BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 38 Lunes 14 de febrero de 2022 Sec. III.   Pág. 18868
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
2310 Resolución de 13 de enero de 2022, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación 
del registrador de la propiedad de Toledo n.º 1, por la que se deniega la 
inscripción de restitución de titularidad y exceso de cabida sobre una finca 
registral en virtud de instancia privada y documentación aportada con la 
misma.
En el recurso interpuesto por don S. V. C., en nombre y representación de la 
mercantil «Urbanizadora Pinedo, SA», contra la nota de calificación del registrador de la 
Propiedad de Toledo número 1, don Aurelio Martín Lanzarote, por la que se deniega la 
inscripción  de  restitución  de  titularidad  y  exceso  de  cabida  sobre  la  finca  registral 
número 6.078 en virtud de instancia privada y documentación aportada con la misma.
Hechos
I
Por instancia privada suscrita por don S. V. C., como consejero delegado de la 
mercantil «Urbanizadora Pinedo, SA», se solicitó la «anulación de titularidad» en el 
Registro  de  la  Propiedad  de  las  inscripciones  correspondientes  a  la  finca  registral 
número 6.078 que figuren a favor del Ministerio de Defensa, dejando sin efecto los 
derechos de propiedad de éste sobre dichos terrenos que componen dicha finca, todo 
ello para cumplir con lo estipulado en la Sentencia dictada por el Tribunal Supremo el 
día  20  de  marzo  de  2007.  No  se  acompañaban  las  ejecutorias  de  las  sentencias 
recogidas en los documentos objeto de calificación en que se basaban las solicitudes de 
las operaciones registrales de dicha finca.
La finca 6.078 a que se refiere la documentación presentada se inscribió en el 
Registro de la Propiedad a favor del Estado, Fábrica Nacional de Toledo, el día 24 de 
agosto de 1961 y se formó por agrupación de las fincas registrales 5.388, 2.553 y 4.316, 
de las que, la primera de ellas, se había inmatriculado el día 26 de julio de 1951 en base 
al artículo 206 de la Ley Hipotecaria. En la actualidad, la finca 6.078 está inscrita a favor 
de la Entidad Estado Ministerio Ejercito, en cuanto a la totalidad del pleno dominio de 
esta finca. Adquirida por cesión en virtud de escritura pública autorizada en Toledo, por el 
notario, don Julio Pertegaz Urso, el día 13 de junio de 1961; inscrita el día 24 de agosto 
de 1961, en el Tomo 514 del Archivo, Libro 137 de Toledo, al folio 217, motivando la 
inscripción  2.ª  Constaba  rectificación  de  descripción  a  favor  de  la  Entidad  Estado 
Ministerio Defensa en cuanto a la totalidad del pleno dominio de esta finca. Adquirida por 
rectificación de descripción, en virtud de certificación administrativa expedida en Madrid, 
por  el  Ministerio  Defensa,  Instituto  de  Vivienda,  Infraestructura  y  Equipamiento  de 
Defensa, el día 4 de junio de 2019; inscrita el día 31 de julio de 2019, en el Tomo 1134 
del Archivo, Libro 626 de Toledo, al folio 143, motivando la inscripción 3.ª.
II oe.
Presentada dicha documentación en el Registro de la Propiedad de Toledo número 1,  10ww
mfueer ao binjesttoa ndcei ac aplriifvicaadcaió nno  neergaa stiuvfaic iceonnte f epcahraa  p7o ddee rf eabcrceerdoe dr ea l2 R02e0g,is etrno  bdaes lea  aP rqoupeie duanda 
la prAe telnossi óenf edcet ofosn ddoe s osliucbitsaadnaa er n elas tma iscmaali.ficación  negativa,  se  aportó  el  acta  de
protocolización otorgada el día 4 de marzo de 2020 por la notaria de Toledo, doña Ana
Victoria  García-Granero  Colomer,  con  el  número  436  de  protocolo,  en  la  cual  se 
protocolizaba documento privado sobre superficie y exceso de cabida de la citada finca. 
En dicha acta, la notaria autorizante señalaba en el expositivo III: «Que, a tal efecto, va a 
protocolizar el documento presentado, con la pretensión de que así se inscriba su 
contenido. queda advertido por mí, la notario, de que la mera protocolización de este 
documento privado para nada altera el contenido de lo expuesto en su interior, de modo 
que las manifestaciones o pretensiones en él vertidas no se alteran en su contenido por 
la  protocolización  del  documento.  que  el  acta  notarial  de  protocolización  ha  sido 
concebida como un mero mecanismo para guardar un documento, de modo que se 
impida su extravío y además se pruebe que en esta fecha este documento obraba en 
poder del señor requirente».
Los  documentos  presentados  fueron  objeto  de  una  nueva  nota  de  calificación 
negativa de fecha 23 de abril de 2020.
Se presentaron nuevamente en el Registro de la Propiedad de Toledo número 1 los 
documentos ya calificados, junto con escritura complementaria autorizada el día 11 de 
agosto de 2020 por el notario de Toledo, don Nicolás Moreno Badía. Dicha escritura 
complementaria era otorgada unilateralmente por don S. V. C. en representación de la 
sociedad «Urbanizadora Pinedo, SA». En la citada escritura complementaria de otras se 
señalaba por el notario autorizante lo siguiente: «Advertencias: Yo el notario, hago 
constar: 1) Que la descripción física de la finca y su titularidad jurídica, así como su 
superficie y linderos resultan del acta número 1463 del protocolo de la notario de Toledo 
Doña Ana-Victoria García-Granero Colomer, de veinte de agosto de dos mil diecinueve y 
de las escrituras número 2318 del notario de Alcobendas Don Ignacio Carpio González, 
de dos de diciembre de dos mil diecinueve, subsanada por otra escritura autorizada por 
el Notario de Toledo Don Nicolás Moreno Badía el día once de agosto de dos mil veinte, 
número 1680 de orden de su protocolo. 2) Que la presente escritura es complemento de 
aquellas y se otorga con la única finalidad de determinar en Catastro la situación física 
de la finca registral 5580 cuya titularidad queda reconocida a la mercantil otorgante por la 
sentencia número 355/2007 de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo. 3) Que la 
titularidad catastral que se pretende corresponde en la actualidad a terceros y de las 
consecuencias que ello comporta, considerándose por el notario autorizante que no tiene 
datos  suficientes  para  calificar  la  titularidad  manifestada  por  el  otorgante, 
correspondiendo al Catastro su determinación y, en su caso constancia e inscripción». 
En  el  apartado  segundo  del  otorgamiento  de  dicha  escritura  se  decía:  «Solicita  la 
constancia registral, de las anotaciones marginales, mediante las anotaciones previas e 
inscripciones, o toma de razón a que hubiera lugar en aras de la salvaguarda de los 
derechos de la sociedad compareciente y de las sentencias existentes sobre las fincas 
objeto de este documento público, quedando advertidos que esta parte se reserva 
cuantos  actos  y  acciones  le  asistan  en  Derecho  por  cuantas  omisiones  de  las 
Disposiciones de dichas Sentencias queden puestas en evidencia por falta de acción u 
omisión». En dicha escritura complementaria de otras se protocolizaba un testimonio de 
la Sentencia de la Sala Civil del Tribunal Supremo en la que se basaba la pretensión de 
fondo. En dicho testimonio no se acreditaba el cumplimiento de las obligaciones fiscales 
a que pudiera estar sujeto y tampoco se acompañaban, ni protocolizaban en la escritura, 
la sentencia de la Audiencia Provincial de Toledo objeto del recurso de casación, ni la 
sentencia dictada en los autos de juicio declarativo seguidos ante el juez de Primera 
Instancia número 1 de Toledo que fue recurrida ante la Audiencia Provincial.
Dicha documentación fue objeto de la siguiente nota de calificación: es
«Antecedentes de hecho: w.
titulaNroidtaad d ye  dcea leifixccaecsióon d nee cgaabtiivdaa  doeto rlag asdeag uennd Aal ccoobpeian ddaes l ae le dsícar i2tu drae  dDeic rieemstibturec iódne  2d0e1 l9a 
easncteri teulr aN doeta rsiou bDsaonna Icginóanc oioto Crgaardpaio  eGno Tnozláeldeoz , eclo 1n1  edl en úamgoesroto  2d3e1 82 0d2e0  parnotteo ceoll oN, odtea riloa 
Don Nicolás Moreno Badía, con el número 1680 de protocolo, presentadas bajo el
asiento 307 del Diario 169 de este Registro, y de la escritura complementaria de otras 
para  acreditación  de  circunstancias  urbanísticas  y  constatación  de  las  referencias 
catastrales, constancia de sentencia finca registral 5580 de los Registros de la Propiedad 
de Toledo N.º 3 y Toledo N.º 1 otorgada en Toledo el 15 de diciembre de 2020 ante el 
Notario Don Fidel Sánchez Lozano, con el número 3.949 de protocolo.
