BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 42 Jueves 18 de febrero de 2021 Sec. III.   Pág. 18902
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
2514 Resolución de 3 de febrero de 2021, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica  y  Fe  Pública,  en  el  recurso  interpuesto  contra  la  negativa  del 
registrador  de  la  propiedad  de  Mijas  n.º  2  a  practicar  del  asiento  de 
presentación de determinada acta de manifestaciones, protocolización de 
documentos y requerimiento.
En el recurso interpuesto por don M.A.C.L., como administrador único de la sociedad 
«Construcciones Ronda, S.L.», contra la negativa del registrador de la propiedad de 
Mijas número 2, don Javier Aznar Rivero, a practicar del asiento de presentación de 
determinada acta de manifestaciones, protocolización de documentos y requerimiento.
Hechos
I
En virtud de acta notarial autorizada por el notario de Ronda don Antonio Rafael Díaz 
Pareja el 25 de septiembre de 2020, con número 686 de su protocolo, don M.A.C.L., 
como administrador único de la sociedad «Construcciones Ronda, S.L.», deja constancia 
de determinadas manifestaciones, por las que se opone a la inscripción del Proyecto de 
Reparcelación del sector SUP C6C del PGOU de Mijas". Entre otros argumentos, funda 
su solicitud en el artículo 199 de la Ley Hipotecaria que, en relación con la inscripción de 
la  representación  gráfica,  prevé  el  derecho  de  alegaciones,  y  dado  que  este 
procedimiento tiene naturaleza genérica en sus principios reguladores, sus reglas deben 
considerarse aplicables a las reparcelaciones en la medida en que estas incorporan la 
representación gráfica georreferenciada de la finca.
Según indica el registrador en su preceptivo informe, dicho proyecto de reparcelación 
no  había  tenido  entrada  en  dicho  Registro  y  por  lo  tanto  no  se  había  iniciado 
procedimiento alguno regulado en el artículo 199 de la Ley Hipotecaria.
II
El acta se presentó en el Registro de la Propiedad número 2 de Mijas, y fue objeto de 
la siguiente calificación:
«Previo  examen  del  acta  de  manifestaciones,  protocolización  y  requerimiento 
autorizada por el notario de Ronda don Antonio Rafael Díaz Pareja el 25 de septiembre 
de 2020 –bajo el número 686 de su protocolo-, que ha tenido entrada en este Registro 
el  2  de  octubre  de  2020;  el  registrador  que  suscribe  ha  resuelto  no  practicar  su 
presentación en el libro diario, en base a los siguientes hechos y fundamentos de 
derecho:
Hechos
Primero.  En la nombrada acta comparece la entidad «Construcciones Ronda, S.L.»,  e
protocoliza escrito de alegaciones y solicita la no inscripción del documento en que,  bo
según  se  dice,  pretenderá  la  inscripción  del  Proyecto  de  Reparcelación  del  sector  14ww
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que se dirá.
Fundamentos de derecho
I.  El artículo 420.3 del Reglamento Hipotecario dispone que los registradores deben 
denegar la presentación de los documentos que por su naturaleza, contenido o finalidad 
no puedan motivar operación registral alguna.
Alega el representante de la entidad «Construcciones Ronda, S.L.» que funda su 
solicitud también en el artículo 199 de la Ley Hipotecaria por ser aquél el procedimiento 
genérico en el procedimiento de inscripción de las bases gráficas en el Registro de la 
Propiedad  y  que  por  ello  debe  ser  aplicable  a  la  inscripción  de  un  proyecto  de 
reparcelación. Pero más allá de si el procedimiento «genérico» que rige la inscripción de 
las bases gráficas es el 9.b), el 199 o 201 de la LH o si la presentación de un proyecto de 
reparcelación motiva la automática apertura del procedimiento aludido; deberá estarse a 
lo que proceda en caso de presentarse a inscripción del proyecto de reparcelación y se 
notifique por parte de este registrador, conforme a la ley, la solicitud de inscripción a los 
titulares de las fincas colindantes afectadas.
