BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 52 Martes 2 de marzo de 2021 Sec. I.   Pág. 24561
I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA
Y COOPERACIÓN
3239 Convenio entre el Reino de España y la República de Bielorrusia para evitar 
la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre 
la renta y sobre el patrimonio y su Protocolo, hecho en Madrid el 14 de junio 
de 2017.
CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE BIELORRUSIA 
PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN 
MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SOBRE EL PATRIMONIO
El Reino de España y la República de Bielorrusia, deseando concluir un Convenio 
para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre 
la renta y sobre el patrimonio, han acordado lo siguiente
CAPÍTULO I
Ámbito de aplicación del Convenio
Artículo 1.  Personas comprendidas.
El presente Convenio se aplica a las personas residentes de uno o de ambos 
Estados contratantes.
Artículo 2.  Impuestos comprendidos.
1.  El  presente  Convenio  se  aplica  a  los  impuestos  sobre  la  renta  y  sobre  el 
patrimonio  exigibles  por  cada  uno  de  los  Estados  contratantes,  sus  subdivisiones 
políticas o sus entidades locales, cualquiera que sea el sistema de su exacción.
2.  Se consideran impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio los que gravan la 
totalidad de la renta o del patrimonio o cualquier parte de los mismos, incluidos los 
impuestos  sobre  las  ganancias  derivadas  de  la  enajenación  de  bienes  muebles  o 
inmuebles,  los  impuestos  sobre  el  importe  de  sueldos  o  salarios  pagados  por  las 
empresas, así como los impuestos sobre las plusvalías.
3.  Los impuestos actuales a los que se aplica este Convenio son, en particular:
a)  En el Reino de España:
i.  El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas;
ii.  el Impuesto sobre Sociedades;
iii.  el Impuesto sobre la Renta de no Residentes;
iv.  el Impuesto sobre el Patrimonio; y
v.  los impuestos locales sobre la renta y sobre el patrimonio (denominados en lo 
sucesivo «impuesto español»); es
b)  En la República de Bielorrusia: w.
ii.i.   Eell  IImmppuueessttoo  ssoobbrree  llao sre bnetan;eficios;
iii.  el Impuesto sobre la renta de las personas físicas; y
iv.  el Impuesto sobre bienes Inmuebles; (denominados en lo sucesivo «impuesto 
bielorruso»)
4.  El Convenio se aplicará igualmente a los impuestos de naturaleza idéntica o 
análoga que se establezcan con posterioridad a la firma del mismo y que se añadan a 
los actuales o les sustituyan. Las autoridades competentes de los Estados contratantes 
se comunicarán mutuamente las modificaciones sustanciales que se hayan introducido 
en sus respectivas legislaciones fiscales.
CAPÍTULO II
Definiciones
Artículo 3.  Definiciones generales.
1.  A los efectos del presente Convenio, a menos que de su contexto se infiera una 
interpretación diferente:
a)  El  término  «España»  significa  el  Reino  de  España  y,  utilizado  en  sentido 
geográfico, significa el territorio del Reino de España, incluyendo las aguas internas, el 
espacio aéreo, el mar territorial y las áreas exteriores al mar territorial en las que, con 
arreglo al Derecho internacional y en virtud de su legislación interna, el Reino de España 
ejerce o puede ejercer en el futuro jurisdicción o derechos de soberanía respecto del 
fondo marino, su subsuelo y aguas suprayacentes, y sus recursos naturales;
b)  el término «Bielorrusia» significa el territorio de la República de Bielorrusia y, 
utilizado en sentido geográfico, significa el territorio de la República de Bielorrusia, 
incluyendo  las  aguas  internas  y  el  espacio  aéreo,  sobre  los  que  la  República  de 
Bielorrusia ejerce o puede ejercer en el futuro jurisdicción o derechos de soberanía en 
virtud de la legislación de Bielorrusia y con arreglo al derecho internacional;
c)  las  expresiones  «un  Estado  contratante»  y  «el  otro  Estado  contratante» 
significan España o Bielorrusia, según el contexto;
d)  el término «persona» comprende las personas físicas, las sociedades y cualquier 
otra agrupación de personas;
e)  el término «sociedad» significa cualquier persona jurídica o cualquier entidad que 
se considere persona jurídica a efectos impositivos;
f)  el término «empresa» se aplica a la realización de cualquier actividad económica 
por cualquier persona;
g)  las  expresiones  «empresa  de  un  Estado  contratante»  y  «empresa  del  otro 
Estado  contratante»  significan,  respectivamente,  una  empresa  explotada  por  un 
residente de un Estado contratante y una empresa explotada por un residente del otro 
Estado contratante;
h)  la expresión «tráfico internacional» significa todo transporte efectuado por un 
buque o aeronave explotado por una empresa que tenga su sede de dirección efectiva 
en un Estado contratante, salvo cuando el buque o aeronave se exploten únicamente 
entre puntos situados en el otro Estado contratante;
i)  la expresión «autoridad competente» significa:
i.  En España: el Ministro de Economía y Hacienda o su representante autorizado;
ii.  en  Bielorrusia:  el  Ministerio  de  Tributos  y  Aduanas  de  Bielorrusia  o  su 
representante autorizado; e.
j)  el término «nacional» significa: 39ww
ii.i.   Uunnaa  ppeerrssoonnaa  fjíusriícdaic qau, es opcoiesdeaad la d nea pceiorsnoanlidaas d( pdaer tunne rEshstipa)d oo  caosnotcriaatcainótne ;constituida
conforme a la legislación vigente en un Estado contratante;
k)  la  expresión  «actividad  económica»  incluye  la  prestación  de  servicios 
profesionales y la realización de otras actividades de carácter independiente.
2.  Para  la  aplicación  del  Convenio  en  cualquier  momento  por  un  Estado 
contratante, cualquier expresión o término no definido en el mismo tendrá, a menos que 
de su contexto se infiera una interpretación diferente, el significado que en ese momento 
le atribuya la legislación de ese Estado relativa a los impuestos que son objeto del 
Convenio, prevaleciendo el significado atribuido por la legislación fiscal sobre el que 
resultaría de otras ramas del Derecho de ese Estado.
Artículo 4.  Residente.
1.  A los efectos del presente Convenio, la expresión «residente de un Estado 
contratante» significa toda persona que, en virtud de la legislación de ese Estado, esté 
sujeta a imposición en el mismo por razón de su domicilio, residencia, sede de dirección, 
lugar de registro o cualquier otro criterio de naturaleza análoga, incluyendo también a 
ese Estado y a sus subdivisiones políticas o sus entidades locales. Esta expresión no 
incluye, sin embargo, a las personas que estén sujetas a imposición en ese Estado 
exclusivamente por la renta que obtengan de fuentes situadas en el citado Estado, o por 
el patrimonio situado en el mismo.
