BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 98  Miércoles 8 de abril de 2020  Sec. I.   Pág. 28524
I. DISPOSICIONES GENERALES
JEFATURA DEL ESTADO
4332 Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan determinadas 
medidas urgentes en materia de empleo agrario.
I.  Antecedentes y motivación
La situación epidemiológica que ha generado una crisis sanitaria como consecuencia 
del COVID-19 en España ha obligado a adoptar medidas de salud pública que han alterado 
la normalidad en el desarrollo de las relaciones sociales, económicas y productivas. En 
particular, puede destacarse cómo la suspensión de todas las actividades no esenciales y 
las limitaciones al desempeño de otras muchas han generado un importante aumento del 
desempleo coyuntural y una reducción de actividad de pymes y autónomos, que ha 
resultado especialmente acusada en el sector terciario, y muy en particular en el turismo y 
la hostelería, dos de los motores económicos del país.
Junto con esta reducción de la actividad –y la consiguiente disminución de la renta 
disponible de muchas familias–, se está produciendo una disminución acusada de la oferta 
de mano de obra que habitualmente se ocupa de las labores agrarias como temporera en 
el campo español, bien por limitaciones sanitarias a los viajes desde sus países de origen, 
bien por las precauciones que muchos de esos trabajadores están adoptando a la vista de 
la evolución de la pandemia, lo que puede acabar por afectar severamente a la capacidad 
y condiciones de producción de una parte importante de las explotaciones agrarias 
españolas. Esta situación, además, se ve agravada por su coincidencia temporal con 
varias de las campañas de mayor actividad e importancia, como la fruta de hueso, los 
cultivos de verano o la fresa.
Esta reducción de mano de obra, a su vez, podría poner en peligro el actual 
abastecimiento alimentario a los ciudadanos, que hasta la fecha se ha desarrollado en 
condiciones de extraordinaria variedad, cantidad y calidad. De agravarse las perturbaciones 
que ya se empiezan a sentir en la fase de producción agraria, se podría poner en peligro 
el correcto funcionamiento de la cadena alimentaria al completo, con la consiguiente 
repercusión negativa sobre los consumidores finales, tanto en términos de oferta como de 
precio, lo que resulta especialmente gravoso dadas las condiciones de vida derivadas de 
la situación de crisis sanitaria y la reducción de la renta disponible por las perturbaciones 
económicas generales, especialmente entre la población en mayor riesgo de pobreza y 
exclusión social.
Ante esta situación, se adoptan ahora determinadas medidas urgentes de carácter 
temporal, con el fin de establecer una serie de disposiciones en materia de empleo agrario 
que cumplan el triple objetivo de la garantía última del normal aprovisionamiento de los 
mercados, el mantenimiento de la renta de la población que más lo necesite y de la 
actividad y sostenibilidad agrarias y la mejora de las condiciones sociolaborales de la 
población (asegurando mejoras en los ingresos para las personas en situación de 
desempleo o cese de actividad).
Es esencial garantizar que en origen existe una disponibilidad de mano de obra 
suficiente para hacer frente a las necesidades de los agricultores y ganaderos, de modo 
que se asegure la correcta producción, no sólo en cantidades sino también en tiempo, del  e.
primer eslabón de la cadena alimentaria y que en consecuencia se asegure que los  w.
eslabones posteriores estarán suficientemente provistos para poder ejercer sus respectivas  32ww
tcaornesausm, dideo rm foindaol  sqiune m seer mmaa ndtee ncagnat,i dcaodm yo  chaalisdtaad a.hora, el flujo productivo y que llegue al
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mercado una cantidad bastante de materias primas que puedan ponerse luego en el
mercado de modo directo o que sean la base para su ulterior transformación por parte de 
la industria alimentaria y lleguen, en último término, al consumidor.
Las especiales condiciones del confinamiento poblacional y la restricción de la 
movilidad, acordadas como medida sanitaria ineludible, hacen si cabe todavía más 
importante que la producción agroalimentaria española pueda desarrollarse bajo las 
mejores condiciones posibles dada la situación y asegure un pleno, eficaz y suficiente 
abastecimiento a los ciudadanos de productos alimentarios que se necesiten.
En efecto, buena parte de la actividad agraria, base de ese aseguramiento de la 
cadena alimentaria, depende de la utilización de mano de obra asalariada, ya sea de 
origen comunitario o extracomunitario, al tratarse de un sector en que las inversiones en 
capital son muy importantes y el esfuerzo en la mejora técnica ha sido capital en las 
últimas décadas pero que se fundamenta en buena medida en el empleo intensivo del 
factor trabajo. No cabe olvidar que muchos de los cultivos que precisamente se van a ver 
más afectados por la previsible ausencia de mano de obra temporal en cantidades 
suficientes no son susceptibles de mecanizarse y, por lo tanto, corren un riesgo cierto de 
perderse en caso de que no se habiliten mecanismos suficientes en sede legal para dar 
cumplida solución a las necesidades percibidas.
En algunos casos, los países de origen habitual de esa mano de obra han establecido 
restricciones para la salida de los ciudadanos de su país. En otros casos, sobre todo en lo 
que se refiere a la mano de obra intracomunitaria, el temor al contagio está disuadiendo 
los desplazamientos. Esta misma circunstancia es aplicable también en muchos casos a 
la mano de obra nacional.
Así, se observa con preocupación desde los sectores agrícolas que en la práctica no 
sea posible atender correctamente la demanda de trabajadores agrarios. Este problema 
no es exclusivo de España, sino que también se está viendo con preocupación desde 
Italia, Francia o Portugal.
La coincidencia temporal de los efectos sobre la movilidad, impuestos por las 
autoridades sanitarias o derivados de decisiones particulares, como consecuencia de la 
crisis sanitaria con la concentración temporal de las necesidades de mano de obra 
temporera para buena parte de las principales producciones nacionales hace necesario 
adoptar medidas de inmediato que faciliten la solución de este problema. Las necesidades 
de mano de obra se dan en gran parte de los cultivos estacionales de temporada, con lo 
que no cabe demora en la adopción de las decisiones necesarias para dar adecuada 
cobertura a esta necesidad sobrevenida.
Las medidas incluidas en el presente real decreto-ley vienen orientadas a favorecer la 
contratación de mano de obra para el sector primario. Con ellas se logra, asimismo, 
subvenir un problema colateral en materia de renta de los particulares que se hayan 
podido ver afectados por la crisis sanitaria de coronavirus ocasionada en la actualidad, de 
modo que se habiliten mecanismos para que puedan participar de empleos agrarios. Del 
mismo modo, se asegura que los responsables de las explotaciones primarias que se vean 
imposibilitados para proceder por los cauces ordinarios a la provisión de mano de obra 
temporera suficiente a fin de atender sus necesidades estacionales encuentren un sistema 
por medio del cual se haga frente a esta situación coyuntural, evitando al propio tiempo los 
evidentes problemas que su imposibilidad o elevada dificultad puedan conllevar. Esto es 
especialmente importante teniendo en cuenta el carácter perecedero de los productos 
agrarios y la necesidad de acompasar las contrataciones al ritmo de recolección o 
procesado de los productos primarios, sin que quepa demora, puesto que a diferencia de 
otras producciones cualquier retraso conduce indefectiblemente no sólo a ingentes  es
pérdidas económicas sino, como se ha indicado, a eventuales problemas de abastecimiento  o
dineslu mficeiercnacdiao d, ec opnro edlu cctoonss digeu cieanliIdtIe.a  da Mlpzaeard adid esa usp  craeodncoisopustma daoa .lsos consumidores y, en su caso,  OE-A-2020-4332able en https://www.
A estos efectos, una de las principales vías para asegurarlo es la medida recogida en  Bc
la presente norma que permite la compatibilización de la prestación por desempleo o
demás prestaciones de carácter social o laboral, con el desempeño de tareas agrarias, de 
modo que se logre suficiente mano de obra en la actual coyuntura por parte de la población 
cercana a los lugares de cultivo que pueda atender las necesidades laborales sin generar 
desplazamientos excesivos y en plena conformidad con las normas de salud pública 
acordadas por la autoridad competente, lo que además redundará indirectamente en el 
aumento de la renta disponible en un momento de especial vulnerabilidad sin menoscabo 
de la protección social y la salud pública.
