BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 126  Miércoles 6 de mayo de 2020  Sec. I.   Pág. 31291
I. DISPOSICIONES GENERALES
JEFATURA DEL ESTADO
4832 Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de 
apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto 
económico y social del COVID-2019.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
Desde que el día 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud la elevara 
a pandemia internacional, la situación de emergencia de salud pública ocasionada por 
el COVID-19 ha evolucionado, tanto a nivel nacional como mundial, con enorme rapidez. 
Se trata de una crisis sanitaria sin precedentes y de una extraordinaria amplitud, tanto por 
el alto número de ciudadanos afectados, más de doscientos mil en España en el momento 
actual, como por el extraordinario riesgo en que ha situado a todo tipo de derechos tanto 
individuales como colectivos, lo que ha exigido la adopción de medidas inmediatas para 
hacer frente a esta situación.
Así, haciendo uso de la habilitación que otorga al Gobierno la Ley Orgánica 4/1981, 
de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, mediante el Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se declaró el estado de alarma para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, el cual, a la vista de la evolución 
de la epidemia, ha tenido que ser prorrogado, previa autorización del Congreso de los 
Diputados, hasta en tres ocasiones, a través de los Reales Decretos 476/2020, de 27 de 
marzo; 487/2020, de 10 de abril, y 492/2020, de 24 de abril.
Las necesarias medidas de contención adoptadas están teniendo un impacto 
económico fulminante, ya que suponen reducir la actividad económica y social de forma 
temporal, restringiendo la movilidad y paralizando la actividad en numerosos ámbitos; con 
las consiguientes pérdidas de rentas para familias y trabajadores, así como para las 
diferentes empresas y sectores de la economía española.
Por ello, se han venido adoptando medidas económicas y sociales que, además de 
facilitar la adecuada respuesta sanitaria a la emergencia, permitan garantizar la protección 
de familias, trabajadores y colectivos vulnerables, y sostener el tejido productivo y social, 
minimizando el impacto y facilitando que la actividad económica se recupere cuanto antes.
Entre los sectores económicos especialmente afectados por la crisis y sus 
consecuencias se encuentra el de la cultura. El conjunto de los espacios culturales y 
escénicos se ha visto absolutamente paralizado, lo que ha abocado a sus profesionales a 
una drástica pérdida de ingresos y a una situación crítica, dada su fragilidad estructural. 
Para hacer frente a esa situación, es imprescindible implementar nuevas medidas que 
complementen y adapten las ya existentes con carácter general, acomodándolas a las 
singularidades del sector. Estas singularidades hacían muchas veces ineficaces las 
previsiones generalistas, tanto para la protección de trabajadores como para las empresas, 
especialmente autónomos y PYMES, que, a la pérdida de liquidez, sumaban la falta de 
acceso adecuado a la financiación.
Además, la crisis provocada por el COVID-19 afecta, de manera muy relevante, a las  e.e
mujeres del sector cultural que, en muchas ocasiones, partían ya de situaciones de  b
desigualdad. Por ello, en la aplicación y desarrollo de estas nuevas medidas se atenderá  32ww
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de 2H2a dye q muaer zreoc, opradraar  lae li gpueasldoa sdi genfeifcictaivtaiv doe d me ulaje rceusl tyu rhao emnb rleas e.conomía española. Los
principales resultados obtenidos en la Cuenta Satélite de la Cultura en España indican
que, en 2017, la aportación del sector cultural al Producto Interior Bruto (PIB) español se 
cifró en el 2,4 %, situándose en el 3,2 % considerando el conjunto de actividades 
económicas vinculadas con la propiedad intelectual. Por sectores culturales, destaca el 
sector de libros y prensa, con una aportación al PIB total en 2017 del 0,75 %, sector que 
representa el 31,5 % en el conjunto de actividades culturales. Le siguen, por orden de 
importancia, el sector audiovisual y multimedia (28,7 %), que incluye entre otras las 
actividades de cine, vídeo, videojuegos, música grabada o televisión. Entre los restantes 
sectores destacan Artes plásticas (14,8 %), Artes escénicas (9,8 %) y Patrimonio, archivos 
y bibliotecas (8,6 %). En el conjunto de actividades vinculadas con la propiedad intelectual, 
el 60,9 % se corresponde con el ámbito cultural y el 39,1 % restante a publicidad e 
informática, cuyo alcance queda restringido a aquellas actividades que tengan vinculación 
con la propiedad intelectual. Los resultados ponen de manifiesto, pues, el significativo 
peso tanto de las actividades vinculadas con la propiedad intelectual como de las 
actividades culturales dentro de la economía española.
En el mismo sentido, y muestra de esta relevancia, el volumen de empleo cultural 
ascendió en 2019 a 710,2 mil personas, un 3,6 % del empleo total en España en la media 
del periodo anual; siendo el 68,8 % del empleo cultural personal asalariado. En cuanto al 
tejido empresarial destaca, que el número de empresas recogidas en el Directorio Central 
de Empresas (DIRCE) cuya actividad económica principal es cultural ascendió a 122.673 a 
principios del 2018, lo que supone el 3,7 % del total de empresas recogidas en el Directorio.
No hay que olvidar, además, que el artículo 44 de la Constitución establece la 
obligación de los poderes públicos de garantizar el acceso de todos ciudadanos a la 
cultura y el deber de promover la cultura como derecho inalienable de todos los españoles.
La promoción de la cultura y el acceso de los ciudadanos a la misma conlleva el 
compromiso ineludible de los poderes públicos de establecer los instrumentos para que 
ello sea posible, lo cual debe materializarse, entre otras actuaciones, mediante medidas 
de fomento y protección que garanticen la existencia, desarrollo y progreso de la 
actividad cultural.
La cultura es, en esencia, libertad creativa, y por tanto, no son los poderes públicos los 
actores directos de la acción cultural; sino que su función es la de favorecer que los 
verdaderos protagonistas del hecho cultural, los profesionales, cuenten con los medios 
necesarios para garantizar el derecho contenido en nuestra Carta Magna. Nuestra 
Constitución entiende la cultura no como un lujo dirigido a las élites, sino como un eje 
vertebrador de la sociedad democrática.
Por todo ello, es necesario garantizar la supervivencia de las estructuras culturales, y 
de los trabajadores y empresas que se dedican al sector; para así hacer efectivo el derecho 
de acceso a la cultura. A esa finalidad responde la presente disposición, aprobando una 
serie de medidas de apoyo al sector cultural para hacer frente a la situación derivada 
del COVID-2019. Estas medidas incluyen elementos de Ayuda en el sentido del artículo 107 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Su base jurídica quedaría definida 
por el Marco Temporal Nacional (Ayuda SA.56851, aprobada por Decisión de la Comisión 
del pasado 2 de abril), de modo que, conforme al punto 8.1 del citado Marco Temporal 
Nacional, las nuevas líneas de ayuda que se establezcan bajo su amparo no tienen que 
ser notificadas separadamente a la Comisión Europea.
II
El real decreto-ley se estructura en 5 capítulos, 15 artículos, 8 disposiciones  s
adicionales, y 13 disposiciones finales. oe.
El capítulo I se ocupa de las medidas generales para apoyar a empresas y trabajadores  w.
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el acceso a la financiación y liquidez necesarios. Por ello, deben arbitrarse urgentemente
medios especializados y enfocados a las singularidades de estas actividades. Así, se  Bc
dispone la concesión directa de dos subvenciones a la Sociedad de Garantía Recíproca
Audiovisual Fianzas SGR, para ampliar su fondo de provisiones técnicas y subvencionar 
el coste de la comisión de apertura de los avales de los préstamos al sector cultural, de 
forma que pueda abrir una línea de acceso a la financiación de los agentes del sector en 
las condiciones más favorables, con el apoyo del instrumento de garantía financiera del 
programa Europa Creativa de la Comisión Europea. Esta línea de acceso a la financiación 
no sólo estará abierta a los sectores culturales más tradicionales, sino que también 
comprenderá a otros sectores vinculados directamente a la cultura digital, como el sector 
de los videojuegos, que conecta cultura y tecnología con una alta capacidad de innovación, 
creando nuevos hábitos de consumo cultural y con una creciente influencia cultural: según 
la Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales en España 2018-2019, el 13,8 % de la 
población española utiliza videojuegos al menos una vez al mes. La Sociedad de Garantía 
Recíproca Audiovisual Fianzas SGR es la única herramienta financiera especializada en 
exclusiva en la prestación de avales a las pequeñas y medianas empresas del sector 
cultural español, habiendo sido su labor en estos años fundamental para permitirles el 
acceso a la financiación bancaria y poner en marcha así diferentes proyectos culturales.
En segundo lugar, se articula el apoyo a los trabajadores del sector cultural que no han 
quedado amparados por los mecanismos de cobertura establecidos hasta la fecha. De 
este modo se da respuesta al colectivo de artistas en espectáculos públicos encuadrados 
en el Régimen General de la Seguridad Social, especialmente vulnerables en las 
circunstancias actuales, dado que por la intermitencia que caracteriza a la actividad 
artística, no alcanzan a reunir los requisitos para tener derecho a la prestación por 
desempleo. Para ello, se habilita un acceso extraordinario a la prestación por desempleo, 
de la que se podrán beneficiar ante la falta de actividad por el cierre establecido de los 
locales o instalaciones, ya sean abiertos o cerrados, donde desarrollan sus actividades 
profesionales, como consecuencia del COVID-19.
El capítulo II regula medidas de apoyo a las artes escénicas y de la música, desde 
diferentes perspectivas. Destaca especialmente el establecimiento de un sistema de 
ayudas extraordinarias a las artes escénicas y de la música, para paliar los daños sufridos 
como consecuencia de la crisis sanitaria del COVID-19. Estas ayudas, que tendrán 
carácter excepcional y se concederán por una sola vez, se otorgan a través de dos líneas, 
encaminadas al sostenimiento de las estructuras culturales de toda índole y a las 
actividades escénicas y musicales y proyectos culturales. En definitiva, a la protección 
inmediata y urgente del tejido empresarial, asociativo y artístico, entendido dicho tejido 
como estructuras culturales sin las cuales sería imposible el retorno deseado a la actividad 
cultural habitual. El sistema será implementado por el Instituto Nacional de las Artes 
Escénicas y de la Música (INAEM), basándose en los principios de publicidad, 
transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación. Las ayudas se otorgarán 
siguiendo el procedimiento de concurrencia competitiva, y se regirán por lo dispuesto en 
este real decreto-ley y en la resolución de convocatoria. Para su financiación, se autoriza 
la concesión de un crédito extraordinario.
Además, se introduce un mecanismo para permitir que los profesionales del sector 
puedan percibir anticipos e indemnizaciones, en caso de aplazamiento o cancelación de las 
actuaciones ya contratadas con el Sector Público, cuyo importe no exceda de 50.000 euros. 
Las medidas adoptadas por las autoridades sanitarias, primero, y la declaración del estado 
de alarma, después, han llevado consigo el cierre de teatros, salas e instalaciones análogas, 
y, con ello, la resolución o suspensión de los contratos de interpretación artística y de 
espectáculos que se habían celebrado. Por ello, se habilita al órgano de contratación para 
reconocer como anticipo un porcentaje del importe de los contratos suspendidos, y una  es
indemnización, en caso de resolución, siempre que la suspensión o resolución tenga por  o
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cinematografía está basado en una serie de hitos, como el inicio del rodaje, la calificación
de las películas, la obtención de la nacionalidad, el estreno comercial de las películas en 
salas de cine y el reconocimiento del coste, que generan obligaciones de cumplimiento 
sucesivo, de modo que el eventual incumplimiento de alguna de ellas acarrea 
necesariamente el de las posteriores. Por ello, es necesario flexibilizar y adaptar a las 
circunstancias existentes el cumplimiento de dichos requisitos, dando la oportunidad a las 
empresas de cumplir con sus obligaciones en un contexto que no les es imputable. 
También se adapta transitoriamente la definición de «estreno comercial» de las películas, 
permitiendo que, hasta que las salas de exhibición vuelvan a estar en funcionamiento, se 
pueda considerar como tal el realizado a través de servicios de comunicación audiovisual 
televisiva, servicios de comunicación electrónica que difundan canales de televisión y 
servicios de catálogos de programas. Por último, se establece la concesión directa de 
ayudas a las salas de exhibición cinematográfica, cuya actividad se ha visto también 
suspendida, para hacer frente tanto a los gastos subsistentes, como a la necesaria 
promoción para la vuelta a la actividad; habilitando igualmente un crédito extraordinario 
para su financiación.
El capítulo IV regula las medidas relativas al sector del libro y al arte contemporáneo. 
