BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 235 Viernes 1 de octubre de 2021 Sec. III.   Pág. 121129
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030
16021 Orden DSA/1045/2021, de 28 de septiembre, por la que se establecen las 
bases  reguladoras  para  la  concesión  de  subvenciones  destinadas  a 
entidades de protección animal.
La presente orden tiene por objeto establecer las bases reguladoras de las ayudas a 
conceder en régimen de concurrencia competitiva para la financiación a las entidades de 
protección animal, las cuales se nutren en su mayor parte de donaciones particulares, 
ostensiblemente reducidas en el último año por la situación general de emergencia 
sanitaria.
Al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, a través de la Dirección General 
de Derechos de los Animales, adscrita a la Subsecretaría de Derechos Sociales y 
Agenda  2030,  le  corresponde  la  formulación  de  las  políticas  del  Departamento  en 
materia de protección de los derechos de los animales, sin perjuicio de las competencias 
atribuidas  a  otros  órganos,  así  como  la  coordinación  tanto  con  las  comunidades 
autónomas y entidades locales, como con los agentes sociales y la sociedad civil para 
que se reconozcan y se respeten los derechos de los animales y su protección, de 
conformidad con lo establecido en el Real Decreto 452/2020, de 10 de marzo, por el que 
se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 
2030, y se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la 
estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.
El artículo 1 del Convenio Europeo sobre protección de animales de compañía, 
hecho en Estrasburgo el 13 de noviembre de 1987, y firmado por España el 9 de octubre 
de 2015 entiende por refugio para animales aquel establecimiento que, sin finalidad 
lucrativa, pueda acoger animales de compañía en número considerable.
Esa ausencia de ánimo de lucro implica que el total de sus ingresos se dedica al 
mantenimiento, salvaguarda y cuidado de los animales que tienen en custodia, por lo 
que la imposibilidad de continuar con las tramitaciones de adopción y acogidas por parte 
de las entidades, debido a las medidas de confinamiento y cierres de los centros y 
refugios de protección animal, han generado una preocupante saturación en multitud de 
centros de protección y la imposibilidad de equilibrar la entrada de animales y la salida 
en  adopción,  suponiendo  un  incremento  muy  acusado  de  los  animales  que  dichas 
entidades custodian.
Es necesario recordar que la responsabilidad de la gestión, cuidado y salvaguarda de 
animales en situación de abandono pertenece a las Administraciones Públicas y son las 
entidades de protección animal las que suplen en muchas ocasiones dicha gestión, 
asumiendo los costes y el mantenimiento de los animales.
Por todo ello, se entienden necesarias las ayudas a un sector y un colectivo que 
realiza una tarea de cuidados de animales de manera altruista con implicaciones en la 
sanidad  pública,  en  la  medida  en  que  su  actuación  coadyuva  a  la  labor  de  las 
Administraciones Públicas en la lucha y contra las enfermedades de transmisión animal, 
cuyo impacto en el ser humano, la economía y la salud pública ha quedado tristemente 
demostrada durante la pandemia del COVID-19. s
Las  Administraciones  Públicas,  en  la  actualidad,  no  podrían  asumir  una  tarea  oe.
aaeennnstiitmmriduaaaclltdeeuessrsa   edaqnabu  aeesn indtdu eoea nlmc asióaednnco etsdor aery   d adeelet nrslua aisdsm eteapsn aartermidoaap liedaznearo snu   duanen a la opc  arifolcratateri vgcaiocdn iaóuddnae  lil an qngtueiemernr iattseolu; r dpidoeea  rdceaous  ilpdoqaasuñ deodo los  yosd cngei ee mnusittnlioeó ssnt o  lmdtaaesill     2021-16021n https://www.
estimado en torno a los diez millones de animales de compañía existentes en nuestro
país y algo más de ocho millones registrados reglamentariamente. Bc
La presente orden ministerial tiene como finalidad aprobar las bases reguladoras 
para otorgar ayudas destinadas a fomentar la protección de los animales domésticos y 
de compañía en todo el territorio nacional, que realizan las entidades de protección 
animal, siendo las diferentes convocatorias anuales las que establecerán en cada caso 
las  actividades  o  gastos  objeto  de  las  mismas,  siempre  que  estén  directamente 
relacionados con el cuidado de los animales.
