BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 196 Sábado 18 de julio de 2020 Sec. TC.   Pág. 53611
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
8131 Sala  Primera.  Sentencia  47/2020,  de  15  de  junio  de  2020.  Recurso  de 
amparo 3774-2017. Promovido por doña Manuela Matos Matos en relación 
con la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que le condenó por un 
delito leve de usurpación de inmuebles. Vulneración del derecho a la tutela 
judicial efectiva en relación con el principio acusatorio: sentencia que impone 
una pena superior a la solicitada por la acusación (STC 155/2009).
ECLI:ES:TC:2020:47
La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por el magistrado don Juan 
José  González  Rivas,  presidente;  los  magistrados  don  Andrés  Ollero  Tassara,  don 
Santiago Martínez-Vares García, don Alfredo Montoya Melgar, don Cándido Conde-
Pumpido Tourón y la magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 3774-2017, promovido por doña Manuela Matos 
Matos, representada por la procuradora de los tribunales doña Patricia Martín López y 
asistida por el abogado don Roberto Frutos Peñas, contra la sentencia núm. 195/2017, 
de 27 de marzo de 2017, por la que la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial 
de Madrid estimó el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de 
la  Sociedad  de  Gestión  de  Activos  Procedentes  de  la  Reestructuración  Bancaria 
(SAREB,  S.A.),  condenando  a  la  demandante  de  amparo  y  a  otra  persona  no 
comparecida  en  este  amparo,  como  autores  de  un  delito  leve  de  usurpación  de 
inmuebles, del que habían sido absueltos por el Juzgado de Instrucción núm. 41 de los 
de Madrid. El recurso se dirige también contra las providencias dictadas por la indicada 
sección de la Audiencia Provincial de Madrid con fecha 1 de junio de 2017 y 14 de junio 
de 2017, vinculadas al posterior incidente de nulidad promovido por la demandante. Ha 
intervenido  el  Ministerio  Fiscal.  Ha  sido  ponente  la  magistrada  doña  María  Luisa 
Balaguer Callejón.
I. Antecedentes
1.  Mediante  escrito  registrado  en  este  Tribunal  el  18  de  julio  de  2017,  la 
procuradora  de  los  tribunales  doña  Patricia  Martín  López  interpuso  en  nombre  y 
representación de doña Manuela Matos Matos recurso de amparo contra la sentencia y 
las providencias referidas en el encabezamiento, dictadas por la Sección Decimoquinta 
de la Audiencia Provincial de Madrid.
2.  Son hechos relevantes para resolver el presente recurso de amparo los que  o
siguen: 31www.
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pBraonpcieadriaad  (SqAueR EsBe,  dSe.sAc.)r ibree,s pseitcot oe nd el al ac aolcleu pAalcmióanz áinnc onnúsme.n t2id3a,  3d eBl ,i ndmeu eMbaled ridde.  Lsua   BOE-A-cable e
denuncia fue turnada al Juzgado de Instrucción núm. 41, que incoó diligencias por delito 
leve y, tras identificar a la demandante y a otra persona como los presuntos ocupantes 
de la vivienda, dirigió el procedimiento contra ellos. El 20 de diciembre de 2016 se 
celebró el juicio oral, en el que el Ministerio Fiscal interesó la condena de ambos 
acusados como responsables de un delito de usurpación del art. 245.2 del Código penal 
(CP); solicitó la imposición a cada uno de ellos de una pena de tres meses de multa con 
cuota diaria de tres euros derivándose, en caso de impago, la pertinente responsabilidad 
personal subsidiaria, conforme determina el art. 53 CP. A la calificación y petición de 
condena efectuada por el ministerio público se adhirió SAREB, S.A., a través de su 
representación técnica, interesando además el inmediato desalojo de la vivienda.
El 11 de enero de 2017 el juzgado absolvió a los acusados del indicado delito. La 
sentencia declaró probado que la ahora demandante y el otro individuo contra el que se 
dirigió el procedimiento venían ocupando el citado inmueble, propiedad de SAREB, S.A., 
careciendo de título que les legitimara a tal fin. No consideró probado, en cambio, que 
los  ocupantes  hubieran  empleado  violencia  o  intimidación  para  lograr  la  posesión; 
tampoco  que  la  empresa  denunciante  hubiera  demostrado,  más  allá  de  la  propia 
denuncia, una voluntad contraria al mantenimiento de los acusados en el disfrute de la 
vivienda.
En  el  apartado  de  fundamentación  jurídica,  la  sentencia  venía  a  descartar  la 
concurrencia de los elementos exigidos por el tipo penal. Afirmaba que la sociedad titular 
del inmueble, no realizó acto alguno tendente a impedir la ocupación o bien a mostrar 
verdadero interés en su desalojo, y ello porque aun cuando pudo haber un inicial 
requerimiento  en  tal  sentido,  después  intentó  negociar  un  alquiler  social  con  los 
denunciados, que devino frustrado por falta de acuerdo; tales razones llevan al órgano 
de enjuiciamiento a dictar un pronunciamiento absolutorio.
b)  Al amparo del art. 790 de la Ley de enjuiciamiento criminal (LECrim), SAREB, 
S.A.,  presentó  recurso  de  apelación  frente  al  pronunciamiento  absolutorio.  Para  la 
sociedad apelante, el tipo penal analizado no precisaría de violencia o intimidación como 
elemento típico ineludible, razón por la que, promoviendo expresamente un debate 
jurídico, interesaba que los denunciados fueran condenados como autores de un delito 
leve de usurpación de inmuebles del art. 245.2 CP. Mostró igual disconformidad con la 
conclusión de instancia sobre su aquiescencia a la ocupación; en este sentido, afirmó en 
su escrito que el delito se comete por la simple posesión inconsentida, que no se 
destruye por el hecho de negociar un alquiler social, el cual no necesariamente habría de 
recaer sobre el mismo inmueble. El escrito de la sociedad recurrente en ninguno de sus 
apartados especificaba una pretensión punitiva acorde con la indicada calificación de los 
hechos:  únicamente  interesaba  en  el  suplico  que,  con  estimación  del  recurso,  se 
condenara a los denunciados «a la restitución de la posesión del inmueble a su legítima 
propietaria de manera voluntaria en un plazo razonable y en caso de no llevarse a cabo 
se proceda al desalojo de la vivienda mediante la fuerza pública».
Por  providencia  de  20  de  febrero  de  2017  se  tuvo  por  presentado  el  recurso, 
acordándose su traslado a las demás partes para alegaciones. Tanto el Ministerio Fiscal 
como el copenado, no compareciente en este amparo, lo impugnaron expresamente, 
interesando la confirmación de la resolución recurrida.
