BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 279 Lunes 22 de noviembre de 2021 Sec. III.   Pág. 143077
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
19161 Resolución de 22 de octubre de 2021, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación 
de la registradora mercantil accidental VIII de Madrid, por la que se resuelve 
no practicar la inscripción de determinados artículos estatutarios según la 
redacción aprobada en la asamblea general de una mutualidad y elevados a 
público en escritura.
En el recurso interpuesto por don J. B. G., como presidente y representante legal del 
«Montepío de Artillería, Mutualidad de Previsión Social», contra la nota de calificación 
emitida por la registradora Mercantil accidental VIII de Madrid, doña Emma Rojo Iglesias, 
por la que resuelve no practicar la inscripción de determinados artículos estatutarios 
según la redacción aprobada en asamblea general de la mutualidad y elevados a público 
en escritura.
Hechos
I
Mediante escritura autorizada el día 3 de junio de 2021 por el notario Madrid, don 
Segismundo Álvarez Royo-Villanova, con el número 1.651 de protocolo, se procedió a 
elevar a público los acuerdos adoptados por la asamblea general del «Montepío de 
Artillería, Mutualidad de Previsión Social», celebrada el día 16 de mayo de 2021. A los 
efectos que a este expediente interesan, en la citada junta general se procedió a dotar 
de  nueva  redacción  a  determinados  artículos  estatutarios,  de  los  que  fueron 
cuestionados por la calificación registral los siguientes:
«Artículo 23.  Contraprestación de los cargos sociales.
1.  Las personas propuestas por la Junta Directiva para ocupar cargos sociales 
podrán renunciar a los mismos por causa razonada y justa.
2.  Los  cargos  de  los  órganos  sociales  deberán  recaer  sobre  personas  que, 
hallándose al corriente de sus obligaciones sociales, tengan la condición de mutualistas; 
no  obstante,  hasta  un  tercio  de  los  miembros  de  la  Junta  Directiva  podrán  ser 
independientes externos.
3.  No serán elegibles o, en su caso, deberán cesar en sus cargos, quienes tengan, 
adquieran o conserven un interés en conflicto con los de esta Mutualidad.
4.  Estos  cargos  no  serán  remunerados,  salvo  que  se  trate  de  personas 
independientes externos y formen parte de alguna Comisión o sean responsables de las 
funciones fundamentales, si bien se cubrirán todos los gastos asociados al ejercicio de 
su cargo, y se les podrá atribuir una dieta, cuyo importe máximo deberá ser aprobado 
por la Asamblea General.»
«Artículo 31.  Composición de la Junta Directiva.
1.  La Junta Directiva estará formada por un máximo de quince vocales, elegidos en  o
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4.  No habrá incompatibilidad alguna para ser miembro de la Junta Directiva por 
razón de otros cargos que puedan ostentarse en cualquier entidad pública o privada e 
incluso en otras entidades de previsión social.
5.  La duración del mandato de los vocales de la Junta Directiva será de tres años, 
pudiendo  ser  reelegidos  sin  limitación.  Las  vacantes  que  se  produzcan  durante  el 
mandato serán cubiertas provisionalmente por el candidato más votado de los que no 
obtuvieran la condición de vocal en la Asamblea en que fue elegido el cesante y ocupará 
el cargo únicamente por el tiempo que falte para la renovación normal de la vocalía. En 
caso de que la vacante provoque la falta del mínimo exigido, y no hubiera candidato, la 
Junta Directiva será quien designe a un mutualista que acepte el cargo solo por el tiempo 
que falte hasta la próxima Asamblea.
Los miembros de la Junta Directiva elegirán entre ellos, al menos, al Presidente, 
Vicepresidente y Secretario, que lo serán también de la Asamblea General. Cuando 
proceda la elección de tales cargos, deberán estar presentes o representados, como 
mínimo, las tres cuartas partes de los vocales.»
«Artículo 39.  Concepto, composición y funciones.
1.  La Comisión de Auditoría estará formada por un mínimo de entre dos y cuatro 
miembros de la Junta Directiva, de los cuales la mayoría deberán ser independientes y 
uno de ellos deberá ser designado teniendo en cuenta sus conocimientos y experiencia 
en materia de contabilidad, auditorio o ambas.
En caso de estar formada por cuatro miembros, será suficiente con que dos de los 
vocales sean independientes, teniendo el Presidente de la Comisión voto de calidad en 
la adopción de acuerdos.
En cualquier caso, los miembros de la Comisión de Auditoría deberán tener, en su 
conjunto, conocimientos técnicos suficientes sobre el sector asegurador, así como en 
materia de contabilidad, de auditoría o en ambas.
