BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 294 Jueves 9 de diciembre de 2021 Sec. III.   Pág. 151537
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
20352 Resolución  de  25  de  noviembre  de  2021,  de  la  Dirección  General  de 
Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de 
calificación de la registradora de la propiedad de Cáceres n.º 2, por la que se 
suspende la calificación de una instancia en la que se solicita la cancelación 
por  caducidad  del  embargo  que  grava  unas  fincas  radicantes  en  la 
demarcación de dicho registro.
En el recurso interpuesto por doña M. T. M. B. y don A. M. V. contra la nota de 
calificación extendida por la registradora de la Propiedad de Cáceres número 2, doña 
Ana Isabel Baltar Martín, por la que suspende la calificación de una instancia en la que 
se solicita la cancelación por caducidad del embargo que grava unas fincas radicantes 
en la demarcación de dicho Registro.
Hechos
I
Mediante instancia de fecha 21 de julio de 2021, doña M. T. M. B. y don A. M. V. 
solicitaban la cancelación por caducidad, del embargo que gravaba las fincas registrales 
número  16.969  y  16.983  del  término  municipal  de  Cáceres  y  14.343  del  término 
municipal  de  Casar  de  Cáceres.  Dicha  instancia  se  presentaba  sin  acompañar  la 
correspondiente liquidación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados.
II
Presentada dicha instancia en el Registro de la Propiedad de Cáceres número 2, fue 
objeto de la siguiente nota de calificación:
«Entrada N.º: 4419. Diario: 184. Asiento: 456
Autorizante: Don/Doña
Fecha del documento: 21/07/2021
Número de protocolo: /
Acuerdo  recaído  en  este  Registro  de  la  Propiedad  sobre  la  calificación  del 
documento presentado telemáticamente por M. B., M. T. que motivó el Asiento de 
referencia (Arts. 3, 18, 19 bis y 323 LH).
Hechos
I
El documento que consta del encabezamiento, fue presentado en este Registro con 
los datos que resultan del mismo.
II oe.
Con esta fecha y en los términos que se reflejan en los fundamentos de Derecho  352ww
rseigcuaiyeón teels s iyg uqieunet ee na ceusetred olu:gar se dan por reproducidas en evitación de repeticiones,
Fundamentos de Derecho
No se acredita la liquidación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados (art. 255 L.H.).
Acuerdo
Se suspende la calificación del documento presentado en virtud de los fundamentos 
de Derecho antes expresados.
El cómputo del plazo legal de calificación registral, y en su caso inscripción, a que se 
refiere el artículo 18 de la Ley Hipotecaria, no comenzará hasta que se acrediten los 
extremos fiscales señalados.
La presente comunicación no produce prórroga del asiento de presentación, ni cabe 
solicitud de anotación preventiva por defecto subsanable.
Contra  el  presente  cierre  registral,  la  normativa  que  lo  impone  no  prevé 
expresamente recurso alguno.
Sin que implique calificación definitiva y a expensas de lo que pueda resultar de la 
misma, se hace constar que la caducidad del plazo de vigencia de las anotaciones 
preventivas practicadas el día 20 de Julio de 2.017, teniendo en cuenta la especial 
situación provocada por la COVID-19, no se producirá hasta el día 16 de octubre 
de 2021 en aplicación de lo dispuesto en el artículo 86 de la LH y los RRDDLL 8/2020 de 
diecisiete de Marzo y 21/2020 de 9 de Junio, pues hay que tener en cuenta los 88 días 
en que ha estado suspendido el cómputo de los plazos registrales, que debe sumarse a 
la fecha de caducidad de 4 años de los asientos de anotación preventiva.
Resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, de 11 de 
junio de 2020, de consulta del colegio de registradores de la Propiedad, mercantiles y de 
Bienes Muebles de España sobre levantamiento de la suspensión de los plazos de 
caducidad de los asientos registrales.
La Disposición adicional cuarta del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de 
medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOE 10 de junio de 2020), en relación a los 
plazos de caducidad de los asientos registrales suspendidos en virtud del Real Decreto-
ley 8/2020, de 17 de marzo, determina:
«Con efectos desde el 10 de junio de 2020, se alza la suspensión de los plazos de 
caducidad de los asientos registrales susceptibles de cancelación por el transcurso del 
tiempo, reanudándose su cómputo en esa misma fecha».
Por su parte la Instrucción de 4 de junio de 2020, de la Dirección General de 
Seguridad Jurídica y Fe Pública, sobre levantamiento de medidas adoptadas por la crisis 
sanitaria del COVID-19 (BOE del mismo día 10 de junio de 2020) dispone en su apartado 
primero que:
«El cómputo de los plazos de caducidad de los asientos registrales que hubiesen 
quedado suspendidos en virtud de lo dispuesto en el artículo 42 del Real Decreto 
ley 8/2020, de 17 de marzo, es decir, asientos de presentación, anotaciones preventivas, 
menciones, notas marginales y de cualesquiera otros asientos registrales susceptibles 
de cancelación por el transcurso del tiempo, seguirá en suspenso hasta el levantamiento 
de la suspensión en este ámbito. El cómputo de los plazos se reanudará, por tanto, al 
día siguiente de la finalización del estado de alarma y de sus prórrogas, en los términos  es
establecidos por el artículo 42 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, o el día de  o
la expresa derogación del artículo 42». 352ww
Esta Dirección General acuerda:
Primero.
El  cómputo  de  los  plazos  de  caducidad  de  los  asientos  registrales  ha  estado 
suspendido desde el día 14 de marzo en que entró en vigor el estado de alarma, hasta el 
día 9 de junio, ambos inclusive, pues el levantamiento de la suspensión ha tenido lugar 
el día 10 de junio de 2020.
Segundo.
A partir del día 11 de junio de 2020, fecha de entrada en vigor del Real Decreto 
Ley 21/2020, de 9 de junio, se procederá de la siguiente forma:
1.  Se reanudará el cómputo de los plazos de los asientos de presentación vigentes 
al inicio del estado de alarma, hasta el máximo de 60 días hábiles de su vigencia 
conforme al artículo 17 de la ley hipotecaria. A estos efectos el día 10 de junio de 2020 
se considerará como el primero del levantamiento de la suspensión.
2.  Los asientos de presentación practicados durante el estado de alarma, inician el 
cómputo de su vigencia el día 10 de junio de 2020.
3.  El plazo de vigencia (ordinariamente cuatro años desde su fecha, según el 
artículo 86 de la ley hipotecaria) de las anotaciones preventivas, se computarán de fecha 
a fecha y habrá que sumar además los 88 días en que ha estado suspendido el cómputo 
de los plazos registrales (…)
Este documento ha sido firmado con firma electrónica cualificada por Ana Isabel 
Baltar Martín registrador/a de Registro Propiedad de Cáceres 2 a día once de agosto del 
dos mil veintiuno».
III
Contra la anterior nota de calificación, doña M. T. M. B. y don A. M. C. interpusieron 
recurso el día 13 de septiembre de 2021 en base a las siguientes alegaciones:
«Que mediante el presente escrito, se interpone Recurso en solicitud de nulidad de 
pleno Derecho del acuerdo de la titular del Registro de la Propiedad de Cáceres N.º 2, 
de 11 de agosto de 2021, notificado el 10 de septiembre de 2021 (…) mediante el cual, 
«se suspende la calificación del documento presentado en virtud de los Fundamentos de 
Derecho (sic) antes expresados» documento aquel de 21 de julio de 2021 (…), con el 
efecto arrastre legal que luego se dirá, según establece los Arts. 323, 324, 325, 326, 327, 
de la Ley Hipotecaria, en relación con los Arts. 123 y 124, y el Art. 47.1 a) d) g) de la 
Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 
Administraciones  Públicas,  al  considerarse  infringidos  los  Arts.  14  y  24.1  CE,  con 
resultado de discriminación e indefensión material, en base a los siguientes
Motivos
Previo.  Los “Fundamentos de Derecho” que se citan en el Acuerdo, y que son base 
de la “suspensión” de la calificación, es uno y expresa: “No se acredita la liquidación del 
Impuesto  de  Transmisiones  Patrimoniales  y  Actos  Jurídicos  Documentados  (Art. 