2.  Cuando en virtud de las disposiciones del apartado 1 una persona física sea 
residente de ambos Estados contratantes, su situación se resolverá de la siguiente 
manera:
a)  se la considerará residente exclusivamente del Estado donde tenga una vivienda 
permanente a su disposición; si tuviera una vivienda permanente a su disposición en 
ambos Estados, se la considerará residente exclusivamente del Estado con el que 
mantenga  relaciones  personales  y  económicas  más  estrechas  (centro  de  intereses 
vitales);
b)  si no pudiera determinarse el Estado en el que dicha persona tiene el centro de 
sus intereses vitales, o si no tuviera una vivienda permanente a su disposición en 
ninguno de los Estados, se la considerará residente exclusivamente del Estado donde 
viva habitualmente;
c)  si viviera habitualmente en ambos Estados, o no lo hiciera en ninguno de ellos, 
se la considerará residente exclusivamente del Estado del que sea nacional;
d)  si cada Estado considerara que una persona física es su nacional o si una 
persona física no fuera nacional de ninguno de ellos, las autoridades competentes de los 
Estados contratantes resolverán el caso de común acuerdo.
3.  Cuando en virtud de las disposiciones del apartado 1 una persona que no sea 
una persona física sea residente de ambos Estados contratantes, se la considerará 
residente exclusivamente del Estado en que se encuentre su sede de dirección efectiva.
Artículo 5.  Establecimiento permanente.
1.  A los efectos del presente Convenio, la expresión «establecimiento permanente» 
significa un lugar fijo de negocios mediante el cual una empresa realiza toda o parte de 
su actividad.
2.  La expresión «establecimiento permanente» comprende, en particular:
a)  Las sedes de dirección; o
b)  las sucursales; w.
cde)))    lllaaosss   oftáafiblclerinirceaasss,;; y 2021-3239n https://ww
f)  las minas, los pozos de petróleo o de gas, las canteras o cualquier otro lugar de
extracción de recursos naturales.
3.  Una  obra  o  un  proyecto  de  construcción  o  instalación  constituyen  un 
establecimiento permanente únicamente cuando su duración exceda de doce meses.
4.  No obstante las disposiciones anteriores de este artículo, se considera que la 
expresión «establecimiento permanente» no incluye:
a)  La utilización de instalaciones con el único fin de almacenar, exponer o entregar 
bienes o mercancías pertenecientes a la empresa;
b)  el mantenimiento de un depósito de bienes o mercancías pertenecientes a la 
empresa con el único fin de almacenarlas, exponerlas o entregarlas;
c)  el mantenimiento de un depósito de bienes o mercancías pertenecientes a la 
empresa con el único fin de que sean transformadas por otra empresa;
d)  el mantenimiento de un lugar fijo de negocios con el único fin de comprar bienes 
o mercancías, o de recoger información, para la empresa;
e)  el mantenimiento de un lugar fijo de negocios con el único fin de realizar para la 
empresa cualquier otra actividad de carácter auxiliar o preparatorio;
f)  el mantenimiento de un lugar fijo de negocios con el único fin de realizar cualquier 
combinación  de  las  actividades  mencionadas  en  los  subapartados  a)  a  e),  con  la 
condición de que el conjunto de la actividad del lugar fijo de negocios que resulte de esa 
combinación conserve su carácter auxiliar o preparatorio.
5.  No obstante lo dispuesto en los apartados 1 y 2, cuando una persona, distinta de 
un agente independiente al que será aplicable el apartado 6, actúe por cuenta de una 
empresa y tenga y ejerza habitualmente en un Estado contratante poderes que la 
faculten para concluir contratos en nombre de la empresa, se considerará que esa 
empresa tiene un establecimiento permanente en ese Estado respecto de las actividades 
que dicha persona realice para la empresa, a menos que las actividades de esa persona 
se limiten a las mencionadas en el apartado 4 y que, de haber sido realizadas por medio 
de un lugar fijo de negocios, no hubieran determinado la consideración de dicho lugar fijo 
de negocios como un establecimiento permanente de acuerdo con las disposiciones de 
ese apartado.
6.  No se considera que una empresa tiene un establecimiento permanente en un 
Estado contratante por el mero hecho de que realice sus actividades en ese Estado por 
medio de un corredor, un comisionista general o cualquier otro agente independiente, 
siempre que dichas personas actúen dentro del marco ordinario de su actividad.
7.  El hecho de que una sociedad residente de un Estado contratante controle una 
sociedad residente del otro Estado contratante, o esté controlada por esta, o de que 
realice  actividades  empresariales  en  ese  otro  Estado  (ya  sea  por  medio  de 
establecimiento permanente o de otra manera), no convierte por sí solo a cualquiera de 
estas sociedades en establecimiento permanente de la otra.
CAPÍTULO III
Imposición de las rentas
Artículo 6.  Rentas inmobiliarias.
1.  Las  rentas  que  un  residente  de  un  Estado  contratante  obtenga  de  bienes 
inmuebles (incluidas las rentas de explotaciones agrícolas o forestales) situados en el 
otro Estado contratante pueden someterse a imposición en ese otro Estado. s
2.  La expresión «bienes inmuebles» tendrá el significado que le atribuya el Derecho  oe.
del Estado contratante en que los bienes estén situados. Dicha expresión comprende en  w.
todo caso los bienes accesorios a los bienes inmuebles, el ganado y el equipo utilizado  39ww
ednis plaoss iceixopnleosta cdieo nDeesr eacghríoc oplarisv ayd ofo rreelsattaivleass,  alo slo sd ebreiecnheoss  raa ícloess ,q eule  usseuafrnu catpol icdaeb lbeise nleass 
ienxmpuloetabcleiósn ,y  oe lla d ceorneccehsoi óan  pdeer claib eirx pplaogtaocsi ófnij,o sd eo y avcairmiaibelnetso se nm incoenratrleasp,r efusteanctieósn  yp ootrr olas   BOE-A-cable e
recursos naturales; los buques y aeronaves no tendrán la consideración de bienes 
inmuebles.
3.  Las disposiciones del apartado 1 son aplicables a los rendimientos derivados de 
la utilización directa, el arrendamiento o aparcería, así como de cualquier otra forma de 
explotación de los bienes inmuebles.
4.  Cuando la propiedad de acciones o participaciones u otros derechos atribuyan 
directa o indirectamente al propietario de dichas acciones o participaciones o derechos, 
el derecho al disfrute de los bienes inmuebles, las rentas derivadas de la utilización 
directa, arrendamiento o aparcería, o uso en cualquier otra forma de tal derecho de 
disfrute, pueden someterse a imposición en el Estado contratante en que los bienes 
inmuebles estén situados.
5.  Las disposiciones de los apartados 1, 3 y 4 se aplicarán igualmente a las rentas 
derivadas de los bienes inmuebles de una empresa.
Artículo 7.  Beneficios empresariales.
1.  Los beneficios de una empresa de un Estado contratante sólo pueden someterse 
a imposición en ese Estado, a no ser que la empresa realice su actividad en el otro 
Estado contratante por medio de un establecimiento permanente situado en él. Si la 
empresa realiza su actividad de dicha manera, los beneficios de la empresa pueden 
someterse  a  imposición  en  el  otro  Estado,  pero  sólo  en  la  medida  en  que  sean 
imputables a ese establecimiento permanente.
2.  Sin perjuicio de las disposiciones del apartado 3, cuando una empresa de un 
Estado contratante realice su actividad en el otro Estado contratante por medio de un 
establecimiento permanente situado en él, en cada Estado contratante se atribuirán a 
dicho establecimiento permanente los beneficios que el mismo hubiera podido obtener 
de  ser  una  empresa  distinta  y  separada  que  realizase  las  mismas  o  similares 
actividades, en las mismas o similares condiciones y tratase con total independencia con 
la empresa de la que es establecimiento permanente.