En primer lugar, se crea un mecanismo extraordinario de ayudas para garantizar el apoyo 
urgente al mantenimiento de las estructuras del sector librero y de la cadena de suministro 
del libro. El sistema será implementado por la Dirección General del Libro y Fomento de la 
Lectura, en ejercicio de sus competencias, basándose en los principios de publicidad, 
transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación. Las ayudas se otorgarán 
siguiendo el procedimiento de concurrencia competitiva, y se regirán también por lo 
dispuesto en este real decreto- ley y en la resolución de convocatoria.
En segundo lugar, y respecto al arte contemporáneo, las ayudas se vertebran, por un 
lado, incrementando las partidas correspondientes a la promoción del mismo, orientando 
aquellas a hacer frente de forma inmediata al impacto negativo de la crisis sanitaria 
del COVID-19. Y, por otro, mediante una dotación extraordinaria para la adquisición de arte 
contemporáneo español. Con ello se favorecerá el mercado interno de arte contemporáneo, 
al que por primera vez se le dedicará una cantidad específica e independiente del resto de 
presupuesto que anualmente ejecuta la Dirección General de Bellas Artes en la adquisición 
de piezas para las Colecciones Públicas del Estado. La financiación del apoyo previsto en 
este capítulo implica la concesión del crédito extraordinario correspondiente.
Por último, el capítulo V regula otras medidas, tales como las que se adoptan para las 
actividades culturales subvencionadas que han resultado canceladas como consecuencia 
del COVID-19, lo que permite dar seguridad jurídica a los beneficiarios de las subvenciones 
concedidas. Además, se introduce una disposición relativa a las ayudas tramitadas por el 
Consejo Superior de Deportes, cuya cuantía se ve determinada por los resultados 
obtenidos por los deportistas en diferentes competiciones. Dado que la situación generada 
por la evolución del COVID-19 ha supuesto la suspensión de muchas de aquellas, es 
necesario prever la continuidad de dichas ayudas, evitando que los deportistas 
beneficiarios, que no han podido competir, ni, por tanto, alcanzar los resultados de los que 
dependen las mismas, por causa que no les es imputable, se vean privados de ellas.
En otro orden de cosas, la disposición adicional primera establece el límite total 
acumulado, en todo momento, durante el ejercicio 2020, de los compromisos otorgados 
por el Estado respecto a todas las obras o conjuntos de obras cedidas temporalmente para 
su exhibición en instituciones de competencia exclusiva del Ministerio de Cultura y Deporte 
y de sus Organismos públicos adscritos. La disposición adicional única del Real Decreto-
ley 26/2018, de 28 de diciembre, por el que se aprueban medidas de urgencia sobre la  es
creación artística y la cinematografía, fijaba el límite de dichos compromisos para el  o
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«España País Invitado de Honor en la Feria del Libro de Fráncfort en 2021», al Plan de
Fomento de la ópera en la Calle del Teatro Real y al acontecimiento «175 Aniversario de 
la construcción del Gran Teatre del Liceu»; para contribuir a obtener financiación privada 
que se destine a la reactivación del sector.
La siguiente disposición adicional persigue facilitar la protección del colectivo de 
autores y artistas que no reúnen los requisitos para acceder a un subsidio de desempleo, 
o a una pensión de jubilación. En este contexto, los fondos asistenciales puestos en 
marcha desde hace décadas por las entidades de gestión de derechos de propiedad 
intelectual para sus socios más necesitados son instrumentos fundamentales; debiendo 
atribuirse temporalmente a la asamblea general la facultad de incrementar los recursos 
destinados a la realización de actividades asistenciales, para garantizar su eficacia en 
beneficio de sus miembros más vulnerables.
Por otro lado, la Disposición Adicional Tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19, supuso la suspensión de las licitaciones de los 
contratos públicos en general. Aunque la norma establecía algunas excepciones, la 
prolongación de la duración del estado de alarma ha podido llegar a provocar en ciertos 
casos una situación de posible perjuicio para los intereses públicos que todos los diferentes 
contratos públicos tratan de servir.
En los procedimientos de contratación existen un buen número de garantías 
procedimentales que tienen por finalidad asegurar el respeto a los principios más 
esenciales que protegen a los interesados, principios que deben aplicarse de manera 
armónica y coordinada con las necesidades de interés público antes mencionadas. Por 
esta razón, si bien en su momento parecía lógico que en la fase inicial del estado de 
alarma se adoptasen medidas más intensas con el fin de evitar el perjuicio de los derechos 
de los administrados ante las medidas limitativas necesariamente impuestas para luchar 
contra el COVID-19, en el momento actual, en que se ha iniciado una mejora de la 
situación y una progresiva relajación de las medidas acordadas, parece lógico alzar la 
suspensión general impuesta a las licitaciones públicas en todos aquellos supuestos en 
que no pueda existir merma alguna para los derechos de los licitadores. Tal circunstancia 
es plenamente concurrente en los casos en que la selección del contratista se verifica 
mediante la tramitación electrónica de los procedimientos de contratación, la cual permite 
y garantiza la presentación electrónica de la documentación requerida y el acceso 
igualmente electrónico a los diferentes trámites de procedimiento. Esta previsión, recogida 
en la disposición adicional octava, permitirá también el inicio de nuevos procedimientos de 
contratación que reúnan estos requisitos, extendiéndose además a los recursos especiales 
que procedan.
También se acuerdan, en línea indicada de promover y facilitar la financiación privada, 
una serie de modificaciones normativas. Así, la disposición final primera modifica el 
artículo 36 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, 
incrementando los incentivos fiscales relacionados con la producción cinematográfica, 
como medida que favorece la mayor competitividad del sector cinematográfico y 
audiovisual español en el entorno nacional e internacional. Con la modificación propuesta 
se permitirá incrementar la atracción de producciones y rodajes internacionales y la 
actividad económica del sector audiovisual en España, de modo que se genere empleo y 
se produzca el subsiguiente incremento de ingresos tributarios; además de contribuir 
positivamente a la promoción de España.
Igualmente, resulta imprescindible incrementar la participación ciudadana en la 
financiación de proyectos de mecenazgo, por lo que se modifica la Ley 49/2002, de 23 de  es
diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al  o
mpPIpmeaeeprrrcmasue oealnansnatsaeoz sn gds toooeF,bn.í  sprAaeiaccs lriaiaomas n Ri;ese elmesenl voeteaa,vf  readl acecestin u ónD ano5id   sRqpapeuusosne siptd iocoreiesorn  sntpcueeooslstrn ac qtf eruiniingbeatu uuoleayapsellem entrseeete rnnlcso tee esdrn  aep at eolpa rrI lrcmiqicteuoapnirbnuitoalteea jese  staasop m  dalsopeñosl oíb dalc renseod in enul altec r psicbRltiaaóuezbnynol eetp ancdr iteemedv seoiies  trntdloaoteosssl      OE-A-2020-4832able en https://www.
programas considerados como acontecimientos de excepcional interés público.
Por otra parte, se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades. La situación socioeconómica provocada por la COVID19 justifica la 
adopción de medidas urgentes para modificar el sistema de precios públicos universitarios 
con vistas al curso 2020-2021. Así, la disposición final séptima incluida en este real 
decreto-ley elimina el sistema de horquillas, que ha impactado de forma significativa sobre 
la estructura de precios. Este sistema ha conllevado, no solo un incremento de los mismos 
en términos generales, sino un aumento notable de la disparidad en dichos precios en 
función de la Comunidad Autónoma donde se preste dicho servicio, afectando de forma 
grave al acceso a la educación universitaria pública y al principio de igualdad de derechos 
y deberes de los españoles. De esta forma, se fomenta el acceso a la enseñanza superior 
pública y evita que los altos precios públicos universitarios provoquen inequidad y 
abandono de estudios. Conviene aclarar, igualmente, que la disposición modificada carece 
de  carácter  orgánico,  con  arreglo  a  la  disposición  adicional  cuarta  de  la  Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre.
Es necesario, de igual manera, ajustar la composición del Patronato de la Fundación 
España Deporte Global, F.S.P., creada por el Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de 
medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo, para que forme 
parte del mismo una representación de las Federaciones deportivas españolas y 
competiciones oficiales y no oficiales. Con ello, se facilitará, con carácter inmediato, el 
funcionamiento y toma de decisiones del órgano de gobierno de la entidad, haciendo más 
ágil y operativo su desempeño ordinario.
Además, se considera necesario modificar la actual regulación de los encargos de 
entidades pertenecientes al Sector Público que no tengan la consideración de poder 
adjudicador a medios propios personificados, cuya interpretación ha suscitado en 
ocasiones dudas, con el fin de completar y precisar más su redacción, así como de facilitar 
que los órganos del Estado y de las Comunidades Autónomas puedan ejercer las funciones 
que tienen conferidas con la máxima eficiencia y coordinación, aspectos ambos 
especialmente necesarios en las actuales circunstancias económicas y sociales derivadas 
del COVID-19, siempre con pleno respeto a la libre competencia. Así, la disposición final 
octava modifica la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la 
que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo 
y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, aclarando que el 
requisito del control exigido para la consideración de un medio propio personificado 
respecto de una entidad perteneciente al Sector Público que no tenga la consideración de 
poder adjudicador se remite al previsto para los poderes adjudicadores; y se precisa el 
régimen aplicable a los encargos horizontales, es decir, los casos en que una entidad del 
Sector Público estatal de las característica indicadas realice un encargo a otra del mismo 
sector, controladas ambas, directa o indirectamente, por una misma entidad de dicho 
sector, así como el régimen de la compensación a percibir en estos casos por la entidad 
que reciba el encargo.
Finalmente, se completan y aclaran las medidas ya adoptadas en materia de 
contratación para afrontar las consecuencias derivadas de la situación creada por 
el COVID-19, recogidas en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas 
urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. 
A tal efecto, se aclara el ámbito de aplicación, incluyendo los contratos actualmente 
vigentes celebrados por las entidades pertenecientes al Sector Público cualquiera que sea 
la normativa de contratación pública a la que estén sujetos con arreglo al pliego. Por otra 
parte, en los contratos de servicios y de suministros de prestación sucesiva que hayan  es
quedado suspendidos conforme a lo previsto en el real decreto-ley, se precisa la posibilidad  o
ddeeeenceso pc qlaneauróc geiminof iedisccle a opómn rred gndveaizielns atctoecoo irsdónm enter i nancq toalouand,e  tolr eyacs gto paisarocrlsraei ópcslnaeipó  copnntnu oeddesceade   adcsa oiedrln lea ctardroaél inztgdatareicmar  itpóaeisnrnnet ta picc.dúi ispeYbao ,lri rcs eela anas.   trmcaeubageltuenelctaraiicam id óideeneln   idtmcoeo p nddoceerettle es erieomqsnutieniimlsaib,ad rdosiooes     OE-A-2020-4832able en https://www.
III
El artículo 86 de la Constitución permite al Gobierno dictar decretos-leyes «en caso de 
extraordinaria y urgente necesidad», siempre que no afecten al ordenamiento de las 
instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos 
regulados en el Título I de la Constitución, al régimen de las Comunidades Autónomas ni 
al Derecho electoral general.
El real decreto-ley constituye un instrumento constitucionalmente lícito, siempre que el 
fin que justifica la legislación de urgencia, sea, tal como reiteradamente ha exigido nuestro 
Tribunal Constitucional (sentencias 6/1983, de 4 de febrero, F. 5; 11/2002, de 17 de enero, 
F. 4, 137/2003, de 3 de julio, F. 3 y 189/2005, de 7 julio, F. 3), subvenir a una situación 
concreta, dentro de los objetivos gubernamentales, que por razones difíciles de prever 
requiere una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía 
normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes, 
máxime cuando la determinación de dicho procedimiento no depende del Gobierno.
Ninguna duda ofrece que la situación que afronta nuestro país por la declaración de 
emergencia de salud pública de importancia internacional, unida a la reciente declaración 
de estado de alarma, generan la concurrencia de motivos que justifican la extraordinaria y 
urgente necesidad de adoptar diversas medidas. Además, la adopción de medidas de 
carácter económico acudiendo al instrumento del real decreto-ley ha sido avalada por el 
Tribunal Constitucional, siempre que concurra una motivación explícita y razonada de la 
necesidad, entendiendo por tal que la coyuntura económica exige una rápida respuesta, y 
la urgencia, asumiendo como tal que la dilación en el tiempo de la adopción de la medida 
de que se trate mediante una tramitación por el cauce normativo ordinario podría generar 
algún perjuicio.