Las presentes ayudas se otorgarán en régimen de concurrencia competitiva, de 
acuerdo con lo establecido en el capítulo II del título I de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones.
La financiación de las presentes ayudas corresponde a la Administración General del 
Estado.
Con el objeto de asegurar que la medida responde de forma eficaz a las especiales 
circunstancias que pretende paliar, y considerando que dicha eficacia solo es posible si 
la medida se pone en marcha con carácter urgente, se establece la gestión centralizada 
de  las  ayudas,  de  forma  que  la  solicitud  podrá  realizarse  al  día  siguiente  de  la 
publicación de la convocatoria.
Asimismo,  dada  la  desigual  implantación  en  el  territorio  de  este  sector  tan 
heterogéneo, con Entidades de protección de distinto alcance y ámbito funcional, la 
gestión centralizada se perfila como la única forma de gestión que garantiza idénticas 
posibilidades de obtención y disfrute por parte de sus potenciales destinatarios en todo el 
territorio  nacional,  mediante  el  establecimiento  de  unos  criterios  uniformes  para  el 
acceso a las ayudas, fundamentales en este supuesto en el que las ayudas no se 
encuentran compartimentadas, sino que se extienden al conjunto de España, dada la 
existencia de entidades de protección animal que actúan, no solo en el ámbito de una 
comunidad autónoma sino también de ámbito nacional e interterritorial, evitando al propio 
tiempo  sobrepasar  los  importes  máximos  de  ayudas  establecidos  en  esta  orden 
ministerial. Todo ello sin perjuicio de las medidas de fomento que las comunidades 
autónomas puedan establecer de acuerdo con su normativa propia.
Esta orden es conforme con lo dispuesto en el artículo 129.1 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
en relación con la adecuación a los principios de buena regulación. Responde a los 
principios  de  necesidad  y  eficacia,  con  el  claro  objetivo  de  fomentar  y  facilitar  las 
actividades de recogida, cuidado y salvaguarda de animales. También se satisface el 
principio de proporcionalidad, siendo un requerimiento de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, la aprobación de unas bases reguladoras. De la misma manera se cumple 
con  el  principio  de  seguridad  jurídica,  incardinándose  en  el  ordenamiento  jurídico 
establecido, tanto nacional como de la Unión Europea en materia de subvenciones. El 
principio de transparencia se cumple en la medida en que en el preámbulo se identifican 
con claridad los objetivos de la norma. Por último, resulta conforme al principio de 
eficiencia dado que no se establecen cargas innecesarias más allá de las estrictamente 
necesarias en un procedimiento de otorgamiento de las subvenciones.
En la tramitación de esta orden se han recabado los informes de la Abogacía del 
Estado,  así  como  de  la  Intervención  Delegada  de  la  Intervención  General  en  la 
Administración del Estado, ambas en el Departamento, conforme dispone el artículo 17.1 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Esta  orden  se  dicta  en  virtud  de  las  competencias  exclusivas  que  el  artículo 
149.1.16.ª  y  23.ª  de  la  Constitución  Española  atribuye  al  Estado  en  materia  de, 
respectivamente, bases y coordinación general de la sanidad y de legislación básica  s
sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las comunidades  oe.
autónomas de establecer normas adicionales de protección. w.
En su virtud, con la aprobación previa de la Ministra de Hacienda y Función Pública, 
dispongo:
Artículo 1.  Objeto y ámbito de aplicación.
1.  La  presente  orden  tiene  por  objeto  establecer  las  bases  reguladoras  y  las 
condiciones  para  la  concesión  de  subvenciones  en  concepto  de  ayudas  para  la 
financiación a las entidades de protección animal legalmente constituidas.
2.  Estas subvenciones se concederán en régimen de concurrencia competitiva, de 
acuerdo  con  el  artículo  22.1  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de 
Subvenciones,  de  conformidad  con  los  principios  de  publicidad,  transparencia, 
concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación, así como con los principios de 
eficacia en el cumplimiento de sus objetivos y eficiencia en la asignación y utilización de 
los recursos públicos, señalados en sus artículos 8 y 17, y de acuerdo con lo establecido 
por  el  Reglamento  de  desarrollo  de  dicha  ley,  aprobado  mediante  Real  Decreto 
887/2006, de 21 de julio.
Artículo 2.  Beneficiarios y requisitos generales.
