# Síntesis del programa de la Comunión Tradicionalista (1931)

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Mientras España no deje de ser lo que es, el programa tradicionalista será el mismo que fue. A través de los cambios y mudanzas de las cosas políticas, la Comunión Tradicionalista se conservará firme en sus postulados, ajena a los fracasos y a la crisis hondísimas que pesan sobre la Patria, y acentuando su decadencia la ponen al borde de la ruina.
Dios, Patria y Rey, así expresados y por este orden, son los puntos sintéticos del programa. Católicos, españoles y monárquicos son los términos de nuestra definición: Católicos sobre todas las cosas, amantes de nuestra Patria, la más gloriosa de la Historia Universal y monárquicos en cuanto anhelamos la monarquía tradicional española como forma de gobierno consustancial con las esencias nacionales de España.
RELIGIÓN
Con sujeción de la Iglesia Católica creemos que los Estados como los individuos tienen el deber de profesar la fe católica. Rechazamos el laicismo de Estado y queremos la restauración católica española sobre la tesis de nuestra Unidad Católica “símbolo de nuestras glorias, espíritu de nuestras leyes y bendito lazo de unión entre todos los españoles”.
LA UNIDAD CATÓLICA
Los españoles que profesan alguna religión son católicos. Ante todo, bautizados y por tanto súbditos de la Iglesia y sujetos a su jurisdicción. Buenos o malos católicos, incumplidores muchos por desgracia, de sus deberes pero católicos. Porque en España no hay infieles ni existen sectas disidentes (grande bien a nuestros católicos reyes), en nuestra Patria no se concibe el régimen de libertad de cultos o de tolerancia. El ateo, el impío, no profesa ninguna religión y no tiene derecho alguno a mermar los derechos de los que la profesan.
RELACIONES ENTRE LA IGLESIA Y EL ESTADO
Las relaciones entre la Iglesia y el Estado deben ser en España las de íntima unión de dos sociedades completas y perfectas en sus órdenes respectivos con independencia absoluta de aquella para la realización de los fines de su divina institución, e independencia también del Estado para el logro de sus peculiares fines aunque sujeto a la Iglesia en lo espiritual.
Así no puede haber conflictos entre ambas potestades, sino que se armonizan y se ayudan. Y con la paz de las conciencias se asegura el bienestar de todos: de los católicos buenos y de los incumplidores, impíos y ateos, que aparte que puedan mejorar espiritualmente, podrán en lo material realizar sus fines de vida, ya que el Estado que en la unión nada pierde que le pertenezca, es mucho lo que gana para el orden y la paz pública.
SEPARACIÓN EN LO ECONÓMICO
Queremos la independencia económica de la Iglesia una vez que obtenga los bienes que en “inmenso latrocinio” le fueron arrebatados y en la actual persecución masónica se le niegan.
Repugnamos el regalismo que sujetó a la Iglesia a un Patronato, que concedido por los Papas a los Católicos Reyes Españoles como recompensa por sus servicios a la fe y como medio de acrecentamiento de esa misma fe y auxilio de la Iglesia, vino a parar a manos de los Ministros liberales que impíos o masones muchas veces, venían a intervenir en la elección o proposición para cargos eclesiásticos, con merma de la independencia de la Iglesia y riesgo de sensibles designaciones.
LAS LIBERTADES
El Tradicionalismo es esencial y fundamentalmente antiliberal. Al liberalismo debe España su decadencia y toda la actual corrupción. Defendemos con el denuedo que nadie igualó, las libertades personales de la dignidad humana, de la humana sociabilidad y de la condición de católicos y españoles, esas libertades que la Iglesia misma declara y que en nuestras tradiciones patrias se encuentran consagradas. Pero es porque esas libertades se contienen dentro de los límites que la misma dignidad humana y el orden social, establecen.
Libertad de conciencia, pero no por la insubordinación de la razón contra la fe, sino por la aceptación de las enseñanzas de la Verdad Única. No se puede imponer a nadie una fe ni la profesión de católico, pero a nadie es lícito manifestar ni exteriorizar lo que repugne al dogma del que la Iglesia es depositaria o a los fundamentos sociales sin los que la Nación se aniquila.