255LH)”, liquidación ya solventada el mismo día 10/9/2021 (…) Sin embargo, el Acuerdo  es
de 11/8/2021, precitado, se refiere singular y exclusivamente, a la caducidad registral de  o
la prórroga del Mandamiento de Anotación Preventiva de Embargo de Inmuebles 2017,  352ww
qeeull  1e26 T1c/a/1e7l 0t/e2c/2ar0i0ds22 u11pc, ,ai dptraaiebldr uyo s  sc,qe oue messot oo dle iceexibtpsai rd eaoesl  naam  y na nfuruogenresmdntraa omds  eeee nsmcctuaraia tenolqla  umddiaeeesr r  i2toad1tder/7oo /l  a2Af a0cpc2uta1eon,rr d,d doene.mo rifamo ramslema  edsnilutaebt aso idchiuaarrsriaítaa,    OE-A-2021-20able en https://
siendo la petición principal, la caducidad ocurrida ipso iure y a petición del interesado,
el 12 de junio de 2013. Caducidad, que torna en inexistentes las Prórrogas de Anotación 
Preventiva de Embargo de inmuebles de 2013 y 2017, que es lo que motiva la presente 
impugnación, si consideramos que precitada petición principal no se resuelve, y era 
condición imprescindible y necesaria para tratar la petición subsidiaria, petición principal 
y excluyente, que, a sabiendas, se ignora en el Acuerdo registral, con indefensión para 
estas partes, que lleva solicitando la caducidad registral ocurrida el 12/6/2013. desde 
diciembre de 2020, y el Registro, una vez más, no resuelve interesadamente, para no 
asumir su responsabilidad directa en los hechos que a continuación describiremos y 
fundamentaremos, por todo lo cual, la «suspensión» de la calificación, es en realidad, la 
denegación de la petición de caducidad solicitada el 21/7/2021, que debió ser calificada 
favorablemente,  y  en  la  práctica,  lo  fue  negativamente,  puesto  que  el  Registro  no 
inscribe, arbitraria e injustamente, la caducidad ocurrida el 12/6/2013, actuación que es 
el objeto de la presente impugnación.
Uno.  La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) inicia, inaudita parte, 
un procedimiento inspector en 2005 frente una empresa liquidada. En su ausencia deriva 
responsabilidad subsidiaria frente al Sr M. V., que finalmente deriva en un proceso 
ejecutivo frente al mismo en febrero de 2009, a través de Providencias de Apremio 
nunca notificadas.
1.1  El 25 de mayo de 2009, la AEAT dicta diligencia de embargo de inmuebles, 
que, en Mandamiento de Anotación Preventiva de Embargo, dice notificar personalmente 
en  dirección  errónea,  como  consta  acreditado  documentalmente,  el  mismo 
día 25/5/2009, cuando toda resolución administrativa y/o tributaria, se notifica a partir del 
día siguiente en que se suscribe (sic), y el día 26/5/2021 siguiente dice que se notifica 
por segunda vez.
1.2  Con fecha 27 de mayo de 2009, la AEAT remite al Registro de la Propiedad N.º 
2 de Cáceres, mandamiento de Anotación Preventiva de Embargo de Inmuebles, de la 
misma  fecha,  certificando  que  en  tal  día  la  Diligencia  de  Embargo  de  Inmuebles 
de 25/5/2009, ya se había notificado al interesado, D. A. M. V.
Tal certificación es falsa, por cuanto la Diligencia de Embargo de Inmuebles, se 
notificó al interesado a través del BOE de 5/6/2009 como con posterioridad en sucesivos 
escritos ha reconocido la propia AEAT.
Dos.  El  Mandamiento  de  Anotación  Preventiva  de  Embargo  de  la  AEAT 
subsiguiente  a  la  Diligencia  de  Embargo  de  Inmuebles  de  25/5/2009,  está  datado 
a 27/5/2009, y la registradora lo inscribe el 21/06/2009
2.1  La  AEAT  solicita  la  prórroga  de  la  Anotación,  mediante  Mandamiento  de 
Anotación Preventiva de Embargo datado a 21 de junio de 2013, una vez ocurrida la 
caducidad del anterior Mandamiento, el 12/6/2013, (jamás notificado al interesado como 
es  obligado)  que  la  registradora,  ilegalmente  y  con  gravísima  indefensión  para  el 
afectado, anota el 9 de julio de 2013, resultando nula de pleno derecho tal actuación, 
como de forma reiterada se ha reclamado ante la Registradora, desde que ocurrió, 
porque:
El Artículo 86 de la Ley Hipotecaria declara.
Las anotaciones preventivas, cualquiera que sea su origen, caducarán a los cuatro 
años de la fecha de la notificación misma.
La Resolución del Director General de los Registros y del Notariado, de fecha 9 de  e.e
abril de 2018, en respuesta a la consulta vinculante formulada por el Colegio el 28 de  b
febrero de ese año, en su FD. 4, establece: «Las anotaciones preventivas, cualquiera  352ww
aqquuee slleaas  squu eo rtiegnegna, nc asdeuñcaalarádno  ae nlo lsa  cLueayt ruon a pñloasz od em láas f ebcrehvae d. eN loa  oabnsottaanctieó,n a m inissmtaan,c siaa ldvoe 
lpoosr  inutne rpelsaazdoo dse o  cpuoart rmo aanñdoasto m dáes l,a ssi eamutporreid aqduees e ql ume alansd admecierenttaor oonrd, epnoadnrádno  plaro prrroógrraorgsae 
sea presentado antes de que caduque el asiento.
“De dicho precepto se extrae la conclusión de que las anotaciones preventivas tienen 
una vigencia determinada y su caducidad opera ‘ipso iure’ una vez agotado el plazo de 
cuatro años, hayan sido canceladas o no, si no han sido prorrogadas previamente, 
careciendo desde entonces de todo efecto jurídico”.
2.2  O sea, el 12 de junio de 2013 caducó la pasividad de pedir la prórroga por parte 
de la AEAT, no obstante, el Registro de la Propiedad, a instancias de la AEAT, causando 
indefensión a estos recurrentes, inscribe registralmente la prórroga del mandamiento de 
anotación preventiva de embargo de inmuebles extemporáneo de 21 de junio de 2013, el 
día 9 de julio de 2013 2 o sea ignorando la caducidad ocurrida ipso jure, el 12 de junio 
de 2013 2 y la petición del Sr M. a este respecto, y con gravísimo perjuicio para este. El 
principio  «ipso  iure»  significa  que  un  determinado  acto  jurídico  produce  un  efecto 
inmediato automático. Esta expresión sirve para describir a aquellos efectos que se 
producen sin requerimiento o instancia de parte, y que los produce la norma jurídica.
2.3  E ipso iure, en el presente caso, la caducidad ocurrió el 12 de junio de 2013
Caducidad Anotaciones Preventivas: opera “ipso iure”, y la Anotación caducada 
carece de efectos jurídicos. R 28 de noviembre de 2001, R. 11 de Abril de 2002, R 15 de 
Febrero de 2007, R. 30 de Junio de 2007, R. 13 de Noviembre de 2003, R. 13 de 
Diciembre de 2003, R, 18 de Noviembre de 2004, R 14 de Enero de 2005, R, 10 de 
Octubre de 2005, R, 8 de Marzo de 2006, confirmada por Sentencia de Audiencia 
Provincial, R, 14 de Marzo de 2006, R. 27 de Diciembre de 2006, R, 15 de Febrero 
de 2007, R. 30 de Junio de 2007, R 19 de Julio de 2007, R, 4 de Enero de 2008
“De acuerdo con el vigente artículo 86 de la Ley Hipotecaria, caducada la anotación 
preventiva se produce su extinción. Así lo dice expresamente el artículo 77 de la Ley 
Hipotecaria al señalar que ‘las anotaciones preventivas se extinguen por cancelación, 
por caducidad o por su conversión en inscripción’”.
“La propia Sala Primera del Tribunal Supremo, en su Sentencia número 1212, de 21 
de noviembre de 2006, es la que ofrece una respuesta al afirmar: ‘Al haber caducado, la 
anotación preventiva de embargo no puede surtir los efectos jurídicos que le resultan 
propios”.
Respecto  a  la  obligación  que  atañe  a  toda  Administración  de  notificar 
imperativamente al ciudadano aquellas actuaciones que le afectan en sus derechos y 
obligaciones, pues lo contrario constituiría una inseguridad jurídica con indefensión, que 
proscriben los artículos 9.3 y 24.1 CE, existe una pacífica y abundante jurisprudencia, 
bastando  la  cita  al  respecto  la  sentencia  que  seguidamente  citamos,  a  modo  de 
recordatorio.
