BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 179 Miércoles 28 de julio de 2021 Sec. I.   Pág. 90776
I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE UNIVERSIDADES
12613 Real  Decreto  640/2021,  de  27  de  julio,  de  creación,  reconocimiento  y 
autorización  de  universidades  y  centros  universitarios,  y  acreditación 
institucional de centros universitarios.
Desde la aprobación de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, hasta la actualidad, en la segunda mitad del año 2020, las instituciones 
universitarias en nuestro país han configurado progresivamente un potente y dinámico 
sistema universitario, con niveles de calidad docente e investigadora, y cada vez más 
también en términos de transferencia de conocimiento e innovación, contrastables a los 
de los países de nuestro entorno europeo. La incorporación plena a partir del 2007 al 
Espacio  Europeo  de  Educación  Superior  reforzó  este  proceso  transformador, 
convergiendo las estructuras docentes con las predominantes en Europa, todo lo cual 
aceleró de forma idéntica las interconexiones académicas e investigadoras del personal 
docente  e  investigador  con  otros  centros  de  educación  superior  extranjeros.  Estos 
procesos abrían, asimismo, nuevos retos para el sistema universitario español, entre los 
cuales, cabe reseñar la atracción de talento internacional.
La  legislación  que  en  materia  de  política  universitaria  se  ha  sucedido  desde 
entonces, a través de la promulgación de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, ha construido el 
armazón legal y competencial que ha conducido este vasto proceso de modernización 
del tejido universitario en España.
Algunas de las principales transformaciones protagonizadas en estos años por la 
universidad  han  sido  el  cambio  en  la  estructura  y  organización  de  la  docencia  al 
adoptarse  los  principios  del  Espacio  Europeo  de  Educación  Superior;  una  mayor 
interrelación  con  los  actores  sociales,  institucionales  y  económicos;  un  desarrollo 
considerable  de  la  actividad  de  investigación  que  ha  sido  impulsada  por  grupos  e 
institutos de investigación cuyo número y calidad es cada vez mayor; y una creciente 
presencia de la institución universitaria en la sociedad. A ellas se añaden dos hechos 
importantes: el aumento notable del número de estudiantes (entre 1983 y el 2020 se han 
duplicado, datos que corroboran el esfuerzo de toda la sociedad para ampliar el acceso 
de la ciudadanía a los estudios universitarios) y un incremento muy considerable del 
número de universidades y de centros y departamentos de educación superior. En 
efecto, en 1983 estaban activas en España un total de treinta y tres Universidades 
públicas  y  cuatro  privadas,  mientras  que,  el  año  2020,  nuestro  país  contaba  con 
cincuenta Universidades públicas y treinta y siete privadas y de la Iglesia Católica. Estas 
instituciones de educación superior sumaban 770 facultades y escuelas en 1983, que 
en 2020 ascendieron a 1.061.
Esta complejidad del sistema universitario español ha llevado a diversos Gobiernos, 
en estos años, a establecer una normativa legal específica en torno a la creación de 
universidades, en tanto que desarrollo de la legislación de carácter orgánico vigente en 
cada  momento  en  materia  universitaria.  Este  sería  el  sentido,  tanto  del 
Real  Decreto  557/1991,  de  12  de  abril,  sobre  creación  y  reconocimiento  de  s
universidades y centros universitarios, como de la norma que lo sucedió que fue el  oe.
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mayor capacidad las iniciativas en aumento de creación de universidades o de centros
universitarios. Como, igualmente, es necesaria esta norma para que esa gestión de las  Bc
estructuras universitarias se extienda a las nuevas modalidades de universidad que 
están emergiendo relacionadas con la docencia virtual o no presencial, y que, por su 
propia naturaleza, comportan que su estudiantado pueda residir en cualquier lugar de 
España o del extranjero.
La presente norma, que sustituye al Real Decreto 420/2015, de 29 de mayo, parte 
pues de un principio clave: Las Administraciones públicas deben velar por la calidad del 
proyecto y de las actividades académicas de las universidades de su competencia, sean 
públicas o privadas, o sean básicamente de modalidad presencial, virtual e híbrida. Para 
ello es necesario que la normativa facilite esa actuación de fomento y aseguramiento de 
la  calidad  institucionalmente  considerada  como  adecuada  para  todo  el  sistema 
universitario español. Ello, así mismo, permite que las universidades actuales y aquellas 
iniciativas  de  nuevos  proyectos  conozcan  previamente  los  requisitos  de  calidad 
establecidos para todo el sistema y que afectan tanto a la creación de una nueva 
facultad o escuela en una universidad ya existente, a la adscripción de un centro a una 
universidad pública o privada, o a la creación de una nueva universidad. De igual modo, 
ofrece un marco en el cual las Comunidades Autónomas pueden planificar y ordenar el 
desarrollo presente y futuro de las estructuras de educación superior en el territorio en el 
cual desarrollan sus competencias.
Desde  este  planteamiento,  estos  requisitos  de  calidad  para  todo  el  sistema 
universitario parten de contemplar las funciones fundamentales que las universidades 
desempeñan en las sociedades contemporáneas, como son: La formación de futuros 
profesionales,  la  investigación,  la  transferencia  de  conocimiento,  la  formación  de 
ciudadanas y de ciudadanos, el fomento de la innovación, la contribución al desarrollo 
social, cultural, económico y territorial, y la generación de pensamiento crítico. Estas 
funciones son las que confieren sentido último a la Universidad como una institución 
multidimensional  al  servicio  del  conjunto  de  la  sociedad.  Por  todo  ello,  esta  visión 
holística de la universidad actual comporta que los requisitos de calidad del sistema 
universitario  garanticen  unos  niveles  adecuados  especialmente  en  docencia  y  en 
investigación, funciones esenciales a partir de las cuales convergen el resto de las que 
acometen las instituciones universitarias. No se puede concebir, en el seno del sistema 
universitario español, una Universidad que no desarrolle plenamente sus actividades de 
docencia y de investigación.
El establecimiento de estos requisitos en la presente norma se efectúa bajo los 
parámetros del aseguramiento de la calidad, de la racionalización y simplificación de 
procedimientos, de la eficacia y viabilidad de estos, de ponderación en su propuesta, y 
de la transparencia en todos los procesos de creación, reconocimiento, autorización y 
acreditación de universidades y de centros universitarios.
Al mismo tiempo, cabe añadir un segundo principio importante en esta norma, el de 
la corresponsabilidad en la gestión y garantía de la calidad, en el cual participan las 
administraciones, las agencias de aseguramiento de la calidad y las universidades. Esta 
corresponsabilidad  se  asienta,  primordialmente,  en  el  proceso  de  acreditación 
institucional, basado en el reconocimiento de la capacidad para garantizar la calidad 
académica de los sistemas internos que a tal efecto disponen universidades y centros. 
Este reconocimiento lo certifican las agencias de aseguramiento de la calidad de nuestro 
país, y posibilita que las universidades (la institución como tal, y cada uno de los centros 
que  las  conforman)  puedan  desarrollar  sus  propias  políticas,  programas  y 
procedimientos para garantizar la calidad académica que debe caracterizar a todo el 
sistema. Todos los cuales deben guiarse por las orientaciones que establecen en este  s
sentido  las  agencias  de  aseguramiento  de  la  calidad  y  que  siguen  las  directrices  oe.
europeas sobre esta temática. w.
La potenciación de la acreditación institucional es esencial para agilizar, y hacer más  613ww
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compromiso para desarrollar un sistema interno de aseguramiento de calidad que, una 
vez certificado, pueda permitir que los diferentes centros puedan alcanzar ese nivel de 
acreditación institucional.
Este real decreto se estructura en cuatro capítulos que agrupan diecisiete artículos, 
junto con una exposición de motivos inicial, las disposiciones y cuatro anexos. El capítulo 
I, dedicado a las disposiciones generales, pone el foco en plantear los principios y 
objetivos  que  estructuran  el  presente  real  decreto.  El  capítulo  II  versa  sobre  las 
universidades  que  imparten  enseñanzas  que  conducen  la  obtención  de  títulos,  su 
creación o reconocimiento. El capítulo III expone los fundamentos y procedimientos 
esenciales  de  la  acreditación  institucional.  El  capítulo  IV  delimita  las  principales 
características  que  deben  reunir  los  centros  que  impartan  títulos  que  permitan  la 
consecución de títulos extranjeros y de ámbito similar al universitario. Por último, se 
añaden  un  conjunto  de  disposiciones,  que  complementan  la  norma.  Estas  están 
acompañadas de cuatro anexos explicativos de los requisitos establecidos.
El real decreto se ajusta a los principios de buena regulación que se establecen en el 
artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas y respeta el pleno ejercicio de sus competencias por 
parte de las Comunidades Autónomas. Así, responde al principio de necesidad, en tanto 
que persigue un interés general al facilitar una clarificación normativa que beneficia a 
todo  el  sistema  universitario  español,  contando  para  ello  con  el  consenso  de  sus 
principales  actores.  En  relación  con  los  principios  de  eficacia,  seguridad  jurídica  y 
eficiencia,  la  nueva  norma  proporciona  un  marco  regulatorio  para  la  creación, 
autorización, reconocimiento y acreditación de universidades y centros universitarios que 
sigue los principios del Espacio Europeo de Educación Superior, resultando por lo demás 
coherente con el ordenamiento jurídico español y permitiendo una gestión más eficiente 
de los recursos públicos. Respecto al principio de proporcionalidad, no existe ninguna 
alternativa regulatoria menos restrictiva de derechos. Por último, en cuanto al principio 
de transparencia, durante el procedimiento de elaboración de la norma se ha facilitado la 
participación activa de los potenciales destinatarios a través de los trámites de consulta 
pública y de audiencia e información pública.
Este real decreto se dicta en aplicación del mandato contenido en el apartado 3 del 
artículo 4 y el artículo 86 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, y en uso de la 
habilitación de desarrollo reglamentario a favor del Gobierno efectuada por la disposición 
final tercera de dicha ley orgánica.
Este real decreto ha sido informado por el Consejo de Universidades, por el Consejo 
de  Estudiantes  Universitarios  del  Estado,  por  la  Conferencia  General  de  Política 
Universitaria, y han sido, además, consultadas las agencias de aseguramiento de la 
calidad
El presente real decreto se ampara en lo dispuesto en las reglas 1.ª y 30.ª del el 
artículo  149.1,  que  atribuyen  al  Estado  la  competencia  para  la  regulación  de  las 
condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de 
los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales, y en materia de 
normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución Española, a fin de 
garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia 
educativa, respectivamente.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Universidades, con la aprobación previa del 
Ministro de Política Territorial y Función Pública, de acuerdo con el Consejo de Estado y 
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 27 de julio de 2021,
DISPONGO:
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1.  Objeto.