De acuerdo con lo dispuesto el artículo 2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, en 
relación  al  106  de  la  Constitución  Española,  sólo  los  juzgados  y  tribunales  de  lo 
contencioso-administrativo  pueden  entender  sobre  la  legalidad  de  «los  actos  y 
disposiciones de las Corporaciones de Derecho público, adoptados en el ejercicio de 
funciones públicas». Además, los artículos 64 a 67 del Real Decreto Legislativo 7/2015, 
de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y 
Rehabilitación Urbana, que regulan el acceso al Registro de los actos de aprobación 
definitiva de los instrumentos de ordenación y ejecución urbanísticas, disponen que, si 
bien serán inscribibles una vez firmes en vía administrativa, pueden ser recurridos ante 
la  jurisdicción  contencioso-administrativa,  sin  perjuicio  del  acceso  al  Registro  de  la 
Propiedad de los actos contenidos en los apartados f) y g) del artículo 65.1 mediante la 
presentación de los títulos adecuados.
En dicho sentido se pronunció la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública en su resolución de 20 de julio de 2017, en un caso idéntico al presente, en el 
que mediante la aportación de un escrito de alegaciones al Registro se pretendía la no 
inscripción de un proyecto de reparcelación, y en la que el Centro Directivo razonaba: 
«[…] el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, en su artículo 64 dispone que los 
actos de las entidades locales, cualquiera que sea su objeto, que pongan fin a la vía 
administrativa  serán  recurribles  directamente  ante  la  jurisdicción  contencioso-
administrativa, y los actos de aprobación definitiva de los instrumentos de ordenación 
territorial y de los de ordenación y ejecución urbanísticas, sin perjuicio de los recursos 
administrativos  que  puedan  proceder,  podrán  ser  impugnados  ante  la  jurisdicción 
contencioso-administrativa, en los términos prevenidos por su legislación reguladora. En 
orden a facilitar la coordinación con el Registro de la Propiedad el propio artículo 65.1, 
letras f) y g), del citado texto refundido, establece que serán inscribibles en el Registro de 
la Propiedad, tanto la interposición de recurso contencioso administrativo que pretenda la 
anulación  de  instrumentos  de  ordenación  urbanística,  de  ejecución,  o  de  actos 
administrativos  de  intervención,  en  este  caso  mediante  anotación  preventiva  –cfr. 
artículo 67.2– como los actos administrativos y las sentencias, en ambos casos firmes, 
en que se declare la anulación anterior, cuando se concreten en fincas determinadas y 
haya participado su titular en el procedimiento, en este caso mediante inscripción –
artículo 67.1–. Pero tales asientos, sea de inscripción o de anotación, requerirán la 
presentación en forma de los títulos fehacientes procedentes en cada caso –artículo 66–,  e.
bien se trate del proyecto de reparcelación firme, bien de los distintos pronunciamientos  w.b
judiciales, mediante la inscripción de sentencia firme o en otro caso, mediante anotación  14ww
preresovelunctiiovnae se nju dviciritaulde s, dceo mmoa nsdea mhaie netxop ujuedsticoi,a la, unsi nn op esriejunicdioo  oqbujeet o ladse  rinesscpreipcctiivóans, 
puedAadne my ádse,b arens soelur ctieónni ddaes  elan  cDuierenctac iópno r Gele rneegriaslt raddeo rS eeng usruid caadli fiJcuarcídióicna» y Fe Pública
de 17 de septiembre de 2020, que confirmaba la nota del registrador de no acceder a la
presentación de un documento que pretendía condicionar la calificación de otro aún no 
presentado en el Registro de la Propiedad, y en la que concluía: «[…] siguiendo el 
criterio ya apuntado por la reciente Resolución de este Centro Directivo de 24 de mayo 
de 2019, se advierte del limitado alcance que ha de darse a los documentos cuya 
presentación en los registros se pretenda no para obtener o lograr la práctica de un 
asiento, sino con el fin de advertir, ilustrar o incluso condicionar la calificación de otro 
documento presentado o por presentar, y que no deben interferir en ésta, pues sus 
autores o remitentes tienen abierta la vía judicial para impugnar la validez del acto cuyo 
acceso registral consideran improcedente o solicitar la adopción de medidas cautelares 
que impidan que el mismo llegue a tener lugar, con la posibilidad, a fin de enervar los 
efectos que pudieran derivarse de la publicidad registral o incluso de conseguir un cierre 
registral,  de  obtener  una  resolución  que  ordene  oportunamente  la  anotación  de  la 
demanda o el asiento registral que en su caso corresponda».
