BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 96 Jueves 22 de abril de 2021 Sec. III.   Pág. 46225
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
6436 Resolución de 25 de febrero de 2021, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica  y  Fe  Pública,  en  el  recurso  interpuesto  contra  la  negativa  del 
registrador de la propiedad de Tortosa n.º 1 a inscribir una escritura de 
adjudicación de herencia.
En el recurso interpuesto por don F.V.A., en su calidad de administrador de la 
sociedad «Viñes Assessors, S.L.», representante de la entidad en cuyo favor ha de 
practicarse la inscripción (la «Fundació Residència Diocesana d’Ancians Sant Miquel 
Arcàngel»), contra la negativa del registrador de la Propiedad de Tortosa número 1, don 
Ángel García Molina, a inscribir una escritura de adjudicación de herencia.
Hechos
I
Mediante escritura de aceptación y adjudicación de herencia autorizada por el notario 
de Tortosa don Pedro Francisco Carpena Sofío el 16 de junio de 2020 (protocolo n.º 
572), la «Fundació Residència Diocesana d’Ancians Sant Miquel Arcàngel», en calidad 
de único heredero de doña T. A. A. y previa aceptación a beneficio de inventario de su 
herencia, se adjudicó la finca registral 33.561/B del citado Registro.
II
Presentada la escritura en el Registro de la Propiedad de Tortosa número 1 fue 
objeto  de  calificación  por  parte  del  registrador,  don  Ángel  García  Molina,  en  los 
siguientes términos:
«En cuanto al asiento 668 del diario 68 y la entrada 2071 de la escritura autorizada 
ante el Notario de Tortosa, Don Pedro Francisco Carpena Sofío número 572/2020 de 
protocolo, manifiesto:
Muy Sr. mío: Conforme al artículo 322 de la Ley Hipotecaria y a los efectos del 
Artículo 19 bis del mismo cuerpo legal, pongo en su conocimiento que, en relación con la 
escritura pública relacionada, se ha advertido el siguiente defecto:
Constando en este Registro la incapacitación de la testadora y estableciendo la 
Sentencia de incapacidad la imposibilidad de realizar actos de disposición, es necesario 
que  el  testamento  reúna  los  requisitos  del  Código  Civil  Catalán  para  las  personas 
incapacitadas, o siendo nulo el testamento se abra la sucesión intestada.
Contra esta calificación negativa caben las siguientes actuaciones. (…)
Tortosa, a trece de noviembre del año dos mil veinte.
El Registrador, D. Ángel García Molina.»
III b
reprDesoenn Fta.Vn.tAe .,d ee nla s ue nctiadlaidda de nd ec uaydom fainvisotrr ahdao dr ed ep rlaac stiocaciresdea lda  «inVsicñreipsc Aiósns e(lsas «oFrsu, nSd.aLc.»ió, 
Residència Diocesana d’Ancians Sant Miquel Arcàngel»), interpuso recurso contra la 
calificación en el que alega lo siguientes fundamentos jurídicos:
«1.  El Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de Tortosa declaró la incapacitación 
parcial de la Sra. T. A. A. con nombramiento de curador que la asistiera solamente en los 
actos de enajenación, gravamen y disposición, sin hacer mención expresa a la facultad 
de testar.
2.  En  virtud  del  artículo  421-3  Código  Civil  Catalán,  pueden  testar  todas  las 
personas, que, de acuerdo con la ley, no sean incapaces para hacerlo. Así pues, el TSJC 
en sus sentencias 25/2014, de 21 de junio y 37/2014, de 8 de mayo, concluye que la 
capacidad de testar es la regla y la excepción es la incapacidad. Son incapaces para 
testar, de acuerdo con el artículo 421-4 Código Civil Catalán, los menores de catorce 
años y quienes no tienen capacidad natural en el momento del otorgamiento. En la 
Resolución de 26 de noviembre de 2015, la DGRN [sic] concluye que el Código Civil de 
Cataluña otorga a las personas de más de 14 años, la capacidad de otorgar testamento 
a pesar de no tener capacidad de obrar plena de conformidad con el artículo 211-3 y en 
esta línea no impide otorgar testamento a las personas incapacitadas si éstas tienen 
capacidad en el momento del otorgamiento.
3.  El artículo 421-9 del Código Civil de Cataluña, a los efectos de la intervención de 
facultativos  en  el  testamento  notarial,  distingue  los  casos  según  el  testador  esté 
incapacitado judicialmente o no. Si el testador no está incapacitado judicialmente, el 
notario debe apreciar la capacidad de acuerdo con el artículo 421-7, y si lo considera 
pertinente, puede pedir la intervención de dos facultativos. En cambio, si el testador está 
incapacitado es cuando la presencia de dos facultativos es inexcusable.
La Sra. A. no estaba incapacitada totalmente, sino parcialmente, y según consta en 
la sentencia de incapacitación, "padece un retraso mental leve o ligero" que la incapacita 
para los actos de disposición patrimonial.
4.  De la STS de 15 de marzo de 2018 se extrae que la disposición de bienes mortis 
causa no puede equipararse a los actos de disposición inter vivos y existe una regulación 
específica para el otorgamiento de testamento por las persones con discapacidad mental 
o intelectual.