1.  El  objeto  de  este  real  decreto  es  establecer  los  requisitos  básicos  para  la 
creación de Universidades públicas y el reconocimiento de Universidades privadas, así 
como para la creación y reconocimiento de centros universitarios, cuya finalidad sea la 
impartición  de  la  docencia  de  títulos  oficiales  universitarios  y  la  generación  y  la 
transferencia  del  conocimiento  científico,  tecnológico  y  humanístico  a  través  de  las 
actividades de investigación, así como el desarrollo del resto de funciones previstas en la 
normativa vigente. Asimismo, el real decreto regula el procedimiento para la autorización 
del inicio de las actividades académicas.
2.  También es objeto de este real decreto determinar los requisitos básicos para la 
adscripción de un centro a una Universidad pública o privada, regular el procedimiento 
de  acreditación  institucional  de  los  centros  universitarios,  así  como  establecer  el 
procedimiento para la obtención de la autorización para que universidades y centros 
puedan impartir docencia conducente a la obtención de un título universitario extranjero.
Artículo 2.  Denominaciones: Universidad y centros universitarios.
1.  Podrán  denominarse  «universidades»  únicamente  aquellas  instituciones  que 
hayan sido creadas o reconocidas como tales al amparo de la Ley Orgánica 6/2001, 
de  21  de  diciembre,  de  Universidades,  y  que  cumplan  con  lo  establecido  en  este 
real decreto.
2.  Podrán denominarse «centros universitarios» aquellos que hayan sido creados o 
reconocidos como tales al amparo de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, y 
cuyas denominaciones podrán ser las de Escuelas, Facultades, Institutos Universitarios 
de Investigación y Escuelas de Doctorado, así como aquellos otros centros o estructuras 
necesarios para el desarrollo de las funciones que le son propias a la universidad. 
Dichos centros podrán ser propios o adscritos.
3.  La  denominación  de  «universidad»  y  de  «centros  universitarios»  queda 
exclusivamente referida a lo estipulado en los apartados 1 y 2 del presente artículo. En 
ningún caso, podrán utilizarse estas u otras denominaciones que por su significado 
puedan inducir a confusión por parte de cualesquiera personas naturales o jurídicas, 
públicas o privadas, que no cumplan con lo dispuesto en este real decreto.
CAPÍTULO II
Universidades que imparten enseñanzas conducentes a títulos oficiales del 
sistema universitario español
Artículo 3.  Creación y reconocimiento de universidades. o
1.  La  creación  de  las  universidades  públicas  y  el  reconocimiento  de  las  613ww
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a)  Por Ley de la Asamblea Legislativa de la Comunidad Autónoma en cuyo territorio
vaya  a  ubicarse,  previo  informe  preceptivo  de  la  Conferencia  General  de  Política
Universitaria.  La  propuesta  de  dicho  informe  será  elaborada  por  el  Ministerio  de 
Universidades.
b)  Por Ley de las Cortes Generales a propuesta del Gobierno, de acuerdo con el 
Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma en cuyo ámbito territorial hayan de 
establecerse cuando se trate de universidades de especiales características, y previo 
informe preceptivo de la Conferencia General de Política Universitaria. La propuesta de 
dicho informe será elaborada por el Ministerio de Universidades.
2.  El  informe  de  la  Conferencia  General  de  Política  Universitaria,  que  se 
pronunciará en términos favorables o desfavorables a la creación de una universidad 
pública o el reconocimiento de una universidad privada, deberá tener en cuenta las 
condiciones y los requisitos establecidos en el presente real decreto y, asimismo, la 
normativa  que  establezcan  las  Comunidades  Autónomas  en  el  ejercicio  de  sus 
competencias.
Artículo  4.  Condiciones  y  requisitos  para  la  creación  y  reconocimiento  de  una 
universidad o un centro universitario en el sistema universitario español.
1.  Además de lo previsto en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, para la 
creación o reconocimiento, según proceda, de una universidad y de la normativa que, en 
su caso, establezcan las Comunidades Autónomas en ejercicio de sus competencias, 
deberán cumplirse las condiciones y los requisitos establecidos en el presente real 
decreto  en  relación  con  su  actividad  docente,  su  actividad  investigadora  y  de 
transferencia del conocimiento, su personal docente e investigador, y la disponibilidad y 
características de las instalaciones y equipamientos.
2.  Para iniciar el proceso de creación o reconocimiento de una universidad, o en su 
caso  de  un  centro  universitario,  y  su  posterior  autorización  para  el  inicio  de  las 
actividades  académicas,  deberá  presentarse  una  memoria  o  documentación  (en 
adelante Memoria) justificativa del cumplimiento de las condiciones y requisitos exigidos 
por este real decreto y, de igual modo, por la normativa de la Comunidad Autónoma en la 
que se ubicaría la sede de la universidad o en su caso el centro. Dicha Memoria deberá 
presentarse ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma correspondiente, 
salvo para la creación de una universidad de ámbito estatal en cuyo caso deberá 
hacerse ante el Ministerio de Universidades. En el supuesto de que el procedimiento se 
inicie ante una Comunidad Autónoma, esta solicitará el informe a la Conferencia General 
de Política Universitaria al que se hace referencia en el artículo 3.1, y remitirá para ello 
una copia de la Memoria al Ministerio de Universidades que dará traslado de la misma a 
la Conferencia General de Política Universitaria.
Artículo  5.  Condiciones  y  requisitos  para  la  creación  y  reconocimiento  de  una 
universidad en el ámbito de la actividad docente.
1.  Las universidades deberán disponer de una oferta académica conformada por 
títulos universitarios oficiales de grado, de máster y de doctorado. Concretamente, se 
establece como requisito en el sistema universitario español que una universidad cuente 
como mínimo con una oferta de enseñanzas conducentes a la obtención de diez títulos 
oficiales  de  grado,  seis  títulos  oficiales  de  máster  y  dos  programas  oficiales  de 
doctorado.
En el conjunto de esta oferta estarán representadas como mínimo tres de las cinco  s
grandes ramas del conocimiento (Artes y Humanidades, Ciencias, Ciencias de la Salud,  oe.
Ciencias Sociales y Jurídicas e Ingeniería y Arquitectura, que a su vez agrupan los  w.
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híbrida. A estos efectos, la expresión modalidad docente virtual hace referencia a la
modalidad docente no presencial, y la modalidad docente híbrida a la modalidad docente 
semipresencial, que combina las modalidades docentes presencial y virtual.
3.  En  la  Memoria  deberá  incluirse  un  plan  de  desarrollo  de  la  programación 
universitaria que incluya tanto las titulaciones que se ofertarán, al inicio de la actividad 
académica oficial, como de aquellas otras que conformarán una planificación a los cinco 
años de la actividad docente. De igual modo, en este plan, se deberá indicar como 
mínimo:  el  calendario  de  implantación  de  la  oferta  académica,  la  puesta  en 
funcionamiento de los centros en cuya oferta se incorporarán las diversas titulaciones, el 
número de plazas para cada título que se ofrecerán, y las instalaciones y equipamientos 
necesarios para el desarrollo adecuado y de calidad de la actividad formativa. Asimismo, 
se  fijarán  los  procedimientos  y  órganos  responsables  de  emitir  los  informes  de 
seguimiento de la calidad anuales de cada una de las titulaciones oficiales.
4.  En todo caso, después de cinco años del inicio de las actividades académicas 
oficiales de una universidad, el estudiantado de Grado (y dobles Grados) deberá suponer 
como mínimo el 50 por cien del total del estudiantado matriculado en enseñanzas oficiales 
de dicha institución de educación superior. Con objeto de potenciar la internacionalización 
de las universidades, en el caso de aquellas en las que el porcentaje de estudiantes 
extranjeros matriculados en el conjunto de títulos oficiales de Máster que oferta sea superior 
al 50 por ciento del total del estudiantado matriculado en estas enseñanzas oficiales, se 
establece en un 35 por ciento el límite mínimo de estudiantes matriculados en títulos 
oficiales de grado (y dobles grados) con relación al total del estudiantado matriculado en el 
conjunto de las enseñanzas oficiales en dicha universidad.
5.  Las universidades cuya oferta docente vaya a ser mayoritariamente impartida en 
modalidad  virtual  deberán  especificar  para  cada  título  oficial:  si  se  articulará 
docentemente de forma sincrónica o asincrónica, o conjugando las dos modalidades; la 
plataforma tecnológica que se utilizará como campus virtual docente y sus principales 
características  técnicas  y  funcionales;  el  tipo  de  equipamientos  e  instalaciones 
tecnológicas de que se dispondrá para el funcionamiento de la actividad formativa; los 
equipamientos informáticos de que deberá disponer el estudiantado para el desarrollo 
adecuado  de  su  actividad;  los  sistemas  de  evaluación  generales  del  aprendizaje  y 
progreso del estudiantado; los sistemas de prácticas académicas externas con indicación 
de si serán virtuales o presenciales; y la programación que se desplegará desde el inicio 
y  en  los  años  sucesivos  de  formación  del  profesorado  en  habilidades  técnicas  y 
competencias docentes no presenciales. Asimismo, se deberá consignar detalladamente 
los requisitos y exigencias de calidad del conjunto de la oferta universitaria virtual o 
híbrida,  y  la  forma  en  la  que  se  articulará  el  seguimiento  de  las  titulaciones  y  la 
coordinación académica de cada una de ellas.
6.  Las  universidades,  en  el  ejercicio  de  sus  competencias  y  desarrollo  de  sus 
funciones formativas a lo largo de la vida, podrán impulsar, de igual modo, enseñanzas 
propias, en especial programas docentes de formación permanente. En este sentido, el 
número de estudiantes matriculados en una universidad en títulos propios de formación 
permanente no podrán superar en dos veces el número de estudiantes matriculados en 
títulos oficiales. Esta regla se aplicará en el caso de las universidades de nueva creación a 
los cinco años desde el inicio de su actividad. Asimismo, los títulos propios de formación 
permanente con rango y denominación de «Máster» deberán contar, previamente a su 
aprobación y activación por parte de la universidad, con un informe favorable del sistema 
interno de garantía de la calidad de la correspondiente universidad o centro.
7.  Las universidades deberán velar por la calidad de toda su oferta académica  s
(oficial y propia, incluyéndose en esta la formación permanente) a través de los sistemas  oe.
internos de garantía de la calidad, que deberán ser certificados por la Agencia Nacional  w.
de Evaluación de la Calidad y Acreditación (en adelante, ANECA) o por las agencias de  613ww
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reconocimiento de una universidad, se incorporará el compromiso de poner en marcha
este  sistema  en  un  plazo  máximo  de  cinco  años  y  la  temporalidad  y  funciones 
específicas del mismo.
8.  Las  universidades  deberán  incorporar  a  la  Memoria  una  estrategia  y 
programación para promover la internacionalización de sus actividades académicas y la 
movilidad del estudiantado y del profesorado.
