BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 39  Viernes 14 de febrero de 2020  Sec. I.   Pág. 14285
I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA,
RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
2163 Real Decreto 232/2020, de 4 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 
1034/1999, de 18 de junio, sobre compensación al transporte marítimo y 
aéreo de mercancías con origen o destino en las Illes Balears.
I
El artículo 138.1 de la Constitución Española de 1978 encomienda al Estado la 
garantía de la realización efectiva del principio de solidaridad, velando por el 
establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del 
territorio español, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular.
En este sentido, el Estatuto de Autonomía de las Illes Balears de 1983 y, en especial, 
después de su modificación de 2007, ha incidido en la realidad insular o plurinsular balear 
con la finalidad de amparar y promover actuaciones conducentes a reducir o eliminar los 
desequilibrios que genera. Esta necesidad de un tratamiento propio explica la previsión 
estatutaria de articular un régimen especial balear.
Este objetivo se había cubierto hasta ahora mediante la Ley 30/1998, de 29 de julio, 
reguladora del Régimen Especial de las Illes Balears, cuyo artículo 7 disponía el 
establecimiento de una consignación anual en los Presupuestos Generales del Estado, 
con la finalidad de compensar el coste efectivo del transporte de mercancías relacionadas 
con sectores económicos de interés preferente para las islas, derivado de su transporte 
tanto interinsular, como con destino al territorio peninsular y a los Estados Miembros de la 
Unión Europea y del Espacio Económico Europeo o viceversa.
El Real Decreto-ley 4/2019, de 22 de febrero, del Régimen Especial de las Illes 
Baleares, que ha derogado todas las disposiciones de la Ley 30/1998, de 29 de julio, que 
se opongan a lo dispuesto en él, supone una mejora sustancial de este régimen, al que 
dedica su artículo 11, consolidando los cambios que se venían operando estos últimos 
años. Y con ello se hace aún más necesaria la actualización de la norma reglamentaria 
que desarrolla las ayudas al transporte marítimo y aéreo con origen o destino en estas 
islas.
II
El cumplimiento de los mandatos anteriormente citados tuvo su concreción en el Real 
Decreto 1034/1999, de 18 de junio, sobre compensación al transporte marítimo y aéreo 
con origen o destino en las Illes Balears, que desarrolló reglamentariamente los aspectos 
relacionados con la fijación de las correspondientes subvenciones y su otorgamiento, así 
como el procedimiento administrativo aplicable a las mismas.
El Real Decreto 1034/1999, de 18 de junio, ha normalizado la tramitación de los 
procedimientos para la concesión de estas ayudas. No obstante, en sus aspectos 
instrumentales, esta norma ya precisó de determinadas modificaciones que se concretaron 
en el Real Decreto 101/2002, de 25 de enero, que introdujo diversas mejoras aconsejadas  e.e
por la experiencia en la regulación del procedimiento de otorgamiento de las subvenciones. b
El tiempo transcurrido aconseja profundizar en la mejora de los aspectos formales y  63ww
mmeartecarinacleíass d, eall  porbojecetod idmei efanctoil itpaor re enl  lqau me esdei doat odreg alon  plaoss ibbolen ilfaic aacctiiovnideasd a dl etr alonss pseocrtteo rdees 
económicos baleares.
Además, la evolución legislativa hace necesario adaptar la normativa existente a los 
avances que se han producido en diversas materias, entre otras, a nivel nacional, por la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Así mismo, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, ha establecido una regulación completa y sistemática de 
cómo se relacionan externamente las administraciones con los ciudadanos y empresas.
Anteriormente, la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector 
Público y otras medidas de reforma administrativa ya había introducido medidas de 
simplificación administrativa entre otras, en lo referente a la publicidad de las subvenciones 
y la Base de Datos Nacional de Subvenciones, que afectaron a la citada Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre.