3.  Para la determinación del beneficio del establecimiento permanente se permitirá 
la deducción de los gastos realizados para los fines del establecimiento permanente, 
comprendidos los gastos de dirección y generales de administración para los mismos 
fines,  tanto  si  se  efectúan  en  el  Estado  contratante  en  que  se  encuentra  el 
establecimiento permanente como en otra parte.
4.  Mientras  sea  usual  en  un  Estado  contratante  determinar  los  beneficios 
imputables  a  un  establecimiento  permanente  sobre  la  base  de  un  reparto  de  los 
beneficios  totales  de  la  empresa  entre  sus  diversas  partes,  lo  establecido  en  el 
apartado 2 no impedirá que ese Estado contratante determine de esta manera los 
beneficios imponibles; sin embargo, el método de reparto adoptado habrá de ser tal que 
el resultado obtenido sea conforme a los principios contenidos en este artículo.
5.  No se atribuirán beneficios a un establecimiento permanente por razón de la 
simple compra de bienes o mercancías por ese establecimiento permanente para la 
empresa.
6.  A  los  efectos  de  los  apartados  anteriores,  los  beneficios  imputables  al 
establecimiento permanente se determinarán cada año por el mismo método, a no ser 
que existan motivos válidos y suficientes para proceder de otra forma.
7.  Cuando los beneficios comprendan rentas reguladas separadamente en otros 
artículos de este Convenio, las disposiciones de aquéllos no quedarán afectadas por las 
del presente artículo. e.
Artículo 8.  Transporte marítimo y aéreo. 39ww
einstteér1 ns.a itcuLiaoodnsaa  lb laes ónsleeofd icepi uodese d pderinore csceocdmióenne tteeefsres cdete iva al ai m deepx olpasl oiectmaiócpniór enes nad .ee l bEusqtuaedso  oc oanetrroantaanvtees  eenn  etrlá qfiucoe   OE-A-2021-32able en https://
2.  Si la sede de dirección efectiva de una empresa de transporte marítimo estuviera 
a bordo de un buque, se considerará situada en el Estado contratante donde esté el 
puerto base del buque, o si no existiera tal puerto base, en el Estado contratante del que 
sea residente la persona que explota el buque.
3.  A los efectos de este artículo, los beneficios procedentes de la explotación de 
buques o aeronaves en tráfico internacional comprenden los beneficios procedentes del 
alquiler a casco desnudo de buques o aeronaves utilizados en el tráfico internacional 
cuando los beneficios de dicho alquiler son residuales respecto a los beneficios a los que 
se refiere el apartado 1 de este artículo.
4.  Las disposiciones del apartado 1 se aplican también a los beneficios procedentes 
de la participación en una explotación en común o en un organismo de explotación 
internacional.
Artículo 9.  Empresas asociadas.
1.  Cuando:
a)  Una empresa de un Estado contratante participe directa o indirectamente en la 
dirección, el control o el capital de una empresa del otro Estado contratante, o
b)  unas mismas personas participen directa o indirectamente en la dirección, el 
control o el capital de una empresa de un Estado contratante y de una empresa del otro 
Estado contratante,
y en uno y otro caso las dos empresas estén, en sus relaciones comerciales o 
financieras, unidas por condiciones aceptadas o impuestas que difieran de las que serían 
acordadas por empresas independientes, los beneficios que habrían sido obtenidos por 
una de las empresas de no existir dichas condiciones, y que de hecho no se han 
realizado a causa de las mismas, podrán incluirse en los beneficios de esa empresa y 
someterse a imposición en consecuencia.
2.  Cuando un Estado contratante incluya en los beneficios de una empresa de ese 
Estado –y someta, en consecuencia, a imposición– los beneficios sobre los cuales una 
empresa del otro Estado ha sido sometida a imposición en ese otro Estado contratante y 
ese otro Estado reconozca que los beneficios así incluidos son beneficios que habrían 
sido realizados por la empresa del Estado mencionado en primer lugar si las condiciones 
convenidas entre las dos empresas hubieran sido las que se hubiesen convenido entre 
empresas independientes, ese otro Estado practicará el ajuste que proceda a la cuantía 
del impuesto que ha gravado esos beneficios. Para determinar dicho ajuste se tendrán 
en cuenta las demás disposiciones del presente Convenio y las autoridades competentes 
de los Estados contratantes se consultarán en caso necesario.
3.  Lo  dispuesto  en  el  apartado  2  no  será  aplicable  en  caso  de  fraude, 
incumplimiento intencionado o cuando un Estado contratante aplique normas anti-abuso.
Artículo 10.  Dividendos.
1.  Los dividendos pagados por una sociedad residente de un Estado contratante a 
un residente del otro Estado contratante pueden someterse a imposición en ese otro 
Estado.
2.  Sin embargo, dichos dividendos pueden someterse también a imposición en el 
Estado contratante en que resida la sociedad que paga los dividendos y según la 
legislación de ese Estado, pero si el beneficiario efectivo de los dividendos es un  e.
residente del otro Estado contratante, el impuesto así exigido no podrá exceder del: w.b
sociae)d ad5  (pdoisr ticnietan tdoe d uenl aim spoocrieted abdru dtoe  dpee rlsoosn daisv)id qeuned opso ssei ae ld bireencetafimcieanritoe  eafle mcteivnoo es se ul 1n0a 
por bci)e nt1o0 d peol rc caipeintatol  ddee ll aim spoocrieted abdru qtou ed ep alogsa  dloivsid deivniddoesn deons t;odos los demás casos.
Este apartado no afecta a la imposición de la sociedad respecto de los beneficios con 
cargo a los que se pagan los dividendos.
3.  No obstante lo dispuesto en los apartados 1 y 2, los dividendos pagados por una 
sociedad residente de un Estado contratante a un residente del otro Estado contratante 
únicamente podrán someterse a imposición en ese otro Estado si el beneficiario efectivo 
es una sociedad (distinta de una sociedad de personas) que posea directamente al 
menos el 10 por ciento del capital de la sociedad de distribuye los dividendos y esta 
participación asciende, al menos, a 1.000.000 de euros.
4.  El término «dividendos» en el sentido de este artículo significa los rendimientos 
de las acciones u otros derechos que permitan participar en los beneficios, excepto los 
de crédito, así como los rendimientos de otras participaciones sujetas al mismo régimen 
fiscal que los rendimientos de las acciones por la legislación del Estado contratante del 
que la sociedad que realiza la distribución sea residente.
5.  Las disposiciones de los apartados 1, 2 y 3 no son aplicables si el beneficiario 
efectivo de los dividendos, residente de un Estado contratante, realiza en el otro Estado 
contratante, del que es residente la sociedad que paga los dividendos, una actividad 
económica a través de un establecimiento permanente situado allí, y la participación que 
genera los dividendos está vinculada efectivamente a dicho establecimiento permanente. 
En tal caso, se aplicarán las disposiciones del artículo 7.
