BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 180 Jueves 29 de julio de 2021 Sec. III.   Pág. 91620
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
12741 Resolución de 14 de julio de 2021, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación 
extendida por la registradora de la propiedad accidental de Valencia n.º 13, 
por la que suspende la inscripción de una sentencia firme.
En el recurso interpuesto por doña M. C. y don S. A. L. contra la nota de calificación 
extendida por la registradora de la Propiedad accidental de Valencia número 13, doña 
María Mercedes Tormo Santonja, por la que suspende la inscripción de una sentencia 
firme dictada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Mislata.
Hechos
I
En sentencia firme dictada el día 9 de febrero de 2018 por el Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción número 2 de Mislata, se estimaba la demanda interpuesta por 
doña A. L. C. contra doña A. M. P., doña M. J. E. M., don J. B. G., doña E. P. R., la 
herencia yacente de don V. V. T., don J. L. R. M., la herencia yacente de don J. E. B., la 
herencia yacente de doña H. C. C., doña S. C. J., don J. L. V. G., doña M. E. S., don C. 
C. S., doña F. S. C., don C. M. C., doña M. G. G., don F. L. F., doña M. J. B. R., don J. E. 
G., doña M. J. C. M., don F. I. P., doña I. G. B., don V. V. H., los herederos de doña T. M. 
R. y los herederos de don J. C. C.
Dicha sentencia en su fallo, tras referir que doña M. A. M. P. se allanó a la demanda, 
ordenaba sucintamente lo siguiente:
«1.  Que la finca registral 6027 inscrita en el Registro de la Propiedad n.º 13 de 
Valencia al tomo 276, libro 71, folio 243 es propiedad de la sociedad postganancial de la 
demandante A. L. C. de su difunto esposo S. A. R. debiendo los demandados estar y 
pasar por dicha declaración.
2.  Que debe cancelarse la actual inscripción de dominio de dicha finca N.º 6027, 
que figura en el Registro de la Propiedad n.º 13 de Valencia al tomo 276, libro 71, 
folio 243 a favor de» los demandados «debiendo inscribirse el referido derecho de 
dominio a favor de A. L. C. y su difunto esposo S. A. R.
3.  Se ordene la inscripción en el Registro de la Propiedad n.º 13 de Valencia 
respecto de la finca registral 6027 a favor de la sociedad postganancial de A. L. C. y su 
difunto esposo S. A. R.».
II
Presentado testimonio de la referida sentencia en el Registro de la Propiedad de 
Valencia número 13, fue objeto de la siguiente nota de calificación:
«Referencia: Testimonio firmado electrónicamente el cuatro de marzo del año dos mil  s
veinte de la sentencia dictada el nueve de Febrero del año dos mil dieciocho por el  oe.
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Mislata en el procedimiento  w.
ordinario 118/2013. 741ww
estaC Oalfiifcicinaad,o d teebsitdimamoneinot ed ea urteofleiqreunidcaiad,o  edne le ilm dpíau edseto  hcooyr,r epsrpeosenndtieandtoe ,p eolr  ddíuap cliucaatdroo  deen 
1E3n/e2r0o2 1d-e, l eal ñRoe gdiosstr amdoil r vqeuinet iusnuos,c rcibaeu shaan dreos ueel ltaos iseunstop e1n3d4e4r  ldae iln Dsciarirpioc ió8n0  o-rEdnetnraaddaa:,   BOE-A-cable e
quedando archivado en el legajo correspondiente uno de los ejemplares del mismo con 
el número 34, por el defecto subsanable que seguidamente se indica, en base a los 
siguientes hechos y fundamentos de derecho:
Hecho  1:  A  la  vista  de  parte  de  los  titulares  registrales  han  fallecido,  y  el 
procedimiento se ha dirigido contra las herencias yacentes de los mismos, declarados en 
rebeldía, constitutiva de masa patrimonial transitoriamente carente de titular, por lo que 
no puede entenderse que los causantes hayan sido parte en el proceso, al omitir el 
procedimiento legalmente previsto al efecto en el que se designe un administrador que la 
represente.
