BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 332 Martes 22 de diciembre de 2020 Sec. TC.   Pág. 118479
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
16808 Sala Segunda. Sentencia 161/2020, de 16 de noviembre de 2020. Recurso 
de  amparo  5160-2017.  Promovido  por  don  Arnaldo  Otegi  Mondragón 
respecto de las resoluciones dictadas por las salas de lo penal del Tribunal 
Supremo  y  de  la  Audiencia  Nacional  sobre  liquidación  de  condena  de 
inhabilitación  especial  para  el  ejercicio  del  derecho  de  sufragio  pasivo. 
Alegada vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en relación con 
los derechos a la legalidad penal y a la representación política: pérdida 
sobrevenida de objeto del recurso de amparo al haberse anulado en revisión 
las resoluciones impugnadas (STEDH de 6 de noviembre de 2018, asunto 
Otegi Mondragón y otros c. España).
ECLI:ES:TC:2020:161
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por la magistrada doña 
Encarnación Roca Trías, presidenta, y los magistrados don Juan Antonio Xiol Ríos, don 
Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez y don Ricardo 
Enríquez Sancho, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En  el  recurso  de  amparo  núm.  5160-2017,  promovido  por  don  Arnaldo  Otegi 
Mondragón, representado por el procurador de los tribunales don Javier Cuevas Rivas y 
bajo la dirección del letrado don Iñigo Iruin Sanz, contra la sentencia de la Sala de lo 
Penal  del  Tribunal  Supremo  núm.  615/2017,  de  14  de  septiembre,  por  la  que  se 
desestima  el  recurso  de  casación  núm.  271-2017  interpuesto  contra  el  auto  de  la 
Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de 10 de enero de 2017, 
pronunciado en la ejecutoria núm. 21-2012, sobre liquidación de la pena de inhabilitación 
especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo. Ha intervenido el Ministerio 
Fiscal. Ha sido ponente la magistrada doña Encarnación Roca Trías.
I. Antecedentes
1.  Don Arnaldo Otegi Mondragón, representado por el procurador de los tribunales 
don Javier Cuevas Rivas y bajo la dirección del letrado don Íñigo Iruin Sanz, interpuso 
demanda  de  amparo  contra  las  resoluciones  judiciales  que  se  citan  en  el 
encabezamiento, mediante escrito registrado en este tribunal el 24 de octubre de 2017.
2.  El recurso tiene su origen en los siguientes antecedentes:
a)  La sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo núm. 351/2012, de 7  e.
de mayo, condenó al recurrente a las penas de (i) seis años y seis meses de prisión, (ii)  w.
inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por igual tiempo y  808ww
(miiie) siensh,a baill iteasctiiómna er sppaercciiaall mpeanrate e mel prleecou ors oca drgeo  cpaúsbalcicióon p onrú mtie. m1p1o7 7d3e-2 s0e1i1s  ainñteorsp uy essetois, 
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rollo de sala núm. 95-2009. La STC 133/2014, de 22 de julio, desestimó el recurso de 
amparo interpuesto, entre otros, por el ahora demandante de amparo contra dicha 
condena.
La providencia de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional 
de  24  de  enero  de  2013,  pronunciada  en  la  ejecutoria  núm.  21-2012,  aprobó  la 
liquidación, entre otras, de las penas privativas de derechos impuestas al demandante 
de amparo tomando como fecha de inicio de cumplimiento el 4 de septiembre de 2014 y 
como fecha de extinción el 28 de febrero de 2021. Esta providencia no fue recurrida.
b)  El demandante de amparo solicitó, mediante escrito de 25 de octubre de 2016, 
nueva liquidación de condena de la pena de inhabilitación especial para el ejercicio del 
derecho de sufragio pasivo, argumentando su carácter de pena accesoria a la pena 
privativa de libertad. La petición fue rechazada por auto de 10 de enero de 2017 
argumentando  que  debía  estarse  a  lo  acordado  en  la  liquidación  aprobada  por  la 
providencia de 24 de enero de 2013. Interpuesto recurso de casación, que fue tramitado 
por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo con el núm. 271-2017, fue desestimado por 
la sentencia de 14 de septiembre de 2017 al considerar que se estaba pretendiendo una 
reconsideración de una liquidación consentida y firme sin que concurriera un hecho 
sobrevenido que lo justificara.
c)  La STEDH de 6 de noviembre de 2018 (asunto Otegi Mondragón y otros c. 