En su virtud, acuerdo
Denegar la presentación de la nombrada escritura en base a los fundamentos de 
derecho expresados.
Contra el presente acuerdo los interesados podrán (…)
Mijas,  a  2  de  octubre  de  2020.  Fdo.:  Javier  Aznar  Rivero  Registrador  de  la 
propiedad».
III
Don M.A.C.L., como administrador único de la sociedad «Construcciones Ronda, 
S.L.»,  mediante  escrito  que  entró  en  el  referido  Registro  de  la  Propiedad  el  5  de 
noviembre de 2020, interpuso recurso contra la anterior calificación, en el que alega los 
siguientes fundamentos jurídicos:
«(…) 1°.  La inscripción del Proyecto de Reparcelación del SUP C6C aprobado por 
el  Ayuntamiento  de  Mijas  conlleva  un  contenido  que,  en  parte,  es  idéntico  al  del 
procedimiento introducido por el art. 199 de la LH de rectificación de descripción de la 
finca registral, con inscripción de la representación gráfica georreferenciada de la finca y 
su inscripción en el Registro de la Propiedad, del deslinde registral de finca y de la 
rectificación de su descripción. Según ese procedimiento los titulares registrales del 
dominio o finca, si no hubieran iniciado ellos el procedimiento, así como a los de las 
fincas colindantes afectadas, tiene un derecho a formalizar alegaciones.
2.º  La competencia del Sr. Registrador y los trámites, garantías y contenido del 
procedimiento específico de inscripción del Proyecto de Reparcelación del SUP C6C 
queda incólume en sus reglas sustantivas y formales aunque se reconozca el derecho a 
formalizar tales alegaciones; incluso estas alegaciones vienen a informar al Registrador 
de la Propiedad para formar su juicio conforme admite la Resolución de la DGRN 5 de 
junio de 2019.
3°.  La calificación registral y la necesidad de considerar la identidad y la realidad 
física  no  quedan  mermadas  por  respetar  un  trámite  esencial  del  procedimiento 
administrativo, como es el de audiencia a los interesados y su derecho a formalizar 
alegaciones, sino que, antes al contrario, se refuerza. Por tanto, reiteramos que este 
derecho  a  formalizar  alegaciones  se  funda  también  en  los  principios  y  exigencias  e
hipotecarias de legalidad y, en la medida en que se relaciona con él, de identidad de las  bo
fincas, a fin de evitar que accedan al registro documentos que infringen dichos principios  14ww
y ex4ig°e. ncRiaesit.eramos, y no ha sido contestado por el Sr. Registrador, que estamos ante
upno rp lroosc eindtimerieesnatod oasd mcoinnifsotrramtiev oa le saprte. c5ia3l .(1lo.e )q udee  lelag itLimeya  3la9 /p2r0e1s5e,n tdaec ió1n  ddee  oacletugbarceio, ndeesl 
Procedimiento Común de las Administraciones Públicas.
En este sentido, negar el derecho a formalizar alegaciones es negar la condición de 
interesado lo que infringe el art. 4.1. de la Ley 39/2015 y excluir dicho trámite de 
audiencia es un vicio de nulidad.