Artículo  6.  Condiciones  y  requisitos  para  la  creación  y  reconocimiento  de  una 
universidad en la actividad investigadora y de transferencia de conocimiento.
1.  Las  universidades  deberán  desarrollar  la  actividad  investigadora  y  de 
transferencia de conocimiento de su personal docente e investigador.
2.  En la Memoria deberá incluirse una programación plurianual de la actividad 
investigadora, cuyas áreas científicas deberán ser coherentes con las titulaciones de 
grado y de máster y, especialmente, con los programas de doctorado que se desarrollen.
3.  Dicha programación deberá incluir los grupos de investigación que inicialmente 
se  constituirán,  la  dotación  de  equipamientos  e  infraestructuras  científico-técnicas 
disponibles  y  aquellas  que  se  prevén  de  tal  modo  que  viabilicen  y  garanticen  el 
desarrollo de la programación plurianual investigadora, la participación en proyectos de 
investigación competitivos (autonómicos, estatales e internacionales) y los mecanismos 
para incentivarla en el personal docente e investigador, los recursos presupuestarios 
propios destinados al fomento de la investigación, las medidas que se pretenden poner 
en marcha para la captación de talento, las estrategias de colaboración con los sectores 
productivos e institucionales mediante la transferencia del conocimiento y la innovación, 
y, por último, deberá detallar el sistema de indicadores que la universidad desarrollará 
para el seguimiento de las actividades investigadoras, que debe ser contrastable con los 
criterios utilizados por la ANECA, la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad 
Investigadora  (CNEAI)  o  las  agencias  de  las  Comunidades  Autónomas  para  la 
acreditación del profesorado universitario y la evaluación de su actividad investigadora.
4.  En este sentido, las universidades deberán dedicar al menos un 5 por ciento de 
su presupuesto a un programa o programas propio de incentivación de la investigación, 
en cuanto esta actividad constituye una de las finalidades esenciales de estas. En este 
porcentaje podrán incluirse los costes derivados de la contratación de recursos humanos 
dedicados esencialmente a tareas de investigación y transferencia de conocimiento y no 
a  docencia,  de  las  convocatorias  propias  de  proyectos,  de  las  inversiones  en 
infraestructuras científico-técnicas, de la amortización de equipos de investigación y de la 
adquisición  de  recursos  bibliográficos  y  documentales  físicos  o  virtuales  para 
investigación, así como el personal contratado con carácter temporal. No se podrán 
incluir los costes derivados de la remuneración de los salarios de la plantilla de personal 
docente e investigador ni del personal de administración y servicios En la Memoria 
deberán indicarse tanto los valores y porcentajes en el momento de inicio de la actividad, 
así como su proyección en los siguientes cinco años.
Artículo  7.  Condiciones  y  requisitos  para  la  creación  y  reconocimiento  de  una 
universidad con relación al personal docente e investigador.
1.  Las referencias en el presente artículo al personal docente e investigador se 
entenderá que se circunscriben a aquel personal que imparte docencia y desarrolle el 
resto de las actividades que son propias del profesorado universitario.
2.  El  personal  docente  e  investigador  de  las  universidades  se  regirá  por  lo  es
dispuesto en el título IX de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, y por las  bo
previsiones contenidas en este artículo. 613ww
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universidad no será inferior al que resulte de aplicar la relación 1/25 respecto al número
total de estudiantes matriculados en enseñanzas universitarias de carácter oficial. Esta 
ratio se entenderá referida a personal docente e investigador computado en régimen de 
dedicación a tiempo completo o su equivalente a tiempo parcial.
5.  La ratio fijada en el apartado 4 anterior podrá modularse cuando la universidad 
imparta enseñanzas en la modalidad virtual, pudiendo oscilar entre 1/25 y 1/50 en 
función  del  nivel  de  experimentalidad  de  las  titulaciones  y  de  la  mayor  o  menor 
presencialidad –pudiéndose establecer excepciones justificadas, que en ningún caso 
podrán  superar  la  ratio  1/100,  que  deberán  contar  con  autorización  expresa  de  la 
administración competente–. Este criterio se aplicará en la parte no presencial de las 
titulaciones impartidas en modalidad híbrida.
6.  El personal docente e investigador que imparta docencia en las universidades 
estará compuesto, como mínimo, por:
a)  Un  50  por  ciento  de  doctores  y  doctoras  para  el  conjunto  de  enseñanzas 
correspondientes a la obtención de un título universitario oficial de grado y para el 
conjunto de enseñanzas correspondientes a la obtención de un título universitario oficial 
de máster.
b)  La totalidad del profesorado de la universidad encargado de la impartición de las 
enseñanzas de doctorado deberá estar en posesión del título de doctor o de doctora.
c)  Los doctores y doctoras a los que se hace referencia en los apartados anteriores 
han de pertenecer a ámbitos de conocimiento que sean coherentes con la programación 
docente e investigadora de la universidad.
7.  A estos efectos el número total de miembros del profesorado se computará sobre 
el equivalente en dedicación a tiempo completo. Asimismo, de acuerdo con lo previsto en 
la disposición adicional duodécima de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, en el 
ámbito de Ciencias de la Salud, el número de plazas del profesorado asociado que se 
determine en los conciertos entre las universidades y las instituciones sanitarias no será 
tomado en consideración a los efectos de los porcentajes señalados en este artículo.
8.  El profesorado que no tenga el título de doctor o doctora deberá estar en 
posesión,  al  menos,  del  título  de  licenciado  o  licenciada,  arquitecto  o  arquitecta, 
ingeniero  o  ingeniera,  graduado  o  graduada,  o  equivalente  a  los  mismos,  excepto 
cuando la actividad docente a realizar corresponda a áreas de conocimiento para las que 
el Consejo de Universidades haya determinado, con carácter general, la suficiencia del 
título de diplomado o diplomada, arquitecto técnico o arquitecta técnica, o ingeniero 
técnico o ingeniera técnica. En este supuesto, y para la actividad docente en dichas 
áreas específicas y de forma coherente con la naturaleza académica de las asignaturas 
a impartir, será suficiente que el profesorado esté en posesión de alguno de estos 
últimos títulos.
9.  El  profesorado  de  las  universidades  privadas  y  de  los  centros  privados  de 
enseñanza universitaria adscritos a universidades, no podrá ser personal funcionario de 
un cuerpo docente universitario en situación de activo y destino en una universidad 
pública así como tampoco personal docente e investigador laboral a tiempo completo en 
la misma situación.
10.  Para acreditar los requisitos previstos en este artículo, en la Memoria se deberá 
detallar la plantilla del personal docente e investigador con la que se contará al comienzo 
de la actividad académica oficial, así como la previsión y compromiso explícito de su 
incremento  anual  hasta  la  implantación  total  de  las  correspondientes  enseñanzas, 
señalando las principales características del profesorado que conforme la plantilla inicial  e
y la final una vez desplegadas las titulaciones oficiales que se ponen en funcionamiento  bo
con el inicio de la actividad de la universidad. En este caso, por plantilla se entiende la  613ww
crealtaecgióonrí an, oá renao mdein caol ndoec impiueenstoto os  edsep etcraiabliazjaoc idóen  yp reérgsoimneanl  ddeo cdeendteic aec ióinnv.estigador,  su
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momento de la obtención de la autorización de inicio de actividades por parte del órgano
competente de la Comunidad Autónoma en cuyo territorio se haya ubicado, esta tendrá 
la obligación de adjuntar a la Memoria presentada inicialmente en el proceso de creación 
o reconocimiento, la siguiente información sobre su plantilla que imparta docencia en los 
títulos oficiales de Grados, Másteres y Doctorados:
a)  Relación del personal docente e investigador doctor o doctora que haya obtenido 
una evaluación positiva de su actividad investigadora por la CNEAI o por las agencias de 
las Comunidades Autónomas con competencias en dicha evaluación. Se considerará un 
valor mínimo el que el 60 por ciento del conjunto del personal docente e investigador 
doctor o doctora haya alcanzado una evaluación positiva, en algún momento del periodo 
de desarrollo de su actividad como personal docente e investigador.
b)  Relación  de  los  principales  indicadores  de  la  producción  investigadora 
desarrollada por el personal docente e investigador. A tal efecto se considerarán las 
publicaciones  científicas  referidas  en  las  principales  bases  de  datos  mundiales  de 
referencias bibliográficas y citas de publicaciones periódicas, así como las publicaciones 
reconocidas  en  los  diferentes  ámbitos  de  conocimiento,  en  atención  a  los  criterios 
generales y específicos de evaluación por campos científicos considerados por la CNEAI 
o  por  las  agencias  de  las  Comunidades  Autónomas  con  competencias  en  dicha 
evaluación.  El  número  mínimo  será  de  seis  publicaciones  acumuladas  durante  los 
últimos tres años por cada tres profesores computados a tiempo completo. Asimismo, se 
podrán incluir las patentes que resulten directamente de la investigación desarrollada por 
el personal docente e investigador, licenciadas por empresas, entidades, organizaciones 
o instituciones. Para acreditar este requisito, la universidad facilitará la relación de los 
principales  indicadores  de  la  producción  investigadora  desarrollada  por  el  personal 
docente e investigador conforme a los criterios enunciados.
c)  La participación demostrada por parte del personal docente e investigador de la 
universidad  en  la  solicitud  de  proyectos  de  investigación  competitivos  de  ámbito 
autonómico, estatal e internacional, o en actividades de investigación colaborativa con 
empresas, entidades, organizaciones o instituciones, que deberá ser coherente con las 
líneas de investigación fundamentales de los programas de doctorado con que cuente la 
universidad. Esta participación supondrá haber presentado anualmente como mínimo 
cinco  propuestas  de  proyectos  de  investigación  en  programas  nacionales  e 
internacionales, al menos una de las cuáles deberá tener este último carácter. Asimismo, 
transcurridos  cinco  años  desde  el  inicio  de  actividades,  se  deberá  demostrar  la 
concesión  de  al  menos  cinco  proyectos  de  investigación  de  ámbito  nacional  o 
internacional.  Para  acreditar  este  requisito,  la  universidad  facilitará  la  relación  de 
propuestas de proyectos de investigación competitivos presentados y, en su caso, de los 
concedidos, así como de las actividades de investigación colaborativa con empresas, 
entidades, organizaciones o instituciones.
Artículo  8.  Condiciones  y  requisitos  para  la  creación  y  reconocimiento  de  una 
universidad con relación a las instalaciones y equipamientos.
1.  Las universidades, públicas y privadas, deberán disponer de instalaciones y 
equipamientos docentes, de investigación y de transferencia, de servicios y de gestión 
adecuados  para  el  desarrollo  con  calidad  de  las  funciones  que  les  son  propias, 
especialmente para el desarrollo de las actividades docentes y de investigación. Esta 
información deberá explicitarse en la Memoria.