1.  Podrán obtener la condición de beneficiarias las entidades de protección animal 
sin ánimo de lucro legalmente constituidas, no pertenecientes al sector público, de 
nacionalidad española y con residencia fiscal en España, cuyos estatutos establezcan 
como fin principal, la protección y defensa de los animales, y que cumplan los requisitos 
establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como en su Reglamento de 
desarrollo.
2.  Quedan excluidas de estas subvenciones las entidades públicas, cualquiera sea 
su  forma  jurídica.  A  efectos  de  estas  bases  se  entienden  por  entidades  públicas 
cualquier  entidad  de  derecho  público  o  privado  que  sean  dependientes  o  estén 
vinculadas a cualquier Administración Pública.
3.  No  podrán  obtener  la  condición  de  beneficiarias  las  entidades  en  quienes 
concurra alguna de las prohibiciones previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre.
4.  La  justificación  por  parte  de  las  entidades  de  no  estar  incursas  en  las 
prohibiciones para obtener la condición de entidad beneficiaria se realizará en la forma 
establecida en el artículo 13.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el título 
preliminar,  capítulo  III,  sección  3.ª  del  Reglamento  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de 
noviembre.
Artículo 3.  Procedimiento de concesión.
1.  El procedimiento de concesión se atendrá a lo establecido en la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre y el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, con las 
características que establecen estas bases reguladoras.
2.  El  procedimiento  de  concesión  se  iniciará  de  oficio  mediante  convocatoria 
pública aprobada por la persona titular de la Subsecretaría de Derechos Sociales y 
Agenda 2030.
3.  Las  subvenciones  serán  proporcionales  a  los  gastos  acometidos  por  las 
entidades  de  protección  animal  por  la  realización  de  actividades  concretas  o 
intrínsecamente  relacionados  con  la  recogida,  custodia  y  cuidado  de  animales  de  s
compañía,  tales  como  gastos  de  traslado  de  animales  abandonados,  tratamientos  oe.
veterinarios, en particular de identificación y esterilización, gastos derivados de la mejora  w.
de instalaciones, etc. que se determinarán en cada convocatoria. 021ww
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erel anliúzamdeorso  ay l ocsa mraicstmeroísst.icas de los animales cuidados y los tratamientos veterinarios  BOE-A-cable e
5.  De  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  artículo  20  y  concordantes  de  la 
Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  y  a  los  efectos  que  por  dicha  norma  legal  se 
establecen, en todas las convocatorias sujetas a estas bases se comunicarán a la Base 
de  Datos  Nacional  de  Subvenciones  el  texto  de  la  convocatoria  y  la  información 
requerida  por  la  Base  de  Datos.  Asimismo,  se  publicará  el  extracto  de  dichas 
convocatorias en el «Boletín Oficial del Estado», por conducto de la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones.
Artículo 4.  Criterios de valoración.
1.  Los criterios de valoración de las solicitudes deberán garantizar la publicidad, 
transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación en la concesión de 
las subvenciones.
2.  Con carácter general los proyectos serán valorados de acuerdo a los siguientes 
criterios:
a)  Respecto a la entidad que presenta la solicitud (hasta 20 puntos):
1.º  Años de experiencia como entidad (hasta 10 puntos):
1.ª  Hasta 5 años: 5 puntos.
2.ª  Entre 5 y 10 años: 7,5 puntos.
3.ª  Más de 10 años: 10 puntos.
2.º  Difusión del funcionamiento de la Entidad (hasta 10 puntos):
1.ª  Web propia actualizada: 5 puntos
2.ª  Difusión por redes sociales: 5 puntos.
b)  Respecto a los gastos veterinarios acometidos (hasta 80 puntos):
1.º  Por tratamientos veterinarios de identificación hasta un máximo de 35 puntos.
2.º  Por tratamientos veterinarios de esterilización, hasta un máximo de 35 puntos.
3.º  Por otros tratamientos veterinarios: hasta 10 puntos.
Artículo 5.  Contenido de las convocatorias.