6.  Cuando una sociedad residente de un Estado contratante obtenga beneficios o 
rentas procedentes del otro Estado contratante, ese otro Estado no podrá exigir ningún 
impuesto sobre los dividendos pagados por la sociedad, salvo en la medida en que esos 
dividendos se paguen a un residente de ese otro Estado o la participación que genera 
los dividendos esté vinculada efectivamente a un establecimiento permanente situado en 
ese otro Estado, ni someter los beneficios no distribuidos de la sociedad a un impuesto 
sobre  los  mismos,  aunque  los  dividendos  pagados  o  los  beneficios  no  distribuidos 
consistan, total o parcialmente, en beneficios o rentas procedentes de ese otro Estado.
Artículo 11.  Intereses.
1.  Los intereses procedentes de un Estado contratante y pagados a un residente 
del otro Estado contratante pueden someterse a imposición en ese otro Estado.
2.  Sin embargo, dichos intereses pueden someterse también a imposición en el 
Estado contratante del que procedan y según la legislación de ese Estado, pero si el 
beneficiario efectivo de los intereses es un residente del otro Estado contratante, el 
impuesto así exigido no podrá exceder del 5 por ciento del importe bruto de los intereses. 
Las  autoridades  competentes  de  los  Estados  contratantes  determinarán  de  mutuo 
acuerdo el modo de aplicar esta limitación.
3.  No obstante las disposiciones del apartado 2, los intereses procedentes de un 
Estado contratante y pagados a un residente del otro Estado, que es el beneficiario 
efectivo de los intereses, estarán exentos de imposición en el Estado mencionado en 
primer lugar si:
a)  El perceptor de los intereses es el otro Estado contratante, su gobierno, el Banco 
Central (Nacional), una subdivisión política o una entidad local del mismo; o
b)  los  intereses  los  paga  ese  Estado,  su  gobierno,  una  de  sus  subdivisiones 
políticas,  una  de  sus  entidades  locales  o  una  entidad  pública  dependiente  de  las 
anteriores; o
c)  los intereses se pagan por razón de un préstamo o crédito debido al otro Estado,  e
a su gobierno, a una de sus subdivisiones políticas o entidades locales o a un organismo  bo
de crédito a la exportación del mismo, o concedido, garantizado o asegurado por dicho  39ww
ofistrcoade El))e  sst aeepdllo  oprp ,ee egrlrc ocoebetpripoetto roEnrr os dt,dea se dlu ooblso.d siinv tiiesnritóeensre,e sese nestsi d euasnd a uu i nno srfgtoiatnundcisioóm ndo fe;in apnecniseiroan; eos aprobado a efectos  OE-A-2021-32able en https://
4.  El término «intereses» en el sentido de este artículo significa los rendimientos de 
créditos  de  cualquier  naturaleza,  con  o  sin  garantía  hipotecaria  o  cláusula  de 
participación en los beneficios del deudor, y en particular, los rendimientos de valores 
públicos y los rendimientos de bonos u obligaciones, incluidas las primas y lotes unidos a 
esos títulos, así como cualesquiera otras rentas que se sometan al mismo régimen que 
los rendimientos de los capitales prestados por la legislación fiscal del Estado del que 
procedan las rentas. Las penalizaciones por mora en el pago no se consideran intereses 
a efectos del presente artículo.
5.  Las disposiciones de los apartados 1, 2 y 3 no se aplican si el beneficiario 
efectivo de los intereses, residente de un Estado contratante, realiza en el otro Estado 
contratante, del que proceden los intereses, una actividad económica por medio de un 
establecimiento permanente situado en ese otro Estado, y el crédito que genera los 
intereses está vinculado efectivamente a dicho establecimiento permanente. En tal caso 
se aplicarán las disposiciones del artículo 7.
6.  Los intereses se consideran procedentes de un Estado contratante cuando el 
deudor sea un residente de ese Estado contratante. Sin embargo, cuando el deudor de 
los  intereses,  sea  o  no  residente  de  un  Estado  contratante,  tenga  en  un  Estado 
contratante un establecimiento permanente en relación con el cual se haya contraído la 
deuda por la que se pagan los intereses, y que soporte la carga de los mismos, dichos 
intereses se considerarán procedentes del Estado contratante en el que esté situado el 
establecimiento permanente.
7.  Cuando, por razón de las relaciones especiales existentes entre el deudor y el 
beneficiario efectivo, o de las que uno y otro mantengan con terceros, el importe de los 
intereses, habida cuenta del crédito por el que se paguen, exceda del que hubieran 
convenido  el  deudor  y  el  beneficiario  efectivo  en  ausencia  de  tales  relaciones,  las 
disposiciones de este artículo no se aplicarán más que a este último importe. En tal caso, 
la cuantía en exceso podrá someterse a imposición de acuerdo con la legislación de 
cada Estado contratante, teniendo en cuenta las demás disposiciones del presente 
Convenio.
Artículo 12.  Cánones.
1.  Los cánones procedentes de un Estado contratante y pagados a un residente del 
otro Estado contratante pueden someterse a imposición en ese otro Estado.
2.  Sin embargo, dichos cánones pueden someterse también a imposición en el 
Estado contratante del que procedan y según la legislación de ese Estado, pero si el 
beneficiario efectivo de los cánones es un residente del otro Estado contratante, el 
impuesto así exigido no podrá exceder del 5 por ciento del importe bruto de los cánones. 
Las  autoridades  competentes  de  los  Estados  contratantes  determinarán  de  mutuo 
acuerdo el modo de aplicar esta limitación.
3.  El término «cánones» empleado en el presente artículo, significa las cantidades 
de cualquier clase pagadas por el uso o la concesión de uso de derechos de autor, 
incluidas las películas cinematográficas y las películas o cintas destinadas a la difusión 
por radio o televisión, de patentes, marcas de fábrica o de comercio, dibujos o modelos, 
planos, fórmulas o procedimientos secretos, o por el uso o la concesión de uso de 
equipos  industriales,  comerciales  o  científicos,  o  de  vehículos  de  transporte,  o  de 
información relativa a experiencias industriales, comerciales o científicas.
4.  Las disposiciones de los apartados 1 y 2 no se aplican si el beneficiario efectivo 
de  los  cánones,  residente  de  un  Estado  contratante,  realiza  en  el  otro  Estado  e.
contratante, del que proceden los cánones, una actividad económica por medio de un  w.b
establecimiento permanente situado en ese otro Estado y el derecho o bien por el que se  39ww
pEang taanl  claosso c sáen oanpelicsa erásntá l avsi ndcisuplaodsoic ieofneecsti vdaeml aerntítceu alo  d7i.cho establecimiento permanente.
deud5o. r sLeoas  ucná nreosniedse nstee  dceo nessidee Erasnta dporo cceodnetrnatteasn ted.e S uinn  eEmsbtaadrgoo c, ocnutarantdaon teel  dcueaunddoor  deel 
los  cánones,  sea  o  no  residente  de  un  Estado  contratante,  tenga  en  un  Estado
contratante un establecimiento permanente en relación con el cual se haya contraído la 
obligación de pago de los cánones y que soporte la carga de los mismos, dichos 
cánones se considerarán procedentes del Estado contratante donde esté situado el 
establecimiento permanente.