El 8 de marzo de 2017 se registraron dos escritos suscritos por el abogado de la 
demandante de amparo. Mediante uno de ellos, fechado el 2 de marzo de 2017, el 
letrado informaba de que su patrocinada había desalojado voluntariamente el inmueble 
objeto del procedimiento, por lo que rogaba del juzgado la indicación de día y hora en  s
que poner las llaves de la vivienda a disposición de la sociedad denunciante; entendía  oe.
que, en esta situación, el recurso de apelación planteado de contrario carecía de objeto.  w.
A través de un segundo escrito, que data del 3 de marzo de 2017, el abogado reportaba  31ww
caol mjuuzngiacdaoc iolan ensu ye vnao tidfiicreacccioiónne sy. teléfono de contacto de la demandante a efectos de
escrEitlo s1,7  adceo rmdaanrzdoo  dseu  2u0n1ió7n  eal  julazsg aadcotu daecijoón ceosn. sDtaenccidiaió d, ea ll ap rporpeisoe ntiteamcipóon,  dlae  admirebcotas   BOE-A-cable e
remisión del procedimiento a la Audiencia Provincial de Madrid, con el fin de que por la 
misma se sustanciara el recurso de apelación. La diligencia de ordenación asimismo 
ilustraba de su posible impugnación mediante recurso de reposición, en plazo de tres 
días; mecanismo del que ninguna de las partes personadas hizo uso.
c)  El 27 de marzo de 2017 la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de 
Madrid dictó sentencia, estimatoria del recurso de apelación. Aceptando la declaración 
fáctica de instancia, consideró subsumibles en el art. 245.2 CP los hechos declarados 
probados, al entender que el tipo penal únicamente exige el conocimiento por el autor de 
la ajenidad del inmueble y la ausencia de autorización para su disfrute, unidos a la 
voluntad de ocupación, mas no el empleo de violencia o intimidación en el disfrute del 
inmueble concernido. En cuanto a la oposición de su titular, la audiencia provincial 
estimó bastante una denuncia como la aquí formulada. Revocando, en consecuencia, la 
absolución decidida en la instancia, condenó a los acusados como autores de un delito 
leve de usurpación de inmuebles, imponiéndoles como pena una multa de tres meses 
con cuota diaria de tres euros, sujeta a responsabilidad personal subsidiaria en caso de 
impago (art. 53.1 CP); les impuso, asimismo, la obligación de restituir en la posesión del 
inmueble  a  su  legítimo  propietario  y  el  abono  de  las  costas  de  primera  instancia, 
declarando de oficio las de la alzada.
La  sentencia  se  notificó  al  procurador  de  la  acusación  apelante  el  17  de  abril 
de 2017. No fue notificada a los apelados condenados.
Remitidas las actuaciones al órgano de procedencia, mediante escrito que data 
del 26 de abril de 2017, la representación de SAREB, S.A., comunicó al juzgado la 
recuperación en el día anterior, 25 de abril de 2017, del inmueble objeto de autos. 
Desistía, en función de ello, del presente procedimiento e interesaba el archivo de las 
actuaciones.
d)  Encontrándose pendiente de abono la pena de multa impuesta, por decreto de 5 
de mayo de 2017, el letrado de la administración de justicia del juzgado de instrucción 
acordó el embargo de bienes de los copenados. Libró, a tal fin, requerimiento de pago a 
la  demandante  de  amparo  con  el  apercibimiento  expreso  de  que,  en  caso  de  no 
satisfacer de manera inmediata el indicado importe, se procedería por la vía de apremio 
y, en el supuesto de no resultar bienes bastantes, se le aplicaría una responsabilidad 
personal subsidiaria de quince días de localización permanente.
Por diligencia de ordenación de 25 de mayo de 2017, se declaró íntegramente 
satisfecha la multa impuesta a la demandante de amparo, al haber justificado el ingreso 
de su cuantía (270 €) en la cuenta de consignaciones judiciales.
e)  Al día siguiente, 26 de mayo de 2017, la recurrente en amparo registró ante la 
Audiencia Provincial de Madrid escrito por el que promovía un incidente de nulidad de 
actuaciones  frente  a  la  sentencia  de  apelación.  En  él  aquejaba  un  conocimiento 
sorpresivo de la condena recaída en segunda instancia, no adquirido sino a raíz del 
requerimiento de pago de la pena de multa, cursado por el juzgado de instrucción. 
Afirmaba que el conjunto de actuaciones procesales desplegadas a partir del traslado 
para  alegaciones  frente  al  recurso  de  apelación,  interpuesto  de  contrario,  habían 
lesionado su derecho a obtener una tutela judicial efectiva de los tribunales (art. 24.1 
CE). Y ello porque, pese a haber satisfecho la única reclamación vertida en el recurso 
(recuperación de la posesión del inmueble), no se habían trasladado a la sociedad 
apelante los escritos por los que la interesada informaba tanto del desalojo del inmueble, 
como de su voluntad de poner las llaves a disposición de la denunciante con la finalidad 
de hacer efectiva su plena recuperación. Dado que este era el único interés de la  s
acusación apelante, cabía presumir que habría desistido de un recurso solo por ella  oe.
sostenido, en tanto que impugnado por las defensas y por el Ministerio Fiscal. A la vista  w.
de todo ello, y con fundamento en el principio acusatorio en los términos expuestos en la  31ww
sSeTnCte n1c5ia5 /2r0e0c9a,í dad ee n2 5a pdeel ajcuiónnio , o,c itsaudbas ideixapriraemsaemnteen, tes,u  inatneurelascaibóan   elan  nlau lidparodp odrec iólna 
tcootrarleidsapdo.ndiente,  con  reintegro  del  importe  de  la  multa  impuesta  y  abonada  en  su  BOE-A-cable e
Por providencia de 1 de junio de 2017, la audiencia provincial tuvo por recibido el 
escrito, acordando su devolución al letrado de la demandante «al no constar como parte 
del recurso de apelación sobre delitos leves 455-2017, resuelto por sentencia el 27 de 
marzo de 2017».