5.  En este caso, la Sra. A. tenía capacidad modificada judicialmente en virtud de 
sentencia  en  la  que  no  la  sometía  a  tutela,  hecho  que  hubiera  comportado  una 
representación legal, sino a una curatela, régimen que exige complemento de capacidad 
para realizar determinados actos que establece la sentencia, entre los cuales está el de 
disposición  de  sus  bienes,  pero  no  el  de  otorgar  testamento.  En  relación  con  el 
artículo 491.2 solo habla de testador incapacitado judicialmente, sin distinguir entre la 
incapacitación  total  o  parcial  ni  sobre  los  actos  sobre  los  cuales  recae  esta 
incapacitación. Esta sería, a nuestro entender, la base del argumento del Registrador 
para la calificación ya que en su nota de calificación no específica los requisitos que 
debía cumplir el testamento. Ahora bien, las limitaciones de capacidad de obrar se han 
de interpretar de manera restrictiva de acuerdo con el artículo 211.3.3 y siempre a favor 
de la persona con capacidad modificada. La interpretación que se tiene que hacer del 
artículo 421-9 cuando habla de "testador incapacitado judicialmente" tiene que ser en el 
sentido restrictivo, teniendo que estar incapacitada judicialmente expresamente para 
testar.
6.  Finalmente, la Resolución JUS/3526/2019, de 9 de diciembre, dictada en el 
recurso gubernativo interpuesto contra la calificación de la Registradora de la Propiedad 
titular del Registro de la Propiedad núm. 5 de Barcelona que suspende la inscripción de  e.
una escritura de herencia porque en el testamento que la rige, otorgado por una persona  w.b
sujeta a curatela, no se han cumplido los requisitos del artículo 421-9 del Código Civil de  36ww
Cpeartoa lunñoa s, ere slau einlvcea pqaucei teen t olotas lmcaesnotse  enni  qeuxep ruensaa mpeenrsteo npaa eras téo tionrcgaapra tceitsatdaam ejundtioc,i aslmereán teel 
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revoca  la  nota  de  calificación  de  la  Registradora,  siendo  inscribible  la  escritura 
presentada sobre la base del testamento.»
IV
Presentado el escrito, y remitido el expediente a este Centro Directivo, se observó la 
omisión del trámite de traslado del recurso al notario autorizante, lo que fue subsanado. 
El uno de febrero del dos mil veintiuno, dicho notario, mediante escrito aportado al 
Registro y después remitido a este Centro Directivo, formuló las siguientes alegaciones:
«Informe del Notario de Tortosa Pedro Francisco Carpena Sofío sobre la calificación 
negativa del Registrador de la Propiedad de Tortosa Número Uno Ángel García Molina 
de la escritura de aceptación y adjudicación de herencia autorizada por mí el 16 de junio 
de 2020 bajo el número 572 de protocolo, como consecuencia del recurso interpuesto 
por F.V.A. el 2 de diciembre de 2020.
I.  Se presenta en el Registro de la Propiedad escritura de aceptación y adjudicación 
de  herencia  referida  en  el  encabezamiento  de  la  presente,  respecto  de  la  cual  el 
Registrador  califica  en  los  términos  siguientes:  «Constando  en  este  Registro  la 
incapacitación  de  la  testadora  y  estableciendo  la  Sentencia  de  Incapacidad  la 
imposibilidad de realizar actos de disposición, es necesario que el testamento reúna los 
requisitos del Código Civil de Catalán para las personas incapacitadas, o siendo nulo el 
testamento se abra la sucesión intestada».
II.  En el expediente se pone a disposición de este Notario copia de la inscripción en 
Libro de Incapacitados y la Sentencia de incapacitación de 7 de diciembre de 1999. Y de 
dicha documentación resulta que el testamento que constituye el título de la sucesión fue 
otorgado el 13 de abril de 2010 por testadora que había sido sometido a curatela 
mediante sentencia en que «se declara la Incapacitación parcial de…, con nombramiento 
de curador que la asista en los actos de enajenación, gravamen y disposición».
III.  La cuestión consiste en determinar la aplicación del artículo 421.9 del Código 
Civil de Cataluña al sometido a curatela por sentencia que requiere la asistencia del 
curador para los actos de enajenación, gravamen y disposición. Según dicho artículo “si 
el testador está incapacitado judicialmente puede otorgar testamento notarial abierto en 
intervalo lúcido si dos facultativos aceptados por el notario certifican que el testador tiene 
en el momento de testar bastante capacidad y lucidez para hacerlo”. Y la respuesta ha 
de ser negativa por los motivos siguientes: a) En la curatela, el curador conserva su 
capacidad de obrar y tan solo se requiere la asistencia del curador, completando su 
capacidad, en los actos que expresamente establezca la sentencia y en cualquier caso 
para los actos del art. 222-43 y para otorgar capítulos matrimoniales (art. 223-4 CCC). 
