BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 196 Sábado 18 de julio de 2020 Sec. TC.   Pág. 53746
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
8148 Sala Segunda. Sentencia 64/2020, 15 de junio de 2020. Recurso de amparo 
1705-2019. Promovido por don Jesús Sebastián Mueses López respecto de 
las resoluciones dictadas por las salas de lo contencioso-administrativo del 
Tribunal  Supremo  y  de  la  Audiencia  Nacional  en  procedimiento  por 
responsabilidad patrimonial de la administración de Justicia. Vulneración de 
los derechos a la igualdad y a la presunción de inocencia: STC 125/2019 
(denegación de indemnización resultante de la aplicación del precepto legal 
anulado por la STC 85/2019, de 19 de junio).
ECLI:ES:TC:2020:64
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por la magistrada doña 
Encarnación Roca Trías, presidenta; los magistrados don Juan Antonio Xiol Ríos, don 
Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez y don Ricardo 
Enríquez Sancho, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 1705-2019, promovido por don Jesús Sebastián 
Mueses  López,  contra  la  providencia  de  la  Sección  Primera  de  la  Sala  de  lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 31 de enero de 2019, por la que se 
inadmite  a  trámite  el  recurso  de  casación  núm.  6718-2018,  promovido  contra  la 
sentencia de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Nacional de 24 de julio de 2018, pronunciada en el procedimiento ordinario 
núm.  378-2016,  por  la  que  se  desestima  el  recurso  contencioso-administrativo 
interpuesto contra la resolución de la secretaria de Estado de Justicia de 3 de febrero 
de 2016, dictada en el expediente núm. 49-2014, que desestimó el recurso de reposición 
interpuesto contra la resolución de la misma autoridad de 20 de julio de 2015, por la que 
se desestimaba la reclamación de indemnización por prisión provisional indebida. Ha 
parte el abogado del Estado. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido ponente la 
magistrada doña Encarnación Roca Trías.
I. Antecedentes
1.  Mediante  escrito  registrado  en  este  tribunal  el  15  de  marzo  de  2019,  el 
procurador  de  los  tribunales  don  Luis  de  Argüelles  González,  en  nombre  y 
representación de don Jesús Sebastián Mueses López, y bajo la dirección del letrado 
don  Andrés  Gustavo  Malamud  Serur,  interpuso  recurso  de  amparo  contra  las 
resoluciones judiciales y administrativas que se mencionan en el encabezamiento de  e
esta sentencia. bo
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Estado por la vía del art. 294 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (en adelante, LOPJ), 
en la que solicitaba una indemnización por importe de 406 628 € al haber sufrido 
privación de libertad en situación de prisión preventiva por tiempo de 814 días, como 
consecuencia de su inculpación en las diligencias previas núm. 856-2009, seguidas en el 
Juzgado de Instrucción núm. 1 de Telde, por la supuesta comisión de un delito tráfico de 
drogas, del que fue finalmente absuelto por sentencia de 14 de marzo de 2013 dictada 
en el procedimiento abreviado núm. 55-2011 por la Sección Sexta de la Audiencia 
Provincial de Las Palmas de Gran Canaria.
b)  Dicha reclamación fue desestimada, de acuerdo con el criterio del Consejo de 
Estado, mediante resolución de la secretaria de Estado de justicia, por delegación del 
Ministro de Justicia, de 20 de julio de 2015 (expediente núm. 49-2014), argumentando, 
en síntesis, que «el motivo de la absolución no ha sido la constatación de la inexistencia 
de los hechos delictivos que originaron la incoación de las actuaciones judiciales y la 
prisión preventiva del reclamante, ya que seis de los imputados en la misma causa 
fueron condenados, sino en la invalidez de todas las pruebas de cargo obtenidas contra 
el hoy reclamante, por lo que no es equiparable a la absolución a la que se refiere el 
artículo 294 de la Ley Orgánica del Poder Judicial».
c)  Contra la anterior resolución, el ahora demandante de amparo interpuso recurso 
de reposición que fue desestimado por la misma autoridad mediante resolución de 3 de 
febrero de 2016.
d)  Por el demandante de amparo se interpuso frente a dicha resolución recurso 
contencioso-administrativo  que  fue  tramitado  como  procedimiento  ordinario  núm. 
