BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 46 Martes 23 de febrero de 2021 Sec. TC.   Pág. 21824
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
2823 Sala Segunda. Sentencia 4/2021, de 25 de enero de 2021. Recurso de 
amparo 514-2019. Promovido por don Rusi Ventsislavov Ivanov respecto de 
las resoluciones de la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de 
Justicia  de  las  Illes  Balears  que  inadmitieron  el  recurso  de  apelación 
presentado  frente  a  la  sentencia  condenatoria  dictada  por  la  Audiencia 
Provincial. Vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías: 
resoluciones judiciales que, al anular la revisión de la incorrecta indicación de 
recursos  y  declarar  la  firmeza  de  la  sentencia  condenatoria,  impiden  el 
ejercicio del derecho a la segunda instancia penal.
ECLI:ES:TC:2021:4
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por la magistrada doña 
Encarnación Roca Trías, presidenta, y los magistrados don Juan Antonio Xiol Ríos, don 
Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez y don Ricardo 
Enríquez Sancho, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 514-2019, promovido por don Rusi Ventsislavov 
Ivanov, representado por el procurador de los tribunales don José Francisco Rodríguez 
Rincón y bajo la dirección del letrado don Ignacio Gonzalo Márquez Díaz, contra el auto 
de la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears 
de  26  de  octubre  de  2018,  por  el  que  se  desestima  el  incidente  de  nulidad  de 
actuaciones formulado contra el auto de 1 de octubre de 2018, pronunciado en el rollo de 
apelación  7-2018.  Ha  comparecido  don  Radostin  Mitkov  Mitev,  representado  por  el 
procurador de los tribunales don Pedro Antonio González Sánchez y bajo la dirección del 
letrado don Carlos Enrique Portalo Prada. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido 
ponente la magistrada doña Encarnación Roca Trías.
I. Antecedentes
1.  Don Rusi Ventsislavov Ivanov, representado por el procurador de los tribunales 
don José Francisco Rodríguez Rincón y bajo la dirección del letrado don Ignacio Gonzalo 
Márquez Díaz, interpuso demanda de amparo contra las resoluciones judiciales que se 
citan en el encabezamiento mediante escrito registrado en este tribunal el 24 de enero 
de 2019.
2.  El recurso tiene su origen en los siguientes antecedentes: es
a)  El  recurrente  fue  condenado  por  sentencia  de  la  Sección  Segunda  de  la  w.
Audiencia Provincial de Palma de Mallorca 359/2017, de 1 de septiembre de 2017,  23ww
deiscttaa dsae netenn ecli ar oclalob ed er escaulars on údme .c 4a5s-a2c0ió1n7». .En el pie de recurso se establece que «contra
sentbe)n ciEal,  rae cluor reqnutee  sseo liacictóce dteión epr opr oar uptore pdaer aldao  Sreecccuirósno  Sdeeg ucnadsaac idóen  lcao nAtruad iednicchiaa   BOE-A-cable e
Provincial de Palma de Mallorca de 23 de octubre de 2017, siendo tramitado con el núm. 
10750-2017 por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, quien, admitiendo la causa de 
oposición  alegada  por  el  Ministerio  Fiscal,  por  sentencia  187/2018,  de  17  de  abril 
de 2018, declaró no haber lugar al recurso con el argumento de que «tratándose de una 
sentencia  dictada  en  primera  instancia  por  una  audiencia  provincial,  el  recurso 
procedente sería el de apelación ante la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior 
de Justicia, de conformidad con lo dispuesto en el art. 486 ter.1 LECrim al estar ya en 
pleno vigor la reforma de la norma procesal efectuada por la Ley 41/2015, de 5 de 
octubre».
c)  El recurrente, mediante escrito de 23 de abril de 2018, solicitó la nulidad de 
actuaciones contra la sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de 
Palma de Mallorca 359/2017, de 1 de septiembre de 2017, en el extremo relativo a la 
errónea indicación de recursos o que «se le permita formalizar recurso de apelación ante 
el Tribunal Superior de Justicia sin que se declare la extemporaneidad del mismo si lo 
hiciere en el plazo legalmente previsto». La Sección Segunda de la Audiencia Provincial 
de Palma de Mallorca, por providencia de 9 de mayo de 2018 acordó conferir «el plazo 
de diez días para interponer recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del 
Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares en los términos de los arts. 846 ter, 
790, 791 y 792 LECrim». La providencia devino firme al no ser impugnada por ninguna 
de las partes personas, incluyendo al Ministerio Fiscal.