Además, el artículo 211-3.3 del CCC establece que las limitaciones a la capacidad de 
obrar deben interpretarse de forma restrictiva atendiendo a la capacidad natural. En 
consecuencia, en el sometido a curatela no puede darse el presupuesto de aplicación de 
la norma del art. 421.9, esto es el “intervalo lúcido”, ya que conserva su lucidez y solo 
requiere  la  asistencia  del  curador  para  los  actos  que  expresamente  determine  la 
sentencia. b) La Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de marzo de 2018, si bien 
referida al artículo 665 del Código Civil, establece que “la limitación de la capacidad de 
obrar para realizar actos de disposición sin intervención del curador no comprende los 
actos de disposición mortis causa, sino que debe estarse a la opinión del notario y de los 
médicos que aprecien in situ la capacidad del otorgante”. c) Y este supuesto ha sido  es
específicamente resuelto por la Dirección General de los Registros y del Notariado [sic]  bo
en Resolución JUS/3526/2019 que literalmente establece: “A favor de la equiparación  36ww
eptaeqlrestuíntcaipauda loodr rae 4c inl2iaóc1sna-  9psp.ai2tocu,di ateapcmdoioodon esejum sad oridcgsei ua amlsmrugeemunnmtisateieró. n nqEt uasaer   :lta qu1 utpe)e olla asl asioc   ilólaiemn yc i tduanercao ilt oaedn lraiese stgci noiasgn turl aave di scoptaaropasra.q  acEu iednla a  csdaoó pnldoltierc a aho cadbibóerlan aer   sddsteaeel     OE-A-2021-64able en https://
tienen que interpretar de manera restrictiva (211-3.3, 2), y siempre en favor de la persona
con capacidad modificada; 2) el testamento es un negocio jurídico que tiene que ser 
conservado mientras sea posible y que disfruta del favor testamenti (artículos 421-6, 
422-5, 422-6 y 422-3.2; 3), de acuerdo con los principios que derivan de la Convención 
de  las  Naciones  Unidas  sobre  los  derechos  de  las  personas  discapacitadas,  de 
diciembre  de  2006,  y  el  espíritu  de  la  doctrina  más  reciente,  no  hay  propiamente 
personas incapaces, sino personas con la capacidad modificada judicialmente, y es 
precisamente la sentencia de incapacitación la que tiene que establecer los límites a la 
capacidad de la persona; 4) los requisitos formales del negocio jurídico responden 
siempre a finalidades de protección de las personas concernidas y de la seguridad 
jurídica, pero no pueden ser entendidos de manera maquinal e incuestionable; 5) en 
materia sucesoria el sujeto tutelado por la ley, en Cataluña, es precisamente la persona 
que dispone libremente de sus bienes, no el cónyuge o el conviviente, o determinados 
parientes, a los cuales se les otorga el derecho a la legítima o a la cuarta vidual; 6) el 
artículo 421-4 considera incapaces para testar a los que no tienen capacidad natural en 
el  momento  del  otorgamiento,  mientras  que  el  artículo  421-9  habla  de  testador 
incapacitado judicialmente, y habrá que entender esta previsión en el sentido que tiene 
que estar incapacitado judicialmente para testar.”
Y añade que su anterior Resolución de 26 de noviembre de 2015 se refería a un 
supuesto de incapacidad absoluta por lo que la intervención de los facultativos era un 
requisito formal reforzado que había que cumplir; pero no en el presente caso en que se 
trata  de  un  supuesto  de  capacidad  modificada  por  sentencia  que  impide  hacer 
determinados actos, pero no impide hacer testamento.
En  consecuencia,  el  testamento  que  constituye  el  título  de  la  sucesión  ha  de 
considerarse válido como consecuencia del juicio de capacidad del Notario autorizante 
conforme al artículo 421-7 del CCC en relación con los artículos 421-3 y 421-4 del mismo 
cuerpo legal.»
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 18, 19, 19 bis y 322 y siguientes de la Ley Hipotecaria; 211-3, 
419-1, 421-3, 421-4, 421-7, 421-8 y 421-9 del Código Civil de Cataluña; 665 y 666 del 
Código Civil; 1, 2 y 3 de la Ley 5/2009, de 28 de abril, de los recursos contra la 
calificación negativa de los títulos o las cláusulas concretas en materia de derecho 
catalán que deban inscribirse en un registro de la propiedad, mercantil o de bienes 
muebles de Cataluña; la Convención de las Naciones Unidas sobre derechos de las 
personas con discapacidad de 13 de diciembre de 2006 (vigente en España desde el 3 
de mayo de 2008); artículos 99 y siguientes del Reglamento Hipotecario; las Sentencias 
del Tribunal Constitucional 156/1993, de 6 de mayo, y 4/2014, de 16 de enero; las 
Sentencias del Tribunal Supremo de 16 de mayo y 8 de noviembre de 2017 y 15 de 
marzo, 15 de junio y 28 de septiembre de 2018; la sentencia de la Audiencia Provincial 
de Badajoz de 14 de septiembre de 2020; las Resoluciones de la Direcció General de 
Dret i d’Entitats Jurídiques de la Generalitat de Cataluña de 26 de noviembre de 2015 y 9 
de diciembre de 2019; las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado de 13 de septiembre de 2001, 21 de septiembre de 2017, 5 de marzo de 2018 
y 29 de agosto de 2019; y la Resolución de esta Dirección General de Seguridad Jurídica 
y Fe Pública de 22 de octubre de 2020.