378-2016 ante la sección tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Nacional. En su escrito el recurrente hacía referencia al criterio del Tribunal 
Supremo seguido a partir de dos sentencias de 23 de noviembre de 2010 que limitaron el 
art. 294 LOPJ a los casos de inexistencia objetiva del hecho y la vulneración del principio 
de presunción de inocencia de dicha jurisprudencia.
e)  Por sentencia de 24 de julio de 2018, la Sección Tercera de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional desestimó el recurso. Según la 
resolución  judicial  no  se  cumplen  las  mismas  premisas  que  pueden  conducir  a  la 
absolución (principio pro reo) y las que se exigen para que prospere la reclamación. No 
basta que exista un pronunciamiento penal absolutorio, sino que es necesario que ese 
pronunciamiento determine la inexistencia objetiva del hecho. No puede entenderse 
probada la inexistencia de los delitos objeto de la acusación. Para la sala, «no concurren 
en  el  caso  enjuiciado  los  requisitos  necesarios  para  apreciar  la  existencia  de 
responsabilidad patrimonial por prisión indebida al amparo del artículo 294 LOPJ. Así 
consta  que,  si  bien  la  sentencia  de  la  audiencia  provincial  absuelve  al  recurrente, 
mantiene la condena de otros participantes en la comisión del delito, por lo tanto, no se 
da el supuesto de inexistencia objetiva, ya que se cometió el delito contra la salud 
pública […] Por lo tanto, sin cuestionar que el recurrente ha sido absuelto en el proceso 
penal y sin hacer referencia a argumentos que directa o indirectamente afecten a la 
presunción de inocencia, nos limitamos a indicar que no concurre el presupuesto para 
que se declare la responsabilidad patrimonial del Estado ya que artículo 294 LOPJ lo 
limita a los casos de existencia de sentencia absolutoria o auto de sobreseimiento libre 
por ‘inexistencia del hecho imputado’, lo que no sucede en el supuesto examinado».
f)  El demandante de amparo preparó recurso de casación contra la citada sentencia 
de 24 de julio de 2018. Dicho recurso de casación fue inadmitido por providencia de la 
Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 31  s
de enero de 2019, «por falta de fundamentación suficiente, con singular referencia al  oe.
caso –en aplicación del art. 90.4 b) en relación con el 89.2 f) de la Ley reguladora de la  w.
jurisdicción contencioso-administrativa (LJCA)– de la concurrencia del supuesto previsto  48ww
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Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, sin que concurra por lo
demás, el presupuesto para que resulte operativa la presunción de interés casacional 
objetivo del apartado b) del art. 88.3. LJCA que se invoca».
3.  El demandante solicita que se otorgue el amparo por la vulneración del derecho 
a  la  tutela  judicial  efectiva  y  a  la  presunción  de  inocencia  en  la  que  incurren  las 
resoluciones judiciales que se combaten. Considera que los tribunales no pueden seguir 
interpretando el art. 294 LOPJ sin tener en cuenta lo dispuesto en el art. 6.2 del 
Convenio  europeo  de  derechos  humanos  (CEDH)  y  la  jurisprudencia  del  Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos, en concreto la STEDH de 13 de julio de 2010, asunto 
Tendam c. España.  Sentencia que hizo cambiar el criterio del Tribunal Supremo en sus 
Sentencias de 23 de noviembre de 2010 (rec. núm. 1908-2006 y 4288-2006), hacia una 
interpretación más restrictiva que la mantenida hasta ese momento, y que el recurrente 
considera vulnera el derecho a la presunción de inocencia (art. 6.2 CEDH).
En el escrito justifica la especial transcendencia constitucional del recurso en la gran 
trascendencia no sólo económica, sino también social que generará el dictado de una 
sentencia por el Tribunal Constitucional y en la pretensión de que en ella se dicte una 
nueva interpretación respecto de la relación entre la sentencia absolutoria y prisión 
provisional.
4.  La  Sección  Tercera  de  este  Tribunal,  por  providencia  de  25  de  noviembre 
de 2019, acordó la admisión a trámite del presente recurso, apreciando que concurre en 
el mismo una especial trascendencia constitucional [art. 50.1 de la Ley Orgánica del 
Tribunal Constitucional (LOTC)] como consecuencia de que la posible vulneración del 
derecho fundamental que se denuncia pudiera provenir de la ley o de otra disposición de 
carácter general [STC 155/2009, FJ 2, c)]; dirigir atenta comunicación a los órganos 
judiciales  para  que  remitan  certificación  o  fotocopia  adverada  de  las  actuaciones 
correspondientes y emplazar para que puedan comparecen en el recurso de amparo a 
quienes hubieran sido parte en el procedimiento, excepto a la parte recurrente. Asimismo 
interesa que se reclame al Ministerio de Justicia el expediente relativo a la resolución 
de 20 de julio de 2015 que deniega el reconocimiento de la responsabilidad patrimonial 
de la administración.
