BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 19 Viernes 22 de enero de 2021 Sec. I.   Pág. 6183
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
906 Decreto-ley  14/2020,  de  9  de  diciembre,  de  medidas  urgentes  en 
determinados sectores de actividad administrativa.
I
La emergencia sanitaria que ha generado la pandemia provocada por la COVID-19 
en todo el mundo ha obligado a los gobiernos a adoptar medidas extraordinarias y 
urgentes de todo tipo para luchar contra las diversas olas de contagios y mitigar los 
efectos económicos y sociales que este fenómeno está produciendo.
Ciertamente,  los  efectos  de  la  primera  ola  de  la  pandemia  se  controlaron 
considerablemente en las Illes Balears, gracias a las medidas de contención adoptadas. 
Aun así, la naturaleza y la evolución imprevisible de la misma, en relación con las formas 
de contagio y con la propagación del virus, hizo que se continuaran adoptando medidas 
urgentes de prevención, contención y coordinación, con la finalidad de permitir seguir 
afrontando y controlando la pandemia, para el caso de una eventual segunda ola, que 
finalmente se ha producido. En este último sentido, y más allá del éxito que se espera de 
las vacunas destinadas a prevenir más olas de este virus –algunas de las cuales ya se 
encuentran en proceso de inminente distribución–, lo cierto es que, a día de hoy, la 
pandemia aun subsiste, aunque notablemente atenuada en las Illes Balears, y que, por 
tanto, la superación todavía no ha sido oficialmente declarada ni en el ámbito nacional, ni 
en el internacional, por los organismos y autoridades competentes.
Finalizado el primer estado de alarma y sus prórrogas, el Gobierno del Estado, para 
hacer frente a los posibles riesgos sanitarios de una segunda ola, aprobó el Real 
Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y 
coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. Y, en las 
Illes Balears, se aprobó el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de junio de 2020 por 
el que se aprueba el Plan de medidas excepcionales de prevención, contención y 
coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, una vez 
superada  la  fase  3  del  Plan  para  la  transición  hacia  una  nueva  normalidad,  y, 
posteriormente, el Decreto-ley 11/2020, de 10 de julio, por el que se establece un 
régimen sancionador específico para afrontar los incumplimientos de las disposiciones 
dictadas para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19, en el marco del 
artículo 31 y otras disposiciones concordantes del mencionado Real Decreto-ley 21/2020 
y también de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.
Pues bien, la experiencia en la tramitación de los procedimientos sancionadores al 
amparo de dicho Decreto-ley 11/2020 ha puesto de relieve la necesidad de aclarar que 
también  forman  parte  de  los  tipos  infractores  correspondientes  la  comercialización,  la 
organización y, en general, la publicidad de reuniones, fiestas o cualquier otro tipo de acto 
esporádico o eventual en los que se produzcan o puedan producirse aglomeraciones que 
impidan y dificulten la adopción de las medidas sanitarias de prevención, aunque dichas 
aglomeraciones finalmente no se consuman porque se hayan detectado a tiempo por la 
Administración. En este sentido, y ante la posible dificultad de diferenciar las actuaciones de  s
comercialización (a las que se refiere el artículo 3.b) correspondiente a las infracciones muy  e.
graves) y las actuaciones de organización (a las que hace referencia el artículo 4.b) relativo  w.
a las infracciones graves) –si bien en principio la diferencia esencial debía pivotar en el  6w
sciamrápclete ro regsatnriicztaacmióenn–te,  seem apprreosvaerciahl ay  elsutcar amtivood ifdicea claió nc opmarear cqiauliez aecli ócna,r áac tdeirf emreunyc igar advee  lao 
grave de la infracción resida en el hecho de que se consuma o no la aglomeración, atendido
el bien jurídico protegido, más allá pues de la consideración de la actividad como de 
comercialización, de organización o de publicidad.
Asimismo, se ha puesto de manifiesto la necesidad de establecer, en los términos 
que prevé el artículo 28.4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, que la responsabilidad de los padres, tutores o guardadores respecto de 
las infracciones cometidas por los menores de edad es una responsabilidad principal y 
solidaria, y no una simple responsabilidad subsidiaria. Todo ello requiere modificar los 
artículos 3.b), 4.b) y 9.4 del mencionado Decreto-ley 11/2020, y también derogar el 
apartado 5 del artículo 9 del mismo.
Considerando que la aplicación práctica de esta normativa también se lleva a cabo por 
el personal inspector de la Consejería de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, se debe 
modificar el artículo 101.2 de la Ley 8/2012, de 19 de julio, del Turismo de las Illes Balears, 
para que el personal inspector actuante en cada caso se pueda identificar en el acta de 
inspección mediante el código de identificación que consta en el carnet profesional. En este 
último sentido, lo cierto es que, de acuerdo con el artículo 98 de la Ley 8/2012, uno de los 
deberes de los inspectores de turismo es el de exhibir la acreditación de su condición al 
inicio de la actuación inspectora. Así pues, esta modificación se efectúa con la finalidad de 
dar cumplimiento a dicho deber sin que la intimidad e, incluso, la seguridad de este personal 
quede comprometida, y cumplir a la vez la obligación de la Administración de identificar a 
las  autoridades  y  al  personal  a  su  servicio  responsables  de  la  tramitación  de  los 
procedimientos.
