BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 63 Jueves 12 de marzo de 2020 Sec. III.   Pág. 24738
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
3544 Resolución de 4 de marzo de 2020, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, por la que se publica el Convenio con el Consejo 
General  de  la  Abogacía  Española,  de  habilitación  para  la  presentación 
electrónica  de  solicitudes  de  nacionalidad  española  por  residencia  en 
representación de los interesados.
Con fecha 25 de febrero de 2020 se ha suscrito el Convenio entre el Ministerio de 
Justicia  y  el  Consejo  General  de  la  Abogacía  Española,  de  habilitación  para  la 
presentación  electrónica  de  solicitudes  de  nacionalidad  española  por  residencia  en 
representación de los interesados.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público, procede la publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado» de dicho Convenio, que figura como anexo a esta Resolución.
Madrid, 4 de marzo de 2020.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.
ANEXO
Convenio entre el Ministerio de Justicia y el Consejo General de la Abogacía 
Española de habilitación para la presentación electrónica de solicitudes de 
nacionalidad española por residencia en representación de los interesados
En Madrid, a 25 de febrero de 2020.
De una parte, doña Sofía Puente Santiago, Directora General de Seguridad Jurídica y 
Fe  Pública,  en  nombre  y  representación  del  Ministerio  de  Justicia,  en  virtud  de  las 
competencias atribuidas por el dispositivo vigésimo sexto. A.4 de la Orden JUS/125/2019, 
de 5 de febrero, sobre delegación de competencias en relación con la disposición adicional 
tercera del Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura 
orgánica básica de los departamentos ministeriales y de su nombramiento, realizado 
mediante el Real Decreto 161/2020, de 29 de enero.
De otra parte, doña Victoria Ortega Benito, Presidenta del Consejo General de la 
Abogacía Española por votación de su Pleno de fecha 17 de enero de 2020 en virtud de 
las competencias que le atribuye el artículo 75 del Real Decreto 658/2001, de 22 de 
junio, por el que se aprueba el Estatuto General de la Abogacía Española
Ambas partes se reconocen la capacidad legal necesaria para formalizar el presente 
Convenio, y, en consecuencia,
EXPONEN
I.  La nacionalidad.
La nacionalidad es el vínculo jurídico que une a la persona con el Estado. En virtud  e.
de la misma, el individuo disfruta de unos derechos que puede exigir a la organización  w.b
estatal a la que pertenece y ésta, como contrapartida, puede imponerle el cumplimiento  44ww
dDee ruencah osse riHeu dmea onbolsig, aacdioonpetsa dya d epboer relas . AEsla amrtbícleualo  G15e ndeer alal  Ddee cNlaaraccioiónne sU nUivneidrasas l edne  lsous 
Rveerssoel upcriióvand doe a r1b9it4r8a,r iaemsteanbtleec dee  eslu d nearecciohnoa ldidea dto ndia d peel rdseorneac hao  uan caa mnabciaiornlaa.lidad, y a no
La nacionalidad es un elemento fundamental en la vida del individuo, en tanto en 
cuanto le permite pertenecer a un grupo, identificarse con éste y, a la vez, le otorga la 
protección del Estado y la posibilidad del ejercicio de sus derechos conforme a las 
normas  jurídicas  del  mismo.  Es  en  definitiva  la  máxima  expresión  jurídica  de  la 
integración de una persona en una comunidad estatal.
La Constitución española dispone en el artículo 11 que la nacionalidad española se 
adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo establecido por la ley.
II.  Nuevo  procedimiento  para  la  adquisición  de  la  nacionalidad  española  por 
residencia.
El  Consejo  de  Ministros  acordó  el  26  de  octubre  de  2012  la  creación  de  una 
Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas, con el encargo de elaborar 
un informe con propuestas de medidas que dotaran a la Administración del tamaño, 
eficiencia y flexibilidad que demandan los ciudadanos y la economía del país.
Con fecha 21 de junio de 2013, el Consejo de Ministros recibió de la Vicepresidenta y 
Ministra de la Presidencia, y del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas el 
citado informe y, por Real Decreto 479/2013, de 21 de junio, se creó la Oficina para la 
Ejecución de la Reforma de la Administración, como órgano encargado de la ejecución 
coordinada, seguimiento e impulso de las medidas incluidas en el mismo, pudiendo 
proponer nuevas medidas.
