BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 305 Viernes 20 de noviembre de 2020 Sec. III.   Pág. 102877
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO
14629 Orden TED/1079/2020, de 11 de noviembre, por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de ayudas a la prevención de riesgos y 
seguridad minera en el ámbito de una minería autóctona y sostenible.
Las ayudas a la seguridad minera para las empresas e instituciones sin ánimo de 
lucro a nivel nacional en los últimos veinte años nacen del Plan de Seguridad Minera 
de 1997. Encuadradas en diversas órdenes ministeriales de los años 1999, 2002, 2005, 
2008, 2009 y 2010, y extinto el anterior mencionado Plan de Seguridad Minera, la última 
orden de bases que ha recogido estas ayudas ha sido la Orden IET/2271/2015, de 28 de 
octubre, por la que se regulaban las bases para la concesión de ayudas a la prevención 
de riesgos y seguridad minera, en el ámbito de una minería sostenible, de las actividades 
mineras no energéticas y cuya vigencia finaliza el próximo 31 de diciembre de 2020. En 
todos  estos  instrumentos,  la  política  de  ayudas  ha  centrado  su  atención  en  la 
siniestralidad y en la mejora de la seguridad minera, por presentar este sector unos 
datos de accidentabilidad superiores al de otros sectores productivos.
Si bien en los últimos años, y según los datos disponibles en la propia Dirección 
General de Política Energética y Minas, las estadísticas de siniestralidad indican que las 
del sector minero en su conjunto vienen descendiendo, y en algunos casos, equiparando 
a las de otros sectores como el de la construcción, la política minera del Ministerio para 
la  Transición  Ecológica  y  el  Reto  Demográfico  sigue  teniendo,  entre  sus  objetivos 
fundamentales, la mejora de la seguridad en el ámbito de esta actividad.
El mantenimiento de estas dotaciones económicas en forma de ayudas a empresas y 
a instituciones sin ánimo de lucro a lo largo del tiempo participa en el acercamiento de 
los  índices  de  accidentabilidad  mineros  al  resto  de  sectores,  y  contribuye  a  una 
reducción de la siniestralidad en el sector, que es el objetivo principal de estas ayudas. 
Esta orden ministerial pretende el mantenimiento de esta línea de ayudas junto con su 
perfeccionamiento y el logro de mejores resultados, tanto en su gestión como en la 
consecución de sus objetivos.
Las ayudas a que se refiere esta orden ministerial, tienen como objeto impulsar el 
desarrollo de proyectos relativos a seguridad minera, en sus vertientes de inversión 
material  y  formación,  que  realicen  las  empresas  y  entidades  sin  ánimo  de  lucro, 
respectivamente. Dichas subvenciones se concederán en un marco global, cuya finalidad 
primordial es la reducción de la siniestralidad de la actividad minera en España, y 
contribuir eficazmente al logro de una transición ecológica y combatir el reto demográfico 
a través de una minería autóctona y sostenible.
El artículo 8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
establece  que  las  subvenciones  se  gestionarán  de  acuerdo  con  los  principios  de 
publicidad,  transparencia,  concurrencia,  objetividad,  igualdad  y  no  discriminación, 
eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por la Administración otorgante y 
eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos. Asimismo, dicha ley  s
establece el marco de actuación de la Administración frente a los perceptores de las  e.
ayudas, con la finalidad de conseguir una mejor aplicación de los fondos públicos. w.
Por  otra  parte,  tanto  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  629ww
LAedym 3in8is/2tr0a0ti3v,o  deC 1o7m údne  ndoev iemlabsr e,A sdemñianliastnr alcoiso nreeqs uisPitúobsl iceasse,n cciaolemso  palara  gmaerannctiioznaar dlaa 
imparcialidad del procedimiento y el ejercicio de sus derechos a los administrados.
Una de las principales características de estas ayudas es la indeterminación de los 
beneficiarios en el universo de quienes reúnen los requisitos previstos en la orden, de las 
inversiones a realizar o de las acciones formativas susceptibles de beneficiarse de la 
subvención,  lo  que  impide  la  previa  distribución  de  los  recursos  entre  las  distintas 
Comunidades  Autónomas  y  su  gestión  descentralizada.  Su  otorgamiento  mediante 
concurrencia competitiva según baremo de los riesgos y puntación, hace que solo los 
que alcancen mejores puntaciones resulten beneficiados por la subvención. Al no existir 
un criterio para la pre-asignación de fondos y la gestión territorial de estas subvenciones, 
ya que quiénes sean los beneficiarios de las mismas dependerá de la realidad material 
de la explotación a mejorar o de la calidad del proyecto formativo, solo la gestión 
centralizada se revela idónea para alcanzar el objetivo perseguido por el Estado al 
ejercitar su poder de gasto en atenciones para las que tiene competencia básica.
Esta situación se sustenta en la sentencia de 13 de febrero de 2019, dictada por la 
Sección Cuarta de la Sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional en 
el recurso n.º 222/2016, firme por Resolución de 25 de septiembre de 2019 del Tribunal 
Supremo por inadmisión a trámite del recurso de casación RCA/3208/2019, que analizó 
precisamente esta cuestión en la orden de bases precedente. La orden de bases que se 
aprueba  no  modifica  las  características  del  anterior  programa  en  cuanto  a  las 
puntuaciones, baremos y evaluación, manteniendo por tanto el criterio de que quiénes 
sean los beneficiarios de las ayudas dependerá de la realidad material de la explotación 
a mejorar o de la calidad del proyecto formativo, con independencia del territorio en el 
que se ubique la actuación.
En otro orden de cosas, debido a que los potenciales beneficiarios de las ayudas 
reguladas en esta orden son personas jurídicas, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la tramitación electrónica de estas 
ayudas será obligatoria en todas las fases del procedimiento.
El artículo 129 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, establece que, en el ejercicio de la 
iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, las Administraciones Públicas actuarán 
de  acuerdo  con  los  principios  de  necesidad,  eficacia,  proporcionalidad,  seguridad 
jurídica, transparencia, y eficiencia.
Esta Orden de bases se ajusta al principio de necesidad y eficacia por la importancia 
que  tiene  reducir  la  siniestralidad  de  la  actividad  minera  en  España,  y  contribuir 
eficazmente al logro de una transición ecológica y combatir el reto demográfico a través 
de una minería autóctona y sostenible. Resulta proporcional porque la orden bases es el 
instrumento necesario para la concesión de subvenciones y se garantiza el principio de 
seguridad jurídica puesto que es coherente con la Ley General de Subvenciones y con la 
competencia básica del Estado en cuanto las bases del régimen minero y energético.
En cuanto al principio de transparencia, estas bases establecen unos criterios de 
evaluación  de  las  solicitudes  que  son  objetivos,  públicos  y  conocidos  previamente, 
muchos de los cuales son de cálculo automático, de forma que se reduce a la mínima 
expresión  la  discrecionalidad  del  evaluador.  El  principio  de  eficiencia  se  cumple  al 
realizar  una  sola  convocatoria  a  nivel  nacional,  de  modo  que  el  esfuerzo  de  las 
administraciones se reduce, pudiendo efectuar economías de escala y asegurando que 
los criterios utilizados son los mismos, independientemente del origen de la solicitud.
La concesión de las ayudas, cuyas bases se regulan en esta orden, deberá llevarse 
a cabo teniendo en cuenta las limitaciones exigidas por el derecho de la Unión Europea. 
En este sentido, se deberá atender a lo establecido en el Reglamento (UE) n.º 651/2014 
de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías  s
de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108  oe.
del Tratado, o Reglamento General de Exención por Categorías. En la parte dispositiva  w.
se indican los artículos de este reglamento en virtud de los cuales procede aplicar la  629ww
exenLcai óanp droeb laac oióbnli gdaec ióens tdae o lard neont,i fiqcuaec iósne  parmevpiaa raa  lae nC olams iscioómn pEeutreonpceiaas. del Estado en
mcoantteerniaid od ee n beal saerstí cudleol  1r4é9g.i1m.2e5n. º mdein elar oC oyn setintuecrgióént,ic soe,  rteítaulilzoa  ceonm vpiretutedn dceia ll o edsisppeuceífsictoo   BOE-A-cable e
en el artículo 17 de la Ley General de Subvenciones, que establece que, en el ámbito de 
la Administración General del Estado, así como de los organismos públicos y restantes 
entidades de derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes 
de aquélla, los ministros correspondientes establecerán las oportunas bases reguladoras 
de la concesión de las subvenciones.
De acuerdo con el mismo artículo 17 de la Ley General de Subvenciones, esta orden 
ha sido informada por la Abogacía del Estado y la Intervención Delegada en este 
Departamento ministerial.
La Orden que se aprueba ha sido informada por el Ministerio de Política Territorial y 
Función Pública. Asimismo, para la elaboración de la orden, han sido consultadas las 
Comunidades Autónomas a través de la Comisión de Seguridad Minera y se ha realizado 
el preceptivo trámite de audiencia a los interesados e información pública.