2.  Los edificios e instalaciones y equipamientos deberán adecuarse a la naturaleza  e
de la actividad académica y las condiciones funcionales de las titulaciones de grado,  bo
máster  y  doctorado  que  vayan  a  impartirse,  así  como  al  número  de  estudiantes  613ww
maqautreicllousla. dEons  tood oq cuaes op, rdeevbiseibrálenm ceonnttea r sceo n:matricularán,  garantizándose  la  calidad  de
a)  Espacios docentes y de investigación. Su número, superficie y equipamiento
vendrá  determinado,  en  el  caso  de  las  actividades  docentes,  por  el  número  de  Bc
estudiantes que se prevea que van a utilizarlos simultáneamente, una vez desplegada 
toda la oferta académica, y teniendo presente la naturaleza de los diversos títulos 
oficiales universitarios ofertados. En el caso de las actividades de investigación, por el 
número de los investigadores y las investigadoras y los grupos de investigación que los 
vayan  a  utilizar  teniendo  en  cuenta  las  características  y  necesidades  de  sus 
investigaciones. El anexo II recoge módulos mínimos para la valoración de la adecuación 
de las instalaciones.
b)  Espacios académicos complementarios. Tendrán la consideración de espacios 
académicos complementarios aquellos que, destinados tanto a fines de docencia como a 
investigación, tienen un uso específico y complementario a tales fines, como pueden ser 
el Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI), que incluye los 
servicios de biblioteca y documentación, los laboratorios y servicios científico-técnicos y 
los  equipamientos  deportivos.  En  el  caso  concreto  del  edificio  o  los  edificios 
correspondientes a servicios destinados a biblioteca universitaria deberán ser coherentes 
y concordantes con el número total de alumnos matriculados en titulaciones oficiales. Por 
su parte, cuando se impartan titulaciones del ámbito de Ciencias de la Salud, se deberán 
explicitar las instalaciones y equipamientos de que dispone, o dispondrá, la universidad 
que la normativa vigente estipula para este tipo de formación universitaria, y cuyos 
principales elementos se incluyen en el anexo III.
c)  Equipamiento informático y telemático. Aulas y servicios generales informáticos, 
telemáticos y audiovisuales que garanticen una conectividad adecuada a la red mediante 
la creación de espacio wifi de la institución, y la disponibilidad de un número adecuado 
de equipamiento informático en aulas de informática para que el estudiantado pueda 
realizar las actividades académicas y el desarrollo de prácticas y trabajos académicos, 
así  como  que  aseguren  el  acceso,  vía  servicios  web,  a  los  requisitos  docentes  y 
científicos institucionales para la comunidad universitaria como son el campus virtual 
docente, intranet, entre otros, y cuyos principales elementos se recogen en el anexo IV.
d)  En el caso de una universidad que básicamente articule su oferta en títulos 
universitarios oficiales no presenciales o en modalidad híbrida, en la Memoria deberá 
detallarse y explicitarse pormenorizadamente estos equipamientos consustanciales y 
específicos a las características de esta oferta formativa.
3.  En todo caso, las instalaciones universitarias habrán de reunir las condiciones de 
prevención de riesgos laborales, y los requisitos acústicos y de habitabilidad que exija la 
legislación vigente en estas materias.
4.  Asimismo, el conjunto de instalaciones y equipamientos universitarios deberán 
disponer de unas condiciones arquitectónicas y de accesibilidad que, de acuerdo con lo 
dispuesto en la normativa aplicable, posibiliten el acceso y movilidad de personas con 
discapacidad.
Artículo 9.  Garantía de actividad y de sostenibilidad de la universidad.
En el proceso de creación de una universidad pública y en el de reconocimiento de una 
universidad privada, las universidades deberán expresar explícitamente en la Memoria su 
compromiso  de  mantener  sus  actividades  académicas  fundamentales  (docentes,  de 
investigación, de gestión) durante el tiempo necesario para la consecución de los objetivos 
docentes e investigadores establecidos en su programación, y a estos efectos:
1.  Las universidades públicas deberán aportar un acuerdo del Consejo de Gobierno  s
de  la  Comunidad  Autónoma  donde  se  ubique,  por  el  que  este  se  comprometa  al  oe.
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coherencia con el número de títulos oficiales ofertados y con el número de estudiantes
matriculados o que previsiblemente se matricularán, así como un plan de viabilidad de  Bc
carácter  económico-financiero  y  un  plan  de  cierre  para  el  caso  de  que  su  actividad 
académica  resulte  inviable.  Las  Comunidades  Autónomas  regularán  cómo  debe 
desarrollarse, en su caso, el plan de finalización de la actividad de una universidad o centro, 
y fijarán un régimen de responsabilidades en caso de incumplimiento de dicho plan.
3.  Las  universidades  deberán  aportar  el  compromiso  de  mantener  en 
funcionamiento  sus  escuelas  y  facultades,  escuela  de  doctorado  y  los  espacios 
académicos complementarios imprescindibles, durante un período mínimo que posibilite 
efectivamente  finalizar  sus  estudios  al  estudiantado  que,  con  un  aprovechamiento 
académico  suficiente,  los  hubieran  iniciado  en  estos  centros.  Así  mismo,  deberán 
establecer  los  mecanismos  que  garanticen  la  finalización  de  los  estudios  del 
estudiantado en el caso de extinción de alguna de las titulaciones, oficiales o propias, 
impartidas, o programas de doctorado en su caso, como consecuencia de una decisión 
de la propia universidad, o por no renovación de la acreditación del título decidida por las 
Administraciones públicas, así como por la extinción de la propia universidad o centro.
4.  Las universidades deberán contar con un plan de inversiones en recursos e 
infraestructuras, que se recoja en la Memoria, coherente con la planificación docente e 
investigadora propuesta y programada.
Artículo 10.  Estatutos y normas de organización y funcionamiento de las universidades.
1.  Las universidades públicas deberán contar con unos Estatutos, propuestos y 
elaborados por el Claustro universitario y aprobados por el Consejo de Gobierno de la 
comunidad  autónoma  correspondiente,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  la 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre. Estos Estatutos una vez aprobados serán 
publicados en el diario oficial de la comunidad autónoma correspondiente, y, asimismo, 
en el «Boletín Oficial del Estado».
2.  Las universidades privadas, por su parte, deberán contar con unas Normas de 
Organización y Funcionamiento por las cuales se regirán el conjunto de actividades 
académicas y de gestión y las relaciones en la comunidad universitaria, y que deberán 
ser aprobadas por sus órganos de gobierno.
3.  Los  Estatutos  y  las  Normas  de  Organización  y  Funcionamiento  deberán 
elaborarse  partiendo  de  los  principios  constitucionales  democráticos,  y,  por  ello, 
garantizar, de forma efectiva, el pleno ejercicio del principio de libertad académica por 
parte de la comunidad universitaria que se manifiesta en las libertades de cátedra, de 
investigación  y  de  estudio.  De  igual  modo,  deberán  establecer  los  principios  de 
convivencia en el seno de la comunidad universitaria.
4.  Los  Estatutos  y  las  Normas  de  Organización  y  Funcionamiento  deberán, 
asimismo, recoger las previsiones contenidas en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre,  y  demás  normativa  en  materia  universitaria,  y  como  mínimo  deberán 
explicitar:
a)  Naturaleza, funciones y competencias de la universidad.
b)  Régimen jurídico, de personal y económico-financiero.
c)  Estructura  (centros,  departamentos,  institutos  de  investigación,  escuela  de 
doctorado)
d)  Órganos de gobierno y de representación.
e)  Procedimiento para la elección del rector o rectora de la universidad –o de 
designación  en  su  caso–,  duración  de  su  mandato,  funciones,  y  procedimiento  de 
remoción. e
f)  Mecanismo  de  participación  de  la  comunidad  universitaria  en  los  diferentes  bo
órganos de gobierno. 613ww
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funcionamiento.
i)  Normativa de convivencia del conjunto de la comunidad universitaria.
j)  Normativa de igualdad. Se deberá disponer de un plan de igualdad de mujeres y 
hombres, un protocolo contra el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el trabajo, 
y un registro salarial.
5.  A efectos de acreditar los requisitos previstos en este artículo en el momento del 
comienzo  del  proceso  de  creación  o  de  reconocimiento,  así  como  en  el  posterior 
procedimiento  de  autorización  de  inicio  de  la  actividad,  las  universidades  deberán 
aportar:
a)  La  forma  de  gobierno,  la  estructura  y  las  normas  de  organización  y  de 
funcionamiento que habrán de regir hasta la aprobación definitiva, en su caso, de sus 
Estatutos  o  de  las  Normas  de  Funcionamiento  y  Organización,  según  se  trate  de 
universidades públicas o privadas, respectivamente.
b)  La localidad o las localidades de ubicación de la universidad y de sus centros 
(escuelas, facultades e institutos de investigación), y en todo caso la localidad donde se 
sitúe la sede corporativa.
c)  La estructura de centros, su denominación, y los estudios oficiales iniciales que 
se impartirán en estos y la previsión de los que en el futuro se tiene previsto desarrollar, 
dentro de la programación y planificación docente, así como la denominación de los 
departamentos que puedan constituirse en dichos centros.
Artículo 11.  Autorización de inicio de actividades de una universidad.
1.  La autorización del inicio de las actividades de las universidades corresponderá 
al órgano competente de la Comunidad Autónoma en la cual radican las instalaciones de 
la futura universidad, salvo para la autorización de una universidad de ámbito estatal, en 
cuyo  caso  corresponderá  al  Ministerio  de  Universidades.  En  ambos  casos,  la 
autorización se concederá, una vez comprobado el cumplimiento de las condiciones y los 
requisitos para su creación o reconocimiento establecidos por la normativa vigente, en su 
ley de creación o reconocimiento aprobada por la Asamblea de la Comunidad Autónoma 
o por las Cortes Generales. Se informará de esta autorización para el inicio de las 
actividades  al  Ministerio  de  Universidades  y  a  la  Conferencia  General  de  Política 
Universitaria.
2.  El procedimiento de autorización se iniciará a solicitud de la persona física o 
jurídica que promueve la universidad. La solicitud, que deberá ajustarse a lo previsto en 
la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 
Administraciones Públicas, y, en su caso, a la normativa de desarrollo de la Comunidad 
Autónoma, junto con la documentación estipulada, se dirigirá al órgano competente de la 
Comunidad Autónoma. El plazo máximo para solicitar dicha autorización será de dos 
años a contar desde la entrada en vigor de la Ley de creación o de reconocimiento de la 
universidad, si dicha ley no hubiese determinado un plazo.
3.  La resolución del procedimiento deberá ser motivada. El plazo para resolver y 
notificar dicha resolución será como máximo de seis meses. Transcurrido este, y en el 
caso  de  que  no  se  haya  dictado  la  correspondiente  resolución  de  autorización  o 
denegación  del  inicio  de  la  actividad,  el  sentido  del  silencio  administrativo  será 
estimatorio. La resolución deberá expresar los recursos que contra a misma procedan, 
órgano  administrativo  y  judicial  ante  el  que  hubieran  de  presentarse  y  plazo  para 
interponerlos de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y, en su  s
caso, en la normativa de desarrollo de la Comunidad Autónoma. oe.