Es más, se asegura por medio de esta norma que cualquier trabajador que acepte tal 
contrato temporal no se vea perjudicado, con independencia de que perciba o no algún 
tipo de subsidio, ayuda o prestación de carácter social o laboral, contributiva o no 
contributiva.
Podrán asimismo beneficiarse de la compatibilidad con la prestación por desempleo 
aquellos trabajadores cuyos contratos se hayan visto temporalmente suspendidos como 
consecuencia del cierre temporal de la actividad conforme a lo señalado en el artículo 47 
del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre. Sin embargo, las medidas de flexibilización 
de este real decreto-ley son incompatibles con las prestaciones por desempleo que tengan 
su origen en la aplicación de los artículo 22, 23 y 25 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de 
marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y 
social del COVID-19, dado que el Sistema Nacional de Empleo ya provee de un mecanismo 
especial para subvenir las necesidades más perentorias y de carácter estrictamente 
temporal de los trabajadores afectados por reducciones en la actividad de sus empleadores, 
en este caso fruto de la epidemia. Se trata de una disposición adecuada y proporcional, 
por cuanto permite una correcta cohonestación de ambos instrumentos, especialmente 
teniendo en cuenta que esos expedientes temporales, que tienen unas características 
propias y singulares, están llamados a desaparecer en un espacio de tiempo lo más breve 
posible.
Por otro lado, cabe destacar que se permite asimismo que se acojan a este sistema los 
trabajadores migrantes cuyos permisos de trabajo concluyan en el periodo comprendido 
entre la declaración del estado de alarma y el 30 de junio de 2020, asegurando con ello 
que mano de obra con suficiente experiencia pueda alargar sus permisos de trabajo y 
maximizar las posibilidades de empleo para ellos y de recolección y tratamiento para sus 
empleadores, así como de jóvenes nacionales de terceros países, que se encuentren en 
situación regular, entre los 18 y los 21 años.
Para poder acceder a este tipo de contratos el empresario deberá asegurar en todo 
momento la disponibilidad de medios de prevención apropiados frente al COVID-19. 
Asimismo, los trabajadores contratados deberán tener su domicilio (o el lugar de residencia 
temporal) en alguna localidad próxima al lugar en el que se oferte el contrato de trabajo. 
Se establece, asimismo, como medida de refuerzo de la salud pública y la transparencia 
la necesidad de que el salario se abone por transferencia bancaria en la cuenta indicada 
por el trabajador en el contrato. En todo caso, la remuneración mínima que se debe aplicar, 
con independencia del sector donde proceda el trabajador, debe ser la que corresponda 
según Convenio Colectivo vigente que resulte de aplicación y en todo caso, el SMI 
recogido en el Real Decreto 231/2020, de 4 de febrero, por el que se fija el salario mínimo 
interprofesional para 2020.
Las Delegaciones y, en su caso las Subdelegaciones del Gobierno establecerán los 
mecanismos de coordinación precisos con el Sistema Nacional de Empleo y con los agentes 
sociales para asegurar la correcta aplicación de lo dispuesto en este real decreto-ley. es
Por lo demás, se incorporan determinadas modificaciones puntuales en materia de  o
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complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19,
destinadas a clarificar la redacción y desarrollar aspectos concretos de gestión de las 
prestaciones establecidas en los mismos y de flexibilización de trámites, de acuerdo con 
la situación de excepcionalidad.
Ante el cierre de las oficinas de atención e información al ciudadano de las distintas 
entidades gestoras de la Seguridad Social y de las oficinas de prestaciones del Servicio 
Público de Empleo Estatal, se adoptan determinadas medidas extraordinarias de 
simplificación para la tramitación de los procedimientos que permitan a las entidades 
gestoras resolver de forma provisional en materia de prestaciones de la Seguridad Social 
y de protección social.
Se modifica la disposición adicional decimoquinta del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 
de marzo, que incorpora al ordenamiento jurídico los efectos de la compatibilidad de la 
pensión de jubilación con el nombramiento como personal estatutario de los profesionales 
sanitarios realizados al amparo de la Orden SND/232/2020, de 15 de marzo, por la que se 
adoptan medidas en materia de recursos humanos y medios para la gestión de la situación 
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
No obstante, y valorando el esfuerzo que este colectivo está realizando, se hace 
necesario ampliar la cobertura de la protección de Seguridad Social a todas las 
contingencias, tanto por enfermedad común como por enfermedad profesional y por 
accidente sea o no de trabajo, incluido el accidente in itinere, no siendo de aplicación a 
estos profesionales, durante el tiempo que permanezca en este régimen de compatibilidad, 
los límites de protección que las normas de Seguridad Social prevén para la jubilación 
activa, lo que provoca la necesidad de modificar los apartados 4 y 5 de la disposición 
adicional citada.
Ante la situación de emergencia de salud pública provocada por el COVID-19, resulta 
necesario estimular la fabricación de productos sanitarios, así como la investigación clínica 
tanto en relación con medicamentos como con productos sanitarios, con el objeto de 
generar conocimiento en la prevención, tratamiento y control de la enfermedad, y lograr el 
abastecimiento de los productos necesarios para el tratamiento inmediato de los afectados.
Para ello, resulta indispensable durante la situación de emergencia de salud pública 
provocada por el COVID-19, establecer la no aplicación de las tasas previstas en los 
procedimientos de autorización de ensayos clínicos para la investigación de medicamentos 
relacionados con la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en los procedimientos de 
licencia previa de funcionamiento, en relación con licencias excepcionales para la 
fabricación de los productos sanitarios necesarios para la protección de la salud pública y 
para garantizar el abastecimiento en la situación de crisis sanitaria ocasionada por 
el COVID-19, así como en los procedimientos de autorización de investigaciones clínicas 
con productos sanitarios, realizadas en relación con la crisis sanitaria ocasionada por 
el COVID-19.
Finalmente, y durante la vigencia del estado de alarma y con el propósito de que todos 
los mutualistas de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado y de la 
Mutualidad General Judicial que, en este periodo, comiencen o continúen en una situación 
de incapacidad temporal sigan percibiendo sus retribuciones, se considera necesario 
dictar normas temporales de actuación a los órganos de personal para dar cobertura a la 
tramitación y abono de todas las situaciones de incapacidad temporal.
Nos hallamos, pues, ante medidas que, además de no admitir demora para poder ser 
eficaces en su aplicación, suponen alteraciones del ordenamiento completamente 
justificadas y de carácter estrictamente temporal, de modo que se permita dar solución a 
las necesidades sobrevenidas para las campañas agrarias más inmediatas. Al incorporarse  es
excepciones a la regulación en vigor para determinados casos durante el plazo  o
idpqrmeerunople tprr aeeocssaro,cc lne iiodn l snedsuaceib rlciealdetotpa or(rd- hopl eabdrysoae,td c aceui óoescnmttl ai v3osso0 e  a m– d eqceevuo dijentuiad tnlinaanio s ury),ea ,  eaclqanliiuó d aenraecd dslcaa eih có pajinuól e dsnnpet iaúafmimbc ollaoeisc,sn tay rtap e dade jedorujse usstmtiiecinfriáiaoc seads s dastqeor uaa  epet éllo a gpen iomcepdo rpdro yíletae e enomcs  cdceaiaenónu cnilfasii aead lfs–reigst  oyuel a r leaaysl      OE-A-2020-4332able en https://www.
abastecimiento pleno a los ciudadanos.
III.  Cumplimiento de los requisitos constitucionales del real decreto-ley
En relación con el empleo del real decreto-ley como instrumento para la introducción de 
estas modificaciones en el ordenamiento, se deben tener en cuenta dos aspectos referidos 
a las materias vedadas a este instrumento normativo y a la concurrencia de los presupuestos 
habilitantes que justifican la utilización de esta clase de norma. En relación con los primeros, 
como señala el artículo 86.1 de nuestra Constitución, los reales decretos-leyes «no podrán 
afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y 
libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades 
Autónomas ni al Derecho electoral general». En el caso del presente real decreto-ley no se 
afecta a ninguna de estas materias.