1.  Son hechos relevantes para la resolución de este recurso los siguientes:
a)  Mediante escritura de aceptación y adjudicación de herencia otorgada el 16 de  bo
junio de 2020, la «Fundació Residència Diocesana D’Ancians Sant Miquel Arcàngel», en  36ww
acteacselitdpabatm)a dec inLdótaeno    ccúnoanonliictf aibacre aianhcleei ófrdniece diolre e radcañea o ídidn eav2  e0den1ost0ñ a dari(e oclT  ud.syAeiag. As uuc.i,e o hnipnetiesare t itntoeucbniidaroao,r  : s cie«no Ccamoodronjpu sodttaraicaln ódpd adoo er a etel nara  mqeciuasnetuaelsdl aaRa)n  eftiyegn  icspeatrnr.eo v uliana    OE-A-2021-64able en https://
incapacitación  de  la  testadora  y  estableciendo  la  Sentencia  de  incapacidad  la
imposibilidad de realizar actos de disposición, es necesario que el testamento reúna los 
requisitos del Código Civil Catalán para las personas incapacitadas, o siendo nulo el 
testamento se abra la sucesión intestada».
c)  El recurrente alega:
– Que había presentado al Registro la escritura de herencia, «aportando para su 
inscripción sentencia de incapacitación parcial de la Sra. T.A.A.».
– Que  el  Juzgado  de  Primera  Instancia  número  4  de  Tortosa  declaró  la 
incapacitación parcial de dicha señora, con nombramiento de curador que la asistiera 
solamente en los actos de enajenación, gravamen y disposición, sin hacer mención 
expresa a la facultad de testar.
– Que en virtud del artículo 421-3 Código Civil de Cataluña, pueden testar todas las 
personas,  que,  de  acuerdo  con  la  ley,  no  sean  incapaces  para  hacerlo.  Cita  las 
sentencias  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Cataluña  25/2014,  de  21  de  junio 
y 37/2014, de 8 de mayo, que afirman que la capacidad de testar es la regla y la 
excepción es la incapacidad.
– Que, en la Resolución de 26 de noviembre de 2015, la Dirección General de los 
Registros y del Notariado [sic] concluye que el Código Civil de Cataluña otorga a las 
personas de más de 14 años la capacidad de otorgar testamento a pesar de no tener 
capacidad de obrar plena de conformidad con el artículo 211-3 y en esta línea no impide 
otorgar  testamento  a  las  personas  incapacitadas  si  éstas  tienen  capacidad  en  el 
momento del otorgamiento.
– Que el artículo 421-9 del Código Civil de Cataluña, a los efectos de la intervención 
de facultativos en el testamento notarial, distingue los casos según el testador esté 
incapacitado judicialmente o no. Si el testador no está incapacitado judicialmente, el 
notario debe apreciar la capacidad de acuerdo con el artículo 421-7, y, si lo considera 
pertinente, puede pedir la intervención de dos facultativos. En cambio, si el testador está 
incapacitado es cuando la presencia de dos facultativos es inexcusable. La Sra. T.A.A. 
no estaba incapacitada totalmente, sino parcialmente, y según consta en la sentencia de 
incapacitación, «padece un retraso mental leve o ligero» que la incapacita para los actos 
de disposición patrimonial.
– Que de la Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de marzo de 2018 se extrae que 
la disposición de bienes «mortis causa» no puede equipararse a los actos de disposición 
«inter vivos» y existe una regulación específica para el otorgamiento de testamento por 
las persones con discapacidad mental o intelectual. En este caso, la testadora tenía 
capacidad modificada judicialmente en virtud de sentencia en la que no la sometía a 
tutela, hecho que hubiera comportado una representación legal, sino a una curatela, 
régimen que exige complemento de capacidad para realizar determinados actos que 
establece la sentencia, entre los cuales está el de disposición de sus bienes, pero no el 
de otorgar testamento.
– Que el citado artículo 421-9 solo habla de testador incapacitado judicialmente, sin 
distinguir entre la incapacitación total o parcial ni sobre los actos sobre los cuales recae 
esta incapacitación, lo que sería la base del argumento del registrador para la calificación 
ya que en la nota recurrida no específica los requisitos que debía cumplir el testamento. 
Ahora bien, las limitaciones de capacidad de obrar se han de interpretar de manera 
restrictiva de acuerdo con el artículo 211.3.3 del Código Civil de Cataluña y siempre a 
favor de la persona con capacidad modificada. Por ello, la interpretación que se tiene 
que hacer del artículo 421-9 cuando se refiere al «testador incapacitado judicialmente» 
tiene que ser en el sentido restrictivo, teniendo que estar incapacitada judicialmente  e.
expresamente para testar. w.b
– Que la Resolución JUS/3526/2019, de 9 de diciembre, de la Direcció General de  36ww
iDnrteetr pui eds’tEon tcitoantstr aJ ularí dciqauliefisc acdieó n lad eG elan erreagliitsattr addeo raC adtea lulañ a,P rdoipciteaddaad  edne  eBl arrececulornsao 
tneúsmtaemroe n5to  qquuee  lsau rsipgeen, doeto rlgaa dinos cproipr cuiónna  pdeer suonnaa  seusjcertiatu ara c udrea tehlear, ennoc isae  phoarnq uceu mepnl ideol 
los requisitos del artículo 421-9 del Código Civil de Cataluña, resuelve que en los casos
en que una persona esté incapacitada judicialmente pero no se la incapacite totalmente 
ni expresamente para otorgar testamento, será el notario quien, a su parecer, requerirá la 
presencia de dos facultativos para otorgar testamento, no siendo este un requisito.