Artíc1u. lo C1o2r.r esSpuopnedrev isai ólons y ó crognatnroosl. competentes de la Comunidad Autónoma así como a  2021-12613n https://ww
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universidades de los requisitos exigidos para su creación, en el caso de las iniciativas
públicas,  o  reconocimiento,  en  el  caso  de  las  iniciativas  privadas.  Para  ello,  las 
universidades presentarán anualmente al órgano competente de la Comunidad Autónoma o 
de la Administración General del Estado una memoria comprensiva de sus actividades 
docentes e investigadoras, realizadas en el marco de la programación plurianual.
2.  En  la  supervisión  se  tendrán  en  cuenta  fundamentalmente  los  requisitos 
previstos  en  el  presente  real  decreto,  los  que,  en  su  caso,  hayan  establecido  las 
Comunidades Autónomas en ejercicio de sus competencias, y los demás previstos en el 
ordenamiento jurídico.
3.  Si  con  posterioridad  al  inicio  de  sus  actividades  se  apreciase  que  una 
universidad incumple los citados requisitos y los compromisos adquiridos al solicitar su 
creación o reconocimiento, el órgano competente de la Comunidad Autónoma requerirá 
a la misma la regularización de la situación. Para ello, la universidad deberá presentar un 
plan de medidas correctoras en el plazo máximo de tres meses desde el día siguiente a 
aquel en el que se haya realizado el requerimiento, y dispondrá de un plazo de dos años 
como máximo para desarrollar dicho plan y, consecuentemente, subsanar los requisitos.
4.  Transcurridos los plazos del apartado anterior sin que la universidad hubiese 
presentado el plan de medidas requerido o sin que hubiese cumplido los requisitos, el 
órgano competente de la Comunidad Autónoma iniciará de oficio el procedimiento de 
revocación de la autorización de inicio de su actividad, previa audiencia de las personas 
interesadas. El alcance de la revocación se determinará por la resolución revocatoria y 
podrá afectar a toda la universidad o limitar sus efectos a alguno de sus centros (propios 
o adscritos) en el que se hubieren constatado el incumplimiento.
5.  Será  motivo  de  revocación  de  la  autorización  de  inicio  de  actividades 
académicas, que estas no hayan dado comienzo a los dos años de haberla obtenido, 
debiendo  iniciar  de  oficio  el  órgano  competente  de  la  Comunidad  Autónoma  el 
procedimiento de revocación, en el que dará audiencia a las personas interesadas. Si 
este fuere el caso, la persona física o jurídica que proponía su creación o reconocimiento 
no podrá volver a solicitar una autorización hasta transcurridos dos años desde la 
firmeza de la revocación.
6.  En el caso de que una universidad tuviese un mínimo de un tercio de los títulos 
oficiales  universitarios  oficiales  no  acreditados,  o  retirados  antes  del  proceso  de 
acreditación  debido  a  no  poder  cumplir  las  condiciones  exigidas  por  problemas 
claramente estructurales, no se le permitirá la presentación de nuevos títulos hasta que 
estas deficiencias no se hayan subsanado.
7.  Si  en  los  procesos  de  renovación  de  la  acreditación  de  los  títulos  de  la 
universidad,  según  lo  dispuesto  en  la  normativa  reguladora  de  las  enseñanzas 
universitarias oficiales, el número de títulos que queden activos en la universidad fuese 
inferior  al  del  contemplado  en  el  artículo  5.1  de  este  real  decreto,  la  autoridad 
competente de la Comunidad Autónoma iniciará de oficio el procedimiento de revocación 
de la autorización de inicio de actividad de la universidad. La resolución será motivada y 
previa audiencia de las personas interesadas.
Artículo 13.  Condiciones y requisitos básicos para la adscripción y funcionamiento de 
los centros docentes adscritos a universidades.
1.  La adscripción de un centro a una universidad tendrá la finalidad de impartir 
docencia  conducente  a  la  obtención  de  títulos  oficiales  de  grado  y/o  máster  y/o 
doctorado,  así  como,  en  su  caso,  de  desarrollar  actividades  de  investigación  y  de 
transferencia de conocimiento. e.
2.  Los centros podrán tener una naturaleza pública o privada cuando se adscriban  w.b
a una universidad pública, y naturaleza privada cuando se adscriban a una universidad  613ww
psir ivbaiedna .l oAs  etísttuolos se foefcictoiasle, su nq ucee nitmrop aardtsec rpituoe dsóelno  speure dcoen sjuenrltoo sd eo  udnoab lúensi ctait uulancivioenrseids acdo n–
cent3ro. s Ddee  ecsotan fuo romtriadsa du nicvoenrs ildoa deessta–b.lecido  en  la  Ley  Orgánica  6/2001,  de  21  de
diciembre,  la  adscripción  de  centros  docentes  universitarios  requerirá  la  previa
celebración  de  un  convenio  con  la  universidad,  de  acuerdo  con  lo  previsto  en  los 
Estatutos o Normas de Funcionamiento y Organización de dicha universidad y con lo 
establecido en el presente real decreto.
4.  Los convenios de adscripción serán suscritos por el Rector o la Rectora de la 
universidad y el o la representante legal de la entidad titular del centro que pretende ser 
adscrito.
5.  El convenio de adscripción deberá incluir, como mínimo lo siguiente:
a)  La relación de enseñanzas universitarias de carácter oficial que se impartirán en 
el centro adscrito;
b)  los criterios de admisión de las enseñanzas;
c)  las previsiones relativas al régimen económico que ha de regir las relaciones 
entre el centro adscrito y la universidad;
d)  las normas para el nombramiento del Director o de la Directora del centro 
adscrito y del equipo de dirección;
e)  la determinación de los órganos de gobierno del centro;
f)  el  procedimiento  para  solicitar  de  la  universidad  la  «venia  docendi»  de  su 
profesorado;
g)  la estructura, número y tipología del profesorado que conforma y/o conformará la 
plantilla del centro;
h)  la programación para el desarrollo y puesta en funcionamiento de un sistema 
interno de garantía de la calidad y la consecución de su certificación por la ANECA o la 
correspondiente agencia de calidad;
i)  la posibilidad de impartir títulos de formación permanente;
j)  la planificación del desarrollo de la actividad de investigación de su personal 
docente e investigador;
k)  las instalaciones y principal equipamiento de que dispone o dispondrá el centro 
para cumplir con sus funciones académicas adecuadamente y con calidad.
6.  La distribución del número de estudiantes matriculados en un centro adscrito 
según si son estudiantes de enseñanzas conducentes a títulos oficiales o a títulos 
propios de formación permanente, a los cinco años de inicio de su adscripción a una 
universidad, deberá garantizar que los estudiantes matriculados en títulos propios de 
formación  permanente  no  podrán  superar  en  dos  veces  el  número  de  estudiantes 
matriculados en títulos oficiales.
7.  La  adscripción  de  un  centro  a  una  universidad  requerirá  la  aprobación  de  la 
Comunidad  Autónoma  correspondiente,  salvo  que  se  trate  de  la  adscripción  a  una 
universidad de ámbito estatal, en cuyo caso corresponderá al Ministerio de Universidades. 
En el caso de las universidades públicas la propuesta se elevará por su Consejo de 
Gobierno, previo informe favorable del Consejo Social. En el caso de las universidades 
privadas, se elevará la petición previa aprobación por su órgano de gobierno.
8.  La aprobación de la propuesta de adscripción deberá ser objeto de inscripción en 
el en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT), y comunicación a la 
Conferencia General de Política Universitaria por el Ministerio de Universidades. Si la 
propuesta  es  aprobada  por  la  Comunidad  Autónoma,  esta  deberá  informar  de  la 
adscripción al citado Ministerio, a efectos de inscripción y comunicación.
9.  Los  títulos  universitarios  correspondientes  a  enseñanzas  de  carácter  oficial 
impartidas en los centros adscritos a una universidad se someterán a los procedimientos 
de aseguramiento de la calidad según lo establecido en la universidad a la que se  e
adscribe y serán expedidos por el Rector o la Rectora de esta. bo
10.  El profesorado de los centros adscritos a universidades deberá cumplir los  613ww
requisitos establecidos en el artículo 7, apartados 4, 5, 6, 7 y 8, del presente real decreto.
CAPÍTULO III
Acreditación institucional de los centros universitarios
Artículo  14.  Procedimiento  para  la  acreditación  institucional  de  los  centros  de  las 
universidades públicas y privadas.
1.  La  acreditación  institucional  como  mecanismo  para  garantizar  la  calidad 
académica global de un centro universitario se instrumenta mediante el sistema interno 
de garantía de la calidad, que debe asegurar una formación con un nivel de competencia 
y la adecuación a los criterios estandarizados de calidad del servicio docente prestado, y 
que  debe  responder  a  las  exigencias  del  estudiantado  y  de  la  sociedad.  Este 
procedimiento debe ser transparente e incluir mecanismos de rendición de cuentas.
2.  La acreditación institucional de un centro universitario comportará la renovación 
de la acreditación del conjunto de títulos universitarios oficiales impartidos en este, 
siempre que se reúnan los requisitos previstos en este artículo.
3.  Los requisitos que deberán cumplir los centros universitarios para la obtención 
de la acreditación institucional serán los siguientes:
a)  Haber renovado la acreditación inicial de al menos la mitad de los títulos oficiales 
de grado, la mitad de los títulos oficiales de máster y la mitad de los títulos oficiales de 
doctorado que impartan de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 27 bis 
del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre. En el caso de las Escuelas de Doctorado 
o centros similares en cuanto a las funciones, deberán haber renovado la acreditación 
inicial de al menos la mitad de sus programas de doctorado.
b)  Disponer de la certificación de la implantación de su sistema interno de garantía 
de  calidad,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  apartado  9  del  anexo  I  del 
Real  Decreto  1393/2007,  de  29  de  octubre,  y  de  conformidad  con  los  criterios 
establecidos para el aseguramiento de la calidad en el Espacio Europeo de Educación 
Superior y los protocolos y guías orientativas desarrolladas por la ANECA o por las 
agencias  de  calidad  correspondientes.  Este  certificado  podrá  ser  expedido  por  las 
agencias de calidad españolas que estén inscritas en el Registro Europeo de Agencias 
de Calidad (European Quality Assurance Register, EQAR). El procedimiento de emisión 
del  certificado  deberá  seguir  el  protocolo  que,  a  propuesta  del  Ministerio  de 
Universidades, se apruebe en la Conferencia General de Política Universitaria.
4.  Podrán participar de este procedimiento los centros de universidades públicas y 
privadas, sean propios o adscritos.