En  la  convocatoria  figurarán,  sin  perjuicio  de  que  se  concreten  también  otros 
aspectos previstos en las presentes bases, como mínimo los siguientes extremos:
a)  La referencia a las presentes bases reguladoras con indicación del «Boletín 
Oficial del Estado» en que se publican, así como la normativa complementaria que 
pudiera ser de aplicación.
b)  Los créditos presupuestarios de los Presupuestos Generales del Estado a los 
que se imputan las subvenciones convocadas y la cuantía total máxima de las mismas 
dentro  de  los  créditos  disponibles  o,  en  su  defecto,  cuantía  estimada  de  las 
subvenciones.
Excepcionalmente, y con sujeción a las reglas del artículo 58.2 del Reglamento de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, la convocatoria podrá fijar, además de la cuantía total 
máxima dentro de los créditos disponibles, una cuantía adicional cuya aplicación a la 
concesión de subvenciones no requerirá de una nueva convocatoria. s
c)  El objeto, condiciones y la finalidad de las subvenciones, de acuerdo con el  oe.
ámbito  de  competencias  del  Departamento,  incluyendo  las  distintas  actividades,  w.
comportamientos o proyectos subvencionables, y especificando, en su caso, las distintas  021ww
clasde)s  oL ma oddeatleidrmadineasc aió lna sd qeu qeu see ala a pcolicnacbelsei óunn  smei semfeoc rtúéag imene nr.égimen de concurrencia
competitiva.
e)  La indicación de que la resolución que acuerde o deniegue la concesión de la 
subvención pone fin a la vía administrativa, así como los recursos que proceden y el 
órgano ante el que habrán de interponerse.
f)  Los medios de notificación o publicación, de conformidad con lo previsto en la 
Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 
Administraciones Públicas.
g)  Resolución, con indicación de:
1.º  Órgano competente.
2.º  Medio de notificación o publicación.
3.º  Contenido de la resolución estimatoria y desestimatoria.
4.º  Fin de la vía administrativa y régimen de recursos.
h)  Las  obligaciones  que  asume  la  entidad  beneficiaria,  tanto  genéricas  como 
específicas.
Artículo 6.  Forma y plazo de presentación de solicitudes.
1.  Los  interesados  que  deseen  solicitar  la  subvención  deberán  presentar  la 
correspondiente solicitud por medios electrónicos, dirigida a la Dirección General de 
Derechos de los Animales, a través del Registro Electrónico General, disponible en el 
Punto de Acceso Electrónico general, así como en la sede electrónica asociada del 
Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, en el plazo, como máximo, de un mes a 
partir del día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín 
Oficial del Estado».
2.  La solicitud deberá contener el importe total de los gastos cuya subvención se 
solicita, sin perjuicio de su justificación, una vez finalizado el periodo de realización de la 
actividad subvencionada, en la forma prevista en el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre.
3.  Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la convocatoria, el órgano 
competente  requerirá  al  interesado  para  que  la  subsane  en  el  plazo  máximo  e 
improrrogable de diez días, indicándole que si no lo hiciese se le tendrá por desistido de 
su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el 
artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
4.  En  la  convocatoria  se  podrá  admitir  la  sustitución  de  la  presentación  de 
determinados  documentos  por  una  declaración  responsable  del  solicitante.  En  este 
supuesto, el órgano instructor, con anterioridad a efectuar la propuesta de resolución de 
concesión de la subvención, deberá requerir la presentación de la documentación que 
acredite la realidad de los datos contenidos en la citada declaración en un plazo no 
superior a quince días.
Artículo 7.  Acreditación de la condición de entidad beneficiaria.
1.  Las entidades de protección animal interesadas deberán adjuntar a su solicitud la 
siguiente documentación:
a)  Copia auténtica de la tarjeta de identificación fiscal.
b)  Copia auténtica de los estatutos y de la inscripción en el Registro Nacional de 
Asociaciones  del  Ministerio  del  Interior,  en  algún  Registro  de  Asociaciones  de  las 
comunidades autónomas, en el Registro de Fundaciones del Ministerio de Justicia o en  e
algún Registro de Fundaciones autonómico, así como en cualquier otro Registro oficial  bo
de Entidades de Protección Animal. 021ww
en locs)  téArmcriendoista ecsiótanb dleec ildao rse epnre esle anrttaíccuiólon  5d ed ela l ap Leersyo 3n9a/ 2fí0s1ic5a,  dqeu e1  pdree soecntuteb rela. solicitud,
d)  Comunicación de la cuenta bancaria para el cobro de la subvención.
e)  Declaración  responsable  de  no  estar  incurso  en  alguna  causa  de 
incompatibilidad o prohibición para obtener subvenciones de acuerdo con el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
f)  Declaración  de  las  subvenciones  solicitadas  o  concedidas  hasta  la  fecha, 
destinadas a sufragar los mismos gastos, con indicación de sus cuantías.
