BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 157 Jueves 4 de junio de 2020 Sec. I.   Pág. 36977
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
5648 Decreto-ley  11/2020,  de  7  de  abril,  por  el  que  se  adoptan  medidas 
económicas, sociales y administrativas para paliar los efectos de la pandemia 
generada por la COVID-19 y otras complementarias.
EL PRESIDENTE DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA
El artículo 67.6.a) del Estatuto prevé que los decretos-leyes son promulgados, en 
nombre del Rey, por el Presidente o Presidenta de la Generalidad.
De acuerdo con el anterior, promulgo el siguiente Decreto-ley.
Este Decreto-ley tiene por objeto adoptar determinadas medidas para paliar los 
efectos de la pandemia generada por la COVID-19. Se estructura en cuatro capítulos, 
once  artículos,  nueve  disposiciones  adicionales,  una  disposición  transitoria  y  una 
disposición final.
El capítulo I, bajo el título medidas tributarias, contiene una serie de disposiciones 
que inciden fundamentalmente en el ámbito de la gestión tributaria, con el fin de paliar 
los efectos derivados de la pandemia en relación con el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias.
Así,  en  el  artículo  1,  se  fija  que  en  la  fecha  de  entrada  en  vigor  del  Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, de declaración del estado de alarma para la gestión 
de la situación de crisis sanitaria provocada por la COVID-19, el momento temporal en 
que se entenderá que opera la suspensión prevista en el artículo 14 del Decreto-
ley 7/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes en materia de contratación pública, de 
salud y gestión de residuos sanitarios, de transparencia, de transporte público y en 
materia tributaria y económica. Con esta disposición se pretende dar cumplimiento a 
principios de seguridad jurídica hacia las personas administradas destinatarias de la 
norma. Igualmente, en el artículo 2, y para dar cumplimiento al principio mencionado, 
pero también con el fin de favorecer a los sujetos pasivos para los impuestos de 
sucesiones y donaciones, sobre bebidas azucaradas, canon sobre el desperdicio de 
residuos y canon del agua, se establecen nuevos plazos de presentación e ingreso en 
periodo voluntario, y se permite que durante el estado de alarma las situaciones que 
deriven de ella no afecten negativamente a las personas declarantes.
El artículo 3 y 4 establecen, por un lado, una reducción en los tipos de gravamen de 
los cánones sobre la deposición controlada de residuos industriales y sobre la deposición 
controlada de los residuos de la construcción de hasta el 50 por ciento entre el 1 de abril 
y el 31 de mayo de 2020, y por otra, bonificaciones en las tasas de la Agencia de 
Residuos de Cataluña, en el caso que se tramiten por medios electrónicos, medidas que 
intentan minorar los efectos negativos de la pandemia en el referido sector.
El artículo 5 establece una bonificación de la cuota de la tasa fiscal sobre el juego de 
suerte, envite o azar que graba las máquinas recreativas y de azar, de carácter temporal 
y limitado al periodo de vigencia del estado de alarma.
Finalmente, en el artículo 6, y con el fin de coadyuvar a aminorar el impacto derivado 
de la actual pandemia, se establece el aplazamiento del pago de deudas del canon del  e.e
agua para pequeñas empresas y autónomos, que se producirá una vez levantado el  b
estado de alarma, pero referido a autoliquidaciones del canon del agua repercutido a sus  48ww
aobtoorngaaddoos a  qauqeu einl calupylaazna mcoiennstuoms ossin  dinet eloress emse dseels  pdaeg oa dberi l lays  mfaacytuor adse ld e2l0 s2e0r,v iscii oh adne 
taégrumain coosr reens pqouned sieen pteosd ráa  seoslitcoista rm. ismos meses, así mismo se fijan las condiciones y
El capítulo II, artículos 7, 8 y 9, establece una serie de actuaciones en materia de 
infancia y adolescencia. La crisis sanitaria sin precedentes ocasionada por la epidemia 
de la COVID-19 ha provocado, entre otros efectos, y en algunos casos, la separación 
involuntaria de los progenitores o tutores, bajo tratamiento y con medidas de aislamiento, 
de sus hijos e hijas menores de edad.
La primera medida que se debe adoptar en estos casos es la búsqueda de familiares 
directos para que asuma la guarda temporal de los niños, evitando de este modo 
intervenciones  innecesarias,  por  desproporcionadas,  de  la  entidad  protectora.  Sin 
embargo, en algunos casos la búsqueda no ha dado resultado.
Los casos detectados ponen de manifiesto, en primer lugar, que son situaciones 
directamente derivadas de la epidemia de la COVID-19 y, en segundo lugar, que no se 
trata de situaciones de desamparo que comporten la separación forzada del núcleo 
familiar  y  la  asunción  de  la  tutela  pública  por  parte  de  la  entidad  protectora,  sino 
situaciones de necesidad imprevistas y ajenas a la voluntad de los progenitores o 
tutores.
Al mismo tiempo, situaciones de necesidad, como la atención inmediata y la guarda 
administrativa  protectora,  que  solo  implican  un  cuidado  temporal  derivado  de 
circunstancias graves y ajenas a la voluntad de los progenitores o tutores que les 
impiden cumplir temporalmente con las funciones de guarda, no van acompañadas en 
todos los casos de los recursos públicos necesarios. La Ley 13/2006, de 27 de julio, de 
prestaciones sociales de carácter económico no prevé la posibilidad de una prestación 
económica por la acogida familiar temporal para situaciones de guarda legal temporal y 
emergencia como la que nos ocupa. Las situaciones de atención inmediata y transitoria 
ordinarias que prevé el artículo 111.1 de la Ley 14/2010, de 27 de mayo, de los derechos 
y las oportunidades en la infancia y la adolescencia, podrían no ser suficientes, por 
configuración y perfiles de selección, para abordar los casos de guarda mencionados.