España) estimó que las resoluciones judiciales en las que se condenó, entre otros, al 
demandante de amparo, de las que trae causa la liquidación que se controvierte en el 
presente recurso de amparo, habían vulnerado el artículo 6.1 del Convenio europeo de 
derechos humanos (CEDH), en su vertiente de derecho a un tribunal imparcial.
d)  La sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo núm. 426/2020, de 27 
de julio de 2020, pronunciada en el recurso de revisión núm. 20335-2019, solicitado al 
amparo del art. 954.3 de la Ley de enjuiciamiento criminal (LECrim) como consecuencia 
de la citada STEDH de 6 de noviembre de 2018, acordó declarar la nulidad de la 
sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo núm. 351/2012, de 7 de mayo, en 
la que se impuso la condena cuya liquidación se controvierte en este recurso de amparo.
3.  El recurrente solicita que se estime el recurso de amparo declarándose la nulidad 
de las resoluciones judiciales impugnadas, alegando que ha existido una vulneración del 
derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en relación con el derecho a la 
legalidad  sancionadora  (art.  25.1  CE),  con  fundamento  en  que  las  resoluciones 
impugnadas no han tomado en consideración que la liquidación impugnada, si bien 
estaba  acordada  en  una  resolución  firme,  no  era  intangible,  y  que  la  pena  cuya 
liquidación se pretende revisar era una pena accesoria a la pena privativa de libertad y 
no una pena principal. Igualmente, se invoca el derecho de representación política 
(art. 23.2 CE), incidiendo en que la decisión impugnada mantiene vigente una causa de 
inelegibilidad que restringe de manera ilegítima este derecho fundamental.
El  recurrente  afirma  que  la  demanda  de  amparo  tiene  especial  transcendencia 
constitucional, conforme a lo establecido en la STC 155/2009, de 25 de junio, ya que las 
vulneraciones  alegadas  plantean  una  cuestión  novedosa  en  la  jurisprudencia 
constitucional.
4.  La Sección Cuarta de este tribunal, por providencia de 26 de noviembre de 2018, 
acordó la admisión a trámite del recurso de amparo, apreciando que concurre una 
especial trascendencia constitucional porque el recurso plantea un problema o afecta a 
una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina de este tribunal  e
[STC 155/2009, FJ 2 a)]; y, en aplicación de lo dispuesto por el art. 51 de la Ley Orgánica  bo
del Tribunal Constitucional (LOTC), requerir atentamente de los órganos judiciales la  808ww
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de diez días en el citado proceso de amparo.
5.  La Secretaría de Justicia de la Sala Segunda de este tribunal, por diligencia de 
ordenación de 9 de enero de 2019, acordó dar vista de las actuaciones al Ministerio 
Fiscal y a las partes personadas por un plazo común de veinte días para presentar las 
alegaciones que estimasen pertinentes.
6.  El Ministerio Fiscal, por escrito registrado el 15 de febrero de 2019, formuló 
alegaciones interesando la inadmisión del recurso y, subsidiariamente, su desestimación. 
La petición de inadmisión se fundamenta en que la demanda estaría incursa en falta de 
agotamiento de la vía judicial previa [art. 50.1 a) LOTC], al no haberse promovido 
incidente excepcional de nulidad de actuaciones contra la sentencia de casación, a la 
que se imputan vulneraciones constitucionales autónomas respecto del auto recurrido en 
casación. La petición de desestimación se fundamenta en que las decisiones judiciales 
impugnadas son conformes a Derecho, tanto en lo relativo a la consideraciones sobre la 
firmeza  e  imposibilidad  de  modificación  de  la  providencia  por  la  que  se  acordó  la 
liquidación  de  las  penas  de  inhabilitación,  ya  que  no  concurrían  circunstancias 
sobrevenidas  a  su  aquietamiento  con  aquella  decisión;  como  en  lo  referente  a  la 
fundamentación sobre su liquidación conjunta, ya que el derecho de sufragio pasivo 
resultaba también afectado por la pena principal de inhabilitación absoluta. De ese modo, 
se concluye el rechazo de la invocación del derecho a la representación política al 
derivar de la aplicación de una previsión legal, en que no se ha incurrido en vulneración 
de ningún otro derecho fundamental.