Libertad de enseñanza, reconociéndose el derecho de la Iglesia a enseñar cualesquiera clase de disciplina, como a la familia, las corporaciones, los municipios y en general a todos los ciudadanos con sujeción a la moral de la Iglesia y en lo tocante a orden social y colación de títulos que capaciten para cargos públicos, al Estado.
Y siempre dentro de aquellos límites fundamentales, libertad de asociación y de reunión, de prensa y de propaganda, de profesión y de trabajo, de domicilio, que no pudo el liberalismo llegar tan lejos en el reconocimiento de las verdaderas libertades, ni supo resistir tanto ni alzarse tan intrépidamente contra la tiranía y toda opresión.
A eso obliga la cualidad de católico del Estado, porque “la unidad católica es la primera ley fundamental de la sociedad española, y contra ella, o no informada por ella, no hay ley que obligue, ni derecho que prevalezca, ni autoridad legítima, ni enseñanza lícita, ni doctrina libre, ni obra permitida; porque ella es en nuestra tradición secular raíz, base, norma y guía de toda autoridad y de todo derecho, y código supremo de toda acción y toda doctrina”.
PATRIA
La sociedad política del Estado, ha de acomodarse a lo que la sociedad civil es. Y España no es “un montón de gente hacinadas sin unidad ni cohesión, como las arenas en el desierto”, ni un conglomerado disconforme de provincias caprichosa y arbitrariamente diferenciadas, ni es tampoco un Estado centralista y absorbente ante el que deban abatirse y anularse las diversas sustantividades históricas.
Porque la Patria es conjunto y asociación de familias “para auxiliarse y cumplir la ley divina que quiere que los hombres vivan en sociedad” y de municipios, corporaciones, regiones, “con vida propia y fuerzas robustas, no sujetas al capricho de ningún hombre, sino ordenadas por sus leyes peculiares, las cuales son garantidas por las leyes fundamentales que proceden del general consentimiento y se fundan en la ley natural y divina”.
Sobre la variedad riquísima de las regiones y municipios, existe la unidad de la Patria, a la que repugna el separatismo, pero no daña el reconocimiento de las diversas personalidades de aquellas instituciones. “La unidad es como el sol; el sol desciende con la luz sobre todas las regiones, atraviesa medios diferentes, se refleja en superficies distintas. Es la unidad, la luz idéntica en todas partes”, por lo que la Patria ha de ser “intangible y sagrada como debe ser la madre, a la que todos veneran y ninguno discute sin mengua de su propio honor”.
LA FAMILIA
Antes que la Nación, existe la familia y a ésta mira antes que nada el Tradicionalismo, añorando aquella nuestra familia tradicional integrada no sólo por los que están unidos por la sangre, sino por las relaciones del trabajo y el servicio, también: padres, hijos y criados, como unidos por el amor y el deber antes que por los intereses del egoísmo o separados por la lucha de clases.
Pero la familia, ante Dios y ante la ley, sólo se edifica por el matrimonio católico. Y esa familia creada por el sacramento, se perpetúa por la indisolubilidad del vínculo y subsiste porque al lado de los derechos de la mujer y de su plena dignificación jurídica, existe la autoridad paterna que por eso la familia es la única monarquía por Derecho Natural.
LOS MUNICIPIOS
Los municipios se crearon como asociaciones de familia y corporaciones en las que la libertad humana naturalmente y sin artificio , agrupa a los hombres para los fines de la vida, la sociabilidad y el mutuo auxilio.
No han de existir los municipios para señorío del cacique político, sino para administrar sus intereses comunales y procurar el bienestar de sus ciudadanos, fomentar el comercio y la industria y en particular en cuanto a los más, la agricultura como fuente de riqueza de todos y medio de sostenimiento de las cargas municipales y para ayudar a las familias y a las corporaciones en la enseñanza, principalmente la primaria y la profesional y técnica.
LA PROPIEDAD
La Propiedad, sostén de la familia y fundamento de la sociedad, es el motor insustituible de todo progreso y clave de toda economía bien entendida, pero contenida dentro de sus importantes deberes sociales. Porque satisfechos los deberes de justicia con el obrero, tiene el propietario graves deberes de caridad que cumplir.