2.  La presentación de la solicitud conllevará la autorización, al órgano concedente, 
para que obtenga de forma directa la acreditación de las circunstancias relativas al 
cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social de la entidad solicitante, salvo 
que esta deniegue expresamente el consentimiento, debiendo aportar, en este caso, la 
certificación  correspondiente  regulada  en  el  artículo  22  del  Reglamento  de  la  Ley 
38/2003, de 17 de noviembre.
3.  Asimismo, teniendo en cuenta el contenido del artículo 95.1.k) de la Ley 58/2003, 
de  17  de  diciembre,  General  Tributaria,  la  entidad  solicitante  deberá  autorizar 
expresamente al órgano concedente, para que obtenga de forma directa la acreditación 
de las circunstancias relativas al cumplimiento de sus obligaciones tributarias de la 
entidad solicitante, o, en su defecto, deberá aportar la certificación correspondiente 
regulada en el artículo 22 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Artículo 8.  Órganos competentes para la instrucción y valoración.
1.  El órgano competente para la instrucción del expediente es la Dirección General 
de Derechos de los Animales.
2.  Con carácter previo a la valoración, el órgano instructor llevará a cabo una fase 
de pre evaluación en la que verificará el cumplimiento de los requisitos necesarios para 
adquirir la condición de entidad beneficiaria. En todo caso tal fase sólo podrá afectar a 
aquellos requisitos que sean de apreciación automática y cuya concurrencia no requiera 
de ninguna valoración.
3.  Finalizado el plazo de presentación de solicitudes se hará pública, a través de la 
página web del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, la lista provisional de 
admitidos y excluidos y los motivos de la exclusión para cada caso, otorgándose un 
plazo máximo e improrrogable de diez días para formular alegaciones, transcurrido el 
cual, se publicará por los mismos medios la resolución del Director General de Derechos 
de los Animales por la que se apruebe la lista definitiva de admitidos y excluidos.
4.  La valoración será llevada a cabo por una Comisión de Valoración que estará 
formada por un presidente y tres vocales designados entre el personal funcionario 
perteneciente a cuerpos o escalas adscritos a los subgrupos A1 o A2 de la Dirección 
General de Derechos de los Animales, uno de los cuales actuará como Secretario, con 
voz y voto; ejercerá la Presidencia de la Comisión la persona titular de la Dirección 
General de Derechos de los Animales.
5.  En  lo  no  previsto  expresamente  en  estas  bases  o  en  la  convocatoria,  el 
funcionamiento de la Comisión se regirá por lo previsto en el capítulo II del título 
preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen jurídico del sector público.
6.  La Comisión de Valoración, tras la comparación de las solicitudes presentadas, y 
de acuerdo con los criterios de valoración previstos en las presentes bases, emitirá un 
informe en el que se concretará el resultado de la evaluación y una prelación de las 
solicitudes.
7.  El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe de la Comisión de 
Valoración, efectuará la propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, que  e
será  notificada  a  los  interesados  en  la  forma  que  determine  la  convocatoria  y  se  bo
concederá un plazo de diez días para presentar alegaciones. Se podrá prescindir del  021ww
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propuesta de resolución definitiva en la que se expresará el solicitante o relación de
solicitantes  para  los  que  se  propone  la  concesión  de  subvenciones  y  su  cuantía, 
especificando su evaluación de acuerdo con los criterios de valoración aplicados.
Artículo 9.  Resolución.
1.  El  órgano  competente  para  resolver  el  procedimiento  será  el  titular  de  la 
Subsecretaría  de  Derechos  Sociales  y  Agenda  2030.  El  plazo  para  resolver  el 
procedimiento de concesión será de quince días desde la fecha de elevación de la 
propuesta de resolución.
2.  La  resolución  habrá  de  ser  motivada,  haciendo  alusión  a  los  criterios  de 
valoración de las solicitudes, determinando las entidades beneficiarias y la cuantía de la 
ayuda. La resolución acordará tanto el otorgamiento de las subvenciones, como la 
desestimación y la no concesión, por desistimiento, renuncia al derecho o imposibilidad 
material sobrevenida.