La  providencia  indicaba  al  pie  su  recurribilidad  en  súplica.  En  uso  de  esta 
información, la demandante presentó un nuevo escrito con el que impugnaba en súplica 
el contenido de la providencia anterior al entender que, con el rechazo a limine del 
incidente que implica la devolución del escrito para su interposición, se habría lesionado 
nuevamente su derecho a obtener una tutela judicial efectiva —en esta ocasión, en su 
vertiente de acceso a la jurisdicción (sic)—, así como sus derechos a un proceso con 
todas las garantías y a emplear los medios de prueba pertinentes para su defensa, 
cercenando sus posibilidades de defensa mediante el estudio de los escritos en su día 
presentados, de los que no se dio traslado a ninguna de las partes, y que tampoco 
merecieron un examen de oficio por el órgano judicial.
Por providencia de 14 de junio de 2017, la audiencia provincial acusó recibo del 
recurso de súplica, acordando nuevamente su devolución al letrado presentante bajo 
igual fundamento, esto es, no constar como parte en el recurso de apelación, a lo que la 
resolución  añade  «sin  perjuicio  de  que  solicite  en  primera  instancia  lo  que  a  su 
conveniencia decida».
3.  La demanda de amparo se dirige contra la sentencia dictada el 27 de marzo 
de 2017 por la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Madrid, así como 
contra las providencias de 1 de junio de 2017 y 14 de junio de 2017 por las que este 
mismo  órgano  rechazó  incorporar  al  procedimiento  los  escritos  por  los  que  la 
demandante  trató  de  promover  un  incidente  de  nulidad  frente  a  aquella  sentencia 
condenatoria. Considera la demandante que dichas resoluciones judiciales lesionan su 
derecho a obtener la tutela judicial efectiva de los tribunales, en su vertiente de acceso a 
la jurisdicción (sic), así como sus derechos a un proceso con todas las garantías, al 
empleo de los medios de prueba pertinentes para la defensa y a la imparcialidad judicial, 
viéndose asimismo afectado el principio acusatorio (art. 24.1 y 2 CE). Aclara, en primer 
término, que el incidente de nulidad se interpuso ante la audiencia provincial al ser el 
órgano que habría incurrido en las infracciones procesales denunciadas, derivadas de su 
pronunciamiento condenatorio, resultando por ello competente para resolverlo (arts. 241 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 228 de la Ley de enjuiciamiento civil).
Al justificar la especial trascendencia constitucional del recurso [art. 49.1 in fine de la 
Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC)], la demanda afirma que la audiencia 
provincial habría incurrido en una negativa manifiesta respecto de su deber de acatar la 
doctrina constitucional sobre el principio acusatorio, invocada en el incidente de nulidad; 
también, al no acatar una consolidada doctrina constitucional sobre el incidente de 
nulidad y el acceso a la jurisdicción (sic), cercenando el principio pro actione al rechazar 
sus  escritos  desde  argumentos  rigoristas,  alejados  del  nivel  de  motivación  y 
razonabilidad exigibles.
La queja, canalizada a través de un único motivo, se desdobla en dos argumentos. 
Por  un  lado,  la  demanda  afirma  que,  con  la  devolución  a  limine  de  los  escritos 
presentados  para  la  promoción  del  incidente  de  nulidad  y  la  posterior  súplica,  la 
audiencia  privó  a  la  demandante  del  acceso  a  la  jurisdicción,  constriñendo  sus 
posibilidades  de  defensa  al  impedir  que  se  tuvieran  en  cuenta  otros  escritos 
anteriormente aportados y que, por omisión de la diligencia exigible del juzgado, ni se 
habrían examinado de oficio por este, ni evacuado traslado a ninguna de las partes para  e.
su  conocimiento.  Para  la  demandante,  la  justificación  que,  en  ambas  providencias,  w.b
bloquea dar recorrido al incidente de nulidad lesiona su derecho a obtener una respuesta  31ww
ninos trsuoclcoi órna zqounea dsau,g iseirneo  lata smebgiuénnd ara pzoronvaidbelen. ciEas  esmcáosn,d elar íad eurnivaa  lahbaocri ai núetl il,j uazlg acadroe cdeer 
feusnteci oónregsa neon  tdael  mpoomteesnttaod  praolgcuensaal  qpuaerad aann cuolanrs trleañ isdeanst ean lcai ae jedceu caiópne ldaeci ólon ,d epcuideisd os euns 
firme por el órgano ad quem.  Afirma la demandante que una decisión como la expuesta
por la audiencia, con devolución liminar de los escritos de parte, contraría la doctrina 
constitucional  que  proscribe  interpretaciones  formalistas  que  dificulten  el  acceso  al 
proceso, pues las resoluciones de inadmisión no están exentas del deber de motivar de 
forma razonable.
A la queja anterior subyace, por otro lado, la petición de la recurrente de que se 
anule la sentencia condenatoria recaída en segunda instancia, en la medida en que 
excede el objeto del recurso de apelación, lesionando el principio acusatorio. En este 
sentido, considera la demandante que la audiencia provincial no podía apartarse de lo 
interesado por la única acusación recurrente, que simplemente pidió la restitución del 
inmueble. Al imponer también una pena de multa, la sala ad quem habría faltado al 
deber de congruencia entre acusación y fallo. Tal quiebra acusaría la de los derechos de 
defensa y al proceso con garantías, según vino a expresar la STC 155/2009, de 25 de 
junio. Condenar al margen de lo solicitado por aquellos a quienes compete delimitar la 
pretensión acusatoria implica, además, una pérdida de imparcialidad.
A  la  vista  de  estos  argumentos,  interesa  que  se  anulen  las  tres  resoluciones 
judiciales,  acordando  este  Tribunal  una  retroacción  de  actuaciones  al  momento 
inmediatamente anterior al dictado de la sentencia de apelación, con el fin de que se 
dicte una nueva resolución, respetuosa con sus derechos fundamentales.
4.  Por providencia de 17 de septiembre de 2018, la Sección Segunda de este 
Tribunal admitió a trámite el recurso [arts. 49.1 y 50.1 a) LOTC, apreciando en él una 
especial trascendencia constitucional por haber podido incurrir el órgano judicial en una 
negativa  manifiesta  del  deber  de  acatamiento  de  la  doctrina  de  este  Tribunal 
[STC 155/2009, de 25 de junio, FJ 2 f)].
En aplicación de lo dispuesto en el art. 51 LOTC, la Sección acordó dirigir atenta 
comunicación a la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Madrid y al 
Juzgado de Instrucción núm. 41 de los de Madrid para la remisión de certificación o 
copia adverada de sus respectivas actuaciones. Acordó también el emplazamiento, por 
término de diez días, de quienes hubieran sido parte en el procedimiento a los efectos de 
poder comparecer en el presente proceso de amparo.