Desde la publicación del Informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones 
Públicas, e incluso con anterioridad, se han ido dictando diversas normas y acuerdos, para la 
ejecución formal de las propuestas contenidas en el mismo. Entre estas normas se encuentra 
la Ley 19/2015, de 13 de julio, de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la 
Administración de Justicia y del Registro Civil. En su disposición final séptima, y con objeto de 
agilizar  la  tramitación  de  los  expedientes  de  nacionalidad,  se  establece  un  nuevo 
procedimiento para la obtención de la nacionalidad española por residencia. En virtud de su 
apartado 2, «la tramitación del procedimiento tendrá carácter electrónico y su instrucción 
corresponderá  a  la  Dirección  General  de  los  Registros  y  el  Notariado.  Todas  las 
comunicaciones relativas a este procedimiento se efectuarán electrónicamente».
En desarrollo de lo dispuesto en dicho texto legal se han publicado en el Boletín 
Oficial del Estado tanto el Real Decreto 1004/2015, de 6 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento por el que se regula el procedimiento para la adquisición de la 
nacionalidad española por residencia, como la Orden JUS/698/2016, de 4 de mayo, por 
la que se establecen los requisitos y condiciones para la suscripción de Convenios de 
habilitación para la presentación electrónica de solicitudes de nacionalidad española por 
residencia en representación de los interesados. El procedimiento, como dispone la 
Exposición  de  Motivos  del  citado  Real  Decreto,  tiene  un  carácter  «netamente 
administrativo, basado en la tramitación electrónica en todas sus fases».
III.  La Administración Pública y los Consejos de Colegios Profesionales.
La Administración Pública, tal y como dispone el artículo 103 de la Constitución 
Española, sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los 
principios  de  eficacia,  jerarquía,  descentralización  y  coordinación,  con  sometimiento 
pleno a la ley y al Derecho. En este mismo sentido, el artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público las Administraciones Públicas y 
Procedimiento Administrativo Común, dispone que las Administraciones Públicas, en sus 
relaciones, se rigen por los principios de cooperación, colaboración y coordinación y en  e.
su actuación, por los criterios de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos  w.
públicos y servicio efectivo a los ciudadanos; y el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de  44ww
oecsttuabbrleec, ed qeul eP lraosc eAddimmiiennisttor acAidomneinsi sPtrúabtilvicoa sC aocmtuúanr ádne d ela as cuAedrmdoin icsotrna cloiosn persi nPciúpbiolisc adse, 
necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia.
Por  sus  específicas  competencias  atribuidas  por  el  legislador,  los  colegios 
profesionales son organizaciones especialmente caracterizadas para colaborar con las 
Administraciones, por la pericia y experiencia de los profesionales que constituyen su 
base  corporativa  (STC  3/2013,  de  17  de  enero);  cabe  recordar  que  los  colegios 
profesionales, a tenor de lo establecido en el artículo 1 de la Ley 2/1974, de 13 de 
febrero,  sobre  Colegios  Profesionales,  son  corporaciones  de  derecho  público  con 
personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, entre 
cuyas funciones se encuentra, según su artículo 5, la de ejercer cuantas les sean 
encomendadas por la Administración.
En este escenario, el Ministerio de Justicia, a través de la Dirección General de 
Seguridad Jurídica y Fe Pública, órgano que en virtud del Real Decreto 139/2020, de 28 
de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos 
ministeriales  ha  asumido  las  competencias  de  la  extinta  Dirección  General  de  los 
Registros y del Notariado, tiene la firme voluntad de llevar a cabo un proceso de 
modernización, simplificación y racionalización de los procedimientos de los que es 
competente y, en particular, del correspondiente a la adquisición de la nacionalidad por 
residencia.  Para  abordar  este  proceso  la  exposición  de  motivos  del  Real 
Decreto 1004/2015, de 6 de noviembre, señala que «se ha considerado esencial la 
colaboración de aquellos colectivos y entidades que, debidamente habilitados mediante 
un  convenio  de  habilitación  para  la  presentación  electrónica  de  documentos  en 
representación de los interesados, apliquen los sistemas electrónicos de tramitación y 
sistemas de comunicación de los que ya disponen».