3.  La resolución de concesión pone fin a la vía administrativa, y podrá ser recurrida 
potestativamente en reposición ante el órgano que las dictó, de acuerdo con lo dispuesto 
en  el  artículo  123  y  124  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  o  ser  impugnadas 
directamente ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo, de acuerdo con lo 
dispuesto en los artículos 9.1 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora del 
mismo.
4.  La resolución de concesión además de contener los solicitantes a los que se 
concede la subvención y la desestimación expresa de las restantes solicitudes, podrá 
incluir  una  relación  ordenada  de  todas  las  solicitudes  que,  cumpliendo  con  las 
condiciones  administrativas  y  técnicas  establecidas  en  las  bases  reguladoras  para 
adquirir la condición de entidad beneficiaria, no hayan sido estimadas por rebasarse la 
cuantía máxima del crédito fijado en la convocatoria, con indicación de la puntuación 
otorgada a cada una de ellas en función de los criterios de valoración previstos en la 
misma.
En este supuesto, si se renunciase a la subvención por alguna de las entidades 
beneficiarias, el órgano concedente acordará, sin necesidad de una nueva convocatoria, 
la concesión de la subvención al solicitante o solicitantes siguientes a aquél en orden de 
su puntuación, siempre y cuando con la renuncia por parte de alguna de las entidades 
beneficiarias, se haya liberado crédito suficiente para atender al menos una de las 
solicitudes denegadas.
El órgano concedente de la subvención comunicará esta opción a los interesados, a 
fin de que accedan a la propuesta de subvención en el plazo improrrogable de diez días.
Una vez aceptada la propuesta por parte del solicitante o solicitantes, el órgano 
administrativo dictará el acto de concesión.
5.  La resolución del procedimiento se dictará y será objeto de publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado» en el plazo máximo de seis meses a contar desde la 
publicación de la convocatoria, surtiendo la publicación los efectos de la notificación. El 
vencimiento  del  plazo  máximo  sin  haberse  publicado  la  resolución,  legitima  a  los 
interesados  para  entender  desestimada  por  silencio  administrativo  la  solicitud  de 
concesión de la subvención.
6.  El régimen de publicidad de las subvenciones concedidas será el establecido en 
el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Artículo 10.  Modificación de la resolución.
1.  Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la  bo
subvención podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión, de acuerdo  021ww
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cuarenta y cinco días antes de la finalización del plazo de ejecución del proyecto.
3.  Las entidades beneficiarias de las subvenciones podrán solicitar, con carácter 
excepcional,  la  modificación  de  las  actividades  o  de  las  partidas  de  gasto  de  los 
proyectos subvencionados, basados en la aparición de circunstancias que dificulten o 
alteren el desarrollo del mismo, tanto las que respondan a ajustes de presupuesto por 
conceptos de gasto o por ámbito territorial de las actividades, como las que se deban a 
una variación sustancial respecto de los criterios objetivos de valoración o que afecten a 
la  forma  y  plazos  de  ejecución  y  justificación  de  los  correspondientes  gastos  del 
proyecto.
4.  La  resolución  de  la  solicitud  de  modificación  se  dictará  por  el  titular  de  la 
Subsecretaría de Derechos Sociales y Agenda 2030, previo informe de la Comisión de 
Valoración, y podrá autorizar la modificación instada cuando no se altere el objeto o 
finalidad de la subvención, y siempre que no se perjudiquen derechos de terceros. El 
plazo para resolver será de un mes desde la fecha en que la solicitud de modificación 
haya tenido entrada a través del Registro Electrónico General, disponible en el Punto de 
Acceso Electrónico general, o en la sede electrónica del Ministerio de Derechos Sociales 
y Agenda 2030. Transcurrido dicho plazo sin haberse notificado resolución expresa, se 
entenderá desestimada por silencio administrativo, sin perjuicio de la obligación de la 
Administración de dictar resolución expresa sin vinculación alguna al sentido del silencio.
5.  La resolución de la solicitud de modificación pone fin a la vía administrativa, y 
podrá ser recurrida potestativamente en reposición ante el órgano que las dictó, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, o 
ser impugnadas directamente ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo, de 
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 9.1 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora del mismo.
Artículo 11.  Cuantía de la subvención o criterios para su determinación.