En efecto, las regulaciones que se incorporan a la norma no suponen una afección del 
núcleo esencial de ninguno de los anteriores elementos, puesto que no se regula ninguna 
institución básica del Estado, no se afecta a la naturaleza de los derechos y deberes de los 
ciudadanos, no se incorporan afecciones al régimen de las comunidades autónomas 
puesto que no es objeto de ninguna de estas medidas, y tampoco tiene relación alguna 
con el régimen electoral, de modo que nada hay en su contenido que obste a su aprobación 
en este punto.
Por lo que respecta a la concurrencia de los presupuestos habilitantes de 
extraordinaria y urgente necesidad, debe tenerse en cuenta la doctrina de nuestro 
Tribunal Constitucional, sintetizada en el Fundamento Jurídico 4 de la Sentencia 61/2018, 
de 7 de junio de 2018. Conforme a la misma, se requieren, por un lado, «la presentación 
explícita y razonada de los motivos que han sido tenidos en cuenta por el Gobierno en su 
aprobación», es decir, lo que ha venido a denominarse la situación de urgencia; y, por 
otro, «la existencia de una necesaria conexión entre la situación de urgencia definida y la 
medida concreta adoptada para subvenir a ella». Como señala el Tribunal Constitucional, 
generalmente «se ha venido admitiendo el uso del decreto-ley en situaciones que se han 
calificado como «coyunturas económicas problemáticas», para cuyo tratamiento 
representa un instrumento constitucionalmente lícito, en tanto que pertinente y adecuado 
para la consecución del fin que justifica la legislación de urgencia, que no es otro que 
subvenir a «situaciones concretas de los objetivos gubernamentales que por razones 
difíciles de prever requieran una acción normativa inmediata en un plazo más breve que 
el requerido por la vía normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación 
parlamentaria de las leyes» (SSTC 31/2011, de 17 de marzo, FJ 4; 137/2011, de 14 de 
septiembre, FJ 6, y 100/2012, de 8 de mayo, FJ 8). Finalmente, también se debe advertir 
que el hecho de que se considere una reforma estructural no impide, por sí sola, la 
utilización de la figura del decreto-ley, pues el posible carácter estructural del problema 
que se pretende atajar no excluye que dicho problema pueda convertirse en un momento 
dado en un supuesto de extraordinaria y urgente necesidad, que justifique la aprobación 
de un decreto-ley, lo que deberá ser determinado atendiendo a las circunstancias 
concurrentes en cada caso (STC 137/2011, FJ 6; reiterado en SSTC 183/2014, FJ 5; 
47/2015, FJ 5, y 139/2016, FJ 3)».
El real decreto-ley constituye un instrumento constitucionalmente lícito, siempre que, tal 
como reiteradamente ha exigido nuestro Tribunal Constitucional (Sentencias 6/1983, de 4 de 
febrero, F. 5; 11/2002, de 17 de enero, F. 4, 137/2003, de 3 de julio, F. 3, y 189/2005, de 7 de 
julio, F. 3; 68/2007, F. 10, y 137/2011, F. 7) y concurre en el presente caso, el fin que justifica 
la legislación de urgencia sea subvenir a una situación concreta, dentro de los objetivos 
gubernamentales, que por razones imposibles de prever requiere una acción normativa  s
inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía normal o por el procedimiento  e.
de urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes, máxime cuando la determinación  w.
de dicho procedimiento no depende del Gobierno. El devenir de la crisis sanitaria hace  32ww
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definEind ac oyn slaec mueendciidaa,  sceo pnuceredtea  aasdeogputraadr aqu pea erxai ssteu buvnean ciro nae xeilólan:  dlaires cmtae ednidtraes l al aubrgoeranlceias   BOE-A-cable e
acordadas no podrían esperar a una tramitación parlamentaria puesto que los efectos
sobre la producción agroalimentaria y el correspondiente abastecimiento a la población 
serían demasiado gravosos por el retraso. La inmediatez de la entrada en vigor de este 
real decreto-ley resulta también oportuna, puesto que otra alternativa requeriría de un 
plazo muy superior en el tiempo. Esta acción normativa urgente asegura la puntual 
modificación legal descrita en un plazo más breve que el requerido para la tramitación 
parlamentaria de las leyes, bien sea por el procedimiento ordinario o por el de urgencia 
(SSTC 68/2007, FJ 10, y 137/2011, FJ 7).
Cabe reconocer, pues, la existencia de la necesaria conexión entre la situación de 
urgencia definida y las medidas concretas adoptadas para subvenir a ella mediante el real 
decreto-ley (SSTC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3; 182/1997, de 20 de octubre, FJ 3, 
y 137/2003, de 3 de julio, FJ 4). Como se ha indicado, existe una íntima conexión entre la 
insuficiencia de mano de obra temporal para atender las más inmediatas necesidades de 
la recolección, con las consecuencias descritas en términos de suministro a la población, 
mantenimiento de las explotaciones y aseguramiento de renta de los particulares, y la 
decisión de permitir en ciertos casos la flexibilización de las condiciones para acceder a tal 
relación laboral. Del mismo modo, en el caso de las medidas complementarias adoptadas 
por medio de la parte final de la norma concurren idénticas condiciones de urgencia y de 
conexión entre la situación de la epidemia en nuestro país con la necesidad de atender a 
un funcionamiento simplificado y ágil de los servicios de Seguridad Social y de mutualismo 
administrativo.
Por lo demás, ha de tenerse en cuenta que este real decreto-ley se constriñe a las 
medidas más perentorias con el fin de dar una respuesta adecuada y suficiente dentro de 
los márgenes de la necesaria inmediatez que acompañan a tal figura, pero que se ha de 
enmarcar necesariamente en el conjunto de medidas que el Gobierno de la Nación ya está 
llevando a cabo en este ámbito.
Acerca de la posibilidad de incluir medidas que en principio no requerirían para su 
adopción una norma con rango de ley, cabe recordar que en la medida en que en nuestro 
sistema jurídico, a diferencia de lo que sucede en algunos países de nuestro entorno, no 
existe un ámbito material sujeto a reserva reglamentaria, es jurídicamente posible la 
regulación de estas cuestiones por una norma con rango de ley; esta decisión se ha 
considerado imprescindible por la urgente necesidad de su aprobación, solo atendible a 
través de la figura del real decreto-ley y por la íntima conexión entre los preceptos no 
afectados por la reserva de ley con el conjunto del proyecto.
Asimismo, por su finalidad y por el marco de exigencia temporal en el que se dicta, 
concurren en este real decreto-ley las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad 
requeridas por el artículo 86 de la Constitución Española.
IV.  Adecuación a los principios de buena regulación
Por todo lo anterior, el presente real decreto-ley se configura de acuerdo con los 
principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad y seguridad jurídica recogidos en el 
artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas. En este sentido, esta modificación es necesaria y eficaz 
por cuanto es preciso introducir en este momento los cambios más acuciantes para 
subvenir a estas necesidades y no existe otro mecanismo más que el de una norma con 
rango de ley. En cuanto al principio de transparencia, dado que se trata de un real decreto-
ley, su tramitación se encuentra exenta de consulta pública previa y de los trámites de 
audiencia e información públicas. Asimismo, resulta proporcional y transparente porque  s
esta modificación introduce sólo los elementos necesarios para la salvaguarda del interés  oe.
público en este momento, e igualmente se garantiza el principio de seguridad jurídica al  w.
asseese acgnou nimrsaiprd rueenrsa cc cionurdrmeibcpletloids  oefr nteocnadtjaee   vade elzal   cqroeungeju unlnaotc osió edn ei ma mcpteoudnaiedl.na sn.u Feinvaaslm ceanrgtea,s e al pdrmininciipstiora dtiev aesf icqiueen cnioa   2020-4332n https://ww
En cuanto a los títulos competenciales que lo amparan, lo dispuesto en este real
decreto-ley se dicta al amparo de la habilitación contenida en la regla 7.ª del artículo 149.1  Bc
de la Constitución Española, por la que se atribuye al Estado la competencia exclusiva en
materia de legislación laboral, sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las 
comunidades autónomas, en la regla 13.ª del artículo 149.1 de la Constitución Española, 
que atribuye al Estado la competencia sobre las bases y la coordinación de la planificación 
general de la actividad económica, en la regla 18.ª de la Constitución, que atribuye al 
Estado la competencia para dictar las bases del régimen jurídico de las administraciones 
públicas y competencia en materia de procedimiento administrativo común de las 
administraciones públicas, y en la regla 17.ª del artículo 149.1 de la Constitución Española, 
que atribuye al Estado la competencia sobre legislación básica y régimen económico de la 
Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las comunidades 
autónomas. La disposición adicional sexta se dicta al amparo de la regla 14.ª del 
artículo 149.1, que otorga al Estado competencia exclusiva en materia de Hacienda 
general y Deuda del Estado.