Fundamentos de Derecho: Artículo 24 de la Constitución Española; 20 de la Ley 
Hipotecaria; 6-4, 7-5, 540, 790, 791, 797 y 798 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 
Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 25 de junio 
de 2005; 24 de febrero de 2006; 5 de julio de 2006; 18 de noviembre de 2006 2006 [sic] 
y 15 de octubre de 2007, entre otras, con sus Fundamentos de Derecho.
Hecho 2.º: Dictada sentencia en el procedimiento al principio referido, en rebeldía 
procesal de parte de la parte demandada, no resultando del testimonio de la sentencia 
que hayan transcurrido los plazos que resultan de aplicación, incluyendo en su caso la 
prolongación de los mismos o el hecho de haberse interpuesto o no la acción rescisoria; 
no  cabe  la  inscripción;  sino  únicamente  en  su  caso  a  petición  del  presentante  la 
anotación preventiva, hasta tanto se acredite el cumplimiento de dichos plazos sin 
ejercicio de la referida acción.–
Fundamentos de Derecho: Artículos 502 y 524 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 
entre otras las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado 
de 15 de mayo de 2016 y 18 de enero de 2017, con sus fundamentos de derecho.
No se toma anotación de suspensión por no solicitarse. Contra la presente nota (…)
Este documento ha sido firmado con firma electrónica cualificada por Mercedes 
Tormo Santonja registrador/a de Registro Propiedad de Valencia 13 a día doce de marzo 
del año dos mil veintiuno.»
III
Contra la anterior nota de calificación, doña M. C. y don S. A. L. interpusieron recurso 
el día 15 de abril de 2021 efectuando las siguientes alegaciones:
«Primero (…)
Tercero.  En cuanto al Hecho Primero de la Calificación:
Considera la parte recurrente que el Sr. Registrador de la Propiedad, dicho sea, con 
los debidos respetos y en estrictos términos de defensa, y en cuanto al Hecho 1.º de la 
calificación, el cual se recurre, no tiene en cuenta varios factores y que en este caso, son 
de gran importancia.
2.1)  Por un lado, y como así consta de testimonio de la Sentencia, esta parte instó 
procedimiento declarativo contra todos los titulares registrales, y como así consta en la 
Sentencia se trataba de 24 titulares –demandados (vendedores en documento privado).
En dicho procedimiento declarativo ordinario se practicaron todas las notificaciones 
de  emplazamiento  en  legal  forma,  existió  emplazamiento  de  todos  ellos  para  la 
celebración  de  la  audiencia  previa,  así  como  también  se  efectuaron  todos  los 
emplazamientos en tiempo y forma para la celebración del Juicio. Habiéndose publicado  e.
la referida Sentencia en el DOGV con fecha 3 de mayo de 2019. Y habiéndose efectuado  w.b
todas las publicaciones que fueron necesarias para garantizar el derecho de defensa de  741ww
todoEss ltoos  edse, meann edsatdeo psr.ocedimiento ha existido la facultad de contradicción y defensa, al
ntroattiafircsaed odse  uenn  ptroodcoesd imloiesn tot rádmecitleasra tidveol  orpdrioncaerdioim eienncoton.t ráEnmdopslaez atomdioesn tod ebdideammaenndtae, 
emplazamiento Audiencia Previa y emplazamiento juicio.
De los 24 demandados y como así consta del fallo de la Sentencia, resultó que:
– No todos los demandados (vendedores) se han declarado en rebeldía procesal, 
sino que consta que M. A. M. P., la cual actuó en su nombre propio y en representación 
de su marido J. L. R. M., se personó en las actuaciones y se allanó a la demanda.
– Se designó a los herederos de D. J. C. C. y T. M. S., y compareció ante el Juzgado 
la heredera T. C. M., designándose como herederos F. C. M., A. C. M., J. C. M. y T. C. 
M., siendo todos ellos emplazados en el domicilio sito en Calle (…) Mislata. Por ello, en 
el fallo de la Sentencia se indica: herederos de J. C. C., y no, herencia yacente.
–  Como  demandados  como  herencia  yacente,  únicamente  consta  la  herencia 
yacente de V. V. T., herencia yacente de J. E. B., y herencia yacente de H. C. C. y 
respecto a ellos, se han efectuado numerosos intentos y oficios para identificar a los 
herederos sin resultado satisfactorio, según consta en el procedimiento judicial lo que 
obligó a continuar su tramitación contra la herencia yacente. Si bien, y como así viene 
estableciéndose por numerosas resoluciones del Registro y del Notario y del conjunto de 
la  totalidad  de  la  prueba  practicada  en  Autos  la  Juzgadora  del  procedimiento  ha 
considerado suficiente la legitimación pasiva de la Herencia Yacente, a cuyos efectos si 
fuera necesario diligencia de adición en dichos términos se interesaría por esta parte al 
Juzgado.