Se suspende la inscripción de los documentos presentados en base a los siguientes 
hechos y fundamentos de Derecho:
Hechos:
Primero:
– La primera de las escrituras señaladas fue ya objeto de calificación negativa por 
nota de fecha 9 de enero de 2020 y para subsanar la misma se acompañó a dicha 
escritura una instancia privada suscrita por Don S. V. C. como Consejero Delegado de la 
Mercantil “Urbanizadora Pinedo, S.A.” en la que se solicita la “anulación de titularidad en 
el Registro de la Propiedad de las inscripciones correspondientes a la finca 6078 que 
figuren a favor del Ministerio de Defensa, y en definitiva, dejar sin efecto los derechos de 
propiedad  del  Ministerio  de  Defensa  sobre  dichos  terrenos  que  componen  dicha 
finca 6078, todo ello para cumplir con lo estipulado en la Sentencia dictada por el 
Tribunal Supremo de 20 de marzo de 2.007.” Con dicha instancia se entiende cumplido 
el Principio de Rogación de practicar operaciones registrales sobre dicha finca, pero no 
se acompañan las sentencias recogidas en los documentos objeto de calificación en que 
se basan las solicitudes de las operaciones registrales de dicha finca.
Dicha documentación fue objeto de una segunda calificación negativa con fecha 7 de 
febrero de 2020 que, en resumen, fundamenta la no virtualidad de una mera instancia 
privada para poder acceder al Registro de la Propiedad la pretensión de fondo solicitada 
en la misma.
– A los efectos de subsanar esta segunda calificación negativa se aportó el acta de 
protocolización otorgado el 4 de marzo de 2.020, con número de protocolo 436, por la 
Notario  de  Toledo  Doña  Ana  Victoria  García-Granero  Colomer,  citada  en  los 
antecedentes de hecho, en el cual se protocoliza el documento privado recogido en los 
hechos de la segunda nota de calificación que fue objeto de denegación en base a los 
Fundamentos de Derecho señalados en dicha nota. En dicho acta, la Notario autorizante 
señala en el expone III.–“Que a tal efecto, va a protocolizar el documento presentado, 
con la pretensión de que así se inscriba su contenido. queda advertido por mí, la notario 
de que la mera protocolización de este documento privado para nada altera el contenido 
de lo expuesto en su interior, de modo que las manifestaciones o pretensiones en él 
vertidas no se alteran en su contenido por la protocolización del documento. que el acta 
notarial de protocolización ha sido concebida como un mero mecanismo para guardar un 
documento, de modo que se impida su extravío y además se pruebe que en esta fecha 
este documento obraba en poder del señor requirente”.
Los documentos presentados fueron objeto de una tercera nota de calificación de 
fecha 23 de abril de 2020.
Se acompañan copias de las tres notas de calificación negativa citadas para una 
mayor claridad de lo expuesto respecto a las vicisitudes de los documentos calificados 
desde su primera presentación en este Registro de la Propiedad.
– La finca 6.078 a que se refiere la documentación presentada, fue inscrita a favor 
del  Estado  Fábrica  Nacional  de  Toledo  el  24  de  agosto  de  1.961  y  se  formó  por  es
agrupación de las fincas 5.388, 2.553 y 4.316, de las que, la primera de ellas, se había  bo
inmatriculado en base al artículo 206 de la Ley Hipotecaria el 26 de julio de 1951. 10ww
ELan  lEan aticdtauda lidEasdta ldao f inMcian i6s.t0e7ri8o,  Eesjetárc iintos ccroitan  aC f.aI.vFo. r (d…e):, en cuanto a la totalidad del
pleno dominio de esta finca.
Adquirida por cesión en virtud de Escritura Pública autorizada en Toledo, por el/la 
notario/a don Julio Pertegaz Urso, el día 13 de junio de 1961; inscrita el día 24 de agosto 
de 1961, en el Tomo 514 del Archivo, Libro 137 de Toledo, al folio 217, motivando la 
inscripción 2.ª.
La Entidad Estado Ministerio Defensa con C.I.F. (…), en cuanto a la totalidad del 
pleno dominio de esta finca.
Adquirida  por  rectificación  descripción  en  virtud  de  Certificación  administrativa 
expedida en Madrid, por el Ministerio Defenda [sic] Instituto Vivienda Infraestructura 
Equipamiento, el día 4 de junio de 2019; inscrita el día 31 de Julio de 2019, en el 
Tomo 1134 del Archivo, Libro 626 de Toledo, al folio 143, motivando la inscripción 3.ª.
Segundo:
Se presentan de nuevo los documentos señalados en los antecedentes de hecho de 
la presente nota para una nueva calificación, es decir, los documentos ya calificados 
junto con la escritura complementaria de los mismos. Dicha escritura complementaria es 
otorgada  unilateralmente  por  Don  S.  V.  C.  en  representación  de  la  sociedad 
“Urbanizadora Pinedo, S.A.” y el contenido de la misma no varía en nada los Hechos y 
Fundamentos de Derecho recogidos en las anteriores notas de calificación negativa por 
lo que se reproducirán alguno de los mismos en los términos que luego se dirá.
En la citada escritura complementaria de otras se señala por el Notario autorizante lo 
siguiente: “Advertencias: Yo el notario, hago constar: 1) Que la descripción física de la 
finca  y  su  titularidad  jurídica,  así  como  su  superficie  y  linderos  resultan  del  acta 
número 1463 del protocolo de la notario de Toledo Doña Ana-Victoria García-Granero 
Colomer, de veinte de agosto de dos mil diecinueve y de las escrituras número 2318 del 
notario de Alcobendas Don Ignacio Carpio González, de dos de diciembre de dos mil 
diecinueve, subsanada por otra escritura autorizada por el Notario de Toledo Don Nicolás 
Moreno Badía el día once de agosto de dos mil veinte, número 1680 de orden de su 
protocolo. 2) Que la presente escritura es complemento de aquellas y se otorga con la 
única finalidad de determinar en Catastro la situación física de la finca registral 5580 
cuya  titularidad  queda  reconocida  a  la  mercantil  otorgante  por  la  sentencia 
número 355/2007 de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo. 3) Que la titularidad 
catastral  que  se  pretende  corresponde  en  la  actualidad  a  terceros  y  de  las 
consecuencias que ello comporta, considerándose por el notario autorizante que no tiene 
datos  suficientes  para  calificar  la  titularidad  manifestada  por  el  otorgante, 
correspondiendo al Catastro su determinación y, en su caso constancia e inscripción”.
En principio, parecería que dicha escritura no ha sido otorgada a efectos de producir 
ninguna operación en el Registro de la Propiedad, pero en el otorgan segundo de dicha 
escritura  se  dice:  “Segundo.–Solicita  la  constancia  registral,  de  las  anotaciones 
marginales, mediante las anotaciones previas e inscripciones, o toma de razón a que 
hubiera lugar en aras de la salvaguarda de los derechos de la sociedad compareciente y 
de  las  sentencias  existentes  sobre  las  fincas  objeto  de  este  documento  público, 
quedando advertidos que esta parte se reserva cuantos actos y acciones le asistan en 
Derecho por cuantas omisiones de las Disposiciones de dichas Sentencias queden 
puestas en evidencia por falta de acción u omisión”, por lo que, ante las dudas, se 
procede a calificar lo señalado en dicho otorgan segundo.
En  dicha  escritura  complementaria  de  otras  se  protocoliza  un  testimonio  de  la 
Sentencia de la Sala Civil del Tribunal Supremo n.º 355/2007 en la que se basa la 
pretensión de fondo objeto de esta calificación. En dicho testimonio no se acredita el  e.e
cumplimiento de las obligaciones fiscales a que pudiera estar sujeto y tampoco se  w.b
acompañan, ni protocolizan en la escritura, la Sentencia de la Audiencia Provincial de  10ww
dToelceladroa toivboje tsoe gdueild oRse caunrtseo  edl eJ uCeazs adceió nP rnimi elara S Iennstteanncciiaa  dniúctmadearo  e1n  dloes  Taouletodso  dqeu eju ifcuioe 
rceacliufircraidcaió ann tceo nlaju Anutad ieyn cmiaá sP reoxvhinacuisatli vcau ydae p rleasse tnrteasc iósne nstee necniatise.n dOeb nséercveessaer iaq upea rae nu neal 
otorgan segundo antes transcrito se alude, en plural, a las sentencias existentes sobre 
las fincas objeto de la misma.