Por este motivo, el capítulo de medidas en materia de infancia y adolescencia de 
este  Decreto-ley  prevé,  sin  perjuicio  de  ampliaciones  o  modificaciones  posteriores, 
algunas medidas para hacer frente a las necesidades que se han detectado.
En primer lugar, la creación de una prestación económica de emergencia para la 
acogida familiar de urgencia de niños en situación de guarda por la Generalidad, que no 
tan solo debe permitir hacer frente a los gastos derivados de la atención de estos niños y 
niñas temporalmente desprotegidos e involuntariamente separados de su núcleo familiar 
por la epidemia de la COVID-19, sino, que además, se tiene que hacer en el ámbito de 
una familia, y no en un centro residencial, tal como la legislación establece y, en algún 
supuesto ordena expresamente como es el caso de los niños de 0 a 3 años.
En segundo lugar, para hacer posible esta nueva modalidad de acogida, se faculta al 
Instituto  Catalán  de  la  Acogida  y  de  la  Adopción  (ICAA)  que,  de  acuerdo  con  las 
funciones que prevé la Ley 13/1997, de 19 de noviembre, de creación del Instituto 
Catalán  de  la  Acogida  y  de  la  Adopción,  pueda  hacer  la  búsqueda  de  familias 
capacitadas para dar respuesta a esta necesidad y a las medidas que se adopten en el 
contexto de la crisis actual.
Finalmente, por el mismo motivo, y para cubrir eventuales carencias en el listado 
actual de familias disponibles, se habilita el mismo ICAA y la Dirección General de 
Atención a la Infancia y la Adolescencia para que, en el ámbito de las competencias 
respectivas,  trabajen  para  ampliar  la  bolsa  de  familias  de  acogida  disponibles,  sin 
perjuicio de los requisitos mínimos de idoneidad que marca la ley.
El capítulo III, en el artículo 10, establece medidas de carácter patrimonial; en  s
concreto regula el régimen jurídico de las donaciones que se efectúen en atención a la  oe.
pandemia a favor de la Administración de la Generalidad de Cataluña. La Generalidad de  w.
Cataluña, como persona jurídica, tiene plena capacidad para adquirir bienes y derechos,  48ww
maduqeubisleicsi óen  inamdmueitbidleass,  einnte er lv iovrodse nya mmoiertnisto c ajuursídai,c om ey,d ieann tep acrutiacluqluaire rya  pdoer  laesl  ofobrjmetaos  ddeel 
presente Decreto-ley, mediante herencia, legado o donación.
El texto refundido de la Ley de patrimonio de la Generalidad de Cataluña, aprobado 
por el Decreto Legislativo 1/2002 de 24 de diciembre, regula, en el artículo 12, entre 
otros, el procedimiento para aceptar donaciones de particulares de bienes y derechos, 
incluido el dinero, atendiendo lo que dispone el Código civil, cuando define la donación 
como el negocio jurídico mediante el cual una persona dispone de un bien a favor de otra 
y le transmite la propiedad.
Las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia de la COVID-19 y su 
afectación en Cataluña hacen necesaria la articulación de un procedimiento ad hoc para 
aceptar  las  donaciones  que  pueda  recibir  la  Generalidad  para  coadyuvar  a  la 
financiación de las políticas asistenciales y sanitarias derivadas de la pandemia.
El capítulo IV, de medidas de personal, en el artículo 11, aplica en el ámbito de la 
Generalidad de Cataluña lo que prevé el Real Decreto-ley 2/2020, del 21 de enero 
de 2020, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el 
ámbito  del  sector  público,  que  habilita  con  carácter  básico  para  todas  las 
administraciones  un  incremento  retributivo  hasta  un  máximo  del  2%  respecto  al 
ejercicio  2019.  Por  el  Decreto-ley  3/2020,  de  11  de  febrero,  sobre  el  incremento 
retributivo para el año 2020, para el personal del sector público de la Generalidad de 
Cataluña se aprobó este incremento del 2% respecto al año 2019.
El hecho de que no esté aprobada la Ley de presupuestos de la Generalidad de 
Cataluña para el 2020 y la circunstancia de que la situación generada por la pandemia 
de la COVID-19 y la declaración del estado de alarma no haya permitido la convalidación 
del Decreto-ley 3/2020, de 11 de febrero, justifica la urgencia de la aprobación de las 
medidas destinadas a mantener los incrementos retributivos previstos y ya aprobados 
con la voluntad de su permanencia en el tiempo.
En  el  Decreto-ley  3/2020,  de  11  de  febrero,  además  del  incremento  retributivo 
general, se habilitaba otro 1% de incremento retributivo variable, con efectos del 1 de 
julio del 2020, en el supuesto de que el producto interior bruto (PIB) a precios constantes 
el 2019 lograra o superara el 2,5%, circunstancia que actualmente ya conocemos que no 
se ha producido, dado que el incremento del PIB se ha situado en un 2%, y por tanto no 
aplica ningún incremento adicional variable.
En cambio, sí que se debe aplicar un incremento adicional del 0,30% de la masa 
salarial para la implantación de planes o proyectos de mejora de la productividad o la 
eficiencia,  la  revisión  de  complementos  específicos  entre  lugares  con  funciones 
equiparables, la homologación de complementos de destino o la aportación a planes de 
pensiones, entre otras medidas.
Por otro lado, se debe hacer constar que al aprobar el Decreto-ley 3/2020, de 11 de 
febrero,  se  efectuó  el  trámite  de  negociación  sindical  correspondiente  al  que  hace 
referencia el artículo 37.1 del texto refundido de la Ley del Estatuto básico del empleado 
público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
En relación con las disposiciones adicionales, en primer lugar, destaca la referida al 
Instituto  Catalán  de  la  Acogida  y  de  la  Adopción,  que  se  establece  como  órgano 
competente para tramitar y resolver la prestación económica de emergencia regulada en 
el artículo 7.