5.  El secretario de justicia de la Sección Tercera de este Tribunal, por diligencia de 
ordenación de 10 de enero de 2020, acordó tener por personado al abogado del Estado 
y dar vista de las actuaciones al Ministerio Fiscal y a las partes personadas por plazo 
común de veinte días para presentar las alegaciones que estimasen pertinentes, de 
conformidad con el art. 52.1 LOTC.
6.  El demandante presentó sus alegaciones mediante escrito registrado el 11 de 
febrero de 2020 reproduciendo, en esencia, las formuladas en su demanda de amparo.
7.  El  Ministerio  Fiscal,  por  escrito  registrado  en  este  Tribunal  el  6  de  febrero 
de 2020, interesa el otorgamiento del amparo «una vez que el origen de las lesiones al 
derecho a la presunción de inocencia —y, hay que añadir, al derecho a la igualdad 
(art. 14 CE)— se hallaría en la norma legal». Entiende que, dado que en buena parte los 
planteamientos sustantivos introducidos en el debate son sustancialmente coincidentes 
con los abordados en la STC 125/2019, de 31 de octubre, se debe «reconocer el 
derecho del recurrente a que la decisión sobre su solicitud de indemnización se adopte, 
en cuanto a su criterios rectores, de acuerdo a las exigencias constitucionales del art. 14 
CE y del art. 24.2 CE señaladas en las SSTC 85/2019 y 125/2019». En la primera de  e.e
ellas, los incisos «por inexistencia objetiva del hecho imputado» y «por esta misma  b
causa» del art. 294.1 LOPJ son declarados inconstitucionales y nulos por vulneración de  48ww
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se encuentra ante un recurso de amparo del art. 43 LOTC, y, por tanto, el plazo para su
interposición es de veinte días hábiles, dado que lo que se impugna es la resolución 
administrativa que deniega la indemnización solicitada por prisión provisional indebida. 
Subsidiariamente  interesa  se  dicte  sentencia  conforme  a  Derecho  y,  en  caso  de 
estimación del recurso, «se ordene […] la retroacción del expediente a la instancia 
oportuna a fin de que, de acuerdo con lo que dispone el art. 294 LOPJ, y siguiendo 
siempre el cauce procedimental adecuado, se acrediten los daños y perjuicios que en su 
caso se hubieran podido llegar a producir». Destaca el abogado del Estado que, aunque 
resulta de aplicación la STC 85/2019, de 19 de junio, y, por ello, ha de declararse la 
vulneración del derecho a la presunción de inocencia al haberse aplicado un inciso del 
art. 294.1 LOPJ declarado inconstitucional por su contradicción con el art. 24.2 CE, el 
fallo de la citada resolución «deja incólume la expresión ‘siempre que se hayan arrogado 
perjuicios’»,  lo  que  implica  que  el  resarcimiento  no  es  automático  y  que  no  le 
corresponde  al  Tribunal  Constitucional  pronunciarse  sobre  la  procedencia  del 
resarcimiento determinando la realidad de los daños sino a la administración una vez 
depurado el art. 294.1 LOPJ de sus incisos inconstitucionales.
9.  Por providencia de 11 de junio de 2020 se señaló para la deliberación y votación 
de la presente sentencia el día 15 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
Único.  Remisión a las SSTC 85/2019 y 125/2019.
El recurso de amparo tiene por objeto la providencia de 31 de enero de 2019 por la 
que  la  Sección  Primera  de  la  Sala  de  lo  Contencioso-Administrativo  del  Tribunal 
Supremo  inadmitió  el  recurso  de  casación  núm.  6718-2018,  interpuesto  contra  la 
sentencia de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Nacional de 24 de julio de 2018, dictada en el procedimiento ordinario núm. 
378-2016, que a su vez desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
contra la resolución de 3 de febrero de 2016 de la secretaria de Estado de justicia, 
dictada en el expediente núm. 49-2014, que confirmó la resolución dictada por la misma 
autoridad el 20 de julio de 2015, denegatoria de la indemnización solicitada por haber 
sufrido el recurrente prisión provisional y ser absuelto posteriormente.