En su virtud, haciendo uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la 
Constitución Española, a propuesta del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación y del 
Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y previa deliberación del Consejo de 
Ministros en su reunión del día 7 de abril de 2020,
DISPONGO:
Artículo 1.  Objeto.
El presente real decreto-ley tiene por objeto favorecer la contratación temporal de 
trabajadores en el sector agrario mediante el establecimiento de medidas extraordinarias 
de flexibilización del empleo, de carácter social y laboral, necesarias para asegurar el 
mantenimiento de la actividad agraria, durante la vigencia del estado de alarma declarado 
por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma 
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, siendo de 
aplicación temporal hasta el 30 de junio de 2020.
Los contratos laborales afectados por esta medida serán todos aquellos de carácter 
temporal para desarrollar actividades en régimen de ajenidad y dependencia en 
explotaciones agrarias comprendidas en cualquiera de los códigos de CNAE propios de la 
actividad agraria, con independencia de la categoría profesional o la ocupación concreta 
del empleado, cuya firma y finalización estén comprendidas en el periodo indicado en el 
párrafo anterior.
Artículo 2.  Beneficiarios de las medidas extraordinarias de flexibilización laboral.
1.  Podrán ser beneficiarios de las medidas de flexibilización de carácter temporal las 
personas que a la entrada en vigor del real decreto-ley se encuentren en cualquiera de las 
siguientes situaciones:
a)  Personas en situación de desempleo o cese de actividad.
b)  Trabajadores cuyos contratos se hayan visto temporalmente suspendidos como 
consecuencia del cierre temporal de la actividad conforme a lo señalado en el artículo 47 
del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, en los términos señalados en el 
artículo 3.1.b).
c)  Trabajadores migrantes cuyo permiso de trabajo concluya en el periodo 
comprendido entre la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y el 30  e
de junio de 2020, cuya prórroga se determinará a través de instrucciones de la Secretaría  bo
de Estado de Migraciones. 32ww
encude) ntrAesnim eins msitou apcoidórná rne gaucloagr edres ee nlotrse  jlóovse 1n8e sy  lnoasc 2io1n aañleoss .de terceros países, que se
2.  Podrán beneficiarse de las medidas de flexibilización aprobadas por este real
decreto-ley las personas cuyos domicilios se hallen próximos a los lugares en que haya  Bc
de realizarse el trabajo. Se entenderá que existe en todo caso proximidad cuando el 
domicilio de trabajador o el lugar en que pernocte temporalmente mientras se desarrolla 
la campaña esté en el mismo término municipal o en términos municipales limítrofes del 
centro de trabajo. Las comunidades autónomas podrán ajustar este criterio en función de 
la estructura territorial teniendo en cuenta el despoblamiento o la dispersión de 
municipios.
Artículo 3.  Compatibilidad de prestaciones laborales.
Las retribuciones percibidas por la actividad laboral que se desempeñe al amparo de 
las medidas extraordinarias de flexibilización del empleo establecidas en el presente real 
decreto-ley serán compatibles:
a)  Con el subsidio por desempleo regulado en el Real Decreto 5/1997, de 10 de 
enero, por el que se regula el subsidio por desempleo en favor de los trabajadores 
eventuales incluidos en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social, o con la 
renta agraria regulada en el Real Decreto 426/2003, de 11 de abril, por el que se regula 
la renta agraria para los trabajadores eventuales incluidos en el Régimen Especial Agrario 
de la Seguridad Social residentes en las Comunidades Autónomas de Andalucía y 
Extremadura.
b)  Con las prestaciones por desempleo derivadas de la suspensión por causas 
económicas, técnicas, organizativas o de producción, con arreglo a lo previsto en el 
artículo 47 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, con exclusión de aquellas que tengan 
su origen en las medidas previstas en los artículos 22, 23 y 25 el Real Decreto-ley 8/2020, 
de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto 
económico y social del COVID-19.
c)  Con cualesquiera otras prestaciones por desempleo reguladas en el título III del 
texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
d)  Con las prestaciones por cese de actividad motivadas por las causas previstas en 
el artículo 331 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, con exclusión de aquellas que tengan 
su origen en la medida prevista en el artículo 17 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de 
marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y 
social del COVID-19.
e)  Con cualquier otra prestación de carácter económico o cualquier otro beneficio o 
ayuda social, otorgada por cualquier Administración que sea incompatible con el trabajo, o 
que, sin serlo, como consecuencia de la percepción de ingresos por la actividad laboral se 
excederían los límites de renta señalados en la normativa correspondiente al tipo de 
prestación.
Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo anterior, serán incompatibles con las 
prestaciones económicas de Seguridad Social por incapacidad temporal, riesgo durante el 
embarazo y riesgo durante la lactancia natural. Asimismo, será incompatible con las 
pensiones de incapacidad permanente contributiva, salvo los supuestos de compatibilidad 
previstos en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.
Será incompatible con la prestación por nacimiento y cuidado de menor de la Seguridad 
Social, si bien, salvo por lo que respecta al periodo obligatorio de la madre biológica a  es
continuación del parto el periodo obligatorio, o la parte que restara del mismo, se podrá  o
disfrutar desde el día siguiente a la finalización de las prestaciones previstas en el presente  32ww
rlloaes a Sll Lídmeoegsictu erinresig tddoraee-lds er oeyS.sn otoacbsit aeelns, itdainobcsle lpucoiiddr ooesss  tpalao arsac  tlciavosidm paprdel eslamtabecoirnoatnlo ensso   pcsooenr t terminbdíunrtáiivmna oess no  c dnueoe  ncloatans at r piebefuentcisvtiaoossn  ddeees    OE-A-2020-43able en https://
contributivas.
Artículo 4.  Obligaciones del empresario.
El empresario deberá asegurar en todo momento la disponibilidad de medios de 
prevención apropiados frente al COVID-19.
Artículo 5.  Tramitación.
1.  Las Administraciones competentes y los agentes sociales promoverán la 
contratación de las personas que se encuentren en las circunstancias descritas, 
especialmente en cuanto a la proximidad prevista en el artículo 2.2.
2.  Las ofertas de empleo que sea necesario cubrir en cada localidad serán 
comunicadas por las empresas y empleadores a los servicios públicos de empleo 
autonómicos competentes, que las gestionarán para darles cobertura de manera urgente 
con las personas beneficiarias a que hace referencia el artículo 2 del presente real 
decreto-ley, asegurando, en todo caso, que cumplan los requisitos del artículo 2.2.
3.  Los servicios públicos de empleo autonómicos, en aquellas localidades o 
municipios en que el número de demandantes de empleo supere la oferta disponible de 
trabajadores establecerán los colectivos prioritarios para cubrirla. Como criterios prioritarios 
para gestionar dichas ofertas de empleo se tendrán en cuenta los siguientes:
a)  Personas en situación de desempleo o cese de actividad que no perciban ningún 
tipo de subsidio o prestación.
b)  Personas en situación de desempleo o cese de actividad que perciban únicamente 
subsidios o prestaciones de carácter no contributivo.
c)  Personas en situación de desempleo o cese de actividad perceptores de subsidios 
por desempleo o prestaciones de carácter social o laboral.
d)  Migrantes cuyos permisos de trabajo y residencia hayan expirado durante el 
periodo comprendido entre la declaración de estado de alarma y el 30 de junio 
de 2020.
e)  Jóvenes nacionales de terceros países, que se encuentren en situación regular, 
entre los 18 y los 21 años.
