BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 304 Jueves 19 de noviembre de 2020 Sec. III.   Pág. 101937
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
14505 Resolución de 6 de noviembre de 2020, de la Abogacía General del Estado-
Dirección del Servicio Jurídico del Estado, por la que se publica el Convenio 
de asistencia jurídica con la Universidad de León.
Con fecha 5 de noviembre de 2020 se ha suscrito el Convenio de asistencia jurídica 
entre la Administración General del Estado (Ministerio de Justicia, Abogacía General del 
Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado) y la Universidad de León.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, procede la publicación en el Boletín 
Oficial del Estado de dicho Convenio, que figura como anexo a esta Resolución.
Madrid, 6 de noviembre de 2020.–La Abogada General del Estado-Directora del 
Servicio Jurídico del Estado, Consuelo Castro Rey.
ANEXO
Convenio de asistencia jurídica entre la Administración General del Estado 
(Ministerio de Justicia, Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio 
Jurídico del Estado) y la Universidad de León
REUNIDOS
De una parte, doña Consuelo Castro Rey, en su condición de Abogada General del 
Estado-Directora del Servicio Jurídico del Estado, cargo para el que fue nombrada por 
Real Decreto 716/2018, de 29 de junio, BOE n.º 158; en virtud de Orden JUS/987/2020, 
de  20  de  octubre,  por  la  que  se  delegan  competencias,  actuando  en  nombre  y 
representación de la Administración General del Estado, de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 61 k) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público.
De  otra  parte,  don  Juan  Francisco  García  Marín,  actuando  en  nombre  y 
representación de la Universidad de León, con domicilio social en avenida de la Facultad 
de Veterinaria 25, 24004 de León, en su condición de Excelentísimo y Rector Magnífico 
de  la  Universidad  de  León,  cargo  para  el  que  fue  nombrado  en  virtud  del 
acuerdo 19/2016, el 21 de abril de 2016, de la Junta de Castilla y León, habiéndose 
cumplido en el acto las formalidades reglamentarias y habiendo prestado el interesado el 
juramento o promesa que señala el Real Decreto 707/1979 de 5 de abril.
MANIFIESTAN
Primero.
Que la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado es el 
Centro Directivo que tiene legalmente atribuidas las competencias de asistencia jurídica  s
al Estado y sus Organismos autónomos y a los Órganos Constitucionales. Para el resto  e.
de entidades y organismos que constituyen el sector público estatal, se prevé legalmente  w.
que  la  Abogacía  General  del  Estado  pueda  prestar  asistencia  jurídica  mediante  la  505ww
oportuna formalización de un convenio.
Segundo.
Que la Universidad de León (en adelante, ULE) es una universidad pública del sector 
público estatal de las previstas en el art. 84.1 g) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, y teniendo por objeto la prestación del servicio 
público fundamental de la educación superior mediante la docencia, el estudio y la 
investigación; tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada, que 
ejerce sus funciones con autonomía e independencia respecto de las Administraciones 
Públicas.
Tercero.
Que la ULE de acuerdo con lo establecido en la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, 
de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas y en el Real Decreto 997/2003, 
de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Servicio Jurídico del Estado, 
tiene actualmente suscrito un Convenio de Asistencia Jurídica, de fecha 30 de octubre 
de 2018, con la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado.
Cuarto.
Que al objeto de lograr una mayor efectividad y coordinación de la asistencia jurídica 
a la ULE, ambas partes consideran conveniente la designación por el Abogado General 
del  Estado  de  uno  o  más  Abogados  del  Estado  en  activo  que  actúen  como 
coordinadores directos de la asistencia jurídica.
Quinto.
Que el texto del «convenio tipo», de asistencia jurídica ha sido informado por la 
Abogacía del Estado en el Ministerio de Justicia.
Sexto.
Que, con el fin de regular las condiciones de prestación de esa asistencia jurídica en 
la forma prevista en el ordenamiento jurídico, los comparecientes suscriben el presente 
Convenio, de acuerdo con las siguientes
CLÁUSULAS
Primera.  Objeto.