Esta Orden será de aplicación hasta el 31 de diciembre de 2025.
En su virtud, con la aprobación previa de la Ministra de Política Territorial y Función 
Pública, dispongo:
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1.  Objeto y ámbito de aplicación.
1.  Constituye el objeto de esta orden la regulación de las bases para la concesión, 
en régimen de concurrencia competitiva, de las ayudas a la prevención de riesgos y 
seguridad minera en el ámbito de una minería autóctona y sostenible.
2.  Podrán ser objeto de ayuda, los proyectos que se realicen en el territorio español 
y que estén dirigidos a las áreas de:
a)  Inversiones materiales en seguridad minera. Incluye los proyectos dirigidos a 
mejorar la seguridad y salud en explotaciones, establecimientos de beneficio y túneles o 
galerías en fase de excavación y sostenimiento, de acuerdo con el contenido incluido en 
la tabla 1 del anexo I de esta Orden.
b)  Actuaciones  de  formación  en  seguridad  minera,  destinadas  a  la  formación 
presencial del personal de las entidades a las que sea de aplicación el Reglamento 
General de Normas Básicas de Seguridad Minera, de acuerdo con el contenido incluido 
en la tabla 3 del anexo II de esta Orden.
3.  Las inversiones materiales deberán cumplir con lo dispuesto en el artículo 17 
sobre ayudas a la inversión en favor de las PYME del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de 
la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de 
ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del 
Tratado, o Reglamento General de Exención por Categorías.
Artículo 2.  Financiación de las ayudas.
La financiación de estas ayudas se imputará a las aplicaciones que para cada año se 
determinen  en  los  correspondientes  Presupuestos  Generales  del  Estado  y  se 
especificarán en cada convocatoria. Con carácter previo a la convocatoria, se tramitará 
el  expediente  de  autorización  de  gasto,  conforme  establece  el  artículo  34.1  de  la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. e.e
Artículo 3.  Requisitos de los beneficiarios. 629ww
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anexo I del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014.
2.  Además, las empresas deberán ser titulares del aprovechamiento del dominio 
minero objeto del proyecto en cualquiera de las formas contempladas en la Ley 22/1973, 
de 21 de julio, de Minas o de la autorización de la autoridad minera del proyecto de 
ejecución para los túneles o galerías en fase de excavación y sostenimiento. Asimismo, 
será necesario que las empresas no estén afectadas por la Decisión del Consejo de 10 
de diciembre de 2010, relativa a las ayudas estatales destinadas a facilitar el cierre de 
minas de carbón no competitivas.
3.  Para las instituciones sin ánimo de lucro no será necesaria la titularidad prevista 
en el apartado anterior, si bien deberán tener un interés legítimo relacionado con la 
actividad minera y figurar entre el tipo de entidades descritas en el artículo 3.5. Tampoco 
deberán ejercer una actividad económica ofreciendo bienes o servicios en un mercado 
determinado,  salvo  que  dispongan  de  contabilidad  separada  para  las  actividades 
económicas y las subvencionadas.
4.  En cualquier caso, tendrán la condición de beneficiario las siguientes entidades:
a)  Las asociaciones empresariales que representen mayoritariamente a empresas 
del sector minero. Además, deben poder demostrar a instancias de la Administración, la 
representación efectiva de las empresas del sector a las que dicen representar, pudiendo 
ser solicitado el listado de empresas a las que se representa.
b)  Las organizaciones sindicales que ostenten la representación mayoritaria a nivel 
nacional en el sector de la minería.
c)  Las cámaras oficiales mineras.
d)  Los colegios profesionales de los Ingenieros de Minas, Ingenieros Técnicos de 
Minas y Geólogos.
e)  Los  Centros  tecnológicos  de  ámbito  nacional  cuya  actividad  principal  se 
desarrolle en el sector de la minería.
5.  No podrán percibir subvención entidades sin ánimo de lucro que sean miembros 
de otra entidad sin ánimo de lucro que también reciba subvención de acuerdo con esta 
orden,  si  el  ámbito  geográfico  de  la  actuación  a  subvencionar  y  la  finalidad  de  la 
subvención solicitada por ambas entidades coinciden. Cuando se presenten a las ayudas 
convocadas por esta orden solicitudes de ayudas donde se cumpla esta condición, 
deberán renunciar a la subvención percibida las entidades integradas en la de ámbito 
superior, previo requerimiento de la Dirección General de Política Energética y Minas, 
que  lo  comunicará  a  las  entidades  afectadas  antes  de  dictarse  la  propuesta  de 
resolución de otorgamiento de las ayudas.
Las entidades sin ánimo de lucro que representen mayoritariamente a empresas o 
trabajadores del sector minero, solamente podrán solicitar ayuda para la formación del 
personal  perteneciente  al  ámbito  geográfico  y  a  la  parte  del  sector  minero  que 
representen,  debiendo  ser  acordes  los  proyectos  presentados  con  el  nivel  de 
representatividad  de  la  entidad  y  las  necesidades  formativas  de  las  empresas  y/o 
trabajadores que representen.
6.  No podrán acogerse empresas o instituciones sin ánimo de lucro en las que 
concurran alguna de las prohibiciones que establece el artículo 13 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre.
7.  No podrán acogerse las grandes empresas.
8.  Asimismo, el beneficiario no podrá estar sujeto a una orden de recuperación 
pendiente tras una decisión previa de la Comisión que haya declarado una ayuda ilegal e 
incompatible con el mercado común, ni hallarse en situación de crisis de acuerdo con el  e
artículo 1.4.c) y artículo 2.18, del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17  bo
de junio de 2014. 629ww
Artículo 4.  Obligaciones de los beneficiarios.
Los beneficiarios deberán cumplir con las siguientes obligaciones:
a)  Cumplir  el  objetivo,  ejecutar  el  proyecto,  realizar  la  actividad  o  adoptar  el 
comportamiento que fundamenta la concesión de las ayudas.
b)  Justificar  ante  el  órgano  concedente  el  cumplimiento  de  los  requisitos  y 
condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que 
determinen la concesión o disfrute de la ayuda.
c)  Someterse  a  las  actuaciones  de  comprobación  a  efectuar  por  el  órgano 
concedente, así como a cualesquiera otras de comprobación y control financiero que 
puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como de la Unión 
Europea,  aportando  cuanta  información  les  sea  requerida  en  el  ejercicio  de  las 
actuaciones anteriores.
d)  Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas, 
ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas. Esta comunicación 
deberá efectuarse con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos 
percibidos.
e)  Acreditar,  con  la  solicitud  de  la  ayuda,  que  se  halla  al  corriente  en  el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, en la forma 
que se establece en el artículo 22.4 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de 
julio.
f)  Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos que 
se  exigen  en  esta  orden,  debidamente  auditados,  en  los  términos  exigidos  por  la 
legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso, con la finalidad de 
garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.
g)  Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, 
incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de 
comprobación y control.
h)  Adoptar las medidas de difusión contenidas en el artículo 18.4 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre.
i)  Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en 
el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Artículo 5.  Subcontratación y adquisición de bienes y servicios a terceros.
1.  Los  beneficiarios  podrán  subcontratar  las  actividades  subvencionadas  con 
terceros. Respecto a las subcontrataciones entendidas en los términos que define el 
artículo 29.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, deberán seguirse las siguientes 
normas:
a)  Solo serán admisibles aquellas subcontrataciones que se ajusten a lo dispuesto 
en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el artículo 68 de su 
Reglamento.
b)  No podrá realizarse la subcontratación con personas o entidades en quienes 
concurra algunas de las circunstancias detalladas en el artículo 29.7 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, salvo lo dispuesto en su apartado d). En cualquier caso, en los 
contratos se mencionará si existe o no vinculación entre las partes.
2.  Para  proyectos  de  inversiones  materiales  el  beneficiario  podrá  subcontratar  b
hasta el 100 por cien de la inversión subvencionable aprobada. Para proyectos de  629ww
aincvteurascióionn seusb dvee nfocriomnaacbiólen a eplr obbeandeafic.iario podrá subcontratar hasta el 90 por ciento de la
3.  Cuando la actividad subcontratada a terceros exceda del 20 por ciento del 
importe de la ayuda o dicho importe sea superior a sesenta mil euros (60.000 €), la 
contratación estará sometida al cumplimiento de los siguientes requisitos:
a)  Que se informe en la solicitud de la ayuda de las actividades que se van a 
subcontratar y se justifique su necesidad.
b)  Que el contrato se celebre por escrito.
c)  Que la celebración de dicho contrato se autorice por el órgano concedente en la 
resolución de concesión de la ayuda.
4.  Los contratistas quedarán obligados solo ante el beneficiario, que asumirá la total 
responsabilidad de la ejecución de la actividad subvencionada frente a la Administración. 