– El resto de demandados fueron igualmente debidamente notificados en plazo y 
forma  y  ninguno  de  ellos,  pese  a  estar  debidamente  emplazados  contestaron  a  la 
demanda, aunque si comparecieron a la Audiencia Previa.
Esto, es, en el procedimiento declarativo se han seguido todos y cada uno de los 
trámites legales de notificación y emplazamiento con la facultad de contradicción sin que 
los demandados (antiguos vendedores) pese a estar debidamente emplazados se hayan 
opuesto al mismo, ni en la Audiencia Previa ni en el Juicio, existiendo prueba suficiente 
para declarar el derecho de la recurrente a inscribir su derecho, pese a que fuera del 
todo imposible identificar a los herederos de D. V. V. T., J. E. B. y H. C. C., ya que se ha 
demandado al resto de vendedores y ninguno de ellos se ha opuesto a la demanda, e 
incluso consta un allanamiento de dos de ellos, teniendo con dicho procedimiento todas 
las garantías procesales, sin que se haya vulnerado el derecho de defensa de las 
herencias  yacentes,  por  cuanto  todos  los  demandados  serían  interesados  en  el 
procedimiento.
La  herencia  yacente,  como  viene  estableciéndose  por  numerosas  resoluciones 
establece que: Careciendo por tanto de justificación legal la aplicación analógica de la 
regla contenida en el art. 795 L.E.C. (EDL 2000/77463) que impone el nombramiento de 
administrador judicial a una hipótesis distinta a la de división del patrimonio hereditario, 
máxime cuando la propia ley procesal no duda en atribuir capacidad para ser parte a “las 
masas patrimoniales o los patrimonios separados que carezcan transitoriamente de 
titular”, como es el caos [sic] de la herencia yacente
Considera el Registrador, que, en este caso, no puede entenderse que los causantes 
hayan sido parte en el proceso al omitir el procedimiento legalmente previsto al efecto en 
el que se designe un administrador que la represente. Si bien, como hemos puesto y 
atendiendo a la dificultad que esta parte ha tenido para su designación, y constando en 
el  procedimiento  todos  los  intentos  de  averiguación  y  numerosos  oficios  sobre  la 
existencia o no de herederos o sobre su localización, y sí habiéndose designado a los 
herederos de J. C. C. y T. M. S. y encontrándose el resto de demandados debidamente 
emplazados, al igual que también han sido emplazadas las herencias yacentes de tres  e
de los demandados, la exigencia de la designación de un administrador debe obviarse  bo
en  el  presenta  caso,  por  cuanto  el  resto  de  demandados  estaban  plenamente  741ww
ccaupaanctoit atoddoos s peallroas  dperofevniedneer nd deebli dmaimsmenot etí tulalo  pyo slaic ioópno sdicei ólna sd eh eurneon,c aiafse ctyaarcíae natle sre sptoor. 
HecChoo mquoe a nsoí  loh ae sstuacbeledcideon  ennu mel eprroessaesn rtee scoalusoci.ones de la DGRN.
Entre otras; DGRN, Resolución, 15-11-2018, BOE 293/2018, de 5 diciembre 2018.
No obstante, en Resoluciones más recientes ha matizado esta doctrina (RR. de 27 
de julio y 19 de agosto de 2010, y 22 de enero de 2.011) afirmando que esta exigencia 
debe limitarse a aquellos casos en que el llamamiento a los herederos indeterminados es 
puramente genérico, y obviarse cuando de los documentos presentados resulte que el 
Juez ha considerado suficiente la legitimación pasiva de la herencia yacente. Sólo si no 
se conociera el testamento del causante, ni hubiera parientes con derechos a la sucesión 
por ministerio de la ley, y la demanda fuera genérica a los posibles herederos del titular 
registral, sería pertinente la designación de un administrador judicial.