II
Junto con estas modificaciones de rango legal, se considera imprescindible abordar 
otras reformas puntuales de diversas normas sectoriales, también de rango legal, como 
es el caso de la Ley 2/2020, de 15 de octubre, de medidas urgentes y extraordinarias 
para el impulso de la actividad económica y la simplificación administrativa en el ámbito 
de las administraciones públicas de las Illes Balears para paliar los efectos de la crisis 
ocasionada por la COVID-19; de la Ley 3/2019, de 31 de enero, agraria de las Illes 
Balears; del Decreto-ley 10/2020, de 12 de junio, de prestaciones sociales de carácter 
económico de las Illes Balears; del Decreto-ley 1/2020, de 17 de enero, contra el turismo 
de excesos para la mejora de la calidad en zonas turísticas, y de la Ley 11/1998, de 14 
de diciembre, sobre el Régimen Específico de Tasas de la Comunidad Autónoma de las 
Illes Balears, con la finalidad de asegurar la vigencia inmediata de estas reformas y, con 
ello, poder adaptar los procedimientos administrativos y presupuestarios que requieran 
las administraciones públicas implicadas antes del inicio del año 2021.
En efecto, y en primer lugar, se considera necesario y urgente modificar la redacción del 
artículo 18 de la Ley 2/2020, de 15 de octubre, de medidas urgentes y extraordinarias para 
el impulso de la actividad económica y la simplificación administrativa en el ámbito de las 
administraciones públicas de las Illes Balears para paliar los efectos de la crisis ocasionada 
por la COVID-19, relativo a la adquisición hospitalaria de medicamentos genéricos. En este 
sentido, lo cierto es que el hecho de restringir el régimen contractual que regula dicho 
precepto a solo los medicamentos genéricos deja fuera una gran parte de medicamentos 
financiados, como los biosimilares y los medicamentos de marca de estos principios activos. 
Hay medicamentos de marca (que han perdido la protección de patente, en los casos de los 
genéricos, o que no la han perdido, en los casos de los biosimilares) que son competencia 
directa de los medicamentos genéricos o biosimilares. Por tanto, no hay razón para excluir  s
estos otros medicamentos (de marca) de la concurrencia en igualdad de condiciones al  e.
procedimiento descrito en el artículo 18; aun más, incluirlos promovería la competencia y  w.
garantizaría un funcionamiento eficiente del mercado. 6w
eficiAendceima átesr,a pseé utcicoan s(iqdueera e nq uloes  ncoa shoasn d ed elo ste gneenrséer iceons  ecsu elan tam isúmniaca pmoer nctoen cceriptetori)o, ss indoe 
qreusep etacmtab aié lna  cpaobseo lotegníae rd ee na dcmueinnistatr alacsió nc aor aac tlear ítsratizcaabs iliddea dc aindtae rnmae, dyi ctaammebniéton  lpao vr elroti eqnutee   BOE-A-cable e
económica global en el análisis previo a la adquisición. Asimismo, en la invitación para el 
acuerdo de adquisición hay que indicar los criterios que deben tenerse en cuenta para 
resolver la adquisición de un medicamento u otro, pero establecer una ponderación inicial 
implica tener en cuenta algunas características, con el importante riesgo de poder pasar por 
alto alguna consideración de evidencia científica o características que pueden mejorar 
enormemente el flujo de trabajo interno o la organización; por ello, se apuesta por no 
ponderar los criterios y establecerlos por orden decreciente a la invitación, de conformidad 
con la consideración 90.ª de la Directiva 2014/24/UE. Finalmente, se amplía hasta quince 
días el plazo para verificar la conformidad del suministro, en la medida que, en períodos 
festivos, fines de semana o vacaciones la dotación de personal administrativo es mínima, de 
haberla,  y  se  puede  dar  la  circunstancia  que  la  entrada  del  material  se  realice 
posteriormente.
En otro orden de cosas, se modifican puntualmente algunos aspectos del artículo 39 
de la misma Ley 2/2020, con la finalidad, en esencia, y en primer lugar, de prever la 
posibilidad de continuar las prestaciones en casos de inexistencia jurídica del contrato 
por falta de formalización, mientras se adoptan las medidas urgentes que se precisen, de 
una manera análoga a como prevé el artículo 42.3 de la Ley 9/2017 en los casos de 
nulidad. En segundo lugar, se deja claro que, en la medida que la liquidación del contrato 
formalmente inexistente ha de partir del valor de mercado de la prestación recibida, es 
decir, normalmente, del precio de la factura emitida por el proveedor, este valor o precio 
de mercado ha de incluir en buena lógica el beneficio industrial correspondiente, con 
excepción únicamente de los casos en los que el proveedor haya actuado de mala fe y 
sin seguir las instrucciones de la administración.
Asimismo, se incluye un precepto dedicado al patrocinio institucional, para dotar de 
seguridad  jurídica  a  esta  figura  utilizada  con  relativa  frecuencia  por  las  diversas 
administraciones públicas. En este último sentido, y en el marco en todo caso de la 
legislación básica de contratos públicos, se aprueban algunas reglas específicas que han 
de coadyuvar a una mayor publicidad y transparencia en los patrocinios que concierten 
las administraciones de las Illes Balears, partiendo de la base de la concurrencia de 
actividades muy diferentes y de imposible homogeneización, tanto por lo que respecta al 
presupuesto del contrato como a la difusión publicitaria que pretende la administración, y 
que no obstante responden a un denominador común consistente en dar soporte a 
iniciativas públicas o privadas susceptibles de generar un retorno publicitario para las 
marcas institucionales de las Illes Balears.
Por lo que se refiere a la Ley 3/2019, de 31 de enero, agraria de las Illes Balears, el 
apartado 3 de la disposición adicional segunda de dicha Ley estableció el destino del 
patrimonio de las cámaras agrarias y encomendó al Fondo de Garantía Agraria y Pesquera 
(FOGAIBA) el procedimiento de cesión de los bienes inmuebles, sin hacer referencia al 
resto del patrimonio; este procedimiento se encuentra actualmente en marcha, pero se ha 
encontrado con serias dificultades para su finalización por la falta de acuerdo del sector.