EL TRABAJO
El trabajo es medio dignísimo de adquirir propiedad. Pero el trabajador intelectual o manual es acreedor de un salario justo y suficiente para cubrir las necesidades familiares, los riesgos de su trabajo, las vicisitudes de la vida y el desamparo de la vejez, pero siempre fuera de las luchas de clases que dañando a todos dificultan la producción, destruyendo la paz social y originando las más graves perturbaciones.
LA LIBERTAD DEL TRABAJO
El liberalismo ha convertido al obrero en mercancía; dejándole remitido a las leyes de la oferta y la demanda y haciéndole víctima del más cruel desamparo; y el socialismo, agrupándolo para fines políticos, le niega la verdadera libertad del trabajo y le pone de escabel de vividores y comparsa de desaprensivos. La liberación de la clase obrera está en la agremiación profesional.
EL PARO OBRERO
El obrero debe tener garantido, presupuesto el cumplimiento de sus deberes, un trabajo remunerador.
En el actual momento histórico, aquella mal entendida libertad de trabajo, esa conceptuación del obrero-mercancía, junto a la disminución de la producción nacional, han ocasionado en España la crisis de trabajo más honda que jamás se ha conocido. Ahí arranca el desengaño de las clases populares a las que se había anunciado el régimen como salvador del proletariado; esa misma República de trabajadores de todas clases que ha puesto en su Constitución:
“La República asegurará a todo trabajador las condiciones necesarias de una existencia digna. La legislación social regulará los casos de seguro de enfermedad, accidente, paro forzoso, vejez, invalidez, muerte y… cien cosas más; la República protegerá al campesino… a pescadores, etc…”.
LOS GREMIOS
Tal como requieren las modernas circunstancias es preciso que todos los que viven del trabajo intelectual o manual se agrupen en asociaciones gremiales, no políticas, sino profesionales, de vida cooperativa, de formación profesional y técnica y mutua protección.
Técnicos en cuanto forme obreros especializados, graduándolos según su competencia, dándoles la enseñanza adecuada, creando al efecto los centros docentes que necesiten y expidiéndoles los títulos de aptitud profesional que estimen convenientes con lo que al bien de la industria nacional se unirá el mejoramiento del propio obrero.
Y esos gremios tienen una función moralizadora de ética profesional, porque el obrero y en su orden el profesional, deben rendir el trabajo que le sea obligatorio, dentro de los límites que la justicia impone en cuanto a su intensidad y a su duración.
Para sus fines y la protección de sus miembros, deberán los gremios poseer bienes, fomentar el ahorro, dar préstamos y ser para el agremiado una prolongación del propio hogar.
LA REGIÓN
Como ya se indicó, sobre los municipios existe la Región como conjunto de aquellos. Formáronse unos y otros de manera natural y espontánea en el transcurso de siglos y como frutos de las actividades humanas, los afanes, el trabajo y los sacrificios de nuestros padres y en riquísima variedad se formaron diversamente las regiones y aun dentro de cada una las comarcas con deferencias que arrancando en el lenguaje pasando por los usos y costumbres se plasmaron en las leyes, en los fueros, en los privilegios y en las corporaciones administrativas. Pero la Historia que juntó esos antiguos reinos en la suprema unidad de la Patria, no quiso uniformarlos, ni medirlos con el mismo rasero, ni atentar a sus usos, ni negar sus fueros, ni derogar sus leyes, ni borrar sus límites con caprichosas divisiones provinciales, que todo eso fue obra del Estado centralista, suma y compendio del despotismo de los gobiernos parlamentarios.
EL ESTADO
Correspondiendo la administración los municipios y las regiones, como verdaderas autarquías, el Estado ha de tener en cuanto a aquellos la misión de armonizar sus relaciones y resolver los conflictos, tutelar sus intereses y asegurar sus libertades. Pero tiene misiones propias que cumplir, que derivan de su naturaleza y dimanan de la unidad de la Patria: la defensa, la enseñanza en todo lo que le es peculiar, las obras públicas de interés nacional, el orden público.
Conviene notar –pues que atravesamos momentos tristísimos en que se estás elaborando una desmembración del territorio nacional- que el regionalismo es la mejor garantía de la unidad del Estado. El separatismo ha surgido como reacción morbosa ciertamente, pero reacción contra el centralismo absorbente del Estado liberal del siglo XIX que como destruyó los organismos históricos no ha perdido ocasión de atentar a la constitución secular de las regiones.
