BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 10 Martes 12 de enero de 2021 Sec. I.   Pág. 2866
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
432 Ley 5/2020, de 11 de diciembre, de régimen excepcional del Fondo Canario 
de  Financiación  Municipal  para  2020  y  de  fomento  de  la  participación 
ciudadana.
Sea notorio a todos los ciudadanos y ciudadanas que el Parlamento de Canarias ha 
aprobado y yo, en nombre del Rey, y de acuerdo con lo que establece el artículo 47.1 del 
Estatuto de Autonomía de Canarias, promulgo y ordeno la publicación de la Ley 5/2020, 
de  11  de  diciembre,  de  régimen  excepcional  del  Fondo  Canario  de  Financiación 
Municipal para 2020 y de fomento de la participación ciudadana.
PREÁMBULO
I
La  pandemia  ocasionada  por  el  coronavirus  COVID-19  está  provocando  una 
emergencia sanitaria, económica y social sin precedentes a nivel mundial, con unas 
consecuencias  económicas  y  sociales  de  tal  magnitud  que  tan  solo  una  respuesta 
colectiva, consensuada y solidaria puede afrontar. Desde la declaración de la pandemia 
del COVID-19 por la Organización Mundial de la Salud, una serie de medidas de distinta 
naturaleza han sido adoptadas tanto por el Gobierno de Canarias como por el Gobierno 
de España con el fin de paliar los graves efectos que la misma está produciendo en el 
tejido económico y social, pero sin duda el Pacto para la Reactivación Económica y 
Social de Canarias representa la piedra angular necesaria para afrontar el formidable 
reto colectivo en el que estamos sumidos, al que solo podremos enfrentarnos con una 
firme voluntad de unión y consenso.
Ciertamente, el impacto definitivo que acabe produciendo la actual situación de 
emergencia  dependerá,  en  gran  medida,  del  éxito  en  la  movilización  de  recursos 
nacionales y de la Unión Europea y de una adecuada coordinación entre las políticas 
presupuestarias, monetarias, financieras y estructurales, incluyendo la flexibilización de 
las reglas fiscales recogidas en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y la Ley Orgánica 
de Estabilidad Presupuestaria. Sin embargo, pese al elevado grado de incertidumbre que 
aún persiste en cuanto a la profundidad de la crisis económica y la capacidad de 
respuesta  comunitaria,  el  Gobierno  de  Canarias  debe  ir  haciendo  uso  de  aquellos 
instrumentos de los que dispone para mitigar las graves consecuencias de la misma, a 
las que la Hacienda Local no es ajena, siendo buena prueba de ello la elevada caída de 
los ingresos derivados del Bloque de Financiación Canario, que repercute de modo 
directo en los ingresos corrientes de todas las administraciones públicas canarias.
Con diversos antecedentes, que se apoyaban en el artículo 20 de la Ley 14/1990, 
de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, que 
concreta de manera efectiva el principio de coordinación interadministrativa en materia 
de financiación local y tras un largo proceso de debate institucional entre el Gobierno y la 
Federación Canaria de Municipios, se fraguó el proyecto normativo que dio origen a la 
Ley  3/1999,  de  4  de  febrero,  del  Fondo  Canario  de  Financiación  Municipal.  Este  e.
instrumento facilitó un sistema estable de financiación municipal que pretende contribuir  w.b
a la necesaria dotación de recursos a las haciendas municipales a la vez que articular,  2w
suinna m  etrnaonsscfearbeanrc isau  anuivtoenlaodmoríaa,  uqnuae  acdcaió nc ucmooprldiminiaednotor a aal  npivreinl caipuitoo nócmonicsoti tau ctiroanvaéls  ddee 
asu tfricaiveénsc idae f inlaa nreciaelrizaa (caiórtníc udleo  a1u4d2i tCorEía).s  Adseim giesmstioó,n s, us es ishtae meari gdideo i nednic audno erelesm, oebntteon midousy 
relevante de análisis de la situación económica financiera municipal, introduciendo unos
elementos de disciplina fiscal que encuentran un anclaje estatutario en el artículo 180 del 
Estatuto de Autonomía, aprobado por Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre.