Así, la mayor parte del patrimonio inmobiliario de las cámaras agrarias se sitúa en la 
isla de Mallorca, y el que se ubica fuera de esta ya está asignado en virtud de otro 
proceso  diferente  en  cumplimiento  del  apartado  2  de  la  misma  disposición 
adicional. Pues bien, la dificultad del reparto de los bienes por su ubicación, antigüedad y 
estado, así como la falta de atribución legal de todo el patrimonio, no solo el inmobiliario 
realizado por la ley, hacen necesaria la modificación de la misma para facilitar que se 
llegue a un consenso entre todos los posibles cesionarios. Además, la crisis económica 
que sufre el sector, agravada por la pandemia de la COVID-19, y la conveniencia de no  s
paralizar  los  procedimientos  de  cesión  que  ya  están  en  marcha,  y  que  se  verán  oe.
impulsados con la modificación de la Ley, hacen que esta modificación deba aprobarse lo  w.
más rápido posible. 6w
sociAal essu  vdeez , claasrá mctoedr ifieccaocnioónmesic od eld De elcarse toIl-lleesy  1B0a/2le0a2r0s,,  dree s1p2o dned ejunn iao , ddeo sp rceusetasctiioonneess 
pDuenctrueatole-lse.y L),a  trpartiam edrea  (fqaucieli tasre  eclo rarebsopnoon deeferícati vcoo nd ela  lam opdriefisctaacciióónn  dseol caiarlt ícduelo  c7a.r2á cdteerl   BOE-A-cable e
económico que corresponda al beneficiario, de forma que no siempre se tenga que hacer 
mediante transferencia bancaria, vistas las dificultades (cuando no imposibilidad) de 
algunos de los beneficiarios de disponer de cuentas bancarias de su titularidad.
Y la segunda, correspondiente al resto de preceptos de este Decreto-ley que se 
modifican,  ha  de  permitir  evitar  eventuales  situaciones  de  necesidad  de  algunas 
personas que, por varias razones (no tan solo referidas al límite derivado de los ingresos 
obtenidos durante el ejercicio anterior), no pueden acceder al ingreso mínimo vital. En 
este  último  sentido  lo  cierto  es  que  el  acceso  a  la  renta  social  garantizada  como 
prestación social de carácter económico de la Comunidad Autónoma tiene que ser 
posible, no tan solo en los casos en los que conste una resolución de desestimación de 
la Administración estatal competente respecto del ingreso mínimo vital, sino también en 
aquellos casos de desestimación presunta o cuando esta resolución lo sea de inadmisión 
a trámite (por no cumplir algún requisito propio y exclusivo de este recurso estatal, como 
por ejemplo, entre otros, el relativo a la necesaria residencia regular en el territorio 
español del beneficiario), o incluso cuando la resolución sea estimatoria aunque por una 
cuantía inferior (y a veces muy inferior) a la cuantía que resultaría de la renta social 
garantizada (por razón de considerar el ingreso mínimo vital varios parámetros que no se 
consideran  en  la  renta  social  garantizada,  tales  como  la  imputación  de  rentas 
inmobiliarias).
Todo ello, respetando plenamente el carácter subsidiario (artículo 16.b) del Decreto-
ley) y complementario (artículo 9.1.b) del Decreto-ley) de la renta social garantizada 
respecto del ingreso mínimo vital, hasta el umbral cuantitativo máximo de esta, por 
debajo del cual se entiende que se produce la situación de vulnerabilidad económica a 
que se refiere el artículo 17 del Decreto-ley.
El Decreto-ley 1/2020, de 17 de enero, contra el turismo de excesos para la mejora 
de la calidad en zonas turísticas, entró en vigor en fecha 17 de enero de 2020, para 
disponer  de  herramientas  efectivas  para  luchar  contra  comportamientos  incívicos, 
amparadas por razones imperiosas de interés general como pueden ser el orden público, 
la seguridad pública, la salud pública, la protección civil, la protección de los derechos, la 
seguridad y la salud de los consumidores, la protección del medio ambiente, y otras 
mencionadas en su exposición de motivos.
Ahora, pasado casi un año desde su entrada en vigor, y a pesar de que la actividad 
turística está fuertemente condicionada por los efectos y medidas relativas a la pandemia 
producida por la COVID-19, se están poniendo de manifiesto una serie de aspectos en la 
aplicación de la actual redacción que aconsejan llevar a cabo una modificación también 
con carácter extraordinario y urgente, tanto para dar eficacia inmediata a aclaraciones 
imprescindibles de una norma vigente, como para hacer frente con mayor eficacia a los 
problemas que se pretenden solucionar, y con la confianza que la actividad turística se 
pueda desarrollar cuanto antes con mayor normalidad.
También  se  considera  necesario  introducir  expresamente  la  posibilidad  de  una 
delegación de la potestad sancionadora, incluyendo la inspectora y otras que puedan 
estar  conectadas,  en  los  municipios  afectados,  siempre  que  se  cumplan  las 
determinaciones marcadas por el artículo 27 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las Bases de Régimen Local, lo que puede incidir en una mejor eficiencia de la 
gestión  pública  y  eliminar  duplicidades  administrativas.  Además,  las  medidas 
perseguidas  por  este  Decreto-ley  están  muy  relacionadas  con  las  competencias 
ejercidas por los municipios en relación con la convivencia ciudadana y con la potestad 
de la policía local. s
Finalmente, se considera adecuado eliminar la limitación de la vigencia del Decreto- oe.
ley, teniendo en cuenta también que el legislador, o el ejecutivo con la convalidación del  w.