7.  El  demandante  de  amparo,  por  escrito  de  4  de  febrero  de  2019,  formuló 
alegaciones  reiterando  las  formuladas  en  su  demanda  de  amparo,  poniendo  de 
manifiesto que el pronunciamiento de la STEDH de 6 de noviembre de 2018 (asunto 
Otegi Mondragón y otros c. España), en la que se estima que se ha vulnerado el 
artículo 6.1 CEDH en su vertiente de derecho a un tribunal imparcial, en la resolución 
judicial en la que se condena al recurrente a la pena de inhabilitación cuya liquidación se 
impugna en el presente recurso de amparo, no le hace perder su objeto, a pesar de la 
posibilidad de pedir la revisión de la condena en aplicación del art. 954.3 LECrim, por la 
diferente naturaleza y alcance de ambos recursos.
8.  La Sección Cuarta de este tribunal, por providencia de 3 de marzo de 2020, 
acordó interesar de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo la remisión de copia de la 
resolución que recayera en el recurso de revisión núm. 20335-2019 instado por el 
demandante, al amparo del art. 954.3 LECrim como consecuencia de la STEDH de 6 de 
noviembre de 2018, contra la sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo 
núm. 351/2012, de 7 de mayo de 2012, en que se impuso la condena cuya liquidación se 
controvertía en el recurso de amparo; lo que fue cumplimentado mediante oficio de 17 de 
septiembre de 2020, en que se adjuntó la certificación de la sentencia de la Sala de lo 
Penal del Tribunal Supremo núm. 426/2020, de 27 de julio, que acordaba la nulidad de la 
citada sentencia núm. 351/2012, de 7 de mayo.
9.  Por providencia de 12 de noviembre de 2020 se señaló para deliberación y 
votación de la presente sentencia el día 16 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
Único.  Pérdida sobrevenida de objeto del recurso de amparo: El objeto de este 
recurso  de  amparo  es  determinar  si  las  resoluciones  judiciales  impugnadas  han  e.
vulnerado los derechos del recurrente a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en  w.b
relación con el derecho a la legalidad sancionadora (art. 25.1 CE), y a la representación  808ww
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demandante de amparo contra la sentencia de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal
de la Audiencia Nacional núm. 22/2011, de 16 septiembre de 2011, dictada en el rollo de 
sala núm. 95-2009.
Como ya ha sido desarrollado en los antecedentes, la citada sentencia de la Sala de 
lo Penal del Tribunal Supremo núm. 351/2012, de 7 de mayo, que impuso las penas 
privativas de derechos cuya liquidación se controvierten en el presente recurso de 
amparo, ha sido anulada por la de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo núm. 
426/2020, de 27 de julio, al estimarse el recurso de revisión núm. 20335-2019 instado 
por el demandante, al amparo del art. 954.3 LECrim, con fundamento en la STEDH de 6 
de noviembre de 2018 (asunto Otegi Mondragón y otros c. España). Esta circunstancia 
determina la extinción del presente recurso de amparo por pérdida sobrevenida de 
objeto, ya que la anulación de la sentencia condenatoria implica una alteración sustancial 
de la controversia relativa a la ejecutoria de las penas impuestas que hace innecesario 
un pronunciamiento del Tribunal Constitucional.
A esos efectos, es preciso recordar que es reiterada la jurisprudencia constitucional 
sobre  que  (i)  la  desaparición  sobrevenida  del  objeto  del  proceso,  aun  cuando  no 
contemplada  expresamente  en  el  artículo  86.1  LOTC,  es  una  de  las  formas  de 
terminación de los distintos procesos constitucionales, y (ii) que el recurso de amparo se 
configura  como  un  remedio  jurisdiccional  idóneo  únicamente  para  la  reparación  de 
lesiones singulares y efectivas de los derechos fundamentales, por lo que cuando la 
pretensión dirigida al restablecimiento o la preservación de aquellos derechos se ha visto 
satisfecha fuera del propio proceso de amparo, debe concluirse que este carece desde 
ese momento de objeto sobre el que deba pronunciarse este tribunal (así, por ejemplo, 
STC 52/2019, de 11 de abril, FJ 2).
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Declarar la extinción del recurso por pérdida sobrevenida de objeto.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a dieciséis de noviembre de dos mil veinte.–Encarnación Roca 
Trías.–Juan  Antonio  Xiol  Ríos.–Pedro  José  González-Trevijano  Sánchez.–Antonio 
Narváez Rodríguez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Firmado y rubricado.