Los organismos internacionales y los principales servicios de estudios se están 
enfrentando con mucha precaución a la estimación del impacto del COVID-19 sobre la 
economía en el cambiante escenario actual, sujeto a una gran incertidumbre, pero no cabe 
duda que será muy significativo. Entre las últimas estimaciones, se ha publicado 
recientemente el informe de Perspectivas de la Economía Mundial del FMI de abril de 2020 
en el que se prevé un importante impacto de la crisis sanitaria en términos de crecimiento 
y empleo, no solo de España, sino también de otros países de nuestro entorno y de la 
economía mundial en su conjunto, si bien, en su escenario base, se espera que la 
pandemia se disipe en el segundo semestre de 2020 y que las medidas de contención 
puedan irse replegando, de manera que la actividad económica se vaya normalizando 
gradualmente gracias al apoyo brindado por las distintas políticas aplicadas. También el 
Banco de España ha hecho públicas sus estimaciones de crecimiento para este año y el 
próximo, en el que se recogen distintos escenarios de reducción de la actividad.
Teniendo en cuenta ese contexto, el presente real decreto-ley continúa y refuerza los 
apoyos públicos y privados movilizados por el Gobierno español en las pasadas semanas, 
y se centra en el apoyo a empresas y trabajadores del sector cultural, adoptando medidas 
específicas para dar respuesta a las necesidades que surgen de la situación excepcional 
creada por la crisis sanitaria; respaldando a los agentes económicos y sociales para que 
su incidencia sea la menor posible y facilitando la recuperación económica cuando 
comience a remitir la crisis pandémica. Las previsiones de esta disposición responden a 
esa finalidad, encaminándose a mejorar la situación del sector y de los profesionales de la 
cultura a través de diferentes instrumentos para afrontar las consecuencias del COVID-19.
Asimismo, la extraordinaria y urgente necesidad de aprobar este real decreto-ley se  s
inscribe en el juicio político o de oportunidad que corresponde al Gobierno (SSTC 61/2018,  e.
de 7 de junio, FJ 4; 142/2014, de 11 de septiembre, FJ 3) y esta decisión, sin duda, supone  w.
una ordenación de prioridades políticas de actuación (STC, de 30 de enero de 2019,  32ww
Rseegcuurridsoa dd jeu rIídniccoan ys tliatu scaiolunda pliúdbaldic an.ú Lmo.s  2m2o0t8iv-o2s0 1d9e) ,o pcoerntutrnaiddaasd  qeune e al ccaubmanp ldimei eenxptoo ndeer slae 
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FJ 4; 100/2012, de 8 de mayo, FJ 8; 237/2012, de 13 de diciembre, FJ 4; 39/2013, de 14
de febrero, FJ 5). Al contrario, todas las razones expuestas justifican amplia y 
razonadamente la adopción de la presente norma, al responder a la finalidad legítima de 
aprobar medidas que contribuyan a abordar de forma inmediata el impacto económico y 
social del COVID-19 (SSTC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3; 111/1983, de 2 de diciembre, 
FJ 5; 182/1997, de 20 de octubre, FJ 3).
Debe señalarse también que este real decreto-ley no afecta al ordenamiento de las 
instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos 
regulados en el Título I de la Constitución, al régimen de las Comunidades Autónomas ni 
al Derecho electoral general. En particular, y por lo que se refiere a las medidas de carácter 
tributario, como señala la STC 100/2012, de 8 de mayo, en su FJ 9, «del hecho de que la 
materia tributaria esté sujeta al principio de reserva de ley (arts. 31.3 y 133.1 y 3 CE) y de 
que dicha reserva tenga carácter relativo y no absoluto «no se deriva necesariamente que 
se encuentre excluida del ámbito de regulación del decreto-ley, que podrá penetrar en la 
materia tributaria siempre que se den los requisitos constitucionales del presupuesto 
habilitante y no ‘afecte’, en el sentido constitucional del término, a las materias excluidas» 
(SSTC 182/1997, de 28 de octubre, FJ 8; 137/2003, de 3 de julio, FJ 6; y 108/2004, de 30 
de junio, FJ 7; 245/2004, de 16 de diciembre, FJ 4; y 189/2005, de 7 de julio, FJ 7). Es 
decir, «el hecho de que una materia esté reservada a la Ley ordinaria, con carácter 
absoluto o relativo, no excluye la regulación extraordinaria y provisional de la misma 
mediante Decreto-ley» (SSTC 60/1986, de 20 de mayo, FJ 2; y 182/1997, de 20 de 
octubre, FJ 8). A lo que este Tribunal debe atender al interpretar el límite material del 
art. 86.1 CE «no es, pues, al modo como se manifiesta el principio de reserva de Ley en 
una determinada materia, la tributaria en este caso (si tiene carácter absoluto o relativo y 
qué aspectos de dicha materia se encuentran amparados o no por dicha reserva), sino 
más bien al examen de si ha existido ‘afectación’ por el Decreto-ley de un derecho, deber 
o libertad regulado en el Título I de la Constitución», lo que exigirá «tener en cuenta la 
configuración constitucional del derecho o deber afectado en cada caso y la naturaleza y 
alcance de la concreta regulación de que se trate» (SSTC 182/1997, de 28 de octubre, 
FJ 8; 137/2003, de 3 de julio, FJ 6; 108/2004, de 30 de junio, FJ 7; y 245/2004, de 16 de 
diciembre, FJ 4, 189/2005, de 7 de julio, FJ 7; y 329/2005, de 15 de diciembre FJ 8). Y, sobre 
este particular, en la sección 2 del capítulo segundo del título I de la Constitución, bajo la 
rúbrica «De los derechos y deberes de los ciudadanos», se inserta el art. 31.1 CE, precepto 
que establece «un auténtico mandato jurídico, fuente de derechos y obligaciones», del que 
«se deriva un deber constitucional para los ciudadanos de contribuir, a través de los 
impuestos, al sostenimiento o financiación de los gastos públicos» (SSTC 182/1997, de 28 
de octubre, FJ 6; 245/2004, de 16 de diciembre, FJ 5; y 189/2005, de 7 de julio, FJ 7), 
siendo, en consecuencia, uno de «los deberes cuya afectación está vedada al Decreto-ley 
el deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos que enuncia el art. 31.1 CE» 
(SSTC 137/2003, de 3 de julio, FJ 6; 245/2004, de 16 de diciembre, FJ 5; y 189/2005, de 7 
de julio, FJ 7) (…).
Pues bien, el artículo 31.1 de la Constitución Española «conecta el citado deber de 
contribuir con el criterio de la capacidad económica» y lo relaciona, a su vez, «no con 
cualquier figura tributaria en particular, sino con el conjunto del sistema tributario», por lo 
que queda claro que «que el decreto-ley no podrá alterar ni el régimen general ni aquellos 
elementos esenciales de los tributos que inciden en la determinación de la carga tributaria, 
afectando así al deber general de los ciudadanos de contribuir al sostenimiento de los 
gastos públicos de acuerdo con su riqueza mediante un sistema tributario justo» 
(SSTC 182/1997, de 18 de octubre, FJ 7; 137/2003, de 3 de julio, FJ 6; 108/2004, de 30 de  es
junio, FJ 7; y 189/2005, de 7 de julio, FJ 7). De manera que vulnerará el art. 86 CE  o
«ceuccaounnatóliqtmautiicievaar  ,e iannl tteeelrr cveoe snnejcuninsótinbo l edome lie nsninstoete vlmaa capi oótrsnibi cuniótoanrr midoe»al  t(oiSvbaSli gTqaCud e1o,8 a 2p c/1oo9rn 9tsr7iub,  udeiern  s2tie8dg adúden   osccuut uacblairtpaea,t icFvidaJa  7do;    2020-4832n https://www.
137/2003, de 3 de julio, FJ 6; 108/2004, de 30 de junio, FJ 7; y 189/2005, de 7 de julio, 
FJ 7). Por tanto, será preciso tener en cuenta «en cada caso en qué tributo concreto incide 
el decreto-ley –constatando su naturaleza, estructura y la función que cumple dentro del 
conjunto del sistema tributario, así como el grado o medida en que interviene el principio 
de capacidad económica–,qué elementos del mismo –esenciales o no resultan alterados 
por este excepcional modo de producción normativa– y, en fin, cuál es la naturaleza y 
alcance de la concreta regulación de que se trate» (SSTC 182/1997, de 28 de octubre, 
FJ 7; 137/2003, de 3 de julio, FJ 6; 108/2004, de 30 de junio, FJ 7; y 189/2005, de 7 de 
julio, FJ 7).».
A la luz de estas consideraciones, cabe afirmar que las medidas tributarias contenidas 
en este real decreto-ley no vulneran el citado artículo 31 de la Constitución ya que, como 
se señala en la antes citada STC 100/2012 (FJ 9), no alteran «de manera relevante la 
presión fiscal que deben soportar los contribuyentes y, por consiguiente, no ha provocado 
un cambio sustancial de la posición de los ciudadanos en el conjunto del sistema tributario, 
de manera que no ha afectado a la esencia del deber constitucional de contribuir al 
sostenimiento de los gastos públicos que enuncia el artículo 31.1 CE» (SSTC 137/2003, 
de 3 de julio, FJ 7; y 108/2004, de 30 de junio, FJ 8). La modificación de la Ley 27/2014, 
de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, se circunscribe a deducciones 
específicas, en un sector productivo determinado, por lo que carece de un alcance general, 
sin llegar a afectar ampliamente a la totalidad de los contribuyentes y a la obligación de 
contribuir al sostenimiento de los gastos públicos con arreglo a su capacidad económica. 
La misma consideración ha de hacerse respecto a la reforma de la Ley 49/2002, de 23 de 
diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales 
al mecenazgo, y al establecimiento o ampliación del plazo de programas considerados 
como acontecimientos de excepcional interés público.
Por tanto, en el conjunto y en cada una de las medidas que se adoptan, concurren, por 
su naturaleza y finalidad, de forma palmaria como pocas veces las circunstancias de 
extraordinaria y urgente necesidad que exige el artículo 86 de la Constitución Española 
como presupuestos habilitantes para recurrir al instrumento jurídico del real decreto-ley.
El presente real decreto-ley responde a los principios de necesidad, eficacia, 
proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia, tal y como exige la 
Ley  39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. A estos efectos se pone de manifiesto el cumplimiento de los 
principios de necesidad y eficacia dado el interés general en el que se fundamentan las 
medidas que se establecen, siendo el real decreto-ley el instrumento más adecuado para 
garantizar su consecución.
La norma es acorde con el principio de proporcionalidad al contener la regulación 
imprescindible para la consecución de los objetivos previamente mencionados. Igualmente, 
se ajusta al principio de seguridad jurídica, siendo coherente con el resto del ordenamiento 
jurídico. En cuanto al principio de transparencia, la norma está exenta de los trámites de 
consulta pública, audiencia e información pública que no son aplicables a la tramitación y 
aprobación de decretos-leyes. Por último, en relación con el principio de eficiencia, este real 
decreto-ley impone las cargas administrativas necesarias para la consecución de sus fines.
Este real decreto-ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.2 de la 
Constitución Española, que dispone que, sin perjuicio de las competencias que podrán 
asumir las Comunidades Autónomas, el Estado considerará el servicio de la cultura como 
deber y atribución esencial; y además por los títulos competenciales previstos en el 
artículo 149.1.1.ª, 13.ª, 14.ª, 17.ª, 18ª y 30.ª de la Constitución. es
En virtud de cuanto ha sido expuesto, haciendo uso de la autorización contenida en el 
artículo 86 de la Constitución Española, a propuesta del Ministro de Cultura y Deporte y de 
la Ministra de Hacienda, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del 
día 5 de mayo de 2020,
DISPONGO:
CAPÍTULO I
Medidas para facilitar la financiación del sector cultural y de apoyo a sus 
trabajadores
Artículo 1.  Concesión directa de subvenciones a Sociedad de Garantía Recíproca 
Audiovisual Fianzas SGR, para el impulso de la financiación del sector cultural.
1.  De acuerdo con lo establecido en el artículo 22.2.b) de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, se establece la concesión directa de las siguientes 
subvenciones para el impulso de la financiación del sector cultural:
a)  A la Sociedad de Garantía Recíproca Audiovisual Fianzas SGR, por importe de 
16.250.000 € para la dotación de su fondo de provisiones técnicas, con cargo a la 
aplicación 24.04.334C.771.
b)  A la Sociedad de Garantía Recíproca Audiovisual Fianzas SGR por importe de 
3.750.000 € para la financiación del coste de la comisión de apertura de los avales de los 
préstamos a empresas del sector cultural con motivo de la crisis del COVID 19, con cargo 
a la aplicación 24.04.334C.472.
