BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 22 Martes 26 de enero de 2021 Sec. TC.   Pág. 7746
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
1121 Sala Primera. Sentencia 189/2020, de 14 de diciembre de 2020. Recurso de 
amparo 7526-2019. Promovido por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, 
S.L.,  respecto  de  las  resoluciones  dictadas  por  un  juzgado  de  primera 
instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria. 
Vulneración  del  derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva:  STC  40/2020 
[inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de 
comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e 
inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber 
de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por 
medio  de  comunicaciones  electrónicas  con  la  regulación  del  primer 
emplazamiento en los procesos civiles].
ECLI:ES:TC:2020:189
La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por el magistrado don Juan 
José  González  Rivas,  presidente,  los  magistrados  don  Andrés  Ollero  Tassara,  don 
Santiago Martínez-Vares García, don Alfredo Montoya Melgar, don Cándido Conde-
Pumpido Tourón, y la magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En  el  recurso  de  amparo  núm.  7526-2019,  promovido  por  Euroinversiones 
Inmobiliarias  Costa  Sur,  S.L.,  contra  el  auto  del  Juzgado  de  Primera  Instancia  e 
Instrucción núm. 4 de Lorca, de 30 de octubre de 2019, que desestimó el recurso de 
reposición interpuesto por dicha mercantil contra el auto de 19 de noviembre de 2018, 
que  inadmitió  a  trámite  la  oposición  formulada,  en  procedimiento  de  ejecución 
hipotecaria núm. 353-2018, por la mercantil Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, 
S.L., por estar presentada fuera de plazo, contra Banco de Sabadell, S.A. Ha intervenido 
el  Ministerio  Fiscal.  Ha  comparecido  la  entidad  Pera  Assets  Designated  Activity 
Company, actuando como sucesora procesal del banco ejecutante. Ha sido ponente el 
magistrado don Alfredo Montoya Melgar.
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito presentado en el registro general de este tribunal el 26 de 
diciembre  de  2019,  la  procuradora  de  los  tribunales  doña  Blanca  Berriatua  Horta, 
actuando en nombre y representación de Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., 
bajo la defensa del letrado don Marcelino Gilabert García, interpuso demanda de amparo 
contra las resoluciones arriba mencionadas. e
2.  Los hechos con relevancia para la resolución del presente recurso de amparo y a  b
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de 155 233 € en concepto de principal e intereses ordinarios y moratorios vencidos, más
otros 24 040 € que se fijan provisionalmente en concepto de intereses que, en su caso, 
puedan devengarse durante la ejecución y las costas de esta.
b)  Con fecha 26 de junio de 2018, el servicio de notificaciones electrónicas de la 
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre remitió al buzón de la dirección electrónica 
habilitada de la entidad aquí recurrente en amparo, un correo avisándole que tenía una 
notificación del Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de Lorca relativa al proceso «EJH/
0000353/2018»; notificación a la que podía acceder a través de un enlace electrónico 
que también indicaba.
c)  El  día  1  de  agosto  de  2018  Euroinversiones  Inmobiliarias  Costa  Sur,  S.L., 
accedió  al  enlace  remitido  por  la  dirección  electrónica  habilitada  y,  con  ello,  a  la 
notificación enviada por el juzgado de primera instancia ejecutor en relación con el 
procedimiento  hipotecario  núm.  353-2018.  Ese  mismo  día,  la  Fábrica  Nacional  de 
Moneda y Timbre emitió un certificado electrónico que obra en las actuaciones del 
proceso (al igual que los anteriores correos), dejando constancia de que la notificación 
había sido «aceptada» en esa fecha.
d)  El 29 de agosto de 2018 Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., y Penrei 
Inversiones, S.L., presentaron escrito de oposición a la demanda de ejecución. Por auto 
de 19 de noviembre de 2018 el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 4 de 
Lorca acordó inadmitir la oposición por haberse presentado fuera de plazo.