2.  El Presidente será elegido de entre los vocales independientes que formen parte 
de esta Comisión y deberá ser sustituido cada cuatro años, pudiendo ser reelegido una 
vez que transcurra el plazo de un año desde su cese.
3.  El  funcionamiento  de  la  Comisión  de  Auditoría  se  regulará  mediante  un 
Reglamento, que será publicado en la página web de la Mutualidad.
4.  Sin perjuicio de las demás funciones que le puedan delegar otros órganos, las 
funciones de la Comisión de Auditoría serán:
a)  Informar a la Asamblea General sobre el resultado de la auditoría, así como 
sobre el resto de cuestiones que se planteen en relación con aquellas materias que sean 
competencia de la Comisión.
b)  Supervisar la eficacia del control interno de la sociedad, la auditoría interna y los 
sistemas de gestión de riesgos.
c)  Supervisar el proceso de elaboración y presentación de la información financiera 
preceptiva y presentar recomendaciones o propuestas a la Junta Directiva.
d)  Elevar  a  la  Junta  Directiva  las  propuestas  de  selección,  nombramiento, 
reelección y sustitución del auditor de cuentas.
e)  Recabar del auditor de cuentas cuanta información sea necesaria sobre el plan 
de auditoría y su ejecución.
f)  Establecer  las  oportunas  relaciones  con  el  auditor  externo  para  recibir 
información  sobre  aquellas  cuestiones  que  puedan  suponer  amenaza  para  su  s
independencia y emitir anualmente, con carácter previo a la emisión del informe de  oe.
adaueud daiigttpoo)l rircíeaaIsn,c  dfioóuernn mc. »uainerf noatra mlsae. J uennt ae Dl iqreucet iveax psroebsree  tsoud aosp liansió nm astoebriraes  lpar eivnidsetapse nedne lnac niao rdmea tilvoas   2021-19161n https://www.
II
Presentada dicha escritura en el Registro Mercantil de Madrid, fue objeto de la 
siguiente nota de calificación de la que, dejando aparte un primer defecto (la falta de 
firma por el notario de la copia presentada), que por su obviedad ha sido subsanado, son 
objeto de recurso los siguientes:
«Emma  Rojo  Iglesias,  registradora  mercantil  accidental  de  Madrid,  previo  el 
consiguiente examen y calificación, de conformidad con los artículos 18 del Código de 
Comercio y 6 del Reglamento del Registro Mercantil y habiéndose dado cumplimiento a 
lo  dispuesto  en  el  artículo  15.2  de  dicho  Reglamento,  ha  resuelto  no  practicar  la 
inscripción solicitada conforme a los siguientes hechos y fundamentos de Derecho:
Hechos.
Diario/Asiento: 3137/1217.
F. presentación: 07/06/2021.
Entrada: 1/2021/87.790,0.
Sociedad: Montepío de Artillería Mutualidad de Previsión Soc.
Autorizante: Álvarez Royo-Villanova Segismundo.
Protocolo: 2021/1651 de 03/06/2021.
1.  (…).
2.  En el artículo 23 se indica que puede haber personas no mutualistas en los 
órganos sociales. Según el artículo 39 del Real Decreto 1430/2002, de 27 de diciembre, 
Reglamento de mutualidades de previsión social, solo se permite que una tercera parte 
de  los  miembros  de  la  junta  directiva,  no  sean  mutualistas,  pero  deben  de  ser 
protectores. No cabe que sean personas completamente externas, además, por ello la 
remuneración que establece el punto 3 carece de objeto. Es defecto subsanable.
3.  En el artículo 31 se señala un número máximo de vocales en la Junta Directiva, 
tanto el artículo 39 del Reg. de mutualidades, como el 18 del Real Decreto 2486/1998, 
de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación y Supervisión 
de los Seguros Privados, señalan que debe de estar compuesto por un número fijo. El 
artículo  39.1,  dice  que:  La  junta  directiva  constará  del  número  de  miembros  que 
determine cada estatuto. Es defecto subsanable.
4.  La Comisión de Auditoría que regula el artículo 39 de los estatutos, es lo que en 
el artículo 43 del Reg. 1430/2002 de 27 de diciembre, denomina Comisión de control 
financiero, y no se acomoda con la regulación reglamentaria. Debe de estar compuesto 
por tres mutualistas que no formen parte de la Junta Directiva y los estatutos deben 
regular  el  funcionamiento  de  la  comisión,  así  como  el  sistema  de  elección  de  los 
miembros, y la duración de su cargo. Es defecto subsanable.
Sin perjuicio de proceder a la subsanación de los defectos anteriores y a obtener la 
inscripción del documento, en relación con la presente calificación: (…).