5.  Por diligencia de ordenación de 5 de noviembre de 2018 se tuvo por personada y 
parte en este proceso a la representación procesal de SAREB, S.A.
Recibidos los testimonios judiciales previamente solicitados, se acordó dar vista para 
alegaciones al Ministerio Fiscal y al copenado no recurrente, por plazo común de veinte 
días (art. 52 LOTC).
6.  El 21 de diciembre de 2018 registró sus alegaciones el fiscal ante el Tribunal 
Constitucional, interesando la estimación del recurso.
El fiscal agrupa en dos tramos las lesiones de derechos fundamentales, denunciadas 
en la demanda: por un lado, aquellas que circundan el dictado de la sentencia de 
apelación; por otro, las derivadas de la promoción del incidente de nulidad. Dentro del 
primer grupo, la queja más antigua se remonta a la falta de entrega a las partes del 
escrito por el que se comunicaba el desalojo del inmueble y la voluntad de puesta a 
disposición de su titular, lo cual se calibra en la demanda como infracción procesal grave 
causante de indefensión; la siguiente queja aparece vinculada a la propia sentencia de 
apelación, que habría vulnerado el principio acusatorio al imponer una pena no solicitada 
por  ninguna  acusación.  El  segundo  conjunto  de  lesiones,  concentrado  en  las 
providencias de 1 y 14 de junio de 2017, derivaría del rechazo liminar del incidente de  s
nulidad mediante una motivación precaria que, para la demandante, lesiona su derecho  oe.
de acceso a la jurisdicción, integrado en el de tutela judicial efectiva. w.
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partes personadas, para su conocimiento. Ahora bien, el hecho de que el juzgado de
instrucción no diera efectividad al trámite y procediera, en su lugar, a elevar los autos
originales a la audiencia provincial, dejando con ello que el recurso siguiera su curso, no 
habría ocasionado un perjuicio directo, real y efectivo en el derecho de la demandante a 
obtener la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), pues la consecuencia que la recurrente 
extrae de esa irregularidad procesal —que sintetiza en un potencial desistimiento del 
recurso formalizado— no deja de ser una hipótesis sobre la conducta procesal que 
podría haber desplegado una de las partes; aparece privada, por tanto, del necesario 
grado de certeza.
El fiscal aborda después la imposición en apelación de la pena de multa, con arresto 
sustitutorio en caso de impago (art. 53.1 CP). Subraya aquí que, en efecto, ni el recurso 
de SAREB, S.A., ni las alegaciones del ministerio público —contrarias a su estimación—, 
permitían imponer la pena prevista en el art. 245.2 CP. Siendo ambas acusaciones las 
únicas personadas, y ciñéndose la única pretensión de la apelación a la restitución de la 
finca ocupada, no había quien sostuviera la imposición de una multa, como tampoco de 
su consecuencia limitativa de la libertad en caso de impago. Razona el fiscal que, de 
hecho, esa falta de promoción de una pena pudo influir en la conducta procesal de los 
acusados, inicialmente absueltos, que optaron por poner el inmueble a disposición de la 
recurrente sin mayor dilación. La decisión judicial carecía, por tanto, de cobertura desde 
la  concreta  petición  acusatoria  formulada.  En  este  sentido  evoca  el  fiscal  las 
SSTC 155/2009, de 25 de junio, y 198/2009, de 28 de septiembre, FJ 2, en las que este 
Tribunal expresó que el órgano judicial carece de potestad para actuar en sustitución de 
las acusaciones. En consecuencia, al imponer una pena no solicitada por las partes, la 
audiencia provincial infringió el principio acusatorio.
El fiscal examina, en tercer lugar, las providencias recurridas. Recuerda que, aun 
cuando  el  incidente  de  nulidad  no  constituye  un  recurso  en  sentido  estricto,  tiene 
reconocido  el  canon  propio  de  este  derecho  en  su  perspectiva  constitucional 
(STC 9/2017, de 27 de enero, FJ 5). Según esta misma doctrina, el incidente de nulidad 
no  representa  un  mero  trámite  formal,  previo  al  amparo,  sino  que  es  instrumento 
procesal con el que poder remediar en la vía ordinaria aquellas lesiones de derechos 
fundamentales que no hayan podido denunciarse antes de recaer la resolución que 
ponga fin al proceso, siempre que dicha resolución no sea susceptible de recurso 
alguno, ordinario o extraordinario (STC 153/2012, de 16 de julio, FJ 3). Finalmente, 
desde la perspectiva de las consecuencias de la decisión de inadmisión destaca, con la 
STC 101/2015, de 25 de mayo, FJ 6, que el incidente de nulidad debe cumplir su función 
de control, tutela y defensa de los derechos fundamentales, para lo cual es preciso que 
el órgano judicial motive suficientemente su decisión.
Descendiendo al caso, el fiscal pone de relieve la condición de parte apelada que la 
demandante  ostentaba  frente  al  recurso,  con  evidente  interés  en  su  resultado 
(STC  158/2002,  de  16  de  septiembre,  FJ  2).  Las  providencias  impugnadas 
desatendieron, además, la efectiva intervención de la recurrente como parte apelada, 
posición que no solo se desprende de la presentación del escrito de 2 de marzo de 2017, 
evacuando el trámite del art. 790.5 LECrim, sino también de aquel por el que comunicó 
su nuevo domicilio y teléfono de contacto, lo cual evidencia su voluntad de continuar en 
el proceso. Sopesa también que el art. 790.6 LECrim no prevé ningún trámite adicional 
una vez elevadas las actuaciones al órgano judicial competente para conocer de la 
apelación. La condición de condenada a la que condujo la estimación del recurso y el 
hecho de que tal situación no le fuera participada a la recurrente sino con ocasión del 
requerimiento para el pago de la multa impuesta (cuya insatisfacción podía acarrearle 
una restricción de su libertad personal) son razones que, añadidas a las anteriores,  s
llevan a una conclusión de excesivo rigorismo en el rechazo de plano de sus escritos  oe.
promoviendo un incidente de nulidad y el posterior recurso. La motivación de ambas  w.
providencias es, en suma, insuficiente. 31ww
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orebctuernseor,  lcao tmutoe lean j ulad icreialal teivfae catilv ap ridnec iploios  atrcibuusnaatoleriso,.  tIanntetore esna , seun  vceorntiesencteu ednec iaac, cqeuseo  sael   BOE-A-cable e
declare la nulidad de las providencias de 1 de junio de 2017 y de 14 de junio de 2017, 
así como de la sentencia de apelación, acordando este Tribunal una retroacción de las 
actuaciones al momento inmediatamente anterior al dictado de esta última con el fin de 
que por la Audiencia Provincial de Madrid se emita una nueva, respetuosa con los 
derechos fundamentales vulnerados.