2.  La concesión de estas subvenciones se instrumentará mediante resolución del 
Ministro de Cultura y Deporte y se ejecutará a través de transferencia del Ministerio de 
Cultura y Deporte a la Sociedad de Garantía Recíproca Audiovisual Fianzas SGR, según 
lo previsto en el artículo 66.1 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
3.  La resolución podrá contemplar que el abono de las subvenciones se realice en un 
único pago anticipado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 34.4 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, y en su Reglamento de desarrollo.
4.  En defecto de lo previsto en este real decreto-ley, será de aplicación supletoria a 
estas subvenciones lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en su 
Reglamento de desarrollo, salvo en lo que en una y otro afecte a la aplicación de los 
principios de publicidad y concurrencia.
5.  La Sociedad de Garantía Recíproca Audiovisual Fianzas SGR promoverá, en 
colaboración con las entidades financieras que deseen participar, las siguientes líneas de 
financiación dirigidas a empresas del sector cultural por un importe total de 780.000.000 €:
– Línea Audiovisual.
– Línea de las Artes Escénicas.
– Línea de la Industria Musical.
– Línea de la Industria del Libro.
– Línea de las Bellas Artes.
– Línea de otras empresas del sector cultural. s
Cada línea financiará proyectos del ámbito que le sea propio y recibirá un importe  w.b
mínimo de 40 millones de euros, sin que ello afecte al régimen general de responsabilidad  32ww
dmeal rfzoon,d soo bdree  perlo Rviésgioimneesn  tJéucrnídicicaos ,d ceo lna sa rSreogcileod aa dloe se sdtea bGleacriadnot íean R leac Líperyo c1a/1. 9L9a4 r,e dseo l1u1c idóen 
dageo ctaornscee esli óimn pporretev emráín ilmoso  mdee caalgnuisnma olíns enae ecne seal rpiolasz op aqruae  pseer dmeitteirr mquinee, , epnu eedl ac aacsroe cdeen tnaor 
a las demás.
La Sociedad de Garantía Recíproca Audiovisual Fianzas SGR dará cuenta 
mensualmente de la distribución de la financiación por líneas ante una Comisión de 
Seguimiento integrada por un representante de la propia Sociedad y por los titulares de la 
Secretaría General de Cultura y la Subsecretaría de Cultura y Deporte.
6.  El coste de la comisión de apertura del aval para acceder a las líneas previstas en 
el apartado anterior será del 0,5 %.
Estos costes serán financiados con cargo a la subvención prevista en la letra b) del 
apartado 1 de este artículo.
Las restantes condiciones de las líneas se determinarán en la resolución de concesión 
correspondiente.
7.  Para proceder al pago de las subvenciones a que se refiere este artículo, se 
autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia y la concesión de los siguientes créditos 
extraordinarios en el Ministerio de Cultura y Deporte:
3.750.000 euros en la aplicación 24.04.334C.472, «A la Sociedad de Garantía 
Recíproca Audiovisual Fianzas SGR, para la financiación del coste de la comisión de 
apertura de los avales de los préstamos a empresas del sector cultural con motivo de la 
crisis del COVID 19».
16.250.000 euros en la aplicación 24.04.334C.771, «A la Sociedad de Garantía 
Recíproca Audiovisual Fianzas SGR, para la dotación de su fondo de provisiones 
técnicas».
Los anteriores créditos extraordinarios se financiarán de la siguiente forma:
9.730.000 euros procedentes de las aportaciones y transferencias del Ministerio de 
Cultura y Deporte y de sus organismos autónomos.
10.270.000 euros de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 
47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
Para dar cumplimiento a lo anterior se realizarán las modificaciones presupuestarias 
que resulten necesarias, de conformidad con lo establecido en la Ley 47/2003, de 26 de 
noviembre, General Presupuestaria.
Artículo 2.  Acceso extraordinario a la prestación por desempleo de los artistas en 
espectáculos públicos que no se encuentren afectados por procedimientos de 
suspensión de contratos y reducción de jornada reguladas por el Real Decreto-ley 
8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al 
impacto económico y social del COVID-19.
1.  Con carácter excepcional y transitorio para el ejercicio 2020, durante los períodos 
de inactividad a que se refiere el artículo 249 ter del texto refundido de la Ley General de 
la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, la 
acción protectora allí regulada comprenderá las prestaciones económicas por desempleo, 
además de la prestación por nacimiento y cuidado de menor, jubilación, incapacidad 
permanente y muerte y supervivencia derivadas de contingencias comunes.
El reconocimiento del derecho a la prestación nacerá a partir del día siguiente a aquel 
en que se presente la solicitud, debiéndose cumplir los requisitos restantes establecidos 
en el artículo 266 del texto refundido de la Ley General de Seguridad Social.
La prestación será incompatible con cualquier percepción derivada de actividades por 
cuenta propia o por cuenta ajena, o con cualquier otra prestación, renta mínima, renta de  e.
inclusión, salario social o ayudas análogas concedidas por cualquier Administración Pública. w.b
2.  A aquellos trabajadores que, como consecuencia de la crisis sanitaria derivada  32ww
dinecl luCsOióVnI De-n1 9e, ln Ro épguiemdeann  Gcoennteinruaal rc roemaloiz aanrdtiost alas  aecnti veidsapde clatábcouralol sq upeú bdliioc olusg, asre a  lesus 
raeqcuoenlloac ceirrácu, ndsutraannctiea  lyo sa  pefeerciotodso sd ed elo  idniascptuiveidstaod e enn e el al retíjecurcloic 2io6 62 0d2e0l  tqeuxteo  rreesfupnodniddaon d ea 
la Ley General de Seguridad Social, estar en situación legal de desempleo, así como tener
cubierto el período mínimo de cotización si lo acreditan en los términos del apartado 3 de 
la presente disposición, siempre que no estén percibiendo o hayan optado por la prestación 
contributiva por desempleo ordinaria prevista en el artículo 262 y siguientes del texto 
refundido de la Ley General de Seguridad Social.
El reconocimiento del derecho a la prestación nacerá a partir del día siguiente a aquel 
en que se presente la solicitud, debiéndose cumplir los requisitos restantes establecidos 
en el artículo 266 del texto refundido de la Ley General de Seguridad Social.
La prestación será incompatible con cualquier percepción derivada de actividades por 
cuenta propia o por cuenta ajena, o con cualquier otra prestación, renta mínima, renta de 
inclusión, salario social o ayudas análogas concedidas por cualquier Administración Pública.
3.  La duración de la prestación por desempleo prevista en esta disposición estará en 
función de los días de alta en seguridad social con prestación real de servicios en dicha 
actividad en el año anterior a la situación legal de desempleo, con arreglo a la siguiente 
escala:
Periodo de prestación
Días de actividad
(en días)
Desde 20 hasta 54. 120
Desde 55 en adelante. 180
4.  La base reguladora de la prestación por desempleo prevista en los apartados 
anteriores estará constituida por la base de cotización mínima vigente en cada momento, 
por contingencias comunes, correspondiente al grupo 7 de la escala de grupos de 
cotización del Régimen General.
CAPÍTULO II
Medidas de apoyo a las artes escénicas y de la música
Artículo 3.  Sistema de ayudas extraordinarias a las artes escénicas y de la música como 
consecuencia del impacto negativo de la crisis sanitaria del COVID-19.
1.  Se establece un sistema de ayudas extraordinarias a las artes escénicas y de la 
música como consecuencia del impacto negativo de la crisis sanitaria del COVID-19. Estas 
ayudas tendrán carácter excepcional y se concederán por una sola vez, con arreglo a las 
siguientes condiciones:
a)  Las  ayudas  se  otorgarán  de  acuerdo  con  los  principios  de  publicidad, 
transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación y mediante el procedimiento de 
concurrencia competitiva, con las especialidades establecidas en la presente disposición 
y en la resolución de convocatoria.
b)  Las ayudas están dirigidas a aquellas situaciones que de manera indubitada 
deriven de la emergencia provocada por el COVID-19, en los términos que se señalen en 
la resolución de convocatoria.
c)  El régimen de justificación vendrá fijado en la resolución de convocatoria.
2.  Podrán solicitar estas ayudas, con carácter general y en los términos establecidos 
en la resolución de convocatoria, las personas físicas, siempre que estén en alta en el  es
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, así como las personas jurídicas, públicas  bo
o privadas, que se dediquen a las artes escénicas y de la música. Los solicitantes deberán  32ww
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el que se determinan los países o territorios a que se refieren los artículos 2.º, apartado 3, 
número 4, de la Ley 17/1991, de 27 de mayo, de Medidas Fiscales Urgentes, y 62 de la 
Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991.
No podrán obtener la condición de beneficiarios las personas o entidades en quienes 
concurra alguna de las prohibiciones previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre.
3.  Las ayudas se articularán a través de las siguientes líneas, incluidas en el ámbito 
de actuación del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música:
a)  Apoyo al mantenimiento de las estructuras de las artes escénicas y musicales.
b)  Ayudas a las actividades escénicas y musicales y proyectos culturales.
4.  Corresponderá al Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música dictar 
cuantas  resoluciones  sean  necesarias  para  la  tramitación  y  resolución  de  los 
procedimientos de convocatoria y concesión, así como el pago de las ayudas.
5.  Estas ayudas se regirán por lo dispuesto en este real decreto-ley y en la resolución 
de convocatoria. Solo resultará de aplicación lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, y su Reglamento de desarrollo, cuando expresamente se disponga.
6.  Se autoriza la concesión de un crédito extraordinario en la Sección 24 «Ministerio 
de Cultura y Deporte», Servicio 01 «Ministerio, Subsecretaria y Servicios Generales», 
Programa 000X «Transferencias internas», concepto 418 «Al Instituto Nacional de las 
Artes Escénicas y de la Música para necesidades excepcionales provocadas por la crisis 
del coronavirus COVID-19», por importe de 23.700.000 euros.
La repercusión del apartado anterior en el INAEM es la siguiente:
PRESUPUESTO DE INGRESOS:
A)  Aplicación 24.107.400 «Del departamento por necesidades excepcionales 
provocadas por la crisis del COVID-19», 23.700.000 euros.
PRESUPUESTO DE GASTOS:
A)  Aplicación 24.107.335A.462. «Ayudas a las estructuras culturales de entidades de 
actividades de danza, lírica y música para necesidades excepcionales derivadas de la 
crisis del COVID-19», 5.500.000 euros.
B)  Aplicación 24.107.335A.470. «Ayudas a las actividades y proyectos culturales de 
entidades de danza, lírica y música para necesidades excepcionales derivadas de la crisis 
del COVID-19», 4.850.000 euros.
C)  Aplicación 24.107.335B.463. «Ayudas a las estructuras culturales de entidades de 
actividades de teatro y circo para necesidades excepcionales derivadas de la crisis del 
COVID-19», 6.600.000 euros.
D)  Aplicación 24.107.335B.472. «Ayudas a las actividades y proyectos culturales de 
entidades de teatro y circo para necesidades excepcionales derivadas de la crisis del 
COVID-19», 6.750.000 euros. La financiación de los anteriores créditos extraordinarios se 
realizará de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 47/2003, de 26 de 
noviembre, General Presupuestaria.
7.  De conformidad con lo establecido en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, se 
adoptarán los acuerdos necesarios para habilitar los créditos que sean precisos para  s
atender las cuantías de las obligaciones que se derivan de la aplicación de este real  e.
decreto-Ley. w.
Artícsuulsop e4n. didCoosn tor aretossu edletol sS.ector Público de interpretación artística y de espectáculos
1.  Cuando, como consecuencia del COVID-19 o de las medidas sanitarias o de
contención adoptadas al respecto, se acuerde la modificación o suspensión, para ser
ejecutados en una fecha posterior, de contratos de interpretación artística y de espectáculos 
de cuantía no superior a 50.000 euros, celebrados por las entidades pertenecientes al 
Sector Público, en el sentido definido en el artículo 3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español 
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 
febrero de 2014, el órgano de contratación podrá acordar que se abone al contratista hasta 
un 30 por ciento del precio del contrato, como anticipo a cuenta de dicho precio.
El pago del anticipo a cuenta no estará supeditado a la prestación de garantía por 
parte del contratista.
2.  Cuando, como consecuencia del COVID-19, o de las medidas sanitarias o de 
contención adoptadas al respecto, tenga lugar la resolución de contratos de interpretación 
artística y de espectáculos de cuantía no superior a 50.000 euros, celebrados por las 
entidades pertenecientes al Sector Público, en el sentido definido en el artículo 3 de la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, por la causa prevista en la letra g) del apartado 1 del 
artículo 210 de la misma, el órgano de contratación podrá acordar una indemnización a 
favor del contratista que no podrá ser inferior al 3, ni superior al 6 por ciento del precio del 
contrato.