El auto razonó en su fundamento de Derecho único lo que sigue:
«Único.  Se establece en el artículo 134 LEC, la improrrogabilidad de los plazos 
establecidos en la misma, y en el artículo 136 LEC, que transcurrido o pasado el término 
señalado para la realización de un acto procesal de parte se producirá la preclusión y se 
perderá la oportunidad de realizar el acto de que se trate.
Establece el artículo 695 LEC, que la parte ejecutada pueda oponerse al despacho 
de ejecución en los términos previstos en dicho artículo y en el plazo de diez días a 
contar desde el siguiente a la notificación del auto y el decreto. Constando en el presente 
supuesto que la parte ejecutada se ha opuesto una vez transcurrido el plazo que 
legalmente  se  otorga,  debe  ser  inadmitida  su  oposición  por  extemporánea,  de 
conformidad con lo establecido en los preceptos citados.»
e)  Euroinversiones  Inmobiliarias  Costa  Sur,  S.L.,  y  Penrei  Inversiones,  S.L., 
presentaron sendos recursos de reposición contra el auto de 19 de noviembre de 2018 
basándose  en  la  infracción  de  los  artículos  135,  152,  160  y  162  de  la  Ley  de 
enjuiciamiento civil (LEC) y del artículo 24 CE. Dichos recursos fueron desestimados por 
auto de 30 de octubre de 2019, haciendo saber a las partes que esta resolución es firme 
y  que  contra  la  misma  no  cabe  recurso  alguno.  Señala  el  auto  que  «del  propio 
documento núm. 1 aportado con el escrito interponiendo recurso de reposición y de las 
propias  alegaciones  vertidas  por  la  recurrente,  resulta  la  correcta  recepción  de  la 
notificación en fecha 26/6/2018, fecha en la que se materializó la ‘puesta a disposición’ 
de la notificación correctamente y del propio documento resulta que pasaron más de tres 
días desde la misma sin que se hubiera accedido al contenido hasta el día 1 de agosto 
de 2018, por tanto, en aplicación estricta de lo dispuesto en el apartado segundo del 
artículo 162 LEC, sin que se haya justificado por el recurrente una imposibilidad de 
acceder  al  sistema  en  ese  plazo.  Por  todo  ello  debe  ser  desestimado  el  recurso 
interpuesto, al ser el auto recurrido plenamente ajustado a derecho, al inadmitir un 
escrito que fue presentado fuera de plazo cuando ya había precluido la posibilidad de 
hacerlo». e
3.  La  demanda  de  amparo  alega  que  las  resoluciones  judiciales  impugnadas  w.
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hipotecario de referencia a través de un correo electrónico remitido por un servicio de
notificaciones electrónicas, y no mediante entrega de la documentación correspondiente
en papel en la sede de su domicilio social, tratándose de su primer emplazamiento 
judicial en la causa, como establece el artículo 273 LEC, en relación con los artículos 
135, 152, 162 y en especial el artículo 155.1 de esta ley, objetando también que el 
juzgado haya hecho el cómputo del plazo para oponerse, desde la fecha del envío del 
correo a la dirección electrónica habilitada y no del acceso a la notificación, inadmitiendo 
así su escrito.
Señala que todo lo dicho queda confirmado por la STC 47/2019, de 8 de abril, de 
manera  que  en  modo  alguno  debe  entenderse  que,  tratándose  del  primer 
emplazamiento, este no se efectúe en el domicilio como impone el artículo 155.1 LEC, y 
reproduce varios fundamentos de esta sentencia.
Solicita la estimación del amparo, con nulidad de los dos autos recurridos y la 
retroacción de las actuaciones al momento previo al dictado de la primera de aquellas, a 
fin de que el juzgado a quo admita a trámite la oposición al despacho de ejecución 
formulada.