Todos los documentos presentados han sido otorgados únicamente por el citado S. 
V. C. y en esencia se solicita la rectificación unilateral de la titularidad inscrita en 
determinados asientos del Registro y en ninguno de dichos documentos se describe la 
finca  6.078  en  los  términos  que  exige  el  artículo  9  a)  de  la  Ley  Hipotecaria  y  el 
artículo 51, 3 y 4 del Reglamento Hipotecario.
Fundamentos de Derecho:
Artículo 1 de la Ley Hipotecaria.
Artículo 3 de la Ley Hipotecaria.
Artículo 38 de la Ley Hipotecaria.
Artículo 40 de la Ley Hipotecaria.
Artículo 82 de la Ley Hipotecaria.
Artículo 9 a) de la Ley Hipotecaria.
Artículo 1280 del Código Civil.
Artículo 254 de la Ley Hipotecaria.
Artículo 51, 3 y 4 del Reglamento Hipotecario.
Artículo 107 del Reglamento Hipotecario.
Preceptos legales y resoluciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, (antes Dirección General de los Registros y del Notariado) que se dirán.
En cuanto al hecho primero:
El acta de protocolización que fue aportada para subsanar la segunda nota de 
calificación no tiene el carácter de documento público a los efectos de lo establecido en 
el artículo 3 de la Ley Hipotecaria, el cual dice “Para que puedan ser inscritos los títulos 
expresados  en  el  artículo  anterior,  deberán  estar  consignados  en  escritura  pública, 
ejecutoria o documento auténtico expedido por Autoridad judicial o por el Gobierno o sus 
Agentes, en la forma que prescriban los reglamentos”.
A  estos  efectos  el  artículo  1.280  del  Código  Civil  señala:  “Deberán  constar  en 
documento  público:  1.º  Los  actos  y  contratos  que  tengan  por  objeto  la  creación, 
transmisión, modificación o extinción de derechos reales sobre bienes inmuebles.”
Y con respecto a los preceptos legales señalados, las resoluciones de la Dirección 
General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, antes Dirección General de los Registros y 
del Notariado, entre otras, señalan que:
– Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de fecha 19 
de Julio de 2011 señala en su Fundamento de Derecho 3. que la protocolización por acta 
notarial del documento privado no atribuye al documento protocolizado el carácter de 
documento público y por lo tanto no es documentación adecuada para producir efectos 
registrales de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Ley Hipotecaria antes 
mencionado.
– Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de fecha 1 de 
Marzo de 2.013, señala en su Fundamento de Derechos puntos 2 y 4 donde dice: “2. Los 
asientos del Registro están protegidos por la salvaguardia de los Tribunales de Justicia, 
siendo la vía judicial la adecuada para proceder a la rectificación en el caso de falta de 
consentimiento por todos los titulares registrales afectados por la mutación jurídico real 
solicitada. Es doctrina reiterada de este Centro Directivo (vid. ‘Vistos’) que el registrador  s
no es competente para decretar la nulidad de los asientos del Registro y que el recurso  oe.
gubernativo no es el procedimiento hábil para acordarla, sino que serán los Tribunales de  w.
Jaqulu simetineceinaso,  sc ruecasitnuadecoilóv ansn ep  eoujren rlaac i tAev euaztno treisd eae dlloo Jsbu tledani cagicaacl –ió snde enc toelarnr cetoisatp aolfinidrdmaidee n dteea  cyloo rcsdo atnint uldaloa i rnetlsae  rrvenegunilcsiditóraandl e –soo,    2022-2310n https://ww
rectificación  del  asiento  correspondiente.  4.  Este  Centro  Directivo  a  determinado
(Resolución de 13 de mayo de 2010) que es necesario el consentimiento expreso de  Bc
todos los titulares registrales para la rectificación de un asiento del Registro. Así pues, en 
el supuesto de este expediente, es necesaria esa concurrencia de consentimiento, ya 
que pretender la rectificación unilateral del Registro en base al título ahora presentado, 
conculca frontalmente lo establecido en los artículos 40 y 82 de la Ley Hipotecaria.”
En base a los anteriores Fundamentos de Derecho, se reitera el párrafo segundo de 
los fundamentos de derecho de la segunda nota de calificación del tenor literal siguiente:
La pretensión de fondo deducida en dicha solicitud no puede acceder al Registro, 
pues los asientos a que la misma se refiere, al estar ya practicados en los libros del 
Registro de la Propiedad, se encuentran bajo la salvaguardia de los tribunales, de tal 
forma  que  sólo  pueden  ser  rectificados  o  dejados  sin  efectos  mediante  los 
procedimientos  legalmente  previstos,  conforme  establece  el  artículo  1  de  la  Ley 
Hipotecaria, que expresa: “Artículo 1.–El Registro de la Propiedad tiene por objeto la 
inscripción o anotación de los actos y contratos relativos al dominio y demás derechos 
reales sobre bienes inmuebles. Las expresadas inscripciones o anotaciones se harán en 
el Registro, en cuya circunscripción territorial radiquen los inmuebles. Los asientos del 
Registro practicados en los libros que se determinan en los artículos 238 y siguientes, en 
cuanto  se  refieran  a  los  derechos  inscribibles,  están  bajo  la  salvaguardia  de  los 
Tribunales y producen todos sus efectos mientras no se declare su inexactitud en los 
términos establecidos en esta Ley.” sin que a tales efectos tenga virtualidad ninguna una 
mera instancia privada soporte de dicha solicitud.
En todo caso téngase en cuenta que todos los documentos presentados han sido 
otorgados únicamente por S. V. C., en representación de la Entidad Urbanizadora Pinedo 
S.A., y en base a los mismos, se pretende esencialmente, la rectificación unilateral de 
asientos del Registro, solicitando su anulación, lo que conculca frontalmente con lo 
establecido en los artículos 40 y 82 de la Ley Hipotecaria.
– Respecto  a  las  manifestaciones  recogidas  en  dichos  documentos  sobre  los 
tramites  dudosos  e  irregularidades  en  la  inmatriculación  que  pudieran  afectar  a  la 
finca 6.078, realizada al amparo del artículo 206 de la Ley Hipotecaria por el Estado, es 
igualmente doctrina reiterada, entre otras, en la Resolución de 5 de julio de 2021, BOE 
de fecha 26 de julio de 2021, “que”, una vez practicado un asiento de inmatriculación, el 
mismo  se  encuentra  bajo  la  salvaguardia  de  los  Tribunales  produciendo  todos  sus 
efectos en tanto no se declare su inexactitud bien por la parte interesada, bien por los 
tribunales  de  Justicia  de  acuerdo  con  los  procedimientos  legalmente  establecidos 
(artículos 1, 38, 40 y 82 de la Ley Hipotecaria).
A  la  luz  de  esta  doctrina  es  claro  que  el  recurso  no  puede  prosperar,  pues 
practicados los asientos los mismos se hallan bajo la salvaguardia judicial y no es 
posible,  en  el  concreto  ámbito  de  este  expediente,  revisar,  como  se  pretende,  la 
legalidad  en  su  práctica  ni  la  calificación  positiva  previa  en  que  encuentran  su 
fundamento los efectos de legitimación que dichos asientos generan.
Que si el ahora recurrente considera que la inmatriculación practicada es incorrecta y 
resulta lesionado por ella, puede promover la rectificación del Registro conforme al 
artículo 40 de la misma ley, el cual establece que «cuando la inexactitud procediere de 
falsedad, nulidad o defecto del título que hubiere motivado el asiento y, en general, de 
cualquier otra causa de las no especificadas anteriormente, la rectificación precisará el 
consentimiento del titular o, en su defecto, resolución judicial. En los casos en que haya 
de solicitarse judicialmente la rectificación, se dirigirá la demanda contra todos aquellos a 
quienes el asiento que se trate de rectificar conceda algún derecho, y se sustanciará por  s
los trámites del juicio declarativo correspondiente. Si se deniega totalmente la acción de  e.
rectificación ejercitada, se impondrán las costas al actor; si sólo se deniega en parte,  w.
decidirá el Juez a su prudente arbitrio”. 10ww
OficEiasl tad edlo cEtrsitnaad oe sd ree it6e raddea  aegno lsat or edciee n2te0 2R1e, ssoolubcrieó nl ad ea n2u6l adceió jnu liod ed eu n2 02a1si,e Bntoole tyína 
Rpreagcitsictraod eos, tqáune b eanjo  slau  sfuanlvdaagmuaerndtioa  ddee  dloesr etrcibhuon 4a leses,ñ acolan: fo“Ermn ed aelf inairttiívcau,l olo 1s. 3a.sº iednet olas  Ldeeyl   BOE-A-cable e
Hipotecaria. Por tanto, las alegaciones del recurrente sobre la improcedencia de la
cancelación practicada sólo pueden dirimirse en sede judicial”. En términos similares se 
pronuncia la resolución de fecha 10 de septiembre de 2021, BOE de fecha 18 de octubre 
de 2021, en su fundamento de derecho tercero que se da aquí por reproducido.