STS 22 de octubre de 2012 (RC 5063/2009). “(…) tal y como imponen las garantías 
exigibles a favor del administrado, no se puede conceder efecto interruptivo alguno a 
ninguna resolución de la Administración hasta la puesta en conocimiento del interesado 
(sentencias de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 11 de noviembre 1996, 5 de 
octubre de 1998, 12 de abril de 2000 y 4 de mayo de 2005, entre otras),
2.4  Ítem  más,  Producida  la  caducidad  del  procedimiento  este  se  torna  en 
inexistente.
La STS de 3/12/2020 (RC 8332/2019) ha fijado como doctrina jurisprudencial en 
materia de caducidad de los procedimientos.
“...  En  ese  esquema,  la  caducidad  vendría  a  suponer  la  terminación  del 
procedimiento por el mero transcurso del tiempo, en el plazo establecido”.
“... Lo que se quiere decir es que se trataría de un procedimiento, ya caducado, pero 
no declarada la caducidad; y uno nuevo que sustituiría al anterior lo que obliga a concluir  s
que en esas situaciones lo que hace la Administración es pura y simplemente obviar toda  oe.
la normativa sobre los plazos que impone el Legislador para la tramitación, con lo cual se  w.
burlaría toda la regulación y la finalidad de la institución de la caducidad, que no ha sido  352ww
lfoásc icl idued aimdapnoonse.r el Legislador a nuestra Administración, en garantía de los derechos de
procYe deism iqeuneto,  ay ala c paodsutcrea,d os i pdoer  uenl  trmainssmcou rpsoro dceedl itmieimenptoo  ysae  storalota c, aebse l oa dcoieprttaor  quunea  eúnn iucan   BOE-A-cable e
decisión, una resolución que le pone fin, cual es la declaración formal de la caducidad 
del mismo y su archivo, sin que puedan dictarse resolución alguna de contenido distinto, 
menos aún, una resolución ordenando”.
El principio de buena administración que como sabemos a nivel europeo se recoge 
en el art. 41 de la Carta de derechos fundamentales de la UE y que en la jurisprudencia 
reciente que la aplica y cita:
“… se ha querido vincular, en nuestro Derecho interno, a la exigencia que impone el 
artículo 9. 3.º de nuestra Constitución sobre la proscripción de la arbitrariedad en la 
actuación de los poderes públicas; pero que, sobre todo, debe considerarse implícito en 
la exigencia que impone a la actuación de la Administración en el artículo 103, en 
particular con le impone los principios de sometimiento ‘pleno’ a la ley y al Derecho. Y en 
ese sentido, es apreciable la inspiración de la exigencia comunitaria en el contenido de 
los  artículos  13  y  53  de  la  Ley  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 
Administraciones  Públicas  al  referirse  a  los  derechos  de  los  ciudadanos  en  sus 
relaciones con la Administración”.
“Pero la buena administración es algo más que un derecho fundamental de los 
ciudadanos, siendo ello lo más relevante; porque su efectividad comporta una indudable 
carga obligación para los órganos administrativos a los que se les impone la necesidad 
de someterse a las más exquisitas exigencias legales en sus decisiones, también en las 
de procedimiento.
Y en relación con eso, con el procedimiento, no puede olvidarse que cuando el antes 
mencionado precepto comunitario delimita este derecho fundamental, lo hace con la 
expresa referencia al derecho de los ciudadanos a que sus ‘asuntos’ se ‘traten... dentro 
de un plazo razonable’; por lo que cabría suscitar la pregunta de cómo se garantizaría 
ese derecho si la Administración desconoce la imposición legal y procede a continuar 
actuando  en  un  procedimiento  caducado  como  si  dicha  caducidad  no  se  hubiera 
producido, dictando resoluciones que debemos considerar tácitamente como reapertura 
de  un  nuevo  procedimiento.  Sería  volver  a  los  tiempos,  felizmente  superados, 
preconstitucionales de tan nefasta trascendencia para los ciudadanos en sus relaciones 
con la Administración...”
Y continúa la sentencia:
“... porque si admitiésemos que la Administración puede seguir actuando en un 
procedimiento materialmente caducado, pero formalmente vigente, debemos concluir 
que el tiempo transcurrido, no es que comporte la caducidad del pretendido ser el primer 
procedimiento, sino del único procedimiento existente, es decir, de todo el procedimiento, 
el inicial y el pretendido reiniciado. Y con ello se dejaría sin eficacia alguna la institución 
de la caducidad, con su importante relevancia para los derechos de los ciudadanos; lo 
cual es tanto más contradictorio cuando, como hemos expuesto, está clara la regulación 
legal a favor de esa protección de los ciudadanos que debe servir para zanjar ese 
debate”.
Tres.  Los Mandamientos de Anotación Preventiva de Embargo, de inmuebles, tanto 
los primigenios de 27/5/2009, como los relativos a las prórrogas de 2013 y 2017, se 
refieren a las fincas inscritas en el Registro de la Propiedad N.º 2 de Cáceres, con los 
números 14443, 16983 y 16969.
En relación con la Finca rústica 14443, “Parcela de terreno al sitio (…), señalada en 
el plano de parcelación particular con los números 44, 45, 54,55 y 56” Tomo 1894- e.
Libro 200- Folio 122, las anotaciones son las siguientes: w.
cont“rAan oAt.a cMió. nV p.,r etviteunlatirv ad ed el ae mtobtaalrigdoa dle dtreal  Dp lae nfoa vodro mdein Hioa cdiee nedsat aP úfibnlcicaa  ccoonn  CcaIFrá (c…te)r 
pporivr aintitveore, speasr ay  rceossptaosn.der de un total de 348.094,87 euros de principal: 27.651,61 euros
Mandamiento administrativo de Anotación Preventiva de fecha 27 de mayo de 2009, 
por  el  [sic]  Dependencia  de  Recaudación,  con  el  número  de  expediente 
100923301740c/0, según providencia de fecha 25 de mayo de 2009. Anotado bajo la 
letra D con fecha 12 de junio de 2009 al folio 171, del Tomo 1894 del Archivo Libro 200 
del término municipal de Casar de Cáceres. Certificación de cargas: Con fecha de hoy se 
ha expedido Certificación de Cargas, para surtir efectos en el procedimiento a que se 
refiere la adjunta anotación preventiva letra D. Cáceres 12 de junio de 2009”.
“Anotación preventiva de embargo Letra E a favor de la entidad Hacienda Pública 
con  CIF  (…)  titular,  para  responder  de  un  total  de  348.094,87  euros  del  principal; 
18.859,11 euros por intereses y costas.
Mandamiento administrativo de Anotación Preventiva de fecha 21 de junio de 2013 
expedido en Badajoz, por el AEAT Delegación Especial de Extremadura, con número de 
expediente 100923301740c/0, según providencia de fecha 25 de mayo de 2009. Anotado 
bajo la letra E con fecha 9 de julio de 2013 a/folio 172, del Tomo 1894 del Archivo, 
Libro 200 del término municipal de Casar de Cáceres.
Con fecha de hoy se ha expedido Certificación de Cargas, para surtir efectos en el 
procedimiento a que se refiere la adjunta anotación preventiva letra E”.
Operada la caducidad ipso iure de la prórroga de la anotación preventiva de embargo 
de julio de 2013 respecto a la anotación de 12 de junio de 2009, ambas anotaciones, 
de 2009 y 2013, afectas a caducidad, la prórroga que aparece en la anotación del 
Registro de la Propiedad referente al año 2017, es la siguiente:
“La anotación preventiva de embargo letra E se prorroga plazo de cuatro años más, 
por  ordenarlo  así  en  el  mismo  expediente  administrativo  con  número  de 
Diligencia 100923301740C, la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Dependencia de 
Recaudación de la Agencia Tributaria en Badajoz que la decretó, que adoptó esta 
medida con fecha de cinco de Julio de dos mil diecisiete, según resulta del mandamiento 
firmado electrónicamente por la Jefa del Equipo Regional de Recaudación, D.ª J. M. A. 
N.**, el día cinco de Julio de dos mil diecisiete, que ha motivado la anotación letra F, al 
folio 172 del Libro 200 de Casar de Cáceres, tomo 1894vgeneral del archivo practicado 
con fecha 20 de julio de 2017”.
En este caso la anormalidad legal es doble, porque, estando caducada la anotación 
de la prórroga del año 2009, está caducada también la anotación de 2013, como se ha 
argumentado,  de  modo  que  tales  anotaciones  legalmente  se  han  tornado  en 
improrrogables. Pero es que, además, de no estar caducadas, que lo están, la prórroga 
ha extralimitado nuevamente el plazo de cuatro años a tal efecto, así que la anotación 
de 2017 estaría igualmente afecta a caducidad.