Madrid, a 21 de junio de 2021 (firma ilegible).
La registradora accidental.»
III
Contra la anterior nota de calificación, don J. B. G., como presidente y representante  s
legal del «Montepío de Artillería, Mutualidad de Previsión Social», interpuso recurso el  o
día 23 de julio de 2021 en los siguientes términos: 161www.
insc«riQpcuieó ne ld ed íala  2m5 oddeif ijcuancioió nd edl ea ñloos  eEns tcauturstoos m aep rhoab asdidao  pnoor tilfaic aAdsaa mlab lseuas pGeennseiórna l deel 
día 16 de mayo de 2021 y presentada para su inscripción en el Registro Mercantil de
Madrid el 7 de junio de 2021. El documento de solicitud de inscripción tiene número de 
entrada 1/2021/87790.
Que la notificación de la suspensión de inscripción es debida a la consideración 
como  defectuosos  de  tres  de  los  artículos  modificados,  artículo  23,  artículo  31  y 
artículo 39.
No hallándome conforme con los motivos que se alegan para considerar como 
defectuosos los citados tres artículos modificados interpongo recurso frente a la negativa 
del Registrador a inscribir la escritura de Elevación a público de los acuerdos adoptados 
por la Asamblea General de fecha 16 de mayo de 2012 referentes a la modificación de 
los artículos 13, 14, 15, 18, 22, 23, 25, ·27, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39. 45 y el título del 
artículo 29, el título del Capítulo V del título Cuarto de los Estatutos, en base a los 
siguientes:
Antecedentes de hecho
Primero.
Con fecha 3 de junio, de 2021 mediante escritura pública autorizada por el Notario de 
Madrid don Segismundo Álvarez Royo-Villanova. se eleva a público el acuerdo adoptado 
por la Asamblea General de fecha 16 de mayo de 2021 referente a la modificación de los 
artículos 13, 14, 15, 18, 22., 23, 25, 27, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 45 y el título del 
artículo 29 y el título del Capítulo V del Título cuarto de los Estatutos.
Segundo.
Con fecha 7 de junio de 2021 fue presentada primera copia de la Escritura citada en 
el punto primero ante el Registro Mercantil de Madrid solicitando su inscripción. El 
documento de solicitud de inscripción tiene número de entrada 1/2021/87790 (…).
Tercero.
Con fecha 25 de junio se recibe notificación del Registro Mercantil de Madrid en el 
correo  electrónico  de  la  Mutualidad,  descargada  el  lunes  28,  de  suspensión  de  la 
inscripción, firmada por la Registradora doña Emma Rojo Iglesias, y que consta al pie de 
la Escritura Notarial (…) por la que se, deniega la solicitada inscripción por los siguientes 
defectos:
– En el artículo 23 se indica que puede haber personas no mutualistas en los 
órganos sociales. Según el artículo 39 del Real Decreto 1430/2002, de 27 de diciembre, 
Reglamento de mutualidades de previsión social, solo se permite que una tercera parte 
de  los  miembros  de  la  junta  directiva,  no  sean  mutualistas,  pero  deben  de  ser 
protectores. No cabe que sean personas completamente externas, además, por ello la 
remuneración que establece el punto 3 carece de objeto. Es defecto subsanable.
– En el artículo 31 se señala un número máximo de vocales en la Junta Directiva, 
tanto el artículo 39 del Reg. de mutualidades, como el 18 del Real Decreto 2486/1998, 
de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación y Supervisión 
de los Seguros Privados, señalan que debe de estar compuesto por un número fijo. El 
artículo  39.1,  dice  que:  La  junta  directiva  constará  del  número  de  miembros  que 
determine cada estatuto. Es defecto subsanable.
– La Comisión de Auditoría que regula el artículo 39 de los estatutos, es lo que en el  e.
artículo 43 Del Reg. 1430/2002 de 27 de diciembre, denomina Comisión de control  w.
financiero, y no se acomoda con la regulación reglamentaria. Debe de estar compuesto  161ww
rpeogru tlraers  eml ufutunacliiosntaasm qieunet on od efo rlam ecno mpaisritóen ,d ea slaí  cJoumntoa  eDli rescisttiveam ay  ldoes  eesletactcuiótons  ddee bleons 
miembros, y la duración de su cargo. Es defecto subsanable.
Cuarto.
Con fecha 30 de junio de 2021 nos ponemos en contacto telefónico con el Registro 
Mercantil para solicitar una cita con la persona que pudiera atendemos para aclarar 
estos aspectos. y nos indican que pusiéramos por escrito las consideraciones y que se 
las remitirían al Registrador.
El mismo día se le envía a la persona de contacto, a través del correo electrónico, el 
escrito aclaratorio (…) En dicho escrito se recoge, junto con la aclaración normativa de 
cada uno de los artículos rechazados y su justificación, una referencia como ejemplo de 
la redacción, que en el mismo sentido, existe en los Estatutos de la Mutualidad de la 
Abogacía, aprobados en 2020 (…).
Quinto.
Con fecha 12 de julio de 2021 se recibe contestación por correo electrónico del 
Registrador don Luis María Stampa Piñeiro (…).
Sexto.
Con fecha 12 de Julio de 2021 se contesta al anterior correo adjuntando documento 
de consultas emitidas por la CNMV, órgano encargado de la supervisión de la Comisión 
de Auditoría, en la que se recoge una consulta que, según la Mutualidad. puede aclarar 
el porqué de la modificación del artículo 39 de los Estatutos. En este mismo correo se 
indica que se va a solicitar consulta oficial respecto a estos tres aspectos a la Dirección 
General de Seguros y Fondos de Pensiones (…).
Séptimo.
Con fecha 13 de julio de 2021 se recibe contestación por parte de don Luis María 
Stampa Piñeiro a través del correo electrónico (…).
Octavo.
Con fecha de 16 de noviembre de 2017 se eleva a público una anterior modificación 
de los Estatutos, aprobada en Asamblea General del 21 de mayo de 2017 que se 
registra en el Registro Mercantil de Madrid el 20 de julio de 2018 tras la subsanación de 
errores.
Entre los artículos modificados se encuentra el «artículo 31. Composición de la Junta 
Directiva», donde se modificó el número máximo y mínimo de vocales:
– Redacción anterior a la modificación de 2017 del artículo 31.1.–Composición de la 
Junta Directiva:
«La Junta Directiva estará formada por un máximo de quince vocales y un mínimo de 
nueve, elegidos entre mutualistas en la Asamblea General. No habrá incompatibilidad 
alguna para ser miembro de la Junta Directiva por razón de otros cargos que puedan 
ostentase  en  cualquier  entidad  pública  o  privada  e  incluso  en  otras  entidades  de 
previsión social.»
– Nueva redacción, aprobada en 2017, del artículo 31.1. Composición de la Junta 
Directiva, registrado en el Registro Mercantil el 20 de julio de 2018: e
osaislegtteue«nn,L taaae s plJeeaug rniaedt naos  seD crieu rmenactlirqeteiuvm iaemb reru oste utandarteliáid s laftaoad rs Jm upeanúndtb aall i acDp aoiA rre souca ntmipv mrabiv láeapxadoi mar G oraee dzn eóein nrqca ulldu.i ensN cooeo t  revohnosa c baocrltaáerra sgsi noy c sueo nnqm tumipdeaaí ntdpiibmeuiseloi dd addadeen     2021-19161n https://www.
previsión social.»
– Redacción del artículo 31.1, aprobada en 2021, cuya inscripción se ha denegado 
por el Registrador:
«La Junta Directiva estará formada por un máximo de quince vocales elegidos en la 
Asamblea General.»
En el momento de la modificación de este artículo ya estaba en vigor la normativa a 
la que se hace referencia en la actual Notificación de la Registradora en la que basa el 
defecto de lo que se recoge en el citado artículo (artículo 18 del Real Decreto 2486/1998, 
de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación y Supervisión 
de los Seguros Privados) y, sin embargo, el Registro no puso de manifiesto ninguna 
objeción a que no se estableciera ningún número fijo de miembros.
Entendiendo esta parte que los mencionados defectos recogidos en la notificación 
son improcedentes, es por la que se formula el presente recurso.
A los anteriores hechos les son de aplicación los siguientes
Fundamentos de Derecho:
1.  Con fecha 14 de julio de 2021 se realizó Consulta por escrito (…) a la Dirección 
General de Seguros y Fondos de Pensiones, Órgano directivo y regulador dependiente 
de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, adscrita al Ministerio de 
Asuntos Económicos y Transformación Digital de España, respecto a si se ajustan a 
normativa el punto 2 del artículo 23, el punto 1 del artículo 31 y el artículo 39 de los 
Estatutos presentados al Registro Mercantil para su inscripción por el Montepío de 
Artillería, Mutualidad de Previsión Social.
Con fecha 21 de julio se recibe contestación de dicho Órgano a la citada Consulta (…) en 
la  que  se  recoge  extramente  la  normativa  que  ampara  y  soporta  las  modificaciones 
introducidas en los Estatutos del Montepío y que se han cuestionado por el Registrador.
Según lo establecido en esta Consulta las modificaciones introducidas en los artículos en 
cuestión (23, 31 y 39) se ajustan tanto a la normativa que regula la actividad de las Entidades 
aseguradoras  y,  por  ende,  las  Mutualidades  de  Previsión  Social  (posibilidad  de  tener 
miembros independientes no  mutualistas y no  protectores  en la Junta Directiva, la  no 
exigencia de establecer un número fijo de miembros de la Junta Directiva y la no obligación 
de tener Comisión de Control Financiero al estar obligada a Auditoría externa), como a la que 
regula la Comisión de Auditoría (obligación de la Mutualidad de Previsión Social como entidad 
de interés público a tener constituida una Comisión de Auditoría).
Se recoge seguidamente el texto de la Consulta (…).
En contestación a las cuestiones planteadas, se le informa de lo siguiente:
Pregunta  1.  «A  tenor  de  lo  establecido  en  el  artículo  39  del  Reglamento  de 
Mutualidades de Previsión Social (RD 1430/2002), ¿la Asamblea General de Mutualidad 
puede  nombrar  miembros  de  la  Junta  Directiva  que  no  sean  mutualistas  ni  socios 
protectores de la propia Mutualidad hasta el límite de un tercio de los miembros?».
Hasta  la  entrada  en  vigor  del  Real  Decreto  1060/2015,  de  20  de  noviembre,  de 
ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras, el 
artículo 39.2 del Real Decreto 1430/2002, de 27 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de mutualidades de previsión social, señalaba que «Los miembros de la junta 
directiva habrán de ser mutualistas (…)». Sin embargo, dicho artículo fue modificado por la 
disposición final segunda del Real Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre, de ordenación, 
supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras, en aras de una  e.e
mayor profesionalización de los órganos de administración de las Mutualidades de Previsión  b
Social. En este sentido, la redacción actualmente vigente del artículo 39 del Reglamento de  161ww
tmeurctue«arLaloisds a pdmeaisret emdseb;  rponreso v disoeibó snlat ae nsjut lena,t  asci gadusiiroeen ctdteiev:a  ehxaisbtirrá ne ndtied asdeers  mou tupaelrissotansa sa l pmroetencotso reans,  dlooss   OE-A-2021-19able en https://
estatutos sociales podrán determinar que los protectores o sus representantes formen
parte de la junta directiva. La participación del protector en la junta directiva en ningún 
caso podrá suponer el control efectivo de este órgano societario (…).»
Por  tanto,  la  junta  directiva  puede  estar  formada  por  personas  que  no  sean 
mutualistas ni socios protectores, siempre que éstos no superen un tercio de la totalidad 
de los miembros de la Junta. Por lo que se refiere a la presencia de socios protectores 
en la junta directiva, queda al arbitrio de lo que acuerde la entidad en sus estatutos 
sociales, que en ningún caso podrá suponer e1 control efectivo de este órgano por parte 
del socio o socios protectores.
Pregunta 2.  «A tenor de lo establecido tanto en el art 39 del Reglamento de 
Mutualidades  de  Previsión  Social  (RD  143/2002),  como  en  el  artículo  18  del  Real 
Decreto 2486/1998, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Ordenación y Supervisión de los Seguros Privado, se debe concluir que ¿los Estatutos 
deben establecer un número fijo de miembros de la Junta Directiva?».
El artículo 39.1 del Real Decreto 1430/2002, de 27 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de mutualidades de previsión social señala:
«La junta directiva constará del número de miembros que determine cada estatuto. 
En su seno se designará, al menos, presidente y secretario, salvo que los estatutos 
prevean su designación por la asamblea general.»
Por otro lado, cabe señalar que ni la Ley 20/2015, de 14 de Julio, de ordenación, 
supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras, ni el Real 
Decreto  1060/2015,  de  20  de  noviembre,  que  la  desarrolla,  como  tampoco  los 
artículos 12 a 23 del Real Decreto 2486/1998. de 20 de noviembre, en vigor en virtud de 
la Disposición derogatoria única del RD 1060/2015, recogen la obligación de establecer 
un número fijo de miembros para la junta directiva.
Así pues. la normativa aseguradora vigente no prevé expresamente la obligación de 
establecer en los estatutos sociales de una mutualidad de previsión social un número fijo 
de miembros en la Junta directiva.
Pregunta 3.  «Dado que el Montepío de Artillería es una Mutualidad de Previsión 
Social, entidad aseguradora y entidad de interés público, no estando en ninguna de las 
circunstancias  recogidas  en  el  punto  3  de  la  Disposición  Adicional  tercera  de  la 
ley 22/2015 de Auditoría de Cuentas, a) ¿Es obligado para el Montepío de Artillería, MPS 
disponer de una Comisión de Auditoría? b) ¿Procede recoger la regulación relativa a la 
Comisión de Auditoría dentro de los Estatutos?».