En el procedimiento Judicial se han agotado todos los medios de averiguación que 
la. Ley de Enjuiciamiento Civil impone. Y en el caso de la herencia yacente, como masa 
patrimonial, se ha intentado su localización sin resultado satisfactorio.
Pero en este sentido, y puesto que la especialidad de este procedimiento consiste en 
que existen múltiples demandados, todos ellos, vendedores en virtud de un documento 
privado suscrito en fecha Ocho de Abril de Mil Novecientos Setenta y Cinco, el cual 
consta acompañado al procedimiento judicial, así como todas las letras de cambio 
abonadas y pago del precio, (pese a que no era necesaria su aportación en el presente 
procedimiento)  no  puede  inadmitirse  la  inscripción  del  referido  título  por  la  no 
designación de un administrador respecto a sólo tres herencias yacentes, cuando del 
conjunto de la totalidad de la prueba practicada, notificaciones debidamente efectuadas 
en el cual se ha garantizado el derecho a la tutela judicial efectiva, no ha existido 
oposición alguna a la inscripción por parte de resto de los titulares que constan en el 
título que se pretende rectificar e inscribir.
Pudiera entenderse dicha resolución (Calificación del Sr. Registrador) para el caso 
que constara como demandado un único demandado o un único titular registral el cual 
fuera demandado como herencia yacente y no se designara a herederos, si bien, en este 
caso, existen 24 interesados, todos ellos demandados, y de todos ellos únicamente no 
se ha podido identificar a los herederos de tres herencias yacentes; si bien, la tutela 
judicial efectiva no ha sido vulnerada al demandarse a los 24 titulares registrales y la 
legitimación pasiva de la Herencia Yacente se consideró suficiente al haber realizado 
todas las investigaciones de investigación previo a continuar contra la herencia yacente.
En consecuencia, al haberse consumado la prescripción adquisitiva conforme a las 
normas del derecho civil, se produce una inexactitud entre lo publicado por el Registro y 
la realidad jurídica extrarregistral que debe remediarse mediante la inscripción de la 
resolución judicial que reconoce dicho derecho a favor de D.ª A. L. C.
Esto es, de conformidad con el artículo 38 de la Ley Hipotecaria a todos los efectos 
legales se presume que los derechos reales inscritos en el Registro existen y pertenecen 
a su titular en la forma determinada por el asiento respectivo, asiento y presunción que 
está bajo la salvaguardia de los tribunales (cfr. artículo l, párrafo tercero, de la Ley 
Hipotecaria), Si bien, en el presente caso, todos los titulares han sido demandados y la 
realidad registral que existe actualmente no se adecua a la verdadera realidad por 
cuanto constan como titulares 24 copropietarios los cuales desde el año Ocho de Abril 
de Mil Novecientos Setenta y Cinco dejaron de serlo al haber transmitido el referido 
inmueble a la Sra. A. L. C. y S. A. R. en virtud de contrato privado y pagado su precio, y 
poseyéndolo éstos durante más de treinta años. Hecho que, sin duda, se ha acreditado 
en el procedimiento judicial entablado.
La denegación de la inscripción vulneraria los derechos de los comparecientes de 
acceder al Registro en virtud de un título el cumple todas y cada una de las garantías 
procedimentales que se exige para garantizar la tutela judicial efectiva. s
Careciendo de justificación legal la aplicación analógica de la regla contenida en el  oe.
art. 795 L.E.C. que impone el nombramiento de administrador judicial a una hipótesis  w.
distinta a la de división del patrimonio hereditario, máxime cuando la propia ley procesal  741ww
sneop dauraddao esn q auteri bcuairre czacpaanc itdraands pitaorraia mseern ptea rdtee  ati tlualsa rm, caosmaso p eastr ieml ocnaioasle [ss ioc ] lodse  plaa thriemreonncioias 
yacente.
A  mayor  abundamiento,  podemos  citar  a  los  efectos  antedichos,  la  doctrina 
constitucional que admite la eventualidad de la citación edictal del demandado en los 
procesos declarativos, una vez cumplidas las exigencias a la que debe supeditarse esta 
vía supletoria y excepcional de llamamiento al proceso que se establece en el art. 164 
L.E.C., así como también la rescisión de sentencias dictadas en rebeldía que
Según reiteradas resolucions [sic] de la DGRN podría obviarse el administrador 
judicial o llamamiento de los herederos cuando resulte que el uez [sic] ha considerado 
suficiente la legitimación pasiva de la herencia yacente).