5°.  No puede afirmarse que se garantizan los derechos con la posibilidad de recurrir 
la inscripción del proyecto porque sólo puede hablarse de cumplimiento del derecho a 
formalizar alegaciones cuando se da a las partes interesadas una oportunidad que 
cumple con todas las exigencias para expresar la posición jurídica de éstas que pueda 
tener  influencia  en  la  resolución  y  como  dice  la  STS  de  21  de  mayo  de  2002 
(R.I 2002\5082, FJ 5.°), «el trámite de audiencia, al igual que el recurso administrativo, 
tiene como finalidad permitir al interesado hacer valer frente a la Administración las 
alegaciones y pruebas que puedan. ser útiles para sus derechos, sin necesidad de 
afrontar los gastos y gravámenes de un proceso jurisdiccional; y, por ello, la eventual 
posibilidad de acudir a este último proceso no dispensa a la Administración de su 
obligación  de  ofrecer  y  hacer  efectivo  aquel  trámite».  Todo  lo  cual  se  aplica  al 
Registrador cuando actúa en este procedimiento específico.
6°.  Tratándose de documentos administrativos, la calificación se extiende a (RH 
art.99). a las formalidades extrínsecas del documento presentado, a los trámites e 
incidencias esenciales del procedimiento y la relación de este con el titular registral y a 
los obstáculos que surjan del Registro. Resulta de ello:
Que  el  Registrador  debe  necesariamente  considerar  que  se  ha  infringido  lo 
establecido en el Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento de Gestión Urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre 
régimen  del  Suelo  y  Ordenación  Urbana,  en  concreto  lo  dispuesto  en  el  art.  102: 
"Artículo 102. 1. Una vez iniciado el expediente de reparcelación, la Administración 
actuante  deberá  recabar  de  oficio,  del  Registro  de  la  Propiedad  correspondiente, 
certificación  de  titularidad  y  cargas  de  todas  las.  fincas  incluidas  en  la  unidad  de 
reparcelación." No hay duda que respecto a mi representada se omitió este trámite y 
todos los del expediente de reparcelación pese a que su propiedad y derechos constan 
inscritos en el Registro.
Tampoco puede omitir que se ha vulnerado lo establecido en el artículo 108 del 
mismo Reglamento de Gestión Urbanística: "Artículo 108.1. Aprobado inicialmente un 
proyecto de reparcelación, se abrirá un plazo de un mes para la información pública y 
audiencia de los interesados con citación personal. Este trámite se deberá anunciar en el 
«Boletín Oficial» de la provincia, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en un 
periódico de la provincia con difusión corriente en la localidad. Mi representada no ha 
tenido conocimiento del proyecto de reparcelación que se tramita hasta esta fecha pues 
dicha  citación  no  se  produjo,  lo  que  le  impidió  presentar  las  correspondientes 
alegaciones, causando indefensión al mismo.
7°.  Las Resoluciones a que alude el Registrador de la Propiedad no se refieren al 
supuesto de hecho objeto de este recurso por cuanto:
– La Resolución de 20 de julio de 2017 se refiere a una petición que pretendía la 
inscripción  de  un  proyecto  de  reparcelación  de  2006  y  la  no  inscripción  de  una 
reparcelación posterior de 2017, además solicitando al Registrador de la Propiedad que 
solicitase al Ayuntamiento que remitiera el PR de 2006.
– La Resolución de 16 de septiembre de 2020 de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, se pronuncia sobre la petición de no inscripción de una Resolución 
Judicial, y sobre la petición alternativa de inscripción de una denuncia penal por el  e
interesado y no por el Juzgado. bo
pinrsecsPreiponcrt aióecnli ó cdnoe n nutir nalaari  orie,n ssnoculrueipcscitóriónan  j puaedltitcieciariónl nao t inqvoau  epd sreee t oeintnrsodc erP ibqraou yeue ncsateo d  eedxnetu ienRncediapa a prnecinenalgalú,c nisó innao,s  inqeiun etlao c  ondnoe    2021-2514n https://ww
argumentos totalmente diferentes solo se pretende que el Registrador de la Propiedad
tenga conocimiento de nuestra oposición al Proyecto de Reparcelación en cuanto no se
respetan los derechos derivados de la titularidad de la finca registral 36.465, ni las 
reservas  de  aprovechamiento  derivadas  de  la  cesión  para  sistema  general  de 
equipamientos  de  la  registral  51.125.  Todo  ello,  en  el  marco  del  procedimiento 
establecido en el art. 199 de la LH que prevé la posibilidad de que los interesados 
realicen alegaciones ante modificaciones descriptivas y gráficas de fincas registradas. 