legislador, puede dejar sin efectos dicho Decreto-ley en el momento en el que considere  6w
que Edne jac udaen stoe r anl ecáemsbairtoio .de  las  tasas,  se  modifican  puntualmente  dos  normas  de  la
LAeuytó 1n1o/m19a9 d8e,  dlaes  1I4lle dse B dailceieamrsb, rceo,n s olab frien aelli dRaédg, ipmoer nu nE slapdeoc,í fdiceo  sduep rTimasira sla  dtaes laa  rCeolamtivuan idaa lad   BOE-A-cable e
entrega de blocs de hojas de reclamación o denuncia en materia de consumo, teniendo en 
cuenta que, a día de hoy, se ha implantado un sistema de descarga electrónica de tales 
hojas  de  reclamación  o  denuncia,  de  carácter  gratuito  para  los  titulares  de  los 
establecimientos obligados a disponer de los mismos de acuerdo con el Decreto 46/2009, 
de 10 de julio, sobre las hojas de reclamación o de denuncia en materia de consumo; y, por 
el otro, a fin de adaptar las tasas correspondientes a las autorizaciones anuales y diarias a 
los centros de buceo, y también las anuales para los buceadores particulares, al número de 
reservas marinas existentes actualmente en cada una de las islas del archipiélago balear.
III
De este modo, el presente Decreto-ley se estructura en siete artículos, uno para cada 
una de las modificaciones de las normas legales antes mencionadas.
A su vez, la disposición derogatoria única deroga todas las disposiciones de igual o 
inferior rango que se opongan, contradigan o resulten incompatibles con lo dispuesto en 
el Decreto-ley y, en particular, el apartado 5 del artículo 9 del Decreto-ley 11/2020, de 10 
de julio, por el que se establece un régimen sancionador específico para afrontar los 
incumplimientos  de  las  disposiciones  dictadas  para  paliar  los  efectos  de  la  crisis 
ocasionada por la COVID-19, así como el Decreto-ley 8/2020, de 13 de mayo, de 
medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de la actividad económica y la 
simplificación administrativa en el ámbito de las administraciones públicas de las Illes 
Balears para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19.
Y la disposición final única establece la entrada en vigor del Decreto-ley al día 
siguiente de su publicación en el «Butlletí Oficial de les Illes Balears».
Ciertamente, el Decreto-ley, regulado en el artículo 49 del Estatuto de autonomía de 
las Illes Balears a imagen de lo previsto en el artículo 86 del texto constitucional, 
constituye un instrumento en manos del Gobierno de la Comunidad Autónoma para 
afrontar situaciones de necesidad extraordinaria y urgente, si bien con el límite de no 
poder  afectar  a  determinadas  materias.  Como  disposición  legislativa  de  carácter 
provisional que es, la permanencia del Decreto-ley en el ordenamiento jurídico está 
condicionada a la ratificación parlamentaria correspondiente, mediante la denominada 
convalidación. Pues bien, de acuerdo con lo antes expuesto, y en este difícil contexto de 
crisis sanitaria, social y económica que están afrontando todas las administraciones 
públicas, el Gobierno de las Illes Balears considera adecuado el uso del Decreto-ley para 
dar cobertura a todas estas medidas.
En efecto, el Decreto-ley autonómico constituye una figura inspirada en la que prevé 
el artículo 86 de la Constitución respecto del Gobierno del Estado, cuyo uso ha dado 
lugar a una extensa jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Así, dicho alto tribunal ha 
declarado que la definición, por los órganos políticos, de una situación de extraordinaria 
y urgente necesidad requiere ser explícita y razonada, y que ha de haber una conexión 
de sentido o relación de adecuación entre la situación excepcional y las medidas que se 
pretenden adoptar, las cuales deben ser idóneas, concretas y de eficacia inmediata; todo 
ello en un plazo más breve que el requerido por la vía ordinaria o por los procedimientos 
de urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes, teniendo en cuenta que la 
aplicación en cada caso de estos procedimientos legislativos no depende del Gobierno.
Asimismo, el Tribunal Constitucional ha dicho que no ha de confundirse la eficacia 
inmediata de la norma provisional con su ejecución instantánea, y, por tanto, ha de 
permitirse que las medidas adoptadas con carácter de urgencia incluyan posteriores  s
desarrollos reglamentarios o actuaciones administrativas de ejecución de estas medidas  e.
o normas de rango legal. w.
Para finalizar, y desde el punto de vista de las competencias por razón de la materia  6w
deen  llaa  Cmoemduidnaid aedn  Aquuteó nsoem laim ditea  laas  mIlloeds ifBicaaler aprus,n ctuaablem aeñnated inr oqrumea esl  psreecsteonritaele Dse dcere troa-nlegyo, 
dleifgearle nvitgeesn pteusn,t oesn cduee lnotsr aa rttaícmubloiésn 3 a0n yc l3a1je ,d edle Esdseta teusttoe  dpeu natuot odneo mviísat ad es ulastsa nIllteivso ,B eanle alorss   BOE-A-cable e
relativos a los diversos títulos competenciales que, a su vez, legitimaron la aprobación de 
las respectivas normas de rango legal.
Por todo ello, al amparo del artículo 49 del Estatuto de autonomía, a propuesta de la 
consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores, del consejero de Modelo Económico, 
Turismo y Trabajo, y de las consejeras de Asuntos Sociales y Deportes, de Salud y 
Consumo,  de  Agricultura,  Pesca  y  Alimentación  y  de  Administraciones  Públicas  y 
Modernización, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en la sesión de día 9 de 
diciembre de 2020, se aprueba el siguiente Decreto-ley:
Artículo primero.  Modificaciones del Decreto-ley 11/2020, de 10 de julio, por el que se 
establece un régimen sancionador específico para afrontar los incumplimientos de 
las  disposiciones  dictadas  para  paliar  los  efectos  de  la  crisis  ocasionada  por 
la COVID-19.