En estos supuestos, no será de aplicación lo previsto en el artículo 213.4 de la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre.
CAPÍTULO III
Medidas de apoyo a la cinematografía y a las artes audiovisuales
Artículo 5.  Ampliación de plazos para el cumplimiento de obligaciones impuestas a 
películas beneficiarias de ayudas concedidas en el periodo 2016 a 2019.
1.  Se amplían los plazos para el cumplimiento de las obligaciones que a continuación 
se señalan, cuando les resulten de aplicación, en relación con las películas beneficiarias 
de ayudas generales y selectivas para la producción de largometrajes sobre proyecto, así 
como de ayudas a la producción de cortometrajes sobre proyecto concedidas entre los 
años 2016 a 2019 al amparo de la Orden ECD/2796/2015, de 18 de diciembre, por la que 
se establecen las bases reguladoras de las ayudas previstas en el capítulo III de la 
Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine, y se determina la estructura del Registro 
Administrativo  de  Empresas  Cinematográficas  y Audiovisuales,  y  de  la  Orden 
CUD/769/2018, de 17 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras de las 
ayudas previstas en el Capítulo III de la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine, y se 
determina la estructura del Registro Administrativo de Empresas Cinematográficas y 
Audiovisuales; así como de las correspondientes resoluciones de convocatoria y concesión.
a)  Para las películas beneficiarias de ayudas generales y selectivas para la 
producción de largometrajes sobre proyecto que se estrenen en el año 2020, se amplían 
los siguientes plazos establecidos en sus correspondientes bases reguladoras:
1.º  Se amplía en 5 meses el plazo establecido para presentar la declaración de 
ingresos ante el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales.
2.º  Se amplía en 10 meses el plazo máximo establecido para el estreno comercial en 
salas de exhibición del largometraje.
b)  Para las películas beneficiarias de ayudas generales y selectivas para la  e
producción de largometrajes sobre proyecto y de ayudas para la producción de  bo
cortometrajes sobre proyecto, se amplían los siguientes plazos establecidos en sus bases  32ww
rdeegl uelsatdaodroa sd,e c aulaanrmdoa :dichos plazos venzan en el año 2020, a partir de la entrada en vigor
de l1a.sº  ArStees a Amupdlíiao veins u5a mlees seels  feinl  pdlea zroo dpaajrea  cyo smoulinciictaarr  laal  Icnasltiiftiuctaoc idóen  lay  Ceiln ceemrtaiftiocgardaofí ad ey   BOE-A-cable e
nacionalidad de la película.
2.º  Se amplía en 4 meses el plazo para acreditar el coste de la película.
3.º  Se amplían en 4 meses el plazo para entregar una copia de la película objeto de 
ayuda a la Filmoteca Española.
2.  En supuestos especialmente justificados, el Instituto de la Cinematografía y de las 
Artes Audiovisuales podrá extender, a solicitud de las empresas beneficiarias de las 
ayudas y mediante resolución motivada, los plazos establecidos en el apartado anterior.
Artículo 6.  Medidas para flexibilizar el cumplimiento de determinadas obligaciones que 
deban realizarse en el año 2020.
1.  Las obligaciones establecidas en el artículo 14.1, letras d) y e), y artículo 23.1, 
letras d) y e), de la Orden CUD/769/2018, de 17 de julio, y en los apartados correlativos de 
las correspondientes resoluciones de convocatoria y concesión, respecto a los proyectos 
de películas cinematográficas beneficiarios de las ayudas generales y selectivas para la 
producción de largometrajes sobre proyecto, quedan modificadas en los términos que se 
indica en los apartados siguientes.
2.  El número de salas exigido para el cumplimiento de los requisitos relativos al 
estreno del largometraje, cuando dicho estreno se realice en el año 2020, se reducirá de 
la siguiente manera:
a)  Respecto a la obligación establecida en el artículo 14.1.e) de la Orden 
CUD/769/2018, de 17 de julio, y en los correlativos de las resoluciones de convocatoria y 
concesión, el estreno se deberá efectuar en:
1.º  20 salas para largometrajes con un coste reconocido superior a 2.000.000 euros.
2.º  10 salas para largometrajes con coste igual o inferior a 2.000.000 euros.
3.º  6 salas para largometrajes con versión original en lenguas cooficiales distintas del 
castellano, en 3 de las cuales, al menos, se exhibirán en su versión original.
4.º  2 salas para largometrajes de carácter documental.
b)  Respecto a la obligación establecida en el artículo 23.1.e) de la Orden 
CUD/769/2018, de 17 de julio, y en los correlativos de las resoluciones de convocatoria y 
concesión, el estreno se deberá efectuar en 7 salas, que se reducirán a 2 para 
largometrajes de carácter documental y para largometrajes con versión original en lenguas 
cooficiales distintas del castellano.
3.  Los gastos que deben destinarse a copias, publicidad y promoción para el estreno 
del largometraje en salas de exhibición en España, con arreglo a los artículos 14.1.d) 
y 23.1.d) de la Orden CUD/769/2018, de 17 de julio, y en los correlativos de las resoluciones 
de convocatoria y concesión, cuando dicho estreno se realice en el año 2020, serán de, al 
menos, el 7 % en el caso de ayudas generales y el 3 % en el caso de ayudas selectivas. 
Cuando la ayuda percibida hubiera sido inferior al 75 % de la solicitada, los gastos deberán 
ser de, al menos, el 5 % en el caso de ayudas generales y el 2 % en el caso de ayudas 
selectivas.
4.  Lo dispuesto en los apartados anteriores será de aplicación, en su caso, a las 
obligaciones establecidas en el artículo 14.1, letras d) y e), y artículo 22.1, letras d) y e), de 
la Orden ECD/2796/2015, de 18 de diciembre.
Artículo 7.  Exigibilidad de la obligación de inicio y comunicación de rodaje. es
1.  La obligación de iniciar el rodaje y de comunicarlo al Instituto de la Cinematografía  w.
yOco rdndeve onlac saC tAoUrriDtae/ s7y  6Ac9uo/dn2ic0oe1vsi8sió,u nad,l ees se1  o7e  xadilg eoir rájgu aalin opi,sa mryt oire  daneu ltl oafnisnó  cmdoeicr rloae  scvpoigomenpndecietiaen ntdteees,   leares dtsaeobclluleaccriaiodcnaióe ensn  d dleael    2020-4832n https://ww
estado de alarma para todos los proyectos de películas cinematográficas beneficiarios de 
las siguientes líneas de ayudas concedidas en el ejercicio 2019:
a)  Ayudas generales para la producción de largometrajes sobre proyecto.
b)  Ayudas selectivas para la producción de largometrajes sobre proyecto.
c)  Ayudas a la producción de cortometrajes sobre proyecto .
A estos efectos, y una vez finalizada la vigencia de la declaración del estado de alarma, 
se iniciará de nuevo el cómputo del plazo de la citada obligación, con independencia del 
que ya hubiera transcurrido.
2.  En el caso de coproducciones con empresas extranjeras, así como en otros 
especialmente justificados, el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales 
podrá ampliar, a solicitud de las empresas beneficiarias de las ayudas y mediante 
resolución motivada, los plazos para el cumplimiento de dicha obligación.
Artículo 8.  Pago de las ayudas generales para la producción de largometrajes sobre 
proyecto.
Como excepción a lo establecido en la Orden CUD/769/2018, de 17 de julio, y en las 
resoluciones de convocatoria y concesión, las empresas beneficiarias en el año 2019 de 
las ayudas generales para la producción de largometrajes sobre proyecto recibirán, previa 
solicitud, el 50 % de la ayuda otorgada sin necesidad de haber comunicado el Instituto de 
la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, o al organismo autonómico competente, el 
inicio del rodaje del largometraje.
Artículo 9.  Reconocimiento de costes.
Serán reconocidos como coste de la película conforme a lo previsto en la Orden 
ECD/2784/2015, de 18 de diciembre, los gastos subvencionables en que hayan incurrido 
las empresas beneficiarias de las ayudas generales y selectivas a la producción de 
largometrajes sobre proyecto y ayudas a la producción de cortometrajes sobre proyecto, 
concedidas en el ejercicio 2019 y, en su caso, en ejercicios anteriores, que, como 
consecuencia del COVID-19 o de las medidas establecidas para combatirlo, no hayan 
podido aplicarse, total o parcialmente, al proyecto objeto de la subvención percibida.
Artículo 10.  Estreno comercial de una película a través de determinados servicios de 
comunicación o de catálogos de programas.
1.  Hasta el 31 de agosto de 2020, se considerará también estreno comercial de una 
película, sin que esta pierda su condición de película cinematográfica conforme se define 
en el artículo 4.a) de la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, el que se lleve a cabo a través 
de servicios de comunicación audiovisual televisiva, así como de servicios de comunicación 
electrónica que difundan canales de televisión o de servicios de catálogos de programas.
2.  Cuando se realice el estreno a través de alguno de los servicios previstos en el 
apartado anterior, no serán exigibles a las películas que hayan sido beneficiarias de 
ayudas otorgadas por el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales las 
obligaciones establecidas en el artículo 14.1.d) y e), y en el artículo 23.1.d) y e) de la 
Orden CUD/769/2018, de 17 de julio, respecto a las ayudas generales para la producción 
de largometrajes sobre proyecto y ayudas selectivas para la producción de largometrajes 
sobre proyecto, respectivamente; así como en los preceptos correspondientes de las  e.e
resoluciones de convocatoria y concesión. b
Dichas películas deberán cumplir necesariamente con las obligaciones relativas a la  32ww
solic3it.u dM dee dniaacnitoen aolriddeadn  yd edle  Mcainliifsictaroc iódne. Cultura y Deporte se podrá ampliar el plazo
emsetadbidleacsi dsoa neitna reial sa op adreta cdoon t1e ndceiló pnr aedseonpttea daarstí,c puelors, icsutaann deon  lpao fre cchaau sinadsi cdaedriav alimdaitsa cdieo nlaess 
en el normal funcionamiento de la exhibición cinematográfica.
Artículo 11.  Concesión directa de subvenciones para titulares de salas de exhibición 
cinematográfica.
1.  De acuerdo con lo establecido en el artículo 22.2.b) de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, y en el marco de la crisis sanitaria generada por el COVID-19, se establece la 
concesión directa de subvenciones para personas físicas o jurídicas titulares de salas de 
exhibición cinematográfica que figuren en el Registro Administrativo de Empresas 
Cinematográficas del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales.
2.  Estas ayudas irán destinadas a sufragar los gastos que a continuación se 
relacionan realizados por las salas de exhibición cinematográfica en el año 2020 derivados 
de la crisis del COVID-19:
a)  Gastos incidentales generados como consecuencia de las medidas sanitarias 
adoptadas. Entre otros, implementación de un plan de prevención de riesgos para 
trabajadores y público, desinfección, compra de material –mascarillas, guantes, jabón 
desinfectante, mamparas– o señalética específica, entre otros elementos y acciones 
necesarias para la protección y seguridad de las personas.
b)  Campañas orientadas a la reapertura y vuelta del público a los cines.
c)  Actuaciones que permitan aumentar la programación de campañas escolares.
d)  Espacio publicitario para promoción y tráiler de cine español en las salas, así 
como de campañas institucionales.
3.  Se autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia y la concesión de un crédito 
extraordinario en la Sección 24 «Ministerio de Cultura y Deporte», Servicio 01 «Ministerio, 
Subsecretaría y Servicios Generales», Programa 000X «Transferencias internas», 
concepto 419 «Al Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales para la 
creación de un Fondo Social Extraordinario derivado de la crisis del coronavirus COVID-19», 
por importe de 13.252.000 euros.
Su repercusión en el presupuesto del ICAA es la siguiente:
PRESUPUESTO DE INGRESOS:
A)  Aplicación 24.103.400.02 «Del departamento a que está adscrito por necesidades 
excepcionales provocadas por la crisis del COVID-19», 13.252.000 euros.
PRESUPUESTO DE GASTOS:
A)  Aplicación 24.103.335C.475. «Para sufragar los gastos que sean consecuencia de 
las medidas sanitarias de prevención adoptadas, así como los destinados a favorecer la 
visibilidad de la reapertura de los cines», 13.252.000 euros.
La financiación de este crédito extraordinario se realizará de conformidad con el 
artículo 50 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre.