7.  No se presentaron alegaciones por parte de SAREB, S.A., en el plazo conferido 
a tal fin. Se tuvo, igualmente, por decaído en su derecho de personarse en este proceso 
de amparo al copenado no recurrente, careciendo de domicilio conocido a efectos de 
notificaciones  y  requerimientos,  lo  cual  hace  inviable  también  el  nombramiento  de 
procurador del turno de oficio inicialmente solicitado.
8.  Por providencia de 11 de junio de 2020 se señaló para deliberación y votación de 
la presente sentencia el día 15 del mismo mes y año
II. Fundamentos jurídicos
1.  Objeto del recurso de amparo y pretensiones de las partes.
Como queda visto en los antecedentes de esta resolución, la demanda de amparo se 
dirige contra la sentencia de 27 de marzo de 2017, por la que la Sección Decimoquinta 
de la Audiencia Provincial de  Madrid, revocando el pronunciamiento absolutorio de 
instancia, condenó a la recurrente y a otra persona como autores de un delito leve de 
usurpación (art. 245.2 CP). Impugna, asimismo, la providencia de 1 de junio de 2017, 
mediante la cual dicha audiencia rechazó a limine la promoción por la demandante de un 
incidente  de  nulidad  frente  a  tal  sentencia,  acordando  la  devolución  del  escrito 
presentado a tal fin al no tenerla por parte en el recurso de apelación. Se dirige, 
finalmente, contra la providencia de 14 de junio de 2017, por la que este mismo órgano 
judicial rechazó, en idénticos términos, el ulterior recurso de súplica.
La demandante sostiene que la indicada audiencia provincial se excedió en sus 
funciones  al  imponer,  en  vía  de  recurso,  una  pena  de  multa,  con  subsidiaria 
responsabilidad personal en caso de impago. Y ello porque tal pena no había sido 
interesada por la única acusación apelante. Infringió con este proceder las reglas del 
principio acusatorio y de la imparcialidad judicial, lo que a su vez afecta a los derechos 
de defensa y a un proceso con todas las garantías de la recurrente. Vulneró, por otro 
lado, su derecho a obtener una tutela judicial efectiva de los tribunales, en su vertiente 
de acceso a la jurisdicción (sic), al oponerse a incorporar a las actuaciones los escritos 
por  los  que  la  demandante  intentó  promover  un  incidente  de  nulidad  a  raíz  del 
requerimiento de pago de la multa impuesta, efectuado por el juzgado de instrucción en 
fase ejecutoria, no siendo sino entonces cuando la demandante tuvo conocimiento de su 
condena.
El  Ministerio  Fiscal  interesa  la  estimación  del  recurso.  Considera,  en  efecto, 
lesionado el principio acusatorio al imponer la audiencia provincial una pena no solicitada 
en apelación por ninguna de las acusaciones personadas. Estima, igualmente, lesionado 
el derecho de la demandante a obtener la tutela judicial efectiva de los tribunales, en su 
vertiente de acceso al recurso, como consecuencia de la devolución por este mismo 
órgano judicial de los escritos presentados en promoción del incidente de nulidad.
2. Consideraciones procesales previas: ausencia de extemporaneidad del recurso y 
orden de conocimiento de las quejas. e.
En cuanto al orden desde el que han de examinarse las vulneraciones alegadas,  31ww
aedxiogpetnacreiams odse  etul tecrlait esruiob jedteiv ala d me alay opro sriectiróona cjucriíódnic ato dmeal nadcoto re»n [ acrotsn.s 5id3e.2ra yc i1ó6n1 t.a1n bto)  C«Ela ys 
aOrrtg. á4n1ic aL O6/T2C00],7 ,c doem 2o4  «dlae  mfuanycoió, nc uombpjeleti veal  pqroucee, stor acso nlast itruecfoiornmaal  doep aemrapdaar op»o [ra rlta.  5L0e.1y 
b) LOTC]. Conforme a este criterio, debe priorizarse el estudio de aquellas quejas que,
en caso de prosperar, habrían de determinar la retroacción a un momento procesal 
anterior, haciendo innecesario el pronunciamiento sobre las restantes (SSTC 90/2010, 
de 15 de noviembre, FJ 2; 25/2012, de 27 de febrero, FJ 2, y las que en ellas se citan), 
sin menoscabar por ello la subsidiariedad característica del amparo. Así lo afirman 
también las SSTC 152/2015, de 6 de julio, FJ 3; 180/2015, de 7 de septiembre, FJ 3; 
83/2018, de 16 de julio, FJ 2; 101/2018, de 1 de octubre, FJ 2, o 124/2019, de 28 de 
octubre, FJ 2, que aplican la lógica de la mayor retroacción con el fin de asegurar la más 
amplia tutela de los derechos fundamentales.
En nuestro caso, la doble negativa desde la que la audiencia provincial, rechazando 
a limine tanto el incidente como la posterior súplica, dejó incontestada la queja sobre la 
vulneración del principio acusatorio atribuida a la sentencia de apelación, justifica que 
analicemos  preferentemente  esta  queja,  en  tanto  que  anterior  en  el  tiempo.  En 
consecuencia,  abordaremos  en  primer  lugar  aquel  motivo  que,  vertido  contra  la 
sentencia condenatoria de apelación (vulneración del principio acusatorio), no habría 
recibido atención como consecuencia del rechazo de plano del incidente de nulidad. Su 
eventual estimación haría innecesario el análisis autónomo del motivo de índole procesal 
(SSTC 182/2009, de 7 de septiembre, FJ 3; 65/2011, de 16 de mayo, FJ 2; 101/2015, 
de 25 de mayo, FJ 3, o 119/2019, de 28 de octubre, FJ 3) que, planteado sobre ambas 
providencias, vendría a aquejar una vulneración del derecho de acceso al recurso, que 
no del acceso a la jurisdicción, como aclara el fiscal en sus alegaciones.