Los  beneficiarios  serán  responsables  de  que  en  la  ejecución  de  la  actividad 
subvencionada concertada con terceros se respeten los límites relativos a la naturaleza y 
cuantía  de  costes  subvencionables,  y  los  contratistas  estarán  sujetos  al  deber  de 
colaboración previsto en el artículo 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, para 
permitir la adecuada verificación del cumplimiento de dichos límites.
5.  En todo caso y con carácter previo a la concesión de la ayuda, para toda 
obra, prestación de un servicio o entrega de un bien, se han de solicitar, como 
mínimo,  tres  ofertas  de  diferentes  proveedores  cuando  el  importe  del  gasto 
subvencionable supere las cuantías establecidas para el contrato menor según lo 
indicado en el artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. En el caso de 
obras incluidas en las actividades indicadas en el anexo I de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público,  por  la  que  se  transponen  al 
ordenamiento  jurídico  español  las  Directivas  del  Parlamento  Europeo  y  del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, se deberán solicitar 
tres ofertas cuando el importe sea superior a cuarenta mil euros (40.000 €). En el 
caso de suministros o servicios, se deberán solicitar tres ofertas cuando el importe a 
sea superior a quince mil euros (15.000 €).
Artículo 6.  Régimen, requisitos, clase y cuantía de las subvenciones.
1.  Las  subvenciones  reguladas  en  esta  orden  se  concederán  en  régimen  de 
concurrencia competitiva. Para las inversiones materiales, podrán acogerse solo las 
pequeñas y medianas empresas y su cuantía se fijará en un porcentaje de la inversión 
subvencionable  aprobada.  En  el  caso  de  actuaciones  de  formación,  solo  podrán 
acogerse las instituciones sin ánimo de lucro y la inversión subvencionable aprobada irá 
vinculada a las horas lectivas aprobadas y a la realización de cursos completos de los 
presentados en el proyecto.
2.  Estas ayudas se someterán a las limitaciones exigidas en la normativa de la 
Unión Europea para las diferentes categorías de ayuda contempladas en esta orden. En 
particular, las ayudas a proyectos de inversiones materiales no podrán superar las 
cantidades indicadas en el apartado 5.a) de este artículo.
3.  Las actividades o proyectos de ayuda de cada una de las áreas objeto de 
subvención se incluyen en el anexo I, en el caso de las inversiones materiales, y en el 
anexo II, para las actuaciones de formación.
4.  Respecto a los bienes inventariables, será de aplicación lo dispuesto en los 
apartados 4 y 5 del artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
5.  Los proyectos objeto de esta orden, según las áreas referidas en los anexos I y II,  s
podrán ser subvencionados con arreglo a las siguientes condiciones: oe.
a)  Inversiones materiales. 629ww
De acuerdo con el artículo 17 del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión,
de 17 de junio de 2014, relativo a las ayudas a la inversión en favor de las PYME, y
siempre que se cumplan los requisitos de dicho artículo, la intensidad de la ayuda no 
deberá exceder:
1.º  Del 20 por ciento de los costes subvencionables en el caso de las pequeñas 
empresas, y también de las microempresas.
2.º  Del 10 por ciento de los costes subvencionables en el caso de las medianas 
empresas.
b)  Actuaciones de formación.
La intensidad de la ayuda será de hasta el cien por cien del coste de la inversión 
subvencionable aprobada, vinculada a las horas lectivas aprobadas y a la realización de 
cursos completos de los presentados en el proyecto.
6.  Tanto la concesión como la cuantía de las subvenciones estarán supeditadas a la 
disponibilidad del crédito correspondiente en los Presupuestos Generales del Estado que 
se aprueben anualmente.
7.  La cuantía máxima de ayuda otorgada a un proyecto acogido a esta orden será 
fijada por la Comisión de evaluación técnica de las ayudas, a la que se refiere el 
artículo 13 de esta orden, para cada una de las líneas de ayuda en función de las 
solicitudes presentadas a fin de que el número de proyectos subvencionados por línea 
sea el máximo.
En todo caso, para las ayudas a los proyectos de actividades de formación tendrán 
una limitación máxima de 65.000 euros por solicitud, pudiendo fijarse una cantidad 
menor conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior.
8.  La cuantía mínima de la ayuda otorgada para la línea de inversiones materiales y 
la línea de formación será de doce mil euros (12.000 €) y cuatro mil euros (4.000 €), 
respectivamente.
9.  Además, en la línea de formación se establecen los siguientes límites:
– El número máximo de horas subvencionable por curso será de 8 horas por curso, 
debiendo ser los cursos de, al menos, 3 horas.
– El coste máximo admisible, por trabajador y hora, para este tipo de actuaciones, 
así como el coste total por trabajador será fijado en cada convocatoria anual; en ningún 
caso el coste total por trabajador podrá ser superior a 350 euros.
10.  La concesión y disfrute de la correspondiente ayuda no supondrá vinculación 
laboral o funcionarial entre el beneficiario o el personal adscrito al mismo y el Ministerio 
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
CAPÍTULO II
Procedimiento de concesión de las ayudas
Artículo 7.  Órganos competentes para convocar, instruir y resolver el procedimiento de 
las ayudas.
1.  El órgano competente para efectuar la convocatoria y dictar la resolución de 
otorgamiento de las ayudas a que se refiere esta orden será la persona titular de la 
Secretaría de Estado de Energía, sin perjuicio de las delegaciones existentes en esta 
materia. e.
2.  La Dirección General de Política Energética y Minas será el órgano responsable  w.
de la instrucción y ordenación del procedimiento de concesión y del seguimiento de las  629ww
actuaciones financiadas, a través de la Subdirección General de Minas.
Artículo 8.  Tramitación electrónica.
1.  De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Pública, la 
tramitación  electrónica  será  obligatoria  en  todas  las  fases  del  procedimiento.  Las 
solicitudes, comunicaciones y demás documentación exigible relativa a los proyectos que 
concurran a estas subvenciones, serán presentadas en el Portal de Ayudas conjunto del 
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y otros departamentos 
ministeriales (http://www.mincotur.gob.es/PortalAyudas/Paginas/index.aspx), o en otras 
direcciones electrónicas que se habiliten al efecto.
2.  El solicitante podrá acceder, con el certificado con el que presentó la solicitud, a 
dicho Portal de Ayudas, donde podrá consultar los documentos presentados y el estado 
de  tramitación  del  expediente.  Asimismo,  la  presentación  de  la  solicitud  con  firma 
electrónica  conllevará  la  conformidad  del  solicitante  para  recibir  todas  las 
comunicaciones y notificaciones de la tramitación del expediente electrónico a través de 
dicha sede electrónica accesible a través del Portal de Ayudas, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Adicionalmente a la 
publicación de comunicaciones y notificaciones a través de la sede electrónica, se 
pondrá a disposición del interesado un sistema complementario de alertas por medio de 
correo  electrónico.  En  este  mismo  registro,  los  interesados,  tras  identificarse 
electrónicamente de forma segura, podrán consultar los actos del procedimiento que les 
sean notificados y efectuar la presentación de la documentación adicional que pudiera 
ser requerida por el órgano actuante.
3.  La publicación de las propuestas de resolución, así como la publicación de las 
resoluciones de concesión, de desestimación, sus posibles modificaciones y demás 
actos del procedimiento, tendrán lugar en el citado Portal de Ayudas y surtirá todos los 
efectos  de  la  notificación  practicada  según  lo  dispuesto  en  el  artículo  45  de  la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, en relación con los procedimientos de concurrencia 
competitiva.
4.  En aquellos casos en los que tuviera lugar un procedimiento de reintegro, las 
notificaciones relacionadas con dicho procedimiento se realizarán bajo la modalidad de 
notificación  por  comparecencia  en  sede  electrónica,  según  lo  establecido  en  el 
artículo 41 y 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
5.  Los  modelos  de  presentación  de  solicitudes,  declaraciones  responsables  y 
demás  documentos  electrónicos  a  cumplimentar  en  las  diferentes  fases  del 
procedimiento, estarán disponibles en el mencionado Portal de Ayudas y deberán ser 
obligatoriamente utilizados cuando proceda.
6.  En aquellas fases del procedimiento en las que, en aras de la simplificación a 
administrativa, se permita la presentación de declaraciones responsables en lugar de 
determinada  documentación,  dichas  declaraciones  deberán  presentarse  y  firmarse 
electrónicamente por el declarante.