Por su parte, la disposición adicional segunda regula lo que hace referencia al 
carácter de urgencia de los contratos referidos a la implementación de la fibra óptica. Las 
medidas adoptadas para paliar los efectos de la pandemia generada por el coronavirus 
de la COVID-19, hace patente la necesidad de disponer de una infraestructura de red de 
fibra óptica con unos niveles de seguridad física superior a la existente, facilitando el  s
despliegue  de  redes  finalistas  de  fibra  óptica  por  parte  de  los  operadores  de  oe.
telecomunicaciones  en  municipios  que  actualmente  disponen  de  niveles  bajos  o  w.
inexistentes de cobertura de redes de nueva generación. Esta necesidad tiene que ser  48ww
eolb mjeteoc adnei scmoboe drteu rlaa  ctaonn tprarotanctioó nc odme oe mseearg peonsciibal,e ,p aproar  eejseoc ustea rh laocse t rianbdaisjopse ndsea tbelned aidcoti vdaer 
eremdp dleea fri bloras  ópproticcead, iamuiteonritzoasn ddeo  eam Inefrrgaeensctriuac qtuurea sp rdeev éla l aG Leenye r9a/l2id0a1d7 ,d dee C 8a tdaelu nñoav, iSemAUbr, ea,   BOE-A-cable e
de contratos del sector público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español 
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 
de febrero de 2014.
La  disposición  adicional  tercera  regula  los  módulos  económicos  de  los  centros 
educativos privados concertados correspondientes a gastos de personal, y reproduce la 
medida contenida en el Decreto-ley 3/2020, de 11 de febrero, sobre el incremento 
retributivo para el año 2020, para el personal del sector público de la Generalidad de 
Cataluña, no convalidado.
La disposición adicional cuarta, atendiendo también a la falta de convalidación del 
Decreto-ley 3/2020, de 11 de febrero, mencionado, regula el incremento de la cuantía de 
las pensiones a que hacen referencia los apartados primero y tercero del artículo 30 de 
la Ley 4/2017, del 28 de marzo, de presupuestos de la Generalidad de Cataluña para 
el 2017.
En la disposición adicional quinta, teniendo en cuenta que la declaración de estado 
de alarma establecida por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se 
declara el estado de alarma para gestionar la situación de crisis sanitaria ocasionada por 
la  COVID-19,  ha  comportado  la  paralización  de  la  tramitación  ordinaria  de  los 
expedientes de contratación pública, ante la necesidad de priorizar otros procedimientos 
relativos a los suministros, los servicios y las obras necesarias para luchar contra la 
COVID-19. Se adoptan medidas para que, una vez finalice el estado de alarma, el sector 
público reactive de manera inmediata su funcionamiento ordinario, siendo necesario 
retomar los expedientes de contratación necesarios para garantizar la prestación de los 
servicios públicos a la ciudadanía, y también habilitar mecanismos que permitan agilizar 
la tramitación de los procedimientos de contratación, garantizando los principios de 
transparencia, igualdad y concurrencia. A estos efectos, se introduce esta disposición 
adicional que declara la tramitación urgente para los expedientes de contratación que se 
consideran necesarios por razones de interés público. Igualmente, se autoriza a todos 
los efectos y con la correspondiente justificación previa, este trámite para contratos o 
proyectos que como consecuencia de la situación de emergencia se deban reorientar, 
modificar o volver a tramitar.
La disposición adicional sexta prevé, hasta el 31 de diciembre de 2020, un régimen 
especial para la devolución de fianzas constituidas en los procedimientos gestionados 
ante la Agencia de Residuos de Cataluña.
La disposición adicional séptima parte del hecho de que el estado de alarma ha 
supuesto que en el ámbito procedimental se han establecido medidas como por ejemplo 
la suspensión de los procedimientos y de sus trámites para salvaguardar tanto los 
intereses económicos como los de salud de las personas físicas y jurídicas afectadas.
Los procedimientos de la Generalidad de Cataluña son en su mayoría de carácter 
electrónico/telemático pero todavía conviven con otros que requieren actuaciones de 
carácter presencial o la exhibición y/o presentación de documentos originales por parte 
de la persona interesada.
En el ámbito económico y financiero, esta situación se da en materia de las cesiones 
de  crédito  que  requiere  la  aportación  de  documentación  original  o,  en  materia  de 
depósitos a la tesorería que requiere que sus resguardos sean originales o incluso 
algunos  impresos,  como  por  ejemplo  el  que  hace  referencia  a  las  domiciliaciones 
bancarias que necesita firmas originales del acreedor y de la entidad financiera, así 
como el sello original de la entidad. Otro ámbito que necesita gestiones personales por 
parte de la persona interesada es el de la liquidación de las tasas y precios públicos,  s
dado que muchos de estos no disponen de un procedimiento telemático completo. Estos  oe.
trámites presenciales y la necesidad de presentar documentación original para que las  w.
personas  interesadas  puedan  cumplir  sus  obligaciones  o  efectuar  los  trámites  que  48ww
rqeuqeu hiearya nq upeu eedvietanr .suponer, dada la situación, un riesgo para la salud de las personas,
estaDdaod doe q aulea remna e yl  mpaorma efanctoili tdaer  ealp croubmaprsliem ieesntteo  Ddeec lroesto t-rláemy ietesstá d persecvriistotas  laan pterórirorromgean dtee,l   BOE-A-cable e
tanto a las personas interesadas como a sus gestores, se cree conveniente tomar 
medidas excepcionales que los flexibilicen. En este sentido, se propone que los órganos 
competentes ante los que se tengan que realizar trámites o actuaciones presenciales 
ofrezcan opciones telemáticas y otras herramientas que permitan dar cumplimiento al 
trámite.
La  disposición  adicional  octava  establece  que  el  Instituto  Catalán  de  Finanzas 
disfrutará de la garantía del 80% de las operaciones de préstamo y aval que se otorguen 
directamente a autónomos y empresas a los que se refiere el punto 1 de la disposición 
final segunda del Decreto-ley 8/2020, de 24 de marzo.