– Con respecto a la falta de descripción de la finca 6.078 es necesario cumplir lo 
señalado  en  los  artículos  9  a  de  la  Ley  Hipotecaria  y  51,  3  y  4,  del  Reglamento 
Hipotecario del tenor siguiente: Artículo 9 “Los asientos del Registro contendrán la 
expresión de las circunstancias relativas al sujeto, objeto y contenido de los derechos 
inscribibles según resulten del título y los asientos del Registro, previa calificación del 
Registrador. A tal fin, la inscripción contendrá las circunstancias siguiente: a) Descripción 
de la finca objeto de inscripción, con su situación física detallada, los datos relativos a su 
naturaleza, linderos, superficie…”; Artículo 51.–“Las inscripciones extensas a que se 
refiere el artículo 9.º de la ley contendrán los requisitos especiales que para cada una de 
ellas determina este Reglamento y se practicarán con sujeción a las reglas siguientes: 
3.ª La situación de las fincas urbanas se determinará expresando el término municipal y 
pueblo en que se hallen, el nombre de la calle o sitio, el número si lo tuvieren, y los que 
hayan tenido antes…”; 4.ª “La medida superficial se expresará en todo caso y con 
arreglo al sistema métrico decimal, sin perjuicio de que también se haga constar la 
equivalencia a las medidas del país. La descripción de las fincas rústica y urbanas será 
preferentemente  perimetral,  sobre  la  base  de  datos  físicos  referidos  a  las  fincas 
colindantes o datos catastrales de las mismas tomados de plano oficial.”
En cuanto al hecho segundo:
En el testimonio protocolizado de la Sentencia del Tribunal Supremo no se acredita el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales a las que pudiera estar sujeto, por lo que es 
necesario  cumplir  el  artículo  254.1  de  la  Ley  Hipotecaria  el  cual  dice:  “Ninguna 
inscripción se hará en el Registro de la Propiedad sin que se acredite previamente el 
pago  de  los  impuestos  establecidos  o  que  se  establecieren  por  las  leyes,  si  los 
devengare el acto o contrato que se pretenda inscribir”, y el artículo 107 del Reglamento 
Hipotecario, el cual dice: “Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 254 de la Ley, una 
vez acreditado el pago de la liquidación de los impuestos con la presentación, en su 
caso, de la carta de pago, o la exención, no sujeción o prescripción mediante la nota de 
la  Oficina  correspondiente,  los  Registradores  se  abstendrán  de  calificar  cuanto  se 
relacione con la liquidación o nota indicadas, sin perjuicio de poner en conocimiento de la 
Delegación  de  Hacienda  respectiva  los  errores  o  deficiencias  que  advirtieren,  si  lo 
estimaren procedente”.
Además, es necesario aportar las sentencias de los Juzgados de Primera Instancia y 
de la Audiencia Provincial citadas en dicho Hecho segundo para la calificación conjunta 
de las tres Sentencias, con el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales que 
pudiesen afectarles.
En los párrafos 4.º, 5.º y 6.º de los fundamentos de derecho de la segunda nota de 
calificación se señaló lo siguiente:
“Como ya se señaló en la primera nota de calificación ‘En base a lo dicho, junto a la 
solicitud de la inscripción de la finca 6.078, deberán presentarse las sentencias aludidas 
en  la  parte  expositiva  de  la  escritura  para  su  calificación  previa  acreditación  del 
cumplimiento de las obligaciones fiscales a que pudieran estar sujetas.
Observación: Se hace constar que en su día se aportaron a este Registro fotocopias 
de dichas Sentencias para otras consultas relativas a dicha finca y se observó que en  es
ninguno de los fallos de las mismas se declaró que la finca 6.078 (que se formó por  bo
agrupación de las fincas registrales 5.388, 2.553 y 4.316), fuera propiedad de la Entidad  10ww
UasolrubbdarPiedno aidrzs iact,od hédoasor taf ain esPcl lanion,o  eyd ds eosete irníSra m.pnAie n.e,ra jlu nntiíidc tuoisole o lo d ohser á dabuesinilne aapn batcoaraas l  piafpirc rapoacrvctaoiiccócatnairc r am mnr áioensdng i ufeliacnx ahamca iiiunósssmntc iavroi.ap c cdaióenn c learelsag ciSisóetnrna tlae slngocubinareas    OE-A-2022-23able en https://
la  citada  finca  6.078,  en  base  al  artículo  82  de  la  Ley  Hipotecaria,  que  dispone:
‘Artículo 82.–Las inscripciones o anotaciones preventivas hechas en virtud de escritura 
pública, no se cancelarán sino por sentencia contra la cual no se halle pendiente recurso 
de  casación,  o  por  otra  escritura  o  documento  auténtico,  en  el  cual  preste  su 
consentimiento  para  la  cancelación  la  persona  a  cuyo  favor  se  hubiere  hecho  la 
inscripción o anotación, o sus causahabientes o representantes legítimos. Podrán, no 
obstante, ser canceladas sin dichos requisitos cuando el derecho inscrito o anotado 
quede extinguido por declaración de la Ley o resulte así del mismo título en cuya virtud 
se practicó la inscripción o anotación preventiva. Si constituida la inscripción o anotación 
por escritura pública, procediere su cancelación y no consintiere en ella aquel a quien 
ésta perjudique, podrá el otro interesado exigirla en juicio ordinario.’
Y,  además  de  lo  señalado  en  párrafos  anteriores,  la  anulación  solicitada  en  el 
documento no se puede practicar porque en la Resolución Judicial aportada no se 
ordena  cancelación  alguna  y  sería  necesario  que  dicha  Resolución  lo  ordenase 
explícitamente indicando la finca y la inscripción de la misma que debiera cancelarse (ex 
RS DGRN 10 y 12 de diciembre de 2.019). En este sentido señalar que el párrado [sic] 
segundo del artículo 38 de la Ley Hipotecaria dispone: “No podrá ejercitarse ninguna 
acción contradictoria del dominio de inmuebles o derechos reales inscritos a nombre de 
persona o entidad determinada, sin que, previamente o a la vez, se entable demanda de 
nulidad o cancelación de la inscripción correspondiente. La demanda de nulidad habrá 
de  fundarse  en  las  causas  que  taxativamente  expresa  esta  Ley  cuando  haya  de 
perjudicar a tercero”.
Además  en  la  Sentencia  del  Tribunal  Supremo  tantas  veces  aludida  en  su 
fundamento  de  derecho  tercero  se  señala:  “En  consecuencia,  se  estiman  ambos 
recursos y, conforme al artículo 1715.1.3.º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, esta Sala 
resuelve lo procedente, dentro de los términos en que aparece planteado el debate. Tal 
como se desprende de lo expuesto hasta aquí no cabe declarar nulidad alguna, ni de 
contrato, ni de las inscripciones registrales, ni acordar tampoco cancelación registral 
alguna, es decir, debe ser desestimada la demanda, con aplicación, en cuanto a las 
costas, de mismo artículo 1715.2.”
Por lo tanto, se reitera que examinado el testimonio de dicha Sentencia, no resulta 
respecto de la finca 6.078 haber sido demandada la cancelación de inscripción alguna, y 
en dicha sentencia congruente con el “petitum”, no se ordena y por lo tanto no procede 
practicar ninguna cancelación sobre dicha finca.
– Sin perjuicio de los anteriormente expuesto, y con respecto a la finca registral 5580 
y a la finca registral 5093 aludidas en la documentación presentada se reproduce el 
párrafo 7.º de los Fundamentos de Derecho de la segunda nota de calificación respecto 
de la finca registral 5.580 (trasladada al Registro de la Propiedad de Toledo número 3) y 
respecto a la posible doble inmatriculación de la finca 5.093 y 6.078.