Es patente la caducidad ocurrida, paralelamente acorde con la prescripción del 
proceso  ejecutivo.  con  flagrante  violación  de  los  derechos  fundamentales  de  estos 
recurrentes. recogidos en los Art. 14. 24.1 y 24.2 CE y que el Registro de la Propiedad 
ignora.  pese  a  la  [sic]  evidencias  aportadas,  encontrándonos,  según  venimos 
argumentando.
Cuatro.  Con  patente  malicia,  con  fecha  28  de  junio  de  2016,  la  funcionaria 
querellada, Jefa de la Dependencia Regional de Recaudación de la AEAT, suscribe 
Acuerdo de «valoración de bienes inmuebles», iniciando el proceso de enajenación, que 
se notifica al recurrente el 17/07/2016.
En tal Acuerdo se informa que: “En virtud de lo dispuesto en la normativa aplicable y  s
como actuación previa a su enajenación (...). y se describe seguidamente la ‘finca  oe.
recúoxstnetsiRcncaesie’ia ónalnitz e ead nnedad esjo eise nutalea ra   mcuftubiul niacccucaiiaodótnanra o eircrinriaee  englatu o‘ulssati otrni:ro oa“ vE (…esdnte)et,la   b1 yAi0e c1nnu9u e0her avdce oas m sidaeoerl t  rtdoasessi g aCcuduáioeac ndectrroeaen ds o,or efsCrf’ee á(crc7eiem.n4riec9eis9na’  t mo‘ay  t p2dsr)eie”e. cnuidnooas    2021-20352n https://www.
de mercado (sic) y de acuerdo con los criterios habituales de valoración, por un importe
de 194.309,13 euros, significándole que de existir disconformidad por su parte, dispone
de un plazo de 15 días contados a partir del siguiente a esta notificación, para presentar 
valoración contradictoria, realizada por un perito adecuado (sic)”.
4.1  El recurrente responde a la funcionaria mediante escrito datado a 17 de agosto 
de  2016  que,  dada  su  trascendencia,  literalmente  reproducimos  y  que  por  su 
expresividad y por economía narrativa no merece mayor comentario:
“D. A. M. V., mayor de edad (…), ante esa Dependencia comparece y como mejor 
proceda digo:
Que  en  relación  al  oficio  por  usted  suscrito  de  ‘valoración  de  bienes  muebles’ 
a 28/06/2016, no procede valoración contradictoria alguna por cuanto existe sobre la 
anotación  preventiva  de  embargo,  subsiguiente  a  la  Diligencia  que  cita  y  que 
maliciosamente no data, una caducidad, requerida en su día por esta parte al Registro, 
en base a lo establecido en al Art. 86 de la Ley Hipotecaria, y que opera ‘ipso iure’ 
careciendo de efectos jurídicos expresada anotación.
Que  esta  actuación  estimo,  añade  un  plus  de  mala  fe  y  conducta  ilícita 
presumiblemente  acosadora  y  prevaricadora,  a  la  normal  actuación  de  la  AEAT 
desde 2005 contra esta parte, y pervierte aún más, si cabe, el actual procedimiento 
ejecutivo seguido contra este suscribiente y que, está cronológicamente prescrito, por 
cuanto las ficticias interrupciones periódicas promovidas por esa Administración a través 
de  la  actuación  de  determinados  funcionarios,  consistentes  en  suscribir  Diligencias 
argucia son inadmisibles a la luz de la Ley y el Derecho, al ser un montaje irregular a la 
vista de los resultados como he denunciado, y que estimo ningún Tribunal podría/podrá a 
futuro refrendar.
De ahí el inadmisible, por ilegal y malicioso, oficio referenciado el 28/06/2016.
Que esta parte solicitó en su momento determinada documentación relativa a la 
prescripción del proceso tributario, proporcionándose meramente unas claves que solo 
permiten acceder a la relación de documentos, pero no a los documentos en sí mismos, 
por lo que solicito se me proporciones nuevas claves a los documentos pedidos en 
papel, ya que, en caso contrario, al no poder remitirlos al TEAC, se me situaría en 
indefensión”.
4.2  La funcionaria, ante la respuesta recibida, corre un tupido velo de cuatro años 
porque es consciente de la caducidad ocurrida en el Registro de la Propiedad, ipso iure y 
a petición de parte en 2013, no existiendo respuesta y abandonando toda actuación al 
respecto. Pero reabre el procedimiento, ilícitamente, con fecha 1 de julio de 2020, 
cuando elabora su «acuerdo de enajenación subasta» de la Finca Rústica precitada, y lo 
notifica al interesado con fecha 20 de agosto de 2020, justamente transcurridos cuatro 
años de la respuesta dada a su primera amenaza de enajenación.
Susodicha funcionaria, con desprecio a los arts. 9.3 y 103.1 CE, que declaran los 
principios de seguridad jurídica y legalidad, que deben regir en la actuación pública, con 
violación de los arts 14 y 24.1 CE, situando a nuestro representado en indefensión, ha 
mantenido virtualmente, que no lícitamente, aperturado el proceso ejecutivo elaborando 
en serie, una tras otra, Diligencias de Embargo Argucia anti prescripción (nomenclatura 
acuñada por el TS), la mayoría de las cuales ni se molesta siquiera en notificar, habiendo 
presentado, subrepticiamente, prórroga de Anotación Preventiva de Embargo ante el 
Registro  de  la  Propiedad  N.º  2  de  Cáceres  en  2017,  a  través  de  su  subordinada 
inmediata, que recientemente supimos fue anotada por el Registro, estando aún hoy a la 
espera de que la Registradora nos justifique tamaños «errores», cuando las posibles  e.
prórrogas caducaron, irreversiblemente, el 12 de junio de 2013. w.
Obvia, legal y racionalmente, estos recurrentes presumieron que, en 2016, el asunto  352ww
AenEaAjeTn ya dqoure e sctoanbllae vzóa nejla daob aenndtoonnoc edse p sour sl aa ccatudauccioidnaeds  aenjetecsu teivxapsr,e sya pdoar,q nuoet ifeicl apdrao cae slao 
Dejielicguetnivcoia ss ed eh Eambíbaa rmgoa nAtergnuidcoia , ilqeugea lnmaednat ere, ceanutdeanbdaienn.do  que,  la  continuación  de  las  BOE-A-cable e
Cinco.  Estos recurrentes, como ya se ha dicho, han reclamado insistentemente 
contra la actuación del Registro que hemos descrito y respecto a la cual la titular nunca 
se ha pronunciado, con violación de la obligación de resolver que le atañe, e infracción 
de la doctrina aplicable, ya que en el ámbito administrativo la doctrina del TS por todas 
STS  28/5/2020  (RC5751/2017):  “Como  muchas  veces  ha  reiterado  este  Tribunal 
Supremo, el deber jurídico de resolver las solicitudes, reclamaciones o recursos no es 
una invitación de la ley a la cortesía de los órganos administrativos, sino un estricto y 
riguroso  deber  legal  que  obliga  a  todos  los  poderes  públicos  (sic),  por  exigencia 
constitucional (Arts. 9.1; 9.3; 103.1; y 106 CE)”.
A la conducta del Registro, que hemos descrito, le es de aplicación lo declarado en la 
reciente STS 15 octubre de 2020 (Rec.1652/2019) “1. Es sabido que el principio de 
buena administración está implícito en nuestra Constitución (artículos 9.3, 103 y 106), ha 
sido  positivizado  en  la  Carta  de  Derechos  Fundamentales  de  la  Unión  Europea 
(artículos 41 y 42), constituye, según la mejor doctrina, un nuevo paradigma del Derecho 
del siglo XXI referido a un modo de actuación pública que excluye la gestión negligente y 
–como esta misma Sala ha señalado en anteriores ocasiones– no consiste en una pura 
fórmula vacía de contenido, sino que se impone a las Administraciones Públicas, de 
suerte que el conjunto de derechos que de aquel principio derivan (audiencia, resolución 
en plazo, motivación, tratamiento eficaz y equitativo de los asuntos, buena fe) tiene –
debe tener– plasmación efectiva y lleva aparejado, por ello, un correlativo elenco de 
deberes plenamente exigible por el ciudadano a los órganos públicos”.