4.  La convocatoria de estas ayudas se efectuará por resolución de la persona titular 
de la Dirección General del Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales, y en 
ella se establecerá el plazo y forma para la presentación de las solicitudes, los requisitos 
exigibles, la forma de justificación de los gastos subvencionados y el importe máximo de 
cada una de las ayudas.
5.  La cuantía máxima de la ayuda vendrá dada por el número de pantallas de que 
disponga cada sala de exhibición, con arreglo a los siguientes criterios: s
a)  8.000 euros para salas con una única pantalla. b
b)  14.000 euros para salas con 2 pantallas. 32ww
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e)  32.000 euros para salas que cuenten con más de 8 pantallas.
6.  Los titulares de las salas de exhibición que deseen acceder a estas ayudas 
deberán cumplir con la cuota de pantalla de obras cinematográficas de Estados miembros 
de la Unión Europea establecida en el artículo 18 de la Ley 55/2007, de 28 de diciembre. 
No obstante, dicha obligación se entenderá cumplida cuando se programen obras de estas 
características en un porcentaje de, al menos el 30 por 100 en el año inmediatamente 
posterior a la recepción de las ayudas.
CAPÍTULO IV
Medidas de apoyo al sector del libro y del arte contemporáneo
Artículo 12.  Sistema de ayudas extraordinarias al sector del libro como consecuencia del 
impacto negativo de la crisis sanitaria del COVID-19.
1.  Se establece, en el ámbito de actuación de la Dirección General del Libro y 
Fomento de la Lectura, un sistema de ayudas extraordinarias al sector del libro, para el 
mantenimiento de sus estructuras y de la cadena de suministro del libro, como 
consecuencia del impacto negativo de la crisis sanitaria del COVID-19. Estas ayudas 
tendrán carácter excepcional y se concederán por una sola vez, con arreglo a las 
siguientes condiciones:
a)  Las  ayudas  se  otorgarán  de  acuerdo  con  los  principios  de  publicidad, 
transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación y mediante el procedimiento de 
concurrencia competitiva, con las especialidades establecidas en la presente disposición 
y en la resolución de convocatoria.
b)  Las ayudas están dirigidas a aquellas situaciones que de manera indubitada 
deriven de la emergencia provocada por el COVID-19, en los términos que se señalen en 
la resolución de convocatoria.
c)  El régimen de justificación vendrá fijado en la resolución de convocatoria.
2.  Podrán solicitar estas ayudas, con carácter general y en los términos establecidos 
en la resolución de convocatoria, las librerías independientes, entendiendo por tales 
aquellos negocios dedicados a la venta de libros que cuenten con uno o dos 
establecimientos, con independencia de su número de empleados o sus cifras de 
facturación, y cuya oferta editorial no esté condicionada por un mayorista o distribuidor, 
sino que las compras serán consecuencia de su decisión autónoma.
Quedarán excluidos aquellos solicitantes que tengan su residencia fiscal en países y 
territorios considerados paraísos fiscales en el Real Decreto 1080/1991, de 5 de julio, por 
el que se determinan los países o territorios a que se refieren los artículos 2.º, apartado 3, 
número 4, de la Ley 17/1991, de 27 de mayo, de Medidas Fiscales Urgentes, y 62 de la 
Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991.
No podrán obtener la condición de beneficiarios las personas o entidades en quienes 
concurra alguna de las prohibiciones previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre.
3.  Corresponderá a la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura dictar 
cuantas  resoluciones  sean  necesarias  para  la  tramitación  y  resolución  de  los 
procedimientos de convocatoria y concesión, así como el pago de las ayudas.
4.  Estas ayudas se regirán por lo dispuesto en este real decreto-ley y en la resolución 
de convocatoria. Solo resultará de aplicación lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de  es
noviembre, y su Reglamento de desarrollo, cuando expresamente se disponga. o
aMpprienlisci5sua.t pceuiróPeinoas  rtddaaeer pli  arFC o2ocu4neltd.du0oer3 ar.d 3 aey3l   4pCDBaoeg.n7pot7io nd7rge tee« l nAapcsyoi uaard  yyaiu msdla paa oscl  roamtne qac eundseteei  ósn4neim.  0drie0eef0 nieu.t0rone0   dc0ere sé etdleaui t raoeor tsseít,cxr uuterlcoant,o u srlradae i  naadapuertlliio ocsr aieezccnait ó oleanrl     2020-4832n https://www.
librero y adaptación de las librerías como consecuencia del impacto negativo de la crisis
sanitaria del COVID-19».
La financiación de este crédito extraordinario se realizará de conformidad con el 
artículo 50 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
6.  Para  dar  cumplimiento  a  lo  anterior  se  realizarán  las  modificaciones 
presupuestarias que resulten necesarias, de conformidad con lo establecido en la 
Ley 47/2003, de 26 de noviembre.
Artículo 13.  Sistema de ayudas extraordinarias al arte contemporáneo español como 
consecuencia del impacto negativo de la crisis sanitaria del COVID-19.
1.  Se establece, en el ámbito de actuación de la Dirección General de Bellas Artes, 
un sistema de ayudas extraordinarias al arte contemporáneo español como consecuencia 
del impacto negativo de la crisis sanitaria del COVID-19.
Las ayudas se articularán a través de las siguientes líneas, incluidas en el ámbito de 
actuación de la Dirección General de Bellas Artes:
a)  Ayudas para la promoción del arte contemporáneo español.
b)  Adquisición específica de arte contemporáneo español.
2.  Las ayudas para la promoción del arte contemporáneo español se concederán con 
arreglo a las siguientes condiciones:
a)  Las  ayudas  se  otorgarán  de  acuerdo  con  los  principios  de  publicidad, 
transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación y mediante el procedimiento de 
concurrencia competitiva, con las especialidades establecidas en la presente disposición 
y en la resolución de convocatoria.
b)  La valoración de las solicitudes se realizará de acuerdo con los términos fijados en 
la resolución de convocatoria. Las ayudas contemplarán aquellas situaciones que de manera 
indubitada deriven de las consecuencias para el sector provocadas por el COVID-19, en los 
términos que se señalen en la resolución de convocatoria.
c)  El régimen de justificación vendrá fijado en la resolución de convocatoria.
3.  Las ayudas para la promoción del arte contemporáneo español podrán solicitarlas 
con carácter general y en los términos establecidos en la resolución de convocatoria, las 
galerías de arte con sede en territorio español o los artistas visuales, críticos y comisarios 
residentes en dicho territorio.
Quedarán excluidos aquellos solicitantes que tengan su residencia fiscal en países y 
territorios considerados paraísos fiscales en el Real Decreto 1080/1991, de 5 de julio, por 
el que se determinan los países o territorios a que se refieren los artículos 2.º, apartado 3, 
número 4, de la Ley 17/1991, de 27 de mayo, de Medidas Fiscales Urgentes, y 62 de la 
Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991.
No podrán obtener la condición de beneficiarios las personas o entidades en quienes 
concurra alguna de las prohibiciones previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre.
4.  Corresponderá a la Dirección General de Bellas Artes dictar cuantas resoluciones 
sean necesarias para la tramitación y resolución de los procedimientos de convocatoria y 
concesión, así como el pago de las ayudas.
5.  En defecto de lo previsto en este real decreto-ley, será de aplicación supletoria a 
estas ayudas lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en su Reglamento de 
desarrollo.
6.  Para proceder al pago de las ayudas a que se refiere este artículo, se autoriza la  e.
aplicación del Fondo de Contingencia en el Presupuesto del Ministerio de Cultura y  w.b
Deporte por importe de 1.000.000 euros, y la autorización de las siguientes modificaciones  32ww
ppraersaau )lpa u pSersoutmpalreoiamcsióe:nn tdoe dl ea rcteré cdoitnot eemnp loar áanpelicoa ecsiópna ñporel»s uppour eimstpaorirate 2 d4e.0 550.303.030B0. 4e7u1r o«sA.yudas  OE-A-2020-48able en https://
b)  Crédito extraordinario en la aplicación presupuestaria 24.05.337C.625 «adquisición 
de obras de arte contemporáneo español para las Colecciones Públicas del Estado a 
galerías de arte y a creadores, con residencia fiscal en España» por importe de 500.000 euros.
La financiación de estas modificaciones presupuestarias se realizará de conformidad 
con el artículo 50 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
7.  Para  dar  cumplimiento  a  lo  anterior  se  realizarán  las  modificaciones 
presupuestarias que resulten necesarias, de conformidad con lo establecido en la 
Ley 47/2003, de 26 de noviembre.
CAPÍTULO V
Otras medidas
Artículo 14.  Actividades culturales subvencionadas que hayan resultado canceladas 
como consecuencia del COVID-19.
Serán abonados a los beneficiarios de subvenciones y ayudas públicas otorgadas para 
la  realización  de  actividades,  objetivos  o  proyectos  culturales  aquellos  gastos 
subvencionables debidamente acreditados y no recuperables en los que hayan incurrido 
para la realización del objetivo, proyecto o actividad subvencionados, cuando estos no 
hayan podido llevarse a cabo, total o parcialmente, como consecuencia de las medidas 
previstas en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de 
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y sus 
prórrogas o de aquellas que se adopten por las autoridades competentes para hacer frente 
a la crisis sanitaria del COVID-19
Artículo 15.  Ayudas convocadas por el Consejo Superior de Deportes.
En caso de que, como consecuencia del COVID-19 o de las medidas sanitarias o de 
contención adoptadas al respecto, tenga lugar la cancelación de competiciones deportivas, 
susceptibles de determinar los resultados por los que se conceden becas o ayudas 
públicas a los deportistas en convocatorias tramitadas por el Consejo Superior de 
Deportes, quedarán prorrogadas las becas y ayudas por resultados deportivos obtenidas 
en el ejercicio inmediatamente precedente.
Disposición adicional primera.  Garantía del Estado para obras de interés cultural.
1.  De acuerdo con lo establecido en el apartado 3 de la Disposición adicional novena 
de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, durante el 
ejercicio 2020, el importe total acumulado, en todo momento, de los compromisos 
otorgados por el Estado respecto a todas las obras o conjuntos de obras cedidas 
temporalmente para su exhibición en instituciones de competencia exclusiva del Ministerio 
de Cultura y Deporte, y sus Organismos públicos adscritos no podrá exceder de 2.250.000 
miles de euros. Se excluirá del cómputo de dicho importe máximo la cuantía contemplada 
en el apartado 2 de esta disposición adicional.
El límite máximo de los compromisos específicos que se otorguen por primera vez en 
el año 2020 para obras o conjuntos de obras destinadas a su exhibición en una misma 
exposición será de 231.000 miles de euros. Una vez devueltas las obras a los cedentes y 
acreditado por los responsables de las exposiciones el término de la Garantía otorgada sin  e.
incidencia alguna, las cantidades comprometidas dejarán de estarlo y podrán ser de nuevo  w.b
otorgadas a una nueva exposición. 32ww
de eEuxrcoesp pcoior nAaclmueerndtoe  deeslt eC loímnsiteej om dáex imMoin ipsotrdorsá  ae lpervoaprsuee sptoar  deen claim Vaic deep rloess i2d3e1n.t0a0 T0e mrcieleras 
dMeinl Gistoebriieor dneo  Cy uMltiunrisat rya  Ddeep Aosrtuen.tos Económicos y Transformación Digital, por iniciativa del
El importe máximo comprometido en una obra, a efectos de su cobertura por la 
Garantía del Estado, no podrá superar los 100.000 miles de euros.
2.  El límite máximo de los compromisos específicos que se otorguen a la Fundación 
Colección Thyssen-Bornemisza respecto a las obras destinadas a su exhibición en las 
sedes de la Fundación ubicadas en España en relación con el «Contrato de Préstamo de 
Obras de arte entre de una parte la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza y de otra 
Omicron Collections Limited, Nautilus Trustees Limited, Coraldale Navigation Incorporated, 
Imiberia Anstalt, y la Baronesa Carmen Thyssen-Bornemisza», para el año 2020 será de 
500.000 miles de euros.
3.  En el año 2020 también será de aplicación la Garantía del Estado a las 
exposiciones organizadas por el Ministerio de Cultura y Deporte, por el Consejo de 
Administración de Patrimonio Nacional, y por «Sociedad Estatal de Acción Cultural S.A. 
(AC/E)» siempre y cuando se celebren en instituciones de las que la Administración 
General del Estado sea titular. Asimismo, la Garantía del Estado será de aplicación a las 
exposiciones organizadas por la Fundación Lázaro Galdiano en la sede de su Museo.
Disposición adicional segunda.  Beneficios fiscales aplicables al «Plan Berlanga».