“Dicha finca 5.580 fue trasladada con fecha 20 de noviembre de 2009 al Registro de 
la Propiedad de Toledo N.º 3, y por lo tanto ya no es competencia del Registro de la 
Propiedad de Toledo N.º 1 siéndole de aplicación en su caso el artículo 1 párrafo 2 de la 
Ley Hipotecaria, que dice: ‘Artículo 1.–Las expresadas inscripciones o anotaciones se 
harán en el Registro, en cuya circunscripción territorial radiquen los inmuebles.’ Y el 
artículo 2 del Reglamento Hipotecario, que dice: ‘Artículo 2.–1. Conforme a lo dispuesto 
en el párrafo segundo del artículo primero de la Ley, las inscripciones o anotaciones se 
harán en el registro en cuya circunscripción territorial radiquen los inmuebles. Si alguna 
finca  radicase  en  territorio  perteneciente  a  dos  o  más  registros,  será  íntegramente 
competente  aquél  en  cuya  circunscripción  se  ubique  la  mayor  parte  de  la  finca.  es
2.  Cualquier  alteración  de  la  demarcación  registral  deberá  ir  acompañada  de  la  o
udMNneo. altiGma –rd. ii tooLVa bac.D,l i eóofei nnnni nc  gMamvei aroa5tnugt.r0udricá9e udf3li lce Oaae cre sitgóseteácngo r aiirttn oruPsetrcaafaerln  irotieoaatn o gpdcrugiaeaaars;dcd dapiaae o dl  eree enll o nl od T qsíolaau ld e e0ifds i3neotr cn idtea oeel  sl rd  easríegagugi ops1isuts8rtetao rsdal  tdelo6ee  .sJd0  u1re7en. 89sei,o4u n 2sltdtee aeanrn í dat1feea .s9rav .4op”q2rlui ,ce daa eebn xltDeeis  oteeenll     OE-A-2022-2310able en https://www.
artículo 209 de la Ley Hipotecaria, que dice: “1. La subsanación de la doble o, en
general, múltiple inmatriculación de una misma finca o parte de ella en folios registrales 
distintos tendrá lugar a través de expediente que se tramitará con sujeción a las reglas 
siguientes: Primera. Será competente para su tramitación y resolución el Registrador del 
distrito hipotecario en que radique la finca doblemente inmatriculada. Si la superficie de 
la finca se extendiese sobre territorio de dos o más Registros, la competencia vendrá 
determinada por el historial registral más antiguo, y si todos fueran de la misma fecha, 
corresponderá al Registrador del distrito donde se sitúe la mayor parte de la superficie de 
la finca. Segunda. El expediente se iniciará de oficio por el Registrador, o a instancia del 
titular registral de cualquier derecho inscrito en alguno de los diferentes historiales 
registrales  coincidentes,  en  los  cuales  deberán  hacerse  constar,  en  los  términos 
prevenidos reglamentariamente, los datos personales del solicitante y un domicilio para 
la  práctica  de  notificaciones.  Tercera.  Si  el  Registrador,  una  vez  realizadas  las 
investigaciones  pertinentes  en  su  propio  archivo,  incluido  el  examen  de  las 
representaciones  gráficas  de  que  disponga,  y  recabados  los  datos  pertinentes  del 
Catastro Inmobiliario, apreciara la coincidencia de las fincas y, en consecuencia, la 
posibilidad de doble inmatriculación, total o parcial, notificará tal circunstancia a los 
titulares  de  los  derechos  inscritos  en  cada  una  de  las  fincas  registrales  o  a  sus 
causahabientes,  si  fueren  conocidos,  en  la  forma  prevenida  en  esta  Ley,  dejando 
constancia de ello mediante nota al margen de la última inscripción de dominio extendida 
en el folio de cada uno de los historiales coincidentes. Cuarta. Cuando el dominio sobre 
la finca aparezca inscrito en los distintos folios registrales en favor de una misma 
persona, si los mismos estuviesen libres de cargas o fueran estas exactamente las 
mismas y estuviesen inscritas siguiendo el mismo orden, de modo que no puedan 
producirse perjuicios para terceros, la contradicción se salvará con el consentimiento de 
los interesados, practicando al final del historial registral más reciente un asiento de 
cierre o cancelación del mismo, haciendo referencia a este hecho, mediante la oportuna 
nota al margen en el historial más antiguo. Quinta. Si fueren distintos los titulares del 
dominio o de las cargas inscritas o siendo coincidentes no guardasen idéntico orden, el 
Registrador convocará a los interesados a fin de lograr el acuerdo que determine las 
titularidades que han de recaer sobre la finca y la prelación registral entre ellas. Sexta. Si 
todos comparecieran y unánimemente convinieran las rectificaciones que, a su juicio, 
hayan de realizarse, el Registrador, siempre que estimase legalmente procedentes las 
operaciones así convenidas, hará constar documentalmente el acuerdo, que firmará con 
los interesados, y procederá a cancelar el historial de la finca registral más moderna y, en 
su caso, rectificar la más antigua, en la forma acordada. Séptima. Si alguno de los 
interesados no compareciese o, compareciendo, formulase oposición en cualquier fase 
de la tramitación, el Registrador dará por concluido el expediente, dejando constancia 
documental de dicho extremo y también por nota al margen de la última inscripción de 
dominio  practicada  en  cada  uno  de  los  folios  reales  coincidentes.  En  tal  caso,  el 
promotor del expediente podrá entablar demanda en juicio declarativo contra quienes no 
hubieran comparecido o hubiesen formulado oposición ante el Juez de primera instancia 
correspondiente al lugar en que radique la finca. Fuera de los supuestos de oposición, 
frente a la denegación de la constatación de la doble inmatriculación por parte del 
Registrador podrán los interesados interponer los recursos previstos en esta Ley para la 
calificación negativa; quedando siempre a salvo la facultad de los interesados para 
acudir al procedimiento correspondiente, en defensa de su derecho al inmueble. Octava. 
Las notas marginales de doble inmatriculación practicadas en los folios de las fincas 
afectadas caducarán a los seis meses de su fecha, salvo que dentro de dicho plazo se  es
practique anotación preventiva, como consecuencia de la presentación en el Registro de  o
lcpstaoaer das docoeats mipc dllaoiaecdsn a adirdn áaetln aemi nsrpá taeonsl rso psiarcuumsiepóiaesunsnte a tdsos eteo on bds rr,eeee s lc  ipupperrrrmoseóocsrpre eroefdnrg ietmqaanu citoeeeió n  nsmtaoe  a  yjlenua, ntd eteciancnabiiam lilfels iice cujaoun critccorióeia onssd p odedo,e  evncaildlg a iReerlananetc tigeviaiao.s n  tEprooanrrtaedd tcvoionierdóa.n onriNis do oap lrovsreese lpa vnceataaivnr.sa otoiE  vaesna,ll      OE-A-2022-2310able en https://www.
dominio  o  cualquier  otro  derecho  inscribible,  relativo  a  la  misma  finca,  se  dará
inmediatamente  por  concluso  el  expediente.  2.  Lo  dispuesto  en  este  artículo  se 
entenderá sin perjuicio de lo previsto en el apartado 4 del artículo 37 de la Ley 33/2003, 
de  3  de  noviembre,  del  Patrimonio  de  las  Administraciones  Públicas,  y  demás 
disposiciones concordantes.”
Vistos los expresados hechos y fundamentos de Derecho, resuelvo no practicar la/s 
operación/es solicitada/s por los motivos expuestos.
Dada la calificación negativa precedente, le informo que, de conformidad con la 
modificación de la legislación Hipotecaria vigente, a partir del 2 de Enero del año 2.002, 
su asiento de presentación quedará prorrogado 60 días más a partir de la fecha de la 
recepción de la notificación.
Contra esta calificación (…)
Toledo, a diecinueve de octubre del año dos mil veintiuno. Fdo. Aurelio Martín 
Lanzarote Registrador del Registro de la Propiedad de Toledo n.º 1.»
III
Contra la anterior nota de calificación, don S. V. C., en nombre y representación de la 
mercantil «Urbanizadora Pinedo, SA», interpuso recurso el día 15 de noviembre de 2021 
en virtud de escrito y en base a los siguientes argumentos:
«Primero. 
Urbanizadora Pinedo S.A. es propietaria en pleno dominio y con carácter privativo, 
de las siguientes fincas: Las fincas registrales 5580, 5092 y 3909, las cuales tienen sus 
orígenes, sus linderos y superficies de conformidad con lo indicado en el Informe de 
Rectificación y Mayor Cabida que se protocoliza en la escritura Notarial de Dña. Ana 
Victoria  García-Granero  Colomer  de  20/8/2019,  remitiéndonos  a  tales  efectos  a  lo 
expuesto en dicho informe (…)
Dicho informe de Rectificación y Mayor Cabida que se protocoliza en la escritura 
Notarial de Dña. Ana Victoria García-Granero Colomer de 20/8/2019 (…)
Consta  la  escritura  otorgada  por  el  Notario  D.  Ignacio  Carpio  González,  de 
fecha 2/12/2019, con número de protocolo 2.318, de Restitución de la Propiedad de 
Exceso de cabida de la finca, donde se viene a certificar [sic] la titularidad de los terrenos 
a favor de Urbanizadora Pinedo S. A. (…)
Asimismo,  se  otorgó  escritura  pública  por  el  notario  D.  Fidel  Sánchez  Lozano, 
el 15/12/2020, con número de protocolo 3.949, siendo una escritura complementaria de 
otras para acreditación de circunstancias urbanísticas y constatación de las referencias 
catastrales, constancia de sentencia finca registral 5580 de los registros de la propiedad 
de Toledo n.º 3 y n.º 1 de Toledo.