4.  Las empresas y empleadores comunicarán a los servicios públicos de empleo 
autonómicos competentes las contrataciones acogidas al presente real decreto-ley en la 
forma habitual, cumplimentando el identificador específico de la oferta que le hayan 
asignado. El Servicio Público de Empleo Estatal identificará estos contratos y remitirá la 
información a las autoridades correspondientes, a las Administraciones públicas 
competentes, y en todo caso a la autoridad laboral, a la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social y a la Secretaría de Estado de Migraciones.
5.  El Servicio Público de Empleo Estatal reanudará de oficio las prestaciones por 
desempleo que se hubiesen visto suspendidas por los procesos automáticos de 
intercambio de información previstos con las bases de datos de afiliación de la Tesorería 
General de la Seguridad Social y con la base de datos de contratos del Sistema Nacional 
de Empleo, cuando se trate de contratos celebrados de acuerdo con lo previsto en este 
real decreto-ley.
En el caso de perceptores de prestaciones por desempleo de trabajadores agrarios a 
los que sea de aplicación el sistema unificado de pago, no se tendrán en cuenta las 
jornadas reales trabajadas en estas contrataciones, a los efectos de determinar la cuantía 
y los días de derecho consumidos. s
6.  El salario se abonará por transferencia bancaria en la cuenta indicada por el  oe.
trabajador en el contrato suscrito con el empleador. En todo caso, la remuneración mínima  w.
que se debe aplicar, con independencia del sector donde proceda el trabajador, debe ser  32ww
lcaa qsou,e e cl oSrrMesI preocnodgai dsoe geúnn e Cl oRnevael nDioe cCroelteoc 2ti3vo1 /v2i0g2e0n,t ed eq u4e d ree sfuelbtere droe,  appolirc ealc qióune y s een f itjoad eol 
salario mínimo interprofesional para 2020.
Disposición adicional primera.  Coordinación y seguimiento.
1.  Las Delegaciones y, en su caso, las Subdelegaciones del Gobierno, en 
coordinación con los órganos competentes de las comunidades autónomas y del resto de 
las administraciones públicas, establecerán los mecanismos de coordinación y 
participación precisos para garantizar la correcta aplicación de las medidas establecidas 
en el presente real decreto-ley.
2.  Asimismo, corresponderá a las Delegaciones y, en su caso, Subdelegaciones de 
Gobierno, la realización del seguimiento de la aplicación en los territorios afectados de lo 
establecido en este real decreto-ley, a partir de la información suministrada por las 
autoridades correspondientes.
Disposición adicional segunda.  Aplicación del Real Decreto 625/1985, de 2 de abril, por 
el que se desarrolla la Ley 31/1984, de 2 de agosto, de Protección por Desempleo, y el 
artículo 342 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.
En el período comprendido desde la entrada en vigor del presente real decreto-ley 
hasta el 30 de junio de 2020 no será de aplicación lo señalado en el artículo 15 del Real 
Decreto 625/1985, de 2 de abril, por el que se desarrolla la Ley 31/1984, de 2 de agosto, 
de Protección por Desempleo, ni el régimen de incompatibilidades previsto en el 
artículo 342 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, a los trabajadores contratados al 
amparo de lo señalado en este real decreto-ley.
Disposición adicional tercera.  Medidas de simplificación para la tramitación de los 
procedimientos de las entidades gestoras de la Seguridad Social como consecuencia 
de la declaración del estado de alarma.
Se adoptan las siguientes medidas extraordinarias de simplificación para la tramitación 
de los procedimientos que permitan a las entidades gestoras de la Seguridad Social 
resolver de forma provisional en materia de prestaciones de la Seguridad Social:
1.  En el supuesto de que la persona interesada careciera de certificado electrónico o 
clave permanente, el canal de comunicación a través del cual podrá ejercer sus derechos, 
presentar documentos o realizar cualesquiera trámites o solicitar servicios, se encuentra 
ubicado en la Sede electrónica de la Seguridad Social sede.seg-social.gob.es mediante el 
«acceso directo a trámites sin certificado» accesible desde la web de la Seguridad Social 
www.seg-social.es; y en función de la entidad gestora competente para gestionar las 
prestaciones, a través de los enlaces establecidos al efecto. La información se mantendrá 
permanentemente actualizada a través de la web de la Seguridad Social www.seg-social.es.
Para el INSS: http://run.gob.es/cqsjmb.
Para el ISM: http://run.gob.es/lpifqh.
2.  En el supuesto de que la persona interesada carezca de certificado electrónico 
o clave permanente, provisionalmente se admitirá la identidad declarada por el 
interesado, sin perjuicio de las comprobaciones que pueda hacer la entidad gestora, a 
través de los medios ya establecidos para verificar la identidad mediante el acceso al 
Sistema SVDIR, que implementa la Verificación y la Consulta de los Datos de Identidad, 
regulado en el Real Decreto 522/2006, de 28 de abril, y la Verificación de Datos de  s
Residencia, regulado en el Real Decreto 523/2006, de 28 de abril; así como la Consulta  e.
de Datos Padronales (SECOPA) utilizando el marco Pros@ de las aplicaciones  w.
corporativas de la Seguridad Social y otros medios similares. 32ww
que Lyaas  seen etindcaudeenst rgeens teonr apso dpeord rdáen  lacso nasdumltainri sotr areccioanbeasr  plaú binlifcoarms,a scaiólvno  yq uloes  edl oinctuemreesnatdoos 
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Administraciones Públicas.
3.  En el supuesto de que el interesado carezca de firma electrónica, deberá dejar 
constancia expresa de su voluntad o consentimiento a la tramitación de su expediente.
4.  En aquellos supuestos en los que, debido al cierre de oficinas públicas, el 
interesado no pueda presentar el documento preceptivo u observar el procedimiento 
habitual establecido al efecto, deberá aportar documentos o pruebas alternativos que, en 
su caso, obren en su poder, de la concurrencia de los requisitos o condiciones exigidos en 
el procedimiento para el reconocimiento o revisión del derecho, sin perjuicio de la 
obligación de presentar los documentos preceptivos una vez que deje de estar vigente el 
estado de alarma.
5.  Si el interesado no tuviera o no pudiera obtener documentos alternativos que 
acrediten su derecho, se podrá admitir una declaración responsable, según lo previsto en 
el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, sobre los datos o documentos que 
pretenda hacer valer, sin perjuicio de la obligación de presentar con posterioridad los 
documentos acreditativos de los hechos o datos alegados y la revisión de las prestaciones 
reconocidas con carácter provisional.
6.  De acuerdo con la solicitud presentada y los documentos en su caso aportados, la 
entidad gestora efectuará las comprobaciones correspondientes, y dictará la resolución 
provisional que sea procedente, estimando o desestimando el derecho.
Las entidades gestoras de la Seguridad Social revisarán todas las resoluciones 
provisionales de reconocimiento o revisión de prestaciones adoptadas bajo este régimen 
transitorio. En su caso, se efectuará el abono de aquellas cantidades que resulten 
procedentes tras la oportuna revisión. En el supuesto de que tras estas actuaciones se 
desprenda que el interesado no tiene derecho a la prestación, se iniciarán las actuaciones 
necesarias en orden a reclamar las cantidades indebidamente percibidas.
Disposición adicional cuarta.  Medidas de simplificación para la tramitación de los 
procedimientos del Servicio Público de Empleo Estatal y el Instituto Social de la Marina 
como consecuencia de la declaración del estado de alarma.