Por medio de un segundo otrosí digo, el escrito de demanda argumentó «que la 
continuación de la ejecución derivadas [sic] de los pronunciamientos judiciales que han 
sido objeto de impugnación, con la celebración de subasta y la eventual adjudicación a 
terceros, pueden hacer perder al recurso de amparo su finalidad, por lo que solicitó la 
suspensión de la continuación del procedimiento de ejecución hipotecaria 353-2018 
seguido ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 4 de Lorca, hasta tanto 
sea resuelto el presente recurso de amparo, poniéndolo en conocimiento del órgano 
judicial».
4.  La Sección Primera de este tribunal dictó providencia el 20 de julio de 2020 por 
la que acordó: (i) admitir a trámite el recurso, «apreciando que concurre en el mismo una 
especial trascendencia constitucional (artículo 50.1 LOTC) toda vez que el recurso puede 
dar  ocasión  al  tribunal  para  aclarar  o  cambiar  su  doctrina,  como  consecuencia  de 
cambios  normativos  relevantes  para  la  configuración  del  contenido  del  derecho 
fundamental [STC 155/2009, FJ 2 b)]»; (ii) dirigir atenta comunicación al Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción núm. 4 de Lorca, a fin de que, en plazo de diez días 
emplacen, a quienes hubieran sido parte en el procedimiento, excepto la parte recurrente 
en amparo, para que puedan comparecer, si lo desean, en el presente recurso de 
amparo; y (iii) formar la correspondiente pieza separada de suspensión.
5.  Por  escrito  presentado  en  el  registro  de  este  tribunal  el  29  de  septiembre 
de 2020, la procuradora de los tribunales doña María Claudia Munteanu, actuando en 
nombre y representación de la entidad Pera Assets Designated Activity Company, solicitó 
se tuviera a esta última como personada como parte recurrida, entendiéndose con dicha 
procuradora las actuaciones sucesivas de este proceso.
6.  Con fecha 2 de octubre de 2020, la secretaría de justicia de la Sala Primera de 
este tribunal dictó diligencia de ordenación por la que acordó tener por personada y parte 
en  nombre  y  representación  de  Pera  Assets  Designated  Activity  Company  a  la 
procuradora doña María Claudia Munteanu y dar vista de las actuaciones a las partes 
personadas y al Ministerio Fiscal, por plazo común de veinte días, a fin de que pudieran 
presentar las alegaciones que estimasen pertinentes, conforme con lo previsto en el 
artículo 52.1 de Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.
7.  La fiscal ante este Tribunal Constitucional presentó escrito de alegaciones el 23 
de octubre de 2020, por el que interesó de este tribunal que dictara sentencia otorgando  e.
el amparo a la recurrente, con reconocimiento de la vulneración de su derecho a la tutela  w.
jJnuuodztiicgfiiacaadl coei ófdenec t eiPvfearci mtsuienar daina dI neeslfeteacnntsrcóióinani c ea( amIrnteíscnturtueloc  dc2eió4l n.a1 u nCtúoEm d).,e  4ns pudaliedc ahLdao nrddceoa  ,« etejoendc oue cll oióju naic caitocu oadrdedo ae ddjeoec spudoceri ó leanl    2021-1121n https://w
hipotecaria 353-2018», y retroacción de las actuaciones al momento inmediato anterior a
aquella notificación, «para que se le dé al recurrente posibilidad de formular oposición a 
la ejecución».
Señala la fiscal que de nuevo nos encontramos ante uno de los recursos que 
componen la serie de los interpuestos por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., 
y  Penrei  Inversiones,  S.L.,  frente  a  diversos  autos  dictados  en  procedimientos 
hipotecarios  tramitados  por  diferentes  juzgados  de  primera  instancia  de  Lorca,  por 
idénticas vulneraciones. Algunos de ellos ya han sido resueltos por este tribunal, en 
concreto  en  las  sentencias  del  Pleno  40/2020,  de  27  de  febrero,  y  de  la  Sala 
Segunda 43/2020, de 9 de marzo, por la que al concurrir identidad fáctica y jurídica 
procede aplicar la doctrina sentada en dichas resoluciones.