Cuarto.  En cuanto al hecho Segundo de la calificación del Registrador.
Esta parte no lo recurre (…)».
IV
La registradora de la Propiedad de Valencia número 13 emitió informe confirmando 
su calificación y formó expediente que elevó a esta Dirección General.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 24 de la Constitución Española; 2, 3, 18, 20, 38, 40, 82, 199, 201, 
202, 326 y 327 de la Ley Hipotecaria; 496 y siguientes, 524 y 790 y siguientes de la Ley 
de  Enjuiciamiento  Civil;  100  y  272  y  siguientes  del  Reglamento  Hipotecario;  las 
Sentencias del Tribunal Supremo, Sala Primera, de 28 de junio y 21 de octubre de 2013, 
relativas al alcance de la calificación, y de 7 de abril de 1992, 7 de julio de 2005 y 12 de 
junio de 2008, relativas a la herencia yacente, y las Resoluciones de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado de 27 de noviembre de 2002, 7 y 8 de abril 
de 2003, 23 de marzo y 22 de junio de 2007, 29 de mayo y 26 de agosto de 2008, 6 de 
junio y 11 de julio de 2009, 8 de noviembre de 2010, 2 de septiembre de 2011, 11 de 
mayo de 2012, 28 de enero, 27 de mayo y 12 de julio de 2013, 29 de enero, 8 de mayo 
y 2 de octubre de 2014, 29 de enero, 11 de febrero, 5 de marzo, 16 y 29 de abril, 21 de 
mayo, 17 de julio y 19 de septiembre de 2015, 17 de marzo, 17 de mayo y 15 de 
noviembre de 2016, 3 de abril, 22 de mayo, 18 de octubre y 18 de diciembre de 2017, 15 
de febrero y 9, 10 y 20 de julio de 2018 y 4 de noviembre de 2019, y de la Dirección 
General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 30 de septiembre de 2020 y 14 de enero 
de 2021, relativas a la herencia yacente.
1.  Son hechos relevantes para la resolución de este expediente los siguientes:
En sentencia declarativa de dominio por prescripción adquisitiva dictada el día 9 de 
febrero de 2018 por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Mislata, 
en el procedimiento ordinario número 118/2013, seguido contra doña A. M. P., doña M. J. 
E. M., don J. B. G., doña E. P. R., la herencia yacente de don V. V. T., don J. L. R. M., la 
herencia yacente de don J. E. B., la herencia yacente de doña H. C. C., doña S. C. J., 
don J. L. V. G., doña M. E. S., don C. C. S., doña F. S. C., don C. M. C., doña M. G. G., 
don F. L. F., doña M. J. B. R., don J. E. G., doña M. J. C. M., don F. I. P., doña I. G. B., 
don V. V. H., los herederos de doña T. M. R. y los herederos de don J. C. C., se disponía 
«que  la  finca  registral  6027  (…)  es  propiedad  de  la  sociedad  postganancial  de  la 
demandante A. L. C. de su difunto esposo S. A. R.».
Dicha finca registral consta inscrita en dieciséis participaciones indivisas. e.e
La registradora suspende la inscripción, además de por otro defecto que no es objeto  w.b
de recurso, porque, a su juicio, dado que parte de los titulares registrales han fallecido, y  741ww
eenl p rreobceelddiíma,i ennot op suee dhea  ednirtiegniddoe rcsoen tqruae l alos sh ecareunscainatse sy ahcaeynatens s dideo  lopsa rmtei semno esl,  pdreocclaersaod, oasl 
oamdmitiirn isetrl adporor cqeudei mlai ernetpor esleegnatelm. ente  previsto  al  efecto  en  el  que  se  designe  un
2.  El problema a tratar entronca con el principio de tracto sucesivo establecido en el 
artículo  20  de  la  Ley  Hipotecaria,  que  intenta  evitar  la  indefensión  proscrita  en  el 
artículo 24 de la Constitución Española. Este principio, en su aplicación procesal y 
registral, implica que los procedimientos deben ir dirigidos contra el titular registral o sus 
herederos, y que esta circunstancia debe ser tenida en cuenta por el registrador, al estar 
incluida dentro del ámbito de calificación de documentos judiciales contemplado en el 
artículo 100 del Reglamento Hipotecario.