7.  Los solicitantes no estarán obligados a presentar los documentos que ya obren 
en  poder  de  las  Administraciones  Públicas,  de  conformidad  con  lo  previsto  por  el 
artículo 28.3 y 53.1 d) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, a cuyo fin se cumplimentará 
en el cuestionario de solicitud en qué momento y ante qué órgano administrativo fueron 
aportados, para lo cual indicará el número  del  expediente que le fue comunicado, 
siempre y cuando no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del 
procedimiento al que correspondan. En cumplimento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se  e.
solicitará el consentimiento expreso para el tratamiento por parte del Ministerio para la  w.b
Transición Ecológica y el Reto Demográfico, de los datos incluidos en el cuestionario por  629ww
ceul abnednoe feicl iainritoe.r eEsna dloo sm saunpifueesstatorsa  dlae  niemgpaotisviab ilpidaarda  lma actoenrisaul ltdae  doeb tseunse rd aetlo sd odceu mcaernátcot eor 
lpae arscorendailt,a ecli óónrg paonro o ctrooms pmeetedniotes  rdeeq luoesr irreáq auli ssiotolisc iata qnutee  ssue  prerefiseeren tealc dióonc,u om, eennt os.u defecto,
Artículo 9.  Representación.
1.  Las  personas  físicas  o  jurídicas,  que  realicen  la  firma  o  la  presentación 
electrónica  de  documentos  en  representación  de  las  entidades  solicitantes  o 
beneficiarias de apoyo financiero, deberán ostentar la representación necesaria para 
cada actuación, en los términos establecidos en el artículo 5 de la referida Ley 39/2015, 
de 1 de octubre.
2.  El incumplimiento de esta obligación, de no subsanarse, dará lugar a que se le 
tenga por desistido de la solicitud, de acuerdo con lo establecido en el artículo 68 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, previa resolución que deberá ser dictada en los términos 
previstos en el artículo 21 de la citada ley.
Artículo 10.  Convocatoria y plazo de presentación de solicitudes.
1.  La convocatoria se realizará anualmente mediante resolución de la persona 
titular de la Secretaría de Estado de Energía. La correspondiente convocatoria tendrá el 
contenido mínimo establecido en el artículo 23 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2.  El plazo de presentación de las solicitudes y documentación aneja será de un 
mes, contado desde el día siguiente a la publicación del extracto de la correspondiente 
convocatoria de ayudas en el «Boletín Oficial del Estado», que se contará según lo 
establecido en el artículo 30 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
La  presentación  de  las  solicitudes  fuera  del  plazo  establecido  dará  lugar  a  su 
inadmisión.
3.  En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, el texto de la convocatoria y la información requerida en el ordinal octavo de 
dicho artículo será comunicado a la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS).
Artículo 11.  Formalización y presentación de solicitudes.
1.  Los interesados presentarán una solicitud y documentación por proyecto dirigida 
a  la  Secretaría  de  Estado  de  Energía.  Las  solicitudes  se  presentarán  de  forma 
electrónica a través del Portal de Ayudas conforme a lo dispuesto en el artículo 8.
2.  La solicitud deberá ajustarse al formato que se establezca en la resolución de 
convocatoria anual y se acompañará de la siguiente documentación:
a)  La memoria de los proyectos que deberá ajustarse a lo establecido en los 
anexos I y II y en la resolución de convocatoria, y se deberá cumplimentar a través de la 
plataforma, mediante el formulario online creado a tal efecto.
b)  Acreditación válida del poder del firmante de la solicitud, de acuerdo con lo 
dispuesto en al artículo 9.
c)  Identidad de la subcontrata, en su caso, y la justificación de su necesidad y 
selección conforme a lo dispuesto en el artículo 5.
d)  Número de identificación fiscal, de la tarjeta de empresa individual o de personas 
jurídicas y entidades en general, establecida en aplicación de lo dispuesto en el Real 
Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las 
actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las 
normas  comunes  de  los  procedimientos  de  aplicación  de  los  tributos  y  la  Orden 
EHA/451/2008, de 20 de febrero, por la que se regula la composición del número de 
identificación fiscal de las personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica.
e)  Certificado de estar al corriente en sus obligaciones tributarias y frente a la  e.
Seguridad Social, de conformidad con el artículo 22.4 del Reglamento de la Ley 38/2003,  w.b
de 17 de noviembre. El solicitante deberá indicar en la solicitud, su consentimiento  629ww
ecuxpmrpelsimo iepnatroa  dqeu eo ebll igóargciaonnoe sc otrnibceudtaerniates  oyb tferenngtae  dae  lafo rSmeag udriirdeacdta  Slao caiaclr ead ittaracvióéns  ddeel 
jcuenrttoifi ccaodno lsa  seolelicctirtuódn.icos. En caso de no concederlo, deberá aportar dicha certificación
f)  Memorias de la sociedad e informe de auditoría completa, si está obligada a estar 
auditada,  sobre  los  estados  financieros  anuales  de  los  dos  últimos  ejercicios 
inmediatamente anteriores, excepto en el caso de que el solicitante sea una institución 
sin ánimo de lucro, sin perjuicio de que le fueran solicitados estos documentos para 
posteriores aclaraciones.
g)  Las siguientes declaraciones responsables:
1.º  No tener deudas por reintegro de ayudas con la Administración, ni estar sujeta a 
una orden de recuperación pendiente tras una Decisión previa de la Comisión Europea 
que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado común.
2.º  Estar al corriente de pago de las obligaciones de rembolso de cualesquiera 
otros préstamos o anticipos concedidos anteriormente con cargo a los Presupuestos 
Generales del Estado.
3.º  No  estar  incurso  en  ninguna  de  las  prohibiciones  a  las  que  se  refiere  el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en cumplimiento de lo establecido 
en los artículos 26 y 27 del Reglamento de la referida ley.
4.º  Otras ayudas relativas al mismo proyecto, concedidas por o solicitadas a la 
Unión Europea o cualesquiera otras Administraciones o entes públicos nacionales o 
internacionales.
5.º  No estar en crisis y que su situación de solvencia es normal de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 3.8 de esta Orden.
Artículo 12.  Evaluación de las solicitudes.
1.  La  Subdirección  General  de  Minas  examinará  las  solicitudes  y  documentos 
anexos presentados y, si no reúnen los requisitos, requerirá al interesado para que, 
subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos en el plazo de 10 días desde la 
recepción de la notificación, con indicación de que si así no lo hiciera se le tendrá por 
desistido de su petición, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el 
artículo 21 de la citada ley.
2.  Asimismo, dicha Subdirección General de Minas, justificadamente, podrá solicitar 
cuantos informes sean necesarios para resolver sobre las solicitudes presentadas.
3.  La persona titular de la Subdirección General de Minas remitirá, junto con el 
resto del expediente y su propio informe con la propuesta de valoración, las solicitudes a 
la Comisión de evaluación técnica de las ayudas.
Artículo 13.  Comisión de evaluación técnica de las ayudas.
1.  La Comisión de evaluación técnica de las ayudas estará presidida por la persona 
titular  de  la  Dirección  General  de  Política  Energética  y  Minas,  correspondiendo  la 
vicepresidencia a la persona titular de la Subdirección General de Minas. Serán vocales, 
además  de  la  persona  designada  como  secretario,  un/a  representante,  con  nivel 
orgánico al menos de Subdirector/a General, por cada uno de los siguientes órganos 
directivos:
a)  Gabinete de la Vicepresidenta Cuarta del Gobierno y Ministra para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico.
b)  Gabinete de la Secretaría de Estado de Energía.
c)  Gabinete de la Secretaría General para el Reto Demográfico. e.
d)  Secretaría General Técnica. w.b
e)  Unidad de Apoyo de la Dirección General de Política Energética y Minas. 629ww
La secretaría será ejercida por una persona de la Subdirección General de Minas,
lcao nD irraencgcoió nd eG Jeenfeer/aa l ddee Á Proelaít ioc an iEvenle srguépteicriao ry,  qMuien asse,r áy  ancotmuabrráa dcao np ovro lza  yp evrostoon. aA stiitmuliasrm doe, 
podrán asistir, con voz pero sin voto, aquellas personas de la Subdirección General de
Minas que hayan participado en la evaluación de los proyectos presentados. En ambos 
casos las personas deberán tener la condición de personal funcionario.
2.  El nombramiento de los miembros de la comisión de evaluación se realizará de 
acuerdo con el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, salvo que por 
razones fundadas y objetivas debidamente motivadas no sea posible.
3.  El régimen jurídico de la Comisión será el establecido en la sección tercera del 
capítulo II del título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público.
4.  La Comisión de evaluación tendrá como función emitir informe en el que se 
concrete el resultado de la evaluación efectuada, según lo establecido en el artículo 24.4 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. Para ello, podrá contar con la asistencia técnica 
que considere necesaria.
Artículo 14.  Criterios para la selección y valoración de los proyectos.
1.  Serán subvencionables los siguientes costes:
a)  Proyectos de inversiones materiales en seguridad minera:
– Adquisición de maquinaria y bienes de equipo.
– Obra civil.
– Instalaciones.
– Actuaciones  sobre  la  explotación  (galerías,  pistas,  accesos,  bancos,  bermas, 
taludes, etc.).
– Otros gastos para la mejora de las condiciones de salud y seguridad minera de las 
instalaciones y/o las explotaciones.
b)  Actuaciones de formación en seguridad minera:
– Coste del personal docente.