6.  Cuando por razón de las relaciones especiales existentes entre el deudor y el 
beneficiario efectivo, o de las que uno y otro mantengan con terceros, el importe de los 
cánones, habida cuenta del uso, derecho o información por los que se pagan, exceda del 
que  habrían  convenido  el  deudor  y  el  beneficiario  efectivo  en  ausencia  de  tales 
relaciones, las disposiciones de este artículo no se aplican más que a este último 
importe. En tal caso, la cuantía en exceso podrá someterse a imposición de acuerdo con 
la legislación de cada Estado contratante, teniendo en cuenta las demás disposiciones 
del presente Convenio.
Artículo 13.  Ganancias de capital.
1.  Las  ganancias  que  un  residente  de  un  Estado  contratante  obtenga  de  la 
enajenación de bienes inmuebles tal como se definen en el artículo 6, situados en el otro 
Estado contratante, pueden someterse a imposición en ese otro Estado.
2.  Las ganancias derivadas de la enajenación de bienes muebles que formen parte 
del activo de un establecimiento permanente que una empresa de un Estado contratante 
tenga  en  el  otro  Estado  contratante,  comprendidas  las  ganancias  derivadas  de  la 
enajenación  de  dicho  establecimiento  permanente  (solo  o  con  el  conjunto  de  la 
empresa), pueden someterse a imposición en ese otro Estado contratante.
3.  Las  ganancias  procedentes  de  la  enajenación  de  buques  o  aeronaves 
explotados en tráfico internacional, o de bienes muebles afectos a la explotación de tales 
buques o aeronaves, sólo pueden someterse a imposición en el Estado contratante en el 
que esté situada la sede de dirección efectiva de la empresa.
4.  Las  ganancias  obtenidas  por  un  residente  de  un  Estado  contratante  de  la 
enajenación de acciones o participaciones, o derechos similares, cuyo valor proceda en 
más de un 50 por ciento, directa o indirectamente, de bienes inmuebles situados en el 
otro Estado contratante, pueden someterse a imposición en ese otro Estado.
5.  Las ganancias derivadas de la enajenación de acciones o participaciones u otros 
derechos que, directa o indirectamente, otorguen al propietario de dichas acciones, 
participaciones o derechos, el derecho al disfrute de bienes inmuebles situados en un 
Estado contratante, pueden someterse a imposición en ese Estado.
6.  Las ganancias derivadas de la enajenación de cualquier otro bien distinto de los 
mencionados en los apartados 1, 2, 3, 4 y 5 sólo pueden someterse a imposición en el 
Estado contratante en que resida el transmitente.
Artículo 14.  Rentas del trabajo.
1.  Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 15, 17 y 18, los sueldos, salarios y 
otras remuneraciones similares obtenidos por un residente de un Estado contratante por 
razón de un empleo sólo pueden someterse a imposición en ese Estado a no ser que el 
empleo se realice en el otro Estado contratante. Si el empleo se realiza de esa forma, las 
remuneraciones  derivadas  del  mismo  pueden  someterse  a  imposición  en  ese  otro 
Estado.
2.  No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las remuneraciones obtenidas por un 
residente de un Estado contratante por razón de un empleo ejercido en el otro Estado  es
contratante podrán someterse exclusivamente a imposición en el Estado mencionado en  bo
primer lugar si: 39ww
duraac)i ónE nl op eerxcceepdtoar  epne rcmoannjuencteo  edne  e1l8 o3t rdoí aEss etand oc udaulqraunieter  puenr ípoedroí oddeo  doo cpee rmíoedsoess c quuyea 
comience o termine en el año fiscal considerado, y
b)  las remuneraciones se pagan por un empleador que no sea residente del otro 
Estado, o en su nombre, y
c)  las  remuneraciones  no  las  soporta  un  establecimiento  permanente  que  el 
empleador tenga en el otro Estado.
3.  No obstante las disposiciones precedentes de este artículo, las remuneraciones 
obtenidas por razón de un empleo ejercido a bordo de un buque o aeronave explotado 
en tráfico internacional pueden someterse a imposición en el Estado contratante en el 
que esté situada la sede de dirección efectiva de la empresa.
Artículo 15.  Participaciones de consejeros.
Las participaciones y otras retribuciones similares que un residente de un Estado 
contratante obtenga como miembro de un consejo de administración de una sociedad 
residente  del  otro  Estado  contratante  pueden  someterse  a  imposición  en  ese  otro 
Estado.
Artículo 16.  Artistas y deportistas.
1.  No obstante lo dispuesto en los artículos 7 y 14, las rentas que un residente de 
un Estado contratante obtenga del ejercicio de su actividad personal en el otro Estado 
contratante en calidad de artista del espectáculo, actor de teatro, cine, radio o televisión, 
o en calidad de músico, o como deportista, pueden someterse a imposición en ese otro 
Estado.
2.  No obstante lo dispuesto en los artículos 7 y 14, cuando las rentas derivadas de 
las actividades realizadas por un artista o deportista personalmente y en esa calidad se 
atribuyan no al propio artista o deportista sino a otra persona, tales rentas pueden 
someterse a imposición en el Estado contratante en el que se realicen las actividades del 
artista o deportista.
3.  No obstante las disposiciones de los apartados 1 y 2 de este artículo, las rentas 
obtenidas  por  un  residente  de  un  Estado  contratante  del  ejercicio  de  su  actividad 
personal como artista del espectáculo o como deportista podrán someterse a imposición 
exclusivamente en este Estado cuando las actividades se ejerzan en el otro Estado 
contratante en el marco de un acuerdo de cooperación cultural o deportiva entre los 
Estados contratantes, y dichas actividades se financien total o sustancialmente con 
fondos públicos de uno o de ambos Estados contratantes.
Artículo 17.  Pensiones.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 18, las pensiones y 
remuneraciones análogas pagadas a un residente de un Estado contratante por razón de 
un empleo anterior sólo pueden someterse a imposición en ese Estado.
Artículo 18.  Función pública.
1.a)  Los sueldos, salarios y otras remuneraciones similares pagados por un Estado 
contratante o por una de sus subdivisiones políticas o entidades locales, a una persona 
física por razón de servicios prestados a ese Estado, subdivisión o entidad, sólo pueden 
someterse a imposición en ese Estado.
b)  Sin  embargo,  dichos  sueldos,  salarios  y  remuneraciones  similares  podrán  es
someterse exclusivamente a imposición en el otro Estado contratante si los servicios se  bo
prestan en ese Estado y la persona física es un residente de ese Estado que: 39ww
ii.i.   Enso  nhaac iaodnqaul idried oe slae  cEosntaddicoió; no de residente de ese Estado solamente para prestar
los servicios.
2.a)  No  obstante  lo  dispuesto  en  el  apartado  1,  las  pensiones  y  otras 
remuneraciones  similares  pagadas  por  un  Estado  contratante  o  por  una  de  sus 
subdivisiones políticas o entidades locales, bien directamente o con cargo a fondos 
constituidos,  a  una  persona  física  por  razón  de  servicios  prestados  a  ese  Estado, 
subdivisión o entidad, sólo pueden someterse a imposición en ese Estado.
b)  Sin embargo, dichas pensiones y remuneraciones similares podrán someterse 
exclusivamente  a  imposición  en  el  otro  Estado  contratante  si  la  persona  física  es 
residente y nacional de ese Estado.