1.  La letra b) del artículo 3 del Decreto-ley 11/2020, de 10 de julio, por el que se 
establece un régimen sancionador específico para afrontar los incumplimientos de las 
disposiciones dictadas para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19, 
queda modificada de la siguiente manera:
«b)  La organización, la comercialización o la publicidad de reuniones, fiestas 
o cualquier otro tipo de acto esporádico o eventual, sea de carácter privado o 
abierto al público, en espacios públicos o privados, en los que se produzcan 
aglomeraciones que impidan o dificulten la adopción de las medidas sanitarias de 
prevención.»
2.  La letra b) del artículo 4 del mencionado Decreto-ley 11/2020 queda modificada 
de la siguiente manera:
«b)  La organización, la comercialización o la publicidad de reuniones, fiestas 
o cualquier otro tipo de acto esporádico o eventual, sea de carácter privado o 
abierto al público, en espacios públicos o privados, en los que puedan producirse 
aglomeraciones que impidan o dificulten la adopción de las medidas sanitarias de 
prevención, siempre que estas aglomeraciones no se hayan consumado y, por 
tanto, no se verifique la infracción muy grave establecida en la letra b) del artículo 
anterior.»
3.  El  apartado  4  del  artículo  9  del  mencionado  Decreto-ley  11/2020  queda 
modificado de la siguiente manera:
«4.  Son responsables principales y solidarios de las infracciones cometidas 
por los menores de edad los padres, tutores o guardadores.»
Artículo segundo.  Modificaciones de la Ley 2/2020, de 15 de octubre, de medidas 
urgentes  y  extraordinarias  para  el  impulso  de  la  actividad  económica  y  la 
simplificación administrativa en el ámbito de las administraciones públicas de las Illes 
Balears para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19.
1.  El artículo 18 de la Ley 2/2020, de 15 de octubre, de medidas urgentes y 
extraordinarias  para  el  impulso  de  la  actividad  económica  y  la  simplificación 
administrativa en el ámbito de las administraciones públicas de las Illes Balears para 
paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19, queda modificado de la  e.
siguiente manera: w.
«Artículo 18.
paraA dloqsu isqicuióen  ehsotésp iataultaorriaiz addeo  meend icEasmpeanñtao sa glgeúnné rigceons,é rbicioos imo ilabrioessi mo ildaer,  moa rdcea 
medicamentos para los que hayan transcurrido diez años desde la resolución de
financiación y no se haya autorizado algún genérico o biosimilar de las mismas 
características.
1.  En  las  adquisiciones  hospitalarias  de  medicamentos  genéricos, 
biosimilares o de marca para los que esté autorizado en España algún genérico o 
biosimilar, o de medicamentos para los que hayan transcurrido diez años desde la 
resolución de financiación y no se haya autorizado algún genérico o biosimilar de 
las mismas características, los servicios de farmacia pueden elegir cualquiera de 
estos medicamentos, atendiendo a criterios de eficacia terapéutica o de eficiencia 
en  la  gestión,  de  entre  los  ofertados  por  los  proveedores  que  asuman  las 
condiciones  que  previamente  haya  establecido  el  órgano  competente  para 
adquirirlos, que son de cumplimiento obligado.
2.  Si se considera más conveniente contar con un único proveedor o un 
único medicamento de los descritos en el apartado anterior, se podrá seleccionar 
uno entre aquellos como destinatario de los pedidos. En este último caso el plazo 
del contrato será anual.
En la selección de un proveedor o medicamento único se llevará a cabo un 
procedimiento por invitación a cada uno de los proveedores, incluyendo en todo 
caso  en  la  convocatoria  la  determinación  de  penalidades  contractuales  que 
correspondan  por  eventuales  incumplimientos  de  plazos  o  de  la  calidad  del 
producto,  y  también  el  sistema  de  pago,  por  volumen  o  por  resultados.  La 
invitación contendrá los criterios de selección cualitativos que se tienen que tener 
en cuenta para la resolución, por orden decreciente.
3.  El acuerdo de adquisición de los medicamentos a los que se refiere el 
apartado 1, en cualquiera de sus modalidades, tiene naturaleza privada, y la 
tramitación exige:
a)  Justificación de la necesidad y de la existencia de crédito.
b)  Solicitud formal a la empresa cuya aceptación implica el compromiso de 
cumplimiento de los plazos de entrega.
4.  En  acuerdos  de  adquisición  de  tracto  sucesivo  se  puede  prever  su 
modificación y las causas de resolución.
5.  En el acuerdo de adquisición se tiene que establecer el procedimiento 
de aceptación o comprobación mediante el cual se verificará la conformidad de 
los medicamentos con lo que dispone el contrato, cuya duración no puede 
exceder de quince días hábiles a contar desde la fecha de recepción de los 
medicamentos.»
2.  El apartado 3 del artículo 39 de la mencionada Ley 2/2020 queda modificado de 
la siguiente manera:
«3.  La declaración de inexistencia jurídica del contrato a que se refieren 
el último párrafo del apartado 1 y el apartado 2 de este artículo comporta que 
el contrato entre en liquidación, teniéndose que restituir las partes las cosas 
que  hayan  recibido  y,  si  no  es  posible,  el  precio  de  mercado  de  las 
prestaciones  respectivas  al  tiempo  de  su  realización,  en  el  marco  del 
procedimiento de reconocimiento extrajudicial de créditos que se regula en el 
siguiente apartado.