– Coste del personal no docente, perteneciente o no a la entidad solicitante, que 
haya participado en el proyecto realizando alguna de las siguientes tareas: difusión del 
curso, selección de alumnos, organización del curso, seguimiento del desarrollo del 
curso, evaluación del curso o elaboración de la memoria justificativa.
– Gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención del personal docente.
– Otros gastos corrientes (material didáctico, alquiler de salas).
– Costes indirectos generales que por su naturaleza no pueden ser directamente 
imputados al proyecto por no poder individualizarse, tales como consumo eléctrico, agua, 
gas, material de oficina, etc. Cuando proceda, usos de sala para la impartición de la 
actividad formativa, gastos de informe de cuenta justificativa emitido por auditor y gastos 
de constitución de aval bancario, hasta un importe equivalente al 8 por ciento de los 
demás costes subvencionables indicados anteriormente.
2.  La valoración de los proyectos se realizará de acuerdo con los criterios generales 
y de prioridad especificados en los anexos I y II de esta orden para cada una de las 
líneas de ayuda, con una puntuación distribuida en el rango entre 0 y 100 puntos, con las 
siguientes condiciones:
a)  Proyectos de inversiones materiales en seguridad minera:
– Toda inversión que no figure en la tabla 1 no será subvencionable. e.e
– Todo proyecto será descartado en caso de que la puntuación obtenida sea inferior  w.b
a 50 puntos y/o no supere alguno de los criterios que tengan establecido un umbral de  629ww
punt–u aLcaió np uennt ulaa ctaióbnla  d2e. cada apartado podrá ser de tipo binario (B; 0 o puntuación
imnváexrimsióan)  sou bvvaerinacbiloen a(Vb;le 0,  cuay ap upnutnatcuióanc iómn ásxeim east)a, bcleocne  eexnc elap ctaióbnla  d1e. la tipología de la
b)  Actuaciones de formación en seguridad minera:
– Todo coste asociado a la actuación de formación que no figure en la tabla 3 no 
será subvencionable.
– Todo proyecto será descartado en caso de que la puntuación obtenida sea inferior 
a 50 puntos y/o no supere alguno de los criterios que tengan establecido un umbral de 
puntuación en la tabla 4.
– La puntuación de cada apartado se realizará por medio de cocientes según se 
indica en la descripción de cada uno de ellos.
3.  Excepcionalmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 22.1 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, cuando las solicitudes de ayudas superen el crédito 
disponible,  en  todas  las  líneas  de  ayuda  de  esta  orden,  se  utilizará  la  puntuación 
obtenida por el proyecto presentado para realizar un prorrateo lineal de la ayuda total 
obtenida por el proyecto de tal manera que el número de beneficiarios en cada línea de 
ayuda  sea  el  máximo.  En  todo  caso,  deberán  respetarse  las  cuantías  máximas  y 
mínimas establecidas en los apartados 7 y 8 del artículo 6.
Artículo 15.  Identificación de los proyectos y trámite de audiencia.
1.  Una  vez  valorados  los  proyectos  según  lo  dispuesto  en  el  artículo  14,  la 
Dirección General de Política Energética y Minas, a la vista del informe aprobado por la 
Comisión  de  evaluación  técnica  de  las  ayudas,  formulará  propuesta  de  resolución 
provisional.
2.  Dicha  propuesta  de  resolución  provisional  se  notificará  por  la  Subdirección 
General de Minas a los interesados, a fin de que en el plazo de 10 días puedan 
presentar alegaciones.
Junto con la notificación de propuesta de resolución provisional, se concederá un 
plazo de 10 días, para que los solicitantes propuestos como beneficiarios confirmen, en 
su  caso,  la  información  aportada  en  el  momento  de  la  solicitud  de  las  siguientes 
condiciones de obligado cumplimiento para poder ser beneficiario:
a)  Los certificados que acrediten el cumplimiento de obligaciones tributarias y frente 
a  la  Seguridad  Social,  en  el  caso  de  que  el  interesado  no  hubiera  concedido 
expresamente  su  consentimiento  para  que  el  órgano  obtenga  de  forma  directa  la 
acreditación de tal cumplimiento.
b)  No tener deudas por reintegro de ayudas con la Administración, ni estar sujeta a 
una orden de recuperación pendiente tras una Decisión previa de la Comisión Europea 
que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado común.
c)  Estar al corriente de pago de las obligaciones de rembolso de cualesquiera otros 
préstamos  o  anticipos  concedidos  anteriormente  con  cargo  a  los  Presupuestos 
Generales del Estado.
d)  No  estar  incurso  en  ninguna  de  las  prohibiciones  a  las  que  se  refiere  el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en cumplimiento de lo establecido 
en los artículos 26 y 27 del Reglamento de la referida ley.
e)  Otras ayudas relativas al mismo proyecto, concedidas por o solicitadas a la 
Unión Europea o cualesquiera otras Administraciones o entes públicos nacionales o 
internacionales.
f)  No estar en crisis y que su situación de solvencia es normal de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 3.8 de esta orden. e.
Los  párrafos  b)  a  f)  anteriores,  podrán  acreditarse  por  medio  de  declaración  629ww
resp3o.n sEabnl ee ld ceal ssoo lidceit alan tea.ceptación plena y sin alegaciones de la resolución provisional
pseoar  pcaorntsei ddeerla idnate creosmaod od eqfiuneit ivhaa.ya sido propuesto como beneficiario, implicará que esta
4.  Transcurrido el plazo de alegaciones, y una vez examinadas las mismas, por la 
Dirección General de Política Energética y Minas se formulará la propuesta de resolución 
definitiva,  la  cual  de  igual  modo  se  notificará  a  los  interesados  que  hayan  sido 
propuestos  como  beneficiarios  para  que  en  el  plazo  de  10  días  comuniquen  su 
aceptación  o  renuncia.  Transcurrido  dicho  plazo  sin  que  se  haya  comunicado  la 
aceptación expresa, se entenderá que el solicitante renuncia a la ayuda.
5.  En cualquier momento del procedimiento, el solicitante deberá comunicar al 
órgano  instructor,  en  su  caso  y  tan  pronto  como  tengan  conocimiento  de  ello,  la 
obtención de otra financiación pública para la ejecución de las actividades para las que 
se solicita financiación.
Artículo 16.  Resolución.
1.  Una vez elevada la propuesta de resolución definitiva a la Secretaría de Estado 
de Energía junto con el informe de la Subdirección General de Minas en el que conste 
que de la información que obra en su poder se desprende que los beneficiarios cumplen 
todos los requisitos necesarios para acceder a las mismas, su titular dictará en el plazo 
de 15 días la correspondiente resolución. La resolución será motivada, debiendo quedar 
acreditados en el procedimiento los fundamentos de la resolución que se adopte.
2.  En la resolución de concesión se hará constar el solicitante o la relación de los 
solicitantes a los que se concede la ayuda, la puntuación obtenida en el proceso de 
valoración, el importe y desglose de la inversión subvencionable aprobada y la cuantía 
de la ayuda concedida. Además, la resolución debe hacer constar la desestimación 
expresa del resto de las solicitudes presentadas.
3.  La resolución de concesión podrá establecer condiciones técnicas y económicas 
de observancia obligatoria para la realización del proyecto o actuación subvencionable. 
Asimismo, indicará los plazos para la realización del proyecto subvencionable.
4.  Las  propuestas  de  resolución  provisional  y  definitiva  y  la  resolución  del 
procedimiento  de  concesión  de  financiación  se  publicarán  en  el  Portal  de  Ayudas. 
Adicionalmente, cada beneficiario recibirá aviso de tales publicaciones mediante correo 
electrónico, según los datos consignados en el formulario de solicitud.
5.  Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a 
favor  del  beneficiario  propuesto  frente  a  la  Administración  mientras  no  se  le  haya 
notificado la resolución de concesión.
6.  La resolución de concesión podrá ser modificada con posterioridad si se produce 
un cambio en la naturaleza jurídica de la Sociedad, ya sea extinción, modificación 
significativa del objeto social, cese, cambios sustanciales de la actividad empresarial, 
cambio  de  la  titularidad  de  la  empresa  o  de  los  derechos  mineros  por  cesión, 
enajenación  u  otra  forma  de  transmisión  considerada  en  derecho.  Cualquier  otra 
alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención no 
darán lugar a la modificación de la concesión.
Artículo 17.  Plazo de resolución y notificación.
1.  El plazo máximo para la resolución del procedimiento y su notificación será de 
seis  meses,  contados  desde  el  día  siguiente  a  la  publicación  del  extracto  de  la 
correspondiente convocatoria de ayudas en el «Boletín Oficial del Estado», que se 
computará según lo establecido en el artículo 30 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Si transcurrido dicho plazo el órgano competente para resolver no hubiese notificado  es
dicha resolución, los interesados estarán legitimados para entender desestimada su  bo
solicitud. 629ww
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Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Artículo 18.  Pago de las ayudas.