1.  El importe de la subvención se fijará con arreglo a la documentación aportada 
por el solicitante, al número de solicitantes, al informe de la Comisión de Valoración y a la 
disponibilidad presupuestaria. A estos efectos, podrá acordarse un umbral mínimo de 
puntuación para ser entidad beneficiaria de la subvención. La cuantía individualizada de 
cada subvención se concretará de forma directamente proporcional al importe de los 
gastos acreditados objeto de cada convocatoria.
2.  En ningún caso se otorgará una cuantía superior a cinco mil euros o a la 
solicitada por el interesado.
3.  Excepcionalmente las convocatorias podrán prever que, en el caso de que la 
suma de los importes solicitados por quienes reúnan los requisitos para acceder a las 
ayudas sea superior al importe objeto de la convocatoria, dicho importe se prorratee 
entre las entidades beneficiarias en proporción a los presupuestos ajustados de los 
proyectos o a los programas aceptados, siempre que no se alteren las condiciones, 
objeto y finalidad de la subvención.
4.  La convocatoria podrá exigir un porcentaje de financiación propia para cubrir la 
actividad subvencionada, como instrumento de garantía de la solvencia económica y 
financiera de la entidad beneficiaria.
5.  Asimismo, la convocatoria podrá prever que el importe de la subvención que se 
otorgue sea una cuantía mínima, sin referencia a un porcentaje o fracción de los gastos 
en los que incurra la asociación.
Artículo 12.  Gastos subvencionables. e.e
1.  Los gastos subvencionables se regirán por lo dispuesto en el artículo 31 de la  021ww
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notariales  y  registrales  y  los  gastos  periciales  para  la  realización  del  proyecto
subvencionado y los de administración específicos podrán ser subvencionables si están 
directamente relacionados con la actividad subvencionada y son indispensables para la 
adecuada preparación y ejecución de la misma.
Artículo 13.  Concurrencia y compatibilidad de subvenciones.
Las  subvenciones  objeto  de  las  presentes  bases  serán  compatibles  con  otras 
subvenciones  procedentes  de  cualesquiera  Administraciones  o  entes  públicos  o 
privados, nacionales o internacionales, siempre que el importe de las mismas sea de tal 
cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, no supere el coste 
de la actividad subvencionada.
Artículo 14.  Pago.
1.  Cuando la naturaleza de los gastos subvencionables lo permita, el pago de la 
subvención concedida se efectuará mediante anticipo a cuenta, con carácter previo a la 
justificación, y como financiación necesaria para poder llevar a cabo los propósitos y 
actividades inherentes a la subvención. En tal caso, se anticipará el cien por cien de la 
subvención concedida. No será preciso que la entidad beneficiaria presente garantía en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 42.2.d) del Reglamento de desarrollo de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre.
2.  En el caso de subvenciones por gastos efectivamente realizados, el pago de la 
subvención se hará efectiva una vez dictada la resolución de concesión de la misma.
3.  Será condición indispensable que la entidad beneficiaria figure dada de alta en el 
Tesoro Público, a efectos de su cobro obligatorio por transferencia, de acuerdo con la 
Orden PRE/1576/2002, de 19 de junio, por la que se regula el procedimiento para el 
pago de obligaciones de la Administración General del Estado.
4.  No podrá realizarse el pago si la entidad beneficiaria no se halla al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social o sea deudor 
por resolución de procedencia de reintegro.
Artículo 15.  Justificación.
1.  La entidad beneficiaria está obligada a presentar, en el plazo máximo de tres 
meses desde la finalización del periodo de realización, la justificación del cumplimiento 
de las condiciones impuestas y de la consecución de los objetivos previstos en el acto de 
concesión de la subvención. Las modalidades de justificación de la subvención podrán 
ser la de cuenta justificativa, la de acreditación por módulos o la de presentación de 
estados contables, correspondiendo a las distintas convocatorias determinar, en su caso, 
los  libros  y  registros  contables  necesarios  para  la  adecuada  justificación  de  la 
subvención y para el ejercicio de las facultades de comprobación y control.