“2.  Entre  esos  deberes  está  –y  esto  resulta  indiscutible–  el  de  dar  respuesta 
motivada a las solicitudes que los ciudadanos formulen a la Administración y a que las 
consecuencias que se anuden a las actuaciones administrativas –especialmente cuando 
las mismas agraven la situación de los interesados o les imponga cargas, incluso si 
tienen la obligación de soportarlas– sean debidamente explicadas no solo por razones 
de pura cortesía, sino para que el sujeto pueda desplegar las acciones defensivas que el 
ordenamiento le ofrece”.
5.1  El suscribiente, Sr M. V., reclama ante el Registro de la Propiedad mediante 
escritos de fechas 5/12/2020; 26/1/2021; 28/1/2021.
En escrito de 2/2/2021, se expresaba: «En base a lo expuesto ‘solicito se declare por 
ese Registro de la Propiedad, la caducidad ipso iure de la anotación preventiva de 
embargo de la AEAT de 21 de junio de 2013, anotada por el registro el 9 de julio, y como 
consecuencia la subsiguiente anotación de 2017, al ocurrir caducidad el 12 de junio 
de 2013.»
La Sra. M. B., a 25/3/2021, requiere certificación respecto a la caducidad ocurrida 
ipso iure y por requerimiento del Sr M. en 2013, como consta inscrito en los Libros del 
Registro, solicitud que reitera mediante escrito de 6/4/2021 y 12/4/2021, tal y como 
literalmente reproducimos:
“En su virtud, y por estar legitimados para solicitarlo por necesitarlo para su uso en 
los procesos judiciales en curso, solicito de esa Registradora emita certificación, clara, 
expresa y concisa, respecto a las fincas registrales 16.969; 16.983; 14.343, en cuanto a 
los siguientes datos registrales:
1.º  Fecha exacta de los siguientes documentos:
1.  Mandamiento  de  Anotación  Preventiva  de  Embargo  Cautelar  de  Bienes 
Inmuebles de la AEAT, año-2008. e.
2.  Prórroga de la anotación preventiva de embargo cautelar de bienes inmuebles de  w.
la AEAT-año 2008. 352ww
año 32.0 0M9.andamiento de Anotación Preventiva de Embargo de Inmuebles de la AEAT-
la A4E.A TM aañnod 2a0m1i3e.nto de prórroga de Anotación Preventiva de Embargo de Inmuebles de  BOE-A-cable e
5.  Mandamiento de prórroga de Anotación Preventiva de Embargo de Inmuebles de 
la AEAT año 2017.
2.º  Fecha  exacta  en  que  los  anteriores  mandamientos,  fueron  inscritos  en  el 
Registro de la Propiedad.
3.º  Se certifique, así mismo, respecto a si se certificó por la AEAT al Registro de la 
Propiedad, o meramente se informó, que acorde a Ley, precitados Mandamientos habían 
sido notificados previamente a su inscripción a la persona interesada, D. A. M. V.
4.º  Se certifique, respecto a la caducidad de la prórroga, ocurrida el año 2013, ipso 
iure y a instancia de solicitud de D. A. M. V., y que Vd. anotó en ese Registro, como 
pudimos comprobar in situ durante nuestra entrevista de 16/3/2021, solicitud y respuesta 
a la misma, que se solicita se acompañe a la certificación requerida”.
5.2  Ante los acontecimientos que ocurren, nuevamente el 13/4/2021 la Sra M. se 
dirige a la Registradora, por escrito que dado su interés reproducimos:
“(…)
D.ª M. T. M. B. mayor de edad NIF (…) ante esa Registradora comparece y dice:
Que con fechas 25/3/2021 y 12/4/2021, presenté la solicitud de Certificado que en el 
documento adjunto se incluye. Ayer, después de presentar referido escrito, e informarme 
la empleada del Registro que nuestra solicitud no le constaba hubiera sido resuelta por 
esa Registradora, y marcharme de ese organismo, sobre unos 20 minutos después, la 
precitada empleada me remite SMS informándome de que tal certificado estaba a mi 
disposición, y me indica hasta su importe, alrededor de 200 euros.
A  la  fecha  de  hoy,  contacto  con  el  Registro,  y  solicito  entrevista  con  esa 
Registradora, ya sea hoy o mañana, porque una vez revise el certificado, si no se 
corresponde  con  lo  pedido,  temor  que  nos  afecta  dado  lo  sucedido  anteriormente, 
desearía que se me explicara la causa de tal contumacia.
Sobre la 12,45 del día de hoy, me telefonea esa registradora, que niega la entrevista 
pedida, ni hoy ni en fecha determinada, pese a que le argumente la necesidad imperiosa 
que me afecta de disponer de un certificado que, meramente se corresponda con la 
verdad, verdad que consta fehacientemente reflejada en las notas simples, ad hoc, pero 
que carecen del valor legal de un Certificado, y al hacerle preguntas al respecto, o sea si 
el certificado se corresponderá con lo solicitado por esta compareciente, me informa 
telefónicamente que el documento que pretende entregarme. es otra vez, una fotocopia. 
del libro de asientos, indescifrable [sic], y anteriormente censurado. posiblemente la que 
ya  rechacé,  y  además  esa  Registradora,  me  informa  lo  que  ya  sé,  que  mis 
reclamaciones las puedo encauzar, ante la jurisdicción civil, que con suerte con la 
saturación que sufren los Juzgados, tardarían años en resolver; y ello en la instancia, o 
sea cuando el certificado no sea de utilidad alguna, dada la evolución de los procesos 
judiciales emprendidos por esta parte.
No acabo de entender la actitud de esa Registradora, cuando lo único que se la 
requiere es que colabore con la Justicia a lo que está obligada, certificando, a lo que 
también está obligada, sobre lo requerido.
Por todo ello, se lo vamos a poner más fácil y vamos a simplificar nuestra petición, 
porque quizás esa Registradora está muy ocupada, y ahí radica el problema, por ello 
meramente se la solicita certifique, sobre los siguientes datos, que constan en notas 
simples que ya hemos entregado al Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º 2, de 
Badajoz, en proceso de protección de derechos fundamentales de la persona: e.
1.ª  Consta en nota simple, que la AEAT remitió anotación preventiva de embargo  352ww
dhea biínam nuoetibfilceasd, od ela  2d7il igdeen mciaay doe d eem 2b0a0rg9o,  adle R 2e5g/5is/t2ro0,0 9q,u ael  cinetretirfeicsaabdao ,q Due.  Ae.n Mto.n Vc.es ya se
bajo2 l.aª  leCtrao nDs,t ac oenn f encohtaa  1s2im dpele ju qnuioe d per e2c0i1ta9d, oa l mfoalinod 1a7m1i,e dnetol  tosme oa n1o8t9a4 ,p doer l ealr cRheivgois.tro,
3.ª  Consta en nota simple que la AEAT presenta prórroga de mandamiento de 
anotación preventiva de embargo de inmuebles ante ese Registro, todo en base a la 
diligencia de embargo de inmuebles de fecha 25 de mayo de 2009, el 21 de junio 
de 2013, anotado bajo la letra E con fecha 9 de julio de 2013, al folio 172, del tomo 1894 
del archivo.
Esperamos que con las facilidades que se le dan, tenga a bien, dar contenido 
fehaciente, a lo expresado en Notas Simples emitidas por ese Registro de la Propiedad
Por ser Justicia que se pide en Cáceres a 13 de abril de 2021. Fdo M. T. M. B.”
5.3  Precedente cercano a nuestro escrito de 21/7/2021 (…) es el escrito de la Sra 
M. de 16/4/2021, (…) y donde se insiste en la caducidad ocurrida el 12/6/2009, ipso iure 
y a instancia de parte, de cuyo contenido cabe destacar lo siguiente.
“Que certifique que, pese a tal caducidad, se inscribió mandamiento de anotación 
preventiva de embargo de 2013 y su prórroga de 2017, extemporáneamente, ignorando 
esta parte la causa de tales hechos, pero conociendo por nuestra parte, como por parte 
de la registradora, que las consecuencias de tal error, o posible negligencia, son ipso 
iure, nulas de pleno derecho referidas anotaciones, porque causando indefensión (en un 
proceso ejecutivo además prescrito, y con un mandamiento de anotación preventiva de 
embargo de inmuebles de 27/5/2009, falso), la nulidad radical hace inexistente, acorde a 
Ley  y  Derecho,  y  jurisprudencia,  las  secuelas  ilegales  de  ignorar  las  caducidades 
(procedimiento  de  enajenación  subasta,  iniciado  en  2016/suspendido  cuando  se  le 
espetó a la AEAT la caducidad ocurrida ipso iure en 2013 y por petición de parte, y 
continuado  en  2020  por  la  AEAT,  después  [sic]  de  conseguir  la  anotación  2017, 
caducidad sobre caducidad=doble caducidad).