Hay  que  descartar,  en  primer  lugar,  que  la  demanda  haya  incurrido  en 
extemporaneidad. Como ya se ha puesto de manifiesto, «[h]asta la STC 125/2019, de 31 
de  octubre,  resolviendo  las  dudas  existentes,  no  se  dejó  establecida  una  doctrina 
constitucional  según  la  cual  en  casos  similares  al  aquí  enjuiciado  la  vulneración 
denunciada trae causa exclusiva de la resolución administrativa. Dado que esta doctrina 
no podía ser conocida por el recurrente en el momento de interponer su recurso de 
amparo, las dudas a la sazón subsistentes no podían ser resueltas en contra de la 
admisibilidad  de  recurso.  Por  tanto,  debe  considerarse  como  plazo  aplicable  a  la 
interposición del presente procedimiento de amparo el más amplio de treinta días que fija 
el artículo 44.2 LOTC, en lugar del fijado en el artículo 43.2» (SSTC 44 y 45/2020, de 9 
de marzo, FJ Único). En atención a la fecha de la notificación de la última resolución 
dictada, 1 de febrero de 2019, el plazo finalizaba el día 18 de marzo de 2019, y el 
recurso se interpuso telemáticamente el 15 de marzo de 2019.
Tanto  el  objeto  del  presente  proceso  constitucional  como  los  planteamientos 
introducidos  por  las  partes  en  el  debate  son  sustancialmente  coincidentes  con  los 
abordados por el Pleno del Tribunal Constitucional en la reciente STC 125/2019, de 31  e.e
de  octubre  (recurso  de  amparo  núm.  4035-2012),  a  cuyos  fundamentos  jurídicos  b
debemos remitirnos. En concreto, en su fundamento jurídico 4 se determinaron los  48ww
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aplicación  de  dicha  normativa  —a  la  que  atendieron  los  órganos  administrativos  y
judiciales por estar entonces vigente— materializan la misma vulneración del derecho a 
la  igualdad  y  del  derecho  a  la  presunción  de  inocencia  (arts.  14  y  24.2  CE)  que 
apreciamos en la norma en la que tienen su fuente».
En consecuencia, procede estimar el presente recurso de amparo y reconocer el 
derecho del recurrente a que la decisión sobre su solicitud de indemnización se adopte, 
en cuanto a sus criterios rectores, de acuerdo con las exigencias constitucionales del 
art.  14  CE  y  del  art.  24.2  CE  señaladas  en  las  SSTC  85/2019,  de  19  de  junio, 
y 125/2019, de 31 de octubre. Por ello, la retroacción debe remontarse al momento 
anterior a dictarse la resolución de la secretaria de Estado de justicia de 20 de julio 
de  2015,  que  denegó  la  indemnización  y  que  origina  la  lesión  de  los  derechos 
fundamentales a la igualdad y a la presunción de inocencia, para que la administración 
resuelva de nuevo la cuestión planteada conforme a las exigencias de los arts. 14 y 24.2 
CE en los términos indicados en las STC 85/2019, FJ 13, y la STC 125/2019, FJ 5.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar el recurso de amparo interpuesto por don Jesús Sebastián Mueses López y, 
en consecuencia:
1.º  Declarar que han sido vulnerados sus derechos a la igualdad (art. 14 CE) y a la 
presunción de inocencia (art. 24.2 CE).
2.º  Restablecerle en sus derechos y, a tal fin, declarar la nulidad de la providencia 
de 31 de enero de 2019 dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Supremo en el recurso de casación núm. 6718-2018; la 
sentencia de 24 de julio de 2018, dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el procedimiento ordinario núm. 
378-2016, y las resoluciones de 3 de febrero de 2016 y de 20 de julio de 2015 de la 
secretaria de Estado de justicia dictadas en el expediente núm. 49-2014.
3.º  Retrotraer  las  actuaciones  al  momento  anterior  a  pronunciarse  la  última 
resolución citada para que se resuelva la reclamación de responsabilidad patrimonial por 
prisión provisional de forma respetuosa con los derechos fundamentales a la igualdad y 
a la presunción de inocencia.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a quince de junio de dos mil veinte.–Encarnación Roca Trías.–Juan 
Antonio  Xiol  Ríos.–Pedro  José  González-Trevijano  Sánchez.–Antonio  Narváez 
Rodríguez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Firmado y rubricado.