1.  El «Plan Berlanga» tendrá la consideración de acontecimiento de excepcional 
interés público a efectos de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 49/2002, de 23 de 
diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales 
al mecenazgo.
2.  La duración del programa de apoyo a este acontecimiento será desde el 1 de abril 
de 2020 hasta el 31 de marzo de 2023.
3.  La certificación de la adecuación de los gastos realizados a los objetivos y planes 
del programa se efectuará en conformidad con lo dispuesto en la citada Ley 49/2002, de 
23 de diciembre.
4.  Las actuaciones a realizar serán las que aseguren el adecuado desarrollo del 
acontecimiento. El desarrollo y concreción en planes y programas de actividades 
específicas se realizará por el órgano competente en conformidad con lo dispuesto en la 
Ley 49/2002, de 23 de diciembre.
5.  Los beneficios fiscales de este programa serán los máximos establecidos en el 
artículo 27.3 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre.
Disposición adicional tercera.  Beneficios fiscales aplicables al Programa «Alicante 2021. 
Salida Vuelta al Mundo a Vela».
1.  El programa «Alicante 2021. Salida Vuelta al Mundo a Vela» tendrá la consideración 
de acontecimiento de excepcional interés público a los efectos de lo dispuesto en el 
artículo 27 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin 
fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
2.  La duración del programa de apoyo a este acontecimiento abarcará desde la fecha 
de entrada en vigor de este real decreto-ley hasta el 31 de diciembre de 2022.
3.  La certificación de la adecuación de los gastos realizados a los objetivos y planes 
del programa se efectuará en conformidad con lo dispuesto en la citada Ley 49/2002, de 
23 de diciembre.
4.  Las actuaciones a realizar serán las que aseguren el adecuado desarrollo del 
acontecimiento. El desarrollo y concreción en planes y programas de actividades 
específicas se realizará por el órgano competente de conformidad con lo dispuesto en la  e.e
citada Ley 49/2002, de 23 de diciembre. b
5.  Los beneficios fiscales de este programa serán los máximos establecidos en el  32ww
artículo 27.3 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre.
Disposición adicional cuarta.  Beneficios fiscales aplicables al evento «España País 
Invitado de Honor en la Feria del Libro de Fráncfort en 2021».
1.  La celebración del evento «España País Invitado de Honor en la Feria del Libro de 
Fráncfort en 2021» tendrá la consideración de acontecimiento de excepcional interés 
público a los efectos de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 49/2002, de 23 de 
diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales 
al mecenazgo.
2.  La duración del programa de apoyo a este acontecimiento abarcará desde la fecha 
de entrada en vigor de este real decreto-ley hasta el 30 de noviembre de 2021.
3.  La certificación de la adecuación de los gastos realizados a los objetivos y planes 
del programa se efectuará en conformidad con lo dispuesto en la citada Ley 49/2002, 
de 23 de diciembre.
4.  Las actuaciones a realizar serán las que aseguren el adecuado desarrollo del 
acontecimiento. El desarrollo y concreción en planes y programas de actividades 
específicas se realizará por el órgano competente en conformidad con lo dispuesto en la 
citada Ley 49/2002, de 23 de diciembre.
5.  Los beneficios fiscales de este programa serán los máximos establecidos en el 
artículo 27.3 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre.
Disposición adicional quinta.  Beneficios fiscales aplicables a la celebración del «Plan de 
Fomento de la ópera en la Calle del Teatro Real».
Uno.  El «Plan de Fomento de la ópera en la calle del Teatro Real» que se celebrará 
durante las temporadas artísticas 2020/2021, 2021/2022 y 2022/2023, tendrá la 
consideración de acontecimiento de excepcional interés público a los efectos de lo 
dispuesto en el artículo 27 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las 
entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
Dos.  La duración del programa de apoyo a este acontecimiento abarcará desde el 1 
de julio de 2020 hasta el 30 de junio de 2023.
Tres.  La certificación de la adecuación de los gastos realizados a los objetivos y 
planes del programa se efectuará en conformidad con lo dispuesto en la citada Ley 
49/2002, de 23 de diciembre.
Cuatro.  Las actuaciones a realizar serán las que aseguren el adecuado desarrollo del 
acontecimiento. El desarrollo y concreción en planes y programas de actividades 
específicas se realizará por el órgano competente de conformidad con lo dispuesto en la 
citada Ley 49/2002, de 23 de diciembre.
Cinco.  Los beneficios fiscales de este programa serán los máximos establecidos en 
el artículo 27.3 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre.
Disposición adicional sexta.  Beneficios fiscales aplicables al acontecimiento «175 
Aniversario de la construcción del Gran Teatre del Liceu».
Uno.  La celebración del «175 Aniversario de la construcción del Gran Teatre del 
Liceu» tendrá la consideración de acontecimiento de excepcional interés público a los 
efectos de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen 
fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
Dos.  La duración del programa de apoyo a este acontecimiento abarcará desde el 1 
de diciembre de 2020 hasta el 30 de noviembre de 2023. es
Tres.  La certificación de la adecuación de los gastos realizados a los objetivos y  o
planes del programa se efectuará de conformidad con lo dispuesto en la citada  32www.
Laeescpoy enC4ctu9eífa/ci2ctir0mao0s.i2  es,n eLdt aoeres.  2 aaE3lci zl tdauderae ácds iipoaconirerre mosel blla oró  errye.g aaclniozoan rcc osreemcrápiónen tlea nest neq  udpeel a acnsoeensgf uoyrre mpnir deoalg dar dacemocnau slao d ddoei sd peausceatsirvrtooidl laeodn d eelasl    OE-A-2020-48able en https://
citada Ley 49/2002, de 23 de diciembre.
Cinco.  Los beneficios fiscales de este programa serán los máximos establecidos en 
el artículo 27.3 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre.
Disposición adicional séptima.  Función social de las entidades de gestión de derechos 
de propiedad intelectual.
Durante un plazo de dos años a partir de la entrada en vigor del presente real decreto-
ley no serán de aplicación los porcentajes mínimos previstos en el artículo 177.6 del texto 
refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, 
de 12 de abril, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes 
sobre la materia. Durante dicho periodo de tiempo, la asamblea general de una entidad de 
gestión de derechos de propiedad intelectual podrá modificar dichos porcentajes con el fin 
de incrementar aquellos destinados a la realización de actividades asistenciales a favor de 
los miembros de la entidad.
Disposición adicional octava.  Continuación e inicio de los procedimientos de contratación 
celebrados por entidades del Sector Público durante la vigencia del estado de alarma.
A los efectos previstos en el apartado 4 de la disposición adicional tercera del Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, desde la entrada en 
vigor del presente real decreto-ley se acuerda el levantamiento de la suspensión de los 
términos e interrupción de los plazos de los procedimientos de contratación promovidos 
por entidades pertenecientes al Sector Público, en el sentido definido en el artículo 3 de la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen 
al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, siempre y cuando su 
tramitación se realice por medios electrónicos.
Lo dispuesto en el párrafo anterior permitirá igualmente el inicio de nuevos procedimientos 
de contratación cuya tramitación se lleve a cabo también por medios electrónicos.
Esta medida se extenderá a los recursos especiales que procedan en ambos casos.
Disposición final primera.  Modificación de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del 
Impuesto sobre Sociedades.
Con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2020, 
se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 36 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del 
Impuesto sobre Sociedades, que quedan redactados de la siguiente forma:
«1.  Las  inversiones  en  producciones  españolas  de  largometrajes  y 
cortometrajes cinematográficos y de series audiovisuales de ficción, animación o 
documental, que permitan la confección de un soporte físico previo a su producción 
industrial seriada darán derecho al productor a una deducción:
a)  Del 30 por ciento respecto del primer millón de base de la deducción.
b)  Del 25 por ciento sobre el exceso de dicho importe.
La base de la deducción estará constituida por el coste total de la producción, 
así como por los gastos para la obtención de copias y los gastos de publicidad y 
promoción a cargo del productor hasta el límite para ambos del 40 por ciento del  es
coste de producción. bo
Al menos el 50 por ciento de la base de la deducción deberá corresponderse  32ww
csoen d EEgelnat ei smertmolp ssionu rratpeeruaá delnizes,a t poeda sodrtsaae    edcunaen ddateau cr crcociotpioóprrnorioo dn dueoucs ccpptioaoódñrn,ro ,áe ll. nos sef urim nscupióponert redioser   ssaeu ñ1 ra0el asmpdieollocsnt ievenos   epdsoetr eec euanrpotaasrj.eta ddoe   OE-A-2020-48able en https://
participación en aquella.
Para la aplicación de la deducción, será necesario el cumplimiento de los 
siguientes requisitos:
a’)  Que la producción obtenga el correspondiente certificado de nacionalidad y 
el certificado que acredite el carácter cultural en relación con su contenido, su 
vinculación con la realidad cultural española o su contribución al enriquecimiento de 
la diversidad cultural de las obras cinematográficas que se exhiben en España, 
emitidos por el Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, o por el 
órgano correspondiente de la Comunidad Autónoma con competencia en la materia.
b’)  Que se entregue una copia nueva y en perfecto estado de la producción en 
la Filmoteca Española o la filmoteca oficialmente reconocida por la respectiva 
Comunidad Autónoma.
La deducción prevista en este apartado se generará en cada período impositivo 
por el coste de producción incurrido en el mismo, si bien se aplicará a partir del 
período impositivo en el que finalice la producción de la obra.
No obstante, en el supuesto de producciones de animación, la deducción 
prevista en este apartado se aplicará a partir del período impositivo en que se 
obtenga el certificado de nacionalidad señalado en la letra a’) anterior.
La base de la deducción se minorará en el importe de las subvenciones recibidas 
para financiar las inversiones que generan derecho a deducción.
El importe de esta deducción, conjuntamente con el resto de ayudas percibidas, 
no podrá superar el 50 por ciento del coste de producción. No obstante, dicho límite 
se elevará hasta:
a’’)  El 85 por ciento para los cortometrajes.
b’’)  El 80 por ciento para las producciones dirigidas por una persona que no 
haya dirigido o codirigido más de dos largometrajes calificados para su explotación 
comercial en salas de exhibición cinematográfica, cuyo presupuesto de producción 
no supere 1.500.000 de euros.
c’’)  El 80 por ciento en el caso de las producciones rodadas íntegramente en 
alguna de las lenguas cooficiales distintas al castellano que se proyecten en España 
en dicho idioma cooficial o subtitulado.
d’’)  El 80 por ciento en el caso de producciones dirigidas exclusivamente por 
personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento reconocido 
por el órgano competente.
e’’)  El 75 por ciento en el caso de producciones realizadas exclusivamente por 
directoras.
f’’)  El 75 por ciento en el caso de producciones con un especial valor cultural y 
artístico que necesiten un apoyo excepcional de financiación según los criterios que 
se establezcan mediante Orden Ministerial o en las correspondientes convocatorias 
de ayudas.
g’’)  El 75 por ciento en el caso de los documentales.
h’’)  El 75 por ciento en el caso de las obras de animación cuyo presupuesto de 
producción no supere 2.500.000 de euros.
i’’)  El 60 por ciento en el caso de producciones transfronterizas financiadas por 
más de un Estado miembro de la Unión Europea y en las que participen productores 
de más de un Estado miembro.
j’’)  El 60 por ciento en el caso de coproducciones internacionales con países 
iberoamericanos. e.e
2.  Los productores registrados en el Registro Administrativo de Empresas  32ww
Cscienin eeemmnacatatoorgggrurááeffincico adsse o d  ldeael  I enojsbetrciatuustc oaió udnde i odlave iC suuinnaealem spa qrtooudgeur pacefcíraimó yni t daeenx  lltaarsa c nAojnretfereasc  cAdiuóedn li aodvregi suounma sleeotspr aoqjruetees    OE-A-2020-48able en https://
físico previo a su producción industrial seriada tendrán derecho a una deducción por 
los gastos realizados en territorio español:
a)  Del 30 por ciento respecto del primer millón de base de la deducción.
b)  Del 25 por ciento sobre el exceso de dicho importe.
La deducción se aplicará siempre que tales gastos sean, al menos, de 1 millón 
de euros. No obstante, para los gastos de preproducción y postproducción 
destinados a animación y efectos visuales realizados en territorio español, el límite 
se establece en 200.000 euros.
La base de la deducción estará constituida por los siguientes gastos realizados 
en territorio español directamente relacionados con la producción:
1.º  Los gastos de personal creativo, siempre que tenga residencia fiscal en 
España o en algún Estado miembro del Espacio Económico Europeo, con el límite 
de 100.000 euros por persona.