De conformidad con lo establecido en la citada Ley 52/1997, de 27 de noviembre, en 
la disposición adicional quinta de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre y en el Real 
Decreto 997/2003, de 25 de julio por el que se aprueba el Reglamento del Servicio 
Jurídico del Estado, éste podrá prestar asistencia jurídica a la ULE por medio de los 
Abogados del Estado integrados en aquél. La asistencia Jurídica comprenderá tanto el 
asesoramiento  jurídico  como  la  representación  y  defensa  ante  cualesquiera 
jurisdicciones  y  órdenes  jurisdiccionales  en  los  mismos  términos  previstos  para  la 
asistencia jurídica a la Administración General del Estado.
La ULE colaborará con los Abogados del Estado para la mejor defensa de los 
intereses en litigio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 52/1997,  es
de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas. o
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Segunda.  Facultad de elección de representación y defensa.
Sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula anterior, la ULE se reserva la facultad de 
ser  asesorada,  representada  y  defendida  por  abogado  y,  en  su  caso,  procurador 
especialmente designado al efecto conforme a las normas procesales comunes.
Se entenderá que se renuncia a la asistencia jurídica por parte del Abogado del 
Estado, para toda la tramitación del procedimiento judicial, desde el momento en que la 
entidad convenida comparezca o se dirija al órgano jurisdiccional mediante cualquier otra 
representación.
Tercera.  Contraposición de intereses.
La asistencia jurídica del Estado, por medio de los Abogados del Estado integrados 
en éste, no se prestará cuando exista contraposición entre los intereses de la ULE, y del 
Estado  o  sus  Organismos  Autónomos.  En  este  caso,  la  ULE  será  asesorada, 
representada  y  defendida  por  abogado  y,  en  su  caso,  procurador,  especialmente 
designados al efecto conforme a las normas procesales comunes.
Cuando exista contraposición de intereses entre la ULE y otra entidad convenida, por 
regla general, la Abogacía General del Estado se abstendrá de intervenir en el proceso 
judicial en defensa y representación de una u otra entidad. Los Abogados del Estado 
antes de personarse en estos supuestos elevarán consulta a la Abogacía General del 
Estado.
Cuarta.  Designación de Abogado del Estado coordinador.
El Abogado General del Estado designará a uno o más Abogados del Estado en 
activo para que actúen como coordinadores de la Asistencia Jurídica convenida tanto en 
los asuntos consultivos como, en su caso, contenciosos.
Corresponde a los coordinadores de los convenios de asistencia jurídica mantener 
una relación actualizada sobre el estado de tramitación de los procesos judiciales en los 
que intervenga la Abogacía del Estado y sea parte la entidad convenida. A tal fin la 
entidad convenida deberá elaborar una relación de dichos pleitos.
Quinta.  Duración.
El presente Convenio tiene una duración de dos años. Sin embargo, se entenderá 
prorrogado como máximo por dos años más mediante acuerdo expreso de las partes 
adoptado antes de la finalización de dicho período de vigencia.
Este Convenio surtirá efectos una vez que sea inscrito en el Registro Electrónico 
estatal de órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal, y publicado 
en el «Boletín Oficial del Estado».
Sexta.  Contraprestación.
Como contraprestación por el servicio de asistencia jurídica a que se refiere el 
Convenio, la ULE satisfará a la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio 
Jurídico del Estado la cantidad anual de veinte mil euros (20.000,00) más IVA, que se 
abonará por terceras partes correspondiendo a los períodos: enero-abril, mayo-agosto y 
septiembre-diciembre.
El pago se efectuará mediante el Modelo 069 como documento de ingreso que se  es
enviará junto con la factura debidamente cumplimentado. La ULE deberá efectuar el  bo
ingreso en el plazo previsto en el artículo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,  505ww
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Séptima.  Costas.
En los procesos en los que existan condenas en costas se aplicarán las reglas 
siguientes:
1.ª  Cuando la condenada en costas sea la ULE corresponderá a ésta el abono de 
las causadas a la parte contraria.
2.ª  Cuando la condenada en costas sea la parte contraria, se ingresará a favor de 
la ULE.
Octava.  Modificación.
El presente Convenio solo puede modificarse por acuerdo expreso de las partes 
durante su vigencia o de las sucesivas prórrogas.
Igualmente en cualquier momento de la vigencia del Convenio se podrá ampliar o 
reducir la asistencia jurídica convenida siempre que exista acuerdo expreso de las 
partes.
Cualquier  modificación  se  formalizará  mediante  la  correspondiente  adenda  al 
Convenio.
Novena.  Control y vigilancia de la ejecución del Convenio.
Para la vigilancia y control de la ejecución de este Convenio de asistencia jurídica y 
de los compromisos adquiridos con su firma se establece una comisión de seguimiento 
del  mismo  formada  por  dos  miembros  de  cada  una  de  las  partes.  Esta  comisión 
resolverá cualquier problema de interpretación o cumplimiento que pudiera plantearse. 
Las normas de funcionamiento de dicha comisión se regirán por la normativa reguladora 
del régimen de órganos colegiados de las Administraciones Públicas.
Las partes determinarán mediante anexo la composición de la comisión que, al 
menos, deberá reunirse una vez al año.
Décima.  Causas de resolución.
Son causas de resolución del Convenio:
a)  El transcurso del plazo de vigencia del Convenio o, en su caso, la prórroga 
acordada expresamente.
b)  El mutuo acuerdo.
c)  El incumplimiento de las obligaciones esenciales asumidas en este Convenio.
En este caso, se notificará a la parte incumplidora un requerimiento para que cumpla 
en el plazo de 30 días naturales, la obligación incumplida. Este requerimiento será 
comunicado a los responsables de la Comisión prevista en la cláusula novena y a la 
entidad firmante.
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la 
parte que lo dirigió notificará a la otra, la concurrencia de la causa de resolución y se 
podrá entender resuelto el Convenio. La resolución del Convenio por esta causa podrá 
conllevar la indemnización de los perjuicios causados, de acuerdo con los criterios que 
se determinen por la comisión de seguimiento.
d)  Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del Convenio.
e)  Por extinción de la personalidad jurídica de la entidad convenida. s
f)  Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en otras leyes. oe.
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Las controversias sobre la interpretación y ejecución del presente Convenio serán 
resueltas en el seno de la comisión de seguimiento en el caso de que no fuera posible, el 
orden  jurisdiccional  contencioso-administrativo  será  el  competente  para  resolver  las 
cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse entre las partes, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 1 y 2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha 
jurisdicción.
Duodécima.  Finalización de vigencia del Convenio anterior.
Una vez el presente Convenio adquiera eficacia jurídica, de conformidad con la 
cláusula quinta, quedará resuelto, liquidado y extinguido el anterior Convenio suscrito 
entre las partes en fecha 30 de octubre de 2018, por transcurso de su plazo de vigencia, 
sin necesidad de realizar liquidación adicional alguna. En consecuencia, el presente 
Convenio sustituirá en su totalidad al extinto Convenio firmado por las partes en fecha 30 
de octubre de 2018.
El pago de las cantidades pendientes correspondientes al cuatrimestre en curso en la 
fecha que el Convenio adquiera eficacia jurídica se efectuará con cargo al presente 
Convenio.
Y para que conste, y en prueba de conformidad, firman digitalmente el presente 
Convenio.–La Abogada General del Estado-Directora del Servicio Jurídico del Estado, 
Consuelo Castro Rey.–El Rector Magnífico de la Universidad de León, Juan Francisco 
García Marín.
ANEXO
En  virtud  de  lo  dispuesto  en  la  cláusula  novena  del  Convenio,  la  comisión  de 
seguimiento del mismo está formada por los siguientes miembros:
– Por la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado:
• La Subdirectora General y el Subdirector Adjunto de Coordinación, Auditoría y de 
Gestión del Conocimiento. En defecto de uno de ellos, un Gestor de Apoyo Jurídico de la 
referida Subdirección.
– Por la Universidad de León:
• El Rector de la Universidad de León. En su defecto, la Secretaria General de la 
Universidad de León.
• La Gerente de la Universidad de León.