El presente Convenio se establece sobre la base de un compromiso efectivo entre los 
órganos correspondientes dependientes del Ministerio de Justicia y el Consejo General.
Se trata en definitiva de establecer, en desarrollo del artículo 7 del citado Reglamento 
por el que se regula el procedimiento para la adquisición de la nacionalidad española por 
residencia, y en beneficio de los ciudadanos, un marco de colaboración con el Consejo 
General, así como con sus Colegios y sus servicios colegiales.
Para  la  consecución  de  este  objetivo  resulta  de  suma  importancia  que  la 
colaboración  social  ofertada  por  el  Consejo  General  ante  la  Dirección  General  de 
Seguridad  Jurídica  y  Fe  Pública  se  desarrolle  a  través  de  cauces  permanentes  y 
estables  y  con  unas  pautas  normalizadas  y  sistematizadas.  Y  ello  no  sólo  por  la 
indudable cercanía al ciudadano de dichos profesionales, sino también, por el carácter 
de los Consejos Generales y de los Colegios como corporaciones de derecho público, 
especialmente aptas para dotar de cobertura institucional a la mencionada colaboración, 
mediante  su  labor  de  interlocución  entre  la  Administración  Pública  y  los  distintos 
profesionales colegiados para la eficaz puesta en funcionamiento de las actuaciones 
específicas en que se concrete esta colaboración.
Por todo lo anterior, ambas partes
ACUERDAN
Primero.  Objeto y ámbito.
El  presente  Convenio  tiene  por  objeto  establecer  un  marco  general  básico  de 
colaboración que articule y favorezca las relaciones entre el Ministerio de Justicia –a 
través de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública– y el Consejo General 
para el desarrollo de actuaciones dirigidas a facilitar a los ciudadanos los servicios de  e.e
información, asistencia y consulta, en la presentación de la documentación necesaria  b
para la gestión de los expedientes de adquisición de la nacionalidad por residencia. 44ww
RegElanm epnatroti cauplaror,b ayd od ep oar ceule Rrdeoa l cDone crloe tod i1s0p0u4e/s2t0o1 5ta, ndtoe  6e nd ee ln oavriteícmublor e,7  codmel o ceitna deol 
arertqícuuisloito s1  dy e cloan dOicridoenne sJ UpSa/r6a9 8la/2 0s1u6s,c rdipec ió4n d ed em  Cayoon,v epnoiro sla  dqeu eh asbeil iteasctiaóbnl epceanra  lolas 
presentación  electrónica  de  solicitudes  de  nacionalidad  española  por  residencia  en
representación de los interesados, se suscribe el presente convenio de habilitación de 
los colegiados y Colegios dados de alta por el Consejo General para la presentación 
electrónica de documentos en representación de los interesados, y en el que se prevén, 
además,  los  procedimientos  y  requisitos  para  la  remisión  telemática  de  la 
documentación, debidamente indexada y metadatada.
Segundo.  Obligaciones del Ministerio de Justicia.
Para el cumplimiento del objeto del Convenio, el Ministerio de Justicia asume las 
siguientes obligaciones:
a)  Facilitar al Consejo General, cuando lo solicite, el asesoramiento necesario, así 
como toda la colaboración y apoyo precisos para la mejor realización de sus actividades.
b)  Habilitar  los  medios  técnicos  necesarios  que  permitan  a  los  colegiados  y 
Colegios  dados  de  alta  por  el  Consejo  General  la  presentación  electrónica  de 
documentos en representación de los interesados, conforme a lo que establecen el 
artículo 23 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a 
los servicios públicos, el artículo 13 del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por 
el que se desarrolla parcialmente dicha Ley (normas en vigor hasta el 2 de octubre 
de 2020 de acuerdo con lo dispuesto en la disposición final séptima de la Ley 39/2015, 
de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  común  de  las  Administraciones 
Públicas en la redacción dada por el artículo 6 del Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de 
agosto) y el apartado 3 del artículo 3 de la Orden JUS/698/2016, de 4 de mayo así como 
en la previsión establecida por el artículo 5 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre.
c)  Promover foros y otros cauces de comunicación para garantizar que el Consejo 
General, los Colegios de la Abogacía y los colegiados dados de alta accedan a la 
información relevante que en cada caso afecte a los procedimientos objeto de este 
Convenio.