Contestación:
En relación con las cuestiones planteadas sobre la existencia y regulación de la 
Comisión  de  Auditoría  de  Cuentas,  cabe  señalar  que  este  Centro  Directivo  no  es 
competente para resolver cuestiones relativas a la citada Comisión, cuya supervisión 
corresponde a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
No obstante lo anterior, a título informativo se indica lo siguiente:
a)  De conformidad con lo dispuesto  en  la Disposición  Adicional Tercera de la 
ley 22/12015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas:
«1.  Las entidades de interés público, cuya normativa no lo exija, deberán tener una 
Comisión de Auditoría con la composición y funciones contempladas en el artículo 529  s
quaterdecies del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por  oe.
Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio.» w.
que Esne  easptreu esbean teidl oR, eegll aamrtíecnutloo  q1u5e d deel sRaerraol llDa eecl rteetxot o1 5re1f7u/n2d0i1d1o,  ddee  la3 1L edye  doec tAuubdreit,o príoar  deel 
eCnuteidnatadse,s  atipernoebna dlao  cpoonrs eidl eRraecailó Dn edcer eetnot iLdeagdi sdlea tiinvote r1é/2s 0p1ú1b, lidceo  1a  edset ojusl ieof,e dcetossa,r ryo rlleac oqgueé 
en su apartado 1.a), entre otras, a las entidades aseguradoras.
Por otra parte. el apartado 2 de la referida Disposición Adicional Tercera de la 
Ley 22/2015, establece:
«2.  En las entidades a que se refiere el apartado 1 que dispongan de un órgano 
con funciones equivalentes a las de la Comisión de Auditoría, que se haya establecido y 
opere conforme a su normativa aplicable, las funciones de la Comisión de Auditoría 
serán asumidas por el citado órgano, debiendo dichas entidades hacer público en su 
página web el órgano encargado de esas funciones y su composición (…).»
El artículo 43.1 del Reglamento de mutualidades de previsión social, dispone:
«1.  La comisión de control financiero será órgano social de carácter necesario para 
aquellas  mutualidades  de  previsión  social  que  por  disposición  normativa  no  estén 
obligadas a someter sus cuentas anuales a auditoría de cuentas. Para las mutualidades 
de  previsión  social  que  se  sometan  a  auditoría  de  cuentas,  estén  o  no  obligadas 
legalmente a ello, la comisión de control financiero será órgano social de carácter 
facultativo.»
Cabe señalar que el artículo 98 del Real Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre, 
señala que:
«1.  Las cuentas anuales individuales y las cuentas anuales consolidadas de las 
entidades aseguradoras y reaseguradoras deberán ser revisadas por los auditores de 
cuentas.»
Por tanto, estando las entidades aseguradoras sujetas al deber de auditoría de 
cuentas, la comisión de control financiero no es un órgano de carácter necesario en las 
mutualidades de Previsión social.
b)  El artículo 529 quaterdecies, apartados 1 y 2, del texto refundido de la Ley de 
Sociedades, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, señala:
«1.  La comisión de auditoría estará compuesta exclusivamente por consejeros no 
ejecutivos nombrados por el consejo de administración, la mayoría de los cuales, al 
menos, deberán ser consejeros independientes y uno de ellos será designado teniendo 
en cuenta sus conocimientos y experiencia en materia de contabilidad, auditoría o en 
ambas.
En su conjunto, los miembros de la comisión tendrán los conocimientos técnicos 
pertinentes en relación con el sector de actividad al que pertenezca la entidad auditada.
2.  El presidente de la comisión de auditoría será designado de entre los consejeros 
independientes que formen parte de ella y deberá ser sustituido cada cuatro años, 
pudiendo ser reelegido una vez transcurrido un plazo de un año desde su cese.»
II.  El  presente  recurso  se  interpone  en  plazo  oportuno  puesto  que  no  ha 
transcurrido un mes desde la fecha de la notificación de la calificación, según lo previsto 
en el artículo 326 de la Ley Hipotecaria.
Por todo lo cual,
Solicito  de  su  organismo  que,  resuelva  el  presente  recurso  estimando  las 
pretensiones de quien suscribe este escrito, de modo que se proceda a la práctica de la 
inscripción de las modificaciones de los Estatutos en el Registro Mercantil de Madrid en  e.
los términos que resulten de la resolución.» w.