Por otro lado, cabe señalar que la Orden TAP/2135/2011, de 18 de julio, todavía 
vigente, ya reguló desde entonces la obligatoriedad en la presentación de solicitudes y 
tramitación por medios electrónicos del procedimiento de la compensación al transporte 
marítimo y aéreo de mercancías con origen o destino en Illes Balears. Y ahora, al amparo 
del artículo 14.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, se prevé en el nuevo artículo 8 del Real 
Decreto 1034/1999, de 18 de junio la tramitación de estos procedimientos exclusivamente 
por medios electrónicos, incluido cuando se trate de personas físicas. De ahí que también 
se prevea que si no se utilizaran dichos medios se requerirá la correspondiente 
subsanación, considerándose como fecha de presentación de la solicitud aquella en la que 
se realice la subsanación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68.4 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre.
III
Más recientemente, la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del 
Estado para 2017 ha modificado los porcentajes máximos de subvención, dejando sin 
efecto la limitación de la disponibilidad presupuestaria cuando los créditos presupuestarios 
afectados sean declarados ampliables. Y la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos 
General del Estado para el año 2018, declara, en su anexo II, ampliable el concepto 
presupuestario 17.20.441P.478, sobre «Subvención al transporte marítimo y aéreo de 
mercancías con origen o destino en territorios extrapeninsulares de acuerdo con la 
legislación vigente».
Estos nuevos porcentajes de bonificación han sido consolidados por el citado Real 
Decreto-ley 4/2019, de 22 de febrero, del Régimen Especial de las Illes Balears.
A su vez, son importantes las modificaciones introducidas en el espacio europeo 
mediante la aprobación del Reglamento (UE) Nº 1407/2013 de la Comisión de 18 de 
diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis y que será aplicable hasta 
el 31 de diciembre de 2020 y que tiene prevista una prórroga de dos años por la Comisión 
Europea. Así, el importe total de las ayudas de minimis concedidas por un estado miembro 
a una única empresa no excederá de 200.000 euros durante cualquier período de tres 
ejercicios  fiscales.  Considerando  las  semejanzas  entre  la  transformación  y  la 
comercialización de productos agrícolas y de productos no agrícolas, el citado Reglamento 
debe aplicarse a la transformación y a la comercialización de productos agrícolas, siempre 
que se cumplan ciertas condiciones.
No obstante, en la disposición transitoria primera del Real Decreto-ley 4/2019, de 22  s
de febrero, se establece el compromiso del Gobierno de promover la modificación del  oe.
reseñado Reglamento UE 1407/2013, en el sentido de aumentar el límite de 200.000 euros  w.
dtrea nasypuodrates  daec ummeurclaadnacsía pso pra uran alo ms itsemrraito erimosp rienssau ladruersa.nte el período de tres años para el  2020-2163n https://ww
IV
Por lo que respecta a los establecimientos, también se han producido novedades 
normativas que afectan a la tramitación de los procedimientos regulados en el Real 
Decreto 1034/1999, de 18 de junio. En concreto, se dispone de la información sobre la 
actividad industrial mediante la aplicación del Real Decreto 559/2010, de 7 de mayo, por 
el que se aprueba el Reglamento del Registro Integrado Industrial, sin perjuicio de la 
competencia de la Comunidad Autónoma para establecer el registro industrial en su 
territorio. Del mismo modo, hay un nuevo marco normativo que racionaliza el sector 
artesano a través del Decreto 41/2014, de 5 de septiembre, que tiene en cuenta las 
previsiones de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de 
diciembre de 2006, relativa a los servicios del mercado interior.
Igualmente, se ha considerado aconsejable contemplar la situación especial que se 
plantea respecto de la Isla de Formentera en relación con el transporte de mercancías con 
origen o destino en la misma, que debe realizarse necesariamente a través de la Isla de 
Eivissa, para lo que se plantea el establecimiento de una compensación que contemple los 
costes de desplazamiento de las mercancías y bienes entre ambas islas.
Se ha considerado conveniente también recoger en esta reforma del Real Decreto 
1034/1999, de 18 de junio, las recomendaciones realizadas por la Intervención Regional 
en la Delegación del Gobierno Illes Balears de la Administración General del Estado, en 
sus informes de control financiero permanente en relación a estas subvenciones al 
transporte de mercancías.