En los casos en los que la declaración de inexistencia jurídica del contrato  e.e
produzca un grave trastorno al servicio público podrá disponerse en el mismo  b
acuerdo  declarativo  la  continuación  de  los  efectos  inherentes  a  los  pactos  w
cpoarrrae sepvoitanrd ieeln pteesrj uhicaiost.a» que se adopten las medidas urgentes que se precisen
3.  El punto 3.º de la letra a) del apartado 4 del artículo 39 de la mencionada 
Ley 2/2020 queda modificado de la siguiente manera:
«3.º  La valoración de los bienes entregados, de los servicios prestados o de 
las obras realizadas en cada caso, calculada a los precios de mercado vigentes en 
el  momento  de  encargar  la  prestación,  a  los  efectos  de  la  regularización  o 
liquidación que sea procedente, con la cuantificación correspondiente, la cual 
servirá de base a la propuesta de resolución del consejero o del máximo órgano 
unipersonal del ente a que se refiere la letra d).
En la valoración que se haga se incluirá el beneficio industrial inherente al 
precio de mercado, salvo que las prestaciones del proveedor se hayan producido 
de mala fe y sin seguir las instrucciones de la administración.»
4.  Se añade un nuevo capítulo, el capítulo VI, en la mencionada Ley 2/2020, con la 
siguiente redacción:
«CAPÍTULO VI
Normas específicas en materia de patrocinios institucionales
Artículo 44.  Contratos de patrocinio institucional.
1.  Los contratos de patrocinio institucional son contratos privados que se 
regirán por las reglas específicas de este artículo y, en su caso, de la normativa 
reglamentaria  de  desarrollo,  respetando  los  principios  establecidos  en  la 
legislación de contratos del sector público vigente.
2.  La adjudicación de los contratos de patrocinio se realizará en régimen de 
concurrencia pública y previa aprobación de un pliego de condiciones generales 
del patrocinio que fijará los requisitos y las condiciones objetivas para concurrir a 
la licitación.
3.  Una vez publicados en el perfil del contratante del órgano de contratación 
los  candidatos  admitidos,  por  categorías  o  tipos  de  actividad,  el  órgano  de 
contratación podrá adjudicar los contratos específicos de patrocinio a cada uno de 
ellos,  de  acuerdo  con  la  puntuación  obtenida,  hasta  el  límite  del  crédito 
presupuestario aprobado.
4.  Excepcionalmente,  cuando  la  concurrencia  resulte  incompatible  con  la 
naturaleza y el objeto del contrato, se podrá recurrir al procedimiento negociado 
sin publicidad regulado en la legislación de contratos del sector público o, en su 
caso, al contrato menor, atendiendo al valor estimado del contrato.»
Artículo tercero.  Modificación de la Ley 3/2019, de 31 de enero, agraria de las Illes 
Balears.
La disposición adicional segunda de la Ley 3/2019, de 31 de enero, agraria de las 
Illes Balears, queda modificada de la siguiente manera:
«Disposición adicional segunda.  Destino del patrimonio de la Cámara Agraria 
Interinsular y de las cámaras agrarias locales de las Illes Balears.
1.  Los bienes inmuebles procedentes de la Cámara Agraria Interinsular y de  es
las cámaras agrarias locales de las Illes Balears, atribuidos al Fondo de Garantía  o
Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA) a través del Decreto 86/2006,  w
ccdfoeáerdm mi2daa9or a sdsd i repae ogcrstr aaee rpilya ti esFg mOlroabGctruaAeilt,Iea Bs rA eae,g   iufpnalrtaveedorviorin ars d uedal aeulrlto o yspr i rzlaaoa yccaueitóndrintibma umdiceeiinóe tnnso tu od speC a sqoruaun  espl eaaljt oorsil miq deuoesin dtiDéaonc,ir i epóoconccd uiródápnena,  n slddaeeosr     OE-A-2021-90able en https://
mediante  cualquier  instrumento  jurídico,  siempre  que  quede  garantizada  la
conservación y aplicación de aquellos inmuebles a finalidades o servicios de 
interés general agrario.
También se podrán ceder, de la misma manera, a las cooperativas agrarias, a 
las sociedades agrarias de transformación o a otras entidades asociativas agrarias 
que los estén ocupando, y estos bienes inmuebles deberán aplicarse igualmente a 
fines o servicios de interés agrario.
Los cesionarios deberán hacerse cargo de todos los gastos derivados de los 
actos de cesión señalados, así como de los gastos posteriores, sean del tipo que 
sean (tributarios, de mantenimiento, suministros, etc.).
A  las  cesiones  previstas  en  este  apartado  les  serán  de  aplicación  los 
artículos 61.2 y 3, y 62 de la Ley 6/2011, de 11 de abril, del Patrimonio de la 
Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
2.  Se autoriza al Consejo de Dirección del FOGAIBA a ceder, de entre los 
bienes inmuebles procedentes del patrimonio de las cámaras agrarias no incluidos 
en el apartado anterior, aquellos que estime conveniente a las organizaciones 
profesionales agrarias de las Illes Balears, las cuales deberán destinar los bienes 
o  sus  productos  a  fines  y  servicios  de  interés  general  agrario.  El  FOGAIBA 
acordará la cesión con las organizaciones profesionales agrarias teniendo en 
cuenta los siguientes criterios:
a)  El porcentaje de obtención de ayudas por estas en la media de las dos 
últimas convocatorias de ayudas a las organizaciones profesionales agrarias por 
parte del FOGAIBA o del consejo insular correspondiente.
b)  El ámbito territorial de la cámara agraria extinguida.
Las organizaciones profesionales agrarias tendrán que afrontar cualquier gasto 
derivado del acto de cesión y cualquier otro posterior, ya sea de carácter tributario, 
de mantenimiento, de suministro o de cualquier otro tipo.