Pero el reconocimiento de las autarquías regionales no puede venir de un pacto judío-masónico, sino de aquel soberano que no puede entrar a ejercer el poder público sin antes jurar las leyes tradicionales españolas que reconocen así sustantividades históricas regionales; ni puede hacerse como quiera en un momento en que exacerbados los odios contra la Madre Patria y desenfrenando el separatismo más procaz, trata de aprovecharse de una coyuntura de flaqueza o claudicación del poder, sino que cuando la autoridad vuelva a presidir los destinos de nuestra infortunada España y un poder fuerte se enfrente con el problema regional, allí donde se reconozca los fueros, dejará sentada una base de la integridad nacional.
En régimen republicano el problema regional envuelve una impetuosa tendencia secesionista porque entre las regiones españolas sólo dos vínculos de unión fuertes ha habido: la religión y la monarquía.
El regionalismo es punto de reconocimiento de los derechos que la naturaleza jurídica de cada región creó en el transcurso de los siglos. No es cuestión de un entendido entre poderes revolucionarios en contubernio torpísimo. Y por eso en esas cuestiones, como en otras, el Tradicionalismo reclama la responsabilidad de todos aquellos que se prestan a lo que es delito de alta traición y lesa Patria.
EL EJÉRCITO
Necesita la nación de un brazo armado, pero fuerte y disciplinado. El Ejército voluntario y profesional. Protesta el Tradicionalismo del servicio obligatorio militar en tiempo de paz, que arranca a los mozos del hogar a la hora en que empiezan a ser en él precisos, quita brazos a la agricultura e impone al ciudadano un ejercicio para el que puede no tener vocación, y a costa de todos esos inconvenientes no logra tener al soldado capacitado que necesita. La milicia es una profesión; y como tal, libre y retribuida, más eso no quita que todos los ciudadanos aprendan la instrucción, con tal que sea en sus residencias, enseñada por militares de oficio.
LA JUSTICIA
La administración de justicia debe ser pronta y barata y los jueces inamovibles, con arbitrio judicial aunque con plena responsabilidad. El ministerio de las leyes, la abogacía dignificada con la vida colegial o gremial, las prerrogativas y la responsabilidad.
LAS CORTES
El sufragio universal inorgánico y el parlamentarismo, originaron la necesidad de los partidos políticos o pandilla del jefe que dice poseer aquellas reglas de gobernación del Estado, que sólo él puede aplicar y cuando logra el Poder tiene por primordial atención política la de conservar y acrecentar sus huestes, poniendo al servicio de esa empresa los intereses nacionales.
No son las Cortes españolas “asambleas tumultuosas o estériles de diputados-empleados o de diputados pretendientes de mayorías serviles y de minorías sediciosas”.
Los parlamentarios de tipo liberal dicen representar al individuo en abstracto, al ciudadano, pero no representan al hombre concreto, al hombre de clase, de profesión, de gremio.
Y porque esas Cortes son una ficción, han caído en descrédito, y por eso principalmente, el régimen parlamentario es ya un cadáver insepulto, que está cancerando las entrañas de los pueblos latinos.
Han de ser las Cortes verdadera representación de las regiones y de los municipios, de los gremios y de las fuerzas vivas de la Nación. Allí deben estar los intereses morales y los intelectuales y materiales y los históricos. Acábese ya de que los diputados se llamen liberales, o radicales, o socialistas, o de la derecha, o de la izquierda, términos, nombres vanos que se cambian fácilmente sin que el hombre ni en sus virtudes, ni en sus egoísmos cambie, ni se modifique, ni se enmiende. Cese ya el diputado en la representación del partido político y su consiguiente dependencia del jefe y tomen la representación de aquellas instituciones en las que el ciudadano vive y trabaja y se desenvuelve.
Nombren los representantes en Cortes, el Clero, el Ejército, las Universidades, la Nobleza, los Colegios Profesionales, los gremios de menestrales y obreros, las Cámaras agrarias, industriales y comerciales, los Municipios y Diputaciones. ¿No es todo esto la Nación así constituida real y efectivamente por el libre albedrío humano, que une a los hombres en esas asociaciones? Pues que esa Nación sea representada tal cual es, en sus Cortes.