1.  El  beneficiario  solicitará  el  pago  de  las  ayudas  objeto  de  esta  orden  a  la 
Dirección General de Política Energética y Minas.
2.  En cualquier caso, el pago de la ayuda quedará condicionado a que exista 
constancia de que el beneficiario mantiene los requisitos establecidos en esta orden, así 
como los señalados en el artículo 34 de la Ley General de Subvenciones, entre ellos: 
estar  al  corriente  en  el  cumplimiento  de  sus  obligaciones  tributarias  y  frente  a  la 
Seguridad Social, no ser deudor por resolución de procedencia de reintegro y estar al 
corriente  de  reembolso  de  cualesquiera  otros  préstamos  o  anticipos  concedidos 
anteriormente con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
En el caso de que no conste la situación del beneficiario respecto a las obligaciones 
reseñadas en el párrafo anterior, se le requerirá para que, en el plazo máximo de 10 días 
desde  el  día  siguiente  a  la  notificación  del  requerimiento,  aporte  los  oportunos 
certificados, declaraciones responsables o información requerida. La no aportación o 
aportación fuera de plazo de los mismos, conllevará la pérdida del derecho al cobro de 
las ayudas.
Artículo 19.  Pago anticipado de las ayudas.
1.  Previa petición del interesado, la ayuda concedida cada año podrá ser abonada, 
total o parcialmente, con anterioridad a la realización del proyecto o actuación. Para 
efectuar  el  pago  anticipado,  el  beneficiario  deberá  acreditar  la  constitución  de  una 
garantía  en  la  Caja  General  de  Depósitos,  según  lo  dispuesto  en  el  Real 
Decreto 161/1997, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de la Caja 
General de Depósitos y con los requisitos establecidos para las mismas, por el importe 
de la ayuda concedida y anticipada e intereses de demora, desde el momento de la 
concesión del anticipo hasta la fecha de finalización de ejecución del proyecto.
Se considerará interés de demora el previsto en el artículo 38.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre.
La garantía será liberada cuando tenga lugar la acreditación de que se ha realizado y 
justificado la actividad origen de la ayuda.
2.  En el momento de aceptar la propuesta de resolución de la ayuda, el solicitante 
deberá manifestar su decisión de acogerse a la modalidad de pago anticipado.
Artículo 20.  Justificación.
1.  El  beneficiario  de  la  ayuda  deberá  ejecutar  las  inversiones  en  el  periodo 
comprendido entre la fecha de la presentación de la solicitud y el plazo fijado en la 
convocatoria anual; asimismo, deberá presentar las facturas, justificantes de pago y 
memorias técnica y económica correspondientes a las mismas antes del plazo fijado en 
la convocatoria anual y se deberá cumplimentar a través de la plataforma, mediante el 
formulario online creado a tal efecto y, en su caso, conforme a los modelos disponibles 
en el Portal de Ayudas.
2.  Además,  el  beneficiario  estará  obligado  a  facilitar  las  comprobaciones 
encaminadas  a  garantizar  la  correcta  realización  de  la  actuación  subvencionada. 
Asimismo, quedará sometido a las actividades de control financiero que corresponden a 
la Intervención General de la Administración del Estado y a las previstas en la legislación 
del Tribunal de Cuentas. s
3.  La justificación de las inversiones se efectuará mediante la modalidad de la  oe.
cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto según lo dispuesto en el  w.
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justificantes de pago.
4.  Conforme a lo previsto en el apartado tercero del citado artículo 72, cuando los 
proyectos  de  inversiones  materiales  sean  realizados  por  el  propio  beneficiario,  la 
justificación de las inversiones se deberá acompañar de la certificación de la dirección 
facultativa, quien hará constar la actividad de que se trata, el grado de ejecución y los 
costes unitarios y totales de mano de obra y materiales utilizados, acompañando a estos 
efectos los partes de trabajo, facturas, informes periódicos, fotografías, etc. donde se 
acrediten los trabajos realizados.
5.  La demora en la presentación de los documentos para justificar la realización de 
la  inversión  financiable  dará  lugar,  pasados  15  días  tras  requerimiento  del  órgano 
instructor, a la pérdida al derecho al cobro o reintegro del 100 por cien de la ayuda 
concedida, de acuerdo con el artículo 70.3 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre.
Artículo 21.  Incumplimientos, reintegros y sanciones.
1.  El incumplimiento de los requisitos establecidos en esta orden y demás normas 
aplicables, así como de las condiciones que, en su caso, se hayan establecido en la 
correspondiente resolución de concesión, dará lugar a la pérdida del derecho al cobro de 
la ayuda o, en su caso, previo el oportuno procedimiento de reintegro, a la obligación de 
devolver las ayudas percibidas más los intereses de demora correspondientes, conforme 
a lo dispuesto en el título II, capítulo I de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y en el 
título III de su reglamento de desarrollo.
2.  Tendrán la consideración de infracciones y serán sancionables las conductas que 
estén incluidas en el título IV de la Ley General de Subvenciones.
3.  El acuerdo por el que se inicie el procedimiento de reintegro deberá indicar la 
causa que determina su inicio, las obligaciones incumplidas y el importe de la ayuda 
afectada. Recibida notificación del inicio del procedimiento de reintegro, el interesado 
podrá presentar las alegaciones y documentación que estime pertinentes en un plazo 
de 15 días.
Corresponderá  dictar  la  resolución  del  expediente  al  órgano  concedente  de  la 
subvención, debiendo ser notificada al interesado en un plazo máximo de doce meses 
desde la fecha del acuerdo de iniciación. La resolución indicará quién es la persona 
obligada al reintegro, las obligaciones incumplidas, la causa del procedimiento entre las 
previstas en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones y el importe de la 
subvención a reintegrar junto a los intereses de demora.
4.  De conformidad con el artículo 90 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, se entiende por devolución voluntaria aquella que es realizada por el 
beneficiario  sin  el  previo  requerimiento  de  la  Administración.  Cuando  dicha 
devolución  voluntaria  se  produzca  por  alguna  de  las  causas  establecidas  en  el 
artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, los intereses de demora y 
financieros se calcularán hasta el momento en que se produjo la devolución efectiva 
por parte del beneficiario.
Para poder realizar el ingreso correspondiente, será de aplicación lo establecido en 
la Orden PRE/1064/2016, de 29 de junio, por la que se desarrolla parcialmente el 
Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de 
julio,  en  lo  relativo  al  procedimiento  de  recaudación  de  recursos  no  tributarios  ni 
aduaneros de titularidad de la Administración General del Estado a través de entidades 
colaboradoras.
El interesado deberá informar de su intención de practicar una devolución voluntaria  e.
y su importe al servicio gestor concedente, y esperar la recepción del correspondiente  w.b
documento de ingreso 069, para hacer efectivo el pago. 629ww
Artículo 22.  Criterios de graduación.
Los criterios de graduación de los posibles incumplimientos de condiciones con 
motivo de la concesión de subvenciones, de conformidad con el artículo 17.3.n) de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, serán los siguientes:
a)  Incumplimientos para la línea de inversiones materiales.
1.º  El incumplimiento total de los fines para los que se concedió la ayuda, de la 
realización de la inversión financiable o de la obligación de justificación, dará lugar al 
reintegro del 100 por cien de la ayuda concedida.
2.º  El incumplimiento parcial de los fines para los que se concedió la ayuda se 
producirá en aquellos casos en los que se haya ejecutado, al menos, el 75 por ciento de 
la inversión subvencionable y se haya acreditado por parte del beneficiario una actuación 
inequívocamente tendente al cumplimiento de sus compromisos. En caso contrario se 
considerará que se produce un incumplimiento total. El incumplimiento parcial de los 
fines para los que se presentó la solicitud, de la realización de la inversión financiable o 
de la obligación de justificación, dará lugar a la disminución o reintegro parcial de la 
ayuda asignada, en el porcentaje correspondiente a la inversión no efectuada o no 
justificada.
3.º  La realización de modificaciones no autorizadas en el presupuesto financiable, 
supondrá la devolución de las cantidades desviadas.
Estos  criterios,  que  responden  al  principio  de  proporcionalidad,  resultarán  de 
aplicación a los conceptos presupuestarios que integran la inversión subvencionable 
aprobada, para determinar el importe que finalmente haya de reintegrar el beneficiario.
b)  Incumplimientos para las actuaciones de formación.
1.º  El incumplimiento total de los fines para los que se concedió la ayuda, de la 
realización de las actuaciones formativas o de la obligación de justificación, dará lugar al 
reintegro del 100 por cien de la ayuda concedida.