d)  El recurrente, mediante escrito de 24 de mayo de 2018, interpuso recurso de 
apelación, que se tuvo por admitido mediante diligencia de ordenación del letrado de la 
administración de justicia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma de 
Mallorca de 18 de junio de 2018, dando lugar al rollo de apelación núm. 7-2018, que se 
tramitó ante la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de las Illes 
Balears. El Ministerio Fiscal se opuso al recurso alegando su extemporaneidad.
e)  La Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de las Illes 
Balears, por providencia de 11 de septiembre de 2018, confirió un plazo de diez días a 
las partes personadas para que pudieran alegar respecto de la eventual existencia de 
una nulidad de actuaciones desde la providencia de la Sección Segunda de la Audiencia 
Provincial de Palma de Mallorca 9 de mayo de 2018, en la que se abrió plazo de diez 
días para interponer recurso de apelación, por carecer de competencia para dictarla.
Por auto de 1 de octubre de 2018 se acordó declarar la nulidad de todo lo actuado en 
el  procedimiento  por  la  Sección  Segunda  de  la  Audiencia  Provincial  de  Palma  de 
Mallorca desde su providencia de 9 de mayo de 2018, argumentando que dicho órgano 
judicial carecía de competencia para acordar un nuevo plazo de presentación del recurso 
de apelación tras la sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que acordó 
no haber lugar al previo recurso de casación y solo le cabía «acordar la firmeza de su 
sentencia y ejecutarla».
f)  El recurrente se adhirió al incidente de nulidad de actuaciones interpuesto contra 
el anterior auto por otro de los condenados, en que se invocaba la vulneración de los 
derechos a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) y a un proceso con todas garantías y a 
la defensa (art. 24.2 CE) al haber sido privado de una doble instancia penal revisora en 
virtud de una errónea indicación de recursos. El incidente y la adhesión del recurrente 
fue desestimado por auto de 26 de noviembre de 2018, por remisión a los razonamientos 
expuestos en el auto impugnado.
3.  El recurrente solicita que se estime el recurso de amparo por vulneración del 
derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), declarándose la nulidad de los autos  e.
impugnados y que es conforme a derecho la providencia de la Sección Segunda de la  w.b
Audiencia Provincial de Palma de Mallorca de 9 de mayo de 2018. 23ww
las rEels roelcuucriorennetse  ifmunpduagmnaednatas,  laa li navnouclaarc ilóan p droevl iddeernecciah oq uae la p tousteiblaili tjóu dfoicrimala elifzeacrt ieval  reenc uqrusoe 
dseeg uanpdeala ciniósnta, nhcaian  pimenpael dfirdeon tela  ap olassib sileidnatedn dciea sq ucoen dsee nhaatograia se,f eacl tinvoo  hsaub edre rtoemchaod oa  elna 
consideración, contra lo establecido en la jurisprudencia constitucional, que la sentencia
condenatoria incurrió en una errónea identificación del recurso procedente, lo que fue 
determinante de la declaración de no haber lugar al recurso de casación.
El recurrente expone que la demanda de amparo tiene especial transcendencia 
constitucional  ya  que  suscita  la  vulneración  de  este  derecho  vinculado  al  régimen 
transitorio establecido con motivo de la entrada en vigor del nuevo sistema de recursos 
penales provocado por la Ley 41/2015, de 5 de octubre.
4.  La  Sección  Tercera  de  este  tribunal,  por  providencia  de  25  de  noviembre 
de 2019, acordó la admisión a trámite del recurso de amparo, apreciando que concurre 
una especial trascendencia constitucional porque el recurso puede dar ocasión al tribunal 
para aclarar o cambiar su doctrina, como consecuencia de un proceso de reflexión 
interna [STC 155/2009, de 25 de junio, FJ 2 b)] y, en aplicación de lo dispuesto por el 
art. 51 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, requerir de los órganos judiciales, 
una vez que ya se había solicitado la remisión de las actuaciones en el recurso de 
amparo  núm.  469-2019,  el  emplazamiento  de  quienes  hubieran  sido  parte  en  el 
procedimiento, a excepción de la recurrente, para que pudiesen comparecer en el plazo 
de diez días en el citado proceso de amparo.