Finalmente, de acuerdo con el Real Decreto-ley 4/2019, de 22 de febrero, se crea una 
comisión mixta integrada por representantes de la Administración General del Estado y de 
la Administración autonómica de las Illes Balears que se encargará de efectuar el 
seguimiento y la evaluación de la aplicación del sistema de compensación.
V
Esta modificación responde, en definitiva, a los conocidos como nuevos principios de 
buena regulación. Se puede afirmar que su aprobación responde a principios de necesidad 
y eficacia, justificándose en razones de interés general como son favorecer la igualdad en 
las relaciones económicas en España, de tal forma que las desigualdades que se producen 
a causa de circunstancias geográficas como es la insularidad se vean debidamente 
compensadas. Las obligaciones que se imponen a los beneficiarios de las ayudas que se 
regulan responden al principio de proporcionalidad, resultando lo menos restrictivas 
posibles. Igualmente, el nuevo marco se considera que incide positivamente en la 
seguridad jurídica, la transparencia y la eficiencia, en el sentido que se prescribe en los 
artículos 127 a 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.
En consecuencia, mediante este real decreto se pretende adaptar el Real 
Decreto 1034/1999, de 18 de junio, a la nueva normativa nacional y europea y a la 
experiencia derivada de su aplicación. Además, se trata de aclarar el contenido de algunos 
artículos del real decreto, mejorar los trámites administrativos y reducir las cargas 
administrativas, con las mismas garantías jurídicas, en aras a una administración pública 
más eficaz y eficiente y en coherencia con el espíritu del legislador que no es otro que la 
compensación de la insularidad.
Ello, sin perjuicio de una futura adaptación, una vez que la comisión mixta de 
seguimiento que ahora se crea evalúe el sistema de compensación y sea oída en el  e.
procedimiento de una nueva propuesta y actualización de los sectores económicos y de  w.
los tipos de mercancías que puedan beneficiarse de estas ayudas. 63ww
la MEinnis strua  vdiret uHda, caie pnrdoap uye dseta la d Mel inMisintriast droe  dPeo Tlítriacnas Tpeorrritteosr,ia Ml yo vFiulidnacidó ny  PAúgbelnicdaa,  Uderb aacnuae,r ddeo 
cdoían  4e ld Ceo fnesberejoro d ed eE 2s0ta2d0o,, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del  BOE-A-cable e
DISPONGO:
Artículo único.  Modificación del Real Decreto 1034/1999, de 18 de junio, sobre 
compensación al transporte marítimo y aéreo de mercancías con origen o destino en 
las Illes Balears.
El Real Decreto 1034/1999, de 18 de junio, sobre compensación al transporte marítimo 
y aéreo de mercancías con origen o destino en las Illes Balears, queda redactado en los 
siguientes términos:
Uno.  El primer párrafo del artículo 2 queda redactado como sigue:
«El transporte de mercancías y productos originarios de las Illes Balears o que 
hayan sufrido en éstas transformaciones que aumenten su valor, efectuado desde 
el archipiélago balear a otros territorios de Estados miembros de la Unión Europea 
y demás Estados firmantes del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, o su 
transporte interinsular, gozará de una compensación. Esta compensación será de 
hasta el 65 por 100 sobre la parte de coste del flete de dichas mercancías que no 
supere el promedio, determinado de acuerdo con lo establecido en el artículo 9.2, 
correspondiente en cada caso al trayecto Palma-Barcelona, Maó-Barcelona o 
Eivissa-Barcelona según el respectivo puerto de origen si se realiza por vía marítima, 
o Palma de Mallorca-Madrid, Menorca-Madrid o Ibiza-Madrid por vía aérea desde el 
aeropuerto de que se trate. Además, será necesario que las mercancías de que se 
trate se correspondan a alguno de los sectores de atención preferente relacionados 
a continuación:»
Dos.  El artículo 3 pasa a tener la siguiente redacción:
«Artículo 3.  Transporte marítimo o aéreo con destino a las Illes Balears y origen en 
otros territorios, de artículos sin suficiente producción interior.