1.  Se adoptan las siguientes medidas extraordinarias de simplificación para la 
tramitación de los procedimientos que permitan al Servicio Público de Empleo Estatal y al 
Instituto Social de la Marina resolver de forma provisional las solicitudes de prestaciones 
por desempleo presentadas por los ciudadanos:
a)  En el supuesto de que la persona interesada careciera de certificado electrónico o 
clave permanente, podrá formalizar su solicitud provisional de acceso a la protección por 
desempleo a través del «Formulario de pre-solicitud individual de prestaciones por 
desempleo», disponible en la página web del Servicio Público de Empleo Estatal y en su 
sede electrónica, o en la sede electrónica de la Seguridad Social para el supuesto de 
trabajadores incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores 
del Mar.
b)  Cuando se formalice la solicitud provisional por esta vía, se admitirá la identidad 
declarada por el interesado, sin perjuicio de las comprobaciones que pueda hacer la 
entidad gestora, a través de los medios ya establecidos para verificar la identidad 
mediante el acceso al Sistema SVDIR, que pone en práctica la Verificación y la Consulta 
de los Datos de Identidad, regulado en el Real Decreto 522/2006, de 28 de abril, y la 
Verificación de Datos de Residencia, regulado en el Real Decreto 523/2006, de 28 de 
abril;  así  como  la  Consulta  de  Datos  Padronales  (SECOPA)  utilizando  el 
marco SILCOIWEB de las aplicaciones corporativas del Servicio Público de Empleo  e.e
Estatal y otros medios similares. b
c)  La entidad gestora podrá consultar o recabar la información y los documentos  32ww
nlaesc aedsamriinoiss tpraacraio enle rse pcoúnboliccaims.iento de las prestaciones que ya se encuentren en poder de
consdt)a ncEian  eexl psruepsuae dseto s due v oqluuen taedl  ion tceorenssaednoti mcaiernetzoc aa  ldae t rfairmmiata ceilóenc tdróen sicua e, xdpeebdeireán tdee.jar
e)  En aquellos supuestos en los que, debido al cierre de oficinas públicas, el 
interesado no pueda presentar la documentación exigida u observar el procedimiento 
habitual establecido al efecto, deberá aportar documentos o pruebas alternativos que, en 
su caso, obren en su poder, que acrediten la concurrencia de los requisitos o condiciones 
exigidos en el procedimiento para el reconocimiento o la revisión del derecho a las 
prestaciones por desempleo, sin perjuicio de la obligación de presentar los documentos 
preceptivos una vez que desaparezcan las restricciones provocadas por el estado de 
alarma.
f)  Cuando el interesado no dispusiera de los documentos alternativos que acrediten 
su derecho a la prestación, ni pudiera obtenerlos, podrá presentar una declaración 
responsable, según lo previsto en el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
sobre los datos o documentos que pretenda hacer valer, sin perjuicio de la obligación de 
presentar con posterioridad los documentos acreditativos de los hechos o datos 
alegados.
g)  De acuerdo con la solicitud presentada y los documentos en su caso aportados, la 
entidad gestora efectuará las comprobaciones correspondientes, y dictará la resolución 
provisional que sea procedente, estimando o desestimando el derecho.
2.  El Servicio Público de Empleo Estatal y el Instituto Social de la Marina, 
respectivamente, revisarán las resoluciones provisionales de reconocimiento o de revisión 
de prestaciones adoptadas bajo este régimen transitorio.
Si, como resultado de la revisión efectuada, se comprueba que la prestación no ha 
sido reconocida en los términos establecidos en la ley, se iniciará el procedimiento de 
reclamación de las cantidades indebidamente percibidas o, en su caso, se procederá al 
abono de la prestación que corresponda.
Disposición adicional quinta.  Concesión de licencias y abono de retribuciones a los 
mutualistas de MUFACE y MUGEJU en situación de incapacidad temporal durante la 
vigencia del estado de alarma.
Durante la vigencia del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo, y sus prórrogas, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 21 del texto 
refundido de la Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2000, de 23 de junio, y sus normas de desarrollo, 
y el artículo 20 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes sobre el Régimen 
especial de Seguridad social del personal al servicio de la Administración de Justicia, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2000, de 23 de junio, los órganos de personal se 
ajustarán a lo previsto en esta disposición respecto de los funcionarios mutualistas 
de MUFACE y de MUGEJU que se encuentren o iniciasen la situación de incapacidad 
temporal.
1.  Si la incapacidad temporal se inició con anterioridad a la declaración del estado de 
alarma:
a)  Para los mutualistas de MUFACE que no hayan alcanzado el día 91.º de la 
situación de incapacidad temporal, los órganos de personal:
i.  Continuarán emitiendo licencias por enfermedad aun cuando no dispongan del 
parte de baja acreditativo del proceso patológico y la asistencia sanitaria.
ii.  Recabarán posteriormente el parte de baja, cuando pueda ser expedido por el  e.
facultativo de la entidad o servicio público de salud. w.b
iii.  Comunicarán a MUFACE, mediante la aplicación informática habitual, la emisión  32ww
dinec alabps)a  lciciPdeaandrca iat elsom scp omonr uaretlu fdearuliesrnatacnsitae  d alea l  oMvsi gUpeFenAricoCiadE od sqe tule eem saptlaocdraaonl ecdsee na  a elloal srd mqíaua e,9  yc1 o.pºr arderaesp  llooans sd miatunua.tuciaólnis tdaes   OE-A-2020-43able en https://
de MUGEJU en la misma situación a partir del día 181.º de la situación de incapacidad 
temporal, los órganos de personal:
i.  Continuarán emitiendo licencias por enfermedad, aun cuando no dispongan del 
parte de baja acreditativo del proceso patológico y la asistencia sanitaria.
ii.  Recabarán posteriormente el parte de baja cuando pueda ser expedido por el 
facultativo de la entidad o servicio público de salud.
iii.  Comunicarán a MUFACE y a MUGEJU por el procedimiento habitual, a través de 
la aplicación informática habitual, los periodos temporales a los que corresponden las 
licencias
iv.  Seguirán abonando el 100 % de las retribuciones, sin efectuar el descuento de las 
retribuciones complementarias hasta que no finalice el estado de alarma.
v.  MUFACE y MUGEJU compensarán las cantidades equivalentes al subsidio de 
incapacidad temporal a la entidad que haya continuado abonando estas retribuciones con 
posterioridad y previa acreditación del cumplimiento de los requisitos. Ésta se realizará 
mediante el ingreso de dichas cantidades en el Tesoro o en la caja de la entidad pagadora.
2.  Si la situación de incapacidad temporal se iniciase durante el estado de alarma, los 
órganos de personal:
a)  Podrán emitir la licencia inicial y, en su caso, las prórrogas de la misma aun 
cuando no dispongan del parte de baja acreditativo del proceso patológico y la asistencia 
sanitaria.
b)  Recabarán posteriormente el parte de baja cuando pueda ser expedido por el 
facultativo de la entidad o servicio público de salud.
c)  Comunicarán la situación de incapacidad temporal a MUFACE y MUGEJU 
mediante la aplicación informática habitual en el caso de MUFACE y el procedimiento 
utilizado de manera habitual con MUGEJU.
Disposición adicional sexta.  Exención de tasas con motivo de la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19.
1.  Durante la situación de emergencia de salud pública provocada por el COVID-19, 
no serán de aplicación las tasas establecidas en el «Grupo V. Investigación clínica» del 
artículo 123.1 del texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos 
y productos sanitarios, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, en 
relación con los procedimientos de autorización de ensayos clínicos para la investigación 
de medicamentos relacionados con la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, cuando 
no concurra ánimo comercial con arreglo a lo previsto en el artículo 2.2.e) del Real 
Decreto 1090/2015, de 4 de diciembre, por el que se regulan los ensayos clínicos con 
medicamentos, los Comités de Ética de la Investigación con medicamentos y el Registro 
Español de Estudios Clínicos, así como en aquellos ensayos clínicos en los que el 
promotor sea una Administración Pública.
2.  Durante la situación de emergencia de salud pública provocada por el COVID-19, 
no será de aplicación la tasa establecida en el epígrafe 8.12 del Grupo VIII del artículo 123.1 
del texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos 
sanitarios, en relación con los procedimientos de licencia previa de funcionamiento, 
respecto de aquellas licencias excepcionales otorgadas por la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios para la fabricación de los productos sanitarios  s
necesarios para la protección de la salud pública y para garantizar el abastecimiento en la  oe.