IV
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previsto en el artículo 327 de la Ley Hipotecaria. No dejaba constancia en su escrito el
haber dado traslado del recurso al notario autorizante, trámite previsto en el precepto 
legal  citado,  extendiéndose  sin  embargo  en  la  fundamentación  de  los  defectos 
impeditivos de la inscripción, añadiendo incluso argumentos no consignados en la nota, 
lo que es contrario a la reiterada doctrina de este Centro Directivo según la cual el 
informe del registrador, por su localización secuencial, no es el trámite procesal oportuno 
para  rebatir  las  alegaciones  del  recurrente,  y  menos  aún  para  apoyar  con  nuevas 
razones los defectos advertidos en la calificación.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 529 quaterdecies del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de 
julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital; 3.5 y 
las disposiciones finales primera y tercera de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría 
de Cuentas; los artículos 39 y 43 del Real Decreto 1430/2002, de 27 de diciembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de mutualidades de previsión social; 98.1 y la disposición 
final segunda, punto 2, del Real Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre, de ordenación, 
supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras, y el artículo 18 
del Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados.
1.  En este expediente se plantean tres cuestiones diferentes sobre otros tantos 
artículos estatutarios de una mutualidad de previsión social de ámbito nacional.
El primero de los defectos advertidos afecta al artículo 23.2 de los estatutos y se 
refiere a la posibilidad de que formen parte de la junta directiva personas en quienes no 
concurra la condición de mutualistas ni de protectores; dispone en concreto que «los 
cargos  de  los  órganos  sociales  deberán  recaer  sobre  personas  que,  hallándose  al 
corriente de sus obligaciones sociales, tengan la condición de mutualistas; no obstante, 
hasta  un  tercio  de  los  miembros  de  la  Junta  Directiva  podrán  ser  independientes 
externos».
Sostiene la registradora accidental en su nota que no puede haber personas no 
mutualistas  en  los  órganos  sociales,  alegando  que  el  artículo  39  del  Real 
Decreto 1430/2002, de 27 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
mutualidades de previsión social, únicamente permite que una tercera parte de los 
miembros de la junta directiva no sean mutualistas, pero exige que en tal caso sean 
protectores.
La cuestión se encuentra regulada en el primer párrafo del artículo 39.2 de la citada 
disposición. Ciertamente, en su redacción inicial, establecía la regla general de que los 
miembros de la junta directiva habrían de ser mutualistas, si bien, en caso de existir 
entidades  o  personas  protectoras,  se  permitía  que  los  estatutos  sociales  pudieran 
determinar que los protectores o sus representantes formaran parte de ella, siempre que 
su participación no supusiera el control efectivo del órgano. Con posterioridad, este 
pasaje reglamentario fue modificado por la disposición final segunda, punto 2, del Real 
Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre, gozando en la actualidad de la siguiente 
redacción: «Los miembros de la junta directiva habrán de ser mutualistas al menos en 
dos terceras partes; no obstante, caso de existir entidades o personas protectoras, los 
estatutos sociales podrán determinar que los protectores o sus representantes formen 
parte de la junta directiva. La participación del protector en la junta directiva en ningún 
caso podrá suponer el control efectivo de este órgano societario».
En  consecuencia,  dado  que  el  texto  vigente  del  artículo  39.2  del  Real  e.e
Decreto 1430/2002 permite que un tercio de los miembros de la junta directiva tengan la  b
condición de terceros no mutualistas, el primer defecto debe ser revocado. 161ww
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estará formada por un máximo de quince miembros, elegidos por la Asamblea General».
La registradora Mercantil accidental estima en su nota que tal redacción no se 
adecúa a lo prescrito en el artículo 39.1 del Real Decreto 1430/2002, de 27 de diciembre, 
donde  se  dispone  que  «la  junta  directiva  constará  del  número  de  miembros  que 
determine cada estatuto». También cita en apoyo de su tesis el artículo 18 del Real 
Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, pasaje reglamentario que en su 
apartado  2  establece  que  «la  composición  del  Consejo  de  Administración  será 
establecido en los estatutos». Aunque invoca este segundo texto en apoyo de su tesis, 
es evidente que, en la medida en que simplemente remite a los estatutos la previsión 
relativa a la composición del órgano, contiene una habilitación más amplia en favor de la 
autonomía  estatutaria  que  la  exigente  de  la  fijación  del  número  de  miembros.  No 
obstante, debe tenerse en cuenta que las previsiones del Real Decreto 2486/1998 se 
declararon aplicables a las mutualidades de previsión social por la disposición adicional 
primera del Real Decreto 1430/2002 en todo aquello que no se opusiera a este mismo 
Reglamento;  así  las  cosas,  el  requerimiento  más  vago  de  1998  debe  entenderse 
derogado por el más preciso de 2002.