Como ha afirmado de forma reiterada esta Dirección General, el respeto a la función 
jurisdiccional, que corresponde en exclusiva a los jueces y tribunales, impone a todas las 
autoridades y funcionarios públicos, incluidos por ende los registradores de la Propiedad, 
la obligación de cumplir las resoluciones judiciales.
Pero no es menos cierto que el registrador tiene, asimismo, la obligación de calificar 
determinados extremos, entre los cuales no está el fondo de la resolución, pero sí el de 
examinar si en el procedimiento han sido emplazados aquellos a quienes el Registro 
concede algún derecho que podría ser afectado por la sentencia, con objeto de evitar su 
indefensión, proscrita por el artículo 24 de la Constitución Española y su corolario 
registral del artículo 20 de la Ley Hipotecaria. Es doctrina reiterada de este Centro 
Directivo, apoyada en la de nuestro Tribunal Supremo en la Sentencias relacionadas en 
«Vistos», que el registrador puede y debe calificar si se ha cumplido la exigencia de 
tracto aun cuando se trate de documentos judiciales, ya que precisamente el artículo 100 
del Reglamento Hipotecario permite al registrador calificar del documento judicial «los 
obstáculos que surjan del Registro», y entre ellos se encuentra la imposibilidad de 
practicar un asiento registral si no ha sido parte o ha sido oído el titular registral en el 
correspondiente procedimiento judicial.
De conformidad con el artículo 38 de la Ley Hipotecaria a todos los efectos legales 
se presume que los derechos reales inscritos en el Registro existen y pertenecen a su 
titular en la forma determinada por el asiento respectivo, asiento y presunción que está 
bajo  la  salvaguardia  de  los  tribunales  (cfr.  artículo  1,  párrafo  tercero,  de  la  Ley 
Hipotecaria),  por  lo  que  el  titular  registral  debe  ser  demandado  en  el  mismo 
procedimiento,  al  objeto  de  evitar  que  sea  condenado  sin  haber  sido  demandado, 
generando  una  situación  de  indefensión  proscrita  por  nuestra  Constitución  (cfr. 
artículo 24 de la Constitución Española).
En estos casos, como bien recuerda la Sentencia de la Sala Primera del Tribunal 
Supremo de 21 de octubre de 2013, el registrador «(...) debía tener en cuenta lo que 
dispone el art. 522.1 LEC, a saber, todas las personas y autoridades, especialmente las 
encargadas de los Registros públicos, deben acatar y cumplir lo que se disponga en las 
sentencias constitutivas y atenerse al estado o situación jurídicos que surja de ellas, 
salvo que existan obstáculos derivados del propio Registro conforme a su legislación 
específica. Y como tiene proclamado esta Sala, por todas, la STS núm. 295/2006, de 21 
de marzo, “no puede practicarse ningún asiento que menoscabe o ponga en entredicho 
la eficacia de los vigentes sin el consentimiento del titular o a través de procedimiento 
judicial en que haya sido parte”».
Esta misma doctrina se ha visto reforzada por la Sentencia número 266/2015, de 14 
de diciembre de 2015, de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, que reconoce el 
derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (artículo 24.1 de la Constitución 
Española)  y  al  proceso  con  todas  las  garantías  (artículo  24.2  de  la  Constitución 
Española)  de  la  demandante,  titular  registral,  en  los  siguientes  términos:  «(...)  el 
reconocimiento de circunstancias favorables a la acusación particular (...) no puede  s
deparar  efectos  inaudita  parte  respecto  de  quien,  ostentando  un  título  inscrito,  no  oe.
dispuso de posibilidad alguna de alegar y probar en la causa penal, por más que el  w.
disponente registral pudiera serlo o no en una realidad extra registral que a aquél le era  741ww
pdreoscceosnaol ciddea . aEql uóerlgloasn ot ejurcdeicrioasl  vqeuneía,  pcaorntifciaunladrom eennt el ao bvliegraddaod  a rpergoismtroavl,e rp luad pierreasne nvceiar 
perjudicados sus intereses por la estimación de una petición acusatoria que interesaba
hacer valer derechos posesorios en conflicto con aquéllos, con el fin de que también 
pudieran ser oídos en defensa de los suyos propios».