Finalmente, la disposición adicional novena regula una serie de habilitaciones a favor 
de los distintos Departamentos afectados por el Decreto-ley, en cuanto a la implantación 
de lo que se dispone.
En este supuesto, el carácter extraordinario y excepcional de la situación deriva de la 
declaración del estado de alarma provocada por la situación sanitaria que requiere la 
adopción con urgencia de medidas para paliar, tanto como se pueda, la situación creada 
y que no se pueden aplazar en un momento posterior, ni mediante la utilización de 
medios legislativos de urgencia.
Dada la situación planteada y, de acuerdo con el artículo 38 de la Ley 13/2008, de 5 
de noviembre, de la presidencia de la Generalidad y del Gobierno, el Gobierno, ante la 
necesidad extraordinaria y urgente que puede suscitar la situación grave de pandemia 
mundial decretada por la Organización Mundial de la Salud, puede dictar disposiciones 
legislativas provisionales, bajo la forma de decreto-ley, en los términos del artículo 64 del 
Estatuto de Autonomía de Cataluña.
La norma del decreto-ley es un recurso extraordinario del Gobierno y, por lo tanto, se 
tiene que hacer un uso prudente y limitado a las situaciones que realmente merecen la 
consideración de urgentes y convenientes.
A propuesta del Vicepresidente del Gobierno y Consejero de Economía y Hacienda y 
con la deliberación previa del Gobierno, decreto:
CAPÍTULO I
Medidas en materia tributaria
Artículo 1.  Suspensión de las autoliquidaciones.
A efectos de la suspensión dispuesta en el artículo 14 del Decreto-ley 7/2020, de 17 
de marzo, de medidas urgentes en materia de contratación pública, de salud y gestión de 
residuos sanitarios, de transparencia, de transporte público y en materia tributaria y 
económica, se entiende que la fecha de inicio de la suspensión es el 14 de marzo 
de 2020, fecha de entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, de 
declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
provocada por la COVID-19.
Artículo 2.  Plazos de presentación e ingreso en periodo voluntario.
Con efectos a partir de la fecha en que se disponga la finalización del estado de 
alarma declarado mediante el Real Decreto 463/2020, de 24 de marzo, y respecto a los 
tributos que se señalan a continuación, se establecen los plazos de presentación e 
ingreso en periodo voluntario siguientes: es
a)  En  el  supuesto  de  hechos  imponibles  del  impuesto  sobre  sucesiones  y  w.
donaciones en la modalidad de sucesiones meritados antes del 14 de marzo de 2020, y  48ww
ppaerraio dloos  vqouleu nntaor ihou, beiel rap lafiznoa liczoamdop,r eennd eesráta  efel cthieam, peol  pqlauzeo  qduee pdraebsae netanc icóand ae  icnagsreos op aerna 
agotar el plazo de autoliquidación en esta fecha más dos meses adicionales.
b)  En  el  supuesto  del  impuesto  sobre  las  bebidas  azucaradas  envasadas,  la 
presentación e ingreso de la autoliquidación correspondiente al primer trimestre de 2020 
se tiene que efectuar en el plazo comprendido entre el 1 y el 20 de julio siguiente.
c)  En el supuesto de los cánones sobre la disposición del desperdicio de los 
residuos, la presentación e ingreso de las autoliquidaciones correspondientes al primer 
trimestre de 2020 se tiene que efectuar en el plazo de un mes, a contar desde la fecha 
de finalización del estado de alarma.
d)  En el supuesto de autoliquidaciones mensuales de canon del agua que tengan 
que ser objeto de presentación e ingreso durante el periodo de estado de alarma, el 
nuevo plazo de presentación e ingreso será el comprendido entre los días 1 y 20 del mes 
siguiente a la fecha de finalización del estado de alarma. En el caso de autoliquidaciones 
trimestrales, la correspondiente al primer trimestre del año 2020 se debe presentar e 
ingresar en el plazo comprendido entre el 1 y el 20 de julio siguiente.
Artículo 3.  Reducciones en los tipos de gravamen de los cánones sobre la deposición 
controlada de residuos industriales y sobre la deposición controlada de los residuos 
de la construcción.
Durante el periodo comprendido entre el 1 de abril y el 31 de mayo de 2020, se 
aplica una reducción del 50% en el tipo de gravamen del canon sobre la deposición 
controlada de residuos industriales, regulado en el artículo 16 novies de la Ley 8/2008, 
de 10 de julio, de financiación de las infraestructuras de gestión de los residuos y de los 
cánones sobre la disposición del desperdicio de los residuos, y una reducción del 50% 
en el tipo de gravamen del canon sobre la deposición controlada de los residuos de la 
construcción, regulado en el artículo 24 de la Ley 8/2008, de 10 de julio, de financiación 
de las infraestructuras de gestión de los residuos y de los cánones sobre la disposición 
del desperdicio de los residuos.
Artículo 4.  Bonificaciones en las tasas de la Agencia de Residuos de Cataluña.
4.1  Se aplica una bonificación del 100% de la cuota que corresponda en el caso del 
servicio a que hace referencia el apartado 2 del artículo 20.1.1 de la Ley de tasas y 
precios públicos, que se tramiten por medios electrónicos.
4.2  Se aplica una bonificación del 100% de la cuota que corresponda cuando los 
servicios a que hace referencia el apartado 3 del artículo 20.1.1 de la Ley de tasas y 
precios públicos se tramiten por medios electrónicos.
Artículo 5.  Tasa fiscal sobre los juegos de suerte, envite o azar. Máquinas recreativas y 
de azar.
Se establece una bonificación de la cuota de la tasa fiscal sobre juegos de suerte, 
envite o azar, que graba las máquinas recreativas y de azar en el porcentaje equivalente 
al número de días que haya estado vigente el estado de alarma declarado por el Real 
Decreto  463/2020,  de  14  de  marzo,  respecto  al  total  de  días  del  trimestre  natural 
correspondiente al primer plazo de autoliquidación que se inicie después de la fecha de 
finalización del estado de alarma. Esta bonificación se aplicará por una única vez en la 
autoliquidación correspondiente al periodo de liquidación trimestral mencionado.
Artículo  6.  Aplazamiento  de  pago  de  deudas  de  canon  del  agua  para  pequeñas  s
empresas y autónomos. e.
6.1  En  el  momento  en  que  se  levante  la  suspensión  de  los  plazos  para  la  48ww
lperye s7e/2n0ta2c0ió, nd ed 1e7  adueto mliqaurizdoa,c liaosn eesn tiyd apdaegso ssu mprienvisistrtaad oerna s edl ea artgícuual op o1d4r ánd esl oDliceitcarre tuon-
raepplaezrcaumtiideon toa  dseuls  paabgoon addeo slo sq uime pinocrtleusy adne  cloanss uamutoosli qdueid alociso nmees sdees l dcea naobnr ild ey l magauyao 
de 2020, si como consecuencia del estado de alarma derivado de la situación de crisis
sanitaria  provocada  por  la  COVID-19  han  otorgado  a  pequeñas  empresas  y  a 
trabajadores autónomos aplazamientos sin intereses del pago de las facturas del servicio 
de agua correspondientes a estos mismos meses. Las condiciones del aplazamiento son 
las siguientes:
a)  El importe a aplazar debe corresponder a facturas del servicio que comprenden 
los consumos correspondientes a los meses de abril y mayo del 2020, y que la entidad 
acredite  que  ha  aplazado  a  abonados  que  tengan  la  condición  de  trabajadores 
autónomos o de microempresa o pequeña empresa, según la definición que hace la 
Comisión  Europea  en  su  Recomendación  2003/361/CE,  por  razón  del  número  de 
trabajadores que ocupa, el volumen de negocio o el balance general.
b)  El plazo máximo del aplazamiento será de seis meses, a contar desde la fecha 
de su solicitud, y no puede extenderse más allá del 31 de diciembre del 2020.
c)  No se acreditarán intereses de demora durante este periodo.
6.2  Así mismo, las personas físicas o jurídicas, usuarias industriales y asimilables 
de agua que tengan la condición de microempresas o pequeña empresa o de autónomo 
pueden acogerse también a un aplazamiento del pago de las liquidaciones del canon del 
agua emitidas por la Agencia, que incluyen los meses de abril y mayo del 2020. En este 
caso, las condiciones del aplazamiento son las siguientes:
a)  El plazo del aplazamiento es de seis meses, a contar a partir de la fecha de su 
solicitud, y no se puede extender más allá del 31 de diciembre de 2020.
b)  No se acreditan intereses de demora durante este periodo.
c)  Si el importe de la deuda supera los 30.000 euros, no hay que aportar una de las 
garantías relacionadas para estos supuestos en el artículo 82.2 de la Ley 58/2003, 
general tributaria.
CAPÍTULO II
Medidas en materia de infancia y adolescencia
Artículo 7.  Prestación económica de emergencia para la acogida familiar de niños 
separados involuntariamente de su núcleo familiar por efecto de la epidemia de la 
COVID-19.
7.1  Se crea una prestación económica de emergencia de carácter garantizado, 
para atender los gastos de manutención de un menor o una menor de edad en situación 
legal de guarda por la Generalidad derivada de una medida de atención inmediata o 
guarda administrativa protectora.
7.2  Tienen derecho a la prestación regulada por este artículo los menores de edad 
separados de su núcleo familiar y en situación de guarda por la Generalidad por razones 
de emergencia sanitaria, derivadas de la epidemia de la COVID-19.
7.3  Para hacer efectiva la prevalencia de la acogida familiar sobre la residencial, los 
beneficiarios de esta prestación son los menores de 6 años en situación de atención 
inmediata  o  guarda  administrativa  protectora  que  tengan  asignada  una  familia  de 
acogida.
Excepcionalmente, en ausencia de recursos residenciales adecuados, y cuando las 
circunstancias derivadas de la emergencia lo requieran, los niños de entre 6 y 12 años 
que estén en la misma situación también pueden ser beneficiarios de esta prestación. e.
7.4  El importe de la prestación regulada por este artículo es de 326 euros para los  w.b
niños de 0 a 9 años, y de 362 euros para los niños y adolescentes de 10 a 12 años. Este  48ww
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apoy7o.5 a  laMse fdaimaniltiea s. acuerdo  del  gobierno  se  pueden  establecer  importes
complementarios en la prestación por razón de discapacidad del menor o de la menor de
edad,  por  el  número  de  menores  acogidos  o  por  cualquier  otra  circunstancia  que 
requiera una dedicación especial.
7.6  La prestación regulada por este artículo se abona a la persona o a las personas 
en quienes ha sido delegada la guarda.
7.7  Son causas de extinción de la prestación regulada por este artículo, además de 
las establecidas a todos los efectos, dejar sin efecto la medida de atención inmediata o 
guarda administrativa protectora, por finalización de la situación de emergencia definida 
en el apartado 2 de este artículo, o por cualquiera de las otras causas previstas en la 
legislación de infancia y adolescencia.
7.8  Por razones excepcionales debidamente justificadas, y teniendo en cuenta la 
situación de emergencia que lo justifica, y la necesidad de garantizar siempre el interés 
superior del niño, el órgano competente para tramitar y resolver la prestación regulada 
por  este  artículo  puede  iniciar  el  procedimiento  de  oficio,  abreviar  los  plazos  de 
tramitación de acuerdo con lo que prevé la legislación administrativa vigente y emplear 
los medios de gestión económica de urgencia previstos en la legislación financiera y 
presupuestaria.
Artículo 8.  Medidas para impulsar la búsqueda de familias de acogida para atender las 
necesidades de la infancia derivadas de la COVID-19.
8.1  Se habilita y encarga al Instituto Catalán de la Acogida y de la Adopción que, al 
amparo de la legislación dictada para hacer frente a las consecuencias de la epidemia de 
la COVID-19, y de acuerdo con las funciones que prevé la Ley 13/1997, de 19 de 
noviembre, de creación del Instituto Catalán de la Acogida y de la Adopción, busque 
familias capacitadas para dar respuesta a esta necesidad y a las medidas que se 
adopten en el contexto de la crisis actual para atender a los menores de edad de entre 0 
y 6 años y, excepcionalmente, de entre 6 y 12 años, separados de su núcleo familiar por 
situaciones derivadas de la epidemia y en situación de guarda acordada por la Dirección 
General de Atención a la Infancia y la Adolescencia.
8.2  La Dirección general de Atención a la Infancia y la Adolescencia y el Instituto 
Catalán de la Acogida y de la Adopción, directamente o por medio de los servicios 
sociales especializados que tienen adscritos, deben cooperar para conseguir la finalidad 
indicada en el apartado anterior, incluyendo, si la situación de emergencia lo requiere, 
excepcionalmente, en ausencia de familias de acogida disponibles, y sin perjuicio del 
cumplimiento de los requisitos legales, la inclusión en la lista de nuevas familias de 
acogida temporales, ya sean de carácter ajeno o, en última instancia, miembros de 
familia extensa que no hubieran sido localizados o no estuvieran disponibles en un 
primer momento.
8.3  Se habilita al Instituto Catalán de la Acogida y de la Adopción a hacer uso de 
medios y recursos telemáticos para hacer efectivas nuevas valoraciones, a fin de poder 
valorar nuevas familias, en caso de que fuera necesario y si no fuera posible por razones 
sanitarias llevar a cabo esta valoración de forma presencial.
Artículo 9.  Cooperación y apoyo sanitarios por necesidades de protección de la infancia 
y la adolescencia derivadas de la COVID-19.
Los Departamentos competentes en materia de salud y en materia de infancia y 
adolescencia tienen que cooperar para disponer las medidas ordinarias o extraordinarias 
de protección y apoyo sanitarios y los recursos personales y materiales necesarios tanto  es
para los recursos residenciales como para las familias y personas acogedoras que se  bo
asignen para proteger a la infancia y la adolescencia ante las consecuencias de la  48ww
epidemia de la COVID-19.
CAPÍTULO III
Medidas en materia de patrimonio
Artículo  10.  Donaciones  para  contribuir  a  la  financiación  de  gastos  sanitarios  y 
asistenciales a causa de la COVID-19.
10.1  Las donaciones de dinero que las personas físicas o jurídicas efectúen para 
contribuir  a  la  financiación  de  los  gastos  sanitarios  y  asistenciales  excepcionales 
ocasionadas por la crisis sanitaria de la COVID-19 en Cataluña se ingresarán en una 
cuenta del Tesoro de la Generalidad de Cataluña, de acuerdo con las indicaciones que 
establezca el web del Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda 
bajo el concepto «Donacions COVID-19», con indicación del nombre y apellidos, razón o 
denominación social y NIF o CIF respectivamente del donante. Los citados ingresos 
generarán crédito a la aplicación SA01 D/ 4325100 Transferencia al SCS. Emergencias 
sanitarias. COVID19. Estas donaciones no requieren aceptación expresa.
10.2  Las  donaciones  de  bienes  muebles  que  las  personas  físicas  o  jurídicas 
efectúen  para  contribuir  a  la  lucha  contra  la  COVID-19  y  sus  consecuencias  se 
entenderán aceptadas con la recepción por la persona titular del Departamento de la 
Generalidad a quien se hayan dado o en el caso de las entidades del sector público por 
el  órgano  competente  que  determinen  sus  estatutos,  que  sea  designado  como 
destinatario por quien hace la donación.
10.3  Las donaciones de inmuebles y de derechos reales que efectúen las personas 
físicas o jurídicas, para contribuir a la financiación de los gastos sanitarios y asistenciales 
excepcionales ocasionadas por la crisis sanitaria de la COVID-19 en Cataluña, serán 
aceptadas por la persona titular del Departamento competente en materia de patrimonio, 
de  acuerdo  con  las  previsiones  del  texto  refundido  de  la  Ley  de  patrimonio  de  la 
Generalidad  de  Cataluña,  aprobado  por  el  Decreto  Legislativo  1/2002,  de  24  de 
diciembre, o, en el caso de las entidades del sector público, por el órgano competente 
que determinen sus estatutos. Estos inmuebles o derechos reales dados se podrán 
utilizar  directamente  para  combatir  la  COVID-19,  o  se  podrán  vender  y  aplicar  el 
producto obtenido a la financiación de los gastos sanitarios y asistenciales.
10.4  Las donaciones reguladas en este artículo no requieren la publicación en el 
«Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya».
10.5  El régimen especial de donaciones regulado en este artículo estará vigente 
por un plazo de tres meses, a contar desde el levantamiento del estado de alarma 
decretado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.
CAPÍTULO IV
Medidas en materia de personal
Artículo 11.  Incremento retributivo.
11.1  Las disposiciones de este artículo se aplican al personal incluido dentro del 
ámbito de aplicación de los artículos 23 y 25.5 del título III de la Ley 4/2017, de 28 de 
marzo, de presupuestos de la Generalidad de Cataluña para el 2017, salvo los órganos 
superiores de la Administración de la Generalidad referidos en el artículo 5.1 de la 
Ley 13/1989, del 14 de diciembre, de organización, procedimiento y régimen jurídico de  s
la Administración de la Generalidad de Cataluña. Este artículo también es aplicable al  e.
personal a que hacen referencia las disposiciones adicionales 14, 15, 16, 17, 18 y 20 de  w.
la Ley 4/2017, de 28 de marzo. 48ww
régim11e.2n  laAblo rpael,r saosní acl oaml os earlv ipceiors doen alal  aA qdumei nhisatcraecni órenf edree nlac iaG elonse raarltiídcaudlo sn o2 8s oym 2e9t iddoe  laal 
Ley 4/2017, de 28 de marzo, se le aplica un incremento del 2% en cada uno de los
conceptos retributivos, con efectos del 1 de enero de 2020, respecto a los importes 
vigentes a 31 de diciembre de 2019.
11.3  La  masa  salarial  del  personal  laboral  para  el  ejercicio  2020  no  puede 
experimentar  un  incremento  superior  a  los  porcentajes  expresados  en  el  apartado 
anterior, sin perjuicio de lo que dispone el apartado 5 de este artículo, respecto al 
correspondiente para el ejercicio 2019, en términos de homogeneidad para los dos 
periodos objeto de comparación, tanto a efectivos de personal y antigüedad como al 
régimen  de  trabajo,  jornada,  horas  extraordinarias  y  otras  condiciones  laborales, 
teniendo en cuenta el incremento anual consolidado para el 2019.
11.4  Los importes máximos del complemento de productividad variable y de las 
retribuciones variables en función de objetivos a que hacen referencia los artículos 25.3 
y 29.2 de la Ley 4/2017, del 28 de marzo, se incrementan en los porcentajes expresados 
en el apartado segundo de este artículo respecto a los importes máximos reconocidos 
al 2019.
Las retribuciones que tienen carácter de absorbibles, la indemnización por residencia 
y  las  indemnizaciones  por  razón  de  servicios  no  experimentan  ningún  incremento 
respecto a los fijados para el 2019.
A efectos de la absorción de los complementos personales transitorios, que prevé el 
artículo  25.1.g  de  la  Ley  4/2017,  del  28  de  marzo,  del  incremento  general  de 
retribuciones  solo  se  puede  absorber  el  50%  correspondiente  a  las  retribuciones 
complementarias.
11.5  Se autoriza un incremento retributivo adicional del 0,30% de la masa salarial 
del 2019, que se podrá destinar, entre otras medidas, a la implantación de planes y 
proyectos de mejora de la productividad o eficiencia, a la revisión de complementos 
específicos, a la homologación de complementos de destino o a la aportación a planes 
de pensiones.
11.6  Lo que establece este artículo se entiende sin perjuicio de las adecuaciones 
retributivas  de  carácter  singular  y  excepcional  que  resulten  imprescindibles  por  el 
contenido de los puestos de trabajo, por la variación del número de efectivos asignados 
a  cada  programa  o  por  el  grado  de  logro  de  los  objetivos  que  se  fijan,  con  el 
cumplimiento estricto de la normativa vigente.
Disposición adicional primera.  Instituto Catalán de la Acogida y de la Adopción.
El órgano competente para tramitar y resolver la prestación regulada en el artículo 5 
del presente Decreto-ley es la persona titular de la dirección del Instituto Catalán de la 
Acogida y de la Adopción, sin perjuicio de la colaboración y apoyo técnico-administrativo 
que resulte necesario para la tramitación por parte de la Dirección General de Atención a 
la Infancia y la Adolescencia.
Disposición adicional segunda.  Infraestructuras de la Generalidad de Cataluña, SAU.
Infraestructuras  de  la  Generalidad  de  Cataluña,  SAU,  mientras  se  mantenga  la 
situación de excepcionalidad, podrá contratar por tramitación de emergencia la ejecución 
de las obras, así como los servicios y asistencias técnicas vinculadas a estas, de los 
siguientes tramos para el tendido de la red pública de fibra óptica:
Llavorsí-Sort.
Llavorsí-Vielha. s
Mollerussa-Les Borges Blanques. oe.
Súria-Solsona. w.
BCEala Vgstàee-nlPldteurerigçllco-Vel-arMdllàos..ià. 2020-5648n https://ww
Valls-Montblanc.
Móra la Nova-Falset. Bc
Tortosa-Gandesa.
Valls-Montblanc.
Dado que las licitaciones del contrato de ejecución de las obras de fibra óptica del 
tramo Llavorsí-Sort, y de las asistencias técnicas vinculadas a la misma, se iniciaron con 
anterioridad a la declaración del estado de alarma el día 14 de marzo de 2020, y que 
dichas licitaciones se encuentran actualmente en una fase avanzada de los respectivos 
procedimientos, se podrá acordar la continuidad de dichos procedimientos, en caso de 
que dicha opción se considerara más eficiente que la tramitación de emergencia, de 
acuerdo  con  el  apartado  cuarto  de  la  disposición  adicional  tercera  del  Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVI-19.
Disposición adicional tercera.  Módulos económicos y personal docente no universitario.
Los  importes  de  los  módulos  económicos  de  los  centros  educativos  privados 
concertados correspondientes a gastos de personal, actualizados de acuerdo con la 
disposición adicional 23 y fijados en el anexo 1 de la Ley 4/2017, del 28 de marzo, se 
incrementan en un 2% en cada uno de los conceptos retributivos con efectos del 1 de 
enero de 2020.
Igualmente se autoriza un incremento retributivo adicional de un importe equivalente 
al 0,30% adicional establecido en el artículo 11.5 de este Decreto-ley, en los términos 
equivalentes a los acordados para el personal funcionario docente no universitario del 
Departamento de Educación.
Disposición adicional cuarta.  Pensiones.
Con efectos del 1 de enero de 2020, la cuantía de las pensiones a que hacen 
referencia los apartados primero y tercero del artículo 30 de la Ley 4/2017, del 28 de 
marzo, se incrementan en un 0,9% respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2019. 
Las pensiones y asignaciones temporales otorgadas al amparo de la Ley 6/2003, de 22 
de abril, del estatuto de los expresidentes de la Generalidad, y de la Ley 2/1988, de 26 
de  febrero,  sobre  asignaciones  temporales  y  pensiones  a  los  presidentes  del 
Parlamento, al cesar, y a sus familiares, se tienen que actualizar de acuerdo con su 
normativa.
Disposición adicional quinta.  Contratación pública.
1.  Se declaran de tramitación urgente los expedientes de contratación de obra, 
servicios y suministros cuya tramitación se ha visto interrumpida o no se ha podido iniciar 
como consecuencia de la declaración del estado de alarma establecida por el Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, necesarios para garantizar la continuidad de los 
servicios públicos esenciales.