A  las  cesiones  previstas  en  este  apartado  les  serán  de  aplicación  los 
artículos 61.2 y 3, y 62 de la Ley 6/2011, de 11 de abril, del Patrimonio de la 
Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
3.  Se  autoriza  al  Consejo  de  Dirección  del  FOGAIBA  a  ceder  a  las 
organizaciones profesionales agrarias el resto del patrimonio y los bienes o derechos 
no previstos en los apartados anteriores, cualquiera que sea la naturaleza de estos 
bienes o derechos, que procedan de la gestión del patrimonio de las extintas Cámara 
Agraria  Interinsular  y  cámaras  agrarias  locales  de  las  Illes  Balears  atribuido  al 
FOGAIBA, del mismo modo establecido en el apartado anterior.
No obstante lo anterior, el Consejo de Dirección podrá tener en cuenta algún 
otro criterio adicional que compense la dificultad del reparto, siempre que exista 
consenso entre todas las organizaciones.
En todo caso, las organizaciones profesionales agrarias deberán justificar la 
finalidad de interés general a la cual vayan a destinar el patrimonio que se les 
ceda.»
Artículo  cuarto.  Modificaciones  del  Decreto-ley  10/2020,  de  12  de  junio,  de 
prestaciones sociales de carácter económico de las Illes Balears.
1.  El  apartado  2  del  artículo  7  del  Decreto-ley  10/2020,  de  12  de  junio,  de 
prestaciones sociales de carácter económico de las Illes Balears, queda modificado de la  s
siguiente manera: oe.
«2.  Cuando  el  abono  se  realice  mediante  transferencia,  se  hará  a  la  6w
cEune netl as ubpaunecsatroia  dqeu eq ufea cniloit es elaa  ppeorssiobnlea,  sbee npeofidcriáanri ah aob siluit arre portreosse nstiastnetme alesg dael. 
pbeagnoef icqiuaeri op.»ermitan  acreditar  la  recepción  efectiva  de  la  prestación  por  el
2.  La letra a) del apartado 1 del artículo 20 del mencionado Decreto-ley 10/2020 
queda modificada de la siguiente manera:
«a)  Que hayan solicitado el ingreso mínimo vital, excepto en los casos en los 
que no puedan solicitarlo por no cumplir los requisitos de acceso exigibles de acuerdo 
con la normativa vigente reguladora del mencionado ingreso mínimo vital.»
3.  La letra d) del apartado 1 del artículo 20 del mencionado Decreto-ley 10/2020 
queda modificada de la siguiente manera:
«d)  Que se les haya notificado la resolución correspondiente respecto del 
ingreso mínimo vital o haya transcurrido el plazo máximo para hacerlo, en su caso, 
de acuerdo con lo que establece la letra a) de este apartado. En todos los casos, 
las personas se deben encontrar en situación de vulnerabilidad económica por 
carecer de rentas o ingresos suficientes, incluidos los que, en su caso, puedan 
obtener en concepto del ingreso mínimo vital, de acuerdo con la definición de 
vulnerabilidad económica del artículo 17 de este Decreto-ley.
En particular, en los casos de desestimación presunta de las solicitudes de 
ingreso mínimo vital y de posterior resolución estimatoria en todo o en parte, la 
renta social garantizada que se haya podido percibir de manera incompatible con 
el ingreso mínimo vital que finalmente se reconozca expresamente se regirá por lo 
dispuesto en los artículos 8, 9.1.b), 16.e), 22.e), 32 y 36 de este Decreto-ley.»
4.  La disposición transitoria primera del mencionado Decreto-ley 10/2020 queda 
modificada de la siguiente manera:
«Disposición transitoria primera.  Mantenimiento de la renta mínima de inserción.
Las  prestaciones  económicas  de  la  renta  mínima  de  inserción  se  podrán 
mantener hasta el 31 de marzo de 2021 siempre que las personas beneficiarias 
cumplan las condiciones y no tengan derecho a percibir el ingreso mínimo vital o la 
renta social garantizada.»
5.  El  apartado  1  de  la  disposición  transitoria  tercera  del  mencionado  Decreto-
ley 10/2020 queda modificado de la siguiente manera:
«1.  Los perceptores actuales de la renta social garantizada, regulada en la 
Ley 5/2016, de 13 de abril, que verifiquen lo que prevén las letras a) y d) del 
apartado 1 del artículo 20, con la comprobación previa del cumplimiento del resto 
de los requisitos establecidos, y mediante una nueva resolución en los términos de 
este Decreto-ley, percibirán la nueva renta social garantizada de este Decreto-ley.»
Artículo  quinto.  Modificaciones  del  Decreto-ley  1/2020,  de  17  de  enero,  contra  el 
turismo de excesos para la mejora de la calidad en zonas turísticas.
1.  El  artículo  2  del  Decreto-ley  1/2020,  de  17  de  enero,  contra  el  turismo  de 
excesos  para  la  mejora  de  la  calidad  en  zonas  turísticas,  queda  modificado  de  la 
siguiente manera:
«Artículo 2.  Ámbito territorial.
1.  Las  medidas  establecidas  en  este  Decreto-ley  son  de  aplicación  o
únicamente  en  las  zonas  donde  se  producen  los  graves  comportamientos  ww.
incívai)c osE, nq ueel  smounn liacsip sioig udiee nCteaslv:ià: toda la zona que queda dentro del perímetro
delimitado en el anexo 1 de este Decreto-ley.
b)  En el municipio de Palma: toda la zona que queda dentro del perímetro 
delimitado en el anexo 2 de este Decreto-ley.
c)  En el municipio de Llucmajor: toda la zona que queda dentro del perímetro 
delimitado en el anexo 3 de este Decreto-ley, así como las calles señaladas.
d)  En el municipio de Sant Antoni de Portmany: toda la zona que queda 
dentro del perímetro delimitado en el anexo 4 de este Decreto-ley.