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. w.
3.  Durante la situación de emergencia de salud pública provocada por el COVID-19,  32ww
ndoe ls teerxáto d ree afupnlidcaidcoió dne l ala t aLseay  edseta gbaleracnidtíaa es ny  eul seop rígarcaiofen a8l. 1d9e  dloesl  Gmreudpioc aVmIIIe dnetol sa rytí cpurolod 1u2c3to.1s 
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el COVID-19.
Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
Queda derogada la disposición adicional vigesimoprimera del Real Decreto-ley 11/2020, 
de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito 
social y económico para hacer frente al COVID-19.
Disposición final primera.  Modificación del Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por 
el que se adoptan determinadas medidas urgentes en el ámbito económico y para la 
protección de la salud pública.
El artículo quinto del Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan 
determinadas medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud 
pública, queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo quinto.  Consideración excepcional como situación asimilada a accidente 
de trabajo de los periodos de aislamiento, contagio o restricción en las salidas 
del municipio donde tengan el domicilio de las personas trabajadoras como 
consecuencia del virus COVID-19.
1.  Al objeto de proteger la salud pública, se considerarán, con carácter 
excepcional, situación asimilada a accidente de trabajo, exclusivamente para la 
prestación económica de incapacidad temporal del sistema de Seguridad Social, 
aquellos periodos de aislamiento o contagio de las personas trabajadoras 
provocados por el virus COVID-19, salvo que se pruebe que el contagio de la 
enfermedad se ha contraído con causa exclusiva en la realización del trabajo en los 
términos que señala el artículo 156 del texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de 
octubre, en cuyo caso será calificada como accidente de trabajo.
Con el mismo carácter excepcional, con efectos desde el inicio de la situación 
de restricción de la salida del municipio donde tengan el domicilio, y mediante el 
correspondiente parte de baja, se extenderá esta protección a aquellos trabajadores 
que se vean obligados a desplazarse de localidad para prestar servicios en las 
actividades no afectadas por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que 
se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19, siempre que por la autoridad competente se haya 
acordado restringir la salida de personas del municipio donde dichos trabajadores 
tengan su domicilio y les haya sido denegada de forma expresa la posibilidad de 
desplazarse por la autoridad competente, no puedan realizar su trabajo de forma 
telemática por causas no imputables a la empresa para la que prestan sus servicios 
o al propio trabajador y no tengan derecho a percibir ninguna otra prestación pública.
La acreditación del acuerdo de restricción de la población donde se tiene el 
domicilio y la denegación de la posibilidad de desplazamiento se realizará mediante 
certificación expedida por el ayuntamiento del domicilio ante el correspondiente 
órgano del servicio público de salud. De igual forma, la imposibilidad de realización 
del trabajo de forma telemática se acreditará mediante una certificación de la 
empresa o una declaración responsable en el caso de los trabajadores por cuenta 
propia ante el mismo órgano del servicio público de salud.
2.  La duración de esta prestación excepcional vendrá determinada por el parte 
de baja y la correspondiente alta. s
En los casos de restricción en las salidas del municipio donde tengan el  oe.
domicilio, de tratarse de las personas trabajadoras por cuenta ajena a las que se  w.
refiere el artículo 1 del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se  32ww
raejegnuala  quune p neorm pirseos rteentr ibseuridvoic iroesc uepseernacbialele psa, rcao lna se pl efirns odnea rse tdraubciar jalad omraosv iplidoar dc udeen tlaa 
pboabjala ccoiónn e efenc etol sc odnetsedxeto  lad efe lcah lau cdhea  icnoicniotr ad ee l laC OreVsItDric-1c9ió, ns ey  euxnp peadrirtáe  udne  paaltrate c odne   BOE-A-cable e
efectos de 29 de marzo de 2020. De tratarse de trabajadores por cuenta propia o
autónomos el derecho a la prestación comenzará con el parte de baja desde la 
fecha de inicio de la restricción y durará hasta la fecha de finalización de la 
restricción. Este subsidio por incapacidad temporal es incompatible con el derecho 
a una prestación de la Seguridad Social, incluida la incapacidad temporal por 
contingencias comunes o profesionales.
3.  Podrá causar derecho a esta prestación la persona trabajadora por cuenta 
propia o ajena que se encuentre en la fecha del hecho causante en situación de alta 
en cualquiera de los regímenes de Seguridad Social.
4.  La fecha del hecho causante será la fecha en la que se acuerde el 
aislamiento, restricción o enfermedad del trabajador, sin perjuicio de que el parte de 
baja se expida con posterioridad a esa fecha.»
Disposición final segunda.  Modificación del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de 
medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social 
del COVID-19.
El artículo 17 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes 
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, queda 
redactado del siguiente modo:
«Artículo 17.  Prestación extraordinaria por cese de actividad para los afectados 
por declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19.
1.  Con carácter excepcional y vigencia limitada hasta el último día del mes en 
que finalice el estado de alarma declarado por Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, tendrán derecho a una prestación 
extraordinaria por cese de actividad:
a)  Los trabajadores autónomos incluidos en el Régimen Especial de 
Trabajadores Autónomos, los trabajadores autónomos agrarios incluidos en el 
Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios y los trabajadores 
autónomos incluidos en el Régimen Especial de Trabajadores del Mar cuyas 
actividades queden suspendidas, en virtud de lo previsto en el mencionado Real 
Decreto.
b)  Los trabajadores autónomos incluidos en el Régimen Especial de 
Trabajadores Autónomos, los trabajadores autónomos agrarios incluidos en el 
Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios y los trabajadores 
autónomos incluidos en el Régimen Especial de Trabajadores del Mar que, no 
cesando en su actividad, su facturación en el mes natural anterior al que se solicita 
la prestación se vea reducida, al menos, en un 75 por ciento en relación con el 
promedio de facturación del semestre natural anterior, siempre que no se encuentren 
en algunos de los supuestos recogidos en las letras c) y d) siguientes.
c)  Los trabajadores autónomos agrarios de producciones de carácter 
estacional incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia 
Agrario, así como los trabajadores de producciones pesqueras, marisqueras o de 
productos específicos de carácter estacional incluidos en el Régimen Especial de 
Trabajadores del Mar, cuando su facturación promedio en los meses de campaña  s
de producción anteriores al que se solicita la prestación se vea reducida, al menos,  oe.
en un 75 por ciento en relación con los mismos meses de la campaña del año  w.
anterior. 32ww
sigudie) nteLso sc ótrdaibgaojsa ddoer elas  aCuNtóAnEo m20o0s9 q: u5e9 1de2s, a5r9ro1l5le, n5 9a1ct6iv, id5a9d2e0s y e enn atrlgeu enlo 9 d0e0 1lo ys 
eeln 9 e0l0 m4 easm nbaotsu rinacl launidtoesri,o sr ieaml qpuree  qsuee s, onloic ictaes laan pdroe setna csiuó na csteiv ivdeaad , rseud ufaccidtuar aecni óanl   BOE-A-cable e
menos un 75 por ciento en relación con la efectuada en los 12 meses anteriores.
2.  Son requisitos para causar derecho a esta prestación:
a)  Estar afiliados y en alta, en la fecha de la declaración del estado de alarma, 
en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta 
Propia o Autónomos o, en su caso, en el Régimen Especial de la Seguridad Social 
de los Trabajadores del Mar.
b)  En el supuesto de que su actividad no se vea directamente suspendida en 
virtud de lo previsto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, acreditar la 
reducción de sus ingresos en, al menos, un 75 por ciento, en los periodos recogidos 
en las letras b), c) y d) del apartado anterior.
c)  Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. No 
obstante, si en la fecha de la suspensión de la actividad o de la reducción de la 
facturación, como consecuencia de la declaración del estado de alarma, no se 
cumpliera este requisito, el órgano gestor invitará al pago al trabajador autónomo 
para que en el plazo improrrogable de treinta días naturales ingrese las cuotas 
debidas. La regularización del descubierto producirá plenos efectos para la 
adquisición del derecho a la protección.
d)  No será necesario para causar derecho a esta prestación tramitar la baja en 
el régimen de Seguridad Social correspondiente.