Para  certificar  al  respecto,  esa  Registrador  solo  tiene  que  trasladar  los  datos 
registrales que remitió a la AEAT referentes a 2013 y 2017, pero eso sí introduciendo el 
mandamiento de anotación preventiva de embargo de 27/5/2009, con fecha en que se 
apuntó en el Registro de la Propiedad, porque tal dato no consta incluido en la referida 
información proporcionada a la AEAT, por lo cual, no puede apreciarse la caducidad 
de  2013  respecto  a  2009,  circunstancia  que  la  AEAT  lleva  instrumentalizando, 
refiriéndose exclusivamente a su Mandamiento de Anotación Preventiva de Embargo 
de 2017, como si fuera correcto, cuando está afecto a caducidad, por ser prórroga del 
Mandamiento caducado en 2013”.
5.4  Con fecha 21 de julio de 2021 se solicita la caducidad literalmente como sigue:
“Se solicita, de ese Registro de la Propiedad n.º 2 de Cáceres, se anote la caducidad 
registral ocurrida y por tanto se cancelen, las anotaciones de prórroga de mandamientos 
de  anotación  preventiva  de  embargo  de  bienes  inmuebles,  referentes  a  las  fincas 
registrales 16.983, 16.969 y 14.343, de 21 de junio de 2013, de 5 de julio de 2017, por 
estar caducado el mandamieno [sic] de 27/5/2009, desde el 12/6/2013, y/o subsidiaria y 
cautelarmente,  por  la  caducidad  ocurrida  el  20  de  julio  de  2021,  respecto  al 
mandamiento de 517/2017 anotado el 20/7/2017, cancelándose”. (sic)
Mediante el Acuerdo de la titular del Registro de la Propiedad N.º 2 de Cáceres (…), 
la  Registradora  evita  pronunciarse  una  vez  más,  respecto  a  la  caducidad  ocurrida 
el  12/6/2013,  resultando  su  «suspensión  de  la  calificación»,  que  se  expresa  en  el 
acuerdo de 11/8/2021, en realidad una calificación negativa, al referirse exclusivamente a  es
nuestra  petición  subsidiaria,  informándonos  que  tal  caducidad,  por  efectos  de  la  o
normativa relativa al COVID-19 (Acumulación Eventual o Subsidiaria: procede cuando el  352ww
paaserccito nohrcrdai pep ad laale n y Lt reoeeatsyr o apyl vr ceDeotroem cnlaotsr  iisponuenabte,i scspii dóaqinraua re piap rs,ri neodc neeiup xanacccll.uui ayLereorsdne oq  es uanoe tbl rarsee e i ms uíh,pn izocaoar tp,sa eonfut cieeciani ó e qnejeu l sreccu ueébarls, l  ildepdisreao  rapilaaso, ing mpenra eeun)v,ne iaaara msc í oemqmnuátoees     OE-A-2021-20able en https://
amplia posible, agotando todas las eventualidades, el derecho a la defensa. Si estará
esto ya completamente asumido en el mundo del Derecho, que la propia Lec lo prevé. Y 
ordena cómo tiene que hacerse en las demandas (art. 399.5): “las peticiones formuladas 
subsidiariamente, para el caso de que las principales fuesen desestimadas, se harán 
constar por su orden y separadamente”. Nótese que incluso está previsto que pueda 
haber varias peticiones subsidiarias.
Sin  embargo,  la  Registradora,  no  asumiendo  la  veracidad  de  unos  hechos 
incuestionables, nos emplaza para el 16/10/2021, dilatando una vez más lo que llevamos 
requiriendo  insistentemente, y  así  consumir  tiempo  y no subsanar lo erróneamente 
actuado,  mientras  la  AEAT  desarrolla  sus  actuaciones  en  base  unas  prórrogas  ya 
caducadas,  pretendiendo  acogerse  a  una  supuesta  pero  no  cierta,  normalidad,  la 
caducidad de 2017, respecto a 2013, lo cual es ilícito, porque, reconociendo de facto la 
caducidad de 12/6/2013, no se pronuncia expresamente al respecto, porque es asumir 
su  corresponsabilidad  en  la  conducta  de  la  AEAT,  y  por  ello,  resuelve  sesgada  e 
irregularmente la petición, respondiendo subsidiaria, e ignorando a sabiendas, una vez 
más, la principal.
Seis.  Muy recientemente, esa Dirección General ha dictado la «Resolución de 19 
de julio de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el 
recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora de la propiedad de 
Cartagena n.º 3, por la que se deniega la prórroga de una anotación preventiva de 
embargo en procedimiento de ejecución», y que contiene las siguientes declaraciones 
fundamentadas:
“Consultado el Registro, se observa que las 3.º anotaciones practicadas, que ya 
fueron objeto de prórroga, se encuentran caducadas”.
“Fundamentos  de  Derecho:  II  No  procede  la  prórroga  ordenada  en  el  1.º 
mandamiento, al estar caducadas las anotaciones a que se refiere, siendo presupuesto 
para la práctica de la prórroga la vigencia de tales anotaciones.” (en nuestro caso tal 
caducidad ocurrió el 12/6/2013)
Vistos los artículos 24 de la Constitución Española; 117, 594, 601, 604, 629, 656, 
659, 674, y 692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 17, 20, 24, 32, 38, 66, 82, 86, 77, 97, 
135, 274 y 328 de la Ley Hipotecaria; 175 del Reglamento Hipotecario; las Sentencias 
del 7hhunal Supremo de 12 de marzo de 2007, 23 de febrero de 2015, 7 de julio de 2017 
y 4 de mayo de 2021; las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado de 28 de julio de 1989, 30 de octubre de 1999, 20 de marzo de 2000, 11 de 
abril de 2002, 13 de noviembre de 2003, 18 de noviembre de 2004, 14 de enero de 2005, 
15 de febrero de 2007, 4 de enero y 11 de diciembre de 2008, 19 de abril y 28 de octubre 
de 2010, 5 de diciembre de 2011, 19 de mayo y 20 de julio de 2012, 3 de abril, 15, 27 
y 28 de junio y 3 de diciembre de 2013, 31 de enero, 10 de febrero, 3 y 12 de junio, 7 de 
agosto y 18 de diciembre de 2014, 28 de enero de 2015, 30 de junio, 19 y 20 de julio, 2 
de octubre y 28 de noviembre de 2017, 12 de enero de y 9 de abril de 2018 (ésta en 
consulta  vinculante  formulada  por  el  Colegio  de  Registradores  de  la  Propiedad, 
Mercantiles  y  de  Bienes  Muebles  de  España)  y  22  de  noviembre  de  2019,  y  las 
Resoluciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 15 de junio 
de 2020 y 20 de abril de 2021.
La doctrina de este Centro Directivo ha sido expuesta en numerosas Resoluciones 
citadas en los ‘Vistos’, en particular en la Resolución de 9 de abril de 2018 en consulta 
vinculante sobre la materia formulado por el Colegio de Registradores de la Propiedad, 
Mercantiles y de Bienes Muebles de España. e
La  doctrina  tradicional  de  este  Centro  Directivo  parte  de  lo  establecido  en  el  bo
artículo 86. 1.º de la Ley Hipotecaria: «Las anotaciones preventivas, cualquiera que sea  352ww
squu eo rtiegnegna, nca sdeuñcaalraádno a e lons l ac uLaetryo  uanñ opsl adzeo l am feácsh bar edvee l.a  Nanoo otabcsiótann tmei,s ma ain, sstaalnvcoi aa qduee lllaoss 
ipnoter ruens apdloasz oo d peo cr umatarnod aañtoo sd em álass,  saiuetmorpidrea dqeuse  qeul em laansd daemcireentatoro onr,d peondarnádno  plaro prrroógrraorgsea 
sea presentado antes de que caduque el asiento. La anotación prorrogada caducará a
los cuatro años de la fecha de la anotación misma de prórroga. Podrán practicarse 
sucesivas ulteriores prórrogas en los mismos términos».
De dicho precepto se extrae la conclusión de que las anotaciones preventivas tienen 
una vigencia determinada y su caducidad opera ipso iure una vez agotado el plazo de 
cuatro años, hayan sido canceladas o no, si no han sido prorrogadas previamente, entre 
ellos la posición de prioridad que las mismas conceden a su titular.