A  través  de  la  presente  ley,  con  la  conformidad  de  la  Federación  Canaria  de 
Municipios y previo informe del Consejo Municipal de Canarias, se establece un régimen 
excepcional del Fondo Canario de Financiación Municipal para el presente ejercicio. De 
este modo, a pesar de que se siguen manteniendo los valores de los indicadores 
establecidos en el artículo 80 de la Ley 19/2019, de 30 de diciembre, de Presupuestos 
Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2020, los mismos se configuran 
a los meros efectos de diagnóstico económico financiero, procediéndose a regular un 
régimen especial del destino de la parte del Fondo contemplada en el artículo 1.1.a) de 
su ley reguladora, para que pueda ser destinado a las políticas de gasto indicadas 
vinculadas  a  los  servicios  públicos  esenciales,  así  como  a  gastos  derivados  de  la 
respuesta a la crisis sanitaria, incluidos los derivados del fomento e implantación de 
sistemas  de  teletrabajo  del  personal  al  servicio  del  ayuntamiento  o  de  sus  entes 
dependientes. Sin perjuicio de ello, aquellos ayuntamientos con una peor situación de 
salud financiera podrán, si lo estimaran oportuno, mantener el destino de saneamiento 
financiero  de  esta  parte  del  Fondo.  Asimismo,  a  idénticas  finalidades  podrán  ser 
destinados los excesos de financiación no utilizados derivados del Fondo Canario de 
Financiación Municipal correspondientes al ejercicio 2019. Como medidas de apoyo a la 
tesorería de los ayuntamientos, que por razón de la declaración del estado de alarma 
han adoptado medidas coyunturales de aplazamiento de los períodos de cobranza de 
sus  tributos  periódicos,  se  establece  la  no  aplicación  de  las  reducciones  por 
incumplimiento de los condicionantes de la cuantía de libre disposición, referidas a la 
parte del Fondo previsto en la letra b), del apartado 1, del artículo 1 de la Ley 3/1999, 
de 4 de febrero, así como un anticipo de carácter excepcional, por idéntica cuantía que el 
previsto en el apartado 5, del artículo 15 de la Ley 3/1999, de 4 de febrero, que será 
hecho efectivo en este segundo cuatrimestre. Por último, se amplían los plazos para la 
presentación de la documentación necesaria para la elaboración de la auditoría y para el 
acuerdo de toma en consideración de la misma, en coherencia con el diferimiento de los 
plazos legales de rendición de la cuenta general en un período equivalente a la duración 
efectiva del estado de alarma, aprobada por el Real Decreto ley 11/2020, y se regula el 
pago final del Fondo durante el último trimestre del ejercicio, conjuntamente con la 
distribución definitiva del Fondo correspondiente a 2018.
II
Por otro lado, resulta evidente que una crisis de esta envergadura solo podrá ser 
superada  con  el  concurso  de  toda  la  sociedad.  En  tal  sentido,  el  Pacto  para  la 
Reactivación Económica y Social de Canarias, suscrito el pasado 30 de mayo, apela a la 
necesaria participación de toda la sociedad civil y, al aludir a la transformación digital de 
las administraciones, requiere la incorporación de la perspectiva del gobierno abierto en 
la prestación de los servicios públicos. Para ello, el pacto contiene el decidido impulso a 
la elaboración de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible, interiorizando el espíritu 
de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) como guía que 
oriente el diseño del correspondiente Plan de acción derivado del Pacto de Reactivación 
Económica y Social. Previamente, el Acuerdo de Gobierno de 26 de diciembre de 2019, 
de encomienda de la elaboración de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible (BOC 
de 10 de enero de 2020) ordena que en el proceso de elaboración de la misma se dé  s
participación a la ciudadanía y a los agentes económicos, sociales y académicos. Por  e.
todo ello, y por un elemental compromiso con este pilar del gobierno abierto, es preciso  w.
más que nunca poner en valor el mandato, recogido en el artículo 9.2 de nuestra  2w
pCoolnítsictaitu, ceiócno neósmpiacñao, lac,u ldtuer afla cyi litsaorc ilaal ,p taarmticbipiéanc iócno ndteem tpoldaodso slo sd ec imudoaddoa neoxsp reens ol ae nvi deal 
Earsttíacutuloto  3d1e  Aasuít ocnoommoí ae.n el decimoctavo principio rector de su artículo 37 de nuestro  BOE-A-cable e
En el momento de la publicación de la Ley 5/2010, de 21 de junio, Canaria de 
Fomento a la Participación Ciudadana, ni en el ordenamiento jurídico estatal, ni en los 
diferentes  ordenamientos  autonómicos,  se  había  regulado  –a  excepción  de  la 
Comunidad Autónoma de Valencia–, con carácter general y unitario, el derecho a la 
participación ciudadana y a su fomento. Esta normativa ha quedado muy pronto obsoleta 
dada la evolución de las nuevas tecnologías aplicadas a los procesos participativos que 
se  pudieran  iniciar.  En  concreto,  la  regulación  actual  del  Registro  de  Participación 
Ciudadana exige una solicitud previa y posterior resolución de inscripción, lo que supone 
una carga administrativa estéril para el interesado y un escollo insalvable a la hora de 
iniciar procesos participativos por parte de la Administración del Gobierno de Canarias, 
como el que de modo inmediato debe ponerse en marcha. Por otro lado, este trámite ha 
desincentivado la participación y lo demuestra el hecho de que en el citado registro 
actualmente están dadas de alta tan solo 23 entidades ciudadanas y 44 personas desde 
que en 2010 se publicara la ley.