3.  Lo dispuesto en los artículos 14, 15, 16 y 17 se aplica a los sueldos, salarios, 
pensiones y otras remuneraciones similares, pagados por razón de servicios prestados 
en el marco de una actividad económica realizada por un Estado contratante o por una 
de sus subdivisiones políticas o entidades locales.
Artículo 19.  Estudiantes.
Las cantidades que reciba para cubrir sus gastos de mantenimiento, estudios o 
formación práctica un estudiante o un aprendiz o persona en prácticas que sea, o haya 
sido inmediatamente antes de llegar a un Estado contratante, residente del otro Estado 
contratante y que se encuentre en el Estado mencionado en primer lugar con el único fin 
de proseguir sus estudios o formación práctica, no pueden someterse a imposición en 
ese Estado siempre que procedan de fuentes situadas fuera de él.
Artículo 20.  Otras rentas.
1.  Las rentas de un residente de un Estado contratante, con independencia de su 
procedencia, no mencionadas en los anteriores artículos del presente Convenio, sólo 
pueden someterse a imposición en ese Estado.
2.  Lo dispuesto en el apartado 1 no es aplicable a las rentas, distintas de las 
derivadas de bienes inmuebles en el sentido del apartado 2 del artículo 6, cuando el 
beneficiario de dichas rentas, residente de un Estado contratante, realice en el otro 
Estado  contratante  una  actividad  económica  por  medio  de  un  establecimiento 
permanente situado en ese otro Estado, y el derecho o bien por el que se pagan las 
rentas esté vinculado efectivamente con dicho establecimiento permanente. En tal caso, 
son aplicables las disposiciones del artículo 7.
CAPÍTULO IV
Imposición del Patrimonio
Artículo 21.  Patrimonio.
1.  El patrimonio constituido por bienes inmuebles tal como se definen artículo 6, 
que posea un residente de un Estado contratante y esté situado en el otro Estado 
contratante, puede someterse a imposición en ese otro Estado.
2.  El patrimonio constituido por bienes muebles que formen parte del activo de un 
establecimiento permanente que una empresa de un Estado contratante posea en el otro 
Estado contratante puede someterse a imposición en ese otro Estado.
3.  El  patrimonio  constituido  por  buques  y  aeronaves  explotados  en  tráfico 
internacional y por bienes muebles afectos a la explotación de tales buques o aeronaves,  e.e
podrá someterse exclusivamente a imposición en el Estado contratante en el que esté  b
situada la sede de dirección efectiva de la empresa. 39ww
soci4e.d adE lu p oattrraim aognruiop acocinósnt itdueid poe prsoor naacsc,i ocnueyos  ova ploarr tpicriopcaecdioan eens  mu áostr odse  duenr e5c0h poosr  ecnie unntoa, 
adcirceicotnae os  oin dpiarertcictaipmaceinotnee, sd eu  obtieronse sd einremcuheobsl eqsu es iotutoardgouse ne na  usnu  Eprsotapdieot acroion terla dtaenretec hoo p doer 
disfrute de bienes inmuebles situados en un Estado contratante, pueden someterse a 
imposición en el Estado contratante en el que esté situado el bien inmueble.
5.  Todos  los  demás  elementos  patrimoniales  de  un  residente  de  un  Estado 
contratante sólo pueden someterse a imposición en ese Estado.
CAPÍTULO V
Métodos para eliminar la doble imposición
Artículo 22.  Eliminación de la doble imposición.
1.  En  España,  la  doble  imposición  se  evitará  bien  de  conformidad  con  las 
disposiciones de su legislación interna o de acuerdo con las siguientes disposiciones, de 
conformidad con la legislación interna española:
a)  Cuando  un  residente  de  España  obtenga  rentas  o  posea  elementos 
patrimoniales  que,  con  arreglo  a  las  disposiciones  del  presente  Convenio,  puedan 
someterse a imposición en Bielorrusia, España permitirá:
i.  la deducción del impuesto sobre la renta de ese residente por un importe igual al 
impuesto sobre la renta pagado en Bielorrusia;
ii.  la deducción del impuesto sobre el patrimonio de ese residente por un importe 
igual al impuesto pagado en Bielorrusia sobre esos elementos patrimoniales;
iii.  la  deducción  del  impuesto  sobre  sociedades  efectivamente  pagado  por  la 
sociedad que reparte los dividendos, correspondiente a los beneficios con cargo a los 
cuales dichos dividendos se pagan, de acuerdo con la legislación interna de España.
Sin embargo, dicha deducción no podrá exceder de la parte del impuesto sobre la 
renta  o  del  impuesto  sobre  el  patrimonio,  calculado  antes  de  la  deducción, 
correspondiente a la renta o a los elementos patrimoniales que puedan someterse a 
imposición en Bielorrusia.
b)  Cuando con arreglo a cualquier disposición del presente Convenio las rentas 
obtenidas por un residente de España, o el patrimonio que posea, estén exentos de 
impuestos en España, España podrá, no obstante, tomar en consideración las rentas o el 
patrimonio exentos para calcular el impuesto sobre el resto de las rentas o del patrimonio 
de ese residente.
2.  En Bielorrusia, la doble imposición se evitará como sigue:
Cuando un residente de Bielorrusia obtenga rentas o beneficios, o posea patrimonio 
que,  con  arreglo  a  las  disposiciones  del  presente  Convenio,  puedan  someterse  a 
imposición en España, entonces Bielorrusia permitirá:
a)  la deducción del impuesto sobre la renta o sobre los beneficios de ese residente 
por un importe igual al impuesto sobre la renta pagado en España;
b)  la deducción del impuesto sobre el patrimonio de ese residente por un importe 
igual al impuesto sobre el patrimonio pagado en España.
Sin embargo, en ambos casos, dicha deducción no podrá exceder del importe de los 
impuestos sobre dicha renta, beneficios o patrimonio, calculados antes de la deducción, 
que  sean  atribuibles  a  la  renta  o  al  patrimonio,  según  corresponda,  que  puedan  e.e
someterse a imposición en España. b
CAPÍTULO VI
Disposiciones especiales
Artículo 23.  No discriminación.
1.  Los nacionales de un Estado contratante no estarán sometidos en el otro Estado 
contratante a ningún impuesto ni obligación relativa al mismo que no se exijan o que 
sean  más  gravosos  que  aquellos  a  los  que  estén  o  puedan  estar  sometidos  los 
nacionales  de  ese  otro  Estado  que  se  encuentren  en  las  mismas  condiciones,  en 
particular con respecto a la residencia. No obstante lo dispuesto en el artículo 1, la 
presente disposición se aplicará también a las personas que no sean residentes de uno 
o de ninguno de los Estados contratantes.
2.  Los establecimientos permanentes que una empresa de un Estado contratante 
tenga en el otro Estado contratante no estarán sometidos a imposición en ese Estado de 
manera menos favorable que las empresas de ese otro Estado que realicen las mismas 
actividades. Esta disposición no podrá interpretarse en el sentido de obligar a un Estado 
contratante a conceder a los residentes del otro Estado contratante las deducciones 
personales,  desgravaciones  y  reducciones  impositivas  que  otorgue  a  sus  propios 
residentes en consideración a su estado civil o cargas familiares.