Así solo se solicita que el Registrador de la Propiedad tenga en consideración las 
referidas alegaciones concretadas en nuestro Recurso de Reposición al Proyecto de 
Reparcelación y del que se adjuntó una copia para advertir y fundamentar jurídica y 
técnicamente que en el Proyecto de Reparcelación se han vulnerado nuestros derechos, 
con:
a)  Exclusión injustificada de la finca registral 36.465;
b)  No se respeta la reserva de aprovechamientos a mi favor.
c)  Incremento injustificado y muy notable de la superficie de la registral 65.156.
d)  Que la parte de finca registral 36.465 dentro del SUP C6C ha sido incluida en la 
finca registral 65.156, y así incrementando su superficie de forma artificial e indebida 
en 58.607 m2;
e)  Se nos ha negado la condición de interesados;
f)  Omisión de informes sectoriales -en relación al dominio público».
IV
Mediante escrito de 12 de noviembre de 2020, el registrador de la propiedad elevó el 
expediente a esta Dirección General, con su preceptivo informe.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 1, 3, 17, 18, 19, 19 bis, 24, 38, 40, 66, 199, 248.3, 258.4 y 322 de 
la  Ley  Hipotecaria;  416  y  420  del  Reglamento  Hipotecario;  Sentencia  del  Tribunal 
Supremo de 22 de mayo de 2000; y las Resoluciones de esta Dirección General de los 
Registros y del Notariado de 12 de enero de 2000, 7 de mayo de 2002, 9 de mayo 
de 2003, 2 de marzo y 14 de abril de 2005, 23 de diciembre de 2008, 10 de junio 
de 2009, 20 de septiembre de 2010, 28 de marzo de 2011, 3 de mayo de 2012, 17 de 
septiembre de 2012, 20 de noviembre de 2013, 17 de febrero y 8 de abril de 2014, 9 de 
julio y 30 de noviembre de 2015, 3 de mayo, 20 de julio de 2016, 6 de junio y 20 de julio 
de 2017, 12 de enero, 23 de marzo, 17 de mayo, 4 y 12 de junio y 21 de noviembre 
de 2018 y 24 de mayo de 2019; y las Resoluciones de esta Dirección General de 
Seguridad Jurídica y Fe Pública de 27 y 28 de febrero y 16 de septiembre de 2020.
1.  Mediante el acta notarial objeto de la calificación impugnada el representante de 
la sociedad ahora recurrente deja constancia de determinadas manifestaciones por las 
que se opone a la inscripción del «Proyecto de Reparcelación del sector SUP C6C del 
PGOU de Mijas» (el cual, según indica el registrador en su preceptivo informe, no había 
tenido  entrada  en  el  Registro).  Entre  otros  argumentos,  funda  su  solicitud  en  el 
artículo 199 de la Ley Hipotecaria que, en relación con la inscripción de la representación 
gráfica, admite la formulación de alegaciones. Y aduce que este procedimiento tiene 
naturaleza  genérica  en  sus  principios  reguladores,  de  modo  que  sus  reglas  deben 
considerarse aplicables a las reparcelaciones en la medida en que éstas incorporan la 
representación gráfica georreferenciada de la finca. es
El registrador deniega la práctica del asiento de presentación por aplicación del  o
andpriorntecígcsuúuemnlnoe t ean4nct2ot.o0   nqdoue el p Rupeeugdeleda amm epenrdotoiva otHicziaparor  otelapc eacrraaiocli,ifó icanal  creeinógtneis ntdrdeae l rla oqlsgu uedn oeacl, u tymít upeloonr tqocuas elifq iccuoaend soei ndn eosr auc  oqdnuítaeie  ntsaeel    OE-A-2021-2514able en https://www.
2.  En relación con la idoneidad del presente recurso, debe recordarse que en la 
primera redacción del Reglamento Hipotecario el artículo 416 estableció que, ante la 
negativa a extender el asiento de presentación, cabía recurso de queja ante el juez de la 
localidad. La Ley 24/2001 estableció en el artículo 329 de la Ley Hipotecaria que cabía 
interponer recurso de queja ante esta Dirección General, con alzada ante el Juez de la 
capital de la provincia, pero este último precepto quedó derogado y dejado sin contenido 
por la Ley 24/2005, por lo que actualmente la cuestión carece de una regulación directa. 
No  obstante,  este  Centro  Directivo  ha  entendido  (cfr.  Resoluciones  citadas  en  los 
«Vistos») que la negativa a la práctica del asiento de presentación es una calificación 
más y, como tal decisión, puede ser impugnada mediante mismo recurso que puede 
interponerse  contra  una  calificación  que  deniegue  o  suspenda  la  inscripción  del 
documento y, por tanto, debe tramitarse tal recurso a través del procedimiento previsto 
en los artículos 322 y siguientes de la Ley Hipotecaria.
Naturalmente, el objeto de recurso en estos casos es exclusivamente determinar si 
procede o no la práctica del asiento de presentación, sin prejuzgar sobre la calificación 
que, de practicarse dicho asiento, deberá en su momento llevar a cabo el registrador 
respecto al acceso del título presentado a los libros de inscripciones.
3.  Dados los efectos que, conforme al principio de prioridad registral produce el 
asiento de presentación en el Libro Diario (artículos 17 y 24 de la Ley Hipotecaria), es 
lógico que el legislador no quiera que dicho asiento se extienda mecánicamente con la 
sola aportación del título correspondiente al Registro. Por ello el registrador ha de 
analizar  cada  documento,  con  el  objeto  de  decidir  si  procede  o  no  su  efectiva 
presentación al Diario. Pero la calificación que a estos efectos realiza el registrador es 
distinta de la que debe llevar a cabo con los documentos ya presentados para determinar 
si son o no susceptibles de inscripción o anotación.
Consecuentemente,  en  este  momento  inicial  el  registrador  debe  limitarse 
exclusivamente a comprobar que concurren los requisitos que nuestro ordenamiento 
establece para que un documento pueda acceder al Libro Diario. Si se cumplen estos 
requisitos ha de practicarse el asiento de presentación, aunque se pueda ya observar 
que existe algún defecto que en su momento provocará la negativa a practicar la 
anotación o inscripción definitiva del título.
4.  Por lo que atañe a la calificación objeto de este recurso, el artículo 420.1 del 
Reglamento Hipotecario, en consonancia con el artículo 3 de la Ley Hipotecaria, ordena 
a los registradores no extender asiento de presentación de los documentos privados, 
salvo en los supuestos en que las disposiciones legales les atribuyan eficacia registral.
Este Centro Directivo ha reiterado que la negativa a la práctica de un asiento de 
presentación sólo debe realizarse cuando el documento cuya constancia registral se 
solicita sea, palmaria e indudablemente, de imposible acceso al Registro. Este es el 
criterio que ha de presidir la interpretación del referido precepto reglamentario (vid. 
también  el  apartado  3  del  mismo  artículo  420,  que  prohíbe  extender  asiento  de 
presentación de «Los demás documentos que por su naturaleza, contenido o finalidad no 
puedan provocar operación registral alguna»). Por tanto, sólo en aquellos casos en los 
que el propio presentante manifieste que su objetivo no es la práctica de un asiento en 
los libros del Registro, o en los que de una forma evidente resulte que el título nunca 
podría provocar dicho asiento, cabría denegar la presentación.
Es indudable que en el presente expediente se trata claramente de un acta de 
manifestaciones cuya finalidad no es provocar asiento registral alguno, sino requerir del  e
registrador que deniegue la práctica de la inscripción de un documento -proyecto de  bo
reparcelación-  todavía  no  presentado.  Por  ello  debe  confirmarse  la  negativa  del  14ww
regis5t.r adAo rl aa  mla ispmráac ticcoan dcelul saiósnie nsteo  dlleeg par epsoern atapcliicóanc.ión de la reiterada doctrina de esta
Dirección General según la cual en aras de la independencia del registrador a la hora de
emitir la calificación, es improcedente que se tomen en cuenta meros escritos que 
denuncien situaciones anormales de posibles títulos inscribibles.