3.  Doctrina constitucional aplicable: Tutela judicial efectiva sin indefensión (principio 
acusatorio en segunda instancia).
a)  En la STC 155/2009, de 25 de junio, FJ 4, citada por la demandante ya desde el 
momento en que interpuso el incidente de nulidad de actuaciones que sería inadmitido a 
limine  por  la  audiencia,  el  Pleno  de  este  Tribunal  recordó  lo  expuesto  en  la 
STC 123/2005, de 12 de mayo, FJ 3, reiterando que, aunque el principio acusatorio no 
aparezca expresamente mencionado entre los derechos constitucionales que disciplinan 
el proceso penal, ello no es óbice para entender protegidos por el art. 24.2 CE ciertos 
derechos fundamentales que configuran los elementos estructurales de dicho principio, 
que trasciende el derecho a ser informado de la acusación para comprender un haz de 
garantías adicionales. En este sentido, se resaltó la vinculación del principio acusatorio 
tanto con los derechos constitucionales de defensa y a conocer la acusación, como con 
la garantía constitucional de la imparcialidad judicial.
Por lo que afecta al fundamento del deber de congruencia entre la acusación y el 
fallo, como manifestación del principio acusatorio contenida en el derecho a un proceso 
con todas las garantías, la citada sentencia expuso su directa relación, principalmente, 
con el derecho a la defensa y a estar informado de la acusación; de modo que si el 
juzgador se extralimita en el fallo, apreciando unos hechos o una calificación jurídica 
diferentes de los pretendidos por las acusaciones, priva a la defensa de la necesaria 
contradicción. Este deber de congruencia encuentra su fundamento en el derecho a un 
proceso con todas las garantías: el enjuiciamiento penal se ha de desarrollar con respeto 
a la delimitación de funciones entre la parte acusadora y el órgano de enjuiciamiento, 
pues un pronunciamiento judicial que vaya más allá de la concreta pretensión punitiva 
solicitada por quienes sostengan la acusación, implicará la invasión por el órgano judicial 
de competencias reservadas constitucionalmente a aquellas acusaciones, ya que estaría 
condenando  al  margen  de  lo  solicitado  por  los  legitimados  para  delimitarla;  ello 
conduciría, además, a una pérdida de su necesaria posición de imparcialidad, con  e
efectos sobre el derecho a un proceso con todas las garantías (SSTC 123/2005, FJ 4;  bo
247/2005, de 10 de octubre, FJ 2, o 170/2006, de 5 de junio, FJ 2). 31ww
acusAasdí orpause sy,   elal  fvailnloc udlaec iólan  seenntrteen claia  pjuredtiecniasl,ió nc ompuon itcivoan tesnoidstoe npidroap ipoo rd ella sp ripnacripteios 
caocnugsarutoerniote,  cimonp llioc as oqlicuieta deol  póorrg aanqou eldlaes . eLnoj ucicuiaalm reiesnptoon ddee bae l a dnicetcaer siudnaad  nroe ssooluloc idóen 
garantizar las posibilidades de contradicción y defensa, sino también de respetar la
distribución de funciones entre los distintos participantes en el proceso penal (arts. 117 
y 124 CE). De este modo, el análisis del respeto a la garantía del deber de congruencia 
entre acusación y fallo, por parte de una resolución judicial, debe venir dado no solo por 
la  comprobación  de  que  el  condenado  ha  tenido  la  oportunidad  de  debatir 
contradictoriamente los elementos de la acusación, sino también por la comprobación de 
que  el  órgano  de  enjuiciamiento  no  ha  comprometido  su  imparcialidad  asumiendo 
funciones acusatorias que constitucionalmente no le corresponden (STC 155/2009, FJ 4, 
siguiendo a la STC 123/2005, de 12 de mayo).
De  otra  parte,  en  cuanto  al  alcance  del  deber  de  congruencia  respecto  a  la 
pretensión  punitiva,  el  juzgador  queda  constitucionalmente  sometido  a  un  doble 
condicionamiento: fáctico y jurídico. El condicionamiento fáctico viene determinado por 
los hechos objeto de acusación, de modo que ningún hecho o acontecimiento que no 
haya sido delimitado por la acusación, como objeto para el ejercicio de la pretensión 
punitiva,  podrá  ser  utilizado  para  ser  subsumido  como  elemento  constitutivo  de  la 
responsabilidad penal; el órgano judicial, en última instancia, no podrá incluir en el relato 
de hechos probados elementos fácticos que varíen sustancialmente la acusación, ni 
realizar la subsunción con ellos. El condicionamiento jurídico queda constituido, a su vez, 
por la calificación que de esos hechos realice la acusación y la consiguiente petición 
sancionadora. Ahora bien, atendiendo a las propias facultades de pronunciamiento de 
oficio que tiene el juzgador penal, por las cuestiones de orden público implicadas en el 
ejercicio del ius puniendi, el juez podrá condenar por un delito distinto del solicitado por 
la acusación siempre que sea homogéneo con él y no implique una pena de superior 
gravedad, de manera que la sujeción de la condena a la acusación no puede ir tan lejos 
como  para  impedir  que,  el  órgano  judicial,  modifique  la  calificación  de  los  hechos 
enjuiciados en el ámbito de los elementos que han sido o han podido ser objeto de 
debate contradictorio (STC 155/2009, FJ 4, y jurisprudencia allí citada).
b)  En cuanto al deber de congruencia entre la acusación y el fallo en lo que 
respecta a la posible pena a imponer —cuestión que se suscita en la presente demanda 
de amparo—, la STC 155/2009, de 25 de junio, aclaró en sus fundamentos jurídicos 5 
y  6  que  el  órgano  judicial  no  puede  imponer  pena  que  exceda,  por  su  gravedad, 
naturaleza o cuantía, de la pedida por las acusaciones, cualquiera que sea el tipo de 
procedimiento  por  el  que  se  sustancia  la  causa,  aunque  la  pena  en  cuestión  no 
transgreda los márgenes de la legalmente prevista para el tipo penal que resulte de la 
calificación de los hechos formulada en la acusación y debatida en el proceso.