2.  Antes de analizar el fondo del presente recurso, es preciso, con carácter previo, 
que esta Dirección General decida sobre su propia competencia para resolverlo, pues, 
aunque  la  nota  toma  como  base  para  denegar  la  práctica  de  la  inscripción  un 
impedimento que deriva de los libros registrales («obstáculos que surjan del Registro»), 
no es menos cierto que tanto en el recurso como en la nota se cita preceptos sustantivos 
de derecho civil catalán. No obstante, debe anticiparse que el núcleo rector de esta 
resolución se ha de centrar en el alcance que pueda tener la calificación sobre la base 
de un determinado asiento registral: el Libro de Incapacitados.
Así las cosas, este Centro Directivo tiene ya declarado, en aplicación de lo dispuesto 
en la Ley 5/2009, de 28 de abril, del Parlamento de Cataluña, parcialmente declarada 
inconstitucional por la Sentencia del Tribunal Constitucional número 4/2014, de 16 de 
enero, que la Dirección General de Derecho y Entidades Jurídicas de la Generalidad de 
Cataluña es competente para la resolución de los recursos contra la calificación registral 
únicamente cuando «las calificaciones impugnadas o los recursos se fundamenten de 
forma exclusiva en normas del derecho catalán o en su infracción», mientras que «la 
competencia para resolver recursos mixtos, es decir, basados en cuestiones específicas 
de derecho catalán como, además, en cuestiones de derecho común u otros derechos 
corresponde a la Dirección General de los Registros y del Notariado».
La citada sentencia del Tribunal Constitucional resuelve lo siguiente:
«(…) Encuadrado el debate en los términos expuestos, según se desprende del 
artículo 3.4 antes transcrito, el órgano administrativo competente para conocer de los 
recursos gubernativos varía dependiendo de la invocación que, en cualquiera de ellos, 
se  haga  de  la  normativa  estatal  o  autonómica.  Se  establece  una  regla  sobre  la 
acumulación de recursos gubernativos dirigidos contra una misma calificación registral 
negativa que impone, por el solo hecho de que uno de ellos se base en normas de 
Derecho catalán o en su infracción, una vis atractiva a favor de la Dirección General de 
Derecho y Entidades Jurídicas de la Generalitat, habilitándola para sustanciarlos todos 
en una sola pieza, incluidos los que no aleguen la infracción de una norma del Derecho 
catalán.
Es evidente que tal atribución excede de la competencia estatutariamente asumida 
por la Comunidad Autónoma de Cataluña para resolver estos recursos gubernativos, que 
se circunscribe estrictamente a la “calificación de los títulos o las cláusulas concretas en 
materia de derecho catalán» (art. 147.2 EAC), siendo su finalidad, tal y como se declara 
en la exposición de motivos de la de la Ley del Parlamento de Cataluña 5/2009, la de 
preservar y proteger el Derecho catalán. Es igualmente evidente que esta habilitación 
estatutaria no incluye –ni podría incluir– la preservación o protección de otros Derechos 
forales o especiales, ni del Derecho civil común.
(…) En conclusión, resulta contrario al bloque de la constitucionalidad el artículo 3.4 
impugnado, en cuanto atribuye a la Dirección General de Derecho y Entidades Jurídicas 
de  la  Generalitat  la  competencia  para  resolver  los  recursos  cuando  las  cuestiones 
registrales planteadas exceden del marco estricto del Derecho civil catalán. Incurre así el 
precepto en inconstitucionalidad y nulidad en los incisos “y al menos uno se basa en 
normas del Derecho catalán o en su infracción” e “incluidos los que no aleguen la 
infracción de una norma del Derecho catalán” (…).» e
Y más clara no puede ser la postura de esta Dirección General, expresada en  w.
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artículo 324 de la Ley Hipotecaria “las calificaciones negativas del registrador podrán
recurrirse potestativamente ante la Dirección General de los Registros y del Notariado en
la forma y según los trámites previstos en los artículos siguientes, o ser impugnadas 
directamente ante los juzgados de la capital de la provincia a la que pertenezca el lugar 
en que esté situado el inmueble, siendo de aplicación las normas del juicio verbal y 
observándose, en la medida en que le sean aplicables, las disposiciones contenidas en 
el artículo 328 de esta Ley. Cuando el conocimiento del recurso esté atribuido por los 
Estatutos  de  Autonomía  a  los  órganos  jurisdiccionales  radicados  en  la  Comunidad 
Autónoma en que esté demarcado el Registro de la Propiedad, el recurso se interpondrá 
ante el órgano jurisdiccional competente. Si se hubiera interpuesto ante la mencionada 
Dirección General, ésta lo remitirá a dicho órgano».
Por su parte, el artículo 147.2 del Estatuto de Autonomía de Cataluña atribuye a la 
Generalitat la competencia exclusiva en materia de régimen de los recursos sobre la 
calificación de los títulos o las cláusulas concretas en materia de Derecho catalán que 
deban inscribirse en un Registro de la Propiedad, Mercantil o de Bienes Muebles de 
Cataluña, competencia desarrollada por la Ley 5/2009, de 28 de abril, del Parlamento de 
Cataluña, que, tras su anulación parcial por la Sentencia del Tribunal Constitucional 
número 4/2014, de 16 de enero, atribuye a la Direcció General de Dret i d’Entitats 
Jurídiques  de  la  Generalitat  de  Cataluña  la  resolución  de  los  recursos  contra  la 
calificación registral únicamente cuando «las calificaciones impugnadas o los recursos se 
fundamenten de forma exclusiva en normas del derecho catalán o en su infracción» 
(artículos 1 y 3.4); añadiendo el apartado 3 del artículo 3 de la misma Ley que «si la 
persona que presenta el recurso en el Registro lo interpone ante la Dirección General de 
los Registros y del Notariado, y el registrador o registradora, manteniendo la calificación, 
entiende  que,  en  aplicación  del  artículo  1,  es  competente  la  Dirección  General  de 
Derecho  y  de  Entidades  Jurídicas,  deberá  formar  expediente  en  los  términos 
establecidos legalmente y elevarlo a esta última con la advertencia expresa de aquel 
hecho».