3.  En los casos en que interviene la herencia yacente, la doctrina de este Centro 
Directivo, impone que toda actuación que pretenda tener reflejo registral deba articularse 
bien mediante el nombramiento de un administrador judicial, en los términos previstos en 
los  artículos  790  y  siguientes  de  la  Ley  de  Enjuiciamiento  Civil,  bien  mediante  la 
intervención en el procedimiento de alguno de los interesados en dicha herencia yacente 
(Resoluciones de 27 de mayo y 12 de julio de 2013, 8 de mayo de 2014, 5 de marzo 
de 2015 y demás citadas en los «Vistos»).
Esta doctrina se ha matizado en los últimos pronunciamientos en el sentido de 
considerar que la exigencia del nombramiento del defensor judicial debe limitarse a los 
casos en que el llamamiento a los herederos desconocidos sea puramente genérico y no 
haya ningún interesado en la herencia que se haya personado en el procedimiento 
considerando  el  juez  suficiente  la  legitimación  pasiva  de  la  herencia  yacente.  La 
Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en sus artículos 790 y siguientes 
exige  la  adopción  de  medidas  de  aseguramiento  del  caudal  hereditario  en  los 
procedimientos judiciales de división de herencia –entre ellas el nombramiento de un 
administrador judicial ex artículo 795 del Código Civil- cuando fallecido el causante no 
conste la existencia de testamento ni de parientes de aquél. Atribuye, por tanto -en los 
supuestos de herencia yacente- gran importancia a la posibilidad o no de intervención de 
posibles llamados a la herencia.
En este sentido no cabe desconocer al respecto la doctrina jurisprudencial (citada en 
los «Vistos»), en la que se admite el emplazamiento de la herencia yacente a través de 
un posible interesado, aunque no se haya acreditado su condición de heredero ni por 
supuesto su aceptación. Sólo si no se conociera el testamento del causante ni hubiera 
parientes con derechos a la sucesión por ministerio de la ley, y la demanda fuera 
genérica a los posibles herederos del titular registral sería pertinente la designación de 
un administrador judicial.
Por eso parece razonable restringir la exigencia de nombramiento de administrador 
judicial,  al  efecto  de  calificación  registral  del  tracto  sucesivo,  a  los  supuestos  de 
demandas  a  ignorados  herederos;  pero  considerar  suficiente  el  emplazamiento 
efectuado a personas determinadas como posibles llamados a la herencia.
4.  Respecto a la forma en que deben efectuarse las notificaciones a los posibles 
interesados, las peculiaridades derivadas de la presentación de una demanda contra una 
herencia yacente no impiden que se deba procurar la localización de quien pueda 
ostentar su representación en juicio como paso previo a una posterior declaración en 
rebeldía;  en  este  sentido  el  Tribunal  Supremo  en  Sentencia  de  fecha  3  de  marzo 
de 2011, en un caso en que, como en el que se resuelve en este expediente, se 
demandó a la herencia yacente o ignorados herederos si bien en ese supuesto también 
se demandaron a personas identificadas, recoge la doctrina plasmada en la Sentencia 
de 4 de marzo de 2005 y señala que la razón de las exigencias impuestas por la Ley de 
Enjuiciamiento Civil a los actos de comunicación está en que el destinatario del acto 
tenga oportuna noticia del proceso para que pueda adoptar la conducta procesal que 
estime convenirle (Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de junio de 2008), pues la 
indefensión  consiste  en  la  privación  o  limitación  no  imputable  al  justiciable  de 
cualesquiera medios legítimos de defensa de la propia posición dentro del proceso, y la 
hay siempre que falte una plena posibilidad de contradicción (Sentencias del Tribunal  e
Constitucional números 64/1986, de 21 de mayo, 98/1987, de 10 de junio, 26/1993,  bo
de 25 de enero, 101/2001, de 23 de abril, 143/2001, de 14 de junio, etc.). 741ww
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la sentencia de Primera Instancia a través de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado»  requiere  que,  previamente,  se  hubieran  agotado  todos  los  medios  de 
averiguación que la Ley de Enjuiciamiento Civil impone. Y en el caso de la herencia 
yacente, aunque sea una masa patrimonial, se ha de intentar la localización de quien 
pueda ostentar su representación en juicio.