Por  otra  parte.  y  de  acuerdo  con  el  vigente  artículo  86  de  la  ley  Hipotecaria, 
caducada la anotación preventiva se produce su extinción. Así lo dice expresamente el 
artículo  77  de  la  Ley,  Hipotecaria  al  señalar  que  idas  anotaciones  preventivas  se 
extinguen por cancelación, por caducidad o por su conversión en inscripción».
La anotación caducada por transcurso del plazo de vigencia (computado desde su 
fecha; o en su caso desde la fecha de la anotación de prórroga o de la nota marginal de 
expedición de certificación de cargas) deja de surtir efectos desde el mismo momento en 
que se produce la caducidad, independientemente de que se haya procedido o no a la 
cancelación correspondiente y, por tanto, de la fecha de la misma.
En este caso la cancelación no es sino la exteriorización registral de algo que era 
inexistente desde el momento en que se produjo la caducidad expresada. Caducada la 
anotación, corresponde necesariamente su cancelación, lo que se produce con ocasión 
de la solicitud de la práctica de un asiento sobre la finca afectada, cancelación que 
estará, como todos los asientos registrales bajo la salvaguardia de los tribunales.
El carácter radical y automático de la caducidad como modo de extinción de los 
asientos que nacen con vida limitada, la trascendencia erga omnes de la institución 
registral y la naturaleza misma de la prórroga, solo predicable de los asientos en vigor, 
determinan la imposibilidad de prorrogar una anotación de embargo caducada.”
Parece obvio que el planteamiento apodíctico de estos recurrentes, en lógica, jurídica 
y jurisprudencialmente, expresa una verdad concluyente o que no deja lugar a duda o 
discusión.
Siete.  Meramente a título dialéctico, procede indicar que el Artículo 42, Suspensión 
del plazo de caducidad de los asientos del registro durante la vigencia del real decreto de 
declaración  del  estado  de  alarma,  Real  Decreto  ley  8/2020,  de  17  de  marzo,  fue 
derogado, por el apartado dos de la disposición final cuarta del R.D.-ley 21/2020, de 9 de 
junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a 
la  crisis  sanitaria  ocasionada  por  el  COVID-19  (“B.O.E.”  10  junio).  Se  reitera  la 
derogación por el apartado uno de la disposición final cuarta de la Ley 2/2021, de 29 de 
marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente 
a  la  crisis  sanitaria  ocasionada  por  el  COVID-19  (“B.O.E.”  30  marzo),  no  afecta 
obviamente, a la caducidad ocurrida en 2013, que hace inexistente la prórroga de tal 
año, y la de 2017, por lo que es un planteamiento falaz y maniqueo, toda cita que en el 
Acuerdo de 11/8/2021, realiza la Registradora, respecto a la ampliación del plazo de 
caducidad. de un Mandamiento legalmente extinto. ficticio y virtual.
Ocho.  En definitiva, el acto es punible, y la nulidad de pleno Derecho es de una 
total evidencia, y según sentencia de la Sala tercera del TS de 22 de diciembre de 2020 
(rec. 2931/2018) que fija doctrina y declara:
“Debemos añadir una cuestión común a cualquier acto administrativo, incluido los 
tributarios, que es el grado de invalidez, la anulabilidad y la nulidad de pleno derecho. 
(...) El acto nulo de pleno derecho carece de eficacia alguna y ab initio no produce de 
efectos jurídicos sin necesidad de su previa impugnación;”
El acto nulo radical es ineficaz desde que se dicta, lo que afecta al mandamiento de  bo
anotación  preventiva  de  embargo  de  27/5/2009,  y  el  acto  nulo,  la  nulidad,  se  ha  352ww
plar otidtuulcaird coo inptsuom iauzrem, eyn ate  insest ahnac niae gdaed poa ar tcee, rctiofimcaor .costa en el Registro de la Propiedad y
“JurCisopmruod etniecniae  mseenñoarla” ddoe  claosn sAtaundtieemnceinatse  Plaro vJiunrciisaplerusd, elan caiac cdióenl  dTeri bnuunlaidl aSd udpere mpleon oy 
derecho es imprescriptible de acuerdo con la antigua regla de que lo nulo en su inicio no
puede ser convalidado por la acción del tiempo. Una nulidad radical, es equiparable a la 
inexistencia. Y el conocimiento como acto receptivo que es indispensable para poder 
actuar pues no se puede reaccionar contra lo desconocido o ignorado (anotaciones 
registrales  de  2013  y  2017),  no  equivale  al  consentimiento,  acto  valorativo  de 
manifestación expresa o tácita de la voluntad/Sentencia TS de abril 2001 y hace que el 
negocio jurídico sea inexistente.
El art. 47.1 Ley 39/2015 contiene una lista cerrada de supuestos de nulidad de pleno 
derecho (STS de octubre de 2010), cuyas características del acto administrativo nulo se 
caracteriza por:
No puede ser objeto de convalidación. El consentimiento del afectado no lo sana
Puede ser impugnado en cualquier momento (no hace falta impugnarlo en plazo) ya 
que la acción de nulidad no prescribe.
Los efectos de la declaración de nulidad de pleno derecho se retrotraen al momento 
en el que el acto se produce, conllevando la ineficacia de los ulteriores actos que traen 
causa del que se ha declarado nulo (STS de 3 de abril de 2000).
Supuestos del acto administrativo nulo Actos que lesionan derechos y libertades 
susceptibles de amparo constitucional
El supuesto recogido en el art. 47.1 a) Ley 39/2015 se trata de un motivo de nulidad 
reconocido  y  derivado  directamente  de  la  Constitución  (STS  de  27  de  septiembre 
de 2000) y que se introduce por la Ley 39/2015 entre los casos que suponen la nulidad 
de pleno derecho de los actos administrativos. Así, es nulo de pleno derecho el acto 
cuando se produce:
“La  vulneración  de  los  derechos  fundamentales  dado  su  sentido  nuclearmente 
esencial en un Estado de Derecho” (STS de 26 de junio de 1992). Ello supone establecer 
el supuesto de nulidad en los términos ya fijado por el TC, que afirma que se lesionan 
derechos y libertades de amparo constitucional cuando se vulnera “aquella parte del 
contenido  del  derecho  que  es  absolutamente  necesaria  para  que  los  intereses 
jurídicamente  protegidos  que  le  dan  vida  resulten  real,  concreta  y  efectivamente 
protegidos” (STC 13/1984 de 3 de febrero de 1984).
Este  supuesto  de  nulidad  no  alcanza  a  todos  los  derechos  reconocidos  en  la 
Constitución  al  referirse  a  los  derechos  y  libertades  susceptibles  de  amparo 
constitucional,  sino  que,  tal  y  como  se  establece  en  el  art.  53.  de  la  Constitución 
Española, se concretan en las libertades y derechos reconocidos en el art. 14 CE y en la 
Sección Primera del Capítulo Segundo (arts. 15 a 29 CE y art. 30.2 CE).
En su virtud, mediante el presente escrito, se solicita, de esa Dirección General de 
Seguridad Jurídica y Fe Publica, que admitiendo el presente escrito de Recurso, anule, 
revoque, o deje sin efecto, el Acuerdo de 11 de agosto de 2021, de la titular del Registro 
de la Propiedad N.º 2 de Cáceres, dictando Resolución acorde a nuestros pedimentos, 
esto es calificando positivamente nuestra solicitud de caducidad del Mandamiento de 
Anotación Preventiva de Embargo e Inmuebles, de la AEAT, de 27/5/2009, declarando 
que  se  produjo  su  caducidad  ipso  iure  el  12  de  junio  de  2013,  siendo  por  tanto 
inexistentes las Prórrogas de tal Mandamiento de 2013, y 2017, como se describe y 
detalla en el presente Recurso, lo cual debe inscribirse en el Registro de la Propiedad.
Es Justicia que se pide en Cáceres a 13 de septiembre de 2021
Otrosí  digo.  Que  en  base  a  lo  preceptuado  en  el  Art.  117.  Suspensión  de  la 
ejecución de la LPA 39/2015: “1. La interposición de cualquier recurso, excepto en los  s
casos en que una disposición establezca lo contrario, no suspenderá la ejecución del  oe.
acreacstuoos2 lavi.m erípraN u eaogl l n rioenabctdeusortr.éassno t,pe pú rbleolvi cidaoi  sopp ouane dtseetrorca ecerionós n e,l al s auspuficasipreteanndtesomi óanen nytte eer ilro aorz coeanls aióodrnaga,a dneoon a trale r  eeqclu upiererner jnuctioecim oc poqemuteao    2021-20352n https://www.
consecuencia de la eficacia inmediata del acto recurrido, podrá suspender, de oficio o a
solicitud del recurrente, la ejecución del acto impugnado cuando concurran alguna de las 
siguientes circunstancias:
a)  Que la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación. b) 
Que la impugnación se fundamente en alguna de las causas de nulidad de pleno 
derecho previstas en el artículo 47.1 de esta Ley.”