2.  Los locales afectados son aquellos que tengan una entrada en cualquiera 
de las zonas indicadas.»
2.  Se añade un nuevo párrafo en el apartado 1 del artículo 3 del mencionado 
Decreto-ley 1/2020, con la siguiente redacción:
«Cuando se trate de menores hasta 14 años que viajen acompañados de adultos, 
la recepción de la información podrá ser acreditada por los adultos acompañantes.»
3.  Se añade un nuevo párrafo en el apartado 2 del artículo 6 del mencionado 
Decreto-ley 1/2020, con la siguiente redacción:
«Entre las ofertas prohibidas de bebidas alcohólicas se entenderán también 
incluidas las ofertas en las que este tipo de bebida se suministra junto con otros 
productos, y también la oferta de bebidas alcohólicas gratuitas.»
4.  Se añade un nuevo párrafo en el artículo 8 del mencionado Decreto-ley 1/2020, 
con la siguiente redacción:
«Se entenderán por fiestas o acontecimientos multitudinarios la realización de 
fiestas o bailes a bordo de un barco con música producida con medios mecánicos 
o electrónicos o mediante la actuación en directo de un músico o músicos.»
5.  El  apartado  2  del  artículo  17  del  mencionado  Decreto-ley  1/2020  queda 
modificado de la siguiente manera:
«2.  El local o establecimiento tiene que permanecer cerrado durante todo el plazo 
que se imponga en la resolución, con independencia de los cambios de titular que se 
puedan producir, salvo que el local o establecimiento se destine a una actividad 
sustancialmente diferente a la que se ejercía en el momento de la infracción.»
6.  Se añade un nuevo artículo, el artículo 19 bis, en el mencionado Decreto-
ley 1/2020, con la siguiente redacción:
«Artículo 19 bis.  Delegación de competencias.
Las competencias mencionadas en el artículo 19, incluida la instrucción de los 
procedimientos y otras que puedan estar conectadas, se podrán delegar en los 
ayuntamientos  de  Palma,  Calvià,  Llucmajor  y  Sant  Antoni  de  Portmany,  en  los 
términos que prevé el artículo 27 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases del régimen local.
En caso de delegación, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 11 de 
este  Decreto-ley,  también  respecto  a  las  atribuciones  de  los  inspectores 
municipales y respecto a los efectos de sus actas o denuncias.»
7.  La disposición final tercera del mencionado Decreto-ley 1/2020 queda modificada  bo
de la siguiente manera: w
«Disposición final tercera.  Entrada en vigor.
Este Decreto-ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín
Oficial de las Illes Balears.» Bc
Artículo sexto.  Modificación de la Ley 8/2012, de 19 de julio, del turismo de las Illes 
Balears.
Se añade un segundo párrafo en el apartado 2 del artículo 101 de la Ley 8/2012, 
de 19 de julio, del turismo de las Illes Balears, con la siguiente redacción:
«El  acta  ha  de  identificar  al  inspector  actuante  mediante  el  código  de 
identificación que consta en el carné profesional.»
Artículo séptimo.  Modificaciones de la Ley 11/1998, de 14 de diciembre, sobre el 
Régimen Específico de Tasas de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
1.  El punto 3 del artículo 383 de la Ley 11/1998, de 14 de diciembre, sobre el 
Régimen Específico de Tasas de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, queda sin 
contenido.
2.  El punto 4 de la letra a) del punto 3.º del artículo 392 septies de la mencionada 
Ley 11/1998 queda modificado de la siguiente manera:
«4.  Autorizaciones  anuales  en  todas  las  reservas  marinas,  excepto  las 
reservas marinas de la isla del Toro y de las islas Malgrats: 52,40 euros/por isla.»
3.  El punto 2 de la letra b) del punto 3.º del artículo 392 septies de la mencionada 
Ley 11/1998 queda modificado de la siguiente manera:
«2.  A  las  otras  reservas  marinas,  por  isla:  20,96  euros/día  o  471,52 
euros/año.»
Disposición derogatoria única.  Normas que se derogan.
Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan, 
contradigan  o  resulten  incompatibles  con  lo  dispuesto  en  este  Decreto-ley  y,  en 
particular:
a)  El apartado 5 del artículo 9 del Decreto-ley 11/2020, de 10 de julio, por el que se 
establece un régimen sancionador específico para afrontar los incumplimientos de las 
disposiciones dictadas para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19.
b)  El Decreto-ley 8/2020, de 13 de mayo, de medidas urgentes y extraordinarias 
para el impulso de la actividad económica y la simplificación administrativa en el ámbito 
de las administraciones públicas de las Illes Balears para paliar los efectos de la crisis 
ocasionada por la COVID-19.
Disposición final única.  Entrada en vigor.
Este Decreto-ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín 
Oficial de las Illes Balears».
Palma, 9 de diciembre de 2020.–La Presidenta, Francesca Lluch Armengol i Socias.–
La  Consejera  de  Hacienda  y  Relaciones  Exteriores,  Rosario  Sánchez  Grau.–El 
Consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, Iago Negueruela i Vázquez.–La 
Consejera de Asuntos Sociales y Deportes, Fina Santiago Rodríguez.–La Consejera de 
Salud  y  Consumo,  Patricia  Gómez  i  Picard.–La  Consejera  de  Agricultura,  Pesca  y  s
Alimentación, P.S. (art. 1 Decreto 11/2019, de 2 de julio, de la Presidenta), el Consejero  e.
de  Transición  Energética  y  Sectores  Productivos,  Juan  Pedro  Yllanes  Suárez.–La  w.
Consejera de Administraciones Públicas y Modernización, Isabel Castro Fernández. 6w
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