3.  A menos que se apliquen las disposiciones del apartado 1 del artículo 9, del 
apartado 7 del artículo 11, o del apartado 6 del artículo 12, los intereses, cánones y 
demás gastos pagados por una empresa de un Estado contratante a un residente del 
otro  Estado  contratante  serán  deducibles  para  determinar  los  beneficios  sujetos  a 
imposición de dicha empresa, en las mismas condiciones que si se hubieran pagado a 
un residente del Estado mencionado en primer lugar. Igualmente, las deudas de una 
empresa  de  un  Estado  contratante  contraídas  con  un  residente  del  otro  Estado 
contratante serán deducibles para la determinación del patrimonio sometido a imposición 
de dicha empresa en las mismas condiciones que si se hubieran contraído con un 
residente del Estado mencionado en primer lugar.
4.  Las empresas de un Estado contratante cuyo capital esté, total o parcialmente, 
poseído o controlado, directa o indirectamente, por uno o varios residentes del otro 
Estado contratante, no se someterán en el Estado mencionado en primer lugar a ningún 
impuesto u obligación relativa al mismo que no se exijan o que sean más gravosos que 
aquellos a los que estén o puedan estar sometidas otras empresas similares del Estado 
mencionado en primer lugar.
5.  No obstante lo dispuesto en el artículo 2, las disposiciones del presente artículo 
se aplican a todos los impuestos cualquiera que sea su naturaleza y denominación.
Artículo 24.  Procedimiento amistoso.
1.  Cuando una persona considere que las medidas adoptadas por uno o por ambos 
Estados contratantes implican o pueden implicar para ella una imposición que no esté 
conforme  con  las  disposiciones  del  presente  Convenio,  con  independencia  de  los 
recursos previstos por el Derecho interno de esos Estados, podrá someter su caso a la 
autoridad competente del Estado contratante del que sea residente o, si fuera aplicable 
el apartado 1 del artículo 23, a la del Estado contratante del que sea nacional. El caso 
deberá plantearse dentro de los tres años siguientes a la primera notificación de la 
medida que implique una imposición no conforme a las disposiciones del Convenio. s
2.  La autoridad competente, si la reclamación le parece fundada y si no puede por  oe.
sí misma llegar a una solución satisfactoria, hará lo posible por resolver la cuestión  w.
maa pefliidcnia abdnletee   euinvndi teaapcr euunendrdaieo n imatempmoisestnoictsieóo n dc eoq nul eola s  napoul taoszreoid saa djpu rscetovemi sapto esete spnteote r  Cdeeol ln Doveternorei oEc.h sotEa ld inoat cecuronenortd raodt eas neltoreás,    2021-3239n https://ww
Estados contratantes.
3.  Las autoridades competentes de los Estados contratantes harán lo posible por 
resolver  las  dificultades  o  las  dudas  que  plantee  la  interpretación  o  aplicación  del 
Convenio mediante un acuerdo amistoso. También podrán ponerse de acuerdo para 
tratar de evitar la doble imposición en los casos no previstos en el Convenio.
4.  Las autoridades competentes de los Estados contratantes podrán comunicarse 
directamente entre sí a fin de llegar a un acuerdo en el sentido de los apartados 
anteriores.  Cuando  se  considere  que  este  acuerdo  puede  facilitarse  mediante  un 
intercambio  verbal  de  opiniones,  este  podrá  realizarse  a  través  de  una  comisión 
integrada  por  representantes  de  las  autoridades  competentes  de  los  Estados 
contratantes.
5.  Lo dispuesto en este artículo no será aplicable en caso de fraude, incumplimiento 
intencionado o cuando un Estado contratante aplique normas anti-abuso.
Artículo 25.  Intercambio de información.
1.  Las  autoridades  competentes  de  los  Estados  contratantes  intercambiarán  la 
información que previsiblemente pueda resultar de interés para aplicar lo dispuesto en el 
presente Convenio o para la administración o la aplicación del Derecho interno relativo a 
los  impuestos  de  cualquier  naturaleza  y  denominación  exigibles  por  los  Estados 
contratantes, sus subdivisiones políticas o sus entidades locales, en la medida en que la 
imposición así exigida no sea contraria al Convenio. El intercambio de información no 
está limitado por los artículos 1 y 2.
2.  La información recibida por un Estado contratante en virtud del apartado 1 se 
mantendrá en secreto en igual forma que la información obtenida en virtud del Derecho 
interno de ese Estado y sólo se comunicará a las personas o autoridades (incluidos los 
tribunales y órganos administrativos) encargadas de la gestión o recaudación de los 
impuestos a los que se hace referencia en el apartado 1, de su aplicación efectiva o de la 
persecución del incumplimiento relativo a dichos impuestos, de la resolución de los 
recursos  relativos  a  los  mismos,  o  de  la  supervisión  de  tales  actividades.  Dichas 
personas o autoridades sólo utilizarán esta información para dichos fines. Podrán revelar 
la información en las audiencias públicas de los tribunales o en las sentencias judiciales.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, la información recibida por un Estado 
contratante podrá utilizarse para otros fines cuando, conforme al Derecho del Estado 
requirente, esa información pueda utilizarse para esos mismos otros fines.
3.  En ningún caso las disposiciones de los apartados 1 y 2 pueden interpretarse en 
el sentido de obligar a un Estado contratante a:
a)  adoptar  medidas  administrativas  contrarias  a  su  legislación  y  práctica 
administrativa, o a las del otro Estado contratante;
b)  suministrar información que no se pueda obtener sobre la base de su propia 
legislación o en el ejercicio de su práctica administrativa normal, o de las del otro Estado 
contratante;
c)  suministrar información que revele un secreto empresarial, industrial, comercial o 
profesional, o un procedimiento industrial, o información cuya comunicación sea contraria 
al orden público (ordre public).
4.  Cuando un Estado contratante solicite información en virtud del presente artículo, 
el  otro  Estado  contratante  utilizará  las  medidas  para  recabar  información  de  que 
disponga con el fin de obtener la información solicitada, aún cuando este otro Estado  s
contratante pueda no necesitar dicha información para sus propios fines tributarios. La  oe.
obligación precedente está limitada por lo dispuesto en el apartado 3, pero en ningún  w.
ndcaaescnoieo gntaaalrel  ese nlli  mlaini tmtaecirsicomanmae.sb iose  dinet eirnpfroertmaraácnió enn  eexl csleunstiivdaom deen tpee rpmoitri r laa  uanu Esestnacdiao  cdoen trianttaenrétes   2021-3239n https://ww
5.  En ningún caso las disposiciones del apartado 3 se interpretarán en el sentido de
permitir a un Estado contratante denegar el intercambio de información únicamente por  Bc
que esta obre en poder de bancos, otras instituciones financieras o de cualquier persona 
que actúe en calidad representativa o fiduciaria, incluidos los agentes designados, o 
porque esté relacionada con acciones o participaciones en una persona.
Artículo 26.  Miembros de misiones diplomáticas y de oficinas consulares.
Las disposiciones del presente Convenio no afectarán a los privilegios fiscales de 
que disfruten los miembros de las misiones diplomáticas o de las oficinas consulares de 
acuerdo  con  los  principios  generales  del  Derecho  internacional  o  en  virtud  de  las 
disposiciones de acuerdos especiales.
CAPÍTULO VII
Disposiciones finales
Artículo 27.  Entrada en vigor.