Tercero.  Obligaciones del Consejo General, los Colegios y Colegiados.
El  Consejo  General  deberá  dotarse,  para  el  cumplimiento  de  las  obligaciones 
derivadas de este Convenio, del equipo de trabajo, instalaciones, equipamiento y medios 
propios necesarios para su ejecución, incluidos los medios informáticos y electrónicos 
que sean necesarios, debiendo correr a su cargo los costes específicos de inversión y 
funcionamiento correspondientes.
En todo caso, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7.4 del citado Reglamento 
por el que se regula el procedimiento para la adquisición de la nacionalidad española por 
residencia,  en  los  casos  de  presentación  de  documentos  por  medio  de  la 
correspondiente  aplicación  telemática,  el  Consejo  General  se  limitará  a  poner  a 
disposición de la Administración Pública las herramientas electrónicas que posibiliten la 
realización  de  la  solicitud,  sin  que  en  ningún  caso  puedan  constituirse  el  Consejo 
General y sus medios electrónicos en registros administrativos.
Los Colegios ofrecerán a sus colegiados los servicios de revisión y canalización de 
trámites a que se refieren las cláusulas tercera y cuarta de este Convenio.
Asimismo, corresponde tanto a los colegiados como, en su caso, al Consejo General 
el ejercicio de las funciones a que se refiere el apartado 2 del artículo 2 de la Orden JUS/
698/2016, de 4 de mayo y, en particular, las siguientes:
a)  Los colegiados presentarán las solicitudes y la documentación exigida por la  e.
normativa vigente para la realización de los trámites de los expedientes de nacionalidad  w.b
ante la Dirección General de los Registros y del Notariado (actual Dirección General de  44ww
Segbu)r idaEdl  JCuorlíedgicioa  yre Fveis aPrúáb lliac ac)o.nformidad de la citada documentación, consultando al
nóorgrmanaoti vaad smoibnries tprarotivteoc ccióonm dpee tdeanttoes  cduea cnadroá ctperro pceedrsao nya l.respetando,  en  todo  caso,  la
c)  Establecer un sistema de altas y bajas de los Colegios y de sus colegiados de 
conformidad con la cláusula sexta de este Convenio.
d)  Los Colegios que se hayan dado de alta en este Convenio, extenderán un 
Certificado de Revisión Colegial (CRC), que acompañe a cada solicitud, indicativo de 
que concurren todos los requisitos exigidos por la Dirección General de los Registros y 
del Notariado (actual Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública) para la 
adquisición de la nacionalidad por residencia y, en particular, los establecidos en el 
artículo 5 del Reglamento por el que se regula el procedimiento para la adquisición de la 
nacionalidad española por residencia, y que comprobará además la correspondiente 
colegiación, así como el alta del colegiado en el sistema previsto en este Convenio.
e)  Los colegiados, los Colegios y el Consejo General presentarán la documentación 
por las vías y a través de los procedimientos previstos por la Dirección General de los 
Registros y del Notariado (actual Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública).
f)  Los colegiados, los Colegios y el Consejo General, archivarán y custodiarán, en 
su caso, la documentación física que proceda, de acuerdo con la normativa vigente.
g)  Facilitar a los colegiados, los Colegios y el Consejo General al Ministerio de 
Justicia cuanta documentación, justificantes o resguardos genere el cumplimiento de las 
obligaciones anteriormente expresadas.
h)  Los  colegiados,  los  Colegios  y  el  Consejo  facilitarán  al  interesado  o 
representante  legal  cuanta  documentación,  justificantes  o  resguardos  genere  el 
cumplimiento de las obligaciones anteriormente expresadas.
i)  El  Consejo  General,  y  en  su  caso,  los  Colegios,  deberán  participar  en  las 
reuniones que se convoquen para la coordinación de actuaciones en el ámbito de este 
Convenio.
Los colegiados, los Colegios y el Consejo cumplirán los términos a los que se refiere 
el artículo 33 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales.
Cuarto.  Régimen de la representación.
El profesional deberá quedar habilitado por el solicitante para representar e intervenir 
en su nombre, así como para recibir documentos y comunicaciones de la Administración 
Pública  dirigidos  al  mismo.  El  mandato  de  representación  quedará  en  poder  del 
profesional, pudiendo ser requerido en cualquier momento por la Dirección General de 
Seguridad Jurídica y Fe Pública.
De conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 7 del Reglamento por 
el que se regula el procedimiento para la adquisición de la nacionalidad española por 
residencia, y en el apartado 2 del artículo 3 de la Orden JUS/698/2016, de 4 de mayo, la 
intervención  de  los  profesionales  habilitados  quedará  supeditada  a  la  decisión  del 
solicitante, sea este último el interesado o su representante legal. Los profesionales 
habilitados en ningún caso participarán en la tramitación del expediente. En este sentido, 
la  función  del  profesional  no  será  la  del  encargado  del  tratamiento  sino  la  de 
representante  y  mandatario  del  solicitante  del  expediente,  conservando  la 
documentación y realizando las actividades reseñadas por cuenta de este y no de la 
Administración  Pública.  Los  profesionales  habilitados  suscribirán  los  documentos 
aportados con certificado cualificado de firma electrónica.
El régimen de representación de terceros a efectos de presentación electrónica de 
documentos  en  su  nombre  es  el  establecido  en  el  artículo  14  del  Real  e
Decreto  1671/2009,  de  6  noviembre,  por  el  que  se  desarrolla  parcialmente  la  bo
Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios  44ww
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Ley 39/2015 de 1 de octubre.
Quinto.  Presentación electrónica de documentos.
Para hacer uso del sistema de presentación electrónica de documentos al que se 
refiere el presente Convenio, y de las utilidades vinculadas a aquél, se deberán cumplir, 
además, los siguientes requisitos:
a)  La presentación electrónica de documentación exigirá al colegiado disponer de la 
firma electrónica cualificada por la Autoridad de Certificación de la Abogacía o en su 
caso aquella autoridad de Certificación que la sustituya por decisión del Pleno del 
Consejo General de la Abogacía Española.
b)  Tanto el Consejo General como los Colegios y sus servicios y los colegiados 
dados de alta en el sistema previsto en este Convenio, deberán cumplir los requisitos 
que, para el tratamiento automatizado de datos de carácter personal, se exigen en la 
normativa vigente y, en particular, en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
c)  El colegiado deberá figurar inscrito y en situación de alta en el Registro General 
del Colegio, teniendo el Colegio que estar previamente dado de alta en el sistema 
previsto en este Convenio, circunstancia que la Dirección General de Seguridad Jurídica 
y Fe Pública podrá comprobar como requisito para la aceptación de la presentación 
electrónica.
d)  La aplicación electrónica de preparación de expedientes deberá contar con los 
requisitos señalados en el anexo I de la Orden JUS/698/2016, de 4 de mayo.
Sexto.  Sistema de altas y bajas de los Colegios Profesionales y de sus colegiados.
El Presente Convenio se firma entre el Ministerio y el Consejo General, sin previsión 
de adhesiones posteriores de los Colegios Profesionales ni sus Colegiados.
El Consejo General diseñará, de conformidad con el Ministerio, un sistema de altas y 
bajas de los Colegios y de sus colegiados. Este sistema no forma parte del objeto del 
convenio.
No obstante, el sistema de altas y bajas deberá respetar los siguientes requisitos 
mínimos de funcionamiento:
1.  Los Colegios interesados deberán solicitar al Consejo General el alta en el 
sistema previsto en este Convenio, mediante el envío de una carta Oficial sellada y 
firmada por su Decano, en la que se recoja el acuerdo de la Junta de Gobierno del 
Colegio manifestando el conocimiento de los términos y condiciones del Convenio, su 
compromiso de cumplir estrictamente los mismos, y su deseo de darse de alta en el 
sistema.
El Consejo General creará y custodiará en su Sede una base de datos con los 
Colegios que se den de alta en el sistema previsto en este Convenio, y se la remitirá a la 
Directora General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, actualizada en el momento en el 
que un nuevo Colegio se dé de alta, o en su caso se produzca su baja en el sistema.
Los  Colegios  podrán  darse  de  baja  libremente  en  el  sistema  previsto  en  este 
Convenio, mediante la remisión al Consejo General de una carta Oficial sellada y firmada 
por su Decano, en la que se recoja el acuerdo de la Junta de Gobierno del Colegio 
manifestando su voluntad de causar baja en el sistema.