Ello es así porque la citada Sentencia del Tribunal Constitucional de 16 de enero 
de 2014 en el recurso de inconstitucionalidad número 107/2010 planteado contra la Ley 
catalana 5/2009 entendió que todo lo no incluido en los términos estrictos del precepto 
competencial estatutario constituye competencia exclusiva e indisponible del Estado, que 
no puede ser menoscabada a partir de la competencia de la Comunidad Autónoma para 
la  conservación,  modificación  y  desarrollo  de  su  Derecho  civil  propio,  aun  cuando 
hubiera sido objeto de regulación en el Derecho civil catalán; por lo que se concluye que 
la  competencia  para  resolver  recursos  mixtos,  es  decir,  basados  en  cuestiones 
específicas de derecho catalán comprendiendo, además, otras cuestiones de derecho 
común u otro tipo de derecho –registral, consumo, etc.–, corresponde a esta Dirección 
General de los Registros y del Notariado.
Por tanto, cuando las calificaciones impugnadas o los recursos se fundamenten, de 
forma exclusiva, en normas de Derecho catalán o en su infracción, los registradores 
deberán  remitir  el  expediente  formado  a  la  Direcció  General  de  Dret  i  d’Entitats 
Jurídiques de la Generalitat de Cataluña, aun cuando se hayan interpuesto ante esta 
Dirección  General  de  los  Registros  y  del  Notariado.  Por  el  contrario,  cuando  la 
calificación impugnada o los recursos se fundamenten, además, o exclusivamente, en 
otras normas o en motivos ajenos al Derecho catalán el registrador deberá dar al recurso 
la tramitación prevista en la Ley Hipotecaria y remitir el expediente formado a esta 
Dirección General de los Registros y del Notariado en cumplimiento del artículo 324 de la 
Ley Hipotecaria.
Con base en todo lo expuesto, este Centro Directivo se considera competente para  s
resolver el presento recurso, pues la materia discutida no es exclusivamente de Derecho  oe.
especial catalán, toda vez que la base de la negativa en encuentra en los obstáculos  w.
registrales que señala el registrador en su nota, lo que hace también preciso analizar al  36ww
acolcmanpceete ndcei al ae xccalulifsicivaac idóen  ersetgei sCtreanl treon D siruepcutievsot.os como el presente; extremos, ambos,
debe3 .  teRneesrpseec toe nd el cpureimntoar diqaul eo bsetánc uelol  qturea dsiceiñoanlaal meel nrteeg isdtreandoomr ienna dsou  c«aLliifbicraoc iódne,   BOE-A-cable e
Incapacitados» del Registro en cuestión consta, en el folio 1 del Tomo 2, una inscripción 
primera, fechada el 28 de marzo de 2018 (que también se reproduce en la inscripción 
cuarta de la registral 33561), que expresa lo siguiente: «En el Juzgado de Primera 
Instancia número cuatro de Tortosa, en sentencia de fecha siete de diciembre de mil 
novecientos noventa y nueve, fue declarada en estado civil declarada parcialmente 
incapaz  para regir su persona y  bienes  a doña  T.  A. A., debiendo ser suplida su 
incapacidad a través de la institución de la tutela; y en la que se designó como curadora 
a persona de doña A. F. A., la cual en fecha 1 de marzo de 2004, manifestó que no 
aceptaba dicho cargo, renuncia ratificada el 7 de abril de 2204 (ha de ser 2004) y 
justificada por causa de enfermedad. En acta de comparecencia de fecha seis de mayo 
de dos mil cinco, se nombró tutor de Doña T. A. A., a la Fundació Catala Tutelar de 
Disminüits Psiquis».
Debe tenerse en cuenta igualmente que en el recurso se hace mención expresa al 
hecho de haberse presentado al Registro la citada sentencia de incapacitación parcial 
junto con la escritura de herencia; y dicha sentencia establece la necesaria intervención 
del curador para los actos de enajenación, gravamen o renuncia –sic–.
Obra igualmente en el expediente del recurso remitido por el registrador a este 
Centro  Directivo,  reproducción  de  dicha  sentencia,  en  la  que  se  acuerda:  «…  la 
incapacitación parcial de D.ª T.A.A. con nombramiento de curador que la asista en los 
actos de enajenación, gravamen y disposición…».
Por todo ello, y si bien las inscripciones practicadas en el Libro de Incapacitados y en 
el folio de la finca no tienen la claridad que hubiera sido deseable, debe partirse de un 
dato incontrovertible: la causante únicamente estaba sometida al régimen de curatela, 
por razón de una incapacidad parcial declarada y ceñida a las limitaciones reseñadas; 
esto es, a la asistencia por el curador a determinados actos. Medida de protección ésta, 
por tanto, que no comporta la «auctoritas interpositio» («de lege lata» propia de la tutela), 
sino la «auctoritas gestio» (característica de la curatela).