En este sentido, siguiendo el criterio recientemente apuntado por las Resoluciones 
de este Centro Directivo de 24 de mayo de 2019 y 16 de septiembre de 2020, cabe 
advertir del limitado alcance que ha de darse a los documentos cuya presentación en los 
registros se pretenda no para obtener o lograr la práctica de un asiento sino con el fin de 
advertir, ilustrar o incluso condicionar la calificación de otro documento presentado o por 
presentar y que no deben interferir en ésta, pues sus autores o remitentes tienen abierta 
la  vía  judicial  para  impugnar  la  validez  del  acto  cuyo  acceso  registral  consideran 
improcedente o solicitar la adopción de medidas cautelares que impidan que el mismo 
llegue  a  tener  lugar,  con  la  posibilidad,  a  fin  de  enervar  los  efectos  que  pudieran 
derivarse de la publicidad registral o incluso de conseguir un cierre registral, de obtener 
una resolución que ordene oportunamente la anotación de la demanda o el asiento 
registral que en su caso corresponda.
En  definitiva,  en  el  caso  de  este  expediente,  para  formular  su  oposición  a  la 
inscripción del proyecto de reparcelación el interesado tiene a su disposición otros 
cauces diferentes al ahora empleado. Como recuerda el registrador en su calificación, 
esta  Dirección  General  en  Resolución  de  20  de  julio  de  2017  para  un  supuesto 
semejante al presente, respecto de una solicitud de que no se inscribiera determinado 
proyecto de reparcelación, afirmó que «el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación 
Urbana, en su artículo 64 dispone que los actos de las entidades locales, cualquiera que 
sea su objeto, que pongan fin a la vía administrativa serán recurribles directamente ante 
la jurisdicción contencioso-administrativa, y los actos de aprobación definitiva de los 
instrumentos de ordenación territorial y de los de ordenación y ejecución urbanísticas, sin 
perjuicio de los recursos administrativos que puedan proceder, podrán ser impugnados 
ante  la  jurisdicción  contencioso-administrativa,  en  los  términos  prevenidos  por  su 
legislación reguladora». Añadió que: «En orden a facilitar la coordinación con el Registro 
de la Propiedad el propio artículo 65.1, letras f) y g), del citado texto refundido, establece 
que serán inscribibles en el Registro de la Propiedad, tanto la interposición de recurso 
contencioso administrativo que pretenda la anulación de instrumentos de ordenación 
urbanística, de ejecución, o de actos administrativos de intervención, en este caso 
mediante anotación preventiva –cfr. artículo 67.2– como los actos administrativos y las 
sentencias, en ambos casos firmes, en que se declare la anulación anterior, cuando se 
concreten en fincas determinadas y haya participado su titular en el procedimiento, en 
este caso mediante inscripción –artículo 67.1–». Y concluyó que: «tales asientos, sea de 
inscripción o de anotación, requerirán la presentación en forma de los títulos fehacientes 
procedentes en cada caso –artículo 66–, bien se trate del proyecto de reparcelación 
firme,  bien  de  los  distintos  pronunciamientos  judiciales,  mediante  la  inscripción  de 
sentencia firme o en otro caso, mediante anotación preventiva en virtud de mandamiento 
judicial, sin perjuicio que las respectivas resoluciones judiciales, como se ha expuesto, 
aun no siendo objeto de inscripción, puedan y deban ser tenidas en cuenta por el 
registrador en su calificación».
En  consecuencia,  esta  Dirección  General  ha  acordado  desestimar  el  recurso  y 
confirmar la calificación impugnada.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el  e
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las  bo
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de  14ww
la LeMya Hdripido,t e3c adreia .febrero de 2021.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe
Pública, Sofía Puente Santiago.