Dichos terrenos se encuentran al norte del municipio de Toledo, encuadrados dentro 
de la unidad UA-27 del Plan General de Toledo, en una de las zonas de renovación 
urbana del núcleo urbano de la ciudad, en la zona (…)
Tanto  el  Ayuntamiento  de  Toledo  como  el  Ministerio  de  Defensa  conocen 
sobradamente dicha titularidad. Es más, el Ayuntamiento fue parte demandada en el 
procedimiento judicial, en el cual Sentencia dictada por la Sala de lo Civil del Tribunal 
Supremo de 20 de marzo de 2.007, n.º 355/2.007 (…)
Con anterioridad se dictó Sentencia por el Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de 
Toledo, de fecha 5/12/1.998, en el procedimiento de Mayor Cuantía 222/93 y Sentencia  es
por  la  Sección  Primera  de  la  Audiencia  Provincial  de  Toledo,  en  el  recurso  de  o
apelación 45/2.000. Ambas sentencias fueron casadas por la Sentencia del Tribunal  10www.
fSSísuuippcParreesumm eysoo j , u qbrpuíiodeerin c s,la aese   hcnhautae abrnle rdáfeeennrm  eddnoeecs fdi ianaqdirutoi vec a(u … tmas)enp tliodm eilseaensst otdi mias atliobn atea ssítn iptAeudglamradimon iesetnnrta elac i loSan edenest,em ncaconiamd ado e fopl rTemrrisbuoulanndaaasl    OE-A-2022-23able en https://
por  el  Ministerio  de  Defensa,  en  el  sentido  de  que  se  desestimaron  todas  las 
pretensiones formuladas en la demanda, entre otros pedimentos los siguientes:
– Se solicitó en la demanda que se declarara que la Administración del Estado, a 
través del Ministerio de Defensa, es propietaria de la finca 6078 inscrita al folio 217, del 
tomo 504, libro 137, del Registro de la Propiedad n.º 1 de Toledo.
– También se solicitaba en la demanda: Que la inscripción sexta en lo que se refiere 
a su parcela 1.ª, la inscripción 7.ª, la inscripción 8.ª, correspondientes a la finca 5580 
inscrita en el Registro de la Propiedad n.º 1 de Toledo al tomo 1070, libro 562 y todas las 
inscripciones o notas marginales que traigan causa de la misma, son contradictorias con 
la finca 6078, inscrita al folio 217, del tomo 504, libro 137, del Registro de la Propiedad 
n.º 1 de Toledo,  y en  consecuencia se  declare  la nulidad de dicha inscripción 6.ª 
exclusivamente en lo que afecta a la parcela 1.ª, de las inscripciones 7.ª y 8.ª y de todas 
las inscripciones o notas marginales que traigan causa de las mismas;
– También se solicitaba en la demanda que se declarara que la finca 5093, del 
tomo 485, libro 127, folio 68, del Registro de la Propiedad n.º 1 de Toledo, forma parte de 
la finca 6078, y se ordenara la cancelación del historial jurídico registral de la finca 5093.
Pues bien, todas las peticiones de la demanda, entre las que se encuentran las 
anteriormente indicadas, fueron desestimadas por el Tribunal Supremo.
Se recoge en dicha Sentencia la existencia de irregularidades en la inmatriculación 
de la finca 6078 por el Ministerio de Defensa, que parte de una segregación de la 
finca  5093  con  una  compraventa  que  el  Alto  Tribunal  considera  como  simulación 
subjetiva y se reconoce la cualidad de tercero hipotecario a Urbanizadora Pinedo S.A.
Además,  se  ha  de  indicar  que  durante  la  tramitación  del  procedimiento  Mayor 
Cuantía 222/93, por parte del Ministerio de Defensa se procedió a la segregación de la 
finca 6078, a sabiendas de la controversia existente sobre la misma, y sobre la más que 
“dudosa” titularidad que tenían sobre las fincas objeto de discusión. Con evidente mala fe 
por  parte  del  Ministerio  de  Defensa  se  procedió  a  dicha  segregación  mediante  la 
escritura notarial efectuada por la Gerencia de Infraestructura de la Defensa (Ministerio 
de Defensa), otorgada el 1 de febrero de 1.995, ante el Notario D. Vicente de Prada 
Guaita.
El Ministerio de Defensa, lejos de hacer cumplir con lo estipulado en dicho Fallo, y 
ocultando al Registro de la Propiedad n.º 1 de Toledo la existencia de dicha Sentencia, 
de forma ilícita ha realizado actuaciones de disposición y de regularización de superficies 
de lo que a día de hoy figura como inscrito como Finca 6078, siendo, a juicio del que 
suscribe, de extrema gravedad dicha actuación por el Ministerio de Defensa, dado que 
no se le reconoció la propiedad de la finca 6078.
Asimismo, se han presentado escritos en el Ayuntamiento de Toledo por parte del 
Ministerio de Defensa, no llegando a comprender esta parte cómo se han cursado todas 
sus  gestiones  conociendo  la  tan  controvertida  Sentencia  del  Supremo,  habiéndose 
advertido por varios escritos del Letrado D. I. E., sin que por el Ayuntamiento de Toledo 
se hayan realizado las correspondientes gestiones y averiguaciones para acreditar los 
derechos que asistían al Ministerio solicitante.
En definitiva, los terrenos que ha tratado de incluir como suyos el Ministerio de 
Defensa son propiedad en la actualidad de Urbanizadora Pinedo S.A., encontrándose 
esta entidad en trámites de regularización de la legalidad de dichos terrenos, pues a día 
de hoy registralmente se encuentran a nombre del Ministerio de Defensa, pese a ser un 
dato erróneo, que deberá ser corregido a través de los medios correspondientes. e.e
Segundo. 10ww
vistoA  alafe cvtiastdaa  dpeo rla l oSse pnrteonncuinac idaeml iTernibtousn aqlu Se uepnre lma om, iys mdaa dsoe  qcuoen tsieen lean ,f inecna r e6l0a7c8ió nse c ohna 
los pedimentos de la demanda y la exposición de titularidades de fincas que el Ministerio
de Defensa argumentó a su favor y que fueron totalmente desestimados, y que nos  Bc
encontramos  en  trámites  de  regularización  de  titularidades  y  determinación  de 
superficies, por medio del presente escrito, además de dejar constancia expresa de todo 
lo anterior, solicitamos se dé cumplimiento a lo estipulado por la Sentencia del Tribunal 
Supremo en cuanto al fondo del asunto, para que en definitiva se pueda exigir al Excmo. 
Ayuntamiento que deje de realizar gestiones de disposición y de actuación sobre los 
terrenos objeto de discusión en tanto en cuento al menos no se acredite la titularidad de 
dichas fincas, más allá de lo que actualmente figura a nombre del Ministerio de Defensa, 
dado que la Sentencia dictada por el Tribunal Supremo de 20 de marzo de 2.007 ha 
venido a determinar que dicho Ministerio de Defensa no es titular de los terrenos de los 
que trata disponer, sino que los terrenos de la finca 6078 no van más allá de los límites 
físicos reconocidos físicamente en (…)
Asimismo solicitamos se haga respetar la Sentencia del Tribunal Supremo, debiendo 
realizar el Ayuntamiento las debidas advertencias al Ministerio de Defensa, dado que se 
están produciendo una serie de graves atropellos contra Urbanizadora Pinedo S.A., 
mediante actuaciones principalmente realizadas por dicho Ministerio y por el propio 
Ayuntamiento de Toledo, quienes están obviando el contenido de dicha Sentencia y 
están tomando decisiones sobre los terrenos sobre los que se refiere la misma y sobre 
los que se ha ido haciendo mención en nuestros escritos, que en definitiva vienen a 
corroborar que dichas fincas son en realidad propiedad de Urbanizadora Pinedo S.A.
Los terrenos que ha tratado de incluir como suyos el Ministerio de Defensa, que se 
corresponden con lo que ilícitamente inscribió a su nombre con la finca 6078 son 
propiedad en la actualidad de Urbanizadora Pinedo S.A., que es propietaria de los 
terrenos que comprenden la fincas 5580, 5092 y 3909.
Por otro lado, en su día, en el contrato de opción de compra del año 2.013 de la 
finca 5580, de los 17.769,87 metros cuadrados que se tomaron de la finca 5.580, 
realmente se refieren únicamente a la parcela 1 de dicha 5580, dándose la situación 
además que se arrebataron ilegalmente otros 3.900 metros cuadrados de la parcela de 
Urbanizadora Pinedo S.A. por parte del agente urbanizador Cotolma. Dichos terrenos 
son sobradamente conocidos, pues en la actualidad existen dos edificios de grandes 
dimensiones  construidos  en  los  últimos  años.  Además,  como  decimos,  esos  3.900 
metros cuadrados se utilizaron por parte del Ayuntamiento para llevar a cabo el PAU, de 
forma ilegal, dado que el certificado de 29/4/2011 emitido por el Ayuntamiento de Toledo 
fue fraudulento.
El resto de la parcela de la Finca 5580, la cual no se vendió en dicha compra venta, 
no resultó afectada y sin embargo ahora no aparece por ningún lado.
(…) escrito presentado por el Letrado de la que suscribe y socia de Urbanizadora 
Pinedo S.A., en el cual denunciaba al Ayuntamiento de Toledo una serie de actuaciones 
irregulares sobre la finca 5580. A dicho escrito no se ha obtenido contestación por parte 
del Ayuntamiento de Toledo.
(…) Y así se ha reflejado en la escritura del Notario D. Ignacio Carpio de diciembre 
de 2.019.
Se ha de indicar por último que ni siquiera históricamente los terrenos que se 
corresponden  con  los  de  Urbanizadora  Pinedo  S.A.,  el  Ministerio  de  Defensa  los 
consideraba suyos, como podemos acreditar con la documentación de que disponemos, 
y sí se apropiaron de ellos a través de unos trámites más que dudosos a través del 
art. 206 de la LH que llevaron a cabo en su día, faltando a la verdad y a la realidad, y 
como  se  ha  visto  posteriormente  ha  quedado  desvirtuada  esa  propiedad  con  la 
Sentencia del Tribunal Supremo del año 2.007. es
Tercero. w.
que Veonlv iecnudaon tao  laa  elas crFitiunrcaa  d5e5l 8N0o,t aerilo  cDo.n tIegnniadcoio  dCeal rpeixop odsei tdivioci e1m.ºb rdee d ed i2ch.0a1 9e, sicnrditiucraar 
cdoem laie nfiznac aa fmirmatarinzd 5o5 q8u0e,  yla c soonctiineúdaa dd iUsprboannieiznaddoo rqau eP indeicdhoa  Sfi.nAc.a e sre pgrisotpraiel tasreia f odreml are psotor 
agrupación de las registrales 5092, 5093, 3909, 6076 y 6078. Esa afirmación es errónea.
La Finca 5580 se forma por agrupación de las registrales 4790, 4791, 4792, 4793, 4794 
y 5092. Ésta última, a su vez, se forma al agrupar varias fincas entre las que se 
encontraba la 3909 y las 5091 y 5082, 5083, 5084 y 5085, habiéndose suspendido la 
inscripción en cuanto a 13 fanegas y 250 estadales de la primera de dichas 6 fincas, 
solicitando la inscripción del expresado exceso de cabida al amparo del párrafo tercero 
del artículo 20 de la Ley Hipotecaria, y D. C. L. V. agrupó dichas 6 fincas por ser 
colindantes y solicita que se haga constar la agrupación, lo cual verificó por la presente 
por su título D. C. L. V., inscribe su dominio por agrupación sobre esta finca y por lo que 
respecta a 13 fanegas y 250 estadales, tal y como consta en el Registro de la Propiedad 
por la escritura de 18/6/1942 ante el Notario D. Manuel Ortega (…)
Por  parte  del  Registro  de  la  Propiedad  no  consta  inscrita  en  la  actualidad  la 
finca  5.580,  siendo  cierto  que  en  la  venta  que  se  realizó  en  1.992  solamente  se 
transmitió la parcela número 1, por lo que se cometieron una serie de irregularidades por 
el Registro de la Propiedad que procederá rectificar por éste y cuyo procedimiento se 
está llevando a cabo. Además, los 3.900 metros cuadrados que se utilizaron por parte 
del Ayuntamiento para completar los 21.000 metros cuadrados necesarios para llevar a 
cabo el PAU, fueron tomados de forma ilegal, dado que el certificado de 29/4/2011 
emitido  por  el  Ayuntamiento  de  Toledo  fue  fraudulento  y  contrario  a  derecho,  no 
acreditando de dónde tomaba esa superficie (…)
(…)  Como  puede  comprobarse,  el  Ayuntamiento  viene  conociendo  desde  hace 
tiempo, y por ende también el Ministerio de Defensa, la pretensión sobre la titularidad y 
la posesión de la finca 5580 y las que ella ha ido englobando.
El resto de la parcela de la Finca 5580, la cual no se vendió en dicha compra venta, 
no  resultó  afectada,  y  la  mismo  engloba,  una  vez  restados  los  17.769,87  metros 
cuadrados que se transmitieron en 1.992, por lo que el resto de la finca a la que se hace 
referencia en la escritura de Restitución de Titularidad de Exceso de Cabida de Finca de 
fecha 2/12/2019 es correcta en cuanto las superficies, titularidades y linderos de dicha 
finca 5580, tal y como detalladamente se explica en la misma.
A más abundamiento, indicar que la finca 5092 con la 3909 y una tierra en este 
término constituida por la suerte 2.ª (73 fanegas) y la suerte 3.ª (19 fanegas) de (…), y la 
parcela n.º 28-4-7 de la vía pecuaria (…), la n.º 13 de la denominada (…) y la n.º 24 de la 
llamada (…), en superficie de 56 hectáreas, 33 áreas y 38 centiáreas. Linda al norte con 
(…), al Sur con camino (…), al Este (…) y Oeste (…) Esta fina se forma por agrupación 
de la inscrita en el n.º 3909 al Folio 20 del Libro 86, tomo 354 de Toledo, inscripción 3.ª y 
de los inscritos con los números 5081 a 5085 a los Folios del 51 al 59 al 53* de este 
Libro inscripción 1.ª Esta finca ha pasado a formar la inscrita en el n.º 5580, al folio 111 
del libro 132 de Toledo, inscripción 1.ª, en Toledo, el 6/11/1958.
La Finca 5580 se forma por la agrupación de las inscritas con los números 4790 
al 4794, a los Folios 74 al 82 del Libro 122 de Toledo, inscripción 13 los cuales están 
libres de cargas y de la número, 5092 al Folio 66 del Libro 127 del Toledo, inscripción 1.ª 
Se agrupan por tener linderos comunes para formar la finca de este número.
La Finca 3909 tiene 106 fanegas.
Todas las superficies han sido comprobadas por el Arquitecto Superior D. A. C. F., 
colegiado (…)
Cuarto.
(…) las distintas resoluciones dictadas por los Registros de la Propiedad números 1 
y 3 de Toledo, por las cuales se han venido denegando de forma contraria a derecho las  e.e
distintas solicitudes de inscripción formuladas por Urbanizadora Pinedo S.A., que son las  w.b
que en definitiva han motivado la presentación del presente escrito.» 10ww
IV
El registrador de la Propiedad emitió informe el día 29 de noviembre de 2021,
mantuvo la nota de calificación y elevó el expediente a este Centro Directivo.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 1, 9, 40, 82, 198, 254 y 326 y siguientes de la Ley Hipotecaria; 33 
y 51 del Reglamento Hipotecario; las Resoluciones de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado de 1 de marzo de 2013 y 10 y 12 de diciembre de 2019, y la 
Resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 5 de julio 
de 2021.
1. Se debate en el presente recurso si es posible rectificar la titularidad y superficie 
de determinada finca registral –la número 6.078– inscrita a nombre del Ministerio de 
Defensa, en virtud de la aportación de acta notarial de protocolización de un informe 
privado de titularidad y rectificación de superficie, que se presenta acompañada de copia 
de una Sentencia del Tribunal Supremo que el recurrente entiende que le da la razón en 
cuanto  a  la  titularidad  de  los  terrenos  controvertidos,  al  desestimar  determinadas 
pretensiones del Ministerio de Defensa, actual titular registral de la finca afectada. Se 
acompaña también escritura complementaria identificativa de la superficie y parcela 
catastral de la finca 5.580 propiedad de «Urbanizadora Pinedo SA».
En base a todo ello el recurrente, don S. V. C., en instancia privada, en nombre y 
representación de la citada sociedad «Urbanizadora Pinedo, SA» solicita la rectificación 
unilateral de la titularidad de la finca 6.078, inscrita a favor del Ministerio de Defensa, 
alegando errores en las inscripciones registrales y en las escrituras públicas que las 
motivaron.
La notaria autorizante del acta de protocolización presentada advierte en ella que el 
acta de protocolización de un documento privado no lo convierte en público; y el notario 
autorizante  de  la  escritura  complementaria  afirma  que  la  incorporación  de  datos 
catastrales se hace con la única finalidad de determinar en Catastro la situación física de 
la finca registral 5.580 cuya titularidad queda reconocida a la mercantil otorgante por la 
Sentencia  número  355/2007  de  la  Sala  de  lo  Civil  del  Tribunal  Supremo  (que  el 
recurrente entiende que desvirtúa la inscripción de la finca registral 6.078), pero que la 
titularidad catastral que se pretende corresponde en la actualidad a terceros, por lo «que 
no  tiene  datos  suficientes  para  calificar  la  titularidad  manifestada  por  el  otorgante, 
correspondiendo al Catastro su determinación y, en su caso constancia e inscripción».
El registrador deniega la rectificación pretendida en base a los siguientes defectos: a) 
no tener el acta de protocolización aportada el carácter de título inscribible conforme al 
artículo 3 de la Ley Hipotecaria; b) no ser el registrador competente para decretar la 
nulidad de los asientos del Registro, ni tampoco ser el recurso el procedimiento hábil 
para acordarla, sino que serán los tribunales de Justicia, cuando se ejercite ante ellos la 
acción correspondiente y con la intervención –o al menos citación por la autoridad 
judicial– de la totalidad de los titulares registrales, quienes resuelvan una vez se obtenga 
sentencia firme acordando la nulidad o rectificación del asiento correspondiente; c) no 
describirse la finca conforme a lo exigido en el artículo 9 de la Ley Hipotecaria, y d) no 
acreditarse el cumplimiento de las obligaciones fiscales, como es la autoliquidación del 
Impuesto sobre Trasmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
El recurrente entiende que no es correcta la inscripción de la finca 6.078 en favor del 
Ministerio de Defensa, dado que la «Urbanizadora Pinedo, SA» a quien representa es 
propietaria en pleno dominio de las fincas registrales 3.909, 5.092 y 5.580 –referidas al 
mismo terreno inscrito bajo el número 6.078–, las cuales tienen su origen, linderos y 
superficies de conformidad con lo indicado en el informe de rectificación y mayor cabida 
que se protocolizó por un acta notarial ante la notaria de Toledo, doña Ana Victoria  e.e
García-Granero Colomer, de fecha 20 de agosto de 2019; que consta también escritura  w.b
otorgada por el notario de Alcobendas, don Ignacio Carpio González, de fecha 2 de  10ww
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registral 5.580 de los registros de la Propiedad de Toledo número 1 y 3, otorgada en
Toledo el día 15 de diciembre de 2020 ante su notario, don Fidel Sánchez Lozano. 
Dichos terrenos se encuadran al norte del municipio de Toledo, dentro de la unidad 
UA-27 del Plan General de Toledo, y tanto el Ayuntamiento de Toledo como el Ministerio 
de Defensa conocen sobradamente dicha titularidad.
A juicio del recurrente el Ayuntamiento fue parte demandada en el procedimiento 
judicial que dio lugar a la Sentencia dictada por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo 
de 20 de marzo de 2007, copia de la cual se adjunta, y entiende que los terrenos que ha 
tratado de incluir como suyos el Ministerio de Defensa, que se corresponderían con lo 
que ilícitamente inscribió a su nombre con la finca 6.078, son propiedad en la actualidad 
de «Urbanizadora Pinedo, SA», que es propietaria de los terrenos que comprenden la 
fincas 3.909, 5.092 y 5.580.
2. El  recurso  debe  ser  íntegramente  desestimado,  y  confirmada  la  nota  de 
calificación en todos sus extremos. De hecho, el recurso no rebate técnicamente ninguno 
de los defectos expresados en ella.
3. En cuanto al primero de los defectos, la documentación presentada no permite 
realizar ningún cambio en la titularidad inscrita, como advierten los propios notarios 
autorizantes. Podrá servir como elemento probatorio en un procedimiento judicial de 
rectificación de asientos, si los titulares registrales no consienten voluntariamente a ella y 
judicialmente se comprueba que existieron los errores alegados, pero por sí mismos los 
documentos presentados no tienen virtualidad como título inscribible.
No  basta  en  este  sentido  para  practicar  una  inscripción  cualquier  título  público 
notarial. El Reglamento Hipotecario aclara que se entenderá por título, para los efectos 
de la inscripción, el documento o documentos públicos en que funde inmediatamente su 
derecho la persona a cuyo favor haya de practicarse aquélla y que hagan fe, en cuanto 
al contenido que sea objeto de la inscripción, por sí solos o con otros complementarios, o 
mediante  formalidades  cuyo  cumplimiento  se  acredite  (artículo  33  del  Reglamento 
Hipotecario).
Nada de esto cumplen los documentos aportados en el expediente objeto de este 
recurso:
a) Un  acta  de  protocolización  de  un  documento  privado  –un  informe  sobre 
superficie–, como advierte la propia notaria autorizante al redactarla, no lo convierte en 
documento público, y por tanto carece del carácter de título inscribible (artículo 3 de la 
Ley Hipotecaria). Además, no cabría inscripción por falta de tracto sucesivo, al no estar 
consentido por el titular registral de la finca (cfr. artículo 20 de la Ley Hipotecaria).
b) Lo  mismo  ocurre  con  una  escritura  que  incorpora  los  datos  catastrales  de 
determinadas fincas, a los efectos de iniciar un procedimiento de rectificación catastral. 
Como señala el propio notario autorizante en la misma escritura, ello no tiene efectos 
para  desvirtuar  titularidades  de  terceros,  sino  para  iniciar  los  procedimientos  que 
legalmente sean procedentes.
c) La Sentencia que se acompaña no reúne tampoco los requisitos formales ni 
sustantivos necesarios para motivar una rectificación registral, pues no se trata de una 
ejecutoria o mandamiento judicial de la que resulte una modificación jurídico real.
En concreto, con relación a la finca controvertida –la finca 6.078– no resulta de la 
copia aportada de la sentencia, haber sido demandada la cancelación de inscripción 
alguna. En consecuencia, dicha Sentencia congruente con el «petitum» no ordena –y por 
lo tanto no procede practicar– ninguna cancelación sobre dicha finca. Tampoco en 
ejecución de Sentencia se ha ordenado practicar asiento alguno en el Registro de la  e.e
Propiedad. A lo sumo lo que procede es instar la ejecución de la sentencia si lo que se  w.b
pretende es que el juez ordene la rectificación del Registro. 10ww
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de materia no sustraída al ámbito de autonomía de la voluntad–, bien la oportuna
resolución judicial recaída en juicio declarativo entablado contra todos aquellos a quienes 
el asiento que se trate de rectificar conceda algún derecho.
Es cierto que existen otros procedimientos legales específicos dirigidos a lograr la 
concordancia entre la realidad registral y extrarregistral (cfr. artículos 198 y siguientes de 
la Ley Hipotecaria), cuando se trata de errores o inexactitudes en los títulos o en la 
inscripción, o en sus superficies, pero ninguno de ellos se ha instado por el recurrente.
No se puede pretender que por vía de recurso se aprecien inexactitudes en el 
Registro, fruto de errores en los títulos, sin seguirse ninguno de los procedimientos 
legales procedentes. A este respecto conviene recordar que nunca el recurso puede ser 
la vía para lograr la rectificación de los asientos al margen de tales procedimientos (cfr. 
artículos 326 y siguientes de la Ley Hipotecaria).
5. Por  otra  parte,  en  relación  al  tercero  y  cuarto  de  los  defectos  puestos  de 
manifiesto en la nota de calificación igualmente deben ser confirmados, pues en ninguno 
de  dichos  documentos  se  describe  la  finca  6.078  en  los  términos  que  exige  el 
artículo 9.a) de la Ley Hipotecaria y el artículo 51.3.ª y.4.ª del Reglamento Hipotecario, ni 
se acompaña justificación del pago o exención de los impuestos que gravan la operación 
(artículo 254 de la Ley Hipotecaria).
En  consecuencia,  esta  Dirección  General  ha  acordado  desestimar  el  recurso  y 
confirmar la nota de calificación.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el 
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las 
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de 
la Ley Hipotecaria.
Madrid, 13 de enero de 2022.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.