El transporte a las Illes Balears desde otros territorios de Estados miembros de la 
Unión Europea y demás firmantes del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, 
así como el transporte interinsular, de las mercancías no energéticas susceptibles de 
ser utilizadas habitualmente y de manera idónea para obtener los productos 
correspondientes a los sectores de atención preferente relacionados en el artículo 2, 
gozará de una compensación. Esta compensación será de hasta el 60 por 100 sobre la 
parte de coste del flete de dichas mercancías que no supere el promedio, determinado 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 9.2, correspondiente al trayecto Barcelona-
Palma, Barcelona-Maó o Barcelona-Eivissa según el respectivo puerto de destino si se 
realiza por vía marítima, o Madrid-Palma de Mallorca, Madrid-Menorca o Madrid-Ibiza 
por vía aérea hasta el aeropuerto de que se trate, siempre que no exista producción 
interior balear de los mismos o en la medida en que ésta fuera insuficiente.
El Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears 
elaborará una lista, sin carácter excluyente, de artículos que cumplen los requisitos 
para acogerse a esta bonificación, y podrá modificarla anualmente, en razón de que 
exista o no producción interior balear de tales productos y de la variación que 
registren las partidas arancelarias correspondientes, previo informe del Gobierno 
Balear y de la Comisión mixta a que se refiere el artículo 13, debiéndose publicar 
dicha lista y sus modificaciones en el “Boletín Oficial del Estado”.» e
Tres.  El artículo 5 queda redactado como sigue: w.
«Artículo 5.  Ámbito de aplicación.
mer1ca. ncAí al oess  eofreigcitnoasr idae d elo  laess tIallbelse cBiadloe aerns  ceusaten dreoa hl adyeac rseidtoo  stoet aelmnteiennted ep rqoudeu cuidnaa 
o transformada en su territorio.
2.  Se entenderá que una mercancía ha sido transformada en las Illes Balears 
cuando  haya  sido  objeto  en  su  territorio  de  operaciones  productivas  de 
transformación cuyo resultado implique una modificación sustantiva de sus 
características esenciales, de forma que supongan un cambio de partida arancelaria 
o, si dicho cambio no se produjera, que incorporen un valor añadido superior al 20 
por 100 del valor CIF (coste, seguro y flete) en el puerto o aeropuerto balear 
correspondiente a las islas donde se hayan transformado las mercancías.
Excepcionalmente, el Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma de las 
Illes Balears podrá realizar modificaciones al anterior porcentaje en función de las 
circunstancias concurrentes, previo informe del Gobierno Balear y de la Comisión 
mixta a que se refiere el artículo 13, publicándose en el “Boletín Oficial del Estado”.
3.  No se considerará que una mercancía ha sido objeto de transformación 
cuando las operaciones realizadas sobre la misma, aun implicando un cambio de 
partida arancelaria, se limiten o consistan en:
a)  Las operaciones destinadas a garantizar la conservación de las mercancías 
en buen estado durante su transporte y su almacenamiento (ventilación, tendido, 
secado, separación de partes deterioradas y operaciones similares) o facilitar las 
operaciones de traslado o transporte.
b)  Las operaciones simples de desempolvado, cribado, selección, clasificación, 
preparación de surtidos, lavado y troceado.
c)  Los cambios de embalaje y la división y agrupamiento de bultos, el simple 
envasado en botellas, latas, frascos, bolsas, estuches y cajas, la colocación sobre 
cartulinas o tableros, etc., y cualquier otra operación sencilla de embalaje.
d)  La presentación de mercancías en juegos o conjuntos o la puesta en venta.
e)  La colocación de marcas, etiquetas y otros signos distintivos similares en 
los mismos productos o en sus embalajes.
f)  El desmontaje o el cambio de uso.
g)  La combinación de dos o más operaciones especificadas en las letras a) a f).