De este modo se refuerzan y garantizan, en su debida dimensión constitucional, los 
derechos de defensa del acusado. La pena concreta solicitada por la acusación para el 
delito formalmente imputado constituye —al igual que el relato fáctico y la calificación 
jurídica en la que aquella se sustenta— un elemento esencial y nuclear de la pretensión 
punitiva, determinante por ello de la actitud procesal y de la posible línea de defensa del 
imputado. Obviamente a este ha de informársele ex art. 24.2 CE no solo de los hechos 
imputados por la acusación y de su calificación jurídica, sino también de las reales y 
concretas consecuencias penológicas que aquella pretende por la comisión de dichos 
hechos; esto es, la pena cuya imposición se solicita. El acusado, ejerce el derecho 
constitucional de defensa sobre la concreta pena solicitada por la acusación, por los 
hechos  imputados  y  la  calificación  jurídica  que  estos  le  merecen,  y  no  sobre  otra 
pretensión  punitiva  distinta,  sin  que  en  modo  alguno  le  sea  exigible  vaticinar  y 
defenderse de hipotéticas y futuribles penas que pudiera decidir el órgano judicial, y que 
excedan por su gravedad, naturaleza o cuantía de las solicitadas por la acusación. En  s
otras palabras, la confrontación dialéctica entre las partes en el proceso y la consiguiente  oe.
posibilidad  de  contradicción  frente  a  los  argumentos  del  adversario,  giran  w.
exclusivamente,  en  lo  que  ahora  interesa,  en  torno  a  la  acusación  expresamente  31ww
pforremteunlasdióan  cpounntriativ eal  iym pau tsaud oc,a tlaifinctaoc ipóonr  ljou ríqduicea s, ec oremfioe rea  ala lso sc eolnecmreetnatso sc ofáncsteiccouse ndcei alas 
ppeuneos,ló hgaic adse,  pfrreonscteri bair slaes l aq useit uaaqcuióenl  ceojenrscteit uscuio ndaelr edceh oin dceofnesntistuiócnio qnuael ,d peo rd eqfueinesbara.  Adesíl   BOE-A-cable e
principio acusatorio, padecería el condenado a quien se le impusiera una pena que 
excediese en su gravedad, naturaleza o cuantía de la solicitada por la acusación.
Tal criterio se cohonesta mejor, a la vez que también la refuerza en su debida 
dimensión constitucional, con la garantía de la imparcialidad judicial en el seno del 
proceso penal, que constituye uno de los fundamentos de la exigencia de aquel deber de 
congruencia como manifestación del principio acusatorio. Ciertamente, aquella garantía 
resulta mejor protegida si el órgano judicial no asume la iniciativa de imponer ex officio 
una pena que exceda en su gravedad, naturaleza o cuantía de la solicitada por la 
acusación, asumiendo un protagonismo no muy propio de un sistema configurado de 
acuerdo con el principio acusatorio, como el que informa la fase de plenario en el 
proceso penal. En este sentido, «desde el más temprano reconocimiento de la dimensión 
constitucional  de  determinadas  garantías  propias  del  principio  acusatorio,  en  la 
jurisprudencia de este Tribunal se ha incidido tanto en su vinculación con los derechos 
de defensa y a conocer de la acusación […] como en la exigencia de separar la función 
de juzgar de la de acusar, para alcanzar la mayor independencia y equilibrio del juez, 
evitando que actúe como parte en el proceso contradictorio frente al acusado, cuando 
debe ser un órgano imparcial que ha de situarse por encima de las partes acusadoras e 
imputadas» (SSTC 123/2005, FJ 4, y 155/2009, FJ 6).
La imposición ex officio por el órgano judicial de pena que exceda de la solicitada por 
la acusación, resulta incluso menos armonizable con la garantía constitucional de la 
imparcialidad  judicial  en  el  proceso  penal,  al  asumir  funciones  acusatorias  que 
constitucionalmente no le corresponden.
c)  Finalmente, es también doctrina de este Tribunal que la ausencia de indefensión 
debe respetarse en cada instancia. Lo cual, desde la perspectiva del principio acusatorio, 
implica que el sostenimiento de pretensiones acusatorias resulta igualmente exigible en 
la  fase  de  apelación  de  la  sentencia  (SSTC  163/1986,  de  17  de  diciembre,  FJ  3; 
168/1990, de 5 de noviembre, FJ 2; 11/1992, de 27 de enero, FFJJ 3 y 4; 83/1992, de 28 
de mayo, FJ 1, o 283/1993, de 27 de septiembre, FFJJ 4 y 5). De este modo, no basta 
con que el principio acusatorio haya tenido efectividad en la primera instancia, para 
entender cumplidas sus exigencias en la segunda instancia si no se reformula en ella la 
pretensión: la correlación entre la acusación y el fallo de la sentencia debe existir en 
todas  las  instancias  judiciales  (STC  100/1992,  de  25  de  junio,  FJ  2;  también 
SSTC 28/1981, de 23 de junio; 240/1988, de 19 de diciembre; 53/1989, de 22 de febrero, 
y 168/1990, de 5 de noviembre). Conforme a ello, la inexistencia de acusación en la 
apelación o su defectuoso planteamiento en dicho grado no pueden entenderse suplidos, 
en modo alguno, por la primera acusación, ya que «en un sistema acusatorio deben 
entenderse igualmente excepcionales los poderes de actuación ex officio del juez lo 
mismo en la primera que en la segunda instancia» (STC 240/1988, de 19 de diciembre, 
FJ 3, por remisión a la STC 84/1985, de 8 de julio).
La  pretensión  acusatoria  debe  constar,  además,  debidamente  exteriorizada, 
rechazándose las formas tácitas o implícitas como manera de satisfacer el principio 
acusatorio exigible en cada una de las instancias penales (STC 47/1991, de 28 de 
febrero, FJ 2, por remisión a la STC 163/1986). Este Tribunal no se refiere con ello a 
supuestos de simple confirmación de la sentencia de primera instancia, sino a aquellos 
casos en los que, sin formularse acusación en grado de apelación, sea condenado quien 
no lo fue en la instancia anterior bien porque no fue acusado, bien porque resultó 
absuelto (SSTC 163/1986; 53/1987, de 7 de mayo, o 11/1992, de 27 de enero), así como 
a aquellos casos en los que el Tribunal ad quem agrave la sentencia de instancia sin  s
previa solicitud por alguna de las partes personadas (SSTC 17/1987, de 13 de febrero,  oe.
y 19/1992, de 14 de febrero). Ahora bien, debe tenerse especial cuidado en no confundir  w.
la  inexistencia  de  acusación  con  la  calificación  jurídica  errónea  que  hayan  podido  31ww
ecofencstiudaerr ae,l  nMoi neissttearriíoa  Fvisinccaul laud oot rpaos r alcau stiapcifiiocanceisó,n p ou eismtop uqtuaec ióenl  óqrugea neon j uedlliac iasle,  sei faescít úlae 
(SSTC 163/1986, 47/1991 y 11/1992).