El Consejo General automáticamente anotará la baja del Colegio en su base de 
datos y se lo comunicará a la Directora General de Seguridad Jurídica y Fe Pública.
2.  Los colegiados de los Colegios que previamente se encuentren dados de alta en  e.
el sistema previsto en este Convenio, podrán solicitar el alta a su Colegio, mediante el  w.b
escrito de una carta firmada por el colegiado, en la que manifieste su deseo de darse de  44ww
aqlutae  esne  eolb lsigisat eaml ac upmrepvliimstoie netno  eesstteri cCtoo ndvee nloios,  mquisem coosn, oyc eq useu so sttéernmtain olas  rye pcroensdeinctioancieósn, 
suficiente de los ciudadanos en cuyo nombre presente los documentos.
El Colegio mantendrá un listado actualizado de los colegiados que se den de alta en 
el sistema previsto en este Convenio, que será accesible para la Dirección General de 
Seguridad Jurídica y Fe Pública a través de la plataforma técnica habilitada a tal fin.
Los colegiados podrán darse de baja libremente en el sistema previsto en este 
Convenio, mediante la remisión al Colegio de una carta firmada, en la que manifieste su 
deseo de darse de baja del sistema.
El Colegio procederá de manera inmediata a registrar la baja en la plataforma del 
sistema.
3.  La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, previo trámite de 
audiencia, tendrá la potestad de dar de baja en el sistema previsto en este Convenio a 
cualquier Colegio Profesional o cualquier colegiado que incumpla de manera grave los 
términos y condiciones del Convenio, cesando desde ese momento de la habilitación de 
uso  del  sistema  de  presentación  objeto  de  este  Convenio  y,  en  su  caso,  para  la 
presentación electrónica de documentos en representación de terceras personas.
Séptimo.  Comisión de seguimiento.
El  presente  Convenio  obliga  a  las  partes  firmantes  a  prestarse  la  adecuada 
colaboración, en aras al mejor logro de los fines perseguidos. A tal efecto, una vez que el 
convenio sea eficaz, se establecerá una Comisión de Seguimiento integrada por tres 
representantes nombrados por la Directora General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, 
uno de los cuales actuará de Presidente, y otros tres representantes nombrados por 
quien  presida  el  Consejo  General.  La  Comisión  de  Seguimiento  velará  por  el 
cumplimiento  de  las  obligaciones  de  ambas  partes,  adoptará  cuantas  medidas  y 
especificaciones  técnicas  sean  precisas  y  resolverá  las  cuestiones  que  puedan 
plantearse sobre la interpretación y cumplimiento del Convenio.
Cuando se considere necesario y, en calidad de asesores, solo con derecho de voz, 
podrán incorporarse otros funcionarios públicos o representantes de la Administración u 
otros miembros representantes del Consejo General.
La Comisión de Seguimiento se constituirá en el plazo de dos meses a contar desde 
la fecha de publicación de este Convenio en el «Boletín Oficial del Estado» previa 
inscripción en el Registro Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación 
del sector público estatal.
La Comisión de Seguimiento se reunirá ordinariamente una vez al año, a fin de 
verificar y comprobar el resultado de las obligaciones contraídas, examinar los resultados 
e incidencias que surjan de la colaboración realizada y establecer las directrices e 
instrucciones que considere oportunas.
Celebrará  asimismo  cuantas  sesiones  extraordinarias  sean  necesarias  para  el 
cumplimiento de sus fines, previa convocatoria al efecto de su Presidente, por propia 
iniciativa o teniendo en cuenta las peticiones de los demás miembros.
Su funcionamiento, en lo no previsto en este convenio, se regirá por la normativa 
vigente sobre órganos colegiados.
Esta Comisión de Seguimiento se encargará de:
a)  Resolver los problemas de interpretación y cumplimiento que se deriven del 
presente Convenio.
b)  Seguir la evolución de las tecnologías, técnicas y métodos de aplicación a la 
ejecución del Convenio, proponiendo a las partes la modificación de las actuaciones a 
realizar, siempre que no suponga alteración del objeto del mismo. e
c)  Proponer  la  ampliación  del  ámbito  de  aplicación  del  convenio  a  otros  bo
procedimientos. 44ww
Octavo.  Financiación.