La Delegación del Gobierno en Illes Balears podrá solicitar informe al órgano de 
la Administración Pública que tenga competencia sobre la materia acerca de las 
operaciones que no se consideran transformación.
4.  Tampoco se incluirán en el sistema de compensaciones las mercancías 
transportadas a las Illes Balears destinadas directamente y sin ningún tipo de 
manipulación a la construcción de inmuebles u obras civiles o a la producción de 
bienes no susceptibles por sus características de posterior traslado fuera de las 
islas, siempre que dichas mercancías no estén comprendidas en algunos de los 
sectores de interés preferente de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.
5.  La exclusión de ciertas mercancías del régimen de compensación regulado 
en este real decreto no impedirá la compensación a los productores de dichas 
mercancías por el transporte de mercancías y productos complementarios (envases 
y embalajes) elegibles con destino a Illes Balears.»
Cuatro.  El artículo 7 pasa a tener la siguiente redacción:
«Artículo 7.  Beneficiarios de las compensaciones.
1.  Serán beneficiarios de las compensaciones las siguientes personas:
a)  En el caso de mercancías y productos originarios de las Illes Balears  bo
transportadas a otros territorios de Estados miembros de la Unión Europea y demás  63ww
Eensttraed oissl afisrm, ealn rteems diteeln Atec udeer dlaos s ombererc ealn ecsíapsa cqiou ee choanyóamn icsoid eou vroepnedoid, aos t reann scpuoarltqaudiaesr 
rdéegl itmraenns pdoer tceo.ntratación que obligue al expedidor o exportador a soportar el coste
b)  En el caso de los envíos interinsulares de residuos será beneficiario de la 
compensación el receptor de dichos envíos, siempre y cuando a los envíos no les 
resulten de aplicación las obligaciones derivadas de la responsabilidad ampliada del 
productor.
c)  En el caso de las mercancías sin suficiente producción interior enviadas a 
las Illes Balears a que se refiere el artículo 3, o enviadas entre islas, los receptores 
de las mismas que las transformen.
2.  En todos los supuestos será necesario que el beneficiario acredite haber 
efectuado el pago del importe del flete correspondiente al transporte.
3.  El beneficiario que soporte los costes del transporte no podrá haber 
repercutido a terceros la parte del coste del flete para la que solicita la subvención.
4.  En los supuestos regulados en las letras a) y c) del apartado 1 de este 
artículo, los solicitantes deberán hacer constar en sus solicitudes de compensación:
a)  El registro integrado industrial del establecimiento donde se transforma o 
produce la mercancía (división a.– de establecimientos que realicen las actividades 
o instalaciones, previstas en el artículo 4.1 del Real Decreto 559/2010, de 7 de 
mayo),
b)  la carta de artesano o calificación artesanal, o, en su caso,
c)  la justificación de encontrarse incorporado en el censo de industrias agrarias 
que transformen los productos, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa estatal 
y autonómica vigente.»
Cinco.  El artículo 8 pasa a tener la siguiente redacción:
«Artículo 8.  Solicitudes, plazos y documentación.
1.  La convocatoria para el otorgamiento de las compensaciones se aprobará 
en el primer cuatrimestre de cada año, mediante resolución de la Secretaría de 
Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
De acuerdo con el artículo 20.8.a), de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 
comunicará a la Base de Datos Nacional de Subvenciones el texto de la convocatoria 
y la información requerida por esta. La Base de Datos Nacional de Subvenciones 
dará traslado al “Boletín Oficial del Estado” del extracto de la convocatoria, para su 
publicación.
2.  Todas las fases del procedimiento, incluso las obligaciones y los derechos 
posteriores a la resolución, se tramitarán exclusivamente por medios electrónicos, 
incluyendo a las personas físicas solicitantes de la compensación al transporte. Si 
no se utilizaran dichos medios y salvo casos de mal funcionamiento de las 
aplicaciones informáticas, el órgano administrativo competente requerirá la 
correspondiente subsanación, advirtiendo que, de no ser atendido, la presentación 
carecerá de validez. A estos efectos, se considerará como fecha de presentación de 
la solicitud aquella en la que ha sido realizada la subsanación.
Los interesados dirigirán las solicitudes a la Delegación del Gobierno en la 
Comunidad Autónoma de Illes Balears por medio de la aplicación telemática puesta 
a disposición de las personas interesadas en la sede electrónica del Ministerio de 
Política Territorial y Función Pública, en el plazo de un mes a contar desde el día 
siguiente a la publicación de la convocatoria. El formulario de solicitud y los  e.
documentos electrónicos necesarios para cumplimentar y presentar las solicitudes  w.b
estarán disponibles en esa sede electrónica. 63ww
tranLspao prtreá dceti cmae drcea nlac íanso tsifeic raecailóizna rdáe m eesdtiea nptero lace cdoimmpieanretoc ednec iac oemlepcetrnósnaiccai óenn  alal 
steerdrieto reialelecstr, óennic laa  dfoerlm cai traedgou laddeap aernta eml eanrttoíc ucloo m4p1e dteen ltae  Leeny  A39d/m20in1i5st, radcei o1n dees 
octubre.
3.  Las solicitudes deberán referirse a transportes realizados durante el último 
año natural.
4.  Los solicitantes de las compensaciones deberán presentar los documentos 
que se relacionan a continuación:
a)  La acreditación de la identidad del solicitante y, en su caso, la representación. 
El incumplimiento de esta obligación, de no subsanarse, dará lugar a que se dé por 
desistido al interesado de su solicitud.
Las personas que realicen la firma o la presentación electrónica de documentos 
en representación de las entidades solicitantes o beneficiarias de las ayudas deberán 
ostentar la representación necesaria para cada actuación. El certificado electrónico 
deberá corresponder al solicitante de la ayuda o a su representante legal.
La representación podrá acreditarse mediante cualquier medio válido en 
Derecho que deje constancia fidedigna de su existencia.
b)  Acreditación del conocimiento de embarque o, en su defecto, una 
declaración responsable del solicitante, en la que se harán constar el número de 
envíos y trayectos realizados, la naturaleza y el peso de las mercancías 
transportadas, y una certificación del transportista o de la agencia de transporte, en 
la que habrán de reflejarse los envíos realizados, el destino, el medio y el importe de 
transporte y, en su caso, el importe del flete. Asimismo, el distribuidor, proveedor o 
almacenista podrá expedir un certificado con los datos reseñados en el párrafo 
anterior, equivalente al certificado del transportista, siempre y cuando figuren 
también los datos del citado transportista. Estos documentos, complementarios de 
la factura correspondiente, tendrán eficacia administrativa y estarán sometidos a las 
comprobaciones señaladas en el artículo 14.
En todos los casos se deberá justificar el pago de las facturas, aceptándose 
todos los medios de pago admisibles en derecho que acrediten fehacientemente el 
pago material de los transportes.
La Delegación del Gobierno en Illes Balears pondrá a disposición de los 
interesados, por medios electrónicos, los modelos del certificado y de la declaración 
responsable, que tendrán la validez temporal que indiquen.
En las solicitudes de compensación superiores a 20.000 euros será preciso 
aportar el importe del flete, o bien, justificar, mediante certificación del transportista 
o proveedor, cuando no sea posible conocer el importe efectivo del flete objeto de la 
compensación.
c)  Declaración de que no se han recibido otras subvenciones para la 
financiación del transporte o, en el caso de que se hubieran recibido, el importe total 
de las mismas, así como relación de éstas y certificación de los Organismos o 
entidades concedentes.
La documentación a que se hace referencia en este artículo habrá de 
presentarse en copia simple o auténtica, y deberá ser compatible con su tratamiento 
mediante un sistema de intercambio electrónico de datos, siempre que ello se 
prevea en la normativa comunitaria o interna sobre la materia. Los interesados se 
responsabilizarán de la veracidad de los documentos que presenten.»
Seis.  Se da nueva redacción a los apartados 2, 3 y 5 del artículo 9:
«2.  La Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears 
determinará los promedios de los costes de los fletes más representativos, teniendo  es
en cuenta el principio de empresa eficiente y bien gestionada, para cada uno de los  bo
sectores y trayectos a que se refieren los artículos 2 y 3, a efectos de la aplicación a  63ww
lccaoosmr rEepssnorpo lfiobucnanitdrcuáeidó nsen ia s dl  oleops s rsae usrs tesíeccitnutuotlaaorecdsis aót rnysa   dendessepmp eoálcrostiasa s dl ulosípemsu  epietsaestrtsaoa bs ell oecnsco  eneqrtuláeloe mus nsp ealea  stdsatooablsiblca eli etenacs  eilpdaseo tccesoí .frm iecAaapsl e didnmees icfaslrecmetióteoons,.    OE-A-2020-21able en https://
promedio para la Isla de Formentera para las mercancías con destino a dicha isla o
para aquellas producidas o transformadas en la misma, cuando su destino último 
sea Madrid o Barcelona, según se utilice avión o barco desde la Isla de Eivissa.»
«3.  La Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma de las Illes 
Balears procederá a ajustar las solicitudes anuales a las cuantías máximas 
establecidas en los artículos 2, 3 y 4, reduciendo en su caso a continuación aquéllas 
que sobrepasen los importes señalados en el artículo 11, para darles cumplimiento. 
En el caso de que el total resultante exceda de las disponibilidades presupuestarias 
consignadas para este fin se efectuará la modificación proporcional de las 
cantidades obtenidas hasta anular el exceso de gasto»
«5.  El plazo máximo para notificar la resolución de las solicitudes de 
compensación será de seis meses a contar desde el día de publicación de la 
resolución de la convocatoria en el “Boletín Oficial del Estado”. Transcurrido ese 
plazo sin haberse notificado resolución expresa, los interesados podrán entender 
desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión de la subvención.»
Siete.  Se modifica la letra e) del artículo 10:
«e)  Cuando el órgano concedente lo estime conveniente, para la justificación 
de subvenciones por un importe superior a 20.000 euros, se realizará a cargo del 
propio beneficiario un informe de procedimientos acordados de auditor de cuentas 
inscrito como ejerciente en el Registro oficial de Auditores de Cuentas dependiente 
del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. En aquellos casos en que el 
beneficiario esté obligado a auditar sus cuentas anuales por un auditor sometido a 
la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, la revisión se llevará a cabo 
por el mismo auditor.»
Ocho.  Se da la siguiente redacción al artículo 12:
«Artículo 12.  Normativa sobre subvenciones.
1.  A las compensaciones reguladas por este real decreto le será de aplicación lo 
previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como 
su Reglamento de aplicación aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. 
En lo no previsto en estas disposiciones se aplicará la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
2.  El procedimiento de concesión de las compensaciones será el de concesión 
directa según lo previsto en el artículo 22.2 de la Ley 38/2003 y el artículo 66 de su 
Reglamento, relativa a subvenciones de concesión directa impuesta a la 
Administración por una norma de rango legal.
3.  La presentación de la solicitud por medios electrónicos por parte del 
beneficiario incluirá su autorización expresa al órgano gestor para recabar los 
certificados a emitir por la Agencia Estatal de Administración Tributaria y por la 
Tesorería General de la Seguridad Social.»
Nueve.  Se da la siguiente redacción al artículo 13:
«Artículo 13.  Comisión mixta.
Se crea una comisión mixta, compuesta por un representante del Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que actuará como Presidente, un 
representante del Ministerio de Hacienda, por un representante de la Delegación del  s
Gobierno en Illes Balears, que actuará como Secretario, y por tres representantes  e.
del Govern de les Illes Balears. Sus funciones consisten en efectuar el seguimiento  w.
y evaluación de la aplicación del sistema de compensación establecido en este real  63ww
decrEelt ofu yn ecmiointiar mloise nintfoo rdmee lsa q cuoem eins ieóln m misimxtoa  ssee  prreegcieráp túpaonr .lo dispuesto para los
óocrgtuabnroes,  dceo leRgéigaidmoesn e Jnu reíld ticítou ldoe pl rSeelicmtoinra Pr,ú cbalicpoít,u plou dIIi,e dned ol ar eLceayb a4r0 i/n2f0o1rm5,e dse d e1  ldoes   BOE-A-cable e
órganos de representación de los consumidores y usuarios o de las asociaciones 
empresariales afectadas.»