Se cumplen ambos requisitos, en  primer  lugar,  con la Anotación Preventiva de 
Embargo de 2009 sin cancelarse registralmente, debido a la contumacia del Registro, se 
podría producir una situación irreversible o de muy difícil reparación, existiendo un 
periculum in mora al respecto a la vez que una apariencia de buen derecho, ya que 
nuestro planteamiento, al final se sustenta en contar cuatro años desde 2009 a 2013.
Así mismo el Recurso se plantea en base a la infracción del Art. 9.3 y 103.1 de la CE, 
relativos  a  los  principios  de  Seguridad  Jurídica  y  de  Legalidad,  que  brillan  por  su 
ausencia en la actuación registral, pero también en los Arts. 14 y 24 de la CE, al recibir 
estos recurrentes un trato discriminatorio respecto al otorgado a la AEAT, a la que se 
admite contra legem prórroga tras prórroga de un Mandamiento de Anotación Preventiva 
de Embargo caducado El 12/6/2013, y que la AEAT desde 2016 conoce tal caducidad 
registral que tratamos, aunque solo fuera porque el recurrente se lo indicó en agosto 
de 2016 a la Jefa del Departamento Regional de Recaudación, E. R. G., mediante escrito 
que en el presente recurso se ha reproducido.
Trato discriminatorio que ha supuesto una notable indefensión para los recurrentes, 
que persiste, quienes, planteando ante el registro desde diciembre de 2020, la caducidad 
registral ocurrida el 12 de junio de 2013, jamás han obtenido respuesta alguna, y 
tampoco se responde en el acuerdo que se impugna de 11/8/2021.
Llegados a este punto, una cuestión estimamos obvia, la Registradora, hay que 
concluir, no asume la realidad de la caducidad de 12/6/2013, aunque sea de forma tan 
grosera y grotesca, como se contiene en su Acuerdo de 11/9/2021, donde ignora otra vez 
nuestro  requerimiento  al  respecto,  y  es  que,  meritada  Registradora,  pudo  cometer 
errores, en su momento, y quizás no intencionadamente, pero cuando quienes los 
sufrieron  le  piden  repetidamente  una  rectificación  acorde  a  Ley  para  evitar  males 
mayores, no rectificar es ya una conducta ilegal en su máxima expresión, que se 
produce con pleno conocimiento de causa.
Consecuencia y conclusión
El Mandamiento de Anotación Preventiva de Embargo de Inmuebles, de 27/5/2009 
de la AEAT, fincas inscritas en el Registro de la Propiedad N.º 2 de Cáceres, con los 
números 14443, 16983 y 16969, anotados con fecha 12/6/2009, caducó y se extinguió, 
radical y automáticamente, ipso iure, el día 12/6/20131 y las prórrogas subsiguientes 
de 2013 y 2017, son, por imperativo legal, y según doctrina, al margen de cualquier 
circunstancia, imposibles, nulas radicales, inexistentes, sin que puedan producir ningún 
efecto jurídico, ya que legalmente tales prórrogas nunca se han efectuado».
IV
La registradora de la Propiedad emitió informe confirmando su nota de calificación y 
formó expediente que elevó a esta Dirección General.
Fundamentos de Derecho e.
Vistos los artículos 3, 82, 254, 255 y 258 de la Ley Hipotecaria; 54.1 del Real Decreto  352ww
LLeegy isdlealt iIvmop 1u/e1s9t9o3 s,o dbere 2 T4r adnes smeipstioienmebs rPe,a tproimr oenl iqaulees  sye A acptoruse Jbuar ídeilc Toesx Dtoo creufmunednitdaod odse;  llaa 
dRee s2o0lu1c7i,ó ny  dlae  Rlae sDoilruecciócnió nd eG lean eDriarel cdceió nlo sG eRneegriaslt rdoes  yS edgeul riNdaodta rJiaudríod icdae  y2 4F ed eP úmbaliycoa 
de 21 de febrero de 2020.
1.  Son  hechos  a  tener  en  cuenta  para  la  resolución  de  este  expediente  los 
siguientes:
Mediante instancia de fecha 21 de julio de 2021, doña M. T. M. B. y don A. M. V. 
solicitan la cancelación por caducidad, del embargo que grava las fincas número 16.969 
y 16.983 del término municipal de Cáceres y 14.343 del término municipal de Casar de 
Cáceres.
Se  suspende  la  calificación  por  no  acreditarse  el  pago  del  Impuesto  sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
En  la  nota  de  suspensión  de  calificación  se  advierte  de  la  prórroga  de  plazos 
provocada por la crisis sanitaria del COVID-19, lo que supondría que las anotaciones 
cuya  cancelación  se  solicita  estarían  aún  vigentes,  «sin  que  implique  calificación 
definitiva y a expensas de lo que pueda resultar de la misma».
2.  El artículo 254 de la Ley Hipotecaria dispone en su punto primero que «ninguna 
inscripción se hará en el Registro de la Propiedad sin que se acredite previamente el 
pago  de  los  impuestos  establecidos  o  que  se  establecieren  por  las  leyes,  si  los 
devengare el acto o contrato que se pretenda inscribir». Igualmente, el artículo 54.1 del 
Texto  refundido  de  la  Ley  del  Impuesto  sobre  transmisiones  Patrimoniales  y  Actos 
Jurídicos  Documentados  -así  como  el  Reglamento  de  dicho  Impuesto,  en  su 
artículo 122.1 dispone que «ningún documento que contenga actos o contratos sujetos a 
este impuesto se admitirá ni surtirá efecto en Oficina o Registro Público sin que se 
justifique  el  pago  de  la  deuda  tributaria  a  favor  de  la  Administración  Tributaria 
competente para exigirlo, conste declarada la exención por la misma, o, cuando menos, 
la presentación en ella del referido documento (…)».
En sentido amplio, la calificación registral abarca varios momentos sucesivos: en un 
primer momento, el registrador ha de calificar y decidir si practica o no el asiento de 
presentación en el Libro Diario de operaciones; en un segundo momento, a continuación 
del  anterior,  ha  de  calificar  si  concurre  o  no  alguna  causa  legal  por  la  que  deba 
suspenderse la calificación sobre el fondo del documento, como podría resultar de la 
aplicación de los artículos 18, párrafo segundo, y 255 de la Ley Hipotecaria; y finalmente, 
pero siempre dentro del plazo legal para ello, ha de calificar en su plenitud y de manera 
global y unitaria el documento presentado a fin de decidir si procede o no practicar los 
asientos correspondientes en los libros de inscripciones (véase Resolución de 24 de 
mayo de 2017).
De ello se deduce que el artículo 254 de la Ley Hipotecaria impone un veto a 
cualquier actuación relativa al fondo de la calificación, si no se han cumplido previamente 
las obligaciones fiscales. Sólo se permite durante la pendencia de la acreditación del 
pago, exención o alegación de la no sujeción, la práctica del asiento de presentación, 
suspendiéndose mientras tanto la calificación y la inscripción.
3.  En el supuesto de este expediente lo que se produce es la suspensión de la 
calificación  en  los  términos  relacionados,  habiendo  actuado  correctamente  la 
registradora, sin que la advertencia sobre la prórroga de plazos debida a la situación 
causada por la pandemia originada por el COVID-19 pueda considerarse una calificación 
definitiva, como parecen interpretar los recurrentes según resulta del contenido de su 
escrito de interposición de recurso.
Todo  ello  sin  perjuicio  de  que  una  vez  acreditada  la  liquidación  del  Impuesto 
correspondiente se proceda a la calificación, con expresión, en su caso, de los motivos  s
que impidan la práctica del asiento solicitado. oe.
Calificación que, evidentemente, podrá ser objeto de recurso. 352www.
En  consecuencia,  esta  Dirección  General  ha  acordado  desestimar  el  recurso  y 
confirmar la nota de calificación de la registradora.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el 
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las 
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de 
la Ley Hipotecaria.
Madrid, 25 de noviembre de 2021.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.