2.º  Los gastos derivados de la utilización de industrias técnicas y otros 
proveedores.
El importe de esta deducción no podrá ser superior a 10 millones de euros, por 
cada producción realizada.
La deducción prevista en este apartado queda excluida del límite a que se 
refiere el último párrafo del apartado 1 del artículo 39 de esta Ley. A efectos del 
cálculo de dicho límite no se computará esta deducción.
El importe de esta deducción, conjuntamente con el resto de ayudas percibidas por 
la empresa contribuyente, no podrá superar el 50 por ciento del coste de producción.
Reglamentariamente se podrán establecer los requisitos y obligaciones para 
tener derecho a la práctica de esta deducción.»
Disposición final segunda.  Modificación de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de 
régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al 
mecenazgo.
Con efectos desde el 1 de enero de 2020, se modifica el apartado 1 del artículo 19 de 
la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos 
y de los incentivos fiscales al mecenazgo, que queda redactado de la siguiente manera:
«1.  Los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
tendrán derecho a deducir de la cuota íntegra el resultado de aplicar a la base de la 
deducción correspondiente al conjunto de donativos, donaciones y aportaciones con 
derecho a deducción, determinada según lo dispuesto en el artículo 18 de esta Ley, 
la siguiente escala:
Base de deducción Importe hasta Porcentaje de deducción
150 euros. 80
Resto base de deducción. 35
Si en los dos períodos impositivos inmediatos anteriores se hubieran realizado 
donativos, donaciones o aportaciones con derecho a deducción en favor de una  e.
misma entidad por importe igual o superior, en cada uno de ellos, al del ejercicio  w.b
anterior, el porcentaje de deducción aplicable a la base de la deducción en favor de  32ww
esa misma entidad que exceda de 150 euros, será el 40 por ciento.»
Disposición final tercera.  Modificación del apartado 2 de la disposición final primera del 
Real Decreto-ley 3/2017, de 17 de febrero, para ampliar la duración del «Programa de 
preparación de los deportistas españoles de los Juegos de Tokio 2020».
Se modifica el apartado 2 de la disposición final primera del Real Decreto-ley 3/2017, 
de 17 de febrero, por el que se modifica la Ley Orgánica 3/2013, de 20 de junio, de 
protección de la salud del deportista y lucha contra el dopaje en la actividad deportiva, y se 
adapta a las modificaciones introducidas por el Código Mundial Antidopaje de 2015, que 
queda redactado de la siguiente forma:
«2.  La duración de este programa abarcará de 1 de enero de 2017 a 31 de 
diciembre de 2021.»
Disposición final cuarta.  Modificación del apartado dos de la disposición adicional 
sexagésima cuarta de la Ley 3/2017, de 27 de junio, para ampliar la duración del 
apoyo al acontecimiento «V Centenario de la expedición de la primera vuelta al mundo 
de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano».
Se modifica el apartado dos de la disposición adicional sexagésima cuarta de la 
Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, que 
queda redactado de la siguiente forma:
«Dos.  La duración del programa de apoyo a este acontecimiento abarcará 
desde el 8 de mayo de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2022.»
Disposición final quinta.  Modificación del apartado dos de la disposición adicional 
septuagésima sexta y del apartado dos de la disposición adicional octogésima séptima 
de la Ley 6/2018, de 3 de julio, para ampliar la duración del apoyo a los acontecimientos 
«Andalucía Valderrama Masters» y «Año Santo Jacobeo 2021».
Se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 6/2018, de 3 de julio, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018:
Uno.  Se modifica el apartado dos de la disposición adicional septuagésima sexta, 
que queda redactado de la siguiente forma:
«Dos.  La duración del programa de apoyo será desde el 1 de julio de 2018 
hasta el 31 de diciembre de 2021.»
Dos.  Se modifica al apartado dos de la disposición adicional octogésima séptima, 
que queda redactado de la siguiente forma:
«Dos.  La duración del programa de apoyo será desde el 1 de octubre de 2018 
hasta el 30 de septiembre de 2022.»
Disposición final sexta.  Modificación de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades.
Se modifica el párrafo b) del apartado 3 del artículo 81 de la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre, de Universidades, que queda redactado como sigue:
«b)  Los ingresos por los precios públicos por servicios académicos y demás  e.
derechos que legalmente se establezcan. En el caso de estudios conducentes a la  w.
obtención de títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, los  32ww
pmráexciimoso psú qbulieco ess yta dbelerezcchao lsa  loCso fnijfaerráe lnac Ciao Gmeunneidraadl  dAeu tPónoolítmicaa,  dUennivtreor sdieta lroias,  líym qituees 
estarán relacionados con los costes de prestación del servicio.
Asimismo, se consignarán las compensaciones correspondientes a los importes 
derivados de las exenciones y reducciones que legalmente se dispongan en materia 
de precios públicos y demás derechos.»
Disposición final séptima.  Modificación del artículo 26 del Real Decreto-ley 15/2020, de 21 
de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo.
Se modifica el párrafo segundo del apartado 4 del artículo 26 del Real Decreto-ley 
15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía 
y el empleo, que queda redactado de la siguiente forma:
«Formarán parte del patronato, en los términos previstos en los Estatutos, entre 
otros, la Real Federación Española de Fútbol, La Liga de Fútbol Profesional 
(‘‘LaLiga’’). También serán parte del patronato una representación de las 
Federaciones deportivas españolas y competiciones oficiales y no oficiales, en los 
términos que prevean los estatutos.»
Disposición final octava.  Modificación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE, de 26 de febrero de 2014.
Se da nueva redacción a los apartados 2 y 3 del artículo 33 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público por la que se transponen al ordenamiento 
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE, de 26 
de febrero de 2014, quedando redactados como sigue:
«2.  Tendrán la consideración de medio propio personificado respecto de una 
entidad perteneciente al Sector Público que no tenga la consideración de poder 
adjudicador, aquellas personas jurídicas, de derecho público o de derecho privado, 
que cumplan todos y cada uno de los requisitos siguientes:
a)  Que el ente que hace el encargo ostente control, directo o indirecto, en el 
sentido del artículo 32.2.a), primer y segundo párrafos de esta Ley, sobre el ente 
destinatario del mismo.
b)  Que la totalidad del capital social o patrimonio del ente destinatario del 
encargo sea de titularidad pública.
c)  Que más del 80 por ciento de las actividades del ente destinatario del 
encargo se lleven a cabo en el ejercicio de los cometidos que le han sido confiados 
por la entidad que realiza el encargo y que lo controla o por otras personas jurídicas 
controladas del mismo modo por la entidad que realiza el encargo.
El cumplimiento efectivo del requisito establecido en la presente letra deberá 
quedar reflejado en la Memoria integrante de las Cuentas Anuales del ente 
destinatario del encargo y, en consecuencia, ser objeto de verificación por el auditor 
de cuentas en la realización de la auditoría de dichas cuentas anuales de 
conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas.
3.  El apartado 2 del presente artículo también se aplicará en los casos en que 
una entidad del Sector Público estatal realice un encargo a otra del mismo sector, 
siempre que la entidad que realiza el encargo y la que lo reciba estén controladas, 
directa o indirectamente, por la misma entidad de dicho sector y, además, la totalidad  es
del capital social o patrimonio de la entidad destinataria del encargo sea de  bo
titularidad pública. En este supuesto, el requisito del apartado 2.c) anterior, cuya  32ww
apceocnormtrei derdaetitidfdae ocrqiseóu nnqec u diceaeo  lbaene lt hrrocáaol yarnae jndfule inrsjetaidocro stad ec e ooe n naif ncialtadidv irofioedsrca mptdaoaemr s dle aiqns eputenue te tidsasaetnad t oh eq anaug  eéal alnr,e   seaeenlni zte iaden alet edle n ejqednuercceraiá cr rgiceooua ,md lipezpoa lril do eloasl     OE-A-2020-48able en https://
encargo como a la que lo recibe, así como por cualquier otra entidad también
controlada directa o indirectamente por la anterior. En estos casos, la compensación 
a percibir por la entidad que reciba el encargo deberá ser aprobada por la entidad 
pública que controla a la entidad que realiza el encargo y a la que lo recibe, debiendo 
adecuarse dicha compensación y las demás condiciones del encargo a las generales 
del mercado de forma que no se distorsione la libre competencia.
La posibilidad que establece el párrafo anterior también podrá ser utilizada por 
las Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas dentro de cada uno sus 
respectivos sectores públicos.»
Disposición final novena.  Modificación del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de 
medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del 
COVID-19.
El Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para 
hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, queda modificado con efectos 
desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, en los términos 
siguientes:
Uno.  Se añade un párrafo final al apartado 1 del artículo 34, con la siguiente redacción:
«En los contratos de servicios y de suministros de prestación sucesiva que 
hayan quedado suspendidos conforme a lo previsto en este apartado, el órgano de 
contratación podrá conceder a instancia del contratista un anticipo a cuenta del 
importe estimado de la indemnización que corresponda. El abono del anticipo podrá 
realizarse en un solo pago o mediante pagos periódicos. Posteriormente, el importe 
anticipado se descontará de la liquidación del contrato. El órgano de contratación 
podrá exigir para efectuar el anticipo que el mismo se asegure mediante cualquiera 
de las formas de garantía previstas en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público.».
Dos.  Se modifica el último párrafo del apartado 4 del artículo 34, que queda redactado 
del siguiente modo:
«La aplicación de lo dispuesto en este apartado solo procederá cuando el 
órgano de contratación, a instancia del contratista, hubiera apreciado la imposibilidad 
de ejecución del contrato como consecuencia de la situación descrita en su primer 
párrafo y únicamente respecto de la parte del contrato afectada por dicha 
imposibilidad.»
Tres.  Se añade un párrafo final al apartado 7 del artículo 34, con el siguiente literal:
«También tendrán la consideración de “contratos públicos” los contratos de 
obras,  los  contratos  de  servicios  o  consultorías  y  asistencias  que  sean 
complementarios a un contrato de obras principal y necesarios para la correcta 
realización de la prestación, así como los contratos de concesión, ya sean de obras 
o de servicios, incluidos los contratos de gestión de servicios públicos; celebrados 
por las entidades pertenecientes al Sector Público en el sentido definido en el 
artículo 3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre; siempre que estén vigentes a la 
entrada en vigor de este real decreto ley y cualquiera que sea la normativa de 
contratación pública a la que estén sujetos con arreglo al pliego. En estos contratos,  s
no resultará de aplicación a las suspensiones a que se refiere el presente artículo,  e.
además de las disposiciones señaladas en sus apartados 1 y 3, lo dispuesto en los  w.
artículos relativos a indemnizaciones por suspensiones de contratos en la normativa  32ww
dneo vcieomntbrareta, cqióune  psúebal iacap liacnatbeleri oar  alol sR meaisl mDoesc,r entio a Lqeugeilslalast iivnod e3m/2n0i1z1a,c idoen e1s4  pdoer 
scuosnptreantasicóiónn p rpeúvbislitcaas  eenn  llooss  pseliecgtoorse sd ed eclo natgrautao,s l ae ne neel rágmíab,i tloo sd etr alan snpoormrteasti vya  ldoes   BOE-A-cable e
servicios postales.»
Disposición final décima.  Cláusula de salvaguardia para modificaciones de norma de 
inferior rango.
Se mantiene el rango de las normas modificadas por este real decreto-ley cuando las 
mismas sean de rango inferior.
Disposición final undécima.  Título competencial.
Este real decreto-ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.2 de la 
Constitución Española, que dispone que, sin perjuicio de las competencias que podrán 
asumir las Comunidades Autónomas, el Estado considerará el servicio de la cultura como 
deber y atribución esencial; y además por los títulos competenciales previstos en el 
artículo 149.1.1.ª, 13.ª, 14.ª, 17.ª, 18.ª y 30.ª de la Constitución, que atribuyen al Estado la 
competencia en materia de regulación de las condiciones básicas que garanticen la 
igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los 
deberes constitucionales; bases y coordinación de la planificación general de la actividad 
económica; Hacienda general y Deuda del Estado; legislación básica y régimen económico 
de la Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las Comunidades 
Autónomas; legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas; y regulación 
de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y 
profesionales y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución.
Disposición final duodécima.  Desarrollo reglamentario y ejecución.
Se habilita al Gobierno y a las personas titulares de los departamentos ministeriales, 
en el ámbito de sus competencias, a dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el 
desarrollo y ejecución de lo dispuesto en este real decreto-ley.
Disposición final decimotercera.  Entrada en vigor.
El presente real decreto-ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 5 de mayo de 2020.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN