BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 305 Miércoles 22 de diciembre de 2021 Sec. I.   Pág. 158387
I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
21103 Orden APA/1424/2021, de 16 de diciembre, por la que se crea la Mesa del 
sistema integrado de gestión y control de los pagos de la Política Agrícola 
Común.
El Reglamento (UE) n.º 1307/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de 
diciembre de 2013, por el que se establecen normas aplicables a los pagos directos a los 
agricultores en virtud de los regímenes de ayuda incluidos en el marco de la Política 
Agrícola Común y por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.º 637/2008 y (CE) 
n.º 73/2009 del Consejo, constituye el marco jurídico actual para el régimen de pagos 
directos.
Por otro lado, el Reglamento (UE) n.º 1306/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre la financiación, gestión y seguimiento de la 
Política Agrícola Común, por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.º 352/78, (CE) 
n.º  165/94,  (CE)  n.º  2799/98,  (CE),  n.º  814/2000,  (CE),  n.º  1290/2005  y  (CE), 
n.º 485/2008 del Consejo, establece las normas básicas sobre el sistema de control y 
sanciones que será de aplicación a las ayudas financias con cargo al FEAGA y al 
FEADER, y en concreto para los pagos directos y las medidas de desarrollo rural que se 
concedan por superficie o cabeza de ganado contempla la creación de un Sistema 
Integrado de Gestión y Control.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 bis del Reglamento de Ejecución 
(UE) 809/2014 de la Comisión, de 17 de julio de 2014, por el que se establecen 
disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) n.º 1306/2013 del Parlamento Europeo 
y del Consejo en lo que se refiere al sistema integrado de gestión y control, las medidas 
de desarrollo rural y la condicionalidad, existe la posibilidad de utilización de los controles 
por monitorización por las comunidades autónomas.
La aplicación de este marco normativo se ha desarrollado en el ámbito nacional 
principalmente a través del Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la 
aplicación a partir de 2015 de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y otros 
regímenes de ayuda, así como sobre la gestión y control de los pagos directos y de los 
pagos al desarrollo rural, y el Real Decreto 1076/2014, de 19 de diciembre, sobre 
asignación de derechos de régimen de pago básico de la Política Agrícola Común.
Como complemento necesario al modelo aplicado en el Reino de España del nuevo 
régimen de pago básico, se publicó el Real Decreto 1077/2014, de 19 de diciembre, por 
el que se regula el sistema de información geográfica de parcelas agrícolas (SIGPAC), 
con el objetivo de establecer los criterios básicos que han de garantizar el correcto 
funcionamiento de este instrumento de gestión en el marco del sistema integrado de 
gestión y control y resto de regímenes de ayuda relacionados con la superficie de la 
política agrícola común.
Por último, este marco regulador se completó mediante el Real Decreto 1078/2014, 
de 19 de diciembre, por el que se establecen las normas de la condicionalidad que 
deben  cumplir  los  beneficiarios  que  reciban  pagos  directos,  determinadas  primas 
anuales de desarrollo rural, o pagos en virtud de determinados programas de apoyo al  s
sector vitivinícola. oe.
Las ayudas de la Política Agrícola Común (PAC) se financian con cargo a los fondos  w.
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El Reglamento (UE) n.º 1306/2013 del Parlamento europeo y del Consejo de 17 de
diciembre  de  2013,  posibilita  la  designación  de  varios  organismos  pagadores,  Bc
estableciendo en estos casos la necesidad de crear un único organismo de coordinación. 
En  España,  en  virtud  de  nuestra  distribución  constitucional  de  competencias,  cada 
comunidad autónoma ha designado un único organismo pagador para los gastos del 
FEAGA y del FEADER, por lo que existen diecisiete organismos pagadores, uno en cada 
una de las comunidades autónomas así como en el Fondo Español de Garantía Agraria 
O.A. (FEGA), que asume el pago de las ayudas con cargo a los fondos europeos 
agrícolas que son competencia de la Administración General del Estado.
En este marco, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación designó también al 
FEGA como organismo de coordinación de los organismos pagadores que gestionan las 
ayudas agrícolas en las diferentes comunidades autónomas, asumiendo la misión de 
recopilar la información que debe ponerse a disposición de la Comisión Europea, y 
garantizar la aplicación armonizada en todo el territorio nacional de la normativa de la 
Unión Europea aplicable a esta materia.
No  obstante  lo  anterior,  algunos  organismos  pagadores  de  las  comunidades 
autónomas tienen delegadas las competencias en materia de gestión y control de las 
ayudas  a  una  unidad  administrativa  autonómica  independiente,  en  la  que  recae  la 
planificación  y  ejecución  de  los  controles  en  su  ámbito  territorial  como  elemento 
constitutivo del sistema integrado de gestión y control. El FEGA debe ejercer la labor de 
coordinación técnica del sistema integrado de gestión y control de las ayudas, con el 
objeto de fomentar la aplicación homogénea en todas las comunidades autónomas.
En este sentido, el artículo 99.5 del Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, 
regula el papel del FEGA como coordinador del correcto funcionamiento de los sistemas 
de  control,  a  cuyo  efecto  prestará  la  asistencia  técnica,  financiera  y  administrativa 
necesaria y, en el ámbito de sus competencias, establecerá, en su caso, convenios con 
las comunidades autónomas para gestionar las bases de datos necesarias a tal efecto y, 
cuando proceda, asegurar la correcta realización de los controles por teledetección y 
monitorización  establecidos  en  los  artículos  40  y  40  bis,  respectivamente,  del 
Reglamento de ejecución (UE) n.º 809/2014 de la Comisión, de 17 de julio de 2014. 
Asimismo,  el  artículo  99.1  del  mismo  real  decreto  establece  que  el  FEGA,  en 
colaboración con las comunidades autónomas, elaborará planes nacionales de control 
para cada campaña.
A todo lo anterior se une el inicio del nuevo Marco Financiero Plurianual, que ha 
determinado  los  fondos  disponibles  para  la  Política  Agrícola  Común  en  el 
periodo 2021-2027, y teniendo en cuenta la necesaria adaptación de la gestión de las 
ayudas  y  medidas  financiadas  en  la  actualidad,  a  las  futuras  intervenciones  y 
mecanismos de gestión que se están diseñando para la puesta en marcha de la nueva 
PAC 2023-2027, es preciso reforzar los mecanismos de coordinación técnica con las 
comunidades autónomas para minimizar el riesgo financiero (correcciones financieras, 
reducciones, suspensiones, irregularidades, fraude, conflicto de intereses, etc.) en la 
gestión de los fondos FEAGA y FEADER. Para ello, es fundamental la utilización de 
aplicaciones informáticas coordinadas en todo el ámbito nacional, que garanticen la 
homogeneidad de los citados procedimientos de control.
Por todo lo expuesto, y con objeto de coordinar con las comunidades autónomas los 
trabajos relacionados con la ejecución de los controles de las ayudas PAC del sistema 
integrado de gestión y control, incluidos los controles por monitorización, y teniendo en 
cuenta la especial situación de la Comunidad Autónoma de Canarias, en la se aplicará 
de modo parcial este sistema a sus programas específicos de ayudas de acuerdo con el 
Real Decreto 1075/2014, del 19 de diciembre, así como realizar el seguimiento de  s
convenios  suscritos  entre  ellas  y  el  FEGA,  se  regula  la  creación,  competencias  y  oe.
funcionamiento de la Mesa del sistema integrado de gestión y control, que se constituye  w.
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Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Así, de acuerdo 
con los principios de necesidad y eficacia, se justifica el proyecto en la necesidad de la 
aplicación coherente de la normativa de la Unión Europea en España, y evitar posibles 
correcciones  financieras,  siendo  el  instrumento  más  adecuado  para  garantizar  su 
consecución, sin afectar en forma alguna a los derechos y deberes de los ciudadanos. 
Se  cumple  el  principio  de  proporcionalidad  y  la  regulación  se  limita  al  mínimo 
imprescindible para cumplir con dicha normativa. El principio de seguridad jurídica se 
garantiza  al  establecerse  en  una  disposición  general  las  nuevas  previsiones  en 
coherencia con el resto del ordenamiento jurídico, y en particular con la normativa en 
materia de organización y funcionamiento de los órganos colegiados. Asimismo, en 
aplicación  del  principio  de  transparencia  se  identifica  claramente  su  propósito  y  la 
memoria, accesible a la ciudadanía, ofrece una explicación completa de su contenido. 
Dado  que  se  trata  de  una  norma  de  naturaleza  organizativa,  que  no  afecta  a  los 
derechos e intereses de los ciudadanos, su tramitación se encuentra exenta de la 
consulta  pública  previa  y  de  los  trámites  de  audiencia  e  información  públicas. 
Finalmente, el principio de eficiencia se considera cumplido toda vez que no se imponen 
nuevas cargas administrativas.
En su virtud, con la aprobación previa de la Ministra de Hacienda y Función Pública, 
dispongo:
Artículo 1.  Creación y adscripción de la Mesa del sistema integrado de gestión y control 
de los pagos de la Política Agrícola Común.
1.  Se crea la Mesa del sistema integrado de gestión y control de los pagos de la 
Política  Agrícola  Común,  como  órgano  colegiado  ministerial  e  interadministrativo 
responsable de la coordinación de todos los trabajos relacionados con la ejecución de 
los controles de las ayudas de la Política Agrícola Común que forman parte del sistema 
integrado de gestión y control, así como del seguimiento de las disposiciones generales 
que se exijan para su mejor funcionamiento.
2.  La Mesa del sistema integrado de gestión y control se adscribe al Fondo Español 
de  Garantía  Agraria,  O.A.  Las  funciones  de  apoyo  a  la  Mesa  recaerán  en  las 
Subdirecciones Generales de Ayudas Directas y de Sectores Especiales del citador 
organismo autónomo.
Artículo 2.  Funciones.
1.  Corresponden a la Mesa del sistema integrado de gestión y control las siguientes 
funciones:
a)  Debatir, a propuesta de las comunidades autónomas o del Fondo Español de 
Garantía Agraria, la elaboración, modificación, seguimiento y actualización de los planes 
de  control  nacionales  a  los  que  hace  referencia  el  artículo  99.1  del  Real 
Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la aplicación a partir de 2015 de los pagos 
directos a la agricultura y a la ganadería y otros regímenes de ayuda, así como sobre la 
gestión y control de los pagos directos y de los pagos al desarrollo rural, así como en el 
artículo 7 del Real Decreto 1078/2014, de 19 de diciembre, por el que se establecen las 
normas de la condicionalidad que deben cumplir los beneficiarios que reciban pagos 
directos,  determinadas  primas  anuales  de  desarrollo  rural,  o  pagos  en  virtud  de 
determinados programas de apoyo al sector vitivinícola. s
b)  El seguimiento, vigilancia y control de la ejecución de los convenios suscritos, y  oe.
los  compromisos  adquiridos  entre  el  Fondo  Español  de  Garantía  Agraria  y  las  w.
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c)  Proporcionar asesoramiento técnico, a propuesta del Fondo Español de Garantía 
Agraria o de las comunidades autónomas, respecto de la aplicación de innovaciones o 
procesos tecnológicos al sistema integrado de gestión y control.
d)  Conocer e informar los proyectos de disposiciones de carácter general que se 
dicten en desarrollo del título VI del Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre.
e)  La  realización  de  cuantas  otras  funciones  sean  precisas  para  el  mejor 
cumplimiento de sus fines.
2.  La  Mesa  del  sistema  integrado  de  gestión  y  control  ejercerá  las  funciones 
recogidas en el apartado anterior teniendo en cuenta la aplicación parcial del sistema 
integrado en la Comunidad Autónoma de Canarias, tal y como se establece en el 
artículo 2 del Real Decreto 1075/2014, del 19 de diciembre.