8.  La  representante  procesal  de  la  entidad  recurrente  presentó  su  escrito  de 
alegaciones el 4 de noviembre de 2020, por el que interesó se dictara resolución estimatoria 
del  recurso  de  amparo,  haciendo  mención  a  la  STC  40/2020,  de  27  de  febrero,  en 
resolución  del  recurso  de  amparo  núm.  5377-2018  promovido  por  Euroinversiones 
Inmobiliarias Costa Sur, S.L., en asunto prácticamente igual al del presente recurso de 
amparo, ya que el Tribunal Constitucional resuelve de forma favorable a su pretensión en el 
sentido de que, tratándose del primer emplazamiento o citación al demandado, este ha de 
efectuarse en domicilio del litigante en papel, como impone el artículo 155.1 LEC, pues de lo 
contrario se estaría vulnerando el artículo 24 CE.
9.  Respecto de la solicitud de suspensión formulada por la recurrente en amparo 
mediante otrosí de su escrito de demanda, por auto de la Sala Primera de este tribunal 
núm. 110/2020, de 21 de septiembre, se acordó: «1.º Denegar la suspensión cautelar 
solicitada […]; 2.º Ordenar la anotación preventiva de la demanda de amparo en el 
registro de la propiedad, a cuyo efecto el referido juzgado ha de expedir el mandamiento 
oportuno, para que pueda practicarse la misma en relación con el inmueble a que se 
refieren las presentes actuaciones».
10.  Mediante  providencia  de  fecha  10  de  diciembre  de  2020,  se  señaló  para 
deliberación y votación de la presente sentencia el día 14 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
Único.  Aplicación de la doctrina sentada por las SSTC 6/2019, 47/2019 y 40/2020.
El  objeto  del  presente  recurso  de  amparo  es  determinar  si  las  resoluciones 
impugnadas han vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva (artículo 24.1 CE) de la 
entidad recurrente, por haber optado el juzgado por la notificación electrónica a través de 
la dirección electrónica habilitada y no a través de la notificación personal en el domicilio 
de la sociedad de conformidad con el artículo 155.1 LEC, y por la errónea aplicación de 
las normas de procedimiento administrativo, que habría determinado la inadmisión a 
trámite de los escritos de oposición a la ejecución al considerarlos extemporáneos.
En concreto, en el presente recurso la entidad Euroinversiones Inmobiliarias Costa 
Sur, S.L., impugna los autos del Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de Lorca, de 30 de 
octubre de 2019 y 19 de noviembre de 2018, recaídos en el proceso hipotecario núm. 
353-2018.
Planteado en estos términos el debate, debe indicarse que el Pleno de este tribunal 
ha dictado la STC 40/2020, de 25 de febrero, en la que ha tenido la oportunidad de 
resolver el recurso de amparo cabecera de esta serie, promovido contra dos autos de  e.
coincidente contenido con los que ahora se impugnan, y donde dio respuesta a los  w.b
dumenismam afuonnsdd aaa. mrDgeuenmstcaeacnrióttaonds  ao  qraueqesuu íl dtlaaed fioce ondndiscetu inrrateoqn uací i alol a dd eer cealcalgurúarrnde one teleen,m tocenoncnteo s fd,a iplslortoi ncteeivsdotei m qpauoteor  rtoiaobn litgdoue qe u leaa    2021-1121n https://w
hagaEmn oesl  faupnlidcaamcieónnt od eju larí dciictaod 3a  dsee nlate SncTiCa  4400//22002200. se advierte que resulta de aplicación
al caso la doctrina de este tribunal plasmada en sus SSTC 6/2019, de 8 de abril, FJ 4 a),
y 47/2019, de 8 de abril, FJ 4 a), «en relación con la garantía de emplazamiento personal 
del demandado o ejecutado en los procesos regidos en esta materia por la LEC (directa 
o supletoriamente), como primera comunicación con el órgano judicial competente, sin 
que pueda ser sustituida por una comunicación electrónica», como puede ser el caso de 
la efectuada a través de la dirección electrónica habilitada. Tal emplazamiento personal 
se exige en el artículo 155.1 LEC, y lo complementa la regla del artículo 273.4 LEC sobre 
la presentación en papel de las copias de los escritos y documentos para ese primer 
emplazamiento. El incumplimiento de este deber del órgano judicial, «acarrea por tanto 
la conculcación de aquel derecho fundamental», tal y como ya ha declarado este tribunal 
en varios recursos de amparo referidos a procesos laborales, civiles y concursales, que 
se especifican en el mismo fundamento jurídico 3, precisamente en aplicación de la 
doctrina de referencia.