En especial, se declaran de tramitación urgente los servicios de mantenimiento y 
obras de carreteras y vías de transporte por carretera, ferroviario y puertos y otras vías 
los del ámbito de la salud y sanitarios, los servicios sociales y de atención a las personas 
y  todos  aquellos  que  se  considere  necesario  formalizar  porque  respondan  a  una 
necesidad inaplazable o cuya adjudicación sea necesario acelerar por razones de interés 
público.
En el anuncio de licitación correspondiente y en el informe justificativo, el órgano de  e.
contratación  hará  referencia  a  esta  disposición  para  justificar  la  concurrencia  del  w.b
supuesto habilitante para el uso del procedimiento de urgencia previsto en el artículo 119  48ww
de la2 .L eTya 9m/2b0ié1n7 , edne  l8o sd em nisomvoiesm tbérrem, idneo sc,o snetr aptoodsr ádne l dseeccltaorra pr údbel ictroa.mitación urgente los
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3.  En  los  expedientes  de  contratación  ya  iniciados  y  que  hayan  quedado 
interrumpidos por la situación de emergencia sanitaria de la COVID-19, el órgano de 
contratación podrá emitir un informe justificativo haciendo mención de esta disposición 
como supuesto habilitante para aplicar el procedimiento de urgencia para el resto de 
trámites que queden pendientes a partir del levantamiento del estado de alarma para 
proseguir con la tramitación del expediente.
Disposición  adicional  sexta.  Devolución  de  fianzas  en  el  ámbito  de  la  gestión  de 
residuos.
Las personas que desarrollan una actividad de valorización de residuos no peligrosos 
inscritos en el Registro general de personas gestoras de residuos de Cataluña (sección 
gestores y gestoras de residuos) o en trámite de inscripción, pueden pedir a la Agencia 
de Residuos de Cataluña, hasta el 31 de diciembre de 2020, la devolución de las fianzas 
depositadas  en  cumplimiento  de  las  condiciones  impuestas  en  la  licencia  o  la 
autorización ambiental de la actividad. Esta devolución no afecta las fianzas que exige la 
normativa para residuos específicos u operaciones de gestión específicas.
Disposición  adicional  séptima.  Simplificación  de  los  trámites  procedimentales  de 
carácter económico-financiero.
1.  Durante  el  periodo  de  estado  de  alarma,  con  relación  a  las  actuaciones 
derivadas de procedimientos administrativos susceptibles de producir obligaciones de 
naturaleza económica o financiera que se tengan que llevar a cabo de forma presencial 
y/o con documentación original, para los que no se haga uso de medios electrónicos o 
telemáticos, se deben ofrecer los medios alternativos más adecuados a los gestores y 
personas interesadas, para facilitar el cumplimiento de los trámites oportunos.
2.  Se habilita a los órganos competentes para dar cumplimiento a lo que dispone el 
apartado anterior.
Disposición adicional octava.  Instituto Catalán de Finanzas.
La  autorización  prevista  en  el  punto  1  de  la  disposición  adicional  segunda  del 
Decreto-ley 8/2020, de 24 de marzo, de modificación parcial del Decreto-ley 7/2020, de 
17 de marzo, de medidas urgentes en materia de contratación pública, de salud y gestión 
de residuos sanitarios, de transparencia, de transporte público y en materia tributaria y 
económica, y de adopción de otras medidas complementarias, se extiende igualmente y 
en el mismo porcentaje a las operaciones de préstamo o aval que el Instituto Catalán de 
Finanzas otorgue directamente a autónomos y empresas a los que se refiere esta 
disposición.
Disposición adicional novena.  Habilitaciones.
1.  Se habilita al Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda y 
al Departamento de Políticas Digitales y Administración Pública para que, en sus ámbitos 
competenciales, emitan las instrucciones necesarias para hacer efectivo y controlar lo 
que dispone el artículo 9 y las disposiciones adicionales tercera y cuarta de este Decreto.
2.  Se habilita al Departamento de Educación para aplicar al personal del sector 
educativo privado concertado que percibe sus retribuciones a través del pago delegado 
una cantidad equivalente a todos los efectos a la establecida en este Decreto-ley para el  e.e
personal funcionario docente no universitario. w.b
Deli sep1so.t saidcLoióo n dd etirs apanulsaeirtsmotroaia  e.dne cersettea dDoe cproerto e-lle yR epaelr mDaencerecetor á4 v6i3g/e2n0t2e0 h, adseta  1q4u ed en om saer zleov, aqnutee   OE-A-2020-56able en https://
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada
por la COVID-19, excepto que se establezca otro plazo de vigencia y salvo los casos en 
que se establece una plazo diferente.
2.  La  prestación  económica  de  emergencia  prevista  en  el  artículo  7  de  este 
Decreto-ley se debe otorgar en los supuestos derivados de la crisis sanitaria derivada de 
la COVID-19, independientemente de la fecha de levantamiento del estado de alarma 
decretado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.
Disposición final.
Este Decreto-ley entra en vigor el mismo día de su publicación en el «Diari Oficial de 
la  Generalitat  de  Catalunya»,  salvo  lo  que  prevé  el  artículo  9  y  las  disposiciones 
adicionales tercera y cuarta en materia de personal, que entra en vigor con efectos 
desde el 1 de enero de 2020.
Barcelona,  7  de  abril  de  2020.–El  Presidente  de  la  Generalidad  de  Cataluña, 
Joaquim  Torra  i  Pla.–El  Vicepresidente  del  Gobierno  y  Consejero  de  Economía  y 
Hacienda, Pere Aragonès i Garcia.
(Publicado en el «Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña» número 8107, de 9 de abril de 2020. 
Convalidado por Resolución 760/XII del Parlamento de Cataluña, publicada en el «Diario Oficial de la 
Generalitat de Cataluña» número 8141, de 26 de mayo de 2020)