Dada la imperiosa necesidad de construir canales, instrumentos y procedimientos 
eficaces que faciliten a la ciudadanía y a las entidades de participación ciudadana 
trasladar sus opiniones, propuestas o alternativas a la Administración para dar cobertura 
al proceso participativo derivado del Pacto de Reactivación Económica y Social de 
Canarias y de la propia Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible, resulta obligado 
acometer una reforma puntual de la citada Ley 5/2010, de 21 de junio, a fin de remover 
este obstáculo y que con carácter inmediato puedan iniciarse los procesos participativos 
necesarios para el buen fin de aquellos, en ejercicio de la competencia atribuida por el 
artículo 108 a) de nuestro Estatuto de Autonomía.
La presente modificación configura al Registro de Participación Ciudadana como un 
registro  obligatorio  no  de  personas  o  entidades,  sino  de  procesos  participativos, 
garantizando su carácter abierto y accesible, puesto que para acceder a tales procesos 
no será preciso la inscripción y autorización administrativa con carácter previo sino la 
mera participación en el correspondiente proceso. Para ello, se da nueva redacción al 
artículo 15, actualiza el registro actual como un instrumento abierto y se suprimen las 
referencias que los artículos 13, 21 y 22 hacen al registro y la inscripción previa en el 
mismo como requisito de participación.
Por último, y como consecuencia de lo expuesto, se acuerda la derogación total del 
Decreto  94/2014,  de  25  de  septiembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de 
organización y funcionamiento del Registro de Participación Ciudadana, así como del 
Decreto 95/2014, de 25 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de las 
consultas  a  la  ciudadanía  en  asuntos  de  interés  general  de  competencia  de  la 
Comunidad Autónoma de Canarias, en la medida que su contenido aún vigente presenta 
una alta complejidad y carga burocrática que los convierte en un factor disuasorio para la 
participación. La presente ley profundiza de esta manera en remover los obstáculos a la 
participación  ciudadana,  tanto  a  título  individual  como  colectivo,  sin  renunciar  a  su 
normalización institucional dentro del Gobierno de Canarias de forma que se asegure su 
realización con unos estándares de calidad adecuados.
III
La ley está integrada por un artículo único, tres disposiciones derogatorias y dos 
disposiciones finales.
El  artículo  único  regula  el  régimen  excepcional  aplicable  al  Fondo  Canario  de  s
Financiación Municipal correspondiente a 2020. e.
Las  disposiciones  derogatorias  primera  y  segunda  abrogan,  respectivamente,  el  w.
artículo 80 de la Ley 19/2019, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la  2w
Cseopmtiuenmidbared,  pAourt óenl oqmuea  sdee a pCrauneabraia esl  Rpeagrala m20e2n0to,  dye  loorsg adneizcarectioósn  y9 4fu/2n0c1io4n,a mdeie n2t5o  ddeel 
Registro de Participación Ciudadana, y 95/2014, de 25 de septiembre, por el que se
aprueba el Reglamento de las consultas a la ciudadanía en asuntos de interés general 
de competencia de la Comunidad Autónoma de Canarias.
La disposición final primera modifica los artículos 13, 15, 21 y 22 de la Ley 5/2010, 
de 21 de junio, Canaria de Fomento a la Participación Ciudadana, y la final segunda 
dispone la entrada en vigor del presente decreto ley el mismo día de su publicación en el 
«Boletín Oficial de Canarias».
Esta ley se tramita después de la promulgación y convalidación parlamentaria del 
Decreto ley 12/2020, de 30 de julio, publicado en el «Boletín Oficial de Canarias» de 31 
de julio, toda vez que el Parlamento aprobó su tramitación por el procedimiento de 
urgencia como proyecto de ley.
Artículo  único.  Régimen  excepcional  del  Fondo  Canario  de  Financiación  Municipal 
de 2020.