2.º  El incumplimiento parcial de los fines para los que se concedió la ayuda se 
producirá en aquellos casos en los que el porcentaje de horas lectivas impartidas de los 
cursos completos aprobados sea, al menos, al 60 por ciento de las horas lectivas 
aprobadas en cursos completos y se haya acreditado por parte del beneficiario una 
actuación inequívocamente tendente al cumplimiento de sus compromisos. En caso 
contrario se considerará que se produce un incumplimiento total. El incumplimiento 
parcial de los fines para los que se presentó la solicitud, de la realización de la actuación 
financiable o de la obligación de justificación, dará lugar a la disminución o reintegro 
parcial  de  la  ayuda  asignada,  en  el  porcentaje  correspondiente  a  la  actuación  no 
efectuada o no justificada.
3.º  Si en el momento de la valoración de la justificación técnica, se comprueba que 
ha  existido  un  incumplimiento  de  las  condiciones  que  en  su  momento  fueron 
determinantes para la valoración técnica, se procederá a calcular una nueva valoración 
del expediente a partir de la justificación presentada, utilizando la misma metodología 
que para la valoración de la subvención concedida. De esta forma, se obtendrá una 
nueva puntuación, que se comparará con la puntuación obtenida durante la tramitación 
de la solicitud.
Se establece una escala gradual de minoración a aplicar sobre la cuantía justificada 
en función del grado de desviación de dicha puntuación. A efectos de establecer un  e.e
intervalo de minoración de la cuantía justificada, se considerarán los intervalos indicados 
en la siguiente tabla:
Intervalo de tasa de incumplimiento
(desviación en puntos) Intervalo de minoración
(en % de cuantía justificada)
De A
0,00 10,00 0 %
10,01 15,00 5 %
15,01 20,00 10 %
20,01 25,00 20 %
25,01 30,00 30 %
30,01 35,00 40 %
35,01 40,00 50 %
Más de 40 100 %
4.º  La realización de modificaciones no autorizadas en la tipología y duración de las 
actuaciones formativas aprobadas, supondrá la devolución de las cantidades desviadas.
Estos  criterios,  que  responden  al  principio  de  proporcionalidad,  resultarán  de 
aplicación a los conceptos presupuestarios que integran la inversión subvencionable 
aprobada, para determinar el importe que finalmente haya de reintegrar el beneficiario.
Artículo 23.  Acumulación con otras ayudas.
Las ayudas concedidas al amparo de lo dispuesto en esta orden se entenderán sin 
perjuicio de las que, en el ejercicio de sus respectivas competencias y con cargo a sus 
pertinentes presupuestos, puedan otorgar otras Administraciones, respetándose en todo 
caso los límites mencionados en el artículo 6.
Según lo establecido en el artículo 8, relativo a la acumulación de ayudas, del 
Reglamento (UE) n.º 651/2014, de 17 de junio de 2014, las ayudas a inversiones 
materiales podrán acumularse con:
a)  Cualquier otra ayuda estatal, siempre que dichas medidas de ayuda se refieran a 
costes subvencionables identificables diferentes.
b)  Cualquier otra ayuda estatal, correspondiente (parcial o totalmente) a los mismos 
costes subvencionables, únicamente, si tal acumulación no supera la intensidad de 
ayuda o el importe de ayuda más elevado.
Las ayudas estatales exentas en virtud del Reglamento (UE) n.º 651/2014, de 17 de 
junio de 2014, no se acumularán con ayudas de minimis relativas a los mismos costes 
subvencionables si tal acumulación da lugar a una intensidad de ayuda superior a la 
establecida en el capítulo III del citado Reglamento.
Artículo 24.  Publicidad.
1.  Toda referencia en cualquier medio de difusión a actuaciones financiadas a partir  s
de  las  convocatorias  que  se  deriven  de  esta  orden  deberán  incluir  que  han  sido  e.
financiadas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, tal  w.
como establece el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. 629ww
con 2e. l aErtlí cinuclou m56p.licm) iednet ola  dLee ey s3ta8 /o2b0l0ig3a, cdióen 1 s7e  dceo nnsoivdieermarbár ein yfr ascec isóann cleiovnea dráe  caocnu eurdnoa 
multa fija en los términos previstos en el artículo 59 de la misma ley.
Artículo 25.  Recursos.
1.  La resolución de concesión, que pone fin a la vía administrativa, podrá ser 
recurrida en reposición en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a aquel en 
que tenga lugar la notificación, ante el mismo órgano que la hubiese dictado, conforme lo 
previsto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre o ser impugnada 
directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el plazo de dos 
meses desde el día siguiente a la fecha de notificación.
2.  La interposición de recursos de reposición podrá realizarse a través del Registro 
electrónico del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Disposición adicional primera.  No incremento del gasto público en el funcionamiento de 
la comisión de evaluación.
El  funcionamiento  de  la  comisión  de  evaluación  será  atendido  con  los  medios 
personales, técnicos y presupuestarios asignados a la Secretaría de Estado de Energía.
Disposición adicional segunda.  Normativa aplicable.
En todo lo no previsto en esta orden o en las respectivas convocatorias será de 
aplicación lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en su Reglamento de 
desarrollo aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, así como en la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, en la Ley 47/2003, 
de 26 de noviembre, General Presupuestaria y en el Reglamento de desarrollo parcial de 
la  Ley  11/2007,  de  22  de  junio,  aprobado  por  Real  Decreto  1671/2009,  de  6  de 
noviembre y demás disposiciones que resulten de aplicación.
Disposición transitoria única.  Expedientes en tramitación.
Los  procedimientos  de  concesión  de  ayudas  iniciados  al  amparo  de  la  Orden 
IET/2271/2015,  de  8  de  octubre,  que  se  encuentren  en  estado  de  tramitación  en 
cualquiera de sus fases a la entrada en vigor de esta orden, seguirán rigiéndose por la 
Orden IET/2271/2015, de 8 de octubre, hasta su completa finalización.
Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
Queda derogada la Orden IET/2271/2015, de 8 de octubre, por la que se regulan las 
bases para la concesión de para la concesión de ayudas a la prevención de riesgos y 
seguridad minera, en el ámbito de una minería sostenible, de las actividades mineras no 
energéticas.
Disposición final primera.  Título competencial.
Esta orden se dicta al amparo de lo dispuesto en la regla 25.ª del artículo 149.1 de la 
Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia para dictar las bases de 
régimen minero y energético.
Disposición final segunda.  Entrada en vigor.
Esta orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado». e.e
Disposición final tercera.  Finalización de su vigencia. 629ww
Esta orden será de aplicación hasta el 31 de diciembre de 2025.
paraM laa dTrrida,n 1s1ic idóen  nEocvoileómgibcrae y d eel  2R0e2to0 .D–Leam Voigcreápfirceos,i dTeenretas aC Ruaibretara d Relo Gdroígbuieerzn.o y Ministra  BOE-A-cable e
ANEXO I
Inversiones materiales en seguridad minera: Tipología de proyectos y puntuación
Tabla 1. Tipologías de inversiones subvencionables
Área Tipología de inversión subvencionable Puntuación
Acondicionamiento de bancos, bermas, taludes y 
25
pistas.
Sostenimiento de túneles y galerías. Mejoras 
25
generales y de dimensionamiento.
Acondicionamiento de zonas abandonadas que 
Explotación. puedan suponer un riesgo para las personas y/o el  15
medio ambiente.
Sostenimiento. Instalación de sistemas de control 
15
geotécnico.
Reacondicionamiento/nuevos accesos y asfaltado de 
 5
viales.
Sustitución de maquinaria peligrosa. 25
Adaptación a los requisitos de seguridad aplicables 
15
Maquinaria minera móvil. (elementos de seguridad).
Nuevas instalaciones para el mantenimiento de la 
 5
maquinaria.
Sustitución de equipos e instalaciones peligrosas. 25
Establecimientos de 
beneficio. Cintas  Adaptación a los requisitos de seguridad (sistemas 
transportadoras y molinos. antiatrapamiento, paradas de emergencia, elementos  15
de seguridad, etc.).
Nuevos sistemas antipolvo, o adaptación, de equipos 
de trabajo (sistemas antipolvo por vía húmeda o por  25
aspiración, sistemas de contención, etc.).
Establecimientos de 
Sistemas de protección colectiva (sistemas de acceso, 
beneficio. Otras 
plataformas, barandillas, pasamanos, escalas,  10
instalaciones y equipos de 
escaleras, líneas de vida, etc.).
trabajo.
Nuevos equipos de trabajo o adaptación (manejo de 
cargas pesadas, sistemas antivibraciones, antirruido,   5
adaptación a requisitos de seguridad, etc.).
Tabla 2. Criterios de puntuación. Proyectos de inversiones materiales
Puntuación  Umbral de  Tipo de 
Datos del solicitante (A), tipología de inversión subvencionable (B) y apartados del proyecto (C)
máxima (MÁX) puntuación puntuación
Que la persona que ostente la 
presidencia o dirección de la entidad 
sea una mujer.
Que más del 45 % del órgano de 
dirección de la entidad esté integrado 
A.1. Incorporación de la variable  por mujeres.