EL MANDATO IMPERATIVO
Y pues que representantes han de ser de la Nación, que ésta mande y aquel obedezca. Por eso, sin prejuicio de que el procurador en Cortes se desenvuelva con libertad en su cargo, ha de estar sujeto en los casos trascendentales al mandato imperativo, o sea, las corporaciones representadas podrán imponer a su procurador aquella actuación o aquel voto que previamente le determinen.
EL JUICIO DE RESIDENCIA
Cuando el partido político desaparezca, cuando imperen en la designación del gobernante su probidad y su competencia, cuando el representante en Cortes lo sea de su clase o de su gremio, cuyos intereses ha de defender, se habrán aminorado los riesgos de inmoralidad, venalidad o negligencia en el funcionario o en el procurador en Cortes. Pero hay más. Todo funcionario al cumplir su encargo dará cuenta de su gestión y se le hará efectiva la responsabilidad en la institución jurídico procesal de nuestro Derecho Patrio llamada juicio de residencia. Cuantos tengan cargos contra él, al juicio acudan ni la coacción ni el favor puedan ser armas en sus manos para mantener la impunidad de sus desafueros.
LA MONARQUÍA
Somos monárquicos. Las formas de Gobierno se las dan los pueblos, pero no en un momento de irreflexión o en un motín afortunado, sino en el transcurso de los años como crean sus instituciones, sus costumbres y sus leyes. Y en España hay un régimen creado por el pueblo y unido inseparablemente a la esencia nacional, en su Historia.
Tres formas de Gobierno pueden considerarse: La Monarquía Constitucional del siglo XIX, la República y la Tradicional Monarquía Española.
En la primera el Rey reina, pero no gobierna, se decía; cuando en realidad no gobierna y tampoco reina, porque los que reinaban eran los ministros, los políticos al uso, que si no podía el Rey ordenar nada en la firma del ministro responsable y si se decía que la potestad legislativa residía en las Cortes con el Rey y aquéllas eran juguetes en manos del gobierno que había forjado la mayoría, toda la tan decantada soberanía popular, venía a radicar en el político de oficio, soberano sin corona, verdadero déspota de los pueblos parlamentarios, esclavos que no tienen “en la frente la diadema del Derecho, sino la huella del látigo que les hiere y les ultraja”.
La República, institución nueva en España, contraria a nuestra tradición y extraña a nuestras esencias nacionales, cuando menos, tiene todos los males de la Monarquía Parlamentaria y ni siquiera deja al Jefe del Estado al margen o por encima de los partidos políticos. Su concepto va unido al de la impiedad más perniciosa y sus realidades a toda persecución al catolicismo y a todo desorden, inquietud y zozobra.
Defendemos la Monarquía Tradicional Española. Para cada pueblo su régimen propio. Para España el que forjó su Historia.
No somos absolutistas, pero queremos que el Rey reine y gobierne. Realzada su autoridad por el ejercicio del Poder, limitado su albedrío por el concurso de las Cortes, completada su actividad por la asistencia de sus ministros técnicos y de sus Consejos, asegurada su gestión con la administración de las regiones y municipios y su rectitud con la responsabilidad de sus actos.
Queremos la Monarquía Española (que no fue absolutista hasta que no entraron en España los principios exóticos de la Enciclopedia) sino templada como que el Rey por nuestras leyes históricas debía ser el padre de sus súbditos y mirar siempre que “no se hicieron los pueblos para los reyes, sino los reyes para los pueblos”.
Es nuestro Caudillo el que por las leyes españolas tiene el derecho, el Augusto Señor don Alfonso Carlos de Borbón y Austria de Este, cuya sucesión está asegurada por Derecho Patrio, en quien jurará, llegado el momento, nuestras leyes y nuestras tradiciones que son la prenda de salvación de la Patria.
Este es nuestro programa.
El desinterés y la abnegación, nuestra conducta.
España, nuestro más ferviente amor.

## Fuente

* Síntesis del programa de la Comunión Tradicionalista Española. Santander, 1931. Imprenta Hernández.