5.  La secretaría de justicia de la Sala Segunda de este tribunal, por diligencia de 
ordenación de 14 de enero de 2020, acordó tener por personado a don Radostin Mitkov 
Mitev, representado por el procurador de los tribunales don Pedro Antonio González 
Sánchez, y dar vista de las actuaciones al Ministerio Fiscal y a las partes personadas por 
un  plazo  común  de  veinte  días  para  presentar  las  alegaciones  que  estimasen 
pertinentes.
6.  El Ministerio Fiscal, por escrito registrado el 6 de febrero de 2020, formuló 
alegaciones  interesando  la  estimación  del  recurso  de  amparo  por  vulneración  del 
derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE), con anulación de las 
resoluciones judiciales impugnadas y retroacción de actuaciones para que se pronuncie 
una resolución respetuosa con el derecho fundamental reconocido.
A  esos  efectos,  el  Ministerio  Fiscal  argumenta,  con  cita  de  la  jurisprudencia 
constitucional sobre la relevancia de la doble instancia penal revisora y la influencia que 
sobre esa garantía puede tener la errónea indicación de recursos, que en el presente 
caso se ha vulnerado el derecho invocado una vez constatado que existió una errónea 
indicación de recursos en la sentencia condenatoria de instancia y que, a consecuencia 
de haberse seguido dicha indicación, se ha perdido la posibilidad de que la condena 
hubiera  podido  ser  revisada  en  virtud  de  una  sucesión  de  resoluciones  judiciales 
dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears que han hecho una 
interpretación rigorista y desproporcionada de la normativa procesal.
7.  La parte comparecida, por escrito de 17 de febrero de 2020, formuló alegaciones 
adhiriéndose a las peticiones del recurrente.
8.  El recurrente no formuló alegaciones.
9.  Por providencia de 21 de enero de 2021 se señaló para deliberación y votación 
de la presente sentencia el día 25 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  El objeto del recurso. o
El objeto de este recurso es determinar si las decisiones judiciales impugnadas han  23ww
(vaurltn. e2ra4d.2o  eClE d)e, raelc hhoa bdeerl  dimempoasnibdialintated od eq uaem ppaurdoi ear au nh apcreorc eesfoe cctoivno  toedl adse lraesc hgoa raa nutínaas 
sseegguuinddoa l ain isntdainccaicai ópne ndael  rreecvuisrosoras  deefe scutu caodnad eenn ala,  as epnetseanrc idae c soun daecntiatutodr diail idgee nintes tdaen chiaa.ber  BOE-A-cable e
2.  La especial transcendencia constitucional de la demanda.
La presente demanda de amparo, como ya se indicó en la providencia de admisión, 
tiene especial transcendencia constitucional porque el recurso puede dar ocasión al 
tribunal para aclarar o cambiar su doctrina, como consecuencia de un proceso de 
reflexión interna [STC 155/2009, FJ 2 b)].
La  jurisprudencia  constitucional  ya  ha  abordado  en  diversas  ocasiones  tanto  la 
configuración del derecho a una segunda instancia penal revisora de una declaración de 
culpabilidad, como una de las dimensiones configuradoras del derecho a un proceso con 
todas las garantías (art. 24.2 CE), como la relevancia constitucional que puede adquirir 
seguir una eventual errónea indicación de recursos en las decisiones judiciales. El 
presente recurso otorga a este tribunal la posibilidad de que se pronuncie y aclare la 
proyección que podría tener el seguir la errónea indicación de recursos sobre el derecho 
a la segunda instancia penal revisora de una declaración de culpabilidad en el contexto 
creado por la nueva regulación del sistema de recursos penales y su régimen transitorio 
establecidos  por  la  Ley  41/2015,  de  5  de  octubre,  de  modificación  de  la  Ley  de 
enjuiciamiento criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las 
garantías procesales.
3.  La jurisprudencia constitucional sobre el derecho a la doble instancia penal 
revisora de una declaración de culpabilidad y sobre la errónea indicación de recursos.