En defensa de la vigencia del artículo 18 del Real Decreto 2486/1998, se invoca en el 
recurso  la  disposición  derogatoria  única  del  Real  Decreto  1060/2015,  de  20  de 
noviembre, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y 
reaseguradoras, donde, entre las normas expresamente derogadas se encuentra el 
referido Real Decreto, con excepción explícita de determinados pasajes, entre los que se 
encuentra  el  artículo  18.  No  se  indica,  sin  embargo,  que  esa  misma  disposición 
derogatoria  declara  la  pérdida  de  vigencia  de  determinados  artículos  del  Real 
Decreto  1430/2002,  entre  los  que  no  se  encuentra  el  artículo  39,  declarando  la 
pervivencia de los demás «en lo que no se opongan a lo dispuesto en la ley» (se refiere 
a la Ley 20/2015 de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades 
aseguradoras y reaseguradoras). La situación así descrita ofrece, en el aspecto que aquí 
interesa,  un  panorama  idéntico  al  existente  antes  de  la  aprobación  del  Real 
Decreto 1060/2015, donde la vigencia de los mandatos contradictorios referidos a la 
mención estatutaria sobre la composición del órgano de administración, contenidos en el 
artículo 18 del Real Decreto 2486/1998 y en el artículo 39 del Real Decreto 1430/2002, 
debe resolverse en atención al orden cronológico de su entrada en vigor.
De acuerdo con lo expuesto, la exigencia de que en los estatutos deba constar el 
número de miembros de la junta directiva no puede estimarse cumplida con la mera 
referencia al máximo de componentes que pudiera tener, razón por la que el defecto 
relativo a ella debe ser mantenido.
3.  La tercera deficiencia objeto de examen en este expediente afecta a la comisión 
de auditoría regulada en el artículo 39 de los estatutos. Según la nota de calificación, las 
previsiones del texto estatutario no se adecúan a lo establecido en el artículo 43 del Real 
Decreto 1430/2002 para la que esta norma denomina «comisión de control financiero», 
donde se prescribe que debe estar compuesta por tres mutualistas que no formen parte 
de la junta directiva, y que los estatutos deben regular el funcionamiento de la comisión, 
así como el sistema de elección de sus miembros y la duración del cargo.
Efectivamente, el artículo 43 del Real Decreto 1430/2002 prevé la comisión de 
control financiero como «órgano social de carácter necesario» para las mutualidades que 
por disposición normativa no estén obligadas a someter a auditoría sus cuentas anuales, 
atribuyéndole el carácter de «órgano social de carácter facultativo» para las que se 
sometan a auditoría de cuentas, estén o no obligadas a ello. e.
La disposición final primera de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de  w.b
Cuentas, somete a la obligación de auditoría de cuentas a las entidades que tengan por  161ww
soebgjeutroo sc uparilvqaudieors ,a dcteivnitdroa dd es ulojest alí mai telas  lqeugeis lraecgiólanm deen taorriadmeneanctieó ns ey  essutapbelrevzisciaónn.  Pdeo r losus 
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reaseguradoras deberán ser revisadas por los auditores de cuentas».
El  artículo  3.5  de  la  Ley  de  Auditoría  de  Cuentas  otorga  la  consideración  de 
entidades de interés público a las aseguradoras, lo que comporta el sometimiento de su 
auditoría a una disciplina especial. La disposición adicional tercera de esta misma ley 
dispone que «las entidades de interés público, cuya normativa no lo exija, deberán tener 
una  Comisión  de  Auditoría  con  la  composición  y  funciones  contempladas  en  el 
artículo 529 quaterdecies del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio». Según se ha indicado, la 
normativa  específica  de  las  mutualidades  de  previsión  social  (artículo  43  del  Real 
Decreto  1430/2002)  no  impone  la  existencia  de  una  comisión  de  control,  en  las 
condiciones que su texto determina, cuando estén obligadas a someter a auditoría sus 
cuentas anuales. Por tanto, al tratarse de entidades de interés público, deberán tener 
una comisión de auditoría conforme a lo prescrito en el artículo 529 quaterdecies de la 
Ley de Sociedades de Capital, como sucede en este caso.
En consecuencia, el defecto observado en relación con el artículo estatutario referido 
a la comisión de auditoría debe ser revocado.
En virtud de lo expuesto, esta Dirección General ha acordado estimar parcialmente el 
recurso, confirmando la nota de calificación impugnada en cuanto al segundo de los 
defectos examinados, y revocándola en cuanto al primero y tercero.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Mercantil de la provincia donde radica el Registro, en el plazo de 
dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal, 
conforme a lo establecido en la disposición adicional vigésima cuarta de la Ley 24/2001, 
27 de diciembre, y los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria.
Madrid, 22 de octubre de 2021.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.