1.  A los efectos previstos en la Ley 3/1999, de 4 de febrero, del Fondo Canario de 
Financiación  Municipal,  en  las  auditorías  de  gestión  de  la  liquidación  del  ejercicio 
presupuestario de 2019, se tendrá en cuenta, a los efectos del diagnóstico económico 
financiero de la entidad, y en los términos previstos en los apartados siguientes:
1.º  El ahorro neto superior al 6% de los derechos reconocidos netos por capítulos 1 
al  5  de  ingresos  en  la  liquidación  del  presupuesto  anual,  deducidos  los  derechos 
liquidados por contribuciones especiales y por el fondo por operaciones corrientes.
2.º  La gestión recaudatoria superior al 75% de los derechos reconocidos netos por 
capítulos 1 a 3 de ingresos de la liquidación del presupuesto.
3.º  El esfuerzo fiscal del ayuntamiento superior al 78% de la media del de los 
ayuntamientos adheridos al fondo que hubiesen remitido en plazo la documentación 
necesaria para la determinación de este condicionante.
2.  Los  ayuntamientos  canarios  podrán  destinar  hasta  el  100%  del  crédito 
correspondiente al fondo de 2020, previsto en el artículo 1.1.a) de la Ley 3/1999, de 4 de 
febrero, del Fondo Canario de Financiación Municipal, a la financiación de actuaciones 
recogidas en cualquiera de los capítulos 1, 2, 4, 6 y 7 de las siguientes políticas de gasto 
previstas en el anexo I de la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se 
aprueba la estructura de los presupuestos de la entidades locales:
Política de gasto 13. Seguridad y movilidad ciudadana.
Política de gasto 16. Bienestar comunitario.
Política de gasto 23. Servicios sociales y promoción social.
Política de gasto 24. Fomento del empleo.
Política de gasto 31. Sanidad.
Política de gasto 32. Educación.
Política de gasto 33. Cultura.
Asimismo, podrán ser financiadas con cargo al fondo, si no estuvieran contempladas 
en las políticas de gasto indicadas, las prestaciones señaladas en el apartado 2 del 
artículo  1  del  Real  Decreto  ley  8/2020,  de  17  de  marzo,  de  medidas  urgentes 
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, así como 
las derivadas del fomento e implantación de sistemas de teletrabajo del personal al 
servicio del ayuntamiento o de sus entes dependientes.
3.  Sin perjuicio de lo previsto en el apartado anterior, los ayuntamientos canarios  e.e
que,  de  acuerdo  con  las  auditorías  aprobadas  de  la  liquidación  del  ejercicio  b
presupuestario  de  2019,  incumplan  alguno  de  los  indicadores  de  saneamiento  w
eecl oanrtóícmuilcoo 1-f.i1n.aan),c dieer ola,  pLoedy r3á/n1 9a9s9im, disem 4o  ddee sfetibnraerr ola,  ap asratnee daeml iFeonntod oe cdoen ó2m02ic0o -pfrineavnisctoie reon.
disp4o.s icEiónn , cnaos ose  dreed uincciruám epl lfimoniednot op redveis tloo se nc loan ldeitcriao nba),n tdeesl  adpea rtlaad oc u1a, ndteíal  adrteíc ulliob re1 
de la Ley 3/1999, de 4 de febrero.
5.  Los ayuntamientos canarios que, habiendo cumplido con los indicadores de 
saneamiento  económico-financiero  de  acuerdo  con  las  auditorías  aprobadas  de  la 
liquidación  del  ejercicio  presupuestario  de  2018,  podrán  destinar  los  excesos  de 
financiación  no  utilizados  derivados  del  Fondo  Canario  de  Financiación  Municipal 
correspondiente al ejercicio 2019 durante el ejercicio 2020 a los destinos señalados en 
los apartados 2 y 3 de este artículo.
6.  Para el destino del Fondo Canario de Financiación Municipal de 2019 no previsto 
en el apartado 3 b) de la disposición adicional trigésima séptima de la Ley 7/2018, de 28 
diciembre,  de  Presupuestos  Generales  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias 
para 2019, se aplicará, en todo caso, lo establecido en el apartado 2 de la disposición 
adicional trigésima sexta de dicha ley.