1.  Los gobiernos de los Estados contratantes se notificarán entre sí, por conducto 
diplomático, que se han cumplido los procedimientos internos necesarios en cada Estado 
contratante para la entrada en vigor del presente Convenio.
2.  El Convenio entrará en vigor transcurrido un plazo de tres meses a partir de la 
fecha  de  recepción  de  la  última  notificación  a  que  se  refiere  el  apartado  1  y  sus 
disposiciones se aplicarán:
i.  Respecto de los impuestos retenidos en la fuente, sobre las cantidades pagadas 
o debidas a no residentes, desde la fecha en la que el Convenio entre en vigor;
ii.  respecto de otros impuestos, a los ejercicios fiscales que comiencen desde la 
fecha en la que el Convenio entre en vigor; y
iii.   en relación con todos los restantes casos, en la fecha en la que el Convenio 
entre en vigor.
3.  Desde la fecha en la que este Convenio surte efectos de conformidad con el 
apartado 2 del presente artículo, el Convenio entre el Gobierno de España y el Gobierno 
de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas para evitar la doble imposición sobre la 
renta y el patrimonio, firmado en Madrid el 1 de marzo de 1985, dejará de aplicarse 
respecto de las relaciones entre el Reino de España y la República de Bielorrusia.
4.  No obstante las disposiciones del presente artículo, las disposiciones de los 
artículos 24 (Procedimiento amistoso) y 25 (Intercambio de información) del presente 
Convenio  se  aplicarán  en  relación  con  todo  impuesto,  procedimiento  amistoso  o 
información a los que se refieran dichos artículos, aún cuando las materias con ellos 
relacionadas preexistan a la entrada en vigor del presente Convenio o a la fecha en la 
que surtan efecto cualquiera de sus disposiciones.
Artículo 28.  Denuncia.
El  presente  Convenio  permanecerá  en  vigor  hasta  su  denuncia  por  un  Estado 
contratantes. Cualquiera de los Estados contratantes podrá denunciar el Convenio, por 
conducto diplomático mediante notificación escrita remitida al menos con seis meses de 
antelación al final de cualquier año civil que comience tras la expiración de un plazo de 
cinco años desde la fecha de su entrada en vigor. En tal caso, el Convenio dejará de  es
surtir efecto: o
i.  Respecto de los impuestos retenidos en la fuente, sobre las cantidades pagadas  39ww
oa qdueebl iedna sq uae  nsoe  nreostiifdiqeunete lsa,  ddeensudnec iae;l primer día de enero del año civil subsiguiente a
subsiii.g urieenstpee act oa qduee l eontr oqsu ei msep uneostitfoiqsu, ea l ap daertniru ndceial ; pyrimer  día  de  enero  del  año  civil  BOE-A-cable e
iii.  en relación con todos los restantes casos, desde el primer día de enero del año 
civil subsiguiente a aquel en que se notifique la denuncia.
En fe de lo cual, los signatarios, debidamente autorizados al efecto, han firmado el 
presente Convenio.
Hecho por duplicado en Madrid el 14 de junio de 2017, en las lenguas española, rusa 
e inglesa, siendo todos los textos igualmente auténticos.
Por el Reino de España,   Por la República de Bielorrusia
Alfonso María Dastis Quecedo,   Vladimir Makei,
Ministro de Asuntos Exteriores y de 
  Ministro de Asuntos Exteriores
Cooperación
PROTOCOLO
En el momento de proceder a la firma del Convenio entre la República de Bielorrusia 
y el Reino de España para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en 
materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, los signatarios han convenido 
las siguientes disposiciones que constituirán parte integrante del Convenio:
1.  Derecho a acogerse a los beneficios del Convenio:
a)  El presente Convenio no se interpretará en el sentido de impedir a un Estado 
contratante aplicar las disposiciones de su normativa interna relativas a la prevención de 
la evasión y elusión fiscales.
b)  Los Estados contratantes declaran que sus normas y procedimientos de Derecho 
interno respecto a los abusos de la norma (comprendidos los convenios fiscales) son 
aplicables al tratamiento de tales abusos.
c)  Las disposiciones de los artículos 10, 11 y 12 no se aplican cuando el fin 
primordial o uno de los fines primordiales de cualquier persona relacionada con la 
creación o cesión de las acciones u otros derechos que generen la participación en los 
dividendos, la creación o cesión del crédito que genera los intereses, la creación o 
cesión  del  derecho  que  genera  los  cánones,  sea  el  de  conseguir  los  beneficios 
contenidos en estos artículos mediante dicha creación o cesión.
2.  En el caso de Bielorrusia, el término «patrimonio» equivale a «propiedad».
3.  La expresión «subdivisión política», según se utiliza en el Convenio, se refiere 
únicamente a España.
4.  En  relación  con  la  legra  k)  del  subapartado  1  del  artículo  3.  La  expresión 
«servicios profesionales» comprende especialmente las actividades independientes de 
carácter científico, literario, artístico, educativo o pedagógico, así como las actividades 
independientes de médicos, abogados, ingenieros, arquitectos, odontólogos y contables.
5.  En relación con el apartado 3 del artículo 4, el artículo 8, el apartado 3 del 
artículo 13, el apartado 3 del artículo 14 y el artículo 21. A los efectos del apartado 3 del 
artículo 4, del artículo 8, del apartado 3 del artículo 13, del apartado 3 del artículo 14 y 
del artículo 21, la expresión «sede de dirección efectiva» significa el lugar en el que se 
toman las decisiones comerciales y se realiza la gestión clave de una sociedad.
6.  En relación con el apartado 2 del artículo 6. Se entenderá que hasta que se  e.
modifique la normativa interna bielorrusa, la expresión «bienes inmuebles» definida en el  w.b
apartado 2 del artículo 6 se aplicará en Bielorrusia de acuerdo con su normativa interna. 39ww
de r7e.p arEton  sree lauctiilóizna  ccoonn feolr mapea art alod od i4sp dueels atort íecnu leol  7a.r tEícnu leol  1c3a9so d deel C Bóiedliogror uTsriiab,u etal rmioé dtoed loa 
Rep8ú.b licEan d ree lBacieiólonr rcuosnia e.l apartado 3 del artículo 11. En el caso de España, la expresión
«entidad pública» significa todo organismo, institución o cualquier otra persona jurídica
de derecho público u organismo íntegra o principalmente participado por el Estado, o por 
una de sus subdivisiones políticas o entidades locales.
En fe de lo cual, los signatarios, debidamente autorizados al efecto, han firmado el 
presente Protocolo.
Hecho por duplicado en Madrid el 14 de junio de 2017, en las lenguas española, rusa 
e inglesa, siendo todos los textos igualmente auténticos.
Por el Reino de España,   Por la República de Bielorrusia,
Alfonso María Dastis Quecedo,   Vladimir Makei,
Ministro de Asuntos Exteriores y de 
  Ministro de Asuntos Exteriores
Cooperación
* * *
El presente Convenio entrará en vigor el 9 de mayo de 2021, transcurrido un plazo 
de tres meses a partir de la fecha de recepción de la última notificación sobre el 
cumplimiento de los requisitos internos de ambas Partes, según se establece en su 
artículo 27.
Madrid, 23 de febrero de 2021.–El Secretario General Técnico, José María Muriel 
Palomino