5.  La universidad solicitará la acreditación institucional de uno o de varios de sus 
centros  al  Consejo  de  Universidades  que,  a  través  de  la  Secretaría  General  de 
Universidades, la trasladará a la ANECA o a la correspondiente agencia de calidad de la 
Comunidad  Autónoma,  y  que  se  encuentren  inscritas  en  el  Registro  Europeo  de 
Agencias de Calidad (European Quality Assurance Register, en adelante, EQAR), para la 
emisión del informe al que se refiere el apartado siguiente.
6.  El Consejo de Universidades dictará la resolución de acreditación, previo informe 
de evaluación vinculante de la ANECA o del órgano de evaluación que corresponda, que 
notificará a la universidad y a la agencia de evaluación correspondiente, y enviará a la 
Comunidad Autónoma y al Ministerio de Universidades, a los efectos, si es favorable, de 
la inscripción de los centros acreditados en el RUCT. El plazo para resolver y notificar 
dicha resolución será como máximo de seis meses. Transcurrido este plazo, y en el caso  e.
de que no se haya dictado la correspondiente resolución de acreditación, el sentido del  w.b
silencio  administrativo  será  estimatorio.  En  el  supuesto  de  dictarse  resolución  613ww
pdreosceesdtiamna, toórrigaa, neos taad dmeibneisrtára stievro  moo jtuivdaicdiaa l ya enxtep reels aqruáe  lohsu brieecruarns odse  qpuree sceonntatrras ela  ym pislamzao 
para interponerlos.
7.  Deberá renovarse la acreditación institucional de los centros universitarios antes 
del transcurso de seis años contados a partir de la fecha de obtención de la última 
resolución de acreditación.
8.  En  el  procedimiento  de  evaluación  de  la  renovación  de  la  acreditación 
institucional deberá emitirse informe por un panel de expertos externos e independientes 
de la institución que solicite la acreditación, nombrados por la ANECA o por la agencia 
de calidad correspondiente. El procedimiento que desarrollen las agencias para llevar a 
cabo la renovación de la acreditación institucional de centros seguirá el protocolo general 
que,  a  propuesta  del  Ministerio  de  Universidades,  se  establezca  en  el  seno  de  la 
Conferencia General de Política Universitaria. Asimismo, se deberán tener presentes 
todos los informes de seguimiento de las diversas titulaciones oficiales ofertadas en el 
centro, así como los informes de la ANECA y de la correspondiente agencia de calidad 
emitidos en ese período de seis años con relación a los diferentes títulos oficiales 
ofertados.  La  ANECA  y  los  órganos  de  evaluación  externa  de  las  Comunidades 
Autónomas se facilitarán mutuamente información relativa a dichas evaluaciones.
9.  El Consejo de Universidades deberá resolver y notificar su resolución sobre la 
renovación en un máximo de seis meses desde la presentación de la correspondiente 
solicitud. Transcurrido este el sentido del silencio administrativo será estimatorio. En el 
caso de dictarse resolución desestimatoria, que deberá ser motivada, esta expresará los 
recursos que contra la misma procedan, órgano administrativo o judicial ante el que 
hubieran de presentarse y plazo para interponerlos.
10.  En  el  caso  de  que  el  Consejo  de  Universidades  dicte  una  resolución 
desestimatoria de la acreditación institucional o de su renovación, el centro universitario 
implicado deberá solicitar la renovación de la acreditación correspondiente de cada uno 
de los títulos oficiales que oferta, en el período establecido con relación al inicio de la 
actividad de estos o de la última renovación de la acreditación.
11.  Las agencias de evaluación de forma consensuada, a través de sus protocolos 
de acreditación institucional de centros universitarios, establecerán el procedimiento 
concreto para el caso de títulos conjuntos que promueven dos o más centros, sean de la 
misma universidad o de universidades diferentes.
CAPÍTULO IV
Centros que impartan enseñanzas conducentes a la obtención de títulos 
extranjeros universitarios y de educación superior de ámbito similar al 
universitario
Artículo 15.  Autorización de centros que impartan enseñanzas con arreglo a sistemas 
educativos extranjeros.
1.  La impartición de enseñanzas universitarias y de educación superior –diplomas o 
certificados– de ámbito similar al universitario en nuestro país desarrollada por centros 
conforme a sistemas educativos extranjeros, precisará la autorización del organismo 
competente  de  la  Comunidad  Autónoma  correspondiente  en  la  que  se  ubique  la 
universidad o centro, según lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre. En ningún caso las enseñanzas de educación superior de ámbito 
similar al universitario hacen referencia a titulaciones españolas correspondientes a 
enseñanzas superiores no universitarias.
2.  La autorización del organismo correspondiente de la Comunidad Autónoma se  e.e
requerirá en los siguientes supuestos: b
ou niinvabes))tr  istuidCCcaiuuódaan cnn rdddeooea   dllooeassd   outtíí cttruueallccoooissón  nsso eecsaaidunnap  ii emmdreippo aacr rrotteiniddxfoootrssram  nppijooderrar  audu,n n c  ucocbenein ncltatarr odole a pdg eoiesrctnlaee cnntieetóercn ripi eteronosrtppieoai o añe  oous lnpaaaa.d ñsuocnrli,iv toela ras  icudunaaadl    OE-A-2021-12able en https://
deberá estar debidamente constituida con arreglo a la legislación del país de cuyo
sistema educativo pretenda impartir dichos títulos o del país en el que tenga asentado su 
órgano directivo.
3.  La  Comunidad  Autónoma,  una  vez  otorgada  la  autorización,  la  comunicará  al 
Ministerio de Universidades en el plazo máximo de un mes, que procederá a su inclusión en 
un registro específico dentro del RUCT, en el que constarán tanto los centros autorizados 
como los títulos de dichos centros, y asimismo informará a la Conferencia General de Política 
Universitaria. Esta información incorporará como mínimo: La denominación de la universidad 
y centro de impartición y si es extranjera el país de origen, la denominación de los títulos 
ofertados y su número de plazas, el modelo docente de cada titulación (presencial, virtual o 
híbrida),  la  duración  temporal  y  la  carga  en  créditos  ECTS  –Sistema  Europeo  de 
Transferencia  y  Acumulación  de  Créditos–;  así  como,  si  el  título  ha  sido  evaluado 
favorablemente por una agencia de aseguramiento de la calidad española o en su caso del 
país de origen del centro o universidad y la fecha de la renovación de la acreditación. En el 
caso de titulaciones cuyo informe de acreditación haya sido realizado por una agencia de 
calidad registrada en el EQAR y externa al Estado español, esta deberá haber incluido 
específicamente en su alcance, y por ello evaluado, el centro de impartición español.
4.  El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación deberá emitir 
informe sobre la conveniencia de esta autorización, sobre la base de la existencia de 
Tratados o convenios internacionales suscritos por España y, en su defecto, del principio 
de reciprocidad.
Artículo 16.  Requisitos para la autorización.
1.  La universidad o centros que imparta enseñanzas universitarias y de educación 
superior de ámbito similar al universitario con arreglo a sistemas educativos extranjeros 
deberá  cumplir  con  lo  previsto  en  los  siguientes  apartados  para  poder  obtener  la 
autorización administrativa, además de acreditar su personalidad jurídica:
a)  Presentar un plan de desarrollo de su oferta docente, que detalle los títulos, la 
tipología y nivel, las plazas ofertadas, la duración, la carga en créditos, la previsión del 
año  de  inicio  de  la  impartición  de  cada  título,  las  principales  características  del 
profesorado que será responsable de su impartición y que deberá cumplir los requisitos 
establecidos en el artículo 7, apartados 4, 5, 6, 7 y 8, así como el detalle del plan de 
estudios en el que impartirá la docencia.
b)  Acreditar que las enseñanzas universitarias y de educación superior de ámbito similar 
al universitario efectivamente están implantadas y activas en la universidad o institución de 
educación superior extranjera que expida el título, el certificado o el diploma.
c)  Acreditar que los planes de estudios de las diferentes titulaciones corresponden 
en estructura, duración y contenidos con los impartidos por la universidad o institución de 
educación superior matriz en su país de origen.
d)  Acreditar que las enseñanzas impartidas conducen a la obtención de títulos que 
tengan idéntica validez académica oficial en el país de origen y la misma denominación 
que los que expida la universidad o institución de educación superior extranjera matriz 
por dichos estudios.
e)  Someter los títulos ofertados de nivel universitario a procesos de evaluación, 
acreditación y/o inspección por los órganos competentes del correspondiente sistema 
universitario extranjero, de acuerdo con el certificado establecido en el apartado 2 de 
este mismo artículo. No podrán ser objeto de autorización aquellas enseñanzas que  s
previamente no hayan pasado por un proceso de evaluación por el órgano o agencia de  oe.
dccaaicslhidofa)a  sdd ee Ad ncpeseole sprñteaaa írdns  euzda neas  cc optoriovimgird epeanrldo .e msdtiesu odla iap unontra ivdeeosrc smriidtaoat rddic eou  lcacoednnott.irnou, idhaadst ad ela  loasd eecsutuaddiao sfi noafelizrtaacdioósn  edne   2021-12613n https://www.
2.  Los  requisitos  establecidos  en  el  apartado  anterior  se  acreditarán  mediante 
certificación expedida al efecto por la representación acreditada en España del país 
conforme a cuyo sistema educativo se hayan de impartir las enseñanzas.
Artículo 17.  Efectos de la obtención de la autorización administrativa.
1.  Las universidades o instituciones de educación superior autorizadas a impartir 
títulos  de  acuerdo  con  sistemas  de  educación  superior  extranjeros,  tendrán  la 
denominación  que  corresponda  de  acuerdo  con  las  enseñanzas  que  impartan,  no 
pudiendo utilizarse denominaciones que, por su significado o por utilizar un idioma 
extranjero, puedan inducir a confusión sobre la naturaleza del centro, las enseñanzas 
que en él se impartan, o la naturaleza, validez y efectos de los títulos, certificados o 
diplomas académicos a las que aquellas conducen.
2.  Las enseñanzas de carácter universitario autorizadas estarán sometidas a la 
evaluación  por  las  agencias  de  calidad  correspondientes.  Estas  se  facilitarán 
mutuamente información relativa a dichas evaluaciones.
3.  Las agencias de calidad se coordinarán para elaborar y publicar un protocolo 
específico para este tipo de enseñanzas universitarias o equivalentes, teniendo presente 
sus especificidades, a efectos de proceder a su evaluación.
4.  Los títulos, certificados o diplomas a que conduzcan las enseñanzas autorizadas 
tendrán únicamente los efectos que les otorgue la legislación del Estado de origen, de 
conformidad  con  el  artículo  86.4  de  la  Ley  Orgánica  6/2001,  de  21  de  diciembre.  El 
reconocimiento de efectos en España se ajustará a lo establecido por la normativa específica 
reguladora del reconocimiento de estudios y títulos extranjeros de educación superior.