7.  La consejería competente en materia de régimen local procederá, dentro del 
segundo cuatrimestre del ejercicio, al libramiento, como entrega a cuenta, del 70% del 
importe del Fondo previsto en la letra a), del apartado 1, del artículo 1 de la Ley 3/1999, 
de 4 de febrero, del Fondo Canario de Financiación Municipal. Asimismo, durante el 
último trimestre del ejercicio, procederá a librar la cantidad que corresponda a cada 
ayuntamiento del 30% restante del importe de los fondos correspondientes a 2020 
previstos en las letras a) y b) del apartado 1 del artículo 1, así como la totalidad de la 
liquidación por la distribución definitiva del Fondo de 2018. Se amplía hasta el 31 de 
marzo de 2021 el plazo para la presentación de la documentación necesaria para la 
elaboración de las auditorías de gestión del ejercicio presupuestario de 2019, y hasta 
el 30 de abril de 2021 para la remisión del acuerdo plenario de toma en consideración de 
la  misma.  La  no  remisión  de  la  indicada  documentación  en  los  citados  plazos  se 
considerará incumplimiento a los efectos de lo previsto en el artículo 18 de la Ley 
reguladora del Fondo Canario de Financiación Municipal, siéndole de aplicación las 
previsiones al respecto de su artículo 19, debiendo reintegrar las cantidades percibidas 
previa tramitación del oportuno expediente con arreglo a las determinaciones previstas 
en la Ley General de Subvenciones.
8.  Lo previsto en el presente artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en 
la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera, y en el marco de las competencias municipales previstas en la legislación del 
Estado y de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Disposición derogatoria primera.  Derogación del artículo 80 de la Ley 19/2019, de 30 
de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias 
para 2020.
Queda  derogado  el  artículo  80  de  la  Ley  19/2019,  de  30  de  diciembre,  de 
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2020.
Disposición derogatoria segunda.  Derogación del desarrollo reglamentario del Registro 
de Participación Ciudadana y de las consultas ciudadanas de interés general.
Quedan derogados expresamente el Decreto 94/2014, de 25 de septiembre, por el 
que  se  aprueba  el  Reglamento  de  organización  y  funcionamiento  del  Registro  de 
Participación Ciudadana, así como el Decreto 95/2014, de 25 de septiembre, por el que 
se aprueba el Reglamento de las consultas a la ciudadanía en asuntos de interés 
general de competencia de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Disposición derogatoria tercera.  Derogación del Decreto ley 12/2020, de 30 de julio. o
Queda derogado el Decreto ley 12/2020, de 30 de julio, sobre régimen excepcional  2w
dcieuld Faodnadnoa ,C sainn apreiorj udicei oF idnea nlocsia ecfieócnt oMsu qnuicei phaul bpiearraa  p2o0d2i0d oy  pdreo dfoumcier ndtuor adnet ela s pua vritgiceipnacicaió.n
Disposición final primera.  Modificación de la Ley 5/2010, de 21 de junio, Canaria de 
Fomento a la Participación Ciudadana.
La Ley 5/2010, de 21 de junio, Canaria de Fomento a la Participación Ciudadana, se 
modifica en los siguientes términos:
Uno.  Se suprime la letra d) del apartado 1 del artículo 13.
Dos.  El artículo 15 queda redactado del siguiente tenor:
«Artículo 15.  Registro de Participación Ciudadana.
1.  El Registro de Participación Ciudadana es único y en él se inscribirán 
obligatoriamente los distintos procesos participativos que se activen por parte del 
Gobierno  de  Canarias,  y  se  configura  como  un  instrumento  abierto  a  la 
ciudadanía.
2.  En cada proceso participativo se inscribirá el instrumento de participación 
específico utilizado, de los previstos en esta ley o que puedan preverse en otras 
normas, y las entidades ciudadanas y la ciudadanía que a título personal hayan 
participado de forma activa, y se garantizará el acceso de las personas con algún 
grado de discapacidad.
3.  Al  registro  le  será  de  aplicación  el  Reglamento  (UE)  2016/679,  del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril, general de protección de datos 
y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales.
4.  El  registro  dependerá  de  la  consejería  competente  en  materia  de 
participación ciudadana, y está adscrito al órgano superior de la misma que tenga 
atribuida la competencia de su gestión y mantenimiento».
Tres.  Se suprimen los apartados 2 y 3 del artículo 21.
Cuatro.  Se suprimen los apartados 2, 3 y 4 del artículo 22.
Disposición final segunda.  Entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial 
de Canarias».
Por tanto, ordeno a la ciudadanía y a las autoridades que la cumplan y la hagan 
cumplir.
Canarias, 11 de diciembre de 2020.–El Presidente, Ángel Víctor Torres Pérez.
(Publicada en el «Boletín Oficial de Canarias» número 262, de 21 de diciembre de 2020)