4.  Análisis de la cuestión de fondo.
En el caso que nos ocupa, SAREB, S.A., promovió en apelación la sustitución de la 
absolución de la demandante, decidida en primera instancia, por su condena como 
autora de un delito leve de usurpación de inmuebles. Interesó, por tanto, en calidad de 
acusación apelante, un perjuicio o gravamen para la solicitante de amparo respecto del 
pronunciamiento de primer grado. La sociedad apelante limitó, sin embargo, su petitum a 
una consecuencia civil ex delicto, encontrándose huérfano el recurso en su integridad de 
cualquier pretensión sancionadora asociada al tipo penal postulado. Así se desprende 
del suplico del recurso, en el que la apelante simplemente expuso un interés de índole 
civil: la restitución del inmueble de su propiedad (arts. 110.1 y 111 CP). No promovió, 
tampoco, en ningún otro apartado del escrito de impugnación, que la subsunción jurídica 
de los hechos en la figura delictiva del art. 245.2 CP atrajera para la demandante una 
consecuencia penológica. El Ministerio Fiscal, lejos de adherirse al recurso o bien de 
formular una pretensión acusatoria alternativa a la de esta sociedad, mostró expresa 
oposición a la estimación de la apelación, interesando la confirmación de la absolución 
decretada en la instancia.
Como  hemos  expuesto,  el  principio  acusatorio  requiere,  en  su  contenido 
constitucional, que la pretensión punitiva se exteriorice en cada una de las instancias, 
siendo inadmisibles las acusaciones implícitas. En el supuesto traído en amparo, la 
acusación recurrente no sostuvo en el grado superior, como era preciso, ninguna petición 
punitiva que autorizara la aplicación de una sanción como la impuesta en la sentencia 
impugnada en amparo. Tal déficit acusatorio no puede entenderse equivalente, en las 
circunstancias del caso, a una mera incorrección jurídica o bien omisión involuntaria que 
pudiera suplir de oficio la sala de apelación; sino que implica la inexistencia misma de 
pretensión  sancionadora  alguna.  Se  llega  a  esta  conclusión  tras  observar  que  la 
sociedad apelante ciñó con claridad su petitum a la restitución del bien de su propiedad, 
del que había sido desposeída; aunque a ello añadiera el interés en que la sentencia de 
instancia fuera revocada y subsumidos los hechos en el art. 245.2 CP. Y es que tal 
expresión debe entenderse exclusivamente referida a la citada reparación de un perjuicio 
material, que la apelante no había visto satisfecho con el pronunciamiento absolutorio 
recaído en la instancia previa. Evidencia esta misma conclusión el hecho de que la 
demandante  de  amparo,  al  conocer  los  concretos  términos  en  los  que  se  había 
planteado el recurso, mostrara su voluntad de dar plena efectividad a la pretensión de 
naturaleza civil, comunicando el efectivo desalojo de la vivienda y su disposición a 
reintegrar en la posesión a la legítima propietaria. Corolario de cuanto antecede es que, 
una vez recuperado el inmueble, la sociedad apelante presentara en virtud de ello escrito 
desistiendo expresamente del procedimiento e interesando el archivo de las actuaciones.
Así las cosas, y marginando cuantos aspectos de legalidad ordinaria han de quedar 
fuera de este amparo, la conclusión a la que llegamos no puede ser otra que considerar 
inidónea  la  concreta  pretensión  acusatoria  esgrimida,  a  los  fines  de  autorizar  la 
imposición de una pena como la aplicada en la sentencia que se impugna (multa de tres 
meses  de  duración  y  cuota  diaria  de  tres  euros,  con  la  responsabilidad  personal 
subsidiaria que prevé el art. 53.1 CP en caso de impago). En semejante contexto, tal 
pena,  aun  asociada  al  tipo  penal  pretendido  (art.  245.2  CP),  carecía  de  cobertura 
acusatoria.
Ya hemos dicho que no resultan asumibles, desde la óptica del principio acusatorio, 
las acusaciones implícitas. No existiendo en segunda instancia quien sostuviera una 
pretensión punitiva, siquiera en su grado mínimo (en similares términos, STC 47/1991,  e.
de 28 de febrero, FFJJ 2 y 3), el órgano judicial no estaba habilitado para suplir un vacío  w.b
que además, en este caso, cabe entender consciente. La simple subsunción jurídica de  31ww
loobst ehneicdhao sn op rsooblaod oesn  eqnu eiel btirpao  dpee nlaals,  nroe gplaesrm ditee  ecxotnratreard uicncaió cno ny sdeecufeennscaia  qsuaen clieo ndaedboeran 
pllaremcaeddoe r,a s indoe ctiadmir.b iAéln  cdoen ldae inmapr aarc iaqluidieand  qhuoey  heas  dree cpurerrseindtire  lae nla baomr pdaerl oó rlgaa naou djuiednicciiaal 
provincial vulneró el deber de congruencia entre acusación y fallo, a la par que el deber 
de imparcialidad que le incumbía.
Debemos considerar, por tanto, infringidos los derechos de la recurrente en amparo 
invocados en relación con la sentencia núm. 195/2017, de 27 de marzo de 2017, de la 
Audiencia Provincial de Madrid. La inexistencia de acusación en la causa en el sentido 
que se acaba de razonar, la consecuente vulneración por la sentencia que se impugna 
del principio acusatorio y, por ende, de los derechos fundamentales que consagra el 
art. 24 CE (defensa, contradicción e imparcialidad judicial), nos llevan a estimar el 
presente recurso.
5.  Efectos de la estimación del recurso de amparo.
Conforme a lo dispuesto en el art. 55.1 LOTC, la estimación del recurso de amparo 
ha de comportar la nulidad de la sentencia recaída en apelación. Debe implicar también 
la de ambas providencias, de 1 y 14 de junio de 2017, que denegaron a limine la 
promoción por la demandante de un incidente de nulidad frente a la condena, de la que 
solo conoció tras ser requerida por el órgano encargado de la ejecución para el pago de 
la pena de multa. Tal efecto expansivo hace innecesario abordar la segunda queja 
planteada en este amparo.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar el recurso de amparo interpuesto por doña Manuela Matos Matos y, en su 
virtud:
1.º  Declarar vulnerado el derecho de la demandante de amparo a la tutela judicial 
efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE), en relación con el principio acusatorio.
2.º  Restablecerla en su derecho y, a tal fin, declarar la nulidad de la sentencia de 27 
de  marzo  de  2017,  núm.  195/2017,  de  la  Sección  Decimoquinta  de  la  Audiencia 
Provincial de Madrid, así como de las providencias de 1 de junio de 2017 y 14 de junio 
de 2017.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a quince de junio de dos mil veinte.–Juan José González Rivas.–
Andrés  Ollero  Tassara.–Santiago  Martínez-Vares  García.–Alfredo  Montoya  Melgar.–
Cándido Conde-Pumpido Tourón.–María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y rubricado.