  administrativas  oportunas  con  tal  de  hacer  efectiva  esta 
prestación.
Disposición adicional primera.
Habilitar a los consejeros y consejeras del Gobierno, presidentes y presidentas y 
directores y directoras de organismos y entidades del sector público para la suspensión 
de la ejecución de otros contratos.
1.  En caso de que el Gobierno de la Generalidad, el Parlamento de Cataluña, el 
Gobierno del Estado o el Congreso de Diputados estableciera el cierre de otro tipo de 
equipamientos públicos, centros de trabajo o actividades públicas que comportaran la 
imposibilidad  de  la  ejecución  de  contratos  públicos,  se  faculta  a  los  consejeros  y 
consejeras del Gobierno de la Generalidad de Cataluña para dictar las resoluciones 
correspondientes  de  suspensión  de  ejecución  de  los  contratos  en  los  términos  e.e
establecidos en los apartados 2 a 5 del artículo 1. Las resoluciones de suspensión  b
podrán afectar también las entidades del sector público vinculadas o dependientes de los  48ww
depa2r. tamAseinmtoissm coo rrsees pfaocnudlitean tae slo.s consejeros y consejeras de la Generalidad y a los
pprúebsliicdoe nat easd yo pptraers liadse nmtaesd iyd adsir encetcoeresas ryia ds irpeacrtao rgaasr adnet iozragra lnai strmamosit ayc eiónnti ddaed leoss  dpealg soesc teonr 
caso de que se mantenga la ejecución de los contratos hasta que este decreto-ley deje
de estar en vigor y sin perjuicio de realizar con posterioridad los trámites necesarios de 
acuerdo con la legislación vigente.
Disposición adicional segunda.
Se faculta al Gobierno con carácter general o a los consejeros y consejeras de la 
Generalidad de Cataluña en el ámbito de sus respectivas competencias, para adoptar las 
medidas adecuadas que permitan que los trámites administrativos presenciales que no 
queden afectados por la suspensión establecida por el Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo, puedan, si esto es factible, ser realizados por los administrados mediante medios 
telemáticos.
Disposición adicional tercera.
1.  Los  órganos  colegiados  de  las  entidades  locales  de  Cataluña  pueden 
constituirse, convocar y celebrar sesiones, adoptar acuerdos y remitir actos a distancia, 
cuando concurran situaciones de fuerza mayor o de grave riesgo colectivo, catástrofe y 
calamidades públicas. A estos efectos, la convocatoria de las sesiones deberá motivar la 
concurrencia  o  mantenimiento  de  la  situación  que  justifica  excepcionalmente  la 
celebración a distancia.
2.  En las sesiones que se celebren a distancia, los miembros de los órganos 
colegiados  pueden  encontrarse  en  diferentes  lugares,  siempre  que  se  asegure  por 
medios electrónicos, considerando también como los telefónicos y audiovisuales, la 
identidad de los miembros, y de las personas que los suplan, el contenido de sus 
manifestaciones y el momento en que éstas se producen, así como la interactividad e 
intercomunicación entre ellos en tiempo real y la disponibilidad de los medios durante la 
sesión.
3.  Los  medios  electrónicos  empleados  deben  garantizar  que  no  se  produzcan 
interferencias externas, la seguridad de las personas miembros, el mantenimiento del 
quórum de constitución, la libertad en la participación en los debates y deliberaciones, y 
el secreto de estas.
4.  A efecto de garantizar el carácter público de les sesiones se deberá prever su 
difusión por medio de cualquier mecanismo audiovisual o digital.
Disposición final primera.  Entrada en vigor.
Este decreto-ley entra en vigor el mismo día de su publicación en el «Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya», excepto lo que disponen los artículos 1, 2, 3 y 6, que 
entran en vigor el día 25 de marzo de 2020.
Disposición final segunda.
Las modificaciones a que se refiere al artículo 2 de este decreto-ley en cuanto 
afectan a disposiciones de rango reglamentario siguen manteniendo su rango normativo.
Por lo tanto, ordeno que todos los ciudadanos a los cuales sea de aplicación este 
decreto-ley cooperen a su cumplimiento y que los tribunales y las autoridades a los 
cuales corresponda lo hagan cumplir.
Barcelona, 17 de marzo de 2020.–El Presidente de la Generalitat de Catalunya,  s
Joaquim  Torra  i  Pla.–El  Vicepresidente  del  Gobierno  y  Consejero  de  Economía  y  oe.
Hacienda, Pere Aragonès i Garcia. w.
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