La jurisprudencia constitucional ha reiterado dos ideas esenciales en relación con el 
derecho a la doble instancia penal revisora de una declaración de culpabilidad (por 
ejemplo, SSTC 7/2015, 22 de enero, FJ 3; 194/2015, de 21 de septiembre, FJ 5, 
o 124/2019, de 28 de octubre, FJ 3):
a)  Este derecho, aunque no esté expresamente recogido en el art. 24.2 CE, es una 
de las garantías del proceso penal, que también está reconocido tanto en el art. 14.5 del 
Pacto internacional de derechos civiles y políticos de 1966 («Toda persona declarada 
culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya 
impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley») como 
en el art. 2.1 del protocolo núm. 7 del Convenio europeo para la protección de los 
derechos  humanos  y  de  las  libertades  fundamentales  («[t]oda  persona  declarada 
culpable de una infracción penal por un tribunal tendrá derecho a que la declaración de 
culpabilidad o la condena sea examinada por una jurisdicción superior. El ejercicio de 
ese derecho, incluidos los motivos por los cuales pueda ser ejercitado, se regularán por 
ley»).
b)  Este derecho, en tanto que garantía constitucionalizada, tiene en el ámbito 
sancionador y respecto de sentencias condenatorias un diferente alcance que el derecho 
al recurso en otros órdenes jurisdiccionales no sancionatorios, siendo más cercano al 
derecho de acceso a la jurisdicción en la medida en que incluye también la utilización del 
principio  pro  actione.  De  ese  modo,  también  en  este  ámbito  quedan 
constitucionalmente proscritas aquellas decisiones judiciales impeditivas de una efectiva 
revisión de una declaración de culpabilidad que por su rigorismo, por su formalismo 
excesivo o por cualquier otra razón revelen una clara desproporción entre los fines que 
se intentan preservar y los intereses que se sacrifican o que supongan interpretaciones o 
aplicaciones de las reglas disciplinadoras de los requisitos y formas de las secuencias 
procesales en sentidos que, aunque puedan aparecer acomodados al tenor literal del 
texto en que se encierra la norma, son contrarios al espíritu y a la finalidad de esta. e.
Por su parte, la jurisprudencia constitucional también ha establecido de manera  23ww
lroesit eórragdaan oqsu eju ldai ciniasletrsu,c cdiaódna o l ain afourcmtoarcitiaósn  qeurreó nceoar reascpeorcnad ed ea  loqsu ierenc ulars hoisz ofa ccoilintasdtaar , peosr 
seuxsccuespatbiblele d daed ain ldau caiur tao ruidna edr rqoure a  nlae cpeasrateri alitmigeannttee ,h qau dee h amye qreucee cr olan sdideecrisairó enn j utoddicoia cl,a syoa 
que  si  se  han  ofrecido  indicaciones  equivocadas  sobre  los  recursos  utilizables,  el
interesado, aun estando asistido por expertos en la materia, podría entender por la 
autoridad inherente a la decisión judicial, que tales indicaciones fueran ciertas y obrar en 
consecuencia (así, por ejemplo, SSTC 112/2009, de 11 de mayo, FJ 2; 47/2014, 7 de 
abril, FJ 4, o 60/2017, de 22 de mayo, FJ 5).
La confluencia de ambos criterios jurisprudenciales determina que este tribunal deba 
concluir  que,  desde  la  perspectiva  del  derecho  a  un  proceso  con  todas  garantías 
(art. 24.2 CE), en su concreta dimensión del derecho a una segunda instancia penal 
revisora de una declaración de culpabilidad, es preciso que en vía judicial se pondere 
adecuadamente, por las exigencias propias del principio pro actione aplicable a este 
derecho, la circunstancia de que la vía legal impugnatoria seleccionada por el condenado 
sea  el  resultado  de  haber  seguido  las  indicaciones  contenidas  en  la  resolución 
condenatoria con el fin de que no quede frustrada la efectividad de este derecho cuando 
dicha indicación pudiera haber resultado errónea.