4.  No  puede  olvidarse  que  el  testamento  es  un  acto  personalísimo;  el  acto 
personalísimo  por  excelencia,  pues  aun  en  los  supuestos  de  incapacidad  total  y 
posibilidad de otorgarlo en un intervalo de razón o lúcido (con las añadidas garantías y 
formalidades que el derecho prevé en este caso), no deja de ser tal, ya que es el 
testador  quien  dispone.  Y  dispone  él;  no  él  con  el  consentimiento  o  autorización 
complementaria de otro, pues en modo alguno tiene ese sentido, ni alcance, el juicio 
favorable de capacidad que puedan emitir dos facultativos (cuando se exija, o se estime 
conveniente, cosa ésta última ciertamente bien distinta). Y lo que no es posible en modo 
alguno es que una persona teste con la asistencia y consentimiento o complemento de 
capacidad de otra (el curador en este caso).
Este Centro Directivo, como no podría ser de otro modo, no desconoce los recientes 
pronunciamientos del Tribunal Supremo, de 15 de marzo y 15 de junio de 2018. Ni 
tampoco la postura adoptada por Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques de 9 de 
diciembre de 2019, según la cual, en el caso de incapacitación parcial con sujeción a 
curatela no es de aplicación el régimen del artículo 419-1 del Código Civil de Cataluña 
con la necesaria intervención de dos facultativos, salvo que en la sentencia exista un 
pronunciamiento expreso que prive a la persona de su capacidad de testar libremente, 
dado que no se la sometía a tutela, régimen que comportaría una representación legal, 
sino  a  una  curatela,  régimen  que  exige  complemento  de  capacidad  para  realizar 
determinados  actos  que  establece  la  sentencia;  debiendo  además  interpretarse  las 
limitaciones a la capacidad de manera restrictiva y siempre en favor de la persona con  s
capacidad modificada. oe.
Pero  es  que,  además,  se  impone  una  relectura  de  una  normativa  que  está  w.
necesitada –y en trance, en este momento– de reforma; de acuerdo con los principios  36ww
dqiusec adpearcividaand d, ed ela d Cicoienmvebnrec iódne  d2e0 0l6a sy  Nsaecgiúonn elas  Udoncidtrainsa s mobárse  rleocsi ednetere, cqhuoes  adleu dlea,s  mcoáns 
qdueeb iean dpoe frisjaorn laas s einncteanpcaicae ds,e tae rmpeinrasdoonsa slí mciotens .l aL ímcaitpeasc, idpaodr  cmierotdoi,f iqcuaed,a  enju deilc ciaalmsoe nqtuee,   BOE-A-cable e
motiva este recurso aparecen meridianamente  fijados  en la sentencia tantas veces 
reseñada; de modo que ha de estarse al artículo 421-4 del Código Civil de Cataluña, que 
considera «incapaces para testar a los que no tienen capacidad natural en el momento 
del otorgamiento», algo que ha de apreciar el notario. Por ello, cuando el artículo 421-9 
se refiere al «testador incapacitado judicialmente» habrá que entender esta previsión en 
el sentido de que aquel habrá de estar incapacitado judicialmente para testar.
Estas ideas están bien presentes y plenamente asumidas por todos los operadores 
jurídicos, y de ellas se han hecho adecuado eco los tribunales de justicia. Sirvan de 
ejemplo  los  pronunciamientos  –realmente  certeros–  de  la  reciente  sentencia  de  la 
Audiencia Provincial de Badajoz de 14 de septiembre de 2020, que, aun aplicando 
Derecho civil común contiene unos planteamientos perfectamente extrapolables al resto 
de legislaciones civiles especiales, cuando afirma lo siguiente:
«(…)  Nuestra  legislación  vigente,  en  general,  ha  seguido  más  bien  un  criterio 
paternalista tanto con las personas con discapacidad como con los menores. Se ha 
querido proteger a los sujetos de sus propias decisiones para salvaguardarlos de abusos 
e influencias indebidas. El problema es que, con tanto "proteccionismo", nos hemos 
olvidado de sus propios intereses, aparcando su voluntad (mayor o menor) y sus deseos 
y preferencias.
No obstante, bastantes cosas han cambiado desde que se incorporó a nuestro 
ordenamiento  la  Convención Internacional sobre los derechos de las personas con 
Discapacidad, hecha en Nueva York el 13 de diciembre de 2006 (vigente en España 
desde el 3 de mayo de 2008). Es verdad que nuestra legislación debe adaptarse a este 
convenio y, de hecho, hay ya un proyecto de ley en tramitación. Con todo, aunque el 
convenio no sea de aplicación directa, sí informa nuestro ordenamiento y, por ende, la 
normativa vigente debe interpretarse a la luz de sus principios (artículos 10.2 de la 
Constitución y 31 de la Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de tratados internacionales).
En lo que aquí interesa, debemos citar su importante artículo 12. Proclama que las 
personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las 
demás en todos los aspectos de la vida y obliga a los Estados parte a adoptar las 
medidas pertinentes para proporcionar a las personas con discapacidad el apoyo que 
puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica. Se quiere con ello respetar su 
voluntad  y  sus  preferencias.  El  propio  discapaz,  como  regla  general,  debe  ser  el 
encargado de adoptar sus propias decisiones.