5.  La universidad o centro a través del que se impartan estas enseñanzas estará 
obligada  a  informar  debidamente  a  los  estudiantes,  en  el  momento  de  efectuar  la 
matrícula, de lo estipulado en el apartado anterior.
6.  Podrá constituir causa de revocación de la autorización el incumplimiento de los 
requisitos conforme a los cuales se otorgó la autorización por el órgano competente de la 
comunidad  autónoma  establecidos  en  el  artículo  16,  la  obtención  de  evaluaciones 
desfavorables a las que se refiere el apartado 2 del presente artículo de como mínimo la 
mitad de las enseñanzas de carácter universitario o equivalente, evaluadas, así como la 
incorrecta  información  sobre  las  enseñanzas  que  se  imparten  y  sobre  los  títulos, 
certificados o diplomas a cuya obtención conducen. La revocación corresponderá al 
órgano  competente  de  la  Comunidad  Autónoma  y  deberá  ser  motivada  y  previa 
audiencia de las personas representantes del centro.
Disposición adicional primera.  Universidades con especificidades académicas.
Considerando su especificidad académica, la Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo y la Universidad Internacional de Andalucía quedan excluidas de la aplicación del 
artículo 5, apartados 1 y 4, y de los artículos 6 y 7 del presente real decreto.
Disposición adicional segunda.  Universidad Nacional de Educación a Distancia.
Todas las referencias que en este real decreto se efectúan a las Administraciones de 
las Comunidades Autónomas y a sus órganos se entenderán referidas, en el caso de la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), al Ministerio de Universidades, 
en atención a sus especiales características y ámbito de sus actividades. s
Disposición adicional tercera.  Universidades Concordatarias de la Iglesia Católica. w.
dicie1m. brDee,  lcaosn fournmiviedrasdid acdoens  lod ee sltaa blIegcleidsoia  eCn atlóal icLae ye sOtargbálencicidaa s6 /2e0n0 1E, sdpea ña2 1 codne 
saonbtereri oErindsaedñ aaln Azacu ye rAdsou dneto 3s  dCeu letunrearloe sd, ee 1n9 v7ir9t,u edn dtree  loe l eEsstatabdleoc eidsop aeñno el ly  Clao nSvaenntaio  Seendtree, 
la Santa Sede y el Estado español, de 10 de mayo de 1962, y el mencionado Acuerdo,
mantienen  sus  procedimientos  especiales  en  materia  de  reconocimiento  de  efectos 
civiles de planes de estudios y títulos, de conformidad con la normativa específica 
aplicable, en tanto en cuanto no opten por transformarse en universidades privadas.
2.  Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, y a los solos efectos de 
hacer efectivos dichos procedimientos, estas universidades solicitarán al Consejo de 
Universidades la acreditación institucional de sus centros que se llevará a cabo una vez 
se compruebe el cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa aplicable 
con carácter general.
3.  Igualmente, estas universidades deberán adaptarse a los requisitos previstos en 
este real decreto con carácter general y en los mismos plazos.
Disposición adicional cuarta.  Centros Universitarios de la Defensa.
1.  Los Centros Universitarios de la Defensa que, de acuerdo con el artículo 51 de la 
Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera Militar, se hallen adscritos a alguna 
universidad pública, tendrán la consideración de centros docentes adscritos a los efectos 
del artículo 13 de este real decreto.
2.  Dada su naturaleza académica, funcional y jurídica, se exceptúa a los Centros 
Universitarios  de  la  Defensa  del  requisito  establecido  en  el  artículo  13  de  este 
real decreto, sobre adscripción a una única universidad.
3.  De conformidad con el artículo 73 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la 
Carrera  Militar,  las  enseñanzas  correspondientes  a  la  formación  militar  general  y 
específica y de especialidad fundamental se impartirán por profesorado militar, y las 
enseñanzas de grado y posgrado se impartirán por personal militar y por personal 
contratado,  que  cuente  con  la  capacitación  adecuada  de  conformidad  con  la 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre.
4.  El personal docente e investigador de estos centros universitarios deberá cumplir 
con las previsiones establecidas por el presente real decreto.
5.  Sin perjuicio de la titularidad del Ministerio de Defensa sobre estos centros y de 
las competencias de aquel en materia de formación militar, todas las referencias que en 
este real decreto se efectúan a las Administraciones de las Comunidades Autónomas y 
sus órganos se entenderán referidas en el caso de los Centros Universitarios de la 
defensa al Ministerio de Universidades.
Disposición adicional quinta.  Centros Universitarios de la Guardia Civil.
1.  El Centro Universitario de la Guardia Civil, adscrito a una o varias universidades 
públicas, de acuerdo con el artículo 41 de la Ley 29/2014, de 28 de noviembre, de 
Régimen del Personal de la Guardia Civil, tendrá la consideración de centro docente 
adscrito, a los efectos del artículo 13 de este real decreto.
2.  Dada  su  naturaleza  académica,  funcional  y  jurídica,  se  exceptúa  al  Centro 
Universitario  de  la  Guardia  Civil  del  requisito  establecido  en  el  artículo  13.2  sobre 
adscripción a una única universidad.
3.  De conformidad con el artículo 51 de la Ley 29/2014, de 28 de noviembre, las 
enseñanzas correspondientes a la formación militar de carácter general y la de cuerpo 
de seguridad o técnica se impartirán por profesorado perteneciente a la Guardia Civil o 
por el profesorado ajeno al Cuerpo a que se refiere el apartado 1 del citado artículo.
4.  Las  enseñanzas  universitarias  oficiales  de  Grado,  Máster  universitario  y 
Doctorado, así como las enseñanzas universitarias propias (formación permanente),  es
podrán  impartirse,  tanto  por  el  personal  citado  en  el  párrafo  anterior,  como  por  el  bo
profesorado perteneciente a la universidad o universidades de adscripción, de acuerdo  613ww
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5.  En todo caso, el personal docente e investigador del Centro Universitario de la Guardia 
Civil deberá cumplir con las previsiones establecidas en este real decreto, y contar con la 
capacitación adecuada, de conformidad con la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre.
Disposición adicional sexta.  Tratados o convenios internacionales.
Lo dispuesto en el presente real decreto, y en particular lo previsto en el capítulo IV, 
se entiende sin perjuicio de lo establecido en los Tratados o Convenios internacionales 
suscritos por España o, en su caso, de la aplicación del principio de reciprocidad.
Disposición adicional séptima.  No incremento de gasto público.
Las  medidas  incluidas  en  este  real  decreto  no  podrán  suponer  incremento  de 
dotaciones ni de retribuciones ni de otros gastos de personal.
Disposición transitoria primera.  Adaptación de las universidades y centros universitarios 
a los requisitos previstos en este real decreto.
1.  Las universidades y centros universitarios que, en el momento de entrada en 
vigor de este real decreto cuenten con su respectiva autorización, dispondrán de hasta 
cinco años desde dicha entrada en vigor para que puedan adaptarse a las nuevos 
requisitos establecidos.
2.  Las universidades y centros ya creados o reconocidos, pero aún no autorizados, 
dispondrán de hasta cinco años desde la concesión de la autorización para que puedan 
adaptarse a los nuevos requisitos establecidos.
3.  Las universidades o centros que impartan enseñanzas universitarias o títulos de 
educación superior de ámbito similar al universitario con arreglo a sistemas educativos 
extranjeros deberán adaptarse a las previsiones de este real decreto en el plazo máximo de 
tres años a partir de su entrada en vigor. Estas universidades, centros o instituciones deberán 
tener inscritos los títulos universitarios o equivalentes en un registro específico del RUCT, 
incorporando la información que se establece en el artículo 15.3 de este real decreto en el 
plazo máximo de un año desde el momento de la entrada en vigor de este real decreto.
Disposición  transitoria  segunda.  Requisitos  de  personal  durante  la  implantación 
progresiva de las enseñanzas.
En tanto no se implanten en su totalidad cada uno de los estudios universitarios 
oficiales que vaya a impartir la universidad o centro, los requisitos de personal que 
establece el presente real decreto para las universidades y centros universitarios se 
entenderán referidos al personal que resulte exigible para la impartición del curso o de 
los cursos del correspondiente plan de estudios oficial que se vayan implantando en 
cada momento.
Disposición transitoria tercera.  De centros adscritos a más de una universidad.
En el caso de que hubiere un centro adscrito a más de una universidad en el momento 
de la entrada en vigor de este real decreto, este tendrá un plazo máximo de un año para 
definitivamente  adscribirse  a  una  única  universidad,  lo  que  exigirá,  en  su  caso,  la 
modificación del convenio de adscripción entre ambas partes. La nueva adscripción, una 
vez aprobada por los diferentes órganos de gobierno de las instituciones universitarias  es
implicadas, y autorizada por el órgano competente de la respectiva Comunidad Autónoma,  o
será comunicada al Ministerio de Universidades para su inclusión en el RUCT. 613ww
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Departamento responsable de universidades de la respectiva Comunidad Autónoma.
Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
1.  Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a 
lo dispuesto en este real decreto.
2.  En particular, se deroga el Real Decreto 420/2015, de 29 de mayo, de creación, 
reconocimiento, autorización y acreditación de universidades y centros universitarios, a 
excepción de la disposición final segunda y la disposición final tercera.
Disposición final primera.  Carácter básico y títulos competenciales.
Este real decreto tiene el carácter de legislación básica y se dicta al amparo de lo 
previsto en las reglas 1.ª y 30.ª del artículo 149.1 de la Constitución que atribuyen al 
Estado las competencias para la regulación de las condiciones básicas que garanticen la 
igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de 
sus deberes constitucionales y la aprobación de las normas básicas para el desarrollo 
del artículo 27 de la Constitución a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
de los poderes públicos en esta materia.
Disposición final segunda.  Habilitación normativa.
Se faculta a la persona titular del Ministerio de Universidades para dictar, en el 
ámbito de sus competencias, cuantas disposiciones requiera el desarrollo y ejecución de 
lo dispuesto en este real decreto.
Disposición final tercera.  Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».
Dado en la Embajada de España en Lima, el 27 de julio de 2021.
FELIPE R.
El Ministro de Universidades,
MANUEL CASTELLS OLIVÁN
ANEXO I
Memoria justificativa para el expediente de creación de universidades públicas y 
de reconocimiento de universidades privadas y su posterior autorización
1.  Memoria en la que consten los datos fundamentales del proyecto por el cual se 
solicita la creación de una universidad pública o el reconocimiento de una universidad 
privada: Denominación; instituciones, organismos, entidades o empresas y sociedades 
privadas que la impulsan; personalidad jurídica; ubicación geográfica de las instalaciones 
y localización de la sede social; financiación; los objetivos académicos fundamentales 
(formativos,  de  investigación,  de  transferencia  y  de  innovación)  que  garanticen  el 
cumplimiento de las funciones de la universidad establecidas en la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre, y de acuerdo con lo regulado en el presente real decreto.