Constata  entonces  la  STC  40/2020,  en  su  fundamento  jurídico  4,  como  ha  de 
hacerse también ahora, que las dos resoluciones judiciales impugnadas vulneraron el 
derecho a la tutela judicial efectiva de la recurrente, al no proceder a su emplazamiento 
personal  en  el  proceso  a  quo  a  efectos  de  requerirla  de  pago  o  alternativamente 
permitirle presentar su oposición a la ejecución, optando en cambio el juzgado por un 
emplazamiento electrónico a través del servicio de notificaciones electrónicas y dirección 
electrónica habilitada de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, no previsto en la 
normativa procesal y que apenas consistía en un aviso remitiendo a un enlace de 
internet para poder conocer el contenido de la notificación. Además, computó el plazo 
para  presentar  el  escrito  de  oposición  invocando  normas  del  procedimiento 
administrativo  común,  que  son  ajenas  al  ámbito  jurisdiccional  en  el  que  nos 
encontramos, en alegal conjunción con el plazo del artículo 556 LEC. Todo lo cual 
determina la estimación del amparo por lesión del artículo 24.1 CE, en sus vertientes de 
acceso al proceso, a no padecer indefensión, y a una resolución fundada en Derecho.
Procede por ello acordar la nulidad de los autos impugnados y de todo lo actuado en 
el  procedimiento  hipotecario  a  quo  desde  el  momento  en  que  se  proveyó  a  su 
emplazamiento a través de la dirección electrónica habilitada, con retroacción de las 
actuaciones para que el juzgado practique dicho emplazamiento en los términos exigidos 
por  la  ley  (artículo  155.1  y  273.4  LEC),  de  manera  respetuosa  con  el  derecho 
fundamental de la demandante.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
1.º  Estimar el recurso de amparo presentado por Euroinversiones Inmobiliarias 
Costa Sur, S.L., por vulneración de su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva 
sin padecer indefensión (artículo 24.1 CE), con reconocimiento de tal derecho.
2.º  Declarar la nulidad de los autos de 30 de octubre de 2019 y 19 de noviembre 
de 2018, dictados por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 4 de Lorca en 
el  proceso  de  ejecución  hipotecaria  núm.  353-2018,  así  como  la  nulidad  de  las 
actuaciones realizadas a partir del emplazamiento de la entidad recurrente a través de la 
dirección electrónica habilitada.
3.º  Retrotraer  el  procedimiento  al  momento  inmediatamente  anterior  al  de  e.
efectuarse el emplazamiento de la demandada, debiendo llevarse a cabo de nuevo este  w.b
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último  por  el  juzgado  ejecutor,  de  forma  que  resulte  respetuosa  con  el  derecho 
fundamental reconocido.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a catorce de diciembre de dos mil veinte.–Juan José González 
Rivas.–Andrés  Ollero  Tassara.–Santiago  Martínez-Vares  García.–Alfredo  Montoya 
Melgar.–Cándido Conde-Pumpido Tourón.–María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y 
rubricado.
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