2.  Con carácter general la justificación por la entidad beneficiaria adoptará la forma 
de cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto a la que se refiere el 
artículo 72 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
La cuenta estará formada por la memoria de actuación justificativa del cumplimiento 
de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las 
actividades  realizadas  y  de  los  resultados  obtenidos,  y  por  la  memoria  económica 
justificativa  del  coste  de  las  actividades  realizadas.  Esta  última  contendrá, 
necesariamente, las relaciones y los documentos que se mencionan en los párrafos a),  s
b), d), y e) del artículo 72.2 y, cuando proceda, los de los párrafos c), f) y g) del citado  oe.
artículo. w.
Artículo 16.  Obligaciones de las entidades beneficiarias.
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artículo 14 y concordantes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre
Artículo 17.  Reintegro.
1.  Procederá la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la ayuda, y el 
reintegro  de  las  cantidades  percibidas  y  la  exigencia  del  interés  de  demora 
correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se 
acuerde la procedencia del reintegro, cuando quede de manifiesto el incumplimiento, 
desde el momento de la concesión o de forma sobrevenida, de los requisitos para 
obtener la condición de entidad beneficiaria establecidos en el artículo 13 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, cuando proceda, y lo establecido en los artículos 18 y 
siguientes del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2.  Procederá la pérdida parcial del derecho al cobro de la ayuda y, en su caso, 
reintegro de las cantidades percibidas en los siguientes casos:
a)  En el caso de que la entidad beneficiaria no dé la adecuada publicidad del 
carácter público de la financiación en los términos establecidos por la convocatoria de 
subvenciones, hasta el cincuenta por ciento.
b)  En el caso de resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de 
control financiero, así como el incumplimiento de las obligaciones contables, registrales o 
de conservación de documentos, cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el 
empleo dado a los fondos percibidos, hasta el cincuenta por ciento.
c)  En el caso de incumplimiento parcial de los fines para los que se presentó la 
solicitud, el porcentaje proporcional a los objetivos no cumplidos.
d)  En el caso de justificar una cantidad inferior de la señalada en su solicitud, 
procederá el reintegro de la diferencia entre la cantidad percibida y la que hubiera debido 
percibir aplicándose los criterios de adjudicación.
e)  Si la entidad beneficiaria hubiera percibido otras subvenciones públicas cuyo 
importe total, aisladamente o en concurrencia con la subvención objeto de las presentes 
bases, superase el coste de la actividad subvencionada, procederá el reintegro de lo 
percibido en exceso.
3.  Procederá la pérdida del derecho al cobro de hasta el total de la ayuda y, en su 
caso, reintegro del total de las cantidades percibidas en los siguientes casos:
a)  En  el  caso  de  incumplimiento  de  la  obligación  de  comunicar  al  órgano 
concedente, la obtención de subvenciones, ayudas públicas, ingresos o recursos para la 
misma finalidad.
b)  En  el  caso  de  incumplimiento  de  las  condiciones  establecidas  alterando 
sustancialmente los fines para los que la subvención fue concedida.
c)  En el caso de que se haya obtenido la subvención falseando las condiciones 
requeridas para su concesión u ocultando las que la hubiesen impedido o limitado.
d)  En el caso de no aplicación del total de las cantidades recibidas a los fines para 
los que la subvención fue concedida.
4.  Los criterios de reintegro previstos en el presente artículo responden al principio 
de proporcionalidad establecido en el artículo 17.3.n) de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre.
5.  El procedimiento de reintegro de subvenciones se regirá por las disposiciones 
generales sobre procedimientos administrativos contenidas en la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, sin perjuicio de las especialidades que se establecen en la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, y en el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. e.e
Artículo 18.  Infracciones y sanciones. 021ww
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mediante  expediente  administrativo  en  el  que,  en  todo  caso,  se  dará  audiencia  al
interesado antes de dictarse el acuerdo correspondiente y que será tramitado conforme a 
lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Disposición adicional única.  Régimen jurídico.
Para todos aquellos extremos no previstos en la presente orden será aplicable la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y su Reglamento aprobado por 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y, supletoriamente, la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Disposición final primera.  Título competencial.
La presente orden se dicta al amparo de las competencias exclusivas que el artículo 
149.1.16.ª y 23.ª de la Constitución Española atribuye al Estado en materia de bases y 
coordinación general de la sanidad y de legislación básica sobre protección del medio 
ambiente.
Disposición final segunda.  Entrada en vigor.
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».
Madrid, 28 de septiembre de 2021.–La Ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, 
Ione Belarra Urteaga.