En esta misma línea, la Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 6 de 
febrero de 2020 recuerda que «la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y la de esta 
sala han puesto de relieve la importancia que tiene la correcta realización de los actos de 
comunicación procesal. Son el cauce a través del cual las partes y los interesados 
legítimos conocen la existencia del proceso y sus trámites esenciales, y de este modo 
pueden realizar las actuaciones procesales que consideren adecuadas para la defensa 
de sus derechos e intereses legítimos. Por eso los órganos jurisdiccionales tienen el 
deber específico de adoptar todas las cautelas y garantías que resulten razonablemente 
adecuadas para que la comunicación con el interesado sea real y efectiva y asegurar 
que esa finalidad no se frustre por causas ajenas a la voluntad de los sujetos a quienes 
afecte,  sin  que  ello  signifique  exigirles  el  despliegue  de  una  desmedida  labor 
investigadora que pudiera conducir a la indebida restricción de los derechos de defensa 
de los restantes personados en el proceso».
La reciente Sentencia número 26/2020, de 24 de febrero, de la sala Primera del 
Tribunal Constitucional, ha vendido a recoger y concretar su doctrina a propósito de la 
vulneración del artículo 24.1 de la Constitución Española por las notificaciones por 
edictos reiterando dicho carácter excepcional.
Afirma en su fundamento de derecho cuarto lo siguiente: «El Tribunal Constitucional 
dispone de una abundante jurisprudencia, cuyo hito inicial se remonta a la STC 9/1981, 
de 31 de marzo, que vincula el adecuado respeto del art. 24.1 CE, en la dimensión 
relativa  al  disfrute  de  una  tutela  judicial  efectiva  sin  indefensión,  al  correcto 
emplazamiento  o  citación  de  los  interesados  en  un  procedimiento,  porque  solo  el 
adecuado emplazamiento asegura la presencia de la parte ante el órgano judicial para la 
defensa de sus propios intereses, en caso de que decida personarse. Se ha declarado 
que «el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE) garantiza a 
todos los que puedan resultar afectados por la decisión que se dicte en un proceso 
judicial  el  derecho  a  conocer  su  existencia,  a  fin  de  que  tengan  la  posibilidad  de 
intervenir en él, ser oídos, y ejercer la defensa de sus derechos e intereses legítimos, y 
en este sentido es reiterada la doctrina constitucional sobre la importancia de los actos 
de  comunicación  para  la  efectividad  del  derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva  sin 
indefensión (art. 24.1 CE)» (Sentencia del Tribunal Constitucional número 180/2015, de 7 
de  septiembre,  fundamento  jurídico  cuarto,  y  jurisprudencia  allí  citada).  Desde  los 
anteriores  presupuestos,  nuestra  jurisprudencia  prioriza  la  notificación  personal,  sin 
descartar la validez de fórmulas de notificación no personal siempre que se cumplan 
determinados requisitos.
5.  En el supuesto de este expediente, el testimonio presentado no recoge sino el 
fallo de la sentencia cuya inscripción se pretende, sin que del mismo resulten los datos 
que el recurrente expone en su escrito. Así, del citado testimonio no resulta que haya 
existido emplazamiento de todos los interesados para la celebración de la audiencia 
previa, ni que se haya producido la designación de herederos respecto de alguno de los 
titulares registrales, tampoco que se han efectuado numerosos intentos y oficios para 
identificar a los herederos de las herencias yacentes sin resultado satisfactorio y la forma 
en  que  finalmente  se  hayan  realizado  de  forma  que  se  cumplan  los  requisitos  de 
notificación antes expuestos. e.
En  consecuencia,  en  tanto  no  se  acrediten  dichos  extremos,  no  queda  w.b
suficientemente  justificado  que  haya  habido  intervención  de  los  interesados  en  la  741ww
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supuestos  de  demandas  a  ignorados  herederos;  pero  considerar  suficiente  el
emplazamiento  efectuado  a  personas  determinadas  como  posibles  llamados  a  la 
herencia.
Esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso y confirmar la nota de 
calificación de la registradora.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el 
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las 
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de 
la Ley Hipotecaria.
Madrid, 14 de julio de 2021.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.