4.  Aplicación de la jurisprudencia constitucional al supuesto enjuiciado.
En  el  presente  caso,  como  ha  sido  desarrollado  más  detenidamente  en  los 
antecedentes,  han  quedado  acreditado  los  siguientes  extremos:  a)  la  resolución 
condenatoria  de  instancia  indicó  al  demandante  de  amparo  que  su  declaración  de 
culpabilidad era impugnable mediante la interposición del recurso de casación; b) el 
demandante de amparo, siguiendo esa indicación, anunció y formalizó el recurso de 
casación que, tras su completa sustanciación, finalizó en una sentencia desestimatoria 
que no permitía hacer efectivo la revisión de la condena por considerar el órgano judicial 
de casación que el recurso procedente era el de apelación ante la Sala de lo Civil y lo 
Penal del Tribunal Superior de Justicia; c) el demandante de amparo instó ante el órgano 
judicial de instancia la nulidad de la sentencia condenatoria en el extremo relativo a la 
errónea indicación de la vía impugnatoria con la finalidad de poder hacer efectiva la 
revisión de su condena; d) el órgano judicial de instancia acordó conferir al demandante 
de amparo un plazo de diez días para interponer recurso de apelación ante la Sala de lo 
Civil  y  Penal  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  las  Illes  Balears;  y  e)  una  vez 
formalizado el recurso de apelación, el órgano judicial competente para su resolución 
acordó la nulidad de la decisión del órgano judicial de instancia que había otorgado 
nuevo plazo para la interposición del recurso de apelación argumentando su falta de 
competencia para ese particular y que solo le cabía «acordar la firmeza de su sentencia 
y ejecutarla», una vez que se había declarado no haber lugar al recurso de casación.
En atención a lo expuesto, y tal como también interesa el Ministerio Fiscal, este 
tribunal tiene que concluir que se ha vulnerado el derecho del demandante de amparo a 
un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE). La decisión de la Sala de lo Civil y lo 
Penal del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears de anular la previa decisión de 
la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca de salvar su errónea indicación del recurso 
procedente para impugnar la condena del demandante de amparo otorgándole un nuevo 
plazo para presentar el procedente recurso de apelación y considerar que solo cabía la 
declaración de firmeza y la ejecución de la sentencia condenatoria no resulta conforme 
con el contenido constitucional del derecho a una segunda instancia penal revisora de 
una declaración de culpabilidad. Esa decisión resulta en exceso rigorista y es contraria a 
las  exigencias  derivadas  del  principio  pro  actione,  ya  que  no  ha  ponderado 
adecuadamente,  por  un  lado,  que  la  frustración  de  la  vía  impugnatoria  casacional 
seleccionada  por  el  condenado  traía  causa  directa  de  haber  seguido  fielmente  la 
indicación de la sentencia condenatoria de instancia y, por otro, que la anulación de la  e
decisión de la audiencia provincial de permitir la interposición del recurso de apelación  bo
impedía al demandante de amparo de manera definitiva la posibilidad de someter la  23ww
dseegcluairdaoc ilóan a ucotonrdideanda tinohriear ae nlate r eav uisniaó nd edcei suinó ntr jiubduincaial ls.uperior por el mero hecho de haber
deteLram ivnual nlae radceicólna radceiló nd edreec hnou liad audn d per olacse sroe scoolunc itoondeass  juladsi cgiaalerasn timíaps u(ganrat.d a2s4,. 2e nC Ee)l 
exclusivo extremo referido a la declaración de nulidad de todo lo actuado desde la
providencia de 9 de mayo de 2018 en la medida en que confirió al demandante de 
amparo el plazo de diez días para interponer recurso de apelación, y que se acuerde la 
retroacción de actuaciones para que se pronuncie una nueva resolución respetuosa con 
el derecho fundamental que se declarada vulnerado respecto de ese particular.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Otorgar el amparo a don Rusi Ventsislavov Ivanov y, en su virtud:
1.º  Declarar que ha sido vulnerado el derecho del demandante de amparo a un 
proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE), en su dimensión del derecho a una 
segunda instancia penal revisora de una declaración de culpabilidad.
2.º  Restablecerle en su derecho y, en consecuencia, declarar la nulidad de los 
autos de la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de las Illes 
Balears de 1 de octubre de 2018 y de 26 de octubre de 2018, pronunciados en el rollo de 
apelación 7-2018, en el extremo relativo a la declaración de nulidad del plazo otorgado 
para la interposición del recurso de apelación respecto del demandante de amparo.
3.º  Retrotraer  las  actuaciones  al  momento  inmediatamente  anterior  al 
pronunciamiento del primero de los autos anulados, a fin de que se pronuncie una nueva 
resolución respetuosa con el derecho fundamental vulnerado.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a veinticinco de enero de dos mil veintiuno.–Encarnación Roca 
Trías.–Juan  Antonio  Xiol  Ríos.–Pedro  José  González-Trevijano  Sánchez.–Antonio 
Narváez Rodríguez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Firmado y rubricado.