El presente Convenio no genera obligaciones económicas entre las partes firmantes.
Los  gastos  e  inversiones  que  origine  su  cumplimiento  por  cuenta  del  Consejo 
General serán recogidos en la memoria justificativa del Convenio.
Noveno.  Modificación.
El  presente  Convenio  podrá  modificarse,  por  mutuo  acuerdo,  mediante  adenda 
firmada por ambas partes, cuando resulte necesario para la mejor realización de su 
objeto.
Décimo.  Extinción y suspensión.
1.  El Convenio se extinguirá por el cumplimiento de su objeto o por incurrir en 
causa de resolución.
Podrá resolverse por las siguientes causas:
a)  Por el transcurso del plazo de vigencia del Convenio sin haberse acordado la 
prórroga del mismo.
b)  Por el mutuo acuerdo de las partes firmantes manifestado por escrito.
c)  Por la denuncia del Convenio hecha por cualquiera de las partes en cualquier 
momento, surtiendo efectos a los tres meses de su notificación fehaciente.
d)  Por el incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de 
alguno de los firmantes.
En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un 
requerimiento para que cumpla con las obligaciones o compromisos que se consideran 
incumplidos. Este requerimiento será comunicado además al Presidente de la Comisión 
de  Seguimiento.  Si  trascurrido  el  plazo  indicado  en  el  requerimiento  persistiera  el 
incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a la otra parte la concurrencia de la 
causa de resolución y se entenderá resuelto el convenio. Dicha notificación indicará la 
fecha en la que tendrá efecto la resolución del Convenio.
En caso de existir actuaciones en curso de ejecución, las partes, a propuesta de la 
Comisión de Seguimiento, podrán acordar la continuación de las actuaciones en curso 
que se consideren oportunas, estableciendo un plazo improrrogable para su finalización.
e)  Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del Convenio.
f)  Por cualquier otra causa prevista en las leyes.
2.  Cuando la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública detecte indicios 
de que se ha producido un incumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, 
y demás normativa aplicable en materia de protección de datos de carácter personal por 
parte del Consejo General o de cualquiera de sus colegiados, asociados o miembros, 
procederá, como medida cautelar, a acordar la suspensión de su alta en el sistema 
previsto en este Convenio, e iniciará las oportunas comprobaciones e investigaciones 
tendentes a comprobar las circunstancias en que se hayan producido los hechos de que 
se trate. A la vista del resultado de las comprobaciones e investigaciones realizadas, el 
Ministerio de Justicia decidirá, en su caso, en los términos previstos en el artículo 5 de la 
citada Orden JUS/698/2016, de 4 de mayo.
Undécimo.  Eficacia y plazo de vigencia. e
El presente Convenio devendrá eficaz una vez inscrito en el Registro Electrónico  w.
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antes de su finalización las partes podrán acordar unánimemente su prórroga por un
período de hasta cuatro años adicionales o su extinción. Bc
Duodécimo.  Régimen Jurídico.
Este  Convenio  tiene  naturaleza  administrativa  de  acuerdo  con  el  artículo  47  y 
siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y 
por tanto queda sometido al régimen jurídico de convenios previsto en el capítulo VI del 
Título Preliminar de la citada Ley 40/2015. Asimismo, el Convenio se enmarca dentro de 
lo previsto en el artículo 7 del citado Reglamento por el que se regula el procedimiento 
para la adquisición de la nacionalidad española por residencia.
De conformidad con lo establecido en los artículos 1 y 2 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, serán competentes los 
Tribunales del orden jurisdiccional contencioso-administrativo para resolver los litigios 
que  pudieran  surgir  y  que  no  hubieran  podido  resolverse  por  la  Comisión  de 
Seguimiento, sobre la interpretación, cumplimiento, extinción, resolución y efectos del 
presente Convenio, así como sobre las responsabilidades por los perjuicios que, con 
motivo del ejercicio de las funciones reguladas en el presente Convenio, el Consejo 
General, los Colegios o sus colegiados puedan causar a la Administración Pública.
Y,  en  prueba  de  conformidad,  suscriben  el  presente  convenio,  por  duplicado 
ejemplar, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.–La Directora General de 
Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente Santiago.–La Presidenta del Consejo 
General de la Abogacía Española, Victoria Ortega Benito.