(…) En conclusión, el objetivo final de la Convención es garantizar en la mayor 
medida  posible  la  capacidad  de  actuar.  El  ejercicio  de  los  derechos  civiles  de  las 
personas con discapacidad se limitará solo en la medida en que sea absolutamente 
necesario.
El Tribunal Supremo, sensible a las carencias de nuestra legislación civil y procesal, 
viene ya interpretando nuestra normativa interna de forma flexible. Por lo pronto, se 
resalta que el incapaz sigue siendo titular de sus derechos fundamentales y que la 
incapacitación solo es una forma de protección. Se habla del llamado traje a medida, de 
modo que debe siempre graduarse la incapacidad. Se abandona prácticamente la figura 
de la incapacidad absoluta y se prima la institución de la curatela, que no suple la 
voluntad del sujeto, sino que la refuerza (entre otras muchas, sentencias 530/2017, 
de 27 de septiembre y 282/2009, de 29 de abril).
Y no solo eso, la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha abordado precisamente el 
caso de las personas que tienen limitaciones psíquicas a la hora hacer testamento. 
Situación cada vez más frecuente y generalizada dado el paulatino envejecimiento de la  e.
población  y  el  aumento  de  las  enfermedades  cognitivas  (patologías  psiquiátricas,  w.b
neurológicas, dolencias genéticas, secuelas de accidentes vasculares, etcétera). 36ww
cum(p…lim) iCenotmo od eyla a hrtaíc ualop u1n2ta ddeo  llaa  Cdoonctvreinnac iócnie.n Dtífeicsae,m eple ñnao tapreiorf eecsta mqueiennte  geal rpaanptizeal  deel 
qauyuiedna, neten  oú latismisot ecnateso d, et rlaoss  pteosntdaedroarre sto qduoes  ploress feancttaonre dsi ficcounltcaudreresn dtees c yo mcporne nlossió anu. xSileiorás 
preceptivos, evaluará la capacidad del compareciente y accederá o no al otorgamiento
del testamento. Y es que, para apreciar la capacidad del testador, solo cuenta su estado 
al tiempo de testar (artículo 666 del Código Civil).
Por otra parte, es plausible entender que aquellos actos jurídicos que puedan poner 
en riesgo la situación personal o económica del discapacitado merezcan por nuestra 
parte  una  mayor  desconfianza.  Pero  no  todas  las  transmisiones  patrimoniales  son 
iguales. Las realizadas en vida del causante pueden comprometer los intereses del 
incapaz, pero no ocurre lo mismo con las disposiciones mortis causa. Hacer testamento, 
en principio, no entraña riesgo propio, pues sus efectos económicos se despliegan post 
mortem y sobre terceros. Otra razón más para excluir tal acto jurídico de la relación de 
inhabilitaciones generales. Máxime cuando, al ser en general un acto personalísimo, 
nadie puede hacer testamento por el interesado (artículos 670 y 671 del Código Civil). Es 
más, aun con la privación, se ha llegado a sostener que el testamento podría ser válido 
si el sujeto tiene un intervalo de lucidez en el momento del otorgamiento (sentencia del 
Tribunal Supremo 479/1994, de 20 de mayo.
(…) El Código Civil permite testar con solo tener catorce años (artículo 663 del 
Código civil). Esto da idea de que no se precisa, comúnmente, una especial capacidad 
intelectual.  Y  es  que  la  capacidad  para  testar  está  en  proporción  inversa  a  las 
complejidades de las disposiciones tomadas (…).»
5.  En conclusión, en el reducido marco de este expediente, a la vista del defecto tal 
como se ha expresado en la calificación, del recto sentido de lo consignado en el Libro 
de Incapacitados y de la propia sentencia (que no veda al testador disponer «mortis 
causa» de sus bienes), y dados los límites de la calificación registral, no cabe en modo 
alguno  basar  la  negativa  a  la  inscripción  en  una  hipotética  causa  de  nulidad  del 
testamento; la cual solo podría ser declarada, en el presente caso, por los tribunales de 
Justicia, que cuentan para ello con los adecuados medios de prueba y contradicción 
procesal, valorando los extremos que certeramente pone de relieve la sentencia antes 
transcrita.
Por lo demás, en este caso es patente el alcance dado a la incapacitación parcial por 
la sentencia que la declaró, por lo que el defecto ha de decaer necesariamente, pues 
sobre el notario recae la responsabilidad del juicio favorable con la asistencia de dos 
facultativos (artículo 421-9.1 del Código Civil de Cataluña) si lo estimara conveniente; 
juicio que, en su caso, solo a los tribunales de justicia compete revisar, pues solo ellos 
pueden declarar la nulidad de un testamento. Mientras eso no tenga lugar y como 
acertadamente indica el notario en sus alegaciones: «... el testamento que constituye el 
título  de  la  sucesión  ha  de  considerarse  válido  como  consecuencia  del  juicio  de 
capacidad del Notario autorizante conforme al artículo 421-7 del CCC en relación con los 
artículos 421-3 y 421-4 del mismo cuerpo legal».
En consecuencia, esta Dirección General ha acordado estimar el recurso y revocar la 
calificación impugnada.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el 
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las 
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de 
la Ley Hipotecaria.
Madrid, 25 de febrero de 2021.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago. s