2.  En  esta  Memoria  se  deberá  incluir  el  plan  pormenorizado  de  desarrollo  y 
programación de la docencia, tal y como se recoge en el artículo 5 de este real decreto, y 
una programación plurianual de la investigación de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 6 de esta norma. En ambos casos, se deberá aportar el nivel de detalle que en 
esos artículos se fija. Específicamente, se incluirá obligatoriamente el número de plazas 
y la previsión de matrícula de los títulos oficiales de grado, máster y doctorado ofertados 
inicialmente y aquellos que progresivamente esté previsto implantar.
3.  De  igual  forma,  en  la  Memoria  se  incluirá  la  oferta  inicial,  y  el  previsible 
desarrollo, de la formación permanente, indicando, entre otros elementos, el número y 
tipología de títulos, las plazas ofertadas y la previsión de estudiantes matriculados.
4.  Documentación justificativa de la garantía de continuidad y sostenibilidad de la 
actividad de la universidad o centro a la que se refiere el artículo 9 del presente real 
decreto.
5.  La documentación que acredite los requisitos de organización y funcionamiento 
previstos en el artículo 10 del presente real decreto.
6.  Justificación de la plantilla (entendida como la relación de puestos de trabajo en 
las  instituciones  públicas)  del  personal  docente  e  investigador  al  comienzo  de  la 
actividad, y compromiso explícito y argumentado de desarrollo de la misma coherente 
con el despliegue de la oferta académica oficial y la implementación del programa 
plurianual de investigación, en los términos previstos en el artículo 6 de esta norma, y de 
acuerdo con los requisitos que sobre el profesorado establece la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre, y el presente real decreto. El detalle de la plantilla inicial y la que 
coherentemente  se  desarrollará  con  el  despliegue  comprometido  en  docencia  e 
investigación será el estipulado en el artículo 5 de este real decreto.
7.  Justificación de la plantilla (entendida como la relación de puestos de trabajo en 
las instituciones públicas) de personal de administración y servicios al comienzo de la 
actividad, así como la previsión de su incremento anual hasta la implantación total de las 
correspondientes enseñanzas, actividades de investigación y servicios de la universidad 
o centro
8.  Estructura de centros en los que se articula inicialmente, y se articulará una vez 
desplegada toda su actividad, la universidad, así como la oferta inicial y la prevista de 
títulos oficiales que en ellos se impartirán. Se indicará su denominación y ubicación 
geográfica,  detallando  las  instalaciones  y  principales  equipamientos  académicos, 
investigadores y de servicios de que dispondrán.
9.  Justificación del cumplimiento de las condiciones y requisitos relativos a las 
infraestructuras y medios materiales adecuados y suficientes para el desarrollo de sus  e
funciones docentes e investigadoras, teniendo en cuenta lo establecido en el capítulo II y  bo
en los anexos II, III y IV de este real decreto. En este sentido, específicamente se  613ww
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requ1ie0r. anE onb leigl actoarsiaom deen tec olan treemaplizlaarc itóitnu ldaeci opnráecst icoafisc iaacleasd édme icgarsa deox teyr ndaes , mseá sdteerb eqráune 
incluir convenios con instituciones, organismos, entidades o empresas que garanticen su 
desarrollo inicial.
11.  Compromiso de poner en marcha el sistema interno de garantía de calidad.
12.  La  estrategia  y  programación  para  promover  la  internacionalización  de  las 
actividades académicas y la movilidad del estudiantado y profesorado-
13.  Específicamente,  las  universidades  privadas  deberán  acreditar  que  tienen 
personalidad jurídica propia, y desarrollan sus funciones en régimen de autonomía, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre.
ANEXO II
Módulos mínimos de los espacios docentes e investigadores
El  número  y  superficie  de  los  espacios  docentes  e  investigadores  vendrá 
determinado por el número de alumnos que se prevea van a utilizarlos simultáneamente, 
de acuerdo con los siguientes módulos:
a)  Aulas: Hasta cuarenta alumnos: 1 metro cincuenta centímetros cuadrados por 
alumno. De cuarenta alumnos en adelante: 1 metro y veinticinco centímetros cuadrados 
por alumno.
b)  Laboratorios docentes: Cinco metros cuadrados por alumno asignado a un grupo 
de  docencia.  Dicho  módulo  podrá  ser  objeto  de  adaptación  en  función  de  las 
necesidades de docencia práctica que correspondan a las enseñanzas oficiales que 
impartan. En este espacio deberá reservarse una zona o mobiliario de custodia del 
vestuario y de las prendas protectoras de laboratorio. Estos laboratorios deberán ser 
espacios independientes de las aulas y salas de tutorías.
c)  Laboratorios de investigación: Entre 10 y 15 metros cuadrados por profesor o 
investigador. Estos laboratorios deberán estar separados del paso de alumnos y no 
deben compartirse para labores docentes.
Los espacios para la docencia e investigación deberán tener la necesaria flexibilidad 
espacial y de mobiliario para adecuarse a las diferentes modalidades de enseñanza-
aprendizaje.
Los  despachos  del  profesorado  estarán  dotados  de  equipos  informáticos  y  de 
comunicaciones adecuados.
Todos  los  espacios  académicos  deben  cumplir  con  la  normativa  vigente  de 
accesibilidad.
ANEXO III
Exigencias especiales para las enseñanzas en el ámbito de las Ciencias de la 
Salud
1.  En las enseñanzas de Medicina, Enfermería, y Fisioterapia, deberá garantizarse:
a)  Las  universidades  deberán  contar  al  menos  con  un  hospital  general  y  tres 
centros de salud (de titularidad pública o privada), autorizados según lo regulado en el 
Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, por el que se establecen las bases generales 
sobre autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios, con base en un 
concierto en el caso de las universidades públicas o en un convenio en el de las  es
universidades privadas. bo
b)  Las instituciones sanitarias tendrán que reunir los requisitos (dotación de medios  613ww
tspiteeu rlcsacoor)nen csai Elepelros tcer o ynlo n mysc  ialeMotrseitno rdii saoetl epecrasoi)orn tsaqv muecenoe innos t ecoso esem ñsoapt auleabntreliáednnzac cdilaaoesnss    esmuenner imvdvieicaaritonsestirte iaad ro eidar deslae  sqsna ui nnecsio dctniaotjudunc n yeito aldlno eeds se us  nsesia vurneesir ltasapicrediiaroassndo aeqnnsua..es   OE-A-2021-12able en https://
d)  Se utilizará la denominación «Hospital Universitario» cuando el concierto se 
refiera al hospital en su conjunto o que abarque la mayoría de sus servicios y/o unidades 
asistenciales, en el caso de que solo se concierten algunos servicios, se hablará de 
«Hospital Asociado a la Universidad». Lo mismo se aplicará a los centros de salud.
2.  Para el resto de las enseñanzas universitarias de las profesiones reguladas en 
los artículos 6 y 7 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las 
profesiones sanitarias, que requieran elementos asistenciales, deberá garantizarse la 
disponibilidad de los medios clínicos –centros, servicios o establecimiento sanitarios– 
necesarios tanto de la propia universidad, como aquellos que se dispongan mediante 
convenios con Administraciones públicas, organismos públicos y entidades de derecho 
público o con sujetos de derecho privado que tengan estos servicios asistenciales que, 
en todo caso, deberán estar autorizados por la Administración pública correspondiente.
3.  Las universidades e instituciones sanitarias velarán porque los estudiantes y 
residentes de titulaciones del ámbito de las Ciencias de las Salud, cumplan con la 
normativa que recoja las pautas básicas destinadas a asegurar y proteger el derecho a la 
intimidad del o la paciente.
ANEXO IV
Requisitos mínimos de carácter tecnológico, informático y audiovisual
De acuerdo con el artículo 8.2 de este real decreto, las Universidades públicas y 
privadas, deberán disponer de:
1.  Red y conexión de internet con capacidad y velocidad y latencia máximas que 
permita  la  tecnología  en  cada  momento,  acorde  con  el  volumen  de  estudiantado, 
profesorado y personal de administración y servicios con que cuente la universidad o 
centro, y, en el caso de nueva creación, con la previsión de estos una vez finalice el 
despliegue  de  toda  la  oferta  docente  y  planificación  investigadora  programada  y 
expuesta en la Memoria.
2.  Campus virtual docente, que vehicule las relaciones académicas y la actividad 
formativa de cada asignatura y titulación, y garantice al estudiantado y al profesorado un 
mecanismo de calidad para el desarrollo de su interrelación académica de acuerdo con 
la modalidad de enseñanza de cada uno de los títulos oficiales. En el caso de una 
universidad  que  fundamentalmente  su  modalidad  docente  sea  no  presencial,  este 
campus  virtual  y  la  plataforma  tecnológica  que  lo  soporte,  deberán  contar  con  las 
especificidades técnicas y de capacidad imprescindibles para garantizar un desarrollo de 
calidad la docencia no presencial.
3.  Intranet,  utilidad  que  debe  permitir  virtualmente  la  gestión  del  conjunto  de 
relaciones y servicios que configuran la gestión administrativa, técnica y económica de la 
universidad y centro, concretamente de su personal (PDI y PAS) y de las diferentes 
unidades que la componen.
4.  Web  institucional  y  de  los  diferentes  centros,  departamentos,  institutos  de 
investigación, servicios universitarios dirigidos al estudiantado y al resto de la comunidad 
universitaria, con la calidad tecnológica y de accesibilidad necesaria a la función de ser 
concebidos como espacios de información de la comunidad universitaria y de la sociedad 
en su conjunto.
5.  Dotación de equipamiento audiovisual, informático y de red de internet en todo el  s
aulario y en los laboratorios destinados al desarrollo de prácticas académicas, que  oe.
garanticen que se atienden las necesidades tecnológicas que la implementación de la  w.
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vayan a ofertar.
6.  Dotación  de  aulas  de  informática  para  que  el  estudiantado  pueda  recibir 
docencia, así como elaborar trabajos, documentos o buscar información relacionados 
con su actividad académica.
7.  Servicio de biblioteca y documentación cuya dotación y capacidad como mínimo 
debe ser coherente temáticamente con las titulaciones de grado, máster y doctorado 
ofertadas y sus necesidades de información y bibliografía, así como con el número de 
estudiantes matriculados. Asimismo, deberán disponer de sistemas o entornos virtuales 
desarrollados  para  garantizar  la  gestión  de  las  demandas  y  el  préstamo,  y  la 
disponibilidad y acceso a la información y documentación en soporte virtual.
8.  Dotación de laboratorios y de servicios científico-técnicos concordantes con la 
programación plurianual de investigación establecida en la Memoria. Concretamente, 
esta debe ser coherente con los ejes de investigación estratégicos fijados y los grupos 
de investigación que se declara se impulsarán o ya estén en pleno funcionamiento.