Diez.  Se da nueva redacción al artículo 14:
«Artículo 14.  Inspección y control.
La Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears 
efectuará comprobaciones periódicas, mediante muestreos aleatorios en proporción 
al número de compensaciones reconocidas, del contenido de los datos reflejados en 
las declaraciones a las que se refiere el artículo 8.4.»
Once.  La disposición adicional primera queda redactada como sigue:
«Disposición adicional primera.  Aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis.
La cuantía acumulada de las compensaciones contempladas en este Real 
Decreto, por cada persona física o jurídica, no podrá superar el importe máximo total 
señalado en el Reglamento (UE) 1407/2013, salvo que se obtenga autorización de 
la Comisión Europea.
Las compensaciones previstas en este real decreto no se aplicarán al transporte 
de los productos agrícolas y de primera transformación a que se refiere el artículo 38 
y anexo I del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.»
Doce.  La disposición adicional segunda queda redactada como sigue:
«Disposición adicional segunda.  Publicidad de la subvención por parte del 
beneficiario.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de 
diciembre, General de Subvenciones, el beneficiario de esta subvención deberá dar 
adecuada publicidad al carácter público de la bonificación recibida. La medida de 
difusión que debe adoptar el beneficiario de la ayuda consistirá en la colocación de 
un letrero, en lugar visible en el establecimiento, con la leyenda “Esta empresa se 
ha acogido a las subvenciones del Gobierno de España para el transporte de 
mercancías en Illes Balears, en el ejercicio 20__”, y con la imagen institucional de la 
entidad concedente.»
Trece.  Se añade una nueva disposición adicional tercera con la siguiente redacción:
«Disposición adicional tercera.  Disponibilidad presupuestaria.
La limitación establecida en los artículos 1 y 9.3 de este real decreto se 
entenderá sin efecto siempre que los créditos presupuestarios afectados sean 
declarados ampliables en las respectivas Leyes de Presupuestos Generales del 
Estado.»
Disposición transitoria única.  Régimen aplicable a las solicitudes en tramitación.
Las solicitudes que se encuentren en tramitación a la entrada en vigor de este real 
decreto se regirán por las normas hasta ese momento aplicables. No obstante, las mismas  es
se regirán respecto a la documentación exigible y su comprobación por el presente real  bo
decreto. 63ww
Disposición derogatoria única.  Derogación de normas.
Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior rango se opongan a lo
establecido en este real decreto. Bc
Disposición final primera.  Título competencial.
Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.20.ª de la 
Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre tránsito y transporte 
aéreo y marina mercante.
Disposición final segunda.  Desarrollo y ejecución.
Se faculta a los Ministros de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, de Hacienda y 
de Política Territorial y Función Pública para dictar, en el ámbito de sus competencias, las 
disposiciones necesarias para el desarrollo y aplicación del presente real decreto, con 
especial atención a la utilización de medios electrónicos que agilicen y abaraten los 
trámites para las empresas y para la Administración Pública.
Disposición final tercera.  Referencias a órganos suprimidos.
Las referencias en el Real Decreto 1034/1999, de 18 de junio, sobre compensación al 
transporte marítimo y aéreo de mercancías, con origen o destino en las Illes Balears a los 
órganos suprimidos por el Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, por el que se reestructuran 
los departamentos ministeriales, se entenderán realizadas a los que, por esta última 
norma, se crean y los sustituyen o asumen sus competencias.
Disposición final cuarta.  Entrada en vigor.
Este real decreto entrará en vigor en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 
a su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 4 de febrero de 2020.
FELIPE R.
La Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia, 
Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática,
CARMEN CALVO POYATO