Artículo 3.  Composición y funcionamiento.
1.  La Mesa del sistema integrado de gestión y control que se crea por la presente 
orden  estará  compuesta  por  un  presidente  y  los  vocales  que  a  continuación  se 
determinan:
a)  Presidencia: la persona titular de la Presidencia del Fondo Español de Garantía 
Agraria.
b)  Vicepresidencia: compartida, por razón de la materia, entre la persona titular de 
la Subdirección General de Ayudas Directas y la persona titular de la Subdirección 
General de Sectores Especiales del Fondo Español de Garantía Agraria.
c)  Vocalías:
1.º  Un representante de cada comunidad autónoma que acuerde integrarse en este 
órgano, designado por las autoridades competentes en materia de gestión de los fondos 
de la Política Agrícola Común.
2.º  Dos representantes del Fondo Español de Garantía Agraria, designados por su 
Presidente, con puesto de trabajo de nivel 28 o superior.
3.º  Un  representante  de  la  Dirección  General  de  Producciones  y  Mercados 
Agrarios, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, designado por el titular del 
mencionado centro directivo, con rango de subdirector general.
4.º  Un representante de la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y 
Formación  Agroalimentaria,  del  Ministerio  de  Agricultura,  Pesca  y  Alimentación, 
designado  por  el  titular  del  mencionado  centro  directivo,  con  rango  de  subdirector 
general.
5.º  Un representante de la Subsecretaría de Agricultura, Pesca y Alimentación, 
designado  por  el  titular  del  mencionado  centro  directivo,  con  rango  de  subdirector 
general.
d)  Secretario: Un funcionario de nivel 26 o superior del Fondo Español de Garantía 
Agraria, con voz pero sin voto, designado por el titular del citado organismo.
2.  En caso de vacante, ausencia, enfermedad, u otra causa legal de la persona que 
ejerza la presidencia, y, en general, cuando concurra alguna causa justificada, ésta será 
substituida por quien ocupe la vicepresidencia, por razón de la materia.
En casos de vacante, ausencia, enfermedad, u otra causa legal de las vocalías 
titulares, y, en general, cuando concurra alguna causa justificada, las mismas serán  es
substituidas por sus suplentes. Las vocalías suplentes serán designadas, en cada caso,  o
por quien nombró a las vocalías titulares. La persona que ocupe la secretaría será  3ww.
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como mínimo, dos veces al año y podrá constituir los grupos especializados que estime
oportunos para el mejor desempeño de sus funciones, pudiendo decidir la asistencia de 
expertos a los mismos, con voz, pero sin voto.
4.  La Mesa podrá constituirse, celebrar sesiones, adoptar acuerdos y remitir actas 
tanto de forma presencial como a distancia, conforme a lo previsto en los artículos 17 
y 18 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
5.  La  convocatoria  de  las  sesiones  corresponde  acordarla  al  titular  de  la 
presidencia, con indicación de los asuntos a tratar, el lugar, día y hora en que se 
celebrará, con una antelación mínima de dos días hábiles. Cuando la sesión vaya a ser 
celebrada a distancia, será necesario que la convocatoria recoja expresamente esta 
circunstancia.
Disposición adicional primera.  Instrucciones de ejecución.
La presidencia del Fondo Español de Garantía Agraria podrá dictar las instrucciones 
necesarias para el mejor cumplimiento de esta orden.
Disposición adicional segunda.  No incremento del gasto público.
El funcionamiento de la Mesa del sistema integrado de gestión y control no supondrá 
incremento alguno del gasto público y será atendida con los medios materiales y de 
personal existentes en el Fondo Español de Garantía Agraria, y con las disponibilidades 
presupuestarias existentes en cada ejercicio sin que pueda suponer incremento de 
dotaciones ni de retribuciones ni de otros gastos de personal.
Disposición final única.  Entrada en vigor.
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».
Madrid, 16 de diciembre de 2021.–El Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, 
Luis Planas Puchades.
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