 2   B
de género.
Que la máxima responsabilidad en la 
dirección técnica del proyecto/actuación 
recaiga en una mujer.
A. Entidad solicitante.
Tener definido un Plan de igualdad en el 
supuesto de no ser obligatorio.
Para entidades con un número inferior a 
50 trabajadores tener por lo menos 1 
trabajador con discapacidad.
A.2. Integración laboral de las 
 2   B
personas con discapacidad.
Para entidades con 50 o más 
trabajadores superar el límite legal 
establecido del 2 %.
B. Tipología de inversión subvencionable. 25 Ver tabla 1
C.1. Justificación del proyecto y objetivos específicos en relación con la seguridad minera.  2   B
C.2.1. Descripción técnica detallada y clara de los problemas a corregir.  2   B
C.2. Descripción del 
C.2.2. Metodología y condiciones técnicas de desarrollo del trabajo o 
proyecto.
trabajos: lugares y situación geográfica, centros donde se realizarán,   8   B
soluciones propuestas, etc.
C.3. Fases de proyecto y calendario de trabajo.  2   B
C.4. Ejecución y dirección del proyecto por parte del solicitante. (Incluye subcontratación en su caso).  2   B
C.5.1. Presupuesto total desglosado por conceptos y en su caso, con 
cálculos de costes unitarios e indicación de los criterios empleados para  20 5 V
C.5. Presupuesto 
llegar a los mismos.
detallado.
C.5.2. Ayuda solicitada y en su caso, plan de financiación.  2   B
C.6.1. Plano general señalando la ubicación de la inversión.  8   V
C.6. Planos.
C.6.2. Planos de detalle correspondientes a los estados inicial y final. 
10 2 V
(incluye Perfiles y cortes en su caso).
C.7. Fotografías donde se muestre el lugar o lugares de aplicación de las inversiones en su estado 
10 5 V
inicial.
C.8. Parte del Documento sobre seguridad y salud en la que se constate la inminencia del riesgo a 
 5   B
corregir y la planificación de acción preventiva.
ANEXO II
Actuaciones de formación en seguridad minera: Tipología de proyectos 
y puntuación
Tabla 3. Tipologías de cursos subvencionables
Área Tipología de curso subvencionable Puntuación
A.1  Conducción y uso seguro de 
30
maquinaria móvil.
A.2  Riesgos específicos de las cintas 
30
transportadoras.
A.3  Caídas a distinto nivel. 20
A.  Actuaciones formativas en 
relación a riesgos de seguridad.
A.4  Otros riesgos en establecimientos de 
15
beneficio.
A.5  Condiciones del terreno y su control. 10
A.6  Manipulación de cargas mediante 
 5
maquinaria.
B.1  Inhalación de sustancias (por ejemplo, 
polvo, sílice respirable, humos de escape  30
diésel).
B.  Actuaciones formativas en 
relación a riesgos higiénicos y  B.2  Lesiones físicas en los trabajadores por 
ergonómicos específicos. posturas forzadas, movimientos repetitivos y  10
vibraciones.
B.3  Exposición al ruido. 10
C.1  Simulacros de evacuación en caso de 
30
emergencia.
C.2  Primeros auxilios. 20
C.3  Metodología de observación y coaching 
20
para el comportamiento.
C.  Actividades formativas 
específicas. C.4  Uso de autorrescatadores. 15
C.5  Trabajos de mantenimiento. 10
C.6  Trabajos eléctricos.  5
C.7  Uso de equipos de protección 
 5
individual.
Tabla 4. Criterios de puntuación. Actuaciones de formación
Umbral de 
Concepto Puntos Descripción
puntuación
Los puntos otorgados son el resultado de multiplicar por 2 el cociente entre el número 
1.1. Titulación del 
0 a 2   de docentes con titulación adecuada en relación con el tipo de formación a impartir, y 
equipo docente.
el número total de docentes en la propuesta.
Los puntos otorgados son el resultado de multiplicar por 5 el cociente entre el número 
1.2. Capacitación  de docentes que cuentan con una experiencia mayor de cinco años en puestos de 
0 a 5 2
acreditada. trabajo relacionados con las materias a impartir y el número total de docentes en la 
1. Calidad del  propuesta.
equipo docente.
1.3. Experiencia  Los puntos otorgados son el resultado de multiplicar por 5 el cociente entre el número 
docente  0 a 5 2 de docentes que cuentan con más de 500 horas de docencia en la formación a 
acreditada. impartir y el número total de docentes de la propuesta.
1.4. Formación  Los puntos otorgados serán el resultado de aplicar la siguiente fórmula:
en prevención de  0 a 2   Puntos = (n.º docentes con nivel básico + 1,5 x n.º docentes con nivel medio + 2 x n.º 
riesgos laborales. docentes con nivel superior)/Total docentes en la oferta.
Se entenderá por formación práctica aquella que, estando centrada específicamente 
en el puesto de trabajo, se realice bien: en el puesto de trabajo; en un simulador; en 
una mina escuela (o similar); recorriendo una explotación; mediante la realización de 
ejercicios prácticos no escritos por parte de los alumnos (Uso de EPI’s, uso de 
equipos de trabajo o maquinaria, montaje y desmontaje de instalaciones, etc.) junto 
con demostraciones prácticas por parte de los docentes. No tendrá la consideración 
2.1 Formación 
0 a 36 12 de formación práctica la proyección de videos divulgativos.
práctica.
Puntos = (6 x n.º horas de cursos con 20-30% de formación práctica + 12 x n.º horas 
de cursos con 30-40% de formación práctica + 18 x n.º horas de cursos con 40-50% 
de formación práctica + 24 x n.º horas de cursos con 50-60% de formación práctica + 
30 x n.º horas de cursos con 60-70% de formación práctica + 36 x n.º horas de cursos 
con más de un 70% de formación práctica)/total de horas lectivas del proyecto 
2. Metodología y 
formativo.
material 
didáctico. Se otorgará hasta un máximo de 3 puntos en función del manual formativo aportado 
en la solicitud y su adecuación a los riesgos existentes en el puesto de trabajo de los 
2.2. Manual  alumnos destinatarios de la formación. Los puntos otorgados son el resultado de 
0 a 3  
formativo. multiplicar por 3 el cociente entre la suma de las horas lectivas de aquellos cursos 
para los que se entregue un manual adecuado y el número de horas lectivas totales 
del proyecto formativo.
Se otorgará hasta un máximo de 3 puntos en función de que los métodos de 
evaluación se adapten al puesto de trabajo de los alumnos destinatarios de la 
2.3. Método de 
formación. Los puntos otorgados son el resultado de multiplicar por 3 el cociente entre 
evaluación de los  0 a 3  
la suma de las horas lectivas de aquellos cursos que empleen métodos de evaluación 
alumnos.
adaptados al puesto de trabajo de los alumnos a los que va dirigido y el número de 
horas lectivas totales del proyecto formativo.
Ver tabla 3. Los puntos otorgados son el resultado del cociente entre el valor obtenido 
al multiplicar el número de horas lectivas de los cursos destinados a cada uno de los 
3. Tipología de cursos. 5 a 30   riesgos específicos indicados más abajo por la puntuación asignada por riesgo 
específico, y el número de horas lectivas totales. Cada curso debe abordar un único 
riesgo específico.
Se asignará un máximo de 10 puntos, resultado de aplicar la siguiente fórmula: es
Puntos=10-(10/(Cm-Cmin))*(Cs – Cmin) oe.
donde Cm = coste máximo por trabajador y hora establecido en la convocatoria. w.
4. Optimización de recursos. 0 10 2 Cmin = coste establecido en la convocatoria a partir del cual no se obtiene puntuación  629ww
pCosr  =o pctoimstiez apcoiró ntr adbea rjaedcuorrs yo sh.ora en la solicitud.
Umbral de 
Concepto Puntos Descripción
puntuación
Se asignará un máximo de 2 puntos en aquellos proyectos en donde la entidad 
beneficiaria, o el equipo docente, cumpla una de las siguientes condiciones:
– Que la persona que ostente la presidencia o dirección de la entidad sea una mujer.
5. Incorporación de la variable de  – Que más del 45 % del órgano de dirección de la entidad esté integrado por 
0 a 2  
género. mujeres.
– Que la máxima responsabilidad en la dirección técnica del proyecto/actuación 
recaiga en una mujer.
– Tener definido un Plan de igualdad en el supuesto de no ser obligatorio.
Se asignará un máximo de 2 puntos en aquellos proyectos en donde la entidad 
beneficiaria, o el equipo docente, cumpla una de las siguientes condiciones:
6. Integración laboral de las personas 
0 a 2   – Para entidades con un número inferior a 50 trabajadores tener por lo menos 1 
con discapacidad.
trabajador con discapacidad.
– Para entidades con 50 o más trabajadores superar el límite legal establecido del 2 %.