3.  La cuantía de la prestación regulada en este artículo se determinará 
aplicando el 70 por ciento a la base reguladora, calculada de conformidad con lo 
previsto en el artículo 339 de la Ley General de la Seguridad Social, aprobada 
mediante Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre. Cuando no se acredite 
el período mínimo de cotización para tener derecho a la prestación, la cuantía de la 
prestación será equivalente al 70 por ciento de la base mínima de cotización en el 
Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o 
Autónomos o, en su caso, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los 
Trabajadores del Mar, que les corresponda por actividad.
4.  La prestación extraordinaria por cese de actividad regulada en este artículo 
tendrá una duración de un mes, ampliándose, en su caso, hasta el último día del 
mes en el que finalice el estado de alarma, en el supuesto de que este se prorrogue 
y tenga una duración superior al mes. El tiempo de su percepción se entenderá 
como cotizado, no existirá obligación de cotizar y no reducirá los períodos de 
prestación por cese de actividad a los que el beneficiario pueda tener derecho en el 
futuro.
5.  Esta prestación será compatible con cualquier otra prestación de seguridad 
social que el beneficiario viniera percibiendo y fuera compatible con el desempeño 
de la actividad que desarrollaba.
Por lo que se refiere a los trabajadores por cuenta propia incluidos en el 
Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, la prestación por cese de 
actividad será incompatible con la percepción de la ayudas por paralización de la 
flota.
6.  Los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado que hayan 
optado por su encuadramiento como trabajadores por cuenta propia en el régimen 
especial que corresponda  tendrán  derecho  igualmente a esta prestación 
extraordinaria, siempre que reúnan los requisitos establecidos en este artículo.
7.  La gestión de esta prestación corresponderá a las entidades a las que se 
refiere el artículo 346 del Texto refundido de la Ley General de la Seguridad  e.e
Social. w.b
8.  En el supuesto de suspensión de la actividad, la cotización correspondiente  32ww
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ilnag Lreeys oG, ennoe srearl ád eo blaje Stoe dgeulr irdeacda rSgooc piarel.visto en el artículo 30 del Texto Refundido de
9.  El reconocimiento de la prestación regulada en este artículo podrá 
solicitarse hasta el último día del mes siguiente al que se produjo la finalización del 
estado de alarma. Las entidades gestoras, de acuerdo con la solicitud presentada 
y los documentos en su caso aportados, dictará la resolución provisional que sea 
procedente, estimando o desestimando el derecho. Finalizado el estado de alarma 
se procederá a revisar todas las resoluciones provisionales adoptadas. En el 
supuesto de que se desprenda que el interesado no tiene derecho a la prestación, 
se iniciarán los trámites de reclamación de las cantidades indebidamente 
percibidas.
10.  La acreditación de la reducción de la facturación se realizará mediante la 
aportación de la información contable que lo justifique, pudiendo hacerse a través 
de la copia del libro de registro de facturas emitidas y recibidas; del libro diario de 
ingresos y gastos; del libro registro de ventas e ingresos; o del libro de compras y 
gastos.
Aquellos trabajadores autónomos que no estén obligados a llevar los libros que 
acreditan el volumen de actividad, deberán acreditar la reducción al menos del 75 % 
exigida por cualquier medio de prueba admitido en derecho.
Toda solicitud deberá ir acompañada de una declaración jurada en la que se 
haga constar que se cumplen todos los requisitos exigidos para causar derecho a 
esta prestación.»
Disposición final tercera.  Modificación del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por 
el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico 
para hacer frente al COVID-19.
Se modifica el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan 
medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente 
al COVID-19:
Uno.  El apartado 1 del artículo 34 queda redactado en los siguientes términos:
«1.  Se habilita a la Tesorería General de la Seguridad Social a otorgar 
moratorias de seis meses, sin interés, a las empresas y los trabajadores por cuenta 
propia incluidos en cualquier régimen de la Seguridad Social, que lo soliciten y 
cumplan los requisitos y condiciones que se establecerán mediante Orden del 
Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, previo acuerdo de la 
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. La moratoria, en los 
casos que sea concedida, afectará al pago de las aportaciones empresariales a la 
cotización a la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta y a las 
cuotas de los trabajadores por cuenta propia o autónomos, cuyo período de 
devengo, en el caso de las empresas esté comprendido entre los meses de abril y 
junio de 2020 y, en el caso de los trabajadores por cuenta propia entre mayo y julio 
de 2020, siempre que las actividades que realicen no se encuentren suspendidas 
con ocasión del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 
de marzo.»
Dos.  El apartado 4 de la disposición adicional novena queda redactado en los 
siguientes términos:
«4.  Lo previsto en el artículo 33 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo,  e.
de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y  w.b
social del COVID-19, para las deudas tributarias, resultará de aplicación a los  32ww
dSeomciaáls.» recursos de naturaleza pública, excepto a los recursos de la Seguridad
Tres.  El apartado 4 de la disposición adicional decimoquinta queda redactado en los 
siguientes términos:
«4.  Durante la realización de este trabajo por cuenta ajena compatible con la 
pensión de jubilación, las comunidades autónomas o, en su caso, el Instituto 
Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), y los trabajadores están sujetos a la 
obligación de afiliación, alta, baja, variación de datos prevista en el artículo 16 del 
texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social y a la obligación de cotizar 
en los términos de los artículos 18 y 19 del mismo texto legal, no siendo de 
aplicación lo dispuesto en el artículo 153 del mismo».
Cuatro.  Se incorpora un nuevo apartado 5 en la disposición adicional decimoquinta, 
con la siguiente redacción:
«5.  Durante la realización de este trabajo estarán protegidos frente a todas las 
contingencias comunes y profesionales, siempre que reúnan los requisitos 
necesarios para causarlas, siendo de aplicación el régimen de limitación de las 
pensiones, incompatibilidades y el ejercicio del derecho de opción, previstos en el 
texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.»
Disposición final cuarta.  Desarrollo reglamentario.
Se habilita al Gobierno para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en este real 
decreto-ley y, en particular, al titular del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones, a dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución 
de lo dispuesto en la disposición adicional tercera.
Disposición final quinta.  Títulos competenciales.
Lo dispuesto en este real decreto-ley se dicta al amparo de la habilitación contenida en 
la regla 7.ª del artículo 149.1 de la Constitución Española, por la que se atribuye al Estado 
la competencia exclusiva en materia de legislación laboral, sin perjuicio de su ejecución 
por los órganos de las comunidades autónomas, en la regla 13.ª del artículo 149.1 de la 
Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia sobre las bases y la 
coordinación de la planificación general de la actividad económica, en la regla 18.ª de la 
Constitución, que atribuye al Estado la competencia para dictar las bases del régimen 
jurídico de las administraciones públicas y competencia en materia de procedimiento 
administrativo común de las administraciones públicas, y en la regla 17.ª del artículo 149.1 
de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia sobre legislación 
básica y régimen económico de la Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecución de sus 
servicios por las comunidades autónomas.
La disposición adicional sexta se dicta al amparo de la regla 14.ª del artículo 149.1, 
que otorga al Estado competencia exclusiva en materia de Hacienda general y Deuda del 
Estado.
Disposición final sexta.  Entrada en vigor y vigencia.
1.  El presente real decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado» y estará vigente hasta el 30 de junio de 2020.
2.  No obstante, las medidas previstas en la disposición adicional tercera mantendrán  es
su eficacia hasta que, tras la finalización de la vigencia del estado de alarma, se normalice  bo
el funcionamiento de las oficinas de atención e información al ciudadano de las distintas  32ww
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cuarta mantendrán su eficacia hasta que, tras la finalización de la vigencia del estado de
alarma, se normalice el funcionamiento de las oficinas de atención e información al 
ciudadano de las oficinas de prestaciones del Servicio Público de Empleo Estatal, mediante 
resolución de la persona titular de la Dirección General de dicho organismo, que se 
publicará en el «Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 7 de abril de 2020.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN